¿Cuándo será el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se llevará a cabo el domingo 31 de mayo desde las 8.00 p. m. Según informó el JNE, el evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

Para esta jornada, el JNE estableció cuatro bloques temáticos que serán desarrollados por ambos aspirantes presidenciales. Los temas comprenden seguridad ciudadana, democracia y derechos humanos, educación y salud, además de economía, empleo y reducción de la pobreza.

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Cada bloque comenzará con preguntas planteadas por ciudadanos y escogidas previamente por la organización del debate. Luego de ello, los candidatos tendrán un tiempo determinado para responder, debatir y sustentar sus propuestas. Asimismo, se utilizará el mecanismo denominado 'bolsón de tiempo', mediante el cual podrán administrar los minutos asignados durante sus participaciones.

Se estima que el debate presidencial durará aproximadamente una hora con 40 minutos. Al cierre del evento, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez dispondrán de dos minutos finales para enviar un mensaje a la ciudadanía.

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¿Dónde ver el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial organizado por el JNE será transmitido por señal abierta y plataformas digitales. La cobertura estará a cargo de TV Perú y también podrá seguirse mediante las redes sociales oficiales del organismo electoral, permitiendo que los ciudadanos accedan desde celulares, computadoras o tabletas.

Además, podrás seguir el minuto a minuto en las transmisiones en vivo de La República por su canal de YouTube y su página web.

El encuentro posiblemente sea el último cara a cara entre ambos candidatos antes de la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio.

Según la información difundida por la JNJ, Loyola obtuvo 40 puntos en el apartado de experiencia y trayectoria profesional, mientras que Ortega alcanzó 36. Ambos candidatos recibieron 35 puntos en la evaluación de formación académica y no sumaron puntaje en el criterio de experiencia en investigación. Con estos resultados, superaron el mínimo de 70 puntos requerido para continuar en el proceso de selección.

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La siguiente etapa contempla la evaluación de los planes de trabajo presentados por los postulantes, así como una entrevista personal ante el comité evaluador. Quien resulte elegido asumirá la conducción de la institución electoral.

La elección del nuevo jefe de la ONPE se produce tras la renuncia de Piero Corvetto, quien fue cuestionado por el manejo de la primera vuelta electoral realizada el 12 de abril. Corvetto es actualmente investigado por presuntos actos de corrupción. Por el momento, y a pocos días de la segunda vuelta presidencial, la ONPE se encuentra bajo la dirección de Bernardo Pachas, quien asumió el cargo tras la salida de Corvetto.

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Según explicaron las organizadoras, el evento ya contaba con una aprobación previa. Entre las invitadas confirmadas, estaba la exministra Marisol Pérez Tello, la periodista Clara Elvira Ospina, la profesora universitaria española Natalia Manso y la líder del colectivo, Inés Agresott.

Sin embargo, los problemas comenzaron cuando se decidió incluir en el panel de conversación a la virtual senadora Ruth Luque Ibarra.

A partir de ese momento, funcionarios del LUM y del Ministerio de Cultura empezaron a poner trabas y exigieron la entrega del borrador completo del libro para someterlo a una evaluación interna.

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Ante la falta de respuestas finales por parte de la institución, el colectivo denunció que "el silencio administrativo terminó funcionando como mecanismo de veto".

Asimismo, calificaron el hecho como un acto discriminatorio y político "Denunciamos que esta censura tiene una motivación política, pero también profundamente xenófoba, racista y misógina".

El gremio también lamentó que este tipo de exclusiones ocurran en un espacio público que fue creado justamente para defender los derechos humanos.

En diálogo con La República, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), cuestionó la decisión del Estado y advirtió que vetar la historia de mujeres migrantes que sufren maltrato “envía una señal de intolerancia frente a las voces críticas”.

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La activista señaló que, cuando una institución pública limita las expresiones que exigen el respeto de los derechos humanos, el género y la migración, se corre el riesgo de reforzar un escenario en el que ciertas poblaciones sienten que sus experiencias no merecen ser escuchadas.

“Silenciar sus testimonios reproduce justamente las desigualdades que espacios como el LUM deberían ayudar a cuestionar y transformar”, declaró.

Al ser consultada sobre si existe un control político o un retroceso por parte del Gobierno al decidir qué memorias se pueden contar, Pariona respondió que la cultura no debe responder a presiones.

“La memoria en una sociedad democrática no debería estar sujeta a una lógica de control político o ideológico. Cuando el Estado o instituciones bajo presión política definen qué historias son ‘aceptables’ y cuáles deben ser excluidas, se debilita el principio de pluralidad”.

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Con relación al rol del Ministerio de Cultura en este caso, la secretaria de la CNDDHH mostró su preocupación por el silencio de la institución ante eventos anteriores que también fueron censurados. “Lo que preocupa es que se convierta en un patrón de restricciones crecientes a espacios culturales”.

En esa misma línea, advirtió que bloquear estas actividades de forma arbitraria perjudica las iniciativas de diversos colectivos. “Muchas organizaciones civiles, especialmente colectivos feministas, indígenas, migrantes o de derechos humanos, trabajan con recursos limitados y sostienen sus acciones gracias al esfuerzo militante y comunitario”.

Asimismo, la especialista concluyó que el mensaje oculto detrás de estos bloqueos es que ciertos temas "incomodan" a las autoridades. Y explicó que las organizaciones, artistas y activistas pueden desistir de usar los espacios públicos estatales para evitar ser censurados nuevamente.

De qué trata el libro

El libro contiene imágenes y testimonios que resumen 10 años de esfuerzo del colectivo desde el 2015 hasta la actualidad.

En el libro se abordan las historias de vida de extranjeras, muchas de ellas esposas, mamás y abuelas de peruanos, que sufrieron maltratos, discriminación por su nacionalidad, racismo y el abandono de las autoridades.

El libro muestra cómo estas mujeres decidieron unirse para protegerse, exigir respeto a sus derechos y salir adelante en el Perú.

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Rechazo político y cambio de local

Por su parte, la congresista Ruth Luque expresó su indignación a través de sus redes sociales. La virtual senadora respaldó a las mujeres afectadas y criticando la doble moral de la institución, argumentando que el pasado 19 de mayo el LUM sí prestó sus instalaciones para un evento con parlamentarios de otras bancadas.

"Resulta especialmente grave en un espacio que debe garantizar la pluralidad, la memoria y la libertad de expresión. No podemos normalizar prácticas de veto o censura en instituciones públicas", dijo Luque por medio de su cuenta de X.

Debido a este incidente, la organización se vio obligada a buscar un nuevo escenario para que se difundan los testimonios de las mujeres violentadas.

El evento se realizará el miércoles 3 de junio a las 6:30 p.m., en el Centro Cultural Cayetano Heredia ubicado en el distrito de Miraflores.

A través de una resolución oficial, el ministerio informó el cambio de mando y nombró de manera interina a Sonia Valentina Molina Gonzáles, funcionaria que asumirá la dirección del museo de manera temporal a partir de este viernes 29 de mayo de 2026.

Censura del libro

El problema comenzó cuando el Colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas acusó al Ministerio de Cultura de vetar arbitrariamente la presentación de su libro 'Mujeres Migrantes Maltratadas – Perú. Diez años de presencia y lucha', programado para el miércoles 3 de junio en el auditorio del LUM.

