— Por dos razones. La primera, porque la gestión anterior no alcanzó para poner los cimientos de una municipalidad mucho más eficiente, que aproveche sus recursos y su presupuesto, cosa que no venía pasando. Y la segunda, porque muchas de las políticas que implementamos, sobre todo las sociales, han sido cortadas de cuajo y se ha dejado sin esos servicios a los vecinos, sobre todo en las zonas más vulnerables.

— ¿De qué políticas sociales habla?

-  Un ejemplo concreto: en el barrio de Malambo, que es una zona bastante olvidada y golpeada del distrito, instauramos un programa de atención a los chicos con educación y cultura los fines de semana, con un voluntariado de gente que iba a enseñarles a leer, a jugar, en fin. Eso finalmente se convirtió en un edificio que iba a albergar estas funciones de manera institucional, con guardería, sala de trabajo para que los muchachos hagan sus tareas, con internet, escritorios y sala de usos múltiples. Ese edificio se cerró el primer día de la gestión actual. La guardería se desalojó, la biblioteca se desmanteló y ahora está convertido en una oficina más.

- La actual gestión de Renovación Popular también busca la reelección. ¿Por qué el vecino barranquino debería optar por su candidatura en vez de a otros exalcaldes que también lo intentan?

Rodríguez: Ahora la Municipalidad de Barranco está dirigida por Renovación Popular, por [la alcaldesa] Vargas y por su gerente municipal, el señor Manuel Espinosa. Y los barranquinos sabemos que nuestro distrito está desordenado, descuidado, falta patrullaje, las calles están llenas de orines de perro, las discotecas y locales nocturnos no tienen ningún control. Se ha aumentado el gasto corriente de manera exorbitante, y eso no es eficiencia, eso no es lo que busca el barranquino. Por eso creo que deberíamos regresar a quien ya ha mostrado resultados. No vengo a ofrecer promesas en el aire; vengo a decir que quiero repetir las cosas buenas que hice en mi gestión y corregir lo que nos faltó hacer o en lo que nos equivocamos.

- Hay una preocupación grande por la protección de las playas. ¿Cuál es su propuesta?

- Pertenezco a un colectivo que ha venido trabajando muchos años en el rescate de los espacios públicos —la playa, los parques— como lugares de encuentro para los vecinos y de construcción de convivencia positiva. A falta de espacio en la parte alta del distrito, porque tenemos poquísimos parques, la playa es para nosotros el lugar por naturaleza de recreación de los vecinos. Existe una concesión concreta, Bordemar, que no ha cumplido las condiciones de su contrato y las ha tergiversado; por eso, en 2021 revocamos el acuerdo que aprobaba esa concesión, e iniciamos el proceso de recuperar ese terreno para convertirlo en un espacio de recreación pública, deportiva, familiar.

- Hay varias zonas de Barranco que siguen en desorden, con espacios públicos abandonados. ¿Cuál sería su primera acción para recuperarlos?

- Lo primero es lo que hicimos en la primera gestión: una limpieza general de todo. Empezamos baldeando, limpiando, sembrando los espacios de tierra, poniendo adoquines para que sean más habitables, porque los sitios de tierra no sostienen bien la siembra de flores —lo intentamos en algunos lugares y no funciona—. Tener buenos árboles bien regados, limpieza, iluminar las calles oscuras: ese es el principio para recuperar las condiciones de seguridad y de orden en el distrito. Luego, movilizar en el espacio público nuestros programas sociales: atención a niños, a personas mayores. Teníamos programas de deporte en los parques, donde cerrábamos calles para ampliar el espacio y que la gente lo pudiera usar. Son acciones inmediatas que no cuestan gran cosa pero generan mucho beneficio a los vecinos.

-Usted ya fue alcalde y coincidió con la pandemia, y algunos recuerdan positivamente la participación vecinal de entonces. ¿Garantiza recuperar esa participación en las decisiones ediles?

- Sí, claro que sí. Nosotros multiplicamos las juntas vecinales, que eran nueve, a 24. ¿Por qué? Porque la participación vecinal se tiene que dar en contextos pequeños; no podemos pensar que la gente se va a agrupar en una zona de 15 o 20 manzanas, porque no se conocen entre sí. Al hacer espacios más pequeños, de nueve manzanas, se facilita el intercambio y la coordinación entre las personas. Y garantizamos elecciones totalmente imparciales: podía ser elegido quien decidiera el vecino, y con esas personas trabajábamos. La experiencia nos demostró que, más allá de que la gente simpatizara con el alcalde, si hay un proceso de trabajo donde se acoge y se atiende el pedido del vecino, la relación fluye muy bien. Yo no necesito rodearme de una corte de seguidores para que las cosas funcionen. Eso ya se demostró en la práctica con las juntas vecinales.

— ¿Se refiere a la corte que tiene actualmente la alcaldesa?

— Le pongo un ejemplo muy sencillo. Yo fui presidente de una junta vecinal, electo por mis vecinos, en 2023. En 2024 cambiaron el reglamento y establecieron que no podían ser elegidas personas que hubieran desempeñado cargos de gestión pública. El único exalcalde que había postulado a una junta vecinal era yo. Es decir, hicieron una normativa específicamente para que yo no pudiera postular, y manipularon las cosas para que se eligiera a personas allegadas a la municipalidad. Como consecuencia, la gente ha dejado de participar en las juntas vecinales: ya no son referencia para nadie, porque nadie quiere invertir su tiempo en ser comparsa de alguien. Las personas trabajan, tienen que atender a su familia y sus problemas; si le dedican tiempo a la comunidad es porque hay algo efectivo detrás, pero nadie dedica su tiempo a ser comparsa de alguien. Es algo totalmente absurdo.

- En el caso de la gestión de la actual alcaldesa, de Renovación Popular, ¿podría hablarse de un comportamiento sistemático del propio partido en cuanto a manejo de contratos y abuso de normas? ¿Qué relación tiene usted con lo que fue Libertad Popular —que no llegó a inscribirse tras las elecciones generales— y con dirigentes como Rafael Belaúnde, hoy parte del gobierno de la señora Fujimori?

- Inicié mi proceso político en un movimiento vecinal, en el que aún conservamos a varios de sus integrantes, que siguen acompañando nuestras propuestas. Cuando cambiaron las normas electorales e impidieron que los movimientos políticos locales o vecinales postulen a elecciones distritales —porque a partir de cierto momento todo debía ser a través de partidos nacionales— fui invitado a un partido nacional [aliado con Manuel Velarde], que postulaba a la alcaldía de Lima, y con ese partido gané la alcaldía. La idea era militar, porque no considero que uno deba estar saltando de partido en partido. Lamentablemente ese partido quedó disuelto y quedamos todos en el aire. Luego entramos a Somos Perú para apoyar la candidatura de una persona de la que esperábamos diera continuidad a las políticas de nuestra gestión, pero Somos Perú optó por el señor Antonio Mezarina como candidato a alcalde, y yo no tenía nada que hacer en un partido que optaba por ese tipo de figuras. Me retiré de Somos Perú. Libertad Popular fue un partido nuevo, con principios en los que muchos de nosotros creemos, y con personas que conozco y considero decentes y correctas. Por eso me inscribí en Libertad Popular.

- ¿Por eso cree que muchos se sintieron traicionados?

- Sí, entre los cuales yo también me encuentro. Porque una de las cosas que siempre planteábamos era tener una línea política clara y no entrar en procesos que no respeten la institucionalidad, como el partido que nos está gobernando. Por eso a todos nos sorprendió ver a nuestro líder, sin haber consultado con ninguna base, aparecer de pronto como acompañante de la señora Fujimori en el debate. Muchos nos enteramos por televisión. Puedo entender que el señor tenga sus propios planes personales y se respetan, pero lo correcto es renunciar al partido, pedir licencia, e ir a hacer su trabajo por su cuenta. Yo estoy en la línea de las personas desencantadas del partido, pero sigo ahí porque tengo un compromiso con mi vecino de seguir adelante. Y lo de "partido de imagen" tampoco existe, porque si no pasa la valla, este partido no participa en estas elecciones municipales.

- Hay otros candidatos que aparecen como favoritos. ¿Cómo pretende superarlo en las pocas semanas que quedan?

- Mezarina es un alcalde que todo el mundo conoce y tiene un grupo de gente que lo apoya, pero son vecinos que están mirando más su problemática personal, porque él les ofrece beneficios directos, y eso genera una expectativa en ese grupo de personas. Cuando yo entré a la municipalidad, recibí la gestión de Mezarina y había mucha gente contratada ahí. Es un poco la forma en la que muchos políticos operan: pagan favores por voto. Pero Mezzarina también tiene un rechazo muy grande en la mayoría de la población. No creo, como he visto en una encuesta, que tenga 40%; eso es imposible. Son encuestas totalmente manipuladas, incluso para posicionar al segundo partido como la alternativa "de fuerza" frente a Mezzarina. Esas encuestas no tienen fichas técnicas claras. Están para desanimar a las personas, para que digan "no quiero que gane Mezzarina, entonces el mal menor será el señor Espinosa". Y no es así: aquí las personas peligrosas para el distrito son Mezzarina, por su historial que todo el distrito conoce, y el señor Manuel Espinosa.

- De qué historial habla.

- Mezarina es quien permitió que Bordemar funcionara aun cuando había violado totalmente los términos de su contrato: le cambió el uso de deportivo a comercial, y ahí comienza el gran problema de Bordemar. También, contra viento y marea, concesionó el Estadio Unión, que ahora todos los vecinos reclaman esperando que, cuando él hable de "recuperarlo", lo devuelva como espacio municipal de alcance vecinal. Y no es así: el Estadio Unión está concesionado y va a funcionar administrado por un concesionario privado, y eso no lo dice. Es una manera de que la gente crea que va a recibir un servicio que en realidad no va a recibir así.

- ¿Qué va a hacer usted con el Estadio Unión?

- El Estadio Unión ya es producto de una mala concesión, y lamentablemente las malas decisiones tienen consecuencias: va a estar administrado por un privado durante los próximos 30 años. Esa es la realidad. Lo que corresponde al llegar es respetar el fallo judicial —cosa que la alcaldesa no está haciendo, porque ese estadio debería estar funcionando hace dos años; el fallo fue del año 2024 y no se está respetando— y negociar, en lo posible, beneficios o ventajas para que los vecinos tengan algún precio especial dentro de los términos del contrato, si es que lo permite. Nuestra intención es seguir buscando esas ventajas para que los vecinos puedan usar la infraestructura; si no se logra, hay que asumir la responsabilidad de quien hizo esa concesión en mala forma.

Por esto y muchas razones más, creo que Mezarina no merece ser elegido alcalde. Dejó la municipalidad con deudas, con personal impago, con jubilados impagos. Lo mismo pasó con la actual alcaldesa, que tenía contratos pendientes para el recojo de basura: la gestión de Mezarina dejó tres meses de recojo de basura impagos, casi 600 mil soles, y a Jessica Vargas los serenos le dejaron un cajón mortuorio en la puerta de su casa cuando se fue, porque no les había pagado sus sueldos. Es una constante. Ella tuvo la posibilidad de hacer una buena gestión y tampoco lo ha logrado: Barranco está totalmente descontrolado. Estos dos personajes constituyen un precedente nefasto para la administración municipal del distrito. No olvidemos que Barranco tiene más de 35 millones de soles en deudas generadas desde la gestión de Mezarina hacia atrás, incluyendo la de la señora Vargas. Creo que estas personas no merecen otra oportunidad. Yo no digo que mi gestión haya sido perfecta, hemos tenido errores, pero dejamos nuestras cuentas limpias y pagadas. Pregúntenle a cualquier trabajador en la calle si les debo algo: van a decir que no. Pagamos hasta el último centavo a jubilados, barredores y serenos.

- El tráfico en Barranco es un suplicio para los barranquinos, para quienes atraviesan el distrito y para los turistas y limeños que visitan sus zonas públicas. ¿Qué plantea hacer?

- El tráfico ya no es solo un problema barranquino, es un problema limeño, porque carecemos de un sistema de transporte eficiente. La gente, para tratar de ganarle tiempo al tráfico, está comprándose motos eléctricas y usando lo que sea con tal de llegar antes. El caos que vivimos es consecuencia de políticas metropolitanas y nacionales que no se están ejecutando, porque la ATU depende del Ministerio de Transportes. ¿Qué nos corresponde como distrito? Empezar por medidas paliativas de corto plazo, fáciles de aplicar, que corrijan parte del problema. Por ejemplo, hacer respetar las ordenanzas que establecen horarios para proveedores: no puede ser que a las 7 de la mañana, cuando la gente va a trabajar, haya camiones obstaculizando un carril y generando embotellamiento. Es un primer tema grave. Hay que hablar con las constructoras y generar una ordenanza de horarios de descarga y vaciado de concreto, porque eso también genera problemas en horas punta. Otro tema importante es coordinar con la Municipalidad de Lima y con la ATU, que administran los semáforos en Barranco y en toda Lima, para que se sincronicen; no entiendo por qué se siguen desincronizando cada cierto tiempo. Cuando están bien sincronizados, uno sale en verde y termina de cruzar Barranco en verde; luego, cada cierto tiempo, se desajustan de nuevo. Esas coordinaciones ayudan mucho, además de poner a nuestros fiscalizadores viales en los puntos conflictivos que ya conocemos, para agilizar el tránsito.

Una medida de mediano plazo, que ya había conversado hace uno o dos años con la dirigencia de la ATU, sería que el Metropolitano circule en un tramo por la avenida Bulevar, saliendo de su carril exclusivo y compartiendo vía con los vehículos particulares hasta el siguiente paradero, para luego regresar a su carril segregado mientras los autos siguen por las vías auxiliares. Eso permitiría descongestionar la avenida San Martín, que es la única vía que permite a la gente llegar al sur. Creo que esas medidas ayudarían a mejorar la situación, junto con el manejo del tránsito nocturno. También tenemos un par de proyectos de playas de estacionamiento en la entrada del distrito: uno debajo de lo que hoy es la Central de Seguridad Ciudadana de Serenazgo, en la esquina de Bulevar con San Martín, conservando la infraestructura de arriba —no vamos a mover el Centro de Atención al Adulto Mayor— y construyendo abajo un sótano de estacionamiento, para que los visitantes dejen el auto ahí y caminen hacia la zona comercial, en lugar de alimentar la congestión que los fines de semana es mucho más fuerte que en cualquier otro momento. Son medidas que queremos implementar mientras presionamos, junto con los demás alcaldes de Lima, para que se ejecuten medidas que mejoren el sistema de transporte metropolitano. Eso es sumamente importante.

-. ¿Qué le diría a los votantes jóvenes? Muchos están desanimados, no quieren ir a votar, no creen en la política.

