"Es una llamada de atención al ponente y a los jueces que firmaron esa casación. En ese sentido, si le dieron a Keiko, tenían que dármelo a mí; como me metieron presa a mi, a ella también", señaló Humala.

Consultado sobre si ambas investigaciones constituyen procesos paralelos o "casos espejo", el expresidente precisó dos diferencias entre ambos casos.

La primera, según detalló, radica en la veracidad de la recepción del dinero: "Nosotros no recibimos, ella sí recibió", argumentó.

Sin embargo, un día antes del límite legal, el médico renunció a la postulación. De este modo, si Renovación Popular gana las elecciones, López Aliaga asumiría la alcaldía de Lima, eludiendo así la norma que impide la reelección inmediata.

El JEE admitió la lista mediante una resolución emitida el 4 de agosto. La solicitud de inscripción fue presentada por Fernando Sandoval Ruiz, personero legal titular de la agrupación política.

El órgano electoral justificó la medida al confirmar que la nómina no recibió ninguna tacha o impugnación dentro de los plazos legales establecidos.

"Ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 35 del Reglamento sin que se haya formulado tacha contra la lista de candidatos ni contra alguno de sus integrantes".

La resolución emitida por el tribunal cuenta con las firmas de la presidenta Ysabel Dorotea Garro de la Peña, los miembros Marcos Villalta Infante y Vilma Escobar Honorio, y el secretario jurisdiccional Oscar Américo Liendo Álvarez.

Los magistrados dispusieron la publicación del fallo en el Portal Electrónico Institucional del JNE y la notificación formal al personero del partido para continuar el proceso electoral.

Quisiera que crezcan creyendo que votar, estudiar, elegir su camino y hacer oír su voz es lo más normal del mundo. Ojalá nunca tengan que preguntarse por qué hubo un tiempo en que las mujeres no podían hacerlo. Pero también tengo que recordarles que nada de eso fue un regalo.

Cada derecho que hoy parece obvio fue una conquista. Mujeres, antes que ustedes y antes que yo, desafiaron prejuicios, leyes injustas y un orden que les decía cuál era su lugar. Ocupábamos el hogar y hoy ocupamos el mundo.

Les escribo porque hay días en que me preocupan los silencios. Como cuando escucho un mensaje a la Nación en el que las mujeres simplemente no existimos. Entonces recuerdo que los derechos también pueden retroceder. No se pierden de un día para otro; se erosionan cuando dejamos de defenderlos o cuando creemos que ya están garantizados.

No les escribo para que vivan con miedo. Les escribo para que vivan con memoria. Pregunten. Conversen con su mamá, con sus abuelas, con las mujeres de su familia. Descubran qué obstáculos enfrentaron y qué puertas tuvieron que abrir para que ustedes pudieran atravesarlas.

Algún día les dirán que estas luchas ya pasaron, pero no es así. Mientras exista una sola mujer cuyos derechos puedan retroceder, habrá algo que proteger.

Y, cuando les toque estar al frente, recuerden que nada de lo conquistado se sostiene solo. Se sostiene porque hay mujeres que no olvidan de dónde vienen sus derechos y porque otras deciden defenderlos.

Con todo mi cariño y con la esperanza de que nunca olviden lo que nos costó llegar hasta aquí, les pido una sola cosa: honren nuestra lucha. Honren la memoria de quienes las precedieron. Y dejen el camino un poco más ancho para las mujeres que vendrán.

Con amor,

Su tía.

*Hoy teje: María Elena González Azurín, ciudadana activa.

Durante una entrevista con Rosa María Palacios en el programa 'Sin Guion', de La República, Humala responsabilizó directamente al entorno de Alan García y a los grupos de poder económico de impulsar un ensañamiento mediático y judicial para frenar su ascenso.

“En su ceguera, en su odio, en el 2011, en su miedo a que Nadine pudiera ser la candidata natural del Nacionalismo para el 2016, (…) comienza a trabajar el tema de la pareja presidencial, la relección conyugal y todas las baterías se van contra ella”, dijo.

Además, el expresidente reiteró que después de su gobierno continuó la persecusión política y judicial centrada en su esposa.

“Es una mujer joven, en ese momento no había llegado ni a 50 años. Si no la destruías ahí, podía entrar en el 2021 o en 2026, podía haber candidateado ahora. Entonces, había que eliminarla, y es por eso que continúa con la persecución política y judicial pero ya más centrada en Nadine", sostuvo Humala.

Además, cuestionó que la fiscalía haya tratado a su esposa como si hubiese sido funcionaria pública —imputándole cargos y dictándole medidas restrictivas—, a pesar de que el rol de primera dama no constituía un cargo ejecutivo en el Estado.

Asimismo, el líder nacionalista denunció que el proceso penal trascendió el ámbito judicial hasta convertirse en un "ensañamiento salvaje" contra su entorno más cercano, incluyendo a sus hermanos y a su madre. Al describir el impacto familiar y la dispersión de su familia tras años de investigación, mencionó: "Hoy día mi familia es una diáspora".

Señala a Alan García y a sectores económicos

Respecto a la autoría de esta campaña, Humala señaló al fallecido expresidente Alan García. Indicó que se buscó utilizar al Partido Nacionalista como "chivo expiatorio" para desviar la atención de las investigación de corrupción de gestiones anteriores. "El cabecilla de todos estos políticos ha sido Alan García", dijo.

Por otro lado, adelantó que presentarán recursos para solicitar el archivo de las demás investigaciones y que darán la batalla legal para que el Jurado Nacional de Elecciones les devuelva la inscripción oficial del Partido Nacionalista Peruano.

Humala no descartó emprender acciones legales de reparación contra las instituciones estatales. "Debo denunciar al Estado que ha actuado de esta manera. Eso implica el reconocimiento de que acá actuaron mal, y yo no puedo permitir que esto quede impune. El Estado me tiene que pedir disculpas a mí y a mi familia", concluyó.

“Me complace informarle que, sobre la base del Acuerdo Marco para el sector terrestre suscrito el 9 de diciembre de 2025 entre el Ejército del Perú, FAME S.A.C. y Hyundai Rotem, el Ministerio de Defensa del Perú tiene programado suscribir el contrato del proyecto basado en el Tanque Principal de Batalla K2 (‘Black Panther’) a más tardar en junio de 2026”, escribió el exministro Amadeo Flores a su par coreano Ahn Gyu-back.

Fechada el 26 de mayo de este año, la misiva de Flores se refería a un acuerdo firmado durante el mandato del expresidente José Jerí, que comprende la venta, con la participación de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), de 54 tanques K2 “Black Panther” y 141 blindados K808 “White Tiger” por aproximadamente US$5.000 millones.

El exministro Amadeo Flores estaba tan seguro de la adquisición de los carros de combate que pidió al ministro Ahn Gyu-back que hiciera posible que la fábrica Hyundai Rotem trasladara a Lima modelos del K2 “Black Panther” para que participaran en la parada militar del 29 de julio, y le extendió la invitación para que él mismo asistiera a la ceremonia patriótica peruana.

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Ilusiones de papel

Amadeo Flores requirió, además, que se sumen al desfile ejemplares de los blindados de ocho ruedas K808 “White Tiger”, que el Ejército compró por intermedio de FAME a Hyundai Rotem en 2024.

“Bajo la premisa de la materialización del mencionado contrato, el Ministerio de Defensa del Perú solicita a Ud., formalmente, que se tramite ante la empresa Hyundai Rotem la participación del Tanque Principal de Batalla K2 y del Vehículo Blindado a Ruedas K808 en la Ceremonia Oficial por el Día de la Independencia del Perú, a llevarse a cabo el próximo 28 de julio de 2026. En este contexto, solicito amablemente el valioso interés y apoyo de Su Excelencia y del Ministerio de Defensa Nacional para facilitar la participación del Tanque K2 y del Vehículo Blindado K808 en dicha actividad”, escribió el exministro Amadeo Flores.

En pleno proceso de cambio de gobierno, desde el Ministerio de Defensa pretendieron forzar un multimillonario contrato cuando se sabía por información científica que el fenómeno El Niño tendría un impacto devastador. Gastar US$5.000 millones en tanques y blindados no estaba considerado.

Pero para el equipo del exministro Amadeo Flores, la prioridad era otra.

“Consideramos que la presentación de dichos sistemas de armas (los “Black Panther” y los “White Tiger”), en una fecha tan significativa, constituirá una oportunidad excepcional para mostrar directamente al pueblo peruano un ejemplo exitoso de la cooperación bilateral en defensa”, apuntó el exministro.

Sin embargo, el proceso ni siquiera había pasado a consideración de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), como ocurrió en el caso de la adquisición de la flota de cazas F-16 Block 70.

Empero, el extitular del Ministerio de Defensa, dejó fuera de toda duda la cristalización de la firma del contrato con Hyundai Rotem, la fábrica de los tanques y blindados. Por eso se atrevió a sugerirle a Ahn Gyu-back enviar a una autoridad de su país para que asista al desfile castrense y a un representante de Hyundai Rotem.

“A fin de garantizar el éxito de este magno evento, el cual reviste una gran trascendencia para la cooperación de defensa entre el Perú y Corea, solicitamos respetuosamente la presencia del Gobierno de la República de Corea y del Presidente de Hyundai Rotem (Lee Yong-bae), para que nos honren con su asistencia a este magno evento”, escribió el entusiasmado exministro de Defensa.

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Borrados del desfile

Efectivamente, el seis de julio arribaron al puerto del Callao tres tanques K2 “Black Panther” y seis blindados K808 “White Tiger”. Lo que siguió no estaba en los planes del Mindef.

Por el contenido de la comunicación escrita por Amadeo Flores, puede inferirse que daba por hecho la consumación del contrato: “Estamos firmemente convencidos de que este avance representa un hito fundamental cimentado en la confianza mutua y la cooperación bilateral. Asimismo, marcará el punto de partida para expandir y consolidar de manera estratégica las relaciones en el ámbito de la defensa terrestre entre el Perú y la República de Corea”.

Pero no sucedió lo programado.

El 29 de diciembre, los carros de combate fueron remolcados desde el Centro de Mantenimiento de Blindados (CEMABLIN), en el Fuerte “General de División Rafael Hoyos Rubio”, en el distrito del Rímac, hasta la avenida Brasil, pero no desfilaron, como reportó La República. Tampoco hubo firma del contrato, y mucho menos se presentó en Lima el ministro coreano Ahn Gyu-back.

Solo fueron parte de la parada militar los seis blindados K808 “White Tiger”.

Como informó este periódico, el Ministerio de Defensa decidió suspender el desfile de los carros de combate K2 “Black Panther” por falta de recursos para pagar el adelanto de US$1.500 millones, necesarios para la suscripción del contrato.

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El niño es primero

El propio Ministerio de Defensa comunicó por escrito a este diario que la decisión de cancelar la presentación de los tanques K2 “Black Panther” se debió a que no son parte del material bélico, ya que no se firmó el contrato de adquisición por falta de recursos públicos.

“Durante este año se han realizado gestiones administrativas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para incluir en la Ley de Endeudamiento una disposición que permita tener el espacio fiscal para una operación de endeudamiento a fin de financiar la adquisición de los tanques K2 ‘Black Panther’),, la que se materializaría en el 2027, con el procedimiento de concertación para la asignación de los recursos y se efectivice dicha adquisición”, reportó el Ministerio de Defensa a este periódico.

“Es preciso indicar que este año, durante la gestión del Presidente Balcázar, se evaluó la posibilidad de adelantar una parte de la adquisición de tanques, para lo cual se gestionaría los recursos ante el MEF, lo que motivó la solicitud de la participación para una muestra de sus capacidades en campo”, reconoció el despacho de Defensa.

“Sin embargo, debido a la repriorización de necesidades por el agravamiento de los escenarios del fenómeno El Niño, no se pudo continuar con el proceso planificado, no habiéndose suscrito contrato alguno. Lo que no hizo posible que los tanques participaran en el desfile cívico-militar del 29 de julio”, concluyó el Ministerio de Defensa.

En el borrador del proyecto de delegación de facultades legislativas del gobierno de Keiko Fujimori no aparece la adquisición de equipamiento militar, especialmente para los programas de Inversión para Batallones de Infantería Mecanizados (BIMEC) y Regimientos de Caballería Blindados (RCB), que incluye la compra de los K2 “Black Panther”.

Lo más probable es la postergación de la suscripción del contrato.

Será una buena oportunidad para que las nuevas autoridades gubernamentales, especialmente del Ministerio de Defensa, revisen el proceso que determinó la elección del carro de combate K2 “Black Panther” fabricado por Hyundai Rotem.

Según algunas fuentes castrenses, el convenio firmado el 9 de julio de 2025 entre el Ejército, FAME y Hyundai Rotem se pretende utilizar como pretexto para no convocar a una licitación internacional para que compitan varias fábricas por igual.

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• Anillo al dedo. Después de la firma del convenio entre el Ejército, FAME y Hyundai Rotem, la Comandancia General del instituto armado ordenó que un Comité Técnico Operativo (CETO) identifique un modelo de tanque.
• A pedir de boca. Para simular una competencia el CETO solicitó cotizaciones a algunas empresas. Al final decidió que el modelo que debe reemplazar al tanque soviético T-55 es el K2 “Black Panther” de Hyundai Rotem, empresa que firmó el convenio del 9 de diciembre de 2025 con el Ejército.

La iniciativa plantea modificar el Reglamento del Congreso y el de la Cámara de Diputados. El propósito central es "garantizar como regla general el trabajo parlamentario presencial y regular la virtualidad como modalidad excepcional en supuestos objetivamente justificados".

Con ello, los senadores y diputados deberán asistir de forma obligatoria a las sesiones del Pleno, en la Comisión Permanente y en las comisiones de trabajo a las que pertenezcan.

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De aprobarse este proyecto de ley, las conexiones virtuales quedarán limitadas a casos específicos. Según el texto, "la participación virtual solo será permitida cuando las y los diputados [y senadores] se encuentren de licencia por viaje fuera de Lima o en el extranjero, así como con licencia por enfermedad".

La legisladora señaló que el objetivo principal es acabar con la práctica de los "escaños vacíos" y las "votaciones fantasma" durante los debates, situaciones que han afectado la imagen del Parlamento ante la ciudadanía en los últimos años.

Con este cambio, se busca asegurar que las autoridades elegidas cumplan con debatir y votar de manera presencial en ambas cámaras.

Su renuncia se formalizó mediante un oficio presentado este 4 de agosto ante la Mesa de Partes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro. En el documento, Rubio señala que toma la decisión por "razones estrictamente personales", a pesar de que su candidatura ya había sido admitida por la autoridad electoral el pasado 26 de julio.

El documento —firmado por Rubio y presentado en 4 folios— se ampara en la Ley de Elecciones Municipales y pide la certificación de su firma ante el Secretario General del JEE para validar su salida formal del proceso electoral.

La renuncia de Rubio era previsible. A solo un día de que venza el plazo límite, 5 de agosto, el candidato dimitió “por motivos personales”. Sin embargo, su renuncia le deja el camino libre a López Aliaga, quien asumiría automáticamente la alcaldía por ser el primer regidor de la lista, en caso ganara las elecciones.

En diálogo con La República, el abogado experto en derecho electoral y constitucional, Kevin Advíncula, detalló el procedimiento y las implicancias jurídicas de la presentación de renuncia de un candidato al sillón municipal.

El especialista precisó que la sola presentación del documento por motivos personales no cierra el caso de inmediato. Aunque cumple con los requisitos formales y materiales, corresponde que el JEE emita un pronunciamiento. "La declaración de motivo en el escrito de renuncia es la justificación formal, pero no limita por sí sola la competencia del JEE para realizar el control de legalidad material", señaló Advíncula.

Aunque la renuncia no ha sido decidida por el JEE, si se aceptara, sería pasible de ser impugnada ante el pleno del JNE, que deberá tomar una decisión de acuerdo con la Constitución y determinar "si hay un vicio desde origen y si las normas han sido instrumentalizadas", señaló el experto.

La lista se mantiene en carrera

Respecto a si la salida del titular pone en riesgo la participación del partido, el abogado aclaró que la renuncia a la cabeza de la fórmula “no acarrea por sí sola la nulidad de la inscripción”. En esa línea, agregó que “el sistema electoral municipal opera bajo la lógica de una sucesión dentro de la propia lista". Por ello, si se admite dentro del plazo, el orden se reacomoda y “quien ocupa el primer lugar de regidores pasa a ser en los hechos el candidato remanente".

