La invitación se realizó el último 9 de julio, cuando el mandatario acudió a la oficina de la presidenta electa para felicitarla por su victoria en las urnas y comentarle algunos consejos, tal como informó Fujimori.

Posteriormente, ambos anunciaron ante la prensa que habían acordado una reunión para este jueves, una vez que la plancha presidencial electa recibiera las credenciales, acto que se desarrolló el miércoles 15.

Este jueves al promediar las 9 de la mañana, Fujimori se presentó en Palacio. Saludó a Balcázar que la esperaba en la entrada, estrecharon manos y saludaron para la fotografía oficial.

Keiko Fujimori sobre reunión con Balcázar: “Es una muestra de institucionalidad”

Tras la reunión, ambas autoridades emitieron un pronunciamiento.

Fujimori resaltó que se trató de una “reunión cordial” y que “más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber” entre ambos, se trata de una “muestra de institucionalidad” y democracia.

Entrega de credenciales

Para Keiko Fujimori, la credencial recibida esta tarde representa el cierre de un ciclo que comenzó hace tres elecciones. Antes de 2026, había disputado y perdido la presidencia en 2011, 2016 y 2021, siempre en segunda vuelta y siempre por márgenes estrechos. Esta vez, el resultado también fue ajustado: la fórmula de Fuerza Popular obtuvo 9 millones 223 mil 396 votos frente a los 9 millones 173 mil 755 de la candidatura de Juntos por el Perú, una diferencia menor a 50.000 sufragios en todo el país.

También formalizó a quienes la acompañarán en el Ejecutivo: Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Torres como segundo vicepresidente, ambos parte de la fórmula que Fuerza Popular llevó a las urnas.

El Perú inicia un nuevo ciclo político en medio de una legítima preocupación por la democracia. No se trata de una oposición anticipada, sino de una alerta sobre la experiencia de los últimos años: instituciones debilitadas, retrocesos en políticas de igualdad y una forma de ejercer el poder desde los intereses privados antes que desde el bien común. Frente a ello, el desafío no es solo vigilar, sino también construir.

Con esa convicción, Las Tejedoras organizaron un encuentro con senadoras y diputadas electas de fuerzas democráticas comprometidas con el Estado de derecho, los derechos humanos, la igualdad y el respeto a la diversidad. La convocatoria reunió a mujeres que, desde distintas organizaciones políticas, compartimos principios esenciales para fortalecer nuestra democracia.

Hoy el reto ya no es únicamente que más mujeres lleguen a los espacios de decisión. Necesitamos una representación sustantiva: liderazgos que ejerzan el poder con integridad, defiendan los derechos y mantengan un vínculo permanente con la ciudadanía.

Muchas mujeres llegamos a la política después de conciliar responsabilidades de cuidado y trabajo, enfrentando barreras y abriéndonos paso en espacios políticos. Esa experiencia enriquece la vida pública con mayor capacidad de escucha, diálogo y construcción de acuerdos.

Pero el diálogo también tiene límites. No todo vale. Los acuerdos solo fortalecen la democracia cuando se sostienen sobre principios. La corrupción, el abuso del poder y el debilitamiento institucional nunca pueden ser el precio de una mayoría.

El mayor aprendizaje que me deja esta etapa, y que compartí con las nuevas parlamentarias, es que el Perú necesita una nueva cultura política: entender el poder como servicio, valorar la ética tanto como la eficacia y mantener siempre vivo el vínculo con la ciudadanía. Ese es el tejido democrático que el país necesita reconstruir.

Decreto Ley N 20530

El oficio fue dirigido al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y señala que la pretensión de Balcázar consiste en que la pensión que le corresponde como magistrado cesante del Poder Judicial, bajo el régimen del Decreto Ley N.° 20530, sea recalculada tomando como referencia el salario de un parlamentario, al haber sido ese el último cargo público que desempeñó antes de asumir la Presidencia.

En el documento, el mandatario explica que dejó de percibir su pensión como exmagistrado en 2021, cuando asumió funciones como congresista, debido a la incompatibilidad legal de recibir simultáneamente dos ingresos provenientes del Estado. Por ello, sostiene que, una vez concluido su mandato, corresponde restituir y nivelar dicha pensión.

"Con el fin de evitar cualquier ambigüedad en la tramitación de mi derecho, aclaro que mi pretensión final es la restitución y nivelación de mi pensión del Decreto Ley N.° 20530, la cual debe ser recalculada y nivelada tomando como referencia la remuneración que perciben actualmente los congresistas en funciones", señala el escrito presentado por Balcázar.

Como parte del trámite, el jefe de Estado adjuntó una copia de su documento de identidad, la resolución que acredita su condición de magistrado cesante bajo el régimen del Decreto Ley N.° 20530 y su credencial como congresista de la República.

Pedido de pensión vitalicia

A través de una solicitud presentada ante el Congreso de la República, el mandatario pidió acceder a este beneficio por las funciones desempeñadas como jefe de Estado desde febrero del 2026.

Uno de los principales argumentos expuestos por Balcázar en su solicitud se basa en el caso del expresidente Valentín Paniagua. Según el actual mandatario, Paniagua fue beneficiado por la Ley N.° 26519, que regula el otorgamiento de pensiones vitalicias a los expresidentes al concluir su mandato. Como se recuerda, Paniagua asumió la Presidencia de la República tras la caída del régimen fujimorista en el año 2000.

En el mismo documento, Balcázar solicita además la suspensión provisional de la pensión que percibe bajo el régimen pensionario correspondiente a las funciones que desempeñó como magistrado del Poder Judicial.

“Es posible que algunas leyes se deroguen con mayor rapidez, pero se trata de un paquete de normas. Considerando la composición del Congreso, ese proceso podría extenderse por más de un año”, explicó la senadora electa por Ahora Nación, Mirtha Vásquez.

Explicó que, si hay oposición o si la comisión respectiva abre el debate, convoca a expertos o solicita informes técnicos, se tendrían que realizar varias sesiones y ello haría que la discusión se prolongue.

Agregó que también dependerá de la norma que se busque derogar, pues las leyes procrimen son varias. “Hay leyes que se podrían derogar inmediatamente porque todos tenemos claro que son normas que están claramente favoreciendo el crimen, pero se trata de todo un paquete y algunas de ellas tienen un fuerte respaldo, asi que unas podrían tardar más”, mencionó.

De acuerdo con la senadora electa Ruth Luque, un diputado deberá presentar una iniciativa para derogar las leyes procrimen o solicitar el desarchivo de un proyecto en el mismo sentido, presentado en el Congreso anterior.

“Si bien el reglamento del Congreso (bicameral) no habla sobre desarchivamiento, es usual que iniciado un nuevo Parlamento se presente un pedido sobre eso a la Junta de Portavoces. Si este grupo lo aprueba pasaría a la Comisión respectiva”, dijo. Y añadió que podría presentarse un solo proyecto de ley que busque la derogación de todas las normas o una propuesta individual por cada una.

Ruta en el Congreso bicameral

En la Cámara de Diputados se designaría un máximo de dos comisiones. Por el tema, se remitiría definitivamente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y, en caso se disponga, también a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.

Según el nuevo reglamento del Congreso, la comisión tiene un plazo máximo de 60 días hábiles para emitir un dictamen. Una vez aprobado, debe publicarse en el portal por siete días calendario. Luego, debe ir a la Junta de Portavoces para ingresar a la agenda del Pleno, lo cual tardaría siete días más. Si el Pleno de Diputados lo aprueba, la Mesa Directiva tiene hasta 15 días hábiles para enviar el expediente al Senado.

La comisión revisora en el Senado tiene un plazo máximo de 90 días hábiles para emitir su propio dictamen, ya sea aprobándolo, modificándolo o rechazándolo. Al igual que en la otra cámara, el dictamen debe publicarse por siete días calendario. Si el Senado lo aprueba sin cambios, se envía la autógrafa al Ejecutivo en un plazo de 15 días hábiles.

Al considerar los plazos máximos en cada instancia, con un procedimiento regular en ambas cámaras y excluyendo los factores que podrían extenderlo, resultan 190 días hábiles, equivalentes a unos nueve meses calendario. Esto, sin contar el tiempo que el proyecto espere en la agenda del Pleno para ser debatido o si pasa a un cuarto intermedio.

Derogación también podría darse en 2 meses

En el supuesto de que el Ejecutivo solicite el trámite con carácter de urgencia o si la Junta de Portavoces así lo acuerda, el plazo podría reducirse a tan solo dos meses en promedio.

En la Cámara de Diputados, la publicación del dictamen se reduce a un día calendario y el expediente debe enviarse al Senado en un máximo de cinco días hábiles tras su aprobación.

Una vez en el Senado, el plazo para que las comisiones emitan su dictamen es de un máximo de siete días hábiles y su publicación es de un día calendario.

Voluntad política será determinante

Ruth Luque precisó, en diálogo con este medio, que “si hay voluntad política e interés, el proceso podría durar solo dos meses o hasta una legislatura”. Considera que el proceso no se extendería por más de un año.

“Si las bancadas que han expresado en campaña que su prioridad es la derogación de las leyes pro crimen, cumplen con ello, pues podríamos tener un proceso rápido. Va a depender mucho del interés. Por ejemplo, yo he visto en este tiempo que hay proyectos que se han aprobado sin dictamen”, dijo.

También mencionó que dependerá de quién presida la comisión y la Mesa Directiva.

“Buen Gobierno, Ahora Nación, OBRAS, Juntos por el Perú, somos cuatro partidos que hemos hablado sobre la derogatoria. Así que debería tratarse con prioridad”, anotó.

Por su parte, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco también considera que todo dependerá de la voluntad política. “Dado su carácter polémico va a depender del interés de los congresistas. Hay oportunidades donde se aprueban iniciativas en 24 horas, un año o nunca”, mencionó.

Silencio parlamentario y Conferencia

Cevasco añadió que otro de los aspectos a tener en cuenta es el silencio parlamentario, el cual establece que, si en un año el Senado no se ha pronunciado sobre el proyecto de ley, el presidente del Congreso tiene la facultad de remitir al presidente de la República, para su promulgación, la autógrafa aprobada en el Pleno de Diputados.

A su vez, otra de las nuevas figuras en el Congreso bicameral es la conferencia, la cual consiste en que, si las comisiones de ambas cámaras no están de acuerdo, se realizan reuniones de coordinación para consensuar un texto.

El narcotraficante peruano fue sindicado como el mayor proveedor de droga en la capital argentina.

Luego de haber sido expulsado al Perú, “Manteco” ahora vive oculto en el país. En una reciente entrevista con un medio bonaerense, alardeó de haber inundado de droga Argentina.

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Pero en su país de origen, Manuel Mendoza Herrera no aparece en los archivos policiales. Fuentes de la Dirección Antidrogas afirman que no existen registros de “Manteco”. Sin embargo, se ha dado el lujo de declarar al portal de noticias Infobae, de Buenos Aires, que en el Vraem compraba el kilo de cocaína a US$500 y que lo vendía a US$3.000 en la capital argentina. Los alijos de droga se trasladaban del Vraem a la frontera con Bolivia, de donde eran recogidos y trasladados en avionetas a Argentina.

“Traíamos un material (cocaína) que tenía una manzanita como la del iPhone, o un trébol. A ese material (cocaína) lo regué por toda zona norte, oeste, etc. (de Argentina”, dijo “Manteco”.

La primera vez que Manuel Mendoza Herrera salió del país, según su movimiento migratorio, fue el 15 de diciembre de 2006: pasó a Chile y luego a Argentina. El plan original de “Manteco” era consagrarse como chef especializado en platos peruanos en Buenos Aires. Pero el rumbo se torció cuando contactó con peruanos que se dedicaban a la importación y venta de cocaína en grandes cantidades.

