Una versión sugerente es que se trataba de evitar una excarcelación de Pedro Castillo en las últimas horas del gobierno saliente. Pero, si bien Balcázar se ha aferrado a estas últimas horas, el famoso indulto no ha aparecido por ninguna parte. Hubiera podido hacerlo antes. La idea es que el adelanto en el cambio de gobierno lo desanimó.

Rospigliosi ha llamado a lo sucedido una tormenta en un vaso de agua. En efecto, un día de distancia no parece marcar una gran diferencia. Pero imponer la voluntad de Fujimori a un presidente saliente es decir, humillar a Balcázar y, de paso, al tan fujimorista Congreso saliente, algo está diciendo sobre el nuevo poder en el país.

¿La tormenta aludida es nada menos que la naturaleza del poder de K? En estos días, el periodismo fujimorista está dedicado a explicarle a su público por qué K ganó la elección y por qué le costó tanto hacerlo. Para eso están haciendo dos cosas: construyendo una imagen para K, incluso una internacional, y desarrollando una nueva categoría política, el antifujimorismo.

En la nueva imagen, K nunca ha gobernado, como ella misma sostiene, pero es la heredera legítima de todos los logros del gobierno de su padre. El antifujimorismo vendría a ser la amalgama de los rechazos al padre en cuanto dictador, la competencia electoral de los izquierdistas y una expresión de envidia desde otros partidos.

Adelantar un día la llegada de K a la presidencia es una parodia mini de Napoleón Bonaparte colocándose él mismo la corona de emperador de Francia. En efecto, pequeña tormenta, pero mala señal. La sensación es que la presidenta rechazó el intento de humillar a Balcázar al mocharle un día clave, entre los pocos que viene teniendo el gobierno saliente.

Gracias a Rospigliosi, Balcázar se debe sentir como el salvador de la dignidad del Congreso que lo instaló en Palacio. Material de más para contarles a sus nietecitos, llegado el momento.

La central de espionaje cubana G-2 es muy conocida por su eficacia. Pero no es ni la sombra del triángulo Estados Unidos-China-Rusia dedicado a interespiarse desde antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Que Cuba espía es público y notorio, pero no se sabía que preocupara tanto a Estados Unidos, más allá del estado de Florida. ¿Qué está pasando?

El gobierno de Estados Unidos está en guerra con Irán y todo espía le resulta peligroso. Hablar de espías iraníes, Hezbolá o hutíes en Estados Unidos podría sonar inverosímil; mejor echarle la pelota al G-2, en el que es mucho más fácil creer. Aunque es preciso reconocer que todo ese espionaje no le ha servido de mucho al gobierno cubano.

¿Pero qué es espiar en la era del satélite? La tecnología tiene mil maneras de penetrar los secretos de la sociedad y el Estado. Pero igual, de cuando en cuando leemos sobre personas de carne y hueso que disimulan su lealtad política o nacional para ayudar a su causa, o a sus empleadores. Son los espías de los libros y las películas, pero también de la realidad.

Ese tipo de espías, vamos a llamarlos presenciales, son los que las grandes potencias capturan, denuncian e intercambian con cierta frecuencia. Trump todavía no ha presentado a un solo espía cubano de ese tipo, que probablemente abunda en estos tiempos. Pero ya aparecerán a medida que se vaya acercando noviembre electoral.

Quizás la mejor expresión es agente secreto. Cuando el Perú despidió al embajador cubano Zamora de Lima, no lo hizo por creer que sabía más que otras embajadas, sino porque parecía más dispuesto a ayudar a sectores enemigos del orden establecido. Lo más probable es que con dinero venezolano, ahora que se ha agotado el famoso oro de Moscú.

Entendamos de una vez que hay espías y agentes por todas partes, en la paz y en la guerra. Verdaderos médicos y falsos médicos. Hay de todo.

Hay la idea de que ahora termina lo que se está llamando una época oscura. No estamos tan seguros, pero sí creemos que ahora ha habido mejores candidatos. Las figuras más peligrosas han sido puestas de lado, no por los votos, sino por el sentido común. No ha sido una elección marcada por el miedo a los resultados, como fue desde 1990.

Sin embargo, para algunos, no tan pocos, la llegada del fujimorismo a la presidencia es una tragedia. Algo así como una dictadura sangrienta, paralela a los tiempos de Vladimiro Montesinos. Algunos no son tan drásticos o racionales en su fobia, pero igual lo consideran una desgracia que era mejor evitar por todos los medios.

Sin duda se evitó que K llegara a Palacio en tres ocasiones. ¿Fue el volumen del puro voto antifujimorista? ¿Por el tamaño del sentimiento de izquierda o del rencor del voto andino? ¿Realmente ella no era tan buena candidata? ¿O fue su autoritarismo parlamentario post-2016? La pregunta es por qué llegó ella esta vez.

Quizás el secreto está en sus rivales. Pedro Castillo golpista y Antauro Humala anunciaban un futuro político temible, y era predecible un ciclo de violencia. La inseguridad ciudadana estaba (está) exigiendo un ciclo de estabilidad. Ofrecer estabilidad no fue muy sexy, pero a la postre sí funcionó.

Las instituciones. Con León XIV la Iglesia está como se pide. Con Julio Velarde en el BCR, las islas de excelencia económica parecen protegidas. La presidencia se está tomando su tiempo, y no hay en perspectiva ministros truchos. Incluso puede haber sitio para algún opositor razonable. Solo el Niño está nublando el horizonte.

Aunque una cosa es el cambio de gobierno, y otra ponerse en marcha para gobernar. Los problemas de la población son apremiantes. Los rencores son casi históricos. Inocentes reproches se convierten en atroces acusaciones. Por momentos, la frase "Felices Fiestas Patrias", aun sinceramente dicha, adquiere una maldad taimada.

Pero la secuencia flaca convocatoria, pequeña reunión, pequeña nota informativa puede durar para siempre sin cambiar las cosas. Lo que puede hacer Sánchez es prenderse de alguna manifestación de gran tamaño, y otro tema, para ganar indultos con avemarías ajenas. Aunque hay un límite a lo que se puede convocar sin efecto.

Todo eso es Sánchez. En cambio, las movilizaciones de protesta son muy otra cosa. Con elecciones a la vuelta de la esquina, nadie va a malgastar sus recursos para pedir una excarcelación con casi cero posibilidades. Más negocio sería concentrarse en pedir juicios sobre los muertos de Dina Boluarte, o en urgentes reclamos locales, los del Niño sobre todo.

Lo demás son pequeñas manifestaciones del tipo "perdimos las elecciones e insistimos en seguirlas perdiendo para siempre". Sin ellas, Sánchez ya no sería invitado a las reuniones de intención opositora que se dan en estos días. ¿Aunque de qué le servirían si casi no va a tener peso político o personal en el siguiente Congreso?

¿Qué puede hacer el hombre? Una gira por el país para ir saludando desde ahora a sus candidaturas preferidas no le haría daño. Necesitaría argumentos más interesantes que el fraude electoral en los consulados o la inocencia de Castillo, pero algo encontraría, o de otro modo se los darían los propios visitados.

No descartemos, empero, que en algunos municipios o regiones Sánchez no sea bienvenido. No por fujimorismo, sino por la atmósfera de perdedor con que se está rodeando. Además, no todos los candidatos del interior son de izquierda, y algunos preferirían tener a Keiko Fujimori en sus tabladillos electorales.

Esta no es una columna contra las manifestaciones populares. Bienvenidas sean, pero con oportunidad, sentido y, por lo tanto, con volumen. No basta con seguir amenazando en vano con los Cuatro Suyos, o la toma de Lima. Tácticas de malos publicistas y peores políticos. La oposición de izquierda se merece más que eso.

En verdad, el país no tiene por qué castigar el paso de un político por una presidencia transitoria. Al contrario, hay en ello un servicio rendido, y merece alguna recompensa. Pero acaso el potencial beneficiado no debería pedirlo, y menos a tan alto grado remunerativo. José María Balcázar lo vio, y retrocedió a tiempo.

Ahora estamos llenos de expresidentes castigados por la ley, con los cuales los del gran público no sabemos qué sucede en términos de dinero. Deben indemnizaciones, se les deben pagos, nada está claro en ese terreno. Esto se da a muchos niveles de la administración pública, y parece bastante costoso dilucidarlo.

En todo caso, el gesto de Balcázar (pedir y luego rectificarse) es indicio de que desea presentarse con los derechos de una conciencia tranquila. ¿Es el mismo caso de Boluarte y de José Jerí? Porque esos pedidos propician investigaciones. Aunque investigación habrá de todas maneras, aunque sea por costumbre.

Ahora bien, replegarse del rico sobre manila presidencial hacia los ingresos de los parlamentarios tiene algo de riesgoso. Mañana los congresistas pueden pasar por alto la suma en cuestión, y concentrarse en la idea de un pago jubilatorio vitalicio. Habría más de uno dispuesto a lanzar al mar un proyecto así, impopular al inicio, pero acaso después ya no tanto.

¿Por qué reculó Balcázar? Tal vez porque la suma era demasiado alta para un servicio tan breve, o porque los derechos del interinato presidencial no están claramente establecidos. Como dice Baltasar Gracián, la modestia funciona como un velo que cubre las limitaciones o las culpas de quien la practica. No hay que quitárselo.

Jerí no se ha lanzado a la modestia, pero sí a la cautela, al decir que no descarta pedir lo que solicita su sucesor. Está claro que la despedida infunde sobriedad, una lección que Roberto Sánchez podría hacer suya y con ello ahorrarse puyas.

Consultados por La República, diputados de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno indicaron que además de evaluar cada propuesta del Ejecutivo, corresponde que estas aborden las problemáticas que requieren atención prioritaria como la seguridad y el fenómeno El Niño. Asimismo, especificaron que lo ideal y esperado será tomar una posición conjunta.

Tanto la bancada de Juntos por el Perú como la de Buen Gobierno tendrán una reunión este viernes 31 para revisar las propuestas de Fujimori. Ahora Nación ya tuvo un encuentro preliminar.

Ahora Nación avalará propuestas que impliquen restringir derechos a los trabajadores

Indira Huilca, diputada de AN, comunicó que durante la mañana de este jueves 30 sostuvieron una reunión de bancada y que, si bien esperarán la presentación formal del pedido de facultades, el documento que se filtró y que desde el Ejecutivo calificaron como un borrador es "preocupante".

"Estamos ante un pedido de delegación de facultades muy amplio, que abarca materias muy diversas. Usualmente, este tipo de solicitudes, más aún en un contexto como el actual, se concentran en problemáticas urgentes. Y la principal urgencia que enfrenta el país es el fenómeno del Niño Costero y sobre eso no hay nada", declaró a este medio y resaltó que ello evidencia "las verdaderas prioridades del Gobierno".

Las alertas identificadas por Ahora Nación, explicó Huilca, están relacionadas con las propuestas de modificación a la legislación laboral, cambios en materia tributaria y temas ambientales.

Huilca considera que las propuestas laborales planteadas por el fujimorismo manejan un enfoque anti trabajador.

"Existen muchas formas de apoyar a las empresas, especialmente a las micro y pequeñas, sin reducir derechos laborales. La productividad mejora con capacitación e innovación, no con mano de obra barata. La idea de flexibilizar las condiciones laborales para generar empleo ya ha demostrado ser un fracaso", mencionó.

Especialmente le causan preocupación las intenciones de modificar el régimen de contrataciones para incentivar la contratación de jóvenes. "El país necesita políticas económicas que promuevan el empleo, pero empleo con derechos, no empleo precario. Hoy muchos jóvenes trabajan 12 o 14 horas por el salario mínimo, y esa no es una situación justa. Lo que han planteado se asemeja a la cuestionada Ley Pulpín", anotó.

Respecto a los planteamientos en cuestión de seguridad, menciona que se trata de estrategias que ya han fracasado y que "el verdadero problema es que las organizaciones criminales han penetrado instituciones como la Policía y el INPE".

"Más que cambiar quién administra los penales, se necesita depurar a los funcionarios vinculados con estas bandas, invertir en tecnología y fortalecer el trabajo de inteligencia para combatir el crimen organizado", dijo.

Resaltó que no se puede tomar una decisión hasta no tener la formalización de las propuestas, pero dejó claro que personalmente y como bancada nunca va a avalar la restricción a los derechos de los ciudadanos o de los trabajadores, tampoco la desprotección de las áreas naturales protegidas y mucho menos dar leyes que puedan significar una carta blanca para aprobar más leyes u otras leyes pro impunidad, como ya lo ha hecho el fujimorismo en este último periodo.

Juntos por el Perú espera que pedido de facultades sea concreto

Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, coincidió en que corresponde revisar el pedido una vez formalizado para tomar una decisión.

Sin embargo, le llamó la atención que busquen realizar tantos cambios cuando "ellos (Fuerza Popular) han podido legislar durante años con la mayoría parlamentaria que tuvieron".

"No negamos de primera mano, pero es necesario revisar detenidamente los detalles. En el caso del fenómeno El Niño, que es lo urgente, se puede emitir decretos de urgencia. Esperemos que no sea parte de un juego político de arrinconar a la Cámara de Diputados", manifestó.

Añadió que el mensaje a la Nación fue bastante escueto, por eso, esperan que el pedido de facultades sí sea concreto.

"Tenemos dudas que deben ser absueltas porque están pidiendo unas facultades legislativas no solamente para atender el fenómeno del Niño, sino también para reformar la administración del Estado. Para ver temas de formalización laboral, tributarios. Entonces, nos preocupa que esto derive, por ejemplo, en una política del tijerazo para el sector público, de despidos masivos o de exoneraciones tributarias", mencionó.

César Tito Rojas, también diputado de JP, resaltó que Fujimori tiene la tendencia de disponer decisiones sobre todos los sectores que ella considera. Además, alertó que podría pretender despedir trabajadores y reducir el aparato estatal. "Es inaudito", dijo.

"Tenemos que analizar bien todo para ver en qué puntos se le podría dar las facultades correspondientes. La lucha contra la criminalidad es un tema clave", añadió.

Buen Gobierno se reunirá a más tardar el 31

Desde Buen Gobierno, los diputados Milagros Santana Vera y Edgar Gonzáles Polar precisaron a este medio que la posición de bancada se definirá a más tardar el viernes 31 de este mes.

A título personal, Edgar Gonzáles, remarcó que espera propuestas concretas y no tan generales.

Sobre el procedimiento, explicó que una delegación de facultades ingresa como un proceso legislativo ordinario. Este va primero a la Cámara de Diputados, debe tener una comisión, se aprueba y luego se eleva al Senado.

Sin embargo, existe un artículo que permite la exoneración para temas de urgencia. Si el Ejecutivo pide que esto se tramite con carácter de urgencia se necesita el acuerdo de tres quintas partes de la Cámara de Diputados. Se trataría de 78 votos de 130, dijo.

En caso de que la Cámara de Diputados lo deniegue, el ejecutivo podría gobernar vía decretos de urgencia.

Luque alerta sobre riesgos para el medio ambiente

Luque resaltó que, a título personal, existen aspectos que son innegociables. Por ejemplo los temas de desregulación ambiental me parecen gravísimos. En la misma región de Puno tenemos casos gravísimos de contaminación ambiental, personas afectadas con metales pesados. No necesitamos de desregulación ambiental sino medidas mucho más eficaces para afrontar los temas de pasivos de remediación, mencionó.

En los temas de áreas naturales protegidas ya hay un antecedente y es que, anteriormente, hubo iniciativas para permitir la exploración y explotación. Un hecho que afectaría a los pueblos indígenas. Sobre los temas laborales también hay preocupación, se presenta como mejora de derechos, pero hay flexibilización (de los derechos laborales), indicó.

Sobre las propuestas referentes a seguridad, consultó si sería constitucional o no entregar la administración a las Fuerzas Armadas y qué implicaría ello. ¿Qué pasaría con el personal del INPE? ¿Cuál será su rol? Hay varios temas que debemos conocer a nivel específico y su justificación, consideró.

Añadió que espera el documento oficial para conocer concretamente las propuestas del ejecutivo.

"Hicimos una revisión. Yo ya tengo mis puntos innegociables. En lo personal, la versión que se ha mostrado, yo no le daría mi voto", adelantó.

Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos, aseguró que Keiko Fujimori mantiene interés en formar parte de esta coalición: "Estados Unidos va a apoyar al Perú en esta nueva etapa. (…) La presidenta ha sido clara, ella quiere ser miembro del Escudo de las Américas, con eso atacaremos la criminalidad y los cárteles", indicó el diplomático al portal Epicentro.

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En efecto, Fujimori ya ha señalado su interés en formar parte de la alianza internacional. En entrevista con la Revista Semana, tras ser electa presidenta, aseguró que la iniciativa traía "múltiples oportunidades para recuperar la paz y luchar contra el crimen organizado".

Un día después de su toma de mando, Estados Unidos anunció una ampliación de su cooperación con Perú tras la llegada al poder de Fujimori. En la investidura de la lideresa de Fuerza Popular estuvo presente el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien lideró una comitiva de funcionarios norteamericanos.

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La misma delegación reafirmó su intención de fortalecer la relación bilateral con el Perú y expresó su disposición a trabajar con el nuevo gobierno. Además, anunció un mayor nivel de cooperación en materia de seguridad para enfrentar al crimen organizado transnacional.

Carlos Espá sería un actor clave en este proceso

"El canciller es muy conocedor de los temas internacionales. Estoy muy contento de trabajar con él otra vez", dijo Navarro en esa misma entrevista. Carlos Espá, excandidato presidencial por el partido SiCreo, mantiene una estrecha relación con la diplomacia norteamericana. Su trabajo diplomático tendría un papel clave para que se concrete esta adhesión.

El vínculo tiene raíces en el pasado: Espá ha tenido una trayectoria de más de 15 años dentro del cuerpo diplomático norteamericano, tras ser director de Comunicaciones del área de Prensa, Educación y Cultura en la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.

Espá ya se ha pronunciado respecto a esta iniciativa, sosteniendo que una posible adhesión respondería a atender la problemática de inseguridad que vive el país: "La prioridad número uno es el tema de la inseguridad ciudadana. Queremos la cooperación de los países para ayudarnos a luchar contra los extorsionadores, contra las organizaciones criminales transnacionales, incluyendo el tema del Escudo de las Américas", señaló.

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Un paso con carga ideológica que prende las alarmas en China

En diálogo con La República, el internacionalista Óscar Vidarte señaló que la adhesión de Perú al Escudo de las Américas no es el único camino ni el más óptimo para sentar una relación saludable con el país norteamericano. Vidarte mencionó elementos que dan una carga ideológica a esta alianza.

"La relación con Estados Unidos no tiene que construirse necesariamente siendo partícipe del Escudo de las Américas. Puede hacerse una relación bilateral importante, es un socio del Perú. Pero es evidente que el gobierno de Estados Unidos y una serie de gobiernos en la región comparten una mirada común en temas ideológicos, sobre todo a partir del tema de la seguridad. (…) El gobierno lo ve como un mecanismo que te permite ser socio de Estados Unidos, conformar una red de cooperación para hacer frente a la criminalidad, y que se inscribe en esta lógica de mano dura que muchos gobiernos quieren implementar".

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Además, el internacionalista consideró que esto podría llevar a movimientos militares dentro de Perú bajo justificaciones validadas por el propio gobierno: "Creo que no están viendo el trasfondo negativo. Hay dos elementos que a primera vista resaltan sobre los demás. Por un lado, legitimar la narrativa que equipara las organizaciones criminales transnacionales con el terrorismo. Esto es peligroso porque puede justificar una acción armada de Estados Unidos en nuestro territorio, tal como sucedió en Venezuela".

Otro de los puntos que halló criticables es cómo esto coloca al Perú en una situación incómoda por su relación bilateral ya establecida con China, la otra gran superpotencia mundial. Para Vidarte, el gigante asiático podría ver con malos ojos este movimiento por ser —en la práctica— una revalidación del discurso de este lado del hemisferio contra su manejo de la política exterior.

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"Lo segundo es que el Escudo de las Américas está pensado también para cualquier otra amenaza que vaya contra la región —o, al menos, así lo ha dicho Donald Trump—. Entonces, esta coalición también podría servirles para hacer frente a lo que Estados Unidos ve como 'la amenaza china'. Es algo que nos pondría en una situación muy complicada y no nos conviene en este momento. (…) China debe estar viendo con mucha atención hacia dónde va el Perú. El hecho de formar parte del Escudo de las Américas es un mecanismo que puede servir a Estados Unidos en sus intereses anti-China. El nombramiento de un canciller que es claramente pro-Estados Unidos también es una alerta para ellos. China debe preguntarse qué tan socios somos. Eso de que solo me interesa China para el tema económico debe generar mucha preocupación. Por un lado te consideras socio económico, y por otro eres parte de una coalición que está en contra de mis intereses", añadió.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, registra dos investigaciones activas por los presuntos delitos de lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. En su declaración también consigna haber sido investigado anteriormente por fraude electoral y nombramiento ilegal.

El ministro del Interior, César Astudillo, mantiene una investigación activa por el presunto delito de peculado. Asimismo, declaró antecedentes por lesiones graves.

Otro integrante del gabinete con investigaciones vigentes es Alberto Beingolea, quien registra procesos por los presuntos delitos de colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo.

El resto de ministros reportó investigaciones o procesos concluidos, aunque en algunos casos sin precisar mayores detalles. El ministro de Justicia, César Álvarez, indicó que afronta acusaciones constitucionales en curso, pero no especificó a qué hechos corresponden.

El canciller Carlos Espá consignó investigaciones por cohecho, mientras que el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, informó haber sido sentenciado por lesiones culposas y registró además antecedentes por falsedad ideológica y estafa.

El ministro Rafael Belaunde no detalló las investigaciones que consignó. Sin embargo, explicó que uno de los casos se originó por un error del BBVA, entidad que posteriormente —según su versión— le remitió una carta de disculpas al reconocer que él fue el agraviado por la falsificación de su firma.

En el sector Educación, José Chang declaró haber afrontado ocho investigaciones por presuntos delitos relacionados con usurpación de funciones, lavado de activos, delitos contra el patrimonio, tranquilidad pública y asociación ilícita.

El ministro de Salud, Luis Dyer, reportó investigaciones por falsificación de documentos y dos casos por declaraciones falsas.

Uno de los mayores registros corresponde al ministro del Ambiente, Vladimir Huaroc, quien declaró 51 investigaciones. Entre ellas figuran nueve por desobediencia y abuso de autoridad, además de casos por colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones, nombramiento ilegal, destrucción y ocultamiento de documentos, depredación de áreas agrícolas, lesiones y hurto.

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, informó haber tenido 10 investigaciones, de las cuales cuatro corresponden a abuso de autoridad y resistencia a la autoridad, tres a negociación incompatible, además de procesos por lavado de activos, delitos ambientales y cohecho pasivo propio.

En tanto, el ministro de Transportes, Rafael Rey, registró un caso por un presunto delito contra la fe pública, mientras que el ministro de Trabajo, Juan Sheput, consignó investigaciones por tráfico de influencias y colusión agravada.

 Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró haber afrontado 20 investigaciones, aunque no precisó los delitos materia de dichos casos.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vineli, reportó 10 investigaciones, entre ellas tres por delitos contra la administración pública, dos por abuso de autoridad, además de procesos por negociación incompatible, concusión, cohecho y corrupción de funcionarios.

Pérez Mallqui registra antecedentes judiciales por diversos delitos, entre ellos agresiones. De acuerdo con la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el diputado fue sentenciado por los delitos de lesiones culposas y violencia familiar.

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Asimismo, declaró una sentencia en su contra por el delito de falsa declaración en un procedimiento administrativo. En conjunto, estas condenas suman cerca de ocho años de penas privativas de la libertad, aunque no todas fueron de cumplimiento efectivo.

La condena por lesiones culposas se originó a raíz de un accidente de tránsito que protagonizó en el distrito cusqueño de Pichari. Además de ser sentenciado a cuatro años y seis meses de pena suspendida, Pérez Mallqui fue obligado a pagar una reparación civil de S/ 80.000 a favor de la familia afectada.

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Pero a medida que se iba acercando el día de la juramentación, empezó a sonar el nombre del periodista deportivo y excongresista (2011-2016) Alberto Beingolea. Parecía una broma, pero el rumor tenía bases sólidas. De acuerdo con nuestras fuentes, Beingolea fue propuesto para el cargo por el presidente del Consejo de Ministros y primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta.

Un país como Perú debe tener un Ministerio de Cultura. Hay que precisar este detalle porque el Mincul no estaba contemplado en el plan de gobierno de Fuerza Popular. En ese sentido, hay que saludar que no haya desaparecido. Hay que celebrar, claro que sí, el milagro de que no se cumpla la barbaridad vista en el referido plan de gobierno.

Lo que le espera a Beingolea son varios desafíos. Uno de ellos está relacionado con la función del Mincul en estos últimos tiempos, convertido en un aparato de censura contra toda opinión crítica del gobierno de turno; del mismo modo, estaremos atentos a su posición sobre las leyes aprobadas por el nefasto Congreso 2021-2026, como la nueva ley de cine. Citamos solo dos perlas de un rosario de despropósitos con los que, suponemos, Bákula y Molinari no estuvieron de acuerdo.

¿O Beingolea es lo que en el fondo estaba buscando el fujimorismo? Alguien que sí puede cumplir los propósitos de adecuar un ministerio a lo que Fuerza Popular entiende como cultura. Los hechos son contundentes. Muchos de los atentados contra la cultura que hemos visto en el último quinquenio han tenido el aval de los congresistas de Fuerza Popular, dando muestras de lo que puede nacer de la unión entre el conservadurismo y la falta de perspectiva.

¿Seguirá censurando el Mincul con Beingolea a cargo? Esa es una inquietud válida.

…

Dato:

10 ministros. Del 2021 a 2026: Ciro Gálvez, Gisela Ortiz, Alejandro Salas, Betssy Chávez, Silvana Ro bles, Jair Pérez, Leslie Urteaga, Fabricio Va lencia, Alfredo Luna y Fátima Altabás.

El presunto autor del crimen fue detenido por la Policía cuando iba a bordo de un automóvil en el distrito La Encañada rumbo a Cajamarca. Fue identificado como Richard Leandro Araujo Ludeña, de 29 años.

"Tras la ingesta de alcohol se produjo una agresión verbal. El sujeto salió del local, se dirigió a un camión de frutas, tomó un cuchillo y regresó a la cantina. La discusión continuó y al salir ambos al exterior del establecimiento le asestó una puñalada a la altura del omóplato", detalló el general PNP Luis Bolaños.

El Ministerio Público aseguró que continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias del asesinato.

Defensoría exige investigación

Al respecto, la Defensoría del Pueblo exigió que las autoridades realicen una investigación célere, objetiva e imparcial que permita sancionar a los responsables.

Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, se lee en su publicación de X.

Cuatro alcaldes asesinado en lo que va del 2026

En lo que va del 2026, se ha registrado el asesinato de cuatro alcaldes. Se trata de Edward Amoroto (Los Aquijes, Ica), Iroshi Ureta Campos (Coviriali, Junín), Víctor Hugo Febre (Veintiséis de Octubre, Piura) y Omar Díaz (Jorge Chávez, Celendín).

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Antes de conocerse el primer gabinete de Keiko Fujimori, la actriz nos comentó que su expectativa estaba en los liderazgos que puedan surgir de la oposición. “Hay una tendencia de derecha, una inclinación hacia el autoritarismo, hay un claro anuncio de recorte de libertades, y eso no es novedad para nadie; no tiene solo un color político. El conservadurismo diría que casi no tiene ideología. Perú Libre y el fujimorismo fueron los grandes socios de la temporada. Entonces, lo que toca es despertar, estar atentos”.

En cuanto al Colegio de Artistas, la excongresista Susel Paredes entregó un proyecto para la derogatoria de la ley a la diputada Indira Huilca.

Varios cineastas dicen que el panorama es más difícil que en los 90. ¿Coincides?

Lo que pasa es que el gran riesgo o lo que hemos tratado de evitar todos estos años, es que todo aquello oscuro, bajo la mesa, soterrado, informal, se institucionalice. Entonces, está pasando con lo que hacen con la policía, con las manifestaciones públicas, con los derechos humanos y ahora con la cultura.

Delia Espinoza les recomendó ser un grupo sólido. ¿Tienen planes de agruparse formalmente?

Somos un gremio atomizado porque somos una fuerza laboral precaria. El 5 o 10 por ciento de la fuerza laboral artística es la que tiene un trabajo estable, pero la mayoría son trabajadores informales, con una economía inestable, con las mismas incertidumbres que millones de peruanos que la están pasando mal. Entonces, en el medio de eso hay que lidiar con la frustración y encontrar una energía que nos hermane y nos permita sostener un mismo frente, a pesar de nuestras diversidades de ideología.

¿Han contemplado que algunos ya empiecen a colegiarse?

La idea es que la ley se derogue, pero hay precariedad y si no estamos informados y ofrecen algo de formalidad, un revestimiento de cobertura, de seguridad, habrá gente que va a decir: “Bueno, esto es mejor que nada”. Hay que explicar que el fondo de esto es un atentado contra la libertad: desde regular contenidos y no dar acceso a los espacios públicos. El deseo que hay de muchos de nosotros es generar un gremio sólido, tener un respaldo político y de, independientemente de nuestras diferencias, cerrar filas con los no negociables. Y uno de ellos es la libertad.

Es decir, aunque deroguen esta ley, ¿estos foros deben mantenerse en los próximos años?

Sí. Y tenemos que organizarnos. Somos un país donde los sindicatos están mal entendidos y también mal operados. Entonces, todavía no hemos logrado ese nivel de madurez, pero ese es también el gran pendiente y la batalla interna que tenemos. Entender que la representatividad gremial no tiene por qué hacernos sentir ni en falta, ni politizados, ni culpables. Es lo que toca. Ocurre en cualquier país del mundo. Y eso también tienen que entender no solamente los empleadores, sino el Estado y los servidores públicos.

También la ciudadanía, ¿no? Cuando los ven participando en marchas, no falta quien los cuestione y los acuse. ¿A qué responde esto?

Es que se ha instalado el miedo y esa es la mejor arma. La usan la política, la religión. El miedo y la culpa son las dos grandes armas que paralizan al ser humano. Han alimentado tanto la idea de un cuco que no existe, como el comunismo. Ahora el lobo se viste de cordero y te hace creer que te va a salvar de un cuco que no existe. Y estamos más preocupados por eso que por quienes están gobernando y están, cada vez más, recortando nuestros derechos en el mundo entero.

"Nos quieren instalar un shock laboral pretendiendo quitar derechos laborales y no se los vamos a permitir. Le pido a los diputados y senadores que No renunciemos a ese pedido (no otorgamiento de facultades)", dijo en entrevista a Canal N.

Además del perjuicio a los derechos laborales, Quito explicó que el documento filtrado sobre las facultades legislativas menciona solo generalidades, lo que supondría darle una carta en blanco.

"Además, no hay otra forma de entender de cómo funcione el fujimorismo, que es a través de esta manera y esta forma. Y creo que aquí estamos para hacer control político y también para legislar. Pero es urgente presenten las propuestas, no nos presenten generalidades", insistió.

Jaime Quito a Juan Sheput: “Ya fue ministro de Trabajo y no hizo nada”

Por otro lado, se dirigió al actual ministro de Trabajo, Juan Sheput, y le dijo que “se ocupe mas bien de ver el terror y el horror que existe en el ministerio de trabajo” y no “de lecciones al Congreso”.

Esto debido a que Sheput comentó que, debido a que las comisiones podrían tardar en instalarse, lo más conveniente es el otorgamiento de facultades.

“Estoy seguro no sabe que hacer. Ya fue ministro de Trabajo y no hizo nada”, resaltó.

Y agregó: “Le informo a Sheput que el Congreso debe instalar las comisiones que son las que van a tener que ver el proyecto de ley que presentaría el pedido de facultades. Así lo aceleremos de donde se va aprobar en el Pleno tiene que haber un dictamen dentro de las comisiones sea de diputados y senadores”.

