En paralelo, se nombró a Carlos Pareja Ríos, embajador en retiro y excanciller del gobierno de José María Balcázar, como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York.

Ambos nombramientos establecen que la fecha en que cada funcionario deberá asumir su cargo será fijada mediante una resolución ministerial que se publicará posteriormente. A ambos se les extienden las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes para ejercer la representación.

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Aurelio Pastor

Pastor se desempeñó como ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García, entre julio de 2009 y marzo de 2010, y fue congresista por la región San Martín en dos períodos consecutivos. Tuvo un proceso judicial que terminó con su encarcelamiento, la condena fue en 2012, cuando Corina de la Cruz, entonces exalcaldesa de Tocache, enfrentaba dos procesos judiciales y contrató sus servicios profesionales.

Según la acusación, el abogado le habría ofrecido interceder ante jueces y fiscales a cambio de dinero, conducta que quedó registrada en audios difundidos por un medio periodístico y que originaron el proceso penal en su contra. Fue condenado en primera y segunda instancia a cuatro años de prisión efectiva por tráfico de influencias, en su modalidad de "influencias simuladas".

Pastor cumplió cerca de seis meses de reclusión en el penal Piedras Gordas, hasta que la Sala Permanente de la Corte Suprema decidió absolverlo al considerar que su conducta se enmarcaba dentro del ejercicio legítimo de la abogacía y que no constituía una falta ética conforme al Código de Ética del Colegio de Abogados.

Cabe señalar que Pastor también es el abogado del diputado Pier Figari de Fuerza Popular, a quien patrocina por una demanda civil de 2 millones de soles contra cuatro magistrados del caso Cócteles, el exfiscal José Domingo Pérez, el fiscal Rafael Vela, y los jueces Richard Concepción Carhuancho y Víctor Zúñiga, a quienes responsabiliza por los nueve años que estuvo bajo investigación y los meses que pasó en prisión preventiva.

Dos de los demandados, Pérez y Vela, cuentan con medidas cautelares vigentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que depende de la OEA, el mismo organismo ante el cual Pastor ejercerá ahora como representante del país, por la situación de riesgo que enfrentan debido a su labor en el caso Lava Jato.

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Carlos Pareja

Pareja Ríos, de 76 años, es diplomático de carrera con más de 43 años en el Servicio Diplomático de la República. Fue embajador del Perú en España (2000-2002), Suiza (2003-2005), Chile (2009-2014) —período en que se resolvió la controversia por la delimitación marítima entre ambos países ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya— y Estados Unidos (2016-2018), antes de pasar a retiro.

Su regreso a un cargo público fue el 23 de abril de 2026, cuando el entonces presidente José María Balcázar lo juramentó como ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Hugo de Zela, quien había renunciado por discrepancias con el Ejecutivo en torno a la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos. Pareja permaneció en el cargo hasta el 28 de julio de 2026.

Castillo pedía la exclusión del exalcalde por considerar que su postulación configura una reelección encubierta, luego de que Luis Rubio renunciara a la candidatura a la alcaldía y dejara a López Aliaga en condiciones de asumir el sillón municipal si la lista gana las elecciones del 4 de octubre.

Castillo presentó su pedido el 21 de agosto ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, bajo la figura de una "denuncia ciudadana". Solicitó que se fiscalice la configuración de la lista de Renovación Popular y que, de comprobarse una incompatibilidad constitucional, se excluya a López Aliaga de la contienda. El JEE declaró improcedente el pedido y Castillo apeló ante el Pleno del JNE, instancia que resuelve en última instancia y sin posibilidad de un recurso posterior.

El Pleno determinó que la apelación se presentó fuera de plazo. Según el JNE, el plazo de tres días para formular una tacha corría desde el día siguiente a la última publicación de la lista de candidatos, ocurrida el 31 de julio, por lo que venció el 3 de agosto. Al haberse presentado el cuestionamiento recién el 21 de agosto, el Pleno lo calificó de "manifiestamente extemporáneo" y descartó entrar a analizar si la renuncia de Rubio modificó la situación de López Aliaga frente a la prohibición de reelección inmediata que establece el artículo 194 de la Constitución.

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La decisión fue suscrita por los magistrados Roberto Burneo Bermejo, Norberto Maisch Molina, Rubén Torres Cortez y Aarón Oyarce Yuzzelli.

El voto en contra

El magistrado Gunther Gonzáles Barrón votó en discordia y planteó declarar fundada la apelación. A diferencia de la mayoría, sostuvo que una prohibición constitucional como la del artículo 194 puede aplicarse de oficio y sin sujeción a los plazos procesales de una tacha, por tratarse de una controversia de puro derecho.

En su voto, Gonzáles Barrón señaló que López Aliaga "ha realizado acciones conducentes para lograr el resultado inconstitucional". Primero renunció a su curul en el Senado para habilitar su postulación a primer regidor y, luego, el candidato a alcalde de su lista renunció "por motivos personales" un día antes de que venciera el plazo legal para hacerlo. Advirtió que, de ganar Renovación Popular, López Aliaga asumiría la alcaldía por un segundo periodo consecutivo, en contra de la Constitución.

Entre 2002 y 2003 fue jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y pasó al retiro en 2004 con el grado de vicealmirante de la Marina de Guerra. Ahora ocupará un cargo diplomático como embajador en la República de Argentina.

"Si nosotros le damos todas las facultades a la señora Fujimori, les apuesto que en un mes no presenta ningún proyecto de ley. ¿Para qué quiere 66 pedidos de facultades? Es un intento encubierto de disolver la Cámara de Diputados", declaró el diputado.

El pedido en cuestión contempla 66 puntos específicos distribuidos en tres ejes: seguridad ciudadana, reactivación económica y atención de emergencias por el fenómeno El Niño. La Presidencia del Consejo de Ministros lo remitió a la Cámara de Diputados el 28 de agosto, con la firma de la presidenta Keiko Fujimori y el premier Luis Galarreta, y solicita la potestad de emitir decretos legislativos por un plazo de 120 días calendario.

Cabe recordar que primero al expediente le faltó un acta que acreditara la aprobación del Consejo de Ministros. Esto se subsanó el 31 de agosto y desde entonces la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente para agilizar el debate.

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Eliminar topes a las tasas de interés de bancos

El diputado también tocó el punto del proyecto que busca eliminar los topes a las tasas de interés fijados por la Ley N. 31143, norma que protege a consumidores financieros. Zunini vinculó ese punto con un presunto conflicto de intereses, al recordar que el fujimorismo ha recibido aportes de la banca para su campaña electoral.

"Es un intento encubierto porque la prerrogativa constitucional la tenemos nosotros y no nos pueden pedir que le deleguemos facultades, por ejemplo, como si fuera urgente, eliminar los topes de las tasas de interés de los bancos para promover la usura", añadió Zunini.

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Para el congresista, únicamente la seguridad ciudadana y la atención al fenómeno El Niño ameritan una delegación de facultades. El resto de materias, dijo, puede tramitarse por la vía legislativa ordinaria. Además, mencionó que desde el Congreso se tienen listos hasta 25 proyectos de ley a los que dará "trámite exprés" en el Pleno si el Ejecutivo no avanza con sus propias iniciativas.

La medida tiene una vigencia de 60 días calendario y suspende los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal en el perímetro exterior de los recintos, hasta un radio de 200 metros.

Según la norma, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno en esa franja perimetral con apoyo de las Fuerzas Armadas, que además resguardarán el espacio aéreo y señales de radio y celulares alrededor de las cárceles. El INPE mantendrá la administración y custodia interna de los penales. El Gobierno sustenta la decisión en que estos cinco establecimientos concentran cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales que operan desde prisión.

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Primeras directrices bajo la nueva gestión del INPE

El decreto llega un día después de que la presidenta Keiko Fujimori se reuniera en Palacio de Gobierno con el premier Luis Galarreta, el ministro de Justicia Ernesto Álvarez y el recién designado presidente del INPE, Abraham Lescano, para coordinar las acciones inmediatas y fijar las directrices de la nueva gestión penitenciaria.

Como parte del operativo, se anunciaron controles permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE. El premier Galarreta señaló que el Gobierno actúa "independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades" legislativas, aunque dijo que con ellas "actuará con más fuerza" contra la criminalidad organizada.

La nueva Política General de Gobierno

El estado de emergencia en los cinco penales se da además en el marco de la Política General de Gobierno 2026-2031. “Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados", aprobada mediante Decreto Supremo este 4 de setiembre. La norma deroga la política general que regía hasta ahora y fija cinco ejes prioritarios para el resto del mandato, entre ellos, como primer eje, reducir la inseguridad ciudadana que afecta la vida, la integridad y las actividades económicas de la población.

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Corcuera duda de su real impacto contra el crimen

El exviceministro del Interior Julio Corcuera consideró que la crisis del sistema penitenciario es permanente y no coyuntural. "Es urgente que se deje de extorsionar desde las cárceles, que deje de ser la cárcel una especie de universidad del crimen o centro de operaciones informales", señaló.

El especialista precisó que, según lo explicado por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, el apoyo militar se dará "a través de los perímetros externos, no internos" y se enfocará en controlar los productos que ingresen a los penales mediante campanas y escáneres, sin intervenir en el interior de los recintos.

Sobre su efectividad, Corcuera dudó. "¿Cuánto esto pueda contribuir a reducir el crimen? La verdad no lo sé", dijo, y explicó que los asesinatos vinculados a extorsión contra empresas de transporte ocurren en zonas alejadas de estos penales, como el Cono Norte, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo. "Si es así, realmente no pareciera que fuera un gran cambio", concluyó.

¿Ha escuchado al gobierno de la señora Fujimori cuando dice que las citaciones a los ministros son prematuras? ¿Qué siente cuando escucha eso?

Bueno, yo, como todos los peruanos que estamos más o menos enterados, sabemos que esta es una historia antigua. Es decir, no estamos frente a un gobierno reciente. Este gobierno tiene varios años de antigüedad. Si usted cuenta desde el año 90, tiene 36 años de vida.

Habla del sistema que impuso el fujimorismo.

Sí, usted tiene el primer fujimorismo, luego los que dijeron que iban a poner el segundo piso al fujimorismo, luego el tercer piso, el cuarto piso y hoy estamos ante un rascacielos.

Ahora, yo le preguntaba por esta actitud del fujimorismo, que pide paciencia, que no llamen a sus ministros, porque su caso fue parecido. Usted fue uno de los primeros ministros del señor Castillo que estuvo a punto de ser interpelado.

Sí, pero con la diferencia de que yo quería ser interpelado, pero no me dejaron ir a la interpelación.

Vaya, las circunstancias son parecidas. Entiendo que la citación en el Congreso era porque usted anunció que el Perú salía de lo que se llamaba el Grupo de Lima.

Bueno, yo anuncié algo que ya había pasado, porque el Grupo de Lima existió, como usted sabe, promovido por el presidente Kuczynski y el primer Trump. Y luego de eso hubo cambios en las presidencias, ya no estaba Piñera en Chile, por ejemplo. Y el Grupo de Lima, en la práctica, dejó de existir. Yo llegué y simplemente le canté el responso, nada más.

La oposición ahora mismo quiere citar al canciller Espá, porque él quiere adherir al Perú al Escudo de las Américas de Trump. Podría pasar que otro canciller sea el primer ministro citado en la nueva administración.

Podría ser. En realidad, a mí no me querían. Lo mío despertó la histeria de lo que se hace llamar derecha peruana.

Bueno, inmediatamente después de la citación aparecieron las declaraciones que usted dio en las que sostenía que la Marina había desarrollado los primeros métodos terroristas.

Ellos buscaron esas declaraciones, que eran muy antiguas. No eran declaraciones públicas. Era una conversación con un grupo de chicos de la Universidad de San Marcos. Y ellos extrajeron de allí una frase y la pusieron en primer plano. Antes de eso me habían acusado de ser asesino en serie, o que había matado al hermano del obispo de Huancayo. Yo nunca he estado en Huancayo, por lo menos en esa época. Había una campaña contra mí feroz.

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Ahora, quiero entender esta declaración sobre la Marina. ¿En verdad cree que ese instituto fue el que desarrolló los primeros métodos terroristas en el país?

