Solo el gremio de transporte —carga pesada, transporte fluvial y algunos mototaxistas— levantó la medida tras la firma del acta. El Frente de Defensa de los Intereses de Ucayali (FREDEU) y el resto de organizaciones sociales rechazaron el acuerdo. Señalaron que no fueron tomados en cuenta en los términos finales, pese a haber participado en la reunión de la noche anterior.

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El gobernador regional, Manuel Gambini, a quien se le atribuyen vínculos con el fujimorismo, sostuvo que la huelga ya había sido levantada de forma oficial. Bajo esa premisa, afirmó que la Policía Nacional tenía la potestad de dispersar a quienes continuaran con los bloqueos. La postura del gobernador convirtió un conflicto social en un problema de orden público, justo en momentos en que una parte de la población seguía en las calles por demandas que consideraba ignoradas.

Mientras los gremios que rechazaron el acuerdo se concentraban en Pucallpa, la población de Campo Verde mantuvo bloqueada la vía. Sus reclamos —hospital paralizado, agua potable pendiente, predios sin saneamiento— no figuraban en el arreglo alcanzado con el Gobierno. Fue en ese punto donde se produjo el enfrentamiento con la Policía que dejó un saldo de alrededor de 38 heridos, entre civiles y efectivos policiales, además de un patrullero del Escuadrón de Emergencia incendiado.

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Lo que revela el acta de la Defensoría del Pueblo sobre las demandas de Ucayali

El 12 de agosto, un día antes de la reunión decisiva con el Gobierno, la Oficina Defensorial de Ucayali ya había reunido a representantes del Frente de Defensa, gremios de transporte y organizaciones de salud y educación. En ese primer encuentro, la plataforma de lucha original constaba de 11 puntos. El objetivo fue ordenar esas demandas y trasladarlas a las entidades competentes. Un día después, en la mesa de diálogo del 13 de agosto, el pliego se amplió a 15 puntos, con precisiones y nuevas demandas de cada sector.

El sector transporte puso en la mesa un dato técnico que preocupa a la población: el combustible que circula en la región tendría 3,030 partículas de azufre por millón. La norma permite solo 50. Los transportistas advirtieron que ese nivel de contaminación daña sus unidades vehiculares y afecta la salud de los usuarios. Por eso pidieron un decreto supremo que declare la región en emergencia.

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Campo Verde presentó uno de los reclamos más duros del acta. El hospital del distrito lleva años sin funcionar pese a una inversión de S/ 36 millones en infraestructura y S/ 18 millones en equipamiento médico. Parte de ese equipo ya se deterioró por el tiempo transcurrido sin uso. A eso se suma un proyecto de agua potable que, según los representantes, está ejecutado desde hace una década pero nunca fue entregado. Sectores de la población recolectan agua de lluvia porque no tienen otra opción.

El acta también recoge un problema que golpea la vida diaria de miles de familias: más del 85% de los predios rurales de Campo Verde no cuenta con documentación que acredite su situación legal. Esa falta de saneamiento físico-legal no solo genera inseguridad para los propietarios. También bloquea la ejecución de obras públicas en salud y educación, porque el Estado no puede invertir en terrenos sin título.

En educación, los representantes denunciaron presuntos actos de corrupción en la UGEL Coronel Portillo y pidieron evaluar la permanencia de la directora. Mencionaron además el caso de la Universidad Nacional de Ucayali, que en ese momento acumulaba más de 78 días de protesta interna. La comunidad universitaria exige la destitución del rector y del vicerrector académico, pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

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El enfrentamiento en Campo Verde deja 38 heridos y un patrullero incendiado

El bloqueo en Campo Verde no cedió pese al anuncio del fin del paro. La población de ese distrito mantuvo la vía tomada porque ninguna de sus demandas —hospital, agua potable, saneamiento de predios— quedó resuelta en el acuerdo firmado por el gobernador con los gremios de transporte. Esa resistencia se topó con la decisión de la Policía Nacional de despejar la carretera, bajo el argumento de que la huelga ya había sido levantada oficialmente.

El choque entre manifestantes y agentes dejó un saldo de alrededor de 38 heridos, entre civiles y policías. Un patrullero perteneciente al Escuadrón de Emergencia terminó incendiado durante los disturbios. La Defensoría del Pueblo hizo seguimiento paralelo a la situación de las personas intervenidas: reportó, en un primer momento, 11 personas trasladadas a la Dirincri de Pucallpa, cifra que horas después actualizó a 13 detenidos, entre ellos un menor de edad.

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La institución tomó contacto con la jefa de la Micro Red de Salud de Campo Verde, Liz García, y con el jefe de la comisaría del distrito, para conocer el estado de los heridos y el avance de las diligencias. Familiares de los detenidos exigieron garantías para el respeto del debido procedimiento. La Defensoría anunció que continuará supervisando la intervención policial y las condiciones de las personas detenidas.

El episodio expone la fractura de fondo del conflicto: un acuerdo firmado con un solo sector no bastó para apagar una protesta que nació con demandas mucho más amplias. Mientras el Gobierno regional daba por resuelto el paro, una parte de la población seguía exigiendo respuestas que nunca llegaron a la mesa de negociación.

La parlamentaria justificó su pedido en los "evidentes problemas logísticos" que, según ella, vienen afectando el ejercicio de la labor parlamentaria en la nueva sede bicameral. Invocó su función de fiscalización y el derecho de acceso a la información que le corresponde como legisladora.

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El oficio no se queda en generalidades. Vásquez pide el monto total de recursos asignados a la Unidad Ejecutora Senado, con el desglose entre presupuesto de apertura y presupuesto modificado. También solicita la fuente de financiamiento, la genérica y específica de gasto, y los montos certificados, comprometidos, devengados y pagados.

Pide, además, el saldo presupuestal disponible y un listado completo de los inmuebles usados por el Senado, con su condición jurídica, el número de oficinas habilitadas y el costo de cada adecuación.

El reclamo llega después de que la propia senadora expusiera públicamente las condiciones de su despacho. No es un pedido aislado: se suma a las quejas de otras bancadas sobre el reparto de espacios en la nueva sede del Congreso. Ese es el trasfondo que explica el tono del oficio y que desarrollamos a continuación.

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Oficinas sin baño, techos con moho y despachos vacíos sin asignar

La denuncia de Vásquez sobre su propio despacho antecede al oficio y ayuda a explicar por qué lo envió. La senadora reveló que su oficina funciona en una azotea del edificio del Congreso, una zona que, según contó, había sido declarada inhabitable durante el periodo en que ella presidió el Parlamento. El espacio fue acondicionado con paneles de drywall y tiene tres ambientes reducidos.

Uno de esos ambientes debe albergar a todo el personal de su despacho, pero el tamaño no alcanza para el equipo completo. Otro funciona como sala de reuniones. El tercero, el despacho principal, está pegado a una pared antigua con presencia de moho. Ninguno de los tres cuenta con baño propio: para llegar al servicio higiénico más cercano, el personal debe cruzar un patio y recorrer varios pasadizos alrededor del edificio.

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Vásquez cuestionó además la explicación que recibió de la Oficialía Mayor. Forno le dijo que el edificio principal, ubicado en la avenida Abancay, solo tenía capacidad para doce despachos, un número insuficiente para los senadores que debían instalarse ahí. Sin embargo, cuando la propia senadora recorrió las instalaciones, encontró varios despachos vacíos. Al plantear la contradicción a Forno, la respuesta fue que la disponibilidad de un espacio no garantiza su asignación.

El problema no es exclusivo del Senado. Distintas bancadas de oposición en la Cámara de Diputados denunciaron también oficinas mal acondicionadas en un edificio nuevo de la avenida Abancay con jirón Junín. Cada despacho cuenta con apenas 60 metros cuadrados para albergar a un diputado y siete trabajadores.

Durante la reunión se coordinaron operaciones de control territorial, recuperación de espacios públicos y prevención de delitos. También articularon el despliegue de las unidades policiales en todas las regiones del país.

Algunos interpretaron la reunión del alto mando policial como señal política o estratégica dentro del contexto de la seguridad ciudadana y la relación con el Poder Ejecutivo. Otros la consideraron como respaldo a presuntas tensiones entre las directrices del Gobierno y la cúpula policial.

En la víspera, la mandataria manifestó que la continuidad de Arriola en el cargo está relacionada con el trabajo coordinado con el Ministerio del Interior, César Astudillo, y con el cumplimiento de los objetivos trazados en materia de seguridad ciudadana.

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“Esa decisión no va a depender solamente de mí, sino también del Ministerio del Interior con el que estamos en constante comunicación”, declaró Fujimori.

La reunión de coordinación con el comando operativo a nivel nacional para fortalecer la respuesta policial frente a la delincuencia fue liderada esta mañana por el mismo comandante general y participaron integrantes del alto mando institucional como el teniente general PNP Fredy López Mendoza, jefe del Estado Mayor General; y el teniente general PNP Augusto Javier Ríos Tiravanti, inspector general.

También el teniente general PNP Luis Jesús Flores Solís, jefe del Comando de Operaciones Policiales; y el teniente general PNP Manuel Elías Lozada Morales, Director Nacional de Investigación Criminal; entre otros generales.

A través de sus cuentas oficiales, la PNP señaló que “cada decisión tomada en esta sala (Sala de Crisis de la Comandancia General) tiene un propósito que va más allá de un mapa o una estrategia: que nuestros ciudadanos puedan caminar por sus calles, regresar a casa y encontrarse nuevamente con sus familias con mayor tranquilidad”.

La reunión generó una serie de críticas y comentarios como “por dignidad renuncie”, “lo que se necesita son resultados reales”, “la limpieza, el orden y la seguridad empieza por casa”, etc.

Horas antes, delincuentes armados habían atacado un vehículo de servicio interprovincial de la empresa Z Buss en la Panamericana Norte.

No obstante, en su cuenta de Facebook, escribieron “la Policía Nacional de todos los peruanos mantiene firme su compromiso de trabajar día y noche, anticipándose al delito, fortaleciendo la presencia policial y llevando seguridad allí donde la ciudadanía más la necesita”.

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Los usuarios siguieron arreciando con sus comentarios: “se siguen burlando de los peruanos”, “como se ríen del pueblo”, “adiós Arriola”, entre otras frases.

La reunión del alto mando se dio justo luego de que la jefa de Estado vinculara la permanencia de la actual conducción policial con el cumplimiento de objetivos operativos y con la capacidad de las fuerzas del orden para producir resultados concretos contra la delincuencia.

