Sobre el ministro del Interior, dijo: "No conoce los problemas que realmente debe resolver... lo único que ha demostrado es su matonería en el congreso".

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El ministro de Energía y Minas fue otro criticado, por haber sido accionista de la minera Aruntani, empresa que está contaminando ríos y cuyo plan de descontaminación costará mucho dinero al Estado.

"El ministro de Energía y Minas está más preocupado por cómo resuelve sus empresas, cuando él ha sido accionista de Aruntani, que contamina a Arequipa y Puno. Han estado mal cerradas estas minas", señaló.

Para el senador, todos los ministros son ineficientes

Tras estos cien primeros días de gobierno, hizo un llamado a los diputados y senadores a hacer control político, es decir, a interpelar a los ministros. En el tema de salud indicó:

"Dijeron que iban a reducir el tema de las colas en los hospitales, solucionar el tema de los medicamentos; nada de eso se ha resuelto, ha empeorado. Ese ministro necesita ser botado, como todo el gabinete tiene que salir, son una tira de inútiles", finalizó el senador Jaime Quito.

La Fiscalía solicitó 10 años de prisión efectiva para Beingolea y los exgerentes regionales Omar Romero Aquino y Carlos Palacios Meza. Para José Izquierdo Rodríguez, exencargado de Adquisiciones de Bienes y Servicios, pidió nueve años de cárcel.

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Según la investigación, Beingolea fue contratado entre febrero y marzo de 2019 para brindar asesoría legal a la Gerencia General Regional. La acusación sostuvo que recibió pagos por ese servicio, pese a que no habría realizado el trabajo. El caso correspondió al expediente 1462-2021-93.

El ministro rechazó los cargos y calificó el proceso de "patraña". Aseguró que cumplió con los requisitos de su contratación y que presentó informes para acreditar sus labores. También cuestionó que la Fiscalía atribuyera sus servicios a un periodo de 70 días, pues sostuvo que su vínculo con el GORE Callao se extendió durante dos años.

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Alberto Beingolea: ¿qué pruebas presentó la Fiscalía por la contratación en el GORE Callao?

La acusación fiscal se sustentó en 33 elementos de convicción. Entre ellos figuraron un informe de la Contraloría General de la República, declaraciones de consejeros regionales y una pericia contable. Estos documentos fueron presentados como parte de los elementos que debían ser evaluados durante el juicio oral.

Durante el control de acusación, la defensa de Beingolea solicitó el archivo del caso y presentó una excepción de improcedencia de acción. Alegó que no existían pruebas de una concertación con funcionarios y que las irregularidades correspondían a faltas administrativas, no a delitos. El juzgado y la Sala Penal de Apelaciones rechazaron ambos recursos al considerar que había indicios suficientes para llevar el caso a juicio.

Beingolea también defendió su preparación profesional y sostuvo que contaba con las condiciones necesarias para asesorar al gerente regional. Afirmó que los informes de su trabajo fueron entregados dentro de los plazos establecidos y tenían los sellos de recepción correspondientes. "¿Cómo se demuestra un trabajo con una orden de servicio? Con los informes", declaró a RPP. El ministro aseguró que cumplió "escrupulosamente" con los términos de referencia de la contratación.

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Beingolea se declara inocente y enfrentará interrogatorio de la Fiscalía

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, rechazó la posibilidad de acogerse a la conclusión anticipada del juicio oral. Esta alternativa le habría permitido aceptar los cargos fiscales y obtener una reducción de la pena. En cambio, se declaró inocente y decidió continuar con el proceso judicial.

Durante la audiencia, el juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao consultó al funcionario si aceptaba los cargos. Beingolea negó haber cometido algún delito. Los otros dos acusados presentes también rechazaron las imputaciones, mientras que Carlos Palacios Meza no asistió por supuestos problemas de salud. El juzgado desestimó la justificación y ordenó su ubicación y captura tras declararlo reo contumaz.

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El ministro aceptó responder las preguntas de la Fiscalía en la próxima sesión del juzgamiento. El interrogatorio abordará la contratación de asesoría legal que suscribió con el GORE Callao en 2019, por la que recibió S/30.000. Según el Ministerio Público, los tres informes presentados eran genéricos o correspondían a funciones de otras áreas jurídicas de la entidad.

Durante sus alegatos de apertura, la Fiscalía redujo de 10 a ocho años su pedido de prisión para Beingolea, tras una sentencia del Tribunal Constitucional que precisó la configuración del delito de colusión. Además, solicitó su inhabilitación para ejercer cargos públicos y 550 días multa. La Procuraduría Anticorrupción, por su parte, pidió una reparación civil de S/50.000.

El ente electoral realizó la sesión junto con el postulante de País para Todos, Salomino Mamani Quispe. Al 100% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ambos participantes empataron la elección del 4 de octubre con 671 votos cada uno.

Durante la audiencia, se realizó un sorteo para definir el orden de participación mediante dos boletas numeradas. El personero de Somos Perú, tras obtener el número uno, eligió una de las cinco monedas de un sol y seleccionó el lado "sello" para el sorteo. En tanto, el lado "cara" quedó para el personero de País para Todos.

Luego del sorteo, el miembro del Pleno del JEE lanzó la moneda al aire y cayó del lado del sello.

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Electo alcalde de Comina afirma que "llegó con toda la fe" al sorteo

En declaraciones a un medio local, Quispe Capajaña contó que llegó al sorteo "con toda la fe". Incluso, señaló que recomendó a su personero elegir el sello de la moneda que finalmente resultó ganadora.

"En la mañana ya me levanté y ya vine con toda fe a ganar, porque esto se iba a ganar más adelante, hace un mes, en elecciones, porque se ha demostrado que había buen respaldo. Es la primera vez que estoy presentándome como candidato", expresó.

La actividad culminó con la firma de las actas por parte de ambos personeros, bajo la supervisión del JEE, la ODPE, representantes de la Policía Nacional y el notario público de Huancané.

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"Lo que no queremos es que los hospitales colapsen por temas menores, de acuerdo? Es decir, digamos por un tema de dengue... No es que sea menor el dengue, pero el tratamiento se puede hacer acá, o el tema de la epífisis o inclusive el golpe de calor también es otro tema", comentó.

Como ejemplo, Dyer mencionó el caso de un adolescente de 15 años con apendicitis que podría no encontrar una cama disponible si los hospitales estuvieran saturados. Por ello, insistió en que los pacientes acudan a los centros habilitados para recibir atención según sus necesidades.

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Aumentan los contagios y las muertes de niños por dengue en el norte del país

El Perú acumuló más de 83.000 casos de dengue hasta el 28 de octubre, según cifras del Ministerio de Salud. Los contagios aumentaron durante las últimas cuatro semanas y el mayor incremento se concentró en el norte del país. La Libertad encabezó el registro nacional, con más de 16.000 infecciones.

La emergencia también golpea a la población infantil. De acuerdo con la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Minsa, hasta el 24 de octubre fallecieron 23 niños de entre 0 y 11 años por dengue: siete más que en todo 2025 y cinco más que en 2024. En ese grupo etario se reportó 16.224 contagios, casi el doble de los registrados durante el año pasado.

El serotipo 3 del virus, que se ha extendido a casi todas las regiones, aumenta la preocupación de los especialistas porque gran parte de la población no tiene inmunidad frente a él. En Piura, el asesor del Colegio Médico señaló que el 99% de las muestras en las que se identificó el serotipo correspondió a esta variante. Las lluvias y el agua acumulada por el posible impacto de El Niño también favorecen los criaderos del mosquito transmisor.

Además, un informe de control de la entidad detectó contrataciones recurrentes a favor de Miguel Ruelas Quillatupa, quien, antes de convertirse en proveedor del Estado, postuló a una plaza de chofer de serenazgo en la municipalidad. Desde mayo de 2024, obtuvo órdenes de servicio por un total de S/918.725 para suministrar baños portátiles, arreglos florales, servicios de catering y alquilar estrados.

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Por este caso, la Contraloría reportó que no se acreditó la efectiva prestación de los servicios; no obstante, se realizó el desembolso de dinero. El dominical lo buscó para obtener sus descargos; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Por otro lado, en actividades como el aniversario de Huaycán y un desfile de exalumnos, la Contraloría detectó que se desembolsaron S/61.500 por ocho servicios que el contratista no llegó a prestar.

"No se prestaron ni se cumplieron las condiciones contratadas en las órdenes de servicio y sus adjuntos TDR, ocasionando pagos indebidos en perjuicio económico de la entidad por un total de S/61.500", se lee en el informe.

Asimismo, durante un evento deportivo realizado en el coliseo Ollantaytambo, la municipalidad pagó S/3.800 por el alquiler de baños portátiles y sillas, pese a que el recinto ya contaba con servicios higiénicos y graderías equipadas con butacas.

En este caso, se otorgó la conformidad del servicio sin adjuntar documentación que acreditara la verificación por parte del área usuaria. Es decir, no se presentaron pruebas del traslado de las sillas ni de los baños portátiles, pese a que el recinto ya contaba con servicios higiénicos y graderías. Aun así, se efectuó el pago.

Es preciso resaltar que la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Anticorrupción presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra los responsables de tramitar las órdenes de servicio.

Franco Vidal evitó responder sobre gasto millonario

El dominical Cuarto Poder le solicitó sus descargos al alcalde de Ate durante sus actividades como burgomaestre. Sin embargo, Vidal evitó responder ante los cuestionamientos.

"Por favor, sea respetuosa (...) me estás poniendo la mano", contestó a la reportera.

"Yo creo que el señor Castillo ha sido procesado, la verdad, con serias deficiencias en su proceso judicial; ustedes lo vieron, cómo se cambió la acusación penal que inicialmente tuvo. Yo creo que nadie podría decir que ese ha sido un proceso judicial ejemplar", expresó cuando fue consultada por la propuesta.

Sin embargo, la legisladora evitó adelantar su postura sobre la iniciativa. Aseguró que, primero, la bancada de Ahora Nación debatirá en su interna el proyecto y, luego, anunciarán su decisión.

"Nosotros, como bancada, primero vamos a discutir, como siempre, y luego de eso tomaremos una decisión", dijo.

Actualmente, el expresidente Castillo cumple una condena —emitida en primera instancia— de 11 años por conspiración para rebelión por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En un primer momento, se le acusó de rebelión; no obstante, la acusación se cambió por el delito de conspiración para rebelión. El exmandatario se encuentra en la espera de la evaluación de su apelación contra el fallo emitido.

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Es importante señalar que la congresista Huilca forma parte de la Comisión de Justicia, grupo de trabajo que evaluará el pedido de JP.

Reacciones

En diálogo con la prensa, el senador de Cívico Obras, Daniel Barragán, calificó a Castillo como un "preso que cometió un grave error". Sin embargo, evitó adelantar su postura sobre la propuesta de Juntos por el Perú.

"Para mí, Pedro Castillo es un preso que ha cometido un grave error político, que es dar un golpe de Estado. Pero también está, tengo entendido, tiene carpetas fiscales por corrupción. Eso (sobre el pedido) lo conversaremos en el Senado también", expresó.

Por su parte, el senador y hermano del expresidente, José Castillo Terrores, también se pronunció al respecto. "El proyecto de amnistía es un derecho que le corresponde al presidente Castillo, porque debe estar libre; no ha hecho nada contrario, quería trabajar por el pueblo, pero todo lo que han hecho es meterlo preso", comentó.

En tanto, el diputado de Renovación Popular, Diego Bazán, aseguró que el partido de JP puede presentar los pedidos sin problemas; sin embargo, afirmó que serán los votos los que servirán para aprobarlo.

"Todo responde a los votos; podrán, de repente en diputados, conseguir (los votos), pero no sé si en senadores será viable. No debería estar en agenda; hay prioridades que el Parlamento tiene que empezar a debatir", señaló.

Presentan proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo y procesados por protestas desde 2021

El proyecto de ley 00719-2026-2031-CD fue presentado ante la Cámara de Diputados el pasado viernes 30 de octubre. La iniciativa plantea otorgar amnistía por los hechos relacionados con el mensaje a la Nación que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, así como por las protestas registradas desde el 28 de julio de 2021 hasta el día previo a la entrada en vigor de la eventual norma. La medida contempla la extinción de la acción penal y de las penas, incluso en aquellos casos en los que exista una sentencia que aún no tenga carácter firme.

La propuesta fue impulsada por la bancada de Juntos por el Perú y tiene entre sus firmantes a su vocero, Ernesto Zunini. Además, cuenta con el respaldo de 13 diputados del Partido Cívico Obras y uno de Ahora Nación. Sus autores argumentan que el Estado mantiene una persecución penal con motivaciones políticas contra dos sectores: las personas involucradas en los hechos del 7 de diciembre de 2022 y los ciudadanos procesados por participar en las protestas.

Entre estos últimos mencionan principalmente a campesinos, indígenas, estudiantes, transportistas y dirigentes sociales del sur andino.

El caso se originó tras los comicios del 4 de octubre de 2026, donde la organización política Renovación Popular Perú obtuvo el primer lugar en la votación distrital.

Inicialmente, la lista contaba con Juana del Socorro Quispe Quijaite como candidata a la alcaldía y a Jorge Luis Quispe Saavedra, actual alcalde del periodo 2023-2026, como primer regidor.

Sin embargo, tras la renuncia de la candidata a la alcaldía y su posterior aceptación formal, el actual alcalde quedó posicionado para asumir la titularidad del municipio.

Ante este escenario, el tribunal electoral evaluó si esta estrategia de postulaciones y renuncias vulneraba las normas constitucionales. Al respecto, el JEE advirtió que la prohibición establecida en la Constitución "tiene por finalidad garantizar la alternancia democrática, impedir la permanencia inmediata de una misma persona en el ejercicio de la máxima autoridad municipal y preservar la igualdad de condiciones en la competencia electoral".

