La decisión fue adoptada por la Junta General de Accionistas —conformada por los ministros y viceministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas—, con lo cual se concreta el regreso de Stark a la presidencia del directorio, cargo al que renunció en 2024 junto a todo su equipo tras advertir la grave crisis financiera de la petrolera. Los cambios entran en vigencia este 7 de agosto.

Además de la designación de Oliver Stark, la Junta nombró como nuevos miembros del directorio a César Augusto Burga Rivera, Daniel Enrique Cabrera Ortega y Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez. Asimismo, se acordó que Carlos Adrián Linares Peñaloza continuará en el órgano de gobierno, mientras que en una próxima sesión se definirá la condición de independencia de los nuevos directores.

Elmer Cuba respalda nombramientos

El ministro de Economía, Elmer Cuba, defendió la elección del nuevo equipo y señaló que la empresa estatal debe volver a generar beneficios para el país.

“Entró a propiedad del Estado peruano como Petroperú, que, sin embargo, en los últimos años ha tenido malos manejos gerenciales.[Sobre gestiones anteriores] Es como si hubiese sido diseñado por un enemigo del Perú. En lugar de traer beneficios, ha traído más bien pérdidas, que cada año estaban incrementándose”, manifestó. Añadió que han escogido a “directores muy competentes que cumplen los requisitos” y que cuentan con el máximo respaldo del gobierno para cambiar el rumbo, al punto de calificar al nuevo grupo como “uno de los mejores que hemos tenido en esa empresa en los últimos 20 años”.

Contradicción: del pedido de privatización al regreso estatal

A pesar de que Cuba defendió al nuevo grupo de trabajo bajo la premisa de “volver a tener una empresa como la que se pensó en sus momentos iniciales”, esta designación se contradice, ya que en mayo de 2024, cuando Stark lideraba el directorio, planteó formalmente la privatización de Petroperú. En ese entonces, su gestión calificó de "inmoral" pedir más rescates al Estado y sostuvo que la administración privada era la única salida viable.

“Habiendo transcurrido varios días sin que el gobierno se haya pronunciado, los directores designados por la JGA, de manera unánime, hemos presentado nuestra renuncia. Consideramos que hemos cumplido con la responsabilidad asignada, y en las condiciones actuales, resulta inviable continuar con el encargo recibido”, se lee en el documento.

Exigen garantías para evitar la privatización

Ante el conocimiento de la posición del nuevo presidente de PetroPerú, Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación, señaló que la nueva gestión debe respetar la naturaleza estatal de la empresa.

“La reorganización de Petroperú no puede significar su privatización. El nuevo directorio encabezado por Oliver Stark debe garantizar su sostenibilidad financiera, su continuidad operativa y la soberanía energética del país, respetando el marco jurídico constitucional y societario de la empresa estatal”. Agregó además que “debe quedar atrás cualquier participación privada en activos estratégicos o el desmembramiento de Petroperú”.

El canciller Carlos Espá anunció que la reactivación de vínculos diplomáticos implica que se reabrirá la embajada de México en Perú, se restablecerán las relaciones a nivel de embajadores y "regresaremos a la normalidad".

“Somos un gobierno institucional, un gobierno de respeto a las leyes, de imperio de la ley, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional”, declaró a la prensa. Además, resaltó que el salvoconducto a Betssy Chávez se otorgó “en fiel cumplimiento a la Convención de Caracas del año 54”.

Al respecto, el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, consideró que “la cancillería ha dado un paso sustantivo en la normalización de las relaciones externas del país y en una conducta de respeto al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, Javier González Olaechea, también ex canciller, precisó que una vez terminado el proceso judicial se tendrá que reconsiderar la situación de asilo político.

Claudia Sheinbaum ratifica su postura sobre Pedro Castillo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó, en su conferencia de prensa matutina, que se restablecieron las relaciones diplomáticas con Perú.

Además, ratificó que postura de defensa al expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo.

“El nuevo Gobierno de Perú lo sabe (de su respaldo a Castillo), pero es un paso. Bienvenida Betssy Chávez a México”, dijo.

También agradeció el apoyo de la Embajada de Brasil durante los meses que se rompieron los lazos con Perú.

“Somos un gobierno institucional, un gobierno de respeto a las leyes, de imperio de la ley, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Y en ese sentido, en fiel cumplimiento a la Convención de Caracas del año 54, hemos procedido con el salvoconducto de la señora Betsy Chávez. Y me siento tan feliz de poder anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con México”, declaró Espá a la prensa.

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Aseguró que se reabrirá la embajada de México en Perú, se restablecerá las relaciones a nivel de embajadores y “regresaremos a la normalidad”.

Según indicó, Chávez salió de la embajada al promediar la medianoche y se dirigió al Grupo Aéreo Nro 8 de la FAP. Una vez allí, abordó un avión enviado por México.

“Hicimos todas las coordinaciones con la mayor confidencialidad posible para garantizar su tranquilidad y para que el traslado se realice con todas las garantías del caso”, resaltó.

Sobre los cuestionamientos que esta decisión puede generar, explicó que el Gobierno siguió lo establecido en la Convención de Caracas del año 54, que señala que los Estados tienen el derecho soberano de otorgar asilo y que que el Estado asilante es quien califica si se trata de un delito común o una situación política.

Cancillería: “El Estado peruano puede solicitar una eventual extradición”

Por medio de un comunicado, la Cancillería resaltó que “la entrega del referido salvoconducto se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez Chino, de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados, en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran”.

Además, precisaron que informaron al Gobierno mexicano sobre “ha sido sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, prevista en el articulo 349 del Código Penal del Perú, y está siendo investigada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, se refirió a la situación de Betssy y aseguró “que en el país no existen perseguidos políticos”.

“Fue otorgado el salvoconducto para Betssy. Está en unos minutos aterrizando en nuestro país”, informó Sheinbaum durante su conferencia matutina. La gobernante explicó que la salida fue resultado de un diálogo que su administración sostuvo durante varias semanas con el nuevo Ejecutivo peruano. “Esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es una acción de buena voluntad del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México”, afirmó.

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Sheinbaum mantiene respaldo a Pedro Castillo

A pesar del gesto que permitió la reanudación diplomática, la jefa del Ejecutivo mexicano dejó claro que su postura sobre el expresidente peruano no sufrirá modificaciones. Castillo cumple una condena de más de once años de cárcel tras su intento de disolver el Congreso a finales de 2022, sentencia que el gobierno de México considera ilegal.

“Nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero es un paso”, declaró Sheinbaum. La mandataria agradeció además el apoyo de Brasil, país que asumió la representación diplomática de México en Perú y brindó protección a Chávez durante una etapa de su refugio diplomático.

La ex primera ministra fue condenada por la justicia peruana a once años y cinco meses de prisión como coautora de conspiración para una rebelión. Sin embargo, el gobierno mexicano le concedió asilo político al considerar que enfrentaba persecución. Desde Perú se otorgó el salvoconducto en cumplimiento de la Convención de Caracas, aunque enfatizó que no reconoce a Chávez como una perseguida política. La Cancillería peruana sostuvo que en el país “no existe persecución política” y anunció que promoverá ante la Organización de Estados Americanos una revisión de los tratados internacionales sobre asilo.

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Perú y México reanudan relaciones diplomáticas

Las cancillerías de ambos países informaron la decisión mediante un comunicado conjunto, en el que hicieron referencia a “los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú”. El documento no entró en detalles sobre las diferencias que mantuvieron rotos los vínculos durante meses.

Las tensiones se remontan a diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el encarcelamiento de Castillo y cuestionó la legitimidad de su sucesora, Dina Boluarte. Su gestión respondió con la expulsión del embajador mexicano y el retiro del suyo, lo que dejó las relaciones en manos de encargados de negocios. El asilo concedido a la esposa e hijos del exmandatario profundizó el deterioro hasta la ruptura total en noviembre de 2025.

El juez Juan Varillas acogió una medida cautelar solicitada por la empresa Oncoserv Arequipa, lo que le permitió confiscar S/7 millones 192 mil a las cuentas del Gobierno Regional de Arequipa, como pago por un supuesto incumplimiento de contrato. Según el colaborador eficaz, Oncoserv Arequipa era cliente de Rodolfo Orellana y este abonó la coima al juez Varillas para que otorgara la cautelar que facilitó el millonario embargo.

El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, autorizó iniciar acción penal por cohecho pasivo específico contra el magistrado Juan Varillas Solano, ya que sin su concurso la organización criminal de Rodolfo Orellana no podría haber consumado el robo de S/7 millones 192 mil al Gobierno Regional de Arequipa.

Buena parte de los implicados en el caso han sido juzgados y han recibido severas condenas, pero el magistrado Juan Varillas Solano sigue despachando en el Séptimo Juzgado Comercial de Lima.

De acuerdo con la resolución del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la imputación específica contra el juez Juan Varillas es la siguiente: "(Varillas) habría recibido la suma de US$30.000 de parte de la organización criminal liderada por Rodolfo Orellana para favorecer a Oncoserv Arequipa (...) contra el Gobierno Regional de Arequipa, mediante la expedición de una resolución judicial que ejecuta una medida cautelar de embargo en forma de retención, otorgada a favor de la aludida empresa, en un proceso arbitral seguido contra el referido Gobierno Regional".

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Una cautelar a pedir de boca

¿Cómo contactó el representante de la empresa Oncoserv Arequipa, Eddy Manfreda Geraldino, con la mafia de Rodolfo Orellana? Manfreda era amigo del exdirigente de Alianza Lima, Guillermo Alarcón Menéndez, quien a su vez mantenía un vínculo fraternal con Orellana. El juez Juan Varillas era parte de la red de vínculos de los abogados del estudio de Rodolfo Orellana.

Un exmiembro de la organización de Orellana relató los hechos ante las autoridades: "Rodolfo Orellana le comunicó a Eddy Manfreda Geraldino (gerente general de Oncoserv Arequipa), que para la ejecución de dicha medida (de embargo) le había dado la suma de 30 mil dólares al referido juez (Juan Varillas Solano) por intermedio de los abogados Karina Vizcarra Llapa y Omar Blas, quienes en ese momento eran los intermediarios entre el estudio jurídico de Orellana y los jueces comerciales"

El colaborador eficaz fue incluso más preciso en una nueva declaración cuando sostiene que el empresario Eddy Manfreda llegó a tener contacto con el juez Juan Varillas.

"(El colaborador eficaz) conoció al denunciado (Juan) Varillas Solano en su condición de juez del Séptimo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima, que tiene entendido que Eddy Manfreda conoció al juez Varillas Solano por intermedio de Jorge Saavedra Reátegui (amigo del magistrado), pero que ello fue después de la ejecución del embargo ordenado por el citado juez en el caso Oncoserv Arequipa. Y este había recibido por parte de Rodolfo Orellana la suma de US$30 mil para que ordenara la ejecución de la medida cautelar en contra del Gobierno Regional de Arequipa , por lo cual se cobró S/ 7.192.000", cita el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la resolución contra el magistrado Juan Varillas Solano.

Durante las investigaciones el programa dominical 'Cuarto Poder' difundió un video registrado en el departamento de Ludith Orellana Rengifo, hermana de Rodolfo Orellana Rengifo. En las imágenes se observa la repartición de los S/7 millones 192 mil que la organización criminal consiguió embargar al Gobierno Regional de Arequipa mediante la medida cautelar dictada por el juez Juan Varillas.

En el video aparecen Ludith Orellana, el exdirigente aliancista Guillermo Alarcón, el gerente de Oncoserv Arequipa, Eddy Manfreda, así como dos integrantes del tribunal arbitral que se pronunció a favor de la empresa: el presidente, Hernando Talavera Díaz, y el integrante, Pablo Iglesias Palza.

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El juez sigue en su despacho

En sus descargos, el juez Juan Varillas aseguró que emitió la medida cautelar conforme a las normas y negó haber recibido algún dinero.

Sin embargo, el video confirma que la organización criminal, para cumplir con su cometido de apropiarse de los S/7 millones 192 mil del Gobierno Regional de Arequipa, tuvo bajo su control al tribunal arbitral, ya que emitió una medida de embargo a favor de Oncoserv Arequipa, que luego fue acogida por el juez Juan Varillas. La operación ilícita no podría haber tenido éxito sin la participación de este magistrado.

