Uribe y Manrique, más allá de las diferencias propias de pertenecer a bancadas distintas, reconocen que comparten experiencias marcadas por su edad. Poco después de la elección de las Mesas Directivas, ambos se tomaron un selfie que luego compartieron en sus redes sociales. "Por la Bancada Joven", decía la publicación. Días antes, conversaron con este medio sobre lo que significa ser joven y representar al país desde el Congreso.

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Entrando a la política

Mientras se desarrollaban las marchas contra el breve gobierno de Manuel Merino, Jair Manrique participaba en los cacerolazos. Era época de pandemia y vivía en Villa El Salvador, donde residió durante sus años de estudiante en la Universidad Nacional de Ingeniería.

Sin embargo, esas no fueron sus primeras experiencias políticas. Manrique recuerda que, a los 17 años, impulsó una campaña de recolección de libros para Chimbote, su ciudad natal. Su ingreso a la política nacional llegaría en 2016, cuando apoyó a Todos por el Perú como simpatizante de Julio Guzmán.

"Vino a mi universidad y, la verdad, me pareció un buen candidato. Era bastante tecnócrata. No pude votar por él porque lo sacaron. Vicié mi voto", recuerda.

Romina Uribe también tuvo un acercamiento temprano a la política. Para la diputada, su primera experiencia de representación llegó cuando fue elegida alcaldesa escolar en Breña. Antes había sido regidora de aseo y, a mitad de la secundaria, dio el siguiente paso: "Creo que ahí comenzó mi vocación de servir", señala.

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Ambos venían proyectando su llegada al Congreso desde tiempo atrás. A finales de 2024, Manrique vivía en São Paulo, Brasil. Durante ese Año Nuevo, cuenta que ya tenía avanzados los borradores de varios proyectos de ley: "Tenía un cuadro del Congreso. Creo que desde entonces quería ser congresista", relata.

Uribe, por su parte, comenzó su camino junto a su partido. Cuando leyó el ideario del Partido del Buen Gobierno, sintió que representaba sus convicciones. Incluso participó en el proceso de formación de la organización: "Mi forma de apoyar la inscripción fue firmando mi ficha de afiliación". Según cuenta, sus amigos recibieron la noticia con naturalidad: "Me dicen que se sienten representados. La verdad, eso me alegra el corazón".

Un choque generacional

El entorno familiar también influye en la decisión de involucrarse en política. En el caso de Uribe, encontró un ambiente favorable: "Tuve la suerte de venir de una familia donde, en la mesa, todos los puntos de vista eran bienvenidos y se conversaban con respeto".

Manrique vivió una experiencia distinta: "Hay veces que discuto con mi hermano. Vive en Estados Unidos y es trumpista", dice entre risas. Luego añade: "En parte creo que puede ser ignorancia, vivir afuera y no conocer la realidad. Es ignorancia hasta que le explicas que ciertas cosas no funcionan de esa forma. Cuando me escucha, termina dándome la razón".

Las discusiones no se limitan al ámbito familiar. En espacios políticos —y también fuera de ellos—, representantes de generaciones mayores suelen desmerecer las opiniones de los jóvenes apelando a su supuesta inexperiencia. El argumento viene cargado de condescendencia.

Pero las críticas también pueden surgir en sentido inverso. Cuando Manrique piensa en congresistas de 50 o 60 años, narra diferencias: "Siento que a veces no tenemos puntos de encuentro. Es difícil entrar en materia con ellos. Creo que existe un roce generacional. Es común descalificar a alguien porque es joven, pero se van a dar cuenta de que están equivocados. Es cuestión de tiempo", afirma.

Uribe también considera que esa asociación existe, aunque asegura no haberla vivido en carne propia: "No me ha pasado que me descalifiquen. En todos los espacios donde he estado siempre trato de desenvolverme dentro del marco del respeto. No creo que eso tenga que ser así".

¿Por qué algunos jóvenes experimentan el rechazo de las personas mayores por sus posturas políticas y otros no? No existe una respuesta definitiva. Sin embargo, para Pavel Aguilar, profesor de Sociología Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el choque generacional suele manifestarse con mayor intensidad entre quienes adoptan nuevas visiones sobre valores tradicionalmente arraigados.

“La gente mayor suele calificar como ‘generación de cristal’ a los menores de 35 años. Esto parece tener cierta lógica, pues las personas de mayor edad suelen mostrar un mayor apego a modelos de familia y formas de entender la subjetividad más tradicionales, mientras que los jóvenes tienden a mostrar una mayor apertura hacia nuevos paradigmas. Si bien la política de los jóvenes suele asociarse con posturas progresistas —en un sentido amplio del término—, también es necesario considerar otros factores, como el género y el surgimiento de nuevas corrientes de jóvenes conservadores, para comprender la relación intergeneracional en la política. Más que un rechazo de las personas mayores hacia la política de los jóvenes, creo que la actual polarización política ha contribuido a construir enemigos imaginarios asociados a los valores progresistas”.

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Deudas pendientes para una generación

Frente a la diversidad de realidades que atraviesan los ciudadanos jóvenes, algunos especialistas prefieren hablar de "juventudes" antes que de una sola juventud. En la misma Cámara de Diputados que integrarán Uribe y Manrique también estará Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), una de las legisladoras más jóvenes del nuevo Congreso. Hija política del expresidente Pedro Castillo, creció en Cajamarca y representa una experiencia distinta. La pregunta surge de manera inevitable: ¿basta con ser joven para representar a la juventud?

Uribe considera que, pese a las diferencias, existen problemáticas compartidas: "Yo creo que basta con pertenecer a este grupo, tener sus mismas problemáticas y contar con una voz tan importante como la Cámara de Diputados".

Una de esas problemáticas es el acceso a la vivienda. Según un estudio de la startup Roomi publicado en 2024, los peruanos son quienes más tardan en independizarse de sus padres en la región. La edad promedio para hacerlo es de 29 años. Sin políticas que faciliten ese paso, muchos jóvenes prolongan una ficción de adultez marcada por la dependencia económica o, en el peor de los casos, el abandono familiar y público.

Ambos aseguran haber vivido esa realidad. Uribe cuenta que, hasta antes de asumir como diputada, vivía con su madre. Poco antes de jurar al cargo dejó el Rímac para mudarse a una zona cercana al Centro de Lima: "Me estoy mudando a un lugar cercano. El trabajo es 24/7", comenta.

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Esa reciente independencia no le impide cuestionar las condiciones que enfrentan los jóvenes: "Hay todo un sistema detrás. Existe trabajo precarizado y las políticas de vivienda no están del todo bien diseñadas".

Cuando Manrique llegó a Lima para estudiar, el dinero que sus padres le enviaban desde Chimbote apenas alcanzaba para cubrir el alquiler y algunos gastos. Para completar sus ingresos, daba clases particulares a otros universitarios: "Iba de cono a cono", recuerda.

"En el Perú nos está costando mucha vida vivir. El Estado nos ha hecho pagar un impuesto invisible llamado vida. Vamos a un hospital y las colas son de tres o cuatro horas. Te despiertas a las tres de la mañana para hacer fila. Ese es un impuesto invisible que se paga por la ineficiencia del Estado. Si tienes una enfermedad crónica, no puedes esperar meses. Por eso tienes que ir a una clínica, y el precio es elevadísimo. Todo se paga con vida", añade.

En su juramentación como congresista, Manrique prometió trabajar para que vivir no nos cueste la vida. La promesa está hecha; ahora queda cumplirla.

(*) Para la elaboración de este reportaje se intentó contactar a Nathaly Molina, diputada del Partido del Buen Gobierno, quien también tiene menos de treinta años. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

"Escúchame, Martita. Tú, que te las das de tan cristiana... ¿Te has olvidado de lo que hizo Fujimori? Hay una gran diferencia entre lo que hizo Fujimori y lo que hizo mi esposo. Alberto Fujimori mandó a matar y torturar a miles de personas. Mi esposo no ha matado a nadie ni ha mandado a torturar a nadie. (...) Mi esposo y yo somos totalmente inocentes", indicó durante una llamada con RPP.

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Para sustentar su pedido de gracia presidencial, la defensa del expresidente y exlíder de Perú Posible ha acreditado que este padece diversos problemas de salud. Según Karp, Toledo también sufre de depresión y ansiedad.

En sus declaraciones, Chávez afirmó que, pese a su oposición a conceder un indulto a Toledo, la decisión final dependerá del nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Por su parte, Eliane Karp permanece prófuga en Israel, pese a que fue condenada por el caso Ecoteva como autora del delito de lavado de activos.

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Sin embargo, la ubicación y captura del acusado Gómez no implicaron su traslado a la corte peruana para que pagara por la brutal golpiza que le propinó a Claudia Sedano: el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró improcedente la solicitud de extradición presentada por el Estado peruano.

Claudia Sedano, una activista especializada en el rescate de personas vulnerables, está convencida de que la mano de Dios le dio una segunda oportunidad de vida para abrazar a su hija y clamar justicia. Ella fue víctima de la crueldad e insania de Héctor David Gómez. El atacante era su vecino y la dejó en coma por casi tres semanas.

El incidente se produjo cuando Claudia Sedano salió en defensa de O.S.E.T. (19), la mujer que Gómez golpeaba sin misericordia. Casi le cuesta la vida a Claudia Sedano. Sin embargo, luego de permanecer en coma, despertó para exigir que el hombre que le hizo daño vaya preso. Ella pudo haber quedado ciega, pero se aferró a la vida para velar por sus hijas.

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Claudia Sedano había defendido a una mujer que estaba a punto de ser asesinada por Héctor David Gómez. Ella ha dedicado su vida a rescatar a mujeres víctimas de trata,  a niños de la calle y en situación de vulnerabilidad.

Pero en el caso de Héctor David Gómez, sus esfuerzos para que responda ante la justicia peruana por el presunto delito de tentativa de feminicidio, han sufrido un tropiezo. Ella sabe lo difícil que es para una víctima que un perpetrador reciba la  sanción que le corresponde.

JUSTICIA BUROCRÁTICA

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró improcedente la solicitud de extradición presentada por el Estado peruano. Sin embargo, el Ministerio Público ha activado un mecanismo de cooperación judicial internacional para que las autoridades venezolanas asuman la investigación y eventual juzgamiento del acusado en su propio territorio.

La medida se encuentra contenida en la Providencia N.º 07, emitida el 28 de mayo de 2026 por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla.

La acción se adoptó después de que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación informó oficialmente que Venezuela desestimó la extradición de Héctor David Gómez. Las autoridades de ese país manifestaron su disposición a ejercer jurisdicción sobre el caso e iniciar un proceso penal conforme a su legislación. La extradición está prohibida.

Frente a este escenario, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Zarumilla que autorice la cesión de competencia a favor de la República Bolivariana de Venezuela, permitiendo que dicho país continúe las investigaciones y procese judicialmente al investigado.

EL LARGO Y TORTUOSO CAMINO

La presidenta de la asociación Familias Unidas Por Justicia: Familiares de Víctimas de Feminicidio, Katherine Flores, afirma que, ante la improcedencia de la extradición, las integrantes de esa agrupación han mostrado su preocupación e indignación.

“Dejaron graves secuelas en la salud física y emocional de la víctima (Claudia Sedano), quien continúa afrontando las consecuencias de la violencia sufrida. Exigimos que las autoridades continúen impulsando todas las acciones legales necesarias para evitar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia”, refiere Flores.

Héctor David Gómez fue detenido en julio del año pasado en Venezuela por un delito distinto al ocurrido en Tumbes. Y hoy está libre en su país.

Allison Castro, una de las hijas de Claudia Sedano, pensó que no volvería a estar junto a su mamá. El miedo a perderla para siempre la abrumaba.

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“Exigimos que se continúen impulsando todas las acciones legales necesarias para evitar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia.”, expresa Marieta Castro, otra de las hijas de Claudia Sedano.

VAN 81 FEMINICIDIOS EN EL 2026

En el Perú se han registrado 81 casos con características de feminicidios, desde el primero de enero al 29 de julio de este año, según reportes oficiales difundidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través del programa Warmi Ñan.  Además, hubo 796 tentativas de feminicidio.

