Un total de 21 de los 190 congresistas electos registran sentencias judiciales por corrupción, violencia familiar, delitos patrimoniales y otros casos. Es decir, el próximo Parlamento contará entre sus integrantes con legisladores condenados por la justicia.

Condenados en Fuerza Popular

Si el nuevo Congreso tendrá 21 legisladores con sentencias, el 47,6% pertenece a Fuerza Popular. Diez congresistas electos del partido fujimorista registran condenas en sus hojas de vida. Para la agrupación liderada por Keiko Fujimori, el historial judicial de sus representantes parece haber pasado a un segundo plano.

Algunos casos destacan más que otros. Javier Castro Cruz, virtual diputado de Fuerza Popular y exalcalde del distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz, registra nueve sentencias judiciales.

En 2013, Castro Cruz fue condenado a seis años de prisión por el delito de colusión durante su gestión municipal. De acuerdo con registros periodísticos de la época, la administración del futuro legislador ocasionó un perjuicio cercano al millón de soles al presupuesto distrital.

Según la relación de sentencias consignada por el propio candidato en su hoja de vida, Castro Cruz también fue condenado en procesos familiares. Una de las resoluciones dispone la retención del 60% de sus ingresos en favor del denunciante.

Pese a ello, Castro Cruz milita en Fuerza Popular desde 2014. En estas elecciones obtuvo 8.249 votos, convirtiéndose en el segundo candidato a diputado más votado de Lambayeque dentro de la agrupación fujimorista.

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Otros nombres conocidos por su pasado parlamentario también figuran entre los sentenciados del partido naranja. Karina Beteta, recordada por sus polémicas intervenciones durante su etapa como congresista, registra una demanda fundada en su contra por temas contractuales. Beteta volverá al Parlamento como diputada por Huánuco.

Otro caso llamativo es el de Segundo Ticlla, virtual diputado fujimorista por Cajamarca. Ticlla cumplió cuatro años de pena privativa de la libertad tras ser hallado culpable del delito de hurto. Además, registra una demanda familiar en su contra, aunque el proceso posteriormente fue archivado tras una conciliación.

También integran esta lista el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carlos Mesía y el exalcalde de Belén, en Loreto, César Vidaurre. Royser Castro, Jorge Velásquez, Carlos Zegarra, Jessica Navas y José Palma completan el grupo de representantes de Fuerza Popular que reconocieron sentencias judiciales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Rospigliosi, con sentencia sobre la marcha

Vale añadir un nombre más a la lista naranja de sentenciados: Fernando Rospigliosi, virtual senador nacional de la agrupación fujimorista. Aunque en su hoja de vida no consignó sentencias judiciales, durante la campaña electoral fue condenado a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación. El actual presidente del Congreso fue querellado por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

La demanda presentada por Espinoza surgió luego de que Rospigliosi publicara en X, el pasado 7 de julio, que la entonces titular del Ministerio Público era una “aliada del terrorismo y de economías ilegales”, tras reunirse con familiares de las víctimas de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

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Pese a que la exfiscal le envió una carta notarial exigiendo una rectificación, el parlamentario se ratificó en sus declaraciones. Ante ello, Espinoza solicitó una condena de dos años y cuatro meses de prisión, además del pago de una reparación civil de un millón de soles.

Si bien no se cumplieron al 100% los requerimentos de la exfiscal, Rospigliosi no salió libre de polvo y paja. Además de la pena suspendida, el futuro senador deberá pagar 100 días multa y una reparación civil ascendente a S/200.000. La jueza Norma Carbajal ratificó la sentencia pocos días después de las elecciones generales.

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Juntos por el Perú también tiene sentenciados

En Juntos por el Perú, los cuestionamientos no se limitan a la campaña presidencial de Roberto Sánchez. Tres de sus congresistas electos registran más de dos sentencias reconocidas ante las autoridades electorales.

Julián Pérez Mallqui, virtual diputado por Cusco, acumula antecedentes judiciales por distintos delitos. Fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión por lesiones culposas. El futuro legislador indicó que actualmente cumple la condena bajo modalidad suspendida.

Su historial no termina allí. Mallqui también fue condenado por violencia familiar a dos años y seis meses de prisión suspendida. Además, recibió una sentencia de un año y ocho meses por falsa declaración en un procedimiento administrativo.

Mallqui no es el único integrante de la futura bancada de Juntos por el Perú con antecedentes por violencia familiar. Gabriel Gonzáles, elegido por Cajamarca, también recibió una condena suspendida de diez meses por este delito. Adicionalmente, fue sentenciado a otros diez meses de prisión suspendida por entorpecer el funcionamiento de la vía pública.

Andrés Ramos Huilcas, virtual senador por Apurímac, registra además una demanda familiar. El Poder Judicial determinó que el 20% de sus ingresos debe destinarse a favor de su menor hijo. Percy Osorio Palpán, senador electo por Pasco, también registra dos procesos familiares y una sentencia por difamación tras una querella presentada en su contra.

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Obras también suma sentenciados

El partido liderado por Ricardo Belmont registra el mismo número de congresistas con sentencias que Juntos por el Perú. Cuatro representantes electos de Obras tienen antecedentes judiciales.

Dina Hancco alcanzó notoriedad como segunda vicepresidenta de la plancha presidencial encabezada por Belmont. La docente también postuló a la Cámara de Diputados por Puno, donde obtuvo más de 13.000 votos y se convirtió en la candidata más votada de su partido en la región. Sin embargo, registra una sentencia por contrabando que le valió una condena de tres años y seis meses de prisión.

No obstante, Hancco no es la figura con más antecedentes en Obras. Ese lugar lo ocupa Walter Gago Rodríguez, senador electo por la agrupación, quien registra dos sentencias: una por delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios, y otra por libramiento indebido. Ambas condenas suman tres años de prisión.

La lista de sentenciados en Obras también incluye a Demetrio Valqui, virtual diputado por La Libertad, quien fue condenado por tenencia ilegal de armas en agravio del Estado y recibió comparecencia restrictiva; y a Arturo Padilla, representante de Lima Provincias sentenciado por peculado doloso.

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Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular tampoco se salvan

Otros tres partidos también llevarán sentenciados al Congreso: Ahora Nación, liderado por Alfonso López Chau; Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto; y Renovación Popular, encabezado por Rafael López Aliaga.

En el caso del Partido del Buen Gobierno, el senador nacional Jorge Gavidia registra ante el JNE una denuncia por alimentos y otra por estafa.

En Ahora Nación, el diputado puneño Helard Sonco también registra una demanda por alimentos declarada fundada en parte. Por su lado, Estanislao Mancha, senador nacional de Renovación Popular, también mantiene un proceso familiar en su historial.

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“El parlamentario electo con un proceso en curso mantiene su situación judicial”

Un detalle a tomar en cuenta es la inmunidad parlamentaria, la garantía constitucional que protege a los legisladores frente a determinados procesos judiciales. La República conversó con José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, para explicar cómo funciona esta figura.

“La inmunidad parlamentaria actualmente se aplica a los delitos que presuntamente cometen los congresistas en el ejercicio de sus funciones. No está prevista para delitos comunes. Si un parlamentario, en el ejercicio de su función, aparentemente comete un delito, está protegido y, para ser procesado, necesita que se le levante la inmunidad parlamentaria. Tenemos varios casos actualmente, como el de ‘Los Niños’, denunciados por la Fiscalía por delitos que presuntamente habrían cometido en el ejercicio de sus funciones. Para ser procesados, se han presentado denuncias constitucionales ante el Congreso y, si el Parlamento no les levanta la inmunidad, aún no pueden ser procesados”, explicó.

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Cevasco precisó que ello no significa que un congresista no pueda afrontar procesos judiciales: “Si el delito es común, automáticamente el congresista puede ser procesado porque no tiene relación con su función parlamentaria”.

El exoficial mayor añadió que los congresistas electos con investigaciones o procesos abiertos podrían ser condenados y encarcelados si así lo determina la justicia. “El proceso continúa. El parlamentario electo con un proceso en curso mantiene su situación judicial. Si es hallado culpable, el Poder Judicial remite la resolución al Congreso para que este autorice su prisión”, señaló.

Según la información difundida por la JNJ, Loyola obtuvo 40 puntos en el apartado de experiencia y trayectoria profesional, mientras que Ortega alcanzó 36. Ambos candidatos recibieron 35 puntos en la evaluación de formación académica y no sumaron puntaje en el criterio de experiencia en investigación. Con estos resultados, superaron el mínimo de 70 puntos requerido para continuar en el proceso de selección.

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La siguiente etapa contempla la evaluación de los planes de trabajo presentados por los postulantes, así como una entrevista personal ante el comité evaluador. Quien resulte elegido asumirá la conducción de la institución electoral.

La elección del nuevo jefe de la ONPE se produce tras la renuncia de Piero Corvetto, quien fue cuestionado por el manejo de la primera vuelta electoral realizada el 12 de abril. Corvetto es actualmente investigado por presuntos actos de corrupción. Por el momento, y a pocos días de la segunda vuelta presidencial, la ONPE se encuentra bajo la dirección de Bernardo Pachas, quien asumió el cargo tras la salida de Corvetto.

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La movilización fue organizada por el colectivo 'Keiko no va' y se unieron otros grupos de derechos humanos, gremios sindicales, organizaciones estudiantiles y algunos partidos políticos.

La marcha inició a las 5.00 p. m. en la Plaza San Martín, en Lima; en la Plazuela del Recreo, en Trujillo; y en la Plaza España, en Arequipa. También se movilizaron en Cusco, Ica, Huaraz, Tacna y Huancayo. Todos bajo la consigna de rechazar un posible gobierno de Fuerza Popular.

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En Lima, los manifestantes intentaron llegar al frontis del Congreso. Un aproximado de 2.000 ciudadanos caminaron por la avenida Abancay, pero la Policía les cerró el paso.

Gisella Ortiz, hermana de una de las víctimas de La Cantuta, lideró la movilización. También estuvieron presentes familiares de Inti y Bryan y del rapero Trvko, asesinado durante las marchas contra José Jerí.

Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, estuvo en la caminata, así como militantes del partido OBRAS.

Cerraron la movilización en el frontis del Palacio de Justicia.

En Trujillo, la marcha fue más accidentada por enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. Pese a ello, recorrieron calles de la ciudad blandiendo una bandera peruana.

“El pueblo rechaza a Keiko Está cometiendo grandes atrocidades en el país y está tomando todos los poderes del Estado”, dijo una madre de familia.

En Arequipa, colectivos de universitarios hicieron representaciones contra la candidata de Fuerza Popular y enfatizaron el papel de su partido en el Congreso.

“Ellos ya son gobierno, qué más quieren, quieren el poder para tenerlo todo”, señaló una de las manifestantes.

Una omisión similar podría repetirse en el debate presidencial de este domingo 31. Las propuestas en materia ambiental no fueron incluidas en la programación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tampoco se tomaron en cuenta la violencia de género, la inclusión de personas con discapacidad, la corrupción y la defensa de los pueblos indígenas.

En su lugar, se abordarán: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; economía, empleo y reducción de la pobreza.

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Medio ambiente y economías ilícitas

Para el especialista en derecho ambiental César Ipenza Peralta, no resulta sorpresiva la omisión del tema ambiental en el debate presidencial. “Hay una visión errada de muchos políticos que piensan que cuando hablamos de agenda ambiental se trata de cosas prescindibles o superfluas”, indica a este medio.

Además, resalta que un tema invisible en la agenda y el debate es la minería ilegal y las economías ilícitas asociadas.

“Convenientemente para ellos no resulta prioritario, sobre todo cuando se habla de actividades ilícitas. Podríamos pensar que hay una ignorancia del tema, pero es poco probable. Lo otro es que hay tantos intereses ahí que no buscan abordarlo”, dijo.

En el debate técnico, por ejemplo, Ipenza notó una “incapacidad de plantear acciones concretas en minería ilegal”, pese a que se trata de la mayor actividad delictiva en nuestro país y que moviliza grandes cantidades de dinero. “Más de 11 mil millones de dólares y está asociada a otras economías ilegales como la deforestación, tráfico de insumo, comercio de maquinaria, explosivos, pero lamentablemente es un trasversal ausente”, anotó.

Esa ausencia se da, explica, incluso cuando ciertos grupos de mineros informales y algunos operadores del Ministerio del Ambiente pretenden flexibilizar el marco jurídico actual, dando carta libre a las economías ilícitas.

Frente a ese escenario, comenta, “toca ejercer el control ciudadano y poner en evidencia los intereses particulares en materia ambiental”.

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Corrupción

También considera que otra de las soluciones es fortalecer la lucha contra la corrupción en todos los sectores. Sin embargo, ese tema tampoco fue considerado en el debate de este domingo.

José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, supone que esta ausencia se debe a que el tema de la corrupción sí fue considerado en el debate de primera vuelta y en el debate técnico. Sin embargo, su abordaje en ambos escenarios no fue concreto.

“Deben haber pensado que con el abordaje del tema en el debate de la primera vuelta era suficiente, pero ni un tema que debería dejarse de lado en un debate político. Creo que es tan perjudicial que termina dando el mensaje a la población de que es un tema de menor urgencia”, manifiesta a este medio.

En el debate técnico, explica, el error fue asociar el tema con la reforma del Estado y, aun así, abordarlo con “mucha ligereza y generalidades”. “Si bien es indispensable reformar y modernizar el Estado para la Reforma Anticorrupción”, ese no es el único camino.

Paralelamente, “se necesita innovar soluciones, que pongan por delante respuestas ágiles a los servicios que recibe el ciudadano, porque ahí en esa última milla de los servicios es donde la corrupción duele, roba, excluye y mata”.

Siguiendo esa línea, Gargurevich añade que el “siguiente gobierno debería priorizar la meritocracia en los puestos más importantes que deben ser de concurso público en diferentes ministerios y organismos”.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, resaltó que la corrupción debe ser abordada en todos los niveles, tanto en la Policía como en la vida cotidiana (pequeña corrupción). “Es uno de los principales lubricantes de la criminalidad, permiten que se instaure con altos niveles de impunidad”, dijo.

“¿Por qué no se ha tocado en el debate? Porque los políticos son parte de este problemas. En el Congreso, por ejemplo, hay muchos casos de mocha sueldos y temas mayores de contrataciones. Al poder no le gusta que se investigue la corrupción”, agregó.

Violencia de género

Por otro lado, otra de las grandes ausencias en el debate es lo vinculado con la mujer y las poblaciones vulnerables.

Nelly Herrera Santos, abogada y directora ejecutiva del Centro Legal Comunitario María Trinidad Enríquez, considera que una de las razones es que ello es el “reflejo de la realidad” de un país donde no se toma como prioridad a la mujer, las disidencias y la población LGBTIQ+.

Además, supone que se ha evitado el abordaje de este tema para no entrar en la polarización. “Actualmente la sociedad civil está más organizada y alerta a los proyectos legislativos que atentan contra los derechos humanos, entonces, creo que se ha evitado generar polémica en ese sentido”, relató a este medio.