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Según las organizadoras, el evento ya tenía los permisos aprobados y contaba con invitadas confirmadas como la exministra Marisol Pérez Tello y la periodista Clara Elvira Ospina. Sin embargo, los problemas empezaron cuando se anunció que en el panel también participaría la virtual senadora Ruth Luque Ibarra.

A partir de ese momento, los funcionarios del LUM exigieron copias completas del texto para una evaluación interna. Y, al no recibir respuestas finales, el colectivo denunció que se usó el silencio burocrático como un mecanismo de veto "político, xenófobo, racista y misógino".

El rechazo de los defensores de derechos humanos

En diálogo con La República, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), criticó la censura del escrito.

La activista advirtió que prohibir este tipo de libros manda un mensaje de intolerancia y hace que las víctimas sientan que sus historias no merecen ser escuchadas por el Estado.

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Al ser consultada sobre si existía un control político para decidir qué historias se pueden contar, Pariona indicó que “la memoria en una sociedad democrática no debería estar sujeta a una lógica de control político o ideológico”.

Además, la representante de la CNDDHH explicó que este tipo de obstáculos perjudica a los colectivos de mujeres, indígenas y migrantes que trabajan con recursos muy limitados.

“Muchas organizaciones civiles, especialmente colectivos feministas, indígenas, migrantes o de derechos humanos, trabajan con recursos limitados y sostienen sus acciones gracias al esfuerzo militante y comunitario”, explicó Pariona.

Asimismo, mencionó que el miedo a sufrir consecuencias institucionales provoca que artistas y activistas dejen de usar los espacios públicos del Estado para evitar ser rechazados.

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Marisol Pérez Tello rechaza censura

Por medio de sus redes sociales, la exministra de Justicia, quien había sido invitada a la presentación, señaló que el LUM estaba siendo tomado.

Además, cuestionó que se haya suspendido la presentación del libro en el LUM, al ser este museo un lugar para recordar la historia. “La memoria no se destruye y no debe usarse para excluir. Una pena”, señaló.

De igual forma, invitó a las personas a participar del evento, ya que la presentación sí se realizará, pero en otro espacio.

Cambio de local

Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque usó sus redes sociales para respaldar a las mujeres afectadas y criticar lo sucedido.

“Resulta especialmente grave en un espacio que debe garantizar la pluralidad, la memoria y la libertad de expresión. No podemos normalizar prácticas de veto o censura en instituciones públicas", protestó Luque a través de su cuenta de X.

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Debido al incidente, el colectivo se vio obligado a cambiar de escenario para poder difundir los testimonios de las mujeres violentadas.

La presentación se realizará en la misma fecha prevista, el miércoles 3 de junio a las 6.30 p. m., pero en el Centro Cultural Cayetano Heredia en Miraflores.

Los organizadores pidieron a la ciudadanía no votar en blanco ni viciar su voto en las próximas elecciones. Sobre esto, Jhoana Arbizagasti, una de las representantes de la marcha, señaló que un voto viciado o en blanco es un voto perdido y favorece a la lideresa de Fuerza Popular.

En la misma línea, los impulsores criticaron las recientes leyes aprobadas por el Congreso, a las que calificaron como parte de un 'pacto mafioso' que debilita al país.

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En la conferencia estuvo Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, quien respaldó la movilización y aclaró la postura de su partido frente al fujimorismo. “Nuestra presencia aquí ratifica nuestro compromiso con la democracia”.

La postura de Juntos por el Perú ante el fujimorismo

Zunini también respondió a los cuestionamientos de la defensa legal de Fuerza Popular tras una denuncia presentada por su partido. Al respecto, el dirigente aseguró que han reunido pruebas.

“Nosotros hemos encontrado más elementos de convicción de los que ha encontrado la fiscalía con Pedro Castillo para utilizarlo como conspiración de golpe de estado”.

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Por otro lado, el secretario de Juntos por el Perú reveló detalles sobre el momento vivido con la congresista Rosángela Barbarán en el debate técnico. Según Zunini, la discusión empezó por las leyes “pro crimen” aprobadas en el Parlamento.

“Lo que causó gracia es que ella misma se refirió a estas leyes como 'leyes pro crimen'. Y yo le dije que si defiende estas leyes que se lo comunique a la gente”.

Mirtha Vásquez advierte sobre una posible dictadura

La virtual senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) recordó que el fujimorismo ya gobierna desde el Congreso y advirtió que, si se permite que llegue al Ejecutivo, “va a ser la consolidación de la dictadura”.

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Vásquez respaldó la candidatura de Roberto Sánchez a nombre de Ahora Nación y señaló que JP ha asumido el compromiso de cumplir con las condiciones del partido del casco.

“Han recibido el compromiso de Juntos por el Perú de que sí lo va a cumplir, igual uno no puede confiar solo en la palabra, debemos de confiar en el proceso".

Voces que exigen justicia social

En la conferencia de prensa también participaron familiares de víctimas de la violencia de los años 80 y 90, así como de los fallecidos durante las protestas en los gobiernos de Manuel Merino y Dina Boluarte.

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Gisela Ortíz, defensora de los derechos humanos y vocera de las víctimas de crímenes de Estado, explicó la importancia de mantener viva la memoria en cada proceso electoral.

“Las razones que tenemos para decir Keiko No Va se levanta cada cinco años y lo hacemos con memoria y levantando las voces de las víctimas”.

En esa misma línea, Guillermo Valdizan, en representación de la Plataforma por la Democracia, destacó el espíritu de lucha y mencionó que “aquí hay un pueblo movilizado que no se ha rendido”.

El sector estudiantil y los colectivos ciudadanos que llevan años protestando contra el fujimorismo también explicaron que sus motivos para salir a las calles son las desapariciones en los años 90.

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Alejandro Palomo, secretario de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC), recordó que su universidad aún exige justicia por Ernesto Castillo Páez, un compañero que desapareció en los años 90, y convocó a todos los universitarios del país a sumarse a la protesta.

Por su parte, las fundadoras del colectivo No a Keiko, que nació hace 15 años, pidieron a las nuevas generaciones sumarse a las marchas. Además, la movilización también dará voz a minorías y comunidades vulnerables que se sienten afectadas por la actual crisis política.

Rechazo a los abusos del pasado y leyes actuales

María Elena Carbajal, presidenta de la asociación de víctimas de esterilizaciones forzadas (AMFEP), recordó los abusos sufridos durante el gobierno de Alberto Fujimori.

“Fuimos esterilizadas contra nuestra voluntad, Keiko ha vulnerado los derechos siendo primera dama, ahora lo seguirá haciendo. Esterilizaciones forzadas nunca más”.

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Por otro lado, Eduardo Quintanilla, representante de la Coalición Neurodivergentes, calificó como una vergüenza que la candidata se burle de las personas con discapacidad, mientras que Ángela Villón, en nombre de las trabajadoras sexuales, dijo que son las principales afectadas por las leyes pro crimen, ya que debilitan la seguridad.

Los movimientos de trabajadores y colectivos ambientalistas también explicaron el impacto negativo que tendría un eventual gobierno de Fuerza Popular en la economía laboral y el ecosistema.

Julio César Bazán, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), declaró con firmeza: “Los trabajadores no olvidamos lo que significó las políticas laborales del fujimorismo, no podemos permitir que se continúen con más saña”. A su vez, el activista ambiental Henry Córdova denunció que los congresistas fujimoristas han rebajado las exigencias de protección ambiental.

La marcha nacional se llevará a cabo en Lima el sábado 30 de mayo. La concentración principal comenzará a las 5.00 p. m. en la Plaza San Martín.

