La disposición también comprendió a otros investigados que habían sido señalados por presuntas coordinaciones con congresistas y funcionarios públicos. El documento revisó chats, declaraciones, designaciones internas y actuaciones fiscales relacionadas con la gestión de Benavides al frente del Ministerio Público.

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Entre las personas incluidas en el archivamiento figuran las congresistas Martha Moyano y Patricia Chirinos. Ambas fueron mencionadas en la investigación por supuestas coordinaciones políticas vinculadas a denuncias constitucionales y decisiones fiscales de alto impacto. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que esos elementos no permitían sostener la existencia de una organización criminal.

La decisión también alcanzó a Marco Huamán, Elmer Ríos, Marena Mendoza y Miguel Vegas Vaccaro, quienes fueron señalados durante las diligencias como presuntos integrantes de una red de coordinación dentro del Ministerio Público. Algunos ocuparon cargos de asesoría y otros mantenían cercanía con decisiones adoptadas durante la gestión de Benavides.

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Fiscalía descartó que existiera una estructura criminal permanente

La disposición fiscal concluyó que los actos investigados no permitían probar la existencia de una organización criminal con permanencia, jerarquía y reparto de funciones. Según el documento, la hipótesis presentada por la Fiscalía durante las primeras diligencias no logró sostenerse con los elementos obtenidos en la investigación preliminar.

Precisó que las reuniones, conversaciones y coordinaciones detectadas entre algunos investigados no bastaban para configurar el delito imputado. La Fiscalía evaluó si existieron acuerdos ilícitos para influir en decisiones fiscales, pero finalmente determinó que no había evidencia suficiente para afirmar que operaba una red criminal organizada desde la cúpula del Ministerio Público.

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Dentro de la investigación se revisaron actuaciones relacionadas con denuncias constitucionales presentadas en el Congreso y decisiones adoptadas por la Fiscalía de la Nación. La tesis fiscal apuntaba a que ciertos actores políticos habrían coordinado con el entorno de Benavides para obtener beneficios o afectar investigaciones fiscales contra determinadas autoridades.

La disposición también analizó las declaraciones de colaboradores eficaces que mencionaron presuntas coordinaciones entre asesores, congresistas y funcionarios fiscales. Sin embargo, concluyó que varios de esos testimonios no contaban con suficiente corroboración periférica para sostener la acusación por organización criminal.

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Investigación revisó chats, nombramientos y presuntas coordinaciones políticas

El documento fiscal detalló que una de las líneas de investigación estuvo relacionada con supuestas negociaciones políticas para impulsar denuncias constitucionales contra fiscales supremos y miembros de organismos autónomos. Entre los nombres evaluados apareció el ahora presidente José María Balcázar, además de legisladores que mantenían comunicación frecuente con el entorno de Benavides.

La Fiscalía revisó conversaciones y coordinaciones atribuidas a asesores y operadores cercanos a la exfiscal de la Nación. Parte de las diligencias se concentró en determinar si desde el Ministerio Público se ofrecían beneficios políticos o decisiones fiscales a cambio de respaldo en el Congreso.

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Otro de los puntos analizados fueron los cambios y designaciones internas dentro de la institución. La investigación evaluó si algunos nombramientos respondían a una estrategia de control interno para beneficiar determinados intereses. Pese a ello, la disposición señala que no se acreditó un esquema criminal organizado ni una estructura con funciones claramente definidas.

La resolución fiscal remarca que el archivamiento corresponde únicamente al delito de organización criminal. Eso significa que otras investigaciones relacionadas con la gestión de Patricia Benavides todavía pueden continuar en distintas fiscalías o instancias judiciales, dependiendo de los hechos evaluados en cada expediente.

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¿De qué se trata el caso Valkiria?

El caso Valkiria es una investigación fiscal que se abrió tras las declaraciones de asesores y colaboradores eficaces que señalaron presuntas coordinaciones irregulares dentro del Ministerio Público durante la gestión de Patricia Benavides. La hipótesis inicial apuntaba a una red que habría buscado influir en decisiones fiscales y obtener apoyo político en el Congreso.

Según la tesis fiscal, el grupo habría intervenido en denuncias constitucionales, cambios internos dentro del Ministerio Público y actuaciones relacionadas con fiscales supremos. La investigación también evaluó presuntas coordinaciones para remover o afectar a autoridades incómodas para determinados sectores políticos.

El caso incluyó allanamientos, revisión de celulares, análisis de chats y toma de declaraciones a funcionarios y congresistas. Las diligencias estuvieron a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Con la Disposición N.° 88, la Fiscalía archivó el extremo relacionado con organización criminal para varios de los investigados incluidos en la carpeta fiscal.

"Esta decisión, profundamente difícil en el plano personal y profesional, no responde a incapacidad moral ni a compromisos políticos de ningún tipo. Responde a la hostilidad sistemática, el acoso mediático y la discriminación por origen que he enfrentado estos días", escribió.

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En esa misma línea, Gonzáles Cabanillas alertó sobre la presencia reiterada de medios de comunicación en su domicilio y afirmó que dichas acciones han vulnerado su tranquilidad personal y familiar.

La letrada aseguró que su trayectoria en el sector público no fue “regalada, ni heredada”. Mencionó que inició su etapa profesional como secigrista en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y que su carrera fue “construida a lo largo de los años en diversas instituciones públicas”.

“Soy una mujer orgullosamente chotana, hija de profesores, abogada y servidora pública de carrera. (Mi carrera) Ha sido consecuencia de mi esfuerzo, rigor técnico y vocación de servicio. Nací lejos de Lima y eso no me hace menor; ese origen es fuente de orgullo, no de vergüenza.”, dijo.

Abogada rechaza discriminación en su contra

Por otro lado, Gonzáles Cabanillas reconoció el control ciudadano a los funcionarios que ejercen un cargo en el Estado; sin embargo, rechazó que ese tipo de control no puede "traducirse en hostigamiento personal, afectación familiar o discriminación".

"Rechazo categóricamente que mi lugar de nacimiento o las opiniones de mis familiares sean utilizados para cuestionar mi idoneidad profesional. La discriminación por origen no es una opinión legítima, es un anacronismo que no merece mayor debate y un prejuicio que en el Perú, que queremos todos, se debe desterrar", expresó.

"Agradezco la oportunidad depositada en mi persona para integrar la Comisión de Gracias Presidenciales, a la cual renuncio de manera irrevocable por los motivos antes expuestos y con la tranquilidad de haber ejercido mis funciones con integridad, independencia de criterio y respeto al Estado de derecho", agregó.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en Tumbes, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Tumbes EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

• 632 actas procesadas
• 100% de los votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Tumbes

• Keiko Fujimori - 34,136%
• Carlos Álvarez - 14,814%
• Roberto Sánchez - 6,988%
• Rafael López Aliaga - 5,913%
• Jorge Nieto - 5,476%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En medio del conteo oficial y la expectativa por los resultados oficiales de la ONPE, miles de ciudadanos siguen atentos al calendario electoral, ya que esta etapa no solo definirá al próximo presidente, sino que también marcará el rumbo político del país en los próximos años. Hasta el momento, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se verán las caras en la siguiente instancia.

¿Cuándo será la segunda vuelta de las presidenciales en Perú 2026?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales se realizará el domingo 7 de junio de 2026 en todo el territorio nacional.

En esta jornada, los peruanos volverán a acudir a las urnas para elegir al jefe de Estado entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta. Este proceso suele concentrar mayor atención mediática y política, debido a que define de manera directa al ganador de la contienda electoral.

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¿Qué pasa si ningún candidato supera el 50% de los votos?

Cuando ningún postulante alcanza la mayoría absoluta en la primera vuelta, el sistema electoral peruano establece automáticamente una segunda elección.

En esta nueva etapa participan únicamente los dos candidatos con mayor votación, quienes continúan en campaña para captar el respaldo de los electores que apoyaron a otras agrupaciones políticas. Este mecanismo busca garantizar que el presidente electo cuente con legitimidad y un respaldo mayoritario.

¿Qué cargos se eligen en las Elecciones Perú 2026?

En las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos no solo eligen al presidente de la República, sino también a los integrantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Por un lado, se define la fórmula presidencial completa —presidente y vicepresidentes— inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Además, se renueva el Congreso bajo un sistema bicameral, con la elección de diputados y senadores, lo que marca el retorno de este modelo parlamentario tras varias décadas.

Asimismo, los votantes eligen a los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, quienes cumplen funciones de representación internacional dentro del sistema andino.

Segunda vuelta 2026: por qué es clave para el futuro político del Perú

La segunda vuelta no solo define al próximo presidente, sino que también reconfigura alianzas, estrategias de campaña y el comportamiento del electorado. En este escenario, los candidatos deberán ampliar su base de apoyo para alcanzar la mayoría necesaria.

Con el avance del conteo oficial y la cercanía de esta etapa decisiva, el país se encamina a una elección final que marcará el rumbo político, económico e institucional del Perú.

'Eso está pendiente. Depende de que presente la solicitud correspondiente', respondió Balcázar al ser consultado sobre el tema.

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Las declaraciones del mandatario van en línea con lo señalado previamente por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. En declaraciones a la prensa, Arroyo aseguró que dicha posibilidad nunca estuvo contemplada en la agenda del Ejecutivo.

'Quiero, como presidente del Consejo de Ministros, dar algunas precisiones: este proceso de indulto en el gobierno de nuestro presidente nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda', afirmó.

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Walter Ayala, abogado de Castillo, informó que volverá a presentar una solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, luego de que la Comisión de Gracias Presidenciales declarara inadmisible el pedido ingresado en febrero de este año. La defensa del exmandatario señaló que replanteará el recurso y lo sustentará con nuevos argumentos.

Balcázar además se pronunció sobre la toma de San Marcos

El presidente también se refirió en Iquitos a la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizada por estudiantes de dicha casa de estudios durante el aniversario de la institución y en protesta contra las normas impulsadas desde el Congreso que permitirían la reelección de la rectora Jeri Ramón. Balcázar sostuvo que la manifestación refleja una demanda de cambio por parte de los jóvenes.

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'Si nos toca la mala suerte de un presidente sin sentido de gobernar, no lo podemos cambiar. ¿Qué democracia es esa? La nueva juventud nos ha puesto sobre aviso de que quiere un cambio. No hemos tenido hasta hoy un presidente que tenga visión de gobierno. Todo son peleas agudas y odios encontrados. No quiero eso, quiero el diálogo entre la gente', expresó.

Durante la madrugada de este miércoles, agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía y representantes del Ministerio Público allanaron 10 inmuebles en Lima y Ucayali por orden judicial. Según la tesis fiscal, la red obtuvo beneficios económicos mediante contrataciones vinculadas a vuelos médicos, ambulancias aéreas y designaciones irregulares de funcionarios.

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Las diligencias se realizaron en inmuebles ubicados en Barrios Altos, Jesús María y Santiago de Surco, en Lima, además de siete viviendas en Ucayali. Una de las viviendas allanadas pertenece a Rosa Paredes Castro, hermana de la parlamentaria. El operativo estuvo a cargo de la DIRCOCOR y contó con apoyo de agentes de inteligencia del Ministerio del Interior y efectivos policiales de ambas regiones.

La investigación comprende los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, cohecho activo propio y tráfico de influencias. De acuerdo con información policial, la presunta red habría logrado tomar control de oficinas descentralizadas del Poder Ejecutivo en Ucayali.

La Policía sostiene que la organización habría favorecido a determinadas empresas mediante contrataciones irregulares relacionadas con vuelos chárter y traslados aéreos de pacientes críticos. Las pesquisas incluyen servicios valorizados entre S/6 millones y S/10 millones, además de contratos cercanos a S/20 millones. Las autoridades estiman que la presunta organización obtuvo alrededor de S/2 millones en pagos ilícitos. Hasta el momento, no se reportan detenidos.

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Fiscalía investiga presunto copamiento de entidades públicas en Ucayali

La tesis fiscal señala que la presunta organización criminal colocó personas de confianza en puestos clave dentro de instituciones públicas de Ucayali. El objetivo, según las investigaciones, consistía en asegurar decisiones favorables en procesos de contratación pública y facilitar el acceso de determinadas empresas a licitaciones estatales.

Entre las entidades involucradas figura la Red Asistencial Ucayali de EsSalud. La Policía sostiene que desde esa institución se habrían direccionado contratos relacionados con ambulancias aéreas y vuelos médicos para traslado de pacientes. Las autoridades investigan si existieron concertaciones ilegales entre funcionarios y proveedores.

El caso se encuentra a cargo del fiscal Carlos Urday, integrante de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El Ministerio Público busca determinar el nivel de participación de cada investigado y esclarecer cómo operaba la presunta estructura dentro de entidades estatales.

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Megaoperativo incluyó allanamientos e incautación de equipos

El operativo “Los Operadores del Oriente” se ejecutó bajo la modalidad de allanamiento con descerraje y fines de incautación. Los agentes ingresaron a viviendas vinculadas a investigados y personas de interés para recoger documentos, celulares, computadoras y otros elementos relevantes para la investigación.

La intervención fue autorizada por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. En las diligencias participaron efectivos especializados de la División de Investigación de Delitos de Corrupción Vinculados al Crimen Organizado, además de personal de inteligencia del Ministerio del Interior y agentes de apoyo de la Región Policial Ucayali.

La Fiscalía continuará con la revisión del material incautado para establecer si la presunta organización criminal utilizó influencias políticas y cargos públicos para beneficiar irregularmente a proveedores vinculados a contratos millonarios en Ucayali.

Además, durante una minuciosa inspección, encontraron cámaras de videovigilancia inoperativas, deficiente iluminación y daños parciales en la infraestructura.

Así, el estado del campo de juego quedó bajo la lupa. Estas irregularidades del terreno dieron que hablar y hasta obligaron al cierre temporal del primer escenario deportivo del país. ¿A qué se debieron?

Ya se conoce el problema ocurrido durante los últimos eventos. Tras los conciertos, el césped del José Díaz quedó destruido.

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La Contraloría General advirtió que ese deterioro dificultó su uso para las prácticas deportivas y alertó que la falta de mantenimiento de las estructuras metálicas del techo de las tribunas y de las cámaras de videovigilancia podría poner en riesgo a los visitantes y al personal que labora en el recinto deportivo.

De acuerdo con el informe de control, la falta de mantenimiento y la continua realización de eventos no deportivos con presencia masiva de público no solo contribuyeron al alto grado de deterioro del campo deportivo, sino que impidieron adoptar medidas destinadas a su óptima recuperación al no permitir que se completen los procedimientos técnicos para obtener un césped de calidad, con la resistencia y el crecimiento adecuados para realizar competencias deportivas profesionales e internacionales en condiciones idóneas, de acuerdo con la normativa de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Cabe precisar que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) cuenta con un presupuesto aprobado de S/700.000 para contratar el servicio de mantenimiento del césped natural del Estadio Nacional.

El 15 de abril pasado, los auditores constataron que cerca del 90% del área del campo deportivo carecía de césped y que la mala hierba era extraída manualmente, mientras que el 22 de abril se verificó que una empresa contratada por una promotora de eventos —y no por el IPD— había sembrado bloques de césped en el 35% del área de la cancha de fútbol utilizando un método de sembrado (tipo bermuda de 50 cm por 50 cm), el cual no está contemplado en la normativa de la CONMEBOL.