Resaltó que no se requieren más normas en este tema, sino que estas sean aplicadas. Sobre todo, señaló que la PNP no cuenta con las herramientas necesarias para investigar casos de violencia de género. “Les han dado facultades a ellos cuando un espacio de revictimización son las mismas comisarías donde una mujer va a denunciar violencia”, dijo.

En materia LGBTIQ+, Herrera Santos espera que la próxima conformación del Tribunal Constitucional pueda sentar precedentes en materia constitucional para que el Ejecutivo permita cambios en el Código Civil en ese sentido. “Lamentablemente, en Perú, la norma permite expresamente el matrimonio solo entre hombre y mujer”, precisó.

Personas con discapacidad

Andrea Burga, coordinadora de proyectos de la organización Sociedad y Discapacidad (Sodis), resalta que tampoco se ha considerado abordar las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad en el debate presidencial.

En diálogo con este medio, señaló que, de hecho, esa ausencia no solo se observa en el debate, sino en toda la campaña electoral, y que, cuando se ha abordado, ha sido desde un enfoque erróneo.

“(La inclusión de personas con discapacidad) se sigue hablando más desde un enfoque asistencialista y genérico. Se le percibe como caridad y no como un derecho y servicio público”, mencionó.

En ese sentido, considera que el próximo gobierno debe priorizar una verdadera educación inclusiva y no solo limitarse a ordenar a los colegios de educación regular que admitan a personas con discapacidad. “Como no es un servicio especializado, las personas con discapacidad reciben una educación muy básica y, más adelante, cuando buscan trabajo no son aceptadas. No solo se enfrentan a los prejuicios, sino a una exclusión educativa”, dijo.

Añadió, además, que el transporte público excluye a las personas con discapacidad. “Para que ellas tengan una vida independiente son necesarias tecnologías de apoyo. Sillas de ruedas, dispositivos electrónicos y, también, una ciudad que facilite su traslado”, indicó.

Finalmente, dijo que, a la fecha, el proceso para acceder a un carné de Conadis es muy engorroso. “Piden un examen que certifique la discapacidad cuando no cualquier médico puede brindar ello. Es un proceso bastante tedioso que termina dejando a muchas personas sin poder acceder los beneficios que brinda el carnet”, lamentó.

Pueblos indígenas

En el Perú, el 16% de la población nacional habla 48 lenguas indígenas. Si bien el INEI aún no publica los resultados integrales del Censo Nacional de Población de 2025, los resultados del realizado en 2017 reportan que casi 6 millones de personas (5.972.603) se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena u originario, lo que representa algo más de un cuarto de la población total.

Ello, sumado a que en el país existen 55 pueblos indígenas, llama poderosamente la atención, pues el tema indígena no haya sido considerado en el debate de este domingo.

Entre las funciones que cumplía el comandante Cárdenas estaba apoyar científicamente a los operadores de justicia, suministrando pruebas periciales para el esclarecimiento de complejos casos criminales. Entre ellos, el narcotráfico, una de las actividades más frecuentes en la región, donde se ubica el centro de producción de cocaína más extenso del país: el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). A Arturo Cárdenas lo acusaban de trabajar para la mafia de la droga.

Cárdenas cooperaba con las investigaciones de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y siempre estaba en contacto con los efectivos de esta dependencia. Hasta que agentes de inteligencia antinarcóticos interceptaron las comunicaciones del narcotraficante Raúl Avendaño López, el “Viejo”, un poderoso productor y exportador de cocaína del VRAEM. Descubrieron que el comandante de Criminalística era parte de la organización del “Viejo”.

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Un “topo” del capo

“¡Esto es un error! ¡Aquí hay una equivocación! ¡Se han confundido de persona! ¡Yo soy un Comandante de la Policía Nacional del Perú!”, alegaba Arturo Cárdenas a sus colegas y captores. Pero cuando la fiscal Yvonne Aguilar Polar le leyó los cargos y le indicó que estaba involucrado en el suministro de armas y municiones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a la organización criminal del “Viejo”, entonces se quedó en silencio.

Natural del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, el 16 de octubre de 1967, el comandante Arturo Cárdenas laboraba en el Departamento de Criminalística de la región desde que ostentaba el grado de capitán, y sus cambios de colocación siempre rotaban entre Junín y Ayacucho.

Raúl Avendaño López, “Viejo”, también es ayacuchano. Nació el 11 de noviembre de 1975, en el distrito de San Miguel, provincia ayacuchana de La Mar.

Agentes de inteligencia de la Dirandro, en coordinación con el programa de interceptación telefónica Constelación, detectaron que la mafia del “Viejo” tenía un contacto con el alias de “Tío”, quien negociaba todo tipo de armas y munición de diferente calibre.

El apelativo de “Tío” empezó a escucharse en las conversaciones intervenidas en los primeros meses de 2024, cuando agentes antidroga estaban tras los pasos de una red criminal integrada por policías en actividad y en retiro que “arranchaban” (arrebataban) cargamentos de droga en Puno. Luego negociaban la venta de los alijos a otras bandas del narcotráfico. El cabecilla era nada menos que el “Viejo” Avendaño.

“‘Tío’ necesitamos 500 pepas (municiones) de 38 y larga (7.62 fusil)”, se le escuchó decir al “Viejo” en una de las llamadas interceptadas, según la transcripción judicial a la que tuvo acceso La República.

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Conversaciones calientes

Hasta ese momento, la prioridad para los agentes antidrogas era la plena identificación y captura de toda la organización de Raúl Avendaño, “Viejo”, que, por cierto, acostumbraba cambiar de números telefónicos con la finalidad de evitar el rastreo de sus actividades ilícitas. Pero no fue por mucho tiempo.

Dos años después, el 23 de abril pasado, los operadores de Constelación registraron una conversación sobre el pase de un lote de municiones de calibre 7.62 mm. El pedido lo hacía nuevamente el “Viejo”. En el diálogo saltó un detalle: la entrega sería en las instalaciones del Departamento de Criminalística de Ayacucho, donde también funciona la comisaría.

“‘Tío’, ahorita necesito dos mil cápsulas (municiones), para juguete largo (fusil) ¡Es urgente! ¡Que lo lleven a mi tienda y luego que te yapeen!’”, le dijo “El Viejo” (Cárdenas) al “Tío” (Avendaño).

“‘¡Así no es! Ya tú sabes cómo es la cosa. Los colegas (policías), no van a aceptar”, contestó el “Tío”.

“Ya, ya. Entonces envió a mi hija (Mayte Avendaño Ruíz) para recoger el encargo”, le indicó el “Viejo”.

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En los archivos policiales

En lugar de su hija Mayte Avendaño, el “Viejo” envió a su yerno Diego Zanabria Valer, un muchacho de 21 años que también era parte del clan familiar.

Ese día, el jueves 23 de marzo, Diego Zanabria, a bordo de una motocicleta, se dirigió al Complejo Policial y subió directamente al segundo piso, donde se encontraba la oficina del comandante Arturo Cárdenas. Diego Zanabria no estaba solo. Lo acompañaba su suegra, Janet Ruíz Cangama, esposa del “Viejo”.

Minutos después, Diego Zanabria bajó con una pesada mochila sobre los hombros, escoltado por el comandante Arturo Cárdenas, hasta las afueras de la unidad policial, sin imaginar que todos sus movimientos eran vigilados por los agentes de inteligencia de la Dirandro.

Así fue como los agentes antidrogas descubrieron que el “Tío” era el jefe del Departamento de Criminalística de Ayacucho.

Media hora después, Diego Zanabria fue detenido en flagrancia con 850 municiones calibre 7.62 para fusiles. Al ser interrogado, el muchacho entró en contradicciones y alegó que los proyectiles se los entregó un amigo, cuyo nombre no recordaba. Al final, Diego Zanabria terminó por delatar no solo al comandante Arturo Cárdenas, sino también a su suegro, Raúl Avendaño López.

Cárdenas era conocido por el apelativo de “Tío” dentro de la banda de narcos del “Viejo”.

Raúl Avendaño no es nuevo en el negocio del narcotráfico. El 9 de mayo de 2015, agentes de la División de Operaciones Tácticas Antidrogas de Ayacucho incautaron 70 kilos de cocaína en el interior de una camioneta 4x4 de placa F3R-757, cuando se desplazaba por la carretera a Palmapampa, en el distrito de Samugari, en La Mar, Ayacucho, en el ámbito del VRAEM.

Fueron detenidos Marino Durand Quispe, Manuel Guillén Miguel, Eber Conde Moreno y Emerson Quispe Huanaco. Todos señalaron a Raúl Avendaño como el dueño de la droga. El 18 de octubre de 2018, el “Viejo” fue sentenciado, pero la Sala Mixta Desconcentrada Permanente del VRAEM lo absolvió. Salió en libertad para dedicarse una vez más al narcotráfico a gran escala. ❖

DATO

Clan familiar. Junto con el “Viejo” Raúl Avendaño fueron detenidos su esposa Janet Ruíz Cangama y sus hijos Mayte Avendaño Ruíz y Brayan Avendaño Ochoa.

Otros integrantes. Además, cayó el hermano menor del “Viejo”, Raúl Avendaño López, y los cómplices Sheila Valer Huaña y Paulino Pomahuacre Béjar. Con ellos también fue detenido Diego Zanabria Valer, el yerno del capo del VRAEM.

Las publicaciones que yo hago son ejercicios de memoria. Más allá de opinar o decir que esto me parece mal o me parece bien, yo creo que, en ambos libros, tanto en Mototaxi como en Señora K, lo que se busca es hacer un ejercicio de memoria para que la gente pueda tener mayor acceso a una especie de archivo de las cosas que han pasado y puedan sacar ellos sus propias conclusiones.

Por ejemplo, el tema de los audios de los Cuellos Blancos, audios en los que jueces, fiscales, periodistas, empresarios y autoridades, como el Consejo Nacional de la Magistratura, hacían negociaciones turbias, uno se daba cuenta de cómo estaba un poco podrido el sistema de justicia. Entonces, lo que se busca es eso, que la gente recuerde, que la gente cuestione y que al final sea un insumo para que puedan tomar una decisión a la hora de votar.

¿Sientes que hay un antes y un después en tu vida a raíz de la política? Te lo pregunto porque ejercer el periodismo desde un espacio con tanto alcance te expone inevitablemente a ataques y cuestionamientos de todo tipo.

Claro, tengo 11 años haciendo esto, dedicándome al contenido digital. Con los libros recién empecé en el 2019, y me he acostumbrado a algo a lo que no debería acostumbrarme: insultos, difamaciones, calumnias. Por supuesto que hay un antes y un después, pero a veces es el precio de comerse un pleito. Y yo decidí comerme el pleito y estoy satisfecho con el resultado.

Lo que a mí me deja tranquilo, con respecto a la publicación de los libros, es que todo lo que figura, todo lo registrado, cuenta con sustento. Ha sido verificado, cuenta con testimonios, está documentado, por lo que no hay ninguna difamación ni ninguna acusación injustificada. Eso es lo que a mí me deja tranquilo. Por supuesto que se puede discrepar, que pueden tener opiniones, pero yo me siento, al menos en ese lado, asegurado con la verdad.

¿Y la idea de hacer este repaso de los últimos años del fujimorismo viene motivada por la coyuntura actual?

Sí, todo empieza cuando sale esta primera bancada de Fuerza Popular. Yo sé que tuvieron una en el 2011, pero me refiero a esta bancada numerosa, gigante, en el año 2016, en la que yo sentía que era muy difícil que las personas pudieran tener un registro de todo lo que había pasado. Eran tantos acontecimientos y pasaban tantas cosas que yo dije: sería bueno tener un registro que permita a la gente llevar cuenta de lo que está pasando. Entonces, por eso sale la primera publicación, que empieza en el año 2015, más o menos, y termina en el año 2018.

Y esta segunda publicación es para darle un punto y aparte —no un punto final, un punto y aparte— donde nuevamente retomamos el tema de los audios de los Cuellos Blancos, que hasta el día de hoy siguen siendo insumos de noticias diarias, y termina en esta primera vuelta de la campaña. Llego hasta la segunda vuelta en el epílogo, pero lo que intento es tomar lo más importante para que la gente pueda tener una guía.

Pasando a la coyuntura electoral, Roberto Sánchez estuvo como invitado en tu programa. Más allá de la entrevista, ¿sientes una verdadera concordancia ideológica con lo que él representa, o para ti es simplemente el 'mal menor' de esta segunda vuelta?

La verdad que casi ninguna. Casi ninguna. Yo siento que su programa, su plan de gobierno, es bastante preocupante. Ese es el adjetivo que voy a utilizar. Y si he decidido anunciar que voy a votar por él, es porque siento que es la única medida real que puede generar un efecto para impedir que Fuerza Popular gane las elecciones.

Ahora, yo sé que de repente es poco imparcial que alguien que ha estudiado al fujimorismo de los últimos 10 años diga que va a votar por el otro partido, pero al mismo tiempo también, más allá de la imparcialidad, puede ser justificado. Justamente porque sé lo que han hecho en los últimos 10 años es que he decidido no votar por ellos.

En 2021, Fuerza Popular denunció un fraude porque perdió las elecciones. Ahora estamos viendo lo mismo con López Aliaga, ¿a qué crees que se deba que en los últimos años los políticos han tratado de “patear el tablero” cuando pierden?

Yo creo que todo empieza en el año 2016, con la primera denuncia, que en este caso fue interna, de fraude en Fuerza Popular. Hay un episodio del primer libro en el que Keiko Fujimori le dice a su bancada de 73 parlamentarios, en privado, que a ella le han robado la elección, y se la han robado PPK, Ollanta Humala y el Jurado Nacional de Elecciones. Desde entonces había una sensación de parte de Keiko y de Fuerza Popular de que les robaron una elección.

Ellos estaban convencidos, y por eso es que, en el año 2021, cuando vuelve a suceder que pierden por un margen muy pequeño, deciden hacer esta campaña que, dato curioso, en la ofensiva final está documentado al 100%. Todo lo que pasó en la campaña del fraude está documentado en el libro, que te cuenta cómo empiezan denunciando irregularidades, pero manteniendo al margen a las autoridades electorales, para al final pasar a las acusaciones directas responsabilizando a las autoridades electorales. Yo creo que eso sentó un precedente para que Renovación Popular haga esto en esta campaña.

¿Sientes que el antifujimorismo de estos años se ha debilitado?

Siento que hay un cambio generacional. Siento que las personas que militaban y formaban parte de estos colectivos han crecido. Ahora ya están de repente dedicándose a lo suyo, han cambiado un poco, sus ideologías de repente han migrado, no lo sé. Pero siento que este rechazo a lo que representa el fujimorismo se mantiene.

Sería muy difícil explicar cuáles son los niveles, es muy difícil de medir, pero siento que el antivoto de Fuerza Popular se mantiene. Es más, llega hasta el punto de que en los últimos días algunos candidatos, como Rafael López Aliaga, han salido a decir que van a votar por Keiko sin mencionar a Keiko Fujimori. A ese nivel ha llegado el antivoto. Y también lo vemos por el lado de otros partidos que dicen que no van a votar por Keiko, pero lo dicen de forma muy sutil.

