De acuerdo con el Ejército, el accidente ocurrió aproximadamente a las 8.30 a. m., cuando el helicóptero Augusta 109K, de matrícula EP-343 y fabricación italiana, realizaba un vuelo de control de calidad externo de cuatro campos minados, como parte de las operaciones de desminado humanitario.

Con respecto al Ministerio de Defensa, se advierte un posible conflicto de intereses en el nombramiento de Darwin Teófilo Eufracio León como viceministro de Recursos para la Defensa. Asimismo, se cuestionan la designación y la permanencia de Maritza Johanna Manturano Castro como jefa del Gabinete de Asesores del Mindef, debido a un presunto caso de contrataciones fantasma en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima S.A.). Por último, también se cuestiona el nombramiento de Beny Vásquez Alegría en el Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), pues se sostiene que el funcionario no cuenta con el perfil adecuado para el cargo.

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Por otro lado, en el Ministerio del Interior se advierten otros tres casos. El primero es la contratación de Ricardo Alfredo Falcao Kanashiro como asesor mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), pese a los cuestionamientos por presunta corrupción en su contra. El segundo es la permanencia de Yosilú Bazán López como secretaria del ministerio, pese a su presunta participación en ingresos irregulares a la sede de la institución. Finalmente, se cuestiona que Erick Fernando Caso Giraldo continúe como representante del sector ante el Consejo Directivo de la CPMP sin que se haya reevaluado su idoneidad para el puesto.

Para sustentar la intervención de la Contraloría General de la República, las solicitudes citan la Constitución y señalan que el artículo 128 establece que los ministros son responsables por los actos de sus funcionarios que autorizan. Además, invocan la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que establece que todas las instituciones del Estado peruano están sujetas al control de la Contraloría.

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Ministros Astudillo y Belaunde fueron denunciados constitucionalmente

Días antes, el ministro del Interior, César Astudillo, y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, fueron denunciados constitucionalmente por las presuntas contrataciones indebidas señaladas en este artículo. Las denuncias fueron presentadas ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados.

En ambas denuncias constitucionales se solicita la destitución de los ministros y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta 10 años. Asimismo, se pide que se autorice el inicio de un proceso penal por los presuntos delitos señalados en las denuncias.

Los teléfonos públicos instalados legalmente dentro del penal El Milagro de Trujillo durante el gobierno de Ollanta Humala, concebidos para que los internos mantengan contacto con sus familiares y abogados, han terminado convirtiéndose en una herramienta utilizada por presos y cabecillas de las organizaciones para ejecutar secuestros, extorsiones y hasta asesinatos desde las frías celdas de este establecimiento penitenciario.

Oficialmente, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de La Libertad es la que acaba de descubrir esto tras la pesquisa realizada a integrantes de La Nueva Jauría de la provincia de Virú (La Libertad), desarticulada hace unos días luego de que se emitieran las órdenes de captura a través de la resolución N.° 01 del Expediente 7367-2026-79, emitida el 27 de octubre de 2026 por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

La investigación fiscal, que permitió la orden judicial, reúne los resultados de informes de inteligencia y escuchas legales ejecutadas por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional. Los registros permitieron identificar comunicaciones originadas en números de cabecera de los teléfonos públicos del establecimiento penitenciario y vincular algunas de ellas con códigos asignados a internos.

HOLA, TE HABLAN DESDE LA PRISIÓN

Según la tesis fiscal, desde estas líneas se comunicaban con integrantes que permanecían en libertad, coordinaban cobros de dinero, pedían apoyo para detenidos y utilizaban llamadas trianguladas para enlazar a distintas personas.

La investigación no se refiere a teléfonos celulares ingresados clandestinamente, sino a equipos de uso autorizado instalados dentro de los pabellones y administrados por Prisontec, empresa que mantiene con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un contrato para prestar servicios de seguridad tecnológica en las prisiones del país, algunas de ellas de máxima seguridad.

El Informe Policial N.° 113-2026-COMOPPOL/DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPDIAC-Trujillo, del 25 de mayo de 2026, incorporado en las investigaciones fiscales, analizó las llamadas procedentes de establecimientos penitenciarios y administradas mediante el sistema de Prisontec.

La Policía cruzó esos registros con las líneas que ya se encontraban sometidas a interceptación legal por su presunta utilización dentro de La Nueva Jauría de Virú y La Nueva Jauría de San José.

El análisis identificó números de cabecera desde los cuales salían las llamadas del penal. En los registros figuraban, además, el nombre y el código de identificación del interno que utilizaba el servicio. El 28 de julio de 2024, por ejemplo, una línea atribuida a Kenyi José Moisés Alcántara Cabrera, alias "Kenyi", recibió una llamada desde la cabecera 56309143. La Policía estableció que la comunicación se originó en el penal El Milagro de Trujillo y quedó asociada al código de Jhosep Martin Carranza Urcia, alias "Grillo".

La misma cabecera aparece en registros posteriores vinculada con diferentes usuarios. Esto indica que los números de cabecera correspondían a los equipos o puntos de telefonía pública. La individualización se realizaba mediante los códigos utilizados para efectuar cada llamada.

El 27 de enero de 2025, la línea atribuida a Pepe Anelis Castro Reyna, alias "Castro", recibió otra comunicación desde el penal. El origen fue la cabecera 13212182 y el registro quedó asociado nuevamente a Carranza Urcia.

Un día después se produjo otra llamada hacia la misma persona, esta vez desde la cabecera 13214071. El cruce de información policial volvió a identificar como usuario a alias "Grillo". Estos registros permitieron a los investigadores establecer que las comunicaciones no solamente tenían como punto de origen físico el penal de Trujillo, sino que podían ser relacionadas con internos determinados a través de los códigos almacenados por el sistema.

“GRILLO” COORDINABA COBROS DESDE PRISIÓN

La investigación fiscal atribuye a Jhosep Martin Carranza Urcia una función de coordinación entre el denominado frente interno de la organización y sus operadores en libertad. Según el expediente fiscal, "Grillo" habría utilizado los teléfonos públicos para comunicarse con "Kenyi" y coordinar el cobro de dinero que debía entregar una persona vinculada con trabajadores que descendían de una zona minera.

El contenido recogido por la Policía forma parte de una serie de comunicaciones en las que los investigados hablaban sobre pagos, intervenciones policiales y solicitudes de ayuda para personas detenidas. El juzgado consideró que los elementos presentados resultaban suficientes para autorizar medidas restrictivas de derechos destinadas a obtener nuevas pruebas.

Carranza Urcia también aparece entre los internos cuyas celdas fueron incluidas en la orden de registro ejecutada durante el denominado Operativo Titanic 2026. En aquella intervención, la Policía encontró una libreta con números telefónicos que, según la hipótesis policial, corresponderían a posibles víctimas de extorsión. El general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, señaló que los internos ofrecían una falsa protección frente a hechos violentos que la propia organización podía provocar.

EL “TRILAI”: PARA BURLAR RESTRICCIONES

Una de las modalidades descritas en las escuchas es el denominado trilai, término empleado por los investigados para referirse a llamadas trianguladas o conferencias de tres participantes. El procedimiento consistía en que una persona ubicada fuera del penal recibía la llamada del interno y, desde su celular, incorporaba a una tercera persona. De esta manera, el reo podía comunicarse indirectamente con otro integrante, un intermediario o una persona con la que necesitaba coordinar.

En una de las conversaciones analizadas, "Castro" le indica a "Kenyi" que una persona conocida como "Jarra" quería hablar con él desde el penal y que realizaría el trilai para conectarlos. Una vez establecida la conferencia, el interno habría informado que fue trasladado a otro pabellón después de una pelea y pidió el número telefónico de "Kenyi".

La importancia del mecanismo radica en que permitía ampliar el alcance de los teléfonos autorizados. Aunque el interno llamara a un número previamente registrado o conocido, el receptor podía incorporar a otras líneas que no aparecían como destino inicial de la comunicación penitenciaria.

Las escuchas incorporadas en el expediente fiscal muestran que las organizaciones investigadas mantenían una comunicación constante entre sus integrantes recluidos y quienes operaban en las calles. Las conversaciones abarcan el cobro de cupos a comerciantes y transportistas, la colocación de calcomanías extorsivas, la identificación de víctimas y las negociaciones de los montos exigidos.

Los stickers eran colocados en negocios, viviendas y vehículos para marcar a quienes se encontraban bajo el control de la organización. La Policía incautó 108 calcomanías durante los allanamientos ejecutados en Trujillo y Virú.

El coronel PNP Robert Trujillo Tarazona, jefe de la Diviac, explicó que La Nueva Jauría de Virú y La Nueva Jauría de San José actuaban de manera independiente, pero compartían esta modalidad para infundir temor y obligar a sus víctimas a pagar.

El expediente contiene, además, conversaciones sobre posibles atentados, adquisición de armas y disputas entre grupos rivales. En una comunicación se menciona el precio solicitado para asesinar a una persona en medio de una disputa por terrenos.

En otras llamadas, los investigados hablan sobre armas de fuego, pistolas, una Glock y subametralladoras Mini Uzi que estarían disponibles ante una posible confrontación.

Prisontec no ingresó al penal de Trujillo como una empresa de telefonía convencional. Su intervención forma parte del contrato de Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones, suscrito en octubre de 2014 entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la empresa, con participación del INPE.

El contrato comprende dos servicios relacionados: el bloqueo de señales de telefonía celular y wifi dentro de los establecimientos penitenciarios, y la administración de los teléfonos públicos autorizados para uso de los internos.

El INPE ha explicado que estos equipos, conocidos como los teléfonos azulitos, permiten ejercer el derecho de comunicación de las personas privadas de libertad. Prisontec administra el servicio en 33 establecimientos incluidos en el contrato. En marzo de 2018, el INPE anunció la puesta en funcionamiento del sistema de bloqueadores en el penal de Trujillo. En esa oportunidad informó que Prisontec había instalado 160 teléfonos públicos dentro de los pabellones.

El organismo penitenciario aseguró entonces que los equipos funcionaban bajo condiciones de seguridad y que las personas que recibieran las llamadas serían advertidas de que estas procedían de un penal.

El objetivo del modelo era impedir el uso de celulares clandestinos sin eliminar el derecho de los internos a comunicarse por canales controlados. Ocho años después, la investigación contra La Nueva Jauría revela que miembros de una presunta organización criminal habrían utilizado precisamente esos canales autorizados para mantener contacto con sus operadores.

¿QUIÉN DEBÍA DETECTAR LAS LLAMADAS DELICTIVAS?

El INPE ha señalado públicamente que Prisontec tiene la obligación contractual de comunicar a la Policía Nacional o al Ministerio Público las llamadas de internos relacionadas con actividades delictivas. También debe informar a la administración penitenciaria para que adopte las medidas correspondientes.

Sin embargo, la posición institucional contiene una complejidad adicional. En otro caso ocurrido en el penal del Callao, el INPE sostuvo que no tiene facultades para escuchar el contenido de las llamadas realizadas desde los teléfonos públicos sin una orden judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Ambas afirmaciones plantean una pregunta que requiere explicación: si el contenido de las llamadas está protegido y solo puede ser intervenido judicialmente, ¿mediante qué mecanismo Prisontec identifica una comunicación delictiva para reportarla?

En el caso de La Nueva Jauría, el expediente fiscal señala que la Policía accedió a registros administrados por Prisontec y los cruzó con líneas sometidas a interceptación legal. El sistema no ha impedido que internos investigados mantuvieran contacto con operadores externos durante varios meses. Los registros citados abarcan comunicaciones efectuadas en 2024 y 2025.

El caso obliga a revisar si existían patrones capaces de activar alertas, como llamadas frecuentes a líneas investigadas, el uso de diferentes cabeceras por un mismo interno o la reiteración de comunicaciones con personas vinculadas a actividades extorsivas. También debe establecerse si los números de destino estaban sujetos a alguna validación, si los internos podían llamar libremente a cualquier línea y cómo se supervisaba el uso reiterado de las cabeceras.

El funcionamiento del sistema de seguridad tecnológica penitenciaria ha recibido cuestionamientos anteriores. En 2022, la Defensoría del Pueblo advirtió que el Ministerio de Justicia no había contratado oportunamente a una empresa independiente para supervisar la calidad del bloqueo de señales, pese a que esa obligación figuraba en el contrato suscrito en 2014.