Cuando fue interrogado por el caso, el exintegrante del tribunal arbitral, Pablo Iglesias Plaza, confirmó que la organización criminal de Rodolfo Orellana le pagó una coima al magistrado Juan Varillas Solano para que ejecutara el embargo millonario en beneficio de Oncoserv Arequipa, de Eddy Manfreda.

"Fui elegido árbitro por Oncoserv Arequipa para integrar el Tribunal Arbitral sobre la controversia contra el Gobierno Regional de Arequipa. En dicho proceso arbitral se concedieron dos medidas cautelares a favor de la aludida empresa.

Al ser preguntado si se ofreció dinero al juez Juan Varillas Solano para favorecer a Oncoserv Arequipa en la admisión y ejecución de la primera medida cautelar en vía de cooperación judicial, precisó lo siguiente:

"La abogada Karina Vizcarra Llapa se encargó de coordinar la ejecución de las medidas cautelares en los juzgados comerciales, lo cual incluyó un pago para los jueces que iban a viabilizar la ejecución de las medidas. Y tiene entendido que junto con Rodolfo Orellana le pidieron el dinero a Eddy Manfreda Geraldino", relató Pablo Iglesias.

Por si quedaba alguna duda, el mismo empresario Eddy Manfreda Geraldino, de Oncoserv Arequipa, confirmó que el juez Juan Varillas Solano fue parte de la conspiración.

"Las gestiones del embargo de la primera medida cautelar, que se realizó ante el Séptimo Juzgado Comercial de Lima (Juan Varillas Solano), las realizaron directamente del Estudio del señor Rodolfo Orellana, y los encargados fueron los señores Rodolfo Reyna Salinas, Karina Vizcarra Llapa, (y los miembros del tribunal arbitral) Pablo Iglesias Palza y Hernando Talavera Díaz", señaló Eddy Manfreda.

Por este caso, Rodolfo Orellana fue condenado a 20 años de prisión, su hermana Ludith Orellana a 13 años, y la misma medida carcelaria para el exdirigente aliancista Guillermo Alarcón.

El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso la formalización de la investigación preparatoria para el enjuiciamiento del juez Juan Varillas Solano, porque "existen indicios razonables y suficientes que indican que el denunciado, durante su actuación como juez, habría recibido la suma de US$30.000". Pero el juez sigue, normal, en su despacho.

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Así fue la repartija de la mafia de Orellana

En el video difundido por 'Cuarto Poder' se observa que Ludith Orellana Rengifo recibe las maletas con el dinero embargado al Gobierno Regional de Arequipa.

El empresario Eddy Manfreda Geraldino recibió S/3,5 millones. Su amigo Guillermo Alarcón, intermediario de Rodolfo Orellana, se quedó con S/300 mil.

Al presidente del tribunal arbitral, Hernando Talavera, y al integrante de la misma, Pablo Iglesias les correspondió S/300 mil a cada uno.

Los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo conservaron S/2,6 millones.

El titular del Senado sostuvo que los avances tecnológicos permiten un trabajo parlamentario más eficiente. Para él, el desempeño de un congresista no debería medirse por su presencia física en el hemiciclo, sino por los resultados de su gestión. Torres también aclaró un punto clave: la propuesta para volver a la presencialidad tendrá que pasar primero por comisiones y debatirse en el Pleno, antes de que ambas cámaras tomen una decisión final.

Quien impulsa el cambio es la diputada Indira Huilca, de la bancada Ahora Nación. Su proyecto lleva la firma de otros cinco congresistas de su agrupación y plantea modificar dos reglamentos: el del Congreso y el de la Cámara de Diputados. El objetivo es que la presencialidad se convierta en la regla y que la virtualidad quede reservada solo para casos puntuales y justificados.

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Otras bancadas coinciden: piden el retorno a la presencialidad

En Renovación Popular, el diputado Frank Krklec se mostró a favor del fondo de la propuesta, aunque a título personal. "En lo personal, estoy de acuerdo con el espíritu del proyecto, que es mejorar la imagen del Congreso", señaló a La República, y aclaró que su bancada todavía no lo discute: "En mi bancada aún no hemos visto ese tema. Estamos más enfocados en el tema de comisiones".

Por otro lado, Roxana Rocha, vocera de la misma bancada parlamentaria, entregó a este diario un documento técnico que recomienda archivar el proyecto, porque no modifica los artículos 87 y 90 de los reglamentos de Diputados y Senado, que hoy permiten el voto remoto, y solo cambia normas generales que no cierran esa puerta.

Desde Juntos por el Perú, la diputada Giannina Avendaño reconoció que su bancada tampoco tiene todavía una posición conjunta, pero adelantó que ella y la mayoría de sus colegas respaldan la iniciativa de Huilca. Avendaño sostuvo que "la participación directa en los debates" es clave tanto para aprobar leyes como para ejercer el control político sobre el Gobierno. La diputada fue más allá y cuestionó el formato actual: "no se puede permitir más el desarrollo de sesiones donde la ciudadanía no puede conocer quiénes participan, si lo hacen y cuál es la posición que defienden en cuestiones que incluso pueden significar un retroceso en derechos adquiridos".

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En Obras, el respaldo llegó sin rodeos. El diputado Víctor Piñán resumió la postura de su bancada en pocas palabras: "Estamos de acuerdo". Consultado sobre el fondo del proyecto, fue directo: "Creemos que las sesiones de comisiones y pleno deben ser 100% presenciales".

Ahora Nación, la bancada de la propia autora del proyecto, ofreció la respuesta más extensa. El diputado César Holguín explicó que la iniciativa busca cerrar un vacío que, según dijo, ya generaba confusión desde el reglamento aprobado por el Congreso anterior. "En vista de que hay esa ambigüedad de interpretación, se ha preferido regular eso de una forma mucho más clara", indicó, en referencia directa a la postura híbrida que defiende Miguel Torres. Holguín remarcó, además, una contradicción dentro de la propia bancada de Fuerza Popular: el reglamento que restringe la virtualidad fue aprobado bajo la presidencia de Arturo Alegría, también de esa agrupación.

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Para el diputado, el llamado de fondo es a la responsabilidad: "nosotros no venimos de unas elecciones virtuales, venimos de unas elecciones presenciales y lo que la gente quiere es un parlamento debatiendo con transparencia". Holguín cerró con un compromiso explícito de su bancada: "vamos a insistir en eso, es un compromiso que tenemos como bancada, y vamos a darle todo el respaldo a la moción que ha presentado nuestra colega".

Otra congresista de Ahora Nación, Marleny Arminta, coincidió con su colega y sumó un argumento adicional. "La pandemia ya acabó. Los ciudadanos que votaron por sus diputados quieren verlos participar en los debates. El nuevo congreso bicameral debe dar una nueva imagen al Perú, con debates alturados, y leyes de calidad", afirmó. Arminta señaló que, tras cada sesión, el contacto directo con la prensa permite a los parlamentarios explicar el sentido de su voto, algo que la ciudadanía necesita conocer sobre el trabajo legislativo de sus representantes en todo el país.

La discrepancia con Torres no queda solo entre bancadas distintas. Dentro de su propio partido también hay voces que se apartan de su postura. El senador Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, contó que un dirigente histórico de su agrupación, Pier Figari, ya se pronunció a favor de la presencialidad, y adelantó que él comparte esa misma posición. Aguinaga explicó su razón con un argumento distinto al de sus colegas: para él, el debate cara a cara tiene un valor que la pantalla no reemplaza. "Te permite el debate ideológico, no es lo mismo cuando tú escuchas a través de internet, la gesticulación o los tonos de voz muchas veces son monocordes. No te permite conocer a la gente, cuando hay presencial te permite un buen debate ideológico, un buen debate de propuestas", señaló.

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"El problema no es la tecnología": la mirada de un exoficial mayor del Congreso

César Delgado, exoficial mayor del Congreso, planteó una lectura distinta del problema. Para él, la discusión no debería centrarse en prohibir la virtualidad, sino en el comportamiento de quienes la usan. "El problema no es que se prohíba la virtualidad o las sesiones remotas (...) el problema es que quienes han sido elegidos como representantes parecen no tener la suficiente disposición ética para comportarse de acuerdo a las oportunidades que genera la virtualidad", sostuvo.

Delgado comparó la virtualidad con otras tecnologías que llegaron para quedarse. "La virtualidad ha venido para no irse", afirmó, y puso como ejemplo la imprenta: así como esta transformó la manera de comunicarse por escrito, la conexión remota ya forma parte del funcionamiento del Estado. Para el exfuncionario, castigar el uso de la tecnología no resuelve nada: "lo que repudiamos no es que se use la virtualidad, lo que se repudia es el mal uso que hacen de ella quienes han sido elegidos como representantes".

El exoficial mayor situó el origen del problema en los partidos políticos, no en el reglamento. Sostuvo que las agrupaciones no capacitan ni filtran a sus candidatos antes de proponerlos como representantes, y que eso explica el mal uso de la virtualidad en el Congreso. "Estamos equivocando el diagnóstico. El diagnóstico no es la tecnología, el diagnóstico es que los propios representantes no cumplen con las exigencias del puesto porque nos han propuesto a malos candidatos los simulacros de partidos políticos que tenemos", concluyó.

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¿Qué plantea el proyecto de Indira Huilca?

La iniciativa se llama Proyecto de Resolución Legislativa N.º 001-2026-2031-CD. Su nombre completo es "Proposición de resolución legislativa que modifica los reglamentos parlamentarios para garantizar el trabajo presencial". El texto busca que asistir en persona a las sesiones deje de ser una opción y se convierta en una obligación clara para todos los parlamentarios, sin excepciones de por medio salvo las que la propia norma detalla.

El proyecto no elimina la virtualidad por completo. Contempla tres situaciones en las que un congresista sí podría conectarse a distancia: cuando tenga licencia por viaje fuera de Lima, cuando esté de licencia por viaje al extranjero, o cuando cuente con licencia por enfermedad. Fuera de esos tres casos, tanto diputados como senadores tendrían que asistir de forma presencial al Pleno, a la Comisión Permanente y a las comisiones de las que formen parte.

Huilca defendió su propuesta con un argumento directo: la virtualidad fue útil durante la pandemia, pero esa etapa ya terminó. La diputada considera que mantener esta modalidad sin control abrió paso a un uso excesivo, con parlamentarios que participan de las sesiones sin estar realmente presentes en el debate. Para ella, el trabajo legislativo exige deliberación directa y no puede sostenerse solo a través de una pantalla.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Aklla, hasta el cierre de la edición, se registraron 53 renuncias de candidatos a la alcaldía que en sus listas incluyen como postulante a primer regidor al alcalde.

En este grupo se identifica en Lima a siete alcaldes distritales (Lurín, San Miguel, Independencia, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Los Olivos y Santa Rosa) y al exalcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga. Cabe precisar que en algunos, como el de San Miguel, San Juan de Lurigancho y El Agustino, aún falta el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial.

A nivel nacional, los partidos que presentan más casos de reelección encubierta son: Somos Perú (12), Alianza para el Progreso (10), Renovación Popular y Avanza País-Partido de Integración Social, ambas con 6. Le siguen luego otros partidos como Podemos Perú (4), Acción Popular (2), Fuerza Popular (2), País Para Todos (2), Perú Primero (2) y Ahora Nación (1).

De todos, el caso más sonado es el de Rafael López Aliaga, quien fue alcalde de Lima desde 1 de enero de 2023 hasta el 13 de octubre de 2025, cuando dejó el cargo para tentar la presidencia y el Senado.

Tras las Elecciones Generales de 2026, perdió en primera vuelta y denunció un supuesto fraude electoral. En coherencia con ello, dijo, no aceptó el cargo de senador y postuló como primer regidor en la lista de Renovación Popular para Lima Metropolitana, encabezada por Luis Rubio. Sin embargo, este renunció a su candidatura, lo que dejó expedito el camino para que López Aliaga pudiera regresar al sillón municipal.

Al ser consultado por esta maniobra, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, consideró que se están generando “estrategias para fraguar la ley” y “gatillarse a los cargos”. También, exhortó a la ciudadanía a votar por la lista completa y no solo pensando en el candidato a la alcaldía, pues en caso de renuncia o vacancia siempre asumirá el cargo quien le sigue.

Situación generalizada

Los 53 casos alertados evidencian que se trata de una práctica normalizada no solo a nivel distrital, sino también en los municipios provinciales de todo el país. Esto a pesar de que la advertencia de la reelección encubierta era un tema de discusión desde que se oficializaron las listas de candidaturas.