Hay un promedio de un feminicidio cada 48 horas. Junio ha sido el mes más crítico con 20 casos, seguido de abril, con 12 incidentes; mayo, marzo y febrero, con 11 cada uno; julio, con 9, y enero, con 7.

El año pasado, en el mismo período, se registraron 134 feminicidios, en 2024 hubo 162 casos, mientras que en 2023 el programa registró 170 crímenes contra las mujeres.

De los 81 casos con características de feminicidio este año, 40 de las víctimas tenían entre 18 y 29 años (49%), seguido por el grupo de 30 a 59 años con 27 casos (33%).

Hubo 7 casos de menores de entre 12 y 14 años (9%), tres víctimas de 15 a 17 años (4%) y cuatro casos de 60 años o más (5%).

Otro dato es que 52 de las víctimas (64%) tenían vínculo de pareja, mientras que el año pasado fueron 87. Dos tenían relación familiar y 27 casos fueron catalogados sin vínculo relacional de pareja ni familiar. El 52% de las víctimas no tenía hijos, el 46% tenía de uno a tres hijos y el 2% más de cuatro hijos.

En total, han quedado huérfanos 71 hijas e hijos menores de 18 años de las víctimas.

El médico psiquiatra Carlos Bromley señala que el maltrato, en cualquiera de sus formas, causa sufrimiento y consecuencias negativas en la vida de niñas, niños y adolescentes. Su impacto depende de la gravedad de la agresión, su frecuencia, el vínculo con quien la ejerce y el apoyo que puedan recibir.

“Puede afectar su salud física y emocional, interfiriendo en su desarrollo y debilitando su autoestima. En sus manifestaciones más extremas, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Además, crecer en entornos violentos puede llevar a su normalización y a la reproducción del maltrato, la negligencia y la humillación en interacciones y relaciones con los demás”, señala el especialista.

LA MAYORÍA SON PERUANAS

Este año, 76 de las mujeres víctimas de feminicidio fueron peruanas y 5 extranjeras. El año pasado sumaron 128 peruanas y 9 extranjeras en el periodo de enero al 29 de julio.  De acuerdo con el Ministerio de la Mujer, este año, 22 de los crímenes contra mujeres ocurrieron en Lima Metropolitana, mientras que en Áncash fueron 10 casos.

En Ica hubo 7, Cajamarca 6, Arequipa 7, Cusco 5, Huánuco 3, Junín 3, La Libertad 3, Lambayeque 3, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Puno, San Martín y Tumbes con 2 cada uno. En tanto que en Lima Provincias, Madre de Dios, Piura y Tacna se repartieron un caso cada uno.

Patricia Garrido, directora del Programa Warmi Ñan, confirmó que la línea 100 ha recibido más de 72 mil llamadas efectivas por casos de violencia familiar y de género solo durante el primer semestre de este año.

“Son comunicaciones que ameritaron atención, orientación o articulación con otros servicios”, explica la funcionaria.  El total de llamadas recibidas supera las 190 mil, aunque solo una parte corresponde a reportes genuinos, mientras que el resto se compone de llamadas abandonadas o perturbadoras.

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DATOS

Atención. De enero a junio fueron 88.813 los casos atendidos de víctimas de violencia en el CEM (Centro de Emergencia Mujer). Fueron 73.753 mujeres y 15.060 varones.

Tipos. También se atendieron 33.198 casos de violencia física, 39.459 psicológica, 15.797 sexual y 359 económica.

Alarma. En el Perú, 52 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años han sido víctimas de violencia alguna vez por parte de su pareja o expareja, una cifra que demanda la intervención prioritaria del sector salud mental.

Al tratarse de una medida de no innovar fuera de proceso, el Grupo El Comercio no puede conocer los términos de la demanda hasta que concluya el proceso judicial. La medida cautelar tiene como objetivo que los tres accionistas mencionados inicien, en un plazo de diez días, un proceso de arbitraje contra Empresa Editora El Comercio, y que el tribunal arbitral se instale en un plazo de tres meses o 90 días.

Un aspecto que llama la atención de la Resolución Número Uno, con fecha 30 de junio de 2026 y emitida por el juez Varillas, es que se imponga una contracautela en la modalidad de carta fianza por 50.000 dólares para suspender una venta cercana a los 50 millones de dólares. Según las normas procesales, la contracautela o respaldo económico debería compensar el riesgo de la transacción comercial que se busca evitar; una desproporción que la Fiscalía y la Procuraduría del Estado ya han cuestionado en otros casos controvertidos vistos en dicho juzgado.

Los antecedentes del juez

Por otro lado, resultan escandalosos los antecedentes del juez Juan Gustavo Varillas Solano, quien acumula múltiples denuncias de ciudadanos y litigantes afectados, así como cuestionamientos de la Procuraduría del Estado, acusaciones de la Fiscalía y procesos en trámite en la Corte Superior de Lima y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. La Autoridad de Control del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y el propio Poder Judicial deberían tomar acciones para evaluar y neutralizar sus decisiones.

De acuerdo con reportes del Ministerio Público, Varillas registra ocho investigaciones penales en curso desde 2019 hasta la fecha, por delitos como prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, uso de documento falso, fraude procesal, omisión de actos funcionales, cohecho activo transnacional (internacional), hurto agravado, lavado de activos (en la modalidad de conversión y transferencia) y cohecho activo.

De esos ocho casos, tres han pasado al Poder Judicial en calidad de imputado y se tramitan ante el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema por delitos de cohecho pasivo impropio (soborno), lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, tráfico de influencias y avocamiento ilegal a proceso en trámite. Son hechos por los cuales diversas fuentes muestran sorpresa de que Varillas Solano continúe en funciones.

El juez comercial también es mencionado en:

• La red Orellana: Vinculada al tráfico de arbitrajes y medidas cautelares, con pagos de hasta 30 mil dólares por resolución.
• Los Cuellos Blancos del Puerto: En un audio el prófugo exjuez César Hinostroza le solicita atender a un abogado amigo a cambio de apoyarlo en su ascenso.
• El caso Oncoserv: Sobre medidas cautelares de retención y pago anticipado que obligaron al Gobierno Regional de Arequipa a pagar más de 8,5 millones de dólares.
• Derechos de TV en la Liga 1: Dictó una medida cautelar a favor de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que suspendió los contratos de transmisión televisiva de varios clubes con el Consorcio Gol Perú.
• Peaje Chillón. Admitió la demanda de la asociación Casa Huerta El Paraíso - Puente Piedra para suspender el cobro de peaje por parte de la empresa Rutas de Lima

La Procuraduría General de la República también lo tiene fichado. Los procuradores han promovido una serie de denuncias penales y procesos administrativos disciplinarios en su contra. La institución lo acusó de emitir en 2019 medidas cautelares de no innovar a favor del contratista Consorcio Salud Tacna para impedir que el Gobierno Regional de Tacna resuelva el contrato y reclame el pago de las cartas fianza de una obra con un retraso del 79,89%, hasta que se resuelva un arbitraje.

Además, cuestionó que impusiera una contracautela de solo un millón de soles para una obra de 279 millones de soles.

«¿Un millón de soles puede garantizar y reparar perjuicios ocasionados por la medida cautelar, ante una obra que tiene una inversión de 279 millones?», preguntó la Procuraduría del Gobierno Regional de Tacna en un escrito del 5 de diciembre de 2020. Los procuradores siguen esperando respuesta.

Mientras tanto, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia guardan silencio y permiten que Varillas Solano siga operando en el séptimo Juzgado Civil-Comercial de la Corte Superior de Lima. Otros jueces, por solo cantar en un evento privado, han sido suspendidos en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, la Procuraduría cuestionó otras medidas cautelares emitidas sin el debido fundamento jurídico por el juez Varillas Solano, lo que evitó el cobro de cartas fianza en los casos del Hospital Huarmaca y Huancabamba (Piura), el Hospital Lorena (Cusco) y el Hospital de Chala (Arequipa) —este último con fondos comprometidos por 600 millones de soles—, a pesar de tratarse de obras paralizadas por más de 10 años.

Intocable

Pese a este amplio historial, a nivel disciplinario el juez Varillas Solano solo ha recibido una suspensión de 6 meses y dos multas del 12 % de su haber: una suma ínfima en comparación con los montos de las demandas en los procesos cuestionados, que superan miles de millones de soles tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

En los procesos judiciales en trámite, el 4 de febrero de 2019, el Segundo Juzgado Superior de Investigación Preparatoria —en una decisión confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema— le impuso, junto al destituido Salazar Laynes, un mandato de comparecencia restringida con el cumplimiento de tres reglas de conducta y el pago de una caución de 15 mil soles. Las reglas impuestas fueron:

1. La obligación de no ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial previa.
2. La obligación de presentarse ante la autoridad cada 30 días.
3. La prohibición de acercarse al empresario Eddy Luis Manfreda Geraldino.

De las multas aplicadas, una fue por no haber atendido "diligentemente el juzgado a su cargo" y otra por una queja presentada por Repsol Exploración Perú tras haber aprobado "insólitos importes por costos procesales" durante un laudo arbitral entre dicha empresa y Helicopter Transport Services del Perú S.A.C.

En tanto, el 7 de marzo de 2024 fue suspendido por seis meses tras tramitar de forma "exprés" y "automática" una medida cautelar a favor del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, la cual suspendió los contratos de transmisión de la Liga 1 (2023) que los clubes Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano tenían firmados con el Consorcio Fútbol Peruano (GolPerú). Al concluir dicha suspensión, retornó al séptimo Juzgado Civil Subespecialidad de Derecho Comercial de Lima.

El arbitraje continúa en curso; sin embargo, con el paso del tiempo, los clubes de fútbol tuvieron que aceptar las condiciones de la FPF, que es el objetivo de fondo que persiguen este tipo de medidas cautelares de no innovar. El Poder Judicial debería evitar que una fianza de 50 mil dólares tenga el poder de frenar un acuerdo comercial de varios millones de dólares. La justicia no debe ser una lotería y con las cartas marcadas.

Listado de casos en el Ministerio Público

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Pero a medida que se iba acercando el día de la juramentación, empezó a sonar el nombre del periodista deportivo y excongresista (2011-2016) Alberto Beingolea. Parecía una broma, pero el rumor tenía bases sólidas. De acuerdo con nuestras fuentes, Beingolea fue propuesto para el cargo por el presidente del Consejo de Ministros y primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta.

Un país como Perú debe tener un Ministerio de Cultura. Hay que precisar este detalle porque el Mincul no estaba contemplado en el plan de gobierno de Fuerza Popular. En ese sentido, hay que saludar que no haya desaparecido. Hay que celebrar, claro que sí, el milagro de que no se cumpla la barbaridad vista en el referido plan de gobierno.

Lo que le espera a Beingolea son varios desafíos. Uno de ellos está relacionado con la función del Mincul en estos últimos tiempos, convertido en un aparato de censura contra toda opinión crítica del gobierno de turno; del mismo modo, estaremos atentos a su posición sobre las leyes aprobadas por el nefasto Congreso 2021-2026, como la nueva ley de cine. Citamos solo dos perlas de un rosario de despropósitos con los que, suponemos, Bákula y Molinari no estuvieron de acuerdo.

¿O Beingolea es lo que en el fondo estaba buscando el fujimorismo? Alguien que sí puede cumplir los propósitos de adecuar un ministerio a lo que Fuerza Popular entiende como cultura. Los hechos son contundentes. Muchos de los atentados contra la cultura que hemos visto en el último quinquenio han tenido el aval de los congresistas de Fuerza Popular, dando muestras de lo que puede nacer de la unión entre el conservadurismo y la falta de perspectiva.

¿Seguirá censurando el Mincul con Beingolea a cargo? Esa es una inquietud válida.

…

Dato:

10 ministros. Del 2021 a 2026: Ciro Gálvez, Gisela Ortiz, Alejandro Salas, Betssy Chávez, Silvana Ro bles, Jair Pérez, Leslie Urteaga, Fabricio Va lencia, Alfredo Luna y Fátima Altabás.