La institución señaló específicamente que los hallazgos en el penal de Trujillo evidenciaban problemas en el funcionamiento de los bloqueadores y deficiencias en la supervisión estatal. El cuestionamiento de la Defensoría se refería principalmente al bloqueo de celulares y wifi, no al contenido de las llamadas efectuadas mediante los teléfonos públicos. Sin embargo, constituye un antecedente relevante sobre los problemas de supervisión del contrato de seguridad tecnológica.

En octubre de 2026, el propio INPE reconoció la necesidad de fortalecer sus sistemas de inteligencia y contrainteligencia. Su presidencia señaló que algunos equipos vinculados con el convenio firmado con Prisontec en 2014 podían presentar limitaciones tecnológicas y zonas sin cobertura.

La Nueva Jauría de Virú y La Nueva Jauría de San José habrían generado ganancias ilícitas superiores a S/ 2 millones desde 2022, principalmente mediante extorsiones a transportistas, comerciantes, bodegas y mercados.

Durante el Operativo Titanic 2026, la Policía detuvo a 14 presuntos integrantes y allanó 21 inmuebles, además de registrar tres celdas del penal El Milagro. Las autoridades incautaron 36 teléfonos celulares, un CPU, siete libretas, municiones, vehículos, dinero en efectivo y las calcomanías utilizadas para identificar a las víctimas. El hallazgo de celulares clandestinos confirma que las comunicaciones ilegales no se limitaban a los teléfonos públicos. Sin embargo, los registros de Prisontec revelan un problema distinto: los integrantes también habrían utilizado una infraestructura autorizada, identificable y administrada como parte de un contrato de seguridad con el Estado.

Los internos no necesitaban necesariamente ocultar un celular para comunicarse. Podían recurrir a los teléfonos de los pabellones, utilizar códigos registrados y apoyarse en operadores externos para triangular las llamadas.

El INPE debe informar si conocía el uso atribuido a las líneas, qué sanciones disciplinarias aplicó y si restringió temporalmente el acceso de los internos investigados después de recibir información policial.

Prisontec debe explicar cómo opera el registro de usuarios, cuál es el procedimiento para informar llamadas presuntamente delictivas y si reportó las comunicaciones identificadas en el expediente.

El Ministerio de Justicia, como parte contratante, debe precisar qué supervisión realiza sobre el servicio, qué indicadores utiliza para evaluar su eficacia y si se aplicaron penalidades o medidas correctivas.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Por ejemplo, el JEE de Bagua proclamó como alcalde provincial de Condorcanqui (Amazonas) a Hermógenes Lozano Trigoso, quien fue elegido para ese mismo cargo durante el periodo 2023-2026 por Renovación Popular. Sin embargo, en estas elecciones Lozano Trigoso postuló como primer regidor en la lista de Somos Perú, luego de que Eudes Chanchari Pérez renunciara a su candidatura a la alcaldía provincial.

De acuerdo con el acta de proclamación, la lista de Somos Perú obtuvo 6.804 votos, equivalentes al 30,785% de los votos válidos. En segundo lugar quedó el Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo, con 3.226 votos, seguido de Alianza para el Progreso, que alcanzó 2.891 votos.

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Un caso similar es el de Carlos Hidalgo Reátegui, actual alcalde distrital de Zapatero (San Martín) y candidato como primer regidor de la localidad por Renovación Popular. El JEE de Moyobamba decidió proclamarlo como alcalde distrital, luego de que Víctor Flores Hidalgo decidió renunciar a su candidatura como burgomaestre.

La lista ganadora obtuvo 1.502 votos (44,099% de votos válidos), seguida por Avanza País y Alianza para el Progreso con 809 y 749 votos, respectivamente.

De acuerdo con el acta de proclamación del JEE de Bagua, "no hubo observaciones" al momento de nombrar a las autoridades elegidas el pasado 4 de octubre para el periodo 2027-2030.

JEE deciden proclamar como regidores a actuales alcaldes

Un escenario distinto se presentó en Áncash. El JEE de Recuay decidió no proclamar como alcalde distrital de Marca a José Corpus Méndez, quien fue elegido burgomaestre de esa localidad para el periodo 2023-2026 por el Movimiento Regional El Maicito.

En estos comicios, Corpus Méndez postuló como primer regidor en la lista de Acción Popular, encabezada por Eusebio Romero Trujillo. Sin embargo, este último renunció a su candidatura a la alcaldía distrital el pasado 5 de agosto.

En ese contexto, el ente electoral se limitó a proclamar a Corpus Méndez como primer regidor, mientras que el cargo de alcalde quedó vacío. De acuerdo con el acta de proclamación, se registró como única observación la dimisión de Romero Trujillo a su candidatura.

La lista ganadora obtuvo 466 votos (51,322% de votos válidos), seguida por APP y Podemos Perú con 415 y 27 votos, respectivamente.

El mismo caso ocurre en el distrito de La Esperanza. El JEE de Trujillo decidió no proclamar como alcalde de la localidad al actual burgomaestre Wilmer Sánchez Ruiz, quien postuló como candidato a primer regidor con Alianza para el Progreso.

La lista estuvo encabezada por Anderson Castillo Rosas; sin embargo, renunció a su postulación. El ente electoral proclamó a Sánchez Ruiz como primer regidor, pero la plaza de alcalde distrital la dejó libre. De acuerdo con el acta de proclamación, "no hubo observaciones" durante el acto electoral.

La lista ganadora obtuvo 21.063 votos (23,792% de votos válidos), seguida por Podemos Perú y Fuerza Popular con 16.380 y 14.268 votos, respectivamente.

En total, la parlamentaria plantea nueve puntos. Solicita el plan de operaciones que ejecutó la Subunidad de Acciones Tácticas (SOAT) y copias de la orden de captura, el acta de intervención policial, el acta de detención, la orden de internamiento en el penal de Barbadillo y el acta de internamiento.

Paredes pide también la orden de traslado aéreo de Castillo a la sede policial del Rímac y luego al penal de Barbadillo, en Ate. Para cada documento requiere que se señale a las autoridades responsables y a quienes ejecutaron cada acto.

La diputada solicitó que el Mininter envíe la información a su despacho a la brevedad.

Se basa en la Constitución

Paredes sustenta el pedido en el artículo 96 de la Constitución, que faculta a los parlamentarios a solicitar información a los ministros. Cita además el artículo 26, inciso b), del Reglamento del Congreso, y el artículo 102 y el inciso b) del artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En el caso de la detención y el internamiento, la diputada pide que se informe sobre el origen y la descripción del armamento utilizado, junto con la identificación de los ejecutores de la intervención.

"En ese mismo orden tiene que escucharme", dijo el burgomaestre tacneño. Luego, Fernández pidió que se escuchara la intervención de los congresistas presentes. Ante ello, Güisa Bravo consideró que su participación debía prevalecer debido a la representatividad que ostentaría y cuestionó la de los parlamentarios.

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"Usted ha sido electa públicamente, mi representación es 10.000 veces mayor a la de usted. Ustedes tuvieron un voto por accidente. Ni sus partidarios votaron por usted. Si usted habla por representatividad, yo tengo más representatividad que ustedes. Propongan algo para que las próximas elecciones salgan electos no por voto de arrastre", se escucha decir al alcalde de Tacna.

Tras la fuerte discusión, los representantes congresales abandonaron la sala de reuniones. En sus redes sociales, el alcalde publicó un fragmento del enfrentamiento en formato de reel. Por su parte, los congresistas criticaron la actitud del burgomaestre.

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Svieta Fernández citará al alcalde de Tacna al Congreso

Tras la acalorada discusión, la diputada de Juntos por el Perú anunció en sus redes sociales que citará al alcalde Güisa Bravo a la Comisión de Modernización y Contraloría de la Cámara de Diputados, para que responda sobre los cuestionamientos a su gestión relacionados con este proyecto y otros asuntos.

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"Lo sucedido el último martes constituye un intento inaceptable de impedir el ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales. Frente a este escenario, hacemos responsables legales y políticos al alcalde, funcionarios y servidores municipales involucrados, de los posibles perjuicios que ocasionaría a la población la eventual suscripción de un procedimiento y contrato ampliamente cuestionados respecto al Fundo Chololo", señala el comunicado.

Además, indicó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo.

"Yo creo que el señor Castillo ha sido procesado, la verdad, con serias deficiencias en su proceso judicial; ustedes lo vieron, cómo se cambió la acusación penal que inicialmente tuvo. Yo creo que nadie podría decir que ese ha sido un proceso judicial ejemplar", expresó cuando fue consultada por la propuesta.

Sin embargo, la legisladora evitó adelantar su postura sobre la iniciativa. Aseguró que, primero, la bancada de Ahora Nación debatirá en su interna el proyecto y, luego, anunciarán su decisión.

"Nosotros, como bancada, primero vamos a discutir, como siempre, y luego de eso tomaremos una decisión", dijo.

Actualmente, el expresidente Castillo cumple una condena —emitida en primera instancia— de 11 años por conspiración para rebelión por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En un primer momento, se le acusó de rebelión; no obstante, la acusación se cambió por el delito de conspiración para rebelión. El exmandatario se encuentra en la espera de la evaluación de su apelación contra el fallo emitido.

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Presentan proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo y procesados por protestas desde 2021

El proyecto de ley 00719-2026-2031-CD fue presentado ante la Cámara de Diputados el pasado viernes 30 de octubre. La iniciativa plantea otorgar amnistía por los hechos relacionados con el mensaje a la Nación que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, así como por las protestas registradas desde el 28 de julio de 2021 hasta el día previo a la entrada en vigor de la eventual norma. La medida contempla la extinción de la acción penal y de las penas, incluso en aquellos casos en los que exista una sentencia que aún no tenga carácter firme.

La propuesta fue impulsada por la bancada de Juntos por el Perú y tiene entre sus firmantes a su vocero, Ernesto Zunini. Además, cuenta con el respaldo de 13 diputados del Partido Cívico Obras y uno de Ahora Nación. Sus autores argumentan que el Estado mantiene una persecución penal con motivaciones políticas contra dos sectores: las personas involucradas en los hechos del 7 de diciembre de 2022 y los ciudadanos procesados por participar en las protestas.

Entre estos últimos mencionan principalmente a campesinos, indígenas, estudiantes, transportistas y dirigentes sociales del sur andino.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble. Asimismo, en las imágenes se observa a un hombre encapuchado prendiendo un artefacto que, posteriormente, arrojó al patio del burgomaestre. Tras ello, se retiró del lugar corriendo.

El atentado no dejó personas heridas ni fallecidas, pese a que Huamán Cano y su familia se encontraban en el patio de su casa cerca de la explosión; sin embargo, causó daños materiales en la cochera y el vehículo que se encontraba estacionado en la puerta del alcalde.

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Electo alcalde de Villa El Salvador se pronuncia

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre no descartó que el ataque esté relacionado con la gestión saliente de VES. "Considero que estos actos de alguna manera constituyen o quieren intimidarnos, porque nosotros hemos sido frontales contra la corrupción que hay en la municipalidad de Villa El Salvador y seguramente tienen alguna intención, pero confiamos en Dios, que nos protege y rechazamos todo acto de violencia; no tengo enemigos en ningún lado, de algún lugar debe venir", expresó.

En esa misma línea, Huamán Cano aseguró que el Ministerio del Interior le asignó seguridad policial. No obstante, precisó que en la noche los efectivos del orden se retiran para descansar.

"Ellos están durante el día con nosotros, es 24/7, pero en la noche se van a descansar. Entonces han aprovechado para lanzar este explosivo", indicó.

"Si se hace un análisis del video, se ve el rostro de un sujeto; de alguna manera se tiene que identificar y capturarlo. (...) Ya se dieron las elecciones, ya las ganamos y el día martes 13 es la proclamación; eso no lo van a poder detener. Quizás quieren amedrentarnos para que no asumamos esta postura directa", agregó.

Alcalde registra 3 sentencias en su contra

De acuerdo con la información declarada por el flamante alcalde de Villa El Salvador ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), registra tres sentencias en su contra.