A nivel regional, Lima concentra la mayoría de casos con 11 (2 de ellos alcaldías provinciales); San Martín con 9, La Libertad con 7; Ancash con 5; Arequipa e Ica con 3; y Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Junín y Lambayeque con 2 (ver cuadro).

“En todos estos casos (los alcaldes) se están yendo a la reeleción y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Tenemos un supuesto en el cual la realidad supera a la legalidad, cuando debería ser al revés, la legalidad debería estar a la par con la realidad para que realmente puedan responder a la necesidad que tiene la sociedad”, señaló José Tello, presidente del Instituto Aklla.

Frente a estos casos, el también especialista en temas electorales consideró que es necesario realizar una reforma constitucional y que se permita una sola reelección.

“¿Y por qué una? Porque una reelección permite que un mandato de 4 años, al convertirse en un mandato de 8, brinda mayor estabilidad a un gobierno municipal o un gobierno regional. ¿Y por qué no más? Porque puede generar un problema de corrupción. Mucho tiempo en el poder, manejando recursos públicos provoca corrupción”, explicó a La República.

Además, consideró necesario impedir que, después de culminado el mandado, el exalcalde o gobernador regional postule a cualquier otro cargo en el Consejo.

Adicionalmente, estimó conveniente crear impedimentos para el nepotismo y evitar que postulen familiares directos del alcalde saliente. Esto por casos como el de San Juan de Lurigancho donde postuló a la alcaldía el sobrino del actual alcalde, Jesús Maldonado; y el de Magdalena donde postula Carla Robbiano, esposa del burgomaestre Francis Allison.

Tello resaltó que el JNE tiene iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley para evitar el nepotismo.

Buscan impedir reelección encubierta

En tanto, Víctor Piñán, diputado del Partido Cívico OBRAS, presentó un proyecto de ley para impedir la reelección encubierta en los próximos procesos electorales.

La propuesta tiene por objetivo precisar los alcances de la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes, prevista en el artículo 194 de la Constitución, “estableciendo de manera expresa que dicha prohibición comprende también el impedimento de integrar, en cualquier posición, la lista de candidatos al Concejo Municipal de la misma provincia o distrito”.

De esta forma, sostiene el proyecto, se disminuye el incentivo a estructurar listas de candidatos con el propósito de eludir la prohibición constitucional.

También se precisa que la propuesta no introduce una restricción nueva, sino que desarrolla legislativamente el alcance de la norma existente (artículo 194 de la Constitución).

“La candidatura a regidor del alcalde impedido de reelegirse, seguida de la eventual asunción del cargo de alcalde por vacancia o renuncia del titular electo, en su condición de teniente alcalde, permite alcanzar, por una vía distinta a la elección directa para dicho cargo, un resultado sustancialmente equivalente al que la prohibición constitucional busca impedir”, señala el proyecto.

"Acá nadie está desobedeciendo la norma. Allá el Jurado, que se deja sacar la vuelta. Acá hay un vacío legal. Él renunció hace un año y medio. Personalmente, yo creo que debe haber una reelección por única vez y que no puedan ser familiares quienes sucedan en el cargo", declaró a RPP.

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Yarrow sostuvo que este es uno de los muchos casos que evidencian la existencia de vacíos legales en la normativa peruana. En ese sentido, afirmó que esa situación ha propiciado que, de manera constante, se busque sacarle la vuelta a la ley, aunque consideró que ello no es positivo. Asimismo, indicó que será el propio Rubio quien explique los motivos que lo llevaron a renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Lima.

"Yo me enteré de la renuncia de Lucho (Luis Rubio) el último jueves por los medios de comunicación. Él, el 9 de agosto, vendrá a dar explicaciones. Esperemos las explicaciones que tiene que dar", apuntó.

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Roberto Burneo se pronuncia sobre renuncia de López Aliaga

El presidente del JNE, Roberto Burneo, afirmó que la permanencia de Rafael López Aliaga en la lista de candidatos de Renovación Popular para la Municipalidad de Lima no vulnera la normativa electoral, luego de la renuncia de Luis Rubio un día antes del cierre del plazo de inscripción. En declaraciones a RPP, el titular del organismo electoral señaló que la legislación vigente permite esta situación, por lo que descartó que se trate de una irregularidad.

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"Hemos visto que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario", afirmó Burneo.

Burneo sostuvo que la eliminación total de la reelección de autoridades subnacionales fue una decisión equivocada. Explicó que la legislación actual no prohíbe que un exalcalde postule por un distrito diferente o aspire a otro cargo dentro de la misma lista electoral. En ese sentido, remarcó que la decisión sobre quién debe ocupar un cargo público recae finalmente en los ciudadanos a través del voto.

El requerimiento no se limita a la cárcel. La Fiscalía también pidió 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de S/ 30.200 contra la exlegisladora. La acusación señala a Cordero como autora del delito previsto en el artículo 382 del Código Penal.

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El caso tiene un segundo investigado. Se trata de Braden Alexander Paredes Calla, excolaborador del Congreso, a quien el Ministerio Público acusa como presunto cómplice primario. Para él, la Fiscalía pidió la misma pena de cuatro años de prisión, 10 años de inhabilitación y una multa de S/ 8.438,40.

El Poder Judicial ya admitió a trámite el requerimiento. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, dio a las partes un plazo de 10 días para presentar sus descargos.

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¿De qué se acusa a María Cordero Jon Tay?

La tesis fiscal sostiene que María Cordero Jon Tay exigió el 50% del sueldo de un extrabajador de su despacho congresal. La persona afectada es Rafael Cabrejos Vela, quien laboró para la excongresista entre marzo y agosto de 2022. Según la Fiscalía, la exparlamentaria se habría quedado con parte del salario que le correspondía a su colaborador.

El destape del caso no partió de una investigación fiscal de oficio. Un reportaje del programa 'Punto Final' expuso los hechos y dio origen a las pesquisas que hoy derivan en esta acusación formal. La denuncia periodística puso en evidencia una práctica que el Ministerio Público interpreta como concusión: el uso del cargo público para exigir dinero a cambio de mantener un puesto de trabajo.

El requerimiento fiscal contra Cordero llega junto a un pedido distinto para otro investigado en el mismo caso. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento a favor de Rafael Aurelio Cabrejos Vela, señalado en un inicio por el delito de cohecho activo genérico. El juez deberá resolver primero ese pedido antes de continuar con el trámite de la acusación contra Cordero y Paredes.

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Los antecedentes del proceso contra la exparlamentaria

El proceso penal contra María Cordero Jon Tay no es reciente. El Pleno del Congreso aprobó suspenderla de sus funciones legislativas en marzo de 2024 y le retiró la inmunidad parlamentaria, un paso necesario para que la Fiscalía pudiera investigarla con normalidad.

Desde entonces, el caso avanzó por la vía judicial hasta llegar a esta etapa. El requerimiento mixto presentado por la fiscal Ávalos fue admitido mediante la Resolución N.° 1, del 16 de julio de 2026. Ese documento marcó el inicio del plazo de 10 días que ahora corre para que Cordero, Paredes y las demás partes procesales presenten sus descargos.

El siguiente paso judicial dependerá del juez Checkley. Antes de avanzar con la acusación, deberá evaluar el pedido de sobreseimiento para Cabrejos Vela. Solo después de resolver ese punto, el proceso continuará con la etapa que definirá si Cordero y Paredes enfrentan un juicio oral por el caso 'Mochasueldos'.

"Los hechos materia de investigación no tienen ninguna relevancia penal y no constituyen delito. En tal sentido, el Ministerio Público no puede ser utilizado políticamente para inventar cargos y amedrentar a la oposición", se lee en el pronunciamiento.

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El Ministerio Público ha solicitado nueve años de prisión para Colchado, a quien acusa de los presuntos delitos de negociación incompatible, en calidad de cómplice, y falsedad ideológica, en calidad de autor. El comunicado de Ahora Nación hace hincapié en que estas acusaciones se producen cuando Colchado empieza a asumir funciones en su nuevo rol como diputado de la República.

"Estas acciones no son nuevas y ahora buscan atacar al diputado Harvey Colchado precisamente cuando asume la Segunda Vicepresidencia de la Cámara de Diputados y un espacio fundamental en la Comisión de Ética. No es casualidad que el diputado Colchado haya enfrentado durante años al crimen organizado y a la corrupción, sin distinciones, con imparcialidad y firmeza. Esa labor le ha significado enfrentarse a intereses que, en la última década, han logrado ocupar espacios de poder en diversas instituciones del Estado. Hoy, esos mismos sectores pretenden impedir que desempeñe el mismo compromiso con la integridad y la transparencia como integrante de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados", continúa el comunicado.

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Harvey Colchado rechaza acusación en su contra

Por su parte, Colchado se pronunció para rechazar las acusaciones formuladas por la Fiscalía en su contra. El exjefe de la Diviac aseguró que estas acciones "no lograrán amedrentarlo".

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"Como ciudadano y hoy como diputado, tengo la absoluta convicción de que soy inocente de los cargos que se me imputan. Durante toda mi trayectoria profesional he respetado, respeto y respetaré plenamente la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. Quien ha dedicado toda su vida a hacer cumplir la ley nunca estará por encima de ella", señaló.

Además, Colchado cuestionó que estas denuncias se presenten justo cuando ha asumido nuevos cargos en el Congreso de la República, como la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados y su incorporación a la Comisión de Ética. "No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política", afirmó.

Inicialmente, la sesión de instalación estaba programada para realizarse el 7 de este mes en la Sala Martha Hildebrandt a las 9.00 a. m., tal como figura en la agenda del Congreso. Sin embargo, desde la oficina del diputado Javier Cipriani (Renovación Popular), a cargo de la coordinación, informaron a este medio que la reunión fue postergada.

En la sesión se elegirá a los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Ética entre los integrantes: Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Pérez (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

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Comisión de Ética: Hubo un cambio en la representación de Juntos por el Perú

Durante la Junta de Portavoces realizada antes del Pleno del último miércoles 5, la bancada de Juntos por el Perú planteó sustituir al diputado César Tito Rojas en la Comisión de Ética Parlamentaria por Azucena Isla Rojas.

Ante esto, el vocero del grupo parlamentario, Ernesto Zunini, pidió reconsiderar la propuesta para que, en lugar de Isla Rojas, se designara a Jessica Sadith Pérez Quispe. El cambio fue aceptado.

Zunini aseguró, en entrevista a Epicentro, que los cambios se debieron a decisiones propias de la democracia.

“Es lo propio de la democracia interna, ¿no? Porque mientras sesionaba junta de portavoces y tenía yo como vocero que estar presente y a dar el nombre de un miembro de la Comisión de Ética, el Pleno de diputados estaba también debatiendo la propuesta”, explicó.

Además, descartó que existe desorganización en la interna del partido. “Somos la bancada que está más preocupada, que tiene más tolerancia también a la crítica, que sabe escuchar lo que dice la gente”, anotó.

También, explicó que su decisión de no buscar la presidencia de Ética se debe a haber escuchado a la ciudadanía.

“El que no la debe no la teme. Entonces dejamos en manos de otra bancada la presidencia de la Comisión de Ética porque nosotros estamos dispuestos a allanarnos a todo tipo de denuncias e investigaciones que van a ser muchas por lo visto, ¿no? Durante este periodo porque evidentemente esto forma parte pues de una estrategia de desgaste del oficialismo y nosotros lo asumimos como tal”, dijo en referencia a las denuncias presentadas contra uno de los integrantes de JP, Julián Pérez, por presunta violencia psicológica e intrafamiliar.

Colchado es acusado por dos delitos: negociación incompatible, en calidad de cómplice, y falsedad ideológica, en calidad de autor. El pedido lo presentó la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal Diana Mayra Paico Guevara.

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De acuerdo con la tesis fiscal, el diputado de Ahora Nación habría consignado información falsa en un documento público al indicar que su ocupación era independiente, pese a que continuaba prestando servicio como coronel de la PNP.

Colchado es el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados y recientemente nombrado miembro de la Comisión de Ética Parlamentaria en la presente cámara.

Ahora se espera que el Poder Judicial evalúe este caso y determine o no si pasa a juicio.

"Como ciudadano y hoy como diputado tengo la absoluta convicción de que soy inocente de los cargos que se me imputan. Durante toda mi trayectoria profesional he respetado, respeto y respetaré plenamente la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. Quien ha dedicado toda su vida a hacer cumplir la ley nunca estará por encima de ella", indicó.