Tras el mensaje a la Nación, Keiko Fujimori oficializó la conformación de su primer Consejo de Ministros, encabezado por Luis Galarreta. Sin embargo, uno de los aspectos que más llama la atención del nuevo gabinete es que varios de sus integrantes ocuparon cargos en gestiones anteriores.

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Cuestionamientos

Uno de ellos es Juan Sheput, quien fue nombrado ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta cartera no le es ajena, ya que ocupó el mismo cargo en 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo, y volvió a asumirlo en 2020, durante la breve gestión de Manuel Merino.

María Seminario Marón fue designada ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Anteriormente se desempeñó como viceministra de Turismo durante el segundo gobierno de Alan García y, posteriormente, fue ministra de Comercio Exterior y Turismo en la gestión de Manuel Merino. No cuenta con experiencia previa en el sector que ahora dirigirá.

Rafael Rey juró como ministro de Transportes y Comunicaciones. Al igual que Seminario, no posee experiencia en esa cartera. Durante el segundo gobierno de Alan García fue ministro de la Producción y, posteriormente, ministro de Defensa.

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José Antonio Chang asumió el Ministerio de Educación. La última vez que ocupó un cargo de alto nivel fue en 2010, cuando Alan García lo designó presidente del Consejo de Ministros.

El nuevo ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, también cuenta con experiencia en el Poder Ejecutivo. En 2012 fue alto comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala.

Guillermo Shinno, designado ministro de Energía y Minas, se desempeñó como viceministro del mismo sector entre 2012 y 2017, durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Rafael Belaunde, quien asumió el Ministerio de Defensa, fue ministro de Energía y Minas durante la gestión de Martín Vizcarra, en 2020.

Por último, Ernesto Álvarez fue nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos. Antes de integrar este gabinete, se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros durante el cuestionado gobierno de José Jerí.

En detalle dentro del proyecto de ley, se puede ver que el gobierno de Fuerza Popular busca que las Fuerzas Armadas dirijan los penales, algo que se encontraba en su plan de gobierno. Del mismo modo, señalan la modificación del régimen de feriados no laborales para reducir su número. Aseguran que esto llevaría a un aumento de la productividad.

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En el ámbito laboral y tributario, el Ejecutivo busca regular la jornada de trabajo y los aportes a ESSALUD, AFP y ONP, así como las gratificaciones y vacaciones, dando paso a mayores acuerdos individuales. También plantea "perfeccionar" el régimen de extinción de contratos de trabajo —es decir, flexibilizar los despidos por causas objetivas— y reducir el número de feriados no laborables. En paralelo, pide modificar y optimizar los regímenes tributarios y las obligaciones formales, incluyendo la creación de un impuesto a la renta empresarial único con tasas marginales crecientes. Estas medidas involucran al MTPE, la SUNAFIL, el MEF y la SUNAT.

En cuanto a la reforma del Estado que faculta al Ejecutivo a crear, reestructurar, fusionar, dividir o disolver organismos públicos, bajo el argumento de mejorar la eficiencia de la gestión gubernamental.

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Durante su discurso de toma de mando, la presidenta Keiko Fujimori ya había adelantado que solicitaría estas facultades al Congreso. En ese momento, aseguró que el principal objetivo era afrontar los efectos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, hasta ahora, el pedido estaría centrado en la seguridad interna y la reforma del Estado.

Otro de los puntos de la agenda es un proyecto de decreto supremo que busca declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario. Además, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego presentará dos informes: uno sobre un proyecto de decreto supremo que plantea reformar la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y otro sobre una iniciativa para reorganizar dicha cartera.

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¿Cómo funciona la delegación de facultades?

El proceso se inicia en la Cámara de Diputados, que tiene competencia exclusiva para recibir y debatir las propuestas del presidente de la República sobre la delegación de facultades legislativas. Una vez aprobada la iniciativa en Diputados, el expediente pasa al Senado, que actúa como cámara revisora. Como ocurre con otras iniciativas legislativas, el Senado puede aprobar, modificar o rechazar la ley autoritativa.

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Otorgadas las facultades, el control no termina ahí. Cuando el Ejecutivo emite los decretos legislativos, debe dar cuenta de cada uno al Senado dentro de los tres días siguientes a su publicación. Luego, el decreto pasa a la Comisión de Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo, que verifica si contraviene la Constitución o excede el ámbito de las facultades delegadas.

Si la comisión encuentra irregularidades, el Pleno del Senado debate y vota su modificación o derogación. Para ello se requiere el voto favorable de la mayoría de los senadores presentes. En ese caso, la norma resultante es promulgada directamente por el presidente del Congreso y no por el presidente de la República.

Expertos opinan sobre el pedido de facultades legislativas

La República conversó con el exviceministro del Interior Ricardo Valdés. Consultado sobre el pedido de delegación de facultades, Valdés sostuvo que los principales esfuerzos deberían orientarse a fortalecer el uso de la tecnología para responder a la crisis de seguridad ciudadana.

"Espero que se invierta muchísimo en todo lo que es tecnología y que se contrate al sector privado para ordenar las denuncias que hoy están desperdigadas en sistemas que no conversan entre sí. (…) También debe definirse qué normas se requieren para entregar rápidamente información a las fuerzas del orden. Debe firmarse un protocolo relacionado con el Convenio de Budapest para saber —en coordinación con Meta— quiénes están detrás de esos números de WhatsApp. Eso se mencionó rápidamente, pero no se ha desarrollado el enfoque. Espero que puedan explicar el plan de corto y mediano plazo y cuantificar los esfuerzos (…)", indicó.

Valdés recordó que durante su gestión también se solicitó una delegación de facultades legislativas.

"En el gobierno de PPK pedimos facultades y eso permitió hacer muchas cosas. La nueva estructura del Ministerio del Interior y de la Policía se desprenden de esas facultades legislativas", señaló.

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Por su parte, Karla Gaviño, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), consideró que las facultades en materia de simplificación administrativa deben priorizar la eliminación de requisitos innecesarios.

"Me parece sumamente importante y necesario revisar distintos procedimientos que hoy se duplican y dificultan la ejecución de proyectos mineros y de infraestructura, sin que ello implique dejar de proteger los bienes tutelados por el Estado. Siempre debemos pensar en una gestión pública eficiente. Presentar los mismos documentos ante diversas entidades públicas es sumamente engorroso. (…) Hay que trabajar bastante en ese sentido".

Asimismo, Gaviño señaló que las reformas orientadas a mejorar la coordinación entre la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Midagri son positivas.

"Ha habido múltiples gestiones gubernamentales que han reorganizado el aparato público. Lo que debe procurarse es un mejor funcionamiento de la administración pública. (…) En el caso puntual de la ANA, sus procesos sí generan demoras significativas para desarrollar proyectos de inversión y grandes obras de infraestructura. Es necesario revisar la coordinación entre el Midagri y la ANA. Tengo la impresión de que esos ajustes serán necesarios. (…) Es un tema que me parece oportuno y recomendable", afirmó.

El peruano promedio desconfía de todo, hasta del vecino, y vive aterrado, asumiendo que en cualquier momento lo pueden asaltar. El peruano promedio debería vivir aterrado también por la casa que habita: autoconstruida, sin licencia, sin ingeniero, eternamente inacabada, sobre terreno no planificado y con alto riesgo de colapsar en un terremoto. Aquella es otra historia que late sobre la urbe, como una espada de Damocles de la que después de cada temblor fuerte hablan los noticieros por un rato; luego todo sigue igual para él. Es decir, sabe que vive en una zona sísmica, vulnerable e inapropiada, pero ese terror puede esperar, porque su subsistencia inmediata, la de él y la de los suyos, está primero.

El peruano promedio gana entre 1.200 y 1.400 soles al mes. Su trabajo de vendedor ambulante, chofer, operario o trabajador independiente no calificado es, cómo no, informal. No tiene seguro, gratificación ni derechos laborales. A esta intemperie se suma una fragilidad económica absoluta, pues carece de ahorros suficientes para sostenerse un solo mes sin ingresos. En otras palabras, enfermarse o indisponerse es un lujo prohibido y, si algo de dinero extra tiene, no está bancarizado porque no confía en los bancos.

Además, se demora entre dos y cuatro horas diarias en llegar y volver de su trabajo. Es decir, pasa cerca de un mes de su tiempo, cada año, entre la jungla de combis, colectivos y mototaxis que lo movilizan en nuestro transporte público. El peruano promedio también es muy religioso y conservador: el caos de su propia existencia supera su psique en cualquier momento, y la fe lo ayuda a no quebrarse. Tal vez por eso no tiene tiempo de pensar en donar órganos a un prójimo o, me temo, porque la desconfianza lo persigue hasta el hospital: recela de los médicos del sistema público en el que apenas hay cupo para él y teme el manejo de su propio cuerpo. La donación de órganos es, para él, un tema ajeno y aterrador.

En estas Fiestas Patrias, lejos de la blanquirroja pirotecnia oficial, los desfiles castrenses y los discursos, habita este peruano real: el más frecuente, el más representativo. La fría estadística respalda esta descripción:

• Demografía y físico: Mediana de 34 años (nacido en 1992), +60% mestizo/indígena, 1,65 m (H) / 1,52 m (M), 72 kg y +65% con sobrepeso u obesidad (MINSA/INEI).

• Infancia y salud: +50% padecía anemia/desnutrición al nacer (década de 1990); hoy persiste una tasa de apenas dos donantes de órganos por millón de habitantes (ONDT/MINSA).

• Educación (Minedu): Secundaria completa formal; +65% de estudiantes no comprende textos complejos y el 80% no resuelve problemas matemáticos básicos (analfabetismo funcional).

• Trabajo, ingresos y vivienda: Ingreso mensual promedio de S/ 1.200 a S/ 1.400; +70% opera en la informalidad (ENAHO); 80% habita viviendas autoconstruidas o no planificadas (CAPECO) y +70% carece de ahorros para sostenerse un mes (SBS).

• Transporte y seguridad: Pierde de dos a tres horas diarias en el tráfico (ATU/Lima Cómo Vamos) y cerca del 90% percibe amenaza constante de delito (INEI/LAPOP).

• Institución y tejido social: +75% se declara católico (INEI), pero cerca del 90% desconfía de sus propios vecinos (LAPOP).

Este peruano promedio no es un mito de folclore ni un héroe de discurso oficial: es un sobreviviente pragmático, exhausto e hiperindividualista que aprendió que el Estado es un fantasma y la única red de protección social es su propia capacidad de resistir cada día de su vida. Estas circunstancias, amparadas en la estadística, moldean una idiosincrasia cuya alma es la desconfianza total hacia las instituciones y hacia el otro. En su universo, la informalidad, la fe privada y la evasión de la norma no son un acto de rebeldía, sino la única estrategia posible de supervivencia en un país de barro. ¿Feliz 28?

Iniciamos un nuevo escenario parlamentario bicameral con 16 senadoras (27%) y 44 senadores, así como con 54 diputadas (42%) y 76 diputados. La conformación de una mesa directiva de oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados dará contrapeso y abrirá la posibilidad de seguir apostando por la democracia en el Perú.

Urge derogar el paquete anticrimen y antiderechos que afecta a las mujeres en su diversidad. Una prioridad es la Ley 32535, que eliminó el enfoque de género en todas las políticas públicas y debilitó la educación sexual integral, dejando de lado la prevención de los tipos de violencia de género reconocidos por el Estado. Esta ley también prohíbe que jueces y fiscales reciban formación con enfoque de género y veta la participación de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que litiguen contra el Estado, dejando en mayor desprotección a las víctimas.

Otro retroceso para las mujeres es la Ley 32735, que permite que posibles delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sean investigados y juzgados por tribunales militares y policiales, en lugar de la justicia ordinaria, incluso cuando las víctimas sean civiles. Esta norma nos afecta porque los casos de violencia de género vinculados a estas instituciones son numerosos. Se estima que alrededor de 1.636 policías han sido denunciados por violencia de género.

Fortalecer la institucionalidad del Estado de derecho es una garantía para la justicia. Estamos en el décimo aniversario de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, constituida tras el impacto de la movilización masiva de la ciudadanía en la marcha Ni Una Menos de 2016, y con avances importantes.

Ese fortalecimiento institucional debe traducirse en respuestas concretas frente a cada caso de violencia, por ejemplo, desde el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Mientras cierro estas líneas, nos alcanza la demanda de justicia para Ale Rous, mujer trans asesinada en Ica. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir nombrando a las víctimas para que el Estado responda?

Sin embargo, entre el 1 de enero del 2025 y el 30 de junio último el MP obtuvo 218 condenas por trata de personas y delitos conexos. Del total de sentencias, 130 fueron obtenidas el año pasado y 88 en el primer semestre de este año.

Asimismo, en el 2025 se logró la imposición de 221 prisiones preventivas. En lo que va de este año hubo 111 prisiones preventivas fundadas.

El domingo último la policía capturó en San Martín de Porres a cuatro ciudadanos ecuatorianos, integrantes de la red criminal dedicada a extorsión, sicariato, secuestro, tráfico de armas y drogas y a la trata de personas.

A mediados de julio la Fiscalía Especializada de Delitos de Trata de Personas de La Libertad logró nueve meses de prisión preventiva contra Carlos Jair Grados Quezada, por el delito contra la dignidad humana en su modalidad de explotación sexual de niñas niños y adolescentes.

Diez casos cada día. Es el promedio de denuncias por trata de personas en Perú en los últimos seis meses. La información surge de un análisis realizado por el Ministerio Público que contabiliza un total de 1915 denuncias, de enero al 30 de junio.

Mientras que en todo el 2025 se reportaron 3.564 casos; en el 2024 hubo 3.770 y en el 2023 las cifras alcanzaron las 3.345 denuncias por ese delito. Asimismo, en el 2022 se denunciaron 2.767 hechos, en el 2021 hubo 2.804 y en el 2020, en plena pandemia por el COVID-19, se registraron 1.813 casos.

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El mapa de calor de la tasa de denuncias por nacionalidades destaca a los peruanos con mayores valores con 2305 casos de los 4258 investigados (3205 mujeres, 515 varones y 538 sin registro). De nuestros compatriotas, víctimas de trata, 1723 son mujeres, 238 varones y 344 aparecen sin registro.

“Muchas veces las personas llaman sin tener la información necesaria para denunciar los casos, como es el género de la posible víctima”, justificó una fiscal.

Lo siguen de Venezuela con 278 casos de los que 196 son mujeres; Bolivia con 30 denuncias, todas ellas de sexo femenino. También hay 21 denuncias de personas de Ecuador, 20 de Bangladesh, 14 de Colombia, cuatro de Argentina, uno de China, 6 de Paraguay, otros 31 y sin registro.

Este año, hasta el 30 de junio, de los 1.772 casos por nacionalidad registrados, 1372 son mujeres, 209 varones y 191 están sin registro. La mayoría son peruanos con 894 casos, le siguen personas de Venezuela con 53, de Bolivia con 13, de Colombia con 5 entre otros.

Las fronteras en Tumbes, Tacna y Puno son lugares de paso de muchos consumidores del mercado sexual como camioneros y viajantes, o turistas que buscan contratar esos servicios, y que también suele ocurrir tráfico de personas, debido a su cercanía con las fronteras. Son más utilizadas como lugares de captación, y luego las víctimas son trasladadas a Lima y a otras ciudades del país.

DIMENSIÓN DEL DELITO

Otras cifras que alarman son que entre enero de 2023 y junio de 2026, el Ministerio Público registró 7875 casos de trata de personas en el país, con un promedio de 188 casos mensuales y seis casos diarios, según su portal estadístico.

Sin embargo, estas cifras no reflejan la verdadera dimensión del delito, pues las diferencias entre registros oficiales y las limitaciones en los sistemas de información evidencian que muchas víctimas continúan invisibilizadas.

En ese contexto, CHS Alternativo expresó su preocupación ya que, durante el mensaje presidencial de inicio del nuevo mandato, la trata de personas no fue mencionada entre las prioridades de seguridad ciudadana, pese a constituir una de las manifestaciones más graves del crimen organizado en el país.

Si bien las medidas anunciadas para combatirn a las organizaciones criminales, el narcotráfico y la minería ilegal podrían contribuir a enfrentar este delito, la organización considera necesario incorporar acciones específicas orientadas a la prevención, la protección y atención integral de las víctimas, así como al fortalecimiento de la respuesta institucional.