Sobre el capítulo del paso de Keiko por la cárcel. Se la puede ver desde su lado más humano. Al reconstruir ese momento, ¿qué quisiste transmitirle con ese hecho?

Cuando pasa lo de la cárcel, evidentemente hubo que buscar fuentes y lo que quería era saber qué pasó, qué reacción tuvo. Uno puede imaginarse muchas cosas, pero en este caso yo realmente tenía curiosidad y las fuentes coinciden en lo que dice el libro: ella tuvo una reacción un poquito inesperada de repente, que me hace recordar a la reacción que tuvo en el año 2016 también cuando pierde la segunda vuelta con PPK. Cualquiera pensaría que estaba furiosa, que estaba gritando, pero no; estaba tranquila, calmada, serena. Obviamente disgustada, pero eso dice mucho de la personalidad de Keiko, de cómo es ella.

¿Crees que Roberto Sánchez tiene el poder para hacerle frente al fujimorismo en este próximo gobierno?

Yo creo que tiene herramientas. Lo único que habría que preguntarse es si tiene la voluntad. De repente para él va a ser un poco más práctico negociar, sentarse a llegar a acuerdos. Es muy difícil saberlo, pero de que tiene la oportunidad, la tiene.

Pedro Castillo, por ejemplo, duró cuatro meses y llegó a la primera moción de vacancia. ¿Crees que eso también puede llegar a pasar en un eventual gobierno de Sánchez? ¿Consideras que de esta manera se trivializa un poco la figura de la vacancia presidencial?

Totalmente convencido. La pregunta no es si van a vacar o no a Sánchez si gana la elección, la pregunta es cuándo lo van a intentar. Porque muy probablemente, en el caso de Castillo, como tú bien recuerdas, sucedió cuatro o cinco meses después. En este caso podría pasar lo mismo.

En algún momento, las vacancias requerían de dos cosas: una buena narrativa o justificación, y los votos. Pero ahora ya solamente se necesita una sola cosa, que son los votos. Ya ni siquiera se preocupan por una narrativa. Puede ser cualquier motivo que se les ocurra para que planteen una moción de vacancia por incapacidad moral. Entonces, es simplemente cuestión de tiempo.

Y a nivel de este comportamiento político de Keiko, cualquier otro líder habría dado un paso al costado después de haber perdido tres elecciones en la segunda vuelta. ¿Por qué crees que ella insiste en alcanzar la presidencia hasta ahora?

Bueno, de eso vive. Yo siento que Fuerza Popular ha encontrado una manera de que un grupo de personas —no solamente me refiero a Keiko Fujimori en la cúpula, sino en general— puedan vivir de esto. Es tan evidente que hasta el propio López Aliaga lo ha dicho en su momento: ellos viven de esto. La señora Fujimori vive de la política. Y ella al final es la que ha decidido postular en todas estas oportunidades. Nuevamente, gane o pierda, el proyecto llamado Fuerza Popular va a seguir vigente. Yo estoy convencido de eso.

¿Cuál crees que es la diferencia principal que tú has notado entre la Keiko del 2016 y la Keiko de ahora?

Siento que la Keiko del 2016 era mucho más enérgica, no voy a decir apasionada porque no hay nada de pasión, era mucho más enérgica, mucho más ambiciosa y realmente quería ganar la presidencia porque ella sentía que había llegado su momento. Es por eso que ella tiene esta reacción tan emocional cuando PPK la derrota, porque ella siente que esa elección debió ganarla ella. Desde entonces, la política de Fuerza Popular ha sido completamente negativa. Ellos buscan destruir, buscan vacar, buscan perjudicar, buscan pulverizar, inhabilitar.

Y eso es algo que caracteriza a Fuerza Popular ahora. Tenemos una Keiko del 2026 que estaba en una segunda vuelta nuevamente por cuarta vez; ella ya está mucho más madura, más experimentada, ya sabe cómo funciona el sistema. Siento que la mayor diferencia es que ahora ella está mucho más cómoda gobernando dentro o fuera del Palacio de Gobierno. Ella ya entendió que puede gobernar de todas maneras y simplemente es una cuestión de formas. Yo no sé si ella esté 100% convencida de que va a ganar la elección, creo que es más cautelosa, pero de que lo busca y lo quiere, lo hace. Yo siento que Keiko tiene más ganas de ganar una elección que Roberto Sánchez en esta oportunidad en particular.

También vemos que el Congreso está bastante fragmentado por diversos partidos. Ahora, por ejemplo, Fuerza Popular no tiene el poder que tuvo anteriormente. ¿Cómo evalúas la capacidad del partido para seguir ejerciendo el poder desde fuera a través de alianzas y negociaciones con las otras bancadas?

En el periodo del 2021 quedó demostrado, y en este periodo que continúa hasta el día de hoy ha quedado demostrado, que Keiko no necesita tener 73 congresistas como los tuvo en algún momento para poder tener la sartén por el mango.

Ella, con negociaciones y con acuerdos, como lo hizo en este Congreso, lo ha conseguido. Claro, todos los acuerdos han sido distintos: el acuerdo que tuvo con Avanza País fue de una manera, el que tuvo con Renovación fue de otra, el que tuvo con APP fue de otra.

Fuerza Popular sabe cómo negociar con cada partido, conoce más o menos cómo llevar a su gente, porque la gente de Acuña y la gente de Renovación son distintas. Ellos ya saben cómo jugar el juego, saben cómo incluso dominar el juego por dentro, porque ellos dominaban oficinas clave, incluso como funcionarios, donde uno de ellos estuvo en el debate técnico. Yo siento que ellos sí se sienten un poquito más cómodos, por lo mismo que te decía, se sienten más cómodos porque saben que van a poder gobernar sin necesidad de estar físicamente en Palacio.

Bajo esa aproximación editorial, Zileri definió la personalidad de la revista que fundó su madre, Doris Gibson, en 1950. Este principio sobre la fuerza epifánica de la imagen lo podemos apreciar en la muestra El Perú, en clave CARETAS. 75 años de historia fotográfica en el Museo de Arte Contemporáneo hasta el 12 de julio. La hemos visto en dos ocasiones y no podemos dejar de recomendarla, tanto por la obviedad en cuanto a la calidad de las fotografías como por el diálogo que ellas establecen con la actualidad.

En el imaginario cultural peruano, no pocos, por no decir todos, reconocen la riqueza del archivo fotográfico de Caretas. En este orden de cosas, no solo resulta positivo que parte de este inmenso archivo se halle a disposición del público, sino que también la muestra se inscriba en un contexto mayor: el muy buen momento que viene atravesando la fotografía peruana, al que le faltaba una exposición netamente de carácter periodístico.

La muestra se ve como precisó Zileri: como un viaje visual en el que nos encontramos con las fotografías de Víctor Ch. Vargas, Óscar Medrano, Carlos Saavedra, Ruth Enciso, Leoncio Mariscal, Víctor Manrique, Alicia Benavides, Lotta Burenius, Luis Julián, Javier Zapata, Gilmar Pérez, Daphne Dougall de Zileri, Fátima López y Armida Testino, con las que se aborda al Perú contemporáneo desde sus distintas facetas, principalmente, a partir de los años 80.

En El Perú, en clave CARETAS encontramos fotografías icónicas, como la de Óscar Medrano del campesino Edmundo Camana y el reencuentro de ambos después de más de dos décadas; del mismo modo, secuencias del caso Hugo Bustíos, corresponsal de Caretas en Ayacucho que fue asesinado en 1988. En esa serie de fotografías, podemos ver al propio Enrique Zileri, quien hizo suya esa causa que, lamentablemente, ha vuelto a cobrar actualidad a razón de la impunidad. Fotografías de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (la primera que se tuvo del exasesor presidencial a cargo de Carlos Saavedra en 1983) resultan infaltables. Nuestros últimos gobernantes tampoco están ausentes. Vemos a Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí, por citar a algunos. Estas fotografías exhiben la marca de Zileri. ¿En qué se diferencian de otras fotografías de estos personajes? Pues en la chispa del detalle, en la epifanía del gesto y en la confusión de la mirada del personaje. Para los gráficos de Caretas, las fotos tenían que comunicar más allá de su perfección formal. Don Enrique, fue difícil sacar la foto. Había muchos policías que me impedían hacer las tomas, le dijo un histórico gráfico de Caretas durante un infartante cierre de edición. La respuesta de Zileri, aparte de contundente, es a la vez una clase magistral de edición y prueba de su exigencia: yo no publico excusas.

La cultura y el arte no podían faltar. Blanca Varela, Fernando Ampuero, Jeremías Gamboa, Susana Baca y Rember Yahuarcani son algunos de los personajes incluidos. El retrato es otro de los puntales históricos de Caretas. El rostro, la postura y la situación definían la radiación sobre la mera representación. El registro gráfico de la pandemia es igualmente protagónico. Se siente el dolor y la esperanza por salir de esa pesadilla (por ejemplo, una iglesia vacía, en cuyas bancas están las fotografías de cientos de peruanos que murieron, no es un recuerdo lejano).

Se entiende, tal y como sugerimos líneas atrás, que esta es una pequeña parte de un archivo fotográfico inagotable. Esta historia gráfica peruana tiene sabor a Perú. Hay denuncia, pero también picardía; el humor crítico que impuso Zileri en su revista no deja de sentirse. Para él, no existía la trascendencia sin sacrificio. Zileri concebía el periodismo de esa manera. La mediocridad le aturdía aparte de que le quitaba el sueño.

Quien escribe ha sido editor de cultura e inactuales en Caretas. En ese sentido, subrayo la ética y la verdad que hay detrás de estas fotografías. El Perú, en clave CARETAS cuenta con la curaduría de Diana Zileri y Andrés Longhi de la Asociación Ojos Propios. La exposición existe gracias a la gestión de Diana Zileri. Vayan a visitarla.

…

Dato:

Lugar. El MAC: av. Miguel Grau 1511, Barranco. De martes a domingo, de 10 a. m. a 7 p. m. Entradas: entre 8 y 20 soles.

Según el candidato, estas autoridades se unieron con políticos de la oposición para sacar del poder al expresidente Pedro Castillo sin pruebas claras. "Dijeron que era corrupto antes de tiempo", agregó.

En su discurso, el líder de Juntos por el Perú recordó los 14 meses de gestión del expresidente Pedro Castillo y expresó que su salida del poder fue producto de un "complot" entre una mayoría legislativa, el Ministerio Público y un sector de la prensa.

"Jamás debió anticiparse sentencias como si fuéramos Corte Suprema para decir que el presidente Pedro Castillo era un vil corrupto".

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Roberto Sánchez señaló desconocer antecedentes de propietario de vehículo usado en campaña: “No tengo relación con personas dedicadas a actividades ilícitas”

El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó vínculos con actos ilegales, criminalidad y narcotráfico mediante un comunicado publicado por medio de sus redes oficiales.

“Durante nuestras actividades políticas en distintas regiones, en medio de la intensidad del recibimiento y del traslado entre un punto y otro, se facilitó una unidad de transporte sin que existiera de mi parte conocimiento alguno sobre antecedentes o situación relacionada con sus propietarios”, indicó.

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Además, precisó no tener relaciones personales, políticas ni económicas con personas que tienen nexos con actividades ilícitas. “Mi trayectoria pública y mi vida han sido siempre de cara al pueblo, con transparencia, honestidad y respeto a la ley”, se lee.

El candidato agradeció la fiscalización ciudadana y la de los medios, ya que le permite aclarar situaciones de interés público. Adicionalmente, Sánchez reiteró su disposición para colaborar con cualquier investigación que se requiera y resaltó la importancia de una gestión transparente frente al país.

En Lima, la concentración principal se inició en la Plaza San Martín. Según su ruta, pasarán por el Congreso hasta llegar al Palacio de Justicia. En Trujillo, ciudadanos, simpatizantes de Juntos por el Perú y miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) se concentran en la plazuela. En Arequipa, la población se reunirá en la plaza España.

López-Chau marchó de manera pacífica junto a diversos bloques de jóvenes universitarios, gremios laborales y colectivos de derechos humanos. Los manifestantes respaldaron su presencia en defensa de la institucionalidad democrática y la memoria del país.

Durante el trayecto, que contó con la presencia de la Policía Nacional del Perú, el académico coincidió con las demandas ciudadanas que exigen una política transparente.

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La movilización ocurrió en un momento clave de la campaña: un día antes del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde Fuerza Popular y Juntos por el Perú confrontarán sus propuestas de gobierno.

La movilización inició a las 5.00 p. m. en la Plaza San Martín. Además, otras regiones se sumaron a la iniciativa ciudadana contra el fujimorismo. En Arequipa, el punto de encuentro fue la Plaza España. En Cusco, la ciudadanía se reunió en la Plaza Limacpampa. En Chiclayo, el lugar central fue la Plazoleta Elías Aguirre y, en Trujillo, la marcha inició en la Plazoleta El Recreo.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

“El sistema electoral esta presente ahí, esta presenta la ONPE, esta presente los fiscalizadores. Nosotros vamos a tener fiscalizadores en cada uno de estos espacios”, afirmó el titular del JNE.

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Mesas de la serie 900 mil: JNE facilitará presencia de personeros de partidos políticos

El máximo representante del JNE señaló que Fuerza Popular y Juntos por el Perú han sido informados sobre la existencia y organización de estas mesas, así como sobre las facilidades que se les brindará para el registro y la participación de sus personeros, con el objetivo de asegurar su presencia en los centros de votación de la serie 900 mil.

“Las organizaciones políticas van a hacer el esfuerzo de enviar personeros a cada una de estas mesas. Es una potestad que tienen y una facilidad que tienen las organizaciones políticas. Por eso nos hemos preocupado mucho de facilitarles todas las herramientas para que ellos puedan hacer un despliegue enorme de personeros en cada una de estas mesas de sufragio”, señaló Burneo.

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¿Qué son las mesas de sufragio de serie 900 mil?

Las mesas de sufragio de la serie 900 mil, denominadas Mesas de Sufragio Inclusivas (MSI) por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), existen desde hace más de 20 años y tienen como objetivo reducir el ausentismo electoral, acercar el servicio electoral a la ciudadanía y facilitar la participación de los votantes.

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), actualmente existen 4.700 mesas de sufragio distribuidas en 1.937 locales de votación y 1.913 centros poblados.

Estas mesas pueden instalarse en centros poblados, comunidades campesinas y nativas, caseríos, anexos y otras localidades de difícil acceso, así como en zonas urbanas con problemas de accesibilidad o en situación de vulnerabilidad.

Según Milagros Uipán, subgerenta de Planeamiento de la ONPE, una de las funciones de la entidad es implementar centros de votación más cercanos al domicilio de los electores. En esa línea, precisó que las MSI buscan reducir la distancia entre el votante y su local de sufragio, a fin de disminuir el ausentismo electoral.

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¿Qué desinformación circuló en torno a las mesas de sufragio de la serie 900.000?

Tras los cuestionamientos por la demora en la instalación de mesas de sufragio en Lima, Rafael López Aliaga y otras figuras políticas comenzaron a difundir información falsa sobre estas mesas electorales. Entre los principales señalamientos se indicó que no contaban con padrón electoral y que, por ello, cualquier persona podía votar; sin embargo, esto fue desmentido por verificadores de datos, la ONPE y el JNE, que precisaron que cada mesa sí cuenta con un padrón, por lo que solo pueden sufragar los electores debidamente acreditados.

