Se trata de la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002; y la Ley 32419, que otorga amnistía a uniformados investigados o procesados por delitos cometidos durante 1980 y 2000.

Rospigliosi, principal promotor de la referida norma en el anterior Congreso, solicitó el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente contra los magistrados Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama y pidió que, de comprobarse las supuestas faltas graves y muy graves, se determine su destitución.

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De acuerdo con la denuncia, el último 10 de julio, los referidos jueces declararon la inaplicación de la Ley 32107 declarando a Federico Gonzalo Hurtado Esquerre, Jorge Luis Lamela Rodríguez, Estuardo Napoleón Mestanza Bautista y José Raúl Málaga Johnson, como autores del delito de homicidio calificado y el delito de lesiones graves.

Se les impuso una condena de 15 años de pena privativa de la libertad y el pago de reparación civil a favor de los fallecidos y lesionados.

Rospigliosi considera que la referida sentencia supone una transgresión a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

“(La sentencia) se estaría tornando de carácter ilegal por cuanto se observa la comisión de un hecho muy grave en el ejercicio de la función jurisdiccional, por parte de los jueces Miluska Giovanna Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Iván Llerena Lezama, ya que se constituye en una infracción constitucional”, se lee en la denuncia disciplinaria.

Para esto cita la sentencia del TC que declaró la constitucionalidad y vigencia de la Ley 32107.

Sobre el caso

El Operativo Mudanza 1, que resultó en el caso conocido como Masacre de Castro Castro, fue una operación realizada en mayo de 1992 por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), las Fuerzas Armadas y la Policía para retomar el control del penal Canto Grande y trasladar a las senderistas a centros penitenciarios femeninos.

Sin embargo, las pruebas recogidas por la Corte Interamericana, indican que el objetivo real del “operativo” no fue el referido traslado de las internas, sino que se trató de un “ataque premeditado, un operativo diseñado para atentar contra la vida y la integridad de los prisioneros que se encontraban en los pabellones 1-A y 4-B del Penal Miguel Castro Castro”.

De acuerdo con la Corte, “los actos de violencia fueron dirigidos contra dichos pabellones, ocupados en el momento de los hechos por internos acusados o sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la patria”, por lo que concluyó que no existió un motín u otra situación que ameritara el uso legítimo de la fuerza por parte de los agentes del Estado.

No es la primera vez que Rospigliosi denuncia a jueces

Por otro lado, no es la primera vez que Rospigliosi denuncia a jueces por inaplicar las leyes pro crimen. El 22 de julio último, Rospigliosi solicitó un procedimiento disciplinario de destitución contra la fiscal superior Rosario Isabel Quico Palomino, titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos contra el Terrorismo, por no acatar la Ley 32107.

La denuncia disciplinaria fue por la actuación fiscal seguida contra el general Juan Rivero Lazo por hechos ocurridos en 1992.

Antes de ello, en marzo de este año, Rospigliosi y Jorge Montoya denunciaron a Jorge Chávez Tamariz, juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional por inaplicar la Ley de prescripción en un proceso contra expolicías por un caso de 1983.

En agosto del 2025, denunció a Richard Concepción Carhuancho, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Al igual que los otros casos, Rospigliosi pidió su destitución en agosto de 2025. ¿La razón? Inaplicar la norma en el caso de un coronel en retiro procesado por el homicidio de siete personas en Ayacucho, en 1984. La JNJ abrió proceso disciplinario y lo suspendió por seis meses en junio de 2026.

Anteriormente, existía la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología; sin embargo, el 23 de octubre del 2025, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría los nuevos reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado, en los cuales se eliminó este grupo de trabajo.

Debido a eso, la senadora plantea modificar el artículo 48 del reglamento del Senado para hacer posible la creación de la referida comisión.

Con ese objetivo, la senadora ingresó el documento al área de trámite del Senado. Lleva las firmas adicionales del vocero de Ahora Nación, Alfonso López Chau, así como de Jaime Delgado, portavoz alterno.

De acuerdo con Vásquez, “el diseño institucional del Congreso debe contar con órganos idóneos, con capacidad técnica y pertinencia cultural, para producir, revisar y fiscalizar de manera continua la legislación que afecta a las poblaciones indígenas, afroperuanas y en situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, resaltó que la ausencia de un grupo de trabajo enfocado en los pueblos indígenas u originarios no guarda coherencia con “la obligación que tiene el Estado peruano de garantizar sus derechos, lo que configura un vacío institucional”.

AIDESEP denunció eliminación de Comisión de Pueblos Indígenas

En su momento, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) denunció que la eliminación de la Comisión de Pueblos configuraba un “retroceso institucional, político, democrático e histórico para los pueblos indígenas”.

Además, indicaron, “constituye una manifiesta violación del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que obliga al Estado a realizar la consulta previa legislativa, y atenta contra el principio de progresividad de los derechos humano”.

“Alertamos que la Comisión de Constitución intenta presentar esta decisión como una “simple reorganización administrativa”, pero en la práctica significa la desaparición del único espacio parlamentario especializado que permite abordar de manera técnica, diferenciada e intercultural las problemáticas de los pueblos indígenas”, señala el comunicado de AIDESEP.

Según el informe técnico del organismo electoral, el partido utilizó recursos estatales en capacitaciones académicas no aprobadas, contrató a una proveedora logística sin la experiencia exigida y financió la defensa legal de sus dirigentes en investigaciones judiciales que van desde lavado de activos y organización criminal hasta falsificación de documentos.

En relación con las actividades de formación académica, el partido destinó fondos al Diplomado de Especialización en Gestión Pública impartido por la Universidad San Martín de Porres (USMP) por un costo total de S/70,000, del cual se rindió un primer pago de S/35,000.

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Sin embargo, la revisión del informe académico final señaló que cinco de los participantes inscritos desaprobaron el curso y uno no asistió. En esa línea, la ONPE recordó que la normativa prohíbe financiar la formación de alumnos sin nota aprobatoria, por lo que observó el gasto indebido de S/12,000.

"En caso el ciudadano o los ciudadanos beneficiarios de estas capacitaciones no obtengan nota aprobatoria, estos gastos no deben ser solventados con los fondos del FPD".

A esta observación se suma la contratación de la empresa Servic Team S.A.C. por S/110,000 para la producción logística de talleres de liderazgo político en San Martín. Pese a que los Términos de Referencia exigían experiencia acreditada en el rubro, la auditoría confirmó que la firma solo contaba con ocho meses de funcionamiento tras su inscripción y figuraba registrada en la SUNAT para actividades totalmente ajenas a la producción de eventos.

"La empresa proveedora figuraba registrada con actividades económicas principales y secundarias referidas al alquiler de enseres domésticos, enseñanza secundaria de formación general y labores de carpintería, sin acreditar la experiencia mínima requerida para el servicio contratado".

Además, el documento técnico también reveló un gasto total de S/143,000 destinado a la defensa legal del partido y de sus dirigentes —entre ellos Luis Galarreta Velarde y Milagros Takayama Jiménez— en diversos procesos penales.

"Servicios de patrocinio legal correspondientes al periodo 2025 el partido político utilizó un importe total de S/ 143,000.00, con el propósito de contratar a los abogados Édison Huamán Chacón (S/ 87,000.00) y Juan Carlos Portugal Sánchez (S/ 56,000.00), a fin de brindar asistencia legal y defensa técnica (...) en los procesos judiciales en materia penal".

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De manera específica, según el cuadro de expedientes, los fondos cubrieron la defensa de Fuerza Popular por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y conducta antidemocrática; la de Luis Galarreta Velarde y Milagros Takayama por lavado de activos y otros; y la de Liliana Takayama Jiménez, imputada por fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos y falsificación y uso de documento público falso.

La JNJ también señaló que los cinco integrantes cuestionados renunciaron al Colegio de Abogados de Lima debido al rumbo político que, según afirmaron, ha tomado la institución. Sin embargo, el CAL no aceptó sus renuncias. Por ello, la JNJ considera que el gremio no puede ejercer potestad disciplinaria sobre personas que expresaron su voluntad de desafiliarse.

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Además, la JNJ cuestionó la base legal del procedimiento iniciado por el CAL. Según el organismo, el Código de Ética utilizado para sustentar la sanción tendría una vigencia discutible, debido a que su propia norma establece que debía entrar en vigor tras ser publicada en el diario oficial El Peruano, algo que no habría sido acreditado.

El conflicto está relacionado con las decisiones de los integrantes de la JNJ sobre la reincorporación de la fiscal suprema Patricia Benavides. La JNJ sostiene que una discrepancia con sus decisiones no puede convertirse en una sanción gremial ni utilizarse como instrumento de presión contra un organismo constitucional autónomo.

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CAL evaluará suspensión de miembros de la JNJ

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima analizará este miércoles 12 de agosto, desde las 5.00 p. m., la solicitud para suspender a cinco integrantes de la Junta Nacional de Justicia, quienes son señalados por presuntas infracciones éticas cometidas durante el ejercicio de su profesión.

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La medida cautelar fue promovida por el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contra Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic Gonzáles y Cayo Galindo Sandoval. La denuncia sostiene que los abogados incurrieron en tres hechos ocurridos en julio del año pasado. Entre ellos, se encuentra el pedido para restituir a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, pese a que Delia Espinoza ejercía entonces dicho cargo, así como la solicitud al comandante general de la Policía Nacional para emplear la fuerza pública, conducta que los denunciantes consideran propia de un gobierno de facto.

Los denunciados también son cuestionados por un presunto incumplimiento de su deber de transparencia. Según la acusación, estas acciones habrían vulnerado disposiciones del Código de Ética relacionadas con el respeto a la ley, la probidad y la integridad profesional. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó el caso como paradigmático por la gravedad de los hechos, que incluso motivaron un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y advirtió que este tipo de actuaciones afectan la confianza ciudadana en la profesión legal y la defensa del sistema democrático.

Claramente, no son las únicas comisiones que el bloque de derecha dirigirá en el Senado. Fuerza Popular también tendrá el control de las comisiones de Inteligencia, Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción, así como de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República. Renovación Popular, además de la Comisión de Justicia, tendrá el control de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno.

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Fuerza Popular lleva conduciendo la Comisión de Constitución desde 2021. Durante todo el periodo congresal pasado, el fujimorismo controló este espacio. De acuerdo con la senadora Patricia Juárez, todavía no se ha escogido al representante de Fuerza Popular en la Comisión de Constitución. Sin embargo, algunos nombres que fueron mencionados son los de Martha Chávez, Carlos Mesía y la propia Juárez.

En cuanto a la Comisión de Justicia, Milagros Aguayo —senadora de la bancada celeste— afirmó que Katherin Ampuero será la carta propuesta para liderar este estamento parlamentario.

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Oposición se queda con Economía, Ética y Salud

Las comisiones clave también quedarán en manos de la oposición. Juntos por el Perú, la bancada opositora con mayor número de senadores, tendrá el control de las comisiones de Gestión del Estado y Contraloría, Ética Parlamentaria y Procedimientos Especiales.

Ahora Nación, liderada por Alfonso López-Chau, tendrá la presidencia de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. De acuerdo con declaraciones del senador Jaime Delgado, sería el propio excandidato presidencial quien lidere esta comisión.

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Inicialmente, Ahora Nación pretendía presidir la Comisión de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital. Sin embargo, Delgado aclaró que, durante las negociaciones, se acordó que esta comisión sea presidida por el Partido del Buen Gobierno.

El partido del Casco también tuvo un movimiento más en la Cámara Alta relacionado a las comisiones congresales. La senadora Mirtha Vásquez propuso la creación de de una Comisión de Pueblos Indígenas en el Senado: “En la actualidad, no existe en el Senado de la República una comisión legislativa especializada en temas relacionados con los pueblos indígenas u originarios y con el pueblo afroperuano, a pesar de la obligación que tiene el Estado peruano de garantizar sus derechos, lo que configura un vacío institucional”, señaló.

"Uno puede aspirar a todas las comisiones que quiera, pero nosotros somos solo cuatro senadores. Yo voy a ser titular de la Comisión de Salud y también estaré en la Comisión de Economía para el tema de defensa del consumidor, obviamente", señaló.

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La senadora del Partido del Buen Gobierno elegida para liderar esta comisión sería Susana Matute.