Bueno, el terrorismo es una metodología que aplica mucha gente en muchas partes del mundo. Ahora mismo está siendo aplicada en otras partes. Y, bueno, hubo actos que la Marina aplicó en la segunda mitad de 1974. Toda la serie está en los periódicos de la época, también está en La República.

La República no es tan antigua.

Ya, entonces corrijo, borro todo. Pero ya existía Expreso, el otro Expreso.

Ahora, esta declaración sobre la Marina, poniéndose en los zapatos del gobierno de Castillo, era indefendible. El gobierno no podía enfrentar a dos instituciones del Estado, ¿lo tiene claro?

Bueno, eso tiene dos partes. Una parte son las declaraciones mismas que surgen, como le repito, de una frase pronunciada en una conferencia que no era pública. Esa es una parte del asunto. Y la otra parte era que la Marina era parte del gobierno del presidente Castillo, y los jefes de los institutos armados no tienen facultad de discusión. Sin embargo, sacaron un comunicado público. Y usaron al procurador del Estado, que debía defenderme a mí, para atacarme. Y luego se presenta el pliego interpelatorio, cuya primera pregunta era: ¿Ha conocido usted al Che Guevara?

Y la respuesta a esa interrogante es sí.

Ya no respondí nada, pero yo quería ir. No me dejaron.

Luego de eso, ¿qué hizo? ¿Volvió inmediatamente a San Marcos o se tomó un tiempo?

Luego de eso me tomé un tiempo, yo ya no estaba en San Marcos. Luego retorné a mis actividades, como hasta hoy. Editar libros, escribir, eso es lo que hago. Mire, formalmente yo soy profesor extraordinario de San Marcos. Eso significa que, por ser mayor de 70 años, ya no puedo ser un profesor a tiempo completo, pero sí puedo pedir que me den una carga académica, cosa que no he hecho, por supuesto.

¿Qué representa para usted San Marcos?

Representa todo, es mi mamá. Porque yo soy sanmarquino en todo.

Cuando estuvo en las aulas como maestro, ¿los muchachos le preguntaban por su experiencia en la guerrilla del ELN?

Claro, por supuesto, yo he hecho cursos de historia en la universidad. Y por supuesto en la historia tocábamos también esa etapa.

Alguna vez en, San Marcos, ¿algún colega suyo, algún profesor dijo: “Cuidado con Béjar, este hombre tiene ideas sediciosas”?

No, para nada. Yo tengo que reconocer que San Marcos siempre me trató con mucho cariño. Y yo en realidad me había ausentado de San Marcos muchos años. Yo abandoné San Marcos cuando terminé mis estudios allá por el año 59.

Y volvió en los 90.

Claro, regresé formalmente en esa época. Pero siempre fui muy bien recibido por todos.

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Y en la izquierda, ¿también ha sido bien recibido? ¿O algunos de sus compañeros han dicho: “Béjar tiene algunas ideas antiguas que no compartimos”?

Bueno, en una época fui muy atacado por la izquierda, cuando estaba con el presidente Velasco.

Cuando estaba en SINAMOS.

Sí, luego eso pasó, vino toda la época del fujimorismo. Y después poco a poco nos fuimos acercando hasta hoy día. Yo tengo amigos en todos los grupos en ese momento.

¿Y qué piensa de la izquierda actualmente? En el Congreso hay al menos cuatro grupos que se podrían reclamar de izquierda, pero creo que las diferencias más que ideológicas están en la procedencia, hay una izquierda limeña, hay una izquierda de las regiones.

Y además son diferentes historias y varias generaciones. Siempre he dicho que son izquierdas, no es solo una izquierda la que hay. Y, por supuesto, también hay contradicciones, hay gente buena, gente mala, gente regular, como en todos los ambientes sociales del Perú. Y en la medida en que la izquierda ha crecido, porque ha crecido muchísimo, espectacularmente según yo, eso tiene sus pros y sus contras. En la medida en que es mayor su número, también forman parte de la sociedad, y entonces hay de todo. Y las fronteras no existen, porque en la izquierda tradicional la frontera era el partido. Se juraba ser militante, se estaba ahí, sometido a un estatuto. Ahora eso ya no hay. Hay partidos, hay semipartidos, hay clubes, hay centros, hay de todo. Y de los leales ciento por ciento, como diría Vallejo, hay pocos.

¿Cómo diría que le fue a la izquierda en la última elección presidencial?

Yo creo que le fue muy bien, yo creo que ganó.

¿Por el recuerdo de Pedro Castillo?

Eso contribuyó. Mire, yo siempre he distinguido entre la izquierda política y la izquierda social. Es decir, la izquierda política son los partidos formales, inscritos, ahí están en el Congreso. La izquierda social es la gente, es el pueblo, que no necesariamente tiene ideas de izquierda, pero que en la geografía política del país está a la izquierda. Y eso último ha sido en gran parte Castillo, eso es Puno, eso son los aimaras, eso son las comunidades indígenas.

Bueno, pero también hay una izquierda urbana. Y no hablo de Lima, hablo de la ciudad de Ayacucho, de la ciudad del Cusco.

Sí, en la sierra, por supuesto. Ese conjunto de gente, según yo, descontenta, que tiene un profundo malestar con lo que está pasando, es mayoría en este momento en el Perú.

¿Y ese es el bolsón de la izquierda?

En ese bolsón actúa la izquierda. Ahora, por supuesto que ellos no son mentalmente ni ideológicamente de izquierdas. Incluso usted puede pensar hasta qué punto la izquierda política también es izquierda, porque también hay gente que refleja el problema de que, en el Perú, las ideas se han separado de la conducta. Usted tiene una conducta y unas ideas, y a veces tiene conducta, pero no tiene ideas.

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En 2014 tuvo un problema médico, un cáncer me parece.

Sí, tuve un linfoma en el abdomen. Recibí quimio todo el año y superé el tema.

Y aprovechó ese tiempo para escribir su libro Retorno a la Guerrilla.

Exactamente, sí. En cada enfermedad he escrito un libro.

¿Cómo?

Claro, porque el primer borrador de Retorno a la Guerrilla lo escribí cuando me descubrieron un huevo de parásitos en el pulmón izquierdo.

Caray.

Estuve prácticamente todo el año bajo atención médica. Fui operado el año 89, fue una operación de alta cirugía, de la cual quedé perfecto. Pero eso, como me inmovilizó, hizo que haga el primer borrador, sobre el cual trabajé ya con el cáncer.

Cuando presentó Retorno a la Guerrilla declaró lo siguiente: “Nunca salí de la guerrilla sentimental e intelectualmente”.

Exactamente.

¿Por qué?

Porque yo estoy contra el sistema, yo soy un antisistema. Así me declaro y lo he dicho siempre. Creo que el Perú tiene un sistema de pudrición absolutamente corrupto que hay que diferenciar de la sociedad. Y yo no estoy con eso. Y yo sé lo que me cuesta decir eso.

También llegó a decir, cuando presentó su libro, que se sentía en deuda con sus compañeros de la guerrilla.

Totalmente. Yo trabajo por ellos. Todo lo que hago es tratando de pensar en ellos, porque yo soy un sobreviviente, yo no merecía estar vivo. Yo debí morir hace muchos años, fui el único sobreviviente de la última guerrilla. Entonces, yo siempre digo qué pensarían ellos si yo estuviera, por ejemplo, como diputado. Se morirían de risa de mí. Me dirían...

…Eres un burgués.

No, me dirían para qué hicimos todo esto, si luego ibas a estar en el Parlamento. Por eso es que yo nunca he sido candidato a nada en el sistema, ni lo seré.

¿Y entonces por qué aceptó ser canciller?

Porque creí, como creí en la época de Velasco, que venía un proceso que podía ser revolucionario. Está claro que me equivoqué.

¿Qué pensaba del señor Castillo?

Yo no tengo una idea clara de él porque tuvimos una relación muy fugaz. Estuve solo 19 días en la Cancillería. Mire, yo pensaba en el proceso y quería ayudar a eso. Pero me equivoqué, era una cosa mucho más complicada de lo que yo pensaba.

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Hablando de la guerrilla, ¿cuándo fue el momento en el que se dio cuenta de que la guerrilla iba a fracasar?

Yo no tuve una sensación de fracaso, pero sí me di cuenta desde el comienzo, desde que pisé una comunidad campesina de verdad, que había problemas. Lo que yo pensé, y otros compañeros pensamos, era alargar nuestra estadía en el campo y generar una situación en la cual pudiéramos formar una vanguardia campesina. Es decir, yo fui cambiando la idea de guerrilla cubana que tenía al comienzo por la idea mexicana. Es decir, pensar en un campesinado armado que luche para ellos.

Pero los campesinos no estaban en esa misma línea de pensamiento.

Sí y no, nunca lo discutimos a fondo. Nuestro grupo era muy abierto, porque no éramos un partido. Pero, bueno, nos ganaron y no tuvimos tiempo. El Ejército reaccionó más rápido de lo que esperábamos y nos aniquilaron. Las guerrillas duraron muy poco, es un proceso que dura desde el 63, que empezamos, y no superamos los tres años.

¿Vio morir a algún compañero?

Sí, a un compañero, Edgardo Tello

Luego de que el Ejército intervino, ¿usted fue detenido?

El Ejército interviene, matan a todos los compañeros, no queda uno vivo. Yo escapo con otro compañero, y un par de meses después retorné a Lima. La Policía no podía creer cómo había podido llegar a Lima. Los agentes me conocían desde la época de la lucha universitaria, cuando nos vigilaba seguridad del Estado.

A partir del 75, después de que usted deja de trabajar con Velasco, empieza a trabajar con comunidades campesinas.

Claro, así es. Y formamos las ligas agrarias, las federaciones campesinas, llegamos a formar una confederación y logramos que se instale en el Congreso, lo cual era un acto simbólico tremendo, porque eran las ideas de la guerrilla puestas sobre la mesa. Porque lo que nosotros queríamos es que ese mundo campesino, que era mayoría en esa época, forme parte de una república nueva en el Perú. Para nosotros el socialismo era eso.

¿Y qué pensaba Sendero de la experiencia guerrillera que ustedes habían tenido?

Para ellos éramos unos burgueses tontos, eso éramos nosotros. Éramos unos ingenuos para ellos, que creían que la guerra había que hacerla con normas. Y la guerra es la guerra. Si vas a la guerra, vas a matar. Eso era la posición de ellos. Está escrito.

¿Los veían como enemigos?

Sí, por supuesto, porque éramos una parte de la burguesía.

¿Qué piensa cuando escucha eso de que la izquierda no deslindó a tiempo de Sendero, de sus ideas a favor de la lucha armada?

Eso es cierto. Yo creo que hubo un momento de desorientación, de sorpresa. Hubo quienes hablaban de los compañeros equivocados y todo lo demás. Ahí están los periódicos donde se dice eso. Eso sí se puede ver en La República. Como le digo, hay un primer momento de desorientación en todo el país. Fue un fenómeno nuevo para todos. Desgraciadamente fue nuevo por falta de preparación, por falta de orientación política, por falta de estudio. Porque ese mismo hecho se estaba dando en otros países en el mundo, con grupos parecidos. Es el momento en que empieza la lucha en Afganistán y en algunos países de África, eran grupos abiertamente terroristas. Y no se tuvo esa percepción. Sendero no fue un fenómeno nacional solamente.

Y la izquierda no estuvo atenta.

No estuvimos todos. El grupo mío, yo estaba en un instituto en esa época, fue uno de los primeros que reaccionó en contra. Señalamos claramente que eso era terrorismo, y que el terrorismo era inaceptable. No digo nada contra los que demoraron un poco, porque no tuvieron la culpa tampoco, pero después tuvieron que aceptar esa situación.

Ya que estamos hablando del pasado, también está muy presente el tema de la memoria en la discusión política. De hecho, el LUM se quiere pasar del ministerio de Cultura a Justicia.

Lo que digo yo es que, primero, quieren borrar la memoria, y dos, quieren inventar una nueva versión de todo. La película sobre la Universidad de Educación, sobre la matanza de los chicos en la Cantuta, es un primer ensayo. Pero eso va a continuar, sin duda. Ellos van a reescribir libros, manuales, van a hacer videos, van a hacer películas. Es lo que siempre han querido hacer y ahora lo van a hacer.

Y el Lugar de la Memoria es un paso más.

El Lugar de la memoria es un estorbo para eso. Y lo cerrarán o lo cambiarán totalmente. Será otra memoria, falsa.