“Al Perú nos conviene participar, y creo que los países que ya forman parte van a estar interesados en que el Perú pueda contribuir con información (…) el Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico y busca compartir información ”, dijo Keiko Fujimori durante su visita al Vraem.

La mandataria señaló, además, que conversó con Marco Rubio, secretario de Estado de los EE. UU. y le transmitió su interés para concretar la iniciativa de su nuevo Gobierno.

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“Él me llamó para felicitar la juramentación y el nuevo inicio de gobierno, y en esta conversación le transmití el interés de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas”, expresó.

El canciller Carlos Espá también confirmó que Perú avanza para incorporarse al Escudo de las Américas.

“La cancillería peruana reforzará su papel articulador para fortalecer la cooperación con los países vecinos y nuestros principales socios, aliados y amigos para combatir la criminalidad. Continuaremos los avances alcanzados con el Compromiso Regional de Santiago y, como ha señalado nuestra presidenta, nuestra incorporación al Escudo de las Américas”, indicó Espá.

"La lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción (…) Profundizaremos nuestras excelentes relaciones con Estados Unidos, un socio, aliado y amigo estratégico", agregó.

El borrador del pedido, presentado como parte de la agenda inicial del nuevo gabinete encabezado por el premier Luis Galarreta, abarca siete grandes materias: seguridad ciudadana y sistema penitenciario, emprendimiento y micro y pequeña empresa, régimen laboral y protección social, simplificación administrativa y calidad regulatoria, desarrollo productivo e innovación, materia tributaria y aduanera, y modernización del Estado.

El alcance del proyecto —que toca desde el Código Penal hasta el régimen tributario de las empresas, pasando por los feriados no laborables y el acceso de las Fuerzas Armadas a los penales— deja entrever las prioridades declaradas del nuevo gobierno fujimorista, así como detalles con afectaciones directas a todos los peruanos que no serán ajenas a la polémica.

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Seguridad ciudadana y sistema penitenciario

El primer bloque de facultades solicitadas apunta a modificar el marco militar, policial y penal. El gobierno fujimorista ha solicitado la potestad de reorganizar la dirección y seguridad de los penales y centros juveniles, y de habilitar un apoyo temporal de las Fuerzas Armadas en los servicios penitenciarios.

A esto se suma la entrada de la inversión privada en temas de infraestructura y gestión carcelaria. De esta manera, el modelo de cárceles público-privadas podría hacerse realidad. El debate sobre este tipo de recintos enfrenta la promesa de una mayor eficiencia y ahorro con el riesgo de que el lucro entre en conflicto con la seguridad, los derechos humanos y la finalidad de la justicia penal. Lo cierto es que estas medidas ya eran comentadas por Fujimori desde su plan de gobierno.

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, mencionó experiencias cercanas en la región donde esto se ha llevado a cabo. Pedraza consideró la propuesta positiva, pero señaló que hay detalles a tener en cuenta.

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"La experiencia más exitosa es la de Chile. Ellos construyeron 16 penales con inversión privada. Han encargado luego la prestación de servicios, mantenimiento, salud y comida. La seguridad ha seguido bajo el control de la autoridad penitenciaria chilena. Diría que es una forma de construir con prisa un penal, al margen de las dificultades que supone la contratación pública. Cuenta con esa ventaja. Ahora, la desventaja es que los costos son más elevados que en el penal ordinario. Necesitan estándares mayores de mantenimiento y los costos son más altos. En el gobierno de Humala se dio un decreto legislativo de promoción de la inversión en cárceles. El marco normativo está. Nunca se materializó en un proceso".

Además, el exministro indicó que la administración interna de los centros carcelarios debe estar bajo el control de las autoridades públicas correspondientes, y que no debe olvidarse el papel del inversor privado, quien, más que un gestor, es quien coloca el capital esperando un retorno.

"En esa experiencia, siempre el Estado mantiene el control de los temas centrales: define las reglas de seguridad, decide el régimen interno, quién ingresa, quién sale. Por supuesto, la administración juega un papel. Hay que ser claros: el privado invierte dinero para ganar dinero. Es un negocio; gana con el interés del capital invertido en la construcción. (…) Al inversor privado poco le interesa la vida en la cárcel; por eso el equilibrio y el control son lo que permite una adecuada inversión en penales", apuntó.

Materia laboral y protección social

Los temas laborales han sido los más criticados de este proyecto. El punto más delicado es la solicitud de perfeccionar el régimen de extinción de contratos por causas objetivas, bajo el argumento de que las normativas actuales obvian lo que el gobierno ha catalogado como la necesaria flexibilidad que deben tener las empresas frente a cambios en la realidad económica o técnica. El texto no detalla qué flexibilizaciones buscarían permitirse en estos casos. Del mismo modo, se busca modificar beneficios laborales como vacaciones, gratificaciones, CTS y utilidades, con el fin de flexibilizarlos mediante acuerdos individuales o colectivos.

La reducción del número de feriados no laborables en nombre de la productividad es otro de los puntos señalados en este proyecto. Anteriormente, Keiko Fujimori había señalado que no tenía intención de modificar el número de feriados. El ministro de Trabajo de la nueva administración, Juan Sheput, también lo ha negado. Planteada así, la medida tocaría derechos laborales adquiridos y dejaría abierta la puerta a la modificación de beneficios históricamente protegidos por la legislación peruana.

Para César Puntriano, magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el plan —idealmente— debería estar enmarcado junto a la creación de un régimen especial y progresivo que permita la inclusión laboral.

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"La idea, más que reducir beneficios laborales de quienes ya los tienen, debe ser dar un régimen especial aplicable a nuevos trabajadores, y no a quienes ya están en planilla y gozan de derechos laborales. El objetivo es generar más trabajo formal, con un régimen que se aplique temporalmente —como ocurre actualmente con el régimen MYPE— y que vaya progresando de manera gradual. Lo laboral no es lo único que se requiere para generar empleo formal".

El abogado laboralista consideró que el Ejecutivo tendrá que probar lo saludable de este paquete normativo, o podría ver sus iniciativas frustradas por ir contra lo establecido en el ordenamiento constitucional.

"La aprobación de un decreto legislativo que recorte derechos laborales no es automáticamente inconstitucional. Tocaría determinar si la legislación buscaba regular esa materia, si la intención es legítima, si existe evidencia que muestre que la medida contribuiría a ese fin y si hay proporcionalidad. De no lograr acreditar esos extremos, hay argumentos para sostener la inconstitucionalidad de la reforma por vulnerar el principio de progresividad de los derechos laborales", señaló.

Simplificación administrativa y calidad regulatoria

En este eje, el pedido busca simplificar, digitalizar o eliminar procedimientos administrativos, así como establecer la renovación automática de autorizaciones, permisos y certificaciones.

También se solicita equiparar el valor legal de los documentos digitales con los físicos, modificar el régimen de tasas y cobros que realizan las entidades públicas por sus servicios, y potenciar las facultades de Indecopi. Según señalan, el objetivo es eliminar las barreras burocráticas que se encuentren.

Es un capítulo de perfil más técnico, orientado a la reducción de trámites, que en principio genera menos resistencia política, pero que puede tener un impacto significativo en la relación cotidiana entre ciudadanos, empresas y el Estado. Para Karla Gaviño, experta en gestión pública y docente de la Universidad del Pacífico, debe realizarse un examen exhaustivo de las capacidades actuales de la administración pública para determinar dónde aplicar este principio.

"Un tema importante es tener en cuenta si el nivel del gobierno electrónico en el Estado es suficiente. Esto, porque a lo largo de la administración pública no necesariamente se cuenta con la información necesaria, y porque podría haber un eventual riesgo si no se cuenta con los programas y controles adecuados para verificar la autenticidad de estos documentos. No toda la administración pública está en el mismo nivel de avance en lo que respecta a gobierno electrónico", apuntó.

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Modernización del Estado

El último capítulo solicita la facultad de crear, fusionar o disolver organismos públicos y otras entidades del Poder Ejecutivo. La eliminación y fusión de ministerios no se aborda directamente, pero la idea no deja de percibirse dado este punto. Recientemente, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, descartó esta posibilidad.

También se pide reforzar los requisitos de idoneidad para el acceso a la función pública, promover la meritocracia en los ascensos, y establecer incentivos económicos para el retiro voluntario de servidores públicos.

Uno de los puntos más polémicos de este bloque es el de proteger a los funcionarios que intervienen en grandes proyectos de inversión "para evitar que se utilicen mecanismos de control que inhiban su función". La solicitud puede leerse como un intento de blindar a los funcionarios públicos frente a la Contraloría y otros órganos de control.

Gaviño considera que esta posibilidad no es negativa en sí misma. La profesora de la UP indica que, en múltiples ocasiones, la Contraloría puede llegar a exceder su rol fiscalizador y, en consecuencia, entorpecer ciertas gestiones.

"En múltiples ocasiones, algunos órganos de control —excediendo lo que corresponde a la verificación del uso de recursos públicos— empiezan a cuestionar a ingenieros, economistas, arquitectos y equipos técnicos por tal o cual decisión técnica. El análisis técnico le corresponde a un equipo técnico: una cosa es ver si se está utilizando bien el dinero en el proyecto, y otra muy distinta es cuestionar la decisión técnica adoptada. Cuando la Contraloría excede su función, se pueden generar parálisis de gestión. Son aspectos que exceden el control del uso del recurso público, de forma contraria al ordenamiento jurídico. Es urgente y merece un trabajo en conjunto no solo de la Contraloría, sino también con todo órgano de control".

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Los puntos económicos: impuestos, desregulaciones y apoyo empresarial

En el frente económico, el pedido busca promover la productividad, la digitalización y la innovación de las micro y pequeñas empresas (MYPE), las cooperativas y los emprendimientos. De acuerdo con el proyecto filtrado, se plantean modificaciones tributarias orientadas a fomentar la formalización.

En ese mismo apartado se propone establecer un impuesto a la renta empresarial único con tasas marginales y progresivas. Es decir, un esquema en el que todas las empresas pagan una misma tasa base sobre sus ganancias, pero esta aumenta conforme obtienen mayores utilidades.

Otro de los puntos del proyecto plantea la creación de un Fondo para el Desarrollo de la Pesca Artesanal que, según el documento, sería financiado sin recursos públicos.

Asimismo, se proponen modificaciones al marco normativo minero para simplificar los requisitos que permitan impulsar la inversión, aunque no se detallan cuáles serían las barreras que podrían eliminarse. En otro apartado, se plantea modificar la normativa ambiental y la relacionada con las áreas naturales protegidas "para promover actividades productivas" y evaluar las restricciones vigentes. Esta propuesta ya ha generado observaciones de organizaciones ambientales, como la Red Muqui, que promueve la defensa de las comunidades frente a actividades extractivas. La organización ha advertido que estos cambios podrían facilitar prácticas extractivas que afecten la autonomía de determinadas poblaciones y territorios.

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Además, el gobierno fujimorista plantea derogar la Ley 31143, que establece topes a las tasas de interés. Actualmente, en el Perú el límite fijado es de 114,13% anual para los créditos en moneda nacional y de 99,84% anual para los otorgados en moneda extranjera.

La administración fujimorista también solicita exoneraciones y deducciones tributarias especiales para sectores considerados estratégicos. Entre ellas figura la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta para permitir la deducción de gastos en capacitación y otorgar créditos fiscales por la contratación de jóvenes, una propuesta que, según el propio documento, aparece formulada en dos oportunidades.

Del mismo modo, el proyecto plantea modificar el marco normativo aduanero para reducir los costos y tiempos de exportación, lo que también podría traducirse en una simplificación de los trámites para la importación de productos al país.

En cuanto al discurso, no solo no se menciona la palabra mujer ni por error, sino que en un país donde el feminicidio y la violencia sexual son patrones generalizados, el silencio sobre cómo enfrentar estos temas fue abrumador. Las niñas también se invisibilizan cuando no se menciona la gravedad del patrón de violencia sexual sistemática en Condorcanqui, por ejemplo.

En cuanto al gabinete, de un total de 19 ministerios solo se ha nombrado a dos mujeres y de ellas, una fue al Ministerio de la Mujer, cargo que ningún hombre quiere.

A ello se suma que varios de los nuevos ministros no solo no son aliados de las mujeres sino todo lo contrario: desde quien dijo que no hubo esterilizaciones contra la voluntad de las mujeres sino “sin su voluntad” hasta quienes pretenden el retiro del Sistema Interamericano, que ha fallado a favor de Celia Ramos, esterilizada forzosamente y que pronto dará la sentencia del caso Georgina Gamboa, víctima de violación múltiple en Ayacucho.

Adicionalmente, me llama la atención que las mujeres políticas de Fuerza Popular se ubiquen en el Congreso, al que llegan por decisión de la población, pero que en el Gabinete cuya conformación depende de su lideresa, no se les incluya. No es, por tanto, solo un mensaje negativo para las profesionales peruanas sino una señal directa para las mujeres de su partido: acá no tienen lugar.

Por ello, cuando algunos lanzan con oportunismo términos como “sororidad” —es decir, el apoyo entre mujeres para defender sus derechos— usándolos como justificación de su respaldo a la nueva gobernante, cabe recordarles que una mujer puede tener prácticas tan machistas como un hombre y eso no merece sororidad, sino un profundo rechazo.

El bienestar de los hogares no depende solo del crecimiento económico ni del supuesto chorreo, que en la última década ha sido más bien un goteo. También depende del acceso efectivo a servicios públicos de calidad —agua, saneamiento, electricidad, salud, educación y seguridad— que el Estado debe garantizar sin importar el lugar donde nació o vive cada peruano. Nacer en una comunidad rural o en una ciudad del interior no debería significar menos oportunidades para una vida mejor.

En las últimas dos décadas hubo avances importantes en cobertura de agua, desagüe, electricidad, educación y aseguramiento en salud. Sin embargo, el malestar ciudadano persiste porque, en muchos casos, esos accesos son incompletos o de mala calidad y todavía no llegan a todos.

Agua: cobertura no significa servicio

El agua es el recurso más esencial. Pero no basta estar conectado a la red pública; la calidad del servicio importa. De poco o nada sirve que la vivienda esté conectada a la red pública de agua si no se dispone de ese servicio todos los días y cuando hay, solo llega algunas horas al día y para colmo el agua no es apta al consumo pues contiene bacterias nocivas para la salud al no haber sido tratada (con cloro).

Según el censo 2025, una de cada cinco viviendas no está conectada a la red pública. La situación es crítica en el área rural, donde el 42,1% carece de conexión, y también en las ciudades fuera de Lima, donde la cifra alcanza el 17,8%. Uno de cada diez no dispone de agua todos los días y uno de cada cinco no la tiene las 24 horas.

Según la ENAHO 2025, seis de cada diez hogares (61,9%) consumen agua no segura porque no recibió un tratamiento adecuado. No beber agua segura es exponerse a enfermedades gastrointestinales que afectan más a los más vulnerables (niños, adultos mayores). En las zonas rurales la situación es dramática: casi toda la población rural (96,5%) bebe agua no segura mientras que ese es el caso de un poco más de la mitad (54,2%) de los urbanos. Comparada la situación de 2025 con la del año 2017, se constata que la situación solo mejoró en la capital (de un tercio de la población sin agua segura se bajó a un cuarto) y empeoró en el resto de ciudades (de 69,9% a 73,9%) y se mantuvo en un nivel muy elevado en el área rural (más del 95%).

La basura también refleja desigualdad

El Censo 2025 muestra que en el 36,3% de los hogares la municipalidad no recoge los residuos sólidos. Las familias terminan quemándolos, enterrándolos o arrojándolos al ambiente, con consecuencias negativas para la salud pública y el medio ambiente que se propagan a la comunidad entera, más allá de los hogares residentes en la zona.

La raíz del problema es institucional. El recojo de basura depende de los recursos de cada municipalidad. Los distritos más pobres disponen de menores ingresos y, por tanto, ofrecen peores servicios. El problema es más agudo en el área rural: en dos tercios de los casos la basura se quema, se entierra o se arroja al campo e incluso sirve para la alimentación animal en un 13,7% de casos. Mantener este servicio exclusivamente bajo responsabilidad de cada municipio reproduce desigualdades territoriales que terminan afectando a toda la población.

Seguridad: combatir un delito que no aparece en las estadísticas

Los estados de emergencia y la participación de las fuerzas armadas a cargo del orden público son estrategias ya probadas con reiterado y previsible fracaso. Se requiere entender las dinámicas territoriales de una delincuencia que responde a los operativos policiales. Concentrar recursos en una zona desprotege otras hacia donde los delincuentes desplazan.

Además, la planificación se basa en denuncias que reflejan solo una pequeña parte del problema. La Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) estima que alrededor del 85% de los delitos no se denuncian. Es decir, las autoridades diseñan sus estrategias sobre un mapa incompleto del crimen. Actualizar las encuestas de victimización e incorporar herramientas de análisis espacial permitiría orientar mejor los esfuerzos de prevención.

Programas sociales en piloto automático

El mensaje presidencial presentó cifras que reflejan un crecimiento con profundas brechas sociales, pero las propuestas no parecen responder a esa complejidad. En materia de programas sociales predomina la continuidad, cuando la pobreza ha cambiado de rostro: hoy es mayoritariamente urbana y existe además un amplio grupo de hogares vulnerables que puede volver rápidamente a la pobreza frente a cualquier choque económico o sanitario.

Ello exige rediseñar los programas sociales, incorporar nuevos instrumentos de focalización y fortalecer las capacidades del Estado, promover la meritocracia mediante equipos técnicos estables, desarrollar nuevos instrumentos de monitoreo y una gestión basada en evidencia.

El incremento de Pensión 65 era necesario, pero ampliar su cobertura resulta aún más urgente. Limitar el debate a las transferencias monetarias significa postergar la indispensable reforma previsional en un país que envejece y mantiene elevados niveles de informalidad. Un ingreso mínimo para la población adulta mayor más vulnerable merece ser considerado, pero requiere un registro social actualizado y una capacidad efectiva para identificar y atender oportunamente a sus beneficiarios.

Cerrar las brechas en los servicios básicos exige mejorar la ejecución de la inversión pública, destrabar obras paralizadas, fortalecer las contrataciones del Estado y reducir los espacios para la corrupción. Otros desafíos —como reducir la anemia, mejorar los aprendizajes, promover el empleo juvenil o disminuir la informalidad— son objetivos más complejos que requieren un enfoque verdaderamente multisectorial y adaptado a cada etapa de la vida, porque responden a múltiples causas que interactúan entre sí. Por ejemplo, en la infancia, problemas como la anemia, la desnutrición y el bajo rendimiento escolar son el resultado de múltiples factores interrelacionados —agua insegura, alimentación, salud, vivienda y calidad educativa—, por lo que solo pueden enfrentarse mediante una acción coordinada entre distintos sectores del Estado.

Todas estas políticas demandan recursos. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿de dónde saldrán si el Perú tiene una de las presiones tributarias más bajas entre los países de ingreso similar? La sostenibilidad fiscal no será compatible con el cierre de brechas si no se amplía el espacio fiscal. Las alternativas son conocidas: mayor formalización, reducción de la evasión, eliminación de exoneraciones injustificadas, revisión de la tributación sobre rentas extraordinarias y, cuando corresponda, un uso prudente del endeudamiento.

Cerrar brechas no es un gasto. Es saldar una deuda social y realizar la inversión más rentable para el desarrollo futuro del país.

El pedido de facultades es otra historia. Es un big banglegislativo que pasa por el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Civil, la Ley General de Sociedades, el Código Tributario, la Ley de Impuestos a la Renta, todas las leyes laborales, todas las leyes de recursos naturales, además de todas las leyes de organización del Ejecutivo. Todo esto con una orientación desreguladora en todos los ámbitos. Desde lo ambiental hasta lo aduanero, pasando por la tributación, la minería, la pesca, los hidrocarburos y toda actividad económica. El centro está en la largamente estudiada reforma laboral. Bajar los costos de la formalización laboral es audaz, deseable y, políticamente, siendo realistas, inviable. Desaparecer la estabilidad laboral no lo logró ni su padre, con niveles de popularidad altísimos y gobernando por decretos ley. La propuesta elaborada por Elmer Cuba puede ser técnicamente brillante, pero absolutamente impopular. Para hacerla popular tendrían que hacer una profunda docencia económica y política. Y si algo hemos aprendido del fujimorismo es que lo suyo es imponer, no convencer. Vender al país una idea cuesta mucho más que comprar votos en el Congreso.

Las elecciones para la Mesa Directiva del Senado son un pésimo comienzo para el gobierno de Keiko Fujimori. Si algo sepultó al gobierno de su padre fue ver en video cómo Montesinos le pagaba a Kouri unos miserables 15,000 dólares por cambiar de bancada. Alberto Fujimori cayó por un topo y, vaya paradoja, Keiko Fujimori llega con otro topo. ¿Qué pasaría si todo el país ve las pruebas de la compra del voto viciado de la oposición que llevó a Torres (30 a 29) a lograr la ansiada presidencia? Pruebas de lo tramposos que son: impedir la prensa en el Senado y en Diputados para que no se vea el sentido del voto en los casos de los congresistas que acordaron mostrarlo; y la diputada Chacón, mintiendo y amedrentando más de 60 veces a los diputados, amenazando con inexistentes acusaciones constitucionales. ¿Dónde está el arrepentimiento fujimorista por los errores políticos? Si comienzan en el mismo lugar donde el padre los dejó, todo mal.

Pero tal vez, donde Fujimori ha fallado con mayor profundidad es en atender las necesidades de un país que no votó por ella, que desconfía de ella y que, incluso, le teme. En todas las oportunidades de acercarse, el silencio ha sido la norma. Ni una palabra sobre las víctimas de violencia por parte de agentes del Estado. Una herida profunda y no olvidada. El único que tuvo un gesto simbólico, pidiendo por la defensa de la vida, fue monseñor Carlos Castillo. La lectura de los nombres de las víctimas durante la plegaria eucarística en la misa de Fiestas Patrias fue el único momento de empatía con el sufrimiento ajeno. De su homilía me quedo con una frase que no nos va a abandonar los próximos cinco años: la catástrofe no consiste en mantener un país dividido, sino maltratado.

En este contexto, ¿debe la Cámara de Diputados aprobar la delegación de facultades? Si la aprueban con límites, da igual. Cualquier cosa que limite al Ejecutivo será deshecha y rehecha en el Senado. La aduana de diputados es de un solo sentido. Los proyectos no regresan. La oposición solo tiene control en Diputados con 74 votos. Si sale de ahí, perdieron. Y después de las elecciones de la Mesa Directiva del Senado, queda claro que dos veces no los van a agarrar de ingenuos. Tal como se ha diseñado la actual Constitución, es casi imposible que Diputados faculte nada. Si lo hace, su poder se reduce a cero. Esto, por supuesto, prueba el pésimo diseño que los fujimoristas hicieron de la bicameralidad.

Han salido unos doctores Truquini (algunos no son ni abogados) a decir que Fujimori puede disolver la Cámara de Diputados con dos denegatorias de confianza. Eso es, en la práctica, imposible. El fujimorismo, para impedir las cuestiones de confianza de Castillo, modificó la Constitución por ley (como lo leen), estableciendo en el Reglamento del Congreso (y ahora en el de Diputados) que las cuestiones de confianza solo proceden cuando las acepta la Mesa Directiva, actualmente en manos de la oposición. Tremenda aberración fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y este bendijo la barrabasada. Así que nadie sabe para quién trabaja. Nunca le van a aceptar una cuestión de confianza, así mande cien seguidas. Y el Senado, aquí, no juega. Algo adicional: ¿en qué cabeza cabe que Fujimori va a convocar a elecciones para una Cámara de Diputados donde tendría menos escaños?

La semana termina con un acto de justicia, largamente esperado. Ollanta Humala y sus coprocesados (básicamente, su familia política) han sido absueltos. Desde 2014, cuando todavía estaba en la presidencia, he sostenido siempre la misma tesis que el Tribunal Constitucional finalmente acogió hace meses para Keiko Fujimori y que ahora extiende a Humala. Una conducta puede ser ilegal e inmoral, pero eso no la convierte en delito. Recibir donaciones de campaña no es lavado de activos, menos aún en el caso de Humala, que alegó siempre jamás haber recibido dinero manchado por el delito.

La justicia penal debe sacar grandes lecciones de estos casos, pero me quedo con las que debe sacar la prensa. Les puedo asegurar que es profundamente impopular decir la verdad y explicarla con argumentos una y otra vez. Pero si nuestro deber es orientar a la audiencia de acuerdo con los principios más elementales de la justicia, hay que hacerlo sin miedo y sin dudas. Sumarse a un linchamiento mediático es más rendidor en audiencia inmediata, pero a la larga destruye la credibilidad del medio y la del periodista. Grandes injusticias se han cometido en nombre de la lucha anticorrupción y los medios son tan culpables como los jueces y fiscales que lo permitieron.

Tu nuevo libro, Negro, es la narración de varios episodios de discriminación que has sufrido en la vida. Y la primera pregunta que quería hacerte es si tú también has discriminado.

Es una muy buena pregunta. Es una pregunta que de alguna manera puede explicar el libro, porque lo que creo es que existe en este país un sistema organizado de tal manera que nadie esté libre de mirar al otro con una mirada despectiva. Y de hecho, en varios de los relatos, yo revelo que soy parte de ese sistema, de esa organización social. Pero, además, hay una especie de mirada desde abajo que hace que muchos no se perciban discriminados. Y, frente a esa no percepción, lo que hacen es mirar hacia abajo a otras personas como ellos, que es esto que Paulo Freire llamaba el opresor oprimido. Y entonces, la respuesta a la pregunta es sí, claro que sí.

A mí el episodio de Marisol Espinosa que cuentas en el libro me llamó muchísimo la atención. Porque allí te sale la carta de ningunear por procedencia y por formación. En ese momento de indignación por lo que te había pasado, porque te estaban echando de la Bancada Nacionalista, casi llegas a decir que siempre será mejor un abogado limeño que una comunicadora piurana.

Absolutamente. Y, de hecho, el libro lo he sometido a la crítica previa de mucha gente, a la lectura de muchos amigos, de gente que me rodea, algunos con mucha más experiencia en el quehacer literario. Y varios me dijeron: Mira, este episodio deberías ver si lo dejas o lo retiras.

Te sugirieron que lo saques.

Sí, yo opté por dejarlo y por dejar otras escenas en las que yo dejo evidencia de que soy parte del sistema, que soy parte de esa organización, que soy parte de esa educación sentimental. Y por eso el libro puede ser leído por todos para encontrarse en él como un espejo.

Ahora, el episodio de tu colaboración con el nacionalismo es interesante, porque también recibiste el encargo de redactar el informe sobre lo que ocurrió en El Baguazo, que es una tragedia por donde se mire: 23 policías y 10 indígenas muertos. Y lo que tú dices es que el desenlace pudo ser otro si estos peruanos hubieran tenido manera de comunicarse, de entenderse.   

Sí. Una de las formas probablemente más brutales y más perniciosas de discriminar, de mirar en menos a ciertos peruanos, es impedirles la agencia y la capacidad de comunicar sus demandas, sus pareceres, sus ideas sobre la patria. Desde el ejercicio del poder, son unos cuantos quienes lo detentan y pueden desde allí nombrar lo que es bello, lo que es aceptable, lo que puede ser bien recibido en ámbitos de políticas públicas. Los demás, digamos, se deben remitir al ejercicio pasivo de seguir esas reglas.

Y los demás suena a veces a los que están lejos de Lima.

Sí, en gran medida los que están lejos de Lima, pero también en Lima, que es una ciudad mestiza, donde operan formas de ejercer el poder desde un discurso supremacista que a veces duele muchísimo.

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Cuando yo revisaba lo que mencionabas del Baguazo, también pensaba en otros episodios similares. En las víctimas inocentes del fuego cruzado que hubo durante la lucha contra Sendero, o, recientemente, en las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte. El hecho de que ellos no encuentren justicia, de que haya impunidad en sus casos, ¿es de alguna manera una forma de discriminación?

Absolutamente. Eso tiene que ver con la mirada del valor de una víctima. Alguna vez, cuando estudiaba un posgrado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización en Chile, hubo alguien que hizo el paralelo entre los muertos de la dictadura chilena y los muertos del conflicto armado interno peruano. Y él me decía: “En Chile pensábamos que los muertos eran 20.000 y resultaron siendo 5.000”. Bueno, en Perú pensábamos que los muertos eran 20.000 y resultaron siendo 70.000. Entonces hay una desproporción en el valor que le otorgamos a cada uno de nuestros muertos. Y eso tiene una explicación. En Chile, los muertos, los desaparecidos, eran básicamente gente de clase media, instruidos, con padres profesionales que habían optado por una mirada política. Y en nuestro caso, la mayoría de los muertos en ese fuego cruzado entre el Ejército y los grupos subversivos eran campesinos, muchos de ellos sin DNI.

Quechuahablantes y pobres.

Sí, vulnerables en todos los sentidos de la palabra. Entonces, siempre es un ejercicio de discriminación el hacer esa distinción entre víctimas.

¿Te ha llamado la atención que la señora Fujimori no haya mencionado el tema de las víctimas de las protestas del 2022-2023 en su mensaje a la Nación?

No, ninguna sorpresa, porque en verdad yo diría que las víctimas del gobierno de Dina Boluarte y de Jerí son producto del ejercicio de poder de un fujimorismo que se ha permitido la colaboración de otros grupos políticos muy afines. Y, por tanto, si ella se refiriera a esto, tendría que hacer una autocrítica y creo que está lejos de hacerla en cualquier sentido.

Claro, aunque también usa la carta de la reconciliación, lo que es contradictorio. Si no mencionas a las víctimas, ¿cómo te reconcilias con ese sur que no ha votado por ti?

Yo creo que ese discurso de reconciliación es falso, solamente puede haber una reconciliación en este país en tanto se mire esto que yo trato de hacer evidente en el libro, un trato distinto entre peruanos. Mientras no se miren estas cosas, que suceden todo el tiempo, creo que está muy lejos la posibilidad de cualquier tipo de reconciliación.

Vuelvo al episodio del gobierno de Humala porque hay otro evento interesante, que es cuando hay una presión muy fuerte para sacarte del Ministerio de Justicia, por un comentario ácido que hiciste contra Juan Luis Cipriani, pero que la élite católica y la derecha entiende como una crítica a ellos mismos. ¿Qué fue eso? ¿Fue una represalia política o un acto de discriminación?

No, yo creo que eso fue básicamente solidaridad de clase. Para ellos, yo no puedo tener un comentario ácido respecto de Cipriani. Pero si el comentario lo hacía cualquiera de ellos, por cualquier tipo de diferencia con Cipriani, no pasaba nada. Y creo que eso es muy sintomático de lo que está pasando a nivel político.Incluso en esos círculos de poder, que adquieren más poder todavía por la pigmentación de la piel, no se perdona a algunos que salen de allí para tener un discurso de ruptura, un discurso disidente. A Sigrid Bazán, por ejemplo, le reclaman mucho más que a cualquiera de las figuras del progresismo o de la izquierda limeña. Ven en ella una traición a su clase, una traición a la tradición.

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¿Hubieras vivido menos actos de discriminación si no tuvieras una preocupación social, si no tuvieras cercanía con el progresismo o con la izquierda?

No lo sé. Pero fíjate que he pensado en esto que me dices, es bien interesante.Si yo no fuera el respondón que soy, si no tuviera la capacidad de ironizar que tengo a veces, si no tuviera una militancia política, aunque no partidaria, probablemente sería presa del escarnio mucho más soterrado, escondido, pero igualmente pernicioso, nocivo.

Ahora que lo pienso, es cierto que te han discriminado, pero tú nunca te has quedado callado, al menos en la edad adulta.

Sí, por eso es que hay una intencionalidad en hacer el libro como una secuencia cronológica, un crecimiento desde la edad más infantil, pasando por la juventud hasta la actualidad, y creo que si ha habido un cambio en ese tiempo. Por lo menos ahora puedo nombrar lo que pasaba, puedo decirlo. Antes no tenía ni siquiera idea, no tenía con qué confrontarme, con qué compararme, con qué comparar mi situación, y no tenía las herramientas que tengo ahora. Y, por otro lado, con absoluta honestidad, tengo que decir que yo he sido desde muy pequeño un privilegiado. O sea, yo estudié en un colegio privado, yo estudié en la Católica, no soy alguien que haya sido vulnerable desde la cuna. Mis padres son dos profesionales que me dieron la oportunidad de estudiar una carrera en una de las mejores universidades del país. Entonces, hay una mirada que tiene que ver con descubrir que se puede utilizar esa formación para combatir este tipo de situaciones.

Hay un episodio que me llama mucho la atención, que es el de Honduras. En ese país fuiste parte de un equipo enviado por la OEA para atender temas de corrupción. Y allí descubres que miembros de tu equipo han lanzado expresiones racistas contra ti y contra otros de tus compañeros. Llámame ingenuo, pero yo pensé que esas cosas no ocurrían entre los abogados que están dedicados a causas altruistas.

Yo también lo pensaba. Y, es más, pensaba que el espacio de ejercicio de la labor profesional de quienes forman parte de la OEA, por ejemplo, estaba desprovisto absolutamente de ese tipo de cosas. Y sin embargo llego a Honduras y no solamente pasa eso, sino que el secretario general de la OEA había enviado cercanos a su círculo más íntimo a ejercer puestos para los cuales no estaban preparados.

Hablas de (Luis) Almagro.

Sí. Como te decía, llegan personas que no estaban capacitadas ni profesionalmente ni éticamente. Son personas que están en Honduras, un país pobre, un país vulnerable dentro del contexto regional, y son las primeras que se refieren a los ciudadanos y las ciudadanas que ellos tienen que defender como personas de menor valía.

Los llamaban negros.

Es brutal, efectivamente los llamaban negros.  

¿Y hay mucha discriminación entre los profesionales del derecho?

Yo creo que es un espacio más de la sociedad. No creo que haya más que en otros espacios, aunque lo que sí puedo percibir es que hay una élite que es difícil de integrar. A mí no me interesa, pero hay una élite que tiene que ver ya no solamente con el color, sino con el mayor nivel socioeconómico, y en muchos casos también con el patrocinio de causas bastante cuestionables. Y desde allí se mira hacia abajo. Y en la base de esa pirámide están los espacios de defensa de personas más vulnerables.

¿Me estás diciendo que a los que defienden derechos humanos se les ve como menos importantes?

Sí, en muchos casos sí. Quienes han escogido defender derechos humanos casi con exclusividad, fuera del ejercicio en defensa de lo corporativo, sí son mirados en menos, por supuesto que sí.

Claro, pero ahí debe haber una visión política también. Para la élite son los rojos.

Ahí se mezclan un poco esas cosas,

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Ya que estábamos hablando de temas de corrupción, ¿qué sientes cuando la señora Fujimori dice que será implacable contra la corrupción?

Siento que Fujimori sabe perfectamente que uno de los lastres que el ciudadano peruano percibe como más problemáticos en el país es la corrupción. Entonces entiende que hay que hablar de la corrupción. El asunto es, ¿cómo puede hablar de la corrupción con 15 de sus ministros procesados o investigados por corrupción? ¿Cómo puede hablar de la corrupción respaldando el gobierno del padre, que fue probablemente el más corrupto de todos los gobiernos de la historia republicana del país? ¿Y cómo puede hablar de corrupción habiendo respaldado el ejercicio del poder desde un Parlamento que era básicamente una confluencia de organizaciones criminales, todas ellas valiéndose de la corrupción para obtener réditos? A la señora Fujimori le podría dar el beneficio de la duda siempre y cuando demuestre que puede desconocer todo eso que ha dicho y que ha hecho en el último tiempo, pero eso es absolutamente una utopía.

Has postulado alguna vez por Juntos por el Perú, eres un hombre de izquierda. ¿Hay discriminación en la izquierda?

