Desde la Santa Sede señalaron que estos encuentros “responden al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo esta violencia”.

Según el comunicado oficial, la meta es construir “caminos de sanación accesibles a todo aquel que los necesite” y asegurar que la institución sea percibida como “un lugar seguro y espiritualmente sano”.

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Además, esta iniciativa da continuidad a los encuentros que el Pontífice sostuvo recientemente en Madrid y Lourdes. En ambas citas, León XIV escuchó los testimonios de las víctimas e insistió en la necesidad de actuar con “máxima vigilancia y determinación” para alcanzar la verdad y la justicia, además del perdón y la debida reparación a las víctimas.

De este modo, León XIV retoma la práctica de sus antecesores y asegura un espacio para las víctimas en las visitas internacionales del Vaticano.

La agenda del Papa en Perú

La Santa Sede publicó el programa oficial para la visita del Papa del 11 al 16 de noviembre, una gira de 6 días que abarcará cuatro sedes: Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

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El Pontífice arribará al Callao el miércoles 11 a las 5.30 p. m. tras su paso por Buenos Aires, y en esa misma jornada sostendrá reuniones en Palacio de Gobierno, además de un encuentro con autoridades y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

La estadía en el país concluirá el lunes 16 de noviembre a las 10.30 a. m. con la Misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas.

El despliegue de esta gira implicó una transferencia de S/63,2 millones por parte del Gobierno, a la que se suma el objetivo de la Conferencia Episcopal de recaudar 4 millones de soles para la logística del viaje. Asimismo, los organizadores proyectan una convocatoria de 1,5 millones de fieles en la misa de Pimentel.

El tramo final del itinerario incluirá una visita a las Hermanitas de los adultos mayores Desamparados a las 8.30 a. m., previo al acto protocolar en el Callao a las 1.15 p. m. y la partida de la comitiva papal hacia Roma a las 1.45 p. m.

El artículo 56 del reglamento del Senado, en su literal 'e', establece que este cambio de bancada solo puede realizarse una vez por periodo parlamentario. Para ello, Gavidia deberá presentar formalmente su renuncia a la bancada del Partido del Buen Gobierno y esta tendrá que ser aceptada. Además, si Gavidia se incorpora a un nuevo grupo parlamentario durante un nuevo periodo anual de sesiones, no podrá integrar la Mesa Directiva durante ese lapso.

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Si decide no incorporarse a otro grupo parlamentario y opta por formar parte del grupo mixto, Gavidia tendrá una serie de restricciones. En principio, el senador no podrá integrar la Mesa Directiva del Senado. El artículo 60 del reglamento establece que los parlamentarios pertenecientes a este espacio están impedidos de formar parte de dicho órgano.

Del mismo modo, tampoco podrá integrar la Junta de Portavoces. Además, el grupo mixto no cuenta con personal ni oficinas propias, a diferencia de los demás grupos parlamentarios.

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Renovación Popular y Obras abren las puertas a Jorge Gavidia

Tras conocerse su intención de renunciar al Partido del Buen Gobierno, representantes de dos grupos parlamentarios han abierto las puertas para que Gavidia pueda sumarse a sus filas: Renovación Popular y Obras.

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En el partido de Rafael López Aliaga, el diputado Aldo Bravo aseguró que Gavidia podría incorporarse siempre que respete los principios de la agrupación: "El señor Gavidia ha dicho que el Buen Gobierno ya no lo representa. Él busca renunciar para ser consecuente consigo mismo. Insisto, no lo hemos conversado en la bancada. Pero cualquier persona que respete los derechos de la vida, de la patria y de la libertad es bienvenido".

Por su parte, Daniel Barragán, senador de Obras, señaló que la posible incorporación de Gavidia a la bancada podría ser evaluada: "Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias. Hay que hacer una evaluación, al igual que lo puede hacer cualquier partido (...) Todas las posibilidades están abiertas. No descartamos ninguna".

“Teníamos una reunión pactada pero no llegó. Al rato me llamó uno de sus asesores para decirme que por encargo del señor Gavidia me estaba informando que estaba entregando su renuncia al Jurado Nacional de Elecciones y ahí me di por enterado”, contó anoche en una entrevista en Willax.

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Nieto precisó que su único contacto con Gavidia antes de que el Senado votara el pedido del Ejecutivo fue “una muy larga telefónica”, en la que le explicó la posición del partido. Afirmó que la abstención se definió en una votación “unánime”, aunque solo participaron cinco de los siete senadores, faltaron Gavidia y Juver Flores, los dos que luego votaron a favor.

Nieto confirmó que el partido inició un proceso sancionador contra Gavidia. “Es lo que corresponde, no por mi capricho, no porque seamos autoritarios, sino porque es el reglamento de la bancada de senadores que todos los senadores acordaron”, dijo.

Según su relato, el senador no asistió a las últimas reuniones semanales, donde se discuten estrategias y hay “puntos de vista discordantes”, y no dejó constancia de sus razones. “A nadie se le coacta su libertad de pensar, tiene que haber unidad de acción, ¿sino para qué somos un partido?”, preguntó.

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No sabe si Flores renunciará

Sobre Flores, Nieto dijo que no sabe si también renunciará. “Él se encuentra en la sierra de Arequipa, creo, le he mandado mensajes para conversar”, contó. Flores dijo a Perú21 que tomará su decisión sobre la bancada “en función a la justicia y el fin supremo”. Nieto advirtió que “no se pueden tomar actitudes que van en contra de lo que solo hace unos meses dijeron”.

El dirigente reconoció el costo dentro de su base. “Lo que más me duele” es la reacción de los jóvenes que confiaron en el partido, entre quienes ve “una profunda decepción”. “Eso me duele y me siento corresponsable. No lo vimos venir”, concluyó.

Gavidia anunció su salida el domingo en Panamericana después de que Nieto adelantara que sería sometido a un proceso disciplinario. Con su renuncia, Buen Gobierno quedaría con seis senadores y Gavidia se convierte en el primer legislador independiente del nuevo Congreso bicameral. Su voto y el de Flores a favor de las facultades, pese al acuerdo de abstención, se dio el 21 de octubre, cuando el Pleno aprobó el pedido con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones.

"Recibo con gratitud sus felicitaciones, Keiko Fujimori. Espero celebrar los 200 años de asociación entre Brasil y Perú en 2027. Podemos fortalecer la integración regional a través de un nuevo modelo de desarrollo sostenible e inclusivo que unifique la conservación y el uso sostenible de la selva amazónica, reconociendo el rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales", señaló el mandatario brasileño en su cuenta de X.

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Fujimori coincidió con la necesidad de impulsar una respuesta conjunta. Perú y Brasil comparten una frontera en la Amazonía, una región estratégica para ambos países y de gran importancia ambiental a nivel mundial.

"Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos", indicó la presidenta en la misma red social.

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La Amazonía y los retos comunes de Perú y Brasil

La protección de la Amazonía representa uno de los principales desafíos compartidos por Perú y Brasil. En ambos países, la deforestación, la minería ilegal y la tala clandestina amenazan los ecosistemas y los territorios indígenas. La pérdida de bosques en ese territorio también está vinculada al narcotráfico, los incendios forestales y la expansión de la frontera agrícola.

Otro problema es el avance del crimen organizado en las zonas fronterizas. En agosto de este año, líderes asháninkas de Perú y Brasil alertaron sobre la expansión del narcotráfico, las invasiones territoriales y las amenazas contra comunidades indígenas, y reclamaron una respuesta coordinada entre ambos países.

“Simplemente siempre ingresé considerando que era diferente a mi posición y no puedo hacerle daño a la imagen del partido”, dijo Gavidia en una entrevista para Panamericana TV, el último domingo. “Si tengo que irme, lo haré, aunque yo dije que nunca lo iba a hacer”, añadió el senador.

En la mira

Jorge Gavidia es voceado para integrar las bancadas de Fuerza Popular, Obras y Renovación Popular.

Sobre el fujimorismo, el senador adelantó que una de las diferencias que tenía con la bancada de Jorge Nieto eran las dudas que mantiene con las políticas que ejerce el Ejecutivo en la actualidad.

Según mencionó el partido naranja no es lo mismo de hace 20 años atrás, por lo que se debería “aprender a dar oportunidades”.

“Parece ingenuo, pero en algún momento tenemos que confiar en nuestro gobierno, porque somos parte de un país que requiere que se avance o se equivoque (…) no tratar de manejarlo desde la postura política porque eso nos atrasa, nos entrampa e incluso nos va separando cada vez más”, expresó para La República.

Gavidia aseguró, además, que no es antifujimorista y que percibe a Keiko Fujimori como una persona perseverante, por las veces que postuló a la presidencia.

“Si una presidenta se presenta tres o cuatro veces, al margen de eso, creo que de todas maneras necesitaba de que le demos la oportunidad (…) lo que pasa es que no soy antifujimorista, nunca soy anti nada”, sostuvo.

Tras la renuncia de Gavidia, el senador Daniel Barragán dijo que las puertas de la bancada de obras siempre están abiertas. “Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias. Hay que hacer una evaluación al igual que lo puede hacer cualquier partido (…) todas las posibilidades están abiertas. No descartamos ninguna”, declaró.

Desde Renovación Popular, el diputado Aldo Bravo también señaló que las puertas de sus bancadas están abiertas. “El señor Gavidia ha dicho públicamente que Buen Gobierno ya no lo representa. Si él pide participar de Renovación Popular, no lo hemos conversado, pero si respeta al vida, la familia, es bienvenido”, apuntó.