"La trata de personas no puede quedar fuera de la política de seguridad ciudadana. Forma parte de las economías ilegales y del crimen organizado, por lo que enfrentarla exige una estrategia integral que combine inteligencia, tecnología, prevención, persecución del delito y protección de las víctimas", señaló Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

TRABAJO FORZOSO

Valdés advirtió que el trabajo forzoso, una de las finalidades de la trata de personas, también comienza a generar desafíos para la competitividad del país. Recientemente, Estados Unidos dispuso un arancel del 12,5% para las exportaciones peruanas, entre ellas arándanos, espárragos, mandarinas y otros productos, como resultado de su evaluación sobre las normas que cada país aplica para impedir el ingreso de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

En esa revisión, el Perú fue considerado entre los países que no cuentan con una regulación equivalente para restringir el ingreso de ese tipo de productos.

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"Este escenario demuestra que la trata de personas y el trabajo forzoso no solo afectan a las víctimas, sino también a la economía del país. En ese sentido, fortalecer la prevención, la fiscalización y la respuesta frente al trabajo forzoso no solo protege derechos humanos, sino que también contribuye a preservar la confianza en nuestras exportaciones y el acceso a mercados internacionales", afirmó.

ENTORNOS DIGITALES

Por otra parte, CHS Alternativo advirtió que las redes criminales han encontrado en los entornos digitales nuevas oportunidades para captar y explotar a niñas, niños y adolescentes.

El ciberpatrullaje realizado por la institución en 2024 identificó más de 700.000 menores de edad expuestos a riesgos sexuales en internet y detectó 1,6 millones de archivos vinculados con material de abuso sexual infantil.

En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, Valdés recordó que combatir este delito no significa únicamente capturar tratantes.

"También implica prevenir la captación, garantizar servicios adecuados para las víctimas y actuar sobre las condiciones que permiten que este delito continúe. Para ello se requiere mayor financiamiento, articulación entre instituciones y la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados establecido por la Ley N.° 30925, pendiente desde hace seis años. Combatir la trata de personas no solo protege derechos humanos; también fortalece la seguridad, la institucionalidad y la competitividad del país", concluyó.

De acuerdo con fuentes castrenses, la presentación de los vehículos de guerra era parte de un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Ejército para anunciar la firma de un contrato con Hyundai Rotem para la producción de una flota de K2 Black Panther en reemplazo de los tanques soviéticos T-55.

Sin embargo, ante una consulta de La República, el Ministerio de Defensa informó que los tanques coreanos no participarían del desfile militar, entre otras razones, porque la suscripción del contrato fue suspendida por no contar con los recursos necesarios para abonar un adelanto de US$1.500 millones a Hyundai Rotem.

Los pronósticos catastróficos sobre el impacto del fenómeno El Niño obligaron a orientar los fondos públicos a programas de mitigación de eventuales desastres, explicaron las fuentes consultadas del Ministerio de Defensa.

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Falta de fondos

“Debido a la repriorización de necesidades por el agravamiento de los escenarios del fenómeno El Niño, no se pudo continuar con el proceso planificado, no habiéndose suscrito contrato alguno (con Hyundai Rotem)”, informó el Mindef a La República.

“Lo que no hizo posible que los tanques participaran en el desfile cívico-militar del 29 de julio”, indicó el Mindef.

Empero, La República encontró a los tres tanques K2 Black Panther estacionados sobre plataformas de camiones de transporte pesado en la avenida del Ejército, muy cerca a la avenida Salaverry, en San Isidro. Esperaban turno para desfilar junto con las tropas del Ejército.

Las máquinas se quedaron estacionadas.

Solo fueron parte del desfile seis blindados K808 Black White, también fabricados por Hyundai Rotem, que llegaron al Callao junto con los K2 Black Panther. En 2024, el Ejército adquirió 30 ejemplares de dicho blindado por US$60 millones.

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Saltando las normas

Si bien no existe un contrato para el suministro de los tanques coreanos, el nueve de diciembre de 2025, en el gobierno del expresidente José Jerí, el Ejército y la compañía Hyundai Rotem suscribieron un convenio estratégico para la producción de blindados.

El convenio no es una obligación contractual, pero mediante dicho acuerdo protocolar se pretende contratar sin licitación la fabricación de una flota de 54 unidades K2 Black Panther y 141 blindados K808 “White Tiger”, por un estimado de US$5.000 millones, con una inversión inicial de US$1.400 millones.

El proceso de compra sin convocar a concurso internacional avanzó a grandes pasos durante el mandato del exministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno.

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El plan que no fue

“Durante este año se han realizado gestiones administrativas ante el Ministerio de Economía y Finanzas para incluir en la Ley de Endeudamiento una disposición que permita tener el espacio fiscal para una operación de endeudamiento a fin de financiar la adquisición de los tanques, la que se materializaría en el 2027, con el procedimiento de concertación para la asignación de los recursos y se concrete dicha adquisición”, reconoció el Mindef en su comunicación con La República.

“Es preciso indicar que este año, durante la gestión del presidente (José María) Balcázar, se evaluó la posibilidad de adelantar una parte de la adquisición de tanques, para lo cual se gestionaría los recursos ante el MEF, lo que motivó la solicitud de la participación (del Black Panther en el desfile) para una muestra de sus capacidades en campo”, completó el Mindef.

Como se ha señalado en varios reportajes de investigación de La República, el Ejército ha anulado licitaciones internacionales para la adquisición de bienes militares. Ahora  recurre a la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), entidad que controla el alto mando castrense, y por cuyo intermedio compra los equipos sin licitación. 

A través de FAME, el Ejército ha contratado 30 blindados K808 Black White y 10.000 fusiles Arad 7 de Industrias de Armas de Israel (IWI), operaciones en las que no existió competencia entre varios postores como indican las normas.

Cinco años después de ese atentado, una brigada mixta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional abatió en la selva de Junín a Jhonny Curo Rojas, alias camarada Richard, uno de los mandos militares más buscados de Sendero Luminoso y sindicado como uno de los autores de la referida masacre.

El enfrentamiento se registró en la localidad de Alto Mantaro (Vizcatán del Ene, Satipo), un sector estratégico del Vraem. La acción de inteligencia y combate se desarrolló luego de que integrantes de la Segunda Brigada de Infantería se infiltraran durante varios días al confirmar que una columna armada proyectaba un ataque.

Durante la intervención contaron con la cobertura de aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). En medio del choque armado, uno de los helicópteros de la FAP fue alcanzado por 18 balazos disparados por los subversivos desde tierra.

Las fuerzas del orden identificaban al camarada Richard como un objetivo de alto valor por dirigir militarmente a la organización senderista y haber perpetrado emboscadas y ataques, entre ellos la matanza de Huarcatán en el año 2021.

El Operativo Quiñones se desarrolló tras varias semanas de trabajo de inteligencia. Durante el enfrentamiento, un efectivo militar resultó herido y fue evacuado al Fuerte Pichari para recibir atención médica.

Las fuerzas del orden incautaron un fusil Galil, cacerinas abastecidas, explosivos, equipos de comunicación, chalecos y mochilas tácticas, además de medicamentos y otros implementos.

Según información de inteligencia, el camarada Richard integraba el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) y era sindicado como responsable de controlar el tránsito de droga por el eje del río Mantaro, además de brindar seguridad a los cabecillas conocidos como Chato Mendoza y Fernando.

Las autoridades destacaron que este operativo representa uno de los golpes más importantes contra los remanentes terroristas que aún operan en el Vraem.

En diálogo con La República, para el economista e investigador Armando Mendoza, las iniciativas de protección social y mejora educativa resultan necesarias y positivas en teoría, pero advirtió que existe una desconexión entre las metas y los ingresos reales del Estado. “Yo veo un desfase entre las propuestas que se plantean y los medios de financiamiento”, señaló el experto.

Mendoza señaló además que el gobierno arranca sin establecer una meta de incremento en la recaudación. Y si bien reconoció que se pueden lograr avances manejando mejor los recursos actuales, advirtió que es imposible financiar el conjunto total de promesas a nivel universal debido a que la presión tributaria en el Perú se mantiene estancada en un nivel de entre el 14% y 15% del PBI.

“El problema surge cuando uno observa el conjunto total de propuestas y objetivos trazados. Aparece la pregunta: ¿de dónde saldrá el dinero? ¿Cómo financiarán eso? [...] No existe manera de costearlo con el nivel de recaudación tan exiguo que padecemos," advirtió Mendoza.

Gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes

Por su parte, el Mag. Mario Vergara Silva, especialista económico y financiero, docente de posgrado ESAN, analizó el impacto de las medidas y explicó que existe un principio fundamental en las finanzas públicas: los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes.

Vergara indicó que la duplicación de Pensión 65 constituye un gasto permanente que incrementa el presupuesto público en un momento donde el país tiene poco margen financiero.

Sin embargo, mencionó que se trató de un mensaje inaugural y que la presidenta tiene hasta fines de agosto para presentar el Presupuesto del Sector Público.

“El próximo 30 de agosto es la fecha límite para presentar el Presupuesto del Sector Público del año 2027, y será la oportunidad para explicar la fuente de los recursos que serán utilizados para financiar las medidas propuestas," indicó Vergara.

El especialista detalló además que, para que un paquete de esta magnitud sea viable sin elevar drásticamente el déficit fiscal ni poner en riesgo la calificación crediticia, los recursos tendrían que provenir de fuentes específicas.

Entre ellas señaló el aumento de la recaudación y reducción de la evasión, la lucha contra la informalidad, la ampliación de la base tributaria, el aprovechamiento de los altos precios de los metales, el canon y regalías de proyectos mineros que deben operar a la brevedad, así como la organización y eficiencia del gasto.

Los riesgos colaterales: sueldo mínimo, informalidad y omisión de reformas

Vergara también advirtió que subir el sueldo mínimo en un mercado laboral con más del 70% de informalidad dificulta la formalización y obliga a las MYPES a recortar personal formal o trasladarse a la informalidad.

En cuanto al bono compensatorio para las MYPES, señaló que al tratarse de un subsidio extraordinario no constituye un gasto permanente para el Estado, facilitando su sostenibilidad a corto plazo.

Frente a la omisión de una reforma tributaria o metas de recaudación en el discurso, Vergara explicó que esto replica una práctica histórica muy frecuente en los últimos cincuenta años en el Perú, donde ningún presidente ha detallado el financiamiento al inicio de su gestión.

Además, advirtió que dejar de lado las fuentes del financiamiento representa un riesgo que podría incrementar el déficit fiscal y la deuda pública, amenazar las calificaciones crediticias y aumentar la vulnerabilidad del Estado ante futuros shocks macroeconómicos.

Burocracia digital

En cuanto a la modernización del Estado, la propuesta de crear una Autoridad Nacional Digital es cuestionada por Jair Manrique, diputado electo y consultor en Inteligencia Artificial y Blockchain.

En entrevista con La República, Manrique señaló que la medida crearía más burocracia en vez de reducirla. El experto argumentó que ya existe la Secretaría General de Transformación Digital que debería encargarse de eso, y “crear organismos nuevos es como hacer más universidades sin presupuesto para mantenerlas”.

En lugar de eso, el parlamentario indicó que se deben fortalecer las instituciones que ya están creadas y unificar las entidades encargadas de digitalizar el país, como la Autoridad Nacional de Datos, el Concytec, el INEI.

Para el especialista, el Estado no necesita más oficinas ni aplicaciones aisladas, sino rediseñar los servicios para que verdaderamente converjan.

“La creación de una autoridad nacional digital me parece tratar de reducir la burocracia creando más burocracia. [...] El Estado no necesita más aplicaciones. La verdadera forma de digitalizar el Estado no es creando más aplicaciones, sino eliminando procesos," expresó Manrique para La República.

Además, el ingeniero explicó que otorgar una identidad digital a cada ciudadano es positivo, pero por sí sola no cambia absolutamente nada.

“El ciudadano, por más que tenga identidad digital, va a seguir haciendo cola en el Reniec si no lo conversa con la Sunat. O va a seguir haciendo cola en la Sunat si no conversa con los municipios. O en el Poder Judicial si no conversa con la policía". Por ello, precisó que "la identidad digital es apenas la llave".

Manrique concluyó que en la propuesta de Fujimori actualmente se comete el error de “digitalizar la burocracia” haciendo que un trámite de 20 pasos se convierta en 20 clics, cuando lo correcto es eliminar procesos para reducir realmente los trámites, fortaleciendo la estructura del Estado para que todos sus servicios se comuniquen e interactúen entre sí.

Juan Sheput, exministro de Alejandro Toledo y de Manuel Merino, fue uno de los principales críticos de su ahora jefa. Sus publicaciones en la red social X, que datan del 2016, lo hacen así saber. "Hasta para mentir Keiko necesita leer. Qué burdo", escribió el excongresista en referencia al debate presidencial del 29 de mayo entre la lideresa de Fuerza Popular y el entonces candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski.

Pero los cuestionamientos no quedaban ahí. En una entrevista televisiva de 2018 aseguraba que a Fujimori le importaba más sus intereses personales que los del país. "La señora Keiko Fujimori, con su equipo de gente, con todos los que la rodean, le están haciendo un tremendo daño a la política y al país con esa actitud negativa de permanente enfrentamiento, de buscar que solo predominen sus intereses. Le interesa un comino el país", señalaba.

Pero inclusive, el flamante primer ministro Luis Galarreta también cuestionaba los baluartes democráticos del fujimorismo. En el año 2011, como congresista de la Alianza para el Gran Cambio, sostenía que el régimen fujimorista fue "nefasto" en materia de institucionalidad, derechos humanos y corrupción. "El fujimorismo ha blindado a algunos ministros de este régimen, por lo cual es algo vigente hasta la fecha", precisaba.

Galarreta fue militante del partido Renovación Nacional y del Partido Popular Cristiano. Otros dos militantes del PPC ocupan actualmente cargos ministeriales, uno es el exprimer ministro de José Jerí, Ernesto Álvarez (aún con inscripción vigente), y el otro, el excongresista Alberto Beingolea.

Precisamente, Beingolea es otro de los exantifujimoristas confesos. Las redes sociales viralizaron un intercambio que tuvo con la ahora senadora Martha Chávez. El nuevo ministro de Cultura le recordaba que Alberto Fujimori fue un dictador.

"Fujimori representa lo peor del gobierno peruano en los últimos tiempos. El fujimorismo ha destruido al Perú no una, tres veces, porque cuando tuvo la última gran oportunidad, cuando el Perú le dio una increíble mayoría parlamentaria, la usó para destruir al Perú otra vez, y eso ya no fue el papá Alberto, eso fue Keiko", sostenía hace apenas cinco años, en plena segunda vuelta de las elecciones de 2021.

En otra de sus publicaciones, esta vez del 2019, recordaba la ilegal reelección de Alberto Fujimori en 1999 y que su partido había reclamado que se estaba incurriendo en una violación de la Constitución.

El rastro partidario del Gabinete

Solo dos ministros de Keiko Fujimori son militantes activos de Fuerza Popular: Luis Galarreta y Mauricio Arnillas (ministro de Vivienda). César Astudillo (ministro del Interior) postuló a senador con el partido naranja, pero su única inscripción partidaria, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), es en Renovación Popular, hasta setiembre de 2024.

Están también Carlos Espá y Rafael Belaunde, candidatos presidenciales en las últimas elecciones generales. Ambos figuran como activos en sus partidos. Si bien Juan Sheput no tiene una inscripción activa, en abril postuló como senador por el Partido País para Todos, donde candidateaba Carlos Álvarez. Espá, Álvarez y López Aliaga acudieron juntos a votar el pasado 7 de junio, en un evidente respaldo al fujimorismo.

El Partido Aprista Peruano también está presente en el gabinete Galarreta. Esta vez con Roger Valencia (ministro de Comercio Exterior y Turismo), militante aprista durante 2008 y 2009.

Luis Dyer, ministro de Salud y jefe de personeros de Fuerza Popular, estuvo afiliado al partido Progresemos del excandidato Paul Jaimes desde julio de 2024 hasta marzo de 2026. Su inscripción concluyó semanas antes de la primera vuelta.