El colegiado indicó que permitir que un burgomaestre en ejercicio postule como regidor y recupere la alcaldía por la vía de una dimisión previa "podría vaciar de contenido la prohibición constitucional de reelección inmediata".

Asimismo, agregó que "cuando se acredita que una determinada estructura de candidatura, acompañada de renuncias traen como consecuencia la continuidad inmediata de una autoridad municipal en el mismo cargo, corresponde examinar la operación electoral en su conjunto y no de manera fragmentada".

Reforzando este criterio, la decisión incorporó los argumentos del voto en minoría del magistrado del JNE Gunther Gonzales Barrón, quien señaló que las reglas constitucionales "cuyo cumplimiento no puede esquivarse mediante trampas, argucias o jugarretas", advirtiendo tajantemente que "una norma de tal relevancia no permite ni protege la trapacería".

Por estas razones, el JEE resolvió declarar inejecutable la proclamación de Jorge Luis Quispe Saavedra como alcalde, precisando que este mantendrá únicamente la condición y credencial correspondiente al cargo al que postuló en cédula, es decir, el de primer regidor.

Por ello, aplicando las reglas de sucesión de la lista ganadora, el tribunal resolvió: "Proclamar como alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a doña Rita del Carmen Guerrero Cajo, para el periodo de gobierno municipal 2027-2030, candidata que ocupó el segundo lugar en la lista de regidores presentada por la organización política Renovación Popular Perú".

El caso de Rafael López Aliaga

La decisión del JEE de Ica contrasta con la postura que fijó el Jurado Nacional de Elecciones. En septiembre, el Pleno del JNE ratificó la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima por Renovación Popular, dejándolo en posición de asumir la alcaldía tras la renuncia de Luis Rubio, quien encabe

En aquel momento, la mayoría del Pleno del JNE, encabezada por su presidente, Roberto Burneo, declinó evaluar si esta renuncia configuraba una reelección encubierta.

Además, tras alegar la falta de una prohibición explícita en la norma y señalar que los reclamos se presentaron fuera de plazo, el máximo organismo electoral evitó analizar el caso y emitir un pronunciamiento oficial sobre ello.

Frente a la postura mayoritaria del JNE, el magistrado Gunther Gonzales Barrón emitió en su momento un voto distinto. Su argumento indicó que la Carta Magna prohíbe la reelección en sí misma, sin importar la estrategia que se use para conseguirla.

En esa línea, advirtió que "la Constitución no protege la trapacería" ni valida esquemas donde autoridades postulan como regidores mientras los candidatos a alcaldes renuncien "por motivos personales" para permitir que los primeros se mantengan en el poder.

Precisamente, el JEE de Ica fundamentó su decisión en San Juan Bautista tras los argumentos de Gonzales Barrón. A diferencia de la sede central del JNE, el tribunal local indicó que “corresponde examinar la operación electoral en su conjunto y no de manera fragmentada”.

La suma total del servicio alcanzó los US$20.3 millones, de los cuales falta cancelar más de US$6 millones (alrededor de S/20 millones).

Durante el proceso de verificación de la conformidad y pago de la prestación de servicios por parte de Milenium Veladi Corp., los auditores del Órgano de Control Institucional del Ejército (OCI-EP) identificaron que los oficiales responsables de la recepción y conformidad de los tres helicópteros pasaron por alto varias fallas en la ejecución del contrato, conforme a la documentación a la que tuvo acceso La República.

Lo más grave es que, en el informe de la Contraloría, se especifica que esas carencias técnicas identificadas son potencialmente dañinas para la aeronavegabilidad de las máquinas de fabricación rusa, de cuya reparación mayor se encargó Milenium Veladi Corp.: las unidades de la Aviación del Ejército Mi-171-ShP, Mi-171-SH y Mi-8MTV-1.

En el mismo documento, fechado el 29 de octubre, remitido al comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle, se indica expresamente que oficiales de la institución dieron el visto bueno a los trabajos de reparación mayor de Milenium Veladi Corp., pese a que tenían conocimiento de graves incumplimientos. Por lo que no se le debe cancelar al contratista.

Sin embargo, el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), la entidad que contrató a la empresa panameña, demandó a la Oficina de Economía del Ejército (OEE) que hiciera el pago pendiente por el trabajo cumplido, como informó La República.

“Se viene tramitando el pago de la prestación del servicio con una conformidad otorgada por la mayoría de miembros de un comité de recepción, lo que no concuerda con lo establecido en el contrato y sus bases. Esta situación pone en riesgo el pago de un servicio cuyo cumplimiento no estaría debidamente acreditado, pudiendo afectar la seguridad operacional de las aeronaves”, se lee en el informe de control.

No solo un ingeniero aeronáutico contratado especialmente por la OCI del Ejército para evaluar el overhaul realizado por Milenium Veladi Corp. expuso el deplorable servicio del contratista. También lo hizo el comandante general de la Aviación del Ejército, general Vitorio Bossio Ballesteros, usuario de los tres helicópteros. Reportó al jefe del Servicio de Material de Guerra, “una relación de observaciones detectadas en los helicópteros con matrícula EP-666, EP-669 y EP-654, luego de su recepción”.

El general Bossio anotó hasta 29 “observaciones” las que evidencian una negligente y cuestionable reparación mayor de los tres helicópteros rusos a manos de Milenium Veladi. Ahora esta empresa reclama el pago de S/20 millones por el mal servicio y se perfila para el overhaul y extensión horaria de otros 15 helicópteros del Ejército.

Una muestra de las deficiencias detectadas

• Falta instalar las cañerías de combustible de los tanques suspendidos.
• Presenta fuga de aceite en el tren de aterrizaje principal.
• El número de serie del sistema hidráulico no coincide con la documentación.
• Las vigas portadoras del sistema de armamento cuentan con certificados con fechas modificadas.
• Falta conectar el cableado del sistema de armas, hay presencia de corrosión, lo que causa la inoperatividad del mismo.
• No se ha instalado la antena del nuevo equipo de comunicaciones.

Luque rechazó la postura del alcalde Güisa, quien cuestionó a las parlamentarias y desmereció su elección durante una jornada de fiscalización. En esa línea, la senadora sostuvo que la función pública exige disposición para rendir cuentas.

En su pronunciamiento, Luque cuestionó las descalificaciones lanzadas por la autoridad municipal y defendió el ejercicio del control político.

"Fiscalizar no es una falta de respeto. La senadora Juana Ticona y la diputada Svieta Fernández, quienes recibieron expresiones descalificadoras del alcalde de Tacna, Pascual Güisa, durante una visita de fiscalización debe ser repudiado. La representación política no se mide para decidir quién puede exigir transparencia. Todas las autoridades tenemos la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía", indicó mediante sus redes sociales.

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Asimismo, Luque exigió respuestas sobre las irregularidades señaladas en la gestión edil y resaltó la importancia del trabajo parlamentario. "Mi respaldo la labor fiscalizadora de mis colegas y exijo que se esclarezcan las observaciones al proyecto del Fundo Chololo. El poder se ejerce con responsabilidad, no para evitar el control ciudadano y parlamentario".

El origen del altercado en la Municipalidad de Tacna

El altercado ocurrió durante una visita de fiscalización al proyecto del mercado en el Fundo Chololo, en la que participaban la senadora Juana Ticona y el diputado Juan Cabrera, ambos de Obras, junto a la diputada Svieta Fernández.

Durante el desarrollo del encuentro, el alcalde Pascual Güisa interrumpió la reunión para desmerecer la representación de la delegación parlamentaria.

"Usted ha sido electa públicamente, mi representación es 10.000 veces mayor a la de usted. Ustedes tuvieron un voto por accidente. Ni sus partidarios votaron por usted. Si usted habla por representatividad, yo tengo más representatividad que ustedes. Propongan algo para que las próximas elecciones salgan electos no por voto de arrastre", sostuvo Güisa antes de retirarse del lugar.

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El pronunciamiento de los legisladores por Tacna

Tras lo sucedido, la diputada Svieta Fernández González, la senadora Juana Ticona Cohaíla y el diputado Juan Cabrera Nieto emitieron un pronunciamiento expresando su rechazo a los comentarios y la agresión del alcalde.

En el texto indicaron que, durante la inspección a su despacho, el burgomaestre "obstaculizó su desarrollo, se negó a brindar las explicaciones requeridas y mantuvo una manifiesta falta de respeto hacia nuestra investidura".

Además, calificaron lo ocurrido como una "afrenta a la representación democrática" e hicieron hincapié en que insistir en la firma de los contratos cuestionados del Fundo Chololo sin transparentar o aclarar el proyecto derivará consecuencias directas para la administración local.

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"Hacemos responsables legales y políticos al alcalde, funcionarios y servidores municipales involucrados, de los posibles perjuicios que ocasione a la población la eventual suscripción de un procedimiento y contrato ampliamente cuestionados respecto al Fundo Chololo".

El comunicado termina señalando que citarán al alcalde Güisa ante la Comisión de Modernización y Contraloría de la Cámara de Diputados y que ya formalizaron las denuncias correspondientes ante la Contraloría General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo.

Pese a los importantes golpes contra el crimen organizado y bandas criminales en Lima Metropolitana y en regiones como Callao, La Libertad, Piura, Ica, entre otras ciudades, los hechos violentos continúan al acecho, día y noche.

 El suboficial de tercera PNP José Antonio Castillo Rodríguez, de 24 años, murió tras recibir un balazo en la cabeza durante un enfrentamiento en Pataz (La Libertad). El agente participaba en un patrullaje de rutina junto a una brigada de la Dirección de Operaciones Especiales, cuando el grupo fue emboscado por delincuentes. Los atacantes dispararon desde la parte alta de un cerro con el objetivo de ejecutar el robo de material aurífero.

La violencia y los enfrentamientos vinculados a la minería ilegal en el Perú han dejado múltiples víctimas fatales durante 2026, concentrándose fuertemente en zonas como Pataz (La Libertad), La Pampa (Madre de Dios) Puerto Inca (Huánuco) y El Cenepa (Amazonas).

Según análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) difundidos a través del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, las denuncias vinculadas a la minería ilegal crecieron un 53% durante el primer semestre de 2026, consolidando a regiones como Madre de Dios, La Libertad y zonas de la Amazonía como focos críticos de violencia armada, extorsiones y enfrentamientos con fuerzas del orden.

De acuerdo al Colectivo País Seguro (PAS), en Pataz (La Libertad) se cometieron 294 homicidios, en Ananea (Puno) 159, en Inambari (Madre de Dios) 129 y en Puerto Inca (Huánuco) 54.

Tras la salida del cargo del polémico comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y las declaratorias de los estados de emergencia, hasta el momento se exhibe una ausencia de prevención en calles y barrios; justamente, es el reclamo de los referentes de la oposición en el Congreso de la República que subrayan la falta de un plan que contenga la violencia.

Las zonas sur, norte, este y oeste de Lima Metropolitana y Callao son los focos donde se repiten los enfrentamientos de bandas o de actos sicariales, que, sin medir consecuencias ni el blanco de sus víctimas, caen inocentes como el niño de cinco años que resultó herido por una bala perdida durante un ataque armado y balacera en el distrito de Mi Perú (Ventanilla / Callao), donde un hombre también perdió la vida.

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O la del pequeño Junior, de ocho años, quien falleció en julio tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante una intervención policial en Huacho.

De acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el comportamiento de registro de homicidios en el 2026, elaborado por el analista de datos, Juan Carbajal, demuestra el repunte de octubre tras la tregua de septiembre que registraba la cifra más baja del año con 153 casos.

En agosto, según el especialista, hubo 178 homicidios, julio 166, junio 196, mayo 175, abril 165, marzo 202, febrero 169 y enero 177.

"El análisis de los registros mensuales del Sinadef al 31 de octubre revela una realidad muy crítica sobre la evolución de la violencia criminal en el Perú. Los homicidios registrados de septiembre a octubre subieron de 153 a 182, marcando un incremento del +18.95%. Hay que precisar que los datos a esa fecha son aún preliminares”, advierte Carbajal.

Y agrega: "Esto evidencia que el descenso de septiembre no obedeció necesariamente a mejoras estructurales en seguridad, sino a un repliegue temporal o adaptación de las bandas criminales ante las medidas de emergencia focalizadas”.

La tendencia proyecta que octubre se acerque a lo registrado en junio (196). Esto lo sabremos aún a mediados de noviembre. La realidad del subregistro nos dice que la situación al cierre de octubre es, lamentablemente, aún más grave de lo que la barra (registros) actual nos muestra.

Según el Sinadef, del 28 de julio al 27 de octubre, hubo 517 homicidios, de los cuales 379 fueron por arms de fuego, 67 por arma blanca, 35 por agresión física, 17 por asfixia y 19 fueron registrados como otros.

Lima es la que concentra mayor cantidad de crímenes con 186 casos seguido de La Libertad (54), Callao (50), Piura (41), Madre de Dios (19), Ica (18), Tumbes (18), Ayacucho (14), Arequipa (12), sin registro (12), Cusco (11), Ucayali (11), Áncash, Cajamarca, Huánuco y Puno con 9 casos cada uno, Lambayeque (7), Loreto y San Martín con 5 cada uno, Junín y Pasco con 4 cada uno, Huancavelica (3), Moquegua y Tacna con 2 cada uno y cierra Apurímac con un homicidio.

MÁS DE 1.600 HOMICIDIOS

Ahora, es evidente que el Sinadef no consigna en todos los casos la causa de la muerte como ocurrió hace casi dos semanas en el Callao donde fueron asesinadas cinco personas, pero solo 3 figuraban en el sistema. Según advirtió Juan Carbajal, las otras dos no aparecían como victimadas.

