Pero durante la audiencia ante la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, todos hicieron uso de la palabra para justificar su actuación alegando que abrieron fuego con sus fusiles en legítima defensa, una versión sin sustento porque los peritajes concluyeron que los fallecidos no contaban con armamento.

Sin embargo, el tribunal compuesto por los magistrados Walter Chipana Guillén, Roberto Meza Reyes y Julio Lagones Espinoza concedió la apelación que interpusieron los efectivos del Ejército contra el mandato judicial que dispuso doce meses de prisión preventiva para garantizar las investigaciones.

Para los jueces Chipana, Meza y Lagones, los efectivos de la patrulla que dispararon entre 60 y 90 veces contra los ocho ocupantes de la camioneta, matando a cinco e hiriendo a tres, recurriendo a fusiles de guerra de largo alcance, no representan un peligro y dispusieron que salieran de inmediato en libertad.

La decisión fue adoptada no obstante que en la misma audiencia quedó claro que los acusados ni siquiera están dispuestos a esclarecer los hechos, porque no explicaron por qué razón decidieron usar sus fusiles de asalto contra personas desarmadas.

SILENCIO Y COMPLICIDAD

Incluso el jefe de la patrulla, el capitán Luis Montenegro Pardo, llegó a decir que de él no partió la iniciativa de asesinar a los cinco civiles, de acuerdo con la resolución de la Sala de Apelaciones.

“El investigado Luis Montenegro Pardo menciona como capitán (de la patrulla), no dio la orden de disparar, todos han actuado de manera legítima”, afirmó conforme consta en la resolución judicial.

Como informó La República, el jefe inmediato superior del capitán Luis Montenegro, el mayor José Cayao Vásquez, negó haber dado luz verde a su subordinado para disparar a matar. 

El mayor Cayao también manifestó que el único responsable era el capitán Montenegro porque era el jefe de la patrulla, era el oficial superior y estaban en el lugar de los hechos. Pero Montenegro, increíblemente, sostiene que no ordenó disparar.

En la audiencia fue evidente que los uniformados no aceptaban la responsabilidad del quíntuple homicidio, y que no estaban dispuestos a esclarecer lo sucedido. Pero el tribunal les dio libertad.

El segundo oficial de la patrulla, el teniente Brayan Fernández Dett, arguyó que todos los acusados han sido adecuadamente entrenados y que en todo momento han contribuido a las indagaciones del caso. 

La versión del teniente Fernández contradice los reportes fiscales de que los acusados alteraron la escena del crimen, plantando casquillos de bala para aparentar que las víctimas también habían disparado. 

“Menciona que todos son personal profesional que tienen estudios castrenses y se colaboró en todo momento con la investigación”, consigna la resolución del tribunal sobre lo dicho por el teniente Fernández.

Todos respondieron con la misma consigna.

LO HICIMOS POR LA PATRIA

“Los ocho militares son personas que están en constante entrenamiento, y como dice  la fiscalía, somos personas entrenadas para el combate, pero nuestros conocimientos no los utilizamos para escondernos o fugarnos. Además, tenemos familia y darán la vida por el Perú”, declaró el efectivo Douglas Villacorta Saboya.

“Los ocho procesados son personal entrenado para defender a la patria, sin embargo,  la fiscalía de derechos humanos considera que por nuestro alto entrenamiento podría haber peligro de fuga, lo cual es incorrecto porque tienen familia que mantener, además, se encuentran dentro de un penal donde pueden sufrir represalias”, señaló por su parte el efectivo Hedilberto Marcos Guerra.

El efectivo Andy Sánchez Ríos repitió el falso argumento de la legítima defensa: “Es lamentable lo que el Ministerio Público manifiesta acusándolos de abusar de su entrenamiento; encima, le quitan el derecho a su libertad injustamente, estando separados de su familia. Su actuación fue conforme a la legítima defensa”, expresó.

“Solicita que se haga justicia para ellos y se aplique correctamente (la ley), también son seres humanos que tienen sentimientos y familia, ninguno es delincuente”, apuntó por su lado el efectivo Américo Vásquez Rojas.

“Menciona que son profesionales y que actuaron respetando las reglas de conducta profesional, los derechos humanos, no son criminales, tienen familia”, señaló el efectivo Fernando Córdova Mariano.

DISPARAR HASTA MATAR

El efectivo Jorge Aguilar García no dio el nombre del superior que le ordenó disparar a civiles desprovistos de armas, pero expresó, según documento judicial: “Se siente indignado porque al Ejército ha dado toda su juventud desde los 18 años, tiene una esposa y estaba a punto de perder a su hijo, sin embargo, se encuentra en el penal y se presenta ante la justicia solicitando que se sepa la verdad”.

Los peritajes revelaron que los cinco civiles perdieron la vida a causa de disparos a corta distancia y que la mayoría presentaba impactos en la cabeza y en el tórax, lo que evidencia un patrón aplicado por los imputados.

El caso del colombiano Nilson Montenegro Valencia, quien conducía la camioneta 4x4, los peritajes determinaron que recibió 51 impactos de bala y que virtualmente le hicieron estallar el cráneo.

Wilder Romero Sevipaucar  recibió 12 disparos cuando el vehículo se precipitó hacia un barranco, para asegurarse de que no quedaran sobrevivientes.

Los testimonios recogidos por los fiscales coinciden en que los militares siguieron disparando para que nadie quedara vivo. 

DECISIÓN CONTROVERTIDA

Pero para los jueces del tribunal de apelaciones todo fue en defensa propia.

El copiloto, Cristian Vilcatoma Águila, recibió 16 balazos de fusiles de guerra.

Empero, para los jueces, los militares merecen seguir el juicio en sus cuarteles.

Otro de los pasajeros, Wilder Romero Sevipaucar, murió como resultado de 12 disparos.

Sin embargo, los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo desestimaron la prisión preventiva contra los militares porque la fiscalía no individualizó motivada y razonadamente quiénes de los ocho investigados realizaron acciones u omisiones que les permitieron alterar de un modo u otro la escena del crimen.

Pasaron por alto los magistrados que el capitán Luis Montenegro Pardo era quien impartía las órdenes en el lugar de los hechos, y que si los siete subordinados actuaron alterando la escena del crimen, fue porque este oficial fue quien dispuso dicha acción a sabiendas de que lo que había sucedido era de su expresa responsabilidad. 

Si la fiscalía no identifica a los autores de la manipulación del escenario de los asesinatos, es porque los militares nunca quisieron hablar durante los interrogatorios, protegiendo a los autores de este hecho, precisamente para afectar la investigación.

Mientras la delegación oficial cumplía con la actividad protocolar, varios damnificados esperaban ser escuchados.

"Solo nos han entregado las carpas. En mi familia somos diez personas y esas carpas son para cuatro o cinco. Queremos que la presidenta nos escuche. Nadie nos apoya", reclamó una vecina de Chongos Bajo.

Concluida la ceremonia, aunque no pudimos conversar con la presidenta Fujimori, quien sí nos respondió fue el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González: "Estamos trabajando. Vamos a entregar ahora 1.236 viviendas del programa Sitio Propio. Ya hemos firmado un convenio con la comunidad de Pumpunya y seguiremos trabajando a tiempo completo. Somos un gobierno de acción", afirmó.

Consultado por La República sobre los reclamos de familias que afirman no haber recibido ayuda y aseguraban que las comunidades más alejadas seguían esperando atención, respondió que él mismo acababa de recorrer la zona.

"Estoy viniendo de ahí. Hemos firmado un convenio con el presidente de la comunidad y estamos trabajando en el epicentro.", insistió.

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"NADIE NOS HACE CASO"

Apenas a diez minutos del lugar donde estuvo la presidenta, el panorama cambia. En la comunidad de Ánimas todavía se observan viviendas colapsadas, muros inclinados y familias que continúan viviendo entre escombros y carpas. Las familias ahora pernoctan en carpas que se utilizarían para los damnificados del próximo fenómeno de El Niño, pero que debieron ser trasladadas a Junín para atender la emergencia sísmica. Se alimentan gracias a las ollas comunes que conformaron.