Recalcó que mientras los hechos se encuentran en investigación, como todo ciudadano, goza de la presunción de inocencia. "Confío en que un proceso objetivo, imparcial y respetuoso permitirá que la verdad prevalezca sobre cualquier acusación", apuntó.

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el diputado sostiene que resulta inevitable advertir que esta denuncia se hace pública precisamente cuando asume una responsabilidad como integrante de la Comisión de Ética en su calidad de diputado de la República. "No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política".

Finalmente subrayó que "vengo enfrentando por años al crimen organizado y a la corrupción, investigando incluso a quienes han concentrado el poder. Mi lucha contra la corrupción no cambiará por una denuncia, menos ahora, como autoridad. Seguiré actuando con la misma firmeza, honestidad e independencia que han marcado toda mi carrera".

La propuesta tiene por objetivo precisar los alcances de la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes, prevista en el artículo 194 de la Constitución, "estableciendo de manera expresa que dicha prohibición comprende también el impedimento de integrar, en cualquier posición, la lista de candidatos al Concejo Municipal de la misma provincia o distrito".

Esto debido a que actualmente no existe impedimento expreso para que el alcalde en ejercicio, impedido de reelegirse, integre la lista de candidatos regidores de la misma circunscripción.

De esta forma, sostiene el proyecto, se disminuye el incentivo a estructurar listas de candidatos con el propósito de eludir la prohibición constitucional.

También se precisa que la propuesta no introduce una restricción nueva, sino que desarrolla legislativamente el alcance de la norma existente (artículo 194 de la Constitución).

"En el caso examinado, la candidatura a regidor del alcalde impedido de reelegirse, seguida de la eventual asunción del cargo de alcalde por vacancia o renuncia del titular electo, en su condición de teniente alcalde, permite alcanzar, por una vía distinta a la elección directa para dicho cargo, un resultado sustancialmente equivalente al que la prohibición constitucional busca impedir", se lee.

Presidente del JNE considera necesario revisar norma de reelecciones

El presidente del JNE, Roberto Burneo, se pronunció sobre las renuncias masivas y consideró pertinente revisar la norma que impide la reelección.

"Hemos visto que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario", dijo a RPP.

Además, exhortó a la ciudadanía a conocer quiénes integran la lista y decidir su voto en base a ello. "Ellos (los votantes) tienen que conocer no solamente a la cabeza de lista, sino a todos sus integrantes, porque podría eventualmente ser uno de ellos el próximo alcalde, si es que el que eligen abandona el cargo o si es vacado por alguna razón o alguna causal de vacancia", mencionó.

La tacha fue presentada por el abogado Santos Guevara Guevara, quien advirtió una contradicción entre dos declaraciones juradas del propio candidato. De acuerdo a la resolución, en 2011, al postular al Congreso, Ramírez Gamarra había reconocido expresamente tener una condena firme por delito contra la fe pública. No obstante, en su declaración jurada para esta nueva postulación, el candidato omitió la sentencia y solo hizo una mención ambigua sobre un caso judicial en un apartado opcional, sin precisar fechas, delito ni número de expediente.

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En su defensa, Ramírez alegó que no hubo intención de ocultar información, que la falta de documentación física por el tiempo transcurrido le impidió detallar el caso, y que su rehabilitación penal lo eximía de declararlo. El JEE rechazó estos argumentos al señalar que la obligación de declarar sentencias firmes no depende de la rehabilitación del condenado, sino de garantizar el derecho del electorado a un voto informado.

El JEE ya dispuso remitir copias certificadas del expediente al Ministerio Público para que evalúe eventuales responsabilidades penales. La resolución llama a notificar al personero legal del movimiento, quien conserva el derecho de apelar ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones dentro del plazo de tres días calendario establecido por ley.

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Integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, la CAN tiene su sede en Lima y el avalista también, lo que le permitió al magistrado inmiscuirse en un litigio transfronterizo, en el que la jurisdicción peruana nada tenía que ver. El objetivo de la demanda, como reconocieron en las audiencias los abogados de las empresas involucradas, era ganar tiempo.

La secretaria general de la Comisión Andina de Naciones reclamó ante las autoridades peruanas y requirió al juez que "se abstenga de emitir pronunciamiento sobre asuntos que no son de su competencia y que son propios del derecho comunitario andino", conforme consta en el proceso 01-AN-2021, de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, al apoyar una conducta desleal del litigante Grupo Kimberly, en un tema que no competía a la jurisdicción peruana.

¿Qué es lo que había pasado? El 25 de noviembre de 2021, las empresas del Grupo Kimberly demandaron ante el Tribunal de Justicia de la CAN a la secretaria general de la Comunidad Andina por una multa sobre prácticas anticompetitivas en Ecuador y Colombia. En 2014, Kimberly-Clark Ecuador se acogió a un programa de clemencia ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado de Ecuador reconociendo una concertación de precios en dicho país.

Luego, esa información fue compartida con el Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia de la Secretaría General de la CAN pues dicha concertación había sido planificada y orquestada desde Colombia, a través de Kimberly-Clark Colombia, por lo que les impusieron una multa de más de 17 millones de dólares. La empresa ecuatoriana reclamó que esa información no debió ser compartida con otros países o instituciones.

El Grupo Kimberly recurrió al Tribunal de Justicia de la CAN para anular las multas. El referido tribunal accedió a estudiar el caso, suspendió el pago de la multa y les pidió una contracautela equivalente. El juez peruano, podríamos suponer de acuerdo a su perfil litigioso, les habría pedido 17 mil soles o menos, la CAN decidió una suma que compensara el riesgo.

El grupo empresarial accedió al pedido de la CAN, por lo cual Kimberly Colpapel S. A. emitió una carta fianza en el banco Guayaquil, afianzada por Liberty Seguros, a favor de la Comunidad Andina por US$18.344.916,00, puesto que lo que se requería suspender era una multa por 17 millones de dólares.

Para el año 2022, al ser evidente que las empresas no podían probar sus argumentos, el tribunal de la CAN empezó a solicitar que se pague la multa o se ejecute la carta fianza. Allí apareció el juez peruano. De acuerdo con los expedientes de la CAN, el juez Varillas habría ordenado al Banco de Guayaquil abstenerse de ejecutar la carta fianza. Para el juez que pone fianzas ínfimas, debe haberle parecido un abuso que se imponga una garantía superior al monto en reclamo.

La acción del juez provocó la intervención de las autoridades peruanas. La secretaria general y el Tribunal de la CAN le exigieron no intervenir. Durante las diligencias del caso, los abogados de Kimberly reconocieron que no estaban dispuestos a pagar y que habían recurrido a todas las medidas legales posibles para no hacerlo. Recurrir a un juez peruano era una de ellas. Triste papel el de la judicatura peruana, que es avalada por las máximas instancias del Poder Judicial. Nadie quiere ver lo evidente.

A partir de la confesión en Ecuador, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició un procedimiento administrativo sancionador contra Kimberly-Clark Perú (productos Suave) y Productos Tissue del Perú (Elite), por un presunto acuerdo para la fijación concertada de precios y condiciones comerciales en el mercado de papel higiénico y otros productos de papel en nuestro país.

El titular del JNE precisó en RPP que la permanencia del excandidato presidencial en la lista no infringe ninguna norma. La ley vigente lo permite, por lo que el magistrado no calificó el caso como una irregularidad. Burneo planteó, además, un debate distinto: revisar si la prohibición de reelección inmediata, en su forma actual, debe mantenerse. Su cuestionamiento se dirige al diseño de la norma, no a un partido específico.

El presidente del JNE pidió también a los electores revisar la lista completa antes de votar. Explicó que no basta con conocer al candidato que encabeza la papeleta, porque cualquier otro integrante puede terminar en el cargo.

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¿Por qué el JNE pide un voto informado?

La recomendación de Burneo se apoya en una regla del sistema electoral: si el titular de una lista renuncia o es vacado, otro integrante ocupa su lugar. Cada nombre de la papeleta es, por tanto, un candidato con posibilidad real de gobernar.

"Ellos [los peruanos] tienen que conocer no solamente a la cabeza de lista, sino a todos sus integrantes, porque podría eventualmente ser uno de ellos el próximo alcalde, si es que el que eligen abandona el cargo o si es vacado por alguna razón o alguna causal de vacancia", señaló el magistrado.

Varias listas regionales y municipales de este año incluyen a exalcaldes, congresistas y otras figuras políticas en posiciones distintas a la que encabezan. Para el titular del JNE, conocer esas trayectorias es la herramienta más directa que tiene el elector ante este tipo de movimientos.

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La propuesta de Burneo para reformar la reelección

Burneo propuso una reforma constitucional que permita cierto grado de continuidad a las autoridades locales. Su argumento es de gestión: dirigir un distrito exige experiencia que la prohibición actual no permite acumular.

"Hemos visto que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario", afirmó Burneo.

Para el presidente del JNE, eliminar por completo la reelección de autoridades subnacionales fue un error. La normativa vigente no impide que un exalcalde postule en un distrito distinto o en un puesto diferente dentro de la misma lista. La decisión final, subrayó, corresponde al ciudadano al momento de votar.

La segunda bancada con mayor número de presidencias será Juntos por el Perú. El grupo liderado por Roberto Sánchez tendrá cuatro presidencias, además del mismo número de vicepresidencias y secretarías.

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Por su parte, las bancadas del Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular contarán, cada una, con dos presidencias, así como con dos vicepresidencias y dos secretarías. En tanto, Ahora Nación, al ser la bancada con menor representación, dispondrá de una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría.

Con esta distribución, aún queda una presidencia por asignar. Mientras continúan las negociaciones, el Congreso aprobó el número de integrantes que tendrá cada comisión. Así, siete estarán conformadas por 20 diputados: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

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Las nueve comisiones restantes estarán integradas por 19 diputados: Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Energía y Minas; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Salud; Trabajo y Seguridad Social; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

Vale recordar que las dos comisiones no legislativas son la Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo. Como su nombre lo sugiere, estas no producen dictámenes legislativos. Cada una de ellas estará compuesta por seis miembros. Uno por cada bancada.

¿Cuál es su primera impresión al haber salido en libertad después de estar 15 meses en prisión?

De indignación, por algo que nunca debíamos haber llegado a esa situación. Debió haberse resuelto una investigación preliminar, pero esto fue como una bola de nieve, hasta llegar a una situación en que ya hay un daño que no es reparable. Uno se pregunta si valió la pena todo esto.

Usted ha dicho que durante 10 años usted, su familia y su partido han sido perseguidos política y judicialmente. ¿Quiénes son los que han perseguido políticamente al Partido Nacionalista, a su esposa y a usted?

Para ser más precisos, diría que son aproximadamente 15 años. Empieza en el 2006-2007, con Alan García Pérez. Después del enfrentamiento político que tuvimos en el 2000 y en la campaña del 2006, él ya no nos mira como adversarios, sino como enemigos. Ahí empieza la campaña de que yo era un subordinado de Hugo Chávez. Es una campaña ideológica contra un gobierno de izquierda.

En el 2011 es lo mismo, con una acusación de apoyo económico de Lula (Da Silva) y el Partido de los Trabajadores. Es una persecución política para crear el imaginario de que estábamos recibiendo plata de gobiernos de izquierda; no nos acusaban de recibir de empresas, como a otros políticos.

Lo que no previeron García y los grupos económicos detrás de él es que, para que la fiscalía lo tradujera en delito, tenía que tocar algo transversal a todos los partidos: los aportes de campaña. En su ceguera, su odio y su miedo a que Nadine (Heredia) pudiera ser la candidata natural del nacionalismo para el 2016 —cuando llegó a tener entre 50 % y 60 % de aprobación hacia 2013-2014— comienza a trabajar el tema de la pareja presidencial y la reelección conyugal, y todas las baterías se van contra ella. Fue la primera vez que a una primera dama le pusieron impedimento de salida del país. Es una persecución que empieza con García y todos sus acólitos del linchamiento mediático.

Tenemos unas declaraciones de Jorge del Castillo este fin de semana diciendo que usted se está haciendo la víctima, cuando en realidad usted inició la megacomisión contra Alan García. Son declaraciones sorprendentes porque en realidad reconocen que usted fue perseguido por el APRA. Pero Alan García murió. Ustedes ya no tenían poder, perdieron las elecciones en 2021 y perdieron la inscripción. ¿Por qué continúa, o quiénes continúan, esa persecución política?