Para Carbajal, el Sinadef es la fuente que mejor registra los datos, pero advierte que la omisión de la causa del fallecimiento trae una consecuencia, un subregistro de la situación criminal en el país.

En lo que va del año, el Sinadef ha registrado 1.612 asesinatos. Más del 72% al 80% de los homicidios se cometen mediante disparos (proyectil de arma de fuego), vinculados principalmente al sicariato y la extorsión urbana.

Las zonas más afectadas son: Lima Metropolitana (con distritos como San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres y Comas) y regiones del norte como La Libertad, Callao, Piura (Sullana) e Ica concentran la mayor cantidad de crímenes.

Octubre tuvo un promedio de 6,4 homicidios por día, uno de los meses más violentos del año después de junio.

IMPRECISIÓN DE DATOS

Sebastián Flores, especialistas en criminalística, señala que, pese a la imprecisión, los datos “sí sirven, pero no son exactos”, y advierte que esa inexactitud “puede jugar a favor o en contra de las personas encargadas de medir el delito”.

Hace unos días, el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, afirmó: "Nosotros en el país, en estos momentos, estamos con una tasa de homicidios de 14 por 100 mil habitantes", sin embargo, esa afirmación fue calificada como falsa por verificadores como PerúCheck y el mismo Juan Carbajal.

Las estadísticas del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) y los registros del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Mininter y el Sinadef sitúan la tasa real en 10,7 por cada 100.000 habitantes al cierre de 2025.

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"No existe ningún registro oficial ni técnico actual que respalde la cifra de 14 emitida por el Senador. El debate sobre la seguridad ciudadana es urgente, pero debe basarse en datos reales, no en especulaciones", opinó Carbajal.

MEDIDAS PARA FRENAR EL CRIMEN

Jaqueada por la violencia, la inseguridad y la ausencia de plan para enfrentar a las bandas, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, ha anunciado diversas medidas y el uso de la fuerza del Estado para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

Se formó un comando integrado por 1.350 efectivos de la PNP, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y las Fuerzas Especiales Conjuntas, operando desde un centro de control en el Cuartel General del Ejército en San Borja.

Este comando unificado ya ha realizado operativos contra bandas de extorsionadores de transportistas y redes de trata de personas.

Asimismo, tras una visita a El Salvador, la mandataria anunció el plan de destrabar seis cárceles paralizadas y construir dos megacárceles (una para delincuentes de alta peligrosidad y otra para delincuentes comunes con talleres de trabajo). Además, ordenó la reclasificación general de los internos a nivel nacional.

Por su parte, el Congreso aprobó poderes al Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas intervengan en el combate a bandas criminales cuando la policía sea superada, así como para crear un registro especial de organizaciones criminales con prácticas análogas al terrorismo.

También el Ejecutivo ha señalado que se aplicará la expulsión en tiempo récord a ciudadanos extranjeros que infrinjan la ley en el país, entre otras medidas.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

Frente a este nuevo escenario en Washington, el parlamentario cuestionó la línea diplomática seguida por el Ejecutivo peruano y sostuvo que la pérdida de la mayoría oficialista en el Capitolio marca un nuevo rumbo para los países de la zona.

"Tras la derrota de Trump en ambas cámaras en las elecciones intermedias de Estados Unidos, el cambio de orientación política del Congreso debe abrir paso a un replanteamiento de las relaciones bilaterales con los países de Latinoamérica, sobre la base de la soberanía y el respeto mutuo", sostuvo Zunini por medio de sus redes oficiales.

En esa misma línea, el legislador indicó que las administraciones sudamericanas deben desmarcarse de lo que calificó como una posición de subordinación internacional.

"Los gobiernos de la región que se alinearon con la administración de Trump, incluido el nuestro, deben ejercer su soberanía y actuar sin tutelas extranjeras".

Zunini también mencionó la necesidad de que la diplomacia peruana priorice al país ante los cambios geopolíticos, concluyendo que "el Perú necesita una política exterior que defienda nuestros intereses y se haga respetar. La soberanía se ejerce con decisiones".

Derrota de la administración Trump: los demócratas toman el control del Congreso

Los comicios celebrados el 3 de noviembre marcaron un giro decisivo en Estados Unidos. La oposición demócrata logró una victoria histórica tras ganar el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes al Partido Republicano, un resultado que le quitó al oficialismo la mayoría que mantenía desde hace dos años.

En el Senado, los demócratas alcanzaron 52 escaños sobre 40 de los republicanos, superando las 51 necesarias para quedarse con la mayoría.

Este avance representó una ganancia de seis puestos para la oposición, impulsada por triunfos en bastiones históricamente conservadores como Texas, Kansas y Carolina del Sur, donde la fuerza opositora no ganaba representación desde hace décadas.

Entre los triunfos más destacados de la jornada figuraron las victorias de Roy Cooper en Carolina del Norte y de Annie Andrews en Carolina del Sur. Asimismo, Jon Ossoff logró retener su escaño en Georgia y Chris Pappas obtuvo el triunfo en Nuevo Hampshire.

A la par del plano legislativo, Keisha Lance Bottoms ganó la gobernación de Georgia, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en asumir el mando de dicha entidad estatal.

En la Cámara de Representantes, cadenas como CNN y NBC aseguraron que el Partido Demócrata sobrepasó el umbral de los 218 escaños que le permiten dominar la cámara.

Tras confirmarse los resultados, el mandatario Donald Trump reconoció públicamente la derrota. En declaraciones telefónicas ofrecidas a la cadena Fox News, el jefe de Estado sostuvo que "los demócratas hicieron un buen trabajo" y atribuyó parte del descontento del electorado al conflicto armado con Irán, aunque defendió la firmeza de sus decisiones internacionales.

No obstante, horas antes, a través de la plataforma Truth Social, el presidente se había distanciado del resultado al señalar que su nombre no figuraba directamente en las cédulas de votación.

En su pronunciamiento, Huilca mencionó la necesidad de garantizar las labores de los representantes políticos. "Mi solidaridad con mi colega Svieta Fernández ante los hechos ocurridos en la Municipalidad de Tacna. Ejercer el rol de fiscalización es fundamental para cumplir nuestro mandato", manifestó.

Asimismo, cuestionó la reacción de la autoridad edil frente a los reclamos presentados sobre la administración local. "Que un alcalde responda con agresividad ante cuestionamientos sustentados es una demostración de nula transparencia y una falta de respeto a la ciudadanía".

El origen del enfrentamiento en Tacna

El pronunciamiento de Huilca se dio tras una reunión de fiscalización enfocada en el proyecto del mercado en el Fundo Chololo, donde participaron la senadora Juana Ticona y el diputado Juan Cabrera, ambos de Obras, junto a la diputada Svieta Fernández de Juntos por el Perú.

Durante el encuentro, el alcalde Güisa interrumpió a Fernández y cuestionó la representatividad de los parlamentarios presentes.

"Usted ha sido electa públicamente, mi representación es 10.000 veces mayor a la de usted. Ustedes tuvieron un voto por accidente. Ni sus partidarios votaron por usted. Si usted habla por representatividad, yo tengo más representatividad que ustedes. Propongan algo para que las próximas elecciones salgan electos no por voto de arrastre", sostuvo el burgomaestre antes de abandonar la sala.

El pronunciamiento conjunto

Tras los hechos, la representación parlamentaria por Tacna emitió un pronunciamiento conjunto en el que condenaron la "intolerable conducta" del alcalde Pascual Güisa Bravo.

En el documento detallaron que, durante la visita inopinada de fiscalización a su despacho, el burgomaestre "obstaculizó su desarrollo, se negó a brindar las explicaciones requeridas y mantuvo una manifiesta falta de respeto hacia nuestra investidura".

En el pronunciamiento, los parlamentarios señalaron que la actitud del burgomaestre atenta contra la democracia y advirtieron sobre las consecuencias legales del proyecto.

Específicamente, responsabilizaron al alcalde y a sus funcionarios de cualquier daño económico o social que sufra Tacna si deciden firmar los contratos cuestionados del Fundo Chololo.

"Hacemos responsables legales y políticos al alcalde, funcionarios y servidores municipales involucrados, de los posibles perjuicios que ocasione a la población la eventual suscripción de un procedimiento y contrato ampliamente cuestionados respecto al Fundo Chololo".

Además, anunciaron que citarán a Güisa ante la Comisión de Modernización y Contraloría de la Cámara de Diputados y confirmaron que ya pusieron los hechos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo.

"Reafirmamos que ninguna autoridad podrá intimidar, silenciar ni impedir que esta representación parlamentaria cumpla con su mandato", concluyeron.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

Los consejeros consideraron que la referida representante del Ministerio Público cometió una falta grave al utilizar en dicha acusación la declaración de un colaborador eficaz que falleció antes de perfeccionar el acuerdo, es decir, cuando todavía no había sido aprobado por el Poder Judicial.

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De acuerdo con las normas procesales correspondía que esa declaración fuera dejada de lado. En sus descargos, Canchihuaman Castañeda argumentó que como la declaración se venía utilizando desde la investigación preparatoria continúo adelante. Lo cual, fue considerado falta grave.

La controversia surge, pues esa “prueba” pudo y debió ser eliminada en la etapa de control de acusación, con lo cual no generaba ninguna consecuencia legal y, por tanto, no había falta.

Pero la JNJ ha entrado a evaluar las decisiones jurisdiccionales como faltas graves para una destitución.

Si bien, López Chau aún tiene pendiente un recurso ante la Corte Suprema para desestimar este caso, los jueces consideran que eso no impide que deba enfrentar el juicio hasta que se tome una decisión.

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La fiscalía ha pedido que se le imponga una pena de cinco años de cárcel por designar supuestamente de manera irregular y sin cumplir los requisitos, a Sonia Anapan Ulloa como secretaria general de la UNI, en diciembre de 2021.

De acuerdo con la fiscal Norah Córdova dicha designación requería la aprobación previa del Consejo Universitario.

La solicitud fue presentada y sustentada en audiencia pública, este 3 de noviembre, por la fiscal suprema Teresa Wong Gutiérrez ante el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria, con participación de Hinostroza y la defensa de los demás implicados. En junio último, Wong fue promovida por el fiscal de la Nación de fiscal superior a fiscal suprema adjunta.

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Wong Gutiérrez remarcó que si bien existen una serie de indicios de los delitos atribuidos, no se encontraron pruebas de los presuntos vínculos ilícitos entre Hinostroza, Velásquez, el fallecido consejero Julio Gutiérrez Pebe y el fiscal supremo y actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas.

Por este motivo, argumentó, no se podía formular acusación para llevarlos a juicio por supuestamente favorecer a un rondero de Cajamarca, a un fiscal provincial y a la editorial Corefo, en diversos litigios.

En su turno de intervención, Hinostroza subrayó que no se trata de falta de pruebas, sino que los hechos no constituían delito y que por eso, tras años de investigación, la fiscalía no tenía elementos para ir a juicio.

Hinostroza insistió en que era víctima de una persecución política desde que el caso Cócteles llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema. “Mis perseguidores consideraron que por mis conocimientos del delito de lavado de activos podía descartar ese caso y por eso me persiguen, pero el Tribunal Constitucional fue el que archivó todo”.

Según la fiscalía, no se pudo corroborar el presunto intercambio de favores entre Hinostroza y Gálvez para favorecer al rondero Segundo Villalobos Zárate, pues su recurso de casación fue rechazado por la Corte Suprema.

Luego, tampoco se probó que se favoreciera judicialmente al ex fiscal Walter Delgado ni que se promoviera su ascenso, pues en el concurso público quedó como accesitario. Lo mismo sucedió con la editorial Corefo, pues la decisión ya se había tomado con anticipación a la llamada telefónica y estaba a cargo de otro fiscal. El juez Checkley Soria se mostró sorprendido por la solicitud fiscal. Informó que notificará su decisión a las partes próximamente.

Ex juez supremo no sería cabecilla

Ante el juez supremo, César Hinostroza indicó que recientemente fue notificado de otra resolución de la fiscalía en la que se descarta la existencia de la presunta organización “Los Cuellos Blancos del Puerto” desde el año 2013.

En esa época, Hinostroza se desempeñaba como presidente de la Corte Superior del Callao, antes de ascender a la máxima instancia judicial del país.

El caso “Cuellos Blancos del Puerto” atraviesa por un incierto proceso de “revisión” que pone en duda la investigación y los cargos contra los principales implicados.

“Para mí Pedro Castillo es un preso que ha cometido un grave error político, que es dar un golpe de Estado. Tengo entendido que tiene carpetas fiscales por corrupción y eso debe ser investigado”, declaró a la prensa.

Añadió que se debe diferenciar el caso de un tema político de uno judicial.

“Hay temas que son netamente político y otros que son judiciales. Yo dejo que la justicia haga lo suyo. Yo no quiero tener un criterio jurídico. Tampoco puedo dar opiniones personales como vocero”, indicó.

Al ser consultado, si considera que es un error político o un delito, respondió: “Bueno la Constitución dice que hay delitos… no es un delito. Lo llaman un tema netamente constitucional y eso lo ve el Congreso y los aspectos jurídicos y eso lo ve el Poder Judicial”.

Por otro lado, aseguró que la reorganización nacional de OBRAS es un tema “administrativo y partidario”.

“Nuestro partido es nuevo y está creciendo. No queremos que crezca de manera inorgánica. En realidad es un fortalecimiento de toda la organización. Hay lugares en todo el Perú donde se están sumando nuevos ciudadanos. Debemos estar listos para recibirlos”, explicó.

Precisó que es un “tema interno” y no implica conversaciones con otros partidos.

Sobre el proyecto de amnistía

El proyecto de ley 00719-2026-2031-CD ingresó a la Cámara de Diputados este viernes. El PL concede amnistía por los hechos vinculados al mensaje a la Nación de Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022 y por las protestas ocurridas desde el 28 de julio de 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigencia de la norma. La amnistía extingue la acción penal y la pena, incluso si la sentencia no es firme.