Otra versión afirmaba que estas mesas no tenían sustento legal, lo cual también es falso, ya que están amparadas en la Ley Orgánica de la ONPE (Ley N.° 26859), según han señalado tanto la propia institución como verificadores independientes.

Asimismo, se difundió la acusación de un presunto fraude por la presencia de mesas de la serie 900.000 en Lima, bajo el argumento de que estas serían exclusivas de centros poblados remotos. No obstante, dicha afirmación también ha sido desmentida y se precisó que, si bien estas mesas buscan reducir la distancia entre el votante y su local de sufragio, pueden instalarse tanto en zonas alejadas como en áreas urbanas con alta vulnerabilidad o de difícil acceso.

Entre otras versiones similares, que también han sido desmentidas por las autoridades electorales y verificadores de datos.

A través de una publicación en sus redes sociales desde la ciudad de Tumbes, Fujimori Higuchi detalló que la medida busca evitar el ingreso de la delincuencia organizada y contrarrestar el sicariato, la extorsión y la trata de personas. La propuesta incluye drones militares, sistemas de reconocimiento facial y el uso de inteligencia artificial.

Además, informó que su plan se complementará con el establecimiento de nuevos puntos de vigilancia y control en zonas geográficas estratégicas del país para resguardar la seguridad de la población.

Preparativos para el debate presidencial

Este anuncio se difundió un día después de que la candidata sostuviera reuniones de coordinación en su local de campaña con su equipo técnico. Entre ellos, Miguel Torres y Luis Galarreta, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia.

Keiko Fujimori y el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se disputan la segunda elección presidencial el próximo domingo 7 de junio. Como parte del cronograma electoral, ambos participarán el domingo 31 de mayo en el encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El encuentro se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima y constará de cuatro bloques temáticos: Seguridad Ciudadana; Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos; Educación y Salud; y Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza.

Como ocurrió en el debate técnico realizado previamente, la transmisión estará disponible en todo el territorio nacional mediante las plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. De esta manera, la ciudadanía podrá seguir las intervenciones y réplicas de ambos aspirantes a la Presidencia.

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Temas del debate presidencial

1. Seguridad ciudadana
2. Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos
3. Educación y salud
4. Economía, empleo y reducción de la pobreza

Debate presidencial: ¿cuánto durará cada bloque?

Cada bloque temático durará tres minutos por candidato presidencial, y la exposición final tendrá una duración de dos minutos para cada uno.

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Orden de presentación del debate presidencial

El esquema definido por el JNE establece cuatro ejes temáticos para el debate. Durante la jornada, los candidatos abordarán asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, la educación y la salud, así como la economía, el empleo y la lucha contra la pobreza.

Cada segmento se iniciará con una pregunta formulada por la ciudadanía y seleccionada previamente. A partir de ella, los aspirantes dispondrán de un tiempo específico para responder, contrastar ideas y presentar sus propuestas. Además, se aplicará el sistema de bolsón de tiempo, que les permitirá gestionar los minutos asignados a lo largo de sus intervenciones.

¿Dónde ver en directo el debate presidencial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial convocado por el JNE será difundido tanto por señal abierta como a través de plataformas digitales. La transmisión estará a cargo de TV Perú y también podrá seguirse mediante las redes sociales del organismo electoral, lo que permitirá a la ciudadanía acceder al evento desde teléfonos móviles, computadoras y tabletas.

La actividad marcará uno de los últimos encuentros directos entre los dos aspirantes a la Presidencia antes de la segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio.

El encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima y tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos. Según el formato aprobado por el JNE, Sánchez será el encargado de abrir la jornada, mientras que Fujimori tendrá la intervención final. El orden fue determinado previamente mediante sorteo público.

La actividad comenzará con una presentación de un minuto por cada aspirante, seguida de una pregunta del moderador sobre las razones por las que consideran que deben asumir la Presidencia de la República. A continuación, se abordarán cuatro bloques temáticos, en los que ambos contendientes dispondrán de tres minutos por ronda para exponer sus propuestas y responder a las interrogantes formuladas.

Los ejes temáticos serán los siguientes:

• Seguridad ciudadana
• Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos
• Educación y salud
• Economía, empleo y reducción de la pobreza

La jornada concluirá con un mensaje final de dos minutos por cada postulante, espacio destinado a dirigirse directamente al electorado.

Orden de participación por bloque del Debate Presidencial 2026

El jueves 21 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó un sorteo público para definir el orden de intervención en el debate presidencial. Como resultado, la distribución en cada segmento quedó establecida de la siguiente manera:

• Seguridad ciudadana (Fuerza Popular - Juntos por el Perú)
• Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos (Juntos por el Perú - Fuerza Popular)
• Educación y salud (Fuerza Popular - Juntos por el Perú)
• Economía, empleo y reducción de la pobreza (Juntos por el Perú - Fuerza Popular)

Dónde ver el debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) será transmitido por señal abierta a través de TV Perú, así como en plataformas digitales oficiales del organismo, incluido el canal JNE Media y sus redes sociales. De esta manera, la ciudadanía podrá seguir el encuentro en vivo desde dispositivos móviles, computadoras o tabletas.

Asimismo, la cobertura también estará disponible en los canales digitales de La República, a través de su página web y su canal de YouTube.

Bajo este pacto, Sánchez se comprometió a eliminar las leyes que otorgan impunidad, anular la ley antiforestal, apoyar a las pequeñas empresas (mypes) y crear empleos que respeten los derechos laborales. La lectura y el detalle de las medidas estuvieron a cargo de Gisela Ortiz, exministra de Cultura y defensora de los derechos humanos.

"Asumimos la urgencia de promover un gobierno de recuperación nacional para rescatar al Perú del pacto mafioso liderado por el Fujimorismo, responsable de la creciente delincuencia, abusos de poder e impunidad", leyó.

Entre los primeros compromisos del documento destaca el cese del control político del Congreso sobre el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, se exige la derogación de las normas parlamentarias que debilitan la lucha contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.

El acuerdo contempla brindar apoyo real a los afectados por el conflicto armado interno, esterilizaciones forzadas y deudos de las protestas sociales, además de otorgar créditos accesibles a la agricultura familiar, comunidades nativas y fortalecer a las micro y pequeñas empresas (mypes) con empleo digno.

Educación, salud y medio ambiente

El compromiso también aborda la urgencia de proteger la naturaleza y a las poblaciones vulnerables. Henry Córdova, vocero del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, dio lectura a los ejes restantes y detalló que el plan incluye reforzar el Ministerio de la Mujer con un sistema nacional para cuidar a las personas y prevenir los feminicidios, además de impulsar el uso de energías limpias y mejorar la tecnología del gobierno.

"Defensa del derecho a la educación pública de calidad, asignación del seis por ciento del presupuesto nacional, retomando el camino de fiscalización del licenciamiento desde la SUNEDU".

Córdova también manifestó que en educación se busca pagar la deuda a los maestros, aplicar la educación con igualdad de género y potenciar los colegios bilingües. Respecto del sector salud, el documento plantea implementar un sistema universal con atención efectiva que combata el monopolio para garantizar la distribución continua de medicamentos esenciales y priorizar la reducción sostenida de la anemia.

En el ámbito ambiental y social, el compromiso propone el desarrollo equitativo mediante la economía circular, con protección efectiva de los ecosistemas estratégicos, las semillas nativas y las fuentes de agua, sin ingreso de transgénicos. La acción más urgente señalada en este sector es la derogación de la ley antiforestal.

Sánchez cataloga el compromiso como un “pacto de vida”

En esa línea, el candidato Roberto Sánchez tomó la palabra y criticó el control que los grupos tradicionales ejercen sobre las instituciones públicas.

"El sentimiento del pueblo solo expresó el rechazo a su voluntad democrática del voto constitucional. Intentaron nuevamente decir que su voto no vale, no sirve", reclamó Sánchez.

El candidato insistió en la necesidad de consolidar una coalición con las fuerzas patrióticas y los movimientos ambientalistas, laborales y de comunidades originarias.

"La única forma de lograr cohesión y movimiento popular, democracia participativa, es volver a recuperar el derecho al referéndum y empezar a plantear democráticamente los nuevos caminos", señaló.

Sánchez concluyó que la firma del “Compromiso por el Perú” constituye un "pacto de vida" para gobernar de manera descentralizada y cumplir con las reformas exigidas por la ciudadanía.

Al evento asistieron representantes de más de 15 colectivos que suscribieron el acuerdo. Entre ellos se encontraban agrupaciones como la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, el Colectivo No a Keiko, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación Campesina del Perú, estudiantes y egresados de la PUCP, la Asociación de Fonavistas del Perú, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú y el Frente de Defensa del Agua y la Vida.

Ese día Rupay terminó de convencerse de llevar a la empresa Volcan a los tribunales. El jueves 28 de mayo de este año, la Municipalidad Provincial de Pasco presentó una demanda de amparo contra Volcan Compañía Minera y otras firmas del mismo grupo empresarial: Empresa Minera Paragsha, Empresa Administradora Cerro y Óxidos de Pasco.

La demanda busca que el Poder Judicial reconozca la afectación de derechos fundamentales como la salud, la vida, la integridad personal y la alimentación de la población de Cerro de Pasco. También solicita reparación del daño ambiental, recuperación de fuentes de agua y suelos contaminados, garantías de no repetición y atención médica especializada para personas intoxicadas por metales pesados.

La demanda ingresó en el Primer Juzgado Constitucional de Lima y contiene 1.170 folios.

Cerro de Pasco no está cerca de la mina: la mina está dentro de la ciudad. El tajo abierto Raúl Rojas parte el territorio urbano y convive con viviendas, vías, colegios, comercios y barrios completos. Desde el aire, la ciudad aparece construida alrededor de un cráter.

UNA INFANCIA ENTRE DESMONTES

Carlos Anthony Oscátegui tenía 5 años en 1999, cuando la minera Volcan empezó a explotar Cerro de Pasco. Hoy, 27 años después, Oscátegui forma parte de la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas (PLANAMETOX). Pero antes fue un niño que creció entre desmontes mineros en el distrito de Simón Bolívar.

En sus horas libres, Oscátegui jugaba con amigos al aire libre. Armaban columpios con botellas recicladas. Pero el paisaje que rodeaba su casa no era verde. “Siempre recuerdo que los cerros eran de minerales. No había cerros verdes en Pasco ni alrededor de donde vivo”, explica a La República.

Oscátegui dice que, con los años, la afectación se extendió al agua y a los suelos. En su comunidad, las familias aprendieron a tratar el agua de forma casera: con telas, recipientes, filtros entregados por organizaciones y gotas de cloro para mejorar su apariencia.

“Al menos la coloración es engañosa, pero seguimos siendo contaminados”, señala.

También recuerda casos de personas enfermas que conoció de cerca. Menciona a Esmeralda, a Zoe y a otros niños afectados. “Hoy simplemente quedan en el olvido, porque caminas y ya son recuerdos. Ya ni siquiera están vivas”, dice, con cierto aire de resignación.

Así narra la muerte de su madre. Hace dos años la mató un cáncer en la sangre. No afirma tener una certeza médica individual sobre la causa, pero sostiene que, a la luz de los reportes ambientales y de salud conocidos en Pasco, muchas familias sospechan que sus enfermedades no pueden explicarse al margen de la exposición a contaminantes.

“El simple hecho de vivir en Pasco ya nos contamina”, afirma.

EL PROBLEMA ERA CONOCIDO

Para el exregidor de Simón Bolívar y actual subdirector del Centro de Cultura Popular Labor, Jaime Silva Ponce, el reconocimiento científico del problema ambiental en Cerro de Pasco, capital de la región, se remonta a 1996.

Ese año, según recuerda, una directiva del barrio obrero de Miraflores, en el distrito de Simón Bolívar, impulsó una evaluación médica con toma de muestras de sangre a pobladores de la zona. Los resultados manifestaron altos niveles de plomo en niños. “Un promedio de 35 o 40 microgramos de plomo en la sangre”, indica.

Desde entonces se han aplicado más de 14 estudios médicos y científicos realizados por instituciones nacionales e internacionales. Entre ellas menciona a la Universidad de Pisa y a Source International, organizaciones italianas que desde hace 18 años acompañan investigaciones ambientales en la zona.

Según Silva, esos estudios incluyeron análisis ambientales, toma de muestras de sangre y cabello, y evaluaciones en laboratorios acreditados de Europa.

“Las evaluaciones han demostrado que la población del distrito de Simón Bolívar, por no decir todo Cerro de Pasco, está altamente contaminada, no con un solo metal, sino con hasta más de diez metales tóxicos”, sostiene.

Los análisis encontraron metales como aluminio, cadmio, manganeso, cromo, níquel, plomo y mercurio.

De acuerdo con Jaime Silva Ponce, los controles oficiales se han concentrado principalmente en el plomo y, en algunos casos, cadmio y mercurio, mientras los estudios internacionales han permitido evaluar un número mayor de elementos tóxicos.

“No tenemos un laboratorio toxicológico que pueda evaluar más de diez metales. En Censopas (Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud) toda la vida evalúan plomo. A exigencia te evalúan cadmio y mercurio”, asegura Silva.

La respuesta estatal ha sido insuficiente. La Ley N.° 31189, orientada a fortalecer la prevención, mitigación y atención de personas afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas, no alcanza para niños y familias expuestas durante años.

El reclamo central es que no basta con registrar o monitorear. Se requiere atención médica especializada, seguimiento clínico, laboratorios adecuados, diagnóstico ambiental y un plan de remediación.

LA CIUDAD Y EL TAJO

El alcalde Julio Rupay sostiene que Cerro de Pasco ha cargado durante décadas con los costos sociales y ambientales de la minería. Recuerda que, en el pasado, la operación minera movilizaba a miles de trabajadores locales. Pero, con el tiempo, se redujo el empleo directo, se tercerizaron actividades y la dinámica económica dejó de beneficiar a la ciudad.

“No hay economía circular. Volcan trae a sus trabajadores de fuera, que se quedan en sus campamentos por 14 días, prácticamente internados”, explica.

Según el alcalde, la expansión del tajo abierto transformó la vida urbana. La operación minera adquirió más de 500 propiedades alrededor, dejando viviendas abandonadas, techos deteriorados y sectores enteros en ruinas.

“La ciudad de Cerro de Pasco virtualmente se ha convertido en un territorio en el que parece que un huracán hubiera pasado”, sostiene.

El burgomaestre Rupay arguye que la demanda no busca frenar la inversión minera, sino exigir responsabilidad ambiental y sanitaria. “Yo no soy antiminero”, aclara. “Soy partidario de la inversión pública y privada. Pero exigimos que asuman su responsabilidad social conforme a las normas”.

Rupay insiste en que el problema no puede reducirse a mesas técnicas. Según señala, desde 1999 se han realizado espacios de diálogo con el Consejo de Ministros en distintos gobiernos, con compromisos que no han resuelto la situación de fondo. Recuerda que un ministro de Salud le dijo: “Para esos niños contaminados no hay cura”.

