En recientes declaraciones, tanto Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, como Alfonso López Chau, de Ahora Nación, han señalado que Fuerza Popular (la bancada con mayor representación parlamentaria) debería ceder la presidencia del Congreso a la oposición.

“Sería un gran gesto ceder, no es presionar. No es amenaza (para Keiko Fujimori), a ella le conviene”, sostuvo brevemente López Chau a la salida de un evento en el Congreso.

Por su parte, Nieto señaló que le planteó directamente a la lideresa del fujimorismo que la oposición presida ambas Mesas Directivas.

“Yo se la he dicho a la señora Fujimori, le he dicho que creo que para el país y para su propio gobierno es conveniente que las dos cámaras sean dirigidas por partidos de oposición”, remarcó.

Movimientos políticos

Sin embargo, sus pedidos chocan con los intereses de Renovación Popular y la propia bancada naranja por asumir el control del Parlamento.

Fuentes de La República informaron que Norma Yarrow de Renovación Popular es voceada para presidir la Cámara de Diputados y Miguel Torres para el Senado.

Hay que tener en consideración que en caso ambos partidos formen una alianza para alternarse el control de las cámaras, contarían con 56 votos en la Cámara de Diputados y 30 en el Senado.

A contraparte, Ahora Nación, OBRAS y Juntos por el Perú (JP) ya establecieron la fórmula de postulación para la Mesa Directiva. Alfonso López Chau anunció que su partido se apartará de integrar la Mesa Directiva.

Obras irá por el liderazgo de la Cámara Alta, mientras que el partido de Sánchez iría por la Cámara Baja.

Los nombres más mediáticos desde la conformación del Congreso bicameral en Juntos por el Perú y Obras son Ernesto Zunini y Daniel Barragán, respectivamente.

El primero es diputado y el segundo, senador. Estos tres partidos anunciaron el 5 de julio último, en un comunicado conjunto, la conformación de una coalición parlamentaria.

Su alianza les da 56 votos en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado. Al igual que el bloque que podrían conformar FP y RP no tendrían los votos suficientes para ganar de forma directa.

Por su lado, el Partido del Buen Gobierno también busca presidir una de las Cámaras, según comunicó su líder Jorge Nieto.

El excandidato presidencial precisó que comunicaron esa idea al bloque de izquierda, pero que el acercamiento no fue fructífero.

Nieto añadió que las negociaciones “iban a cámara lenta” y cuestionó la postura que, según él, ha tenido el bloque de izquierda de no aceptar su condición de presidir una de las Mesas Directivas.

“Nosotros hemos tomado la iniciativa. Hemos planteado cosas. Nos han dicho: ‘Nosotros tenemos un acuerdo. Si quieres, vienes si no te gusta, pues te vas’. Ese no es un modo democrático de tratar las cosas”, comentó.

Resaltó que ello le pareció “poco democrático” teniendo en cuenta que “si quieres un acuerdo con alguien, tienes que hacer concesiones”. “Ese tipo de trato no lo vamos a aceptar. Queremos un acuerdo, sí, pero si para ello nos tenemos que humillar, pues no. Lo siento mucho. Por eso llamo a la madurez y a la reflexión a que la gente pueda mirar más allá de su apetito inmediato”, anotó.

Negó que su partido se sume a una lista a la Mesa Directiva que pueda presentar el fujimorismo.

Los votos del Buen Gobierno serán determinantes

Nieto había indicado que su partido cuenta con 18 diputados y 7 senadores, pero no considera que su posición sea decisiva.

“Tienen un impacto en la votación, pero todo dependerá de la composición”, declaró. Lo cierto es que los votos de su bancada serán determinantes.

Con 56 votos en la Cámara de Diputados y 30 en la de Senadores, la coalición de FP y RP no tendría por sí solas los votos para asegurarse la mayoría simple y lograr la presidencia de alguna cámara congresal.

Igual panorama atraviesa la coalición de JP, Obras y Ahora Nación. La elección de la Mesa Directiva se realiza a través de una votación secreta con las listas inscritas. Si alguna de las inscritas logra la mayoría simple de congresistas concurrentes, gana. Si ninguna logra ese número, se realiza una segunda vuelta entre los dos más votados.

Hablamos de 78 de los 573 aspirantes a un sillón municipal limeño en los comicios del próximo 4 de octubre. Esta cifra representa el 13,5% del total de postulantes.

Los distritos con más cantidad de candidatos con sentencias están en Comas, La Victoria, Rímac y San Juan de Lurigancho, todos con cinco. Luego le siguen Ancón, Ate, Independencia y Los Olivos con cuatro.

Sin embargo, en Ancón la situación merece mayor atención. En este distrito solo hay cinco candidatos en contienda y cuatro de ellos presentan este tipo de antecedente: Lauro Muñoz (Fuerza Popular), Pedro Barrera (Somos Perú), Felipe Arakaki (Podemos Perú) y Pablo Ramos (Renovación Popular). Únicamente Óscar Aliaga (País Para Todos) no registró condena alguna.

En el distrito de Santa Rosa pasa algo similar. Tres de sus seis candidatos consignaron condenas en sus hojas de vida. Ellos son: Ever Rojas (Partido Demócrata Verde), Alán Carrasco (Somos Perú) y Óscar Dolorier (Renovación).

Otros cuatro distritos presentan la misma cantidad de candidatos con sentencia: Breña, Chorrillos, Magdalena del Mar y San Juan de Miraflores.

Finalmente están Barranco, Carabayllo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, Lurigancho, Miraflores, Pucusana, Pueblo Libre, Punta Hermosa, San Bartolo, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santa Anita y Villa María del Triunfo, con un candidato postulante con condena.

Por otra parte, Chaclacayo, Lince, Lurín, Pachacamac, San Borja, Santa María del Mar y Surco son los únicos distritos donde ninguno de sus candidatos lleva estos antecedentes, basándonos en sus hojas de vida.

Somos Perú lidera el ranking

En lo que respecta a partidos, Somos Perú es la organización que lleva más candidatos con sentencia a distritos limeños. Estos se encuentran en: Ancón, Barranco, Cieneguilla, La Victoria, Rímac, San Martín de Porres, Santa Rosa, San Luis y Surquillo.

Le siguen Alianza Para el Progreso y Avanza País con siete postulantes con sentencias; Podemos Perú con seis; el Partido Popular Cristiano PPC con cinco; y el Partido Cívico Obras y Acción Popular ambos con cuatro (revisar cuadro).

Asimismo, los partidos que llevan a tres candidatos son: Juntos por el Perú, Renovación Popular, Fe en el Perú, Frente de la Esperanza 2021 y Cooperación, Verdad y Honradez.

Por debajo, con dos, aparecen el Partido Unidad y Paz (Chorrillos y Rímac); Partido Político Perú Primero (Breña y Punta Negra), Perú Moderno (Breña y Punta Negra), Ahora Nación (Independencia y Los Olivos) y País Para Todos (Ate y San Juan de Lurigancho).

Finalmente, con presencia en un distrito cada uno están: Alianza Regional por el Perú (Comas), Batalla Perú (Independencia), Coalición Transformadora Tierra Verde (San Juan de Lurigancho), Fuerza Popular (Ancón), Partido Aprista Peruano (Ate), Partido del Buen Gobierno (San Miguel), Partido Demócrata Verde (Santa Rosa), Partido Morado (Miraflores), Partido Patriótico del Perú (San Juan de Miraflores), Un Camino Diferente (Punta Hermosa) y Visión Perú (San Juan de Miraflores).

Cabe precisar que Somos Perú y Alianza Para el Progreso también son los partidos que llevan más candidatos con sentencias a los gobiernos regionales, por lo que su mención en este informe no es un hecho aislado, sino que debe suscitar la atención sobre cuáles son los filtros usados por estas organizaciones para elegir a sus representantes.

Sentencias civiles y penales

Sobre el tipo de condena, 30 son penales, 37 civiles y 11 de ambos. Asimismo, 33 corresponden a juicios por alimentos (omisión a la asistencia familiar) y en siete casos son sentencias por violencia familiar.

En lo que respecta a delitos por sentencias penales, hay por usurpación de funciones, fe pública, contra la administración pública, peculado, concusión, contra el patrimonio, falsedad genérica, falsa declaración, apropiación ilícita y negociación incompatible.

Estos delitos están directamente relacionados a la administración pública, por lo que generan mayor atención dado el cargo y poder al que postulan.

También se registran delitos contra la integridad física como homicidio simple, lesiones dolosas y culposas, violencia y resistencia a la autoridad, conducción en estado de ebriedad e, incluso, proxenetismo.

De las candidaturas presentadas en el informe, solo una ya fue inscrita; 25 han sido admitidas al cumplir con los requisitos; una está en apelación y otras 23 fueron declaradas inadmisibles, es decir que el candidato aún puede subsanar los requisitos por lo que fue observado.

Diez están como improcedentes, aunque esta decisión aún puede ser revertida por el JNE y 18 como recibidos, que aún faltan calificar.

El pedido de pensión es, quizás, el punto que más ruido ha generado. Balcázar sostiene que le corresponde el beneficio en base a la interpretación vigente de la Ley N.º 26519. El problema: la norma fue pensada para expresidentes elegidos por voto popular. Balcázar no lo fue. Llegó al cargo por sucesión constitucional, no por las urnas. Aun así, en su solicitud al Congreso reclama también otros beneficios que la ley reserva para exjefes de Estado.

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El otro frente de críticas está en la mesa, literalmente. Según el reportaje de 'Ocurre Ahora', el Palacio de Gobierno gastó S/5.500 diarios en alimentación durante la gestión de Balcázar. La cifra incluye compras de carnes, frutas y verduras. No hay, hasta el momento, un detalle público de menús ni de proveedores. Solo el monto, que multiplicado por los meses de gobierno, suma una cifra considerable en medio de las dificultades económicas que atraviesa el país.

A la lista se suman los viajes. Cuarto Poder identificó que, de los 19 vuelos oficiales que hizo Balcázar en sus primeros cuatro meses de gobierno, 11 tuvieron como destino Lambayeque. Esa región no es cualquiera para el mandatario: allí fue elegido congresista y allí concentró buena parte de su agenda pública. El costo de esos desplazamientos, entre viáticos y logística, superó S/1,1 millones.

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Internet a precio de oro y escoltas de fiesta

El gasto en conectividad también quedó bajo la lupa. El Despacho Presidencial adjudicó una buena pro por S/1,7 millones para el servicio de internet en Palacio de Gobierno. Esa cifra equivale a cerca de S/48.000 al mes. Lo más cuestionable no es solo el monto: la empresa ganadora mantenía, hasta mayo de este año, una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado por incumplimientos en un contrato previo con el Ministerio de Trabajo. La multa impuesta entonces rondó los S/8.000.

El círculo de seguridad presidencial tampoco se salvó del escándalo. Seis agentes asignados a la protección de Balcázar fueron captados bebiendo y bailando en una discoteca de Lambayeque, mientras cumplían una comisión de servicio. La Policía Nacional los retiró de la escolta presidencial apenas se conoció el caso y abrió un proceso disciplinario para determinar sanciones. El episodio se suma a una gestión que llega a su fin marcada por el cuestionamiento al manejo de los recursos del Estado.

El requerimiento de sobreseimiento fue presentado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, entidad a cargo de este proceso. El documento plantea que la evidencia reunida hasta el momento no sustenta continuar con la persecución penal por este cargo específico contra Cerrón.

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El juez Cristóbal Ayala dispuso trasladar el pedido fiscal a todas las partes procesales involucradas en el caso. Estas tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar sus argumentos y objeciones frente al requerimiento de archivo. Una vez vencido ese periodo, el magistrado convocará a una audiencia preliminar de carácter inaplazable, en la que se debatirán los fundamentos de la solicitud antes de emitir una resolución final.

La decisión sobre el cohecho pasivo propio llega tres meses después de que ese mismo juzgado resolviera archivar la colusión agravada. En esa oportunidad, el 10 de abril, Cristóbal Ayala declaró fundado el pedido fiscal por la causal de "sospecha insuficiente" y cerró ese extremo del expediente. Con el nuevo requerimiento, la Fiscalía repite el mismo argumento para el delito de cohecho.

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Lo que todavía enfrenta Cerrón en el caso Antalsis

Pese a los dos pedidos de archivo, a Cerrón le queda un cargo vigente dentro de este proceso: la asociación ilícita para delinquir agravada. Este delito no forma parte del requerimiento de sobreseimiento presentado por la Fiscalía y continúa su curso en el expediente, por lo que el caso Antalsis no se cierra por completo aunque prospere el nuevo pedido de archivo.

Cerrón mantiene la condición de prófugo desde hace meses y no ha comparecido ante las autoridades judiciales que investigan su actuación como exgobernador regional. Su defensa legal ha señalado en declaraciones recientes que aguarda además un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que, según sostienen, podría favorecer su situación jurídica en otros procesos que enfrenta.

El desenlace de la audiencia preliminar por el cohecho pasivo propio marcará el siguiente paso del caso Antalsis. Si el juez confirma el sobreseimiento, la Fiscalía perderá dos de los tres delitos con los que inició este proceso contra el líder de Perú Libre y la disputa judicial quedará concentrada en el cargo de asociación ilícita que aún sigue en pie.

"Están detenidos y con medida de cese temporal del empleo", confirmó a La República el Inspector General PNP, Gustavo Ríos. "Tienen proceso administrativo por infracción grave, con pronóstico de retiro por medida disciplinaria", agregó.

El general Ríos Tiravanti también manifestó que "los policías detenidos no reciben sueldo ni bonos y se les interrumpe la prestación de servicios".

Las identidades de los cuatro suboficiales detenidos son mantenidas en reserva, pues hay otros seis efectivos que están siendo investigados y sus infracciones son igualmente graves.

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Todo empezó cuando una joven de 23 años fue abordada cerca de su domicilio en Ate. De acuerdo con su testimonio, al de testigos y a las cámaras de seguridad, tras ser intervenida fue obligada a subir a un vehículo de color negro donde le apuntaron con un arma de fuego, a la altura del estómago.

Tras amenazarla le dijeron que entregara todo su dinero y sus enseres. Luego ingresaron a su inmueble aduciendo que tenían una medida judicial en su contra. Durante el falso operativo presuntamente sustrajeron 5 laptops y un iPhone.

La agraviada contó a los investigadores que dentro del vehículo la abofetearon para que entregue la clave de su teléfono desde donde realizaron transferencias. "Han pagado cuentas de streaming, de telefonía y hasta una línea de un penal", denunció el abogado de la agraviada. Las cámaras de seguridad registraron parte del acto.

La joven asegura que fue coaccionada a entregar casi S/20.000. Cuando la liberaron pidió ayuda y acudió a denunciar el hecho ante el Departamento de Investigación Criminal Ate-Santa Anita.

Cuando llegó a la sede policial encontró y reconoció a uno de los policías. Esto motivó una trifulca en la dependencia por la competencia entre la Sección de Investigación Criminal de la comisaría y el Departamento de Investigación Criminal.

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Las autoridades detuvieron en flagrancia a cuatro efectivos. Fiscalía los investiga por delito contra la libertad individual (secuestro).

AYACUCHO: CAEN OTROS 4 POLICÍAS

Entre tanto, en cumplimiento de una resolución judicial emitida por el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, se ejecutó la medida limitativa de detención preliminar judicial contra otros cuatro efectivos de la Policía Nacional y un civil, en el marco de la investigación del caso denominado 'Los Gregorys'.

Los policías intervenidos fueron identificados como el suboficial de primera Yim Francis Gutarra Artica, los suboficiales de segunda David Moisés Lozano Pérez y Oliver Pineda Cusiche, así como el suboficial de tercera Taylor Zamora Suárez. También fue detenido el ciudadano Ronald de la Cruz Llalahui.

Ellos fueron arrestados por personal de la Depotad Huamanga de la Dirandro, con participación de representantes del Ministerio Público y de la Defensa Pública. La investigación está relacionada con el presunto delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron cuatro teléfonos celulares y un arma de fuego abastecida, elementos que serán incorporados a la investigación.

Vivimos una auténtica hemiplejia institucional. Mientras Julio Velarde defiende la frontera monetaria desde el BCR con la seriedad de siempre, el Congreso se ha dedicado a fundar una doctrina fáctica que bien podríamos bautizar como fujisocialismo: una alianza donde Fuerza Popular, con el voto militante de su bancada, perforó la caja fiscal por la espalda de la mano de sus supuestos enemigos ideológicos, sacándole la vuelta al artículo 79, que prohíbe al Parlamento tener iniciativa de gasto.

Las alertas del Consejo Fiscal son escalofriantes: entre planillas permanentes por insistencia y el desmantelamiento del ahorro privado, este Legislativo le ha infligido un golpe de decenas de miles de millones de soles a la estabilidad financiera, empujándonos al mayor déficit fiscal en un cuarto de siglo.

La contradicción tiene nombres en las actas. Fue este bloque el que articuló la Ley 32561 para la nivelación de pensiones militar-policial, inyectando una presión irreversible de 11.400 millones de soles anuales. Fue el fujimorismo el que avaló la Ley 32387, que modificó el Foncomun para atomizar el presupuesto en alcaldías aliadas, y el que promovió beneficios tributarios ciegos como la rebaja del IGV Justo a restaurantes; un fiasco donde el 76% del sacrificio fiscal benefició exclusivamente al 20% de las empresas más grandes.

La joya de la corona de este mercantilismo es la agroexportación, sector al que le devolvieron privilegios reduciendo el Impuesto a la Renta al 15%. Y el golpe de gracia llegó en educación: en un pacto para asegurar la Mesa Directiva, Fuerza Popular unió sus votos con la izquierda y el Bloque Magisterial para desmantelar la meritocracia, ordenando el nombramiento automático de docentes jalados y reincorporando a 14.000 cesados. ¿La factura? Más de 5.000 millones de soles anuales en gasto corriente.

Para financiar esta farra y pagar favores políticos, se recortaron 7.600 millones de soles destinados a la inversión pública. El ciudadano de a pie sufrirá este infarto al desarrollo cuando vaya a un hospital público y, como siempre, no le den medicinas o citas. Las comisarías seguirán con patrulleros sin gasolina y seguirán colapsando los desagües por falta de saneamiento. Los colegios se seguirán cayendo. Lo más preocupante: ante la inminencia de los letales efectos del Fenómeno del Niño, la demagogia de las curules desvistió el presupuesto de prevención climática; cuando los ríos se desborden por falta de prevención, la culpa no será de la naturaleza, sino de los votos.

La gran ironía histórica está consumada. Keiko Fujimori llega a Palacio con una economía asfixiada por la voracidad de su propia bancada. A partir del 29 de julio, tendrá que elegir entre ser el dique de contención que frene a este fujisocialismo parlamentario o terminar de quebrar el modelo que su propio padre fundó.

Alejandro Céspedes García: José, ¿cuál es hoy la mayor fortaleza de la macroeconomía peruana?

José Távara: La principal fortaleza de nuestra macroeconomía es que tenemos una inflación baja, a pesar de las dificultades del contexto internacional y de lo que se viene con El Niño. También tenemos una deuda pública comparativamente reducida en relación con el valor total de los bienes y servicios que producimos. El Perú es un país con deuda baja y, por eso, puede acceder a financiamiento externo en condiciones relativamente razonables, con tasas de interés comparativamente reducidas frente a otros países de la región. Podemos emitir bonos: el Tesoro peruano los emite para financiarse y para reestructurar la deuda. Cuando sale a ofrecer, por decir, 100, la demanda llega a 400. Eso nos da posibilidades de financiarnos.