La primera corresponde al expediente 582-2010 y adquirió la calidad de firme el 29 de abril de 2015 por el delito contra la fe pública. Por este caso, Huamán Cano fue sentenciado a tres años de pena suspendida, condena que posteriormente se redujo a dos años. La resolución judicial fue cumplida.

La segunda sentencia también está relacionada con un delito contra la fe pública. El fallo, emitido por el 18.º Juzgado Penal de Lima, impuso una condena de tres años de pena suspendida y adquirió la calidad de firme el 7 de julio de 2011.

La tercera sentencia está vinculada a un asunto contractual. En este caso, el Juzgado Letrado de Villa El Salvador ordenó la ejecución de un pago de S/11.396,19 a favor del Banco de Crédito del Perú (BCP).

De acuerdo con las conversaciones difundidas en el reportaje, una de las primeras acciones que, presuntamente, ordenó Castillo sería el cambio de dos asesores. El pasado 27 de julio, la congresista advirtió a su equipo que, cada 3 meses, habría cambios.

"Catherine Palomino: Estimado equipo, para dar inicio, va a haber cambios y rotación cada 3 meses (...) de todo el equipo (...) para conocimiento", se lee en el chat que el exasesor 2, Marco Paliza, le mostró al medio antes citado.

Paliza también indicó que el exmandatario, presuntamente, obligaba a Palomino a poner gente en su despacho.

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"Catherine Palomino: "He hecho todo lo posible para que el equipo se mantenga durante todo este tiempo. Ya se lo comuniqué de manera interna a todos, que después de diciembre habrá cambios. El único que se queda es Raúl. No sabía a quién sacar; estoy viendo, a uno más voy a sacar. Ya el presi me ha exigido y me ha dado dos nombres", se lee en el chat difundido.

"No sé ni cómo decirle que no. Ayer hasta las 11 hemos hablado. Me ha hecho sentir bien mal porque me dijo que estaba igual o peor que todos. Que me acuerde por quién llegué, pero si no tenía conciencia de que no lo haga, que nunca más me lo pedirá", agrega el mensaje.

Chats revelarían que la prioridad es buscar la libertad de Pedro Castillo

Por otro lado, los chats también revelarían, presuntamente, que uno de los principales objetivos de JP es buscar la libertad de Castillo. El 8 de junio, la asistente de Palomino envió un mensaje en el que indica que, en la reunión de coordinación de los asesores, se colocó en la agenda una serie de temas prioritarios.

"Equipo, buenos días. Hace unos días sostuvimos una reunión de coordinación en la que se identificaron diversos temas prioritarios que requieren acciones prontas. Les comparto para conocimiento y organización de todos: elaborar un análisis ante una eventual victoria de JP, incluyendo alternativas y estrategias para abordar la salida de PC (Pedro Castillo)".

"Yo creo que para distinguirnos: algo venenoso. Ya no tenemos nada que perder con (el presidente) Balcázar. Si no va a dar el indulto, con todo contra él (...) Balcázar en contubernio con el fujimorismo", expresó otro asesor.

Pedido de vacancia

Los chats también mostraron que el 5 de septiembre también se mencionó sobre un eventual pedido de vacancia contra la presidenta Keiko Fujimori. Palomino hizo la propuesta por bajo el argumento de "incapacidad para gobernar". Uno de sus asesores respaldó la propuesta. "Es más, si nosotros somos los primeros en plantear la vacancia, sería positivo.

Catherine Palomino: "Claro que sí, con todas las joyitas... manden una ayuda (...) Se acaba de comunicar Svieta, ya está trabajando la vacancia. Debemos ganarle (...) Chicos, lunes a primera hora, vacancia a la inepta de la K, antes que nos gane Svieta, coordinen en el equipo".

"La desbancada"

Los chats difundidos también muestran que Palomino calificó a su bancada como "la desbancada". Esto, a raíz de una de las reuniones de asesores, en la que se criticó la demora del partido en pronunciarse sobre temas relevantes.

Asesor de Palomino: "Acabo de salir de reunión de asesores de despachos. Algunos asesores, entre ellos mi persona, manifestamos nuestra sorpresa e incomodidad por la demora de la bancada en pronunciarse y tomar acciones en cuanto a temas de relevancia".

Palomino: "Me parece muy bien. Es más, hubieras sido muy crítico a la desbancada (...) reunión con Zunini no va".

Palomino: "Hacer llegar por escrito al flamante vocero Zunini para la participación del día jueves, hasta el miércoles por escrito".

Además, un informe de control de la entidad detectó contrataciones recurrentes a favor de Miguel Ruelas Quillatupa, quien, antes de convertirse en proveedor del Estado, postuló a una plaza de chofer de serenazgo en la municipalidad. Desde mayo de 2024, obtuvo órdenes de servicio por un total de S/918.725 para suministrar baños portátiles, arreglos florales, servicios de catering y alquilar estrados.

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Por este caso, la Contraloría reportó que no se acreditó la efectiva prestación de los servicios; no obstante, se realizó el desembolso de dinero. El dominical lo buscó para obtener sus descargos; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Por otro lado, en actividades como el aniversario de Huaycán y un desfile de exalumnos, la Contraloría detectó que se desembolsaron S/61.500 por ocho servicios que el contratista no llegó a prestar.

"No se prestaron ni se cumplieron las condiciones contratadas en las órdenes de servicio y sus adjuntos TDR, ocasionando pagos indebidos en perjuicio económico de la entidad por un total de S/61.500", se lee en el informe.

Asimismo, durante un evento deportivo realizado en el coliseo Ollantaytambo, la municipalidad pagó S/3.800 por el alquiler de baños portátiles y sillas, pese a que el recinto ya contaba con servicios higiénicos y graderías equipadas con butacas.

En este caso, se otorgó la conformidad del servicio sin adjuntar documentación que acreditara la verificación por parte del área usuaria. Es decir, no se presentaron pruebas del traslado de las sillas ni de los baños portátiles, pese a que el recinto ya contaba con servicios higiénicos y graderías. Aun así, se efectuó el pago.

Es preciso resaltar que la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Anticorrupción presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra los responsables de tramitar las órdenes de servicio.

Franco Vidal evitó responder sobre gasto millonario

El dominical Cuarto Poder le solicitó sus descargos al alcalde de Ate durante sus actividades como burgomaestre. Sin embargo, Vidal evitó responder ante los cuestionamientos.

"Por favor, sea respetuosa (...) me estás poniendo la mano", contestó a la reportera.

En el proceso que estuvo a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, además de la empresa ganadora, elevaron sus ofertas la estadounidense Lockheed Martin Global y la española Indra Sistemas.

El 23 de octubre, la ACFFAA publicó en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) la adjudicación a nombre de Thales LAS France SAS, que propuso su modelo Ground Master 400 Alpha (GM400), por el que solicitó US$33.900.000. El monto referencial que lanzó la ACFFAA fue de US$39.513.083.

Por su parte, Lockheed Martin ofreció el modelo AN/TPS-77 MMR e Indra Sistemas con el Lanza 3D LRR.

Fuentes militares consultadas para este reportaje destacaron la adquisición del modelo francés Ground Master 400 Alpha porque permitirá que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) renueve sus sistemas radáricos de vigilancia y alerta temprana que cuentan con equipos de 40 y 50 años de antigüedad.

El plan de la FAP es comprar un primer lote de seis unidades, por lo que la elección del modelo Ground Master 400 Alpha implicaría que los demás serán también de Thales LAS France SAS.

Las fuentes militares señalaron a este diario que una vez que la ACFFAA otorgue el consentimiento a la buena pro a favor de la empresa francesa, se inicia el proceso de negociación del programa de compensación, también conocido como 'Offset'. Una vez concluido, procede la suscripción del contrato. Esto sería en dos semanas, por lo menos.

La compra del Ground Master 400 Alpha forma parte del programa de modernización del 'Sistema de radar de vigilancia y alarma temprana 3D de largo alcance, con múltiples elementos transmisores/receptores independientes ubicados en la antena del radar, con tecnología Active Electronically Scanned Array (AESA), para el Grupo de Defensa Aérea (GRUDA)'.

¿Cómo afecta la tardanza en la renovación de los radares? preguntó este periódico.

"Hoy la disponibilidad de información que proviene de los sistemas de radar es insuficiente para garantizar las operaciones de vigilancia requeridas. Esta brecha no es un asunto exclusivamente militar: afecta la capacidad del Estado para detectar oportunamente aeronaves que vulneren las fronteras, realicen actividades ilícitas o representen un riesgo para la seguridad nacional", respondieron.

Renovar la defensa aérea

Conforme a las fuentes castrenses consultadas, "los sistemas de radar actualmente disponibles en la Fuerza Aérea del Perú arrastran cinco décadas de antigüedad y presentan limitaciones operativas y carecen de condiciones adecuadas para integrarse a un sistema automatizado de control aéreo".

"Además de lo descrito, se suma la dificultad para conseguir repuestos y componentes de equipos cuya fabricación ha sido descontinuada", indicaron.

Entre los equipos que serán reemplazados se cuentan los AN/TPS-70, un radar móvil tridimensional de barrido electrónico fabricado por la estadounidense Westinghouse. También el radar soviético P-37 'Bar Lock' y el ruso P-19 'Danubio', modelos que han quedado completamente obsoletos.

"Con esos modelos se reduce la calidad y precisión de la información disponible para la toma de decisiones, limita la coordinación de las operaciones de interceptación y dificulta una vigilancia eficiente frente a amenazas que evolucionan a un ritmo acelerado", explicaron las fuentes.

Respecto a las ventajas que ofrece el modelo francés Ground Master 400 Alpha, las fuentes con conocimiento del proceso de modernización indicaron que la adquisición es un significativo salto tecnológico respecto a los anteriores radares.

"Se trata de un sistema tridimensional de vigilancia y alerta temprana de largo alcance, diseñado para proporcionar información sobre la posición, altitud y movimiento de múltiples objetivos aéreos", apuntaron.

La clave está en contar con el presupuesto de manera oportuna.

El pedido fue formulado mediante una carta dirigida al titular del Minedu tras un reportaje de Punto Final que advierte sobre 432 docentes investigados administrativamente por presuntos casos de violencia sexual contra escolares.

Manrique resaltó que el director general de Desarrollo Docente del Minedu, Andrés Antonio Izaguirre Minaya, reconoció que actualmente no se realizan evaluaciones psicológicas periódicas a los profesores.

“Resulta inadmisible que el Estado no cuente con evaluaciones psicológicas periódicas para quienes tienen bajo su responsabilidad la formación de nuestros niños y adolescentes”, se lee en el oficio.

Ante ello, solicitó al ministro Chang que informe sobre los motivos por los cuales no se implementan estos controles y detalle las medidas que se adoptarán, así como el cronograma previsto para su puesta en marcha.

Precisó que su solicitud fue presentada al amparo del artículo 96 de la Constitución Política del Perú y del artículo 159 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que sustentan el ejercicio de las funciones de fiscalización parlamentaria.

“Agradeceré remitir la información dentro del plazo legal correspondiente”, finalizó.

Docentes investigados por presunto abuso sexual

De acuerdo con un reportaje de Punto Final, el Ministerio de Educación (Minedu) registra 505 procedimientos administrativos relacionados con presuntos casos de violencia sexual contra estudiantes de colegios públicos, según una investigación difundida por Punto Final. De los expedientes revisados, 432 corresponden a docentes investigados que aún no cuentan con una resolución definitiva.

Izaguirre Minaya explicó que los profesores investigados por presuntos delitos contra la libertad sexual deben permanecer alejados de los escolares mientras tengan vigente una medida de separación preventiva.

La medida se encuentra contemplada en el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial y comprende investigaciones por tocamientos indebidos, acoso sexual, acoso mediante plataformas tecnológicas y violación sexual. Según explicó el funcionario, los docentes comprendidos en estos procedimientos no pueden permanecer en las aulas ni mantener contacto con los alumnos, por lo que deben cumplir funciones administrativas hasta que concluya el proceso correspondiente.

"El proceso que ha seguido El Salvador para conseguir la paz y la tranquilidad con este modelo exitoso, el modelo Bukele", manifestó Fujimori durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), al referirse a la estrategia del presidente salvadoreño. La jefa de Estado no detalló qué medidas concretas de ese modelo considera que deberían aplicarse en Perú ni cómo se adaptarían a la realidad nacional.