Luis Romero Salazar, uno de los vecinos afectados, intentó acercarse a la presidenta durante la visita. "Nadie me hizo caso. Quise conversar con la presidenta y la Policía me sacó", cuenta. Según su relato, ni el Gobierno Regional de Junín ni la Municipalidad de Chupaca se preocupan por ellos.

Mientras tanto, personal de comunicaciones del Ministerio de Educación le pedía que grabara un mensaje de agradecimiento por los módulos educativos instalados en la zona. Su preocupación era otra.

"Solo les pedimos que traigan maquinaria para retirar los escombros. Déjenlo limpio y nosotros veremos cómo reconstruimos nuestras casas. Aunque sea, sacaremos préstamos. Las carpas las hemos tenido que exigir, casi pedir a la fuerza. No sabemos hasta cuándo viviremos así”.

Su vecina se llama María Gaspar Ríos y tiene 70 años. "¿A dónde más voy a ir?", se pregunta, mientras observa el lugar donde vivió durante cuatro décadas. Entre los escombros todavía permanecen las gallinas y los cuyes que cría para sostener su economía familiar. "Nadie nos apoya ni nos ha dicho nada. En la noche hay heladas. Hace mucho frío”, declara.

Otra vecina, la señora Juana, cuenta que ahora duerme en una carpa junto a tres hijos y un nieto. "Mis hijos se están enfermando por el frío. Ya no tenemos cómo sobrevivir. En el primer sismo se escaparon mis cuyes y otros murieron entre los escombros”, señala.

La situación también alcanza a la familia Navarra Castañeda. "No podemos dormir. El otro día quisieron entrar a robar mi criadero de cuyes. Tuvimos que salir todos de la comunidad. Esa es nuestra única forma de sobrevivir", relata Soledad.

Sus hijos asistirán ahora a clases en los módulos temporales. "No sé si serán suficientes. Han traído seis domos para unos doscientos estudiantes”, indica.

LA RESPUESTA DE SHEPUT

Los testimonios de los damnificados contrastaban con el mensaje que minutos antes habían dado los ministros.

Por eso, La República preguntó al ministro de Trabajo, Juan Sheput, que se encontraba revisando los daños en la iglesia de Chongos Bajo, por los reclamos de los vecinos que aseguraban que la ayuda todavía no llegaba a varias comunidades.

"Están equivocados", respondió: "Desde el primer día la presidenta ha estado presente. Ya hay avances en vivienda, educación, salud y programas sociales. Quien dice eso es malintencionado o tiene una posición perversa”.

Cuando se le precisó que las declaraciones correspondían a los propios damnificados y se le preguntó si también consideraba "equivocados" a los comuneros, respondió mirando al periodista: "Usted”.

Acto seguido se retiró acompañado por su equipo de seguridad.

EL COMPROMISO

Uno de sus acompañantes era el alcalde provincial de Chupaca, Luis Bastidas Vásquez, quien accedió a la entrevista y sostuvo que la atención aún se encuentra en proceso y pidió tiempo para completar la respuesta del Estado.

"Prometo visitar todos los lugares. Primero vino la emergencia y se entregaron carpas, camas, colchones y frazadas. Ahora corresponde la reconstrucción”, explica.

Según indicó, el objetivo es atender cerca de mil viviendas afectadas. "No se puede hacer en una semana. Yo calculo que durante este mes se debe llegar al cien por ciento. Se han traído módulos educativos y viviendas temporales. El compromiso es atender a toda la población. Si no se cumple, yo seré el primero en reclamar”, manifiesta.

Sin embargo, dicho compromiso está solo en palabras: "No hay documentos firmados, son acuerdos que se han tenido, son compromisos que se están cumpliendo. No puedo decir lo contrario".

El pronunciamiento reúne a más de cien académicos de universidades de España, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica e Italia. Entre los firmantes figuran nombres de peso en el derecho penal iberoamericano: Eugenio Raúl Zaffaroni, Baltasar Garzón y Luis Arroyo Zapatero. El documento lleva fecha del 6 de agosto y circula bajo el título "Profesoras y profesores de derecho penal y criminología de Iberoamérica ante el doctorado honoris causa concedido por la Universidad de San Martín de Porres de Lima al presidente argentino Milei".

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Los docentes de derecho penal no solo exigen la anulación del grado. También anunciaron que suspenden toda participación académica con la USMP mientras la distinción se mantenga. Eso incluye cursos, seminarios, jurados de tesis y comités editoriales de las publicaciones de la universidad. La medida busca presionar a la casa de estudios desde el frente académico internacional, no solo con un texto de protesta.

El caso de Zaffaroni tiene un peso simbólico particular en el comunicado. El propio jurista recibió el honoris causa de la USMP en 2009. Ahora anuncia que devuelve esa distinción como gesto de rechazo a la decisión de honrar a Milei. Los firmantes invitan a otras personas que recibieron títulos honoríficos de la misma universidad a evaluar un gesto similar.

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Los argumentos detrás del rechazo académico

El comunicado apela a la historia de la propia facultad para sostener su reclamo. Cita a dos referentes del derecho penal peruano que enseñaron ahí: Raúl Peña Cabrera y Felipe Villavicencio Terreros. Según los firmantes, ambos construyeron su obra sobre la idea de que el derecho penal debe limitar el poder del Estado, no ampliarlo. Por eso consideran que honrar a Milei rompe con esa tradición académica.

Los docentes también cuestionan políticas concretas del gobierno argentino. Mencionan el veto de Milei a una ley de financiamiento universitario, que el Congreso argentino terminó por ratificar pese al rechazo presidencial. Citan además datos sobre cierre de empresas, pérdida de empleo y aumento de suicidios en Argentina, atribuidos a medios locales como Crónica y Nueva Ciudad. Estas cifras forman parte de los argumentos del propio comunicado y no fueron verificadas de manera independiente por este medio.

El texto suma otros dos frentes de crítica. Uno es la represión de protestas sociales en Argentina, con el caso del reportero gráfico Pablo Grillo como ejemplo central. El otro es el estilo del discurso presidencial: los firmantes cuestionan que Milei haya llamado a sus opositores "lo peor que existe sobre la Tierra" en declaraciones tras la ceremonia. Los académicos aclaran, eso sí, que su rechazo apunta a las autoridades que tomaron la decisión, no a los estudiantes ni al resto de la comunidad universitaria de la USMP.

"Yo le di una medida de gracia a Alberto Fujimori. Con malas consecuencias para mí, pero yo, en la campaña del 2016, ya hablaba de que no podía estar tanto tiempo en la cárcel con un cáncer. Eso fue una iniciativa mía. (…) Yo creo que Toledo no debe morir en la cárcel. Él podría irse a su casa en Camacho", indicó el expresidente en RPP.

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Como se sabe, PPK mantuvo una relación política con Alejandro Toledo. El exlíder del extinto partido Peruanos por el Kambio fue ministro de Economía durante el gobierno de Toledo.

Toledo ha presentado un pedido de gracia presidencial alegando que padece un cuadro de depresión y ansiedad. La decisión ahora corresponde al Gobierno de Keiko Fujimori y a la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

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Toledo envió mensaje a Fujimori

El último domingo, Alejandro Toledo envió un mensaje a la presidenta Keiko Fujimori para solicitarle que acelere el trámite de su pedido de gracia presidencial y pueda salir de prisión.

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"Le pido a la señora Keiko Fujimori que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que, por favor, acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel", declaró en el programa Sin Rodeos.

Además de la ansiedad y depresión que asegura padecer, el expresidente detalló que también tiene cáncer y serios problemas cardiacos. Toledo señaló que, de aprobarse su pedido de indulto, continuará su tratamiento médico en el centro correspondiente.

La condena se originó en noviembre del 2025. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional determinó que Vizcarra recibió sobornos por 2.3 millones de soles de parte de dos consorcios empresariales, Obrainsa e ICCGSA. A cambio, estas empresas obtuvieron la adjudicación de dos obras públicas en Moquegua: el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional. Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando el exmandatario era gobernador regional.

