“Ellos como observadores pueden anotar estas irregularidades. Yo supongo que hay mecanismos de recomendación que podrían ir dándose en la interna”, dijo a Latina.

Resaltó que su objetivo con la reunión es evitar un “escándalo internacional” el 5 de octubre, un día posterior a las elecciones.

“Buscamos que esta elección no sea invalidad, que exprese el sentir de los limeños. Esperamos que el JNE tome las acciones necesarias para que así sea”, agregó.

A su vez, resaltó que él es uno de los candidatos que más ha hecho público su malestar por la situación de López Aliaga.

Horas antes de presentarse ante la OEA, Bruce mencionó en entrevista a Exitosa su preocupación por una “serie de irregularidades”.

"Recibo muchas muestras de cariño de la gente, pero sí estoy preocupado por una serie de irregularidades que hasta ahora no se resuelven y me obligan a estar con la delegación de observadores de la OEA para hacérselo saber", manifestó.

Resaltó que su reclamo no va contra López Aliaga, sino contra el JNE: "Yo no le echo tanta culpa al candidato, salvo que haya hecho alguna cosa ilícita y yo no tengo pruebas de eso. Es el jurado el que tiene en sus manos pronunciarse".

"¿Cómo puede ser que faltando tres días no se sepa quién es el candidato al alcalde?”, añadió.

JNE suma cuestionamientos de parte de candidatos

Al igual que Bruce, Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima por Ahora Nación, también reprochó el actuar del JNE.

Calificó de “cobardía” el que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no defina si, de ganar la lista de Renovación Popular, le entregará las credenciales a Rafael López Aliaga, pese a que faltan solo días para las elecciones.

“Me parece un escándalo mundial que hoy (jueves 1), el último día en que se pueden hacer manifestaciones públicas, si López Aliaga va a recibir las credenciales o no. Lo que me parece más desacreditable de este proceso es al demora. Esta demora es una cobardía”, expresó a Exitosa.

En ese contexto, se refirió a las expresiones del ex candidato presidencial contra Roberto Burneo, presidente del JNE. “Si te amenazan con el morrocoy, pídele a la Policía dos efectivos más (de seguridad), pero no por tu cobardía vas a poner en riesgo un proceso electoral tan importante como el de las elecciones regionales y municipales”, anotó.

El candidato de Avanza País, Francis Allison consideró que el Jurado Nacional de Elecciones si acreditará a Rafael López Aliaga si su partido gana las elecciones este domingo, por los antecedentes que ha tenido la institución dirigida por Burneo.

“Estoy absolutamente convencido (que el JNE le entregará a López Aliaga las credenciales de alcalde) porque lo han dejado renunciar a un cargo irrenunciable por la Constitución, el cargo de senador es irrenunciable”, subrayó.

Los votos a favor del archivamiento provinieron de congresistas de Juntos por el Perú. La presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, fue la primera en pronunciarse a favor de esta opción. Le siguieron sus compañeros de bancada Jessica Pérez, Oswar Cahuaza, Analí Márquez y Graciela Chipana.

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Los votos en contra del archivamiento provinieron de congresistas de Fuerza Popular y de otras agrupaciones como Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras.

Entre los 15 congresistas que se opusieron al archivamiento se encuentran Fernando García (PBG), Heber López (Obras), Arturo Alegría (FP), Karina Beteta (FP), Pier Figari (FP), Marco Pacheco (FP), Georgina Duarte (PBG), Frank Krklec (RP), Roxana Rocha (RP), Víctor Piñán (Obras), César Muedas (AN), Freshma Buitrón (AN), Flor Meza (FP), Ana Patiño (FP) y Romina Uribe (PBG).

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Comisión de Constitución continúa debatiendo texto sustitutorio

Luego de votar si el proyecto de delegación de facultades debía pasar al archivo, la Comisión de Constitución continuó con el debate de un texto sustitutorio presentado en respuesta al pedido original del Poder Ejecutivo. Esta nueva propuesta aborda dos puntos fundamentales: el fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana.

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El texto sustitutorio fue presentado por tres bancadas: Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras. La iniciativa funciona como un dictamen consensuado a partir de las propuestas planteadas por estas tres organizaciones.

En Fuerza Popular, la presentación del nuevo dictamen no fue bien recibida. Los integrantes de la bancada señalaron que no podían votar a favor de la propuesta si antes no se detallaban sus alcances. Ante ello, la diputada Georgina Duarte (Buen Gobierno) pidió un cuarto intermedio para que los integrantes de Fuerza Popular pudieran familiarizarse con el contenido de la iniciativa. El pedido fue aceptado por la presidencia del grupo de trabajo.

El caso estuvo relacionado con aportes atribuidos a las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa. Según la imputación fiscal, Flores Nano habría recibido entre US$10.000 y US$15.000 de Odebrecht, además de US$100.000 de Camargo Correa. Este último aporte habría sido canalizado a través del empresario Carlos Neuhaus Tudela.

La decisión del TC llegó después de que el Poder Judicial ya había ordenado el archivo del caso en primera instancia. En mayo de 2026, el entonces juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundada la excepción presentada por Flores Nano. La decisión fue apelada y quedó pendiente de resolución en la Sala de Apelaciones.

El máximo intérprete de la Constitución consideró que la imputación fiscal utilizó una modalidad del delito de lavado de activos que recién fue incorporada a la legislación peruana en noviembre de 2016. Los hechos atribuidos a Flores Nano correspondían a la campaña de 2006, por lo que el tribunal concluyó que no podía aplicarse una norma posterior para sustentar esa acusación.

La mayoría de magistrados también tomó en cuenta el tiempo que llevaba la investigación. Según la resolución, el caso acumulaba siete años y dos meses solo entre las etapas preliminar y preparatoria. El TC sostuvo que correspondía resolver la controversia para evitar que Flores Nano continuara sometida a un proceso penal cuya base legal consideró inválida.

La moción ingresó con 24 firmas y un pliego de 44 preguntas. Tras los retiros, quedarían 21, apenas uno más que el mínimo de 20, lo que equivale al 15% del número legal de diputados que exige el reglamento para presentar una interpelación.

Sonco fue el primero. En su oficio pide que se actualice la lista de firmantes y que se deje constancia de que ya no es proponente de la moción. También solicita que se verifique que se mantenga el mínimo de firmas que fija el artículo 154 del Reglamento. La Oficialía Mayor dispuso ese mismo día que se considere retirada su firma.

Medina sí explicó sus motivos. En su oficio sostiene que retira su firma por la manifiesta incapacidad del ministro en la conducción del sector. Es decir, se baja de la moción, pero mantiene su crítica a Chang. Eusebio presentó un oficio de una sola línea.

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Chang dice que es pronto para interpelarlo, pero pide rapidez en las facultades

Cuatro días después de presentada la moción, Chang calificó el pedido de interpelación como bastante apresurado. "Son procedimientos dentro de las facultades que tiene la Cámara de Diputados. Dentro de ello está el juego democrático. Espero que las bancadas sean reflexivas. Han pasado recién noventa días de mi gestión y comenzar con una interpelación o censura me parece bastante apresurado", indicó.

La moción cuestiona que designara como secretaria general del Minedu a Doris Gavilano y como director del Pronied a Pedro Morales, un día después de asumir. También cuestiona la designación de Tania Ramírez en la Derrama Magisterial el 3 de agosto, quien renunció 28 días después, y la de Diana Gonzáles en el Pronabec.

En esas mismas declaraciones, Chang volvió sobre su anuncio de retirar la ideología de la currícula. Sostuvo que el conflicto armado interno debe tratarse como un hecho histórico, pero en lo publicado no precisó qué contenidos se modificarían ni cómo participarían los padres, que es lo que le pregunta el pliego. Al mismo tiempo, mientras consideró apresurada la interpelación, pidió a la Cámara que apresure el debate del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

Caso Paolo Benza

Respecto al caso Paolo Benza, director del medio digital La Contra, el CPP alertó que “continúa la instrumentalización de la justicia para perseguir periodistas”. Además, resaltó que por segundo mes consecutivo han reportado la utilización de material creado con IA para perjudicar la imagen y reputación de un periodista.

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Benza fue incluido como investigado en una investigación preparatoria por presunta falsedad genérica y banda criminal contra la empresa de aeronaves Puma Air. Como prueba se tomó en cuenta unas supuestas conversaciones entre el periodista y una empresa competidora para perjudicar a Puma Air.

“Las conversaciones son ridículamente falsas. Nadie habla de esa forma con sus fuentes y, además, son diálogos con personas que jamás en mi vida he sabido que existen”, relató Benza a La República.

Caso ‘La China Polo’

También, mencionan el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, quien fue asesinada de un balazo el 19 de septiembre en la ciudad de Caraz, en la región de Áncash. Aponte postulaba al cargo de gobernadora regional de Áncash al mismo tiempo que conducía un espacio audiovisual de denuncias en redes sociales.

La asociación condenó el asesinato y demandó a la Policía y al Ministerio Público “investigaciones céleres y transparentes que determinen si el crimen estuvo relacionado a su trabajo informativo”. Además, consideran que “el homicidio reproduce ciertos patrones de los casos de los cuatro periodistas asesinados el año pasado”.

También, mencionaron el ataque al medio de comunicación La Noticia Clave, ubicado en Lambayeque.

La redacción fue atacada a balazos por personas desconocidas justo minutos después de que Johnny Namuche, director del medio, terminara una transmisión periodística.

En ese sentido, el CPP recordó que en el norte del país en el 2025 se produjo el asesinato del reportero Fernando Núñez.

Asimismo, el informe menciona que cinco periodistas de Iquitos, en la región Loreto, fueron querellados por una fiscal anticorrupción, lo cual “representa la persecución a la que está sujeta la prensa en diversas regiones del país”.

Debido a que la querella se debe a que los periodistas difundieron una alerta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la asociación resaltó que “replicar este tipo de contenidos está protegido bajo la figura legal de reporte fiel, siempre que se limiten a reproducir de manera exacta y neutral información emitida previamente por terceros o fuentes oficiales de interés público”.

Las amenazas contra el periodista y fundador del medio digital La Lupa, Kenny Yucra, también fueron consideradas.

Yucra recibió vía WhatsApp videos que muestran armas con el objetivo de intimidarlo y en los que se difunde la dirección de su casa y se menciona el nombre de su hijo.

“Es precisamente por el caso de Aponte –y los cuatro periodistas asesinados en 2025– que el caso del reportero Kenny Yucra, en Ica, preocupa. En esa región un sicario mató el año pasado al periodista Gastón Medina, también por investigar nexos de la criminalidad con la política local. Esta organización pide garantías para el periodista y su familia”, se lee en el informe.

Por medio de un comunicado conjunto bajo el nombre de “Partidos políticos unidos para defender el voto de Lima”, las agrupaciones expresaron su preocupación por los cuestionamientos relacionados con el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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El documento fue firmado por representantes del Partido Tierra Verde, Partido Pueblo Consciente, Partido Salvemos al Perú, Partido Aprista Peruano y Partido Morado.

“No podemos permitir que decisiones ambiguas, fallas operativas o la falta de transparencia pongan en entredicho la voluntad de los peruanos. Cada elección debe reflejar de forma fidedigna el mandato ciudadano. Sin espacios para dudas ni sospechas”, se lee.

Asimismo, solicitaron a las autoridades electorales actuar con imparcialidad y garantizar que sus resoluciones respondan a criterios claros y predecibles. “La democracia exige reglas claras y garantía plena para todos los actores de la contienda”, agregaron.

Como parte de esta iniciativa, los partidos anunciaron que coordinarán el despliegue de personeros en Lima para vigilar las mesas de sufragio y resguardar las ánforas.

También convocaron a ciudadanos, jóvenes, profesionales y organizaciones sociales a incorporarse a esta labor de vigilancia.

Finalmente, se acredita con las firmas de Yehude Simon Munaro, Luis Huette Tolentino, César Gamboa Cerna, Mónica Yadira Yaya Luyo y Lilia Salcedo Matos.

Yehude Simon pide al JNE que respete la Constitución

A mediados de septiembre, antes de los debates municipales, Yehude Simon rechazó el actuar de López Aliaga.

“Todos los que somos demócratas respetemos la Constitución. La Constitución dice que no hay reelección. El JNE fue criticado severamente por el señor López Aliaga. Incluso, dijo algunas groserías y el de repente el JNE es el primero que hace firmar el pacto ético y el primero en faltar a la Constitución”, dijo en entrevista a Canal N.

Simon resaltó que él no tiene “cólera” al ex candidato presidencial, pero exige que se debe respetar las normas.

Además, consideró que el actuar del JNE sería fraudulento si permite a López Aliaga que postule como teniente alcalde y que pase a ser alcalde. “Ya se sabía. Hay que tener un dedo de frente para no entenderlo. Además, él renunció a ser senador y chantajea al Gobierno con sus seis senadores”, anotó.

En vista de ello, consideró que el candidato de Renovación Popular no debería participar en el debate municipal. “Si participa ya hay un problema serio. Nadie va a confiar en que este proceso sea limpio. Desde que se falla a la Constitución el JNE ya es cómplice. No es que no confíe (en el JNE).Tengo argumentos para pensar que el Jurado está actuando mal”, resaltó.

En el programa Sin Guion con Rosa María Palacios, Zunini afirmó: “En realidad la esencia no es técnica, pues es política y yo lo tomo como un emplazamiento a la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para desacreditarla, para debilitarla, para que se gobierne desde el Senado”.

El Ejecutivo solicitó facultades para legislar durante 120 días sobre 66 ítems distribuidos en ocho materias, que abarcan desde seguridad ciudadana, legislación penal y orden interno hasta asuntos laborales, ambientales, productivos, tributarios y de modernización del Estado. Para Zunini, el problema está precisamente en la amplitud del paquete. “Es un paquete. Nos han armado un paquete y quieren que lo aprueben carne, hueso y grasa, todo junto”, cuestionó.

El diputado sostuvo que una delegación de facultades debería responder a asuntos concretos y urgentes, antes que habilitar al Ejecutivo para legislar sobre un conjunto amplio de materias. “Lo que se pretende con un pedido tan amplio es gobernar a punta de decreto y hay temas que son debatibles”, sostuvo.

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Senado podría incluir el resto de materias

Uno de los principales cuestionamientos de Zunini está relacionado con la nueva estructura bicameral. Según explicó, incluso si la Cámara de Diputados delimita las facultades, estas podrían posteriormente ser modificadas por el Senado.

“El riesgo mayor es que demos una carta en blanco que va a terminar afectando a los pequeños empresarios, a los trabajadores jóvenes, etcétera”, afirmó.

En ese escenario, consideró que no basta con reducir el número de facultades solicitadas si no existe un compromiso público respecto de lo que finalmente hará el Senado.

“Si esto termina en un no, todo va a terminar en un no, porque el diputado jamás le va a mandar nada al Senado”, sostuvo, aunque planteó que podría existir una salida mediante consensos entre las bancadas para aprobar iniciativas urgentes.

Zunini cuestionó además las declaraciones de algunos senadores que, según dijo, han dejado abierta la posibilidad de modificar sustancialmente lo que apruebe la Cámara de Diputados.

“Ellos pueden aumentar el paso”, dijo al referirse al riesgo de que el Senado altere las iniciativas aprobadas por la Cámara baja. Frente a ello, consideró que los votos públicos permitirían identificar posteriormente la responsabilidad de cada parlamentario.

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Propone aprobar proyectos específicos

Frente al pedido del Ejecutivo, Zunini planteó otra ruta: que el Parlamento priorice los proyectos que considere urgentes y los lleve directamente al pleno, en lugar de entregar un paquete amplio de facultades.

Según explicó, su bancada ya inició conversaciones con Renovación Popular para buscar que determinados proyectos vinculados con seguridad ciudadana sean exonerados de comisiones y discutidos con mayor rapidez. “No nos rehusamos a concertar y sabemos que hay urgencias”, afirmó.

El diputado sostuvo que su bancada cuenta con alrededor de 40 iniciativas, de las cuales entre 15 y 17 están vinculadas con seguridad ciudadana. Entre ellas mencionó propuestas sobre rotación de efectivos policiales, procesos de admisión a la Policía y trazabilidad del uso de armas y municiones.