Sacó un nuevo libro: Así llegamos a esto.

Sí.

Hay dos frases del libro que me llamaron mucho la atención: “El crimen es un compañero del poder” y “Las élites globales de hoy siguen siendo bárbaras”. Explíqueme un poco ambos conceptos.

Yo creo que el mundo en general, que creyó que había llegado la civilización, ha retornado a la barbarie. Estamos viviendo una época de barbarie. Es decir, años de desarrollo económico, de desarrollo social, años de construcción de un aparato de derechos humanos, han quedado inútiles. Porque los poderes grandes, los poderes que manejan el mundo, ligados al crimen, por supuesto, quieren retornar a la etapa anterior a la Revolución Francesa. Y eso lo han dicho muchas veces. La Declaración de los Derechos Humanos les sobra. En la práctica ha sido derogada. No existe. Y en ese momento no existe ley internacional. Y hay que aceptar también que lo máximo que el ser humano llegó a tener es una ley internacional a medias. Porque las Naciones Unidas nunca fueron un instrumento de decisión obligatoria. Siempre fue algo que usted si quería aceptaba y si no, lo rechazaba.

Es el fin de la multilateralidad.

Totalmente. Es el fin del multilateralismo, de lo que ellos llaman la agenda woke, de todas las conferencias de Naciones Unidas, de todo lo que significa derechos. Ellos quieren una súper oligarquía global, basada en la tecnología, la riqueza extrema y un pueblo inerme.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

De acuerdo con el documento, Belaunde Aubry fue designado director de Paltarumi para el periodo 2026-2029, junto a otras seis personas. Sin embargo, en la declaración jurada que el ministro presentó ante Contraloría tras jurar al cargo el 28 de julio, en el espacio destinado a consignar el nombre y la profesión de su padre, escribió: "No labora".

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Consultado por Latina Noticias, Belaunde negó conocer algo al respecto. "No sé qué relación es. No sé si es una relación laboral, o tiene un cargo, o es miembro de un directorio. (…) No conozco las actividades de Paltarumi, no conozco al señor Pflucker", dijo.

Este caso se suma al que ya enfrentaba por los S/1,6 millones que Evangelina Arias, presidenta del directorio de Minera Poderosa, aportó a su campaña presidencial con el partido Libertad Popular. El ministro ha sostenido que ese dinero no provino de la empresa ni fue entregado a su persona, sino que Arias contribuyó "a título personal".

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Pese a la gravedad de la omisión, el presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), evitó cuestionar directamente a Belaunde. "Entiendo que un directorio no genera una relación laboral, es una información más pública la participación dentro del directorio, por lo que corresponde hacerle la consulta al ministro correspondiente", sostuvo, sin exigir explicaciones inmediatas ni anunciar alguna acción de fiscalización desde el Parlamento.

No es la primera vez que Belaunde anda cerca de una minera

No es la primera vez que a Belaunde se le vincula con favores hacia el sector minero. Más de 500 efectivos del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por Ejército y Policía, ocupan desde mayo de 2025 las instalaciones de la minera Poderosa en Hualanga, Vijus y Santa María: duermen, comen y se movilizan en las camionetas 4x4 de la empresa, según un informe de la Unidad de Investigación de La República. El ministro negó que su despacho le dé un trato diferenciado a la compañía, pero fotografías obtenidas por este medio muestran a militares formando fila en los comedores de Poderosa junto a los trabajadores de la minera.

El estatus se mantiene sin cambios desde los gobiernos de Boluarte, Jerí y Balcázar, y continúa bajo la actual gestión de Keiko Fujimori, quien designó a Belaúnde como ministro de Defensa pese a este antecedente.

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El financiamiento detrás de la relación

La dueña de Poderosa, Evangelina Arias Vargas, realizó ocho aportes por un total de S/1,480,000 a la candidatura presidencial de Belaúnde. La empresa confirmó que el CUPAZ usa sus instalaciones, pero negó que esto implique algún pago, contraprestación o control de la compañía sobre las decisiones de las fuerzas del orden.

La coincidencia entre el financiamiento electoral, el uso gratuito de la logística militar en territorio de Poderosa y ahora la omisión sobre el cargo de su padre en otra minera, Paltarumi, deja dudas que el ministro aún no ha logrado responder a la población.

El caso se remonta a 2019, cuando Beingolea habría concertado con funcionarios del Gobierno Regional del Callao para obtener la contratación y el pago de un servicio de asesoría legal que, según la imputación fiscal, no habría sido prestado de manera efectiva. Por esa orden de servicio, el GORE Callao le desembolsó 30 mil soles. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Callao pide, además, una reparación civil de 50 mil soles.

De acuerdo con Infobae, la Fiscalía sostiene que Beingolea no acreditó documentalmente los estudios y la experiencia exigidos en los términos de referencia, y que los tres informes legales presentados eran genéricos o correspondían a competencia de otras áreas jurídicas del gobierno regional. El ministro, sin embargo, ha insistido en que el trabajo sí se realizó y que cuenta con informes sellados, registros de visitas y testimonios que lo respaldan.

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La defensa buscó archivar el caso sin éxito

Según el reporte, la defensa de Beingolea intentó dos caminos para evitar que el caso llegara a juicio: pidió el archivo definitivo del proceso y también presentó un recurso para argumentar que los hechos, tal como están planteados, ni siquiera podrían constituir el delito imputado.

En el primero, argumentó que no existen comunicaciones, reuniones ni testigos que acrediten una concertación dolosa, y que las irregularidades detectadas serían, a lo mucho, defectos administrativos. También alegó que el ministro no participó en la etapa interna de la contratación.

El Juzgado rechazó el primer pedido, decisión confirmada por la Sala Penal de Apelaciones, que señaló que en los delitos de colusión la concertación no requiere prueba directa y puede acreditarse mediante indicios, respaldados en documentos de contratación, un informe de control, una pericia contable y declaraciones de consejeros regionales.

El segundo recurso también fue declarado infundado, al considerar que los argumentos de la defensa correspondían a una valoración de fondo propia del juicio oral, no de esa etapa procesal.

Beingolea apeló el auto de enjuiciamiento, pero su abogado no se conectó a la audiencia realizada la semana pasada, de acuerdo con lo reportado por Infobae.

Fuentes castrenses informaron que las autoridades del CEMAE, con conocimiento de la Comandancia General del Ejército, han cambiado de puesto a los oficiales y técnicos que no dan conformidad a los trabajos de overhaul a las aeronaves Mi rusas.

Por ejemplo, pese a que la contratista se comprometió a una fecha fija de entrega de los helicópteros, la jefatura del CEMAE aceptó otra ampliación. La enésima.

"La empresa indicó que el proceso (de entrega de los helicópteros) se inicia el 31 de agosto de 2026, lo que contradice el compromiso asumido en el Acta de Conciliación y el cumplimiento de la Ley de Contrataciones, toda vez que el plazo culminó el 26 de agosto de 2026. Por lo tanto, no tendría sentido aceptar dicha solicitud presentada por la empresa", señala un informe del mismo CEMAE.

Documentos de Milenium Veladi Corp. a los que tuvo acceso La República confirman la variación de las fechas de entrega de las aeronaves Mi.

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YA QUÉ IMPORTA

De acuerdo con las fuentes consultadas, oficiales responsables del Comité de Recepción y Conformidad de los helicópteros han sido cambiados de puesto por negarse a recibir las aeronaves overholeadas por Milenium Veladi Corp.

La República consultó con fuentes del Ejército si era cierto que el comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle Talledo, ordenó al CEMAE que le diera conformidad a los tres helicópteros reparados por los rusos.

"No es cierto. Los helicópteros aún permanecen en el CEMAE y no han sido entregados, no hay ninguna orden. Aún están en control de calidad", afirmaron las fuentes.

Como puede apreciarse, en la misma respuesta del Ejército se confirma que todavía no son recibidos los helicópteros por la falta de conformidad del CEMAE, pese a que el plazo ya expiró.

También indicaron que los cambios de colocación eran normales en el instituto militar y negaron que existiera una política de presión para darle conformidad a los trabajos de Milenium Veladi Corp.

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SOMBRAS EN LA NOCHE

Hay un incidente documentado que expone la existencia de anomalías en la recepción de los helicópteros, que son negadas por el Ejército.

El 27 de agosto del 2026, al día siguiente de que concluyó el plazo de entrega de los helicópteros, durante altas horas de la noche fueron sorprendidos dos técnicos en los talleres del CEMAE haciendo labores de reparación en el interior del helicóptero EP N° 654, aeronave que está en manos de Milenium Veladi Corp.

Uno de los efectivos fue identificado como el técnico de tercera, especialista en aviónica, Luis Camavilca Correa. Por coincidencia, Camavilca es miembro titular del Comité de Recepción y Conformidad del CEMAE, cuya misión es verificar que la contratista Milenium Veladi Corp. cumplió con el contrato y el acta de conciliación.

Es decir, Camavilca estaba al servicio del contratista de manera subrepticia.

Hay otro hecho de importancia.

Por otro lado, el 18 de agosto del 2026, el jefe del Servicio de Material de Guerra del Ejército (SMGE), general Enrique Garcés Solano, comunicó al jefe del CEMAE, coronel Elvis Velásquez Grández, el relevo del teniente del Servicio de Ciencia y Tecnología del Ejército (SCYTE) Enrique Pachas Ninamango, quien laboraba en esta dependencia en Arequipa.

Garcés informó que Pachas había sido destacado a la sede del SMGE en Lima.

En el documento del cambio de colocación no se indica que el traslado del teniente SCYTE Enrique Pachas se debió a que este reportó a sus superiores graves irregularidades en la entrega de los talleres y laboratorios a cargo de Milenium Veladi Corp., como está establecido en el contrato.

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CONFORMIDAD A LA FUERZA

La disposición del general Enrique Garcés se produjo apenas ocho días antes de que el 26 de agosto se venciera el último plazo para que Milenium Veladi Corp. entregara los tres helicópteros y la implementación de los talleres y laboratorios.

El teniente SCYTE Enrique Pachas era el presidente del Comité de Recepción y Conformidad de Talleres y Laboratorios del CEMAE. Y en cumplimiento de sus funciones detectó que había una serie de observaciones que impedían que el CEMAE diera su visto bueno.

Fuentes militares informaron a La República que las autoridades del SMGE y del CEMAE han tomado una serie de acciones para presuntamente permitir que sean admitidos los helicópteros overholeadas, sin que superen las observaciones interpuestas por los técnicos.

La panameña Milenium Veladi Corp. es representante en el Perú de la estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC).

El conflicto de la Federación Rusa con Ucrania, que estalló en 2022, restringe las actividades de la empresa NASC debido a las sanciones económicas y comerciales de la Unión Europea y Estados Unidos, lo que retarda gravemente el cumplimiento del contrato con el CEMAE. Las tres aeronaves del Ejército debieron entregarse en 2024.

Como lo ha señalado La República en una serie de reportajes de investigación sobre este caso, la cuestión de fondo no solo es el incumplimiento del contrato por parte de Milenium Veladi Corp.

Los documentos de esta empresa manifiestan interés en que el Ejército otorgue su conformidad al overhaul aplicado a tres helicópteros. Necesita completar el servicio y la aceptación del instituto castrense, porque se aproxima la contratación de la reparación total y la extensión horaria de 15 helicópteros.

En un afán de forzar la aceptación de los helicópteros reparados, el CEMAE accedió a que una de las aeronaves volara transportando una imagen de la patrona de Arequipa (sede del CEMAE), la Virgen de Chapi, el 15 de agosto.

Se trató del helicóptero Mi-171Sh-P, de matrícula EP 669, una de las máquinas que en esa fecha no había sido entregada al CEMAE, ni aceptada por los técnicos de esta entidad castrense.

El caso más reciente es de Esdras Medina, exparlamentario de Renovación Popular, designado como asesor del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).

Esta institución se encarga de evaluar y garantizar la calidad de las instituciones educativas y de sus programas, mediante procesos de evaluación y acreditación. Además, certifica las competencias de las personas que cuentan con conocimientos y habilidades adquiridos a través de la experiencia o la formación, con el objetivo de asegurar que cumplan determinados estándares de calidad.

El sector educativo no es lejano a sus intereses. La bancada de Renovación Popular, durante el Congreso pasado, promovió la eliminación de la Educación Sexual Integral de los colegios; avalaron normas que debilitaron la supervisión universitaria y redujeron las capacidades de la Sunedu.