Piden explicaciones

Desde la interna de Buen Gobierno cuestionan la decisión de Gavidia, su colega de bancada, Nora Bonifaz, lo instó a decir cuáles son las diferencias ideológicas que mantiene con el partido. Precisó que fue el propio Gavidia quien ingresó a la agrupación elogiando su plan de gobierno y su doctrina ideológica.

“Yo no lo entiendo, él entró al partido hablando maravillas del plan de gobierno y de la posición doctrinaria. Evidentemente, no hay transparencia en esa oscuridad mental, pese a que se dice científico, quiero que diga científicamente una por una las diferencias”, cuestionó.

En esa crítica, el senador Carlos Caballero (Buen Gobierno) indicó que le sorprende la decisión de Gavidia, debido a que durante la campaña electoral siempre participaba de las reuniones de la agrupación para estar alineados a las políticas del partido. “Una vez que es elegido senador sale por la puerta falsa de la traición”, sentenció.

“Están puestas como arte o cultura, pero están yendo contra los derechos del niño. Muchísimas organizaciones han señalado estar en contra de que los niños vean estas imágenes. Los huacos despiertan una sexualidad que no es sana. Causan miedo e incomodidad; estas exposiciones generan una distorsión de la sexualidad normal, algo que tiene que verse luego con psiquiatras infantiles o psicólogos. Tener estas imágenes en un lugar público es dañino para la infancia”, indicó.

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La senadora reconoció que las esculturas representan parte de la cultura nacional, pero insistió en que no deben ser vistas por niños. Sostuvo que los estudiantes de secundaria en adelante podrían apreciarlas con el acompañamiento de un tutor. Las palabras de Jáuregui llegaron en una sesión donde participó como invitado el ministro de Cultura, Alberto Beingolea.

Los huacos eróticos de Moche fueron instalados durante la gestión de César Arturo Fernández Bazán, entonces alcalde del distrito trujillano. La Municipalidad Distrital de Moche colocó las esculturas como parte de una iniciativa para promover el turismo local. En enero de 2022, se instaló una réplica de aproximadamente tres metros de altura.

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-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

"El señor Gavidia ha dicho que el Buen Gobierno ya no lo representa. Él busca renunciar para ser consecuente consigo mismo. Insisto, no lo hemos conversado en la bancada. Pero cualquier persona que respete los derechos de la vida, de la patria y de la libertad es bienvenido", indicó.

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Gavidia anunció recientemente su salida del Partido del Buen Gobierno tras votar en contra de la posición de sus compañeros de bancada sobre el proyecto de delegación de facultades legislativas. El senador votó a favor de la propuesta y fue, junto con Juver Flores, uno de los únicos dos integrantes del partido de Jorge Nieto que respaldaron la iniciativa en la Cámara Alta.

"Simplemente siempre ingresé considerando que era diferente a mi posición y no puedo hacerle daño a la imagen del partido", explicó Gavidia para justificar su salida de la agrupación. Agregó que el partido tiene buenas perspectivas de crecimiento y que su decisión también responde a su intención de no interrumpir ese proceso.

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Barragán, senador de Obras, también abre las puertas para Gavidia

Daniel Barragán, senador de Obras, también señaló que Jorge Gavidia podría incorporarse a las filas de su bancada. Consultado sobre la posibilidad de que Gavidia se sume a la bancada de senadores del partido de Ricardo Belmont, Barragán mostró apertura ante tal escenario.

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"Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias. Hay que hacer una evaluación, al igual que lo puede hacer cualquier partido (...) Todas las posibilidades están abiertas. No descartamos ninguna. Nosotros no decidimos eso, sino primero el senador (Gavidia). Todo se puede dar".

Barragán también señaló que, desde su perspectiva, Gavidia no habría mantenido una buena comunicación con su entorno partidario. "Ha habido una incomodidad de su parte, me parece. Espero que converse con Jorge Nieto. (Dice él que tiene una convergencia partidaria) Bueno, entonces no debieron ponerlo en su lista porque si está en la lista es porque comparte", sostuvo.

Ahí se anunció la primera promoción de embajadores de los pueblos indígenas para los bosques primarios, una iniciativa impulsada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Entre los seis líderes indígenas seleccionados destacó el apu Julio Cusurichi, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), quien fue propuesto por la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la defensa de los territorios indígenas y la conservación de los bosques.

En esta importante ceremonia también estuvieron presentes Edy Dariquebe, dirigente de Fenamad, y Eddy Menkorie, presidente de la Organización de Jóvenes y Estudiantes Indígenas de Madre de Dios (Ojeimad).

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Esta distinción busca visibilizar y fortalecer el liderazgo indígena, los conocimientos ecológicos tradicionales y la gobernanza de los pueblos originarios en la protección de los bosques primarios e intactos más valiosos del planeta.

El liderazgo indígena es fundamental para defender los territorios, conservar los bosques y garantizar un futuro para las próximas generaciones.

LOS MASHCO PIRO EN PELIGRO

Entre tanto, la Fenamad denunció el retroceso del Estado en la protección de los pueblos en aislamiento y exige respetar el acuerdo de 2016 que aprobó la categorización y ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios como Reserva Indígena, sin concesiones forestales.

En efecto, dicha organización expresó su rechazo a lo ocurrido durante la última sesión de la Comisión Multisectorial de la Ley N.° 28736, donde se sometió a votación la actualización del estudio sobre la existencia de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), un asunto que, según la organización, no estaba incluido en la agenda original.

Sin embargo, después de más de diez años, el Ministerio de Cultura aún no ha formalizado esta decisión. Por el contrario, ha planteado una propuesta que permitiría mantener las concesiones forestales madereras hasta el vencimiento de sus respectivos contratos, expresó la Fenamad a través de un pronunciamiento.

La Fenamad advierte que esta decisión podría debilitar la protección de los pueblos indígenas en aislamiento, especialmente del pueblo Mashco Piro, cuya supervivencia depende de la defensa efectiva de sus territorios ancestrales.

La organización recordó que, en 2016, durante la undécima sesión de la Comisión Multisectorial, se aprobó por mayoría, con nueve votos a favor según sus antecedentes, la categorización de la Reserva Territorial Madre de Dios como Reserva Indígena, incluida su ampliación y sin concesiones forestales.

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Para Fenamad, esta alternativa subordina la protección de los pueblos indígenas a intereses económicos y prolonga actividades extractivas en territorios esenciales para su supervivencia.

Asimismo, cuestionó que la actualización del estudio sobre los PIACI se incorporara a la última sesión fuera de la agenda convocada, por lo que exige transparencia y respeto a los procedimientos y acuerdos previamente adoptados.

EXIGEN RESPETO A LOS ACUERDOS

Durante la sesión, Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de Fenamad, recordó la dolorosa historia del pueblo Harakbut, que sufrió graves consecuencias por la incursión de terceros en sus territorios ancestrales, con pérdidas humanas y una drástica reducción de su población durante las décadas de 1940 y 1950.

Advirtió que desconocer la existencia de los pueblos en aislamiento o permitir actividades de terceros en sus territorios podría repetir episodios de violencia y despojo. "Las decisiones de esta comisión quedarán grabadas en la historia", enfatizó, al exhortar a las instituciones a asumir su responsabilidad en la protección de estos pueblos.

Por su parte, Julio Cusurichi Palacios, dirigente de Aidesep, exigió respetar el acuerdo histórico de 2016 y cuestionó que, después de más de una década, el Estado continúe postergando la categorización de la reserva. Asimismo, rechazó cualquier propuesta que permita prolongar las actividades madereras en territorios fundamentales para la supervivencia del pueblo Mashco Piro.

Son 52 personas las que se encontraban comprendidas en la investigación, entre las cuales se encontraba el exministro de Salud y actual senador fujimorista Alejandro Aguinaga.

Fiscalía reconoce que hubo esterilizaciones forzadas y se trata de un crimen de lesa humanidad

La resolución, firmada por el fiscal Jesús Víctor Dávila Rojas y fechada el 22 de octubre último, admite que las esterilizaciones se realizaron sin el consentimiento libre e informado de las personas.

El documento menciona que existen evidencias para afirmar que los hechos vinculados al denominado caso esterilizaciones forzadas, ocurridos entre el 28 de julio de 1990 y el 22 de noviembre de 2000 se clasifican en “los delitos de lesiones graves y de lesiones graves seguidas de muerte”.

Precisa que las intervenciones quirúrgicas se practicaron “sin el consentimiento libre, previo, pleno e informado de las agraviadas”, por lo que se trató de “esterilizaciones forzadas”.

Por estas características, y siguiendo el derecho penal internacional, se trata de un "crimen de lesa humanidad”, indicó el fiscal Dávila.

“Al haberse cometido como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra un sector de la población civil, en ejecución de una política de Estado y con conocimiento de dicho ataque por parte de los autores”, se lee en la resolución.

El documento también detalla cómo ejecutó el plan de esterilizaciones forzadas el régimen fujimorista. Para esto, se menciona el rol del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

Según la reconstrucción, en 1996 el Ministerio de Salud fijó cuotas de operaciones quirúrgicas para distintas regiones y promovió jornadas denominadas “Festivales de la Salud”. En ese sentido, de acuerdo a testimonios reunidos en la investigación, presuntamente hubo estímulos y reconocimientos al personal médico y sanitario para incrementar la cantidad de ligaduras de trompas y vasectomías realizadas.