Pero hay que decirlo con claridad: esto se mantiene a pesar de una conducta irresponsable del Congreso saliente, que ha aprobado una serie de leyes que comprometen gastos hacia el futuro y generan riesgos advertidos oportunamente por el Consejo Fiscal. El Tribunal Constitucional, hace pocos días, cambió de criterio y ahora reconoce que es grave e irresponsable dar iniciativa de gasto a congresistas que responden a motivaciones políticas de corto plazo, según el ciclo electoral, y no a políticas de Estado con una mirada de largo plazo.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué otros riesgos enfrenta la economía peruana?

José Távara: Un dato muy preocupante es la baja calidad de la inversión pública, que además tiene impacto de largo plazo. Buena parte de los proyectos se inician y terminan paralizados, con obras abandonadas y los fierros de las estructuras oxidándose. Es una dilapidación de recursos inadmisible.

Esto tiene que ver con la corrupción en gobiernos subnacionales, municipios y gobiernos regionales, y debe combatirse con la mayor energía. No podemos seguir con hospitales a medio construir y abandonados, carreteras o puentes que se caen poco después de construidos. Eso es inaceptable.

Hay que fortalecer la Contraloría General de la República, que a veces se queda en procedimientos formalistas sin llegar al fondo del asunto. Quienes son responsables de ese tipo de decisiones, o de actos de corrupción, deben asumir las consecuencias y ser sancionados. Los mecanismos de evaluación de la inversión pública deben ser mucho más robustos, y ahí la responsabilidad recae también en el Ministerio de Economía y Finanzas, como órgano central.

Alejandro Céspedes García: Se habla de buenas perspectivas de crecimiento. ¿Cuánto dejamos de crecer por la economía informal, la minería ilegal y el narcotráfico?

José Távara: Me gustaría afinar un poco la pregunta: más que cuánto más podríamos crecer, la pregunta relevante es cómo crecemos. Ese es un viejo debate que tengo con colegas: para algunos, salvo el crecimiento del PBI, todo es ilusión, y hay que crecer, crecer y crecer. Yo no comparto esa perspectiva. El tipo de crecimiento es muy importante. Nadie discute la importancia de crecer con mejores servicios públicos, mejor educación, mejores sistemas de salud. Eso debería reflejarse, por ejemplo, en mayor productividad de los trabajadores y las empresas, en desarrollo cultural, en un mayor consumo de bienes inmateriales y contenidos artísticos que integren al país y a nuestra diversidad.

Esto se relaciona con una distinción que enseñan las buenas escuelas de economía: la diferencia entre los flujos y los fondos, los stocks. Una cosa son los ingresos y otra el patrimonio, los ahorros, la casa: eso son los stocks. Si uno crece depredando sus recursos, ese crecimiento no es sostenible. Si crecemos con tala ilegal, con oro extraído ilegalmente que contamina los ríos, si permitimos que se siga destruyendo la Amazonía, en algún momento eso nos pasará factura.

A escala global hay evidencia de que El Niño ocurre cada vez con mayor frecuencia y se intensifica. Estamos batiendo récords de temperatura en el planeta y también en nuestro país. Estamos llegando a límites biofísicos planetarios. No es filosofía: hay estudios de los mejores científicos de la física, la geografía y la astronomía que muestran, con evidencia contundente, que el planeta tiene límites, y que una vez que se cruzan ciertos umbrales los resultados pueden ser irreversibles.

El Perú no es responsable de las principales emisiones de gases de efecto invernadero. Somos un país pequeño, no industrializado, no intensivo en consumo de energía por habitante. Pero tenemos la responsabilidad de proteger uno de los pulmones más importantes del planeta, la cuenca amazónica, y la estamos destruyendo. Con El Niño vienen lluvias que expanden la vegetación; luego llega la sequía, se seca, y eso se convierte en pasto para las llamas. Cada año se destruyen decenas de miles de hectáreas por incendios.

Proteger la Amazonía supone combatir con eficacia la minería ilegal, que contamina los ríos con mercurio, con niños que se bañan en aguas amarillentas. Hay corrupción en algunos sectores de las fuerzas policiales que permite que las dragas circulen impunemente, y eso debe combatirse enérgicamente. El Estado debería estar presente en la Amazonía, especialmente en las reservas naturales que ya están legalmente protegidas pero cuya protección hoy es puramente nominal.

Deberíamos aprender de otras experiencias. Sudáfrica, por ejemplo, tiene turismo hacia sus reservas naturales y cadenas de hoteles públicos presentes ahí. Otro ejemplo son los paradores españoles, una cadena de hoteles públicos. ¿Por qué no pensamos en un plan de inversiones así? Eso requeriría una ley expresa que autorice la presencia de inversión pública, por ejemplo en servicios de hostelería en estas áreas críticas, lo que además movilizaría inversión privada en otras áreas. Hay que proteger la Amazonía, y no se protege si se abandona: hay que estar presentes ahí, con infraestructura y servicios de calidad, todo regulado, para evitar la depredación de uno de los principales pulmones del planeta.

Alejandro Céspedes García: ¿Cómo afecta la inseguridad y el crimen organizado a la economía y a la política monetaria del Banco Central?

José Távara: Es una buena pregunta. El objetivo central de la política monetaria es la estabilidad de precios, la fortaleza de nuestra moneda, y no debemos desviarnos de eso. Pero para cumplir ese objetivo, con un horizonte más amplio, hay que tener en cuenta los impactos de la destrucción de nuestros ecosistemas provocada por la criminalidad: las drogas, la tala ilegal, la minería ilegal, que están destruyendo la Amazonía. Combatir la criminalidad es una tarea compleja que tiene que ver con los problemas macroeconómicos de más largo plazo.

Alejandro Céspedes García: Mencionaste al Banco Central como una institución fuerte. ¿Esa fortaleza depende solo de que Julio Velarde continúe al mando?

José Távara: Entre las fortalezas que mencioné está tener una institución fuerte como el Banco Central, gracias al liderazgo de Julio Velarde, pero también, y sobre todo, al extraordinario nivel de desempeño de los equipos profesionales, del gerente general para abajo, algo que a veces no se reconoce. De hecho, es contradictorio decir que el presidente del Banco Central tiene que quedarse porque si no todo se viene abajo, y al mismo tiempo afirmar que es una institución fuerte: o es una cosa o la otra. Las instituciones no pueden depender exclusivamente de una sola persona. Julio tiene un liderazgo muy valioso y legítimamente reconocido, mas no hay que dejar de lado el reconocimiento a los equipos profesionales, hasta la última línea, hasta las áreas de servicio.

Alejandro Céspedes García: ¿Por qué el Perú, con instituciones sólidas como el Banco Central, tiene resultados tan malos en salud o en educación?

José Távara: Hay un colega que investiga que en casi 200 años desde la independencia no hemos logrado establecer un pacto fiscal. El contraste entre el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica por el lado de la inflación, y el hecho de que el Perú encabezó el número de muertes por la pandemia en el mundo, o que estemos en los últimos lugares en las pruebas PISA, nos tiene que decir algo. No puede ser que tengamos instituciones fuertes y una macroeconomía estable por el lado de la inflación y, al mismo tiempo, un Estado fiscalmente raquítico. El tamaño fiscal del Estado es muy reducido comparado con otros países de la región, ni qué decir con los de la OCDE. No hemos logrado un acuerdo sobre la necesidad de una base tributaria más amplia, de mayor recaudación para sostener una provisión de bienes públicos esenciales con un mínimo de calidad para todos los ciudadanos. Se necesita una reforma tributaria que ensanche la base, y que la gente entienda que paga impuestos porque recibe servicios a cambio.

¿Pero qué ocurre cuando las madres de familia van con sus hijos o esposos al hospital y les dicen que vuelvan dentro de cuatro meses porque no hay citas? ¿O cuando en la escuela pública de una zona rural hay un solo maestro, cuando la infraestructura se cae en pedazos, cuando no hay buena provisión de servicios de calidad? Yo estudié en la UNI, que tiene cerca de 13.000 o 14.000 alumnos, mientras que algunas universidades privadas, con fines de lucro, tienen 200.000. ¿Por qué la Universidad Agraria no ha crecido, por qué no tiene 100.000 alumnos como la Universidad de Buenos Aires o más? Ahí hay un serio problema de educación de calidad, y lo mismo puede decirse de la precariedad en la educación primaria y secundaria, que se traduce en los resultados de las pruebas PISA.

La seguridad es otro servicio: si tienes dinero, contratas seguridad privada, o el guachimán de la cuadra si el barrio es de clase media. Pero si es un barrio popular, te asaltan, o tienes que cerrar tu negocio. Se están cerrando cientos o miles de bodegas por la extorsión, y la gente no paga impuestos, pero sí paga el cupo al extorsionador, en lugar de pagar impuestos que podrían fortalecer la calidad del servicio de las fuerzas policiales, lo que pasa por combatir la corrupción. Y la corrupción se combate barriendo la escalera de arriba hacia abajo: no se combate solo metiendo preso al policía que recibió la coima, sino viendo quiénes son los generales que dirigen la institución y que podrían estar comprometidos por complicidad u omisión. Ahí hace falta una reforma muy radical, pero como punto de partida hay que entender la necesidad de un pacto fiscal.

Alejandro Céspedes García: Con los precios altos del cobre y el oro, ¿corremos el riesgo de repetir errores del pasado, como con el guano?

José Távara: Ahora que el país recibe precios de metales de exportación muy altos, y con ellos ingresos fiscales de la minería, como antes fue el guano, estamos viviendo la prosperidad falaz de la que hablaba el gran maestro Basadre. Con el cobre y el oro por las nubes, el pueblo recibe ingresos y estamos contentos: la gente no tributa, el Estado hace como que gobierna y la gente hace como que trabaja. Estamos en un equilibrio de bajo nivel, y eso no puede continuar. Tenemos que elevar la calidad de los servicios para que el niño que nació en Huancavelica reciba un nivel de educación parecido al niño que nació frente al golf de San Isidro y accede a una escuela de calidad: ahí no pueden existir esas diferencias. Yo he vivido en el extranjero, mis hijas fueron a la escuela pública, y esa escuela ofrecía un alto nivel de calidad. Eso lo vemos en Europa, incluso en Estados Unidos: los países capitalistas desarrollados tienen escuelas públicas de calidad. Eso no lo tenemos en el Perú, lamentablemente.

Alejandro Céspedes García: Hay una pregunta que siempre surge ante un pacto fiscal como el que propones: de acuerdo, se pagan más impuestos, pero antes tiene que haber una reforma de la capacidad del Estado para que esos impuestos no se vayan en la corrupción. La gran corrupción, como lo anunció Proética a fines del año pasado: obras que no tienen mucho sentido, como la compra de aviones muy caros, o financiar el déficit de empresas como Petroperú.

José Távara: Exactamente. Hay que preguntarnos por qué en otros países las empresas públicas funcionan razonablemente bien y aquí no. No es que en el Perú seamos marcianos que no sabemos manejar empresas públicas. El ejemplo de España, los paradores en monasterios, castillos y palacios, el patrimonio arqueológico que el Perú tiene y que podría aprovecharse bien, como las huacas abandonadas en Lima, sobre todo en la Amazonía y en las zonas de frontera, muestra que hay que pensar en cómo se gobiernan las empresas públicas, adoptando principios de buen gobierno corporativo del sector privado: directorios con personas íntegras, nombradas por periodos definidos, que no puedan ser removidas sin expresión de causa. Eso está en una propuesta elaborada por profesores de derecho constitucional de la Universidad Católica, para darle autonomía a instituciones como la Sunat, el órgano que recauda impuestos.

Alejandro Céspedes García: ¿Y en el caso del Banco Central, cómo funciona esa protección frente a las presiones políticas?

José Távara: El Banco Central está protegido: a mí no me pueden remover salvo con dos tercios de los votos de los congresistas en el Congreso anterior; ahora, con el nuevo Senado, será con el 50% de los votos de los senadores. Eso da cierto nivel de protección: salvo falta grave, no te pueden sacar hasta que cumples tu periodo. Yo estoy a punto de cumplirlo, y me iré en los primeros días de agosto, cuando nombren a los nuevos directores. Cumplí mis cinco años sin que nadie me presionara; no acepto ningún tipo de presiones, y no me pudieron sacar durante ese periodo porque no cometí falta grave. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la Sunat? Hemos tenido tres superintendentes en los últimos 23 años. En el Indecopi, igual: a pesar de que la ley establece que el presidente y los miembros del consejo directivo deben ser nombrados por cinco años y no pueden ser removidos sino por falta grave, los sacan por presiones políticas y ponen como director al asesor del ministro de turno, para que responda a la lógica política del ministro en lugar de responder al bien común.

Necesitamos construir el Estado y separarlo del gobierno de turno. El Estado no puede ser el botín del gobierno de turno. Hay que fortalecer las decisiones sobre el Banco Central: es una lógica que los políticos y la ciudadanía deberían asimilar. Necesitamos instituciones del tipo del Banco Central, con autonomía. Eso podría pasar, por ejemplo, por reformar Servir y darle autonomía, para que ordene el ingreso a la carrera pública, las promociones y la formación de gerentes públicos. En España existen las oposiciones: uno entra al Estado por un concurso, compitiendo con otros aspirantes, con pruebas de conocimiento, no porque tiene un amigo que le da trabajo, como ocurre lamentablemente en nuestro país. Ese chip lo tenemos que cambiar. Tenemos que reconstruir el Estado, barrerlo primero de quienes han entrado sin mayores calificaciones y no quieren que nada cambie, y restablecer la carrera pública, entendiendo que quienes trabajan en el Estado son servidores públicos que pagamos con nuestros impuestos. Como muchas personas no pagan impuestos y tampoco reciben buenos servicios del Estado, estamos en este equilibrio de bajo nivel, en esta trampa.

"La CVR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber. "

Estas líneas pertenecen a las conclusiones 13, 14 y 53 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Conviene leerlas y releerlas, porque los tiempos que vienen pretenden instalar una mentira: que la CVR restó responsabilidad a Sendero Luminoso y desconoció a los buenos miembros de las Fuerzas Armadas y policiales.

El segundo fujimorismo, en típica actitud autoritaria, busca ya desde hace años una reescritura de la historia. Solo esta semana hemos tenido varias columnas y entrevistas de adulones del presente y del pasado que han negado las actitudes autoritarias de Fuerza Popular desde el Congreso desde los últimos años, han olvidado convenientemente la corrupción en la que nos hundió Alberto Fujimori y sus huestes, y finalmente han tratado una vez más de eliminar de nuestra historia un esfuerzo por reconocer a quienes nos faltan, que es lo que el Informe Final de la CVR propone.

La instalación del nuevo Congreso de la República y el accionar de la bancada de Fuerza Popular en tándem con el Ejecutivo ya ocurre desde diciembre de 2022, pero ahora será sin caretas o disimulos. Es fácil anticipar que su conducta no será más democrática ni resguardará al país de las economías ilegales y las organizaciones criminales; por el contrario, lo entregarán con mayor desparpajo

No se trata de ser fatalista, sino de mirar la evidencia. No se trata de hacer futurología, sino de acercarnos a una línea histórica reciente de comportamiento de una organización política con legajo criminal. Por ello importa no perder de vista los hechos —mientras otros no pierden de vista carguitos y consultorías— y defender la memoria como lo que es: una tarea colectiva que no admite reescrituras.

En educación, los primeros cien días siempre revelan una manera de entender las urgencias del país. Hay gobiernos que empiezan cambiando nombres de programas, removiendo funcionarios o peleándose con el currículo. Hay gobiernos que convierten la educación en un botín: reparten cargos, pagan favores y subordinan el futuro de millones de estudiantes a la lógica del regalo político. Y hay gobiernos que empiezan por hacerse las preguntas correctas: ¿por qué un niño de tercero de primaria todavía no comprende lo que lee? ¿Por qué un maestro siente que el Estado solo se acuerda de él cuando toca evaluarlo o cuando un conflicto sindical altera la calma de Palacio?

No hace falta inventar una nueva revolución educativa. Sí es inexorable dejar de usar la educación como campo de la batalla política.

Lo que hace falta es decidir. Y decidir es establecer prioridades. Presidenta, si la educación va a ser una prioridad de verdad, estas son siete decisiones que no admiten espera.

 1. Recupere los aprendizajes.

No permita que otra generación pague el costo de la demora y el ausentismo del Estado. Recuperar los aprendizajes no es un programa; debe ser el objetivo de justicia que ordene todo el sistema educativo. Cada escuela debería saber, con evidencia, quiénes están quedándose atrás y contar con recursos diferenciados, horarios extendidos, alimentación segura, tecnologías digitales y acompañamiento docente para recuperarlos.

Ningún estudiante debería terminar la primaria condenado a aprender menos que uno en la zona urbana o la capital. El mundo acelera; el Estado no puede seguir llegando tarde.

 2. Devuélvale prestigio a la profesión docente.

No les pidamos excelencias heroicas si el Estado no les ofrece una carrera excelente. La docencia no es heroísmo, es profesionalismo.

La carrera docente hoy parece una suma de piezas sueltas. Conviértala en una trayectoria. Articule en un solo sistema la formación inicial de los Institutos Pedagógicos, abandonar los contratos temporales por la atracción a la carrera pública, la formación continua en cada territorio aliando universidades, escuelas superiores y sector privado, evaluaciones que lleven a mejores compensaciones y a la diversificación profesional. El docente necesita una trayectoria completa, exigente y predecible, y ser reconocido por la sociedad como referente para la vida de nuestros hijos, que son protagonistas del cuidado, de la protección y de la inspiración ciudadana.

 3. Invierta en darle dignidad a las escuelas.

La infraestructura no es cemento. Es dignidad.

Colegios de excelencia y del talento son positivos, claro, pero empiece por donde más duele la indiferencia: agua, desagüe, alimentación, conectividad y salud. Inicie una estrategia de aceleración del saneamiento físico-legal de los terrenos escolares. Una escuela cuyo terreno está regularizado deja de ser propiedad de un ministerio lejano y puede convertirse en un proyecto cooperativo del sector privado y toda la comunidad.

 4. Proteja las escuelas como espacios seguros

Una escuela insegura deja de ser una escuela para exhibirse como una amenaza más.

Convierta la protección de niñas, niños y adolescentes en una política compartida entre Educación y otros sectores, Interior, Ministerio Público, gobiernos locales y familias. La salud emocional y mental de nuestra adolescencia es un ancla trascendental del carácter, empatía y estabilidad de sus futuros. La violencia ya no está fuera del colegio; está dentro de sus familias, dentro de ellos mismos, y espera todos los días a la hora de entrada con los estudiantes.

 5. Conecte la educación superior con el futuro de los jóvenes

El diseño de un Ministerio actualizado al Perú de hoy ya está aprobado, pero no se ha tenido el coraje de implementarlo. Cree por fin el Viceministerio de Educación Superior, la autoridad que articule las trayectorias y los tránsitos entre la educación Técnica, Tecnológica, Pedagógica y Universitaria, que conduzca con liderazgo sólido un sistema de aseguramiento de la calidad con una Sunedu autónoma de sus supervisados, y con una rectoría capaz de planificar la oferta educativa pública según las necesidades productivas de los territorios y sus economías, no según las presiones políticas del Congreso. Renueve por todo lo alto una estrategia de becas y crédito educativos que devuelva esperanza de estudios superiores a los que se lo han trazado. La educación superior debe responder al país que queremos construir, no al siguiente ciclo electoral.

 6. Una al Estado educador.

El Ministerio de Educación no educa solo. Hay más instancias públicas y privadas haciendo educación, pero no las reconocemos así.

Cada año el Estado invierte miles de millones formando personas desde otros sectores: hospitales, centros de innovación tecnológica, capacitación laboral, programas de autonomía económica, educación técnico-productiva, formación de jueces, policías y servidores públicos. Nadie los articula. Cree un Sistema Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos que convierta esa suma de esfuerzos en una política de capital humano para la competitividad y la descentralización real de capacidades.

La educación es un vehículo para una ciudadanía que recupere el valor de la democracia y la justicia, que abrace una historia con memoria común, que reconcilie con dignidad y sin impunidad. De ese tamaño es la responsabilidad de un Estado educador.

 7. Escuche antes de decidir con expertos.

Gobernar es escuchar.

No convoque otra comisión de expertos si no es para un diálogo abierto y nacional donde docentes, familias, empresarios, sindicatos, investigadores y autoridades locales construyan soluciones para cada territorio. La educación necesita menos decretos escritos en Lima y más acuerdos construidos en las provincias. El espacio ciudadano y empresarial por la educación ha crecido mucho desde los años 90 a la fecha, el país que pone la educación en la agenda ha cambiado. Convóquelos.

 La educación no necesita otro gobierno que empiece de cero. Necesita un gobierno que tenga el coraje de tomar las decisiones correctas antes que las decisiones populares.

Presidenta: el Perú ya perdió demasiadas generaciones esperando que alguien haga de la educación una prioridad y no un discurso.

No permita que la siguiente también tenga que esperar.

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           Las actrices Mónica Sánchez y Karina Jordán, como parte de la organización, recibieron a la prensa que llegó al Teatro Ricardo Blume. Ambas se han manifestado en más de una oportunidad contra la represión en los gobiernos de Dina Boluarte y de José Jerí. "Esta convocatoria es una feliz coincidencia, pero no estoy sorprendida por la coincidencia en el momento histórico que nos toca vivir y por la cantidad de atropellos a las libertades que se están dando en paralelo", nos comentó Sánchez. "Hay un sector que va a cerrar filas contra lo que viene. Y más allá del sector, mi expectativa es que podamos tener voces y liderazgos que estén al servicio del bien común porque todo está relacionado: la educación, la cultura y la salud.  Mi expectativa es en la oposición, quien va a vigilar a quien gobierna".

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          Los artistas convocaron a la excongresista Susel Paredes, quien presidió la Comisión de Cultura del Congreso, pero la ley que crea el Colegio de Artistas fue impulsada en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. "Se da en el marco de la creación de otros colegios profesionales, por ejemplo, el de antropólogos e historiadores. Me acuerdo de que para el Colegio de Historiadores les dije: 'María Rostworowski ni fue a la universidad. Entonces, ¿van a decir que ella no es historiadora?' Esto viene desde una corriente de creación de colegios para corporativizar determinadas actividades".

          Debido a que esta ley no nació de un reclamo del sector y tuvo pocos votos en contra, Paredes expuso que era necesario recordar qué partidos avalaron este proyecto. "Esto tiene un contenido político. Votaron a favor de esta ley Perú Libre, Alianza para el Progreso, Acción Popular y, por supuesto, que el fujimorismo votó por la ley de Cerrón. Y no es la primera vez. Ellos han co-gobernado desde el Congreso desde su ignorancia, desde su odio".

En el foro, Indira Huilca, diputada electa por Ahora Nación, llamó a no ver la creación del Colegio de Artistas como un hecho aislado. "No hay que normalizar cuando en nuestro país se aprueban leyes como esta. Conversaba con algunos de ustedes y recordaba al promotor de la ley, al señor Cerrón. Nunca está de más recordar a quienes han perpetrado este tipo de actos". En el diálogo, Paredes le entregó el proyecto para la derogatoria. "Leyes como esta tienen la intención específica de un contexto de debilidad democrática. Por un lado, cumplir el objetivo de perseguir opositores como la doctora (Delia) Espinoza", señaló Huilca sobre un artículo que prohíbe ejercer cargos en colegios profesionales a personas inhabilitadas de la función pública.

"Como a quienes han estado gobernando el país no les gusta que tengan una voz pública, ni como fiscal ni como decana, entonces '(una) ley a la medida, con nombre propio, como en los peores momentos de las dictaduras. Por otro lado, el otro objetivo era cómo minar la capacidad de acción de un sector que sí le es incómodo a grupos autoritarios. Es evidente la lectura que tienen esos sectores antidemocráticos de la amenaza que significa para ellos que haya voces críticas que pueden llegar a más ciudadanos. Pueden, en estos tiempos oscuros para la democracia, para la justicia, alzar su voz de protesta".

           Para la socióloga, es un momento para unirse más allá de las diferencias partidarias. "Cuenten con el trabajo de la bancada de Ahora Nación", dijo la diputada, secundada por Ruth Luque y Ernesto Zunini, vocero y diputado de Juntos por el Perú. "Les preguntaba aquí al futuro colega cuántos votos son ellos. Son 32, ahí ya tenemos 42. Hay otras bancadas que se han denominado también de oposición democrática, así que yo espero verlos pronunciarse públicamente contra esta ley. Este no es un asunto ni partidario ni político, es de principios democráticos".

El apoyo de Delia Espinoza
En el panel participó la exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados. "Nuestra Junta Directiva tiene un mandato y vamos a cumplir nuestras obligaciones hasta abril de 2028", dijo Espinoza sobre su permanencia como decana y calificó de “ley mordaza” la creación de un colegio profesional sin haber diálogo con el sector.

      Al finalizar el foro, Espinoza declaró a La República. "Cuando se va a legislar siempre se recurre a las personas que están vinculadas, a los destinatarios de una ley que debe hacerles el bien. Pero en este caso no se ha hecho nada de ello, al contrario, esta ley ha salido contraria a lo que es el interés, la propia existencia del arte en toda su libertad y todas sus dimensiones".

     Ante la preocupación del sector frente a otras medidas que dejarían la puerta abierta a la censura, la exfiscal advirtió que los artistas tendrán que enfocarse en defender sus derechos siendo un solo grupo sólido. "Siempre los corruptos, como he sido una fiscal anticorrupción, lo que quieren es desunir.  Al menos en política, cuando hay un mal ejercicio, es divide y reinarás. Y cuando se logra eso va a surtir efecto esa ley y realmente va a traer muy malas consecuencias. Primero la derogatoria y tienen que unirse de pronto en más allá de un solo sindicato, varios sindicatos y que hagan una confederación de todas las disciplinas. Todas las manifestaciones culturales deben unirse en una sola institución para que puedan defenderse de arremetidas como esta".

     Delia Espinoza también rechazó los calificativos para los artistas que se dedican a hacer producciones regionales o documentales sobre los derechos humanos. "(Les dicen) terrucos y comunistas. Lo que sucede es que esos letreros son muy típicos de personas que no toleran y tienen un propósito más que todo de querer avasallar. Dictatorial, en realidad, de imponer su postura. Y personas que actúan así, definitivamente, no son demócratas. Cuando hay libertad, hay libertad de expresión, de manifestación, de creación. Es decir, la libertad de expresión no solamente es salir a marchar; está representada en una gama inmensa, interminable, de formas como se puede manifestar o expresar esa libertad".

Sin embargo, coincide en que existe un sector de la clase política a la que no le preocupa hablar de los derechos culturales. "Quien no tiene vocación democrática no tolera discrepancias. Quien no tolera discrepancias va a generar mecanismos para acallar a quien no está en su línea de pensamiento".
Por lo pronto, los artistas anunciaron una marcha para el 15 de agosto.

No obstante, pasaron solo pocos años para que en estos mismos países la izquierda regresara al poder. Alberto Fernández (2019) ganó las elecciones en Argentina, Lula da Silva (2023) en Brasil, Pedro Castillo (2021) en Perú y Gabriel Boric (2022) en Chile. Esta realidad no solo demostró la fragilidad del giro a la derecha, sino también el predominio del tradicional péndulo latinoamericano.

En el siglo XXI, el único giro político que se ha dado en la región fue la llamada “ola rosada”. El giro a la izquierda de aquella época perduró por más de una década, transformando, para bien o para mal, nuestros países. Con el fin de este proceso, en América Latina predominó el péndulo político: después de un gobierno de derecha viene un gobierno de izquierda (o viceversa).

Salvo algunas excepciones, como el caso de Claudia Sheinbaum (2024) en México (heredera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador) o Nayib Bukele (2024) en El Salvador (aunque este por razones autoritarias), la región tiende al cambio.

En la actualidad vemos que esta dinámica continúa. A pesar de la popularidad de Gustavo Petro en Colombia, que bordea el 50%, esto no evitó la victoria de la derecha más dura e intolerante. En Bolivia, luego del gobierno de Luis Arce, la izquierda prácticamente desapareció, definiéndose la elección por dos candidatos de derecha, uno más radical que el otro. Y en Chile, José Antonio Kast, en su tercer intento, derrotó a la coalición de izquierda que había gobernado dicho país.

En Perú ha sucedido algo similar. Formalmente, Keiko Fujimori va a suceder a un gobierno de izquierda. Aunque la realidad es más compleja, la izquierda no pudo repetir la victoria del 2021. Se viene la elección en Brasil. ¿Volverá a manifestarse el péndulo o la izquierda seguirá dirigiendo al gigante sudamericano? Mientras la izquierda siga en el poder en México y Brasil, no se puede hablar de un giro a la derecha, más aún cuando es muy probable que en pocos años el péndulo latinoamericano traiga de regreso a gobiernos de izquierda en la región.

La primera razón radica en que se trata de una iniciativa que muy probablemente solo vaya a existir mientras Trump se encuentre en el poder. Al igual que la “Junta de Paz”, que surgió para supervisar la reconstrucción de la Franja de Gaza luego de la destrucción causada por Israel y que pretendería reemplazar a las Naciones Unidas, el “Escudo de las Américas” solo se entiende como parte de una narrativa que Trump busca imponer en el mundo. Muchos países latinoamericanos, por afinidad ideológica o por miedo ante el accionar prepotente de la potencia mundial, terminan alineándose.

La segunda razón está relacionada con la forma como esta iniciativa enfrenta la problemática de la seguridad. Si bien resulta de mucha importancia que los países que sufren el flagelo de la delincuencia transnacional busquen crear mecanismos institucionales que favorezcan la cooperación, puede resultar un “arma de doble filo” el hecho de que el “Escudo de las Américas” considere a estas organizaciones ilícitas como grupos terroristas. Ya existen suficientes problemas para definir a nivel internacional el fenómeno del terrorismo como para incluir más actividades ilícitas dentro de dicho concepto. Para darle importancia a una actividad ilícita no es necesario llamarla terrorismo, pero vende. Además, la “guerra contra el terrorismo” le da a EE. UU. la posibilidad de utilizar la fuerza sin permiso del Congreso. Esta lógica justifica la intervención militar en Venezuela o cualquier futuro ataque que pueda realizar contra estas organizaciones en el territorio de algún país latinoamericano. Tanto hemos preservado el “principio de no intervención” como para acabar destruyéndolo.

Finalmente, la tercera razón es que esta iniciativa abre la posibilidad de cooperar para hacer frente a otras “amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”. En tal sentido, Trump ha señalado que esta coalición también busca hacer frente a las “influencias extranjeras malignas”. Considerando el regreso de la Doctrina Monroe con el “Corolario Trump”, es claro que el “Escudo de las Américas” también puede ser utilizado como una coalición contra la influencia china en América Latina. ¿A un país como el Perú le conviene esto? Obviamente no.

Si bien no todos los objetivos se cumplieron, dichas movilizaciones permitieron comprender la complejidad y diversidad de oposición ciudadana. Movimiento andino. Danzas, cuerpos y repertorios de protesta en la ciudad (Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2025, 201 pp.) de la Dra. Ignacia Cortés es un estudio a profundidad de una de las muchas formas que los movimientos sociales han adquirido en estos últimos años. La autora estudia ese fascinante espacio que separa (o une) la fiesta de la protesta, y lo hace a partir de un grupo de comparsas de música andina en Santiago de Chile.

Si bien el epicentro del análisis es Santiago, las coordenadas espaciales en que se mueve el libro son mucho más amplias. La autora desglosa con mucha habilidad cómo los ritmos del neo-folclor boliviano y la música peruana conformaron una identidad andina abierta a incluir a la comunidad mapuche y en abierta oposición a los imaginarios de una identidad homogénea y occidental que se buscaban imponer en el país. Los espacios en que se desarrolló esta mezcla de música, danza y política fueron los talleres, con ritmos tan heterogéneos como los huaynos, huaylarsh, taquirari, caporal y tinku, entre otros.  

El análisis abarca un periodo importante, desde el retorno de la democracia en Chile hasta el presente, aunque hace guiños a las primeras décadas del siglo XX. Estas tres últimas décadas constituyen una perspectiva novedosa porque combinan procesos políticos como la dictadura y la transición con otros menos visibles, como la migración y los intercambios artísticos. Los 'tambos andinos' y las peñas, además de los talleres ya mencionados, permitieron una mixtura de ritmos y creación artística que luego serían llevados a las calles y plazas, así como a escenarios, fomentando una actividad política y cultural contestataria.

El despliegue creativo descrito en el libro y que tuvo lugar en estos espacios durante los difíciles años de la dictadura de Pinochet contradicen a su vez la idea de un 'apagón' cultural, y donde solo con el retorno a la democracia habrían reaparecido dichas manifestaciones. Lo que es evidente es que hubo una presencia de la oposición no solo en grupos armados, activistas en el exilio o en fábricas y oficinas, sino también, entre artistas y danzantes, que retomaron su dinámica luego del fin de la dictadura en coyunturas como los 500 años de la 'conquista' (1992) y las movilizaciones a favor de la educación de 2005 en adelante.

Desde 2005, los grupos de danzantes exhiben una cohesión no solo en cuanto al repertorio musical sino también a su naturaleza de resistencia pública. Su participación se da en distintas ocasiones, incluyendo la muerte del dictador Augusto Pinochet en 2006. En palabras de la autora, esta sucesión de movilizaciones dio lugar a una presencia pública más cohesionada de las danzas y bailes neo-folclóricos principalmente bolivianos y que recibirán el nombre de tinkunazo. Más que una performance esencialmente 'artística', el tinkunazo traslada el componente ritual de un equilibrio interno a través de la violencia hacia las calles y los espacios urbanos, articulándose con otras manifestaciones de grupos que también protestan.

Lejos de ser una práctica homogénea, el tinkunazo cambia a través del tiempo, incorporando nuevos actores y con ello nuevas coreografías. Así, se distingue la presencia cada vez mayor de 'capuchas', a propósito de los movimientos estudiantiles de 2011, o el uso al año siguiente de pañoletas para cubrir los rostros de los danzantes, con motivo de los Detenidos Desaparecidos. Utilizar el folklore para denunciar problemas sociales no hace inmunes a quienes realizan estas danzas y bailes. Por el contrario, en no pocas ocasiones estos grupos estuvieron expuestos a represión y a la misma violencia que denunciaban en sus coreografías.

Entre varias razones, el libro sobresale por la sensibilidad con que la autora estudia a estos grupos de danzantes. No solo inserta esta experiencia dentro de marcos teóricos sugerentes sino que nos lleva desde la formación temprana de los danzantes hasta los talleres ('tambos') donde los más experimentados comparten espacio con novatos y recorren juntos las calles cuando salen a manifestarse. Ella misma ha participado como danzante de estas comparsas, conociendo el movimiento por dentro y acompañándolo por varios años. Además de su propia experiencia personal, el libro se enriquece por la consulta de prensa así como por entrevistas y archivos personales de sus integrantes.

La mirada enriquecedora del libro hace que tenga muchos públicos interesados: desde quienes deseen análisis documentados sobre repertorios musicales de influencia andina hasta quienes busquen nuevas miradas sobre cómo las protestas se reinventan a lo largo del tiempo. Movimiento andino llega en un momento crítico en el que el populismo radical manifiesta su agotamiento en Estados Unidos y Argentina y donde se espera que las movilizaciones sociales y el activismo digital den lugar a nuevas formas de liderazgo.

El libro recuerda además que las protestas no son estáticas y que es necesario mirar más allá de los actores y espacios tradicionales para encontrar nuevas formas de política y organización.

He conversado sobre este tema con destacados internacionalistas venezolanos y me he convencido de que el derecho internacional ofrece el camino más sólido para procesar la delicada situación de Venezuela.

En el contexto del colapso incontenible del país, es evidente que América Latina debe abandonar su pasividad y dejar de asumir que la “Casa Blanca” resolverá la crisis. No lo hará, y la situación se agrava cada día.

OEA y ONU: es hora de actuar

Una propuesta concreta es convocar de urgencia una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA con un único punto en la agenda: la situación de Venezuela.

En esa sesión debería presentarse un proyecto de resolución que establezca la fecha de las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo), disponiendo que ambos procesos sean organizados por la OEA y la ONU, bajo la conducción de un(a) representante del Secretario General de las Naciones Unidas.

En ese mismo marco, debería aprobarse el despliegue de una Misión de Paz por cinco años, renovables, así como fijar las reglas para el interinato y la celebración de contratos internacionales durante la transición. Por ejemplo, que los contratos o convenios de mayor cuantía sean aprobados tanto por la nueva Junta de Gobierno como por la Comisión de Contraloría de la nueva Asamblea Nacional.

La comunidad internacional aún dispone de instrumentos jurídicos y políticos para contribuir a una transición democrática en Venezuela. Los mecanismos existen. Basta decisión política para ponerlos en marcha.

En temas de derechos humanos, la ONU cuenta con Comités (mecanismos convencionales que dependen de los tratados) y con Procedimientos Especiales (mecanismos extraconvencionales a los que el GT pertenece). No son tribunales y sus opiniones no son sentencias.

Los Comités actúan si los Estados han firmado el tratado correspondiente y aceptado su competencia. Así, en el 2023 el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño emitió el informe del caso Camila, ya que en 1990 el Perú ratificó ese tratado y en el 2016 aceptó su competencia.

Los Procedimientos Especiales se refieren a expertos independientes, cuya actuación no depende de la aceptación de los Estados. Cuando el GT recibe una comunicación sobre una posible detención arbitraria, se comunica con el Estado respectivo pidiendo sus descargos y luego emite una Opinión. En la respuesta del Perú en el caso Castillo, el Gobierno reconoció que “no presentó una demanda de competencia frente a los hechos del 7 de diciembre del 2022 como debía haberlo hecho” (párr. 69), entre otros temas.

Por tanto, la conclusión del GT sobre la existencia de una detención arbitraria no fue un hecho unilateral, sino que contaba con información estatal. El documento recomienda la liberación de Castillo, dando un plazo de seis meses para que le informen sobre el tema y ofreciendo una visita de trabajo al Perú. Ahora, el Perú podría emitir una respuesta jurídica sólida, incluyendo la aceptación de la visita al país como signo de transparencia y buena fe, ya que el GT no ha excedido sus funciones ni ha atentado contra la soberanía nacional.

Finalmente, recordemos que, aunque el GT no sea un tribunal, eso no significa que la opinión no importe, ya que la validez de un mecanismo internacional no depende de la falta de conocimiento jurídico ni de los intereses políticos subyacentes.

Debemos entender que este paralé a la ilegal iniciativa de gasto parlamentaria se va a mantener. Pues de otro modo, no tiene sentido que Julio Velarde siga presidiendo el BCR o que el Consejo Fiscal siga funcionando. Se rompe así, esperamos, un efecto del llamado pacto mafioso, tan vinculado a las bandas-partido universitarias.

Otro ajuste, este más tentativo que el del TC, es el pedido a José María Balcázar para que evite nombrar funcionarios durante el muñón de gobierno que le queda. La respuesta del interino ha sido insolente. Decir que seguirá nombrando si le siguen renunciando no tiene ni pies ni cabeza; para eso están viceministros y directores.

A juzgar por lo que vemos en la cartera de Educación, los enroques de Balcázar están claramente direccionados. En este caso, es un favor a los amigotes del Fenate-Movadef, a los que el fugaz ministro de Balcázar y militante del clan Cerrón quiere devolver a la legalidad. ¿Qué recibió su predecesor por su expeditiva renuncia?

Está claro que, nombrados hace unos meses o nombrados hace poco, a los ministros de Balcázar les queda un par de semanas en el cargo. Aunque un operador decidido puede lograr mucho en ese breve plazo. Por ejemplo, dejar sembradas bombas de tiempo económicas y otros problemas para que resuelva el siguiente gobierno.

Este trabajo de baja policía puede prolongarse, pues tiene que ver con casi seguros ilícitos cometidos bajo Pedro Castillo y los tres presidentes que le siguieron. En ese tiempo se ha hecho moco la institucionalidad económica y la otra, y en todos los poderes del Estado faltas y delitos han aparecido hasta debajo de las piedras.

Pero no olvidemos de dónde están proviniendo estos primeros llamados de atención a la chusma política. El fujimorismo tiene un bien ganado prestigio como socio activo de la crisis política en curso. ¿Estamos presenciando unos primeros actos de arrepentimiento? ¿Con Acuña y Luna metidos en la transición? ¿Cómo se llama la obra de teatro?

Un puñado de estudios del BCRP sobre los efectos económicos de la Oscilación del Sur (ENSO) y el Niño costero en la economía peruana de este año y los próximos ratifica que la situación es monstruosa. Lo es comparada con los efectos de pasados Niños, y también en sí misma. En el fuerte Niño de 1982/1983, el PBI cayó casi 12%. Esta vez el daño puede ir mucho más allá, y es probable que lo haga.

¿Cómo va a ser ese daño? La primera línea son las ciudades y casas derrumbadas, o el agro agotado por la sequía, y las familias que lo pierden todo. El BCR recoge esos dramas humanos en una abstracción: lo que vamos a ver producirá fuertes presiones inflacionarias y propiciará una reducción en el PBI de este año y el próximo. La preocupación de los trabajos es cómo calibrar la política monetaria adecuada a las circunstancias.

¿Veremos pronósticos algo más cálidos que los de las cifras económicas? Al nuevo gobierno le toca proporcionarlos a la ciudadanía y enfrentarlos con eficacia. Hasta el dramatismo de viejos videos puede servir para que la población en peligro pueda ponerse a buen recaudo. Lo que se precisa, entonces, es una cruzada instantánea contra esta catástrofe repetida por siglos.

Poner a cargo a un equipo técnico y a un “zar del Niño”, como se ha hecho antes, no le va a funcionar a Fujimori si ella misma no aparece a la cabeza del proceso. Asumir la conducción. Es una postura riesgosa, pero lo puede ser más aparecer en un segundo plano, enredada en problemas menores. Para instalarse en el primer plano y mantenerse allí, la presidenta tiene pocos días. El interino José María Balcázar debe estar buscando ya un gesto que lo favorezca en el tema.

Mientras tanto, algunos candidatos regionales y municipales se van a convertir, ellos también, en verdaderos Godzillas en el tema.

En este contexto, un Plan Estratégico de Política Exterior constituye el principal instrumento para organizar y orientar la acción internacional del Estado. Su finalidad consiste en traducir los intereses nacionales en objetivos, prioridades, agendas y estrategias que permitan conducir de manera coherente y eficaz la acción internacional del Perú. Se trata de un instrumento de dirección política que vincule la acción exterior con los objetivos permanentes del Estado y con las prioridades del desarrollo nacional, entendido este último como un proceso orientado a impulsar el crecimiento económico inclusivo y fortalecer la cohesión social y territorial.

La planificación estratégica de la política exterior debe concebirse como un proceso continuo que integra el análisis del entorno internacional, la identificación de los intereses nacionales, la definición de objetivos, la formulación de agendas, la selección de estrategias, la asignación de recursos y la evaluación permanente de los resultados obtenidos. Su propósito es asegurar que la acción internacional responda a una visión de largo plazo, mantenga coherencia entre las distintas instituciones del Estado y contribuya efectivamente a aumentar el nivel de vida, la seguridad y  el bienestar de todos los peruanos. De todos.

La formulación del Plan Estratégico debe inspirarse en el principio del realismo transformador. Este enfoque parte del reconocimiento de que la política exterior debe sustentarse en una apreciación objetiva de las capacidades nacionales y de la distribución del poder en el sistema internacional. Al mismo tiempo, implica que la acción internacional del Estado no debe limitarse a preservar el statu quo cuando este resulte favorable —como ocurre con la diversificación de los mercados de exportación, la apertura comercial o la integración militar plural y diversa—, sino que debe promover cambios que fortalezcan la posición internacional del país y amplíen sus oportunidades de desarrollo económico y social. En este sentido, el fortalecimiento del multilateralismo, la defensa del derecho internacional y el impulso de regímenes internacionales orientados a combatir la pobreza, mejorar la salud, erradicar el hambre y reducir el analfabetismo, constituyen objetivos compatibles con una visión estratégica de la acción exterior. El realismo transformador combina pragmatismo, capacidad de anticipación, estrategias de cambio viables y compromiso con el derecho internacional, articulando una política exterior orientada simultáneamente a la estabilidad y a la transformación.

La política exterior debe sustentarse, en primer lugar, en el interés nacional, entendido como el fundamento y la finalidad de toda acción internacional. La defensa de la soberanía, la autonomía nacional, la seguridad, el desarrollo sostenible, la prosperidad económica, la democracia, los derechos humanos y la disminución de las desigualdades territoriales y sociales constituyen objetivos permanentes que deben  la actuación del Estado en el ámbito externo. El interés nacional proporciona, además, el criterio rector para la selección de prioridades

La continuidad constituye igualmente un elemento esencial de la política exterior. Los intereses nacionales trascienden los períodos gubernamentales y requieren una acción sostenida en el tiempo. En consecuencia, el Plan Estratégico debe proporcionar estabilidad a las grandes orientaciones de la política exterior, permitiendo al mismo tiempo introducir los ajustes necesarios frente a las transformaciones del entorno internacional. La continuidad no implica inmovilismo, sino la capacidad de preservar los objetivos permanentes del Estado mientras se adaptan las estrategias y prioridades a nuevas circunstancias.

La formulación del Plan Estratégico requiere un diagnóstico integral que permita comprender tanto las condiciones internas del país como las características del sistema internacional dentro del cual se desarrollará la acción exterior. El diagnóstico tiene por finalidad identificar oportunidades y restricciones para la realización de los intereses nacionales.

Este análisis debe comprender la evolución de la estructura del sistema internacional, considerando la distribución del poder, las tendencias económicas, las transformaciones tecnológicas, la gobernanza internacional y la aparición de nuevos desafíos globales, como el cambio climático, las migraciones, las pandemias, la inteligencia artificial y las amenazas transnacionales. El mundo contemporáneo atraviesa un período de transición caracterizado por la erosión de las estructuras tradicionales de poder y el surgimiento de nuevas formas de competencia estratégica.  El sistema internacional evoluciona hacia una situación de unipolarismo fragmentado, en la que la concentración  del poder coexiste con crecientes espacios de autonomía regional y competencia estratégica.

El diagnóstico debe sustentarse, asimismo,  en una apreciación objetiva de las capacidades y competencias nacionales. La política exterior solo puede formularse adecuadamente cuando responde a las necesidades del desarrollo interno y se apoya en una evaluación realista de las fortalezas y limitaciones del país. La capacidad institucional del Estado, la calidad del Servicio Diplomático, la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos, y la eficacia de los mecanismos de coordinación intersectorial constituyen variables esenciales para determinar el alcance de la acción internacional.

La planificación estratégica exige, además, una evaluación permanente de la posición internacional del Perú. La calidad de las relaciones bilaterales, la participación en organismos internacionales, el grado de integración económica y la capacidad de influencia en los principales espacios multilaterales constituyen elementos indispensables para comprender las ventajas comparativas de la política exterior peruana y definir las áreas en las que resulta necesario fortalecer la presencia internacional del país.

El análisis del presente debe complementarse con una visión prospectiva. La política exterior no puede limitarse a reaccionar frente a los acontecimientos internacionales; debe desarrollar la capacidad de anticipar tendencias, construir escenarios y preparar al Estado para enfrentar contextos futuros caracterizados por elevados niveles de incertidumbre. La prospectiva estratégica constituye, en este sentido, un instrumento fundamental para fortalecer la capacidad de decisión del Estado y reducir los riesgos asociados a las transformaciones del sistema internacional.

El Plan Estratégico de Política Exterior debería concebirse como un instrumento dinámico de una política de Estado, que incluya a los gobiernos subnacionales, las instituciones, gremios y sectores sociales involucrados. La planificación estratégica no constituye únicamente una técnica de gestión, sino una condición indispensable para asegurar que la política exterior contribuya de manera efectiva a la realización del interés nacional y al fortalecimiento de la presencia internacional del país en el siglo XXI.

Luego de cuatro años, y después que el Congreso aprobó 258 leyes que generan gasto público, el TC decide que la lluvia de millones debe terminar. Hace poco, han suscrito la sentencia 158/2026, en la que se arrepienten de lo que permitieron; y han regresado a interpretar la sinfonía original, de la que nunca debieron apartarse, sin embargo, no solo han retornado arrepentidos sino culpando de su decisión a sus antecesores.

Señalan que son víctimas de la influencia de la doctrina Ledesma. Dicen que esta ha sido tan potente, pero tan potente, que les ha afectado su comprensión lectora y su capacidad de reflexionar y razonar sobre lo que decidieron en la citada sentencia 337/2022 en setiembre del 2022.

Esta “doctrina Ledesma,” ha sido tan poderosa, que ha evitado que cerca de cuatro años los integrantes del TC, no hayan recuperado la comprensión lectora de los antecedentes que consultaron para expedir la citada sentencia 337/2022. Felizmente hoy se iluminó el pensamiento jurídico y procedieron a corregir el desmadre que ya habían generado. Ello, es una buena noticia, aunque el arrepentimiento vaya de la mano -coincidentemente- con el retiro de los congresistas, quienes nombraron a estos integrantes del TC.

No solo han procedido a arrepentirse sino a señalar con el dedo acusatorio que la responsable de su decisión es la “doctrina Ledesma.” Suena cómico lo que digo, pero, es una historia real, cuya narrativa es promovida por los propios integrantes de este alto tribunal de justicia, quienes dicen que han sucumbido al poder de la “doctrina Ledesma”.  Es como si, en la sinfonía, el director decidiera interpretarla de manera distinta y luego termina culpando de su decisión a quien escribió las notas musicales; pero en el caso que comento, ni siquiera las notas musicales se interpretaron como debe ser, sino que hicieron sus propios arreglos, para luego, terminar reclamando de su decisión, a quien ni siquiera tenía vela en ese entierro. Rectificar una jurisprudencia equivocada fortalece la legitimidad del Tribunal Constitucional. Lo que la debilita, no es reconocer el error, sino intentar desplazar la responsabilidad hacia terceros de una “doctrina” que nunca produjo el cambio jurisprudencial.

El arrepentimiento del TC

Esta historia tiene tres momentos. El primero, hasta 2022, existía una jurisprudencia uniforme que prohibía la iniciativa parlamentaria de gasto; el segundo, a partir del cambio introducido por el propio Tribunal en 2022; y el tercero, con la rectificación y el intento de explicar el cambio mediante la denominada doctrina Ledesma en el 2026.

Frente a este panorama, nos preguntamos ¿el TC puede cambiar de criterio? La respuesta es afirmativa; si lo puede hacer, para lo cual, utilizará la técnica del overruling; esto le permite deshacer algunos criterios y fijar otros, en adelante. No es frecuente recurrir al overruling, pues se asume que los criterios judiciales buscan sostenerse en el tiempo para generar predictibilidad; toca ahora preguntarnos por los efectos que va a generar la sentencia del arrepentimiento (158/2026) con las leyes que se han construido promoviendo gasto público y las expectativas que han generado a los beneficiarios con ellas.

Dice el TC, ser víctima de la “doctrina Ledesma,” y busca encontrar culpables de lo que ellos decidieron. Recurren a la vieja estrategia de la “falsa atribución” para diluir o encubrir su responsabilidad, como es, el haber fallado contra el texto expreso del art. 79 de la Constitución.

Han creado una llamada “doctrina Ledesma,” a manera de chivo expiatorio, para librarse de su propia culpa, cuando su real doctrina ha sido la de corresponder a los intereses del congreso, de manera genuflexa, y por ello, flexibilizaron la prohibición de la iniciativa del gasto público a los congresistas.

Hoy la historia tiene que terminar, porque los congresistas concluyeron su labor y es urgente cerrar el festín del gasto público desde el Congreso, sin embargo, sospecho que se trasladará hacia otro ámbito de acción que el TC ya lo debe saber.

Algunas sentencias que se deben releer

El gasto público impulsado desde el Congreso no es una novedad. Ya en el Congreso del 2017 se impulsó, en el caso: pensión militar y policial (Ley 30683). Aquí, el TC controló ese exceso del Congreso, pero no tuvo éxito. Dicha Ley 30683, se terminó ejecutando con los fondos de contingencia del MEF.  

El Ministerio de Economía planteó su inconstitucionalidad. El TC, en la sentencia 881/2021 sostuvo la inconstitucionalidad de dicha Ley, pero, no se obtuvo los cinco votos necesarios para expulsarla del ordenamiento jurídico; por ello, sigue generando efectos en el presupuesto estatal hasta hoy. Esa sentencia debe ser de lectura obligatoria para los miembros del TC, a fin que aprecien los argumentos que ahí se desarrollaron sobre la prohibición del gasto público desde el Congreso.

Otro caso, es la Ley de negociación colectiva (D. de Urgencia 014-2020). Mediante la Sentencia 32/21, se afirmó su constitucionalidad porque no generaba erogación del presupuesto público. Dicha ley regula los niveles en que se debe desarrollar la negociación colectiva estatal y el contenido del informe económico financiero emitido por el MEF para la negociación. Dichos actos no generan gasto público. No se debe confundir, la regulación de las condiciones para el ejercicio de un derecho fundamental, con la habilitación de gastos públicos; son dos temas distintos.

Lo que el TC oculta

La autoridad de un tribunal constitucional descansa, ante todo, en la transparencia de sus razones y en la responsabilidad institucional por sus propias decisiones. Cuando un tribunal modifica su jurisprudencia, debe explicar con honestidad por qué lo hace y asumir la autoría de ese cambio, sin atribuirle responsabilidad -retrospectivamente- a quienes no participaron en su decisión.

Alguna vez, escuché decir, que los tribunales no pierden autoridad cuando se rectifican, sino cuando necesitan que otros asuman la autoría de decisiones que, en realidad, les pertenecen.

No está en duda el derecho del Tribunal a cambiar su jurisprudencia. Esa rectificación debe sustentarse con transparencia y no atribuyendo, retrospectivamente, responsabilidad a terceros, sobre todo si ha sido el propio TC, quien decidió cambiar el sentido de la jurisprudencia.

Rectificar una jurisprudencia no debería avergonzar a un tribunal constitucional. Lo cuestionable es cuando, en vez de asumir plenamente el viraje, se intenta presentar como causa determinante una doctrina anterior que no produjo, por sí misma, ese cambio.

Machado, un destacado poeta, decía que se hace camino al andar. En las instituciones, como en la vida, el camino se hace al andar. Rectificar no es ocultar el paso anterior, sino reconocerlo, por ello, la verdad no necesita maquillaje ni chivos expiatorios. Tarde o temprano, los hechos encuentran su propia luz. Al final las decisiones valen por la responsabilidad con la que se asumen y no por las excusas con las que se cubren y con las que buscan lavarse la cara.

La globalización tiende a uniformizar las culturas y erosionar las particularidades de los grupos étnicos, poniendo en riesgo lenguas, tradiciones y cosmovisiones. Frente a ello, la diversidad cultural constituye un patrimonio que enriquece al país. La revalorización de las identidades étnicas responde a la demanda de reconocimiento de grupos históricamente discriminados. Reafirmar sus tradiciones fortalece su autoestima colectiva y visibiliza las brechas de oportunidades originadas por siglos de exclusión.

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Aunque el sistema de castas heredado de la colonia se ha debilitado con el mestizaje —que Ricardo Palma resumió en su célebre frase 'el que no tiene de inga tiene de mandinga'—, el racismo sigue profundamente arraigado. En momentos de tensión aflora mediante expresiones despectivas y atraviesa todos los estratos sociales. Como sostiene Jorge Bruce en 'Nos habíamos choleado tanto' (2007), el choleo es la expresión cotidiana del racismo, incluso entre quienes afirman rechazarlo. No se limita a la oposición entre blancos e indígenas, sino que clasifica a las personas según su apariencia, color de piel, forma de hablar, nivel educativo, lugar de origen y posición social.

La pregunta sobre la autoidentificación étnica en el Censo 2025 generó una intensa controversia. Algunos sostenían que sobredimensionaría a grupos con reivindicaciones territoriales, afectando proyectos de inversión mediante la consulta previa; otros consideraban que obligaría a las personas a encasillarse en categorías con las que no necesariamente se identifican. Organizaciones indígenas, por su parte, cuestionaron el diseño y la ejecución del censo por no incorporar adecuadamente a los pueblos minoritarios, perpetuando su invisibilidad y limitando el reconocimiento de sus derechos y de sus demandas de protección territorial y cultural.

Ninguno de estos temores se confirmó. Los resultados del Censo 2025 son consistentes con los de 2017: el 61,8% de la población se autoidentificó como mestiza, el 17,2% como quechua, el 9% como blanca, el 6% como afrodescendiente, el 2% como aimara y el 1,6% como perteneciente a pueblos indígenas amazónicos. La autoidentificación étnica no implica que esa sea la identidad principal de las personas. Según la ENAHO, muchos se identifican antes que nada con su comunidad o territorio: esta constituye la principal referencia para el 29,8% de los amazónicos, el 26,6% de los aimaras, el 22,2% de los quechuas y el 12% de los afrodescendientes, mientras que solo el 10,6%, 5,6%, 4,5% y 5,1%, respectivamente, señalan como principal identidad a su grupo étnico. ¿Implica ello una fragmentación de los grupos étnicos? La evidencia sugiere que no. La identidad étnica coexiste con otras formas de pertenencia, particularmente la comunidad y el territorio.

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Sin embargo, la pertenencia étnica también puede ser motivo de discriminación. La primera modalidad es la discriminación directa, que se manifiesta mediante la negación de derechos o un trato desigual en espacios públicos, centros de trabajo o establecimientos comerciales. La exposición reiterada a comentarios despectivos sobre el color de piel, los rasgos físicos, la lengua, el acento, las costumbres o la vestimenta puede generar lo que la psicología denomina indefensión aprendida (learned helplessness): las personas terminan percibiendo la discriminación como inevitable, reducen sus expectativas y aspiraciones, dejan de reclamar sus derechos e incluso interiorizan los estereotipos negativos sobre su propio grupo. Así, la discriminación deja de ser solo una práctica externa y restringe la autoestima, las aspiraciones, las capacidades y las oportunidades. Una ilustración de ello es que, según la ENAHO, menos del 5 % de quienes se identifican como quechuas, aimaras, indígenas amazónicos o afrodescendientes declara haber sufrido discriminación por su color de piel, rasgos físicos, lengua, origen o vestimenta, aunque los aimaras reportan una incidencia relativamente mayor.

La segunda modalidad es la discriminación indirecta o estructural. No se expresa mediante actos abiertos de exclusión, sino a través de normas, prácticas e instituciones aparentemente neutrales que generan desventajas sistemáticas para determinados grupos. Se refleja en el acceso desigual a una educación de calidad, servicios de salud, empleos bien remunerados y posiciones de liderazgo, así como en las persistentes brechas de ingresos, productividad y movilidad social que afectan desproporcionadamente a mujeres, pueblos indígenas y población afrodescendiente. Aunque menos visible que la discriminación directa, sus efectos son más profundos porque reproducen las desigualdades entre generaciones y consolidan las jerarquías sociales.

Esta forma de discriminación suele ser imperceptible para quienes la padecen. Una persona difícilmente puede saber si recibe un salario inferior al de otra con las mismas calificaciones, pero perteneciente a un grupo étnico distinto. Como la experiencia individual es necesariamente limitada, solo el análisis estadístico del mercado laboral permite identificar la existencia de discriminación y medir su impacto sobre las diferencias de ingresos.

Nuestras estimaciones muestran que la población indígena continúa enfrentando una desventaja significativa en el mercado laboral. Aunque la brecha de ingresos se redujo de 26,6% en 2019 a 23,4% en 2025, la disminución fue modesta. La mayor parte de esta desigualdad responde a brechas en educación, acceso al empleo formal, calidad del empleo y oportunidades territoriales, mientras que la brecha residual entre trabajadores comparables es reducida.

En conjunto, estos resultados sugieren que las políticas orientadas a cerrar las brechas en capital humano, acceso al empleo formal, calidad del empleo y oportunidades territoriales tendrían un mayor impacto en la reducción de las desigualdades de ingresos que aquellas centradas exclusivamente en corregir diferencias de ingresos entre trabajadores con características similares. En otras palabras, la principal fuente de desigualdad no parece ser la discriminación directa entre trabajadores comparables, sino las desventajas estructurales que limitan el acceso de la población indígena a mejores oportunidades educativas y laborales. Superar estas brechas constituye el principal desafío para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades.

Cerrar estas brechas estructurales no solo permitiría reducir las desigualdades de ingresos, sino también avanzar hacia ese “nosotros diverso” al que aspiraba Carlos Iván Degregori: una sociedad donde la diversidad cultural deje de ser una fuente de desigualdad y se convierta plenamente en un fundamento de ciudadanía, de igualdad de oportunidades y de orgullo para toda la ciudadanía peruana.

Los presidentes de las cámaras son muy importantes porque tienen voto dirimente en caso de empate en las votaciones. En el caso del Senado, en votaciones 30 a 30, la presidencia será determinante. Además, son las mesas directivas las que tienen el control administrativo del Congreso y pueden manejar la agenda de las sesiones del pleno. Sin esa fortaleza, de poco servirá una oposición contra un Ejecutivo que domina el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Contraloría, y cuyo vocero, Fernando Rospigliosi, pretende “barrer” el Poder Judicial.

Ante esta apremiante urgencia política, lo lógico sería ver una indicación de ¡unidad o muerte! como la consigna por seguir. Pues no lo parece. Sin mucho esfuerzo, Fuerza Popular puede neutralizar a sus opositores. Es decir, parece que prefieran morir antes de empezar.

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Revisemos los hechos. El viernes, en el foro de despedida convocado por Flor Pablo en el Congreso, escuchamos al senador Alfonso López Chau darnos un estado de la cuestión. Él afirmó que ya se reunieron y pactaron una coalición entre tres partidos: Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú. De acuerdo con su declaración, se han repartido las presidencias del siguiente modo: JPP en Diputados y Obras en el Senado. Ahora Nación declina las presidencias (es el partido con menos miembros: 10 diputados y 4 senadores), pero tiene presencia en la Mesa Directiva.

¿Cuál es el problema con este anuncio? Uno de aritmética simple. Los tres partidos tienen 56 votos en Diputados y necesitan 66 votos para ganar. En el Senado tienen solo 23 y necesitan 31. ¿Y qué pasa con Buen Gobierno? De acuerdo con la declaración de López Chau: “Somos tres frente a uno, ganamos”. Es decir, Buen Gobierno tiene que aceptar el reparto de las presidencias como la sopa de Herodes, considerando, además, que no les han informado a cuál de los cinco angelitos de Obras quieren de candidato a presidente del Senado, poder en el que Buen Gobierno tiene siete senadores. Las matemáticas de López Chau no son políticas. Su coalición no vale por tres. Vale cero mientras no tenga los votos de Buen Gobierno. Parece que le es imposible entender ese punto.

López Chau ha señalado públicamente que Jorge Nieto es un viejo amigo de sus años de estudiante en México, pero que no ha querido ni contestarle el teléfono. Está ofendido por el desplante. Por su parte, Nieto ha señalado que toda negociación hacia la izquierda se encuentra “adormecida”, aunque ha insistido, ante Keiko Fujimori, en que las presidencias de ambas cámaras deben estar en manos de la oposición. Ha dicho “las presidencias”, no necesariamente toda la conformación de las mesas directivas.

Por otro lado, a Fuerza Popular, sumado a Renovación Popular, solo le falta un voto, uno solo, para colocar a Miguel Torres como presidente del Senado. Un guiño al pasado de su padre, presidente del Congreso mientras Alberto Fujimori era presidente del país. Una reivindicación simbólica para ambos hijos: que él le ponga la banda presidencial a Keiko Fujimori. Torres, el de la gran metida de pata en campaña, necesita este triunfo. Solo por esa foto van a hacer lo imposible para que suceda. Tengo la sospecha de que no tendrán problema y tal vez sea más de uno. Total, el voto en esta elección es secreto y puede salir de cualquiera de los cuatro partidos, supuestamente de oposición. En este tipo de operaciones, el fujimorismo tiene amplia experiencia histórica y los partidos, amplias debilidades e indisciplinas. Ese solo voto también le falta a la oposición, pero ellos no tienen forma de quebrar la disciplina que tienen al frente.

Así, mientras que los cuatro opositores se ofenden como divas, el fujimorismo ya casi tiene el Senado. En Diputados es otra la pelea porque le faltan diez votos. Si Buen Gobierno (con 18 votos) se les alía, a cambio de la presidencia que le niega López Chau, pues adiós coalición opositora. Nieto ha pedido varias cosas a Fujimori: presidencia de las cámaras, derogatoria de leyes procrimen, justicia para las víctimas de asesinatos de Estado e indulto para Castillo. ¿Y si Keiko Fujimori le da la lista casi completa? Es decir, todo menos la presidencia del Senado. ¿Van a quedarse a apoyar una propuesta para el Senado, a la que también le falta un voto, presidida por Obras? Salvo que la estrategia sea “ya sabemos que vamos a perder”, eso no es viable. Sánchez y López Chau deberían saberlo.

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La otra posibilidad es que el fujimorismo consiga los diez votos que le faltan en Diputados. Tampoco es imposible. Los partidos opositores son débiles en muchos sentidos y sus conciencias, fácilmente impresionables. La novatada se paga caro y el creer ingenuamente que no todo es correlación de fuerzas, como dijo López Chau. Falso: en este punto todo es aritmética básica. El fujimorismo llega lleno de cuadros curtidos y experimentados en el arte de conseguir votos, sobre todo en el último quinquenio. Si pudieron pactar con los hermanos Cerrón, lo que viene es bastante más sencillo.

El país votó en contra del pacto que ha gobernado el país en los últimos cinco años. Siete de diez partidos no regresaron al Congreso. Un tercio del país votó nulo o no fue a votar y otro tercio votó por partidos que no pasaron la valla. Este Congreso, ya poco representativo de la gran mayoría de peruanos, será capturado también por el fujimorismo. Con esta oposición, tan necia y torpe para la negociación política, nunca la han tenido tan sencilla.

Dios quiera, por supuesto, que me equivoque. Pero no veo una señal auspiciosa aún. Y si empiezan así, en un par de meses el congresista promedio estará más interesado en saber si le pueden dar otra cochera, si le van a pagar el viaje a Timbuktú, si le van a contratar a su cuñada o si, por fin, le va a caer un bono. En ese predicamento, ya saben quién gana y quién pierde por otros cinco años. Nunca es el pueblo que votó por ellos.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

En medio del impacto que ocasionó la revelación del canadiense, Petroperú decidió contratar los servicios de la firma estadounidense Paul Hastings LLP para que revisara el caso y determinara si empleados de la petrolera estatal le dieron un trato preferente a Gunvor a cambio de ventajas.

Los expertos del estudio revisaron miles de correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, registros de visitas, libros contables, entrevistaron a una treintena de funcionarios y empleados que tuvieron relación con las contrataciones de Gunvor, e interrogaron a siete de estos que interactuaron personalmente con Raymond Kohut. En 2025, Paul Hastings LLP emitió un informe en el que concluyó que existen varios indicios de corrupción.

Es decir, si Raymond Kohut desembolsó US$22 millones en coimas a funcionarios y servidores de Petroecuador a cambio de la adjudicación de contratos, era altamente probable que el patrón se hubiera repetido cuando Petroperú le compró a Gunvor por US$1.011 millones en petróleo crudo y US$716 millones en biodiésel. Eso es lo que encontró la auditoría de Paul Hastings LLP.

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El espejo ecuatoriano

Sin embargo, el voluminoso expediente que costó cerca de tres años de trabajo, quedó guardado en una gaveta. Mientras el documento dormía en los archivos del olvido, Gunvor recibió una condena en Suiza por prácticas ilícitas corporativas y el pago de US$93 millones, y Estados Unidos le aplicó una multa por US$374,5 millones por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Es más, el 11 de junio de 2024, la Procuraduría General del Estado de Ecuador consiguió que Gunvor pagara US$93,6 millones luego de aceptar haber abonado coimas a funcionarios de Petroecuador.

Pero en el caso peruano, pese a la existencia de una auditoría que evidencia las presuntas prácticas corruptas de Gunvor para ganar licitaciones en Petroperú, no parecía haber interés. Hasta que en mayo de este año, el directorio técnico presidido por Edmundo Lizarzaburu tomó conocimiento del expediente de Paul Hastings LLP y resolvió reactivar el proceso. La explosiva auditoría ha sido derivada a la Primera Fiscalía Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Tercer Despacho, a cargo de la fiscal Janny Sánchez Porturas.

Casi tres años después de la confesión de Raymond Kohut, Gunvor también se declaró culpable, el 1 de marzo de 2024, ante un tribunal federal de Nueva York. El presidente de la multinacional, Torbjörn Törnqvist, declaró en ese momento: "Gunvor cometió errores que lamentamos y hemos trabajado diligentemente para subsanarlos. Hoy, Gunvor mantiene un programa de cumplimiento normativo líder en el sector, que nos comprometemos a mejorar continuamente. La corrupción no tiene cabida en nuestra empresa y jamás será tolerada".

De esta manera, se presentó a Petroperú la oportunidad de pedir a las autoridades estadounidenses que, por su intermedio, se requiera a Gunvor información sobre las eventuales prácticas corruptas cometidas por Raymond Kohut o por otros de sus agentes comerciales.

Según el propio Törnqvist, Gunvor proporcionó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, información obtenida a través de su propia investigación interna, que incluyó los mensajes por correo electrónico y WhatsApp de los empleados implicados, y se entiende que entre ellos está Raymond Kohut.

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El rey encantador

Ahora, con el voluminoso expediente elaborado por Paul Hastings LLP que la petrolera estatal le entregó, la fiscal Janny Sánchez Porturas podrá comprobar si Gunvor repitió lo que hizo con Petroecuador cuando su representante, Raymond Kohut, también se relacionaba simultáneamente con funcionarios de Petroperú.

Hay numerosos y comprobados indicios de que el canadiense Kohut podría haber pagado sobornos, lo que explicaría el trato excepcional que recibió por Petroperú y los millonarios contratos que consiguió: US$1.727 millones en siete años (2015-2021), esto es, un promedio de US$247 millones por año.

De los 54 contratos que ganó Gunvor en el periodo analizado por Paul Hastings LLP, en 21 aparece la firma de Raymond Kohut. Y de esos 54 contratos, 27 fueron ventas de crudo a Petroperú que Kohut había comprado a Petroecuador pagando sobornos.

Es evidente el mecanismo que montó Kohut: desembolsaba coimas a funcionarios ecuatorianos para obtener información privilegiada sobre las licitaciones y ganar los contratos de compra de petróleo crudo. Luego, ofrecía el hidrocarburo a Petroperú y lograba venderlo al precio que esta imponía, incluso sobre el monto de referencia.

Obviamente, Raymond Kohut cosechaba enormes ganancias no solo comprando a Petroecuador sino revendiendo el hidrocarburo a Petroperú. Todo indica que Kohut recibía información privilegiada de funcionarios de la petrolera estatal, como sucedió en Ecuador. Mientras los competidores de Gunvor ofertaban una o dos veces, Kohut presentaba entre cuatro a 12 por cada licitación. Casi siempre ganaba y con el precio que él determinaba.

Gunvor es una compañía intermediaria de petróleo crudo, sin embargo, gracias a la magia del rey Kohut, Petroperú le compró cuatro veces más que al productor Petroecuador. La empresa estatal peruana de hidrocarburos concedió contratos a Gunvor por US$1.049 millones, mientras que a Petroecuador por un valor de US$466 millones, en el mismo periodo.

Por cierto, el éxito de Kohut no fue resultado de particulares habilidades comerciales. Pagaba atractivos sobornos. En el caso ecuatoriano, en este momento las autoridades enjuician a 16 involucrados, entre ellos el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias Sandoval, quien ya confesó ante un tribunal federal de Nueva York, que recibía coimas de Gunvor y de otras comercializadoras. Arias admitió US$13.5 millones de coimas de Gunvor y otras similares. Una cifra nada despreciable.

La auditoría de Paul Hastings LLP resalta que Kohut hizo 36 visitas a Petroperú entre el 14 de marzo de 2015 y el 13 de enero de 2020, y que no fueron de cortesía: coincidieron con las licitaciones. La mayoría de estos ingresos no aparecen en los registros con ninguna justificación, tampoco se indica el motivo de los mismos y las personas con las que habló tampoco informaron del contenido de las entrevistas. Y lo más importante: ha detectado mensajes en los que le avisaban de las próximas compras de petróleo crudo y biocombustible. ¡Es que era tan encantador!

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Comercializadora Vitol también es parte del caso

• El informe de auditoría interna que ordenó Petroperú incluye a otra comercializadora de hidrocarburos, Vitol, ubicada en Róterdam, Holanda. El 26 de enero de 2021, ante un tribunal federal de Nueva York, reconoció el pago de US$10 millones en sobornos en Ecuador, Brasil y México, para recibir información clave y ganar contratos.
• Entre 2015 y 2021, Vitol ganó licitaciones de Petroperú por US$67.4 millones, por lo que Paul Hastings LLP recomienda solicitar a EE. UU. información sobre las confesiones de la compañía.
• La auditoría indica que en representación de Vitol operó el ciudadano Hernán Scolari, quien firmó 48 contratos con Petroperú. Por eso, Vitol está comprendida en el caso.

La solicitud fue interpuesta por la decana del CAL, Delia Milagros Espinoza Valenzuela. En el documento presentado ante el CDCP, se califica el acto de Vicente Espinoza Santillán como un "flagrante fraude a la ley".

Según los argumentos expuestos, dicha validación se emitió en "abierta violación al artículo 13 del Estatuto de la CDCP", además de vulnerar el "principio de tracto sucesivo" e ignorar "de forma deliberada la existencia de un proceso judicial en trámite".

La postura del CAL indica que el derecho sanciona con "nulidad absoluta todo acto administrativo derivado de una reunión privada de asociados que usurpa las funciones de una Asamblea General".

El gremio sostiene que la elección de Vicente Espinoza, realizada el 15 de marzo de 2025, no tuvo autorización según las normas internas, incumplió los plazos de notificación y excluyó a 16 decanos del proceso. Asimismo, cuestionan que Pedro Riega López, presidente del CDCP, validara esta acreditación pese a que existía un proceso judicial en curso.

Por otra parte, se señala que el actual titular de la SUNEDU presentó documentación “espuria” para sustentar su legitimidad.

“[Vicente Espinoza] ha presentado, de forma alevosa, ante el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, documentación que este Colegio de Abogados de Lima considera espuria, para intentar sustentar una supuesta legitimidad que no posee”, se lee en el documento.

Ante lo expuesto, la presidencia del CAL ha solicitado formalmente que se declare sin efecto el nombramiento de Vicente Paúl Espinoza Santillán como supuesto representante y presidente de la JUDECAP ante el Consejo Nacional de Decanos.

Asimismo, se pide que se ordene la inmediata invalidación de cualquier registro, credencial u oficio de incorporación emitido a favor de Espinoza Santillán.

El JNE explicó que realizó una "interpretación sistemática" de las leyes para evitar un vacío legal, ya que no existía una regla clara para cuando un senador electo decide no asumir el cargo antes de incorporarse al Parlamento.

“Como el Reglamento del Congreso y del Senado, distinguen claramente entre proclamación del candidato electo, el procedimiento de incorporación del cargo y el ejercicio de la función parlamentaria, asignando a cada una de estas etapas efectos jurídicos propios”.

Asimismo, el organismo electoral precisó que la proclamación inicial no otorga un mandato automático. “La proclamación efectuada por el JNE constituye el acto por el cual se reconoce e individualiza la representación política conferida por la voluntad popular, pero no equivale, por sí sola, al inicio del mandato legislativo al que se refiere el citado artículo de la Norma Fundamental”.

Caso particular

El JNE aclaró que esta medida no significa que un congresista pueda renunciar a su cargo libremente, ya que la Constitución protege el mandato legislativo. Lo que el Tribunal Electoral ha determinado es que, en este caso particular, al no haber llegado a juramentar ni incorporarse al Congreso, el mandato aún no se había configurado plenamente.

El documento precisa que esta resolución es "la aplicación coordinada de las normas que integran el régimen jurídico del mandato representativo para resolver un supuesto excepcional no previsto expresamente por el legislador".

Propuesta de ley

Debido a que esta situación no estaba contemplada en la normativa actual, el JNE ha tomado medidas para el futuro. El organismo ha dispuesto que su oficina legal "elabore un proyecto de ley" para regular qué debe ocurrir cuando un senador o diputado electo decida no asumir su cargo antes de la instalación del Parlamento.

Además, el organismo también señaló que su intervención es necesaria en situaciones de controversia electoral para “asegurar la continuidad de la representación política”.

Durante una entrevista para RPP, Nieto señaló que la supervisión hacia el Ejecutivo es fundamental para fortalecer el equilibrio institucional y dar lugar a una vida política “más sana”.

"Ha habido demasiado abuso en el Congreso que está concluyendo como para no decirle al país eso se acabó y vamos a ser vigilantes", dijo. Asimismo, añadió que "el país necesita una señal de que el Congreso en ambas cámaras puede ser un contralor efectivo, un vigilante efectivo del gobierno de la señora Fujimori".

Gestos para la reconciliación y el caso Castillo

Nieto también se refirió a la necesidad de implementar una política de gestos simbólicos para reducir la polarización. Sobre la situación del expresidente Pedro Castillo, el líder del Partido del Buen Gobierno aclaró que su propuesta busca una alternativa legal.

"Le he dicho que considere que dentro del marco de la ley y la constitución considere la posibilidad de que el señor Castillo enfrente sus juicios desde su casa", señaló.

La situación de Betssy Chávez

Respecto a la exministra Betssy Chávez, Nieto cuestionó la postura del Estado peruano sobre el tratado de asilo. Al ser consultado sobre si se le debería otorgar un salvoconducto para que pueda viajar a México, el dirigente señaló que está de acuerdo con dicha opción. “No hay razón para que no sea así".

Nieto también indicó que es necesaria la reconciliación con las víctimas de las protestas de 2022 y 2023. En esa línea, manifestó que su bancada impulsará acciones para que los delitos cometidos no queden impunes.

"Nosotros, con la bancada del Partido del Buen Gobierno y en coordinación con otras, vamos a plantear el tema. Porque hay responsabilidad política".

Como se ha indicado, Uyariy es el crudo testimonio de lo que pasó a finales del 2022 e inicios del 2023 en el sur del Perú, cuando miles de personas salieron a las calles a exigir nuevas elecciones tras la llegada de Dina Boluarte al poder.

Lo que vino después durante las represalias de las protestas significa una de las mayores tragedias sociales de los últimos tiempos en nuestro país. Murieron 50 ciudadanos, incluyendo niños y adolescentes, a razón de la represión de las autoridades.

El documental Uyariy aborda este triste episodio, y explora igualmente los antecedentes históricos que han marcado con violencia a varias zonas del sur peruano.

Su actualidad obedece a que el documental transita también con los familiares de las víctimas, quienes ya llevan más de dos años pidiendo que se sancione a los responsables de las muertes de sus familiares. Es por eso que ver Uyariy ya pasa de la sola contemplación cinematográfica; es, en sí, una necesidad moral volver a su historia para precisamente no olvidar. Los mayores atentados que está sufriendo la humanidad en estos tiempos están cayendo rápidamente en el olvido.

“Nosotros queremos que se haga justicia. Queremos decirle a la señora Keiko Fujimori que sin justicia no puede haber reconciliación. Todas las leyes que han sido aprobadas desde el Congreso, como las leyes procrimen y la Ley APCI, se han hecho con apoyo de su bancada Fuerza Popular. Por eso, exigimos que se deroguen esas leyes”, declara Milagros Samillán, miembro de la Asociación de los familiares de las víctimas del 9 de enero, a La República.

Los días 21 y 22 de julio, en las redes sociales de Uyariy, se dejará un link para que pueda ser visto de manera libre durante 48 horas. Y el día lunes 27, al mediodía, se hará una proyección de Uyariy en los multicines UKV de la plaza San Martín. A esta función se unirán los familiares de las víctimas, que llegarán a Lima para seguir reclamando justicia por la tragedia padecida.

Estos hechos fueron descritos por Jhonatan Águila Gutiérrez, de 24 años, uno de los pasajeros heridos de bala en la cabeza, quien se hizo el muerto y pudo escuchar los diálogos del capitán Montenegro y de sus subordinados. Por suerte, no se dieron cuenta de que Águila, increíblemente, había sobrevivido. Ahora es un testigo clave para la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín.

Jhonatan Águila sostiene que es falso, como dicen los informes oficiales, que los militares ordenaron detenerse al conductor del vehículo. Tampoco es verdad que los pasajeros atacaron a balazos a los uniformados. Y mucho menos que todos portaban armamento.

Más bien, luego de comprobar que habían atacado el vehículo equivocado, los militares no auxiliaron de inmediato a los heridos. De acuerdo con el testimonio de Jhonatan Águila, uno de ellos ordenó conseguir balas y colocarlas en la escena para fabricar la versión de un supuesto ataque contra los militares y que estos lo repelieron, matando a los cinco civiles.

"¡Mi sup (superior), mi sup (superior), no hay carga (de droga)! ¿Qué hacemos?", preguntó uno de los efectivos.

La respuesta fue: "Traigan balas y láncenlo al carro", conforme al testimonio formal de Jhonathan Águila ante los fiscales y los abogados de las partes, incluidos los militares.

El sobreviviente afirmó que los efectivos cumplieron la orden.

"Ahí es donde lanzan encima de mí, y en el piloto y copiloto, lanzan balas", relató Águila.

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“Disparos fueron al parabrisas”

El orden de los acontecimientos descrito por el sobreviviente es preciso: primero, los militares atacaron la camioneta; después, revisaron a los pasajeros muertos y heridos; luego, comprobaron que no existía la carga de droga que buscaban (500 kilos); finalmente, ordenaron traer balas y arrojarlas en la escena del crimen.

Jhonatan Águila declaró que no observaron ningún control militar ni recibieron una orden para detenerse.

"Cuando nosotros (en la camioneta) nos acercamos a ellos (que estaban en la carretera), dispararon desde delante por el parabrisas. Esas personas estaban escondidas. Si nos hubieran puesto el alto, nos hubiéramos detenido. Nos dispararon de frente", manifestó.

El conductor, Nilson Montenegro, perdió el control. La camioneta avanzó unos metros, chocó contra una piedra, atravesó los matorrales y terminó empotrada fuera de la carretera.

Para entonces, Nilson Montenegro había muerto. Los demás pasajeros estaban heridos. Pero los disparos no se detuvieron luego de que el vehículo se detuviera bruscamente.

"Los disparos venían desde la parte de atrás. Dispararon como en tres tiempos: primero cuando estábamos en movimiento, luego cuando nos empotramos, luego se detuvieron un momento y dejaron de disparar, pero luego volvieron a disparar", explicó Jhonatan Águila, según el acta de su testimonio que sirvió al fiscal Jhoel Chamorro Macukachi, quien solicitó y logró la detención preventiva de los ocho militares por 12 meses, con la finalidad de asegurar las investigaciones.

Ninguno de los militares contestó a las preguntas de las autoridades. Todos se acogieron al silencio.

"Durante la intervención, ¿los militares indicaron si eran del Ejército u otra institución militar?", preguntaron a Jhonatan Águila Gutiérrez:

"En ningún momento ellos se han identificado ni han hecho un pare, porque si ellos hubieran hecho un pare, habiendo tantas maneras de intervenir al vehículo, en este caso no dijeron nada y nos intervinieron con balas’", contestó el testigo.

Después de las primeras ráfagas, aproximadamente cuatro hombres armados y vestidos de civil se acercaron a la camioneta.

Los militares se aproximaron a las cuatro ventanas del vehículo. Jhonatan Águila, herido en una mano y en un pie, decidió fingir que estaba muerto. Mantuvo abierto solamente uno de sus ojos para observar lo que ocurría.

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“Todos están fríos”

Uno de los hombres llevaba una gorra verde oscura, pasamontañas negro, chaleco verde oscuro, pantalón negro y botas. Abrió la puerta del conductor. Águila afirmó que fue en ese momento cuando comprendió que se trataba de militares. Uno de ellos revisó a los ocupantes y comunicó a su superior que todos se encontraban muertos.

"¡Mi sup (superior), todos están fríos!", le dijo gritando.

Pero no todos estaban muertos.

Jhonatan Águila permanecía consciente y rezaba en silencio mientras los militares retrocedían y se preparaban para disparar de nuevo. Antes de la segunda ráfaga escuchó que uno de los pasajeros se quejaba.

"Ah, ah", gemía el herido.

Los militares dispararon otra vez.

Una de las balas impactó a Jhonatan Águila en la cabeza y otra en el glúteo.

"Yo estaba orando, pidiendo a Dios que me ayude", declaró.

Antes de que los militares revisaran por segunda vez la camioneta, Cristhian Vilcatoma Águila, sobrino de Jhonatan Águila Gutiérrez, abrió la puerta del copiloto e intentó bajar.

El sobreviviente cree que fue atacado en ese momento, cuando descendía del vehículo.

"Cuando estaba bajando seguramente lo mataron. Ahí es donde empieza la balacera y ahí lo remataron", señaló.

Los militares se acercaron nuevamente. Esta vez, dos de ellos llegaron hasta la parte delantera del vehículo. Llevaban pasamontañas.

Los militares cerraron la puerta del copiloto y abrieron una de las puertas posteriores.

Luego sujetaron a Jhonatan Águila por el hombro y lo sacaron del vehículo.

Tenía heridas de bala y el rostro cubierto de sangre. Para evitar que descubrieran que seguía con vida, dejó caer el cuerpo y trató de no respirar.

Jhonatan Águila no señaló que alguno de los pasajeros portara armas.

Cuando la fiscalía le preguntó expresamente si llevaba un arma de fuego o si había realizado algún disparo, respondió que no.

"Nosotros en ningún momento portamos armas y no hemos realizado ningún disparo. Yo hablo porque vi que nadie de los que estaban dentro hizo disparos", manifestó.

Tampoco dijo haber escuchado disparos procedentes de la camioneta.

Águila sostuvo que los atacantes nunca se identificaron, nunca ordenaron detener el vehículo y nunca les dieron la oportunidad de explicar quiénes eran.

Dispararon primero.

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El dato

• Recuento. Del total de ocupantes de la camioneta, Jhonatan Águila solo conocía a su sobrino, Cristian Vilctoma, y a Nilsón Montenegro, ambos muertos durante el ataque.
• Futboleros. Al colombiano Nilson Montenegro, el conductor del vehículo, lo conoció en partidos de fútbol en la zona de Pucacolpa, en Ayacucho.
• Extraños. Respecto de los demás ocupantes de la camioneta, Jhonatan Águila dijo que no sabía de quiénes se trataba.

Nadie se explica cómo ni por qué fue reincorporado después a sus labores. Hoy, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) consiguió la detención preliminar judicial de ese mismo fiscal especializado, quien habría colaborado con Eneyser Fernández Pérez, alias 'Brayan', sindicado como líder de la banda 'Los sanguinarios de La Pampa', en Madre de Dios.

Bautista, fiscal de la FEMA Madre de Dios, fue detenido por los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinada a la minería ilegal.

Lo interceptaron durante un operativo liderado por el fiscal superior Frank Almanza Altamirano, coordinador nacional de las FEMA, y el fiscal provincial de Lima Noroeste, Paulo Brancacho Japa, con apoyo de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado Ambiental (DIVCCOMA - DIRMEAMB) de la Policía Nacional.

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También se ejecutó el allanamiento con descerraje de un inmueble, la incautación de un vehículo perteneciente al investigado fiscal, así como la incautación de documentos, celulares y demás dispositivos electrónicos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

A través de estas acciones, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental refuerza su compromiso con el máximo rigor en la lucha contra la minería ilegal y las acciones inmediatas contra dichas redes que buscan infiltrarse en la institución.

El cuestionado fiscal había realizado operativos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, a la altura del kilómetro 104 de la margen izquierda de la carretera Interoceánica Puerto Maldonado – Mazuko, distrito de Inambari.

Hace dos semanas, la Policía capturó a 21 presuntos miembros de la banda criminal Los Guardianes de la Trocha, tras un operativo en un campamento clandestino.

En su poder se encontraron fusiles de asalto, pistolas, 30 mil municiones y chalecos antibalas, así como teléfonos donde quedaba evidenciado su accionar criminal. Esta banda se disputa los territorios y los cobros de cupos con Los Sanguinarios de La Pampa.

"Sería un gran gesto ceder la Mesa Directiva. (…) Esto no es una amenaza, ¿cómo va a serlo? De hecho, a ella le conviene. Si Fuerza Popular nos invita a conversar, nosotros estaremos encantados de asistir", indicó el también electo senador del partido del casco.

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Como se sabe, Ahora Nación es parte del bloque de oposición junto a las bancadas de Juntos por el Perú y Obras. López Chau declaró que no permitirían que el fujimorismo opere sin un contrapeso correspondiente.

"Ha habido una votación de 9 millones de peruanos que están molestos, con indignación. Es un país dividido. (…) Nosotros nos pronunciamos antes de saber quién iba a ganar. Dijimos que íbamos a luchar por recuperar el Estado, por garantizar la división de poderes, por el derecho al referéndum y por derogar las leyes que favorecen al crimen", declaró el último 17 de julio.

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Congreso bicameral elegirá a sus Mesas Directivas este 26 de julio

El nuevo Congreso bicameral ya cuenta con un cronograma para la elección de sus primeras autoridades. De acuerdo con fuentes de La República, la conformación de la Mesa Directiva del Senado está prevista para el domingo 26 de julio a las 2.00 p. m., mientras que la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se llevaría a cabo ese mismo día a las 6.00 p. m. No obstante, ambos horarios aún deberán ser ratificados por la Junta Preparatoria del Parlamento.

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Como parte del proceso, las bancadas tendrán plazo hasta las 2.00 p. m. del sábado 25 de julio para presentar sus listas de candidatos al Senado. En el caso de la Cámara de Diputados, podrán hacerlo hasta las 6.00 p. m. de esa misma jornada. La Oficialía Mayor del Congreso será la encargada de recibir la documentación y verificar que las listas cumplan con las disposiciones establecidas en el Reglamento antes de autorizar su participación.

La organización de esta etapa de instalación del nuevo Parlamento está a cargo de la Junta Preparatoria, que inició funciones el pasado 15 de julio. Este órgano transitorio es encabezado por el senador electo Miguel Torres, de Fuerza Popular, como presidente, y por la diputada electa Cecilia Chacón, quien ejerce la vicepresidencia.

La selección de los miembros de mesa es un proceso que inició el pasado 17 de julio, tras la elección previa de 25 candidatos al cargo por cada una de las 89.935 mesas de sufragio a nivel nacional.

La ONPE realizó la selección de manera pública con el apoyo de un software informático. En el evento también estuvieron presentes representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Defensoría del Pueblo.

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Christian Gómez, asesor 2 de la ONPE, indicó que se priorizó a personas que no hayan ejercido el cargo de miembro de mesa durante las Elecciones Generales. Además, informó que se ha procesado a más de 26,314,724 ciudadanos.

Para el próximo viernes 24, la ONPE precisó que de las listas de 25 candidatos seleccionados para cada mesa, se va a reducir a un total de 817.000 miembros de mesa definitivos.

Asimismo, el organismo electoral indicó que se dará prioridad a personas que no han ejercido el cargo anteriormente, así como a ciudadanos que no presenten ningún tipo de discapacidad y los que aún no son mayores de 65 años.

Sobre los filtros que se tienen en cuenta para la selección, el representante de la ONPE precisó que "los miembros de mesa que han ejercido el cargo en las Elecciones Generales, tanto en primera como en segunda vuelta, ellos son excluidos automáticamente". Además, también agregó que "se prefiere a los ciudadanos con mayor grado de instrucción".

¿Quiénes no pueden ser miembros de mesa?

Para garantizar la neutralidad durante los comicios, la ley establece que ciertos ciudadanos no pueden ser seleccionados como miembros de mesa. Esta restricción excluye a candidatos, personeros y dirigentes de organizaciones políticas, así como a autoridades de elección popular.

Del mismo modo, el impedimento alcanza a funcionarios del sistema electoral y a representantes del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo que cumplan funciones el día de las elecciones.

Los partidos políticos que obtuvieron representación en el Senado y en la Cámara de Diputados para el periodo parlamentario 2026-2031 deberán presentar los reglamentos internos de sus respectivos grupos parlamentarios, teniendo como plazo el 22 de julio. Según el artículo 40 del Reglamento del Congreso, la publicación de dichos reglamentos constituye un requisito esencial para participar en la elección de los integrantes de la Mesa Directiva.

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Asimismo, los diputados y senadores podrán contar con un máximo de cuatro invitados cada uno para que estén presentes durante la juramentación.

Se espera que las juramentaciones inicien a las 11.00 a. m., con el Senado como primero en tomar juramento. Luego, los diputados harán lo propio a partir de las 4.00 p. m.

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"Le deseo lo mejor para que al Perú le vaya bien. Como es su primer trabajo, estoy segura que le pondrá mucho empeño. Como toda persona que trabaja por primera vez en su vida, le pone entusiasmo a ese primer trabajo", indicó.

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Paredes ha mantenido sus críticas al fujimorismo. La congresista ha señalado en otras ocasiones que la plataforma de Fuerza Popular ha promovido iniciativas que fueron perjudiciales para la población nacional.

"Lo que hizo Fujimori fue dar un golpe de Estado para cambiar toda la legislación, empezando por la Constitución. Lo que están haciendo los de la mayoría congresal, liderada por el fujimorismo, es cambiar todas las leyes para que, cuando Keiko entre, no tenga obstáculos y tenga la cancha plana para ella hacer lo que quiera. Es por eso el apuro de legislar a favor del fujimorismo", declaró recientemente en entrevista con La República

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Repetidas veces las autoridades afirmaron que las extorsiones no pueden ocultarse, que no tienen una cifra irregular. Pero lo cierto es que este viernes nadie sabe realmente cuántas víctimas de extorsión hay en nuestro país. Ni siquiera los funcionarios.

La PNP publicó en los últimos días su informe sobre estadísticas vitales. Aseguró que "el trabajo permanente de los agentes viene marcando resultados concretos frente a la extorsión". Y explicaron que del 1 de enero al 20 de junio se registraron 6.465 denuncias, frente a las 13.107 reportadas en el mismo periodo de 2025.

Este avance, de acuerdo con la Policía, representa 6.642 denuncias menos y una disminución del 50,68%, reflejo de las acciones de prevención, inteligencia, investigación y operativos desplegados para enfrentar a las organizaciones criminales dedicadas a este delito.

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Sin embargo, este viernes el Ministerio Público registró 12.634 delitos denunciados por extorsión y chantaje entre enero y junio de 2026.

Ello, detallaron, representa un promedio de 1.053 delitos denunciados por mes, 70 por día y aproximadamente tres por hora, de acuerdo con el análisis estadístico correspondiente al primer semestre del año.

Del total de delitos denunciados, 11.946 corresponden al delito específico de extorsión, 382 fueron calificados como chantaje, mientras que los 306 restantes se encuentran en proceso de calificación.

Estos delitos afectan la seguridad ciudadana y generan un impacto directo en personas, familias, comerciantes y diversos sectores productivos.

La diferencia en las cifras de criminalidad entre la policía y la fiscalía podría ocurrir porque cada institución cumple un rol distinto y usa metodologías diferentes para registrar los delitos. No necesariamente una tiene la razón y la otra no, sino que miden realidades procesales distintas.

En efecto, cinco distritos fiscales concentran el 53,3 % de los delitos denunciados a nivel nacional, lo que refleja una necesidad de fortalecer las acciones de prevención, investigación y persecución penal en dichas zonas.

El distrito fiscal de Lima Este es el que registra el mayor número de delitos denunciados, con 1.638; seguido por La Libertad, con 1.435; Lima Centro, con 1.309; Lima Norte, con 1.163; y Lima Sur, con 1.155.

Ello, según el Ministerio Público, se advierte como parte del monitoreo permanente de la incidencia de los principales delitos en el país que realiza el Observatorio de Criminalidad sobre la base de la información proporcionada por la Oficina de Modernización, Gestión de la Información y Estadística, extraída de las bases de datos de los sistemas informáticos del Ministerio Público.