Renovación Nacional, el partido que fundó Rafael Rey (ministro de Transportes y Comunicaciones) en 1992 y disuelto en 2012, también forma parte del historial partidario de Luis Galarreta. Fue militante de esta organización entre 2004 y 2009.

Seis ministros no cuentan con afiliación partidaria: Marco Vinelli (Desarrollo Agrario y Riego), Guillermo Shinno (Energía y Minas), José Chang (Educación), Mara Seminario (Mujer y Poblaciones Vulnerables), Martiza Canales (Desarrollo e Inclusión Social) y Juan Requejo (Producción).

La semana pasada, el país ya se estremeció al conocer las redes de minería ilegal que operaban desde el interior de la PNP y del Ministerio Público, con funcionarios en servicio activo moviendo sus tentáculos para favorecer a mafias.

La fragilidad de nuestro sistema policial y judicial ha quedado expuesta. Américo Oswaldo Bautista Yama, fiscal provincial y coordinador de la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios, fue detenido en Puerto Maldonado. La investigación comprende los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinados a la minería ilegal.

Esta intervención estaría relacionada con dos pesquisas que Bautista habría intentado obstaculizar, según fuentes policiales. Una involucra a Edison Fernández Pérez, alias 'Chili', y la otra a Eneyser Fernández Pérez, alias 'Brayan'. En el teléfono incautado a este último se encontraron conversaciones que evidenciarían el presunto apoyo del fiscal.

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Ambos personajes estarían enfrentados por el control de La Pampa, la seguridad de las operaciones de minería ilegal y el cobro de cupos desde la muerte de Yvan Fernández, alias 'Tony', ocurrida el 28 de marzo de 2024.

Esta disputa volvió a quedar en evidencia el 7 de julio de 2026, cuando la Policía detuvo a 20 presuntos integrantes de Los Guardianes de La Pampa e incautó 18 fusiles AR-15, 15 pistolas y más de 30.000 municiones.

Las investigaciones también alcanzan a la comunidad de Lago Inambarillo. Allí, un video grabado en noviembre de 2025 muestra al fiscal durante un operativo en el que también aparece Antonio Cose Apaza, alias 'Antonio Quino', señalado como líder de la seguridad ilegal de la zona.

Personas vinculadas con ese grupo son investigadas por el asesinato del comerciante Yvid Wilder Carbajal, a quien habrían exigido S/ 20.000 mensuales antes de matarlo en mayo de 2026.

La última semana de julio fue detenido en Pucallpa (Ucayali) Carlos Alberto Chirre Ramírez, alias Doc, fiscal especializado en materia ambiental de Madre de Dios (Fema), y tres malos policías, presuntos integrantes de una organización criminal que se habría dedicado al tráfico ilícito y comercialización clandestina de combustible, destinado al abastecimiento de actividades de minería ilegal en dicha región amazónica.

Carlos Chirre había sido separado del Ministerio Público hacía dos meses pero sus delitos los habría cometido en funciones.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización habría implementado una estructura criminal integrada por 27 investigados (ya hay 12 detenidos), entre proveedores, acopiadores, distribuidores y transportistas terrestres y fluviales, quienes presuntamente utilizaban almacenes clandestinos, cisternas, vehículos, bidones y embarcaciones para desviar y distribuir combustible hacia zonas de explotación minera ilegal.

Durante este operativo contra la red criminal denominada Los Lecheros del Puertose incautó más de S/ 1.8 millones en efectivo, vehículos, equipos y combustible presuntamente destinado a actividades de extracción ilegal de oro.

CRECE LA INDIGNACIÓN

Sin embargo, lo que podría ser un momento clave para reflexionar y asumir reformas estructurales está siendo convertido en un escenario más para la política efectista. Expertos en el tema no tardaron en aprovechar la indignación pública para lanzar un llamado a la presidenta electa Keiko Fujimori.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, y el gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, coinciden en que una de las principales omisiones del mensaje presidencial fue la falta de anuncios para erradicar la minería ilegal e impulsar la minería formal.

Aunque la mandataria abordó diversos temas orientados a mejorar la calidad de vida de los peruanos, no se refirió al sector minero.

La ausencia de este tema es crucial. De acuerdo con información del IPE, en el 2024 actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la tala ilegal habrían generado más de US$10 mil millones en ventas, de las cuales casi tres cuartas partes correspondieron a la minería ilegal.

Para el 2025, solo las exportaciones de oro ilegal habrían superado los US$11.500 millones, un 55% más que el año previo, igualando en toneladas al oro legal exportado.

En la superficie, la propuesta de que las fuerzas militares asuman el control interno en zonas en emergencia puede sonar contundente. En la práctica, es puro humo, sostiene Ricardo Valdéz, exviceministro del Interior.

Lo verdaderamente grave no es solo la captura de fiscales ni la de malos policías. Es la evidenciade que las instituciones peruanas —Policía Nacional y el Poder Judicial— están siendo permeadas por redes del crimen organizado que operan con un nivel de sofisticación inquietante. La captura de dos magistrados de materia ambiental muestra un Estado con grietas que ya no son menores.

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Pero responder a eso con medidas teatrales como la acción de las fuerzas militares solo alimenta un clima de pánico y confusión. Y no existe ninguna capacidad ejecutiva real para fortalecer el control interno de las policiales, blindar los sistemas judiciales o reforzar la inteligencia estatal.

CIEN POLICÍAS DADOS DE BAJA

El inspector general de la PNP, general Gustavo Ríos Tiravanti, informó que en lo que va de este año han sido pasados al retiro 103 policías, entre oficiales y subalternos, que cruzaron la línea de la ley, infiltrados en la institución.

Dijo que son casi 30.000 casos de policías investigados por infracciones leves, graves y muy graves a nivel nacional. "De 806 casos administrativos disciplinarios, han sido resueltos 100", indicó.

Para el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, lo que se requiere son reformas profundas y sostenidas: modernizar los sistemas de verificación policial, profesionalizar y blindar a la Policía frente a la corrupción, invertir en contrainteligencia y reestructurar la estrategia de control fronterizo que ha expuesto a policías y militares a redes criminales.

El Perú necesita un Estado que se fortalezca desde adentro, con políticas de largo plazo capaces de cerrar las puertas al crimen organizado y a la corrupción.Eso requiere voluntad política real y no el uso oportunista que, como todos sabemos, solo sirve para las fotos, subraya finalmente el oficial en retiro.

Se trató de una proyección gratuita, a la que asistieron público interesado, curiosos y varios activistas de derechos humanos. En La República hemos dado cuenta de la importancia del documental de Corcuera, el cual tiene como eje las matanzas, a cargo de las fuerzas del orden, que se realizaron para aplacar las revueltas del 2022/2023.

Lo que se vio el lunes dejó varias lecturas, como la actualidad de un trabajo que no solo sobrevive por la sensibilidad de sus temas, más aún en estos tiempos de olvidos gracias a la rapidez en la que vivimos, sino igualmente por su calidad estética (pensemos en la fotografía y sonido, a saber).

“Queremos decirle a la señora Keiko que sin justicia no hay reconciliación”, declaró para La República la activista e integrante de la Asociación de los familiares de las víctimas del 9 de enero, Milagros Samillán. Samillán, al finalizar la proyección entre aplausos, volvió a subrayar este reclamo de los familiares de las víctimas, quienes iban a asistir a la función. Ellos no pudieron llegar al quedarse atrapados en el intenso tráfico que a esa hora se generaba en el puente Atocongo.

En estos tiempos que corren, del olvido no se salva nadie. En este sentido, Uyariy sigue manteniendo vigencia por su calidad y mensaje (ambas características no siempre van de la mano), que adquiere otra dimensión cuando el reclamo por justicia sigue siendo una cuenta pendiente del Estado peruano. A esa misma hora, la plaza San Martín estaba rodeada de buses de la policía, que habían traído conjuntos musicales para celebrar el Día de la independencia, aunque el acceso estuvo restringido. No dejó de llamar la atención que varias piezas musicales proviniesen de la zona sur del país (diablada, por ejemplo), de donde, vaya oscura ironía, eran las víctimas de las revueltas.

Cuando Samillán terminó su intervención, el público formuló algunas preguntas y, del mismo modo, sugerencias sobre Uyariy. De las últimas, una que vengo escuchando desde su estreno en Juliaca en agosto de 2025: ¿qué se podría hacer para que el documental sea visto por más personas? Corcuera parte de un hecho concreto para hacer una exploración sobre la historia de la violencia en el sur. Las capas de la narración hacen que el documental no se quede en el trauma local y pasen a ser una representación de la injusticia en la historia peruana. Los familiares hicieron una vigilia frente al Palacio de Justicia el lunes en la noche y estuvieron en la marcha del 28 en el centro de Lima. Uyariy ayuda a no olvidar lo que pasó.

…

Datos:

Documental. Uyariy llevó 55 mil personas a las salas de cine durante el mes de enero de 2026.

 Medida. El Eficavip (Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales) fue desactivado el 6 de enero por el Ministerio Público.

Apoyo a los familiares de las víctimas. Donaciones al 973-487-807.

"El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando", señaló al ser consultada por una normalización en la relación bilateral entre Perú y México.

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Sobre el tema de Betssy Chávez, Sheinbaum señaló que espera que la situación se resuelva lo antes posible: "Nosotros, evidentemente, queremos que la persona que está en nuestra embajada, que hoy está resguardada por Brasil, se le pueda dar el salvoconducto para venir a México. Vamos a ver cómo se desarrolla esto".

Asimismo, Sheinbaum aseguró que su gobierno tiene una posición marcada alrededor de lo sucedido con Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión luego de ser señalado culpable del delito de conspiración por su intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022: "También sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo y que es una posición que nosotros hemos establecido, pero más allá de ello, evidentemente no queremos la rotura de las relaciones".

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Canciller Espá se pronuncia sobre posible salvoconducto a Betssy Chávez

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, señaló que el Consejo de Ministros tomará una decisión próximamente respecto a la entrega de un salvoconducto para Betssy Chávez. Señaló que se hará en respeto a lo que indican los tratados internacionales.

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"Estoy seguro que en el Consejo de Ministros vamos a tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a los principios del Derecho Internacional y de acuerdo a la Convención de Caracas que, desde mi punto de vista, es muy clara", indicó.

Además, Espá se mostró optimista con respecto a restituir las relaciones internacionales entre ambos países: "El Perú y México son países hermanos y países parecidos. Somos civilizaciones milenarias. (…) No podemos estar separados de México, tenemos que estar juntos. Estoy seguro que muy pronto vamos a poder seguir caminando en esa ruta de integración que la diplomacia ha priorizado".

“Desperté en casa de un amigo y en ese momento me preocupé por la persona que iba conmigo. Fui al hospital para que la atendieran y también a recibir atención, porque me fracturé las costillas. Luego, el Ministerio Público inició una investigación de oficio, de la que me desentendí porque era joven, tenía 26 años. Estaba ocupado en mis negocios y no era algo que me preocupara. La sentencia salió cuando yo no estaba en Arequipa”, explicó a La República en 2022, cuando postulaba por Fuerza Popular a la alcaldía distrital de Arequipa.

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Además, Arnillas registra varias investigaciones que fueron archivadas. Una de ellas también correspondía al presunto delito de lesiones culposas. Las demás estuvieron relacionadas con abuso de firma en blanco —en dos ocasiones—, estafa, delitos contra el patrimonio y falsedad ideológica.

Por otro lado, una nota publicada por este diario en 2022 reveló que Arnillas mantiene una participación del 45% en la empresa Corporación Ecorígenes S.A.C. Actualmente, la compañía figura con baja de inscripción. Sin embargo, en el portal Consulta RUC aparece con una deuda coactiva de S/20.292 y Arnillas continúa registrado como su representante legal.

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Zunini, quien también es secretario general de Juntos por el Perú calificó el discurso de la mandataria como un mensaje breve y previsible, indicando que la presencia de 17 funcionarios de distintas gestiones anteriores —como las de Dina Boluarte y el sector de Balcázar— en la comisión de transferencia demostraba que no había grandes novedades que esperar.

En esa línea, respaldó la decisión de la oposición de salir del Congreso. "Nos remitimos a los hechos y nos alegra habernos retirado del hemiciclo", indicó.

A través de sus redes sociales, Zunini también cuestionó el discurso de Fujimori al señalar que sus palabras no representan la realidad del país.

"¿Cuántas veces hemos escuchado lo mismo? El discurso de este martes volvió a evidenciar lo de siempre: falta de autenticidad, ausencia de autocrítica y una profunda desconexión con la realidad que viven millones de peruanos".

El diputado electo también advirtió sobre los antecedentes de la administración actual. "La historia habla por sí sola. El fujimorismo ha tenido décadas para demostrar de qué es capaz, y los resultados están a la vista. El Perú no necesita más promesas ni discursos reciclados; necesita gestión, resultados y soluciones concretas. Las palabras se las lleva el viento. Son los hechos los que realmente construyen el futuro".

Además, también se registraron a diversos congresistas portando un listón negro en el pecho en homenaje a las víctimas de la dictadura y de los gobiernos autoritarios que aún no encuentran justicia.

Entre las figuras presentes en el hemiciclo se observó a Ruth Luque, Harvey Colchado e Indira Huilca, parlamentarios que llevaban este distintivo.

Apenas terminó la juramentación de Fujimori, el bloque de la oposición se retiró del hemiciclo, mostrando fotografías de las víctimas fallecidas durante las protestas.

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El primer gesto de protesta se registró a pocos minutos de que inicie la agenda protocolar programada para las 12:15 p.m., hora de la juramentación de la mandataria y la imposición de la banda presidencial.

De acuerdo al cronograma, entre las 12:30 y 13:30 hrs. Fujimori ofrecerá su primer mensaje a la Nación ante el pleno. Posteriormente, se trasladará a Palacio de Gobierno a las 13:35 p.m., saludará a las delegaciones internacionales y, finalmente, se realizará la juramentación del gabinete ministerial a las 16:30 hrs.

Pronunciamiento de la diputada de Ahora Nación Indira Huilca

Tras el acto protocolar, la diputada Indira Huilca se pronunció sobre la salida del bloque de la oposición del Congreso. A través de un comunicado, la parlamentaria señaló que abandonaron el hemiciclo en memoria de las personas fallecidas durante las protestas.

"Cumplida la obligación de participar en la sesión de investidura, hemos decidido que el mejor lugar para estar hoy en el dia de la patria es junto a los familiares y deudos de Puno, Ayacucho, Andahuaylas, Lima".

Asimismo, exigió justicia para las víctimas que protestaron durante el gobierno de Dina Boluarte. “Es necesario, en un dia como hoy, llamar la atención sobre la justicia pendiente en los casos de las muertes y afectaciones ocurridas en el contexto de las protestas de 2022-2023, que fueron violentamente reprimidas para mantener en el poder a Dina Boluarte".

Huilca criticó las normas promovidas por el fujimorismo para que policías y militares sean investigados en el fuero militar y no en la justicia ordinaria.

"El pacto mafioso, usó al Congreso para garantizar que esos casos no se investigasen debidamente" y añadió que "el fujimorismo, también desde el congreso bajo la presidencia del señor Rospigliosi, dio leyes de impunidad que afectan también estos casos pendientes de justicia".

¿A qué hora inicia el primer mensaje presidencial de Keiko Fujimori?

El Mensaje a la Naciónse realizará luego de la ceremonia de juramentación presidencial y de la toma de mando. Está programado para las 12.30 p. m. a 1.30 p. m.

¿Dónde ver en vivo el mensaje presidencial de Keiko Fujimori?

El discurso se desarrolla en el hemiciclo del Congreso de la República y es transmitido en señal abierta, cable y plataformas digitales.

Puedes verlo en la señal oficial del Congreso, TV Perú y demás medios de comunicación.

¿Qué temas abordará Keiko Fujimori en su primer mensaje al país?

Durante su discurso, se espera que presente los principales lineamientos de su gestión para el periodo 2026-2031, incluyendo anuncios relacionados con la economía, la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad, la inversión pública, la salud y la educación.

¿Quiénes asistirán al mensaje presidencial?