A 8 días de la segunda vuelta, Juntos por el Perú confirmó que su cierre de campaña se desarrollará en la Plaza Dos de Mayo. El partido liderado por Fujimori también culminará sus actividades en la capital. Ambos partidos darán por finalizado sus mítines el próximo 4 de junio.

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Campaña al filo del tiempo

Roberto Sánchez prepara una campaña masiva en el sur andino. El 1 de junio, en Arequipa, acompañará una caminata, será entrevistado por un medio y participará en un mitin. La misma secuencia realizará el 2 de junio en Cusco, en la plaza Túpac Amaru, a las 4.30 p. m.

Posteriormente, el 3 de junio estará en Puno, en lo que significará su última fecha en la zona sur del país.

Esta semana, el candidato de Juntos por el Perú estuvo en Huánuco, región donde centró su discurso en los problemas hídricos. Señaló que un eventual gobierno suyo priorizaría el sistema de agua potable y la modernización de la planta de tratamiento de Cabritopampa.

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Sánchez también se desplazó a Pucallpa. En un mitin desarrollado en la ciudad amazónica, el candidato se refirió a las recientes declaraciones de Miguel Torres —vicepresidente de la plancha de Fuerza Popular—, quien afirmó que la salida de Pedro Castillo del poder fue impulsada por distintos actores políticos, entre ellos el Ministerio Público y el Congreso. Sostuvo que este escenario explica parte del respaldo que lo llevó a la segunda vuelta electoral.

Expectativa por la semana final de Fujimori

Desde Fuerza Popular, no existe hasta el momento una agenda oficial de las actividades de Fujimori, previo al mitín de cierre de campaña. Sin embargo, la candidata presidencial ha sostenido una fuerte campaña en el norte y oriente del país, pero que no estuvo exenta de polémicas en su paso por el sur.

Esta semana, la lideresa del partido naranja decidió pasar su cumpleaños número 51 en Huancayo, región donde recibió un amplio rechazo de parte de la ciudadanía. Las manifestaciones se concentraron en las calles principales. Incluso, se le impidió el paso a un bus de la orquesta Hermanos Yaipén, agrupación contratada para la actividad proselitista de Fujimori. Sin embargo, pudo realizar su presentación.

Mientras la lideresa realizaba sus actividades de campaña, los agentes de la PNP dispersaron las manifestaciones con bombas lacrimógenas y golpearon a los ciudadanos con sus bastones policiales.

En Arequipa, realizó el jueves un mitin político en un local ubicado cerca del puente Grau, en el centro de la ciudad, en medio de protestas encabezadas por colectivos opositores como Fujimori Nunca Más, Colectivo Sikuris, agrupaciones LGTB, feministas y ciudadanos autoconvocados.

Los manifestantes llegaron con pancartas, peluches en forma de ratas y arengas de “¡Keiko, lárgate de Arequipa!” y “Keiko nunca más”. La movilización, que inicialmente reunió a unas 200 personas, creció hasta alcanzar aproximadamente 700 manifestantes en el óvalo Grau. Durante varios minutos intentaron romper el cordón policial para ingresar al local donde se realizaba el evento de Fuerza Popular, pero los agentes impidieron el acceso. En medio de la tensión, también se registraron cruces de insultos entre protestantes y efectivos policiales.

Bajo esa aproximación editorial, Zileri definió la personalidad de la revista que fundó su madre, Doris Gibson, en 1950. Este principio sobre la fuerza epifánica de la imagen lo podemos apreciar en la muestra El Perú, en clave CARETAS. 75 años de historia fotográfica en el Museo de Arte Contemporáneo hasta el 12 de julio. La hemos visto en dos ocasiones y no podemos dejar de recomendarla, tanto por la obviedad en cuanto a la calidad de las fotografías como por el diálogo que ellas establecen con la actualidad.

En el imaginario cultural peruano, no pocos, por no decir todos, reconocen la riqueza del archivo fotográfico de Caretas. En este orden de cosas, no solo resulta positivo que parte de este inmenso archivo se halle a disposición del público, sino que también la muestra se inscriba en un contexto mayor: el muy buen momento que viene atravesando la fotografía peruana, al que le faltaba una exposición netamente de carácter periodístico.

La muestra se ve como precisó Zileri: como un viaje visual en el que nos encontramos con las fotografías de Víctor Ch. Vargas, Óscar Medrano, Carlos Saavedra, Ruth Enciso, Leoncio Mariscal, Víctor Manrique, Alicia Benavides, Lotta Burenius, Luis Julián, Javier Zapata, Gilmar Pérez, Daphne Dougall de Zileri, Fátima López y Armida Testino, con las que se aborda al Perú contemporáneo desde sus distintas facetas, principalmente, a partir de los años 80.

En El Perú, en clave CARETAS encontramos fotografías icónicas, como la de Óscar Medrano del campesino Edmundo Camana y el reencuentro de ambos después de más de dos décadas; del mismo modo, secuencias del caso Hugo Bustíos, corresponsal de Caretas en Ayacucho que fue asesinado en 1988. En esa serie de fotografías, podemos ver al propio Enrique Zileri, quien hizo suya esa causa que, lamentablemente, ha vuelto a cobrar actualidad a razón de la impunidad. Fotografías de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (la primera que se tuvo del exasesor presidencial a cargo de Carlos Saavedra en 1983) resultan infaltables. Nuestros últimos gobernantes tampoco están ausentes. Vemos a Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí, por citar a algunos. Estas fotografías exhiben la marca de Zileri. ¿En qué se diferencian de otras fotografías de estos personajes? Pues en la chispa del detalle, en la epifanía del gesto y en la confusión de la mirada del personaje. Para los gráficos de Caretas, las fotos tenían que comunicar más allá de su perfección formal. Don Enrique, fue difícil sacar la foto. Había muchos policías que me impedían hacer las tomas, le dijo un histórico gráfico de Caretas durante un infartante cierre de edición. La respuesta de Zileri, aparte de contundente, es a la vez una clase magistral de edición y prueba de su exigencia: yo no publico excusas.

La cultura y el arte no podían faltar. Blanca Varela, Fernando Ampuero, Jeremías Gamboa, Susana Baca y Rember Yahuarcani son algunos de los personajes incluidos. El retrato es otro de los puntales históricos de Caretas. El rostro, la postura y la situación definían la radiación sobre la mera representación. El registro gráfico de la pandemia es igualmente protagónico. Se siente el dolor y la esperanza por salir de esa pesadilla (por ejemplo, una iglesia vacía, en cuyas bancas están las fotografías de cientos de peruanos que murieron, no es un recuerdo lejano).

Se entiende, tal y como sugerimos líneas atrás, que esta es una pequeña parte de un archivo fotográfico inagotable. Esta historia gráfica peruana tiene sabor a Perú. Hay denuncia, pero también picardía; el humor crítico que impuso Zileri en su revista no deja de sentirse. Para él, no existía la trascendencia sin sacrificio. Zileri concebía el periodismo de esa manera. La mediocridad le aturdía aparte de que le quitaba el sueño.

Quien escribe ha sido editor de cultura e inactuales en Caretas. En ese sentido, subrayo la ética y la verdad que hay detrás de estas fotografías. El Perú, en clave CARETAS cuenta con la curaduría de Diana Zileri y Andrés Longhi de la Asociación Ojos Propios. La exposición existe gracias a la gestión de Diana Zileri. Vayan a visitarla.