Según los registros, el 28 de septiembre de 2022, “Manteco” regresó al Perú sin saber que las fuerzas antinarcóticos de Argentina le seguían los pasos. Ya había sido identificado como el más importante proveedor de cocaína peruana.

El 2 de octubre de 2022, “Manteco” partió a Buenos Aires. En esos cuatro días de estancia, organizó despachos de cocaína del Vraem.

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La policía argentina lo comprobó porque, al llegar a Buenos Aires, lo siguió y filmó mientras iba a diferentes localidades y hacía entregas de droga. Por eso, cuatro días después del retorno de “Manteco” del Perú, fue intervenido con la cocaína en su camioneta Ford Rancher.

“Yo era quien proveía los autos, las casas. Iba a buscarla (la cocaína) en camioneta. Nunca iba a donde aterrizaba (la avioneta con la droga). Iba con una camioneta y me daban otra. En una camioneta entraban 200 kilos. En una casa guardaba tanta mercadería, en otra guardaba la plata, en otro guardaba plata que cobraba, y así”, narró con detalles a la prensa argentina desde el Perú.

La policía de Buenos Aires cree que Jaider Mejía Quiñones, “Yayo”, nacido en Chingalpo (Sihuas, Áncash), el 10 de abril de 1991, sería el jefe de “Manteco”. Mejía era otro de los objetivos de la policía bonaerense, pero consiguió evadirse. Sin embargo, “Yayo” tampoco está consignado en la base de datos de la Dirandro.

En los archivos policiales, “Yayo” aparece como detenido por conducir borracho un vehículo en Pichari (La Convención, Cusco) en 2018, lo que lo ubica en el Vraem. Su movimiento migratorio también lo delata: viajó 11 veces a Argentina y tres veces a Bolivia.

“Manteco” dijo sobre el capo que le vendía la droga: “Mi jefe iba y venía de Perú. Cuando venía con su familia, yo tenía que conseguirle una residencia para que estuviera tranquilo mientras él estaba acá”. La descripción parece encajar con “Jaider”.

El 17 de julio de 2025, “Manteco” llegó a Lima expulsado de Argentina.

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Sospecha que mataron a su pareja por el negocio

• Manuel Mendoza Herrera explicó al periodista de Infobae que una de las razones por las que decidió hablar de su negocio del narcotráfico en Argentina es que busca esclarecer el fallecimiento de su pareja argentina, Deborah Urquiza, el 20 de diciembre de 2022.
• La prensa argentina señala que las autoridades antidrogas mantenían bajo vigilancia a Urquiza porque cumplía funciones en la organización. La encontraron en la calle, supuestamente bajo los efectos de la droga, y perdió el conocimiento. Murió por un edema pulmonar.
• “Manteco” cree que pudo haber sido asesinada al negarse a revelar dónde se ocultaba el dinero de la droga. “Ella lo sabía todo. Estaba al tanto”, dijo el narcotraficante.

La República manifestó en dos ocasiones puntuales la inquietud sobre el futuro del Mincul. Más allá de preferencias políticas e ideológicas, hay algo que debe quedar muy claro: si el Perú existe en el mundo, existe por su cultura. Un país como Perú, sin importar su gobierno de turno, debe contar con un organismo institucional dedicado exclusivamente a su poliédrica riqueza cultural.  

En estos días se han estado barajando nombres para hacerse cargo del Ministerio de Cultura. Ergo: el Mincul no va a desaparecer. Entre los que más suenan tenemos a la historiadora Cecilia Bákula y al gestor cultural Miguel Molinari. Ambos, por cierto, son muy reconocidos en el circuito cultural peruano. Cuando se les ha mencionado, no han suscitado muchas críticas desde el sector.

No olvidemos que, desde el gobierno de Dina Boluarte, el Mincul se ha convertido en una máquina de censuras, en una apañadora de leyes sin pies ni cabeza (a saber, pensemos en la ley de cine impulsada por el Congreso) y en una entidad cómplice y silenciosa de despropósitos como el colegio de artistas del Perú. Estos atentados en contra de la cultura han estado avalados por la firma de los congresistas de Fuerza Popular. Entonces, antes de aceptar, los potenciales candidatos deberían preguntarle a Fujimori y compañía qué entienden en Fuerza Popular por cultura. Si este aspecto no queda despejado, quien acepte, y sin importar lo competente que sea, va a quedar con la reputación manchada.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Tras recibir su credencial como presidenta electa, Fujimori ofreció un discurso que fue constantemente acompañado por las arengas de los asistentes. En cada pausa se escucharon gritos como '¡Sí se pudo!', '¡Fujimori presente!' y otras consignas, lo que cambió el tono protocolar que había caracterizado el evento hasta ese momento.

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El bullicio también fue protagonizado por figuras ajenas a las filas tradicionales del fujimorismo, pero que en los últimos años han mostrado cercanía con ese movimiento. Una de ellas fue el cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, quien contribuyó al desorden al gritar: '¡Melcochita siempre estará contigo, Keiko!'. Otras figuras del fujimorismo también estuvieron presentes, como Fernando Rospigliosi y Martha Moyano, entre otras.

Asimismo, simpatizantes llegados desde distintas regiones del país lanzaron arengas durante la ceremonia. Poco antes de concluir el acto, uno de los asistentes gritó '¡Huancavelica presente!'. Incluso, durante la fotografía oficial, el moderador tuvo que pedir orden para evitar que la algarabía continuara.

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También celebraron en los exteriores

Las celebraciones fujimoristas continuaron una vez finalizada la ceremonia. A la salida del evento, la organización improvisó un estrado para prolongar las actividades proselitistas. Desde allí, Keiko Fujimori ofreció un breve mensaje junto a sus vicepresidentes, mientras sus simpatizantes continuaban celebrando.

'Ha sido y es un gran impulso para mí. Gracias a todos ustedes porque nunca se rindieron y siempre estuvieron a mi lado. Después de tantos años de recorrer nuestro país, de escuchar, abrazar, sentir y conocer las necesidades que existen, hoy sabemos que el Perú tiene muchos recursos', manifestó a la salida del JNE.

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Durante el discurso de Fujimori a las afueras del local, se registró un enfrentamiento breve entre dos simpatizantes del fujimorismo.

Críticas por la entrega de credenciales

La ceremonia tampoco estuvo exenta de cuestionamientos. La periodista Rosa María Palacios consideró inadecuado que un acto oficial organizado por el JNE adquiriera características propias de un evento partidario.

“Sorprende que en un acto protocolar, organizado y pagado por el JNE, se convierta en un mitín partidario de Fuerza Popular de celebración del triunfo. Además de a la huachafería (para el lucimiento personal de Burneo), habría que bajarle el tono a la sobonería", escribió en X.

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El analista político Juan de la Puente también cuestionó el desarrollo de la ceremonia y sostuvo que el acto incorporó elementos propios de una investidura presidencial.

“Continúa la deriva del JNE. A la lamentable e inconstitucional aceptación del capricho de RLA suma un acto de entrega de credenciales parecido a una investidura o entronización. Innecesario, sobreactuado y frívolo; especialmente si se dice que escasean recursos económicos", publicó en la misma red social.

La jornada tuvo un peso simbólico que trascendió el protocolo. A sus 50 años, Fujimori se convirtió en la primera mujer elegida presidenta del Perú por voto directo, un hito que el propio Burneo destacó minutos antes del acto al calificarlo como una muestra de la madurez democrática alcanzada por el país en las últimas décadas.

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Para la hija del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), la credencial recibida esta tarde representa el cierre de un ciclo que comenzó hace tres elecciones. Antes de 2026, había disputado y perdido la presidencia en 2011, 2016 y 2021, siempre en segunda vuelta y siempre por márgenes estrechos. Esta vez, el resultado también fue ajustado: la fórmula de Fuerza Popular obtuvo 9 millones 223 mil 396 votos frente a los 9 millones 173 mil 755 de la candidatura de Juntos por el Perú, una diferencia menor a 50.000 sufragios en todo el país.

La ceremonia de este miércoles no solo acreditó a la nueva mandataria. También formalizó a quienes la acompañarán en el Ejecutivo: Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Torres como segundo vicepresidente, ambos parte de la fórmula que Fuerza Popular llevó a las urnas.

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Un discurso de reconciliación con historial pendiente

El acto se desarrolló con el formato habitual de estas sesiones solemnes: instalación de la mesa de honor, entonación del Himno Nacional y lectura de la resolución de proclamación. Recién después llegó el momento central, cuando el JNE llamó de manera individual a cada integrante de la fórmula ganadora: primero a Miguel Torres como segundo vicepresidente, luego a Luis Galarreta como primer vicepresidente y, finalmente, a Fujimori, quien recibió su credencial de manos de Burneo entre aplausos y arengas de "sí se pudo" desde las bancas del teatro.

En su discurso, Fujimori agradeció a los miembros de su partido y a otras fuerzas políticas que, dijo, dejaron de lado sus diferencias para respaldar el proceso democrático, y llamó a construir un Perú más inclusivo para las comunidades que durante décadas esperaron carreteras, hospitales, agua potable y títulos de propiedad. Prometió un Estado que "resuelva" y no que administre la inercia, un gabinete elegido por capacidad técnica antes que por militancia partidaria, y una reconciliación nacional que, insistió, no significa borrar las diferencias sino construir sobre lo que une a los peruanos. "He aprendido a pedir perdón, pero, sobre todo, a perdonar", dijo en uno de los pasajes más citados de su intervención.

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Ese llamado a la reconciliación y esa promesa de un gabinete elegido por mérito técnico, sin embargo, contrastan con lo que esta misma redacción ha venido documentando en las últimas semanas sobre la propia transferencia de gobierno de Fujimori. Una investigación de La Encerrona reveló que los equipos designados para recibir la información de los distintos ministerios repiten un patrón: operadores con trayectoria en el fujimorismo, en el partido de César Acuña o en la gestión de Dina Boluarte, varios de ellos con procesos judiciales, acusaciones de corrupción o cuestionamientos de la Contraloría a cuestas. En la Presidencia del Consejo de Ministros, por ejemplo, Fujimori colocó a su abogada personal, Juliana Losa, y a un exasesor del fallecido Alan García; a ellos se suma Shirley Montenegro, señalada por el equipo especial Lava Jato como la persona que habría incinerado pruebas de lavado de activos vinculadas a la propia Fujimori.

El contraste no se limita al gabinete. Frente a su promesa de una seguridad "sin miedo", esta redacción también ha reportado que Fujimori evalúa replicar el modelo de seguridad del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, cuya gestión ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos por presuntas ejecuciones extrajudiciales y abusos de las fuerzas del orden. A ello se suma un antecedente: Fuerza Popular apoyó en bloque el paquete de las ‘leyes procrimen’ que, según se ha venido documentando por parte de especialistas, debilitaron la persecución hacia los delincuentes.

Se volvió mitin

La ceremonia de entrega de credenciales a Keiko Fujimori pasó de ser un acto protocolar a un mitin político. Durante el momento en que Fujimori y sus vicepresidentes, Miguel Ángel Torres y Luis Galarreta, recibieron sus credenciales, los simpatizantes fujimoristas presentes lanzaron fuertes gritos que interrumpieron por breves instantes el desarrollo de la ceremonia.

Tras recibir su credencial como presidenta electa, Fujimori ofreció un discurso que fue constantemente acompañado por las arengas de los asistentes.

En cada pausa se escucharon gritos como ‘¡Sí se pudo!’, ‘¡Fujimori presente!’ y otras consignas, lo que cambió el tono protocolar que había caracterizado el evento hasta ese momento.