Sheput recordó que el propio Congreso otorgó un plazo legal de 90 días para dicho proceso, por lo que consideró contradictorio que se le exijan resultados a la gestión gubernamental en apenas “una semana” de iniciado el periodo.

Juan Sheput acusa de "mala fe" a parlamentarios

Durante sus declaraciones, el titular de Trabajo cuestionó la postura de ciertos legisladores y atribuyó sus críticas a un intento por desacreditar al Gobierno.

"No pasó ni una semana y ya quieren resultados, cuando ellos mismos están otorgando 90 días, yo no les entiendo. (...) Yo creo que ya están exagerando y eso no es política, eso es mala fe y eso hay que decirlo con toda su palabra".

Sheput dirigió su reclamo a los legisladores que acusan una inacción del Gabinete. "En lo que a mí respecta y me dirijo directamente a los señores diputados que están diciendo que no se ha hecho nada, que aclaren sus conceptos, que se documenten y que dejen de lado la mala fe, porque lo que hay en esos momentos es un interés específico en generar una narrativa de que no se ha hecho nada".

Defensa de la confianza presidencial y balance de inversión

En otro momento, Sheput defendió el desempeño del Ejecutivo al sostener que la actual administración ha logrado restaurar la estabilidad económica en comparación con gestiones pasadas.

"Algunos parlamentarios le niegan absolutamente todo mérito a la presidenta Keiko Fujimori y hay una serie de cosas que mostrar, la principal la recuperación en la confianza presidencial, la institución de la Presidencia de la República. Estamos viendo que un efecto de la recuperación de la confianza es este proyecto, que lo estamos haciendo en conjunto con la actividad privada".

Además, el ministro comparó las cifras de inversión actual con las registradas durante el mandato de Pedro Castillo.

"En los 100 primeros días del señor Pedro Castillo se habían ahuyentado como 20 mil millones de dólares, nadie quería invertir en el Perú, y con Keiko Fujimori ya superamos los 10 mil millones de dólares en inversión pública. (...) Toda la gente sabe perfectamente que este gobierno se diferencia radicalmente del desorden de los años anteriores".

El titular de Trabajo también precisó que la rendición de cuentas sobre los logros oficiales le corresponderá al presidente del Consejo de Ministros y a la jefa de Estado.

La polémica surgió tras el respaldo del titular del sector a la actividad extractiva en zonas de conservación, lo que provocó la reacción de la comunidad local y ambiental, quienes exigieron el cumplimiento estricto del marco legal protector.

El rechazo del Comité de Gestión de Paracas

En su pronunciamiento, las organizaciones cuestionaron al titular del sector al señalar que desconoce la legislación ambiental del país.

Bajo el título '¡Ministro Requejo, defienda a Paracas', los gremios difundieron un comunicado por sus redes oficiales.

En el texto, varias organizaciones criticaron que el titular del sector respalde la actividad extractiva a gran escala dentro del área protegida.

“Expresamos nuestro total rechazo a las lamentables declaraciones del Señor Juan Carlos Requejo (...). Nos llama poderosamente la atención que ocupe su tiempo en defender los intereses de empresarios codiciosos vinculados a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)”.

Del mismo modo, el pronunciamiento respondió a las descalificaciones del titular del sector hacia las organizaciones locales.

“Lo más grave es que el Señor Ministro se atrevió a cuestionar a quiénes defendemos la integridad de nuestra querida Reserva y sus más de 335 mil hectáreas, calificándonos como si estuviésemos 'desinformados', cuando evidentemente quien desconoce el marco legal vigente es el mismo”.

El marco legal vigente y el fallo judicial

Los dirigentes rechazaron que la pesca industrial sea compatible con la conservación marina, respaldando su postura en las leyes vigentes y en fallos del Poder Judicial.

Al respecto, el memorial precisa como primer argumento la prohibición legal en el sector.

“[La pesca industrial] desde el año 2001 no es permitida en Paracas y en el resto de reservas marinas del Perú tal como lo estableció el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en su artículo 112”.

A continuación, los firmantes recordaron la ratificación judicial sobre la intangibilidad del área protegida para exigir el fin de los intentos de explotación industrial.

“A inicios del 2026, la Corte Suprema de Justicia de la República RATIFICÓ la validez de esta prohibición que existe desde hace más de veinticinco años (…) ¡Basta de buscar afectar a Paracas y a nuestras áreas protegidas!”.

La crítica al respaldo del sector empresarial

El pronunciamiento cuestionó también los intereses que busca proteger el Ministerio de la Producción, por lo que las organizaciones pidieron que la autoridad deje de respaldar al sector pesquero industrial y priorice la conservación del ecosistema.

Del mismo modo, los dirigentes denunciaron la insistencia del gremio pesquero industrial por operar en la zona a pesar de la prohibición vigente, solicitando el respaldo de las autoridades.

“[Los empresarios vinculados a la Sociedad Nacional de Pesquería] siguen empeñados en pescar dentro de nuestra Reserva Nacional (...). Nos manifestamos, una vez más, para que nuestras autoridades electas nos brinden una solución definitiva a este grave problema y tomen las medidas que sean necesarias para que nuestra querida Reserva asegure su integridad de una vez por todas”.

Los argumentos del Ministerio de la Producción

Por su parte, en entrevista con un medio internacional, el ministro afirmó que la creación de áreas protegidas no anula los derechos previos de la flota industrial.

"Las areas naturales protegidas tienen su propio marco regulatorio, pero siempre todas esas áreas respetan los derechos persistentes. Se ha pesacado siempre antes de la determinación o la creación de las áreas naturales prtegidas. Lo que sí es que hay un tema, hemos tenido una colaboración con el MINAM y es consciente que la pesca no tiene por qué contraponerse a un área natural protegida simplemente tiene que manejarse".

Sin abordar la prohibición explícita del artículo 112, Requejo defendió la actividad, enfocándose en el prestigio internacional y la supervisión del El Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

"Toda la pesca del Perú se realiza sobre el paraguas del IMARPE y la pesca industrial de anchoveta que es uno de los que se ha querido identificar como la contraposición al área natural protegida, la pesca natural e indutrial de anchoveta es una pesquería industrial que ha sido reocnocida mundialmente por la FAO (...) Nosotros somos referentes mundiales en pesca. Si hay una pesquería por la que podemos sacar el pecho con orgullo es la pesca industrial de anchoveta."

Sobre la operatividad en la zona protegida, Requejo indicó que la presencia de la flota industrial en Paracas es mínima y no causa ningún daño al ecosistema.

"(...) Entiendo que haya desconocimiento y ciertos sectores que les preocupa, pero se respeta las áreas naturales protegidas y las partes en las que coexisten los derechos. Más que todo son los picos en Paracas no llega ni al 2% de la reserva natural de Paracas. Por la distancia es un área correspondiente a la pesca industrial, no hay ninguna afectación. Entonces, estamos ahí trabajando de manera permanente. El Perú tiene que apostar porque toda industria sea en pesca o cualquier otra industria sea sostenible. Todo quien venga a invertir en el Perú que lo venga a hacer en las mejores condiciones".

El pasado 2 de noviembre, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, a cargo de Hugo Rovira Zagal, dispuso el envío de la proposición legislativa a este grupo de trabajo para la emisión del informe técnico correspondiente. La iniciativa, presentada el 30 de octubre, lleva como principal autora a Palomino.

La medida busca la liberación del exmandatario y el cierre de sus causas penales mediante la anulación de las investigaciones, condenas y medidas cautelares en su contra.

Alcances y exclusiones del proyecto de ley

El proyecto de ley establece que su objeto principal es "conceder amnistía [...] por los hechos vinculados a la crisis política y social ocurridos desde el 28 de julio de 2021".

De acuerdo con el proyecto, se busca proteger el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la participación política frente a sanciones penales.

En cuanto a sus efectos directos, el texto determina que la amnistía "extingue la acción penal y la pena, incluidas las penas accesorias, las medidas de seguridad y las demás consecuencias penales".

Respecto a la situación de Pedro Castillo y su entorno, la propuesta otorga amnistía por los actos "consistentes en los actos previos o preparatorios, la elaboración, redacción, lectura, difusión, refrendo, acompañamiento o ejecución administrativa del discurso emitido el 7 de diciembre de 2022".

En esa línea, el documento delimita esta medida "desde el 28 de julio de 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigencia de la presente ley".

Para los manifestantes investigados o condenados en protestas regionales, el proyecto abarca conductas calificadas como disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, resistencia a la autoridad, daños, usurpación, apología u organización criminal cuando se sustenten en la convocatoria de las marchas.

Asimismo, el texto abarca una regla general para cualquier otro delito menor, con penas máximas no mayores a cuatro años, que se haya cometido durante las manifestaciones.

La amnistía, sin embargo, no aplica para los casos más graves. El texto aclara que no habrá perdón para los delitos constitutivos de "genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, incluidos los homicidios dolosos, las lesiones graves dolosas, la violencia sexual, la tortura y la desaparición forzada".

Tampoco protege los "hechos cometidos por funcionarios, servidores públicos, miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú en el uso de la fuerza", cuyos juzgamientos continuarán su curso.

Por último, la iniciativa exige celeridad en su aplicación: dispone que la fiscalía o el juez competente resuelva cada caso "dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley o a la presentación de la solicitud", y ordena al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cumplir con "la excarcelación dentro de las veinticuatro horas siguientes" a la notificación.

Registros de visitas a Barbadillo

Sin embargo, la derivación del proyecto ocurre en medio de cuestionamientos a Palomino por sus nexos con el exmandatario.

Según los registros oficiales de Transparencia del Congreso, la actual diputada visitó a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo entre octubre de 2024 y febrero de 2026.

Durante ese periodo, Palomino trabajaba como personal técnico en los despachos de los congresistas Alfredo Pariona y Katy Ugarte, realizando visitas en horario de trabajo. Posteriormente, la legisladora postuló al Congreso en la lista de Juntos por el Perú.

Revelaciones de los chats y presuntas presiones

Ya en funciones como diputada, Palomino administraba un grupo de WhatsApp llamado 'Despacho CPC', que ella misma reconoció manejar en una entrevista periodística.

El material de ese chat fue entregado por Marco Paliza, exasesor de la legisladora, quien manifestó su disposición a declarar ante la Fiscalía sobre su contenido.

Según los mensajes difundidos por Panorama, el 27 de julio Palomino comunicó a su equipo que habría rotación de personal cada tres meses. Paliza relató que esa dinámica respondía a presiones para colocar a personas de confianza en el despacho. En uno de los chats citados, la propia legisladora escribió: "Ya el presi me ha exigido y me ha dado dos nombres. No sé ni cómo decirle que no", agregando que la hizo sentir descalificada al recordarle cómo llegó a su cargo.

La comisión es liderada por Galarreta y tiene por objetivo “articular acciones, eliminar trabas burocráticas y lograr que las intervenciones policiales se traduzcan en sanciones conforme a ley”, según se lee en el anuncio de la PCM.

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Posteriormente, se citará al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a las empresas de telefonía.

El fin será “sumar sus capacidades técnicas frente a la delincuencia”, indica el anuncio.

El último 21 de octubre, la PCM aprobó el reglamento interno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público.

Con ello, se “faculta a la comisión a convocar a especialistas y representantes de instituciones públicas y privadas para fortalecer las estrategias contra las extorsiones, seguir el rastro del dinero proveniente de actividades delictivas”.

"El proyecto de amnistía es el derecho que le corresponde. Pedro Castillo quería trabajar para el pueblo. Lo que han hecho ha sido para mantenerlo encarcelado", señaló el senador de Juntos por el Perú a Epicentro.

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Además, el senador Castillo criticó la gestión de Keiko Fujimori al frente del país. Señaló que, hasta el momento, no ha presentado acciones importantes para combatir los problemas que aquejan al país. Asimismo, al ser consultado sobre las presuntas falencias de la gestión de su hermano, lo justificó al señalar que su gobierno fue atosigado por sectores opositores.

"Acá es testigo el pueblo. Ustedes serán testigos de lo que ha hecho en Huacho. Tenemos el ejemplo del Fenómeno de El Niño, hasta la fecha no hemos visto nada. Que el pueblo evalúe esto, yo por mi parte no veo ningún avance todavía. (…) Ellos han gobernado desde que vacaron a Pedro Castillo y ahora se llenan la boca diciendo que no han hecho nada", apuntó.

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Según Reto, nadie le pidió esa firma a Muñante. "Al no existir una norma en la Constitución Política ni en los reglamentos del Senado o de la Cámara de Diputados que disponga de manera expresa, escrita o directa que el vicepresidente del Senado deba suscribir la autógrafa de ley, se habría configurado la causal de nulidad", señala en el oficio.

Lo curioso es que la nulidad no la inventó Reto, sino que la sacó del propio argumento de Torres. En su respuesta a Diputados, según cita Reto en el documento, el presidente del Senado dijo que cualquier firma no exigida por las normas violaría el artículo 45 de la Constitución, y que todo acto que se pase de las competencias del cargo "es nulo y puede acarrear responsabilidades de diversa índole".

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Reto señala que solo Torres puede firmar y enviar la autógrafa

Reto sostiene que la firma y el envío de la autógrafa al presidente de la República son tareas exclusivas del titular del Senado y no de su vicepresidente. En su documento cita el artículo 105 de la Constitución y los artículos 148 y 37 del Reglamento del Senado. Según estas disposiciones, el presidente debe remitir la autógrafa en un plazo máximo de 15 días hábiles y tiene entre sus funciones “firmar y remitir la autógrafa de ley”.