…

Dato:

Lugar. El MAC: av. Miguel Grau 1511, Barranco. De martes a domingo, de 10 a. m. a 7 p. m. Entradas: entre 8 y 20 soles.

Tal como ocurrió con el debate técnico, el debate presidencial será transmitido a nivel nacional en las redes oficiales del Jurado Nacional de Elecciones.

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Fecha y hora del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El enfrentamiento electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez está programado para el domingo 31 de mayo, a partir de las 8.00 p. m. De acuerdo con lo dispuesto por el JNE, el encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, situado en el distrito de San Borja.

El esquema definido por el JNE establece cuatro ejes temáticos para el debate. Durante la jornada, los candidatos abordarán asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, la educación y la salud, así como la economía, el empleo y la lucha contra la pobreza.

Cada segmento se iniciará con una pregunta formulada por la ciudadanía y seleccionada previamente. A partir de ella, los aspirantes dispondrán de un tiempo específico para responder, contrastar ideas y presentar sus propuestas. Además, se aplicará el sistema de bolsón de tiempo, que les permitirá gestionar los minutos asignados a lo largo de sus intervenciones.

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Temas del debate presidencial

1. Seguridad ciudadana
2. Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos
3. Educación y salud
4. Economía, empleo y reducción de la pobreza

¿Dónde ver en vivo el debate presidencial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial convocado por el JNE será difundido tanto por señal abierta como a través de plataformas digitales. La transmisión estará a cargo de TV Perú y también podrá seguirse mediante las redes sociales del organismo electoral, lo que permitirá a la ciudadanía acceder al evento desde teléfonos móviles, computadoras y tabletas.

La actividad marcará uno de los últimos encuentros directos entre los dos aspirantes a la Presidencia antes de la segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio.

El 1 de junio, en Arequipa acompañará una caminata, será entrevistado por medio y se presentará en un mitin. La misma secuencia realizará el 2 de junio en Cusco en la plaza Túpac Amaru a las 4.30 p.m..

PUEDES VER: TGP despidió a trabajadores que formaron el sindicato de la empresa

Posteriormente, el 3 de junio estará en Puno, en lo que significará su “Cierre de campaña Sur Andino”.

Finalmente, la fecha central será el 4 de junio en la plaza Dos de Mayo en Lima.

Otras visitas de Sánchez

Esta semana, el candidato de Juntos por el Perú estuvo en Huánuco, región donde centró su discurso en los problemas hídricos. Señaló que un eventual gobierno suyo priorizaría el sistema de agua potable y la modernización de la planta de tratamiento de Cabritopampa.

“Huánuco no puede seguir viviendo abandonado. El pueblo está cansado de promesas incumplidas, de la corrupción y de autoridades que miran hacia otro lado mientras las familias sufren sin agua, sin seguridad y sin oportunidades”, expresó.

Sánchez también se desplazó a Pucallpa. En un mitin desarrollado en la ciudad amazónica, el candidato se refirió a las recientes declaraciones de Miguel Torres —vicepresidente de la plancha de Fuerza Popular—, quien afirmó que la salida de Pedro Castillo del poder fue impulsada por distintos actores políticos, entre ellos el Ministerio Público y el Congreso. Sostuvo que este escenario explica parte del respaldo que lo llevó a la segunda vuelta electoral.

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Fuerza Popular cerrará campaña en Lima

De igual forma, Fuerza Popular realizará su cierre de campaña en Lima el 4 de junio. La organización aún no ha compartido detalles de la actividad, pero adelantaron que lo harán los próximos días.

Esta semana, la lideresa se desplazó por regiones del Sur. El 21 de mayo se presentó en Huancayo, región donde recibió un amplio rechazo de parte de la ciudadanía.

Las manifestaciones se concentraron en las calles principales. Incluso, se le impidió el pase a un bus de la orquesta Hermanos Yaipén, agrupación contratadas para la actividad proselitista de Fujimori. Sin embargo, pudieron realizar su presentación.

Mientras la lideresa realizaba sus actividades de campaña, los agentes PNP dispersaron las manifestaciones con bombas lacrimógenas y golpeando a los ciudadanos con sus bastones policiales.

Asimismo, el porcentaje de encuestados que optó por el voto blanco o nulo cayó del 24% al 6%.

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Respecto de la intención de voto de los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori se ubica por encima con 36% y le sigue Roberto Sánchez con 30%. Según la encuesta de abril —cuando aún no se proclamaban los resultados oficiales—, la lideresa del fujimorismo subió 6% y el candidato de Juntos por el Perú bajó 2%.

Fujimori en Lima

A nivel de macrozonas, la candidata de Fuerza Popular lidera Lima Metropolitana (51%) y el norte del país (32%). En el ámbito rural registra 21%, mientras que en el centro y sur, 26% y 29%, respectivamente.

En edad, los votantes de entre 18 y 29 años la prefieren (41%), al igual que los de 50 años a más (38%). Quedan por debajo los del rango de 30 a 49 años (32%).

A nivel socioeconómico, Fujimori no tiene llegada en el sector D/E (27%), pero sí en A/B (50%) y C (40%).

Un 41% de sus posibles electores cuenta con educación superior y un 32%, con educación básica. El 40% está muy interesado en política y el 60% se identifica ideológicamente con la derecha.

Sánchez en el centro y sur

Por su parte, Roberto Sánchez tiene afinidad con los electores del centro (40%), sur (35%) y oriente (38%) del país. En el ámbito rural registra 42% y en el urbano, 31%.

En edad, encuentra un mayor respaldo entre los ciudadanos de 30 a 49 años (34%).

A nivel socioeconómico, Sánchez tiene más llegada en el sector D/E (34%).

Un 29% de sus posibles votantes cuenta con educación superior y un 32%, con educación básica. El 42% está muy interesado en política y un 64% asume una postura ideológica de izquierda.

No cambiarán su voto

El 65% de los encuestados ya tiene decidido su voto y no lo cambiará. El mayor porcentaje de este grupo está en Lima Metropolitana (71%).

Un 75% de quienes se consideran de izquierda ya definió su voto y un 71% de los de derecha hizo lo propio.

Finalmente, un 9% cree que podría cambiar de decisión.

Con respecto a la intención de votos sobre los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori se encuentra arriba, teniendo en cuenta la encuesta de abril -cuando aún no se proclamaban los resultados oficiales- la lideresa del fujimorismo subió 6% y el candidato de Juntos por el Perú bajó 2%.

Con respecto a la intención de votos sobre los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori se encuentra arriba con un 36% y le sigue Roberto Sánchez con 32%. Teniendo en cuenta la encuesta de abril -cuando aún no se proclamaban los resultados oficiales- la lideresa del fujimorismo subió 6% y el candidato de Juntos por el Perú bajó 2%.

En mayo, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados de la primera vuelta, la intención de voto se inclinó a favor de Fujimori.

Un cambio significativo también se observa en el porcentaje de votos blanco/nulo. Pasó de 24% en abril a solo 6% en mayo. En contraparte, sube el número de quienes aún no precisan o no deciden: es de 26%, cuando hace un mes fue de 13%. Un 2% indica que no irá a votar.

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Keiko Fujimori concentra votos en Lima Metropolitana

Según segmentos y macrozonas, la candidata de Fuerza Popular concentra la mayoría en Lima Metropolitana (51%) y en el norte del país (32%). En el ámbito de Perú rural registra 21%, mientras que en el centro y sur alcanza 26% y 29%, respectivamente.