Para la ceremonia de toma de mando confirmaron su asistencia el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá) y Nasry Asfura (Honduras).

También asistirán el primer ministro de Aruba, Mike Eman; el ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun; y el vicesecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, en representación de Donald Trump.

Antes de su nombramiento, Beingolea se desempeñaba como conductor del programa Goles en Acción en TVPerú. Además, fue legislador durante el quinquenio 2011-2016, presidió el Partido Popular Cristiano (PPC) entre 2017 y 2021, y postuló a la Presidencia de la República en las elecciones de 2021.

En el ámbito académico, ejerció la docencia en la PUCP y otras universidades impartiendo cátedras de derecho y comunicación, además de tener una carrera como director, conductor y comentarista en el periodismo deportivo.

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Además de ello, se recuerda que, hace tres años, la Fiscalía Anticorrupción del Callao solicitó 10 años de prisión efectiva para Beingolea y exgerentes regionales Omar Romero y Carlos Palacios, por la presunta comisión del delito de colusión agravada. Es decir, se les acusó de confabularse para perjudicar económicamente al Estado a través de contrataciones públicas.

Según las investigaciones a cargo de la fiscal Katherin Arpe Sánchez, el Gobierno Regional del Callao contrató a Beingolea entre febrero y marzo de 2019 para brindar asesoría legal a la Gerencia General. Aunque el abogado sostiene haber cumplido con sus funciones, el Ministerio Público determinó que se desembolsaron fondos públicos por un servicio que nunca llegó a prestarse.

“Entre los 33 elementos de convicción que acreditarían el hecho delictivo, se cuenta con un informe de la Contraloría General de la República, la declaración de los consejeros regionales, así como una pericia contable”, indicó la Fiscalía.

"Tenemos serias preocupaciones respecto a esta designación. El perfil públicamente conocido del ministro no evidencia experiencia en salud ni en el sector. La salud no es un ámbito en el que exista una larga curva de aprendizaje. Cada decisión tiene un impacto directo sobre la vida de las personas", declaró a RPP.

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Asimismo, el decano del Colegio Médico del Perú criticó la falta de detalles en el mensaje a la Nación de Keiko Fujimori para explicar cómo se reformará el sistema de salud durante su gobierno. Riega López deseó éxitos a la gestión de Fujimori y llamó a priorizar las políticas de salud.

"Para el Colegio Médico del Perú, el inicio de un nuevo gobierno siempre representa la posibilidad de resolver problemas serios y de gran magnitud. (…) La presidenta ha planteado un gobierno basado en la meritocracia. Sin embargo, creemos que uno de los temas pendientes de su mensaje ha sido el desarrollo de una propuesta integral para el sistema de salud del Perú. El país necesita un equipo técnico y una hoja de ruta que especifique cómo se desarrollará", señaló.

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La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el titular del Interior, César Astudillo. A su llegada, Fujimori pasó revista a las unidades presentes. Y, tras los honores militares, el Himno Nacional y la presentación de armas, el general del Ejército César Briceño Valdivia dio inicio al acto protocolar.

"Le hago entrega del Bastón de Mando, símbolo de autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú", indicó.

En la ceremonia estuvieron presentes el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle; el comandante general de la Marina, Javier Bravo de Rueda Delgado; el comandante general de la Fuerza Aérea, Mario Contreras León-Carty; y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Además, durante la ceremonia se leyeron los artículos 118 y 167 de la Constitución, que establecen el rol del presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como las normas del Sistema de Defensa Nacional.

"Mientras no haga un mea culpa y corrija los males que se hizo, temo que el Perú del sur, de la sierra y la selva no van a reconciliarse con usted, en la práctica no será presidenta de todo el Perú, sino el resultado de un proceso electoral muy oscuro", manifestó Lescano.

En el documento, el exlegislador señaló que el reiterado pedido de reconciliación de Keiko Fujimori “suena vacío”. Argumentó que para conseguirla resulta indispensable la justicia, la cual es reclamada por los deudos de las muertes ocurridas bajo el gobierno de Boluarte y otros casos que, según indicó, ella ignoró.

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Asimismo, Lescano indicó que el orden prometido se debe conseguir mediante leyes que persigan el crimen y no con normas a favor de delincuentes y corruptos que fueron aprobadas por su bancada en el Congreso anterior.

También precisó que los anuncios de obras y aumentos económicos resultan insuficientes para superar la pobreza de casi nueve millones de peruanos. El excandidato presidencial señaló, además, que hay once millones que están en estado vulnerable y agregó que las medidas que precisó Fujimori en su mensaje no resolverán la anemia ni el abandono, que ella misma mencionó.

El político advirtió que mientras no exista un “mea culpa” y una corrección de los errores cometidos, el Perú no logrará reconciliarse con ella.

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Del mismo modo, exigió que demostrar con hechos concretos el respeto a la democracia, a la ley y a los derechos ciudadanos, y recalcó que las expresiones manifestadas hasta el momento solo son palabras ajenas a la realidad. “El Perú no merece lo que viene viviendo Sra. Fujimori, merece que usted cambie y sobre todo vivir”, indicó en su carta.

"La señora Keiko Fujimori, con su equipo de gente, con todos los que la rodean, le están haciendo un tremendo daño a la política y al país con esa actitud negativa de permanente enfrentamiento, de buscar que solo predominen sus intereses. Le interesa un comino el país. (…) Desde el momento en que ella sale, como consecuencia de su caída en las encuestas y el desafío que hizo Martín Vizcarra al Parlamento sobre el referéndum, demuestra que actúa por cálculo político", declaró entonces a ATV.

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Pero Sheput no fue el único que cuestionó al movimiento naranja. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, también inició su trayectoria política en una agrupación distinta. Durante su paso por Alianza para el Progreso, criticó al régimen del dictador Alberto Fujimori.

"La experiencia del régimen fujimorista fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, derechos humanos y corrupción. El fujimorismo ha blindado a algunos ministros de este régimen, por lo cual es algo vigente hasta la fecha", señaló quien hoy ocupa la Presidencia del Consejo de Ministros.

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Críticas al régimen de los noventa

Estas críticas también fueron expresadas, desde otra perspectiva, por Alberto Beingolea. Quien hoy dirige el Ministerio de Cultura cuestionó la gestión del padre de la actual jefa de Estado y sostuvo que el fujimorismo fue el origen de varios de los problemas que enfrenta la política peruana.

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"Esto tiene un punto de origen en el fujimorato y este discurso de Alberto Fujimori de ser el 'primer nuevo de la política', el outsider, el 'yo no soy político' (...). Ahí comenzó la desgracia peruana. Uno de los discursos que trajo Fujimori fue que la política era corrupta, sucia y que los jóvenes no deberían participar. Hasta antes la universidad era un centro para hacer política (...). Luego los mejores abandonaron la política y le dejaron el campo a los peores (...). Lo que hemos tenido en los últimos 30 años es un deterioro cada vez mayor", señaló en entrevista con Perú 21.

Luis Galarreta – Presidencia del Consejo de Ministros

Luis Fernando Galarreta Velarde, de 55 años, es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y uno de los hombres de mayor confianza de Keiko Fujimori: además de premier, es primer vicepresidente electo de la República. Nacido con una malformación en las extremidades superiores, inició su carrera política a fines de los años ochenta en el Movimiento Libertad y fue congresista en tres periodos (2006-2011, 2011-2016 y 2016-2019), llegando a presidir el Congreso en 2017-2018.

Secretario general de Fuerza Popular, Galarreta llegó a esa agrupación en 2016 pese a haber sido crítico del primer gobierno de Alberto Fujimori años antes. Como jefe del gabinete, ha señalado que sus prioridades serán combatir la inseguridad ciudadana e impulsar las inversiones, en un contexto de alta expectativa por la capacidad de su equipo para dar estabilidad al nuevo gobierno.

Elmer Cuba – Ministerio de Economía y Finanzas

Elmer Cuba es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Socio de la consultora Macroconsult, ha desarrollado una carrera de más de tres décadas entre el sector público, la consultoría privada y la academia: fue director del Banco Central de Reserva del Perú (2016-2021), integrante de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi (2004-2014) y miembro del directorio de Osinerg, además de consultor del Banco Mundial, el BID, la OIT y el PNUD.

Cuba ha ejercido la docencia en la PUCP, la Universidad del Pacífico, ESAN y la Academia Diplomática. Al asumir el MEF, planteó como prioridades mantener la disciplina fiscal y lograr que el crecimiento económico se traduzca en mejores salarios y empleo.

Carlos Espá – Ministerio de Relaciones Exteriores

Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, de 65 años, es abogado por la PUCP y magíster en Ciencia Política por The American University, en Estados Unidos. Se hizo conocido como conductor del programa periodístico 'Cuarto Poder' y, entre 2008 y 2023, fue director de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Lima, experiencia que consolidó su perfil en relaciones institucionales y diplomacia pública.

En 2023 fundó el partido SíCreo, con el que postuló a la presidencia en las elecciones de 2026 sin lograr pasar la valla electoral. Espá ha señalado que buscará impulsar una política exterior orientada a atraer inversiones y fortalecer la cooperación internacional. Durante su campaña presidencial, tuvo comentarios hacia la presencia de barcos pesqueros chinos en mar peruano.

César Astudillo – Ministerio del Interior

César Augusto Astudillo Salcedo, de 65 años, es general de división en retiro del Ejército peruano, con 39 años de servicio, y senador electo por Fuerza Popular. Ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en 1979 y a lo largo de su carrera combatió en la Guerra del Cenepa (1995) y participó en la operación Chavín de Huántar (1997); posteriormente fue comandante general del Ejército (2017-2018) y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2018-2021).

Doctor en Seguridad y Desarrollo y magíster en Administración, Astudillo asume el Mininter en medio de una fuerte crisis de inseguridad marcada por la extorsión y el crimen organizado.

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Ernesto Álvarez – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ernesto Álvarez Miranda, de 65 años, es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, con especializaciones en Derecho Político por la Universidad de Navarra y posgrados en Derechos Humanos y Justicia Constitucional. Fue magistrado del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014 y presidió esa institución en 2012; es militante del Partido Popular Cristiano desde 1984 y se ha desempeñado como decano de la Facultad de Derecho de la USMP.

Álvarez retorna al Ejecutivo pocos meses después de haber sido presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de José Jerí, entre octubre de 2025 y febrero de 2026, cargo que dejó tras la destitución del entonces mandatario.

Rafael Belaúnde Llosa – Ministerio de Defensa

Rafael Jorge Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry, es bachiller en Economía por la Universidad de Lima. Su carrera en el sector público incluye haber sido gerente de campo de Cofopri (2002-2006), asesor del Ministerio de la Producción y de la Defensoría del Pueblo, y ministro de Energía y Minas durante apenas un mes en 2020, en el gobierno de Martín Vizcarra.

En las elecciones de 2026 fundó el partido Libertad Popular y postuló a la presidencia; su campaña estuvo marcada por un atentado a balazos que sufrió en diciembre de 2025 en Cerro Azul, Cañete, del que salió ileso. Sin antecedentes militares, asume el Ministerio de Defensa.

Alberto Beingolea – Ministerio de Cultura

Alberto Ismael Beingolea Delgado es abogado y periodista deportivo, además de expresidente del Partido Popular Cristiano. Construyó su carrera política como congresista y fue candidato presidencial de esa agrupación en las elecciones de 2021. Beingolea nunca se ha desempeñado en un puesto de gestión cultural y también ha tenido comentarios criticando al fujimorismo en el pasado.

José Antonio Chang – Ministerio de Educación

José Antonio Chang Escobedo es exrector de la Universidad de San Martín de Porres y ya ocupó el Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Alan García, en una gestión enfocada en infraestructura educativa y evaluación docente.

Luis Dyer – Ministerio de Salud

Luis Williams Dyer Fernández es empresario vinculado a los sectores agroindustria, logística y comercio exterior, y se desempeñó como jefe de personeros de Fuerza Popular durante la última campaña electoral.

Su nombramiento en Salud llega sin una trayectoria previa en gestión sanitaria pública. Esto ha llevado a que sea uno de los nombramientos más comentados del nuevo gabinete.

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Vladimir Huaroc – Ministerio del Ambiente

Vladimir Huaroc Portocarrero es ingeniero agrónomo y expresidente regional de Junín. En el Ejecutivo se desempeñó como alto comisionado para el Diálogo y el Desarrollo de la PCM y como viceministro de Gobernanza Territorial, cargos que le dieron experiencia en el manejo de conflictos sociales vinculados a temas ambientales.

Juan Carlos Requejo – Ministerio de la Producción

Juan Carlos Requejo Alemán venía desempeñándose como viceministro de Mype e Industria en el propio Ministerio de la Producción. Anteriormente fue viceministro de Pesca y superintendente de la Sunafil.

Rafael Rey – Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Rafael Rey Rey es un excongresista que ya ocupó dos carteras ministeriales durante el segundo gobierno de Alan García: Producción y Defensa. Su nombramiento en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones llega tras una vida política con cercanías al fujimorismo.

Rey asume el MTC en un contexto marcado por la extorsión a transportistas y el colapso de la seguridad vial en varias regiones del país, uno de los frentes más sensibles para la opinión pública.

María Magdalena Seminario – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Mara Seminario Marón fue directora de Promoción del Turismo de Promperú y viceministra de Turismo, y llegó a ser ministra de Comercio Exterior y Turismo en 2020. Su trayectoria está más vinculada al sector turismo que a políticas de género o protección social.

Es una de las dos únicas mujeres del gabinete —junto con Maritza Canales— en un equipo ministerial que, en su composición inicial, ha sido señalado por la escasa presencia femenina.

Juan Sheput – Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Juan Manuel Sheput Moore es ingeniero y ya fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo. También se desempeñó como secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros y ha trabajado como consultor en temas de gestión pública, además de haber sido congresista.

Guillermo Shinno – Ministerio de Energía y Minas

Guillermo Shinno Huamaní es ingeniero de minas con amplia experiencia en la industria extractiva. Ha presidido el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y ocupado cargos ejecutivos en empresas del sector, además de haberse desempeñado como viceministro de Minas.

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Rogers Valencia – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Rogers Martín Valencia Espinoza es economista especializado en turismo y ya fue titular de esta misma cartera durante el gobierno de Martín Vizcarra. También dirigió Promperú y ha estado vinculado a la promoción de políticas de desarrollo turístico a lo largo de su carrera.

Su regreso al Mincetur apunta a dar continuidad técnica a un sector que la nueva gestión ha señalado como prioritario para la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera.

Marco Vinelli – Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Marco Antonio Vinelli Ruiz es administrador con experiencia en gestión pública y desarrollo rural, y fue director ejecutivo de Agro Rural. Su trayectoria está vinculada a proyectos de infraestructura agrícola y desarrollo territorial en distintas regiones del país.

Días antes de asumir el ministerio, Vinelli encabezó el equipo de transferencia del gobierno de Fujimori.

Mauricio Arnillas – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Mauricio Fernando Arnillas Gonzales es empresario del sector inmobiliario. En 2022 fue candidato a la alcaldía provincial de Arequipa por Fuerza Popular, lo que refleja su vínculo previo con el partido de la presidenta.

Maritza Canales – Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Maritza Ivonne Canales Martínez es ingeniera en Industrias Alimentarias y se desempeñó como agregada en el Consulado del Perú en Milán, Italia.

Junto con María Magdalena Seminario, es una de las dos mujeres que integran el primer gabinete de Keiko Fujimori.

El discurso de la lideresa de Fuerza Popular llama al entendimiento entre fuerzas políticas con posiciones distintas. No obstante, carece de una autocrítica clara. La presidenta no profundiza sobre el papel que desempeñó como actriz política durante la última década. Para Pavel Aguilar, profesor de Sociología Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), esto constituye un paso en falso.

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"Un proceso de reconciliación requiere que quienes participaron en un conflicto reconozcan, al menos parcialmente, las responsabilidades políticas que les corresponden. Cuando ese reconocimiento está ausente, el llamado a la unidad puede ser percibido como una invitación a cerrar el conflicto sin siquiera procesarlo. (…) Es presumible afirmar que detrás de esta omisión hay elementos de cálculo estratégico. Una autocrítica podría haber implicado costos elevados frente a la propia coalición de gobierno, abriendo con ello espacios para una interpelación política y/o jurídica mayor, debilitando el bloque oficialista justo en un momento en el que necesitan garantizar la estabilidad del primer gabinete", sostiene.