Teniendo en cuenta que, entre mayo y octubre de 2026, el IPD tiene programado realizar cinco eventos no deportivos (tres de ellos tienen contrato suscrito), es necesario que la entidad planifique la gestión del mantenimiento del césped de la cancha de fútbol a fin de no afectar el desarrollo de los eventos deportivos y evitar que la inversión en el mantenimiento sea infructuosa.

Durante el servicio de control también se advirtió el deterioro de la pista atlética de seis carriles de material sintético (instalada como parte de la reinauguración del Estadio Nacional en 2011) debido al desgaste propio del tiempo, así como a la acción física de diversos elementos, como servicios higiénicos portátiles, protectores plásticos de césped y estructuras para el uso de stands de venta para la realización de eventos no deportivos, lo cual afecta su uso para la práctica deportiva.

Cámaras de videovigilancia

La comisión de control constató en el centro de control que se encontraban inoperativas el 60% (28) de las 46 cámaras de videovigilancia instaladas en la infraestructura del Estadio Nacional para el control de las áreas de acceso al público, que deberían permitir la visualización del campo de fútbol, las tribunas, las rampas, los tijerales, los pasadizos y las escaleras, entre otros ambientes a los que accede el público durante la realización de los eventos deportivos y no deportivos, lo que genera una falsa sensación de seguridad en los asistentes y dificultaría la gestión de emergencias en situaciones críticas.

Además, esta situación podría afectar la recopilación de pruebas y evidencias ante cualquier incidente.

Adicionalmente, los equipos que se encuentran operativos y que fueron instalados en 2011 no permiten el reconocimiento facial ni están interconectados con el sistema de la Policía Nacional del Perú. Además, están desactualizados tecnológicamente porque el sistema no ha sido actualizado o reemplazado pese a los años transcurridos.

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A ello se suma la deficiente iluminación del campo de fútbol del Estadio Nacional debido a que el 40% (124) de las 308 luminarias instaladas en el techo de las tribunas está inoperativo, con mayor incidencia en los sectores oriente, sur, occidente y suroccidente.

Falta mantenimiento

Además, la comisión de control advirtió al IPD que la falta de mantenimiento de las estructuras metálicas del techo de las tribunas sur y occidente, que soportan además cargas provenientes de equipos de iluminación del campo deportivo, cámaras de videovigilancia, antenas de telecomunicaciones y sistemas de sonido, está generando signos de oxidación y corrosión progresiva, lo que afecta su capacidad máxima de carga y resistencia (comportamiento estructural), y podría poner en riesgo la integridad de los visitantes y del personal que opera en el recinto deportivo.

Finalmente, identificaron daños en la entrada principal del Estadio Nacional, la cual fue cerrada al público y cercada con vallas metálicas para prevenir accidentes luego de que una baldosa de gran tamaño se desprendiera desde una altura de tres metros.

Debido al riesgo de caída por nuevos desprendimientos, se ha cercado esta zona, lo que afecta la imagen del principal recinto deportivo del país.

La Contraloría General otorgó un plazo al titular del IPD para que adopte las medidas correctivas que permitan levantar las situaciones adversas a fin de asegurar el uso adecuado del Estadio Nacional.

La acusación fiscal, basada en pericias forenses, resultados de necropsia y registros audiovisuales, sostiene que Magallanes fue quien efectuó el disparo contra el rapero de 32 años.

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Semanas después del homicido de Ruiz Sanz. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, ratificó que el responsable fue Magallanes. Asimismo, indicó que el suboficial sería retirado de la institución policial. Luego de los sucesos, Magallanes fue internado en un hospital atentido por un politraumatismo.

Control de acusación se llevará a cabo a finales de julio

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La República, las partes involucradas —la defensa del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la de la familia de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz— fueron notificadas sobre la acusación fiscal.

El próximo 30 de julio se llevará a cabo una audiencia de control de acusación, etapa en la que el juez evaluará el requerimiento presentado por la Fiscalía antes de que el caso pase a juicio oral. Se prevé la participación de los abogados representantes de ambas partes.

La legisladora remarcó que su hermana “no es funcionaria pública ni ha trabajado para el Estado”. Por ello, calificó como “irresponsable” cualquier intento de relacionarla con presuntas irregularidades. Paredes también señaló que terceras personas habrían utilizado sus nombres “sin autorización para aparentar vínculos o influencias inexistentes”.

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La integrante de la bancada de Podemos Perú indicó que se pondrá “plenamente a disposición de las autoridades competentes” y que brindará toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos que forman parte de la investigación. En esa línea, reiteró su compromiso con “la verdad, la transparencia y el respeto irrestricto al debido proceso”.

Además, Francis Paredes defendió las relaciones que mantuvo con diversas personas e instituciones desde el inicio de su gestión parlamentaria. Según señaló, estos contactos ocurrieron dentro de su labor como congresista y “sin que ello implique vínculos indebidos ni beneficio económico alguno”. Finalmente, pidió a las autoridades actuar “con celeridad y objetividad”, al considerar que la denuncia pública afecta directamente a sus padres y a su menor hija.

De acuerdo con la Fiscalía, la organización criminal habría comenzado a operar durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo mediante la ocupación de cargos en entidades estatales de Ucayali. Además de ser investigados por el delito de organización criminal, los implicados también serían responsables de delitos de corrupción relacionados con sobornos y tráfico de influencias.

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Según las pesquisas fiscales, Paredes habría tenido un rol determinante dentro de esta presunta red criminal. La Fiscalía sostiene que la congresista sería la lideresa de la organización y que, dentro de este entorno, era conocida con el apelativo de 'Profesora'. Asimismo, habría sido la encargada de captar y designar a personas de confianza en las instituciones involucradas.

Entre las contrataciones bajo investigación figuran servicios valorizados en aproximadamente S/6’189,600 y S/10’669,648, además de contrataciones integrales por vuelos chárter y boletos aéreos cercanas a S/20 millones, operaciones que habrían ocasionado un presunto perjuicio económico al Estado.

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Hermana de Francis Paredes estaría involucrada

El organigrama de la presunta organización criminal elaborado por la Fiscalía, al que tuvo acceso La República, detalla que Paredes habría contado con cinco operadores para ejecutar estos presuntos delitos. Una de ellas sería su hermana, Rosa Paredes Castro, quien habría estado a cargo de captar personas de confianza.

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Durante los operativos fiscales, la vivienda de la hermana de la legisladora, ubicada en el Cercado de Lima, fue una de las allanadas.

Asimismo, también fueron allanadas las viviendas de Sandra Marleny Anticona Lara, ubicada en Jesús María, y la de Percy Enrique Tena Aguilar, ambos representantes de empresas presuntamente favorecidas por las operaciones de la red criminal.

Francis Paredes se pronuncia

A través de un comunicado, la congresista de Podemos Perú negó estar involucrada en los hechos que vienen siendo investigados por el Ministerio Público.

“Rechazo categóricamente cualquier imputación o señalamiento en mi contra o en contra de mi hermana. Mi hermana no es funcionaria pública ni ha trabajado para el Estado. (…)”, señala el comunicado difundido por la congresista.

“Me pongo plenamente a disposición de las autoridades competentes y brindaré toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Desde el inicio de mi gestión parlamentaria he mantenido relación con diversas personas e instituciones en el marco de mi labor como congresista, sin que ello implique vínculos indebidos ni beneficio económico alguno”, continúa el pronunciamiento.

"Esa investigación empezó en el año 2018. Se me acusó de haberme apropiado de los fondos del partido. El Poder Judicial después de cinco o seis años lo ha archivado. El fraude como delito en mi caso ha sido archivado. He demostrado mi actuación legal", indicó.

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Sánchez negó que se encuentre próximo a un juicio oral: "Es una audiencia más en control de acusación. Rechazo irregularidades o ilegalidades. Yo acudo a todas las diligencias porque soy el más interesado en que se sepa la verdad", apuntó.

El candidato de Juntos por el Perú calificó estas acusaciones como parte de una ‘guerra sucia’ en su contra: “Lo que estamos viendo no es justicia: es guerra sucia. Cada vez que una candidatura popular crece, aparecen ataques coordinados, titulares tendenciosos y operaciones políticas impulsadas por quienes tienen miedo de perder privilegios. La vieja derecha sabe que cuando el pueblo despierta, sus campañas de miedo ya no funcionan como antes”, dijo en sus redes sociales.

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La investigación contra Roberto Sánchez

El Ministerio Público investiga al congresista por presuntamente haber entregado datos falsos a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE cuando ejercía como representante de Juntos por el Perú. La pesquisa fiscal se centra en los reportes vinculados a los aportes de campaña de la agrupación política durante los procesos electorales de 2018 y 2020. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, parte de los fondos utilizados en actividades partidarias no habría sido registrada en las cuentas oficiales del partido y, además, Sánchez habría declarado que en la campaña de 2018 no se efectuaron gastos.

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La tesis fiscal también sostiene que S/204.951,36 habrían sido transferidos a la cuenta bancaria de William Sánchez Palomino, hermano del exaspirante presidencial y entonces presidente del Comité Nacional Electoral de la organización política. Según la investigación, una parte de ese dinero habría terminado igualmente en cuentas personales del propio parlamentario. Por ello, la Fiscalía le atribuye el presunto delito de falseamiento de información sobre aportaciones.

Por su parte, el abogado de Sánchez, Carlos García, indicó que su patrocinado ya había afrontado anteriormente una investigación por presunto fraude en la administración de personas jurídicas, la cual fue archivada. El letrado afirmó que las imputaciones actuales derivan de un mismo hecho relacionado con la presentación de informes financieros. Además, explicó que la diferencia en la tipificación responde a que en 2020 se consideró como falsa declaración, mientras que para 2021 se aplicó el delito de falseamiento de información sobre aportes, incorporado recién ese año.

Pero las imágenes de “Miki” Torres en compañía de familias de escasos recursos en los alrededores de Lima contrastan con sus actividades privadas. Como un viaje a Viena, Austria, financiado con fondos públicos para asistir a “encuentros espirituales”, reportados falsamente por Fuerza Popular como “capacitaciones”.

Un informe de fiscalización suscrito por el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, señala que el viaje emprendido por “Miki” Torres Morales a Viena no califica como una actividad de formación política. Por lo tanto, el partido fujimorista, al usar el financiamiento público directo para pagar el periplo europeo del candidato Torres, infringió los objetivos de la Ley de Organizaciones Políticas.

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“Usted no califica, señor”

Lo sucedido con “Miky” Torres Morales, candidato a la primera vicepresidencia y senador virtualmente electo, es muy similar al caso de Keiko Fujimori, quien presentó como “actividades académicas y de capacitación” visitas protocolares a centros de enseñanza y paseos guiados por empresas tecnológicas en California.

Fuerza Popular justificó el desembolso de S/15.072 para la cobertura del viaje de “Miki” Torres a Viena para asistir al programa denominado “The Leaders Fellowship” (Beca para Líderes), dirigido “a políticos que comparten una fe común en Cristo y que están dispuestos y son capaces de unir esfuerzos para abordar los problemas actuales apremiantes que nos rodean”.

A primera vista, no parecía tratarse de una actividad de formación, sino más bien de un retiro de personas católicas relacionadas con la política en sus respectivos países.

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“Esto no es capacitación”

“Este encuentro discreto ofrecerá los elementos combinados de un retiro espiritual -dirigido entre otros por el cardenal Christoph Schonborn-, camaradería y educación. Planeamos ofrecer dos reuniones por año y cuando sea necesario surge en un lugar aislado e inspirador”, señala la invitación que recibió “Miki” Torres y que Fuerza Popular presentó a la ONPE.

Pero lo que llamó la atención de los fiscalizadores de la ONPE es que no solo los temas abordados no están vinculados con actividades de formación política, sino que también comprendió paseos turísticos.

“Se observa que de forma predominante se realizaron paseos a viñedos, cata de vinos, misas, reflexiones y sesiones matutinas con los temas ‘Salud Pública Internacional: Superar la captura’, ‘Persecución de los cristianos que se está intensificando en todo el mundo: ¿Qué se puede hacer hoy?’, ‘¿Qué es la responsabilidad política?’. Resulta manifiesto que este tipo de actividades no capacitan”, concluyeron los fiscalizadores de la ONPE.

Por estas consideraciones, los gastos personales que “Miki” Torres pretendió presentar como “capacitaciones” fueron desestimados por la ONPE.

“En atención a los fundamentos expuestos, resulta evidente y acreditado que el gasto efectuado por (Fuerza Popular) en la actividad denominada ‘The Leaders Fellowship’ no se subsume en los gastos permitidos según la normativa especial de la materia. Por tanto, esta acción sí forma parte de la conducta infractora de naturaleza continuada”, precisó el reporte de la ONPE.

Torres no se ha pronunciado respecto al reporte de la ONPE.

El Ministerio Público también solicitó que Sánchez sea inhabilitado definitivamente para ejercer el cargo de presidente de JP.

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El caso

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María sostiene que el congresista, en su condición de apoderado o representante de Juntos por el Perú, habría presentado información falsa ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto de los aportes de campaña de la agrupación durante los procesos electorales de 2018 y 2020.

Según la investigación fiscal, parte de los recursos destinados a actividades partidarias no habría ingresado a las cuentas oficiales del partido. La hipótesis del Ministerio Público señala, además, que Roberto Sánchez habría declarado que durante la campaña electoral de 2018 no se realizaron gastos.

Sin embargo, de acuerdo con la tesis fiscal, S/204.951,36 fueron, presuntamente, depositados en la cuenta bancaria de William Sánchez Palomino, hermano del excandidato presidencial, quien en ese momento se desempeñaba como presidente del Comité Nacional Electoral de la agrupación. La investigación añade que una parte de esos recursos también habría terminado en cuentas personales del propio legislador.

Por estos hechos, la Fiscalía atribuye a Sánchez la presunta comisión del delito de falseamiento de información sobre aportaciones.

De otro lado, el Ministerio Público también lo acusa de haber consignado, presuntamente, información falsa en el informe financiero anual correspondiente a 2020 por un monto de S/27.400. Según la Fiscalía, Sánchez reportó que dicho aporte correspondía a una contribución en especie por el uso del local partidario durante ese año. No obstante, la ONPE remitió una carta al supuesto aportante, quien negó haber realizado dicho aporte en 2020.

La defensa de Sánchez

Según explicó el abogado del candidato, Carlos García, su defendido ya había sido investigado previamente por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas; sin embargo, ese caso fue archivado. Además, indicó que los dos cargos formulados contra Sánchez están vinculados a un mismo hecho: la entrega de informes financieros.

El letrado detalló que, en relación con el año 2020, la conducta fue tipificada como falsa declaración, mientras que en el caso de 2021 se consideró como falseamiento de información sobre aportes, debido a que este último delito recién fue incorporado en ese año. En ese sentido, García sostuvo que dichas imputaciones no corresponderían a su patrocinado, ya que los reportes financieros son preparados por el tesorero del partido, quien además era el encargado de presentarlos ante la ONPE.

Roberto Sánchez podría ir a juicio

El Poder Judicial fijó para el próximo 27 de mayo una audiencia virtual en la que se analizará el nuevo auto de enjuiciamiento contra Roberto Sánchez. Durante esa diligencia, el juzgado decidirá si el proceso pasa formalmente a la etapa de juicio oral. Por su parte, la Fiscalía busca que el caso ingrese a la fase final, en la que se discutirán las pruebas recopiladas a lo largo de la investigación.