En cuanto a preferencia por sexo, no presenta una cifra estadísticamente representativa: obtiene 35% entre hombres y 37% entre mujeres.

En edad, en cambio, los votantes entre 18 y 29 años la prefieren (41%), al igual que los de 50 años a más (38%). Queda por debajo el rango de 30 a 49 años (32%).

A nivel socioeconómico, Fujimori no tiene llegada en el sector D/E (27%), pero sí registra preferencia en A/B (50%) y C (40%).

Un 41% cuenta con educación superior y un 32%, con educación básica. El 40% está muy interesado en política y un 60% se identifica ideológicamente con la derecha. En mucho menor medida quedan la inclinación por la izquierda (18%) y el centro (23%).

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Sánchez suma mayoría en el centro y sur del país

Por su parte, Roberto Sánchez, según segmentos, cuenta con afinidad entre los electores del centro (40%), sur (35%) y oriente (38%) del país. En el ámbito de Perú rural registra 42% y en el urbano, 31%.

A diferencia de Fujimori, en cuanto a preferencia por sexo, sus votantes son mayoritariamente hombres (35%). Cuenta con 26% de preferencia electoral entre mujeres.

En edad, concentra la mayor intención de voto en ciudadanos de 30 a 49 años (34%). A nivel socioeconómico, Sánchez tiene más llegada en el sector D/E (34%).

Un 29% cuenta con educación superior y un 32%, con educación básica. El 42% está muy interesado en política y un 64% asume una postura ideológica de izquierda. En mucho menor medida quedan la inclinación por la derecha (15%) y el centro (30%).

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El 65% asegura que su voto está decidido

El 65% de quienes irán a votar indicó que su voto está decidido y no lo cambiará. Esto es mayor entre los residentes de Lima Metropolitana (71%), los hombres (68%), las personas de 30 años a más (68%), el nivel socioeconómico A/B (72%), quienes cuentan con educación superior (69%), los más interesados en política (86%) y quienes se identifican como de izquierda (75%) y de derecha (71%).

Un 9% consideró que podría cambiar de decisión y el 26% que aún no decide su voto.

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Votantes creen que si Fujimori pierde dirá que hubo fraude

Sobre las reacciones de ambos candidatos ante una posible derrota, el 62% de encuestados cree que, si Fujimori pierde, recurrirá, una vez más, a la narrativa de fraude. El 26% considera que respetará los resultados y un 12% no precisa respuesta.

De quienes consideran que Fujimori alegará un supuesto fraude, el 65% son mujeres y el 66% tiene entre 30 y 49 años. El 73% se identifica con la izquierda.

Cuando se trata de Roberto Sánchez, el 56% dice que hablará de fraude, el 28% que respetará el resultado y el 17% no indicó una respuesta.

De quienes consideran que Sánchez alegará un supuesto fraude, el 61% son mujeres y el 64% tiene entre 18 y 29 años. El 64% se identifica con la izquierda.

A través de un comunicado oficial, la entidad sostuvo que el principio de la confidencialidad es inquebrantable y se mostraron en contra de la filtración de datos sensibles.

Debido a este incidente, la dirección del seguro social ordenó que se inicien las diligencias correspondientes para descubrir cómo se obtuvo esa información y quiénes están detrás del hecho.

“Por ello, se ha dispuesto el inicio de una auditoría interna para identificar a las personas que vulneraron el sistema y proporcionaron información de la historia clínica”, detalló el documento.

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Seguridad de datos personales

Ante las dudas sobre la seguridad de las plataformas digitales del seguro, EsSalud aclaró que los datos generales no corren peligro. La institución explicó que sus sistemas cuentan con mecanismos tecnológicos que permiten saber con exactitud qué persona ingresa a revisar cada documento.

“Es preciso enfatizar que el Sistema de Información de EsSalud es técnicamente inalterable, ya que cuenta con filtros de trazabilidad estrictos que impiden a cualquier funcionario modificar o manipular los registros médicos”, precisó la entidad.

Sobre la designación del nuevo gerente general

Del mismo modo, EsSalud indicó que la salida del anterior gerente general, el doctor Mariano Cuentas, se debió a motivos personales. Además, se respalda la designación del nuevo gerente, el doctor Alejandro Martínez, ya que “cumple plenamente con el perfil requerido para el cargo”.

Además, la designación del nuevo gerente fue decisión del presidente ejecutivo, el Dr. Luis Rosales, quien no registra contratos entre sus empresas y EsSalud, según indicó la institución.

EsSalud rechaza ataques a trabajadoras

Por otro lado, las autoridades expresaron su malestar por los ataques que han recibido algunas trabajadoras de la institución a raíz de esta difusión.

“Lamentamos los comentarios emitidos hacia nuestras trabajadoras que no se ajustan a la verdad y que lo único que hacen es dañar la reputación de mujeres profesionales y madres de familia”, se lee.

Además, la institución cuestionó a un exfuncionario de la institución tras emitir opiniones sin sustento técnico con el fin de generar desconfianza en los ciudadanos.

EsSalud concluyó que continuarán enfocados en la compra de equipos para hospitales, el abastecimiento de medicinas y la mejora en la programación de citas médicas

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Los argumentos de las partes durante la sesión

Durante la audiencia, el fiscal Germán Juárez Atoche señaló que la apelación del Ministerio Público no busca cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional, sino la manera en que esta fue aplicada por el juez que archivó la acusación. Según sostuvo, aún existirían elementos para que el caso continúe su curso.

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En respuesta, la defensa de Keiko Fujimori, encabezada por la abogada Giulliana Loza, se aferró a la sentencia del máximo intérprete constitucional y señaló que no hay elementos para continuar con el proceso: "Quien quería trascender en la historia de la justicia era el Ministerio Público y no el Poder Judicial. Esto no se trata de quien quiere ser o no protagonista. Se trata de reparar y cumplir lo que ya reconoció el Tribunal Constitucional de acuerdo a lo que ya declaró sobre mi patrocinada. (…)", declaró.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la sala superior dejó el caso al voto. Se espera que en los próximos días emita una resolución definitiva sobre el recurso fiscal. Dependiendo de la decisión, este podría ser el desenlace definitivo para la acusación que pesa contra Keiko Fujimori y una parte de la cúpula fujimorista.

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El caso Cócteles: la grave acusación sobre Fuerza Popular y Keiko Fujimori

El caso Cócteles ha sido por varios años la investigación más gravitante contra Fuerza Popular y, sobre todo, contra su lideresa, Keiko Fujimori. La acusación fiscal sostenía que el partido naranja habría recibido aportes ilícitos para las campañas presidenciales de 2011 y 2016, los cuales habrían sido ocultados mediante falsos aportantes y actividades de recaudación.

Desde fines de 2025, el Tribunal Constitucional anuló parte del proceso y ordenó que se emitiera una nueva decisión judicial, al considerar que se vulneraron derechos durante la investigación. Esto llevó a su archivamiento.

"(…) Si por mí fuera daría una amnistía a todos los políticos que tienen que ver con algún tipo de investigación porque este país no puede permanecer peleándose permanentemente", declaró el mandatario.

Para explicar la importancia de evitar los conflictos, la autoridad puso como ejemplo a Alemania y dijo que en ese país el partido que gana las elecciones convoca a la oposición para trabajar juntos por el progreso. Tras mencionar ese caso, expresó su opinión favorable sobre la amnistía.