En Obras, la Comisión de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo ha sido elegida para ejercer la presidencia. Daniel Barragán, senador del partido de Ricardo Belmont, señaló que es probable que él ocupe este puesto.

La decisión fiscal se formalizó el 7 de agosto, y se especifica una serie de faltas que el Ministerio Público evaluará sobre el caso. “(…) por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular y contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en agravio del Estado (…)”.

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, la investigación surge a raíz de acusaciones por expresiones directas y calificadas como “intimidatorias” hacia la máxima autoridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

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“El 01 de abril de 2026, luego de participar en un debate presidencial, el denunciado habría emitido expresiones contra el Jefe de la ONPE, Piero Alessandro Corvetto Salinas, con presunto contenido intimidatorio”.

Asimismo, la Fiscalía incluyó la postura adoptada por el investigado tras las votaciones del 12 de abril de 2026, cuando difundió una narrativa de fraude al atribuir presuntas irregularidades al proceso y pedir que se anule.

Según señala la disposición, López Aliaga desconoció los resultados de las elecciones y también promovió manifestaciones públicas cerca de la sede institucional de la entidad electoral.

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“Asimismo, señala que, tras los resultados electorales difundidos luego de la jornada electoral del 12 de abril de 2026, el denunciado habría cuestionado la legitimidad del proceso, atribuyendo presuntas irregularidades y convocando movilizaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones, donde habría realizado expresiones dirigidas contra autoridades electorales y exigido determinadas actuaciones a funcionarios públicos”.

El pasado 6 de agosto, la Junta General de Accionistas de la petrolera estatal sustituyó a todo el directorio, con excepción del vicepresidente, Carlos Linares Peñaloza.

De inmediato circularon versiones según las cuales el Ejecutivo dispuso el relevo tras detectar que el directorio saliente aprobó la reestructuración de la empresa, creó nuevas gerencias y autorizó el pago de bonos, a sabiendas de que sería relevado.

"Se dice que se autorizó una reestructuración de la organización de la empresa de un momento a otro, de manera sorpresiva. Esa es una información falsa. El tema de la reestructuración se discutió durante siete semanas con la participación de todos los directores, incluido Carlos Linares Peñaloza. Si fue una decisión incorrecta, Linares no continuaría en la empresa", explicaron fuentes relacionadas con la anterior gestión de Petroperú.

En relación con la reestructuración organizacional de la compañía estatal de hidrocarburos y con los incrementos salariales, las fuentes indicaron que fueron medidas correctivas de decisiones de periodos anteriores y que se cumplieron en función de disposiciones de la Contraloría General de la República.

LA CUESTIÓN DE FONDO

"Lo que se hizo fue deshacer la fusión de la Gerencia de Auditoría y la Gerencia de Riesgos, y la separación de la Gerencia de Cumplimiento y la Jefatura de Lavado de Activos, una acción correctiva de necesidad técnica y legal que contó con el voto unánime del directorio pasado", indicaron las fuentes consultadas.

Fue un Informe de Orientación de Oficio de la Contraloría el que dispuso la división de la Gerencia de Auditoría de la Gerencia de Gestión de Riesgos, porque la fusión afectaba el Sistema Nacional de Control y el Código de Buen Gobierno Corporativo; por lo tanto, no fue una iniciativa del directorio anterior.

"De no haber aprobado dicha disposición, podríamos haber cometido una grave omisión de funciones, según la misma Contraloría", indicaron las fuentes.

Y respecto a la separación de la Gerencia de Cumplimiento de la Jefatura de Lavado de Activos, el pasado directorio de Petroperú lo que hizo fue ejecutar un mandato de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

MANDATOS DE CUMPLIMIENTO

"Constan en los oficios emitidos por la UIF remitidos a Petroperú los llamados para desagregar la gerencia y la jefatura porque la unificación vulneraba la ley y no hacerlo implicaba exponer a la empresa a eventuales sanciones por no cumplir con las funciones determinadas por el Sistema de Prevención del Lavado de Activos (SPLAFT)", precisaron las fuentes.

Los exdirectores de Petroperú precisaron que cumplir con las disposiciones de la Contraloría y de la UIF significó el incremento salarial de la plana mayor y de los gerentes de la empresa estatal.

"Es totalmente falsa la versión. Es fácilmente comprobable que no es verdad", resaltaron.

El proyecto sostiene que el CPAP, tal como fue diseñado, excluye a miles de artistas que ejercen su labor de forma autodidacta o a partir de saberes ancestrales y populares, al exigir un título profesional o una licenciatura en arte o educación artística como condición para incorporarse al colegio. Según cifras del Registro Nacional de Trabajadores del Arte y la Cultura citadas en la exposición de motivos, solo un 9.29% de las artistas mujeres cuenta con estudios universitarios completos, frente a un 20% de los hombres, lo que —advierte la propuesta— reduciría la representación del colegio a poco más de una quinta parte de la población artística del país.

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La iniciativa se apoya también en jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre libertad de trabajo y colegiatura obligatoria, para argumentar que la restricción impuesta por la Ley 32645 no responde a un fin constitucionalmente legítimo ni supera un estándar de razonabilidad. El texto recuerda además que la propia norma faculta al Consejo Directivo Nacional del CPAP a "ordenar y supervisar" el ejercicio de las disciplinas artísticas, lo que —según la autora del proyecto— constituye una forma de fiscalización ajena a la naturaleza libre y subjetiva de la creación artística.

Desde la publicación de la ley que creaba el CPAP, gremios, artistas individuales y hasta la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura cuestionaron públicamente la norma, señalando que fue aprobada sin consulta previa al sector cultural.

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“Si es que no se aprueba, se volvera a presentar”

La diputada Rossana Alayza declaró a La República que esta es la primera iniciativa legislativa presentada desde su despacho y que responde a una de sus promesas de campaña. La autora del proyecto aseguró que, bajo su análisis, el CPAP genera más perjuicios que beneficios para el trabajo creativo en nuestro pais.

"Es un proyecto que no tiene un nombre ni un apellido. Desde antes de la campaña me ha preocupado el poco orgullo que tenemos por nuestra cultura. Para mí es muy importante que el arte no se censure ni se toque y que los artistas no se autocensuren por lo que diga un colegio", indicó.

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Además, Alayza señaló que cuenta con algunas medidas alternativas en caso de que su proyecto no logre ser aprobado por ambas cámaras del Congreso.

"Es algo para lo que estoy completamente preparada. Si es que no se aprueba, se volverá a presentar, se ajustará. Será algo 'de maratón'. Me encantaría y sería un lindo mensaje que se apruebe a la primera", sostuvo.

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Colegio de Artistas buscaba dejar fuera a Delia Espinoza

A raíz de la promulgación de la ley que crea el CPAP, se solicitó formalmente la salida de la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, debido a una disposición incluida en la norma. El pedido sostiene que su permanencia en el cargo sería incompatible con la normativa vigente y, por ello, plantea su separación del decanato.

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En efecto, la norma mantiene una disposición complementaria en la que se establece que "no pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales, los inhabilitados para el ejercicio de la función pública".

Esta disposición ha sido cuestionada por quienes sostienen que fue incorporada con el objetivo específico de propiciar la salida de Espinoza. Como se recuerda, la exfiscal de la Nación investigó y denunció constitucionalmente a varios legisladores del periodo parlamentario anterior. En su momento, la entonces congresista Susel Paredes también presentó un proyecto de ley para derogar esta norma.

“Tiene que haber sanción política para quienes estaba en ese momento, la señora Boluarte, su ministro Otárola, los altos mandos”, indicó Mancha vía RPP.

Tras la propuesta de una Comisión Investigadora para investigar los abusos y excesos registrados en las movilizaciones sociales, el legislador indicó que resulta necesario establecer responsabilidades por los fallecidos durante las manifestaciones en el sur.

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El senador explicó que regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac y Cusco exigen justicia, debido a los abusos cometidos por las fuerzas del orden durante las movilizaciones. Asimismo, Mancha señaló que el malestar social no solo responde al abandono histórico del Estado en infraestructura y servicios básicos, sino a la falta de respuesta judicial para los deudos.

“La indignación todavía está muy latente en el sur andino desde Huancavelica, Ayacucho, Apurimac, Puno, las zonas altas de Arequipa, Moquegua, Cusco, las zonas donde prácticamente hubo estos abusos por parte de la policía y el Ejército (…) el otro tema son la atención a las demandas históricas. Entonces, eso se complementa con que el sur andino tiene esa sensación de que este Estado siempre los ha tenido abandonados”, indicó.

Al ser consultado sobre el trabajo del Ministerio Público y el rol de las altas autoridades durante ese periodo, el parlamentario afirmó que la gestión anterior interfirió en las investigaciones.

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"Se sobreentendía que en el anterior gobierno de la señora Boluarte estaba poniendo, digamos así, como cortapisas o se estaba ahí interfiriendo en lo que respecta a lo que tiene que hacer el Ministerio Público”.

En ese sentido, el senador enfatizó que el proceso judicial debe señalar a los autores directos, pero también debe castigar a las cabezas del Ejecutivo que lideraron el gobierno en ese momento.

Respecto al archivo previo de las denuncias constitucionales contra Boluarte en el Congreso —mismo que contó con votos de su bancada—, Mancha calificó esa decisión como un hecho desafortunado. Ante la posibilidad de reevaluar esa postura a través de las nuevas iniciativas legislativas, el parlamentario manifestó su respaldo a una nueva revisión.

"Sí, pues, muy lamentable (...). Obviamente tiene que hacerse; si así lo establece esta Cámara de Diputados y Senadores, yo creo que también se puede hacer con el mejor propósito, sobre todo de buscar la reconciliación con el sur andino”.

La reunión se desarrollará a las 11.00 a.m. en la sala Basadre del Palacio Legislativo.

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El objetivo será aprobar el cuadro de los diputados que integrarán las comisiones ordinarias legislativas, así como de las comisiones ordinarias no legislativas para el Período Anual de Sesiones 2026 - 2027. 

A su vez, se aprobará la distribución de las presidencias, vicepresidencias y secretarías.

De la misma forma, la Junta de Portavoces del Senado, dirigida por Miguel Torres, también sesionará el martes 11 a las 10. 00 a.m. en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo.

Bancadas de oposición

El vocero de diputados de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, la bancada aspiraría a presidir cuatro comisiones en la Cámara de Diputados.

"Nos gustaría presidir las comisiones de Justicia, Educación, Energía y Minas y Salud. Tenemos varios perfiles que podrían dirigir esas comisiones. Nuestra bancada cuenta con varios maestros, miembros del magisterio y también personas con experiencia en salud psicológica, como la diputada Svieta (Fernández). Pero es algo que todavía no se ha definido y es parte de un consenso al que tenemos que llegar", señaló a este medio.

Jeeny Samanéz, diputada del Partido Cívico Obras, también confirmó su interés por integrar y eventualmente liderar comisiones vinculadas a su experiencia en materia deportiva.

En lo que a mí respecta, he solicitado al presidente del movimiento Obras y al secretario general, Ricardo Belmont y Daniel Barragán, respectivamente, formar parte de las comisiones de Educación, Cultura y Deporte y de Infraestructura, Vivienda y Transportes. Son los temas que manejo y en los que tengo experiencia", indicó la parlamentaria.

Ante esa situación, en la primera sesión de la comisión, el diputado de Ahora Nación adelantó que sería respetuoso de las decisiones y seguiría trabajando con honestidad y sin blindajes. Sobre su labor, el exoficial no dudó en resaltar su experiencia como exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) para combatir la corrupción.

“Como es de público conocimiento he combatido la corrupción en el poder durante toda mi carrera y he sido denunciado por ello injustamente”, dijo.

Luego de que Colchado colocara su cargo a disposición del pleno, la sesión de la comisión quedó suspendida. Se retomará este martes para elegir a su Mesa Directiva, integrada por un presidente, vicepresidente y secretario.

Respaldo

César Holguín, vocero del partido Ahora Nación en Diputados, señaló que su bancada respaldará a Colchado para que siga en la Comisión de Ética.

Según dijo, no se puede utilizar a las instituciones para realizar persecuciones políticas. “Ahora Nación decidió darle absoluto respaldo a Colchado como integrante de Ética. Hago un llamado a todas las bancadas y a todos los partidos del país a discutir los problemas fundamentales del Perú y a no utilizar las instituciones para realizar persecuciones políticas en un periodo parlamentario que prometió hacer política de otra manera”, expresó.