“Nos ponemos de acuerdo y ya hemos iniciado algunos diálogos con los voceros de Renovación Popular para que en la Junta de Portavoces se exonere de comisiones y de predictamen a varios proyectos que están relacionados a seguridad ciudadana”, señaló.

Su propuesta, dijo, es que el Congreso responda a las urgencias identificadas mediante proyectos puntuales y no mediante una delegación general. “Podemos hacer plenos extraordinarios, omitir de comisiones y antes de 120 días darle al país alternativas legales que estén en manos del Ejecutivo”, sostuvo.

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“No vamos a dar una hoja en blanco”

Zunini también cuestionó que el Gobierno invoque la urgencia de asuntos como el fenómeno El Niño para sustentar un pedido de facultades que, en su opinión, incluye materias que no tienen carácter inmediato. “El fenómeno del Niño no es para 120 días, el fenómeno del Niño ya llegó”, afirmó, al mencionar problemas como el dengue y las acciones de prevención ante emergencias.

Por ello, insistió en que el Ejecutivo puede presentar iniciativas concretas y que el Parlamento está dispuesto a acelerar su debate cuando exista consenso. “Cualquier iniciativa, exoneración, una cosa urgente, lo hacemos, se lo decimos así, lo hacemos porque pensamos en el pueblo peruano, pero no vamos a dar una hoja en blanco”, remarcó.

El pedido de facultades se encuentra actualmente en debate en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El predictamen discutido plantea rechazar y archivar la solicitud del Ejecutivo, mientras algunas bancadas han presentado alternativas para reducir su alcance.

Para Zunini, el punto de fondo es preservar la capacidad de la Cámara baja para legislar y evitar que una delegación amplia termine trasladando esa función al Ejecutivo y, posteriormente, al Senado.

La delegación peruana estuvo encabezada por el canciller Carlos Espá y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia.

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Con este nombramiento, el Perú tendrá la responsabilidad de conducir las actividades del organismo regional y coordinar el trabajo de sus países integrantes durante el próximo año. La ceremonia se desarrolló en el Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana.

Durante el encuentro también se revisaron los avances del Proyecto INTERCOM, una plataforma digital que busca facilitar el intercambio de documentos e información vinculados al comercio exterior entre los países miembros. Asimismo, se presentó el balance de la gestión ecuatoriana y se evaluó el cumplimiento de las actividades de cooperación impulsadas por la CAN.

La Comunidad Andina está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. A través de este organismo, los cuatro países buscan fortalecer sus relaciones comerciales, económicas y sociales, además de promover iniciativas de integración regional. La presidencia peruana para el periodo 2026-2027 estará orientada a profundizar estos mecanismos de cooperación y dar continuidad a los acuerdos alcanzados.

El último 29 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores se trasladó al Consulado General del Perú en Quito, donde conoció de cerca los servicios que se brindan a los ciudadanos peruanos residentes en Ecuador y el trabajo de coordinación que se mantiene con las autoridades de ese país.

Espá también visitó la muestra cultural “Nuestros rostros: máscaras rituales del Ecuador y el Perú”, instalada en la sala Qhapaq Ñan de la Embajada peruana en Quito. La exposición forma parte de las actividades conmemorativas por los 28 años de paz y relaciones de amistad sostenidas entre ambas naciones.

Finalmente, el titular de Torre Tagle participó en una reunión preparatoria con la delegación peruana, con miras a las sesiones de la Comunidad Andina programadas para el día siguiente.

“Me parece un escándalo mundial que hoy (jueves 1), el último día en que se pueden hacer manifestaciones públicas, si López Aliaga va a recibir las credenciales o no. Lo que me parece más desacreditable de este proceso es al demora. Esta demora es una cobardía”, expresó a Exitosa.

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En ese contexto, se refirió a las expresiones del ex candidato presidencial contra Roberto Burneo, presidente del JNE. “Si te amenazan con el morrocoy, pídele a la Policía dos efectivos más (de seguridad), pero no por tu cobardía vas a poner en riesgo un proceso electoral tan importante como el de las elecciones regionales y municipales”, anotó.

A su vez, Paredes alertó que López Aliaga no ha presentado rendición de recepción de donaciones y gastos porque no es candidato a la alcaldía sino a regidor.

“Ahora resulta que yo he gastado más que él. ¿Eso es creíble? Si yo en cada cuadra encuentro su cara”, indicó.

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Indicó que, en su caso, todas las donaciones que realizó las personas que confían en ella están registradas. “Cómo vamos a enfrentar un proceso electoral con un candidato que no quiere rendir cuentas. Eso es anormal. Estas elecciones están teñidas de muchos problemas y esos problemas los ha producido el JNE”, expresó.

Y agregó que López Aliaga ha dejado la ciudad “en un estado lamentable” con un “caos de tráfico” y que “estamos peor”.

Candidatos a la alcaldía cuestionan al JNE

Paredes no es la única que ha expresado su incomodidad por el actuar del JNE.

El candidato de Avanza País, Francis Allison consideró que el Jurado Nacional de Elecciones si acreditará a Rafael López Aliaga si su partido gana las elecciones este domingo, por los antecedentes que ha tenido la institución dirigida por Burneo.

“Estoy absolutamente convencido (que el JNE le entregará a López Aliaga las credenciales de alcalde) porque lo han dejado renunciar a un cargo irrenunciable por la Constitución, el cargo de senador es irrenunciable”, subrayó.

El candidato de Juntos por el Perú, Oswaldo Vargas, sostuvo que el JNE está cometiendo un error al no pronunciarse sobre la situación de Rafael López Aliaga y que la institución carga con el precedente de que legalizó su postulación al permitirlo participar del debate municipal.

“Era importante que las reglas del juego se puedan transparentar a tiempo. Para mí, el Jurado ha cometido un error de no transparentar los aspectos importantes como es la reelección encubierta. También pasó el debate y lo dejaron participar. Corresponde que el Jurado Nacional de Elecciones transparente y responda cuando antes sobre la situación”, expuso.

Se trata de Tomás Máximo Yllaconza Palacio, abogado, con 29 años de experiencia que tendrá como principal responsabilidad restablecer el principio de autoridad, fortalecer los controles internos y garantizar una conducción orientada al orden, la seguridad y la disciplina penitenciaria.

De igual manera, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el cese del subdirector del establecimiento y la designación de un nuevo responsable, quien tendrá a su cargo reforzar las acciones de vigilancia, control interno, disciplina y seguridad dentro del penal.

A estas medidas se suma un proceso de rotación, reorganización y evaluación del personal de seguridad, destinado a fortalecer los mecanismos de control, reducir vulnerabilidades y prevenir cualquier posible vínculo indebido que pueda comprometer la seguridad del establecimiento penitenciario.

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Como parte del fortalecimiento de la estructura de conducción penitenciaria, también se designó a Jhon Elías Ramírez Vega como nuevo director de la Oficina Regional Lima. Ramírez Vega es oficial de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro, especialista en seguridad y cuenta con más de 28 años de experiencia profesional en el ámbito nacional e internacional.

ANALIZAN 32 CELULARES INCRIMINADOS

Entre tanto, el análisis de los celulares incautados se enmarca en investigaciones de alto impacto sobre 'La Confederación' y otras redes transnacionales que operaban un auténtico ‘call centers’ de extorsión, sicariato y secuestro.

Con asistencia tecnológica de Estados Unidos, las autoridades peruanas esperan rastrear estas redes criminales complejas.

Gracias al testimonio clave de un informante del Ministerio Público conocido como 'Tuerto' o 'Maldito Tuerto', las autoridades encontraron en el pabellón uno nada menos que 32 celulares, un ‘router’, armas blancas, drogas y S/ 10,000 en efectivo.

Su confesión habría permitido identificar a un servidor penitenciario de apellido Tipiani como uno de los facilitadores del ingreso de equipos móviles a cambio de dinero.

El cruce de datos del HSI y la Dividt podría revelar que las extorsiones y otros delitos no solo afectaban a ciudadanos peruanos, sino que se dirigían a víctimas en diversos países. En efecto, se ha determinado que, desde el presidio, miembros de la red criminal 'La Confederación' extorsionaban a comerciantes, mototaxistas y empresas de transporte en Lima y Chile.

Las investigaciones realizadas hasta el momento por la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Feccor) y la policía, exponen un cambio de estrategia donde los reclusos usan perfiles falsos e ingeniería social (extrayendo datos de internet y redes sociales) para ejecutar actos criminales con sus cómplices fuera de prisión.

Las pruebas recolectadas en estos dispositivos están bajo la custodia de la FECCOR para judicializar tanto a los internos como a los enlaces externos y funcionarios corruptos que facilitan el ingreso de los equipos.

LAS PISTAS DE 72 CABECILLAS

La última requisa en esa cárcel reveló que Jimmy Bazán, el hermano de Jolín Bazán, por quien el gobierno ofrece una recompensa de S/ 300.000 por su captura, como presunto líder de La Jauría, ejercía como lugarteniente de 'La Confederación'.

La investigación, de acuerdo al testimonio del 'Tuerto', estableció que 72 cabecillas continuaban realizando actividades criminales desde el reclusorio. Para ello utilizaban los celulares y la conexión a Internet. Esto les permitió comunicarse con el exterior y coordinar pagos mediante aplicaciones como Yape o Plin.

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En el pabellón I, Wilfredo Montalvo Malqui, alias 'Lápiz', cabecilla de 'Los Malditos de Huáscar' habría ejercido como delegado y asumido el liderazgo de 'La Confederación', manteniendo una alianza con Jimmy Bazán, alias Chato Bazán, sentenciado por liderar la banda criminal trujillana 'Los Compadres'.

Los internos Neymar, Maturana, Navarro y Mocuche tenían el control de la venta de droga desde la celda 220.

En tanto que, a Luis Galarza, alias Canco, le encontraron más de 6 mil soles en efectivo. Él dijo que el dinero era producto de la venta de pan y depósitos enviados por sus familiares.

PABELLÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD

El pabellón de extrema seguridad en Ancón I fue habilitado durante la gestión del expresidente José Jerí Oré para albergar a internos de alta peligrosidad.

Se trata de un pabellón con capacidad para 150 privados de libertad por delitos de sicariato, extorsión, homicidio calificado y robo agravado, entre otros. La custodia fue asignada estrictamente a efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario.

Este pabellón cuenta con 54 celdas, distribuidas en dos pisos, para internos peligrosos, bajo un régimen cerrado de control estricto, con medidas de seguridad permanentes como requisas recurrentes de ambientes y revisión corporal de la población penal.

¿CÓMO INGRESARON CELULARES?

Sin embargo, si los delincuentes estaban recluidos en esas condiciones ¿cómo ingresaron 32 celulares, armas blancas y drogas? El problema no es solo del hampa, el asunto es cómo el sistema penitenciario permitió que tuvieran herramientas para hacerlo.

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En el mes de julio la Contraloría ya había advertido en Ancón I sobre equipos de control inoperativos y fallas de videovigilancia.

La seguridad penitenciaria no significa llegar después a contar celulares decomisados. Significa, evitar que entren, controlar accesos, cortar las comunicaciones, impedir que un delincuente encarcelado conserve capacidad operativa desde una celda, dice el coronel retirado PNP Jorge Mejía, exjefe antisecuestros.

aún no se ha explicado ¿cómo ingresaron los 32 celulares?, ¿desde cuándo estaban allí?, ¿qué controles fallaron?, ¿qué hicieron después de la advertencia de Contraloría?, ¿hay personal investigado?, ¿quién asumirá responsabilidad administrativa por las fallas que se determinen?

Mientras tanto, el país se desangra por las extorsiones y el sicariato. ¿Desde qué otras cárceles los delincuentes conservan herramientas para comunicarse con el exterior?

La tendencia creciente de denuncias por corrupción en la PNP y el sector interior no se detiene: se totalizan 139 denuncias del 1 de enero al 31 de agosto de 2026, con un promedio de 17 casos mensuales.

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Tras un incremento sostenido, mes a mes, agosto se consolidó con la mayor cantidad de denuncias en lo que va del 2026, registrando un pico de 25 denuncias, sostiene el analista de datos, Juan Carbajal.

El 96,4% (134 denuncias) corresponden de forma específica a corrupción en la PNP, mientras que en el sector Interior registra el 3,6% (5 denuncias). Carbajal explica que Lima Metropolitana lidera ampliamente con 53 denuncias, lo que representa el 38.1% del total nacional.

A las casi 140 denuncias se suman los 260 expedientes en apelación que la Inspectoría General de la PNP ha elevado ante el Tribunal de Disciplina Policial.

Esta cifra fue dada a conocer por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, como balance de las acciones tomadas desde que asumió el cargo el 28 de julio de 2026.

Con la remisión de estos casos, el titular del Mininter busca sancionar las infracciones disciplinarias y combatir los presuntos actos de corrupción o infiltración de redes criminales dentro de la institución policial, asegurando que su gestión no mantendrá ningún espíritu de cuerpo frente a malos elementos.

Pero en provincias la situación es también muy preocupante, como lo ocurrido en Junín.

EL HONOR NO ES SU DIVISA

Al comandante PNP, David Walter Ramírez Panta, comisario sectorial de la comisaría provincial de Tarma, lo llamaban 'Comanche'. Así lo confesó Jurhgen Anthony de Jesús Laos Pérez, quien fue detenido por el delito de extorsión y se acogió a la confesión sincera.

El oficial, de acuerdo con el expediente 00386-2026-4-1509-JR-PE, y otros tres subalternos son sindicados de recibir cuantiosas sumas de dinero. Ante las pruebas fehacientes que presentaron los policías y fiscales a cargo del caso, el juez Alex Carhuamaca Claudio, les dictó siete días de detención preliminar

Aparte del comandante, la medida recae también para los suboficiales Luis Fernando Huaroc Elizarbe, Héctor Palmiro Lirio Chinchay y Jean Dennis Pawelczyk Aguirre.

Según la investigación, los presuntos integrantes de la organización criminal habrían captado víctimas mediante supuestos contratos de alquiler de vehículos e inversiones para luego exigir pagos bajo amenazas.

En este mes de setiembre que acaba de terminar también fue detenido el suboficial de la PNP Luis Felipe Sandoval Díaz tras el asesinato de su esposa, Mariela Peralta Muñoz, en un cuarto alquilado en Ate; la familia exigió que el caso sea investigado como feminicidio debido a antecedentes de agresión.

Y en julio, la Fiscalía Anticorrupción y la PNP detuvieron a cinco efectivos policiales (incluyendo a un capitán jefe del Policía de Carreteras-Nasca) por presuntos delitos de cohecho pasivo propio y actos de corrupción.

Este año también se dictó nueve meses de prisión preventiva para el alférez PNP Francesco Pilloca, jefe de la Tripulación de Patrullaje Motorizado TMP-3163 de la Comisaría PNP Yerbateros, y otros dos suboficiales, investigados por los presuntos delitos de concusión y banda criminal.

LIMA METROPOLITANA

De las 139 denuncias 13 (9,4%) fueron en enero, en febrero 8 (6,8%), marzo 15 (10,8%), abril 17 (12,2%), mayo 17 (12,2%), junio 20 (14,4%), julio 24 (17,3%), agosto 25 (18,0%). El 48.9% (68) de las denuncias fueron derivadas a la Inspectoría General y el 42.4% (59) a otros órganos de la PNP, mientras que el 8,6% (12) fueron canalizados al Ministerio del Interior.

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En Tumbes se denunciaron 3 casos, en Piura 9, Lambayeque 1, Cajamarca 2, La Libertad 7, San Martin 4, Loreto 2, Áncash 3, Huánuco 2, Ucayali 1, Región Lima 5, Pasco 1, Junín 3, Callao 4, Lima Metropolitana 53, Ica 5, Huancavelica 2, Ayacucho 3, Cusco 14, Madre de Dios 3, Arequipa 7, Puno 3, Tacna 2, Moquegua 0.

Uno de los casos ocurrió el 5 de agosto cuando fueron detenidos 9 policías quienes habrían 'sembrado' droga y armas de fuego a ciudadanos intervenidos durante operativos irregulares en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

Este accionar ilegal habría ocurrido entre los años 2021 y 2022, y según la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, el objetivo era extorsionar a los detenidos a cambio de su libertad.