Medina impulsó una reconsideración para insistir con una propuesta que permitía la reelección de rectores de universidades públicas, pese a la oposición de diversas universidades que advertían sobre una afectación a su autonomía.

Del Congreso al Pronabec

Otro de los cuestionamientos ocurrió el 2 de setiembre. La excongresista de Alianza para el Progreso Diana González fue designada como directora ejecutiva del Pronabec.

Su nombramiento lleva la firma del ministro de Educación, José Antonio Chang, y la coloca al mando de una institución que afronta una crisis de financiamiento y cobertura que perjudica directamente a miles de jóvenes de escasos recursos económicos que dependen de este apoyo para seguir una carrera profesional.

De acuerdo con el manual clasificador de cargos de la entidad, el puesto exige un título profesional universitario, ocho años de experiencia general, cuatro años de experiencia específica en la función y dos años en cargos directivos o su equivalencia.

Además de su experiencia como congresista, González registró que laboró como asistente de aprendizaje a distancia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) entre marzo de 2020 y julio de 2021. Además, indicó que trabajó en el área y la jefatura de posventa en Faga Motors S.A., empresa dedicada al rubro automotriz.

La excongresista también consideró su gestión como presidenta de la Federación Peruana de Voleibol entre enero de 2017 y enero de 2018. Sin embargo, estos antecedentes se alejan de la gestión educativa especializada que requiere una encargatura como la dirección ejecutiva del Pronabec.

Pero el caso que comprometió más al ministro Chang fue el nombramiento de Tania Ramírez en el directorio de la Derrama Magisterial, institución encargada de administrar los aportes y fondos previsionales de los maestros del Estado.

Tras revelarse la coincidencia de viajes entre Ramírez y el titular del Minedu, la excongresista renunció al cargo casi tres semanas después. La presidenta Fujimori intentó restarle importancia al hecho.

Alejandro Cavero: de criticar a "los que viven del Estado" a cobrar un sueldo como asesor en la vicepresidencia

Tras no conseguir la reelección en las urnas para este periodo y renunciar a la militancia de Avanza País al notar que su partido no pasaría la valla, el excongresista Alejandro Cavero volvió al Congreso de la República.

El 2 de setiembre, un medio independiente lo registró ingresando al Palacio Legislativo para desempeñarse como asesor en el despacho de Miguel Torres, senador que preside la Cámara Alta y, además, es el segundo vicepresidente del Perú.

Su labor conlleva un sueldo de aproximadamente S/18.985 mensuales, de acuerdo con los montos asignados a los asesores de la vicepresidencia, según registros anteriores.

Este retorno al Palacio Legislativo, pese a no haber sido elegido, contrasta con los cuestionamientos que Cavero hacía durante su etapa parlamentaria contra quienes, según él, vivían del Estado.

“Una de las características de los caviares es ser doble cara, o creen que en un sistema capitalista nunca van a poder surgir, entonces necesitan que el Estado los mantenga, como un montón de gente que vive mantenida por el Estado".

Bajo esa postura también criticó al exministro Alejandro Salas por utilizar bienes estatales tras dejar el cargo. "Lo que tiene que hacer el ministro Salas en vez de estar viviendo de la gasolina del Estado es ponerse a buscar trabajo que es lo que tiene que hacer cualquier exfuncionario del Estado", manifestó en el 2023.

Sin embargo, tras quedarse sin escaño, Cavero terminó haciendo exactamente aquello que tanto recriminaba: pasar a vivir del Estado.

La falta de idoneidad en el Estado

Tras los cuestionados pasos de Diana González en Pronabec, Alejandro Cavero en la vicepresidencia y el efímero paso de Tania Ramírez por la Derrama Magisterial, el problema de fondo expone una deficiencia estructural en la administración pública.

Para el abogado especialista en contrataciones del Estado y Derecho Laboral, Christian Castillo, estas designaciones reflejan que el problema va mucho más allá de casos aislados y responde a una práctica sistemática de reciclaje político.

"Lo que pasa es que nosotros estamos viendo el árbol y no estamos viendo el bosque. El bosque nos indica que el gobierno de Keiko Fujimori ya venía gobernando con tiempo de anticipación en la época de Dina Boluarte, en la época de Jerí, y eso ha determinado que los funcionarios, congresistas, ministros, viceministros, funcionarios del Estado sean reciclados en esta nueva etapa", advierte Castillo.

Castillo lamenta que tantos años de intentar llegar al poder no hayan servido para formar un equipo de profesionales idóneos. Para el especialista, esto deja en evidencia que Keiko Fujimori no se ha preparado para gobernar, recurriendo en su lugar al reciclaje de figuras políticas para intentar sostenerse.

"Qué pena que 16 años de elecciones, cuatro periodos constitucionales, no le hayan servido para dotarse de un buen acervo de profesionales que puedan trabajar por bien del Perú. Lo que demuestra que definitivamente la presidenta no está preparada, ni mucho menos que el gobierno está preparado, para afrontar una crisis institucional como la que está viviendo el Perú desde hace 30 años".

Al analizar los filtros legales y la exigencia de perfiles adecuados —especialmente en instituciones sensibles como Pronabec y la Derrama Magisterial—, Castillo señala que la experiencia como parlamentario no convalida necesariamente las aptitudes requeridas para manejar este tipo de instituciones.

"El ser congresista no le da la condición de jefaturar un equipo de trabajo. Pretender justificarlo con la experiencia de coordinar asesores, está bien jalado de los pelos”.

En la misma línea, al evaluar el manejo financiero e institucional que exige una entidad como la Derrama Magisterial —encargada de administrar las pensiones y aportes de maestros activos, cesantes y jubilados—, Castillo advirtió sobre la enorme responsabilidad económica que esto implica y la falta de idoneidad de los perfiles seleccionados.

"La Derrama Magisterial es la entidad que agrupa a todos los maestros, activos, cesantes y jubilados. Es una especie de cooperativa o un lugar donde se administran sus pensiones y sus contribuciones. Hay un manejo económico muy alto".

A ello, el especialista añadió que este tipo de nombramientos demuestran una falla estructural en el Ejecutivo. "Lo único que nos demuestran estos nombramientos es que el gobierno de la actual presidenta no tiene la capacidad de rodearse de personas tecnócratas, digamos, de personas que tengan la capacidad moral idónea para poder dirigir una institución".

Para el especialista, la insistencia en colocar operadores políticos en puestos técnicos genera un daño al desarrollo de las nuevas generaciones, sobre todo cuando se descuidan sectores como el financiamiento de becas educativas.

"Simplemente estamos despilfarrando tiempo, dinero y generaciones de nuestros jóvenes estudiantes en Perú porque no hay capacidad de gerenciamiento".

"El Estado básicamente se ha convertido en un botín para pagar favores políticos”

En entrevista con La República, el politólogo y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Fernando Cárdenas, señaló que estas designaciones reflejan cómo el aparato estatal carece de filtros y capacidad técnica.

"El Estado básicamente se ha convertido en un botín para pagar favores políticos. Entonces tú me apoyas, yo te doy tu chambita, y los servicios y bienes públicos que recibe la ciudadanía se siguen deteriorando".

Cárdenas advierte que esto responde a un problema estructural e histórico, donde la meritocracia ha quedado totalmente relegada.

"El Estado peruano históricamente no ha tenido un servicio civil profesional. Esto quiere decir que los cargos básicamente sean por concurso público y en concordancia con un cierto perfil técnico. (...) En el Estado peruano, esto no es nuevo, es un proceso que lo carcome por dentro, ha dejado de lado prácticamente ya la ley de servicio civil, es una ley muerta. Y lo que pulula, lo que abunda es la designación política, es decir, el cargo de confianza".

Al contrastar el discurso que mantuvo el fujimorismo durante los años de oposición con sus acciones actuales en el Ejecutivo, el politólogo señala una contradicción que impacta con la confianza ciudadana. "Una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno, cuando uno es gobierno, se le olvida lo que criticaba en la oposición”.

En la misma línea, Cárdenas abordó el caso específico de Alejandro Cavero y el doble rasero de quienes criticaban el empleo público para luego terminar ocupándolo.

"En el caso de Cavero tiene un agravante porque él, cuando fue congresista, se la pasó toda su administración, todo su mandato despotricando contra aquellos que solamente vivían de la mamadera del Estado, que no podían encontrar trabajos en el sector privado y que se aferraban al presupuesto público. Y ahora, ahí está. La contradicción flagrante y evidente de lo que se decía como congresista y su conducta ahora como civil".

El especialista advierte sobre los daños de esta repartija en programas como Pronabec y el deterioro de la percepción pública sobre el Estado.

"Los principales perjudicados son los chicos de Beca 18 porque el programa se está deteriorando aceleradamente, y los chicos de Generación Bicentenario que son chicos brillantes que han sido admitidos en las mejores universidades del mundo, pero que la correlación institucional, para entender la complejidad de haber sido admitido en las mejores universidades del mundo, no existe".

Para Cárdenas, este tipo de prácticas profundiza la brecha entre la clase política y la población, así como la idea de que la administración pública responde únicamente a intereses particulares.

"Eso está en Latinobarómetro: el Estado es prácticamente un botín y no una entidad que está para servir a los ciudadanos".

Para Joseph Campos, abogado constitucionalista, la creación de esta Guardia Municipal podría dar paso a una duplicidad de funciones. Explicó que esto iría en contra de lo que señala la Constitución.

"Si la ‘Guardia Municipal’ es una mera denominación de lo que ya existe como serenazgo, no hay problema. El problema constitucional es que no debe existir duplicidad de competencias. El conflicto competencial precisamente es una prevención y remedio contra eso. La competencia municipal de brindar seguridad se hace con la cooperación de la PNP, como expresamente lo dice la Constitución. No es plenamente autónoma y no podría serlo. El combate del crimen, el control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno son competencias directamente establecidas en la Constitución para la PNP. Esa orden se traduce en la obligatoriedad para el Estado de asumir la formación a su costo y, de ahí, las escuelas de formación", indicó.

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Además, Campos indicó que tendrían que modificarse y crearse algunos marcos legales y constitucionales para que recién este nuevo cuerpo de seguridad pueda actuar sin contravenir el orden establecido.

“A diferencia de nosotros, los privados, que podemos hacer todo aquello que no está prohibido, el Estado solo puede hacer aquello para lo que está facultado. ¿La municipalidad puede crearlo? Sí. En el marco cooperativo actual, sin problema. Para asignarle tareas directas de combate contra el crimen, tendría que proveerle de herramientas legales y armas. Lo contrario sería exponer a los ‘guardias municipales’ a un martirio o poner en riesgo su seguridad. Eso exige modificaciones y precisiones de orden constitucional y legal”, sostuvo.

Criticas vienen también de otros políticos

Pero las críticas también vienen de otros sectores políticos. Fernando Rospigliosi, senador de Fuerza Popular, señaló que enviaría un oficio al Ministerio del Interior para calificar de ilegal la autorización para crear un nuevo cuerpo armado.

"El Municipio de Lima convoca concurso para constituir una ‘Guardia Metropolitana’ armada. Quiere formar una Policía paralela. Eso no solo es ilegal e inconstitucional, sino un gravísimo error. El Perú es una república unitaria, no un país federal. México tiene 1.800 cuerpos policiales, muchos controlados por los narcotraficantes y delincuentes. Ese es el ejemplo que hay que mirar. No se debe permitir una mayor fragmentación del país", apuntó en X (antes Twitter).

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Durante la presentación de estos agentes, Renzo Reggiardo aseguró que la iniciativa busca resguardar la seguridad de la ciudad y que contaría con el apoyo de Estados Unidos. En el acto también estuvo presente el embajador de ese país en Perú, Bernie Navarro. El alcalde no precisó bajo qué marco legal se regiría este nuevo cuerpo armado y respondió a las críticas formuladas por el parlamentario de Fuerza Popular.

"Esta no es una policía municipal. Me encantaría crear una, no tengan duda. Que no nos digan que no es constitucional o que solo aplica en países federados. Lo aprobado es una autorización a Emape para que brinde servicios de seguridad en sus instalaciones", señaló.

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Durante la conferencia, el gerente de Emape, Edgar Lara, señaló que cerca de cinco empresas implementarían 250 buses y que está previsto que estas unidades de transporte trabajen bajo el resguardo de este nuevo personal de seguridad.