La investigación se inició hace seis años, luego de observaciones detectadas en los informes financieros presentados por Juntos por el Perú ante la ONPE. De acuerdo con la tesis fiscal, la agrupación habría reportado aportes de campaña por S/0, pese a que sí se habrían registrado movimientos económicos vinculados a actividades proselitistas y mecanismos de recaudación de fondos.

Durante una entrevista con RPP, Arriola indicó que el resguardo policial solo le correspondía a Corvetto cuando lideraba la ONPE. Al ser consultado por la solicitud de garantías del exfuncionario ante la Prefectura, el miembro policial aseguró que no se le comunicó sobre el tema y que se consideró que Corvetto no requería protección luego de evaluarse el caso.

"No, dependiendo del riesgo y de la amenaza con la que se cuente y que esto a nivel del gobierno interior en las prefecturas y subprefecturas exigen un rigor también probatorio", explicó.

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Por otro lado, Arriola mencionó que el resguardo del presidente del JNE, Roberto Burneo, y el titular interino de la ONPE, Roberto Pachas, cuentan con una seguridad integral y con un 'énfasis particular por la coyuntura' de los comicios electorales.

En ese sentido, Arriola precisó que se investigaron los eventuales riesgos que correrían las autoridades electorales con la finalidad de tomar medidas preventivas. Además, el jefe policial señaló que se analizaron las amenazas de algunas personas que salen a declarar para hacer un seguimiento del caso.

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Candidatos presidenciales que no pasaron a segunda vuelta no tendrán resguardo policial

En tanto, Ariolla informó los candidatos presidenciales que no pasaron a segunda vuelta tampoco cuentan con medidas de seguridad policial. No obstante, el jefe de la PNP precisó que se tomaron medidas de precaución en caso de que ocurra algún acto contra otros postulantes.

Entre esos postulantes, se encuentran Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Jorge Nieto (Buen Gobierno) debido a que "están a la espera de la decisión de la proclamación" de resultados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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De acuerdo con la tesis fiscal, esta red habría comenzado a operar en 2023 dentro del área de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, donde presuntamente se coordinaban intervenciones para recuperar espacios públicos en zonas comerciales del Emporio Comercial de Gamarra. El objetivo era principalmente en los sectores Damero A y B, con el objetivo de liberar esos espacios, dividirlos y posteriormente volver a asignarlos a comerciantes ambulantes a cambio de dinero.

Según las indagaciones, los comerciantes que buscaban ocupar estos puestos informales debían desembolsar entre S/1.000 y S/5.000, además de realizar pagos semanales y aportes diarios que fluctuaban entre S/10 y S/20, según el tamaño del espacio utilizado. La Fiscalía calcula que esta presunta organización habría obtenido cerca de S/75 millones mediante este esquema ilícito.

En el caso del alcalde Rubén Cano, el Ministerio Público sostiene que habría facilitado el ingreso de determinadas personas al área de fiscalización del municipio en coordinación con funcionarios de su entorno de confianza. Sobre el burgomaestre, se rechazó la detención preliminar, pero se aprobó el allanamiento.

El fiscal adjunto provincial de Lima, Carlos Angelino Córdova, señaló que esta intervención corresponde a un operativo encabezado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú.

Candidata de Juntos por el Perú figura en la lista de detenidos

De acuerdo con el reporte de detenidos del Ministerio Público, en la lista se encuentra Jhuliana Carbonel Carbonel, quien fue candidata a diputada por el partido de Roberto Sánchez, Juntos por el Perú.

Según la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Carbonel Carbonel postuló al Congreso en representación de Lima Metropolitana. Sin embargo, no logró obtener una curul.

La ONPE informó a través del portal de resultados que, al 91,133% de actas contabilizadas, la candidata de Juntos por el Perú solo consiguió 482 votos.

Investigaciones apuntan a funcionarios de la municipalidad de La Victoria

Las indagaciones también involucran al gerente de Fiscalización, al subgerente de Fiscalización de Rentas y al responsable del Centro de Comunicaciones del municipio, quien habría estado encargado de recopilar y revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del distrito.

Al respecto, la Fiscalía alertó sobre la desaparición parcial de grabaciones de video luego de operativos policiales y denuncias presentadas por ciudadanos. Al revisar el centro de monitoreo municipal, se detectó que no existía el registro completo de determinados días y horarios en los que aparecían presuntos fiscalizadores vinculados al cobro de cupos.

De acuerdo con la tesis fiscal, la organización operaba bajo un esquema estructurado: primero se realizaban desalojos de vendedores ambulantes, luego se redistribuían los espacios recuperados y finalmente estos eran entregados nuevamente a comerciantes, quienes quedaban sujetos a pagos permanentes.

Funcionarios detenidos

Durante el operativo, la Policía intervino a funcionarios relacionados con el área de rentas y a personal encargado del centro de monitoreo de cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Victoria. Las primeras indagaciones habrían revelado presuntas anomalías en el sistema de videovigilancia, tras advertirse que parte del material registrado estaba incompleto.

Como resultado de las diligencias realizadas por el Ministerio Público y la PNP, un total de 14 trabajadores municipales fueron detenidos al detectarse un aparente desbalance patrimonial. Mientras continúan las pericias sobre la documentación y los equipos incautados para establecer posibles responsabilidades, entre los intervenidos figuran los exfiscalizadores Jhon Pajuelo (49), Óscar Carbonel (40), Anthony Quispe (29) y Wilson Mego.

Durante una entrevista con RPP, Arroyo reiteró la posición del Ejecutivo de no brindarle la gracia presidencial a Castillo. El premier explicó que una de las razones de esta negativa es porque el exjefe de Estado no cuenta con una sentencia firme por el delito de conspiración para rebelión.

En esa misma línea, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) afirmó que el Gobierno está al tanto de la situación de Castillo y que el mandatario tiene pleno conocimiento de ello. De igual forma, Arroyo recalcó que no se le otorgará el indulto al expresidente sentenciado.

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"Primero, quiero decirle que eso no existe para nada en este momento. En este Gobierno del presidente José María Balcázar nunca estuvo en agenda (el indulto) y, como lo dijo el ministro de Justicia: para que un indulto esté en agenda, definitivamente, tiene que tener una sentencia firme y no hay nada de eso. Sabemos cómo está la situación del expresidente Castillo", explicó.

"Consecuentemente, tampoco está en agenda. Eso es lo que podemos decir, eso sabe el señor presidente. Conversamos el último martes con el presidente sobre el tema y nos mantenemos en esas palabras que manifesté y lo reafirmo", añadió.

Anotó que en la nueva LOMP se rediseña la investigación del delito. “Hemos estado investigando a las personas, pero no a sus patrimonios. Por ello, debemos complementar la manera tradicional de investigación del delito con la recuperación de los activos generados a partir del delito. Es decir, una investigación patrimonial. Si logramos ello, esa será la manera disuasoria más efectiva contra la delincuencia”, subrayó Gálvez Villegas.

Policía se opone

El debate y la aprobación del proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público estaban previstos para realizarse este martes, 12 de mayo, en la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el congresista Arturo Alegría García, de la bancada de Fuerza Popular.
Sin embargo, pasó a cuarto intermedio para su revisión, luego de que surgieran voces discrepantes. Una de ellas fue la del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, a través de un comunicado.

A través de un comunicado público, el Ministerio del Interior expresó que el proyecto de Ley Orgánica del MP “resulta lesivo en la medida que pretende retirar a la PNP la facultad de realizar investigaciones preliminares”. Asimismo, dice, “se ha identificado que diversas disposiciones del referido proyecto buscan otorgar al Ministerio Público competencias en materia de investigación preliminar, prevención del delito, inteligencia y criminalística, funciones que de acuerdo con la Constitución y el marco legal vigente, corresponden de manera exclusiva a la PNP”.

“Advertimos que la creación de estructuras paralelas de investigación y ciencias forenses, así como la asignación de funciones preventivas al Ministerio Público generaría una duplicidad de gasto público”, subraya el comunicado.

Debate en el Congreso

Durante la sustentación del proyecto de ley, el congresista Wilson Soto (bancada AP) sostuvo la necesidad de actualizar una norma vigente desde hace más de cuatro décadas, por lo que resulta desfasada. La congresista Gladys Echaíz solicitó mayores precisiones sobre la facultad disciplinaria de la institución y otros aspectos del texto. Por ello, pidió que la propuesta sea evaluada con mayor detalle en nuevas sesiones.

En tanto, la congresista Ruth Luque cuestionó la propuesta de organización interna del Ministerio Público y el mecanismo de elección del fiscal de la Nación. Además, afirmó que la Junta de Fiscales le remitió un documento con 26 observaciones que, según señaló, no fueron incorporadas en el texto del predictamen. En ese sentido, pidió ampliar el debate sobre los más de 150 artículos que contiene la propuesta.

“La iniciativa representa una reforma necesaria y responsable para fortalecer el Ministerio Público frente a los desafíos actuales del país”, sostuvo la congresista Maricarmen Alva. Por su parte, el congresista Alfredo Azurín, de Somos Perú, planteó que la reforma también debía considerar un mayor fortalecimiento de la Policía Nacional. Sostuvo que la PNP viene reclamando desde hace cinco años mayores atribuciones. Así, el presidente de la comisión, Arturo Alegría, solicitó que el debate pase a cuarto intermedio para recoger los aportes de los legisladores y pidió a los integrantes del grupo de trabajo que remitan nuevas propuestas de modificación al texto.

Aniversario del Ministerio Público

El Ministerio Público realizó este martes una ceremonia por el 45.° aniversario de creación de la institución, en 1981. De esa misma época data la Ley Orgánica que se quiere actualizar en el Congreso. En su discurso, el fiscal Tomás Gálvez enfatizó las bondades de la nueva Ley Orgánica y los cambios para el desarrollo del trabajo fiscal que introduciría la nueva norma.

Otro tema que busca normar es la elección del nuevo fiscal de la Nación de manera imprevista, fuera de las rotaciones normales de la institución, al establecer un plazo entre el momento del cese y la elección por parte de la Junta de Fiscales Supremos. También se establece el voto dirimente del fiscal de la Nación cuando en la Junta de Fiscales Supremos se produzcan varias votaciones con empates sucesivos que traben la decisión.

“Yo soy inocente y confío en Dios, y que en la (Corte) Suprema esta situación se va a revertir. Si alguien está sumamente interesado en que todo esto se resuelva, señor magistrado, soy yo. No es un tema de solamente la sentencia a favor o en contra; es un tema de mi honor. Como político que he sido durante 30 años, siempre he dado la cara y ese va a ser mi compromiso”, declaró Bermejo y resaltó que el Poder Judicial reconoció en su sentencia que le dieron una pena baja por participar en las audiencias del juicio.

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En esa misma línea, el exparlamentario contó que, cuando se enteró del inicio del juicio, se encontraba en calidad de refugiado y protegido por las Naciones Unidas. En ese contexto, narró, decidió volver al Perú en coordinación con el consulado peruano y la PNP, a pesar de que la ONU le "rogó" que no retornara al país.

"Yo no sé cuántos casos conocen ustedes donde una persona acusada de delitos como estos retorne al país para sufrir la cacería como sufrí yo durante 4 meses y medio solamente por el hecho de querer resolver esta situación del juicio que me tenía dejado en mi patria", expresó.

Por otro lado, Bermejo aseguró que sufrió tortura psicológica y física y que, por esa razón, le otorgaron refugio en la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas.

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Guillermo Bermejo califica como "ejemplar" su actuación en el juicio

En otro momento de su intervención, Bermejo consideró que su actuación en el juicio oral fue "ejemplar" y que su compromiso con la justicia "es evidente". Sustentó que, mientras ejercía como congresista, no utilizó su poder para evadir la justicia.

En tanto, Bermejo mencionó que el día de la lectura de sentencia en su contra, acudió a la sede del Poder Judicial "puntual" y no pidió reprogramar la sesión. Según indicó, cuando se trata de una lectura de sentencia, se tiene como "costumbre" que sea una sentencia condenatoria.

"Les pido esta oportunidad a ustedes para poder resarcir, que la justicia pueda resarcir esto que yo considero injusto. Que Dios los bendiga a todos esta mañana. Muchas gracias", agregó.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Al ser consultado, en entrevista con Canal N, aseguró que desconocían el tema. “Nosotros hacemos un filtro y también el Jurado Nacional de Elecciones lo hace. Si hubiera algún tipo de acusación preliminar, pues que se profundice. Esta señora será investigada por ética. Nosotros no pasamos por agua tibia este tipo de procesos”, indicó.

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Exhortó a no generalizar ese caso a todos los candidatos del partido. “Una cosa es que una persona que postula de pronto se le investigue preliminarmente por cualquier delito y otra es extender este hecho aislado a todos”, comentó.

“Es una acusación preliminar. Tampoco podemos poner una cruz. Si hay un nivel de responsabilidad establecido por el Poder Judicial, pues no tiene nada que hacer en JP”, dijo.

Sobre el caso

De acuerdo con la tesis fiscal, esta red habría comenzado a operar en 2023 dentro del área de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, donde presuntamente se coordinaban intervenciones para recuperar espacios públicos en zonas comerciales del Emporio Comercial de Gamarra. El objetivo se centraba principalmente en los sectores Damero A y B, para liberar esos espacios, dividirlos y posteriormente volver a asignarlos a comerciantes ambulantes a cambio de dinero.

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Según las indagaciones, los comerciantes que buscaban ocupar estos puestos informales debían desembolsar entre S/1.000 y S/5.000, además de realizar pagos semanales y aportes diarios que fluctuaban entre S/10 y S/20, según el tamaño del espacio utilizado. La Fiscalía calcula que esta presunta organización habría obtenido cerca de S/75 millones mediante este esquema ilícito.

En el caso del alcalde Rubén Cano, el Ministerio Público sostiene que habría facilitado el ingreso de determinadas personas al área de fiscalización del municipio en coordinación con funcionarios de su entorno de confianza. Sobre el burgomaestre, se rechazó la detención preliminar, pero se aprobó el allanamiento.

El fiscal adjunto provincial de Lima, Carlos Angelino Córdova, señaló que esta intervención corresponde a un operativo encabezado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú.

Por medio de un comunicado, indicaron que los cuestionamientos “revelan algo más profundo que una simple discrepancia eclesial” y reflejan “la intolerancia” de ciertos sectores frente a un cambio de enfoque: colocar a las víctimas en el centro del proceso.

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Explicaron que durante años las víctimas del ex Sodalicio de Vida Cristiana fueron tratadas como un problema de imagen. “Se intentó reducir sus relatos a exageraciones, resentimientos o conflictos personales”, se lee. Y cuando esa estrategia perdió fuerza, se buscó “desacreditar a las personas quienes dentro de la Iglesia decidieron escucharlas y acompañarlas seriamente”.

Por ello, advierten que existe una “dificultad persistente de ciertos sectores para aceptar que las víctimas ya no ocupen un lugar decorativo o instrumental”.

“Bertomeu no actuó como mediador o negociador de intereses privados”

En ese contexto, la Asociación defiende el rol de Bertomeu como representante de una Iglesia que ha reconocido la gravedad de los abusos.

“No actuó como mediador entre partes equivalentes ni como negociador de intereses privados”, precisan. Por el contrario, su misión se enmarca en un proceso que “culminó incluso en la supresión definitiva del ex SCV, con sanciones específicas a algunos de sus miembros”. Reducir su labor a una disputa coyuntural, advierten, “distorsiona profundamente lo que realmente significó”.