Parte de las acciones legales que vamos a tomar es pelear porque nos devuelvan la inscripción del Partido Nacionalista, porque el partido fue criminalizado ilegalmente y sus dirigentes —empezando por mi esposa, que tuvo que candidatear en el 2021 para tratar de salvar la inscripción— fueron acusados por el sistema de justicia de ser una organización criminal.

¿Políticamente, quiénes siguieron el legado de García?

Fueron, en general, los grupos económicos que apoyaban a los partidos de derecha —el APRA, el fujimorismo y los partidos que en el Congreso nos hacían oposición.

Sin embargo, su gobierno no fue uno que castigara a los grupos económicos, ni hubo estatizaciones ni le quitaron propiedad a nadie. Es decir, terminado su gobierno, ¿por qué hay una persecución política? Eso es lo difícil de entender. Yo entiendo el antes y el durante —ahí están las portadas de Perú 21 contra mi esposa todos los días—, pero terminado el gobierno, ¿quién quería verlo en la cárcel?

Terminamos en el 2016, hace 10 años. Quisieron eliminar políticamente a Nadine (Heredia) para que nunca fuera candidata, y lo lograron. Y después había que tomar en cuenta que Nadine era joven, no llegaba a 50 años: si no la destruían ahí, podía entrar en el 2021 o el 2026. Entonces había que eliminarla. Por eso continúa la persecución política y judicial, pero ya más centrada en Nadine. La han acusado de homicidio, usurpación de funciones, corrupción y cohecho, como si fuera funcionaria pública, cuando la primera dama es simplemente una distinción. Le pusieron prisión preventiva por 18 meses, que el TC corrigió por considerarla ilegal, y luego arresto domiciliario por casi 2 años, que también corrigió el TC.

Le prohibieron trabajar en la FAO…

Eso ya fue el Estado peruano, porque (Pedro Pablo) Kuczynski, cobarde, se arrugó ante el Congreso peruano y mandó una carta al presidente de Naciones Unidas y al director de la FAO amenazando con que el Perú se retiraría si no hacían renunciar a Nadine, que había entrado por concurso público internacional, no a dedo.

El Congreso aprobó por unanimidad una moción censurando a la FAO por contratarla. Y el Poder Judicial, con el sicario de Carhuancho, utilizó una audiencia que era para que ella hiciera el control biométrico en Ginebra para discutir una prisión preventiva. Ese día actuó también el otro forajido, (Germán) Juárez Atoche, porque se asustaron cuando la prensa empezó a hablar de un supuesto "plan de fuga" —cuando ella había avisado antes de viajar tanto a Carhuancho como a Juárez Atoche, y le dijeron que no había problema.

Usted sindica en primer término al partido aprista y luego a todos los partidos de derecha peruana que tuvieron presencia en el Congreso en el 2016.

Claro, todos los que defendían el sistema se fueron contra nosotros.

Pero usted en su gobierno no fue antisistema, usted es un gobierno de derecha.

No, no hemos sido un gobierno de derecha, hemos sido un gobierno para los de abajo. ¿Por qué nos van a recordar? Ahí está la creación del MIDIS, los programas sociales, Pensión 65, Beca 18, y no hemos descuidado la macroeconomía ni las obras. Escucho a la presidencia y me hace acordar a mi gobierno —la Línea 2 del metro, la Línea 4, el tren de cercanías—.

Lo que pasa es que la derecha ha estado acostumbrada a subordinar al presidente. El Banco de Crédito, desde el primer gobierno de García hasta la actualidad, solo ha tenido tres cabezas —Dionisio Romero padre, el hijo y ahora el sobrino—, mientras ha habido 10 u 11 gobiernos. Esto es porque a los grupos económicos les es más fácil lidiar con caudillos que con partidos sólidos que defiendan los intereses nacionales. Ahí se dieron cuenta de que el nacionalismo podía ser un partido sólido que no se iba a casar con ellos. Por ejemplo, cuando llegué al gobierno, un grupo de empresarios me dijo que con García tenían un almuerzo mensual en Palacio. Yo no acepté eso, y se quejaban porque no les hacía "cariñitos". Siempre defendí la legalidad.

Pero lo que parece raro es que se entiende que lo persigan siendo presidente, pero cuando usted ya no tiene ningún poder, cuando su partido está debilitado, cuando ya había pasado 10 meses en una prisión preventiva que el TC consideró indebida, ¿por qué lo siguieron persiguiendo? Eso es lo que no logro entender.

Creo que siempre nos vieron como una amenaza. No digo que yo pudiera volver a postular, pero Nadine sí era un activo.

García le tenía mucho miedo, es verdad. Pero entonces, García ya se había suicidado. En 2021 ustedes no sacaron nada en las elecciones. ¿Qué amenaza podían ser?

Bueno, nadie muere en política. Puede haber un vuelco.

Usted ha tenido 15 meses en la cárcel, tiempo muy largo para pensar, escribir, leer. Me imagino que tiene una lista muy clara de quiénes son los responsables de lo que le pasó, como hizo el Conde de Montecristo. ¿Se han sentado a hacer una lista? De políticos hoy vivos, ¿quiénes son los responsables?

Es una lista larga, pero preferiría primero enfrentar el tema judicial y después señalar. El que es claramente el líder, el cabecilla de todos estos políticos, ha sido Alan García, que al final terminó peor que yo.

También lo fueron a buscar y a detener.

Sí, porque al llevar la persecución política al ámbito judicial tuvieron que crear un equipo ad hoc, jueces ad hoc, y tipificarlo como delito. Podían haber dicho receptación, pero dijeron lavado de activos porque es más grave. Pensaron: "A este lo tenemos como a Edmundo Dantés, encerrado en la isla hasta 25 años". Así quisieron hacer, como con el Conde de Montecristo.

Una vez que uno entra al sistema procesal penal es muy difícil salir, porque uno se va a encontrar con fiscales y jueces corruptos o cobardes. Me hacen recordar a los militares nazis que, cuando estaban en Núremberg, les preguntaban por qué convertían a un judío en jabón, y ellos respondían: "bueno, en ese momento esa era la coyuntura jurisprudencial y, además, mi general me avaló".

Hoy están suspendidos Geovana Mori; José Domingo Pérez, destituido; Vela, suspendido; Juárez Atoche, en investigación; y Richard Concepción Carhuancho, suspendido. Todos han terminado bastante mal…

Y tienen que responder por lo que han hecho.

Nadie los ha acusado de corrupción, pero sí de falta de criterio.

No, no es falta de criterio, esto es dolo, es corrupción. Están investigando a Juárez Atoche por cobrar a colaboradores eficaces, y lo mismo con el caso de Belaunde y los hermanos Paredes en el Club de la Construcción. Es abominable lo que pasa en la justicia con la ley de colaboración eficaz: le quitan el requisito del arrepentimiento; son solo delincuentes tratando de negociar para no pisar la cárcel. Con la ley de Marisol Pérez Tello, la colaboración se convierte en un mercado persa donde los fiscales, cuando no tienen pruebas, se buscan un colaborador y lo meten a falta de pruebas para decir "acá está mi colaborador".

Parece que el caso Gasoducto lo van a archivar.

Ya han archivado una parte. Yo he denunciado a la fiscal por abuso de autoridad, por haber presionado a la Clínica Delgado para obtener la historia clínica de mi esposa y publicitarla sin autorización judicial. También voy a denunciar a la Clínica Delgado por lo mismo.

Pero ella está suspendida.

No, lo que ha hecho el Fiscal de la Nación es regresarla a su plaza original, el Callao. Los que están suspendidos son Juárez, involucrado en crear falsas colaboraciones, y Carhuancho, a quien también he denunciado por fraude procesal, por haber homologado la falsa colaboración de Martín Belaunde sin tener la ampliación de extradición de Bolivia —que la había rechazado en 2022 y en 2024 la incorporó igual, cuando ya se terminaba mi juicio.

Usted dice, con razón, que fue secuestrado, porque cuando le leyeron el fallo, este no existía, no se había redactado, y durante 15 días no hubo sentencia. Esto lo ha ratificado la Corte Suprema, que ha sancionado a esos jueces.

Sí, quien los sancionó fue la Autoridad Nacional de Control. Es grave porque en la audiencia oral las juezas Nayko Coronado y (Max) Vengoa Valdiglesias dijeron algo de terror: que lo de la Constitución es del año 91 y que hay que interpretarla a la luz del Código Procesal Penal más reciente, y que por lo tanto el código está sobre la Constitución. Eso es lo que dicen los dos jueces.

Además, Vengoa dejó ver la psiquis de este tipo de jueces: "¿Qué pasa si no lo meto preso y se escapa? Me sancionan a mí". Estos funcionarios cuidan más sus espaldas, su conveniencia y sus ascensos que cumplir con su trabajo.

Algo raro en un litigante es que usted ha denunciado a casi todos los jueces y fiscales que han visto su caso.

Pero con motivo. Dime uno y te digo por qué lo estoy denunciando y por qué le voy a ganar.

Después de esto vienen las reparaciones civiles. Usted ha estado preso siendo, al final, inocente. ¿Hay algún costo que quiera que el Estado asuma? Sus abogados no han planteado eso en este caso; en otros casos derivados de su presidencia sí, pero en este no. Y hay otras cosas más.

Lo estoy evaluando. Toda mi vida he trabajado para el Estado, le tengo cariño, entonces litigar contra él es un tema difícil para mí. Pero a mí me han metido preso más de dos años. Ese tiempo no me lo van a devolver. A mi esposa y a mis hijos he tenido que sacarlos del país; hoy mi familia es una diáspora. Mi hijo menor tuvo que irse para terminar la secundaria, y después de más de un año hablando solo por teléfono, lo encuentro más grande, con otras ideas, y las conversaciones por teléfono son frías. Debo denunciar al Estado y a todos los bribones que han actuado así, porque eso implica el reconocimiento de que actuaron mal. No puedo permitir que quede impune. Leo la sentencia del TC y está bien.

Pero la sentencia del TC no dice que sea inocente.

No le corresponde esa materia probatoria, pero siento como un tufillo a ley de amnistía, y aquí no hay ley de amnistía. Voy hasta las últimas consecuencias porque el Estado me tiene que pedir disculpas.

Yo no puedo criticar a Nadine Heredia por tomar a su hijo y salir del país, si en conciencia cree que es inocente. Pero la pregunta es: si usted sabía que era una persecución política, como sostiene hasta hoy, ¿por qué no se fue con ellos? ¿Le correspondía también el asilo político?

Claro que me correspondía, pero ¿quién iba a defender acá nuestro buen nombre, la familia, la gestión de gobierno, al partido? Si yo me iba, nadie lo iba a defender, porque aún hay gente que no cree que fue persecución política. Una prueba de que esto fue fundamentalmente contra Nadine, para que no fuera candidata ni en 2016 ni en 2021 ni en 2026 ni en 2031, es que no se metieron con ninguno de mis hermanos ni con mi papá; ha sido un ensañamiento contra los Heredia, sobre todo contra su madre y mi cuñado.

¿Y esa fue la razón por la que se quedó en la cárcel? ¿No era un tema de honor?

Fue un tema de honor de familia. Hubo también una recomendación de nuestro abogado en Brasil, que coordinó con el de acá: le dijeron a Nadine que se fuera a la embajada antes de la audiencia, y estuve de acuerdo.

Lo increíble es que no le pusieron ningún problema con el salvoconducto.

Ya hubiese sido muy sinvergüenza. Pero Nadine siempre da batalla.

Ella desapareció de los medios casi 5 años justamente para decir que no tenía interés en política.

Eso es lo que querían y lo lograron. Ella no quería hacer política, quería hacer una carrera profesional. Acá no conseguiría trabajo, ni yo tampoco.

¿De qué vive hoy Humala? Usted tiene dos hijas estudiando en Estados Unidos, en universidades privadas carísimas. ¿Con qué plata paga eso?

Nos han hecho una pericia contable de toda nuestra vida financiera, prácticamente hasta mi ropa interior, y esos jueces no han podido demostrar que tengamos desbalance patrimonial. El que quiera, que vaya al expediente y vea toda mi vida financiera y la de mi esposa: ella ganaba más que yo cuando nos casamos y ya tenía ahorros; yo era oficial superior, tenía un departamento en Miraflores, mi carro, etc. Además, hemos tenido que recurrir a préstamos de las propias familias para subsistir, y mis hijas han tenido que trabajar y sacar préstamos para pagar sus universidades, que ya casi hemos terminado de pagar entre todos. Pero el que hizo correr esa versión creo que fue Víctor Andrés García Belaunde, o quizás Aldo Mariátegui. Él me quiere mucho. No sé, pero salió en Expreso.