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Este mensaje se realizó durante la ceremonia de reconocimiento a los gremios, actividad organizada para premiar públicamente el aporte de los sindicatos al diálogo y a los acuerdos laborales pacíficos. En su intervención, Balcázar, quien recordó su experiencia como abogado y magistrado del Poder Judicial, repasó la historia de las luchas laborales en el Perú y destacó que los trabajadores públicos de hoy logran mejores acuerdos gracias a una mayor capacitación.

"Los pactos colectivos eran imposibles de pensar en mi época del año 70 al 80, era imposible que el empleo público pudiera buscar pliegos de reclamos (…) ya estamos en una etapa en que se reclama del empleo público, lo único para gestionar es prepararse", indicó.

Del mismo modo, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, tomó la palabra para resaltar el valor de aquellos acuerdos pacíficos que logran beneficios económicos y el bienestar de los trabajadores del Estado sin poner en riesgo el presupuesto público.

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"Hoy destacamos las buenas prácticas, aquellas negociaciones ejemplares que logran mejoras salariales y condiciones excepcionales, respetando siempre el principio de equilibrio fiscal que garantiza que estos beneficios sean sostenibles y viables en el tiempo", manifestó el ministro Fernández Cáceres.

Asimismo, el titular de Trabajo detalló que el Gobierno busca garantizar la igualdad en los ingresos, así como mejorar las condiciones laborales.

"Estas experiencias exitosas que hoy reconocemos constituyen esfuerzos fundamentales hacia cuatro objetivos claros. Primero, alcanzar una verdadera equidad salarial. Segundo, reducir las brechas existentes entre los trabajadores de distintos sectores", añadió el ministro.

Fernández Cáceres explicó en su discurso que otros objetivos clave son dinamizar la fuerza laboral del país y lograr que la protección social llegue también a aquellos empleados que actualmente no cuentan con un sindicato que los defienda.

El escenario electoral a menos de dos semanas de la segunda vuelta

Estas declaraciones se producen a solo nueve días de la segunda vuelta electoral, en la que los ciudadanos elegirán al próximo presidente de la República entre Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

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Además, el debate sobre el futuro de los políticos que tienen investigaciones en curso está en el centro de la agenda, luego de que el candidato presidencial Roberto Sánchez señalara que indultaría al expresidente Pedro Castillo si asume el Gobierno.

"Hemos levantado la reivindicación de la justicia del país y esto significa un proceso justo y la libertad del presidente Pedro Castillo desde las competencias de la gracia presidencial cuando logremos el gobierno. Ese es nuestro compromiso", expresó durante su viaje a Chiclayo como parte de su campaña.

Por su parte, Keiko Fujimori sostuvo que solo le daría el indulto a Castillo por razones "estrictamente humanitarias" y recordó que de esa manera su padre, Alberto Fujimori, recibió la gracia.

Reconocimiento a los gremios

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno, donde se premió a los dirigentes que han logrado mejoras laborales mediante el diálogo con el Estado. Entre las organizaciones reconocidas estuvieron la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), gremio que recibió una distinción por ser pionero en su sector.

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Durante más de 20 años, han negociado las condiciones de empleo de miles de obreros y lograron reducir los conflictos y la violencia en las obras públicas y privadas. Además, se reconoció a la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales, la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Perú, la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, la Confederación Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal y la Federación Nacional de Trabajadores del Bicentenario del Sector Salud.

Antes de finalizar la ceremonia, Balcázar elogió el trabajo de los dirigentes y aseguró que "todos merecerían ser condecorados por su vieja lucha".

"Lo que viene pasando con el juez Richard Concepción Carhuancho no es un hecho aislado. Todo obedece a los tentáculos de la corrupción, que buscan expulsar del sistema de justicia a funcionarios independientes o que no son serviles. Primero fue Delia Espinoza, a quien hasta hoy buscan lapidar; luego, el juez Oswaldo Ordóñez y los fiscales Marita Barreto y José Domingo Pérez", escribió.

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El virtual diputado sostuvo, además, que no se trata de acciones aisladas provenientes de una sola institución, sino de un sistema articulado en el que confluyen distintos actores. En esa línea, comparó la situación con lo ocurrido durante la dictadura del fujimorato.

"La maquinaria es la misma: con Concepción Carhuancho buscan apartar a un juez que enfrentó al poder político y a las mafias de corrupción, y lo están ejecutando con la anuencia de los mismos actores, incluido un sector del periodismo. El mensaje es peligrosísimo: aquel funcionario que investiga, incomoda o no se somete termina perseguido, sancionado o apartado del camino. Así empiezan a capturar las instituciones, al estilo de los años noventa con el dictador Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos", agregó.

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Fecha del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez está programado para el domingo 31 de mayo a partir de las 8.00 p. m. De acuerdo con lo dispuesto por el JNE, el encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, situado en el distrito de San Borja.

El esquema definido por el JNE establece cuatro ejes temáticos para el debate. Durante la jornada, los candidatos abordarán asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, la educación y la salud, así como la economía, el empleo y la lucha contra la pobreza.

Cada segmento se iniciará con una pregunta formulada por la ciudadanía y seleccionada previamente. A partir de ella, los aspirantes dispondrán de un tiempo específico para responder, contrastar ideas y presentar sus propuestas. Además, se aplicará el sistema de 'bolsón de tiempo', que les permitirá gestionar los minutos asignados a lo largo de sus intervenciones.

Se prevé que el debate tenga una duración cercana a una hora y cuarenta minutos. Al finalizar, cada candidato contará con dos minutos para dirigir un mensaje de cierre a la ciudadanía.

¿Dónde ver el debate presidencial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial convocado por el JNE será difundido tanto por señal abierta como a través de plataformas digitales. La transmisión estará a cargo de TV Perú y también podrá seguirse mediante las redes sociales del organismo electoral, lo que permitirá a la ciudadanía acceder al evento desde teléfonos móviles, computadoras y tabletas.

La actividad marcará uno de los últimos encuentros directos entre los dos aspirantes a la Presidencia antes de la segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio.

En Amazonas, Ucayali, Loreto o Madre de Dios, los comuneros insisten en que grupos armados controlan muchos territorios donde existen minas ilegales y, en muchos casos, "utilizan como escudos humanos a gentes humildes e indefensas".

Esta semana, el Colectivo PAS participó, junto a otras nueve asociaciones, en el foro Perú Democrático: Responsabilidad Común, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, para abordar problemas urgentes del país que el próximo gobierno deberá atender.

Karina Garay, exfiscal ambiental de Madre de Dios y miembro del Observatorio de Minería Ilegal, en representación del colectivo que surgió como respuesta a la ola de crímenes financiados por la minería ilegal en el Perú, presentó 10 propuestas contra esa actividad ilícita ante los nuevos senadores para sus primeros 100 días de gobierno.

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La especialista considera que es fundamental "el cierre definitivo del Reinfo, ese registro que ha permitido que mineros estén en la impunidad, es decir, que no sean sancionados; por lo tanto, se requiere un marco normativo que también pueda exigir el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, laborales, sociales y de salud".

Y agrega: "Es importante que se controlen los insumos que dan origen a la actividad minera, ya que si esta materia prima es debidamente fiscalizada no será desviada hacia la minería ilegal".