De acuerdo con la información preliminar, la empresa Ferbicons Constructores S.A.C. obtuvo un contrato por S/349.000 para la instalación de grass sintético. El alcalde habría solicitado inicialmente el 10% del monto, equivalente a unos S/34.900, a cambio de agilizar el pago correspondiente. Posteriormente, el monto habría sido reducido a S/30.000.

El pedido de dinero habría quedado registrado en un audio, evidencia que fue entregada a las autoridades luego de que uno de los representantes de la empresa denunciara el hecho.

Tras la denuncia, el fiscal anticorrupción Wilima Otazú dispuso la intervención en la sede de la Municipalidad Distrital de Huacullani. La entrega del dinero se habría concretado dentro del local municipal.

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Dos trabajadoras también fueron detenidas

Durante el operativo también fueron intervenidas Marga Clared Mamani Chambilla, asistente de la unidad de Tesorería, y Rocío Ana Flores Maquera, tesorera de la comuna.

Según la información recogida en la diligencia, Mamani Chambilla tenía en su poder el dinero que presuntamente había sido solicitado por el alcalde. Además, los investigadores encontraron comunicaciones entre ella y Apaza Mamani a través de WhatsApp que serían materia de investigación.

Las dos trabajadoras habrían atribuido al alcalde la responsabilidad por el pedido de dinero, aunque no habrían brindado mayores detalles sobre cómo se habría coordinado la presunta entrega de la coima.

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Alcalde y trabajadoras evalúan terminación anticipada

Fuentes del Ministerio Público señalaron que, ante las evidencias recogidas durante la intervención, los tres investigados habrían reconocido los cargos que se les atribuyen y estarían evaluando acogerse a la terminación anticipada.

Esta figura permite que un investigado acepte responsabilidad y llegue a un acuerdo con la Fiscalía sobre la pena y la reparación civil, a cambio de una reducción de la sanción. La eventual aplicación de este mecanismo deberá ser evaluada y aprobada por el Poder Judicial.

La investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los intervenidos y establecer las circunstancias en las que se habría solicitado y entregado el dinero.

La propuesta fue retirada tras las críticas de distintas organizaciones. Sin embargo, el CPP remarcó que el análisis del caso sigue siendo pertinente por tratarse del primer intento legislativo de este tipo en el actual periodo parlamentario.

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El proyecto buscaba agravar la pena por apología al delito cuando esta ocurriera "mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión". La norma también alcanzaba a cualquier persona considerada "líder de opinión, comunicador, creador de contenido digital, influencer o persona con capacidad de convocatoria pública".

El CPP calificó la iniciativa como una amenaza directa contra el ejercicio del periodismo, sobre todo en momentos donde la cobertura de protestas y conflictos sociales resulta más necesaria.

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El gremio periodístico cuestionó, además, la falta de precisión en los términos de la propuesta. Se preguntó, por ejemplo, si informar sobre el lugar y la fecha de una protesta podría interpretarse como apología al delito bajo esa norma.

También señaló que el proyecto no definía con claridad qué constituye una "crisis política" ni quién tendría la potestad de determinar su inicio y su fin. Para el CPP, este tipo de vacíos legales resultan inaceptables cuando de por medio existen sanciones penales.

El informe del CPP correspondiente a agosto de 2026 no se limitó al caso del legislador Bravo. El documento también recogió otros tres casos de hostigamiento judicial y digital contra comunicadores peruanos en el mismo mes. Entre ellos figura el ataque contra el periodista Renzo Giner, de El Comercio, quien fue víctima de una campaña de desprestigio con inteligencia artificial luego de publicar una investigación periodística.

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Cuatro periodistas también fueron blanco de ataques en agosto

El reportero Renzo Giner enfrentó una demanda de 10 millones de soles por parte del candidato de Somos Perú a la alcaldía de Chorrillos, Ricardo Vásquez. La demanda fue declarada improcedente.

Pese a ello, cuentas de redes sociales vinculadas al candidato difundieron una imagen del periodista generada con inteligencia artificial. Lo acusaron, sin sustento alguno, de haber recibido dinero a cambio de su investigación.

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El comunicador César Hildebrandt y el reportero Eloy Marchán, ambos de la revista Hildebrandt en sus trece, fueron querellados por difamación agravada. El empresario argentino Damián Valenzuela los denunció tras la publicación de una investigación sobre sus antecedentes judiciales y sus vínculos con la presidenta Keiko Fujimori. Valenzuela exigió cárcel para ambos periodistas y una reparación civil de un millón de dólares.

La periodista Paola Ugaz sumó una nueva querella por difamación agravada a un historial judicial que se extiende desde 2018. La Asociación Civil San Juan Bautista la denunció esta vez y aseguró que sus publicaciones contienen "afirmaciones falsas, inexactitudes y acusaciones sin sustento". La comunicadora investiga desde hace años presuntos abusos cometidos en organizaciones religiosas del país.

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El CPP rechazó el uso del sistema penal como herramienta de persecución contra periodistas. El gremio calificó como desproporcionadas las multas y reparaciones civiles que enfrentan comunicadores como Giner, Hildebrandt y Marchán.

Sobre el ataque digital contra Giner, la organización indicó que se trata de un delito que las autoridades deben investigar y sancionar. Citó, en ese sentido, el artículo 6 de la Declaración de Salta II de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Ayer en una entrevista para Exitosa, aseguró que la ley que impide de la destitución del general PNP Óscar Arriola es inconstitucional y que “la presidenta de la República (Keiko Fujimori) puede cambiar” al jefe de la Policía Nacional.

"Si entra un nuevo gobierno, tiene que tener un comandante general de la policía que sea de su confianza”, manifestó.

También cuestionó el liderazgo de Arriola al señalar que, en la actualidad, hay policías de “escritorio”.

“En lugar de enfocarse en la lucha contra la criminalidad, las organizaciones criminales grandes, ha priorizado tener a la Policía en su escritorio haciendo la investigación preliminar y esa es su bandera de lucha”, dijo.

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Falta de coordinación

Tomás Gálvez también se pronunció sobre el secuestro y crimen que se registró en Trujillo. Sobre el tema, dejó en evidencia que la PNP no coordinó con la Fiscalía.

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Sostuvo que la investigación debe desarrollarse de manera conjunta entre ambas instituciones y no manejar una estrategia distinta.

"La norma dice que la disposición del inicio de investigación donde se diseña la estrategia jurídica y operativa lo dispone el fiscal. Pero acá cada uno estaba con su propia estrategia por los policías que fueron de Lima, los policías de allá y la fiscalía estaba con la estrategia correspondiente, pero la policía se resistía a coordinar", expresó.

“La investigación del delito la lleva a cabo del binomio indisoluble que es policía y fiscalía. Si lo hace solo la policía o la fiscalía no está completo. Pero ahora la ley que ha salido dice que la policía puede realizar la investigación preliminar y ese está siendo un problema grave especialmente en este caso de Trujillo”, expresó.

En esa crítica, comentó que la exposición de los detenidos está prohibido por la Constitución y el Código Penal.

“Lamentablemente, se ha hecho costumbre que la policía, buscando mostrar eficacia en su trabajo, presentan a los detenidos y eso no debería producirse. Está expresamente prohibido por las normas. Y obviamente, si se le da un tratamiento para impactar a la prensa, peor; el efecto es negativo y pernicioso, como se ha visto en estos días. Esto no debería hacerse”, expresó.

Presencia de Belaunde

El titular del Ministerio Público consideró que la participación del ministro Rafael Belaunde no es pertinente porque podría “entorpecer” la investigación.

Indicó que las autoridades deben preservar el adecuado desarrollo de las diligencias y actuar dentro de los límites que establecen las normas.

Además, refirió que en una declaración formal solo debe estar en fiscalía y la policía.

“Hay que hacer la precisión: el fiscal está en la declaración formal que se le toma y el fiscal dirige la declaración, va a interrogar en conjunto con el instructor policial. Pero, en una entrevista previa como esto no necesariamente puede estar el fiscal porque es una conversación. Que corresponda, que sea pertinente, no lo es, definitivamente, porque se puede entorpecer la propia secuela de la investigación”, sentenció.

En medio de la polémica por los detenidos en Trujillo, Fujimori rechazó haber ido malinformada sobre los implicados.

La función de Orden Público y Seguridad sufrirá un recorte, pasando de S/15.857 millones en 2026 a S/15.338 millones en 2027. Esta reducción presupuestal de S/519 millones (3,3% menos) impacta directamente en el programa de Reducción de delitos y faltas, cuyos recursos caen de S/6.878 millones a S/6.494 millones. El ajuste se da justo cuando la ciudadanía exige mayor vigilancia y capacidad de respuesta frente a la delincuencia.

Así, el discurso de "mano dura" y combate al crimen del que se jacta el Ejecutivo choca con la reducción en el presupuesto asignado, lo que deja la promesa sin el respaldo financiero para su ejecución.

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La inversión militar casi se cuadruplica en 2027

La otra cara de la propuesta aparece en los proyectos de inversión de Defensa: los recursos pasarían de S/665 millones en 2026 a S/2.548 millones en 2027, un aumento de 283%.

La apuesta se concentra en recuperar proyectos considerados estratégicos para las Fuerzas Armadas. Entre los principales figuran la recuperación de la capacidad operativa de aeronaves de combate en La Joya, Arequipa, la recuperación de la fuerza de superficie de la Marina en el Callao y una nueva etapa del plan maestro de la Base Naval del Callao y la industria naval.

A diferencia del gasto policial, orientado a frenar la delincuencia en las calles, estos proyectos apuntan a reconstruir capacidades militares que requieren inversiones de mayor plazo.

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Si bien la modernización militar es necesaria, la seguridad ciudadana exige resultados inmediatos. Por eso, la decisión del Gobierno de acelerar millonarias inversiones militares al mismo tiempo que recorta el presupuesto para la Policía puede generar un debate dentro y fuera del Congreso.

Un presupuesto que contradice el discurso de "orden"

El Gobierno de Keiko Fujimori tendrá que explicar por qué, en un país donde la inseguridad es una demanda cotidiana, el mayor salto de inversión dentro del ámbito de seguridad está orientado a las capacidades militares y no a reforzar con igual intensidad la respuesta frente al crimen.

Para Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, esa decisión resulta contradictoria con el objetivo que el propio Gobierno se ha trazado.

“Me parece una contradicción afirmar que se enfrenta a la inseguridad y a su vez que se reduzca el presupuesto para el sector Interior y la Policía. Uno esperaba, en todo caso, que sea al revés, porque ¿de qué manera se va a cubrir la brecha para la compra de tecnología, de vehículos, el incremento de acciones de inteligencia a la Policía si su presupuesto va a ser menor?”, cuestionó.

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En la lectura del exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, la reducción del 3,3% en el presupuesto del sector Orden Público resulta una contradicción frente al incremento de la criminalidad y los propios compromisos asumidos por el oficialismo.

"Mi primera reacción es de sorpresa porque me parece una absoluta contradicción con respecto a lo mencionado tanto en el plan de gobierno de Fuerza Popular como en lo anunciado por la presidenta en su discurso del 28 de julio. Me sorprende esta decisión de reducir el presupuesto porque está afectando el patrullaje policial y los programas de seguridad ciudadana, que son indispensables para controlar la calle”, dijo para La República.

Acomodo político con las Fuerzas Armadas y gasto mal enfocado

Al analizar el incremento de 1.812 millones de soles destinados al sector Defensa, Valdés sostiene que la decisión responde a un cálculo político para congraciarse con las instituciones militares, mientras descuida las verdaderas prioridades de la ciudadanía.

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"Yo creo que esto responde al interés del gobierno de mantenerse en una buena disposición con las Fuerzas Armadas. Me parece que el ministro ha debido defender al menos el presupuesto del Ministerio del Interior; no hubiese permitido que se reduzcan los fondos para la seguridad ciudadana”.

En esa misma línea, cuestiona que los recursos del Estado se destinen a equipamiento militar de guerra, adquisiciones que bien podrían postergarse por no ser urgentes frente a la necesidad de combatir las extorsiones y el crimen.