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“Cuando la energía principal se dirige a atacar a quienes escucharon a las víctimas, en lugar de confrontar honestamente los abusos cometidos, el resultado práctico termina siendo siempre el mismo: volver a silenciar a quienes ya fueron silenciados”, advierten.

Finalmente, se cuestionan los argumentos legales esgrimidos contra la misión. “Se dice que Jordi Bertomeu actúa fuera de Vos Estis Lux Mundi. Esta aseveración es falsa”, subrayando que el Papa puede designar visitadores en casos extraordinarios.

Además, se recuerda que el fuero canónico tiene límites frente a estructuras civiles internacionales, pues “los tiempos de la justicia civil no los maneja un sacerdote”.

“Las víctimas no somos ‘capital reputacional’ de nadie. Somos personas con nombre, con vidas, familias y con deudas por cobrar por años de silencio”, anotan.

Los 10 candidatos menos votados al 81.95% en el distrito nacional y 91% en las regiones:

• Víctor Raúl Cutipa Ccama (JP): 1,994 votos
• Jessica Choque Vela (JP): 2,358 votos
• Héctor José Ventura Ángel (FP): 3,130 votos
• Percy Herbert Osorio Palpan (JP): 3,117 votos
• Juana Guisella Ticona Cohaila (Obras): 3,406 votos
• José Berley Arista Arbildo (FP): 3,877 votos
• Miguel Ángel Velásquez García (RP): 5,282 votos
• Segundo Leocadio Tapia Bernal (FP): 5,697 votos
• Juan Carlos Del Águila Cárdenas (FP): 7,935 votos
• Rafael Gustavo Yamashiro Oré (FP): 8,006 votos

Fuerza Popular es el partido que concentra la mayor cantidad de senadores con votación mínima. En el último lugar de toda la lista se encuentra Héctor José Ventura Ángel, electo por Tumbes con apenas 3,130 votos, seguido muy de cerca por José Berley Arista Arbildo, quien representa a Amazonas con 3,877 votos. Ambos obtendrían curules, a pesar de no contar con un fuerte respaldo ciudadano.

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El partido fujimorista también incorpora entre sus filas a Segundo Leocadio Tapia Bernal, electo por Cajamarca con 5,697 votos, y a Juan Carlos Del Águila Cárdenas, representante de Loreto, quien alcanzó los 7,935 votos. Este grupo de bajas votaciones en Fuerza Popular finaliza con Rafael Gustavo Yamashiro Oré por la región Ica, con un total de 8,006 votos.

Juntos por el Perú también presenta figuras que lograron su escaño en regiones con baja representatividad. El caso más notorio es el de Víctor Raúl Cutipa Ccama, quien ingresa por la región Moquegua con 1,994 votos. Le sigue Jessica Choque Vela, electa por Madre de Dios con 2,358 votos, y Percy Herbert Osorio Palpan, quien representará a Pasco tras obtener 3,117 votos.

En las otras agrupaciones, la situación se repite. Por el Partido Cívico Obras, la senadora con menor votación es Juana Guisella Ticona Cohaila, quien logró su escaño por Tacna con apenas 3,406 votos. Por su parte, en Renovación Popular, destaca el caso de Miguel Ángel Velásquez García, quien ingresa para representar a los Residentes en el Extranjero con un total de 5,282 votos, una cifra que contrasta fuertemente con los votos que obtuvieron otros candidatos de su misma agrupación.

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Contraste de votos

Estas proyecciones revelan una brecha en el respaldo ciudadano hacia algunos candidatos a la Cámara Alta, según las votaciones registradas. Tal es el caso de Alfonso López Chau, de Ahora Nación, quien logró captar 200,883 votos. Sin embargo, la presencia del partido es baja al tener solo cuatro escaños. En contraste, candidatos como Héctor Ventura o José Arista, de Fuerza Popular, han asegurado su ingreso con apenas 3,130 y 3,877 votos.

Este fenómeno, conocido como el “efecto arrastre”, permite que los partidos con mayor presencia logren escaños para sus candidatos menos populares. Al sumar la totalidad de votos de una lista, la agrupación obtiene una cantidad de asientos que luego se reparten internamente.

Estos cupos se llenan con los candidatos de su lista, permitiendo que figuras en regiones pequeñas o posiciones secundarias entren al Senado. Así, el voto de un senador elegido por 3,000 personas vale exactamente lo mismo que el de aquel elegido por más de 200,000.

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Esta situación refleja una crisis de representatividad interna en la cámara. Es difícil sostener que existe una igualdad de condiciones cuando senadores como Jaime Delgado (152,107 votos) o Ruth Luque (104,638 votos) obtienen un respaldo 10 o 20 veces mayor que el de sus colegas de las filas fujimoristas.

La distorsión es más notoria cuando se observa a los elegidos por el Distrito Nacional. El exmagistrado Carlos Mesía, por ejemplo, alcanzó su curul con 9,989 votos. Si se compara su caso con el de Mirtha Vásquez, quien entra con 94,733 votos, la diferencia es evidente.

"Candidatos que no responden a un electorado"

En diálogo con La República, Mirtha Vásquez, quien ingresa al Senado con un sólido respaldo, señaló que esta disparidad responde a problemas estructurales. Según explica, aunque el método sea "matemáticamente correcto", falla en la práctica.

"Entran candidatos por este arrastre del símbolo y finalmente no van a responder a ni siquiera un electorado. Hay candidatos con menos de mil votos que no le responden a nadie. Esto es peligroso porque se deja librada la voluntad de estos representantes a una posición personal; no sienten que representan a ningún grupo importante de la población".

Vásquez señala que la falta de elecciones PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) fomenta que los partidos se conviertan en "vientres de alquiler". Según su visión, los políticos no buscan partidos por programas, sino por símbolos que garanticen una votación segura, como ocurre con Fuerza Popular.

Además, propone eliminar el voto preferencial, ya que genera enfrentamientos entre los miembros de una misma organización política.

"El voto preferencial genera una competencia incluso dentro de los mismos partidos. No hay una apuesta por lo programático, sino por competir entre los mismos postulantes. Siempre sale ganando el que tiene más recursos o mayor exposición".

Posibles alianzas en el Senado

Tras los resultados, el Senado queda dividido y la gran pregunta es cómo lograrán concensos. Para la senadora electa, el camino no es sencillo. Ella cree que, aunque en política lo natural es buscar consensos, no se puede pactar con aquellos que, según ella, buscan "capturar" el poder.

Vásquez marca una distancia clara con el fujimorismo y la ultraderecha e indica que la prioridad debe ser defender la democracia. "La preocupación es con estos partidos de ultraderecha, el fujimorismo, en donde no hay principios compartidos y donde no sentimos que hay necesariamente esa intención de construir... tienen por tradición más bien capturar espacios".

Ante este panorama, su propuesta se basa en formar alianzas con los que comparten ideales ligados a la democracia. "Se genera consensos con los que comparten ciertos principios. Realmente estamos en una línea democrática y creo que con las diferencias se puede llegar a consensos".

¿Representación por personas o por partidos?

Para entender esta diferencia, es necesario volver a las reglas del modelo electoral peruano. Según el experto en derecho electoral José Villalobos, la validez de una curul no depende de la popularidad del candidato, sino del peso del partido político.

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“El escaño no lo gana el candidato, lo gana el partido con la votación”, explica Villalobos. Desde esta perspectiva, el bajo número de votos preferenciales de algunos senadores electos no constituye una falta de representatividad, sino que es una consecuencia del diseño del sistema.

“Si tú votas por el partido al Senado, es que el elector quiere que alguien de ese partido lo represente”, afirma el especialista. Villalobos añade que, bajo la ley vigente, “los senadores no se eligen por quién es el más votado como senador. Los senadores se eligen por qué partido ha sido más votado”.

La barrera electoral

El sistema también establece filtros que pueden dejar fuera a candidatos con alto respaldo si su agrupación no logra pasar la valla. Villalobos menciona que el éxito personal es insuficiente si no va de la mano con el éxito del grupo: “Por más que tu candidato individualmente esté entre los más votadas, pero el partido en su conjunto no es el más votado, no entra”.

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Esto quiere decir que el sistema electoral peruano prioriza la votación del partido en conjunto sobre el voto preferencial. Como señala Villalobos, “la curul no la gana el candidato, la gana el partido con los votos por el partido”. Este diseño está enfocado en que los partidos con mayoría de votos tengan una mayor representación, aunque ello signifique que, internamente, ingresen candidatos con votaciones menores por arrastre.

Por su parte, Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, sostuvo que existe un problema estructural de escasa legitimidad política de los partidos que han alcanzado escaños en esta elección. Según dijo, los votos nulos y blancos han sido un número importante.

“Las votaciones son bien pobres. Por ejemplo, el partido que ha logrado la mayor votación, en el caso presidencial, está en un 17% de los votos válidamente emitidos. Es poquito. Igual en el ámbito parlamentario son pocos votos”, mencionó para La República.

Jáuregui indicó que la fragmentación finalmente jugó a favor de los partidos porque, con poco respaldo, mantendrán representación congresal. “Los partidos políticos han perdido las elecciones desde el 2011 en adelante, sobre todo Fuerza Popular. Han atacado al Ejecutivo, han roto la Constitucional, se han producido golpes de Estado, y finalmente han cambiado las reglas de juego para fragmentar”, sentenció.

En el comunicado, Primero La Gente rechaza la posibilidad de un gobierno de Fuerza Popular. "Rechazamos unánimemente al fujimorismo, heredero de la séptima dictadura más corrupta de la historia de la humanidad, y responsable del quiebre institucional, abuso de poder, violación de derechos, inestabilidad y aumento del crimen en la última década", se lee. Según el partido, otorgar el poder absoluto a Fuerza Popular permitiría garantizar impunidad y perpetuarse en el poder.

Para evitar dicho escenario, Primero La Gente ofreció un acuerdo político a Juntos por el Perú. El comunicado destaca que, pese a las diferencias que los separan, el partido liderado por Roberto Sánchez ha demostrado una conducta distinta en el actual Parlamento.

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"Reconocemos, así, que la ejecutoria de JP en el actual Congreso ha tenido importantes diferencias con las del fujimorismo. Por ejemplo, en los reiterados pedidos de vacancia de JP contra Dina Boluarte, desde que se dieron las matanzas en el Sur del país, mientras que el fujimorismo la blindaba".

El apoyo a Juntos por el Perú se plantea como un "apoyo crítico" sujeto a compromisos. Entre los puntos exigidos por Primero La Gente figuran la derogatoria de las leyes procrimen, el fortalecimiento de la separación de poderes, la estabilidad fiscal, el crecimiento económico sostenible y la defensa irrestricta de los derechos humanos.

A nivel porcentual, Keiko Fujimori figura en el primer lugar en las Elecciones Generales 2026 con 17,178%. En segundo lugar permanece Sánchez con 12,019% y, un poco más atrás, López Aliaga alcanza 11,909%. Al cierre de la nota, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha contabilizado 99,904% de actas.

Con la tendencia de los resultados y el inminente cruce entre Fujimori y Sánchez por el balotaje, ambos candidatos continúan con sus actividades de campaña.

La lideresa de Fuerza Popular estuvo en Puerto Pizarro, en la región Tumbes, junto a pescadores artesanales en su denominada “ruta del diálogo”.

Al ser increpada sobre la multa impuesta a su partido por mal uso del financiamiento público directo, señaló que sus viajes pagados a California fueron de “carácter académico” y que apelarán la sanción.

Además, se refirió al pedido de prisión de la Fiscalía contra Roberto Sánchez por presuntos delitos de falsa declaración y falseamiento de información ante la ONPE.

“Lo que todos exigimos es que un proceso judicial tiene que ser transparente, de respeto absoluto al debido proceso, porque aquí quienes ponen en riesgo su prestigio es el propio Ministerio Público”, aseveró.

Por su parte, el postulante de JP participó la tarde de ayer —en su calidad de congresista— en el aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

“Desde Juntos por el Perú reafirmamos nuestro compromiso con una educación pública gratuita, científica y de calidad, que abra oportunidades para nuestra juventud y construya una patria con justicia social, dignidad y desarrollo para todos”, dijo con motivo de esta celebración.

Asimismo, sobre la acusación del MP, se defendió y señaló que el caso ya había sido archivado por el Poder Judicial. “No se puede construir una condena sobre hechos que ya fueron descartados por la propia justicia”, acotó.

Aclaró que participará en la audiencia programada y descartó que su partido haya recibido ingresos de fondos públicos entre los años 2018 y 2020.

JEE continúan proclamación de resultados

Mientras el conteo llega a su desenlace, los Jurados Electorales Especiales (JEE) realizan la proclamación de resultados en sus respectivas jurisdicciones. De los 60 a nivel nacional, 16 ya han concluido este procedimiento.

A nivel regional, se trata de los JEE de Cangallo, Chanchamayo, Huancayo, Huaraz, Huaura, Jaén, Lambayeque, Leoncio Prado, Santa y Trujillo. Estos 10 representan la conclusión de 39 provincias a nivel nacional.

Son, además, ocho departamentos cuyos resultados parciales ya se vienen oficializando: Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque y Lima.

En el caso de Lima, los JEE de Lima Centro 1, Centro 2, Oeste 1, Oeste 3, Sur 1 y Sur 2 también proclamaron sus resultados, según el registro oficial en la plataforma del JNE.

Solo en el caso de Lima Sur 2, que agrupa a los distritos de Villa el Salvador y Villa María del Triunfo, se suspendió momentáneamente la audiencia de lectura de resultados debido a un recurso de nulidad presentado por Renovación Popular. Esta solicitud ya fue declarada improcedente por el JNE y solo está pendiente la publicación de la resolución en El Peruano.

ONPE defiende contratación de empresa auditora

La ONPE brindó una conferencia para responder a los cuestionamientos sobre la contratación de la empresa que auditó el proceso de la primera vuelta.

Al respecto, se defendió y señaló que realizó hasta tres convocatorias y que las dos primeras fueron declaradas desiertas. Luego de ello, invitó a 11 empresas internacionales para que ofrecieran su servicio de auditoría, pero solo dos se presentaron.

“El 4 de noviembre, se dio la contratación con la empresa y para ese entonces no se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado”, sostuvieron respecto a la sanción de 11 meses que tuvo M&T Corporation en 2016 por presentar información inexacta.

Roberto Montenegro Vega, gerente de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, precisó que la auditoría fue por 168 días y comprendía la revisión del código fuente, la seguridad informática y la funcionalidad de las plataformas.

La ONPE aseguró que la auditoría determinó que, a nivel funcional y para la suma de votos, los sistemas de cómputo que se iban a utilizar en la primera vuelta se encontraban “aptos”.

Se trataba del cuestionado Sistema STAE, del Sistema de Cómputo Electoral (SCE) y de la Presentación de Resultados. Sobre ellos, indicó, no se encontraron problemas de vulneración.

"El santo pueblo ya habló. El primer tiempo ha acabado y ahora vamos al segundo tiempo; las lecciones de nuestra sociedad nos dicen que a nadie se le ha dado la mayoría absoluta", señaló con confianza.

Durante su intervención, Sánchez atribuyó este resultado a una respuesta directa de los sectores más vulnerables del país. "Yo lo tomo con bastante serenidad, porque ese pueblo profundo, excluido, el más pobre del Perú, es el que después de 30 años no siente la estabilidad macroeconómica", afirmó el candidato.