Otro punto que sería clave para enfrentar ese flagelo es que "se fortalezcan los comandos especiales que operan contra esta actividad ilícita en los lugares más dañados por esta actividad, ya sea el Amazonas, Loreto, Madre de Dios, incluso Pataz".

Para Garay, las próximas autoridades deberán asumir su responsabilidad y actuar con firmeza contra la minería ilegal.

De acuerdo con el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), esta actividad es considerada la principal economía ilícita en Perú, desplazando al narcotráfico y generando pérdidas millonarias para el país.

Está estrechamente vinculada a redes de crimen organizado, lavado de activos, tráfico de insumos químicos, maquinaria y explosivos, corrupción, trata de personas, sicariato y graves consecuencias socioambientales.

ES LA PRINCIPAL AMENAZA

Expertos del OMI sostienen que la minería ilegal es la principal amenaza para los esfuerzos de desarrollo, conservación, gobernabilidad y soberanía en el Perú y, por eso, es fundamental combatirla.

La lucha contra la minería ilegal permite debilitar y contrarrestar sus impactos, que ocasionan severos daños ambientales, sociales y económicos. Sin embargo, esta lucha solo puede ser efectiva si se articula con un proceso veraz y multisectorial.

Lo mismo se puede decir de la minería informal, que se ha convertido en un comodín de la ilegalidad. Por otro lado, la formalización de la minería informal constituye una herramienta clave para incorporar a los pequeños mineros y mineros artesanales a la formalidad, garantizando el cumplimiento de normas ambientales, laborales y tributarias, pero la realidad es muy distinta.

Mecanismos como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) han desnaturalizado el proceso por sus excesivas prórrogas, convirtiéndose en un beneficio para la impunidad y la flexibilidad para extraer y comerciar minerales sin respetar las normas ambientales, laborales y de salud.

Ante ello, en el contexto de la segunda vuelta del proceso electoral, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) revisó los planes de gobierno de los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú para el periodo 2026-2031, en lo referido a la formalización minera y a la lucha contra la minería ilegal.

Entre los principales hallazgos se concluye que el reto central del próximo gobierno no es prolongar regímenes transitorios de formalización, o crear otro mecanismo de formalización cambiando el nombre al actual Reinfo, sino recuperar la capacidad estatal de gobernanza sobre toda la cadena de valor del oro, desde la extracción hasta la exportación.

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Asimismo, implica sincerar y separar el sistema. Es decir, distinguir a los verdaderos pequeños mineros de aquellos medianos o grandes que utilizan este régimen excepcional para evadir el control del Estado y obtener máximos beneficios.

ESTAS SON LAS PRIORIDADES

En ese sentido, el OMI plantea 10 propuestas prioritarias para los primeros 100 días de gobierno, orientadas a recuperar la capacidad de control del Estado, fortalecer la lucha contra la minería ilegal y avanzar hacia un proceso de formalización efectivo, entre otros objetivos.

-Cerrar definitivamente el Reinfo, no promover su ampliación. Dentro de los 100 primeros días se deberá diseñar un nuevo régimen MAPE: temporal, con metas verificables, trazabilidad obligatoria, estándares ambientales mínimos y salida automática por incumplimiento. Esto para aquellos que mantienen vigente el proceso de formalización actual; para otros casos deberá atenderse vía proceso ordinario, es decir, primero cumple la ley, luego opera. Para esto, además, se debe eliminar la impunidad, como ha ordenado el Tribunal Constitucional de acuerdo con el numeral 5.

-Elaborar y remitir propuesta dentro de los 100 primeros días para que el Ejecutivo tome control de las Plantas de Beneficio y estas no sean consideradas pequeña minería. El gobierno, en general, no las ha controlado y menos ha fiscalizado la cantidad de insumos que utilizan y su capacidad de producción. Para ello, se deberá realizar un monitoreo digital de producción, declaración de insumos, fiscalización tributaria y ambiental, y trazabilidad del mineral recibido.

-Asignación extraordinaria de recursos públicos para la lucha contra la minería ilegal al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra. Es increíble que el programa presupuestal 0128 "Reducción de la minería ilegal" asigne cero soles al Ministerio Público; eso evidencia o ignorancia o corrupción para que no haya operativos de interdicción de la minería ilegal, con presencia del principal actor, que es el Ministerio Público.

-Aplicar el principio de responsabilidad de manera inmediata desde el Poder Ejecutivo. Todo aquel causante de un daño al ambiente debe asumir la responsabilidad y los costos de reparación del daño causado. Los mineros que declaren ubicación y se identifique que vienen operando en una determinada zona serán responsables penales, administrativos y civiles de toda la afectación en la zona. Para esto, solo corresponde aplicar la ley y el principio de responsabilidad ambiental.

-Proceder a remitir dentro de los 100 primeros días, al Congreso de la República, una propuesta que elimine la exención de responsabilidad penal, civil y administrativa de los mineros inscritos en el Reinfo, tal como ha ordenado en abril del 2025 el Tribunal Constitucional, sentencia que, pese a su obligatoriedad, no viene siendo cumplida por los poderes públicos.

-Implementar de manera urgente y prioritaria en la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas medidas de lucha contra la corrupción y el ISO antisoborno. Se ha evidenciado, lamentablemente, el mal funcionamiento y denuncias no atendidas de corrupción dentro del sector Minería. Presentar al Congreso de la República una iniciativa legislativa que promueva la eliminación progresiva del uso de mercurio y fomente el uso de tecnologías limpias.

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-Debiendo proponer al 2030 la eliminación y prohibición total. Por otro lado, corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente, aprobar el Plan de Acción Nacional sobre mercurio en la minería de pequeña escala, que busca reducir y eliminar el uso de mercurio en línea con el Convenio de Minamata, deuda pendiente del Estado peruano.

-El Poder Ejecutivo (PE), a través del Minem, debe emprender el funcionamiento y puesta en operaciones del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), convertirlo en plataforma obligatoria interoperable para trazabilidad de insumos, trazabilidad del mineral, monitoreo ambiental, control tributario y verificación de producción. Este sistema facilitará la transparencia y así evitará la impunidad y la corrupción, pendiente de implementar por el Ejecutivo desde 2024.

-El PE debe ejercer su rol de gobierno nacional, unitario, y asumir la formalización minera, para lo cual debe utilizar las herramientas legales para que los gobiernos regionales transfieran de manera inmediata el acervo documentario de los expedientes de mineros en proceso de formalización, situación que lamentablemente no ha sucedido pese al mandato de diversas leyes.

-El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, debe aprobar dentro de los 100 primeros días un decreto supremo que prohíba el otorgamiento de concesiones mineras en cualquier río amazónico, situación que se viene dando en los últimos años, y, pese a que la actividad minera está prohibida sobre los cuerpos de agua, y una "concesión no da derecho a explotarla", se ha convertido en un mecanismo constante para operar en la impunidad y aduciendo derechos sobre estos espacios.

"El que se discuta internamente si se contrata o no a una persona, eso se resuelve internamente, no se tiene que hacer una cuestión de Estado. ¿Renunciar por eso? ¿Por qué no lo denuncia o a quiénes tiene allí con algunos compromisos ilegales? ¿Renuncia a una presidencia por una cuestión doméstica? Eso no es motivo de renuncia o de pronto ya está quemando un poco el puesto", comentó.

La exfiscal de la Nación también catalogó como "errores" las decisiones que tomó el TC e "infracciones a la Constitución" al "interferir" en procesos en trámite. "Todo lo que está en la Constitución y se vulnera genera a las más altas autoridades infracciones a la Constitución", dijo.