Insinúan que tiene algún dinero guardado, robado al Estado, aunque no se lo han podido probar en el juicio.

Siempre van a ser ese tipo de comentarios, es parte de la política. Yo no le he robado nada a nadie, no hemos cometido ningún delito; más bien han afectado nuestro patrimonio y nuestro buen nombre, y han hecho que mi familia hoy no esté reunida en Lima. ¿Qué daño le hemos hecho a alguien? Son intereses mezquinos y económicos de grupos de poder que pensaban que podían gobernar el país, como con García.

Usted tiene el caso Gasoducto, ¿tiene algún caso más?

Sí. Voy a solicitar el archivo de todos esos casos, porque parten de la misma sentencia de lavado de activos por aportes de campaña: el Club de la Construcción, Olmos, el Centro de Convenciones, todos con la teoría extrajudicial de la "precoima". En cada proceso penal de OAS u Odebrecht nos han puesto como parte del formato a Nadine y a mí. Ninguno de esos casos, pese al tiempo transcurrido, está en juicio oral ni siquiera en acusación —salvo Gasoducto, que está en etapa intermedia. Todos parten de que en la campaña del 2011 habríamos recibido aportes de Lula y el Partido de los Trabajadores a través de Odebrecht, comprometiéndonos a devolver el favor con contratos. Eso podrían decírselo a políticos que han recibido plata no por razones ideológicas, sino directamente por decisión de los directorios empresariales.

Si escuchas lo que dice (Jorge) Barata sobre el gobierno, dice que los tratamos con la punta del zapato y que por eso perdieron la Línea 2 del metro, pese a tener la experiencia de la Línea 1. Si la hubieran ganado, estarían bien denunciados ahí también, pero no me denuncian por la Línea 2 porque la ganó un consorcio europeo-español.

Todos estos casos derivan del caso matriz de lavado y deben ser archivados, porque además han actuado de manera abusiva e ilegal algunos fiscales y jueces —por ejemplo, la fiscal Mori usó la historia clínica de mi esposa sin autorización del juez, y el juez Leodán Cristóbal permitió que se difundiera esa información.

Una vez que estos casos se archiven eventualmente, ¿cuáles son sus planes? Yo lo veo con muchas ganas de hacer política.

Tú me ves, como dicen los gringos, con muchas ganas de "patear traseros".

Es notable que durante 15 meses no le haya bajado ni un minuto la indignación. Normalmente uno se deprime en la cárcel, a usted no.

Hay un momento duro, pero hay que saber sobrellevar las cosas. He estado leyendo y escribiendo. Leí Yo, Julia, de un autor experto en Roma, (Santiago) Posteguillo. Muy bonito. También he hecho investigación sobre la Ruta de la Seda. Por ejemplo, cómo la toma de Constantinopla por el Imperio Otomano gatilló el descubrimiento de América: al interrumpirse esa ruta, el Imperio Español necesitó buscar nuevas rutas de comercio con Asia, y así llegaron a América.

Usted ha dedicado su tiempo a estudiar, leer y hacer deporte, y está en muy buena condición física. ¿La cárcel la sobrelleva mejor porque ha sido militar, por el rigor y la disciplina cuartelaria?

En parte sí, porque viví año y medio en la Cordillera del Cóndor durante el conflicto con Ecuador, en el 95, sin ciudad ni nada, con la tropa acuartelada; había que inventar actividades —cortar leña, ir a pescar al río— para evitar la depresión, y de noche estudiaba para la Escuela Superior de Guerra. En el 87 estuve un año en Chalhuapalca, sin nada, a -20 grados en la noche. Estoy acostumbrado a manejar la soledad.

Pero usted sabía que su esposa no iba a poder hacer lo mismo.

No. Ella sí. Creo que ella simplemente puso en un segundo plano la estabilidad de nuestro hijo, ya que las dos chicas estaban fuera del país. Fue una decisión de ella, dura pero correcta: si se hubiera quedado en Chorrillos, ¿con quién se hubiera quedado el niño? Su abuela materna también estaba procesada, y mi papá tiene 97 años. Me siento un poco como Jonás, el que se lo come la ballena: ya me han comido, estoy dentro de la ballena y desde ahí estoy golpeando. Haciendo justicia, no venganza.

Vienen muchos más procesos en su horizonte. Hay gente que dice "no quiero un proceso más".

Yo no le tengo miedo a los procesos. Si quieren conmigo, vamos a pelear.

¿Ha aprendido derecho en el camino?

He hecho un curso acelerado de derecho procesal penal. Mira lo que hicieron estos salvajes de los jueces: en la última audiencia, después de mi autodefensa, según el código procesal debía venir el periodo de deliberación, que son como máximo 4 días, y luego la redacción de la sentencia, con la opción de un adelanto de sentencia con hasta 8 días hábiles de plazo. Pero al término de mi autodefensa convocaron audiencia para la lectura del adelanto de sentencia al día siguiente. ¿En qué momento deliberaron? Ya me habían condenado de antemano. Por eso también merecen una sanción ejemplar.

Usted estuvo en la cárcel en un momento en que eran cuatro expresidentes. ¿Ha tenido contacto con ellos?

Sí, claro, hemos conversado. Les decía: "esto es como Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas", así que no se preocupen, no voy a salir a contar nada. Son situaciones difíciles y cada uno lo lleva a su manera.

Toledo ni siquiera puede alegar que no le dieron la plata, y ahora pide clemencia porque está muy enfermo. Castillo no logró el indulto que quería. Pero a Vizcarra lo condenan los mismos jueces que a usted.

Creo que es el mismo fiscal, Juárez Atoche.

Él alega igual que yo que jamás ha recibido nada y que no se lo han podido probar.

Pero son dos cosas distintas: a mí no me están juzgando por cohecho, sino por aportes de campaña.

Algún día contará qué pasó en esa "Las Vegas". Sería muy interesante.

(Musitando) Fue un mate de risa…

Al final, usted no tiene ningún rencor contra ninguno de los que estaban ahí.

No, es como esas películas de John Wick, donde hay un hotel donde nadie se puede tocar y todos se respetan. Tiene que ser así.

Es una cosa muy rara —el Papa lo dijo—: ¿qué país es este que mete a todos sus presidentes a la cárcel?

Como decía Mujica de los argentinos, lo que les falta es querernos más, acá nos odiamos.

Es verdad, pero no al punto de meter a alguien inocente a la cárcel.

Es que la política en el Perú se ha degradado. En los países desarrollados la economía se subordina a la política —el presidente Donald Trump puede sancionar a un país y las grandes empresas respetan eso—; en los subdesarrollados es al revés, y en los que están en decadencia o en vías de la anarquía, la economía y la política van por cuerdas separadas.

Por eso al elector no le interesa mucho el político, porque siente que no le va a resolver un problema. En esa situación, donde política y economía van por cuerdas separadas, a la economía le conviene tener un interlocutor débil, y por eso los primeros en atacar el fortalecimiento de los partidos son los grupos económicos. Imagínese usted que hubiera dos partidos sólidos, como el Demócrata y el Republicano en Estados Unidos: no se podrían lograr esas prácticas mercantilistas. Con partidos débiles y con caudillos es más fácil trabajar.

Hay quienes dicen que usted le debe su libertad a Keiko Fujimori, de manera indirecta, porque ella salió a celebrar su prisión diciendo que el Poder Judicial había actuado con independencia cuando lo metieron preso a usted. Recuerdo haber dicho entonces: si lo meten preso por aportes de campaña, tienen que meter presos a todos. No metieron preso a Kuczynski ni a Lourdes Flores ni a los apristas, pero sí a ella, y la procesaron hasta que empezaba el juicio oral; consiguió su libertad en octubre del año pasado. Y ahí todos empezamos a decir "esto no es delito", como yo he sostenido siempre desde el 2014. Recién me hicieron caso mis propios abogados.

Eso dice mucho de su formación académica, profesional y su coherencia.

Y vaya que me insultaron. Y yo soy recontraderecha, siempre lo he dicho, pero derecha liberal.

Por eso tienes enemigos en la derecha también. Mejor hazte nacionalista.

Ni muerta (risas). Vamos al asunto: ¿le debe su salida a Keiko Fujimori?

Nosotros éramos la cuota política, pero era una persecución para destruirnos. El fujimorismo y el APRA tenían una convivencia histórica, nadie pensó que iban a llegar a esta situación. Cuando transforman la persecución política en judicial, tienen que plasmarlo en el Código Procesal Penal, y el error fue meter los aportes de campaña como lavado de activos, porque todos estaban metidos en eso.

Pero lo que usted alegó durante todo el juicio oral es que ni siquiera reconocen haber recibido ese dinero.

No hemos recibido nada del Partido de los Trabajadores, ni de (Hugo) Chávez, ni de Lula, ni de nadie.

¿Y la famosa libreta de Nadine cuando habla de "los barbudos", que según ellos son los que tienen barba?

No, los barbudos era la comunidad judía, Salomón Lerner. Y lo que decía "caja fuerte" era lo que pensábamos recaudar de los Heredia, y "casa diseño" era un diseño en Cieneguilla de la casa Humala, que todos ofrecían. Todo eso eran aportes esperados, como cuando uno se casa y proyecta gastos; esas libretas fueron robadas y criminalizadas, y de eso se agarraron para hacer un circo mediático que al final no valió nada en el juicio.

Yo les dije que eso no valía nada. Pero por decirlo, me decían "bloguera patética".

Eso fue parte del hinchamiento mediático…

Creo que ustedes no se defendieron a tiempo.

Eso hay que decírselo a mis abogados también…

Pero mediáticamente tampoco se defendieron.

Era un cargamontón. Como dicen, échate a la cama y date cuenta quién te ama: la misma izquierda que estuvo con nosotros se puso de costado, hasta negaron sus aportes. El primer problema es que la fiscalía usurpó las funciones de la ONPE, que es la que controla los aportes de campaña. Por eso digo, es como un "grupo Colina" del sistema de justicia: agarraron eso, llamaron a los aportantes a la fiscalía sin investigarlos, y su palabra entró como prueba de cargo directa al juicio.

Parece un poco fuerte lo del "grupo Colina"….

No. El grupo Colina se formó en el ejército inicialmente para combatir a Sendero Luminoso con una nueva estrategia, pero sin control derivó en un grupo criminal, que incluso se alquilaba.

Acá también se formó un grupo especializado, asumiendo el modelo brasileño, y necesitaban su "juez Moro": ahí tenían a Carhuancho, que decía admirar a (Sergio) Moro. Les dieron la tarea de investigar el Lava Jato en el Perú, pero cometieron traición a la patria, porque para ellos era más remunerativo para sus carreras agarrar al expresidente y a la potencial candidata Nadine Heredia que defender los intereses nacionales, y permitieron que Odebrecht vendiera la hidroeléctrica de Chaglla —el propio Vela le pidió al presidente que lo autorizara para que con eso pagaran los daños al Perú—. Además, permitieron que Barata dispusiera de sus millones en el banco, y ningún brasileño de los que trabajaron acá pisó la cárcel.

Es la misma estrategia de Brasil, donde metieron preso a Marcelo Odebrecht. Y a cambio de su confesión lo exoneraron de responsabilidad penal; tiene que pagar millones, pero no cárcel, y a cambio da los nombres.

Ahí viene la corrupción: por ejemplo, a (Fernando) Migliaccio, del departamento de operaciones estructuradas, le preguntan si conocía a (Vladimir) Garreta —supuestamente el enlace nuestro— y dice que lo conoció recién en 2014, para la campaña de Villarán; pero en la declaración lo presionan varias veces, porque otro colaborador dijo algo distinto el día anterior, y termina acomodando su versión, tal como Belaunde reconoció en sus audios que hacía. Por eso estas colaboraciones deben revisarse, sobre todo donde metió mano Juárez y Taboada.

Hay una acusación de que el señor Juárez ha recibido dinero en el caso Salazar.

¿Y qué hay de las otras colaboraciones —los hermanos Paredes, Eduardo Roy, Barata, los empresarios del club? Si tú fueras empresaria con 100 millones de soles en juego, ¿cuánto estarías dispuesta a pagarle al fiscal para que no te ponga de acusada?