Sobre la legitimidad de que López Aliaga asuma el sillón municipal y su posible conflicto con la prohibición de la reelección inmediata, Advíncula indicó que, aunque la figura de postular a un cargo distinto es defendible en el papel, existe un riesgo jurídico.

"El JEE y el JNE tienen bases normativas suficientes para determinar si existen indicios objetivos de que la candidatura fue instrumentalizada para luego ceder el paso al primer regidor", explicó. Además, adviritó que de no evaluarse de fondo, se "estaría produciéndose una reelección encubierta".

El especialista también indicó que este caso pone en evidencia la necesidad de una reforma normativa integral en el país. "El sistema electoral peruano está disperso en cerca de 48 reglamentos y no en un código electoral sistematizado; eso hace que muchas veces se hagan parches y existan deficiencias", manifestó Advíncula. Y agregó que este tipo de maniobras buscan "ciertos vacíos legales para transgredir la Constitución y la ley, generando un fraude al ciudadano".

“Por supuesto existen vacíos, no solamente en este tipo de hechos... Existen temas que son sensibles que deberían verse con urgencia para que no exista el fraude al ciudadano. Porque lo que se está haciendo con esto es prácticamente buscando ciertos vacíos para transgredir con lo que dice la Constitución y la ley, generando un fraude al ciudadano”.

"Un acto írrito y nula legitimidad"

Por su parte, el abogado experto en temas electorales, Jorge Jáuregui, cuestionó la validez de todo el proceso, así como el rol de las autoridades electorales al permitir que López Aliaga integre la fórmula municipal manteniendo su condición de parlamentario electo.

En conversación con La República, Jáuregui señaló que el caso va más allá de un trámite administrativo y abre la puerta a reclamos legales más severos. "Esto podría acarrear un pedido de nulidad de la elección. El señor Rafael López no está habilitado constitucionalmente para participar en esta elección", sostuvo.

Según el especialista, el Jurado Nacional de Elecciones fue más allá de sus competencias al avalar la situación de López Aliaga. "El JNE ha ido más allá de sus capacidades legales, es absolutamente írita y carente de fundamento jurídico la decisión que tomaron. Una vez producida una elección, el JNE no tiene capacidad legal para decidir quiénes reciben credenciales o mover listas", agregó.

Jáuregui mencionó que, si López Aliaga llega al sillón municipal tras la renuncia del titular, carecerá por completo de respaldo ciudadano directo para el cargo. "¿Qué nivel de legitimidad tendría un alcalde que llega únicamente por sucesión? Ninguna, carece absolutamente de legitimidad". A su juicio, este tipo de maniobras reflejan una afán de poder donde la legitimidad ciudadana pasa a segundo plano.

"A liderazgos como estos les importa muy poco la legitimidad o lo que la gente piense. Hacen todo lo que tienen que hacer, se alían con quien tienen que aliarse para llegar al cargo, pagar los intereses, pagar con dinero público, pagar con beneficios a quienes los apoyaron y punto, y el sistema circula", señaló Jáuregui.

El especialista también advirtió que el caso de Lima Metropolitana es el reflejo de un deterioro profundo del sistema político e institucional en el país. "Lo que estamos viendo en estas elecciones generales y municipales de 2026 es el fin de la fe en que la democracia liberal pueda funcionar".

Jáuregui consideró que este tipo de estrategias dejan en evidencia una degradación de las reglas de juego democráticas y el aprovechamiento de tecnisismos legales para evadir la prohibición de la reelección. “Se utilizan vacíos y normas para transgredir el espíritu de la Constitución, afectando directamente la representación ciudadana", mencionó para el medio.

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Antes de conocerse el primer gabinete de Keiko Fujimori, la actriz nos comentó que su expectativa estaba en los liderazgos que puedan surgir de la oposición. “Hay una tendencia de derecha, una inclinación hacia el autoritarismo, hay un claro anuncio de recorte de libertades, y eso no es novedad para nadie; no tiene solo un color político. El conservadurismo diría que casi no tiene ideología. Perú Libre y el fujimorismo fueron los grandes socios de la temporada. Entonces, lo que toca es despertar, estar atentos”.

En cuanto al Colegio de Artistas, la excongresista Susel Paredes entregó un proyecto para la derogatoria de la ley a la diputada Indira Huilca.

Varios cineastas dicen que el panorama es más difícil que en los 90. ¿Coincides?

Lo que pasa es que el gran riesgo o lo que hemos tratado de evitar todos estos años, es que todo aquello oscuro, bajo la mesa, soterrado, informal, se institucionalice. Entonces, está pasando con lo que hacen con la policía, con las manifestaciones públicas, con los derechos humanos y ahora con la cultura.

Delia Espinoza les recomendó ser un grupo sólido. ¿Tienen planes de agruparse formalmente?

Somos un gremio atomizado porque somos una fuerza laboral precaria. El 5 o 10 por ciento de la fuerza laboral artística es la que tiene un trabajo estable, pero la mayoría son trabajadores informales, con una economía inestable, con las mismas incertidumbres que millones de peruanos que la están pasando mal. Entonces, en el medio de eso hay que lidiar con la frustración y encontrar una energía que nos hermane y nos permita sostener un mismo frente, a pesar de nuestras diversidades de ideología.

¿Han contemplado que algunos ya empiecen a colegiarse?

La idea es que la ley se derogue, pero hay precariedad y si no estamos informados y ofrecen algo de formalidad, un revestimiento de cobertura, de seguridad, habrá gente que va a decir: “Bueno, esto es mejor que nada”. Hay que explicar que el fondo de esto es un atentado contra la libertad: desde regular contenidos y no dar acceso a los espacios públicos. El deseo que hay de muchos de nosotros es generar un gremio sólido, tener un respaldo político y de, independientemente de nuestras diferencias, cerrar filas con los no negociables. Y uno de ellos es la libertad.

Es decir, aunque deroguen esta ley, ¿estos foros deben mantenerse en los próximos años?

Sí. Y tenemos que organizarnos. Somos un país donde los sindicatos están mal entendidos y también mal operados. Entonces, todavía no hemos logrado ese nivel de madurez, pero ese es también el gran pendiente y la batalla interna que tenemos. Entender que la representatividad gremial no tiene por qué hacernos sentir ni en falta, ni politizados, ni culpables. Es lo que toca. Ocurre en cualquier país del mundo. Y eso también tienen que entender no solamente los empleadores, sino el Estado y los servidores públicos.

También la ciudadanía, ¿no? Cuando los ven participando en marchas, no falta quien los cuestione y los acuse. ¿A qué responde esto?

Es que se ha instalado el miedo y esa es la mejor arma. La usan la política, la religión. El miedo y la culpa son las dos grandes armas que paralizan al ser humano. Han alimentado tanto la idea de un cuco que no existe, como el comunismo. Ahora el lobo se viste de cordero y te hace creer que te va a salvar de un cuco que no existe. Y estamos más preocupados por eso que por quienes están gobernando y están, cada vez más, recortando nuestros derechos en el mundo entero.

• Colegio de Artistas. La Ley 32645 es considerada “excluyente”. Debido a que no fue una iniciativa que surgió de un reclamo del sector, pero tuvo pocos votos en contra, la excongresista Susel Paredes expuso que era necesario recordar qué partidos avalaron este proyecto. "Esto tiene un contenido político. Votaron a favor de esta ley Perú Libre, Alianza para el Progreso, Acción Popular y, por supuesto, que el fujimorismo votó por la ley de Cerrón. Y no es la primera vez. Ellos han cogobernado desde el Congreso desde su ignorancia, desde su odio". Paredes presidió la Comisión de Cultura del Congreso, pero la ley que crea el Colegio de Artistas fue impulsada en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

De acuerdo con información obtenida por La República, la demanda se presentó al Séptimo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial en algún momento del martes, 21 de julio de 2026.

Si se presentó a primerísima hora, el juez la recibió de inmediato, tiene carga cero, es decir no hay otros casos previos, por lo que se pone en ese mismo momento a evaluar la solicitud de medida cautelar, el plazo en que resolvió es de tres días y medio.

En el sistema de notificaciones electrónicas de la Corte Superior de Justicia de Lima, según los documentos trascendidos a la prensa, el juez resolvió la medida cautelar a las 12.19 p. m. del jueves, 30 de julio de 2026. El documento pasó ese mismo día al secretario del juzgado para su notificación, a las 12.23 p. m.

Los días feriados

Es decir, todo sucedió entre el 21 y 30 de julio, pero debe tenerse en cuenta que el 23 de julio fue feriado, luego 25 y 26 corresponden al sábado y domingo, el 27 de julio fue día libre compensable en la administración pública, 28 y 29 feriado.

Eso deja para el estudio del expediente y resolver el mismo 21 de julio que ingresa la demanda, el 22 y 24 de julio y las primeras horas del 30 de julio. Esos son tres días y medio. Ahora, si suponemos que se trata de un funcionario esforzado, que los hay en el país, y se llevó el trabajo a su casa, debemos suponer que lo mismo hizo con otros expedientes, por lo que el tiempo dedicado al tema de El Comercio no puede ser mucho mayor a lo ideal.

En este punto, sería interesante que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial realice una verificación en el sistema informático para establecer una variación en el rango de resoluciones resueltas por el Séptimo Juzgado Civil Comercial en días feriados con respecto a días naturales. 

Podría, a lo mejor, el juez Varillas Solano ser reivindicado y reconocido como un magistrado ejemplar. Pero, la realidad nos dice lo contrario, es imposible resolver un caso complejo, en un corto espacio de tiempo aun cuando el magistrado lo lleve a su casa. Nunca es un expediente. Hay un monto de expedientes por resolver. ¿Por qué este y no aquel?

Modalidad

Pero, más allá del caso El Comercio, en muchas indagaciones realizadas por la desaparecida Oficina de Control de la Magistratura y la actual Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, aparece ese mismo fenómeno: celeridad en la admisión y resoluciones de medidas cautelares que resultan controversiales.

El otro detalle, también observado en este caso, es la baja garantía o contra cautela que exige este juez. Este es un tema que la Procuraduría ha pedido investigar en múltiples ocasiones en los órganos de control y la fiscalía. Son estas decisiones céleres que luego Varillas Solano no ha podido justificar las que le han merecido sanciones de multa económica, suspensión en el ejercicio de la magistratura por dos años, procesos penales con restricciones y pedidos de destitución.

Juan Varillas Solano no es el único caso en los Juzgados Civiles de Derecho Comercial. Otros de sus colegas siguen el mismo patrón para dictar medidas cautelares a granel.

Fama internacional

El accionar del juez Juan Varillas Solano tiene fama internacional. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tenido que emitir diversos mandatos requiriendo al juez dejar sin efecto medidas cautelares que impedían la ejecución de cartas fianza de instituciones bancarias extranjeras vinculadas a normativas comunitarias.

El 12 de enero de 2022, Varillas otorgó una medida cautelar en favor de Colombiana Kimberly Colpapel Kimberly-Clark Ecuador contra el Banco Guayaquil para evitar el cobro de una millonaria carta fianza.

En el caso del Senado, las comisiones que tendrán 12 miembros son: Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo, Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor, Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital, Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría y Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

En cada una de estas comisiones, Fuerza Popular tendrá cuatro senadores; Juntos por el Perú, tres; Renovación Popular, dos; y el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico OBRAS y Ahora Nación, uno cada uno.

También se realizó la distribución de los integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Inteligencia.

El grupo de trabajo de Ética estará conformado por un senador de cada grupo parlamentario, es decir, tendrá seis integrantes.

La Comisión de Inteligencia estará conformada por cinco miembros titulares y permanentes durante todo el periodo parlamentario. De acuerdo con la distribución proporcional, Fuerza Popular contará con dos representantes, mientras que Juntos por el Perú, Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno tendrán un senador cada uno.

Cámara de Diputados

Por su parte, la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, liderada por Oscar Reto Otero, también definió la distribución de los grupos de trabajo.

Se trata de 16 de comisiones ordinarias legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Los grupos de trabajo que tendrán 26 integrantes son: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría, Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Educación, Cultura y Deporte, Justicia y Derechos Humanos, Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

Mientras que las comisiones que estarán integradas por 20 diputados son: Defensa Nacional y Orden Interno, Desarrollo Agrario, Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos, Energía y Minas, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

También se definió la distribución de las comisiones ordinarias no legislativas. La Comisión de Acusaciones Constitucionales tendrá 26 miembros; mientras que la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo, y la Comisión de Ética Parlamentaria tendrán seis integrantes cada una.

Conformación de la Comisión de Ética

El grupo de trabajo de Ética estará conformado por un integrante de cada bancada y tendrá este encargo por un periodo de dos años.

Los integrantes son: Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), César Tito Rojas (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Heber López Letona (Obras) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

Ruth Luque: “Nos correspondería una Comisión Especial”

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, comunicó que si su bancada no preside ni una comisión en el Senado, solicitarán liderar una comisión especial (Acusaciones Constitucionales, Ética o Control político)

“Nos han informado que, por el cálculo que aplicarían, no nos correspondería. Si por A o B aplicaran esa decisión, por un tema de equidad tendría que correspondernos una comisión especial”, declaró a la prensa.

El grupo de trabajo estará conformado por un integrante de cada bancada, es decir, seis en total.

Los integrantes son: Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), César Tito Rojas (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Heber López Letona (Obras) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

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Tendrán este encargo por un periodo de dos años.

Tras definir quiénes integrarán Ética, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez informó que el Pleno de la Cámara Baja se reunirá el 5 de agosto para ratificar lo acordado.

Harvey Colchado asegura que se investigará a Julián Pérez

Antes de que se conociera la conformación de Ética, el 31 de julio último, el diputado Harvey Colchado se refirió al caso del diputado Julián Pérez (Juntos por el Perú), quien fue denunciado por presunta violencia intrafamiliar y violencia psicológica contra su ex pareja, y aseguró que en la Cámara Baja investigarán el caso.

"Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética también haga la investigación correspondiente y, si es responsable, tiene que ser la sanción que corresponda, porque acá a nadie se va a proteger", dijo.

Y para ratificar su postura dijo que otorongo sí va a comer otorongo y adelantó que dicho tema sería uno de los primeros que se aborden.

"Yo pertenezco a la Mesa Directiva como segundo vicepresidente, estamos en la etapa de la constitución de las comisiones. Entonces, apenas se constituya la comisión, va a tomar el caso", mencionó a la prensa.

Mientras tanto, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, integrante de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal por faltas éticas contra el diputado Pérez Mallqui.

El oficio solicita la suspensión del ejercicio del cargo y el descuento de haberes por 120 días de legislatura contra el legislador por Cusco. El documento se presentó ante la Mesa de Partes del Congreso y será derivado a la Comisión de Ética una vez que se haya instalado.

Comisión de Ética del Senado

La Junta de Portavoces del Senado, que preside Miguel Ángel Torres Morales, también definió que la Comisión de Ética estará integrada por un representante por cada partido, por lo tanto, serán seis los miembros de este grupo de trabajo.

En el caso del Senado, aún no se ha definido quiénes serán los integrantes.

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, comunicó que si su bancada no preside ni una comisión en el Senado, solicitarán liderar una comisión especial (Acusaciones Constitucionales, Ética o Control político).

"Nos han informado que, por el cálculo que aplicarían, no nos correspondería. Si por A o B aplicaran esa decisión, por un tema de equidad tendría que correspondernos una comisión especial", declaró a la prensa.

“La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para la sociedad porque sin ella queda eliminada la posibilidad de los ciudadanos de recurrir a un juez imparcial para proteger sus derechos. Quiero recordar que cuando se afecta la independencia judicial se pone en peligro la democracia y la vigencia de la constitución", sostuvo Tello.

Tello aprovechó la oportunidad para referirse a las tensiones que mantienen algunas autoridades con algunos jueces por las decisiones que se toman en algunos fallos.

Defendió el ejercicio del control difuso que aplican los jueces y señaló que las discrepancias con una sentencia abren la posibilidad de que la parte afectada interponga los recursos impugnatorios correspondientes. Sin embargo, enfatizó que tales diferencias nunca deben ser motivo para despojar a un magistrado de su cargo.

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“Si se llegara a destituir a un juez o a una jueza, únicamente porque una autoridad discrepa con el contenido de sus decisiones o con su criterio jurisdiccional, se eliminaría por completo la independencia judicial y ello resultaría arbitrario”, sostuvo.