La Fiscalía presenta documentos en los cuales se evidencia que el seguimiento de estas intervenciones llegaba hasta la Presidencia de la República. En 1997, el entonces ministro de Salud, Marino Costa Bauer, enviaba informes a Fujimori sobre el avance del programa. Uno de ellos reportaba 38.624 intervenciones hasta mayo de ese año.

En total, en la investigación se identifica a 4.172 personas agraviadas por lesiones graves y cinco mujeres por lesiones graves seguidas de muerte (Celia Edith Ramos Durand, María Mamérita Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Auccapiña, Reynalda Betalleluz Aguilar y María Genoveva Espínola Otiniano).

La invitación fue lanzada por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, quien durante la ceremonia por el Centenario de Juliaca dijo: “(…) Quiero expresar mi intención de conversar con los familiares de las víctimas de los sucesos del 09 de enero. Una conversación abierta, no para la foto, sino una conversación sincera”.

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Raúl Samillán, presidente de los deudos a nivel nacional, no tardó en responder. Alegó que irán al encuentro con dignidad y sin bajarle la cabeza a nadie, con memoria y dignidad.

Aseguró que están llanos a reunirse en Puno, pero sin olvidar el papel estigmatizador del ahora ministro durante su campaña al Senado por la región Arequipa.

Arnillas aseguró en marzo de 2026 que, el día de los cruentos sucesos: “La gente que fue a protestar ese día, cuando murieron 18 personas en Juliaca, no eran juliaqueños; eran traídos de Venezuela, de Bolivia y de otros lados. La gente los conoce. Todos lo han visto. (…) Miles de amigos me han pasado fotos. Han encontrado en caravanas de combis y camionetas desde Desaguadero (frontera con Bolivia) a esas protestas, y lo que han hecho es exponer a la población civil”, dijo.

Samillán planteó que la reunión sea pública en la ciudad de Puno, pero que no sea para la foto, porque no caerán en el juego del gobierno. Tampoco serán objetos políticos de nadie.

“Quieren reunirse, con el mayor gusto; pero me imagino que el ministro primero pedirá disculpas por terruquear a Puno y, previamente, debe mostrar pruebas de su acusación. Segundo, imagino que vendrá con el compromiso político firmado por los senadores del fujimorismo para comprometerse a derogar todas las leyes pro crimen. Supongo que si quiere diálogo es porque se exhortará a que los militares que mataron paguen su culpa, por lo tanto, tendría que derogarse la Ley 32735, sobre el fuero policial-militar. Si es así, entonces la reunión será fructífera. Pedirá disculpas por toda la campaña de insultos. Es lo mínimo que pedimos por nuestros seres queridos”, precisó.

Samillán precisó que no hay reconciliación sin justicia ni sin verdad, porque el Estado, sin ningún derecho, les quitó la vida a peruanos inocentes e impuso una política de terrorismo de Estado para aplacar las protestas en todo el altiplano durante el 2023.

“Estamos llanos al diálogo, pero tampoco vamos a ser tontos útiles. Si no hay cosas claras y concretas, no bajaremos la guardia. Si no hay justicia, no habrá paz. Acá lo que se necesita es un plan de reparaciones integral. Si ya lo tienen, en buena hora; hay que debatirlo de una vez. Pero de ningún modo vamos a vender ni concesionar la memoria de nuestros seres queridos. El fujimorismo ha tenido mucho que ver en todo lo que sucedió.

El fujimorismo le dio respaldo a Dina Boluarte y apoyó a las Fuerzas Armadas. Si es así, entonces que de una vez se venga la reunión”, dijo.

El Frente de Organizaciones Populares (FOP) respaldó a la asociación de víctimas y señaló que si el gobierno pretende lanzar un “cebo político” para calmar el rechazo a Keiko Fujimori, no lo va a lograr.

“Acá en Puno tenemos memoria. Tenemos dignidad. Dialogar no es pactar, pero tampoco vamos a ser tontos útiles de nadie. Todo el respaldo a los deudos. Si no hay justicia, no hay diálogo ni entendimiento. En Puno las FFAA vinieron a declararnos la guerra y eso no se olvida”, precisó.

El dictamen será debatido durante 30 minutos, tiempo que será distribuido de forma proporcional entre los grupos parlamentarios, sin interrupciones. Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, tendrá 10 minutos para sustentarlo.

El dictamen fue aprobado en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores con 9 votos a favor y 3 en contra. Además, en Junta de Portavoces, fue declarado como procedimiento de urgencia.

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Estos son los cambios en el reglamento de elección del TC

Lo aprobado en la sesión de Constitución incluye algunos cambios en el reglamento vigente.

Se modificó la distribución del puntaje de evaluación. Ahora se calificará hasta 70 puntos por méritos curriculares y hasta 40 por la entrevista personal. Los postulantes que no alcancen 50 puntos en la evaluación curricular serán descalificados. Se trató de una modificación, planteada por el senador Roger Astucuri Laura del Partido Cívico Obras, la cual reemplazó la fórmula inicial de 60 y 40 puntos, respectivamente.

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En base a ello, el proceso de evaluación contempla dos criterios: la evaluación curricular, que otorga un máximo de 70 puntos y exige un mínimo de 50, y la entrevista personal, que tiene un puntaje máximo de 30 y un mínimo de 10 puntos. En total, los postulantes pueden alcanzar hasta 100 puntos y deberán obtener al menos 60 puntos acumulados para superar la evaluación.

Respecto a la entrevista personal, estará orientada a evaluar la trayectoria personal, académica y profesional de cada candidato. Los miembros de la Comisión de Procedimientos Especiales calificarán individualmente a los postulantes y asignarán públicamente sus puntajes. Posteriormente, la presidencia de la comisión calculará el promedio de las calificaciones otorgadas por los integrantes que participaron en la entrevista para determinar el resultado final.

“Para el desarrollo de la entrevista, los miembros de la Comisión cuentan con la hoja de vida y la documentación presentada por el candidato, así como con la información obtenida de fuentes oficiales e incorporada al expediente del candidato”, se lee.

A su vez, si un candidato presenta información falsa será excluido independientemente de la etapa del proceso en que se encuentre.

En esa misma línea, se incorporó el requisito de presentar una declaración jurada de no afiliación vigente a organizaciones políticas.

También, se determinó que los grados académicos deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Otros cambios

Otro de los cambios vino por la propuesta de la fujimorista Chávez Cossío y se eliminó el artículo cuarto del texto inicial, referido a la naturaleza y fuerza normativa del reglamento especial.

Su colega de bancada, Patricia Juárez, planteó que se sustituya la palabra “supere” por “alcance” en la redacción sobre los puntaje. Se realizó ese cambio y, además, se eliminó la expresión “el umbral de”. También se corrigieron referencias entre artículos para evitar interpretaciones contradictorias.

Las candidaturas podrán presentarse de manera presencial o virtual.

López-Chau también manifestó su expectativa de que Gavidia reconsidere su decisión y regrese a Buen Gobierno. El senador lamentó que la agrupación atraviese dificultades internas y consideró que la salida de uno de sus integrantes no es motivo para celebrar, pues espera que el partido pueda superar sus problemas y mantener su presencia en la política nacional.

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El líder de Ahora Nación destacó la importancia de que Buen Gobierno consiga consolidarse como una organización política. “El Perú necesita un partido de centro como Buen Gobierno”, afirmó.

El senador reiteró sus buenos deseos para la organización y sostuvo que espera que resuelva sus dificultades internas. “Le deseo a Buen Gobierno que supere pronto sus problemas y se afirme como partido”, expresó.

López-Chau indicó que conversaría con los dirigentes de Buen Gobierno antes de emitir una opinión más amplia sobre la renuncia de Gavidia. El senador consideró necesario conocer la versión de quienes integran el partido para comprender mejor lo ocurrido.

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Crisis en Buen Gobierno

Desde la interna de Buen Gobierno cuestionan la decisión de Gavidia, su colega de bancada Nora Bonifaz lo instó a decir cuáles son las diferencias ideológicas que mantiene con el partido.

Precisó que fue el propio Gavidia quien ingresó a la agrupación elogiando su plan de gobierno y su doctrina ideológica. “Yo no lo entiendo, él entró al partido hablando maravillas del plan de gobierno y de la posición doctrinaria. Evidentemente, no hay transparencia en esa oscuridad mental, pese a que se dice científico, quiero que diga científicamente una por una las diferencias”, cuestionó.

En esa crítica, el senador Carlos Caballero (Buen Gobierno) indicó que le sorprende la decisión de Gavidia, debido a que durante la campaña electoral siempre participaba de las reuniones de la agrupación para estar alineados a las políticas del partido. “Una vez que es elegido senador sale por la puerta falsa de la traición”, sentenció.

La confirmación llegó dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice. Según el comunicado oficial, la operación se realizó con éxito y sin complicaciones. Los exámenes posteriores determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no era necesario ningún tratamiento oncológico adicional.

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El doctor Luigi Carbone confirmó que los últimos análisis y pruebas médicas mostraron una evolución favorable. Además, precisó que no existían contraindicaciones para que León XIV emprendiera el viaje a Perú, Uruguay y Argentina. Desde su regreso al Vaticano, el papa retomó de manera gradual sus actividades, con una agenda adaptada a las recomendaciones de sus médicos.

La visita apostólica permitirá al pontífice encontrarse con las Iglesias locales y alentar a los fieles de los tres países. De acuerdo con la Santa Sede, el objetivo también será compartir un mensaje de fe, esperanza y paz. León XIV expresó su entusiasmo por regresar a América Latina, continente en el que vivió momentos importantes de su vida.