¿Cree que el caso de Vizcarra también se va a caer, porque es el mismo esquema?

No lo sé, quiero respetar el proceso, no voy a opinar de los ajenos. Pero mira, Belaunde hizo sus chanchullos en el norte, se fugó cuando le dictaron prisión preventiva, y yo tuve que extraditarlo —era mi obligación como presidente, aunque su papá vino a pedirme que no lo hiciera y su familia no me lo perdonó nunca, y lo cumplieron en el juicio. El colegiado no consideró ese tema subjetivo en la colaboración de Belaunde porque ya había voluntad de condenarnos. Todas esas colaboraciones no tienen rigor real, son arregladas: usan documentos que mi esposa presentó como descargo, y los usan como prueba de cargo. Belaunde es como una navaja suiza, dice que ha estado en todo, hasta en Venezuela; y estos tres jueces, o son muy ingenuos o muy avezados, porque no han cuestionado nada de eso.

Me queda poco tiempo y quería hablar sobre el futuro. Usted quiere volver a la política activa.

Me interesaría, pero algo de lo que me he dado cuenta es que los gobernantes no le hemos metido suficiente ojo a la justicia. Cuando quise hacer la reforma de justicia, hablamos con los supremos, aceptaron un aumento de salario a cambio, pero después las salas superiores bloquearon la reforma diciendo que "ellos mismos se tenían que reformar", y seguimos esperando.

Cada vez que iba a la inauguración del año judicial pensaba que algo no olía bien. Mucho poder tiene un juez, y hay que ver su preparación. Podemos tener las mejores leyes, pero si las aplica un ignorante o un malvado, es mejor tener leyes garantistas. No digo que todos sean malos, hay jueces y fiscales buenos, pero a mí no me ha tocado ninguno bueno.

Ni siquiera en la Corte Suprema: la sala de San Martín debía resolver el fondo hace tres o cuatro años y no tuvo el valor de hacerlo, fue amedrentada por el fiscal Vela.

Yo lo he conocido y pensaba que era un juez valiente. Pero no lo es. Vela, con una denuncia ante la junta, lo amedrentó, porque quería seguir trabajando hasta los 75 años. Por eso, la excepción de improcedencia de acción era evidente…

Es lo que resuelve el TC.

Y en buena hora el Tribunal Constitucional se lo hizo notar al ponente y a los jueces que firmaron esa casación. Le dieron a Keiko lo que a mí me correspondía. Eran casos con dos diferencias: nosotros no recibimos, ella (Keiko Fujimori) sí recibió, y además lo ha dicho; y en su caso, y el de otros partidos, se trataba de grupos empresariales, mientras que a nosotros nos acusan de recibir de partidos y gobiernos de izquierda, no de empresarios.

Bueno, no me va a contar cuáles son sus planes futuros, salvo litigar y esperar que su esposa regrese.

Ahorita me importa mucho la reunificación de la familia, y también batallar para que se archiven todos los casos abiertos por este equipo especial, porque todos derivan del mismo caso original —la propia sentencia del TC señala en un párrafo que es un error asumir que recibir un aporte de campaña implica luego cometer delitos favoreciendo a esas empresas. Es un error.

Ese invento del delito de "precoima" lo inventaron los periodistas. Y yo creo que el periodismo también tiene que hacer un mea culpa de todo lo que ha pasado.

Lo más peligroso es un periodista que, sin formación jurídica, habla como si fuera abogado. Eso es de temer. Es un periodismo singular incluso en América Latina.

"Es una llamada de atención al ponente y a los jueces que firmaron esa casación. En ese sentido, si le dieron a Keiko, tenían que dármelo a mí; como me metieron preso a mi, a ella también", señaló Humala durante una entrevista con Rosa María Palacios para “Sin Guión”.

Sobre la similitud de ambos procesos, Humala sostuvo que, aunque ambos casos involucran aportes de campaña, existen diferencias entre la situación de su agrupación y la del fujimorismo.

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El expresidente precisó dos aspectos que separan ambos casos. La primera, según detalló, radica en la veracidad de la recepción del dinero: "Nosotros no recibimos, ella sí recibió", argumentó.

Como segundo punto, Humala dijo que las imputaciones contra otros partidos se vinculan a financiamientos provenientes del sector corporativo, mientras que en su caso se trató de una maniobra política motivada por su ideología.

“En los otros partidos las acusaciones eran por grupos empresariales; en nuestro caso ha sido una persecución ideológica por nuestra gestión de gobierno. Nos acusan de haber recibido [fondos] de gobiernos de izquierda, no de empresarios”

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En esa línea, insistió en que las imputaciones en su contra carecen de sustento técnico y responden a un sesgo político sobre su entonces gestión presidencial.

El Poder Judicial recibió el documento el 24 de julio de 2026. El caso quedó en manos del 30° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. El pedido de la Fiscalía no solo involucra a Harvey Colchado. También acusa a Clara Elizabeth Ramírez Benites y a Víctor Elvis Ocmin Vargas, señalados como los responsables directos de la negociación incompatible. En los tres casos, la parte afectada es el Estado.

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Según la Fiscalía, el origen del segundo delito atribuido a Colchado se remonta a abril de 2021. Ese mes, el entonces coronel PNP habría declarado ante un notario que su ocupación era "independiente". El problema, sostiene el Ministerio Público, es que para esa fecha Colchado ya tenía el grado de coronel de la Policía Nacional en actividad. Estaba asignado a la Macro Región Policial (Macropol) Lambayeque.

La acusación por falsedad ideológica se sustenta en un documento notarial específico: un Poder Especial que Colchado otorgó a favor de una tercera persona para administrar un inmueble. La Fiscalía sostiene que la información falsa que habría consignado en ese documento configura el delito previsto en el artículo 428° del Código Penal.

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El poder especial y el inmueble en Comas

El caso de falsedad ideológica contra Colchado gira en torno a un inmueble ubicado en la Urbanización Los Viñedos de Carabayllo, en el distrito de Comas. Según el requerimiento fiscal, Colchado se convirtió en propietario de esa propiedad tras un proceso de sucesión intestada. El bien está identificado con dirección en la avenida Guillermo de la Fuente N° 1058.

El 30 de abril de 2021, Colchado acudió ante el notario público Paul Hinojosa Carrillo para otorgar un Poder Especial. El documento le daba a Martina Huamaní Ordóñez la facultad de administrar el inmueble, así como de realizar actos de compraventa y alquiler sobre la propiedad. En ese mismo testimonio notarial, Colchado se identificó como una persona "de ocupación independiente".

La Fiscalía cuestiona esa declaración. Según la Resolución Ministerial N° 227-2021-IN, emitida el 3 de abril de 2021 por el entonces ministro del Interior Alfonso Chavarry Estrada, Colchado ya ostentaba el grado de coronel de la Policía Nacional y se encontraba en actividad. El Ministerio Público remarca además que el Poder Especial se inscribió en la Sunarp el 18 de mayo de 2021, fecha en la que, según el documento oficial citado, Colchado mantenía esa condición policial.

La entidad alegó que la nómina no recibió ninguna tacha o impugnación de la ciudadanía dentro de los plazos previstos (tres días).

Ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 35 del reglamento sin que se haya formulado tacha contra la lista de candidatos ni contra alguno de sus integrantes, dice el expediente.

Pero eso no es todo. Este martes, que se venció el plazo para que los candidatos presenten su renuncia a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el mismo Jurado Electoral Especial de Lima aceptó la renuncia de Luis Rubio Idrogo como candidato a la Alcaldía de Lima.

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“Se verifica que Luis Rubio Idrogo ha presentado su solicitud dentro del plazo previsto en el cronograma electoral, cumpliendo con las formalidades y requisitos establecidos en el artículo 40 del Reglamento; por lo que corresponde aceptar la renuncia formulada”.

De esta manera, López Aliaga asume las riendas de la lista y podría convertirse nuevamente en burgomaestre si gana los comicios electorales el próximo 4 de octubre.

JNE reconoce estrategia

Al respecto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reconoció que sí existe una estrategia de las autoridades para poder continuar en el cargo ante la prohibición de la reelección inmediata.

“Hemos visto que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario”, afirmó Burneo.

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Sin mencionar a Rafael López Aliaga, Burneo señaló que el marco normativo del JNE permite que el candidato a primer regidor asuma el cargo de alcalde si el postulante a la alcaldía renuncia.

“No está prohibido que los que han tenido el cargo de alcalde puedan participar como candidato a regidor o que puedan postular a otro cargo por algún distrito. Hay un marco normativo que permite y, finalmente, es el elector el que elige, y nosotros lo que hacemos es cumplir ese marco normativo”, expresó.

Sobre el tema, el presidente del JNE pidió que la población conozca la lista completa de sus candidatos antes de emitir su voto. Según dijo, no basta solo conocer a la persona que lidera la lista, porque cualquier otro integrante puede ocupar el cargo.

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Reelección encubierta

El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, indicó a La República que López Aliaga está tratando de eludir la ley y aseguró que la estrategia de Renovación Popular para la candidatura a la Alcaldía de Lima fue colocar a una persona subordinada.

“Renovación Popular ha colocado a una persona subordinada como primero en la lista de regidores. Para cualquier eventualidad, en este caso ya sucedió, la cabeza salga, pues asume el alcalde en ejercicio, lo cual es darle la vuelta a la ley”, mencionó.

Tuesta añadió que darle la vuelta a la ley no es que sea ilegal, pero es una reelección encubierta que está siendo aprovechada para que las autoridades continúen en el cargo.

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“¿Qué pasaría si no gana? Si no gana, él tendría que incorporarse como regidor de Renovación Popular, porque entendemos que Renovación Popular va a ganar algunos asientos en el concejo. La pregunta es, ¿lo asumirá? Es válida la pregunta, en tanto que si no ha asumido ser senador, parece difícil que lo haga como regidor”, apuntó.

José Tello, abogado experto en temas electorales y presidente del Instituto Aklla, sostuvo que el uso de candidatos provisionales para luego ceder el paso al primer regidor impedido es una estrategia para burlar la restricción constitucional.

“Es una postulación encubierta, una reelección encubierta, sin lugar a dudas. La verdad es que esto está operando en diferentes lugares del país. Los alcaldes que están impedidos de reelegirse de manera inmediata están yéndose bajo esta modalidad”.

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Asimismo, el especialista señaló que esta práctica termina normalizando la evasión a la norma, pues la ciudadanía prefiere ignorar el impedimento legal con tal de favorecer al candidato de su preferencia.

“Estamos en una situación bastante controversial porque si este tipo de candidatos ganan, es porque la población quería reelegirlos. La gente vota por la persona a pesar de que esté impedida y termina normalizando esta reelección encubierta. Se produce un fenómeno muy particular a causa de la distorsión que genera el propio impedimento de reelección inmediata establecido en la reforma del 2015”.

Sobre los riesgos de impunidad y la necesidad de una propuesta de reforma constitucional, José Tello mencionó que existen consecuencias de no corregir estos vacíos normativos de cara a los próximos comicios e instó a restablecer la reelección por un solo periodo consecutivo para evitar el monopolio del poder y la elusión del reglamento. ❖

En reemplazo de Tito Rojas, la diputada Jessica Pérez fue designada como representante de Juntos por el Perú en la Comisión. La integran también Mery Infantes (Fuerza Popular), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

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De acuerdo con trascendidos periodísticos, Tito Rojas habría firmado planillones en 2011 para que el Movadef pudiera inscribirse como partido político. El ahora diputado ha rechazado cualquier vínculo con dicha organización. "No tengo nada que ver con el Movadef. En el 2012 me investigaron por el delito de apología al terrorismo cuando encabezaba movilizaciones de protesta en Puno; sin embargo, en el año 2017 archivaron el proceso judicial porque no encontraron pruebas", sostuvo.

Otro de los nombres que se barajó en la bancada de Juntos por el Perú para reemplazar a Tito Rojas fue el de la diputada Azucena Isla Rojas. No obstante, finalmente se optó por designar a Jessica Pérez para el cargo.

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En el sistema bicameral, solo los diputados pueden presentar proyectos de ley. Si una iniciativa se aprueba en la Cámara Baja, pasa al Senado para su revisión final. La Cámara Alta puede ratificarla, modificarla o archivarla, según el reglamento. Este mecanismo reemplaza al esquema unicameral que rigió el Congreso peruano durante más de dos décadas.