Fujimori afirmó que el Ejecutivo continuará respaldando a las unidades policiales que destaquen por sus acciones contra la delincuencia, con la expectativa de que estos esfuerzos contribuyan a mejorar los resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Asimismo, destacó la necesidad de brindar respaldo público a las comisarías y al personal policial que trabaja en primera línea, con el objetivo de fortalecer la moral institucional frente a la criminalidad.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

En la mesa directiva lo acompañan la diputada Jessica Pérez Quispe de Juntos por el Perú como vicepresidenta y Harvey Colchado Huamaní de Ahora Nación como secretario. Los parlamentarios sesionarán los lunes a las 4.00 p. m.

En su discurso, el titular del grupo de trabajo señaló que la denuncia sobre el caso del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, será el primer tema en la agenda.

"Es el primer caso que vamos a ver, ya está presentada formalmente esa denuncia. Vamos a pasar a lo que es la etapa de la investigación", indicó el parlamentario.

Ante las consultas sobre la transparencia en las investigaciones, Albañil reiteró que actuarían con neutralidad al abordar los temas. "Por supuesto, la imparcialidad va a ser nuestro trabajo como Comisión de Ética. No va a haber ningún blindaje de ningún caso, respetando siempre lo que siga el Reglamento del Congreso y de la Cámara de Diputados".

Julián Pérez Mallqui rechaza los cargos

Tras ser denunciado por su expareja, Laura Bonilla Valerio, por presunta agresión física y psicológica en una comisaría del distrito de San Miguel, el diputado Julián Pérez Mallqui rechazó las imputaciones y actualmente se encuentra enfrentando el proceso en libertad.

"Rechazo profundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría", indicó el diputado tras salir de la comisaría. Además, durante una entrevista vía RPP, señaló que la denuncia se originó por un "tema de cólera" y volvió a negar haberla agredido. "Yo rechazo tajantemente la agresión física hacia la mujer", manifestó.

Se recuerda también que a raíz de la denuncia de la expareja de Pérez Mallqui, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, integrante de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal ante el Congreso por faltas éticas. El documento solicita la suspensión del ejercicio del cargo y el descuento de haberes por 120 días.

Asimismo, Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, señaló que desde su propia bancada ya se ha solicitado la suspensión del legislador a la espera de que el caso sea visto formalmente por la Comisión de Ética.

La comisión tendría un integrante por cada bancada del Congreso. El texto de la moción exige respetar los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en su conformación. Su periodo de funciones cubriría el año legislativo 2026-2027, contado desde el momento de su instalación. La moción aún debe pasar por el pleno de la Cámara de Diputados antes de convertirse en comisión formal.

La diputada Jaqueline Tapullima, de la región San Martín, respaldó la iniciativa y mencionó el caso de Quinto Inuma Alvarado, líder indígena asesinado en 2023. Según Tapullima, hubo amenazas y alertas previas al crimen que el Estado no atendió. La parlamentaria calificó la comisión como "un paso esencial para otorgar justicia" a las comunidades afectadas por este tipo de violencia en su región.

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¿Qué investigará la comisión y con qué herramientas?

Avendaño explicó a La República que las responsabilidades que busca establecer la comisión investigadora recaen en general sobre el Estado, porque distintas entidades tienen competencia en la protección de defensores ambientales. La diputada citó como antecedente el Decreto Supremo 004-2021-JUS, la norma del Ministerio de Justicia que creó un mecanismo de protección para este grupo, tras la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso anterior.

La lista de víctimas que abordará la comisión todavía no está cerrada. Avendaño señaló que el grupo de trabajo irá construyendo esa relación durante la investigación. Además del caso de Quinto Inuma Alvarado, la parlamentaria mencionó los asesinatos de defensores del territorio ashaninka como parte de los hechos que la comisión debe revisar.

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La parlamentaria aseguró que la participación de comunidades y familiares de víctimas estará garantizada por la composición regional de su bancada. Juntos por el Perú tiene representación mayoritaria de las regiones del país, según Avendaño, lo que la bancada usará como canal directo con organizaciones sociales y con los afectados por estos casos, en lugar de limitar el proceso a expertos o funcionarios en Lima.

Sobre las facultades del grupo de trabajo, la diputada precisó que una comisión investigadora puede citar tanto a funcionarios públicos y servidores del Estado como a entidades privadas. El objetivo, dijo, es reunir información sobre las acciones que tomaron las autoridades ante los conflictos territoriales que terminaron en violencia contra defensores ambientales.

Avendaño indicó que ya sostuvo conversaciones con otras bancadas de oposición y que existe coincidencia sobre la necesidad de mecanismos de protección para estas comunidades. La moción se presentó la semana pasada, según precisó, y su bancada espera respaldo cuando el texto llegue al pleno. La parlamentaria no detalló si hubo acercamientos con Fuerza Popular, bancada con mayoría en el actual Congreso.

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El antecedente del Acuerdo de Escazú

El Congreso peruano archivó el Acuerdo de Escazú en más de una ocasión desde 2020. Ese tratado regional, vigente desde 2021 para los países que lo ratificaron, establece estándares de protección más altos para defensores del ambiente y del territorio. Perú no forma parte de ese marco normativo, pese a las alertas de organismos internacionales sobre el riesgo que enfrentan estos líderes en el país.

Consultada sobre ese antecedente, Avendaño respondió que el tema "puede ser nuevamente abierto" desde la Comisión de Constitución y Relaciones Exteriores, instancia que rechazó el acuerdo en su momento. La diputada planteó ese debate como un espacio paralelo a la comisión investigadora, aunque no precisó qué gestiones concretas impulsará su bancada para reabrir esa discusión.

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La parlamentaria también respondió a quienes cuestionan la utilidad de crear un grupo nuevo, en lugar de fiscalizar desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que ya existe. Avendaño argumentó que esa comisión ordinaria ahora reúne temas como inclusión social, mujer y familia, además de pueblos indígenas, lo que a su juicio reduce el tiempo disponible para profundizar en los casos de defensores ambientales.

Sobre las fallas del mecanismo de protección del Ministerio de Justicia, la diputada mencionó quejas por falta de presupuesto registradas hace más de un año, que incluso afectaron servicios básicos de la entidad encargada. Avendaño afirmó que organizaciones de derechos humanos solicitaron información sobre los avances de ese mecanismo y no obtuvieron respuesta, lo que interpretó como una señal de desatención estatal frente al problema.

Los aportes fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, según el propio texto de la moción, se ajustan a la ley electoral vigente. El problema, dicen los firmantes, aparece después. Belaúnde asumió el Ministerio de Defensa, cartera que decide sobre las operaciones militares en Pataz, provincia de La Libertad, donde Minera Poderosa desarrolla sus actividades desde hace años.

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Pataz permanece bajo sucesivos estados de emergencia por el avance de la minería ilegal. Pese al despliegue constante de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la zona sigue registrando homicidios, secuestros, extorsiones y ataques contra trabajadores. Ese contraste, entre el gasto militar sostenido y los resultados de seguridad, es uno de los puntos que la moción exige explicar.

El pliego interpelatorio suma 43 preguntas divididas en once bloques temáticos. Piden precisar si Belaúnde sostuvo reuniones con representantes de la minera antes o después de asumir el cargo, si existen protocolos que regulen la relación del ministerio con empresas privadas en zonas de intervención militar, y qué porcentaje del personal desplegado en Pataz protege a la población civil frente al que resguarda infraestructura minera.

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Los puntos clave del pliego interpelatorio

El bloque más extenso del cuestionario, con nueve preguntas, apunta directo al uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la protección de instalaciones mineras. Los diputados piden que el ministro garantice, con documentos de respaldo, que ningún efectivo militar cumple funciones de seguridad privada o exclusiva para Minera Poderosa u otra empresa, fuera de los supuestos que contempla la ley.

La moción también recuerda cifras concretas de violencia en la zona. Cita el secuestro y asesinato de 13 trabajadores en mayo de 2025 y de nueve trabajadores en 2023, hechos ocurridos pese a la vigencia de los estados de emergencia. Con esos datos, los firmantes preguntan qué evidencia objetiva sostiene que repetir la misma medida sigue siendo eficaz, y si el ministerio cuenta con algún informe técnico independiente sobre los resultados del modelo aplicado en Pataz.

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Otro bloque pregunta por qué el Ministerio de Defensa no ha integrado a las rondas campesinas dentro de la estrategia de seguridad, pese a que estas organizaciones cuentan con reconocimiento legal y presencia permanente en la zona. Los diputados quieren saber cuántas reuniones de coordinación sostuvo el ministerio con las rondas desde febrero de 2024, y si existe algún protocolo para compartir información sobre el crimen organizado.

El documento cita además un pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que expresó preocupación por la frecuencia con que Perú declara estados de emergencia y recomendó que estas medidas sean excepcionales, proporcionales y temporales. Con ese respaldo, la moción exige al Ejecutivo explicar qué indicadores objetivos justifican la reiteración del régimen excepcional en la provincia. El pliego cierra con preguntas sobre el ejercicio militar "Escudo de las Américas" y el desminado de las Pampas de Reque, de cara a la visita del papa León XIV.

A esto se le suma la reciente declaración de Keiko Fujimori, quien al ser consultada por la permanencia de Arriola en el cargo, evitó confirmar su continuidad y se limitó a responder que esa decisión se tomaría junto al ministro del Interior, el general de división EP (r) César Astudillo.

Cabe destacar que Óscar Arriola asumió la Comandancia General de la PNP el 30 de septiembre de 2025 y su gestión terminaría recién a finales del próximo año.

Si bien el relevo es un movimiento que el gobierno ejecutaría, la decisión contradice el marco normativo vigente. El Congreso anterior modificó la ley para otorgar un periodo fijo de dos años a la Comandancia General de la PNP.

Aquella norma se aprobó el 1 de septiembre de 2022, con el voto unánime de Fuerza Popular a favor de esta modificación, lo que evidencia cómo las decisiones del fujimorismo en el Ejecutivo chocan una vez más con las de su propia bancada en el Legislativo.

Por ello, la salida de Arriola no puede darse por voluntad política, a menos que cumpla con ciertas cláusulas contempladas en la ley, como el pase a retiro por límite de años de servicio, solicitud propia, incapacidad comprobada o una falta muy grave debidamente investigada por Inspectoría.

El planteamiento de su salida ocurre en medio de señales políticas específicas, tales como la ausencia del general Óscar Arriola en las fotografías de reuniones oficiales, la militarización de la gestión del orden interno, además del reciente copamiento en el Ministerio del Interior (Mininter), donde existe una mayor presencia de cuadros militares.

"La salida de Arriola no va a cambiar nada la inseguridad"

Ante este panorama, La República dialogó con el politólogo Edgardo Manyari, quien advirtió que el relevo del comandante general no resolverá los problemas de corrupción y las mafias que afectan a la institución.