El bullicio también fue protagonizado por figuras ajenas a las filas tradicionales del fujimorismo, pero que en los últimos años han mostrado cercanía con ese movimiento.

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Una de ellas fue el cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, quien contribuyó al desorden al gritar: ‘¡Melcochita siempre estará contigo, Keiko!’. Otras figuras del fujimorismo también estuvieron presentes, como Fernando Rospigliosi y Martha Moyano, entre otras.

Simpatizantes llegados desde distintas regiones del país lanzaron arengas durante la ceremonia. Poco antes de concluir el acto, uno de los asistentes gritó ‘¡Huancavelica presente!’.

Incluso, durante la fotografía oficial, el moderador tuvo que pedir orden para evitar que la algarabía continuara.

Las celebraciones fujimoristas continuaron una vez finalizada la ceremonia. A la salida del evento, la organización improvisó un estrado para prolongar las actividades proselitistas.

Desde allí, Keiko Fujimori ofreció un breve mensaje junto a sus vicepresidentes, mientras sus simpatizantes seguían celebrando.

Después se dirigió junto con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y encabezó la ceremonia por el 205º aniversario de la Declaración de la Independencia por el Cabildo Abierto de Lima en el Palacio Municipal. En el acto, le entregaron la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz a Julio Velarde.

"Creemos importante que el Ejecutivo tenga un Congreso con capacidad de control. Las conversaciones están en un punto adormecido", declaró en una entrevista con Canal N.

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El exministro señaló que conversó con Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, y afirmó que no tendría inconvenientes en alcanzar acuerdos con el bloque integrado por esa agrupación, Ahora Nación y Partido Cívico Obras. No obstante, dejó en claro que, por el momento, no existe ningún acuerdo cerrado.

"Yo he hablado con Roberto Sánchez sobre este tema. Nosotros estamos dispuestos a hacer un acuerdo de punto fijo con su bloque alrededor de las elecciones de la Mesa Directiva", apuntó.

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Conversaciones con Renovación Popular

Asimismo, Nieto reveló que también sostuvo conversaciones con Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. El excandidato presidencial calificó el encuentro como muy ameno y precisó que aún no se ha llegado a ningún acuerdo.

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"Es la primera vez que tenía una reunión con él. Hay que conocer la psicología detrás de la persona", señaló.

Finalmente, Nieto aseguró que el Partido del Buen Gobierno no se alineará con los bloques de derecha ni de izquierda conformados en el Congreso de la República.

Así lo advierten diversos estudios que, además, señalan la incidencia de factores sociales y económicos. A su vez, las dificultades en el acceso y la continuidad de los tratamientos contribuyen a agravar la situación e incrementan tanto la demanda como la complejidad de los casos que llegan al sistema público de salud.

Este sistema enfrenta una sobrecarga adicional debido a las demoras y barreras económicas del sector privado. En este contexto, se ha registrado un crecimiento sostenido en la cantidad de internamientos por motivos de salud mental, especialmente entre personas jóvenes.

Entre los factores que explican esta situación se destacan tres problemas graves: el 80% de personas sin tratamiento, la escasez de psiquiatras y el aumento del estrés por la inseguridad.

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Además, en Perú hay al menos 1.300 psiquiatras para más de 34 millones de habitantes. Casi la mitad de los jóvenes sufre problemas emocionales graves y el 44% de la población ve el estrés como una gran amenaza.

La Defensoría del Pueblo advierte también que el Gobierno reduce cada año el presupuesto para este sector vital.

CAMBIO DE RUMBO

El médico psiquiatra Carlos Bromley manifiesta a La República que la reforma de salud mental iniciada en el 2012 en nuestro país, que implicó la implementación de nuevos servicios de salud mental en la comunidad, requiere un impulso a lo logrado mediante la expansión de estos servicios y un cambio de rumbo del gobierno entrante, con la participación de nuevos actores.

“Implementar 306 centros de salud mental comunitaria, 54 unidades de hospitalización en salud mental y adicciones en hospitales generales, 94 hogares protegidos para población con insuficiente apoyo socio familiar, 11 equipos móviles para la atención de personas en condición de calle y población distante y dispersa, ha sido una tarea enorme y un logro trascendental para el país, pero no viene siendo suficiente”, advirtió.

Sostiene que la depresión, ansiedad, estrés, adicciones y violencia consumen a los peruanos. “A más servicios de atención, más personas que atender”, señala el especialista.

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Esto se debe a que, según Bromley, la salud mental forma parte de una problemática multifactorial de carácter estructural que involucra las necesidades básicas insatisfechas, el desempleo, la inequidad, la desigualdad alimentaria, la pobreza, la inseguridad ciudadana y la discriminación, así como las crisis de todo tipo que sufre crónicamente el país y que incrementan los problemas de salud mental en la población, al extremo de que, si seguimos así, nunca habrá servicios de salud mental suficientes para atender a la población afectada mientras no se comiencen a resolver los problemas mencionados.

MÁS SERVICIOS DE ATENCIÓN

El enfoque de incrementar los servicios de salud mental en la comunidad requiere un impulso para contar con más servicios de atención para la población afectada, pero también un cambio de rumbo para trabajar sobre los determinantes de la salud, consistente en contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y orientar al país hacia un mejor desarrollo para avanzar hacia el bienestar y el progreso de manera objetiva y real, reflexiona.

“No se puede estar mental y emocionalmente bien con deudas impagables, miedos de sufrir robos al salir a la calle, falta de agua en los hogares, inseguridad alimentaria, trabajo informal con ingresos que no alcanzan para la subsistencia diaria, exposición a violencia, carencias, frustración, impotencia y desesperanza”, manifiesta con preocupación.

“Solo con un país homogéneamente desarrollado y seguro, tendremos una población mental y emocionalmente sana. Esto incluye mejorar la jerarquía estructural en el Ministerio de Salud, ubicando a la Dirección Ejecutiva de Salud Mental como Dirección General, que trabaje en coordinación estrecha con la PCM y los gobiernos locales y regionales en temas de desarrollo país y resolución de conflictos”, subrayó finalmente el psiquiatra.

En la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el propio Vásquez declaró una sentencia como "cómplice primario" del delito de peculado. En el documento de postulación, el exministro de Agricultura anotó como defensa que la resolución judicial señala que "no se benefició ni directa ni indirectamente de fondos del Estado". Sin embargo, este argumento no anula el perjuicio que ocasionó al Estado.

Una condena por corrupción y desvío de fondos

Según fuentes de la Procuraduría, Absalón Vásquez aún mantiene una deuda millonaria con el Estado. Además, de acuerdo con la resolución de la Tercera Sala Penal Especial, de fecha 27 de junio de 2008, a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de La República, el documento judicial ratifica que se le impuso a Vásquez una pena de cuatro años de prisión suspendida tras determinar que actuó como cómplice en el desvío de dinero que Vladimiro Montesinos entregó a Juan Carlos Hurtado Miller, exministro de Economía.

Junto con la pena privativa de la libertad y un periodo de inhabilitación de tres años, la sala judicial fijó en S/ 1,070,000 (un millón setenta mil soles) el monto que el sentenciado debía pagar a favor del Estado. Hasta enero de 2026, Vásquez solo pagó el 3,07% de su deuda.

Una inscripción al margen de la ley

En diálogo con La República, Jorge Jáuregui, abogado experto en derecho constitucional y electoral, señaló que la candidatura de Absalón Vásquez nunca debió ser admitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"El Tribunal Constitucional estableció un criterio claro: una persona condenada queda rehabilitada y redimida para postular solo bajo dos presupuestos obligatorios: purgar la condena íntegramente y pagar la totalidad de la reparación civil. Si no cumple con ambos, no está rehabilitada. Al no pagar su deuda, el fundamento del TC no sirve para avalar la inscripción de Vásquez", explicó Jáuregui.

Jáuregui también indicó que, una vez que el JNE otorga la credencial, el ente electoral pierde competencia sobre el cargo, el cual es irrenunciable por mandato constitucional. En consecuencia, evitar que Vásquez ejerza funciones dependerá exclusivamente del propio Parlamento una vez que se instale el 26 de julio.

El mecanismo para separarlo requiere un procedimiento de desafuero que debe iniciar su trámite en la Cámara de Diputados para luego pasar a decisión del Senado. No obstante, el especialista advierte que este camino no es automático y se rige por un debido proceso judicial y político.

"En el Parlamento las votaciones son políticas y cuentan los votos. Veremos qué peso tiene la bancada de Renovación Popular y sus aliados para protegerlo", concluyó el experto, tras calificar la actuación del JNE en este proceso electoral como "arbitraria" y "poco prolija".

Por su parte, la abogada constitucionalista María Antonieta González coincidió en que el debate sobre la idoneidad de Vásquez es válido, pero advirtió que existen límites legales para retirarlo ahora que ya fue electo por voto popular.

González explicó que en el derecho electoral rige el principio de preclusión, lo que significa que las etapas superadas no se pueden revertir.

"Las etapas de los procesos electorales son preclusivas como una forma de protección del sistema electoral. Si se pretende demandar la nulidad de su elección ahora que ya concluyó el proceso, se iría en contra de todo el sistema. Si el JNE, que es el encargado de colocar los filtros y evaluarlos, no lo hizo a tiempo, es sumamente difícil que un juez o el propio Congreso anule el voto popular bajo ese argumento. Un juicio de ese tipo demoraría años", indicó la constitucionalista para La República.

Asimismo, detalló que el análisis sobre su idoneidad y su posterior permanencia en la curul no corresponde al sistema electoral, sino al propio fuero legislativo.

"Impedir que jure al cargo por este motivo no es viable de forma directa. Eso es un asunto que tendrá que evaluarse en la Comisión de Ética o en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, mediante el debido procedimiento parlamentario correspondiente", concluyó González.

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Parodian a la presidenta electa

Una de las manifestantes parodió a la presidenta electa al vestir un traje de inspiración japonesa y portar elementos como un tridente, cuernos de diablo y una bandera de Estados Unidos, como parte de su representación crítica durante la protesta.

En paralelo a la protesta, otro grupo de manifestantes, encabezado por el vocero Miguel Meza, reiteró su rechazo al proyecto minero Tía María.

Los participantes portaron banderas verdes con la inscripción "Agro si mina no", y solicitaron al gobierno de Fujimori que respete la decisión del valle de Tambo sobre el rechazo a los proyectos mineros.

Si bien el Congreso aprobó recientemente un crédito suplementario que evitó la suspensión del proceso, Burneo señaló que el déficit financiero aún se mantiene en estas instancias.

"(…) saludamos la madurez del Congreso, en tanto que ayer se aprobó la autógrafa del crédito suplementario, entre todo lo que han aprobado es parte del presupuesto del sistema, que aún nos falta un cincuenta por ciento, pero esto nos va a servir un poco para poder superar esta crisis que ya se estaba viniendo, (…) habíamos denunciado en torno a que se ponía en riesgo el proceso electoral", indicó.

Esta necesidad de recursos responde a un despliegue logístico masivo. El titular del JNE detalló que las elecciones de octubre no se comparan con los comicios presidenciales, ya que implican descentralizar y controlar el voto en miles de circunscripciones distintas, con un alto volumen de postulantes.

"Las elecciones regionales y municipales son muy complejas, más complejas que elecciones generales, porque estamos hablando de 1.889 pequeñas elecciones, de elecciones por cada distrito, por cada provincia, por cada región del país. La complejidad es mayor, es diez veces mayor que elecciones generales. Cerca de cien mil candidatos van a postular, más de trece mil cargos, así que son más de diez mil listas que están compitiendo, eso hace más complejo, hace que haya un mayor trabajo y por eso es la necesidad presupuestal".