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Para respaldar su postura, recordó la lucha contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante las décadas de 1980 y comienzos de 1990. Según afirmó, la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la población organizada, a través de los comités de autodefensa y las rondas campesinas, permitió alcanzar la paz.

Sin embargo, Fujimori cuestionó el trato que recibieron las instituciones militares y policiales en los años posteriores. “Lamentablemente, décadas siguientes, el Perú nuevamente debilitó sus instituciones y lo que es peor, debilitó y persiguió a sus Fuerzas Armadas y a su Policía Nacional”, declaró. No precisó a qué gobiernos, medidas o decisiones se refería con esa acusación.

La jefa de Estado también relacionó ese supuesto debilitamiento institucional con el avance de la criminalidad organizada internacional en Latinoamérica. A partir de ese diagnóstico, planteó que el país debe recuperar el orden, aunque reconoció que el escenario actual es distinto al de las décadas en las que operaban los grupos subversivos.

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Keiko Fujimori equipara a bandas criminales con grupos terroristas

En otro momento de su intervención, Fujimori comparó a las organizaciones criminales que operan actualmente en la región con los grupos terroristas que enfrentó Perú durante el conflicto armado interno. La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que estas bandas representan una amenaza que supera las fronteras nacionales y que requieren una respuesta firme del Estado.

“Pero ya no de grupos terroristas, sino de estas bandas criminales. Que no respetan fronteras, pero que son grupos terroristas”, afirmó durante su visita a El Salvador.

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La declaración plantea una equivalencia entre dos fenómenos de distinta naturaleza. Mientras Sendero Luminoso y el MRTA fueron organizaciones subversivas responsables de graves actos de violencia durante el conflicto armado interno, las bandas criminales actuales están vinculadas a delitos como la extorsión, el sicariato y el tráfico ilícito de drogas.

Pese a presentar el modelo salvadoreño como una experiencia exitosa, la dirigente no explicó qué mecanismos de la política de Bukele propone trasladar al Perú ni qué garantías deberían acompañar su aplicación. Su discurso se concentró en reivindicar el papel de las fuerzas del orden y cuestionar el tratamiento que recibieron las instituciones peruanas en gobiernos anteriores.

En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el artículo publicado este 2 de noviembre describió ocho años de denuncias, investigaciones fiscales, amenazas y campañas de desprestigio contra la comunicadora.

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El hostigamiento comenzó a tomar forma en 2018, cuando Ugaz viajó de Lima a Piura para responder a una denuncia por difamación presentada por el arzobispo de la región, integrante de la generación fundadora del Sodalitium Christianae Vitae. El religioso exigía una reparación cercana a los 50 mil dólares por las publicaciones de la periodista sobre la organización católica.

Durante 2019, la comunicadora afrontó más de cinco procedimientos judiciales y recibió alrededor de 30 cartas notariales. También fue investigada por presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, soborno, falso testimonio y tráfico de influencias. A estos procesos se sumaron amenazas de muerte e insultos en redes sociales.

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Ugaz contó que los ataques también alcanzaron su apariencia física, inteligencia y vida privada. En su cuenta de Instagram recibió una amenaza: "Te haremos desaparecer a plomo". La periodista explicó que las demandas afectaron su vida cotidiana porque debía dedicar tiempo a acudir a tribunales y fiscalías, preparar documentos y coordinar su defensa legal.

Jane Anttila, jefa de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Perú, sostuvo que los ataques contra Ugaz no fueron hechos aislados.

El seguimiento de la institución permitió identificar un patrón de hostigamiento, estigmatización y criminalización que, según advirtió, también puede involucrar a actores privados con poder económico, político, religioso o mediático.

Acoso judicial contra Paola Ugaz también afectó a su familia

Las investigaciones de Ugaz sobre el Sodalicio comenzaron junto con el periodista Pedro Salinas. En 2015, ambos publicaron 'Mitad monjes, mitad soldados', libro que reunió testimonios de una treintena de personas sobre abusos sexuales, físicos, psicológicos y espirituales dentro de la organización. Un año después, cuando la periodista empezó a publicar información sobre su gestión financiera, aparecieron nuevas acusaciones en su contra.

Según el testimonio de Ugaz, algunos medios de comunicación publicaron versiones que la vinculaban con una supuesta red de lavado de dinero y tráfico de uranio. Posteriormente, esas publicaciones fueron presentadas ante la Fiscalía y dieron paso a investigaciones. La periodista sostuvo que varios de esos procedimientos continuaban abiertos.

Otro episodio ocurrió en septiembre de 2024, cuando Ugaz conoció que un juez había levantado la confidencialidad de sus comunicaciones entre 2013 y 2020. La medida, que había sido autorizada desde 2023 y permaneció en secreto, comprendía siete años de información privada. La periodista advirtió que durante ese periodo las víctimas del Sodalicio habían compartido con ella sus testimonios de manera confidencial.

El informe también expuso los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas y sus familias. Ugaz relató que, durante uno de los procesos que ganó, la otra parte había publicado el colegio al que asistían sus hijos. Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y de la Federación Internacional de Periodistas, sostuvo que los ataques contra las mujeres suelen dirigirse a su intimidad y entorno familiar, en lugar de cuestionar directamente sus investigaciones.

Desde 2022, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU registró 485 incidentes contra trabajadores de medios de comunicación en Perú, con 629 víctimas. Además, documentó el asesinato de cuatro periodistas durante 2025.

La institución impulsó la incorporación de Ugaz al Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, que le otorgó garantías de protección. Sin embargo, Anttila advirtió que todavía faltan recursos y herramientas para responder cuando los posibles agresores pertenecen a las propias instituciones públicas.

José Chlimper compara el caso de Paola Ugaz con el proceso contra Keiko Fujimori

José Chlimper, principal asesor de Keiko Fujimori, intervino en la publicación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el hostigamiento judicial contra Paola Ugaz. A través de su cuenta de X, cuestionó el titular de la nota y pidió que le enviaran una publicación similar sobre el caso Cócteles.

El asesor de Fujimori sostuvo que el proceso contra la lideresa de Fuerza Popular también se extendió entre ocho y diez años. Sin embargo, su comentario planteó una comparación entre dos situaciones distintas: el seguimiento judicial a una periodista por sus investigaciones sobre una organización religiosa y el proceso penal contra una dirigente política por presuntos delitos relacionados con el financiamiento de campañas electorales.

El caso Cócteles se inició en octubre de 2015 por los presuntos aportes irregulares a las campañas de Fuerza Popular. La investigación alcanzó a Keiko Fujimori y a otros integrantes de su partido por presunto lavado de activos y organización criminal. En junio de 2026, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó el archivo del proceso contra Fujimori, Fuerza Popular y otros investigados, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional.

A través de una publicación en sus redes sociales, Basombrío calificó estos registros como “una estafa a la ciudadanía”. Además, reclamó que alguien asuma las consecuencias por lo que ocurre con la información que recoge el Sinadef.

El cuestionamiento apunta a las muertes por proyectil de arma de fuego (PAF) que aparecen bajo la clasificación “No se conoce”. Esta categoría impide que esos casos sean identificados directamente como homicidios dentro del conteo que revisa Carbajal, pese a que el registro consigna el uso de un arma de fuego como causa de muerte.

La denuncia cobra relevancia por el impacto que estas clasificaciones pueden tener en las cifras oficiales de violencia. Si una muerte violenta permanece fuera de la categoría de homicidio, los reportes pueden mostrar una cantidad menor de asesinatos que la que reflejarían los casos identificados por otras vías. Basombrío pidió que se establezcan las responsabilidades correspondientes por esta situación.

Juan Carbajal advierte que asesinato en Villa María del Triunfo figura como muerte desconocida en el Sinadef

Uno de los casos expuestos por Juan Carbajal corresponde a Christopher Cangre, conocido como alias 'El Cangri', de 32 años. El hombre fue asesinado a balazos el 29 de octubre dentro de su vehículo, en la cuadra seis de la avenida Salvador Allende, en Villa María del Triunfo. Según el reporte, dos sujetos lo atacaron y escaparon a pie antes de abordar una motocicleta en la que los esperaban sus cómplices.

Carbajal revisó el registro de defunción de la víctima y advirtió que el Sinadef la clasificó como “No se conoce”, pese a que la causa consignada correspondía a un proyectil de arma de fuego. Para el analista, este caso constituye otra muerte que queda fuera del conteo de homicidios. “Se terminan maquillando las estadísticas”, afirmó en su publicación del 30 de octubre.

El analista sostuvo que no se trata de un caso aislado, sino de una situación que ha detectado en otros registros. Según su denuncia, varias muertes por disparos permanecen bajo la categoría de causa desconocida y no pasan al conteo de asesinatos.

Iñigo rechazó estar detrás de dicho atentado, negó ser un delincuente y sostuvo que demandará a Huamán por difamar su gestión y por intentar engañar a la población con sus acusaciones durante una entrevista vía RPP.

El conflicto se desencadenó tras la detonación de un artefacto explosivo en la fachada de la vivienda de la autoridad electa, ocurrido la noche del último domingo y registrado por las cámaras de seguridad del inmueble.

En las imágenes se observa a un hombre encapuchado que se aproxima al portón de la cochera, enciende lo que sería un petardo, lo arroja contra la propiedad y huye.

Al respecto, el burgomaestre electo rechazó haber recibido amenazas previas o extorsiones y señaló que el suceso respondería a motivos políticos.

"Considero que estos actos de alguna manera quieren intimidar. Nosotros hemos sido frontales contra la corrupción que hay en VES y seguramente tienen una segunda intención. (…) Rechazamos todo acto de violencia", indicó vía Exitosa.

Además, agregó que han sido frontales con relación a los actos ilícitos dentro de la Municipalidad. "No tengo enemigos de ningún lado. Entonces, de algún lugar debe venir".

Ante estas declaraciones, Guido Iñigo cuestionó que se vincule su administración con el incidente delictivo y aseguró que acudirá a la vía judicial para responder a lo dicho por su sucesor.

"Rechazo categóricamente todas las acusaciones que viene realizando el señor Huamán, primero de qué corrupción estamos hablando. (…) Lo único a lo que se ha dedicado es a difamar, a decir que mi gestión es corrupta, que le he puesto una granada, a decir que hoy estoy detrás de estos actos delictivos. (…) Voy a tomar las acciones legales correspondientes, voy a demandar a este señor porque no puede engañar a la población de Villa El Salvador", indicó.

Respecto a las auditorías que Huamán anunció que ejecutará al asumir el cargo, el actual alcalde señaló que la labor municipal es fiscalizada anualmente por la Contraloría General de la República y que existen los informes respectivos, por lo que no teme a eventuales diligencias.

Además, el burgomaestre cuestionó los antecedentes del alcalde electo en el ámbito judicial.

"Ha tenido dos sentencias por falsificación de documentos públicos, lo sentenciaron en Lima Centro y después en Lima Sur, porque formaba, es lo que dicen las sentencias, una organización criminal como la de Orellana. Así tiene también otra sentencia por violencia familiar y alimentos, no le puede pasar 600 soles a sus hijas y a su exesposa, por favor, de qué estamos hablando hay que tener sangre en la cara", manifestó.

La comisión política del partido informó que Holguín presentó su renuncia después de que se aclararan algunos problemas de comunicación y se le ofrecieran las disculpas correspondientes. Sin embargo, el pronunciamiento no detalló los motivos de esos inconvenientes ni precisó si estuvieron relacionados con las discrepancias políticas que el legislador expuso días antes.

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El congresista por Cusco conservará sus responsabilidades como integrante del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política de Ahora Nación. Su salida se limita a la vocería de la bancada de Diputados.

El comunicado también confirmó que Indira Huilca dejó la vocería alterna. La diputada puso el cargo a disposición y, aunque la dirigencia le pidió que continuara, mantuvo su decisión de no seguir en esa función. La organización anunció que designará a su reemplazo en los próximos días.

Los cambios se conocieron después de que ambos legisladores expresaran diferencias con la línea de la bancada. Holguín había comunicado que sus discrepancias eran incompatibles con la vocería, mientras que la salida de Huilca se conoció tras una reunión con el líder del partido, Alfonso López Chau.

