“Aprovecho la oportunidad que están ustedes [la prensa] para pedirle al gobierno central que solucione el problema del paro agrario, eso sí es un riesgo para el traslado. Llevamos la invocación (…) para que estos camiones y el material llegue al país como queremos y que el 7 de junio todos los ciudadanos voten tranquilamente”, declaró.

Inició el despliegue de material electoral al interior del país

El 27 de mayo, la ONPE inició con el despliegue del material electoral hacia diversas regiones del Perú. Al respecto, Bernardo Pachas señaló que dicho material deberá ser entregado a la brevedad, con la finalidad de que los miembros de mesa puedan ingresar desde las 6.00 a. m. del domingo 7 de junio.

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“Tenemos que entregar el material electoral temprano. El plan es abrir las puertas de los locales de votación a las 6 a.m. para que ingresen los miembros de mesa, los electores, personeros, prensa y todo acreditado ante el JNE, con la finalidad de girar la rueda electoral lo más rápido posible y los ciudadanos puedan asistir y votar de manera tranquila”, indicó.

El titular interino de la ONPE también mencionó que el material saldrá el viernes a las 10.00 p. m. y se entregará a la 1.00 p. m. del sábado, a más tardar.

Además, agregó que se encuentra coordinando con los colegios para que el viernes en la noche se disponga de las instalaciones para la jornada electoral. “Estamos haciendo la invocación a las entidades educativas privadas para que nos hagan la entrega del local el mismo viernes en la noche”.

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Bernardo Pachas reiteró la importancia del acompañamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para estos comicios. “Con la finalidad de estar tranquilos y desacantone las FF.AA y la PNP para poder iniciar a las 6 a.m. del día domingo con la presencia de la fiscalización y el JNE”.

Se realiza la entrega del material electoral a 19 regiones

De acuerdo con Gustavo García, gerente de Gestión Electoral, distribuir las ánforas, cédulas de votación, actas, padrones y todo el material electoral necesario a 19 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Por medio de la vía aérea se entregará el material a las oficinas en Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Requena, Ucayali, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Tambopata.

Por la vía terrestre, se distribuirá el material a once oficinas en Chachapoyas, Moyobamba, Bagua, Bongará, Jaén, Mariscal Cáceres, San Martín, Alto Amazonas, Quispicanchi, Canchis y Espinar.

Situación del paro agrario

Cerca de 20,000 productores arroceros, bananeros y cañicultores iniciaron este lunes 25 de mayo un paro nacional indefinido convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro).

La medida de fuerza ha paralizado importantes corredores viales y tramos de la Panamericana Norte en regiones como Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno y San Martín, debido a una serie de demandas que el gobierno no ha cumplido.

Origen de la protesta

El problema es que el precio al que venden el arroz en el mercado ha caído drásticamente, mientras que los insumos y fertilizantes para sembrar se mantienen altos.

Los agricultores exigen precios justos para sus cosechas, que bajen los costos para trabajar la tierra y que el gobierno declare al sector agropecuario en emergencia antes de que quiebren por completo.

Ante el bloqueo de las vías y la falta de alimentos, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tuvo una reunión de urgencia en Lima para el miércoles 27 de mayo.

Mesa de diálogo en Piura: se evalúa implementar un Decreto de Urgencia

Con el objetivo de que se termine el paro agrario, el gobierno anunció la implementación de medidas económicas para el sector agrícola. El secretario de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, César Sierra, informó que se ha convocado a los gobernadores regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Ucayali y Huánuco para coordinar las acciones tras el término del Consejo de Ministros.

La medida principal será la aprobación de un "decreto de urgencia que dicta medidas económicas extraordinarias para reactivar la cadena productiva del arroz mediante la compra a productores de la agricultura familiar y [posterior] entrega a poblaciones vulnerables".

Respecto a la distribución del presupuesto y créditos, Sierra señaló la necesidad de realizar los cambios durante las temporadas de siembra.

"Tenemos que adaptar estos préstamos a un calendario agrario. No podemos dar un préstamo cuando termina ya la cosecha o cuando no lo necesitemos", manifestó.

El funcionario dijo que estas propuestas forman parte de "un pequeño adelanto que están debatiendo ahora en el Consejo de Ministros". Sin embargo, los agricultores sostuvieron que el levantamiento del paro dependerá de la oficialización del Decreto de Urgencia.

A nombre del Ejecutivo, Sierra confirmó que, además del decreto de compras estatales, "se va a publicar una resolución ministerial donde se va a establecer una mesa técnica para la atención del sector agrario", con el fin de resolver las demandas de los más de 20,000 productores en huelga.

Gobernador de Piura exige al gobierno atender paro agrario

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, respaldó el reclamo de los más de 20,000 agricultores y exigió soluciones inmediatas para evitar que la crisis en el norte del país se agrave.

Neyra señaló que el reclamo de los productores de arroz, plátano y caña de azúcar es justo debido al abandono que sufren por la subida de los fertilizantes y la caída de los precios de sus cultivos.

"El Ejecutivo tiene que cumplir sus promesas con el sector agropecuario, no podemos permitir que nuestros agricultores sigan trabajando a pérdida", declaró el gobernador vía RPP.

Para la autoridad, la solución se debe dar por medio de una negociación y manifestó que exigiría un compromiso real al Ejecutivo. “Si el campo quiebra, las mesas de todas las familias peruanas se van a quedar sin comida", advirtió.

Previo a la reunión, el gobernador de Piura pidió a los agricultores que mantienen bloqueada la Panamericana Norte permitir el paso de ambulancias y casos de emergencia, mientras se debate el futuro del agro en la capital.

"Entendemos la indignación del campo, pero les pedimos mantener la calma y habilitar una tregua humanitaria en las vías en lo que logramos un acuerdo con los ministros", concluyó.

La República revisó las votaciones de cada grupo parlamentario y detectó que, en algunas decisiones importantes, como la elección de los miembros del TC, ambos partidos coincidieron. En otras, como la Ley de Amnistía o la Ley Soto, estuvieron distantes.

Congreso: fujimorismo bloqueó el referéndum

La primera iniciativa es la Ley 31399 (PL 644), que obliga a que toda reforma constitucional vía referéndum pase primero por el Congreso. En enero del 2022, el Parlamento promulgó la norma por insistencia con 23 votos a favor del fujimorismo. JP, incluido Sánchez, votó en contra.

La ley también prohíbe que se someta a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de leyes, las ordenanzas municipales y materias relativas al proceso de descentralización.

La elección de los miembros del Tribunal Constitucional

La elección de los seis miembros del Tribunal Constitucional en el Congreso de la República estuvo marcada por la polémica. En mayo de 2022, el Parlamento designó como nuevos magistrados a César Ochoa Cardich, Manuel Monteagudo Valdez, Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro, Gustavo Gutiérrez Ticse y Francisco Morales Saravia. En ese entonces, el congresista Roberto Sánchez no participó en la votación debido a que contaba con licencia oficial.

En el caso de las elecciones de Ochoa Cardich y Monteagudo Valdez, Fuerza Popular respaldó ambas candidaturas con 24 votos a favor, mientras que Juntos por el Perú-Cambio Democrático apoyó las designaciones con cuatro votos.

Respecto a Pacheco Zerga, los 24 congresistas fujimoristas votaron a favor de su elección, mientras que los cuatro legisladores de izquierda lo hicieron en contra. Sin embargo, durante la reconsideración, Fuerza Popular rechazó el recurso y la bancada de izquierda lo respaldó.

En la votación de Domínguez Haro, Fuerza Popular apoyó de manera unánime su designación. En contraste, dentro de JP-CD se registraron dos votos en contra y dos abstenciones. Durante la reconsideración, las posiciones de las bancadas se invirtieron.

Sobre Gutiérrez Ticse, los 24 votos de Fuerza Popular fueron a favor, mientras que en JP-CD hubo un voto favorable, dos en contra y una abstención. En la reconsideración, la bancada de izquierda registró dos votos a favor, uno en contra y una abstención, mientras que el fujimorismo rechazó el recurso.

Finalmente, en la elección de Morales Saravia, Fuerza Popular respaldó su nombramiento por unanimidad, mientras que JP-CD emitió un voto a favor, dos en contra y una abstención. En la reconsideración, el fujimorismo volvió a oponerse de manera unánime, mientras que la bancada de izquierda registró dos votos a favor, uno en contra y una abstención.

Censura a Betssy Chávez como ministra de Trabajo de Pedro Castillo

El 26 de mayo del 2022, el Congreso censuró a Betssy Chávez como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo del gobierno de Pedro Castillo.

La sanción fue impulsada porque, desde el Ministerio de Trabajo, se aprobó la huelga del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (Sucta) de Corpac. Esto ocasionó que cinco aeropuertos de Cusco, Ayacucho, Trujillo, Arequipa y Tacna cerraran sus operaciones.

La medida fue aprobada con 23 votos a favor de Fuerza Popular. Cuatro congresistas de Juntos por el Perú-Cambio Democrático votaron en contra, pero uno de ellos no respondió. Sánchez votó en contra.

Vacancia de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado

El 7 de diciembre del 2022, el sentenciado expresidente Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado, motivo por el cual fue sentenciado en primera instancia a 11 años de prisión.

En la polémica votación que realizó el Congreso y que no alcanzó lo requerido por ley, el fujimorismo registró 24 votos a favor, mientras que Cambio Democrático-Juntos por el Perú tuvo tres a favor y una abstención (Roberto Sánchez).

Voto de confianza al gabinete Otárola en el gobierno de Boluarte

En medio de las muertes en protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, el Congreso aprobó la cuestión de confianza presentada por el gabinete de Alberto Otárola. El pedido fue aprobado con 73 votos a favor, 42 en contra y 6 abstenciones.

De ese total, Fuerza Popular aportó 23 votos a favor, pese a los cuestionamientos, mientras que Juntos por el Perú-Cambio Democrático se opuso. Sánchez votó en contra.

Fujimorismo bloqueó adelanto de elecciones en 2023

En febrero del 2023, luego de que se reportaran más de 50 muertos durante las protestas contra el gobierno de Boluarte, se presentaron una serie de proyectos de ley para el adelanto de elecciones congresales, del Parlamento Andino y presidenciales.

Sin embargo, las iniciativas fueron bloqueadas por el fujimorismo: 24 congresistas de Fuerza Popular votaron en contra, mientras que cinco de Juntos por el Perú-Cambio Democrático votaron a favor.

En la reconsideración de la votación, el partido de Keiko Fujimori también se opuso.

Elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo

En mayo del 2023, el Congreso eligió al exabogado de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, como nuevo defensor del Pueblo.

La elección se dio con 23 votos a favor del fujimorismo, mientras que Juntos por el Perú y Roberto Sánchez se opusieron.

En la elección de Gutiérrez, el Congreso desatendió la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales registradas durante las protestas señaló la necesidad de “adoptar medidas de fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo, considerando la importante labor que desempeña”.

Fujimorismo inhabilitó a Zoraida Ávalos

Un mes después, el Congreso decidió inhabilitar a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por un periodo de cinco años. El motivo fue haber suspendido una investigación contra el expresidente Pedro Castillo debido a que se encontraba ejerciendo sus funciones como jefe de Estado, tal como lo señala la Constitución Política y así lo ratificó el Tribunal Constitucional en 2025, durante el gobierno de Boluarte. Según el TC, un mandatario no puede ser investigado hasta concluir sus funciones. Sin embargo, la Fiscalía puede realizar hasta dos diligencias.

No obstante, el Parlamento concretó ese objetivo. Lo hizo con 17 votos a favor del fujimorismo, pero Juntos por el Perú se opuso junto con Sánchez.

Es preciso resaltar que, tiempo después, el Poder Judicial anuló la inhabilitación impuesta por el Congreso por los motivos antes expuestos.

El retorno a la bicameralidad

En marzo del 2024, el Congreso ignoró que, en 2018, más del 90% del Perú votó en contra del retorno a la bicameralidad vía referéndum.

Modificó más de 50 artículos de la Constitución Política e impuso su decisión con 91 votos, de los cuales 22 fueron del fujimorismo, nueve de APP, Avanza País y Renovación Popular y aliados.

Sin embargo, Juntos por el Perú-Cambio Democrático aportó a esa iniciativa con un voto, mientras que ocho de sus integrantes votaron en contra.

Congreso inhabilitó a Inés Tello y Aldo Vásquez

En ese mismo mes, el Congreso decidió inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez, por 10 años. El motivo, según justificó el Parlamento, fue que los consejeros superaron el límite de edad permitido para estar en el puesto.

En el caso de Tello, 16 congresistas de Fuerza Popular votaron a favor, mientras que nueve de Juntos por el Perú lo hicieron en contra. En el pedido de reconsideración, el fujimorismo se opuso con 19 votos y JP votó a favor con 11 parlamentarios.

En el caso de Vásquez, Fuerza Popular aportó 15 votos, mientras que JP se opuso por mayoría.

Ley Soto

En mayo del 2024, el Congreso también aprobó la ley Soto, considerada una ley procrimen. La norma establece reducir la suspensión del plazo de prescripción penal a un año.

Fue aprobada con 19 votos a favor de Fuerza Popular; JP tuvo ocho votos en contra y una abstención.

Ley APCI

En marzo del 2025, el Congreso consumó otro de sus objetivos: aprobó la Ley APCI, que somete a las ONG e impide que brinden asesoría legal a las personas que sufren la vulneración de sus derechos por parte del Estado.

El Parlamento estableció que las multas contra las organizaciones no gubernamentales lleguen hasta las 500 UIT, lo que significaría su cierre inmediato y baja de oficio.

La medida fue aprobada con 19 votos de Fuerza Popular. Juntos por el Perú-Voces del Pueblo se opuso con cinco votos. Sánchez votó en contra.

Ley de Amnistía

Una ley de impunidad. Así calificaron los colectivos defensores de derechos humanos la norma aprobada por el Congreso.

Esta ley otorga amnistía a los militares y policías investigados y/o sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante 1980 y 2000.

En primera votación, la iniciativa consiguió 21 votos del fujimorismo, mientras que ocho de JP se opusieron, incluido Sánchez.

En segunda votación fue aprobada con 16 votos a favor (cinco de Fuerza Popular) y 11 en contra (dos de JP).

La promulgación de la norma se llevó a cabo en Palacio de Gobierno junto con la expresidenta Dina Boluarte. Incluso, a la ceremonia acudieron miembros del grupo Colina, creado durante la dictadura de Alberto Fujimori.

A través de un comunicado en el que responde a las razones de su salida, la magistrada precisó que su renuncia no responde a motivos de salud ni tampoco se debe a un alejamiento del Tribunal Constitucional.

Esta situación era conocida dentro de la entidad, ya que la magistrada reveló que desde el año pasado venía advirtiendo sobre su pérdida de confianza en dicho trabajador y planteó la necesidad de cambiarlo.

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Sin embargo, al ver que el resto de los jueces ignoró sus pedidos y rechazó apartar al funcionario, tomó la decisión de dejar el cargo de presidenta de la institución.

Pacheco precisó, además, que no abandonará la entidad por completo. Ella continuará trabajando como una de las integrantes del pleno.

“Continuaré ejerciendo mis funciones como magistrada, manteniendo intacto mi compromiso con el país, con la defensa del orden constitucional y con las responsabilidades que la función jurisdiccional exige", detalló.

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Sobre su salida, Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, reconoció el buen trabajo de la magistrada.

“Yo tengo las mejores consideraciones de la doctora Luz Pacheco, hizo una gestión impecable, brillante (…) Creo que se ha desempeñado eficientemente bien”.

Helder Domínguez asume la presidencia del TC

A partir del lunes 1 de junio, el actual vicepresidente del TC, Helder Domínguez, asumirá la jefatura de forma interina para encargarse de las tareas administrativas, mientras los magistrados organizan una nueva votación para elegir al próximo presidente.

A través de un comunicado, la saliente presidenta del Tribunal Constitucional (TC) señaló que la decisión de presentar su renuncia responde a la permanencia de un funcionario de la institución en quien ya no deposita su confianza.

“(Presento la renuncia) ante la reiterada decisión de una mayoría de magistrados de mantener la confianza en un funcionario de alta dirección, de cuya gestión depende en gran medida la adecuada conducción administrativa de la institución”, sostuvo.

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Pacheco indicó que perdió la confianza en el funcionario desde el año pasado y propuso retirarlo del cargo, pero su pedido fue rechazado. “Al no haberse atendido esta petición ni aceptado su apartamiento del cargo, decidí permanecer en la Presidencia únicamente hasta el 31 del presente mes”, añadió.

Sobre el tema, la magistrada también rechazó que su salida del TC sea por problemas de salud. “Mi decisión no obedece a motivos de salud, ni de otra índole, y tampoco implica un alejamiento del Tribunal Constitucional”, apuntó.

Helder Domínguez Haro, en su condición de vicepresidente de la institución, asumiría la presidencia del Tribunal Constitucional. En conversación con RPP, el expresidente del TC, Óscar Urviola, aseguró que Pachecho está en su derecho de renunciar y que la ley establece mecanismos para que deje el cargo.

"Desconozco las razones por las que invoca su renuncia la Dra. Luz Pacheco. Sin embargo, es una situación que esta contemplada en la ley orgánica y el reglamento", señaló.

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Luz Pacheco: una gestión marcada por decisiones a favor de ciertas figuras políticas

La gestión de Luz Pacheco no estuvo exenta de polémica. Bajo su cargo, el Tribunal Constitucional dio sentencias favorables para personajes de la política como Keiko Fujimori, Daniel Urresti o Vladimir Cerrón.

El Tribunal Constitucional dispuso el archivamiento de la investigación del caso Cócteles contra la lideresa de Fuerza Popular, y otras 14 personas investigadas por presunto lavado de activos y organización criminal. Con el voto favorable de cinco magistrados, el TC concluyó que las pesquisas y la acusación vinculadas a los aportes recibidos en las campañas presidenciales de 2011 y 2016 no contaban con base jurídica suficiente.

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Daniel Urresti, figura relacionada a Podemos Perú, también logró su libertad gracias al TC bajo la gestión de Pacheco. El máximo intérprete constitucional anuló la condena impuesta al exministro por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, permitiendo su libertad en plena campaña electoral.

Del mismo modo, el TC también anuló el extremo de la condena de tres años y seis meses de prisión efectiva impuesta contra el líder de Perú Libre y ordenó que el Poder Judicial emita un nuevo pronunciamiento. Aunque la resolución terminó favoreciendo a Cerrón, hasta el momento, el exgobernador de Junín no ha salido de la clandestinidad puesto que todavía pesa un pedido de prisión preventiva en su contra por el caso ‘Dinámicos del Centro’.

El monto de la multa electoral varía según el votante. La cifra depende de la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI), según la categorización elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Además de la multa económica, no regularizar la situación electoral puede generar dificultades para realizar trámites administrativos y acceder a determinados servicios del Estado.

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¿Cuánto se paga de multa por no votar en la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

La multa por no participar en la segunda vuelta se mantiene bajo el mismo esquema aplicado durante la primera jornada electoral. Los montos establecidos son los siguientes:

• S/110 para ciudadanos que viven en distritos no pobres
• S/55 para quienes residen en distritos pobres no extremos
• S/27,50 para electores de distritos en pobreza extrema

La clasificación del distrito se determina automáticamente con los datos oficiales del INEI y la dirección registrada por el ciudadano en su DNI.

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¿Qué pasa si no pagas la multa electoral de las Elecciones Presidenciales 2026?

No cancelar la multa por omisión al sufragio puede traer consecuencias administrativas para el ciudadano. Entre las principales restricciones figuran impedimentos para efectuar trámites en entidades públicas y dificultades para acceder a servicios estatales.

Asimismo, mantener deudas electorales pendientes puede generar problemas en diversos trámites oficiales. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recomienda regularizar el pago lo antes posible.

Los ciudadanos pueden consultar si tienen multas electorales pendientes mediante las plataformas digitales habilitadas por las autoridades electorales.

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¿Por qué habrá segunda vuelta en Perú?

La legislación peruana establece que un candidato presidencial debe obtener más del 50% de los votos válidos para ganar en primera vuelta. Debido a que ningún postulante alcanzó ese porcentaje en las Elecciones Generales 2026, será necesario realizar una nueva jornada electoral.

La segunda vuelta enfrentará a los dos candidatos más votados en la primera etapa y se llevará a cabo el domingo 7 de junio en todo el país.

Durante esta jornada, la ciudadanía volverá a acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Resultados oficiales de la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados de la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 tras culminar el conteo de actas procesadas por la ONPE. De acuerdo con los resultados finales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta electoral luego de superar a Rafael López Aliaga en una de las jornadas más reñidas de los últimos años.

La publicación de los resultados oficiales estuvo marcada por cuestionamientos de Renovación Popular y denuncias de presunto fraude electoral impulsadas por López Aliaga. Sin embargo, tanto la ONPE como el JNE ratificaron la validez del proceso electoral y confirmaron el cronograma para el balotaje presidencial.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará el próximo domingo 7 de junio, según confirmó oficialmente el Jurado Nacional de Elecciones. En esta jornada, los ciudadanos deberán elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para definir al próximo presidente del Perú para el periodo 2026-2031.

