La iniciativa también es suscrita por los congresistas Edgar Reymundo, Ruth Luque, Sigrid Bazán y Carlos Zevallos.

Alcance de la norma

Todo comenzó en octubre del 2025, cuando el congresista Segundo Montalvo propuso la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) como una institución de alcance nacional encargada de representar, organizar y supervisar el ejercicio profesional de los artistas en disciplinas como artes plásticas y visuales, música, danza, artes escénicas y otras especialidades afines.

La norma también establece los requisitos de colegiación solo para profesionales egresados de escuelas superiores, institutos y universidades.

En mayo de este año, durante su votación en el Congreso, se aprobó el dictamen con una adición incorporada a último momento: que las personas inhabilitadas para ejercer función pública no puedan integrar órganos de gobierno en colegios profesionales.

Evidentemente, la situación de los profesionales inhabilitados para la función pública no tenía relación con un colegio de artistas. Por ello, parlamentarias como Susel Paredes y Sigrid Bazán cuestionaron lo sucedido. Incluso, Delia Espinoza alertó que se trataba de un ataque en su contra y pidió al presidente Balcázar observar la autógrafa.

Pese a ello, la propuesta siguió su curso en el Legislativo y, finalmente, fue oficializada el 13 de junio. Se trata de la Ley 32645.

Norma excluye a artistas autodidactas

Ante esto, los legisladores que desde un inicio estuvieron en contra de su promulgación presentaron un proyecto de ley para derogarla.

Uno de los argumentos es que, al solo permitir la colegiatura de artistas profesionales, se excluye a miles de artistas peruanos que desarrollan su labor de manera autodidacta o mediante saberes ancestrales y populares que no necesariamente cuentan con títulos universitarios o superiores.

Para ello, sustentan su posición con información de RENTOCA, que señala que alrededor del 50% de los artistas ha aprendido su actividad cultural a través de la tradición familiar o comunal, y un 32%, de forma autodidacta. Solo un 20% ha acudido a una universidad para aprender su ocupación artística, "lo que refleja el elitismo que se formaría con la colegiatura de una mínima porción de los artistas".

En ese contexto, sostienen que "limitar la representación artística únicamente a profesionales titulados profundizaría la brecha entre el arte académico y el arte popular".

Asimismo, explican que la ley permite la "intromisión en la actividad artística al permitir una fiscalización o control institucional" de un área que, por su naturaleza, es "una expresión libre, subjetiva, diversa y creativa".

En ese sentido, alertan que pretender "ordenar y supervisar" el ejercicio artístico representa un riesgo para la libertad de creación y para la independencia cultural del país.

Vulneración a la independencia de los colegios profesionales

También mencionan que "la aprobación de la inclusión puesta inconsultamente en el texto sustitutorio de la segunda disposición complementaria final vulnera la independencia de todos los colegios profesionales bajo el pretexto de mantener en su directiva a personas 'idóneas'".

Espinoza también se pronunció contra este apartado de la norma, que podría perjudicarla. "Se acaba de publicar la Ley que crea el Colegio de Artistas Profesionales, no solo es una Ley discriminadora sino antidemocrática, pues su único objetivo es ir en contra Delia Espinoza. Estamos regresando a los 90 donde la persecución y la venganza era la forma de hacer política", escribió en su cuenta de X.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

El mensaje fue difundido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional”, señaló la entidad en sus redes sociales. La advertencia se produce cuando el Congreso aún debe someter la iniciativa a una segunda votación para definir su futuro.

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La observación de Naciones Unidas se dirige a una propuesta legislativa aprobada en primera votación por el Parlamento el pasado 12 de junio. El texto modifica el Código Penal Militar Policial y establece que policías y militares no podrán enfrentar procesos paralelos por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar-policial. Además, dispone que determinados casos sean resueltos dentro de este último fuero.

La iniciativa recibió 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones. El proyecto contó con el respaldo de bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular. En contraste, legisladores de izquierda y organizaciones de derechos humanos alertaron sobre los riesgos que tendría la norma para la rendición de cuentas en casos que involucren a agentes del Estado.

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Organismos de derechos humanos cuestionan proyecto aprobado por el Congreso

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) alertó que la iniciativa representa el retorno de mecanismos que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), favorecieron la impunidad durante el conflicto armado interno. En un editorial, recordó que el Informe Final de la CVR concluyó que la actuación de la justicia militar en casos de violaciones de derechos humanos permitió que numerosos procesos terminaran sin sanciones efectivas para los responsables.

La institución también cuestionó que el proyecto amplíe la definición de delito de función y permita que hechos cometidos por policías y militares durante estados de emergencia sean conocidos por tribunales militares. A juicio del IDEHPUCP, la propuesta forma parte de una serie de medidas impulsadas en los últimos años que reducen los mecanismos de control sobre agentes estatales y debilitan la rendición de cuentas.

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Desde el Instituto de Defensa Legal (IDL), el abogado Carlos Rivera sostuvo que la norma es inconstitucional y contradice criterios establecidos por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordó que desde 2004 existe un precedente que determina que delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria.

Rivera advirtió que el proyecto modifica de manera sustancial el concepto de delito de función y abre la posibilidad de trasladar a la jurisdicción militar-policial hechos que actualmente corresponden al fuero común. Para el abogado, la propuesta se suma a otras iniciativas aprobadas por el Congreso que, según indicó, favorecen escenarios de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la aprobación del proyecto en primera votación y afirmó que la jurisdicción militar tiene un carácter excepcional que no debe extenderse a delitos comunes. En un pronunciamiento público, la organización señaló que la ampliación de competencias del fuero militar-policial contradice estándares reconocidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La CNDDHH sostuvo además que la medida debilita la rendición de cuentas y podría dificultar el acceso a la justicia para las víctimas. Según la organización, trasladar este tipo de casos fuera de la justicia ordinaria genera mayores riesgos de impunidad y afecta las garantías de protección de los derechos humanos.

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Roberto Sánchez rechaza ley y afirma que no responde a estándares democráticos

Por su parte, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, expresó su rechazo a la propuesta y cuestionó que policías y militares sean retirados de la jurisdicción civil para ser sometidos a tribunales militares. Consideró que una medida de esa naturaleza no corresponde a los estándares democráticos que deben regir en el país.

Sánchez afirmó que el Perú necesita fortalecer la protección de los derechos humanos y recuperar estándares democráticos en las instituciones públicas. "Que la Policía Nacional y el Ejército, en el marco de su actividad, sean hoy quitados del foro civil y sean sometidos al foro militar, eso no es un estándar de la democracia", declaró. Asimismo, sostuvo que la norma no contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho ni beneficia al país.

Según indicó, su partido continuará presentando recursos ante las autoridades competentes y mantendrá la vigilancia sobre el desarrollo del proceso hasta que se resuelvan todas las observaciones planteadas.

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El líder de Juntos por el Perú también respondió a las críticas por la convocatoria a las calles. Aseguró que la movilización no busca generar confrontación y remarcó que los participantes actuarán dentro del marco democrático. En ese sentido, indicó que su agrupación ha tomado previsiones para evitar hechos que puedan alterar el orden público.

Además, reiteró sus cuestionamientos al trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de la Cancillería respecto al manejo de las actas provenientes del extranjero. Sánchez sostuvo que existen dudas que deben ser aclaradas por las instituciones involucradas y afirmó que continuarán exigiendo explicaciones sobre el traslado y procesamiento de los documentos electorales.

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Roberto Sánchez asegura que la movilización será pacífica

Durante su pronunciamiento, Sánchez afirmó que la marcha convocada para este viernes tendrá un carácter pacífico y descartó cualquier llamado a la violencia. "Mañana nos estamos organizando para que no haya infiltrados", manifestó al explicar las coordinaciones que realiza su agrupación para el desarrollo de la protesta.

El candidato sostuvo que la movilización busca defender lo que considera la expresión legítima de los ciudadanos en las urnas. "Daremos lucha democrática para que se respete la voluntad de nuestro pueblo", señaló. También indicó que sus simpatizantes consideran que los resultados conocidos hasta el momento no reflejan plenamente la decisión popular.

En la misma línea, pidió que las autoridades electorales garanticen transparencia durante todo el proceso. "Nosotros exigimos respeto y transparencia" y "se respete todos los votos como corresponde, pero con cero controversias", declaró ante los medios de comunicación.

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Juntos por el Perú anuncia nulidades y cuestiona el manejo de actas del extranjero

El equipo legal de Juntos por el Perú informó que presentará solicitudes de nulidad sobre diversas mesas de votación. El abogado Roy Mendoza precisó que su organización ha decidido impugnar 1.751 mesas en Lima debido a presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de la documentación electoral.

Asimismo, anunció pedidos de nulidad para 647 mesas instaladas en Estados Unidos y otras 294 en Buenos Aires. Según explicó, una de las principales observaciones se relaciona con el tratamiento de las actas electorales en el exterior. "No digitalizando, no escaneando y no enviando las actas", afirmó al sustentar los cuestionamientos de su agrupación.

Por su parte, Marco Zeballos responsabilizó a la Cancillería y a los consulados por las presuntas deficiencias en el traslado de la documentación. "Los consulados tienen la obligación de remitir todas las actas mediante valija diplomática" y "lo que cuestionamos es el hecho de que la autoridad, Cancillería, consulado y ONPE no hayan cumplido con sus responsabilidades", declaró.

Se trata del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera; la ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza; y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate.

Para suplir esta ausencia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quedó a cargo del ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechan; el Ministerio de Vivienda fue asumido por el titular de Producción, César Manuel Quispe Luján; y el Ministerio de Educación estuvo a cargo de la ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo.

Además, acompañaron Alonso Tenorio Trigoso, secretario general de Palacio de Gobierno, y el general de brigada EP Julio Ulises Mori Rabanal, secretario de Seguridad, según la Resolución Ministerial N.° 360-2026-RE, modificada por la Resolución Ministerial N.° 368-2026-RE.

—¿Alguna vez has visto al mundo tan convulsionado como ahora?

—Ha habido otros momentos históricos bastante convulsionados en el mundo. En los años 30, por ejemplo. Es importante poner este momento en perspectiva histórica. Desde la Segunda Guerra Mundial y la construcción del nuevo orden internacional, global, que dividió al mundo en dos bloques políticos e ideológicos, este es el periodo más turbulento. Este tipo de nuevo orden ya venía debilitándose. Ahora estamos viendo que están surgiendo muchas ideas radicales, con figuras políticas primitivas, lo cual está generando mucha incertidumbre y caos en el mundo. Como dijo Gramsci, estamos en un interregno al final de una época; pero la nueva época no ha sido construida todavía. Hacerlo toma tiempo y estamos viendo en ese ínterin movimientos fundamentalistas, muy radicales, muy antisistema. Esto se está viendo en todas partes.

—¿Por qué ocurrió esto? Hasta hace no muchos años estábamos en una aparente tranquilidad.

—Después de la Guerra Fría, en los años 90, con la caída del muro de Berlín, hubo otro ánimo, más esperanza en el mundo. Pero ya en este siglo, con las guerras en Afganistán e Irak y toda la ola de gobiernos, empezando con Chávez en Venezuela y también en otras partes del mundo, esas estructuras ya venían debilitándose, así como la incapacidad de los gobiernos nacionales e instituciones globales para resolver los problemas. Quedaron en la retórica, en promesas poco cumplidas, lo cual ha preparado el terreno para esos mensajes más demagógicos y populistas. Pero esto no pasó de golpe. Desde mi perspectiva, se está llegando a un punto más complejo.

—Las guerras siempre han sido económicas, pero ahora lo económico está definiendo todo. Nunca antes, de esta forma tan determinante, se ha visto.

—Tal vez esté relacionado con los cambios en China. China, como sabemos, tiene una proyección global, con actividades económicas muy relevantes para otros países. Esto está generando una competencia con modelos y experiencias de Occidente sobre quién puede ofrecer y producir resultados para ganar legitimidad frente a la gente. Esto se expresa netamente en términos económicos, como el nivel de vida, las condiciones de empleo, y el acceso a la salud y a la educación. A eso sumemos que ha habido una recesión democrática en el mundo. Samuel Huntington habló de una tercera ola de la democracia en los 70. Pero no terminó siendo exitosa, porque no generó legitimidad ni produjo resultados económicos y sociales para muchos países. Entonces, es lógico que se hayan presentado otros tipos de alternativas, otras formas políticas y otra clase de figuras que han ganado mucha fuerza en los últimos años.

—Hace unas semanas Trump y Xi Jinping sostuvieron una reunión comercial en Pekín. Aunque poco antes se estuvieron diciendo de todo. La población ve esto y se pregunta hacia dónde estamos yendo.

—Estamos yendo en muchas direcciones. No vamos en una sola dirección. No es lo más útil pensar hacia dónde va el mundo, porque estamos en un momento en el que hay muchas presiones muy contradictorias. Por ejemplo, si tomas solamente la política de Estados Unidos con respecto a China. Si ves la estrategia de seguridad nacional que salió a finales del año pasado, hay énfasis en el aspecto de competencia económica, pero también de cooperación. Sin embargo, en la parte sobre América Latina, Estados Unidos tiene una posición más dura con respecto a China, porque busca frenar su presencia e influencia en aspectos económicos en América Latina. Eso es evidentemente una contradicción. Con China hay que llevarse bien y hacer negocios, pero por el lado de América Latina hay una posición más dura que ha afectado a algunos países más que a otros. Si nos ponemos a buscar una sola dirección, vamos a salir decepcionados.

—Lo geopolítico es clave. ¿Cómo está América Latina en este escenario?

—Llevo cuatro décadas trabajando y escribiendo sobre la región y sobre su relación con Estados Unidos. En primer lugar, nunca he visto a la región tan fragmentada ni tan polarizada. Cada país anda por su cuenta. Hay poca colaboración entre ellos, poco ánimo para integrarse. Este es uno de los aspectos más decepcionantes de América Latina en los últimos tiempos. Tampoco he visto a Washington actuando en tantos frentes, con políticas de aranceles; pensemos en los ataques a las lanchas en el Caribe y el Pacífico; lo que pasó con Maduro, lo que pasó con México, y ahora con Brasil y Colombia, además de Panamá con respecto al canal. Si esto significa una estrategia, un plan coherente, no está muy claro. Como nunca antes, Estados Unidos está muy atento a América Latina. Me parece preocupante el poco interés en temas de democracia, derechos humanos y Estado de derecho. No recuerdo una administración en la que haya habido menos atención a esos temas, que para mí son importantes. Yo me acuerdo del golpe militar en Chile en 1973 y las críticas contra el presidente Nixon, pero Nixon es Gandhi comparado con Donald Trump. Trump está haciendo lo que le da la gana. Está aplicando sanciones y amenazas. Yo me temo que, si esto podría funcionar para Trump en el corto plazo, está sembrando las bases para un saldo muy negativo para Estados Unidos y, a largo plazo, sobre las economías de América Latina. Eso es lo que nos enseña la historia. Eso se puede repetir.

—Lo que estamos viviendo se define más en el segundo gobierno de Trump. Con las elecciones de noviembre de mitad de mandato, ¿se va a reforzar esta actitud de Trump o se va a moderar?