"Mayor gravedad revisten estos ataques cuando provienen no de ciudadanos particulares, sino de actores políticos disconformes con determinadas decisiones judiciales. Más aún, y tengo que subrayar, cuando son parte o sujetos con interés en el resultado de algún proceso", subrayó.

Janet Tello rechaza que se persiga políticamente a militares y policías

Seguidamente, en el mismo sentido, Tello rechazó los señalamiento de que el Poder Judicial persiga políticamente a militares y policías. Aseguró que eso es totalmente falso.

Mencionó que cuando se investigan hechos contrarios a la ley, no configura una “persecución política” sino “buscar la verdad”.

“Enfatizo y reitero, en el Poder Judicial se imparte justicia a todos por igual, sin consignas y sin mirar nombres, cargos ni posiciones políticas, económicas, sociales o de cualquier otra índole. El derecho a la crítica es válido, pero no el insulto”, exclamó.

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Keiko Fujimori recordó decisiones judiciales en su contra

Al momento de su discurso, Keiko Fujimori aseguró que respetará la independencia de poderes y resaltó que cada ciudadano debe acatar las resoluciones así sean adversas.

"En lo personal he vivido en carne propia decisiones judiciales. Acaté las resoluciones que me fueron adversas, confiada en que finalmente se haría justicia. Hoy, como presidenta de la República, declaro ante ustedes y ante la ciudadanía el absoluto respeto de mi gobierno a la separación de poderes, independencia del Poder Judicial, al estado de derecho y a la institucionalidad”, dijo.

Resaltó que "cada decisión (judicial) puede transformar vida, definir destinos y libertades” y que “cada sentencia puede ser fuente de reconciliación y enmienda".

"Sabíamos que algo de esto iba a pasar. No nos agarra por sorpresa, pero nos molesta como si no lo hubiéramos sabido. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se ha preocupado por hacer respetar la ley que establece que los alcaldes no pueden reelegirse. Yo no estoy de acuerdo con eso; me hubiera gustado quedarme un periodo más en Lima, pero no puedo. Han encontrado mecanismos para violar la ley", declaró en el programa 'Que no se te olvide', conducido por Carlos Cornejo en el canal de YouTube de La República.

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El también exministro afirmó que esta situación sienta un precedente terrible y refleja la forma de actuar políticamente de Renovación Popular. Asimismo, cuestionó al JNE por, según dijo, permitir este tipo de mecanismos.

"Nosotros se lo advertimos al Jurado, pero ellos le han permitido renunciar a la candidatura al Senado, cargo para el que pidió el voto de la gente. Es realmente terrible", apuntó.

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Luis Rubio renunció a su candidatura a la alcaldía de Lima

Luis Isael Rubio Idrogo presentó este 4 de agosto su renuncia irrevocable a la candidatura para la Alcaldía Metropolitana de Lima por Renovación Popular, dentro del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El desistimiento fue ingresado ante la Mesa de Partes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro mediante un oficio en el que argumenta que su decisión responde a "razones estrictamente personales", pese a que su postulación había sido admitida el pasado 26 de julio.

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El escrito, suscrito por Rubio y sustentado en la Ley de Elecciones Municipales, solicita la certificación de su firma para formalizar su salida del proceso electoral. Su dimisión se produce a un día del vencimiento del plazo legal para renunciar a una candidatura y, de ser aceptada, permitiría que Rafael López Aliaga —inscrito como primer regidor y teniente alcalde en la misma lista— asuma automáticamente la postulación a la alcaldía.

Sobre el procedimiento, el abogado especialista en derecho electoral y constitucional Kevin Advíncula explicó a La República que la sola presentación de la renuncia no pone fin al trámite, ya que el JEE debe evaluar su legalidad antes de emitir un pronunciamiento. Añadió que, si la renuncia es aceptada, la decisión aún podría ser apelada ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que deberá determinar si existió algún vicio en el proceso o una eventual instrumentalización de las normas electorales.

"Nos gustaría presidir las comisiones de Justicia, Educación, Energía y Minas y Salud. Tenemos varios perfiles que podrían dirigir esas comisiones. Nuestra bancada cuenta con varios maestros, miembros del magisterio y también personas con experiencia en salud psicológica, como la diputada Svieta (Fernández). Pero es algo que todavía no se ha definido y es parte de un consenso al que tenemos que llegar", señaló a este medio.

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El vocero del partido de Roberto Sánchez indicó que Juntos por el Perú aspiraría a presidir cuatro comisiones en la Cámara de Diputados. De acuerdo con fuentes cercanas a este medio, las negociaciones entre las distintas bancadas continúan afinando los últimos detalles y podrían cerrarse en las próximas horas.

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Otras bancadas también definen sus preferencias

Jeeny Samanéz, diputada del Partido Cívico Obras, también confirmó su interés por integrar y eventualmente liderar comisiones vinculadas a su experiencia en materia deportiva. No obstante, precisó que el tema aún viene siendo debatido al interior de su agrupación.

"Vamos a ver ese tema. En lo que a mí respecta, he solicitado al presidente del movimiento Obras y al secretario general, Ricardo Belmont y Daniel Barragán, respectivamente, formar parte de las comisiones de Educación, Cultura y Deporte y de Infraestructura, Vivienda y Transportes. Son los temas que manejo y en los que tengo experiencia", indicó la parlamentaria.

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Desde la bancada oficialista, Diego Bazán, diputado de Renovación Popular, fue más cauto y evitó revelar qué comisiones buscará presidir su agrupación.

"Indiscutiblemente, el bloque que ganó la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tiene la primera opción. Confiamos en que ellos harán un reparto justo y equitativo. Hay algunas comisiones que Renovación Popular pretende, pero no puedo decir cuáles son por ahora", sostuvo.

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Tanto Samanéz como Bazán afirmaron a este medio que, debido al número de curules de sus respectivas bancadas, cada una aspiraría a presidir dos comisiones en la Cámara de Diputados.

Distribución en camino

Las dos fuerzas políticas con mayor representación en el Congreso tendrían el mayor número de presidencias de comisiones en la Cámara de Diputados. Si el reparto se realiza de manera proporcional, Fuerza Popular y Juntos por el Perú serían las bancadas que encabecen la mayor cantidad de grupos de trabajo.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, existirán 16 comisiones ordinarias en la Cámara Baja. De ellas, siete estarán integradas por 26 diputados: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

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Las nueve comisiones restantes estarán conformadas por 20 diputados: Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Energía y Minas; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Salud; Trabajo y Seguridad Social; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

En cuanto a las comisiones no ordinarias —como la Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo—, cada una estaría integrada por seis miembros: uno por cada grupo parlamentario.

 No faltan debates sobre el contenido de estos fallos. Haberse pronunciado sin esperar que lo haga el Poder Judicial es la crítica más seria contra el Tribunal Constitucional. Que baste poner los fondos a nombre propio en un banco para salir del ámbito de lo sancionable funda la crítica más dura contra la Corte Suprema. Ambas merecen ser tomadas en serio. Pero además las construcciones legales que usa cada una de estas sentencias no son, en el detalle, necesariamente compatibles entre sí y no todas parecen corresponder a los hechos ni a las normas aplicables a los tres casos en debate. Hay cosas forzadas en algunos de estos textos.

 Pero sin perjuicio de esto, encuentro fundamental notar que estas historias comparten un fondo común. Antes que se emitieran estos fallos, los casos de esta serie ya habían quedado descolocados.

 La fiscalía ofreció estos casos como una serie sobre lavado de activos en política. De hecho puede lavarse dinero en política como en cualquier otra actividad. Pero si de esto se trataba, la fiscalía tendría que haber comenzado por desarrollar un caso en forma sobre lavado de activos contra Odebrecht y no lo hizo. El convenio por colaboración eficaz aprobado en junio de 2019 no incluye cargos por lavado. Y jamás fue ampliado para incluir esos cargos.

 En contra puede sostenerse que los cargos por cada acto de lavado son autónomos de los hechos que originan los fondos que se lavan. Esto es cierto en parte, pero no alcanza para justificar que no existan registros, ninguno en absoluto, que muestren a la fiscalía investigando a Odebrecht por lavar activos. Puede perseguirse a terceros por lavar activos de otro. Pero es difícil probar que se trate de activos verdaderamente lavados si ese otro jamás ha sido emplazado por el hecho.

 Un caso fuerte contra Odebrecht o una ampliación del convenio por colaboración aprobado en junio de 2019 habría hecho mucho más difícil cerrar estos casos como se ha hecho. La ausencia de ese caso dejó el espacio abierto para construcciones de todo tipo, como la que pretende que los casos se cayeron porque el financiamiento ilegal de partidos no era lavado cuando ocurrieron los hechos. Una crítica como esa solo es posible porque la lavandería de Odebrecht se ha vuelto invisible. Y sin una lavandería, es obvio, no hay nada que discutir en esta materia.

 Sostener casos por lavado renunciando a probar la existencia de la lavandería que los explica es como construir un edificio suponiendo los cimientos, pero sin planos que los describan.

 Pero esta historia encierra más errores. Si la primera clave para construir estos casos está en identificar la lavandería de la que vienen los fondos, la segunda consiste en explicar por qué quien los recibe y los filtra en la economía debe ser responsable por el hecho. Cuando se ordenó la primera prisión preventiva de la señora Fujimori, en octubre de 2018, el juez Concepción Carhuancho sostuvo que la razón para justificar los cargos proviene de las circunstancias del hecho: los casos se referían a recepciones clandestinas de cantidades exorbitantes de dinero. La combinación de ambas cosas, dijo, conduce a que quien los entrega y quien los recibe, ambos, saben o no les interesa saber lo que están haciendo. Esta idea se sostuvo por un tiempo. Pero la defensa la horadó. A finales de 2019 quedó demostrado que solo dos personas ajenas a cualquier lavandería, Juan Rassmuss y Dionisio Romero, habían entregado a la organización de la señora Fujimori, en total, más de siete millones de dólares en efectivo. El problema no se refería a la cantidad de dinero entregado ni a la clandestinidad: lo que teníamos delante era una práctica generalizada y masiva de circulación de dinero en efectivo sin control. Pero la fiscalía no reaccionó al desafío. Nunca reacomodó el caso.

 En paralelo, el caso Humala también se movió. Jorge Barata terminó confirmando que ni él ofreció ni Humala le pidió los tres millones que reconoció haber destinado a la campaña del 2011. La idea de entregarlos vino del Partido de los Trabajadores del Brasil o del propio Lula da Silva, si agregamos a esta historia el testimonio de José Graña. Ni siquiera sabemos si algo parecido ocurrió en Venezuela. Imposible imputar a alguien saber que Odebrecht manejaba una lavandería en un caso en el que Barata aparecía como mensajero de un tercero. De nuevo quedamos ante prácticas clandestinas generalizadas y normalizadas de circulación de dinero con fines políticos.

 En octubre de 2019 el profesor Montoya había anticipado una ruta alterna. Si los números no cuadraban —no cuadran en ninguno de los dos casos— estas historias podían dar forma a un caso alternativo: el de la formación de fortunas clandestinas que se lavan en procesos complementarios posteriores a su recepción. Ahí el problema se trasladaba de la lavandería de Odebrecht a la forma en que esos excedentes no usados en las campañas fueron filtrados en la economía por quienes los recibieron. Pero la fiscalía no acogió la propuesta. Apostó por defender sus casos sin moverlos, a pesar de que todos los desafíos y comentarios sugerían que estos casos debían moverse para subsistir.

La fiscalía terminó perdiendo. El proceso salió mal. Acaba en pleno ciclo de demolición. Y deja cabos sueltos que no van a atarse en mucho tiempo. Pero no se sale de todo lo que esto representa con una frase escrita para las galerías propias o contra las ajenas. Se sale con un equilibrio que tendremos que construir incluso en medio de los enormes sinsabores que esta historia nos deja.

 Desde entonces, diversos autores peruanos han cubierto la problemática del racismo desde sus entrañas. Cito de memoria algunos de los que he leído: Marco Avilés (De donde venimos los cholos), Gabriela Wiener (Huaco Retrato), Lurgio Gavilán (Shogún) y ahora Julio Arbizú. De hecho, tanto Avilés como Wiener hacen elogiosas recomendaciones de lectura del libro de Arbizú en la contratapa del mismo.

 Negro, además, si bien comparte la experiencia de la racialización y el desprecio que le es propio, lo hace desde una perspectiva distinta, en términos del Pantone que todos los peruanos llevamos inscrito en nuestro ADN. Mientras unos son discriminados por cholos, Arbizú, como su título lo grita, es agredido por ser negro. Asignaciones cromáticas y étnicas que provienen de la mirada del otro, por lo demás. Si estuviéramos en un país gobernado por personas conscientes de esta herida abierta en la sensibilidad de millones de peruanos, este texto, así como los anteriores, deberían ser lecturas obligatorias en las escuelas. Pero no se escuchó una sola referencia al respecto en el discurso presidencial (tampoco se esperaba). Por el contrario, la negación de estos ataques a la dignidad e integridad de una enorme cantidad de peruanos aumentó exponencialmente durante las elecciones, como siempre ocurre. Bajo el miedo al comunismo, se agazapa el temor al resentimiento de quienes han sido maltratados secularmente.

 Por eso el libro de Julio Arbizú es indispensable para que esa conversación, esos interrogantes, no sean ignorados. Julio lo dice con elegante y meridiana claridad en su introducción: “Porque la violencia no solo mata en las calles. También organiza los recuerdos, moldea las aspiraciones y decide quién puede imaginar un futuro sin pedir disculpas.” Como verán, no es tan solo un testimonio genuino y descarnado. Es un libro estupendamente escrito.

 Pese a los episodios dolorosos que narra una y otra vez, pese a la rabia con la que se defiende de las ofensas y agravios, al final te deja una contundente sensación de esperanza de cambio. Cierto: la serie de humillaciones que describe son apabullantes: en el colegio, en clubes privados, en un debate político en televisión, en su propia familia (“¿Mi nieto? ¿Un negro?”), una y otra vez recibió las injurias narcisistas propias de la racialización.

 El episodio del debate en televisión es particularmente abyecto y revelador. El encuentro había sido pactado para que Julio polemice con la exparlamentaria Rosa Bartra, pero ella canceló su participación. En su remplazo, la periodista que organizó el debate propuso a otro candidato de la misma lista, quien había sido narrador de noticias en un canal de cable, a quien Julio opta por no nombrar, así que yo tampoco lo haré. En el momento de las réplicas, “el ex presentador -con una sonrisa forzada- sacó algo que tenía escondido detrás del podio. En vez de ofrecerme la mano, intentó entregarme un paquete de jabones.” Esa alusión a la supuesta falta de higiene del contendor debido a su apariencia, es de una elocuencia letal. Como los lectores acaso recuerden, Julio Arbizú se acercó al siniestro personaje y, en voz baja, le lanzó una amenaza indignada que sumió al agresor en un estado de pavor. Más adelante Arbizú comenta: “Pocos entendieron lo que había ocurrido: que no era una anécdota, sino un espejo.”

 Una semana después, en un mercado popular del Cono Este, una señora se le acercó llorando y le dijo: “Gracias, papi. Defiéndenos.” Porque el libro demuestra, en lugares tan diversos como Migraciones en Buenos Aires o una pelea a la salida del colegio, que el autor cuenta con las armas físicas, psíquicas e intelectuales para defenderse y, como lo comprendió la señora del mercado, para defender a los que sufren los mismos ataques feroces de los racistas que pretenden consolidar sus privilegios mediante la humillación.

 Lo cual no significa que esos golpes no dejen huella. Por el contrario, son marcas indelebles. El trabajo personal que ha tenido que hacer Julio Arbizú es inagotable y nunca termina. Acaso nada lo refleja mejor que el relato de una pelea “a la salida” en el colegio, contra Gianfranco, un compañero que le había hecho bullying. La pelea estaba pactada en un lugar irónicamente llamado el “Ágora”. Salto hasta el final, cuando un compañero detiene a Julio y le dice: “Ya le sacaste la mierda, ¿por qué estás llorando?”

 Esa frase resume a la perfección el sufrimiento de las personas discriminadas. Incluso los pocos que, como el autor, disponen de los recursos para no dejarse pisar el poncho, lo hacen a costa de un trabajo agotador y penoso, interminable pero imprescindible.