Durante las próximas semanas, ambos candidatos iniciarán una nueva etapa de campaña electoral enfocada en debates, alianzas políticas y recorridos por regiones clave del país. La ONPE también deberá publicar el cronograma oficial para la capacitación de miembros de mesa y difusión de locales de votación.

'Las fuerzas golpistas tienen que saber que acá nadie arruga. (…) A ver, pues, atrévanse, porque estamos listos. Nos vamos a ir si no van a respetar la democracia ni la voluntad de nuestro pueblo. Perfecto, estoy en condiciones de renunciar y llamar a nuevas elecciones generales', señaló el candidato.

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El adelanto de elecciones ha sido planteado en diversas ocasiones como una salida frente a las constantes crisis políticas y vacancias presidenciales registradas en el país. En 2023, tras la salida de Pedro Castillo del poder luego de su intento de autogolpe, se presentó un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones; sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Congreso.

Sánchez continúa con sus actividades de campaña. El postulante de Juntos por el Perú anunció que viajará próximamente a Pucallpa, ciudad ubicada en la región Ucayali. De acuerdo con los resultados publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no obtuvo una amplia ventaja en dicha región, donde fue superado por Keiko Fujimori y quedó relegado al segundo lugar.

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Otros movimientos en Juntos por el Perú

Pese a las recientes declaraciones de Roberto Sánchez, en Juntos por el Perú las noticias parecen no girar únicamente en torno al candidato presidencial. Entre las revelaciones de Ernesto Zunini sobre su enfrentamiento posterior al debate con Rosangella Barbarán y el cruce indirecto entre Pedro Francke y Antauro Humala, la agrupación continúa acumulando nuevos episodios de tensión política.

En el pódcast Pitucos Marrones, el virtual diputado Zunini reveló que Barbarán —también virtual diputada por Fuerza Popular— lo encaró tras el debate técnico para reclamarle por mencionar las denominadas “leyes procrimen”. El dirigente de Juntos por el Perú aseguró que el intercambio lo tomó por sorpresa.

“Se acercó a reclamarme por las leyes procrimen. Me dijo: ‘¿Por qué ustedes dicen que Sánchez no ha votado por las leyes procrimen si hay una ley por la que sí ha votado?’. Entonces yo le respondí que esa norma tiene que ver con el uso de maquinaria y explosivos por parte de mineros artesanales, y no ilegales, que por no contar con contratos formales con la gran minería no pueden acceder a ella. En esa ley, Roberto votó a favor. (…) Y yo le dije: ‘¿Ustedes defienden las leyes procrimen?’. Y ella me respondió: ‘Sí, las defendemos’. Entonces le dije: ‘Síganle diciendo eso a la gente’, y ahí fue cuando me retiré. (...) Terminaron aceptando que estaban de acuerdo con las leyes procrimen’”, declaró.

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Por otro lado, Francke —una de las principales figuras del nuevo equipo económico de Juntos por el Perú— y Antauro Humala —aliado político de la plataforma de Sánchez— protagonizaron un intercambio de declaraciones. En una entrevista con Exitosa, el economista sostuvo que la presencia del hermano de Ollanta Humala no resulta saludable para la política nacional.

“No ayuda a nadie. A mi juicio, no ayuda al país. Ese es el tema. Yo creo que Antauro suelta ideas absurdas y violentas que, me parece, no le hacen ningún favor al Perú”, declaró.

El líder etnocacerista respondió posteriormente durante una conferencia de prensa.

“Francke es un individuo; nosotros formamos un partido. Representamos a la mitad del electorado que votó por Roberto Sánchez. El nacionalismo representa, por lo menos, a un millón de electores. Nosotros no somos sectarios y podemos compartir espacios con las izquierdas. Nosotros no tenemos ningún problema; el problema lo puede tener él. Pero nuestro apoyo es como partido”.

Keiko Fujimori y un paso accidentado por Huancayo

Keiko Fujimori decidió celebrar su cumpleaños en Huancayo, ciudad vinculada políticamente a Vladimir Cerrón. La candidata de Fuerza Popular pasó su onomástico número 51 en un local privado, acompañada de militantes y figuras cercanas a su agrupación. Algunas imágenes difundidas en redes sociales la muestran bailando huaylarsh y vistiendo trajes típicos de la zona.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada también por protestas contra la lideresa fujimorista. Durante su paso por Huancayo, el mitin de Fujimori fue interpelado por ciudadanos que expresaron su rechazo a su candidatura. Enfrentamientos entre detractores y simpatizantes de Fuerza Popular se registraron en distintos puntos de la ciudad. Incluso, el estudiante Leonardo Enrique Fierro Quispe fue detenido acusado de alterar el orden público.

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En la plaza Concepción se observaron pancartas y banderas con mensajes en contra de la candidata. “Por memoria y dignidad, Fujimori nunca más”, “Un pueblo consciente no elige delincuentes” y “Keiko, escucha, Huancayo te repudia” fueron algunas de las frases utilizadas por los manifestantes.

El rechazo también alcanzó a las actividades artísticas del evento. Grabaciones difundidas en redes sociales mostraron cómo manifestantes obligaron a retirarse al vehículo que transportaba a la agrupación musical Hermanos Yaipén, contratada para participar en el mitin de Fuerza Popular.

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De vuelta en Lima, Keiko Fujimori apostó por reunirse con distintos gremios de trabajadores —sectores que también vienen siendo abordados por su rival, Roberto Sánchez—. En el Centro de Lima, la candidata de Fuerza Popular aseguró que incrementaría el presupuesto destinado a canillitas y lustrabotas.

“Lo que ustedes reciben realmente es muy poco. Ya me han contado los presupuestos que el Gobierno les asigna y son pequeños y ridículos. No tengo ningún problema en asumir estos compromisos. (...) Nosotros vamos a incorporar a 500.000 pensionistas por año para avanzar hacia una pensión universal”, declaró.

Al candidato de Juntos por el Perú se le investiga por brindar información falsa ante la ONPE sobre los aportes económicos que recibió para sus campañas electorales en 2018 y 2020.

Al respecto, la defensa de Sánchez señaló que la Sala Superior de Apelaciones resolvió previamente que el congresista y su hermano, William Sánchez, quedaban libres de toda culpa por el delito de fraude en la administración de empresas.

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“[Roberto Sánchez] él ya no tiene nada que ver en el caso. No tiene nada pendiente. Solo tenía una imputación de delito de fraude de administración de personas jurídicas y eso se ha declarado fundada una acción de improcedencia de acción. Por ende, está excluido del caso. No debería presentarse y menos figurar su nombre en un requerimiento sobreseimiento”, declaró el abogado de Sánchez, Carlos García.

En el caso de su hermano, ese era el único cargo en su contra, por lo que su expediente se archivó por completo. Sin embargo, Roberto Sánchez todavía debe afrontar un juicio por los delitos de falsa declaración en trámite público y por ocultar datos sobre el dinero de sus campañas.

La postura de la Fiscalía

La fiscal Gladys Huete aclaró que no se busca acusar de nuevo a Roberto Sánchez por el tema empresarial.

“El requerimiento de sobreseimiento no es contra el señor Roberto Sánchez ni su hermano William Sánchez (...). La Sala declaró fundada una impugnación por una improcedencia de acción (...) solamente en el extremo del delito de fraude en administración de la persona jurídica, ordenando el sobreseimiento”, explicó la magistrada.

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Pedido de nulidad

El abogado Armando Rivera, defensa de otro de los acusados, exigió anular parte de las notificaciones debido a que la Fiscalía no le entregó las 160 pruebas que sustentan la acusación. El letrado pidió que le envíen todos los documentos completos y que le den 10 días más de plazo para revisar la información, lo que retrasará el avance del caso.

Por su parte, Huete respondió que no existen pruebas nuevas y que esa defensa conoce el expediente porque presentó observaciones antes. Además, también solicitó que “no sea amparado su solicitud de nulidad”. Sin embargo, el juez decidió no resolver este reclamo de inmediato.

Cronograma de la sesión

El magistrado decidió reprogramar la sesión porque tenía programada otra audiencia urgente a las 10.00 a. m. sobre la extradición de Nadeska Widausky.

En ese marco, la nueva audiencia se dará el jueves 4 de junio de 2026 a las 3:30 de la tarde. En la sesión, el juez resolverá si acepta o rechaza el pedido de nulidad.

Bajo esa aproximación editorial, Zileri definió la personalidad de la revista que fundó su madre, Doris Gibson, en 1950. Este principio sobre la fuerza epifánica de la imagen lo podemos apreciar en la muestra El Perú, en clave CARETAS. 75 años de historia fotográfica en el Museo de Arte Contemporáneo hasta el 12 de julio. La hemos visto en dos ocasiones y no podemos dejar de recomendarla, tanto por la obviedad en cuanto a la calidad de las fotografías como por el diálogo que ellas establecen con la actualidad.

En el imaginario cultural peruano, no pocos, por no decir todos, reconocen la riqueza del archivo fotográfico de Caretas. En este orden de cosas, no solo resulta positivo que parte de este inmenso archivo se halle a disposición del público, sino que también la muestra se inscriba en un contexto mayor: el muy buen momento que viene atravesando la fotografía peruana, al que le faltaba una exposición netamente de carácter periodístico.

La muestra se ve como precisó Zileri: como un viaje visual en el que nos encontramos con las fotografías de Víctor Ch. Vargas, Óscar Medrano, Carlos Saavedra, Ruth Enciso, Leoncio Mariscal, Víctor Manrique, Alicia Benavides, Lotta Burenius, Luis Julián, Javier Zapata, Gilmar Pérez, Daphne Dougall de Zileri, Fátima López y Armida Testino, con las que se aborda al Perú contemporáneo desde sus distintas facetas, principalmente, a partir de los años 80.

En El Perú, en clave CARETAS encontramos fotografías icónicas, como la de Óscar Medrano del campesino Edmundo Camana y el reencuentro de ambos después de más de dos décadas; del mismo modo, secuencias del caso Hugo Bustíos, corresponsal de Caretas en Ayacucho que fue asesinado en 1988. En esa serie de fotografías, podemos ver al propio Enrique Zileri, quien hizo suya esa causa que, lamentablemente, ha vuelto a cobrar actualidad a razón de la impunidad. Fotografías de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (la primera que se tuvo del exasesor presidencial a cargo de Carlos Saavedra en 1983) resultan infaltables. Nuestros últimos gobernantes tampoco están ausentes. Vemos a Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí, por citar a algunos. Estas fotografías exhiben la marca de Zileri. ¿En qué se diferencian de otras fotografías de estos personajes? Pues en la chispa del detalle, en la epifanía del gesto y en la confusión de la mirada del personaje. Para los gráficos de Caretas, las fotos tenían que comunicar más allá de su perfección formal. Don Enrique, fue difícil sacar la foto. Había muchos policías que me impedían hacer las tomas, le dijo un histórico gráfico de Caretas durante un infartante cierre de edición. La respuesta de Zileri, aparte de contundente, es a la vez una clase magistral de edición y prueba de su exigencia: yo no publico excusas.

La cultura y el arte no podían faltar. Blanca Varela, Fernando Ampuero, Jeremías Gamboa, Susana Baca y Rember Yahuarcani son algunos de los personajes incluidos. El retrato es otro de los puntales históricos de Caretas. El rostro, la postura y la situación definían la radiación sobre la mera representación. El registro gráfico de la pandemia es igualmente protagónico. Se siente el dolor y la esperanza por salir de esa pesadilla (por ejemplo, una iglesia vacía, en cuyas bancas están las fotografías de cientos de peruanos que murieron, no es un recuerdo lejano).

Se entiende, tal y como sugerimos líneas atrás, que esta es una pequeña parte de un archivo fotográfico inagotable. Esta historia gráfica peruana tiene sabor a Perú. Hay denuncia, pero también picardía; el humor crítico que impuso Zileri en su revista no deja de sentirse. Para él, no existía la trascendencia sin sacrificio. Zileri concebía el periodismo de esa manera. La mediocridad le aturdía aparte de que le quitaba el sueño.

Quien escribe ha sido editor de cultura e inactuales en Caretas. En ese sentido, subrayo la ética y la verdad que hay detrás de estas fotografías. El Perú, en clave CARETAS cuenta con la curaduría de Diana Zileri y Andrés Longhi de la Asociación Ojos Propios. La exposición existe gracias a la gestión de Diana Zileri. Vayan a visitarla.

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Dato:

Lugar. El MAC: av. Miguel Grau 1511, Barranco. De martes a domingo, de 10 a. m. a 7 p. m. Entradas: entre 8 y 20 soles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) convocó a una sesión virtual para evaluar el recurso de reconsideración del exfiscal José Domingo Pérez, a quien el pleno retiró de su cargo el pasado 19 de marzo de 2026 debido a que la institución determinó que no existía una "convicción positiva" sobre su conducta.

Durante el informe oral, José Domingo Pérez se presentó ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y sostuvo que la decisión de separarlo del Ministerio Público responde a una persecución contra jueces y fiscales.

"Existen elementos objetivos que permiten vincular que la decisión impugnada de no ratificarme del cargo de fiscal se alinea con aquellas actuaciones que diversos sectores de la opinión pública han identificado como parte de un pacto mafioso de persecución contra jueces y fiscales", advirtió.

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Ante sus declaraciones, la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, lo interrumpió para exigirle "cordura legal". Sin embargo, Pérez continuó argumentando que la JNJ evidencia "un patrón de sanción y hostigamiento contra magistrados que no se han sometido a intereses de poder".

En su justificación, el exfiscal explicó que la falta de transparencia dentro de la institución fue el motivo principal para romper relaciones de confianza con el tribunal.

Pérez declaró abiertamente no tener confianza en el equipo de la JNJ y denunció que los miembros del pleno le habrían ocultado información para ejercer su defensa.

"Ustedes no me pusieron en conocimiento la ponencia número 004-2026 (…) antes de la adopción del acuerdo del pleno en la sesión del 19 de marzo del 2026, en la que decidieron no ratificarme en el cargo".

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El exfiscal se dirigió a María Teresa Cabrera y denunció que una nueva propuesta reemplazó al informe original que aseguraba su permanencia en el cargo. De acuerdo con el descargo del magistrado, el tribunal dejó de lado el documento inicial que le daba el visto bueno para continuar con sus funciones y colocó en su lugar un texto acusatorio.

Pérez detalló de forma directa que este informe en su contra fue "presentado por la excongresista del partido político Podemos Perú y hoy presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega".

Asimismo, alertó sobre la gravedad de esta acción y denunció que "dicha ponencia sustituía al informe individual de evaluación integral y ratificación del 12 de junio del 2024 que recomendaba satisfactoriamente por mi ratificación en el cargo".

Pérez lamentó que, debido a esta maniobra, tampoco se le concedió el derecho a defenderse de las falsedades de la ponencia de María Teresa Cabrera Vega. "Ni siquiera se me permitió el uso de la palabra en la sesión".

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Además, el exfiscal rechazó la legalidad de la votación al no haber podido exponer de manera escrita y oral sus argumentos. Asimismo, Pérez recordó que "la decisión de no ratificación fue adoptada sin hacerme de conocimiento la referida ponencia (...) y, por lo tanto, devienen arbitraria e inválida la misma".

Tras exigir la "nulidad de los actos administrativos", señaló que dejaría constancia para desconectarse de la sesión, con la finalidad de continuar con sus "actividades democráticas".

Francisco tenía 8 años cuando murió, el 7 de noviembre de 1984, en el centro poblado de Acco, distrito de Tambo, provincia de La Mar, Ayacucho. Ese día se encontraba pastando animales en los cerros, junto a su hermana, cuando fue alcanzado por disparos atribuidos a una patrulla de la Marina de Guerra del Perú.

La investigación fiscal sostiene que los agentes pudieron haber confundido a Francisco Ticlla con presuntos integrantes de Sendero Luminoso. El menor murió en el lugar por impactos de proyectiles de arma de fuego, a la altura de la cintura y el abdomen.

Tras el hecho, la tropa se retiró de la zona. Emilia Ticlla volvió al pueblo para avisar a sus padres. Luego, familiares y comuneros llegaron hasta el paraje Ventanayuq Orqo, recogieron el cuerpo del niño y lo enterraron cerca del lugar donde cayó. Lo hicieron con la ropa que llevaba puesta, en una fosa improvisada, sin denuncia formal ni despedida pública. En esos años, el miedo a nuevas represalias de las fuerzas del orden condicionaba las formas del sepelio de las víctimas.

REENCUENTRO DE HERMANOS

Cuarenta y dos años después, Emilia Ticlla volvió al mismo cerro para guiar a los equipos de búsqueda. La diligencia fue encabezada por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho, con participación del Equipo Forense Especializado y por encargo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Durante más de cinco horas, el fiscal adjunto provincial Richard Ataucusi Saccsara, el perito arqueólogo Fredy Yaranga Loayza, personal forense y familiares de la recorrieron el área. La memoria de Emilia Ticlla fue la principal referencia para ubicar la fosa.

Finalmente, se encontraron las prendas conservadas por el tiempo, un pequeño recipiente colocado junto al entierro y un chullo que cubría parte del cráneo de Francisco Ticlla. Esos elementos permitieron confirmar que los restos correspondían a un niño enterrado en las condiciones relatadas por la familia.

EL ÚLTIMO ADIÓS

El hallazgo tuvo un peso familiar difícil de contener. Personal presente en la diligencia dio cuenta de la emoción de Emilia Ticlla al reencontrarse con los restos de su hermano menor, a quien vio morir cuando ambos eran niños. Francisco Ticlla tendría hoy alrededor de 50 años.

Los restos fueron trasladados al Laboratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho, donde serán sometidos a pericias para su identificación genética y análisis forense. También se buscará determinar las circunstancias precisas de la muerte, incluida la trayectoria y cantidad de disparos que recibió el menor.

Hasta el momento la investigación atribuye el hecho a efectivos de la Marina de Guerra, pero no existe una identificación individual de los responsables. El caso forma parte de las investigaciones humanitarias orientadas a recuperar, identificar y restituir los restos de víctimas del periodo de violencia (1980-2000).

La diligencia en Acco se desarrolló durante horas. Para la familia Ticlla Figueroa, la recuperación de los restos no cierra la historia, pero abre una posibilidad postergada durante 42 años: que Francisco deje de ser un niño enterrado en la clandestinidad y reciba una sepultura con nombre, memoria y dignidad.

Pero, fuera de esos dos bloques, el debate del domingo dejó al descubierto la superficialidad con que se trató un área que merece tanta atención como la economía y la infraestructura: la salud. Este sector, que comenzó el quinquenio con una pandemia encima, ha sido depredado hasta el extremo en un periodo en que tendríamos que haber terminado de entender lo que verdaderamente representa. En mucho, la derrota política de APP en la primera vuelta proviene de su relación con el descalabro de este sector en el periodo que termina en julio de este año. Aun así, en el bloque de salud el debate no nos dejó nada. Ni una autocrítica por lo mal que se ha hecho todo, ni una pista sobre cómo resolverlo en el siguiente quinquenio.

El debate también ha dejado grandes ausentes: el manejo de la minería no regulada (imposible seguir llamándola simplemente 'informal'), la seguridad y la protección de las personas, el medio ambiente, en especial la Amazonía, y la justicia. La primera de estas ausencias revela que ninguna de las dos organizaciones en disputa quiere generar fricciones con sectores que han demostrado tener un peso electoral acaso determinante, aunque sus agendas todavía no hayan sido suficientemente establecidas ni validadas socialmente. La minería no regulada llega a estas elecciones dividida en dos bandos: una buena parte de los mineros 'de campo', los Reinfo, ha respaldado a Sánchez en primera vuelta. Los acopiadores, los dueños de plantas de beneficio y los exportadores parecen estar en franca migración desde las tiendas de López Aliaga hacia las de Fujimori. Ninguno de estos dos sectores se ha diferenciado lo suficiente de las organizaciones criminales que impregnan el tejido social que han generado o fortalecido —fuerzas de seguridad privadas, extorsionadores y lavadores de activos, entre ellas—. Tampoco han superado la etapa predatoria de sus procesos productivos. El silencio sobre las políticas con cuya base debe ordenarse este sector de la economía, que ha crecido a la deriva, se extiende a la cuestión de la seguridad y la protección de las personas, y alcanza también a la protección del medio ambiente y la Amazonía, junto con toda la lista de asuntos pendientes que ambos temas contienen.

Pero parecemos estar todavía a una distancia considerable del punto en que pueden discutirse estos asuntos. Una distancia que acaso pueda medirse en votos.

En la lista de ausencias también está el problema de la justicia, que encuentra sentido en coordenadas distintas. Aquí parecemos estar bloqueados; atrapados en los problemas que causaron y explican el origen y el comportamiento de tres de los enclaves que arrastramos del régimen anterior: la Junta Nacional, la mayoría del Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación. La justicia, en términos de políticas públicas, no es una cuestión que se limite a los megaprocesos judiciales ni a los casos emblemáticos. Es un asunto que tiene que ver con las referencias que los ciudadanos pueden usar para resolver controversias, obtener protección en caso de quedar expuestos a ataques u obtener reparaciones por accidentes o delitos. Es también, por cierto, un problema relacionado con la vigencia de la ley, el castigo y el balance de poderes en general. Sin embargo, las dos organizaciones que han pasado a segunda vuelta han elegido como sus principales voceros en esta materia a dos profesionales que, respetables sin duda alguna, no se dedican a la definición, ejecución y estudio de políticas públicas, sino al litigio, que es una cosa enteramente distinta. Me refiero a José Domingo Pérez y a Giuliana Loza. De hecho, se trata de dos litigantes cuyas reputaciones se definen actualmente en función de su desempeño en el mismo caso: el caso Cócteles; una historia que definió el curso del ciclo iniciado en diciembre de 2016 con las revelaciones del caso Odebrecht. Ese es el caso que más influencia ha tenido en el origen de los tres enclaves a los que me he referido. Que ellos dos hayan sido elegidos como las referencias de cada una de las organizaciones que pasan a segunda vuelta para hablar de justicia pone en evidencia que en este tramo no hablaremos de justicia, sino que reproduciremos los términos en que se han desenvuelto las crisis protagonizadas por los enclaves.