Torres había defendido la firma de Muñante al señalar que el artículo 37 también permite a los vicepresidentes “suscribir los documentos oficiales del Senado”. Sin embargo, Reto considera que esa atribución no puede aplicarse en este caso, porque la autógrafa no es un documento exclusivo del Senado, sino el resultado del trabajo de ambas cámaras; o sea, de todo el Congreso Además, dice que el vicepresidente solo podría firmarla si el titular está ausente.

El presidente de Diputados también plantea que, de ahora en adelante, Torres debe firmar tanto la autógrafa como el documento con el que se envía al Ejecutivo, sin una segunda firma. Reto sostiene que este debería ser el procedimiento para todas las leyes que restan de este periodo congresal.

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La fe de erratas no basta, según Reto

Asimismo, el oficio saluda que el despacho de Torres haya publicado una fe de erratas, donde habló de un "error material", y cambió Senado por Congreso en el encabezado.

Para Reto, eso confirma que la ley fue aprobada por el Congreso y no por solo una cámara. Pero, advierte que la corrección requiere aún de algún nivel de esclarecimiento, porque de eso depende cómo se relacionarán ambas cámaras al aprobar, enviar y promulgar las leyes.

Por eso pide que Torres informe qué acciones correctivas tomará para garantizar la seguridad jurídica de la delegación de facultades.

Cronología

El 31 de agosto, Reto le mandó a Torres el Oficio 038-2026-2027-ADP-P/CD. Ahí le avisaba que el pedido de facultades del Ejecutivo no traía el acta del Consejo de Ministros que aprobaba su carácter “muy urgente”. El pedido se fue a la Comisión de Constitución y Reglamento, y el Gobierno después mandó el acta.

El 6 de octubre, el Pleno de Diputados tenía cuatro textos sobre la mesa para debatir las facultades. Dos semanas después, el 21 de octubre, el Pleno del Senado vio el proyecto de ley, con el dictamen de la Comisión de Constitución al que se le habían incorporado siete puntos.

Un día después, la ley estaba en El Peruano. Y recién con la ley publicada empezó el cruce de oficios sobre quién debía firmarla.

Por ejemplo, el JEE de Bagua proclamó como alcalde provincial de Condorcanqui (Amazonas) a Hermógenes Lozano Trigoso, quien fue elegido para ese mismo cargo durante el periodo 2023-2026 por Renovación Popular. Sin embargo, en estas elecciones Lozano Trigoso postuló como primer regidor en la lista de Somos Perú, luego de que Eudes Chanchari Pérez renunciara a su candidatura a la alcaldía provincial.

De acuerdo con el acta de proclamación, la lista de Somos Perú obtuvo 6.804 votos, equivalentes al 30,785% de los votos válidos. En segundo lugar quedó el Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo, con 3.226 votos, seguido de Alianza para el Progreso, que alcanzó 2.891 votos.

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Un caso similar es el de Carlos Hidalgo Reátegui, actual alcalde distrital de Zapatero (San Martín) y candidato como primer regidor de la localidad por Renovación Popular. El JEE de Moyobamba decidió proclamarlo como alcalde distrital, luego de que Víctor Flores Hidalgo decidió renunciar a su candidatura como burgomaestre.

La lista ganadora obtuvo 1.502 votos (44,099% de votos válidos), seguida por Avanza País y Alianza para el Progreso con 809 y 749 votos, respectivamente.

De acuerdo con el acta de proclamación del JEE de Bagua, "no hubo observaciones" al momento de nombrar a las autoridades elegidas el pasado 4 de octubre para el periodo 2027-2030.

JEE deciden proclamar como regidores a actuales alcaldes

Un escenario distinto se presentó en Áncash. El JEE de Recuay decidió no proclamar como alcalde distrital de Marca a José Corpus Méndez, quien fue elegido burgomaestre de esa localidad para el periodo 2023-2026 por el Movimiento Regional El Maicito.

En estos comicios, Corpus Méndez postuló como primer regidor en la lista de Acción Popular, encabezada por Eusebio Romero Trujillo. Sin embargo, este último renunció a su candidatura a la alcaldía distrital el pasado 5 de agosto.

En ese contexto, el ente electoral se limitó a proclamar a Corpus Méndez como primer regidor, mientras que el cargo de alcalde quedó vacío. De acuerdo con el acta de proclamación, se registró como única observación la dimisión de Romero Trujillo a su candidatura.

La lista ganadora obtuvo 466 votos (51,322% de votos válidos), seguida por APP y Podemos Perú con 415 y 27 votos, respectivamente.

El mismo caso ocurre en el distrito de La Esperanza. El JEE de Trujillo decidió no proclamar como alcalde de la localidad al actual burgomaestre Wilmer Sánchez Ruiz, quien postuló como candidato a primer regidor con Alianza para el Progreso.

La lista estuvo encabezada por Anderson Castillo Rosas; sin embargo, renunció a su postulación. El ente electoral proclamó a Sánchez Ruiz como primer regidor, pero la plaza de alcalde distrital la dejó libre. De acuerdo con el acta de proclamación, "no hubo observaciones" durante el acto electoral.

La lista ganadora obtuvo 21.063 votos (23,792% de votos válidos), seguida por Podemos Perú y Fuerza Popular con 16.380 y 14.268 votos, respectivamente.

El mismo escenario se presenta en el distrito de Víctor Larco Herrera. El JEE de Trujillo decidió no proclamar como alcalde al actual burgomaestre Salvador León Clement, quien postuló a la reelección como candidato a primer regidor por Avanza País.

La lista estuvo encabezada por Eduardo Muro Toribio; sin embargo, este renunció a su candidatura. Ante ello, el organismo electoral proclamó a León Clement únicamente como primer regidor y dejó vacante el cargo de alcalde distrital. Según el acta de proclamación, durante el proceso electoral «no hubo observaciones».

La lista de Avanza País obtuvo 15.816 votos, equivalentes al 38,809% de los votos válidos. En segundo y tercer lugar quedaron Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP), con 7.232 y 3.814 votos, respectivamente.

Una situación similar se registró en el distrito limeño de Independencia. El JEE de Lima Norte 2 optó por no proclamar como burgomaestre al actual alcalde Alfredo Reynaga Ramírez, quien participó en los comicios como candidato a primer regidor por Somos Perú.

La candidatura municipal fue liderada inicialmente por Felicita Rodríguez Peña, pero su renuncia modificó el escenario. Pese a ello, la autoridad electoral solo reconoció a Reynaga Ramírez como primer regidor electo y no le otorgó la alcaldía distrital. El acta de proclamación señala que «no hubo observaciones» durante el acto electoral.

En los resultados, Somos Perú ocupó el primer lugar con 31.858 votos, que representaron el 25,675% de los votos válidos. Le siguieron Renovación Popular, con 27.871 sufragios, y Podemos Perú, con 23.427.

JEE de Huancayo rechaza reelección encubierta de alcalde en San Jerónimo de Tunán

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo detectó un posible caso de reelección encubierta del actual alcalde de San Jerónimo de Tunán, Stany Aguilar Rojas. En consecuencia, resolvió proclamarlo solo como primer regidor de la lista de Batalla Perú y no como burgomaestre, aunque la candidatura a la alcaldía quedó vacante tras la renuncia de Edmundo Veliz.

La decisión se adoptó durante la proclamación de resultados del último viernes 30 de octubre. En esa instancia, el organismo electoral advirtió una posible vulneración del artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

Asimismo, precisó que corresponderá al nuevo concejo municipal y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinar si Aguilar Rojas puede asumir finalmente el cargo de alcalde.

En el texto se detalla que la dirigencia tomó la decisión de "declarar el proceso de reorganización y reestructuración de la organización partidaria a nivel nacional".

Sobre la ejecución de la medida, se indica que "en las próximas semanas se estará implementando el nuevo esquema orgánico del partido", etapa en la que se dará a conocer el calendario para la conformación de los nuevos comités provinciales y distritales

Sobre los cargos actuales, la agrupación señaló que "todas las directivas y representaciones que se encuentren en proceso de actualización quedarán sujetas a este nuevo proceso de reorganización”, ya que así lo establece su estatuto partidario.

Motivo de la reorganización

Tras la difusión del comunicado, el secretario general nacional, Daniel Barragán, explicó que la reestructuración busca ordenar la incorporación de nuevos militantes.

"Nuestro partido es un partido nuevo. Y el partido está creciendo, no queremos que crezca de manera inorgánica. Así que, en realidad, es un fortalecimiento de toda la organización", manifestó a la prensa.

Además, Barragán precisó que la medida responde al incremento de afiliados en diversas zonas del país. "Hay lugares, distritos o regiones y provincias del Perú donde se están sumando muchos ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que estar fortalecidos para poder asumir a estos ciudadanos y tener una organización fuerte".

Además, el senador aclaró que esta medida no cambiará la posición política del partido ni responde a acuerdos con otras agrupaciones.

"El tema es totalmente interno. No tiene que ver con alguna relación o coordinación con partidos que están fuera de nosotros. Es una reunión administrativa y una gestión operativa dentro del partido".

"Él (César Holguín) puede continuar diciendo lo que él piensa. (...) No quiero controlar nada, las bancadas se autorregulan. A Holguín lo eligieron vocero desde la propia bancada, igual con la compañera Indira. (Con Holguin) no hay una diferencia programática o ideológica, es de una votación", indicó en una entrevista con Rosa María Palacios para el programa Sin Guion de La República.

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Sobre los votos en discordancia de un sector de la bancada de Ahora Nación alrededor de la moción de censura de César Astudillo, López Chau aseguró que ya había "volteado la página". Además, consideró saludable que los miembros del partido no siempre piensen de la misma manera e indicó que tiene buena relación tanto con Huilca como con Holguín.

"En un partido, al menos en la idea que yo tengo de partido, nunca se vota a alguien por tener una idea distinta. Un partido bueno tiene tendencias", señaló.

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Sobre el estado de la oposición

Tras la frustrada votación de la moción de censura contra César Astudillo y la aprobación de las facultades legislativas en el Senado, distintas voces dentro del Congreso señalaron que existía un debilitamiento de la facción opositora, integrada por Ahora Nación, Obras, el Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú. Al respecto, López Chau consideró importante mantener esta alianza para garantizar el equilibrio de poderes.

"Espero que todos los que tienen problemas superen sus problemas y salgan adelante. (...) Si se rompe al 100%, perdemos la mayoría en Diputados y eso es perder toda oportunidad estratégica", apuntó.

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Sobre las críticas de otros partidos al manejo interno de Ahora Nación, López Chau respondió que los cuestionamientos deben provenir, principalmente, del seno de cada organización.

"A mí no me gusta meter la mano en casa ajena. No es ético. Es no tener buenos modales", sostuvo

De acuerdo con la información del Ejército, el accidente ocurrió aproximadamente a las 8.30 a. m., cuando el helicóptero Augusta 109K, de matrícula EP-343 y fabricación italiana, realizaba un vuelo de control de calidad externo de cuatro campos minados, como parte de las operaciones de desminado humanitario.

Sin embargo, la institución precisó que el siniestro se produjo debido a las condiciones meteorológicas que se registraban en la zona.

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Ejército identifica a militar fallecido en accidente de helicóptero en Amazonas

Como consecuencia del accidente, falleció el técnico de segunda del Ejército (Tco2 EP) Germán Teylor Núñez Cabrejos, quien se desempeñaba como paramédico del grupo de desminadores.

Asimismo, el Ejército señaló que los demás integrantes de la tripulación y los pasajeros se encuentran estables.

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Investigarán las causas del accidente aéreo

El Ejército del Perú detalló que las circunstancias en las que se produjo el accidente serán evaluadas por los órganos de investigación competentes, con el objetivo de determinar los motivos del siniestro.

Finalmente, la institución expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de armas y seres queridos del militar fallecido. También reafirmó su compromiso de brindarles acompañamiento y apoyo institucional.

¿Quién fue Germán Teylor Núñez Cabrejos?

Según informó Perú21, Germán Teylor Núñez Cabrejos participó en labores de asistencia sanitaria al personal militar y en las operaciones de desminado humanitario desarrolladas en la cordillera del Cóndor, en la frontera con Ecuador. Esta zona registra terrenos contaminados con minas antipersonales.

Estas operaciones comprenden la identificación y delimitación de áreas de riesgo, la ubicación de los explosivos y su posterior retiro bajo estrictas medidas de seguridad. En diciembre de 2021, el Ejército reconoció la labor de integrantes de las compañías de desactivación de explosivos 111 y 116, quienes lograron despejar seis campos minados, destruir 184 minas antipersonales y liberar un área de 9.159 metros cuadrados en Tiwinza-KM2, Base Sur y Coangos.

Asimismo, Núñez Cabrejos integró el XVII-B Contingente de la Compañía Perú, autorizado para participar en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), entre mayo y noviembre de 2013. Además, fotografías difundidas en sus redes sociales dan cuenta de su participación en jornadas de capacitación vinculadas con el desminado humanitario.

Reacciones

A través de su cuenta de X, el congresista Aldo Bravo expresó sus condolencias por el fallecimiento de Núñez Cabrejos. "Mi solidaridad y oraciones están con sus familiares, seres queridos y compañeros de armas del Ejército del Perú. Que Dios les conceda fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Q.E.P.D. ¡Honor y gloria!", expresó.

Asimismo, la Fuerza Aérea del Perú lamentó profundamente el fallecimiento del técnico. "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y a la gran familia del Ejército del Perú. Gloria eterna a los combatientes de la Patria", señaló.

Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros también se pronunció. "El Gobierno expresa su profundo pesar por el fallecimiento del S3 PNP Jose Antonio Castillo Rodriguez, quien perdió la vida durante un enfrentamiento armado con personas vinculadas a la minería ilegal, mientras realizaba labores de patrullaje en Pataz, La Libertad; y del técnico de segunda EP Germán Teylor Núñez Cabrejos, paramédico del grupo de desminadores, quien falleció tras el accidente del helicóptero del Ejército durante operaciones de desminado humanitario en El Cenepa, Amazonas", escribió.