Los nueve efectivos policiales fueron detenidos por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho.

De los detenidos, ocho son suboficiales de segunda y tercera en actividad, quienes anteriormente prestaron servicios en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de SJM, y luego fueron reubicados en otras unidades. El noveno detenido es un coronel de la PNP en situación de retiro.

SÍ, HAY INFILTRACIÓN EN LA PNP

Esta semana, el ministro del Interior, César Astudillo, vinculó directamente la corrupción policial con la infiltración de organizaciones criminales en las escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú.

Denunció públicamente que diversas mafias financian y logran introducir a jóvenes en los centros de formación policial con el objetivo de tener agentes que trabajen para el crimen organizado una vez egresados. Según el ministro, su gestión ya detectó estos mecanismos y se encuentra cerrando dichos canales de ingreso ilícitos.

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Sus declaraciones generaron controversia debido a que la propia PNP emitió antes un comunicado negando tajantemente que existiera financiamiento criminal para infiltrar postulantes, tildando tales versiones de "tendenciosas y sin sustento".

CORRUPCIÓN Y CONTROL INTERNO

El exministro del Interior, Remigio Hernani y el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha sostienen que el desafío importante del gobierno es la corrupción policial.

No sería correcto afirmar que la Policía es una institución corrupta en su conjunto. Miles de agentes cumplen sus funciones honestamente. Sin embargo, como ocurre en numerosos países, existen casos de corrupción individual y estructuras criminales que intentan penetrar las instituciones.

Una organización criminal puede intentar comprar información, conseguir protección, conocer anticipadamente procedimientos policiales o introducir colaboradores dentro de organismos públicos, dice Hernani.

Por eso, combatir el crimen organizado exige también controlar a quienes tienen la responsabilidad de combatirlo, sostiene Pérez Rocha.

Los sistemas de asuntos internos, los controles patrimoniales y la investigación de enriquecimiento injustificado son instrumentos fundamentales, coinciden.

El parlamentario precisó que el acuerdo se alcanzó durante una reunión en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, de la bancada de Buen Gobierno.

"Cada partido elabore las propuestas que quiera hacer de facultades, se van a coordinar y sumar y el plazo máximo es el viernes", declaró.

La propuesta alternativa se presentará mientras este jueves la Comisión de Constitución continúa con el debate sobre la delegación de facultades solicitada por el Gobierno de Fujimori. El Ejecutivo planteó medidas legislativas en distintas materias, pero, según critican las bancadas, no se enfocó en mejorar la seguridad ciudadana y poner atención ante el Fenómeno El Niño.

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Comisión de Constitución debatirá hoy tres textos sustitutorios sobre pedido de facultades

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados continuará este jueves el debate sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. La sesión quedó pendiente luego de que la presidenta del grupo de trabajo, Giannina Avendaño, dispusiera un cuarto intermedio para evaluar tres textos sustitutorios presentados por las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno.

Las propuestas plantean delimitar las materias que el Gobierno podrá legislar. Renovación Popular presentó un texto con 10 materias, Obras propuso cinco y el Partido del Buen Gobierno planteó restringir la delegación a dos temas: seguridad ciudadana y atención al Fenómeno El Niño. La comisión deberá evaluar si alcanza un texto consensuado o mantiene la recomendación de archivar el pedido del Ejecutivo.

Durante la sesión anterior, Avendaño expuso los cuestionamientos técnicos al proyecto del Gobierno, que comprende 66 materias. Entre las observaciones figuran posibles vulneraciones constitucionales, invasión de competencias del Parlamento y duplicidad normativa. La comisión también advirtió riesgos en las propuestas laborales, ambientales, tributarias y de servicios públicos.

La jefa de Estado ha dicho que no ha tenido vinculación alguna con Fernando Cerimedo. Pero La República publicó una fotografía del evento en la que participó con su amigo y asesor, el argentino Damián Valenzuela Mayer, el 10 de febrero de este año en Florida, Estados Unidos, en la que aparece conversando con Cerimedo. En esa reunión del orgullo latino en la que se le dio un premio al 'rey de los troles', también aparece otro consultor argentino, Andrés 'Andy' Rivas, socio de Cerimedo, dialogando con Keiko Fujimori.

En las nuevas fotografías que difundió Nadia Beller en su cuenta de Facebook se observa un encuentro entre Fernando Cerimedo, Andrés 'Andy' Rivas y otros dos personajes relevantes: el exestratega digital de Donald Trump en 2016 y 2020, Brad Parscale, y el hijo del mandatario estadounidense, Donald Trump Jr. Según Beller, la reunión se registró en febrero de este año.

Para la investigación sobre la presunta intromisión de Fernando Cerimedo en las elecciones presidenciales peruanas de este año, las fotografías reveladas por la expareja del operador argentino confirman la relación de este con personajes del entorno de Keiko Fujimori.

Como ha revelado La República, Fernando Cerimedo se reunió en varias oportunidades con el director del Centro Adam Smith para Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (FIU), el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo, asesor y amigo de Keiko Fujimori. Consultado por este diario, Díaz-Rosillo alegó que tuvo encuentros casuales con Cerimedo. Sin embargo, el socio de este, Andrés 'Andy' Rivas, fue designado por Díaz-Rosillo como representante del Centro Adam Smith para la Libertad Económica en Montevideo, Uruguay.

Puntos de Encuentro

Fernando Cerimedo y Andrés 'Andy' Rivas son socios a su vez de Brad Parscale, lo que explica la fotografía de los tres juntos con Donald Trump Jr. en febrero de este año.

El exestratega digital de Donald Trump en 2016 y 2020, Brad Parscale y Fernando Cerimedo manejan la empresa consultora Numen, con sede en Buenos Aires, que trabajó para las campañas del argentino Javier Milei, del hondureño Nasry Asfura y del boliviano Rodrigo Paz. Los tres ganaron presidencias.

“Brad (Parscale) puso toda la infraestructura con la que yo trabajo”, confesó 'el rey de los troles' al diario 'The New York Times', el 4 de diciembre de 2025, refiriéndose a las tecnologías que ofrecen las empresas de Parscale, EyesOver y Campaign Nucleus. Precisamente, Cerimedo llegó al Perú el 28 de julio de este año, en representación de Brad Parscale. La República reveló que en la misma fecha estuvieron en la ceremonia de juramentación presidencial de Keiko Fujimori, los asesores Damián Valenzuela Mayer y Carlos Díaz-Rosillo, y otro socio de Cerimedo, el español Javier Negre, director del portal 'La Derecha Diario'.

En el banquillo boliviano

Nadia Beller le dijo a este periódico que Cerimedo le confió que asistiría a la ceremonia, pero al final no se concretó. Sin embargo, como se ha indicado, ya se habían visto el 10 de febrero de este año en la gala latina de Florida, donde también estuvieron Damián Valenzuela y Adrián 'Andy' Rivas.

Beller ha difundido además varios chats que cruzó con Cerimedo en los que comentan los resultados electorales de la primera y segunda vuelta en el Perú. Incluso comentó a Beller que los votos del extranjero eran más importantes que los de las provincias andinas en el caso de Keiko Fujimori.

La abogada boliviana también divulgó listas de contactos del operador argentino, en las que aparece el proyecto ciudadano de vigilancia electoral denominado Ojo de Cóndor, cuyo supuesto objetivo era hacer un conteo paralelo de votos para evitar un potencial fraude electoral.

La estrategia de intromisión en los procesos electorales latinoamericanos por parte de Fernando Cerimedo tiene dos características.

a) Dañar la reputación de los candidatos competidores mediante tendencias de opinión alimentadas con información falsa, difundida en redes sociales por miles de usuarios falsos, o medios periodísticos expresamente creados para dicho fin.

b) Cuando las cifras son adversas a los candidatos que reciben la asesoría de Cerimedo y Parscale, se construyen narrativas sobre falso fraude electoral, creando para tal finalidad iniciativas ciudadanas que difunden cifras contrarias al conteo oficial electoral.

La presencia de Cerimedo y Parscale, y otros personajes asociados como Carlos Díaz-Rosillo, Andrés 'Andy' Rivas y Javier Negre, indicaría que la misma modalidad pudo haber sido aplicada en la pasada elección presidencial.

Por esta razón, es trascendental la información que Nadia Beller ha aportado a las autoridades bolivianas que investigan a Fernando Cerimedo, no solo por presuntamente haber ordenado asesinar a su expareja, sino también por enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones y por la presunta protección a vuelos del narcotráfico.

Recientemente, el Senado boliviano aprobó la instalación de una comisión investigadora del caso Cerimedo, que incluirá sus eventuales vínculos con el presidente Rodrigo Paz y otros funcionarios del gobierno. Cerimedo tenía una 'granja de bots' en territorio boliviano. 'El rey de los troles' todavía dará que hablar.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La investigación tiene como origen una entrevista del 28 de septiembre, cuando Espá fue consultado por las candidaturas de Rafael López Aliaga y Carlos Bruce a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sus respuestas fueron revisadas por el área de Fiscalización del JEE de Lima y el informe llegó al pleno de esta instancia electoral.

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Durante la conversación, el canciller afirmó que era hincha de Alianza Lima y explicó que el azul del club “se acerca más al celeste”. Este último color es utilizado por Renovación Popular, agrupación que tiene a López Aliaga como candidato a la Alcaldía de Lima.

Espá también habló de la gestión de López Aliaga como alcalde. Dijo que hubiera preferido que terminara su periodo porque dejó varias obras inconclusas. Luego sostuvo que, si el candidato recibía el respaldo ciudadano y era elegido, tendría la posibilidad de terminar esos proyectos.

El JEE deberá revisar el informe de Fiscalización y determinar si las declaraciones de Espá vulneraron las reglas de neutralidad electoral que deben cumplir los funcionarios públicos durante las elecciones.

La primera llamada se registró a las 7.41 a. m., 17 horas antes del asesinato. La segunda, a las 3.23 p. m., aproximadamente 9 horas previas al homicidio. Y la tercera a las 11.56 p. m., mientras asesinaban a Santiago Guardamino, muy poco antes del crimen.

Al determinar que los números telefónicos corresponden al efectivo policial Elar Minchán Sánchez y al ciudadano Rony Mosquera Sánchez, el fiscal Ronny Chamorro Yalico los citó para que expliquen las razones y circunstancias de las comunicaciones con las víctimas

Santiago Guardamino Gonzáles ejercía como presidente de la comunidad campesina de Quipán cuando fue asesinado en el momento en que llegaba a su casa en Carabayllo, luego de haber sostenido una reunión en su pueblo.

Al asumir funciones, Guardamino descubrió que su antecesor en el cargo, Abel Mosquera Ortiz, en complicidad con Aniceto Argüelles Loayza, propietario de la compañía Industrias Argüelles y Servicios Generales, fraguaron la compra-venta de 10 mil hectáreas de la comunidad de Quipán.

Guardamino inició acciones penales y civiles y consiguió demostrar que Abel Mosquera y la gerente de la empresa de Argüelles, Karen Pasco Flores, falsificaron las actas de los comuneros para autorizar la transacción por S/600 mil.

EL TRASFONDO DEL ASESINATO

El presidente de la comunidad campesina fue asesinado cuando encaminaba los procesos judiciales para que el predio adquirido fraudulentamente por Argüelles retornara a sus verdaderos propietarios.

Mientras Guardamino conducía los procesos judiciales, Argüelles construyó en el terreno un relleno sanitario, lo que le permitió obtener millonarios contratos con municipios distritales de Lima para el servicio de recojo y disposición de desperdicios.

Las dos personas que se contactaron telefónicamente entre ellos, horas y minutos antes del asesinato de Santiago Guardamino, están relacionadas con la disputa judicial de la comunidad de Quipán con la empresa Argüelles.

El efectivo policial ST1 Elar Minchán Sánchez es hermano de Jaime Minchán Sánchez, quien fue abogado de la comunidad de Quipán.

Su declaración cobra relevancia por un antecedente que involucra a su hermano Jaime Minchán. Su nombre ya había aparecido en una de las primeras hipótesis policiales respecto a los autores del asesinato de Santiago Guardamino.

EN BUSCA DEL MÓVIL

En 2025, un año después del crimen, La República informó que la División de Homicidios investigaba la presunta disputa entre Santiago Guardamino y el abogado Jaime Minchán, al detectar presuntos tratos clandestinos con la empresa de Aniceto Argüelles, vinculada al conflicto por las tierras de Quipán.

La hipótesis policial señala que el dirigente Guardamino sospechaba que el abogado Minchán estaba filtrando información. Jaime Minchán en una entrevista con este medio, negó la versión y sostuvo que se había alejado del proceso por razones de seguridad.

De acuerdo con un informe periodístico publicado por La República en 2023, el hermano de Jaime y Elar Minchán, Elthon Minchán Sánchez, conocido como 'Viejo Elthon', fue detenido en ese año por contratar a un sicario y participar en un homicidio, en medio de una disputa por el control de centros clandestinos para prácticas abortivas, en Los Olivos.

Otro de los hermanos, Daigoro Minchán Sánchez, fue detenido en 2023 por actuar falsamente como funcionario público y solicitar dinero bajo la amenaza de clausurar negocios.

FALTAN MÁS NOMBRES

El otro personaje citado por la fiscalía es Rony Mosquera Sánchez, hijo de Abel Mosquera Ortiz, quien presidió la comunidad de Quipán en 2016 y fue condenado por la venta fraudulenta del terreno a Aniceto Argüelles.

Apenas cinco semanas después del asesinato de Santiago Guardamino, la Corte Suprema confirmó la condena a Abel Mosquera, padre de Rony Mosquera, dueño de una de las líneas telefónicas que llamó constantemente al líder comunal.

De acuerdo con fuentes fiscales, el efectivo policial ST1 Elar Minchán Sánchez no asistió al interrogatorio, mientras que Rony Mosquera Sánchez respondió a las preguntas del fiscal.

Las comunicaciones entre Santiago Guardamino y las líneas telefónicas atribuidas a Minchán y Mosquera no son el único elemento que la fiscalía busca esclarecer.

El Ministerio Público también ha ordenado identificar otros nueve y 11 números telefónicos que mantuvieron contacto con los teléfonos de Elar Minchán y Rony Mosquera durante el lunes primero de abril de 2024. También busca identificar a los propietarios de dichos números de celular.

No falta mucho para la identificación de los autores intelectuales del asesinato de Santiago Guardamino.

La investigación buscaba determinar si la entonces presidenta había registrado un incremento patrimonial que no pudiera ser explicado con sus ingresos. Según el comunicado difundido por la defensa, la Fiscalía concluyó que no encontró elementos que acreditaran un desbalance patrimonial sin justificación durante el periodo revisado.

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El análisis fiscal también comprendió sus ingresos, egresos y depósitos. La defensa de Boluarte sostuvo que el Ministerio Público encontró una relación entre esos movimientos económicos y la información declarada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Además, afirmó que no se identificaron depósitos cuyo origen fuera desconocido.

La investigación incluyó el Informe Pericial Contable Financiero 04-2026, elaborado por peritos oficiales del Ministerio Público. El análisis concluyó que los ingresos registrados correspondieron a rentas de trabajo obtenidas durante su actividad como funcionaria pública y que estos guardaban relación con sus declaraciones del impuesto a la renta.

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Fiscalía descartó desbalance patrimonial y abuso del cargo

La Fiscalía de la Nación también determinó, según la defensa, que no existieron elementos que relacionaran el patrimonio analizado con un supuesto abuso del cargo presidencial. El Ministerio Público no encontró una relación entre las funciones que desempeñó Boluarte y el resultado económico revisado en la investigación.

Otro punto considerado fue la procedencia de los depósitos registrados durante el periodo investigado. El comunicado de los abogados sostuvo que no se hallaron abonos de origen desconocido. La revisión también tomó en cuenta la información tributaria presentada por la exmandataria ante la SUNAT.

El archivo corresponde a esta investigación específica por enriquecimiento ilícito agravado. La decisión no implica el cierre de las otras investigaciones que afrontó Boluarte por hechos distintos durante su gestión y por otros presuntos delitos.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

La suspensión de la sesión responde a la presentación de tres textos sustitutorios planteados por las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular, las cuales buscan un consenso para que se otorgue facultades al Gobierno únicamente en materias prioritarias y acotadas.