Para un sector, la llegada de Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno significaba la posibilidad de una gran ruptura con el último quinquenio y, con ella, el regreso de los técnicos al Estado. Esa expectativa se alimentó, sobre todo, en el tramo final de la campaña, con las constantes referencias al legado del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, y con la presencia de Luis Carranza: exministro de Economía, protagonista del debate técnico y señalado como el gran favorito para el MEF o incluso para la PCM. Para sorpresa de muchos, lo que llegó fue un gabinete casi exclusivamente político. Sin Carranza, y en cambio, con varios ministros sin experiencia en los sectores que ahora conducen. Analicemos, entonces, no solo qué tipo de gabinete ha formado Keiko Fujimori, sino también qué administración pública recibe para gobernar.

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Es sabido que, durante el quinquenio anterior, la designación de puestos públicos no respondió a las capacidades o idoneidad de quienes los ocuparon, sino al patronazgo de los partidos que dominaron el Congreso, que se distribuyeron espacios en el Estado en proporción a los votos que podían aportar para contener la amenaza latente de una vacancia. Ese fue el terreno donde germinaron varias de las redes que se desplegaron en la administración pública y hoy reaparecen. Basta revisar las designaciones de los últimos días en la alta dirección del Estado, publicadas en El Peruano, para comprobar que las redes del último quinquenio se están reacomodando, más que desapareciendo, con el nuevo gabinete.

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Tampoco en el más alto nivel político puede hablarse de una ruptura definitiva. Ernesto Álvarez, quien fue presidente del Consejo de Ministros durante el breve gobierno de José Jerí, asume ahora el Ministerio de Justicia, mientras José Arista, extitular del MEF de Dina Boluarte, es hoy un cuadro de Fuerza Popular en el Congreso. Ambos dan cuenta de la participación fujimorista en la repartija del último quinquenio. Pero no es la única red que permanece. La de la Universidad de San Martín de Porres, históricamente vinculada al aprismo y que fue ganando protagonismo en el sistema de justicia durante esos años, consolida su presencia con el nombramiento de José Antonio Chang, rector de esa universidad y antiguo ministro de Educación de Alan García, quien regresa a la misma cartera. La otra red que creció durante el último lustro, y que todo indica que conservará espacios, es la de César Acuña, cuyo entramado tuvo una presencia importante en el sector Salud y alternó con Fuerza Popular posiciones en el MEF y, particularmente, en ProInversión. Si existe tanta continuidad, ¿qué distingue entonces a este gabinete de los que gobernaron durante los últimos cinco años?

El gabinete Galarreta es, ciertamente, un gabinete político, pero compuesto por un tipo particular de políticos. No son figuras que aporten nexos con otras bancadas parlamentarias, bases sociales, representación territorial o un electorado propio significativo. Entre sus integrantes aparecen, por ejemplo, excandidatos presidenciales como Carlos Espá y Rafael Belaúnde, quienes, pese a alcanzar cierta visibilidad durante la campaña, obtuvieron resultados electorales marginales. Algo similar puede decirse de Alberto Beingolea, expresidente del PPC, un partido histórico cuya presencia electoral se ha vuelto prácticamente irrelevante.

Fujimori ha incorporado, entonces, figuras ajenas a Fuerza Popular, pero esto no supone una ampliación sustantiva de su base política. Se trata más bien de una apertura conservadora hacia cuadros del mismo espectro ideológico. Su principal activo no está en aquello que representan electoralmente, sino en su oficio político: conocen las instituciones, tienen contactos en el sector privado, y manejo para encarar los medios y las distintas arenas en las que tendrán que defender las decisiones del gobierno.

Esa carencia de capital político ayuda también a explicar otro rasgo del gabinete: la incorporación de figuras anteriormente críticas de Keiko Fujimori, como Juan Sheput o Alberto Beingolea, que ante su intrascendencia política propia, han doblado la rodilla para convertirse en algunos de sus defensores más visibles. No llegan con votos suficientes para ensanchar la base política del fujimorismo, pero sí con oficio, exposición mediática y experiencia para dar la batalla pública. De hecho, uno de los contrastes más notorios de estos primeros días frente a los gabinetes del último quinquenio es la intensa presencia de los ministros en los medios de comunicación, aprovechando una todavía complaciente luna de miel. La apuesta, por tanto, no parece ser ampliar el círculo incorporando fuerzas con representación propia, sino ensancharlo de manera conservadora con políticos experimentados y dispuestos a defenderlo. Es el gabinete de los escuderos.

Si esperaban un Fujimorismo 2.0, el contraste con el gobierno de su padre puede resultar revelador. Alberto Fujimori llegó al poder en 1990 prácticamente sin partido, sin cuadros propios y sin una coalición organizada a la cual recompensar. A fin de cuentas, era un outsider. Esa debilidad política inicial le permitió, paradójicamente, incorporar tecnócratas relativamente independientes y construir un gobierno rupturista frente al establishment de entonces. Keiko llega en condiciones opuestas: después de 15 años construyendo un partido, acumulando operadores y formando un núcleo de confianza. Su primer gabinete no anuncia una ruptura con el establishment que recibe, sino una apuesta por administrarlo. Incluso cuando abre el círculo, lo hace hacia figuras políticamente cercanas y con escaso poder propio, que difícilmente amenazan los equilibrios internos del fujimorismo.

La persistencia de Keiko Fujimori le ha permitido construir lo que probablemente sea su principal fortaleza: un grupo político cohesionado y disciplinado que, en el último proceso electoral, demostró ser lo suficientemente amplio para llevarla finalmente a la Presidencia. Sin embargo, ya en el gobierno, esa misma fortaleza puede convertirse en su principal debilidad: puede también ponerle un techo a su capacidad de ampliar su legitimidad hacia otros sectores del electorado.

El título es 'Mario Vargas Llosa, A Life' (Bloomsbury). Con sus 848 páginas, se presenta como la obra definitiva sobre el tema. Martin invirtió 15 años en su producción, en parte por su prolijidad, en parte por el compás de espera que impusieron la edad y las últimas enfermedades. Quizás, cuando empezó la redacción, el género estaba más de moda.

Algunos consideran que la primera biografía fue 'Mario Vargas Llosa, la invención de una realidad' (Barcelona, Barral Editores, 1970), pero para muchos esa es más bien una temprana aproximación crítica. Acaso el derrotero biográfico más nutrido estuvo por decenios en la propia obra, y así fueron leídos muchos de sus tomos.

El tiempo va a decir si una figura tan publicitada a escala mundial necesitaba realmente una biografía, y además una tan voluminosa y prolija. Sin embargo, fue una vida que se comunicaba a través de anécdotas con diversa importancia y mensajes de variada profundidad. Acaso el autor siempre gana con una buena biografía.

Los primeros reseñadores están tomando el libro en serio. Pratinav Avil, en The Guardian, hace unos días la describe como una biografía habladora, pero a la vez fríamente analítica (...) El recorrido de un novelista que empezó diseccionando a la oligarquía con precisión quirúrgica y terminó cenando feliz entre ella.

Avil detecta más que historias de cambios de camiseta política, famosos puñetes literarios o romances condenados a convertirse en libros. Sobre esto último, una estupenda frase: Martin restaura a las mujeres que Vargas Llosa redujo a la condición de materia prima literaria. Lo menos que se espera de una biografía crítica.

En algún momento inicial de esos quince años, Martin me entrevistó largamente sobre su tema. Era de una gran acuciosidad y, frente a su polémico personaje, mostraba una notoria imparcialidad. Para lo que valga, Oviedo fue un amigo cercano en la clique limeña; allí donde Martin es un biógrafo.

"Hoy, con profunda tristeza, veo publicada la decisión de Lucho Rubio de no continuar. Especular sobre los motivos de una decisión tan importante no solo es absurdo, sino también infame. No tengo autorización para dar detalles, pero sí debo decir que Lucho lo intentó. Decidió dar la batalla por Lima, pero circunstancias muy personales le impiden continuar. No tengo más que decir. Solo expresar mi agradecimiento eterno por su compromiso y valentía", indica el comunicado.

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Con su renuncia, la lista de Renovación Popular pasaría a ser encabezada por Rafael López Aliaga. Anteriormente, el exalcalde de Lima había rechazado asumir su curul en la Cámara de Senadores. Tras ello, anunció su intención de postular como teniente alcalde en la lista liderada por Rubio.

Según explicó la abogada Silvia Guevara, especialista en derecho electoral, a Canal N, la renuncia de Rubio se presentó dentro del plazo establecido. Además, indicó que este tipo de situaciones es habitual desde que se prohibió la reelección inmediata de autoridades subnacionales a nivel constitucional.

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"Ya se evidenciaría la voluntad de una reelección encubierta. Efectivamente, de ganar la elección, la lista se va a mantener con todos los candidatos a regidores. De ganar, el señor López Aliaga juramentaría como alcalde", sostuvo.

¿Qué pasó? Da la impresión de que el poderoso partido de Fujimori no tiene acceso a los niveles de excelencia que se esperaba para seleccionar gente. Así, el desencanto con los ministros designados y con las carteras en las que han sido puestos es bastante grande. Como primer acto de gobierno deja mucho que desear y hace temer lo que podría ser el segundo acto.

Las propuestas de solución a diversos problemas que aparecen en el discurso inaugural de Fujimori son de un convencionalismo que conmueve. Militares combatiendo la criminalidad es algo que venimos oyendo desde que comenzó el problema. Unos pocos soles en los bolsillos de los peor pagados es una fórmula populista universal. Media docena de líneas de Metro es algo que ya hemos oído.

Lo que ha pasado es que, por haber candidateado tantas veces, Keiko Fujimori no ha logrado convertirse en una figura política formidable o, por lo menos, destacada. Sigue de la mano de los mismos perdedores que la acompañaron en todas las campañas y a algunos de sus mejores cuadros los ha perdido por el camino. Un grupo de campaña electoral no es un equipo de gobierno.

A un par de semanas de la victoria electoral, el gobierno ya debería tener, y estar en capacidad de comunicar a la ciudadanía, una idea clara de lo que significa el Niño para la población y qué se puede hacer al respecto, más allá de despachar a un ministro de gira. Hoy sabemos más sobre los incendios europeos de estos días.

En resumen: impedir la llegada al poder de políticos mal intencionados, poco inteligentes o mal formados no es garantía de buen gobierno, como empezamos a sospechar. Por lo pronto, como jefa suprema de recursos humanos, Fujimori está demostrando una falta de recursos. Lo malo es que eso se remedia a punta de errores cometidos por el personal.

En los tres casos, los postulantes a alcaldes presentaron su renuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sus listas tenían como primer regidor a los actuales burgomaestres de esos distritos: Eduardo Bless (San Miguel), Alfredo Reynaga (Independencia) y Juan Marticorena (Lurín).

Reelecciones encubiertas

Felícita Rodríguez Peña postulaba por Somos Perú en Independencia. El 30 de julio remitió al Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 un documento comunicando su decisión. Su argumento eran “motivos de índole estríctamente personal”. La misma fue aceptada por la autoridad electoral el 1 de agosto. El liderazgo de la lista recaerá ahora sobre Alfredo Reynaga, primer regidor y elegido alcalde por el periodo 2023-2026 en ese distrito.

En Lurín ocurrió un caso similar. Walter Valeriano se inscribió como candidato a la alcaldía por Alianza Para el Progreso. Sin embargo, el último 30 de julio presentó su solicitud de renuncia ante su partido, en ella señalaba que se trataba de “motivos de carácter estrictamente personales que le impiden continuar con su candidatura”. Al día siguiente, el JEE Lima Sur 1 aprobó el pedido al considerar que se cumplió con los requisitos necesarios.

El mayor beneficiado de este retiro es Juan Marticorena, que postulaba como teniente alcalde en ese distrito con APP, pero que también estuvo como burgomaestre hasta hace algunos meses. Si su lista logra ganar la alcaldía, estaríamos en un caso de reelección encubierta.

Cuestionan renuncia

En San Miguel, Karín García Juárez postulaba a la alcaldía por el partido Avanza País. Su intención de renunciar inició el 21 de julio, cuando envió un documento al Jurado Electoral Especial Lima Oeste 1. En esta no especifica los motivos de su renuncia, solo pedía que se “inscribiera su renuncia en la lista de candidatos”.

Frente a ello, un ciudadano identificado como Dillan Gonzales presentó un escrito ante la autoridad electoral pidiendo que antes de aceptar la renuncia se realice un control de legalidad material para verificar si la decisión de García Juárez respondía al ejercicio libre de un derecho o si constituye un mecanismo previamente diseñado para alterar el orden de la lista de candidatos inscrita.

"Es de conocimiento público que el actual alcalde distrital de San Miguel, Eduardo Bless, integra la lista de candidatos como primer regidor. La consecuencia inmediata de la aceptación de la renuncia sería que el citado ciudadano pase a ocupar la candidatura a la alcaldía", señala en su exposición.

En un segundo documento ingresado el 30 de julio pedía que se declare improcedente la solicitud de renuncia. Cuatro días después, el 4 de agosto, Karín García volvía a solicitar su renuncia a través de un nuevo escrito, pero esta vez señalaba que su decisión era de manera libre y voluntaria. El JEE Lima Oeste 1 aún deberá emitir un pronunciamiento sobre este caso.

De manera fulminante, el TC ha ordenado el cierre del proceso: clausura total. Lo ha hecho convirtiéndose en un juez penal, invadiendo competencias de los jueces ordinarios, convirtiéndose en una instancia ordinaria de revisión e interfiriendo en el ejercicio de las funciones de los jueces, en abierta contravención a las reglas de la Constitución, y ninguneando los criterios que la Corte Suprema ha establecido como guía para determinar si las donaciones a partidos políticos son delitos o no.

No es posible juzgar sin delito

Nadie puede ser sometido a un proceso penal si no hay un delito previamente tipificado en la Ley. La pregunta es ¿quién determina si los hechos son delito o no? Esa tarea de subsunción de los hechos a la norma les corresponde a los jueces penales del Poder Judicial, quienes a la luz de la actividad probatoria que desarrolla el Ministerio Público, determinarán la ilicitud de los actos que se incriminan.

El delito de lavado de activo ha existido en nuestra legislación con varias modalidades, desde el 2002. El caso Humala-Heredia fue el primer caso donde la Corte Suprema sostuvo, en la Casación N° 617-2021 NACIONAL, que para determinar si la donación de dinero a los partidos políticos es delito o no, es cuestión de la actividad probatoria que se debe desarrollar en el juzgamiento.

Dice la Casación: la donación a partidos políticos, como tal, no es delictiva, pero la situación cambia si esta camufla o esconde dinero maculado proveniente de alguna actividad criminal previa, acaecida a nivel nacional o internacional. En este último caso, es viable la formulación de cargos fiscales por lavado de activos y, a la postre, si los elementos de juicio lo sustentan, se justifica la condena penal. Esta es la regla que impuso la Corte Suprema y que ha guiado la actividad de los jueces en el juzgamiento del caso Humala-Heredia.

Por ello, en el caso Humala, el Ministerio Público ha puntualizado que el financiamiento de las campañas electorales 2006 y 2011 se efectuó con dinero proveniente de actos de corrupción acaecidos en el primer caso, en la República Bolivariana de Venezuela (de parte del gobierno venezolano) y, en el segundo supuesto, en la República Federativa de Brasil (del lado de las empresas OAS y Odebrecht, y del Partido de los Trabajadores).

En las sentencias condenatorias se detalla la conversión para la campaña 2006, sosteniendo que podía presumirse su origen ilícito, al dificultar la identificación de su origen, utilizando envíos dinerarios por valijas diplomáticas. En ese contexto, se señala que Heredia celebró contratos ficticios por prestación de servicios no realizados a una serie de empresas, realizó prepagos de un crédito hipotecario con dinero maculado y adquirió un vehículo; y en la campaña 2011, se simuló aportaciones dinerarias para dar apariencia de legalidad al dinero que finalmente ingresaba al tráfico económico; e incluso se utilizó el dinero y se convirtió para adquirir un inmueble en Surco.

En la sentencia que condenó a Humala-Heredia, y que hoy el TC ha anulado, los jueces analizaron que este estaba en la condición de presumir, en el financiamiento de las campañas de los años 2006 y 2011, que existían activos provenientes de un fondo pecuniario que, según se señala, se encontraba vinculado con delitos de corrupción, por lo que concluyó que este era responsable por la comisión del delito de lavado de activos. 