En ese respaldo, su colega Indira Huilca indicó que la acusación contra el exoficial carece de fundamentos .

“Nosotros como bancada hemos ratificado nuestro respaldo porque entendemos que esta acusación carece de una legitimidad suficiente para que él tenga que dejar ese rol. Él ha sido muy claro en decirle al resto de colegas de su comisión que si alguien tiene una objeción, la pueda plantear”, expuso.

Mencionó, además, que los miembros ya fueron elegidos y no pueden ser cambiados.

“Los miembros no pueden ser modificados, salvo que eso pase nuevamente por el Pleno. Me parece sano que él ponga el tema en manos de sus propios colegas de comisión, por si alguien tiene una objeción. Eso es lo que él ha hecho, ha tenido la valentía”, declaró.

Pide reemplazo

Mientras Ahora Nación respalda a Colchado, Javier Cipriani de Renovación Popular tomó la decisión de Colchado como una renuncia a la comisión

“Lo que ha hecho él, nos ha impedido a nosotros tener una lista. Entonces, hay que tener paciencia. Es un día, no pasa nada. Lo primero que debe hacer Harvey es aclarar ante la Oficialía y el presidente de la Cámara de Diputados esta renuncia de su partido. Hay Junta de Portavoces, ahí el partido verá si lo reemplaza o no”, apuntó.

Ante la consulta de si consideraba que Colchado había renunciado a la Comisión de Ética al poner su cargo a disposición, respondió que sí.

“Tomaría una semana en ratificar a Colchado en su cargo (..) A él le gustan las cámaras, a mí no tanto, a él le encantan. Mi criterio es que el partido de ellos es que reemplace a Colchado, sino estamos perdiendo el tiempo todos”, declaró.

Al cierre de esta edición, Ahora Nación rechazó un reemplazo para Colchado, por lo que su futuro se definirá con la sesión en la que participen los diputados de Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras.

Previo a ello, el pleno de la Cámara de Diputados ya había aprobado la conformaciónde este grupo y estaba integrado por Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Pérez Quispe ( Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Obras) y Harvey Colchado (AN).

Fiscalía acusa a Harvey Colchado

Harvey Colchado es acusado de ocultar su ocupación en un documento oficial para alquilar un inmueble a la PNP. La Fiscalía pide 9 años y cuatros meses de prisión, por los delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica.

La acusación también alcanza a los servidores de la PNP, Clara Ramírez, (asistente en Contrataciones del Estado) y al suboficial Víctor Ocmin (miembro de la Sección de Programación y Adquisiciones), a quienes se les atribuye haber facilitado la firma del contrato.

La primera propuesta llegó de Ahora Nación con la autoría del diputado César Holguín. La iniciativa busca modificar 10 leyes pro crimen que fueron aprobadas por el anterior Congreso.

Dentro de ese paquetazo de reformas se encuentran las leyes que afectaron la justicia penal como la ‘Ley Soto’, la norma que modifica los plazos de colaboración eficaz, la ley que excluye a las organizaciones políticas de ciertas consecuencias penales y la ley que modifica la extensión de dominio.

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Estas crean un escenario propicio para la criminalidad como la norma que impide a la PNP perseguir el uso de insumos vinculados a la minería ilegal, la ley que ordena que los allanamientos deben realizarse con la presencia de un abogado y la norma que modifica el delito de organización criminal, entre otros.

A su vez, incluye los mandatos que privan de justicia a los familiares de las víctimas de delitos contra los derechos humanos como la Ley de Amnistía y la norma que prescribe los delitos de lesa humanidad.

La propuesta de Holguín detalla que, si bien cada ley regula materias distintas, todas producen un efecto acumulativo sobre el sistema de justicia penal: restringen herramientas de investigación, incrementan las dificultades para obtener prueba, reducen la recuperación de activos ilícitos, limitan la actuación del Ministerio Público y elevan las probabilidades de impunidad.

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Ley de impunidad

El mismo Holguín presentó un segundo proyecto enfocado en la derogación de la norma promulgada en insistencia por Fernando Rospigliosi, que da impunidad a policías y militares al ampliar el delito de función a fin de que sean investigados únicamente en el fuero militar-policial, evitando la justicia penal común.

De acuerdo con la propuesta, dicha norma buscaría “afianzar el pacto cívico militar que sostuvieron los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcazar” y, sobre todo, se promulga en un contexto en el que la fuerza del Estado ocasionó la muerte de manifestantes entre el 2023 y 2024.

También citó el caso en el que un joven falleció en el interior de una comisaría en Manchay y la muerte de un niño de 8 años durante una intervención policial.

Desde Juntos por el Perú, la diputada Catherin Palomino presentó una iniciativa para derogar siete leyes pro crimen.

Seis de las normas a las que apunta ya fueron mencionadas en el proyecto de Holguín, a excepción de la ley que modifica el régimen de prescripción de la acción pena.

Finalmente, el vocero de JP en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, presentó dos iniciativas.

Una de ellas se centra en la Ley 31751 y la Ley 32104, que modifican la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, mientras que la segunda se centra en las normas que atentan la lucha contra el crimen organizado y las investigaciones preliminares.

Coalición de oposición busca presidir la Comisión de Justicia

Por su naturaleza, las propuestas serán derivadas a la Comisión de Justicia y, posteriormente, irán al Pleno. En este último espacio, con una representación de 74 diputados, las bancadas de oposición son mayoría frente a los 56 escaños de la derecha (Fuerza Popular y Renovación Popular), por lo que, una vez allí, las propuestas tendrían el visto bueno.

Por ello, será determinante la conformación y Mesa Directiva de la Comisión de Justicia, la cual se establecerá este martes 11 junto a los demás grupos de trabajo. La coalición de oposición ya ha anunciado su interés en presidirla.

Entre enero de 2023 y abril de 2026, el Ministerio Público registró 7.429 casos de trata de personas: alrededor de 2.200 al año y 186 al mes.

Lima, Piura y Madre de Dios aparecen entre las regiones con mayor cantidad de denuncias.

Detrás de estas cifras hay adolescentes captadas para explotación sexual, mujeres engañadas con falsas ofertas de trabajo y personas sometidas a distintas formas de explotación.

El problema afecta principalmente a mujeres. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, el 86,3% de las víctimas registradas en la última década fueron mujeres. El 51,5% tenía entre 18 y 29 años y el 30,4% contaba entre 12 y 17 años.

La explotación sexual es la principal finalidad de este delito: representa el 54,8% de los casos identificados en los últimos diez años.

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UN DELITO SUBESTIMADO

Pese a esta realidad, la trata de personas no aparece como una prioridad en los planes de gobierno de las principales agrupaciones que hoy tienen representación parlamentaria.

La bancada oficialista Fuerza Popular, el principal partido en el Congreso, menciona el delito como parte de la lucha contra el crimen organizado y propone fortalecer la inteligencia, el análisis de datos y la vigilancia de las redes criminales.

Pero no desarrolla medidas específicas para prevenir la captación de víctimas, fortalecer la atención especializada ni garantizar su reintegración.

El partido de Rafael López Aliaga, Renovación Popular, en cambio, no incorpora propuestas relacionadas con la trata ni con la explotación sexual.

La agrupación izquierdista Juntos por el Perú presenta algunas de las propuestas más concretas. Plantea fortalecer las fiscalías especializadas, crear equipos para investigar delitos como la trata, ampliar los turnos de atención y reforzar la defensa pública y los juzgados especializados.

También propone aumentar la inversión para prevenir la violencia sexual y fortalecer la educación sexual integral en zonas rurales. Sin embargo, sus medidas aparecen dispersas y no forman una estrategia que abarque prevención, persecución, atención y reintegración.

Buen Gobierno y Ahora Nación incluyen propuestas relacionadas con la protección de niñas, niños y adolescentes, la prevención de la violencia sexual y la educación sexual integral, pero tampoco ofrecen una política específica.

El grupo Obras, por su parte, solo expresa un rechazo general a este delito en su declaración de principios.

Para la directora de Promsex, Rossina Guerrero, esta ausencia resulta relevante porque la trata no se resuelve únicamente aumentando las penas.

"La trata necesita poner a las víctimas en el centro de las propuestas de solución. Una respuesta únicamente de fuerza o de mano dura no aborda las condiciones que permiten la captación y explotación", señala.

UNA POLÍTICA SIN PRESUPUESTO

El problema no comienza con el nuevo Congreso.

El medio independiente Contracorriente, ha revelado que el Estado cuenta desde 2021 con una Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030.

El documento establece tres objetivos: prevenir el delito, perseguir y sancionar a los responsables y garantizar la reintegración de las víctimas. Para ello contempla 42 servicios públicos que deben ser habilitados por distintas entidades.

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Un estudio encargado por CHS Alternativo calculó que su adecuada aplicación requeriría más de S/ 1.159 millones. Sin embargo, durante los últimos años se ha calculado que solo pudo haberse destinado alrededor del 1% de ese monto.

El presupuesto dirigido a combatir el delito equivale a apenas 17 céntimos por persona. Además, siete de los 42 servicios contemplados por la política nacional ni siquiera cuentan con metas presupuestales y, por tanto, no pueden recibir financiamiento.

Para Rossina Guerrero el problema no es únicamente cuánto dinero se asigna, sino también qué hacen las instituciones con las responsabilidades que asumieron.

"Los sectores no consideran o no se consideran parte. Está su nombre, firman la política, pero luego no viabilizan la implementación", sostiene.

La especialista considera que el nuevo Congreso debería garantizar presupuesto para las acciones de prevención, atención y reintegración, además de fiscalizar el cumplimiento de la política nacional.

"La trata va a cambiar a través de la política pública, no del endurecimiento de penas, sino de que la política de prevención, la política de atención y la política de reintegración tengan presupuesto, se implementen y tengan estándares", afirma.

Senadores y diputados ya tienen las cifras, cuentan con una política nacional y servicios que deben funcionar. Lo que todavía no aparece es una estrategia política acorde con la dimensión del problema.

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La Comisión Investigadora tendría un plazo de 90 días hábiles. El documento presentado ante la Mesa Directiva incluye los nombres de peruanos que fueron asesinados durante las protestas registradas en regiones como Apurímac, Arequipa, La Libertad, Ayacucho, Junín, Puno, Cusco y otras zonas del país.

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Asimismo, la moción detalla las cifras oficiales de fallecidos durante las protestas y cuestiona el uso ilegítimo de la fuerza. El escrito señala que las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte dejaron 49 civiles muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden y otros 11 fallecidos por hechos vinculados al bloqueo de carreteras. A ello se suman siete integrantes de las fuerzas del orden —un policía y seis militares— que murieron en el contexto del conflicto. El documento también pone énfasis en la muerte de Mauricio Ruiz Sanz, conocido como 'Trvko', quien fue asesinado durante las manifestaciones contra el gobierno de José Jerí.

“Resulta de justicia y de especial interés nacional realizar las indagaciones necesarias a fin de determinar las posibles responsabilidades de autoridades, agentes del orden y otros, por las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida, la integridad física y el derecho a la protesta, ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022, durante las gestiones de Dina Boluarte y José Jerí Oré”, señala la moción presentada.

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En este escenario, el gobernador regional Jorge Pérez Flores denunció que desde la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se comunicaron con él con la intención de que se les permita llevar maquinaria a la zona de Rinconazo (Tumán), donde el Gobierno Regional de Lambayeque realiza trabajos de defensas ribereñas, con la misión de armar un "falso trabajo en conjunto".

"Ayer me llamó un representante de la ANA para decirme que en las obras de defensas ribereñas que estamos haciendo en Rinconazo puedan poner su maquinaria porque la presidenta va a llegar y para que salgan que la ANA está trabajado”, denunció.

Ante el intento de mostrar una falsa operatividad frente a las altas autoridades, Pérez exhortó a la presidenta a terminar con el engaño institucional y solicitó que se aparte a los responsables que quisieron montar la simulación.

“Señora presidenta, por favor, deshágase de esa gente que no trabaja, que maquilla, que la quiere engañar, que quiere que usted llegue a Lambayeque para llevarla a Rinconazo, al río, para que se tomen la foto y se diga que se está haciendo un trabajo”.

La autoridad regional también manifestó la necesidad de contar con funcionarios comprometidos para la prevención. “El Ministerio de Desarrollo Agrario tiene que tener gente proactiva, trabajadora, PSI [Programa Subsectorial de Irrigaciones] y ANA son entes muy activadores”, dijo el gobernador.

La situación de prevención ante las lluvias es “crítica”

Pérez reveló que la situación de la región Lambayeque frente a las lluvias es "crítica" debido a que los trabajos de defensas ribereñas a cargo de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), en las cinco cuencas solo tienen un 15% de avance.

“Se ha considerado solamente, dentro del último reporte que tengo, avance del 15% de reconstrucción con cambios en Lambayeque por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros”. Además, también señaló que en Piura el avance es nulo.

Del mismo modo, el gobernador reveló que se identificaron puntos críticos de desborde que dejarían a más de 150.000 personas damnificadas. “Son 80 puntos críticos, en los cuales el Gobierno Regional está actuando en siete. El grueso lo tienen las municipalidades. Para ellos necesitamos aproximadamente 900.000 galones de combustible para la maquinaria que ya le compramos a los gobiernos locales".

En las últimas horas, la diputada ha quedado envuelta en un escándalo político luego de que un reportaje de Cuarto Poder difundiera chats de WhatsApp que se le atribuyen, dirigidos contra familiares del expresidente.

En esos mensajes, enviados entre mayo y junio de 2026, la parlamentaria habría insultado a una pariente directa de Castillo y exigido una indemnización de 300.000 soles a un sobrino del exmandatario por presuntas injurias. Además, en uno de los chats también se afirma sostener una relación sentimental con Castillo.

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Su carrera política inició antes de su elección. Desde julio de 2024, Palomino estaba afiliada al partido Todo con el Pueblo, la organización política vinculada a Pedro Castillo y su familia. En esta agrupación construyó su capital político inicial.

El 24 de julio de 2026, durante la ceremonia de instalación del nuevo Congreso bicameral, Palomino dedicó su juramentación a pedir la libertad de Castillo y lo calificó como el mejor presidente del Perú.

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Presentó proyecto de ley para derogar leyes procrimen

Las denuncias contra Palomino coinciden con sus primeros trabajos legislativos. La parlamentaria presentó recientemente un proyecto de ley en el que solicita la derogación del paquete legislativo denominado leyes procrimen.

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A raíz de la denuncia periodística, colegas parlamentarios han pedido que el caso sea revisado por la recién instalada Comisión de Ética del Congreso. De acuerdo con el abogado Alejandro Rospigliosi, consultado por el programa dominical, de confirmarse, los mensajes constituirían un abuso de poder y una infracción al Código de Ética parlamentario.

En general, esta mentalidad desdeñosa de quienes defendemos el sistema democrático es escuchada como un agravio que echa más sal sobre la herida, a la par que consolida el abuso cometido, dándolo por hecho. En efecto, esta respuesta suele generar disgusto, irritación o incluso agresividad. ¿Pero qué pasa si nos detenemos a considerarlo con tranquilidad y detenimiento?

Permítanme darme una vuelta por el consultorio del psicoanalista, para intentar explicar lo que estoy intentando yo mismo descifrar. Alguna vez un joven paciente diagnosticado con una psicosis leve me hizo la siguiente pregunta: "¿Por qué mi mamá siempre me dice que no hay que llorar sobre la leche derramada?". Si no fuera un chico joven (casi un adolescente) con un diagnóstico como el suyo, le podría haber preguntado cómo entendía eso él. Pero había tal ansiedad en su rostro que me sentí inclinado a explicarle lo que su madre podía tener en mente.

Le dije entonces que, ante los hechos consumados, como mencioné antes, no tenía sentido quejarse y, más bien, había que encontrar la manera de seguir adelante. Pero advertí que, lejos de tranquilizarlo, esta explicación somera le causaba más desazón. Su cara era de mayor perplejidad y frustración. En ese momento recordé algo que me enseñaron en mis cursos de psiquiatría, en alguno de los hospitales —me parece que fue en el Dos de Mayo— en donde hacíamos prácticas los estudiantes de psicología. Los casos limítrofes o los pertenecientes a la constelación de las psicosis podían tener dificultades de comprensión con las metáforas.

Entonces varié mi estrategia y le dije: "Imagínate que tenemos aquí, en el consultorio, una jarra de leche. ¿Qué pasa si la leche cae al piso? ¿Podemos volver a ponerla en la jarra?" Los músculos de su cara se relajaron poco a poco. Me di cuenta de que estaba considerando lo que le había dicho y, esta vez, el que estaba ansioso por escuchar su siguiente intervención era yo. Lo que me dijo a continuación me dejó una gran lección.

"¡Ah, ya! Entonces lo que mi mamá quiso decirme es que si me botaron del trabajo —era un empleo precario como vendedor en un establecimiento comercial—, no sirve de nada lamentarme y tengo que ponerme a buscar otra chamba".

Extrapolemos esta breve viñeta clínica —que he alterado para preservar la identidad del paciente— a lo que mencionábamos al inicio de esta nota. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿qué sucede si tomamos de manera literal la frase autoritaria de mandarnos a llorar al río? ¿Si en vez de insistir con lo evidente, es decir, que los representantes de las corrientes autocráticas y represivas pretenden seguir destruyendo la democracia, nos preguntamos si no hay una verdad en esa variante del refrán sobre la leche derramada? De ser cierto esto, ¿cuál podría ser esa verdad?

Tomemos el ejemplo de la candidatura, a todas luces tramposa, de López Aliaga a la alcaldía de Lima. Para mayor abundamiento, la congresista Norma Yarrow, del partido Renovación Popular, ha dicho con absoluto desparpajo que el JNE “se dejó sacar la vuelta”. Es interesante, dicho sea de paso, que una mujer recurra a una imagen cuyo uso común es para designar la infidelidad, para referirse a una institución que ha sido burlada por una triquiñuela (la palabra “trampa”, por lo demás, también se usa en ese contexto de la infidelidad).

Pese a toda esta evidencia de mañosería —sigamos en ese ámbito del paralelismo entre la política y las relaciones de pareja—, en la última encuesta de Ipsos el candidato Rafael López Aliaga va primero. Y la presidenta Keiko Fujimori, sin mover un dedo —por ejemplo, con el escandaloso caso del vía crucis que significa sacar un pasaporte—, tiene 60% de aprobación.

Adonde intento llegar es a preguntarnos si no hay en estas tendencias mundiales hacia el autoritarismo un mensaje claro para las fuerzas democráticas: nuestras condiciones de vida han empeorado; tenemos hambre, tenemos inseguridad, no tenemos atención de salud, etcétera. La explicación esgrimida de que todo esto es producto del Gobierno parlamentario de quien hoy preside los destinos del país no ha funcionado. Por el contrario: parece haber una decisión de una gran cantidad de peruanos desesperados de ponerse en manos de quien no se va a detener ante “obstáculos burocráticos” como la Constitución, para hacer lo que sea necesario.

Esta es una falacia, por supuesto. Basta ver la composición del gabinete para darse cuenta de que estamos muy lejos de tener un Gobierno de los más capaces. Salvo el ministro de Economía, todos los demás carecen de la idoneidad para sus cargos, así como para nombrar a los equipos que podrían enrumbar al Perú hacia una era de seguridad y atención a los más vulnerables. Lo mismo sucede con el representante de Renovación Popular. El incumplimiento de los contratos, ¿le preocupa a una población con un 75% de informalidad? No parece ser así. Ya que no podemos regresar la leche a su envase, busquemos otro camino para resolver el enigma que nos plantea la realidad.

El documento oficial detalla que este primer informe debe incluir obligatoriamente todos los aportes, ingresos y gastos efectuados entre el 7 de enero de 2026 y el 5 de septiembre de 2026.

La norma alcanza a las organizaciones políticas, a las personas candidatas cuyas postulaciones hayan sido inscritas formalmente ante los Jurados Electorales Especiales, y a sus respectivos responsables de campaña.

Sin embargo, las personas que postulan al cargo de consejero regional o regidor municipal no están obligadas a realizar esta presentación, lo cual subraya el carácter estricto de la medida para el resto de los cargos.

Canales y modalidades de presentación

La ONPE habilitó dos canales oficiales para la entrega de la información. Por un lado, los candidatos pueden utilizar de forma digital el Portal Digital de Financiamiento, conocido como PDF Claridad.

Por otro lado, existe la alternativa de entregar los documentos de manera física en las mesas de partes de la sede central ubicada en el Cercado de Lima, así como en las distintas Oficinas Regionales de Coordinación y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales desplegadas a nivel nacional.

La presentación de estos estados es una exigencia legal imperativa. Ante cualquier intento de omisión, el marco legal advierte que "su incumplimiento genera responsabilidad administrativa y las sanciones previstas en la normativa electoral vigente". Además, dicha medida fomenta la transparencia ante la ciudadanía y el control de los recursos económicos que se utilizan en la contienda electoral.

"Hasta el día de hoy no tengo una sola respuesta, y eso es lo que a mí me causa mucha indignación y la verdad, extrañeza", declaró el diputado. Piñán agregó que la situación se maneja "como que se pasaran todo por agua tibia, como si esto no fuera grave". El legislador consideró que un caso de esta naturaleza debería resolverse con mayor rapidez, sobre todo porque involucra las oficinas de los propios legisladores.

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Dos efectivos de la Policía Nacional se apersonaron este lunes en el edificio para iniciar las investigaciones de ley. Los agentes buscan determinar qué otros bienes pudieron sustraerse de los despachos afectados. Piñán precisó que, además del celular, un asesor de su equipo reportó la desaparición de vitaminas tras el ingreso de trabajadores contratados para obras de refacción en el edificio.

El diputado evitó atribuir el robo a una represalia política directa. El diputado remarcó que prefiere mantener una posición objetiva frente al hecho. Como hipótesis alternativa, planteó que trabajadores contratados por terceros para las obras de refacción del edificio pudieron ser responsables de la sustracción. "No podemos señalar" con certeza a un culpable, sostuvo.

Piñán señaló que estos problemas no se limitan a su despacho. Según el diputado, toda la bancada Obras enfrenta las mismas deficiencias de infraestructura pese al presupuesto destinado a acondicionar los ambientes para la bicameralidad.

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Deficiencias de infraestructura en los despachos de Obras

Piñán detalló que las oficinas de su bancada carecen de instalaciones eléctricas adecuadas. Tampoco cuentan con suficientes puntos de red. "Faltan puntos de red para poder instalar las computadoras. Las computadoras están sin internet porque no se puede jalar el internet", explicó el legislador. El cable de conexión, según dijo, no llega a algunos ambientes porque el punto más cercano queda demasiado lejos.

El equipamiento tecnológico también genera molestia entre los trabajadores de la bancada. Piñán indicó que varias computadoras tienen entre cinco y seis años de antigüedad. Estos equipos, dijo, ya pasaron por un segundo o tercer uso antes de llegar a las oficinas actuales. El diputado consideró que una computadora con ese tiempo de uso necesita reemplazo.

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El espacio disponible para el personal es otro punto crítico. Piñán señaló que su despacho como vocero mide 60 metros cuadrados y alberga a 11 trabajadores. No todos cuentan con una computadora propia. El legislador indicó que ni el oficial mayor ni la presidencia del Congreso mostraron interés en conocer las necesidades reales de los diputados antes de asignar los ambientes.

La asignación de despachos en el nuevo Congreso estuvo a cargo de la Junta Preparatoria. Según Piñán, ese grupo estuvo integrado por representantes de Fuerza Popular, Renovación Popular y Buen Gobierno. La bancada Obras no participó en esa decisión. "No hemos sido parte de la Junta Preparatoria. Nadie se ha señalado de Obras, quiero esta oficina", afirmó el diputado, quien vinculó la falta de voz en ese proceso con las oficinas más reducidas que terminaron por asignarles.

La primera propuesta, titulada 'Ley que deroga la Ley 32108 y la Ley 32138, sobre el crimen organizado', solicita dejar sin efecto ambas leyes, las cuales modificaron la forma sobre cómo la policía y la fiscalía deben investigar a las bandas criminales, añadiendo más requisitos para definir a una organización delictiva y poniendo condiciones a los allanamientos de inmuebles.

Entonces, el objetivo de este proyecto es "restituir la vigencia" de diversos artículos del Código Penal y de la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, así como de la Ley 27379, que establece medidas excepcionales orientadas a garantizar una acción rápida y eficaz en investigaciones preliminares.