Pero la justicia, como problema, está también en otra parte.

Imposible arribar a una conclusión definitiva. Las oportunidades están a la vista, pero las organizaciones en disputa muestran vacíos de perspectiva que nos pueden dejar anclados en la demolición, un periodo del que debemos terminar de salir.

La denuncia anunciada por Sánchez se da luego de que el candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular sostuviera que existió una coordinación entre la Fiscalía y el Congreso para “sacar” a Castillo del Palacio de Gobierno.

"Así que a confesión de parte, relevo de pruebas. El pez muere por la boca. Han confesado su delito. Este pueblo soberano el día de mañana como corresponde, este pueblo demócrata, este pueblo que pide justicia, estaremos en condiciones de presentar una denuncia que involucre a todos los que complotaron contra la democracia, contra el gobierno del pueblo", exclamó.

Las declaraciones de Sánchez fueron realizadas durante un mitin llevado a cabo en la plaza principal del sector José Carlos Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

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José Domingo Pérez y abogado de Juntos por el Perú se suman a la denuncia

Horas más tarde, durante una conferencia de prensa, el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez informó que se formulará una denuncia penal tras las declaraciones de Torres. Pérez señaló que el electo senador "ha confesado un delito" y que la denuncia incluirá a los congresistas Martha Moyano y José Williams Zapata, así como al excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro, y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Por su parte, el abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, precisó que se denunciará a las personas antes mencionadas por el presunto delito de conspiración para rebelión.

“Lo que ha sucedido acá no es una exageración como lo ha querido hacer ver la señora Keiko Fujimori. Lo que ha sucedido acá es la concretización de actos específicos, de actos planificados previos al 7 de diciembre. La consigna de esta estrategia finalmente tuvo resultados el 7 de diciembre. Eso es lo que vamos a tener que denunciar ante el Ministerio Público y deberán actuar conforme a sus competencias”, explicó.

Mendoza comentó que, en el transcurso del día, se presentará la denuncia e informarán a los medios de comunicación sobre el tema.

Fujimorismo revela papel en la salida de Pedro Castillo del poder

El pasado 22 de mayo, Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, admitió que la agrupación encabezada por Keiko Fujimori mantuvo coordinaciones con el Congreso, la Fiscalía —dirigida entonces por Patricia Benavides— y otros actores políticos con el objetivo de retirar a Pedro Castillo de la Presidencia.

"Sacar al señor Castillo no fue sencillo (…) Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. Fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya", declaró durante una entrevista en Ahora y en La Hora.

El representante de Fuerza Popular también defendió las acciones emprendidas para frenar el avance del gobierno de Pedro Castillo. “El Perú ya no aguanta más. Lo que hemos tenido en los últimos cinco años ha sido terrible (...) porque se ha tenido que hacer toda una gesta de contención”, sostuvo el candidato.

"No hay que quitarle mérito, él también puso su granito de arena", acotó Torres.

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JP a la espera del indulto a Pedro Castillo

Por otro lado, el abogado de Castillo, Walter Ayala, señaló que permanece a la espera de la decisión que adopte el presidente José María Balcázar respecto al pedido de indulto presentado en favor de su patrocinado.

El letrado afirmó que el mandatario le manifestó su intención de conceder dicho beneficio y sostuvo que lo visitó en diversas oportunidades en el penal de Barbadillo.

"Está en sus manos; el indulto es una decisión política. Balcázar cumple tu palabra", declaró Ayala. Asimismo, recordó que en 2018 el exdictador Alberto Fujimori recibió un indulto pese a que, según indicó, esta medida contravenía el reglamento vigente.

“Si hubiese voluntad política, hoy Pedro Castillo estaría en la calle”, agregó el abogado.

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Pedro Castillo denuncia formalmente a Miguel Torres, Patricia Benavides y más

Pedro Castillo presentó oficialmente la denuncia contra Miguel Torres y Patricia Benavides por el delito de conspiración en su contra. La querella presentada alcanza también a Martha Moyano, José Williams y el excomandante PNP Raúl Alfaro.

El punto principal de la denuncia es una declaración de Miguel Torres, quien habló de una “gesta de contención” contra Castillo. A partir de esa frase, la denuncia intenta demostrar que hubo coordinación entre distintas instituciones y partidos políticos.

La denuncia sostiene hechos ocurridos dentro del Congreso y la Fiscalía para denotar que se dio una conspiración en su contra para sacarlo del cargo presidencial.

“Se acercó a reclamarme por las leyes procrimen. Me dijo: ‘¿Por qué ustedes dicen que Sánchez no ha votado por las leyes procrimen si hay una ley por la que sí ha votado?’. Entonces yo le respondí que esa norma tiene que ver con el uso de maquinaria y explosivos por parte de mineros artesanales, y no ilegales, que por no contar con contratos formales con la gran minería no pueden acceder a ella. En esa ley, Roberto votó a favor”, declaró Zunini en el pódcast 'Pitucos Marrones'.

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Zunini y Barbarán intercambiaron posiciones en el bloque de juventud y deporte durante el debate técnico. El dirigente de Juntos por el Perú señaló, entre risas junto a los panelistas del programa, que la representante fujimorista incluso habría admitido su respaldo a este grupo de iniciativas legislativas.

“Y yo le dije: ‘¿Ustedes defienden las leyes procrimen?’. Y ella me respondió: ‘Sí, las defendemos’. Entonces le dije: ‘Síganle diciendo eso a la gente’, y ahí fue cuando me retiré. (...) Terminaron aceptando que estaban de acuerdo con las leyes procrimen”.

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Rosangella Barbarán encaró a Ernesto Zunini tras debate técnico

Tras el debate de los equipos técnicos realizado en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se registró un momento de tensión entre representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Rosangella Barbarán, congresista fujimorista que participó en el bloque de juventud y deporte, se acercó a Ernesto Zunini, integrante técnico de Juntos por el Perú en esa misma mesa.

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En las imágenes difundidas se observa a Barbarán dirigiéndose brevemente a Zunini antes de retirarse del lugar, mientras que el vocero de Juntos por el Perú respondió únicamente con una sonrisa. Asimismo, según se aprecia en los videos, la parlamentaria también habría intentado confrontar a Gustavo Guerra García, representante de Juntos por el Perú en temas de infraestructura.

Durante el intercambio entre ambos equipos, no faltaron las críticas cruzadas. Barbarán cuestionó las propuestas económicas planteadas por Juntos por el Perú, mientras que Zunini —además de indicar el apoyó a las leyes procrimen de esta organización— respondió recordando la actuación del fujimorismo en el Congreso durante los últimos años y señalando su participación en vacancias presidenciales y su influencia desde el Parlamento.

En declaraciones a un medio local, Francke calificó las propuestas de Humala como "locas", "absurdas" y "violentas", y sostuvo que este tipo de planteamientos no contribuyen al país ni al fortalecimiento de la organización política.

"No ayuda a nadie, a mi juicio, no ayuda al país. Ese es el tema. Yo creo que Antauro suelta ideas absurdas, violentas que me parece que al Perú no le hacen ningún favor", expresó.

En esa misma línea, el economista aseguró que nunca ha visto a Humala en los pasillos del local de Juntos por el Perú. Consideró que, de encontrarse con él, le recomendaría irse a su casa.

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“No lo conozco al señor, la verdad. De veras, yo nunca en mi vida lo he visto. (Risas) Nunca en mi vida lo he visto. Pero bueno, si lo veo algún día, le diré: "Señor, ¿por qué no se va a su casa mejor? Tranquilo”, comentó Francke.

Aunque formó parte de su entorno político durante buena parte de la campaña, en las semanas previas a la segunda vuelta, tanto Sánchez como su equipo técnico han buscado marcar distancia de Humala.

El exmilitar ha sido cuestionado por plantear la ejecución de expresidentes, promover discursos de exclusión contra personas LGTBIQ+ y migrantes, y reivindicar públicamente el Andahuaylazo, levantamiento armado por el que fue condenado. Incluso, el Poder Judicial disolvió el partido A.N.T.A.U.R.O. por sus expresiones antidemocráticas.

Por su parte, Francke aseguró que en un eventual gobierno de Sánchez no habrá estatizaciones, se respetará la propiedad privada y los contratos empresariales. Asimismo, manifestó que su objetivo es facilitar las inversiones en el Perú y darle mayor "énfasis" a los pequeños empresarios y negociantes.

"Nuestro interés está en que ellos tengan crédito. Esa es nuestra prioridad porque es desde lo que viven las familias peruanas. Pero nosotros queremos que la inversión privada crezca, que genere empleo", dijo.

Antauro Humala le responde a Pedro Francke

Durante una conferencia de prensa, Humala se pronunció sobre los comentarios realizados por el exministro de Economía. En ese contexto, sostuvo que Francke representa únicamente una opinión individual frente al "millón de electores nacionalistas" a nivel nacional.

""Yo creo que ahí está la respuesta. (Pedro) Francke es una sola persona y el nacionalismo es por lo menos un millón de electores. Y para nosotros está muy bien que se sume. Nosotros no tenemos ningún problema; el problema lo pueden tener ellos, pero repito, nuestro apoyo es como partido, no como persona. Y repito, nosotros, a diferencia de otras personas, no estamos por ningún cargo", declaró.

El caso gira en torno a la ejecución de ocho hombres que integraban la comunidad LGBTI en la discoteca Las Gardenias, en Tarapoto, en mayo de 1989. De acuerdo con la tesis fiscal, el Frente Nororiental del MRTA mató a estos ciudadanos como parte de su lineamiento de "limpieza social".

En 1990, los mismos miembros del MRTA asesinaron a Luis Pinchi, conocido como "Fransua". En 1991 y 1992 hicieron lo mismo con Silvano Vela y Salomón Pérez, alias "Pacharaco", por su orientación sexual.

El Ministerio Público informó que, a través de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, se consiguió que no se declare la prescripción de los delitos.

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A partir de los argumentos presentados por el fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales Cruzado, se consiguió mantener vigentes las imputaciones por terrorismo agravado y homicidio calificado, en el marco de presuntas graves violaciones a los derechos humanos atribuidas a Víctor Polay en el caso Las Gardenias.

Por estos hechos, la Fiscalía solicitó la pena de cadena perpetua por los asesinatos de integrantes de la comunidad LGBTI ocurridos entre 1989 y 1992 en la región San Martín.

En esa misma línea, el Ministerio Público solicitó la misma sanción para María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, acusados en calidad de autores mediatos.

La Fiscalía informó que el juicio oral por este caso comenzará el próximo miércoles 17 de junio. Esta decisión fue tomada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria el pasado 16 de enero.

La tesis fiscal contra Polay Campos

Según la hipótesis fiscal, se le imputa a Polay Campos que, en su condición de líder, fundador y miembro de los máximos órganos del MRTA a nivel nacional, creó, diseñó y aprobó un lineamiento.

pragmático o plan político denominado “limpieza social” dirigido a la eliminación de grupos sociales, conformados por delincuentes, homosexuales, drogadictos, prostitutas e infieles.

En ese contexto, precisa la Fiscalía, ejerció su poder de mando y coercitivo hacia los demás integrantes del MRTA y ordenó la ejecución del dicho lineamiento. Por esa orden, un grupo conformado por 6 integrantes fue hasta el local de Las Gardenias, y sacó del lugar a Humberto Mendoza Rojas, Carlos Gutemberg Piedra Acha, Max Pérez Velásquez, Jaime Orbe García, Rafael Gonzales Mendizabal, Cesar Marcelino Carbajal Aliaga, Raúl Chumbe Rodríguez y Jhony Achuy.

Luego de someterlos, procedieron a ejecutarlos con disparos de armas de fuego en la cabeza, descalificando a las ocho víctimas por su condición de delincuentes y homosexuales.

Víctor Polay Campos cumple prisión preventiva de 18 meses por caso Las Gardenias

En diciembre del 2025, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Polay Campos, medida que fue ratificada en abril de este año.

Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que el MRTA, encabezado por Víctor Polay Campos, conocido como "Camarada Rolando", promovió directrices políticas orientadas a la eliminación de sectores a los que calificaba como "lacras sociales", entre ellos personas homosexuales, trabajadoras sexuales y delincuentes comunes.

Según el Ministerio Público, estas acciones formaban parte de su proyecto ideológico para forjar al denominado "hombre nuevo".

El secretario general de la organización, Humberto Acuña Peralta, informó que el rechazo popular llevó a la agrupación a un momento de reflexión y análisis sobre la problemática y los errores del partido.

"Es una seguidilla de errores que uno tiene que reconocer y tiene que mejorar en la reestructuración del partido. Se está analizando si es con el mismo nombre; todavía no se ha tomado una decisión", precisó. Sin embargo, mencionó que la prioridad de la agrupación son las Elecciones Municipales y Regionales del 4 de octubre.

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En esa misma línea, Acuña Peralta aseguró que APP contará con una nueva representación, con "caras nuevas", y descartó que algún miembro de su familia vaya a formar parte de la nueva conformación de la agrupación.

"Queremos hacer un partido donde no haya una representación de un Acuña en la dirigencia nacional del partido, dando la oportunidad a los jóvenes y líderes que tenemos a nivel nacional", afirmó.

Sin embargo, el hermano del exgobernador regional de La Libertad negó que haya una crisis dentro del partido, debido a que, según sostuvo, "APP va a sacar la cabeza en las elecciones regionales" y se reunirán con los candidatos en 23 regiones del país.

"Vamos a tener más de 1.500 candidatos; el que no sigue debe estar en 1.100 candidatos. Es una gran diferencia; nuestra organización está ahí", comentó.

César Acuña no participará en las Elecciones Regionales y Municipales

Por otro lado, Humberto Acuña reiteró la decisión de su hermano y excandidato presidencial César Acuña, quien adelantó que no participará en los comicios de octubre.

El secretario de APP mencionó que el líder del partido "está interesado en la reconstrucción del partido". "Está interesado en que APP permanezca y sea una herramienta para los jóvenes y líderes del país que quieran hacer política en beneficio de todos los peruanos", manifestó.

En tanto, precisó que la decisión sobre el nuevo nombre de la agrupación la tomará César Acuña junto con la nueva representación que llegará a la organización.

El mea culpa de APP

Acuña Peralta afirmó que uno de los errores de la agrupación fue no haberse deslindado del "cogobierno" que se habría gestado en el Congreso de la República, así como, supuestamente, haber formado parte de la Mesa Directiva durante 3 años consecutivos.

De igual forma, el dirigente lamentó que no se hayan aclarado los cuestionamientos relacionados con que en el Ministerio de Salud o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hubiera habido militantes de APP.

"Toda una seguidilla de errores que el partido no pudo aclarar y no pudo salir al frente. También la falta de vocería en Alianza para el Progreso", lamentó.

Al ser consultado por las declaraciones de César Acuña, quien responsabilizó a los medios de comunicación de su derrota en los comicios, Humberto Acuña indicó que no discreparía en ese tema y consideró que APP es un partido "con organización y estructura" y que contará con respaldo popular en las elecciones regionales y municipales.

"El mensaje (de las elecciones) ha sido bien fuerte; sería un error político insistir en que una Acuña siga (en la representación del partido)", enfatizó.

APP evita responder si apoya a Fuerza Popular o Juntos por el Perú

"No hay endoso de votos, o sea, es una mentira que uno endose votos. O sea, no hay endose de votos. APP va a dejar en libertad a toda la militancia, a todos los dirigentes políticos, que ellos tomen la mejor decisión, porque es una mentira que hay un endose de votos", opinó Acuña. Sin embargo, resaltó que en el debate de equipos técnicos se careció de propuestas.

Durante su visita al alcalde provincial del Callao el último lunes 25 de mayo, Rospigliosi brindó declaraciones a la prensa. En su intervención, Rospigliosi calificó como "tonterías" la consulta del comunicador e, inmediatamente, cambió de tema y se refirió al debate presidencial entre los equipos técnicos del fujimorismo y Juntos por el Perú (JP).

"Hace 10 años, usted comentaba que Keiko Fujimori vivía con la plata de Montesinos", rememoró el periodista.

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Rospigliosi prefirió restarle importancia. "No, esas son tonterías. Lo que sí quisiera decir es que ayer en el debate presidencial se mencionaron varias mentiras groseras, como por ejemplo, algunos de los que participaron en ese debate dijeron que yo había ordenado al ministro de Economía (en referencia al pago de los aviones), tonterías de ese tipo, que son falsedades absolutas. Naturalmente, en mi condición de congresista, yo no puedo ordenarle nada a ningún ministro".

Sin embargo, el periodista lo interrumpió. "¿Qué cambió en estos 10 años para que usted cambiara de parecer?".

No obstante, el congresista contestó airadamente, levantando el brazo derecho con un folder en la mano. "¡Cállese, señor, que estoy respondiendo acá!".

En ese sentido, el fujimorista, sentenciado en primera instancia por difamación, negó que haya ordenado al Ministerio de Economía y Finanzas desembolsar el dinero para el primer pago de los aviones F-16.

"En mi condición de congresista, ni siquiera a un presidente de Comisión del Congreso puedo decirle qué cosa es lo que tiene que hacer. El Congreso es una institución que funciona con 130 congresistas, a diferencia del Ejecutivo; y el Congreso no tiene ninguna injerencia en las decisiones del Ejecutivo. Así es que solamente reiterar que eso es absolutamente falso, se refieren a un tuit informativo donde yo digo que se ha llegado a una decisión para adquirir esos aviones, cosa que todo el mundo conoce, cuando ya se había tomado la decisión, y el único que puede ordenarle al ministro de Economía es el presidente de la República", dijo.

"Es tiempo de volver a unir al Perú. De reencontrarnos como hermanos, de recuperar la confianza perdida y de construir, entre todos, una patria donde nuestros hijos puedan crecer con oportunidades, libertad y esperanza", se lee en el comunicado.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales este martes 26 de abril, la agrupación política indicó que durante su campaña electoral denunció una serie de irregularidades en el proceso electoral, así como el silenciamiento y discriminación sistemática a la candidatura de Belmont.

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Sin embargo, pese a ello, apoyarán a Sánchez el próximo 7 de junio.

"Por esta y muchas razones, el partido Cívico Obras ha decidido respaldar a Juntos por el Perú y su candidato presidencial Roberto Sánchez; este respaldo se otorga con absoluta responsabilidad democrática y compromiso con el país", señala el pronunciamiento oficial.

Cívico Obras fiscalizará un eventual gobierno de Roberto Sánchez

El partido de Belmont advirtió que, si bien respaldarán a Juntos por el Perú y a Sánchez, sus senadores y diputados fiscalizarán y vigilarán un eventual gobierno.

"El Perú merece paz, merece justicia, merece unidad, y merece volver a creer en sí mismo", añade el comunicado firmado por el secretario general nacional del partido, Daniel Barragán Coloma.

Por otro lado, Obras afirmó que mantendrá su "posición principista e invariable" durante el proceso electoral: "Primero la patria, segundo el partido y tercero las personas".

"El partido Cívico Obras ha mantenido, a lo largo de su historia, sus 10 vigas maestras como principios fundamentales de acción política, consolidándose como el primer gran movimiento independiente que ganó las elecciones municipales de Lima Metropolitana en 1990 y 1993", acotó.

Ahora Nación y Cooperación Popular anuncian voto a favor de Roberto Sánchez

Ahora Nación, partido liderado por Alfonso López Chau, oficializó su apoyo a la candidatura de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con miras a la segunda vuelta electoral. Mediante un pronunciamiento difundido en sus redes sociales el pasado 23 de mayo, la agrupación sostuvo que optar por la abstención o emitir un voto viciado terminaría beneficiando a Fuerza Popular y a su lideresa, Keiko Fujimori.

"Nuestro voto por Juntos por el Perú (JP) es un voto crítico, respaldado por exigencias y garantías explícitas para nuestro país”, señaló el partido.

Asimismo, Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, señaló que, tras un proceso de deliberación y votación interna, decidió respaldar la candidatura de Juntos por el Perú.

Durante su pronunciamiento, el excandidato presidencial recordó que en las elecciones de 2021 impulsó el voto viciado en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Según explicó, esa decisión estuvo motivada por su desacuerdo con ambas opciones electorales.

“Millón cien mil peruanos votaron igual (viciado) porque no podíamos respaldar la corrupción de Fujimori y menos la improvisación e inexperiencia de Pedro Castillo. El tiempo nos dio la razón… la mafia lo sacó… y ha tenido la osadía de designar cuatro presidentes en cinco años”, dijo.