Lo cierto es que la información estadística aporta al análisis dirigido a identificar tendencias delictivas, orientar la toma de decisiones y contribuir al diseño de estrategias dirigidas al fortalecimiento de la persecución penal, la formulación de políticas públicas y la articulación de acciones interinstitucionales para enfrentar el delito de extorsión en el territorio nacional.

El patrón se repite en carteras tan distintas como Vivienda, Interior, Ambiente, Educación o el MTC. En algunos casos, los cuestionamientos tienen que ver con procesos penales en curso. En otros, con salidas abruptas de cargos públicos tras denuncias periodísticas o auditorías. También hay quienes pasaron por dos o tres gobiernos distintos, sin que las denuncias en su contra frenen su llegada a nuevos puestos de confianza.

Esta nota reúne el detalle de cada uno de estos nombres, ministerio por ministerio, con la información disponible sobre sus procesos judiciales, administrativos o las circunstancias de sus renuncias. Al final se incluye, además, un repaso de otros fichajes revelados por La Encerrona, con nombres adicionales que también forman parte de este mapa de transferencia.

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José Manrique Salinas, del equipo del Ministerio de Vivienda

José Manrique Salinas fue designado en el equipo de transferencia del Ministerio de Vivienda. Su nombre es conocido en el ámbito judicial por haber presentado, en representación de Alberto Fujimori, varios recursos de hábeas corpus. El objetivo de esas acciones legales fue revertir la anulación del indulto humanitario que el expresidente recibió en 2017.

Ninguno de esos recursos prosperó. En 2018, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declaró improcedente uno de los pedidos. La sala argumentó entonces que el proceso todavía estaba en trámite en la vía ordinaria y que correspondía a la Corte Suprema resolverlo.

El segundo intento llegó en octubre de 2023. Manrique Salinas, junto al abogado Mauricio Arnillas, apeló ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta vez, el recurso buscaba dejar sin efecto las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigían la liberación inmediata de Fujimori. La sala también rechazó la apelación.

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Julio Salas Becerra, del equipo del Midis

Julio Salas Becerra integra el equipo de transferencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Su nombre apareció en la prensa en octubre de 2021, cuando ejercía el cargo de director general de la Oficina de Asesoría Jurídica de Palacio de Gobierno, durante la gestión de Pedro Castillo.

Según la información publicada por La República, Salas Becerra fue el primer funcionario en recibir al fiscal Juan Cajas cuando este llegó a Palacio a solicitar el registro de cámaras de seguridad y el cuaderno de visitas, como parte de una investigación en curso. El propio Castillo, según indicó el fiscal Cajas ante la congresista Norah Córdova, impidió el ingreso al despacho de la Secretaría de Palacio.

Salas Becerra recibió la disposición fiscal, se retiró y regresó dos horas más tarde. Le informó entonces a Cajas que la autorización correspondía a la Secretaría General del Despacho Presidencial, entonces a cargo de Claudia Mendoza. Años después, ya en Proinversión, Salas Becerra ocupó la jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica hasta octubre de 2025, cuando se aceptó su renuncia al cargo.

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José Vidal Fernández, del equipo del Ministerio de Ambiente

José Vidal Fernández fue nombrado en el equipo de transferencia del Ministerio del Ambiente. Su trayectoria en el sector público incluye pasos como viceministro en los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, además de la gestión de Boluarte más recientemente.

Como director del Plan Copesco Nacional, adscrito al Mincetur, su gestión fue cuestionada por las obras de ampliación del Complejo Turístico Baños del Inca, en Cajamarca. El 9 de febrero de 2018, un derrumbe en esa obra dejó 9 heridos, entre ellos Juan Mendoza Llico. La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca abrió una investigación en su contra por el presunto delito de lesiones culposas.

Su paso más reciente por el Estado terminó en junio de 2025, cuando renunció a la gerencia general del Instituto de Radio y Televisión del Perú. La salida se dio apenas dos días después de la renuncia de Ninoska Chandía a la jefatura institucional del IRTP, en medio del caso conocido como "el dominical para Dina Boluarte".

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Juan Padilla, Vicente Álvarez Moreno y Remigio Hernani Meloni, del equipo del Interior

El equipo de transferencia del Ministerio del Interior reúne tres perfiles con historiales distintos, pero todos vinculados a la gestión de la seguridad y el orden público. El primero es Juan Padilla, quien formó parte del equipo de seguridad durante la campaña electoral de Williams Zapata.

El segundo nombre es el de Vicente Álvarez Moreno, general PNP que en marzo de 2025 brindó un testimonio clave ante la Corte Suprema. Lo hizo en el juicio oral que investiga el presunto delito de rebelión cometido por Pedro Castillo. Álvarez declaró que, como jefe del Estado Mayor General y comandante general encargado de la PNP, recibió órdenes directas de Castillo para cerrar el Congreso y detener a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

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Según su propio relato, el alto mando policial se negó de manera unánime a acatar esas órdenes, por considerarlas contrarias a la Constitución. Álvarez también coordinó las acciones operativas que terminaron con la detención de Castillo, cuando este se dirigía hacia la embajada de México en Lima, el 7 de diciembre de 2022.

La trayectoria de Álvarez Moreno dentro de la PNP no está libre de cuestionamientos. El Ministerio Público lo investigó por su presunto vínculo con un grupo policial ilegal conocido como el "escuadrón de la muerte", señalado por ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes entre 2012 y 2015. También enfrentó un proceso penal por el presunto desvío y robo sistemático de combustible asignado a la Dirección Contra el Terrorismo, durante su gestión en 2014.

Esas investigaciones lo llevaron a pasar al retiro de manera temporal en 2016. Su reincorporación llegó después, por mandato legal. El tercer integrante del equipo, Remigio Hernani Meloni, ya ocupó el Ministerio del Interior entre 2008 y 2009, durante el segundo gobierno de Alan García. Su gestión estuvo marcada por la inestabilidad, choques constantes con la cúpula policial y cuestionamientos por irregularidades en pases al retiro y ascensos, hasta su salida por una crisis de liderazgo.

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Claudia Ato, del equipo del MTC

Claudia Ato Rodríguez integra el equipo de transferencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fue candidata a regidora de Lima en las elecciones de 2018, por la lista de Fuerza Popular.

Desde enero de 2024 ejerce el cargo de directora de Evaluación Ambiental en la Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC, ya en el gobierno de Dina Boluarte. Bajo su competencia directa quedó el análisis de expedientes y denuncias ambientales relacionados con el Terminal Portuario Multiboya de Chancay. La Contraloría General de la República detectó, en auditorías a esa dirección, presuntos vacíos en la fiscalización y celeridad indebida en la emisión de informes de viabilidad ambiental. El órgano de control recomendó derivar el caso a la Procuraduría Pública.

Ato Rodríguez también firmó pronunciamientos institucionales, como el Memorando N.° 0136-2025-MTC, en los que se negó el acceso a solicitudes de prensa y de la ciudadanía sobre las acciones ambientales aplicadas al megapuerto de Chancay. La justificación fue el "carácter confidencial" de las evaluaciones en curso, una postura que generó críticas de gremios civiles y de portales especializados en transparencia.

Tras la publicación de esta nota, Claudia Ato Rodríguez remitió una comunicación a este medio señalando que el Memorando N.° 0136-2025-MTC/16.01 no constituyó la respuesta final a la solicitud de información sobre las acciones ambientales aplicadas al megapuerto de Chancay. Según indicó, la respuesta definitiva fue el Memorando N.° 0142-2025-MTC/16.01, en el cual la Dirección de Gestión Ambiental del MTC señala que, a la fecha, esa dependencia no había generado documentos vinculados al requerimiento de información a partir de la recepción del Oficio N.° 1435-2024-APN-GG-DITEC. Asimismo, precisó que la reserva de información sobre el procedimiento administrativo sancionador contra Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. responde a lo establecido en los artículos 13 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.° 27806), al tratarse de un procedimiento en curso.

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Educación, Cancillería y Mincetur: otros tres nombres cuestionados

El resto de ministerios también suma perfiles con antecedentes. En Educación, el equipo de transferencia incluye a Doris Gavilano Iglesias, exsecretaria general del Minedu. Gavilano es investigada por presunta contratación indebida y direccionamiento de contratos, un caso que derivó en allanamientos a funcionarias del sector. Según reportes periodísticos, acreditó experiencia laboral con documentos firmados por su entonces esposo, correspondientes a una empresa que no tenía trabajadores registrados ante la Sunat.

En Cancillería, la designada es Carla Mares, excandidata al Senado por el partido SíCreo en los últimos comicios generales. A diferencia de otros nombres de esta lista, su cuestionamiento no está ligado a un cargo público previo, sino a su cercanía política con organizaciones que han anunciado su apoyo a Fuerza Popular públicamente.

En Mincetur figura Ernesto García Calderón, quien se desempeñó como asesor del Viceministerio de Turismo y luego como director general de Estrategia Turística, todo ello durante los gobiernos de PPK, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Portales especializados en el sector, como Turiweb, publicaron denuncias en su contra por presuntos actos de favoritismo, "tarjetazos" e influencias indebidas en procesos de contratación bajo la modalidad CAS, dentro del propio ministerio que ahora integra en la transferencia.

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Lo que reveló La Encerrona sobre los otros equipos de transferencia

El pódcast La Encerrona publicó, en un informe previo, otro grupo de nombres que también integran los equipos de transferencia de Keiko Fujimori. Entre ellos está Giulliana Loza Avalos, abogada de confianza de Fujimori, que pasó de la defensa legal personal a un puesto dentro del equipo de la PCM. La acompaña César Candela, también abogado personal de Keiko Fujimori y exasesor del fallecido expresidente Alan García.

En el mismo equipo aparece Shirley Montenegro, señalada en su momento por el equipo especial del caso Lava Jato como la persona que habría incinerado pruebas vinculadas al presunto lavado de activos de Fujimori. A ellos se suma José Luis Tantaleán Vallejo, conocido como "Pepe" Tantaleán, exedecán de Alberto Fujimori. Según archivos de la Procuraduría, Tantaleán participó en 2000 en el allanamiento irregular a la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, en el operativo que permitió a Fujimori llevarse los llamados vladivideos. Ese caso derivó en la primera sentencia judicial en contra del expresidente.

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La Encerrona identificó también a varios funcionarios provenientes del gobierno de Dina Boluarte. Entre ellos, Iván Pereira Villanueva, exgerente general de Salud, despedido tras ser acusado de tres presuntos casos de corrupción. Según su entonces jefa, Rosa Gutiérrez, Pereira la amenazó tras su salida. También figuran Sergio González, extitular del Ministerio de la Producción durante la gestión de Boluarte, y Tabata Vibanco, quien fue secretaria general del Ministerio del Interior y luego jefa de Proinversión, pese a una gestión cuestionada por la creación de una agencia de compras interna considerada irregular.

Un último nombre destacado por el pódcast es Juan Carlos González Hidalgo, esposo de una sobrina de César Acuña. González fue viceministro de Políticas Agrarias en 2016 y tuvo que renunciar luego de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera nueve años de prisión en su contra, por un caso vinculado a su gestión como funcionario de la Municipalidad de Tumbes. El caso fue archivado con el tiempo. Años después, ya como secretario general de la Defensoría del Pueblo, esa misma institución aprobó financiar su defensa legal en una nueva investigación fiscal, esta vez por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

"He tenido reuniones con casi todos. En buena onda. He cenado con el doctor (Jorge) Nieto Montesinos. He estado dos horas con él conversando. Tenemos los mismos puntos de agenda. Lo que queremos resolver está claro; la diferencia es cómo. (…) Con Belmont también hay una relación particular, conozco a su familia desde el año 84. (…) (Alfonso) López Chau ha sido rector de la UNI mientras yo era profesor", indicó en RPP.

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Respecto a su reciente reunión con Keiko Fujimori en el local de Fuerza Popular, el líder del partido celeste afirmó que conversaron sobre temas prioritarios como la educación y la seguridad ciudadana. Además, aseguró que no tendría inconvenientes en trabajar de manera conjunta con el gobierno entrante.

"El primer gran tema tiene que ser la seguridad ciudadana. Y también el Fenómeno del Niño. (…) Hablamos de buscar inversiones. Le dije que, si necesita a alguien que represente al país, cuente conmigo y que podamos trabajar con las bancadas para unir fuerzas", apuntó.

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La controversia inició luego de que el CGBVP cuestionara la reducción de su delegación para el desfile, pasando de tres batallones conformados por efectivos de Lima, Callao y provincias a una sola representación.

Por eso dispuso la desconvocatoria de todo el personal terrestre y de las unidades motorizadas que habían sido programadas para participar en el Desfile y Gran Parada Militar.

La medida fue comunicada oficialmente mediante el Memorándum Múltiple N.° 003-A-2026 CGBVP/DIGEVO.

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La institución entonces decidió retirar a todas sus delegaciones luego de recibir una disposición interna que dejó sin efecto la movilización de personal y vehículos destinados al tradicional evento por Fiestas Patrias.

La orden, firmada por el brigadier mayor CBP Saúl Gerardo Takuda Sagástegui en su calidad de director general de Voluntariado, está dirigida a los jefes de las veintiocho comandancias departamentales a nivel nacional.

Según especifica el documento, la cancelación responde a una disposición superior, obligando a las jefeturas a adoptar acciones operativas inmediatas para frenar cualquier tipo de movilización previa.

Ante el pronunciamiento emitido por el CGBVP, el Ministerio de Defensa lamentó que "el CGBVP y la comisión organizadora de este evento, no hayan alcanzado un entendimiento óptimo respecto a los aspectos técnicos, logísticos y de tiempos que rigen la pauta de la columna oficial de marcha para la edición de este año".

Indicaron que esta gestión reconoce de manera categórica que todas y cada una de las instituciones convocadas son un pilar fundamental para el desarrollo y la seguridad de nuestra nación.

"Los 165 años de servicio ininterrumpido, el abnegado civismo y el sacrificio diario de nuestros bomberos voluntarios constituyen un orgullo y un ejemplo de entrega absoluta para todos los peruanos", expresaron a través de un comunicado.

Finalmente, el Ministerio de Defensa reafirmó su permanente disposición y voluntad de diálogo constructivo e institucional, con la firme convicción de que tanto los bomberos como la comisión organizadora encontrarán una pronta solución a esta situación.

La República manifestó en dos ocasiones puntuales la inquietud sobre el futuro del Mincul. Más allá de preferencias políticas e ideológicas, hay algo que debe quedar muy claro: si el Perú existe en el mundo, existe por su cultura. Un país como Perú, sin importar su gobierno de turno, debe contar con un organismo institucional dedicado exclusivamente a su poliédrica riqueza cultural.  

En estos días se han estado barajando nombres para hacerse cargo del Ministerio de Cultura. Ergo: el Mincul no va a desaparecer. Entre los que más suenan tenemos a la historiadora Cecilia Bákula y al gestor cultural Miguel Molinari. Ambos, por cierto, son muy reconocidos en el circuito cultural peruano. Cuando se les ha mencionado, no han suscitado muchas críticas desde el sector.

No olvidemos que, desde el gobierno de Dina Boluarte, el Mincul se ha convertido en una máquina de censuras, en una apañadora de leyes sin pies ni cabeza (a saber, pensemos en la ley de cine impulsada por el Congreso) y en una entidad cómplice y silenciosa de despropósitos como el colegio de artistas del Perú. Estos atentados en contra de la cultura han estado avalados por la firma de los congresistas de Fuerza Popular. Entonces, antes de aceptar, los potenciales candidatos deberían preguntarle a Fujimori y compañía qué entienden en Fuerza Popular por cultura. Si este aspecto no queda despejado, quien acepte, y sin importar lo competente que sea, va a quedar con la reputación manchada.

El delito que se le atribuye a Gorriti contempla penas de cárcel de cinco a ocho años. Consiste, según la ley, en ofrecer o entregar algo de valor a un magistrado o fiscal para influir en sus decisiones. En este caso, la fiscalía sostiene que Vela y Pérez se beneficiaron con la cobertura de IDL Reporteros y que, a cambio, el medio habría recibido información reservada de investigaciones en curso.

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La base de la imputación son las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. El Ministerio Público ya había rechazado antes la colaboración eficaz que Villanueva pedía para otros hechos, porque sus versiones no pudieron ser corroboradas. En el caso de Gorriti tampoco existe, hasta ahora, evidencia que respalde la entrega de dádivas o favores.

Casaverde había archivado esta misma investigación en diciembre de 2025. En ese momento concluyó que los hechos atribuidos a Gorriti no tenían relevancia penal. Una instancia superior, tras un pedido de la Procuraduría y de un denunciante particular, le ordenó pronunciarse otra vez. En su nuevo informe, el fiscal no explica qué hecho nuevo cambió su posición.

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Lo que está en juego para la libertad de prensa

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) advirtió que la imputación pone en riesgo un principio básico del periodismo: la relación entre un reportero y sus fuentes. Para la organización, la línea editorial de un medio y el vínculo profesional entre periodistas y magistrados no pueden convertirse en delito solo por existir. Tratar como cohecho un intercambio de opiniones o de información, dice el IPYS, abre una puerta peligrosa para cualquier redacción que cubra temas judiciales.

El propio informe de Casaverde reconoce un dato relevante: admite que hubo presión mediática contra él antes de emitir su nueva posición. Sin embargo, el fiscal asegura que esa presión no influyó en su criterio. La contradicción llama la atención porque el caso pasó, en pocos meses, de archivado por falta de mérito a imputado sin que aparezcan hechos adicionales que sustenten el giro.

Vela y Pérez, los dos fiscales señalados en el informe, también fueron imputados por Casaverde. El IPYS plantea que, si en verdad hubo filtración de información reservada, la investigación debería apuntar hacia quienes filtraron esos datos, no hacia los periodistas que los recibieron y publicaron. Por esa razón, la organización pidió al fiscal de la Nación que descarte las conclusiones del informe en la parte que involucra a Gorriti.

-“Manuel” (proveedor de animales): 'La Jefa' (Lita Ferreyra Ahuanari), quiero saber cuánto dan (pagan) por un blanco (lagarto).

-'La Jefa': Tengo que mirarlo. Los buenos están mil soles, si tienen doble escudo o si tienen los ojos rojos.

-'Manuel': Hay dos y están bien bonitos.

-'La Jefa': Tráelos.

-“Manuel”: Ya, mañana estoy allá. Hoy madrugo.

-'La Jefa': Llévalos a mi casa.

'La Jefa', Lita Ferreyra Ahuanari, ha sido detenida junto con sus hermanos Milagros, 'La Patrona', y Francisco, por dirigir una organización dedicada al contrabando de especies de animales amazónicos al extranjero.

En 2025, 'La Jefa', Lita Ferreyra Ahuanari, fue precandidata a diputada por Fuerza Popular y acompañó a Keiko Fujimori en actividades proselitistas en Iquitos este 2026.

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“Tengo harto motelitos”

También fueron intervenidas las conversaciones telefónicas de Milagros Ferreyra Ahuanari, brazo derecho de su hermana, 'La Jefa', comprobándose que la familia adquiría ejemplares a los depredadores de animales protegidos:

-“José” (proveedor de animales): Tengo harto motelitos (tortugas)”.

-“La Patrona” (Milagros Ferreyra): Ya, tráelos”.

-“José”: ¿Dónde los dejo?

-“La Patrona”: En mi casa y dale a Francisco (su hermano) que lo deje en el acuario.

Milagros (49) y Lita Ferreyra Ahuanari (45) son naturales de Loreto. La primera nació el 13 de mayo del 1977 en el distrito Las Amazonas, en la provincia de Maynas, al igual que Lita, pero el 23 de julio del 1980.