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Por otro lado, la segunda iniciativa, denominada 'Ley que deroga la Ley 31751 y la Ley 32104, que modifican la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal', plantea la derogatoria de estas dos normas, las cuales pusieron un límite máximo de un año a la suspensión del plazo en que la justicia puede procesar un delito y fijaron reglas más cortas con el argumento de evitar que las investigaciones se alarguen indefinidamente.

En su parte final, el documento indica que se debe "restituir la vigencia del artículo 84 del Código Penal y del inciso 1 del artículo 339 del Nuevo Código Procesal Penal", tal como se aplicaban antes de que la Ley 31751 entrara en vigor.

“(…) la formula original de la suspensión del plazo de la prescripción, que dependía de la resolución de la cuestión (previa o prejudicial), se prolongaba hasta que quedase concluida, con la entrada en vigencia de la Ley 31751, este plazo fue reducido a no mayor de un año”.

Ambos documentos fueron ingresados al área de trámite documentario del Congreso el tres de agosto de 2026.

Empero, durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva dictada contra ellos, ante la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, todos hicieron uso de la palabra para justificar su actuación. Alegaron que abrieron fuego con sus fusiles en legítima defensa, una versión sin sustento porque los peritajes concluyeron que los fallecidos no contaban con armamento.

No obstante, el tribunal compuesto por los magistrados Walter Chipana Guillén, Roberto Meza Reyes y Julio Lagones Espinoza concedió la apelación que interpusieron los efectivos del Ejército contra el mandato judicial que dispuso doce meses de prisión preventiva para garantizar las investigaciones.

Para los jueces Chipana, Meza y Lagones, los efectivos de la patrulla que dispararon entre 60 y 90 veces contra los ocho ocupantes de la camioneta, matando a cinco e hiriendo a tres, recurriendo a fusiles de guerra de largo alcance, no representan un peligro y dispusieron que salieran de inmediato en libertad.

En una audiencia de prisión preventiva solo se evalúa el peligro procesal o el riesgo de fuga. Su defensa alegó su condición de militares en servicio activos para descartar un peligro de fuga. En estas audiencia no se evalúan pruebas. Si eso habría sucedido los jueces habrían tenido que evaluar que hasta el momento no se ha demostrado que las víctimas estuvieran armadas.

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Silencio y complicidad

Incluso el jefe de la patrulla, el capitán Luis Montenegro Pardo, llegó a decir que de él no partió la iniciativa de asesinar a los cinco civiles, de acuerdo con la resolución de la Sala de Apelaciones.

“El investigado Luis Montenegro Pardo menciona como capitán (de la patrulla), no dio la orden de disparar, todos han actuado de manera legítima”, afirmó conforme consta en la resolución judicial.

Como informó La República, el jefe inmediato superior del capitán Luis Montenegro, el mayor José Cayao Vásquez, negó haber dado luz verde a su subordinado para disparar a matar. 

El mayor José Cayao también manifestó formalmente ante la fiscalía que el único responsable era el capitán Montenegro porque era el jefe de la patrulla, era el oficial superior y estaban en el lugar de los hechos. Pero Montenegro, increíblemente, sostiene que no ordenó disparar.

En la audiencia fue evidente que los uniformados no aceptaban la responsabilidad del quíntuple homicidio, y que no estaban dispuestos a esclarecer lo sucedido. Pero el tribunal les dio libertad.

El segundo oficial de la patrulla, el teniente Brayan Fernández Dett, arguyó que todos los acusados han sido adecuadamente entrenados y que en todo momento han contribuido a las indagaciones del caso. 

La versión del teniente Fernández contradice los reportes fiscales de que los acusados alteraron la escena del crimen, plantando casquillos de bala para aparentar que las víctimas también habían disparado.

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Lo hicimos por la patria

“Menciona que todos son personal profesional que tienen estudios castrenses y se colaboró en todo momento con la investigación”, consigna la resolución del tribunal sobre lo dicho por el teniente Fernández.

Todos respondieron con la misma consigna, lo que evidencia un acuerdo para sostener un mismo guion de defensa.

“Los ocho militares son personas que están en constante entrenamiento, y como dice  la fiscalía, somos personas entrenadas para el combate, pero nuestros conocimientos no los utilizamos para escondernos o fugarnos. Además, tenemos familia y darán la vida por el Perú”, declaró el efectivo Douglas Villacorta Saboya.

“Los ocho procesados son personal entrenado para defender a la patria, sin embargo,  la fiscalía de derechos humanos considera que por nuestro alto entrenamiento podría haber peligro de fuga, lo cual es incorrecto porque tienen familia que mantener, además, se encuentran dentro de un penal donde pueden sufrir represalias”, señaló por su parte el efectivo Hedilberto Marcos Guerra.

El efectivo Andy Sánchez Ríos repitió el falso argumento de la legítima defensa: “Es lamentable lo que el Ministerio Público manifiesta acusándolos de abusar de su entrenamiento; encima, le quitan el derecho a su libertad injustamente, estando separados de su familia. Su actuación fue conforme a la legítima defensa”, expresó.

“Solicita que se haga justicia para ellos y se aplique correctamente (la ley), también son seres humanos que tienen sentimientos y familia, ninguno es delincuente”, apuntó por su lado el efectivo Américo Vásquez Rojas.

“Menciona que son profesionales y que actuaron respetando las reglas de conducta profesional, los derechos humanos, no son criminales, tienen familia”, señaló el efectivo Fernando Córdova Mariano.

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Disparar hasta matar

El efectivo Jorge Aguilar García no dio el nombre del superior que le ordenó disparar a civiles desprovistos de armas, pero expresó, según documento judicial: “Se siente indignado porque al Ejército ha dado toda su juventud desde los 18 años, tiene una esposa y estaba a punto de perder a su hijo, sin embargo, se encuentra en el penal y se presenta ante la justicia solicitando que se sepa la verdad”.

Los peritajes revelaron que los cinco civiles perdieron la vida a causa de disparos a corta distancia y que la mayoría presentaba impactos en la cabeza y en el tórax, lo que evidencia un patrón aplicado por los imputados.

El caso del colombiano Nilson Montenegro Valencia, quien conducía la camioneta 4x4, los peritajes determinaron que recibió 51 impactos de bala y que virtualmente le hicieron estallar el cráneo.

Wilder Romero Sevipaucar recibió 12 disparos cuando el vehículo se precipitó hacia un barranco, para asegurarse de que no quedaran sobrevivientes.

Los testimonios recogidos por los fiscales coinciden en que los militares siguieron disparando para que nadie quedara vivo. Ni un solo testigo. Pero no lo consiguieron. 

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Una decisión judicial controvertida

• Los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo desestimaron la prisión preventiva contra los militares porque “la fiscalía no individualizó motivada y razonadamente quiénes de los ocho investigados realizaron acciones u omisiones que les permitieron alterar de un modo u otro la escena del crimen”.
• Pasaron por alto los magistrados que el capitán Luis Montenegro Pardo era quien impartía las órdenes en el lugar de los hechos, y que si los siete subordinados actuaron alterando la escena del crimen, fue porque este oficial fue quien dispuso dicha acción a sabiendas de que lo que había sucedido era de su expresa responsabilidad.

"La prensa amarilla, que contribuyó con el complot para el derrocamiento de mi gobierno y mi secuestro, no cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear. Rechazo todo tipo de mentiras que pretendan manchar mi honor y quebrantar la unidad de mi familia nuclear", señaló en su cuenta de X (antes Twitter).

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Asimismo, el expresidente aseguró que existía un doble rasero sobre las investigaciones que se le realizan y las que se han realizado en el pasado con otros expresidentes.

"Las personas que me visitan en Barbadillo lo hacen eminentemente por temas políticos, sociales y/o jurídicos. Sin embargo, esta misma prensa guardó silencio años atrás, cuando en el penal de Barbadillo se realizaban “Consejos de Ministros”, “Juntas de Portavoces”, “reuniones de empresarios” y “firmas de convenios”. ¿Quieren saber cuándo y quiénes fueron? Lo sabrán muy pronto", apuntó.

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Los chats de Catherin Palomino: asegura tener una relación con Pedro Castillo

La congresista de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, quedó en el centro de la polémica luego de que se difundieran conversaciones de WhatsApp en las que dirige insultos y advertencias contra personas cercanas al expresidente Pedro Castillo. Los mensajes, enviados entre mayo y junio de 2026, incluyen expresiones ofensivas contra una familiar del exmandatario y afirmaciones de Palomino sobre una supuesta relación sentimental con Castillo.

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El conflicto también involucra a Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente y coordinador de la Coordinadora por la Libertad de Pedro Castillo. Tras cuestionar públicamente a la congresista durante la campaña electoral, Vásquez recibió una carta notarial y una querella en la que Palomino le reclama S/300.000 por presuntos daños y lucro cesante. Asimismo, los registros del penal de Barbadillo muestran que la congresista acudió 61 veces al establecimiento entre octubre de 2024 y febrero de 2026, lo que habría fortalecido su cercanía con el entorno del exmandatario.

La parlamentaria, sin embargo, ha ofrecido distintas versiones sobre el origen de los chats. Ante Cuarto Poder, evitó una entrevista y sostuvo inicialmente que su teléfono había sido hackeado y que su línea de Claro estaba inoperativa. Posteriormente afirmó que el celular había sido robado. No obstante, la consulta de registros del Ministerio Público y de la Policía realizada por el equipo del programa dominical no encontró ninguna denuncia presentada por Palomino por robo, hackeo o pérdida del equipo, lo que pone en cuestión sus descargos.

Sin embargo, la sesión quedó suspendida y se retomará este martes a las 11:00 a. m. para elegir a su Mesa Directiva, la cual incluye los cargos de presidente, vicepresidente y secretario entre sus integrantes.

Previamente, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la conformación de este grupo integrado por Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Sadith Pérez Quispe (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

El objetivo principal de este grupo de trabajo es supervisar la conducta de los diputados y asegurar que cumplan con los principios y deberes que exige el cargo en el Parlamento.

Distribución de integrantes en las comisiones del Congreso

El pasado 5 de agosto, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la cantidad de legisladores que forman parte de las dieciséis comisiones ordinarias legislativas para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

Los siete grupos de trabajo con 26 integrantes son Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

Por otro lado, las nueve comisiones integradas por 20 diputados corresponden a Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Energía y Minas; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Salud; Trabajo y Seguridad Social; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

La junta también definió el número de miembros para las comisiones ordinarias no legislativas del mismo periodo anual. La Comisión de Acusaciones Constitucionales cuenta con 26 miembros. En tanto, la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo tiene 6 integrantes, al igual que la Comisión de Ética.

"El ministro Elmer Cuba ahora dice que sí pagará pensiones doradas a militares, pero que ‘de ninguna manera’ atenderá la jubilación de los maestros porque implicaría subir el IGV al 24%. Señor ministro, no aplique la ley del embudo: empiece por eliminar los privilegios tributarios y cobrar las deudas de las grandes empresas. ¡Ahí está la plata! Deje de gobernar para los privilegiados y empiece a gobernar para la mayoría", declaró en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

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Las declaraciones de Zunini se produjeron luego de la entrevista que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concedió a Latina. En ella, el ministro Cuba afirmó que se vienen negociaciones para tratar el tema de las pensiones.

"Ese tema no está en discusión (garantizar pensiones), lo que está en debate es una ley del Congreso del año pasado que garantiza pensiones al 100% del último sueldo. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. (…) Efectivamente, los profesores tienen pensiones bajas y vamos a hacer lo posible defendiendo la fortaleza fiscal", declaró.

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Otros congresistas también critican los anuncios de Cuba

Otros congresistas también han criticado los anuncios realizados desde la cartera de Economía. Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación, señaló que los planteamientos relacionados con el aumento del sueldo mínimo no son medidas suficientes para enfrentar el panorama económico que se avecina.

"El incremento del sueldo mínimo en dos etapas que plantea el gobierno resulta insuficiente para cubrir la canasta básica familiar. Pocos detalles sobre las medidas para mitigar el impacto económico del fenómeno El Niño, sobre todo en sectores como agricultura y la pesca", señaló en su cuenta de X.

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Del mismo modo, la diputada Catherin Palomino calificó de "improvisada" la gestión de Cuba al frente del MEF tras el anuncio de estas medidas.