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Vizcarra permanece recluido desde entonces. El fallo incluyó, además de la pena de cárcel, nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 94,900 soles y una reparación civil de 2,336,000 soles. La sentencia no admite suspensión, así que el exgobernador ingresó de inmediato a prisión, pese a que su condena todavía no queda firme.

El expediente llega a esta nueva audiencia después de varios reveses para la defensa. El Tribunal Constitucional rechazó en junio un habeas corpus con el que Vizcarra buscaba anular todo el juicio oral. También falló en su contra la Primera Sala Constitucional de Lima, que declaró improcedente otro recurso destinado a suspender la ejecución de la pena mientras se resolvía la apelación. Ninguno de esos intentos logró frenar su permanencia en Barbadillo.

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¿Qué se espera para la audiencia del 20 de agosto?

La resolución que fija la fecha establece que la presencia de la parte apelante es obligatoria. Si la defensa de Vizcarra no asiste a la sesión virtual, el recurso puede declararse inadmisible, según lo dispone el artículo 423 del Código Procesal Penal. Esa exigencia deja poco margen de maniobra para dilatar el proceso.

El desenlace no solo puede confirmar o anular la sentencia. Existe también la posibilidad de un aumento de pena. El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, recordó que la Fiscalía pidió inicialmente 15 años de cárcel, un año más de los que finalmente impuso el juzgado. Esa diferencia queda ahora en manos de los jueces superiores.

El caso judicial de Martín Vizcarra no se limita a esta causa. La misma Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional archivó en diciembre del 2025 otro proceso en su contra, por colusión simple, al considerar que los hechos ya habían sido juzgados en el expediente de Lomas de Ilo. Ese antecedente muestra un tribunal que ya conoce a fondo los hechos que ahora debe volver a revisar, esta vez para decidir el futuro de la pena que el expresidente cumple en Barbadillo.

El titular del Senado sostuvo que los avances tecnológicos permiten un trabajo parlamentario más eficiente. Para él, el desempeño de un congresista no debería medirse por su presencia física en el hemiciclo, sino por los resultados de su gestión. Torres también aclaró un punto clave: la propuesta para volver a la presencialidad tendrá que pasar primero por comisiones y debatirse en el Pleno, antes de que ambas cámaras tomen una decisión final.

Quien impulsa el cambio es la diputada Indira Huilca, de la bancada Ahora Nación. Su proyecto lleva la firma de otros cinco congresistas de su agrupación y plantea modificar dos reglamentos: el del Congreso y el de la Cámara de Diputados. El objetivo es que la presencialidad se convierta en la regla y que la virtualidad quede reservada solo para casos puntuales y justificados.

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Otras bancadas coinciden: piden el retorno a la presencialidad

En Renovación Popular, el diputado Frank Krklec se mostró a favor del fondo de la propuesta, aunque a título personal. "En lo personal, estoy de acuerdo con el espíritu del proyecto, que es mejorar la imagen del Congreso", señaló a La República, y aclaró que su bancada todavía no lo discute: "En mi bancada aún no hemos visto ese tema. Estamos más enfocados en el tema de comisiones".

Por otro lado, Roxana Rocha, vocera de la misma bancada parlamentaria, entregó a este diario un documento técnico que recomienda archivar el proyecto, porque no modifica los artículos 87 y 90 de los reglamentos de Diputados y Senado, que hoy permiten el voto remoto, y solo cambia normas generales que no cierran esa puerta.

Desde Juntos por el Perú, la diputada Giannina Avendaño reconoció que su bancada tampoco tiene todavía una posición conjunta, pero adelantó que ella y la mayoría de sus colegas respaldan la iniciativa de Huilca. Avendaño sostuvo que "la participación directa en los debates" es clave tanto para aprobar leyes como para ejercer el control político sobre el Gobierno. La diputada fue más allá y cuestionó el formato actual: "no se puede permitir más el desarrollo de sesiones donde la ciudadanía no puede conocer quiénes participan, si lo hacen y cuál es la posición que defienden en cuestiones que incluso pueden significar un retroceso en derechos adquiridos".

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En Obras, el respaldo llegó sin rodeos. El diputado Víctor Piñán resumió la postura de su bancada en pocas palabras: "Estamos de acuerdo". Consultado sobre el fondo del proyecto, fue directo: "Creemos que las sesiones de comisiones y pleno deben ser 100% presenciales".

El Partido del Buen Gobierno también se sumó al respaldo. El diputado Fernando García afirmó que está "absolutamente de acuerdo" con que el Congreso funcione con presencialidad, tanto en comisiones como en el Pleno, y sostuvo que la virtualidad solo se justificó en su momento por la emergencia del COVID-19. "Yo considero que la virtualidad tiene que ser la excepción a la regla y no puede ser de ninguna manera utilizada (...) como una herramienta como para sacarle la vuelta al debate en la presencialidad", señaló. Señaló, además, que su bancada ya discutió el tema entre varios diputados y senadores, y que hay consenso interno: la presencialidad debe ser la regla, y la virtualidad solo cabe ante una licencia justificada.

Ahora Nación, la bancada de la propia autora del proyecto, ofreció la respuesta más extensa. El diputado César Holguín explicó que la iniciativa busca cerrar un vacío que, según dijo, ya generaba confusión desde el reglamento aprobado por el Congreso anterior. "En vista de que hay esa ambigüedad de interpretación, se ha preferido regular eso de una forma mucho más clara", indicó, en referencia directa a la postura híbrida que defiende Miguel Torres. Holguín remarcó, además, una contradicción dentro de la propia bancada de Fuerza Popular: el reglamento que restringe la virtualidad fue aprobado bajo la presidencia de Arturo Alegría, también de esa agrupación.

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Para el diputado, el llamado de fondo es a la responsabilidad: "nosotros no venimos de unas elecciones virtuales, venimos de unas elecciones presenciales y lo que la gente quiere es un parlamento debatiendo con transparencia". Holguín cerró con un compromiso explícito de su bancada: "vamos a insistir en eso, es un compromiso que tenemos como bancada, y vamos a darle todo el respaldo a la moción que ha presentado nuestra colega".

Otra congresista de Ahora Nación, Marleny Arminta, coincidió con su colega y sumó un argumento adicional. "La pandemia ya acabó. Los ciudadanos que votaron por sus diputados quieren verlos participar en los debates. El nuevo congreso bicameral debe dar una nueva imagen al Perú, con debates alturados, y leyes de calidad", afirmó. Arminta señaló que, tras cada sesión, el contacto directo con la prensa permite a los parlamentarios explicar el sentido de su voto, algo que la ciudadanía necesita conocer sobre el trabajo legislativo de sus representantes en todo el país.

La discrepancia con Torres no queda solo entre bancadas distintas. Dentro de su propio partido también hay voces que se apartan de su postura. El senador Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, contó que un dirigente histórico de su agrupación, Pier Figari, ya se pronunció a favor de la presencialidad, y adelantó que él comparte esa misma posición. Aguinaga explicó su razón con un argumento distinto al de sus colegas: para él, el debate cara a cara tiene un valor que la pantalla no reemplaza. "Te permite el debate ideológico, no es lo mismo cuando tú escuchas a través de internet, la gesticulación o los tonos de voz muchas veces son monocordes. No te permite conocer a la gente, cuando hay presencial te permite un buen debate ideológico, un buen debate de propuestas", señaló.

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"El problema no es la tecnología": la mirada de un exoficial mayor del Congreso

César Delgado, exoficial mayor del Congreso, planteó una lectura distinta del problema. Para él, la discusión no debería centrarse en prohibir la virtualidad, sino en el comportamiento de quienes la usan. "El problema no es que se prohíba la virtualidad o las sesiones remotas (...) el problema es que quienes han sido elegidos como representantes parecen no tener la suficiente disposición ética para comportarse de acuerdo a las oportunidades que genera la virtualidad", sostuvo.

Delgado comparó la virtualidad con otras tecnologías que llegaron para quedarse. "La virtualidad ha venido para no irse", afirmó, y puso como ejemplo la imprenta: así como esta transformó la manera de comunicarse por escrito, la conexión remota ya forma parte del funcionamiento del Estado. Para el exfuncionario, castigar el uso de la tecnología no resuelve nada: "lo que repudiamos no es que se use la virtualidad, lo que se repudia es el mal uso que hacen de ella quienes han sido elegidos como representantes".