Partido Morado no apoyará ni a Keiko Fujimori ni a Roberto Sánchez

El Partido Morado anunció que no brindará su apoyo a ninguno de los candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral. A través de un pronunciamiento, la agrupación señaló que los resultados de la primera vuelta plantean un “dilema doloroso” para los ciudadanos que defienden la democracia, la libertad y el progreso del país.

En el documento, el partido sostuvo que las organizaciones políticas que compiten en el balotaje mantienen posturas e ideologías alejadas de la visión de centro republicano que ha promovido la agrupación. Por ello, indicó que sus militantes podrán decidir libremente su voto de acuerdo con su conciencia y responsabilidad cívica.

"Por esa contradicción en lo fundamental, nuestro partido no puede apoyar, de modo institucional, a ninguno de los partidos en pugna el 7 de junio", se lee en el comunicado.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Un día antes, el 25 de mayo, la organización comunicó que su posición institucional es de rechazo a ambas candidaturas (Sánchez y Fujimori), pero dejó claro que sus militantes tenían libertad de elegir su voto a "conciencia y con sentido de responsabilidad cívica".

Por ello, en el comunicado resaltan que su posición sigue lo establecido por el Comité Político y Ejecutivo de la organización sobre la libertad de voto.

Su decisión de votar por Sánchez se debe, principalmente, a un rechazo por Keiko Fujimori y su partido.

“Desde 2016, el fujimorismo capturó las instituciones clave del Estado, modificó la Constitución a su favor, aprobó leyes que favorecen al crimen, debilitó a la Sunedu, usó inhabilitaciones por venganza política, blindó a Dina Boluarte y protegió redes de corrupción judicial”, se lee.

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Voto vigilante hacia Juntos por el Perú

Resaltaron que su voto es de carácter “vigilante y fiscalizador” hacia Juntos por el Perú y solicitan el cumplimientos de una serie de medidas. Estas son:

• El respeto irrestricto a los derechos humanos y el Estado de derecho
• La búsqueda de verdad, justicia y reparación para las victimas de la violencia delEstado, incluyendo justicia y reparación para las victimas de los asesinatos yviolaciones de derechos humanos ocurridos en los años 2022 y 2023.
• La restauración del equilibrio de poderes y rescate de la institucionalidad.
• La derogación de las leyes pro crimen.
• La lucha frontal contra la corrupción.
• Garantizar la autonomía del Banco Central de Reserva en el control de la inflación y la administración de las reservas
• El fomento del desarrollo del país respetando la inversión privada.

“El fujimorismo no es una opción democrática. Ha dejado una década de caos e inseguridad que debe terminar. Por eso, nos reafirmamos en nuestra decisión: ¡Fujimori nunca más!”, indican.

Mesías Guevara: “No pienso votar por la señora Fujimori”

Mesías Guevara ya había anunciado que evaluaba votar por Sánchez. En diálogo con la prensa, indicó que no votará por Fujimori y tampoco viciará su voto. Aclaró que el partido aún tomará una decisión en los próximos días.

“En lo personal, yo no pienso votar por la señora Fujimori. Tampoco estoy en la corriente del voto en blanco ni viciado. Espero que el equipo técnico y los debates presidenciales terminen por convencerme (por Sánchez)”, mencionó.

Además, comentó que considera a Sánchez muy “hábil” y que, ante un eventual pedido de vacancia, “movería bien sus fichas” para quedarse, tal como sucedió cuando buscaron desaforarlo del Congreso. “No hay que subestimarlo”, dijo.

Desde el 25 de mayo, un grupo de manifestantes se concentró en la plaza de Concepción para expresar su rechazo a la visita de la lideresa de Fuerza Popular, quien se encontraba en la provincia para celebrar su cumpleaños a puerta cerrada.

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El grupo anunció que también protestaría este 26 de mayo, fecha en la que Fuerza Popular programó un mitin. Así ocurrió. La noche de este martes, decenas de ciudadanos hicieron sentir su rechazo a la candidata.

Las manifestaciones se concentraron en las calles principales. Incluso, se le impidió el pase a un bus de la orquesta Hermanos Yaipén, agrupación contratadas para la actividad proselitista de Fujimori. Sin embargo, pudieron realizar su presentación.

Mientras la lideresa realizaba sus actividades de campaña, los agentes PNP dispersaron las manifestaciones con bombas lacrimógenas y golpeando a los ciudadanos con sus bastones policiales.

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La visita de Keiko Fujimori a Huancayo

Keiko Fujimori comenzó su gira por la región Junín con eventos privados que coincidieron con su cumpleaños número 51.

La candidata llegó al aeropuerto de Jauja para luego asistir a una reunión en un restaurante de Concepción. Estas actividades se realizaron un día después del debate técnico y a una semana del debate presidencial definitivo contra Roberto Sánchez, de cara a la segunda vuelta electoral.

El evento en Concepción se desarrolló con un estricto control de seguridad y no estaba permitido el ingreso de los medios de comunicación ni de los simpatizantes que no contaban con una acreditación formal.

Entre los asistentes que esperaban afuera del local se encontraban delegaciones que viajaron desde Ayacucho y otras zonas del centro del país. Dentro del establecimiento, los invitados compartieron un almuerzo y Keiko Fujimori participó bailando huaylarsh junto a sus seguidores.

Esto quedó claro en las audiencias públicas del proceso disciplinario que se realizaron para evaluar y definir la situación del exfiscal José Domingo Pérez y del exjuez Richard Concepción Carhuancho, ambos vinculados al caso Lava Jato.

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Sobre Pérez pesa la confirmación de su no ratificación en el Ministerio Público. En tanto, se dio a conocer un pedido para suspender al juez Concepción Carhuancho por cantar la conocida canción 'Triciclo Perú' y dar charlas académicas sobre su experiencia en la magistratura.

Ambos magistrados tienen en común haber intervenido en el caso Cócteles. Pérez pidió prisión preventiva para la hoy candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En tanto, Concepción acogió ese pedido.

Además, se debe precisar que la investigación disciplinaria contra el juez de investigación preparatoria nacional se inició luego de que el actual presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, pidiera expulsarlo del Poder Judicial por negarse a aplicar la ley de prescripción en delitos de lesa humanidad atribuidos a militares acusados de asesinatos crueles y desaparición forzada de personas.

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Pacto mafioso

El exfiscal y actual vocero del partido político Juntos por el Perú se presentó ante la Junta para cuestionar su no ratificación.

“No tengo confianza en ustedes, pues existen elementos objetivos que permiten vincular su proceder al pacto mafioso, por lo que no recurro con expectativas de justicia”, les increpó el exfiscal.

Insistió en que desde la JNJ se desarrolla una política de hostigamiento contra magistrados que no se someten al poder, y recordó los casos de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, el juez superior Oswaldo Ordóñez y la situación del juez Richard Concepción Carhuancho.

Luego, el abogado señaló que mantiene la fe en que muy pronto se alcanzará un escenario en el que todos, juntos por el Perú, haremos prevalecer la justicia, la independencia institucional, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

“Confío que la ciudadanía y las instituciones democráticas exigirán respuestas por los abusos de poder cometidos por quienes se subordinan al pacto mafioso”, anotó.

Suspensión de 6 meses

Antes de la intervención de José Domingo Pérez, el pleno de la JNJ evaluó una propuesta para suspender al juez Richard Concepción Carhuancho por seis meses en el ejercicio de sus funciones como juez de investigación preparatoria.

La institución liderada por María Teresa Cabrera investiga al magistrado por cuatro presuntas faltas a la carrera judicial: mostrar la fotografía de Nicanor Boluarte durante una charla virtual, pedir que se elimine ese fragmento del video en internet, dictar conferencias en institutos no universitarios y cantar 'Triciclo Perú' en un festival cultural.

Al respecto, el abogado del juez, Juan Monroy, calificó la posible sanción como una medida desproporcionada.

La defensa explicó que la ley exige razones muy graves para apartar a un juez de su cargo, en tanto que los cargos presentados por la JNJ carecen incluso de sustento legal. Monroy enfatizó que, por el tema de Nicanor Boluarte, ya hubo una investigación por parte de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que no encontró nada irregular.

Sobre los otros puntos, el abogado señaló que la ley autoriza a los jueces a dar charlas académicas sin precisar si estas se realizan en universidades u otras instituciones.

El descontento de los manifestantes generó el rodeo del vehículo de la agrupación musical para impedir su avance. Los protestantes reclamaban con frases como "la sangre derramada jamás será olvidada", mientras mostraban rechazo a la actividad política de la candidata, según reportes del portal Huanca York Times.

Entre los reclamos de los ciudadanos se registraron críticas hacia el origen de la candidata.

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"Si quiere gobernar que vaya a Japón, aquí en el Perú queremos un peruano, no queremos una japonesa. No nos representa", señaló una ciudadana vía ANP Noticias.

La marcha contra Fuerza Popular avanzó por las calles principales. Además, la jornada también registró agresiones físicas.

Una mujer de la zona se acercó a simpatizantes de Fuerza Popular para cuestionar la labor de Keiko Fujimori en el Parlamento. Sin embargo, la reacción de los militantes del partido fue agresiva.

Los seguidores fujimoristas atacaron a la ciudadana con arañazos y jalones de cabello.

La visita de Keiko Fujimori a Huancayo

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, comenzó su gira por la región Junín con eventos privados que coincidieron con su cumpleaños número 51.

La candidata llegó al aeropuerto de Jauja para luego asistir a una reunión en un restaurante de Concepción. Estas actividades se realizaron un día después del debate técnico y a una semana del debate presidencial definitivo contra Roberto Sánchez, de cara a la segunda vuelta electoral.

El evento en Concepción se desarrolló con un estricto control de seguridad y no estaba permitido el ingreso de los medios de comunicación ni de los simpatizantes que no contaban con una acreditación formal.

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Entre los asistentes que esperaban afuera del local se encontraban delegaciones que viajaron desde Ayacucho y otras zonas del centro del país. Dentro del establecimiento, los invitados compartieron un almuerzo y Keiko Fujimori participó bailando huaylarsh junto a sus seguidores.

Es necesario recordar los antecedentes de la campaña electoral de 2021 en esta misma región, donde las actividades de la candidata estuvieron marcadas por protestas y manifestaciones de rechazo.

Cinco años atrás, un grupo de ciudadanos protestó durante su mitin en Jauja con frases en su contra, mientras que otro evento en Huancayo terminó en enfrentamientos entre sus opositores y simpatizantes.

Su mirada va más allá de las fronteras del Perú. El prestigioso académico, director del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, analiza un eventual triunfo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el contexto del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus políticas anti derechos.

"De nuevo las alternativas son terribles en la segunda vuelta en el Perú. Pero entre las dos opciones iliberales, Keiko Fujimori me parece mucho más peligrosa. Si Keiko gana, tendrá mucho más poder que Sánchez para seguir construyendo un estado mafioso y autoritario", escribió en su cuenta de Facebook.

"Los fujimoristas -continúo- son criminales experimentados con amigos poderosos en las FFAA, el Poder Judicial, el sector privado, y ahora en Washington. Con la presidencia, podrían consolidar el poder, poniendo fin a la débil democracia existente y a la posibilidad de construir algo mejor en el mediano plazo".

"Votar en blanco o viciar el voto puede hacerte sentir bien, pero no ayuda a combatir la amenaza que representa el fujimorismo. Solo un voto por Sánchez (que también es un desastre, lamentablemente) ayuda a derrotar el fujimorismo", concluyó el reconocido politólogo.

Estados Unidos

Más allá de su explicación de por qué votar por Roberto Sánchez constituye la mejor alternativa, está su referencia a los amigos que tendrá el fujimorismo en Washington. El gobierno de Trump mantiene una tensa relación con las universidades más prestigiosas de Estados Unidos por su resistencia a alinearse con sus políticas antiderechos y contra los migrantes, entre otros temas.

La administración de Trump ha recortado o congelado fondos de investigación a instituciones como la Universidad de Harvard, con el argumento de que toleran el antisemitismo, fomentan posturas radicales y promueven políticas de diversidad racial.

Algo de esto vemos en el Perú. El Congreso, controlado por el fujimorismo, a través del congresista Fernando Rospigliosi, ha recortado las becas de estudio universitario, mientras intenta interferir en la vida institucional de las universidades, con un proyecto para permitir la reelección de los rectores, lo que ha provocado una crisis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Luego, está el alejamiento de Washington de los organismos internacionales de la ONU y la persecución de los magistrados de la Corte Penal Internacional. El Perú mantiene muchos casos de violaciones de derechos humanos del conflicto armado interno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en momentos en que diversos sectores que apoyan al fujimorismo claman por la salida de nuestro país de ese organismo internacional.

Las políticas de Trump están alineadas con la posición de la ultraderecha peruana y el fujimorismo. Keiko Fujimori en el gobierno tendría ayuda de la administración de Trump para alejarse de una institución que defiende los derechos humanos y civiles. Diversos organismos estadounidenses han criticado la decisión de la administración Trump de emprender un ataque frontal contra el Estado de derecho y los principios básicos de la democracia, incluidos ataques contra estudios de abogados que lo critican, la designación de abogados del presidente en puestos del Poder Ejecutivo y el desacato a sentencias judiciales que consideran ilegales sus acciones.

Puestas así las cosas, de controlar el Ejecutivo, Keiko Fujimori no tendrá muchas trabas internacionales para seguir construyendo un Estado mafioso y autoritario que controle todas las instituciones públicas y autónomas llamadas a realizar un contrapeso al poder del Ejecutivo, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia o la Defensoría del Pueblo. De hecho, algunas de estas instituciones ya responden a los intereses del pacto corrupto que hoy controla el Congreso, encabezado por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi.

Al momento de su detención, el ciudadano vestía polo negro y gorra del mismo color. Los efectivos realizaron un cerco humano para inspeccionarlo y, posteriormente fue retirado del lugar.

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Durante la intervención, Sánchez continuó brindando su discurso.

La noche anterior, durante una actividad proselitista en Manchay, anunció que visitaría Huaral. Los siguientes días se presentará en Huacho y Pachacútec. Luego partirá a regiones: visitará Ucayali, Loreto, Pasco, Huánuco, Piura, Ica y Arequipa.

No es la primera vez que atacan a un candidato presidencial. En diciembre último, el entonces candidato Rafael Belaúnde de Libertad Popular informó que el vehículo donde manejaba recibió varios disparos. Se encontraba en Cerro Azul, Cañete. No hubo heridos.

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Comisaría de Huaral realiza las diligencias del caso

La PNP informó que el ciudadano intervenido cuenta con licencia para portar armas, pero que se encontraba en presunto estado de ebriedad, por lo que fue sometido a pruebas de alcoholemia.

También, se formalizó su detención por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública (peligro común) uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción.

“Si bien el intervenido contaba con licencia vigente para portar arma de fuego, los efectivos policiales advirtieron visibles signos de presunto estado de ebriedad, motivo por el cual fue sometido a pruebas de alcoholemia y posteriormente fue detenido por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública – peligro común - uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción; neutralizándose de esta manera, cualquier posible amenaza a los concurrentes a esta actividad política”, se lee en una publicación de la PNP.

Otros ataques

El vehículo de Belaúnde recibió al menos tres disparos que impactaron en el parabrisas, específicamente del lado del conductor. Luego del ataque, el aspirante presidencial se dirigió a la dependencia policial de la zona para rendir su manifestación.

Antes de ello, en octubre, detuvieron a dos jóvenes que supuestamente planeaban atacar a Rafael López Aliaga durante una actividad proselitista. Sin embargo, el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa María del Triunfo dispuso archivar la investigación y determinó que no hubo tal intento de ataque.

La Fiscalía dispuso la liberación inmediata de ambos jóvenes, pero López Aliaga insistió que buscaban atacarlo.

La citación vino del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria y se programó la audiencia para las 8.00 a. m.

El juez supernumerario Juan Vidal Mercado Cahuana será quien lidere el caso tras ingresar como reemplazo de la magistrada Marianela Romero Barzola.

Sánchez comunicó que se presentará en la audiencia virtual y que no ha presentado ningún hábeas corpus.

Sobre el caso

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María sostiene que el congresista, en su condición de apoderado o representante de Juntos por el Perú, habría presentado información falsa ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto de los aportes de campaña de la agrupación durante los procesos electorales de 2018 y 2020.

Según la investigación fiscal, parte de los recursos destinados a actividades partidarias no habría ingresado a las cuentas oficiales del partido. La hipótesis del Ministerio Público señala, además, que Sánchez habría declarado que durante la campaña electoral de 2018 no se realizaron gastos.

Roberto Sánchez rechaza la investigación

Por su parte, Roberto Sánchez rechazó estar vinculado a un presunto uso irregular de fondos del partido y se mostró dispuesto a participar en las investigaciones correspondientes.

"Yo he acudido a todas las instancias. Yo no me corro. Yo no he hecho cocteles. No he recibido plata de los bancos, de los mineros ni de nadie", declaró a la prensa.

Asimismo, explicó que él únicamente ha actuado como presidente del partido y nunca ha asumido funciones de contador o tesorero.

"No hubo uso ni de ningún fondo partidario como comité electoral, presidente del partido ni como afiliado. Es un tema archivado. Cosa juzgada. La investigación continúa en un extremo porque alguien debe reportar esa información a los órganos del sistema electoral. ¿A quién le corresponde? Al presidente del partido o secretario general. Por eso, a ambos hoy se nos acusa de supuestamente dar falsa declaración por haber corrido traslado de la información que dio el contador y tesorero de esa época", explicó.

Además, añadió que rechaza el actual proceso. "Si ya el delito mayor supuesto, entonces, cómo puedo yo, que nunca he sido tesorero ni contador, estar implicado. Yo solo corrí traslado. Si eso es un error, omisión administrativa o delito, que se investigue", indicó.

En cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, en enero último, el 13 de enero del 2026, el juez Wilson Verástegui, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó el archivo definitivo de la acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori y los principales dirigentes de Fuerza Popular. Sin embargo, dejó subsistentes los cargos contra el exesposo de la lideresa y candidata presidencial del fujimorismo.

Esta situación, en la compleja segunda vuelta de la elección presidencial, se incluye en el debate político. Muchos dicen que Vito continúa en el proceso por una venganza de Keiko. El mismo Mark Vito parece compartir esa idea. Por eso, en las últimas horas anunció la publicación de un video en el que, según dijo, hablará toda la verdad con sustento para salvar su pellejo.

Salvar el pellejo

“Es verdad, voy a salvar mi pellejo, es correcto, voy a hablar la verdad con sustento. Primero voy a subir un video este martes, 26 de mayo, que va a sorprender a todo el país y después a las 8.00 de la noche les invito, no importa si me amas o me odias, estas cordialmente, a mi en vivo en TikTok”, anunció Vito en un video.

Es preciso señalar que la decisión del juez Wilson Verástegui se dio mucho antes de la primera vuelta electoral, cuando aún no era seguro, pero sí previsible, que Fujimori formara parte de la dupla que competirá por la presidencia en una segunda vuelta electoral.

Muchos han relacionado la audiencia programada para este jueves con ratificar el archivo del caso Cócteles, pero eso no es del todo exacto. Aunque la fiscalía y la procuraduría han apelado en procura de reabrir el caso, eso ya en la práctica es imposible, pues la decisión del juzgado de primera instancia se sustenta en una sentencia del Tribunal Constitucional.

Audiencia judicial clave

La Sala de Apelaciones va a ratificar lo resuelto por el TC. Es cierto que los jueces se han opuesto a sentencias del Constitucional, pero en temas como la violación del derecho internacional, que tienen amplia y reconocida jurisprudencia internacional que les da respaldo jurídico. No sucede lo mismo con el delito de lavado de activos, que está en pleno desarrollo en el Perú y el mundo.

En lo que se centrarán los jueces, al igual que la fiscalía y la procuraduría, es en definir la situación de Mark Vito Villanella y la persona jurídica MVV Bienes Raíces; de allí el anuncio de este personaje de hablar la verdad para salvar su pellejo. ¿Las compras de MVV Bienes Raíces fueron una operación económica personal o parte del entramado jurídico creado por la cúpula de Fuerza Popular para cubrir el origen de sus aportes a las campañas políticas?

La defensa del exesposo de Keiko Fujimori ya indicó en el caso archivado que se trata de temas relacionados con los aportes de Fuerza Popular, pero el juez consideró que en su caso se trata de la compra de bienes inmuebles no vinculados a las actividades políticas, un hecho distinto del financiamiento político investigado en el caso de Fuerza Popular.

Además, para la defensa de Vito, la fiscalía del caso Lava Jato formuló los cargos y las compras inmobiliarias como mecanismos dependientes de la hipótesis atribuida a la cúpula del partido. Bajo esa premisa, consideran que debe revocarse la decisión y declararse fundado el pedido para extender los efectos del fallo del Tribunal Constitucional a su favor.

Es preciso señalar que la audiencia se ha programado para estas fechas dentro de un proceso de puesta al día del despacho judicial, teniendo en cuenta que la Junta Nacional de Justicia ha nombrado nuevos jueces superiores de apelaciones, por lo que las salas de apelaciones contarán con nuevos magistrados en las siguientes semanas. Los actuales jueces tratan de tener todo al día para cuando sean reemplazados.

Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, no solo aprobaron las acciones violentas ordenadas por Boluarte. La bancada naranja también rechazó cualquier iniciativa para investigar a la expresidenta (2022-2025).