El objetivo de la Municipalidad Provincial de Pasco ahora es que el Poder Judicial ordene medidas concretas. Entre ellas, un diagnóstico integral de salud para la población, tamizaje generalizado de niños, seguimiento médico especializado y reparación ambiental en las zonas afectadas.

Su lucha no ha sido sencilla. Ha enfrentado denuncias vinculadas a intentos municipales de recuperar espacios públicos relacionados con predios abandonados alrededor del tajo. Según su versión, estos procesos han sido archivados hasta en cuatro oportunidades.

Pero hay uno que sí está en curso y es por discriminación. En uno de sus encuentros con representantes de Volcan, el abogado Luis Alberto Montoya lo llamó “serrano de mierda”, según relató Rupay. El caso, cuenta, está en la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad en Huánuco.

LA VÍA JUDICIAL

La abogada mexicana Itzel Silva, directora legal de la oficina para Latinoamérica de EarthRights International (ERI), acompaña legalmente la demanda contra el grupo Volcan. Explica que el proceso busca ir más allá de los procedimientos administrativos que suelen terminar, en el mejor de los casos, en multas.

“Ha habido otros procesos legales abiertos por el asunto de contaminación en Cerro de Pasco, pero no se había interpuesto una acción de este tipo”, manifiesta.

Itzel Silva indica que los procedimientos administrativos sancionadores que pueden abrir entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin) o la Autoridad Nacional del Agua (ANA) suelen enfocarse en sanciones económicas. Pero, a su juicio, eso no ha significado medidas estructurales de reparación a favor de las víctimas.

“Lo que hemos observado en este y otros casos es que ni siquiera los órganos del Estado aplican medidas para corregir la situación. En el caso de Cerro de Pasco no ha ocurrido”, sostiene.

La demanda requiere al Poder Judicial que reconozca que Volcan vulnera derechos humanos y que ordene medidas concretas de reparación y no repetición. Pero Itzel Silva reconoce que los casos judiciales en Perú pueden demorar años: “No sabemos cuándo habrá una resolución judicial efectiva, pero esperamos que le den celeridad. Sabemos de la carga procesal”, expresa.

Silva precisa que la demanda plantea medidas como la limpieza de lagunas y de los ríos Ragra y Tingo, la elaboración de un plan de acción, un diagnóstico ambiental, un diagnóstico de salud y medidas posteriores con participación de la municipalidad, especialistas y población de Cerro de Pasco.

Para EarthRights International, el caso también plantea una discusión sobre el modelo extractivo y la forma en que las empresas presentan su aporte económico frente a territorios que siguen viviendo con pobreza, enfermedad y daño ambiental.

“Las empresas dicen: damos empleo, damos desarrollo. Desarrollo según quién, desarrollo para quién. Basta ir a Cerro de Pasco y ver cuál es el desarrollo. Más bien hay pobreza”, cuestiona Itzel Silva.

EL REINO DE LA CONTAMINACIÓN

El fundador y director de Source International, Flaviano Bianchini, ha investigado durante 18 años la contaminación en Cerro de Pasco. Su diagnóstico es severo: considera que se trata de uno de los lugares más contaminados que ha visitado en más de dos décadas de trabajo ambiental.

“La contaminación afecta a todos los medios: el agua de los ríos, el suelo, el aire, el polvo y la comida”, expresa.

Los estudios de Source International indican que los menores evaluados presentaban niveles de plomo varias veces superiores a los límites considerados aceptables, además de exposición a otros metales. “Nunca hemos encontrado un niño que no tenga por lo menos cuatro veces más del límite de plomo en su organismo”, señala.

Otro dato relevante es que a más del 80% de los niños bajo estudio se le detectó alguna afectación de salud correlacionable con factores ambientales. Entre estos se cuentan problemas en la piel, ojos, estómago, trastornos neurológicos, alteraciones del comportamiento y otros signos compatibles con exposición prolongada a metales.

También advierte sobre enfermedades más graves, incluidas malformaciones congénitas y cánceres. Según su evaluación, la afectación alcanza ríos, lagunas, suelos, aire, polvo, carne de animales, peces y otros componentes del ecosistema.

“Para mí, Cerro de Pasco es el peor lugar en el que he estado”, afirma. “Hay lugares donde el aire está muy contaminado, pero el agua está medio bien. Hay lugares donde el suelo está contaminado, pero el agua no. Ahí es todo: agua, suelo, aire, polvo”.

Bianchini sentencia que “ahora mismo es un lugar invivible”, pero señala que no es una batalla perdida: “Hay tecnología, hay esperanza, pero hay que aplicarla. Y la tiene que pagar quien se ha beneficiado y quien ha contaminado”, afirma.

El director de Source International menciona Quiulacocha, cuyo nombre en español se traduce como “laguna de las gaviotas”. Es un lugar en el que alguna vez hubo peces y que hoy es un depósito de relaves mineros. Señala que su nivel de toxicidad hace que quien consuma el agua pueda poner en riesgo su vida.

También se menciona la cuenca del río San Juan, donde se han reportado niveles elevados de manganeso, plomo y aluminio. A ello se suman referencias a los ríos Ragra y Tingo, cuya limpieza aparece entre las medidas planteadas en la demanda de amparo, según EarthRights International.

LA DISPUTA CONTRA EL GRUPO VOLCAN

La demanda de amparo no está dirigida contra el Estado, sino contra Volcan Compañía Minera, una empresa que reporta utilidades anuales de cientos de millones de dólares y que hoy tiene como accionista mayoritario al grupo argentino Integra Capital.

“No sabemos si en Argentina conocen con detalle lo que está pasando en Cerro de Pasco. Sería importante que vinieran y vean que hay afectaciones a los derechos humanos. Eso es lo que se está reclamando”, dice Itzel Silva.

La contaminación alcanza sectores de los distritos de Simón Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca. La demanda busca que el Poder Judicial ordene medidas de reparación sobre fuentes de agua y suelos contaminados, así como un diagnóstico exhaustivo de salud para la población cerreña.

El alcalde Julio Rupay argumenta que la influencia de las empresas mineras también alcanza la política local. Afirma que en Pasco existe preocupación por el financiamiento de campañas y el respaldo a candidaturas afines a intereses empresariales.

“Siempre las mineras promueven candidaturas para que defiendan sus intereses”, señala.

Por ello, afirma que no tiene intereses electorales y que busca que los candidatos a sucederlo en la Municipalidad Provincial de Pasco, en las elecciones municipales de este año, firmen compromisos para continuar la defensa ambiental y sanitaria de la población.

La demanda, insiste, no es una posición contra la minería. Es un intento por obligar a que la actividad minera responda por los daños que la población atribuye a décadas de exposición ambiental.

También apunta al Congreso. Según Rupay, ninguno de los dos representantes de Pasco —Nelcy Heidinger Ballesteros (Alianza para el Progreso) y Pasión Dávila Atanacio (Bloque Magisterial de Concertación Nacional)— ha mostrado interés suficiente por el tema en un Parlamento que, en los últimos años, ha dado señales de defensa a grandes sectores económicos, como el minero, pesquero y agrario, mediante exoneraciones tributarias o reducción de multas por contaminación ambiental.

La República intentó obtener la versión de Volcan Compañía Minera sobre la demanda de amparo presentada por la Municipalidad Provincial de Pasco. La empresa respondió que ha tomado conocimiento de la información a través de los medios, pero que aún no ha sido notificada oficialmente.

“En ese sentido, aún no estaremos realizando un pronunciamiento”, indicó la compañía.

Ahora, con la demanda de amparo, la Municipalidad Provincial de Pasco busca que esa responsabilidad sea discutida en sede judicial.

La agrupación señaló que su apoyo se sustenta en la búsqueda de un gobierno con “visión de Estado que respete la vida, fortalezca las instituciones y garantice la seguridad de todos los peruanos”. Además, el pronunciamiento reafirmó su defensa de la estabilidad económica, la democracia y el respeto a la propiedad privada.

Asimismo, la organización indicó que no respaldará “ninguna propuesta que genere incertidumbre, confrontación, desconfianza o ponga en riesgo el modelo de desarrollo que ha contribuido al crecimiento del país”.

Avanza País se ubicó en el puesto 28 de 36 en las elecciones presidenciales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó el viernes 15 de mayo de 2026 que concluyó el procesamiento del 100% de las actas de votación correspondientes a las Elecciones Presidenciales 2026.

Los resultados, disponibles en la plataforma oficial de 'Presentación de Resultados', muestran que la fórmula presidencial de Avanza País, encabezada por José Williams Zapata, obtuvo 32.585 votos válidos, equivalente al 0,195% del total emitido.

Con esta cifra, la agrupación política se ubicó en el puesto 28 entre las 36 organizaciones que participaron en las recientes elecciones presidenciales.

Última encuesta del IEP

De acuerdo con la última encuesta del IEP para La República, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan altos niveles de antivoto. Un 37% de los encuestados afirma que no votaría por la lideresa de Fuerza Popular, mientras que en el caso de Sánchez la cifra alcanza el 40%.

En comparación con las elecciones de 2021, el rechazo hacia Fujimori se redujo en 13 puntos porcentuales, ya que entonces registraba un 50%. En tanto, si se toma como referencia el antivoto de Pedro Castillo en 2021 (34%), Roberto Sánchez presenta tres puntos porcentuales más de rechazo que el expresidente.

Asimismo, un 12% de los encuestados afirma que no votaría por ninguno de los dos candidatos, mientras que un 11% no precisa o no opina.

Solano asumirá el puesto por un periodo breve, de un poco más de ocho semanas, hasta la culminación del mandato de Balcázar, prevista para el 28 de julio de 2026, cuando asuma el presidente electo de las Elecciones Generales 2026.

El nuevo ministro de Trabajo ocupará la jefatura del MTPE tras la renuncia de Óscar Fausto Fernández Cáceres, aceptada por el Poder Ejecutivo. Los motivos de su dimisión aún se desconocen.

Nuevo ministro de Trabajo: cambio se conoció durante la juramentación oficial

La designación tomó por sorpresa a diversos sectores debido a su inmediatez, al concretarse sin anuncio previo ni convocatoria a la prensa.

Hasta instantes previos a la juramentación no se habían difundido indicios públicos sobre la salida de Fernández, por lo que el relevo en el Ministerio de Trabajo se hizo público recién durante la ceremonia oficial encabezada por Balcázar.

Freddy Solano: ¿quién es el nuevo ministro de Trabajo?

Freddy Solano González es un abogado peruano egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, con una maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

Antes de asumir la titularidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se desempeñó como presidente ejecutivo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), organismo adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), desde el 10 de abril de 2026. Previamente, en la misma entidad, ocupó el puesto de gerente desde el 10 de marzo del mismo año.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos en el sector público. Entre ellos, la presidencia del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y la dirección ejecutiva del Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). También estuvo a cargo de la dirección de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).

Un cargo destacado fue el que asumió el 8 de octubre de 2023, cuando fue designado superintendente de la Sunafil. Desde esa posición impulsó un enfoque orientado a combinar la fiscalización laboral con acciones de orientación y acompañamiento a empresas y emprendedores.

En Amazonas, Ucayali, Loreto o Madre de Dios, los comuneros insisten en que grupos armados controlan muchos territorios donde existen minas ilegales y, en muchos casos, "utilizan como escudos humanos a gentes humildes e indefensas".

Esta semana, el Colectivo PAS participó, junto a otras nueve asociaciones, en el foro Perú Democrático: Responsabilidad Común, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, para abordar problemas urgentes del país que el próximo gobierno deberá atender.

Karina Garay, exfiscal ambiental de Madre de Dios y miembro del Observatorio de Minería Ilegal, en representación del colectivo que surgió como respuesta a la ola de crímenes financiados por la minería ilegal en el Perú, presentó 10 propuestas contra esa actividad ilícita ante los nuevos senadores para sus primeros 100 días de gobierno.

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La especialista considera que es fundamental "el cierre definitivo del Reinfo, ese registro que ha permitido que mineros estén en la impunidad, es decir, que no sean sancionados; por lo tanto, se requiere un marco normativo que también pueda exigir el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, laborales, sociales y de salud".

Y agrega: "Es importante que se controlen los insumos que dan origen a la actividad minera, ya que si esta materia prima es debidamente fiscalizada no será desviada hacia la minería ilegal".

Otro punto que sería clave para enfrentar ese flagelo es que "se fortalezcan los comandos especiales que operan contra esta actividad ilícita en los lugares más dañados por esta actividad, ya sea el Amazonas, Loreto, Madre de Dios, incluso Pataz".

Para Garay, las próximas autoridades deberán asumir su responsabilidad y actuar con firmeza contra la minería ilegal.

De acuerdo con el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), esta actividad es considerada la principal economía ilícita en Perú, desplazando al narcotráfico y generando pérdidas millonarias para el país.

Está estrechamente vinculada a redes de crimen organizado, lavado de activos, tráfico de insumos químicos, maquinaria y explosivos, corrupción, trata de personas, sicariato y graves consecuencias socioambientales.

ES LA PRINCIPAL AMENAZA

Expertos del OMI sostienen que la minería ilegal es la principal amenaza para los esfuerzos de desarrollo, conservación, gobernabilidad y soberanía en el Perú y, por eso, es fundamental combatirla.

La lucha contra la minería ilegal permite debilitar y contrarrestar sus impactos, que ocasionan severos daños ambientales, sociales y económicos. Sin embargo, esta lucha solo puede ser efectiva si se articula con un proceso veraz y multisectorial.

Lo mismo se puede decir de la minería informal, que se ha convertido en un comodín de la ilegalidad. Por otro lado, la formalización de la minería informal constituye una herramienta clave para incorporar a los pequeños mineros y mineros artesanales a la formalidad, garantizando el cumplimiento de normas ambientales, laborales y tributarias, pero la realidad es muy distinta.

Mecanismos como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) han desnaturalizado el proceso por sus excesivas prórrogas, convirtiéndose en un beneficio para la impunidad y la flexibilidad para extraer y comerciar minerales sin respetar las normas ambientales, laborales y de salud.

Ante ello, en el contexto de la segunda vuelta del proceso electoral, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) revisó los planes de gobierno de los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú para el periodo 2026-2031, en lo referido a la formalización minera y a la lucha contra la minería ilegal.

Entre los principales hallazgos se concluye que el reto central del próximo gobierno no es prolongar regímenes transitorios de formalización, o crear otro mecanismo de formalización cambiando el nombre al actual Reinfo, sino recuperar la capacidad estatal de gobernanza sobre toda la cadena de valor del oro, desde la extracción hasta la exportación.

PUEDES VER: Pataz: Cómo ingresan armamentos de guerra, municiones y explosivos para mineros ilegales

Asimismo, implica sincerar y separar el sistema. Es decir, distinguir a los verdaderos pequeños mineros de aquellos medianos o grandes que utilizan este régimen excepcional para evadir el control del Estado y obtener máximos beneficios.