El exoficial mayor situó el origen del problema en los partidos políticos, no en el reglamento. Sostuvo que las agrupaciones no capacitan ni filtran a sus candidatos antes de proponerlos como representantes, y que eso explica el mal uso de la virtualidad en el Congreso. "Estamos equivocando el diagnóstico. El diagnóstico no es la tecnología, el diagnóstico es que los propios representantes no cumplen con las exigencias del puesto porque nos han propuesto a malos candidatos los simulacros de partidos políticos que tenemos", concluyó.

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¿Qué plantea el proyecto de Indira Huilca?

La iniciativa se llama Proyecto de Resolución Legislativa N.º 001-2026-2031-CD. Su nombre completo es "Proposición de resolución legislativa que modifica los reglamentos parlamentarios para garantizar el trabajo presencial". El texto busca que asistir en persona a las sesiones deje de ser una opción y se convierta en una obligación clara para todos los parlamentarios, sin excepciones de por medio salvo las que la propia norma detalla.

El proyecto no elimina la virtualidad por completo. Contempla tres situaciones en las que un congresista sí podría conectarse a distancia: cuando tenga licencia por viaje fuera de Lima, cuando esté de licencia por viaje al extranjero, o cuando cuente con licencia por enfermedad. Fuera de esos tres casos, tanto diputados como senadores tendrían que asistir de forma presencial al Pleno, a la Comisión Permanente y a las comisiones de las que formen parte.

Huilca defendió su propuesta con un argumento directo: la virtualidad fue útil durante la pandemia, pero esa etapa ya terminó. La diputada considera que mantener esta modalidad sin control abrió paso a un uso excesivo, con parlamentarios que participan de las sesiones sin estar realmente presentes en el debate. Para ella, el trabajo legislativo exige deliberación directa y no puede sostenerse solo a través de una pantalla.

A través de un oficio enviado a este medio, Gonzáles marcó distancia de las declaraciones del presidente del JNE. Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro oficializó la candidatura de Rafael López Aliaga al cargo de teniente alcalde de Lima Metropolitana. Tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la alcaldía de Lima, López Aliaga asumiría como candidato de Renovación Popular para dicho cargo.

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"Estamos viendo que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario", fueron las declaraciones de Roberto Burneo tras conocerse la oficialización de la candidatura de López Aliaga.

Hasta el momento, los demás miembros titulares del Pleno del JNE no se han pronunciado sobre la denominada reelección encubierta de López Aliaga.

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Durante una conferencia en el Ilustre Colegio de Abogados de Piura, Burneo fue consultado por los múltiples casos de reelección encubierta a nivel nacional.

Sobre esto, contextualizó el tema explicando que en el año 2015 se hizo una reforma a los artículos 191 y 194 de la Constitución y prohibió la reelección inmediata para gobernadores regionales y alcaldes.

"Nosotros cumplimos con esa regla, pero también el legislador que hizo esa reforma dejó algunas puertas, ventanas, como se le quiera llamar. En función de ello no estableció prohibiciones para que, a través de otros mecanismos, puedan participar los alcaldes que dejaban el ejercicio", dijo.

Mencionó que, tras ello, se observa en todo el país "que ciertos alcaldes participan como primer regidor, primer consejero o de pronto participan siendo alcaldes distritales, saltan a alcalde provincial y saltan luego a gobierno regional".

Consideró que, con un proceso electoral en curso, no es función del JNE establecer reglas que el legislador no haya querido o haya omitido.

Insistió en que el JNE actúa siguiendo el marco normativo existente. "Está prohibida la reelección. Lo que no está prohibido es que un candidato con la condición de alcalde pueda postular como regidor o consejero regional. Que eso genere que, finalmente, estas personas puedan acceder a uno de estos cargos es propio del marco normativo que el legislador ha dado. ¿Tenemos que ponerla en agenda? Sí, ver lo que queremos para el futuro", resaltó y exhortó a votar pensando en la lista completa.

Poner en agenda

En ese sentido, comentó que es necesario poner en agenda un debate integral del sistema electoral.

"Uno de los puntos que vamos a priorizar es, sobre la base de nuestra iniciativa legislativa, dar esas propuestas (legislativas) a efectos de fortalecer el sistema y poner en debate este tema (reelección encubierta) y otros más que han sido materia de reformas constitucionales que impactan en el sistema electoral y en el sentir de la población", anotó.

A su vez, recordó que la Constitución del 93 no prohibía la reelección de autoridades locales y ello se debía a que se percibía que cuatro años se quedaban cortos.

Luego, al analizar la situación actual consideró que "el legislador está de espaldas a la realidad".

"Si nosotros vemos, en algunas localidades, tenemos solo una lista en ciertos distritos. ¿Por qué? porque es complicado que alguien se anime a postular. Son temas que se deben debatir seriamente no desde la lógica de Lima que, a veces está de espaldas de las realidades a nivel nacional, sino de la lógica de Perú", resaltó y añadió que la crítica no solo debe limitarse a la prohibición sino a lo que se busca en el futuro.

“Ese es el debate que debemos tener. La realidad del país es más amplia de lo que vemos en Lima. Hay muchas particularidades. No debe ser agenda del año electoral, sino de ahorita. El próximo proceso no empieza en la próxima convocatoria, sino desde que el JNE proclamó el cierre de las Elecciones Generales y cuando cerremos las Elecciones Regionales y Municipales”, anotó.

En otro momento, Burneo fue consultado por casos en los que algún candidato presenta sentencias o antecedentes. Al respecto, indicó que el JNE se limita a seguir el marco normativo (para admitir o no una candidatura) y que en el proceso electoral en curso no se puede realizar ningún cambio, sin embargo, mencionó que debe poner en agenda.

"No en el tema penal, sino en el de idoneidad. Finalmente, quien mide la idoneidad es el ciudadano. Las personas deben dar un voto consciente y también tienen responsabilidad las organizaciones políticas para revisar las hojas de vida de sus candidatos", manifestó.

La declaración del titular del MEF llega luego de varias semanas en las que el Ejecutivo ha reiterado que la iniciativa se enviará al Parlamento, un trámite que debió concretarse tras la sesión del Consejo de Ministros del pasado domingo 2 de agosto para aprobar la versión definitiva, pero que continúa sin fecha fija.

Al profundizar en las razones del retraso, Cuba detalló que las trabas administrativas afectan incluso la oficialización de su propio equipo y que aún no hay una fecha definitiva para la presentación del pedido de facultades legislativas.

"Las fechas las estábamos manejando (…) hay burocracia que retrasa incluso el nombramiento de los viceministros. En mi caso en particular, el equipo estaba listo semanas antes, pero recién se ha puesto en la norma el lunes cuando ya veníamos trabajándolo hace varias semanas. Entonces, ese tipo de retrasos nos está llevando a esa fecha que todavía no está fija", señaló.

Keiko Fujimori indica que el pedido se presentará ante el Parlamento la próxima semana

Keiko Fujimori también se pronunció sobre el eventual envío del pedido al Parlamento tras haberse suspendido la reunión del Consejo de Ministros para aprobar el texto final. Indicó que el miércoles se juntaron para debatir sobre ello y que, según sus cálculos, "la semana siguiente estará el texto para ser presentado al Congreso de la República".

Asimismo, agregó que espera que el Congreso conozca con mayor profundidad la propuesta y que los ministros acudan a las comisiones para explicar el detalle.

"Lo que esperamos es un debate amplio. Como sabemos, también como es parte de la tradición, varios ministros van a ser invitados a las comisiones ordinarias que ya están establecidas, y acudirán y explicarán gran parte de cuál es la visión y lo que queremos de cara a este pedido de facultades".

La decisión fue adoptada por la Junta General de Accionistas —conformada por los ministros y viceministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas—, con lo cual se concreta el regreso de Stark a la presidencia del directorio, cargo al que renunció en 2024 junto a todo su equipo tras advertir la grave crisis financiera de la petrolera. Los cambios entran en vigencia este 7 de agosto.