Señaló que el gobierno no cuenta con una estrategia para disminuir los índices de criminalidad tras la eventual destitución del comandante general de la PNP. "[La posible salida Arriola] demuestra que el gobierno no tiene ningún plan contra la inseguridad ciudadana", dijo para La República.

Agregó también que "Arriola es un peón más del ajedrez", pues su relevo no va a cambiar nada la situación crítica en el país, especialmente en los sectores más débiles. "El problema de la inseguridad no son personas, sino planes coherentes. Ya hemos visto el fracaso del plan Escudo, y la salida a las calles de las Fuerzas Armadas", indicó el experto.

Asimismo, Manyari cuestionó que la solución se busque a través de la militarización del sector y expresó que cualquier intento de fortalecimiento institucional debe priorizar una reestructuración profunda debido a los niveles de infiltración delictiva.

"Fortalecer la policía en estos momentos, con el nivel de corrupción que tiene, sería muy peligroso. Podría significar darle más armas, darle más capacidades operativas, incrementar en los sueldos, pero con el nivel de corrupción que tiene la policía, eso va a ser al revés, va a aumentar el nivel de inseguridad. ¿Por qué? Porque la policía lamentablemente está infectada de corrupción".

Manyari apuntó hacia la necesidad de articular una respuesta multisectorial y técnica que involucre tanto la cooperación internacional como a la academia, al proponer una reforma profunda policial.

"(…) que se reactive el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, se incluyan las Fuerzas Armadas y se incluya sobre todo a la academia".

Juan De la Puente: el general Arriola ha sido el operador político de Dina Boluarte y de la república obscena

Por su parte, el analista político y abogado Juan De la Puente señaló que el cambio en la comandancia de la Policía Nacional no es un hecho aislado, sino la culminación de un ciclo marcado por el rol político y policial del general Óscar Arriola en los últimos años.

"La salida de Arriola es más que eso (…) simboliza el fracaso del Estado peruano frente a la ola delictiva". (…) En términos puntuales muy precisos, el general Arriola ha sido el operador político y policial de la República obscena, incluso antes de ser comandante general de la policía”, mencionó para el portal Pata Amarilla.

De la Puente recordó además que, en su paso por la Dirincri y la Dircote, impulsó narrativas para estigmatizar las protestas sociales.

“Como jefe de la dirección de investigación criminal [Dirincri] de la policía entre los meses de mayo y junio del 2023, él inventó graves cargos contra los manifestantes. (…) "Y meses atrás, cuando tenía otro cargo, cuando era director contra el terrorismo [Dircote], me refiero a enero del 2023, cuando estaba en su punto de efervescencia en las protestas sociales, llegó a decir que las movilizaciones en tres ciudades fueron organizadas por el Comité Regional de Sendero Luminoso”, señaló De la Puente.

Wilfredo Pedraza: “Las Fuerzas Armadas realizan labores simbólicas”

Sobre esta misma línea, en entrevista con Wilfredo Pedraza, exministro del Interior manifestó que lo ideal es respetar el periodo establecido por ley, exigiendo al mismo tiempo un cambio urgente en la planificación estratégica de la PNP.

"Creo que por un tema de mantener la institucionalidad, en general, respetaría terminar su periodo [...]. Sin embargo, me parece que en tanto está él al mando, se le tiene que exigir acciones de planificación, acciones de redireccionamiento de la estrategia que hasta ahora no ha dado, porque es el jefe de la Policía”.

El extitular del Mininter también cuestionó el uso de las Fuerzas Armadas en labores de resguardo urbano y patrullaje en espacios públicos. Desde su punto de vista son medidas ineficientes.

"Yo creo que las Fuerzas Armadas en temas como la inseguridad, solo realizan labores simbólicas. Hace muchos años vemos Fuerzas Armadas en la calle, en todos los estados de emergencia prácticamente militares. Todas las Fuerzas Armadas han sido desplazadas en algunos puntos (...). Yo creo que esos recursos que se gastan en esa movilización simbólica deberían de trasladarse para la compra de equipamiento, para hacer inteligencia, para recursos, (…)”.

Además, al evaluar la conformación actual del ministerio y la tendencia a militarizar los operativos urbanos, Pedraza advirtió sobre la eficacia de estas decisiones y coincidió que existe una falta de rumbo en la estrategia de seguridad.

"Veo, entonces, una situación inconveniente para esos tiempos en los que se necesita un compromiso enorme si quieres trabajar en el sector interior y la Policía. Sin embargo, esta situación se puede salvar cuando se observan planes adecuados, cuando se observe el diálogo. Y aunque dos semanas de gobierno son muy prontos para pedir resultados, diría que lo que estoy observando hasta ahora me indica que no se está yendo por un buen camino”, manifestó Pedraza.

Ricardo Valdés: “La militarización de la institución es un error”

Por su parte, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés también advirtió para La República que la creciente presencia de mandos y poderes militares en la gestión del sector es una medida equivocada que debilita el diálogo político con las autoridades locales y regionales.

"Siento que estamos, lamentablemente, repitiendo una receta equivocada para manejar los temas de seguridad, sobre todo a nivel de la política, a nivel de políticas y políticamente hablando a nivel del diálogo político también con las autoridades locales, regionales y nacionales (…). La seguridad requiere de muchos diálogos políticos porque la inseguridad se produce en los territorios que son políticamente manejados por los alcaldes y ahí no hay nada mejor que civiles con experiencia en seguridad que puedan sostener este diálogo”, señaló.

Sobre la eventual salida del comandante general Óscar Arriola sí consideró que lo más beneficioso para el país es su renuncia. "Me parece que la presidenta perfectamente podría dialogar con Óscar Arriola y solicitarle su renuncia. En tanto que se trata de un gobierno nuevo y que se trata de generarle a la población un mensaje de renovación (...). Me parece que en ese diálogo el comandante general debería estar dispuesto por el bien de la ciudadanía y del país a dar un paso al costado presentando su carta de renuncia”.

Además, Valdés cuestionó la eficacia de involucrar a las fuerzas castrenses en el control de la criminalidad urbana. “Yo personalmente creo que es un error, creo que es un error responder a los temas de seguridad ciudadana solamente con un enfoque persecutorio punitivo y en donde la fantasía de que los militares son más poderosos aplicando la mano dura. Me parece que es una lectura equivocada”.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La oficialización de este cargo aparece en una resolución suprema publicada este viernes 14 de agosto, la cual cuenta con las firmas de la mandataria y del actual ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

En el ámbito profesional, Manero es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Agraria La Molina y cuenta con un MBA de la Universidad ESAN, además de posgrados en gestión pública y agronegocios.

Su trayectoria en la dirección pública incluye haber tenido la jefatura del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego desde abril de 2024, así como haber ocupado cargos como director ejecutivo de Agroideas y director general de Competitividad Agraria.

Asimismo, durante su participación en la convención minera PERUMIN 37, el entonces ministro generó controversia al declarar que "la agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no”.

Del mismo modo, también se recuerda que en agosto de 2024, minimizó un informe de la FAO que alertaba sobre 17 millones de peruanos en inseguridad alimentaria, Manero afirmó que "en el Perú no se pasa hambre" y lo justificó con el argumento de que él mismo no cenaba. Tras las críticas y una moción de interpelación en el Congreso.

Trayectoria en el sector público y cuestionamientos

Durante su paso por el Midagri en 2024, Manero presentó una declaración jurada en la que detalló antecedentes sobre su historial administrativo y legal. En el apartado de procedimientos disciplinarios, el funcionario consignó una sanción de suspensión impuesta por el Tribunal del Servicio Civil (TSC), vinculada a la "aprobación de un expediente incompleto".

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Respecto a su historial judicial, el entonces ministro de Desarrollo Agrario declaró la existencia de una investigación fiscal en trámite para exigir el pago de una deuda, la cual calificaba como una "pretensión de cobranza en Piura".

A este antecedente se suma el cuestionamiento público de los productores agrarios. En mayo de 2024, dirigentes de la Cooperativa Agraria de Frutas Tropicales del Valle de San Lorenzo y de la Asociación de Productores de Mango San Isidro denunciaron que Manero arrastraba una deuda superior a los 200 mil dólares desde los años 2010 y 2011, originada por la venta de fruta a la empresa Copeagro, la cual, de acuerdo con los agricultores, le pertenecía a Manero.

“Al señor Ángel Manero, hoy ministro de Agricultura, conocedor de la problemática y conocido en el valle de San Lorenzo, le tuvimos plena confianza en entregarle nuestra producción de mango en la campaña 2010 y 2011 a través de su empresa Copeagro S. A. (…) Pero este señor no nos pagó y tiene a la fecha una deuda de 200.000 dólares a nuestra Asociación San Isidro y a dos asociaciones de Chulucanas”, señaló Iris Ponce, representante de la asociación de productores de mango San Isidro, para Radio Cutivalú.

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Además, los agricultores señalaron que en su momento se intentó cubrir el monto con cheques sin fondos.

"Presentamos cartas notariales para que cumpla y, tras ello, nos emitió cheques de pago. Entonces, cuando hemos ido a las entidades financieras para cobrar esos cheques, resulta que eran falsos, no tenían fondos”, agregó la vocera.

La trayectoria de Manero cuenta también con diversos cuestionamientos administrativos y legales. En septiembre de 2024, Lucila Pautrat, directora de la ONG Kené, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Manero. La acusación señaló un otorgamiento ilegal de derechos por la creación de la "Constancia de Libre Deforestación", medida que el propio ministerio anuló tras recibir recomendaciones de su oficina jurídica.

Además, una investigación de Salud con Lupa reveló posibles conflictos de interés. El informe vinculó a Silvia Wong Wu, esposa de Manero, con la empresa exportadora Sunshine Export, parte de un gremio empresarial con gran influencia en el agro.

El texto cita el artículo 139°, inciso 2, de la Constitución. Esa norma establece que ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de la función de juzgar. Los firmantes también invocan el artículo 18° de la Ley de la Carrera Judicial y el artículo 5° del Código de Ética del Poder Judicial. Ambas normas prohíben sancionar a un juez por el sentido de sus resoluciones.

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El pronunciamiento plantea tres pedidos concretos. Primero, reafirma el compromiso de las cortes con la independencia judicial como garantía de los derechos ciudadanos. Segundo, exige que las discrepancias con un fallo se canalicen mediante apelaciones y no mediante denuncias disciplinarias. Tercero, exhorta a los actores políticos a no instrumentalizar las instituciones públicas contra los magistrados.