"Se está yendo el dinero para aviones de caza F-16, para la modernización de la base naval del Callao y la industria naval. Esos no son gastos prioritarios para el cuidado de los ciudadanos en este momento. Yo puedo tener barcos muy modernos, pero esos no me sirven para nada en la lucha contra la criminalidad”.

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Sin presupuesto no hay voluntad política

Frente a la propuesta oficial de desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno, Valdés advierte que la medida será ineficaz sin inversión económica para inteligencia, laboratorios de criminalística y la renovación del parque automotor policial, del cual cerca del 40% se encuentra inoperativo.

Para el exviceministro, la partida presupuestal es la única prueba del compromiso del Ejecutivo. "El mensaje es tremendamente contradictorio. Nada de lo prometido se va a poder cumplir si no hay fondos. El dinero es la expresión de la voluntad política, y lo que me da a entender el Gobierno con este presupuesto es que la voluntad política no existe para poder combatir la inseguridad”.

Además, Valdés remarcó que al no haberse presentado un solo indicador de reducción del delito en las primeras semanas de gestión, este déficit de recursos provocará un incremento inevitable en los índices de sicariato, extorsión y economías ilegales a nivel nacional.

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Del mismo modo, el exministro de Defensa, José Luis Gavidia, también consideró un error reducir los recursos destinados a seguridad en medio del avance de la delincuencia y planteó una mayor coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas.

En medio del debate por el proyecto de Presupuesto Público 2027, Gavidia cuestionó que se recorten recursos para un sector que, a su juicio, debería ser una de las principales prioridades del Gobierno frente a la ola de criminalidad.

“Definitivamente yo creo que el haber reducido el presupuesto a sistemas de seguridad es un error. Es uno de los problemas más graves de nuestro país y definitivamente tenemos que priorizar los resultados”.

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Gavidia plantea trabajo conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas

El exministro también se refirió a la posibilidad de desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo de las labores de seguridad interna. En esa línea, planteó una colaboración entre las fuerzas del orden.

“Yo siempre he pensado que la Policía debe pasar a ser parte del Comando Conjunto y comenzar a trabajar en equipo, todo el mundo, así como la Policía tiene que estar de frente a estas bandas criminales”.

Gavidia añadió que también es necesario revisar la formación de los policías, tanto oficiales como mandos, y planteó tomar como referencia experiencias de cuerpos policiales extranjeros para fortalecer sus capacidades.

La visita busca, según el comunicado oficial, "fortalecer las asociaciones clave" de Washington en la región. Se trata de la primera vez que Rubio pisa territorio peruano desde que asumió el cargo.

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El viaje no se limita al Perú. Rubio también estará en Colombia y Ecuador. En Bogotá se reunirá con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. En Quito lo recibirá el presidente Daniel Noboa, a quien ya conoció en un viaje anterior, en setiembre de 2025. En Lima, en cambio, sostendrá su primer encuentro con el gobierno de Keiko Fujimori desde que la mandataria llegó al poder.

La agenda de la gira toca tres temas centrales. El primero es el apoyo de Estados Unidos a Colombia tras el terremoto que golpeó el occidente del país en agosto. El segundo es el refuerzo de la cooperación contra el narcotráfico y lo que Washington llama narcoterrorismo.

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El tercero son los beneficios de relaciones comerciales más cercanas entre los tres países y Estados Unidos. El comunicado del Departamento de Estado no detalla, por ahora, la agenda específica que Rubio tendrá en la capital peruana.

Detrás de esta gira está el Escudo de las Américas, una alianza antinarcóticos que la Casa Blanca lanzó en marzo de este año. Colombia, de hecho, ya anunció su ingreso a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas tras la llegada de De la Espriella a la presidencia.

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El viaje se da además en momentos en que tres gobiernos de la región —Bogotá, Quito y Lima— muestran una cercanía ideológica marcada con la administración de Donald Trump, algo que la propia gira busca consolidar.

En Lima, el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, se pronunció sobre la visita a través de su cuenta en la red social X. En el mensaje, elogió la gestión de Rubio dentro de la administración Trump y señaló que el Perú debe esperar anuncios sobre la cooperación bilateral. El diplomático, cercano al secretario de Estado, indicó además que espera recibirlo próximamente en el país.

De acuerdo a la hoja de vida que presentó Medina ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Generales de 2021, su experiencia laboral es de dos experiencias como administrador de la Institución Educativa Privada 'Belen Kids', de Arequipa. Además, cuenta con estudios de maestría en Gerencia de Gobiernos Regionales y Locales por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, de Juliaca.

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El Sineace es la institución que se encarga de evaluar y garantizar la calidad de las instituciones educativas y de sus programas, mediante procesos de evaluación y acreditación. Además, certifica las competencias de las personas que cuentan con conocimientos y habilidades adquiridos a través de la experiencia o la formación, con el objetivo de asegurar que cumplan determinados estándares de calidad.

Medina fue presidente de la Comisión de Educación del Congreso pasado. Bajo su titularidad, se aprobó el dictamen que luego derivó en la Ley N.° 31498, la cual permitió a grupos conservadores vetar el enfoque de género de la currícula escolar. Esta ley fue criticada por limitar el papel del Ministerio de Educación (Minedu) en la formulación de nuevos materiales educativos.

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Una relación controvertida

El paso de Medina por el Parlamento también ha estado vinculado a posiciones cuestionadas en materia educativa y de control institucional.

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Medina fue uno de los congresistas de Renovación Popular que respaldó la modificación de la composición del consejo directivo de la Sunedu, una medida calificada por críticos como parte de la contrarreforma universitaria.

Años después, impulsó una reconsideración para insistir con una propuesta que permitía la reelección de rectores de universidades públicas, pese a la oposición de diversas universidades que advertían sobre una afectación a su autonomía.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

"El tema de seguridad está en el foco. Por lo tanto, en el foco tiene que estar el ministro del Interior. Tiene que haber respuestas muy inmediatas en el tema de la inseguridad. No hemos visto cambios importantes hasta ahora. Ciertamente ha pasado poco tiempo, pero no hay una estrategia clara o un discurso que haga pensar que se están juntando las piezas adecuadamente. (…) Me parece bien que sea interpelado. Es parte de la práctica democrática normal", indicó en Canal N.

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Figallo también dio sus observaciones con respecto al manejo que ha mostrado el Gobierno de Keiko Fujimori hasta el momento. Para el senador del Partido del Buen Gobierno, el gabinete fujimorista no ha logrado consolidar un plan manejable de cara a la situación que azota al país.

"Creo que están sentándose en sus puestos y tratando de organizar las cosas. Esperábamos que esto ya lo tengan previamente, que llegaran con un plan listos para actuar. Pero, aparentemente, hay una especie de sorpresa respecto a lo que han encontrado. (…) Ciertamente, han debido llegar con mejor preparación para tomar acción desde el primer día, pero eso no ha ocurrido. Vamos a ver lo que sucede en los próximos días", señaló.

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La moción de interpelación contra Astudillo

La bancada de Juntos por el Perú promovió una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, debido a cuestionamientos por presuntas designaciones irregulares dentro de su sector y por la ausencia de resultados concretos ante el incremento de la delincuencia. La iniciativa fue presentada por la diputada de Juntos por el Perú y primera vicepresidenta de la Cámara Baja, Analí Márquez.

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El pedido contiene un pliego interpelatorio de 27 preguntas, distribuidas en cuatro temas, que Astudillo deberá responder ante el Pleno en caso de que la moción sea admitida. Entre los argumentos expuestos se encuentra el aumento de la tasa de homicidios.

La moción también cuestiona que el general Óscar Arriola continúe como comandante general de la Policía Nacional pese a acumular al menos 15 investigaciones fiscales en Lima, Lima Norte y Huánuco, por delitos como presunto prevaricato, abuso de autoridad y tráfico de influencias. También se menciona expedientes antiguos relacionados con su desempeño en Huánuco, que incluyen acusaciones por homicidio calificado y tortura, y solicitaron al ministro explicar por qué no se ha dispuesto su salida o suspensión, pese a los cuestionamientos sobre su conducción de la institución.

Aguirre fue más allá y cuestionó directamente el liderazgo de Zunini dentro de la agrupación. Aseguró que todas las decisiones de la bancada deberían someterse primero a votación entre sus integrantes, algo que, según él, no viene ocurriendo.

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Días antes de las declaraciones del parlamentario, el Comité Regional de Junín de la agrupación emitió un pronunciamiento en el que pidió a la bancada iniciar acciones disciplinarias contra Aguirre por sus críticas públicas.

El diputado respondió cuestionando la legitimidad de los firmantes de ese documento y acusó a una de las dirigentes regionales de haber "indispuesto" a candidatos durante la segunda vuelta electoral.

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Fuentes de La República señalaron que el caso de Aguirre no sería aislado. De acuerdo con esta información, hasta cuatro diputados de Juntos por el Perú tendrían decidido su pase a Fuerza Popular.

Las mismas fuentes indicaron que otros dos legisladores negocian su incorporación a Renovación Popular, en un movimiento que podría cambiar el mapa de fuerzas dentro del Congreso.

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Las acusaciones de Aguirre contra la conducción de la bancada

Aguirre no se guardó nada al hablar sobre el ambiente interno en Juntos por el Perú. En una entrevista con La República contó que el vocero Ernesto Zunini mantiene "actitudes negativas, matonescas" dentro del grupo y que existe un problema de fondo: las propuestas no se someten a votación conjunta antes de tomar una decisión, algo que para él es básico en cualquier bancada.

Según explicó, cuando algún congresista protesta por esta forma de manejar las cosas, la respuesta que recibe es de incomodidad, no de diálogo. "Es un tema de democracia", resumió el diputado.

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El reclamo más concreto de Aguirre tiene que ver con la vicepresidencia de la Comisión de Presupuesto. El legislador aseguró que Zunini se autodesignó en ese cargo sin que ningún colega lo propusiera.

Contó que un día antes de la entrevista la bancada sostuvo una reunión interna en la que varios diputados le hicieron el mismo reclamo, aunque Zunini negó la versión y la calificó de "totalmente falsa" en declaraciones a este medio.

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El diputado por Junín también cuestionó la presidencia de la Comisión de Energía y Minas, a cargo de Jennifer Paredes. Para Aguirre, ese puesto exige preparación técnica específica —"un ingeniero o afines"— por la complejidad de temas como la situación de los mineros informales inscritos en el Reinfo.

El legislador no le atribuyó a Paredes ninguna falta concreta, pero dejó sembrada la duda sobre si está calificada para el cargo. "Ustedes saquen sus conclusiones", lanzó.

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Aguirre también respondió al pronunciamiento del Comité Regional de Junín de su propio partido, que pidió a la bancada abrir un proceso disciplinario en su contra por sus declaraciones.

El diputado restó legitimidad a los firmantes del documento: dijo que uno de ellos, identificado como Osman Delfonso, "no tiene credibilidad ni registro jurídico" dentro de Juntos por el Perú. Apuntó también contra la dirigenta Anélia Bendaña, a quien acusó de haber "indispuesto" a los candidatos de la región durante la segunda vuelta electoral y de ser responsable de que Junín se quedara sin un candidato en la provincia de Tambo.

Luis Quispe Candia, diputado por el Partido del Buen Gobierno, criticó la omisión de la derogación de estas normas. Además, señaló que no está confirmado que su partido vaya a brindar un respaldo total al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo.

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"No se han tomado decisiones con el pedido de delegación de facultades. En relación con las normas que contravienen la lucha contra el crimen organizado y la debilitan, nosotros pediremos su derogación. Esa omisión está mal. Nosotros no vamos a promover normas que contravengan el cumplimiento de la ley. Es un momento crítico el que enfrenta el país", indicó a este medio.

Jair Manrique, diputado de Ahora Nación, también fue crítico con este pedido. El parlamentario señaló que no solo las leyes procrimen han sido obviadas, sino también otros temas. Bajo su análisis, el pedido debería ser reformulado.

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"Debería replantearse el pedido de delegación de facultades. Hay muchas cosas obviadas y otras agregadas de manera innecesaria. Creo que la presidenta debería reajustar su solicitud, ya que no se ajusta a la realidad. La realidad es que las leyes procrimen han incrementado la delincuencia. Yo ya he hecho un pedido público para que se reajuste este pedido", apuntó.

La omisión expresa no sorprende

Catherin Palomino, diputada de Juntos por el Perú, señaló que el Ejecutivo ya ha confirmado la creación de una comisión para revisar estas normas y que en el Congreso se empezarán a tramitar las proposiciones para derogarlas. Sin embargo, indicó que su omisión no debe ser pasada por alto.