—Va a seguir igual. Incluso se puede acelerar más. Trump está muy golpeado y está pensando, más que nunca, en su legado, y hará cosas donde no hay resistencia. En estos momentos no hay resistencia porque su partido controla el Congreso. Si los demócratas ganan, Trump buscará reforzar su política exterior y dejar, como dije, su legado. El apetito de Trump por dominar no ha acabado y no acabará, aun siendo derrotado en noviembre. Le ha ido muy mal en Irán; con China y los países grandes también. Pero en América Latina es distinto: muchos países dependen de Estados Unidos. No me sorprendería que Trump concentre más poder para consolidar su dominio en la región. No sabemos lo que pasará con Cuba. Puede pasar algo en Nicaragua, también en Panamá. Con Trump no se puede descartar nada.

—¿Y después de enero de 2029, cuando Trump finalice su mandato, las cosas podrían cambiar?

—Yo creo que hasta enero de 2029 hay que apretarse los cinturones. Hay que estar preparados.

—¿Entonces hay esperanza: las cosas podrían cambiar?

—Sí, hay una esperanza. Hay una esperanza de otro tipo de relación, de otro tipo de tratamiento. No estoy diciendo que soy muy optimista sobre una nueva administración con gran comprensión y fuerte compromiso con América Latina. Por lo menos, habrá un cambio en la postura muy agresiva, muy dura, muy, digamos, de matón en América Latina. Si hay otro republicano como Marco Rubio o un demócrata como presidente, va a ser muy distinto.

—Keiko Fujimori y Roberto Sánchez están disputando voto a voto la presidencia. Entonces, por lo que dices, quien salga no va a afectar a Trump.

—No. Para Estados Unidos no hay tanto en juego. Básicamente, en Perú el poder está en el Congreso, que ha sido muy marcado en estos últimos años. Ha habido alianzas para algunas propuestas en el Congreso entre el partido de Sánchez y el partido de Keiko. El caso peruano es muy diferente y todo el tema del giro a la derecha no tiene tanto significado en Perú como en Chile, Colombia u otros países. Obviamente, el tema de China es el más sensible y esto para mí no está muy claro: hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a presionar sobre Chancay y otras inversiones chinas en Perú, y cómo reaccionaría un gobierno de Keiko o uno de Sánchez, porque China es fundamental, ha sido fundamental y sigue siendo fundamental para la economía peruana. Entonces, esto no se puede, digamos, cambiar y hay mucho apoyo. Por eso, no sé hasta qué punto esta administración está interesada en Perú por China o está dispuesta a enfocarse en eso. Tal vez ellos piensen que, como hay mucha cooperación en narcotráfico, no hace falta. Estoy especulando. La administración Trump lleva casi año y medio y parece que hubieran pasado 20 años.

A su salida, el mandatario confirmó que el Santo Padre visitará Perú la primera quincena de noviembre. Irá a Chiclayo, Cusco, Piura y Pucallpa.

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“Le hemos ofrecido el helicóptero para cualquier zona que desee cubrir. Le he comentado que seria bueno que visite Incahuasi cuando esté en Lambayeque y que podría ir a Puno desde Cusco”, dijo.

No descartó la visita a otras regiones además de las confirmadas. “Ya estando en Perú podemos llevarlo a cualquier departamento o provincia. Está contentísimo”, manifestó.

Añadió que como regalos le entregó un king kong, dulce tradicional de Lambayeque, una chalina de baby alpaca y un rosario.

Papa León XIV se refirió a los resultados de segunda vuelta

También, mencionó que el Papa se refirió a los resultados de la segunda vuelta y que él espera que en un futuro la diferencia entre ambos candidatos sean más significativa.

“Él es consciente de que debemos integrar el país. Le he dicho que le dejaré un mensaje a Keiko, si gana, que debemos garantizar los servicios básicos a Puno, como agua y desagüe, que se continúe con los proyectos. ¿Por qué la gente protesta? Por eso. Los políticos mediáticos no sirven”, anotó.

“En el Perú lo que necesitamos es unirnos, no dividirnos más. En mi gobierno hemos iniciado una política de diálogo”, agregó.

El pago se efectuó por disposición de la Mesa Directiva y favoreció a aproximadamente 3.628 trabajadores. Hasta el momento no se ha hecho público el documento que respalda la decisión ni los criterios utilizados para aprobar el beneficio.

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La nueva bonificación se suma a otros incentivos económicos otorgados por el Congreso durante el presente año. En enero, los servidores parlamentarios recibieron pagos extraordinarios que incluyeron un bono equivalente a cinco UIT y otro concepto vinculado a uniformes. Ambos depósitos representaron cerca de S/30.000 adicionales para cada trabajador, según información difundida en ese momento.

La entrega también ocurre mientras otros sectores del Estado enfrentan restricciones presupuestarias. Según reportes previos, los trabajadores bajo el régimen CAS de distintas entidades públicas no pudieron acceder a una gratificación completa y recibieron montos reducidos por disposiciones de austeridad fiscal.

La web de la institución detalla que son 358 las candidaturas esperadas para la agrupación fujimorista. Esta proyección se determinó tras las elecciones primarias que realizó la ONPE.

Todas ellas aún aparecen en calidad de borrador, esto quiere decir que se empezó a llenar el formulario de inscripción, pero que no lo culminaron o completaron.

A modo de detalle se puede saber que una de las listas en borrador es para la municipalidad de Lima y siete para el Callao (regional, provincial y municipal).

El nulo porcentaje de inscripción que presenta Fuerza Popular ocurre a 48 horas de vencer el plazo establecido de manera excepcional por el JNE.

Situación en otros partidos

Pero Fuerza Popular no es la única en esta situación. Irónicamente, su contendiente en la segunda vuelta, Juntos por el Perú también presenta un bajo nivel de avance en inscripción.

En ese caso, el partido de Roberto Sánchez solo ha presenta Juntos por el Perú solo ha presentado 7 de las 315 candidaturas esperadas para el 4 de octubre. 308 de ellas se mantienen en borrador.

A su vez, el partido del Buen Gobierno también va relegado en este proceso. Apenas 6 las 134 postulaciones esperadas, lo que da un avance del 4,48%.

Otra de las agrupaciones críticas es el partido OBRAS de Ricardo Belmont. Su avance es del 0%, estando sus 158 candidaturas esperadas en borrador.

Cabe precisar que los cuatro partidos mencionados lograron pasar la valla electoral, tras las elecciones generales. A ellos se le suman también Renovación Popular y Ahora Nación, que sí han mostrado avances.

El partido de Rafael López Aliaga ya presentó 204 de las 660 candidaturas esperadas (30,91%) y la agrupación de López Chau, 284 de las 904 esperadas (30,91%).

Las agrupaciones que en la teoría deberían tener una mayor estructura organizativa, evidencian puntos flacos a nivel regional y local.

Partidos que no pasaron la valla

Distinta es la postura que han tomado los partidos que no pasaron la valla y cuyas inscripciones se mantienen en riesgo.

Uno de ellos, y que hasta el momento registra un elevado avance en el proceso de inscripción de candidaturas es Somos Perú con el 55,71%. De las 1.190 listas y formulas para las elecciones regionales y municipales proyectadas, ya han realizado la inscripción de 663.516 están en borrador y 11 por presentar.

También está el partido de César Acuña, Alianza Para el Progreso, con un avance del 55,63% (712 esperadas, 18 por presentar y 516 en borrador).

En el caso de APP, habría que añadir, que el partido también presenta postulaciones en alianzas con movimientos regionales. Por ejemplo, en Lima se unió con La Cholita para las candidaturas a gobierno regional, distrital y provincial.

Asimismo, hizo lo propio en Ayacucho con Trabaja Ayacucho.

Asimismo, registran un buen avance Podemos Perú (440 presentadas y 632 en borrador) y País Para Todos (204 presentadas y 241 en borrador).

Por otra parte, Perú Libre solo ha presentado 22 de las 103 candidaturas y Primero la Gente, todavía ninguna de las 94.

"Ahora estoy haciendo mi mayor esfuerzo para entregar la ciudad el 31 de diciembre de este año en las condiciones que yo quisiera entregarla y, sobre todo, como los limeños esperan, con servicios adecuados", dijo.

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Además, consideró que quienes insinuaron que sus acciones tenían como objetivo posterior llegar a un cargo deberían rectificarse. "Sería bueno que aquellos líderes de opinión que han venido diciendo sostenidamente que Renzo Reggiardo está calculando, que lo dijo para después participar, que se rectifiquen. Pedir disculpas no es muy complicado", anotó.

López Aliaga postulará como primer regidor

Días antes, Rafael López Aliaga anunció que postulará como primer regidor en la plancha a la alcaldía liderada por Luis Rubio.

Rubio Idrogo preside el Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), cargo al que fue designado por López Aliaga, en 2023.

El excandidato presidencial también confirmó que no asumirá como senador del partido Renovación Popular porque ello significaría avalar el sistema electoral que considera “corrupto” y “fraudista”.

“He decidido no asumir el rol de Senador. En estas condiciones no, sería avalar el fraude, sería avalar la corrupción. Va a quedar en la historia del Perú”, anotó.

En lugar de ello, como líder del partido, acompañará a la bancada de manera externa.

“Esto con este nuevo Congreso se acabó señores. Han querido matar a Porky. Se han empecinado en sacarme de carrera. Ya lo han hecho dos veces porque saben que no les debo nada. Yo he hecho mi vida sin ustedes, señores. En este Congreso sí voy a dedicarme como presidente de Renovación Popular en el estatuto tengo voz y voto tanto en la Cámara de Diputados como Senadores”, manifestó.

La invitada explicó que, a su juicio, ese tipo de proyectos no solo busca revertir avances culturales, sino que forma parte de un paquete legislativo más amplio dirigido a restringir derechos: restricción de abortos terapéuticos, eliminación de la educación sexual integral y límites a la protección de personas trans, entre otras medidas.

Una estrategia política y religiosa

Miró Quesada describió la iniciativa como parte de una estrategia mayor que mezcla religión y política para imponer un modelo de familia tradicional. Según ella, esa combinación busca justificar reformas legales bajo un discurso aparentemente laico —como el derecho a la vida o la familia—, pero con un trasfondo confesional que deja desprotegidas a las minorías.

En su intervención afirmó que la propuesta funciona como 'un intento más homofóbico, transfóbico', porque pretende eliminar la visibilidad de la disidencia sexual y de género en un momento en que, dijo, la mayoría de países occidentales reconocen y buscan proteger a la comunidad LGBTQ.

Impacto sobre derechos y diversidad

Para Miró Quesada, la iniciativa desconoce la complejidad de las familias actuales: familias homoparentales, familias monoparentales o parejas que eligen no reproducirse quedarían desplazadas por un ideal único de reproducción y roles de género. Advirtió que la narrativa biologicista que sustenta estas propuestas reduce el papel social de mujeres y hombres a funciones biológicas inmutables.

También subrayó que estas propuestas no actúan de forma aislada: se articulan con intentos de controlar la educación y el acceso a servicios de salud, y se apoyan en una retórica que busca criminalizar o deslegitimar a quienes defienden la diversidad.

Respuesta y llamado a la sociedad

Josefina Miró Quesada concluyó advirtiendo que las leyes no cambiarán la realidad de la diversidad humana y convocó a la ciudadanía a defender los avances en igualdad. Indicó que, frente a estas iniciativas, es necesario mantener los espacios de reivindicación y protección de derechos, y denunció el uso de herramientas jurídicas y discursivas para aparentar un carácter laico cuando el propósito es confesional.

En su diagnóstico, la propuesta para transformar el mes del orgullo en mes de la familia forma parte de un movimiento más amplio que, si prospera, puede revertir conquistas en derechos humanos y ampliar las desigualdades por razón de género y sexualidad.

Zunini explicó que la formación política no acusa de fraude sistemático, pero sí reclama explicaciones técnicas y administrativas sobre directivas emitidas en pleno desarrollo del proceso electoral. Mencionó, concretamente, una directiva del 29 de mayo que cambió la forma de procesar la información de las mesas en el extranjero y que, según él, generó dudas razonables sobre la cadena de custodia y la transparencia del conteo.

Qué cuestiona Juntos por el Perú

Ante la periodista Juliana Oxenford, el vocero detalló que el reclamo se centra en seis tensiones que, según Juntos por el Perú, confluyeron en irregularidades: la modificación de lineamientos para el funcionamiento de mesas en el exterior, la gestión de personal consular a cargo del proceso, la digitalización o la falta de ella de actas, los plazos de traslado del material electoral y eventuales fallas en la custodia del material en países como Argentina.

Zunini sostuvo que estos puntos deben ser aclarados técnicamente para que la ciudadanía del territorio nacional, que en su mayoría votó por su agrupación política, tenga la certeza de que la proclamación se basa en un cómputo correctamente administrado.

Actitud política: recursos legales, no violencia

En la entrevista, Zunini fue enfático en que la postura de Juntos por el Perú no busca promover la violencia ni la insurrección. Subrayó que la organización recurrirá a los mecanismos que permite el sistema electoral: impugnaciones, recursos y solicitudes de fiscalización, y que, si las revisiones confirman la legitimidad del resultado, acatarán la proclamación.

También resaltó la diferencia entre irregularidad y fraude: la primera amerita investigación administrativa y penal, donde corresponda; la segunda requiere pruebas de colusión generalizada entre autoridades electorales, partidos y operadores para desconocer la voluntad de los votantes, algo que la organización no está imputando en esos términos.

Expectativas y agenda parlamentaria

Zunini señaló que, más allá del litigio electoral, Juntos por el Perú aspira a ejercer una oposición responsable en la próxima composición bicameral del Parlamento. Mencionó prioridades como restituir controles institucionales, defender la independencia de los organismos de control y atender demandas de justicia y reparación frente a violaciones de derechos humanos.

Finalmente, insistió en un llamado a la calma y la transparencia: primero, aclarar las inquietudes sobre el procedimiento en el exterior y, luego, si corresponde, asumir la voluntad ciudadana proclamada por las autoridades competentes, todo dentro del cauce legal y constitucional.

Durante su intervención ante el periodista Carlos Cornejo, explicó que la combinación de designaciones políticas, cambios institucionales y acciones del Congreso ha favorecido la reaparición o el fortalecimiento de actores con evidentes cuestionamientos, lo que, según él, deja al sistema de justicia vulnerable frente a presiones políticas.

Movilidad de fiscales y juicios anulados

Pérez rememoró su propia trayectoria y señaló que, pese a concursos y sentencias, su actividad fue objeto de campañas y críticas. Más allá del caso personal, apuntó que procesos como la anulación de juicios —en referencia a decisiones que afectaron causas de alto perfil como el proceso del caso Cócteles— muestran la fragilidad de la institucionalidad ante injerencias externas.

En ese terreno, criticó el manejo de algunos organismos de control y la actuación de una parte del poder político que, según su lectura, ha intentado 'repeler' investigaciones contra la élite mediante maniobras de autoprotección e impunidad.