“Hemos recibido tres propuestas de texto sustitutorio. Una que presentó la agrupación Renovación Popular que contiene 10 materias acotadamente. Una propuesta de Obras con 5 materias. (…) Y una propuesta del Buen Gobierno con 2 materias sobre inseguridad y FEN. Entonces, tenemos propuestas bastante diversas y tenemos que llegar a un acuerdo, así que vamos a pasar a un cuarto intermedio para ver qué fórmula adoptamos”, sostuvo Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión.

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La propuesta del Partido del Buen Gobierno plantea limitar la delegación a dos materias centradas en la seguridad ciudadana y la atención al Fenómeno del Niño.

Por su parte, el texto de Obras propone cinco materias relacionadas con la materia penal, simplificación administrativa, desarrollo productivo y facilitación del comercio.

En tanto, Renovación Popular presentó una alternativa que abarca diez materias, las cuales delimitan las facultades a materias de seguridad ciudadana, atención del Fenómeno El Niño, gestión del riesgo de desastres, reactivación económica, generación de empleo y modernización de la gestión pública.

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Sustentos técnicos de la Comisión de Constitución para rechazar el pedido

Antes del pase a cuarto intermedio, la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, expuso las razones técnicas que sustentan el rechazo a las 66 materias que solicitó el Ejecutivo.

En su análisis, sostuvo que diversos puntos vulneran la Constitución, invaden competencias del Parlamento e incurren en duplicidad normativa.

Respecto al ámbito laboral, la presidencia advirtió que la medida debilita la protección ante despidos en la dirección pública y que la propuesta de un régimen progresivo no atiende la informalidad de las MYPE, la cual alcanzó un 88,5% en 2025.

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"No creemos que vaya a ayudar a mejorar la informalidad que tenemos actualmente en las medianas y pequeñas empresas, la cual se ha mantenido invariable en el tiempo, pasando de un 91,7 por ciento en el 2025 a un 88,5 por ciento del 2005 al 2025", sostuvo

Asimismo, la comisión observó también que la exploración en Áreas Naturales Protegidas contraviene el Convenio 169 de la OIT y las disposiciones de la Corte IDH.

"Sobre las actividades de exploración hidrocarburífera en áreas naturales protegidas [...] pretende modificar la ley de áreas naturales protegidas y la ley PIACI, que protege a los pueblos indígenas, que trae, vamos a decirlo así, un riesgo a la violación de estándares internacionales que los protege y que están señalados en el convenio 169 de la OIT y también lo ha señalado así la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

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En cuanto al sector eléctrico, identificó riesgos de integración vertical que afectarán las tarifas finales. A estos cuestionamientos sumó la ausencia de un análisis económico en el eje tributario, los potenciales incrementos en las tarifas de SEDAPAL por el Decreto Legislativo 1620 y el peligro en los edificios al permitir que los certificados de Defensa Civil (ITSE) no tengan fecha de vencimiento, lo que eliminaría las revisiones periódicas.

"Sobre los certificados de defensa civil, los certificados ITSE, tampoco hay una justificación de reducción de cargas ni compatibilidad con la seguridad de las personas [...] se plantea que estos certificados duren mucho más tiempo, inclusive sea indefinido. Aquí ciertamente existe un riesgo de vulnerabilidad de los inmuebles y más aún es un riesgo que nosotros deberíamos evaluar y ponderar adecuadamente".

Con este y otros cuestionamientos técnicos, la parlamentaria argumentó que el pedido del Ejecutivo sobrepasaba los márgenes permitidos para la delegación de facultades.

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"Se puede otorgar facultades al Poder Ejecutivo, pero estas no tienen que ser extensas, ni un número grande ni indeterminado: tiene que ser muy preciso y en este caso hemos visto que el pedido excede estas consideraciones. (…) Por las consideraciones que se han expuesto, la Comisión de Constitución recomienda no aprobar y llevar al archivo la proposición legislativa", indicó Avendaño.

Debate político

El debate en la sesión escaló entre las bancadas. En su intervención, la diputada Indira Huilca de Ahora Nación cuestionó las propuestas laborales y ambientales del Gobierno.

Huilca sostuvo que la iniciativa equivale a restituir esquemas como la "Ley Pulpín" que precarizan el trabajo y rechazó la falta de fiscalización y regulación del Estado en materia ambiental.

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"Plantean que les demos facultades a este gobierno para aplicar el llamado “silencio administrativo” a los instrumentos de estudio e impacto ambiental, los únicos instrumentos que tenemos en nuestro país para que por lo menos se haga una regulación en los proyectos de inversión y no tengamos que padecer los ciudadanos de contaminación ambiental".

La jornada registró además intercambios entre la diputada Rossana Alayza, del Partido del Buen Gobierno, y Flor Meza de Fuerza Popular, quien la acusó de asistir a la comisión solo para grabar videos para TikTok.

En su defensa, la diputada Alayza cuestionó el ausentismo y la falta de producción legislativa del oficialismo, además de rechazar los señalamientos sobre las advertencias del Ejecutivo respecto a la “paciencia republicana”.

“Paciencia es lo que los peruanos vienen teniendo desde que estos últimos diez años han visto a Keiko Fujimori actuar. [...] La presidenta Fujimori tuvo el atrevimiento de decir, en el tono más prepotente de todos, que el Congreso está poniendo a prueba su paciencia por la demora de cuatro semanas en aprobar el pedido de facultades".

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A su turno, el diputado del Buen Gobierno, Fernando García, también rechazó la postura del Gabinete ante las expresiones del primer ministro y de la presidenta sobre el "agotamiento de la paciencia", y sostuvo que la política exige diálogo y confianza en lugar de discursos autoritarios o amenazas.

“¿Existe algun gen autoritario en la familia de la señora presidenta? ¿Qué nos está tratando de decir? ¿Que estamos en una situación similar en la que se presentó los años 90. (…) La historia nos ha demostrado cómo terminó eso”.

Desde el oficialismo, los representantes de Fuerza Popular como el diputado Arturo Alegría reclamaron celeridad para aprobar la delegación en materia de ayuda humanitaria e INDECI, a la vez que criticaron la demora en la emisión del dictamen.

“Hay una molestia evidentemente de la bancada de Fuerza Popular y del país en general de lo que está sucediendo hoy en la Comisión de Constitución”.

Por su parte, el diputado Diethell Columbus indicó que existen los votos para autorizar de manera estricta los puntos sobre seguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño, por lo que dejó en manos del grupo de trabajo la elaboración de un texto consensuado o la ratificación del archivo.

“El país está reclamando atención a dos problemas importantes: El Fenómeno El Niño. (…) Reconozco [presidenta] que usted misma reconoce el sentido de urgencia”.

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Acuerdos de bancada y ruta de consenso

Tras el pase a cuarto intermedio, los representantes del Buen Gobierno, Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación, sostuvieron una reunión en la oficina de Oscar Reto, congresista que preside la Cámara de Diputados.

López Chau indicó para Epicentro que las agrupaciones buscarán unificar criterios a través de propuestas individuales antes del cierre de la semana.

"Hemos tenido una reunión en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados y hemos estado las cuatro fuerzas: Buen Gobierno, Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación. (…) Hemos querido que cada partido elabore las propuestas que quiera hacer de facultades. Se van a coordinar y sumar, y hay un plazo máximo que es el viernes", precisó el parlamentario.

Entre los diputados que retiraron su firma se encuentran Víctor Piñán, vocero de la bancada, Luis Masco y Heber López. Horas antes, el senador Daniel Barragán había anunciado que Obras no apoyaría la iniciativa contra Astudillo tras reunirse con el líder del partido y candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont.

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Con esta decisión, la propuesta impulsada por Juntos por el Perú perdió el respaldo necesario para continuar su trámite. La moción había sido presentada el 24 de septiembre con apoyo de diputados de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno.

La Oficialía Mayor también comunicó que la sesión del Pleno programada para este jueves 1 de octubre quedó suspendida. En esa jornada estaba previsto debatir y votar la censura contra Astudillo, luego de que la Junta de Portavoces acordara tres horas para la discusión.

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Ahora Nación y Buen Gobierno tomaron distancia de la censura contra Astudillo

La bancada de Ahora Nación acordó por mayoría no respaldar la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. El diputado José Marcelo informó que la decisión se tomó luego de una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y otros integrantes del Ejecutivo.

Marcelo explicó que, para la mayoría de la agrupación, Astudillo llevaba cerca de dos meses en el cargo y no había cometido una falta ética o moral que justificara apoyar su salida. Sin embargo, reconoció que podían existir posiciones distintas dentro de la bancada y que no todos sus integrantes necesariamente votarían de la misma forma.

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Una de esas posturas fue la de Indira Huilca, quien confirmó que votaría a favor de la censura. La diputada cuestionó las decisiones del Ministerio del Interior frente a la violencia armada y el avance de las bandas criminales. También sostuvo que había expresado su posición dentro de la bancada.

El diputado Jair Manrique también anunció que votaría a favor de la censura, aunque aclaró que no había firmado la moción. Explicó que consideraba prudente otorgar un plazo al ministro antes de evaluar su gestión, pero señaló que, si correspondía revisar su desempeño en ese momento, su balance era negativo.

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A su vez, César Holguín confirmó que formaba parte del sector minoritario de Ahora Nación que sí apoyaba la censura. Por ello, el acuerdo anunciado por Marcelo correspondía a la mayoría de la bancada y no a una posición compartida por todos sus integrantes.

En el caso de Buen Gobierno, la bancada también evaluó su posición frente a la moción contra Astudillo. Rossana Alayza (diputada) y Flavio Figallo (senador) anunciaron que se reunirían como bancada en el transcurso de la tarde para definir su voto a favor o en contra de la medida, por lo que su decisión podía resultar relevante para determinar si la iniciativa mantenía el respaldo necesario para continuar su trámite.

A estas posiciones se sumó el retiro de firma de Marlon Aguirre, diputado de Juntos por el Perú. El parlamentario dejó de respaldar formalmente la moción, con lo que la propuesta perdió otra de las firmas que había conseguido para su presentación.

"Cuando vemos a un juez ponerse del lado de la corrupción y de los narcotraficantes para socavar las instituciones del país, tenemos que actuar para devolver la confianza en el sistema. Pero veo a ‘opinólogos’ e ‘internacionalistas’ que, por llevarle la contra a EE. UU., están dispuestos a ver pisoteadas las leyes del Perú. Qué pena que no griten con la misma fuerza contra la corrupción, un cáncer que ha hecho metástasis en todos los niveles del Gobierno", indicó.

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Como se sabe, el juez Núñez Matos también es conocido por un fallo a favor de Cosco Shipping, la empresa china que opera el puerto de Chancay. El 29 de enero de 2026, al resolver una demanda de amparo interpuesta por Cosco Shipping Ports Chancay Perú contra Ositrán y la Presidencia del Consejo de Ministros, declaró fundado el pedido y dispuso que el organismo regulador se abstuviera de ejercer sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario.

"Los empresarios saben que los buenos negocios necesitan leyes claras, instituciones firmes y una democracia que TODOS respeten. Eso es lo que me piden para invertir", señaló el diplomático estadounidense.

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También quitaron visas a funcionarios de Bolivia, Ecuador y Colombia

La Administración de Donald Trump extendió las restricciones de visas a ciudadanía y funcionarios de Bolivia, Colombia y Ecuador, en una medida anunciada por el Departamento de Estado junto con el caso peruano. Washington señaló que estas acciones responden a situaciones que, según su evaluación, comprometen la gobernabilidad democrática debido a hechos vinculados con corrupción o narcotráfico.

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En Bolivia, Estados Unidos retiró las visas de 12 ciudadanos y sus familiares. Entre los afectados figuran jueces, fiscales, un exministro de Justicia, un magistrado constitucional, un exfuncionario de la Aduana Nacional, un policía y un empresario. Además, nueve bolivianos que no contaban con una visa vigente quedaron impedidos de obtenerla. El Departamento de Estado también mencionó al fiscal general Roger Mariaca, a quien atribuyó participación en hechos graves de corrupción.

Las medidas también alcanzaron a Colombia y Ecuador. En el primer caso, fueron incluidos el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). En Ecuador, Washington informó sobre la revocación de visas de dos ciudadanos y sus familiares, aunque no identificó a los afectados. Todas estas restricciones fueron comunicadas bajo la misma política aplicada contra el juez peruano.

Ronald Toro también ratificó que 'Gocha' es peruana, radicada en Lima y que su nombre de pila es Geraldine, de acuerdo con su manifestación policial a la que tuvo acceso La República.

“Gocha es una mujer que se llama Geraldine”, a quien le hice dos carreras de (la avenida) Pacasmayo, en el Callao, hacia el cine Star, del Mall del Sur (San Juan de Miraflores). Me pareció que se dedicaba a trabajar como dama de compañía”, recordó Ronald Toro ante los agentes de la División de Investigación Criminal de Caraz, Áncash.

Acompañado de su abogado, Ronald Toro afirmó que desde hacía tres meses no veía a 'Gocha' y alegó que por su amistad con ella tuvo problemas con su conviviente.

Luis Obispo asesinó a 'China Polo' al mediodía del sábado 19 de septiembre y casi de inmediato fue detenido. Durante la intervención policial, los agentes descubrieron que el criminal pagó el hotel de Caraz donde se encontraba alojado, con una billetera digital de Yape a nombre de Ronald Toro Ardila. En la madrugada del domingo 20 de septiembre, la policía capturó a Toro cuando se encontraba haciendo taxi por aplicativo en el distrito de Santiago de Surco.

Nacido en el estado de Mérida, Venezuela, el 3 de octubre de 1996, Ronald Toro Ardila, de 29 años, declaró que desde que ingresó al país hace siete años se desempeñó como taxista y padre de un niño.

“Trabajo como taxista en la aplicación Yango, actividad que realizo en diferentes distritos de Lima a bordo de un automóvil Toyota modelo Etios color plata de placa CD0-157. (Dicho vehículo) vengo adquiriendo en la modalidad de alquiler-venta, habiendo realizado el contrato de manera informal de palabra con mi persona y mi compatriota Samuel Azuaje, no habiendo firmado ningún documento, cuyo segundo apellido no recuerdo”, relató.

Sin embargo, de acuerdo con Registros Públicos, el vehículo pertenece al venezolano Victerth Sequera Puentes y su pareja Mabel Félix Dávila.

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Relaciones familiares

“Por el alquiler, venta, pago la suma de 500 soles semanales, teniendo una ganancia de 150 soles diarios, aproximadamente. Vivo en una casa alquilada en compañía de mi conviviente (venezolana) Solenny García Rivas, de 25 años, y su menor hijo”, señaló Ronald Toro.

El financista del homicidio de 'China Polo' pretendió desvincularse del sicario Luis Obispo Díaz. Cuando le preguntaron si conocía a su compatriota Obispo, el detenido Ronald Toro mintió. Dijo que no lo conocía.

Sin embargo, los agentes de la División de Investigación Criminal de Caraz le mostraron los yapes con su nombre con los que Luis Obispo Díaz pagó la adquisición de dos celulares en la ciudad de Huaraz, días previos al crimen de la periodista 'China Polo', así como el hospedaje en Caraz. La respuesta de Toro sorprendió a los agentes.

“Tengo una media hermana de nombre Alexandra Toro Moctezuma, de 18 años, de nacionalidad venezolana, que radica en el Perú desde hace dos años. Su permanencia en el territorio nacional es de carácter irregular debido a que no cuenta con documentación migratoria vigente y eso no le permite obtener determinados servicios financieros. Por tal motivo mi persona, que sí cuenta con la legalidad, mantiene cuentas en los bancos Scotiabank, BCP, Interbank y Mibanco”, explicó Ronald Toro.

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El rompecabezas criminal

“Como titular de la cuenta en el Scotiabank, le di a mi media hermana Alexandra mi cuenta para que pueda realizar operaciones mediante el aplicativo plin principalmente para efectuar pagos y recibir transferencias de dinero”, se lavó las manos.

El sujeto también trató de no relacionarse con el homicidio de 'China Polo', afirmando falsamente que no sabía nada del crimen.