Además de la designación de Oliver Stark, la Junta nombró como nuevos miembros del directorio a César Augusto Burga Rivera, Daniel Enrique Cabrera Ortega y Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez. Asimismo, se acordó que Carlos Adrián Linares Peñaloza continuará en el órgano de gobierno, mientras que en una próxima sesión se definirá la condición de independencia de los nuevos directores.

Elmer Cuba respalda nombramientos

El ministro de Economía, Elmer Cuba, defendió la elección del nuevo equipo y señaló que la empresa estatal debe volver a generar beneficios para el país.

“Entró a propiedad del Estado peruano como Petroperú, que, sin embargo, en los últimos años ha tenido malos manejos gerenciales.[Sobre gestiones anteriores] Es como si hubiese sido diseñado por un enemigo del Perú. En lugar de traer beneficios, ha traído más bien pérdidas, que cada año estaban incrementándose”, manifestó. Añadió además que han escogido a “directores muy competentes que cumplen los requisitos” y que cuentan con el máximo respaldo del gobierno para cambiar el rumbo, al punto de calificar al nuevo grupo como “uno de los mejores que hemos tenido en esa empresa en los últimos 20 años”.

Contradicción: del pedido de privatización al regreso estatal

A pesar de que Cuba defendió al nuevo grupo de trabajo bajo la premisa de “volver a tener una empresa como la que se pensó en sus momentos iniciales”, esta designación se contradice, ya que en mayo de 2024, cuando Stark lideraba el directorio, planteó formalmente la privatización de Petroperú. En ese entonces, su gestión calificó de "inmoral" pedir más rescates al Estado y sostuvo que la administración privada era la única salida viable.

“Habiendo transcurrido varios días sin que el gobierno se haya pronunciado, los directores designados por la JGA, de manera unánime, hemos presentado nuestra renuncia. Consideramos que hemos cumplido con la responsabilidad asignada, y en las condiciones actuales, resulta inviable continuar con el encargo recibido”, se lee en el documento.

Exigen garantías para evitar la privatización

Ante el conocimiento de la posición del nuevo presidente de PetroPerú, Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación, señaló que la nueva gestión debe respetar la naturaleza estatal de la empresa.

“La reorganización de Petroperú no puede significar su privatización. El nuevo directorio encabezado por Oliver Stark debe garantizar su sostenibilidad financiera, su continuidad operativa y la soberanía energética del país, respetando el marco jurídico constitucional y societario de la empresa estatal”. Agregó además que “debe quedar atrás cualquier participación privada en activos estratégicos o el desmembramiento de Petroperú”.

La declaración llega horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmara la entrega del salvoconducto a favor de Chávez Chino. La Cancillería explicó que el documento se otorgó conforme a los artículos V y XII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, tratado que vincula a Perú y México desde hace más de siete décadas. El anuncio se dio a través del Comunicado de Prensa 032-26, difundido la mañana de este 7 de agosto.

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El propio comunicado detalla que Chávez Chino fue sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado, en la modalidad de conspiración para una rebelión, según el artículo 349 del Código Penal. Además, la exministra sigue bajo investigación del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Esa información fue trasladada de forma directa al gobierno mexicano junto con la entrega del documento.

El texto de Cancillería precisa, en su punto cinco, que el salvoconducto no cierra la puerta a una futura solicitud de extradición. El Estado peruano se reserva ese derecho "de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados", en caso de que las autoridades judiciales del país lo pidan más adelante. Esa cláusula es, justamente, la que respalda la frase de Fujimori sobre mantener la opción abierta.

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¿Qué otros puntos aborda el comunicado de Cancillería?

El documento también responde a las dudas sobre una posible persecución política contra Chávez. El Gobierno peruano rechazó de forma enfática esa idea y sostuvo que en el país rige el Estado de derecho, con separación de poderes y respeto al debido proceso. Según la Cancillería, no existen motivos políticos detrás del proceso judicial que enfrenta la exministra.

Perú también informó que impulsa un proceso de consultas dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objetivo, según el comunicado, es evitar que otros países usen la figura del asilo diplomático de manera distinta a su propósito original. La Cancillería busca que ese mecanismo conserve su naturaleza y no se aplique para eludir procesos judiciales legítimos.

El comunicado cierra con un mensaje sobre la relación bilateral. La Cancillería destacó los lazos históricos de amistad entre Perú y México y reafirmó su apuesta por el diálogo diplomático. El texto menciona además el compromiso de ambos países con la libre circulación de personas y bienes, principios que forman parte de la Alianza del Pacífico.

El canciller Carlos Espá anunció que la reactivación de vínculos diplomáticos implica que se reabrirá la embajada de México en Perú, se restablecerán las relaciones a nivel de embajadores y "regresaremos a la normalidad".

“Somos un gobierno institucional, un gobierno de respeto a las leyes, de imperio de la ley, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional”, declaró a la prensa. Además, resaltó que el salvoconducto a Betssy Chávez se otorgó “en fiel cumplimiento a la Convención de Caracas del año 54”.

Al respecto, el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, consideró que “la cancillería ha dado un paso sustantivo en la normalización de las relaciones externas del país y en una conducta de respeto al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, Javier González Olaechea, también ex canciller, precisó que una vez terminado el proceso judicial se tendrá que reconsiderar la situación de asilo político.

Claudia Sheinbaum ratifica su postura sobre Pedro Castillo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó, en su conferencia de prensa matutina, que se restablecieron las relaciones diplomáticas con Perú.

Además, ratificó que postura de defensa al expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo.

“El nuevo Gobierno de Perú lo sabe (de su respaldo a Castillo), pero es un paso. Bienvenida Betssy Chávez a México”, dijo.

También agradeció el apoyo de la Embajada de Brasil durante los meses que se rompieron los lazos con Perú.

“Somos un gobierno institucional, un gobierno de respeto a las leyes, de imperio de la ley, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Y en ese sentido, en fiel cumplimiento a la Convención de Caracas del año 54, hemos procedido con el salvoconducto de la señora Betsy Chávez. Y me siento tan feliz de poder anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con México”, declaró Espá a la prensa.

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Aseguró que se reabrirá la embajada de México en Perú, se restablecerá las relaciones a nivel de embajadores y “regresaremos a la normalidad”.

Según indicó, Chávez salió de la embajada al promediar la medianoche y se dirigió al Grupo Aéreo Nro 8 de la FAP. Una vez allí, abordó un avión enviado por México.

“Hicimos todas las coordinaciones con la mayor confidencialidad posible para garantizar su tranquilidad y para que el traslado se realice con todas las garantías del caso”, resaltó.

Sobre los cuestionamientos que esta decisión puede generar, explicó que el Gobierno siguió lo establecido en la Convención de Caracas del año 54, que señala que los Estados tienen el derecho soberano de otorgar asilo y que que el Estado asilante es quien califica si se trata de un delito común o una situación política.

Cancillería: “El Estado peruano puede solicitar una eventual extradición”

Por medio de un comunicado, la Cancillería resaltó que “la entrega del referido salvoconducto se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez Chino, de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados, en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran”.

Además, precisaron que informaron al Gobierno mexicano sobre “ha sido sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, prevista en el articulo 349 del Código Penal del Perú, y está siendo investigada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, se refirió a la situación de Betssy y aseguró “que en el país no existen perseguidos políticos”.

“Fue otorgado el salvoconducto para Betssy. Está en unos minutos aterrizando en nuestro país”, informó Sheinbaum durante su conferencia matutina. La gobernante explicó que la salida fue resultado de un diálogo que su administración sostuvo durante varias semanas con el nuevo Ejecutivo peruano. “Esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es una acción de buena voluntad del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México”, afirmó.

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Sheinbaum mantiene respaldo a Pedro Castillo

A pesar del gesto que permitió la reanudación diplomática, la jefa del Ejecutivo mexicano dejó claro que su postura sobre el expresidente peruano no sufrirá modificaciones. Castillo cumple una condena de más de once años de cárcel tras su intento de disolver el Congreso a finales de 2022, sentencia que el gobierno de México considera ilegal.

“Nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero es un paso”, declaró Sheinbaum. La mandataria agradeció además el apoyo de Brasil, país que asumió la representación diplomática de México en Perú y brindó protección a Chávez durante una etapa de su refugio diplomático.

La ex primera ministra fue condenada por la justicia peruana a once años y cinco meses de prisión como coautora de conspiración para una rebelión. Sin embargo, el gobierno mexicano le concedió asilo político al considerar que enfrentaba persecución. Desde Perú se otorgó el salvoconducto en cumplimiento de la Convención de Caracas, aunque enfatizó que no reconoce a Chávez como una perseguida política. La Cancillería peruana sostuvo que en el país “no existe persecución política” y anunció que promoverá ante la Organización de Estados Americanos una revisión de los tratados internacionales sobre asilo.

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Perú y México reanudan relaciones diplomáticas

Las cancillerías de ambos países informaron la decisión mediante un comunicado conjunto, en el que hicieron referencia a “los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú”. El documento no entró en detalles sobre las diferencias que mantuvieron rotos los vínculos durante meses.

Las tensiones se remontan a diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el encarcelamiento de Castillo y cuestionó la legitimidad de su sucesora, Dina Boluarte. Su gestión respondió con la expulsión del embajador mexicano y el retiro del suyo, lo que dejó las relaciones en manos de encargados de negocios. El asilo concedido a la esposa e hijos del exmandatario profundizó el deterioro hasta la ruptura total en noviembre de 2025.

El juez Juan Varillas acogió una medida cautelar solicitada por la empresa Oncoserv Arequipa, lo que le permitió confiscar S/7 millones 192 mil a las cuentas del Gobierno Regional de Arequipa, como pago por un supuesto incumplimiento de contrato. Según el colaborador eficaz, Oncoserv Arequipa era cliente de Rodolfo Orellana y este abonó la coima al juez Varillas para que otorgara la cautelar que facilitó el millonario embargo.

El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, autorizó iniciar acción penal por cohecho pasivo específico contra el magistrado Juan Varillas Solano, ya que sin su concurso la organización criminal de Rodolfo Orellana no podría haber consumado el robo de S/7 millones 192 mil al Gobierno Regional de Arequipa.

Buena parte de los implicados en el caso han sido juzgados y han recibido severas condenas, pero el magistrado Juan Varillas Solano sigue despachando en el Séptimo Juzgado Comercial de Lima.

De acuerdo con la resolución del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la imputación específica contra el juez Juan Varillas es la siguiente: "(Varillas) habría recibido la suma de US$30.000 de parte de la organización criminal liderada por Rodolfo Orellana para favorecer a Oncoserv Arequipa (...) contra el Gobierno Regional de Arequipa, mediante la expedición de una resolución judicial que ejecuta una medida cautelar de embargo en forma de retención, otorgada a favor de la aludida empresa, en un proceso arbitral seguido contra el referido Gobierno Regional".

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Una cautelar a pedir de boca

¿Cómo contactó el representante de la empresa Oncoserv Arequipa, Eddy Manfreda Geraldino, con la mafia de Rodolfo Orellana? Manfreda era amigo del exdirigente de Alianza Lima, Guillermo Alarcón Menéndez, quien a su vez mantenía un vínculo fraternal con Orellana. El juez Juan Varillas era parte de la red de vínculos de los abogados del estudio de Rodolfo Orellana.

Un exmiembro de la organización de Orellana relató los hechos ante las autoridades: "Rodolfo Orellana le comunicó a Eddy Manfreda Geraldino (gerente general de Oncoserv Arequipa), que para la ejecución de dicha medida (de embargo) le había dado la suma de 30 mil dólares al referido juez (Juan Varillas Solano) por intermedio de los abogados Karina Vizcarra Llapa y Omar Blas, quienes en ese momento eran los intermediarios entre el estudio jurídico de Orellana y los jueces comerciales"

El colaborador eficaz fue incluso más preciso en una nueva declaración cuando sostiene que el empresario Eddy Manfreda llegó a tener contacto con el juez Juan Varillas.

"(El colaborador eficaz) conoció al denunciado (Juan) Varillas Solano en su condición de juez del Séptimo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima, que tiene entendido que Eddy Manfreda conoció al juez Varillas Solano por intermedio de Jorge Saavedra Reátegui (amigo del magistrado), pero que ello fue después de la ejecución del embargo ordenado por el citado juez en el caso Oncoserv Arequipa. Y este había recibido por parte de Rodolfo Orellana la suma de US$30 mil para que ordenara la ejecución de la medida cautelar en contra del Gobierno Regional de Arequipa , por lo cual se cobró S/ 7.192.000", cita el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la resolución contra el magistrado Juan Varillas Solano.

Durante las investigaciones el programa dominical 'Cuarto Poder' difundió un video registrado en el departamento de Ludith Orellana Rengifo, hermana de Rodolfo Orellana Rengifo. En las imágenes se observa la repartición de los S/7 millones 192 mil que la organización criminal consiguió embargar al Gobierno Regional de Arequipa mediante la medida cautelar dictada por el juez Juan Varillas.

En el video aparecen Ludith Orellana, el exdirigente aliancista Guillermo Alarcón, el gerente de Oncoserv Arequipa, Eddy Manfreda, así como dos integrantes del tribunal arbitral que se pronunció a favor de la empresa: el presidente, Hernando Talavera Díaz, y el integrante, Pablo Iglesias Palza.

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El juez sigue en su despacho

En sus descargos, el juez Juan Varillas aseguró que emitió la medida cautelar conforme a las normas y negó haber recibido algún dinero.

Sin embargo, el video confirma que la organización criminal, para cumplir con su cometido de apropiarse de los S/7 millones 192 mil del Gobierno Regional de Arequipa, tuvo bajo su control al tribunal arbitral, ya que emitió una medida de embargo a favor de Oncoserv Arequipa, que luego fue acogida por el juez Juan Varillas. La operación ilícita no podría haber tenido éxito sin la participación de este magistrado.

Cuando fue interrogado por el caso, el exintegrante del tribunal arbitral, Pablo Iglesias Plaza, confirmó que la organización criminal de Rodolfo Orellana le pagó una coima al magistrado Juan Varillas Solano para que ejecutara el embargo millonario en beneficio de Oncoserv Arequipa, de Eddy Manfreda.

"Fui elegido árbitro por Oncoserv Arequipa para integrar el Tribunal Arbitral sobre la controversia contra el Gobierno Regional de Arequipa. En dicho proceso arbitral se concedieron dos medidas cautelares a favor de la aludida empresa.

Al ser preguntado si se ofreció dinero al juez Juan Varillas Solano para favorecer a Oncoserv Arequipa en la admisión y ejecución de la primera medida cautelar en vía de cooperación judicial, precisó lo siguiente:

"La abogada Karina Vizcarra Llapa se encargó de coordinar la ejecución de las medidas cautelares en los juzgados comerciales, lo cual incluyó un pago para los jueces que iban a viabilizar la ejecución de las medidas. Y tiene entendido que junto con Rodolfo Orellana le pidieron el dinero a Eddy Manfreda Geraldino", relató Pablo Iglesias.

Por si quedaba alguna duda, el mismo empresario Eddy Manfreda Geraldino, de Oncoserv Arequipa, confirmó que el juez Juan Varillas Solano fue parte de la conspiración.

"Las gestiones del embargo de la primera medida cautelar, que se realizó ante el Séptimo Juzgado Comercial de Lima (Juan Varillas Solano), las realizaron directamente del Estudio del señor Rodolfo Orellana, y los encargados fueron los señores Rodolfo Reyna Salinas, Karina Vizcarra Llapa, (y los miembros del tribunal arbitral) Pablo Iglesias Palza y Hernando Talavera Díaz", señaló Eddy Manfreda.

Por este caso, Rodolfo Orellana fue condenado a 20 años de prisión, su hermana Ludith Orellana a 13 años, y la misma medida carcelaria para el exdirigente aliancista Guillermo Alarcón.