Alianzas políticas y autoprotección

El fiscal describió un fenómeno en el que diversas fuerzas políticas, aun con diferencias ideológicas, actúan de forma convergente cuando se trata de preservar intereses comunes frente a investigaciones que afectan a la élite. Dijo que esa convergencia explica por qué ciertos nombramientos se concretan pese a antecedentes cuestionados.

Sostuvo que la estrategia busca limitar el alcance de la justicia y que, como efecto práctico, se multiplica la sensación de impunidad y se erosiona la confianza ciudadana en los mecanismos de control.

Jueces sancionados y leyes que restringen derechos

En su diagnóstico incluyó ejemplos concretos: magistrados que fueron sancionados tras decisiones valientes, la aplicación de normas que trasladan casos al fuero militar o policial y la expectativa de que quienes protegen derechos —jueces y fiscales independientes— serán desplazados de sus cargos.

Para el exfiscal, la suma de estas acciones puede derivar en un retroceso de garantías y en un incremento del control institucional por actores afines a intereses políticos, con el riesgo adicional de que expedientes sensibles queden desprotegidos o inaccesibles para una investigación efectiva.

En el cierre de su intervención, llamó a la ciudadanía y a los actores democráticos a estar alertas: aseguró que lo que ocurre en la actualidad es el preludio de un escenario en el que la independencia judicial quedaría seriamente comprometida si no se adoptan medidas de contención política y social.

Recordó, además, que la defensa de la autonomía institucional no es patrimonio de una sola tendencia política y que protegerla es condición para la vigencia de derechos y el Estado de derecho.

Palacios relató los pormenores del archivo del expediente contra militantes vinculados a Fuerza Popular y, a partir de ese hecho, planteó interrogantes sobre la previsibilidad y la equidad del sistema penal cuando otros procesados permanecen presos pese a fundamentos jurídicos parecidos.

El archivo del caso Cócteles

La conductora explicó que el caso conocido como Cócteles —relacionado con la creación de eventos que ocultarían supuestas donaciones contrarias a la ley— fue archivado definitivamente porque, según la interpretación judicial, los hechos no constituían delito penal bajo la normativa vigente en las fechas en que ocurrieron.

Palacios recordó que la tipificación penal de recepción de fondos ilícitos para campañas empezó a existir a partir de agosto del 2019, por lo que actos anteriores no pudieron ser imputados con ese delito. Añadió que la Fiscalía, en su momento, intentó encuadrar los hechos como lavado de activos, pero esa calificación no se sostuvo.

Desigualdad en la aplicación de la justicia

Con dureza, Rosa María Palacios contrastó el archivo del expediente con la situación del expresidente Ollanta Humala, condenado en primera instancia y aún privado de libertad mientras sus apelaciones no se resuelven. Señaló que su caso —y el de su esposa, asilada en Brasil— refleja una falta de coherencia del sistema, pues a algunos se les archiva y a otros se les mantiene en prisión preventiva o condenados en instancia inicial.

Palacios advirtió que esta desigualdad genera la obligación del Estado de reparar a quienes resulten perjudicados por detenciones que luego la justicia declare improcedentes, y adelantó que, a su juicio, vendrán demandas de reparación civil encaminadas a obtener compensaciones.

El llamado a la previsibilidad

La presentadora subrayó la importancia de la predictibilidad y la igualdad ante la ley: afirmó que la administración de justicia debe ser coherente y rápida en las resoluciones de apelación para evitar que las personas permanezcan arbitrariamente privadas de su libertad.

Palacios también recordó que hechos comprobados en la investigación administrativa o civil no implican necesariamente la existencia de un delito penal en el marco de la legislación vigente, por lo que la actuación judicial requiere rigor técnico y tiempo, pero no debe dar lugar a arbitrariedades.

En el cierre, Rosa María Palacios instó a una revisión crítica y pública de las decisiones judiciales que generan desigualdades y reclamó que la justicia actúe con celeridad para resolver apelaciones pendientes, evitando así prolongar situaciones que ella calificó de injustas.

Vela explicó que ha sido objeto de acciones administrativas y penales que, según su lectura, forman parte de una estrategia más amplia para afectar la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, y dijo que los hechos que lo involucran se han usado como pretexto para apartarlo de sus funciones.

Persecución y dilación

Rafael Vela relató que existen antecedentes de remociones y procesos contra magistrados que investigaron casos de alto perfil y sostuvo que su situación actual es coherente con un patrón: "yo soy seguramente un episodio dentro de otros varios", afirmó.

El fiscal comentó que las decisiones que lo afectan provienen de instancias de control que, a su juicio, carecen de independencia, y mencionó la presencia de investigaciones abiertas contra personajes del órgano de control, lo que, para él, demuestra falta de imparcialidad.

Defensa de la actuación técnica y respeto a la judicialidad

Vela sostuvo que el trabajo del equipo especial se sometió siempre a la verificación judicial y que muchas medidas, incluida la prisión preventiva en ocasiones, fueron revisadas y confirmadas por instancias superiores como la Corte Suprema. Sin embargo, admitió errores y señaló que los procesos largos permitieron la recomposición de fuerzas políticas y mediáticas en su contra.

El fiscal afirmó que no pretende victimizarse, sino denunciar un mecanismo de acoso que incluye denuncias administrativas, campañas mediáticas y la reducción de recursos humanos y presupuestales para el sistema de justicia.

Perspectiva y próximos pasos

Vela anunció que presentará apelaciones y que agotará las vías judiciales para sostener su defensa. Reconoció el impacto personal y profesional de las medidas en su contra, pero aseguró que mantendrá su determinación: seguirá litigando hasta agotar recursos y preservar su derecho a la defensa.

En su intervención, el fiscal pidió a la ciudadanía y a los operadores de justicia que estén atentos a la defensa de la autonomía institucional y reclamó transparencia en las decisiones de remoción y sanción para evitar que el sistema se convierta en instrumento de venganza política.

El cine de Panahi es, principalmente, un cine de denuncia que, por ser tal, no descuida en nada los alcances expresivos a nivel formal. Sin depender de grandes locaciones y presupuestos, ha hecho de la sencillez de recursos, como la cámara en mano que sigue a sus actores, toda una clase maestra de cómo contar historias. Ejemplo de lo dicho lo podemos ver en sus películas Taxi Teherán (2015) y El círculo (2000).  Pensemos en el segundo trabajo consignado, en donde el cineasta pone en bandeja la situación de las mujeres en Irán. Es una película que sorprende al espectador, porque dentro de las limitaciones que las mujeres tienen para expresarse y desarrollarse, se muestra cómo han hecho del disimulo y del ingenio cotidianos un modo de vida en contraste con las restricciones.

Con lo hecho, Panahi podría estar enfocado en otros temas. Ya dejó un valioso documento visual sobre la situación de su país y un legado para los jóvenes cineastas que quieren hacer cine sin necesidad de depender de grandes presupuestos. Panahi dice cómo hacer cine si lo que quieres es hacer cine. Panahi podría estar filmando en cualquier parte del mundo proyectos tanto de denuncia como de búsqueda estética a razón de que es un personaje muy incómodo para el gobierno de Irán. Pero él prefiere regresar a Irán porque no puede hacer cine sin ese contexto que lo alimenta.

En la primera semana de junio, el Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán confirmó la sentencia contra Panahi por el delito de propaganda contra la República Islámica de Irán. Este tribunal rechazó la apelación presentada por la defensa del cineasta. La sentencia consta de un año de prisión, dos años de prohibición para salir de Irán y se le prohíbe afiliarse a organizaciones políticas y sociales. Panahi, por cierto, ya ha estado en prisión. En el 2022 fue condenado a seis años de prisión por conspiración contra el gobierno. Fue liberado siete meses después tras hacer una huelga de hambre y pagar una fianza.

A Panahi no le sirve de mucho su prestigio internacional en su país, en donde existe el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, que es el organismo que regula la producción artística y cultural.

Regulación del arte y la cultura en Perú

El sábado 13 de junio, en el diario oficial El Peruano, se dio a conocer la Ley 32645, la cual crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Este colegio tendrá como misión ordenar y supervisar el ejercicio profesional de las disciplinas artísticas, como las artes plásticas y visuales, música, danza, artes escénicas y afines. En otras palabras, es la oficialización de la censura, la cual, en este quinquenio, hemos visto en todo su esplendor mediante cancelaciones y leyes que atentan contra el sentido común, como la nueva ley de cine.

Este colegio de artistas no es un hecho aislado, no es una ocurrencia local. Es parte de una ola cancelatoria a nivel global que busca avasallar el espíritu crítico del arte. Sin duda, habrá creadores que se mantendrán independientes e igualmente habrá otros que buscarán beneficiarse de este organismo.

Lo sucedido con Panahi es el extremo de la cancelación, pero por ahí van estos despropósitos que nos obsequia el actual Congreso. Estaremos muy atentos.

…

Situación del cineasta. Si bien Jafar Panahi ha sido condenado, aún no ha sido detenido. Se desconoce su paradero exacto.

La ley del Congreso. Esta medida fue impulsada por la Comisión de Educación, cuyo presidente es Segundo Montalvo (PL). Tuvo 83 votos a favor. Contó con el apoyo de las bancadas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

En su análisis, Camacho señaló que el bono fue dispuesto sin explicación pública clara, que los acuerdos de mesa directiva no se publican desde mayo y que la medida se habría formalizado mediante un convenio colectivo impulsado por los sindicatos del Parlamento.

Un bono aprobado sin transparencia

La conductora comentó que, según fuentes citadas en el programa, el bono ya fue depositado y que la información no fue debidamente divulgada. Camacho criticó que no exista documentación pública accesible que justifique el desembolso y vinculó la decisión con la posibilidad de que la actual gestión parlamentaria 'se aproveche hasta la última gota' de los recursos públicos antes de dejar el cargo.

Camacho añadió que, en paralelo, se observan aprobaciones legislativas aceleradas que favorecen a partidos y actores políticos, lo que, para ella, refuerza la idea de un manejo orientado por beneficios partidarios y no por prioridades ciudadanas.

Impacto fiscal y prioridades públicas

La presentadora puso en contraste el desembolso al personal del Congreso con las restricciones presupuestales que afectan a programas sociales: mencionó becas, colegios y hospitales como áreas cuyas iniciativas de gasto han sido limitadas, mientras el Parlamento aprueba pagos extraordinarios para su plantilla. Para Camacho, esa discrepancia demuestra una asignación de recursos con criterios cuestionables.

También aludió a prácticas históricas en el Congreso —contratos trimestrales que se renuevan y bonos que coinciden con periodos electorales o de final de gestión— y afirmó que esas rutinas consolidan la percepción de que trabajar en el Parlamento representa una fuente de beneficios económicos por encima del servicio público.

Reclamo de rendición de cuentas

Manuela Camacho exigió claridad: pidió que se publiquen los acuerdos de mesa directiva y que se explique la fuente de financiamiento y la motivación para otorgar el bono. Señaló que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se usan sus impuestos y que los congresistas deben responder por decisiones que afectan el erario.

En su cierre, Camacho vinculó el episodio del bono con otras prácticas cuestionadas en la emisión —desde maniobras electorales hasta viajes oficiales con gasto público— y pidió vigilancia ciudadana y periodística para evitar que medidas de este tipo queden sin explicaciones.

La conductora concluyó al afirmar que la transparencia y la priorización del gasto público son indispensables para reconstruir la confianza y que la aprobación de bonos extraordinarios sin justificación pública debe ser investigada y fiscalizada.

La estadía del pontífice en el Perú se prolongaría entre ocho y diez días y comprendería visitas a diversas regiones del país. Según adelantó el mandatario, actualmente se afinan los detalles del recorrido que formará parte de su agenda oficial.

¿Qué ciudades visitará el papa León XIV durante su llegada al Perú?

De acuerdo con lo informado por el mandatario para el medio RPP, Lima será el punto de ingreso del pontífice al país. Posteriormente, tiene previsto trasladarse a Chiclayo, ciudad con la que mantiene un estrecho vínculo pastoral y donde desarrolló gran parte de su labor religiosa.

Asimismo, el Ejecutivo ha planteado la posibilidad de facilitar un traslado en helicóptero para que León XIV visite las localidades altoandinas de Incahuasi y Cañaris, en Lambayeque, conocidas por albergar importantes comunidades quechuahablantes.

El itinerario también contempla visitas a Piura, incluido un paso por Sullana, además de Cusco y Pucallpa. Según explicó Balcázar, todavía se evalúa incorporar a Puno e Iquitos dentro del recorrido oficial, una decisión que dependerá de los informes logísticos y de seguridad que elaboren los equipos especializados del Vaticano.

Por ahora, las coordinaciones continúan entre ambas partes con el objetivo de definir la agenda definitiva del primer viaje que realizará León XIV al Perú como máxima autoridad de la Iglesia católica.

¿Cuál es el vínculo del papa León XIV con Perú?

Su conexión con el Perú comenzó en 1985, cuando llegó a la región Piura como parte de una misión agustiniana. Posteriormente, desempeñó labores pastorales en Trujillo e inició su camino dentro de la Iglesia peruana.

En 2014 fue nombrado administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo y luego obispo de esa jurisdicción eclesiástica, cargo que ocupó hasta su traslado al Vaticano en 2023.

Luego, en 2015, obtuvo la nacionalidad peruana y recibió su Documento Nacional de Identidad. Además de integrar la Conferencia Episcopal Peruana, León XIV mantuvo una estrecha cercanía con las comunidades del norte del país, especialmente en Lambayeque.

Tras ser elegido Papa, recordó públicamente a Chiclayo durante su primer mensaje desde el Vaticano, agradeciendo el apoyo y la fe de los fieles que lo acompañaron durante su ministerio.

Su labor en regiones como Piura, La Libertad y Lambayeque, así como su participación en la vida eclesial peruana durante varias décadas, han convertido al nuevo pontífice en una figura especialmente cercana para millones de peruanos.

“Mañana vamos a tener una conferencia de prensa. Juntos por el Perú tiene anuncios muy importantes para hacerle al país en este contexto electoral. Será mañana a las 9 de la mañana”, señaló el líder de la agrupación.

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En las últimas horas, Juntos por el Perú ha generado expectativa luego de que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 admitiera a trámite la apelación presentada por la organización para solicitar la nulidad de 1.751 mesas de sufragio instaladas en Lima. Asimismo, el partido interpuso una apelación respecto a su pedido de nulidad de votos emitidos en el extranjero.

“Confiamos en que el Jurado Nacional de Elecciones realizará una evaluación rigurosa de nuestro recurso, contribuyendo a fortalecer la legitimidad del proceso electoral y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”, señaló Juntos por el Perú en un comunicado.

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La segunda fuerza en el Senado será Juntos por el Perú. El partido liderado por Roberto Sánchez aseguró 14 escaños en la Cámara Alta.

Le siguen Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno. La agrupación encabezada por Rafael López Aliaga obtuvo ocho senadores, mientras que la plataforma política de Jorge Nieto logró colocar a siete representantes.

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Finalmente, Obras y Ahora Nación también consiguieron representación en el Senado. El primero contará con cinco senadores, mientras que el segundo tendrá cuatro, con lo que se convertirá en la bancada con menor presencia en la Cámara Alta.