Sin embargo, cuando la policía le mostró las imágenes de las cámaras del hotel de Caraz, en el que se hospedó el sicario Luis Obispo junto con otros tres venezolanos (dos hombres y una mujer), dijo que uno de ellos es Adrián Azuaje, pareja de su media hermana Alexandra Toro.

“Es un chamo (venezolano) de nombre Adrián Azuaje, cuyo segundo apellido no recuerdo. Pero él trabaja como delivery. Rara vez me comunicaba con Adrián al igual que con mi media hermana”, declaró Ronald Toro.

Por su parte, el sicario Luis Obispo Díaz identificó que los dos sujetos que aparecen en el interior del hospedaje Caraz, junto con Alexandra Toro, son Adrián Azuaje y 'Morocho'. Ambos son de nacionalidad venezolana.

En efecto, la División de Investigación Criminal ha conseguido nuevas imágenes de los tres venezolanos que se hospedaron junto con el asesino Luis Obispo Díaz en Caraz. Los cuatro llegaron el miércoles 16 de septiembre al mismo hospedaje para ejecutar el plan de asesinato de 'China Polo'. Pese a los intentos de Ronald Toro Ardila de desvincularse del homicidio, está probado que él financió y monitoreó a sus compatriotas desde Lima para segar la vida de Susy Aponte Polo.

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Dieron de alta al homicida Luis Obispo Díaz

• Ronald Toro Ardila admitió que se comunicaba con su hermana Alexandra Toro y su pareja Adrián Azuaje, quienes estuvieron con el asesino Luis Obispo en Caraz para ejecutar el plan criminal contra 'China Polo'.
• “¿Con qué frecuencia usted se comunica vía celular con su media hermana Alexandra Toro y Adrián Azuaje?”, le preguntó la policía. “Rara vez nos comunicábamos por el aplicativo de WhatsApp”, respondió.
• El fiscal Raúl Godo Sedán ha solicitado por vía judicial el levantamiento de las comunicaciones de los dos teléfonos celulares de Ronald Toro, lo que permitirá saber quiénes son sus contactos frecuentes y contribuirá a identificar a la mujer conocida como Geraldine o 'Gocha' que lo contrató para asesinar a 'China Polo'.
• Al cierre de edición, fuentes policiales informaron que el sicario Luis Obispo Díaz fue dado de alta por los médicos del hospital Víctor Romero Guardia de Huaraz, y que fue trasladado a la División de Investigación Criminal de Huaraz. Obispo recibió tres impactos de bala.

El trasfondo es el debate sobre la delegación de facultades. El proyecto del Poder Ejecutivo se viene discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y, si es aprobado por el Pleno, pasará al Senado. Allí será revisado por la Comisión de Constitución, a la que Zunini ha pedido despejar ciertas dudas. Este grupo de trabajo es presidido por Carlos Mesía, senador de Fuerza Popular.

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Las consultas van a partir de dos artículos del Reglamento del Senado: el 25, que exige que los cambios sean complementarios y no incorporen materias distintas, y el 142, que prohíbe desnaturalizar la propuesta sin definir qué significa ese término.

Según el artículo 105 de la Constitución, el texto que modifica el Senado se envía a promulgación y no regresa a Diputados, por lo que no existe una instancia posterior que corrija un eventual exceso.

En el oficio, Zunini plantea cinco preguntas: qué significa "desnaturalizar", si los límites alcanzan a los textos sustitutorios y a los cambios hechos en el Pleno, qué elementos componen la propuesta que sirve de parámetro, qué criterios deben aplicar la comisión, la Mesa Directiva y el Pleno, y qué consecuencia procede si se desnaturaliza una iniciativa (declararla improcedente, reconducir la materia nueva a otro proyecto o convocar una conferencia con Diputados).

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Desnaturalizaciones desde el Senado

Zunini recuerda que Reto advirtió, en su discurso por el 204.° aniversario del Parlamento, que el Senado debe cuidarse de no desnaturalizar ni reemplazar la actividad de creación legislativa.

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Además, el diputado de Juntos por el Perú cita a senadores de Fuerza Popular para señalar posibles “lecturas distintas” a lo dicho por Reto. Entre ellos, Martha Chávez, quien dijo que su bancada buscaría restituir el texto original si Diputados aprueba solo una parte.

Zunini pide que la comisión responda antes de que el Senado revise la delegación de facultades. El pedido se apoya en el artículo 145 del Reglamento del Senado, que obliga a las comisiones ordinarias a absolver las consultas de cualquier senador u órgano parlamentario, entre ellos la Presidencia del Senado.

El senador de Obras, Daniel Barragán, explicó que su agrupación evaluó el caso durante una reunión de dos horas con su presidente, Ricardo Belmont Cassinelli. "Nosotros hemos decidido no censurar al ministro del Interior. Esta es la postura que hoy tiene el Partido Cívico Obras", afirmó.

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La decisión de Obras llegó después de la interpelación a Astudillo por su gestión frente a la inseguridad ciudadana. Barragán sostuvo que las agrupaciones políticas tienen la posibilidad de adoptar posiciones propias, incluso cuando forman parte de una misma coalición.

Por su parte, el Partido del Buen Gobierno aún no definió si respaldará o rechazará la moción de censura. El senador Flavio Figallo confirmó que su agrupación conversará esta tarde con Astudillo, luego de que el ministro solicitara una reunión. "Nos ha pedido una conversación y nosotros no se la podemos negar", dijo a Epicentro.

La diputada del Buen Gobierno, Rossana Alayza, también dejó abierta la posibilidad de que la bancada modifique su posición después de la conversación con el ministro del Interior. "Siempre se puede cambiar de postura", sostuvo. Con ello, la agrupación todavía mantiene en evaluación el sentido de su voto frente al pedido contra Astudillo.

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Ahora Nación tampoco respaldará censura contra César Astudillo

La bancada de Ahora Nación acordó por mayoría no respaldar la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. El diputado José Marcelo informó que la decisión se tomó luego de una reunión con el premier Luis Galarreta y otros representantes del Ejecutivo.

Marcelo explicó que la mayoría de la agrupación considera que Astudillo, quien lleva cerca de dos meses en el cargo, no ha cometido una falta ética o moral que justifique su salida. “En relación con el tema de la censura hemos llegado a un acuerdo por mayoría en bancada de que no vamos a apoyar dicha moción”, declaró.

El parlamentario también precisó que podría existir algún voto en contra de la decisión mayoritaria cuando el pedido llegue al Pleno. La moción fue presentada con 35 firmas de Juntos por el Perú, Obras y Buen Gobierno, bancadas que suman 64 votos, mientras que se requieren 66 para aprobar la censura. Con la postura de Ahora Nación, sus 10 integrantes no se incorporarán al bloque que impulsa la medida.

"La unión hace la fuerza. Sí, Allison, vamos a ir con todo. Estoy desprendiéndome políticamente para llegar a algo, porque el resto no lo quiere resolver", señaló Llanos en un video publicado en la cuenta de TikTok del representante de Avanza País.

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Por su parte, Allison agradeció el apoyo y señaló que ambos tienen ideas coincidentes en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Francis Allison se mantiene en el tercer lugar con 4,7%. Con ese porcentaje, se posiciona por delante de Daniel Urresti, de Podemos Perú, quien registra 4,1%, pero todavía se encuentra por debajo de Carlos Bruce, de Somos Perú, que cuenta con 17,1%, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien obtiene 20,1%.

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En Progresemos rechazan apoyo de Llanos a Allison

Paul Jaimes, líder del partido Progresemos, señaló que el apoyo de Llanos a Allison no cuenta con el aval de la dirigencia partidaria. Aseguró sentirse decepcionado del candidato y no descartó que puedan existir "intereses económicos" que lo hayan llevado a tomar esta decisión.

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"Es una decisión netamente unilateral, sin respaldo alguno. El partido Progresemos se constituyó con personas con lealtad. (...) Se va como un mercenario por intereses económicos y falta de ética", indicó.

Jaimes aseguró que los candidatos distritales del partido no darían su apoyo a Allison. Asimismo, anunció que en las próximas horas emitirían un comunicado conjunto al respecto.

Bruce suma apoyo de Fernán Altuve, militante de Avanza País

Del otro lado de la vereda política, Bruce sumó el apoyo de Fernando Altuve, excongresista y figura de Avanza País, partido por el cual postula Francis Allison.

"Yo voy a votar por Carlos Bruce. Prefiero votar con mi conciencia. Las bases de Avanza País con las que yo hablo van a votar por 'Techito', no por Allison. Voy a estar más tranquilo votando con libertad", dijo Altuve en el programa 'Esta Noche', de Milagros Leiva.

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Además, Altuve señaló que renunciará a Avanza País, partido con el que, en su momento, postuló a la vicepresidencia.

Bruce también indicó que otra de las figuras políticas que lo apoyaría sería el excongresista aprista Mauricio Mulder. Sin embargo, posteriormente borró de su cuenta de X el video en el que hacía público el endose.

Allison responde a Bruce

Tras los anuncios de Bruce, quien señaló que desde las filas de Avanza País habría respaldo a su candidatura y no a la de Francis Allison, el exalcalde de Magdalena respondió con un video grabado desde el local de la organización política.

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En las imágenes, Allison aparece acompañado por Aldo Borrero, presidente de Avanza País, y Luis Flores, secretario general del partido. Ambos dirigentes ratifican que la organización política respalda únicamente la candidatura de Allison.

La dirigencia de Avanza País ya había reafirmado públicamente su respaldo al exalcalde de Magdalena tras la controversia generada por las declaraciones de Armando Barrantes, exsecretario nacional de la agrupación.

“Carlos Bruce no acepta la caída de su candidatura y, en su desesperación, intenta dañarme con actos que dejan claro que es una persona sin ética ni valores. Seguimos avanzando a toda marcha. Gobernar es proteger”, señaló Allison en su cuenta de X (antes Twitter).

"Su mensaje político es amenazante y, en momentos en que la población no siente los resultados de la lucha contra la delincuencia, y a puertas de uno de los fenómenos climáticos más intensos de los últimos 50 años, corresponde que usted se concentre en atender las necesidades de la población y no malgaste su tiempo confrontando al Congreso", indicó mediante sus redes sociales.

Asimismo, el exrector de la UNI cuestionó a la mandataria frente a las advertencias dirigidas hacia el Congreso durante la inauguración de una obra preventiva.

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"¿Qué pasa señora presidenta? ¿Qué significa que usted diga que están 'poniendo a prueba su paciencia'? ¿Qué va a pasar cuando la pierda? Hable claro".

En ese sentido, el senador exigió a la jefa de Estado recordar su mandato constitucional y la necesidad de priorizar el orden por encima de la confrontación.

"Recuerde que usted ha sido elegida democráticamente y una de sus prioridades es mantener la estabilidad de nuestro país".

López Chau también precisó la postura de su agrupación frente al diálogo con el Ejecutivo y condicionó cualquier acercamiento al respeto estricto de la Constitución.

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"Nosotros siempre estaremos abiertos a conversar ¡pero siempre respetando el marco constitucional y teniendo claras las reglas del juego!".

Las declaraciones del líder de Ahora Nación se suman a la postura de diversos dirigentes de oposición. Entre ellos, el líder de Buen Gobierno, Jorge Nieto, el jefe de asesores de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y el vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán, quienes coincidieron en rechazar las exigencias del Ejecutivo hacia el Congreso.

Advertencias del Ejecutivo sobre la delegación de facultades

El pronunciamiento de López Chau se da tras el discurso del Ejecutivo donde exigía que el Congreso apruebe las facultades solicitadas. Durante una actividad pública en Ica, la presidenta Keiko Fujimori cuestionó al Parlamento por los plazos de evaluación de la medida.

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"Se ha presentado un pedido de facultades al Congreso de la República. Llevan cuatro semanas, y hasta ahora nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia (...) Nos otorguen o no nos otorguen facultades, tomaremos todo para enfrentar este flagelo", indicó.

En esa misma línea, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que la paciencia del Ejecutivo tiene un límite ante la postura del Congreso de condicionar la aprobación del pedido de facultades solo a seguridad y al Fenómeno El Niño.

"Ojalá puedan recapacitar, porque nosotros hemos mantenido paciencia democrática y una actitud republicana, hasta el momento", señaló.

El fallo de Núñez Matos fue emitido el 29 de enero de 2026, tras una demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú contra Ositrán y la Presidencia del Consejo de Ministros. El juez declaró fundada la demanda y ordenó al organismo regulador abstenerse de ejercer sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario.

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La decisión judicial limitó la intervención de Ositrán en el megapuerto. El fallo contempló como excepción la determinación de tarifas a usuarios finales, siempre que existiera una decisión previa de Indecopi sobre la falta de competencia en ese aspecto. La resolución generó una disputa sobre el alcance de las facultades del Estado frente a una infraestructura de propiedad privada y de uso público.

Sin embargo, esa sentencia no quedó vigente. La Segunda Sala Constitucional de Lima revocó el fallo de primera instancia y declaró improcedente la demanda de Cosco Shipping. El tribunal sostuvo que el puerto de Chancay es una infraestructura de transporte de uso público y que la empresa que lo opera está sujeta a las facultades de Ositrán.

El caso todavía tiene un nuevo capítulo. Cosco Shipping presentó un recurso de agravio constitucional para llevar la controversia al Tribunal Constitucional. La Segunda Sala Constitucional concedió el recurso en julio y ordenó elevar el expediente al TC, por lo que la disputa sobre las facultades de Ositrán todavía no tiene una decisión definitiva en esa instancia.

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Funcionarios de Bolivia, Ecuador y Colombia también recibieron restricciones de visa

El Departamento de Estado anunció que la medida también alcanzó a funcionarios y ciudadanos de Bolivia, Colombia y Ecuador también recibieron restricciones de visa, como parte de la misma política anunciada por la Administración de Donald Trump. Washington sostuvo que estas acciones buscan responder a casos que, según su evaluación, afectan la gobernabilidad democrática por corrupción o narcotráfico.

En Bolivia, Estados Unidos revocó las visas de 12 ciudadanos y sus familiares. La lista incluyó jueces, fiscales, un exministro de Justicia, un magistrado constitucional, un exfuncionario de la Aduana Nacional, un policía y un empresario. Además, otros nueve ciudadanos bolivianos quedaron impedidos de obtener una visa estadounidense, aunque no tenían una vigente. Entre los casos señalados por Washington también estuvo el fiscal general Roger Mariaca, a quien el Departamento de Estado acusó de participar en actos graves de corrupción.

En Colombia, las restricciones alcanzaron al empresario Euclides Antonio Torres Romero y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). En Ecuador, el Gobierno estadounidense informó que revocó las visas de dos ciudadanos y sus familiares, aunque no reveló sus nombres en el comunicado. Las medidas fueron anunciadas el mismo día y bajo la misma política aplicada al juez peruano.

A través de sus redes sociales, el político fustigó la propuesta e indicó que carece de sustento legal para continuar en debate. "Su mal hecho documento no se ajusta a la Constitución, corresponde ser archivado", se lee en su publicación.

Esta postura surgió en respuesta a las declaraciones del presidente del Congreso de la República, Miguel Torres, quien previamente acusó a la oposición de "darle la espalda al país" por rechazar la iniciativa.

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Según Torres, se negaron a negociar el contenido del dictamen pese a que existían temas de emergencia nacional pendientes.

"Durante 30 días dijeron que el pedido de facultades era demasiado amplio y debía concentrarse en seguridad y fenómeno de El Niño. Entonces correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo. Mañana la Comisión de Constitución tiene que mostrar prudencia y responsabilidad”.

Frente a ello, Sánchez tildó al Ejecutivo de "soberbio" y rechazó que la oposición se haya negado al diálogo sin plantear mejoras para el texto. Según explicó, desde su sector se propuso salidas técnicas para mantener el debate sin transgredir el marco legal, pero no hallaron disposición de parte de la bancada fujimorista ni de la Mesa Directiva.

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En esa línea, el dirigente recordó que se solicitó rehacer el texto inicial y buscar un pacto para aprobar únicamente un dictamen parcial enfocado en las emergencias del país.

"Se les ha pedido con documentos aclaración de su interpretación del reglamento para no desnaturalizar un eventual dictamen parcial; ¡no responden!", cuestionó Sánchez al calificar la propuesta original de "mamarracho".