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Papa León XIV expresa su alegría por regresar a América Latina

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el papa León XIV manifestó su alegría por el próximo viaje y destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre las comunidades católicas de la región. "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", escribió.

En el mismo mensaje, el pontífice planteó que la visita debe ser una oportunidad para acercar a las personas y reforzar la unión entre las Iglesias locales. "Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas", señaló.

León XIV también llamó a renovar el compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. La Santa Sede, por su parte, informó que el pontífice agradeció las oraciones y las muestras de afecto recibidas durante su recuperación, así como la atención de los profesionales sanitarios que lo acompañaron tras la operación.

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Conferencia Episcopal confirma que agenda del papa León XIV en Perú se mantiene sin cambios

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, confirmó que la agenda del papa León XIV en el Perú se mantiene sin cambios. En declaraciones a RPP, precisó que el pontífice llegará el 11 de noviembre por la tarde. Ese día visitará a la presidenta de la República y tendrá encuentros con empresarios y diplomáticos antes de instalarse en la Nunciatura Apostólica.

García Camader recordó el vínculo del papa con el Perú, donde ejerció su ministerio episcopal. Como ejemplo, citó una carta que León XIV envió semanas atrás a los obispos de América Latina, en la que expresó su gratitud por su experiencia pastoral en el país. “Allí conocí de cerca la fe de un pueblo del que recibí mucho y comprendí mejor lo que significa ser pastor”, escribió el pontífice.

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Al referirse a la situación del país, el titular de la Conferencia Episcopal sostuvo que la visita llega en un momento en que los peruanos necesitan un mensaje de reconciliación. “En medio de tanta turbulencia, alguien que nos hable de paz, de concordia, tender puentes de amor y de misericordia necesitamos en nuestro Perú fundamentalmente”, afirmó en la entrevista.

El recorrido del papa incluirá Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. García Camader explicó que el itinerario busca acercar al pontífice a distintas realidades del país y facilitar su encuentro con los fieles. La Iglesia mantiene coordinaciones en las ciudades contempladas en la visita.

Sobre la misa prevista en la base aérea Las Palmas, el monseñor recalcó que las entradas serán gratuitas y que el registro será nominal, por lo que cada asistente deberá identificarse con sus datos personales. Durante la entrevista se indicó que las inscripciones virtuales estarán disponibles del 5 al 8 de noviembre. Estas condiciones buscan evitar que personas inescrupulosas cobren por el acceso al evento.

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Víctimas del Sodalicio piden reunirse con el papa León XIV durante su visita al Perú

Treinta y tres víctimas y sobrevivientes del Sodalicio de Vida Cristiana y de organizaciones vinculadas a Luis Fernando Figari firmaron una carta abierta dirigida al papa León XIV para solicitar una reunión durante su próxima visita al Perú. Los firmantes cuestionaron que, desde el inicio de su pontificado, no hayan recibido respuesta a sus reiterados pedidos de encuentro por parte del pontífice ni de las autoridades del Vaticano.

En el documento, advirtieron que la agenda anunciada para la visita apostólica no contempla un espacio de diálogo con los afectados por los abusos eclesiales. Por ello, pidieron conocer las razones por las que sus solicitudes no fueron atendidas y señalaron que una reunión tendría un importante significado humano y pastoral para quienes denunciaron estos hechos.

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Los sobrevivientes también cuestionaron los resultados de la supresión del Sodalicio, al considerar que no se han traducido en avances suficientes en justicia ni en rendición de cuentas. Según la carta, los remanentes de la organización continúan operando en los mismos locales, incluidas parroquias, con los mismos líderes y fuentes de financiamiento. Por ello, reclamaron medidas concretas que permitan esclarecer las denuncias y garantizar la responsabilidad de los involucrados.

La carta también recordó que, en enero de 2025, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió al Estado peruano crear una comisión para investigar las denuncias de violencia sexual contra menores en la Iglesia católica y grupos eclesiales, sin importar cuánto tiempo hubiera transcurrido. Los firmantes señalaron que aún faltan avances en el acceso a la justicia, la prevención y la reparación integral. Además, cuestionaron que continúen los procesos judiciales contra periodistas que investigaron el caso Sodalicio y afirmaron que su objetivo es contribuir a la reparación de las víctimas.

Paralelamente, representantes de Trans CE Cargo expusieron ante las autoridades del Grupo Aéreo N° 3, cuyo cuartel general se encuentra en el Callao  los alcances de los servicios que ofrece, como el suministro de repuestos originales, la extensión horaria y el mantenimiento especializado para los helicópteros rusos, entre otros. 

Los ejecutivos de Trans CE Cargo también entregaron copias de una carta de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC, por sus siglas en inglés), que los valida como representantes de la fábrica de helicópteros Mi de la Federación Rusa. 

La empresa mexicana no cuenta con talleres de reparación, solo es una intermediaria.

UNA PRÁCTICA RECURRENTE

La empresa Trans CE Cargo es la misma a la que la Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA) concedió sin licitación un contrato por US$56.5 millones para la reparación mayor (overhaul) y extensión de recursos de operación de siete helicópteros Mi-17-B, en enero de 2024.

El plazo para el cumplimiento del acuerdo comercial fue de 365 días calendario, venciendo el plazo en diciembre de 2025. 

Sin embargo, Trans CE Cargo reportó retrasos en la ejecución del contrato debido a los problemas que afronta la Federación Rusa por la guerra con Ucrania. Una cadena de incidentes que también enfrentó la empresa panameña Milenium Veladi Corp, representante en el Perú de la rusa NASC, contratada por el Ejército para el “overhaul” de tres helicópteros Mi. 

En medio de controversias, Milenium Veladi Corp. tardó más de dos años en concluir los trabajos técnicos y, por si fuera poco, al menos dos de las tres aeronaves que reparó presentan deficiencias.

UN EVIDENTE RECAMBIO

Por estos hechos, incluyendo el presunto incumplimiento de contrato, es muy probable que Milenium Veladi Corp. no califique para las próximas  adjudicaciones de reparación mayor. 

Esto explicaría por qué la empresa mexicana Trans CE Cargo se ha presentado ante la Fuerza Aérea del Perú y ha presentado una  cotización dirigida al “overhaul” de tres helicópteros Mi-17-1B del Grupo Aéreo N° 3. 

El 26 de enero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incorporó en la lista de sanciones a la empresa NASC como represalia por la invasión de Ucrania.

Desde entonces, los rusos enfrentan dificultades para contratar con los países que cuentan con sus equipos de defensa. Para tratar de solucionar el problema, ahora utilizan empresas intermediarias para obtener contratos en América Latina, como Trans CE Cargo, en México, y Milenium Veladi Corp., en Panamá.

BUSCANDO MATRICULARSE

Recientemente, la mexicana Trans CE Cargo ha solicitado a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) su inscripción en el Registro de Proveedores del Mercado Extranjero (RPME), con  la finalidad de participar en las próximas contrataciones previstas en particular por el Ejército y la FAP para el “overhaul” y la extensión horaria de helicópteros rusos Mi. 

De acuerdo con un reciente informe de la prensa mexicana, Trans CE Cargo ha sido demandada por su socia, Craft Avia Center, un centro de mantenimiento aeronáutico mexicano. Le atribuye haber incumplido con los pagos acordados por haber aportado bienes y servicios relacionados con el contrato otorgado por la SEDENA para la reparación mayor de siete helicópteros rusos Mi-17-1B.

Con estos antecedentes, es difícil que la ACFFAA habilite a Trans CE Cargo en el Registro de Proveedores del Mercado Extranjero (RPME).

Es importante resaltar que la Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC), por intermedio de las embajadas de la Federación Rusa, ha enviado a las autoridades de Perú y México que las únicas empresas que los representan en estos países son Milenium Veladi Corp. y Trans CE Cargo. Y que, para la reparación mayor u otros servicios que requieren los helicópteros Mi, solo estas empresas están habilitadas para contratar. Nadie más.

Trans CE Cargo y Milenium Veladi Corp., coincidentemente, tienen problemas para el cumplimiento de contratos.

"En algún momento tenemos que confiar en nuestro gobierno", afirmó Gavidia, quien consideró que el fujimorismo enfrenta un escenario distinto al de las últimas dos décadas. A su juicio, mantener los mismos cuestionamientos puede dificultar el avance del país.

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El legislador aclaró que confiar en el Ejecutivo no significa dejar de fiscalizarlo. "Tenemos que estar vigilantes y pendientes", precisó, aunque advirtió que intentar controlar al Gobierno desde una posición política puede generar más divisiones.

Consultado sobre qué le permite confiar en el fujimorismo, Gavidia destacó la perseverancia de Keiko Fujimori para llegar a la Presidencia. "Creo que de todas maneras necesitaba de que le demos la oportunidad", manifestó al referirse a las veces que la lideresa de Fuerza Popular postuló al cargo.

El senador también mencionó sus discrepancias sobre la Mesa del Senado y marcó distancia de quienes rechazan al fujimorismo por razones ideológicas. "No soy antifujimorista, nunca soy anti nada", declaró.

"(¿Desde Obras podrían abrirle las puertas de la bancada?) Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende las circunstancias. Hay que hacer una evaluación al igual que lo puede hacer cualquier partido (...) todas las posibilidades están abiertas. No descartamos ninguna", declaró Barragán a la prensa.