Autocrítica y reformas legales

Al ser consultado sobre los aspectos por corregir tras los incidentes ocurridos en la primera y segunda vuelta de las elecciones generales, el magistrado señaló que el JNE viene fortaleciendo la fiscalización, la articulación de las tres entidades del sistema electoral y la transparencia en la segunda vuelta. Sin embargo, también reconoció que existen demandas de la ciudadanía que deben atenderse.

"Vemos con preocupación el tema de las críticas en torno a la eficacia y oportunidad de la toma de decisiones que hemos tratado, sobre la base del marco legal que teníamos, garantizar las decisiones lo antes posible. Estas son cosas que están en el tintero (...) y en ese sentido venimos recogiendo esas lecciones a efecto de presentar las iniciativas legales que correspondan."

El fallo sobre Rafael López Aliaga y el rol del Congreso

Otro de los puntos abordados durante la rueda de prensa fue la resolución del JNE que permitirá la participación de Rafael López Aliaga en las elecciones municipales.

Al ser cuestionado sobre una presunta comunicación previa entre la coordinadora parlamentaria del JNE, Nathalie Román, y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, antes de que se publicara la resolución, Burneo rechazó cualquier irregularidad.

Explicó que la coordinadora asiste constantemente al Congreso por temas presupuestales y aclaró que el sentido del fallo se decidió de manera conjunta y reservada durante la sesión del pleno.

"Ese caso lo vimos recién el lunes y luego hemos procedido a votar. Lo primero que publicamos es el sentido del fallo. Eso es lo que hemos publicado (...) nunca hacemos eso, nunca avisamos a nadie; podemos tener una idea como individualmente, pero las decisiones que toma el jurado son como el colegiado".

El presidente del JNE añadió que evaluaron la situación de vacío legal bajo los principios constitucionales y que los detalles y argumentos de la resolución se publicarán de manera detallada en las próximas horas.

"Hemos evaluado todos los aspectos medulares en torno a la casuística presentada, la situación de vacío legal que corresponde a la justicia electoral, tomar decisiones sobre la base de los principios constitucionales, el marco constitucional y legal en torno a ello y en función de ello hemos tomado la decisión en torno a este tema", señaló.

La Junta Preparatoria es un órgano temporal cuya única finalidad es organizar la instalación del nuevo Congreso. No legisla, no fiscaliza ni adopta decisiones políticas o administrativas propias del Parlamento. Su función es garantizar que el Congreso quede formalmente constituido y pueda iniciar sus actividades.

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El presidente de la Junta Preparatoria dirige las sesiones destinadas a la instalación del nuevo Congreso, conduce la juramentación e incorporación de los parlamentarios electos y organiza la elección de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. Además, coordina las acciones necesarias para garantizar una transición ordenada hasta que las nuevas autoridades parlamentarias asuman sus funciones.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta Preparatoria asiste al presidente en el desarrollo de estas labores y lo reemplaza en caso de ausencia o impedimento. Asimismo, participa en la organización de las sesiones y en las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de este órgano durante el proceso de instalación del Congreso.

Tanto Torres como Chacón fueron designados para estos cargos por haber sido el senador y la diputada más votados en las elecciones, respectivamente.

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También entran en funciones los secretarios

Además del presidente y el vicepresidente, la Junta Preparatoria contará con cuatro secretarios, quienes apoyarán la conducción de las sesiones y asumirán las labores administrativas y parlamentarias necesarias para la instalación del Congreso. Entre sus funciones figuran verificar el cuórum, dar lectura a los documentos oficiales, registrar el desarrollo de las sesiones y colaborar en la organización del proceso de juramentación e incorporación de los congresistas.

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La primera secretaría estará a cargo de Fernando Rospigliosi, por ser el senador electo de mayor edad. La segunda será asumida por Luis Quispe Candia, en su condición de diputado electo más longevo. La tercera corresponderá a Alejandro Muñante, por ser el senador electo de menor edad. Finalmente, la cuarta secretaría corresponderá a Romina Uribe, la diputada electa más joven.

El “albertista” de Renovación Popular

Para este proceso electoral, Absalón Vásquez postuló con el número 5 por Renovación Popular, a poco más de un año de haber dejado Fuerza Popular en enero de 2025. Vásquez, quien se declara un leal "albertista" —en referencia al expresidente Alberto Fujimori—, se sumó a las filas del partido de Rafael López Aliaga tras conversar con él en el sepelio del exmandatario.

Pero la llegada de Absalón Vásquez al Senado con el partido celeste es el último capítulo de una larga trayectoria de cambios de camiseta política. En la década de 1990, Vásquez fue ministro de Agricultura en el gobierno de Alberto Fujimori y fundó la agrupación Sí Cumple, a la que renunció en 2010. Después, fundó el movimiento regional Cajamarca Siempre Verde y, tras retirarse en 2017, se unió como fundador a Podemos Perú, partido que dejó en 2020.

Los antecedentes por corrupción y la deuda de más de 1 millón de soles

El principal cuestionamiento contra Vásquez es su situación con la justicia. El informe de la Unidad de Investigación de La República señaló que el 27 de junio de 2008, el Poder Judicial lo condenó a cuatro años de prisión suspendida por el delito de peculado (usar ilegalmente dinero del Estado).

El argumento que el virtual senador escribió en su hoja de vida ante el JNE, afirmando que "no se benefició ni directa ni indirectamente de los fondos del Estado", no anula ni justifica la actuación delictiva por la que fue condenado.

El documento judicial de su sentencia señala textualmente lo siguiente:

“Condenando a Absalón Vásquez Villanueva como cómplice primario del delito contra la Administración Pública – Peculado, en agravio del Estado, e imponiéndole cuatro años de pena privativa de libertad, cuya ejecución se suspende por el plazo de tres años, bajo el cumplimiento de las reglas de conducta”, se lee en el documento.

Además, le impusieron la pena de inhabilitación por el término de tres años y los jueces le ordenaron pagar una reparación civil de 1 millón 70.000 soles. Sin embargo, después de 17 años, —hasta enero del 2026—, Vásquez apenas ha cancelado el 3.07% de ese dinero.

"Un fraude a la ley" y fallas en el JNE

En diálogo con La República, María Antonieta Gonzáles, abogada experta en temas electorales, señaló que hubo un fallo en los controles del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La ley prohíbe de forma expresa que postulen personas sentenciadas por corrupción, sin importar si fueron autoras o cómplices, especialmente si no han pagado sus deudas con el Estado.

"Aquí ha sido definitivamente una falla del JNE. La Constitución es clara: las personas sentenciadas por corrupción, ya sean autoras o cómplices, no pueden postular. Además, el Tribunal Constitucional exige que para postular se debe haber pagado toda la reparación civil. El jurado debió detectar esto y no permitir que se inscriba", explicó Gonzáles.

Sin embargo, la especialista aclaró que, como nadie presentó una queja (tacha) a tiempo y el JNE aceptó su candidatura, ya se superó la fase de calificación y es jurídicamente imposible retroceder para retirarlo de carrera.

“Esa etapa ya precluyó, como es el caso del señor Vázquez. Si es que esa sentencia sigue actualmente vigente porque no ha pagado la reparación civil, porque además tampoco ha habido una resolución por parte del Poder Judicial de Rehabilitación. Entonces, ahí hay una situación que el jurado sí debió de hacer y no ha hecho”.

Por otro lado, la experta advirtió que los parlamentarios podrían intentar un proceso de vacancia por cuestiones éticas o por la deuda millonaria, pero recordó que la ley castiga la postulación, no el acto de juramentar una vez que la persona ya ganó.

"Estamos hablando de un impedimento para postular, no de un impedimento para cumplir con la función de congresista. El jurado debió advertir esto antes. Ahora, el Congreso podría solicitar su vacancia (…) evaluar si deciden mantenerlo y asumir la responsabilidad política que con ello lleva".

En el caso de López Aliaga, la especialista consideró que la decisión de renunciar a su curul es parte de su juego político. Para ella, esto significa adecuar las leyes del país para beneficio propio.

"Lo que está haciendo López Aliaga generalmente es un fraude a la ley. Si bien nadie puede ser obligado a asumir un cargo, una cosa es no asumir y otra cosa es aprovecharte de eso para sacarle la vuelta a la ley y eludir normas, como la prohibición de la reelección inmediata o la renuncia al mandato. Sienta un pésimo precedente".

El gran problema de esta maniobra, según la experta, es que deja desamparados a los ciudadanos que votaron por él. Al no asumir la curul por la que postuló, se destruye la confianza de la gente y se debilita el principio básico de la democracia: el derecho a estar representados.

“¿Cómo quedan frente a este hecho todas aquellas personas que votaron por él? Él ha sido uno de los más votados. Hay una responsabilidad política detrás que el señor López Aliaga está eludiendo, y que no debería tomarse tan a la ligera como decir: 'bueno, no quiere juramentar, que pase el siguiente'".

Tras el fallo del JNE que permitió a Rafael López Aliaga rechazar su curul en el Senado, la abogada criticó que el Congreso haya evadido su responsabilidad al delegar la decisión al organismo electoral.

"El Congreso se ha lavado las manos. Es el que tiene que evaluar y declarar ese vacío de la curul para que el jurado llame al siguiente, que es como siempre se ha desarrollado. No al revés. Si bien hay una falta clara de cuáles son los pasos frente a este tipo de casos, sí me parece que han ido por la salida fácil”, concluyó.

Hace más de dos años, cuando propusieron la llamada ‘ley anticine’ en el Congreso, me decías que no habría películas como Mujer de soldado. ¿El escenario actual es más complicado de lo que imaginabas?

Sí, la situación ha empeorado porque no creo que este gobierno derogue la ley de cine aprobada. No muchos cineastas se han podido presentar al concurso de estímulos de DAFO porque ahora te están pidiendo el 30% del aporte propio. Es complicadísimo para todos, sobre todo en el caso del cine regional y el documental, porque no entran en un circuito comercial. Como documentalistas, no podemos pensar en tener ganancias; esa palabra no existe. Entonces, ¿cómo recuperamos ese 30%? Hay un proyecto que presentó Susel Paredes, pero no fue discutido. Ahí se considera que el otorgamiento de estímulos debe ser del 100%, como con la ley anterior. En el caso del cine regional es peor, porque recortan el monto que daban al 50%.

Cuando el Congreso impulsa leyes como la que traslada los casos de policías y militares al fuero militar-policial, ¿un cineasta se animaría a postular con temas de denuncia?

Hay una censura implícita a ese tipo de temas. Está dentro de la ley, no se dice abiertamente, pero está contenida, y cuando se habla de defensa nacional, de seguridad nacional, y se usan ese tipo de términos dentro de la ley, afecta, sobre todo, al documental que toca temas muy controversiales. Tampoco creo que vayan a derogar la ley del Colegio de Artistas. Esa ley es un absurdo.

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Algunos creen que la censura podría darse por ese lado si les solicitan eso como requisito. ¿Podría suceder?

Sí. A mí lo que me genera esta ley es una serie de preguntas: ¿qué intereses hay detrás?, ¿por qué se busca colegiar a los artistas? Lo primero que se me viene a la mente es limitar y censurar. Yo supongo que tiene que ver con restringir el acceso de algunos artistas a los fondos públicos. Lo definiría como un texto estalinista, a pesar de que ya esto suena desfasado, pero es una categoría de artistas que ha estudiado solo en la universidad o en institutos. Es como una élite que se crea y que quizás, esa sea la que sí puede acceder a los estímulos públicos y se deja de lado al artista autodidacta.

Los documentalistas son comunicadores, sociólogos, etcétera, pero la mayoría no es bachiller en Arte.