Arturo Alegria cuestiona postura de la oposición

El congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría, cuestionó al representante de Juntos por el Perú, acusándolo a él y a su agrupación de ignorar las demandas de la ciudadanía ante la crisis actual.

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"Le está dando la espalda a millones de peruanos que le exigen a sus autoridades tomar decisiones y acciones frente a la emergencia que está viviendo nuestro país. Roberto Sánchez y Juntos por el Perú encarnan el revanchismo y la indolencia", señaló el legislador.

En ese sentido, Alegría rechazó la versión de la oposición sobre una supuesta falta de apertura y sosuvo que su bancada sí buscó el diálogo.

"Durante mucho tiempo hemos buscado acercamientos para poder conversar y ellos simplemente dicen no", apuntó el congresista.

La moción para destituir al ministro del Interior

Se recuerda que el pasado 24 de septiembre se presentó oficialmente la moción de censura contra el titular del sector Interior. El documento justifica la solicitud en la "manifiesta incapacidad en la conducción del sector y por el agravamiento de la violencia letal en el país", sustentado en que la permanencia de Astudillo resulta insostenible frente al avance continuo de la criminalidad organizada.

Frente a esta medida, el diputado Harvey Colchado difundió una carta abierta el 27 de septiembre para pedir a sus colegas que no apoyen la remoción inmediata del ministro.

En su pronunciamiento, Colchado sostuvo que una censura en este momento "puede abrirle las puertas del Mininter a quienes quieren enterrar cualquier reforma policial".

Por este motivo, planteó fiscalizar al sector mediante cinco indicadores técnicos y evaluar hasta el mes de diciembre la viabilidad de su salida.

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Frente a la sugerencia de postergar la votación, Zunini indicó que las demandas de la ciudadanía no permiten otorgar tiempos de espera al Gobierno. Zunini recordó que la inseguridad en las calles mantiene un impacto en la población, en un contexto donde "seguimos teniendo siete u ocho asesinatos diarios".

Bajo ese panorama de violencia cotidiana, cuestionó que se intente evitar la censura parlamentaria por causa de procesos internos que no han demostrado mejoras en la protección pública.

Postura de la bancada de Juntos por el Perú

Sobre la carta de Colchado, la diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, señaló que respetan las posturas individuales dentro de la oposición, pero remarcó que el foco debe estar en la seguridad del país.

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"Nosotros somos muy perseverantes en esta situación por el incremento de la criminalidad y estoy segura de que Ahora Nación va a formar parte de ello".

Además, Márquez sostuvo que su bancada busca sumar los 66 votos requeridos junto a Obras y Buen Gobierno para asegurar la censura. "(…) con Ahora Nación estamos completando estos días", indicó para la prensa.

Manrique explicó que no firmó la moción porque consideraba prudente dar un plazo razonable antes de juzgar una gestión. Sin embargo, sostuvo que la gestión de Astudillo no ha sido adecuada y que, ante la próxima votación sobre su continuidad en el cargo, votará a favor de su salida.

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“Si hoy corresponde evaluarla, mi balance es desaprobatorio y los motivos sobran. Por ello, votaré a favor de la censura del ministro Astudillo. Es una decisión compleja. Existen argumentos válidos de ambos lados, incluso dentro de mi propia bancada. Espero que, cualquiera sea el resultado, este sea un punto de partida para recuperar consensos y poner al país por delante”, indicó a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Al igual que Manrique, la diputada Indira Huilca, también de las filas de Ahora Nación, ha señalado que votará a favor de la censura del ministro del Interior. Huilca consideró que la labor desempeñada por Astudillo hasta el momento evidencia una manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo.

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Ahora Nación no apoyará moción contra Astudillo

La bancada de Ahora Nación decidió, por mayoría, no respaldar la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo. El diputado José Marcelo comunicó esta postura tras la reunión que sostuvo el grupo parlamentario con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y otros miembros del Ejecutivo.

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Marcelo explicó que la mayoría de la bancada considera que Astudillo lleva cerca de 2 meses al frente del sector y que, hasta el momento, no se ha evidenciado una conducta ética o moral que amerite respaldar su salida del cargo. Por ello, el grupo acordó no apoyar la iniciativa de censura.

El diputado calificó de respetuoso el encuentro con el Ejecutivo y aseguró que este expresó su disposición a acatar las decisiones de la bancada y de la Cámara de Diputados.

Meses después, el propio Alfaro ordenó que se emitiera una orden de captura contra el entonces mandatario, luego del intento de golpe de Estado perpetrado por Castillo el 7 de diciembre de 2022.

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Durante el juicio contra el exmandatario por conspiración, Alfaro declaró que el presidente Castillo había solicitado que se dispusiera el retiro del personal del Congreso. Según detalló el general durante el juicio, estos pedidos lo llevaron a considerar que la decisión del expresidente era errada. Alfaro señaló que correspondía ordenar su captura debido a que se encontraba en flagrancia.

"El presidente me dice: 'General, cierre el Congreso, saque a todos, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la Nación y dé seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, de la premier Chávez y al domicilio de sus padres'. Yo le respondí: '¿Cuál es el motivo?', y me dijo que esos detalles los daría el ministro (Willy Huerta)", indicó.

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Fue investigado por muertes en protestas

Asimismo, Alfaro fue investigado por las muertes ocurridas durante las protestas contra Dina Boluarte en los primeros meses de 2023. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo presentó en su momento una acusación contra Alfaro, debido a su rol como jefe policial, por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía en agravio de Denilson Huaraca.

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Por este delito, la Fiscalía solicitó 35 años de prisión efectiva para el entonces comandante general. Junto con él, la acusación también alcanzó al entonces teniente general PNP (r) Jorge Angulo.

Registros periodísticos señalan que Alfaro fue citado también ante el Ministerio Público para responder preguntas sobre los asesinatos cometidos durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023. Sin embargo, los mismos registros indican que Alfaro decidió no dar declaraciones.

Hemos insistido en que el reto de este periodo pasa por abandonar esa dinámica y abrir espacios formales de negociación. Espacios como esos siempre requieren mediaciones institucionales abiertas y alguna idea clara sobre cómo administrar el futuro inmediato. Otras dos cosas que nos siguen haciendo falta. Los temas llamados a abrir una mesa, que por ahora es apenas una aspiración teórica, siguen siendo el presupuesto del ejercicio 2027, en el que tenemos problemas de asignación que no estamos discutiendo, y el modo de resolver los enormes efectos colaterales que generan las economías de metales de origen incierto, especialmente la del oro. La seguridad y El Niño son asuntos de otra naturaleza. Por su urgencia, deberían haber permitido al gobierno exhibir una capacidad de reacción de la que claramente no está provisto.

Dos velocidades que deberían haberse diferenciado. La velocidad de la política, que requiere la construcción de canales de negociación abierta, y la de las urgencias, que requiere capacidad de reacción. En su primer abordaje de la escena, el gobierno no notó las diferencias entre estas dos velocidades. Mezcló los cuatro asuntos con otros más en un solo pedido de facultades delegadas, no diferenciadas por la urgencia ni por su alcance o necesidad.

Para reaccionar ante la urgencia casi no hacía falta pasar por el Congreso. Para abrir espacios de negociación no tenía sentido usar una solicitud escrita en el formato de un ómnibus que comienza a caerse a pedazos.

Pablo Moreyra está entre quienes se han tomado la molestia de mirar al detalle el paquete de 66 facultades solicitadas. Él ha encontrado 31 pedidos que tocan o pueden impactar sobre El Niño y la seguridad. De su lista me quedo sin duda con la ayuda directa del INDECI, obras por impuestos para desastres y bonos de vivienda para damnificados, tres asuntos que deberían haberse destrabado del paquete para tramitarse con verdadera urgencia. Si los tres asuntos necesitan respaldo legal, bien podrían haber sido propuestos usando el procedimiento especial para leyes de aprobación urgente, que también existe y es mucho más viable y menos problemático que el pedido de facultades delegadas.

Sobre seguridad, el paquete incluye pocas cosas útiles y casi ninguna que requiera una ley. Menos una ley urgente. Sobre minería ilegal, el gobierno pide facultades para legislar sobre la trazabilidad de los minerales que circulan en el país, pero se mantiene en relativo silencio sobre las condiciones que podrían evitar la prórroga del REINFO, el registro que hace posible circular esos metales sin trazabilidad alguna.

Volviendo al paquete, el mayor volumen de contenido aparece en la parte económica. Pero esta es, al mismo tiempo, la parte menos urgente de la solicitud. Ahí está el difícil debate sobre los topes a las tasas de la Ley 31143, las reformas al Código Tributario y los regímenes simplificados, la formalización laboral, el factoring para Mypes y la reforma del servicio civil. En esta parte, Moreyra reconoce asuntos que deberían haber sido tramitados por el procedimiento regular de iniciativas legislativas del gobierno: hidrocarburos, electricidad, turismo, asociaciones público-privadas, finanzas abiertas, feriados, colegiatura de los artistas. Y reconoce, además, un grupo de asuntos que ni siquiera requieren una ley para reformarse: estandarizar trámites, cobrar derechos según costos reales, reformar las reglas sobre la vigencia de los certificados de seguridad en edificaciones, dar un enfoque preventivo a la inspección laboral y reformar el procedimiento registral para vivienda social.

El paquete estuvo sobrecargado desde el origen. Y el gobierno no lo ha gestionado más allá de blandirlo como si fuera un estandarte de guerra. Defendido con una lógica bastante infantil, un “quiero, entonces denme”, el pedido parece haber terminado siendo más un pretexto para instalar un dispositivo de beligerancia entre diputados y gobierno que para construir herramientas de salida a la crisis en que estamos. Y claro, en un ambiente cargado por la polarización, una reacción como la de Diputados, del tipo “exiges, entonces niego todo”, no hace más que convertir la secuencia en una profecía autocumplida.

Un gobierno que no parece interesado en crear un espacio de negociación con la mayoría de Diputados. Una mayoría en Diputados que no logra pasar por el Pleno una sola propuesta legislativa en sesenta días. Una mayoría a la que tampoco parece importarle construir escenarios que tiendan a abrir la negociación como procedimiento político. Si no cambiamos la ruta, podemos terminar en un proceso sostenido de desgaste en las relaciones entre el gobierno y la Cámara Baja. Uno que cancelaría la acción política institucional: un gobernar sin nuevas leyes que use al Senado como plataforma destinada a mantener a raya a Diputados. Poco menos que un país paralizado institucionalmente que confía en que el auge de los precios del oro se encargará automáticamente de mantener los números grandes de la economía en azul, y que con eso basta.

O Diputados aprende a legislar y el gobierno a hacer política, o la pasividad de ambos va a congelarnos.

Día sesenta. Donde debió haber un ejercicio de articulación institucional, hemos tenido una escena que simplemente reproduce un ciclo de polarización del que deberíamos estar saliendo.

Durante la inauguración de una obra preventiva frente al Fenómeno El Niño, la mandataria cuestionó que hayan transcurrido cuatro semanas sin una decisión y se alineó con el reclamo del jefe de Gabinete.

"Hemos escuchado también al primer ministro. Están poniendo a prueba su paciencia republicana".

En esa línea, Fujimori sostuvo que el Ejecutivo adoptará medidas contra la criminalidad organizada con o sin el respaldo del Parlamento.

"Esperamos tener noticias positivas (...). Nos otorguen o no nos otorguen facultades", indicó.

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Las advertencias previas de la PCM

El lunes 28 de septiembre, durante una anuncio en Palacio de Gobierno, Luis Galarreta, exigió a las bancadas parlamentarias frenar las mociones contra el Gabinete y aprobar las facultades presentadas por el Gobierno.

A su vez, el premier cuestionó la falta de respaldo político en el Parlamento y sostuvo que la tolerancia del oficialismo tiene un final.

"Ojalá se pueda recapacitar, porque nosotros hemos mantenido paciencia democrática y una actitud republicana, hasta el momento".

Roberto Sánchez sobre advertencias de Luis Galarreta

El jefe de asesores de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuestionó al premier y le exigió asumir la responsabilidad de su cargo o dar un paso al costado tras sus advertencias.

“Si el señor quiere amenazar al país, amenazar al sistema democrático, con sus momentos fugaces de emociones entonces que de un paso al costado y que diga no soy capaz y me voy. Esa sería la postura correcta si es que quiere asumir la responsabilidad de premier”.

Además, agregó que desde su bancada están en contra de toda medida que perjudique la democracia. “Rechazamos todo tipo de acción totalitaria”

Victor Piñán: “Sus palabras tienen un tufillo noventero”

Por su parte, el diputado y vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán, se sumó al rechazo contra la postura del Ejecutivo y respondió a la mandataria que no aceptarán presiones del Gobierno.

“No le vamos a permitir a la señora Keiko Fujimori que le dé órdenes al Congreso. Sus palabras tienen un tufillo noventero”, indicó por medio de sus redes sociales.

Jorge Nieto: "En vez de amenazar, gobierne"

A través de sus redes sociales, el exministro y líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, también respondió al discurso de la mandataria y rechazó las declaraciones del Ejecutivo.

“Ayer fue una frase similar. Ok. Se les chispoteó. Pero hoy es usted, presidenta Keiko Fujimori. Recuerde: toda repetición es una ofensa”, sostuvo en referencia al previo pronunciamiento del premier Luis Galarreta.

Asimismo, Nieto le pidió a Fujimori dejar de lado la presión sobre el Parlamento y centrar sus esfuerzos en la crisis de inseguridad que enfrenta el país. “¿Desde cuándo pasamos del diálogo a la amenaza? En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue. La presión externa somete. Por favor, ¡gobierne!”, indicó por medio de sus redes sociales.

El predictamen que recomienda no aprobar el pedido de facultades

Las exigencias del Ejecutivo chocan con las conclusiones del predictamen elaborado por la Comisión de Constitución, el cual recomienda no otorgar las facultades.

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El documento, de 205 páginas y elaborado por la mesa de trabajo que preside la bancada de Juntos por el Perú, concluye que el Gobierno no logró fundamentar la urgencia constitucional que justifique legislar de manera directa sin pasar por el debate parlamentario ordinario.

El informe técnico detalla que la solicitud del Ejecutivo abarca un paquete masivo de ocho áreas: seguridad, migración, micro y pequeñas empresas (pymes), empleo, impuestos y vivienda.

Sin embargo, los analistas de la comisión determinaron que las materias presentadas son demasiado amplias, carecen de precisión y no cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la Carta Magna.

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Previamente, otras cinco comisiones ordinarias emitieron opiniones desfavorables sobre la delegación de facultades en los temas correspondientes a sus sectores, coincidiendo en la falta de sustento del paquete normativo.

La Comisión de Constitución tiene programado sesionar entre este martes y miércoles para debatir y someter a votación el predictamen que plantea el archivo definitivo del pedido.

La decisión del grupo político se definió luego de dos jornadas de debate interno entre sus integrantes. Según Colchado, las discusiones parlamentarias concluyeron con un acuerdo en el cual entre siete y ocho legisladores optaron por marcar distancia de la iniciativa impulsada en la Cámara Baja.

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"A favor de la censura, tres. Máximo tres", precisó el parlamentario sobre el recuento de apoyos dentro de su bancada, vía RPP.

Además, Colchado detalló que solo dos legisladores, Indira Huilca y Jair Manrique, hicieron pública su posición de respaldar la salida de Astudillo a través de sus redes sociales.

“Ya se han pronunciado, me parece, dos. Es Jair Manrique, lo he visto en Twitter e Indira Huilca, los dos [están] a favor de la censura”.

El parlamentario explicó que su postura a favor de la permanencia del ministro responde a la reciente designación del teniente general Freddy López Mendoza como comandante general de la Policía Nacional.

Desde la perspectiva del legislador, la llegada de un nuevo mando en la institución policial requiere estabilidad política para ejecutar las medidas de inteligencia y los cambios del personal a fin de año.

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"Cuando ingresa un teniente general como Freddy López Mendoza, a quien Astudillo designa, nos da fe de que puede hacer un buen trabajo. Hay que esperar el plazo mínimo de tres meses para ver los resultados", sostuvo el diputado de Ahora Nación.