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De cara a lo que sería una segunda vuelta contra Keiko Fujimori, Sánchez precisó la importancia de la descentralización, así como de unir fuerzas para que prevalezca la democracia. "Este miércoles necesitamos entonces un esfuerzo grande, para alinear un mensaje de paz, de desarrollo humano, de justicia social, de democratización de la riqueza de nuestra patria, de la hora de los pueblos olvidados, también a construir su propia historia y defender sus significados".

Sánchez ganó en Amazonas (36%), Cusco (22,8%), Huancavelica (43,3%), Huánuco (29,8%) y Puno (24,9%). Por su parte, Keiko Fujimori hizo lo propio en Callao (20,6%), Ica (20%), Junín (17%), La Libertad (20%), Lambayeque (26%), Loreto (28%) y Tumbes (34%).

Jorge Nieto obtuvo mayoría en Arequipa, su ciudad natal, con 18,6%, y Belmont en Tacna, con 14%.

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Mientras tanto, 10 regiones aún no alcanzan el conteo al 100%. Sin embargo, a nivel general, los dos primeros lugares los ocupan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

A la fecha, la lideresa de Fuerza Popular ha recorrido localidades como Loreto y Ocollo, mientras que Sánchez ha priorizado entrevistas, reuniones con su equipo técnico y otras actividades sin salir de Lima.

El candidato de Juntos por el Perú no ha registrado actividades fuera de la capital. También sostuvo una reunión con Hernando Cevallos y José Domingo Pérez, integrantes de su equipo técnico en materia de salud y justicia, respectivamente.

En cuanto a actividades proselitistas, el candidato participó en un mitin en Huaycán, acompañado de figuras como Brígida Curo, candidata a la vicepresidencia en su plancha presidencial. Durante el evento, Sánchez criticó la narrativa de fraude impulsada por representantes como Rafael López Aliaga.

Por su parte, Fujimori visitó Loreto y otras zonas de la Amazonía peruana. Durante su estancia en la selva, la candidata fujimorista reivindicó la figura del dictador Alberto Fujimori y afirmó que, de ganar las elecciones, conduciría el país siguiendo sus enseñanzas. Asimismo, criticó la falta de acción del Estado durante gobiernos anteriores.

14 regiones que llegaron al 100% en el conteo oficial

Uno. Amazonas

• Roberto Sánchez (36%)
• Keiko Fujimori (17%)

Dos. Arequipa 

• Jorge Nieto (18,6%)
• Ricardo Belmont (10%)

Tres. Callao 

• Keiko Fujimori (20,6%)
• Rafael López Aliaga (15%)

Cuatro. Cusco

• Roberto Sánchez (22,8%)
• Ricardo Belmont (15,7%)

Cinco. Huancavelica

• Roberto Sánchez (43,3%)
• Ricardo Belmont (13,5%)

Seis. Huánuco 

• Roberto Sánchez (29,8%)
• Keiko Fujimori (15%)

Siete. Ica

• Keiko Fujimori (20%)
• Carlos Álvarez (11,5%)

Ocho. Junín

• Keiko Fujimori (17%)
• Roberto Sánchez (12%)

Nueve. La Libertad

• Keiko Fujimori (20%)
• Jorge Nieto (9,8%)

10. Lambayeque 

• Keiko Fujimori (26%)
• Roberto Sánchez (10%)

11. Loreto 

Keiko Fujimori (28%)

Carlos Álvarez (11%)

12. Puno 

• Roberto Sánchez (24,9%)
• Ricardo Belmont (17,7%)

13. Tacna 

Ricardo Belmont (14%)

Roberto Sánchez (11,9%)

14. Tumbes

Keiko Fujimori (34%)

Carlos Álvarez (14,8%)

La iniciativa, que promueve el congresista Fernando Rospigliosi y que reforma el artículo 324-A del Código Penal, busca blindar a los investigados por crímenes de lesa humanidad; así como a las personas involucradas en violaciones de derechos humanos.

De esta manera, el delito de lesa humanidad se tipificara en los ciudadanos que realicen un ataque generalizado contra una población civil por temas de origen, raza, religión, cultura; así como a un “grupo humano que no es parte de un combate interno o externo”.

Dicho delito también recaerá en la persona que realice un ataque planificado contra una política de gobierno o una colusión con un grupo armado para cometer referidos atentados.

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Al respecto, Julissa Mantilla, excomisionada Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló a este medio que la definición de lesa humanidad que promueve el Congreso no va de acuerdo a lo establecido por el Estatuto de Roma.

Según dijo, esta ley deja la puerta abierta para que los miembros de las fuerzas armadas, policía nacional y MRTA no puedan ser condenados por dichos crímenes.

“Cuando el proyecto dice que el ataque será con la población civil que no sea parte de un combate externo o interno. Esta parte busca excluir a todas las personas que están involucradas en violaciones de derechos humanos durante un conflicto armado interno”, sostuvo.

Mantilla indicó que Víctor Polay y el propio Quispe Palomino “camarada José” fueron sentenciados por crímenes de lesa humanidad, por lo que las condenas no solo recaen en integrantes de la policía y fuerzas armadas como lo expuso el congresista Rospigliosi durante el debate.

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Añadió, además, que el Estatuto de Roma no habla de una determinada población civil porque eso podría ser excluyente (beneficiosa para investigados).

“Este proyecto de ley tiene una serie de requisitos que no están contemplados en el Estatuto de Roma. Incluso en las discusiones previas se quitó ese elemento porque implicaba establecer diferenciaciones que podían llevar a confusión y ser muy ambiguo”, apuntó.

Carlos Rivera, representante de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, expuso que el fujimorismo pretende introducir esta nueva ley, porque las anteriores —la de prescripción y la de amnistía— simplemente no se han aplicado.

“Los jueces decidieron inaplicar la ley de prescripción justamente por considerarla una norma contraria al derecho internacional y, en aplicación del control de convencionalidad, optaron por no aplicarla. El fujimorismo se encuentra ahora ante una situación en la que hizo una oferta a sus aliados, los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, prometiéndoles que los iba a liberar”, manifestó.

Rivera mencionó que la nueva ley incorpora reglas probatorias que vulnera el Código Penal cuando refiere que los delitos van a ser cometidos a través de directivas, planes de operaciones y órdenes. Sostuvo que la razón de esta modificatoria tiene como objetivo interferir en la autonomía de los jueces.

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"Eso es prueba y es incorrecto establecer en un tipo penal. Tú lees el Código Penal y en ninguna norma penal existen reglas de prueba porque las reglas de prueba son las que se tienen que desarrollar en una actividad de investigación o una actividad judicial. La razón por la cual se incorporan estas reglas de prueba es que es una violación de la autonomía jurisdiccional que tienen los magistrados".

Durante el debate, casi nadie se opuso a la ley fujimorista, solo la congresista Ruth Luque alzó su voz de protesta y especificó que la propuesta busca evitar que los jueces generen la posibilidad de aplicar el control de convencionalidad.

Opiniones sobre el proyecto

Sobre la nueva ley de lesa humanidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recomendó que se debe suprimir la mención expresa a temas de raza, origen, religión porque no está señalado así en el Estatuto de Roma. Advirtió que los delitos de lesa humanidad sean desarrollados en una ley especial.

El Ministerio de Defensa informó que la norma debe ser coherente con los tratados internacionales. Expresó que una norma penal adecuada y coherente permitirá la paz social.

La Procuraduría General del Estado consideró los requisitos de la ley debería ir en línea de la jurisprudencial del la Corte Penal Internacional para definir los elementos constitutivos del delito.

La Defensoría del Pueblo dijo que la norma está incluyendo requisitos adicionales no señalados en el Estatuto de Roma.

“Debe incluirse un enfoque de derechos humanos para tomar en cuenta el impacto diferenciado en poblaciones especialmente vulnerables e históricamente postergada”, indicó.

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En su opinión, la propuesta toma como pretexto el conveniente pedido del Tribunal Constitucional del Pacto para desarrollar la figura de lesa humanidad, pero restringe los supuestos de su aplicación, a diferencia del Estatuto de Roma.

"En realidad, su objetivo es extender la impunidad a los nuevos casos de violaciones a derechos humanos perpetrados como los del Gobierno de Dina Boluarte", escribió en sus redes sociales.

Durante el debate en la sesión, Luque también mostró su negativa a la propuesta y aseguró que las sentencias de organizaciones terroristas sí consideran sus actos como graves violaciones a los derechos humanos.

Ruth Luque sostiene que dictamen debió ser revisado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Asimismo, alertó que el dictamen se ha revisado con una inusual celeridad y que debió ser revisado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

"Entiendo que hay una agenda pro impunidad por parte del autor de esta iniciativa, pues no es la primera. (…) Para mí esto configura impunidad. Es una iniciativa que se ha presentado el 30 de marzo de 2026, ha sido derivada únicamente a esta Comisión y, al tratarse de una reforma del Código Legal, debió ser derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos."

Esto se debe a que la mayoría de parlamentarios argumentó que el delito de lesa humanidad no está contemplado en el Código Penal y que únicamente se ha aplicado a militares y policías, mas no a terroristas. Además, se acogieron a una supuesta persecución política.

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Debate en el Congreso

La congresista Adriana Tudela alegó que cuando un delito no prescribe durante varios años se trata de persecución.

"Este delito siempre se ha aplicado con una motivación política detrás. Es importante que identifiquemos quién es el sujeto activo del delito. En Perú se acusa únicamente a autores estatales de delitos de lesa humanidad. A miembros de organizaciones terroristas nunca se les aplica la figura", dijo.

Consideró que, si ello no se modifica, sería un instrumento para "mantener juicios abiertos hasta el infinito sin ningún tipo de seguridad jurídica para las personas".

Estos argumentos fueron similares a los de los parlamentarios Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez y Gladys Echaíz.

"En primer lugar, este proyecto de ley responde a una explicita recomendación del TC cuando declararon constitucional la Ley 30107 y dijeron que solo podía aplicarse a partir del año 2002. Ellos señalaron que se venía aplicando de manera irregular. Todos los delitos de lesa humanidad son para militares y policías", refirió Rospigliosi, asegurando que esa figura nunca se aplicó a quienes "dañaron al país" y que se trata de un "delito que no existe en el Código Penal".

Dictamen fue aprobado por mayoría

Con 16 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por el congresista Arturo Alegría García (Fuerza Popular), aprobó modificar el Código Penal para incorporar una regulación específica sobre los delitos de lesa humanidad.

Según el texto aprobado, incurre en delito de lesa humanidad quien, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y siendo consciente de ello, cometa actos como homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada o tortura.

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Asimismo, la propuesta establece penas que van desde los 30 años de prisión hasta la cadena perpetua, siempre que se cumplan condiciones como la existencia de un ataque de carácter generalizado o sistemático, que las víctimas sean civiles y que el autor actúe con conocimiento de ese contexto.

El dictamen añade que, si un hecho no reúne estos elementos, deberá ser procesado como un delito común, con las sanciones correspondientes previstas en el Código Penal.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en Junín, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Junín EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

• 3.691 actas procesadas
• 100% votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Junín

• Keiko Fujimori - 17,085%
• Roberto Sánchez - 12,303%
• Ricardo Belmont - 11,164%
• Alfonso López Chau - 11%
• Jorge Nieto - 7,967%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en La Libertad, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en La Libertad EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

• 5.302 actas procesadas
• 100% votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en La Libertad

• Keiko Fujimori - 20,250%
• Jorge Nieto - 9,811%
• Roberto Sánchez - 9,460%
• Rosario Fernández - 8,854%
• Rafael López Aliaga - 8,199%

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Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

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Resultados ONPE en Lambayeque EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

• 3590 actas procesadas
• 100% votos

Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Lambayeque

• Keiko Fujimori - 26,394%
• Roberto Sánchez - 10,738%
• Jorge Nieto - 10,328%
• Carlos Álvarez - 9,241%
• Rafael López Aliaga - 8,589%

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Resultados ONPE en Loreto EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

• 2.697 actas procesadas
• 100% de los votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Loreto

• Keiko Fujimori - 28,338%
• Carlos Álvarez - 11,838%
• Roberto Sánchez Palomino - 9,851%
• César Acuña - 6,695%
• George Forsyth - 6,930%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en Puno, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Puno EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

• 3.397 actas procesadas
• 100% de los votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Puno

• Roberto Sánchez - 24,959%
• Ricardo Belmont - 17,707%
• Alfonso López Chau - 11,338%
• Yonhy Lescano - 11,073%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en Tacna, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Tacna EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

• 1.041 actas procesadas
• 100% de votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Tacna

• Ricardo Belmont - 14,632%
• Roberto Sánchez - 11,909%
• Jorge Nieto - 11,439%
• Alfonso López Chau - 9,933%
• Carlos Álvarez - 7,318%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

Una de las metas más importantes del mencionado pacto es que cada país asegure la conservación efectiva del 30% de sus áreas marinas. En el caso del Perú, lamentablemente, solo se ha alcanzado el 8%. Lo más alarmante es que no existe una prohibición aplicada de manera efectiva a actividades pesqueras de gran escala en parte de ellas. El plazo para alcanzar la meta es el 2030.

El dictamen aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAE), que se encuentra pendiente de debate y aprobación en el Congreso, podría representar un paso significativo hacia el fortalecimiento de las Áreas Naturales Protegidas, en particular para impedir el acoso de las pesqueras industriales.

Sin embargo, el tiempo se acaba. Al finalizar la presente legislatura, el dictamen se archivaría y se perdería una oportunidad única para proteger nuestras Áreas Marinas Protegidas.

Al mismo tiempo que se han reportado incursiones de embarcaciones industriales en zonas protegidas, como la bahía de Paracas, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) ha presentado iniciativas legales y judiciales para que se le permita emprender extracciones de especies en tales áreas.

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Una acción urgente

Ese esfuerzo empresarial ha colisionado con una reciente decisión de la Corte Suprema, en enero de este año, que rechazó el pedido de la SNP para pescar en Paracas y reafirmó la prohibición de la extracción industrial en dichas zonas.

De acuerdo con los fundamentos del dictamen, “las áreas naturales protegidas juegan un rol clave en la conservación de la biodiversidad, así como en la mitigación y adaptación al cambio climático”.

Y añade que, “para lograr sus objetivos y generar los beneficios socioeconómicos esperados, es imperativo que las actividades de aprovechamiento de recursos naturales en su interior sean compatibles con las mismas”.

Esa es la tendencia mundial, y Perú se ha sumado a pactos y compromisos en ese sentido. Sin embargo, cuando la CPAAAE consultó a la Sociedad Nacional de Pesquería su punto de vista, esta opinión fue contra la corriente del empeño por fortalecer las áreas naturales.

De no discutirse ni aprobarse el dictamen de la CPAAAE en el periodo legislativo que concluye, sería un punto a favor de los intereses de la SNP.

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Lo que dicen los privados

“La SNP estima que la iniciativa es inconstitucional y carece de sustento técnico de adecuada motivación”, señala el informe de la CPAAAE.

Para la SNP, “el Proyecto de Ley propone una prohibición absoluta de pesca de mayor escala sin tomar en cuenta la existencia de usos y zonas diferentes de áreas naturales protegidas y sin permitir que sea la autoridad competente, en cada caso concreto, la que determine las zonas y las restricciones que puedan imponerse”.

Pero también reclama que “el Proyecto de Ley desconoce los derechos adquiridos y plantea una prohibición absoluta que desconoce el principio constitucional de proporcionalidad”, argumentos cuestionados por la Corte Suprema.