Especificó que, claro, la decisión de ser parte de Obras deberá venir de Gavidia. “Nosotros no decidimos eso, sino primero el senador. Todo se puede dar”, dijo.

Añadió que percibía que Gavidia no era escuchado en su grupo parlamentario. “Ha habido una incomodidad de su parte, me parece. Espero que converse con Jorge Nieto. (Dice él que tiene una convergencia partidaria) Bueno, entonces no debieron ponerlo en su lista porque si está en la lista es porque comparte”, mencionó.

Tomando en cuenta ese antecedente, consideró que sí hubo coincidencias entre Gavidia y la mayoría de Obras al dar un voto a favor al pedido de facultades en el Senado.

Por otro lado, al ser consultado si su colega de bancada, Juana Ticona, quien se abstuvo de votar, podría retirarse del grupo, respondió: “Bueno, es una decisión de ella no de nosotros. Acá todo es libre. Acá estamos en ambiente de democracia. Si alguien no se siente cómodo. Lógicamente se va, ¿no?”

También aseguró que no se ha hablado de algún procedimiento disciplinario contra la senadora Ticona. “Nosotros conversamos y sacamos conclusiones de lo que sucedió la semana anterior. Todos los lunes nos reunimos con Belmont para evaluar los sucesos. A las 6 de este 24 será la reunión”, anotó.

Jorge Gavidia y su renuncia a Buen Gobierno

Días después de votar a favor del pedido de facultades, Gavidia anunció su renuncia a la bancada.

"(Voy a renunciar) a la militancia y a la bancada, lógicamente. Mi voto no significa exactamente el oficialismo bajo todas las condiciones", manifestó.

Y agregó: "Ingresé considerando que era diferente a mi posición y no puedo seguir haciendo más daño al partido a la imagen y desestabilizando, porque es un partido que tiene futuro".

"Según la información disponible sobre su visita al Perú, no se ha previsto un espacio de encuentro entre víctimas y sobrevivientes de abusos eclesiales, en particular del caso Sodalicio. Un gesto de escucha tendría un profundo significado humano y pastoral. Respetuosamente, quisiéramos conocer las razones del silencio ante nuestros reiterados pedidos de ser incluidos en su agenda", señala la carta.

Según el documento, diversas organizaciones de víctimas y sobrevivientes solicitaron reuniones desde el inicio del pontificado de León XIV. Afirman que no recibieron respuesta del papa ni de las autoridades vaticanas.

"Muchas víctimas no percibimos avances suficientes en justicia ni en rendición de cuentas. Los efectos prácticos de la supresión no son visibles: los remanentes siguen operando en los mismos locales (incluidas parroquias), con los mismos líderes y las mismas fuentes de financiamiento", afirman.

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Un reclamo al Estado y a la Iglesia

La carta recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ordenó en enero de 2025 al Estado peruano crear una comisión para investigar todas las denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la Iglesia católica y en grupos eclesiales, sin importar el tiempo transcurrido. Los firmantes señalan que no hay avances suficientes en políticas de acceso a la justicia, prevención y reparación integral.

También cuestionan que la Iglesia católica no asuma su responsabilidad. Afirman que no solo permitió el actuar del Sodalicio, sino que falló en la prevención, la supervisión y la respuesta oportuna, pese a que las primeras denuncias públicas datan de hace 26 años.

Los sobrevivientes denuncian además que continúan los procesos judiciales contra periodistas que denunciaron al Sodalicio. "Nuestro propósito no es reabrir heridas, sino contribuir a que puedan sanar", concluye el documento.

Uno de los viajes que llamó la atención fue el de una delegación de al menos 15 parlamentarios de seis bancadas a China, entre el 11 y el 21 de octubre. La invitación de la embajada china llegó el 7 de septiembre y contempló una agenda con actividades en la Asamblea Popular Nacional, reuniones sobre seguridad pública y asuntos vinculados con la organización del Partido Comunista Chino. El viaje coincidió con la semana de representación, periodo en el que los legisladores deben desarrollar actividades en sus respectivas regiones.

Entre los participantes figuraron Mirtha Vásquez, de Ahora Nación; Nilza Chacón, de Fuerza Popular; Rossana Alayza, de Buen Gobierno; y los parlamentarios de Renovación Popular Gustavo Segura y Diego Bazán. Este último ya había viajado a China en 2023, cuando integraba la comisión que investigaba a empresas chinas. La delegación estuvo encabezada por Chacón, segunda vicepresidenta del Senado.

El reportaje también reveló que Analí Márquez, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados e integrante de Juntos por el Perú, recibió una invitación personal para viajar a China del 8 al 18 de octubre, con una agenda distinta a la de la delegación multipartidaria. Su solicitud de licencia mencionó su participación en una delegación de jóvenes líderes políticos de América Latina y el Caribe.

La diputada había cuestionado los viajes al extranjero el 11 de septiembre, durante el debate sobre la primera salida del país de la presidenta Keiko Fujimori. "El Perú hoy está atravesando por una situación crítica. ¿Y nos vamos a dar todavía el espacio de poder viajar? Cuando ni siquiera estamos mediando el tema de la inseguridad y el fenómeno de El Niño que se viene", manifestó.

Sin embargo, días después solicitó permiso para viajar a China. En una entrevista con la televisión estatal de ese país, Márquez señaló que esperaba conocer experiencias para mejorar el abastecimiento de agua y facilitar las compras mediante plataformas digitales como Alibaba. Consultada por 'Punto Final' sobre las competencias del Legislativo para impulsar estas iniciativas, respondió que podía realizar seguimiento y buscar enlaces con otras autoridades.

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Senadores también viajaron a México y Tanzania

Otro de los destinos identificados fue Cancún, México, donde se realizó una cumbre de ciberseguridad del 9 al 13 de septiembre. El senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, participó en el encuentro tras recibir una invitación de Digi Americas Alliance, según la documentación revisada por el programa. El fujimorista Marco Miyashiro también presentó un documento para asistir al evento.

Al ser consultado sobre el viaje, López Chau señaló inicialmente que la invitación había sido gestionada por el Congreso. "Fue una invitación de LATAM", respondió. El reportaje contrastó sus declaraciones con la licencia presentada por el senador, en la que figurada Digi Americas Alliance como organización invitante.

En octubre, el senador Daniel Barragán, de Obras, viajó a Tanzania para participar en una asamblea de la Unión Interparlamentaria junto con la congresista fujimorista Karla Schaefer. Durante una entrevista con el programa, Barragán afirmó que solo había solicitado una licencia de viaje, relacionada con una actividad en California, donde recibió un reconocimiento por sus 25 años de trabajo en favor del emprendimiento en el Perú. No mencionó su participación en el encuentro en Tanzania.

Barragán también estuvo bajo cuestionamientos por la designación y posterior remoción de su hermana de un cargo en EsSalud. El reportaje consignó este antecedente al informar sobre su viaje al país africano.

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Viajes a foros y encuentros internacionales

Los registros parlamentarios también consignaron viajes por motivos técnicos, religiosos y políticos. En septiembre, el senador Jaime Delgado, de Ahora Nación, informó sobre una invitación a un seminario internacional de defensa del consumidor en Río de Janeiro, Brasil. Por su parte, la senadora Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, comunicó su participación en el encuentro Cristianos en la vida pública, celebrado en Santiago de Chile en octubre.

Jáuregui sostuvo que el encuentro permitió conocer políticas públicas relacionadas con el enfoque de familia. Su compañero de bancada Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, participó en agosto en un foro latinoamericano contra el antisemitismo en Santo Domingo. Según explicó por correo electrónico, los organizadores cubrieron los gastos. En septiembre y octubre, además, asistió a otros encuentros en Madrid y México.

El programa también identificó inconsistencias entre las declaraciones de algunos legisladores y los registros parlamentarios. Christian Aranda, diputado de Renovación Popular, afirmó que no había solicitado licencias de viaje. Sin embargo, los registros mostraron que entre agosto y septiembre pidió permisos para ausentarse de cinco sesiones del Pleno por viajes. Consultado sobre su próximo destino, confirmó que viajaría a Bolivia para participar en una conferencia sobre libertad religiosa, con los gastos cubiertos por la organización.

Bonifaz sostuvo que Gavidia tuvo la oportunidad de explicar públicamente su postura, pero no precisó qué aspectos de la organización política motivaron su alejamiento. "Él se ha paseado por todos los canales de TV justificándose, escuché que es por razones ideológicas. Jamás se ha dado el trabajo de decir cuáles son esas diferencias, cuáles son los puntos que no está de acuerdo", manifestó.

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La senadora también recordó que, cuando Gavidia ingresó a la agrupación, expresó su respaldo a sus principales planteamientos. "Él entró al partido hablando maravillas del plan de gobierno y de la posición doctrinaria", afirmó. Por ello, consideró necesario que el exparlamentario explique qué cambió en su posición y cuáles son los puntos con los que ahora discrepa.

Bonifaz cuestionó la falta de claridad sobre las razones de la renuncia y le pidió presentar argumentos concretos. "Quiero que diga científicamente una por una las diferencias", expresó. Además, criticó lo que consideró una falta de transparencia en sus explicaciones y señaló que no comprende los motivos que llevaron a Gavidia a apartarse de la bancada.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", escribió León XIV. Los médicos informaron que su recuperación posoperatoria avanza favorablemente y que los resultados de las evaluaciones no muestran contraindicaciones para el viaje.