"Creería que, si bien la omisión expresa no sorprende, porque el fujimorismo respaldó estas leyes, no quiere decir que no empecemos el debate desde los fueros competentes para proceder con la próxima derogación. En el Congreso, por ejemplo, seguiremos adelante con ello y no estamos condicionados a ninguna delegación de facultades legislativas", apuntó.

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En el Senado también hay opiniones sobre el tema. Daniel Barragán, uno de los hombres fuertes de Obras, también fue crítico con las omisiones. Además del paquete legislativo, el senador señaló que se están dejando de lado medidas de prevención de cara al fenómeno de El Niño, previsto para el periodo 2026-2027.

"Las facultades las hemos discutido en la bancada. Hay varias cosas que no se han considerado. No solo las leyes procrimen, tampoco se precisa sobre el fenómeno de El Niño. Nosotros queremos apoyar las normas que traten temas urgentes para el país. Acá, desde el Congreso, igual estamos presentando proyectos de ley para lograr su derogación".

Opiniones también vinieron de la derecha

Desde la derecha, algunas voces también han opinado sobre esta omisión. Frank Krklec, diputado de Renovación Popular, aseguró a este medio que no es una prioridad que la derogación de estas normas sea considerada en el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno.

"El pedido de facultades del Ejecutivo se centra en medidas nuevas y urgentes contra el crimen organizado, como calificar a estas bandas como terroristas, reforzar el sistema penitenciario y la flagrancia. Eso me parece correcto. Respecto a las denominadas leyes procrimen, ya hay proyectos presentados en el Congreso y el Ministerio de Justicia ha conformado un grupo técnico para analizarlas. No existe consenso entre todas las bancadas sobre cuáles normas son leyes procrimen, si deben derogarse total o parcialmente, o si deben modificarse en aspectos puntuales. Por eso, considero que no corresponde incluirlas en una delegación de facultades. Deben tramitarse en las comisiones competentes, especialmente en la de Justicia, y en los plenos de ambas cámaras", indicó.

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Krklec no descartó que las denominadas leyes procrimen puedan modificarse: "Personalmente, considero que ninguna norma está escrita en piedra: toda ley puede derogarse, modificarse o mejorarse. El Congreso debe hacerlo con debate y criterio técnico".

Por su parte, al ser consultada por el tema, la congresista de la bancada oficialista Cecilia Chacón indicó que el tema de las normas procrimen viene siendo analizado en el Poder Ejecutivo por una comisión del Ministerio de Justicia.

La presidenta dijo que estas facultades son indispensables para determinar a las organizaciones criminales como "grupos hostiles" y como "grupos terroristas", una calificación que endurecería el marco legal para perseguirlas.

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Uno de los puntos que más detalló fue el estado del sistema de inteligencia. "Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia porque desde hace unos años no tiene capacidad operativa", afirmó. Con esa frase, la presidenta reconoció una debilidad estructural que, según dijo, limita la capacidad del Estado para anticipar y desarticular bandas criminales antes de que actúen.

La mandataria también habló sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Pidió que la PNP y las FFAA actúen de manera conjunta y asuman mayor control de los penales del país. A esa lista sumó otro punto: una política para acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados, que forma parte del mismo paquete de seguridad.

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Un día antes, en Piura, ya había defendido el mismo pedido

La presidenta no habló del tema por primera vez en San Martín. Un día antes, durante una visita a Piura para supervisar los trabajos de descolmatación del río por el fenómeno de El Niño, ya había defendido el pedido de facultades ante una pregunta directa sobre las más de 13,000 denuncias de extorsión registradas en el país. Estas facultades nos van a permitir, entre otras cosas, fortalecer la inteligencia para obtener la información antes que sucedan los hechos, sostuvo en esa oportunidad.

En Piura, Fujimori usó casi los mismos términos que repitió luego en San Martín. Señaló que el Gobierno busca contar con herramientas para declarar como grupos hostiles no solo a organizaciones terroristas, sino también a bandas criminales. También mencionó, igual que un día después, la política de expulsión de migrantes indocumentados y la necesidad de que las Fuerzas Armadas tomen control de los penales.

La insistencia no es casual. Dos días antes de su paso por Piura, la presidenta había guardado silencio público durante varias jornadas, en medio de las críticas por el cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo durante el secuestro de un empresario minero. En esa misma visita a Piura, evitó adelantar conclusiones sobre el caso, pero aseguró que los detenidos habrían reconocido su participación y que existirían documentos firmados como parte de las diligencias.

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Congreso pide que derogación de leyes procrimen sea incluída en el pedido de facultades

El pedido de facultades legislativas no solo despierta dudas sobre las medidas contra el crimen organizado. Un grupo de congresistas de la oposición cuestionó que el proyecto no contemple la derogación de las llamadas leyes procrimen, el paquete de normas aprobado en el Congreso anterior y señalado como uno de los factores que facilitó el avance de la delincuencia.

El diputado Luis Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno, calificó esa omisión como un error y advirtió que su bancada exigirá esa derogación por separado. Consideró, además, que su partido todavía no decidió si respaldará el proyecto de manera íntegra.

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Jair Manrique, diputado de Ahora Nación, fue más duro. Pidió que la presidenta reformule por completo su solicitud y afirmó que el texto no refleja lo que ocurre en el país, ya que las leyes procrimen habrían contribuido al aumento de la delincuencia.

Desde Juntos por el Perú, la diputada Catherin Palomino apuntó en la misma dirección, aunque con otro matiz: dijo que la omisión no la sorprendió, porque el fujimorismo respaldó esas normas cuando estuvo en el Congreso anterior, y remarcó que su bancada avanzará con proyectos para derogarlas sin depender de la delegación de facultades.

La crítica también llegó desde el Senado. Daniel Barragán, de Obras, señaló que su bancada discutió el pedido y encontró varios vacíos: no solo la falta de mención a las leyes procrimen, sino también la ausencia de precisiones sobre las medidas frente al fenómeno de El Niño, previsto para el periodo 2026-2027. Barragán insistió en que su partido quiere apoyar las normas urgentes para el país, pero adelantó que, mientras tanto, presentarán en el Congreso sus propios proyectos para derogar ese paquete de leyes.

Su dimisión se dio por cuestionamientos sobre viajes oficiales junto al titular del sector. Durante una entrevista para Exitosa, el ministro rechazó las críticas hacia la designación de la excongresista de Fuerza Popular.

“Tania Ramírez es una doctora en Economía, magíster en gestión pública, contadora, tiene todos los requisitos que es lo más importante para cubrir ese puesto”.

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El ministro también precisó que el origen de los recursos que percibía la funcionaria no provenían directamente del Estado.

“La Derrama Magisterial no irroga gastos al Estado. Las dietas que percibe la señora Tania Ramírez son expresamente pagadas por una institución privada supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros”.

Respecto a los comentarios sobre viajes compartidos, el funcionario indicó que respondieron a comitivas universitarias oficiales.

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“Quieren generar una narrativa suspicaz a través de dos, tres viajes en el que coincidimos. Son delegaciones (…) en representación de la Universidad [San MartÍn de Porres]. Es obvio, yo fui como rector de la Universidad porque tenemos la Cátedra de las Américas desde el 2004. O sea, no de ahora. Y siempre van delegaciones”, dijo Chang Escobedo.

Asimismo, al hablar sobre la decisión de la profesional de dejar el cargo, el funcionario indicó que su salida respondió a la presión pública.

“Ella creo que ha hecho un sacrificio al dejar esto, porque ella no tenía por qué renunciar. Pero entiendo que hacía daño, seguramente mediáticamente, al sector, al gobierno, y a ella misma, que como mujer no merecía ese trato”.

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Además, Chang comparó esta situación con otros nombramientos de jóvenes profesionales en instituciones del Estado, como el caso de Diana González, excongresista que fue recientemente nombrada como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC).

“Si cuestionamos a jóvenes profesionales con todos los títulos, entonces acá solamente va a haber un círculo de los viejos que circulan por alrededor del sector público. Hay que darle oportunidad a los jóvenes que tienen talento, formación, o sea, ninguna de las dos personas [Tania Ramírez y Diana Gonzáles] (…) dejan de tener grados, doctorados, maestrías. La verdad es que me parece muy injusto el trato que le hacen a mujeres jóvenes que están saliendo adelante”.

Gálvez explicó que existen dos momentos distintos en este tipo de casos. Uno es la declaración formal, donde el fiscal dirige la diligencia e interroga junto al policía instructor. El otro es la entrevista previa, de carácter informal, en la que el representante del Ministerio Público no está obligado a estar presente. Fue justamente en ese segundo escenario donde se produjo el episodio con Belaúnde.

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El fiscal de la Nación aclaró que no encuentra responsabilidad penal en la conducta del ministro. "No veo que configure delito, sea o propiamente ilegal", indicó, al referirse a la posibilidad de que una autoridad, en este caso un ministro, interrogue a los detenidos en presencia del comandante general o del instructor a cargo de la investigación.

Sin embargo, Gálvez fue enfático en un punto: esa conversación carece de todo valor dentro del proceso. "Eso no tiene ningún valor y además puede perturbar la propia secuela de la investigación", advirtió. Con esta declaración, el titular del Ministerio Público dejó en evidencia una contradicción de fondo: el hecho no sería ilegal, pero tampoco debió ocurrir, y lo obtenido no sirve como prueba.

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La postura del fiscal llega en un momento de alta exposición para el caso de Trujillo, uno de los crímenes que más atención mediática ha generado en las últimas semanas por la magnitud del hecho: cuatro personas asesinadas y un empresario minero secuestrado. El pronunciamiento de Gálvez pone sobre la mesa un debate sobre los límites de la actuación de las autoridades políticas frente a investigaciones en curso.

El fiscal insistió en que la irregularidad no está en la presencia del ministro junto a los detenidos, sino en la naturaleza informal del encuentro. Según explicó, cualquier diligencia que busque tener valor probatorio requiere la conducción del Ministerio Público. Sin ese requisito, lo dicho por los capturados durante ese momento queda fuera del expediente.

“Las declaraciones del denunciado midieron una decisión tan trascendental como la disolución parlamentaria por su hipotético "rendimiento en encuestas" y conveniencia como "negocio político", omitiendo deliberadamente evaluar si dicha medida resultaba lícita y constitucional dentro de un modelo bicameral”, señala en su denuncia Márquez.

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Además, Márquez recuerda que el defensor del Pueblo señaló que este respaldo ciudadano se daría tal como el que tuvo ‘su padre’, haciendo referencia al autogolpe de 1992 perpetrado bajo el régimen de Alberto Fujimori. Al respecto, la diputada indica que presentar este hecho de esta manera deja de lado el trasfondo político de tal acto y sus consecuencias para la democracia: “El denunciado presenta ante la ciudadanía el quiebre institucional de aquel año como un precedente políticamente exitoso y, por tanto, replicable”

Por estos hechos, la diputada de Juntos por el Perú señala que Gutierrez cometió una infracción al deber de respetar y defender la Constitución y al principio del Estado Democrático de Derecho y separación de poderes; además de un quiebre de las competencias de la Defensoría del Pueblo. Para Márquez, esto perpetraría una acción que va contra los artículo 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución.

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Declaraciones de Gutierrez rechazadas por el Senado

Cuatro bancadas del Senado expresaron su rechazo a las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sobre la posibilidad de una eventual disolución del Congreso. Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras suscribieron un pronunciamiento en el que calificaron sus expresiones como “incitaciones golpistas” y advirtieron que estas atentarían contra la Constitución y el equilibrio de poderes.

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El documento fue firmado por los senadores Flavio Figallo Rivadeneyra, Alfonso López Chau Nava, José Castillo Terrones y Daniel Barragán Coloma, en representación de sus respectivas agrupaciones. Las bancadas defendieron la legitimidad del Parlamento como expresión de la soberanía popular y consideraron antidemocrático cuestionar su funcionamiento o existencia al margen del marco constitucional.

Asimismo, los grupos parlamentarios señalaron que adoptarán las medidas que correspondan dentro de las atribuciones que les otorga la Constitución. La crítica se suma a la expresada previamente por Renovación Popular, bancada cercana al oficialismo, que también cuestionó a Gutiérrez por sus declaraciones sobre una eventual disolución del Legislativo.