"Así como se anunció que se iba a presentar el proyecto de delegación de facultades en una fecha que ya pasó y hasta ahora no hay nada, así también se anunció un aumento concreto de la remuneración mínima específica sin condicionamientos y hoy nos enteramos de que será por tramos. Es decir, se engaña una vez más a la población. Aumentar 100 soles y luego 70 soles solo refleja que la Sra. Fujimori y su ministro viven en una burbuja, alejada de la realidad. Es indignante la manera en que se burla de los trabajadores más vulnerables", declaró a este medio.

El dinero proviene de la Reserva de Contingencia del MEF. Se trata de recursos ordinarios del presupuesto público para el año fiscal 2026. El decreto establece una condición clara: los fondos no pueden usarse para fines distintos a los establecidos. Cualquier desvío quedaría bajo responsabilidad de quien lo autorice, según el propio texto legal.

Con esta transferencia, el Gobierno busca asegurar que JNE y ONPE cuenten con los recursos necesarios en cada etapa del proceso. La votación incluye la instalación de mesas, el sufragio y el conteo final de resultados.

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¿Cuánto cobrarán los miembros de mesa en las elecciones de octubre?

Los ciudadanos elegidos como miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/165. Este monto equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. El pago se entrega a quienes cumplan efectivamente la función durante la jornada electoral.

Además del pago, existe otro beneficio importante. Quienes completen la capacitación electoral y cumplan su función tendrán derecho a un día de descanso remunerado. Ese día no es compensable de otra forma. El beneficio aplica tanto para trabajadores del sector público como del sector privado. Los empleadores están obligados a otorgarlo como parte de las facilidades para el proceso.

La ONPE ya realizó el sorteo de miembros de mesa. Para estas elecciones, el sorteo definió nueve personas por cada mesa de sufragio: tres titulares y seis suplentes. Solo los tres titulares asumirán las funciones principales el día de la votación, aunque todos los sorteados deben presentarse durante la etapa de instalación.

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¿Qué funciones cumplen los miembros de mesa durante la votación?

Cada miembro de mesa tiene una tarea específica y definida por la ONPE. El presidente de mesa solicita y devuelve el DNI de cada elector. El secretario verifica los datos de esa persona en la lista de electores. El tercer miembro supervisa el momento en que el elector deposita su cédula en el ánfora.

Estas funciones buscan garantizar el orden durante toda la jornada. La verificación de identidad y la entrega de cédulas son pasos obligatorios antes de cada voto. El proceso se repite con cada elector que llega a votar hasta el cierre de la mesa.

Al finalizar la votación, el trabajo de los miembros de mesa no termina. Deben revisar la lista de electores y contabilizar firmas y huellas dactilares. Después completan las actas electorales con los resultados del escrutinio. Los personeros de las organizaciones políticas presentes también pueden firmar esos documentos oficiales.

Carlos Espá. Es el nombramiento más misterioso de la baraja. Su historia laboral en la US Embassy no es el problema. Más bien hay una cuestión de domicilio político. ¿Es un liberal recomendado por Álvaro Vargas Llosa, como dice Fernando Vivas? ¿O es el duro de derecha que va a reemplazar a Fernando Rospigliosi en la corte?

Keiko Fujimori. Negociando el voto de confianza. Problemas ideológicos con su gabinete, y también políticos con algunos. La relativa discreción de la presidenta está siendo interpretada como luz verde para despacharse desde el Ejecutivo. A algún ministro le gustaría mudarse a Palacio en lugar de ella. ¿Habrá salvoconducto para Betsy Chávez?

Rafael López Aliaga. Líder en el más reciente chanchullo electoral, que muchos ya practican: la reelección con renuncia. Dice que es infame preguntar por qué renunció el N.° 1 de la lista de RN a la alcaldía de Lima. Pero ese señor Rubio, el de traje blanco en las fotos, nos debe una explicación. ¿Tiene RN chances de ganar Lima en octubre? No parece.

Jorge Nieto. Se siente más cómodo cerca de la izquierda, pero quizás no va a pasar mucho tiempo antes de que la deje. Su presencia en la bancada opositora complica las cosas para Sánchez. El centro político e ir actuando cuestión por cuestión siguen siendo sus dos mejores opciones. Si le interesa el 2031, tiene que ir actuando fuera del Congreso.

Rafael Rey. Viene tratando su importante ministerio como un programa de TV. Decir que la tragedia de Nasca es un accidente es no decir realmente nada, y lo mismo decir que seguimos una reglamentación aerocomercial rígida. La noticia dio la vuelta al mundo.

Roberto Sánchez. ¿Qué está liderando? El bloque opositor en el Congreso no parece tan de izquierda como él plantea. Todavía no ha aparecido el tema que los obligue a ponerse de acuerdo. Más bien flotan en el aire los elementos de un choque con el Ejecutivo. El castillismo no quiere a Sánchez, por obvios motivos.

Los mensajes fueron revisados de forma directa por el equipo de Cuarto Poder en el celular de los denunciantes. En ellos, Catherin Palomino llama "vulgar", "fea", "cochina" e "ignorante" a una familiar del expresidente y cuestiona incluso la crianza de sus hijos. La parlamentaria también afirma en los textos ser pareja sentimental de Castillo y advierte que cualquier intento de cuestionarla tendrá consecuencias judiciales.

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El caso no queda solo en insultos. Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente y coordinador de la Coordinadora por la Libertad de Pedro Castillo, recibió cartas notariales y una querella de parte de la diputada. Todo esto, después de que él criticara públicamente el manejo político de Palomino durante la campaña electoral. La congresista le exige 300 mil soles por lucro cesante y daños, una cifra que para el denunciante busca silenciar las críticas internas y no reparar ningún daño real.

El vínculo entre Palomino y el expresidente no es reciente. Registros del penal de Barbadillo indican que la parlamentaria ingresó cerca de 61 veces al establecimiento entre octubre de 2024 y febrero de este año, en algunos casos sin presentar documento de identidad o acompañada de menores de edad. Ese acceso frecuente, según voceros cercanos al entorno castillista, le permitió ganar una influencia que terminó por generar choques abiertos con los familiares y coordinadores del movimiento.

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Catherine Palomino: descargos de la diputada se contradicen

Consultada por el equipo periodístico de Cuarto Poder, Catherin Palomino se negó a dar una entrevista presencial o virtual. Argumentó que se encontraba en su semana de representación en Huancavelica. Por escrito, ensayó varias versiones distintas: primero dijo que su celular había sido hackeado y que su chip de Claro estaba fuera de servicio; después cambió la versión y aseguró que le habían robado el equipo.

Ninguna de esas versiones se sostiene con los registros oficiales. La revisión de las bases de datos del Ministerio Público y del sistema policial confirmó que no existe ninguna denuncia formulada por la congresista sobre robo, hackeo o pérdida de su celular. Esa ausencia de denuncia contradice directamente sus propias explicaciones y alimenta las dudas sobre la autenticidad de sus descargos.

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Catherin Palomino niega ser autora de los chats y anuncia acciones legales

Tras la difusión del reportaje, Catherin Palomino respondió a través de su cuenta en X. La parlamentaria negó de manera tajante ser la autora de los mensajes difundidos. Aseguró que es falso que haya escrito los textos que se le atribuyen y rechazó cualquier vínculo entre su persona y los chats expuestos por Cuarto Poder.

La legisladora también adelantó que recurrirá a las instancias legales correspondientes. En su pronunciamiento, afirmó que hará valer sus derechos ante el órgano competente frente a lo que calificó como un agravio que no está dispuesta a tolerar. No precisó, sin embargo, qué acciones legales concretas piensa emprender ni contra quién las dirigiría.

Palomino cerró su descargo con una defensa directa de su conducta. Sostuvo que no tiene nada que ocultar ni nada que configure una ilegalidad o inmoralidad de su parte. Calificó además las denuncias en su contra como infundios y afirmó que no piensa distraer su trabajo parlamentario atendiendo esos señalamientos.

Su única promesa respecto a la docencia fue imprecisa: fortalecer su formación. No especificó si impulsará la urgente reforma de la formación docente inicial, si restituirá el acompañamiento pedagógico, si los librará de la carga administrativa que los agobia o mejorará los incentivos para docentes de zonas rurales, de frontera y EIB.

El discurso también mencionó la brecha educativa y dio cifras sobre calidad de los aprendizajes, desnutrición infantil y embarazo adolescente. Buena señal. Pero la respuesta no puede limitarse a kits escolares, mochilas y chompas. Se necesita una propuesta educativa diferente, que priorice a quienes están más excluidos del sistema. La educación pública será una verdadera herramienta de igualdad cuando logremos que el lugar donde nace un niño no determine las oportunidades que tendrá durante su vida.

Ambos desafíos nos llevan a uno que los atraviesa: la gobernanza. Necesitamos fortalecer la descentralización, revisar qué funciones corresponden realmente al Minedu, a los gobiernos regionales y a las UGEL, y trasladar capacidades profesionales hacia donde se necesitan. También debemos fortalecer el liderazgo y la autonomía de las escuelas, reducir la carga burocrática y utilizar la información no solo para medir, sino para tomar decisiones y rendir cuentas por resultados.

Nada de esto se resolverá en cinco años. El nuevo gobierno tiene una oportunidad mayor: construir una agenda educativa de largo plazo, con metas verificables y políticas capaces de trascender gobiernos. No necesitamos empezar otra vez. Necesitamos acordar un rumbo, sostenerlo y tener la capacidad institucional para llegar a destino.

Ernesto Cavassa (Fe y Alegría), Marilú Martens (CARE Perú), María Amelia Palacios (Foro Educativo)

Fuentes de la fiscalía señalan que las indagaciones a Colchado se iniciaron a fines de mayo de 2024, cuando no se conocía ni preveía que sería candidato a un escaño en la Cámara de Diputados, y precisan que la acusación fue presentada al Poder Judicial antes de que integrara la Comisión de Ética de dicha cámara. Asimismo, subrayan que durante todo este tiempo el oficial en retiro tuvo la oportunidad de ejercer su defensa y conocer los cargos puntuales que se le atribuyen.

Al cabo de más de dos años, el 15 de julio de 2026, se dispuso concluir la investigación preparatoria seguida contra los funcionarios del Ministerio del Interior, Clara Ramírez Benites y Víctor Elvis Ocmin Vargas, en calidad de autores, y contra Harvey Colchado como cómplice del delito de negociación incompatible. Además, a Colchado se le imputa el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica.

El alquiler del local de la DIPINCRI-Comas

Los hechos están vinculados al alquiler de un inmueble ubicado en la avenida Guillermo de la Fuente, en la urbanización Los Viñedos de Carabayllo (Comas), sede de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de ese distrito.

El inmueble era alquilado por sus propietarios a la PNP desde junio de 2015. El problema surgió en junio de 2021, al momento de la renovación del contrato, ya que para esa fecha el padre del coronel Colchado había fallecido y este se había convertido en copropietario vía sucesión intestada.

En su condición de oficial en actividad de la Policía Nacional —para entonces con el grado de coronel y jefe de una dependencia en Lambayeque—, Colchado estaba impedido de alquilar el inmueble a la institución por la prohibición legal que tienen los funcionarios públicos de contratar con el Estado.

Ahí radica el origen del caso. El 30 de abril de 2021, la sucesión intestada (incluido Colchado) otorgó un poder especial ante notario público a Martina Huamaní Ordóñez para administrar, comprar, vender y alquilar el referido inmueble. Al consignar sus datos personales en el testimonio de dicho documento presentado a la Sunarp para su elevación a escritura pública, Colchado declaró ser de ocupación independiente.

«De lo que se advierte que el acusado, coronel PNP Harvey Colchado, habría declarado en el testimonio de escritura pública tener ocupación independiente, lo que no era acorde a la realidad (...), pues se advierte que, al momento de realizar el testimonio de poder especial, tenía el grado de coronel PNP en actividad asignado a la Macro Región Policial Lambayeque», señala la acusación.

La fiscalía concluye que, ante la imposibilidad legal de contratar con el Estado, dicha declaración le permitió continuar alquilando el inmueble a la PNP al no aparecer como policía dado que, posteriormente, esa escritura pública con datos inexactos fue utilizada para suscribir el nuevo contrato de alquiler y sus respectivas ocho adendas.