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La confirmación del viaje se produjo después de que el doctor Luigi Carbone informara que los últimos análisis y pruebas médicas mostraron una evolución favorable y que no existían contraindicaciones para que el papa emprendiera el recorrido. Desde su regreso al Vaticano, el pontífice retomó gradualmente sus actividades, con una agenda adaptada a las recomendaciones médicas.

La visita apostólica permitirá a León XIV encontrarse con las Iglesias locales y alentar a los fieles de los tres países. Según la Santa Sede, el recorrido también busca transmitir un mensaje de fe, esperanza y paz.

El recorrido comenzará en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, continuará en Argentina, del 8 al 11, y concluirá en Perú, del 11 al 17 de noviembre. En territorio peruano, el papa tiene previsto visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La expectativa por su llegada aumentó tras la operación del 13 de octubre, aunque las autoridades eclesiásticas mantuvieron el viaje en agenda mientras esperaban la evolución de su salud.

El asesor del gabinete del JNE, Jorge Valdivia en declaraciones para Ojo Público explicó el proceso que se seguirá para dichos casos: primero los Jurados Electorales Especiales (JEE) proclamarán a los candidatos a primer regidor. Luego, al ver que no se cuenta con un alcalde deberán aplicar la Ley Orgánica de Municipalidades y solicitar las credenciales tanto para el que va a ocupar el cargo de alcalde, como aquel que va a completar el número de regidores.

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"Tienen que realizar un expediente que se llama (convocatoria de) candidato no proclamado’ para solicitar las credenciales", dijo al referido medio.

Debido a que el cargo de primer regidor recién se asume el viernes 1 de enero de 2027, será ese día en el que recién se inicie el proceso para solicitar las credenciales de alcalde al JNE. Al tratarse de un día feriado, seguido de un fin de semana, la atención al pedido se realizará el lunes 4.

Serán, como mínimo, cuatro días en los que la ausencia será suplida por el primer regidor. Esto debido a que el art. 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades manda a que ante la ausencia del alcalde asume inmediatamente el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.

Sin embargo, claro, ello no es implícito para las situaciones en las que el primer regidor está impedido por tratarse de una autoridad que ya ocupó el mismo cargo en el periodo anterior. Por lo tanto, se trataría de un liderazgo temporal sin las credenciales oficiales del JNE.

Al respecto, Fernando Tuesta señaló: "El JNE se encarga de entregar credenciales. Llama de la lista ganadora a quien postuló como alcalde. No está porque renunció entonces llama a quien sigue. Sería el señor López Aliaga como primer regidor. No se le puede entregar la credencial de alcalde porque está impedido por la Constitución. Se le entregará la credencial de regidor. ¿Quién asumirá la alcaldía? El regidor que sigue, el número 2".

Añadió: "El hecho de que un candidato no guste o no esté preparado es otro tema. Quien nos ha llevado a esta situación es López Aliaga. Claro, quieren postular al JNE, a todos. Pero no se puede. La Constitución prohíbe la reelección. No tiene que ver que haya ganado su lista o que sea el preferido. Las reglas son claras. No puedes continuar en el cargo que ganaste en la elección anterior. Si no, se daría una inutilidad de la norma de prohibición".

Cronología de la postura de Roberto Burneo

La República recopiló las declaraciones del presidente del JNE, Roberto Burneo, sobre el tema que evidencian su evasión y ausencia de postura firme sobre los casos de reelección encubierta.

El 5 de agosto, tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la alcaldía de Lima, Burneo evitó pronunciarse sobre el caso específico de Rafael López Aliaga, quien postulaba como primer regidor y podría asumir la alcaldía si la lista de Renovación Popular resultaba ganadora.

Al ser consultado por el tema, indicó que el JNE “no legisla”, sino que se basa “de forma independiente objetiva sobre la base constitucional, legal y por los reglamentos”. Añadió que, a título personal, considera que, en el caso de gobiernos locales, sí debería permitirse la reelección de autoridades.

Luego, el 26 de agosto, ante las decisiones diferentes de los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Morropón y Lima Centro, Burneo afirmó que el Pleno del JNE resolvería en última instancia los casos relacionados con la denominada reelección encubierta. Evitó adelantar una posición sobre los expedientes y defendió la independencia de los jurados electorales especiales para interpretar las normas.

El 4 de septiembre, el Pleno del JNE resolvió que un alcalde en ejercicio puede postular como candidato a regidor.

Después, el 5 del mismo mes, aseguró que “en el Perú no hay ninguna modalidad de reelección encubierta”. Añadió que no podía “adelantar ninguna opinión” sobre el caso López Aliaga “porque aún no ha sido materia del debate”.

El 9 de septiembre, después de que 14 organizaciones políticas solicitaran un pronunciamiento vinculante, Burneo confirmó que el asunto sería incluido en la agenda del Pleno del JNE. Aclaró que todavía no se había fijado una fecha para el debate.

Finalmente, el 21 de septiembre, antes del debate municipal de Lima, Burneo indicó que el organismo seguía evaluando la controversia y se encontraba en sesión permanente. Reafirmó que el criterio vigente permitía postular como primer regidor a quien había ejercido inmediatamente antes como alcalde, pero insistió en que no podía anticipar la decisión sobre una eventual nueva credencial de alcalde.

Por su parte, Gunther Gonzales Barrón, integrante del Pleno del JNE, señaló el 22 de septiembre que permitir la postulación de alcaldes como primer regidor y que asuman la alcaldía en caso de renuncia vulnera el artículo 194 de la Constitución

El 22 de octubre, el JNE revocó la exclusión del alcalde de Morropón y sostuvo que no existe “reelección encubierta”; persiste la falta de una posición general del Pleno.

Se trata de 160 inmuebles embargados en 2023 en el curso de un proceso por presunto lavado de activos, y entregados al Pronabi para su administración, entidad que rápidamente dio en uso a diversas entidades públicas, como la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones, EsSalud y otras.

Sin embargo, mediante una comunicación escrita (Carta N.º 291-2026-JUS/PRONABI-UGDA), las autoridades del Pronabi, si bien reconocen el mandato judicial de devolución, señalan que no pueden ejecutar la medida hasta que se resuelvan los recursos de apelación pendientes.

Es el mismo argumento que Pronabi remitió a la Comandancia General de la Policía para informar sobre la paralización temporal de la devolución de un inmueble en Barranco, que la institución policial ocupa.

Efectivamente, el 26 de agosto de este año, el Ministerio Público consiguió que se admita una apelación contra la resolución judicial que dispone la restitución de los inmuebles incautados a la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, propietaria de la desaparecida universidad del mismo nombre.

Pero la apelación no implica el congelamiento de los alcances de la resolución judicial que manda la devolución de las propiedades. Además, Pronabi no ha promovido, ni tampoco existe una resolución judicial contraria a la disposición que ordena el regreso de los inmuebles a sus propietarios.

Esta es la segunda vez que el Pronabi busca dilatar el retorno de los bienes.

Cuando el 12 de agosto de este año, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional desestimó un nuevo requerimiento de incautación y ordenó la inmediata devolución de los 160 inmuebles, Pronabi argumentó que no podía cumplir con la disposición porque necesitaba la identificación de la partida registral de cada una de las propiedades.

El juzgado contestó dando cuenta del registro individualizado de cada bien.

Ahora Pronabi argumenta que antes de la devolución, se debe resolver la apelación del Ministerio Público.

Pero en el Decreto Supremo N°001-2021-JUS se indica que la restitución del bien procede cuando existe una orden judicial, que es precisamente lo que sucede con el presente caso. El Pronabi no está facultado para mantener en suspenso los mandatos judiciales.

El 12 de agosto de este año, el titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Eiser Jiménez Coronel, fue quien anuló la incautación de los bienes de la Universidad Alas Peruanas y dispuso que Pronabi devolviera la totalidad de los activos, debido a graves deficiencias en la investigación del exfiscal de Lavado de Activos, Wilson Salazar Reque.

Más de dos meses después, el 19 de octubre, el mismo magistrado Eiser Jiménez reiteró su mandato para que Pronabi regrese los 160 inmuebles incautados sin sustento.

Según la versión del Pronabi, sustentada en una carta suscrita por la Coordinadora de la Unidad de Gestión de Disposición de Activos, Lisett Casaverde Zela, la Procuraduría General del Estado comunicó a la entidad que había sido concedido el recurso de apelación contra el retorno de los bienes incautados y, en consecuencia, el proceso de devolución queda en suspenso.

Resolución debe ser consentida

• “Si bien existe una orden judicial que ordena la devolución de los bienes comprendidos en las referidas resoluciones, corresponde precisar que dicha decisión ha sido objeto de impugnación, encontrándose pendiente el pronunciamiento del órgano jurisdiccional superior respecto del recurso de apelación concedido”, señala el Pronabi.
• “La devolución de los bienes incautados se encuentra supeditada a la existencia de una resolución judicial debidamente consentida o ejecutoriada”, por lo que el Pronabi, “se encuentra a la espera de que el referido órgano jurisdiccional remita la resolución correspondiente, a efectos de proceder a evaluar la ejecución de la misma”.
• Como se lee, Pronabi señala que “evaluará” el cumplimiento de las disposiciones judiciales, cuando estas claramente disponen la inmediata devolución de los 160 inmuebles incautados.