Por supuesto. Entonces, ¿por qué se da terminando un gobierno? En segundo lugar, es un freno a la libertad de creación, choca con la esencia del arte y las consecuencias pueden ser tremendas también. Si juntas estas dos leyes (de cine y el Colegio de Artistas) son dos bombas de tiempo para la cultura. ¿A dónde va el arte en el Perú? ¿Hacia la extinción? Cuando ves quiénes las promulgaron, te das cuenta de que hay una orientación clarísima, además, está de acuerdo con todo lo que estamos viviendo a nivel regional. Lo mismo pasa en Argentina.

Es imposible no mencionar la fotografía de Keiko Fujimori con el actor y productor Eduardo Verástegui, quien quiso ser candidato en México y tiene un discurso conservador. ¿Qué opinión tienes?

La vi. Es terrible. Y no sabemos cuál será la posición del próximo ministro de Cultura frente a estas dos leyes. Está todo junto, es un paquete. ¿Si podemos enfrentar una batalla cultural? Yo veo que no hay la fuerza para enfrentar. Todo el mundo está ahora en shock, no hay una respuesta en este momento, más bien todos son ataques. Se necesitan muchos gremios fuertes y cada uno está en lo suyo en este momento. No veo una cohesión en torno a una respuesta más política que se necesitaría.

El “divide y vencerás” al sector.

Eso es lo que ha pasado en gran parte. Con la Film Commission (para promover producciones internacionales en Perú) ha habido una cosa ahí: ‘A estos les entrego esto por acá’. Entonces, a ellos ya no les interesa lo que pase con los otros, eso es lo que ha pasado. Que no te sorprenda que en los próximos meses haya gente que ya se empiece a colegiar, porque de alguna manera piensa que le va a convenir, cuando la posición debería ser: nadie se colegie.

Como documentalista, ¿este escenario es parecido a los años 90 o peor?

Yo creo que nunca hemos estado en una situación así porque, por lo menos, teníamos leyes que estimulaban, por eso es que se han podido hacer 600 películas a lo largo de una década. Desde el 2000 en adelante ya había una incipiente industria que estaba comenzando, pero ahora este es un golpe que todavía no vemos. En los próximos años se va a ver la disminución de la producción de cine nacional, sobre todo la de cine documental y cine regional.

Mujer de soldado acompaña una sentencia histórica como fue el caso de Manta y Vilca. A pesar del heroísmo de estas mujeres, ahora hay un revés, ¿no?

Sus violadores van a estar libres. Con las últimas leyes que han salido, ya estos señores están libres; no pasó nada. Es una cosa espantosa, ¡imagínate! Después de tanto esfuerzo, tanto dolor y sufrimiento en los juicios. Es terrible porque ya estaban sentenciados.

Y con tu último documental El Huaro, ganaste un premio en Argentina. ¿Tienes un proyecto en mente?

Teníamos uno, pero lo presentamos dos veces (a DAFO) y no salió. Pero no sé cómo podría poner 30% de aportes propios, no soy empresaria, no tengo capital de inversión. Además, estamos en un momento oscuro y ganar un premio internacional ya no implica nada. Estamos en modo sobrevivir, así tan grave como eso.

Hay pedidos para derogar otras leyes.

Claro, primero tienen que derogar las leyes procrimen y las leyes de amnistía a militares y policías, ¿no? Porque es dejarles la cancha libre para que hagan lo que quieran. Que torturen, que violen y que maten. Entonces, cuando hay que luchar por estas causas, la cultura va a estar relegada a la última fila. Quizás al final del periodo se acuerden de que existe una ley que está matando el cine nacional.

Mientras tanto, ¿la cultura se queda sin ‘altavoces’?

Sí, por eso, ahora va a haber silencio. Más bien, van a salir ese tipo de películas como las que ya están saliendo.

¿La Cantuta y Chavín de Huántar?

Claro, esas quizás los militares sí las van a ver y van a ver que el cine es importante para difundir sus ideas. Ya lo están haciendo. ❖

“Esta ley es polarización y mercantilismo”

La Ley N.° 32645, promulgada por insistencia por el Congreso de la República, crea oficialmente el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) e integra solo a quienes tengan el título profesional en Arte o en Educación Artística.

“Yo hice un taller con Alberto Ísola de un año y esa es mi formación teatral. Aprendí de mi maestro y luego entré a la universidad a estudiar Literatura”, nos comenta el actor y director David Carrillo, quien dirige el Teatro Racional.

Para él, esta ley golpea al teatro peruano, que aún no se recupera del cierre de salas por la pandemia. “Incluso, los que tenemos privilegios no nos recuperamos del todo. No entiendo esta reacción del Estado de ponerle el ojo a las artes, en general”.

Además, considera que esta ley también hará que algunos vuelvan a las aulas solo para colegiarse. “Esa gente que apostó por el negocio de la educación con sus universidades ‘bambas’, seguro dice: ‘Van a querer estudiar como sea’. No les importa la calidad. Esta ley es polarización y mercantilismo”.

• Los artistas escénicos, en general, han rechazado la creación del Colegio de Artistas. “Nos parece que se pretende regular contenidos. Esta ley invalida la condición profesional a muchísimos artistas. ¿Dónde queda el arte shipibo-konibo? ¿El arte andino?”, declaró a La República Mónica Sánchez.

Al acto asisten autoridades del Estado, entre ellas el presidente José María Balcázar, así como congresistas y dirigentes del fujimorismo.

"Ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si sigue alimentando la división y el odio. Convoco a todas las fuerzas políticas democráticas, a los gobiernos regionales y locales, al sector privado, a los trabajadores, emprendedores y a la academia a unirnos con madurez y convicción. Hacer política exige fortaleza y unidad. He aprendido de mis errores y de mis aciertos. De los momentos difíciles y de los momentos alegres", señaló.

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Fujimori afirmó que esta postura responde a la experiencia que ha acumulado en la política. Asimismo, indicó que no descarta incorporar a profesionales de otras agrupaciones políticas en su gestión.

"He aprendido a pedir perdón, pero, sobre todo, a perdonar. Creo profundamente en la reconciliación. Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias, sino construir sobre aquello que nos une", añadió.

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El juez Jorge Chávez Tamariz adoptó esta medida al declarar fundado el pedido de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, presentado el 22 de mayo.

El Ministerio Público solicitó este plazo adicional para profundizar las pesquisas contra Ollanta Humala, el exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez y otros tres militares retirados. Todos ellos enfrentan cargos por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva.

Además de los homicidios, la Fiscalía investiga al expresidente por el presunto delito de desaparición forzada en agravio de otros cuatro ciudadanos identificados como Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagastegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.

Con la prórroga concedida, el magistrado estableció que el 24 de enero de 2027 será la fecha límite para concluir esta etapa.

Por su parte, la defensa legal de algunos de los implicados presentó un recurso de apelación por escrito para intentar anular esta prórroga. El juez Chávez Tamariz aceptó este reclamo y lo derivó a la Quinta Sala de Apelaciones Nacional.

Esta instancia superior deberá decidir en los próximos días si convoca a una audiencia virtual para evaluar los argumentos de ambas partes y emitir una decisión final sobre el plazo de la investigación.

Caso Madre Mía

El origen de este caso se remonta a 1992, en la base militar de Madre Mía, ubicada en Huánuco. Según la investigación de la Fiscalía, el expresidente Ollanta Humala —conocido en ese entonces con el alias de ‘Capitán Carlos’— se desempeñaba como jefe del Batallón Contrasubversivo 313 y habría conformado grupos de patrullaje en zonas aledañas al distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca.

Bajo el mando de Humala se encontraban los otros cuatro exmiembros del Ejército del Perú implicados en el caso: Tobías Huaringa (alias ‘Huaringa’), Nicanor Guerra (alias ‘Rambo’), Amílcar Gómez (alias ‘Chicho’) y Russel Vela (alias ‘Livio’).

La Fiscalía investiga a este grupo por la tortura y el asesinato de Edgardo Isla, ocurrido el 25 de junio de 1992 en el caserío de Yanajanca, así como la muerte de Nemer Acuña en ese mismo mes. Los restos óseos de ambas víctimas ya han sido recuperados e identificados como parte del proceso.

Asimismo, las pesquisas buscan esclarecer la desaparición forzada de otras cuatro personas en la zona durante 1992. Se trata de Luis Izaguirre, desaparecido el 25 de junio en el caserío de Yanajanca; Nelson Hoyos, el 5 de junio en el caserío La Morada; Hermes Estela, al día siguiente en la misma localidad; y Yander Leandro, el 23 de septiembre en el caserío de Alto Pucayacu.

Debido a la gravedad de los hechos, estos delitos se investigan bajo el marco de crímenes de lesa humanidad.

La condecoración se realizó apenas una semana después de que la bancada de Somos Perú solicitara dejar sin efecto el reconocimiento y pidiera a las demás fuerzas políticas no respaldar la iniciativa. Para ese grupo parlamentario, entregar la medalla a Jerí afectaba la imagen institucional del Congreso debido a los cuestionamientos que pesan sobre el legislador.

A pesar de esas críticas, el Parlamento siguió adelante con la ceremonia. La fotografía del acto empezó a circular en redes sociales después de concluido el evento, ya que el Congreso no anunció previamente la actividad ni permitió la cobertura de los medios de comunicación.

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Somos Perú pidió retirar la condecoración

Antes de que se realizara la ceremonia, la bancada de Somos Perú emitió un pronunciamiento en el que rechazó la entrega de la Medalla de Honor a José Jerí. El grupo parlamentario sostuvo que la distinción debía reservarse para personas cuya conducta fortaleciera el prestigio del Congreso y exhortó a las demás bancadas a no respaldar la propuesta.

La posición de Somos Perú contrastó con la defensa realizada por el entonces presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien afirmó que la condecoración respondía a una práctica institucional. Según explicó, la entrega de la medalla corresponde "por costumbre" a quienes ejercen la presidencia del Parlamento, independientemente de las controversias que enfrenten.

Pese al pedido de reconsiderar el reconocimiento, el Congreso mantuvo la decisión y finalmente entregó la medalla Gran Cruz a José Jerí.

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¿Qué es la Medalla de Honor en el grado Gran Cruz del Congreso?

La Medalla de Honor del Congreso es la máxima condecoración que otorga el Parlamento peruano. El reconocimiento busca distinguir a personas nacionales o extranjeras por sus servicios al país, su trayectoria pública o sus aportes en diferentes ámbitos. La distinción contempla varios grados, pero la Gran Cruz representa el nivel más alto.

El reglamento de esta condecoración establece que puede ser entregada a jefes de Estado, presidentes de otros parlamentos, altas autoridades y personalidades destacadas. También existe la costumbre de otorgarla a quienes ejercen la presidencia del Congreso al término de su gestión, argumento que fue utilizado para justificar el reconocimiento a José Jerí.

Sin embargo, la entrega de la medalla Gran Cruz no es automática ni está exenta de cuestionamientos. Debido a su carácter honorífico y al valor institucional que representa, especialistas y diversos sectores consideran que el Congreso debe evaluar la trayectoria y la conducta pública de cada homenajeado antes de conceder esta distinción, ya que el reconocimiento también proyecta la imagen del Parlamento ante la ciudadanía.

José Huanchi murió dentro de la comisaría, luego de ser intervenido por presuntamente ingresar en estado etílico a una vivienda del jirón San Juan de Dios. Según la reconstrucción de los hechos que maneja el Ministerio Público, el joven habría recibido golpes en el rostro, la cabeza y el estómago al momento de su captura. La PNP trasladó a Huanchi hacia la dependencia policial tras la detención. Ahí perdió la vida.