- La decepción es comprensible, pero la inacción hace que el problema sea cada vez más grande. Tenemos un registro de lo que hemos hecho en nuestras redes: no me crean a mí, miren las imágenes de nuestra gestión, busquen en YouTube el canal de la Municipalidad de Barranco, ahí están todas las sesiones de consejo y todo lo que hemos hecho. Miren también nuestras propuestas actuales: tenemos iniciativas orientadas específicamente a los jóvenes, desde entretenimiento y capacitación hasta bolsas de trabajo que desarrollamos en nuestra gestión para promover su desarrollo. No podemos permitirnos ser apáticos. Pregunten a sus vecinos cómo han sido las gestiones anteriores y tomen una posición de cambio, porque los ciudadanos, sobre todo los mayores, esperamos mucho de la participación de los jóvenes. Lo que está pasando ahora va a cambiar con su participación, no con su apatía.

- ¿Cómo va a garantizar esa participación vecinal?

- Lo primero que siempre digo es: miren mi desempeño, miren lo que he hecho. Si no hubiera abierto espacios, hecho conciertos, impulsado juntas vecinales independientes, recibido a los vecinos en todo momento, visitándolos, haciendo asambleas abiertas en la calle —algo que ningún otro alcalde hace—, no voy a cambiar de la noche a la mañana. Esa es mi forma de trabajo, y ya lo he demostrado. Soy una persona totalmente permeable y abierta a conversar, escuchar y resolver problemas.

A pesar de los constantes operativos para desmantelar infraestructuras ilícitas, la enorme rentabilidad del oro y otros minerales ha facilitado la infiltración de mafias y grupos armados en las fuerzas del orden.

Solo entre 2019 y 2024, el Tribunal de Disciplina Policial emitió, al menos, 37 fallos por minería ilegal que involucraron a 96 efectivos policiales de La Libertad, Piura, Puno, Ucayali, Loreto, Amazonas y Madre de Dios, entre otros. Durante los últimos dos años, los casos han ido en aumento.

En abril de este año, cuatro suboficiales de la Policía Nacional adscritos a inteligencia fueron detenidos, acusados de secuestro y extorsión a una empresaria, en el anexo de Chagual, en el distrito de Pataz.

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Los suboficiales de la Dirección de Investigación Criminal y de la Dirección de Inteligencia de la PNP, identificados como Jonatan Martínez Santa Cruz, Julio Reyna Pereda, Jimmy Ruíz Mendoza y Ciro Vega Reyes, deshonraron a su institución, dijo el inspector general PNP, Augusto Ríos Tiravanti. El Poder Judicial de La Libertad les dictó 18 meses de prisión preventiva.

 Para colmo, el 18 de junio, también en Pataz, fue detenido el capitán del Ejército, Gary Chiroque Barreno, tras ser acusado de extorsionar al empresario gastronómico Eduardo Varas Briceño. Sin embargo, el capitán Chiroque afrontó la investigación preliminar sin que se dictara prisión preventiva en su contra.

El capitán Gary Chiroque Barreno trabajaba como jefe de inteligencia del Comando Unificado Pataz (CUPAZ). El caso fue asignado a la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios con sede en Trujillo.

 "Se debe investigar alianzas con el crimen organizado. Las redes de corrupción sirven de puente entre miembros de la fuerza pública y grandes estructuras criminales, que controlan los yacimientos e instrumentalizan a mineros para bloquear las acciones legítimas del Estado", señala el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha.

Dado que la minería ilegal genera dividendos que compiten directamente con el narcotráfico, los fondos destinados a sobornar a policías, militares y funcionarios ambientales son masivos, debilitando los controles éticos institucionales, agrega el oficial retirado.

 Iván Arenas, especialista en temas mineros, advierte el riesgo de corrupción policial vinculada a la minería ilegal en Pataz. Explica que las denuncias contra algunos efectivos deben judicializarse.

Limpieza a fondo

El exjefe policial, Pérez Rocha, advirtió que, sin una depuración institucional, la minería ilegal continuará infiltrando sus redes de corrupción en la policía. "Estas denuncias evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de control dentro de las fuerzas del orden", manifiesta.

 Con mucha preocupación dice que las denuncias contra policías que han ocupado cargos estratégicos, como la jefatura de Inteligencia, y que presuntamente mantuvieron vínculos con actividades de minería ilegal, deben ser escrutadas para determinar responsabilidades y evitar que la corrupción continúe debilitando las acciones del Estado contra la minería ilegal.

El experimentado oficial de la policía en retiro anota que, pese al trabajo del Comando Unificado de Pataz (CUPAZ), la actividad ilegal continúa desarrollándose en la zona, al igual que las denuncias por presuntos actos de corrupción.

Considera indispensable depurar a los integrantes de la Policía Nacional y de otras instituciones que pudieran estar comprometidos con organizaciones dedicadas a la minería ilegal, pues de no adoptarse medidas oportunas, podrían consolidarse estructuras de corrupción similares a las que operaron en el país durante las décadas pasadas, afectando la lucha contra las economías ilegales.

Entre julio y agosto fueron detenidos en Madre de Dios dos fiscales por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal. Américo Bautista Yama fue arrestado mientras ejercía como fiscal provincial y coordinador de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

Y el exfiscal ambiental, Carlos Chirre Ramírez, fue capturado bajo la acusación de formar parte de una presunta red criminal.

Las ondas expansivas

La vocera del Observatorio de Minería Ilegal, Karina Garay Tapia, sostiene que la minería ilegal ha evolucionado y hoy opera mediante organizaciones criminales transfronterizas, con alcance internacional.

Garay alerta que estas redes ya no solo se dedican a la extracción ilícita de minerales, sino que cuentan con financiamiento, logística, control territorial y estarían vinculadas a delitos como el lavado de activos y el tráfico de insumos, como el mercurio, utilizados en esta actividad.

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 "La lucha contra la minería ilegal exige un trabajo conjunto de todas las instituciones nacionales y regionales, incluyendo a los gobiernos regionales, cuyos organismos (como las direcciones regionales de energía y minas) se encargan de la fiscalización y control de la pequeña minería y minería artesanal", indicó.

Karina Garay enfatizó que, ante la falta de una presencia estatal permanente en las zonas de mayor riesgo, los mineros regresan pocas semanas después de los operativos.

Golpe a los mineros ilegales

 En respuesta, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, informó que las operaciones desarrolladas contra las organizaciones criminales que operan en la provincia de Pataz generaron una afectación económica de S/248 millones durante el último año.

En su exposición ante la Cámara de Diputados, el ministro Belaunde remarcó que el estado de emergencia en Pataz no está dirigido contra la minería artesanal ni informal, sino contra las estructuras delictivas que operan en dicha zona minera.

"El estado de emergencia no tiene como objetivo combatir la minería artesanal ni informal, sino enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la zona", sostuvo.

También destacó los resultados obtenidos por las Fuerzas Armadas mediante las operaciones del Comando Unificado Pataz y, según detalló, durante el último año se incautaron 34 pistolas, 70 fusiles de guerra, 41.500 explosivos, 3.248 fulminantes, 1.701 metros de mecha y 16 chalecos antibalas.

Belaunde recordó que actualmente existen 22 estados de emergencia en el país, de los cuales ocho se encuentran bajo el mando de las Fuerzas Armadas, incluido el correspondiente a Pataz.

La caída del general Franco Moreno

El general PNP Franco Moreno asumió el cargo policial más importante en La Libertad, pero vio interrumpida su gestión tras un breve período de cuatro meses. Designado para combatir la criminalidad organizada y el contrabando minero, el oficial desplegó una estrategia firme para contener delitos de gran impacto.

El conflicto interno detonó cuando la jefatura emprendió una depuración de policías, disponiendo el traslado masivo de agentes de comisarías clave. 

Esta medida trataba de desarticular complicidades y esquemas de extorsión a los vehículos que transitaban con licencias irregulares. A fines de abril le costó el puesto.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Carlos Vilela, director nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, explicó a Canal N que las organizaciones políticas acordaron por mayoría, trece votos de las veintitrés que participaron en la reunión, invitar al debate al candidato que finalmente sea habilitado por el pleno jurisdiccional del organismo, sea este el postulante a la alcaldía o el primer regidor de la lista. "Las organizaciones políticas han podido ya acordar que invitemos al candidato al alcalde o al regidor que vaya a ser habilitado por el Jurado Nacional de Elecciones este 21 y 22 de septiembre", precisó el funcionario.

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Esto le abre la puerta a la participación de López Aliaga. Tras la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía, es él, postulante a primer regidor, quien asumiría el cargo por sucesión si es que su lista gana. El JNE aún no se pronuncia sobre si ese mecanismo configura una reelección encubierta, prohibida por la Constitución, pese a que el pleno ya ratificó su candidatura el cuatro de setiembre por cuatro votos contra uno. Vilela precisó además que Renovación Popular y Perú Libre son las dos únicas organizaciones que a la fecha no cuentan con candidato a la alcaldía inscrito.

Así se organizará el debate

Según el cronograma detallado por Vilela, el encuentro se dividirá en cuatro bloques. En el primero, las trece organizaciones que debatan cada día expondrán su visión de ciudad en un minuto y medio. El segundo bloque estará dedicado a un cruce de posiciones entre duplas y ternas sobre dos ejes temáticos: la problemática social de Lima Metropolitana y el eje territorial y ambiental, este último con énfasis en las propuestas frente al fenómeno de El Niño.

Para la primera fecha, el 21 de setiembre, fueron sorteados Obras, Tierra Verde, Partido Morado, Frepap, Somos Perú, Juntos por el Perú, Pueblo Consciente, Batalla Perú, Alianza para el Progreso, Partido Patriótico del Perú, Ahora Nación, Partido Demócrata Verde y Podemos Perú. Para el martes 22 quedaron programados el Partido del Buen Gobierno, PPC, Avanza País, Renovación Popular, Alianza Venceremos, Fuerza Ciudadana, Acción Popular, Perú Libre, APRA, Progresemos, Frente de la Esperanza y Fuerza Popular.

"Nuestra comunidad recuerda que, con fecha 6 de marzo del presente año, se llevó a cabo una reunión con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en la cual se suscribió un acta de compromisos respecto a la obra pendiente del tramo San Genaro - Negro Mayo".

El documento explica que el Estado fijó un plazo preciso en dicho documento para retomar las obras, el cual venció sin mostrar avances en la zona.

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"En dicha acta se encuentra claramente establecido el compromiso de reiniciar los trabajos a partir del día 15 de setiembre del presente año. Es decir, no se trata de una fecha propuesta verbalmente ni de una interpretación de nuestra comunidad, sino de un compromiso que consta expresamente en un documento suscrito con representantes del MTC".

Asimismo, los dirigentes critican el silencio de las empresas privadas que utilizan permanentemente esta ruta para transportar carga pesada. Por ello, pidieron al sector privado que se pronuncien y anuncien su postura sobre el incumplimiento del MTC.

"Asimismo, hacemos un llamado a las empresas mineras Las Bambas, Hudbay y Antapaccay, cuyos vehículos transitan permanentemente por esta importante vía, para que asuman una posición responsable frente a esta problemática".

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La protesta también descarta motivaciones políticas e indica que el reclamo nace estrictamente de una necesidad social postergada. "Queremos dejar claramente establecido ante toda la opinión pública que nuestra medida no es arbitraria ni responde a intereses particulares", se lee en el documento.

Además, reiteraron que el diálogo con el Gobierno se dio, pero que al no respetar lo establecido, se ven obligados a tomar medidas para garantizar el reinicio y la culminación de la obra San Genaro - Negro Mayo.

"Hemos esperado, hemos dialogado y hemos dado el tiempo correspondiente. Sin embargo, frente al incumplimiento, nuestra comunidad se ve obligada a adoptar medidas para exigir que se respete nuestra palabra y, sobre todo, que se respeten los acuerdos firmados por las propias instituciones del Estado".

“Él está en favor de dar y otorgar al ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y en materia de fenómenos del niño y nosotros seguimos la línea de Ricardo Belmón Casinelli. Ojo, que dentro de la reunión que hemos sostenido también el premier se ha comprometido en señalar específicamente cuáles son los puntos de los sesenta y seis del paquete de del periodo de facultades y se ha comprometido en entregarlos punto a punto si pertenecen a la materia de fenómenos del niño o a seguridad ciudadana", dijo Víctor Piñán, vocero de la Cámara de diputados de Obras.

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Constitución postergó el debate hasta después de la semana de representación

La posición de OBRAS se conoce mientras la Comisión de Constitución, presidida por Giannina Avendaño, aplazó la revisión del predictamen hasta después de la semana de representación parlamentaria, prevista del 21 al 25 de septiembre. Avendaño explicó que varias comisiones pidieron ampliar el plazo para entregar sus informes, por lo que el grupo de trabajo recién reuniría el material completo la próxima semana.

Sin embargo, el artículo 116 del Reglamento de la Cámara de Diputados fija un plazo de 15 días hábiles improrrogables para dictaminar este tipo de proposiciones, sin margen legal para extensiones.

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Siete comisiones ya rechazaron el pedido

Siete de las doce comisiones emitieron opinión desfavorable al pedido de facultades. Estas son Infraestructura, Producción, Energía y Minas, Ciencia e Innovación, Trabajo, Justicia y Defensa del Consumidor, mientras que solo dos lo respaldaron: Defensa Nacional y Orden Interno, y Medio Ambiente. Tres comisiones, entre ellas Economía, aún no definen postura.

No es casualidad que Defensa Nacional y Orden Interno sea justo una de las dos comisiones que sí le dio luz verde al pedido, pues es el mismo terreno donde ahora OBRAS quiere poner su apoyo, junto con El Niño, mientras deja en pausa su decisión sobre el resto de las 66 medidas.

El fujimorismo lidera este padrón. Solo en Fuerza Popular se contabilizan 18 aportantes reubicados en las oficinas de 14 parlamentarios. La práctica involucra incluso a la Mesa Directiva del Senado, donde figuran el presidente Miguel Ángel Torres, quien contrató como auxiliar a Nidia Ortiz Lavado, aportante de S/500, y la segunda vicepresidenta Nilza Chacón, que sumó a su despacho a Francisco León Cavero y Edgar Hernández Chávez, aportantes por un total de S/7.000.

A la lista se añade Martha Moyano, cuyos asesores Aurelia Condezo Dávila, Judith Aguirre Cutipa y Martín Hernández Donayre aportaron en conjunto S/9.120. En la misma línea, se encuentran el senador Alejandro Aguinaga junto a su asesora Rosemary Meneses, cuya remuneración supera los S/12.000, un monto muy cercano a su contribución. La lista de congresistas fujimoristas que repitieron esta práctica incluye a los senadores Víctor Flores Ruiz, Héctor Ventura Ángel, Juan Carlos Del Águila y Carlos Mesía Ramírez.

El patrón de conducta se repitió en la Cámara Baja con el diputado naranja César Revilla Villanueva, quien contrató a Marthin Arrieta Carrasco, quien aportó S/3.500 a su campaña y quien también se desempeña como asesor en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Por su parte, su compañera de bancada Rosangella Barbarán incorporó a sus propios financistas. Entre ambos, el monto de sus aportantes suman S/8.608.

Esta lista de legisladores que incorporaron a sus financistas se completa con los parlamentarios César Vidaurre Flóridas, María Ramos Rosales, Marco Pacheco Quispe y Carmela Paucará Paxi.

Otras bancadas

El paso de los financistas de campaña a las planillas del Estado también se replicó en otras agrupaciones. En Renovación Popular, el senador Miguel Velásquez García incorporó a Rodrigo Taipe Paredes y Luis Serpa Tone, aportantes de su postulación. Norma Yarrow y Diego Bazán también replicaron la medida en la Cámara Baja.

Por su parte, en Juntos por el Perú, los congresistas Gabriel Gonzáles Delgado, César Tito Rojas y Jesús Pérez Alccahuamán sumaron a aportantes como Reineiro Vilca Aquino y José Mendoza Salazar. Lo mismo ocurrió con el senador Serafín Andrés Luján (JP), quien contrató a Leonardo Martínez como auxiliar luego de que aportara S/2900 en su campaña. El diputado Segundo Castrejón Fernández, del Partido del Buen Gobierno, también replicó la práctica.

Además, el reportaje dominical de Punto Final también reveló que en Renovación Popular apareció el caso de Javier Cipriani Thorne, cuyo asesor principal es el abogado Jaime Varas Montenegro, aportante de cerca de S/4.590. Ante los cuestionamientos, el legislador justificó la contratación aludiendo a una relación de confianza mutua. Asimismo, el senador Edgar Mancha Pineda fichó a sus financistas Rubén Siguairo Mamani (técnico) y Clinton Olguín Vilca (asistente).

Desde Ahora Nación figuran los casos de Jair Manrique y José Marcelo Salazar. A Manrique se le cuestiona por la contratación de José Miguel Escalante como técnico; desde su despacho alegaron que el aporte del trabajador estuvo destinado a cubrir la campaña publicitaria "Ponte el Casco". En tanto, Salazar reclutó a Romell Poma Vivar, quien aportó S/4.300 y hoy labora como técnico en su oficina.

Además, en filas de Fuerza Popular, la diputada Jessica Navas contrató a Salomón Rivera como su asesor II, pese a que este había contribuido con S/6.300 a su campaña política.

Cabe recalcar que la participación de López Aliaga ha sido muy cuestionada, luego de que 14 partidos denunciaran que su candidatura a primer regidor, que se da tras la renuncia de Luis Rubio a la alcaldía, constituiría una maniobra de reelección encubierta, prohibida por la Constitución.

En la primera fecha intervendrán Obras, Tierra Verde, Partido Morado, Frepap, Somos Perú, Juntos por el Perú, Pueblo Consciente, Batalla Perú, Alianza para el Progreso, Partido Patriótico del Perú, Ahora Nación, Partido Demócrata Verde y Podemos Perú.

Para el martes 22 quedaron programados el Partido del Buen Gobierno, PPC, Avanza País, Renovación Popular, Alianza Venceremos, Fuerza Ciudadana, Acción Popular, Perú Libre, APRA, Progresemos, Frente de la Esperanza y Fuerza Popular.

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JNE ya había avalado la candidatura de López Aliaga

El 4 de setiembre, el Pleno del JNE ya había ratificado, por cuatro votos contra uno, la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima, al declarar infundada la apelación de un ciudadano que pedía excluirlo. El organismo evitó pronunciarse sobre si la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía, que dejó a López Aliaga como el llamado a asumir el cargo por sucesión si la lista gana, configura una maniobra para eludir la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes. El único voto en contra fue el del magistrado Gunther Gonzales Barrón, quien advirtió que la Constitución "no protege la trapacería".

Incluso 14 partidos exigieron al JNE precisar si López Aliaga podría recibir la credencial de alcalde por sucesión, al considerar que el organismo dejó un vacío que favorece una reelección encubierta. Las organizaciones políticas que realizaron este pedido fueron Visión Perú, Podemos Perú, Pueblo Consciente, Partido Patriótico del Perú, PPC, Somos Perú, Demócrata Verde, APRA, Frepap, Batalla Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso, Venceremos y Tierra Verde. Renovación Popular fue la única agrupación que votó en contra de esta solicitud y calificó el pedido como un intento de coacción al organismo electoral.

Durante la presentación del documento, la mandataria argumentó que la enseñanza debía prescindir de interpretaciones políticas y centrarse en datos concretos. Por ello, el Ejecutivo respaldó la exclusión del concepto conflicto armado interno bajo el pretexto de “erradicar la ideología”.

“La currícula tiene que modernizarse, no tiene que tener ideología. Tiene que tener datos, estadísticas, información real", señaló Fujimori. En esa misma línea, el ministro de Educación, José Antonio Chang, apoyó la medida y manifestó que el Estado eliminará cualquier visión o interpretación política sobre los años de violencia que vivió el país.

“Vamos a retirar de la currícula nacional todo tipo de ideología. No debe haber una interpretación ideológica de la historia. Nosotros vamos a recurrir al rigor de la historia científica para que nuestros niños tengan acceso a ello. Y que su pensamiento crítico les de su opinión. Pero nosotros no vamos a manejar ideológicamente ningún tipo de pensamiento".

El funcionario también cuestionó que se catalogara este tramo de la historia como conflicto armado interno y rechazó la complejidad de aquellos años al ignorar los abusos cometidos por agentes del Estado.

“Vamos a retirar toda interpretación que se haga muchas veces interesada de la historia: El tema de las luchas que algunos consideran una guerra civil. En realidad hubo terrorismo sencillamente y creo que eso hay que señalarlo como un hecho histórico pero no como una connotación ideológica".

Frente a estas declaraciones, el historiador José Ragas advirtió para La República que esta estrategia del Ejecutivo intenta manipular la historia para construir un relato a favor del Estado, apelando a una supuesta objetividad y a la “erradicación de la ideología”.

El especialista señaló que el gobierno busca simplificar el pasado para evitar las responsabilidades que tiene el primer régimen fujimorista.

“Hay un intento muy concreto por parte del ministro y que fue respaldado por el gobierno de simplificar y, obviamente, manipular lo que se entiende por lo que ocurrió durante los años de violencia política. La idea de reducirlo únicamente a terrorismo y no, por ejemplo, incluir otros aspectos, lo que hace es establecer que el origen de la violencia política, su desarrollo y sus consecuencias reposaron exclusivamente en los movimientos subversivos".

El historiador añadió que esta nueva narrativa reduce el conflicto a la etiqueta de “terrorismo” para ocultar los abusos cometidos por las fuerzas del orden.

"El problema con ese concepto es que omite deliberadamente las acciones del Estado que tuvieron lugar, que fueron muy importantes en el combate a la violencia política y que llevaron también a abusos y a una serie de violaciones de derechos humanos que ya todos conocemos".

En ese marco, Ragas alertó que la estrategia gubernamental no solo tergiversa el pasado, sino que sienta un precedente para la democracia y los derechos ciudadanos.

"No solo se busca imponer un tipo de narrativas, sino normalizar un tipo de narrativa que favorece al gobierno y al sector". Además, Ragas advirtió que esta decisión blinda la arbitrariedad estatal bajo la coartada de la seguridad.

"Tiene un correlato que es el hecho de favorecer esta visión de que el Estado solo se defendió, cualquier acción que haya cometido el Estado lo hizo amparado bajo la idea que se tuvo que defender de acciones subversivas y que cualquier matanza o violación de derechos humanos no tiene que ser juzgada porque se trató de un 'exceso' en términos que ellos mismo lo ponen".

El experto también mencionó que legitimar esta visión abre la puerta a un escenario de abierta autocracia e impunidad.

"Se normaliza una idea en la cual 'vale todo' y que con tal de combatir a fuerzas, no solo terroristas sino también, más adelante, de oposición, el Estado tiene carta libre para hacer lo que sea y eso es muy peligroso. Va creando un discurso del estado en la ciudadanía que permite normalizar violaciones e impunidad, empezando por los agentes del Ejército y de la Polícia pero también con la responsabilidad política de Alberto Fujimori".

Frente a estos intentos de imposición, el historiador advirtió sobre el peligro de privar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para comprender la historia. "Lo que hace el gobierno actual no es de ninguna manera una propuesta neutral, como lo quiere plantear el ministro, ni es una cuestión 'sin ideología'; es ideología pura lo que están haciendo, y en ese sentido no amerita ningún tipo de respaldo".

Asimismo, el experto apuntó que esta modificación curricular responde a una agenda política impulsada desde sectores afines al oficialismo desde hace varios años.

“Esto es parte de un esfuerzo que hay desde hace mucho tiempo de introducir, por ejemplo, un curso de historia del terrorismo —planteado hace algunos años por una legisladora fujimorista—, y también se ve que es parte de una suerte de estrategia de atacar el informe de la Comisión de la Verdad y de negar las responsabilidades institucionales".

El historiador también sostuvo que la imposición de este relato en las aulas atenta directamente contra el desarrollo del pensamiento crítico en las nuevas generaciones.

“Lo que se pierde no tiene que ver solamente con esos intentos torpes de borrar un periodo, sino también un elemento básico y fundamental de la ciudadanía: el pensamiento crítico. El hecho de no permitir a la ciudadanía conocer su pasado y establecer su propio criterio es muy grave".

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Con Álbum de familia, cierra la trilogía en la que abordó dos décadas de violencia desde diferentes perspectivas: la subversión, las víctimas del terrorismo y del Estado, y las secuelas. “En este momento hay un clima de polarización donde se busca la descalificación del otro”, comenta Calero y señala que volvería a debatir si lo acusan de romantizar el terrorismo. “Si hay algo que nos diferencia de las hordas y del salvajismo es el ejercicio de la palabra y la inteligencia. Si alguien dice que hago apología, que lo argumente. Tenemos la necesidad de replicar”.

En el filme, uno de los personajes prefiere ocultar la evidencia y seguir adelante. Calero considera que esto se puede trasladar a otros escenarios. "Me lleva a pensar en lo que dice el canciller Espá. Él quiere atacar el LUM (El Lugar de la Memoria), quiere destruirlo, sin duda. Quiere que desaparezca. Y entonces se están utilizando argumentos falsos, además, se dice que no va a nadie, pero se está mintiendo para lograr tu objetivo, que puede ser la supresión de la memoria".

Por coincidencias del cine, estrenas esta película en un momento complejo para el arte y, digamos, para la memoria en Perú. ¿Te imaginabas aportar a la conversación con este escenario?

Estoy de acuerdo contigo, pero la película, claro, tendría que haberse estrenado el año pasado. Se estrena ahora por una cuestión burocrática. No dejo de pensar que ahora esta película cobra una vitalidad particular. Primero, porque ha habido una ley de amnistía a los militares y policías asesinos. Es el momento en que, de manera coordinada y orquestada, el ministro de Cultura de Beingolea y el canciller Espá hacen declaraciones que apuntan a cuestionar el LUM. Es decir, un lugar que preserva la memoria objetiva del horror. Mi película tiene escenas filmadas ahí.

Esta trilogía inicia con La última tarde (2016), porque querías aportar a la memoria sobre el conflicto armado interno. ¿Qué te pareció el retorno del fujimorismo?

Yo, como ciudadano peruano, tengo clarísimo que el fujimorismo fue una etapa nefasta para el país porque se acentuó una cierta degradación moral. Sus propios delitos quedaron grabados por uno de sus propios delincuentes, Montesinos. Y si uno podría haber tenido un margen de ‘vamos a ver qué ocurre’, este primer mes de gobierno, lo que te muestra es la improvisación. Había una apetencia por llegar al poder, pero al parecer sin que existiera una cualificación. Entonces, a mí me produce ganas de refugiarme en el cine, en la literatura, en la música.

Te digo esto porque La piel más temida generó un debate. Ahora, en 'Álbum de familia', te centras en la idea de que un hijo tiene que cuestionar a su padre. ¿Has querido revisar a una generación que se repite?

La película surge de una reflexión sobre eso: sobre cómo los hijos podemos y debemos diferenciarnos de nuestros padres y elegir nuestro propio camino, nuestros propios valores. Trasladando eso al aspecto político, Keiko Fujimori tiene el derecho de ser presidenta, pero no tiene por qué ser como su padre. Vemos que hay una estela de hijos de políticos, entre los cuales está, seguramente, la excongresista Tudela, la hija de Alan García y el hijo de Acuña. Estamos viendo unos sujetos políticos que son epígonos de sus padres, sus defensores. Pienso en las enseñanzas desde el cine, como el documental del hijo de Pablo Escobar. Por supuesto que habla de su padre con afecto, pero no deja de reconocer que era un asesino ni deja de pedir perdón a las víctimas. Eso es madurez.

Hay una escena violenta para recuperar la evidencia. ¿Quisiste representar a una suerte de villano que no dejó de serlo o al producto de un país?

Para mí, no es un villano. Estamos haciendo spoilers, pero si la hija le tiene lealtad, es porque su padre se encargó de protegerlos. Le tienen devoción, es un padre empático. No creo que sea ni remotamente un villano, es un personaje que está respondiendo al discurso de una época. Yo tenía un profesor que fue militar y decía algo que para él tenía lógica: sus compañeros estaban caminando y unos campesinos se alzaron los ponchos y los balearon. Por eso decía: "Ahora, si veo a unos campesinos que están cerca, primero los baleo y luego los reviso".

¿Crees que estaba normalizada la violencia contra los campesinos?

Sí, estaba normalizada y los militares eran sujetos conducidos por el miedo y el racismo: no estaban matando gente como ellos, sino campesinos. Y eso no cambia. En el gobierno de Boluarte, la mayoría de las víctimas son de Puno y de Ayacucho. En provincias, es decir, donde la marronidad es predominante, se mata con más soltura, es menos ominoso matar.

En cuanto al cine y las artes en general, ¿eres de los que piensan que peligra el Ministerio de Cultura?

Por supuesto, como está ocurriendo con esos otros países en los que, claro, se pretende eliminar la cultura, como si un país solamente fuera economía. Ahora estamos ante un panorama nefasto, hay una idea ridícula de colegiar a los artistas y hay una cosa concreta que es la censura. Todavía eso no se ha convertido en reglamento. Entonces, parece ser que hay una ofensiva contra la cultura y la memoria. Lo que queda es defenderla, por supuesto.❖

• Trilogía. La película en blanco y negro. Actúan Lucho Cáceres, Emanuel Soriano, María Fernanda Valera y Natalia Torres Vilar. Paulina Tacac en un personaje que habla de la violencia del Estado.
• Estreno. Álbum de familia, protagonizada por Emanuel Soriano, ingresa a la cartelera este jueves 17. La película ganó el premio DAFO (del Ministerio de Cultura) en 2018 y se estrenó en el Festival de Cine de Lima en la edición 2024.