ESTAS SON LAS PRIORIDADES

En ese sentido, el OMI plantea 10 propuestas prioritarias para los primeros 100 días de gobierno, orientadas a recuperar la capacidad de control del Estado, fortalecer la lucha contra la minería ilegal y avanzar hacia un proceso de formalización efectivo, entre otros objetivos.

-Cerrar definitivamente el Reinfo, no promover su ampliación. Dentro de los 100 primeros días se deberá diseñar un nuevo régimen MAPE: temporal, con metas verificables, trazabilidad obligatoria, estándares ambientales mínimos y salida automática por incumplimiento. Esto para aquellos que mantienen vigente el proceso de formalización actual; para otros casos deberá atenderse vía proceso ordinario, es decir, primero cumple la ley, luego opera. Para esto, además, se debe eliminar la impunidad, como ha ordenado el Tribunal Constitucional de acuerdo con el numeral 5.

-Elaborar y remitir propuesta dentro de los 100 primeros días para que el Ejecutivo tome control de las Plantas de Beneficio y estas no sean consideradas pequeña minería. El gobierno, en general, no las ha controlado y menos ha fiscalizado la cantidad de insumos que utilizan y su capacidad de producción. Para ello, se deberá realizar un monitoreo digital de producción, declaración de insumos, fiscalización tributaria y ambiental, y trazabilidad del mineral recibido.

-Asignación extraordinaria de recursos públicos para la lucha contra la minería ilegal al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra. Es increíble que el programa presupuestal 0128 "Reducción de la minería ilegal" asigne cero soles al Ministerio Público; eso evidencia o ignorancia o corrupción para que no haya operativos de interdicción de la minería ilegal, con presencia del principal actor, que es el Ministerio Público.

-Aplicar el principio de responsabilidad de manera inmediata desde el Poder Ejecutivo. Todo aquel causante de un daño al ambiente debe asumir la responsabilidad y los costos de reparación del daño causado. Los mineros que declaren ubicación y se identifique que vienen operando en una determinada zona serán responsables penales, administrativos y civiles de toda la afectación en la zona. Para esto, solo corresponde aplicar la ley y el principio de responsabilidad ambiental.

-Proceder a remitir dentro de los 100 primeros días, al Congreso de la República, una propuesta que elimine la exención de responsabilidad penal, civil y administrativa de los mineros inscritos en el Reinfo, tal como ha ordenado en abril del 2025 el Tribunal Constitucional, sentencia que, pese a su obligatoriedad, no viene siendo cumplida por los poderes públicos.

-Implementar de manera urgente y prioritaria en la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas medidas de lucha contra la corrupción y el ISO antisoborno. Se ha evidenciado, lamentablemente, el mal funcionamiento y denuncias no atendidas de corrupción dentro del sector Minería. Presentar al Congreso de la República una iniciativa legislativa que promueva la eliminación progresiva del uso de mercurio y fomente el uso de tecnologías limpias.

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-Debiendo proponer al 2030 la eliminación y prohibición total. Por otro lado, corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente, aprobar el Plan de Acción Nacional sobre mercurio en la minería de pequeña escala, que busca reducir y eliminar el uso de mercurio en línea con el Convenio de Minamata, deuda pendiente del Estado peruano.

-El Poder Ejecutivo (PE), a través del Minem, debe emprender el funcionamiento y puesta en operaciones del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), convertirlo en plataforma obligatoria interoperable para trazabilidad de insumos, trazabilidad del mineral, monitoreo ambiental, control tributario y verificación de producción. Este sistema facilitará la transparencia y así evitará la impunidad y la corrupción, pendiente de implementar por el Ejecutivo desde 2024.

-El PE debe ejercer su rol de gobierno nacional, unitario, y asumir la formalización minera, para lo cual debe utilizar las herramientas legales para que los gobiernos regionales transfieran de manera inmediata el acervo documentario de los expedientes de mineros en proceso de formalización, situación que lamentablemente no ha sucedido pese al mandato de diversas leyes.

-El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, debe aprobar dentro de los 100 primeros días un decreto supremo que prohíba el otorgamiento de concesiones mineras en cualquier río amazónico, situación que se viene dando en los últimos años, y, pese a que la actividad minera está prohibida sobre los cuerpos de agua, y una "concesión no da derecho a explotarla", se ha convertido en un mecanismo constante para operar en la impunidad y aduciendo derechos sobre estos espacios.

Caen 4 colombianos y un peruano

 Entre tanto, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto – Nauta viene investigando cinco personas, cuatro de ellos colombianos, detenidos durante un operativo interinstitucional ejecutado en la cuenca del río Tigre, cerca de la localidad de Intuto, distrito de Tigre, por el presunto delito de minería ilegal agravada en agravio del Estado.

Ellos fueron sorprendidos realizando actividades de extracción minera en la zona.

Durante las operaciones se destruyeron tres dragas artesanales tipo ‘gringa’, valorizadas en unos 890 mil soles, utilizadas para la extracción ilegal de minerales.

La acción fue ejecutada por la Unidad de Control Fluvial 289 ‘Río Amazonas’ del Distrito de Capitanías 5 de la Marina de Guerra del Perú en coordinación con la Fiscalía Ambiental de Nauta.

Un 37% de encuestados señaló que no votaría definitivamente por Fujimori. En el caso de Sánchez, esta percepción llega al 40%. Comparado con la elección pasada, el rechazo a la candidata de Fuerza Popular bajó 13 puntos porcentuales.

Tomando en cuenta el antivoto que tuvo Pedro Castillo en el 2021, Roberto Sánchez registra 3% más de rechazo que el expresidente.

Asimismo, un 12% asegura que no votará por ninguno de los dos candidatos (en 2021, con Perú Libre y Fuerza Popular, la cifra fue de 7%) y un 11% no sabe/no opina.

A nivel de macrozonas, el antivoto a Sánchez se concentra en Lima Metropolitana (56%) y, en menor medida, en el Norte (46%), Sur (33%), Centro y Oriente (37%).

En el fujimorismo, la situación es completamente distinta. La candidata de Fuerza Popular registra su mayor antivoto en el Oriente (49%), Centro (46%), Sur (43%) y Norte (37%). En Lima Metropolitana, su rechazo es de 28%.

La encuesta también evalúa el comportamiento en Lima y en las otras regiones. El antivoto de Sánchez, si solo se considera Lima Metropolitana, es de 56%; y si se toma en cuenta al Perú sin Lima, baja a 32%.

Por su parte, la negativa a la candidatura de Fujimori, si se valora únicamente Lima Metropolitana, es de 28%, pero si se examina el resto del Perú, su rechazo llega al 42%.

Percepción sobre fraude

Los encuestados también fueron consultados por su percepción de la primera vuelta. Un 45% considera que hubo fraude, mientras que 32% cree que existieron irregularidades que afectaron los resultados oficiales.

Por el contrario, 11% cree que hubo irregularidades, pero que no afectaron los resultados, y un 6% considera que todo estuvo conforme y no existió fraude alguno.

En un análisis segmentado, en Lima Metropolitana y en el Perú rural, 47% asegura que hubo fraude, mientras que en el Perú urbano la cifra baja apenas a 42%. A nivel educativo, el 48% con educación básica considera que existió fraude.

Indulto a Pedro Castillo

Un tema recurrente en la segunda vuelta de la elección presidencial fue el posible indulto del exmandatario Pedro Castillo, condenado por intento de rebelión.

Desde Juntos por el Perú, esta es una de sus principales propuestas de campaña, que incluso generó que el gobierno de José María Balcázar se refiriera al respecto.

'Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos investigados', declaró este miércoles a la prensa. Según su postura, de esta forma se podría acabar con las 'peleas políticas'.

La encuesta de IEP preguntó por la opinión sobre un eventual indulto de Castillo. Un 48% está en desacuerdo con esta decisión, un 34% lo avala y 18% no sabe/no opina.

Cabe precisar que en Lima Metropolitana, el 65% rechaza este indulto, mientras que en Oriente un 44% está a favor. Esta cifra es similar a la de quienes están en contra en el Norte (42%), Centro (44%) y Sur (44%).

Finalmente, en lo que respecta a la identificación ideológica, el 60% de los encuestados que se consideran de izquierda respaldan una eventual salida de Castillo y el 66% de quienes se identifican con la derecha está en contra.

¿Cuándo será el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se llevará a cabo el domingo 31 de mayo desde las 8.00 p. m. Según informó el JNE, el evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

Para esta jornada, el JNE estableció cuatro bloques temáticos que serán desarrollados por ambos aspirantes presidenciales. Los temas comprenden seguridad ciudadana, democracia y derechos humanos, educación y salud, además de economía, empleo y reducción de la pobreza.

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Cada bloque comenzará con preguntas planteadas por ciudadanos y escogidas previamente por la organización del debate. Luego de ello, los candidatos tendrán un tiempo determinado para responder, debatir y sustentar sus propuestas. Asimismo, se utilizará el mecanismo denominado 'bolsón de tiempo', mediante el cual podrán administrar los minutos asignados durante sus participaciones.

Se estima que el debate presidencial durará aproximadamente una hora con 40 minutos. Al cierre del evento, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez dispondrán de dos minutos finales para enviar un mensaje a la ciudadanía.

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¿Dónde ver el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial organizado por el JNE será transmitido por señal abierta y plataformas digitales. La cobertura estará a cargo de TV Perú y también podrá seguirse mediante las redes sociales oficiales del organismo electoral, permitiendo que los ciudadanos accedan desde celulares, computadoras o tabletas.

Además, podrás seguir el minuto a minuto en las transmisiones en vivo de La República por su canal de YouTube y su página web.

El encuentro posiblemente sea el último cara a cara entre ambos candidatos antes de la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio.

Según explicaron las organizadoras, el evento ya contaba con una aprobación previa. Entre las invitadas confirmadas, estaba la exministra Marisol Pérez Tello, la periodista Clara Elvira Ospina, la profesora universitaria española Natalia Manso y la líder del colectivo, Inés Agresott.

Sin embargo, los problemas comenzaron cuando se decidió incluir en el panel de conversación a la virtual senadora Ruth Luque Ibarra.

A partir de ese momento, funcionarios del LUM y del Ministerio de Cultura empezaron a poner trabas y exigieron la entrega del borrador completo del libro para someterlo a una evaluación interna.

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Ante la falta de respuestas finales por parte de la institución, el colectivo denunció que "el silencio administrativo terminó funcionando como mecanismo de veto".

Asimismo, calificaron el hecho como un acto discriminatorio y político "Denunciamos que esta censura tiene una motivación política, pero también profundamente xenófoba, racista y misógina".

El gremio también lamentó que este tipo de exclusiones ocurran en un espacio público que fue creado justamente para defender los derechos humanos.

En diálogo con La República, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), cuestionó la decisión del Estado y advirtió que vetar la historia de mujeres migrantes que sufren maltrato “envía una señal de intolerancia frente a las voces críticas”.

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La activista señaló que, cuando una institución pública limita las expresiones que exigen el respeto de los derechos humanos, el género y la migración, se corre el riesgo de reforzar un escenario en el que ciertas poblaciones sienten que sus experiencias no merecen ser escuchadas.

“Silenciar sus testimonios reproduce justamente las desigualdades que espacios como el LUM deberían ayudar a cuestionar y transformar”, declaró.

Al ser consultada sobre si existe un control político o un retroceso por parte del Gobierno al decidir qué memorias se pueden contar, Pariona respondió que la cultura no debe responder a presiones.

“La memoria en una sociedad democrática no debería estar sujeta a una lógica de control político o ideológico. Cuando el Estado o instituciones bajo presión política definen qué historias son ‘aceptables’ y cuáles deben ser excluidas, se debilita el principio de pluralidad”.

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Con relación al rol del Ministerio de Cultura en este caso, la secretaria de la CNDDHH mostró su preocupación por el silencio de la institución ante eventos anteriores que también fueron censurados. “Lo que preocupa es que se convierta en un patrón de restricciones crecientes a espacios culturales”.

En esa misma línea, advirtió que bloquear estas actividades de forma arbitraria perjudica las iniciativas de diversos colectivos. “Muchas organizaciones civiles, especialmente colectivos feministas, indígenas, migrantes o de derechos humanos, trabajan con recursos limitados y sostienen sus acciones gracias al esfuerzo militante y comunitario”.

Asimismo, la especialista concluyó que el mensaje oculto detrás de estos bloqueos es que ciertos temas "incomodan" a las autoridades. Y explicó que las organizaciones, artistas y activistas pueden desistir de usar los espacios públicos estatales para evitar ser censurados nuevamente.

De qué trata el libro

El libro contiene imágenes y testimonios que resumen 10 años de esfuerzo del colectivo desde el 2015 hasta la actualidad.

En el libro se abordan las historias de vida de extranjeras, muchas de ellas esposas, mamás y abuelas de peruanos, que sufrieron maltratos, discriminación por su nacionalidad, racismo y el abandono de las autoridades.

El libro muestra cómo estas mujeres decidieron unirse para protegerse, exigir respeto a sus derechos y salir adelante en el Perú.

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Rechazo político y cambio de local

Por su parte, la congresista Ruth Luque expresó su indignación a través de sus redes sociales. La virtual senadora respaldó a las mujeres afectadas y criticando la doble moral de la institución, argumentando que el pasado 19 de mayo el LUM sí prestó sus instalaciones para un evento con parlamentarios de otras bancadas.

"Resulta especialmente grave en un espacio que debe garantizar la pluralidad, la memoria y la libertad de expresión. No podemos normalizar prácticas de veto o censura en instituciones públicas", dijo Luque por medio de su cuenta de X.

Debido a este incidente, la organización se vio obligada a buscar un nuevo escenario para que se difundan los testimonios de las mujeres violentadas.

El evento se realizará el miércoles 3 de junio a las 6:30 p.m., en el Centro Cultural Cayetano Heredia ubicado en el distrito de Miraflores.

A través de una resolución oficial, el ministerio informó el cambio de mando y nombró de manera interina a Sonia Valentina Molina Gonzáles, funcionaria que asumirá la dirección del museo de manera temporal a partir de este viernes 29 de mayo de 2026.

Censura del libro

El problema comenzó cuando el Colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas acusó al Ministerio de Cultura de vetar arbitrariamente la presentación de su libro 'Mujeres Migrantes Maltratadas – Perú. Diez años de presencia y lucha', programado para el miércoles 3 de junio en el auditorio del LUM.

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Según las organizadoras, el evento ya tenía los permisos aprobados y contaba con invitadas confirmadas como la exministra Marisol Pérez Tello y la periodista Clara Elvira Ospina. Sin embargo, los problemas empezaron cuando se anunció que en el panel también participaría la virtual senadora Ruth Luque Ibarra.

A partir de ese momento, los funcionarios del LUM exigieron copias completas del texto para una evaluación interna. Y, al no recibir respuestas finales, el colectivo denunció que se usó el silencio burocrático como un mecanismo de veto "político, xenófobo, racista y misógino".

El rechazo de los defensores de derechos humanos

En diálogo con La República, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), criticó la censura del escrito.

La activista advirtió que prohibir este tipo de libros manda un mensaje de intolerancia y hace que las víctimas sientan que sus historias no merecen ser escuchadas por el Estado.