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Discrepancias en Ahora Nación por las facultades legislativas y la censura de Astudillo

La renuncia de Holguín ocurrió luego de que la bancada debatiera el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y la censura del ministro del Interior. En una carta dirigida a Alfonso López Chau, el congresista sostuvo que sus diferencias con la posición del grupo eran incompatibles con las funciones de representación que debía cumplir como vocero.

El legislador defendió su postura sobre las facultades al señalar que actuaba como representante de Cusco y pidió que el partido escuchara más a las regiones antes de tomar decisiones. También respaldó la censura de Astudillo, una posición contraria a la de la mayoría de su bancada. López Chau, por su parte, negó que las discrepancias representaran una ruptura interna y consideró que la renuncia de Holguín era una decisión sensata.

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La salida de Huilca también estuvo relacionada con los cuestionamientos al manejo de la vocería. Según fuentes internas citadas por La República, un sector de diputados consideraba que las decisiones de ambos representantes se tomaban sin consultar al grupo parlamentario.

Las fuentes también señalaron que las discrepancias se extendían a la concentración de decisiones en un entorno reducido de asesores y a las negociaciones parlamentarias de López Chau con figuras de Fuerza Popular.

Según el legislador, someter a votación las leyes de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento durante este periodo constituye una “práctica obstruccionista” para acelerar la aprobación de las propuestas sin una deliberación previa.

“Aprobar dictámenes en la semana de representación es una práctica obstruccionista de las bancadas gobiernistas”, indicó Figallo.

La convocatoria coincide con el inicio del trabajo descentralizado, una jornada oficial que arrancó este lunes y se extenderá hasta el viernes.

Durante estos días, la norma parlamentaria establece que los congresistas deben desplazarse a sus respectivas circunscripciones para recoger las demandas de la ciudadanía, por lo que la citación a una sesión virtual dificulta la fiscalización presencial.

Sesión de la Comisión de Presupuesto

Durante la jornada, que contó con la participación del ministro de Economía, Elmer Cuba, la comisión abordó tres puntos en su agenda.

Debido a la semana de representación, varios parlamentarios participaron y votaron de manera virtual desde sus regiones a través de plataformas digitales.

En primer lugar, se aprobó la Ley de Endeudamiento del Sector Público (PL 00004) con 23 votos a favor, 0 en contra y 12 abstenciones. Esta norma fija las reglas y montos máximos para que el país solicite préstamos o emita bonos con el fin de financiar obras públicas.

Posteriormente, se votó la Ley de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2027, la cual establece que los gastos proyectados cuenten con el respaldo de ingresos reales para evitar un déficit fiscal. Este punto también fue aprobado, con 25 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones.

Finalmente, el tercer punto, correspondiente a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 (PL 00002), que asigna los más de S/ 266 mil millones para el funcionamiento del Estado, quedó pendiente de debate y votación tras la exposición del presidente de la comisión.

A las 4:18 p. m., el presidente de la comisión, José Arista, suspendió la sesión e invocó a continuar la discusión este martes 3 de noviembre a las 9:00 a. m.

“Con el propósito de asegurar un debate riguroso y reflexivo, reanudaremos mañana martes 3 de noviembre a las 9.00 horas para continuar con las intervenciones de los legisladores inscritos”.

Opiniones

En respuesta a las críticas de Figallo, la senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, defendió la continuidad de las sesiones pese al cruce con el trabajo descentralizado.

A través de su cuenta oficial en X, la legisladora argumentó que los plazos legales exigen celeridad en el debate.

“La Ley de Presupuesto es vital en el funcionamiento del país, para su aprobación se tiene hasta el 30 de noviembre, plazo perentorio establecido en la Constitución (art. 80)”.

En ese sentido, Juárez justificó la realización de la sesión virtual durante la semana de representación debido a la complejidad de las materias en discusión.

La parlamentaria también rechazo los cuestionamientos del senador del Buen Gobierno y negó que desde el oficialismo sean obstruccionistas”.

“No conocer ello y calificar como “obstrucción” es un verdadero despropósito (…)”.

La réplica de Figallo

Tras la publicación de Juárez, el senador Flavio Figallo respondió al mensaje de la parlamentaria e insistió en que una mejor planificación habría evitado que la sustentación coincida con los viajes a regiones.

“Un poco de orden y previsión aseguraría que todos los miembros de la comisión participen, precisamente por la importancia de la ley”.

Postura de Ángel Meneses

Por su parte, el diputado Ángel Meneses, integrante de la Comisión de Presupuesto, justificó la convocatoria y adelantó su posición en diálogo con La República.

Sobre el cruce de fechas con la semana de representación, señaló que ya se conocía que habrían sesiones, a pesar de estar en la semana de representación.

“Desde el inicio se dio cuenta que esta comisión tenía programadas sesiones (…). Claro que es óptimo una sesión presencial, pero en materia presupuestal existen plazos”.

Sin embargo, sobre el contenido del presupuesto, el legislador criticó la propuesta y anunció que votará en abstención.

“(…) Todos los años se financia con endeudamiento, pero la asignación no es eficiente porque el gasto corriente se incrementa y el gasto de capital disminuye, así el crédito no rentabiliza con eficiencia, antes bien genera más peso al déficit fiscal”.

Los manifestantes reclamaron que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no les brinda información sobre el estado de los internos. "Tenemos derecho a saber cómo están nuestra familia. No nos dan información de nada", expresó una de las personas que participó en la protesta.

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Una familiar denunció que no sabe nada de su hijo desde el día anterior. También cuestionó las restricciones para acercarse a los internos y afirmó que el personal del penal les pide acudir con un abogado cuando solicitan información.

Los familiares acusaron al personal penitenciario de retirarles la ropa nueva que llevan a los internos y venderla. Además, denunciaron presuntos actos de corrupción y exigieron que los trabajadores del INPE sean investigados. "Hay corrupción adentro, ¿por qué creen que adentro se matan?", cuestionó una de las manifestantes.

Si bien la medida incluye impulsar el financiamiento de acciones ante el fenómeno El Niño y reforzar la seguridad ciudadana, el gobierno de Keiko Fujimori también aprovechó la iniciativa para beneficiar a Estados Unidos y asegurar 346,9 millones de dólares.

Este presupuesto se asignará en las próximas semanas al pago de la primera cuota del contrato de compraventa del segundo lote de 12 aviones caza F-16 Block 70.

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El Poder Ejecutivo presentó la propuesta el 30 de agosto. La medida de créditos suplementarios recayó en la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

El último miércoles 28 de octubre, la medida fue aprobada. En la Cámara de Diputados, la votación registró 83 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones. Por su parte, el Senado alcanzó 37 votos a favor, 10 en contra y 6 abstenciones.

Cuestionamientos

Durante el debate, el diputado Heber López Letona del Partido Cívico Obras cuestionó la asignación presupuestal para adquirir aviones caza.

A su juicio, dicha compra no representa una prioridad frente a las necesidades de la población, que requiere hospitales, colegios, la reactivación de obras paralizadas y mayor seguridad.

La senadora Mirtha Vásquez de Ahora Nación también advirtió que solo S/581 millones irán dirigidos a la prevención de El Niño, cifra que representa cerca del 7% del total.

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También mostró su preocupación por los fondos destinados a la adquisición de aeronaves militares. A su turno, el diputado Leo De Paz Lancho de Renovación Popular indicó que es necesario asegurar el uso correcto de los recursos públicos.

El senador José Castillo Terrones de Juntos por el Perú coincidió con Vásquez y cuestionó los recursos asignados a la compra de aviones de combate y consultó si dicha adquisición resultaba necesaria ante los desastres que afectan a diversas zonas del país.

En tanto, el diputado Nery Fernández Nina del Partido del Buen Gobierno manifestó que el Ejecutivo debe demostrar que los beneficios del presupuesto llegan a todo el territorio nacional y no quedarse solo en anuncios.

Además, planteó evaluar si estos recursos contribuirán a reducir las brechas sociales o si persistirán las desigualdades.

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Denuncia por fondos y convenios en Piura

En la misma línea de cuestionamientos sobre la ejecución de presupuestos y convenios estatales, el alcalde de Piura, Juan Cevallos, hizo pública su denuncia tras la reciente aprobación del crédito suplementario, medida que dejó sin partidas a la región.

En diálogo con La República, la autoridad indicó que tomará medidas legales en caso no se respete el acuerdo. “Nos va a tocar que la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Piura interponga la denuncia contra los sectores que han suscrito convenios para créditos y que finalmente los han desfinanciado".

De acuerdo con Cevallos, la gestión municipal gestionaba la transferencia de recursos para seis proyectos paralizados. Tras diversas reuniones con el Ejecutivo, el Gobierno asumió el compromiso de destrabar primero cinco obras y luego limitó el acuerdo a tres proyectos: dos de pistas y veredas en los sectores Los Educadores y Los Almendros, ambos con un avance superior al 95%, además del sistema de videovigilancia de la ciudad, ejecutado al 99%.

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A pesar de las coordinaciones previas, el crédito suplementario aprobado no incluyó las partidas para Piura e incorporó proyectos nuevos que, según la comuna, "algunos no tienen registrado ni siquiera el expediente". Y añadió que el crédito suplementario “ha sido un antojo y manoseo de comercio”.

En ese mismo sentido, cuestionó las modificaciones en su distribución y la inclusión de otros proyectos en lugar de concluir las obras en ejecución relacionadas con la prevención ante el FEN y la inseguridad ciudadana. “Se han sacado proyectos nuevos cuando lo que corresponde es cerrar proyectos antiguos".

Asimismo, calificó de "burla" la respuesta del MEF al sugerir utilizar recursos destinados a otras iniciativas ya comprometidas, como la construcción de cinco puentes provinciales.

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Frente a este escenario de retraso y desatención ante la amenaza del Fenómeno El Niño y la criminalidad, la municipalidad ha tenido que reorientar presupuestos propios y coordinar con el sector privado que le ha permitido atender 14 cuencas adicionales, limpiar rejillas pluviales y descolmatar los drenes principales y el tramo urbano del río Piura.

Sobre el retraso en la prevención, el alcalde pidió mayor acción e compromiso por parte del Ejecutivo. "El gran responsable es el gobierno central, pero además tenemos que entender que si no se dan soluciones definitivas poco o nada vamos a hacer".

Aunque el Ministerio de Vivienda indicó que los proyectos podrían ser considerados en futuros créditos, la comuna mantendrá la denuncia pública, las acciones legales correspondientes y buscará financiamiento para lograr el cierre de las obras.

Fujimori suspende viaje

En medio de las críticas, ayer la presidenta Keiko Fujimori anunció que cancelará su viaje a España debido al aumento de las lluvias en la región norte del país, a raíz del Fenómeno El Niño.

La mandataria tenía previsto viajar al país europeo del 2 al 6 de noviembre.

Según el documento, la Organización Internacional de Empleadores (IOE) y la Confederación Sindical Internacional (ITUC) hicieron público ese apoyo el 30 de octubre, a dos semanas de la elección prevista para el 16 de noviembre. Como la OIT tiene una composición tripartita (gobiernos, empleadores y trabajadores), la Cancillería reconoce que esos respaldos implican la “virtual reelección” de Houngbo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que el Gobierno inició una “intensa campaña” de promoción de la candidatura a través de las misiones acreditadas en los países miembros del Consejo de Administración de la OIT y de las representaciones permanentes en Ginebra y Nueva York. Precisó que la postulación contaba con el respaldo de los principales gremios empresariales y sindicales del Perú.

La Cancillería sostuvo que González-Olaechea tomó su decisión “en aras” de un régimen internacional del trabajo que privilegie el consenso y respete la voluntad de los mandantes en el Consejo de Administración. Añadió que el Gobierno “comparte, respeta y aprecia” esa determinación.

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¿Quién es Gilbert Houngbo?

Houngbo, de Togo, fue elegido por el Consejo de Administración de la OIT como undécimo director general y primer africano en el cargo. La elección se realizó el 25 de marzo de 2022, cuando presidía el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). También fue primer ministro de Togo. Dirige la organización desde octubre de 2022.

Houngbo busca un segundo mandato (2027-2032). En una entrevista con EFE de septiembre, el togolés defendió su continuidad frente a las candidaturas de la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, y del propio González-Olaechea.

El parlamentario señaló que el Gobierno demandó celeridad a las cámaras para obtener la delegación de competencias, pero no ha emitido ninguna norma para frenar la delincuencia y ejecutar las obras de prevención frente al fenómeno climático.