La puerta falsa que abre el TC

El TC interviene cuando existe una sentencia firme que vulnere los derechos del favorecido. El caso Humala está pendiente de apelación y es, en la Corte de apelaciones, donde se deben revisar los cuestionamientos que haga sobre el proceso. A ello se agrega el agravante que no se trata del control de una sentencia firme, sino que acoge un incidente en el camino del proceso (excepción de naturaleza de acción) que no tiene vinculación con la privación de la libertad de Humala para abrir las puertas del TC. Hay que recordar que su prisión proviene de la condena impuesta en una sentencia penal y no en el cuestionamiento de la excepción procesal, con la que el TC ha abierto la puerta para atender el caso Humala.

Trato selectivo del TC con los litigantes

Pero el TC no abre las puertas, así de generosa, para todos los litigantes; todo lo contrario, a ellos les aplica la reiterada jurisprudencia del TC, para afirmar que no le corresponde al TC verificar si una conducta es un delito, porque ello es tarea exclusiva del juez ordinario, que escapa a la competencia del juez constitucional, sin embargo, los casos Fujimori y Humala tienen otro trato. A manera de ejemplo, en la STC 04305-2022-H/TC, este mismo TC le dice ¡no! al resto de litigantes.

¿Quién dice lo que quiero escuchar?

Los grupos políticos cuando eligieron a los actuales integrantes del TC, colocaron un cartel que decía: se busca miembros del TC, que digan lo que siempre queremos escuchar: los aportes de campaña no son delito. La búsqueda fue exitosa. La sentencia del caso Cócteles, es un ejemplo potente de ello, por generar un efecto reflejo para todos los casos donde la clase política esté procesada por lavado de activos por haber recibido aportes para la campaña.

Preciso que no se trata de una sentencia por unanimidad. Hay dos integrantes con una posición disidente frente a lo que han decidido la mayoría (Pacheco y Monteagudo). El magistrado Monteagudo es categórico al afirmar los alcances de la justicia constitucional para revalorar actuaciones propias de la justicia ordinaria en el marco de una investigación por lavado de activos y cómo es que el Tribunal Constitucional debería evitar inmiscuirse en procesos penales que se encuentran en trámite. En todo caso, este análisis debería ser aún más exhaustivo y consistente con las competencias de la justicia constitucional cuando se evalúen cuestiones que podrían derivar en el archivo del proceso penal.

No hay lonche gratis

No es un sueño que la plata llegue sola. Es una realidad que el dinero llegue en grandes cantidades y de manera clandestina (sin bancarizar) para financiar campañas políticas, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿a cambio de qué?

Ningún beneficio es totalmente gratuito. Nadie entrega exorbitante sumas de dinero a cambio de nada. Esta es la segunda parte de la historia, que los beneficiados con esos aportes, buscarán evadir la respuesta; pero, mientras tengamos este TC, lo podrían lograr con éxito, porque siempre estarán prestos a decir, lo que quieren escuchar quienes los eligieron.

Otros colegios de abogados del país, entre ellos, el de Huaura, también presentarían demandas de inconstitucionalidad contra dicha polémica Ley que promovió y promulgó el mismo Rospigliosi, aprovechando el cargo de presidente del Congreso del 2025-2026. La Defensoría del Pueblo también ha anunciado una demanda similar.

La demanda de los abogados del Cusco, representados por su decano, Manuel Cáceres Núñez, cuestiona la constitucionalidad del artículo 1) en cuanto redefine el delito de función; 2) que modifica diversas normas de procedimiento penal y la Disposición Complementaria Final Única en su integridad.

De acuerdo con su denominación y sus antecedentes legislativos, la ley persigue tres finalidades declaradas: i) precisar el concepto de delito de función; ii) fortalecer la función y la jurisdicción militar policial; y iii) establecer sanciones más severas para militares y policías que colaboren con bandas u organizaciones criminales, para lo cual introduce modificaciones en el derecho penal militar policial, las reglas procesales destinadas a determinar qué jurisdicción debe conocer los hechos atribuidos a integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

En este sentido, anota, “las disposiciones impugnadas vulneran el artículo 139, inciso 1, de la Constitución Política del Perú, que reconoce el principio de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional y configura a la jurisdicción militar como una excepción” y “el artículo 173 de la Constitución Política del Perú, que delimita materialmente la competencia de la jurisdicción militar policial exclusivamente al conocimiento de delitos de función y establece qué es un delito de función”.

Igualmente, “el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, que reconoce los derechos al juez natural o jurisdicción predeterminada, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, dentro de la cual se encuentra comprendido el derecho de acceso a la justicia”

“El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley” y “el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a un recurso judicial efectivo ante los jueces o tribunales competentes”.

Subraya que los artículos de la Ley 32735 no pueden ser examinados como normas aisladas, sino deben ser leídas conjuntamente pues no se agotan en una definición abstracta del delito de función ni en una simple prohibición de doble persecución penal, sino que “establece un régimen integrado de delimitación, preferencia y desplazamiento jurisdiccional aplicable a los hechos atribuidos a integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”.

Según el documento, la sanción busca castigar faltas éticas y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En los fundamentos de hecho, el escrito precisa que los eventos ocurrieron el 30 de julio de 2026 —a solo cuatro días de que el denunciado asumiera sus funciones—, cuando acudió al domicilio de su expareja y exabogada defensora, Laura Bonilla Valerio, en el distrito de San Miguel.

El oficio detalla que el parlamentario ejecutó un "hostigamiento telefónico constante" a desde las 5:58 a.m. y que, al no recibir respuesta, "ingresó sin autorización al domicilio (aprovechando la ausencia del padre de la víctima)". La denuncia sostiene que existen registros de videovigilancia y el testimonio de la agraviada que respaldan estos hechos.

En el documento también señala que Pérez Mallqui registraba en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "sentencias previas por lesiones culposas, falsa declaración y violencia familiar".

Juntos por el Perú solicita suspensión de Pérez Mallqui

Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, señaló que está en curso una sanción en contra de Julián Pérez Mallqui, congresista acusado de agredir a su expareja. "Hemos solicitado inmediatamente el proceso disciplinario con medidas de suspensión", declaró para la prensa.

Sobre la postura inicial de la bancada, Zunini señaló que fue acelerada al no contar con la documentación completa, pues existían al menos dos partes policiales de la intervención y distintas versiones sobre lo ocurrido. "Quizás ha sido nuestro error apresurar un primer comentario sobre lo que teníamos a la mano, pero recién después de que hemos tenido conocimiento, hemos solicitado que se aperture el proceso disciplinario", indicó.

Al ser consultado sobre si respaldarán la iniciativa de Renovación Popular para suspenderlo por 120 días, el diputado se mostró a favor de actuar con la máxima sanción si se comprueban los hechos. "Están en su derecho, nosotros nos vamos a ceñir a lo que determinen las investigaciones y si hay un caso de violencia, por supuesto que vamos a sumarnos a la más alta sanción que amerite el reglamento, porque estamos condenando todo tipo de actos de violencia psicológica".

El congresista también indicó que sostuvo conversaciones con Pérez Mallqui y aclaró que la versión del acusado deberá ser contrastada en las instancias correspondientes. "Él evidentemente está defendiendo su inocencia, entonces tiene que explicar ante las autoridades y ante el Comité de Ética del Parlamento cómo es que han transcurrido los hechos según su orden", comentó.

Además, anunció que la posición de Juntos por el Perú condena la violencia. "Desde la bancada no vamos a avalar ningún tipo de acto de violencia ni física, ni psicológica, ni de cualquier índole, en eso hemos sido enérgicos desde un principio", concluyó.

Como preámbulo, Gastón Medina recordó ante cámaras una amenaza anterior en que explicaban cómo acabarían con su vida: "Iban a tocar la puerta, yo abriría y me iban a disparar". Tras esa advertencia previa, había dejado de encargarse de abrir la puerta del canal.

Una de las personas que grabó la conversación fue quien le entregó una copia. El audio involucraba al exasesor del Gobierno Regional de Ica, y hoy diputado por Fuerza Popular, Carlos Zegarra Sánchez.

En la grabación se escucha la voz de Víctor "El Chino" Mere Huamaní, un hombre vinculado al entorno de la gestión regional.

"Si hubiésemos matado a esa tía (la exvicegobernadora Luz Canales Trillo) y a Gastón (Medina), cambiaban las cosas", dice en el audio. La otra voz, que Víctor Mere atribuyó a Carlos Zegarra, responde: "Tienen que avanzar sobre esa línea. Yo solamente ejecuto".

Gastón Medina pidió a Carlos Zegarra que confirmara si esa era su voz. Nunca ocurrió.

Quien sí llamó al programa fue el propio Víctor “El Chino” Mere. Le dijo: "Gastón, si yo revelo esto es porque ese señor está ofreciendo dinero para que acaben con mi vida. (...) Pidió que se ejecute a Gastón porque nos iba a hacer mierda en su programa. Tú tienes que sacar garantías para tu vida. Si algún día te pasa algo, solamente es él".

Pese a las amenazas, Gastón Medina continuó denunciando presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional. Pero también cambió sus rutinas. Su pareja, Nathalie Caico Sánchez, recuerda que pasó a conducir el programa desde su vivienda. "Nadie lo sabía por seguridad. Presentaba denuncias ante las autoridades y pedía protección, pero no se hacía nada", cuenta.

Casi tres años después, en enero de 2025, Gastón Medina fue asesinado en la puerta de su vivienda. Semanas después del hecho, Víctor "El Chino" Mere también fue ejecutado, cuando ya era considerado testigo clave del caso.

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SALTO AL PODER

Carlos Zegarra Sánchez juró como diputado por Fuerza Popular y dejó atrás su trabajo de años en el Gobierno Regional de Ica, como el hombre de mayor confianza del gobernador Jorge 'Rocky' Hurtado Herrera.

Su llegada al Congreso coincide con un escenario que hasta ahora permanecía bajo reserva: según la carpeta fiscal del caso, Carlos Zegarra sería uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Gastón Medina.

El abogado de la familia del periodista, Wilmer Quispe Pacheco, explicó que la Fiscalía de Derechos Humanos desarrolla dos líneas paralelas. La primera está dirigida contra quienes ejecutaron materialmente el homicidio, ocurrido el 20 de enero de 2025. La segunda intenta responder una pregunta: ¿quién ordenó matar a Gastón Medina?

Aunque Zegarra no ha sido acusado formalmente, rechaza cualquier participación en el crimen.

"Hasta el día de hoy, a mí no me han citado. Desde el primer momento me puse a disposición. No tengo absolutamente nada que ver", declaró a La República tras juramentar como diputado.

EL PERFIL DEL DIPUTADO

Para comprender por qué Carlos Zegarra adquirió tanto peso en la política regional hay que retroceder algunos años. La reconocida periodista iqueña Rosario Huayanca Zapata recuerda que Zegarra, al convertirse en asesor del gobernador regional de Ica, Jorge 'Rocky' Hurtado, alcanzó notoriedad. Zegarra incluso llegó a reemplazar a Hurtado en algunas presentaciones oficiales.

“La percepción era que quien gobernaba no era solamente el gobernador, sino también Carlos Zegarra. Gastón Medina fue uno de los primeros periodistas que evidenció públicamente ese poder y cuestionó decisiones dentro de la gestión”, señala Huayanca.

“Esos son comentarios de personas que políticamente no nos tienen dentro de sus planes. Si hemos sido elegidos es porque la población nos ha dado esa responsabilidad”, responde el diputado Carlos Zegarra, elegido con poco menos de ocho mil votos preferenciales, favorecido por el arrastre electoral de Keiko Fujimori en Ica.

En el camino de Zegarra hay registros de actos violentos.

En septiembre de 2022, durante el cierre de campaña de 'Rocky' Hurtado, sicarios asesinaron a balazos a un integrante de su equipo de seguridad. Zegarra, quien entonces era jefe de campaña, asumió la vocería pública tras el atentado.

En 2023, poco después de que 'Rocky' Hurtado asumió como gobernador regional, el recién designado director de Salud de Ica, el médico César Valdivia Rosales, fue atacado a balazos en la puerta de una clínica. Valdivia señaló públicamente a Carlos Zegarra como la persona que “estaba ofreciendo dinero para atentar contra mi vida”.

Luego de algunos meses, el mismo Carlos Zegarra denunció que amenazaban con asesinarlo, y mencionó al médico César Valdivia, a la vicegobernadora Luz Canales, al periodista Gastón Medina y a Víctor “El Chino” Mere. En ese mismo periodo, “El Chino” reveló el audio en el que se hablaba de asesinar a Gastón Medina.

“Esa es toda una historia. Se pueden escuchar audios en los que se habla de que me quieren asesinar. No existe ninguna prueba, ningún indicio ni ningún elemento probatorio que me vincule”, explica Zegarra.

En enero de 2025, Gastón Medina fue asesinado frente a su vivienda. En marzo de ese mismo año, 'El Chino' Mere, que había cambiado su versión inicial y era considerado un testigo clave para la investigación, también fue ultimado por sicarios.

“Yo me hago una pregunta: ¿quién se benefició con esas muertes? Esa es una pregunta que la justicia debería resolver”, señala el diputado fujimorista Carlos Zegarra.

EL MIEDO SE IMPONE

Ahora, Carlos Zegarra ocupa un escaño en el Congreso por Fuerza Popular, mientras la Fiscalía mantiene abierta una investigación reservada para determinar quién ordenó el crimen contra el periodista.

En Ica, el homicidio de Gastón Medina sigue marcando el ejercicio del periodismo. Varios reporteros dejaron de realizar investigaciones. “Con la muerte de Gastón les pusieron una mordaza a muchos periodistas”, resume la propietaria de Cadena Sur TV, Pilar Hernández Huamán, donde laboraba Medina.

Esa preocupación también fue expresada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). Su presidenta, Zuliana Lainez Otero, señala: "Ha pasado un año y medio y el crimen continúa plenamente impune. A quien se indica como un potencial autor intelectual ni siquiera ha sido llamado a testificar ante la Fiscalía de Derechos Humanos. Es más, este personaje hoy ocupa un escaño en el Congreso como parte del partido oficialista".

Añadió que continúan exigiendo que “se investigue celeramente y se haga justicia”.

LA MUERTE DE GASTÓN MEDINA

Las amenazas contra Medina venían de tiempo atrás. En febrero de 2022 dejaron un arreglo floral con dos balas y un mensaje fuera del canal Cadena Sur TV: "Gastón, te vas a morir". Meses después arrojaron basura en la fachada, luego pintura roja y, más tarde, un perro muerto. La escalada culminó con un artefacto explosivo que destruyó la mampara del ingreso.

"Después de ese ataque tuvimos que convertir el canal prácticamente en un fortín. Cambiamos la mampara por una estructura metálica. Nunca pensé que fueran a llegar más lejos que eso, pero finalmente se atrevieron a mucho más", recuerda Pilar Hernández.

Las amenazas también alcanzaron a su familia. La viuda del periodista, Nathalie Caico, rememora una llamada que marcó un punto de quiebre: "Me dijo: 'China, me acaban de llamar. Saben dónde estudia nuestro hijo y conocen la ruta que tú utilizas'. Después de eso pasó prácticamente seis o siete meses sin salir. Sentía que en Ica nadie haría nada".

Para ella, el audio difundido nunca dejó de tener importancia. "Él creía que podía existir un riesgo real. Porque Carlos Zegarra era parte del Gobierno Regional y Gastón había denunciado muchos actos de corrupción vinculados a esa gestión".

La mañana del lunes 20 de enero de 2025, Gastón terminó su noticiero matutino y salió de su vivienda a una reunión en la Universidad San Luis Gonzaga.

"Voy y regreso", fueron sus últimas palabras.

Nathalie Caico se quedó preparando el estudio desde donde Gastón conduciría, al mediodía, su segundo programa. Pasadas las 11:30 de la mañana, escuchó varios disparos.

"Fueron apenas segundos. Cuando salí, Gastón ya estaba tendido en el piso", afirma.

Mientras caminaba desde un vehículo hacia la puerta de su vivienda, el periodista fue interceptado por un hombre que, a bordo de una motocicleta, disparó. Medina murió poco después, en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez.

La República llegó hasta la vivienda donde ocurrió el crimen. Un año y medio después, en la fachada todavía se observan las huellas de varios de los once impactos de bala.