"La siguiente semana tenemos que empezar a contar con los documentos necesarios para finalmente debatir en esta comisión", indicó. Dicha semana de representación se realizará del 21 al 25 de septiembre.

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Avendaño explicó que varias comisiones pidieron ampliar el plazo para entregar sus informes. Por ese motivo, esta semana la Comisión de Constitución seguirá recibiendo esos documentos. Recién la próxima semana el grupo de trabajo podrá reunir el material necesario para iniciar el debate.

La congresista señaló que la semana posterior a esa corresponde a la semana de representación. En ese periodo, los parlamentarios suelen viajar a sus regiones o cumplir actividades ya programadas. Por eso, la presidenta de la comisión descartó convocar una sesión durante esos días.

Avendaño pidió garantizar la asistencia de todos los miembros titulares de la comisión. Explicó que, si algún congresista no puede asistir, se activa a un suplente en su lugar. Para evitar ese escenario, propuso que la evaluación del predictamen se lleve a cabo el día inmediato siguiente al término de la semana de representación.

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El Reglamento fija un plazo de 15 días hábiles que no se puede ampliar

El procedimiento de urgencia, regulado en el artículo 116 del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece un límite claro para dictaminar este tipo de proposiciones: quince días hábiles, improrrogables. La norma no deja margen para extensiones.

Ese plazo fijo contrasta con el pedido de ampliación que motivó, según Avendaño, el retraso en el debate del predictamen. El artículo 116 también señala que el dictamen debe publicarse por un solo día calendario y que la proposición se incorpora de oficio en la agenda del Pleno, con preferencia sobre otros temas.

Al haberse solicitado ya los informes a las comisiones, ese plazo de quince días hábiles corre igual, sin posibilidad de prórroga. El incumplimiento del plazo no significa algún tipo de sanción para la comisiones, pero no tendría respaldo normativo.

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Siete comisiones ya se pronunciaron en contra del pedido de facultades

Al 14 de septiembre, el balance entre las comisiones consultadas es mayoritariamente adverso para el Ejecutivo. De doce grupos de trabajo, siete emitieron opinión desfavorable, dos se pronunciaron a favor y tres todavía no definen postura.

Las comisiones que rechazaron el pedido son Infraestructura, Vivienda y Transportes; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Energía y Minas; Ciencia, Innovación y Sociedad Digital; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y Derechos Humanos; y Defensa del Consumidor. Ese número de opiniones en contra representa más de la mitad de los grupos que ya definieron una posición.

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Solo dos comisiones respaldaron el pedido de facultades legislativas hasta el momento: Defensa Nacional y Orden Interno, y Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ambas concentran las áreas donde el Ejecutivo buscaba mayor margen de acción, según lo planteado por la propia presidenta Fujimori en sus declaraciones sobre el orden y la seguridad.

Tres comisiones aún no entregan su informe: Economía, Desarrollo Agrario y Modernización del Estado.

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La Comisión de Economía postergó este lunes la votación de su informe hasta el miércoles 16, tras una sesión marcada por el desacuerdo. El punto de mayor tensión fue el pedido del Ejecutivo para eliminar el tope de 114% a las tasas de interés, que la comisión mantiene con opinión desfavorable.

Fuerza Popular intentó separar ese punto del resto de las 16 materias económicas incluidas en el pedido, para que se votara de forma independiente, pero la propuesta fue rechazada por 11 votos contra 9.

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Keiko Fujimori sobre pedido de facultades: "Apelo a la reflexión y a la objetividad del Parlamento"

Keiko Fujimori, presidenta de la República, volvió a reiterar su llamado al Congreso para que defina su voto sobre el pedido de facultades legislativas que impulsa su propio gobierno.

Anunció además que el Ejecutivo aprobará decretos de urgencia y pidió a los parlamentarios evaluar el pedido con reflexión antes de someterlo a votación. "Se están ya aprobando una serie de decretos de urgencia (...) yo de todas maneras apelo a la reflexión, a la objetividad del parlamento", declaró.

La mandataria afirmó que el objetivo de las facultades es recuperar el orden en el país. Según su versión, ese propósito no responde a intereses de campaña ni de partido, sino a la voluntad expresada por los electores. "El orden no es un tema de campaña, no es un tema de partido político, es la voluntad de los peruanos que han votado por el orden", declaró.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, fue todavía más tajante: anunció que el Gobierno retirará de la currícula nacional “todo tipo de ideología” y cuestionó que el currículo se haya convertido en una “bolsa sin fin” de contenidos. Su propuesta apunta a reducir contenidos y priorizar comprensión lectora, razonamiento matemático, pensamiento crítico, educación cívica, inglés, educación financiera y formación técnica.

Pero el anuncio no es solamente pedagógico. La frase sobre una educación “sin ideología” llega después de que Fuerza Popular colocara durante la campaña la eliminación de la llamada “ideología de género” como parte de su propuesta educativa. En el debate presidencial de marzo, Fujimori planteó eliminarla del sistema educativo; semanas después volvió a ofrecer una reforma curricular.

Ahora, ya desde el Gobierno, el concepto se amplía: Chang habló de retirar “todo tipo de ideología” y cuestionó incluso las interpretaciones ideológicas de la historia. Qué contenidos serán considerados ideológicos y quién determinará ese criterio todavía no ha sido explicado. En declaraciones anteriores, el titular del Minedu afirmó que se contará en los libros escolares lo que pasó en el periodo 1980-2000 en el Perú.

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La historia también entra en disputa

La discusión adquiere una dimensión particularmente sensible cuando se habla de historia y terrorismo.

En 2023, el Congreso aprobó la Ley 31745, que declaró de interés nacional introducir en el currículo contenidos de educación cívica y de historia de la subversión y el terrorismo en el Perú. La norma plantea que estos contenidos contribuyan al fortalecimiento de la democracia y al reconocimiento histórico de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

El Minedu ya ha desarrollado herramientas pedagógicas en cumplimiento de esa disposición. Sus materiales para docentes incluyen el estudio de la subversión y el terrorismo dentro de las áreas de Personal Social, Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y vinculan su enseñanza con la formación de ciudadanos críticos y democráticos.

Incluso el propio Ministerio ha sostenido que los escolares deben conocer el daño causado por el terrorismo para evitar que se repitan sus discursos violentistas.

Por eso, el debate que abre ahora el Gobierno no parte de cero. Existe ya una política educativa para enseñar ese periodo de la historia peruana. Lo que queda por determinar es si la nueva reforma curricular modificará la manera de abordar esos contenidos, qué interpretación histórica buscará priorizar y qué entenderá el Ejecutivo por una enseñanza “sin ideología”.

El antecedente es especialmente relevante porque la educación fue uno de los espacios atravesados por el conflicto armado interno. Investigaciones del IDEHPUCP han documentado cómo Sendero Luminoso buscó expandir su influencia en escuelas, colegios, institutos pedagógicos y universidades, convirtiendo distintos espacios educativos en escenarios de disputa ideológica.

Pero justamente por ello, especialistas han advertido que enseñar ese periodo no puede reducirse a una versión simplificada de los hechos.

El Consejo Nacional de Educación ya había cuestionado en 2021 una propuesta para introducir obligatoriamente la “Historia del Terrorismo en el Perú”. En su opinión técnica, sostuvo que enseñar esos contenidos no garantiza por sí mismo una comprensión compleja del pasado y que la historia debe contribuir al pensamiento crítico y reflexivo, evitando interpretaciones facilistas.

Ese debate vuelve ahora al centro de la reforma.

“Sin ideología”: una definición que todavía no existe

Ricardo Cuenca cuestionó que el Gobierno anuncie una “currícula sin ideología” sin explicar qué implica concretamente esa propuesta. El exministro de Educación señaló que el Minedu debería precisar si se trata de una decisión pedagógica o política y si responde a una política general del Gobierno o a una iniciativa del propio sector.

En esa línea, planteó una pregunta de fondo: “Ya se retiró de las políticas educativas la ‘ideología’ de género, ¿qué otro tipo de ‘ideología’ piensa retirar?”

El actual currículo no se construyó, además, como un documento improvisado. El propio Minedu ha señalado que su elaboración fue ‘‘participativa’’ y que contempla enfoques transversales, entre ellos el de igualdad de género, pero entendido como igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Por ello, Cuenca plantea que la reforma deberá precisar si pretende modificar contenidos, enfoques pedagógicos o ambos.

Para Luis Lescano, expresidente del Consejo Nacional de Educación, actualizar el currículo es necesario: el documento vigente data de 2016 y requiere una revisión. Sin embargo, considera fundamental que el proceso tenga participación de docentes, especialistas, regiones y comunidades educativas para que el nuevo currículo tenga legitimidad.

Lescano también advierte que el pensamiento crítico no consiste en repetir una versión determinada de los hechos, sino en aprender a cuestionar, contrastar y analizar información. “Mientras hayan nuevas ideas, hayan debates sobre esas ideas van creciendo las propuestas”, sostiene.

La advertencia resulta particularmente relevante cuando el propio Gobierno afirma que quiere formar estudiantes con pensamiento crítico mientras plantea evitar determinadas interpretaciones de la historia.

Una reforma que llega con una disputa política previa

La discusión sobre el currículo no es nueva para Fujimori. En marzo, durante la campaña presidencial, la candidata de Fuerza Popular ya había anunciado que eliminaría la denominada “ideología de género” del sistema educativo y que reforzaría educación cívica, inglés y otros contenidos.

Incluso existe un antecedente más antiguo. En 2021, durante la campaña contra Pedro Castillo, Fujimori planteó “replantear” los contenidos del currículo relacionados con género y terrorismo.

La actual propuesta, por tanto, puede leerse como la continuación de una agenda que ya estaba presente antes de que Fuerza Popular llegara al Gobierno.

La diferencia es que ahora esa discusión deja de ser una promesa electoral y se convierte en una política pública que deberá traducirse en documentos curriculares, materiales, capacitación docente y decisiones concretas sobre qué aprenderán millones de escolares.

Flor Pablo, exministra de Educación, señala que, cuando el ministro habla de enseñar lo que “realmente ocurrió en los 80s”, debe precisar qué contenidos cambiará, con qué fuentes y mediante qué proceso técnico y plural. La exfuncionaria advierte que los estudiantes deben conocer que Sendero Luminoso y el MRTA provocaron terror y muerte, pero también que durante ese periodo hubo graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, investigadas y sancionadas.

“Reconocer estos hechos no equipara responsabilidades ni desacredita a nuestras Fuerzas Armadas o a la Policía”, señala Pablo, frente a una lectura que podría utilizar la reforma curricular para polarizar el debate. A su juicio, la historia debe enseñarse con documentos, testimonios, investigaciones y sentencias, promoviendo pensamiento crítico. “Los estudiantes necesitan memoria para que el terrorismo, el autoritarismo y cualquier forma de violencia no vuelvan a repetirse. No necesitan una historia oficial escrita por cada gobierno”.

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PISA expone una crisis que va más allá del currículo

El Gobierno vincula la reforma con los resultados de PISA 2025, publicados recientemente. Perú obtuvo 382 puntos en Matemática, 390 en Lectura y 406 en Ciencias. Frente a 2022, perdió nueve puntos en Matemática y 18 en Lectura.

Solo alrededor del 30% de estudiantes alcanzó el nivel mínimo en Matemática y el 42% lo hizo en Lectura, frente a 65% y 69%, respectivamente, en el promedio de la OCDE.

El diagnóstico explica parte del énfasis del Gobierno en lectura, matemática y pensamiento crítico. Pero los resultados no pueden atribuirse únicamente al contenido de la currícula.

Flor Pablo considera positivos anuncios como el fortalecimiento de la educación técnica, la formación de directores, la Carrera Pública Magisterial, la lectura diaria y la recuperación de evaluaciones nacionales. Sin embargo, advierte que un plan no se define por la cantidad de anuncios, sino por su capacidad de producir resultados.

También cuestiona que conectar las escuelas se reduzca a instalar internet. Se necesitan equipos, electricidad, mantenimiento, contenidos y docentes preparados para utilizar la tecnología con sentido pedagógico.

2.000 colegios frente a una brecha de S/171.000 millones

El otro gran componente del plan es la infraestructura.

Fujimori anunció la construcción de 2.000 colegios en cuatro años y la modernización o remodelación de otros 3.000 locales educativos. El Gobierno también plantea conectar al 100% de escuelas a internet, principalmente mediante tecnología satelital, hacia julio de 2027.

La promesa enfrenta una brecha de infraestructura estimada por el sector en alrededor de S/171.000 millones, además de miles de locales educativos con problemas estructurales.

Lescano considera que la prioridad debería estar en recuperar los colegios que ya existen. Su razonamiento es directo: antes de construir miles de nuevas escuelas, el Estado debe evitar que las actuales continúen deteriorándose.

“¿Qué gano yo con 2.000 colegios si se me van a caer los que ya tengo?”, plantea.

La observación coloca la promesa presidencial frente a un problema más antiguo: la capacidad del Estado para ejecutar, mantener y sostener la infraestructura educativa más allá de la inauguración.

La promesa docente tampoco se resuelve con una nota de 14

El Gobierno anunció además que elevará a 14 la nota mínima para ingresar a la Carrera Pública Magisterial y que recuperará una evaluación nacional de los estudiantes.

Para Lescano, sin embargo, la formación docente requiere una política integral que articule formación inicial, capacitación en servicio, evaluación, carrera magisterial, bienestar y condiciones de trabajo.

“Una nota de corte” puede ser parte del sistema, pero no garantiza por sí sola mejores maestros.

Flor Pablo coincide en que la evaluación será útil únicamente si sus resultados vuelven a las aulas y sirven para mejorar la enseñanza, y no si se convierten en rankings o mecanismos de sanción.

Lo que el plan todavía no responde

Más allá de las cifras y anuncios, los especialistas consultados coinciden en una preocupación: la implementación. El Plan Nacional de Educación 2026-2031 tendrá que definir presupuesto, cronogramas, responsables, indicadores y mecanismos de seguimiento para evitar que las promesas queden asociadas únicamente al actual Gobierno.

Lescano recuerda que la inestabilidad del Minedu ha sido uno de los principales obstáculos para la continuidad de las políticas educativas: en los últimos diez años hubo alrededor de 20 ministros de Educación. Los cambios de ministros suelen venir acompañados de modificaciones en viceministerios, direcciones y equipos técnicos.

Por ello, plantea que el nuevo plan debe articularse con el Proyecto Educativo Nacional al 2036, una política de Estado que ya existe y que fue aprobada por el Ejecutivo.

El Consejo Nacional de Educación también elaboró sus propios Elementos para un Plan de Desarrollo de la Educación Peruana 2026-2031, construido mediante un proceso participativo y pensado como instrumento para implementar el PEN 2036.

El propio Lescano señala que varias de las medidas anunciadas por el Gobierno coinciden con ese documento y considera positivo que el Minedu las haya recogido. Pero insiste en que la nueva política debe aprovechar lo avanzado y no empezar nuevamente desde cero.

Lo que queda pendiente

La mandataria no mencionó problemas que siguen golpeando a las escuelas, como los casos de abuso contra escolares, el bullying y la falta de docentes en territorios indígenas. Para Flor Pablo, el plan también debería incorporar medidas sobre convivencia escolar, prevención de la violencia y bienestar socioemocional, especialmente en contextos rurales e interculturales.

Otro pendiente es la alimentación escolar. Pablo advirtió que la promesa de dos comidas diarias para estudiantes de primaria y secundaria no aparece desarrollada con claridad en el plan. Para los especialistas, el reto no pasa solo por mejorar aprendizajes, sino por garantizar las condiciones que permiten a los estudiantes permanecer y aprender en la escuela.

La reforma curricular de Keiko Fujimori comienza, así, con una frase políticamente potente: “sin ningún tipo de ideología”. Pero esa consigna todavía no constituye una política curricular.

El Gobierno tendrá que explicar qué contenidos pretende retirar, qué entiende por ideología, quién tomará esa decisión y bajo qué evidencia pedagógica. También deberá precisar cómo convivirá esa nueva orientación con la enseñanza de la historia de la subversión y el terrorismo, que ya tiene respaldo legal y materiales oficiales. Expertos coinciden en que decidir qué se enseña sobre ese pasado también es una decisión política.

Consultado puntualmente sobre qué pasaría si, dentro de esa cooperación, surgen pedidos concretos de Washington y si el Gobierno tomaría partido por uno de los dos países, Espá no le dio importancia y lo calificó de narrativa construida sobre una falsa dicotomía, sin precisar qué haría el Ejecutivo si ese pedido específico se presentara.

“La Constitución establece expresamente que es la presidenta de la República la que conduce las relaciones exteriores del Perú. En el tema de otorgar asilo, en el tema de otorgar salvoconductos, en el tema de establecer relaciones, romper relaciones, todo esto está en manos del Poder Ejecutivo, y tiene la obligación de explicar y actuar con transparencia. Somos un gobierno que cree en la separación de poderes”, sostuvo.

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Asimismo, Espá defendió el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y dijo que todos los gobiernos anteriores solicitaron herramientas similares y confió en que las bancadas actúen con espíritu patriótico, sin referirse a los cuestionamientos específicos que enfrenta el trámite en el Congreso por no solo realizar pedidos en temas de Fenómeno del Niño o inseguridad ciudadana.

“Tres bancadas acaban de enviar esa sugerencia, nosotros hemos presentado un paquete de facultades, como lo han hecho todos los gobiernos, todos la recibieron. Estoy seguro que serán otorgadas”; precisó.

Vidarte advierte que el Escudo de las Américas sí puede tensionar la relación con China

El internacionalista Óscar Vidarte advirtió que el ingreso del Perú al Escudo de las Américas sí acerca al país a Estados Unidos y sí puede traer roces con China, aunque el mecanismo se venda como una herramienta contra el crimen organizado.

Vidarte pone un ejemplo concreto y menciona una columna que el propio Marco Rubio publicó en El Comercio, donde el secretario de Estado cuestiona la influencia china en América Latina y la pinta como una amenaza para Estados Unidos y la región. Si eso es lo que piensa Washington, dice Vidarte, el Escudo bien puede terminar usándose también para frenar a China, no solo al narcotráfico.

El director regional de Salud de Áncash, Ricardo Natividad Collas, también fue impedido de ingresar al recorrido de campo por el mismo personal de seguridad, según se conoció tras el incidente. El Gobierno Regional de Áncash calificó el hecho de grave que la prensa regional haya sido retirada de una actividad oficial de evidente interés público.

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Esto sucedió mientras el titular de Salud supervisaba la infraestructura y la atención hospitalaria del nosocomio chimbotano. Al ser consultado por los hallazgos de su inspección, Dyer respondió que continuaría el recorrido y que darían declaraciones "al final" a la prensa.

Sin embargo, el ministro abandonó las instalaciones sin atender a los medios locales. La coordinadora de prensa ministerial insistió a los periodistas en que la autoridad declararía al final del recorrido, promesa que no se cumplió. Horas más tarde se supo que solo un grupo selecto de medios fue invitado a una conferencia de prensa posterior en la zona de Nepeña, lejos del hospital donde ocurrió el incidente.

ANP exige sanciones y denuncia acceso discrecional

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó el trato hacia Bravo y Torres por parte del equipo de seguridad del ministro y exigió que se desarrollen las acciones disciplinarias correspondientes para identificar y sancionar a los efectivos involucrados.

El gremio periodístico denunció un patrón que excede el caso puntual: la discriminación en el acceso de periodistas y medios locales a las conferencias de prensa de altas autoridades del Estado. Para la ANP, estos espacios deben mantener amplia apertura para garantizar el derecho de la ciudadanía a la información, en lugar de reservarse a un grupo reducido de medios elegidos a dedo.

El proyecto lleva ya dos semanas en manos del Parlamento. La mandataria pidió a los parlamentarios actuar con objetividad. Les recordó que la delegación busca, según explicó, recuperar el orden en el país.

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"Se están ya aprobando una serie de decretos de urgencia. Yo de todas maneras apelo a la reflexión, a la objetividad del parlamento porque estas facultades tienen como primer objetivo recuperar el orden", declaró.

La mandataria también se mostró confiada en que el debate público de los últimos días abrió espacio para un mayor análisis dentro del Parlamento. Sostuvo que esa discusión, lejos de trabar el proceso, ayudó a que los congresistas evalúen con más calma la propuesta. "Estos días que han permitido mayor debate también están permitiendo mayor reflexión de parte de los parlamentarios", señaló.

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Comisión de Economía postergó el voto por el tope a las tasas de interés

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados no logró un acuerdo sobre las 16 materias económicas que planteó el Ejecutivo y decidió postergar la votación del informe hasta el miércoles 16 de setiembre.

El punto de mayor tensión fue la propuesta para eliminar el tope de 114% a las tasas de interés. Fuerza Popular intentó separar ese punto del resto del paquete a través de una cuestión previa presentada por la congresista Rosangella Barbarán, pero la iniciativa fue rechazada por 11 votos contra 9. El pedido del Ejecutivo sobre las tasas quedó, entonces, dentro del informe con opinión desfavorable.

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El documento elaborado por la comisión sustenta ese rechazo con cifras concretas. Según el informe, las tasas promedio de los créditos para pequeñas y microempresas, así como los préstamos de consumo en bancos, financieras y cajas municipales, ya se ubican por debajo del límite vigente.

La comisión también puso en duda uno de los argumentos del Ministerio de Economía y Finanzas, que sostuvo que las tasas se concentraron cerca del tope tras su entrada en vigencia.

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Para los congresistas, los datos históricos de la SBS no respaldan esa lectura. El informe agrega, además, que una mayor oferta de crédito no beneficia por sí sola a los usuarios si trae consigo una carga financiera más alta o un mayor riesgo de sobreendeudamiento.

El debate expuso, de paso, que el rechazo al pedido del Ejecutivo no representó una postura uniforme entre los parlamentarios. La congresista Cecilia Chacón cuestionó que el informe planteara una posición desfavorable para las 16 materias en bloque, sin abrir una discusión diferenciada para cada una.

Pidió, en el caso de las tasas de interés, que se convocara a la SBS para sustentar el punto con mayores elementos técnicos. Paola Martínez, de Renovación Popular, marcó una postura distinta: dijo que su bancada podría respaldar las facultades ligadas a la prevención del fenómeno El Niño y a la seguridad ciudadana, pero se distanció de otras propuestas, entre ellas el retiro del tope a las tasas y las finanzas abiertas con cuentas para menores de edad.

"Hay casi seis millones y medio de peruanos que no tienen conexión de agua domiciliaria, hay 15 millones que no tienen desagüe, y todo eso se destraba precisamente con estas leyes que, si es que no las aprueban, nosotros vamos a tener que aprobarlas por decretos, pero eso va a demorar todo el periodo", señaló.

Ante esta situación, Arnillas reiteró la necesidad de aprobar un paquete normativo completo que abarque diversas necesidades urgentes de la población.

"Piensen en el país, no piensen solamente en el Niño y la inseguridad, que yo sé que ahora mismo hay emergencias, pero también tenemos urgencias de todo tipo. (…) también son para agua potable, también son para que los colegios puedan contar con titulación, son para un montón de cosas que ayudarían".

Las declaraciones del ministro se dan luego de que el Congreso precisara la necesidad de delimitar las materias incluidas en el pedido de facultades legislativas, ya que al ser una delegación muy amplia podría afectar la labor de la Cámara de Diputados.

"Realmente no le encuentro una justificación técnica de pedir 66 cosas al mismo tiempo. (…) Lo que se busca es poner en jaque a la Cámara de Diputados y eventualmente en esas circunstancias nos tenemos que ver obligados a decir que no, porque hay que defender el fuero del Parlamento", señaló el diputado de Juntos por el Perú Ernesto Zunini vía RPP.

Del mismo modo, el ministro de Vivienda indicó que la actual gestión recluta personal técnico por su capacidad profesional y no por afinidades partidarias.

Ante los cuestionamientos sobre la permanencia de personal de anteriores administraciones, el funcionario descartó el reciclaje de autoridades en el sector.

"No son funcionarios de la expresidenta Dina Boluarte, son funcionarios muy buenos que nosotros estamos captando sin ver el color político", declaró para los medios.

Inspección de servicio de agua en Lima y Callao

El ministro Arnillas supervisó redes de agua y la habilitación de compuertas de seguridad para proteger la planta de La Atarjea junto con personal de Sedapal.

"Todos los reservorios y las líneas de distribución del agua están monitoreadas para ver qué capacidad tienen”.

Respecto a las medidas de prevención frente a las crecidas de los ríos, el funcionario señaló las acciones preventivas ejecutadas en la zona para evitar desastres similares a los de años anteriores.

"Hemos verificado que la quebrada, el río Huaycoloro está encauzado, están ya terminados esos trabajos, por lo tanto no va a suceder lo que sucedió en el año 2017".

En cuanto al problema de las familias que ocupan cauces peligrosos, el titular del sector cuestionó la responsabilidad de distintas administraciones locales en el otorgamiento de permisos.

"Es una responsabilidad compartida entre los alcaldes, que les dan las licencias, entre algunas empresas que le ponen servicios de electricidad, incluso servicio de gas. El propio alcalde hace canchitas de fútbol y demás infraestructuras dentro de las quebradas".

Sobre las consecuencias sociales del fenómeno climático, la autoridad reconoció la dificultad de calcular una cifra exacta de afectados. Sin embargo, advirtió que las viviendas que están en peligro en este momento "sobrepasan el millón a nivel nacional".

El Ministerio pidió tomar con cautela cualquier contenido que aparezca en su perfil mientras dure el problema. Según precisó, "las publicaciones realizadas desde dicha cuenta no corresponden a comunicaciones oficiales del MEF". La advertencia busca evitar que mensajes publicados desde el perfil sean atribuidos al Gobierno o al sector Economía.

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La entidad no precisó quién habría tomado el control de la cuenta ni detalló cómo ocurrió la vulneración. Tampoco informó si el incidente afectó otros canales digitales del Ministerio. El comunicado se limitó a informar sobre la pérdida de acceso al perfil de X y el inicio del protocolo para recuperar la cuenta.

Castillo asumió el cargo en medio de la crisis sanitaria por la COVID-19 y protestas sociales por la llegada de una nueva gestión; mientras que en la actualidad, Fujimori enfrenta los estragos de un posible Fenómeno El Niño y la crisis de la criminalidad.

Bajo esos parámetros, La República revisó las actas de las sesiones de Consejo de Ministros que lideró Fujimori y Castillo, durante su primer mes de gestión, con el objetivo de analizar cómo interactuaron con su gabinete y cuáles fueron sus primeras decisiones.

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Pedro Castillo realizó cuatro sesiones de Consejo de Ministros en agosto de 2021. En todas las reuniones dialogó con sus ministros sobre la crisis sanitaria, el alza de precios, corrupción y la situación en el sector laboral.

Con respecto a la emergencia de la COVID, el expresidente dijo que las fuerzas armadas se involucren para que la población se vacune. También pidió a sus ministros un resumen de los actos de corrupción registrados en su cartera, además de la necesidad de entablar un diálogo directo con los sectores laborales.

Por su parte, Keiko Fujimori cerró agosto con 10 sesiones del Consejo de Ministros. A diferencia de Castillo, la mandataria solo habló en tres reuniones con su gabinete y en seis se mantuvo en silencio.

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En sus pocas intervenciones, Fujimori agradeció y pidió compromiso de sus ministros y de manera general pidió que se prioricen medidas preventivas para el FEN, pero no dio ninguna indicación clara sobre la problemática, tampoco abordó la crisis de la inseguridad.

Según las actas, los ministros Luis Galarreta, César Astudillo y Marco Vinelli anunciaron iniciativas como declarar en estado de emergencia Lima y otras regiones ante el incremento de asesinatos; así como la intervención de las Fuerzas Armadas.

En el debate, la mandataria se quedó callada, no hubo intervención ni tampoco una decisión sobre las recomendaciones de los ministros, según la sesión del 5 de agosto.

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Críticas

Mirtha Vásquez, expresidenta PCM durante la gestión de Pedro Castillo, confirmó que en las actas se transcriben todas las participaciones del presidente y ministros por ley de transparencia.

"A mí me sorprende que no haya intervenciones de la señora Fujimori, porque eso evidenciaría su falta de liderazgo y uno se pregunta, entonces, ¿Quién toma las decisiones? Porque en todo caso quedará en manos del primer ministro", sostuvo.

Añadió que Castillo tuvo mucha interacción en las sesiones e insertaba temas en agenda para que sean discutidos. "Más allá de que la señora haya salido en campaña a visitar lugares, pues eso no es como haber vivido en los espacios territoriales, haber conocido de cerca las problemáticas, cosa que yo creo que ayudaba mucho al expresidente Castillo en colocar temas en agenda", mencionó.

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El politólogo Alejandro Mejía señaló que la falta de experiencia de Fujimori ante un gabinete tecnocrático le viene pasando factura. "En Keiko Fujimori hay una falta de experiencia. Es un gabinete de personas con bastante experiencia en lo público y donde ella pues en realidad quedaría muy corta en lo que realmente abordaría", indicó.

Mejía expuso que Fujimori está a la sombra de Galarreta en las sesiones porque no viene abordando las problemáticas. "Está en la sombra de un personaje que no estamos dando mucha atención, como es el primer ministro Galarreta. En espacios de discusión con los ministros, muy aparte de él ser jefe del gabinete, también la voz y las propuestas deben partir de la presidenta Fujimori. Ella tiene experiencia en campañas, pero no tiene experiencia tan arraigada en temas de representación y, sobre todo, en la gestión pública", expresó.

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Durante la entrevista en el streaming 'Bajo el Foco', la periodista Jacqueline Fowks le recordó que el candidato ha planteado incrementar las áreas verdes como parte de sus propuestas para Lima. Sin embargo, también le señaló que no había fijado una posición frente a lugares que ya enfrentan denuncias por la pérdida de árboles y espacios verdes.

“Me voy a pronunciar sobre eso cuando yo tenga la responsabilidad de todo Lima”, respondió Carlos Bruce. El candidato sostuvo que no podía dedicar su campaña a pronunciarse sobre cada problema de la ciudad porque eso le impediría presentar sus propuestas.

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La periodista insistió en que no le estaba pidiendo una lista de críticas, sino una reacción frente a situaciones denunciadas por ciudadanos. Bruce mantuvo su posición y afirmó que sus propuestas ya habían sido difundidas en sus redes sociales.

El intercambio subió de tono cuando la periodista le recordó que ya era candidato a Lima y que sus preguntas se referían precisamente a esa condición. Bruce respondió que todavía es alcalde de Surco y afirmó: “Soy alcalde de Surco y voy a seguir siendo alcalde de Surco hasta fin de año”.

Figari fue investigado durante nueve años y pasó 19 meses en prisión preventiva por el caso de presuntos aportes irregulares a las campañas de Fuerza Popular en 2011 y 2016, cuando el partido postulaba a Keiko Fujimori. El Tribunal Constitucional anuló después ese proceso. El parlamentario reclama ahora que se le repare por lucro cesante, daño emergente y daño moral.

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La cita de hoy es la segunda convocatoria. Según información de RPP, la primera, programada para el 3 de setiembre, no se pudo realizar porque solo se conectó el juez Concepción Carhuancho. Los procuradores públicos del Ministerio Público y del Poder Judicial, junto con Pérez, Vela y Zúñiga, no asistieron a la videollamada por Google Meet.

El abogado de Figari, Aurelio Pastor, explicó que la conciliación extrajudicial busca evitar que el caso llegue a un juicio civil. Si los cuatro demandados no aceptan el pago, el trámite pasará al Poder Judicial y ahí se definirá si corresponde la reparación.

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¿Qué dijo Richard Concepción Carhuancho sobre la demanda?

El juez calificó la medida de inviable y selectiva. En una entrevista con RPP, dijo que solo cumplió con su función y que, en el fondo, la demanda busca perseguir a nivel civil a los jueces que participaron en el caso.

Concepción Carhuancho defendió además su decisión inicial de dictar prisión preventiva contra Figari. Recordó que esa medida no fue un acto personal, sino una resolución evaluada y validada por otras instancias del Poder Judicial: la Sala Penal de Apelaciones la ratificó de manera unánime.

El excongresista José Chlimper anunció, en paralelo, una demanda similar por S/1,2 millones contra los mismos operadores del caso. Ambos procesos se originan en la misma investigación de 2016 contra Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular por presuntos aportes irregulares de campaña — investigación que hoy Figari y Chlimper buscan que se les indemnice.

Una investigación de Cuarto Poder reveló que el funcionario también presentó viáticos sin comprobantes: recurrió a declaraciones juradas simples, en lugar de facturas o boletas, para justificar cerca de mil dólares en gastos de alimentación.

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La revisión de los documentos entregados por la Defensoría del Pueblo detectó párrafos idénticos a textos publicados semanas antes por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI).

Los expedientes correspondían a sus misiones en Suiza y Países Bajos, realizadas en mayo de 2024. Ningún tramo del informe reconoció esa fuente.

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De un total de once desplazamientos a ciudades como Ginebra, La Haya, Dinamarca y Dubái, tres misiones oficiales no tienen informe alguno en los archivos institucionales. La ley exige que estos documentos se presenten en un plazo máximo de 15 días tras el retorno. Gutiérrez incumplió ese plazo sin dar explicaciones públicas.

Para el viaje a Suiza y Países Bajos, el Banco de la Nación le entregó un cheque por 5,640 dólares. En su desplazamiento a Dinamarca, en noviembre de 2023, recibió 2,700 dólares adicionales y adjuntó otro reporte que repetía información ya publicada por la institución anfitriona. En ningún caso el funcionario explicó con precisión qué beneficio concreto obtuvo el país con esas misiones.

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Josué Gutiérrez: su esposa lo acompañó durante su viaje a Países Bajos

Los registros migratorios añadieron un dato resaltante al caso. La esposa del funcionario, Gladys Ancahuasi, viajó a Países Bajos en las mismas fechas en que Gutiérrez cumplía su agenda institucional.

Ambos salieron del país juntos y regresaron en el mismo vuelo, el 18 de mayo de 2024. Esa semana coincidió, además, con el cumpleaños del defensor del Pueblo.

Gutiérrez evitó responder sobre esta coincidencia cuando la prensa se lo consultó. Dijo que necesitaba revisar sus registros personales antes de dar una respuesta. Ofreció una entrevista para aclarar el manejo de los recursos públicos y los vacíos en sus rendiciones de cuentas, pero ese encuentro con los periodistas del dominical nunca se concretó.

Al revisar decenas de videos, los agentes encontraron al vehículo estacionado en un grifo de la avenida España ubicado en pleno corazón de Trujillo, a seis cuadras del punto donde fue aprehendido Jenss Lara.

Como se recordará, los criminales usaron la camioneta con una falsa placa de la Policía Nacional. Y en los alrededores del escenario del cuádruple homicidio, se encontró otra placa que había sido clonada y pertenecía a un efectivo policial. Luego se determinó que el efectivo no tuvo participación en el secuestro. Estos dos incidentes causaron confusión. Las cámaras del grifo registraron un vehículo con las mismas características del Toyota que transportó a los asesinos. El detalle está en que llevaba su verdadera placa: BSJ-899.

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LA RUTA DEL TOYOTA

De acuerdo con la base de datos de la plataforma Consulta Vehicular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), la camioneta está a nombre del ciudadano Joyce Bereche Maco, de 26 años, natural del distrito de Pítipo, provincia Ferreñafe, región Lambayeque.

Conforme a la Sunarp, la camioneta fue adquirida el 16 de julio de 2026 por la suma de 20 mil dólares a nombre de Joyce Bereche Maco.

Según fuentes policiales de La República relacionadas con las pesquisas sobre el plagio y cuádruple homicidio en Trujillo, un equipo de intervención se trasladó hasta el domicilio de Joyce Bereche Maco consignado en su DNI: en la avenida Incahuasi, caserío Papayo Desaguadero, en el distrito de Pítipo. No lo encontraron.

Al cierre de edición, Joyce Bereche no se ha presentado ante las dependencias policiales para explicar por qué un vehículo inscrito a su nombre aparece en la zona del plagio y crimen en Trujillo, horas antes de que se registrara el terrible episodio de sangre que le costó la vida a cuatro personas.

Para las fuentes policiales, es muy probable que Joyce Bereche Maco se haya dado a la fuga.

Todavía falta determinar si simplemente proporcionó la camioneta Toyota Hilux a la organización criminal, o la alquiló a los atacantes, o tuvo una participación directa. Según su DNI, tiene una estatura de 1.72 cm y de contextura mediana. Es alto como los sujetos que aparecen en el video que registra el atentado.

Joyce Bereche Maco es asiduo a las redes sociales. En su cuenta de TikTok se muestra con filtros en el rostro en videos recorriendo los socavones mineros en Pataz, La Libertad, a bordo de un vehículo.

Este detalle es un indicativo de que Joyce Bereche está relacionado con personas dedicadas a la minería aurífera en dicha zona, la misma en la que Jenss Lara Tantaquilla también mantiene negocios en el rubro minero. No puede ser una coincidencia.

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RETRATOS EN PATAZ

Bereche es fan de los vehículos modernos, especialmente de las camionetas. La que presuntamente participó en el cuadruple homicidio.

Según las imágenes que ha compartido en sus redes sociales, se observa a Joyce Bereche con uniformes de empresas de seguridad privada en campamentos mineros ubicados en la sierra de la Libertad. También aparece provisto de chaleco y radio de comunicación. Estas fotografías confirmarían su vinculación con el sector minero aurífero.

De acuerdo con la División de Investigación Criminal de La Libertad, según testimonios recogidos de los detenidos por el caso, la persona que alquiló el inmueble donde estuvo cautivo el empresario Jenss Lara Tantaquilla tiene las características de Joyce Bereche Maco.

Por lo tanto, la ubicación y detención de Bereche resulta vital para confrontar esta imputación.

“Elaboramos una tabla de tiempo de los movimientos y desplazamientos de los presuntos autores que participaron en el asesinato de las cuatro personas. Esto nos permitió reconstruir el recorrido que hicieron los criminales para armar el rompecabezas”, explicó a La República un alto oficial de la División de Investigación Criminal de Trujillo a cargo del caso.

“El video de la camioneta en el grifo fue registrado a la 1.55 p. m. del sábado 29 de agosto. Es decir, 12 horas antes del ataque y muy cerca de la escena del crimen. Era la pieza que faltaba”, indicaron las fuentes.

Las imágenes captan cuando las personas que se encuentran en la camioneta se abastecen de combustible y acomodan mochilas en la parte posterior. Luego aparece un tercer hombre acompañado de dos mujeres.

Según la policía, la camioneta blanca Toyota Hilux no llegó sola al grifo. Lo hizo junto con otro vehículo Suzuki negro de placa T3X-310, de donde bajaron otros dos hombres. Todos conversan algunos minutos en el establecimiento como si se conocieran. Los sujetos presentan similitudes físicas respecto a los autores del secuestro y homicidio.

Coincidentemente, para los investigadores policiales los sujetos tienen una similitud con la talla y la contextura de los autores del crimen.

La persona que se encuentra en el auto de placa T3X-310, que aparece junto con la camioneta Hilux en el grifo, fue identificada como Roy Bocanegra Aguilar.

Este sujeto conocido como 'El Viejo', con amplios antecedentes criminales, se entregó en la comisaría rural de Retamas, distrito de Parcoy en la provincia de Pataz. Lo hizo porque sus hijos Roy Bocanegra Marreros y Juan Bocanegra Enríquez fueron arrestados, en la urbanización Torres Araujo en Trujillo.

En ese lugar donde residen los Bocanegra, la policía encontró uno de los teléfonos de los detenidos, en el que estaba grabado un video donde se observa la entrega de uniformes de la Policía Nacional.

Es muy probable que en sus declaraciones ante las autoridades, Roy Bocanegra Aguilar, 'El Viejo', haya facilitado la información sobre el dueño de la camioneta blanca Toyota Hilux, Joyce Bereche Maco, a quien los detectives atribuyen haber rentado el inmueble donde estuvo secuestrado Jenss Lara Tantaquilla. Falta muy poco para completar el rompecabezas del brutal secuestro y cuádruple asesinato.

Esta es la primera intervención de la JNJ contra uno de los fiscales promovidos por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas. Peña Cabrera incluso fue considerado un 'anticaviar' y 'enemigo público' de los fiscales Lava Jato y Eficcop, por lo que la presente indagación disciplinaria se aparta del perfil objetivo de los consejeros de la JNJ.

Dicha investigación se inicia ante una denuncia presentada a la Junta por Cánepa Torre, un abogado y árbitro legal que se acogió a colaboración y reveló los mecanismos fraudulentos que habría utilizado la constructora Odebrecht para ganar sus arbitrajes al Estado.

Colaboración en riesgo

En su denuncia, Horacio Cánepa recuerda que a partir de su colaboración se encuentran investigadas y procesadas 75 personas entre naturales y jurídicas, entre ellas Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freyre, dando a entender un posible vínculo familiar entre el fiscal Peña Cabrera Freyre y Castillo Freyre.

Horacio Cánepa aseguró que la extinción de dominio de sus propiedades abarca los mismos bienes que forman parte de su colaboración eficaz y están relacionados con eventos de los años 2009 al 2015, por lo que se estarían generando dos procesos por los mismos hechos, lo que está prohibido por la ley y la Constitución.

Además, el colaborador eficaz enfatiza que esos hechos fueron investigados durante siete años en el proceso de colaboración eficaz, a partir de su propio testimonio y que los bienes que se generaron en esa época son los mismos que él ya puso a disposición del Estado para pagar su reparación civil.

De tal suerte, subraya, que si el proceso de pérdida de dominio llega a su conclusión, él no dispondría de los medios económicos necesarios para pagar la reparación civil con lo cual su colaboración eficaz sería anulada. Por eso mismo, pide indagar un posible parentesco familiar entre Peña Cabrera Freyre y Castillo Freyre.

En lo central, la defensa de Cánepa enfatiza que la decisión del fiscal superior Peña Cabrera contradice una sentencia del TC que resolvió que no se podía aplicar la pérdida de dominio o incautación de los bienes de procedencia ilícita a hechos anteriores al 2 de febrero del 2019.

"Los hechos por los que fui investigado, juzgado y sentenciado datan del 2009 al 2015 y forman parte de la colaboración eficaz", precisa la denuncia.

El Tribunal Constitucional

De acuerdo con la resolución de la JNJ, el 25 de junio del 2024, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz aprobó y homologó el acuerdo de colaboración eficaz de Horacio Cánepa.

Luego, el 9 de diciembre del 2024, la Sexta Fiscalía de Extinción de Dominio dispuso archivar la indagación a Cánepa, sin embargo, el 9 de diciembre del mismo año, el fiscal superior Peña Cabrera anuló el archivo y dispone que se emita una nueva resolución que continúe con las indagaciones.

Para el subsistema de extinción de dominio todos los bienes de Horacio Cánepa tienen un origen ilícito y no pueden ser utilizados para pagar la reparación civil. La Sexta Fiscalía archivó el caso en cumplimiento de la sentencia del TC. Peña Cabrera se apartó de dicha sentencia para reabrir la incautación de los bienes del colaborador eficaz.

Verán si la decisión acata la sentencia del TC

La Junta Nacional de Justicia ha dispuesto investigar a Peña Cabrera por ordenar a un fiscal provincial que se vuelva a pronunciar sobre la extinción de dominio de Horacio Cánepa con el fin de esclarecer "si los fundamentos empleados para sustentar dicha decisión, particularmente los referidos al alcance de la sentencia del TC y la aplicación del criterio denominado ilicitud patrimonial permanente, resultan compatibles con los deberes de un fiscal superior".

Además, subraya que de probarse la inconducta funcional resultaría en una falta muy grave, lo cual podría ser causal de destitución. 

“No me estes grabando, porque si me estas grabando vas a perder tu trabajo. Lamentablemente, por investidura, me corresponde estar acá”, se escucha decir a la diputada mientras es interceptada por la trabajadora municipal.

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Estos hechos se dieron en una visita de Santana a Huaral, donde se habría estacionado de forma irregular en un bulevar, dando como resultado una obstrucción para los vecinos de la zona.

Consultada directamente por el programa, la diputada negó haber incurrido en abuso de autoridad, sostuvo que actúa con la conciencia tranquila y atribuyó lo ocurrido a que, en su criterio, cualquier persona tiene derecho a pedir que no la graben y a retirarse.

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Asesor se habría hecho pasar por oficial de la Marina

El reportaje también señala a Luis Alberto Wurtelle Aguirre, hombre de confianza de Santana y asesor I de su despacho, cargo por el que percibe una remuneración superior a los 10 mil soles mensuales pagados con fondos públicos. Los vínculos personales entre la diputada y su asesor se remontan a la inauguración del estudio jurídico de Wurtelle en mayo del 2021. Santana aparece en dicho evento junto al que sería luego su asesor.

Durante años, Wurtelle se presentó en redes sociales y en su currículum como oficial de la Marina de Guerra, luciendo un uniforme cargado de insignias y medallas. Cuando el equipo periodístico lo abordó a la salida del despacho de la congresista, el asesor optó por cubrirse el rostro para no ser identificado.

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Entre las fotos que muestra Wurtelle por su actividad pasada, se puede ver una en la que porta una insignia reservada para aquellos que realizaron entrenamiento junto a los Navy SEALs de Estados Unidos, formación que exige un dominio avanzado del inglés. En su propio CV, sin embargo, Wurtelle declaró apenas un nivel básico del idioma.

De acuerdo a la propia Marina del Perú, el hombre únicamente cumplió el servicio militar obligatorio entre enero de 1984 y noviembre de 1985, y fue dado de baja con el grado de marinero por haber completado su tiempo de servicio, muy lejos de cualquier rango de oficial. A esto se suma que su CV consigna tres maestrías que no figuran registradas en la Sunedu, incluida una supuestamente cursada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

De acuerdo con la investigación, algunos de los casos corresponden a Miguel Ángel Torres y Nilza Chacón, presidente y segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, respectivamente. En el caso de Torres, habría recibido S/500 de parte de Nidia Ortiz Lavado, quien posteriormente fue nombrada auxiliar en su despacho. Chacón, por su parte, contrató a Francisco León Cavero y Edgar Hernández Chávez, quienes aportaron S/7.000 a su campaña.

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Otro caso llamativo en la Cámara Alta es el de la congresista Martha Moyano. La representante naranja contrató como asesores a Aurelia Condezo Dávila, Judith Aguirre Cutipa y Martín Hernández Donayre, quienes realizaron, en conjunto, aportes por S/9.120.

En el Senado, Alejandro Aguinaga también incurrió en esta práctica. De acuerdo con el reportaje, Rosemary Meneses —contratada en el despacho de Aguinaga— fue aportante de la campaña del congresista. Completan la lista Víctor Flores Ruiz, Héctor Ventura, Juan Carlos del Águila y Carlos Mesía.

Mientras que, en la Cámara de Diputados, figuran César Revilla Villanueva y Rosangella Barbarán, quienes contrataron a dos de sus aportantes en sus respectivos despachos. En total, estos realizaron aportes por S/8.608 a sus campañas. La lista de diputados la completan César Vidaurre Flóridas, María Ramos Rosales, Marco Pacheco Quispe y Carmela Paucara.

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Casos en otros partidos

Pero no solo Fuerza Popular ha incurrido en esta práctica. Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú también han dado trabajo en sus despachos congresales a personas que realizaron aportes a sus campañas.

Otro miembro de la Mesa Directiva del Senado que dio trabajo a sus financistas es Estanislao Mancha Pinedo, representante de Renovación Popular. Rubén Siguairo Mamani y Clinton Olguin Vilca forman parte de su despacho. Siguairo aportó S/2.400, mientras que Olguin entregó S/1.400.

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El senador Miguel Velásquez García también contrató a dos de sus financistas: Rodrigo Taipe Paredes y Luis Serpa Tone, quienes aportaron S/2.260 cada uno. En la Cámara Baja, Norma Yarrow y Diego Bazán también contrataron a personas que realizaron aportes a sus campañas. Ambos incorporaron a dos aportantes que entregaron, en total, S/3.800 en especies para la contienda.

En Juntos por el Perú, los diputados Gabriel Gonzáles Delgado, César Tito Rojas y Jesús Pérez Alccahuamán también contrataron como asesores a aportantes. De los S/20.000 declarados por el partido de Roberto Sánchez, S/16.026 fueron aportados a las campañas de González y Pérez. Reineiro Vilca Aquino, quien aportó más de S/10.000, y José Mendoza Salazar, que hizo lo mismo con más de S/5.000, fueron luego contratados como asesores.

El senador Serafín Andrés Luján hizo lo mismo. Por último, el diputado Segundo Castrejón Fernández contrató a dos aportantes como trabajadores de su despacho.

"Hay algunas normas que no nos gustan. De nuestra parte tiene todo el apoyo, para pasar por Diputados y Senado, lo que es de extrema urgencia. Pero hay pedidos que no se explican. ¿Qué diablos tiene de urgencia eliminar la tasa de interés en los bancos? Estamos hablando de otras cosas. ¿Qué hace esa norma tan rara ahí? Son temas preocupantes en Perú: el Fenómeno de El Niño, el terrorismo urbano y reducir el Estado", indicó.

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Para López Aliaga, Keiko Fujimori debió formular un paquete legislativo a través de decretos de urgencia. El excandidato presidencial manifestó que el pedido de facultades no es la única vía por la cual un presidente puede tomar acciones.

"Un presidente del Perú tiene facultades a través de los decretos de urgencia. Tener seis muertos por día, como el asesinato de la dirigente Betssy Malca, es algo para llamar a decreto de urgencia. Se lo digo con todo respeto a la señora presidenta. Yo esperaba un paquete de decretos de urgencia. Acá, con todo el equipo que tiene, tiene que ir rápidamente a darle el equipamiento a Policía de inteligencia", señaló.

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Diputados de Renovación Popular vienen posicionándose a favor del pedido de facultades

En las distintas comisiones de la Cámara de Diputados se votan informes que recomiendan aprobar o rechazar el pedido de facultades presentado por el Poder Ejecutivo en los sectores correspondientes. Hasta el momento, nueve congresistas de Renovación Popular han emitido su voto. Ocho de estos votos han sido a favor del pedido de facultades y uno, en abstención.

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Javier Cipriani ha votado a favor en las comisiones de Ciencia y de Medio Ambiente. En el grupo de trabajo dedicado al sector Defensa, José Baella y Gustavo Segura han votado a favor. Baella también votó a favor en la Comisión de Justicia, junto con Roxana Rocha. En la Comisión de Energía y Minas votaron a favor Frank Krklec y Félix Chang; este último también votó a favor en las comisiones de Producción y Trabajo. Carlos Yalta votó a favor en Medio Ambiente y Trabajo, mientras que Leo de Paz hizo lo mismo en Producción.

La excepción fue la diputada Mady Yonz, quien en la Comisión de Infraestructura se abstuvo de votar a favor o en contra del pedido de facultades para ese sector.

En su columna Los días de Keiko, publicada en La República, Palacios recordó que durante las primeras semanas de gestión Fujimori mantuvo una exposición en redes sociales que incluía transmisiones vinculadas a aspectos personales, como su vestimenta, accesorios y cuidado personal. Para la periodista, esa estrategia ha comenzado a quedar atrás.

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Rosa María Palacios opina de cambio en la comunicación de Keiko Fujimori

Palacios consideró positivo que la presidenta haya modificado rápidamente esa forma de comunicación y ahora tenga una mayor interacción con periodistas. Como ejemplos, mencionó sus respuestas a reporteros durante actividades oficiales y su participación en entrevistas radiales.

Es en ese contexto que la columnista lanzó una de las frases más llamativas de su análisis sobre la mandataria: “Matar a la ‘influencer’ debe haberle costado, pero es la única manera de ser presidenta”.

La expresión de Palacios apunta al cambio de perfil que, según su análisis, necesita Fujimori para asumir plenamente el rol institucional de jefa de Estado y proyectar una comunicación política alejada de contenidos asociados a su vida cotidiana.

Palacios cuestiona los primeros 46 días del Gobierno

Pese a reconocer ese cambio comunicacional, Rosa María Palacios mantiene una mirada crítica sobre el inicio de la gestión fujimorista. La periodista cuestiona que el Ejecutivo todavía no haya explicado con suficiente precisión qué medidas pretende aplicar frente a problemas como la inseguridad ciudadana y el crecimiento económico.

También aborda el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno y señala que el gabinete encabezado por Luis Galarreta no habría detallado suficientemente qué modificaciones busca impulsar ni cuáles serían sus resultados concretos.

Palacios recuerda además que Fujimori ha variado el horizonte temporal de sus promesas. Según su análisis, el discurso de ofrecer cambios desde el inicio de la gestión ha dado paso a planteamientos que proyectan los resultados hacia un periodo más amplio de gobierno.

Para la periodista, el cambio en la comunicación presidencial representa una corrección favorable, aunque considera que no será suficiente si no está acompañado de decisiones y propuestas concretas. Al cerrar su evaluación de estas primeras semanas, sostiene que para el Gobierno “ya no queda tiempo para excusas”.

Cada uno deberá explicar ante los congresistas cómo planea usar los recursos que el Estado le asignaría el próximo año. La cita forma parte de un cronograma que la comisión aprobó semanas atrás y que reúne, día tras día, a decenas de funcionarios del Ejecutivo. El objetivo final es que el Congreso apruebe la Ley de Presupuesto antes de fin de año.

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Huaroc llegará al Ministerio del Ambiente con una agenda pendiente. Desde que juró en julio, dijo que buscaba una gestión con mayor presencia en las regiones y con capacidad de respuesta ante riesgos ambientales. La minería ilegal y la protección de bosques figuran entre los temas que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados ya le pidió explicar. El sustento del presupuesto es, para él, la segunda gran cita ante el Parlamento en menos de dos meses de gestión.

Sheput, en cambio, llega al Ministerio de Trabajo por tercera vez en su carrera. Ya ocupó el cargo en 2005 y en 2020. Semanas atrás, defendió ante la prensa el aumento de la remuneración mínima vital a S/ 1,300 y afirmó que ese incremento no afectaría los derechos laborales. Sobre el bono que acompañaría la medida, dijo hace poco: "yo creo que sí" se otorgará este año, aunque remitió los detalles del gasto al Ministerio de Economía y Finanzas. Ese mismo dinero es parte de lo que ahora deberá sustentar ante la comisión.

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Espá llega a Relaciones Exteriores con un reto distinto: casi toda la plata de su sector se destina al servicio exterior, es decir, a embajadas, consulados y misiones diplomáticas en el extranjero.

Cancilleres anteriores explicaron en citas similares qué porcentaje del gasto corriente cubre sueldos y cuánto queda para inversión. Se espera que Espá siga ese mismo formato y detalle el estado de la red diplomática peruana.

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Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, también fue citado a la sesión

La agenda de la Comisión Bicameral no se limita a los tres ministros. También convocó al titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien sustentará el presupuesto de su institución. La Defensoría depende de que el Congreso le asigne fondos cada año para cumplir su labor de supervisión de derechos y de servicios públicos.

El trabajo de la comisión, sin embargo, va mucho más allá de esta sesión. El grupo, que preside Arista Arbildo, ya recibió al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, así como al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y al contralor general, César Aguilar Surichaqui.

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El repaso sector por sector puede tomar hasta tres meses, según explicó la propia comisión, porque cada pliego del Estado debe justificar su gasto antes del dictamen final.

El Congreso tiene plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar la Ley de Presupuesto, la Ley de Endeudamiento y la Ley de Equilibrio Financiero del próximo año fiscal. El nuevo diseño bicameral exige, además, que el texto final pase por una doble votación: primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado.

“Los protocolos de necropsia contienen información clave para determinar el perfil de los asesinos. Por ejemplo, por la trayectoria de los disparos y por la ubicación de los impactos de los proyectiles, se puede establecer si los autores son profesionales e incluso qué tipo de armas usaron”, añadieron.

La República tuvo acceso a los protocolos de necropsia de las cuatro víctimas del ataque atribuido a miembros de la organización criminal “Los Pulpos”. Los documentos aportan información reveladora sobre cómo actuaron los homicidas. Y, eventualmente, explicarían por qué los criminales decidieron ejecutar a los cuatro acompañantes de Jenss Lara Tantaquilla.

El chofer de la camioneta, Christopher García Álvarez, de 33 años, es el que presenta más heridas de bala: 7. Sigue, Nadia Urtecho Rodríguez, de 28 años, quien estaba detrás del conductor García. Recibió 4 impactos. Luego, Luis Rojas Ramos De Rosas, de 38 años, quien estaba sentado detrás del copiloto, registra dos impactos de bala. Andrea Monzón Lingán, de 20 años, ubicada en el asiento de copiloto, solo recibió un impacto de proyectil.

Las cuatro víctimas presentan heridas de bala en la cabeza, por lo que los asesinos acordaron que ninguno de los ocupantes de la camioneta, a excepción de Jenss Lara, quedara con vida.

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Heridas de necesidad mortal

Según el video que registró la acción de los homicidas, cuando intervienen el vehículo hacen una primera ronda de disparos, extraen al empresario Lara y continuaron percutando sus armas. Para las fuentes policiales consultadas, todos fueron rematados, lo que explicaría los balazos en la cabeza.

Pero, ¿por qué el chofer Christopher García Álvarez registra más heridas de proyectil en comparación con los otros tres fallecidos?

“El conductor del vehículo constituye el candidato más razonable de haber sido uno de los primeros blancos de los delincuentes. Presenta el mayor número de lesiones documentadas —doce heridas numeradas—, varias de ellas necesariamente mortales. Los disparos provinieron desde el lado izquierdo de la víctima”, indicaron las fuentes.

De los siete disparos, el más devastador que recibió Christopher García produjo un orifico de entrada en la región parietal izquierdo, lo que ocasionó la exposición de masa encefálica, según el protocolo de necropsia.

“Desde el punto de vista de la dinámica criminal, al disparar primero al conductor se impide el escape del vehículo y se facilita la extracción de Lara”, explicaron las fuentes relacionadas con la investigación policial: “Esta sería la razón por la que el conductor recibió la mayor cantidad de disparos”.

Nadia Urtecho Rodríguez recibió cuatro heridas de entrada, incluyendo lesiones craneoencefálicas y torácicas.

Luis Rojas Ramos de Rosas presenta un solo impacto en la parte cervical posterior, que penetró en la cavidad craneana y produjo la lesión mortal.

En el caso de Andrea Monzón Lingán, recibió un único disparo en la parte occipital, penetrante, necesariamente mortal, cuyo proyectil atravesó el encéfalo.