La aeronave Agusta 109K, de matrícula EP-343, adquirida en 1988 e incorporada al Ejército en 1991, fue afectada por anomalías climatológicas en la zona, cuando el equipo cumplía la misión de limpieza de minas unipersonales plantadas durante el conflicto del Cenepa, en 1995.

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El Ejército informó del fallecimiento del paramédico, técnico de segunda EP Germán Núñez Cabrejos.

Otros tres tripulantes heridos estaban fuera de peligro.

Las operaciones de desminado en la frontera con Ecuador comenzaron en 2015 y están a cargo de equipos del Ejército y del Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional.

El helicóptero Agusta 109K, de matrícula EP-343, forma parte de un lote de cinco aeronaves adquiridas para operar en misiones de reconocimiento y de transporte.

Sin embargo, debido a la falta de presupuesto para su mantenimiento, la mayor parte de los helicópteros ya no operaba. A partir de 2012, solo tres de las aeronaves fueron rehabilitadas, entre las que figuraba el EP-343, accidentado este 3 de noviembre.

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Con respecto al Ministerio de Defensa, se advierte un posible conflicto de intereses en el nombramiento de Darwin Teófilo Eufracio León como viceministro de Recursos para la Defensa. Asimismo, se cuestionan la designación y la permanencia de Maritza Johanna Manturano Castro como jefa del Gabinete de Asesores del Mindef, debido a un presunto caso de contrataciones fantasma en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima S.A.). Por último, también se cuestiona el nombramiento de Beny Vásquez Alegría en el Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), pues se sostiene que el funcionario no cuenta con el perfil adecuado para el cargo.

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Por otro lado, en el Ministerio del Interior se advierten otros tres casos. El primero es la contratación de Ricardo Alfredo Falcao Kanashiro como asesor mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), pese a los cuestionamientos por presunta corrupción en su contra. El segundo es la permanencia de Yosilú Bazán López como secretaria del ministerio, pese a su presunta participación en ingresos irregulares a la sede de la institución. Finalmente, se cuestiona que Erick Fernando Caso Giraldo continúe como representante del sector ante el Consejo Directivo de la CPMP sin que se haya reevaluado su idoneidad para el puesto.

Para sustentar la intervención de la Contraloría General de la República, las solicitudes citan la Constitución y señalan que el artículo 128 establece que los ministros son responsables por los actos de sus funcionarios que autorizan. Además, invocan la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que establece que todas las instituciones del Estado peruano están sujetas al control de la Contraloría.

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Ministros Astudillo y Belaunde fueron denunciados constitucionalmente

Días antes, el ministro del Interior, César Astudillo, y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, fueron denunciados constitucionalmente por las presuntas contrataciones indebidas señaladas en este artículo. Las denuncias fueron presentadas ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados.

En ambas denuncias constitucionales se solicita la destitución de los ministros y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta 10 años. Asimismo, se pide que se autorice el inicio de un proceso penal por los presuntos delitos señalados en las denuncias.

Los teléfonos públicos instalados legalmente dentro del penal El Milagro de Trujillo durante el gobierno de Ollanta Humala, concebidos para que los internos mantengan contacto con sus familiares y abogados, han terminado convirtiéndose en una herramienta utilizada por presos y cabecillas de las organizaciones para ejecutar secuestros, extorsiones y hasta asesinatos desde las frías celdas de este establecimiento penitenciario.

Oficialmente, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de La Libertad es la que acaba de descubrir esto tras la pesquisa realizada a integrantes de La Nueva Jauría de la provincia de Virú (La Libertad), desarticulada hace unos días luego de que se emitieran las órdenes de captura a través de la resolución N.° 01 del Expediente 7367-2026-79, emitida el 27 de octubre de 2026 por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

La investigación fiscal, que permitió la orden judicial, reúne los resultados de informes de inteligencia y escuchas legales ejecutadas por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional. Los registros permitieron identificar comunicaciones originadas en números de cabecera de los teléfonos públicos del establecimiento penitenciario y vincular algunas de ellas con códigos asignados a internos.

HOLA, TE HABLAN DESDE LA PRISIÓN

Según la tesis fiscal, desde estas líneas se comunicaban con integrantes que permanecían en libertad, coordinaban cobros de dinero, pedían apoyo para detenidos y utilizaban llamadas trianguladas para enlazar a distintas personas.

La investigación no se refiere a teléfonos celulares ingresados clandestinamente, sino a equipos de uso autorizado instalados dentro de los pabellones y administrados por Prisontec, empresa que mantiene con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un contrato para prestar servicios de seguridad tecnológica en las prisiones del país, algunas de ellas de máxima seguridad.

El Informe Policial N.° 113-2026-COMOPPOL/DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPDIAC-Trujillo, del 25 de mayo de 2026, incorporado en las investigaciones fiscales, analizó las llamadas procedentes de establecimientos penitenciarios y administradas mediante el sistema de Prisontec.

La Policía cruzó esos registros con las líneas que ya se encontraban sometidas a interceptación legal por su presunta utilización dentro de La Nueva Jauría de Virú y La Nueva Jauría de San José.

El análisis identificó números de cabecera desde los cuales salían las llamadas del penal. En los registros figuraban, además, el nombre y el código de identificación del interno que utilizaba el servicio. El 28 de julio de 2024, por ejemplo, una línea atribuida a Kenyi José Moisés Alcántara Cabrera, alias "Kenyi", recibió una llamada desde la cabecera 56309143. La Policía estableció que la comunicación se originó en el penal El Milagro de Trujillo y quedó asociada al código de Jhosep Martin Carranza Urcia, alias "Grillo".

La misma cabecera aparece en registros posteriores vinculada con diferentes usuarios. Esto indica que los números de cabecera correspondían a los equipos o puntos de telefonía pública. La individualización se realizaba mediante los códigos utilizados para efectuar cada llamada.

El 27 de enero de 2025, la línea atribuida a Pepe Anelis Castro Reyna, alias "Castro", recibió otra comunicación desde el penal. El origen fue la cabecera 13212182 y el registro quedó asociado nuevamente a Carranza Urcia.

Un día después se produjo otra llamada hacia la misma persona, esta vez desde la cabecera 13214071. El cruce de información policial volvió a identificar como usuario a alias "Grillo". Estos registros permitieron a los investigadores establecer que las comunicaciones no solamente tenían como punto de origen físico el penal de Trujillo, sino que podían ser relacionadas con internos determinados a través de los códigos almacenados por el sistema.

“GRILLO” COORDINABA COBROS DESDE PRISIÓN

La investigación fiscal atribuye a Jhosep Martin Carranza Urcia una función de coordinación entre el denominado frente interno de la organización y sus operadores en libertad. Según el expediente fiscal, "Grillo" habría utilizado los teléfonos públicos para comunicarse con "Kenyi" y coordinar el cobro de dinero que debía entregar una persona vinculada con trabajadores que descendían de una zona minera.

El contenido recogido por la Policía forma parte de una serie de comunicaciones en las que los investigados hablaban sobre pagos, intervenciones policiales y solicitudes de ayuda para personas detenidas. El juzgado consideró que los elementos presentados resultaban suficientes para autorizar medidas restrictivas de derechos destinadas a obtener nuevas pruebas.

Carranza Urcia también aparece entre los internos cuyas celdas fueron incluidas en la orden de registro ejecutada durante el denominado Operativo Titanic 2026. En aquella intervención, la Policía encontró una libreta con números telefónicos que, según la hipótesis policial, corresponderían a posibles víctimas de extorsión. El general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, señaló que los internos ofrecían una falsa protección frente a hechos violentos que la propia organización podía provocar.

EL “TRILAI”: PARA BURLAR RESTRICCIONES

Una de las modalidades descritas en las escuchas es el denominado trilai, término empleado por los investigados para referirse a llamadas trianguladas o conferencias de tres participantes. El procedimiento consistía en que una persona ubicada fuera del penal recibía la llamada del interno y, desde su celular, incorporaba a una tercera persona. De esta manera, el reo podía comunicarse indirectamente con otro integrante, un intermediario o una persona con la que necesitaba coordinar.

En una de las conversaciones analizadas, "Castro" le indica a "Kenyi" que una persona conocida como "Jarra" quería hablar con él desde el penal y que realizaría el trilai para conectarlos. Una vez establecida la conferencia, el interno habría informado que fue trasladado a otro pabellón después de una pelea y pidió el número telefónico de "Kenyi".

La importancia del mecanismo radica en que permitía ampliar el alcance de los teléfonos autorizados. Aunque el interno llamara a un número previamente registrado o conocido, el receptor podía incorporar a otras líneas que no aparecían como destino inicial de la comunicación penitenciaria.

Las escuchas incorporadas en el expediente fiscal muestran que las organizaciones investigadas mantenían una comunicación constante entre sus integrantes recluidos y quienes operaban en las calles. Las conversaciones abarcan el cobro de cupos a comerciantes y transportistas, la colocación de calcomanías extorsivas, la identificación de víctimas y las negociaciones de los montos exigidos.

Los stickers eran colocados en negocios, viviendas y vehículos para marcar a quienes se encontraban bajo el control de la organización. La Policía incautó 108 calcomanías durante los allanamientos ejecutados en Trujillo y Virú.

El coronel PNP Robert Trujillo Tarazona, jefe de la Diviac, explicó que La Nueva Jauría de Virú y La Nueva Jauría de San José actuaban de manera independiente, pero compartían esta modalidad para infundir temor y obligar a sus víctimas a pagar.

El expediente contiene, además, conversaciones sobre posibles atentados, adquisición de armas y disputas entre grupos rivales. En una comunicación se menciona el precio solicitado para asesinar a una persona en medio de una disputa por terrenos.

En otras llamadas, los investigados hablan sobre armas de fuego, pistolas, una Glock y subametralladoras Mini Uzi que estarían disponibles ante una posible confrontación.

Prisontec no ingresó al penal de Trujillo como una empresa de telefonía convencional. Su intervención forma parte del contrato de Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones, suscrito en octubre de 2014 entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la empresa, con participación del INPE.

El contrato comprende dos servicios relacionados: el bloqueo de señales de telefonía celular y wifi dentro de los establecimientos penitenciarios, y la administración de los teléfonos públicos autorizados para uso de los internos.

El INPE ha explicado que estos equipos, conocidos como los teléfonos azulitos, permiten ejercer el derecho de comunicación de las personas privadas de libertad. Prisontec administra el servicio en 33 establecimientos incluidos en el contrato. En marzo de 2018, el INPE anunció la puesta en funcionamiento del sistema de bloqueadores en el penal de Trujillo. En esa oportunidad informó que Prisontec había instalado 160 teléfonos públicos dentro de los pabellones.

El organismo penitenciario aseguró entonces que los equipos funcionaban bajo condiciones de seguridad y que las personas que recibieran las llamadas serían advertidas de que estas procedían de un penal.

El objetivo del modelo era impedir el uso de celulares clandestinos sin eliminar el derecho de los internos a comunicarse por canales controlados. Ocho años después, la investigación contra La Nueva Jauría revela que miembros de una presunta organización criminal habrían utilizado precisamente esos canales autorizados para mantener contacto con sus operadores.

¿QUIÉN DEBÍA DETECTAR LAS LLAMADAS DELICTIVAS?

El INPE ha señalado públicamente que Prisontec tiene la obligación contractual de comunicar a la Policía Nacional o al Ministerio Público las llamadas de internos relacionadas con actividades delictivas. También debe informar a la administración penitenciaria para que adopte las medidas correspondientes.

Sin embargo, la posición institucional contiene una complejidad adicional. En otro caso ocurrido en el penal del Callao, el INPE sostuvo que no tiene facultades para escuchar el contenido de las llamadas realizadas desde los teléfonos públicos sin una orden judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Ambas afirmaciones plantean una pregunta que requiere explicación: si el contenido de las llamadas está protegido y solo puede ser intervenido judicialmente, ¿mediante qué mecanismo Prisontec identifica una comunicación delictiva para reportarla?

En el caso de La Nueva Jauría, el expediente fiscal señala que la Policía accedió a registros administrados por Prisontec y los cruzó con líneas sometidas a interceptación legal. El sistema no ha impedido que internos investigados mantuvieran contacto con operadores externos durante varios meses. Los registros citados abarcan comunicaciones efectuadas en 2024 y 2025.

El caso obliga a revisar si existían patrones capaces de activar alertas, como llamadas frecuentes a líneas investigadas, el uso de diferentes cabeceras por un mismo interno o la reiteración de comunicaciones con personas vinculadas a actividades extorsivas. También debe establecerse si los números de destino estaban sujetos a alguna validación, si los internos podían llamar libremente a cualquier línea y cómo se supervisaba el uso reiterado de las cabeceras.

El funcionamiento del sistema de seguridad tecnológica penitenciaria ha recibido cuestionamientos anteriores. En 2022, la Defensoría del Pueblo advirtió que el Ministerio de Justicia no había contratado oportunamente a una empresa independiente para supervisar la calidad del bloqueo de señales, pese a que esa obligación figuraba en el contrato suscrito en 2014.

La institución señaló específicamente que los hallazgos en el penal de Trujillo evidenciaban problemas en el funcionamiento de los bloqueadores y deficiencias en la supervisión estatal. El cuestionamiento de la Defensoría se refería principalmente al bloqueo de celulares y wifi, no al contenido de las llamadas efectuadas mediante los teléfonos públicos. Sin embargo, constituye un antecedente relevante sobre los problemas de supervisión del contrato de seguridad tecnológica.

En octubre de 2026, el propio INPE reconoció la necesidad de fortalecer sus sistemas de inteligencia y contrainteligencia. Su presidencia señaló que algunos equipos vinculados con el convenio firmado con Prisontec en 2014 podían presentar limitaciones tecnológicas y zonas sin cobertura.