La investigación permitió identificar como presunto autor material al ciudadano venezolano Pablo Echeverría Suárez, alias “Barrabás”, quien cumple prisión preventiva. Sin embargo, para la defensa de la familia, el caso nunca terminó en el sicario.

"Gastón no era un periodista policial ni investigaba organizaciones criminales comunes. Investigaba principalmente casos de corrupción en entidades públicas. Corresponde determinar quién pudo contratar o utilizar una estructura criminal para asesinarlo", explica el abogado de la familia, Wilmer Quispe Pacheco.

Dos semanas después del crimen apareció uno de los principales elementos de convicción. El 4 de febrero de 2025, durante una intervención policial en Puente Piedra, fue detenido el ciudadano venezolano Gilberson Díaz Díaz por robo agravado.

En su poder se encontró una pistola Glock, la que, según las pericias balísticas, era el arma utilizada para asesinar a Gastón Medina. Su propietario era el suboficial PNP Rogger Tadeo Rosales, quien declaró haber denunciado su hurto “mientras viajaba en un bus de transporte público en Lima”, un mes antes del atentado.

A partir de estos hallazgos, la Fiscalía profundizó la investigación sobre la posible existencia de una estructura organizada detrás del crimen y abrió una carpeta reservada para identificar a los presuntos autores intelectuales. Es en ese expediente donde figura el nombre de Carlos Zegarra. Pero el diputado señala que nunca lo han citado.

JUSTICIA QUE TARDA

Mientras tanto, la familia aún espera resultados. Cuando ocurrió el crimen, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, llegó a Ica y anunció el envío de un equipo especializado para investigar el caso.

Pilar Hernández recuerda que el equipo permaneció en Ica hasta el 28 de febrero de 2025. Cinco días más tarde, el tres de marzo, fue asesinado Víctor "El Chino" Mere, el mismo hombre que tres años antes había llamado en vivo al programa de Gastón Medina para advertirle que existía un plan para matarlo y mencionar el nombre de Carlos Zegarra.

Tras el ataque armado en una fiesta, los sicarios se llevaron el teléfono celular del 'Chino" Mere, una pieza clave en las pesquisas por las alertas e información que guardaba.

La investigación sobre los autores intelectuales toma en cuenta el trabajo periodístico que Gastón Medina desarrolló durante años.

"Entre sus investigaciones más profundas estaban las relacionadas con el Gobierno Regional y con Carlos Zegarra", sostiene el abogado Wilmer Quispe. Es la pista más segura.

Se ha iniciado una nueva etapa de gobierno y Fujimori hija ha dirigido su mensaje a la nación, en la que ha omitido pronunciarse como jefe de Estado, sobre las cincuenta personas asesinadas en el sur del país, a raíz de las protestas sociales. El ejercicio del poder debe partir del reconocimiento del ser humano como el centro de toda decisión pública. Es un tema pendiente por abordar, y no es el único, pues en esa lista están los casos de Inti Sotelo, Jack Bryan Pintado y Eduardo Mauricio Ruiz (Trvko), casos que buscan que el Estado cumpla con su deber de investigar de manera seria, célere, imparcial y efectiva.

Hay un mandato constitucional, con el que inicia la Constitución Política, que señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

 La dignidad que humaniza el poder

En el lenguaje común se asocia la palabra dignidad con el comportamiento, con el orgullo o el amor propio, pero, la Constitución Política no se refiere al comportamiento de una persona, sino a su valor como ser humano. Dicho en otras palabras, dignidad implica que una persona vale por el simple hecho de existir, no porque sea buena, inteligente, rica o porque siempre haga las cosas bien.

El Tribunal Constitucional sostiene que la dignidad humaniza el ejercicio del poder porque exige que las decisiones del Estado mantengan siempre visible al ser humano concreto sobre el cual producen efectos. (Exp. N.º 02273-2005-PHC/TC)

La dignidad humana no solo exige respetar la vida de las personas cuando están vivas; también exige tratar con respeto a quienes han perdido a un ser querido. La empatía de un presidente es una forma de reconocer que cada vida tenía un valor y que el dolor de las familias merece ser escuchado y atendido; sin embargo, nada de ello ha ocurrido. Con ese pasivo latente se pretende construir la reconciliación sin hacer ningún gesto que revierta esa indiferencia desde el Estado. La dignidad humana no solo fundamenta los derechos fundamentales; también constituye un principio de humanización del poder público, en virtud del cual toda actuación estatal debe reconocer al ser humano como el centro y la razón de ser del Estado. 

Hay que ver el rostro del otro

Si la persona es el fin supremo, una reacción de indiferencia frente a la pérdida de vidas sería difícil de conciliar con ese mandato constitucional; no se puede continuar con indiferencia frente al sufrimiento de las víctimas. Ser empáticos no significa aceptar responsabilidades jurídicas antes de una investigación. Significa reconocer que unas familias han perdido a sus seres queridos y que su dolor merece respeto y consideración. En una democracia, el liderazgo no solo consiste en tomar decisiones; también implica acompañar a la población en momentos de tragedia, mostrar humanidad y contribuir a la reconciliación social.

Cuando muere una persona en un conflicto social, no desaparece únicamente un cuerpo. Desaparece: una madre, un hijo, un músico, un médico, un estudiante, un proyecto de vida, una historia irrepetible. Eso es precisamente lo que la dignidad obliga a reconocer. Lévinas decía frente a ello, que la ética comienza cuando vemos el rostro del otro. ¿Qué significa? Que antes de ver un número, un expediente o un enemigo, debemos ver un ser humano. El pensamiento de Levinas dialoga con lo que dice el artículo 1 de la Constitución. Por ello, tiene sentido que el eje central de toda la organización sea la persona, y corresponde al Estado crear las condiciones para que desarrollen plenamente sus capacidades humanas.

No se trata de cerrar un ciclo político, de cerrar el paréntesis abierto hace 26 años, con esta nueva gestión; se trata de cerrar un ciclo institucional en el que las víctimas de la violencia no han recibido el reconocimiento, la verdad y la empatía que exige el principio de dignidad humana, ciclo que aparentemente no será tarea ni preocupación de esta gestión.

El mejor gobernante no solo hace crecer la economía o mantiene el orden público, es el que nunca pierde de vista que detrás de cada decisión hay personas concretas, con nombre, historia y familias que requieren una respuesta del Estado.

Quizá el mayor desafío del Perú no sea únicamente mejorar sus instituciones, sino recuperar el real sentido del artículo 1 de la Constitución, esto es, comprender que el Estado existe para la persona y no la persona para el Estado.

Cuando un gobierno es incapaz de reconocer el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos, la promesa constitucional de la dignidad humana queda incompleta. Por el contrario, cuando un líder coloca a la persona en el centro de sus decisiones, escucha a las víctimas y reconoce su sufrimiento, la Constitución deja de ser un texto y comienza a convertirse en una realidad vivida. Ese es el horizonte al que debería aspirar toda democracia constitucional.

Asimismo, este lunes reiteró su intención de implementar la propuesta y declaró a los medios sobre el avance en la formalización de la medida. “De cara a la emergencia para recuperar el orden, trabajarán las FF. AA. y la PNP. Esto se va a presentar en las próximas semanas”.

Sin embargo, en el borrador inicial del pedido de facultades legislativas, el alcance militar se enfocaba de manera "temporal y excepcional" al ámbito penitenciario —para el control y seguridad de los penales—, sin incluir patrullajes de orden interno en las calles o en el sistema de transporte público.

El anuncio de estas propuestas —enfocadas principalmente en mayor presencia militar— se da en un contexto crítico de inseguridad a nivel nacional. De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, sobre la base de los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) al 31 de julio de 2026, la gestión de Keiko Fujimori arrancó con 25 homicidios confirmados en tan solo sus primeros cuatro días, un promedio diario de 6.25 asesinatos a nivel nacional.

El mismo 28 de julio con 5 muertes, escaló a 9 el 29 de julio, registró 8 casos el 30 de julio y sumó otros 3 el 31 de julio, cifras que incluso podrían incrementarse a medida que la base de datos oficial procese los reportes pendientes de diversas regiones.

Además, entre enero y julio de 2026, los asesinatos de adolescentes en el Perú alcanzaron su pico más alto desde el año 2017. La principal causa de esta crisis sigue siendo el uso de proyectiles de arma de fuego (PAF). El analista señaló que “de seguir esta tendencia, lamentablemente el 2026 podría terminar como el año con la mayor cantidad de homicidios de adolescentes en la última década”.

Frente a esta situación, el exministro del Interior Rubén Vargas advirtió que el gobierno incurre en un error al recurrir a las tropas como solución rápida. "Pretenden convertir a las Fuerzas Armadas en la varita mágica que va a resolver el desborde criminal", señaló para La República. Además, indicó que los estados de emergencia pasados han sido un absoluto fracaso. A su criterio, la medida demuestra un desconocimiento del problema.

“¿Qué hacemos con las bodegas que también están siendo extorsionadas? ¿Vamos a llenar las bodegas de militares? ¿Qué hacemos con las barberías? ¿También vamos a ponerles un militar en cada tienda? Sacar los militares a las calles y ponerlos en los buses, ¿es una solución? Desde mi punto de vista, no", señaló Vargas

Para el exministro, el combate a las bandas subterráneas exige recuperar a la policía de la corrupción y equiparla con tecnología. Además, indicó que hacen falta estrategias contra el robo de celulares, el crimen organizado y las economías ilegales.

"En la parte de los penales sí estoy de acuerdo en que tengan un papel importante, así como en la interdicción marítima, aérea y el control de la minería ilegal. Pero en la investigación e inteligencia contra el crimen, eso es responsabilidad exclusiva de la policía", precisó.

Por su parte, Ricardo Valdés, viceministro de Orden Interno y de Seguridad Pública, calificó el anuncio como un “mensaje político” antes que un plan técnico de gestión. "Está dando un mensaje político a la población diciendo que se está haciendo cargo del problema, pero en realidad aquí veo un inconveniente (…) lo que tiene que hacer es tomar esto como un problema de gestión. Antes que nada hacer un diagnóstico correcto de los tipos de extorsión de los lugares más complicados y poner a los expertos en temas de criminalidad", sostuvo Valdés para La República.

Además, alertó sobre los severos riesgos de desplegar armamento de guerra en el transporte público."Un soldado con armamento largo es absolutamente peligroso; la capacidad de fuego de un fusil FAL o Galil es de un kilómetro, con lo cual atravesaría todo lo que hay en el camino".

Expulsión de extranjeros y retorno de connacionales

Respecto al trabajo en materia de seguridad ciudadana, el domingo pasado la mandataria detalló sostuvo reuniones de coordinación con las carteras de Cancillería, Defensa, Interior y Justicia. Producto de ello, se deportaron a 3 ciudadanos venezolanos, miembros del Tren de Aragua.

Asimismo, este lunes, precisó que la aeronave enviada a territorio venezolano sirvió como asistencia humanitaria para evacuar a un grupo de connacionales, quienes retornaron a Perú tras verse afectados por el terremoto ocurrido en Venezuela.

Según la resolución dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento —un recurso legal que pone fin al proceso penal por falta de responsabilidad o pruebas— solicitado por el Ministerio Público. Con ello, se ordenó el archivo definitivo del caso y la anulación de cualquier antecedente policial o judicial generado durante las pesquisas.

Al respecto, Astudillo dio a conocer la decisión del juzgado a su favor por medio de sus redes oficiales. "Hace ya buen tiempo que la denuncia sobre mi persona, por una presunta apropiación de combustible, he sido sobreseído del caso por no encontrarse ningún tipo de responsabilidad”. Además, el excomandante general del Ejército, agregó que el caso había sido archivado por el juez Concepción Carhuancho.

El origen de las investigaciones

Las indagaciones fiscales comenzaron en 2018 tras la detección de una presunta red criminal dentro del Ejército dedicada al desvío de combustible. Denominados inicialmente como "Los capos del diésel", los implicados utilizaban vehículos condicionados con tanques especiales para retirar petróleo desde los grifos del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE) y venderlo ilegalmente en estaciones de servicio privadas. Esta modalidad operó entre 2013 y 2018, generando un daño económico estimado en S/ 3 millones.

Para diciembre de 2019, un megaoperativo derivó en la detención preliminar de 21 militares y el allanamiento de 25 escuelas de formación del Ejército en Lima, Arequipa, Tarapoto y Cajamarca. Posteriormente, las declaraciones de colaboradores eficaces ayudaron a conocer que los altos mandos militares también estaban involucrados.

En el caso específico de Astudillo Salcedo, la Fiscalía indagaba presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y peculado doloso. Las hipótesis iniciales señalaban que el alto oficial habría omitido tomar acciones tras conocer reportes sobre ventas irregulares de diésel en el COEDE en 2018, además de supuestos malos usos en la gasolina de 95 y 97 octanos asignada a la Comandancia General entre 2017 y 2018.

Sin embargo, al terminar la etapa de investigación preliminar, el Ministerio Público concluyó que no existían pruebas suficientes para formular acusación penal.

En el caso de Lahura, repite el cargo que desempeñó durante la gestión de Boluarte, entre noviembre de 2024 y julio de 2025. En ese periodo trabajó bajo las administraciones de los ministros José Arista, José Salardi y Raúl Pérez-Reyes. El primero es actualmente senador por Fuerza Popular. De acuerdo con su experiencia declarada, Lahura se desempeñó como investigador del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en temas macroeconómicos desde 2016, año en el que Elmer Cuba —actual titular del Ministerio de Economía— era director de la institución.

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Miriam Ponce también fue viceministra de Gestión Pedagógica durante el gobierno de Boluarte. Posteriormente, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, asumió la conducción del Ministerio de Educación. Tras anunciar su renuncia al cargo, fue sucedida por el exministro Morgan Quero.

Fuera de los viceministerios, el Gobierno también nombró a Rossella Leiblinger Carrasco como directora general de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Durante la gestión de Boluarte, Leiblinger Carrasco ocupó la Jefatura Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

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La idea principal es que las políticas por aplicar se basen en evidencia y que el Plan por aplicar ya como gobierno, incorporen estrategias y acciones que, de implementarse, realmente contribuyan a mejorar el bienestar de todos los peruanos. Necesitamos discutir lo realmente importante hoy, anotando que las políticas públicas son acciones del Estado para   resolver o tratar problemas de la sociedad. Estando definidos estos cuando la    situación presente difiere de la situación ideal deseada.

Qué duda cabe que un problema principal por enfrentar, es la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, también el desarrollo de políticas para lograr un crecimiento económico con responsabilidad fiscal considerando actuar proactivamente frente al fenómeno del Niño global y costero cuya intensidad aumentará en los siguientes meses.  También, se debe definir cómo debe posicionarse el país ante las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Importa saber cómo adoptar con eficiencia los Desarrollos tecnológicos correspondientes a la denominada 4ª Revolución industrial  (IA, Biotecnología, Nanotecnología, etc.) adicionalmente cómo recuperar la vigencia de la institucionalidad, reducir la informalidad, reducir la pobreza, promoción de las Pymes entre otros retos.  ¿Nos hemos puesto a pensar en las magnitudes y tipología normativa requerida (Ley, DS, RM) (no sujeta al control del Poder Ejecutivo) para enfrentar estos desafíos? ¿Qué sabemos sobre la indispensable coherencia interna que debe existir en la normatividad a desarrollar?

Está claro que las políticas por aplicar son mucho más que un listado de buenas intenciones, de su implementación y efectividad, dependerá la credibilidad de la administración entrante y la gobernabilidad del país también.

El texto normativo dispone en su primer artículo: "Designar al señor Juan Teodoro Falconi Gálvez en el puesto de viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". El documento lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y de Marco Antonio Vinelli Ruiz, ministro de Desarrollo Agrario y Riego encargado del despacho de Justicia.

Trayectoria en el sector público

Falconi Gálvez ha ocupado diversos cargos de confianza en el Estado y no es la primera vez que asume este despacho. En 2017 ejerció esta misma función viceministerial durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, periodo en el que Enrique Mendoza se desempeñaba como ministro de Justicia.

También presidió la Comisión de Gracias Presidenciales del MINJUS. El grupo de trabajo a su cargo evaluó y aprobó el expediente del indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori. La tramitación se concretó en un periodo de solo 13 días: la solicitud se presentó el 11 de diciembre de 2017 y Kuczynski otorgó el beneficio el 24 del mismo mes. El propio Falconí reconoció en su momento: "El indulto a Alberto Fujimori fue uno de los más rápidos".