El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso la formalización de la investigación preparatoria para el enjuiciamiento del juez Juan Varillas Solano, porque "existen indicios razonables y suficientes que indican que el denunciado, durante su actuación como juez, habría recibido la suma de US$30.000". Pero el juez sigue, normal, en su despacho.

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Así fue la repartija de la mafia de Orellana

En el video difundido por 'Cuarto Poder' se observa que Ludith Orellana Rengifo recibe las maletas con el dinero embargado al Gobierno Regional de Arequipa.

El empresario Eddy Manfreda Geraldino recibió S/3,5 millones. Su amigo Guillermo Alarcón, intermediario de Rodolfo Orellana, se quedó con S/300 mil.

Al presidente del tribunal arbitral, Hernando Talavera, y al integrante de la misma, Pablo Iglesias les correspondió S/300 mil a cada uno.

Los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo conservaron S/2,6 millones.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Aklla, hasta el cierre de la edición, se registraron 53 renuncias de candidatos a la alcaldía que en sus listas incluyen como postulante a primer regidor al alcalde.

En este grupo se identifica en Lima a siete alcaldes distritales (Lurín, San Miguel, Independencia, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Los Olivos y Santa Rosa) y al exalcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga. Cabe precisar que en algunos, como el de San Miguel, San Juan de Lurigancho y El Agustino, aún falta el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial.

A nivel nacional, los partidos que presentan más casos de reelección encubierta son: Somos Perú (12), Alianza para el Progreso (10), Renovación Popular y Avanza País-Partido de Integración Social, ambas con 6. Le siguen luego otros partidos como Podemos Perú (4), Acción Popular (2), Fuerza Popular (2), País Para Todos (2), Perú Primero (2) y Ahora Nación (1).

De todos, el caso más sonado es el de Rafael López Aliaga, quien fue alcalde de Lima desde 1 de enero de 2023 hasta el 13 de octubre de 2025, cuando dejó el cargo para tentar la presidencia y el Senado.

Tras las Elecciones Generales de 2026, perdió en primera vuelta y denunció un supuesto fraude electoral. En coherencia con ello, dijo, no aceptó el cargo de senador y postuló como primer regidor en la lista de Renovación Popular para Lima Metropolitana, encabezada por Luis Rubio. Sin embargo, este renunció a su candidatura, lo que dejó expedito el camino para que López Aliaga pudiera regresar al sillón municipal.

Al ser consultado por esta maniobra, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, consideró que se están generando “estrategias para fraguar la ley” y “gatillarse a los cargos”. También, exhortó a la ciudadanía a votar por la lista completa y no solo pensando en el candidato a la alcaldía, pues en caso de renuncia o vacancia siempre asumirá el cargo quien le sigue.

Situación generalizada

Los 53 casos alertados evidencian que se trata de una práctica normalizada no solo a nivel distrital, sino también en los municipios provinciales de todo el país. Esto a pesar de que la advertencia de la reelección encubierta era un tema de discusión desde que se oficializaron las listas de candidaturas.

A nivel regional, Lima concentra la mayoría de casos con 11 (2 de ellos alcaldías provinciales); San Martín con 9, La Libertad con 7; Ancash con 5; Arequipa e Ica con 3; y Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Junín y Lambayeque con 2 (ver cuadro).

“En todos estos casos (los alcaldes) se están yendo a la reeleción y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Tenemos un supuesto en el cual la realidad supera a la legalidad, cuando debería ser al revés, la legalidad debería estar a la par con la realidad para que realmente puedan responder a la necesidad que tiene la sociedad”, señaló José Tello, presidente del Instituto Aklla.

Frente a estos casos, el también especialista en temas electorales consideró que es necesario realizar una reforma constitucional y que se permita una sola reelección.

“¿Y por qué una? Porque una reelección permite que un mandato de 4 años, al convertirse en un mandato de 8, brinda mayor estabilidad a un gobierno municipal o un gobierno regional. ¿Y por qué no más? Porque puede generar un problema de corrupción. Mucho tiempo en el poder, manejando recursos públicos provoca corrupción”, explicó a La República.

Además, consideró necesario impedir que, después de culminado el mandado, el exalcalde o gobernador regional postule a cualquier otro cargo en el Consejo.

Adicionalmente, estimó conveniente crear impedimentos para el nepotismo y evitar que postulen familiares directos del alcalde saliente. Esto por casos como el de San Juan de Lurigancho donde postuló a la alcaldía el sobrino del actual alcalde, Jesús Maldonado; y el de Magdalena donde postula Carla Robbiano, esposa del burgomaestre Francis Allison.

Tello resaltó que el JNE tiene iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley para evitar el nepotismo.

Buscan impedir reelección encubierta

En tanto, Víctor Piñán, diputado del Partido Cívico OBRAS, presentó un proyecto de ley para impedir la reelección encubierta en los próximos procesos electorales.

La propuesta tiene por objetivo precisar los alcances de la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes, prevista en el artículo 194 de la Constitución, “estableciendo de manera expresa que dicha prohibición comprende también el impedimento de integrar, en cualquier posición, la lista de candidatos al Concejo Municipal de la misma provincia o distrito”.

De esta forma, sostiene el proyecto, se disminuye el incentivo a estructurar listas de candidatos con el propósito de eludir la prohibición constitucional.

También se precisa que la propuesta no introduce una restricción nueva, sino que desarrolla legislativamente el alcance de la norma existente (artículo 194 de la Constitución).

“La candidatura a regidor del alcalde impedido de reelegirse, seguida de la eventual asunción del cargo de alcalde por vacancia o renuncia del titular electo, en su condición de teniente alcalde, permite alcanzar, por una vía distinta a la elección directa para dicho cargo, un resultado sustancialmente equivalente al que la prohibición constitucional busca impedir”, señala el proyecto.

"Acá nadie está desobedeciendo la norma. Allá el Jurado, que se deja sacar la vuelta. Acá hay un vacío legal. Él renunció hace un año y medio. Personalmente, yo creo que debe haber una reelección por única vez y que no puedan ser familiares quienes sucedan en el cargo", declaró a RPP.

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Yarrow sostuvo que este es uno de los muchos casos que evidencian la existencia de vacíos legales en la normativa peruana. En ese sentido, afirmó que esa situación ha propiciado que, de manera constante, se busque sacarle la vuelta a la ley, aunque consideró que ello no es positivo. Asimismo, indicó que será el propio Rubio quien explique los motivos que lo llevaron a renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Lima.

"Yo me enteré de la renuncia de Lucho (Luis Rubio) el último jueves por los medios de comunicación. Él, el 9 de agosto, vendrá a dar explicaciones. Esperemos las explicaciones que tiene que dar", apuntó.

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Roberto Burneo se pronuncia sobre renuncia de López Aliaga

El presidente del JNE, Roberto Burneo, afirmó que la permanencia de Rafael López Aliaga en la lista de candidatos de Renovación Popular para la Municipalidad de Lima no vulnera la normativa electoral, luego de la renuncia de Luis Rubio un día antes del cierre del plazo de inscripción. En declaraciones a RPP, el titular del organismo electoral señaló que la legislación vigente permite esta situación, por lo que descartó que se trate de una irregularidad.

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"Hemos visto que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario", afirmó Burneo.

Burneo sostuvo que la eliminación total de la reelección de autoridades subnacionales fue una decisión equivocada. Explicó que la legislación actual no prohíbe que un exalcalde postule por un distrito diferente o aspire a otro cargo dentro de la misma lista electoral. En ese sentido, remarcó que la decisión sobre quién debe ocupar un cargo público recae finalmente en los ciudadanos a través del voto.

El requerimiento no se limita a la cárcel. La Fiscalía también pidió 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de S/ 30.200 contra la exlegisladora. La acusación señala a Cordero como autora del delito previsto en el artículo 382 del Código Penal.

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El caso tiene un segundo investigado. Se trata de Braden Alexander Paredes Calla, excolaborador del Congreso, a quien el Ministerio Público acusa como presunto cómplice primario. Para él, la Fiscalía pidió la misma pena de cuatro años de prisión, 10 años de inhabilitación y una multa de S/ 8.438,40.

El Poder Judicial ya admitió a trámite el requerimiento. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, dio a las partes un plazo de 10 días para presentar sus descargos.