Como se sabe, el Senado tendrá la última palabra en este Congreso. Las leyes aprobadas en la Cámara de Diputados tendrán que pasar por el visto bueno de los senadores para ser promulgadas. Ahí radica su importancia.

Ahora, los futuros senadores quedan a la espera de recibir sus credenciales. En su sesión de instalación, el nuevo Senado tendrá como primera tarea la conformación de su Mesa Directiva.

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El bloque conservador

Así las cosas, ningún partido podrá aprobar por sí solo un proyecto de ley contando únicamente con el respaldo de todos los integrantes de su bancada.

Por ello, es previsible que las agrupaciones con mayor afinidad política busquen unir esfuerzos para lograr la aprobación de sus iniciativas.

Con sus 22 senadores, Fuerza Popular podría encontrar un aliado importante en Renovación Popular. Entre ambas bancadas sumarían 30 votos, exactamente la mitad de los escaños del Senado.

La relación entre ambos partidos no ha sido la mejor en los últimos meses. En distintas apariciones públicas, Rafael López Aliaga ha formulado críticas tanto al desempeño del fujimorismo en el Congreso como a su lideresa, Keiko Fujimori.

Pese a que Renovación Popular dio su endoso a la agrupación fujimorista en el balotaje frente a Roberto Sánchez, López Aliaga ha anunciado en su más reciente conferencia de prensa que su bancada será una “oposición responsable” a un eventual gobierno fujimorista.

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En la práctica, las agrupaciones de Fujimori y López Aliaga comparten varios puntos de coincidencia. Marcadas por una agenda conservadora, ambas promueven políticas de mano dura frente a la delincuencia y se oponen a diversas iniciativas consideradas progresistas.

Fernando Rospigliosi, congresista reelecto y senador de Fuerza Popular, ha sido una de las voces más activas en defensa de una ampliación de las protecciones legales para miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas durante el ejercicio de sus funciones. Asimismo, defendió públicamente la actuación policial durante las protestas registradas entre 2022 y 2023. Además, presentó un proyecto de ley para eximir de responsabilidad penal a efectivos policiales y militares que, en cumplimiento de sus funciones y utilizando sus armas de manera reglamentaria, causen lesiones o la muerte.

Por su parte, Milagros Aguayo y Alejandro Muñante se perfilan como algunas de las voces más conservadoras del nuevo Congreso. Ambos se han manifestado en contra de la legalización del aborto, del enfoque de género y de leyes en favor de las mujeres y la comunidad LGBT.

La otra cara de la moneda

Frente al amplio bloque conformado por Fuerza Popular y Renovación Popular, surge un contrapeso integrado principalmente por Ahora Nación y Juntos por el Perú. Ambas fuerzas de izquierda suman 18 senadores.

Fuera de la izquierda, el respaldo de Ricardo Belmont permite suponer que Obras podría convertirse en un aliado de este sector.

Sin embargo, ese apoyo no sería suficiente. Para equiparar los 30 votos que sumarían Fuerza Popular y Renovación Popular, este bloque necesitaría también el respaldo del Partido del Buen Gobierno. Se trata de un apoyo que podría resultar tan probable como esquivo, dependiendo de las iniciativas que lleguen al debate parlamentario.

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Este sector, cuya principal función sería ejercer oposición a un eventual gobierno de Keiko Fujimori, cuenta tanto con figuras experimentadas como con rostros nuevos en la política nacional.

Ruth Luque, Silvana Robles y Jaime Quito repetirán presencia en el Congreso, aunque ahora desde la Cámara Alta.

Por su parte, Alfonso López Chau y José Mercedes Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo, tendrán su primera experiencia parlamentaria como senadores.

Además, este bloque contará con dos exministros del gobierno de Pedro Castillo: Daniel Barragán, extitular de Defensa, e Iber Maraví, exministro de Trabajo.

La modificación fue incorporada en la Ley N.° 32657, publicada en el diario oficial El Peruano. La norma cambió el literal f) del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas.

El cambio tiene un efecto inmediato sobre organizaciones políticas que no lograron cumplir con las exigencias establecidas para las ERM 2026. El abogado electoral, José Tello, en declaraciones para este diario, mencionó que el partido Obras presentó 12 listas regionales, cifra insuficiente bajo la legislación vigente hasta antes de la modificación. Con la nueva exigencia, el partido supera el umbral mínimo requerido y mantiene su inscripción electoral.

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Cambio legal reduce exigencia de 13 a 8 listas regionales

La modificación fue incorporada en un dictamen recaído sobre un proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo en 2024. La iniciativa estaba orientada a realizar cambios vinculados a las elecciones municipales. Sin embargo, dentro de las disposiciones complementarias se añadió una reforma al artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas.

La nueva ley estableció que la causal de cancelación de inscripción se aplicará cuando un partido no participe en las elecciones regionales en al menos el 30% de las regiones. La disposición fue promulgada por el presidente José María Balcázar y publicada este 15 de junio en El Peruano.

La cancelación del registro no solo implicaba quedar fuera del sistema de partidos. También suponía perder el financiamiento público directo y afrontar un nuevo proceso de inscripción ante las autoridades electorales. Este trámite fue endurecido en los últimos años mediante reformas respaldadas por las propias fuerzas políticas que ahora resultan beneficiadas por la reducción de requisitos.

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José Tello, abogado electoral: "Esta norma viola la Constitución y debería ser declarada inconstitucional"

El abogado electoral José Tello cuestionó la modificación aprobada por el Congreso y sostuvo que la norma vulnera el principio de intangibilidad normativa, una regla que impide alterar las reglas electorales dentro del proceso en curso. A su juicio, el cambio aprobado para las ERM 2026 afecta la seguridad jurídica y genera un precedente peligroso para futuras elecciones.

"Es una norma que viola el principio de intangibilidad normativa. Si ahora desconocemos ese principio, después van a venir normas para Acuña, normas para Luna y normas para todo el mundo", advirtió. Según explicó, la modificación abre la puerta a que otros partidos impulsen cambios legales para evitar sanciones o requisitos electorales que les resulten desfavorables.

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Tello señaló además que la reforma podría motivar iniciativas similares para beneficiar a organizaciones que no alcancen la valla electoral. Recordó que ya existen antecedentes de proyectos legislativos orientados a flexibilizar las condiciones de permanencia de los partidos políticos. "Podrían tratar de sacar un proyecto de ley para que la valla no se aplique en esta elección y así volver a tener a todos esos partidos con inscripción vigente", comentó.

Para el especialista, la disposición aprobada por el Parlamento contraviene el bloque de constitucionalidad debido a que afecta normas recogidas en el título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones. "Lo que está haciendo este Congreso es una norma que viola la Constitución y en su momento debería ser declarada inconstitucional. Al afectar el bloque de constitucionalidad, viola la Constitución", afirmó. Asimismo, citó el artículo 79 del Nuevo Código Procesal Constitucional como sustento de su posición.

La organización contaba con un infiltrado clave en Sedapal para iniciar el proceso de usurpación de un departamento, una casa o una galería comercial. ¿Qué tenía que ver un empleado de la empresa limeña de agua potable en la trama criminal? César Castillo Villanueva, de 28 años, tenía acceso a la información de los clientes que habían dejado de pagar el servicio por fallecimiento y cuyos domicilios estaban abandonados. Una vez que el cabecilla recibía los datos, el resto de la maquinaria criminal falsificaba documentos para quedarse con el inmueble y venderlo. El jefe era Luis Alberto Pérez Delgado, "Tío Luigi", un estafador de 54 años, y su mano derecha era Daniel Castillo Díaz, de 55 años, padre de César Castillo Villanueva, el servidor de Sedapal.

Un chat obtenido durante las indagaciones del fiscal Juan Orihuela Legonia sobre las comunicaciones cruzadas entre el padre Daniel Castillo y su hijo César Castillo dejó en evidencia el vínculo.

“Oe, César (Castillo). ¿Cuando vas a ir a ver el agua, así encuentras casas botadas que no tienen dueño? Que estén tiradas en sitios grandes. ¡Avísame, pues, huevón!”, le escribió Daniel Castillo a su hijo Césa Castillo, trabajador de Sedapal, el 28 de agosto de 2024.

“Huevón, trata de buscar propiedades que estén tiradas para empezar a chequearlas y en una de esas las ‘pintas’ y ganamos plata”, insistió Daniel Castillo.

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La sangre en el río

A continuación, Luis Alberto Pérez armaba la documentación fraguada para apropiarse de los inmuebles. Para consumar el plan, contaban con una red a sueldo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el Poder Judicial y el Archivo General de la Nación, entre otras entidades. La estrategia delictiva funcionó durante más de una década y, con la usurpación de 20 inmuebles, Pérez y su banda amasaron más de US$25 millones en ganancias ilícitas.

Era una maquinaria criminal que funcionaba perfectamente, hasta que el paranoico Luis Alberto Pérez, el "Tío Luigi", creyó que miembros de su organización pretendían arrebatarle uno de sus mejores negocios: una codiciada galería en el jirón Paruro, en Mesa Redonda, en el Centro de Lima. ¿Su valor? S/7 millones.

Aparentemente, dos brutales crímenes en San Isidro y Ate, en una Lima convulsionada por las ejecuciones cotidianas de los sicarios, no parecían tener conexión.

Lo primero que descubrió la Policía es que en el homicidio de Daniel Castillo Díaz, el 27 de septiembre de 2024, en el Centro Camino Real, en San Isidro, se usó la misma arma que en el asesinato de Julio Pacheco Pimentel, el 14 de octubre del mismo año, en el colegio Julio C. Tello de Ate, donde era profesor. Cuando el fiscal Juan Orihuela Legonia recibió los resultados del contenido de los teléfonos de ambas víctimas, encontró que entre los dos había comunicaciones.

Lo que siguió fue la revelación de cómo funcionan las organizaciones criminales dedicadas a la apropiación ilícita de inmuebles.

Los homicidios de Daniel Castillo Díaz y Julio Pacheco Pimentel están relacionados con uno de los golpes más importantes de la mafia del "Tío Luigi" para apoderarse de un viejo inmueble del jirón Paruro 1975.

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Dos muertes anunciadas

El "Tío Luigi" organizó un expediente que contenía una escritura pública falsa y lo insertó en el Archivo General de la Nación. Los documentos acreditaban falsamente que la congregación religiosa Seglares de Nuestra Señora de la O (fundada en 1588) vendió el inmueble a los esposos Alfredo Bulege Espinoza y Eufemia Pimentel Zegarra, coincidentemente, ya fallecidos. El supuesto contrato está fechado el 27 de marzo de 1974 y registrado en la notaría Cristóbal Ramírez Susanibar.

El mismo abogado que fabricó el falso contrato de compraventa, Pedro Huambachano Huamán, ejecutó la sucesión intestada del inmueble a favor de los hermanos Julio, Hilda y Luis Pacheco Pimentel, como herederos de Eufemia Pimentel Zegarra. Se incluyó a Magdalena Bulege Melgar, hija de Alfredo Bulege Espinoza.

Cuando el abogado Pedro Huambachano pidió al Archivo General de la Nación (AGN) una copia legalizada de la minuta de compraventa del inmueble del jirón Paruro, los trabajadores se percataron de que contenía firmas diferentes de las del notario Cristóbal Ramírez Susanibar.

Sin embargo, pese a las observaciones, el servidor del AGN, Raúl Valdivia Hurtado, expidió el documento requerido por Pedro Huambachano y este lo elevó a la Sunarp. Todo estaba concertado.

La mafia captó a la registradora de control de documentos de la Sunarp, Carmen Martínez Galván, quien convalidó el expediente fraudulento que convierte a los hijos de Eufemia Pimentel y Alfredo Bulege en los nuevos dueños del inmueble del jirón Paruro 1075.

El paso siguiente fue que los "herederos" donaron la propiedad a Luis Alberto Pérez, "Tío Luigi", y Daniel Castillo Díaz, su brazo derecho. ¡El plan salió perfecto!

Eso parecía hasta que en junio de 2024 el vehículo de Hilda Pacheco Pimentel, una de las supuestas herederas, fue capturado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Le dijeron que debía S/30.000 en impuestos por la propiedad del inmueble del jirón Paruro. Ella ni sus hermanos sabían que eran los dueños. Pero pretendieron aprovecharse de la situación.

En representación de sus hermanos, el profesor Julio Pacheco Pimentel se contactó con Daniel Castillo y le propuso una "conciliación" de S/5 millones, a cambio de no acudir a las autoridades y revelar el fraude. Castillo se comunicó con su jefe, el "Tío Luigi", Luis Alberto Pérez, y recibió como respuesta que ofreciera US$10 mil. Ni un centavo más. Julio Pacheco rechazó la oferta e insistió en los S/5 millones. Fue tanta la insistencia de los hermanos Pacheco que, aparentemente, el "Tío Luigi" creyó que estos actuaban en contubernio con su socio Daniel Castillo.

Los chats encontrados por el fiscal Juan Orihuela Legonia consignan que el "Tío Luigi" decidió terminar el asunto ordenando el asesinato de Daniel Castillo y Julio Pacheco. Por desconfiado, el "Tío Luigi" y su mafia cayeron en manos de las autoridades.

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El último mensaje del socio asesinado, Daniel Castillo

En el celular hallado en el cuerpo de Daniel Castillo Díaz, asesinado por orden de su socio Luis Alberto Pérez, "Tío Luigi", se encontraron mensajes con el abogado de la mafia, Pedro Huambachano Huamán. Es un indicio de que seguía en actividades delictivas cuando fue ejecutado.

“Pedro (Huambachano), esa señora ha fallecido hace poquito. Hazte una minuta del 2013 para poder entrar a su casa. Sí, recién ha fallecido”, le escribió Daniel Castillo al Pedro Huambachano.

El 12 de mayo, agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP capturaron al "Tío Luigi", al hijo de Daniel Castillo, César Castillo Villanueva, y a Pedro Huambachano, entre otros.

Gustavo Salazar

Una de las principales diligencias en esa investigación que se ha dispuesto es “8. Solicitar a la Coordinación Superior Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavados de Activos, tengan a bien remitir a esta Fiscalía Superior, de manera reservada, copia de absolutamente todos los documentos que forman parte de la carpeta o las carpetas de colaboración eficaz que tengan como aspirante o como colaborador eficaz a la persona de Gustavo Salazar Delgado, y que hayan estado a cargo del ex equipo especial de fiscales a cargo del caso Odebrecht.”

Gustavo Salazar fue investigado por el Equipo Especial Lava Jato, luego de que se descubrió que una cuenta bancaria de su empresa Wilcer SA fue utilizada, entre los años 2013 y 2014, para recibir una transferencia de US$1’250.000 de la offshore Klienfeld Services Ltda. en el Credit Andorra de Panamá. Luego, el dinero fue retirado y entregado en efectivo a Acurio Tito por los contratos de construcción de la Vía de Evitamiento Cusco.

Ante un pedido de prisión preventiva, Salazar huyó a España, país al que se pidió su extradición. En tanto, desde el extranjero, el exejecutivo de seguros intentó acogerse a la colaboración eficaz. En ese contexto se habrían producido los presuntos actos de soborno que ahora son materia de investigación.