El documento lleva la firma de titulares de varias cortes del país, entre ellas Piura, Lima Norte, Arequipa, Junín, Cusco, Del Santa, Callao, La Libertad, Lambayeque y Huánuco.

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Fernando Rospigliosi denuncia a jueces del caso Castro Castro

Fernando Rospigliosi presentó su denuncia el 11 de agosto contra los jueces Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama. Los tres integran la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. El excongresista pide que la JNJ abra un proceso disciplinario y, de comprobarse faltas graves, ordene su destitución. El origen del conflicto es una sentencia del 10 de julio. Ese día, los magistrados inaplicaron la Ley 32107 en el caso de cuatro policías condenados por la Masacre de Castro Castro. Los agentes recibieron 15 años de prisión por homicidio calificado y lesiones graves contra internas del penal Canto Grande en 1992.

Rospigliosi sustenta su pedido en dos normas que él mismo promovió en el Congreso anterior. La Ley 32107 fija la prescripción de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes de 2002. La Ley 32419 otorga amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados por hechos vinculados a la lucha antisubversiva entre 1980 y 2000. El excongresista sostiene que los jueces cometieron una infracción constitucional al desconocer una sentencia del Tribunal Constitucional que había declarado la vigencia de ambas normas.

Este caso no es aislado. Rospigliosi ya había denunciado en julio a la fiscal Rosario Quico Palomino por no aplicar la Ley 32107 en el caso del general Juan Rivero Lazo. En marzo, junto con Jorge Montoya, denunció al juez Jorge Chávez Tamariz por un proceso de 1983. En agosto de 2025 denunció al juez Richard Concepción Carhuancho, quien terminó suspendido seis meses por la JNJ en junio de este año. El patrón se repite: cada vez que un magistrado falla en contra de las leyes de amnistía, Rospigliosi acude a la JNJ para pedir su salida.

La sesión de elección fue conducida por el senador Alejandro Aguinaga Recuenco, también de FP, quien propuso votación por lista cerrada y voto nominal. La propuesta recibió respaldo unánime de los integrantes. Al asumir el cargo, Mesía señaló que su gestión garantizará igualdad de tiempo y oportunidades para que todas las bancadas expresen sus posiciones. La comisión acordó sesionar los martes a las 10:00 a. m.

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En paralelo, el senador Alfonso López Chau, de Ahora Nación, fue elegido por unanimidad presidente de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. Lo acompañan Víctor Noriega Reátegui (Fuerza Popular) como vicepresidente y Patricia Iturregui Byrne (Buen Gobierno) como secretaria. López Chau adelantó que su gestión se basará en cinco ejes: diálogo, pluralismo, transparencia, rigor técnico y búsqueda de consensos. La comisión sesionará los lunes a las 3:00 p. m., de forma presencial.

Con estas dos elecciones, el Senado completa la instalación de varias de sus comisiones más relevantes para el nuevo periodo. Fuerza Popular concentra la mayor cantidad de presidencias: además de Constitución, controla Inteligencia, Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y la Comisión Bicameral de Presupuesto. Juntos por el Perú, Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras se reparten el resto de grupos de trabajo.

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Así quedaron las mesas directivas del resto de comisiones del Senado

Estas son las presidencias, vicepresidencias y secretarías ya elegidas en la Cámara Alta:

• Inteligencia: Fernando Rospigliosi (FP), presidente; Carlos Caballero León (Buen Gobierno), vicepresidente; Humberto Morales Ramírez (JPP), secretario.
• Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo: Martha Moyano Delgado (FP), presidenta; Alejandro Muñante Barrios (RP), vicepresidente; Roger Astucuri Laura (Obras), secretario.
• Gestión del Estado y Contraloría: Percy Osorio Palpán (JPP), presidente; Héctor Ventura Ángel (FP), vicepresidente; Mirtha Vásquez Chuquilin (Ahora Nación), secretaria.
• Justicia y Derechos Humanos: Katherine Ampuero Meza (RP), presidenta; Jorge Gavidia Rodríguez (Buen Gobierno), vicepresidente; Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), secretario.
• Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo: Daniel Barragán Coloma (Obras), presidente; Nilson Flores Suárez (Buen Gobierno), vicepresidente; Karla Schaefer Cuculiza (FP), secretaria.
• Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital: Susana Matute Charún (Buen Gobierno), presidenta; José Chipana Chipana (JPP), vicepresidente; Segundo Tapia Bernal (FP), secretario.
• Procedimientos Especiales: Hugo Ccahuana Aymachoque (JPP), presidente; Absalón Vásquez Villanueva (RP), vicepresidente; Martha Moyano Delgado (FP), secretaria.
• Defensa Nacional y Orden Interno: Francisco Calisto Giampietri (RP), presidente; Walter Gago Rodríguez (Obras), vicepresidente; Elard Melgar Valdiviezo (FP), secretario.

La distribución de comisiones se aprobó primero en la Junta de Portavoces del Senado y luego fue ratificada por cada grupo de trabajo en sesiones de instalación realizadas entre el 13 y 14 de agosto.

Máximo Torero: Sí, mira, un gusto estar con ustedes. Un poco lo que hay que entender es que, como tú bien decías, hay dos problemas grandes. No es solo El Niño. Hay un problema que estamos arrastrando ya hace más de cien días, que es el problema del estrecho de Ormuz. Lo que ha hecho el estrecho de Ormuz es sacar de la oferta de insumos agrícolas entre el 20 y el 30% de los principales insumos, es decir, el petróleo que utilizamos para poder producir en la parte de procesamiento, transporte y bombeo de agua, que mayormente se hace con petróleo. Luego el gas natural, que se utiliza para producir nitrógeno, central en la urea y en los fertilizantes en general. El azufre, que se utiliza para generar fosfatos, también ha desaparecido. Y las semillas, porque las semillas híbridas, sobre todo de cereales, requieren mucha urea. Ese contexto ya ha llevado a que los precios de esos insumos sean muy altos, y por lo tanto los productores han tenido que decidir producir con menos insumos o cambiar a productos que utilizan menos urea, por ejemplo moverse de cereales a soja, o vender a biocombustibles en los países donde los hay.

Tenemos menos oferta de alimentos a nivel mundial y precios que están empezando a subir. Los principales commodities afectados ahora son el arroz, el trigo duro, que es para la pasta, y poco a poco el maíz y el trigo para el pan también están empezando a subir lentamente. Hemos tenido suerte, por otro lado, a nivel mundial, porque ha habido una buena cosecha de trigo para pan y de maíz, lo cual nos ha ayudado a compensar un poco la situación. Pero en ese contexto tenemos además ahora el Niño, y es un fenómeno que va a afectar a muchos países del mundo, no solo a Latinoamérica. Eso se puede ver históricamente. Pero además, lo que está diciendo la NOAA y lo que está diciendo la Organización Meteorológica Mundial es que este va a ser un Niño muy especial y muy fuerte. No necesariamente esperan que el impacto sea igual que antes en términos históricos, pero sí esperan que sea muy fuerte.

Entonces, en esas condiciones, con pocos insumos, El Niño va a afectar más, simplemente porque nuestros suelos van a estar en mayor estrés respecto a la situación actual. Si venimos al caso del Perú, el país históricamente se ha visto afectado por El Niño. Hemos perdido alrededor del 10% del PBI, entre 3 mil y 3.500 millones de dólares o más, en pérdidas por este fenómeno, y mayormente no hemos estado bien preparados. Hemos esperado a que pase para recién reaccionar y tratar de recuperar la situación.

Eso no lo podemos permitir esta vez. ¿Qué es lo urgente? Lo más urgente, y lo que hay que entender, es que El Niño va a ser heterogéneo: va a haber inundaciones en la costa y escasez de agua en la sierra. Entonces hay que hacer una estrategia que tome en cuenta esas características. Tenemos que evaluar lo que ha pasado históricamente en el caso del Perú y empezar a dar soluciones. Nosotros lo vemos desde dos puntos de vista. El primero es la prevención. Eso implica sistemas de alerta temprana, que ya existen y están avanzando, pero hay que mejorarlos. Implica tener seguros, en la medida de lo posible, que nos permitan protegernos. Implica estar preparados para lo que va a pasar en términos de enfermedades de animales y plantas, y estar listos para los choques que ya conocíamos históricamente.

Pero el segundo componente, tal vez el más importante, es la capacidad de absorción. ¿Cómo hacemos para que nuestros productores puedan absorber este choque? Ya estamos viendo cambios en la costa, en la producción de agroexportación. Se está tratando de adelantar la cosecha. Se está tratando de cambiar a productos que puedan resistir más humedad, como moverse hacia la sandía, por ejemplo. Se está viendo cómo proteger, a través de mecanismos de irrigación, lo que ya se ha plantado. En la sierra todavía no hemos visto mucho avance ni mucho cambio. Ahí hay que pensar en pequeños reservorios que permitan acumular agua para cuando falte, y así poder irrigar esa parte del país. También sabemos que la infraestructura se ve afectada, sobre todo los caminos. Podemos ver en la historia cuáles son los tramos que normalmente se ven afectados por El Niño. Entonces, ¿cómo encontramos rutas alternativas? ¿Cómo posicionamos infraestructura, tractores y maquinaria que nos permitan resolver ese problema más rápido? ¿Cómo limpiamos el cauce de los ríos, donde ya sabemos que eso ocurre? ¿Y los puentes que siempre suelen caerse? ¿Cómo los reforzamos para que no se caigan? Hay un montón de medidas de infraestructura y productivas que nos pueden ayudar a minimizar esa pérdida, esos tres mil millones que siempre perdemos, y a tener mayor capacidad de absorción y prevención a la vez.

Alejandro Céspedes García: ¿Cuánto le va a costar esto a la canasta familiar?

Máximo Torero: Es muy difícil saber ahora cuál sería el impacto. Sabemos que el impacto en la economía es de alrededor del 10% del PBI. Eso es lo que se busca minimizar, llevarlo al 5 o al 3%. Ese es el rol del gobierno. Y además debe haber un programa de protección social muy bien focalizado.

Alejandro Céspedes García: ¿Con qué ministerios debería reunirse la FAO ya mismo?

Máximo Torero: Eso es algo que el gobierno tiene que hacer de arranque. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es un panel de control. Esto tiene que ser descentralizado, pero a la vez centralizado. Tiene que haber un panel de control que permita ver qué es prioritario: estas son las inversiones de infraestructura que hay que hacer rápido, estas son las inversiones de posicionamiento de activos para minimizar riesgos, estas son las inversiones de tecnología y transferencia tecnológica, y en qué parte del país. La información que tenemos hoy en día es muy grande. Tenemos información satelital, sabemos el nivel de estrés de las siembras. Si utilizamos esa información espacial, que hoy tiene una resolución muy alta, junto con la historia de lo que ha pasado en años anteriores, ese panel de control puede ser una herramienta muy útil para priorizar.