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¿De qué se acusa a María Cordero Jon Tay?

La tesis fiscal sostiene que María Cordero Jon Tay exigió el 50% del sueldo de un extrabajador de su despacho congresal. La persona afectada es Rafael Cabrejos Vela, quien laboró para la excongresista entre marzo y agosto de 2022. Según la Fiscalía, la exparlamentaria se habría quedado con parte del salario que le correspondía a su colaborador.

El destape del caso no partió de una investigación fiscal de oficio. Un reportaje del programa 'Punto Final' expuso los hechos y dio origen a las pesquisas que hoy derivan en esta acusación formal. La denuncia periodística puso en evidencia una práctica que el Ministerio Público interpreta como concusión: el uso del cargo público para exigir dinero a cambio de mantener un puesto de trabajo.

El requerimiento fiscal contra Cordero llega junto a un pedido distinto para otro investigado en el mismo caso. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento a favor de Rafael Aurelio Cabrejos Vela, señalado en un inicio por el delito de cohecho activo genérico. El juez deberá resolver primero ese pedido antes de continuar con el trámite de la acusación contra Cordero y Paredes.

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Los antecedentes del proceso contra la exparlamentaria

El proceso penal contra María Cordero Jon Tay no es reciente. El Pleno del Congreso aprobó suspenderla de sus funciones legislativas en marzo de 2024 y le retiró la inmunidad parlamentaria, un paso necesario para que la Fiscalía pudiera investigarla con normalidad.

Desde entonces, el caso avanzó por la vía judicial hasta llegar a esta etapa. El requerimiento mixto presentado por la fiscal Ávalos fue admitido mediante la Resolución N.° 1, del 16 de julio de 2026. Ese documento marcó el inicio del plazo de 10 días que ahora corre para que Cordero, Paredes y las demás partes procesales presenten sus descargos.

El siguiente paso judicial dependerá del juez Checkley. Antes de avanzar con la acusación, deberá evaluar el pedido de sobreseimiento para Cabrejos Vela. Solo después de resolver ese punto, el proceso continuará con la etapa que definirá si Cordero y Paredes enfrentan un juicio oral por el caso 'Mochasueldos'.

"Los hechos materia de investigación no tienen ninguna relevancia penal y no constituyen delito. En tal sentido, el Ministerio Público no puede ser utilizado políticamente para inventar cargos y amedrentar a la oposición", se lee en el pronunciamiento.

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El Ministerio Público ha solicitado nueve años de prisión para Colchado, a quien acusa de los presuntos delitos de negociación incompatible, en calidad de cómplice, y falsedad ideológica, en calidad de autor. El comunicado de Ahora Nación hace hincapié en que estas acusaciones se producen cuando Colchado empieza a asumir funciones en su nuevo rol como diputado de la República.

"Estas acciones no son nuevas y ahora buscan atacar al diputado Harvey Colchado precisamente cuando asume la Segunda Vicepresidencia de la Cámara de Diputados y un espacio fundamental en la Comisión de Ética. No es casualidad que el diputado Colchado haya enfrentado durante años al crimen organizado y a la corrupción, sin distinciones, con imparcialidad y firmeza. Esa labor le ha significado enfrentarse a intereses que, en la última década, han logrado ocupar espacios de poder en diversas instituciones del Estado. Hoy, esos mismos sectores pretenden impedir que desempeñe el mismo compromiso con la integridad y la transparencia como integrante de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados", continúa el comunicado.

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Harvey Colchado rechaza acusación en su contra

Por su parte, Colchado se pronunció para rechazar las acusaciones formuladas por la Fiscalía en su contra. El exjefe de la Diviac aseguró que estas acciones "no lograrán amedrentarlo".

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"Como ciudadano y hoy como diputado, tengo la absoluta convicción de que soy inocente de los cargos que se me imputan. Durante toda mi trayectoria profesional he respetado, respeto y respetaré plenamente la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. Quien ha dedicado toda su vida a hacer cumplir la ley nunca estará por encima de ella", señaló.

Además, Colchado cuestionó que estas denuncias se presenten justo cuando ha asumido nuevos cargos en el Congreso de la República, como la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados y su incorporación a la Comisión de Ética. "No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política", afirmó.

Inicialmente, la sesión de instalación estaba programada para realizarse el 7 de este mes en la Sala Martha Hildebrandt a las 9.00 a. m., tal como figura en la agenda del Congreso. Sin embargo, desde la oficina del diputado Javier Cipriani (Renovación Popular), a cargo de la coordinación, informaron a este medio que la reunión fue postergada.

En la sesión se elegirá a los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Ética entre los integrantes: Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Pérez (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

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Comisión de Ética: Hubo un cambio en la representación de Juntos por el Perú

Durante la Junta de Portavoces realizada antes del Pleno del último miércoles 5, la bancada de Juntos por el Perú planteó sustituir al diputado César Tito Rojas en la Comisión de Ética Parlamentaria por Azucena Isla Rojas.

Ante esto, el vocero del grupo parlamentario, Ernesto Zunini, pidió reconsiderar la propuesta para que, en lugar de Isla Rojas, se designara a Jessica Sadith Pérez Quispe. El cambio fue aceptado.

Zunini aseguró, en entrevista a Epicentro, que los cambios se debieron a decisiones propias de la democracia.

“Es lo propio de la democracia interna, ¿no? Porque mientras sesionaba junta de portavoces y tenía yo como vocero que estar presente y a dar el nombre de un miembro de la Comisión de Ética, el Pleno de diputados estaba también debatiendo la propuesta”, explicó.

Además, descartó que existe desorganización en la interna del partido. “Somos la bancada que está más preocupada, que tiene más tolerancia también a la crítica, que sabe escuchar lo que dice la gente”, anotó.

También, explicó que su decisión de no buscar la presidencia de Ética se debe a haber escuchado a la ciudadanía.

“El que no la debe no la teme. Entonces dejamos en manos de otra bancada la presidencia de la Comisión de Ética porque nosotros estamos dispuestos a allanarnos a todo tipo de denuncias e investigaciones que van a ser muchas por lo visto, ¿no? Durante este periodo porque evidentemente esto forma parte pues de una estrategia de desgaste del oficialismo y nosotros lo asumimos como tal”, dijo en referencia a las denuncias presentadas contra uno de los integrantes de JP, Julián Pérez, por presunta violencia psicológica e intrafamiliar.

Colchado es acusado por dos delitos: negociación incompatible, en calidad de cómplice, y falsedad ideológica, en calidad de autor. El pedido lo presentó la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal Diana Mayra Paico Guevara.

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De acuerdo con la tesis fiscal, el diputado de Ahora Nación habría consignado información falsa en un documento público al indicar que su ocupación era independiente, pese a que continuaba prestando servicio como coronel de la PNP.

Colchado es el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados y recientemente nombrado miembro de la Comisión de Ética Parlamentaria en la presente cámara.

Ahora se espera que el Poder Judicial evalúe este caso y determine o no si pasa a juicio.

"Como ciudadano y hoy como diputado tengo la absoluta convicción de que soy inocente de los cargos que se me imputan. Durante toda mi trayectoria profesional he respetado, respeto y respetaré plenamente la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. Quien ha dedicado toda su vida a hacer cumplir la ley nunca estará por encima de ella", indicó.

Recalcó que mientras los hechos se encuentran en investigación, como todo ciudadano, goza de la presunción de inocencia. "Confío en que un proceso objetivo, imparcial y respetuoso permitirá que la verdad prevalezca sobre cualquier acusación", apuntó.

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el diputado sostiene que resulta inevitable advertir que esta denuncia se hace pública precisamente cuando asume una responsabilidad como integrante de la Comisión de Ética en su calidad de diputado de la República. "No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política".

Finalmente subrayó que "vengo enfrentando por años al crimen organizado y a la corrupción, investigando incluso a quienes han concentrado el poder. Mi lucha contra la corrupción no cambiará por una denuncia, menos ahora, como autoridad. Seguiré actuando con la misma firmeza, honestidad e independencia que han marcado toda mi carrera".