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La familia de la víctima sostiene una versión distinta a la de los agentes involucrados. Los parientes afirman que la violencia con la que redujeron a Huanchi durante el operativo explica su fallecimiento. La policía, en cambio, asegura que el joven se autolesionó dentro de la unidad policial: se habría golpeado la cabeza contra la ventana hasta convulsionar. Ambas versiones forman parte de la investigación fiscal, que aún no concluye.

Los cuatro suboficiales señalados por el caso son Wimer Choquehuanca, Stewart Flores, Brayan Cáceres y Alex Cruz. Todos pertenecen a la comisaría de Santa Bárbara y participaron en el operativo de detención del joven. Con la prisión preventiva confirmada para dos de ellos, el Ministerio Público busca asegurar su presencia durante el proceso judicial. Puno registra otro caso reciente de presunta violencia policial: días atrás, un abogado denunció haber sido agredido dentro de una comisaría de la región tras acudir a presentar una denuncia.

La movilización fue convocada por Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú. Su exigencia es una sola: la liberación inmediata de Castillo, recluido en el penal de Barbadillo. Sánchez también reclama justicia para las víctimas de las protestas de 2022 y 2023.

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La convocatoria llegó días después de un pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. Ese organismo calificó como arbitrario el arresto de Castillo y recomendó su salida inmediata de prisión. También pidió reconocerle una indemnización. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que el documento solo contiene opiniones, sin valor legal dentro del país.

El presidente José María Balcázar se refirió al tema en una entrevista radial. Dijo que el informe de la ONU podría modificar el escenario jurídico para evaluar un nuevo indulto a favor de Castillo. Precisó, además, que espera un pedido de gracia presidencial "fundamentado", ya que el anterior fue rechazado por falta de pruebas. Balcázar entregará el mando a Fujimori el próximo 28 de julio, en el Congreso, por Fiestas Patrias.

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La ceremonia de credenciales cierra el proceso electoral que llevó a Fuerza Popular al poder. Fujimori se convirtió en la primera mujer elegida para la Presidencia del Perú, tras vencer a Roberto Sánchez en segunda vuelta. Desde su proclamación, el 3 de julio, la mandataria electa sostiene reuniones con políticos y autoridades. Trabaja, además, en la conformación de su primer gabinete ministerial.

Sánchez insistió en que la marcha se desarrollará sin violencia. "Democráticamente, pacíficamente, haciendo uso al derecho constitucional del libre tránsito, nos vamos a movilizar", declaró el dirigente. Hasta el cierre de esta nota, no precisó la ruta exacta de la protesta. Fujimori y su entorno tampoco se pronunciaron sobre la marcha.

Como parte del concurso público, Loyola obtuvo 81.85 puntos en la entrevista personal, evaluación destinada a medir sus conocimientos. Este resultado, sumado a los puntajes alcanzados en la evaluación de conocimientos y la evaluación curricular, lo dejaba encaminado para ser designado como nuevo jefe de la ONPE.

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Sin embargo, de acuerdo con el artículo 60 del Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de el/la Jefe(a) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y de el/la Jefe(a) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el postulante debe obtener el voto favorable de dos tercios de los integrantes del Pleno de la JNJ para ser nombrado oficialmente ganador del concurso público.

Hasta el momento, Carlos Loyola no se ha pronunciado sobre este resultado. Se espera que el concurso sea declarado desierto y que se convoque a un nuevo proceso para elegir al titular de la ONPE.

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Durante esta última etapa de evaluación, el postulante Carlos Loyola Escajadillo sustentó su plan de trabajo para el período 2026-2030 y abordó el debilitamiento de la confianza ciudadana que atraviesa el organismo electoral.

"Es decir, las debilidades operativas y reputacionales son la principal prioridad de la nueva gestión que me toque en suerte dirigir", manifestó el candidato de manera tajante ante el pleno de magistrados.

Crítica al colapso tecnológico

El postulante, quien cuenta con experiencia previa como gerente de planificación en la institución, centró su crítica en las fallas técnicas registradas en el último proceso electoral general.

Loyola detalló que el fracaso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) provocó un grave perjuicio económico y logístico debido a compras inservibles.

"Lo más grave es la pérdida de recursos públicos. La ONPE invirtió más de 41 millones de soles en comprar más de 31 mil laptops y 30 mil impresoras que no pudieron ser utilizadas [...]. Y adicionalmente se contrató asistencia técnica informática por 144 millones. Esto llevó al colapso del sistema y a la intervención de la Procuraduría y la Contraloría", mencionó.

En materia económica, el candidato cuestionó el incremento de los presupuestos institucionales y señaló que los costos se han disparado de forma desproporcionada en comparación con la realidad del país.

Loyola expuso que el servicio de despliegue de material electoral se quintuplicó en los últimos años sin justificación técnica. "Es inconcebible que este servicio ha crecido en más de quinientos por ciento cuando la inflación acumulada de los últimos veinte años según el Banco Central de Reserva es de solamente ochenta y siete por ciento".

Garantías para las próximas elecciones de octubre

El postulante indicó además que la ONPE adquirió hace casi cuatro años un terreno en el distrito de La Victoria valorizado en cerca de 50 millones de soles que actualmente se encuentra inutilizado.

Loyola propuso destrabar este proyecto mediante el mecanismo de Obras por Impuestos para construir la sede unificada de la institución y eliminar el gasto recurrente en alquileres de locales dispersos que el organismo mantiene desde hace dos décadas.

De cara a los comicios regionales y municipales del próximo 4 de octubre, Loyola indicó que no se malgastarán recursos en tecnología que no haya sido certificada.

El aspirante señaló que priorizará una fase de estabilización y que se realizarán auditorías antes de masificar cualquier herramienta digital. "Ningún equipo tecnológico será adquirido sin prueba de concepto piloto exitosa".

Al ser consultado por los miembros de la JNJ sobre cómo reaccionaría ante una crisis el día de la votación, el postulante planteó implementar comités de contingencia junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Reniec.

Además, para frenar el impacto de las noticias falsas o "fake news" que afecten la legitimidad de los comicios, el postulante señaló que la comunicación sería transparente y que se informaría tanto los avances como las dificultades de la ONPE.

Una de las principales funciones de este grupo de trabajo será convocar a la elección de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Este proceso deberá realizarse, como máximo, el 26 de julio, a fin de que las nuevas autoridades legislativas asuman funciones desde el 27 de este mes.

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La Junta Preparatoria estará presidida por el senador de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres. La vicepresidencia recaerá también en una representante fujimorista: la diputada electa Cecilia Chacón. Ambos ocuparán estos cargos por haber obtenido la mayor votación en sus respectivas cámaras.

El senador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y el diputado Luis Eliseo Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) ocuparán la primera y segunda secretaría de la Junta Preparatoria por ser los legisladores de mayor edad en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente. En tanto, el senador Alejandro Muñante (Renovación Popular) y la diputada Romina Uribe (Partido del Buen Gobierno) asumirán la tercera y cuarta secretaría al ser los parlamentarios más jóvenes de ambas cámaras.

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Con la instalación oficial del Congreso bicameral, prevista para el 27 de julio, comenzará la primera legislatura ordinaria del periodo parlamentario 2026-2027, que se extenderá hasta el 15 de diciembre. Durante esa misma sesión se convocará a la ceremonia solemne del 28 de julio, en la que Keiko Fujimori Higuchi prestará juramento y recibirá la banda presidencial para asumir la Presidencia de la República durante el periodo 2026-2031.

No solo Fujimori recibirá sus credenciales correspondientes. Miguel Ángel Torres y Luis Galarreta, miembros de la plancha presidencial fujimorista, también recibirán sus credenciales como vicepresidentes.

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El acto iniciará con la instalación de una Mesa de Honor presidida por el presidente del JNE, Roberto Burneo. Además, contarán con la presencia de los otros miembros del pleno de este jurado electoral: Marta Mach, Gunther Gonzales, Rubén Torres y Aarón Oyarce.

Después se cantará el Himno Nacional y, a continuación, se leerá la resolución de proclamación, documento que respalda legalmente la entrega de credenciales y que oficializa la fórmula ganadora en la elección de presidente y vicepresidentes de la República.

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Uno de los principales argumentos expuestos por Balcázar en su solicitud se basa en el caso del expresidente Valentín Paniagua. Según el actual mandatario, Paniagua fue beneficiado por la Ley N.° 26519, que regula el otorgamiento de pensiones vitalicias a los expresidentes al concluir su mandato. Como se recuerda, Paniagua asumió la Presidencia de la República tras la caída del régimen fujimorista en el año 2000.

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En el mismo documento, Balcázar solicita además la suspensión provisional de la pensión que percibe bajo el régimen pensionario correspondiente a las funciones que desempeñó como magistrado del Poder Judicial.

La solicitud fue presentada 14 días antes de que Balcázar deje el cargo para dar paso al gobierno de Keiko Fujimori. El pedido fue dirigido al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Conforme al procedimiento, corresponderá a la Mesa Directiva decidir si la solicitud del mandatario es aceptada o rechazada.

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Antecedentes juegan en contra de Balcázar

Aunque Balcázar invoca el caso de Paniagua, existen antecedentes recientes que podrían dificultar el éxito de su pedido. En noviembre del 2022, el Congreso rechazó las solicitudes de pensión vitalicia presentadas por expresidentes que no fueron elegidos por voto popular, como Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y el exmandatario de facto Manuel Merino.

En aquella ocasión, la Comisión de Constitución concluyó que no correspondía otorgarles dicho beneficio y remitió un informe a la Mesa Directiva sustentando jurídicamente su posición. En ese documento, el grupo de trabajo presidido por Patricia Juárez (Fuerza Popular) sostuvo que la legislación establece que este beneficio solo alcanza a quienes fueron elegidos mediante voto popular.

El mismo criterio fue aplicado en 2025, cuando se rechazó la solicitud de pensión vitalicia presentada por Dina Boluarte. La entonces mandataria presentó un pedido similar al de Balcázar, que finalmente fue declarado improcedente.

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“La pensión sea una forma de reconocimiento de parte de quien representa a la Nación a quien ejerció de manera proba, por un periodo completo, el más alto cargo de servicios al país. Por ello, necesariamente tendría que otorgársele a un expresidente constitucional elegido por mandato popular que haya ejercido el cargo durante un periodo íntegro", argumentó en aquella ocasión el Área de Asesoría Laboral al recomendar declarar improcedente la solicitud de la expresidenta.

Instituciones como la Defensoría del Pueblo también han respaldado esta interpretación. A través de un comunicado emitido tras el pedido de pensión vitalicia presentado por Dina Boluarte, la entidad sostuvo que este beneficio constituye una prerrogativa reservada para los presidentes elegidos por voluntad popular.

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"Desde una perspectiva constitucional, debe precisarse que un mandatario electo es aquel que ha recibido, mediante sufragio popular directo, el encargo de conducir los destinos del país. Este presidente, constitucionalmente elegido, ejerce el mandato por voluntad expresa del pueblo y, en virtud del marco legal vigente, se encuentra comprendido dentro de los alcances de la pensión vitalicia regulada por ley. Cabe señalar que la Constitución Política del Perú no reconoce ni regula expresamente la pensión vitalicia, la cual es una creación de naturaleza legal, conforme lo señala la Ley N.° 26519, que establece únicamente una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad para los expresidentes constitucionales de la República", indicó la Defensoría.

Entonces, al no poder aplicarse el principio de irrenunciabilidad constitucional —porque aún no ejerce funciones de senador—, el líder de Renovación Popular no se va a incorporar al Parlamento y podrá continuar con su postulación como regidor de Lima.

La irrenunciabilidad solo aplica para cargos en ejercicio

El análisis legal concluye que el carácter de irrenunciabilidad del cargo de senador no afecta a López Aliaga. El documento precisa que esta restricción solo rige para quienes ya juraron y ejercen funciones de manera efectiva.