La Nueva Jauría de Virú y La Nueva Jauría de San José habrían generado ganancias ilícitas superiores a S/ 2 millones desde 2022, principalmente mediante extorsiones a transportistas, comerciantes, bodegas y mercados.

Durante el Operativo Titanic 2026, la Policía detuvo a 14 presuntos integrantes y allanó 21 inmuebles, además de registrar tres celdas del penal El Milagro. Las autoridades incautaron 36 teléfonos celulares, un CPU, siete libretas, municiones, vehículos, dinero en efectivo y las calcomanías utilizadas para identificar a las víctimas. El hallazgo de celulares clandestinos confirma que las comunicaciones ilegales no se limitaban a los teléfonos públicos. Sin embargo, los registros de Prisontec revelan un problema distinto: los integrantes también habrían utilizado una infraestructura autorizada, identificable y administrada como parte de un contrato de seguridad con el Estado.

Los internos no necesitaban necesariamente ocultar un celular para comunicarse. Podían recurrir a los teléfonos de los pabellones, utilizar códigos registrados y apoyarse en operadores externos para triangular las llamadas.

El INPE debe informar si conocía el uso atribuido a las líneas, qué sanciones disciplinarias aplicó y si restringió temporalmente el acceso de los internos investigados después de recibir información policial.

Prisontec debe explicar cómo opera el registro de usuarios, cuál es el procedimiento para informar llamadas presuntamente delictivas y si reportó las comunicaciones identificadas en el expediente.

El Ministerio de Justicia, como parte contratante, debe precisar qué supervisión realiza sobre el servicio, qué indicadores utiliza para evaluar su eficacia y si se aplicaron penalidades o medidas correctivas.

En total, la parlamentaria plantea nueve puntos. Solicita el plan de operaciones que ejecutó la Subunidad de Acciones Tácticas (SOAT) y copias de la orden de captura, el acta de intervención policial, el acta de detención, la orden de internamiento en el penal de Barbadillo y el acta de internamiento.

Paredes pide también la orden de traslado aéreo de Castillo a la sede policial del Rímac y luego al penal de Barbadillo, en Ate. Para cada documento requiere que se señale a las autoridades responsables y a quienes ejecutaron cada acto.

La diputada solicitó que el Mininter envíe la información a su despacho a la brevedad.

Se basa en la Constitución

Paredes sustenta el pedido en el artículo 96 de la Constitución, que faculta a los parlamentarios a solicitar información a los ministros. Cita además el artículo 26, inciso b), del Reglamento del Congreso, y el artículo 102 y el inciso b) del artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En el caso de la detención y el internamiento, la diputada pide que se informe sobre el origen y la descripción del armamento utilizado, junto con la identificación de los ejecutores de la intervención.

"En ese mismo orden tiene que escucharme", dijo el burgomaestre tacneño. Luego, Fernández pidió que se escuchara la intervención de los congresistas presentes. Ante ello, Güisa Bravo consideró que su participación debía prevalecer debido a la representatividad que ostentaría y cuestionó la de los parlamentarios.

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"Usted ha sido electa públicamente, mi representación es 10.000 veces mayor a la de usted. Ustedes tuvieron un voto por accidente. Ni sus partidarios votaron por usted. Si usted habla por representatividad, yo tengo más representatividad que ustedes. Propongan algo para que las próximas elecciones salgan electos no por voto de arrastre", se escucha decir al alcalde de Tacna.

Tras la fuerte discusión, los representantes congresales abandonaron la sala de reuniones. En sus redes sociales, el alcalde publicó un fragmento del enfrentamiento en formato de reel. Por su parte, los congresistas criticaron la actitud del burgomaestre.

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Svieta Fernández citará al alcalde de Tacna al Congreso

Tras la acalorada discusión, la diputada de Juntos por el Perú anunció en sus redes sociales que citará al alcalde Güisa Bravo a la Comisión de Modernización y Contraloría de la Cámara de Diputados, para que responda sobre los cuestionamientos a su gestión relacionados con este proyecto y otros asuntos.

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"Lo sucedido el último martes constituye un intento inaceptable de impedir el ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales. Frente a este escenario, hacemos responsables legales y políticos al alcalde, funcionarios y servidores municipales involucrados, de los posibles perjuicios que ocasionaría a la población la eventual suscripción de un procedimiento y contrato ampliamente cuestionados respecto al Fundo Chololo", señala el comunicado.

Además, indicó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble. Asimismo, en las imágenes se observa a un hombre encapuchado prendiendo un artefacto que, posteriormente, arrojó al patio del burgomaestre. Tras ello, se retiró del lugar corriendo.

El atentado no dejó personas heridas ni fallecidas, pese a que Huamán Cano y su familia se encontraban en el patio de su casa cerca de la explosión; sin embargo, causó daños materiales en la cochera y el vehículo que se encontraba estacionado en la puerta del alcalde.

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Electo alcalde de Villa El Salvador se pronuncia

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre no descartó que el ataque esté relacionado con la gestión saliente de VES. "Considero que estos actos de alguna manera constituyen o quieren intimidarnos, porque nosotros hemos sido frontales contra la corrupción que hay en la municipalidad de Villa El Salvador y seguramente tienen alguna intención, pero confiamos en Dios, que nos protege y rechazamos todo acto de violencia; no tengo enemigos en ningún lado, de algún lugar debe venir", expresó.

En esa misma línea, Huamán Cano aseguró que el Ministerio del Interior le asignó seguridad policial. No obstante, precisó que en la noche los efectivos del orden se retiran para descansar.

"Ellos están durante el día con nosotros, es 24/7, pero en la noche se van a descansar. Entonces han aprovechado para lanzar este explosivo", indicó.

"Si se hace un análisis del video, se ve el rostro de un sujeto; de alguna manera se tiene que identificar y capturarlo. (...) Ya se dieron las elecciones, ya las ganamos y el día martes 13 es la proclamación; eso no lo van a poder detener. Quizás quieren amedrentarnos para que no asumamos esta postura directa", agregó.

Alcalde registra 3 sentencias en su contra

De acuerdo con la información declarada por el flamante alcalde de Villa El Salvador ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), registra tres sentencias en su contra.

La primera corresponde al expediente 582-2010 y adquirió la calidad de firme el 29 de abril de 2015 por el delito contra la fe pública. Por este caso, Huamán Cano fue sentenciado a tres años de pena suspendida, condena que posteriormente se redujo a dos años. La resolución judicial fue cumplida.

La segunda sentencia también está relacionada con un delito contra la fe pública. El fallo, emitido por el 18.º Juzgado Penal de Lima, impuso una condena de tres años de pena suspendida y adquirió la calidad de firme el 7 de julio de 2011.

La tercera sentencia está vinculada a un asunto contractual. En este caso, el Juzgado Letrado de Villa El Salvador ordenó la ejecución de un pago de S/11.396,19 a favor del Banco de Crédito del Perú (BCP).

De acuerdo con las conversaciones difundidas en el reportaje, una de las primeras acciones que, presuntamente, ordenó Castillo sería el cambio de dos asesores. El pasado 27 de julio, la congresista advirtió a su equipo que, cada 3 meses, habría cambios.

"Catherine Palomino: Estimado equipo, para dar inicio, va a haber cambios y rotación cada 3 meses (...) de todo el equipo (...) para conocimiento", se lee en el chat que el exasesor 2, Marco Paliza, le mostró al medio antes citado.

Paliza también indicó que el exmandatario, presuntamente, obligaba a Palomino a poner gente en su despacho.

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"Catherine Palomino: "He hecho todo lo posible para que el equipo se mantenga durante todo este tiempo. Ya se lo comuniqué de manera interna a todos, que después de diciembre habrá cambios. El único que se queda es Raúl. No sabía a quién sacar; estoy viendo, a uno más voy a sacar. Ya el presi me ha exigido y me ha dado dos nombres", se lee en el chat difundido.

"No sé ni cómo decirle que no. Ayer hasta las 11 hemos hablado. Me ha hecho sentir bien mal porque me dijo que estaba igual o peor que todos. Que me acuerde por quién llegué, pero si no tenía conciencia de que no lo haga, que nunca más me lo pedirá", agrega el mensaje.

Chats revelarían que la prioridad es buscar la libertad de Pedro Castillo

Por otro lado, los chats también revelarían, presuntamente, que uno de los principales objetivos de JP es buscar la libertad de Castillo. El 8 de junio, la asistente de Palomino envió un mensaje en el que indica que, en la reunión de coordinación de los asesores, se colocó en la agenda una serie de temas prioritarios.

"Equipo, buenos días. Hace unos días sostuvimos una reunión de coordinación en la que se identificaron diversos temas prioritarios que requieren acciones prontas. Les comparto para conocimiento y organización de todos: elaborar un análisis ante una eventual victoria de JP, incluyendo alternativas y estrategias para abordar la salida de PC (Pedro Castillo)".

"Yo creo que para distinguirnos: algo venenoso. Ya no tenemos nada que perder con (el presidente) Balcázar. Si no va a dar el indulto, con todo contra él (...) Balcázar en contubernio con el fujimorismo", expresó otro asesor.

Pedido de vacancia

Los chats también mostraron que el 5 de septiembre también se mencionó sobre un eventual pedido de vacancia contra la presidenta Keiko Fujimori. Palomino hizo la propuesta por bajo el argumento de "incapacidad para gobernar". Uno de sus asesores respaldó la propuesta. "Es más, si nosotros somos los primeros en plantear la vacancia, sería positivo.

Catherine Palomino: "Claro que sí, con todas las joyitas... manden una ayuda (...) Se acaba de comunicar Svieta, ya está trabajando la vacancia. Debemos ganarle (...) Chicos, lunes a primera hora, vacancia a la inepta de la K, antes que nos gane Svieta, coordinen en el equipo".

"La desbancada"

Los chats difundidos también muestran que Palomino calificó a su bancada como "la desbancada". Esto, a raíz de una de las reuniones de asesores, en la que se criticó la demora del partido en pronunciarse sobre temas relevantes.

Asesor de Palomino: "Acabo de salir de reunión de asesores de despachos. Algunos asesores, entre ellos mi persona, manifestamos nuestra sorpresa e incomodidad por la demora de la bancada en pronunciarse y tomar acciones en cuanto a temas de relevancia".

Palomino: "Me parece muy bien. Es más, hubieras sido muy crítico a la desbancada (...) reunión con Zunini no va".

Palomino: "Hacer llegar por escrito al flamante vocero Zunini para la participación del día jueves, hasta el miércoles por escrito".

En el proceso que estuvo a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, además de la empresa ganadora, elevaron sus ofertas la estadounidense Lockheed Martin Global y la española Indra Sistemas.

El 23 de octubre, la ACFFAA publicó en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) la adjudicación a nombre de Thales LAS France SAS, que propuso su modelo Ground Master 400 Alpha (GM400), por el que solicitó US$33.900.000. El monto referencial que lanzó la ACFFAA fue de US$39.513.083.

Por su parte, Lockheed Martin ofreció el modelo AN/TPS-77 MMR e Indra Sistemas con el Lanza 3D LRR.

Fuentes militares consultadas para este reportaje destacaron la adquisición del modelo francés Ground Master 400 Alpha porque permitirá que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) renueve sus sistemas radáricos de vigilancia y alerta temprana que cuentan con equipos de 40 y 50 años de antigüedad.

El plan de la FAP es comprar un primer lote de seis unidades, por lo que la elección del modelo Ground Master 400 Alpha implicaría que los demás serán también de Thales LAS France SAS.

Las fuentes militares señalaron a este diario que una vez que la ACFFAA otorgue el consentimiento a la buena pro a favor de la empresa francesa, se inicia el proceso de negociación del programa de compensación, también conocido como 'Offset'. Una vez concluido, procede la suscripción del contrato. Esto sería en dos semanas, por lo menos.

La compra del Ground Master 400 Alpha forma parte del programa de modernización del 'Sistema de radar de vigilancia y alarma temprana 3D de largo alcance, con múltiples elementos transmisores/receptores independientes ubicados en la antena del radar, con tecnología Active Electronically Scanned Array (AESA), para el Grupo de Defensa Aérea (GRUDA)'.

¿Cómo afecta la tardanza en la renovación de los radares? preguntó este periódico.

"Hoy la disponibilidad de información que proviene de los sistemas de radar es insuficiente para garantizar las operaciones de vigilancia requeridas. Esta brecha no es un asunto exclusivamente militar: afecta la capacidad del Estado para detectar oportunamente aeronaves que vulneren las fronteras, realicen actividades ilícitas o representen un riesgo para la seguridad nacional", respondieron.

Renovar la defensa aérea

Conforme a las fuentes castrenses consultadas, "los sistemas de radar actualmente disponibles en la Fuerza Aérea del Perú arrastran cinco décadas de antigüedad y presentan limitaciones operativas y carecen de condiciones adecuadas para integrarse a un sistema automatizado de control aéreo".

"Además de lo descrito, se suma la dificultad para conseguir repuestos y componentes de equipos cuya fabricación ha sido descontinuada", indicaron.

Entre los equipos que serán reemplazados se cuentan los AN/TPS-70, un radar móvil tridimensional de barrido electrónico fabricado por la estadounidense Westinghouse. También el radar soviético P-37 'Bar Lock' y el ruso P-19 'Danubio', modelos que han quedado completamente obsoletos.

"Con esos modelos se reduce la calidad y precisión de la información disponible para la toma de decisiones, limita la coordinación de las operaciones de interceptación y dificulta una vigilancia eficiente frente a amenazas que evolucionan a un ritmo acelerado", explicaron las fuentes.

Respecto a las ventajas que ofrece el modelo francés Ground Master 400 Alpha, las fuentes con conocimiento del proceso de modernización indicaron que la adquisición es un significativo salto tecnológico respecto a los anteriores radares.