El proyecto de ley de la CPAAAE propone que el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos “no debe perjudicar el cumplimiento de los fines para los cuales se ha establecido el área, quedando prohibida la pesca de mayor escala al interior de las áreas naturales protegidas, marinas o continentales, cualquiera sea su categoría o zonificación”.

Empero, sectores interesados en el Congreso boicotean el debate de un dictamen que garantizará la seguridad de las áreas protegidas, como ocurre en otros países.

En Ecuador, la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Provincia de Galápagos prohíbe la pesca industrial. En Colombia, la Resolución N.° 1908 del 2017 también restringe la pesca industrial dentro del Santuario de Flora y Fauna Malpelo. Chile prohíbe la pesca de mayor escala en los parques marinos, conforme a la Ley General de Pesca y Acuicultura. El Perú no puede darse el lujo de no seguir esta tendencia.

“Si hay desorden, no podemos encontrar celulares, no podemos encontrar droga, no podemos encontrar armas punzantes. La idea es que las condiciones en los penales permitan mejorar el trabajo de control y de seguridad”, sostuvo.

Además, precisó que la estrategia no se limita a construir más cárceles. “Tenemos que tomar medidas de corto y mediano plazo, y eso es lo que estamos haciendo aquí”, dijo tras supervisar el traslado de 48 internas del penal de Mujeres de Chorrillos al establecimiento penitenciario Virgen de Fátima.

La operación se realizó este miércoles por la mañana con el apoyo de más de 50 agentes del Inpe.

El titular del sector Justicia señaló que la medida busca identificar establecimientos con sobrepoblación y redistribuir a internas en unidades con capacidad disponible. “El penal de Fátima tenía unidades de albergue disponibles. Sin embargo, hay que seguir trabajando porque esto no es suficiente”, afirmó Jiménez Borra.

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En esa línea, el ministro alertó que algunos penales, como Bagua, Tacna y el Callao, presentan sobrepoblación crítica. "Este es un tema que impide que podamos garantizar el orden y la seguridad de los penales y su manejo”, explicó.

Además, detalló que las 48 internas pertenecen al régimen de mínima seguridad, el mismo que predomina en el penal de destino. “Las de máxima y mediana seguridad no pueden ir para ese establecimiento. Solo el universo de las que tienen menor rigurosidad son las que han sido seleccionadas”, aclaró.

El ministro Jiménez Borra anunció que en los próximos días verificará las condiciones del penal en su totalidad. “Personalmente voy a estar en pocos días para verificar las condiciones en las que se encuentra todo el penal, no solamente las nuevas internas”, explicó.

Finalmente, subrayó que, además de mejorar el control, la medida busca ofrecer mejores condiciones de internamiento para las internas, muchas de las cuales se encuentran en situaciones poco razonables por la sobrepoblación.

El ministro estuvo acompañado por el director de la Oficina Regional Lima del Inpe, Milton Guevara Mendoza. La acción fue ejecutada por personal de seguridad penitenciaria del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Así, el Minjusdh destacó que estas medidas buscan redistribuir a la población penitenciaria femenina hacia establecimientos que cuentan con capacidad disponible.

Por su parte, el presidente del Inpe, Henry Cotos Ochoa, señaló que el personal penitenciario de tratamiento y seguridad trabaja intensamente en la coordinación y evaluación de los centros penitenciarios y de la población penal que será trasladada para cumplir con los objetivos trazados.

Antes de su reubicación, las internas fueron sometidas a evaluaciones médicas y controles establecidos en los protocolos de seguridad penitenciaria.

Actualmente, el penal Mujeres de Chorrillos alberga a 806 internas, pese a tener una capacidad de 450, situación que evidencia el nivel de sobrepoblación existente.

Frente a ello, el Inpe continúa ejecutando acciones orientadas a mejorar las condiciones de internamiento, garantizar una adecuada administración penitenciaria y reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.

Este procedimiento, que busca fortalecer la eficiencia y la transparencia del sistema de justicia, comprende la evaluación de 256 jueces y 234 fiscales a nivel nacional. La evaluación parcial de desempeño es un mecanismo obligatorio aplicado a los magistrados titulares cada tres años y seis meses. A diferencia de los procesos de ratificación, esta evaluación es preventiva.

De acuerdo con la guía metodológica del procedimiento, el objetivo es “conocer el rendimiento y méritos de los jueces, así como detectar las necesidades de capacitación o recomendar la incorporación de mejores prácticas para optimizar la impartición de justicia".

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¿Qué se evalúa?

Según las indicaciones para esta convocatoria, la JNJ calificará dos ejes:

1. Integridad: Se analiza la conducta ética y el compromiso con los valores institucionales. Esto incluye dimensiones como la transparencia, la independencia y la responsabilidad.

2. Medición de conocimientos: Se evalúa la actualización jurídica y la capacidad analítica de los magistrados. Además, se consideran criterios como:

• Razonamiento jurídico: lógica y coherencia en la aplicación de normas.
• Argumentación: capacidad de sustentar decisiones basadas en doctrina y jurisprudencia.
• Redacción: uso preciso del lenguaje jurídico y claridad estructural.

Calendario del proceso de evaluación

El periodo de apersonamiento para los magistrados, encabezados por Burneo Bermejo, se realizará del 12 de mayo al 10 de junio. Posteriormente, entre el 11 de junio y el 12 de octubre del 2026, la Comisión, junto a un equipo multidisciplinario, medirá los conocimientos y la integridad en los distintos distritos judiciales y fiscales del país.

La etapa final del proceso se desarrollará entre octubre y noviembre con la formulación de los informes individuales, los cuales serán llevados al Pleno de la JNJ para su aprobación. La guía señala que el informe final contendrá una "evaluación integral de los logros, aportes, competencias, potencialidades, limitaciones y oportunidades de mejora". Los resultados serán notificados entre el 1 y el 7 de diciembre del 2026.

Este proceso tiene consecuencias en la carrera del magistrado. Si se identifican debilidades, la JNJ dispondrá la participación obligatoria en programas de la Academia de la Magistratura (AMAG). Como señala el documento, estas recomendaciones buscan "favorecer el desarrollo personal y profesional del magistrado" y garantizar que el sistema de justicia peruano cuente con autoridades capacitadas y competentes en su materia.

tras los reclamos sobre retrasos en la entrega de material electoral durante la jornada del 12 de abril. El undécimo Juzgado Constitucional Permanente de Lima se declaró incompetente para tramitar dicha demanda y la derivó al Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional.

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Falta de argumentos constitucionales

Tras evaluar el caso, la referida Sala identificó “falta de claridad en la condición jurídica del demandante y sus pretensiones constitucionales”, lo cual incurre en las omisiones previstas en el artículo 121 del Código Procesal Civil.

En Poder Judicial explicó que el recurso solicita la nulidad de una decisión del JNE, lo que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puede ser evaluado siempre que se acredite una vulneración constitucional.

Sin embargo, el juzgado señala que la demanda no precisa de qué manera se habría producido dicha afectación ni qué tipo de control constitucional se busca aplicar.

Además, mencionan que el pedido de convocar a elecciones complementarias, al considerar que no se encuentra respaldado en una norma expresa y que la convocatoria de un nuevo proceso electoral le corresponde al presidente, quien no ha sido incluido en la demanda.

Según el análisis, el accionante se presenta como ciudadano individual —lo que implicaría la defensa de su derecho al voto—, pero al mismo tiempo invoca normas que lo habilitarían a actuar en representación de los vecinos de Lima.

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Imprecisión en la legitimidad: ¿Reggiardo demanda como ciudadano o como alcalde de Lima?

Otra de las razones de la inadmisibilidad es que el juzgado identificó una “dualidad incompatible”, pues no queda claro si la demanda se presenta como persona natural o como autoridad.

En el caso de hacerlo como alcalde de Lima, quien debería figurar como demandante es la Municipalidad Metropolitana de Lima como entidad pública; mientras que, si actúa como ciudadano, se trataría de una demanda a título personal.

“El accionante se presenta con sus generales de ley como ciudadano individual, lo cual remitiría a una defensa de su derecho al sufragio. Sin embargo, invoca el artículo 20, inciso 1, de la Ley Orgánica de Municipalidades para justificar su intervención en defensa de los vecinos de Lima”, se lee.

Asimismo, indican que no se ha acreditado una afectación directa ni se ha presentado un documento formal que autorice al funcionario a intervenir en calidad de autoridad.

Reggiardo tiene 3 días para subsanar lo observado, de lo contrario se archivará el expediente.

Lima encabeza la lista de las regiones que elegirán la mayor cantidad de alcaldes con 171. Le siguen Áncash y Cajamarca con 166 y 127, respectivamente. Luego se ubican Ayacucho (124), Junín (124), Cusco (116), Puno (110), Arequipa (109) y Huancavelica (102).

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Después figuran Apurímac (85), Amazonas (84), Huánuco (84), La Libertad (83), San Martín (78), Piura (65), Loreto (53) e Ica (43).

Mientras que las regiones que elegirán a menos de 40 alcaldes son Lambayeque (38), Pasco (29), Tacna (28), Moquegua (21), Ucayali (19), Tumbes (13) y Callao (7).

El 17 y 24 de mayo se desarrollarán las elecciones primarias

Con miras a definir a sus candidatos, un total de 76 organizaciones políticas realizarán sus elecciones primarias el próximo 17 y 24 de mayo.

El domingo 17 se desarrollarán las elecciones primarias por afiliados. En esta modalidad, los afiliados podrán elegir a sus candidatos para el gobierno y vicegobierno regional, consejero regional, alcalde y regidor provincial, así como alcalde y regidor distrital. Solo dos movimientos regionales, Pasco Joven y Arequipa Avancemos, eligieron este proceso.

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Por su parte, 74 organizaciones políticas optaron por la modalidad de delegados. Los precandidatos serán elegidos por representantes de los afiliados. Se trata de 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales.

En esta modalidad, la elección se divide en dos etapas. El 17 de mayo, los afiliados a las organizaciones políticas elegirán a sus delegados en una elección interna y, posteriormente, el 24 de mayo, los delegados electos definirán las candidaturas para los comicios.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en atención a ello, inició la impresión de las cédulas de sufragio que se utilizarán en las elecciones primarias para las organizaciones que optaron por la modalidad de afiliados, informó Gustavo García, gerente de Gestión Electoral de la ONPE.

Precisó que se imprimirán más de 9.000 cédulas de votación, incluidas las de reserva, y prevén concluir dicha actividad el martes 12 de mayo.

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El 1 de junio vence el plazo para que el JNE proclame los resultados de las elecciones primarias. Posteriormente, el 16 de junio culminará el periodo para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales. Luego, el 5 de agosto se darán a conocer las listas admitidas y vencerá el plazo para formular el retiro de listas y renuncias. El 20 de agosto es la fecha límite para que se resuelvan las tachas y exclusiones en primera instancia. Finalmente, el 5 de septiembre quedarán establecidas las candidaturas definitivas que competirán en los comicios.

El sorteo de miembros de mesa será el 26 de julio.

Lima concentra el mayor número de electores

A nivel nacional, serán 26.375.611 ciudadanos quienes elegirán a más de 13.000 autoridades, como 25 gobernadores, 25 vicegobernadores, 342 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.714 regidores provinciales, 1.694 alcaldes distritales y 9.036 regidores distritales.

El departamento de Lima concentra el mayor número de electores, con 8.729.535, seguido de La Libertad (1.569.381), Piura (1.551.763), Arequipa (1.237.696), Cajamarca (1.211.286), Cusco (1.144.622), Junín (1.074.449), Lambayeque (1.062.732), Áncash (979.551), Puno (970.635), Loreto (785.611), San Martín (732.276), Ica (722.443), Huánuco (663.261), Ayacucho (525.302), Ucayali (461.012), Apurímac (365.335) y Amazonas (349.288).

En contraste, los departamentos con menor cantidad de electores son Madre de Dios, con 150.164, seguida de Moquegua (166.254), Tumbes (183.306), Pasco (224.946), Tacna (305.570) y Huancavelica (341.668).

Sobre el proceso de votación, durante su presentación ante la Comisión de Constitución, Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, precisó que el uso de ese sistema para las elecciones de octubre dependerá del nuevo jefe que asuma frente al organismo electoral.

Alcaldía y Gobierno Regional de Lima: nombres de posibles precandidatos

El Congreso dispuso que, para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, los partidos políticos puedan recurrir a la figura de invitados para postular a cargos de gobernador o alcalde.

En el caso de Lima, la mayoría de partidos aún no ha definido a su representante para la alcaldía. Sin embargo, algunos de los nombres que se mencionan son Carlos Bruce, de Surco, por Somos Perú, y Francis Allison, de Magdalena, por Avanza País.

Asimismo, a inicios de este año, la congresista Susel Paredes anunció su candidatura a la alcaldía de Lima por el partido Ahora Nación, con la intención de competir en las elecciones 2026. La parlamentaria precisó que su postulación se encuentra condicionada al proceso de elecciones internas de la agrupación política.

Para el cargo de gobernador regional de Lima, este medio identificó la eventual postulación de Rafael Santos, exalcalde de Pueblo Libre, quien postuló en 2022 como candidato al gobierno regional de Lima por Renovación Popular.

José Bautista Rubio, exfiscal provincial en Huaura, ha iniciado, a través de sus redes sociales, su campaña por el cargo de gobernador regional de Lima mediante el movimiento PRIN (Partido Regionalista de Integración Nacional).

A su vez, Ramón Aldave, esposo de la actual gobernadora regional de Lima, postuló por el partido Alianza para el Progreso (APP) como diputado en las últimas elecciones, pero no logró ser elegido.

Para el cargo de gobernador regional del Callao, se espera la candidatura de Pedro Spadaro Philipp, quien estuvo hasta hace un mes en la alcaldía chalaca, cargo al que renunció, según ley, para postular a un cargo público. Si bien no ha hecho oficial su candidatura al gobierno regional del Callao, continúa realizando proselitismo mediante activaciones en el Callao y su pódcast, 'Habla Pelao'. En las elecciones presidenciales, acompañó y apoyó a Rafael López Aliaga en el último tramo de su campaña. Iría como eventual candidato de Renovación Popular.

También figura Dante Mandriotti, exgobernador chalaco, quien ha compartido en sus redes sociales su intención de postular al gobierno regional del Callao. Esta vez, lo hará con Acción Popular.

Finalmente, Carlos Cox, exalcalde de Carmen de la Legua, postuló al Senado por el Callao con la agrupación Somos Perú en las últimas elecciones presidenciales.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en Ica, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Ica EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

• 2.443 actas procesadas
• 100% votos

PUEDES VER: Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga: el conteo de votos y las actas observadas definirán el segundo lugar

Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Ica

• Keiko Fujimori - 20,320%
• Carlos Álvarez - 11,591%
• Ricardo Belmont - 10,677%
• Jorge Nieto - 9,865%
• Rafael López Aliaga - 9,384%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

Las elecciones municipales representan una oportunidad para más de un partido que quedó debilitado tras las elecciones generales. Agrupaciones que no superaron la valla electoral podrán participar en estos comicios, pese a ya no contar con inscripción vigente ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

De los partidos participantes, 38 concurrirían a sus elecciones primarias con una sola lista. Esto implica que únicamente deberán ratificar sus candidaturas mediante el voto de sus militantes o delegados, según el mecanismo que determine cada organización política.

En tanto, cuatro partidos sí realizarían elecciones primarias con más de una lista presidencial en competencia. De esta manera, la mayoría de candidaturas municipales quedarían prácticamente definidas sin necesidad de atravesar una primera fase competitiva.