La iniciativa fue impulsada por la diputada y primera vicepresidenta de la cámara baja, Analí Márquez. El texto incluye un pliego interpelatorio de 27 preguntas, agrupadas en cuatro ejes, que el ministro deberá responder ante el pleno si la moción es admitida.

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El documento presenta las cifras del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, citadas en el propio documento, la tasa de homicidios en el país pasó de 8.6 por cada 100 mil habitantes en 2022 a 10.7 en 2025.

Además usa de fundamento el incremento de las denuncias por extorsión, en el mismo periodo, las cuales subieron de 16,346 a 26,585 casos. Lima Metropolitana concentró la mayor parte, con 11,192 denuncias solo el año pasado. La moción advirtió, además, que el 81.5% de las víctimas de robo o hurto no denunció el hecho, porque consideró que acudir a una comisaría era una pérdida de tiempo.

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Otro de los cuestionamientos está relacionado con la permanencia del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola Delgado, quien acumula al menos 15 procesos fiscales entre las sedes de Lima, Lima Norte y Huánuco. Las investigaciones incluyen presunto prevaricato, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

En procesos más antiguos, vinculados a su etapa en Huánuco, figuran incluso casos de homicidio calificado y tortura. Los diputados pidieron al ministro una explicación sobre la ausencia de una decisión formal para cesarlo o suspenderlo, pese al deterioro de su liderazgo dentro de la institución policial.

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La moción también apuntó contra el nombramiento de Magali Meza como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior. La funcionaria arrastra una investigación fiscal por presuntas contrataciones irregulares de su gestión previa en el Ministerio de Educación.

En esa etapa, la Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro allanó 25 inmuebles en Lima, Callao y Huánuco, entre ellos su propia vivienda. Los legisladores pidieron que Astudillo revele quién la recomendó para el cargo y cómo garantiza que la Policía mantenga independencia frente a investigaciones que involucren a figuras cercanas al Gobierno.

"Disponer que se evalúe la inhibición del magistrado Roberto Burneo Bermejo por razones de imparcialidad objetiva y decoro, conforme a los mecanismos procesales aplicables. 4. De estimarse procedente la inhibición, disponer que el magistrado se aparte de la deliberación y votación del presente expediente", se lee.

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El ciudadano Castillo había solicitado la exclusión de López Aliaga por presunta reelección encubierta, luego de que Luis Rubio renunciara a la candidatura a la alcaldía de Lima el 4 de agosto y dejara a López Aliaga como primer regidor en condiciones de asumir nuevamente el sillón municipal si Renovación Popular gana las elecciones de este 4 de octubre.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente el pedido, por lo que Castillo Rojas apeló y el expediente llegó al Pleno del JNE, instancia que resolverá en última instancia.

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Antecedente

El sustento de su solicitud se basa en las declaraciones públicas que dio Burneo el 4 y 5 de agosto, cuando afirmó que "personalmente" considera que debería permitirse la reelección en gobiernos locales y que quien administra un distrito "debe tener un perfil de permanencia".

El magistrado Gunther Gonzáles salió después a marcar distancia, precisando que esa posición era a título personal y no representaba al Pleno.

Pero el antecedente más contundente no está en declaraciones, sino en un voto que ya ha sido emitido. En una resolución sobre un caso del alcalde de Ponto (Áncash), Percy Villanera Figueroa, quien buscaba postular como primer regidor tras la salida de carrera del candidato de su lista a la alcaldía, el Pleno resolvió por mayoría que no existe reelección encubierta.

La decisión fue suscrita por Burneo junto con los magistrados Aarón Oyarce y Rubén Torres. El único voto en contra fue, otra vez, el de Gonzáles Barrón, quien sostuvo que la prohibición constitucional de reelección alcanza también los mecanismos indirectos que buscan eludirla.

"De mi parte, estoy superando todo el tema de los conflictos y la controversia que se viene generando. Todavía no está del todo superado. Mi pensamiento sigue siendo Juntos por el Perú. No puedo hablar por otras personas, pero yo todavía me mantengo en JP", dijo el diputado.

Días antes, Marlon Aguirre no descartó la posibilidad de llegar a Fuerza Popular, luego de criticar al vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, y los acuerdos que tomaba la agrupación para la conformación de comisiones.

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"Antes de postular por Juntos por el Perú, he tenido líneas con Fuerza Popular. Yo no lo puedo mentir, no lo puedo negar. El que yo me vaya a Fuerza Popular o no, no lo puedo negar ni afirmar", reconoció en el programa Beto a Saber.

Responde

Al respecto, Ernesto Zunini calificó de irresponsable las declaraciones de su colega Aguirre y cuestionó que se difundan los problemas internos de la bancada, pese a que, según señaló, por cada decisión hay un consenso.

"La bancada de Juntos por el Perú, todas las decisiones se toman por consenso; cuando no alcanzan consenso se someten a votación. Él ha sido electo por el pueblo para legislar por JP. Cada diputado es responsable de las decisiones que pueda tomar al respecto", declaró.

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Fuentes de La República señalaron que el caso de Aguirre no sería aislado. De acuerdo con esta información, hasta cuatro diputados de Juntos por el Perú tendrían decidido su pase a Fuerza Popular.

Las mismas fuentes indicaron que otros dos legisladores negocian su incorporación a Renovación Popular, en un movimiento que podría cambiar el mapa de fuerzas dentro del Congreso.

Según refieren, el tribunal ordenó la detención inmediata de Humala solo con la lectura del adelanto del fallo en su contra, el 15 de abril de 2025. Posteriormente, precisaron que la lectura de la sentencia íntegra se dio el 29 de abril, pero alertaron que el documento con las firmas de los magistrados recién fue notificado de manera formal el 2 de mayo.

“Emitir el informe correspondiente a la Fiscalía de la Nación, en el extremo de la imputación contra los magistrados Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa, en su condición de jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por el presunto delito de abuso de autoridad, formulado por los denunciantes Ollanta Moisés Humala Tasso y Mario Julio Torres Aliaga”, dice el documento al que accedió La República.

La disposición emitida por la fiscal Lina Balvín Álvarez también señala que fue archivada la denuncia que la defensa de Humala presentó contra los jueces por los presuntos delitos de archivó los otros tres omisión de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica.

Balvín Álvarez consideró que no hay elementos que sustenten una responsabilidad directa de los jueces.

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Se defiende

Ante la denuncia de abuso de autoridad, la jueza Nayko Coronado dijo que, tras culminar la lectura del adelanto de fallo, la defensa técnica de Humala no impugnó ni cuestionó la decisión de la prisión inmediata. Sobre la demora de la notificación de la sentencia, la magistrada explicó que el retraso en la firma y notificación no respondió a una omisión deliberada, sino a la complejidad de la sentencia, la cual consta de cerca de 600 folios con una estructura que incluye cuadros, gráficos e imágenes.

La jueza Juana Caballero afirmó que los hechos ilícitos denunciados en su contra carecen totalmente de sustento. En tanto, el juez Max Vengoa señaló que la técnica del “adelanto de fallo” es una práctica legal y que habilita la ejecución inmediata de la condena. Al igual que su colega Coronado, dijo que la demora de la notificación responde a la complejidad de la sentencia.

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Los jueces se defendieron alegando problemas técnicos y un feriado

Los tres magistrados atribuyeron la demora a dificultades informáticas para subir la sentencia al Sistema Integrado de Justicia (SIJ) del Poder Judicial. Según los descargos recogidos en la investigación, el documento sí fue cargado al sistema el 21 de abril de 2025, pero en los días siguientes se presentaron inconvenientes técnicos relacionados con la numeración de páginas, el desplazamiento de objetos y la aparición de espacios en blanco, que requirieron una edición y corrección formal antes de que este pueda firmarse.

Y a esto se sumó que la jueza Caballero no estaba en Lima, sino en un juzgado de Huaura, sin acceso a firma física ni digital hasta que se habilitaran los permisos correspondientes. También que el 1 de mayo fue feriado nacional y no hubo personal técnico disponible y que recién el 2 de mayo, día que era no laborable para el sector público, se autorizó que el personal fuera a la sede del Poder Judicial para concretar la firma.

Max Vengoa, el único de los tres jueces que no se acogió a su derecho a guardar silencio ante la Fiscalía, sostuvo que la ley permite diferir la redacción de una sentencia hasta ocho días después del adelanto de fallo en casos complejos, conforme al artículo 396.2 del Código Procesal Penal, y que ese plazo, aunque se extendió más del doble en este caso, no invalida la decisión adoptada oralmente el 15 de abril.

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Cabe señalar que el pedido de la Fiscalía Superior llega más de un mes después de que el Tribunal Constitucional declarara fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Humala y dispuso que anule todo el proceso penal seguido en su contra por los aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

No descartan pedir indemnización

En diálogo con La República, el abogado Edinson Huamán --representante judicial del expresidente Ollanta Humala-- señaló que además de las diligencias para el proceso penal contra los magistrados, se encuentra en camino también un pedido para solicitar una indemnización económica en favor del exmandatario y los afectados.

"Es un tema aparte. (…) Es un tema propiamente civil que está en trámite, en curso. Y se presentará contra el Estado y los jueces que están dentro del caso", sostuvo.

La ceremonia fue realizada en el Auditorio Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los nuevos defensores del Estado cumplirán una importante labor en distintas instituciones como el Ministerio de Cultura, la Autoridad Nacional de Infraestructura, el Gobierno Regional del Callao y diversas municipalidades provinciales y distritales.

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"Proteger jurídicamente al Estado y contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones es, sin duda, un honor, pero también es un deber que exige entrega, preparación permanente y una profunda vocación de servicio", sostuvo María Caruajulca, titular de la Procuraduría General del Estado.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda y de autoridades de las entidades que recibirán a los nuevos procuradores, así como a la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, y el alcalde de Breña, Luis Felipe de la Matta.

Con esta incorporación, la Procuraduría General del Estado refuerza el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho y la protección de los intereses del país.

"Esta colecta nos va a permitir ser también protagonistas, no sólo espectadores. El pequeño aporte de muchas personas expresará el amor al Santo Padre, creando además una solidaridad que pueda servir para quienes tienen menos recursos y no queden excluidos y participar en esta visita. Todos los católicos recordamos que el Papa es el sucesor de San Pedro y el vicario de Cristo en la tierra”, señaló Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana y vicario general del Obispado Castrense del Perú.

"Su visita por eso es una oportunidad para fortalecer la iglesia, la comunión y su misión evangelizadora. La colecta que hoy lanzará la Conferencia Episcopal puede entenderse entonces como una ofrenda de toda la iglesia en el Perú al Señor en la persona del Papa, su vicario. Queridos hermanos, hoy la Conferencia Episcopal Peruana lanza esta colecta nacional con ocasión de la venida del Papa León XIV, guiados por una bonita frase del apóstol San Pablo: "Cada uno de él, como haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, sino porque Dios ama al que da con alegría", agregó.

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La colecta tendrá como meta mínima recaudar S/4 millones, monto que permitirá atender parte de las necesidades logísticas y organizativas vinculadas con la llegada del pontífice. Desde la Conferencia Episcopal Peruana expresaron su expectativa de que la generosidad de los fieles permita superar dicha cifra.

De acuerdo con la convocatoria del Episcopado, la colecta constituye un acto de fraternidad en el que cada persona, parroquia y comunidad puede aportar según sus posibilidades. El objetivo también es que las personas con menos recursos no queden excluidas de las actividades previstas por la visita papal.

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Itinerario del Papa León XVI será anunciado el 15 de septiembre

Asimismo, la Conferencia Episcopal Peruana presentó el videoclip del Himno Oficial de la visita del Santo Padre, compuesto por Jaime Montoya, director del Coro Aguchita. La canción fue desarrollada en español, quechua y awajún como una forma de integrar a las tres regiones naturales del país.

La Iglesia peruana también informó que el itinerario de la visita contará con datos confirmados el próximo 15 de septiembre. La llegada de León XIV está prevista del 11 al 16 de noviembre, según la convocatoria difundida por la Conferencia Episcopal.

La feligresía y las personas que deseen colaborar podrán realizar sus aportes en las cuentas bancarias de la Conferencia Episcopal Peruana en el BCP: soles 191-7397175-0-37 y dólares 191-7397179-1-87.