"Se trata de un sistema tridimensional de vigilancia y alerta temprana de largo alcance, diseñado para proporcionar información sobre la posición, altitud y movimiento de múltiples objetivos aéreos", apuntaron.

La clave está en contar con el presupuesto de manera oportuna.

El pedido fue formulado mediante una carta dirigida al titular del Minedu tras un reportaje de Punto Final que advierte sobre 432 docentes investigados administrativamente por presuntos casos de violencia sexual contra escolares.

Manrique resaltó que el director general de Desarrollo Docente del Minedu, Andrés Antonio Izaguirre Minaya, reconoció que actualmente no se realizan evaluaciones psicológicas periódicas a los profesores.

“Resulta inadmisible que el Estado no cuente con evaluaciones psicológicas periódicas para quienes tienen bajo su responsabilidad la formación de nuestros niños y adolescentes”, se lee en el oficio.

Ante ello, solicitó al ministro Chang que informe sobre los motivos por los cuales no se implementan estos controles y detalle las medidas que se adoptarán, así como el cronograma previsto para su puesta en marcha.

Precisó que su solicitud fue presentada al amparo del artículo 96 de la Constitución Política del Perú y del artículo 159 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que sustentan el ejercicio de las funciones de fiscalización parlamentaria.

“Agradeceré remitir la información dentro del plazo legal correspondiente”, finalizó.

Docentes investigados por presunto abuso sexual

De acuerdo con un reportaje de Punto Final, el Ministerio de Educación (Minedu) registra 505 procedimientos administrativos relacionados con presuntos casos de violencia sexual contra estudiantes de colegios públicos, según una investigación difundida por Punto Final. De los expedientes revisados, 432 corresponden a docentes investigados que aún no cuentan con una resolución definitiva.

Izaguirre Minaya explicó que los profesores investigados por presuntos delitos contra la libertad sexual deben permanecer alejados de los escolares mientras tengan vigente una medida de separación preventiva.

La medida se encuentra contemplada en el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial y comprende investigaciones por tocamientos indebidos, acoso sexual, acoso mediante plataformas tecnológicas y violación sexual. Según explicó el funcionario, los docentes comprendidos en estos procedimientos no pueden permanecer en las aulas ni mantener contacto con los alumnos, por lo que deben cumplir funciones administrativas hasta que concluya el proceso correspondiente.

"El proceso que ha seguido El Salvador para conseguir la paz y la tranquilidad con este modelo exitoso, el modelo Bukele", manifestó Fujimori durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), al referirse a la estrategia del presidente salvadoreño. La jefa de Estado no detalló qué medidas concretas de ese modelo considera que deberían aplicarse en Perú ni cómo se adaptarían a la realidad nacional.

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Para respaldar su postura, recordó la lucha contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante las décadas de 1980 y comienzos de 1990. Según afirmó, la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la población organizada, a través de los comités de autodefensa y las rondas campesinas, permitió alcanzar la paz.

Sin embargo, Fujimori cuestionó el trato que recibieron las instituciones militares y policiales en los años posteriores. “Lamentablemente, décadas siguientes, el Perú nuevamente debilitó sus instituciones y lo que es peor, debilitó y persiguió a sus Fuerzas Armadas y a su Policía Nacional”, declaró. No precisó a qué gobiernos, medidas o decisiones se refería con esa acusación.

La jefa de Estado también relacionó ese supuesto debilitamiento institucional con el avance de la criminalidad organizada internacional en Latinoamérica. A partir de ese diagnóstico, planteó que el país debe recuperar el orden, aunque reconoció que el escenario actual es distinto al de las décadas en las que operaban los grupos subversivos.

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Keiko Fujimori equipara a bandas criminales con grupos terroristas

En otro momento de su intervención, Fujimori comparó a las organizaciones criminales que operan actualmente en la región con los grupos terroristas que enfrentó Perú durante el conflicto armado interno. La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que estas bandas representan una amenaza que supera las fronteras nacionales y que requieren una respuesta firme del Estado.

“Pero ya no de grupos terroristas, sino de estas bandas criminales. Que no respetan fronteras, pero que son grupos terroristas”, afirmó durante su visita a El Salvador.

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La declaración plantea una equivalencia entre dos fenómenos de distinta naturaleza. Mientras Sendero Luminoso y el MRTA fueron organizaciones subversivas responsables de graves actos de violencia durante el conflicto armado interno, las bandas criminales actuales están vinculadas a delitos como la extorsión, el sicariato y el tráfico ilícito de drogas.

Pese a presentar el modelo salvadoreño como una experiencia exitosa, la dirigente no explicó qué mecanismos de la política de Bukele propone trasladar al Perú ni qué garantías deberían acompañar su aplicación. Su discurso se concentró en reivindicar el papel de las fuerzas del orden y cuestionar el tratamiento que recibieron las instituciones peruanas en gobiernos anteriores.

En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el artículo publicado este 2 de noviembre describió ocho años de denuncias, investigaciones fiscales, amenazas y campañas de desprestigio contra la comunicadora.

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El hostigamiento comenzó a tomar forma en 2018, cuando Ugaz viajó de Lima a Piura para responder a una denuncia por difamación presentada por el arzobispo de la región, integrante de la generación fundadora del Sodalitium Christianae Vitae. El religioso exigía una reparación cercana a los 50 mil dólares por las publicaciones de la periodista sobre la organización católica.

Durante 2019, la comunicadora afrontó más de cinco procedimientos judiciales y recibió alrededor de 30 cartas notariales. También fue investigada por presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, soborno, falso testimonio y tráfico de influencias. A estos procesos se sumaron amenazas de muerte e insultos en redes sociales.

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Ugaz contó que los ataques también alcanzaron su apariencia física, inteligencia y vida privada. En su cuenta de Instagram recibió una amenaza: "Te haremos desaparecer a plomo". La periodista explicó que las demandas afectaron su vida cotidiana porque debía dedicar tiempo a acudir a tribunales y fiscalías, preparar documentos y coordinar su defensa legal.

Jane Anttila, jefa de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Perú, sostuvo que los ataques contra Ugaz no fueron hechos aislados.

El seguimiento de la institución permitió identificar un patrón de hostigamiento, estigmatización y criminalización que, según advirtió, también puede involucrar a actores privados con poder económico, político, religioso o mediático.

Acoso judicial contra Paola Ugaz también afectó a su familia

Las investigaciones de Ugaz sobre el Sodalicio comenzaron junto con el periodista Pedro Salinas. En 2015, ambos publicaron 'Mitad monjes, mitad soldados', libro que reunió testimonios de una treintena de personas sobre abusos sexuales, físicos, psicológicos y espirituales dentro de la organización. Un año después, cuando la periodista empezó a publicar información sobre su gestión financiera, aparecieron nuevas acusaciones en su contra.

Según el testimonio de Ugaz, algunos medios de comunicación publicaron versiones que la vinculaban con una supuesta red de lavado de dinero y tráfico de uranio. Posteriormente, esas publicaciones fueron presentadas ante la Fiscalía y dieron paso a investigaciones. La periodista sostuvo que varios de esos procedimientos continuaban abiertos.

Otro episodio ocurrió en septiembre de 2024, cuando Ugaz conoció que un juez había levantado la confidencialidad de sus comunicaciones entre 2013 y 2020. La medida, que había sido autorizada desde 2023 y permaneció en secreto, comprendía siete años de información privada. La periodista advirtió que durante ese periodo las víctimas del Sodalicio habían compartido con ella sus testimonios de manera confidencial.

El informe también expuso los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas y sus familias. Ugaz relató que, durante uno de los procesos que ganó, la otra parte había publicado el colegio al que asistían sus hijos. Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y de la Federación Internacional de Periodistas, sostuvo que los ataques contra las mujeres suelen dirigirse a su intimidad y entorno familiar, en lugar de cuestionar directamente sus investigaciones.

Desde 2022, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU registró 485 incidentes contra trabajadores de medios de comunicación en Perú, con 629 víctimas. Además, documentó el asesinato de cuatro periodistas durante 2025.

La institución impulsó la incorporación de Ugaz al Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, que le otorgó garantías de protección. Sin embargo, Anttila advirtió que todavía faltan recursos y herramientas para responder cuando los posibles agresores pertenecen a las propias instituciones públicas.

José Chlimper compara el caso de Paola Ugaz con el proceso contra Keiko Fujimori

José Chlimper, principal asesor de Keiko Fujimori, intervino en la publicación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el hostigamiento judicial contra Paola Ugaz. A través de su cuenta de X, cuestionó el titular de la nota y pidió que le enviaran una publicación similar sobre el caso Cócteles.

El asesor de Fujimori sostuvo que el proceso contra la lideresa de Fuerza Popular también se extendió entre ocho y diez años. Sin embargo, su comentario planteó una comparación entre dos situaciones distintas: el seguimiento judicial a una periodista por sus investigaciones sobre una organización religiosa y el proceso penal contra una dirigente política por presuntos delitos relacionados con el financiamiento de campañas electorales.

El caso Cócteles se inició en octubre de 2015 por los presuntos aportes irregulares a las campañas de Fuerza Popular. La investigación alcanzó a Keiko Fujimori y a otros integrantes de su partido por presunto lavado de activos y organización criminal. En junio de 2026, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó el archivo del proceso contra Fujimori, Fuerza Popular y otros investigados, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional.

A través de una publicación en sus redes sociales, Basombrío calificó estos registros como “una estafa a la ciudadanía”. Además, reclamó que alguien asuma las consecuencias por lo que ocurre con la información que recoge el Sinadef.

El cuestionamiento apunta a las muertes por proyectil de arma de fuego (PAF) que aparecen bajo la clasificación “No se conoce”. Esta categoría impide que esos casos sean identificados directamente como homicidios dentro del conteo que revisa Carbajal, pese a que el registro consigna el uso de un arma de fuego como causa de muerte.

La denuncia cobra relevancia por el impacto que estas clasificaciones pueden tener en las cifras oficiales de violencia. Si una muerte violenta permanece fuera de la categoría de homicidio, los reportes pueden mostrar una cantidad menor de asesinatos que la que reflejarían los casos identificados por otras vías. Basombrío pidió que se establezcan las responsabilidades correspondientes por esta situación.

Juan Carbajal advierte que asesinato en Villa María del Triunfo figura como muerte desconocida en el Sinadef

Uno de los casos expuestos por Juan Carbajal corresponde a Christopher Cangre, conocido como alias 'El Cangri', de 32 años. El hombre fue asesinado a balazos el 29 de octubre dentro de su vehículo, en la cuadra seis de la avenida Salvador Allende, en Villa María del Triunfo. Según el reporte, dos sujetos lo atacaron y escaparon a pie antes de abordar una motocicleta en la que los esperaban sus cómplices.

Carbajal revisó el registro de defunción de la víctima y advirtió que el Sinadef la clasificó como “No se conoce”, pese a que la causa consignada correspondía a un proyectil de arma de fuego. Para el analista, este caso constituye otra muerte que queda fuera del conteo de homicidios. “Se terminan maquillando las estadísticas”, afirmó en su publicación del 30 de octubre.

El analista sostuvo que no se trata de un caso aislado, sino de una situación que ha detectado en otros registros. Según su denuncia, varias muertes por disparos permanecen bajo la categoría de causa desconocida y no pasan al conteo de asesinatos.

Iñigo rechazó estar detrás de dicho atentado, negó ser un delincuente y sostuvo que demandará a Huamán por difamar su gestión y por intentar engañar a la población con sus acusaciones durante una entrevista vía RPP.

El conflicto se desencadenó tras la detonación de un artefacto explosivo en la fachada de la vivienda de la autoridad electa, ocurrido la noche del último domingo y registrado por las cámaras de seguridad del inmueble.

En las imágenes se observa a un hombre encapuchado que se aproxima al portón de la cochera, enciende lo que sería un petardo, lo arroja contra la propiedad y huye.

Al respecto, el burgomaestre electo rechazó haber recibido amenazas previas o extorsiones y señaló que el suceso respondería a motivos políticos.

"Considero que estos actos de alguna manera quieren intimidar. Nosotros hemos sido frontales contra la corrupción que hay en VES y seguramente tienen una segunda intención. (…) Rechazamos todo acto de violencia", indicó vía Exitosa.

Además, agregó que han sido frontales con relación a los actos ilícitos dentro de la Municipalidad. "No tengo enemigos de ningún lado. Entonces, de algún lugar debe venir".

Ante estas declaraciones, Guido Iñigo cuestionó que se vincule su administración con el incidente delictivo y aseguró que acudirá a la vía judicial para responder a lo dicho por su sucesor.

"Rechazo categóricamente todas las acusaciones que viene realizando el señor Huamán, primero de qué corrupción estamos hablando. (…) Lo único a lo que se ha dedicado es a difamar, a decir que mi gestión es corrupta, que le he puesto una granada, a decir que hoy estoy detrás de estos actos delictivos. (…) Voy a tomar las acciones legales correspondientes, voy a demandar a este señor porque no puede engañar a la población de Villa El Salvador", indicó.

Respecto a las auditorías que Huamán anunció que ejecutará al asumir el cargo, el actual alcalde señaló que la labor municipal es fiscalizada anualmente por la Contraloría General de la República y que existen los informes respectivos, por lo que no teme a eventuales diligencias.

Además, el burgomaestre cuestionó los antecedentes del alcalde electo en el ámbito judicial.

"Ha tenido dos sentencias por falsificación de documentos públicos, lo sentenciaron en Lima Centro y después en Lima Sur, porque formaba, es lo que dicen las sentencias, una organización criminal como la de Orellana. Así tiene también otra sentencia por violencia familiar y alimentos, no le puede pasar 600 soles a sus hijas y a su exesposa, por favor, de qué estamos hablando hay que tener sangre en la cara", manifestó.