"El carácter irrenunciable del cargo de senador previsto en el artículo 95.° de la Constitución solo resulta aplicable respecto de un cargo efectivamente asumido y en ejercicio. En consecuencia, no puede extenderse automáticamente a quien no haya perfeccionado su incorporación al cargo".

La proclamación no equivale a la asunción del cargo

El informe técnico diferencia la elección del candidato de su incorporación real al Congreso de la República. El JNE señala que ganar una elección no otorga automáticamente la condición de funcionario en ejercicio.

"Entre ambos momentos existe un procedimiento legal que comprende diversas actuaciones, tanto del JNE como del candidato electo, cuyo cumplimiento resulta indispensable".

Entonces, al no haber presentado la documentación obligatoria para asumir como senador, López Aliaga no completó su proceso de asunción.

Entonces, al estar disponible su curul, el área jurídica del tribunal electoral dispuso que el puesto vacante lo ocupe el candidato accesitario de Renovación Popular “para evitar vaciar de contenido el principio de democracia representativa”, se lee en el documento.

Asimismo, pidió que el Congreso resuelva el vacío normativo para que evalúe futuras reformas. "(...) debe ocupar tal curul el senador accesitario inmediatamente posterior, conforme al modelo de representación política en el Perú”.

Advertencia sobre vacío normativo

En diálogo con La República, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos advirtió que la situación de López Aliaga es "inédita" y genera preocupación en el sistema electoral. Según explicó el especialista, esta decisión "puede dar pie a un incentivo perverso que ponga en cuestión la legitimidad de nuestras futuras autoridades", al permitir que figuras políticas postulen a un cargo nacional solo como estrategia para luego abandonarlo.

En ese sentido, Campos señaló que, frente a la exhortación del JNE, el Parlamento tiene una tarea urgente para delimitar las reglas del juego. "Se debería precisar si el mandato representativo se inicia al momento de la elección de un candidato o al momento en el que, de manera efectiva, inicia sus funciones como representante. Lo ideal sería que eso se precise con claridad", concluyó.

Por su parte, Víctor Velásquez, politólogo y experto en temas electorales, coincidió en el impacto institucional del caso. Señaló para La República que la situación de López Aliaga "revela una posible utilización estratégica de un vacío normativo". Sin embargo, aclaró que "nuestro ordenamiento constitucional y electoral no lo regula ni lo sanciona; por lo tanto, no estaríamos necesariamente ante una conducta ilegal, sino ante una conducta jurídicamente permitida dentro de un marco normativo incompleto".

A pesar de la legalidad del acto, Velásquez advirtió que este tipo de maniobras "puede afectar la confianza ciudadana y la legitimidad de la representación y en la clase política". Para solucionar este problema, el politólogo sugirió que la legislación diferencie entre una renuncia legítima y una renuncia estratégica o injustificada.

"Debe regularse las renuncias bajo causales objetivas y limitadas, por ejemplo, a impedimentos concretos, razones personales debidamente probadas o causales de fuerza mayor", detalló.

Sobre la posibilidad de sancionar estas conductas, Velásquez consideró viable una inhabilitación temporal en caso de abandonos injustificados. "Podría establecerse una restricción temporal para postular nuevamente a cargos de elección popular”.

La Fiscalía deberá establecer si formula una acusación fiscal, solicita el sobreseimiento o el archivo, o emite un requerimiento legal. Todo ello, según el plazo previsto en el artículo 343 del Código Procesal Penal.

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También, dispuso que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público evalúe que el despacho fiscal actúe en los plazos previstos.

Mediante una resolución, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó sin efecto la decisión emitida el 12 de enero por la jueza Lorena Sandoval, que había extendido por 18 meses el plazo de la investigación.

El colegiado tomó esta determinación tras declarar fundados los recursos de apelación presentados por las defensas de Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo y actualmente asilada en México, y del exalcalde José Medina, contra la resolución que dio luz verde a una prórroga de 36 meses solicitada por la Fiscalía para continuar con las investigaciones.

El caso

Según la tesis fiscal, la ex primera dama y los demás implicados habrían integrado una presunta red criminal que operaba desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Castillo.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, esta supuesta organización delictiva habría favorecido a empresas fachada a través de licitaciones fraudulentas, a las que se les otorgaba la buena pro por enormes sumas de dinero, a pesar de que no cumplían con los requisitos legales.

Estas presuntas operaciones se habrían ejecutado en las regiones de Cajamarca, Amazonas y Lima.

En enero de 2026, la defensa de Yenifer Paredes presentó un recurso de control de plazo con el argumento de que el tiempo legal de la investigación ya se encuentra vencido y que, por tanto, corresponde que la Fiscalía defina si formula acusación o archiva el caso.

El anuncio fue realizado por el fiscal provincial Óscar Díaz Alegre, quien lideró una inspección en la sede luego de que un reportaje de Cuarto Poder advirtió de que el edificio estaba en riesgo ante un eventual sismo.

Precisó que su despacho ha abierto de oficio un procedimiento preventivo por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, omisión de funciones y estragos especiales.

“En caso ocurra alguno de esos delitos, yo procedería a derivarlo a las Fiscalías Corporativas Penales correspondientes y ellos determinan responsabilidades. Yo estoy en prevención y mi objetivo es exhortar a los funcionarios para que tomen las medidas preventivas”, dijo.

Proceso para remodelación en curso

Desde el Ministerio informaron al fiscal que implementarán un plan de trabajo que incluye incrementar el teletrabajo y trasladar la mesa de partes del Ministerio a un local contiguo.

Asimismo, le presentaron un acta de buena pro para una consultoría de remodelación del local.

El secretario general del Ministerio de Vivienda, Manuel Larrea, declaró que el informe técnico menciona que se deben hacer refacciones dentro de la estructura, pero no el posible riesgo ante un sismo. “Estamos tomando acciones concretas. Más allá de eso no puedo decir porque ya son especulaciones”, dijo.

Municipalidad de San Isidro deberá determinar si el edificio es inhabitable

El fiscal Díaz Alegre exhortó a la Municipalidad de San Isidro a que realice una evaluación técnica inmediata para determinar si el edificio es inhabitable o no. “Ninguna otra autoridad declara eso. Solo la Municipalidad. Por eso, ya les he puesto en conocimiento del acta y del compromiso que se está llevando a cabo acá y ellos determinarán si hay riesgo inminente”, anotó.

La misión, indica, es detectar y perseguir a los uniformados que utilizan su cargo para dañar a la sociedad (las llamadas 'manzanas podridas'). A su juicio, la clave para que la ciudadanía recupere la confianza en la Policía Nacional es la transparencia radical, la depuración activa de malos elementos y el fortalecimiento de la ética institucional.

El teniente general Augusto Ríos confirmó a La República que, en lo que va del año, se han formulado 595 notas de contrainteligencia. Estas acciones fueron ejecutadas por la Inspectoría General y han permitido identificar y sancionar drásticamente a 530 efectivos que hicieron un uso inadecuado de las redes sociales.

Las notas de contrainteligencia buscan frenar la exposición de la imagen institucional en plataformas digitales, afirma el oficial. La Inspectoría General de la PNP aplica esta medida como parte de un 'control activo' para detectar infracciones disciplinarias y actos de corrupción, evitando que se presenten denuncias formales por parte de la ciudadanía.

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Uno de estos casos fue el de los 9 policías capturados en Vitarte. “Desarrollamos acciones de contrainteligencia, detectamos conducta disfuncional, por parte de un oficial y 8 efectivos de la comisaria de Vitarte que hacían operaciones policiales prohibidas”, explica.

“Con el apoyo de drones y cámaras registramos las actitudes criminales de estos malos policías, y como nosotros estamos preocupados por limpiar la casa, actuamos. Aquí la Policía Nacional deslinda con cualquier acto de corrupción y cualquier posible delito y con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) iniciamos los respectivos expedientes”, precisa.

El caso más reciente lo protagonizó el alférez PNP Diego García Cueto, señalado como presunto líder, así como los suboficiales Vidal Guardamino, Johanny Vera, Jorge Meneses, Víctor Romero, Lishner Huamán, Giovani Cruz, Fredy Flores y Carlos López.

También está comprendido el comisario de Vitarte, el comandante José Velásquez.

Se les ha iniciado un proceso por infracción muy grave luego de una investigación que podría derivar en el pase al retiro de los implicados. Este miércoles, los 9 policías cumplen una orden de 12 meses de prisión preventiva por exigir coimas a choferes en la Carretera Central para no imponerles papeletas de tránsito.

Los operativos en todo el país

Hasta 2025 había expedientes dispersos, hojas de cálculo, retraso y mucho trabajo manual. Recién este año la Inspectoría General ha modernizado el procedimiento administrativo disciplinario con expedientes 100% digitalizados, trazabilidad completa, alertas automáticas y control en tiempo real.

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“El mensaje es claro para quienes usan el uniforme para delinquir, traicionan a la institución, a sus compañeros y al país. No habrá protección, no habrá privilegios, no habrá impunidad parece ser la consigna”, señala el inspector general de la PNP.

“La Policía no defiende a corruptos, los investiga, los captura y los pone ante la justicia”, afirma la autoridad.

Este año, la PNP ha desplegado inspecciones, operativos y acciones de control en diferentes lugares del país.

“Una institución fuerte no es la que oculta sus problemas, sino la que las enfrenta con decisión. Así como actuamos contra quienes manchan el uniforme también reconocemos a policías que cumplen su deber con honor, disciplina y vocación”, añade el alto oficial. “Seguiremos en esa senda y por esa línea”, enfatizó.

Hace una semana, el Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva para cuatro policías involucrados en un presunto acto de concusión en Lima. El juzgado consideró que existían graves y fundados elementos de convicción respecto a la actuación de los agentes, quienes, según la investigación, intervinieron arbitrariamente a un conductor el 23 de junio de 2026. Le exigieron un pago de S/50 para no iniciar acciones policiales en su contra.

La víctima hizo la transferencia del dinero requerido a una cuenta vinculada con un presunto nexo financiero de la organización, lo que motivó la denuncia formal.

El año pasado, 4.188 policías fueron sancionados por faltas y delitos, incluidos 570 por corrupción.

Además, a 594 efectivos se les aplicaron medidas preventivas —como separación temporal del cargo— y otros 27 fueron apartados definitivamente de la institución.

Actualmente, la Inspectoría General tiene 22.000 procesos de investigación contra malos policías. En agosto del año pasado, nueve efectivos, entre ellos el exjefe del Escuadrón Verde, coronel Walter Palomino, fueron detenidos por presuntamente integrar una red criminal que operaba dentro de la institución policial. Según la investigación fiscal, el grupo denominado 'Los Incorregibles de San Juan de Miraflores' sembraba drogas, armas y simulaba operativos para extorsionar a personas inocentes.

Para mantener la disciplina, la iniciativa de la Inspectoría General se suma a otras acciones de control, como la búsqueda constante de señales de inconducta funcional y corrupción en todos los grados.

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Y se aplica en todos los campos la tolerancia cero al llamado 'espíritu de cuerpo', que no debe confundirse con la complicidad, para procesar a quienes vulneran la ética policial.

Sanciones son drásticas e inmediatas

La política de 'tolerancia cero' contra los policías corruptos ha sido endurecida radicalmente este año por el Alto Mando de la PNP y el propio ministerio, con la aplicación de controles disciplinarios estrictos, sanciones drásticas a oficiales y suboficiales implicados en actos de corrupción y el pase al retiro para renovar la institución.