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Al ser consultada sobre si existía un control político para decidir qué historias se pueden contar, Pariona indicó que “la memoria en una sociedad democrática no debería estar sujeta a una lógica de control político o ideológico”.

Además, la representante de la CNDDHH explicó que este tipo de obstáculos perjudica a los colectivos de mujeres, indígenas y migrantes que trabajan con recursos muy limitados.

“Muchas organizaciones civiles, especialmente colectivos feministas, indígenas, migrantes o de derechos humanos, trabajan con recursos limitados y sostienen sus acciones gracias al esfuerzo militante y comunitario”, explicó Pariona.

Asimismo, mencionó que el miedo a sufrir consecuencias institucionales provoca que artistas y activistas dejen de usar los espacios públicos del Estado para evitar ser rechazados.

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Marisol Pérez Tello rechaza censura

Por medio de sus redes sociales, la exministra de Justicia, quien había sido invitada a la presentación, señaló que el LUM estaba siendo tomado.

Además, cuestionó que se haya suspendido la presentación del libro en el LUM, al ser este museo un lugar para recordar la historia. “La memoria no se destruye y no debe usarse para excluir. Una pena”, señaló.

De igual forma, invitó a las personas a participar del evento, ya que la presentación sí se realizará, pero en otro espacio.

Cambio de local

Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque usó sus redes sociales para respaldar a las mujeres afectadas y criticar lo sucedido.

“Resulta especialmente grave en un espacio que debe garantizar la pluralidad, la memoria y la libertad de expresión. No podemos normalizar prácticas de veto o censura en instituciones públicas", protestó Luque a través de su cuenta de X.

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Debido al incidente, el colectivo se vio obligado a cambiar de escenario para poder difundir los testimonios de las mujeres violentadas.

La presentación se realizará en la misma fecha prevista, el miércoles 3 de junio a las 6.30 p. m., pero en el Centro Cultural Cayetano Heredia en Miraflores.

Los organizadores pidieron a la ciudadanía no votar en blanco ni viciar su voto en las próximas elecciones. Sobre esto, Jhoana Arbizagasti, una de las representantes de la marcha, señaló que un voto viciado o en blanco es un voto perdido y favorece a la lideresa de Fuerza Popular.

En la misma línea, los impulsores criticaron las recientes leyes aprobadas por el Congreso, a las que calificaron como parte de un 'pacto mafioso' que debilita al país.

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En la conferencia estuvo Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, quien respaldó la movilización y aclaró la postura de su partido frente al fujimorismo. “Nuestra presencia aquí ratifica nuestro compromiso con la democracia”.

La postura de Juntos por el Perú ante el fujimorismo

Zunini también respondió a los cuestionamientos de la defensa legal de Fuerza Popular tras una denuncia presentada por su partido. Al respecto, el dirigente aseguró que han reunido pruebas.

“Nosotros hemos encontrado más elementos de convicción de los que ha encontrado la fiscalía con Pedro Castillo para utilizarlo como conspiración de golpe de estado”.

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Por otro lado, el secretario de Juntos por el Perú reveló detalles sobre el momento vivido con la congresista Rosángela Barbarán en el debate técnico. Según Zunini, la discusión empezó por las leyes “pro crimen” aprobadas en el Parlamento.

“Lo que causó gracia es que ella misma se refirió a estas leyes como 'leyes pro crimen'. Y yo le dije que si defiende estas leyes que se lo comunique a la gente”.

Mirtha Vásquez advierte sobre una posible dictadura

La virtual senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) recordó que el fujimorismo ya gobierna desde el Congreso y advirtió que, si se permite que llegue al Ejecutivo, “va a ser la consolidación de la dictadura”.

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Vásquez respaldó la candidatura de Roberto Sánchez a nombre de Ahora Nación y señaló que JP ha asumido el compromiso de cumplir con las condiciones del partido del casco.

“Han recibido el compromiso de Juntos por el Perú de que sí lo va a cumplir, igual uno no puede confiar solo en la palabra, debemos de confiar en el proceso".

Voces que exigen justicia social

En la conferencia de prensa también participaron familiares de víctimas de la violencia de los años 80 y 90, así como de los fallecidos durante las protestas en los gobiernos de Manuel Merino y Dina Boluarte.

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Gisela Ortíz, defensora de los derechos humanos y vocera de las víctimas de crímenes de Estado, explicó la importancia de mantener viva la memoria en cada proceso electoral.

“Las razones que tenemos para decir Keiko No Va se levanta cada cinco años y lo hacemos con memoria y levantando las voces de las víctimas”.

En esa misma línea, Guillermo Valdizan, en representación de la Plataforma por la Democracia, destacó el espíritu de lucha y mencionó que “aquí hay un pueblo movilizado que no se ha rendido”.

El sector estudiantil y los colectivos ciudadanos que llevan años protestando contra el fujimorismo también explicaron que sus motivos para salir a las calles son las desapariciones en los años 90.

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Alejandro Palomo, secretario de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC), recordó que su universidad aún exige justicia por Ernesto Castillo Páez, un compañero que desapareció en los años 90, y convocó a todos los universitarios del país a sumarse a la protesta.

Por su parte, las fundadoras del colectivo No a Keiko, que nació hace 15 años, pidieron a las nuevas generaciones sumarse a las marchas. Además, la movilización también dará voz a minorías y comunidades vulnerables que se sienten afectadas por la actual crisis política.

Rechazo a los abusos del pasado y leyes actuales

María Elena Carbajal, presidenta de la asociación de víctimas de esterilizaciones forzadas (AMFEP), recordó los abusos sufridos durante el gobierno de Alberto Fujimori.

“Fuimos esterilizadas contra nuestra voluntad, Keiko ha vulnerado los derechos siendo primera dama, ahora lo seguirá haciendo. Esterilizaciones forzadas nunca más”.

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Por otro lado, Eduardo Quintanilla, representante de la Coalición Neurodivergentes, calificó como una vergüenza que la candidata se burle de las personas con discapacidad, mientras que Ángela Villón, en nombre de las trabajadoras sexuales, dijo que son las principales afectadas por las leyes pro crimen, ya que debilitan la seguridad.

Los movimientos de trabajadores y colectivos ambientalistas también explicaron el impacto negativo que tendría un eventual gobierno de Fuerza Popular en la economía laboral y el ecosistema.

Julio César Bazán, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), declaró con firmeza: “Los trabajadores no olvidamos lo que significó las políticas laborales del fujimorismo, no podemos permitir que se continúen con más saña”. A su vez, el activista ambiental Henry Córdova denunció que los congresistas fujimoristas han rebajado las exigencias de protección ambiental.

La marcha nacional se llevará a cabo en Lima el sábado 30 de mayo. La concentración principal comenzará a las 5.00 p. m. en la Plaza San Martín.

A 8 días de la segunda vuelta, Juntos por el Perú confirmó que su cierre de campaña se desarrollará en la Plaza Dos de Mayo. El partido liderado por Fujimori también culminará sus actividades en la capital. Ambos partidos darán por finalizado sus mítines el próximo 4 de junio.

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Campaña al filo del tiempo

Roberto Sánchez prepara una campaña masiva en el sur andino. El 1 de junio, en Arequipa, acompañará una caminata, será entrevistado por un medio y participará en un mitin. La misma secuencia realizará el 2 de junio en Cusco, en la plaza Túpac Amaru, a las 4.30 p. m.

Posteriormente, el 3 de junio estará en Puno, en lo que significará su última fecha en la zona sur del país.

Esta semana, el candidato de Juntos por el Perú estuvo en Huánuco, región donde centró su discurso en los problemas hídricos. Señaló que un eventual gobierno suyo priorizaría el sistema de agua potable y la modernización de la planta de tratamiento de Cabritopampa.

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Sánchez también se desplazó a Pucallpa. En un mitin desarrollado en la ciudad amazónica, el candidato se refirió a las recientes declaraciones de Miguel Torres —vicepresidente de la plancha de Fuerza Popular—, quien afirmó que la salida de Pedro Castillo del poder fue impulsada por distintos actores políticos, entre ellos el Ministerio Público y el Congreso. Sostuvo que este escenario explica parte del respaldo que lo llevó a la segunda vuelta electoral.

Expectativa por la semana final de Fujimori

Desde Fuerza Popular, no existe hasta el momento una agenda oficial de las actividades de Fujimori, previo al mitín de cierre de campaña. Sin embargo, la candidata presidencial ha sostenido una fuerte campaña en el norte y oriente del país, pero que no estuvo exenta de polémicas en su paso por el sur.

Esta semana, la lideresa del partido naranja decidió pasar su cumpleaños número 51 en Huancayo, región donde recibió un amplio rechazo de parte de la ciudadanía. Las manifestaciones se concentraron en las calles principales. Incluso, se le impidió el paso a un bus de la orquesta Hermanos Yaipén, agrupación contratada para la actividad proselitista de Fujimori. Sin embargo, pudo realizar su presentación.

Mientras la lideresa realizaba sus actividades de campaña, los agentes de la PNP dispersaron las manifestaciones con bombas lacrimógenas y golpearon a los ciudadanos con sus bastones policiales.

En Arequipa, realizó el jueves un mitin político en un local ubicado cerca del puente Grau, en el centro de la ciudad, en medio de protestas encabezadas por colectivos opositores como Fujimori Nunca Más, Colectivo Sikuris, agrupaciones LGTB, feministas y ciudadanos autoconvocados.

Los manifestantes llegaron con pancartas, peluches en forma de ratas y arengas de “¡Keiko, lárgate de Arequipa!” y “Keiko nunca más”. La movilización, que inicialmente reunió a unas 200 personas, creció hasta alcanzar aproximadamente 700 manifestantes en el óvalo Grau. Durante varios minutos intentaron romper el cordón policial para ingresar al local donde se realizaba el evento de Fuerza Popular, pero los agentes impidieron el acceso. En medio de la tensión, también se registraron cruces de insultos entre protestantes y efectivos policiales.

Tal como ocurrió con el debate técnico, el debate presidencial será transmitido a nivel nacional en las redes oficiales del Jurado Nacional de Elecciones.

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Fecha y hora del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El enfrentamiento electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez está programado para el domingo 31 de mayo, a partir de las 8.00 p. m. De acuerdo con lo dispuesto por el JNE, el encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, situado en el distrito de San Borja.

El esquema definido por el JNE establece cuatro ejes temáticos para el debate. Durante la jornada, los candidatos abordarán asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, la educación y la salud, así como la economía, el empleo y la lucha contra la pobreza.

Cada segmento se iniciará con una pregunta formulada por la ciudadanía y seleccionada previamente. A partir de ella, los aspirantes dispondrán de un tiempo específico para responder, contrastar ideas y presentar sus propuestas. Además, se aplicará el sistema de bolsón de tiempo, que les permitirá gestionar los minutos asignados a lo largo de sus intervenciones.

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Temas del debate presidencial

1. Seguridad ciudadana
2. Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos
3. Educación y salud
4. Economía, empleo y reducción de la pobreza

¿Dónde ver en vivo el debate presidencial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial convocado por el JNE será difundido tanto por señal abierta como a través de plataformas digitales. La transmisión estará a cargo de TV Perú y también podrá seguirse mediante las redes sociales del organismo electoral, lo que permitirá a la ciudadanía acceder al evento desde teléfonos móviles, computadoras y tabletas.

La actividad marcará uno de los últimos encuentros directos entre los dos aspirantes a la Presidencia antes de la segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio.

El 1 de junio, en Arequipa acompañará una caminata, será entrevistado por medio y se presentará en un mitin. La misma secuencia realizará el 2 de junio en Cusco en la plaza Túpac Amaru a las 4.30 p.m..

PUEDES VER: TGP despidió a trabajadores que formaron el sindicato de la empresa

Posteriormente, el 3 de junio estará en Puno, en lo que significará su “Cierre de campaña Sur Andino”.

Finalmente, la fecha central será el 4 de junio en la plaza Dos de Mayo en Lima.

Otras visitas de Sánchez

Esta semana, el candidato de Juntos por el Perú estuvo en Huánuco, región donde centró su discurso en los problemas hídricos. Señaló que un eventual gobierno suyo priorizaría el sistema de agua potable y la modernización de la planta de tratamiento de Cabritopampa.

“Huánuco no puede seguir viviendo abandonado. El pueblo está cansado de promesas incumplidas, de la corrupción y de autoridades que miran hacia otro lado mientras las familias sufren sin agua, sin seguridad y sin oportunidades”, expresó.

Sánchez también se desplazó a Pucallpa. En un mitin desarrollado en la ciudad amazónica, el candidato se refirió a las recientes declaraciones de Miguel Torres —vicepresidente de la plancha de Fuerza Popular—, quien afirmó que la salida de Pedro Castillo del poder fue impulsada por distintos actores políticos, entre ellos el Ministerio Público y el Congreso. Sostuvo que este escenario explica parte del respaldo que lo llevó a la segunda vuelta electoral.

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Fuerza Popular cerrará campaña en Lima

De igual forma, Fuerza Popular realizará su cierre de campaña en Lima el 4 de junio. La organización aún no ha compartido detalles de la actividad, pero adelantaron que lo harán los próximos días.

Esta semana, la lideresa se desplazó por regiones del Sur. El 21 de mayo se presentó en Huancayo, región donde recibió un amplio rechazo de parte de la ciudadanía.

Las manifestaciones se concentraron en las calles principales. Incluso, se le impidió el pase a un bus de la orquesta Hermanos Yaipén, agrupación contratadas para la actividad proselitista de Fujimori. Sin embargo, pudieron realizar su presentación.

Mientras la lideresa realizaba sus actividades de campaña, los agentes PNP dispersaron las manifestaciones con bombas lacrimógenas y golpeando a los ciudadanos con sus bastones policiales.

Asimismo, el porcentaje de encuestados que optó por el voto blanco o nulo cayó del 24% al 6%.

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Respecto de la intención de voto de los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori se ubica por encima con 36% y le sigue Roberto Sánchez con 30%. Según la encuesta de abril —cuando aún no se proclamaban los resultados oficiales—, la lideresa del fujimorismo subió 6% y el candidato de Juntos por el Perú bajó 2%.

Fujimori en Lima

A nivel de macrozonas, la candidata de Fuerza Popular lidera Lima Metropolitana (51%) y el norte del país (32%). En el ámbito rural registra 21%, mientras que en el centro y sur, 26% y 29%, respectivamente.

En edad, los votantes de entre 18 y 29 años la prefieren (41%), al igual que los de 50 años a más (38%). Quedan por debajo los del rango de 30 a 49 años (32%).

A nivel socioeconómico, Fujimori no tiene llegada en el sector D/E (27%), pero sí en A/B (50%) y C (40%).

Un 41% de sus posibles electores cuenta con educación superior y un 32%, con educación básica. El 40% está muy interesado en política y el 60% se identifica ideológicamente con la derecha.

Sánchez en el centro y sur

Por su parte, Roberto Sánchez tiene afinidad con los electores del centro (40%), sur (35%) y oriente (38%) del país. En el ámbito rural registra 42% y en el urbano, 31%.

En edad, encuentra un mayor respaldo entre los ciudadanos de 30 a 49 años (34%).