El caso Vizcarra

Como coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Germán Juárez asumió el manejo de los casos del Equipo Lava Jato. La semana pasada participó activamente en las audiencias realizadas por la Sala de Apelaciones Nacional para definir el caso Cócteles contra la candidata presidencial de Fuerza Popular y primera en el conteo de votos de ONPE, Keiko Fujimori. El tribunal de apelación dispuso el archivo definitivo de ese caso.

Germán Juárez estuvo a cargo de las investigaciones a los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala. Información recogida por La República en noviembre de 2020 indicó que la declaración de los aspirantes a colaboradores eficaces contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción en Moquegua no fue espontánea, sino “sugerida, condicionada y promovida por el Equipo Especial de Fiscales del Caso Lava Jato”.

Juárez Atoche seguirá desempeñándose como fiscal mientras avanzan las investigaciones, al tratarse de un fiscal titular. La fiscalía de la Nación lo destacó a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Nuevo coordinador

En tanto, el fiscal de la Nación designó al fiscal Juan Mendoza Abarca, fiscal provincial titular antidrogas, como fiscal superior provisional, a cargo de la Tercera Fiscalía Superior de Lavado de Activos y, como tal, nuevo coordinador de las fiscalías de esta especialidad. Mendoza Abarca fue el primer coordinador de las fiscalías de lavado de activos entre 2013 y 2014, cargo al que ahora regresa.

"(…) a cualquiera que gane, yo les pediría que sean seres humanos, que tengan misericordia, que escuchen al Papa y que por favor puedan tener clemencia con mi esposo, lo manden a su casa y a la clínica que necesita", expresó la exprimera dama vía Panamericana.

Karp aclaró que su familia no busca evadir el proceso judicial ni las acusaciones de corrupción, sino apelar a razones humanitarias para priorizar la vida de Toledo. "Acá no hay sitio para rabia ni para maldad", añadió.

Es necesario resaltar que el exmandatario cumple con una condena de 20 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos. En octubre del 2024, el Porder Judicial lo halló culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla con las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, que conecta al Perú con Brasil.

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Un informe médico alerta riesgos mortales

El sustento principal de este pedido es un informe médico del 30 de marzo de 2026. Según este documento presentado en Panamericana, el expresidente —quien lleva más de 3 años recluido tras su extradición— padece serios problemas que requieren una hospitalización inmediata y atención especializada en cardiología, psiquiatría, urología y otras áreas. El informe detalla que Toledo corre un alto riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (derrame), un infarto de miocardio o una arritmia cardíaca grave si continúa encerrado.

La defensa y el entorno familiar sostienen que el sistema judicial "lo está matando poco a poco" debido a las condiciones de su reclusión. Además, debido a la avanzada edad del exgobernante y a criterios humanitarios, Karp y sus abogados insisten en que se le permita cumplir lo que queda de su proceso y condena en su casa, bajo supervisión médica.

Milagros Jauregui sobre la solicitud de indulto a Alejandro Toledo

La congresista se mostró a favor de que se analicen los beneficios carcelarios cuando la salud de un interno se encuentra gravemente deteriorada. Explicó que, si bien cualquier persona que comete un delito tiene la obligación de cumplir la condena impuesta por la justicia, la situación debe cambiar cuando se detectan enfermedades graves.

"El indulto humanitario siempre se debe dar a una persona enferma (…) si existe un preso en esas condiciones, yo creo que se le debería dar el indulto", indicó.

Bruce señaló que escuchó recientemente a López Aliaga expresar públicamente su intención de continuar al frente de la Municipalidad de Lima. Según indicó, incluso cuenta con una grabación en la que el líder de Renovación Popular explica su estrategia electoral. "Yo escuché la semana pasada y tengo la grabación donde el señor López Aliaga anuncia que quiere volver a ser alcalde de Lima y después dijo: 'Por eso voy a postular a teniente alcalde'", afirmó.

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El exalcalde de Surco sostuvo que la figura planteada consistiría en integrar una lista encabezada por otra persona para luego asumir la conducción del municipio. En ese sentido, cuestionó que el candidato principal sea una persona de avanzada edad y planteó la posibilidad de una eventual renuncia. "Van a utilizar una figura para ingresar como teniente alcalde de un señor que ya es de avanzada edad, el señor Luis Rubio, para que Rubio renuncie y él asuma la alcaldía?", manifestó durante la entrevista.

Bruce recordó que la legislación peruana prohíbe actualmente la reelección inmediata de alcaldes, aunque precisó que personalmente no comparte dicha restricción. Sin embargo, remarcó que la norma se encuentra vigente y debe respetarse. "Estoy en contra, pero está vigente", señaló. Además, expresó su confianza en que los organismos electorales revisen cualquier candidatura que pueda interpretarse como un intento de eludir las reglas establecidas.

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Carlos Bruce advierte que un precedente podría extenderse a otros cargos de elección popular

Carlos Bruce afirmó que permitir una candidatura de estas características abriría la puerta para que otras autoridades utilicen mecanismos similares en futuros procesos electorales. Según explicó, el problema no se limita al ámbito municipal, sino que podría trasladarse a elecciones regionales o incluso presidenciales.

Para sustentar su posición, planteó un escenario hipotético en el que un líder político postule a un cargo secundario para luego asumir el principal tras la renuncia del titular elegido. A su juicio, ello vaciaría de contenido las restricciones establecidas por la legislación electoral peruana.

"Si esto se permite, dentro de cinco años Keiko dice: 'Voy a postular como vicepresidenta de Miki Torres' y después, a los meses, Miki Torres renuncia y ella asume la presidencia", indicó. Para Bruce, un caso de ese tipo demostraría que la prohibición de reelección puede ser burlada mediante acuerdos políticos previos.

La cronología del caso muestra que el pedido de nulidad fue presentado originalmente el 11 de junio por Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal de la agrupación. Sin embargo, el 12 de junio, el JEE declaró "improcedente" el reclamo.

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El motivo de ese rechazo inicial fue que el partido no adjuntó el voucher del pago de la tasa correspondiente a la solicitud de nulidad ni los medios probatorios por cada mesa de sufragio. Frente a esto, Juntos por el Perú presentó su recurso de apelación la noche del 14 de junio. Al revisar el documento, el tribunal electoral —integrado por Maruja Otilia Hermoza Castro, Teddy Edgardo Cortez Vargas y Gina Maria Delgado Reyes— verificó que el recurso se entregó dentro del término legal y que esta vez sí contaba con el pago de la tasa electoral por concepto de apelación.

El pedido de Juntos por el Perú busca invalidar los votos emitidos por los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero en diversas ciudades estadounidenses, incluyendo mesas de votación claves ubicadas en Nueva York, Carolina del Norte y Salt Lake City.

Se rechazan los pedidos de nulidad en Estados Unidos

El organismo electoral rechazó los pedidos de nulidad del partido en territorio estadounidense. Una de las solicitudes fue presentada por el representante Carlos Adeval Zafra Flores, quien pedía anular 647 mesas de sufragio distribuidas en varias ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York, Carolina del Norte y Salt Lake City. Al igual que los otros pedidos, este no cumplió con los plazos obligatorios del proceso.

De igual manera, también se rechazó un pedido de nulidad de 174 mesas en Chicago, New Jersey y Houston. La solicitud, presentada por Juntos por el Perú, aseguraba que en estos lugares existieron faltas que atentaban contra la validez de la elección.

Sin embargo, las autoridades señalaron que el reclamo no era válido, ya que el documento fue presentado por Pablo Salas Charca, un delegado local que solo tenía autorización para actuar en Arequipa. Asimismo, el tribunal advirtió que el partido político dejó pasar el tiempo límite. Además, los solicitantes tampoco pagaron el dinero de la tasa que se pide para iniciar este tipo de juicios electorales.

Descartan nulidad de mesas en Argentina

El segundo caso involucra a las 294 mesas que funcionaron en Argentina. El mismo representante del partido pidió anularlas al asegurar que algunos funcionarios de los consulados y miembros de mesa cometieron faltas para favorecer los votos del partido Fuerza Popular. Además, la organización protestó por demoras en el traslado de los maletines que contenían los votos desde Buenos Aires.

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Tras revisar los documentos, el tribunal electoral precisó que la queja ingresó formalmente la noche del 13 de junio. Sin embargo, el plazo máximo y definitivo para presentar estos reclamos había vencido tres días antes, el 10 de junio.

Debido a esto, las autoridades recordaron que el calendario electoral se debe respetar de forma estricta y sin prórrogas para nadie. De este modo, ratificaron que los votos de los peruanos en el exterior siguen siendo válidos.

JEE acepta recurso de apelación de JP para anular mesas en Lima

El JEE de Lima Centro 1 aceptó un recurso de apelación presentado por el partido Juntos por el Perú, el cual busca invalidar los resultados de 1.751 mesas de sufragio en Lima. A diferencia de otros reclamos que fueron descartados, la organización política sí cumplió con adjuntar el pago de la tasa correspondiente, por lo que la solicitud será enviada al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que resuelva el caso en una segunda instancia.

El 15 de junio, Juntos por el Perú presentó tres recursos de apelación tras recibir un rechazo inicial en primera instancia por parte de las autoridades electorales en Lima. Sin embargo, el JEE de Lima Centro 2 declaró improcedente dos de estas apelaciones, debido a que el partido olvidó pagar el derecho de trámite exigido por ley. En ese marco, solo queda pendiente el pronunciamiento sobre un último recurso que se encuentra en evaluación.

"Rafael López Aliaga es altamente irrespetuoso con los electores. Falta a su palabra, postula al Senado y luego dice que ya no quiere. Cuando su candidato a la alcaldía pierda, quiero saber a qué va a postular", indicó en Canal N.

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Como se sabe, López Aliaga fue elegido senador para el periodo 2026-2031 como parte de la bancada de Renovación Popular. Sin embargo, el propio exburgomaestre capitalino aseguró que no jurará al cargo para regresar a la política municipal.

Además, el alcalde de Magdalena sostuvo que la gestión de López Aliaga tampoco está exenta de cuestionamientos. Allison afirmó que las obras ejecutadas durante la administración de Renovación Popular muestran procesos de selección poco transparentes.

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"Si no los convalida, ¿por qué postula ahora a ser regidor? Si dice que tanto el JNE como la ONPE hacen trampa. Es inconsistente y contradictorio en lo que dice. Quisiera hacerle una pregunta a Rafael López Aliaga: él dice que está en política por amor. ¿Es amor al chancho o a los chicharrones? Es muy preocupante ver cómo, en sus años como alcalde, prácticamente todas las obras las ha hecho a dedo", apuntó.

Carlos Bruce también criticó a López Aliaga

Pero Allison no fue el único que cuestionó al exburgomaestre. Carlos Bruce, alcalde de Surco en licencia y también candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, señaló que la postulación de López Aliaga constituye una forma de eludir las normas electorales que, en principio, impedirían una candidatura directa de su parte.

"Eso se llama fraude a la ley, eso no se puede hacer. Es violar la norma que impide la reelección. ¿Van a utilizar la figura de ingresar como teniente alcalde de un señor de avanzada edad, como Luis Rubio, para que luego Rubio renuncie y él asuma la alcaldía?", señaló en una entrevista con Exitosa.

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Bruce agregó que esta situación podría sentar un precedente peligroso no solo para la política local, sino también para el ámbito nacional.

"Si esto se permite, dentro de cinco años Keiko dice: 'Voy a postular como vicepresidenta de Miki Torres' y después, a los pocos meses, Miki Torres renuncia y ella asume la Presidencia", indicó.

El operativo se ejecutó durante las primeras horas del miércoles 17 de junio. Más de 50 agentes de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional participaron en la intervención realizada en las instalaciones de la Gerencia de Transportes, ubicadas en el Terminal Terrestre de Juliaca. Los efectivos revisaron documentación, equipos y diversos ambientes administrativos con autorización judicial.

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De acuerdo con la Resolución Judicial N.° 003-2026, además del burgomaestre, la investigación comprende al gerente Hardy Meyer Quispe Lipa y a otros servidores públicos. El Ministerio Público atribuye de manera preliminar los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias. La finalidad de las diligencias es determinar posibles responsabilidades individuales dentro de la estructura investigada.

Según la hipótesis fiscal, la presunta red operaba a través de expedientes relacionados con infracciones de tránsito consideradas muy graves. Los investigadores sostienen que algunas papeletas M1 y M2 habrían sido anuladas, modificadas o retiradas de trámite para beneficiar a determinados conductores. Como consecuencia, varias sanciones no habrían sido registradas en los sistemas correspondientes y algunas licencias de conducir permanecieron vigentes pese a las infracciones cometidas.

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Fiscalía apunta a presuntas irregularidades en expedientes de tránsito

La investigación fiscal se centra en los procedimientos administrativos aplicados a conductores sancionados por infracciones graves. Según los documentos judiciales, las autoridades buscan establecer si existió una estructura organizada destinada a alterar el trámite regular de las papeletas y evitar que determinadas sanciones generen efectos legales.

Uno de los principales aspectos bajo análisis es el manejo de las papeletas clasificadas como M1 y M2. Estas infracciones suelen implicar consecuencias severas para los conductores, incluida la suspensión de licencias. Por ello, los peritos revisarán expedientes físicos y registros digitales para verificar si hubo modificaciones irregulares.

Las autoridades también examinan la actuación de los funcionarios que tenían acceso a los sistemas administrativos. La información recopilada durante los allanamientos será contrastada con bases de datos institucionales y documentación interna de la comuna.

Dyer explicó que, aunque existieron fuertes discrepancias iniciales sobre el conteo de los votos en Puno, la posición final de la agrupación política liderada por Keiko Fujimori es la de acatar lo dispuesto por la ley. "Si ya los argumentos que dimos al final no fueron suficientemente válidos para poder poner nuestra posición clara, simplemente hay que respetarlo", señaló el representante vía Canal N.

El fallo en Puno: se rechaza anular más de 7 mil votos

La decisión del partido se da luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de San Román rechazara de forma definitiva siete pedidos presentados por el personero legal de Fuerza Popular, José Benel Alvarado Rojas. El partido fujimorista buscaba invalidar un total de 7,014 votos en diversas provincias de Puno (Azángaro, San Román, Melgar y Carabaya), asegurando que supuestamente se había impedido el ingreso de sus personeros a los colegios y denunciando presuntos actos de fraude.

Sin embargo, el tribunal electoral determinó que Fuerza Popular no presentó ninguna prueba válida que demostrara estas acusaciones. En esa línea, las autoridades comprobaron que las elecciones se desarrollaron con total normalidad, bajo la supervisión de la PNP. Además, el organismo aclaró que, según la ley, el reclamo sobre los personeros no es una razón válida para borrar los votos de una mesa.

El tribunal electoral aplicó el principio de "conservación del voto", que manda defender y respetar la decisión que los ciudadanos tomaron en las urnas frente a reclamos sin fundamento. De esta manera, se mantienen los resultados en el sur del país, donde el candidato Roberto Sánchez (JP) obtuvo un respaldo mayoritario frente a Keiko Fujimori. De los votos que se pretendían anular, 5.932 favorecían a Sánchez y solo 715 a Fujimori.