Las elecciones primarias municipales se celebrarán este 24 de mayo. En total, 13 partidos han presentado precandidatos provenientes de sus propias filas, mientras que 29 agrupaciones optaron por postulantes invitados.

Susel Paredes, Francis Allison y Carlos Bruce entre los más voceados

Desde mediados de octubre del 2025, Susel Paredes ha sido clara respecto a sus intenciones de postular a la Municipalidad de Lima. En una reciente conversación con Pedro Salinas para la señal de La República, la congresista aseguró que comenzará su campaña municipal a inicios de agosto. Paredes postulará con Ahora Nación, partido del cual es militante.

La candidata de Ahora Nación cuenta con experiencia en gestión municipal. Durante la administración de Susana Villarán, Paredes fue gerenta de Fiscalización y Control. Sus labores continuaron en 2019, cuando asumió la Gerencia de Fiscalización de La Victoria bajo la gestión de George Forsyth. Posteriormente, ocupó un cargo similar en la Municipalidad de Magdalena.

Paredes afirmó que considera positiva una eventual competencia con Carlos Bruce. Ambas figuras políticas pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. La congresista señaló que ello es una señal de que Lima está cambiando, aunque sostuvo que aún persiste una ofensiva ultraconservadora en la capital.

Por su parte, Francis Allison también ha declarado sus intenciones de participar en los próximos comicios municipales. A inicios de octubre, el actual alcalde de Magdalena anunció que competirá por suceder a Renzo Reggiardo en la Municipalidad de Lima. Allison es precandidato de Avanza País, agrupación golpeada tras perder su inscripción en las recientes elecciones generales.

Carlos Bruce también buscará convertirse en burgomaestre. El excongresista, exministro y actual alcalde de Santiago de Surco solicitó recientemente una licencia sin goce de haber que iniciaría un mes antes de los comicios municipales.

Al igual que Allison, Bruce postulará con un partido afectado por la pérdida de su inscripción tras no superar la valla electoral en las elecciones generales. Somos Perú será la agrupación que postule a Techito. Pese a ello, el partido del corazón ha sido reconocido durante años por su tradición municipalista y por obtener resultados en gobiernos locales de distintos distritos.

Rudecindo Vega y Oswaldo Vargas también postularán

Otros candidatos también han anunciado sus intenciones de participar en la contienda edil. Rudecindo Vega, exministro de Trabajo durante el gobierno de Ollanta Humala, anunció que participará en los comicios representando a Primero la Gente, partido liderado por Marisol Pérez Tello.

“Nosotros como Primero la Gente vamos a ir con la mayor esperanza de que sean elecciones limpias, justas y transparentes que nos permitan elegir una gestión municipal y recuperar la ciudad de Lima del desastre que nos están dejando las últimas gestiones, incluida la actual”.

Para el candidato de Primero la Gente, es necesario integrar a la ciudadanía al debate municipal y establecer nuevas estrategias contra la delincuencia.

“Tenemos que recuperar un municipio que permita la participación de los vecinos. Todas las últimas gestiones han ahuyentado a los vecinos de la gestión municipal, cuando esta se caracteriza por promover la participación vecinal. Estoy convencido de que esto ha sido así porque su participación evita la corrupción. Nosotros creemos que hay que recuperar la participación vecinal para brindar servicios de seguridad. Hay que dar el salto cualitativo para que las municipalidades ayuden en la lucha contra el crimen, brindando seguridad ciudadana y no solo comprando patrulleros y arreglando uno que otro semáforo”, declaró a este diario.

Vega también apostó por trabajar con organizaciones como el programa Vaso de Leche y los comedores populares. Además, consideró que debe implementarse un programa municipal de recreación y actividad deportiva.

Oswaldo Vargas es otra de las figuras que postula a la alcaldía de Lima. El ingeniero químico participará con Juntos por el Perú, partido liderado por Roberto Sánchez.

Vargas tiene experiencia tanto perdiendo como ganando elecciones. Postuló en tres ocasiones a la alcaldía distrital de Lurigancho-Chosica —dos con Perú Posible, extinto partido liderado históricamente por Alejandro Toledo, y otra con Podemos Perú, agrupación liderada por José Luna— antes de ser elegido para ese cargo en 2022 con su actual partido, en lo que fue su cuarto intento.

Otras figuras voceadas

También, a finales del 2025, la presentadora de televisión Sofía Franco presentó su precandidatura. Franco actualmente es militante de Fe en el Perú, partido liderado por su expareja Álvaro Paz de la Barra. Su candidatura iba a formar parte de una alianza con Progresemos Perú, agrupación liderada por Paul Jaimes. Sin embargo, finalmente Jaimes sería quien postule a este cargo en representación de su partido. El líder de la agrupación fue candidato presidencial en estas elecciones generales y solo obtuvo el 0,39% de los votos válidos a nivel nacional hasta el momento.

En Acción Popular se han presentado tres listas para participar en elecciones primarias y elegir al representante final. La primera lista está liderada por Luis Enrique Gálvez, exregidor de Lima; la segunda, por Alberto Tejada, exalcalde de San Borja y exministro de Salud; por último, la tercera está encabezada por Jheidy Quiroz, quien fue teniente alcalde en la gestión de Miguel Romero.

Entre las figuras políticas, hay quienes todavía no han confirmado sus intenciones de participar e, incluso, las han negado; sin embargo, continúan siendo mencionados para representar a sus partidos en la elección. Renzo Reggiardo y Richard Acuña son dos de los nombres voceados para tentar el sillón municipal.

El primero es el actual alcalde de Lima y representante de Renovación Popular. En recientes declaraciones, Reggiardo afirmó que no tiene intención de presentarse a las elecciones municipales. El político aseguró que su principal objetivo es enfocarse en los meses que le quedan como autoridad edil, luego de asumir el cargo en reemplazo de Rafael López Aliaga tras su renuncia.

Pese a ello, usuarios en redes sociales señalaron que el antecedente de López Aliaga —quien aseguró que no renunciaría a la alcaldía para postular a la presidencia— mantiene abierta la posibilidad de que Reggiardo finalmente participe en estos comicios.

Como alcalde, Reggiardo ha mantenido una posición alineada con su partido. Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima se contrataron abogados para impugnar una decisión del Jurado Nacional de Elecciones sobre elecciones complementarias en favor de la agrupación celeste.

Por su lado, Richard Acuña ha sido voceado para tentar el gobierno local limeño en octubre de este año. Alianza para el Progreso (APP) sufrió un duro golpe tras perder su inscripción a nivel nacional luego de que la candidatura presidencial de su padre, César Acuña, no reuniera los votos suficientes para superar la valla electoral. El hijo de César Acuña fue congresista por APP entre 2011 y 2019.

De acuerdo con trascendidos periodísticos, Richard Acuña es uno de los militantes apepistas mencionados para continuar en la carrera electoral por la Municipalidad de Lima. Hasta el momento, el también presidente del club deportivo Universidad César Vallejo no ha confirmado ni descartado dicha posibilidad.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en Huánuco, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

PUEDES VER: Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Resultados ONPE en Huánuco EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

• 2.341 actas procesadas
• 100% votos

PUEDES VER: 27 partidos políticos obtuvieron menos del 2% de votos: APP, Perú Libre, Avanza País no lograron el respaldo ciudadano

Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Huánuco

• Roberto Sánchez - 29,851%
• Keiko Fujimori - 15,452%
• Ricardo Belmont - 14,102%
• Rafael López Aliaga - 5,885%
• Alfonso López Chau - 5,883%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en Huancavelica, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Huancavelica EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

• 1.273 actas procesadas
• 100% votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Huancavelica

• Roberto Sánchez - 43,372%
• Ricardo Belmont - 13,540%
• Alfonso López Chau - 9,243%
• Keiko Fujimori - 7,071%
• Rafael López Aliaga - 2,356%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en el Callao, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en el Callao EN VIVO al 100%: quién ganó en las Elecciones 2026

• 2.898 actas procesadas
• 100% votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en el Callao

• Keiko Fujimori - 20,678%
• Rafael López Aliaga - 15,020%
• Jorge Nieto - 14,988%
• Carlos Álvarez - 12,113%
• Ricardo Belmont - 8,153%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La ONPE es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en Arequipa, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Arequipa EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

• 4.215 actas procesadas
• 100% votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Arequipa

• Jorge Nieto - 18,642%
• Ricardo Belmont - 10,916%
• Rafael López Aliaga - 10,592%
• Roberto Sánchez - 10,085%
• Alfonso López Chau- 9,312%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en Amazonas, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Amazonas EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

• 1.278 actas procesadas
• 100% votos

Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Amazonas

• Roberto Sánchez - 36,253%
• Keiko Fujimori - 17,363%
• Ricardo Belmont - 10,637%
• Alfonso López-Chau - 5,976%
• Rafael López Aliaga - 3,689%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

Así lo describió en su cuenta de 'X' ese día: “Muy contenta de iniciar, junto a miembros de Fuerza Popular, una visita académica en California, Estados Unidos. Esta invitación significa una gran oportunidad para intercambiar experiencias con universidades e instituciones políticas y empresas de tecnología”.

Pero cuando los verificadores de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) de la ONPE cruzaron la información de la candidata, encontraron que durante su estadía se dedicó a actividades de su agenda personal, a un “tour turístico”, y no precisamente concurrió a una capacitación académica, como mencionó.

Keiko Fujimori declaró a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que destinó S/27.927 al viaje y la estadía en San Francisco, dinero que forma parte del fondo de financiamiento público directo de los partidos.

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Sin embargo, según estableció la ONPE, la Ley de Organizaciones Políticas N.° 28094 no contempla los gastos que hizo Keiko Fujimori en Estados Unidos. Según su reporte migratorio, la candidata de Fuerza Popular salió del país el 25 de mayo y regresó el primero de junio de 2024.

Pero, como es característico en el comportamiento político de Keiko Fujimori y del fujimorismo, la aspirante presidencial no aceptó responsabilidad alguna. Más bien, sin presentar pruebas, afirmó que el informe de la ONPE sería un ataque político. La fiscalización se hizo en la actual gestión del jefe interino Bernardo Pachas Serrano, y no en la del extitular Piero Corvetto, como señalan erróneamente los fujimoristas en las redes sociales.

“La ONPE está tan desacreditada con sus formas de actuar... Lo único que nosotros podemos decir es que todo esto va a ser apelado y estoy segura que vamos a ganar”, declaró Keiko Fujimori a los medios, sin explicar los fundamentos de la sanción impuesta por la ONPE.

Fuerza Popular ha sido sancionada con una multa de S/198.000 por destinar fondos públicos a gastos no autorizados por la ley.

El cuestionamiento central de la ONPE radica en que Keiko Fujimori informó que se trasladaría a EE. UU. para desarrollar un programa de conferencias y reuniones en los condados de San Francisco, Marin, Santa Clara y Sacramento, California. Además de “visitas a las sedes de diversas compañías mundiales de alta tecnología en San Francisco, Napa Valley, y a la sede del Parlamento Estatal en Sacramento”.

Empero, al revisar la documentación sustentatoria de las actividades, los fiscalizadores concluyeron lo siguiente: “Se encuentra acreditado que en ninguno de los documentos que respaldan la actividad bajo análisis se visualiza que se trate o, por lo menos se haga referencia, a una capacitación (técnica) o similares”.

También verificaron que “al revisar la página web institucional de la universidad que brindó la actividad, se observa que no forma parte de su oferta educativa”.

Por si fuera poco, “las visitas a universidades de renombre internacional, la reunión con el Cónsul General del Perú en San Francisco, las visitas a las sedes de empresas líderes en tecnología, así como la visita al Capitolio de California en Sacramento (...) no se enmarca en una actividad de capacitación”, se indica en el informe.

Incluso, la ONPE aclara que las simples reuniones con profesores o personalidades no implican capacitaciones académicas. “Es evidente que las meras visitas protocolares, reuniones o conversaciones con determinadas personas no logran constituirse en actividades de capacitación”, concluye el informe.

En una entrevista para el programa 'Beto a saber', la abogada detalló que García consultó directamente a los entonces candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Ollanta Humala, sobre su disposición frente a esta medida.

“Lo que voy a contar a continuación me lo contó Alan García, y no deja bien a mi buena amiga Keiko, pero dice que les preguntó a Keiko y a Humala finales de su gobierno, o sea, finales del 2011, si antes de irme yo indulto”, relató en referencia al etnocacerista y al exdictador Alberto Fujimori.

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Flores Nano sostuvo que habría una consideración política, ya que Alan García necesitaba el respaldo de los candidatos que pasaban a segunda vuelta en ese momento. Tras la revelación, el conductor Beto Ortiz respaldó la versión. “Yo también he escuchado ese chisme y no es de peluquería. Tengo fuentes que me han contado”, expresó.

La abogada continuó con su relato y mencionó que las respuestas fueron distintas. “Ollanta dijo sí, y mi buena amiga Keiko dijo no”.

El exmandatario salió de prisión en diciembre de 2023. Ello ocurrió tras un fallo del Tribunal Constitucional que validó el indulto concedido originalmente en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. La orden de libertad se cumplió pese a los cuestionamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se oponía a la salida del exdictador.

La conversación surgió a raíz de un debate sobre los rumores del indulto a Pedro Castillo. Flores calificó como una coincidencia la designación de Leslie González Cabanillas, abogada de origen chotano e hija de amigos cercanos a Castillo, en la Comisión de Gracias Presidenciales.

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Para la abogada, un eventual indulto sería una "clarísima intromisión en un proceso que está en curso" y un acto de "politiquería" para favorecer a un aliado. Además, también opinó sobre la renuncia de Álvaro Hensler de Transparencia, organización que promueve la observación electoral. “Me da la impresión que ha caído un poco en la ideologización de sus miembros”, señaló.

El pitazo inicial lo realizó el Jurado Electoral Lima Centro 1 ayer al mediodía. En una audiencia pública se leyeron los resultados correspondientes a los distritos de Breña, Jesús María y Lince.

En esas tres jurisdicciones se contabilizaron 1.816 mesas, 1.755 actas contabilizadas y 61 actas observadas. En total, 417 mil electores votaron en esos distritos y todas las mesas se instalaron.

En Breña, Rafael López Aliaga obtuvo 18.411 votos, seguido por Jorge Nieto con 13.683 y Keiko Fujimori con 11.518. La situación en Jesús María y Lince no fue muy distinta: López Aliaga alcanzó 30.684 y 19.656, respectivamente; Nieto, 19.926 y 11.966; y Fujimori, 9.662 y 7.694.

Tras la lectura de la resolución, se concluyó la sesión y los miembros del Jurado Electoral Especial (JEE) firmaron el acta para dar conformidad al veredicto. Cabe precisar que los personeros de los partidos políticos también debían suscribir este documento, pero no había ninguno presente.

De igual forma, el JEE de Lambayeque informó que concluyó el conteo de votos en las provincias de Trujillo y Virú. En estas dos jurisdicciones se instalaron 1.392 y 283 mesas, respectivamente. Y se registraron en total 1.525 actas contabilizadas y 150 observadas (31 de ellas fueron sometidas al recuento de votos).

Avance del conteo al 100%

Hasta el momento, en lo que respecta a Lima, 29 de los 43 distritos ya han completado el conteo del 100% de sus actas. Se espera que hoy los Jurados Electorales Especiales realicen la proclamación de resultados.