“El fujimorismo cuenta con una base de apoyo parlamentario, pero todavía tiene que negociar para alcanzar mayoría. En el Senado, Fuerza Popular y Renovación Popular han sumado 35 votos cuando necesitaban 31. El respaldo de Obras y Buen Gobierno ha sido decisivo. La oposición no ha logrado actuar como un bloque”, señaló Noam López, politólogo e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

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El proceso de aprobación de esta ley anticipa la dinámica que podría marcar el funcionamiento del Congreso durante los próximos meses. En la Cámara de Diputados, la mayoría es opositora: 74 legisladores forman parte de la denominada coalición democrática, frente a los 56 que integran el tándem de Renovación Popular y Fuerza Popular.

Sin embargo, en el Senado, instancia definitiva para cada proyecto de ley, el oficialismo mantiene una posición favorable. La división entre ambas facciones es —contando a Obras, PBG, AN y JPP como grupo compacto— exactamente de 30 a 30. En caso de empate, el voto dirimente corresponderá a la Mesa Directiva, presidida actualmente por Miguel Ángel Torres, uno de los principales dirigentes de Fuerza Popular.

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¿Carece la oposición de una estrategia común frente al fujimorismo o estamos ante bancadas que adoptan posiciones distintas según el tema y la instancia de votación? Para López, la oposición todavía no ha logrado consolidar una coordinación efectiva.

“Todavía hemos visto una capacidad limitada de coordinación entre la oposición parlamentaria. Esta oposición no es necesariamente una coalición. Compartir una posición crítica al Gobierno no significa compartir una agenda común, los mismos intereses o prioridades programáticas”, indicó López.

Cada voto contó en las distintas etapas

El respaldo parlamentario, sin embargo, ha sido irregular. Juntos por el Perú fue la única bancada que mantuvo su rechazo al pedido del Gobierno en todas las etapas del proceso. En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Ahora Nación, el Partido del Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular habían alcanzado un primer consenso en torno a un texto sustitutorio conjunto, que reducía de 66 a 27 las materias para las que se solicitaban facultades legislativas.

En el pleno, el Partido del Buen Gobierno se distanció del respaldo general al pedido. Ante las dudas sobre una posible incorporación de nuevas materias durante el debate en el Senado, los legisladores liderados por Jorge Nieto optaron por la abstención. Cuando esa ampliación se concretó, la bancada mantuvo su posición, mientras que Ahora Nación votó en contra junto con Juntos por el Perú. El respaldo de Obras resultó determinante para modificar el escenario.

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“Hay que considerar tres factores: el contenido de las propuestas, las negociaciones parlamentarias y los incentivos. No se votó exactamente lo mismo en todas las etapas. La propuesta original fue recortada en la Cámara de Diputados y modificada en el Senado. Respaldar una propuesta acotada es distinto a otorgarle facultades al Ejecutivo. Para entender los cambios de posición hay que observar los votos y los cambios al texto”, señaló López.

En política, suele considerarse que los actores toman decisiones en función de sus intereses y de una evaluación racional de sus conveniencias. Las negociaciones de las últimas semanas son una muestra de ello. Distintas presiones e incentivos llevaron a que una bancada respaldara un texto en una etapa y considerara más conveniente no aprobarlo en otra.

Para López, las exigencias del contexto también pueden obligar a las bancadas opositoras a maniobrar frente a las iniciativas del oficialismo.

“Creo que todas las bancadas tienen la capacidad para inclinarse hacia donde les conviene, según las decisiones legislativas que tienen que tomar. Puede haber un interés en introducir una propuesta o un cálculo político. La inseguridad y la crisis climática pueden generar una verdadera presión para que exista una respuesta pronto. Una bancada puede entender que es políticamente más conveniente negociar una propuesta antes que rechazarla”, señaló.

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¿Cómo queda Fuerza Popular?

Más allá de las diferencias entre los grupos opositores, Fuerza Popular también ha tenido que ajustar su estrategia durante el proceso. En las primeras etapas, ante la presión de la mayoría opositora, la bancada oficialista no logró sacar adelante su propuesta inicial, que contemplaba reformas en materia económica y laboral, así como cambios relacionados con el funcionamiento del Estado.

Para el analista, el partido naranja ha demostrado que su capacidad de influencia dependerá de una negociación constante durante el periodo de Gobierno.

“El fujimorismo aparece como el principal articulador de la mayoría que finalmente aprobó las facultades. Pero creo también que su actuación está demostrando límites. Inicialmente, no logró imponer el texto que quiso y tuvo que aceptar algo mucho más acotado en Diputados. Luego logró ampliar su propuesta en el Senado. Esto evidencia que su capacidad política depende tanto de sus votos como del manejo de la agenda legislativa y de los acuerdos con otras bancadas”.

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Incluso manteniendo la disciplina parlamentaria de su bancada, Fuerza Popular seguirá dependiendo de su capacidad de negociación. En este primer episodio legislativo, algunos dirigentes asumieron un papel central en las conversaciones. Según pudo conocer este diario, figuras como José Chlimper y Luis Galarreta, junto con los voceros parlamentarios de la agrupación naranja, estuvieron a cargo de este proceso.

“Creo que este primer episodio ofrece un indicio de que podríamos observar mayorías legislativas variables construidas a partir de iniciativas específicas. La distinción entre oficialismo y oposición será importante, pero no suficiente para explicar los resultados parlamentarios. Las bancadas relativamente pequeñas pueden tener una influencia suficiente para inclinar las votaciones y alcanzar mayorías o, incluso, reunir los votos necesarios para el cuórum en algunos casos. Habrá que observar si estos acuerdos son estables”, señaló López.

Una dinámica que marcará la relación entre las cámaras

La aprobación de las facultades legislativas ha concluido, pero la dinámica entre ambas cámaras ha quedado marcada por la controversia sobre la incorporación de nuevas materias en el Senado. Esta modificación fue cuestionada por buena parte de la oposición, entre ellas, las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno. En la práctica, el precedente muestra que el Senado puede incorporar materias adicionales a las aprobadas por la Cámara de Diputados.

“Acá aparece uno de los problemas institucionales más importantes. El Senado agregó siete puntos sin que el proyecto regresara a Diputados. Esto ha abierto una controversia y la discusión sobre hasta dónde se puede modificar seguirá. Más allá de la modificación en el pedido de facultades legislativas, creo que este será un episodio importante para la dinámica entre cámaras”, señaló López.

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Para el politólogo, la falta de reglas precisas sobre este procedimiento podría desencadenar un conflicto institucional dentro del Poder Legislativo y convertirse en un pasivo para el propio Congreso.

“Si no se precisan las reglas, esto podría derivar en una desaprobación por no ponerse institucionalmente de acuerdo frente al conflicto. La imagen de que el Congreso no se ponga de acuerdo le cobrará factura. El descrédito seguirá y afectará a una institución como el Congreso, que ha tenido una imagen frágil en nuestro sistema democrático”, apuntó.

"Ya está solucionado con la Fe de erratas", declaró en entrevistas a Punto Final.

Además, consideró que el error solo estuvo en el encabezado y no en que solo se consignó la firma del Senado.

“En el caso de las firmas creo que no hubo opiniones en contra. Creo que el cuestionamiento ha sido básicamente en el encabezado. He escuchado a varios constitucionalistas que dicen que es quien da la ley. Creo que el problema no es la firma”, dijo.

Añadió que tiene conocimiento de que se desarrollará una Junta de Portavoces.

“Miguel Torres ya ha hecho la fe de erratas. (¿Para usted la fe de erratas es suficiente para solucionar el problema?) Para mí ya está solucionado. Mas bien, nosotros haremos un uso efectivo de las facultades aunque nos hayan dado poco”, agregó.

Constitucionalista Luciano López pide ley rectificatoria

El constitucionalista Luciano López cuestionó en X que la fe de erratas baste para corregir la ley. “Esto no se arregla con fe de erratas. Requiere ley rectificatoria. El error viene desde la autógrafa y, peor aún, con las declaraciones confesas y conscientes del presidente del Senado, no es un simple error, sino uno conceptual y muy grave que amerita censura”, escribió.

López citó el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución y el inciso a del artículo 32 del Reglamento del Congreso, que establecen que quien da la ley es el Congreso y no el Senado. Si Torres persiste en justificar el error, dijo, debe renunciar o ser censurado.

La senadora Mirtha Vásquez de Ahora Nación ya había pedido a Torres explicar y rectificar la fórmula “El Senado de la República ha dado la ley siguiente”. “Este grave defecto podría determinar la inconstitucionalidad por la forma de esta ley y comprometer la validez de los decretos que se emitan a su amparo. Más aún, pretender que el Senado, por sí solo, ‘de leyes’ contra lo dispuesto por la Constitución constituye una señal de autoritarismo”, señaló.

El expediente corresponde al caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el gobierno de Castillo. La investigación apunta a presuntos pagos de dinero a cambio de promociones al grado de general. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el Ministerio Público, parte de esos montos habría tenido como destino al entonces presidente.

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El reportaje también cuestionó la demora en el Congreso. La denuncia constitucional fue presentada por el Ministerio Público en 2023, pero no completó su trámite durante el periodo parlamentario 2021-2026.

Con la instalación del nuevo Parlamento bicameral, el expediente pasó a la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Varas, de Juntos por el Perú.

La Cámara de Diputados tiene previsto debatir el caso el jueves 29 de octubre. Sin embargo, el tiempo es limitado: si no existe una decisión de ambas cámaras antes del 15 de noviembre, la denuncia podría caducar. El resultado dependerá de los votos de los parlamentarios y de las decisiones que adopten durante el procedimiento.