Rechazo a demanda contra el voto extranjero

De igual manera, el vocero de Fuerza Popular se pronunció sobre la demanda de amparo presentada por el abogado Walter Ayala ante el Poder Judicial, la cual busca anular la votación de los peruanos que residen en el exterior. El argumento de Ayala es que se modificaron normas del proceso de forma irregular luego de que la presidenta Dina Boluarte convocara a las elecciones generales de 2025.

Al respecto, Dyer calificó la medida como un "insulto" para los peruanos que viven fuera del país. El vocero señaló que el partido se encuentra tranquilo y confía en que el Poder Judicial desestimará el recurso por no ser de su competencia.

Walter Ayala presentó una demanda ante el Poder Judicial para anular votos en el extranjero

Walter Ayala presentó una demanda ante el Poder Judicial para anular los votos de la segunda vuelta presidencial en el extranjero. Aunque es vocero de Juntos por el Perú, aclaró que actúa como ciudadano y que su reclamo es legal: sostiene que la ONPE cambió las reglas del juego al emitir una nueva norma solo seis días antes de la votación, violando la ley que prohíbe modificar las reglas una vez convocadas las elecciones.

El principal cuestionamiento de Ayala es que la nueva norma ordenó trasladar físicamente las actas y cédulas en valijas diplomáticas, dejando de lado la digitalización inmediata que ya se había usado con éxito en la primera vuelta. Según él, este cambio desprotege la cadena de custodia de los votos y abre las puertas a un posible fraude.

Además, critica que la norma otorgue gran parte del poder a los cónsules en el extranjero, al permitir que fusionen mesas de votación si no se instalan a tiempo o que elijan a los miembros de mesa si los titulares no asisten. Ayala argumenta que estas funciones no les corresponden y alteran la transparencia del proceso.

La extorsión dejó de ser un delito puntual para convertirse en una práctica que condiciona la actividad económica. Comerciantes pequeños, bodegueros y dueños de negocios operan bajo una lógica de pago obligatorio, en la que negarse puede significar amenazas, ataques o el cierre definitivo.

“Durante los últimos cinco años, el 99% de nuestros socios han pasado por problemas de extorsión, a algunos hasta tres veces los siguen extorsionando”, señala Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.

Las cifras refuerzan esa percepción. En apenas un año, el porcentaje de peruanos que ha sido testigo del cierre o la restricción de actividades de bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias y otros negocios de su barrio como consecuencia de la inseguridad ciudadana pasó de 32% a 45%, según una encuesta de Ipsos hecha para el Observatorio del Crimen y la Violencia.

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Lima es la región más golpeada (59%) y el efecto alcanza por igual a todos los niveles socioeconómicos. Así lo informa el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia.

“La inseguridad no se limita al temor por la integridad física: está cerrando negocios, retrayendo ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos. No estamos frente a un problema puntual, sino frente a un fenómeno que está erosionando las bases mismas de la vida económica y social del país”, señaló Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y uno de los autores del reporte.

UN DELITO IMPUNE

Entre enero y mayo del 2026 se documentaron 131 homicidios y homicidios fallidos contra conductores, cobradores y pasajeros, concentrados abrumadoramente en Lima y el Callao, y bastante por debajo en Piura, La Libertad e Ica.

La investigación identifica que la violencia sigue corredores metropolitanos específicos que conectan Lima Norte y Lima Este con un sur metropolitano –San Juan de Miraflores y Villa El Salvador– más castigado de lo que sugería una primera lectura, con clara concentración en horario nocturno.

Asimismo, según comentó Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del reporte, “la extorsión sigue siendo, para todo fin práctico, un delito impune. En ocho años, con casi 23.000 presos más en el sistema penitenciario, el número de internos por extorsión apenas pasó de 1.328 a 1.498. Es como si nada se hubiera movido”.

“Muchos prefieren pagar. No denuncian porque los amenazan a ellos, a sus familias, a sus empleados. Hay casos en los que intentan incendiar los negocios o disparan contra las fachadas para presionar”, explica Luzmila Buendía, comerciante del emporio de Gamarra.

Este subregistro distorsiona cualquier intento de medir la magnitud real del fenómeno. Aunque las autoridades reportan una disminución en las denuncias durante 2026, la percepción en los barrios es distinta: la presión se mantiene y, en algunos sectores, incluso se intensifica.

La situación no solo implica cierres. También ha frenado la creación de nuevos negocios.

“Hoy en día tú no ves que se estén abriendo tiendas. La gente no quiere invertir porque sabe que va a tener que pagar. Y eso hace inviable cualquier emprendimiento pequeño”, señala Andrés Choy.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Para expertos en seguridad, la extorsión funciona hoy como una de las principales fuentes de financiamiento de las estructuras criminales.

Un oficial de la Dirección de Investigación Criminal lo describe como un ‘impuesto criminal’ que no solo genera ingresos, sino que también permite sostener otras actividades ilegales como el sicariato y el control territorial.

Este sistema opera con múltiples actores. Aunque bandas como Los Mexicanos y Los Injernos del Cono Norte son señaladas como protagonistas, también hay otros delincuentes comunes que utilizan sus nombres para intimidar y extorsionar.

“Hay mucha gente que no pertenece a esas bandas, pero se hace pasar por ellas. El comerciante no tiene cómo saberlo y termina pagando igual”, advierte el oficial.

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El resultado es un esquema fragmentado, en el que un mismo negocio puede recibir exigencias de varios grupos al mismo tiempo, lo que eleva la presión económica y el riesgo.

El reporte dedica un informe especial a los transportistas, el sector más golpeado por la extorsión y el sicariato.

IMPACTO EN SALUD MENTAL

El reporte muestra también un incremento significativo en el impacto sobre la salud mental: la proporción de la población adulta que considera que sus niveles de ansiedad y estrés han aumentado –“algo” o “mucho”– como consecuencia de la inseguridad pasó de 75% en el 2025 a 78% en el 2026, con un crecimiento especialmente marcado en la zona norte del país y en las áreas urbanas del interior.

El informe presenta, además, un nuevo Índice del Crimen Violento (IDCV), que suma homicidios y feminicidios –consumados y fallidos– para capturar también aquellos casos en los que hubo intención letal aunque la víctima sobreviviera.

Entre enero y mayo del 2026, el IDCV registró 1.054 casos a nivel nacional, con una tendencia al alza impulsada principalmente por los homicidios fallidos. Entre las regiones del interior, Ica aparece como la más afectada al combinar números absolutos y población. A nivel provincial, San Antonio de Putina (Puno), vinculada a la minería ilegal, alcanzó una tasa de 92,89 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del resto.

El equipo oficial ha quedado conformado de la siguiente manera: Magno Abraham García Chávarri lidera el grupo como presidente, acompañado por los comisionados Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Martín Antonio Salgado Arroyo y Pablo Michael Huerta Canales. Asimismo, en representación del Despacho Presidencial, se integró Carlos Antonio Bazo Ramírez, mientras que las labores de coordinación administrativa estarán a cargo de Jhoner Michael Quispe Romani como secretario técnico.

Este grupo de trabajo se encarga de revisar, analizar y proponer al presidente de la República qué internos pueden recibir un perdón de su pena, ya sea mediante un indulto común, por razones humanitarias (como enfermedades graves) o una reducción de su condena.

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La ley exige que este comité esté integrado estrictamente por cinco miembros. Con la reciente designación del último comisionado, el grupo recupera su capacidad para agilizar la revisión de los expedientes de los presos que solicitan estos beneficios.

El antecedente: renuncia en la comisión

La necesidad de completar este equipo de trabajo surge tras la renuncia de la abogada Lesli Gonzales Cabanillas, presentada el pasado 13 de mayo ante el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra. Su salida se produjo en un momento de alta atención pública, justo cuando el comité evaluaba los pedidos de libertad para el exmandatario Pedro Castillo.

En su carta de renuncia, Gonzales aclaró que su decisión no se debió a presiones o compromisos políticos, sino al acoso en redes sociales y medios de comunicación que sufrió debido a su lugar de origen. Al haber nacido en Chota (Cajamarca), la misma localidad de donde proviene Castillo, su capacidad profesional comenzó a ser cuestionada.

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La abogada defendió el derecho de los ciudadanos a vigilar el trabajo de las autoridades, pero rechazó que esto se convierta en hostigamiento personal o familiar. Asimismo, señaló que calificar su desempeño en la Comisión basándose en su procedencia es un prejuicio.

Sexto rechazo al indulto de Pedro Castillo

Se recuerda que el 10 de junio, la Comisión de Gracias Presidenciales rechazó la sexta solicitud de indulto al expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión en el penal de Barbadillo. Tras revisar el expediente, el comité concluyó que el pedido no cumplía con los requisitos legales obligatorios para recibir este beneficio, por lo que el exmandatario continúa recluido.

El abogado de Castillo, Carlos Perea, explicó que el resultado era previsible desde el punto de vista legal, ya que un indulto exige que el procesado tenga una sentencia firme y definitiva, algo que aún no ocurre con el exmandatario. Por esta razón, confirmó que la defensa ya no insistirá en nuevos pedidos de perdón presidencial en el Perú y buscará otros mecanismos legales.

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La nueva estrategia de la defensa se concentrará en llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El abogado señaló que se reunió con Castillo en prisión para coordinar este plan y que actualmente recolectan y evalúan todos los documentos necesarios. Según Perea, el expresidente considera que la intervención de la justicia internacional es ahora la alternativa más importante para cuestionar su actual situación jurídica.

No se sabe cuántas fueron las personas engañadas, ya que muchas de ellas prefirieron no denunciar el caso. Sin embargo, la fiscalía logró sustentar con pruebas el delito de tráfico de influencias por supuestos cobros ilegales a nueve postulantes a la Escuela Superior Técnica de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Ayacucho y Chorrillos, durante el 2022.

De acuerdo con la acusación de la fiscalía, el oficial solicitó mediante engaños y en diferentes oportunidades dinero a distintas personas, con el supuesto fin de destinarlo a funcionarios superiores. Según el capitán, serían ellos quienes facilitarían el proceso de ingreso de distintos familiares de las víctimas a la institución policial.

Germán Oré Sulca denunció, por ejemplo, que su hijo Joel pagó S/22.000 con la esperanza de ser admitido. Este hecho fue calificado como estafa, dado que se demostró la intención de obtener beneficios económicos mediante engaños.

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Asimismo, Daysi Sucso denunció tráfico de influencias para el ingreso de su hijo y pagó S/17.000; Virgilio Rojas abonó S/15.000; Kenny Bellido, S/12.000; Zebedeo Durand pagó S/30.000 para que ingresaran sus dos hijos; Edgar Tambracc depositó S/18.000 para el ingreso de su hija; y Ruly de la Cruz pagó S/12.000.

La investigación estuvo a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho.

El fiscal provincial, Jorge Nicolás Quispe, sustentó que al menos nueve personas fueron engañadas por el oficial, quien, aprovechando su cargo de capitán, aseguró mover influencias entre los funcionarios encargados del proceso de admisión de ambas escuelas de la PNP.

De ese modo, aseguraba el ingreso directo de jóvenes postulantes, al prometer aprobarlos en las distintas evaluaciones del proceso.

A los familiares de los aspirantes les solicitó entre S/12.000 y S/30.000. Unos pagaron más de la mitad y otros, la totalidad. Sin embargo, al comprobar que no consiguieron el ingreso, exigieron la devolución de su dinero.

Algunos padres dijeron que el imputado les habría hecho firmar contratos de supuestos préstamos para dar apariencia de legalidad a los montos percibidos de forma ilícita y eludir su responsabilidad penal.

El oficial se encuentra internado en el establecimiento penitenciario de Ayacucho, sentenciado a pena carcelaria efectiva, y deberá pagar más de S/43.000 de multa y S/230.000 de reparación civil, más devengados, en favor del Estado. También se le impuso la inhabilitación por 16 años.

Cerca de la segunda vuelta presidencial, el Congreso actual, tan cuestionado por el sector artístico y por la población en general, volvió a poner en la agenda una propuesta que afectaría el desarrollo del arte en Perú. “Es excluyente”, dijo la congresista Susel Paredes sobre la creación de un Colegio de Artistas, una entidad que reuniría solo a profesionales licenciados.

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Los representantes del sector nos dicen que no se oponen a la profesionalización, pero consideran que, en medio de una crisis social y política, con los reclamos para derogar las leyes pro-crimen, debatir sobre el terreno artístico solo es la continuación de las trabas que han experimentado en los últimos años. “Es un absurdo completo. Yo creo que la mayoría de los artistas no se va a poder colegiar, ¿no? Esto tiene todo un trasfondo político”, nos responde la cineasta y miembro de En defensa del cine peruano y NUNA, Rossana Díaz Costa.

Para la directora de Un mundo para Julius, después de la promulgación de la llamada ley anti-cine, esto no es una sorpresa. La creación del Colegio de Artistas no fue consultada con el sector y fue una iniciativa de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, no de la Comisión de Cultura que preside Paredes. En 2025, Waldemar Cerrón expuso esta propuesta y este año, Segundo Montalvo, también de Perú Libre.

En paralelo, el gremio artístico señala que hay una estigmatización hacia ellos como consecuencia de las declaraciones de varios políticos. “Haz cine con tu plata” es una de las frases que se lee en redes sociales desde que Adriana Tudela impulsó una ley que afecta principalmente al cine regional y después de que Alejandro Cavero dijera que las películas peruanas “son muy malas y nadie las va a ver”, desconociendo los premios internacionales.

“Para toda la gente que sigue pensando que el cine se lleva el dinero que puede ir a los hospitales y a los colegios, el sector cinematográfico es uno de los sectores que más mueve la economía del país. Contrata a muchísimas personas. Entonces, eso que te da el Estado, tú lo devuelves y devuelves más. Pero lo que prima en los políticos es la ideología y una agenda de derechas que, en ese sentido, está en contra de la cultura”.

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Díaz Costa señala que si no se precisan los criterios para la existencia de un colegio, los concursos para recibir los estímulos del Ministerio de Cultura podrían verse afectados. “Estamos hablando del cine, del teatro, del fomento del libro y de la música. En general, es el mismo fondo para todas las artes. Es bien gracioso que pidan esto cuando a los congresistas no se les pide haber ido a la universidad”.

Siguiendo lo que ha sucedido con la ley de cine, aprobada por insistencia por el Congreso ante el silencio de Dina Boluarte, la cineasta cree que, en cualquier momento, podrían aprobarse leyes similares. “Se están yendo y están aprobando todo entre gallos y medianoche porque estamos distraídos con los debates y con la segunda vuelta”.

Una consecuencia de la ‘ley anticine’ se ha visto este año. Para las nominaciones a los Óscar 2026, Perú tenía a la película en quechua Kinra como una precandidata con buenas críticas en el extranjero y que había ganado el Festival de Mar del Plata. Sin embargo, por los cambios en la ley, el productor Walter Manrique declaró a La República que no recibió apoyo del Ministerio de Cultura ni de PromPerú para la campaña internacional.