Sí, es lo que te decía al comienzo, yo creo que nadie escapa de una organización configurada de tal manera que arriba te miran con desconfianza y abajo miras al costado también con desconfianza para poder salvarte. Yo hablo en el libro de un salvoconducto que a mí me permite evadir, quedarme en esa especie de gravedad que te empuja hacia abajo y que es invisible, que es mi formación, mi paso por la universidad, ocasionalmente el ejercicio de la función pública. Pero hay otras formas de salvoconducto que son mucho más perniciosas. Yo digo varias de las cosas que me pasan a mí sin advertirlo, pero creo que hay esa mirada al costado para salvarse, para distinguirse, para decir: Sí probablemente yo tengo el mismo color que tú, pero yo no me veo tan sucio. Yo tengo tu color sí, pero yo soy ordenado, yo no hablo con palabrotas. Yo tengo una tesis sobre eso. De hecho, el libro se iba a llamar “Negro de mierda” y terminó siendo Negro, porque en la evaluación con la editorial se pensó en cómo defender el título para que esté en las librerías, mostrado al público, o cómo hacer para que se lea en los colegios. En esta sociedad limeña, pacata, conservadora, absurda, las palabras también son una manera de distinción.

A favor del título que no fue, habría que decir que era en realidad un gran llamado de atención, porque esa es la expresión real que se usa: negro de mierda o cholo de mierda.

Sí, yo creo que es más negro de mierda. Ahí está incluido el cholo de mierda, el marrón de mierda. Tú sales a Argentina, a Chile, y ahí no te van a decir marrón o cholo, te van a decir negro o cabeza negra, de frente.

Quería volver a la pregunta de la izquierda, porque hace algún tiempo hablaba con Verónika Mendoza sobre la discriminación dentro de las fuerzas progresistas. Y ella me decía que no podía usar la palabra discriminación, pero sí reconocía que cuando ella entró al nacionalismo, donde hubo una fusión de la izquierda tradicional con fuerzas regionales, ella sintió una distancia entre limeños y provincianos, y que lo que veía desde sus pares limeños era la exhibición de una especie de superioridad intelectual, que se la enrostraban a los que venían de otras procedencias.

Sí, es muy evidente en la izquierda y en otros espacios, pero es en la izquierda donde no debería pasar, donde hace un rato hablabas de los espacios de derechos humanos. Uno pensaría que en la izquierda estas cosas no ocurren, y sin embargo pasan, probablemente ocurren muchísimo menos que en otros espacios, pero están allí. Y a veces se esconden en lo regional, pero también hay un componente no solamente de clase o de formación, sino del color de la piel.

¿Tu hija Gabriela ya leyó todo el libro?

Sí, claro. Ella es de las primeras en leer el libro y en enterarse de que iba un texto suyo.

El post de Facebook de Gabriela, que incluyes en el libro, es valioso y conmovedor, porque entiende a los 16 años la discriminación por la que has pasado y por la que ella empieza a pasar. Ella escribe: “Llevo mis raíces tatuadas en la cara y eso me llena de orgullo”.

Lo lees y se me vuelve a remover todo. Creo que mi hija entendió muchísimo antes que yo esto que me ha costado 15 años de psicoanálisis y la escritura de estas 15 historias, que me han dolido, porque el proceso de escribirlas y de soltarlas no ha sido fácil. Hoy Gabriela tiene 21 y le ha añadido a esa perspicacia de entonces una formación de abogada, porque ahora estudia derecho en Chile. Y yo creo que las nuevas generaciones miran esto con una perspectiva más interesante, desprovista de la mirada que hace que esto se siga repitiendo.

En tu infancia, en tu familia hubo mensajes contradictorios, que no ayudaban a formar una identidad, ¿le reprochas algo a tu familia?

No, yo creo aquí debemos tener en cuenta la idea de la corrección amorosa. Está el caso de la madre de mi madre, que es esta abuela que me mira y desde su alzhéimer se sorprende de que yo sea su nieto siendo negro. O mi madre que trata de corregirme el pelo, no porque entienda que está mal, sino porque trata de protegerme. Son situaciones que tienen que ver con los tiempos y en el caso de mi abuela con una configuración social específica.

¿Y tú como padre cometiste alguno de esos errores tratando de proteger a tu familia?

Es probable. Y es probable que esta pregunta que me haces sea materia de otras sesiones de psicoanálisis (sonríe).

De esta manera, la resolución ordenó el archivo definitivo del proceso por lavado de activos vinculado a los aportes de campaña de 2006 y 2011.

"Vivimos en un Estado de derecho. Y cuando se vive en un Estado de derecho, se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no nos guste", señaló vía Exitosa.

La presidenta recordó su paso por la cárcel a finales de octubre del 2018 por lavado de activos y organización criminal dentro de su partido Fuerza Popular.

"A mí, en lo personal, en el pasado, hace cerca de 8 años atrás, me tocó una resolución que fue dolorosísima. Me privaron de mi libertad. Y luego, a través de mi defensa legal, pudimos ganar cada una de estas resoluciones en las que yo no estaba de acuerdo. Entonces, en esta resolución, yo puedo discrepar, pero me corresponde respetarla", dijo la presidenta.

Asimismo, Fujimori cuestionó el desempeño del Ministerio Público tras conocerse la medida del TC, la cual también impacta en la situación de los coacusados del caso.

"Hay que analizar los temas de fondo, pero parecería, en todo caso, que el Ministerio Público no ha hecho un buen trabajo. Y por eso el Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión", indicó.

TC anula proceso penal

El Tribunal Constitucional anuló por completo el proceso penal y la condena de 15 años de cárcel contra Ollanta Humala por los aportes a sus campañas de 2006 y 2011.

La decisión se basó en que la justicia investigó y condenó al exmandatario por recibir dinero ilícito usando una ley de lavado de activos que aún no existía en la época de las elecciones.

Según el tribunal, la modalidad legal para castigar ese tipo de actos recién se creó en noviembre de 2016, por lo que aplicarla a hechos pasados fue incorrecto y vulneró las normas constitucionales.

La decisión no fue unánime. Los magistrados Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez señalaron que el recurso a favor de Humala debía ser declarado improcedente.

Para Monteagudo, la defensa del exmandatario ya había presentado un recurso de apelación ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que todavía estaba en trámite, por lo que esa era la vía correcta para discutir sus reclamos.

“Considero que el medio impugnatorio interpuesto ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional es un recurso que puede revertir una resolución que, según el demandante, le resulta adversa”.

Asimismo, señaló que el Tribunal Constitucional no debe intervenir en las decisiones que le corresponden a los jueces o fiscales durante los juicios.

“Estimo que no corresponde que la justicia constitucional reevalúe este criterio de la autoridad jurisdiccional, ya que no solo se relaciona con la forma en que esta entidad evalúa el trámite del proceso penal, sino que, además, sustituye su apreciación”.

Por su parte, Pacheco señaló que las resoluciones sobre excepciones de improcedencia de acción no afectan de forma directa la libertad personal.

"La resolución que resuelve la excepción de improcedencia de acción, en sí misma, no constituye el pronunciamiento judicial que coarte el derecho a la libertad personal del procesado". Asimismo, añadió que la reclusión de Humala se debe a una sentencia condenatoria posterior y no a dicho trámite.

Advierte además que la decisión de la mayoría "estaría desnaturalizando al proceso de habeas corpus, contradiciendo la jurisprudencia acumulada a lo largo de los años", lo que generaría que otros investigados acudan al tribunal de forma adelantada para cuestionar el proceso en lugar de usar los mecanismos ordinarios.

“Yo saludo que hoy esté finalmente en libertad”, dijo la mandataria. Además, sostuvo que el proceso de Humala y el suyo tuvieron un origen muy parecido por temas de campaña política. Por ello, señaló que si la justicia archivó su investigación, resultaba “lógico” que ocurriera lo mismo con Humala.

El caso al que hace referencia Fujimori es el denominado caso 'Cócteles'. La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso el archivo definitivo de dicha investigación por presunto lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular tras darse a conocer un financiamiento irregular de sus campañas presidenciales en 2011 y 2016.

Los jueces César Sahuanay, Javier Sologuren y Omar Córdova tomaron esta decisión en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, por lo que rechazaron un pedido de la Fiscalía que buscaba reabrir el expediente.

En esa línea, los magistrados concluyeron que el Ministerio Público no podía prolongar una imputación sin sustento jurídico tras el fallo del TC.

Ollanta Humala queda en libertad tras fallo del TC

Por su parte, Ollanta Humala abandonó Barbadillo tras haber estado en prisión durante un año y tres meses. La salida del exmandatario ocurrió después de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenara su liberación en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. La resolución, firmada el pasado 31 de julio por el juez César Riveros Ramos, dispuso el trámite ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El origen de la detención de Humala se remonta a abril de 2025, cuando el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 15 años de prisión al expresidente y a su esposa Nadine Heredia.

La jueza Nayko Coronado Salazar determinó la culpabilidad de la pareja por aportes irregulares para la campaña de 2006 y 2011.

Ante la condena, la defensa de Humala presentó una demanda de hábeas corpus para anular todo el proceso penal. El Tribunal Constitucional le dio la razón al exjefe de Estado con cinco votos a favor y dos en contra.

Los magistrados Luz Pacheco y Manuel Monteagudo señalaron que el recurso a favor de Humala debía ser declarado improcedente, mientras que Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa y Pedro Hernández concluyeron que el dinero recibido para las campañas de 2006 y 2011 no encajaba en el delito de lavado de activos según las leyes vigentes en aquel entonces.

El tribunal señaló que la figura de "receptación patrimonial" —que castiga la posesión o recepción de bienes ilícitos— se introdujo en la legislación peruana desde noviembre de 2016. Por esta razón, utilizar esta norma para sancionar actos cometidos con anterioridad va en contra del principio que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal.

"Los abogados ya han ingresado recursos pidiendo que el juez extienda los efectos de esa decisión del Tribunal Constitucional, eso me parece que va a ser inevitable", indicó Pedraza vía RPP.

En ese sentido, el letrado señaló que espera que en un plazo de días la investigación contra la ex primera dama concluya en un archivo definitivo, luego de más de diez años. Sobre la posibilidad de que regrese al país desde Brasil, donde se encuentra asilada, precisó que esa decisión dependerá exclusivamente de la familia.

La salida de Ollanta Humala

Wilfredo Pedraza detalló que el expresidente se encuentra “doblemente satisfecho” por su liberación y por haber encontrado justicia en la vía constitucional. Además, explicó que las primeras horas fueron emotivas al recibir la visita sorpresa de su hijo menor, quien llegó desde Brasil sin saber que su padre saldría de prisión.

"El encuentro tiene que haber sido intenso, muy importante, y además un aliciente para ambos. No se encontraban hace más de 15 meses", señaló el letrado, al recordar que el exmandatario permanecía detenido desde abril del año pasado.

Asimismo, el abogado indicó que la prioridad inmediata del ex jefe de Estado es la reunificación familiar, tras un periodo prolongado de separación en el que se sintió muy afectado por tener a su familia fraccionada entre Brasil y otros países. En cuanto a las consecuencias personales de estos años, Pedraza recordó que el proceso generó graves perjuicios, como prisión preventiva, embargo de bienes, allanamientos y la incautación de su vivienda.

Sobre el Tribunal Constitucional, el abogado explicó que a la justicia constitucional solo se recurre cuando se han agotado de manera definitiva todas las vías ordinarias. Sobre ello, recordó que en 2022 su defensa solicitó el archivo del proceso bajo el argumento de que los hechos investigados no constituyen delito, un pedido que fue rechazado sucesivamente por las instancias anteriores.

"Nosotros planteamos en el 2022 una excepción, le dijimos a la Corte: 'esto no es delito, archívelo', dijo 'no, hay delito'; fuimos a la sala, dijeron 'hay delito'; fuimos a la Suprema, no nos admitieron la casación, entonces teníamos legitimidad para ir a la Corte Suprema. Eso es el camino, así que bienvenida, yo diría, a la justicia constitucional que hoy responde a las cosas", indicó.

Adicionalmente, el abogado descartó por el momento un relanzamiento político del Partido Nacionalista por parte de Humala y reiteró que su atención se centra en su familia y en cerrar los procesos legales pendientes.

"Rechazo profundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría", indicó el diputado. Asimismo, Pérez Mallqui manifestó que continuará con las diligencias en curso. "He sido bastante respetuoso de todo el procedimiento hasta ahora y seguiré colaborando".

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La denuncia inicial contra el diputado Julián Pérez Mallqui, interpuesta por su expareja Bonilla Valerio, fue por violencia psicológica. La agraviada llegó a la comisaría de San Miguel afectada y solicitó acudir al baño debido a malestares.

Durante su estancia en la comisaría, los agentes presenciaron el momento en que el legislador agredió a la mujer con manotazos, un jalón de brazo y una zancadilla, mientras le advertía que se arrepentiría. Tras constatar las lesiones en los brazos de la víctima y la intervención del comisario a cargo, se ordenó la detención del parlamentario, quien se negó a firmar el acta policial, mientras que la denunciante, Laura Bonilla Valerio, indicó haber sufrido agresiones previas que no había reportado antes por vergüenza.

Pronunciamiento de Juntos por el Perú sobre el caso

La bancada de Juntos por el Perú se pronunció tras conocer la intervención del diputado Julián Pérez Mallqui. A través de un comunicado emitido este 30 de julio, el grupo parlamentario ratificó su "rechazo absoluto a toda forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto al debido proceso".

Asimismo, el partido señaló que seguirá el desarrollo de las indagaciones en curso. En esa línea, indicaron que evaluaran disponer las medidas que correspondan, según los resultados de la investigación y normas internas.

En paralelo a las diligencias policiales y fiscales, se conoció que la Comisión de Ética del Congreso investigará al diputado Julián Pérez apenas quede instalada, según lo señaló Harvey Colchado, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tras darse a conocer la denuncia en contra del actual diputado.

La parlamentaria de Ahora Nación, Indira Huilca, también indicó, vía Exitosa, que Pérez podría enfrentar una suspensión de hasta cuatro meses por parte de la Comisión de Ética. Asimismo, detalló que el caso podría derivar en el desafuero o la inhabilitación como máxima sanción a través de la Subcomisión de Acusaciones.

Adicionalmente, el congresista cuenta con sentencias registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Su hoja de vida detalla condenas previas por lesiones culposas, falsa declaración en procedimientos administrativos y un caso previo de violencia familiar, las cuales suman cerca de ocho años de penas. Además, se sumó la intervención policial que motivó su reciente detención en la comisaría de San Miguel.

Este pronunciamiento de López Chau surge tras la reciente juramentación de Juan Carlos Gonzáles y Luis Williams Dyer Fernández en el sector Salud.

En el caso de Dyer, su perfil genera rechazo entre gremios y especialistas, quienes cuestionan su capacidad para afrontar problemas estructurales como la saturación de hospitales y el desabastecimiento de medicamentos. Incluso el decano del Colegio Médico, Pedro Riega López, señaló que el nuevo titular del Minsa no cuenta con ninguna experiencia en el sector.

Por su parte, la incorporación de Gonzáles Hidalgo como secretario general del Minsa también generó diversos cuestionamientos. El funcionario es conocido por su vínculo familiar al estar casado con la sobrina de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP).

En su trayectoria por la administración pública, Gonzáles Hidalgo se desempeñó como secretario general de la Defensoría del Pueblo entre agosto de 2023 y enero de 2025, y ocupó el viceministerio de Políticas Agrarias del Minagri durante tres meses en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, su designación genera controversia, debido a sus antecedentes judiciales: enfrenta un pedido fiscal de nueve años de prisión por el presunto delito de colusión agravada, tras ser acusado de direccionar contratos millonarios para el programa Vaso de Leche cuando presidía la Comisión de Licitación de Obras en la Municipalidad Provincial de Tumbes.

Asimismo, acumula otra solicitud fiscal de seis años de prisión y una investigación por omisión de funciones vinculada a presuntas irregularidades en la construcción de pistas y veredas durante su gestión como gerente de administración en dicho municipio.

Keiko Fujimori defiende la elección de Dyer en la cartera de Salud

Frente a los cuestionamientos del decano del Colegio Médico del Perú, Keiko Fujimori respaldó la incorporación de su exjefe de personeros. La mandataria argumentó que priorizó capacidades de gestión orientadas a resultados directos para la ciudadanía en lugar de un perfil médico.

"He visto las preocupaciones del Colegio Médico, pero cuando hemos evaluado cuál debería ser el perfil para dirigir el Ministerio de Salud es sobre todo cómo podemos darle mejor atención a los pacientes, cómo podemos asegurar que los medicamentos estén en las postas y hospitales", indicó.

El proyecto apunta contra disposiciones que tocan temas sensibles para las investigaciones fiscales. Entre ellas están los cambios al régimen de prescripción de la acción penal, las reglas sobre colaboración eficaz y la definición legal de organización criminal. También incluye modificaciones a la incautación de explosivos usados en minería ilegal y al régimen de responsabilidad de las personas jurídicas.

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La exposición de motivos del proyecto no es un simple señalamiento político. Palomino cita observaciones técnicas que instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo formularon en su momento contra varias de estas iniciativas, antes de que se convirtieran en ley. En algunos casos, esas entidades calificaron las propuestas como "no viables" desde el punto de vista constitucional.

El texto también recurre a cifras para sustentar la urgencia de la medida. Según datos del Ministerio Público citados en el documento, entre enero y junio de este año se registraron más de 12 mil denuncias por extorsión a nivel nacional, un promedio cercano a 70 casos por día. La diputada sostiene que ese escenario contrasta con la reducción del presupuesto del Ministerio del Interior para 2026, que cayó 10% en términos reales.

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¿Cuáles son las siete leyes que busca derogar el proyecto?

El proyecto de ley identifica de manera puntual las normas que considera un retroceso normativo. Estas son:

1. Ley N.° 31751, que modificó el Código Penal y el Código Procesal Penal para poner un límite temporal a la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.
2. Ley N.° 32104, que precisó la aplicación de ese límite y ordenó su uso retroactivo cuando favorezca al imputado.
3. Ley N.° 31989, que restringió las medidas de intervención e incautación de explosivos usados en actividades de minería ilegal.
4. Ley N.° 31990, que fijó un plazo máximo de ocho meses para tramitar los procesos de colaboración eficaz, prorrogable hasta por ocho meses adicionales en casos de crimen organizado.
5. Ley N.° 32054, que excluyó a las organizaciones políticas del régimen de responsabilidad administrativa que sí aplica a otras personas jurídicas.
6. Ley N.° 32108, que endureció los requisitos para definir jurídicamente una organización criminal y condicionó los allanamientos a la presencia del investigado o su abogado.
7. Ley N.° 32130, que trasladó parte de la conducción de las investigaciones preliminares del Ministerio Público hacia la Policía Nacional del Perú.

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¿Por qué la diputada considera que estas leyes deben derogarse?

La exposición de motivos del proyecto explica que estas siete normas no nacieron de manera aislada. Todas se aprobaron en un periodo donde crecieron la extorsión, la corrupción, el lavado de activos y la minería ilegal, delitos que —según el texto— requieren investigaciones largas, pericias especializadas y cooperación entre instituciones. La diputada argumenta que, en ese escenario, el Congreso optó por reducir las herramientas legales disponibles para combatir precisamente esos delitos.

Un punto central del sustento jurídico es el Acuerdo Plenario N.° 05-2023/CIJ-112 de la Corte Suprema. Ese pronunciamiento cuestionó la Ley 31751 porque, a criterio de los jueces supremos, el plazo fijo que impuso para la prescripción no tenía precedentes ni en el derecho peruano ni en el derecho comparado. La Corte Suprema llegó a exhortar a los jueces del país a aplicar el control difuso cuando la norma resultara incompatible con la Constitución. El proyecto retoma ese argumento para sostener que la ley debe salir del ordenamiento legal de manera definitiva.

El texto también recoge las sentencias 83/2026 y 84/2026 del Tribunal Constitucional, emitidas en febrero de este año sobre la Ley 32130. El TC no declaró inconstitucional esa norma, pero sí fijó un criterio importante: el Ministerio Público debe mantener la conducción jurídica de toda investigación desde el primer momento, sin que la Policía actúe de forma autónoma. Para la diputada, ese pronunciamiento confirma que la ley generó tensiones entre fiscales y policías que conviene resolver con su derogación, y no solo con interpretaciones judiciales.

El despacho está hecho con drywall y tiene tres ambientes. "Uno de los ambientes, que es pequeño, sería para todo el personal que me asignan y no entran ni siquiera todo el personal que está asignado", explicó. Otro funciona como sala de reuniones. El tercero, el despacho principal, está "pegado a una pared colindante muy antigua, que está llena de moho", según describió la senadora.

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El ambiente tampoco tiene baño propio. Vásquez contó que le ofrecieron uno alternativo: "Tienes que cruzar todo ese enorme patio que ves, luego entrar por varios pasadizos, son como dos, tres pasadizos, y así, rodeando el edificio, encuentras un baño", comentó.

El reclamo llega en medio de una remodelación que superó los S/85 millones, según reveló un reportaje de Punto Final sobre el Congreso, que ejecutó obras por ese monto para adaptar su infraestructura al nuevo sistema bicameral. Tras esta investigación, el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, precisó que ese gasto se divide en dos frentes: instalaciones eléctricas y sanitarias por S/29 millones, e implementación tecnológica por S/56 millones. A ese presupuesto se suma el pago de alquileres de varios locales que usa el Parlamento.

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La situación de Vásquez contrasta con la de otros senadores. Sus colegas López Chau y Jaime Delgado sí consiguieron oficina en el edificio ubicado en la avenida Abancay, donde está instalada la mayoría de bancadas. "Nuestros colegas, toda mi bancada está colocada en el edificio de Abancay", dijo.

Vásquez explicó que el oficial mayor le dijo que el edificio solo tenía capacidad para doce despachos, insuficientes para los cuatro senadores que debían ubicarse ahí. Pero cuando ella misma recorrió el edificio, encontró varios despachos vacíos. "Acabo de verificar que hay despachos vacíos, ¿por qué no me asigna uno acá?", le dijo a Forno. Su respuesta fue tajante: "El hecho de que estén vacíos no quiere decir que no se le va a asignar a alguien".

La senadora remarcó que no exige lujos. Su pedido, insistió, se limita a condiciones básicas para quienes van a laborar ahí hasta 2031.

Colchado remarcó que el Congreso aún transita la etapa de conformación de comisiones, por lo que la Comisión de Ética todavía no tiene competencia formal sobre el caso. Apenas se constituya, según explicó, tomará el expediente de Pérez Mallqui como uno de sus primeros asuntos. Además, descartó cualquier tipo de blindaje hacia el legislador. "Acá otorongo sí va a comer otorongo", dijo, en referencia a que ningún colega lo protegerá dentro del Parlamento.

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Julián Pérez fue intervenido en flagrancia luego de que su expareja, identificada como Laura Evelin Bonilla Valerio, lo acusara de agredirla en su propio departamento, ubicado en el jirón Manco Segundo. Bonilla Valerio lo había defendido antes como abogada en otro proceso judicial. El diputado, elegido por la región Cusco, juró el cargo apenas seis días antes de este nuevo episodio.

La propia bancada de Juntos por el Perú se pronunció tras conocerse la detención. El grupo parlamentario anunció que evaluará sanciones disciplinarias internas contra Pérez Mallqui, aunque precisó que la decisión dependerá del resultado de la investigación fiscal. "Reafirmamos nuestro rechazo a toda forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto al debido proceso", señaló la agrupación en un comunicado.

Dyer llegó al Ministerio de Salud desde su cargo como jefe de personeros de Fuerza Popular, el partido de la propia Fujimori. Ese dato alimentó las críticas de gremios médicos, que cuestionaron la falta de trayectoria técnica del funcionario para dirigir un sector con problemas estructurales como el desabastecimiento de medicamentos y la saturación de hospitales.

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Ante la prensa, la presidenta explicó que su gabinete quedó completo desde el primer día de su gobierno. Comparó ese ritmo con el de "épocas anteriores", cuando —según dijo— la conformación ministerial tomaba varios días. Con eso buscó proyectar una imagen de orden y rapidez en el arranque de su gestión.