"Diez días desde que se otorgaron facultades y tenemos cero decretos sobre seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. El Gobierno exigió rapidez y presionó indebidamente al Congreso, pero hasta ahora no logra demostrar que cuenta con propuestas concretas para atender estas urgencias. Mientras el crimen avanza y el tiempo para prevenir los daños de El Niño se acorta, ¡Ya no hay excusas!”

Las facultades aprobadas en el Congreso

El reclamo de Zunini surge a partir de las facultades que aprobó el pleno del Senado el pasado 21 de octubre con 35 votos a favor. Dos días antes, la Comisión de Constitución del Senado añadió siete nuevas materias al dictamen redactado por la Cámara de Diputados, con lo cual la propuesta final pasó de 20 a 27 puntos delegados al Ejecutivo.

De los siete temas incorporados en la revisión del Senado, seis correspondieron al área de seguridad ciudadana y uno a la gestión ante el fenómeno El Niño.

En seguridad, el texto aprobó la participación de las Fuerzas Armadas en la vigilancia externa de los penales sin asumir funciones penitenciarias. Se estableció mecanismos de vigilancia y un registro especial para personas que cumplieron condenas por sicariato, extorsión y crimen organizado, así como la precisión del Decreto Legislativo 1095 para autorizar la intervención militar en apoyo a la Policía cuando su capacidad operativa sea superada.

Las facultades también abarcaron la modificación de la Ley contra el Crimen Organizado para clasificar a bandas que usen explosivos o armas para generar temor sin cambiar la definición legal de terrorismo.

Se ajustó al Código Penal para fijar una presunción de legítima defensa a favor de quien se defienda; y la reforma del Decreto Legislativo 1141 para reforzar el trabajo de inteligencia entre la DINI y el sistema nacional.

En materia de prevención climática, se autorizó la simplificación de trámites administrativos para acelerar las obras del Plan Nacional de Infraestructura frente a El Niño.

La respuesta del Gobierno

Frente a las críticas por los plazos de emisión de los decretos, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, explicó que la redacción de cada norma requiere revisiones legales antes de ser publicadas.

"Ahora toca más bien hacer los decretos pasar por todo el circuito, tiene que pasar por todo el circuito del aparato del Ejecutivo por ejemplo mi caso, el caso de agricultura lo tenemos que aprobar en las direcciones, asesoría jurídica a PCM, viceministros (…)”, señaló vía Exitosa.

Asimismo, el titular del Midagri indicó que las propuestas requieren el visto bueno final del Gabinete y confirmó los plazos proyectados por el Ejecutivo para promulgar los primeros textos:

"(…) y de ahí pasa al Consejo de Ministros por eso el premier ha anunciado que mas o menos en las próximas 3 semanas ya estamos sacando los primeros decretos".

Cinco de los condenados recibieron 10 años de prisión y Pedro Chanel Pérez López 6 años. Sabino Rodrigo Valentín Rutti, suboficial de la base militar de Manta según las agraviadas, recibió la pena más alta: 12 años por violar a dos mujeres. La Corte mantuvo las penas pese a que el fiscal supremo había opinado elevarlas a 18 y 20 años. Cada condenado deberá pagar S/100 000 de reparación civil por cada agraviada, de forma solidaria con el Estado.

El tribunal sostuvo que los agresores eran agentes del Estado, miembros del Ejército Peruano, y que las víctimas eran población civil, un sector altamente vulnerable por su condición de mujeres. Añadió que las agresiones fueron un patrón repetido durante años. También rechazó la prescripción que planteó Valentín Rutti y, para sostener la imprescriptibilidad, inaplicó la Ley 32107 mediante control difuso.

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria discrepó. Sostuvo que, con esa ley y la sentencia 190/2025 del Tribunal Constitucional, los hechos de 1984, 1985, 1986 y 1993 no pueden perseguirse hoy como lesa humanidad. Planteó anular las condenas y archivar el caso.

Solo dos de los condenados han sido detenidos

Las penas se computarán cuando los condenados sean habidos. "Hasta la fecha solo dos de los condenados han sido detenidos", señaló Carlos Rivera, coordinador del Área de Defensa Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL). Según indicó, esas detenciones ocurrieron pocas semanas después de la sentencia de primera instancia.

La Corte anuló la condena de Epifanio Delfín Quiñones Loyola, ordenó un nuevo juicio ante otro colegiado y levantó las órdenes de captura en su contra. La resolución precisa que la única sindicación directa contra él es el relato de una de las agraviadas. Respecto a Raúl Ángel Pinto Ramos, dio por concluido el proceso porque murió. Dispuso además que el Ministerio de la Mujer, por medio de los Centros de Emergencia Mujer, brinde atención integral a las víctimas.

Rivera dijo que dentro de este proceso no ve que legalmente pueda presentarse otro pedido de prescripción, pero que los condenados podrían pedir que se les aplique la ley de amnistía. Indicó que habrá que esperar la sentencia que el Tribunal Constitucional anunció que emitirá muy pronto. Aun así, valoró la decisión de la mayoría: "es de mucho valor" que ratifique que estos crímenes son crímenes internacionales y que, por tanto, "se les debe interpretar bajo las reglas del derecho internacional".

El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) calificó la decisión como un logro histórico para las sobrevivientes, que esperaron más de cuarenta años. Sostuvo que llega en un contexto de avance de la impunidad y de amenazas de represalias contra jueces y juezas.

La senadora Nora Bonifaz celebró la decisión en X y la calificó como “un golpe a la impunidad”. Afirmó que “los crímenes de Estado no se olvidan, no se justifican y no pueden quedar impunes”. Reconoció además la valentía de las mujeres de Manta, que según escribió convirtió décadas de dolor y lucha en “un precedente histórico para el Perú”.

¿Qué es el caso Manta y Vilca?

El caso reúne las violaciones cometidas por militares contra adolescentes y mujeres campesinas y quechuahablantes de las comunidades de Manta y Vilca, en el norte de Huancavelica. Los hechos ocurrieron en torno a las bases contrasubversivas instaladas en la zona desde los años 80, frente a los ataques de Sendero Luminoso. Fue uno de los 47 casos emblemáticos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) elevó a la justicia.

El primer juicio se inició en 2016 contra 14 militares. En junio de 2024, la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó a diez a penas de entre 6 y 12 años.

El documento lleva la firma del ministro de Educación, José Antonio Chang, y establece que Vásquez Kunze asumirá el cargo desde el 31 de octubre. La resolución señala que la dirección se encontraba vacante y dispone su designación al frente de una institución que depende del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica.

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El cambio de director deja atrás la gestión de Gary Antonio Marroquín Mendoza, quien ocupó el puesto desde octubre de 2024. Su nombramiento estuvo acompañado por cuestionamientos luego de que se suspendiera la entrega del Premio Casa de la Literatura Peruana al historietista Juan Acevedo, reconocido por la creación de 'El Cuy'.

La Casa de la Literatura funciona en la antigua Estación de Desamparados, en el Centro Histórico de Lima. Desde ese espacio se organizan actividades para promover la lectura, difundir la obra de autores peruanos y acercar la literatura a estudiantes y al público en general.

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¿Quién es Ricardo Vásquez Kunze y cuál es su trayectoria política?

Ricardo Vásquez Kunze es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), periodista y analista político. Entre 2016 y 2019 estuvo al frente del Fondo Editorial del Congreso de la República. Antes, en 2011, trabajó como asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su experiencia también incluye la dirección del portal de análisis político Politico.pe.

En el ámbito político, postuló al Congreso por Fuerza Popular en las elecciones generales de 2016. En 2011, Vásquez Kunze expresó críticas al fujimorismo y manifestó que no votaría por Keiko Fujimori. Sin embargo, en los comicios extraordinarios de 2020 volvió a postular con dicho partido político.

Ninguna de las dos candidaturas le permitió acceder a una curul. En los últimos años desarrolló actividad como columnista del diario Expreso y del medio PBO, con publicaciones sobre política nacional y asuntos institucionales.

El reportaje mostró una comparación entre las firmas originales de la parlamentaria y la consignada en la declaración jurada que le permitió postular. El análisis identificó nueve diferencias en los trazos, bordes y curvas, por lo que concluyó que la firma es falsa. Consultada por el programa, la congresista señaló que esperará a ver hasta dónde avanza el proceso, sin explicar quién habría firmado el documento en su nombre.

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El reporte de la PNP presentado al Ministerio Público indicó que la declaración jurada que respaldó su postulación también presentaba una huella digital que no sería suya. Por ello, la congresista afronta una investigación fiscal por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo y delito contra la fe pública.

De acuerdo con el programa, las pesquisas comenzaron a finales de mayo de 2026 y se centran en el mencionado documento que formalizó su candidatura por San Martín. Hasta el momento, sigue sin esclarecerse quién habría estampado la huella dactilar en el documento, así como quién falsificó la firma.

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Cuestionamientos por trabajadora irregular

Además, Tapullima habría permitido que una ciudadana que no forma parte de la planilla del Congreso ni fue registrada como integrante de su equipo técnico trabajara en su despacho. Cuarto Poder reveló que la abogada Karolyn Bracamonte habría desempeñado funciones en la oficina de la congresista durante los últimos meses.

María Pinedo, extrabajadora del despacho de Tapullima, señaló que Bracamonte acudía a la oficina para brindar apoyo y aseguró que advirtió a la diputada que esta práctica no estaba permitida. Fuentes del programa dominical indicaron que la abogada realizaba estas labores con la promesa de obtener posteriormente un puesto en el sector público. De acuerdo con el reglamento del Congreso, no está permitido emplear a personas ad honorem.

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Bracamonte habría ingresado hasta en 27 ocasiones al despacho de la congresista, en jornadas de entre cuatro y diez horas. Según Cuarto Poder, estas visitas sumarían más de 100 horas de permanencia en la oficina parlamentaria. Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, señaló que estos hechos podrían configurar un delito contra la fe pública. "Se enmascararía una visita como si fuera solo eso cuando es una visita de trabajo", indicó al programa dominical.

Asimismo, Cuarto Poder presentó una serie de chats en los que Bracamonte coordinaba proyectos con sus interlocutores. Al respecto, Tapullima pidió al equipo periodístico que continuara investigando la presunta actividad ilícita. Por su parte, Bracamonte confirmó al programa que no trabaja en el despacho, reconoció la autenticidad de los chats y aseguró que su presencia en la oficina respondía únicamente a labores de asesoría hechas por amistad con la congresista.

Julio Mijichich, titular de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), confirmó que al menos el 30% de los bienes y equipos biomédicos asignados a los módulos figura como perdido, porque no se halló en las inspecciones de inventario. El funcionario anunció que la entidad iniciará acciones legales contra los responsables de su custodia.

Solo dos de los diez módulos atienden pacientes en la actualidad, uno en Cusco y otro en Nasca. Los ocho restantes están inutilizables, pese a que el país enfrenta la inminencia del Fenómeno El Niño y un brote de dengue.

Las unidades se usaron de forma temporal en la emergencia por la COVID-19, en 2020, y quedaron paralizadas de manera progresiva desde 2022. La falta de un plan de mantenimiento continuo terminó por convertir la inversión en chatarra.

Lima y Piura: corrosión, maderas y bolsas de plástico

En el Instituto Nacional de Salud (INS) de Chorrillos y en el centro de salud San Pedro, en Carabayllo, los módulos están a la intemperie sobre terrenos descampados. Las rampas hidráulicas, los elevadores para pacientes, los pisos y los ventiladores presentan corrosión severa. Para sostener las estructuras se colocaron maderas y ladrillos.

En Piura, los módulos del Hospital Santa Rosa II y del Hospital de Apoyo de Paita tienen estructuras oxidadas por la lluvia, techos deteriorados y ventanas cubiertas con plásticos y bolsas. Se usan como depósitos de chatarra o como estacionamiento para el personal.

Durante la proclamación, realizada el último viernes 30 de octubre, el JEE identificó que habría una afectación grave del Artículo 194 de la Constitución debido a que un alcalde no puede ser reelegido.

Precisaron que es competencia del nuevo consejo municipal y del Jurado Nacional de Elecciones el otorgar o no el estatus de alcalde a Aguilar Rojas.