Esa misma omisión se repite en otro plano: el de las víctimas de la reciente represión. Mientras Fujimori sostiene que uno de los objetivos de su gobierno será fortalecer la democracia, la mandataria no hizo ninguna mención a las personas que murieron o resultaron afectadas durante las protestas, pese a que ejercían su derecho a la manifestación, a lo largo de los 45 minutos que duró su discurso. Aguilar considera que hacer referencia al Estado de derecho no solo implica respetar la legalidad, sino también reconocer a las personas afectadas por eventuales abusos estatales.

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"Desde la perspectiva de las políticas de memoria y reparación, el silencio tiene un significado profundamente político y, más aún, violento. No mencionar a las víctimas puede ser interpretado por diversos sectores como una priorización de la estabilidad institucional sobre el reconocimiento del daño sufrido, especialmente cuando las investigaciones sobre las muertes y lesiones derivadas de la represión aún no han concluido. Allí no veo ningún ánimo conciliador", advierte.

De la austeridad al derroche

Solo días antes de jurar como nueva mandataria, Keiko Fujimori aseguró que el Estado que estaba por asumir se encontraba en una situación crítica: "Los últimos gobiernos nos están entregando el Estado de manera catastrófica; los primeros informes que han ido llegando son realmente desoladores". Ese diagnóstico fue reiterado en su mensaje a la nación: "Recibimos un país marcado por el abandono. Recibimos un Estado debilitado por la improvisación".

Esta idea actúa como un salvavidas frente a eventuales fracasos de gestión. Contar con un responsable externo a la acción del fujimorismo acota las responsabilidades de la administración entrante.

Sin embargo, bajo un análisis crítico, esa posición entra en contradicción con el desarrollo posterior de su discurso. En lugar de apelar a la austeridad, cierta protección financiera en pro del empresariado y la reducción del gasto público —principales activos del fujimorismo durante la campaña y argumentos frecuente para diferenciarse de las propuestas de Roberto Sánchez—, Fujimori optó por presentar una serie de promesas que hicieron levantar más de una ceja entre los sectores liberales que respaldan a Fuerza Popular.

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La más llamativa podría ser la promesa de elevar la Remuneración Mínima Vital de S/1.130 a S/1.300. Durante la campaña, Fujimori sostenía que aumentar el sueldo mínimo respondía a la búsqueda de un “aplauso fácil”. A ello se suma el anuncio de duplicar el beneficio de Pensión 65: el monto entregado a las personas adultas mayores pasaría de S/350 a S/700 bimestrales.

Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, los anuncios del Gobierno parecen incompatibles con una política de disciplina fiscal: "Si uno suma todos los proyectos que no se han dado, más los gastos corrientes adicionales, esto no se condice con sanear las cuentas públicas. Creo que lo que vamos a ver es el detalle cuando el premier se presente al Congreso y delinee todo lo planteado. Así como cuando el ministro de Economía presente el presupuesto correspondiente", precisó.

El llamado a incrementar el gasto público de manera tan repentina ofrece una primera pista sobre la línea de acción que seguirá el nuevo gobierno. Como herencia de su padre, Keiko Fujimori apuesta por el corto plazo. El mayor gasto viene acompañado de prácticas asistencialistas que buscan obtener popularidad inmediata y generan espacios que pueden ser captados por piezas cercanas a la cantera de Fuerza Popular.

Seguridad y fenómeno de El Niño

Durante buena parte de la campaña, la propuesta fujimorista contó con un recurso político atractivo para buena parte del electorado: la promesa de la “mano dura”. Bajo el lema “Perú con Orden”, Fuerza Popular planteó alcanzar la pacificación social en un país cuya principal preocupación es la inseguridad ciudadana. Durante el discurso presidencial, la palabra “orden” solo fue mencionada dos veces.

En términos concretos, lo anunciado por Fujimori reproduce el contenido de su plan de gobierno. La mandataria anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el control de las operaciones de seguridad en los estados de emergencia, una medida que ya viene aplicándose. Asimismo, prometió fortalecer a la Policía Nacional, aunque sin hacer referencia a una reforma específica de la institución.

Para Fujimori, la vigencia de leyes como la 32108 —cuestionada por formar parte del paquete de normas denominado “leyes procrimen” y por limitar el allanamiento de inmuebles— no merece observaciones. Bajo el nuevo gobierno, los retrocesos en materia de seguridad aprobados por el Congreso 2021-2026 no tienen, por ahora, anuncio alguno de ser revertidos.

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El otro tema que la presidenta considera prioritario es el fenómeno de El Niño. El tratamiento que le da a esta emergencia revela más por lo que omite que por lo que promete. Ella misma reconoce que “el clima no espera los tiempos de la burocracia” y plantea un cambio de paradigma —pasar de la reacción tardía a la prevención—, pero el anuncio permanece en el terreno de las generalidades: descolmatación de ríos, defensas ribereñas, maquinaria pesada y logística de respuesta rápida.

Fujimori vuelve a apostar por soluciones que suelen anunciarse frente a cada episodio de El Niño costero o El Niño global. Sin embargo, al igual que en ocasiones anteriores, evita profundizar en la estrategia que permitirá convertir esas promesas en acciones concretas.

La ausencia de cifras específicas —cuánto se invertirá, en qué cuencas y bajo qué cronograma— deja entrever un grado de improvisación en un discurso que, en contraste, sí ofrece montos exactos para otras políticas públicas.

Un punto aparte es el mecanismo elegido: decretos de urgencia y facultades delegadas por el Congreso, agrupando el fenómeno de El Niño y la seguridad ciudadana bajo una misma vía excepcional. El Ejecutivo adelanta que pretende implementar estas medidas sin seguir el trámite legislativo ordinario. Ello podría convertirse en un foco de tensión con el nuevo Congreso bicameral, especialmente si las facultades delegadas no son delimitadas con precisión y terminan utilizándose para asuntos que excedan la atención de la emergencia climática.

Transportes sin asidero

El gasto público también ocupa un lugar central en el capítulo de infraestructura. Al diagnóstico de un Estado quebrado, Fujimori responde con una serie de promesas de obras que, históricamente, no han llegado a concretarse. La presidenta promete culminar las líneas de metro pendientes en Lima e impulsar sistemas de metro en ciudades como Trujillo, Piura y Arequipa.

Fujimori busca solucionar un problema originado por otro Fujimori. Históricamente, la expansión de la informalidad en el transporte y la ausencia de sistemas integrados tienen su origen en decisiones adoptadas durante el régimen de los noventa —tales como el Decreto Legislativo N° 651, en su momento—.

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Ahora, en su búsqueda por reivindicar esa falta, la presidenta omite un detalle: estas ciudades cuentan con planes de movilidad urbana aprobados por sus municipios, muchos de ellos elaborados con el apoyo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Promovilidad. Dichos planes contemplan la implementación de proyectos de transporte público masivo, pero no incluyen líneas de metro.

Jair Rodríguez, politólogo por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y consultor en movilidad urbana, señala que ello responde, en primer término, a que la demanda de viajes en esas ciudades no justifica un sistema de esa capacidad y, en segundo lugar, a que la construcción y operación de un metro implican costos muy elevados.

"En gran parte, esto se debe a un grave desconocimiento de los procesos de gestión pública en los gobiernos locales y regionales, así como al hecho de que el anuncio responde a una promesa de campaña contemplada en el plan de gobierno y que el Ejecutivo necesita sostener en su primer mensaje a la nación. El gobierno debería enfocar su atención en lo que realmente ocurre en la gestión pública subnacional para promover proyectos realistas y acordes con los instrumentos de planificación ya aprobados a nivel provincial", señala al momento de indicar las razones por las que Fujimori incluyó estas medidas en su mensaje presidencial.

Darle el control de los estados de emergencia a los institutos castrenses y subordinar a estos a la policía, entre 2023 y lo que va del 2026, no ha significado una reducción de la criminalidad. Al 26 de julio, según las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), el ingeniero Juan Carbajal publicó que el promedio de homicidios por día en el mandato de Boluarte llegó a 5,25; en el de Jerí, 5,73; y en el de Balcázar, 5,88.

El promedio se ha disparado. Se trata de un problema policial, no de uno militar.

Conclusión: en el periodo en el que las Fuerzas Armadas han tenido el control de las zonas declaradas en emergencia por contexto de violencia criminal, los homicidios no han experimentado una disminución sino todo lo contrario.

Los expertos consultados señalaron que el incremento de la violencia está relacionado con las llamadas leyes procrimen, que han debilitado la acción de jueces, fiscales y policías. Sin embargo, Fujimori no ha mencionado ninguna acción para dejar sin efecto dichas normas o reemplazarlas por otras realmente eficaces. Probablemente, la jefa de Estado no abordó el tema porque las leyes procrimen recibieron la aprobación de la bancada de su partido, Fuerza Popular. Esto explicaría por qué Keiko Fujimori decidió nombrar como ministro del Interior al general EP (r) César Astudillo Salcedo, ex comandante general del Ejército y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

“En materia de la lucha contra el crimen organizado ha anunciado las propuestas de siempre. Lo de darle el control interno a las Fuerzas Armadas está establecido en la Constitución. Creo que debió haber mencionado al menos la revisión de las leyes procrimen. Pudo haber dicho ‘vamos a revisar’ o ‘vamos a estudiar estas leyes’. Pero no lo hizo”, dijo el exviceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, José Robles Montoya.

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La jefa de Estado se refirió al espantoso incendio en el jirón Pisagua, La Victoria, originado presuntamente por extorsionadores, y que se cobró la vida de cinco adultos y cinco niños, todos integrantes de la misma familia.

Este hecho confirmó que la incidencia de este tipo de delito está fuera de control. Un militar no está familiarizado con el combate a la extorsión.

“Me preocupa la designación de un general del Ejército como ministro del Interior. Es un general de renombre, un general con un buen currículum. Pero no es un currículum que pueda asociarse a los temas de criminalidad y lucha contra la delincuencia”, dijo el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés.

“Si Fujimori lo que ha querido es demostrar una mano dura al poner a un general del Ejército en el Ministerio del Interior, es una designación para las tribunas, pero no es un mensaje técnico que a mí me genere tranquilidad. Sobre todo porque es imprescindible en un sector como el Interior llegar con un equipo de gestión muy bien articulado”, anotó Valdés.

Fujimori también pasó por alto las cuestionadas recientes compras de equipamiento para la Policía Nacional.

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Mininter: 60 denuncias de extorsión por día

• Según cifras del Ministerio del Interior, de enero a junio de 2026 se han registrado 425.239 denuncias policiales.
• Los delitos más frecuentes reportados son: 87.057 denuncias por hurto; 25.283 por robo; y 18.726 por estafa.
• También 10.671 denuncias por extorsión; 1.726 por asalto y robo de vehículos; y 526 por secuestro.
• Según estos datos, mensualmente los ciudadanos reportan 1.799 casos de extorsión cada mes en lo que va del año. Esto es, aproximadamente, 60 casos por día. Alrededor de 2,4 por cada hora. Sin embargo, estas cifras no grafican el grado de violencia que ejercen los delincuentes.

La llegada de Espá a Torre Tagle ya había sido anunciada por la oficina de la presidenta. En esa ocasión, también se informó que Luis Galarreta asumiría la Presidencia del Consejo de Ministros y que Elmer Cuba sería el nuevo titular del Ministerio de Economía.

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Las primeras acciones de Espá al frente de la Cancillería se evidenciaron durante la ceremonia de juramentación de Fujimori como presidenta. El otrora periodista fue visto recibiendo a los mandatarios extranjeros que asistieron al acto protocolar.

En su discurso de asunción al cargo, Fujimori no profundizó sobre la política exterior que seguirá su gobierno. Consultado al respecto, Espá aseguró que las relaciones diplomáticas serán una prioridad de la nueva administración: "La presidenta Fujimori está estableciendo claramente, primero, las relaciones de cordialidad y de amistad que tenemos con todos esos países y, al mismo tiempo, las grandes prioridades". Además, no descartó futuras visitas oficiales a la Casa Blanca.

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La trayectoria de Carlos Espá

Espa es bachiller en Derecho, pero ha desarrollado su carrera principalmente en el ámbito de las comunicaciones y el periodismo. El excandidato presidencial cuenta con experiencia en medios como El Comercio, La Prensa, RPP y América Televisión, donde fue conductor del programa dominical Cuarto Poder.

En el campo de las comunicaciones, fue oficial de Comunicaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y director de Comunicaciones del área de Prensa, Educación y Cultura de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. Además, dio sus primeros pasos en la política con el partido SíCreo, organización que fundó y con la que posteriormente postuló a la Presidencia de la República.

Luis Galarreta encabeza el Consejo de Ministros. Fujimori adelantó su nombramiento un día antes de la toma de mando, junto a otros dos ministros que también quedaron confirmados de forma anticipada.

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Gabinete Ministerial: ¿Quiénes son los ministros de Keiko Fujimori?

A continuación, conoce los nombres de los integrantes del primer Gabinete Ministerial de Keiko Fujimori junto a sus carteras:

• Luis Fernando Galarreta Velarde — Presidente del Consejo de Ministros
• Elmer Rafael Cuba Bustinza — Ministerio de Economía
• César Augusto Astudillo Salcedo — Ministerio del Interior
• Ernesto Julio Álvarez Miranda — Ministerio de Justicia
• Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear — Ministerio de Relaciones Exteriores
• Mauricio Fernando Arnillas Gonzales — Ministerio de Vivienda
• Alberto Ismael Beingolea Delgado — Ministerio de Cultura
• Rafael Jorge Belaúnde Llosa — Ministerio de Defensa
• Maritza Ivonne Canales Martínez — Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
• José Antonio Chang Escobedo — Ministerio de Educación
• Luis Williams Dyer Fernández — Ministerio de Salud
• Vladimir Huaroc Portocarrero — Ministerio del Ambiente
• Juan Carlos Requejo Alemán — Ministerio de la Producción
• Rafael Rey Rey — Ministerio de Transportes
• María Magdalena Seminario Marón — Ministerio de la Mujer
• Juan Manuel Sheput Moore — Ministerio de Trabajo
• Guillermo Shinno Huamaní — Ministerio de Energía y Minas
• Rogers Martín Valencia Espinoza — Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
• Marco Antonio Vinelli Ruiz — Ministerio de Agricultura

En Lima, las bancadas de Juntos por el Perú y Ahora Nación abandonaron el hemiciclo minutos antes del discurso presidencial. El vocero Ernesto Zunini defendió la decisión de su bancada. "No queremos mensajes, queremos actos y respuestas concretas", afirmó. La diputada Indira Huilca, por su parte, señaló que buscaba "recoger la voz de las víctimas asesinadas por el Estado".

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Fuera del hemiciclo, Roberto Sánchez encabezó una movilización frente al Palacio de Justicia. Ahí se reunieron familiares de las víctimas de las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023, junto a víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori. La senadora Mirtha Vásquez confirmó en sus redes sociales que, tras el retiro del Congreso, se sumó a esta movilización en rechazo al gobierno.

El rechazo a Keiko Fujimori no se limitó a la capital. En Arequipa y Juliaca, familiares de fallecidos y heridos en las protestas contra Dina Boluarte también salieron a marchar. Los manifestantes coincidieron en un reclamo común: no habrá reconciliación posible sin sanción para los responsables de las muertes durante la represión policial.

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Las protestas en Arequipa

Un grupo de aproximadamente 20 personas marchó este 28 de julio por el centro de Arequipa. Los manifestantes partieron de la Plaza de España y llegaron hasta la Plaza de Armas. Portaron banderas amarillas con la leyenda "No a Keiko" y el rostro de la mandataria.

Yesenia Neira, vocera del Frente Patriótico de Arequipa, encabezó la movilización. La dirigente calificó como ilegítimo al nuevo gobierno y anunció que su colectivo no reconoce a Fujimori como presidenta. "Estaremos vigilantes a los actos dictatoriales que podría cometer Keiko Fujimori, así como a los actos de corrupción", declaró a La República.