Entre las instituciones clave, lo más vulnerable, la cola de la distribución, corresponde al MIDIS, con sus programas de transferencias condicionadas, que deben estar focalizados en los sectores con mayor probabilidad de ser afectados por El Niño. No a todo el mundo, tienen que estar focalizados.

Alejandro Céspedes García: ¿Y Agricultura?

Máximo Torero: El Ministerio de Agricultura tiene que asegurarse de que los productores cuenten con semillas más resistentes a la sequía, en el caso de la sierra, y semillas más resistentes al exceso de agua, en el caso de la costa. Tiene que dar apoyo tecnificado y ver cómo trabajar con la inversión regional en pequeños reservorios, en el caso de la sierra, y cómo limpiar el cauce de los ríos. También está toda la operación de limpieza de ríos e infraestructura de mayor escala.

Alejandro Céspedes García: ¿A qué regiones va a llegar la FAO primero?

Máximo Torero: Mira, la FAO es una entidad de asistencia técnica calificada. Lo que tiene que ayudar a armar es ese centro, ese dashboard, ese panel de control, utilizando toda la información que manejamos, y trabajar con el gobierno central y con los gobiernos regionales. No puede estar desvinculado. Las regiones más afectadas son toda la costa norte, y en la sierra, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa y sobre todo Puno, que también se va a ver afectada. Toda esa parte de la sierra centro sur tenemos que verla. Y también partes de la selva.

Pero además, la pesca también se va a ver afectada. La anchoveta va a ir más al fondo porque busca temperaturas más bajas. Eso va a afectar a toda la pesca artesanal, así que también tenemos que tener una estrategia para ese sector. Y una estrategia, sobre todo en la sierra, para el alimento de los animales, porque si no hay buenas cosechas, no va a haber alimento para el ganado. Tenemos que estar preparados para eso.

Alejandro Céspedes García: ¿Y la ganadería? De eso se habla poco.

Máximo Torero: Exacto, es lo que te estoy diciendo. Hay que tener el forraje reservado y ver la forma de hacer las compras necesarias para que la ganadería no se vea impactada. Eso también va a ser muy importante.

Alejandro Céspedes García: El INEI cambió su metodología para medir el hambre, y en el Perú los números no mejoraron como en el resto de la región. ¿Qué está pasando?

Máximo Torero: Mira, lo que encontramos en el Perú es que la tasa de hambre o desnutrición crónica en los últimos tres años está alrededor de 5,7%. Históricamente ha bajado, pero podría estar mucho más baja. Creemos que una meta de este gobierno debería ser hambre cero, lo que acaba de lograr República Dominicana. Por ejemplo, el año pasado salió el mapa del hambre y también apareció Brasil.

Pero además tenemos otra medida que ya implementó el INEI, la acaba de lanzar hace pocos meses: el FIES, en inglés Food Insecurity Experience Scale, la escala de inseguridad alimentaria. Esta escala tiene dos componentes: la severa, equivalente a la desnutrición, y la moderada, que corresponde a la sobrenutrición. Estamos en 30,5%, y eso es lo que hay que bajar. Está atado no solo a la desnutrición, sino también a la sobrealimentación, es decir, a las dietas saludables. Y el costo de las dietas saludables en América Latina es el más alto del mundo, incluido el Perú.

Ahí hay que ver qué está pasando con los mercados locales, con esa diversidad de alimentos que se requiere para bajar el costo de la dieta saludable. Que nos hayamos dedicado a la agroexportación es algo muy bueno, porque genera ingresos y ayuda a incrementar mercados para nuestros productores. Pero también tenemos que empezar a preocuparnos por el mercado local. Hay que trabajar con ambas estrategias. Hemos sido muy exitosos en la agroexportación. Tenemos que empujar mucho más nuestro mercado local.

Alejandro Céspedes García: El programa de alimentación escolar ha cambiado de nombre varias veces, de Qali Warma a Wasi Mikuna y ahora al PAE. ¿Qué evaluación tiene la FAO de eso?

Máximo Torero: Mira, nosotros tenemos una red latinoamericana basada en la experiencia brasileña, de la que casi toda Latinoamérica forma parte: la RAES. Esa red ha acumulado el aprendizaje de las mejores prácticas. Uno no puede pensar que el sistema de alimentación escolar de Brasil fue exitoso desde el primer día, tuvo muchos problemas. Pero de esos problemas se puede aprender y se pueden saltar etapas.

Lo que hemos hecho con la FAO, con la oficina regional y la oficina de país, es sistematizar toda esa información. ¿Qué implica eso? Que no solo estamos hablando de calorías, sino de dietas saludables. ¿Cómo podemos hacer un programa de alimentación escolar que incluya dietas saludables? En el Perú es inadmisible que tengamos los niveles de anemia que tenemos, y eso se puede solucionar con un sistema de dietas saludables, desayunos y meriendas escolares.

¿Qué estamos haciendo además? Estamos midiendo los desperdicios en las dietas saludables en República Dominicana, porque si un niño deja de comer algo y lo bota, quiere decir que no le gusta, y ahí hay que cambiar el menú. No es que el programa esté mal, es simplemente que no se está adaptando a las necesidades del niño. Que sea saludable no quiere decir que no sea delicioso. Se quiere que sea delicioso, para que el niño lo consuma. En República Dominicana hemos hecho eso para aprender. Tenemos una aplicación que se llama OptiWaste, que mide eso, es muy fácil de usar y además ayuda a cambiar el comportamiento de los niños.

Alejandro Céspedes García: ¿Ya se usa en el Perú?

Máximo Torero: No, todavía no, y queremos aplicarlo, pero tenemos que empezar poco a poco.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué le dirías a un padre o una madre que no sabe cómo alimentar mejor a sus hijos con lo poco que tiene?

Máximo Torero: Mira, hay que entender un poco nuestra realidad. Si ves en el mundo a los países que han logrado salir o bajar sustancialmente su hambre, y salir de un mapa de hambre, son países que han tenido dos enfoques grandes. Uno es la protección social, no solo transferencias sino también meriendas escolares, y el otro es la mejora de la producción y la productividad de forma sostenible. Ese es el caso de Brasil, el caso de Chile, y ahora el caso de República Dominicana.

Alejandro Céspedes García: ¿Productividad de qué, del trabajo?

Máximo Torero: No, estamos hablando de productividad en términos de las semillas, del producto que rinden. Por supuesto que también se incluye la productividad laboral.

Esos son los dos mecanismos. Ahora, hablando de la merienda escolar, la realidad peruana es bastante compleja. Hay escuelas donde los niños caminan tres horas para llegar y tres horas para regresar. En algunas no es así, pero mayormente tenemos un problema de movilidad enorme, sobre todo en la sierra. Ahora las zonas más vulnerables están en el sur y en la Amazonía, donde la situación es todavía mucho más compleja. En esa realidad tenemos que adaptarnos y vivir en ella. Un niño que camina seis horas al día va a tener una sola merienda al día, y si esa merienda no es adecuada, se le está haciendo un daño que va a afectar su futuro. Por eso es tan importante, dentro de los programas sociales, el componente de la merienda escolar. El Perú tiene que ponerle mucho énfasis a mejorarla.

El primer objetivo de la merienda escolar es alimentar bien al niño, con dietas saludables. Una vez logrado eso, la siguiente etapa es hacer compras locales para promover también la agricultura. Pero el primer objetivo es que el niño tenga buena alimentación, porque eso beneficia hoy y mañana. La segunda etapa es ver qué se puede comprar localmente, y ahí hay que avanzar cuidando la salubridad alimentaria, porque lo último que se quiere es que un niño se enferme por la comida que come. Ahí hay que poner estándares de salubridad muy altos. Y luego se puede empezar a ver cuestiones de agricultura sostenible o regenerativa. Pero hay que ir en secuencia, no se pueden saltar etapas. El primer objetivo es alimentarlo bien, y creo que el Perú lo puede lograr. Es cuestión de armar la institucionalidad y los estándares de salubridad que se requieren para que esos niños puedan alimentarse mejor.

Entre enero y junio se registraron, de manera preliminar, 90 denuncias. Junio fue el mes con mayor incidencia, con 20 casos reportados, según cifras de la Central Única de Denuncias y el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.

Los datos oficiales señalan que el 94,4% de las denuncias (85 casos) involucra a la PNP, mientras que el 5,6% restante corresponde al sector Interior. Además, Lima Metropolitana concentra el 36,7% del total de reportes, con 33 denuncias.

Análisis de la crisis institucional

En diálogo con La República, el excomandante general de la PNP Eduardo Pérez Rocha indicó que las cifras deben analizarse junto con otros indicadores que evidencian problemas al interior de la institución.

Precisó que, a finales de 2025, 1.456 efectivos fueron pasados al retiro, de los cuales 570 estaban vinculados a actos de corrupción. Asimismo, señaló que, hasta diciembre del año pasado, la Inspectoría General impuso 4.188 sanciones a oficiales y suboficiales de la institución.

Pérez advirtió que el 50% de las sanciones por faltas graves y corrupción recae en suboficiales de tercera, es decir, efectivos recientemente egresados. "Esto demuestra que lamentablemente no hay una buena selección del personal que va a seguir la escuela de suboficiales y, de igual manera, de oficiales", sostuvo.

Además, indicó que, durante el primer semestre de 2025, cerca de 973 policías permanecían en centros penitenciarios con prisión preventiva por delitos graves.

El excomandante general vinculó este deterioro con los cambios introducidos al régimen disciplinario policial durante la gestión del exministro del Interior Carlos Basombrío.

Según explicó, antes de la reforma, la Inspectoría de la Policía era la encargada de investigar, sancionar y expulsar a los efectivos involucrados en hechos irregulares.

"Se dejó en un tercer nivel a lo que es inspectoría (…) Ahora se ha creado el Tribunal Administrativo Disciplinario, compuesto por civiles que son nombrados y dependen del ministro. Ya no es la Inspectoría la que investiga determinados casos graves", señaló.

Pérez Rocha también cuestionó las declaraciones del actual comandante general de la PNP, Óscar Arriola, respecto a una supuesta reducción de las denuncias por extorsión.

"Me llama la atención escuchar al comandante general de la Policía decir que en lo que va del año no han disminuido las denuncias por extorsión. No se han disminuido, esto está en aumento, lo está diciendo el Instituto Nacional de Estadística", advirtió.