Asimismo, a nivel de regiones, 11 de las 25, según la web de la ONPE, ya culminaron el conteo. De las restantes, en su mayoría, han sobrepasado el 99%. Solo San Martín (98,4%), Piura (98,3%), Ucayali (98%) y Madre de Dios (97,4%) van con cierto retraso.

El resultado en los distritos limeños confirma el apoyo mayoritario a la candidatura de Rafael López Aliaga. En 26 de ellos, el candidato de Renovación Popular aparece en primer lugar, mientras que en los otros 17 las preferencias van para Keiko Fujimori. Entre ambos se reparten la totalidad de estas jurisdicciones y en ninguna aparece Roberto Sánchez entre los tres primeros.

Sin embargo, la mirada a nivel regional es muy distinta. El líder de Juntos por el Perú obtuvo el primer lugar en 11 regiones (tres de ellas ya con el 100% de actas contabilizadas). Igual número ostenta Fujimori (siete de ellas ya con el 100% de actas contabilizadas).

Por su parte, Belmont gana en Tacna y Nieto en Arequipa. Rafael López Aliaga solo aparece entre los tres primeros lugares en Arequipa (tercera posición) y Callao (segunda posición).

Intentos por retrasar resultados

De esta forma, la proclamación oficial de los resultados continúa, pese a los intentos y pedidos de un sector liderado por el candidato Rafael López Aliaga de alargar la contienda en primera vuelta.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo —que presentó, a nombre de la Municipalidad de Lima, un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la decisión del JNE de declarar inviables unas elecciones complementarias— instó al TC a pronunciarse sobre su medida cautelar, antes de que se anuncien los resultados del 12 de abril.

“En tanto esos vecinos no voten, desde mi modesta opinión, es un resultado ilegítimo. El derecho a votar tiene que resarcirse y es por eso que invocamos al Tribunal Constitucional para que emita una opinión en estas horas, porque no vaya a ser que lo haga luego de que el Jurado Nacional de Elecciones de sus resultados oficiales”, sostuvo.

El burgomaestre insistió en que “cientos de miles” de limeños no pudieron votar. Alegó que si su pedido es resuelto luego de que el JNE emita sus resoluciones, el Tribunal Constitucional le dirá que “actuó fuera de plazo”.

Resultados de los peruanos en el extranjero

El JEE Lima Centro 2 proclamó los resultados de la elección presidencial correspondiente al distrito electoral de peruanos en el extranjero. Esta jurisdicción registró 2.543 mesas de sufragio instaladas, distribuidas en los cinco continentes. 48 mesas no lograron ser instaladas.

En total, 411.007 ciudadanos en el extranjero emitieron su voto, de un total de 1.192.224 electores hábiles, según informó el JEE. Los votos nulos fueron el 6,9% y los blancos alcanzaron el 18,2%. Aquí Rafael López Aliaga obtuvo el primer lugar con el 24,9%, seguido de Keiko Fujimori con 17% y Carlos Álvarez con 11,8%.

La agenda consiste en el debate de cuatro predictámenes. Tres de estos documentos recomiendan el archivo de las iniciativas, mientras que uno sugiere la inhibición por falta de competencia, debido a que las propuestas coinciden con leyes ya vigentes o presentan dificultades de implementación jurídica.

El primer punto de la agenda es el Proyecto de Ley 13678, de autoría de la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani. La propuesta plantea crear un módulo público dentro del Registro Único de Víctimas y Personas Agredidas (RUVA) para exhibir datos y fotos de agresores sexuales sentenciados. Sin embargo, el predictamen negativo señala que la medida contraviene el artículo 139 de la Constitución sobre la resocialización del penado y la Ley de Protección de Datos Personales. El informe también catalogó el proyecto como innecesario, pues el intercambio de esta información ya se realiza entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional.

“Constituye una medida redundante que no aporta un valor agregado sustancial al sistema de prevención vigente, por lo que no supera el análisis de necesidad exigido por la racionalidad normativa, quedando desvirtuado el principal sustento de la propuesta legislativa”, se lee en el documento.

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Al respecto, en diálogo con La República, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advirtió que la Comisión de la Mujer insiste en medidas que no atacan la raíz del problema. "Hay que fortalecer los mecanismos ya existentes y dotar de presupuesto a las políticas de prevención de la violencia sexual, en lugar de normalizar la violencia o buscar soluciones que no terminan solucionando un problema que es estructural", señaló.

Asimismo, se analizará el Proyecto de Ley 13891, presentado por la parlamentaria Nieves Limachi Quispe. Esta iniciativa busca prohibir la exposición de menores de cinco años a situaciones de riesgo o hechos delictivos. El predictamen negativo concluye que la propuesta es reiterativa, ya que el ordenamiento jurídico actual, a través de la Ley 30364 y el Código de los Niños y Adolescentes, ya establece mecanismos de protección y sanciones para estas situaciones.

Según el documento, el proyecto solo expresa un buen deseo o una intención, pero no establece mandatos claros ni soluciones prácticas para la ciudadanía. Por otro lado, la iniciativa viola la Constitución al proponer medidas que generarían gastos públicos, una facultad que los congresistas no tienen, ya que solo el Poder Ejecutivo puede decidir sobre el uso del presupuesto nacional. Además, se calificó a la propuesta como 'inoficiosa'.

“La norma declarativa está constituida por una afirmación pura y simple que constituye un mandato, sin requisitos ni supuestos previos; y tienen la particularidad excepcional de carecer de un supuesto explícito (…) Conforme al artículo 79 de la Constitución, los congresistas no están facultados para ello [generar gasto], toda vez que es competencia del Ejecutivo, en el marco de la atribución establecida en el numeral 17 del artículo 118 de la Constitución, la presentación de iniciativas que generen gasto”.

Para la especialista, este proyecto carece de una revisión profunda sobre la realidad social. "Al no distinguir entre un acto delictivo y una situación de precariedad, la ley permitiría intervenciones desproporcionadas contra familias pobres, muchas veces indígenas o migrantes, que trabajan en las calles por falta de oportunidades, criminalizando la pobreza en lugar de ofrecer soluciones", explicó Pariona a este medio.

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Por otro lado, la comisión evaluará el Proyecto de Ley 13924, impulsado por el congresista Esdras Medina Minaya, de Renovación Popular. El proyecto propone modificaciones para supervisar el régimen de visitas y fortalecer la tenencia compartida. Sin embargo, el informe de los expertos recomienda su archivo al considerar que la iniciativa es repetitiva respecto a la Ley 31595. El predictamen sostiene que la supervisión ya forma parte de las atribuciones actuales de los jueces de familia, por lo que la norma no modificaría la situación jurídica existente.

“Esta Comisión concluye que si bien el problema que expresa el proyecto de ley es real y el derecho de los niños y adolescentes al vínculo con ambos progenitores merece plena tutela estatal, la solución planteada resulta inoficiosa porque duplica funciones que el ordenamiento jurídico ya atribuye a los Equipos Multidisciplinarios del Poder Judicial, vulnera la distribución orgánica de competencias al asignar al Congreso una atribución reservada al Poder Ejecutivo en materia de organización ministerial, e interfiere en la fase ejecutiva de los procesos judiciales de familia, invadiendo la esfera exclusiva del Juez especializado”.

Pariona coincidió en que el Parlamento suele legislar sobre funciones que ya están vigentes. "El problema rebasa a iniciativas que duplican normas. Las políticas de infancia terminan siendo la última rueda del coche: no tienen presupuesto ni personal suficiente, y las soluciones no pasan por crear más leyes inoficiosas, sino por una política integral de protección social real", enfatizó.

El último tema en agenda es la evaluación del Proyecto de Ley 3679 de la congresista Katy Ugarte, el cual busca declarar de interés nacional la protección de datos personales de menores en entornos digitales. En este caso, el predictamen recomienda derivar el Proyecto de Ley a la Comisión de Justicia, ya que la propuesta está vinculada a la protección de datos personales y entornos digitales. Además, según el documento, la iniciativa de la congresista Ugarte “tienen la particularidad excepcional de carecer de un supuesto explícito y, por lo tanto, no se adecúan a la fórmula general y son dictadas como afirmaciones válidas por sí mismas”.

Sobre la falta de sustento en estas propuestas, la experta cuestionó las prioridades de la agenda legislativa liderada por Milagros Jáuregui. "Mientras otras formas de violencia contra la infancia están invisibilizadas, nos gustaría ver que la Comisión se preocupe por temas reales, como las niñas de la Amazonía que esperan justicia o la educación sexual integral para evitar embarazos forzados", sentenció.

La sesión de este 12 de mayo determinará si estos proyectos pasan al archivo o si los congresistas sustentan cambios que reviertan lo dicho en los informes.

En el documento, los rectores calificaron como "sumamente grave" que el Congreso haya intentado acelerar la aprobación de esta norma mediante mecanismos que evitan un análisis profundo. Según el registro oficial del portal legislativo, el proyecto fue exonerado de dictamen por acuerdo de la Junta de Portavoces, lo que permitió que la propuesta pasara directamente al Pleno sin pasar por la Comisión de Educación.

Para la Junta Nacional de Rectores, es inaceptable, ya que se ha impedido el debate sobre una materia que "compromete la autonomía y la estabilidad democrática de las universidades públicas". Los rectores advirtieron que esta forma de legislar vulnera la gobernabilidad universitaria y genera una incertidumbre innecesaria en el sistema educativo nacional.

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Durante la sesión del Pleno del pasado 7 de mayo, se presentó una cuestión previa para que el proyecto se evalúe en la Comisión de Educación. Sin embargo, el pedido fue rechazado con 47 votos en contra, provenientes mayoritariamente de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso. Tras este rechazo, el proyecto pasó a cuarto intermedio, lo que indica que la votación se retomará más adelante.

Cabe resaltar que los voceros de las bancadas de Juntos por el Perú y la Bancada Socialista oficializaron el retiro de sus firmas del proyecto. Asimismo, la organización señaló que, mientras se intenta alterar con urgencia las reglas electorales, existen temas críticos que el Congreso debería atender con prioridad. Entre ellos mencionaron la crisis presupuestal que atraviesan las casas de estudio, la implementación de las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), la mejora del bienestar estudiantil y el financiamiento de programas como Beca 18, además de la actualización de la remuneración docente.

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El comunicado también rechaza el argumento de que esta medida busque el "fortalecimiento del sistema universitario". Por el contrario, los rectores sostienen que la propuesta debilita la institucionalidad. Recalcaron que cualquier cambio en la reelección debe ser consensuado de manera transparente con docentes, estudiantes y trabajadores administrativos.

La Junta Nacional de Rectores reafirmó su compromiso con la defensa de la autonomía universitaria reconocida en la Constitución y advirtió que cualquier alteración sin consenso académico podría afectar directamente a miles de estudiantes y trabajadores a nivel nacional. Por ello, instó a los parlamentarios a actuar con responsabilidad y respeto por la democracia universitaria.

“Lo que ha hecho el Congreso contra Delia Espinoza es un acto condenable de persecución política por parte de una mayoría parlametnaria abusiva, vengativa y autoritaria. (…) Ahora pretenden impedir que Delia Espinoza continúe en el cargo de decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), función que asumió legitimamente tras ser elegida hace menos de dos meses en un proceso electoral limpio. (…) Lo que buscan, en realidad, es aislar progresivamente y eliminar a sus adversarios políticos”, apuntó.

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El exlíder de la Diviac expresó su solidaridad con Espinoza. Además, aseguró que estos hechos contribuyen a la imagen negativa del actual Parlamento.

“La Dra. Espinoza fue destituida como fiscal suprema a través de una cuestioanda e injusta decisión adoptada por una Junta Nacional de Justicia que hoy opera en función de los intereses del Congreso. Por ello, expreso mi profunda solidaridad con la Dra. Delia Espinoza por el hostigamiento político que viene recibiendo por parte de este Congreso saliente que, lejos de intentar redimir su imagen ante el país, insiste en pasar a la historia de la manera más infame y autoritaria posible”, señaló.

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Delia Espinoza: colectivos rechazan nueva inhabilitación de la exfiscal de la Nación

Tras la aprobación en el Congreso de una nueva inhabilitación contra Delia Espinoza, actual decana del CAL, distintos colectivos ciudadanos anunciaron una movilización en su respaldo. Mediante publicaciones y afiches difundidos en redes sociales, convocaron a la población a concentrarse este martes 12 de mayo a las 5.00 p. m. en el jirón Junín 480, en el Cercado de Lima, a pocos metros del Parlamento.

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La protesta es promovida por organizaciones como Colectivo Mujeres Unidas, Justicia y Democracia y Derechos Humanos Perú. Desde estos grupos cuestionaron la actuación del Congreso y sostuvieron que la sanción impuesta contra Espinoza constituye un acto de abuso de poder y una forma de presión contra representantes del sistema de justicia.

En los mensajes compartidos por las agrupaciones se insiste en que ninguna autoridad debería ser perseguida por cumplir sus funciones. Además, las piezas gráficas incluyen frases como “No es justicia, es abuso de poder”, “La dignidad no tiene precio” y “Hoy la atacan a ella, mañana pueden ir por ti”. Los colectivos también convocaron a un “acto de mujeres en desagravio” y exhortaron a la ciudadanía a no normalizar “el abuso, el desgobierno, la intimidación y la corrupción”.

La convocatoria es impulsada por agrupaciones como Colectivo Mujeres Unidas, Justicia y Democracia, y Derechos Humanos Perú. Los organizadores cuestionan la actuación del Congreso frente a Delia Espinoza y aseguran que la medida aprobada por el Parlamento representa un abuso de poder y un intento de intimidación contra autoridades del sistema de justicia.

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Los mensajes compartidos por los colectivos también remarcan que 'ninguna persona debe ser perseguida por hacer su trabajo'. En las piezas gráficas aparecen frases como 'No es justicia, es abuso de poder', 'La dignidad no tiene precio' y 'Hoy la atacan a ella, mañana pueden ir por ti'. Otra de las convocatorias plantea un 'acto de mujeres en desagravio' a la exfiscal de la Nación y resalta pedidos de respeto a la institucionalidad.

Colectivos expresaron públicamente su respaldo a Delia Espinoza e invitaron a los ciudadanos a sumarse a la movilización convocada cerca del Congreso. En uno de los mensajes difundidos en redes sociales, los organizadores señalaron que el país no debe 'normalizar el abuso, el desgobierno, la intimidación y la corrupción'.

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Delia Espinoza cuestiona permanencia del Congreso tras su inhabilitación

La exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, criticó duramente al Congreso luego de que el Parlamento aprobara una nueva inhabilitación en su contra por 10 años. En declaraciones difundidas por medios de comunicación, la abogada afirmó que los actuales legisladores "no se dan cuenta de que se van a ir tarde o temprano", en referencia al poder temporal que ejercen desde el Legislativo.

Espinoza también cuestionó las decisiones adoptadas por el Congreso contra autoridades del sistema de justicia. Según indicó, las medidas aprobadas por el Parlamento afectan la independencia de instituciones encargadas de investigar casos de corrupción y delitos de poder. La exfiscal sostuvo que las acciones tomadas en su contra responden a intereses políticos y no a criterios estrictamente jurídicos.

Las declaraciones de Delia Espinoza se difundieron pocas horas después de que el Congreso oficializara la segunda inhabilitación en su contra, sanción que le impide ejercer cargos públicos durante 10 años. La medida fue aprobada por el Pleno del Parlamento luego de que se redebatiera la primera votación que impidió sancionarla. Con esta decisión, la exfiscal de la Nación suma una nueva sanción impuesta por el Legislativo.