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Caso ascensos: las pruebas que comprometen a Pedro Castillo

Cuarto Poder accedió a las declaraciones de cinco colaboradores eficaces y una testigo que describieron presuntos pagos ilícitos por ascensos en las fuerzas del orden. Uno de los testimonios indicó que se cobraban US$20.000 por determinadas promociones.

Otro aspirante a colaborador eficaz reconoció haber pagado dinero para conseguir su propio ascenso y mencionó que tres coroneles de la Policía habrían entregado US$40.000 cada uno para llegar al grado de general.

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Entre los elementos reunidos por la Fiscalía también figuran mensajes de WhatsApp entre Castillo y el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra. En octubre de 2021, el expresidente le preguntó por los avances del proceso de ascensos y le envió un mensaje con la indicación «Para coronel», junto con el nombre de un oficial. Vizcarra entregó su celular a las autoridades como parte de las pesquisas.

Otra evidencia corresponde a dos notas adhesivas que Bruno Pacheco, exsecretario general de Castillo, entregó a la Fiscalía. Los documentos contenían indicaciones sobre cambios de oficiales en la Casa Militar y la Policía.

Según la pericia grafotécnica citada en el reportaje, los manuscritos procedían del mismo autor que otros documentos atribuidos a Pedro Castillo. La evaluación parlamentaria deberá determinar si la denuncia continúa su trámite.

Según el testimonio, las autoridades acudían a la oficina de Palomino en Huancavelica para solicitar presupuesto para obras que ya tenían identificadas. El exasesor sostuvo que la propia diputada le explicó cómo funcionaría este supuesto mecanismo de cobros por las gestiones ante las entidades públicas.

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El extrabajador también denunció que debía utilizar parte de su sueldo para pagar gastos vinculados a la congresista. Entre ellos mencionó la alimentación, los carteles de la oficina descentralizada y los recibos de luz y agua. Aseguró que no recibió la devolución del dinero que desembolsó.

Palomino rechazó por escrito algunas de las afirmaciones de su excolaborador. Sobre su participación en las actividades de representación, sostuvo que el trabajador nunca la acompañó durante esa semana. Sin embargo, Panorama mostró fotografías publicadas en la cuenta oficial de la legisladora en las que ambos aparecían juntos durante esas actividades.

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Exasesor denunció pagos y presiones a trabajadores del despacho

El extrabajador afirmó que Palomino le pedía entregar dinero a personas que acudían a su oficina. Según relató, los montos incluían pagos de S/200, S/300 y otras cantidades. Explicó que estas entregas respondían a compromisos asumidos con representantes de comunidades que habían apoyado a la diputada. Añadió que los propios trabajadores debían cubrir esos desembolsos.

El exasesor también contó que recibió presiones para continuar con los pagos. Según su versión, una compañera le advirtió que informaría a la congresista si no entregaba la cantidad solicitada.

Además, aseguró que Palomino le pidió asumir, junto con otra trabajadora, el costo de una camioneta alquilada por S/2.000, después de que el vehículo habitual necesitara reparaciones. El extrabajador también afirmó que solía trasladar a la diputada a sus visitas al penal de Barbadillo, donde se encontraba el expresidente Pedro Castillo.

Los hechos investigados corresponden a la etapa en que Manturano se desempeñó como gerente general de EMILIMA, cargo al que llegó en 2019. De acuerdo con la documentación fiscal presentada en el reportaje, el caso comprende 22 contrataciones de locadores cuyos trabajos no se habrían ejecutado, pese a que la entidad municipal realizó los pagos correspondientes.

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La investigación también incluye audios entregados por aspirantes a colaboradores eficaces. En una de las grabaciones, Manturano habría coordinado con otros investigados las respuestas que debían dar ante el Ministerio Público. Otro de los participantes afirmó que no había realizado las labores por las que fue contratado, aunque recibió indicaciones sobre qué información debía proporcionar durante las diligencias.

Pese a la investigación fiscal, Rafael Belaunde la designó como jefa de su gabinete de asesores en el Ministerio de Defensa. La relación entre ambos también tuvo un componente empresarial. Manturano figuró como apoderada de cuatro compañías vinculadas al actual ministro y participó en actividades de la campaña electoral de Libertad Popular, partido liderado por Belaunde.

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Audios exponen presuntas coordinaciones para responder ante la Fiscalía

Uno de los casos detallados por Cuarto Poder involucra a Cinthya Daphnne Cavero Gonzáles, quien habría sido contratada como locadora de EMILIMA sin contar con experiencia previa como proveedora del Estado.

Según la tesis fiscal, Cavero habría recibido pagos por un servicio que no realizó y luego habría entregado el dinero a Yazmín Sevilla Nieto, quien presuntamente lo remitió a Manturano. Un audio entre Cavero y Sevilla mostró que ambas hablaron sobre cómo explicar ante la Fiscalía el origen de la contratación y evitar que sus respuestas vincularan a la entonces gerente general.

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Otra grabación corresponde a una reunión del 5 de noviembre de 2023, cuando las diligencias fiscales ya estaban en curso. En ella, Manturano habría recomendado a los participantes que respondieran de manera precisa y sin ofrecer detalles adicionales. También se comprometió a preparar documentos con preguntas y respuestas para que los investigados los utilizaran como guía durante sus declaraciones.

En la misma conversación, Fernando Rojas Barrera manifestó que no había realizado las labores por las que fue contratado y que solo había ayudado a Andrés Diez Tochiki a emitir recibos.

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El abogado de Manturano, Roberto Robles, sostuvo que su patrocinada se limitó a aprobar los pagos con base en la información que recibía sobre los servicios realizados. Además, cuestionó la validez de las grabaciones y señaló que, hasta el momento de la entrevista, no existía una pericia fonética que confirmara la identidad de las voces.

Robles también indicó que Manturano guardaría silencio si la Fiscalía la citaba a declarar. La investigación incluye, además, a Pedro Gamio Felipa, esposo de la funcionaria, por su presunta intervención en la contratación de uno de los locadores.

López Chau explicó que su bancada propuso aprobar las 20 materias que había autorizado la Cámara de Diputados y permitir que el Gobierno presentara proyectos de ley adicionales para su evaluación individual. “Ni te voy a dar todas y tampoco te voy a dar cero”, resumió sobre la posición de Ahora Nación. A su juicio, esta alternativa permitía atender las necesidades del Ejecutivo sin aceptar todos sus pedidos mediante una sola autorización.

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El senador también cuestionó que el Senado incorporara siete puntos adicionales a la propuesta original. Sostuvo que las nuevas medidas debieron discutirse mediante proyectos de ley específicos, con el fin de que la ciudadanía conociera su contenido y las razones de cada voto. Por ello, rechazó la ampliación aprobada y defendió que las diferencias entre ambas cámaras se resuelvan antes de llevar los acuerdos al pleno.

Sobre las críticas contra quienes se opusieron a las facultades, López Chau advirtió que descalificar a los sectores discrepantes perjudica el debate democrático. “La oposición democrática le hace bien a cualquier Estado”, afirmó. También precisó que su bancada no pretende bloquear todas las iniciativas del Gobierno, sino evaluar cuáles considera razonables y respaldarlas cuando corresponda.

Pese a sus cuestionamientos, el líder de Ahora Nación descartó respaldar una censura contra el presidente del Senado, Miguel Torres, por los errores en la promulgación de la norma que delegó facultades al Ejecutivo. Consideró que esa medida podría abrir un nuevo conflicto y planteó que la salida debe ser el diálogo. Además, sostuvo que resulta necesario modificar el reglamento parlamentario para evitar que vuelvan a presentarse problemas similares.

"Las personas piensan eso, pero no es así. Nosotros creemos que lo que hemos votado ha sido lo mejor para el país. Si viene del lado izquierdo alguna propuesta que favorezca al país, votaremos por ello. Los principios rectores de este partido señalan que primero es la patria y después las personas", indicó en una entrevista con RPP.

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Además, el parlamentario, integrante del partido liderado por Ricardo Belmont, se pronunció sobre la decisión de su compañera de bancada Juana Ticona, quien se abstuvo de votar a favor del proyecto. Barragán aseguró que no se ha debatido la posibilidad de sancionarla.

"Me extrañó eso. Nosotros, al llegar al pleno, tenemos reuniones previas; no vamos a conversar ahí. Firmamos un acta de lo que vamos a hacer en el Pleno. Me llamó la atención que la señora Ticona, tras firmar un acta, vote en abstención. Yo vi que hay personas que se acercaron a ella en esos espacios y le hicieron cambiar de opinión. Me parece que se acercaron Ruth Luque y Patricia Iturregui", señaló.

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Sobre la polémica alrededor de su hermana

Además, Barragán se refirió a la polémica en torno a María del Carmen Barragán, su hermana, quien fue contratada como asesora de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud. El senador también negó que la contratación del estudio jurídico de su hermana para participar en arbitrajes relacionados con EsSalud constituya un conflicto de intereses.

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"Yo creo que el nombramiento fue muy bueno. Las fechas no fueron las correctas, veo que han querido justificar el nombramiento como si yo lo hubiese referido. Y yo, con muchos años en la administración pública, jamás he referido a ningún familiar. El centro de conciliación nunca trabajó con EsSalud. La conciliación era con los proveedores de EsSalud. Quienes contratan a mi hermana son proveedores, trabajadores o terceros de EsSalud", indicó.

María del Carmen Barragán dejó de desempeñarse como asesora de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud luego de que se hiciera pública su contratación.