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Presidente de JEE Huancayo: “Hemos dejado constancia de nuestro parecer jurídico”

Al término de la audiencia, el presidente del JEE de Huancayo, Luis Samaniego, explicó a la prensa que, siguiendo la normativa, se proclamó a Aguilar como primer regidor debido a que ese fue el cargo al que postuló.

Dejó claro, además, que la decisión final vendrá del JNE. “Todo eso ya va a estar a nivel del nuevo consejo, pero también del Jurado porque no basta que el consejo lo reconozca, en un caso hipotético como alcalde, sino que el JNE tendrá que reconocer ello”, anotó.

Al ser consultado sobre si se necesitará llamar a un accesitario para completar la lista de regidores, Samaniego consideró que eso es un “tema posterior” y que ya no responde a la competencia del JEE.

“Acá lo hemos proclamado como primer regidor porque así ha postulado y hemos dejado constancia de nuestro parecer jurídico que ya quedará en el ámbito de la competencia del nuevo consejo y del JNE resolver esta situación”, manifestó.

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Consejo Municipal Distrital de San Jerónimo de Túnan

Debido a esta situación, en el cuadro de conformación del Consejo Municipal Distrital de San Jerónimo de Tunán presentado por el JEE de Huancayo se observa el término “Renuncia” en el cargo de alcalde, correspondiente al partido Batalla Perú.

Los regidores, en orden del primero al quinto, son Stany Aguilar Rojas, Emma Aguirre Ramírez, Luis Chamorro Parejas, Camila Meza Camión y Celia Bendezú Sánchez. Todos pertenecen al partido Batalla Perú, excepto Bendezú Sánchez, quien integra Podemos Perú.

JNE ya había anunciado que la decisión recaería en los consejos municipales

A inicios de octubre, el coordinador del gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, en entrevista a Ojo Público, ya había anunciado que la decisión pasaría primero por los consejos municipales.

Según explicó, “el conducto regular” es que los Jurados Electorales Especiales proclamen a los candidatos ganadores conforme al cargo que han postulado. Luego, cuando estos asuman su función, notarán que no tienen alcalde y deberán aplicar la Ley Orgánica de Municipalidades para definir quién tomará la función.

Después, debido a que se necesita que el JNE entregue las credenciales, el Consejo Municipal deberá realizar un expediente llamado “candidato no proclamado” para solicitar las credenciales tanto para el que ocupará el puesto de alcalde como el que completará el número de regidores. “Allí es donde se puede resolver el tema de las credenciales”, dijo Valdivia al referido medio.

Otros casos excepcionales en Huancayo

Por otro lado, la proclamación del JEE Huancayo reportó otros dos casos excepcionales aparte de lo sucedido con Aguilar.

En el distrito de Quichuay, dos organizaciones políticas empataron en el segundo lugar en cuanto a regidores, por lo que el JEE, siguiendo los lineamientos del JNE, realizará el desempate mediante el lanzamiento de una moneda al aire. Este acto contará con la certificación de un notario público y se resolverá la próxima semana.

“El JNE ha emitido una directiva que, cuando existe tema de empates, ya sea de alcaldes o, en este caso, regidores, se realiza un sorteo. Se convoca a las partes y viene un notario público. Con una moneda de S/1 los candidatos eligen “cara” o “sello”, se lanza al aire y con el resultado se declara al ganador”, dijo.

Luego, en el distrito de Chacapampa, el candidato a la alcaldía por Podemos Perú quedó excluido del proceso electoral, por lo que el cargo tendría que ser asumido por el primer regidor.

“Se le entregarán las credenciales como primer regidor. ¿Qué es lo que compete? A través de su nuevo consejo, ellos tendrán que proclamar al primer regidor como alcalde y ese reconocimiento tiene que hacerse a nivel del JNE”, anotó.

En efecto, conforme a la mencionada ley, se estableció un plazo de 90 días para la adecuación de los reglamentos aprobados mediante los decretos supremos N° 013-2005-EM y N° 021-2007-EM, y así cumplir con los objetivos. Dieciocho meses después, el Ministerio de Energía y Minas, y, particularmente, la Dirección General de Hidrocarburos, tardan en cumplir con lo dispuesto.

En agosto de este año, en una carta dirigida al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, Perú Palmas, uno de los gremios más representativos de los agricultores de palma aceitera, advirtió sobre los efectos de la tardanza en la adecuación de los reglamentos que permitirán el incremento de la producción de biodiesel en el país.

"La ausencia de los reglamentos actualizados mantiene incertidumbre respecto de las condiciones bajo las cuales se desarrollará el mercado nacional de biocombustibles y posterga decisiones de inversión tanto agrícolas como industriales", señaló la organización al ministro Shinno.

Más de ocho mil familias de las regiones de Ucayali, San Martín, Loreto y Huánuco se dedican a la palma aceitera en el Perú y generan más de 70.000 empleos entre directos e indirectos.

"La demora en adoptar las decisiones regulatorias favorece la continuidad de las elevadas importaciones de biodiesel", se precisa en la misiva.

En 2021, se importaron 202 mil 247 toneladas de biodiésel, y en 2025, llegó a 237 mil 748 toneladas. El Perú consume aproximadamente 378 mil 959 toneladas métricas de biodiésel al año. Cuando empezó el negocio en 2008, el consumo nacional apenas llegaba a siete mil 478 TM.

El 24 de septiembre, la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas Pino, sostuvo una reunión con el gremio de los productores de palma para evaluar los avances de la reglamentación de la Ley N° 32276.

Los productores de palma no salieron muy convencidos del encuentro.

En una carta a la viceministra de Hidrocarburos, resaltan que la autoridad se ha concentrado solamente en los cambios referidos a la definición, políticas generales y el uso de biocombustibles, "excluyendo de dicha reglamentación el incremento de las mezclas para ser tratado posteriormente de manera independiente".

Empero, la Ley 32276 ordena al Poder Ejecutivo actualizar los decretos supremos N° 013-2005-EM y N° 021-2007-EM. La norma no indica, como señaló en la reunión la viceministra Cárdenas, que el Ministerio de Desarrollo Agrario se encarga de la actualización del reglamento de promoción de los biocombustibles y que el Ministerio de Energía y Minas es el responsable de la actualización del reglamento de comercialización.

Lo que se plantea es incrementar la mezcla de biodiésel con diésel, pasando del 5% al 7,5%.

Desde 2013 hasta la actualidad, el mercado nacional de biodiésel es afectado por el ingreso de biodiésel mezclado con diésel (DB5) desde los Estados Unidos. De esta forma se evaden los derechos antidumping y compensatorios impuestos, señalaron en la comunicación escrita.

En noviembre estará listo el reglamento

• La República consultó al MEM, entidad que respondió indicando que el reglamento se encuentra en revisión de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV), en etapa de revisión multisectorial, previa a la publicación de la norma.
• También mencionó que en el reglamento se regulan estrictamente los cambios incorporados mediante la Ley N° 32276. El reglamento se publicará en noviembre, indicó el MEM.

De acuerdo con los testimonios de los agraviados, Araníbar ofrecía puestos de trabajo con sueldos que oscilaban entre S/5.000 y S/10.000. "Llámame urgente, mano, para que te puedas registrar. Hay una Cámara de Diputados donde está Harvey Colchado", se escucha decir al acusado a uno de los agraviados en un audio difundido por el programa dominical.

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"La asistenta de Harvey Colchado me había citado. Eso es falso (las acusaciones de estafa), yo no he pedido dinero. Esas dos mujeres que demuestren que he recibido dinero", sostuvo Araníbar tras ser detenido. Asimismo, reconoció que hace varios años ya había sido denunciado por estafa.

Una de las agraviadas indicó que Araníbar le aseguró que, a cambio de una suma de dinero, podía presentarla ante el diputado de Ahora Nación para facilitarle el acceso a un puesto de trabajo en el Congreso. El presunto estafador también afirmaba mantener una relación de confianza de varios años con Colchado, que se remontaría a la infancia de ambos. Además, mostraba un supuesto contrato de locación de servicios en el que figuraban remuneraciones por S/5.000.

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Altos pagos

Otro de los denunciantes señaló a 'Punto Final' que entregó cerca de S/15.000 a través de billeteras digitales. El dinero era depositado en una cuenta bancaria a nombre de la hermana de Araníbar, quien también viene siendo investigada por la justicia y asegura ser inocente.

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Por su parte, Harvey Colchado aseguró que no conoce al hombre y advirtió que nadie debe pagar para conseguir un puesto de trabajo en el Estado.

"No tengo ningún vínculo con él. Viene estafando y tomando mi nombre. Se aprovecha de la necesidad laboral de muchos ciudadanos. (…) No se paga para trabajar en el Congreso ni en ninguna instancia pública. Muchas veces, los políticos se toman fotos con ciudadanos y las personas utilizan esas imágenes para afirmar que tienen contacto con el funcionario. No se dejen engañar por ello", manifestó.

La nueva modalidad de tráfico está activa sobre todo en Madre de Dios, Ucayali y Loreto, según los estudiosos consultados por La República. La ruta parte desde Bolivia (el metal llega procedente de México) y cruza por caminos terrestres hacia Juliaca y Desagüadero.

El elemento químico termina en los centros ilegales de extracción de oro,  como La Pampa, Callería y Nanay, respectivamente. En estos lugares el mercurio es comercializado de manera clandestina como el insumo clave para la extracción aurífera.

Fuentes de la Dirección de Medio Ambiente sostienen que el mercurio se vende al menudeo en montos que van desde los S/150 por frascos pequeños de 50 gramos (unos US$40), hasta aproximadamente S/950 o S/1.000 soles por un kilogramo.

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Aunque el contrabando diario se hace en botellas pequeñas, las redes de tráfico también introducen cargamentos mayores camuflados entre otros productos.

Este flujo constante no solo alimenta la destrucción de la Amazonía por la minería aurífera ilegal. También eleva de manera alarmante los niveles de contaminación por metales pesados en las comunidades indígenas y en los ríos, superando con creces los límites indicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El viernes 23 de octubre de este año, tres hombres fueron intervenidos por la Policía en Pucallpa (Ucayali), en un operativo contra el tráfico ilegal de mercurio destinado a la minería ilegal. Los intervenidos fueron identificados como Lizardo Satalaya Noriega (53), 'Burro'; Marvin Rengifo López (35), 'Matvi'; y Charly Linares Córdova (27),  'Cumpa'.

De acuerdo con el reporte policial, se incautaron 7 kilos de mercurio, S/5.290 en efectivo, tres celulares y un automóvil Toyota con placa VCE-297. La policía señala que el insumo fue trasladado desde Puerto Inca,  la zona selvática de Huánuco, hacia Pucallpa.

En otro caso de este año, el 22 de mayo, Julio Gatica, detenido en los alrededores de Puerto Moronacocha, en Iquitos, admitió haber trasladado mercurio destinado a abastecer la minería ilegal en la cuenca del Alto Nanay. Llevaba los frascos repletos de mercurio camuflados en un botiquín.

El Poder Judicial le impuso a Julio Gatica cinco años de prisión, suspendida por tres años, además del pago de S/10.000 de reparación civil. Las pericias confirmaron que se trataba de mercurio metálico, una sustancia altamente tóxica utilizada en la extracción ilegal de oro, responsable de contaminar ríos, peces y ecosistemas de la Amazonía, poniendo en riesgo la salud de miles de personas.

Un negocio criminal

Pero la sorpresa mayor ocurrió en julio cuando la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat) incautó 2,5 toneladas de mercurio líquido valorizado en más de US$4 millones. Estaba camuflado en 480 baterías para vehículos.

El cargamento provenía de un puerto de Centroamérica e ingresó al país oculto dentro de dos contenedores consignados a una empresa importadora registrada en el Perú. La Sunat activó un exhaustivo seguimiento de trazabilidad, lo que permitió detectar este caso, encendiendo las alertas sobre los contenedores sospechosos antes de su nacionalización.

Para producir una tonelada de oro ilegal se necesitan dos toneladas y media de mercurio. En 2025 se exportó desde Perú más de 104 toneladas de oro ilícito, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). ¿Cuánto de ese metal altamente tóxico que puede dañar gravemente la salud humana y el medio ambiente se utilizó?