Los otros acusados

La acusación también alcanza a los servidores de la PNP Clara Ramírez (asistente en Contrataciones del Estado) y al suboficial Víctor Ocmin (miembro de la Sección de Programación y Adquisiciones), a quienes se les atribuye haber facilitado la firma del contrato a pesar de ser de conocimiento público la condición policial de Colchado, ampliamente difundida por sus intervenciones en operativos transmitidos por medios de comunicación.

Según el documento fiscal, al solicitarse la renovación del contrato, el área usuaria modificó los términos de referencia e incluyó un requisito: en caso de sucesiones intestadas, la oferta técnica debía adjuntar el Certificado Literal de la Partida Registral de la Sunarp y la sucesión debía intervenir a través de un apoderado inscrito.

La representante de Colchado remitió la documentación requerida el 20 de septiembre de 2021, adjuntando una declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado. El 30 de noviembre de 2021 se firmó el contrato entre el coronel PNP Óscar Mautino Ortiz y Martina Huamaní Ordóñez.

Luego de que la prensa revelara la contratación del inmueble del oficial, el 30 de junio de 2024 se dejó sin efecto el vínculo contractual, un día antes de su vencimiento previsto para el 1 de julio de 2024.

La acusación

Para el Ministerio Público no existe ningún direccionamiento político, ya que la acusación se sostiene en hechos comprobados mediante documentos oficiales. Respecto a la tipificación, la acusación fiscal describe que la falsedad ideológica se habría configurado al consignar deliberadamente en un instrumento público una ocupación que no correspondía para eludir la traba legal. En tanto, el delito de negociación incompatible sanciona el uso de una posición oficial en la administración pública para interferir o manipular la contratación pública.

Con base en estos elementos, la fiscal Mayra Paico presentó la acusación ante el Poder Judicial el 24 de julio de 2026. Desde el despacho fiscal recalcan que, para esa fecha, aunque se conocía su condición de diputado, no se preveía que Colchado llegaría a integrar la Comisión de Ética.

Por todo ello, la fiscalía solicitó para el diputado Harvey Colchado una pena de cinco años y cuatro meses de prisión por negociación incompatible, sumada a 4 años por falsedad ideológica, lo que totaliza 9 años y 4 meses de prisión efectiva.

En tanto, para Clara Ramírez y Víctor Ocmin se solicitó una pena de 4 años y 8 meses de cárcel para cada uno, únicamente por el delito de negociación incompatible, más inhabilitación para ejercer función pública y reparación civil, en el caso de negociación incompatible de 100 mil soles solidaria entre los tres acusados, además de 50 mil soles por falsedad ideológica.

Camargo Porta dirigió un documento al Oficial mayor de la Cámara de Diputados, Hugo Rovira, donde contó que el último 31 de julio, al culminar la jornada laboral, se retiró de su despacho parlamentario y cerró su oficina. Al regresar, notó que su celular institucional y cargador respectivo habían desaparecido.

Especificó que ambos objetos fueron colocados sobre el estante de la oficina dentro de sus cajas originales. Como prueba adjuntó fotografías y aseguró que el personal de su despacho vio que tanto el celular como el cargador quedaron dentro del lugar.

Por esto, solicitó que ambos equipos sean restituidos.

Vocero de diputados de OBRAS alertó sobre pérdida de extensión eléctrica

El vocero de diputados de OBRAS, Piñán Mamani, por su parte, relató que el 31 último le entregaron su despacho parlamentario en condiciones totalmente precarias y no contaba con infraestructura eléctrica mínima que permitiera el funcionamiento de los equipos informáticos y demás herramientas de trabajo.

En vista de ello, adquirieron con recursos propios diversos adaptadores para tomacorrientes y una extensión eléctrica, para que el personal pudiera desempeñar sus funciones.

Luego, el 3 de agosto, el personal encontró la oficina completamente abierta y advirtieron que la extensión eléctrica y los adaptadores adquiridos habían desaparecido.

Del mismo modo, el asesor principal del despacho, el 4 de agosto dejó dentro del cajón de su escritorio una caja de vitaminas de su propiedad.

“Durante esa jornada permaneció laborando dentro del despacho personal del contratista encargado de los trabajos de infraestructura y conectividad eléctrica, específicamente en la sala de reuniones. Debido a la prolongación de dichos trabajos, aproximadamente a las 20:00 horas, el personal del despacho procedió a retirarse, dejando la oficina principal (mi oficina) cerrada con llave, con equipos informáticos (laptops) en su interior, mientras que la puerta principal permaneció abierta únicamente para permitir la continuidad de los trabajos del personal del contratista”, se lee.

Al día siguiente se constató que la caja de vitaminas había desaparecido.

Todo ello, sostiene Piñán, evidencia una preocupante ausencia de control sobre el ingreso y permanencia del personal externo, deficiencias en los protocolos de seguridad, así como una evidente falta de supervisión respecto de las labores ejecutadas por el personal contratista.

Ambos hechos ocurrieron en el edificio Nuevo del Congreso de la República, ubicado en la esquina de los jirones Abancay y Junín.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que realiza las coordinaciones necesarias para la repatriación de cuatro jóvenes peruanos desde Rusia. “Los jóvenes se suman a otros dos compatriotas que fueron atendidos a fines de julio por la sección consular de la Embajada del Perú en la Federación Rusa”, señaló la Cancillería en su comunicado.

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La lista de compatriotas que se encuentran en Rusia que maneja la Cancillería asciende a 459 personas. De acuerdo con las cifras, se ha logrado evacuar a 31 peruanos en total: 28 decidieron regresar al Perú y tres optaron por permanecer en Europa por decisión personal.

Hasta el momento, el canciller Carlos Espá no se ha pronunciado sobre los avances en el rescate de los peruanos que habrían sido obligados a realizar labores militares para Rusia bajo falsas ofertas laborales. La Cancillería exhortó a continuar denunciando a los reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Familiares afectados piden repatriación y muestras de ADN

Norma Paredes, vocera del Colectivo de Familiares Peruanos en el Conflicto Rusia-Ucrania (Cofapru) y madre de uno de los peruanos que se encuentra actualmente en Rusia, señaló a La República que no basta con reportar cifras relacionadas con la situación de los peruanos en Rusia, sino que deben cumplirse los procedimientos correspondientes que permitan acreditar ante los familiares cuál es la situación de sus seres queridos.

“Hasta el momento, no he recibido noticias de los familiares. Están desesperados y angustiados porque no encuentran forma de ayudar. No es solo confirmar el fallecimiento, sino que hay que repatriar el cuerpo, hay que mandar una prueba de ADN. Hablamos de personas de bajos recursos que no pueden viajar a pedir este proceso. En algunos casos, ni siquiera hay un cuerpo, solo se habla de la afectación a través de una explosión. Es una situación muy difícil y triste para nosotros. Estamos con toda esta angustia”, señaló.

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La situación lleva varios meses y el cambio de Gobierno se da en medio de esta tarea. Paredes indicó que el diálogo entre Rusia y Perú todavía no ha encontrado vías para agilizar las demandas.

“Hemos presentado documentos. Este lunes esperamos tener una reunión con representantes diplomáticos rusos. (…) Hemos tenido contacto con Cancillería. En una primera reunión nos manifestaron que teníamos que esperar que Rusia los contacte para que ellos levanten el protocolo y hagan las pruebas correspondientes. Pero es a paso de tortuga que Rusia manda. Ya son cuatro meses que venimos saliendo a las calles. Esperamos que nos apoyen con el ADN, la repatriación y el envío de cenizas, si es el caso”, indicó.

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Apoyo económico y psicológico

Además, Paredes recordó que debe pensarse en un programa de apoyo para los peruanos que, al regresar, hayan sufrido graves afectaciones físicas y psicológicas.

“Hay muchos muertos que han dejado en Perú mujeres viudas o niños huérfanos. Estamos solicitando apoyo para ellos. Han llegado peruanos escapando del Ejército y no se les ha brindado todavía un apoyo como se debería. Al llegar a Perú, no contaban con seguros médicos y por eso no los atendieron. (…) Vamos a necesitar tratamiento psicológico y psiquiátrico para quienes regresen con vida. Son personas que han visto a sus compañeros morir y que han estado al borde de la muerte y, prácticamente, abandonados. Muchos van a regresar mutilados, no van a poder volver a trabajar y son jóvenes”, apuntó.

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Los familiares de los peruanos captados en Rusia han realizado protestas frente al edificio de Torre Tagle. Los manifestantes exigen reuniones con representantes de la Cancillería para abordar esta problemática.

La estimación de peruanos trasladados a Rusia que manejan los colectivos de familiares es incluso mayor que la cifra reportada por la Cancillería. De acuerdo con Percy Salinas, representante legal de los familiares, se estima que, desde 2024, alrededor de 1.200 peruanos fueron trasladados a Rusia mediante engaños, tras ser atraídos con falsas ofertas laborales como obreros, vigilantes o trabajadores de construcción, bajo la promesa de recibir elevados salarios.

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Canales para familiares

La Cancillería anunció que los familiares y compatriotas afectados pueden contactar a las secciones consulares a través de los siguientes contactos de emergencia:

Federación de Rusia (Sección Consular en Moscú):

Celular/WhatsApp: +7 985 389 06 60

Teléfono fijo (Rusia): 8 985 389 06 60

Ucrania (Sección Consular en Varsovia):

Celular de emergencia: +48 601 083 987

Por eso, el contexto importa. Digo esto no para poner el parche antes de que salga el chupo. Es inevitable cambiar y es deseable que así sea, cuando el cambio es justificable. En la política ese cambio debe orientarse al bien común. García, por ejemplo, creía en 1988 en la estatización. En el 2006 había abandonado, felizmente, esa espantosa idea. No le fue muy difícil explicar el porqué. 18 años después, había abandonado una corriente de izquierda que es letal para la libertad y, esa vez, no se equivocó.

En estos días, sin embargo, no vemos grandes transformaciones ideológicas nacidas del descubrimiento personal de nuevos horizontes. Pero vaya que vemos cambios en la conducta de los políticos en el poder. El incidente diplomático con México ha traído a la mesa un buen ejemplo de los niveles de fariseísmo político en el Perú. Vamos a los hechos. Betsy Chávez fue condenada por su participación en el delito de rebelión en la modalidad de conspiración. Para que se entienda, para la justicia, es una golpista. Eso esinmutable mientras esa condena esté vigente. Pero, en simultáneo y de manera discreta, ella tramitó un pedido de asilo, acogiéndose a la Convención de Asilo de 1954. El Estado peruano no tuvo ni el tiempo ni el espacio para persuadir a México sobre la conducta estrictamente delictiva de la exministra. Nos enteramos, todos juntos, cuando ella ya había obtenido el asilo y estaba dentro de la Embajada. Lo único que correspondía era darle el salvoconducto para que saliera del país. ¿Qué hizo el Estado peruano? Desconocer el tratado y romper relaciones. ¿Con el apoyo de quién? De los partidos que hoy están en el poder: Fuerza Popular y Renovación Popular.

Un acto de salvajismo diplomático no trae nunca nada bueno. Por eso es por lo que hay que dejar estos temas en manos de profesionales de la política exterior. En la primera semana de gobierno, Fujimori concede el salvoconducto y restaura relaciones con un aliado en la importante Alianza del Pacífico. ¿Era lo correcto? Por supuesto. Pero lo increíble es que los mismos fujimoristas que gritaron para romper relaciones con México son los que alaban a nuestra magnánima señora presidenta por su visión de estadista. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Roberto Sánchez ganaba y otorgaba el salvoconducto? Ya estarían tramitándole la vacancia.

No le hace ningún bien a Keiko Fujimori (y a ningún político) rodearse de sobones que ladran en redes sociales. Menos aún, cuando hace muy poco, levantaban la voz contra ella. Lo que cualquier político sagaz entiende es que no han cambiado nada. No hay un descubrimiento de hechos nuevos que los haga cambiar de conducta. Lo único que ha cambiado es que Fujimori es presidenta del Perú. Estos “conversos” de último minuto (y de años anteriores) a lo que aspiran es a su cuota en ese poder efímero y frágil. Entonces levantan la voz y el dedito apuntando a los “caviares que viven del Estado” mientras hacen cola en el besamanos del reciclaje. La política peruana es fácil de seguir: cambian los nombres de los partidos, sus colores y banderas, pero las personas son las mismas. Solo cambian de camiseta. Nada les atrae más que el poder. Lo que debería atraerlos es servir, pero eso sería mucho pedir. Mientras Fujimori los acoja, engría y premie, ahí estarán, moviendo la cola y lamiendo la mano.