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César Holguín es diputado por Cusco y portavoz de la bancada Ahora Nación. Presentó dos propuestas. Una busca derogar las llamadas leyes procrimen, aprobadas en el Congreso anterior. La otra plantea eliminar la norma que traslada al fuero militar policial el juzgamiento de policías y militares que usan la fuerza en el cumplimiento de sus funciones. Indira Huilca, también de Ahora Nación, presentó la tercera iniciativa: modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para que las sesiones dejen de ser virtuales.

La composición de las comisiones se definió esta semana. La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados llegó a un acuerdo el 4 de agosto. El Pleno ratificó esa distribución este miércoles 5 de agosto. Desde esa fecha, cada comisión cuenta con un plazo para analizar y dictaminar los proyectos que le corresponden.

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Derogación de las leyes procrimen e impunidad para policías y militares: las dos propuestas de César Holguín

César Holguín, diputado por Cusco y vocero de Ahora Nación, presentó dos proyectos en los primeros días de la nueva legislatura. Uno busca derogar diez normas conocidas como las leyes procrimen. El otro plantea eliminar la Ley N.° 32735, llamada ley de impunidad militar policial. Ambas iniciativas comparten un mismo destino: la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El primer proyecto, presentado el 29 de julio, apunta contra un paquete de normas aprobadas entre 2023 y 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte. Entre ellas figura la llamada "Ley Soto", que redujo a un año el plazo de suspensión de la prescripción penal, y otra norma que recortó a ocho meses el plazo para los procesos de colaboración eficaz. El proyecto busca restituir el texto de esas leyes al que regía antes de esas modificaciones.

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El paquete también incluye cambios que, según el propio texto, debilitaron la persecución de la corrupción. Una de las normas eximió a los partidos políticos de sanciones como el cierre o la disolución, incluso si su estructura sirvió para encubrir delitos. Otra exigió sentencia firme antes de iniciar un proceso de extinción de dominio, lo que retrasa la incautación de bienes de origen ilícito. El Ministerio Público advirtió en enero de 2025 que estas reformas reducían las herramientas de investigación fiscal. El Poder Judicial calculó que el Estado dejó de recuperar cerca de 50 millones de dólares en 2025 solo por las restricciones a la extinción de dominio.

El segundo proyecto, presentado en agosto, ataca un problema distinto. La Ley N.° 32735 se publicó el 21 de julio, en medio de cuestionamientos, y amplió la definición de "delito de función" para policías y militares. Con esa definición más amplia, agentes que cometen delitos comunes pueden terminar juzgados en el fuero castrense en lugar de la justicia ordinaria. La norma también dispone que, ante un conflicto de competencia, debe preferirse la jurisdicción militar policial.

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El proyecto de Holguín describe los efectos prácticos de esa ley. Según el texto, permite el traslado automático de causas penales contra policías y militares hacia el fuero militar, incluso en procesos con condena de primera instancia. También contempla el archivo de investigaciones en trámite y la anulación de antecedentes judiciales, sin necesidad de audiencia previa. Amnistía Internacional advirtió que la norma "pone en grave riesgo la independencia judicial y la posibilidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia".

Los dos proyectos coinciden en un punto: ambos buscan revertir normas aprobadas por el Congreso anterior, en el tramo final del gobierno de Dina Boluarte. Holguín sostiene, en ambos casos, que esas leyes debilitaron al Estado frente al crimen organizado o generaron riesgos de impunidad para las fuerzas del orden.

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Trabajo presencial en el Congreso: el proyecto de Indira Huilca

La propuesta de Indira Huilca (Ahora Nación) modifica dos normas a la vez: el artículo 26 del Reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 27 del Reglamento del Congreso. El objetivo es que la presencialidad deje de ser una costumbre y se convierta en una obligación escrita. El texto, presentado el 3 de agosto, lleva la firma de Huilca junto a la de César Holguín, Marleny Arminta y otros congresistas.

El proyecto sustenta su pedido con cifras de ausentismo. Cita, por ejemplo, que el 25 de mayo de 2023 solo 85 legisladores estuvieron físicamente presentes en el hemiciclo desde el inicio de una sesión del Pleno. También recuerda que, en junio de 2026, hasta nueve comisiones —entre ellas Ciencia, Producción, Defensa y Ética— sesionaron casi vacías. Para Huilca, ese patrón se repite pese a que la emergencia sanitaria por la Covid-19 terminó en 2023.

La modificación no elimina la modalidad virtual por completo. El texto establece que la participación a distancia solo se permitirá cuando un diputado o senador tenga licencia por viaje fuera de Lima, por encontrarse en el extranjero o por enfermedad. Fuera de esos supuestos, la presencia física será obligatoria tanto en el Pleno como en las comisiones.

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Huilca adelantó que su bancada evalúa acelerar el trámite del proyecto. "Vamos a evaluar la posibilidad de poder exonerar lo del trámite de comisiones, dado que es un tema en el que hay un amplio consenso", explicó la diputada. Agregó que esa dinámica ya funcionaba antes en el Congreso y que varios congresistas coinciden en aplicarla desde el inicio del periodo bicameral. Si la exoneración se aprueba, el proyecto pasaría directo a votación en el Pleno, sin pasar antes por la comisión de Reglamento.

La diputada se mostró confiada en el respaldo a su propuesta. "Creo que hay una mayoría en todo caso que respalda esta propuesta, porque necesitamos volver a trabajar de forma presencial, garantizar que se disputan adecuadamente las leyes y queremos un mensaje de compromiso con la ciudadanía", afirmó.

Huilca adelantó también que integrará la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Esta última es la misma que revisará los dos proyectos presentados por César Holguín. "Ya estaría por confirmado, esas normas tendrían que pasar a la comisión de justicia y derechos humanos", indicó, al confirmar el destino de las iniciativas contra las leyes procrimen y el fuero militar policial.

El pedido, presentado el pasado 22 de julio, se convierte en el primer caso en el que un efectivo policial invoca la recién promulgada Ley 32735 para librarse de los tribunales ordinarios.

Esta solicitud escrito marca un precedente, pues se trata del primer intento formal de un miembro de las fuerzas del orden para acogerse a la Ley 32735, aprobada recientemente, para retirar del Poder Judicial una investigación contra un policía y clasificar su actuación durante las protestas como un "delito de función" bajo la justicia castrense.

En el recurso presentado ante el tribunal civil, la defensa del agente argumenta que los hechos ocurrieron mientras cumplía órdenes para desbloquear vías durante un estado de emergencia, por lo que exige la aplicación de la nueva norma.

“El recurrente viene siendo procesado por hechos que representan cumplimiento de función y estos se dieron bajo el marco jurídico del Estado de Emergencia”.

Bajo este marco legal, el abogado del imputado solicita al juez ordinario archivar la investigación penal iniciada por la Fiscalía común en un plazo no mayor a 30 días, anulando las medidas cautelares vigentes y transfiriendo las actuaciones al fuero castrense. "Se emita el Auto de Transferencia de Competencia al Juzgado Penal Militar Policial Competente".

Frente a esta solicitud, especialistas han advertido sobre el peligro que representa trasladar casos de violaciones a derechos humanos hacia tribunales integrados por los propios miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía.

Una herramienta para la impunidad

Al ser consultado sobre el alcance de este pedido y el uso de la nueva legislación por parte de la defensa, el abogado Carlos Rivera, especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL), cuestionó la solicitud al favorecer la impunidad en este tipo de casos.

"Este pedido busca sacar del fuero común una investigación por violaciones a los derechos humanos para llevarla a un fuero que no garantiza independencia. La Ley 32735 está siendo utilizada como una herramienta para generar impunidad en los casos de las protestas".

En esa línea, Rivera indicó que la norma amplió la figura del delito de función para abarcar cualquier operativo en estado de emergencia, hecho que perjudica encontrar la justicia a los familiares de las víctimas.

"La ley permite un pedido tan fuera de la norma e inconstitucional como el que se ha hecho. Esta legislación crea nuevos mecanismos que imposibilitan a los familiares obtener justicia pronta. Lo que quieren es un fuero complacente, como lo fue la justicia militar en el pasado en casos como Acomarca o del Grupo Colina, donde actuó como una pantalla de impunidad. La justicia no está para ser amiga de nadie. Lo único que le queda a las víctimas es que los jueces inapliquen esta norma por ser abiertamente inconstitucional".

Además, al evaluar los mecanismos de control que tiene el juez frente a este pedido y el alcance de la ley, el abogado Carlos Rivera advirtió sobre la falta de sustento técnico de la solicitud, pues no se tiene conocimiento de un proceso previo en la vía castrense.

"La defensa de este policía ha planteado una declinatoria de competencia para que el Poder Judicial entregue el proceso a la justicia militar. Pero ahí hay un problema, porque no tenemos conocimiento de que exista un proceso abierto en la vía militar que permita hacer un pedido de esa naturaleza".

Leyes "pro-impunidad" y ataque a la democracia

Por su parte, Julissa Mantilla, excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comparte la postura sobre la inconstitucionalidad de la medida y coincide en que este pedido era un escenario totalmente previsible tras la aprobación del marco legal.

"Esta ley sobre delito de función no debe verse de forma aislada, sino dentro de un paquete que yo llamo 'leyes pro-impunidad'. (…) Era evidente que esta norma se estaba dando para beneficiar a acusados por violaciones a los derechos humanos y pasarlos al fuero militar”.

Además, agregó que la Corte IDH ha establecido de forma reiterada que las afectaciones a civiles jamás pueden ser tratadas bajo la jurisdicción castrense.

La especialista señaló también que ordenar el archivo o traslado de investigaciones en plazos breves atenta contra las garantías del debido proceso y la independencia de poderes.

"Esta ley no solo amplía la noción de delito de función, sino que le da la potestad al Fuero Militar de ordenarle al Fuero Civil que le entregue las causas. Eso nos lleva a la destrucción de los rezagos democráticos (…) No puede ser que el Congreso, por iniciativa de Fuerza Popular, decida aprobar una norma inconstitucional y el juez deba aplicarla”.

Mantilla detalló que quien dispone cómo debe fallar la justicia son los jueces, quienes además tienen el deber de realizar un control de convencionalidad e inaplicar este tipo de solicitudes.

Sin embargo, para la experta, existen represalias y persecución de fiscales y jueces que han inaplicado este tipo de leyes inconstitucionales.

“Han hecho lo correcto y la represalia que están sufriendo es la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia”.

Adicionalmente, Mantilla felicitó a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien en un discurso recordó que la justicia no puede depender del poder ni de las influencias.

Presentan proyecto para derogar "leyes pro crimen"

La bancada de Ahora Nación presentó un proyecto de ley, impulsada por el diputado César Augusto Holguín Loaiza, donde plantea la derogación integral del marco normativo catalogado por diversos sectores como "leyes pro crimen".

El proyecto de ley busca restablecer las capacidades operativas e investigativas del Estado en la persecución de la corrupción, la minería ilegal, las redes criminales y los abusos a los derechos humanos, restituyendo los textos originales del Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley contra el Crimen Organizado que regían antes de las recientes reformas aprobadas por el Congreso.

La resolución ministerial está firmada por Rogers Martín Valencia Espinoza, quien a su vez ocupa la cartera de Comercio en el nuevo gobierno fujimorista luego de haber tenido ya esta experiencia en otro gobierno. Valencia Espinoza también fue ministro de Comercio durante la gestión de Martín Vizcarra, ocupando el puesto entre abril y diciembre de 2018

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Otras figuras que también vienen de otros gobiernos

El Gobierno de Keiko Fujimori también designó a Erick Lahura como viceministro de Hacienda y a Miriam Ponce como viceministra de Gestión Pedagógica, cargos que ambos ya habían desempeñado durante la administración de la expresidenta Dina Boluarte. Las resoluciones que oficializan estos nombramientos fueron publicadas este martes en el Diario Oficial El Peruano. Lahura ocupó ese viceministerio entre noviembre de 2024 y julio de 2025.

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Por su parte, Miriam Ponce también integró el Ministerio de Educación como viceministra de Gestión Pedagógica y, posteriormente, ejerció como ministra entre septiembre de 2023 y abril de 2024, hasta ser reemplazada por Morgan Quero tras presentar su renuncia. Además, el Ejecutivo nombró a Rossella Leiblinger Carrasco como directora general de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Durante el gobierno de Boluarte, Leiblinger estuvo al frente de la Jefatura Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).