Del mismo modo, el excomandante general señaló que la confianza ciudadana en la institución policial se ha "deteriorado" en los últimos años. Para Pérez, la falta de una respuesta eficaz frente a la criminalidad y la permanencia de malos elementos dentro de la institución terminan afectando la percepción ciudadana.

"Tenemos, lamentablemente, delincuentes uniformados, que antes no se veía porque inmediatamente se les expulsaba", manifestó.

Corrupción estructural

A este panorama se suma el análisis del exministro del Interior Rubén Vargas Céspedes, quien sostiene que la corrupción en la institución es una consecuencia de las economías ilegales en el Estado en coordinación con agentes políticos.

"El desborde criminal, la impunidad con la que se mueven los mineros ilegales, los traficantes de drogas, los contrabandistas, es gracias a las complicidades que salen de los operadores de la administración de justicia y de los políticos”, señaló para La República.

Vargas manifestó que esta crisis es endémica y ha sido agravada por una instrumentalización política del sector Interior en años recientes. El exministro coincidió con Pérez Rocha e indicó que "la corrupción es estructural. Se tiene que reformar todo, especialmente el proceso de captación y formación de nuevos agentes y la administración de los fondos públicos".

Asimismo, Vargas advirtió la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional “está en su peor momento", ante una percepción de inseguridad que supera el 90% de la población.

Para enfrentar esta realidad, propone que las unidades ejecutoras de la PNP sean gestionadas por gerentes civiles y que se repotencie la Oficina de Asuntos Internos para garantizar investigaciones imparciales, superando las limitaciones de la actual Inspectoría General.

Vargas también indicó que el paso al retiro para el personal involucrado en corrupción “sea célere y sin posibilidades de retorno”. Asimismo, planteó que el personal asignado a zonas de alta criminalidad sea sometido a un “juicio de residencia”, estableciendo así un control obligatorio al finalizar sus funciones.

Cambios frecuentes y falta de liderazgo

Por su parte, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, en conversación con La República, señaló que el incremento de las denuncias responde a la falta de estabilidad en la institución, así como a la ausencia de liderazgo en el sector.

"El problema estructural es la ausencia de control debido a la alta movilidad de autoridades en el sector Interior, ministros y comandantes generales de la Policía. Cuando no hay liderazgo y dirección, el servicio se flexibiliza y los espacios para la corrupción son mayores", señaló a este medio.

El exministro advirtió, además, que estos casos terminan afectando la confianza de la ciudadanía en la institución policial.

"Es una situación preocupante. La corrupción, sumada a la falta de efectividad y al debilitamiento de los controles, termina impactando negativamente en la percepción ciudadana sobre la policía", indicó.

Consultado sobre las medidas necesarias para reducir estos hechos, Pedraza consideró prioritario fortalecer los mecanismos de supervisión interna y designar a personas que no prioricen intereses personales y políticos.

"La primera medida es que el Estado tenga un liderazgo claro, preferentemente con un ministro civil que no tenga compromisos con grupos internos. Además, es imprescindible fortalecer los sistemas de control, particularmente las inspectorías, porque el control que están llamados a ejercer parece poco eficiente", sostuvo.

El exministro añadió que, si bien la corrupción no puede ser eliminada completamente, sí es posible reducirla mediante un adecuado liderazgo y un fortalecimiento de la fiscalización dentro de la institución policial.

Según las cifras de la Central Única de Denuncias, más de la mitad de los casos (53,3%) fueron derivados a órganos de la propia PNP, mientras que el 36,7% fue remitido a la Inspectoría General de la institución.

De acuerdo con la propuesta, al extender el periodo de mandato se busca “fortalecer la continuidad, eficiencia y planificación de la gestión pública regional y local” y que “la ciudadanía evalúe y, por una sola vez, ratifique mediante el voto la continuidad de los gobernadores regionales, vicegobernadores regionales y alcaldes”.

Entre los argumentos se menciona que la renovación de autoridades regionales y municipales implica procesos de transferencia y adaptación institucional que pueden tener un impacto en la continuidad de la gestión.

“La ampliación del mandato regional y municipal de cuatro a cinco años permitiría establecer un horizonte temporal común entre los distintos niveles de gobierno, favorecer la continuidad de la planificación y ejecución de políticas públicas y proyectos de inversión, y reducir la frecuencia de los procesos de transferencia de gestión”, sostiene la propuesta.

Además, buscan “garantizar la alternancia democrática y prevenir mecanismos de sucesión familiar inmediata”.

Los costos de la iniciativa legislativa, se lee en el documento, están relacionados a la adecuación inicial del marco normativo, los procedimientos y sistemas electorales, así como en las acciones de capacitación y difusión necesarias para implementar el nuevo régimen.

Propuesta de Norma Yarrow no impide la reelección inmediata

La propuesta de Yarrow no impide que los alcaldes y gobernadores integren las listas de candidatos en las próximas Elecciones Regionales y Municipales como primer regidor o consejeros, lo que continúa permitiendo la reelección encubierta.

En cambio, desde la coalición de oposición, Víctor Piñán, diputado del Partido Cívico OBRAS, sí presentó una propuesta para evitar la reelección encubierta.

La iniciativa surge luego de que más de 50 candidatos a las alcaldías presentaran su renuncia, lo que, en la práctica, permitiría que el candidato a primer regidor asuma el cargo si su organización política resulta ganadora.

La propuesta tiene por objetivo precisar los alcances de la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes, prevista en el artículo 194 de la Constitución, "estableciendo de manera expresa que dicha prohibición comprende también el impedimento de integrar, en cualquier posición, la lista de candidatos al Concejo Municipal de la misma provincia o distrito".

Esto debido a que actualmente no existe impedimento expreso para que el alcalde en ejercicio, impedido de reelegirse, integre la lista de candidatos regidores de la misma circunscripción.

“Hemos presentado como bancada de Juntos por el Perú una moción para crear una comisión investigadora que abarque el esclarecimiento de los hechos vinculados al 7 de diciembre de 2022 y las consecuencias posteriores como las represalias y el lamentable saldo mortal de peruanos a manos del Estado”, anunció el vocero de diputados de la bancada, Ernesto Zunini.

Al respecto, la diputada Yenifer Paredes explicó que la comisión tendrá como objetivo esclarecer las circunstancias en las que se produjo la vacancia y posterior detención del exmandatario, además de investigar el accionar de la Policía y las Fuerzas Armadas durante esa jornada, incluyendo la cadena de mando y el empleo de la fuerza.

Se trata de cinco aspectos fundamentales: “Qué llevó a la crisis del 7 de diciembre; cómo se produjo la vacancia y detención de Pedro Castillo; quién tomó las decisiones durante las protestas; cómo actúo la PNP y Fuerzas Armadas, qué ha pasado con las investigaciones y con las detenciones”.

Otro de los diputados señaló que las víctimas de las protestas sociales necesitan justicia. “Hubo violaciones de derechos humanos, partiendo desde el injusto encarcelamiento de Castillo, el asesinato de compatriotas en Ayacucho, Juliaca y otros sectores del país, a su vez persecución contra diferentes sectores. Desde ya invocamos que la comisión que se conforme cumpla con su rol y los plazos”, dijo.

Ahora Nación propone crear una comisión investigadora por muertes ocurridas en protestas entre 2022 y 2026

La bancada de Ahora Nación presentó una moción de orden del día para proponer la creación de una Comisión Investigadora que analice los hechos suscitados, determine las responsabilidades políticas y, de ser el caso, formule las denuncias correspondientes por las afectaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas desarrolladas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 17 de febrero de 2026, durante los mandatos presidenciales de Dina Boluarte y José Jerí Oré.

La Comisión Investigadora tendría un plazo de 90 días hábiles. El documento presentado ante la Mesa Directiva incluye los nombres de peruanos que fueron asesinados durante las protestas registradas en regiones como Apurímac, Arequipa, La Libertad, Ayacucho, Junín, Puno, Cusco y otras zonas del país.

De acuerdo a información que corroboró La República, la buena pro se dio a la empresa Claro por un monto de 219 mil soles. El servicio incluye 190 líneas móviles por un periodo de dos años.

En el término de referencia se especifica que el alquiler de equipos contengan tecnología 4G con las características de 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno. Según la información recogida por este medio, los diputados y senadores ya recibieron los equipos y lo vienen utilizando.

Días atrás, la diputada Indira Huilca de Ahora Nación solicitó a través de un proyecto de ley la presencialidad en el Congreso.

Ante la iniciativa, algunos congresistas de Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras respaldaron la propuesta; mientras que, desde el lado del oficialismo hay posturas divididas. Por ejemplo, Miguel Torres no apoya el planteamiento, en cambio Aguinaga si se muestra a favor.

Indira Huilca presenta proyecto de ley para garantizar el trabajo presencial en el Congreso

La iniciativa de Huilca plantea modificar el Reglamento del Congreso y el de la Cámara de Diputados. El propósito central es "garantizar como regla general el trabajo parlamentario presencial y regular la virtualidad como modalidad excepcional en supuestos objetivamente justificados".

Con ello, los senadores y diputados deberán asistir de forma obligatoria a las sesiones del Pleno, en la Comisión Permanente y en las comisiones de trabajo a las que pertenezcan.

De aprobarse este proyecto de ley, las conexiones virtuales quedarán limitadas a casos específicos. Según el texto, "la participación virtual solo será permitida cuando las y los diputados [y senadores] se encuentren de licencia por viaje fuera de Lima o en el extranjero, así como con licencia por enfermedad".

La legisladora señaló que el objetivo principal es acabar con la práctica de los "escaños vacíos" y las "votaciones fantasma" durante los debates, situaciones que han afectado la imagen del Parlamento ante la ciudadanía en los últimos años.

"Creo que ellos no sabían, pero he estado bastante cerca de ellos. Tan cerca que ellos han subestimado que yo estaba ahí. (¿Qué tan cerca estuvo?) 200 metros. Ellos ni idea tenían", indicó a la prensa.

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Además, resaltó que considera que su clandestinidad no es una burla para la PNP, sino que expone su poca capacidad.

"Me llama la atención como con un celular de baja gama no me han ubicado. Eso me preocupa porque demuestra que el país está totalmente desprotegido en inteligencia electrónica y debe mejorar ese aspecto con tantos millones que tiene", anotó.

Recordó que el tiempo que estuvo prófugo salió en radio, televisión y demás, pero nunca logró ser ubicado. "Salí por todos los medios. No se trata de buscar culpables, sino mas bien de buscar una solución para casos de verdadera criminalidad y no para persecuciones políticas", señaló.

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Reacciones

Ernesto Zunini, vocero de diputados de Juntos por el Perú, indicó que este partido y Perú Libre no tienen una agenda en común. Además, resaltó que durante el proceso electoral tampoco han mantenido un diálogo o alianza.