Sin embargo, una investigación del portal OjoPúblicoreveló que la junta médica evaluadora del indulto incorporó al médico de cabecera de Fujimori. El informe también documentó visitas fuera del registro oficial al penal Barbadillo y una celeridad inusual en el trámite del beneficio. Frente a las críticas, Falconi defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo en su momento que la comisión actuó "conforme a los procedimientos normativos".

Posteriormente, en 2025, el funcionario asumió la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En febrero del año siguiente, José Jerí lo nombró como jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional.

Defensa electoral de Fuerza Popular

El nuevo viceministro también ejerció la defensa legal de candidatos de Fuerza Popular. Durante las elecciones generales de 2016, el entonces personero legal y tesorero del partido naranja, Luis Mejía Lecca, acreditó a Falconi Gálvez como abogado de la agrupación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Jurado Especial Electoral de Lima Centro.

En dicho proceso electoral, el partido lo contrató para defender al candidato a la reelección Gian Carlo Vacchelli, quien afrontaba un pedido de exclusión por regalar dinero en el programa de televisión “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Sobre esta labor, Falconi declaró en su momento: "Me tocó defenderlo y se logró que no lo retiren de las elecciones". Asimismo, asumió la defensa técnica del candidato fujimorista Israel Lazo Julca, denunciado por entregar una silla de ruedas en plena campaña.

El funcionario confirmó que el partido requirió sus servicios para esos casos específicos, aunque aclaró que no mantenía un vínculo de amistad con Mejía Lecca y sostuvo que en su trayectoria también defendió a políticos de otras bancadas, entre ellos a Julio Guzmán y a la excongresista Janet Sánchez.

Primera suspensión

Por este mismo caso, Varillas Solano estuvo suspendido por un año en el ejercicio de sus funciones. El magistrado David Fernando Correa Castro, en su condición de Juez Superior Titular de la Unidad de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, mediante la Resolución N° 001 de fecha 7 de marzo del 2024, le impuso seis meses de suspensión a partir del 10 de marzo de 2024. La suspensión se amplió por otros seis meses, hasta marzo de 2025. En ese momento, cuando ya había un pedido de destitución en su contra, fue reincorporado en el séptimo juzgado Civil de Derecho Comercial.

Esto ya es habitual en el juez de las medidas cautelares extremas. Lo suspenden por un año, hasta que la opinión pública se olvida de sus tropelías y, luego, regresa a su despacho para continuar con su práctica habitual, que todos conocen y miran, sin decir nada.

Segunda suspensión

De acuerdo con antiguos expedientes judiciales, entre marzo de 2016 hasta mayo de 2017 también estuvo suspendido por decisión de la desactivada Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). El procedimiento disciplinario debió terminar con un pedido de destitución ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Pero, de ese expediente no hay noticia hasta hoy. "No se ha perdido, está traspapelado en alguna oficina", dicen las fuentes oficiales.

La suspensión del 2016-2017 respondió a una denuncia presentada por la Procuraduría del Gobierno Regional de Tacna por otorgar una medida cautelar al Consorcio Salud Tacna que impidió al Estado cobrar las cartas fianzas por los retrasos en la construcción de un hospital.

La resolución de suspensión argumentó "que en la resolución que otorgó la medida cautelar al Consorcio Salud Tacna se observa una motivación aparente, puesto que no habría realizado un análisis suficiente de los elementos que se deben acreditar (verosimilitud del derecho, peligro en la demora y razonabilidad de la medida cautelar)"

Asimismo, "señala que no es razonable que el juez denunciado haya aceptado el monto irrisorio de la caución juratoria pues sería insuficiente para reparar los daños que la ejecución de la cautelar produce al Estado".

Investigación en la JNJ

En junio de 2023, la ex instructora de la JNJ, María Zavala Valladares, inició una investigación disciplinaria contra Varillas Solano al tomar conocimiento por denuncias públicas de su accionar en el Séptimo Juzgado Civil-Comercial que hoy, con el cambio de Colegiado en la Junta, permanece encarpetado. El actual colegiado de la Junta ha preferido los casos políticos contra jueces y fiscales, antes que el combate a la real corrupción judicial.

De acuerdo con las fuentes judiciales, la Unidad de Sanciones solicita la destitución de Varillas por las medidas cautelares que de manera célere emitió en los casos de Gol Perú, la disputa por el hotel Meliá, el peaje del puente Chillón y sus vínculos con el prófugo juez César Hinostroza, que denotaban un presunto tráfico de influencias.

Procesos penales

Este procedimiento disciplinario es paralelo a los procesos judiciales en trámite. Varillas está incluido en un proceso por presunta corrupción con embargo cautelar de sus bienes a fin de garantizar el pago de una reparación civil al Estado. Además, otro proceso por cohecho por presunta complicidad con el destituido Juan Ulises Salazar Laynes, juez del Décimo Juzgado Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el caso Oncoserv. Salazar Laynes habría solicitado hasta 30 mil dólares por resolución cautelar.

Además, descartó supuestas discrepancias en la interna del Gabinete de Ministros y aseguró que las propuestas serán coherentes y consistentes.

Días antes, Marco Vinelli también se refirió al pedido de facultades y aseguró que el Ejecutivo buscará consensos. También confió en que los diputados comprenderán que la situación de seguridad requiere una atención prioritaria.

“Hemos presentado a la población un plan completo para poder atacar la alta criminalidad y queremos empezar. Ahora, vamos a pedir al Congreso, el domingo lo vamos a pedir, para que ellos (Cámara de Diputados) nos autoricen y nos dan las facultades para poder hacerlo”, dijo en entrevista a Exitosa.

Aseguró que van a buscar consensos y explicarán a los diputados los argumentos de las propuestas para que puedan evaluarlo. “Yo no creo que ellos se opongan en materia de seguridad. Hay aproximadamente ocho asesinatos diarios en el país. Creo que ellos entenderán y nos ayudarán”, mencionó.

Sobre seguridad, indicó que desde un inicio Fuerza Popular planteó que las prisiones sean dirigidas en coordinación con la PNP y las Fuerzas Armadas.

“En el pedido de facultades hemos incluido que nos autoricen a legislar para que las FF.AA puedan entrar a los penales de forma temporal. Para las calles, requerimos el apoyo de ambas instituciones”, añadió.

Indicó que también van a fortalecer las unidades de flagrancias para que el proceso de los detenidos sea más rápido.

Bancadas de oposición exigen propuestas concretas en el pedido de facultades de Fujimori 

La alianza Consenso por la democracia, conformada por Obras, Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación (AN) y Buen Gobierno no rechaza de plano negar las facultades legislativas de Keiko Fujimori, sino que esperarán a que se formalice la solicitud para establecer una decisión.

Consultados por La República, diputados de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras indicaron que además de evaluar cada propuesta del Ejecutivo corresponde que estas aborden las problemáticas que requieren atención prioritaria como la seguridad y el Fenómeno El Niño. Asimismo, especificaron que lo ideal y esperado será tomar una posición conjunta.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, consideró que el Congreso bicameral sí otorgará las facultades legislativas y que “aquellos congresistas que han dicho que no lo van a hacer sin siquiera haber leído el documento van a reflexionar y van a poner al Perú por delante”.

Además, descartó supuestas discrepancias en la interna del Gabinete de Ministros y aseguró que las propuestas serán “coherentes y consistentes”.

Días antes, Marco Vinelli, también se refirió al pedido de facultades y aseguró que el Ejecutivo buscará consensos. También, confió en que los diputados comprenderán que la situación de seguridad requiere una atención prioritaria.

“Hemos presentado a la población un plan completo para poder atacar la alta criminalidad y queremos empezar. Ahora, vamos a pedir al Congreso, el domingo lo vamos a pedir, para que ellos (Cámara de Diputados) nos autoricen y nos dan las facultades para poder hacerlo”, dijo en entrevista a Exitosa.

Aseguró que van a buscar consensos y explicarán a los diputados los argumentos de las propuestas para que puedan evaluarlo. “Yo no creo que ellos se opongan en materia de seguridad. Hay aproximadamente ocho asesinatos diarios en el país. Creo que ellos entenderán y nos ayudarán”, mencionó.

Sobre seguridad, indicó que desde un inicio Fuerza Popular planteó que las prisiones sean dirigidas en coordinación de la PNP y las Fuerzas Armadas.

“En el pedido de facultades hemos incluido que nos autoricen a legislar para que las FF.AA puedan entrar a los penales de forma temporal. Para las calles, requerimos el apoyo de ambas instituciones”, añadió.

Indicó que también van a fortalecer las unidades de flagrancias para que el proceso de los detenidos sea más rápido.

Facultades incluirán prohibición de tratos con empresas de trabajo forzoso

El titular del Mincetur precisó que ese día se incluirá en el pedido de facultades una propuesta para prohibir la compra de productos con origen en trabajo forzoso total o parcial con el objetivo de evitar sanciones al exportar.

A inicios de agosto, Estados Unidos vetó a 43 empresas chinas por presuntamente estar vinculadas al trabajo forzoso y las incluyó en la lista de entidades sancionadas bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA).

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que el Gobierno de EE.UU impedirá que los productos de estas compañías ingresen al mercado estadounidense para evitar que los trabajadores del país compitan con bienes elaborados mediante "mano de obra esclava".

Teniendo en cuenta esto, Valencia declaró: “Es un tema muy sensible que tiene que negociarse al más alto nivel. Pero se van a pedir facultades para incluir una norma que prohíba directamente la compra de productos de trabajo forzoso, esto irá en el paquete”.

Asimismo señaló que otra de las preocupaciones en el sector comercio es el alto costo de la logística para trasladar productos del norte o el sur del país al puerto del Callao.

Sobre turismo, se buscará mejorar el proceso de compra de entradas para visitar Machu Picchu y abrir más aeropuertos a nivel nacional. “Son los medios de transporte los que hacen posible el turismo, entonces hay que trabajar en la apertura de aeropuertos como el de Iquitos para que puedan recibir vuelos internacionales”, dijo.

Otras propuestas

Por otro lado, en el borrador del pedido de facultades, el primer bloque de facultades solicitadas apunta a modificar el marco militar, policial y penal. El gobierno fujimorista ha solicitado la potestad de reorganizar la dirección y seguridad de los penales y centros juveniles, y de habilitar un apoyo temporal de las Fuerzas Armadas en los servicios penitenciarios.

En materia laboral, la solicitud de perfeccionar el régimen de extinción de contratos por causas objetivas, bajo el argumento de que las normativas actuales obvian lo que el gobierno ha catalogado como la necesaria flexibilidad que deben tener las empresas frente a cambios en la realidad económica o técnica. El texto no detalla qué flexibilizaciones buscarían permitirse en estos casos. Del mismo modo, se busca modificar beneficios laborales como vacaciones, gratificaciones, CTS y utilidades, con el fin de flexibilizarlos mediante acuerdos individuales o colectivos

"Con respecto a la solicitud de indulto del expresidente Alejandro Toledo, esto se va a evaluar con dos tipos de análisis, uno de carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria", señaló la mandataria desde Piura.

Agregó que antes deberá conformarse la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, para poder iniciar el análisis correspondiente.

Sus declaraciones responden al pedido realizado por Toledo para que se le otorgue este beneficio y dejar el penal de Barbadillo. El exmandatario, que cumple una condena de más de 20 años por el caso 'Interoceánica Sur', aseguró que su estado de salud es crítico y que ya no “tiene tiempo que perder”.

En una reciente entrevista, Toledo detalló que tiene cáncer y serios problemas cardiacos. Dijo que, en el caso de que la presidenta Keiko Fujimori apruebe su pedido, continuará su tratamiento en una clínica.

"Le pido a la señora Keiko Fujimori, que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel", señaló.

El exmandatario también se refirió al reciente fallecimiento de su suegra, Eva Fernenbug, en Bruselas. Añadió que ni él ni su esposa Eliane Karp pudieron encargarse del entierro debido a su situación jurídica.

"La quieren incinerar y nosotros no queremos. Yo quiero ir a visitarla", sostuvo.

La República conversó con Juntos por el Perú, Partido Cívico OBRAS, Ahora Nación y Buen Gobierno y todos denunciaron que algunas oficinas designadas presentan deficiencias. Una realidad que retrasa el inicio de sus labores, sobre todo cuando ya tienen una tarea pendiente: decidir si otorgarán al Gobierno de Keiko Fujimori las facultades legislativas que solicitará.

Por eso, mientras las bancadas oficialistas de Fuerza Popular y Renovación Popular ya cuentan con oficinas listas para abordar ese tema, los representantes de las agrupaciones de oposición pierden parte de su tiempo solicitando a la Oficialía Mayor del Congreso, liderada por Giovanni Forno, que atienda este problema.

De los 22 legisladores afectados, 21 pertenecen a la Cámara de Diputados y uno al Senado. El Partido Cívico OBRAS concentra la mayor cantidad de casos, con 14 diputados, seguido de Juntos por el Perú, con cuatro; Buen Gobierno, con tres; y Ahora Nación, con una senadora.

Hacinamiento en las oficinas de OBRAS

El vocero de la bancada de diputados de OBRAS, Víctor Piñán Mamani, alertó hacinamiento en el despacho de cada uno de los 14 representantes de su partido en la Cámara Baja.

Según explicó a este medio, todos fueron ubicados en un edificio nuevo situado en la avenida Abancay con jirón Junín, sin embargo, cada oficina solo cuenta con 60 metros cuadrados para albergar a ocho personas (un diputado y siete trabajadores).

Incluso, el espacio destinado a las reuniones de bancada, lo cual involucra a más de 14 personas, tampoco pasa de los 60 metros cuadrados.

"El oficialismo tengo entendido que están ya instalados en sus oficinas. Ellos ya tienen sus computadoras y realizan sus labores como corresponde, pero no es el caso de OBRAS. Hay un hacinamiento y un maltrato", denunció.

Además, aseguró que ya han sostenido reuniones con la Oficialía Mayor y cursado un documento, pero no les han brindado soluciones.

Oficinas de Juntos por el Perú sin instalaciones adecuadas

Ernesto Zunini, vocero de la bancada de diputados de Juntos por el Perú, también contrasta la situación de las oficinas de la oposición con las de las bancadas oficialistas y destacó que la situación es meritoria de fiscalización.

"Aquí hay un contrato, hay plazos y presupuesto. Por lo tanto, se estaría evidenciando que hay negligencia de parte de la administración de Fernando Rosoigliosi porque no se está cumpliendo con eso", declaró a este medio.

Además de él, los diputados Analí Márquez, Yenifer Paredes, Marino Lavado y Giannina Avendaño no cuentan con un espacio adecuado para ejercer su labor, señaló y agregó que ello los llevará a despachar en la Plaza Bolívar.

Buen Gobierno con falta de oficinas

La misma molestia salpica a Buen Gobierno. Desde el partido indicaron a La República que son tres los diputados que presentan problemas con sus espacios de trabajo.

Según precisó, a un diputado aún no le han designado una oficina y otro cuenta con una de espacio muy reducido. El caso más resaltante es que se les asignó una misma oficina a dos personas.

De igual forma, han comunicado la situación a la Oficialía Mayor. Por el momento, los legisladores afectados trabajan en las instalaciones de sus colegas de bancada.

Senadora de Ahora Nación en una azotea declarada inhabitable

En Ahora Nación, la senadora Mirtha Vásquez fue la perjudicada. Se le asignó una azotea acondicionada, en una zona que, según la propia legisladora, fue declarada inhabitable cuando ella presidió el Parlamento.

Vásquez precisó que su despacho tiene un techo de drywall y tiene tres ambientes, uno pequeño que no alcanza para todo el personal, otro para reuniones y el último está "pegado a una pared colindante muy antigua, que está llena de moho". Además, no cuenta con servicios higiénicos propios.

López Chau, representante del partido, ratificó lo dicho por la senadora. Resaltó el peligro que supone el techo de calamina y que solo existe un baño para un promedio de 30 personas.

Aseguró que ya presentaron este problema a la Oficialía y los trataron "amablemente". Él propuso que, como medida transitoria, se podría alquilar dos habitaciones en el Hotel Maury "que no es de lujo" o el segundo piso de Conaco.