El ministro del Interior, José Zapata, ha explicado que, ante los últimos casos de corrupción, el comando de la PNP ordenó que los generales refuercen el control disciplinario sobre los subordinados, con sanciones inmediatas para no tolerar conductas que afecten el honor institucional.

La medida se enmarca en la reorganización institucional del sector, orientada a separar a los malos elementos y fortalecer la confianza de la ciudadanía.

"He sugerido que considere las rutas para la libertad del presidente Castillo. Eso para buscar un espacio de despolarización. Tiene que ser en el marco del Estado de derecho y de la Constitución. Es parte de una política general de despolarización", indicó.

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Para Nieto, esta tarea debería ser asumida por la nueva presidenta y no por José María Balcázar, actual mandatario. Como se recuerda, durante el gobierno de Balcázar hubo intentos de tramitar una gracia presidencial en favor de Castillo.

"Si la posibilidad planteada de revisar la situación legal del presidente Castillo está colocada en el marco de una política simbólica de reconciliación y acercamiento del país, entonces no es una tarea que le competa a este gobierno, sino al que entra", apuntó.

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No es la primera vez que Nieto se pronuncia a favor de la liberación de Castillo

Poco después de que las elecciones de segunda vuelta dieran como ganadora a Keiko Fujimori, el también exministro había planteado la posibilidad de que el gobierno entrante adoptara esta decisión.

"Yo creo que es algo que debiera considerar. El señor tiene juicios por corrupción, puede afrontarlos desde su casa. El señor está acusado por un intento fallido de golpe de Estado, pero su papá (Alberto Fujimori) también. Ella debe entender mejor que nadie esa circunstancia. Por eso creo que debe considerarlo. El Perú necesita descomprimirse", indicó en una entrevista con Rosa María Palacios para el programa 'Sin guion', de La República.

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También hablaron sobre seguridad ciudadana

Otro de los temas abordados durante la reunión fue la seguridad ciudadana. Para Nieto, el nuevo gobierno debe priorizar las labores preventivas para evitar que la criminalidad continúe y desborde la capacidad de respuesta del Estado.

"(El tema de la seguridad ciudadana) ha sido planteado también. He pedido que se ponga el acento en todo aspecto tecnológico y en todo lo que es inteligencia. (…) Esa es la ruta: inteligencia, tecnología", indicó.

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El excandidato presidencial evitó hacer comparaciones entre la estrategia que aplicará el próximo gobierno frente a la delincuencia y la que se utilizó para combatir el terrorismo durante la dictadura de Alberto Fujimori.

"No es lo mismo enfrentar al terror como lo hizo su padre, donde había una línea divisoria muy clara entre los terroristas y las fuerzas del orden. Hoy tenemos esa línea bastante difuminada porque las organizaciones criminales han penetrado sobre todo en la Policía", indicó.

En función de ello, su defensa, Carlos Torres Caro, ingresó el pedido el último lunes 13 de julio a la Comisión de Gracias Presidenciales.

En diálogo con RPP, se dirigió al mandatario Balcázar y le recordó que él había indicado que los abogados podían solicitar los pedidos de gracia. “Estamos tomando el guante, señor presidente José María Balcázar.(Pedimos que) se sirva a admitir la solicitud tomando en consideración en este caso específico la de manera prioritaria por la edad y la relevante dimensión humanitaria que tiene Alejandro Toledo con sus patologías médicamente acreditadas”, dijo.

Añadió que Toledo Manrique también ha explicado los motivos de su pedido en la carta.

En su misiva, el expresidente señala que su proceso penal 'lleva más años de los que la ley permite' y que se trata de una investigación 'que ha extendido ampliamente los plazos razonables'.

Sobre su salud, refirió que esta se ha deteriorado en prisión y que los médicos le han advertido que un infarto o derrame podría ocurrir en cualquier momento.

A su vez, señaló que espera que se aplique a su favor la Ley 32181, la cual establece que personas mayores de 80 años, por razones humanitarias, puedan cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario.

“El tiempo corre contra mí. Pido que se me aplique un derecho que la ley ya contempla para que pueda vivir mis últimos días con dignidad. No es un acto de rendición, es un acto de justicia”, resaltó.

Abogado de Toledo busca que se aplique la Ley 32181

Anteriormente, Toledo ya había enviado una carta a su abogando indicando que le autoriza pedir el indulto. A inicios de julio, el letrado precisó que sí presentará el pedido de indulto, pero el 28 de julio, una vez que el país esté bajo el mando de Keiko Fujimori.

Indicó que desde noviembre del 2025 intentan que se aplique a Toledo una norma específica. “Venimos batallando para que la Ley 32181, que modificó el artículo 22 del Código Penal, en la que se establece que toda persona de más de 80 años por razones humanitarias debe cumplir su condena en su domicilio. Nosotros invocamos a ello”, dijo a Exitosa.

Sin embargo, este proceso tarda, mientras la salud del expresidente se deteriora. 'Por eso, es que el ha solicitado que se evalúe el tema del indulto. Yo pienso hacerlo, pero el 28 de julio, es decir, el día hábil en que la presidenta ya es Keiko Fujimori para que se evalúe', anotó.

Agregó que, a su parecer, “el indulto ha sido objeto de un montón de restricciones que tenían por objetivo de que Alberto Fujimori saliera de prisión”. Esto debido a que “se establecieron requisitos que la Constitución jamás previó como el tema de que una persona debe estar en estado prácticamente en estado agónico para concederle el indulto, hecho que la Constitución no prescribe”, señaló.

En ese sentido, explicó que debido a ello “ninguna ley inferior puede tener situaciones de restricción como lo ha tenido el instituto de derecho de gracia”.

El pasado 6 de julio, el pleno de la JNJ aprobó, en sesión extraordinaria, un nuevo cronograma de actividades para definir las últimas etapas del proceso.

Cronograma del concurso

El cronograma muestra que el proceso continúa con la entrevista personal a Loyola. El pleno de la JNJ la programó de manera presencial para este martes a las 11.00 a. m. en su sede central de San Isidro.

Los magistrados evaluarán las competencias y la trayectoria del candidato antes de proceder con la calificación final.

La JNJ publicará los resultados del concurso público durante el transcurso de este mismo día. Tras la entrevista, la institución difundirá las calificaciones del postulante, el cuadro de méritos definitivo y el resultado de la votación del pleno.

De alcanzar la aprobación de los magistrados, la juramentación oficial del nuevo jefe de la ONPE será este jueves 16 de julio.

El concurso estuvo a punto de cancelarse

El proceso fue declarado desierto, ya que la postulante Amparo Ortega Campana renunció por problemas de salud y la JNJ excluyó a Carlos Loyola Escajadillo por omitir la declaración de dos procesos judiciales en trámite.

Al quedar sin candidatos aptos, la institución decidió cerrar la convocatoria; sin embargo, Loyola interpuso un recurso de reconsideración por la vulneración de sus derechos.

El pleno de la JNJ evaluó el reclamo y resolvió el retorno de Loyola gracias a los votos a favor de los magistrados María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkóvic y Rafael Ruiz. En contra de la medida votaron el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví, Jaime de la Puente y Cayo Galindo. Con esta decisión por mayoría, la JNJ anuló la exclusión y restituyó al candidato en el proceso.

Por eso el Congreso actual se apresura en dejar todo listo para que el Ejecutivo que nos gobernará a partir del 28 de julio tenga todo preparado para posicionarse sin que los peruanos podamos defendernos de sus abusos. Las leyes procrimen son la prueba más flagrante de ese régimen de manos libres. Libres para reprimir sin freno a quienquiera ose criticarlos, protestar u oponerse. Cualquier similitud con una dictadura es cualquier cosa menos casualidad. Ya lo ha dicho la futura presidenta: voy a seguir los pasos de mi padre. No añadió que también los de Vladimiro Montesinos, porque ese individuo es designado, en la novela familiar de los Fujimori, como el verdadero perpetrador de los crímenes por los que fue acusado y sentenciado su socio, Alberto Fujimori.

En alguno de sus editoriales, César Hildebrandt lo dijo más o menos así: es como si los españoles eligieran a la hija de Franco o los chilenos a la de Pinochet. Pudo agregar —no recuerdo si lo hizo— a la de Stalin o Hitler en Rusia y Alemania, respectivamente. A quienes votaron por Keiko Fujimori, por miedo al comunismo y el terrorismo que imaginaban vendría con el triunfo de Sánchez, habrá que recordarles que no le dieron carta blanca a la futura presidenta. Y que, si se descuidan, ellos también podrán ser víctimas de los innumerables abusos de poder que se pueden vislumbrar desde ya. Puede ser mediante esas leyes que dan rienda suelta a las pulsiones tanáticas de las fuerzas del orden —como si no lo vinieran demostrando— o mediante cualquiera de los organismos garantes de la convivencia social, que están bajo su control. A saber: prácticamente todos.

Esto es especialmente relevante para los grandes grupos de poder formal del país. El tener la mirada puesta únicamente en el crecimiento económico, como la panacea para resolver la desastrosa situación de tantos peruanos, sin importar sus derechos fundamentales, es de una ceguera angustiante. El Consejo Fiscal ha dado un gran contraejemplo, alertando contra la violenta irresponsabilidad en el gasto público. Las primeras medidas que se anuncian para combatir el cáncer de las extorsiones, por ejemplo, son una garantía de fracaso. Sacar a las Fuerzas Armadas a la calle nunca ha servido para enfrentar lo que corresponde al trabajo de inteligencia, exactamente ese que permitió capturar a Abimael Guzmán y acabar con Sendero Luminoso.

No es, pues, vulnerando la Constitución que se combate al mal. Lejos de ser un obstáculo, es nuestra guía grupal para conducirnos como una comunidad ligada por el bien común. Suena utópico, pero no lo es: todos los países desarrollados lo han logrado por ese medio. El bien común es diametralmente opuesto al mal uso de los recursos públicos o la libre disponibilidad de los mismos, sin cortapisa alguna. No nos cansaremos de repetirlo: la mitad del país no votó por esto. Y la otra mitad, la que votó por la opción ganadora, tampoco. No hay que mancillar el miedo con promesas falsas de mano dura, cuyos resultados nos hunden más en el abismo en el cual nos encontramos.

Esta no es una invocación, sobra decirlo, a quienes apuestan por un quinquenio autoritario. Es una llamada a todos los que prefieren vivir al amparo de la ley y no fuera de ella. Si piensan que nunca los afectará, más allá de que esta es una opción tan egoísta como cortoplacista, habrá que recordarles que los gobiernos autoritarios pueden ensañarse con cualquiera que se les antoje. Sin necesidad de haber cometido delito o incluso falta alguna. Te cruzaste en el camino de una autoridad corrupta, pequeña o grande, y no tendrás quién te proteja.

De esta situación de sumisión tenemos que defendernos unidos. En situaciones como esta, es indispensable iniciar de inmediato la resistencia, desde la tribuna, grande o pequeña, de cada cual. Recordemos que Sendero pudo avanzar durante una década, entre otras razones, por la indiferencia de los sectores urbanos más modernos de la costa. Como si las masacres que cometían tirios y troyanos, senderistas y miembros de las Fuerzas Armadas, en los Andes centrales, no nos concernieran o afectaran. Esa indiferencia, combinada con negación, es el terreno fértil para el crecimiento de violaciones indescriptibles de los derechos de las personas, en particular las más vulnerables.

Solo unirnos en búsqueda del bien común permitirá que el mal no siga avanzando como lo está haciendo, sin encontrar, por ahora, más que obstáculos aislados que no parecen afectarle. El gobierno de Fujimori y Montesinos se veía gobernando para siempre. Sabían que era eso, la cárcel o el destierro. Todos recordamos cómo terminaron. Esa es la historia que nos prometen, ignorando el final que conocemos.