Fujimori insistió en que el criterio central para elegir a sus ministros fue la capacidad de resolver problemas concretos de la ciudadanía. En el caso de Dyer, dijo que el objetivo es mejorar la atención en hospitales y postas médicas, garantizar el abastecimiento de medicamentos y reducir las colas que enfrentan los pacientes a diario.

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Las críticas del Colegio Médico y la respuesta del Gobierno

El Colegio Médico del Perú expresó su preocupación por el nombramiento de Dyer, al considerar que el cargo requiere un perfil con formación en salud pública. Fujimori respondió a esas objeciones sin confrontar directamente el argumento técnico. Dijo haber "visto las preocupaciones" del gremio, pero remarcó que su prioridad fue encontrar a alguien capaz de ordenar la gestión del sector, no necesariamente un especialista en medicina.

La mandataria describió a Dyer como un "gran gerente", con capacidad para coordinar con médicos, enfermeras y el personal técnico del ministerio. Ese enfoque gerencial marca una diferencia con la lógica que suele guiar los nombramientos en sectores altamente técnicos como salud o educación, donde la experiencia especializada suele pesar más en la evaluación pública.

La presidenta también anunció que exigirá presencia constante de sus ministros en las regiones del país. Pidió que al menos tres días a la semana los funcionarios viajen al interior, y adelantó que ella misma retomará esos recorridos. Además, descartó cambios en los feriados o recortes de derechos laborales.

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima le impidió ejercer temporalmente a Patricia Benavides mediante una medida que iba del 26 de enero de 2026 hasta el 28 de julio de 2026 tras haber intervenido a favor de su hermana, Enma Benavides. Sin embargo, el gremio notó que ella siguió atendiendo casos y ejerciendo su profesión durante ese tiempo en el que tenía prohibido hacerlo.

Por esta razón, el director de Defensa Gremial del CAL, Alfonso López Abarca Cuadros, explicó que se formuló denuncia penal contra Benavides por medio de la Carpeta Fiscal Nº 201-2026.

Este expediente está a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, una oficina dentro del Ministerio Público.

Actualmente, el caso se encuentra a la espera de una decisión final. Según el documento oficial, esta área fiscal ya dispuso que "se emitirá, a la brevedad posible, la disposición fiscal correspondiente".

Consejo de Ética del CAL suspende temporalmente a Patricia Benavides

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima resolvió el 26 de enero de 2026 aceptar el pedido de suspensión temporal contra la fiscal suprema Patricia Benavides Vargas tras encontrar faltas a la ética profesional.

Para tomar esta decisión, el Consejo evaluó varias acusaciones en su contra, como no mostrar sus tesis de maestría y doctorado, contratar a un político investigado y ser señalada de liderar una organización criminal. Sin embargo, el colegiado basó la suspensión en haberle mentido a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De acuerdo con la resolución, Benavides le aseguró a la JNJ que no interferiría en el caso de su hermana, la jueza Emma Benavides Vargas. No obstante, la contradicción ocurrió cuando asumió como fiscal de la Nación y ordenó apartar a la fiscal que investigaba a su hermana, lo cual el Consejo calificó como una falta a la ética.

Tras su salida, el exmandatario se dirigió a la prensa con la voz entrecortada y denunció una persecución en contra de su familia, partido político y su persona. “Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. Fui secuestrado por el Estado y los sicarios del sistema de justicia que estaban en ese momento regularizaron una situación ilegal”, mencionó.

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Además se declaró inocente de las acusaciones en su contra e hizo referencia a la situación actual de su familia. “Jamás hemos cometido delito alguno, nunca hemos recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil (…) Han hecho que tenga que haber asilado a mí esposa y sacar a mis hijos del país”, dijo.

Humala calificó su encierro como un secuestro por parte del Estado, alegando que los juicios en su contra fueron por su gestión frente al Ejecutivo y la ideología de su partido. “El 15 de abril del año pasado fui secuestrado por el Estado (…) Necesitaban perseguirnos por nuestra gestión de gobierno, por nuestra ideología política (…) Tiene que haber justicia para esta situación. No nos van a vencer”, recalcó.

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Ollanta Humala: “Esta sentencia del TC demuestra que el asilo político de mi esposa y mi hijo fue correcto”

El expresidente Ollanta Humala llegó hasta su domicilio donde, según indicó, lo esperaban su suegra y su hijo menor. Humala pidió que lo dejen encontrarse con su esposa Nadine Herida quien se encuentra asilada desde abril del año pasado en Brasil.

“En estos momentos están mi suegra y ha venido mi menor hijo. Déjenme reencontrarme con mi familia pero algo quiero aclarar: la sentencia del Tribunal Constitucional que se nos ha dado nos demuestra que la decisión del asilo político de mi esposa y de mi hijo fue la correcta”, indicó.

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El exmandatario calificó al Equipo Especial Lava Jato como “sicarios” y denunció que usurparon funciones durante su juicio. “El Equipo Especial Lava Jato nos persiguieron, usurparon funciones del Poder Judicial y de la ONPE y criminalizaron aportes de campaña (…) Esos sicarios del grupo especial tenían que atraparnos y destruirnos como sea”, dijo.

Ollanta Humana volvió a calificar su encierro de ilegal y pidió al Estado disculparse: "Me quitaron mi libertad de manera ilegal. El Estado nos debe una disculpa. Espero que la justicia reflexione y permita que mi esposa regrese".

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TC ordena la liberación de Ollanta Humala tras anular el proceso por lavado de activos

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de hábeas corpus a favor de Ollanta Humala y ordenó la nulidad de todo el proceso penal que lo tenía preso por lavado de activos agravado. La votación no fue unánime: cinco magistrados (Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez) respaldaron el fallo, mientras Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez votaron en contra. La decisión anula tanto las investigaciones preliminares de 2019 como la sentencia de 15 años que un juzgado le impuso el 29 de abril de 2025, y ordena a la Fiscalía archivar el caso.

La mayoría del TC sustentó su fallo en que a Humala se le atribuye haber recibido dinero de origen sospechoso para sus campañas de 2006 y 2011, pero el tipo penal usado para condenarlo recién se incorporó a la ley en noviembre de 2016, por lo que aplicárselo retroactivamente vulnera la Constitución. El Tribunal añadió que tampoco quedó demostrado con claridad cuál fue el delito original que generó ese dinero ni que Humala supiera, en su momento, que provenía de una fuente ilegal.

Los votos en contra cuestionaron tanto la forma como el fondo. Pacheco Zerga argumentó que las resoluciones cuestionadas no afectaban directamente la libertad de Humala y que la Corte Suprema siempre encuadró los hechos en un delito preexistente desde 2002. Monteagudo Valdez, por su parte, señaló que la apelación contra la condena de 2025 aún estaba en trámite ante otro tribunal cuando el TC intervino, lo que —a su juicio— invadió una competencia que correspondía a la justicia penal ordinaria.

Según el informe mensual de la institución, comunicadores de diversos medios fueron impedidos de ingresar a la Cámara de Senadores para cubrir la elección de la mesa directiva del Senado, una situación similar que ocurrió dos días antes durante la juramentación de los senadores.

El reporte señala que el evento solo pudo ser seguido por la prensa a través de un televisor en una sala contigua, bajo la justificación de que "no se previno un espacio para que la prensa pudiera cubrir la sesión".

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El CPP recalca que esta práctica restrictiva forma parte de un historial en el que "no es la primera vez que el Parlamento no permite el ingreso de periodistas a cubrir sus sesiones".

Ante esta situación, la posición del organismo exige que el Congreso se conduzca bajo el respeto a las libertades de expresión y de información, así como evitar repetir "las constantes violaciones a éstas del último quinquenio".

Asimismo, en el balance denuncian que los argumentos de falta de espacio, infraestructura defectuosa o supuestas fallas técnicas son pretextos que buscan esconder el verdadero motivo: "evitar la fiscalización de la prensa independiente a las actividades del Parlamento".

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El Consejo indicó que restringir la cobertura a una sala contigua "derrota el propósito de la cobertura periodística, que es tener acceso de primera mano a la noticia, recoger declaraciones y entrevistar a los nuevos parlamentarios".

Por ello, demandaron a las autoridades permitir el acceso presencial sin discriminación de líneas editoriales para que se respete “uno de los pilares de la democracia: el acceso a la información por parte de la ciudadanía”.

Restricción en la votación para la Mesa Directiva y postura de la ANP

El 24 de julio, la prensa no pudo acceder a la Cámara de Senadores para cubrir de forma presencial la votación para la Mesa Directiva.

En su lugar, los periodistas de diferentes medios fueron ubicados en un espacio donde se instalaron tres televisores que transmitían la sesión, lo que limitó la cobertura únicamente a la señal oficial del Congreso y privó a la ciudadanía de los ángulos y detalles propios del trabajo periodístico.

Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) señaló que el ambiente asignado ni siquiera contaba con sillas para todos ni con un lugar adecuado para colocar los equipos de trabajo.

Ante esta situación, la ANP exigió al Parlamento garantizar las condiciones para el ejercicio periodístico. "La cobertura periodística exige estar en el lugar de los hechos y no solo seguir la transmisión del Canal del Congreso, más en la cámara que adoptará decisiones de alta relevancia pública", se indica en el comunicado.

La resolución judicial fija tres condiciones concretas. Cerrón Rojas no podrá salir del Perú sin permiso del juzgado. Cada treinta días tendrá que presentarse ante el juzgado y ante la fiscalía para dar cuenta de sus actividades. También deberá pagar una caución económica de S/ 30 000, con un plazo de diez días hábiles desde la notificación.

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El caso corresponde a la investigación por organización criminal y lavado de activos conocida como Los Dinámicos del Centro. El TC declaró fundado el hábeas corpus el 3 de julio, aunque el fallo se conoció recién semanas después. La sentencia contó con los votos a favor de los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez, mientras que Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo y César Ochoa Cardich votaron en contra.

El camino hasta esta variación no fue directo. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional calificó primero la sentencia del TC como "inejecutable", al considerar vigentes otras resoluciones que sustentaban la prisión preventiva. El TC rechazó ese argumento y ordenó el cumplimiento inmediato del fallo. Un día después, el PJ ejecutó el cambio de medida. Cerrón permanece en calidad de no habido desde octubre de 2023, cuando se dictó en su contra una condena por el caso Aeródromo Wanka que luego fue revocada.

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¿Por qué el TC descartó el argumento de "inejecutable" en el caso Cerrón?

El abogado constitucionalista David Panta explicó en su cuenta de X los fundamentos detrás del auto del TC. Señaló que un juez de ejecución no tiene la facultad de calificar como "inejecutable" una sentencia del Tribunal Constitucional. El Sexto Juzgado sostuvo que el fallo solo anulaba ciertas resoluciones y que otras posteriores seguían vigentes. El TC respondió que esa lectura desconoce el verdadero alcance de la cosa juzgada constitucional.

El argumento central es el efecto expansivo, o por conexión, de la sentencia. Si la prisión preventiva fue declarada nula, las resoluciones posteriores que solo la mantuvieron vigente también deben caer, por tratarse de actos accesorios. Para el TC, la ejecución de un hábeas corpus no puede depender de un listado cerrado de resoluciones. Esa lógica, advirtió, permitiría prolongar la misma afectación al derecho a la libertad a través de actos dictados después del fallo.

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Panta recordó además que el hábeas corpus se rige por tres principios: pro libertate, antiformalismo y máxima celeridad. Bajo esa lógica, una interpretación formalista que preserve resoluciones derivadas de una prisión preventiva ya declarada inconstitucional no encaja con el propósito protector de este proceso. El Tribunal Constitucional privilegia el efecto real del fallo por encima de tecnicismos procesales.

El auto también deja un mensaje institucional para el Poder Judicial. Las sentencias del TC deben cumplirse en sus propios términos, sin reinterpretaciones que neutralicen sus efectos. Panta fue claro en un punto: la autoridad de la cosa juzgada constitucional no le da al juez de ejecución margen para redefinir el alcance de un fallo ya emitido.