López Chau espera que esta situación no sea para "fastidiar" a Vásquez por lo dicho en su juramento. Añadió que si el problema no es atendido, las personas y él mismo podrían pensar que hay la "intención de molestar".

Arturo Alegría a las bancadas de oposición: "Usen el bono de instalación"

Al ser consultado por la prensa sobre este tema, Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular, tildó de "quejas" los reclamos de la oposición y dijo que eso de que van a trabajar desde la Plaza Bolívar "es una payasada".

También, aseguró que en 2021 tampoco recibió su oficina en las mejores condiciones, pero usó los gastos de instalación para implementarla.

"El que se está quejando puede utilizar los gastos de instalación porque es precisamente para eso que se les otorga una bonificación", dijo.

Seguidamente optó por lanzar comentarios irónicos al respecto indicando que seguro esperan "oficinas en Miraflores o San Isidro".

"El Congreso no tiene oficinas de último modelo, tiene edificios muy antiguos. Entonces, no van a esperar una oficina con vista al mar. Si eso quieren que lo hagan con su dinero", anotó.

Por su parte, la senadora Nilza Chacón reconoció que "quizá hay algunas demoras" y pidió paciencia. Precisó que en su caso, ya cuenta con oficina y realizan la implementación.

A su vez, descartó que se trate de un acto intencional contra la oposición. "No creo que se trate de izquierda o derecha. Quizá falte un poquito de organización de la parte administrativa", manifestó.

Pero a medida que se iba acercando el día de la juramentación, empezó a sonar el nombre del periodista deportivo y excongresista (2011-2016) Alberto Beingolea. Parecía una broma, pero el rumor tenía bases sólidas. De acuerdo con nuestras fuentes, Beingolea fue propuesto para el cargo por el presidente del Consejo de Ministros y primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta.

Un país como Perú debe tener un Ministerio de Cultura. Hay que precisar este detalle porque el Mincul no estaba contemplado en el plan de gobierno de Fuerza Popular. En ese sentido, hay que saludar que no haya desaparecido. Hay que celebrar, claro que sí, el milagro de que no se cumpla la barbaridad vista en el referido plan de gobierno.

Lo que le espera a Beingolea son varios desafíos. Uno de ellos está relacionado con la función del Mincul en estos últimos tiempos, convertido en un aparato de censura contra toda opinión crítica del gobierno de turno; del mismo modo, estaremos atentos a su posición sobre las leyes aprobadas por el nefasto Congreso 2021-2026, como la nueva ley de cine. Citamos solo dos perlas de un rosario de despropósitos con los que, suponemos, Bákula y Molinari no estuvieron de acuerdo.

¿O Beingolea es lo que en el fondo estaba buscando el fujimorismo? Alguien que sí puede cumplir los propósitos de adecuar un ministerio a lo que Fuerza Popular entiende como cultura. Los hechos son contundentes. Muchos de los atentados contra la cultura que hemos visto en el último quinquenio han tenido el aval de los congresistas de Fuerza Popular, dando muestras de lo que puede nacer de la unión entre el conservadurismo y la falta de perspectiva.

¿Seguirá censurando el Mincul con Beingolea a cargo? Esa es una inquietud válida.

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Dato:

10 ministros. Del 2021 a 2026: Ciro Gálvez, Gisela Ortiz, Alejandro Salas, Betssy Chávez, Silvana Ro bles, Jair Pérez, Leslie Urteaga, Fabricio Va lencia, Alfredo Luna y Fátima Altabás.

En el documento, que lleva la firma de la presidenta del gremio, Yessica Mercado Bolívar, la asociación fundamenta su pedido al recordar que la BNP es “una de las instituciones más importantes desde la fundación de la República y el principal ente rector en materia de patrimonio bibliográfico y documental de la Nación”. Sin embargo, el gremio cuestiona la falta de perfil técnico en sus altas directivas a lo largo del tiempo.

“A lo largo de la historia, la mayoría de los jefes institucionales de la Biblioteca Nacional del Perú han sido profesionales ajenos a la bibliotecología. Se trata, en general, de personas con buenas intenciones, pero sin conocimiento del campo de acción y desarrollo de esta disciplina, indispensable para una institución de tal trascendencia...”

Asimismo, la ABP advierte que en el país aún no existe una verdadera descentralización de la política cultural. Por ello, el gremio instó al titular del sector “reactivar un auténtico Sistema Nacional de Bibliotecas, con servicios de lectura mejor implementados que respondan a las necesidades de información de los ciudadanos”.

Ante este panorama, la asociación solicitó al ministro que “asuma el liderazgo para nombrar como Jefe Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú a una profesional especializada en Bibliotecología y Ciencias de la Información”, mediante un proceso que incluya la consulta previa con el gremio.

Para tal fin, propusieron formalmente a la Mg. Olinda Graciela Rengifo García, a quien señalan como una “bibliotecóloga con amplia trayectoria y experiencia, como candidata idónea para ocupar dicho cargo”. Rengifo García es bibliotecóloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con un Máster en Información y Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid y ejerció anteriormente el cargo de jefa institucional del Archivo General de la Nación.

El caso responde a una demanda por el pago de bonificaciones iniciada originalmente por la docente Flor de María Saldaña Plasencia contra el Gobierno Regional de La Libertad —cuando Acuña era gobernador—. Tras el fallecimiento de la trabajadora, su hijo, Luis Alejandro Novoa Saldaña, asumió el proceso como sucesor legal para exigir el cumplimiento del mandato judicial.

El juzgado determinó que Acuña no cumplió el pago de S/ 88,525 soles. Este dinero correspondía a un beneficio escolar (preparación de clases) que el Gobierno Regional le debía a la maestra Saldaña.

Según la resolución emitida por la jueza Katherine Dora Granda Fernández, el político no irá a la cárcel, pero deberá cumplir de forma obligatoria con una serie de reglas de conducta para mantener su libertad.

Entre las restricciones impuestas al excandidato presidencial se establece que no podrá cambiar de domicilio sin autorización, no deberá cometer un delito similar y tendrá que "comparecer cada treinta días a la Oficina de Control a fin de informar y justificar sus actividades, firmando el registro correspondiente".

Asimismo, el fallo ordena a César Acuña "cumplir con el mandato judicial extra penal y hacer efectivo los adeudos laborales" pendientes. Para ello, el juzgado le fijó un pago total de S/ 97,377.88 soles a favor del agraviado. Este monto incluye la deuda laboral pendiente (S/ 88,525.35) y una reparación civil de S/ 8,852.53 soles por los daños causados.

El tribunal dispuso que dicha suma sea cancelada por el sentenciado en "tres cuotas de S/ 32,459.29 soles cada una, en forma mensual" a través de certificados de depósito en el Banco de la Nación. Además, la resolución advierte que, si Acuña incumple cualquiera de estas reglas o pagos, se le aplicarán sanciones más severas.

"Todo Bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento de aplicarse en lo que corresponda, cualquiera de las prerrogativas legales que se previenen en el artículo 59° del Código Penal, previo requerimiento fiscal y a consideración del Juez de Ejecución de sentencia”, se lee en el documento.

El dinero entregado por el Estado proviene del presupuesto nacional y debe destinarse, por ley, en un 50% al funcionamiento ordinario del partido y en el otro 50% a la capacitación de sus militantes o al desarrollo de investigaciones académicas. Sin embargo, los informes e inspecciones del ente electoral determinaron que ambas agrupaciones usaron estos fondos para financiar talleres literarios y publicaciones ajenas a los fines que establece la norma.

En el caso de Perú Libre, la agrupación justificó un gasto total de 31.383 soles en la producción de un poemario de menos de 100 páginas que reúne escritos de figuras del partido, como el excongresista Waldemar Cerrón y Berta Rojas López, madre de Vladimir Cerrón.

El proceso se dividió en dos partes: primero, la realización de un taller literario el 4 de mayo de 2025 en un local de Breña con un costo de 14.383 soles —donde se pagó 9.200 soles al docente Enilberto Carguayanqui por una charla de 10 a. m. a 5 p. m.—; y segundo, un costo de 17.000 soles por la impresión del libro.

De acuerdo con el informe técnico de la ONPE, se observó la ponencia del taller al constatarse que “los contenidos abordados fueron generales y estrictamente literarios” y que “no hay contenido político, ideológico ni programático”. Asimismo, determinó que el poemario es de carácter predominantemente artístico, por lo que no constituye un plan de gobierno ni una propuesta de desarrollo nacional. En esa linea, también se concluyó que el taller de redaccción no se vincula con los principios del partido.

Por su parte, Renovación Popular destinó 6.400 dólares (alrededor de 24.700 soles) del financiamiento público directo para la elaboración del libro digital de 42 páginas titulado 'Mi Gallo es el Chancho', redactado por el periodista Francisco de Piérola. Los documentos del expediente muestran que la propuesta fue presentada el 25 de septiembre de 2025 bajo el compromiso formal de escribir la "Historia del Partido Político Renovación Popular", la cual fue aceptada y firmada el 3 de octubre de 2025 por el representante legal Fernando Sandoval Ruiz mediante un pago dividido en dos partes del 50%.

A pesar de que el contrato exigía relatar la historia de la organización, el contenido final se enfocó en pasajes de la vida de Rafael López Aliaga y en la relación de amistad del autor con el actual candidato a regidor de Lima. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE observó que el servicio no está relacionado con trabajos de investigación orientados al análisis ni a la propuesta de soluciones a problemas nacionales, tal como lo exige el artículo 27° del Reglamento de Financiamiento.

Adicionalmente, el organismo electoral constató que no se acreditó que el autor tuviese la experiencia mínima de dos años en investigación o tres artículos en revistas científicas —registrando en SUNAT actividades de telecomunicaciones y consultoría—, y se incumplió la norma al no presentar por lo menos dos cotizaciones adicionales de otros proveedores.

Este martes 4 de agosto, a las nueve de la mañana, se reunirá la junta de portavoces del Senado en la Sala Bolognesi. Dos horas después, a las once, le toca el turno a la Cámara de Diputados en la Sala Basadre del Palacio Legislativo. Ambas citas servirán para definir el reparto de la presidencia de las bancadas legislativas.

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El reparto general de comisiones ya está definido por bancada según el reglamento. Fuerza Popular podrá liderar cinco presidencias en Diputados y tres en Senado. Le sigue Juntos por el Perú, con cuatro en Diputados y dos en Senado. Buen Gobierno y Renovación Popular obtienen dos presidencias cada una en Diputados y una en Senado. Ahora Nación y Obras cierran la lista con una presidencia cada uno, pero solo en la Cámara de Diputados.

La disputa por Constitución y Justicia no es solo administrativa: define qué agenda legislativa avanza y cuál se frena durante los próximos cinco años.

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¿Qué comisión pide cada bancada?

Fuentes de este diario señalaron que Renovación Popular solicitará en el Senado la comisión de Justicia o Constitución. En Diputados apunta a tres comisiones: Justicia, Educación y Familia.

Por su lado, Fuerza Popular concentra su pedido en el Senado. La bancada oficialista solicitó las comisiones de Constitución, Economía y Justicia. Es la misma combinación que ya defendía meses atrás, cuando el Congreso todavía discutía la conformación de sus grupos de trabajo. El interés del fujimorismo por retener Constitución no es nuevo: ha presidido esa comisión en los últimos 10 años.

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Juntos por el Perú replica exactamente el mismo pedido que Fuerza Popular en el Senado: Constitución, Economía y Justicia. Ernesto Zunini, vocero de los diputados de esta bancada, señaló a la prensa que buscaría liderar Justicia, Educación, Energía y Minas, y Salud.

La República tuvo conocimiento que Ahora Nación está interesado en liderar las comisiones de Constitución, Justicia y Economía desde la Cámara de Diputados. En cuanto a los senadores, señalaron que buscan presidir una de las comisiones ordinarias no legislativas: Ética, Procedimientos Especiales e Inteligencia. Además indicaron que se mantienen en negociaciones con Buen Gobierno y Obras. Al cierre de esta nota, las bancadas de Buen Gobierno y Obras mantuvieron hermetismo en cuanto a sus preferencias.

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El antecedente de una disputa que viene de julio

Esta pugna no nació esta semana. En julio, cuando el Congreso aún negociaba la distribución de comisiones, Jaime Quito, congresista y senador electo de Juntos por el Perú, ya había señalado a este diario que su bancada quería arrebatarle Constitución al fujimorismo. Quito argumentó que su partido plantea cambios al texto constitucional y que el control de esa comisión resulta clave para impulsarlos, incluida la recuperación del derecho al referéndum.

Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron entonces que Fuerza Popular no tenía intención de ceder esa comisión. El partido de Keiko Fujimori se ha mostrado conforme con el texto constitucional vigente y buscará resguardarlo desde ese espacio. Otras bancadas también movían fichas por su lado: Renovación Popular impulsaba su llegada a Educación para mantener una línea conservadora frente al enfoque de género, mientras Ahora Nación mostraba interés en Economía y Justicia.

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Ética, Acusaciones Constitucionales y otras comisiones también entran en la agenda

La pelea por Constitución y Justicia no es el único punto que resolverá la junta de portavoces. Entre las comisiones ordinarias no legislativas para la Cámara de Senadores se encuentran Ética, Procedimientos Especiales e Inteligencia. Por otro lado, los diputados cuentan con las comisiones de Ética, Ordenamiento y Seguimiento Legislativo, y la comisión de Acusaciones Constitucionales.

La conformación de la Comisión de Ética tiene un grupo de reglas diferentes al resto. Este grupo de trabajo quedará integrado por un integrante de cada bancada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. La lógica detrás de esta regla busca que el control de la conducta parlamentaria no dependa solo de la mayoría oficialista ni de un bloque opositor específico.

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Junto a Ética, la Junta de Portavoces también definirá quiénes integran la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Este grupo tiene una función clave: califica si las denuncias constitucionales contra altos funcionarios son admisibles, investiga los casos que avanzan y redacta los informes finales que después pasan al Pleno. El reglamento parlamentario exige que su composición respete dos principios: pluralidad y proporcionalidad entre bancadas. Es decir, ninguna fuerza política puede quedar excluida, pero tampoco todas tienen el mismo peso: la representación se ajusta según el tamaño de cada bancada en el Congreso.

La comisión de Acusaciones Constitucionales suele cobrar protagonismo cuando surgen denuncias contra ministros, congresistas o el propio presidente de la República. Su composición, por lo tanto, no es un trámite menor. Dado el actual mapa de fuerzas, con Fuerza Popular como bancada oficialista y Juntos por el Perú al frente de la oposición, el balance dentro de este grupo también quedará bajo observación.

El nuevo Congreso bicameral trabajará con 16 comisiones en la Cámara de Diputados y siete legislativas en el Senado. Entre ellas figuran Defensa Nacional y Orden Interno, Energía y Minas, Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Ciencia e Innovación Tecnológica, además de Constitución, Economía y Justicia. La correlación de fuerzas que se confirme este martes marcará el tono del trabajo legislativo durante los próximos cinco años, sobre todo en los espacios donde se decide el futuro de la Constitución, el destino de los procesos judiciales más sensibles y el control ético de la propia clase política.

Toledo contó en una entrevista que tiene cáncer y serios problemas cardiacos. Dijo que, apenas la presidenta Keiko Fujimori apruebe su pedido, continuará su tratamiento en una clínica. Sus palabras fueron directas y sin rodeos, como el propio nombre del programa que lo entrevistó.

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"Le pido a la señora Keiko Fujimori, que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel", declaró el expresidente al programa 'Sin rodeos'.

El exmandatario también habló de un momento muy doloroso en su vida familiar. Murió su suegra, Eva Fernenbug, en Bruselas, y ni él ni su esposa Eliane Karp pueden encargarse del entierro. La razón es la misma que lo mantiene preso: los procesos legales que ambos arrastran desde hace años.

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"La quieren incinerar y nosotros no queremos. Yo quiero ir a visitarla, aunque sea en su tumba", contó Toledo. Explicó que su esposa es la única hija de la fallecida, pero no puede viajar porque Interpol mantiene una alerta roja en su contra por el caso Lava Jato. Karp vive desde hace tiempo en Tel Aviv y no puede salir de Israel.

El expresidente reconoció que habla con su esposa todas las semanas para saber cómo sigue la situación. Según contó, ella vive momentos de angustia por no poder acompañar el duelo de su madre ni resolver el tema del entierro desde la distancia.