"Como adversario, Perú Libre merece nuestro respeto, pero con Vladimir Cerrón no tenemos ningún nivel de contacto", declaró a la prensa.

También resaltó que el partido de Cerrón no tiene presencia en el Parlamento y podría perder su inscripción. "Ahí están los resultados de la labor parlamentaria que han hecho y del comportamiento de sus dirigentes", indicó.

Por su parte, el diputado Diego Bazán (Renovación Popular) señaló a los medios que espera que el evento de Perú Libre donde reapareció Cerrón no sea aprovechado para realizar proselitismo político de cara a las próximas elecciones.

Bazán señaló un supuesto vínculo entre JP y Perú Libre. "Hay una serie de mecanismos que se han aprovechado para que el señor esté suelto y libre. Acá me queda claro que hubo muchos actores políticos involucrados y lo sigue habiendo. No me queda duda de que hay una relación directa de muchos personajes de Perú Libre con Juntos por el Perú, por ejemplo. Está claro que tiene amigos que lo seguirán protegiendo y que tiene además mucha influencia en los entes que imparten justicia", anotó.

En tanto, Arturo Alegría (Fuerza Popular) calificó de "cobarde" a Cerrón por no afrontar la justicia y esconderse.

A este monto debe añadirse S/47,5 millones (alrededor de US$13,1 millones) que costó el transporte del sistema ferroviario de San Francisco, California, al puerto del Callao.

Sin embargo, el ente fiscalizador reportó que no recibió por parte de la municipalidad limeña la información detallada sobre qué conceptos se pagaron con los S/32,8 millones que abonó a Caltrain.

Pero un informe de la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera (OPMGF) del concejo capitalino proyectó que se gastarían US$24,5 millones (alrededor de S/88,2 millones) en la aceptación de los trenes de Caltrain. Este monto se dividía en los siguientes rubros. De acuerdo con el informe de la Contraloría del 7 de agosto de 2025, estos fueron los conceptos:

• US$1.000.000: cancelación anticipada:
• US$5.442.915: costo de 93 vagones.
• US$1.060.000: costo de 20 locomotoras.
• US$2.000.000: remoción de piezas.

EN BLANCO Y NEGRO

De la suma de estos montos se obtiene un total de US$9.502.915 (al cambio S/34,210,494), cifra que se aproxima a los S/32,811,873 (alrededor de US$9,114,409), que la Municipalidad Metropolitana de Lima abonó a Caltrain, conforme informó a la Contraloría.

Cuando en la sesión del Consejo Metropolitano de Lima del 13 de noviembre de 2024 se sometió a debate la propuesta del entonces alcalde Rafael López Aliaga, se dio a conocer lo que costaría aceptar la oferta de Caltrain. De acuerdo con el acta respectiva, los gastos comprendían:

• US$7.502.915 por la aceptación de la donación del material ferroviario.
• US$17.000.000 por la remoción de piezas y traslado.

Si a los US$7.502.915 se suman los US$2.000.000 del costo de remoción de piezas, se tendría la suma de US$9.502.915 (aproximadamente S/34,210,494), que se acerca a lo que la municipalidad dijo a la Contraloría que pagó a Caltrain por locomotoras y vagones: S/32,811,873.

El acta del acuerdo del Concejo de Lima Metropolitana N° 419, fechado el 13 de noviembre de 2024, señala que el costo total para trasladar la maquinaria a la capital demandará al municipio US$24.502.915, sumando más de US$13 millones que demandó el traslado del material ferroviario y que, para dicho fin, se contrató a otra compañía. No fue dinero para Caltrain.

NADA ES GRATIS

En el documento se reconoce que, si bien se trató de una donación de la operadora del sistema ferroviario Caltrain, de California, Estados Unidos, el municipio requería abonar una suma de dinero para cubrir una serie de gastos, a fin de que los equipos arribaran a Lima según el proyecto de López Aliaga.

En el acta mencionada se explica con claridad que la donación de Caltrain en realidad implicará un desembolso considerable de los recursos del municipio limeño, conforme a la información presentada por el alcalde.

"La Municipalidad Metropolitana de Lima asumiría un gasto aproximado de US$24.503.915, de los cuales US$7.502.915 corresponden a la aceptación de la donación del material ferroviario y, aproximadamente US$17.000.000 por concepto de remoción de piezas y traslado", consta en el acta que lleva la rúbrica de López Aliaga.

En el acta del consejo metropolitano, que se produjo tres días antes de la firma del acuerdo entre Caltrain y la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 16 de noviembre de 2024, se precisa que los gastos relacionados con la donación los cubrirá la autoridad edilicia.

TODO ESTÁ DOCUMENTADO

"De acuerdo con lo expresado por el donante (Caltrain), no es una retribución por el costo de los bienes donados, sino que está referido al costo de obligaciones que deben cumplirse para la libre disposición de los bienes", se consigna en el acta.

Para el traslado del sistema ferroviario de Caltrain se fijó el costo en US$13,198,478 y se contrató a la compañía Sea Marine Transport, una empresa completamente diferente a Caltrain.

Originalmente, la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera (OPMGF) calculó que se desembolsaría a Caltrain US$9.502.915 y US$15.000.000 para el traslado marítimo (un total de US$24.502.915).

Al final, la municipalidad limeña pagó a Caltrain US$9,114,409 y a Sea Marine Transporte US$13,198,478. Esto suma US$22,312,887 (S/80,326,393).

Entre lo que proyectó el municipio limeño que gastaría (US$24,502,915) y lo que destinó de sus fondos (US$22,312,887) hay una diferencia de US$2,190,028. No estuvo muy lejos.

la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera (OPMGF) hizo otro cálculo importante. Además de los US$24,502,915 (los pagos a Caltrain y Sea Marine Transport), se necesitarán otros US$423,198,615 de inversión para poner en funcionamiento la ruta ferroviaria Estación Desamparados-Chosica.

Informaron al promediar las 2.00 p. m. del martes 11 de agosto se registró esta acción, mientras la población se encontraba desarrollando actividades cotidianas.

Explicaron que el aeródromo fue implementado por la propia comunidad mediante el esfuerzo y trabajo colectivo. Detallaron que la comunidad cuenta con un mini hospital, desde donde se brinda atención a la población, y cuando la gravedad de los casos lo requiere, se realizan evacuaciones aéreas hacia la ciudad de Pucallpa.

Por ello, cualquier acto que afecte o ponga en peligro esta infraestructura constituye una grave amenaza para la seguridad y la vida de toda la población, se quejaron.

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En ese sentido, señalaron, bombardear un aeródromo destinado a atender emergencias y salvar vidas pone directamente en riesgo a la población indígena.

Dejaron constancia que, desde hace varios años, vienen denunciando la presencia de cultivos ilegales y pistas de aterrizaje clandestinas en la Amazonía peruana.

“Esta lucha no ha sido ajena a nuestros pueblos, nuestras comunidades y sus líderes han enfrentado amenazas y han perdido valiosos dirigentes por defender sus territorios y contribuir a enfrentar estas actividades ilícitas”, señalaron en un pronunciamiento.

Y añadieron que “las organizaciones indígenas estamos dispuestas a colaborar con el Estado en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, poniendo a disposición nuestra experiencia territorial, nuestras guardias indígenas y nuestras propias estrategias de protección”.

Sin embargo, manifestaron que “consideramos indispensable que cualquier operativo que pueda afectar nuestros territorios y comunidades sea previamente coordinado con nuestras organizaciones y que los pueblos indígenas seamos incorporados de manera efectiva en las políticas y estrategias de prevención y lucha contra estas actividades ilícitas”.

En ese sentido, exigieron a las autoridades investigar los hechos, determinar responsabilidades, para garantizar la seguridad de la población indígena.

“Defender nuestros territorios también significa exigir que nuestras comunidades puedan vivir en paz y contar con condiciones seguras para proteger la vida”, manifestaron los dirigentes de ambas organizaciones.

Fuentes del Ministerio del Interior revelaron que, de acuerdo con informes de inteligencia, habría evidencias de actividades ilegales y que en la zona del Río Pisqui habría mucha actividad de tráfico ilícito de drogas.

La respuesta de la presidenta llegó horas después de que las Cortes Superiores del país firmaran un comunicado conjunto. Ese documento pidió a los "actores políticos" no usar denuncias disciplinarias para cuestionar fallos judiciales.

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Fujimori no condenó la denuncia de su copartidario ni pidió que la retire. Tampoco defendió abiertamente su contenido. Con esa frase, la mandataria dejó la decisión en manos del propio Rospigliosi y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el organismo que ahora deberá evaluar si abre proceso disciplinario contra los tres magistrados denunciados.

La postura contrasta con los compromisos que la propia presidenta asumió en público apenas unos días antes. El 4 de agosto, durante la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, Fujimori prometió "absoluto respeto" a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial. La denuncia de Rospigliosi, presentada una semana después, puso a prueba esa promesa.

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Lo que dijo el Poder Judicial sobre la denuncia de Rospigliosi

El pronunciamiento de las Cortes Superiores, firmado el 11 de agosto, respondió de forma directa a la denuncia que Rospigliosi presentó ese mismo día ante la JNJ. El senador pidió la destitución de los jueces Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama. Los tres integran la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria y condenaron a cuatro policías a 15 años de prisión por la Masacre de Castro Castro, ocurrida en 1992.

Los magistrados inaplicaron dos normas que Rospigliosi impulsó en el Congreso anterior: la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, y la Ley 32419, que otorga amnistía a policías y militares procesados por hechos vinculados a la lucha antisubversiva. El senador sostiene que esa decisión desconoce un fallo del Tribunal Constitucional y constituye una infracción grave.

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Las Cortes Superiores respondieron con un documento firmado por titulares de Piura, Lima Norte, Arequipa, Junín, Cusco, Callao, La Libertad, Lambayeque y Huánuco, entre otras. El texto cita el artículo 139° de la Constitución y exige que cualquier discrepancia con un fallo se resuelva mediante apelaciones, no mediante denuncias disciplinarias. También advierte contra el "amedrentamiento" y la "instrumentalización" de las instituciones públicas contra los jueces.

Este no es un caso aislado que involucra a Rospigliosi. En julio denunció a la fiscal Rosario Quico Palomino por un caso similar. En marzo, junto con Jorge Montoya, denunció al juez Jorge Chávez Tamariz. En agosto de 2025 denunció a Richard Concepción Carhuancho, quien terminó suspendido seis meses por la JNJ en junio de este año. El patrón se repite cada vez que un magistrado falla en contra de las leyes de amnistía que él mismo promovió.

