"No fue sentenciado por corrupción. A Pedro Castillo no se le ha condenado por ensuciarse las manos como ha ocurrido con otros gobernantes en nuestro país. Fue condenado por leer una proclama de lo que él creía que era correcto para el pueblo. He leído todas las hojas de su sentencia y no hay una línea en donde los jueces que lo han condenado digan que hubo un golpe de Estado", explicó.

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En esa misma línea, Pérez indicó que Castillo "es una persona que necesita defensa" y mencionó que la defensa "no solo se basa en su convicción, sino también en el consenso de varios juristas del extranjero". "Saben que se ha gestado una narrativa nefasta de lo que él significa (...) lo sentenciaron injustamente", exclamó.

Sumado a su explicación, el exintegrante del Ministerio Público precisó que, luego del mensaje a la Nación de Castillo, no se cambió ni modificó el régimen democrático. "Quienes cambiaron la voluntad del pueblo que se depositó en el presidente Castillo, fueron los perdedores de esa elección, quienes tomaron el poder por asalto", sostuvo.

"Si se le va a reprochar a Castillo por la lectura de una proclama, permítanme decirles que ese hecho político fue archivado por este Congreso. Más de 11 años no se le puede condenar a una persona por eso", acotó.

José Pérez: "La familia Fujimori ha hecho que nuestro país caiga en una metástasis de moral"

En otro momento de su intervención, Pérez resaltó que el libro de Santiago Vallejos recoge historias de corrupción en el Perú. En ese sentido, el exfiscal recalcó que la dictadura de Alberto Fujimori estuvo marcada por diversos actos de corrupción y aseguró que la familia Fujimori hizo que el país caiga en una metástasis de moral.

"En dicha obra, Santiago da a conocer el destino de los personajes más importantes de la política en nuestro país, en la que, obviamente, en mi caso, sobre todo a la dinastía que le ha hecho mucho daño a nuestro país. La familia Fujimori ha hecho que nuestro país caiga en una metástasis de moral, tanto que, lamentablemente, hoy en día, aún se reivindica el nombre y el gobierno del dictador Alberto Fujimori, sin tomar en cuenta que la corrupción sistémica era parte de la forma de gobernar en aquellos años de dictadura, en la que su socio Vladimiro Montesinos sobornaba, todo tenía un precio en aquellos años", dijo.

En el norte, Fujimori ganó en Tumbes (34%), Piura (27%), Lambayeque (26%), La Libertad (20%) y Loreto (27%). Por su parte, Sánchez ocupó el primer lugar en Cajamarca (41%), Amazonas (36%) y San Martín (23,8%).

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Mientras tanto, en la zona sur del país, Fujimori no ganó en ninguna región. Sánchez obtuvo la victoria en Moquegua (12%), Cusco (22%) y Puno (24%). En Arequipa y Tacna ganaron Jorge Nieto (18,6%) y Ricardo Belmont (14%), respectivamente.

Respecto de las provincias, de acuerdo con un estudio de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Sánchez fue el candidato más votado en 124 provincias y Fujimori en 60. Rafael López Aliaga, en cambio, solo ganó en una.

Además, indican que Fujimori fue la candidata con más votos en 60 de las 196 provincias del país, 20 más que en el 2021. Su respaldo se concentra en la costa y la selva norte. Obtuvo poca votación en el sur del país.

Sobre el candidato de Juntos por el Perú, mencionan que ganó en 124 provincias y que, en comparación con Pedro Castillo (2021), venció en 14 provincias menos. El apoyo a Sánchez se encuentra distribuido a lo largo de la sierra. Castillo, por otro lado, tuvo mayor concentración de votos en el sur.

En tanto, López Aliaga solo fue el más votado en Lima Metropolitana. En el 2021, no obtuvo mayoría en ninguna provincia. Durante la elección pasada, su apoyo se distribuía a lo largo de la costa, mientras que este año se concentra en la capital.

De los otros 32 candidatos presidenciales, solo cuatro consiguieron mayoría en alguna provincia: López Chau en cinco, Belmont en cuatro, y Nieto y Lescano en una cada uno, precisa la publicación de la PUCP.

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Roberto Sánchez ganó en algunas de las regiones donde triunfó Pedro Castillo el 2021

Por otro lado, al comparar los resultados de Sánchez con los que obtuvo Pedro Castillo en la primera vuelta del 2021, se observa que, en algunos casos, ganó en las mismas regiones.

En Amazonas, Castillo obtuvo 26% el 2021 y Fujimori 13%, mientras que este año Sánchez figura con 36% y la lideresa de Fuerza Popular con 17%.

Un liderazgo similar se observa en Apurímac, donde Castillo ganó con 53% en el último proceso electoral y ahora lo hace Sánchez con 40%.

Ambos también obtuvieron victorias en Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua y San Martín.

En Arequipa, región donde Castillo había logrado mayoría cuando postuló, Nieto ocupó el primer lugar.

En otras regiones, se advierte que Keiko ocupó el primer lugar, aun cuando Castillo había ganado el 2021. Tal es el caso de Áncash y Junín.

A su vez, se observa que Fujimori mantuvo la victoria en las mismas regiones donde ya había ganado en el último proceso electoral. Ese es el caso de Ica, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali.

Fujimori concentra un bastión electoral en el Norte, pero Sánchez podría ganarle los votos

El abogado experto en derecho electoral Jorge Jáuregui explicó a este medio que Fujimori presenta un bastión electoral en la macrorregión norte del país debido a la gran influencia que ha tenido el APRA en dicha zona, además de la presencia de Alianza para el Progreso (APP). Ambas son organizaciones de centroderecha, por lo que el fujimorismo calza bien en dichas regiones.

Pese a ello, indica, Fujimori no tiene asegurados los votos para la segunda vuelta, pues La Libertad y Lambayeque tienen amplia presencia de migrantes de Cajamarca, lugar donde ha ganado Sánchez, y ello podría influir.

“Alberto Fujimori era de base popular, pero el Fujimorismo con Keiko Fujimori pierde ello, de modo tal que, teóricamente, el norte podría girar a una candidatura completamente nueva como la de Sánchez”, explicó.

En ese sentido, Jáuregui considera que Sánchez debería concentrar su estrategia electoral en la macrorregión norte y, además, en distritos de base popular de Lima como San Juan de Lurigancho, Pueblo Libre, Comas y otros más.

“En principio tendría que apuntar a Lima, pero a los grandes bolsones de población que sufren condiciones de exclusión. Esa es la realidad. Lima no es la misma para todos. Un viaje a Lima Norte revela que hay condiciones muy complicadas”, precisó.

Agregó que Sánchez tiene más probabilidades de concentrar votos en Lima que Keiko Fujimori. Si bien López Aliaga comparte una ideología similar a la de Fujimori, al ser de derecha, esta última no tiene la misma percepción de la ciudadanía.

“López Aliaga cuando fue alcalde ha tenido los recursos para mejorar su imagen. Ha dejado endeudada a la Municipalidad, pero aún así las personas lo ven como alguien que hizo obras. En cambio, Fujimori tiene una percepción negativa por todas las investigaciones en las que ha estado involucrada”, dijo.

En ese último punto, Sánchez también “le saca ventaja” a Fujimori, pues sus antecedentes son un “kiosko” en comparación a la “catedral” de cuestionamientos que presenta la candidata.

“Sánchez parte con ventaja holgada. Será una elección en la que se ganará por un voto. Keiko Fujimori es parte del establishment corrupto. Así como lo percibe. No tiene una sentencia, no hay verdad jurídica, pero hay una imagen manchada”, anotó.

La proyección elaborada por el Instituto Aklla, anticipa que solo un grupo reducido de partidos superará la valla electoral y concentrará los 130 escaños de la Cámara de Diputados, lo que reducirá la dispersión política respecto a congresos anteriores. Sin embargo, eso mantendrá un equilibrio fragmentado.

El nuevo Parlamento funcionará bajo un sistema bicameral restituido tras más de tres décadas, en el que la Cámara de Diputados tendrá funciones clave como la elaboración de leyes, el control político al Ejecutivo, lo que incluye interpelaciones y censuras, y la aprobación del presupuesto público, mientras el Senado actuará como cámara revisora.

Cabe señalar que están obligados a negociar desde el inicio, ya que ninguna fuerza política alcanza por sí sola los 66 votos necesarios para controlar la agenda legislativa.

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¿Cómo se distribuirá la Cámara de Diputados?

De acuerdo con los datos procesados, Fuerza Popular encabeza la distribución con cerca de 40 escaños, seguida por Juntos por el Perú con 31. Más atrás aparecen el Partido del Buen Gobierno con 18 curules, Renovación Popular con 16 y el Partido Cívico Obras con 15. Ahora Nación completa el bloque con al menos 10 representantes.

• Fuerza Popular: 40 diputados
• Juntos por el Perú: 31 diputados
• Partido del Buen Gobierno: 18 diputados
• Renovación Popular: 16 diputados
• Partido Cívico Obras: 15 diputados
• Ahora Nación: 10 diputados

El dato central es que ninguna de estas fuerzas alcanza los votos necesarios para controlar la Cámara. Esto convierte a las bancadas medianas como el Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación en actores clave para la formación de mayorías, tanto para aprobar leyes como para sostener o censurar gabinetes ministeriales.

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Fuerza Popular

La bancada de Fuerza Popular de la candidata presidencial Keiko Fujimori estaría integrada por figuras como Cecilia Chacón, Diethell Columbus y Rosangella Barbarán, actual congresista en funciones, en Lima Metropolitana, además de representantes en regiones como Piura, La Libertad, Cajamarca y Áncash.

En la lista también figuran nombres conocidos como Pier Paolo Figari, Karina Beteta, Luis Alegría y Auristela Obando, entre otros.

Además están José Palma, César Revilla, Eduardo Castillo, Marco Pacheco, Gilmer Trujillo, Pierangeli Dodero, Luzmila Gamarra, Jessica Navas, Ana Patiño, Gladys Andrade, Flor Meza , Javier Castro , Carlos Zegarra, Segundo Ticlla, Carmela Paucara, Leticia Leiva, Ángel Bobadilla, Alexander Salas , Royser Castro, María Silupu, Nary Piñasco, Francisco Gatica, César Vidaurre, Geanmarco Quezada, Carlos Domínguez, Jaime Abensur, Rafael Celiz , Jhonn Valqui, Liz Mendoza, Kim Muñoz , Mery Infantes, María Ramos y Ana Yuffra.

Juntos por el Perú

Juntos por el Perú, quien con su candidato Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta contra Keiko Fujimori de Fuerza Popular, alcanzaría 31 curules con una fuerte presencia en regiones del sur andino. Entre sus representantes destacan la hija política del encarcelado expresidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, quien ha logrado concentrar mayor cantidad de votos en su región, y Gabriel Gonzales por Cajamarca, así como Analí Márquez en Cusco y Remigio Condori en Puno.

La bancada incluye también a Giannina Avendaño en Lima, Amalia Palomino en Arequipa y una serie de representantes en regiones como Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y San Martín.

Completan la lista Julián Pérez, Jesús Pérez, Catherin Palomino, Alejandro Manay, Ernesto Zunini, Marlon Aguirre, Marino Lavado, Olver Peña , Yuli Ambrosio, Lurdes Natividad, Héctor Guillén, Luz Soto, Jacqueline Tapullima, Jessica Guevara, Svieta Fernández, Juan Villanueva, Marco Flores, Oswar Cahuaza, Graciela Chipana, Azucena Isla, James Arturo Aguirre, Pilar Sulca y Haydee Poma.

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Renovación Popular

Renovación Popular concentraría su fuerza en Lima Metropolitana, con figuras como Norma Yarrow, José Baella y Roxana Rocha. A ellos se suman perfiles como Diego Bazán en La Libertad y Christian Aranda en Arequipa.

También formarán parte de la bancada Javier Cipriani, Gustavo Segura, Frank Krklec Torres, Paola Martínez, Leo de Paz, Aldo Bravo, Carlos Yalta, Félix Hung, María Córdova, Mady Yonz y Jorge Zeballos.

Partido del Buen Gobierno: bancada intermedia con alcance regional

El Partido del Buen Gobierno reuniría 18 escaños distribuidos en varias regiones. Entre sus principales figuras aparecen Óscar Reto, Nathaly Molina y Hilda Fernández en Lima, junto a representantes en Arequipa, Cusco, Junín y Piura.

Asimismo estarán Luis Eliseo Candia, Edgar Gonzales, Jessica Barrionuevo, Rossana Alayza, Romina Uribe, Gloria Hirache, Edwin Espinoza, Nora Llaque , Segundo Castrejón, Fernando García, Carmen Duarte, Miguel Huamán, Lila Prado, Milagros Santana y Nery Fernández.

Partido Cívico Obras

El Partido Cívico Obras alcanzaría 15 curules con representación en regiones como Puno, Cusco, Cajamarca y La Libertad. Entre sus integrantes figuran Jeenny Samanéz, Víctor Piñan y Dina Hancco. Es importante mencionar que tras la participación de Ricardo Belmont como candidato presidencial de este partido, él anunció su retiro de la política. A diferencia de otras agrupaciones con liderazgos orgánicos o estructuras partidarias más consolidadas, Cívico Obras queda expuesto a una dinámica interna más dispersa, en el que el peso recaerá en sus propios congresistas, sin una conducción clara desde fuera del Parlamento.

Además de los mencionados se encuentran Luis Masco, Andrea Medina, Heber López, Raúl Camargo , Máximo Peralta, José Yataco, Demetrio Valqui , Videlmo Acuña , Edgar Alvarón, Henry Albañil , Arturo Eusebio y Juan Cabrera .