“Después de la promulgación de esa ley, la gente está muy agotada con todo. ¿Cómo van a articular una censura? Hasta ahora no se sabe qué va a pasar. Lo único que ha sucedido es que la ley ha pasado al reglamento.  No sabemos si esto se va a articular a través del Ministerio del Interior o a través del Ministerio de Cultura o si van a crear algo nuevo. Yo no puedo asegurar que la creación del colegio tenga que ver con eso, pero con la oscuridad con la que se maneja el Congreso actual, es imposible saber qué hay detrás”, comenta. “Recordemos que Rosangella Barbarán, en algún momento, dijo que debía haber un militar en el jurado para asegurarse de que no haya películas que ofendan al Estado”.

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 En el balance, se suman los cambios en el Lugar de la Memoria (LUM), la cancelación de un ciclo de cine peruano y el reciente veto a la presentación del libro Mujeres migrantes maltratadas - Perú. Diez años de presencia y lucha. (Al cierre de esta edición, el ministerio apartó del cargo al director del LUM, Ramón Óscar Murillo Serna).

  “Los cineastas hemos fastidiado algo, ¿no?”, señala Díaz Costa. “Pero al final se aprobó la ley de cine y ahora están pidiendo los estímulos ya con algunos cambios. El primer cambio, por ejemplo, es este: tienes que tener el 30% del presupuesto asegurado para los que no son óperas primas. Y es que en todo lo malo que ha sucedido en el Perú, los congresistas están detrás. Todas las leyes procrimen las han firmado los fujimoristas, además. Hacerse ahora la inocente en este caso es increíble”.

“El arte puede no gustarte, pero no lo puedes censurar”

Hablamos con la actriz de teatro y televisión, Cecilia Tosso, quien es vicepresidenta de Inter Artis, la asociación encargada de proteger los derechos intelectuales de los artistas del sector audiovisual. La asociación acudió al Congreso y se pronunció en contra de la creación del Colegio de Artistas.

Entonces, si hubiera un concurso nacional de canto premiado por el Estado, varios cantantes reconocidos, digamos, Eva Ayllón o Susana Baca, no podrían ser jurados, ¿no?

Ese es un gran ejemplo. Mi adorada Cecilia Bracamonte no podría, Edith Barr tampoco. Son artistas que comenzaron cantando desde niños e hicieron una carrera. Además, ahora, mi posición frente a esto es que la colegiatura significa pagar una mensualidad. Nuestros artistas apenas pueden cumplir con la cuota para estar sindicalizados.

¿El gremio artístico se volvió incómodo para ciertos sectores de poder?

Sí, porque el gremio artístico siempre va a denunciar. A través del arte protestamos y posiblemente ni siquiera haya que salir a las calles para demostrar lo que se puede hacer. En ese sentido, no a la injerencia, no a la censura, porque el arte puede no gustarte, pero no lo puedes censurar. Veremos qué pasa.

Le digo eso porque el Congreso tuvo que retroceder luego del plantón que organizaron para defender el pago de regalías.

Fuimos muy incómodos, pero bueno, eso también estaba, si me permiten la palabra, un poco traído de los pelos, ¿no? Era un Frankenstein. De manera particular, pensaría que ahora debemos esperar cuál es el resultado de estas elecciones y ver cuántas leyes, incluso las de procrimen, pueden derogarse.

¿Cuál ha sido el desempeño de las autoridades hacia el sector en los últimos años?

Susel Paredes fue la única que se opuso (al Colegio de Artistas) y hubo unas cuantas personas que se abstuvieron de votar, pero eso fue en la Comisión Educación, Juventud y Deporte. No va a haber una Comisión de Cultura en el próximo Congreso, ¿no? Eso lo tenemos claro, pero ¡patrimonio cultural es lo que tenemos! Creo, profundamente, que ocuparse de hacer un Colegio de Artistas es no tener nada que hacer, porque las leyes que han salido de este Congreso son graves.

“Vamos a pelear justamente para desaparecer esta ONPE, este Jurado Nacional de Elecciones, que no puede estar cometiendo delito cada cinco años. Esto se acabó (...) se han equivocado de enemigo”, exclamó.

Previamente, había señalado que le habían “robado” en los resultados y que su partido pudo haber logrado mayor número de senadores.

“Nos han robado senadores, diputados, le han hecho un daño tremendo al Perú. Pero con lo que nos queda, gente que yo agradezco que continúa en la brega de ser senador y diputado aún en estas condiciones, vamos a pelear”, dijo.

RLA descalificó el conteo de votos: “Es una vergüenza mundial”

Añadió que el conteo de votos realizado por el actual sistema electoral es una “vergüenza mundial” porque se conoce el resultado oficial después de varios días y no en horas, como en otros países.

“Para una ciudad de trece millones de habitantes que falle todo el sistema de distribución de material electoral, (es inviable) que se tenga que prolongar las elecciones por horas, que se tenga que dar un día más, insuficiente absolutamente, porque casi un millón de personas no votaron (en la capital)”, mencionó.

Su descontento contra el sistema electoral, explicó, lo llevó a decidir no postular al Senado porque significaría "avalar" lo sucedido.

Citó su experiencia en las elecciones de 2021, escenario que considera le robaron la presidencia. “Yo no estaba preparado, pero esta vez sí. Se metieron con la persona equivocada”, dijo.

Esto último lo señaló tras manifestar que, en su opinión, hubo irregularidades en la primera vuelta presidencial del proceso electoral de este 2026.

“El pronóstico si no hubiera producido trafa el pronóstico era, incluso, superar a la señora Keiko Fujimori en la primera vuelta. Pero, claro, aquí se han unido empresaurios que hacen mucho daño al Perú que quieren seguir con sus concentraciones monopólicas”, exclamó.

“He decidido no asumir el rol de Senador. En estas condiciones no, sería avalar el fraude, sería avalar la corrupción. Va a quedar en la historia del Perú”, anotó.

Destacó que quienes representarán a Renovación Popular en el Senado y la Cámara de Diputados cuentan con un buen perfil profesional y trayectoria. Él, como líder del partido, acompañará a la bancada, pero de manera externa.

Su decisión, dijo, se debe a su disconformidad con el sistema electoral actual. Específicamente, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instituciones que considera “deben desaparecer”.

Para explicar las razones de esa discrepancia, citó su experiencia en las elecciones del 2021, escenario que considera le robaron la presidencia. “Yo no estaba preparado, pero esta vez sí. Se metieron con la persona equivocada”, dijo.

Esto último lo señaló tras manifestar que, en su opinión, hubo irregularidades en la primera vuelta presidencial del proceso electoral de este 2026.

“El pronóstico si no hubiera producido trafa el pronóstico era, incluso, superar a la señora Keiko Fujimori en la primera vuelta. Pero, claro, aquí se han unido empresaurios que hacen mucho daño al Perú que quieren seguir con sus concentraciones monopólicas”, exclamó.

López Aliaga: “Tengo voz y voto en la Cámara de Diputados y en la de Senadores”

Seguidamente dijo: “Esto con este nuevo Congreso se acabó señores. Han querido matar a Porky. Se han empecinado en sacarme de carrera. Ya lo han hecho dos veces porque saben que no les debo nada. Yo he hecho mi vida sin ustedes, señores. En este Congreso sí voy a dedicarme como presidente de Renovación Popular en el estatuto tengo voz y voto tanto en la Cámara de Diputados como Senadores”, precisó.

Destacó que él no necesita dinero no pre venta del Estado para seguir trabajando. “Incluso yo planteo que un senador no debe cobrar un centavo y es lo que yo hubiera hecho de ser senador, pero no en estas condiciones”, expresó.

Luego, insistió con la existencia de supuesto fraude. “Nos han quitado senadores en todo el Perú. Sin la serie 900 K y sin los problemas logísticos que ocurrieron dolosamente en la primera vuelta, claramente tendríamos más senadores y diputados”, dijo.

En una trasmisión en vivo, el excandidato presidencial anunció que postulará como “teniente alcalde”, es decir, como primer regidor en la lista a la alcaldía, encabezada por Luis Rubio Idrogo.

“Voy como teniente alcalde de Lima Metropolitana, acompañando al doctor Luis Rubio, el fundador de hospitales solidarios a nivel nacional, como alcalde de Lima", exclamó.

Rubio Idrogo preside el Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), cargo al que fue designado por López Aliaga, en 2023.

Horas antes, una publicación en su cuenta oficial de Facebook ya hacia previsible su decisión. “¿Apoyarías a Porky si decide volver a Lima?”, consultaba una imagen que invitaba a la ciudadanía a reaccionar indicando su postura. Un like para el Sí y un ‘Me encanta’ para el No.

Tan solo un día antes, López Aliaga también había comunicado su intención de presentarse como “teniente alcalde” en una entrevista.

RLA no asumirá como senador y ataca al sistema electoral

La decisión del excandidato presidencial estuvo acompañado de otra que hace posible su postulación como primer regidor.

En la misma transmisión también confirmó que no asumirá como senador del partido Renovación Popular porque ello significaría avalar el sistema electoral que considera “corrupto” y “fraudista”.

“He decidido no asumir el rol de Senador. En estas condiciones no, sería avalar el fraude, sería avalar la corrupción. Va a quedar en la historia del Perú”, anotó.

En lugar de ello, como líder del partido, acompañará a la bancada de manera externa.

“Esto con este nuevo Congreso se acabó señores. Han querido matar a Porky. Se han empecinado en sacarme de carrera. Ya lo han hecho dos veces porque saben que no les debo nada. Yo he hecho mi vida sin ustedes, señores. En este Congreso sí voy a dedicarme como presidente de Renovación Popular en el estatuto tengo voz y voto tanto en la Cámara de Diputados como Senadores”, manifestó.

Previamente ya había mencionado que la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “deben desaparecer” y que “se metieron con la persona equivocada”. Incluso, dijo que el INPE sería mejor como ente electoral.

Ley que impide la reelección inmediata tiene por objetivo una “alternancia” en los cuadros partidarios

Para esto, la norma que impide la reelección inmediata en la alcaldía tiene como objetivo la alternancia y la renovación democrática. Es decir, que exista una “revaloración de cuadros partidarios al interior de cada partido político o movimiento regional", explica José Naupari, abogado especialista en derecho electoral.

Aclaró que “si un candidato a alcalde postula a un cargo de primer regidor, no estaría transgrediendo la norma constitucional".

Por su parte, el experto en temas electorales, Víctor Velásquez, explicó que López Aliaga podría terminar asumiendo la alcaldía si antes del sufragio el candidato a la alcaldía renuncia o es retirado del partido o si, ya durante la gestión, se suspende o vaca al alcalde.

Palacios describió en detalle el estado del cómputo: citó las cifras de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones, señaló que al cierre el conteo estaba en 99,033% y explicó que la ventaja de Keiko Fujimori superaba los 30.000 votos, por lo que consideró que "es imposible que Sánchez pueda remontar esos 30,000 votos".

Estado del conteo y argumentos a favor de la proclamación

Palacios informó que, según la página del Jurado Nacional de Elecciones, las actas observadas atendidas alcanzaban el 92,96% y que había 177 mesas enviadas a recuento, de las cuales 69 ya se habían resuelto y faltaban por realizar 52 audiencias públicas programadas. En ese marco, la conductora explicó que la etapa adicional de recuento —incorporada por el Congreso— era la que demoraba la resolución final, pero que la magnitud de las actas pendientes no bastaba para revertir la ventaja.

Además, enfatizó que la ventaja se concentraba en circunscripciones como Lima, Callao y el extranjero, territorios donde, según señaló en el programa, Keiko Fujimori aparece con "amplia ventaja". Palacios aclaró que no es la ONPE ni el Jurado, pero que los datos públicos permitían ya anticipar un resultado electoral.

Abstención, nulos y votación dividida

La periodista puso el triunfo en contexto: explicó que en una elección con más de 27 millones de electores existe una fragmentación marcada —con cerca de un tercio que no votó o votó nulo o blanco— y que ambos candidatos obtuvieron alrededor de 9 millones de votos cada uno. Palacios sostuvo que ese mapa triple (votos por Keiko, por Sánchez y nulos/ausentes) reduce la pretensión de representatividad plena y complica la gobernabilidad.

En su intervención también señaló que Keiko Fujimori no habría mejorado sustancialmente su votación respecto de 2021, pero que la conformación del sistema electoral y la dispersión de votos entre partidos hicieron que con un porcentaje relativamente pequeño se obtuviera la ventaja necesaria.

Implicaciones y escenarios a futuro

Palacios advirtió que, aunque los datos apuntaban a un triunfo, correspondía respetar los plazos legales de resolución y apelación. Señaló que, si bien la proclamación podría demorarse algunas semanas por plazos de apelación, el grueso del proceso ya no admitía cambios significativos y que la proclamación formal solo sería cuestión de tiempo.

Finalmente, la conductora subrayó que la presidencia de Keiko Fujimori enfrentará retos de legitimidad y gobernabilidad: dijo que "la última acta sí puede faltar dos semanas", pero reiteró su convicción de que, en los términos actuales del cómputo, Keiko Fujimori se perfila como la presidenta electa y que los próximos gestos políticos serán clave para construir o perder apoyo.

Rosa María Palacios atribuyó su aseveración a los registros oficiales de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones y a la lectura del mapa electoral, sin hacer una declaración institucional de victoria.

El tribunal de apelaciones, integrado por los jueces César Sahuanay Calsin, Javier Sologuren Anchante y Omar Córdova Pintado, intervino en este caso ante un recurso presentado por la fiscalía para que se revise la decisión del juez de primer instancia. El fiscal superior Germán Juárez Atoche, al igual que la procuraduría, argumentó que correspondía al Ministerio Público, y no al Poder Judicial, pronunciarse sobre el archivo del proceso.

“La autonomía del Ministerio Publico y su titularidad en el ejercicio de la acción penal son instituciones esenciales del proceso penal acusatorio, pero no constituyen un poder inmune al control constitucional ni una autorización para reabrir, re etiquetar o prolongar una imputación que ha perdido objeto constitucional valido. La autonomía fiscal opera dentro de la Constitución y no frente a ella. Ergo, una vez que el Tribunal Constitucional declaró que la matriz persecutoria de lavado de activos y organización criminal carecía de sustento jurídico suficiente para continuar, la función del juez penal era impedir que dicha lesión siguiera produciendo efectos en el proceso”, argumentan los jueces de apelación.

En este sentido, indican que “entender lo contrario importaría transformar la competencia ordinaria en un obstáculo para la tutela efectiva de derechos y, en los hechos, adoptar una forma de activismo judicial negativo: no el activismo de quien inventa una competencia inexistente, sino el de quien, por una lectura subjetiva y abstracta del proceso, vacía de eficacia una orden constitucional expresa”.

Además, señalan que “resulta procesalmente inadmisible que, bajo el pretexto de discutir competencia, se pretenda restringir, diferir o reinterpretar la ratio decidendi de una sentencia constitucional firme (nunca aclarada o corregida). Menos aun cuando el propio Ministerio Publico, al sustentar su recurso de apelación, delimitó expresamente el debate al afirmar que no cuestionaba la Sentencia 185/2025 del Tribunal Constitucional, sino la competencia del juez de investigación preparatoria para ejecutarla”, enfatizan los magistrados.