Sin embargo, el supuesto pedido de perdón a las familias de las 18 víctimas mortales, según Keiko Fujimori, nunca llegó a oídos de los deudos de Juliaca.

El presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas de Juliaca, Raúl Samillán Sanga, señaló a La República que lo expresado por la candidata de Fuerza Popular es falso.

'Keiko Fujimori nunca nos pidió perdón', dijo Raúl Samillán, cuyo hermano, el estudiante de Medicina Marco Samillán, de 31 años, recibió dos impactos mortales de bala cuando, junto a otros amigos, atendía a los heridos durante las protestas en Juliaca. El caso ha sido calificado como homicidio calificado.

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Palabras al viento

'Ella en ningún momento se ha acercado a los familiares a pedir disculpas, a ninguna de las familias de las diferentes regiones. Lo único que hemos recibido de Fuerza Popular son obstrucciones a las investigaciones para sancionar a los responsables. Incluso el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi nos revictimiza cuando afirma que somos parte de supuestas organizaciones terroristas', expresó Raúl Samillán.

El 18 de marzo de este año, sorpresivamente, Keiko Fujimori visitó el Fundo San Antonio, en el distrito de Ayaviri (provincia de Melgar, Puno). Fue un encuentro privado y reducido, sin la presencia de la población. Las invitaciones fueron individuales. La familia Torres Carcasi, que organizó el evento, está relacionada con la minería aurífera en La Rinconada, Puno.

En esa ocasión, Fujimori se refirió a los asesinatos en Juliaca.

'Puno ha sufrido mucho. Me recordaban algunos hermanos la época del terrorismo y luego ha habido sucesos lamentables cuando asumió el gobierno la señora (Dina) Boluarte. Todo esto ha generado muchas heridas entre peruanos y eso tenemos que sanar, tenemos que reconciliarnos', declaró a América Noticias ese 18 de marzo.

Pero ninguno de los familiares de las víctimas de Juliaca recordó alguna disculpa de Keiko Fujimori.

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Propaganda proselitista

'Lamentablemente, a estas alturas de la segunda vuelta, Keiko Fujimori quiere utilizar el nombre de los familiares para seguir captando votos, haciéndose pasar como la persona que va a luchar en busca de justicia', expresó el representante de las familias, Raúl Samillán.

Keiko Fujimori está a favor de la reconciliación, pero la conducta de la bancada fujimorista en el Congreso contradice su discurso. Fuerza Popular ha rechazado tres acusaciones constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación y una por la congresista Ruth Luque contra la exmandataria Dina Boluarte por las matanzas durante las protestas antigubernamentales, incluida la de Juliaca.

De las cuatro denuncias presentadas, dos fueron archivadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y las otras dos, por la Comisión Permanente del Congreso. Ambos grupos estuvieron integrados por los congresistas fujimoristas Ernesto Bustamante Donayre, Hernando Guerra-García Campos, Patricia Juárez Gallegos y Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu.

El primer respaldo que recibió Dina Boluarte por parte de Fuerza Popular se dio el 5 de mayo del 2023, luego de que la SAC declarara improcedente la denuncia presentada por Ruth Luque. Un mes y tres días después, el 8 de junio de ese mismo año, la Comisión Permanente terminó por confirmar el archivo definitivo.

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Blindajes fujimoristas

Cuatro meses después, el 27 de noviembre, la Fiscalía de la Nación presentó su primera denuncia contra Dina Boluarte por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves por las muertes de diciembre del 2022 y enero del 2023. Aquí, la SAC del Congreso también desestimó tramitarla y la archivó el 18 de julio del 2024.

Ocurrió lo mismo con la segunda denuncia de la Fiscalía de la Nación, interpuesta el 30 de julio del 2024. La Comisión Permanente la archivó de forma definitiva el 11 de septiembre del 2025. El Congreso sostuvo que no había elementos probatorios suficientes para acreditar que los denunciados recurrieron al Estado para causar muertes o lesiones.

En un tercer intento, el 15 de mayo del 2025, la Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente a Dina Boluarte. Pero el 9 de mayo del 2026, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, una vez más, desechó el caso al señalar que los hechos ya habían sido revisados en denuncias previas no admitidas. Se trató de una maniobra del fujimorismo para asegurar la impunidad de Dina Boluarte.

El abogado de Concepción Carhuancho, Juan Monroy, calificó la posible sanción como una medida desproporcionada. La defensa explicó que la ley exige razones muy graves para apartar a un juez de su cargo. Según el académico, los cargos presentados por la JNJ carecen de sustento legal.

La diapositiva de Nicanor Boluarte y el pedido para borrar el video

El primer bloque de cargos contra el juez se basa en una charla virtual del año 2024. Concepción Carhuancho proyectó la imagen de Nicanor Boluarte durante su exposición. Tiempo después, el magistrado solicitó la eliminación de ese video en internet y recordó al Pleno que la Autoridad Nacional de Control ya archivó este caso.

Sobre estos hechos, la defensa señaló que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo error. "La proyección de esa imagen soporta el ne bis in idem [no ser juzgado dos veces por lo mismo], ya no se puede sustentar una alegación posterior, entonces no puede haber infracción", indicó Monroy.

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Cargo por dictar conferencias en institutos no universitarios

La segunda acusación cuestiona las conferencias del juez en institutos privados. La JNJ señala que estas instituciones no tienen rango universitario. La defensa respondió que las normas actuales permiten brindar charlas a título personal. Además, el abogado criticó que la JNJ intente aplicar una advertencia del 2025. Monroy Gálvez aclaró el marco legal del investigado ante el tribunal:

"...la ley de carrera judicial, presidenta, señores miembros de la junta, autoriza a conferencias a título personal y no restringe ni especifica el tipo de institución...".

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Cargo por cantar 'Triciclo Perú' en un festival cultural

El tercer cargo acusa al magistrado de dañar la imagen del Poder Judicial por cantar en un festival. El juez interpretó una canción durante un evento académico y cultural en diciembre de 2025. El abogado defensor afirmó que el arte forma parte de la libertad de expresión de toda persona. Monroy Gálvez aseguró que ninguna ley prohíbe esta actividad a los jueces.

"¿En dónde está el enunciado normativo que regula que un juez participe cantando, no exponiendo sino cantando, es incompatible con su función jurisdiccional? No la hay, y si no la hay, no puede haber sanción", señaló.

La defensa afirmó que el proceso era un escándalo exagerado. El abogado Monroy Gálvez usó la frase del "cañoncito de don Ramón", una historia peruana sobre un juguete que anunciaba castigos severos, para criticar que la JNJ busque una sanción tan grave por faltas tan pequeñas. Además, el letrado reiteró que la suspensión carece de validez.

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"Todo esto que les he escrito en la hipótesis que yo haya faltado a la verdad y que no se debe pues cantar, un juez no debe cantar en una ceremonia... ¿eso es suficiente para determinar que haya seis meses de suspensión? (...) Creo que aquí hay una dosis elevada (...) de arbitrariedad".

Los magistrados de la Junta Nacional de Justicia dieron por concluida la sesión y el tribunal evaluará los argumentos expuestos antes de emitir su decisión final.

"Si el Perú responde sí, llamaremos al consenso pacífico y democrático. Si dicen que no, estamos también en capacidad de entender que será o no una prioridad de nuestro pueblo", anotó ante la prensa.

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Precisó que sí considerarán un cambio en la actual Constitución, ya que esta ha sido modificada por el Congreso.

“Nosotros hemos dicho con claridad que la definición constitutiva de Juntos por el Perú es, como muchos peruanos, la necesidad de un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social significa democráticamente nuevas reglas de convivencia entre Estado, economía y sociedad. Pero eso no se impone de manera vertical", indicó.

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Roberto Sánchez: yo también digo no al comunismo, no al voto blanco, no al voto viciado

Por otro lado, se refirió a lo dicho por Rafael López Aliaga, quien exhortó a no optar por el comunismo.

"Yo también digo no al comunismo, no al voto blanco, no al voto viciado", dijo.

También, se refirió a la situación de Pedro Castillo en Barbadillo.

"Este movimiento político de Juntos por el Perú tiene a un presidente secuestrado porque jamás iban a permitir que un maestro rural, campesino, rondero, liderara los destinos de nuestra Patria y han complotado y hecho todo lo posible no solamente para insultarlo, despreciarlo, violentar a su familia, sacarlo del gobierno ilegalmente, detenerlo siendo presidente sin orden judicial y que hoy esté más de tres años secuestrado preso injustamente”, anotó.

En otro momento, se refirió a Julio Velarde y el Banco Central de Reserva. "Hemos entendido que los actores y algunos agentes de la política peruana quieren la continuidad del señor Velarde, nosotros hemos dicho que respetamos la autonomía del BCR", dijo.

Y agregó que Velarde tiene disponibilidad de dialogar. "Pero si ahora hay que mantener la estabilidad y el equipo político meritocrático que conduce el señor Velarde, me ha dicho que él puede conversar y nosotros también", manifestó.

Los principales minerales de este sector, según explicó, son cobre, plomo, zinc, oro, plata, estaño, hierro, molibdeno y otros que participan en la transición energética y en la creación de nuevas tecnologías.

“Además, (la minería) genera muchos miles de empleos directos e indirectos en todo el país, dinamizando economías regionales y creando oportunidades para miles de familias peruanas”, anotó.

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Superficie minera destinada a exploración y exportación es de 2 millones de hectáreas

Indicó que aún existen oportunidades, ya que, a la fecha, la superficie minera destinada a exploración y exportación es de aproximadamente 2 millones de hectáreas (1,56% del territorio nacional).

“A ello se suma una cartera de proyectos mineros que supera actualmente los 60,000 millones de dólares en inversiones potenciales, una de las más importantes del mundo. Los recursos naturales por sí solos no garantizan el desarrollo, el verdadero desafío consiste en transformar esa riqueza en crecimiento sostenible, empleo formal, infraestructura, bienestar social y oportunidades para millones de peruanos”, dijo.

En otro momento de su exposición comentó que “la transición energética mundial es una realidad que está redefiniendo la economía internacional, la industria y la geopolítica” y que "Perú tiene una oportunidad histórica porque no solamente posee recursos minerales, sino la posibilidad de convertirse en un socio estratégico indispensable para el desarrollo de la nueva economía global”.

En ese sentido, manifestó que “el mundo demanda más cobre, más minerales críticos y más seguridad en las cadenas de suministro” y “diversos organismos internacionales estiman que la demanda global de cobre podría duplicarse hacia el año 2040, impulsado por la electromovilidad, las energías renovables y la transformación tecnológica global”, por ello, animó al país a ser parte de ese proceso.

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Carlos Pareja: “Una minería que respete el medio ambiente”

También habló sobre la necesidad de una minería socialmente integrada, pero que a la vez sea eficiente.

“Una minería que respete el medio ambiente, que incorpore tecnología y sostenibilidad, pero también que pueda operar con estabilidad, predictibilidad y seguridad. Ese es el mensaje fundamental que tenemos que transmitir al mundo”, expresó.

También, mencionó que la cartera de inversiones del sector supera los US$ 60.000 millones, considerada una de las más grandes del mundo en la industria extractiva.

Este escenario, detalló, coloca al país como un actor clave en el mercado global de minerales estratégicos, teniendo en cuenta la creciente demanda de metales críticos utilizados en tecnologías limpias, electromovilidad y transición energética.

Los jueces explicaron que, para otorgar la suspensión de la pena a un sentenciado, se deben cumplir dos condiciones obligatorias a la vez: que el delito no sea tan grave y que no haya peligro de fuga. Tras analizar el caso del exparlamentario, el tribunal concluyó que no cumple con uno de los requisitos, según Infobae.

La primera razón de los jueces para rechazar el pedido es que el delito de terrorismo es uno de los más graves. Según explicaron los magistrados, estas actividades criminales provocan "movimientos migratorios ocasionados por el traslado de las personas afectadas, aumento de la criminalidad, desaceleración de la economía generando el cierre de negocios" y que, en general, los implicados "buscan alterar el orden social, subvertir el orden constitucional".

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La segunda razón tiene que ver con sospechas de que Bermejo podría fugarse debido a documentos confusos sobre su situación actual. Aunque el político asistía a las audiencias del juicio, los jueces advirtieron que ya no tiene un trabajo conocido tras dejar el Congreso.

Además, encontraron datos inexactos en su información personal, ya que en su DNI figura que vive en un departamento de Pueblo Libre, pero en pleno juicio juró que su vivienda estaba en Lince.

Tampoco demostró tener un lazo familiar que lo mantenga en el país, pues el tribunal reclamó que, si bien dice estar casado, "no acreditó si tiene hijos y cuál sería el lugar donde estaba radicando su entorno familiar".

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Al advertir que no cumple con la ley, los magistrados de la Tercera Sala Penal cerraron el debate tras declarar que "no se cumple todos los presupuestos para la suspensión de la ejecución de la pena, los cuales son copulativos, por tanto, debe desestimarse el pedido solicitado".

Con esta decisión, Guillermo Bermejo se mantendrá recluido en el penal de Ancón hasta que la justicia decida si confirma o suspende su condena.

La sentencia contra Guillermo Bermejo y los argumentos de su defensa

El exparlamentario fue condenado en octubre de 2025 tras determinarse que, entre 2008 y 2009, integró células de la organización terrorista Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) bajo el alias de camarada “Che”.

Según el fallo judicial, Bermejo participó de forma consciente y voluntaria en campamentos subversivos de la zona, lugar donde recibió adoctrinamiento ideológico, entrenamiento en el uso de armas y mantuvo reuniones con la cúpula senderista liderada por los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino. Debido a esto, la justicia le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil de 100 mil soles a favor del Estado peruano.

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Frente a estos cargos, Bermejo intentó convencer a los magistrados de su total disposición a colaborar con el proceso. El exlegislador recordó que, durante su primer juicio, él se encontraba fuera del Perú en calidad de refugiado y bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un organismo que originalmente no había contemplado su retorno.

A pesar de ello, afirmó haber gestionado su retorno voluntario junto a las autoridades nacionales. “Yo coordiné con el consulado peruano y la PNP para regresar al país, yo no sé cuántos casos conocen de personas acusadas de delitos como estos, retornen al país para sufrir carcelería como sufrí durante 4 meses y medio, solamente por el hecho de querer resolver esta situación del juicio", expuso.

Además, sostuvo que nunca tuvo intenciones de evadir la acción de la justicia y que su regreso fue un acto de voluntad propia.

El secuestro, por ejemplo, les brinda una herramienta para infundir miedo y ejercer control sobre la población y las instituciones estatales, consolidando así su poderío y capacidad de operación.

En ese contexto, España adiestrará a la Policía peruana para que haga frente a las mafias dedicadas a la extorsión, los secuestros, el sicariato y otras modalidades delictivas que sacuden las calles de las principales ciudades del país.

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Así, según explicaron a La República fuentes policiales, el Ministerio del Interior y la Unión Europea inauguraron un taller especializado de investigación dirigido al personal de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP y a fiscales del Ministerio Público para tratar de hacer frente a los criminales que asolan las calles.

EXPERIENCIA MUNDIAL

El taller intensivo se dictará a lo largo de una semana y contará con la instrucción de especialistas de la Guardia Civil de España, quienes abordarán temáticas críticas para la seguridad ciudadana.

Los expertos de la Guardia Civil encargados de investigar secuestros y extorsiones se integran principalmente en la Unidad Central Operativa (UCO), específicamente dentro del Equipo de Secuestros y Extorsiones. Estos agentes cuentan con alta cualificación y experiencia en la resolución de casos tanto en España como en misiones internacionales.

La UCO asesora en el manejo de situaciones críticas y extorsiones reales, resolviendo casi 100% de los secuestros extorsivos en España.

En Perú, del 1 de enero al 19 de mayo hubo 59 homicidios. El año pasado se registraron 49 en el mismo periodo, según el Sinadef. En el 80% de los casos se usó un arma de fuego. Este año también hubo 5.781 extorsiones, según la PNP, mientras que el Ministerio Público dice que son 8.105 denuncias por ese delito.

FORTALECER INVESTIGACIÓN

Esta capacitación de la Guardia Civil de España, que reúne a efectivos de las Divisiones de Investigación de Extorsiones, Secuestros y Homicidios, junto a miembros de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado (FECOR), tiene como objetivo fortalecer las capacidades investigativas y operativas de las autoridades frente a los delitos vinculados a las organizaciones criminales.

La organización del evento está a cargo de la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO) del Mininter y el Proyecto de Apoyo de la Unión Europea en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en el Perú.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del convenio de financiamiento suscrito con la Unión Europea, el cual busca consolidar las estrategias y recursos destinados a combatir el accionar de las redes delictivas en el territorio nacional.

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Durante la ceremonia de inauguración, el viceministro de Orden Interno, Juan Olivera García, destacó el valor de la cooperación internacional como una herramienta clave para potenciar la efectividad de la Policía Nacional mediante el intercambio de experiencias y conocimientos especializados.

Asimismo, reafirmó el compromiso del sector Interior de mantener una lucha firme y sin tregua contra las mafias dedicadas a la extorsión, los secuestros, el sicariato y otras modalidades delictivas.

MÓDULOS PROGRAMADOS

Entre los módulos programados se encuentran el análisis de los modos operativos, tipologías y evolución de los secuestros; el uso de la violencia por parte de bandas criminales; la estructura y consolidación del crimen organizado; su dimensión transnacional; así como el uso de inteligencia criminal y el análisis financiero y patrimonial para golpear las finanzas ilícitas.

El evento protocolar contó con la participación del jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la PNP, general Manuel Lozada Morales; la agregada de cooperación de la Unión Europea, Cristina Fernández; el director general de la DGCO, Luis Yunis Herrera, además de jueces, fiscales y representantes de la cooperación internacional.

Perú quiere también que participen en estas labores de asesoramiento especialistas de Reino Unido, Israel y Francia, con el fin de enriquecer las estrategias y el procedimiento operativo para mejorar los mecanismos de control del orden público y brindar un mejor resguardo a los peruanos.

Eso sí, no ocultan que el idioma, respecto de la Policía española, es una gran ventaja a la hora de afrontar de inmediato el aprendizaje o el asesoramiento, en comparación con otras fuerzas policiales.

Esta decisión se tomó por sugerencia de las Fuerzas Armadas y la reubicación se realizó en los lugares más cercanos al local inicial.

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Estos son los nuevos locales

A continuación, conoce los lugares:

Jesús María

• Del parque Cáceres, ubicado en la cuadra 6 de la av. Cuba, se pasará a la IEP Saco Oliveros - Cuba, localizada en la av. Cuba 531-543.

Lince

• Del parque Gran Mariscal Ramón Castilla, en el Jr. Joaquín Bernal, cuadra 7, se pasará al CE Parroquial Santa Rosa de Lima, en la calle Almirante Guisse 2150.
• Del parque del Bombero, en la av. César Canevaro 1400, se pasará a la IE 1057 José Baquijano y Carrillo, en el Jr. Manuel Gómez 651.
• Del parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo, en la av. Juan Pardo de Zela 500, se pasará a la IE 1059 María Inmaculada, en la av. Militar 1862.
• Del parque Santos Dumont, en la calle Los Tulipanes 200, se pasará a la IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio, en la av. Prol. Iquitos 2139.

Miraflores

• Del boulevard Tarata, en la av. José Larco, cdra. 6, se pasará a la IE 7003 Manuel Fernando Bonilla, en la calle Manuel Bonilla 282.
• Del parque Miguel Grau, en el Malecón de la Marina s/n, se pasará a la IE 7008 Scipión E. Llona, en la calle Enrique Palacios s/n.
• Del parque Tradiciones Peruanas, en la av. Casimiro Ulloa s/n, se pasará a la IE Federico Villareal, en la av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376.
• Del parque Ramón Castilla, en la calle Pedro Venturo s/n, se pasará a la IE Federico Villareal, en la av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376.
• Del parque John F. Kennedy, en la av. Diagonal s/n, se pasará a la IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria, en la calle 15 de Enero 330.

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El segundo foro del ciclo Perú: Futuro Energético del Grupo La República reunió este lunes a tres especialistas que conocen PetroPerú desde dentro: Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro, la agencia del Estado encargada de promover la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos; Alejandro Narváez, expresidente de PetroPerú; y Humberto Campodónico, economista y uno de los analistas energéticos más influyentes del país. Los tres llegaron con datos. Y los datos no cuadran —aún— con ninguno de los dos extremos del debate político.

"El Estado no ha puesto un sol": la refinería que no costó lo que dicen

El argumento más usado para justificar la privatización de PetroPerú es que la refinería de Talara le ha costado una fortuna al Estado peruano. Narváez lo desmontó con cifras: "La financiación de la refinería de Talara no ha sido con dinero del Estado. 4,300 millones de dólares fueron financiados con recursos de terceros: bonos corporativos y préstamos sindicados. El Estado no le da un sol a PetroPerú. Cada sol que gasta lo genera la propia empresa."

¿Y los rescates financieros de los últimos años? "Son préstamos. El Estado presta dinero a PetroPerú y PetroPerú lo registra como pasivo, como obligación que en algún momento tiene que devolver. Es una práctica común en el mundo empresarial."