Ahora Nación

Ahora Nación aparece con al menos 10 representantes en la relación disponible, con figuras como el exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), Harvey Colchado, Indira Huilca y César Holguín.

Y le siguen Bernardino Jair Olivera, César Muedas , Marleny Arminta , Ángel Meneses , Helard Sonco , Freshman Martínez y José Salazar.

La explicación podría encontrarse en los motivos de su implicación con una organización conformada por oficiales y subalternos de la Policía Nacional, que laboraban en la Brigada Especial contra la Criminalidad de San Juan de Lurigancho y en el Departamento de Inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal, y que se dedicaba al robo de oro de supuesto origen ilícito, mineral que incautaban en operaciones policiales montadas especialmente para dicho fin.

El capitán Román Vallejos Castillo, de 39 años, natural de Tacabamba, Cajabamba, era quien filtraba a sus cómplices la información sobre el transporte de lingotes de oro. Una de las empresas de Vallejos era la que alquilaba los vehículos para trasladar el preciado cargamento aurífero. La participación del capitán Vallejos en la sustracción del oro incautado sería la razón de los S/31 millones en sus cuentas.

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Solo bastaron cinco mil soles

El nexo inmediato del capitán Román Vallejos Castillo era su compañero de promoción de la Escuela de Oficiales de la PNP, el capitán Jorge Benítez Gutiérrez. Este oficial actuaba como jefe del Departamento de Inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

El capitán Román Vallejos fue identificado por un colaborador eficaz bajo protección de la fiscalía como informante de la red criminal de policías. La empresa de Vallejos, Prama Cars, alquilaba vehículos para el traslado de los lingotes de oro. Conocía con precisión la hora de salida, el itinerario y el punto final de la entrega del metal precioso.

Román Vallejos registró la empresa Prama Cars el 18 de marzo del 2022 junto con su padre, Apolinar Vallejos Vásquez, y con un capital de tan solo S/5 mil. ¡Y se convirtió en millonario en un santiamén!

Poco después de un año de la inscripción de Prama Cars, el 21 de mayo del 2023, cuando el capitán Román Vallejos estaba asignado a la comisaría de San Antonio (avenida Tomás Marsano), en Miraflores, contactó con su compañero de promoción, el capitán PNP Jorge Benítez Gutiérrez, quien cumplía funciones como jefe del Departamento de Búsqueda de la División de Inteligencia de la Dirincri. En esta ocasión, Vallejos confió a Benítez que la compañía Key Transport Group trasladaría cuatro lingotes de oro valorizados en S/2 millones.

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La operación “cambiazo”

Según el colaborador eficaz, el capitán Jorge Benítez se encargaba de organizar al equipo de policías que procedería con la intervención. Como parte del plan, recurrió al jefe de la Brigada Especial contra la Criminalidad de San Juan de Lurigancho, al mando del coronel PNP Rafael Morón Díaz.

Al día siguiente, 22 de mayo, el equipo especial intervino los vehículos de placa B4S-262 y BAB-675 por inmediaciones de la empresa Servicios Aeroportuarios Andinos (SASAA), ubicada en la avenida Faucett, en el Callao. En esa oportunidad fue detenido el colombiano Kevin Valencia Muñoz.

Los policías, dirigidos por el capitán Jorge Benítez, alegaron que la intervención se trataba de una operación por lavado de activos de material aurífero procedente de la minería ilegal. Pero los lingotes nunca fueron entregados a las autoridades. Los cambiaban por piezas de cobre.

De acuerdo con el colaborador eficaz, el cambiazo del oro se hizo luego de que el capitán Román Vallejos Castillo entregó una barra de cobre al capitán Benítez. Una vez consumado el plan, el metal era vendido en el mercado clandestino y Vallejos repartía el dinero entre todos los conspiradores.

El modus operandi se repitió el 10 de julio de ese mismo año. La organización criminal se apropió de otra barra de oro en una intervención similar, cuando el cargamento del metal era transportado a los almacenes de SASAA, en el Callao. Como en el caso anterior, el dato fue filtrado nuevamente por el capitán Román Vallejos Castillo y el lingote fue sustituido por una barra de cobre.

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Cifras que no cuadran

El fiscal del caso, Luis Mina Abanto, considera que estos hechos no son los únicos y se encuentra en proceso de identificar otros más. Los S/31 millones encontrados en las cuentas del capitán Román Vallejos son indicio de que, sin duda, ha habido más “cambiazos”.

De momento, el fiscal Luis Mina imputa a Vallejos los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo. El primero se sustenta en una pericia contable financiera, solicitada por los agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, que detectó los S/31,4 millones; y el segundo, en facilitar el robo del oro.

La pericia detectó que, de enero del 2023 a enero del 2025, el capitán Román Vallejos obtuvo en sus cuentas bancarias ingresos considerables en moneda nacional y en dólares. “Refleja abonos por 13,4 millones de soles, lo que evidencia un alto nivel de circulación caracterizado por una intensa movilización de recursos económicos del sistema bancario durante el periodo analizado”, señala el peritaje.

Sin embargo, en su declaración de Bienes y Rentas, el capitán Román Vallejos registró como único ingreso por sus funciones como capitán PNP S/4 mil mensuales. Es decir, S/48 mil anuales y, en dos años, S/96 mil.

En su defensa, el capitán Vallejos arguyó ante el fiscal Luis Mina que la procedencia de los S/31 millones en sus cuentas bancarias era producto de la compra y venta de vehículos usados mediante su empresa Prama Cars. Las unidades eran vendidas entre US$6.000 y US$10.000. Pero los números no cuadran.

Conforme a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Prama Cars, dedicada a la exportación e importación de vehículos, solo ha vendido 96 vehículos usados.

“Encontramos que Prama Cars, la empresa del capitán Román Vallejos, fue propietaria de 96 vehículos y sus ventas están muy por debajo de los 31 millones, que hasta el momento no ha sabido sustentar”, informó a La República un oficial de la Dircocor familiarizado con el caso.

Lo que tampoco ha sabido explicar el capitán Román es el origen de un abono de S/8,5 millones en su cuenta, que coincide con el robo de una barra de oro valorizada en S/5,8 millones, un hecho que ocurrió el 10 de julio del 2023. Por eso, en la institución policial han comenzado a llamar al capitán Román Vallejos “el rey Midas” de la PNP.

Fueron detenidos 10 efectivos, pero solo siguen presos 3

• Además del coronel Rafael Morón Díaz y de los capitanes Román Vallejos Castillo y Jorge Benítez Gutiérrez, están imputados como cómplices los suboficiales Alain Malaver Odias, Daniel Arce Cáceres y Edwin Portocarrero Castro, quienes pertenecen al Departamento de Inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
• También están comprendidos los suboficiales Anthony Cruz Espinal, Hugo Arce Pérez, Mauro Gamarra Miguel y Leonardo Estremadoyro Arrascue, de la Brigada Especial contra el Crimen Organizado de San Juan de Lurigancho.
• En total, fueron detenidos 10 efectivos policiales el 23 de abril. Solo quedaron arrestados tres, entre ellos el coronel Rafael Morón Díaz.

Bueno, yo primero le quiero agradecer esa gentileza a Roberto. Creo que la intención de Roberto Sánchez fue plantear que estaban ya trabajando en un equipo técnico. O sea, no es que estemos discutiendo cosas antes de cruzar el puente. Primero, porque no hay elecciones. Él habló de un momento preliminar y a lo que se refiere es a que se está conversando con los equipos técnicos, para puntualizar el plan de gobierno de Juntos por el Perú, para poder explicarlo de una mejor manera a la ciudadanía.

¿Y usted confía en el señor Sánchez? ¿Le tiene confianza?

Sí, bueno, yo conozco a Roberto Sánchez desde que integramos juntos el primer gabinete de Pedro Castillo. Creo que es un hombre que tiene claro lo que quiere cambiar en el país. Yo lo he sentido con sensibilidad social, que es tan necesaria en este momento. Bueno, y esperemos que pueda pilotear esta crisis, con un criterio de equipo, para sacar adelante el país y reconstruir la confianza de la gente.

Ahora, yo le preguntaba por si usted confía en el señor Sánchez porque otros proyectos que él ha tenido con gente de izquierda han terminado mal. El señor Yehude Simon lo llama falso y la alianza que tuvo con el Nuevo Perú de Verónika Mendoza acabó mal, por el tema del financiamiento de partidos. Digamos, sus aventuras políticas no terminan bien para sus aliados.

Bueno, yo no las denominaría aventuras políticas. Creo que, en diferentes circunstancias, Roberto Sánchez ha llegado a algunos acuerdos políticos con sectores de la propia izquierda. Roberto no viene zigzagueando, siendo un día un hombre con planteamientos de derecha y luego de izquierda. Y dentro del trabajo por buscar proyectos unitarios en la izquierda, como pasa con todos los partidos, en todas partes del mundo, a veces esas alianzas culminan por diferentes circunstancias, por los resultados electorales, porque el análisis de una situación concreta no es exactamente igual. Pero lo que no ha cambiado en Roberto es su posición político-ideológica.

Claro, los que han tenido mala fortuna son sus exaliados.

Bueno, no sé si mala fortuna. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se formó la alianza de Juntos por el Perú, inicialmente con Verónika Mendoza, que además era una excelente candidata, no pensaban que iba a surgir un Pedro Castillo, con una propuesta más cercana a la crisis. Eso, obviamente, impactó en Juntos por el Perú y, bueno, esa alianza se disolvió.

¿Y entiende al señor Sánchez? ¿Lo comprende?

Bueno, sí, hasta donde hemos conversado. Conozco, además, el programa de Juntos por el Perú, hasta donde he podido profundizar en él.

Uno diría que es difícil comprender al señor Sánchez, porque antes de la primera vuelta decía que se sentía muy avergonzado de la gestión de Julio Velarde en el BCR, anunciaba que si llegaba al poder lo sacaría el día uno de su gestión y ahora dice que se tomaría un café con él. ¿A cuál Roberto Sánchez debemos creerle?

Bueno, Roberto Sánchez nunca ha sido enemigo de Julio Velarde, no es que fuera su enemigo y por eso ahora que se tomen un café es algo sorprendente. De hecho, son dos cosas diferentes.

Pero pedir que salga el día uno del BCR suena a que sí lo veía como enemigo.

No, yo no creo que sea así. Yo creo que es una lectura política, y en esos términos hay que entenderla. Y es una lectura política que puede modificarse en la medida en que se va profundizando la interpretación de distintas situaciones. Julio Velarde es un hombre reconocido en el manejo del control de la estabilidad monetaria, y es un hombre además con mucha influencia por sus opiniones. Y sus opiniones no siempre son coincidentes con lo que puede pensar una buena parte del país. Yo ponía de ejemplo a Kurt Burneo, que no coincidía con el manejo de la política monetaria de Julio Velarde, sobre todo apenas salimos de la pandemia, donde planteó un manejo de las tasas de interés que él no compartía porque podía generar recesión. Es decir, no estamos hablando de alguien infalible, estamos hablando de una persona a la que se le reconoce que tuvo un buen manejo de la política monetaria durante varios años, pero que es uno de los siete integrantes del directorio del Banco Central de Reserva. Y me parece muy bien que Roberto Sánchez tenga un proceso de evaluación sobre el tema.

Lo que usted llama proceso de evaluación puede ser también una manera de ubicarse en la segunda vuelta. De repente, el señor Sánchez entiende que habría que pegarse un poco al centro y por eso ha cambiado de opinión sobre Velarde.

Bueno, esa es una lectura. La otra lectura es que Roberto Sánchez ha entendido que conversar es algo que está por encima de cualquier apreciación inicial, porque se está hablando del país.

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Y en el caso de Antauro Humala, ¿con cuál Roberto Sánchez nos debemos quedar? ¿Con el que hacía campaña junto a él, en sus caravanas, o con el que dice que no comparte sus ideas?

Yo no creo que haya dos Roberto Sánchez. A ver, las declaraciones de Antauro Humala que han aparecido ahora no son nuevas, la mayoría. Son declaraciones que ya ha hecho hace varios años, desde que salió, sobre la base de sus propuestas de gobierno o de sus opiniones.

¿Y usted las considera excéntricas, excesivas, radicales?

Yo no las comparto. Pero en un país tan contradictorio como es el Perú, en un país donde hay tanta exclusión, en un país con tanta hambre, con tanta corrupción, hay distintas formas de expresar lo que se piensa. Y él tiene su forma, tiene su método de expresarse, que a la gente le resulta impactante. Y yo no comparto muchas de sus formas, muchas de sus expresiones.

Usted no las comparte, ¿el señor Sánchez sí?

No, no tampoco. Él lo acaba de decir incluso.

Pero aparecía con él haciendo campaña, eso no se entiende.

No, son dos cosas diferentes. Acá no se trata solo de que estemos de acuerdo en todo. Si no, Antauro Humala tendría que estar dentro de Juntos por el Perú, tendría que ser afiliado.

Y no está él, pero está su padre, que podría ser la cuota del antaurismo.

Como usted bien dice, podría ser, pero en la práctica esa es una apreciación subjetiva. La hermana también está postulando, creo que por otro partido, y eso no quiere decir que Antauro Humala respalde la posición de la hermana. Lo concreto es que Juntos por el Perú es una confluencia de personas que coinciden en algunos puntos básicos y una de ellas es Antauro, pero eso no quiere decir que el programa que él levanta, en su partido, que ahora ha sido disuelto por el Jurado Nacional de Elecciones, sea el programa que levanta Juntos por el Perú. Ya lo dijo Roberto Sánchez: Antauro Humala tiene diez opiniones, de las cuales podemos coincidir en dos o tres, y en el resto no, y no por eso le vamos a decir: Sabes qué, no quiero que te acerques a nosotros, porque compartimos algunos temas centrales como el tema constitucional.

¿Antauro Humala va a seguir cerca de ustedes o van a preferir que se distancie un poco?

¿En qué sentido que se distancie? En la lucha por cambiar la constitución, yo no quisiera que haya un distanciamiento. Hay que separar con más claridad una posición de otra. No quiere decir que, porque se acerca Antauro Humala o se acercan los compañeros de otros partidos, por ejemplo, hipotéticamente, Jorge Nieto, yo voy a estar de acuerdo con todas sus propuestas.

No, claro, pero es un extremo poner de ejemplo a Jorge Nieto, porque estamos hablando de Antauro Humala, que tuvo responsabilidad penal por la muerte de cuatro policías.

Y cumplió su condena, y se rehabilitó. Y tiene derecho a participar.

Rehabilitado es la palabra que usa la señora Fujimori para hablar de algunos personajes cuestionados que se suman a su proyecto.

Bueno, Antauro Humala no es parte del proyecto, desde el punto de vista de que no se ha afiliado a Juntos por el Perú.

Solo hace campaña con ustedes.

Ha participado en algunas actividades, en los mítines, pero nosotros no le podemos decir no vengas.

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Otra personalidad que alienta la candidatura del señor Sánchez es el expresidente Castillo. ¿Usted considera que el señor Castillo hizo un buen gobierno?

Yo creo que no se puede hablar de si hizo un buen gobierno o un mal gobierno. Yo creo dos cosas. Primero, que el presidente Castillo fue presidente elegido por la mayoría de los peruanos. Y eso no se ha respetado. Lo primero que la gente te reclama es que obstruyeron su gestión de gobierno y además lo sacaron porque querían evitar que Castillo tomara varias decisiones que afectaban a grupos económicos. Ese es un primer tema que tiene que preceder el análisis. ¿Por qué? Porque partamos de que aquí se ha vulnerado el respeto a la investidura presidencial, porque a Castillo se lo sacó siendo presidente, se lo sacó sin los votos necesarios y eso, bajo cualquier óptica, es un golpe de Estado. Pero peor que eso, es que se vulneró la opinión de la gente y luego se asesinó a muchos peruanos por salir a defender su voto y su opinión.

Yo creo que sí hay que hacer preguntas sobre el gobierno del señor Castillo. Miremos su caso. Con usted como su ministro de Salud, por ejemplo, se consiguieron altos índices de vacunación, se salvaron vidas.

Los más altos de América Latina

Sí. Y a continuación, cuando usted salió del gabinete, pusieron en el ministerio de Salud a un señor que creía en pseudociencia, en supercherías. ¿Cómo se entienden estas contradicciones?

A ver, ¿cuánto tiempo estuvo Pedro Castillo en el gobierno? A él lo elegimos por cinco años. Pero Castillo estuvo algo de 16 meses en el gobierno. Entonces, no hemos tenido tiempo para hacer una evaluación de una gestión gubernamental de 16 meses. Y eso sin tomar en cuenta, y con esto no voy a disculpar a Castillo, no estoy hablando que ha sido un gobierno perfecto, que él enfrentó una obstrucción que todo el mundo reconoce, con cuatro o cinco ministros censurados, con tres pedidos de vacancia.

Yo insisto. Ningún miembro de la oposición lo obligó a hacer esos nombramientos cuestionables.

No siempre se eligió bien. Si la pregunta es si siempre se eligió a lo que yo podría considerar el mejor gabinete, dime un gobierno que haya elegido a todo su gabinete de manera impecable, dime un gobierno.

Qué buena justificación para Castillo.

No es justificación, pero hay que poner las cosas en el análisis correcto. Si tienes un gobierno en que los principales proyectos son rechazados en el Legislativo, que está permanentemente pensando cómo manejar niveles de consenso, con un Legislativo en el que incluso su bancada se puso en la vereda de enfrente, en 16 meses, ¿qué le vas a pedir?

¿Usted diría que Castillo era confiable, que tomó las decisiones más acertadas?

A ver, Castillo era un hombre con dos virtudes. Escuchaba y tenía una alta sensibilidad social. Yo he conversado alguna vez con Vizcarra y con Sagasti, y no vi la sensibilidad social que vi en Pedro Castillo. Ahora, si me dices, ¿eso significa que todas las decisiones de Castillo fueron perfectas? No, pues, no. Se cometieron errores en el gobierno y yo lo he señalado.

Hay una declaración de julio del 2022 que le dio a La República, en la que describía de esta manera al presidente Castillo: “En él ha prevalecido el cómo me mantengo, cómo sobrevivo, y eso lo ha llevado a tener acuerdos políticos con gente inesperada. Recuerdo que él nos escuchaba, decía, está bien, vamos a hacer esto, y al día siguiente tomaba otra decisión porque quería quedar bien con otros”. ¿Tan voluble era?

No es que quería quedar bien. El problema es que, a ver, yo quisiera que nos situemos en un gobierno jaqueado, en un gobierno que no tenía bancada, en un gobierno que era amenazado y, de hecho, se instrumentaban vacancias permanentes para sacarlo del gobierno. Entonces, el presidente Castillo lo que estaba buscando era algún nivel de acuerdo, de consenso con el Legislativo, para que su gobernabilidad fuera real. Mi posición, y lo que yo le sugería a Pedro Castillo, es que no cediera en algunas cosas. Y, si nos teníamos que ir, nos íbamos por la puerta, pero no había que ceder ante las mafias. Bueno, finalmente, los adversarios perdieron las formas y lo sacaron, aprovecharon la proclama que dio.

¿Lo sacaron? ¿Usted es de los que piensa que él no dio un golpe de Estado?

¿Pedro Castillo salió constitucionalmente? Cuando lo detuvieron, ¿no era el presidente? ¿Y se puede detener al presidente por las fuerzas policiales y por lo que dice una fiscal?

Claro, pero previamente había roto el orden constitucional.

¿Pero quién determina eso? ¿Cómo se determina eso? ¿Quién lo determina? ¿La Policía? ¿La señora que estaba en la Fiscalía? El presidente es el presidente y hay formas y normas. Si es que se considera que ha vulnerado el orden constitucional, hay formas para que deje de ser presidente.

Entiendo lo que me dice, pero después de que él anunciara la intervención al Poder Judicial y el Ministerio Público...

Las anunció, no se hizo operativo.

Pero si se ponían en práctica, prácticamente se convertía en dictador, ¿usted quería que eso pasara?

Son dos cosas diferentes. Y, te digo, para no pasar de un tema a otro. El primer tema es si le dieron o no un golpe de Estado a Castillo. Y sí se lo dieron.

¿No lo dio él?

A ver, ya eso se juzgó, ya fue a juicio, ya dijeron: usted no ha cometido el delito de rebeldía, usted conspiró, que es muy distinto a dar un golpe de Estado.

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Ahora, hablemos un poco de datos electorales. ¿No siente que las opciones del señor Sánchez están cuesta arriba? Se lo digo porque en el 2021, Pedro Castillo en Lima hizo al menos 7% de la votación. El señor Sánchez solamente tiene el 3%. Y a nivel nacional, Pedro Castillo ganó la primera vuelta con casi 19% de votos. Y el señor Sánchez apenas alcanza el 12%. ¿Eso no los pone en desventaja?

No sé si la palabra es desventaja. Sí hace que el reto de poder ganar la segunda vuelta sea un desafío mayor, más complicado, obviamente. Pero hay factores a favor y factores en contra. Un hecho objetivo es la cifra de la primera vuelta, que le da unos puntos por encima a la señora K. Pero, por otra parte, hay un avance importante en distintos sectores que no necesariamente son castillistas, pero que han expresado un análisis interesante sobre el tipo de país que necesitamos construir y lo que necesitamos cambiar.

Lo que me está diciendo es que usted confía en que el antifujimorismo vaya al rescate de la candidatura del señor Sánchez.

No, no, no. Yo no creo que el antifujimorismo sea el fiel de la balanza en esta elección. Claro que existe. Pero lo que yo creo es que lo que va a definir esto es si la gente está dispuesta a rescatar este país de lo que ha significado el control de una minoría durante muchos años, que ha generado crecimiento, pero ha profundizado la exclusión y la corrupción. Y Juntos por el Perú debe presentarse como una opción de reconstrucción y cambio confiable. Nosotros no llegamos a vengarnos de nadie, llegamos para que cuando vayas al Poder Judicial sientas que allí hay la mejor gente, que va a resolver de la manera más justa.

Dice que ustedes no llegarían a vengarse, ¿sus adversarios sí?

No llegamos con ánimo de venganza, pero sí queremos justicia, y una visión de reencuentro entre los peruanos. No puede ser que se profundice cada vez más la distancia entre Lima y el interior del país. No puede ser que se aliente el racismo y la xenofobia.

En su plan de gobierno dejan la puerta abierta para el retorno de las empresas estatales, ¿cómo traerlas de vuelta sin que se conviertan en agencias de empleo?

Con lo que hacen muchos países del mundo, hay que manejar un rol de la Contraloría más eficiente, las procuradurías deben funcionar de otra manera. Tenemos que ponerle candado a la burocracia excesiva.

El señor Sánchez propone que los jueces sean elegidos con el voto popular, como en México, ¿esto no politizaría la justicia?

¿Usted cree que en estos momentos los fiscales y jueces son elegidos sin interferencia política? Yo creo que sí hay interferencia. Entonces, ¿por qué no se le puede otorgar a la gente el poder para definir quiénes van a ser los próximos integrantes de la Corte Suprema?

La orden profesional precisó que el contenido difundido no constituye una posición institucional bajo ninguna circunstancia. Remarcó que se trata de un material que no cuenta con validación oficial y que su circulación puede generar confusión en la ciudadanía.

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El comunicado también señala que las únicas fuentes válidas de información del Colegio de Ingenieros son sus canales oficiales. En ese sentido, advirtió que cualquier documento que no haya sido publicado por esas vías no debe considerarse postura del gremio.

Además, la institución informó que ha dispuesto una verificación interna para determinar posibles responsabilidades por el uso indebido de su nombre. Indicó que evaluará las acciones correspondientes según sus normas disciplinarias.

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Colegio de Ingenieros se deslinda de documento sobre la ONPE difundido por López Aliaga

El documento compartido por Rafael López Aliaga en redes sociales plantea cuestionamientos al sistema digital de la ONPE y al proceso de conteo de votos. En su publicación, el líder de Renovación Popular sostiene que existirían debilidades en la seguridad del sistema y solicita una auditoría independiente.

Sin embargo, el Colegio de Ingenieros evitó pronunciarse sobre el contenido técnico de ese material. Su comunicado se limita a precisar que no se trata de un documento oficial ni representa la posición institucional del gremio.

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La entidad también exhortó a sus miembros a verificar la autenticidad de la información antes de difundirla. Señaló que el uso del nombre del colegio en documentos no oficiales puede inducir a interpretaciones erróneas, especialmente en un contexto electoral.

El pronunciamiento cierra con una reafirmación del compromiso institucional con el rigor técnico y la comunicación responsable. El Colegio de Ingenieros insistió en que cualquier postura oficial se difundirá únicamente a través de sus canales formales.

En su comunicado, la entidad precisó que convocó a 36 partidos a una sesión técnica el pasado 25 de marzo en su sede central. En esa jornada, especialistas explicaron el funcionamiento de los sistemas informáticos empleados en el conteo de votos, como la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y la plataforma de presentación de resultados.

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La entidad detalló que agrupaciones como Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Perú Libre, Avanza País y Alianza para el Progreso, entre otras, asistieron a dicho evento. También mencionó la presencia de organismos como el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. En esa relación no aparece Renovación Popular.

Un día después, el 26 de marzo, la ONPE expuso estos sistemas a medios de comunicación. La presentación incluyó detalles sobre seguridad, transmisión de datos y verificación de actas. El organismo sostuvo que estas acciones buscan reforzar la transparencia del proceso electoral.

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Auditoría, simulacro y acceso a resultados: los argumentos de la ONPE

La ONPE señaló que los sistemas usados en el conteo de votos pasaron por una auditoría externa a cargo de M&T International. Este proceso se desarrolló durante 168 días desde noviembre de 2025 y evaluó el comportamiento funcional, así como posibles riesgos y vulnerabilidades.

Según el organismo, la auditoría se basó en estándares internacionales como la norma ISO/IEC 27007, el marco de ciberseguridad del NIST y metodologías de OWASP. Los resultados indicaron que las plataformas eran estables y aptas para su uso en las elecciones generales.

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El 5 de abril, la ONPE realizó un simulacro oficial del sistema de cómputo electoral con participación de personeros técnicos de diversas agrupaciones. En esa actividad se verificó la transmisión segura de datos y el procesamiento de resultados en condiciones similares a una jornada electoral.

Después del 12 de abril, el organismo habilitó una sala para personeros y observadores nacionales e internacionales. Desde ese espacio, los participantes pudieron seguir el avance del conteo de votos. La ONPE recordó que publica actas e imágenes desde 2001, como parte de su política de transparencia y control ciudadano.

“Las supuestas declaraciones hecha por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile, de ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía. En absoluto”.

La aclaración se da después de que Antauro Humala mostrara su deseo de recuperar Tarapacá y Arica “por medio de la vía diplomática o por la vía armada" en una entrevista. Ante este hecho, Roberto Sánchez rechazó que el partido coincidiera con el exmilitar.

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El aspirante a la presidencia explicó que, tras el fallo de la Corte de La Haya, no existen problemas de territorio pendientes con el país vecino. Indicó que el enfoque actual debe ser la paz y la cooperación, por lo que marcó distancia de los comentarios de Humala sobre cualquier intención de reclamar tierras o mar. De esta manera, el candidato manifestó su respeto por los acuerdos internacionales. “Ese es el mandato irrenunciable del actual momento histórico”.

Además, aseguró que de llegar al gobierno, mantendrán una relación de amistad y respeto con el presidente Kast y los países vecinos. Su prioridad será fortalecer los lazos diplomáticos y trabajar en conjunto con toda la región.

“Estamos en la casa de la rata de Burneo (..) a partir de hoy le decimos al sistema corrupto electoral. A Corvetto y a Burneo que estamos vigilando. No van a poder dormir, no van a poder cerrar los ojos. Vamos a pelear hasta el final”, manifestó Ugarte, con megáfono en mano.

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Dentro de su discurso violentista comparó su protesta con el golpe cívico militar que se dio en Chile durante el gobierno de Salvador Allende. “El 11 de septiembre de 1973, los militares chilenos sacaron al comunista de Allende de Palacio hecho un cadáver de Palacio. La ciudadanía le exigió a los militares hacerlo. Pedimos hoy golpe cívico militar”, señaló.

La conducta violenta de quien se hace llamar “profesor” a través de sus redes sociales no es nueva, sino sistemática y plagada de varios antecedentes, de los cuales este medio también ha sido víctima.

Antecedentes violentos de Jorge Ugarte

Según un reporte policial del 2020, Ugarte fue acusado de atacar a su propio padre con un cuchillo. Por este motivo, tuvo una investigación abierta en una fiscalía de Villa María del Triunfo por agresiones contra el grupo familiar y delitos contra la vida.

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El “Profe sobre ruedas” también fue denunciado por una trabajadora de un restaurante, quien señaló haber sido agredida físicamente. En el documento policial se indica que “el señor Jorge Enrique Ugarte Olivera, la insultó empleando términos soeces. Asimismo, refiere que la cogió por el brazo izquierdo, arrojándola al piso, golpeándose el brazo”, se lee.

En otra ocasión, durante una entrevista en su canal de YouTube, agredió físicamente a su invitado, Carlos Ezeta, agrediéndolo física y verbalmente en plena grabación tras perder el control de la conversación. “Si yo te meto un puñete, ¿me vas a denunciar?”, preguntó en tono desafiante a Ezeta.

Jorge Ugarte también promovió un ataque contra la sede del diario La República en 2025. Tras un reportaje que evidenció la oxidación de los trenes traídos de Estados Unidos durante la gestión del entonces alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, un grupo de sus seguidores pintó la fachada del medio.

El impulsor de la marcha se pronunció tras un comunicado del JNE y aceptó toda responsabilidad por los hechos registrados el 30 de abril. “Si tienen que proceder legalmente que sea contra mi persona”, expresó mediante sus redes sociales. Sin embargo, sostuvo que no fueron violentos y continuó con su discurso a favor del supuesto fraude electoral.

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Además, volvió a referirse de manera amenazante a las autoridades electorales. “Todos los días habrá un peruano que les recordará en su cara los miserables que son y no vamos a parar, no nos van a robar los votos”.

Durante la protesta, se pudo observar que los manifestantes recorrieron las calles con pancartas, sartenes y un muñeco gigante en referencia a Roberto Sánchez al tener el sombrero representativo del candidato.

El Jurado Nacional de Elecciones condena amenazas en exteriores de casa de Burneo

El 1 de mayo, el JNE publicó un comunicado en el que rechazó lo sucedido en las afueras de la casa del titular del organismo electoral. “Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho y constituyen un intento de presión indebida que vulnera la institucionalidad democrática”, se lee.

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Además, señaló que los ciudadanos podían protestar de manera pacífica. Sin embargo, el derecho a la manifestación no contempla tener un comportamiento intimidatorio o amenazante.

“Cualquier acción que pretenda ejercer presión o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan”, se lee en el comunicado.

El desplazamiento hacia esta localidad, un poblado pequeño ubicado aproximadamente a dos horas de Huamanga, se realizó por carretera y, de acuerdo con lo dicho por la propia candidata, tomó cerca de 11 horas. Durante su intervención, Fujimori utilizó vestimenta típica de la zona, como sombrero y pollera, y se apoyó en un megáfono para dirigirse a los asistentes.

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Una llegada sin escala en Huamanga y con escasa convocatoria

La lideresa de Fuerza Popular arribó directamente a Ocollo sin realizar actividades previas en la capital regional de Ayacucho. Su traslado fue íntegramente por vía terrestre, en un recorrido que ella misma calificó como complicado. A su llegada, fue recibida por un grupo reducido de residentes, en un espacio abierto en el que la convocatoria no superaba las 30 personas.

Durante su intervención, Keiko Fujimori centró su discurso en el abandono estatal que, según afirmó, enfrentan las comunidades rurales.

“Muchas gracias por este cariño, demostración, traje hermoso. Por todo este recibimiento de las diferentes comunidades que han venido para expresar sus necesidades. He sufrido para llegar hasta aquí, he padecido 11 horas para llegar a su pueblo. Es lo que sufren ustedes siempre pero nadie les hace caso, el Estado los ha dejado tirados”, sostuvo ante los asistentes.

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Ayacucho: un bastión adverso para Fujimori

Cabe señalar que en la región Ayacucho, el respaldo electoral ha sido históricamente esquivo para Fujimori. En los comicios recientes, el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú obtuvo la mayor votación en esta región (88.382 votos), mientras que Fujimori quedó relegada al cuarto lugar (22.869 votos).

Históricamente, en Ayacucho persiste un rechazo significativo hacia su figura política, lo que se traduce en una baja capacidad de convocatoria en actividades proselitistas, como la registrada en Ocollo.

Antecedente en el sur: una estrategia que se repite

No es la primera vez que Fujimori realiza visitas de este tipo en regiones del sur andino. Antes de la primera vuelta electoral, protagonizó una actividad similar en Puno. Allí visitó el fundo San Antonio, ubicado en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar. Esa visita también se caracterizó por una convocatoria reducida y un intento de acercamiento directo a comunidades locales. Este tipo de desplazamientos parece responder a una estrategia de presencia territorial en zonas en las que su candidatura enfrenta mayores resistencias.

La marcha inició en la Plaza Dos de Mayo, allí los gremios de trabajadores se reunieron para luego desplazarse por diversas zonas del Centro de Lima. Durante el recorrido Sánchez resaltó la importancia de tener una propuesta de gobierno enfocada en el bienestar del trabajador.

“Las fuerzas políticas, las fuerzas democráticas, nuestros gremios de trabajadores, las fuerzas sociales que en la calle siempre nos encontramos, sobre todo hoy el 01 de mayo, donde hombres y mujeres no solo necesitan ser reivindicados, sino que haya una propuesta de gobierno que afiance la agenda social, la agenda de los trabajadores postergados en todo este régimen mercantilista que no nos representa”, señaló el aspirante presidencial.

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El candidato exigió justicia en las condiciones laborales y manifestó que era necesario mejorar la “remuneración mínima, los derechos laborales, su estatus social”.

Alianzas de cara a la segunda vuelta

Roberto Sánchez dio a conocer que su partido ha comenzado a dialogar con diversas fuerzas políticas. El propósito es consolidar un bloque estratégico de cara a la segunda vuelta.

Esta iniciativa se presenta en un contexto en el que todavía no se ha confirmado quién será el candidato que compita contra Keiko Fujimori. Sin embargo, Sánchez mantiene su ventaja sobre López Aliaga, a pocos días de completarse el conteo y conocerse los resultados oficiales.

Sánchez detalló que las conversaciones son con “todo el bloque de las nuevas representaciones políticas”. Aunque el candidato no ahondó en el avance de estas negociaciones, precisó que busca crear una propuesta unificada.

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En esa misma línea, López-Chau es uno de los políticos que también ha estado en conversaciones con diferentes partidos para conformar una alianza que respete la democracia y fortalezca la legitimidad de los comicios actuales.

Al tener el mismo objetivo, ambas figuras políticas podrían estar coordinando una posible alianza al ser vistos marchando juntos en la movilización por el Día del Trabajador, una imagen simbólica que puede consolidarse de cara a la segunda vuelta. Sobre todo cuando López-Chau ha anunciado reiteradas veces que no respaldaría la candidatura de Keiko Fujimori.

Juntos por el Perú denuncia a alcalde de Lima por vulneración del principio de neutralidad

El partido Juntos por el Perú presentó una denuncia formal contra el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ante el Jurado Electoral Especial. La acusación sostiene que el alcalde no respetó el principio de neutralidad, el cual obliga a las autoridades a mantenerse al margen y no intervenir en temas electorales mientras están en el cargo.

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Según el personero del partido, Carlos Adeval Zafra, Reggiardo habría utilizado recursos y su posición en la Municipalidad de Lima para divulgar narrativas de un falso fraude que interfieren en las elecciones. El problema principal surgió el 28 de abril, cuando el alcalde cuestionó públicamente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por decidir no convocar a elecciones complementarias.

En su mensaje, el alcalde de Lima aseguró actuar "en defensa de los vecinos" y exigió al JNE que reconsiderara su postura, cuestionando incluso si el proceso era legítimo. Además, responsabilizó a la ONPE y al JNE por diversos incidentes ocurridos durante las votaciones, advirtiendo que podría llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional.

RSF sitúa al Perú dentro del grupo de países de América Latina que “se hunden” en la clasificación. El informe advierte que la región enfrenta un aumento de la violencia vinculada al crimen organizado. Esta situación impacta directamente en la seguridad de los periodistas. La consecuencia es un entorno cada vez más hostil para informar.

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El reporte precisa que los asesinatos registrados en 2025 marcaron un punto crítico. Estos casos no solo reflejan ataques directos contra los periodistas. También evidencian fallas en los mecanismos de protección. En más del 80% de países analizados, estas medidas se perciben como ineficaces o inexistentes, según RSF.

Además, la organización advierte que la crisis de la libertad de prensa no se limita a la violencia física. El debilitamiento del ecosistema mediático, la presión de actores ilegales y la falta de garantías estatales configuran un escenario adverso para el ejercicio del periodismo. En este contexto, el Perú se consolida como un país donde informar implica riesgos crecientes.

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Zuliana Lainez, presidenta de la ANP: “Probablemente es el peor deterioro de los últimos 30 años”

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, coincidió con el diagnóstico de Reporteros Sin Fronteras y afirmó que el país atraviesa un “gravísimo deterioro” de la libertad de prensa. Señaló que no se trata de una percepción aislada, sino que responde a cifras concretas y a un contexto que se ha agravado en el último año.

Lainez precisó que en 2025 se registraron 458 ataques contra periodistas, la cifra más alta en tres décadas. Explicó que el problema no es solo el volumen de agresiones, también preocupa la naturaleza de estos hechos. “No es sólo mala porque cuantitativamente es alta, sino que cualitativamente volvimos a tener asesinatos de periodistas”, afirmó.

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La representante de la ANP recordó que el país pasó ocho años sin asesinatos contra hombres y mujeres de prensa. Esa tendencia se rompió con los cuatro colegas fallecidos asesinatos en Ica, Iquitos, Pacasmayo y Aguaitía. “Nosotros llevábamos ocho años sin tener que contar crímenes contra periodistas y fueron asesinados cuatro colegas”, indicó. A esto se suma otro elemento crítico: la falta de justicia en estos casos.

Según Lainez, ninguno de los asesinatos presenta avances relevantes en las investigaciones. “Después de un año tenemos visos clarísimos de absoluta impunidad”, sostuvo. Advirtió que no basta con contar los crímenes. La ausencia de sanción agrava el mensaje de desprotección para el ejercicio del periodismo.

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Cuatro asesinatos de periodistas marcaron el 2025 como uno de los años más letales para la prensa

El 2025 dejó un saldo crítico para la libertad de prensa en el Perú. Cuatro periodistas fueron asesinados por sicarios en distintas regiones del país. Los ataques se dieron a comunicadores activos que investigaban sobre presuntos actos de corrupción y crimen organizados en sus localidades. La ANP y Reporteros Sin Fronteras identificaron estos casos como un punto de quiebre en la seguridad del periodismo.

Las víctimas fueron Gastón Medina Sotomayor, director de un medio televisivo en Ica, asesinado el 20 de enero; Ramiro Raúl Celis López, periodista radial atacado el 7 de mayo en Iquitos; Fernando Núñez Guevara, director de un medio local en Pacasmayo, asesinado el 6 de diciembre; y Mitzar Castillejos Tenazoa, comunicador atacado el 12 de diciembre en Aguaytía, quien falleció el 26 del mismo mes tras luchar 14 días internado primero en un hospital regional y luego en el hospital María Auxiliadora en Lima.

Los crímenes presentaron un patrón común: sicarios ejecutaron los ataques contra periodistas que investigaban redes ilícitas en regiones. Este escenario profundizó la crisis de la libertad de prensa y expuso los riesgos que enfrenta el periodismo fuera de Lima.

La CIDH es un órgano de naturaleza subsidiaria y complementaria respecto de la jurisdicción interna de los Estados. Esto significa que son los propios poderes públicos del Perú —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— los primeros llamados, en el ejercicio de su soberanía y en el marco del control de convencionalidad, a interpretar y dar aplicación a los compromisos asumidos en la Convención Americana y demás instrumentos del corpus iuris interamericano. El Capítulo I.V.A del Informe Anual 2025 sistematiza, de manera técnica, información recibida por la Comisión sobre diversos desarrollos institucionales en el Perú e identifica estándares interamericanos aplicables en materia de equilibrio de poderes, debido proceso en procedimientos parlamentarios y deber estatal de garantizar el acceso a la justicia. El Informe no constituye una sentencia ni un pronunciamiento condenatorio; es un instrumento de diálogo institucional que invita al Estado a la reflexión y al fortalecimiento de sus propias instituciones. Sobre las figuras y leyes específicas a las que se alude, debo ser cuidadoso: varias de ellas son objeto de debate en sede política, constitucional y judicial dentro del Perú, y algunas eventualmente podrían ser sometidas al Sistema Interamericano. No corresponde que esta Presidencia adelante criterio sobre cuestiones que aún no han sido conocidas y resueltas por el pleno de la Comisión. Lo que sí puedo afirmar, con claridad técnica, es que los estándares en materia de imprescriptibilidad de graves violaciones a los derechos humanos —reafirmados por la Corte Interamericana en casos peruanos como Barrios Altos y La Cantuta— forman parte del acervo convencional vinculante, y la Comisión confía en que las instituciones peruanas, dentro de su autonomía, sabrán armonizar sus desarrollos normativos con dichos estándares.

-La Junta Nacional de Justicia no ratificó al juez Oswaldo Ordóñez, por exponer ante la CIDH los riesgos de la independencia judicial en el país, y acaba de abrir investigación preliminar contra el juez Richard Concepción Carhuancho, por no haber aplicado la ley que prescribe el delito de lesa humanidad. ¿Ello pone en peligro la independencia que deben tener los magistrados?

Existe un principio largamente consolidado en el Sistema Interamericano y reconocido por las resoluciones de la Asamblea General de la OEA: las personas que comparecen ante la Comisión, brindan información o participan en sus audiencias deben gozar de plena protección frente a cualquier forma de represalia, directa o indirecta. Es un principio de orden público interamericano cuyo respeto es presupuesto del funcionamiento mismo del Sistema. Respecto del caso del juez Ordóñez Alcántara, la CIDH ya se ha pronunciado oportunamente expresando su preocupación y recordando al Estado el alcance de este principio. Continuaremos haciendo el seguimiento a través de los mecanismos institucionales correspondientes. En cuanto a investigaciones disciplinarias en curso contra magistrados, debo apegarme a una línea de prudencia que el cargo y el sistema imponen. La independencia judicial, en su dimensión institucional e individual, es un pilar del Estado de Derecho y forma parte del estándar interamericano consolidado en la jurisprudencia de la Corte. Pero la valoración concreta sobre si un determinado procedimiento disciplinario respeta o no las garantías del debido proceso corresponde, en primer término, a los órganos de control interno y, en última instancia, a la jurisdicción nacional. La Comisión, en su rol subsidiario, podrá conocer del asunto si y cuando los recursos internos resulten ineficaces o se hayan agotado en los términos del artículo 46 de la Convención. Adelantar criterio en este momento sería impropio y comprometería la imparcialidad con la que el pleno deberá analizar cualquier situación que eventualmente le sea sometida.

A ello se suma la persecución de la ley APCI a los organismos de derechos humanos por defender a las víctimas en procesos contra el Estado, las amenazas del presidente del Parlamento Fernando Rospigliosi de "barrer con el Poder Judicial" y los fallos del Tribunal Constitucional nombrado por el actual Congreso, a favor de las leyes de impunidad, entre otras cosas. ¿No es suficiente para incluir a Perú en el Capítulo IV.B junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, de países con graves situaciones de derechos humanos o de independencia judicial?

La pregunta me permite aclarar cómo opera el Capítulo IV.B. La inclusión de un Estado en ese Capítulo no es una sanción política ni un acto discrecional; es la consecuencia de un análisis técnico, riguroso y excepcional, sujeto a criterios objetivos previstos en el artículo 59.6 del Reglamento de la CIDH. Esos criterios exigen acreditar, entre otros elementos, una afectación grave, generalizada y sistemática del Estado de Derecho, así como suspensiones o restricciones masivas y estructurales de derechos. Es una valoración que el pleno de la Comisión adopta colegiadamente y nunca a partir de la sumatoria de hechos puntuales, por preocupantes que estos puedan resultar individualmente. Cada situación nacional debe analizarse en sus propios méritos. Las realidades del Perú, con una institucionalidad democrática vigente, separación formal de poderes, elecciones libres y un Poder Judicial que continúa ejerciendo sus funciones, no admiten una equiparación automática con otras situaciones del hemisferio. Plantearlo así sería, además, jurídicamente impreciso e injusto con el propio Estado peruano. La Comisión sí ha mantenido una atención permanente sobre el Perú: solo en 2025 emitió diversos comunicados y pronunciamientos sobre temas como las garantías a operadores de justicia, los efectos de la legislación sobre cooperación internacional respecto de las organizaciones de la sociedad civil, los derechos de los pueblos indígenas frente a actividades extractivas y la seguridad ciudadana. Asimismo, celebró audiencias públicas con participación del Estado y la sociedad civil. Ese es el cauce institucional adecuado: monitoreo técnico, diálogo respetuoso y uso de los mecanismos ordinarios de promoción y protección, antes que decisiones que comprometan la imparcialidad del análisis.

-Varios de los candidatos en las últimas elecciones ofrecían salir del sistema interamericano como un mecanismo para combatir la delincuencia con la pena de muerte, entre otros planteamientos, y uno de ellos pasó a segunda vuelta. De ganar, ¿qué panorama se puede esperar en el tema de derechos humanos en el país?

El principio de no intervención y el respeto a los procesos democráticos internos de los Estados son pilares del derecho internacional y de la Carta de la OEA. No corresponde a esta Presidencia, ni a la Comisión como órgano, pronunciarse sobre las propuestas programáticas de candidatos o partidos políticos en una contienda electoral en curso. Hacerlo sería incompatible con la imparcialidad institucional que el cargo exige y con el respeto debido a la voluntad soberana del pueblo peruano, que se expresará en las urnas. Lo que sí puedo señalar, en términos generales y técnicos, es que el Sistema Interamericano se asienta sobre tratados libremente suscritos y ratificados por los Estados, y que la pertenencia a este Sistema ha permitido durante décadas a las personas de la región contar con un mecanismo subsidiario de protección cuando las instancias internas resultan insuficientes. La Convención Americana, en su artículo 4, ha consagrado además una protección particularmente robusta del derecho a la vida, en general desde el momento de la concepción, y ha establecido restricciones precisas a la pena de muerte, prohibiendo su ampliación a delitos que no la contemplaran al momento de la ratificación del tratado por el Estado respectivo. Cualquier decisión soberana sobre la permanencia en los instrumentos interamericanos compete exclusivamente al Estado peruano a través de los procedimientos constitucionales y convencionales que correspondan. La Comisión, por su parte, mantendrá su disposición de diálogo y cooperación técnica con cualquier autoridad legítimamente electa, en el marco estricto de su mandato.

-¿Qué mensaje dan las acciones del Ejecutivo y Legislativo en Perú a favor de la impunidad en derechos humanos? ¿Pueden poner en riesgo a la ciudadanía, como en el reciente ataque militar a una camioneta en Huancavelica, en el que murieron cinco jóvenes?

Permítame separar las dos cuestiones, porque son de naturaleza distinta. Sobre el lamentable hecho ocurrido en Huancavelica, debo precisar que se trata de un suceso del 2026 que, por razones temporales, no forma parte del Informe Anual 2025. Tampoco corresponde a esta Comisión sustituir las investigaciones que el propio Estado peruano debe realizar a través de su Ministerio Público y su Poder Judicial, conforme a los principios de inmediación, debido proceso y presunción de inocencia. Será la justicia peruana la primera llamada a esclarecer lo sucedido, deslindar responsabilidades y reparar a las víctimas. Toda pérdida de vida humana, particularmente cuando se trata de jóvenes, merece el más profundo respeto y una investigación seria, diligente e imparcial. Sobre el contexto más amplio, el Informe Anual 2025 sí da cuenta de los serios desafíos de seguridad ciudadana que afronta el Perú, en lo que ha sido uno de los años con mayores índices de violencia recientes. La respuesta estatal frente al crimen organizado debe ser firme, pero al mismo tiempo respetuosa del marco constitucional y convencional. Esa ecuación —seguridad y derechos— no es opcional: es la única vía sostenible. La Comisión continuará acompañando al Estado peruano, dentro de su rol subsidiario, en la búsqueda de respuestas que protejan a la ciudadanía sin debilitar las garantías que la propia ciudadanía exige.

-En el Informe Anual de 2024, señalaron que Perú no cumplió con la mayoría de las recomendaciones de la CIDH sobre las muertes en las protestas del 2022 y el 2023. ¿Avanzó algo en el 2025? ¿Cómo se puede entender ello?

El Informe Anual 2024 efectivamente registró un nivel limitado de avance en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en su momento, al indicar que aproximadamente un tercio presentaba algún grado de implementación. Durante 2025, la Comisión no formalizó un nuevo ejercicio específico de seguimiento bajo el Capítulo V, en virtud de los criterios reglamentarios aplicables; ello no significa, en absoluto, que el seguimiento haya cesado. En el período observado, la CIDH continuó recibiendo información de fuentes diversas —Estado, víctimas y organizaciones de la sociedad civil— y mantuvo abiertos sus canales de monitoreo. Persisten preocupaciones sobre el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos, lo que debe entenderse en el contexto de la complejidad propia de procesos de esta naturaleza, que requieren tiempo, recursos institucionales y voluntad sostenida. Mi lectura, desde una perspectiva estrictamente técnica, es que el cumplimiento de las recomendaciones es un proceso progresivo que demanda articulación institucional dentro del Estado y un acompañamiento respetuoso por parte del Sistema. La Comisión confía en la capacidad de las instituciones peruanas para avanzar en la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, y reitera su disposición de cooperar técnicamente cuando así sea requerido.

-Una misión de la CIDH vendrá al país en el segundo semestre, cuando ya haya asumido el nuevo jefe de Estado. ¿Qué perspectivas tienen de la visita in loco?

Valoramos muy positivamente la apertura del Estado peruano a recibir una visita in loco de la Comisión. Este tipo de visitas constituyen el mecanismo de mayor riqueza informativa con que cuenta la CIDH, pues permiten un contacto directo con autoridades de los tres poderes del Estado, organismos autónomos, sociedad civil organizada, pueblos indígenas, víctimas, comunidades académicas y demás actores relevantes. El espíritu con el que la Comisión emprende estas visitas es siempre el del diálogo institucional respetuoso, no el de la confrontación. Acudimos a observar, escuchar y dialogar; no a juzgar anticipadamente. La visita se desarrollará con pleno respeto a la soberanía del Estado, a su orden constitucional y a las autoridades legítimamente constituidas, sea cual fuere el resultado del proceso electoral. Esperamos que la visita constituya una oportunidad para identificar buenas prácticas, comprender en su justa dimensión los desafíos que el Perú enfrenta y formular, eventualmente, recomendaciones técnicas que apoyen al Estado y a la sociedad peruana en el fortalecimiento de su institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos. La CIDH llegará al Perú con la mejor disposición de cooperación, fiel a su naturaleza subsidiaria y complementaria, y con la convicción de que el Estado peruano, en el ejercicio de su soberanía, es el primer y principal garante de los derechos de su población.

“Estos señores no están respetando ya el pronunciamiento del tribunal electoral máximo que es el Jurado Nacional de Elecciones, ya descartó elecciones complementarias, no se han acreditado nulidades o fraudes. Por lo tanto, lo que hacen es preocupante y lamentable. Debemos criticar con energía que ellos estén yendo contra valores democráticos. No existe el término o la expresión ‘golpe de estado democrático’ porque el golpe de estado va contra la democracia, va en contra de esos valores que deben primar: pacificación, armonía, tolerancia y respeto en este caso a la legalidad electoral ya que estamos en proceso”, señaló.

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Asimismo, se refirió a discursos que piden una intervención de las Fuerzas Armadas y un ‘golpe de Estado’ para anular las elecciones y que se realice la segunda vuelta con normalidad. Ante esto, hizo un llamado a dejar de generar desorden e inestabilidad y a respetar las decisiones que ya se tomaron. Cabe señalar que el JNE comunicó días atrás que no se realizarán elecciones complementarias en Lima.

“Los militares o Fuerzas Armadas no son deliberantes en un proceso electoral y ellos al decir o afirmar este tipo de arremetidas, intromisiones en un proceso electoral bajo el nombre o ropaje falso de querer recuperar la democracia no es un escenario que le traiga bien a la población. Nadie puede estar proponiendo o fomentando desorden contra la institucionalidad que representan los órganos electorales. Desde el Colegio de Abogados vamos ser enérgicos en exigir respetuosamente y pacíficamente pero con firmeza que respeten la normativa constitucional, legal y electoral”, agregó.

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JNE condena amenazas frente a casa de Roberto Burneo realizadas por manifestantes a favor de narrativa del fraude

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó los actos de violencia y las amenazas ocurridas frente a la vivienda de su presidente, Roberto Burneo, el pasado 30 de abril. Según informó la institución, estos hechos fueron protagonizados por un grupo de manifestantes que sostiene la versión de un presunto fraude electoral. “El derecho a la manifestación es legítimo; sin embargo, no ampara actos de intimidación ni amenazas.

Cualquier acción que pretenda ejercer presión o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan”, indicaron en un pronunciamiento.

La movilización no se limitó al domicilio de Burneo, sino que también se extendió hasta la sede del JNE. Ante ello, efectivos policiales fueron desplegados en los distritos de Jesús María y San Isidro con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad en ambas zonas. Durante la protesta, los participantes exigieron la convocatoria de elecciones complementarias, a pesar de que el organismo electoral ya había descartado esa posibilidad tras un proceso de evaluación interna.

En su comunicado, el JNE enfatizó que sus decisiones se adoptan con autonomía e independencia, en estricto cumplimiento de la Constitución y el marco legal vigente. Del mismo modo, señaló que tanto las resoluciones ya emitidas como las que se encuentren en trámite responden a sus competencias y se sustentan en el respeto absoluto al ordenamiento jurídico.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La norma fue aprobada por el pleno con 83 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, y exonerada de segunda votación, por lo que quedó expedita para su eventual promulgación. Aunque el eje del dictamen es la creación de un nuevo colegio profesional para artistas, el alcance de una de sus disposiciones podría afectar directamente a autoridades actualmente en funciones.

“En el Congreso siguen buscando acallarme. Hoy represento al gremio de abogados de Lima que me eligieron con una votación que ya quisieran quienes promueven esta norma. La arbitrariedad del tiempo en que vivimos no pasará. Retomaremos los cauces democráticos con coraje y dignidad”, señaló Espinoza en redes sociales.

Además, la cláusula incorporada por un texto sustitutorio, ha sido cuestionada por parlamentarias como Sigrid Bazán y Ruth Luque por su posible impacto en casos concretos, como el de Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima. “Una norma ilegal, arbitraria, cuyo extremo nunca se dictaminó ni deliberó”, mencionó Luque”

¿Qué propone el proyecto?

El dictamen recaído en los proyectos de ley N.° 4970/2022-CR (Alejandro Soto), 5026/2022-CR, 5027/2022-CR, 11543/2024-CR (Flavio Cruz) y 12891/2025-CR (Waldemar Cerrón), plantea la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú como una entidad gremial autónoma de derecho público interno, sin fines de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio.

La iniciativa precisa que este gremio estará conformado por profesionales titulados de escuelas superiores de formación artística, institutos y universidades, en especialidades como artes plásticas y visuales, música, danza y artes escénicas, así como otras disciplinas afines, tanto las ya existentes como las que puedan surgir en el futuro.

“El Colegio Profesional de Artistas del Perú tiene carácter nacional, estructura descentralizada y se rige por un sistema democrático, unitario y representativo. Su sede principal está en la ciudad de Lima, pudiendo establecer sedes regionales, conforme lo disponga su estatuto”, se precisa.

“Asimismo, dicha comisión tiene a su cargo la organización del proceso de elección e instalación del primer Consejo Directivo Nacional, el cual, de manera transitoria, no contará con los delegados de los colegios regionales. El primer Consejo Directivo Nacional elabora y aprueba el Código de Ética del Colegio Profesional de Artistas del Perú dentro de los treinta días calendario siguientes al inicio de su gestión”, se detalla.

Sin embargo, el último jueves se incluyó en el texto sustitutorio una cláusula que señala que “no pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales los inhabilitados para el ejercicio de la función pública”. Cabe señalar que Espinoza está inhabilitada para ejercer función pública por este Parlamento, lo que ella ha denunciado como una persecución en su contra por haberlos investigado.

De acuerdo con el abogado César Azabache, el Congreso de la República no tiene atribuciones para intervenir en el Colegio de Abogados de Lima, al ser un gremio privado. “El único caso al que aplicaría es que Delia Espinoza deje de ejercer como Decana de CAL y por ende como presidenta de la Junta de Decanos (…) Los colegios de abogados son un gremio privado. Incluso si la aprobaran esa ley no sería aplicable a un periodo de gobierno que ya comenzó. El proyecto entonces, además de dejarlos en ridículo, es inútil para sus inconstitucionales fines”, sostuvo.

Persecución desde el Congreso

Las acciones emprendidas contra Delia Espinoza desde el Congreso no es reciente. La exfiscal de la Nación fue inhabilitada cuando la Mesa Directiva estaba encabezada por Fernando Rospigliosi. La sanción fue interpuesta por un periodo de 10 años. Posteriormente desde el Congreso se intentó aprobar una segunda sanción, que no prosperó.

A este contexto se suma que Rospigliosi fue sentenciado a nueve meses de prisión suspendida por difamar a Espinoza, luego de atribuirle vínculos con el terrorismo y economías ilegales en redes sociales. La exfiscal solicitó su rectificación mediante carta notarial; sin embargo, el entonces congresista ratificó sus declaraciones, lo que derivó en la acción judicial.

Espinoza, además, ha sido enfática en cuestionar las acciones que impulsa un sector del Congreso. “Si tanto respetan la separación de poderes, respeten la autonomía del Ministerio Público. Respeten la autonomía de la persecución del presunto delito. No castiguen a quien está haciendo su labor para que la población pueda tener seguridad jurídica. Si me quieren sancionar por eso, me lo llevaré como un galardón más”, dijo en marzo último.

“Las y los jueces deben poder, individual y colectivamente, participar en el debate público sobre la organización, el funcionamiento y la independencia del poder judicial, de conformidad con sus deberes de discreción y responsabilidad, sin temor a presiones, medidas disuasorias o procedimientos que puedan obstaculizar el ejercicio de sus funciones institucionales. Nos preocupa que la remoción del cargo del juez Ordóñez constituya represalia cuya magnitud afecta a todos y todas las juezas del país”, indicaron.

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Satterthwaite y Romero cuestionaron la evaluación a la que fue sometido el juez Ordóñez: “Este tipo de preguntas en un proceso de ratificación estándar es muy inusual y es inaceptable que haya resultado en una decisión de no ratificación y separación del cargo”, indicaron.

Para las expertas de la ONU, estos hechos pueden constituir un precedente peligroso para la independencia de los jueces en el Perú: “Nos preocupa que estas acciones puedan constituir un intento de castigar y silenciar al juez Ordóñez por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y por defender la independencia del poder judicial en Perú. Las y los jueces no deben ser objeto de enjuiciamiento ni de sanciones administrativas, económicas o de otro tipo por ninguna acción realizada de conformidad con los deberes, normas y ética profesionales reconocidos”, apuntaron.

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JNJ toma represalias contra juez Ordóñez por denunciar leyes procrimen

La decisión de remover a Ordóñez de su cargo se sustentó en la ponencia presentada por el magistrado de la JNJ Cayo Galindo, la cual recibió el respaldo de Germán Serkovic y Víctor Chanduví. En tanto, Gino Ríos y María Teresa Cabrera apoyaron esa posición, aunque emitieron votos singulares. Por otro lado, Francisco Távara y Jaime de la Puente se opusieron a la no ratificación y destacaron el respeto que guardan hacia su colega Galindo.

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El informe de Galindo tomó como base la intervención de Ordóñez en una audiencia de la Comisión IDH realizada el 13 de noviembre de 2024, cuando ejercía como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados. En ese espacio, el juez denunció que una mayoría parlamentaria, en coordinación con el Ejecutivo, venía debilitando el sistema de justicia mediante la aprobación de leyes que restringen la labor de jueces y fiscales frente al crimen organizado.

A raíz de estas declaraciones, la JNJ abrió un proceso de evaluación contra Ordóñez, pese a que la CIDH advirtió que ello podría constituir una represalia institucional contraria a los estándares del sistema interamericano.

Teniendo en cuenta ese antecedente, Balcázar tomó parte de su discurso en una ceremonia de condecoración por el Día del Trabajo para pronunciarse sobre el tema.

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"Yo hablo y de repente (...) como no me siguen (...) tengo que estar aclarando. Eso me da la impresión a mí de que nos falta comprensión lectora, que es muy importante en la vida de los hombres", indicó el mandatario.

Días antes, durante su presentación en la Cámara de Comercio de Lima, el mandatario vinculó parcialmente a la comunidad judía con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. "Cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos", dijo.

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Embajada de Israel y Alemania exigieron rectificación a Balcázar

Estas afirmaciones generaron un rechazo inmediato por parte de las delegaciones diplomáticas de Israel y Alemania, que consideraron los dichos como carentes de fundamento y contrarios a la evidencia histórica.

Ambas representaciones diplomáticas subrayaron que el régimen nazi encabezado por Adolf Hitler fue el único responsable tanto del conflicto como del exterminio de seis millones de judíos, por lo que demandaron una pronta rectificación del mandatario.

A este pedido se sumó la Asociación Judía del Perú, que calificó las declaraciones de Balcázar como planteamientos antisemitas propios de épocas pasadas e incompatibles con la investidura de un funcionario público.

Gobierno consideró que hubo una “percepción equivocada” de la frase de Balcázar sobre comunidad judía

Ante ello, el Gobierno, al mismo estilo de Balcázar, también deslindó responsabilidad por lo dicho y dijo que hubo una “percepción equivocada”.

Por medio de un pronunciamiento, la Presidencia señaló que dichas expresiones se basaron en una referencia bibliográfica, específicamente en una obra del autor Antonio Escohotado, y no representan una postura institucional del Estado.

Asimismo, el Ejecutivo lamentó que las palabras del mandatario hayan dado lugar a “interpretaciones erróneas sobre el pueblo judío”. En esa línea, reafirmó que la posición histórica del Perú atribuye el origen de la Segunda Guerra Mundial al fanatismo nazi, al que también responsabiliza del genocidio contra millones de judíos.

El comunicado también reitera el rechazo del Estado peruano al antisemitismo, al racismo y a cualquier forma de discriminación, además de subrayar su respaldo a la existencia del Estado de Israel.

De igual forma, el canciller Carlos Pareja resaltó que el impase ya había sido solucionado.

“Ustedes han visto ese comunicado, él ha lamentado que sus expresiones hayan sido equívocas y ha reiterado la posición del Estado peruano, que el Perú reconoció a Israel y esta posición es invariable, y después ha condenado el genocidio nazi y ha mostrado su solidaridad con las víctimas”, indicó.

Añadió que sostuvo conversaciones tanto con el embajador de Israel en el Perú, Eran Yuvan, como con el representante de la comunidad judía en el país, quienes, según afirmó, consideraron superado el incidente tras el pronunciamiento oficial del Gobierno.

“Ellos dan por superada con este comunicado de Palacio y con las llamadas mías telefónicas”, mencionó.

“Informamos que, en el marco del proceso seguido contra nuestro patrocinado Piero Corvetto, ex Jefe de la ONPE, se ha declarado fundado el requerimiento de impedimento de salida del país, respecto del cual nuestra defensa se allanó oportunamente”, señaló en sus redes sociales el Estudio Arbizú y Gamarra, que lleva la defensa legal de Corvetto.

La medida restrictiva contra el exjefe de la ONPE fue ordenada por el juez de investigación preparatoria, Manuel Chuyo. El equipo de fiscales especializados en delitos de corrupción conformado por Reynaldo Abia, Roosvelt Morales y Moíses Quispe sustentó su pedido en una posible fuga de Corvetto, hecho que perjudicaría el curso de la investigación.

La decisión judicial también alcanza a Phang Sánchez, Otoya Alvarado, Flores Pancho, Samamé Blas y Alvarado Pfuyo. La Fiscalía investiga a estas personas por el presunto delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado. El juez Chuyo agregó que es necesario que se mantenga la ubicación de los investigados dentro del país para que se minimice el peligro de fuga.

Durante la audiencia ante el Poder Judicial, los fiscales argumentaron el pedido de impedimento de salida del país contra los funcionarios, así como los hechos que concluyen que hubo un presunto favorecimiento para otorgar la buena pro del transporte de material electoral a la empresa Galaga SAC.

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Alegatos de la Fiscalía

El fiscal Reynaldo Abia inició la sustentación y cuestionó las designaciones realizadas por Piero Corvetto, específicamente la del gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, por su falta de experiencia con la logística a gran escala. En su intervención, el fiscal señaló que su nombramiento “debilitó la toma de decisiones” en el organismo electoral.

Abia sostuvo que, si bien los lineamientos para la contratación de bienes y servicios se fijaron el año pasado, estos sufrieron modificaciones. De acuerdo con el fiscal, el cambio normativo “impide que los postores impugnen los resultados, lo que le permitió la discrecionalidad absoluta de los evaluadores y la inmutabilidad de la decisión”. Además, señaló que no se podían revisar los acuerdos administrativos, hecho que produjo la concentración de la decisión final en pocas personas.

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Respecto al peligro de fuga, el fiscal añadió que es necesario que se apruebe el impedimento del país de Piero Covetto, ya que las diligencias requieren de su presencia para esclarecer cualquier información que encuentren en sus objetos personales incautados. “Hay mucha documentación, se han incautado celulares y se requieren peritajes especiales. La presencia del señor Corvetto es necesaria para que se aclaren estos hechos graves”.

Modificaciones en los TDR

Por su parte, el fiscal Roosvelt Morales detalló cómo se habrían flexibilizado los términos de referencia (TDR) para beneficiar a Galaga SAC. De acuerdo con el fiscal, se llevó a cabo un “plan criminal” que habría involucrado a otros funcionarios de la ONPE.

“Se habría concertado con el proveedor Juan Charles Alvarado Pfuyo para que esta empresa se vea beneficiada de la buena pro. (…) también se habrían flexibilizado los términos de referencia en desmedro de los intereses del Estado”.

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Según el fiscal Morales, el TDR señalaba que el proveedor podía subcontratar el 40% del monto contratado. Esto implica que no era necesario contar con todos los vehículos como propios, sino que podía apoyarse en terceros para cumplir parte del contrato. “El TDR se realizó con proyección de favorecer a la empresa Galaga”, indicó.

Morales también advirtió sobre el investigado José Samamé Blas e indicó que tiene 3 domicilios distintos, lo cual es un indicio de posibilidad de salir del país. “Desde el 13 de abril ya no trabaja en la institución, eso puede hacer que él salga fácilmente al no tener un arraigo. Cuenta con pasaporte y un movimiento migratorio que determina que podría viajar a otros países".

Del mismo modo, el fiscal Moisés Quispe sustentó la responsabilidad del subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, en las fallas logísticas de las elecciones. El fiscal lo acusó de concertar con el proveedor y dar conformidad a servicios deficientes.

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“Advertimos que la formulación de los TDR habría sido determinada de manera posterior y no previa al desarrollo del procedimiento. Los lineamientos se habrían realizado en coordinación con los proveedores en una diligencia previa", indicó Quispe.

Se tiene un peligro de fuga al presentarse una pena de 15 años por delito de colusión agravada. Necesitamos su presencia física en el Perú para que participe en diligencias para la visualización de la información de su celular y computadora".

Irregularidades en el concurso público

El fiscal Abia también explicó las irregularidades en el puntaje y la situación de las funcionarias Hilda Otoya, asistente de Distribución II de la Gerencia de Producción Electoral. Otoya se encargó de la elaboración, tramitación y gestión del servicio por lo que determinó la relación de conductores, placas y el personal para trasladar el material electoral. Sin embargo, se presume que habría concertado con Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente general de Galaga SAC, para que se vea beneficiada su empresa.

Sobre el cumplimiento del contrato por la empresa Galaga SAC, el fiscal mencionó que se habría aplicado un doble estándar. "Yo te exijo que sea de esta manera, pero en la ejecución del contrato te doy la posibilidad de que sea flexible. Ese doble estándar es lo que ha llevado a favorecer a la empresa Galaga”. El fiscal expresó que los evaluadores permitieron una evaluación arbitraria de las dimensiones de los vehículos requeridos, donde incluía la cabina, a pesar de que en los TDR solo se admitían las tarjetas de propiedad, disminuyendo así los puntajes de las demás empresas.

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El fiscal también cuestionó el accionar de Lilia Flores, gerenta de Supervisión y Fondos Partidarios, quien fue designada para participar en el proceso de selección de vehículos de transporte de material electoral para que compare las propuestas de los postores, de acuerdo con Abia.

“Lilia Flores y William García Velásquez [representante de la ONPE en el proceso de contratación] aplicaron un criterio no previsto en TDR, restando 2 metros a la longitud de vehículos de Hermes/AFE para reducir su metraje cúbico, favoreciendo el puntaje de Galaga, otorgando la buena pro pese a tener un costo económico mayor, causando un perjuicio patrimonial estimado en S/469,404.75”, se lee en la presentación del fiscal.

Defensa de Piero Corvetto, Julio Arbizu, se allana al pedido de impedimento de salida

El abogado Julio Arbizu, actual defensa legal de Piero Corvetto, se allanó al pedido de impedimento de salida. Sin embargo, el abogado señaló que la decisión se tomó para colaborar con la investigación, no porque reconocen los hechos que se atribuyen al exjefe de la ONPE.

Se recuerda que el abogado dio a conocer su posición un día previo a la audiencia tras coordinar con su defendido aceptar el pedido de la Fiscalía.

“Nosotros hemos tomado la decisión, por supuesto invocada por Piero Corvetto, de allanarnos al impedimento de salida del país. En la diligencia de mañana lo vamos a expresar de manera explícita. No vamos a discutir el requerimiento de impedimento de salida del país propuesto por la Fiscalía”, declaró.

“El derecho a la manifestación es legítimo; sin embargo, no ampara actos de intimidación ni de amenazas. Cualquier acción que pretenda ejercer presión o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan”, señalaron en su comunicado.

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La protesta no solo se realizó frente a la vivienda de Burneo, sino también en las instalaciones del propio JNE. Agentes policiales se desplegaron en los distritos de Jesús María y San Isidro para resguardar la seguridad de ambos puntos. Los manifestantes solicitaron la realización de elecciones complementarias, pese a que la institución ya había informado que, tras un proceso de deliberación, decidió no llevar a cabo dicho proceso.

El JNE recalcó que sus actuaciones se realizan 'con plena autonomía e independencia' y conforme a lo establecido en la Constitución y la ley. Asimismo, precisó que las decisiones adoptadas y por adoptar se enmarcan en sus facultades y responden a criterios de respeto irrestricto al ordenamiento jurídico.

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JNE asegura que elecciones complementarias no tienen sustento legal y generarían incertidumbre

El Pleno del JNE dio a conocer un acta oficial en la que descarta la posibilidad de convocar elecciones parlamentarias, como había propuesto el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. La institución sostuvo que la solicitud carece de respaldo legal y advirtió que su aplicación podría generar incertidumbre en el marco jurídico.

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Los magistrados concluyeron que las elecciones complementarias no están contempladas para procesos de carácter general. El organismo electoral enfatizó que este mecanismo solo se encuentra regulado para comicios municipales, por lo que no resulta aplicable en el caso planteado. Asimismo, recordó que la legislación vigente permite anular elecciones municipales únicamente bajo condiciones específicas, como la existencia de irregularidades graves o cuando los votos nulos o blancos superan ciertos umbrales establecidos.

En esa línea, el JNE reiteró que su actuación está sujeta a lo dispuesto por la Constitución y las leyes, subrayando la importancia de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La entidad también señaló que extender de forma analógica figuras jurídicas diseñadas para procesos municipales a elecciones generales implicaría contravenir principios fundamentales como el de legalidad y reserva de ley, además de poner en riesgo la seguridad jurídica y la previsibilidad del sistema electoral.

Las diligencias son realizadas por peritos de criminalística de la Policía Nacional de Huancayo, en la localidad de Campo Armiño, en el distrito de Colcabamba.

Los representantes del Ministerio Público indicaron que también se “ha efectuado las pericias balísticas forenses y el examen de adherencias en la camioneta siniestrada, que ha permanecido lacrada y en custodia policial desde el día de los sucesos”.

Durante dos días, asimismo, se recabaron los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia en garitas de control próximas a la zona de los hechos para establecer la cronología del caso.

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Precisaron, asimismo, que la demora en la llegada de los peritos a Colcabamba en las últimas horas se debió al plan de desplazamiento que realizó la PNP por tratarse de “una zona de altas incidencias en el Vraem”.

Previamente, uno de los sobrevivientes del operativo militar relató una versión que cuestiona las primeras diligencias del caso. Ricardo Jampier Acuña Quispe sostiene ahora que su declaración inicial, en la que admitió participar en el transporte de droga, no fue voluntaria y habría sido obtenida bajo presión.

Aseguró que su versión inicial fue resultado de amenazas directas durante la intervención. “En ese momento fui amenazado, obligado para hablar esas cosas porque no encontraron nada en el carro, porque nosotros no hemos transportado ni droga ni nada, por eso mismo los militares me amenazaron diciendo que me iban a matar a bala. Ellos quieren salirse con la suya. A mí me han querido utilizar como sustento de que yo llevaba droga”, afirmó.

Asimismo, reiteró que su declaración no fue voluntaria y que actuó por temor a perder la vida. “Fui forzado porque me estaban amenazando los militares con armas en ese momento. Yo pensaba que me iban a matar. No hemos trasladado nada, ninguna droga ni armamento, es completamente falso lo que dicen”, subrayó.

El abogado de las familias de las víctimas, Anthony Crespo, solicitó medidas de protección para los sobrevivientes tras revelar testimonios que advierten un supuesto intento por liquidarlos.

Según indicó, uno de los heridos escuchó a supuestos militares expresar dicha intención, situación que no se concretó por la intervención de otra patrulla.

El letrado reiteró que en la camioneta atacada no se hallaron armas ni sustancias ilícitas entre las pertenencias de las víctimas y alertó sobre posibles riesgos contra testigos clave en el proceso.

VÍCTIMAS E INVESTIGADOS

Una de las víctimas mortales fue William Núñez Soto, de 19 años, natural de Castillapata en el distrito huancavelicano de Yauli.

“Pedimos justicia para mi hermano, a él lo mataron, él era inocente. Acabó su colegio el 2023 y hace poco se fue a trabajar, por eso fue a la selva, a Ica y a otras regiones”, señaló Urbano Núñez.

El joven regresaba de la selva ayacuchana a visitar a su padres que no veía desde noviembre del año pasado, pero en la ruta la camioneta que lo transportaba fue intervenida a tiros.

Otro de los fallecidos es Jaime Bendezú Paraguay, de 28 años. Durante el ataque militar ocurrido la madrugada del sábado en el sector Puente Mellizo del anexo de Pongor, en el distrito de Colcabamba, también dejaron de existir Wilder Romero Sivipaucar (37), Cristian Vilcatoma Águila (18) y el ciudadano colombiano Nilson Montenegro Valencia.

Los militares implicados en el caso son el capitán EP Jorge Montenegro Pardo, el teniente EP Brayan Fernández Dett y los suboficiales EP Douglas Villacorta Saboya, Edilberto Marcos Guerra, Américo Vásquez Rojas, Jorge Aguilar García, Andy Sánchez Ríos y Fernando Córdova Mariana.

Ellos inicialmente fueron intervenidos y luego puestos en libertad pero investigados por homicidio calificado.

La investigación, como se sabe, fue derivada a la Primera Fiscalía Supranacional Transitoria Especializada en Derechos Humanos y contra el terrorismo debido que existen indicios de un posible uso excesivo de la fuerza por parte de los militares lo que podría configurar en un caso de presuntas violaciones de derechos humanos, según la Fiscalía Provincial Penal de Tayacaja que un primer momento llevó el caso.

En ese sentido, la fiscalía en DDHH aplica el Protocolo de Minnesota que se ejecuta para investigar ejecuciones extrajudiciales, torturas o muertes sospechosas bajo custodia.

Su objetivo es proteger el derecho a la vida, garantizar investigaciones independientes, imparciales y efectivas, y asegurar la rendición de cuentas.

La iniciativa se sustenta en diversos proyectos de ley y tiene como objetivo actualizar el monto de esta subvención en función de las responsabilidades que asumen los conscriptos. De acuerdo con la resolución, el objetivo es mejorar sus condiciones de vida, contribuir a su desarrollo personal y fortalecer el servicio militar como mecanismo de apoyo al país.

La propuesta se sustenta en los "riesgos y contingencias inherentes a la naturaleza de sus actividades, que pueden comprometer su integridad física, su salud e incluso su vida", se lee.

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Durante el debate, se destacó que esta asignación no había sido reajustada desde 2012, lo que generó una pérdida de su valor real debido a la inflación. En ese sentido, se advirtió que la falta de actualización afectaba directamente la subsistencia de los jóvenes y sus posibilidades de financiar estudios superiores.

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La última actualización de la asignación se dio en 2012

El titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes, señaló que "es imperativo señalar que dicha asignación no ha sido actualizada desde el año 2012, sufriendo una depreciación real frente a la inflación acumulada".

"Esta inacción normativa afecta directamente la subsistencia y las expectativas de progreso del personal, especialmente en lo referido al acceso y financiamiento de estudios superiores, los cuales suelen costearse con esta subvención", expresó.

-'El curso de la justicia' no es un libro únicamente para especialistas.

-Mi libro pretende dar una visión global sobre lo que todos debemos saber del sistema de justicia y la administración de justicia. Y tiene un punto de vista, que es el mío, el del autor. Ese punto de vista no es subjetivo. Yo, durante 30 años o más, he trabajado desde la sociedad civil temas de justicia. Y, además, he enseñado en ámbitos muy diferentes, como en la universidad, pero también a periodistas y policías, por ejemplo. Entonces, me baso también en esa experiencia y siempre sobre la base de ejemplos de la vida real. Yo trato sobre el Poder Judicial, la Corte Suprema, y pongo ejemplos y evalúo por lo que ha pasado históricamente en el Perú, o lo que está pasando hasta el momento que escribí el libro.

-De lo último que dices, se colige que hay muchos temas candentes que hablar.

-Siempre que enseño un curso, sea en la universidad o porque me convocan de un sector determinado, lo hago en base a la actualidad. Por ejemplo, si enseñara ahora el Ministerio Público, voy a explicar cómo se está tomando o se ha tomado la Fiscalía por el pacto del Congreso. En segundo lugar, cómo ahora la Junta de Fiscales Supremos es integrada por todos los fiscales que habían sido destituidos. Entonces, es una manera de ver la justicia en funcionamiento, porque si no, imagínense, uno enseña solamente lo que dice la Constitución. Siempre me baso en los ejemplos, y no solo de Perú, sino también de otras partes. Por ejemplo, yo menciono todo el tiempo lo que está pasando con Trump y cómo los jueces están poniéndole un pare a Trump.

-En el libro hay claridad de discurso. Pero cuando se nos habla de justicia, como que hay un oscurantismo discursivo. Como si a propósito se hablara en código para que la gente no entienda.

-Totalmente de acuerdo. Justamente, también yo trato que, con esta publicación virtual, 'El curso de la justicia', más gente pueda entender el mundo de la justicia. Es decir, los que ya saben puedan profundizar y los que no saben, que son la mayoría, puedan entender lo esencial. Siempre se trata de presentar la justicia como algo muy técnico, muy aburrido, muy difícil. Lo que pasa es que hay un objetivo de que la gente no pueda opinar sobre la justicia porque de esa manera no puedes fiscalizar, no puedes defender lo positivo y criticar lo negativo. Y ahora, además, estamos en una época terrible porque es la época de absoluta desinformación en los temas de justicia.

-En este escenario, el Tribunal Constitucional se ha vuelto intocable. ¿Eso es verdad o es una patraña?

-Se quiere hacer creer que lo que dice el Tribunal Constitucional es la última palabra. Eso es mentira. ¿Quién resuelve los amparos y los habeas corpus en las dos primeras instancias? El Poder Judicial. ¿Quién puede no aplicar una ley porque es inconstitucional? El Poder Judicial. Entonces, es muy importante que la gente sepa eso, que un Tribunal Constitucional que da una sentencia completamente contraria a la Constitución o a los convenios internacionales está excediendo totalmente de manera inequívoca sus funciones.

-Pero muchos medios de comunicación justifican las sentencias horrorosas del TC.

-Esos medios invitan a supuestos juristas que se presentan como académicos, pero en realidad son los abogados de los casos. Dicen que está bien la sentencia cuando no es cierto. Y por eso es que no quieren, por ejemplo, que jueces, fiscales como Domingo Pérez salgan en los medios de comunicación, porque rompen ese monopolio que normalmente tiene la gente que va a opinar solamente en un sentido, salvo evidentemente excepciones de medios de comunicación como La República.

-En este escenario, el Congreso es un elemento clave. Da las normas. ¿Qué opinas de este Congreso?

-El Congreso, siendo un poder del Estado, es parte del sistema de justicia en el sentido de que tiene una serie de funciones que se relacionan directamente con el sistema y la administración de justicia. Tú lo acabas de decir: da las normas que tienen que aplicar jueces, fiscales, abogados, procuradores a la hora de resolver los casos. Pero no solamente da las leyes, sino que, por ejemplo, nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, nombra al defensor del pueblo, al contralor. Este tema lo abordo en mi libro. Este Congreso lo que ha hecho es contribuir a capturar la mayoría de organismos que son parte del sistema de justicia.

-Capturar suena delincuencial.

-Han capturado el TC al punto que ahora todo el tiempo dan sentencias que les conviene, sentencias que son aberrantes, que son contra las leyes, leyes que ha dado el Congreso incluso. Hay hasta un caso que yo pongo que es el colmo. Los mismos miembros del Congreso que votaron a favor de una norma ponen una acción de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para que el TC se pronuncie a favor de la ley y de esa manera la constitucionalice. Entonces, por supuesto, veamos lo del defensor del pueblo. El Poder Judicial, en un amparo interpuesto por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo, dice que hay que parar este nombramiento del defensor del pueblo, no hay buenos candidatos, no se está cumpliendo con la meritocracia. Sin embargo, el TC le enmendó la plana y tenemos ahora este defensor del pueblo que más bien juega a favor de los Urresti, juega a favor de todas estas normas denominadas leyes procrimen. Todo el sistema interamericano está totalmente en contra de la sentencia del TC a favor de Urresti. Se han saltado todas las normas.

-¿Se está dando algún tipo de batalla ante esta situación?

-Hay muchos jueces y fiscales que están dando la batalla a favor de la institucionalidad democrática a través de pronunciamientos, a través de amparos ante incumplimiento de leyes y a través de su buen trabajo. Es la primera vez que tenemos un grupo de fiscales y de jueces que han decidido hacer cumplir la ley; no me importa que sean presidentes de la República. Acuérdate del Club de la Construcción. Todas las empresas del Club de la Construcción dijeron somos inocentes, totalmente inocentes. Y después se acogieron a la colaboración eficaz, cuyo primer requisito es reconocer que han cometido un delito. Por eso es que hay tanto abogado que se enriquece con estos casos y que sale a los medios de comunicación a atacar a los fiscales que investigan. No se tiene la transparencia de decir yo estoy llevando estos casos. No tiene nada de malo hacerlo, pero no son transparentes.

-La figura presidencial, específicamente con este Congreso, ha estado muy manoseada.

-El Congreso y el TC juegan en pared. El Congreso ha dado leyes por las cuales es muy fácil una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Prácticamente ha dado una ley que dice que basta con que tenga el número de votos suficiente. Y el TC ha dicho que está bien; pudiendo haberla declarado inconstitucional, no la ha declarado inconstitucional. Este juego de poder de vacar a cualquiera en cualquier momento obedece a medidas que se han dado con este Congreso, con este TC y con estos gobiernos, es decir, desde Boluarte. Tenemos presidentes nombrados por el Congreso. Yo tengo la esperanza de que esto sea modificado; estoy pensando en las leyes procrimen. También tengo la esperanza de que este domingo la población reaccione y diga la famosa frase “por estos no”, que son casi todos los candidatos del Congreso. Hay gente con trayectoria de sinvergüenzas, de violadores de derechos humanos, con fama de incapaces y que tienen investigaciones. El panorama no deja de ser difícil porque han dado muchas normas y muchas condiciones para poder manipular las elecciones y para poder, si pierden, nuevamente pretender gritar fraude.

-Hemos hablado de varias atrocidades. ¿Cuál le fastidia más?

-Son muchas, pero me parece increíble que, habiendo 50 muertes de las protestas del 2022 y 2023, la justicia y el Congreso hayan archivado ese caso. No pueden quedarse 50 muertos en el aire, como si no hubiera pasado nada.

-Una de las críticas recurrentes a los fiscales Vela y Pérez era que ellos no eran objetivos en sus acusaciones.

Decían que estos fiscales lo que quieren es que Vizcarra se quede en el poder y por eso quieren anular a todos los candidatos. Sin embargo, después también han acusado a Vizcarra. Ellos han acusado a gente de todos los sectores, como Susana Villarán, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, PPK. Lamentablemente, estamos viviendo épocas donde ya podemos adelantar que los siguientes presidentes también van a ser investigados por la Fiscalía, por las cosas que ya sabemos. Los fiscales y los jueces han decidido que ahora todos somos iguales ante la justicia. De Vela y Pérez se dicen muchas cosas, y claro, tengo críticas a lo que han hecho, pero los hechos están ahí. Han investigado a todos.

-¿Por qué se les critica tanto?

Han investigado a gente de muchísimo poder del ámbito político y empresarial. No es casualidad que los ataques vengan de los medios de comunicación con los que están vinculados muchos de los investigados. No ha habido una mirada fría con la labor que han hecho.

-¿Qué pasó en el caso de Keiko Fujimori?

-El gran problema fue abordar muchos casos. No se tenían los recursos para investigar a muchísimas personas. Lo que no se dice es que sus acusaciones también tenían respaldo. No es extraño que este equipo de fiscales haya sido desactivado. ¿Quién se beneficia con esa desactivación? Eso ya es muy revelador. En este país, enfrentarse a la corrupción es un choque directo contra los grandes intereses económicos. Mi balance sobre ellos es absolutamente positivo. He hecho un seguimiento de los casos que han abordado y mi impresión, como te dije, es muy positiva. En las prisiones preventivas contra Keiko Fujimori, estas fueron avaladas por más de una instancia del sistema judicial. Keiko y su defensa legal reconocieron todos los hechos, que habían recibido 4 millones de Dionisio Romero, por ejemplo.

-¿Y sobre Pedro Castillo?

-Soy muy crítico de su gobierno, pero él fue elegido presidente. Los que vinieron después los puso el Congreso.

-Ahora Pérez es abogado de Castillo.

-Gravísimo error de parte de él, porque Castillo dio un golpe de Estado, y está siendo investigado por contundentes casos de corrupción. Él mismo ha tirado por los suelos sus logros y prestigio, y le ha dado municiones a los enemigos de la lucha contra la corrupción.

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“Ya ese contrato estaba terminado, ya no se podía parar, y se tenía que dar el adelanto correspondiente, y en eso me parece que el contrato ya se selló entre el comprador y el vendedor”, señaló Balcázar en declaraciones a radio Exitosa en la mañana del jueves 30 de abril.

No es cierto lo que afirma el jefe de Estado, y contradice sus propias declaraciones.

En la mañana del viernes 17 de abril, cuando se suponía que estaba programada la firma del contrato en la base aérea Las Palmas, entre la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la compañía estadounidense Lockheed Martin, Balcázar manifestó en una entrevista con radio Exitosa que había resuelto postergar la adquisición y que era mejor que el próximo gobierno asumiera la decisión porque el suyo solo era un régimen transitorio.

Incluso, el miércoles 22 de abril, en un mensaje a la Nación, reiteró su decisión de no suscribir el acuerdo comercial con Lockheed Martin: “Nosotros lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre es que la compra de los aviones F-16 se postergue para ser pagados en el próximo gobierno, la próxima administración que salga de las elecciones normales que están en curso”, señaló.

En un evidente acto de burla a la figura del presidente de la República, y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el titular del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, anunció el pago del primer tramo por 12 unidades de F-16 Block 70. Se sumó al sainete el ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas, quien confirmó que la suma destinada a la compañía Lockheed Martin alcanzaba los US$462 millones.

Así que, el viernes 17 de abril, no se llegó a firmar el contrato, como originalmente los gestores del mismo lo habían organizado.

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Fallas de la memoria

Lo prueba un comunicado que publicó el embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, el mismo día del mensaje presidencial, el miércoles 22 de abril, en el que Balcázar volvió a decir que el próximo gobierno haría la adquisición, y no el suyo.

Celebrando que, finalmente, la FAP, representada por el coronel Carlos Rey Benavente, estampó la rúbrica correspondiente, Navarro escribió: “Se acordó para el 17 de abril una firma técnica a las 7:00 a.m. y una firma ceremonial a las 5:00 p.m. El equipo estadounidense, tanto funcionarios gubernamentales como ejecutivos de alto nivel de Lockheed Martin, estaban listos para presentarse en la Base Aérea Las Palmas y en el Palacio de Gobierno según lo solicitado. Estados Unidos se enteró de que la firma fue pospuesta a través de la radio nacional”.

Navarro, en el mismo comunicado, señala que la suscripción ocurrió recién el lunes 20 de abril, es decir, 48 horas después de que Balcázar salió por primera vez para informar la suspensión de la compra de los F-16 Block 70.

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Todo está consumado

El embajador Navarro confirmó que el lunes 20 de abril recién se suscribieron los acuerdos con Lockheed Martin. Balcázar no puede decir que cuando dio su mensaje anunciando la postergación, el viernes 17 de abril, ya estaba rubricado.

Navarro precisó en el mencionado comunicado: “Hay una manera correcta de hacer negocios serios y creíbles con una de las empresas líderes del mundo. Una firma técnica entre las partes autorizadas tuvo lugar el 20 de abril de 2026, con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano”.

Balcázar también explicó a radio Exitosa, ayer jueves 30 de abril: “En esa época, anterior a la mía (gobierno de José Jerí), se había normativizado, se había sacado normas en el sentido de que se declare secreta la compra con Estados Unidos y ya no se haga licitación abierta. Además, esa norma, como era un asunto de Estado, (el acuerdo se hiciera) solamente entre el comprador y el vendedor”.

Y añadió: “Y ahí, en esa norma, se excluía, por razones de seguridad, que no intervenga ni el presidente de la República ni el Ministerio de Economía y Finanzas, y solamente se pusiera a evidencia cuándo se tenía que ejecutar el primer pago”.

El 5 de marzo de este año, fue el propio presidente Balcázar, y no José Jerí, quien firmó el Decreto Supremo N°001-2026-DE, declarando como “secreto militar” la compra de los aviones cazas para la FAP.

Según la misma norma, se trata de una modalidad de contratación para facilitar que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) negocie directamente con la empresa seleccionada, luego de la evaluación de las propuestas presentadas. Pero eso nunca ocurrió. No hubo concurso ni nada parecido. Fue obra de un grupo de funcionarios públicos, de militares en retiro y en actividad, los que resolvieron excluir a las empresas francesa Dassault Aviation y sueca Saab. Está 100% confirmado.

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Plazos traicioneros

En efecto, por decisión política, durante el gobierno de Jerí, la FAP no hizo estudios de las ofertas de Rafale F4 (Francia), ni del Gripen E/F (Suecia). El mismo Balcázar lo ha reconfirmado.

No se produjo una licitación, o concurso internacional, como obligan las normas vigentes.

Además, no se ha publicado ninguna disposición que indique que el presidente de la República está prohibido de conocer el proceso de contratación de los aviones caza.

Una norma cualquiera no puede restringir al jefe supremo de las Fuerzas Armadas el conocimiento de la adquisición de material de guerra. Balcázar podría haber requerido información al primer ministro y a los ministros involucrados, pero no lo hizo. Es más, el primer ministro Luis Arroyo publicó un comunicado para decir que estaba en desacuerdo y que la compra era un hecho.

Al no contar con argumentos sólidos y verificables para justificar por qué no ha tomado acciones después que un grupo de funcionarios públicos de alto rango, desconociendo su decisión de postergar hasta el próximo gobierno la contratación de los aviones de combate F-16 Block 70, el jefe de Estado ha lanzado la versión de que ya no pudo hacer nada porque el contrato había sido firmado sin su conocimiento.

Fuentes relacionadas con el proceso de contratación, informaron a La República que el presidente José María Balcázar tuvo la oportunidad de declarar la nulidad del contrato con Lockheed Martin firmado el lunes 20 de abril.

“Son tres opciones, pero solo una podría haber sido aplicada. En primer término, la FAP podría haber reportado que ya no necesitaba los aviones, lo que resultaba muy complicado porque la necesidad persiste”, indicaron las fuentes.

“Una segunda alternativa, la cancelación del contrato porque el presidente decidió transferir los fondos públicos para los aviones a otras necesidades de índole social. Y la tercera, la emisión de un Decreto de Urgencia declarando la anulación del contrato. La segunda calza más con los argumentos que el presidente emitió para justificar su decisión de postergar la compra para que la hiciera el próximo gobierno”, dijeron las fuentes.

Balcázar simplemente se rindió ante los hechos consumados.

PUEDES VER: Balcázar niega la firma del contrato por la compra de los cazas F-16 Block 70

No solo una sino varias veces Balcázar dijo no

• 17 de abril dice a Exitosa que no habrá compra.
• 17 de abril, dice a Radioprogramas que no habrá compra.
• 21 de abril dice a Exitosa que no habrá compra.
• 21 de abril dice a El Comercio, en dos entrevistas diferentes, que no habrá compra.
• 21 de abril dice a Contracorriente (Willax) que no habrá compra.
• 26 de abril dice a Hildebrandt en sus Trece que no habrá compra.