El problema es que los límites del poder se conocen rápido. Si el proyecto de ley de facultades legislativas fue un globo de ensayo del ministro de Economía, este explotó. Elmer Cuba es el único ministro con personalidad propia y un plan. No tiene con quién jugar en un gabinete de políticos reciclados y sobones a quienes les han hecho el favor de ser ministros. Sus reformas requieren audacia y docencia política. Pero Fujimori de eso no sabe ni tiene experiencia y prefiere el populismo. Apenas se deslizó la posibilidad de debatir el exceso de feriados creados por el Congreso en el último quinquenio (una propuesta bien fundamentada con los impactos en el PBI), lo abandonaron todos. Y ese es un solo ejemplo.

¿Cómo van a derogarse las cuatro leyes que pueden quebrar la caja fiscal si fueron aprobadas por el fujimorismo? ¿Cómo va a discutirse (no digo ya aprobarse) una reforma laboral si nadie, dentro del gobierno, apoya al MEF? Cuba ha preferido anunciar cuatro comisiones de economistas expertos y muy respetados. Veamos si logran convencer siquiera dentro de casa. Los nombramientos del Ejecutivo que controla el MEF (BCR, Sunat, Tribunal Fiscal, directorio de Petroperú) nos dan una indicación mucho más clara de su orientación en política económica y profesionalismo que el gabinete Galarreta. El enfrentamiento entre el populismo del fujimorismo y el programa liberal del MEF va a explotar en cualquier momento. Solo un ciego no se da cuenta. Basta con comparar el mensaje de 28 de julio con el pedido (abortado) de facultades.

El oficialismo en el Congreso no será de ayuda para el MEF. Sus congresistas, reelegidos o exempleados parlamentarios, traen intactos el populismo, el mercantilismo y el militarismo del último quinquenio. El irreconocible Fernando Rospigliosi, como vocero del fujimorismo, no solo le hace daño a las Fuerzas Armadas, sino a la propia Fujimori. Con ambos, sus niveles de sobonería son indescriptibles. Su caso no es el de alguien que cambió de opinión con el tiempo. Solo una lobotomía puede generar tal transmutación de la personalidad. No hay explicación racional para su conducta actual. Su fanatismo va mucho más allá del oportunismo y causa al gobierno un daño político profundo, que también, tarde o temprano, va a explotar. Un pueblo no aguanta el maltrato ilimitadamente.

En principio, nosotros ya teníamos conocimiento, por el propio coronel Colchado, de que existían estas investigaciones. Seguimos en comunicación con él, incluso antes de asumir el cargo, digamos, antes de la juramentación correspondiente. Para nosotros no ha sido una sorpresa, sino más bien algo que ya sabíamos que podía ocurrir. Por eso, como corresponde, le pedimos que nos explicara qué había sucedido, cuáles eran los cargos que se le imputaban de manera más precisa, y él nos explicó claramente cuáles son los motivos. Por eso decidimos también hacer un pronunciamiento, porque, más allá del tema de fondo que él tiene que explicar, lo que nos preocupa es esta falta de objetividad: quien abre la investigación es una fiscal que resulta ser esposa de un investigador cuyo caso estuvo justamente en manos del coronel.

Hace unos días se reunió con la fiscal suprema Patricia Benavides el fiscal Tomás Aladino Gálvez, con miembros del gobierno de Fujimori —los ministros Luis Galarreta, Rafael Belaunde, César Astudillo y Ernesto Álvarez Miranda— y con la propia Fujimori. ¿Cuáles fueron sus impresiones al ver esta reunión?

Realmente esa reunión nos dice mucho. Me parece que, en principio, podría interpretarse como una reunión del gobierno con el Ministerio Público para coordinar institucionalmente, pero creo que no es solo eso. Es una reunión a la que incluso asiste la señora Benavides, que es fiscal suprema, sí, pero que no tendría por qué estar en una reunión de este nivel. Su presencia no nos parece casual, sino más bien el respaldo político expreso que este gobierno le está dando a ese sector del Ministerio Público, seriamente cuestionado no solo por temas de corrupción y por ser parte de la red de los cuellos blancos, sino también porque respalda a una fiscal cuestionada como Patricia Benavides, acusada de haber mantenido, todo este tiempo, tratos con el fujimorismo, sobre todo con el que integraba el Congreso anterior. Creo que es, además, un respaldo a lo que esta señora viene haciendo, en el sentido de que es quien está operativizando las leyes que permiten las amnistías a los militares, etcétera, lo cual también es una línea que ese gobierno claramente va a apoyar en términos de impunidad.

Justamente hay un pedido para que se tenga en cuenta la ley de amnistía en el caso de un exmilitar que fue sentenciado a 15 años por delitos de desaparición forzosa. Se sabe que en Ahora Nación han pedido la derogación de normas que permiten estos hechos. Más allá de una medida como esa, ¿qué tienen planeado hacer?

Estamos en el intento de que estas normas se deroguen. Pero, efectivamente, la preocupación de que empiecen a surtir efecto antes de que se produzca la derogación es un tema que nos genera mucha inquietud. Frente a lo que ya ha comenzado a ocurrir, tenemos que tomar otras acciones: necesitamos reunirnos como bancadas, pero también es posible que evaluemos alguna acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de otras acciones de tipo político-legal. Me parece que el fujimorismo está dando claras muestras de que estas leyes no solo fueron aprobadas, sino que van a intentar aplicarlas más allá de los cuestionamientos que existen. Son normas que buscan consolidar la impunidad, y eso es lo que el fujimorismo está apoyando.

¿Cómo vio los anuncios de Elmer Cuba en temas económicos? ¿Tiene alguna opinión sobre el anuncio del aumento de la Remuneración Mínima Vital?

A ver, lo primero: estos anuncios, que aún no son del todo claros, parecen tener más un enfoque de tipo político, incluso populista, y nos preocupa si finalmente se van a ejecutar o no. El caso del salario mínimo es un claro ejemplo de que la decisión no se tomó con criterio técnico, porque eso habría implicado evaluar, por ejemplo, la inflación y el costo de la canasta básica en el escenario que enfrentamos, que además se va a agravar con el Fenómeno del Niño. No parece que se haya hecho ninguna evaluación técnica; más bien, el cálculo político es lo que ha determinado esta decisión. Nos preocupa también lo que la población está señalando: que el aumento del salario mínimo no responde a las necesidades reales que existen. Y, por otro lado, todo el procedimiento al que dicen que van a someter la aprobación de ese aumento —incluso hablaron de consultarlo con el Consejo Nacional de Trabajo, que sabemos que es un espacio que suele oponerse a subir el salario mínimo— nos genera dudas sobre cómo se va a ir ejecutando y si finalmente se va a ejecutar.

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¿Y respecto a los anuncios sobre los feriados?

Con los feriados me parece que, cuando anunciaron que se iban a eliminar algunos y luego quisieron evitar la contradicción, optaron por decir que los iban a "optimizar", pasando unos al viernes o al lunes. Tampoco parece que esto se maneje con un criterio técnico claro sobre qué feriados mover y por qué; hay algunos que, en definitiva, no se van a poder trasladar a esos días. Me da la impresión de que ahí también están jugando mucho para responder a las críticas de la población. En resumen, nos da la impresión de que hay más cálculo político que un criterio técnico detrás de estos anuncios.

¿Ustedes no se opondrían, en sí mismos, a una subida del salario mínimo, siempre que esté sustentada técnicamente? 

Así es. Es algo que incluso hemos demandado. Lamentablemente, vemos criterios más políticos y populistas que técnicos, y con poca claridad, lo cual nos hace ver que no se está tratando este tema con la seriedad debida.

Keiko Fujimori ha iniciado con un 60% de aprobación, ¿cómo procesan ese dato políticamente desde la oposición?

En realidad, las estadísticas suelen reflejar la confianza inicial que se le da a un gobierno recién instalado. Me parece que, más adelante, eso tiene que traducirse en acciones concretas, porque de lo contrario esto termina siendo, como ha sucedido en otros gobiernos, solo una expectativa que luego deriva en frustración, y la gente empieza a desencantarse. Más allá de las buenas intenciones que se expresan, o de este tipo de anuncios que se hacen al inicio de un gobierno y que suelen generar expectativa y esperanza en la población, si eso no se traduce en acciones concretas y en cambios reales, se corre el riesgo de que, como en otros momentos, esa aprobación caiga abruptamente.

Keiko Fujimori le ha dado el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, permitiéndole viajar a México para ser asilada, ¿cree que hay algún interés político detrás de esta decisión del gobierno de Keiko Fujimori?

Sin duda. Fue el fujimorismo el que se opuso a que se le otorgara el salvoconducto, que era un derecho de la señora Betssy Chávez. Es decir, más allá de que nos guste o no, el salvoconducto ya era prácticamente un trámite que el Estado tenía que cumplir, conforme a los compromisos asumidos en instancias internacionales. Simplemente no quisieron otorgarlo, y creo que con eso no solo transgredían una serie de normas, sino que generaban una desavenencia innecesaria con un país como México. Dicho esto, está bien que ahora se haya decidido cumplir con la ley, pero está mal que se haga por cálculo político. Es terrible que, en este país, tengamos que agradecer que se cumpla la norma solo cuando no le resulta inconveniente al poder. Creo que estos cálculos políticos también tienen que ver con la instalación de este gobierno, que busca restablecer relaciones con México —tener malas relaciones con ese país implica costos, incluso económicos—. Pero decidieron cumplir ahora por cálculos que, creo, también buscan debilitar a la oposición y quitarle herramientas de cuestionamiento. Todo eso pesó para que la señora Fujimori decidiera otorgar el salvoconducto, y no lo hizo, en todo caso, porque crea en el respeto a la ley.

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¿Cree que esto le quita a Juntos por el Perú, o a sectores más cercanos a Pedro Castillo, una figura como Betssy Chávez como consigna política para apropiarse de ella?

Creo que lo que están haciendo es dejar sin bandera a la oposición ligada a Pedro Castillo, a todo un sector que ha sido perseguido y que, finalmente, se queda sin ese argumento. Me parece que también pasa por ahí.

¿Ya tiene pensado si le gustaría integrar alguna comisión en específico? 

Sí, definitivamente la comisión en la que quisiera participar de manera activa es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, porque me parece que ahí se van a debatir no solo las leyes más importantes que se están cuestionando —como las procrimen, etcétera—, sino también todo un conjunto de normas que buscan generar impunidad y dejar en el olvido las reivindicaciones de derechos humanos en este país. Creo que uno de los temas centrales a discutir con el fujimorismo es el de la memoria, y eso también se hace desde lo legislativo. Esa es una de mis apuestas.

Había escuchado a la congresista Luque decir que, al momento de hacer el reparto de comisiones, se había acordado que a Ahora Nación no le correspondía dirigir ninguna comisión entre los senadores. ¿Esto se va a quedar así, o van a presentar algún recurso? 

Eso se va a discutir la próxima semana. Creo que los distintos grupos políticos tienen que analizar el reglamento, porque nos quieren dejar sin presidir ninguna comisión alegando que, proporcionalmente, no nos corresponde. Pero el reglamento no establece un número mínimo de integrantes que deba tener una bancada para acceder a la presidencia de una comisión. Lo único que menciona son los principios de pluralidad y proporcionalidad, lo que significa que, en el marco de la democracia, todos deberíamos tener, al menos, una comisión para dirigir.

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¿Cómo va el diálogo con Obras, con Juntos por el Perú y con el Buen Gobierno? La llamada "Coalición por la Democracia". ¿Cómo va el diálogo con estas bancadas? 

El diálogo formal existe. A nivel de líderes hay un acercamiento, sobre todo ahora, para definir qué es lo que a todas estas bancadas les interesa priorizar, y me parece saludable. También, a nivel de parlamentarios —diputados y senadores—, algunos tenemos bastante acercamiento con colegas de estos partidos para conocer cuáles son los temas de fondo que piensan impulsar. En algunos coincidimos, y creo que seguramente nos verán, en más de una oportunidad, presentando proyectos, mociones o iniciativas conjuntas.

¿Todavía no tienen algún borrador de proyecto que vayan a presentar en conjunto? ¿O no se ha discutido la posibilidad de un proyecto conjunto en particular?

Todavía no, en particular.