Campodónico añadió el dato que más debería incomodar a los arquitectos de la narrativa del fracaso: "Fitch, Standard & Poor's y Moody's han dicho consistentemente desde 2017 que una vez terminada la refinería el EBITDA va a ser entre 400 y 500 millones de dólares anuales." Una empresa que puede generar 500 millones de dólares anuales no es una empresa quebrada. Es una empresa con deuda grande, mala historia reciente de gestión y una gobernanza que el propio Congreso destruyó.

Campodónico fue también el más honesto sobre los errores propios: "No hay un solo sujeto responsable de lo que está pasando. Ha habido problemas tanto desde el punto de vista del Estado y la injerencia política, como también problemas propios de la empresa." Esa admisión, inusual en el debate público, es precisamente la base sobre la cual sostiene su posición: sin un diagnóstico honesto y completo de lo que ocurrió, cualquier plan de rescate o reestructuración parte de una narrativa incompleta.

Y detrás de esa narrativa incompleta hay una anomalía legal que nadie discute en campaña: una ley obliga a PetroPerú a vender combustibles en la Amazonía sin cobrar IGV, pero sí pagándolo al comprar. El crédito fiscal acumulado que la empresa no puede recuperar asciende a 4,172 millones de soles. En dólares: 1,405 millones. "¿Cómo me obligan a ganar dinero y al mismo tiempo me dicen vende sin IGV? Ningún privado va a aceptar eso", dijo Narváez.

El plan que nadie votó: partir PetroPerú en pedazos antes del 28 de julio

El momento más revelador del foro fue la descripción del plan de Proinversión para fragmentar PetroPerú en unidades de negocio separadas: Talara por un lado, Conchán por otro, el oleoducto por otro, Iquitos por otro, la comercialización por otro. Cada unidad con su propio capital privado, su propia lógica de maximización de ganancias y sin una dirección común.

Campodónico fue categórico: "Eso no tiene precedente en América Latina ni creo que en el mundo con respecto a una organización petrolera. Rompe el esquema integrado. Si haces eso, el objetivo desde el principio es privatizarla sin decir que eso es lo que quieren hacer."

El problema adicional es el tiempo. "El plan de Proinversión prevé que los paquetes van a estar listos recién en diciembre." Es decir: el gobierno actual no alcanzará a ejecutarlo. Lo dejará listo para que el próximo gobierno lo herede como un hecho consumado, una decisión tomada sin debate parlamentario real, sin consenso político y sin que ningún candidato haya explicado si está de acuerdo o no.

Narváez lo resumió apelando a la experiencia comparada: "El 90% de los países del mundo tienen empresas petroleras integradas verticalmente. En el Perú se partió el negocio en tres partes para privatizar dos de ellas. Aún así, siendo una empresa dedicada exclusivamente a refinación y comercialización, PetroPerú sigue siendo rentable." Y puso sobre la mesa el dato que mejor explica por qué fragmentarla afectaría directamente al ciudadano: los grifos de PetroPerú cobran 14 soles el galón frente a los 22 de los privados. "PetroPerú juega un rol regulador del mercado. Si desaparece ese actor, ¿quién modera los precios?"

Ochoa cerró el argumento con la referencia que más debería pesar en el debate: "Ni el gobierno de Pinochet pensó en privatizar Codelco o ENAP. En Chile no se discute eso. Se discute cómo fortalecerlas." Y, desde su experiencia al frente de Perupetro, fue el más enfático sobre la crisis de exploración que subyace a todo el debate: en los últimos cuatro años no se ha perforado un solo pozo exploratorio en el Perú, mientras Colombia perfora 80 por año. Sin exploración no hay reservas. Sin reservas no hay producción. Y sin producción, el país seguirá importando el 80% del combustible que consume cada día.

El paciente en UCI y el auxilio que no llega

Más allá del debate de largo plazo —privatizar, reestructurar o refundar—, el foro expuso una urgencia que ningún titular ha recogido con suficiente claridad: PetroPerú necesita atención inmediata. No en julio. No cuando asuma el nuevo gobierno. Ahora.

El Estado anunció un auxilio financiero de 2,000 millones de dólares. Ese dinero, a la fecha del foro, no ha llegado. Y cada semana que pasa sin que llegue es una semana en que PetroPerú no puede comprar el crudo suficiente para cargar su refinería a plena capacidad, pierde participación de mercado —hoy en apenas 19 o 20% frente al 50% que tuvo en su mejor momento— y se aleja de la recuperación financiera que las calificadoras internacionales proyectan en entre 400 y 500 millones de dólares anuales.

Narváez describió la paradoja con precisión: "Ahora que los márgenes de refino son favorables —que es cuando AP de Chile y la refinería Cartagena de Colombia vuelan de utilidades— PetroPerú no tiene dinero para comprar el crudo y aprovechar ese margen. Aún así tiene ganancias. Pero podría tener muchas más."

La empresa está perdiendo su mejor ventana de recuperación financiera precisamente porque el auxilio prometido no se materializa. El diagnóstico de los tres panelistas fue unánime: el debate sobre el modelo de largo plazo es legítimo y necesario, pero no puede ser una excusa para paralizar las medidas de estabilización inmediata. "Tiene que haber un consenso de largo plazo", dijo Campodónico. "Como en Chile. El Plan Energía 2050 tiene bien definido el rol de ENAP, Ecopetrol, Petrobras, YPF. Acá no. Acá desde 1993 estamos en que dos años estoy a favor, dos años estoy en contra."

33 años de vaivenes. Un auxilio prometido que no llega. Una refinería de 60 años de vida útil operando por debajo de su capacidad. Y dos candidatos que tienen hasta el 7 de junio para explicar qué harán con la empresa petrolera más estratégica —y más mal entendida— del país.

El tercer y último foro del ciclo Perú: Futuro Energético abordará la inversión y regulación de las energías renovables la próxima semana.

El 26 de febrero de este año, fueron internados en la Séptima Región Policial Lima los 3.164 chalecos antibalas adquiridos a la empresa mexicana Armor Life Lab. Unos días después, el 27 de marzo, un equipo técnico del Servicio de Armamento y Municiones detectó que el contratista azteca encargó las pruebas de calidad a la compañía First Lab Quality Solutions, ubicada en Puebla, México.

Sin embargo, como se ha indicado, las bases de la licitación exigen que las evaluaciones se realicen en un país distinto al del fabricante. En el caso de Armor Life Lab, en una nación distinta de México.

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Saltándose la norma

En el acta del Servicio de Armamento y Municiones a la que tuvo acceso La República, se cuestiona claramente esta irregularidad: 'Las pruebas deben ser en un laboratorio independiente del país (territorial) donde se fabriquen los bienes'.

Por esta razón, la Séptima Región Policial Lima —la unidad usuaria de los chalecos antibalas— rechazó concederle la conformidad a la empresa Armor Life Lab, por lo que los artículos de seguridad personal quedaron almacenados hasta que el contratista subsane la observación.

El 15 de abril, Armor Life Lab comunicó a la Oficina de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior, la entidad que contrató a la empresa mexicana por S/7.000.000, que había cumplido con enviarle la información requerida. Una semana después, el 22 de abril, la encargada del Servicio de Armamento y Municiones, la suboficial PNP Lucila Chamorro Cusirramos, dio la conformidad a la fábrica mexicana.

Según los documentos del proceso, el representante legal de Armor Life Lab, John Valbuena Bonilla, arguyó que las bases del contrato no exigen expresamente que las pruebas del modelo ofertado se efectúen en un laboratorio ubicado fuera de México, que es el país de Armor Life Lab.

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Seguridad de policías en riesgo

'La forma correcta debió haber sido “laboratorio afuera del país del país donde se fabriquen los bienes”, y no: “las pruebas deben ser en un laboratorio independiente del país (territorial) donde se fabriquen los bienes (chalecos antibalas)”', explicó el representante de Armor Life Lab.

John Valbuena añadió, respecto a que las bases exigen que el laboratorio debe ser independiente: 'Nosotros entendemos que el laboratorio de pruebas debe ser independiente de Armor Life Lab, no que sea de otro país'.

Pero fuentes del Servicio de Armamento y Municiones cuestionaron el argumento de Armor Life Lab: 'Frente a estas observaciones técnicas tan sensibles, lo razonable hubiera sido realizar una revisión técnica extraordinaria, nuevas verificaciones independientes o incluso una reevaluación integral de la conformidad, antes de aceptar definitivamente los chalecos antibalas', señalaron las fuentes.

En lugar de ordenar una reevaluación, la OGAF del Ministerio del Interior prefirió recurrir a un especialista en contrataciones del Estado del mismo despacho, José Pacheco Arias, quien le dio la razón a la empresa mexicana.

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Mininter responde

Tratándose de chalecos antibalas para la protección de la vida de los efectivos policiales, el Ministerio del Interior prefirió resolver la controversia con un pronunciamiento legal y no con evaluaciones técnicas.

No obstante, pese al incumplimiento de las bases de la contratación, que garantizan la compra de los chalecos antibalas bajo criterios técnicos, el 7 de mayo el ministro del Interior, José Zapata Morante, los distribuyó entre las comisarías de la Séptima Región Policial Lima.

La República consultó con el Ministerio del Interior sobre las razones por las que accedió a aceptar los chalecos antibalas de Armor Life Lab, pese a que el contratista incumplió con acreditar las pruebas realizadas en un laboratorio independiente instalado fuera de México. El Mininter repitió los argumentos de la empresa azteca.

'De la revisión de la documentación presentada por la empresa Armor Life Lab, se advierte que sostiene que la exigencia de independencia del laboratorio se limita al ámbito técnico respecto del fabricante, no comprendiendo una independencia territorial', señaló el Mininter.

En ese sentido, considera válidos los ensayos realizados por First Lab Quality Solutions en México, al contar con acreditación ISO y reconocimiento ILAC, confirmando que el contratista no hizo las pruebas en otra entidad en un país diferente de México.

'Las bases no prohíben que el laboratorio se ubique en el mismo país de fabricación, concluyendo que los informes presentados cumplen con los estándares técnicos y con lo establecido en el proceso', indicó el Mininter.

En la práctica, fue una gestión a favor del contratista, no de la seguridad e integridad de los policías.

Fecha y hora del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El enfrentamiento electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez está programado para el domingo 31 de mayo a partir de las 8.00 p. m. De acuerdo con lo dispuesto por el JNE, el encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, situado en el distrito de San Borja.

El esquema definido por el JNE establece cuatro ejes temáticos para el debate. Durante la jornada, los candidatos abordarán asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, la educación y la salud, así como la economía, el empleo y la lucha contra la pobreza.

Cada segmento se iniciará con una pregunta formulada por la ciudadanía y seleccionada previamente. A partir de ella, los aspirantes dispondrán de un tiempo específico para responder, contrastar ideas y presentar sus propuestas. Además, se aplicará el sistema de 'bolsón de tiempo', que les permitirá gestionar los minutos asignados a lo largo de sus intervenciones.

Se prevé que el debate tenga una duración cercana a una hora y cuarenta minutos. Al finalizar, cada candidato contará con dos minutos para dirigir un mensaje de cierre a la ciudadanía.

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¿Dónde ver en vivo el debate presidencial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial convocado por el JNE será difundido tanto por señal abierta como a través de plataformas digitales. La transmisión estará a cargo de TV Perú y también podrá seguirse mediante las redes sociales del organismo electoral, lo que permitirá a la ciudadanía acceder al evento desde teléfonos móviles, computadoras y tabletas.

La actividad marcará uno de los últimos encuentros directos entre los dos aspirantes a la Presidencia antes de la segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio.

El gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de ONPE, Ricardo Saavedra, precisó que para los comicios de las 74 agrupaciones políticas que participarán en las elecciones del 4 de octubre se había planeado instalar 1.064 mesas.

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Sin embargo, Saavedra señaló que se llegaron a instalar 1.005. Precisó que en Arequipa, Ayacucho, La Libertad y Piura se instaló el 100% de las mesas. No obstante, en Lima Cercado se llegó al 93% y en Lima Provincias, al 96%.

Asimismo, detalló que los servidores de la nación fueron puestos a cero. Este procedimiento en el sistema de cómputo de resultados consiste en eliminar los registros de las bases de datos a través de un software electoral.

Es importante señalar que en las elecciones primarias participaron 41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales, con un total de 2.992 delegados. Para el desarrollo de la jornada se habilitaron 46 locales de votación a nivel nacional, de los cuales 17 estuvieron ubicados en Lima y Callao.

Elecciones regionales y municipales: figuras políticas postularán en octubre

Diversas figuras con trayectoria en la política nacional tomarán parte en las próximas elecciones regionales y municipales. Entre los postulantes figuran excongresistas y autoridades locales que buscarán acceder a cargos de elección popular en Lima y en distintas regiones del país.

La congresista Susel Paredes, militante de Ahora Nación, competirá por la Alcaldía de Lima con dicha organización política. También participarán en la carrera municipal los actuales alcaldes de Surco y Magdalena, Carlos Bruce (Somos Perú) y Francis Allison (Avanza País), quienes aspiran a dirigir la capital.

Por su parte, en Cusco, Verónika Mendoza buscará convertirse en gobernadora regional. La excandidata presidencial postulará en representación de la alianza electoral Venceremos.

Además, la agrupación argumentó que más de 1,3 millones de peruanos respaldaron la candidatura de Álvarez los días 12 y 13 de abril, al considerar que "representaron una alternativa firme frente a la inseguridad ciudadana y una opción distinta frente a la polarización y los extremos que han dividido el país durante años". En ese contexto, decidieron no brindar su apoyo ni a Fujimori ni a Sánchez.

"En coherencia con esa posición y con el mandato recibido de nuestros electores, el partido ha decidido no asumir una adhesión institucional a ninguna de las candidaturas que participarán en la segunda vuelta electoral", afirmó.

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País para Todos: "Cada ciudadano tiene derecho a decidir"

Tras deslindarse de las candidaturas de Fujimori y Sánchez, País para Todos aseguró que respetará la decisión que tome cada ciudadano que votó por la agrupación en los comicios electorales.

Asimismo, advirtió que el voto se debe realizar sin presiones políticas y en base a principios y propuestas en beneficio del país.

"Creemos firmemente que cada ciudadano tiene el derecho de decidir soberanamente su voto, sin imposiciones ni presiones políticas. Los partidos políticos están llamados a representar ideas, principios y propuestas para el país; no a imponer sus decisiones sobre la consciencia de los ciudadanos ni a reemplazar su voluntad", se lee en el pronunciamiento del partido.

"País para Todos mantendrá su independencia política y continuará trabajando por un Perú seguro, con estabilidad, desarrollo y unidad nacional. El Perú necesita menos confrontación y más futuro", acotó la Comisión Política.

Buen Gobierno votará viciado

En esa misma línea, el líder del Buen Gobierno, Jorge Nieto, anunció que también votará viciado en la segunda vuelta electoral. Asimismo, invitó a la ciudadanía a sumarse a su decisión y a colocar en la cédula de votación: "Queremos un buen gobierno".

El excandidato presidencial sustentó su posición luego de evaluar las propuestas y el desempeño de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes disputan la segunda vuelta electoral. Tras ese análisis, Nieto consideró que ninguna de las dos candidaturas representa una opción favorable para el futuro del país.

“Hemos escuchado sus puntos de vista y estamos convencidos de que no estamos de acuerdo con esas alternativas (…) ambas significan la continuación de la polarización política del país que nos tiene en un proceso de decadencia”, expresó.

Sin embargo, aunque la posición oficial del partido es promover el voto viciado, Jorge Nieto precisó que no impondrán esa decisión a sus militantes ni simpatizantes, pues cada ciudadano tiene el derecho de ejercer su voto de acuerdo con su propio criterio al momento de acudir a las urnas.

“Respetaremos la decisión que cada uno de ellos, cualquiera que ella sea, es para nosotros totalmente respetable. Seremos oposición a cualquiera de los dos que salgan elegidos. Seremos oposición responsable. Conversaremos con todos sin excepción a favor de los intereses del Perú”, enfatizó.

Marisol Pérez Tello votará viciado, pero Primero la Gente ofrece acuerdo político con JP

El pasado 12 de mayo, Primero La Gente difundió un pronunciamiento en el que planteó un acuerdo político al partido de Roberto Sánchez. La propuesta estaba sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellas la derogación de las denominadas leyes pro crimen, el compromiso con la estabilidad fiscal, la promoción de un crecimiento económico inclusivo y sostenible, la defensa plena de los derechos humanos y el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.

"Rechazamos unánimemente al fujimorismo, heredero de la séptima dictadura más corrupta de la historia de la humanidad y responsable del quiebre institucional, abuso de poder, violación de derechos, inestabilidad y aumento del crimen en la última década", expresó el partido.

No obstante, la excandidata presidencial Marisol Pérez Tello marcó distancia de esa postura y anunció que emitirá un voto viciado en la segunda vuelta electoral.

Al explicar su decisión, sostuvo que no podría cuestionar hoy la minería ilegal y luego respaldar a quien considera uno de sus principales impulsores en el Congreso. Asimismo, afirmó que tampoco podría denunciar la impunidad y posteriormente votar por la lideresa de una organización política que, a su juicio, minimiza los crímenes de lesa humanidad y ha debilitado las instituciones democráticas durante la última década.

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La candidata no tuvo apariciones públicas. Cumple años este 25 de mayo y lo celebró en un restaurante en la provincia de Concepción, en un evento privado. El acceso también fue restringido para la prensa.

Se prevé que este 26 de mayo sí realice actividades proselitistas. Primero se presentará en el estadio de El Tambo, en Huancayo, y por la tarde realizará un mitin.

Alistan manifestación

En vista de ello, los manifestantes informaron que también realizarán un plantón este 26 de mayo.

“Es posible que mañana de un mitin. Nosotros, de manera democrática, vamos a manifestarnos para dar a conocer nuestro rechazo. El día de ayer la señora ha demostrado que no tiene el equipo técnico que había dicho. Que va a reformar el país es una falsedad. Mañana de forma pacífica la rechazaremos”, dijo uno de los participantes.

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“Estamos juntos aquí cerca a su portátil. Ella aquí no tiene gente. Aquí repudiamos a la señora Keiko Fujimori”, indicó otro de los asistentes.

Mientras tanto, Fujimori celebró su cumpleaños en un restaurante en Concepción con presentación de danzas típicas.

Asimismo, comentó que su equipo técnico está conformado por más de 100 profesionales, pero que en el debate técnico solo acudió un grupo pequeño.

También confirmó su visita a Huacho, Huaral y Pachacutec para este martes 26 de mayo. En los próximos días visitará Ucayali, Loreto, Pasco, Huánuco, Piura, Ica y Arequipa.

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Roberto Sánchez insiste en que Pedro Castillo está “secuestrado”

Por otro lado, explicó que llegó tarde a la actividad porque estuvo visitando a Pedro Castillo en Barbadillo.

"Este movimiento político de Juntos por el Perú tiene a un presidente secuestrado porque jamás iban a permitir que un maestro rural, campesino, rondero, liderara los destinos de nuestra Patria y han complotado y hecho todo lo posible no solamente para insultarlo, despreciarlo, violentar a su familia, sacarlo del gobierno ilegalmente, detenerlo siendo presidente sin orden judicial y que hoy esté más de tres años secuestrado preso injustamente”, anotó.

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En otro momento, se refirió a Julio Velarde y el Banco Central de Reserva. "Hemos entendido que los actores y algunos agentes de la política peruana quieren la continuidad del señor Velarde, nosotros hemos dicho que respetamos la autonomía del BCR", dijo.

Y agregó que Velarde tiene disponibilidad de dialogar. "Pero si ahora hay que mantener la estabilidad y el equipo político meritocrático que conduce el señor Velarde, me ha dicho que él puede conversar y nosotros también", manifestó.

Finalmente, anunció que un nuevo partido se va a pronunciar públicamente para confirmar su respaldo a JP en la segunda vuelta electoral.

"Queremos la fuerza suficiente para derogar las leyes procrimen. Solos no podemos", sentenció.

No se fue ninguna porque el negocio era malo. Se fueron porque el Estado peruano no supo —o no quiso— darles las condiciones para quedarse.

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas y expresidente del Colegio de Ingenieros del Perú, estaba en primera fila. Lo contó en el primer foro del ciclo Perú: Futuro Energético del Grupo La República con la precisión de quien conoce cada detalle de lo que falló: "Vinieron seis empresas que buscaron invertir. Cada una tenía por lo menos 1,000 millones de dólares para inversión en proyectos. Yo tuve dos de ellas como clientes, entonces conozco la historia más o menos de cerca. Al final no le dieron gas a ninguna."

La promesa que el Estado no cumplió

La historia comenzó bien. García hizo el anuncio y las empresas respondieron con interés. Pero cuando llegó el momento de concretar, el aparato estatal mostró su peor cara. No hubo una ventanilla única, ni un precio promocional claro, ni una asignación directa de reservas para los proyectos. Lo que hubo fue burocracia, desconfianza y una lógica que Herrera Descalzi describió con toda su crudeza: "Lo primero que les dijeron es: no hay gas para todos, tiene que haber un concurso. De ese concurso quedó para uno y medio. El medio al final quedó afuera, quedó solamente para uno."

Y con ese uno la historia se repitió. Los años pasaron. Las negociaciones se alargaron. Los funcionarios cambiaron. Y mientras el Estado peruano dilataba una decisión que debía haberse tomado en meses, ocurrió algo que nadie había previsto con suficiente claridad: en Estados Unidos se descubrió el gas de esquisto.

El shale gas, como se denomina al gas natural atrapado en formaciones de roca sedimentaria muy compacta, cambió el mercado global de un golpe. El precio del gas en Norteamérica se desplomó. Y las empresas que habían venido a invertir en el Perú hicieron el cálculo que cualquier empresa hace: "Si tú no cambias el precio de tu gas, mejor lo hago en mi casa central, que es Estados Unidos", les dijeron a sus contrapartes peruanas, según relató Herrera Descalzi.

Se fueron. Todas. "Cinco proyectos de petroquímica. Por lo menos dos eran viables. De los cinco hubiéramos tenido petroquímica del metano hace buen tiempo."

Lo que el Perú perdió y no recuperó

Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos, completó el cuadro desde la perspectiva de la demanda. Para él, lo ocurrido en 2009 no fue solo una oportunidad perdida de industrialización. Fue la confirmación de un patrón que se repite desde que se tomó la decisión de exportar el gas en el gobierno de Toledo: el Estado peruano sistemáticamente priorizó la monetización rápida del recurso sobre su aprovechamiento estratégico de largo plazo.

"Toledo cambió un proyecto que era de consumo interno por un proyecto de exportación. Y es así como tenemos que la mitad del gas se consume en el Perú y la mitad se exporta, cuando tenemos gas para 10 o 12 años", dijo Gamio. La petroquímica que pudo haberse construido con ese gas habría dado al país, según sus cálculos, entre seis y 10 veces más ingresos que la simple venta del recurso como materia prima. "La petroquímica del metano —urea y nitrato de amonio— sí podríamos haberla desarrollado. Por lo menos seis veces más ingresos al país que la venta del gas como materia prima."

Víctor Murillo, presidente del directorio de EGESUR, añadió la dimensión agrícola de esa pérdida, que hoy se siente en el precio de los alimentos: "Si hubiésemos tenido el gasoducto del sur en su momento en vez de exportar el gas, hoy tendríamos un sector agrícola más competitivo. Produciríamos nuestros propios fertilizantes." En cambio, el Perú importa urea a precios que han subido dramáticamente desde la guerra de Ucrania y ahora con el conflicto en el Golfo Pérsico. Cada kilo de abono que paga el agricultor peruano lleva incorporado el costo de una decisión que se tomó —o no se tomó— hace 15 años.

La falla que se repite: el Estado sin sistema nervioso

Herrera Descalzi usó una expresión que resume décadas de política energética fallida: "Esa falta de sistema nervioso del Estado peruano para ajustar el precio para que la industrialización no se detenga, no se frustre, más la falta de voluntad política de todos los actores, porque lamentablemente es cierto, no hubo una definición clara del precio de usar la petroquímica con un precio promocional."

No fue un gobierno. Fueron todos. El patrón se repite con variaciones desde 1993: se toma una decisión energética importante, llega un gobierno nuevo que la cuestiona, llega otro que la revierte parcialmente, llega otro que negocia algo distinto. Y en ese péndulo permanente, las empresas que necesitan certeza de largo plazo para invertir miles de millones de dólares simplemente se van a otro país.

Gamio lo sintetizó con una imagen que quedó flotando en el foro: "Eso fue la historia de la zorra y el cuervo. Así es como el cuervo perdió el pedazo de queso." El Perú tenía el queso —el gas más barato de la región, un recurso descubierto y desarrollado, una posición geográfica privilegiada— y lo perdió por abrirle el pico a quien le prometió más.

Lo que viene si no se aprende la lección

El inventario actual es el resultado directo de esas decisiones. El lote 88, el único comprometido con el mercado interno, tiene reservas para 10 años. Los lotes de exportación están casi agotados. El lote 58, en manos de una empresa china, no tiene destino definido. Y Candamo —el yacimiento que podría cambiar la ecuación con reservas estimadas de entre 30 y 40 TCF— está bloqueado por un parque nacional que Fujimori creó semanas después de que la exploración arrojara resultados positivos.

Herrera Descalzi calculó lo que el Perú necesita para garantizar abastecimiento interno hasta el 2060: "17 TCFs adicionales. Más que Camisea. Necesitamos dos Camiseas." Y puso el plazo con la frialdad de quien conoce los tiempos reales de la industria: "En el escenario optimista, 10 años para confirmar Candamo y construir la infraestructura que lo conecte con el sistema actual. Son 10 años fáciles ya."

Diez años que empiezan a correr este miércoles, desde el gobierno que asuma el 28 de julio, desde las decisiones que se tomen —o no se tomen— en los primeros 100 días del próximo mandato. El mismo Estado que en 2009 ahuyentó a seis empresas con mil millones de dólares cada una tendrá que ser capaz, esta vez, de atraer la inversión que permita encontrar dos Camiseas nuevas antes de que la única que tiene el país se agote.

Murillo cerró el foro con la frase que mejor resume lo que está en juego: "Ya estamos con los años prácticamente en descuento. Cuanto antes empecemos, mejor."

El queso se perdió una vez. La pregunta es si el próximo gobierno está dispuesto a no perderlo de nuevo.

Eso no lo dijo un activista ni un político de oposición. Lo señalaron Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos, y Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, en el primer foro del ciclo Perú: Futuro Energético, organizado por La República. Sus cifras son concretas y su conclusión es la misma: si el Perú no encuentra nuevas reservas antes de que se agoten las actuales, tendrá que importar gas. Y el gas importado cuesta, según Víctor Murillo, presidente del directorio de Egesur, hasta 15 veces más que el precio interno actual.

¿Qué significa eso en la práctica? Que la tarifa eléctrica —artificialmente baja gracias al gas barato de Camisea— subiría de forma sostenida. Que el transportista que este miércoles llena su tanque con gas natural vehicular a precio accesible volvería a depender de combustibles más caros. Que la industria que usa gas como insumo vería dispararse sus costos de producción. La crisis de marzo, cuando la rotura del ducto en Megantoni generó pérdidas de entre US$3.000 y US$5.000 millones en apenas 13 días, fue un anticipo a pequeña escala de lo que puede ocurrir de forma permanente.

Lo que se agota y lo que no se está haciendo

El inventario real del gas peruano es más preocupante de lo que el debate público reconoce. El lote 88 —el único formalmente comprometido con el mercado interno— tiene aproximadamente 7 TCF de reservas y un consumo anual de 0,5 TCF. Diez o 12 años en el escenario más optimista. Los lotes de exportación —56 y 57— tienen reservas para menos tiempo aún: 0,9 y 1,1 TCF, respectivamente, con un consumo exportador de un cuarto de TCF por año.

El lote 58, que el discurso político presenta como la reserva del futuro, tiene 3,5 TCF y está en manos de una empresa china con derecho contractual a exportarlo libremente. No hay compromiso formal que lo destine al mercado interno.

Sumando los lotes 58 y 88, el escenario más conservador da apenas 15 años de consumo interno. Y eso asumiendo que el sector eléctrico deja de consumir gas como lo hace hoy. Herrera Descalzi fue directo sobre ese punto: "El 60% del gas se consume en el sector eléctrico y no es tan necesario. Se podría reducir drásticamente sustituyéndolo por hidroeléctricas y energías renovables, liberando reservas para hogares, transporte e industria donde el gas es realmente insustituible."

El problema es el tiempo. Construir una hidroeléctrica toma 10 años. Explorar y desarrollar un nuevo yacimiento de gas también. Y el Perú, que pasó de tener más de 80 contratos de exploración activos a no llegar este miércoles a dos dígitos de lotes en exploración, lleva años perdiendo ese tiempo.

El transporte y la industria: los más expuestos

El gas natural no es solo el balón de cocina —cuyo GLP proviene en parte de los líquidos de Camisea, aunque en cantidad limitada, y en parte de importación y refinerías—, sino el combustible que mueve la economía en sus sectores más sensibles.

En Lima hay aproximadamente 500.000 a 600.000 vehículos que funcionan con gas natural vehicular. Son taxis, camiones y buses. Si el gas se encarece por escasez o por necesidad de importarlo, esos vehículos vuelven a la gasolina o el diésel, y el costo del transporte —y, con él, el precio de todo lo que se transporta— sube para toda la cadena. Murillo lo cuantificó con el ejemplo más reciente: "13 o 14 días de interrupción del gas generaron pérdidas de entre 3,000 y 5,000 millones de dólares." Eso con solo Lima afectada. Eso con solo dos semanas.

La industria es igualmente vulnerable. El gas natural es insumo directo de la producción manufacturera, la generación de vapor, los procesos químicos y la petroquímica que el Perú nunca desarrolló, pero todavía podría desarrollar. Sin gas barato y asegurado, ningún proyecto industrial de mediana o gran escala puede planificarse con horizonte de largo plazo. Y sin esa planificación, el país seguirá exportando materias primas en lugar de productos con valor agregado.

Herrera Descalzi lo ilustró con una lámina de cuando era ministro y se firmó el contrato de Camisea: "Dice que lo que teníamos en Camisea era 5.8 veces lo que había en el Mantaro. En el año 2040 lo que teníamos en Camisea va a ser cero. El Mantaro va a seguir vivo y va a poder operar 100 años más. ¿Cuál es el resultado? Hay que crecer en Mantaros." Es decir, la solución para el sector eléctrico existe y tiene nombre. Lo que falta es la decisión política de ejecutarla.

Lo que el próximo gobierno no puede postergar

Los especialistas del foro coincidieron en que el siguiente gobierno tendrá una sola oportunidad y deberá actuar en varios frentes al mismo tiempo desde el primer día.

Primero, decidir sobre el contrato de exportación de Perú LNG que vence en 2028. Herrera Descalzi fue claro: "Lo dejaría librado a que ellos encuentren nuevas reservas en los lotes 56 y 57. No van a tocar el lote 88 porque se requiere por seguridad energética." Renovar ese contrato con las reservas actuales sería hipotecar el mercado interno.

Segundo, reactivar la exploración de forma urgente. "Tenemos reservas probadas de 10 años. Todo eso en el escenario optimista en 10 años para confirmar y desarrollar Candamo", advirtió Herrera Descalzi. Y Gamio fue más directo: "Ya estamos tarde. No hay tiempo que esperar."

Tercero, construir la planta de regasificación que la crisis de marzo demostró que es indispensable. "Si no podemos sacar el gas, tenemos que asegurar el suministro. La planta de regasificación se necesita de todas maneras, ya no hay que esperar a mañana", dijo Herrera Descalzi.

Cuarto, liberar la masificación regional del gas con tarifas promocionales reales. El 80% o 90% de los usuarios de gas natural están en Lima. El error del Congreso al aprobar tarifas solo para pequeños consumidores condenó ese proceso a 20 años en lugar de cinco.

Murillo cerró el foro con la frase que mejor resume la urgencia: "El gas ya se instaló en el Perú y no hay forma de quitarlo. Estamos condenados a buscar o a comprar en el extranjero. Y nos iría muy mal de verdad."

El gas que mueve la economía peruana se acaba en 10 años. El próximo gobierno lo sabe o debería saberlo. Lo que falta saber es si tiene un plan.

El dato lo puso sobre la mesa Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro —la agencia del Estado encargada de promover la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos—, durante el segundo foro del ciclo Perú: Futuro Energético del Grupo La República. "En los últimos cuatro años no se ha perforado un solo pozo exploratorio en el Perú. Colombia tiene en promedio 80 pozos anuales exploratorios. Es un país superexplorado. El caso nuestro es un país superexplorado desde el punto de vista petrolero en el pasado, pero que ya no lo es."

Las consecuencias de esa parálisis son aritméticas e inevitables: sin exploración no hay descubrimientos, sin descubrimientos no hay reservas nuevas, sin reservas la producción cae y sin producción el país compra afuera lo que podría producir adentro. El Perú consume actualmente 265.000 barriles diarios de petróleo y produce apenas 30.000. Importa el 80% restante a precio de mercado internacional, con toda la volatilidad que eso implica en un contexto de conflicto en el Golfo Pérsico.

Las reservas que se agotan y nadie repone

El cuadro de reservas petroleras del Perú que Ochoa presentó en el foro es de lectura incómoda. Las reservas probadas alcanzan para apenas siete u ocho años al ritmo de consumo actual. Y, a diferencia de lo que ocurre con el gas —donde al menos existe Candamo como horizonte de exploración posible—, en el caso del petróleo no hay un yacimiento conocido que pueda cambiar esa ecuación en el corto plazo.

"Lógicamente, teniendo un territorio con posibilidades de poder encontrar petróleo, no se ha perforado y no se ha encontrado nada. No estamos produciendo y cada vez nuestras reservas se van consumiendo", explicó Ochoa. La causa no es geológica. Es política y regulatoria: los mismos problemas de permisología que frenaron la exploración de gas —aplicar normas de explotación a la exploración, primacía de los ministerios de Ambiente y Cultura sobre Energía y Minas— se replican en el sector petrolero con el mismo resultado devastador.

Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú, añadió la dimensión institucional del problema: los vaivenes políticos sobre si Petroperú debe o no participar en la explotación de lotes petroleros han ahuyentado también a los operadores privados. "Son decisiones de tipo político, idas y vueltas. Los mismos gobiernos recientes en su momento estuvieron de acuerdo y luego retrocedieron. Esos vaivenes al final perjudicaron y los que estaban en contra lograron que retrocediese el gobierno de turno."

El resultado concreto: Petroperú opera apenas el lote Z-69 en el zócalo continental, con una producción de 3.600 barriles diarios. Una minúscula fracción de los 265.000 que el país consume cada día.

El petróleo no desaparece en 2050: el argumento que hay que desmontar

Uno de los argumentos más usados para justificar la inacción en exploración petrolera es que el mundo va hacia las renovables y el petróleo desaparecerá pronto. Los tres panelistas coincidieron en que ese argumento, aunque políticamente conveniente, no resiste el contraste con los datos.

Narváez citó las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía: "Al 2050 todavía los fósiles van a estar. El crecimiento del consumo de petróleo es de 0.6% anual incluso en el mejor escenario renovable. De los 260,000 barriles que consumimos hoy, en 20 años estaremos consumiendo 300,000. Las proyecciones indican que hasta el año 2060 tendremos aproximadamente el mismo consumo de petróleo y gas."

Humberto Campodónico, economista y expresidente de Petroperú, completó el argumento con la lista de países que mejor refuta la narrativa de la obsolescencia petrolera: "Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia, Chile. Ninguno tiene petróleo propio en cantidad significativa. Todos tienen refinería. ¿Por qué? Por seguridad energética y por el margen que genera la refinación." El Perú, que sí tiene petróleo en su subsuelo, lleva cuatro años sin buscarlo.

La matriz energética actual del país lo confirma: el 86% de la energía que consume el Perú es de origen fósil. Las renovables representan apenas el 4%. Hablar de que el petróleo es prescindible en ese contexto no es una política energética. Es una ilusión.

Lo que el próximo gobierno debe hacer desde el primer día

Los tres panelistas coincidieron en que reactivar la exploración petrolera no es una opción de largo plazo. Es una urgencia inmediata que el siguiente gobierno debe abordar desde el primer día, antes de que la brecha entre producción y consumo se vuelva estructuralmente irreversible.

Ochoa fue el más directo sobre lo que está en juego: "Si no encontramos hidrocarburos, no producimos. Si no producimos, seguimos dependiendo de la importación. Y cada barril que importamos es un dólar que sale del país en lugar de quedarse en él."

Campodónico cerró con el diagnóstico más amplio: "Necesitamos un consenso de Estado, una política energética de largo plazo. Chile tiene el Plan Energía 2050, construido con sociedad civil, partidos políticos y empresariado. Acá lo único que tenemos son resultados operativos. Miramos el pasado. ¿Y cómo miramos el futuro? Cuatro años. Terrible."

Cuatro años sin perforar un solo pozo. Cuatro años sin política energética de largo plazo. Cuatro años de campaña permanente mientras el reloj de las reservas no para. El próximo gobierno tiene hasta el 28 de julio para empezar a cambiar eso. Y hasta ahora ningún candidato ha explicado cómo.

El tercer y último foro del ciclo Perú: Futuro Energético abordará la inversión y regulación de las energías renovables la próxima semana.

El primer foro del ciclo Perú: Futuro Energético de La República reunió este lunes a tres exfuncionarios del sector energético que trazaron un escenario que los equipos técnicos de ambos candidatos deberían leer con urgencia. Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos; Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas; y Víctor Murillo, presidente del directorio de EGESUR, coincidieron en un diagnóstico sin matices: el Perú tiene gas para diez años y no está haciendo nada para encontrar más.

Estas son las preguntas concretas que el debate de segunda vuelta debería responder.

Primero, ¿qué harán con el contrato de exportación de Perú LNG que vence en 2028? El siguiente gobierno asumirá en julio. En menos de dos años deberá decidir si renueva ese contrato —que destina parte del gas peruano al mercado asiático— o lo usa para garantizar el abastecimiento interno. Es la decisión energética más importante de la próxima década y ningún candidato la ha mencionado.

Segundo, ¿cómo van a reactivar la exploración? El Perú pasó de tener más de 80 contratos de exploración activos a no llegar este lunes a dos dígitos. Sin nuevas reservas, el mercado interno quedará desabastecido antes de que termine el próximo quinquenio. Explorar toma al menos 10 años desde la decisión hasta la producción. El tiempo para actuar es ahora.

Tercero, ¿qué harán con la masificación? El 80% o 90% de los usuarios de gas natural está en Lima. El sur, el norte y el centro del país siguen esperando. Un error del Congreso condenó ese proceso a 20 años en lugar de cinco. ¿Lo van a corregir?

Cuarto, ¿tienen un plan energético de largo plazo? No de cuatro años. De 30. Porque cualquier inversión en el sector exige garantías de suministro por ese plazo, y este miércoles TGP solo tiene concesión hasta 2033.

El 7 de junio los peruanos eligen presidente. Sería útil saber si alguno de los dos sabe cuánto gas le queda al país.

Mientras el impacto global ya golpea el costo de vida, el transporte y la producción, el país llega a este escenario con una dependencia crítica de combustibles importados, una transición energética lenta y sin un Plan Energético de Largo Plazo capaz de ordenar las decisiones que marcarán las próximas décadas.

En ese contexto, el Grupo La República presentará Perú: Futuro Energético, un ciclo de foros que reunirá a exministros, expresidentes de empresas estratégicas, especialistas y representantes del sector energético para discutir el rumbo que deberá tomar el país hacia 2050.

La crisis global del petróleo reabre el debate energético

La discusión llega en un momento particularmente delicado. El Perú importa cerca del 80% de los combustibles que consume y mantiene una fuerte dependencia externa frente a cualquier shock internacional.

Al mismo tiempo, el país enfrenta una paradoja energética: posee importantes recursos gasíferos y un enorme potencial para desarrollar energías renovables, pero millones de ciudadanos todavía no acceden a energía competitiva y sostenible.

La crisis internacional ha vuelto visibles problemas que el país arrastra desde hace años: falta de planificación, retrasos regulatorios, escasa infraestructura y decisiones estratégicas postergadas.

Camisea y el debate sobre la masificación del gas

El primer foro del ciclo llevará por título Gas para el Perú: masificación, seguridad energética y acceso ciudadano. La discusión girará en torno al futuro de Camisea, el vencimiento del contrato de exportación en 2028 y las decisiones que deberá asumir el próximo gobierno frente al abastecimiento interno de gas natural.

El foro contará con la participación de Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos y exdirector de Petroperú; Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas y expresidente del Colegio de Ingenieros del Perú; y Víctor Murillo, presidente del directorio de EGESUR, además de representantes del sector privado vinculados a la industria gasífera.

El debate abordará una de las preguntas más sensibles de los próximos años: si el Perú debe priorizar el mercado interno antes que la exportación de gas y qué papel cumplirá el recurso dentro de la seguridad energética nacional.

El futuro de Petroperú y la dependencia del petróleo importado

El segundo foro estará dedicado a una discusión que divide posiciones políticas y económicas desde hace años: el rol que debe cumplir Petroperú en el futuro energético del país.

Bajo el título Petroperú: privatización, rol estratégico y seguridad de abastecimiento, el encuentro analizará la dependencia peruana de combustibles importados, la situación de la Refinería de Talara y el impacto de la caída de la exploración petrolera nacional.

Participarán Aurelio Ochoa, presidente del directorio de Osinergmin; Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú; y Humberto Campodónico, especialista en energía y expresidente de la petrolera estatal.

El foro buscará responder si el país necesita fortalecer, reformar o redefinir el papel de Petroperú en un contexto internacional marcado por la volatilidad del petróleo y la presión global hacia la descarbonización.

Energías renovables y la transición energética hacia 2050

El ciclo cerrará con el foro Energías renovables: inversión, regulación y transición al 2050, centrado en el retraso peruano frente al desarrollo de energías limpias en comparación con otros países de la región.

El encuentro reunirá a Brendan Oviedo, expresidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables y socio de DLA Piper Perú; Erick García, exdirector general del Ministerio de Energía y Minas; y Jaime Luyo, exministro de Energía y Minas.

La discusión buscará responder por qué el Perú avanza lentamente pese a su enorme potencial solar y eólico, cuáles son las barreras regulatorias que frenan inversiones y qué metas debería asumir el país para acelerar la transición energética.

Un ciclo pensado para discutir decisiones concretas

Cada uno de los tres foros estará dividido en tres etapas. La primera estará dedicada al diagnóstico del sector y sus principales problemas estructurales. Luego vendrá una discusión sobre las prioridades regulatorias, de inversión e infraestructura para los próximos cinco años. Finalmente, el cierre buscará construir consensos mínimos que permitan plantear una visión energética nacional hacia 2050.

El ciclo será moderado por David Rivera Del Águila, economista y periodista económico, y buscará conectar el debate técnico con sus efectos sobre la economía, la competitividad, el costo de vida y el desarrollo regional.

El desafío de construir una visión energética para el Perú

Mientras países como Chile, Brasil, Argentina, China y Estados Unidos avanzan con políticas energéticas de largo plazo, el Perú continúa enfrentando decisiones pendientes sobre gas natural, petróleo, seguridad de abastecimiento y energías renovables.

En medio de la incertidumbre nacional y global, Perú: Futuro Energético buscará abrir una conversación que el país ha evitado durante años: qué modelo energético necesita el Perú y qué decisiones deben tomarse ahora para evitar que la próxima crisis vuelva a encontrarlo sin rumbo.

Además, se ordenó su captura inmediata y una reparación civil de S/1.900.000. Este pago deberá ser abonado de manera conjunta con Wálter Tovar Macutela, quien fue sentenciado en el mismo caso por su participación en delitos contra la administración pública.

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La condena en primera instancia se dictó en diciembre último, tras una investigación por irregularidades detectadas en procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios durante la gestión de Vásquez Cuadrado como alcaldesa de Huarochirí.

De acuerdo con los elementos probatorios y las investigaciones, el Juzgado determinó que Vásquez Cuadrado era culpable de los delitos de peculado por apropiación y falsificación de documento.

La organización criminal 'Los compadres de la corrupción' utilizaba el aparato estatal para el direccionamiento de contratos y el favorecimiento a proveedores específicos.

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Los cargos

El 2025, la condena impulsada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y respaldada por evidencia recopilada por la Policía Nacional a través de la Dircocor se fundamenta en actos de corrupción que se remontan a su gestión como alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Huarochirí, específicamente vinculados al caso del Centro Cívico de Matucana y su auditorio.

Se acreditó un perjuicio económico al Estado, debido a que la obra del centro cívico de Matucana fue sobrevalorada y quedó inconclusa, a pesar de que la municipalidad desembolsó una suma mayor a la que realmente debió costar la construcción.

En el mismo proceso judicial, se investigaron cargos por falsificación de documentos públicos relacionados con la obra, donde se detectaron rúbricas falsificadas en resoluciones gerenciales que permitieron el desembolso de fondos.

Indicaron que el mecanismo de corrupción se basaba en la adjudicación de obras y servicios a personas con las que la gobernadora o altos funcionarios mantenían una estrecha relación personal o familiar, incluyendo vínculos de compadrazgo (padrinos de bautizo, etc.).

El segundo foro del ciclo Perú: Futuro Energético del Grupo La República reunió este lunes a tres expresidentes de Petroperú para poner los datos sobre la mesa: Aurelio Ochoa, actual presidente del directorio de Osinergmin; Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú; y Humberto Campodónico, economista y uno de los analistas energéticos más influyentes del país. Lo que dijeron no encaja en ninguno de los dos extremos del debate político. Es más complejo, más incómodo y más urgente que eso.

El Estado no le da un sol a Petroperú: desmontando la narrativa del fracaso

La primera demolición del foro fue contra el relato dominante. Narváez fue directo y sin rodeos: "PetroPerú no está quebrada. Tiene un patrimonio neto positivo de 2,000 millones de dólares. Tiene un problema de estrés de caja. Eso es entendible. Las empresas pasan por situaciones difíciles."

Y fue igual de contundente sobre el origen real de la crisis financiera: "La financiación de la refinería de Talara no ha sido con dinero del Estado. Ha sido con recursos ajenos. 4,300 millones de dólares fueron financiados con recursos de terceros. El Estado no le da un sol a PetroPerú. Cada sol que gasta lo genera la propia empresa."

Sobre los rescates financieros de los últimos años, Narváez fue igualmente preciso: "Son préstamos. El Estado presta dinero a PetroPerú y PetroPerú lo registra como pasivo, como obligación que en algún momento tiene que devolver. Es una práctica común en el mundo empresarial."

Campodónico añadió el dato que más debería incomodar a quienes construyeron la narrativa del fracaso: "Cuando uno ve los informes de las calificadoras de riesgo desde el año 2017, todo el tiempo Fitch, Standard & Poor's y Moody's han dicho que una vez terminada la refinería el EBITDA va a ser entre 400 y 500 millones de dólares anuales." Una empresa que puede generar 500 millones de dólares anuales no es una empresa quebrada. Es una empresa con una deuda grande, una mala historia reciente de gestión y una gobernanza destruida desde adentro.

Campodónico fue también el más honesto sobre los errores propios de la empresa. Reconoció que Petroperú ha tenido problemas que no pueden atribuirse únicamente a la injerencia política ni a las condiciones externas. "No es que hay una sola persona o un solo sujeto jurídico que es el responsable de lo que está pasando. La narrativa, cuando uno lo desmenuza, es que ha habido problemas tanto desde el punto de vista del Estado y la injerencia política, como también problemas propios de la empresa." Esa admisión, inusual en el debate público sobre Petroperú, es también la base sobre la cual Campodónico sustenta su posición favorable a una auditoría que permita reconstruir con rigor qué pasó y quién es responsable de qué. Sin ese diagnóstico honesto, advirtió, cualquier plan de rescate o reestructuración parte de una narrativa incompleta.

El Congreso que en 2013 rompió Petroperú sin que nadie lo notara

El momento más revelador del foro fue cuando Campodónico explicó con precisión quirúrgica cuándo y cómo se rompió la gobernanza de la empresa. No fue con Castillo. Fue antes. Y fue el Congreso.

"En diciembre del 2013, con la ley de presupuesto, se cambió de un plumazo la forma de elección de los directores de PetroPerú. Sin discusión, sin Comisión de Energía y Minas, se introdujo en la ley ómnibus del presupuesto. Antes los directores se elegían por tres años y solo podían ser removidos por falta grave. Desde entonces cualquier ministro puede sacarlos cuando quiera."

Las consecuencias son visibles y cuantificables: "Vamos a tener 10 presidentes de directorio de PetroPerú en un periodo corto. Al igual, casi, que lo que ocurre en la presidencia de la República. Eso no puede repetirse."

Ochoa fue igual de preciso sobre la segunda gran deformación institucional: la ley que obliga a Petroperú a vender combustibles en la Amazonía sin cobrar IGV, pero sí pagándolo al comprar. El resultado, cuantificado en el foro con datos oficiales: 4.172 millones de soles en crédito fiscal acumulado que Petroperú no puede recuperar. En dólares: 1.405 millones. "¿Cómo me obligan a ganar dinero y al mismo tiempo me dicen vende sin IGV? ¿Dónde se ha visto eso? Ningún privado va a aceptar eso", dijo Narváez.

El paciente está en UCI y el auxilio prometido aún no llega

El foro dejó expuesta una omisión que ningún titular ha recogido con suficiente claridad: mientras se debate si privatizar, reestructurar o refundar Petroperú, la empresa necesita atención inmediata. No en julio. No cuando asuma el nuevo gobierno. Ahora.

El Estado anunció un auxilio financiero de 2.000 millones de dólares. Ese dinero, a la fecha del foro, no ha llegado. Y cada semana que pasa sin que llegue es una semana en que Petroperú no puede comprar el crudo suficiente para cargar su refinería a plena capacidad, pierde participación de mercado, deteriora su posición negociadora con proveedores y profundiza el hoyo financiero que luego se usará como argumento para justificar su liquidación.

Narváez lo describió con una imagen que resume la paradoja: "Ahora que los márgenes de refino son favorables —que es cuando AP de Chile y la refinería Cartagena de Colombia vuelan de utilidades— PetroPerú no tiene dinero para comprar el crudo y aprovechar ese margen. Aún así tiene ganancias. Pero podría tener muchas más." Es decir: la empresa está perdiendo su mejor ventana de recuperación financiera precisamente porque el auxilio prometido no se materializa.

El diagnóstico de los tres panelistas sobre este punto fue unánime: el debate sobre el modelo de largo plazo —privatizar, reestructurar, refundar— es legítimo y necesario. Pero no puede ser una excusa para paralizar las medidas de estabilización inmediata que la empresa necesita para no entrar en una espiral de deterioro irreversible. El paciente está en UCI. Y los médicos debaten qué especialidad debería atenderlo.

Privatizar, reestructurar o refundar: lo que cada candidato debería responder

Ante la propuesta de privatización que una de las candidatas de segunda vuelta ha mencionado, los tres panelistas coincidieron en que el diagnóstico que la sustenta es errado, aunque por razones distintas.

Campodónico apeló a la experiencia internacional: "La OCDE, el FMI y el Banco Mundial te dicen que el problema entre empresa pública y privada no es la propiedad sino la gobernanza. Ni el gobierno de Pinochet pensó en privatizar Codelco o ENAP. En Chile no se discute eso. Se discute cómo fortalecerlas."

Narváez lo redujo a una pregunta de mercado: "El 86% de la matriz energética nacional es de origen fósil. Aún siendo un negocio exclusivamente de refinación y comercialización, PetroPerú es rentable. Lo he demostrado en la práctica." Y puso sobre la mesa el dato que mejor explica por qué privatizarla afectaría directamente al ciudadano: "Los grifos de PetroPerú cobran entre 20 y 40% menos que los privados. Si desaparece ese actor, ¿quién modera los precios?"

Sobre el plan de Proinversión de dividir Petroperú en unidades de negocio separadas, Campodónico fue el más crítico: "Eso no tiene precedente en América Latina ni creo que en el mundo con respecto a una organización petrolera. Rompe el esquema integrado. Si haces eso, el objetivo desde el principio es privatizarla sin decir que eso es lo que quieren hacer." Y añadió el dato que hace urgente la decisión: "El plan de Proinversión prevé que los paquetes van a estar listos recién en diciembre. Esto lo va a ver el próximo gobierno."

El petróleo no desaparece en 2050 y el Perú no está explorando

El foro también desmontó el argumento de que construir la refinería de Talara fue un error porque el mundo va hacia las renovables. Ochoa aportó el dato más alarmante: "En los últimos cuatro años no se ha perforado un solo pozo exploratorio en el Perú. Colombia perfora 80 pozos exploratorios anuales. El Perú consume 265,000 barriles diarios y solo produce 30,000."

Narváez cerró el argumento con proyecciones de la Agencia Internacional de Energía: "Al 2050 todavía los fósiles van a estar. De los 260,000 barriles actuales, en 20 años estaremos consumiendo 300,000. Las proyecciones indican que hasta el año 2060 tendremos aproximadamente el mismo consumo de petróleo y gas." Países sin petróleo propio —Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia, Chile— tienen refinerías por seguridad energética y por el margen que genera la refinación. El Perú, que sí tiene petróleo, no puede darse el lujo de desmantelar la suya.

El mensaje al próximo gobierno: consenso o más de lo mismo

Los tres cerraron con un diagnóstico compartido: lo que ha faltado no es dinero ni tecnología. Ha faltado voluntad política de largo plazo.

Campodónico pidió lo que el Perú nunca ha tenido: "Busquemos un consenso de Estado, una política de Estado para la empresa. Chile publicó un Plan de Desarrollo Minero hasta el 2050, construido con sociedad civil, partidos políticos y empresariado. Desde 1993 estamos en que dos años estoy a favor, dos años estoy en contra. ¿Por qué no vamos a un consenso?"

Narváez condicionó su optimismo a una sola variable: "Auguro futuro para PetroPerú si es que le da un poco de sabiduría a los futuros congresistas. En 30 años se puede recobrar tranquilamente la inversión hecha en la refinería."

Ochoa fue el más quirúrgico: "PetroPerú necesita una reestructuración. No puede tener 32 gerencias. El Estado debería apostar por darle los lotes petroleros frente a la refinería de Talara. En el upstream está la parte medular, las mayores ganancias. Y eso es lo que se le está escatimando."

La frase que resumió el foro la dijo Campodónico: "Si no hay un consenso de largo plazo, vamos a seguir en que yo gano, tú pierdes. Y eso lo tenemos desde 1993."

Treinta y tres años de vaivenes. Un auxilio prometido que no llega. Un próximo gobierno que heredará el problema sin resolver. Y dos candidatos que aún no han explicado qué harán con la empresa petrolera más controversial —y estratégica— del país.

El tercer y último foro del ciclo Perú: Futuro Energético abordará la inversión y regulación de las energías renovables la próxima semana.

Participarán Aurelio Ochoa, presidente del directorio de Osinergmin; Alejandro Narváez, expresidente de PetroPerú; y Humberto Campodónico, uno de los especialistas en energía más influyentes del país. Tres voces con visiones distintas sobre el rol del Estado en el sector y sobre qué debe hacer el próximo gobierno en sus primeros 100 días para reducir una dependencia importadora que le cuesta al país miles de millones de dólares al año.

Un país que produce petróleo y aun así lo compra afuera

La brecha entre lo que el Perú produce y lo que consume es uno de los datos más reveladores y menos discutidos de la economía nacional. El país extrae alrededor de 30 mil barriles diarios de petróleo. Su demanda supera los 300 mil. La diferencia —270 mil barriles que hay que comprar en el mercado internacional cada día— se paga en dólares, a precio de mercado global, con toda la volatilidad que eso implica.

El conflicto en el Golfo Pérsico ha recordado con brutalidad lo que significa esa dependencia. Cuando el barril sube, sube el precio de la gasolina, el diésel y el GLP. Sube el costo del transporte. Sube el precio de los alimentos. Sube la inflación. Y el Perú, a diferencia de países con reservas estratégicas consolidadas, no tiene un colchón que lo proteja de esos shocks. La vulnerabilidad no es coyuntural. Es estructural y lleva décadas agravándose por la caída sostenida de la exploración petrolera nacional: en los últimos cuatro años no se ha perforado un solo pozo exploratorio en el país, mientras Colombia perfora 80 por año.

PetroPerú: privatizar, reestructurar o refundar

El caso más político del debate será el de PetroPerú. La empresa estatal atraviesa una crisis que ya ocupa titulares, pero que la campaña electoral ha tratado de forma superficial, sin abordar la pregunta de fondo: ¿qué debe ser PetroPerú en el Perú que viene?

Los tres panelistas han presidido la empresa en distintos momentos y tienen diagnósticos que la narrativa dominante no recoge. La refinería de Talara —la inversión más grande de la historia de PetroPerú— tiene una vida útil estimada de 60 años y, según las principales calificadoras de riesgo internacionales, podría generar entre 400 y 500 millones de dólares anuales de EBITDA. Eso no es una empresa quebrada. Es una empresa con una deuda grande, una historia reciente de mala gestión y una gobernanza que el propio Congreso destruyó en 2013 con un cambio de ley introducido sin debate en la ley ómnibus del presupuesto.

El foro evaluará qué hacer con ese escenario. Si privatizarla, transfiriendo su gestión al sector privado. Si reestructurarla, manteniendo la propiedad estatal, pero cambiando radicalmente su modelo de operación. O si redefinir su papel como instrumento estratégico de abastecimiento y estabilidad de precios en un mercado donde los grifos de PetroPerú cobran entre 20 y 40% menos que los privados en muchas regiones del país.

La agenda que la segunda vuelta esquiva

El foro de este lunes llega en el momento más crítico del calendario electoral. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tienen menos de dos semanas para convencer a los peruanos de que son la mejor opción para gobernar el país. Pero el plan de Proinversión sobre el futuro de PetroPerú —que divide la empresa en unidades de negocio separadas— estará listo recién en diciembre. Es decir, el próximo gobierno lo heredará sin resolver y sin consenso político.

A eso se suma la pregunta sobre el petróleo como parte de la matriz energética. El mundo avanza hacia las renovables, pero las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía indican que el petróleo y el gas seguirán siendo la base del consumo energético global hasta al menos el año 2060. El Perú, con una capacidad de refinación conjunta de 195 mil barriles diarios entre Talara y La Pampilla, sigue sin poder cubrir su propio consumo. Seguirá importando. Y cada barril importado es un dólar que sale del país en lugar de quedarse en él.

Son las preguntas que Ochoa, Narváez y Campodónico intentarán responder este lunes. Las mismas que los candidatos deberían estar respondiendo en sus mítines y en sus planes de gobierno.

El primer foro del ciclo dejó una advertencia que este diario no está dispuesto a dejar caer: el Perú tiene gas para 10 años y petróleo que no explora. Tiene recursos energéticos que no aprovecha y una dependencia importadora que le cuesta miles de millones anuales. Y tiene una campaña electoral que habla de todo menos de eso.

El foro es este lunes 25 de mayo a las 4.00 p. m. La elección es el 7 de junio. El tiempo para exigir respuestas de Estado empieza con este diálogo.

De acuerdo con el informe, los trabajadores alteraron las reglas del concurso para favorecer a una empresa de transportes y aprobaron pagos adicionales por más de 650.000 soles sin ninguna justificación técnica ni legal.

Favorecimiento a Galaga SAC

La Contraloría señaló que altos funcionarios de la ONPE beneficiaron de manera indebida a la empresa contratada para el traslado de los materiales electorales, por un valor total de S/ 6 368 332,75.

Los evaluadores de la ONPE, Lilia Flores Bancho y William García Velásquez cambiaron los requisitos para favorecer a un postor específico al restar los dos metros al largo exigido para los camiones, cuando se detectó que la empresa Hermes Transportes Blindados SA era la que tenía una mejor oferta.

Además, se detectó que remitieron información inexacta sobre la capacidad de carga de los vehículos para otorgarle un puntaje que no le correspondía.

“Se corrobora que el criterio aplicado de disminuir 2 metros al largo de la unidades vehiculares no estuvo previsto en ninguna parte de los términos de referencia u otro documento, evidenciando el acciones de los evaluadores al margen de las reglas definitivas e inalterables de las bases de selección y lineamientos de contratación”, se lee en el informe.

Gracias a dicha modificación, se rechazó a la opción más conveniente y se entregó el contrato a la empresa Galaga SAC, cuya oferta era más cara por S/ 168 148,19 en un inicio, y por S/ 469 404,09 en comparación con el postor que debió ganar legítimamente.

Además, la empresa ganadora no contaba con camiones propios: dio el servicio con un 92% de vehículos alquilados a terceros y solo un 8% de camiones propios.

El informe reveló, además, que José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral y Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral “tenían conocimiento de qu se requerían cerca de 400 camiones”; sin embargo, en los Términos de Referencia (TDR) establecieron que el postor solo debía acreditar una flota de 40 vehículos de su propiedad.

Retrasos logísticos

Por falta de planificación, los equipos informáticos usados en las capacitaciones se entregaran tarde, lo que alteró el cronograma establecido de las elecciones.

Un día antes de la votación, los encargados reprogramaron las rutas de entrega para 553 locales e informaron que los camiones demorarían entre 3 y 4 horas en llegar cuando en realidad necesitaban por lo menos 8 horas de viaje.

Esta descoordinación provocó que el material llegara tarde a 3,605 mesas y causó que 187 mesas de votación en Lima Metropolitana no se pudieran instalar, lo que afectó el derecho de sufragio de 55 261 electores.

Aprobación de pagos de más de 650 mil soles sin sustento

El informe indica, además, que altos mandos de las áreas de logística, administración y asesoría jurídica de la ONPE se aliaron para aprobar el pago de montos adicionales a la empresa de transportes por una suma de S/ 650 205,94.

Este desembolso de dinero se realizó "sin el sustento técnico y legal que justifique que resultaban indispensables y necesarios para alcanzar la finalidad pública del contrato", ya que el servicio de recogida de materiales ya se había ejecutado días antes.

Dentro de estos pagos extra, se aceptó sin ningún motivo un aumento en el precio del transporte de 5,441 equipos hacia el local de Lurín, pasando de cobrar S/ 0.60 por kilo a S/ 6.00 por kilo, lo que significó "un incremento de 900% respecto del contrato principal" para beneficio de la empresa privada.

Ante la gravedad de estos hallazgos, la Contraloría General de la República ha recomendado iniciar acciones inmediatas.

En primer lugar, ordenó al actual titular de la ONPE abrir los procesos correspondientes para sancionar administrativamente a los implicados.

Además, se ha solicitado formalmente a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que inicie las acciones penales contra los 10 involucrados para que respondan ante la justicia y se ha enviado el informe a la Junta Nacional de Justicia para que tome las medidas correspondientes sobre el caso.

Contraloría advierte que errores logísticos podrían repetirse en la segunda vuelta

La Contraloría advirtió que los documentos elaborados para la contratación del transporte se hicieron “sin tomar en cuenta la cantidad de rutas y locales de votación” que se necesitan para Lima y Callao.

Ante este escenario, la entidad de control señaló que podría generar retrasos en el despliegue del material electoral para la segunda vuelta.

"[Los términos de referencia] fueron realizados sin tomar en cuenta la cantidad de rutas y locales de votación ejecutados durante el despliegue de material electoral (…) situación que podría generar demoras en los tiempos de transporte del despliegue del material electoral con la consiguiente afectación del derecho de sufragio durante la segunda elección presidencial 2026".