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Janet Tello ya había advertido sobre las presiones políticas

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se adelantó a este episodio con declaraciones contundentes el 4 de agosto. Durante la ceremonia por el Día del Juez, en la que también participó Keiko Fujimori, Tello advirtió que destituir a un magistrado solo porque una autoridad discrepa con su criterio eliminaría por completo la independencia judicial. Calificó ese escenario como arbitrario.

Tello fue más allá y señaló que los ataques contra jueces revisten mayor gravedad cuando provienen de actores políticos disconformes con un fallo, en especial cuando esos actores tienen algún interés directo en el resultado del proceso cuestionado. La frase, pronunciada semanas antes de la denuncia de Rospigliosi, describe con precisión el escenario que se repitió el 11 de agosto.

La magistrada también rechazó las acusaciones de que el Poder Judicial persigue políticamente a militares y policías. Explicó que investigar hechos contrarios a la ley no equivale a perseguir a nadie, sino a buscar la verdad. Ese mismo día, Fujimori prometió respeto absoluto a la separación de poderes, una promesa que la denuncia de su propio senador puso a prueba días después.

Solo entre el 11 y el 13 de agosto, La República reportó al menos siete crímenes distintos. Hubo un policía asesinado en una carretera de La Libertad, un hombre perseguido a tiros por las calles del Rímac y un cadáver hallado en una trocha de Chiclayo, entre otros casos que se detallan más adelante en esta nota. La violencia no da tregua ni siquiera de un día para otro.

Keiko Fujimori reconoció la gravedad del problema en un evento público esta semana. Pidió paciencia y aseguró que su gobierno trabaja en una estrategia, sin precisar en qué consiste. Esa respuesta llega mientras las cifras oficiales muestran que agosto acumula, en apenas diez días, un porcentaje de muertes por arma de fuego más alto que meses completos anteriores.

El Sinadef contabilizó 53 homicidios entre el 1 y el 10 de agosto. De ese total, 46 fueron cometidos con arma de fuego. Es la proporción más alta registrada en cualquier periodo similar del 2026 hasta el momento. El dato del periodo completo, del 28 de julio al 10 de agosto, sube a 83 homicidios, la cifra que corresponde a los primeros días de Gobierno.

Estas cifras no son estáticas. El sistema del Sinadef actualiza sus registros de forma constante, por lo que el número de víctimas de agosto seguirá creciendo en las próximas semanas. Pero más allá de los porcentajes, cada caso corresponde a una persona con nombre, oficio y familia. Esta nota reúne ambas caras del problema: los casos recientes y lo que dicen las cifras oficiales sobre la violencia armada en el país.

Los casos que se acumulan en menos de 48 horas

En La Libertad, la Policía reportó dos crímenes en menos de un día. El suboficial Max Mondragón Rodríguez, de la comisaría de Guadalupe, murió a balazos cuando se desplazaba en motocicleta rumbo a Pueblo Nuevo, en Chepén. Horas antes, en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, un zapatero identificado como Alex Arroyo Cueva fue atacado a cuchillo en plena vía pública. Sus vecinos lo trasladaron al hospital Belén, pero no logró sobrevivir. Se presume que fue víctima de extorsión.

Ese mismo distrito de El Porvenir registró otro ataque armado días antes. Erick Aguilar Pereda recibió cinco disparos de desconocidos en el sector Villa Hermosa. Según fuentes policiales, el móvil habría sido un ajuste de cuentas. En Lima, un joven venezolano de 24 años, identificado como José Daniel Olivares Silva, murió tras ser perseguido a balazos por varias cuadras del Rímac. Los peritos hallaron más de ocho casquillos en la escena. Vecinos señalaron que la víctima trabajaba como mototaxista y que se ocultaba por una presunta deuda.

En Chiclayo se reportaron dos crímenes en menos de 24 horas. Agricultores hallaron el cuerpo de Andersson Tarrillo Linares, de 33 años, en una trocha carrozable del sector Samán, con heridas de bala. Un día antes, una mujer identificada como María Isabel Torres Huamán, de 71 años, fue apuñalada en plena calle en el distrito de José Leonardo Ortiz. La Policía detuvo minutos después al presunto responsable, aunque hasta el cierre de esta nota no se conocía el móvil del ataque.

En Arequipa, una pelea entre trabajadores de construcción civil terminó en tragedia. Joel Qquenta Mamani, de 34 años, murió apuñalado en el pecho tras un altercado en el sector Las Malvinas, en Pedregal. La Policía detuvo a uno de los presentes como sospechoso, mientras el principal implicado permanece prófugo. Estos siete casos, reportados en menos de tres días y en cinco regiones distintas, forman parte de los registros que alimentan las cifras del Sinadef.

Lo que dicen las cifras del Sinadef

En julio, el mes previo a la instalación del nuevo Gobierno, se registraron 166 homicidios, de los cuales 111 fueron con arma de fuego: 66.9% del total. Los primeros diez días de agosto ya superan ese porcentaje por casi veinte puntos.

El mismo patrón se repite en meses anteriores, aunque con porcentajes distintos. Enero cerró con 68.9% de homicidios por arma de fuego; febrero, 67.5%; marzo, 73.8%; abril, 66.7%; mayo, 71.1%; y junio, 76.7%.

El analista de datos Juan Carbajal, especialista en registros de criminalidad, explicó a La República que estas cifras no están cerradas. Los números de agosto seguirán sumando casos en las próximas semanas, señaló, tal como ocurrió con cada uno de los meses anteriores. El sistema, dijo, corrige y completa la información de forma progresiva.

Keiko Fujimori sobre crisis en inseguridad ciudadana: "No podemos dar resultados en quince días"

Con ese panorama de fondo, Keiko Fujimori admitió que su gobierno todavía no tiene una respuesta concreta frente a la inseguridad. Lo hizo en un evento por el Día del Bodeguero, rodeada del titular de Interior, César Astudillo, y del vicepresidente Miguel Ángel Torres. La mandataria pidió tiempo para mostrar avances y evitó precisar en qué consiste el plan que, según dijo, ya está en marcha. "No podemos dar resultados en quince días. Les pido paciencia y que, por favor, confíen en este gobierno", afirmó.

La ausencia de detalles concretos contrasta con las cifras que maneja el Sinadef. Astudillo, responsable directo de la política de seguridad, escuchó el pedido de paciencia de la mandataria en el mismo escenario donde también estuvieron el ministro Juan Carlos Requejo y la diputada Rosangella Barbarán.

Fujimori aprovechó el espacio para defender su cercanía con la Policía y las Fuerzas Armadas frente a quienes la interpretan como una jugada calculada. Negó ese cálculo y lo planteó como una muestra de respaldo institucional. "Lo que están viendo es cómo levantamos la moral de nuestra Policía y de nuestras Fuerzas Armadas", sostuvo, sin ofrecer plazos ni metas concretas para reducir la violencia.

La tensión entre ambos grupos escaló dentro de la oficina. Un trabajador de Seguridad del Congreso intervino y llamó a efectivos policiales, que ingresaron al edificio sin autorización expresa del oficial mayor ni del presidente del Senado, según una fuente parlamentaria consultada por este diario. El personal de Ahora Nación quedó bloqueado dentro del ambiente hasta que legisladores de Juntos por el Perú llegaron a respaldarlos y exigieron abrir la puerta.

El vocero de Ahora Nación, César Holguín, vinculó el incidente a un problema mayor. Según el legislador, la disputa expuso irregularidades en la administración de bienes del Parlamento, con presupuestos millonarios destinados a refacción, remodelación de oficinas y contratación de personal.

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Así se desarrolló el enfrentamiento, según una fuente consultada

Todo comenzó el lunes 3 de agosto, alrededor de las 8:00 p.m. La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, cerró su oficina 308, en el tercer piso, junto a su equipo y personal de seguridad. Al día siguiente, a las 9:00 a.m., la puerta apareció abierta y ya había alguien adentro. Huilca acudió al centro de cámaras del Congreso para pedir el video de lo ocurrido, pero le informaron que la cámara del tercer piso figuraba "inactiva" esa jornada, algo que no fue un caso aislado. Según la fuente consultada, parte del personal encargado de esa área mantiene vínculos con la campaña de Fuerza Popular.

La oficina, según la versión de Ahora Nación, no tenía asignación formal. La bancada la había solicitado desde el 5 de agosto, pero el oficial mayor, Giovanni Forno, nunca respondió el trámite. No hubo documento ni resolución, solo silencio administrativo. El reclamo por ese espacio no era menor: Ahora Nación opera desde el Sótano 2 del Palacio Legislativo, un ambiente húmedo, sin ventilación y con obras de construcción activas al costado todos los días. Fuerza Popular, en cambio, ya contaba con pisos completos asignados, el quinto y el sexto del edificio contiguo.

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Pasaron casi dos semanas sin respuesta de Oficialía Mayor. El 12 de agosto, Ahora Nación envió una carta formal con reclamos directos. El documento señalaba que existían oficinas vacías —la 402, 404, 406, 408 y 410, entre las más modernas del edificio— que antes ocupaba Fuerza Popular y que nunca fueron reasignadas tras el cambio de gestión. La misma carta reveló otro dato: ni todas las senadoras de la bancada contaban con oficina propia. Ante el agotamiento de las gestiones, Ahora Nación anunció en ese documento que tomaría posesión de esas oficinas y de los ambientes 306, 308 y 310 del tercer piso por cuenta propia. La carta llevó la firma de cinco parlamentarios.

Esa misma noche, sin esperar más plazos, personal de Ahora Nación fue a tomar posesión de la oficina 308, tal como habían anunciado. El problema surgió de inmediato: personal de Fuerza Popular ya estaba instalado en el ambiente y se negó a cederlo. Empezaron los cuestionamientos cruzados entre ambos equipos, con reclamos directos sobre quién tenía derecho a ocupar el espacio. Diputados de Ahora Nación llegaron al lugar para respaldar a Huilca y a su personal, y la tensión subió con rapidez.

El episodio más grave llegó después. Personal de Seguridad del Congreso llamó a la Policía sin autorización del presidente del Senado ni del oficial mayor, un requisito que exige el reglamento parlamentario, modificado en la gestión anterior por la propia Fuerza Popular. El encargado de seguridad, identificado como Luis Alberto Castillo, tomó control de la puerta y advirtió que nadie entraría ni saldría hasta que la Policía terminara su diligencia, una restricción que aplicó tanto a los asesores que querían salir como a los diputados que reclamaban desde afuera. La situación se resolvió recién cuando congresistas de Juntos por el Perú llegaron a respaldar a Ahora Nación y obligaron a abrir la puerta.