Colchado remarcó que López Mendoza cuenta con un perfil adecuado para conducir las operaciones contra la criminalidad, por lo que resulta un error descabezar el Ministerio del Interior en pleno proceso de pases a retiro y ascensos policiales. "No podemos, en un proceso de pases a retiro, cambios de colocación y ascensos, hacer un cambio de esta manera y descabezar cuando ha entrado un comandante general que nos da algo de fe por su trayectoria", agregó.

Pese a la resolución del bloque parlamentario, la bancada mantendrá el respeto a la postura individual de sus integrantes que insisten en la censura. "Un partido no significa que todos somos corderitos. Yo respeto a Indira Huilca y a Jair Manrique, pero los demás no están de acuerdo", concluyó Colchado sobre las discrepancias internas en Ahora Nación.

Según contó el aspirante al sillón municipal, quien postula por el partido de Fuerza Popular, los desconocidos le dejaron un artefacto explosivo y una carta amenazante en las afueras de su vivienda.

"Me extorsionan, pretenden callarnos e intimidarnos. No les tengo miedo. A quienes pretenden amenazarme, les respondo que los ciudadanos de bien somos más y que ya di cuenta a la Policía", dijo Nuñevero.

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Policía investiga el caso

Al respecto, el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Eric Ángeles Puente, informó que ya se viene investigando el caso y que también se está brindando seguridad.

"Hemos recibido la denuncia y, de inmediato, se constituyó personal policial en el inmueble a fin de neutralizar y realizar el recojo de evidencias. Además, se le viene brindando seguridad mediante patrullajes", dijo la autoridad policial.

Luna Victoria León, quien se desempeñó como ministro de Pesquería desde octubre de 1999 hasta julio de 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori, ocupaba el cargo de superintendente de la institución tributaria desde el 6 de agosto de 2026.

Su nombramiento cuenta con las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. La designación se realizó previo acuerdo del Consejo de Ministros. Luna Victoria León permanecería cinco años en el cargo durante este nuevo periodo.

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Hoja de vida

Luna Victoria es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde también se ha desempeñado como docente. Integra el Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y la International Fiscal Association (IFA). Además, ha ejercido como socio especializado en materia tributaria y aduanera en estudios jurídicos, entre ellos Rubio Leguía Normand y Rebaza Alcázar & De Las Casas.

El exministro ha estado vinculado a Fuerza Popular durante los últimos años. En 2011, formó parte del equipo técnico de Fuerza 2011, partido fujimorista que buscó llevar a Keiko Fujimori por primera vez a la Presidencia de la República.

"¿Desde cuándo pasamos del diálogo a la amenaza? En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue. La presión externa somete. Por favor, ¡gobierne!", señaló por medio de sus redes sociales.

Durante la inauguración de una obra preventiva frente al Fenómeno El Niño, Fujimori apeló al legado político de su padre, Alberto Fujimori, para justificar su experiencia de gobierno y cuestionó las cuatro semanas de demora para el debate y la decisión sobre el pedido de facultades.

"También le decimos a la población que tomaremos todo para enfrentar este flagelo, nos otorguen o no nos otorguen facultades", sostuvo la jefa de Estado. Con estas declaraciones se alineó con el mensaje previo de su premier, Luis Galarreta, quien un día antes sostuvo que el oficialismo mantuvo con el Congreso "paciencia democrática hasta el momento".

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A través de un mensaje público, Jorge Nieto rechazó la narrativa del Ejecutivo y cuestionó la insistencia en responsabilizar al Congreso por la falta de avances en seguridad y reactivación económica.

"Ayer fue una frase similar. Ok. Se les chispoteó. Pero hoy es usted, presidenta Keiko Fujimori. Recuerde: toda repetición es una ofensa", replicó el líder del Buen Gobierno en referencia a los dichos de Galarreta, quien también acusó al Legislativo de "darle la espalda al pueblo" si no autoriza las medidas pedidas por el Gabinete.

Su posición se conoce tras un predictamen que rechaza aprobar las facultades legislativas. Este miércoles, el Congreso continuará evaluando si otorgar o no el pedido del Ejecutivo.

La gerenta del Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía, Brenda Belleza, detalló que hasta la fecha identificaron 66 ocurrencias de relevancia penal relacionadas a los comicios de este domingo, de las cuales 39 están en seguimiento y sobre 12 ya se aperturó investigación.

“No necesariamente todas las ocurrencias tienen una investigación iniciada. En algunos casos ya se viene realizando el seguimiento y en algunos todavía no se ha presentado investigación, pero sobre todos ellos el fiscal viene realizando el acercamiento para poder ver en qué medida es necesario iniciar una investigación y realizar los procesos que correspondan”, señaló Belleza a La República.

La mayor cantidad de estas incidencias se han producido en La Libertad con 10 casos, seguida por Loreto y Lima Este con 5. Aparecen también Lambayeque e Ica con 4 casos; y Lima Centro, Junín y Cajamarca todos con 3 casos.

“Advertimos riesgos como el alto índice de criminalidad respecto de delitos violentos como la extorsión, sicariato, robo agravado. Tenemos candidatos que ahora mismo, por ejemplo, han sufrido robos, accidentes o atentados también en algunas circunstancias”, sostuvo la funcionaria.

Sus declaraciones van en línea de la marcada peligrosidad con la que se vienen desarrollando las elecciones regionales y municipales. El último 19 de setiembre fue asesinada Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, de un balazo durante una actividad proselitista.

Precisamente, el reporte del Observatorio Criminal del Ministerio Público registra dos casos de homicidios. Sumado al de Susy Aponte ocurrió otro en la región Apurímac. Un candidato a regidor distrital fue asesinado por arma blanca en medio de un enfrentamiento entre simpatizantes.

A ello se suman los casos de amenazas revelados. Hace apenas cuatro días el candidato al gobierno regional de Junín por Alianza para el Progreso, Arnoldo Mallma, denunció que recibió un paquete con una cabeza de perro, fotografías y una carta con amenazas de muerte en el exterior de su vivienda, en el sector San Carlos de Huancayo.

“No necesariamente todas las amenazas llegan al fiscal, lo que nosotros hemos hecho es coordinar en las mesas de trabajo interinstitucional que se han establecido para este proceso, que todos estos hechos que sean conocidos por las organizaciones del sistema electoral, sean comunicados al Ministerio Público para su debida investigación. Si hay un compromiso por parte de los jefes de los organismos y con ello esperamos mejorar el abordaje de esta situación”, indicó.

Despliegue de fiscales

La Fiscalía dispondrá 6.538 fiscales a nivel nacional para cubrir los 34 distritos fiscales este domingo 4 de octubre. La fiscal provincial de prevención del delito, María Rabines, adelantó que esperan designar a un fiscal por cada local de votación.

“Estamos principalmente enfocados en lo que son delitos electorales para que el ciudadano vaya con tranquilidad a votar y todo se desarrolle normalmente. Se supervisarán la prevención de delitos como inducción al voto, propaganda electoral y suplantación, que son los de más alta incidencia”, detalló.

Sin embargo, aclaró que también estarán preparados ante posibles incidencias relacionadas a lesiones, disturbios o ataques que podrían ocurrir. Para ello, el trabajo es articulado con las fiscalías penales y especializadas, debido al contexto local y regional.

“El trabajo es coordinado a nivel nacional, con la ONPE, JNE y la Policía [...] Si se dan otros delitos como lesiones, disturbios —que son aledaños— también en determinadas zonas se puede dar sicariato y extorsión relacionado a los políticos, porque las regionales o municipales no son diferentes a las presidenciales, son más locales. Eso también se trabaja”, agregó.

La Fiscalía también ha participado en la verificación de los equipos de cómputo electoral para las elecciones del domingo en las oficiales descentralizadas. Asimismo, según el protocolo electoral, los fiscales de prevención de delito han supervisado el arribo de material electoral a los distintos ODPE, junto a efectivos de la Policía, JNE y la ONPE. ❖

López Aliaga aseguró que el problema de la criminalidad requiere decisiones inmediatas. Según su propio balance, en los primeros 60 y pico días del actual Gobierno hubo “más de 200, casi 300 muertos”. El también exalcalde de Lima sostuvo que la situación también se refleja en los cobros de cupos que, según relató a partir de conversaciones con personas de barrios vulnerables, afectan a una parte importante de la población. “Ocho de diez pagan cupo”, afirmó.

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El líder de Renovación Popular consideró que el Ejecutivo no necesita esperar una delegación amplia del Congreso para actuar contra la delincuencia. Puso como ejemplo a Dina Boluarte y recordó que, durante su administración, el Ejecutivo emitía decretos de urgencia con frecuencia. “No necesitas tanta, tanta delegación de facultades”, manifestó. Luego agregó: “Dina Boluarte, que no era muy trabajadora que digamos, sacaba un decreto de urgencia cada semana”.

Para López Aliaga, el Gobierno de Keiko Fujimori puede presentar medidas específicas y pedir que sean discutidas con rapidez en el Parlamento. Entre sus propuestas mencionó que los sicarios y extorsionadores sean considerados “terroristas urbanos” y que sus casos pasen a tribunales militares. Reconoció que esa medida requiere cambios legislativos, pero sostuvo que el Ejecutivo puede presentar las iniciativas directamente ante la Cámara de Diputados sin esperar toda la delegación solicitada.

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López Aliaga asegura que su bancada no bloqueará al Gobierno de Fujimori

Pese a sus cuestionamientos, Rafael López Aliaga sostuvo que Renovación Popular no buscará obstaculizar al Ejecutivo desde el Congreso. Afirmó que su bancada no pretende “boicotear” al Gobierno de Keiko Fujimori ni utilizar las herramientas parlamentarias para frenar su gestión. “No vamos a boicotear ninguna delegación de facultades, no vamos a interpelar ministros”, declaró.

También planteó que algunas medidas pueden avanzar mediante el Congreso sin esperar que se apruebe todo el paquete solicitado por el Ejecutivo. Explicó que una propuesta puede recibir un dictamen favorable o uno en minoría y continuar su recorrido parlamentario. Su planteamiento fue que las iniciativas relacionadas con la seguridad tengan un trámite rápido entre la Cámara de Diputados y el Senado.

“En el transcurso del viaje de Huaraz a Caraz (en la mañana del sábado 19 de septiembre), llamé al candidato Manuel Cocha Bonifacio (quien postula a la alcaldía de Huaylas por el partido de ‘China Polo’, Socios por Áncash), quien nos esperaba con sus seguidores en el mercado de Caraz”, narró el viudo de la candidata y periodista ante la Policía que indaga el crimen.

“Yo estaba detrás de Susy (Aponte) y con el candidato Manuel Cocha comenzamos a repartir folletería y conversar con la gente. Estábamos avanzando cuando se presenta un periodista (Víctor Castillo Alva, conductor del programa ‘Rima Rima Noticias’). Y le pone la cámara (de su celular) a ella. Entonces yo me quedo un poco atrás para no salir en la cámara. Yo me pongo a repartir pulseritas. Ahí es que escucho como cuatro o cinco balazos. Escucho ‘¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!’”, relató Jorge Tello.

El esposo de Susy Aponte Polo actuaba como socio del programa 'China Polo Dominical' y es el padre de los cuatro hijos de la víctima.

“Yo salté. Di tres pasos. Y la he visto ahí en el suelo a Susy (Aponte), sangrando por la boca y por la nariz. Atiné a ponerla de costado para que expulse la sangre. Entonces la gente se aglomeró. Pero nadie nos quería auxiliar. Todos se corrían. Atiné a tomarle el pulso. Y veo a un serenazgo traer una camilla plástica. Con el serenazgo la subimos y la llevamos al hospital. A los cuatro o cinco minutos me dijeron que ya no podían hacer nada, que ya había fallecido”, explicó el viudo Jorge Tello.

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Estado de miedo

la 'China Polo' conducía desde hace cuatro años por su canal de YouTube, lo que le valió confrontaciones con autoridades y políticos. De hecho, pidió garantías a la prefectura de El Santa (Chimbote) antes de partir hacia Caraz. Mencionó al candidato para la municipalidad provincial del Santa, Walter Soto Campos, y al postulante a la alcaldía provincial de Huaraz, Ladislao Cruz Villachica, 'Lalo Villa'. Ambos de Alianza para el Progreso (APP).

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El presunto móvil político

La propia la 'China Polo' reconoció en su Hoja de Vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones que recibió dos condenas: una por falsedad ideológica y otra por falsificación de documentos.

El viudo Jorge Tello mencionó a la Policía el estado de miedo en el que vivía Susy Aponte Polo.

“El amedrentamiento era constantemente. Amedrentamiento y sustos. Cuando sacó el caso de la DIRIN (Dirección de Inteligencia de la PNP), la empezaron a seguir dos días. Por el mismo trabajo que ella realizaba, como investigaciones y destapes que siempre hacía, siempre estaba expuesta. Se hacían pasar por ella y le bloqueaban la línea telefónica. También recibía amenazas. Ella vivía con miedo todo el tiempo por las amenazas”, relató Jorge Tello.

En efecto, el 13 de julio de este año, 'China Polo Dominical' afirmó que durante la gestión del teniente general PNP Augusto Ríos Tiravanti, cuando ejercía como jefe de la DIRIN, entre octubre de 2024 y enero de 2026, supuestamente protegía mineros ilegales.

Según el viudo, en represalia por esta publicación, la 'China Polo' fue reglada por agentes policiales de inteligencia.

Jorge Tello mencionó que toda la atención de la 'China Polo' estaba concentrada a la divulgación de reportajes, en el programa del domingo del 20 de septiembre, sobre presuntos actos de corrupción de Walter Soto durante su gestión como alcalde de Nuevo Chimbote y de 'Lalo Villa' como burgomaestre del distrito de Independencia, en Huaraz.

La muerte de la 'China Polo' frustró la difusión de los reportajes.

Tanto Walter Soto como 'Lalo Villa' condenaron el homicidio de Susy Aponte Polo y negaron cualquier vínculo con el hecho.

“Indique si durante los días previos al atentado se observó cambios en la rutina, estado de ánimo, seguridad o desplazamiento de la agraviada (Susy Aponte Polo). Explique cuándo se produjeron y por qué motivos fueron los cambios“, le pidió la Policía que aclarara a Jorge Tello.

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La última estación

“Los cambios siempre los daba ella. Siempre estaba un poco asustada. Ella misma manejaba su itinerario.

Como informó La República, la presunta motivación política de los asesinos planteada por la Policía se sustenta no solo en los anuncios que hizo la 'China Polo' sobre la información que publicaría sobre los candidatos Walter Soto y 'Lalo Villa', el domingo 20 de septiembre.

También porque el 12 de julio de 2026, Susy Aponte Polo denunció con nombre propio en la Prefectura del Santa a la persona que presuntamente preparaba su homicidio: Juan Calderón Altamirano, exasesor del candidato Walter Soto. Calderón estuvo preso por haber sido consultor del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, quien purga condena por corrupción y homicidio.

“Juan Calderón me ha mandado a matar a través de sicarios del Santa (Chimbote). El sicario ‘Cojo Giordano’ me llamó para decirme que Juan Calderón me quiere matar y les había pagado dándole mis datos y ubicaciones”, señaló Susy Aponte.

“A veces las amenazas llegaban por mensaje. Una vez a la semana, cada quince días. Muchas veces dependía del reportaje que salía o que iba a salir”, manifestó.

En la Policía también le preguntaron si conocía al sicario Luis Obispo Díaz, o al financista Ronald Toro Ardila, pero Jorge Tello Bardales respondió que nunca los había visto. Tampoco a los otros tres venezolanos que acompañaron a Obispo al mercado donde asesinó a la 'China Polo'.

En ese estado de miedo fue que el sicario Luis Obispo Díaz, por encargo de una persona residente en Lima, asesinó a Susy Aponte Polo, la 'China Polo'. A pocas horas de la difusión, el domingo 20 de septiembre, de revelaciones sobre los dos candidatos.

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Sicario estaba drogado al cometer el crimen

• Según el peritaje toxicológico del Instituto de Medicina Legal de Huaraz, Luis Obispo Díaz salió positivo al consumo de Ketamina y alcaloide (probablemente cocaína) en la sangre.
• La combinación de Ketamina con alcaloide produce la alteración de los sentidos y bloquea las señales del cerebro, de acuerdo con la información médica.
• Por otro lado, el peritaje balístico a Luis Obispo Díaz dio positivo para bario, plomo y antimonio. Señales que evidencian el uso de un arma de fuego. Queda acreditado científicamente que fue el asesino de la candidata y periodista la 'China Polo'.