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Durante la marcha, los manifestantes exhibieron una figura de una rata de casi 3 metros, de color marrón, como símbolo de rechazo al gobierno entrante. También expresaron su respaldo a las movilizaciones realizadas en Lima ese mismo día y pidieron justicia para las personas fallecidas durante las protestas de 2022 y 2023.

El Frente Patriótico cuestionó, además, la desactivación de equipos especiales de fiscales, entre ellos el Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Para los manifestantes, esta medida dificulta que las familias que perdieron a un ser querido logren acceder a justicia.

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Las protestas en Juliaca

En Puno, los familiares de los fallecidos en las protestas de 2023 rechazaron el llamado a la reconciliación que hizo Keiko Fujimori durante su mensaje presidencial. Los deudos condicionaron cualquier acercamiento con el nuevo gobierno a la derogatoria de todas las leyes pro impunidad, en particular la ley 32735, que impide que la justicia ordinaria investigue a policías y militares.

Pedro Samillán, hermano del médico Marco Antonio Samillán, quien murió por un impacto de bala el 9 de enero de 2023 cerca del aeropuerto de Juliaca, cuestionó las contradicciones del nuevo gobierno. "No puede haber reconciliación si no hay sanción para los militares y policías que mataron a nuestros seres queridos. No entendemos a esa señora porque por un lado pide diálogo, pero después saca leyes a favor de los militares para que sigan actuando con impunidad", sostuvo.

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Segundo Mamani Arias, herido por perdigones durante las protestas, también rechazó cualquier diálogo con el Ejecutivo. "Lo único que espero es que los que me dispararon perdigones en mi cabeza terminen presos. A mí me destruyeron la vida. No soy una persona normal y lo mínimo que deseo es que los responsables paguen su mal actuar con cárcel", relató. El herido remarcó que no confía en las palabras de la nueva mandataria.

El Frente de Organizaciones Populares Amador Núñez recordó que Fuerza Popular respaldó desde el Parlamento al gobierno de Dina Boluarte durante la represión de las protestas. "Cree que los puneños somos tontos. Tenemos memoria. Vamos a apoyar en todo a los familiares de los asesinados. Este gobierno es cómplice tácito de todo lo que sucedió en el Perú", denunció el colectivo.

Además, antes del inicio de su discurso, las bancadas de oposición mostraron fotografías de las víctimas de las protestas sociales del 2022-2023 y se retiraron.

Pese a todo ello, la mandataria no mencionó el tema de los DD.HH en ningún momento.

Tampoco presentó políticas para combatir la violencia de género ni el feminicidio. Menos hizo mención a la educación sexual, los conflictos socioambientales, personas con discapacidad, promoción de la cultura, SIS, Reinfo, ONP, EsSalud y PetroPerú. La lista es larga.

Fujimori no mencionó nada sobre derechos humanos

Empecemos por los derechos humanos. Si bien la presidenta juró “defender la Constitución” y respetar las libertades individuales (específicamente expresión y prensa), no mencionó una agenda clara sobre derechos fundamentales, reparación a víctimas o compromisos internacionales en esta materia.

Todo ello aun cuando el fujimorismo es recordado por los diversos casos de violaciones contra los derechos humanos durante la época de conflicto armado interno y pese a que llega al gobierno con un partido cuya bancada (Fuerza Popular) promovió varios proyectos de ley que facilitan la impunidad en casos de ese tipo.

Para muestra, la ley de impunidad para que policías y militares no sean procesados por la justicia ordinaria, el proyecto que incorpora los delitos de lesa humanidad en el Código Penal excluyendo los conceptos del derecho internacional, y la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad ejecutados antes del 2002.

A esto se le suman los casos consecutivos de abusos policiales registrados en lo que va del año.

La Masacre de Colcabamba, donde cinco jóvenes murieron y otros tres resultaron heridos tras un ataque armado por parte de la PNP, es uno de ellos. Le siguen la muerte de un joven de 17 años dentro de una comisaría en Manchay y la agresión contra un abogado dentro de una comisaría en Puno. Todos casos ya investigados por la Fiscalía y que la ley de impunidad a los uniformados podría dejarlos impunes.

Violencia de género y educación sexual fuera de la agenda

Otra de las notables ausencias fueron políticas concretas sobre violencia de género.

En su mensaje, Keiko mencionó a las "madres de las ollas comunes", pero no refirió estrategias para combatir la violencia de género, el feminicidio, ni menciona estrategias para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Además, no manifestó una política para promover la educación sexual integral en las escuelas. Únicamente dijo que se ejecutará un programa multisectorial para el desarrollo integral del adolescente con el principal objetivo de prevenir el embarazo en adolescentes.

Personas con discapacidad quedaron excluidas

Tampoco se tuvo en cuenta a las personas con discapacidad. El discurso planteó tres políticas de protección tituladas "Protección Integral de la Primera Infancia, la Niñez, la Adolescencia y la Familia", "Jóvenes con Futuro" y "Cuidando la experiencia" (para adultos mayores). En ninguna de estas secciones se les mencionó.

A su vez, las promesas de construcción de grandes proyectos viales como las líneas del Metro no vinieron con criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidades sensoriales.

Ningún plan para abordar conflictos socioambientales y Reinfo

Por otro lado, el discurso mencionó la lucha contra la minería ilegal como un sector que se debe combatir para garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, no indicó ninguna decisión sobre el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), cuya ampliación de inscripción resulta beneficiosa justamente para los mineros ilegales.

Tampoco explicó Keiko de qué forma se abordarán los conflictos socioambientales como la deforestación, derrames de crudo y demás. Sobre todo teniendo en cuenta que en las últimas semanas, pescadores artesanales han protestado contra flotas industriales por competencia desleal y depredación.

Nada sobre promoción de la cultura

Menos se incluyó alguna propuesta concreta ni plan de acción sobre la promoción de la cultura, el fomento de las artes o la protección del patrimonio histórico.

Esto cuando se mantiene vigente la crítica hacia la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) que solo incluye a artistas con formación académica, dejando de lado a los empíricos.

SIS, ONP y PetroPerú

Otra de las tantas ausencias en el mensaje a la Nación es la mejora del Seguro Integral de Salud (SIS). La mandataria se refirió de manera general al sector salud y señaló las fallas de gobiernos anteriores. Propuso reorganizar los servicios públicos con el fin de construir un “sistema de protección integral, con cobertura universal y atención continua”, pero no anotó nada concreto.

Fujimori prometió aumentar el salario mínimo a S/1.300 y duplicar el monto de Pensión 65 de S/350 a S/700 bimestral, pero olvidó a la ONP (Oficina de Normalización Previsional), pese a que cada año se ha exigido una mejora de este sistema.

Por último, el discurso dedicó un objetivo entero a la "sostenibilidad fiscal" y al ordenamiento de las cuentas públicas para "eliminar el gasto innecesario", pero evitó incluir reformas sobre PetroPerú o posibles medidas de reestructuración para esta empresa. Tampoco se hizo referencia alguna a la situación financiera o administrativa.

A puertas de darse a conocer la conformación del gabinete, los únicos confirmados son Elmer Cuba, quien asumirá como nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas, y Carlos Espá al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Originalmente, la juramentación del equipo ministerial estaba programada para las 4:30 p. m., según lo que previsto en el programa preliminar de la transmisión del mando.

Sin embargo, la agenda se modificó de último momento. A través de una nueva convocatoria emitida por la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia de la República, se programó la hora del evento para las 5:15 de la tarde.

Dyer, acumula 29 años de experiencia empresarial, sobre todo en la industria del acero. Es gerente general de Formamos Aceros S.A.C. Es becario del programa Fulbright y estudió Negocios Internacionales en Barry University, en Miami. Tiene además una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y estudios de estrategia en Harvard, Tongji University e IEDE Business School. Es accionista de Cemento Amazónico y dueño de Formamos Acero SAC, empresa dedicada a la venta de materiales de construcción con presencia en varias regiones del país.

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Dyer tiene una larga carrera como operador electoral: en 2001 fue coordinador regional en Huánuco para la campaña de Alejandro Toledo, en 2006 apoyó la candidatura de Alan García y en 2011 postuló al Congreso por Ucayali con Perú Posible. En 2016 asumió la jefatura de personeros de Peruanos por el Kambio, el partido que llevó a Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia.

Su vínculo con Fuerza Popular es reciente pero se consolidó con rapidez. Durante las elecciones generales de 2026 asumió la jefatura nacional de personeros del partido, repitiendo lo hecho en 2016. Desde ese cargo coordinó la cobertura de más de 10 mil mesas de sufragio en primera vuelta y lideró el reclutamiento de personeros para el balotaje que llevó a Keiko Fujimori a la presidencia.

El nuevo ministro no tiene experiencia ni formación en el sector salud. Asume una cartera marcada por el desabastecimiento de medicamentos y las deficiencias de infraestructura hospitalaria, dos de los principales reclamos ciudadanos en el sector. Su nombramiento se suma a una lista de carteras del gabinete Galarreta ocupadas por figuras cercanas a la campaña de Fujimori antes que por perfiles técnicos del área.

La toma de juramento a los miembros del nuevo gabinete ministerial por parte de la presidenta Keiko Fujimori se realizó este martes poco después de las 5.00 p. m. en las instalaciones de Palacio de Gobierno, evento enmarcado dentro de las actividades oficiales de la toma de mando.

El nombramiento se suma a las confirmaciones realizadas el último lunes por la propia jefa de Estado, quien anunció Elmer Cuba como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a Carlos Espá al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Perfil y trayectoria política

Rafael Belaunde Llosa es bachiller en Economía por la Universidad de Lima y nieto del expresidente Fernando Belaunde Terry. En el sector público, fue gerente de campo en Cofopri entre 2002 y 2006, además de desempeñarse como asesor en el Ministerio de la Producción (2003) y en la Defensoría del Pueblo (2006).

Inició su trayectoria política en 2001 integrando el equipo técnico del Frente Independiente Moralizador, agrupación con la que postuló sin éxito al Congreso. Entre 2005 y 2012 militó en el partido Adelante, fundado por su padre, el exsenador Rafael Belaunde Aubry.

En julio de 2020 asumió la titularidad del Ministerio de Energía y Minas durante el mandato de Martín Vizcarra, cargo al que renunció luego de que el Congreso le negara la confianza al Gabinete liderado por Pedro Cateriano.

Posteriormente, tras un paso por Todos por el Perú, cofundó en 2022 el partido Libertad Popular junto a Cateriano, asumiendo su presidencia y convirtiéndose en su candidato presidencial para los comicios generales de 2026.

El jurista asume el despacho ministerial con el encargo de conducir el sector Justicia en el inicio del nuevo periodo gubernamental.

Cabe destacar que Álvarez retorna al Poder Ejecutivo tan solo unos meses después de haber ejercido la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante el mandato de José Jerí, gestión que se extendió por algo más de cuatro meses hasta la destitución del entonces mandatario en febrero de 2026.

Perfil y trayectoria académica

Ernesto Álvarez Miranda nació en Lima el 21 de mayo de 1961. Es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres (USMP), además de contar con una especialización en Derecho Político por la Universidad de Navarra.

A su formación académica se añaden estudios de posgrado en Derechos Humanos en la American University y en Justicia Constitucional en la Universidad de Pisa.

En la actualidad, ejerce la docencia principal en la Facultad de Derecho de la USMP, donde también ha asumido responsabilidades académicas como la dirección de investigación jurídica y la coordinación del doctorado.

Experiencia política y pública

El hoy titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) se desempeño como magistrado del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014, entidad que llegó a presidir durante el año 2012. Posteriormente, ejerció la Presidencia del Consejo de Ministros durante la gestión del expresidente José Jerí.

Durante su paso por el TC, Álvarez suscribió resoluciones vinculadas al proceso de selección de fiscales supremos del entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En septiembre de 2013, votó junto a otros tres magistrados para ordenar que el CNM elija al nuevo fiscal supremo entre Mateo Castañeda y César Hinostroza, pese a los cuestionamientos en su contra.

Meses después, en abril de 2014, respaldó el fallo que ordenó directamente la designación de Hinostroza. Estas decisiones provocaron el rechazo del CNM por vulnerar sus funciones constitucionales, hasta que, en julio de 2014, la nueva composición del TC dejó sin efecto lo resuelto y archivó el caso por invadir competencias.

La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial este martes poco después de las 5.00 p. m. La actividad protocolar se desarrolló en las instalaciones de Palacio de Gobierno como parte de los actos programados para esta jornada de transmisión de mando.

Astudillo ejerció como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entre los años 2018 y 2021. Previamente, ocupó las posiciones de comandante general del Ejército del Perú (2017-2018) e inspector general de la institución (2016-2017).

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Asimismo, se desempeñó como comandante del Comando Especial VRAEM (2014-2015) y de la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales (2012-2013), además de haber sido excombatiente en el conflicto del Cenepa en 1995 y haber participado en la operación Chavín de Huántar.

En el aspecto académico, es oficial de carrera especializado en unidades de comandos y fuerzas especiales. Cuenta con una maestría en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal y un doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

El nombramiento de Astudillo se suma a las confirmaciones adelantadas el día de ayer por la jefa de Estado, quien anunció a Elmer Cuba para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a Carlos Espá para el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Cabe precisar que el horario de la ceremonia sufrió una modificación respecto a la agenda inicial. Aunque el programa preliminar establecía la juramentación a las 4:30 p. m., una convocatoria oficial emitida por la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa estableció el inicio del acto a las 5:15 de la tarde.

Chang es doctor en Educación e ingeniero industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con un máster en Computación Educativa y Tecnología de la Universidad de Hartford. Durante su primer paso por el sector, entre julio de 2006 y marzo de 2011, impulsó una gestión centrada en infraestructura educativa y evaluación docente. Entre septiembre de 2010 y marzo de 2011 también presidió el Consejo de Ministros, en reemplazo de Javier Velásquez Quesquén, y al concluir su gestión fue condecorado por García con la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz.

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Su retorno al gabinete llega, sin embargo, marcado por cuestionamientos a su gestión como rector de la USMP. En 2019, la Sunedu sancionó a la universidad con una multa superior a S/ 8.6 millones y ordenó iniciar un proceso de vacancia contra Chang, tras determinar que permitió préstamos e inversiones irregulares a favor de siete empresas vinculadas a la casa de estudios, por un monto que superó los S/ 293 millones entre 2013 y 2018. El organismo calificó la infracción como "muy grave" y señaló la ausencia de una conducta diligente en el manejo de esos activos.

Chang evitó la vacancia en el rectorado gracias a una acción de amparo que el Tribunal Constitucional le concedió a fines de 2023, al considerar que la Sunedu no le permitió ejercer su defensa dentro del procedimiento sancionador contra la universidad. El fallo declaró nula la medida correctiva, pero no se pronunció sobre el fondo de las irregularidades detectadas en el manejo financiero de la USMP durante su gestión.

Sheput, nuevo integrante del Consejo de Ministros, se desempeñó en las gestiones de los expresidentes Alejandro Toledo y Manuel Merino.

La primera vez que ocupó la cartera de Trabajo fue en el 2005. Toledo lo nombra como ministro en los gabinete que estuvo presidido en ese entonces por Carlos Ferrero.

Su segunda experiencia se dio en el 2020. Manuel Merino lo designó también como ministro de trabajo, cargo en que estuvo solo 5 días, debido a la renuncia de Merino por las protestas sociales.

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Keiko Fujimori nombró su nuevo gabinete ministerial

Keiko Fujimori también designó a Carlos Espá en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Rafael Belaunde en Defensa, César Astudillo en el Interior, Ernesto Álvarez en el Ministerio de Justicia.

José Chang Escobedo en Educación, Luis Dyer Fernández en Salud; Marco Vinelli en Desarrollo Agrario y Riego; Juan Requejo Alemán en Producción: Rogers Valencia Espinoza en Comercio Exterior y Turismo.

Alberto Beingola en Cultura, Maritza Canales Martínez en Desarrrollo e Inclusión Social, Gullermo Shinno en Energía y Minas; Rafael Rey en Transportes; Vladimir Huaroc en Ambiente; Mauricio Arnillas en Vivienda; María Seminario en Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Además se oficializó la llegada de Elmer Cuba en Economía y Finanzas y Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros.