"Patricia Benavides fue acusada de coordinar con congresistas de Fuerza Popular para blindar investigaciones a cambio de favores políticos. Hoy aplica una ley de amnistía que libera a militares procesados por graves violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas. Esto no es casualidad: es la consolidación de un pacto antiderechos que atenta gravemente contra el acceso a la justicia de las víctimas y sienta un precedente peligroso de impunidad", indicó la senadora en su cuenta de X.

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Las críticas de Vásquez se producen poco después de que Benavides se reuniera con la presidenta Keiko Fujimori y sus ministros César Astudillo (Interior), Ernesto Álvarez (Justicia) y Rafael Belaunde (Defensa). En el encuentro también participaron el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, y el vicepresidente y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

"Lo más importante es que todos podamos escucharnos. Y aquí quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión. Para eso es fundamental articular entre todas las instituciones", fueron las palabras de Fujimori durante la reunión.

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"Todos sabemos que no es ni será una tarea fácil. Pero quiero decirle al pueblo peruano que estamos poniendo toda nuestra dedicación y que hemos colocado como prioridad número una el trabajo de estrategia e inteligencia para que las medidas que implementemos no respondan solo a la coyuntura, sino que sean parte de una solución firme y duradera", indicó.

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La presidenta también expresó sus condolencias a los familiares de Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui, cambista que fue asesinado cerca del Barrio Chino tras ser asaltado por delincuentes. Además, aseguró que se recompensará cada acción contra la delincuencia.

"Quiero enviarles un mensaje a todos ustedes. Cada acción contra la delincuencia será reconocida, cada operación contra las bandas criminales será respaldada, cada golpe que den a estos delincuentes tendrá toda la protección del Estado. A los criminales les caerá todo el peso de la ley. Y a los policías los protegeremos con todas las armas que nos otorguen la ley y la Constitución. No habrá un policía más en abandono".

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Desde el sábado se vienen realizando operaciones coordinadas. La articulación entre el Ejército, FAP, Marina de Guerra, la PNP y el Ministerio Público no solo busca capturar a hampones sino golpear el foco financiero y logístico de las bandas criminales. Habrá una persecución de las rentas ilícitas y redes de apoyo de estas mafias para debilitar su capacidad de intimidación.

El ministro del Interior, César Astudillo, supervisó este viernes un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas como parte del inicio del Plan Escudo, que busca también reforzar la seguridad en paraderos de transporte público para contrarrestar los ataques extorsivos contra este sector.

Habrá una suerte de inteligencia financiera, es decir, un seguimiento de rutas de dinero y redes logísticas ilegales para desmantelar las estructuras de extorsión digital y carcelaria.

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El despliegue de herramientas técnicas de localización y patrullajes en zonas urbanas y rurales críticas irá de la mano con un trabajo de contrainteligencia de depuración institucional para evitar la filtración de información reservada de operativos a grupos al margen de la ley

El titular del Mininter precisó que esta estrategia articula un trabajo coordinado con presencia policial y militar, con el objetivo de brindar protección a los transportistas, a sus patios de maniobras y a la ciudadanía en general que utiliza este servicio para movilizarse por la ciudad.

"Se ha puesto en ejecución el Plan Escudo, que lo conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dentro de sus sectores de responsabilidad que ordena la Constitución. Acá hay cerca de 14 patios de maniobra, en todos van a ver presencia policial y del Ejército. Eso es lo que estamos haciendo, ya hemos tomado las acciones pertinentes", remarcó en Villa María del Triunfo.

Asimismo, el representante del Poder Ejecutivo confirmó que este plan contempla una labor integrada con acciones de inteligencia de manera permanente, a fin de unir esfuerzos para contar con información oportuna para prevenir posibles amenazas y atentados contra los buses y las empresas de transporte público.

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"A esto se suma un trabajo totalmente integrado de inteligencia. La inteligencia policial y la inteligencia de las Fuerzas Armadas actuarán permanentemente. Eso es lo que nos da la seguridad y la certeza de los movimientos que se vienen haciendo para anticiparnos a la delincuencia", señaló.

El ministro César Astudillo, junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Castillo, visitó diversos patios de maniobras de empresas de transporte público de Lima Sur para verificar la ejecución del Plan Escudo, como parte de la nueva estrategia dispuesta desde el sector Interior para combatir a la criminalidad.

 "Estamos ejecutando un amplio despliegue de Inteligencia, lo que nos permitirá continuar capturando a los responsables de estos delitos y reforzar la seguridad", precisó el ministro Astudillo.

Los nueve registros corresponden a seis personas. César Muriche Astorayme quien ingresó al Despacho en dos ocasiones: de 12:10 p.m. a 1:07 p.m. y luego de 2:35 a 5:42 de la tarde. Marissa Palomino Bonilla también figura dos veces, de 8:14 de la mañana hasta las 1:41 de la tarde; volvió a ingresar desde las 2:35 hasta las 5:41 de la tarde. Por su parte Edwin Lévano Gamarra ingresó a las 9:12 de la mañana hasta las 12:48 del día. Reingresó desde la 1:36 hasta las 5:41 de la tarde. Tras estos “encuentros” con Fujimori, Muriche, Palomino y Lévano fueron contratados en puestos dentro del Despacho Presidencial.

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Completan la lista Edgardo Mosqueira Medina (10:21 a 11:43 de la mañana), Jennifer Contreras Álvarez (10:11 de la mañana hasta las 12:25 de la tarde)y Shirley Montenegro Flores (9:21 de la mañana hasta las 6:02 de la tarde). Todos, según el sistema, se reunieron con la presidenta.

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La agenda oficial de Presidencia muestra algo distinto. Ese viernes, Keiko Fujimori salió del Grupo Aéreo N.º 8 del Callao a las 8:35 de la mañana rumbo a Junín. Llegó al aeropuerto Francisco Carlé de Jauja a las 9:05 y, media hora después, arribó en helicóptero al distrito de Chongos Bajo. Ahí se quedó hasta las 3:00 de la tarde: recorrió el albergue de Chupuro, visitó el almacén del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y llegó hasta Pumpunya, una de las zonas más golpeadas por el sismo del 18 de julio.

Fujimori inició el regreso a Lima a las 4:03 de la tarde desde Jauja y aterrizó en el Callao a las 4:43. Es decir, durante todo el tiempo en que el sistema de Presidencia registra reuniones con ella, la mandataria estaba, según su propia agenda, a varias horas de viaje de Palacio de Gobierno.

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La agenda y las transmisiones en vivo contradicen los registros de visitas al Despacho Presidencial

La cuenta oficial de Facebook de Presidencia del Perú transmitió en vivo buena parte de la jornada en Junín. A las 9:57 de la mañana, un video mostraba a la mandataria llegando a Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, para supervisar el envío de ayuda humanitaria. A las 10:24, otra transmisión la ubicaba dentro del albergue temporal de Chupuro, conversando con una familia damnificada. Minutos después, a las 10:43, seguía en el mismo lugar, rodeada de vecinos que se acercaban a grabarla con sus celulares.

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Las transmisiones siguieron durante toda la mañana y la tarde. A las 11:55, Presidencia difundió un video de la mandataria en el local comunal de Chongos Bajo, en una reunión con autoridades regionales y distritales para coordinar la respuesta a la emergencia. A las 12:20, otro video la mostraba recorriendo el almacén del Indeci en la misma zona. 

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Y pasada la 1 de la tarde, un último registro en vivo la ubicaba en el albergue Cinco Esquinas, todavía en Chupuro. Ninguna de estas transmisiones muestra a la presidenta en Lima ni cerca de Palacio de Gobierno.

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El registro de visitas del Despacho Presidencial no distingue entre una reunión presencial con la mandataria y una gestión atendida por otro funcionario en su nombre. El sistema solo anota "Fujimori Higuchi Keiko Sofía" como la persona con la que se reunió cada visitante, sin precisar si alguien más lo hizo en su representación. Eso deja la duda sobre quién estuvo realmente detrás de esas ocho reuniones.

La República pidió los descargos correspondientes al área de prensa del Despacho Presidencial. Asimismo, se intentó establecer comunicación por canales de mensajería. Al cierre de esta nota, no tuvimos respuestas.

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Al menos tres personas fueron contratadas en el Despacho Presidencial tras su visita

César Muriche Astorayme ingresó dos veces a Palacio de Gobierno ese 31 de julio, según el registro de visitas. Cinco días después, el 5 de agosto de 2026, asumió como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.

El nombramiento llegó apenas una semana después de las reuniones registradas a su nombre con Keiko Fujimori y ha sido cuestionado por no cumplir con los requisitos de dicho puesto. Muriche formó parte del equipo de transferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros liderado por Marco Antonio Vinelli.

Marissa Palomino Bonilla también aparece dos veces en el registro del 31 de julio, y en uno de los ingresos permaneció más de cinco horas. El 1 de agosto, el Diario Oficial El Peruano publicó la resolución que la nombró Secretaria General del Despacho Presidencial.

Edwin Lévano Gamarra figura en el registro con dos ingresos ese mismo viernes. El 1 de agosto, fue nombrado secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial. Como en los casos anteriores, el nombramiento llegó justo después de su paso en Palacio de Gobierno.

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Exministros de Dina Boluarte y Alberto Fujimori también figuran en la lista

Jennifer Contreras Álvarez ya tiene trayectoria en el Estado. Fue ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en 2023 durante el gobierno de Dina Boluarte. Antes fue directora general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Midagri, y consultora del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Empresa Nacional de Puertos.

Edgardo Mosqueira Medina ingresó a Palacio de Gobierno entre las 10:21 y las 11:43 de la mañana, según el registro. Fue ministro de la Presidencia en la última etapa del segundo gobierno de Alberto Fujimori, entre 1995 y 2000. Su nombre estuvo entre los tres perfiles que Keiko Fujimori evaluó para primer ministro tras ganar la segunda vuelta, junto a Luis Galarreta y Luis Carranza.

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Shirley Montenegro Flores tuvo el ingreso más largo del día: casi nueve horas dentro de Palacio, de 9:21 de la mañana a 6:02 de la tarde. Su nombre no es nuevo en el entorno de Keiko Fujimori. En 2019, el extesorero de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, declaró ante fiscales que la llevó a la casa de Ana Herz de Vega, colaboradora cercana de la lideresa fujimorista, en busca de documentos incriminatorios.

Según el testimonio de otra colaboradora presente, en esa vivienda se quemaron talonarios de una rifa de 2010 que, según la hipótesis del Equipo Especial Lava Jato, estarían ligados al ingreso de dos millones de soles de Odebrecht a la campaña presidencial de 2011.

Montenegro admitió ante los fiscales haber estado en esa casa ese día, pero se reservó su derecho a explicar el motivo, amparada en el secreto profesional. Pese a esta investigación, en septiembre de 2024 fue nombrada jefa del Departamento de Comisiones del Congreso. También formó parte del equipo de transferencia de la PCM este año.

"En la vía ordinaria, la comisión de Diputados tiene hasta 60 días hábiles para dictaminar; el dictamen se publica durante siete días calendario, luego se debate y vota en el Pleno y recién entonces pasa al Senado, cuya comisión dispone de hasta 90 días hábiles, más otros siete días de publicación, debate y votación. Al final, el presidente de la República cuenta con 15 días para promulgar u observar la ley. Sumando solo los plazos establecidos, el proceso podría llegar a durar unos nueve meses", detalló.

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Sin embargo, la vía ordinaria no es el único camino que puede seguir un proyecto de ley hasta su promulgación. Algunas iniciativas pueden ser calificadas como urgentes. Además, el Congreso puede exonerarlas del trámite en comisiones. Según Gonzáles, ambos mecanismos permiten acelerar el procedimiento.

"En la vía de urgencia, esos mismos plazos se reemplazan por otros mucho más breves: 15 días hábiles improrrogables en Diputados y siete en el Senado, con un solo día de publicación del dictamen en cada cámara. Es decir, un proyecto urgente puede pasar por ambas cámaras en poco más de un mes. En la vía exonerada, que es la más rápida y en la que casi no se delibera, la Junta de Portavoces de Diputados puede liberar al proyecto del envío a comisiones, del dictamen y de su publicación con el voto favorable de tres quintos de sus miembros, de modo que se vota el mismo día en que ingresa al Pleno y luego pasa al Senado para un procedimiento similar. Así, una ley puede quedar publicada en 48 o 72 horas", explicó.

La vía de exoneración es el mismo mecanismo que utilizaba el anterior Congreso unicameral para aprobar leyes de un día para otro. No obstante, estas exoneraciones están prohibidas en el caso de reformas constitucionales, leyes orgánicas, reglamentos parlamentarios y proyectos de materia tributaria o presupuestal.

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Ahora bien, aunque el reglamento fija plazos para que las comisiones elaboren sus dictámenes, no establece un límite para que los plenos de las cámaras de Diputados y del Senado debatan y voten un proyecto. Esto significa que una iniciativa puede permanecer semanas, meses o incluso años a la espera de ser incluida en la agenda. Además, si el presidente observa la ley, el proyecto regresa al Congreso y debe iniciar una nueva etapa de revisión entre ambas cámaras, lo que prolonga aún más el proceso. En la práctica, el tiempo máximo de tramitación puede resultar indefinido.

"Un proyecto puede quedarse sin ser agendado hasta que termine el periodo parlamentario, como ha ocurrido con otras iniciativas en el Congreso unicameral", señaló Gonzáles.

Actores clave para agendar los proyectos a debatir

Los plazos establecidos para que las comisiones analicen y dictaminen un proyecto no garantizan que este llegue rápidamente al Pleno. Una vez aprobado el dictamen, la iniciativa puede quedar a la espera de ser incluida en la agenda de debate. ¿Quién decide, entonces, qué proyectos se debaten y cuándo? Gonzáles responde.

"El reglamento reparte la decisión en las dos cámaras. La Presidencia de la cámara propone la agenda de las sesiones del Pleno, pero es la Junta de Portavoces la que la aprueba, con la exigencia de ponerla en conocimiento de los parlamentarios veinticuatro horas antes. Un dictamen aprobado por unanimidad en comisión puede quedarse indefinidamente fuera de esa lista sin que exista norma que obligue a incorporarlo, ya que el reglamento fija plazos para dictaminar, nada más. De modo que un proyecto puede estar técnicamente listo durante meses y no verse en el Pleno".

Hay tres casos en los que un proyecto puede tener un tratamiento distinto. Como ya se mencionó, los proyectos del Ejecutivo declarados urgentes tienen prioridad para ser debatidos; los proyectos incluidos en la agenda legislativa anual también reciben prioridad en el Congreso; y, si el Senado no revisa un proyecto aprobado por Diputados dentro del plazo establecido, este puede continuar su trámite hacia el Ejecutivo sin necesidad de esperar una nueva decisión de la Cámara Alta.

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Como explica Gonzáles, la Junta de Portavoces aprueba la agenda de cada sesión, fija el tiempo y las formalidades del debate, determina qué proyectos se tramitan por la vía de urgencia, exonera del dictamen y del plazo de publicación con el voto de tres quintos de sus miembros representados, y aprueba la ampliación de la agenda y las prioridades del debate con la mayoría del número legal de sus integrantes.

La Junta de Portavoces es, en la práctica, el órgano que puede hacer que un proyecto se convierta en ley en 48 horas o que quede pendiente durante meses o incluso años. Todo ello se decide en sesiones que no son públicas.

Por su parte, la constitucionalista explica que la Mesa Directiva determina el turno o la oportunidad del debate dentro de cada sesión, salvo que la Junta de Portavoces haya establecido prioridades. Esto permite que un tema, pese a figurar en la agenda, sea postergado y no llegue a debatirse, ya que la sesión puede levantarse antes de que se aborde.

Proyectos se alistan en la Cámara de Diputados

Hasta el momento, el nuevo Congreso ha presentado seis proyectos de ley. Estas iniciativas permanecen a la espera de que se instalen las comisiones legislativas para ser derivadas a los grupos de trabajo correspondientes.

El primer proyecto fue presentado por la diputada Indira Huilca (Ahora Nación). La iniciativa plantea modificar el Reglamento del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados para establecer el trabajo presencial como regla general y limitar la virtualidad a casos excepcionales.

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La derogación del paquete legislativo conocido como las “leyes procrimen” —cuestionadas por su presunto impacto negativo en la lucha contra la delincuencia organizada— también figura entre las primeras propuestas. Dos proyectos presentados por el diputado César Holguín (Ahora Nación) buscan dejar sin efecto estas normas. El primero propone derogar diez de ellas; el segundo plantea específicamente la derogación de la Ley 32735, que permite que policías y militares sean procesados fuera de la jurisdicción penal ordinaria.

Asimismo, la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) anunció que presentará un proyecto con el mismo objetivo. Si bien la iniciativa aún no ha sido ingresada oficialmente ni publicada en el repositorio de proyectos legislativos del Congreso, mantiene el mismo espíritu que las propuestas anteriores.

De los seis proyectos de ley presentados hasta la fecha, cinco corresponden a la bancada de Ahora Nación. La iniciativa restante proviene del Partido Cívico Obras. El proyecto, presentado por el diputado Víctor Piñán, responde a la coyuntura reciente, luego de que más de 60 alcaldes —entre ellos el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga— eludieran las restricciones a la reelección mediante renuncias a sus candidaturas para permitir la postulación de sus respectivos reemplazantes.

El general Astudillo es reconocido por acciones emprendidas en la guerra del Cenepa, el rescate de los rehenes de la residencia japonesa y operaciones contraterroristas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y por haber ejercido como comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Sin embargo, el sector del Ministerio del Interior es completamente diferente.

Según la teoría fujimorista, la presencia de un militar de alta graduación en el despacho del Ministerio del Interior es disuasivo.

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Más militares que civiles

En esa línea de pensamiento, el general César Astudillo ha iniciado rápidamente el copamiento de las principales oficinas del sector Interior con generales y coroneles con los que alguna vez ha trabajado durante su prolongada carrera militar.

Como se verá adelante, por los cargos en los que ha nombrado a oficiales de extrema confianza, Astudillo busca el control total del despacho con la anuencia de la jefa de Estado, para quien, pese a las evidencias de lo contrario, los militares terminarán con el crimen en las calles y restablecerán la tranquilidad en las calles.

Entre los primeros que ha nombrado el general Astudillo se cuenta el coronel EP en retiro Luis Flores Alván, quien asumió como jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), uno de los componentes más importantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA).

La DIGIMIN cuenta con equipos de seguimiento, observación y vigilancia, y uno de sus aparatos más activos es la División de Búsqueda de Personas (DIVBUS), cuyos integrantes en algunas ocasiones han sido sorprendidos espionando a políticos, empresarios y periodistas. Los agentes de la DIVBUS son los que capturan información sobre objetivos de alto valor, como prófugos de la justicia y cabecillas de bandas criminales que amenazan la seguridad del Estado.

El coronel EP Luis Flores Alván es un viejo conocido del general César Astudillo. Pasó al retiro el 8 de noviembre de 2022, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. De 57 años, natural de Tarapoto, San Martín, fue señalado por colaboradores eficaces como “los ojos y oídos” de Astudillo en la investigación por el robo de combustible, cuando ejerció como comandante general del Ejército y Flores se desempeñaba como jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, en el 2018.

Según el testimonio de los colaboradores eficaces, el coronel Flores, a pedido del general Astudillo se encargó evitar que el caso del robo de combustible sea conocido y difundido a la prensa. Astudillo afirma que la investigación en su contra fue archivada.

Como secretario general del Ministerio del Interior, Astudillo nombró al general EP en retiro Carlos Díaz Dañino. Es una posición de suma importancia, como se verá.

El general Carlos Díaz fue destituido como ministro de Defensa por el expresidente José María Balcázar, por haber ordenado la firma de contrato para la compra de aviones de combate F-16 Block 70, desobedeciendo al exmandatario que anunció que lo haría el próximo gobierno.

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Poder para el entorno castrense

Carlos Díaz Dañino, de 56 años, limeño de nacimiento, se hizo cargo de la secretaría general del Ministerio del Interior en el 2025, durante la polémica gestión del exministro Juan Santiváñez Antúnez.

Ahora Díaz ha retornado como secretario general del Ministerio del Interior, tendrá autoridad sobre la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF), responsable de cuestionadas adquisiciones de chalecos antibalas, pistolas de puño, fusiles, rochabuses y un avión de transporte Antonov, entre otro equipamiento para la Policía Nacional.

Recientemente, la OGAF contrató con la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), mediante una operación comercial de intermediación para evitar la licitación y contratar a las empresas Industrias de Armas de Israel (IAI), que vendió fusiles de asalto Arad 5 y pistolas de puño Jericho. Con los generales Astudillo y Díaz es muy probablemente que este mecanismo opaco continué, con la anuencia de Keiko Fujimori, por supuesto.

También es trascendente el nombramiento del coronel EP en retiro César Quino Celi, designado como titular de la Dirección General de Gobierno Interior, entre cuyas misiones se encuentra la designación de los prefectos y subprefectos en todo el país.

El hermano de la expresidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte Zegarra, fue señalado por colaboradores eficaces de haber influido en el nombramiento de prefectos y subprefectos, para ejercer el poder en el interior del país. El caso es conocido como “Los Waykis en la sombra”.

No se descarta que desde la Dirección General de Gobierno Interior se nombre a prefectos y subprefectos que pertenecieron a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército, para garantizar lealtad al régimen fujimorista.

No es menor la importancia de la designación del coronel EP en retiro Jorge Bustamante Albújar como director de la Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior.

En 2020, Bustamante fue jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa, en la gestión del general EP en retiro Walter Martos Ruíz, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. Y en 2026, actuó como viceministro de Políticas para la Defensa, en el ministerio del mismo nombre, durante el mandato del exjefe de Estado, José María Balcázar.

Como director de la Oficina de Infraestructura, Bustamante conducirá, formulará y supervisará los proyectos de inversión y la ejecución de obras para el Ministerio Interior como complejos y comisarías para la Policía Nacional.

Para el cargo de jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio del Interior, César Astudillo nombró al general EP en retiro Jaime Malpica Lozada, otro oficial de su confianza.

El general Malpica cumplirá funciones en una coyuntura muy particular: preparar las respuestas a las emergencias y desastres naturales en coordinación con la Policía Nacional, justo en pleno desarrollo del fenómeno El Niño.

No se descarta que en los próximos nombramientos el general César Astudillo vuelva a recurrir a excolegas del Ejército para asegurar el control del Ministerio del Interior.

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Jefe de la DINI también es general del Ejército en retiro

El cuatro de diciembre de 2022 fue designado como titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el general EP en retiro Wilson Barrantes Mendoza. Fue el último del régimen del expresidente Pedro Castillo.

Lo reemplazó a los pocos días, el coronel EP en retiro Juan Carlos Liendo, por decisión de la exjefa de Estado Dina Boluarte.

Pero muy pronto, el cinco de enero de 2023, Liendo fue sustituido por el general PNP en retiro Roger Arista Perea.

Con el nombramiento del general EP en retiro Hugo Cornejo Valdivia, el Ejército ha recuperado el mandato de la DINI. En 2020-2021, Cornejo ocupó la misma posición. Regresó al puesto entre otras razones por su amistad con la familia de la presidenta Keiko Fujimori. Fue el edecán de su padre Alberto Fujimori.

Así es.

¿Qué sintió usted cuando vio a la presidenta Fujimori firmando este acuerdo con la compañía Coca-Cola, que precisamente fabrica este tipo de bebidas?

Preocupación, malestar, porque obviamente este tipo de simbolismos se tienen que cuidar y calcular muy bien. Me hubiera encantado verla con los productores de granos andinos, con los muchos fabricantes que están esforzándose por aprovechar nuestros recursos para la alimentación saludable. Obviamente, el estar en este tipo de inauguraciones, lanzamientos, convenios, con empresas que simbolizan el azúcar, y que a nivel internacional han causado un tremendo daño por la diabetes a la que han inducido a millones de personas, no es una buena señal. Y esto lamentablemente no solo se ha dado en Perú. Frecuentemente, estas y otras empresas siempre tratan de tener a los presidentes al lado, como dándoles un respaldo político. Y el presidente o la presidenta representa a la nación, representa al Estado y a las políticas públicas. Y tenemos una política pública clara en materia de la protección de la salud de la gente. Y una de las políticas obviamente es enfrentar los problemas del sobrepeso y obesidad, causados precisamente por la diabetes. Entonces, ese tipo de imágenes no ayudan mucho a trasladar a la sociedad el mensaje por la alimentación saludable.

Le hablaba al inicio de la ley de octógonos, de la que usted fue autor. Refrésqueme la memoria. ¿Cuál fue la actitud del fujimorismo frente a esta iniciativa?

Bueno, en realidad la ley, cuando se discutió, que fue el año 2012-2013, fue aprobada con relativa facilidad. En ese periodo, la composición del Congreso entendió claramente la necesidad de su aprobación. El problema no fue tanto por la aprobación de la ley, el problema fue después del 2016.

¿Qué pasó?

Después del 2016, cuando ya cambió el gobierno, ahí se vino una andanada de iniciativas para dejar sin efecto la ley de alimentación saludable. Yo particularmente ya no estaba en el Congreso, y me sentí muy frustrado al ver cómo hubo toda una campaña de un sector fuerte de la industria, oponiéndose a los octógonos.

¿Y la industria conversaba con algunos grupos políticos?

Seguramente. El presidente del Congreso en algún momento fue el señor (Pedro) Olaechea, que fue presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces, imagínese. Fue muy difícil ese periodo. Yo recuerdo que incluso, en una oportunidad, invitado por la vicepresidenta de la Comisión de Defensa y Consumidor, el suscrito y un representante de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), fuimos al Congreso, para expresar nuestro punto de vista sobre por qué no debían modificarse los octógonos. Y fuimos expulsados de la reunión, virtualmente botados, a la mala y con mucha malcriadez, porque no querían escuchar la versión de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud.

Ese fue el Congreso de los 73 legisladores fujimoristas, de su aplanadora parlamentaria.

Sí. Y ahí están todas las evidencias. Tú googleas y allí aparece: Comisión de Defensa del Consumidor expulsa a Jaime Delgado y al representante de la OPS. Eso fue muy duro. Ahora, lo curioso es que en la ley de alimentación saludable que nosotros aprobamos no aparecían los octógonos, aparecía el concepto. El concepto era el etiquetado frontal. Es decir, cuando un producto contenía altos niveles de azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas trans, debía tener una advertencia que dijera: alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. La ley todavía no podía hablar sobre los octógonos, porque no teníamos idea de ellos. Esas figuras surgieron después, con el reglamento.

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Ahora Nación, sumando diputados y senadores, es el grupo más pequeño del Congreso. ¿Siente que esa va a ser una desventaja para el trabajo que tienen por delante?

Bueno, uno trabaja con lo que tiene. Uno no puede cambiar esa realidad. Nos hubiera gustado ser gobierno. Pero bueno, es una bancada sólida, cohesionada. Y es una bancada además integrada por gente que se ha ganado su puesto cada uno. A diferencia de algunos grupos que por el arrastre han entrado con 1.000 o 1.500 votos. Además, estamos cohesionados en una idea básica, central, que es la defensa de los derechos humanos, la defensa del ciudadano, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la división de poderes.

Siendo un grupo chico, esta semana se las han arreglado para ser bastante notorios. La diputada Indira Huilca ha llamado mucho la atención con su iniciativa para que las sesiones en este nuevo Congreso sean presenciales. ¿Tú estás de acuerdo?

Totalmente. Solo puede haber determinadas excepciones. Tal vez para alguien que esté enfermo, pero las sesiones deben ser presenciales. Yo vengo de un periodo donde el debate era intenso, pero enriquecedor. Y además tú ves las caras. Incluso si alguien pretende votar por una consigna, tú puedes demostrarle con argumentos que lo que se pretende hacer es una arbitrariedad. Pero en la virtualidad no pasa nada de eso.

Usted lo tiene claro, pero el presidente del Congreso, el señor Torres, ha dicho que no es tan necesario, que la virtualidad ayuda mucho, que lo que importa son las cosas concretas que consigue cada congresista.

Yo defiendo la presencialidad. Yo creo que, además, para el público es muy enriquecedora. Yo recuerdo de niño, en la secundaria, en mis primeros años de universidad, ver los debates en el Senado. Cada día era aleccionador. Yo quiero volver a eso.

La bancada de Ahora Nación también ha pedido esta semana al canciller Espá que acuda al Senado para explicar en qué consiste la adhesión del Perú al Escudo de las Américas que promueve el presidente Trump. ¿Qué es exactamente lo que les preocupa?

Lo que nos preocupa es qué es lo que se pretende, cuál es el alcance. Si quieren, si este Escudo de las Américas es un club de amigos, no hay problema. Son amigos que son presidentes, afines, está bien. Pero cuando comprometen al Estado, el Congreso no va a estar de adorno, no es un florero. Es el Congreso el que tiene que aprobar cualquier tratado, si se trata de eso. Porque, además, cuando hay acuerdos de esa naturaleza y estableces bloques regionales, como Mercosur o como el Grupo Andino o la Alianza del Pacífico, ahí tú puedes supervisar, tú puedes intervenir, tú puedes tener un nivel de participación con reglas claras. Y yo siento que este Escudo de las Américas nos genera un problema, un ruido.

¿Por qué?

Porque lo veo muy ideologizado y eso es un problema, ya como estrategia para el país. Porque primero se dice que es en defensa frente a otras potencias que pueden tener injerencia. ¿Y de quién estamos hablando? ¿De China? ¿De Rusia? O sea, cuando tienes ese sesgo, tu política comercial se puede ver muy afectada.

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En su trabajo individual, ¿cuáles son los temas que priorizará?

Yo he prometido ser el senador de los consumidores.

La experiencia que todos conocemos.

Sí, y cuando hablo de consumidores, es un tema ya muy amplio. A mí me preocupa, por ejemplo, en este momento, el pedido de delegación de facultades respecto de la fusión de organismos que se está planteando. Y hace rato ya viene sonando el tema de la necesidad, la conveniencia de fusionar Osiptel, Osinergmin, todos los organismos reguladores. Y eso va contra los principios y la propia opinión de la OCDE. ¿Por qué? Porque se sacrificaría especialidad y autonomía. Siempre ha existido el riesgo y la pretensión del Ejecutivo de intervenir, de tener injerencia sobre los organismos reguladores. Y la riqueza de los organismos reguladores es su autonomía. Una autonomía que te permite regular en función a evidencia, en función clara de los estudios. Y el fusionarlos en uno solo, para tener una dependencia directa de PCM, además con un manejo presupuestal que no está garantizado, porque los organismos reguladores viven del aporte a la regulación, es preocupante. Y, ojo, el aporte a la regulación lo pagan las empresas, pero no de su bolsillo, no de sus utilidades. Lo pagan con el aporte nuestro. Esa es la garantía de la autonomía.

En el discurso, lo que se va a decir es que se quiere reducir burocracia para que el Estado gaste menos.

Pero lo cierto es que el Estado no gasta un centavo, cero. Los organismos reguladores no gastan nada. Eso lo financiamos los usuarios con nuestros recibos

Un tema que también tiene que ver con su bancada es esta denuncia que se ha presentado contra el diputado Harvey Colchado.

Esa es una persecución política horrible. Lo que pasa es que Colchado tiene una historia de lucha contra la corrupción de altos funcionarios, y obviamente hay gente que se la quiere cobrar. Nosotros nos hemos pronunciado en el sentido de que no se puede iniciar un gobierno e iniciar también una persecución política de esta naturaleza. Pero, bueno, el proceso continuará y su propio abogado (César) Nakasaki ha manifestado que el tema no tiene ni pies ni cabeza.

¿Y usted siente que esto es parte de una campaña más grande? Porque, coincidentemente se está cuestionando a los fiscales Vela, Pérez, incluso a Gustavo Gorriti.

Sí, es algo mucho más grande y esto viene arrastrándose de mucho tiempo atrás. Por eso, desde el Senado, a nosotros nos interesa restablecer una independencia de los poderes, una despolitización, una independencia política de las instituciones tipo Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Por eso, el contexto importa. Digo esto no para poner el parche antes de que salga el chupo. Es inevitable cambiar y es deseable que así sea, cuando el cambio es justificable. En la política ese cambio debe orientarse al bien común. García, por ejemplo, creía en 1988 en la estatización. En el 2006 había abandonado, felizmente, esa espantosa idea. No le fue muy difícil explicar el porqué. 18 años después, había abandonado una corriente de izquierda que es letal para la libertad y, esa vez, no se equivocó.

En estos días, sin embargo, no vemos grandes transformaciones ideológicas nacidas del descubrimiento personal de nuevos horizontes. Pero vaya que vemos cambios en la conducta de los políticos en el poder. El incidente diplomático con México ha traído a la mesa un buen ejemplo de los niveles de fariseísmo político en el Perú. Vamos a los hechos. Betsy Chávez fue condenada por su participación en el delito de rebelión en la modalidad de conspiración. Para que se entienda, para la justicia, es una golpista. Eso esinmutable mientras esa condena esté vigente. Pero, en simultáneo y de manera discreta, ella tramitó un pedido de asilo, acogiéndose a la Convención de Asilo de 1954. El Estado peruano no tuvo ni el tiempo ni el espacio para persuadir a México sobre la conducta estrictamente delictiva de la exministra. Nos enteramos, todos juntos, cuando ella ya había obtenido el asilo y estaba dentro de la Embajada. Lo único que correspondía era darle el salvoconducto para que saliera del país. ¿Qué hizo el Estado peruano? Desconocer el tratado y romper relaciones. ¿Con el apoyo de quién? De los partidos que hoy están en el poder: Fuerza Popular y Renovación Popular.

Un acto de salvajismo diplomático no trae nunca nada bueno. Por eso es por lo que hay que dejar estos temas en manos de profesionales de la política exterior. En la primera semana de gobierno, Fujimori concede el salvoconducto y restaura relaciones con un aliado en la importante Alianza del Pacífico. ¿Era lo correcto? Por supuesto. Pero lo increíble es que los mismos fujimoristas que gritaron para romper relaciones con México son los que alaban a nuestra magnánima señora presidenta por su visión de estadista. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Pedro Sánchez ganaba y otorgaba el salvoconducto? Ya estarían tramitándole la vacancia.

No le hace ningún bien a Keiko Fujimori (y a ningún político) rodearse de sobones que ladran en redes sociales. Menos aún, cuando hace muy poco, levantaban la voz contra ella. Lo que cualquier político sagaz entiende es que no han cambiado nada. No hay un descubrimiento de hechos nuevos que los haga cambiar de conducta. Lo único que ha cambiado es que Fujimori es presidenta del Perú. Estos “conversos” de último minuto (y de años anteriores) a lo que aspiran es a su cuota en ese poder efímero y frágil. Entonces levantan la voz y el dedito apuntando a los “caviares que viven del Estado” mientras hacen cola en el besamanos del reciclaje. La política peruana es fácil de seguir: cambian los nombres de los partidos, sus colores y banderas, pero las personas son las mismas. Solo cambian de camiseta. Nada les atrae más que el poder. Lo que debería atraerlos es servir, pero eso sería mucho pedir. Mientras Fujimori los acoja, engría y premie, ahí estarán, moviendo la cola y lamiendo la mano.

El problema es que los límites del poder se conocen rápido. Si el proyecto de ley de facultades legislativas fue un globo de ensayo del ministro de Economía, este explotó. Elmer Cuba es el único ministro con personalidad propia y un plan. No tiene con quién jugar en un gabinete de políticos reciclados y sobones a quienes les han hecho el favor de ser ministros. Sus reformas requieren audacia y docencia política. Pero Fujimori de eso no sabe ni tiene experiencia y prefiere el populismo. Apenas se deslizó la posibilidad de debatir el exceso de feriados creados por el Congreso en el último quinquenio (una propuesta bien fundamentada con los impactos en el PBI), lo abandonaron todos. Y ese es un solo ejemplo.

¿Cómo van a derogarse las cuatro leyes que pueden quebrar la caja fiscal si fueron aprobadas por el fujimorismo? ¿Cómo va a discutirse (no digo ya aprobarse) una reforma laboral si nadie, dentro del gobierno, apoya al MEF? Cuba ha preferido anunciar cuatro comisiones de economistas expertos y muy respetados. Veamos si logran convencer siquiera dentro de casa. Los nombramientos del Ejecutivo que controla el MEF (BCR, Sunat, Tribunal Fiscal, directorio de Petroperú) nos dan una indicación mucho más clara de su orientación en política económica y profesionalismo que el gabinete Galarreta. El enfrentamiento entre el populismo del fujimorismo y el programa liberal del MEF va a explotar en cualquier momento. Solo un ciego no se da cuenta. Basta con comparar el mensaje de 28 de julio con el pedido (abortado) de facultades.

El oficialismo en el Congreso no será de ayuda para el MEF. Sus congresistas, reelegidos o exempleados parlamentarios, traen intactos el populismo, el mercantilismo y el militarismo del último quinquenio. El irreconocible Fernando Rospigliosi, como vocero del fujimorismo, no solo le hace daño a las Fuerzas Armadas, sino a la propia Fujimori. Con ambos, sus niveles de sobonería son indescriptibles. Su caso no es el de alguien que cambió de opinión con el tiempo. Solo una lobotomía puede generar tal transmutación de la personalidad. No hay explicación racional para su conducta actual. Su fanatismo va mucho más allá del oportunismo y causa al gobierno un daño político profundo, que también, tarde o temprano, va a explotar. Un pueblo no aguanta el maltrato ilimitadamente.

"Su nivel de salud lo tendrá que establecer informes médicos que tendrán que ser corroborados porque también es cierto que dentro del ámbito de los penales, existe la figura de la corrupción", indicó Álvarez.

El ministro cuestionó otorgar el indulto a una persona procesada por corrupción tras cumplir cierta edad. El funcionario indicó que dicha opción envía un mensaje negativo al país.

"Si estamos pensando en que una persona que por lo menos se ha apropiado de más de 38 millones de dólares del Perú (...) por cumplir los 80 años ya pide ser liberado para vivir en su casa, entonces le estamos diciendo a los jóvenes que sí es válido, es legítimo robar lo más que se pueda para luego pensar en un indulto".

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El ministro también fue consultado sobre un posible indulto al expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, Álvarez descartó esa posibilidad. Además calificó como un “chantaje” las protestas a favor de la liberación del expresidente.

"(…) Es un chantaje y ahí sí yo no creo que pueda caer [otorgar el indulto], salvo eso sí de que el presidente Castillo tenga una enfermedad o tenga un problema grave".

A raíz de la liberación de Ollanta Humala, el ministro también explicó que en el Perú los procesos pueden durar diez, veinte o hasta treinta años, lo que destruye económicamente a las familias.

Ante esta situación, el titular de Justicia abogó por cambios en las normas y en el Código Procesal Penal, al cual calificó como un sistema que no cumple con el propósito de la justicia y criticó que el modelo actual esté lleno de trámites excesivos.

"La pregunta sintética sería reformas profundas del código procesal penal, que es un código fracasado, es un código que no sirve al propósito de la justicia. Ejemplo: hay más de 40 tipos de audiencia", indicó.

Esta audiencia definirá si se aprueba la medida cautelar impulsada por el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contra los abogados Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic Gonzáles y Cayo Galindo Sandoval.

La denuncia, presentada el 4 de julio y admitida a trámite el 30 de octubre de 2025, se fundamenta en tres hechos que sucedieron en julio del año pasado. En primer lugar, los letrados habrían violado la ley al exigir la reposición de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, pese a que ya existía otra autoridad en funciones. En ese entonces, la exfiscal de la Nación era Delia Espinoza.

En segundo lugar, “por violar el texto expreso de la ley y promover actos propios de un gobierno de facto”. Los denunciados habrían promovido actos propios de un gobierno de facto al solicitar al Comandante General de la Policía Nacional el uso de la fuerza pública. Finalmente, también se les acusa de incumplir el deber ético de transparencia.

Según la acusación, estas conductas vulneraron artículos del Código de Ética, como los referidos a la obediencia a la ley, la probidad y la integridad. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el caso es paradigmático debido a la gravedad de los actos, los cuales incluso generaron el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, señalaron mediante un comunicado que ese tipo de conductas inconstitucionales significan “un serio perjuicio para la legitimidad y confianza de la profesión legal frente a la ciudadanía, así como contra la defensa del sistema legal y democrático que los abogados deberían fortalecer”.

La cita giró en torno a la solicitud de delegación de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará ante el Congreso. La mandataria explicó que la norma busca tres objetivos: medidas urgentes contra la criminalidad, atención a los efectos del fenómeno El Niño y el fortalecimiento de las instituciones del Estado.

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"Lo más importante es que todos podamos escucharnos. Y aquí quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión. Para eso es fundamental articular entre todas las instituciones", afirmó Keiko Fujimori durante la reunión.

La presidenta añadió un mensaje directo al sistema de justicia. "Yo quiero que sepa el sistema de administración de justicia que el gobierno será un aliado para poder ayudarlos, para empoderarlos, para darles los recursos que ellos necesiten", dijo. Precisó que lo central es velar por la seguridad de los ciudadanos, y anunció mesas de diálogo y técnicas para "resolver, agilizar y para que la justicia se vea, se sienta y sea más rápida".

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En sus declaraciones, la mandataria no mencionó ninguna revisión de las leyes procrimen. Tampoco se refirió a una posible modificación del Código Procesal Penal ni a cambios en las leyes que regulan la actuación policial y fiscal frente al crimen organizado, puntos que distintos sectores han pedido revisar.

La jefa de Estado anunció, además, que en los próximos días sostendrá una reunión con la presidenta del Poder Judicial. Precisó que ese encuentro respetará la autonomía e independencia de los poderes del Estado, un punto que remarcó de forma explícita ante los presentes.

Tomás Gálvez tomó la palabra y expuso un diagnóstico sobre la situación actual del Ministerio Público. El fiscal de la nación insistió en la necesidad de fortalecer la institución y de trabajar de forma conjunta con la Policía Nacional frente a la inseguridad. Al cierre, Gálvez agradeció la convocatoria y mostró disposición para impulsar un trabajo coordinado con el Ejecutivo.

Tras el anuncio del presentador del evento —"Vamos a tener las palabras del señor ministro en la cartera de Cultura Alberto Beingolea, a quien vamos a brindarle un fuerte voto de aplausos"—, el funcionario se acercó al estrado en medio de abucheos.

"Soy portador también del saludo de la presidenta de la República, señora Keiko Fujimori, quien acaba de estar hace unos días en las tierras que han sufrido el terremoto", mientras pifiadas resonaban con mayor fuerzas tras mencionar a la mandataria durante su discurso.

A la ceremonia también acudieron el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje; el alcalde provincial, Elio Zevallos Meza; autoridades civiles y militares, oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de los invitados y ciudadanía en general.

Visita presidencial por nuevo sismo en Junín

El 7 de julio, Keiko Fujimori arribó al distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, localidad impactada por un nuevo movimiento telúrico registrado el último jueves.

Un día antes, un sismo de magnitud 5,0 sacudió la provincia y dejó 15 personas afectadas y más de 100 viviendas en estado inhabitable.

Además, se reportó otro sismo el viernes 7 de julio de magnitud 4,4 y el epicentro estuvo en la misma localidad de Chupaca, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus canales oficiales. Este último sería el tercer sismo que sufre la región.

Se recuerda que el 18 de julio se registró el primer movimiento telúrico en Junín, el cual tuvo una magnitud de 5,1, acompañada de una réplica de 3,7 durante la noche, según reportó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Los primeros informes detallaron 6 fallecidos, más de 21 heridos y cerca de 300 damnificados, además de múltiples construcciones colapsadas, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Pero durante la audiencia ante la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, todos hicieron uso de la palabra para justificar su actuación alegando que abrieron fuego con sus fusiles en legítima defensa, una versión sin sustento porque los peritajes concluyeron que los fallecidos no contaban con armamento.

Sin embargo, el tribunal compuesto por los magistrados Walter Chipana Guillén, Roberto Meza Reyes y Julio Lagones Espinoza concedió la apelación que interpusieron los efectivos del Ejército contra el mandato judicial que dispuso doce meses de prisión preventiva para garantizar las investigaciones.

Para los jueces Chipana, Meza y Lagones, los efectivos de la patrulla que dispararon entre 60 y 90 veces contra los ocho ocupantes de la camioneta, matando a cinco e hiriendo a tres, recurriendo a fusiles de guerra de largo alcance, no representan un peligro y dispusieron que salieran de inmediato en libertad.

La decisión fue adoptada no obstante que en la misma audiencia quedó claro que los acusados ni siquiera están dispuestos a esclarecer los hechos, porque no explicaron por qué razón decidieron usar sus fusiles de asalto contra personas desarmadas.

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Silencio y complicidad

Incluso el jefe de la patrulla, el capitán Luis Montenegro Pardo, llegó a decir que de él no partió la iniciativa de asesinar a los cinco civiles, de acuerdo con la resolución de la Sala de Apelaciones.

“El investigado Luis Montenegro Pardo menciona como capitán (de la patrulla), no dio la orden de disparar, todos han actuado de manera legítima”, afirmó conforme consta en la resolución judicial.

Como informó La República, el jefe inmediato superior del capitán Luis Montenegro, el mayor José Cayao Vásquez, negó haber dado luz verde a su subordinado para disparar a matar. 

El mayor Cayao también manifestó que el único responsable era el capitán Montenegro porque era el jefe de la patrulla, era el oficial superior y estaban en el lugar de los hechos. Pero Montenegro, increíblemente, sostiene que no ordenó disparar.

En la audiencia fue evidente que los uniformados no aceptaban la responsabilidad del quíntuple homicidio, y que no estaban dispuestos a esclarecer lo sucedido. Pero el tribunal les dio libertad.

El segundo oficial de la patrulla, el teniente Brayan Fernández Dett, arguyó que todos los acusados han sido adecuadamente entrenados y que en todo momento han contribuido a las indagaciones del caso. 

La versión del teniente Fernández contradice los reportes fiscales de que los acusados alteraron la escena del crimen, plantando casquillos de bala para aparentar que las víctimas también habían disparado. 

“Menciona que todos son personal profesional que tienen estudios castrenses y se colaboró en todo momento con la investigación”, consigna la resolución del tribunal sobre lo dicho por el teniente Fernández.

Todos respondieron con la misma consigna.

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Lo hicimos por la patria

“Los ocho militares son personas que están en constante entrenamiento, y como dice  la fiscalía, somos personas entrenadas para el combate, pero nuestros conocimientos no los utilizamos para escondernos o fugarnos. Además, tenemos familia y darán la vida por el Perú”, declaró el efectivo Douglas Villacorta Saboya.

“Los ocho procesados son personal entrenado para defender a la patria, sin embargo,  la fiscalía de derechos humanos considera que por nuestro alto entrenamiento podría haber peligro de fuga, lo cual es incorrecto porque tienen familia que mantener, además, se encuentran dentro de un penal donde pueden sufrir represalias”, señaló por su parte el efectivo Hedilberto Marcos Guerra.

El efectivo Andy Sánchez Ríos repitió el falso argumento de la legítima defensa: “Es lamentable lo que el Ministerio Público manifiesta acusándolos de abusar de su entrenamiento; encima, le quitan el derecho a su libertad injustamente, estando separados de su familia. Su actuación fue conforme a la legítima defensa”, expresó.

“Solicita que se haga justicia para ellos y se aplique correctamente (la ley), también son seres humanos que tienen sentimientos y familia, ninguno es delincuente”, apuntó por su lado el efectivo Américo Vásquez Rojas.

“Menciona que son profesionales y que actuaron respetando las reglas de conducta profesional, los derechos humanos, no son criminales, tienen familia”, señaló el efectivo Fernando Córdova Mariano.

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Disparar hasta matar

El efectivo Jorge Aguilar García no dio el nombre del superior que le ordenó disparar a civiles desprovistos de armas, pero expresó, según documento judicial: “Se siente indignado porque al Ejército ha dado toda su juventud desde los 18 años, tiene una esposa y estaba a punto de perder a su hijo, sin embargo, se encuentra en el penal y se presenta ante la justicia solicitando que se sepa la verdad”.

Los peritajes revelaron que los cinco civiles perdieron la vida a causa de disparos a corta distancia y que la mayoría presentaba impactos en la cabeza y en el tórax, lo que evidencia un patrón aplicado por los imputados.

El caso del colombiano Nilson Montenegro Valencia, quien conducía la camioneta 4x4, los peritajes determinaron que recibió 51 impactos de bala y que virtualmente le hicieron estallar el cráneo.

Wilder Romero Sevipaucar  recibió 12 disparos cuando el vehículo se precipitó hacia un barranco, para asegurarse de que no quedaran sobrevivientes.

Los testimonios recogidos por los fiscales coinciden en que los militares siguieron disparando para que nadie quedara vivo. 

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Decisión controvertida

Pero para los jueces del tribunal de apelaciones todo fue en defensa propia.

El copiloto, Cristian Vilcatoma Águila, recibió 16 balazos de fusiles de guerra.

Empero, para los jueces, los militares merecen seguir el juicio en sus cuarteles.

Otro de los pasajeros, Wilder Romero Sevipaucar, murió como resultado de 12 disparos.

Sin embargo, los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo desestimaron la prisión preventiva contra los militares porque la fiscalía no individualizó motivada y razonadamente quiénes de los ocho investigados realizaron acciones u omisiones que les permitieron alterar de un modo u otro la escena del crimen.

Pasaron por alto los magistrados que el capitán Luis Montenegro Pardo era quien impartía las órdenes en el lugar de los hechos, y que si los siete subordinados actuaron alterando la escena del crimen, fue porque este oficial fue quien dispuso dicha acción a sabiendas de que lo que había sucedido era de su expresa responsabilidad. 

Si la fiscalía no identifica a los autores de la manipulación del escenario de los asesinatos, es porque los militares nunca quisieron hablar durante los interrogatorios, protegiendo a los autores de este hecho, precisamente para afectar la investigación.

“La Aviación del Ejército mantiene un programa permanente de sostenimiento, mantenimiento, recuperación y preservación de su flota, orientado a garantizar la disponibilidad operacional necesaria para el cumplimiento de los roles estratégicos del instituto y para responder con oportunidad ante emergencias y desastres naturales”, informaron fuentes castrenses.

No existen aeronaves abandonadas y expuestas al deterioro, precisaron las fuentes: las aeronaves que no vuelan, se encuentran en proceso de recuperación o sostenimiento programado, a la espera de inspección, mantenimiento y repuestos, indicaron.

Como ha informado La República en diferentes reportajes de investigación, la guerra que la Federación Rusa ha emprendido contra Ucrania desde 2022 ha implicado problemas para todos los países que cuentan con helicópteros de fabricación rusa Mi, entre ellos el Perú. Las sanciones económicas de la Unión Europea y Estados Unidos han limitado las actividades comerciales de los rusos con bienes y servicios que producen, como las mencionadas aeronaves Mi y otras.

Sin embargo, pese a las limitaciones, la Aviación del Ejército ha logrado el despliegue de todo su potencial en escenarios estratégicos y de emergencia.

PARTE DE ACCIONES EMPRENDIDAS

Recientemente, la Aviación del Ejército cumplió con el mantenimiento de dos helicópteros Mi-8MTV, otros dos Mi-171Sh-P y un helicóptero italiano Agusta 109K.

Fueron parte del mismo proceso aeronaves de ala fija como un Beechcraft B350 y un Cessna Caravan C206, y se ha programado el mantenimiento de dos aviones de transporte Antonov AN-32B de fabricación ucraniana.

Esto explica por qué la Aviación del Ejército completó 1.097 horas de vuelo en apoyo a operaciones militares contra narcoterroristas y otras organizaciones criminales en las áreas del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y en el espacio que corresponde al Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (CUPUMA).

Gracias a estos vuelos se garantiza la ejecución de acciones tácticas y el sostenimiento logístico en zonas de acceso limitado.

En este caso se movilizó a 12.036 combatientes y se transportó 157 toneladas de armamento, municiones y explosivos, entre otros.

Además, se efectuaron otras 1.133 horas de vuelo de apoyo institucional, lo que comprende situaciones de emergencia por riesgo de desastre, lucha contra la minería ilegal y tráfico de combustibles o insumos químicos, entre otras misiones. Fueron trasladados 12.610 pasajeros y 392 toneladas de carga.

A estas acciones se debe sumar la intervención de fabricación rusa Mi-171Sh-P en la Operación Contraterrorista Quiñones que se cumplió en el Vraem. Pese al fuego graneado del enemigo narcoterrorista que impactó a una de las aeronaves, el personal cumplió con la operación de extracción de miembros de los Grupos de Operadores Especiales.

DESPLIEGUE EN TODO EL PAÍS

La aeronave afectada se encuentra en reparación, no ha sido abandonada, como señalan versiones sostenidas en información falsa.

“La capacidad operacional no depende únicamente de disponer de aeronaves, sino de sostenerlas durante todo su ciclo de vida”, explicaron las fuentes de la Aviación del Ejército.

“El personal de mantenimiento aeronáutico posee experiencia especializada para ejecutar trabajos de inspección, reparación y recuperación que permiten reincorporar aeronaves al servicio una vez cumplidos los requisitos técnicos y de seguridad”, añadieron.

“Por ejemplo, el helicóptero dañado durante la última operación está recibiendo trabajos de reparación y recuperación. Este tipo de intervención refleja la capacidad técnica de la Aviación del Ejército para preservar material sometido a condiciones operacionales exigentes y reducir el impacto de las restricciones logísticas externas”, informaron las fuentes.

“Por lo tanto, una aeronave sometida a mantenimiento no debe ser confundida con una aeronave abandonada. El mantenimiento es precisamente una de las condiciones indispensables para garantizar que el medio aéreo pueda recuperar o conservar su condición operacional con seguridad”, aseguraron las fuentes.

ANTE LA NUEVA EMERGENCIA

El mantenimiento mayor de los helicópteros responde a una programación técnicamente validada, y en esa línea se ha considerado la eventualidad de un fenómeno de El Niño de dimensiones catastróficas.

“El análisis debe partir de la totalidad de la capacidad operacional y no en función del registro parcial de imágenes de helicópteros que se encuentran en diferentes etapas de mantenimiento”, manifestaron las fuentes consultadas.

Las cifras mencionadas sobre las horas de vuelo en operaciones de combate y logísticas confirman una actividad sostenida mediante el uso de helicópteros de fabricación rusa.

Hace casi veinte años el Perú tomó una decisión trascendental para la educación: construir una carrera docente basada en la meritocracia. El ingreso por concurso público, las evaluaciones periódicas, los ascensos por desempeño y la formación continua marcaron un cambio profundo en la profesión docente y sentaron las bases de una de las reformas más importantes del Estado peruano.

Hoy esa política constituye uno de los principales consensos en educación. Sin embargo, toda reforma debe evaluarse no solo por aquello que logró, sino también por aquello que dejó pendiente. Y la reforma meritocrática del magisterio aún tiene una tarea inconclusa: la jubilación.

El vencimiento del plazo para reglamentar la Ley de Pensiones Dignas para el Magisterio, el pasado 15 de julio, evidenció que los avances alcanzados en la actualización del padrón de docentes cesantes y jubilados y en la coordinación técnica entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, la ONP y la SBS no estuvieron acompañados de la decisión política necesaria para culminar el proceso. Sin embargo, el vencimiento de ese plazo no extingue la obligación del Estado. Por el contrario, corresponde ahora al nuevo gobierno culminar la reglamentación e implementar una ley que continúa plenamente vigente.

En el debate público, el primer cuestionamiento a esta ley ha sido su costo fiscal. Pero esa mirada resulta insuficiente. Toda política pública importante exige recursos. La verdadera pregunta es qué debe hacer un Estado cuando enfrenta una política pública que supone un desafío fiscal: ¿declararla inviable o asumir la responsabilidad de construir una implementación sostenible?

Creo que esa es la verdadera discusión.

La política de meritocracia docente comenzó durante la primera gestión del ministro José Antonio Chang (2006–2011), en el segundo gobierno de Alan García. Durante el debate parlamentario la Ley de Carrera Pública Magisterial en 2007, recibió el respaldo de congresistas de distintas bancadas, entre ellos el hoy presidente del Consejo de Ministros, entonces congresista, Luis Galarreta, quien defendió una carrera docente sustentada en la meritocracia, con evaluación para el ingreso y la permanencia. Posteriormente, esta política fue consolidada con la Ley de Reforma Magisterial durante las gestiones de Patricia Salas y Jaime Saavedra (2011-2016), en el gobierno de Ollanta Humala, y sostenida por los gobiernos que les sucedieron. También ha resistido los intentos de contrarreforma impulsados durante el gobierno de Pedro Castillo y por un sector del Congreso en los últimos cinco años. Esa continuidad ha permitido que la carrera docente trascienda los cambios de gobierno y se consolide como una política de Estado. Hoy, más del 70% de los docentes de la escuela pública pertenece a la Carrera Pública Magisterial, una política que ha fortalecido el desarrollo profesional docente y constituye uno de los pilares para mejorar la calidad del sistema educativo.

Hoy cerca de 160 mil docentes cesantes y jubilados reciben, en muchos casos, pensiones que fluctúan entre S/ 400 y S/ 800 mensuales. Al mismo tiempo, más de la mitad de los docentes en actividad tiene entre 50 y 65 años, lo que anticipa una importante renovación generacional del magisterio y la necesidad de fortalecer la formación inicial de quienes ingresarán a la carrera docente. Pero esta transición también plantea un desafío ineludible para el Estado: responder con políticas públicas al creciente número de maestras y maestros que culminarán su vida laboral. Completar la reforma meritocrática supone asumir ambos desafíos de manera simultánea: preparar a las nuevas generaciones de docentes y garantizar que quienes dedicaron su vida a educar al país puedan culminar su trayectoria con una jubilación.

Un segundo cuestionamiento sostiene que reconocer una mejora en las pensiones del magisterio abriría un precedente para todos los trabajadores del Estado. Sin embargo, este argumento parte de una premisa equivocada: la Carrera Pública Magisterial es una carrera pública especial, basada en el mérito, y no puede equipararse a otros regímenes laborales del Estado. Precisamente por esa naturaleza, la respuesta previsional también debe ser coherente con la trayectoria profesional que el propio Estado exige a los docentes. Si durante 25 o 30 años se demanda ingreso por concurso, evaluaciones permanentes, ascensos por desempeño y formación continua, esa lógica no puede desaparecer cuando concluye la vida laboral. La jubilación no es un beneficio adicional: es la etapa final de la carrera docente.

Un tercer cuestionamiento sostiene que la ley pretende que los docentes se jubilen con la misma remuneración que percibían al finalizar su carrera. Esa afirmación tampoco corresponde al contenido de la norma. Por el contrario, la ley adopta un criterio de equilibrio entre mérito, justicia social y sostenibilidad fiscal al establecer como referencia únicamente la remuneración correspondiente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial. Se trata de un piso previsional, no de una equiparación de ingresos. Su propósito es garantizar que quienes dedicaron décadas al servicio de la educación concluyan su trayectoria con un nivel mínimo de protección, coherente con la carrera meritocrática que el propio Estado les exigió construir.

El propio Estado peruano ha demostrado que, cuando considera prioritaria una política pública, también encuentra mecanismos para financiarla. Este año se aprobó una reforma del régimen pensionario del personal militar y policial que permitirá que sus pensiones correspondan al 100% de la remuneración consolidada según el grado alcanzado en actividad. Se estima que esa decisión demandará una inversión cercana a S/ 14 mil millones, aproximadamente el triple de lo que requeriría garantizar una pensión equivalente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial para los docentes jubilados.

No se trata de cuestionar esa decisión. Quienes sirven al país desde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional merecen una protección previsional adecuada. En ese mismo sentido, el Estado debe asumir el compromiso de completar la reforma meritocrática del magisterio, garantizando una pensión mínima acorde con la carrera meritocrática.

Actualmente, el Estado destina alrededor de S/1.500 millones al pago de pensiones docentes. Además, cerca de 500 mil maestros en actividad aportan al sistema previsional y contribuyen al financiamiento del Estado mediante el impuesto a la renta de quinta categoría. Culminar esta política requerirá recursos adicionales, pero, sobre todo, la decisión política de asumirla como una prioridad de Estado.

Las alternativas existen y son técnicamente viables. Muchas de ellas han sido planteadas por las propias organizaciones de docentes cesantes y jubilados, quienes no solo han demandado el cumplimiento de la ley, sino que también han formulado propuestas para hacer viable su implementación. Entre ellas destacan la revisión de exoneraciones tributarias cuya eficacia ya no se justifica, el fortalecimiento de la recaudación y una mejor priorización del gasto público.

Al gobierno de la presidenta Keiko Fujimori le corresponde culminar la reglamentación e implementar una ley vigente, construyendo una ruta técnica y fiscalmente sostenible para hacerla realidad. Al Congreso de la República, especialmente a la Cámara de Diputados, le corresponde ejercer una fiscalización rigurosa y promover los acuerdos políticos necesarios para su implementación. Ambos poderes del Estado tienen hoy la responsabilidad de convertir una ley vigente en una política pública efectiva. Ese es el verdadero desafío de quienes gobiernan y de quienes legislan.

Hace casi veinte años el Perú apostó por una carrera docente basada en la meritocracia. Hoy el desafío no es iniciar una nueva reforma, sino culminar una política de Estado que quedó inconclusa. Solo así la carrera docente será coherente desde el ingreso hasta el retiro y el Perú habrá fortalecido una de las políticas públicas más importantes del sistema educativo.

En el extremo oriental de Ucayali hay una piedra que separa dos países. De un lado está la comunidad asháninka de Sawawo Hito 40, en el Perú. Del otro está Apiwtxa, en el estado brasileño de Acre. Para los mapas son dos jurisdicciones distintas. Para nosotros son la misma familia extendida, con los mismos abuelos, la misma lengua y los mismos muertos. La frontera nos dividió en el papel; nunca nos separó en la vida.

Empiezo por ahí porque casi toda discusión sobre esta frontera empieza mal cuando empieza por el mapa. Para nuestros pueblos el territorio no es una parcela ni una propiedad: es el espacio donde vive nuestra cosmovisión, donde se transmiten el idioma y el conocimiento de la medicina, donde están enterrados nuestros antepasados y donde rigen normas propias de convivencia. El territorio es un cuerpo y es una historia. Por eso, cuando se decide algo sobre él sin consultarnos, no sentimos un trámite incumplido: sentimos una rotura.

Y en esa rotura han crecido otras cosas. El puesto de control fronterizo del Hito 38 permaneció abandonado durante casi una década. En ese tiempo, el Comando Vermelho y las economías ilegales aprendieron el camino de los ríos y de las trochas mejor que cualquier funcionario. Nadie ocupa un vacío con discursos: lo ocupa quien llega. Si nosotros no lo ocupábamos con organización propia, iba a ocuparlo otro. Ya estaba ocurriendo.

Por eso, desde ORAU, junto con ACONADIYSH y AIDESEP, impulsamos la restauración del Hito 38 y la instalación de la Guardia Indígena Transfronteriza Perú–Brasil. Quiero decirlo sin adornos: no lo hicimos porque quisiéramos reemplazar al Estado. Lo hicimos porque el Estado no estaba, y porque los apus y monitores que enfrentan a la tala ilegal y al narcotráfico reciben amenazas de "plata o plomo", sufren atentados y, en varios casos, han sido asesinados, a varios días de navegación del puesto policial más cercano.

Ese acto de emergencia es parte de una propuesta política ordenada. Hoy la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa y Alto Tamaya reúne a 28 territorios indígenas de 13 pueblos de ambos países, con ORAU y ACONADIYSH del lado peruano y OPIRJ y APIWTXA del lado brasileño. No es un invento reciente ni la ocurrencia de una gestión: llevamos cinco años en esto, con asambleas comunitarias, congresos y encuentros binacionales. Lo que hicimos fue nombrar y ordenar un tejido territorial que ya existía antes de que existiera la línea de frontera.

Cada vez que presentamos esto nos preguntan lo mismo: si estamos reclamando un territorio fuera del control estatal. La respuesta es no, y conviene entenderla bien. Lo que estamos construyendo es una autonomía dentro del Estado: una autoridad territorial indígena que decida en asamblea qué se hace con el bosque, cómo se vigilan los ríos, cómo se resuelve la superposición de intereses entre pueblos distintos. Esas estructuras no sustituyen al Estado. Llenan el hueco que el Estado dejó y, al mismo tiempo, nos dan la fuerza organizada para exigirle que cumpla lo que firmó, empezando por el Convenio 169 de la OIT.

Lo digo con todas sus letras: la autonomía indígena es la garantía de la presencia del Estado, no su negación. Llevamos décadas pidiendo esa presencia con oficios y solo recibimos promesas. Hoy la pedimos con una plataforma binacional que puede recibir al Estado, coordinar con él y evaluarlo.

Hay una razón adicional para la urgencia. En esta misma franja está la Reserva Indígena Murunahua, de 470.305,89 hectáreas, creada para proteger a los pueblos Chitonahua y Mashco Piro en aislamiento y al pueblo Amahuaca en contacto inicial. Son los más vulnerables entre los vulnerables: un contacto no controlado, una epidemia o una invasión pueden significar su exterminio. Desde 2011 venimos sosteniendo ante el Estado la propuesta del Corredor Territorial Pano Arawak, en el marco de la Ley 28736, y seguimos esperando una implementación con fuerza real. Valoramos que en mayo de 2026 los ministerios de Salud del Perú y del Brasil se reunieran en Pucallpa con la OPS/OMS para avanzar en un plan de contingencia binacional; pero un plan sanitario para los PIACI que se diseña sin las organizaciones indígenas en la mesa nace incompleto.

El 28 de julio de 2026 asumió un nuevo gobierno en el Perú, y con él se abre una ventana que no deberíamos desperdiciar. La seguridad soberana en la Amazonía no se defiende con anuncios en Lima: se defiende con presencia efectiva en el Hito 38, en el Hito 40C y en cada punto donde hoy el crimen organizado transnacional entra y sale sin que nadie lo registre. Nosotros somos la primera información, la primera alerta, la única presencia y muchas veces la única muerte. Tratarnos como aliados estratégicos de la seguridad nacional, y no como una zona ingobernable que hay que administrar desde lejos, es exactamente la diferencia entre una frontera protegida y una frontera entregada.

Al Brasil le decimos lo mismo, porque el Comando Vermelho y otros grupos criminales cruzan la línea en ambos sentidos y ninguna estrategia unilateral va a funcionar. Hace falta coordinación binacional de inteligencia, patrullaje conjunto y persecución penal articulada, con las organizaciones indígenas fronterizas como socias reconocidas y no como observadoras invitadas.

Y hace falta entender que la ausencia de servicios no es un problema aparte del problema de seguridad: es su antesala. Donde no hay posta, ni escuela intercultural, ni energía, ni alternativa económica, la economía ilegal ofrece lo único que parece llegar rápido. Educación intercultural bilingüe con maestros formados en su propia cultura, salud itinerante que cruce la frontera sin condiciones, conectividad, transporte fluvial y economías indígenas sostenibles no son concesiones: son política de seguridad.

No pedimos privilegios. Pedimos que el Estado peruano y el Estado brasileño cumplan lo que les corresponde en un territorio donde, durante décadas, solo estuvimos nosotros. La Guardia Indígena Transfronteriza y la reapertura del Hito 38 ya demostraron que los pueblos indígenas sabemos organizarnos frente a la crisis. Falta que los gobiernos respondan con la misma determinación.  El Yurúa–Juruá–Alto Tamaya no es una frontera olvidada. Es un territorio vivo, binacional, defendido por sus propios pueblos. Lo único que esperamos es que deje de ser un territorio abandonado.

Mientras la delegación oficial cumplía con la actividad protocolar, varios damnificados esperaban ser escuchados.

"Solo nos han entregado las carpas. En mi familia somos diez personas y esas carpas son para cuatro o cinco. Queremos que la presidenta nos escuche. Nadie nos apoya", reclamó una vecina de Chongos Bajo.

Concluida la ceremonia, aunque no pudimos conversar con la presidenta Fujimori, quien sí nos respondió fue el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González: "Estamos trabajando. Vamos a entregar ahora 1.236 viviendas del programa Sitio Propio. Ya hemos firmado un convenio con la comunidad de Pumpunya y seguiremos trabajando a tiempo completo. Somos un gobierno de acción", afirmó.

Consultado por La República sobre los reclamos de familias que afirman no haber recibido ayuda y aseguraban que las comunidades más alejadas seguían esperando atención, respondió que él mismo acababa de recorrer la zona.

"Estoy viniendo de ahí. Hemos firmado un convenio con el presidente de la comunidad y estamos trabajando en el epicentro.", insistió.

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"NADIE NOS HACE CASO"

Apenas a diez minutos del lugar donde estuvo la presidenta, el panorama cambia. En la comunidad de Ánimas todavía se observan viviendas colapsadas, muros inclinados y familias que continúan viviendo entre escombros y carpas. Las familias ahora pernoctan en carpas que se utilizarían para los damnificados del próximo fenómeno de El Niño, pero que debieron ser trasladadas a Junín para atender la emergencia sísmica. Se alimentan gracias a las ollas comunes que conformaron.

Luis Romero Salazar, uno de los vecinos afectados, intentó acercarse a la presidenta durante la visita. "Nadie me hizo caso. Quise conversar con la presidenta y la Policía me sacó", cuenta. Según su relato, ni el Gobierno Regional de Junín ni la Municipalidad de Chupaca se preocupan por ellos.

Mientras tanto, personal de comunicaciones del Ministerio de Educación le pedía que grabara un mensaje de agradecimiento por los módulos educativos instalados en la zona. Su preocupación era otra.

"Solo les pedimos que traigan maquinaria para retirar los escombros. Déjenlo limpio y nosotros veremos cómo reconstruimos nuestras casas. Aunque sea, sacaremos préstamos. Las carpas las hemos tenido que exigir, casi pedir a la fuerza. No sabemos hasta cuándo viviremos así”.

Su vecina se llama María Gaspar Ríos y tiene 70 años. "¿A dónde más voy a ir?", se pregunta, mientras observa el lugar donde vivió durante cuatro décadas. Entre los escombros todavía permanecen las gallinas y los cuyes que cría para sostener su economía familiar. "Nadie nos apoya ni nos ha dicho nada. En la noche hay heladas. Hace mucho frío”, declara.

Otra vecina, la señora Juana, cuenta que ahora duerme en una carpa junto a tres hijos y un nieto. "Mis hijos se están enfermando por el frío. Ya no tenemos cómo sobrevivir. En el primer sismo se escaparon mis cuyes y otros murieron entre los escombros”, señala.

La situación también alcanza a la familia Navarra Castañeda. "No podemos dormir. El otro día quisieron entrar a robar mi criadero de cuyes. Tuvimos que salir todos de la comunidad. Esa es nuestra única forma de sobrevivir", relata Soledad.

Sus hijos asistirán ahora a clases en los módulos temporales. "No sé si serán suficientes. Han traído seis domos para unos doscientos estudiantes”, indica.

LA RESPUESTA DE SHEPUT

Los testimonios de los damnificados contrastaban con el mensaje que minutos antes habían dado los ministros.

Por eso, La República preguntó al ministro de Trabajo, Juan Sheput, que se encontraba revisando los daños en la iglesia de Chongos Bajo, por los reclamos de los vecinos que aseguraban que la ayuda todavía no llegaba a varias comunidades.

"Están equivocados", respondió: "Desde el primer día la presidenta ha estado presente. Ya hay avances en vivienda, educación, salud y programas sociales. Quien dice eso es malintencionado o tiene una posición perversa”.

Cuando se le precisó que las declaraciones correspondían a los propios damnificados y se le preguntó si también consideraba "equivocados" a los comuneros, respondió mirando al periodista: "Usted”.

Acto seguido se retiró acompañado por su equipo de seguridad.

EL COMPROMISO

Uno de sus acompañantes era el alcalde provincial de Chupaca, Luis Bastidas Vásquez, quien accedió a la entrevista y sostuvo que la atención aún se encuentra en proceso y pidió tiempo para completar la respuesta del Estado.

"Prometo visitar todos los lugares. Primero vino la emergencia y se entregaron carpas, camas, colchones y frazadas. Ahora corresponde la reconstrucción”, explica.

Según indicó, el objetivo es atender cerca de mil viviendas afectadas. "No se puede hacer en una semana. Yo calculo que durante este mes se debe llegar al cien por ciento. Se han traído módulos educativos y viviendas temporales. El compromiso es atender a toda la población. Si no se cumple, yo seré el primero en reclamar”, manifiesta.

Sin embargo, dicho compromiso está solo en palabras: "No hay documentos firmados, son acuerdos que se han tenido, son compromisos que se están cumpliendo. No puedo decir lo contrario".

El pronunciamiento reúne a más de cien académicos de universidades de España, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica e Italia. Entre los firmantes figuran nombres de peso en el derecho penal iberoamericano: Eugenio Raúl Zaffaroni, Baltasar Garzón y Luis Arroyo Zapatero. El documento lleva fecha del 6 de agosto y circula bajo el título "Profesoras y profesores de derecho penal y criminología de Iberoamérica ante el doctorado honoris causa concedido por la Universidad de San Martín de Porres de Lima al presidente argentino Milei".

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Los docentes de derecho penal no solo exigen la anulación del grado. También anunciaron que suspenden toda participación académica con la USMP mientras la distinción se mantenga. Eso incluye cursos, seminarios, jurados de tesis y comités editoriales de las publicaciones de la universidad. La medida busca presionar a la casa de estudios desde el frente académico internacional, no solo con un texto de protesta.

El caso de Zaffaroni tiene un peso simbólico particular en el comunicado. El propio jurista recibió el honoris causa de la USMP en 2009. Ahora anuncia que devuelve esa distinción como gesto de rechazo a la decisión de honrar a Milei. Los firmantes invitan a otras personas que recibieron títulos honoríficos de la misma universidad a evaluar un gesto similar.

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Los argumentos detrás del rechazo académico

El comunicado apela a la historia de la propia facultad para sostener su reclamo. Cita a dos referentes del derecho penal peruano que enseñaron ahí: Raúl Peña Cabrera y Felipe Villavicencio Terreros. Según los firmantes, ambos construyeron su obra sobre la idea de que el derecho penal debe limitar el poder del Estado, no ampliarlo. Por eso consideran que honrar a Milei rompe con esa tradición académica.

Los docentes también cuestionan políticas concretas del gobierno argentino. Mencionan el veto de Milei a una ley de financiamiento universitario, que el Congreso argentino terminó por ratificar pese al rechazo presidencial. Citan además datos sobre cierre de empresas, pérdida de empleo y aumento de suicidios en Argentina, atribuidos a medios locales como Crónica y Nueva Ciudad. Estas cifras forman parte de los argumentos del propio comunicado y no fueron verificadas de manera independiente por este medio.

El texto suma otros dos frentes de crítica. Uno es la represión de protestas sociales en Argentina, con el caso del reportero gráfico Pablo Grillo como ejemplo central. El otro es el estilo del discurso presidencial: los firmantes cuestionan que Milei haya llamado a sus opositores "lo peor que existe sobre la Tierra" en declaraciones tras la ceremonia. Los académicos aclaran, eso sí, que su rechazo apunta a las autoridades que tomaron la decisión, no a los estudiantes ni al resto de la comunidad universitaria de la USMP.

"Yo le di una medida de gracia a Alberto Fujimori. Con malas consecuencias para mí, pero yo, en la campaña del 2016, ya hablaba de que no podía estar tanto tiempo en la cárcel con un cáncer. Eso fue una iniciativa mía. (…) Yo creo que Toledo no debe morir en la cárcel. Él podría irse a su casa en Camacho", indicó el expresidente en RPP.

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Como se sabe, PPK mantuvo una relación política con Alejandro Toledo. El exlíder del extinto partido Peruanos por el Kambio fue ministro de Economía durante el gobierno de Toledo.

Toledo ha presentado un pedido de gracia presidencial alegando que padece un cuadro de depresión y ansiedad. La decisión ahora corresponde al Gobierno de Keiko Fujimori y a la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

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Toledo envió mensaje a Fujimori

El último domingo, Alejandro Toledo envió un mensaje a la presidenta Keiko Fujimori para solicitarle que acelere el trámite de su pedido de gracia presidencial y pueda salir de prisión.

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"Le pido a la señora Keiko Fujimori que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que, por favor, acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel", declaró en el programa Sin Rodeos.

Además de la ansiedad y depresión que asegura padecer, el expresidente detalló que también tiene cáncer y serios problemas cardiacos. Toledo señaló que, de aprobarse su pedido de indulto, continuará su tratamiento médico en el centro correspondiente.

La condena se originó en noviembre del 2025. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional determinó que Vizcarra recibió sobornos por 2.3 millones de soles de parte de dos consorcios empresariales, Obrainsa e ICCGSA. A cambio, estas empresas obtuvieron la adjudicación de dos obras públicas en Moquegua: el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional. Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando el exmandatario era gobernador regional.

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Vizcarra permanece recluido desde entonces. El fallo incluyó, además de la pena de cárcel, nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 94,900 soles y una reparación civil de 2,336,000 soles. La sentencia no admite suspensión, así que el exgobernador ingresó de inmediato a prisión, pese a que su condena todavía no queda firme.

El expediente llega a esta nueva audiencia después de varios reveses para la defensa. El Tribunal Constitucional rechazó en junio un habeas corpus con el que Vizcarra buscaba anular todo el juicio oral. También falló en su contra la Primera Sala Constitucional de Lima, que declaró improcedente otro recurso destinado a suspender la ejecución de la pena mientras se resolvía la apelación. Ninguno de esos intentos logró frenar su permanencia en Barbadillo.

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¿Qué se espera para la audiencia del 20 de agosto?

La resolución que fija la fecha establece que la presencia de la parte apelante es obligatoria. Si la defensa de Vizcarra no asiste a la sesión virtual, el recurso puede declararse inadmisible, según lo dispone el artículo 423 del Código Procesal Penal. Esa exigencia deja poco margen de maniobra para dilatar el proceso.

El desenlace no solo puede confirmar o anular la sentencia. Existe también la posibilidad de un aumento de pena. El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, recordó que la Fiscalía pidió inicialmente 15 años de cárcel, un año más de los que finalmente impuso el juzgado. Esa diferencia queda ahora en manos de los jueces superiores.

El caso judicial de Martín Vizcarra no se limita a esta causa. La misma Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional archivó en diciembre del 2025 otro proceso en su contra, por colusión simple, al considerar que los hechos ya habían sido juzgados en el expediente de Lomas de Ilo. Ese antecedente muestra un tribunal que ya conoce a fondo los hechos que ahora debe volver a revisar, esta vez para decidir el futuro de la pena que el expresidente cumple en Barbadillo.

El titular del Senado sostuvo que los avances tecnológicos permiten un trabajo parlamentario más eficiente. Para él, el desempeño de un congresista no debería medirse por su presencia física en el hemiciclo, sino por los resultados de su gestión. Torres también aclaró un punto clave: la propuesta para volver a la presencialidad tendrá que pasar primero por comisiones y debatirse en el Pleno, antes de que ambas cámaras tomen una decisión final.

Quien impulsa el cambio es la diputada Indira Huilca, de la bancada Ahora Nación. Su proyecto lleva la firma de otros cinco congresistas de su agrupación y plantea modificar dos reglamentos: el del Congreso y el de la Cámara de Diputados. El objetivo es que la presencialidad se convierta en la regla y que la virtualidad quede reservada solo para casos puntuales y justificados.

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Otras bancadas coinciden: piden el retorno a la presencialidad

En Renovación Popular, el diputado Frank Krklec se mostró a favor del fondo de la propuesta, aunque a título personal. "En lo personal, estoy de acuerdo con el espíritu del proyecto, que es mejorar la imagen del Congreso", señaló a La República, y aclaró que su bancada todavía no lo discute: "En mi bancada aún no hemos visto ese tema. Estamos más enfocados en el tema de comisiones".

Por otro lado, Roxana Rocha, vocera de la misma bancada parlamentaria, entregó a este diario un documento técnico que recomienda archivar el proyecto, porque no modifica los artículos 87 y 90 de los reglamentos de Diputados y Senado, que hoy permiten el voto remoto, y solo cambia normas generales que no cierran esa puerta.

Desde Juntos por el Perú, la diputada Giannina Avendaño reconoció que su bancada tampoco tiene todavía una posición conjunta, pero adelantó que ella y la mayoría de sus colegas respaldan la iniciativa de Huilca. Avendaño sostuvo que "la participación directa en los debates" es clave tanto para aprobar leyes como para ejercer el control político sobre el Gobierno. La diputada fue más allá y cuestionó el formato actual: "no se puede permitir más el desarrollo de sesiones donde la ciudadanía no puede conocer quiénes participan, si lo hacen y cuál es la posición que defienden en cuestiones que incluso pueden significar un retroceso en derechos adquiridos".

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En Obras, el respaldo llegó sin rodeos. El diputado Víctor Piñán resumió la postura de su bancada en pocas palabras: "Estamos de acuerdo". Consultado sobre el fondo del proyecto, fue directo: "Creemos que las sesiones de comisiones y pleno deben ser 100% presenciales".

El Partido del Buen Gobierno también se sumó al respaldo. El diputado Fernando García afirmó que está "absolutamente de acuerdo" con que el Congreso funcione con presencialidad, tanto en comisiones como en el Pleno, y sostuvo que la virtualidad solo se justificó en su momento por la emergencia del COVID-19. "Yo considero que la virtualidad tiene que ser la excepción a la regla y no puede ser de ninguna manera utilizada (...) como una herramienta como para sacarle la vuelta al debate en la presencialidad", señaló. Señaló, además, que su bancada ya discutió el tema entre varios diputados y senadores, y que hay consenso interno: la presencialidad debe ser la regla, y la virtualidad solo cabe ante una licencia justificada.

Ahora Nación, la bancada de la propia autora del proyecto, ofreció la respuesta más extensa. El diputado César Holguín explicó que la iniciativa busca cerrar un vacío que, según dijo, ya generaba confusión desde el reglamento aprobado por el Congreso anterior. "En vista de que hay esa ambigüedad de interpretación, se ha preferido regular eso de una forma mucho más clara", indicó, en referencia directa a la postura híbrida que defiende Miguel Torres. Holguín remarcó, además, una contradicción dentro de la propia bancada de Fuerza Popular: el reglamento que restringe la virtualidad fue aprobado bajo la presidencia de Arturo Alegría, también de esa agrupación.

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Para el diputado, el llamado de fondo es a la responsabilidad: "nosotros no venimos de unas elecciones virtuales, venimos de unas elecciones presenciales y lo que la gente quiere es un parlamento debatiendo con transparencia". Holguín cerró con un compromiso explícito de su bancada: "vamos a insistir en eso, es un compromiso que tenemos como bancada, y vamos a darle todo el respaldo a la moción que ha presentado nuestra colega".

Otra congresista de Ahora Nación, Marleny Arminta, coincidió con su colega y sumó un argumento adicional. "La pandemia ya acabó. Los ciudadanos que votaron por sus diputados quieren verlos participar en los debates. El nuevo congreso bicameral debe dar una nueva imagen al Perú, con debates alturados, y leyes de calidad", afirmó. Arminta señaló que, tras cada sesión, el contacto directo con la prensa permite a los parlamentarios explicar el sentido de su voto, algo que la ciudadanía necesita conocer sobre el trabajo legislativo de sus representantes en todo el país.

La discrepancia con Torres no queda solo entre bancadas distintas. Dentro de su propio partido también hay voces que se apartan de su postura. El senador Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, contó que un dirigente histórico de su agrupación, Pier Figari, ya se pronunció a favor de la presencialidad, y adelantó que él comparte esa misma posición. Aguinaga explicó su razón con un argumento distinto al de sus colegas: para él, el debate cara a cara tiene un valor que la pantalla no reemplaza. "Te permite el debate ideológico, no es lo mismo cuando tú escuchas a través de internet, la gesticulación o los tonos de voz muchas veces son monocordes. No te permite conocer a la gente, cuando hay presencial te permite un buen debate ideológico, un buen debate de propuestas", señaló.

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"El problema no es la tecnología": la mirada de un exoficial mayor del Congreso

César Delgado, exoficial mayor del Congreso, planteó una lectura distinta del problema. Para él, la discusión no debería centrarse en prohibir la virtualidad, sino en el comportamiento de quienes la usan. "El problema no es que se prohíba la virtualidad o las sesiones remotas (...) el problema es que quienes han sido elegidos como representantes parecen no tener la suficiente disposición ética para comportarse de acuerdo a las oportunidades que genera la virtualidad", sostuvo.

Delgado comparó la virtualidad con otras tecnologías que llegaron para quedarse. "La virtualidad ha venido para no irse", afirmó, y puso como ejemplo la imprenta: así como esta transformó la manera de comunicarse por escrito, la conexión remota ya forma parte del funcionamiento del Estado. Para el exfuncionario, castigar el uso de la tecnología no resuelve nada: "lo que repudiamos no es que se use la virtualidad, lo que se repudia es el mal uso que hacen de ella quienes han sido elegidos como representantes".

El exoficial mayor situó el origen del problema en los partidos políticos, no en el reglamento. Sostuvo que las agrupaciones no capacitan ni filtran a sus candidatos antes de proponerlos como representantes, y que eso explica el mal uso de la virtualidad en el Congreso. "Estamos equivocando el diagnóstico. El diagnóstico no es la tecnología, el diagnóstico es que los propios representantes no cumplen con las exigencias del puesto porque nos han propuesto a malos candidatos los simulacros de partidos políticos que tenemos", concluyó.

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¿Qué plantea el proyecto de Indira Huilca?

La iniciativa se llama Proyecto de Resolución Legislativa N.º 001-2026-2031-CD. Su nombre completo es "Proposición de resolución legislativa que modifica los reglamentos parlamentarios para garantizar el trabajo presencial". El texto busca que asistir en persona a las sesiones deje de ser una opción y se convierta en una obligación clara para todos los parlamentarios, sin excepciones de por medio salvo las que la propia norma detalla.

El proyecto no elimina la virtualidad por completo. Contempla tres situaciones en las que un congresista sí podría conectarse a distancia: cuando tenga licencia por viaje fuera de Lima, cuando esté de licencia por viaje al extranjero, o cuando cuente con licencia por enfermedad. Fuera de esos tres casos, tanto diputados como senadores tendrían que asistir de forma presencial al Pleno, a la Comisión Permanente y a las comisiones de las que formen parte.

Huilca defendió su propuesta con un argumento directo: la virtualidad fue útil durante la pandemia, pero esa etapa ya terminó. La diputada considera que mantener esta modalidad sin control abrió paso a un uso excesivo, con parlamentarios que participan de las sesiones sin estar realmente presentes en el debate. Para ella, el trabajo legislativo exige deliberación directa y no puede sostenerse solo a través de una pantalla.

A través de un oficio enviado a este medio, Gonzáles marcó distancia de las declaraciones del presidente del JNE. Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro oficializó la candidatura de Rafael López Aliaga al cargo de teniente alcalde de Lima Metropolitana. Tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la alcaldía de Lima, López Aliaga asumiría como candidato de Renovación Popular para dicho cargo.

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"Estamos viendo que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario", fueron las declaraciones de Roberto Burneo tras conocerse la oficialización de la candidatura de López Aliaga.

Hasta el momento, los demás miembros titulares del Pleno del JNE no se han pronunciado sobre la denominada reelección encubierta de López Aliaga.

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Durante una conferencia en el Ilustre Colegio de Abogados de Piura, Burneo fue consultado por los múltiples casos de reelección encubierta a nivel nacional.

Sobre esto, contextualizó el tema explicando que en el año 2015 se hizo una reforma a los artículos 191 y 194 de la Constitución y prohibió la reelección inmediata para gobernadores regionales y alcaldes.

"Nosotros cumplimos con esa regla, pero también el legislador que hizo esa reforma dejó algunas puertas, ventanas, como se le quiera llamar. En función de ello no estableció prohibiciones para que, a través de otros mecanismos, puedan participar los alcaldes que dejaban el ejercicio", dijo.

Mencionó que, tras ello, se observa en todo el país "que ciertos alcaldes participan como primer regidor, primer consejero o de pronto participan siendo alcaldes distritales, saltan a alcalde provincial y saltan luego a gobierno regional".

Consideró que, con un proceso electoral en curso, no es función del JNE establecer reglas que el legislador no haya querido o haya omitido.

Insistió en que el JNE actúa siguiendo el marco normativo existente. "Está prohibida la reelección. Lo que no está prohibido es que un candidato con la condición de alcalde pueda postular como regidor o consejero regional. Que eso genere que, finalmente, estas personas puedan acceder a uno de estos cargos es propio del marco normativo que el legislador ha dado. ¿Tenemos que ponerla en agenda? Sí, ver lo que queremos para el futuro", resaltó y exhortó a votar pensando en la lista completa.

Poner en agenda

En ese sentido, comentó que es necesario poner en agenda un debate integral del sistema electoral.

"Uno de los puntos que vamos a priorizar es, sobre la base de nuestra iniciativa legislativa, dar esas propuestas (legislativas) a efectos de fortalecer el sistema y poner en debate este tema (reelección encubierta) y otros más que han sido materia de reformas constitucionales que impactan en el sistema electoral y en el sentir de la población", anotó.

A su vez, recordó que la Constitución del 93 no prohibía la reelección de autoridades locales y ello se debía a que se percibía que cuatro años se quedaban cortos.

Luego, al analizar la situación actual consideró que "el legislador está de espaldas a la realidad".

"Si nosotros vemos, en algunas localidades, tenemos solo una lista en ciertos distritos. ¿Por qué? porque es complicado que alguien se anime a postular. Son temas que se deben debatir seriamente no desde la lógica de Lima que, a veces está de espaldas de las realidades a nivel nacional, sino de la lógica de Perú", resaltó y añadió que la crítica no solo debe limitarse a la prohibición sino a lo que se busca en el futuro.

“Ese es el debate que debemos tener. La realidad del país es más amplia de lo que vemos en Lima. Hay muchas particularidades. No debe ser agenda del año electoral, sino de ahorita. El próximo proceso no empieza en la próxima convocatoria, sino desde que el JNE proclamó el cierre de las Elecciones Generales y cuando cerremos las Elecciones Regionales y Municipales”, anotó.

En otro momento, Burneo fue consultado por casos en los que algún candidato presenta sentencias o antecedentes. Al respecto, indicó que el JNE se limita a seguir el marco normativo (para admitir o no una candidatura) y que en el proceso electoral en curso no se puede realizar ningún cambio, sin embargo, mencionó que debe poner en agenda.

"No en el tema penal, sino en el de idoneidad. Finalmente, quien mide la idoneidad es el ciudadano. Las personas deben dar un voto consciente y también tienen responsabilidad las organizaciones políticas para revisar las hojas de vida de sus candidatos", manifestó.

La declaración del titular del MEF llega luego de varias semanas en las que el Ejecutivo ha reiterado que la iniciativa se enviará al Parlamento, un trámite que debió concretarse tras la sesión del Consejo de Ministros del pasado domingo 2 de agosto para aprobar la versión definitiva, pero que continúa sin fecha fija.

Al profundizar en las razones del retraso, Cuba detalló que las trabas administrativas afectan incluso la oficialización de su propio equipo y que aún no hay una fecha definitiva para la presentación del pedido de facultades legislativas.

"Las fechas las estábamos manejando (…) hay burocracia que retrasa incluso el nombramiento de los viceministros. En mi caso en particular, el equipo estaba listo semanas antes, pero recién se ha puesto en la norma el lunes cuando ya veníamos trabajándolo hace varias semanas. Entonces, ese tipo de retrasos nos está llevando a esa fecha que todavía no está fija", señaló.

Keiko Fujimori indica que el pedido se presentará ante el Parlamento la próxima semana

Keiko Fujimori también se pronunció sobre el eventual envío del pedido al Parlamento tras haberse suspendido la reunión del Consejo de Ministros para aprobar el texto final. Indicó que el miércoles se juntaron para debatir sobre ello y que, según sus cálculos, "la semana siguiente estará el texto para ser presentado al Congreso de la República".

Asimismo, agregó que espera que el Congreso conozca con mayor profundidad la propuesta y que los ministros acudan a las comisiones para explicar el detalle.

"Lo que esperamos es un debate amplio. Como sabemos, también como es parte de la tradición, varios ministros van a ser invitados a las comisiones ordinarias que ya están establecidas, y acudirán y explicarán gran parte de cuál es la visión y lo que queremos de cara a este pedido de facultades".