Con esta decisión, el caso Cócteles, que se siguió contra la candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, llega a su fin definitivo. El expediente pasará al archivo. Pese a ello, si lo considera, el Ministerio Público aún podría intentar reabrir el caso mediante un recurso de casación que debería ser admitido para su debate y resolución por la Corte Suprema de Justicia.

Fuerza Popular y Mark Vito

La decisión de la Sala de Apelaciones Nacional también alcanza al exesposo de Fujimori, Mark Vito Villanela, contra quien el proceso continuaba. Los jueces consideran que lo resuelto por el Tribunal Constitucional alcanza a todos los procesados junto con Fujimori y al partido político Fuerza Popular.

“La extensión de los efectos a coprocesados y a la persona jurídica Fuerza Popular se justifica por identidad objetiva de razón constitucional. No se trata de un efecto general automático ni de una ampliación irreflexiva del habeas corpus, sino de una aplicación coherente de la misma razón a quienes fueron vinculados por la imputación fiscal al mismo delito fuente o precedente al título: aportes de campana, presuntos activos de origen ilícito, estructura, partidaria, falsos aportantes, rendiciones, bancarización, simulación o justificación de fondos”, precisan los magistrados.

Anotan que la misma situación alcanza a Vito Villanela. “La misma conclusión alcanza al extremo relativo a Mark Vito Villanella y MVV Bienes Raíces S.A.C. La imputación que se les atribuye no presenta una fuente ilícita autónoma, independiente y separada del núcleo fáctico-imputativo común examinado por el Tribunal Constitucional. El cambio de destino económico de los fondos (de campañas electorales a inmuebles corretajes o actividad societaria) no crea por si mismo un nuevo origen ilícito ni una imputación constitucionalmente autosuficiente”, afirma la resolución judicial.

La acusación fiscal se centra en la represión ocurrida el 12 de diciembre de ese año. Según las investigaciones, el ciudadano Renato Murillo quedó en estado de coma durante doce días tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, mientras que Benedicto Huaccachi fue herido en la pelvis por un proyectil similar. Además de la privación de su libertad, las autoridades exigen que Zanabria y Chang paguen una reparación económica a las víctimas y que se les prohíba ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses.

El Ministerio Público también ha solicitado siete años de prisión para el teniente Luis Bazán, señalado como el autor directo del disparo contra Murillo. Asimismo, se piden seis años de cárcel para el mayor Luis Ávila y el comandante Jorge Celadita; tres años para el suboficial Dino Tarrillo; y dos años para el suboficial Eder Tasayco y el mayor José Solari, acusados también por omitir su deber de detener los abusos.

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Este no es el único proceso que enfrenta Zanabria. La Fiscalía recordó que existe otra acusación en su contra con un pedido de 35 años de cárcel por el delito de homicidio calificado. Este segundo caso corresponde a la muerte de Víctor Santisteban, un manifestante que falleció tras recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza durante las marchas en Lima, en enero de 2023.

El debate por el fuero militar: "Es una medida inconstitucional"

Este pedido de prisión coincide con un proyecto de ley aprobado en primera instancia por el Congreso de la República, el cual busca que los delitos cometidos por policías y militares sean juzgados de forma exclusiva por el Fuero Militar Policial. Al respecto, La República conversó con Germán Vargas, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), advirtió que crímenes de esta gravedad no pueden ser derivados a la justicia militar, ya que constitucionalmente no les corresponde.

"El fuero militar y policial es un fuero excepcional y tiene que ver con infracciones de función que perturban la misión de la institución. La tortura, las ejecuciones o las lesiones graves no tienen nada que ver con esa misión. Por lo tanto, no son delitos de función, sino crímenes ordinarios y gravísimos que deben juzgarse en la justicia ordinaria", explicó Vargas.

El especialista calificó la iniciativa del Parlamento como una "medida de impunidad inconstitucional" que contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Advirtió que, de validarse esta ley, se estarían negando los derechos a la verdad y la justicia de las familias afectadas.

Además, sostuvo que la aprobación del proyecto de ley significaría un retroceso hacia la época de los años 90, cuando se creaban "fueros de privilegio" para encubrir a malos elementos castrenses.

Un Congreso que legisla a favor de la impunidad

Para el representante de la CNDDHH, no es una coincidencia que el Legislativo intente aprobar estas reformas justo cuando avanzan las acusaciones penales contra altos mandos como el general Zanabria.

Vargas señaló que existe una estrategia de encubrimiento que se viene arrastrando de forma y que cuenta con el respaldo de bancadas mayoritarias dentro del actual Congreso.

"Esto no es coincidencia ni es algo espontáneo. Desde el año 2024 se empezaron a dar una serie de leyes de impunidad, como la ley de amnistía o la de prescripción de crímenes de lesa humanidad. Hay una responsabilidad muy grande de parte de partidos políticos que buscan favorecer la defensa de personas investigadas por estos crímenes".

“El sábado nos reunimos con Juntos por el Perú. Nosotros le ratificamos de nuestra postura que tendrá que reconocer el resultado electoral gusten o no. Nosotros vamos a reconocer y respetar el resultado electoral sea cual sea. Probablemente al final del día triunfe la señora Fujimori y habrá que aceptarlo”, dijo en diálogo con Exitosa.

Dejó claro que Ahora Nación es demócrata y reconocerá el resultado.

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Añadió que Fuerza Popular tuvo circunstancias que favorecían su candidatura.

"Ciertamente se ha jugado con la cancha en contra un poco lo que también nosotros tuvimos en la Primera Elección Presidencial donde hubo una campaña sistemática de muchos medios de comunicación que tratararon de estigmatizar a nuestro candidato, lo declararon asaltante de banco, terrorista”, dijo.

Asimismo, mencionó que el partido naranja también solicitó la nulidad de votos en Puno y, sin embargo, mediáticamente no se ha incidido en eso.

Sobre el rol de Sánchez en la segunda vuelta, Salcedo consideró que el candidato debió tomar distancia de Antauro Humala con mayor anticipación. “Lo que Sánchez debía hacer era ampliar su base de votantes. Y eso se hizo y se logró porque lo separan pocos votos de Fujimori”, anotó.

Añadió sus expectativas sobre el próximo Congreso bicameral ante la eventual victoria de Fujimori: “Yo creo que el escenario más pesimista es que la señora Fujimori decida hacer lo que ha hecho estos años. Eso sería más autoritarismo. Otro escenario sería que ella asuma que la mitad del país no la eligió y decida construir un programa de unidad y desde el Parlamento también se promueva ello”.

El inicio de la audiencia estaba prevista para este martes 16 de junio. Sin embargo, la defensa de Balcázar solicitó la suspensión del juicio oral.

“[El presidente] tenía programadas actividades oficiales fuera del territorio nacional. Hemos adjuntado (…) la autorización aprobada por el Congreso de la República. [José María Balcázar] se encuentra en la ciudad de Roma”.

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El Juzgado aceptó la solicitud y se reprogramó la sesión para el próximo 30 de junio a las 9 de la mañana. El presidente deberá presentarse de manera obligatoria para esa fecha. De lo contrario, podrían ordenar su captura inmediata.

El origen del caso

Los cargos que afronta José María Balcázar están relacionados con su gestión como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) durante el periodo 2019-2020. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el mandatario habría ordenado que los pagos de los agremiados se depositaran directamente en dos cuentas personales que él mismo abrió en la Caja Municipal Trujillo.

Las pericias realizadas al caso revelaron que esas cuentas registraron depósitos superiores a los S/ 774, 687.60, dinero que luego fue retirado sin dejar documentos que justifiquen en qué se gastó. Por ello, Balcázar fue expulsado del ICAL en agosto de 2022 y denunciado por apropiación ilícita.

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La investigación señala que las cuentas fueron canceladas al terminar su mandato en diciembre de 2020, y el saldo restante se retiró el 2 de enero de 2021 sin conocerse su destino.

A pesar de que la directora de Economía, Rosa Pizarro Piscoya, y el vicedecano del ICAL Yuri Díaz Jaime le exigieron que devuelva los fondos, Balcázar nunca lo hizo. Por este motivo, la Fiscalía solicita para el actual mandatario un año de prisión suspendida y el pago de S/ 348,344.90 como reparación civil a favor del colegio de abogados.

Agenda en Europa

Según los documentos enviados al Congreso, esta gira internacional busca reforzar la presencia del Perú en el extranjero e impulsar la cooperación bilateral. La agenda oficial del mandatario incluye, además de la audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano, reuniones de trabajo en Roma con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros representantes internacionales.

A pesar de encontrarse fuera del territorio peruano, el presidente Balcázar continuará ejerciendo sus funciones de manera normal. El jefe de Estado mantendrá el control del despacho presidencial a distancia.

La comitiva que viaja junto al mandatario está integrada por siete personas, entre las que destacan su esposa, Blanca Nelly Quiroz de Balcázar, y el secretario general del Despacho Presidencial, Alonso Tenorio Trigoso, además de un equipo de seguridad y edecanes militares. El costo total de este viaje asciende a 49,541.43 dólares.

El hecho ocurrió cuando el comunicador abordó un taxi en Los Olivos, tras cenar en las inmediaciones de Mega Plaza. Según su relato, el vehículo avanzó unas cuadras y se detuvo de forma repentina. En ese punto, dos personas habrían ingresado al auto: una en la parte delantera y otra en la posterior.

Yábar señaló que el sujeto ubicado en la parte trasera lo sujetó por la fuerza, mientras el conductor continuaba la ruta. Cuando intentó bajar del vehículo, los ocupantes lo habrían intimidado para impedirlo y le ordenaron permanecer sentado bajo amenazas. “Me decían que tranquilo, que no pasaba nada, que íbamos a pasear, pero no me dejaban bajar”, declaró el periodista, al describir los primeros minutos de la retención.

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El comunicador afirmó que durante el trayecto fue amenazado con un arma de fuego y despojado de sus pertenencias. Luego, los atacantes le exigieron las claves de acceso a su celular y comenzaron a revisar sus redes sociales, aplicaciones y contenido personal mientras el vehículo seguía desplazándose por distintos puntos de Lima Norte.

“Me sacaron la billetera, el celular, mis lentes y mis llaves. Después empezaron a revisar todo lo que tenía en el teléfono”, indicó.

Yábar añadió que los sujetos le preguntaron por su trabajo y su posición política. En ese momento, según su denuncia, escuchó una frase que interpreta como un elemento clave del presunto amedrentamiento. “Me preguntaron por quién voté y dijeron: ‘¿por qué no aceptan que ganó Keiko?’”, relató. Además, los sujetos lo obligaron a transferir un total de S/3 mil 500 soles.

Sin embargo, hay que precisar que en la denuncia presentada por el comunicador ante la comisaria Sol de Oro, a la cual tuvo acceso La República, solo se detalla el presunto robo del que fue víctima.

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ANP pide investigación independiente y alerta por posibles represalias

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, señaló que el caso del periodista Pável Yábar debe ser investigado con independencia y rapidez. Indicó que ya existe una denuncia formal y que las autoridades deben garantizar que no haya interferencias en el proceso.

La dirigente explicó que el gremio ha solicitado a las autoridades competentes que actúen de inmediato para esclarecer lo ocurrido. “No podemos dejar estos casos en la nebulosa, tienen que esclarecerse rápidamente”, afirmó Lainez.

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Añadió que la preocupación central de la ANP es evitar que hechos como este se interpreten como posibles represalias contra periodistas por su labor o línea editorial. Advirtió que eso abriría un escenario grave para la libertad de prensa.

Lainez sostuvo que el caso de Yábar forma parte de un conjunto de episodios recientes que mantienen en alerta al gremio periodístico, por lo que exigió una respuesta clara del Estado para proteger la integridad de los comunicadores.

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Ataques recientes contra periodistas en Arequipa e Iquitos elevan preocupación

En Arequipa, el periodista Julio Aquise denunció que sujetos desconocidos lanzaron artefactos explosivos contra su vivienda ubicada en el distrito de Cerro Colorado. El ataque ocurrió durante la noche, mientras descansaba con su familia, y generó daños materiales en la fachada del inmueble.

Aquise había presentado días antes una denuncia con presuntas pruebas de corrupción policial ante la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, según información difundida por su entorno. La hipótesis de represalia no ha sido descartada por las autoridades.

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En Loreto, el periodista Pauner Portal Talexi reportó que encontró un sobre con dos balas, fotografías de seguimiento y una carta con amenazas en la puerta de su domicilio en Iquitos. El mensaje exigía dejar de realizar cuestionamientos en su programa radial.

La ANP alertó que estos hechos no son aislados y pidió activar mecanismos de protección para periodistas en riesgo. El gremio sostuvo que la repetición de estos ataques exige una intervención urgente del Estado para evitar nuevos episodios de violencia.

Merino busca el Gobierno Regional de Tumbes

Manuel Merino, exmandatario por un breve periodo, ha oficializado su candidatura al Gobierno Regional de Tumbes. Postula por Acción Popular, partido por el que fue congresista en tres periodos en representación de esa región.

"Lo que Tumbes necesita son propuestas que realmente nos saquen de este lastre que tanto daño nos ha hecho a lo largo del tiempo y del que tenemos muestras evidentes: hospitales abandonados, postas médicas abandonadas, centros educativos olvidados y agricultores prácticamente solos, sin el respaldo de un buen gobierno regional", declaró al portal tumbesino Corporación Hechicera.

El exmandatario es recordado por la fuerte represión ejercida durante las protestas contra su gobierno, que derivó en las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado.

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Pedro Spadaro: ¿de alcalde a gobernador regional?

Pedro Spadaro volverá a intentar ocupar un cargo en el Callao. El representante de Renovación Popular renunció a la alcaldía provincial en abril y ha oficializado su candidatura al Gobierno Regional del Callao. Durante su campaña, ha centrado gran parte de sus publicaciones en redes sociales en destacar su gestión municipal.

Sin embargo, Spadaro no está libre de polémicas. En abril de este año, la vivienda del exalcalde chalaco fue allanada por efectivos policiales. El exburgomaestre es investigado por presuntas irregularidades en la entrega de órdenes de servicio durante los años 2023, 2024 y 2025. Las pesquisas apuntan a un posible direccionamiento de contratos a favor de determinados proveedores.

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Aldo Carlos Mariños también postula

El alcalde de Pataz, provincia de La Libertad, Aldo Carlos Mariños, se hizo conocido tras denunciar amenazas del crimen organizado y protagonizar una marcha desde Pataz hasta Lima para exigir mayor atención del Estado a una provincia golpeada por la minería ilegal. Ahora busca convertirse en gobernador regional de La Libertad.

Con Somos Perú, Mariños aspira a suceder a César Acuña, a quien cuestionó en los primeros mensajes de su campaña.

"Nuestra región ha sido gobernada durante los últimos 24 años por dos partidos políticos: uno es el APRA y el otro es Alianza para el Progreso. Nos dejan las peores carreteras del país y ambulancias destruidas", señaló.