“Los protocolos de necropsia aclaran que no se trató simplemente de disparos aleatorios contra un vehículo. El patrón demuestra impactos dirigidos a regiones anatómicas altamente vulnerables —cabeza, cuello y tórax— capaces de producir la muerte de manera inmediata o muy rápida. Es decir, fue un secuestro con supresión de testigos”, afirmaron las fuentes.

“Además, las diferentes trayectorias permiten reconstruir la posición relativa de víctimas y tiradores. Particularmente significativos son los impactos posteriores u occipito-cervicales de Andrea Monzón y Luis Rojas, que indican que en el momento de esos disparos la superficie posterior de sus cuerpos se encontraba expuesta hacia el origen del fuego”, anotaron los expertos.

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El origen de los proyectiles

Aparte de los protocolos de necropsia, los informes de los peritos balísticos de la División de Criminalística de Trujillo contienen información trascendental para identificar a los homicidas de la madrugada del domingo 30 de agosto. Los peritos recogieron 9 casquillos de proyectiles: 8 marca “Águila” calibre 9x19 mm Luger, hallados dentro del vehículo. Y un solo casquillo de proyectil de 5.7x28 mm, ubicado dentro de la camioneta.

Esto significaría que se usaron dos tipos de armas.

El calibre 9x19 mm. “Parabellum” es una munición frecuente de las pistolas.

Y la de 5.7x28 mm, sí es algo mucho menos común. Según las fuentes consultadas, este tipo de proyectil es de uso exclusivo para el subfusil FN P90 y de la pistola FN Five-seveN, ambas de la compañía belga Fabrique Nationale (FN).

En el país, este tipo de armamento lo tienen las Fuerzas Especiales de los institutos castrenses, no la Policía Nacional. Probablemente su origen sea el mercado negro.

“En el cuerpo de Andrea Monzón se encontró una camisa de proyectil compatible con el calibre 9 mm, por lo que comienza a existir asociación entre determinadas lesiones y el armamento empleado”, señalaron las fuentes de La República.

“La evidencia permite establecer la presencia de dos calibres distintos en la escena: 9x19 mm Luger y 5.7x28 mm. Además, dos proyectiles calibre aproximado 9 mm. recuperados y examinados fueron homologados entre sí con resultado positivo, determinando que fueron disparados por una misma arma de fuego”, indicaron las fuentes.

“El casquillo del proyectil 5.7x28 mm. fue hallado dentro del vehículo, lo que evidencia el disparo de un arma de ese calibre. Sin embargo, todavía no se ha individualizado cuál de las víctimas fue herida con esos proyectiles”, informaron.

“Por consiguiente, el cuadro es compatible con el empleo de al menos dos armas de fuego de diferente calibre. De momento, no se ha encontrado ningún adaptador, conversor o dispositivo acoplado a una pistola 9 mm.”, explicaron.

El 5.7x28 mm., es bueno saberlo, es capaz de atravesar chalecos antibalas.

A cinco de los detenidos, se les aplicó la prueba de absorción atómica, dando positivo para plomo, antimonio y bario en los casos de Frank Quezada Cruz, Ángel Bocanegra Linares, César Iván García Rivera y Julio Zavaleta Quezada. Empero, el hallazgo no implica forzosamente que los cuatro dispararon durante el atentado. Además, como indican los informes periciales, se han encontrado evidencias del uso de solo dos armas.

“Esto no significa que los cuatro positivos necesariamente hayan disparado, porque la prueba debe valorarse con los demás elementos del caso. Pero sí constituye evidencia convergente que fortalece considerablemente la hipótesis de intervención de más de un sujeto armado”, precisaron las fuentes que son parte de la investigación policial.

Los protocolos de necropsia, los peritajes balísticos y las pruebas de absorción atómica, son piezas claves del rompecabezas del espantoso crimen en Trujillo.

La información obtenida científicamente contribuye a seguir pistas más seguras sobre los asesinos: no son improvisados, tienen conocimiento y pericia en el manejo de armas, y saben dónde disparar para neutralizar rápidamente a sus víctimas. Son de extrema peligrosidad.

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Datos

Medición. Los cuatro ocupantes recibieron disparos de larga distancia, lo que implica que los tiradores usaron armas de precisión.

Perfil. No se descarta que algunos de los criminales hayan recibido instrucción militar, por el manejo del armamento, la precisión en los disparos mortales y por la forma de actuar el día de los hechos de sangre.

El último viernes, Fujimori adelantó la designación Zulema Tomás como presidenta de EsSalud y señaló que cumple con el perfil para el cargo durante una entrevista con RPP. "Es una persona que tiene experiencia en el sector, que ha sido ministra de Estado", afirmó la jefa de Estado.

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Con esta designación, Tomas asume el cargo que dejó Jaime Moreno Eustaquio, removido de la presidencia de EsSalud el 9 de agosto. Desde esa fecha, Hilda Sandoval Cornejo ocupó las funciones de manera interina. Su gestión al mando de la entidad duró poco más de un mes, hasta la llegada de la nueva titular.

Tomas Gonzáles es médica y, hasta antes de este nombramiento, dirigía el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Su nombre no es nuevo en el sector salud. Entre enero y noviembre de 2019 ocupó el Ministerio de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra, un cargo al que renunció en medio de cuestionamientos por la contratación de familiares en entidades del Estado.

La salida de Moreno de EsSalud se dio por lo que el Ejecutivo calificó como pérdida de confianza. Ese episodio dejó a la entidad, que atiende a millones de asegurados en todo el país, sin un titular estable por varias semanas. Con el nombramiento de Tomas, el Gobierno busca cerrar ese periodo de interinato.

La iniciativa llega tras una serie de casos de coimas, secuestros y extorsión que comprometieron a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los últimos meses. En el texto del proyecto, la congresista sostuvo que este tipo de conductas "quebrantan la legalidad" y "traicionan la Constitución", porque el agente pone al servicio del delito las herramientas que el Estado le confió.

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El proyecto no crea delitos nuevos. Modifica el artículo 46-A del Código Penal, que ya castiga con una pena mayor a los funcionarios que se aprovechan de su cargo para delinquir. Lo que cambia es la consecuencia para un grupo específico de delitos.

Si un policía, en ejercicio de sus funciones o que se exceda en ellas, comete homicidio, asesinato, feminicidio, sicariato, secuestro, extorsión o corrupción agravada, entre otros, la pena pasaría a ser cadena perpetua. Sin excepciones.

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La propuesta también alcanza otros escenarios. Uno es el de los policías que, desde un penal donde cumplen prisión, ordenan delitos como tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas o extorsión.

Otro apunta a quienes cometen delitos sexuales, homicidios o robos mientras se hacen pasar por choferes o cobradores de transporte público, o de mototaxis. En ambos casos, la pena podría subir hasta en un tercio sobre el máximo legal.

El proyecto se sustenta, además, en cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Según ese informe, citado en la exposición de motivos, la corrupción y la delincuencia son percibidas como los principales problemas del país, con 58,7% y 50% de respaldo, respectivamente. El dato que más pesa en el texto es otro: la desconfianza ciudadana en la PNP llega a 82,9%.

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Los casos mencionados en la propuesta

La exposición de motivos reúne varios episodios recientes para justificar el cambio. En junio de 2026, la Fiscalía detuvo a nueve policías de la comisaría de Vitarte, acusados de exigir coimas a conductores en la Carretera Central a cambio de no ponerles papeletas.

Según el documento, algunos de los intervenidos fueron obligados a sacar dinero de cajeros porque no llevaban efectivo encima. Ese mismo mes, otros cinco efectivos fueron detenidos en Ica por presuntamente cobrar dinero a cambio de permisos irregulares para faltar al servicio.

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El texto también cita el caso "Los Incorregibles de San Juan de Miraflores", de agosto de 2025. Nueve integrantes de la PNP, ocho de ellos en actividad, fueron investigados por sembrar drogas y armas a ciudadanos para luego cobrarles a cambio de dejarlos libres.

A ese caso se suma la condena confirmada, de siete años y seis meses, contra el suboficial Paul Galarza, quien integraba una banda dedicada a la extorsión y presionaba a las víctimas para que no denunciaran.

Otro episodio mencionado en el proyecto es el secuestro del empresario colombiano Juan Mauricio Padilla, ocurrido en agosto de 2025 en Lima. De acuerdo con el documento, en el caso participaron efectivos policiales que habrían usado recursos ligados a su función para exigir cerca de 400 mil dólares en criptomonedas.

A esa lista se agrega la red "Los Charlys de Pucallpa": dos policías en actividad recibieron dieciocho meses de prisión preventiva en junio de este año por secuestro y extorsión mediante intervenciones falsas.

La propuesta no es la primera en tocar este tema. El proyecto recuerda otras dos iniciativas previas: una de 2023, que buscaba elevar penas para policías y militares que colaboren con organizaciones criminales, y otra de octubre de 2025, sobre tenencia ilegal de armas.

También menciona una propuesta de agosto de este año, orientada a derogar la Ley 32735 para que los delitos de policías y militares regresen a la justicia ordinaria. Según el documento, el cambio al artículo 46-A no le quita competencias al Ministerio Público ni al Poder Judicial, y tampoco demandaría gasto adicional al Estado.

La mandataria confirmó la invitación durante una entrevista con RPP y explicó que la actividad forma parte de su agenda en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). "Espero tener la posibilidad de saludarlo", dijo la jefa de Estado sobre su eventual encuentro con el mandatario estadounidense.

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La cena, en realidad, es una recepción tradicional que el presidente Trump y su esposa Melania Trump ofrecen cada año a todos los jefes de delegación que participan en el Debate General de la Asamblea General.

Este año se realizará el martes 22 de setiembre, a las 7:00 de la noche, según el documento oficial de la agenda presidencial revisado por este medio. No se trata, entonces, de una cena privada ni bilateral, sino de un evento protocolar con la presencia de decenas de mandatarios.

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Para que Fujimori pueda viajar, el Senado debe aprobar primero el proyecto de resolución legislativa presentado esta semana por el Ejecutivo. El documento fue entregado por la propia presidenta junto al jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y todavía debe pasar por el pleno de la Cámara Alta. Si el permiso no llega a tiempo, la presidenta no podrá viajar y, por lo tanto, tampoco asistirá a la recepción de Trump.

El viaje está programado del 21 al 25 de setiembre. Durante esos días, la mandataria peruana tiene previsto participar en el Debate General de la ONU, sostener reuniones bilaterales con otras jefas y otros jefes de Estado y asistir a distintos foros empresariales en territorio estadounidense. Mientras dure su ausencia, el despacho presidencial quedará a cargo de Galarreta, quien también ejerce como primer vicepresidente de la República.

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Estos son los otros compromisos de la agenda internacional de Fujimori

Antes de la recepción con los Trump, la presidenta tiene programada una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas. El encuentro se realizará el mismo martes 22 de setiembre, a las 2:20 de la tarde, según el itinerario oficial. La cita busca reafirmar el compromiso de Perú con el sistema multilateral y abordar temas de interés nacional ante uno de los organismos internacionales más importantes.

Un día después, el miércoles 23 de setiembre, Fujimori presidirá un encuentro empresarial en Miami organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

A la cita asistirán cerca de 80 empresarios iberoamericanos. El objetivo, según el documento oficial, es presentar al Perú como una plataforma de inversión, gracias a su ubicación geográfica y a sus acuerdos comerciales con distintos mercados.

“En principio, el ingreso al Escudo de las Américas no va a impactar automáticamente en los resultados, es decir, en la reducción de la victimización asociada a la extorsión o en la baja de homicidios. Es un mecanismo de naturaleza internacional y multilateral, impulsado por Estados Unidos con sus propias reglas, orientado al fortalecimiento de capacidades y a la asistencia técnica y policial (…) Hay amenazas muy concretas, como el Tren de Aragua. El mecanismo está orientado a intercambiar información de inteligencia, entrenar a equipos específicos de la Policía Nacional —quizás con participación de algunos fiscales— y desarrollar operativos conjuntos para la desarticulación de organizaciones criminales. Habría que determinar los puntos del acuerdo. El convenio que ha desarrollado el FBI con la Policía Nacional todavía no es público, así que no conocemos sus puntos específicos. Pero, en teoría, este mecanismo funciona bajo un intercambio de beneficio conjunto: atiende aquellas amenazas que impactan a la vez a los dos países. Por lo tanto, sí puede ayudar a controlar ciertos casos de sicariato o extorsión, pero solo los que provengan de una organización criminal que afecte a ambos países o que ambos identifiquen como amenaza común, como nuevamente el Tren de Aragua”.

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Julio Corcuera, exviceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior

La cooperación siempre es positiva para el país. Contribuye directamente a las buenas prácticas y al equipamiento, en esta época en donde la tecnología cambia mucho y es vital para poder localizar, georreferenciar o simplemente cruzar bases de datos, algo realmente importante. Esto sí contribuye a la lucha contra todos los delitos en el tema de extorsión, sicariato y crimen organizado, toda vez que se hace prioritario; es valioso y positivo, sí contribuye. Pero, claro, ahí hay dos dimensiones que hay que mirar. Una primera es la que se menciona, la cooperación directa a Perú que se da desde los organismos y los operadores que tiene la embajada norteamericana en el país, que contribuyen con la policía, como el INL (la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley), que colabora con los organismos que hacen control. Y otra cosa es la cooperación que también se da a partir del Escudo de las Américas: la que tiene Estados Unidos en su territorio, que contribuye a la lucha contra el crimen y el sicariato, y la que se da en el marco del Escudo de las Américas, que tiene un acento mayor en el abordaje del crimen transnacional organizado.

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Andy Zeballos, politólogo y Magíster en Política Anticorrupción y Estado de Derecho

“Primero, como muestran el secuestro del expresidente venezolano y las amenazas arancelarias bajo el argumento del “narcoterrorismo”, Trump representa un retorno a una visión neocolonial e intervencionista de la Doctrina Monroe: “América para los americanos”. Segundo, China se ha consolidado como uno de los principales socios comerciales del Perú y la región, aumentando su influencia mediante inversiones estratégicas como el Puerto de Chancay. En ese contexto, cabe preguntarnos por qué esa “preocupación” por nuestra seguridad interna no se manifestó antes. Por ejemplo, cuando la embajada de EE. UU. en el Perú, con el respaldo de Keiko Fujimori y López Aliaga, presionó por la compra de 24 aviones F-16 por US$3.500 millones, pese a que, si la prioridad era fortalecer nuestra capacidad aérea, drones o helicópteros habrían resultado mucho más útiles. Así que, en mi opinión, la decisión del gobierno de Fujimori responde más a la búsqueda de titulares que presenten la alianza como un logro en materia de seguridad que a una verdadera estrategia para enfrentar la violencia. Más aún si recordamos que, históricamente, EE. UU. ha desempeñado un papel desestabilizador en América Latina, como ocurrió con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile”.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.