 “México es uno de los pocos lugares en el mundo que continúa produciendo mercurio. Desde las minas empezamos a seguir la cadena de suministro, el transporte, el tráfico de México a Bolivia, Colombia, y Perú, y el uso en estos países”, explicó a DW la directora en el Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), Julia Urrunaga.

Las mafias camuflan el mercurio para abastecer la minería ilegal que contamina ríos y enferma a miles de personas. ¿Cuántos cargamentos pasan desapercibidos?

Fuentes de la Policía Nacional del Perú admitieron a La República que la expansión de las estructuras delictivas que existen en La Pampa, en Nanay y en otras regiones de la Amazonía, ha sumado un nuevo frente transfronterizo. Informes de inteligencia reportan que emisarios de bandas criminales han incursionado en el tráfico de mercurio, abasteciendo zonas de minería irregular con el metal tóxico mediante cargamentos ocultos que cruzan los pasos terrestres.

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Para sortear las revisiones en carretera, el material es introducido por las 'mulas' en recipientes presentados como tanques de oxígeno de uso médico, extintores de fuego o baterías para vehículos. Sin embargo, muchos por intentar mejorar sus ingresos, se arriesgan a transportar 7, 10 o 15 frascos de mercurio en sus mochilas o maletas de viaje.

El impacto letal

La minería ilegal sigue expandiéndose en la Amazonía peruana y ahora amenaza zonas cercanas a Pucallpa. Un monitoreo satelital de la plataforma RAMI (Radar Mining Monitoring o Monitoreo de Minería Aurífera con Radar), detectó más de 11 hectáreas de bosque devastadas por actividades mineras ilegales en el distrito de Callería, Ucayali.

 Las imágenes muestran que esta economía criminal ya no solo opera en lugares como Aguaytía, Abujao o Nueva Italia, sino también en territorios próximos a comunidades nativas y áreas sensibles de la región.

La coordinadora del Programa Mercurio, del Centro de Innovación Científica Amazónica CINCIA, Claudia Vega Ruiz, explicó que el uso del mercurio en la minería ilegal se manifiesta sobre la alimentación, la salud y la educación de las comunidades nativas de Madre de Dios.

“En la minería ilegal el mercurio se usa sin precaución y tiene una repercusión en la seguridad alimentaria. En el 2013 se vio que el 80% tenía niveles de mercurio arriba de lo recomendado. Las comunidades indígenas fueron las más afectadas”, subrayó Vega.

"Estamos exigiendo dinero para proyectos con convenio firmado con los sectores, que los obliga a garantizar la transferencia de recursos. No pedimos nada que hayamos lanzado por fuera del marco presupuestal. Son obras avanzadas: al principio, se fue inyectando el dinero poco a poco hasta que, de un momento a otro, dejó de inyectarse y los proyectos comenzaron a caerse. Nos va a tocar que la Procuraduría General de la Municipalidad de Piura presente las denuncias contra los sectores que han suscrito convenios para créditos y que finalmente los han desfinanciado. Eso es lo que corresponde en el ámbito formal y legal", señaló el alcalde en entrevista con este diario.

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De acuerdo con el testimonio de Cevallos, la presidenta se había comprometido a ayudar a destrabar cinco de los seis proyectos identificados en la región, algo que también señaló en apariciones públicas. Posteriormente, el primer ministro Luis Galarreta anunció que se priorizarían solo cinco. Finalmente, ninguno fue considerado.

"Lo único que esperamos es que el Gobierno destine no más de 20 millones de soles para cerrar estos tres proyectos que, repito, van a beneficiar más a la presidenta que a nosotros, porque ella vendrá a inaugurarlos a menos de seis meses de iniciar su gestión. Yo estoy a dos meses de irme; no tengo mayor interés político en esto. Lo que tengo es la responsabilidad de cerrar proyectos en los que los contratistas han avanzado, más allá de las transferencias que les hemos dado", señaló Cevallos.

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Pérdidas por el Fenómeno El Niño

Se proyecta que el Fenómeno El Niño tendrá graves consecuencias en el norte del país. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las lluvias intensas seguirán afectando la zona durante los primeros días de noviembre, con acumulados que en ciertas localidades podrían superar los 100 milímetros por evento. El alcalde de Piura señaló que los estragos causados por esta emergencia climática repercutirán en la situación económica del norte.

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"Este viernes estimamos unas pérdidas de 15.000 millones de soles por el Fenómeno El Niño. Ni siquiera somos capaces de invertir 20 millones de soles que permitirían entregar tres obras importantes a la ciudad", señaló.

Cevallos criticó la excesiva dependencia del Gobierno central en la toma de decisiones para la gestión de la región: "Si Piura se inunda, todos tendremos responsabilidad: las autoridades salientes, las entrantes y las gestiones pasadas. Lo que tenemos que entender los peruanos es que el principal enemigo de Piura y de su desarrollo, como de cualquier otra región, es el centralismo".

La denuncia fue interpuesta por el alcalde provisional de SJL, Víctor Zelada. Según señala, Piñán “utilizó su investidura y plataformas de difusión masiva (transmisiones en vivo en redes sociales)” para propagar cuestionamientos falsos contra la municipalidad y atribuirle, como parte de ello, presuntos delitos de corrupción de funcionarios e infracción a la neutralidad electoral.

Hechos

En la denuncia y la ampliación de la misma, la Municipalidad señala tres hechos para sustentar su pedido.

El primero sucedió el último 16 de septiembre cuando “el diputado interceptó a un vehículo de fiscalización que ejecutaba el retiro forzoso de un panel electoral no autorizado en la Alameda Malecón Checa” y en una transmisión en vivo señaló que estaban “utilizando la camioneta del Estado para llevar paneles publicitarios del partido del señor Jesús Maldonado”, se lee en el documento.

Zelada precisó que el personal de fiscalización presente en ese momento explicó al diputado que no estaban colocando ninguna propagan electoral, sino retirándola y que, incluso, se trataba de propaganda colocada por terceros.

La comuna emitió un comunicado ese mismo día en sus redes sociales indicando que los videos institucionales muestran que el panel fue instalado por un vehículo particular ajeno a la municipalidad y que posteriormente fue personal municipal el que lo retiró legalmente. Por ello, exigieron que Piñán se rectifique.

En respuesta el diputados envió un oficio a Jesús Maldonado solicitando que se le envíe las pruebas documentarias que certifiquen que el personal municipal no colocó propaganda política. “La transparencia no puede limitarse a un comunicado de prensa. Los hechos deben demostrarse con documentos, videos, actas y responsables identificados”, se lee en el oficio en el que resaltó que todo ello se realiza acorde a su función de control político y fiscalización parlamentaria.

Después de ello, el 22 de septiembre, aconteció el segundo hecho señalado por la comuna. Según el oficio, el congresista se presentó en un predio descampado de Urb. Inca Manco Cápac y aseguró, en su transmisión en vivo en redes sociales, que Maldonado buscaba “sacar provecho” de ese espacio.

Al respecto, Zelada precisó que dicho predio es de dominio público y que se ejecutará un complejo recreativo - deportivo municipal para todos los vecinos. “El congresista jamás cursó oficio pidiendo información sobre la titularidad del inmueble; prefirió mentir y azuzar el conflicto vecinal en campaña”, indican.

Finalmente el tercer hecho, explica el alcalde provisional, se desarrolló el 23 de septiembre. Ese día, manifiesta, el congresista realizó una inspección a la obra de mantenimiento de la Av. Fernando Wiesse convocando al Órgano de Control Institucional (OCI). Con una cinta métrica midió el borde expuesto de la pista junto a la berma de tierra y aseguró que la obra no cumplía con las especificaciones técnicas.

Sobre esto, citando documentación de la obra, indicaron que sí se está cumpliendo con los requisitos. “El servicio contempla calzadas principales de 4 pulgadas de espesor y vías auxiliares de 2 pulgadas. El congresista midió una vía auxiliar y exigió públicamente los parámetros de la vía principal, falseando las condiciones del contrato. (…) El espesor no se determina con una huincha”, se lee en el oficio.

Municipalidad de SJL señala que Piñán vulneró el código de ética parlamentaria

En los tres intervenciones, indican, el congresista no usó “el tiempo condicional ni formuló preguntas o dudas”. “En todos los casos afirmó el hecho ilícito como verdad consumada “utilizan recursos del Estado para su campaña”, “sacó provecho del terreno”, “no cumple el expediente”), se lee.

Por esto, señalan a Piñán de la vulneración a los principios de honradez, veracidad, responsabilidad y respeto al ordenamiento jurídico, utilizando la investidura congresal. Además resaltaron que “la prerrogativa de fiscalización no ampara la atribución dolosa de delitos sin verificación”.

Víctor Piñán sobre la denuncia disciplinaria: "Me tiene sin cuidado"

En diálogo con La República, el diputado Piñán negó haber difamado y aseguró que todo ocurrió en el marco legal de su función fiscalizadora.

“Yo estoy haciendo una fiscalización a la institución, que es a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Ellos me enviaron un documento pidiendo que me rectifique, cosa que no hice porque yo estoy cumpliendo mi deber constitucional, que es el de fiscalizar y de hacer control político. Yo en ningún momento me refiero a él (Jesús Maldonado) personalmente”, declaró.

En ese sentido, expresó que la denuncia en la Comisión de Ética lo tiene “sin cuidado”, pues ya se ha asesorado con varios especialistas, quienes le han indicado que no ha cometido ningún delito o irregularidad. “Me tiene sin cuidado esta denuncia en la Comisión de Ética. Imagínense si a mí me me denuncian por difamación, por haber tratado de cumplir con mis funciones, podría pasarle eso a cualquier persona”, dijo.

Además, resaltó que él cuenta con inmunidad parlamentaria: “Primero se me tiene que levantar el fuero y además que me protegen porque yo no estoy haciendo absolutamente nada que vaya contra el marco constitucional”.

La medida oficializada a través de la Resolución Suprema n.º 309-2026-PCM establece que, en la estadía del canciller en Rusia, “resulta necesario que se realicen gestiones de alto nivel ante las autoridades de la Federación de Rusia para brindarles asistencia, así como proporcionar información oportuna a sus familiares”.

Asimismo, entre las actividades asignadas a Espá figura sostener reuniones de trabajo con autoridades nacionales y representantes de entidades internacionales, además de realizar coordinaciones presenciales con la Embajada del Perú en Rusia, entre otras gestiones, del 7 al 9 de noviembre.

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Espá viajará a Rusia luego de su visita a Lisboa y Carcavelos (Portugal) y a Madrid (España) del 1 al 6 de noviembre.

En lo que dure el viaje al extranjero, el despacho de Relaciones Exteriores estará a cargo del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamani, hasta el 6 de noviembre y, posteriormente, lo dirigirá el primer ministro Luis Galarreta. La decisión cuenta con el respaldo de la presidenta Keiko Fujimori, Galarreta y el mismo Espá.

Viaje de Espá a España, Portugal y Rusia costará más de US$10.000

El viaje de Espá tendrá un costo total de US$11.021,94. De este monto, la Cancillería desembolsará US$7.241,94 en pasajes aéreos y US$3.780 en viáticos.

De acuerdo con el detalle presupuestal, bajo el concepto de viáticos parciales 50% – República Portuguesa y Reino de España, se destinarán US$270 diarios durante cuatro días, lo que representa un total de US$1.080. El mismo monto se asignará a gastos de instalación y traslado.

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Por otro lado, los viáticos correspondientes a su estadía en Rusia ascenderán a US$540 por cada tres días, con un desembolso total de US$1.620.

"El Comando FEN ha reportado un fuerte incremento de las lluvias en la zona norte del país a partir de esta noche. Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia. El ministro de Defensa se dirige esta tarde a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia. Ante esta situación, he decidido no asistir a la Cumbre de Jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia", señaló en su cuenta de X.

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Fujimori viene de realizar un viaje a El Salvador, donde se reunió con el mandatario centroamericano Nayib Bukele. La visita tenía como objetivo observar las reformas en temas penitenciarios y de seguridad adoptadas por esta nación.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las precipitaciones intensas persistirán en el norte del Perú durante los primeros días de noviembre y podrían superar los 100 milímetros por episodio en algunas zonas de la costa y sierra. Las regiones de Tumbes y Piura serían las más afectadas por estas lluvias.

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