A nivel socioeconómico, Sánchez tiene más llegada en el sector D/E (34%).

Un 29% de sus posibles votantes cuenta con educación superior y un 32%, con educación básica. El 42% está muy interesado en política y un 64% asume una postura ideológica de izquierda.

No cambiarán su voto

El 65% de los encuestados ya tiene decidido su voto y no lo cambiará. El mayor porcentaje de este grupo está en Lima Metropolitana (71%).

Un 75% de quienes se consideran de izquierda ya definió su voto y un 71% de los de derecha hizo lo propio.

Finalmente, un 9% cree que podría cambiar de decisión.

Con respecto a la intención de votos sobre los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori se encuentra arriba, teniendo en cuenta la encuesta de abril -cuando aún no se proclamaban los resultados oficiales- la lideresa del fujimorismo subió 6% y el candidato de Juntos por el Perú bajó 2%.

Con respecto a la intención de votos sobre los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori se encuentra arriba con un 36% y le sigue Roberto Sánchez con 32%. Teniendo en cuenta la encuesta de abril -cuando aún no se proclamaban los resultados oficiales- la lideresa del fujimorismo subió 6% y el candidato de Juntos por el Perú bajó 2%.

En mayo, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados de la primera vuelta, la intención de voto se inclinó a favor de Fujimori.

Un cambio significativo también se observa en el porcentaje de votos blanco/nulo. Pasó de 24% en abril a solo 6% en mayo. En contraparte, sube el número de quienes aún no precisan o no deciden: es de 26%, cuando hace un mes fue de 13%. Un 2% indica que no irá a votar.

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Keiko Fujimori concentra votos en Lima Metropolitana

Según segmentos y macrozonas, la candidata de Fuerza Popular concentra la mayoría en Lima Metropolitana (51%) y en el norte del país (32%). En el ámbito de Perú rural registra 21%, mientras que en el centro y sur alcanza 26% y 29%, respectivamente.

En cuanto a preferencia por sexo, no presenta una cifra estadísticamente representativa: obtiene 35% entre hombres y 37% entre mujeres.

En edad, en cambio, los votantes entre 18 y 29 años la prefieren (41%), al igual que los de 50 años a más (38%). Queda por debajo el rango de 30 a 49 años (32%).

A nivel socioeconómico, Fujimori no tiene llegada en el sector D/E (27%), pero sí registra preferencia en A/B (50%) y C (40%).

Un 41% cuenta con educación superior y un 32%, con educación básica. El 40% está muy interesado en política y un 60% se identifica ideológicamente con la derecha. En mucho menor medida quedan la inclinación por la izquierda (18%) y el centro (23%).

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Sánchez suma mayoría en el centro y sur del país

Por su parte, Roberto Sánchez, según segmentos, cuenta con afinidad entre los electores del centro (40%), sur (35%) y oriente (38%) del país. En el ámbito de Perú rural registra 42% y en el urbano, 31%.

A diferencia de Fujimori, en cuanto a preferencia por sexo, sus votantes son mayoritariamente hombres (35%). Cuenta con 26% de preferencia electoral entre mujeres.

En edad, concentra la mayor intención de voto en ciudadanos de 30 a 49 años (34%). A nivel socioeconómico, Sánchez tiene más llegada en el sector D/E (34%).

Un 29% cuenta con educación superior y un 32%, con educación básica. El 42% está muy interesado en política y un 64% asume una postura ideológica de izquierda. En mucho menor medida quedan la inclinación por la derecha (15%) y el centro (30%).

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El 65% asegura que su voto está decidido

El 65% de quienes irán a votar indicó que su voto está decidido y no lo cambiará. Esto es mayor entre los residentes de Lima Metropolitana (71%), los hombres (68%), las personas de 30 años a más (68%), el nivel socioeconómico A/B (72%), quienes cuentan con educación superior (69%), los más interesados en política (86%) y quienes se identifican como de izquierda (75%) y de derecha (71%).

Un 9% consideró que podría cambiar de decisión y el 26% que aún no decide su voto.

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Votantes creen que si Fujimori pierde dirá que hubo fraude

Sobre las reacciones de ambos candidatos ante una posible derrota, el 62% de encuestados cree que, si Fujimori pierde, recurrirá, una vez más, a la narrativa de fraude. El 26% considera que respetará los resultados y un 12% no precisa respuesta.

De quienes consideran que Fujimori alegará un supuesto fraude, el 65% son mujeres y el 66% tiene entre 30 y 49 años. El 73% se identifica con la izquierda.

Cuando se trata de Roberto Sánchez, el 56% dice que hablará de fraude, el 28% que respetará el resultado y el 17% no indicó una respuesta.

De quienes consideran que Sánchez alegará un supuesto fraude, el 61% son mujeres y el 64% tiene entre 18 y 29 años. El 64% se identifica con la izquierda.

A través de un comunicado oficial, la entidad sostuvo que el principio de la confidencialidad es inquebrantable y se mostraron en contra de la filtración de datos sensibles.

Debido a este incidente, la dirección del seguro social ordenó que se inicien las diligencias correspondientes para descubrir cómo se obtuvo esa información y quiénes están detrás del hecho.

“Por ello, se ha dispuesto el inicio de una auditoría interna para identificar a las personas que vulneraron el sistema y proporcionaron información de la historia clínica”, detalló el documento.

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Seguridad de datos personales

Ante las dudas sobre la seguridad de las plataformas digitales del seguro, EsSalud aclaró que los datos generales no corren peligro. La institución explicó que sus sistemas cuentan con mecanismos tecnológicos que permiten saber con exactitud qué persona ingresa a revisar cada documento.

“Es preciso enfatizar que el Sistema de Información de EsSalud es técnicamente inalterable, ya que cuenta con filtros de trazabilidad estrictos que impiden a cualquier funcionario modificar o manipular los registros médicos”, precisó la entidad.

Sobre la designación del nuevo gerente general

Del mismo modo, EsSalud indicó que la salida del anterior gerente general, el doctor Mariano Cuentas, se debió a motivos personales. Además, se respalda la designación del nuevo gerente, el doctor Alejandro Martínez, ya que “cumple plenamente con el perfil requerido para el cargo”.

Además, la designación del nuevo gerente fue decisión del presidente ejecutivo, el Dr. Luis Rosales, quien no registra contratos entre sus empresas y EsSalud, según indicó la institución.

EsSalud rechaza ataques a trabajadoras

Por otro lado, las autoridades expresaron su malestar por los ataques que han recibido algunas trabajadoras de la institución a raíz de esta difusión.

“Lamentamos los comentarios emitidos hacia nuestras trabajadoras que no se ajustan a la verdad y que lo único que hacen es dañar la reputación de mujeres profesionales y madres de familia”, se lee.

Además, la institución cuestionó a un exfuncionario de la institución tras emitir opiniones sin sustento técnico con el fin de generar desconfianza en los ciudadanos.

EsSalud concluyó que continuarán enfocados en la compra de equipos para hospitales, el abastecimiento de medicinas y la mejora en la programación de citas médicas

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Los argumentos de las partes durante la sesión

Durante la audiencia, el fiscal Germán Juárez Atoche señaló que la apelación del Ministerio Público no busca cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional, sino la manera en que esta fue aplicada por el juez que archivó la acusación. Según sostuvo, aún existirían elementos para que el caso continúe su curso.

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En respuesta, la defensa de Keiko Fujimori, encabezada por la abogada Giulliana Loza, se aferró a la sentencia del máximo intérprete constitucional y señaló que no hay elementos para continuar con el proceso: "Quien quería trascender en la historia de la justicia era el Ministerio Público y no el Poder Judicial. Esto no se trata de quien quiere ser o no protagonista. Se trata de reparar y cumplir lo que ya reconoció el Tribunal Constitucional de acuerdo a lo que ya declaró sobre mi patrocinada. (…)", declaró.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la sala superior dejó el caso al voto. Se espera que en los próximos días emita una resolución definitiva sobre el recurso fiscal. Dependiendo de la decisión, este podría ser el desenlace definitivo para la acusación que pesa contra Keiko Fujimori y una parte de la cúpula fujimorista.

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El caso Cócteles: la grave acusación sobre Fuerza Popular y Keiko Fujimori

El caso Cócteles ha sido por varios años la investigación más gravitante contra Fuerza Popular y, sobre todo, contra su lideresa, Keiko Fujimori. La acusación fiscal sostenía que el partido naranja habría recibido aportes ilícitos para las campañas presidenciales de 2011 y 2016, los cuales habrían sido ocultados mediante falsos aportantes y actividades de recaudación.

Desde fines de 2025, el Tribunal Constitucional anuló parte del proceso y ordenó que se emitiera una nueva decisión judicial, al considerar que se vulneraron derechos durante la investigación. Esto llevó a su archivamiento.

"(…) Si por mí fuera daría una amnistía a todos los políticos que tienen que ver con algún tipo de investigación porque este país no puede permanecer peleándose permanentemente", declaró el mandatario.

Para explicar la importancia de evitar los conflictos, la autoridad puso como ejemplo a Alemania y dijo que en ese país el partido que gana las elecciones convoca a la oposición para trabajar juntos por el progreso. Tras mencionar ese caso, expresó su opinión favorable sobre la amnistía.

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Este mensaje se realizó durante la ceremonia de reconocimiento a los gremios, actividad organizada para premiar públicamente el aporte de los sindicatos al diálogo y a los acuerdos laborales pacíficos. En su intervención, Balcázar, quien recordó su experiencia como abogado y magistrado del Poder Judicial, repasó la historia de las luchas laborales en el Perú y destacó que los trabajadores públicos de hoy logran mejores acuerdos gracias a una mayor capacitación.

"Los pactos colectivos eran imposibles de pensar en mi época del año 70 al 80, era imposible que el empleo público pudiera buscar pliegos de reclamos (…) ya estamos en una etapa en que se reclama del empleo público, lo único para gestionar es prepararse", indicó.

Del mismo modo, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, tomó la palabra para resaltar el valor de aquellos acuerdos pacíficos que logran beneficios económicos y el bienestar de los trabajadores del Estado sin poner en riesgo el presupuesto público.

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"Hoy destacamos las buenas prácticas, aquellas negociaciones ejemplares que logran mejoras salariales y condiciones excepcionales, respetando siempre el principio de equilibrio fiscal que garantiza que estos beneficios sean sostenibles y viables en el tiempo", manifestó el ministro Fernández Cáceres.

Asimismo, el titular de Trabajo detalló que el Gobierno busca garantizar la igualdad en los ingresos, así como mejorar las condiciones laborales.

"Estas experiencias exitosas que hoy reconocemos constituyen esfuerzos fundamentales hacia cuatro objetivos claros. Primero, alcanzar una verdadera equidad salarial. Segundo, reducir las brechas existentes entre los trabajadores de distintos sectores", añadió el ministro.

Fernández Cáceres explicó en su discurso que otros objetivos clave son dinamizar la fuerza laboral del país y lograr que la protección social llegue también a aquellos empleados que actualmente no cuentan con un sindicato que los defienda.

El escenario electoral a menos de dos semanas de la segunda vuelta

Estas declaraciones se producen a solo nueve días de la segunda vuelta electoral, en la que los ciudadanos elegirán al próximo presidente de la República entre Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

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Además, el debate sobre el futuro de los políticos que tienen investigaciones en curso está en el centro de la agenda, luego de que el candidato presidencial Roberto Sánchez señalara que indultaría al expresidente Pedro Castillo si asume el Gobierno.

"Hemos levantado la reivindicación de la justicia del país y esto significa un proceso justo y la libertad del presidente Pedro Castillo desde las competencias de la gracia presidencial cuando logremos el gobierno. Ese es nuestro compromiso", expresó durante su viaje a Chiclayo como parte de su campaña.

Por su parte, Keiko Fujimori sostuvo que solo le daría el indulto a Castillo por razones "estrictamente humanitarias" y recordó que de esa manera su padre, Alberto Fujimori, recibió la gracia.

Reconocimiento a los gremios

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno, donde se premió a los dirigentes que han logrado mejoras laborales mediante el diálogo con el Estado. Entre las organizaciones reconocidas estuvieron la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), gremio que recibió una distinción por ser pionero en su sector.

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Durante más de 20 años, han negociado las condiciones de empleo de miles de obreros y lograron reducir los conflictos y la violencia en las obras públicas y privadas. Además, se reconoció a la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales, la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Perú, la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, la Confederación Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal y la Federación Nacional de Trabajadores del Bicentenario del Sector Salud.

Antes de finalizar la ceremonia, Balcázar elogió el trabajo de los dirigentes y aseguró que "todos merecerían ser condecorados por su vieja lucha".

"Lo que viene pasando con el juez Richard Concepción Carhuancho no es un hecho aislado. Todo obedece a los tentáculos de la corrupción, que buscan expulsar del sistema de justicia a funcionarios independientes o que no son serviles. Primero fue Delia Espinoza, a quien hasta hoy buscan lapidar; luego, el juez Oswaldo Ordóñez y los fiscales Marita Barreto y José Domingo Pérez", escribió.

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El virtual diputado sostuvo, además, que no se trata de acciones aisladas provenientes de una sola institución, sino de un sistema articulado en el que confluyen distintos actores. En esa línea, comparó la situación con lo ocurrido durante la dictadura del fujimorato.

"La maquinaria es la misma: con Concepción Carhuancho buscan apartar a un juez que enfrentó al poder político y a las mafias de corrupción, y lo están ejecutando con la anuencia de los mismos actores, incluido un sector del periodismo. El mensaje es peligrosísimo: aquel funcionario que investiga, incomoda o no se somete termina perseguido, sancionado o apartado del camino. Así empiezan a capturar las instituciones, al estilo de los años noventa con el dictador Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos", agregó.

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Fecha del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez está programado para el domingo 31 de mayo a partir de las 8.00 p. m. De acuerdo con lo dispuesto por el JNE, el encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, situado en el distrito de San Borja.

El esquema definido por el JNE establece cuatro ejes temáticos para el debate. Durante la jornada, los candidatos abordarán asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, la educación y la salud, así como la economía, el empleo y la lucha contra la pobreza.

Cada segmento se iniciará con una pregunta formulada por la ciudadanía y seleccionada previamente. A partir de ella, los aspirantes dispondrán de un tiempo específico para responder, contrastar ideas y presentar sus propuestas. Además, se aplicará el sistema de 'bolsón de tiempo', que les permitirá gestionar los minutos asignados a lo largo de sus intervenciones.

Se prevé que el debate tenga una duración cercana a una hora y cuarenta minutos. Al finalizar, cada candidato contará con dos minutos para dirigir un mensaje de cierre a la ciudadanía.

¿Dónde ver el debate presidencial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial convocado por el JNE será difundido tanto por señal abierta como a través de plataformas digitales. La transmisión estará a cargo de TV Perú y también podrá seguirse mediante las redes sociales del organismo electoral, lo que permitirá a la ciudadanía acceder al evento desde teléfonos móviles, computadoras y tabletas.

La actividad marcará uno de los últimos encuentros directos entre los dos aspirantes a la Presidencia antes de la segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio.