La solicitud se tramitó a través de la Representación Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra. De acuerdo con el procedimiento oficial, las elecciones se llevarán a cabo mediante votación secreta y la nueva gestión asumirá el cargo a partir del 1 de octubre de 2027.

Golzáles-Olaechea cuenta con trayectoria en el sector público y en organismos internacionales. El excanciller se desempeñó anteriormente como alto funcionario en la OIT y como asesor de Javier Pérez de Cuéllar, diplomático peruano y exsecretario general de las Naciones Unidas.

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En el ámbito nacional, ocupó cargos en la Cancillería, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas.

Para este proceso electoral, el candidato presentó un plan de trabajo enfocado en los problemas actuales del mercado laboral. Su propuesta lleva por título "Una vida digna en la Era Disruptiva". De acuerdo con la información transmitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), este plan busca modernizar la OIT.

"[La propuesta] ofrece una visión holística del presente y de los retos futuros, conocimiento de la OIT, experiencia de Estado, comprensión del mundo del trabajo y capacidad de negociación para conducir a dicho organismo internacional compartiendo sus valores y principios para una vida digna. Su compromiso es: renovar sin dividir, reformar sin debilitar y anticipar para proteger".

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Antes de la fecha de votación, el proceso establece una etapa de presentación pública de los planes de gobierno de los aspirantes. El próximo 23 de septiembre, los candidatos sustentarán sus propuestas en Ginebra ante el pleno del Consejo de Administración de la OIT y los representantes de los 187 países miembros que integran dicha entidad.

Las reuniones oficiales de exposición de propuestas estarán a cargo del actual presidente del referido consejo, Matthew Wilson. Para garantizar el acceso público a estas exposiciones, las sesiones se transmitirá en vivo mediante las plataformas y canales oficiales de la organización internacional.

El pedido fue formalizado mediante el Oficio N.° 532-2026-GR/GOB.REG.TACNA, enviado el 18 de agosto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. En el documento, la autoridad regional plantea iniciar mesas de diálogo para establecer una cooperación interinstitucional que permita destinar parte del material rodante disponible en la capital al sistema ferroviario tacneño.

La propuesta contempla específicamente 10 vagones de pasajeros y dos locomotoras EMD F40PH-2, material que, de concretarse la transferencia, sería utilizado para fortalecer el servicio ferroviario que conecta Tacna con la ciudad chilena de Arica.

La solicitud cobra relevancia debido a que el material ferroviario recibido por Lima permanece almacenado en la capital y todavía no ha sido incorporado al servicio del proyecto del tren Lima-Chosica. Según información difundida por La Encerrona, funcionarios del Gobierno Regional de Tacna tienen previsto plantear formalmente la entrega de una locomotora y diez vagones durante las próximas reuniones con la comuna limeña.

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Lima acepta evaluar el pedido de Tacna

La Municipalidad Metropolitana de Lima respondió favorablemente a la propuesta. A través del Oficio N.° 145-2026-MML-ALC, el alcalde Renzo Reggiardo manifestó su disposición a articular esfuerzos técnicos relacionados con el transporte y el desarrollo de infraestructura ferroviaria.

Como primer paso, Reggiardo convocó al gobernador Luis Torres a una reunión de trabajo que se realizará este martes 1 de septiembre, a las 11:00 a. m., en el Palacio Municipal de Lima.

La cita servirá para revisar la propuesta y determinar las condiciones técnicas y administrativas que implicaría destinar parte del material ferroviario a Tacna. Hasta el momento, no existe una transferencia aprobada de los vagones o locomotoras.

El gobierno regional sostiene que la conexión Tacna-Arica tiene importancia no solo para el transporte, sino también para el turismo y la integración fronteriza entre Perú y Chile.

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El proyecto para recuperar la vía Tacna-Arica

El pedido de material rodante se suma a las acciones que el Gobierno Regional de Tacna ya había iniciado para recuperar las condiciones de la infraestructura ferroviaria.

Mediante la Resolución Gerencial General Regional N.° 444-2025-GGR/GOB.REG.TACNA, la administración regional autorizó la elaboración del expediente técnico destinado a la renovación y restauración integral de la vía férrea y del sistema de drenaje del ferrocarril Tacna-Arica.

De esta manera, la eventual incorporación de nuevos trenes forma parte de una propuesta más amplia para recuperar la operación de esta histórica conexión ferroviaria.

La ruta Tacna-Arica constituye uno de los principales vínculos ferroviarios transfronterizos del país y su recuperación es presentada por las autoridades regionales como una alternativa para fortalecer la integración con el norte de Chile.

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¿De dónde provienen los vagones?

El material que ahora interesa al Gobierno Regional de Tacna perteneció a la Peninsula Corridor Joint Powers Board (Caltrain), operadora ferroviaria estadounidense. El lote recibido por Lima comprende 90 vagones, coches de cabina y remolque, además de 19 locomotoras EMD F40PH-2.

El material fue trasladado a Lima para ser destinado al proyecto del tren Lima-Chosica, impulsado durante la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga. Sin embargo, parte de estos equipos permanece almacenada en el Parque de La Muralla, en estado de abandono.

La situación ha generado cuestionamientos debido a que el material ferroviario aún no ha comenzado a prestar el servicio anunciado para Lima. En ese contexto, la propuesta de Tacna abre la posibilidad de que una parte de los equipos sea destinada a otra ruta ferroviaria mientras se define su utilización definitiva.

Por ahora, la decisión dependerá de las coordinaciones entre la Municipalidad de Lima y el Gobierno Regional de Tacna. La reunión prevista para el 1 de septiembre será el primer paso para evaluar si los 10 vagones y dos locomotoras pueden ser transferidos y bajo qué condiciones.

La pesquisa, desarrollada desde 2019 y que derivó en un megaoperativo en 2020, investigó cómo cargamentos de mineral extraído presuntamente de manera ilegal podían ingresar al circuito comercial mediante documentación de personas y empresas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Entre los documentos identificados durante las pesquisas figuraban los de Matwork, empresa vinculada a Lara Tantaquilla. De acuerdo con una investigación de Mongabay Latam, en marzo de 2019 se utilizaron documentos de esta compañía para sustentar el traslado de 17 toneladas de mineral aurífero.

El antecedente cobra relevancia tras el secuestro del empresario, quien fue interceptado por sujetos armados en la avenida Húsares de Junín. En el ataque fueron asesinadas cuatro personas que lo acompañaban. La Policía maneja, entre sus hipótesis, la posible participación de la organización criminal Los Pulpos, aunque las investigaciones continúan.

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El nombre de Lara apareció en el caso Los Topos del Frío

La investigación contra Los Topos del Frío permitió reconstruir una cadena que comenzaba con la extracción de mineral en zonas de Pataz y continuaba con su traslado hacia centros de almacenamiento y plantas de beneficio en distintas regiones.

El objetivo de las autoridades era determinar cómo el oro de procedencia cuestionada podía adquirir una apariencia de legalidad antes de ingresar al mercado formal y, eventualmente, ser exportado.

En ese contexto apareció Jenss Lara Tantaquilla, quien figuraba inscrito en el Reinfo con dos concesiones ubicadas en el distrito de Chillia, en Pataz. Su empresa Matwork también quedó mencionada en la documentación revisada por los investigadores.

Según la investigación de Mongabay Latam, una carga de 17 toneladas de mineral aurífero fue movilizada en marzo de 2019 utilizando documentos de Matwork. Sin embargo, las autoridades encontraron una diferencia entre las concesiones consignadas en los papeles y el lugar desde donde había partido el mineral.

Las verificaciones realizadas posteriormente en algunas de las concesiones declaradas no encontraron actividad minera que permitiera explicar la procedencia de los cargamentos investigados. La hipótesis fiscal era que inscripciones existentes en el Reinfo podían ser utilizadas para sustentar documentalmente el origen de mineral extraído de otros puntos.

Es importante precisar que la aparición de Lara Tantaquilla y de los documentos de Matwork en aquella investigación no demuestra por sí misma que el empresario haya integrado Los Topos del Frío ni que haya participado en la extracción ilegal del oro. Tampoco se señala que haya sido uno de los detenidos durante el megaoperativo de 2020.

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Una investigación que llegó hasta la devolución de barras de oro

El caso de Los Topos del Frío no terminó con las primeras intervenciones policiales. La investigación continuó alrededor del origen y la propiedad de varias barras de oro incautadas durante el operativo.

Las autoridades habían incautado nueve barras de oro con un peso conjunto de 121,2 kilogramos, mientras se investigaba si el metal formaba parte de una cadena de comercialización de oro extraído ilegalmente.

Posteriormente, parte del metal fue reclamada por empresas que sostuvieron que había sido adquirido a mineros en proceso de formalización y que contaba con documentación que respaldaba su comercialización.

El proceso de devolución del oro terminó convirtiéndose en otro capítulo de la investigación y alcanzó a personajes ajenos al sector minero.

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¿Qué tiene que ver Andrés Hurtado con el caso?

El expediente adquirió notoriedad nacional debido a las investigaciones que involucraron al conductor de televisión Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, en las gestiones relacionadas con la devolución de parte del oro incautado.

Hurtado fue señalado por investigaciones fiscales como presunto intermediario en gestiones destinadas a favorecer a empresarios vinculados al caso. Una de las líneas investigadas estuvo relacionada con un supuesto pago de US$1 millón para facilitar la devolución del metal a la familia Miu Lei.

El caso de la devolución del oro terminó formando parte de las investigaciones que involucraron a Hurtado por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

Sin embargo, no existe en la información conocida una vinculación directa entre Jenss Lara Tantaquilla y Andrés Hurtado por este episodio. La relación está en el expediente más amplio de Los Topos del Frío: Lara aparece mencionado por los documentos de Matwork utilizados en el traslado de mineral, mientras que Hurtado fue posteriormente relacionado con las gestiones alrededor de la devolución de parte del oro incautado.

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El secuestro vuelve a poner el foco en Pataz

Lara Tantaquilla, natural de Chillia, Pataz, fue secuestrado durante un ataque perpetrado por sujetos armados que interceptaron la camioneta en la que se movilizaba.

Los delincuentes asesinaron a Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. De acuerdo con la información preliminar, dos de las víctimas formaban parte del personal de seguridad del empresario.

La Policía investiga si el ataque estuvo relacionado con las actividades económicas de Lara Tantaquilla y si los responsables conocían previamente sus desplazamientos y su entorno.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que entre las hipótesis se encuentra la posible participación de Los Pulpos o La Jauría. Hasta el momento, ninguna de estas organizaciones ha sido confirmada como responsable del secuestro.

Otro antecedente que deberá ser considerado por los investigadores es que un familiar del empresario también habría sido secuestrado anteriormente y liberado tras el pago de una fuerte suma de dinero.

Ahora, la prioridad de la Policía es ubicar a Jenss Lara Tantaquilla y determinar quiénes ordenaron y ejecutaron el ataque que terminó con cuatro personas asesinadas en plena ciudad de Trujillo.

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Los datos forman parte de un análisis elaborado por el ingeniero Juan Carbajal, quien evaluó el desempeño de las transmisiones realizadas los domingos durante agosto y comparó tanto su duración como la cantidad de ‘me gusta’ obtenidos en cada jornada.

La primera transmisión considerada en el análisis fue la del 2 de agosto, con una duración de 44 minutos y 10,7 millones de ‘me gusta’, cifra tomada como línea de base. Una semana después, el 9 de agosto, el live duró 43 minutos, pero alcanzó 7,1 millones de interacciones, una caída de 33,6%.

La tendencia descendente continuó el 16 de agosto. Aunque aquella transmisión fue la más extensa del periodo, con 52 minutos de duración, obtuvo solo 5,9 millones de ‘me gusta’. De acuerdo con la comparación realizada por Carbajal, esto significó una reducción acumulada de 44,9% frente al registro inicial.

El descenso fue todavía mayor el 23 de agosto, cuando la transmisión duró 36 minutos y consiguió 3,2 millones de ‘me gusta’. En este caso, la disminución acumulada llegó al 70,1% respecto del 2 de agosto.

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Más tiempo en vivo no significó más interacción

Uno de los aspectos destacados por Juan Carbajal es que el tiempo de duración de las transmisiones no parece haber logrado revertir la caída de las interacciones.

El caso más evidente ocurrió el 16 de agosto. Ese día, el live se extendió durante 52 minutos, ocho minutos más que la primera transmisión analizada. Sin embargo, la cantidad de ‘me gusta’ fue prácticamente la mitad de la registrada el 2 de agosto.

El análisis también calcula el ritmo promedio de interacción. En el primer live se registraron aproximadamente 243.000 ‘me gusta’ por minuto, mientras que el 23 de agosto la cifra descendió a cerca de 88.000 por minuto.

Es decir, no solo disminuyó la cantidad total de ‘me gusta’, sino también la velocidad con la que estos se acumularon durante cada transmisión.

¿Se observa un desgaste del formato?

Para Carbajal, los resultados muestran señales de un posible desgaste del formato empleado en estas transmisiones. Su análisis sostiene que la pérdida de interacción se produjo de manera progresiva y que no estuvo directamente relacionada con la duración de los lives.

La lectura adquiere especial relevancia debido al contexto en el que se desarrollan las transmisiones. La utilización de TikTok como una vía de comunicación más cercana e informal puede generar interacción en redes sociales, pero también enfrenta el desafío de responder a una ciudadanía que demanda pronunciamientos sobre asuntos de carácter político y nacional.

No obstante, los datos analizados corresponden específicamente a los ‘me gusta’ acumulados en TikTok y no permiten, por sí solos, determinar cuántas personas observaron cada transmisión, cuánto tiempo permanecieron conectadas o cuáles fueron las razones detrás de la disminución de la interacción.

El 30 de agosto no hubo transmisión

El análisis también registra una ruptura en la continuidad de los lives el 30 de agosto. Ese día no se realizó una transmisión y el informe atribuye la ausencia a la agenda oficial de Keiko Fujimori en Macusani, Puno.

Por ello, Carbajal consigna esa fecha con 0 minutos y 0 millones de ‘me gusta’, pero no la incorpora como una medición de rendimiento comparable con las cuatro transmisiones anteriores.

Con los datos disponibles, el comportamiento de agosto deja una tendencia clara: 10,7 millones de ‘me gusta’ en el primer live, 7,1 millones en el segundo, 5,9 millones en el tercero y 3,2 millones en el cuarto. La caída acumulada entre el inicio y el último registro alcanza así el 70,1%.

El desafío para las siguientes transmisiones será determinar si esta disminución corresponde a un descenso temporal de la interacción o si representa una tendencia más prolongada en el desempeño de los lives dominicales.

Fuente del análisis: Juan Carbajal (@juank23_7).

El registro judicial de Castro Cruz no se limita a los delitos contra el honor. El legislador también acumula procesos relacionados con obligaciones alimentarias, según el informe periodístico. La suma de casos configura un patrón de litigios que se extendió por años, incluso mientras el diputado construía su carrera política.

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El caso volvió a la agenda pública tras un round de declaraciones entre Castro Cruz y el gobernador de Lambayeque. El enfrentamiento ocurrió durante una actividad de representación en la región, un espacio pensado para que los congresistas fiscalicen la gestión pública en sus zonas de origen.

Castro Cruz cuestionó la gestión del gobernador regional. La autoridad, lejos de quedarse callada, le recordó sus antecedentes judiciales. Lo acusó, además, de haberlo difamado durante varios años. El cruce dejó en evidencia la tensión que existe entre el legislador y las autoridades de su región.

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El incidente en Lambayeque destapó el prontuario judicial del legislador

El choque entre Castro Cruz y el gobernador no fue un hecho aislado. Ocurrió en el contexto de la semana de representación, periodo en el que los congresistas viajan a sus regiones para atender demandas ciudadanas y fiscalizar a las autoridades locales. En ese escenario, el historial judicial del diputado volvió a quedar expuesto ante la opinión pública.

El gobernador utilizó los antecedentes de Castro Cruz como argumento de respuesta. Le recordó, en público, que enfrenta procesos judiciales por difamación. La acusación no quedó solo en lo político: el gobernador sostuvo que el propio diputado lo difamó durante un periodo prolongado de tiempo.

Castro Cruz, quien además es propietario de una radio, respondió a la polémica con un anuncio concreto. Afirmó que contratará un estudio jurídico particular para hacerse cargo de sus procesos judiciales. Aseguró, también, que buscará que esas diligencias no interfieran con su labor como congresista.

Una de las diferencias está en el incremento de la remuneración mínima vital. La mandataria prometió elevar el salario de S/1.130 a S/1.300 durante su mensaje a la Nación. “Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1,300 soles”.

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Sin embargo, el ministro de Economía, Elmer Cuba, alertó realizar la medida provocaría “efectos colaterales en las microempresas y en los precios”. Por ello, el 10 de agosto indicó que no se cumplirá de inmediato este año. También mencionó que no se tenía una fecha fija para que se aplique el incremento anunciado por la presidenta.

“No está definido, puede ser entre octubre y noviembre los primeros 100 soles”. Además, agregó que el próximo incremento en el salario se daría en abril del 2027.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, contradijo lo señalado por Cuba. El 26 de agosto, sostuvo que la propuesta comenzará a discutirse recién el 3 de setiembre en el Consejo Nacional del Trabajo, por lo que “no se puede determinar todavía el mes”.

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Contradicciones en la gestión del orden interno y las FF. AA.

Otra contradicción evidente surge en materia de seguridad ciudadana. La presidenta informó en su mensaje a la Nación que las Fuerzas Armadas tendrán un rol central en el orden interno durante los estados de emergencia.

“En estados de emergencia, las FFAA asumirán temporalmente el liderazgo en operaciones de seguridad y del control interno (…)”, señaló durante su intervención.

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Ello contrasta con lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien precisó el 20 de agosto ante el Parlamento que la intervención militar tendrá un carácter distinto al señalado por la mandataria.

“Será una participación excepcional, delimitada y sujeta a reglas precisas. Las Fuerzas Armadas no reemplazan a la Policía ni a la autoridad penitenciaria (…)”.

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Resultados en 100 días

El panorama de plazos también muestra diferencias respecto a la agenda inicial de gestión. Keiko Fujimori declaró el 6 de julio que la prioridad para la primera etapa consistía en recuperar el orden y enfrentar emergencias.

“En estos momentos creo que lo más importante en una agenda de los próximos 100 días es recuperar el orden, enfrentar al Fenómeno El Niño y hacer que el Estado vuelva a funcionar”.

Pese a ello, el 20 de agosto, Luis Galarreta consideró necesario que pasen más de 100 días de gobierno para recién observar el producto de la gestión. “No todo resultado se obtiene en seis meses”.

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Cambio de discurso sobre la Pensión 65

Otra de las promesas que ha sufrido un retraso en los plazos es la relacionada con los programas sociales. La presidenta indicó, el 26 de agosto, Día del Adulto Mayor, que duplicar la Pensión 65 se estaría dando recién en el 2027.

“Auguramos que a partir del próximo año, porque hoy hemos recibido al país con cifras estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías", señaló.

Este anuncio contradice lo prometido en su mensaje a la Nación de julio, donde había asegurado que “iniciaría” su gestión duplicando el monto de Pensión 65. "Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/350 bimestral a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema", dijo el 28 de julio.

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“El cargo le queda grande”

Ante este escenario, el politólogo Edgardo Manyari, en diálogo con La República, señaló que la primera lectura de esta administración revela un desorden y una falta de conducción frente a los desafíos que afronta el país.

“No es posible que una presidenta haga un anuncio y después los ministros lo contradigan, parece que no hubiera conducción a nivel del Estado. No hay un rumbo fijo y es peligroso para un país que se enfrenta a una crisis”, sostuvo Manyari.

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Indicó que solo está cumpliendo un rol de fachada y comparó su falta de preparación con la gestión de la expresidenta Dina Boluarte. “Está haciendo el mismo papel de la señora Boluarte. Simplemente deja que las cosas pasen sin solucionar nada ”.

En esa línea, agregó que esto refleja una evidente improvisación en la gestión de la mandataria y sus ministros al no designar perfiles idóneos, lo cual se evidencia en la falta de capacidad de respuesta ante crisis como la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

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“Vemos el estilo del señor Marco Vinelli, que ha dicho que no tiene un plan. No tenía ni planes ni tampoco equipos. Se han puesto personas que no están preparadas evidentemente para los cargos que están desempeñando. Por ejemplo, tenemos los peores sistemas de salud de América Latina, que ya es decir bastante. Y han puesto un señor que tiene nula experiencia en manejo de temas de salud. Han puesto al señor Rafael Rey, que tampoco sabemos qué experiencia tiene en ese rubro. En Defensa, al señor Belaúnde, de quien tampoco se conoce ninguna experiencia en materia de temas de defensa”.

Ante ello, el politólogo explicó que las relaciones políticas en este gobierno responden a dinámicas de subordinación, en lugar de buscar verdaderas capacidades técnicas para administrar el destino del país.

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“Hay gente que le dice sí a todo, que no le haga absolutamente ninguna sombra y ahí tenemos lo que tenemos: una presidenta que ni siquiera es capaz de cumplir con sus promesas gubernamentales consagradas en su plan de gobierno. Está demostrando, lamentablemente, que el cargo le está quedando grande”.

En esa línea, también cuestionó que la presidenta no supiera responder por sí sola sobre las acciones que se están realizando por el bloqueo en la carretera en la región de Arequipa que, además, produjo la crisis de desabastecimiento de GLP.

“Los mensajes son, además de contradictorios, penosos. La presidenta se puso, en la entrevista al aire, a leer una respuesta. Eso es lo que hay, un desorden que se manifiesta en esta falta de coherencia en los mensajes políticos y en las decisiones, y que nos va a llevar inevitablemente a la prolongación de la crisis política y económica”.

Pese a las evidencias, la fiscal especializada en Delitos de Trata de Personas del Callao, Edith Chillitupa Concha, resolvió no formalizar ni continuar con la investigación contra los imputados.

Sin embargo, la procuradora de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Paula Navarro Barrios, detectó que no fueron evaluados los documentos que envió a la fiscal Chillitupa y que acreditan los hechos, por lo que ha requerido al Ministerio Público que continúen las indagaciones y se sancione a los responsables.

Los funcionarios de Migraciones involucrados, en lugar de disponer el retorno de Morais Couto en el mismo vuelo, y sancionar a la compañía por haberle permitido volar, le franquearon el acceso con la intervención de otras personas, e incluso cambiaron la fecha y hora de su ingreso en el sistema.

En ese momento, Jorge Morais Couto era presidente de la División para Iberoamérica de Securitas, y la empresa era responsable de la seguridad del aeropuerto.

El empresario portugués, en condición de presidente de Securitas Iberoamérica, estaba urgido en participar en una Junta General de Accionistas de la sucursal en Lima de dicho grupo empresarial, con la finalidad de remover a toda la gerencia de la compañía.

Mientras esperaba un “pasaporte de emergencia”, Morais Couto estuvo custodiado en el aeropuerto por el jefe de seguridad de Securitas Perú, Javier Riesco Gonzáles, lo que demuestra que recurrió a servidores de su empresa que prestaban servicio en el terminal aéreo.

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Sin voluntad para investigar

Desde el comienzo, La República informó de este caso del alto ejecutivo que recibió un trato privilegiado al margen de las normas. Recogió la versión de la compañía Securitas, la que rechazó los cargos y señaló que Morais Couto cumplió con las disposiciones.

Pero la defensa legal de Securitas, una compañía global de seguridad que debería cumplir con los altos estándares de transparencia, amenazó a este periódico con iniciar acciones legales si continuaba reportando sobre el caso, porque consideraba que el grave incidente era un asunto “privado” y no público.

La intervención de la procuradora de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Paula Navarro, confirma que se trata de un caso de interés público.

Los imputados son los servidores de Migraciones Reynaldo Torres Chirito y Kelly Camargo Arotoma, además del representante de Securitas en el Perú, Pedro Bellatín Galdós, entre otros.

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Pesquisas incompletas

Está documentado que, en un principio, al ejecutivo de Securitas se le impidió el ingreso al Perú y se dispuso que la aerolínea que lo transportó lo devolviera al punto de embarque, ya que su pasaporte estaba vencido.

Sin embargo, los implicados en el caso confabularon para que Jorge Morais Couto, junto con otras personas, se quedara en el aeropuerto a la espera de que el consulado de su país, Portugal, emitiera un “pasaporte de emergencia”.

Este mecanismo sólo se aplica para facilitar salidas del país y nunca ingresos, dijeron fuentes de Migraciones. Con ese documento Morais Couto realizó actividades empresariales en Lima. Al llegar al país solo contaba con visa de turista.

La procuradora también hizo notar que el “pasaporte de emergencia” presentado por Morais Couto era un documento llenado a mano, sin datos biométricos y sin firma de algún representante consular. Tampoco contaba con algún tipo de medida de seguridad reconocida como válida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), para la identificación y tránsito de ciudadanos para viajes internacionales, indicaron las fuentes de Migraciones.

De acuerdo con la procuradora, la fiscal Edith Chillitupa incumplió con el mandato de la Fiscalía Superior que le ordenó recabar la información necesaria para identificar a los responsables del ingreso del ejecutivo de Securitas.

La procuradora de Migraciones recordó a la Fiscalía Superior de Trata de Personas del Callao, que “el tema principal a dilucidar es determinar si la persona de Morais Couto ingresó irregularmente al país, luego de ser inadmitido su ingreso a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”. Una tarea que no hizo la fiscal Chillitupa.

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Las tareas incumplidas

“Se debió ordenar recabar los registros fílmicos del área de Migraciones a la fecha de los hechos, así como también oficiar a la Embajada de Portugal en Lima si, para la obtención del pasaporte de emergencia del citado ciudadano, este tenía que recurrir presencialmente a su sede ubicada en el distrito de San Isidro”, señala la procuradora.

La fiscalía, en lugar de cumplir con estas diligencias claves, se limitó a recoger la versión de los imputados.

“Dando mayor trascendencia a las declaraciones de los investigados y a la documentación presentada por estos, (la fiscalía) decide dejar de lado las diligencias mencionadas y ordenadas” por el fiscal superior que ordenó investigar el escandaloso caso.

El empresario Jorge Morais Couto llegó a exigir por escrito a Migraciones “regularizar” la hora que ingresó en el país, para de esta manera justificar la fecha y hora que señala su participación registrada en el acta de Junta General de Accionistas de Securitas Perú SAC.

Los funcionarios de Migraciones, en coordinación con Jorge Morais Couto, le concedieran la rectificación de la hora de ingreso sin mayor justificación.

Basándose en esta “regularización”, el empresario Morais Couto logró archivar las investigaciones en su contra, alegando que Migraciones había “validado” su ingreso al país. Empero, la procuradora indica todo lo contrario.

La fiscal Edith Chillitupa se limitó a escuchar la versión de los imputados, en lugar de pedir el testimonio, por ejemplo, del agente de tráfico Félix Barbarán Rodríguez, para que explique por qué no se devolvió a Jorge Morais Couto a su país de origen y se autorizó su permanencia en el aeropuerto hasta que le concedieron el “pasaporte de emergencia”.

Otra información que la fiscalía pasó por alto fue la versión documentada de Air Europa, la compañía que trajo a Lima a Jorge Morais Couto y no lo devolvió.

Además, la fiscalía no requirió a Air Europa “la identificación del personal que se encargó de la custodia (de Jorge Morais Couto) desde la orden de reembarque hasta su control migratorio con el pasaporte de emergencia obtenido”, precisa la procuradora de Migraciones.

La fiscalía no ha querido abrir la investigación sobre la cadena de responsables que accedieron a que Morais Couto ingresara al país vulnerando normas elementales. “El archivo (de la investigación fiscal) se sustenta (...) en inferencias o conjeturas, al no existir elementos objetivos que las respalden”, concluye la procuradora de Migraciones sobre este grave caso.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

La iniciativa modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 e incorpora una causal de pérdida de idoneidad que permitiría a la presidenta cesar al comandante general de la PNP antes de cumplir sus dos años en el cargo, actualmente protegido por la Ley 31570. El proyecto plantea cuatro supuestos objetivos: afectación grave de la eficacia operativa, incumplimiento reiterado de los planes de seguridad ciudadana, negligencia grave en el cargo y actos u omisiones que dañen la institucionalidad policial.

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El PL se basa en las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que en el 2025 cerró con 2.218 asesinatos en el país, por encima de los 2.083 de 2024 y los 1.511 de 2023, con un promedio de 6,07 homicidios diarios. Lima concentró la mayor cantidad de víctimas, seguida de La Libertad, Callao, Piura e Ica. Incluso el propio proyecto añade que, en los primeros 26 días del gobierno de Keiko Fujimori, se registraron 134 homicidios, la mayoría en Lima y Callao.

La propuesta no es la primera que busca modificar el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267. Según el texto, antes de esta, el excongresista Roberto Chiabra presentó en 2022 el PL 2763/2022-CR, aún pendiente de dictamen en la Comisión de Defensa, y la excongresista Susel Paredes registró en enero de 2026 el PL 13864/2025-CR con un enfoque similar. Además, el propio Ejecutivo, a través del ministro del Interior César Astudillo, había anunciado el 21 de agosto ante el Pleno del Congreso que prepararía una iniciativa propia para modificar la misma norma.

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Cuatro razones que podrían cesar a Arriola

El artículo 8 vigente, modificado por la Ley 31570 en 2022, solo permite cesar al comandante general de la PNP antes de sus dos años de mandato por seis causales taxativas: muerte, retiro voluntario, incapacidad física permanente, falta muy grave, sentencia firme por delito doloso o comisión de delito flagrante. El proyecto de Palomino añade una séptima causal, la pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad necesaria para el ejercicio del cargo, con cuatro supuestos específicos:

• Grave afectación de la eficacia operativa, la capacidad de respuesta o la conducción estratégica de la PNP, acreditada con información objetiva y verificable.
• Incumplimiento grave y reiterado de las políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana, sustentado en un informe técnico del Ministerio del Interior.
• Negligencia grave que afecte de forma sustancial la seguridad ciudadana, el orden interno o la capacidad operativa de la PNP.
• Actos u omisiones en el ejercicio del cargo que dañen gravemente la institucionalidad, la disciplina o la legitimidad de la institución policial.

El proyecto exige que el motivo del cese se comunique personalmente al comandante general y se sustente por escrito.

Cabe recordar que Óscar Arriola ocupa la comandancia general de la PNP bajo una norma aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo que lo mantiene en el cargo hasta setiembre de 2027. El propio ministro Astudillo admitió el 22 de agosto ante la Cámara de Diputados que el Ejecutivo carece de margen legal para relevarlo antes de que cumpla sus dos años en funciones, pese a las críticas por el manejo de la seguridad interna.

La senadora de Fuerza Popular, Martha Chávez, dijo que si ella estuviera en el lugar de Arriola consideraría dejar el cargo voluntariamente por los cuestionamientos en materia de seguridad ciudadana. “Es una posibilidad, yo también pensaría que si estuviese en esa situación, dar un paso al costado”, señaló Chávez durante una entrevista con RPP.

Por su parte, el diputado Víctor Piñan del partido OBRAS, se sumó a la situación en la que el comandante deba salir de su puesto. “Hemos pedido al ministro del interior que no repita las mismas recetas que no han funcionado. En ese sentido, creemos que el Grl. Oscar Arriola debe salir del cargo”, declaró para este medio.

A través de la Resolución Jefatural 000139-2026-JN/ONPE, publicada en la edición extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el pasado 28 de agosto, la entidad electoral cambió los artículos 10 y 11 del reglamento.

Estos nuevos lineamientos establecen que la convocatoria de la destrucción de las cédulas de sufragio se realizará luego de la proclamación de resultados del proceso electoral. Asimismo, la ONPE notificará al Ministerio Público, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a los personeros de los partidos políticos sobre el lugar, fecha y hora donde se realizará esta actividad.

"La inasistencia de uno o más personeros no impide ni posterga la destrucción de las cédulas", añade la resolución.

Asimismo, la entidad electoral establecerá la forma de destrucción del material y que, posteriormente, será notificada a las otras instituciones.

El oficio también ordena poner en conocimiento estos nuevos lineamientos al JNE y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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ONPE inició la destrucción pública de cédulas de las Elecciones Generales 2026

La ONPE realizó este sábado, por primera vez, la destrucción total y pública de las cédulas de sufragio empleadas durante las Elecciones Generales 2026 y la segunda elección presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

La jornada se llevó a cabo en un establecimiento ubicado en Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao, y fue supervisada por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.

En el procedimiento también participaron representantes del Ministerio Público y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes estuvieron presentes durante el desarrollo de la actividad.

Como parte del proceso, la empresa contratada para ejecutar el servicio trasladó desde el almacén de la ONPE, situado en Lurín, aproximadamente 431.000 kilos de material electoral.

Las cédulas fueron destruidas mediante un proceso de trituración que las convierte en pequeños fragmentos, de modo que no puedan ser reconstruidas ni reutilizadas.

Asimismo, la ONPE informó que se registra cada etapa del procedimiento, desde el traslado y la recepción del material hasta su destrucción definitiva.

De acuerdo con la resolución, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó que se entregue la información correspondiente a cuatro líneas telefónicas de Chávez, comprendida entre el 1 de octubre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022.

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La medida dispone que las operadoras Movistar, Claro, Bitel y Entel informen, en un plazo de 48 horas, a la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos sobre diversos datos vinculados a dichas líneas. Entre la información solicitada se encuentra la titularidad, fecha de activación, estado de las líneas, motivos de baja, identificación de los IMEI y tarjetas SIM, así como el detalle del tráfico de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto, horarios y duración de las comunicaciones, entre otros registros.

La data, señala el documento, deberá ser entregada en formato físico y digital con la reserva del caso en un breve plazo.

En tanto, la defensa legal de Chávez estuvo de acuerdo con la petición de la Fiscalía y señaló que "esta diligencia contribuirá al archivo de la causa y al esclarecimiento de la verdad". Sin embargo, "cuestionó el sentido de la investigación debido a la falta de formalización contra otros implicados".

Es importante resaltar que la exministra de Pedro Castillo es investigada por las contrataciones del entorno de su entonces pareja Abel Sotelo en distintas instituciones del Estado, incluyendo el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), Senati y EsSalud.

El caso

Uno de los principales hechos que forman parte de la investigación es la contratación de Marco Sotelo Villa, hermano de Abel Sotelo, como asistente de nivel 2 en el despacho congresal de Chávez. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, la entonces parlamentaria habría tenido interés en su incorporación. La Fiscalía señala que, al entregar su documentación al Congreso en octubre de 2021, Marco Sotelo no consignó el parentesco que mantenía con Abel Sotelo, presuntamente con el objetivo de evitar que su contratación fuera vinculada con la legisladora. Permaneció en el puesto hasta marzo de 2022, periodo durante el cual percibió un total de S/42.464,48.

La Fiscalía señaló que, según el propio Marco Stelo Villa, declaró que la excongresista lo llamó por teléfono para consultarle sobre su disponibilidad laboral con la finalidad de que labore en el Congreso.

Asimismo, el Ministerio Público indaga la contratación de Flor Sotelo Villa, hermana de Abel Sotelo, quien en septiembre de 2022 fue incorporada como auxiliar de nivel 2 en el despacho congresal de Chávez. Su vínculo laboral se extendió hasta noviembre de 2023, cuando dejó el cargo tras la difusión de un reportaje periodístico que reveló la contratación de familiares de la expareja de la entonces ministra.

De igual manera, la Fiscalía sostiene que Chávez habría mostrado interés en la designación de Antonio Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo, en distintos puestos dentro del Estado. Entre estos se encuentran su nombramiento como intendente regional de la Sunafil en Puno, en diciembre de 2021; como representante del Ministerio de Trabajo ante el Senati, en enero de 2022; y como jefe de la Oficina Zonal de Tacna de Cofopri, en marzo de 2022.

La decisión tomada por la jueza Lorena Sandoval establece que la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tendrá hasta el 15 de julio del 2027 para terminar con la investigación preparatoria.

El Ministerio Público había solicitado la ampliación por 36 meses; sin embargo, la magistrada señaló que 12 meses es un plazo prudencial para la culminación de las diligencias fiscales como la ejecución de pericias especializadas.

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La Fiscalía sustentó su pedido al mencionar que existe una especial complejidad de la investigación, demoras en las pericias financieras, un volumen extraordinario de información documental, nueva incorporación relevante e investigados, demoras, inasistencias y reprogramaciones de diligencias, etc.

Por su parte, la defensa de Goray advirtió que, si bien estaban de acuerdo con el requerimiento de prórroga, 36 meses es un plazo excesivo y desproporcionado. Aseguró que existen "tiempos muertos" por la inactividad fiscal desde la formalización de la investigación en julio del 2023. Desde la defensa de Fernandini se opusieron a la solicitud fiscal y argumentaron que el periodo es excesivo.

Sin embargo, el Poder Judicial señaló que, si bien hubo reprogramaciones, es deber de la Fiscalía hacer los apercibimientos correspondientes "a efectos de no frustrar las mencionadas diligencias". Afirmó que la única diligencia que justifica una prórroga es la realización de las pericias.

"Precisar al Ministerio Público que el plazo concedido tiene carácter excepcional y suficiente, debiendo administrarse con la máxima diligencia y priorizando el derecho que tiene el investigado a que se resuelva su situación jurídica dentro de un plazo razonable", indica el documento judicial.

El caso

Según la tesis fiscal, en 2021, Sada Goray Chong, en su calidad de gerente general de Markagroup, habría gestionado la suscripción de un convenio institucional con el Fondo Mi Vivienda (FMV), presuntamente con el propósito de obtener supuestas ventajas indebidas mediante la concertación con altos funcionarios públicos.

El Ministerio Público sostiene que se habrían coordinado acciones para establecer contacto con personas allegadas al entonces presidente Pedro Castillo Terrones, con el objeto de presuntamente obtener acceso a beneficios ilícitos. Para eso, habría encomendado dicha gestión a sus coimputados Julieta Tijero Martino y Jorge Fernandini, quienes habrían contactado a Geiner Alvarado López, Ministro de Vivienda en aquel momento, facilitando una reunión con Salatiel Marrufo Alcántara.

El entonces Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder inició esta investigación preparatoria luego de que Sada Goray reconociera ante el Ministerio Público haber entregado en efectivo más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo, quien en ese momento se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda.

Según su declaración, estos pagos habrían tenido como finalidad que su entonces empresa Markagroup SAC obtuviera contratos y beneficios en dicho sector durante el gobierno de Castillo.

El grupo de trabajo tiene programado para el lunes 31 de agosto sesionar a las 2 p.m. y como orden del día tiene pendiente la elaboración del Reglamento de las Ligas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Es decir, al menos, hasta el martes no se vería el pedido del Ejecutivo para legislar por 120 días en materias de inseguridad ciudadana, economía, etc.

El grupo de trabajo también dará un reporte de los documentos ingresados y emitidos en el despacho entre el 19 y el 28 de agosto. Asimismo, informará sobre el reporte de ingreso de las proposiciones legislativas. En ese último punto, se debería dar cuenta del pedido de facultades.

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El retraso en la aprobación del proyecto también compromete al Gobierno. Luego de postergar en cinco ocasiones su presentación y sin establecer una fecha definitiva para su entrega, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) remitió al Congreso el documento de 20 páginas, pese a que los diputados se encuentran desde el lunes 24 de agosto en semana de representación en distintos departamentos del país.

En tanto, La República se comunicó con el diputado de Cívico Obras e integrante de la Comisión, Víctor Piñán, para conocer si su bancada ya había revisado el pedido de facultades legislativas y si respaldaría su aprobación o plantearía modificaciones. Al respecto, Piñán señaló que el documento aún se encuentra en evaluación dentro de su agrupación.

"En estos días estamos reuniéndonos como bancada para evaluar el pedido de facultades; sin embargo, hemos señalado en reiteradas oportunidades que nuestras prioridades son los temas de inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Sobre estos temas hay consenso en la bancada", expresó.

Comisión de Ética evaluará denuncia contra el diputado Pérez Mallqui por presunta agresión

A las 4 p.m. la Comisión de Ética evaluará el informe de calificación sobre la denuncia contra el diputado de Juntos por el Perú (JP), Julián Pérez Mallqui, por una presunta agresión a su pareja.

La sesión toma lugar luego de que el pasado 19 de agosto el grupo de trabajo aprobó iniciar una indagación preliminar en contra del legislador. La denuncia fue presentada por el congresista Christian Aranda (Renovación Popular), en la que solicitan 120 días de suspensión sin goce de haber.

En esa ocasión, el presidente de la comisión, Henry Albañil (Cívico Obras), señaló que Pérez Mallqui fue notificado de la decisión. El documento presentado por Aranda tiene como objetivo castigar las presuntas faltas éticas y garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

Según el oficio, el parlamentario habría efectuado un "hostigamiento telefónico” desde las 5:58 a. m. y, al no obtener respuesta, presuntamente habría ingresado al domicilio sin autorización, aprovechando que el padre de la denunciante no se encontraba en el lugar. La denuncia señala que estos hechos estarían sustentados en registros de las cámaras de videovigilancia y en el testimonio de Laura Bonilla Valerio.

Concluida la reunión entre los integrantes del Poder Ejecutivo, la presidenta no dio declaraciones. Quien sí lo hizo fue Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. El premier señaló que, entre las primeras acciones adoptadas, se encuentra la movilización de efectivos policiales desde Lima hacia la región La Libertad.

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Adicionalmente, Galarreta indicó que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, estaría siendo trasladado a la región norteña para articular acciones con las Fuerzas Armadas. Asimismo, señaló que, durante las próximas horas, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Perú (PNP) brindarían reportes detallados sobre la situación.

Según Galarreta, la identificación de los cabecillas de la banda criminal que perpetró el crimen se completaría mañana, 31 de agosto.

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Tras sus declaraciones, Galarreta volvió a insistir en que se encuentra “a la espera de la aprobación de la delegación de facultades” para que el Gobierno pueda ejecutar sus planes frente a la escalada de inseguridad ciudadana.

Ministro Belaúnde se pronuncia

Tras la reunión de ministros, Rafael Belaúnde, titular de la cartera de Defensa, señaló en entrevista con Cuarto Poder algunos detalles conocidos tras el atentado ocurrido en Trujillo. Sin brindar mayores detalles sobre las acciones que se adoptarían, indicó que se coordinarían medidas y, en línea con lo expresado por otros miembros del gabinete, insistió en declarar como “grupos terroristas” a las bandas criminales.

“Esto se ha coordinado desde adentro del penal. Se tiene identificada a una persona, alias ‘John Pulpo’. Aparentemente, ese sería el caso. Por eso es fundamental tener control perimétrico en los penales. Por otro lado, hay que requisar, que es lo que se está haciendo. Vamos a coordinar las acciones. Se están estableciendo cercos donde están los cómplices de estas personas. (…) Estamos tomando el control del perímetro de los penales”, indicó.

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Sobre la permanencia de Óscar Arriola, comandante general de la PNP, en el cargo, Belaúnde indicó que el Gobierno ha contemplado modificar la norma que actualmente dificulta su salida.

“El marco legal blinda al comandante general de la PNP por un periodo de dos años. (…) Es un tema del sector Interior del que no me voy a pronunciar. Hay que entender que se ha heredado una situación de podredumbre de años de indolencia y de inacción. Se ha contemplado reducir el plazo mandatorio de dos años (del jefe de la Policía) a un año”, apuntó.

Trujillo se encontraba bajo estado de emergencia cuando sucedió masacre

La Libertad fue una de las regiones que contó con una ampliación del estado de emergencia en varios de sus territorios. Mediante el Decreto Supremo N.° 109-2026-PCM, promulgado el pasado 25 de julio de 2026, el estado de emergencia se extendió por 60 días más en las provincias de Trujillo, Chepén y Virú.

De acuerdo con el decreto, el objetivo es que las Fuerzas Armadas mantengan una coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar intervenciones específicas, bajo criterios de análisis militar y policial.

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Pese a que esta medida viene siendo destacada por el Gobierno y otras administraciones como parte de la estrategia para contener el avance de la criminalidad, la disminución del peligro no ha sido definitiva. El ataque contra los ciudadanos trujillanos ocurrió precisamente durante la vigencia del estado de emergencia.

El general Ricardo Espinoza, jefe de la PNP en La Libertad, afirmó que las autoridades policiales ya habían sido informadas de que un hecho de esta naturaleza podría ocurrir. “Esto no es un hecho cualquiera, es un hecho que venía alertándose hace varios meses. Tanto es así que, en su momento, la División de Secuestros había notificado a las posibles víctimas para que tomaran sus medidas de precaución”, indicó.

“Yo espero que esta situación lamentable que estamos enfrentando y vamos a seguir enfrentando. Nosotros, como Estado, no vamos a parar de enfrentarlo, simplemente estamos esperando la delegacion de facultades y en el camino, ya hemos ido estudiando varias acciones que seguro vamos a poner en marcha pronto”, dijo tras una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y los ministros de Defensa e Interior.

Según sus propias palabras, Galarreta aseguró que el Gobierno tiene uan estrategia que todavía no ejecutan, mientras la cifra de asesinatos, en lo que va de la gestión de Fujimori, roza los 120 casos. El primer ministro no se refirió en ninguno momento a la situación del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, cuya continuidad ha sido nuevamente cuestionada desde algunas bancadas del Congreso que ya piden su salida.

Asimismo, recurrió al asesinato y secuestro en Trujillo para pedir a la Cámara de Diputados que aprueben el proyecto de delegación de facultades. Alegó que el apartado referido a materia de seguridad les permitirá ejecutar acciones para detectar a las organizaciones criminales.

“Quiero dejar algo en claro y es, justamente, la necesidad y urgencia de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana. Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones que no tiene hoy día, es sumamente importante para detectar a tiempo estas bandas criminales, más allá si son arreglos de cuenta o no, porque finalmente hay violencia en la ciudad, que es lo que queremos frenar”, sostuvo.

“Ante la falta de resultados, la Policía Nacional necesita un cambio en su conducción. Por ello, exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos”, se lee en el comunicado.

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La bancada también expresó sus condolencias a los deudos de las víctimas del ataque.

Otras bancadas de la Cámara de Diputados, como Juntos por el Perú y Ahora Nación, también han pedido la remoción de Arriola del cargo de comandante general de la PNP.

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Desde el Gobierno, fuentes indicaron a La República que existe disconformidad con el trabajo de Arriola. Sin embargo, la Ley 31570 —aprobada durante el Congreso pasado con respaldo fujimorista— establece condiciones que dificultan la salida del comandante general antes de cumplir dos años en el cargo. Bajo esta norma, Arriola recién dejaría la jefatura de la Policía a fines de 2027.

La descentralización es una política de Estado reconocida por la Constitución Política del Perú y constituye una forma democrática de gobernar el país. Su fortalecimiento permite acercar el Estado a los ciudadanos y contribuir al cierre de brechas territoriales.

Por ello, cualquier intento de recentralizar funciones contradice el carácter permanente e irreversible del proceso de descentralización. Es necesario precisar, además, que importantes decisiones en materia de infraestructura de salud y educativa, así como los requisitos para la contratación de personal especializado, continúan dependiendo del Gobierno Nacional.

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Programas como PRONIS y PRONIED concentran la formulación y ejecución de grandes inversiones y ello sigue siendo competencia del Ministerio de Salud (Minsa) y Ministerio de Educación (Minedu).

Desde la ANGR queremos reafirmar que la descentralización es la forma más democrática de gobernar el país, de manera equitativa y transparente, lo que viene permitiendo cerrar las brechas territoriales de diversos servicios del Estado.                                                                                                   

Por ello, invocamos al ministro de Salud a ejercer plenamente la rectoría de su sector, estableciendo políticas y estrategias que garanticen a todos los peruanos el acceso a servicios de salud pública de calidad.

El camino no es debilitar la descentralización, sino fortalecerla mediante una efectiva articulación entre los tres niveles de gobierno. 

El Perú no es solo Lima. La descentralización no es el problema y volver al centralismo no puede ser una solución.                                                                                                    

El Perú se construye desde sus pueblos, sus provincias y sus regiones.

“Consideramos lamentables las declaraciones del Sr. Defensor del Pueblo. Disolver el Congreso’ que es lo que se planteó en la entrevista (con dos cámaras congresales), no existe como opción constitucional. Medir esa decisión por lo que rinde en encuestas y no por si es lícita es el mismo razonamiento que en 1992 le costó al país su democracia. La palabra del Defensor no es una opinión más, no es un analista político. Cuando sugiere que cerrar el Congreso sería un buen negocio político, la institución deja de contener el ánimo antidemocrático y empieza a alimentarlo”, se lee en el comunicado.

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El pronunciamiento, difundido a propósito de los 30 años de creación de la Defensoría del Pueblo, denuncia además el desmantelamiento de la línea técnica de la institución, el incumplimiento del pase del personal CAS a plazas del régimen 728 y la hostilización a dirigentes sindicales, entre otros reclamos. También rechaza la celebración institucional prevista en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en momentos de carencias materiales y obligaciones laborales impagas.

El texto concluye aclarando que el pronunciamiento no se dirige contra la Defensoría del Pueblo, sino que busca defenderla: “No confundimos a la institución con quien circunstancialmente la conduce: la institución es de la ciudadanía”, se lee.

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Las declaraciones del defensor del Pueblo

Las polémicas declaraciones del defensor del Pueblo se produjeron el pasado jueves 27 de agosto. Gutiérrez señaló que una eventual disolución del Congreso de la República podría generar un respaldo popular al Gobierno de Keiko Fujimori.

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“Te digo algo de manera cruda: si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos su popularidad. No voy a alentar eso, pero tal cual está el Estado, que si bien como país crecemos por inercia; (...) pero si no hacemos reformas estructurales, seguiremos en lo mismo”, indicó durante una entrevista en Exitosa.

Tras las declaraciones, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras suscribieron una declaración conjunta en la que manifestaron su firme oposición a lo que calificaron como llamados golpistas por parte del defensor del Pueblo. En el documento, señalaron que las declaraciones del funcionario constituyen una amenaza al orden constitucional y a la separación de poderes.

El pronunciamiento del ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil anula los archivos extraídos de los servidores Drousys y My Web Day B, usados como evidencia contra Toledo en el caso Interoceánica, debido a presuntas irregularidades en la cadena de custodia durante su obtención en los tribunales de Curitiba.

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My Web Day B era el software con el que el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht gestionaba el pago de sobornos, mientras que Drousys era el sistema de correo cifrado usado por sus ejecutivos para coordinar esas operaciones con testaferros y operadores financieros.

Carrión explicó que la nulidad debe atravesar un proceso judicial denominado Exequátur, mediante el cual la justicia peruana valida formalmente la decisión extranjera antes de derivarla al juez penal a cargo del caso. "Hay un trámite que se llama Exequátur, que es un trámite en el cual la justicia peruana, primero, tiene que validar formalmente quién emite esa decisión, para luego de ese trámite, que es judicial también, pueda derivarlo al juez penal a cargo del caso, que recién en ese momento evalúa si es que hay alguna prueba de las mencionadas por esa decisión, que no conocemos íntegramente, que deba ser excluida", señaló para RPP.

La exfuncionaria dijo que Perú no está subordinada a la brasileña y que ambos países mantienen soberanía jurisdiccional. "Hay una soberanía jurisdiccional también y un respeto, digamos, del ordenamiento legal procesal; así, como lo que indique el juez peruano tampoco va a obedecerlo inmediatamente un juez brasilero. No funciona así", explicó.

Asimismo, agregó que, hasta el momento, no se conoce el alcance total de la decisión de Dias Toffoli ni qué documentos específicos habrían sido considerados contaminados. Cabe recordar que, en septiembre de 2023, Toffoli ya había determinado que las pruebas obtenidas mediante esos sistemas estaban jurídicamente comprometidas, al declarar su "inutilidad" "bajo el ordenamiento jurídico" brasileño. Ahora, el magistrado extendió los alcances de esa resolución al proceso que involucra a Toledo, y ordenó anular las pruebas.

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¿Por qué Perú podría no acatar el fallo brasileño?

Según la ex procuradora, el Poder Judicial sí podría desconocer la nulidad dictada en Brasil y mantener como válida la prueba que fue incorporada al proceso y que siga el procedimiento legal peruano con normalidad. "Es perfectamente posible, porque el Poder Judicial peruano tiene soberanía jurisdiccional y se va a regir por las leyes de nuestro país, y va a considerar válida una prueba que ha sido ingresada de manera legítima, siguiendo el procedimiento legal", remarcó para RPP.

"Si eso es así, por más que llegue cualquier decisión de cualquier país extranjero respecto a que esa prueba es nula, el juez penal peruano puede decir 'es válida', y no toma en cuenta esa decisión", agregó. En declaraciones para La República, la exprocuradora precisó que ese criterio aplicaría también a la instancia que hoy conoce el caso. "El juez, o en este caso la sala superior, podría decidir no aplicar la sentencia o la decisión de la autoridad brasilera".

Como antecedente, Carrión citó el caso de otro expresidente, Ollanta Humala, pues fue el mismo juez Dias Toffoli quien emitió un pronunciamiento similar sobre nulidad de pruebas, pero que finalmente no fue considerado por el Poder Judicial al no haber sido notificado de manera correcta.

"Esa decisión, obviamente, fue alegada en las audiencias por los abogados de defensa en ese caso, pero el Poder Judicial no tomó en consideración la decisión de la justicia brasilera, porque además no llegó notificada de manera correcta (…) Entonces, eso quedó en una alegación de las defensas, pero no fue valorado ni considerado por el Poder Judicial", detalló.

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Asimismo, Carrión precisó que la mayoría de las pruebas que se tienen contra Toledo en el caso Interoceánica no dependen de la cooperación internacional, sino que fue entregado directamente en el Perú por Odebrecht a través del acuerdo de colaboración eficaz.

"Entonces, hace entrega de un paquete de información respecto a Interoceánica, Odebrecht como empresa, y además los ejecutivos han declarado. Ese paquete no está en discusión, porque lo que dice Dias Toffoli es sobre lo que ha llegado por la cooperación internacional, y lo que ha llegado por la cooperación internacional en el caso Toledo es bastante menor", puntualizó.

Sin embargo, la sentencia contra el expresidente aún no es firme. En la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacionales se continúan evaluando recursos que presenta la defensa de Toledo contra el fallo y en lo que va del año han continuado las audiencias de segunda instancia. En diálogo con La República, Carrión precisó que dicha apelación fue formulada tanto por la defensa como por la fiscalía. "La sentencia del señor Toledo, que se dictó en primera instancia, fue apelada y en este momento se encuentra discutiéndose la apelación de esa sentencia (...) La apelación es formulada por parte de la defensa y de la fiscalía (...) para que la sala superior finalmente pueda confirmar, esperemos, la decisión de primera instancia", explicó.

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Carrión rechaza plan para desactivar la Procuraduría Ad Hoc

Consultada por este medio sobre la posibilidad de eliminar la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, Carrión calificó esa medida como inconveniente y destacó los resultados obtenidos. "No sería la decisión más conveniente (...) la procuraduría ad hoc ha sido una procuraduría que hasta la fecha viene exponiendo resultados favorables para la defensa del Estado (...) se ha impuesto una reparación civil de más de 1,500 millones de soles en sentencias ya firmes, y de esas sentencias firmes (...) se viene cobrando a la fecha casi 400 millones de soles", dijo.

La exfuncionaria remarcó que se trata de la recuperación más alta lograda por el Estado peruano en un caso de corrupción, y adelantó que la procuraduría proyecta recaudar S/650 millones para 2029, de los cuales S/70 millones corresponderían a este año.

Asimismo, cuestionó la gestión de la Procuraduría General del Estado (PGE), a cargo de María Caruajulca, y advirtió sobre el riesgo de trasladar los casos Lava Jato a la Procuraduría Anticorrupción. "La Procuraduría Anticorrupción (...) este año (...) han emitido dos comunicados (...) en el que piden por favor que lo declaren en emergencia, porque no se dan abasto con la cantidad de casos que tienen, tienen más de 50,000 casos, no tienen personal, no tienen recursos (...) a esta procuraduría quieren trasladar los casos lavajatos, que son casos complejos, son casos que tienen no menos de 50 investigados, con un montón de empresas".

Según la exprocuradora, detrás de esta propuesta de desactivación estaría el interés de frenar los embargos que mantiene la Procuraduría Ad Hoc, que ascienden a unos S/3000 millones. "¿Qué es lo que quieren hacer realmente? Quieren desactivarla para que ya no siga cobrando más dinero de reparación civil, para que ya no siga embargando (...) creo que hay que ser cuidadosos para tomar una decisión como esta de desactivarla, porque los casos van a correr riesgo y la recuperación de la reparación civil se pone en riesgo", finalizó.

El arribo de la hija del exdictador Alberto Fujjimori fue posible gracias a que se manejó doble discurso respecto a su llegada.

Dirigentes de gremios y familiares de víctimas de las protestas del 2023 tenían previsto viajar hasta la ciudad Macusani- Carabaya a cinco horas al norte de la ciudad de Puno, y sobre los 4.300 m.s.n.m.

El propósito era rechazar su presencia porque los deudos aún no encuentran justicia. Sin embargo, desistieron de trasladarse a la zona porque a última hora se informó que solo llegaría el ministro de Agricultura y Defensa. Se manejó doble discurso.

Fujimori arribó al promediar las 10:00 a.m al aeropuerto Inca Manco Capac de Juliaca en el avión presidencial y abordó de inmediato un helicóptero del ejército de matrícula EP-682. Cuando estaba a punto de aterrizar recién se confirmó su llegada ante una portátil convocada por el alcalde de Carabaya Edmundo Cáceres, en el marco del cierre Feria de Alpacas y Llamas (Fecasam) 2026. Fue una actividad cerrada donde solo estuvieron alpaqueros y ronderos a quienes no se les avisó al arribo de la presidenta sino se les comunicó la presencia de dos ministros. En todo momento se exhortó a los participantes respetar la presencia de la mandataria.

Fujimori llegó acompañada del ministro de Agricultura Marco Vinelli Ruiz hasta el campo ferial Julio Barreda Aragón, escenario de la clausura de la feria alpaquera. Entregó un tractor emulando a su padre Alberto Fujimori.

Raúl Samillán, presidente de la asociación de víctimas del 09 de enero de 2023, indicó que Fujimori solo llegó a provocar porque en una próxima fecha la ciudadanía no le permitirá su arribo porque su partido desde el Congreso le dio respaldo a Dina Boluarte.

Lamentó que el alcalde de Carabaya Edmundo Cáceres se preste a recibir a Fujimori peor porque durante las protestas contra Dina Boluarte los ronderos Salomón Valenzuela y Sonia Aguilar fueron asesinados por la Policía Nacional y hasta hoy no se sanciona a los responsables.

“La presidenta cree que ha sido un triunfo, pero ella sabe que no la quieren de lo contrario no iría tan lejos en helicóptero manejando doble discurso para evitar el rechazo público. El mismo alcalde fue el que se puso a disposición de Dina Boluarte. Es decir, no nos sorprende”, precisó.

La mandataria sólo habló cinco minutos cuando le cedieron el micro y anunció la construcción de una planta procesadora de fibra de camélidos. Aseguró que su gobierno apoyará la implementación de la Universidad de Carabaya, así como la construcción de la doble vía Macusani-Nuñoa (Melgar).

En diálogo con los medios de comunicación se pronunció con relación a la reciente encuesta de CPI que da cuenta que en el sur tiene un 51.9 de aprobación. No obstante, el 52.6% de los peruanos la aprueba, un 30% la desaprueba y un 17.4% no precisa.

“Estamos recién empezando. Tomamos estas cifras con gratitud, con humildad, pero por supuesto acá lo importante más que las cifras, son los resultados. Queremos estar cerca de la gente”, dijo.

Fujimori en vez de hablar de justicia por los 19 asesinados en enero del 2023 se pronunció en su lugar por el abandono del campo y culpó a los anteriores gobiernos.

“Comprendemos que hay una situación de dolor y de abandono porque en los últimos gobiernos no se le dio prioridad a toda la zona sur. En ese entendido tenemos que venir mucho más y yo creo que eso es lo que la población de Puno y la región van a ir viendo de parte nuestra”, precisó y prometió regresar a Puno.

La fórmula legislativa entregada por el Gobierno señala que, con la derogación del CPAP, se dictarán "las disposiciones complementarias y transitorias necesarias para regular los efectos derivados de su derogación". Esto hace referencia al cierre de la Comisión Organizadora que se creó para la implementación de este colegio profesional.

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El proyecto de ley que creó esta institución fue presentado a finales del periodo congresal pasado por miembros de la bancada de Perú Libre. Sin embargo, contó con el voto favorable de 13 congresistas de Fuerza Popular. Entre ellos destacan nombres que hoy son parte de las bancadas naranjas de ambas cámaras, como Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Eduardo Castillo, Nilza Chacón, Auristela Obando y Patricia Juárez, entre otros.

Aunque se presentó como una medida para "profesionalizar" el sector, la Ley N.° 32645 fue aprobada sin consultar a la comunidad cultural, y su principal falla radica en el requisito obligatorio de contar con título universitario o técnico para colegiarse, lo que deja fuera a numerosos artistas autodidactas o que no culminaron su titulación. Como respuesta, actores, dramaturgos, músicos y cineastas protestaron contra la fórmula aprobada por el Congreso.

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La norma también fue cuestionada por una de sus disposiciones complementarias, que impedía integrar o dirigir colegios profesionales a quienes se encuentren inhabilitados para ejercer funciones públicas. La ley fue promulgada por el ahora senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, quien, en su función de entonces como presidente del Congreso, la promulgó ante la inacción del entonces mandatario José María Balcázar.

Ministro de Cultura a favor de la derogación

Anteriormente, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, había anunciado que la creación de este colegio profesional tenía "los días contados". En una conferencia previa, el ministro afirmó que el Ejecutivo coincidía con las asociaciones de artistas que señalaban que la creación de esta institución era innecesaria.

"Me da la impresión, por lo que yo he conversado con diferentes legisladores, que en esto va a haber unanimidad. En esto el gremio de artistas debería sentirse tranquilo. Cualquiera sea la fórmula final, hay unanimidad al respecto. Así que esta ley tiene los días contados. Seguramente va a ser derogada muy pronto", señaló.

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No es la única ley con pasado fujimorista que critica el Gobierno

El sector cultural no es el único que ahora enfrenta problemas por leyes aprobadas en el pasado con aval fujimorista. El Gobierno de Keiko Fujimori también ha reportado inconvenientes similares en materia de seguridad interna. César Astudillo, ministro del Interior, señaló que no se podía remover al actual comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, debido a la Ley N.° 31570, la cual establece que el jefe de la policía debe permanecer en el cargo por dos años y no puede ser removido hasta cumplirlos.

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La ley —proveniente también del Congreso pasado— tuvo un amplio respaldo del bloque fujimorista de entonces. David Jiménez, Alejandro Aguinaga, Mery Infantes, Rosangella Barbarán, Martha Moyano, Auristela Obando, Patricia Juárez y César Revilla son algunos de los nombres que apoyaron la creación de esa norma.

Pese a que Astudillo señaló que esa norma impedía la remoción de Arriola del cargo y que presentarían un proyecto para modificarla, el pedido de facultades delegadas que ha realizado el Ejecutivo al Legislativo no menciona en ninguna parte la posibilidad de modificar esta norma.

Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), durante el primer mes de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, entre el 28 de julio y el 28 de agosto, se cometieron 166 homicidios. De ellos, 122 fueron causados por proyectil de armas de fuego (PAF).

El analista de datos, Juan Carbajal, sostiene que la cantidad sería aún mucho mayor ya que en tal período existen 17 muertes violentas provocadas por  PAF, pero aparecen clasificadas como ignoradas (entre ellas siete en Lima y cinco en el Callao).

En estas cifras no se han contabilizado aún los últimos asesinatos. El viernes la asesinaron a balazos Betsy Rosa Mallma Sarmiento, dirigente de la olla común Virgen de Guadalupe, en los exteriores del local en San Juan de Miraflores.

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La madrugada del domingo 30 de agosto, cuatro personas fueron asesinadas durante un ataque armado, cometido por hombres vestidos como policías, en Trujillo.

Las víctimas se desplazaban en una camioneta tras salir de una discoteca cuando fueron interceptadas por delincuentes. Las autoridades investigan en paralelo el aparente secuestro de un empresario dedicado a la compra y venta de mineral.

El crecimiento del armamento ilegal acompaña el avance de la violencia criminal. En el primer semestre del año se registraron 1.267 homicidios y 997 fueron cometidos con armas de fuego.

El tráfico interno y el contrabando son una fuente constante de armas en manos de bandas criminales. Las zonas fronterizas siguen siendo puntos críticos, según admiten informes del Ministerio del Interior. A esto se suma el robo de armas a miembros de fuerzas de seguridad y la venta irregular entre particulares, que escapan al radar estatal.

Por otro lado, el desarme voluntario perdió fuerza y, según expertos, no hay un plan activo para reducir la circulación de armas entre civiles, algo que muchos consideran fundamental para bajar los índices de violencia letal.

En paralelo, el Estado avanza con el Plan Escudo y el estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y el Callao.

El uso de armas de fuego es especialmente alto en zonas urbanas densas como Lima Metropolitana y en ciudades como Trujillo, Pataz, Piura, Tumbes, Ica y Arequipa. El índice de homicidios con armas de fuego ha llegado a representar más de tres cuartas partes de los casos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos de la propia PNP catalogan la disponibilidad de armas como un factor de riesgo crítico.

El ministro justificó ante la presencia de efectivos del Ejército en el área de influencia de la minera Poderosa: “El estado de emergencia en Pataz es para combatir a las organizaciones criminales que se han instalado ahí, como ‘Los Choneros’, el ‘Comando Vermelho’, el ‘Tren de Aragua’ y ‘Los Gallegos’”. Y añadió: “Los problemas que tenga minera Poderosa en Pataz con los mineros informales es un asunto entre ellos”, indicó en una entrevista con Radioprogramas.

Lo cierto es que más de 500 efectivos del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por elementos del Ejército y la Policía Nacional, usan las instalaciones de la empresa minera Poderosa, como constató La República.

El ministro Belaunde asegura que el Ejército no resguarda los campamentos de la minera, sin embargo, una investigación de este periódico confirmó que desde el primer día que se formó el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), el alto mando y todas las patrullas se instalaron en los campamentos de las localidades de Vijus, Santa María y Hualanga, de propiedad de la minera Poderosa.

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Fuentes con conocimiento en el tema, indicaron a este diario que el Comando Unificado Pataz no contaba con un cuartel y tampoco disponía de ambientes para albergar a todo el personal asignado por el gobierno de Dina Boluarte en la provincia de Pataz, el 9 de mayo de 2025. Desde el principio las fuerzas del orden apelaron a las instalaciones de la minera Poderosa. Es más, el 10 de mayo de 2025, Boluarte, acompañada de sus exministros, visitó el campamento minero de Hualanga, de propiedad de Poderosa, con la finalidad de supervisar los trabajos del Comando Unificado Pataz.

Los sucesivos gobiernos de José Jerí y José María Balcázar no cambiaron dicho estatus. Y lo mantiene hasta hoy la presidenta Keiko Fujimori, quien designó como ministro de Defensa, a Rafael Belaunde Llosa, un político cuya candidatura presidencial fue financiada por la dueña de Poderosa.

Precisamente, La República tuvo acceso a imágenes recientes del campamento de Hualanga, que pertenece a la compañía minera Poderosa. Se aprecia que cientos de efectivos del Ejército y de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, que son parte del CUPAZ, forman con sus respectivas armas de reglamento en una explanada, donde reciben instrucciones de sus superiores. Esta rutina se repite todos los días y se intensifica cada vez que los militares salen a realizar sus operativos.

Los efectivos del CUPAZ desayunan, almuerzan, cenan, duermen y utilizan las camionetas 4x4 de la empresa Poderosa. Es decir, las fuerzas del orden utilizan toda la logística de una compañía privada de la minería aurífera que, a cambio, recibe seguridad. Incluso los helicópteros del Ejército operan en la pista de la compañía minera para desplegar a las tropas.

En una de las imágenes obtenidas se observa a miembros del Ejército y de la Diroes haciendo fila para ingresar a los comedores de Poderosa, junto con los trabajadores de la minera. Y en otra se les ve sentados en el interior compartiendo el mismo menú. Todo lo contrario a lo que arguye el ministro de Defensa.

“Los altos mandos, como el resto del personal del CUPAZ, duermen, comen y se transportan en las camionetas de la minera. Hasta el agua que beben y la luz lo paga Poderosa”, confirmaron las fuentes.

“Aquí en Pataz sabemos que Poderosa financia las operaciones del CUPAZ contra los mineros artesanales que trabajamos formalmente en los socavones”, indicaron otras fuentes.

Si la minera Poderosa financia y provee la logística y el rancho a los miembros del Comando Unificado Pataz, ¿a dónde va el presupuesto asignado por el Estado para las operaciones contra la minería ilegal y la criminalidad en la zona donde opera la empresa de la señora Evangelina Arias Vargas?

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Durante varios días La República solicitó al despacho del ministro Rafael Belaunde una explicación sobre lo que sucede en Pataz -y que es materia de una interpelación-, pero no hubo respuesta.

Por su parte, la empresa Poderosa confirmó que, efectivamente, el Comando Unificado Pataz utiliza sus instalaciones, al igual que todo su personal.

“La colaboración con las Fuerzas Armadas y la Policía no tiene ingerencia, dirección y control alguna de la compañía en las decisiones u operaciones de las fuerzas del orden, ni en el ejercicio de sus funciones”, dijo a este periódico un vocero de la oficina de comunicaciones de la empresa Poderosa.

“Las facilidades otorgadas al Comando Unificado Pataz no generan pago, contraprestación, beneficio económico ni transferencia de recursos a favor de Poderosa, por lo que no constituye ningún servicio remunerado”, añadió la compañía aurífera.

En 2025, Poderosa nombró como jefe de seguridad al general de Brigada del Ejército en situación de retiro Carlos Romero Von Bancels. Desde entonces la influencia del instituto castrense ha crecido en Pataz, lo que se ha repotenciado con la instalación del CUPAZ. La presencia militar ha generado enfrentamientos con la Policía Nacional.

El 21 de abril del 2026, la Policía detuvo a Jeiyer Otiniano Vásquez, involucrado en el asesinato del pequeño empresario Jolvi Rodríguez Calderón. Otiniano era chofer de una camioneta en la que se movilizaba el comandante EP Rómulo Silva Olivos, el tercero en la línea de mando del CUPAZ. Silva presionó para que liberaran a Otiniano. La relación es más que evidente.

Otro hecho escandaloso es la captura del jefe de Inteligencia del CUPAZ, capitán EP Gary Chiroque Barreno, acusado de extorsionar con cinco mil soles al empresario Eduardo Varas Briceño a cambio de darle seguridad a uno de sus negocios en Pataz.

El capitán Chiroque fue atrapado infraganti con un fajo de billetes, el 18 de junio por la Policía de Chagual. El oficial, había estado reunido minutos antes con el coronel EP José Avellaneda, jefe de operaciones del CUPAZ al interior de un restaurante cerca al lugar de la intervención policial.

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La influencia militar en la zona conflictiva

El 11 de abril de 2026, cuatro agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo fueron intervenidos por una patrulla del CUPAZ, que los acusó falsamente de extorsionar con S/40 mil a una pareja que transportaba un cargamento de explosivos.

Los policías fueron presentados en conferencia de prensa como extorsionadores relacionados con los mineros ilegales, una situación que era completamente falsa. Las dos personas implicadas fueron liberadas por los militares.

Dato

Incidente. El jefe de Inteligencia del CUPAZ, el capitán EP Gary Chiroque Barreno, fue detenido por extorsionar a un empresario en Pataz, el 18 de junio de 2026.

Argumento. Chiroque alegó que se trataba de una operación encubierta para identificar extorsionadores. Pero el empresario entregó evidencia que demostraba que lo dicho por el militar era falso. Sin embargo, se le dio libertad mientras duren las investigaciones.

La República consultó a un experto en finanzas, un politólogo, un abogado ambientalista y al exviceministro del Interior Julio Corcuera, quienes coinciden en que, más allá del respaldo político que busca el gobierno, persisten dudas sobre la real efectividad de estas medidas frente a la criminalidad, el clima y la protección de derechos ya adquiridos.

Mag. Mario Vergara Silva (Docente de Posgrado ESAN)

"Hay que recordar, que la ley 31143, que es la  Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros del 2021, fue aprobada con el fin de mitigar el impacto económico de la pandemia en las familias peruanas y frenar los abusos bancarios. Actualmente, nuestro crecimiento económico se ha prácticamente recuperado. Por lo tanto, no es necesario ir en contra de la economía de libre mercado, y es la razón más importante por la que las inversiones extranjeras millonarias se multiplican año a año en nuestro país. La Tasa de interés de las entidades financieras es el precio del dinero que colocan en calidad de préstamo al público", sostuvo.

"Eliminar el tope a las tasas límites de interés fijado por el gobierno, permitiría el acceso a miles de peruanos al crédito, ya que las entidades financieras, cobran tasas a medida del cliente. Por ejemplo, a un cliente con un buen historial crediticio se lo podría aprobar préstamos inmediatos y a una baja tasa; sin embargo, un cliente que no cuenta con dicho historial o no demuestra ingresos suficientes permanentes o solvencia real, difícilmente se le aprobaría un préstamo, con la salvedad que se le cobre una alta tasa de interés. Es la manera en como los bancos se cubren de los riesgos de incobrabilidad futura", agregó.

En cuanto a los protocolos reforzados para datos de menores de edad, dado que los niños y menores de 12 años son considerados titulares especialmente vulnerables, el acceso a sus registros biométricos y filiatorios requiere necesariamente el consentimiento previo, informado y explícito de los padres. Sin embargo, tal como se encuentra la criminalidad e inseguridad en nuestro país, no es recomendable exponer a los menores de edad al peligro inherente", puntualizó el experto.

Alejandro Mejía, politólogo y docente de la UNMSM

"Luego del traspié con la filtración del primer borrador del pedido de facultades legislativas al Congreso en julio pasado y las reacciones políticas que se generaron por ello, el gobierno se ha tomado el tiempo de refinar sus propuestas. Sin embargo, esta será la primera prueba de fuego para el gobierno de Keiko Fujimori y su capacidad de negociación con los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. Es habitual que un gobierno entrante solicite las facultades legislativas correspondientes, pero siempre se terminan excluyendo ciertos temas y se aprueban parcialmente los de mayor prioridad como es el tema de inseguridad ciudadana, la reactivación económica, las reformas tributarias, entre otros. El gobierno de Fujimori ha sido claro: necesita desburocratizar el Estado por lo que el pedido de facultades es primordial ya que existe una alta expectativa por parte de toda la ciudadanía, pero que también le exige al gobierno acciones frente a temas como el avance de la criminalidad organizada y las consecuencias por el Fenómeno del Niño", declaró.

César Ipenza, abogado experto en derecho ambiental

"En principio es una respuesta urgente el pedido de facultades legislativas para actuar contra el Fenómeno del Niño. Sin embargo, este va a tener muchos retos o dificultades para poder implementarse o que se cumpla lo propuesto y los afectados puedan recibir esta ayuda directamente. En todo caso creo que aquí se deberían identificar algunos mecanismos de control, de eficiencia también y obviamente que se aborde con ciertas condiciones para evitar las prácticas corruptas que ya hemos visto en el pasado", señaló.

"Las medidas para legislar se van a dar de manera tardía y nuevamente para que se discuta en el Parlamento va a pasar bastante tiempo también. Entonces yo creo que vamos a llegar nuevamente tarde ante la situación que va a ser todo un reto para el Congreso, pasar por la cámara baja de los diputados y luego por la cámara de senadores va a demandar mucho esfuerzo y sobre todo porque hay temas muy sensibles, ya que no solo está este asunto. Sino, también está todo el marco de la flexibilización de toda la normativa ambiental y de desprotección de las áreas naturales protegidas", detalló.

Julio Corcuera, exviceministro del Interior

"El sistema penitenciario está grave. Cuando uno dice que está en crisis asume que hubo un tiempo que ha estado mejor, pero dudo mucho, ya que es una crisis permanente. Es urgente mejorar esa situación. Es urgente que se deje de extorsionar desde las cárceles, que deje de ser la cárcel una especie de universidad del crimen o centro de operaciones informales. Es urgente un cambio", refirió.

"Hay muchas posibilidades, según lo que informó también el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, él manifestaba que el apoyo de las Fuerzas Armadas se dará a través de los perímetros externos, no internos y que ayudarán a controlar los productos que ingresen. Hay algunas variables que tener en cuenta que si es así, rodear el perímetro no es precisamente para que los presos se escapen o para que alguien entre y él le ponía énfasis en poner campanas y escáner para poder ayudar a los controles de los productos que entren por las puertas de los penales. ¿Cuánto esto pueda contribuir a reducir el crimen? La verdad no lo sé. Porque los asesinatos que se dan en las empresas de transporte están en cono norte, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, y son alejados de este escenario, entonces no necesariamente hay una relación (…) Si es así, realmente no pareciera que fuera un gran cambio", finalizó.

Por ejemplo, se requiere regular la participación excepcional y transitoria de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios. Un asunto bastante puntual. Pero, más adelante, se piden facultades para modificar todo el Código Penal, todo el Código Procesal Penal, todo el Código de Ejecución Penal y todo el Código Penal Militar Policial. Es decir, la columna vertebral de todo el derecho penal peruano. ¿Modificar qué artículos y en qué sentido? ¿Se derogarán a través de estas modificaciones las leyes pro-crimen? Ni una pista.

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No faltan las normas demagógicas. Es decir, anuncios que venden bien, pero no resuelven nada, como cambiar de nombre al crimen organizado para llamarlo organización terrorista. Como si saber que el sicario que asesina ya no es “asesino” sino “terrorista”, fuera a cambiar en algo la situación de la víctima. O, por ejemplo, crear la enésima norma para sobrerregular la legítima defensa.

En materia laboral, sucede lo mismo que en seguridad. Van de lo particularísimo (la revisión de los feriados queda, triunfo del MEF) a lo absolutamente gaseoso. “Fortalecer el marco legal de la actividad privada, contemplando un régimen que fomente la formalización, incluyendo la seguridad social, los beneficios laborales y la protección contra el despido”, dice el proyecto. Con ese texto puedes hacer toda la reforma laboral que quieras. Es decir, si quieres formalizar, ¿por qué no abolir el despido arbitrario y sustituirlo por uno libre sin reposición, ni indemnización? Eso va a formalizar muy rápido, ¿verdad? El texto da para lo que quieras. No lo dice, pero un lenguaje así de abierto, lo permite.

Hay algunos regalos a la oposición, en desmedro de los intereses particulares de Fernando Rospigliosi, como derogar la ley del colegio profesional de artistas. Un guiño de respaldo de Galarreta a Beingolea, que está soportando una serie de intrigas moduladas internamente para fomentar su pronto despido del Ministerio de Cultura. Pero, de nuevo, el mismo proyecto regresa al Big Bang normativo con una reforma “estructural” del Ejecutivo, lo que anuncia una reducción del aparato del Estado que puede mandar toda la cultura, como apéndice de otro ministerio.

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Vale la pena mencionar un pedido que afecta directamente la contratación de personal de confianza en el sector público. Ataron de manos a Castillo para impedir a su gobierno contratar, poniendo requisitos rígidos y a veces imposibles como, por ejemplo, años de experiencia previa. “Regular los requisitos de idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública, especialmente los funcionarios, directivos y personal de confianza” es un grito de ayuda. Galarreta tiene que desatar lo que ellos ataron. De nuevo, el lenguaje no dice “bajar” los requisitos, pero como en 1984 de Orwell, la neolengua se deja entender. Es para eso.

¿Qué puede hacer la Cámara de Diputados? Como el pedido viene con carácter de urgencia, los plazos son cortos y no puede pasar por muchas comisiones (a pesar de la cantidad de temas que trae sobre actividades productivas). Es posible que, a la antigua, veamos largos debates para recortar, acotar, reformular lo solicitado en diputados. En un congreso unicameral aquello tenía todo el sentido del mundo. Ese debate producía un texto que luego era votado y, de aprobarse, se convertía en ley luego de su promulgación. Sin embargo, con las actuales reglas, esto ya no es así.

Supongamos que luego de una cruenta negociación, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto muy acotado. Son 74 congresistas de oposición (aunque ya empezaron a verbalizarse algunas, siempre esperadas, disidencias) los que se imponen. ¿Todos felices? No. El proyecto pasa al Senado y este tiene el poder constitucional de modificarlo y restituirlo a los términos exactos de lo enviado por el Ejecutivo. La correlación de fuerzas políticas de mayoría y oposición es de 30 a 30. Pero, ya hemos visto en la elección de la mesa directiva del Senado, lo sencillo que le resultó al oficialismo agenciarse el silencio de un solo adversario para ganar la partida. Si repiten la operación, todo queda consumado.

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Por supuesto, Renovación y Fuerza Popular pueden tener sus propios intereses, que el gabinete Galarreta no ha considerado. Es posible que en el Senado ellos sean los que recorten o agreguen texto. Pero la coordinación de los vicepresidentes de Fujimori debería garantizar que el proyecto final aprobado quede, al menos, al gusto de Galarreta, con toda la amplitud necesaria, casi para hacer lo que quieran. ¿Se podrá derogar lo que salga mal? Difícil, porque otra vez, el que corta el jamón es el Senado.

En este escenario, ¿qué puede hacer la oposición mayoritaria en Diputados? Tres caminos. El primero, perder. Recortan, modifican, va al Senado y pierden. El segundo, no aprobar nada. Si no hay aprobación, nada pasa al Senado. Si nada pasa al Senado, no hay ley. La tercera posibilidad es la negociación política global (a la espera de una reforma constitucional que arregle este engendro legislativo). Los seis partidos en el Congreso, o al menos 5, deberían hacer un acuerdo global que se aprueba en Diputados y en Senadores. Puede no gustarle al oficialismo, pero la alternativa es que no les aprueben nada por el temor de ser contradichos radicalmente en el Senado.

Entonces, hoy la delegación de facultades es una prueba de fuego triple. Primero, para la reforma constitucional que nos llevó, sin mucho debate y con mala técnica, a un bicameralismo entrampado. Segundo, para el Ejecutivo. Diputados solo tiene poder mientras la decisión está en sus manos y ese poder, que puede ser obstruccionista sin duda (hay ya una larga experiencia desde el 2016 por parte del fujimorismo) desaparece en el Senado. ¿Van a perderlo tan rápido? No lo creo y, frente a esta realidad política, ¿cuál será la respuesta del Ejecutivo? Tercero, es una prueba de lo que podrían ser capaces de articular Nieto, López, Sánchez y Belmont. Lograron la mesa directiva de Diputados, pero si no son capaces de unir y mantener al menos 66 votos, le entregarán todo el poder a Keiko Fujimori, contradiciendo la voluntad de sus electores.

¿Cómo se resolverá esta negociación, si es que se da? Muy pronto para saberlo. Pero en este episodio político me temo que se juega mucho más que una delegación de facultades. Puede ser la primera ley de un Congreso bicameral, 34 años después.

¿Por qué postula por Podemos-Perú? ¿Qué coincidencia ideológica o política tiene con el partido?

Bueno, yo estoy en Podemos Perú ya 10 años. Es un partido de centro, pragmático. Está de acuerdo con el libre mercado, pero con rostro social. Y bueno, siempre he compartido sus ideales.

¿Y tiene una idea de por qué el señor Luna solamente hizo 1,5% de la votación en la elección presidencial?

Bueno, tenemos una ligera idea, pero el partido justamente por la poca votación que tuvo ha hecho una crítica interna bastante dura y se ha declarado en reorganización. Se disolvió de inmediato la bancada que teníamos en Podemos y se ordenó una reorganización que está a cargo del secretario general. La idea era determinar exactamente por qué se habían dado esos resultados y en base a eso replantear, si fuera posible, una nueva inscripción del partido. Por lo pronto, yo soy totalmente independiente de mi campaña política. El señor Luna Gálvez, desde que terminó las elecciones, se tomó una semana de descanso y se ha reincorporado a sus actividades privadas.

Igual le pido una opinión sobre el partido. Porque si uno ve los resultados electorales que obtuvieron, uno se pregunta por qué pasó eso. Y quizás lo que pensó la gente es que el señor Luna es un hombre que hizo fortuna con una universidad que daba educación de mala calidad, tanto así que tuvo que ser cerrada.

El señor Luna tiene diferentes empresas. La Telesup era una empresa más. Y Telesup no pasó el examen de la SUNEDU y fue cerrada. Se cerró. Ya no funciona Telesup creo que hace 4 o 5 años.

Y es un poco vergonzoso, ¿no?  

No sé por qué seguimos conversando del tema. Ya la Telesup cumplió con todo. Ha cumplido con todas las disposiciones de la SUNEDU y ya no funciona más. Las empresas del señor Luna son diversificadas.

Ahora, me dice que el partido ha entrado en reorganización. ¿No funciona como una especie de clan familiar el partido? Porque el hijo del señor Luna, el señor Luna Morales, postula igual para San Juan de Lurigancho, y antes postuló con usted, para primer regidor. Siempre va a haber una presencia de los Luna.

El señor Luna Morales es magister. Es un profesional calificado. Y como cualquier ciudadano del Perú tiene derecho a presentarse a un cargo público por elección. Y él está ejerciendo ese derecho. Ha escogido presentarse por San Juan de Lurigancho, que es justamente la cuna de los Luna. Ahí se ha criado el papá, se ha criado él. Es un hombre exitoso en el mundo privado. Es dueño de importadoras y exportadoras.

Aunque también fue investigado.

Fue materia de una investigación, porque cuando él estuvo trabajando en Alas Peruanas, se hizo unos contratos de unos libros, del año 2003, me parece. Y creo que esa investigación prosigue. Está en una primera etapa de investigación. Todavía no se le ha declarado a nadie culpable.

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Ahora, tiene un plan de seguridad muy interesante. Lo voy a enumerar. Ha prometido comprar mil patrulleros…

Comprar no, contratar por renting.

Ok. También quiere crear cien equipos terna.

No, crear cien equipos terna, contratarlos

Claro, contratar los días francos de los agentes, de 600 agentes.

Mira, qué es lo que pasa. Yo tengo dos fuentes para hacer este plan. Uno, el plan Mariano Santos de la Policía, que se hizo hace varios años, mirando qué Policía deseamos al 2030. Y otra es la conversación que he tenido con los jefes operativos de la Policía. Ahí he determinado cuáles son sus debilidades, y qué es lo que necesitan. Y cuando yo estuve en el Ministerio del Interior, impulsé mucho los grupos ternas, que demostraron que eran los más eficaces para combatir la delincuencia común y la micro comercialización de drogas. Lamentablemente, esa política pública no se siguió después. Fueron abandonando los equipos ternas hasta el punto que actualmente no son suficientes. Necesitan por lo menos 100 equipos más, pero no tienen los agentes, porque están dedicados a otras actividades.

Y lo que usted quiere es comprarles el franco.

Claro. La alternativa es comprar el franco y las vacaciones del personal. Qué mejor que contratarlos y pagarles a esos 100 equipos que están bajo el comando del Escuadrón Verde. Ahora, la única misión de los equipos ternas es capturar a un delincuente en flagrancia. Ellos hacen su inteligencia táctica, para determinar en qué punto pueden robar. Y están ahí, en el sitio, filmando, hasta que el delincuente comete el delito, y lo detienen. Los programas sobre seguridad ciudadana que ha habido, incluyendo el del señor Reggiardo, Alto al crimen, el 95% de su material, se lo han dado los ternas.

Dice que los ternas le dieron rating al señor Reggiardo.

Sí, prácticamente él era camarógrafo de un equipo terna.

Vaya, el alcalde es ahora un camarógrafo. Pero estaba haciendo la enumeración de lo que propone. Va a rentar patrulleros, va a comprar el franco de 600 agentes, más o menos, y además propone una cosa que suena faraónica: cuatro megacomplejos metropolitanos de seguridad y justicia en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro.

A ver, de repente parece faraónico, pero, ¿qué cosa es un megacomplejo policial? Es una súper comisaría, es una instalación grande donde pretendemos poner las unidades operativas de la Policía y las unidades especializadas. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tiene la Policía. La Policía ha crecido en base a comisarías, y las comisarías son pequeñas. Las grandes metrópolis del mundo tienen megacomplejos, que se crean para desconcentrar a la Policía del centro de Lima, porque estos complejos también serían centros de flagrancia, está previsto construir oficinas para los fiscales y los jueces, de tal manera que los detenidos en flagrancia lleguen ahí

Sí, tendrían también laboratorio de criminalística y carceletas.

Todo.

Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero para esta maravilla con una ciudad endeudada?

De la municipalidad. Es que ahí está el quid del asunto. Ustedes han cogido lo que dicen Bruce y Allison, que la municipalidad está quebrada, está endeudada y creen que no hay plata, lo cual es totalmente falso.

Pero no lo decimos porque lo digan los otros candidatos, lo dice el Consejo Fiscal. Son 5 mil millones de soles de deuda, que triplican los ingresos del municipio.

Déjame que te lo explique. La emisión de bonos no es buena ni mala, es una herramienta más que tiene el alcalde para generar caja y hacer obras. El problema con la emisión de bonos que ha hecho López Aliaga es que la emisión de bonos máxima debió ser por el 100% de los ingresos totales de la municipalidad, que cuando él hizo el préstamo eran más o menos 2 mil millones de soles anuales. Entonces, la deuda debió ser por 2 mil millones. Pero él la hizo por 4 mil millones de soles. Ahora, los intereses que está pagando son altos porque no obtuvo el respaldo del gobierno central. Entonces, está pagando 10.1%. ¿Qué significa esto? Que como la deuda es a 20 años, vamos a pagar, no 4 mil millones, sino 8.300 millones de soles en 20 años. Y en los cuatro años próximos habrá que pagar 500 millones anuales.

¿Y aun así va a haber plata para sus súper complejos?

Por supuesto que sí, te lo estoy explicando. La municipalidad de Lima ha tenido ingresos directamente recaudados. Es decir, lo que ha recibido por impuestos, que son 1.700 millones de soles. Más el MEF que le entrega entre 500 y 600 millones son aproximadamente 2.200 a 2.300 millones de soles. Allí está la plata.

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Lanzó una tiradera, que es este rap que le gusta a los más jóvenes.

Eso tiene su historia, te la cuento. Estaba conversando con el equipo de comunicaciones, justo coincidió con una semana en que los candidatos que están primeros en las encuestas dijeron en los medios algunas cosas sobre mí. Entonces, estábamos viendo si contestar o no. Y ahí se me prendió la chispa. Dije: Mira, yo he hecho dos raps que se viralizaron. Y les dije qué tal si hacemos un nuevo rap, que es una referencia a Calle 13, que se utiliza justamente para hablar de tus competidores, y así desarrollamos el proyecto.

Ahora, más que lo que dice de sus rivales, me interesa cómo se autodefine usted. Dice que es loco, achorado y contestón, ¿en realidad se autopercibe así?

Bueno, contestón por supuesto que soy. Achorado, se refiere a que tengo barrio. Yo nací en Huancabamba, Piura, pero llegué muy pequeño a Lima. Me crié en San Martín de Porres, donde estudié primaria y secundaria. La secundaria la hice en el José Granda, así que tengo calle, tengo esquina, tengo barrio.

Pero hay gente que piensa que ya no es tanto así, que se ve más moderado, que ya no es el Daniel Urresti que había convertido al Twitter en una batalla, que tenía como enemigos a la señora Fujimori y al señor Mulder.

Bueno, yo he estado fuera de circulación tres años, no es que haya podido manejar redes, esa es la explicación.

¿Tiene un espíritu más moderado ahora?

No lo creo, para mí el estar privado de mi libertad significó solamente una pérdida de tiempo, no ha significado otra cosa.

¿No lo cambió en nada la prisión?

No, yo considero que el estar privado en mi libertad ha sido básicamente una pérdida de tiempo, me tuve que dedicar a la lectura, a escribir. Hice algunos talleres, de soldadura, de cerámica.

¿Siente que le debe su libertad al fujimorismo?

Por supuesto que no, de ninguna manera, ¿por qué le podría deber mi libertad al fujimorismo? Mi condena fue totalmente injusta, yo desde el comienzo sabía que tenía que salir libre en algún momento. Si no era por el Perú, era por la Corte Interamericana, a mí me han condenado de una manera realmente despreciable.

Yo le pregunto esto porque el TC, cuando anula la condena que le dieron, se basa en la ley 32107, que es de autoría del fujimorismo.

A ver, cuando yo reclamo al TC, el TC me da la razón, no en todo, sino en dos cosas. Primero, en que se había vulnerado el principio de legalidad. Y segundo, en que habían prescrito los hechos por los que se me juzgaba, antes de que se inicie mi juicio, pero eso no es suficiente para mí, porque yo no soy culpable. Si yo fuera culpable, ya me hubiese dado por servido, ya estuviese en mi casa tranquilo, sin hacer problemas, pero yo he recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir dos cosas. Una, que se investigue la conducta de estos jueces, que me condenaron por un delito por el cual ni siquiera me habían acusado, y dos para que se disponga que el Estado me abra un nuevo juicio por el caso Bustíos. ¿Para qué? Para lograr que, en un juicio donde se respete el debido proceso, yo demuestre mi inocencia.  

Voy a repetir la pregunta, efectivamente el TC anuló su condena y se tenía que aplicar la prescripción porque existía esta ley del fujimorismo.

¿Qué ley?

La ley 32107 que prescribe los delitos que no estaban tipificados antes del 2002.

A ver, con cuántos votos se aprobó esta ley, porque los fujimoristas eran 20 o 21, y con 21 votos no se aprueba esto.

¿Quiénes fueron los autores de esta ley?

No lo sé.

El señor Rospigliosi.

Ya, muy bien. ¿Y él hace la ley y él la aprueba o la aprueban en el Congreso? ¿Y en el Congreso se aprobó con los 20 votos fujimoristas o se aprobó con el voto de los demás partidos? No lo sé, yo he estado preso. ¿Y a mí me satisfacen los hechos del Tribunal Constitucional? No, no me satisfacen, porque a mí me han debido dar la libertad porque la condena fue una porquería. Para comenzar, a mí me acusan por ser autor directo y me condenan por coautor. Y hay 500 libros que te muestran la diferencia entre autor directo y coautor.

Ahora, usted efectivamente dice que va a ir a la Comisión Interamericana…

No, no digo que voy a ir, ya he ido. En Washington hemos presentado todos nuestros pedidos.

Pero la comisión ya se pronunció en contra de la aplicación de esta ley, de la 32107.

¿Perdón?

Pero van a opinar sobre el fallo del TC.

Discúlpame un segundo, yo no he metido el fallo del TC en ningún momento. Yo estoy reclamando por la condena que me han dado, porque para condenarme han cambiado los hechos en los que murió el señor Bustíos. Te explico, en el 2007 condenaron a dos militares por la muerte del señor Bustíos y allí se establecieron unas circunstancias en las que ocurrió ese crimen. Pero cuando a mí me juzgan, los jueces agarran y permiten que se cambien todas las circunstancias. Ya no eran seis militares, eran cuatro. Ya no era en un lugar, eran 60 metros más allá ya. Ya no era desde la izquierda que dispararon, sino era en fuego cruzado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y Cantuta ya se pronunció sobre eso. Cuando se estuvo viendo el caso Cantuta, la gente quería cambiar los hechos y de hecho los cambió. Los familiares de las víctimas reclamaron a la Corte Interamericana y ordenó al Estado que no se pueden cambiar las cosas juzgadas, no

puede haber dos verdades jurídicas.

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Usted dice que la izquierda ha alentado su condena

Cuando digo la izquierda me refiero a las ONG.

De acuerdo, usted tiene su punto de vista. Lo que le quiero decir es que quien lo involucró en este tema no fue la izquierda, fue un compañero de armas suyo, el señor Amador Vidal, que dijo que el oficial S2, o sea usted, el encargado de inteligencia de su batallón, podría haber sido responsable real de la muerte de Bustíos.

Le explico eso. Todas estas preguntas vienen de que toda la prensa publica versiones a raíz de mi sentencia, pero nadie siguió mi juicio.   

¿No es verdad que el señor Vidal lo responsabilizó a usted?

El señor Vidal Sambento estaba condenado.

¿Lo responsabilizó a usted sí o no?

Nuevamente, te voy a explicar. El señor Vidal Sambento, cuando va a declarar, porque él ha sido testigo en los dos juicios, él ha dicho: No me consta, yo supuse. ¿Y por qué? Porque quería que revisaran su caso, porque su abogado le dijo que ya le había negado la Corte Suprema la libertad. Y lo único que podía hacer era presentar una nueva prueba, y lo único que se le ocurrió fue acusar al oficial S2, porque en ese tiempo estaba de moda el Grupo Colina, y todos los que habían sido de inteligencia se suponía que eran asesinos. ¿Y quién era el S2? El piña de Daniel Urresti.

Leí su libro, en el que habla de este tema, y me llamó la atención que llame conflicto armado interno a la guerra contra Sendero Luminoso, no me lo esperaba de un militar.

Sí, porque el conflicto armado interno es el término que es aceptado por todos, y yo no he pretendido en mi libro definir justamente eso. Me he adaptado a los términos que más se usan. Y si se habla de conflicto armado interno, bueno, vamos a llamarlo así, no tengo ningún problema en decirle así.

Ahora, usted deja claro en el libro que era un oficial de inteligencia, que por lo tanto no tenía mando de tropa. ¿Nunca estuvo en una acción de armas, en un enfrentamiento?

No.

¿Nunca disparó contra nadie?

No, mi misión era diferente. Yo era un oficial de Estado Mayor. Justamente por eso es que ahora dicen que debe haber el Tribunal Policial Militar para los delitos en los institutos armados. Es importante que sea un militar, porque el militar sí entiende, sabe.

Claro, el problema es que va a haber solidaridad entre camaradas. Un soldado no va a juzgar a otro.

Sobre el tema yo soy totalmente claro. Delitos comunes, pues al fuero común. Delitos de función, al Tribunal Policial Militar, porque ellos entienden claramente la jerga militar o policial, entienden los reglamentos, entienden en dónde puede estar la responsabilidad real.

Lo veo más cercano al señor Rospigliosi de lo que esperaba.

¿Cómo?

Él también es autor de este proyecto.

Perdón, yo no lo he escuchado que diga eso. Yo estoy hablando claramente. Tienen que definir cuáles son los delitos de función. Yo no estoy diciendo que los delitos comunes deban pasar al Tribunal Policial Militar. Estoy diciendo que los delitos comunes tienen que estar en los jueces comunes. Si tú robas, si tú asaltas, delito común. No es un delito de función. Delito de función es, por ejemplo, salirte del servicio. Eso es diferente.

¿En este momento qué le importa más? ¿Que el Estado reconozca su inocencia o ser alcalde de Lima?

Ambas cosas. Lo que pasa es que el tiempo no está cronometrado. ¿Me entiende? El que se reconozca mi inocencia va a ser una lucha de por lo menos dos años.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

El procurador a cargo, Carlos Fernández Muñoz, detalló que este dinero ya ingresó a los fondos públicos y corresponde a 33 sentencias definitivas impuestas por el Poder Judicial hasta junio de 2026, las cuales suman en total más de 1.542 millones de soles fijados como indemnización a favor del país.

Esta recaudación involucra las sanciones dictadas contra 56 personas y 6 empresas vinculadas a irregularidades en proyectos como la Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera Interoceánica Sur, la Costa Verde del Callao, el Gasoducto Sur Peruano y la Línea Amarilla, entre otras obras.

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La mayoría de los procesados cuentan con el estatus de colaboradores eficaces y cumplen con sus cuotas de pago, respaldados por fideicomisos y garantías financieras en caso de incumplimiento.

En esa línea, las autoridades proyectan que para fines de 2026 se sumarán cerca de 76 millones de soles más y que, para 2029, el cobro total supere los 652 millones de soles. Asimismo, la Procuraduría mantiene solicitados embargos preventivos por más de 3.000 millones de soles en otros 189 casos para asegurar que el Estado siga con el cobro de lo que le corresponde al momento de la emisión de nuevas sentencias.

En términos de presupuesto, la institución manifestó que sus gastos de funcionamiento desde 2017 solo representan el 16% de los 380 millones ya cobrados, lo que deja un beneficio para el país de aproximadamente 319 millones de soles.

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Del mismo modo, el procurador Fernández descartó algún conflicto de intereses por su pasado laboral en un estudio jurídico privado que tenía como cliente a Odebrecht, con el argumento de su renuncia a esa firma en 2018 y que dicho antecedente fue informado antes de ser designado como procurador adjunto.

"Los cuestionamientos no señalan una actuación concreta mía en la que yo como procurador haya favorecido a Odebrecht. Por el contrario, existen varios actos públicos y verificables que demuestran una posición jurídica mía contraria a los intereses de esta empresa cuando así lo exige la defensa del Estado", sostuvo Fernández.

Con esta decisión, el tribunal envió el caso al Jurado Nacional de Elecciones para que revise la resolución, la cual rechazó investigar e iniciar el trámite para retirar de la carrera electoral al candidato de Renovación Popular.

El caso empezó cuando el denunciante presentó una denuncia ante el JEE Lima Centro para cuestionar la postulación de López Aliaga a primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Según el documento, la renuncia del candidato a alcalde de la misma lista, Luis Israel Rubio Idrogo, deja a López Aliaga en una posición que le permitiría asumir la alcaldía y quedarse en el cargo para el periodo 2027-2030.

El ciudadano señala que esta situación incumple el artículo 194 de la Constitución Política del Perú por configurarse de forma material una reelección inmediata. Por ello, solicitó la fiscalización documental del caso, el inicio del procedimiento jurisdiccional y la exclusión de la candidatura por incompatibilidad constitucional y abuso del derecho.

En una resolución emitida el 28 de agosto, el tribunal electoral verificó que la apelación ingresó dentro del plazo legal tras el escrito presentado el 26 de agosto. Asimismo, el organismo confirmó que el recurso cuenta con la firma de un abogado colegiado hábil y cumple con los requisitos fijados en el artículo 43 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos.

Luego de que el ciudadano subsanó la observación previa mediante el pago de la tasa electoral correspondiente, el JEE declaró concedido el recurso.

Tras esta aprobación, la autoridad electoral ordenó elevar todo el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para su pronunciamiento en segunda y definitiva instancia.

Además, el tribunal dispuso notificar la resolución al ciudadano denunciante y al personero legal de Renovación Popular en sus casillas electrónicas. La decisión final sobre el caso se definirá en una audiencia pública que programará el JNE en un plazo de tres días calendario.

El postulante anunció esta medida luego de que el exalcalde de Lima difundiera una portada del diario La Noticia, en la que se le vincula con un supuesto informe de la DEA del año 1999 sobre el hallazgo de dos toneladas y media de cocaína en un embarque.

Según dicha publicación, la droga habría sido camuflada a través de la empresa de productos marinos Unixa, compañía de la que Bruce era socio junto a su hermano.

El candidato calificó el señalamiento de falso y lo tildó como un “montaje” fabricado en su contra. Bruce explicó que en 1999 presidía la Asociación de Exportadores (ADEX) y era un activo opositor al régimen de Alberto Fujimori, por lo que resulta ilógico que una acusación de esa magnitud pasara desapercibida para el gobierno de ese entonces.

“Obvio que no hubo carpeta fiscal ni investigación policial. Imagínate dos toneladas y media en un cargamento, alguien tendría que haber investigado”, señaló. Además, agregó que ese grado de difamación también le recordaba a “la época montesinista”.

Bruce cuestionó que López Aliaga compartiera la portada del diario, donde se lo acusa de tener nexos con el tráfico de droga. El candidato indicó que el líder de Renovación Popular difundió la noticia la medianoche previa a su circulación impresa, lo que le generaba sospechas sobre si el exalcalde de Lima estaría involucrado con la publicación de la noticia.

Fiscalización a obras y deslinde partidario

En el plano de la gestión municipal, Bruce criticó la ejecución de obras como la Vía Expresa Sur, señalando que se desarrollan sin expedientes técnicos completos. Además, advirtió sobre el nivel del debate del líder de Renovación Popular.

"El señor López Aliaga degrada mucho el debate político en el país". Pese a cuestionar el proyecto, aclaró que de asumir la alcaldía metropolitana no paralizará los trabajos iniciados, sino que los mejorará y continuará.

Sobre las candidaturas dentro de Somos Perú cuestionadas por reelección encubierta, el postulante se distanció de las decisiones partidarias y dijo que es solo un militante de base sin participación en la selección de listas. En ese sentido, criticó que se haya hecho uso de vacíos legales para fines inconstitucionales.

Su origen se remonta a la Conferencia de las Américas contra los Cárteles (Doral, Florida, 4-5 de marzo de 2026), liderada por el secretario de Guerra Pete Hegseth, con la participación de 17 países, a los que luego se sumó Chile. En esa ocasión se firmó una Declaración Conjunta de Seguridad que expresa la voluntad común de ampliar la cooperación en la lucha contra los cárteles del narcotráfico y el narcoterrorismo, la protección de infraestructuras críticas y la promoción de la "paz a través de la fuerza", además de constituir una coalición frente a amenazas extrahemisféricas.

La Declaración Conjunta, único instrumento multilateral de la iniciativa, no es un tratado ni un instrumento con obligaciones jurídicas, sino una declaración política que establece una coordinación de acciones, sin base institucional, órganos permanentes o temporales, secretaría ni reglas acordadas de ninguna naturaleza. Participan los países que son invitados por los Estados Unidos.

El Perú, al ser cosignatario, es miembro del mecanismo desde su constitución en marzo de 2026. La posterior solicitud de la presidenta peruana a Marco Rubio para que se aceptara al Perú en el Escudo de las Américas fue, en ese sentido, producto de un aparente error de información, que discretamente no fue objeto de comentario por parte del Departamento de Estado.

Dos días después de la conferencia de ministros de Defensa y Seguridad, el 7 de marzo, el presidente Donald Trump convocó en Doral, Miami, la Shield of the Americas Summit, con la participación de jefes de Estado y de Gobierno de doce países de la región, aunque con una composición distinta a la reunión ministerial precedente. El Perú no asistió a la cumbre, pese a haber suscrito dos días antes la Declaración Conjunta de la Coalición.

En su discurso, Trump presentó la reunión como el lanzamiento del más alto nivel de la nueva alianza militar destinada a combatir a los cárteles criminales. Trump instó expresamente a los gobiernos participantes a recurrir a sus propias fuerzas armadas y comparó la iniciativa con la coalición internacional creada para combatir al ISIS en Oriente Medio.

La cumbre no logró elaborar una declaración conjunta. En su lugar, el mismo día, Trump emitió la Proclamación Presidencial 11015, 'Commitment to Countering Cartel Criminal Activity', que reitera al más alto nivel la determinación de los Estados Unidos de movilizar sus fuerzas militares y las de los países asociados en la lucha contra los cárteles y el narcoterrorismo, y formaliza también la determinación de contener amenazas externas, incluidas las denominadas “influencias extranjeras malignas” provenientes de fuera del hemisferio.

La segunda reunión formal de la Coalición se realizó en Panamá el 11 y 12 de agosto, presidida por Peter Hegseth. El encuentro marcó un giro hacia la operacionalización: Hegseth planteó pasar de la coordinación política a operaciones concretas, teniendo como marco el "Corolario Trump a la Doctrina Monroe", de defensa hemisférica frente al narcoterrorismo y a "actores extranjeros malintencionados". Incursionando en lo político, instó a los países participantes a retirarse de la Corte Penal Internacional. Y sugirió como lema de la alianza “Hacemos cosas malas a gente mala”.

Existe una contradicción entre los ambiciosos objetivos de la Coalición o Escudo, como autorizar la presencia de tropas extranjeras en los territorios nacionales, y su naturaleza informal, sin ningún sustento institucional ni jurídico. La iniciativa se encuentra en un limbo político, institucional y jurídico. No constituye —hasta el momento— una estructura institucional formal, sino un mecanismo de reuniones político-diplomáticas y de defensa, sin que exista un mandato formal que autorice acciones conjuntas de carácter militar o policial. No posee una base jurídica que otorgue a sus decisiones o eventuales acciones operativas una dimensión vinculante para sus miembros.

Por otro lado, la breve historia de la iniciativa no registra acuerdos o negociaciones multilaterales entre los participantes destinados a establecer objetivos, procedimientos de decisión y un plan de acción mutuamente convenido que represente los intereses nacionales de todos sus integrantes. Se expresa más bien como una iniciativa de la política exterior norteamericana en función de sus propios intereses nacionales.

Estas realidades parecen encontrarse detrás de la distancia marcada por el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, quien señaló que su país debía evaluar los alcances de su participación y afirmó: “nosotros no somos el patio trasero de ningún país”. Posteriormente se conoció que Barros había suscrito el 12 de marzo la Declaración Conjunta. El Ministerio de Defensa chileno precisó que se trató de una declaración de intenciones y no de un acuerdo vinculante, diferenciando así la cooperación contra el narcotráfico de la asunción de compromisos militares u orientaciones estratégicas definidas por otro Estado.

Es cierto que cada uno de los países que participan en la iniciativa posee políticas y ámbitos de cooperación de evidente importancia con los Estados Unidos en materia militar, policial, de seguridad, inteligencia, seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico. Pero, en cada caso, estas líneas de cooperación han sido negociadas y concertadas procurando armonizar los intereses de ambas partes. En la Coalición o Escudo se presenta una situación sui generis, en la que un país convoca y alinea a otros Estados en función de sus particulares intereses nacionales.

El asunto se torna más delicado cuando el secretario de Guerra conmina a los participantes a denunciar el Estatuto de Roma y abandonar la Corte Penal Internacional, exigiendo que renuncien a sus propios objetivos nacionales que los condujeron a integrarse a la Corte. Ello supone, en los hechos, un alineamiento con Washington en su política contra la estructura institucional de la Corte.

En ese mismo horizonte, las referencias de Hegseth y Trump a que el Escudo o la Coalición debe detener o combatir amenazas externas en la región introducen elementos de intervención en las decisiones soberanas de los países participantes sobre sus políticas exteriores.

Los Estados latinoamericanos poseen intereses nacionales propios, definidos por sus Estados, gobiernos y sociedades. La cooperación con los Estados Unidos, por amplia e importante que sea, no debería significar la sustitución de esos intereses por los de otra nación. Ningún Estado, por más poder que ejerza, puede aspirar a sustituir la voluntad soberana de otros Estados nacionales independientes. Esa es, finalmente, la cuestión que la Coalición Americana contra los Cárteles o Escudo de las Américas deberá esclarecer si pretende evolucionar desde una iniciativa política estadounidense hacia un mecanismo multilateral de cooperación hemisférica.

Visité esa exhibición —y muchas otras— invitado hace algunos años por el gobierno federal, que deseaba que conociera la experiencia museística germana de posguerra. Ese gobierno había colaborado con recursos económicos para iniciar el diseño y construcción del LUM.

¿El contexto? Se me había asignado la responsabilidad de encabezar el valioso equipo que haría el diseño final del Lugar de la Memoria (LUM). Tuve el honor de tomarle la posta nada menos que a Mario Vargas Llosa, admirado escritor y amigo, quien había venido encabezando certeramente el equipo fundador hasta entonces.

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Los museos de la memoria no existen para prolongar odios ni para imponer una versión oficial de la historia. Su función es exactamente la contraria: preservar hechos, documentos y testimonios; reconocer a las víctimas; estimular una reflexión crítica y permitir que las nuevas generaciones comprendan hasta dónde puede llegar una sociedad cuando la violencia, el autoritarismo y el desprecio por la vida sustituyen a la ley, la justicia y la democracia.

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) cumple —y debe seguir cumpliendo— esa función. ¡Basta de amenazas y bravuconadas autoritarias! El periodo de violencia que atravesó el país entre 1980 y 2000 dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos, en su mayoría peruanos de las zonas rurales y andinas. Sendero Luminoso desencadenó una violencia terrorista feroz y criminal. El Estado tenía el deber de combatirla, y finalmente tuvo éxito en desarmar a las organizaciones terroristas que atacaron al país. Pero ese deber nunca convirtió en legítimas las ejecuciones extrajudiciales, las miles de desapariciones forzadas, la tortura o las masacres cometidas por agentes estatales específicos. Una memoria democrática debe ser capaz de sostener simultáneamente esas verdades, sin relativizar ninguna.

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Por eso resulta tan relevante la experiencia alemana mientras se ha construido una sociedad democrática, antes arrodillada ante el totalitarismo nazi. Después de la catástrofe del nazismo, Alemania no construyó su democracia sobre el olvido. El proceso fue largo, difícil y por momentos conflictivo. Pero terminó convirtiendo la confrontación con el pasado en una política pública. Antiguos campos de concentración como Dachau, Buchenwald o Sachsenhausen son hoy lugares de memoria y educación. En Berlín, la Topografía del Terror documenta el funcionamiento de los órganos represivos nazis; la Casa de la Conferencia de Wannsee explica la maquinaria burocrática que organizó el exterminio; y el Memorial a los Judíos Asesinados de Europa ocupa un lugar central en la propia capital.

​Y nadie pretende cerrar esas expresiones.

¡Bueno por Alemania! La enseñanza alemana es especialmente relevante porque la memoria no quedó congelada en 1945. Tras la reunificación, Alemania incorporó también los abusos de la dictadura comunista de la antigua RDA. El Memorial del Muro de Berlín y otros centros recuerdan a quienes sufrieron persecución, prisión y muerte bajo ese régimen. Es decir, la política de memoria no pertenece a una ideología: pertenece a la democracia y a las víctimas.

Ese compromiso sigue vigente. Alemania adoptó en 1999 una política federal para respaldar lugares de memoria, la actualizó en 2008 y volvió a renovarla en noviembre de 2025. La nueva estrategia federal insiste en preservar los lugares históricos, fortalecer la investigación y la educación, digitalizar archivos y exposiciones y garantizar la independencia política y científica de estas instituciones. En agosto de 2026, el gobierno federal anunció, además, diez millones de euros adicionales para reforzar los memoriales dedicados a las víctimas del nazismo y de la dictadura de la RDA. No los considera una amenaza para la nación, sino parte de su infraestructura democrática.

Allí está la diferencia fundamental. Un museo de la memoria serio no acusa a una nación: la ayuda a comprenderse.

¡Cuidado con la abdicación ante el horror!

Cerrar, debilitar o domesticar políticamente espacios como el LUM sería una derrota de la democracia. Si una exposición contuviese, acaso, “errores” o “desequilibrios”, eso se corrige con investigación, evidencia, debate público y mejores exposiciones. No con censura ni silenciamiento. La respuesta a una memoria incompleta debe ser más memoria, mejor historia y mayor pluralismo.

Alemania entendió, después de recorrer un camino doloroso, que recordar los crímenes del pasado no disminuye el patriotismo: lo hace más exigente y democrático. El Perú necesita esa misma madurez. El LUM y los demás lugares de memoria deben ser espacios abiertos, rigurosos, independientes y vivos. Las sociedades que conservan la memoria de sus víctimas no quedan prisioneras del pasado. Al contrario: adquieren mejores herramientas para impedir que el pasado vuelva a repetirse.

Un museo de la memoria serio no acusa a una nación: la ayuda a comprenderse. No responsabiliza a las Fuerzas Armadas como institución por todo lo ocurrido ni borra el sacrificio de quienes enfrentaron al terrorismo dentro de la ley y con heroísmo. Tampoco permite que, en nombre de esa lucha, desaparezcan de la historia las víctimas de abusos estatales. Su obligación es documentar, contextualizar, escuchar distintas voces y colocar la dignidad humana en el centro.

En el video viralizado en redes sociales se observa que el objeto impactó en la espalda de Fujimori pese a que una agente de seguridad intentó desviarlo con una sombrilla. La presidenta continuó con su recorrido después del incidente, mientras los integrantes de su equipo de seguridad permanecieron atentos ante cualquier otro objeto que pudiera ser lanzado desde los alrededores.

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La actividad formó parte de las celebraciones oficiales por el aniversario de la reincorporación de Tacna al territorio peruano. Fujimori participó en el tradicional recorrido de la Procesión de la Bandera, una de las principales ceremonias conmemorativas de la ciudad y que congrega cada año a autoridades y ciudadanos.

Hasta el momento, las imágenes difundidas sobre el incidente no permiten determinar quién lanzó el huevo contra la presidenta. Tampoco se ha confirmado públicamente si se produjo alguna intervención o identificación de la persona responsable del lanzamiento durante la actividad oficial.

"Recuerda que tu local de votación estará ubicado en el mismo distrito que figuraba en tu DNI al cierre del padrón electoral", indicó la ONPE a través de un comunicado en Facebook.

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Cómo consultar el local de votación

Los electores deben ingresar a la web oficial consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio y digitar su número de DNI. El sistema entrega de forma automática el local que corresponde a cada ciudadano.

El mismo enlace permite verificar si una persona fue seleccionada como miembro de mesa. El procedimiento requiere solo el número de DNI y muestra los nombres de titulares y suplentes que integrarán cada mesa de sufragio.

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¿Qué funciones cumple un miembro de mesa?

Los ciudadanos designados como miembros de mesa deben instalar y organizar la mesa, verificar la documentación de los votantes y facilitar el proceso de votación. Tras el cierre de las urnas, asumen el escrutinio, el conteo de votos y el llenado de actas según los procedimientos establecidos por la ONPE.

La entidad implementó jornadas de capacitación previas a la elección para que los designados conozcan el manejo del material electoral y resuelvan dudas sobre el proceso.

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Pago y sanciones para miembros de mesa

La ONPE precisó que cumplir esta función es obligatorio. Los miembros de mesa recibirán un pago de S/165 una vez completada la capacitación y las funciones del día de la votación.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que quienes no se presenten sin justificación recibirán una multa de S/275, monto equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

El texto fue firmado por Flavio Figallo Rivadeneyra, del Partido del Buen Gobierno; Alfonso López Chau Nava, de Ahora Nación; José Castillo Terrones, de Juntos por el Perú; y Daniel Barragán Coloma.

La unión democrática hace la fuerza contra el autoritarismo y pacto mafioso

Un proyecto nacional y democratizador derrotará a la mafia y sus compinches pic.twitter.com/ZiniQOwdWe

— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) August 29, 2026

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Las bancadas remarcaron su rol como "representantes del fuero parlamentario y defensores del orden constitucional". Añadieron una frase que resumió el tono del pronunciamiento: "El Parlamento representa la soberanía popular; cuestionar su existencia o funcionamiento sin respetar el marco legal es una acción antidemocrática". El documento cerró con una advertencia: desde el Senado tomarán "acciones dentro del ejercicio de las funciones" que les corresponden constitucionalmente.

La reacción de estas cuatro bancadas se sumó a las críticas que ya habían llegado un día antes desde el bando contrario. Renovación Popular, agrupación cercana al oficialismo, también cuestionó a Gutiérrez por el mismo comentario.

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¿Qué dijo el defensor del pueblo sobre el Congreso?

La polémica nació de una entrevista que Gutiérrez dio a RPP el pasado 27 de agosto. Ahí afirmó que si la presidenta Keiko Fujimori disolviera el Congreso, su popularidad subiría "20 o 30 puntos" de manera automática. El funcionario enmarcó la frase dentro de un diagnóstico sobre la debilidad institucional del país, no como un pedido directo de cierre del Parlamento.

Horas después, ante el rechazo generalizado, Gutiérrez salió a aclarar sus palabras en el mismo programa. Aseguró que su gestión "jamás promoverá el quiebre del orden democrático" y fue tajante: "Nunca alentaré la disolución de una institución". Dijo que su comentario buscaba ilustrar el nivel de desgaste institucional que atraviesa el Estado peruano, no sugerir una salida inconstitucional.

El JEE fundamentó su fallo en una secuencia de hechos concreta. Bless se había inscrito como primer regidor, en fórmula con Karin García como candidata a la alcaldía. García renunció, el partido se quedó sin cabeza de lista y Bless pasó a ocupar, en la práctica, esa posición.

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La resolución señaló que se configuró, en las circunstancias concretas del caso, "una incompatibilidad constitucional con la prohibición de reelección inmediata de los alcaldes prevista en el tercer párrafo del artículo 194 de la Constitución Política del Perú". El fallo constató que Bless mantenía su inscripción como primer regidor mientras el partido se quedó sin candidata a la alcaldía.

El personero legal de Avanza País, Aldo Fabrizio Borrero Rojas, defendió la candidatura de Bless en su escrito de descargos. Pidió que se declarara improcedente el pedido. Sostuvo dos argumentos: que la solicitud era, en la práctica, una tacha presentada fuera de plazo, y que la situación denunciada no aparece como causal de exclusión en el artículo 41 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Municipales 2026.

Avanza País respondió con un comunicado horas después. Calificó la resolución de "arbitraria" y anunció que apelará la decisión ante el JNE, la misma instancia que dos días antes avaló una maniobra igual en Áncash.

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El precedente de Áncash: el fallo que el JNE ya emitió sobre el mismo dilema

El antecedente que ahora pesa sobre la apelación de Bless viene de Áncash. Percy Villanera Figueroa, alcalde del distrito de Pontó, postulaba como primer regidor por Somos Perú. El candidato de su partido a la alcaldía quedó fuera de carrera por una observación no subsanada. Un ciudadano presentó una tacha contra Villanera Figueroa por el riesgo de que retomara el cargo. El JEE Huari la rechazó.

El Pleno del JNE confirmó ese rechazo por mayoría. El presidente del tribunal, Roberto Burneo, junto con los magistrados Aarón Oyarce y Rubén Torres, sostuvieron que no existe identidad entre el cargo de alcalde y el de regidor. Argumentaron, además, que excluir esa candidatura significaría crear una restricción a la participación política que la ley no contempla.

Solo un magistrado discrepó. Gunther Gonzáles votó por excluir a Villanera Figueroa. En su voto singular, sostuvo que la prohibición constitucional de reelección alcanza cualquier mecanismo, directo o indirecto, que busque evadirla, y advirtió que sin ese criterio un alcalde podría perpetuarse en el cargo mientras un candidato "testaferro" renuncia en cada elección.

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Lo que está en juego para el JNE

La resolución del JEE Lima Oeste 1 fue explícita en un punto: precisó que su decisión se basa "exclusivamente" en las circunstancias particulares del expediente de Bless y no fija una regla general para todo alcalde que postule a una regiduría. Esa salvedad le da al JNE margen para diferenciar el caso de San Miguel del de Pontó, si así lo decide.

Pero las coincidencias entre ambos casos son directas. En los dos, un alcalde en ejercicio se inscribió como primer regidor. En los dos, el candidato de su propia lista a la alcaldía quedó fuera de carrera. Y en los dos, el resultado práctico es el mismo: el actual burgomaestre queda en posición de repetir en el cargo si su lista gana.

El proyecto, como ya se había adelantado, solicita facultades para legislar por 120 días en temas de seguridad ciudadana, micro y pequeña empresa, simplificación tributaria, entre otros.

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En materia de seguridad ciudadana, plantean revisar el régimen migratorio para promover una “migración ordenada”. Asimismo, modificar el marco normativo para la trazabilidad y fiscalización de las armas de fuego; reformar el sistema penitenciario; y la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en “acciones de seguridad externa y dentro de los penales”.

Uno de los puntos centrales es modificar normas para combatir la delincuencia y criminalidad organizada. El proyecto apunta las siguientes leyes: N° 32490 (Ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público); N° 30096 (Ley de delitos informáticos); N° 30424 (Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional); y N° 32332 (Ley que implementa la plataforma Denuncia Digital para el registro de denuncias digitales por delitos contra el patrimonio).

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Además de otros decretos legislativos referidos al Código Penal Militar Policial, para la identificación de números telefónicos y el comercio ilegal de equipos móviles.

Sin embargo, no se hace mención a ninguna de las leyes procrimen -aprobadas en el anterior Congreso por una mayoría fujimorista- a pesar de que estas han afectado la lucha contra la criminalidad con cambios en la colaboración eficaz, la detención preliminar, los allanamientos sorpresivos, la confiscación de bienes y limitado la interceptación de comunicaciones.

Lo que sí menciona el pedido de facultades es que las organizaciones criminales sean declaradas como organizaciones terroristas. Además, establecer un marco legal que permita la “legítima defensa” para que quien la ejerza goce de una “presunción de inocencia”.

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Empresa, empleo y burocracia

En el apartado económico, el proyecto plantea reducir barreras administrativas y simplificar procedimientos para facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas a beneficios asociados a la formalidad.

Piden modificar la Ley N° 28806, de inspección del trabajo, para incorporar un “enfoque preventivo, sin desnaturalizar la potestad fiscalizadora”.

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Asimismo, mencionan que modificarán el régimen de feriados no laborales para “optimizar su uso y fomentar la productividad”. Esto en línea a la propuesta que ya había adelantado el Gobierno de mover los todos los feriados, a excepción de Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, para los lunes.

Para el tema de la simplificación administrativa, proponen regular el marco normativo para “fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano”. Señalan que identificarán y eliminarán las barreras burocráticas.

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También aclaran que derogarán la Ley que creó el Colegio de Artistas (Ley N° 32645). La decisión tenía el respaldo del ministro de Cultura, Alberto Beingolea, quien señaló antes que esta debía ser eliminada.

El proyecto contempla también actualizar la normativa de minería para “activar las inversiones privadas” en relación al otorgamiento, vigencia y caducidad de las concesiones. Añaden que establecerán medidas para “para promover la inversión privada en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos, optimizar los mecanismos contractuales y simplificar los procedimientos administrativos vinculados a su cadena de valor”.

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Mencionan también la materia tributaria y que modificarán el marco normativo aduanero para facilitar el comercio exterior; regular las indemnizaciones prestablecidas por infracciones a derechos de propiedad intelectual; y erradicar el ingreso a territorio peruano de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

Otro de los puntos en atención es que el Ejecutivo plantea “modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios y las obligaciones formales de las empresas”.

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Reforma del Estado

Finalmente, proponen legislar en una reforma estructural del Estado en lo que respecta al ámbito del Poder Ejecutivo para mejorar la “articulación y coordinación con las demás entidades”. Este apartado había generado críticas en el borrador del pedido de facultades ante una posible fusión o eliminación de ministerios.

El primer ministro Luis Galarreta, tras aprobarse el proyecto, mencionó que esto no ocurriría y que se podía “tener menos Estado sin la necesidad de recortar”.

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El pedido de facultades menciona también la intención de “por razones de necesidad pública” reestructurar Sedapal frente a riesgos que comprometen la correcta prestación del servicio. Cabe precisar que tras los aniegos en Villa el Salvador, la presidenta Keiko Fujimori mostró su intención de reestructurar la empresa estatal.

Además, se busca facultar al INDECI para que en caso de emergencias o desastres pueda hacerse cargo de la entrega de bienes de ayuda humanitaria en los primeros quince días.

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Confían en aprobación del pedido

La presidenta Keiko Fujimori, durante una actividad en Tacna, señaló que confía en que la Cámara de Diputados les otorge las facultades legislativas.

“Estamos tomando decisiones rápidas, faltan sin duda agilizar muchas cosas más, pero yo creo que con las facultades que esperamos el Congreso nos otorgue vamos a poder poner más velocidad”, sostuvo.

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Acompañada del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, Fujimori apeló al debate por el que se someterá el proyecto de facultades, tanto en comisión como en el Pleno y al “sentido común” de los diputados.

“Sabemos que el Congreso tiene muchas rutas para poder debatir y decidir sobre las facultades que estamos solicitando, pero yo apelo a la objetividad, al sentido común y a la gran demanda de los ciudadanos para que podamos ponernos a trabajar y poner al Estado a mayor velocidad y poder utilizar los recursos que tenemos y convertirlos en obras. Estoy optimista”, agregó.

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Gobierno invocó que proyecto se vea con urgencia

El Poder Ejecutivo invocó el artículo 105 de la Constitución para habilitar el procedimiento de urgencia del pedido de facultades legislativas. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, tienen como plazo un máximo de 15 días hábiles (alrededor de un mes) para ponerlo en debate del Pleno.

Una vez aprobado, pasará al Senado, quienes tienen un plazo de siete días hábiles para su visto bueno, previo debate. Tras esto, se deberá publicar en un día, como máximo, la ley que permitirá a Keiko Fujimori y su Gabinete Ministerial legislar en las materias solicitadas.

“Te voy a decir otra cosa cruda. Si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilo veinte o treinta puntos de su popularidad. No estoy alentando, porque soy un demócrata, creo en los principios”, señaló en una entrevista.

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Tras ello, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras firmaron un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su “categórico rechazo a las incitaciones golpistas del Defensor del Pueblo”. El documento sostuvo que las palabras del funcionario representan “un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes”.

Además, el texto —firmado por  los voceros Flavio Figallo, Alfonso López Chau, José Castillo y Daniel Barragán— señala que desde el Senado tomarán acciones en su contra. “Cuestionar su existencia (del Congreso) o funcionamiento sin respetar el marco legal es una acción antidemocrática”, remarcaron.

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Por su parte, la mandataria restó importancia a lo dicho por Gutiérrez y lo calificó como un “desliz”. Rechazó que exista una intención de cerrar el Congreso.

Asimismo, desde un pronunciamiento de la Defensoría, señalaron que se trató del “análisis de un posible escenario hipotético”, pero que no constituía alguna exhortación a disolver el Congreso y que las palabras de Gutiérrez fueron interpretadas “erróneamente”.

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Ataque a la Constitución

Para el politólogo Adrian Risco las declaraciones del defensor del Pueblo tienen un cálculo político. “Probablemente opinó buscando posicionarse”, sostuvo. Explicó que el cambio de gobierno y la llegada de nuevos congresistas reacomodaron el tablero político, y que los acuerdos que llevaron a Gutiérrez a la cabeza de la Defensoría podrían haberse desgastado.

Para Risco, hablar de un cierre del Congreso nunca es un comentario menor. Menos aún si proviene de una autoridad que, por función, debería resguardar el orden democrático.
El analista remarcó que ese tipo de frases generan reacciones inmediatas y de peso, tal como ha ocurrido, y que Gutierrez ahora deberá asumir el peso de sus  declaraciones.

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“Eso naturalmente genera muchas reacciones y, desde el Senado, la oposición ya ha pedido su renuncia y anunciado acciones por considerarlo un “atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes”. Tenemos que recordar que la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado puede iniciarle un procedimiento para removerlo por falta grave. Y esa comisión la preside Juntos por el Perú”, detalló.

Consultado sobre el fondo constitucional del debate, Risco fue claro. “Lo que se estaría violando al plantear un cierre del Congreso es la propia esencia de nuestra Constitución”, señaló. Aclaró que sí existe un mecanismo legal para disolver la Cámara de Diputados, pero solo después de que esta rechace dos cuestiones de confianza al gobierno.

Agregó que la Junta de Portavoces de esa cámara puede rechazar una cuestión de confianza sin que eso cuente como una negativa de fondo, y que llegar a un escenario de disolución real exige una suma de condiciones que, hasta ahora, no se han dado.

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“Debe pensar en presentar su renuncia”

Para el vocero del partido Obras, Daniel Barragán, el defensor del Pueblo debería presentar su renuncia y calificó como “vergonzosas” sus declaraciones por ir en contra de lo que, precisamente, debería de resguardar su institución.

“Estas actitudes antidemocráticas y que van en contra de la constitucionalidad del país, pues lógicamente el defensor del Pueblo debe pensar seriamente en su renuncia”, sostuvo.

Además, consideró que la situación no se puede denominar como un “lapsus” del Defensor, sino como una actitu antidemocrática que tiene internalizada y que lo descalifica para ocupar el cargo.

Este panorama de terror, lamentablemente, está afectando la subsistencia de miles de familias vulnerables en Lima Metropolitana y otras regiones del país.

los delincuentes vienen exigiendo montos fijos como pagos de S/30 mensuales para permitirles operar. Incluso, organizaciones como Juntos Venceremos Esta Lucha, en Villa María del Triunfo, sufrieron ataques con gasolina en sus locales.

Algunas dirigentes sociales han reportado que bandas criminales les dejan balas en los exteriores de los locales para amedrentarlas. Las víctimas señalan que comentarios de las autoridades sobre la entrega de vales de subsidios exponen a las ollas comunes y hacen creer a los extorsionadores que manejan grandes sumas de dinero.

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El foco más crítico llegó el último jueves con el homicidio de la dirigente vecinal en San Juan de Miraflores, aunque en Villa El Salvador, Lurín y Pachacámac los cobros ilegales continúan expandiéndose.

Betsy Rosa Mallma Sarmiento, de 35 años, presidenta de la olla común Virgen de Guadalupe, fue atacada a balazos en el sector Niño Jesús, Nueva Rinconada de Pamplona Alta, San Juan de Miraflores.

Ella era madre de cuatro menores y justo tenía a su bebé de apenas un mes en brazos cuando fue baleada. La pequeña sobrevivió, pero Betsy perdió la vida.

Una familia queda destrozada y cuatro menores quedan sin su madre. El crimen dejó a sus familiares y vecinos sumidos en el dolor.

Tras el homicidio, su hermana, entre lágrimas, lanzó un desesperado pedido a la presidenta Keiko Fujimori. "Usted es madre, póngase la mano al corazón y vea por la seguridad del país".

El caso vuelve a poner en el centro del debate la lucha contra la extorsión, el sicariato y la inseguridad ciudadana.

La senadora Ruth Luque Ibarra dijo que su muerte ocurre en un contexto de creciente inseguridad y violencia que golpea especialmente a las familias más vulnerables. “No podemos permitir que el miedo se convierta en parte de nuestra vida cotidiana”, indicó.

Luque exigió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que intervenga de inmediato para garantizar la protección y atención integral de sus menores hijos.

Asimismo, exijo al Ministerio del Interior que, a través de la Policía Nacional y las autoridades competentes, realice una investigación exhaustiva que identifique a los responsables para que sean severamente sancionados.

"Betsy merece justicia. Su familia merece respuestas. Y San Juan de Miraflores merece vivir sin miedo", señaló.

Ante el lamentable fallecimiento de Betsy Mallma Sarmiento, el programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se hizo presente para brindar a su familia acompañamiento y apoyo en este momento de profundo dolor.

"Desde el Midis estamos articulando con las instituciones competentes las acciones necesarias para que la familia reciba la atención y ayuda que requiera", indicaron.

Primero, se ha dicho que como la Convención Americana (CADH) no menciona esta doctrina**,** que fue creada por la Corte en su jurisprudencia, no existe un fundamento legal para su aplicación. Sin embargo, la propia CADH ha señalado que la Corte tiene la función de interpretación de la misma, lo cual realiza en su jurisprudencia y en sus opiniones consultivas, con lo cual ese argumento es inválido.

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Asimismo, se ha planteado que la Corte IDH debería acoger la doctrina del margen de apreciación de los jueces nacionales, proveniente del Sistema Europeo de Derechos Humanos, doctrina que tampoco se encuentra en la Convención Europea, sino que también fue un desarrollo jurisprudencial del Tribunal Europeo. Al parecer, eso no importa en este caso.

Por otro lado, es necesario recordar que el propio Tribunal Constitucional (TC) había reconocido la importancia del control de convencionalidad anteriormente. Así, en el 2012 estableció que la magistratura constitucional se encontraba en la obligación de ejercer un control de convencionalidad “para resolver controversias derivadas de normas, actos y conductas contrarios a la CADH, a los tratados regionales en materia de derechos humanos ratificados por el Perú, al ius cogens y a la jurisprudencia de la Corte”. En el 2025, en el marco de la discusión de la norma que declaraba prescritos los crímenes de lesa humanidad, la postura del TC cambia.

Termino diciendo que fui invitada a ser parte del Consejo Consultivo de la Comisión del Senado sobre Constitución y Relaciones Exteriores, por lo que estoy dispuesta a ampliar estos argumentos para que dicha Comisión corrija su posición contra el control de convencionalidad.

El ministro no respondió con medidas específicas. En cambio, dijo que le indignaba que la situación "sea un secreto" porque, según él, nunca fue expuesta públicamente.

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El cruce se dio en un contexto tenso. El periodista le recordó que la precariedad del sistema de salud Pucallpa no era un dato oculto. "Todos sabíamos, ministro", le respondió. Dyer insistió en su postura y preguntó por qué, si todos conocían el problema, nadie reclamó ni exigió cambios a tiempo.

La respuesta del titular de Salud generó incomodidad entre los presentes. Dyer afirmó que la indignación no debía recaer solo en el Gobierno. Sostuvo que la prensa también tenía responsabilidad en visibilizar estas carencias. Pidió que los medios "apoyen" a sacar adelante estos casos, en lugar de señalar únicamente al Ministerio de Salud.

Como parte de su recorrido, Dyer visitó el Hospital Regional de Pucallpa, el centro de salud 9 de Octubre, el centro de salud Nuevo Paraíso, el Hospital Amazónico de Yarinacocha y el centro de salud Campo Verde.

Llamar al LUM un lugar que propicia un constante enfrentamiento entre peruanos, y un espacio capturado por un grupo ideológico son, como le ha respondido Manuel Burga a Beingolea, frases que no corresponden a los hechos. Quizás el ministro se está refiriendo a la Cámara de Diputados, o al propio gabinete ministerial.

El LUM fue fundado a instancias del gobierno alemán como un aporte a la difusión de lo contenido en el informe de la Comisión de la Verdad. Es decir, para mantener viva la censura a los horribles actos cometidos por Sendero Luminoso y las llamadas fuerzas del orden. Si a eso alude Beingolea, en efecto la idea alemana fue polémica desde el inicio.

En un inicio parecía que Beingolea quería mantener el LUM en el Mincul para que el ultraderechista Álvarez no lo desnaturalizara. Pero ahora vemos que se trató de un simple reflejo territorial. A Beingolea no le gusta el LUM, pero prefiere criticarlo en casa antes que perderlo.

Lo que se va viendo es que este ministro no tiene, o por lo menos no expresa, la menor idea de qué hacer con un LUM que en efecto sobrevive al filo del abandono. No parece que sumarse a los ataques de la derecha sea la forma de rescatar a la institución. Quizás el Mincul de Beingolea no es el lugar donde ella debe estar.

Si el asunto es político, quizás la conducción deba estar en manos del Acuerdo Nacional del Perú, desde hace decenios un espacio ecuánime y provechoso, mucho más que el ministerio promedio. Si la cosa es sobre todo cultural, podría pensarse en un patronato rotativo de las universidades más prestigiosas del país. El propio LUM podría ser itinerante.

Tengo la impresión de que Beingolea ha retrocedido de manera tan vistosa por temor a terminar cesado en el cargo. Aun con ese retroceso su paso por ese ministerio no va a ser largo.