Sin contar el caso de Susana Villarán, con el partido Fuerza Social, que no ganó ninguna alcaldía distrital, desde el 2014 la agrupación que se hizo de la MML no ha podido obtener más de 20 victorias distritales. Luis Castañeda con Solidaridad Nacional en 2014 ganó en 18 distritos (45,24%), Jorge Muñoz con Acción Popular en 2018 ganó en 14 distritos (35,71%) y Rafael López Aliaga con Renovación Popular en 2022 ganó en apenas 12 distritos (30,95%).

Para el abogado especialista en temas electorales y presidente del Instituto Aklla, José Tello, la tendencia del electorado limeño ha variado por el voto cruzado debido a las problemáticas y contextos diferenciados que tienen cada distrito.

“Yo considero que ahora el limeño está apostando más que todo a una opción diferenciada entre la metropolitana. Creo que en base a las necesidades y al performance que tiene el candidato a la distrital y el candidato a la metropolitana, se está haciendo una diferenciación, por ende está cruzando el voto y ya no está yendo hacia el famoso voto arrastre”, argumentó.

Asimismo, la figura del candidato a la alcaldía metropolitana de Lima, como un factor de arrastre y representativo del partido, ha sufrido un revés y no logra la capacidad de convocatoria que en años anteriores.

Ricardo Belmont, en su candidatura para la reelección en 1993, consiguió también la victoria en otros 22 distritos con su partido OBRAS. Por su parte, Alberto Andrade de Somos Perú en los comicios de 1995 ganó en otros 19 distritos y en su segundo periodo de 1998 sumó alcaldes en 22 distritos.

“Antes habían figuras que tenían mucha votación de arrastre. Ricardo Belmont ni siquiera presentó candidato a la alcaldía y ganó en Chaclacayo. O sea, mejor demostración del voto de arrastre no puede haber. Después viene Alberto Andrade con el voto de arrastre y también Castañeda Lossio. Susana Villarán como que corta esa tendencia y con ella empieza definitivamente el voto cruzado”, precisó Tello.

Para el especialista, lo ocurrido en el 2010 marcó un punto de inflexión. En el 2014 volvió a ganar Castañeda Lossio, pero sin la fuerza de arraste que caracterizó su postulación anterior. Desde la elección que ganó Villarán se evidenció también la presencia del endosé y el giro en los resultados que puede darse durante las dos semanas previas al día de los comicios.

“Considero que el voto arrastre no va a ser tan fuerte, salvo en algunos distritos que pueden sí tener una marcada tendencia a votar igual que la MML. Entre estos distritos están, por ejemplo, los de la Lima Moderna. Distritos tradicionales, por ejemplo, pueden tener una tendencia de arrastre. Me parece que ahí va a ganar una campaña más inteligente y más focalizada si el electorado mayoritario lo decide”, agregó el presidente del Instituto Aklla.

Los distritos con marcadas posiciones

Precisamente, el análisis del efecto arrastre desde el 2006 permite detectar los distritos que en las últimas cuatro elecciones (a excepción de la del 2010) votaron siempre en línea al candidato que ganó la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Estos son Jesús María, Lince y Pueblo Libre. Coinciden, además, en que son distritos que comparten límites territoriales y son colindantes a Lima Cercado.

“Lima Moderna siempre suele tener un voto arrastre con un candidato muy bien posicionado para la metropolitana. Son distritos que por naturaleza tienen un electorado que apuesta por una figura que sea del mismo partido que el candidato a la metropolitana de su preferencia”, señaló Tello.

Incluso en la elección de 2010, estos tres distritos votaron por el mismo partido que obtuvo la mayoría de victorias municipales, el PPC de Lourdes Flores Nano. Aquel año fue también uno en los que se repartió los distritos entre un mayor número de partidos: 13 agrupaciones distintas obtuvieron al menos una alcaldía. Algo similar ocurrió en 2018 cuando ganó Jorge Muñoz con Acción Popular.

En las elecciones de 2022 los 43 distritos se distriubuyeron entre siete partidos: Renovación Popular (13), Alianza Para el Progreso (9), Podemos Perú (8), Somos Perú (6), Avanza País (5), Acción Popular (1) y Juntos por el Perú (1).

Esta dispersión es la menor de los últimos 20 años. En 2018, el reparto fue entre 12 partidos; en 2014, entre 10 partidos; en 2010, entre 13 partidos y en 2006, entre 10.

Por otro lado, los distritos de Chorrillos, Los Olivos, Punta Negra, Santa María del Mar y Villa el Salvador han tenido siempre un voto distinto al que resultó ganador de la MML.

Para José Tello esto no es extraño. Según su análisis, en estas jurisdicciones predomina un voto caudillista y reeleccionista.

“Ellos creen en el caudillismo local, a ellos no les interesa la votación metropolitana, votan cruzado y votan por su líder local. Por ejemplo, Chorrillos hay que recordar que votó por Pablo Gutiérrez tres veces y por Miyashiro papá cinco veces. En el caso de Los Olivos, por Felipe Castillo papá se votó en cinco ocasiones también e incluso Felipe Castillo organizó su partido, La Mamacha, con el símbolo ‘Siempre Unidos’. Entonces, eso indica claramente que ahí hay una votación distinta, un tema de caudillismo local y hay que reconocer que esos distritos son reeleccionistas. También otro distrito reeleccionista y que tiene tendencia a votar cruzado es Lurigancho-Chosica”, añadió.

Sobre el caso de Punta Negra, precisó que en este distrito se vive también una dinámica distinta debido a los problemas por el voto golondrino.

Respecto a la lucha contra la inseguridad ciudadana, el partido propone delegar facultades en el ámbito migratorio y de nacionalidad a fin de promover una una migración ordenada, segura, con plena observancia del derecho al debido procedimiento.

También establece “modificar el marco normativo en materia de rastreo, localización, geolocalización, control, registro, trazabilidad, baja de líneas y bloqueo de equipos terminales móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico de comunicación utilizados ilícitamente”.

La misma medida debe extenderse, indican, “a las comunicaciones ilegales establecidas desde los establecimientos penitenciarios y/o centros juveniles”.

A su vez, plantean otorgan permiso para “legislar para combatir la delincuencia, criminalidad organizada y mercados ilícitos”. Ello “a través de medidas dirigidas a fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos, así como el tratamiento penitenciario y asistencia post penitenciaria”.

Modificación de normas en materia de seguridad

Para ello sugieren la modificación de una serie de normas y decretos. Entre ellos se encuentra la Ley N.º 32490, ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías; la Ley N.º 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional; y la Ley N.° 32332, ley que implementa la plataforma Denuncia Digital para el registro de denuncias digitales por delitos contra el patrimonio.

Fenómeno El Niño

Por otro lado, en cuanto a acciones para enfrentar el Fenómeno El Niño proponen que se faculte al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para disponer y ejecutar, de manera directa y excepcional, la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante lo primeros quince días calendario, contados desde la ocurrencia de una emergencia o desastre.

Además, se busca potenciar la economía agraria. Para ello plantea facilitar el acceso a créditos, garantías, seguros y otros instrumentos de financiamiento para la actividad agraria. Asimismo, brindar un ecosistema de emprendimiento innovador, mediante instrumentos de capital semilla, garantías, crédito productivo y otras modalidades de financiamiento dirigidos a emprendimientos innovadores, MYPE y bionegocios.

En función a ello, proponen: modificar la Ley N.° 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional (BFH); Ley N.° 30852, Ley que aprueba la exoneración de requisitos a familias damnificadas con viviendas colapsadas o inhabitables con el Bono Familiar Habitacional y con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos constituida por población damnificada con vivienda con daño recuperable; y Ley N.° 31526, Ley que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias.

Bruce considera que el JNE “está haciendo el juego de una manera vergonzosa e inconstitucional”, según indicó en entrevista a Exitosa.

Incluso, mencionó que antes del debate, diversas organizaciones políticas solicitaron al JNE que esclareciera la situación del ex candidato presidencial para así la ciudadanía pueda definir una postura.

"Lo mínimo que tiene que hacer el Jurado es decirle a la ciudadanía: escojan; si ustedes marcan este símbolo, este candidato será alcalde; si ustedes marcan este otro, esta otra persona será alcalde", anotó.

Todo ello, considera, es como si el JNE le dijera a la ciudadanía “ustedes voten no más que yo, luego voy a definir quién es el alcalde”.

Por eso, Bruce propone que la institución se pronuncie a más tardar este 30 de septiembre ante la cercanía de las elecciones.

Carlos Bruce: “El Municipio de Lima se puede convertir en el Petroperú 2 del Estado”

Sobre todo, mencionó que la decisión resulta urgente al tener en cuenta la gestión de López Aliaga en la comuna.

“La situación de deuda del Municipio, arbitrajes que ya están empezando a perder, los costos judiciales que vamos a tener que asumir sin contar la reparación a las empresas, lo que puede llegar a ser miles de millones de dólares. El Municipio de Lima se puede convertir en el Petroperú 2 del Estado”, anotó.

Resaltó que ese forado (económico) tiene nombre propio: “¿Quién concertó esa deuda?, ¿quién ilegalmente le quitó el contrato a estas empresas? Que yo no creo que sean unos santos, pero hay que respetar la ley. Eso tiene nombre propio y fue Rafael López Aliaga. Él va a tener que ser responsable y asumir por la situación del Municipio y todavía pretende reelegirse”.

Por eso, enfatizó en que “Lopez Aliaga ha sido un pésimo administrador de la ciudad, pero se vende como un gran administrador”.

“¿Expediente técnico? No, eso es para que los caviares ganen plata. Eso es una barbaridad. El expediente técnico es un documento básico por dos razones para técnicamente hacer bien la obra y para saber cómo se gastaba la plata”, explicó.

Este último punto, indicó, quizá incomodaba al ex candidato presidencial. “Lo han hecho todo sin concurso, sin licitación. Toda la vía Expresa Sur es a dedo. La hicieron por emergencia cuando no califica. Una obra se puede hacer por emergencia cuando hay un fenómeno climático que puede causar daño o hay pérdidas de vidas humanas”, resaltó.

Candidatos critican silencio del JNE

Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima con Ahora Nación, cuestionó que el JNE aún no resuelva si entregará las credencial a Rafael López Aliaga si la lista de Renovación Popular resulta ganadora.

Al tener en cuenta la ausencia de una respuesta de parte del organismo electoral a menos de una semana de los comicios, consideró que está jugando en los hechos a favor de López Aliaga y se preguntó si la institución presidida por Burneo le tiene miedo al excandidato presidencial.

“Cómo es posible que hoy lunes (ayer) no sepamos la opinión del Jurado Nacional de Elecciones. Eso al único que favorece es a López Aliaga (...) El Jurado se demora en sacar la resolución. Es una falta de respeto a los limeños y limeñas. ¿Qué pasa, tienen miedo a López Aliaga? No entiendo otra razón. Este señor (López Aliaga) se ha acostumbrado a usar frases incitadoras a la violencia y creo que el señor del Jurado se ha asustado y por eso que no saca la resolución”, dijo.

Por su parte, el candidato de Avanza País, Francis Allison consideró que el Jurado Nacional de Elecciones si acreditará a Rafael López Aliaga si su partido gana las elecciones este domingo, por los antecedentes que ha tenido la institución dirigida por Burneo.

“Estoy absolutamente convencido (que el JNE le entregará a López Aliaga las credenciales de alcalde) porque lo han dejado renunciar a un cargo irrenunciable por la Constitución, el cargo de senador es irrenunciable”, subrayó.

El candidato de Juntos por el Perú, Oswaldo Vargas, sostuvo que el JNE está cometiendo un error al no pronunciarse sobre la situación de Rafael López Aliaga y que la institución carga con el precedente de que legalizó su postulación al permitirlo participar del debate municipal.

“Era importante que las reglas del juego se puedan transparentar a tiempo. Para mí, el Jurado ha cometido un error de no transparentar los aspectos importantes como es la reelección encubierta. También pasó el debate y lo dejaron participar. Corresponde que el Jurado Nacional de Elecciones transparente y responda cuando antes sobre la situación”, expuso.

JNE no define situación de López Aliaga

Roberto Burneo, informó que será el Pleno del órgano electoral el que tomará la decisión de si se entregará las credenciales de alcalde a Rafael López Aliaga si es que la lista de Renovación Popular resulta elegida en las elecciones de este domingo 4 de octubre.

“Yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente, es el pleno el que va a tomar ya las decisiones”, anunció y agregó que se encuentran en sesión permanente.

Tampoco indicó una fecha exacta: “Ya hemos indicado que vamos a tomar las decisiones cuando el Pleno pueda hacerlo. Yo les daré la información cuando ya tengamos una decisión”.

Explicó que el tema ya ha sido “discutido y conversado” en la interna de la agrupación y se acordó que otorgarán las facultades en los referidos temas “siempre que estas sean precisas”, declaró a RPP.

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Respecto a la posible elaboración de “una propuesta de predictamen distinta”, ello dependerá de “cómo va el escenario” y la eventual decisión será comunicada por el vocero de bancada.

"Tenemos que, primero, escuchar cuál es la propuesta que trae el predictamen, debatirlo y en función de eso tomaremos las decisiones correspondientes. Al final existen muchas posibilidades. En caso de que se niegue o se rechace este informe, se pueden presentar informes como bancada. Lo ha hecho Renovación Popular", expresó.

También, dejó claro que si “se aprueba el dictamen, definitivamente, se archiva el pedido de facultades, son dos escenarios". "Nosotros dejamos abierta esa posibilidad, estamos trabajando esa posibilidad de plantearlo”, dijo.

En este último caso, remarcó que la única condición para ello es que el Senado se comprometa a no modificar lo que se apruebe en la Cámara de Diputados.

“Ahora, lo que sí está absolutamente claro es que nosotros estamos poniendo un condicionante: que el Senado tenga la suficiente madurez política para decir que se compromete a no modificar lo que nosotros le enviemos. Ese es el tema. ¿Dónde se entrampó esta situación? Esta situación se entrampó con las declaraciones que hizo el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, que salió a decir que ‘bueno, hagan lo que hagan en diputados, nosotros acá lo vamos a modificar y si podemos la vamos a restituir’", mencionó.

El diputado José Marcelo declaró ante la prensa que aunque la reunión del grupo se centró en el pedido de facultades, la bancada alcanzó la mayoría para no respaldar la iniciativa que busca la salida de Astudillo.

“(…) en relación al tema de la censura hemos llegado a un acuerdo por mayoría en bancada que no vamos a apoyar dicha moción”, indicó el parlamentario.

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Marcelo precisó que se trata de un acuerdo que se definió al haber pasado dos meses de gestión y no registrar faltas éticas en su gestión.

“Es un acuerdo por mayoría y es algo que respetamos en la medida que efectivamente ha pasado dos meses de la gestión del ministro y que no consideramos que haya alguna falta ética”, añadió ante los medios.

Sin embargo, la diputada Indira Huilca hizo pública su postura en contra del acuerdo y confirmó que votará a favor de la censura a César Astudillo.

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Huilca sostuvo que lo expresado en la moción resume el desempeño del titular del Interior al evidenciar una “manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”.

Además, señaló que las decisiones del sector no apuntan a la reducción de la violencia armada ni a reprimir a las bandas criminales. Asimismo, Huilca cuestionó las razones de sus colegas de bancada para no apoyar la moción.

Frente a quienes sostienen que es pronto para exigir resultados o mantienen expectativas respecto a los próximos ascensos policiales como recambio institucional, la representante sostuvo que "con el fujimorismo, no caben tales expectativas".

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Del mismo modo, añadió que solo se puede otorgar un plazo cuando se confía en los planes y la estrategia del Ejecutivo, lo cual no ocurre en este caso, e instó a ejercer un rol de oposición firme en beneficio del interés nacional.

“Si otorgamos un plazo para esperar resultados, debe ser porque confiamos en que la ruta trazada nos llevará a esos resultados. No es el caso”.