En el operativo que organizó la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Loreto y ejecutaron los agentes de la División de Investigación de alta complejidad (DIVIAC), el 16 de julio, fueron detenidas 'La Jefa', exprecandidata a diputada, y sus hermanos 'La Patrona' y Francisco, quien recogía las especies compradas en el mercado clandestino.

Otras ocho personas, que cumplían funciones de adquisición, acopio, transporte, almacenamiento y exportación de las especies, también fueron intervenidas.

Las autoridades bautizaron a la organización Los Peludos, cuyos integrantes actuaban en Iquitos, Lima y Callao.

Como lo acreditan las escuchas telefónicas, además de otra evidencia documental complementaria, la empresaria y exprecandidata y sus hermanos adquirían las especies prohibidas para luego exportarlas con documentos falsificados.

Los Peludos habían instalado una red de zoocriaderos legales para simular que los animales que adquirían -especialmente tortugas, reptiles y peces ornamentales-, provenían de la reproducción. Así fraguaban documentos y exportaban las especies a China, Taiwán, Indonesia y EE. UU.

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Una red completa

Una tortuga motelo puede alcanzar un valor de entre US$1.000 y US$5.000 en los mercados asiáticos.

La empresaria fujimorista Lita Ferreyra y su hermana Milagros controlaban varias empresas que servían para gestionar los permisos de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y así sustentar el origen de cautiverio de los animales obtenidos del mercado ilegal.

Estas compañías son Reptilians Turtles & Tropical Fish, MF Tropical Fish, Perú Export Turtles & Tropical Fish, Ferreyra Fishes & Turtles y Exotic Animal Trading.

Las hermanas Lita y Milagros Ferreyra contaban con zoocriaderos autorizados por el Gobierno Regional de Loreto, destinados a la crianza y reproducción de lagarto blanco, tortugas e iguanas.

Además, fabricaban documentos del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (Serfor) sobre el origen de los animales amazónicos.

Los Peludos instalaron un centro de acopio en los zoocriaderos ubicados en la carretera Iquitos-Nauta, en el distrito de San Juan Bautista, en Maynas. Funcionaba desde el nueve de febrero del 2015, bajo la titularidad de Milagros Ferreyra.

El tráfico de especies con la modalidad de organización criminal está penado hasta con 20 años de prisión.

Digitaban a funcionarios de su interés

Para la fiscalía, las hermanas Ferreyra intentaron influir en el nombramiento de los funcionarios de Serfor, el organismo que protege a la fauna silvestre.

Incluso recomendaban designaciones en cargos estratégicos, como es el caso de Allan Flores Ramos. Y lo consiguieron.

El siete de mayo de 2024, Flores fue nombrado director de Gestión Sostenible de Patrimonio de Fauna Silvestre del Serfor.

Las bancadas deberán presentar sus listas para el Senado hasta las 2.00 p. m. del sábado 25 de julio. Para Diputados, el límite se extiende hasta las 6.00 p. m. de ese mismo sábado. La Oficialía Mayor del Congreso recibirá ambos documentos y verificará que cumplan los requisitos del Reglamento antes de habilitar el proceso.

La Junta Preparatoria conduce esta transición desde el 15 de julio. El senador electo Miguel Torres, de Fuerza Popular, preside ese órgano temporal junto a la diputada electa Cecilia Chacón, en la vicepresidencia.

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Las otras fechas del cronograma congresal

La instalación de la Junta Preparatoria se realizará este viernes 24 de julio a las 9.00 a. m. Dos horas más tarde, los senadores electos juramentarán su cargo, mientras que los diputados lo harán a las 4.00 p. m.

El lunes 27 de julio llega la instalación formal del nuevo Parlamento. El Senado queda constituido a las 10.00 a. m. Una hora después se instala la Cámara de Diputados. El cierre llega a la medianoche, cuando se instala oficialmente el Congreso de la República. Con ese acto arranca la primera legislatura ordinaria del periodo 2026-2027.

El cronograma cierra el martes 28 de julio con la sesión solemne del Congreso, prevista para las 11.00 a. m., horario también sujeto a confirmación. Esa ceremonia corresponde a la transmisión del mando presidencial.

El estudio, con un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%, le preguntó a los entrevistados cuáles son los principales temas que debe atender el próximo Ejecutivo, en una pregunta de respuesta múltiple. La inseguridad se impuso con amplia ventaja sobre el resto de problemas. En segundo lugar quedó la educación, con 30%. Le siguieron la salud (28%), la corrupción (27%), la economía (27%) y el empleo (18%). Solo un 4% mencionó otros temas y apenas 1% no supo qué responder.

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El respaldo a esta demanda tiene un origen geográfico claro. En Lima Metropolitana, el 71% de los consultados coloca a la inseguridad como prioridad, el porcentaje más alto de todas las macrozonas del país. La cifra también es mayor entre personas de 30 a 49 años, en los niveles socioeconómicos A/B y C, y entre quienes se identifican con la derecha. En el norte, centro, sur y oriente del país, la preocupación baja a un rango de entre 47% y 55%, aunque se mantiene como el problema más mencionado en todas las regiones.

El malestar ciudadano tiene respaldo estadístico. Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) citadas por La República, el Perú registró 959 homicidios hasta el 15 de junio de este año, y el 9 de junio fue el segundo día más violento del 2026, con 12 asesinatos en 24 horas. Ese es el telón de fondo sobre el que se sostiene el reclamo del 59% que exige priorizar la seguridad desde el primer día de gestión.

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La demanda ciudadana no es nueva, pero se agudiza

La presión social por resultados en materia de seguridad no nació con esta encuesta. Un estudio previo del IEP, elaborado para el Instituto Bartolomé de las Casas entre febrero y marzo de este año, ya mostraba que el 41% de los peruanos consideraba a la inseguridad como el principal problema que le afecta directamente y que espera ver resuelto por las autoridades. Esa cifra superaba con holgura a la economía (20%), la corrupción (11%) y la política (9%).

La comparación entre ambos sondeos revela un patrón: cuando se pregunta por el problema que "afecta" al ciudadano, la inseguridad ronda el 40%; cuando se pregunta qué debe "priorizar" el gobierno entrante, el porcentaje sube a 59%. La diferencia sugiere que buena parte de la población, más allá de sentirse insegura, exige que el nuevo gabinete actúe con urgencia desde el primer día de gestión.

El IEP realizó la encuesta mediante llamadas telefónicas a celulares, con una muestra distribuida en 24 departamentos, 149 provincias y 417 distritos. El estudio forma parte de una serie de mediciones mensuales que el instituto viene aplicando desde 2018, lo que permite comparar la evolución de la percepción ciudadana mes a mes durante los últimos años.

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Las cifras oficiales de homicidios bajo la lupa

Mientras la ciudadanía exige resultados, las estadísticas oficiales sobre homicidios generan controversia. El analista de datos Juan Carbajal cuestionó la cifra que la Policía Nacional maneja sobre una reducción de 25% en homicidios. Según su análisis de los registros de la PNP-DIVCOP, organizados por objeto empleado en el delito, el descenso se explicaría por un cambio en la forma de clasificar los casos y no por una mejora real en la seguridad.

De acuerdo con los datos que compartió Carbajal, la categoría "Otros" se mantuvo en un promedio cercano a los 20 casos mensuales tanto en el primer semestre de 2024 (125 casos en total) como en el mismo periodo de 2026 (120 casos). Sin embargo, entre abril y junio de 2025 esa categoría se disparó a 143, 152 y 121 casos por mes, respectivamente, y elevó el total del semestre a 1.680 homicidios, frente a los 1.233 registrados en 2024 y los 1.267 de 2026.

El propio analista precisa que los registros de 2026 aún están en proceso de actualización. Pero destaca un dato que, según él, refleja mejor la realidad: los homicidios cometidos con arma de fuego, la modalidad predominante en el sicariato, apenas bajaron 3%, de 1.030 casos en el primer semestre de 2025 a 997 en el mismo periodo de 2026. Para Carbajal, esa cifra —y no la reducción del 25% que difunde la PNP— es la que mejor retrata el nivel real de violencia que enfrenta el país.

Al cierre de esta nota, entre el 1 y 15 de julio lleva registrado 75 homicidios de los cuales 55 han sido por arma de fuego, presuntamente relacionados al sicariato.

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Juan Carbajal advierte que la lucha contra la inseguridad requiere datos confiables y medidas focalizadas

El analista de datos Juan Carbajal consideró que el resultado de la encuesta del IEP es consistente con la evolución de la criminalidad en los últimos años. En diálogo con La República, sostuvo que la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía debido al incremento de la violencia y a la expansión de delitos como la extorsión. "La principal problemática que se ha venido incrementando a lo largo de estos últimos años, desde 2023, 2024, 2025 e incluso este año", afirmó.

Carbajal señaló que el cambio no solo se refleja en el número de delitos, sino también en la forma en que estos se cometen. Explicó que hoy existe una mayor prevalencia del uso de armas de fuego en los homicidios y que las extorsiones afectan a sectores que antes no eran blanco frecuente de estas organizaciones. "Transportistas, bodegueros o personas muy corrientes que tienen su negocio están siendo afectados con el tema de la extorsión, cosa que antes no se veía en la magnitud como lo es ahora", indicó.

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El especialista también cuestionó la confiabilidad de las estadísticas oficiales sobre criminalidad, en especial las relacionadas con las denuncias por extorsión. Según dijo, desde hace varios meses observa discrepancias entre los registros de la Policía Nacional y los del Ministerio Público, lo que, a su juicio, impide conocer con precisión la dimensión del problema. "No es que se estén reduciendo las extorsiones; más bien será que se están reduciendo las denuncias en las comisarías por extorsión, pero eso no implica que la extorsión esté bien, porque hay mucha gente que no denuncia y sigue pagando cupos", sostuvo.

Para Carbajal, estas diferencias tienen consecuencias directas en las políticas públicas. Explicó que, si las autoridades diseñan estrategias de seguridad sobre la base de información incompleta o inconsistente, difícilmente obtendrán los resultados esperados. "Si se toman decisiones con datos que no están acordes a la realidad, las medidas no van a surgir efecto", advirtió.

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Frente al inicio del próximo gobierno, el analista planteó que una de las primeras tareas debería ser revisar la calidad de la información que produce el Estado sobre inseguridad. En ese sentido, propuso auditar los registros policiales y crear un sistema que concentre toda la información sobre criminalidad. "Tiene que haber un solo organismo que centralice toda la información con respecto al tema de inseguridad. Para nosotros como ciudadanos esta información también tiene que estar disponible", remarcó.

Finalmente, Carbajal sostuvo que la evaluación de la política de seguridad no debería limitarse a cifras nacionales agregadas, sino considerar el comportamiento del delito en las zonas con mayor incidencia. Asimismo, afirmó que los homicidios y las extorsiones deben convertirse en los principales indicadores para medir los avances del próximo gobierno. "Lo importante es ver resultados tangibles, resultados que podamos realmente evidenciarlos en el día a día", concluyó.

Bruce no fue el único alcalde presente en la reunión. También asistieron Eduardo Bless, alcalde de San Miguel; Carlos Canales, alcalde de Miraflores; Luis Felipe de la Mata Martínez, alcalde de Breña; y Miguel Callan, alcalde de Bellavista.

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"Se ha hablado también sobre lo que podemos hacer para actuar ágilmente ante el Fenómeno del Niño y ayudar a los distritos más vulnerables. También se ha conversado sobre temas de vivienda y cómo impulsar la vivienda social", declaró Bruce a la salida del encuentro.

De esta manera, Fujimori continúa reuniéndose con autoridades ediles. Anteriormente, la presidenta electa sostuvo un encuentro con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. En aquella ocasión, el foco de la conversación también estuvo puesto en las tareas pendientes en materia de seguridad ciudadana.

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También se reunió con representantes del Banco Mundial

Fujimori también sostuvo una reunión con representantes del Banco Mundial. El encuentro se llevó a cabo en el local de Fuerza Popular durante la tarde.

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De acuerdo con informes de Canal N, participaron Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y Ariel Yépez, director de la División para los Países Andinos de la entidad financiera.

La reunión duró cerca de 30 minutos y habría estado centrada en una serie de propuestas relacionadas con el manejo de la economía nacional.

Esta es apenas una de las investigaciones que, en la actualidad, causan preocupación en la institución. En lo que va de 2026, de 671 solicitudes de expulsión de malos elementos de la PNP, solo se han resuelto 100 casos. El 10% corresponde a oficiales.

El año pasado, de 1.500 solicitudes de expulsión acumuladas en años anteriores, solo 450 a 500 de esas propuestas fueron calificadas para cumplir ese procedimiento sancionador. Es decir, el Tribunal de Disciplina Policial, que depende del Ministerio del Interior, solo ha resuelto el 30%.

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"La ley y la disciplina no distinguen grados", manifiesta el general PNP Julio Becerra Cámara, director de investigaciones de la Inspectoría General PNP. “Ninguna falta de respeto será permitida dentro de la institución, venga de un superior o de un subordinado”, afirma el oficial, tras asegurar que toda denuncia será investigada con prontitud, imparcialidad y firmeza.

Los procedimientos sancionadores y de baja suelen tardar meses o años debido a la compleja burocracia administrativa, la sobrecarga de expedientes, los estrictos plazos de ley y el derecho constitucional al debido proceso.

El general retirado Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, ha cuestionado duramente que el Tribunal de Disciplina Policial, máxima instancia evaluadora de la disciplina, esté compuesto por civiles designados por el Ministerio del Interior. Argumenta que, al no tener experiencia policial, sus decisiones suelen carecer del rigor y conocimiento de la operatividad policial.

Señala que se ha burocratizado excesivamente el debido proceso, lo que impide que las jefaturas policiales y la Inspectoría actúen con la severidad y rapidez histórica que, según él, caracterizaba a los institutos armados y policiales en el pasado.

En la actualidad, todo efectivo investigado tiene derecho a presentar descargos, apelar y solicitar pruebas. Si una sanción se aplica de forma apresurada y sin cumplir el debido proceso, puede ser anulada por el Tribunal de Disciplina Policial o por la vía judicial, logrando que el policía corrupto sea reincorporado.

MILES DE PROCESOS EN TRÁMITE

El sistema disciplinario policial maneja miles de procesos en trámite a nivel nacional, lo que genera un "cuello de botella" para los equipos investigadores y órganos de decisión.

La actual Ley 30714 (Régimen Disciplinario Policial) y sus modificatorias establecen plazos de caducidad (generalmente de 9 meses en primera instancia) y prescripción (hasta 4 años para faltas graves). Si la Inspectoría no logra notificar o resolver el caso dentro de estos límites, el proceso queda sin efecto y el efectivo no puede ser sancionado.

Los casos de corrupción (como cobro de coimas o crimen organizado) requieren investigaciones profundas, levantamiento del secreto bancario o peritajes que toman tiempo para ser concluyentes.

Algunos especialistas legales y expertos en seguridad, consultados por La República, han denunciado que el régimen disciplinario a menudo resulta garantista o blando, protegiendo en cierta medida a los malos agentes frente a la rigidez de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Para hacer frente a estas demoras y a las críticas ciudadanas sobre la lentitud del sistema, el Mininter y la PNP han implementado en los últimos meses medidas de reestructuración, con la creación de órganos de integridad institucional y nuevas estrategias para acelerar los procesos por infracciones muy graves.

“Lo ideal sería que, en segunda instancia, un Tribunal dependa de la comandancia general y que los plazos se acorten”, refiere el inspector general, Gustavo Ríos. “Estamos demasionados garantistas de los policías infractores”, añade.

En octubre de 2025, el exministro del Interior Vicente Tiburcio precisó que una de sus prioridades sería la expulsión de los malos agentes y dispuso que se modifique el régimen disciplinario, aduciendo “es muy blando y protege a los agentes PNP”.

NO SE PUEDE TIPIFICAR CONDUCTAS

Sin embargo, expertos señalan que, a través del régimen disciplinario, no se puede ni se debe tipificar conductas que constituyan delitos. Caso contrario, se contraviene el debido proceso y el principio de tipicidad, cimientos de todo procedimiento administrativo.

“¿La consecuencia? Puedes pasar al retiro al policía, pero a través del proceso de amparo o contencioso, un juez ordenará su reincorporación, con la consecuente indemnización por daños y perjuicios. ¿Quién pagará la indemnización? El Estado Peruano, con dinero de todos los ciudadanos”, explica el excoronel Jorge Mejía.

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En la actualidad existe un fuerte impulso y diversas propuestas institucionales para que la Comandancia General de la PNP y el Ministerio del Interior sancionen y den de baja (pase al retiro) a los policías corruptos de manera más rápida y efectiva.

Para ello, se han implementado reformas y lineamientos drásticos. Se ha reforzado la Ley 30714, que regula las sanciones disciplinarias. Esto permite al Comando Policial y a la Inspectoría General separar de manera mucho más rápida a los agentes involucrados en infracciones muy graves, como la corrupción.

También se han creado órganos especializados encargados de buscar activamente señales de corrupción dentro de la institución y proteger a los denunciantes, evitando que los malos elementos queden impunes.

Gracias a estas facultades y directivas, la Inspectoría General ha impuesto miles de medidas disciplinarias que han derivado en el pase al retiro de cientos de efectivos acusados de cobrar sobornos, extorsionar y cometer actos ilícitos.

Las autoridades policiales han enfatizado que la política es de "tolerancia cero" y que ningún miembro de la institución está por encima de la ley, con el objetivo de limpiar la imagen de la PNP ante la ciudadanía.

¿CÓMO DENUNCIAR?

La depuración de la Policía Nacional se realiza mediante investigaciones exhaustivas de la Inspectoría General y la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

Si conoces algún acto de corrupción, puedes denunciarlo de forma segura a través de los canales oficiales de la Auditoría General y las líneas de Inspectoría de la PNP.

La red habría operado a través de corredores clandestinos entre Perú, Ecuador y la frontera norte con Colombia.

El objetivo de esta banda, según las autoridades, era abastecer con armas, municiones y explosivos a estructuras criminales vinculadas a Los Lobos en Ecuador y a grupos armados irregulares en Colombia, entre ellos disidencias de las FARC.

Esta tarde, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Sexto Despacho), a cargo del fiscal provincial Pablo Espinoza Vásquez, confirmó la condena a los cuatro sujetos por el delito de lavado de activos.

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Todos participaron en el acopio de material bélico peruano para ser posteriormente comercializado a Ecuador.

La medida recae sobre María Ruiz, a quien se le dictó nueve años de pena privativa de libertad efectiva. Asimismo, se condenó a Luis Pijo, William Dioses y Wilber Cornetero a seis años, 10 meses y nueve días de prisión, cada uno.

La acusación fiscal sostuvo que los activos ilícitos provenían de actividades vinculadas al tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, así como de la asociación para delinquir.

Los hoy sentenciados, asimismo, integraron una red clandestina dedicada al acopio de armamento y municiones sustraídas de instalaciones del Ejército Peruano para su comercialización hacia Ecuador y posterior abastecimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aseguraron las fuentes oficiales del Ministerio Público.

Agregaron que este resultado refleja la labor sostenida del subsistema especializado en Delitos de Lavado de Activos, cuya Coordinación Nacional viene promoviendo una política de persecución penal estratégica, orientada al esclarecimiento de operaciones de lavado, la afectación de economías ilícitas y la obtención de condenas efectivas contra quienes incorporan al sistema financiero y económico activos provenientes de actividades criminales.