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Por otro lado, Espinoza sostuvo que la facultad del TC para interpretar la Constitución Política y las leyes del Perú "no les permite hacer lo que han venido haciendo", ya que "no es un poder absoluto sobre los demás". En ese sentido, señaló que el Poder Judicial quedó "desmerecido" por una serie de resoluciones emitidas por el TC durante la gestión de Pacheco, en medio de diversos procesos judiciales.

En esa misma línea, la decana recordó que la Constitución establece que ninguna institución puede interferir en procesos judiciales en curso y responsabilizó al TC de "echar abajo" varios casos judiciales. Asimismo, la extitular del Ministerio Público calificó como una "patinada" la decisión del Tribunal Constitucional sobre la ley de extinción de dominio y cuestionó que se haya declarado constitucional la norma sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad.

La renuncia de Luz Pacheco a la presidencia del TC

Es importante precisar que, según un comunicado de Pacheco, su renuncia se sustentó en la "reiterada decisión de una mayoría de magistrados de mantener la confianza en un funcionario de alta dirección, de cuya gestión depende en gran medida la adecuada conducción administrativa de la institución".

"Desde el año pasado expresé mi pérdida de confianza en dicho funcionario y planteé la necesidad de su relevo. Sin embargo, al no haberse atendido esta petición ni aceptado su apartamiento del cargo, decidí permanecer en la Presidencia únicamente hasta el 31 del presente mes", explicó.

"Si prefieren al señor Alban que a mí, bueno, pues perfecto. Yo respeto las decisiones", lamentó.

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La historia detrás de la renuncia de Luz Pacheco

La historia comenzó el 18 de mayo, cuando Pacheco aceptó oficialmente la renuncia del economista Rodolfo Albán Guevara al cargo de confianza de director general de administración del Tribunal Constitucional, puesto que ocupaba desde el 22 de octubre de 2024.

Sin embargo, el 21 de mayo el Sindicato de Trabajadores del TC que formó el propio Albán Guevara junto con otros trabajadores emitió un comunicado en el que expresó su preocupación y rechazo ante las "continuas dilaciones" por la ley CAS.

El documento señalaba que, a pesar de que la ley fue aprobada en noviembre del 2025, el área de recursos humanos del TC "no ha establecido una ruta clara y viable para ejecutar el proceso de incorporación de los trabajadores CAS del TC".

En un primer momento, se indicó que el proceso era viable y contaba con respaldo presupuestal. Sin embargo, después se cambió de postura y se mencionó que se trataría el tema con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"No toleraremos más argucias técnicas de dilación. Exigimos al Pleno del TC que conmine a la jefatura de Recursos Humanos a fijar una posición definitiva y transparente sobre la implementación de la Ley 32486", menciona la misiva.

Tras la difusión del comunicado, Pacheco —a través de un correo revelado en Sin Guion— no dudó en responder. Lamentó que se haya propalado dicho documento "no solo por el lenguaje confrontacional que emplea, con el que —parecería— que pretenden presentarse como los paladines de los derechos laborales en nuestra entidad".

La extitular del TC sostuvo que, desde que asumió como presidenta de la entidad, tuvo como prioridad mejorar las condiciones de trabajo y económicas de los trabajadores sin distinción alguna.

"Como pueden apreciar, las diatribas y calumnias del comunicado del sindicato me apenan y sorprenden: esperaba otro comportamiento de los afiliados y su junta directiva. En lugar de sumar esfuerzos, lo que vienen haciendo es sembrar desconfianza, falsas acusaciones y actuar como si fueran víctimas, cuando la realidad es muy distinta".

Pacheco explica su renuncia

Por otro lado, durante una entrevista en Willax, Pacheco reveló que existieron otros motivos detrás de su dimisión. El primero está relacionado con Albán Guevara, sobre quien aseguró que no cuenta con el perfil adecuado para desempeñar el cargo.

El segundo motivo responde a que el funcionario era el jefe directo de una trabajadora a la que denunció penalmente por, presuntamente, el caso ‘Mochasueldos’.

"Si ese señor no se enteró, me parece que es una negligencia muy grave; y si se enteró y no dijo (nada), es peor. Espero que no haya pasado (…) Por los dos motivos, el señor no podría seguir adelante, por eso perdió totalmente mi confianza", explicó.

"O sea, yo creo que, si uno es director y jefe, tiene que estar al tanto de cosas tan graves como esas. Me parece lo básico para poder tener un personal de confianza que te esté ayudando a que la institución camine", agregó.

El tercer motivo —y parece ser el detonante del caso—, según contó Pacheco, es que Albán Guevara formó un sindicato con otras 25 personas. Sobre el tema, la magistrada resaltó que el funcionario, al ser director general de administración, no puede formar un sindicato ni estar sindicalizado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 42 de la Constitución Política.

Horas antes, la propia Pacheco aseguró que, desde el año pasado, perdió la confianza en Albán Guevara y planteó la necesidad de su relevo. No obstante, su pedido no fue atendido ni se aceptó su apartamiento del cargo.

En esa misma línea, la extitular del TC afirmó que sus colegas del Pleno le dieron la espalda y decidieron mantener la confianza en el funcionario de alta dirección, de cuya gestión depende en gran medida la adecuada conducción administrativa de la institución. Por ese motivo, decidió renunciar al cargo de presidenta del TC.

Pacheco y los detalles de la renuncia de Albán Guevara

En otro momento de la entrevista, Pacheco reveló que Albán Guevara presentó su renuncia el 23 de abril y que ella la aceptó de manera verbal. Sin embargo, no podría relevarlo del cargo de manera formal debido a que no encontraban un reemplazo para el puesto.

Al día siguiente, la magistrada envió la carta de renuncia a sus colegas y el tema se trataría en el Pleno ese mismo día entre 5 de ellos. Ese mismo Pleno, explicó Pacheco, era el encargado de nombrar al nuevo funcionario.

Sin embargo, detalló la magistrada, nadie entrevistaba a ningún postulante y 5 de sus colegas le dieron la espalda.

"Entonces ahí ha sido todo el problema porque un magistrado dijo 'que no, que qué raro que por qué yo tomaba esa decisión', pero lo extraño es que llevábamos un mes", narró la abogada, pero evitó dar el nombre de su colega que le refirió ese comentario.

La discordia entre magistrados

En otro momento, Pacheco afirmó que vivió un fuerte nivel de oposición en lo que consideraba como algo básico. Asimismo, le llamó la atención que sus colegas decidieran anular la decisión contenida en la resolución administrativa: aceptar la renuncia del funcionario.

"Y le digo, ¿Eso qué quiere decir? ¿Van a reafirmar la confianza en ese señor o se la van a quitar? Si ustedes se la reafirman, yo no sigo en la presidencia. (...) ¿Cómo me voy a quedar?", contó.

"Al menos por parte mía (la confianza se ha roto). Si prefieren al señor Alban que a mí, bueno, pues perfecto. Yo respeto las decisiones", sentenció.

Los manifestantes llegaron con pancartas, peluches en forma de ratas y arengas de “¡Keiko, lárgate de Arequipa!” y “Keiko nunca más”. La movilización, que inicialmente reunió a unas 200 personas, creció hasta alcanzar aproximadamente 700 manifestantes en el óvalo Grau. Durante varios minutos intentaron romper el cordón policial para ingresar al local donde se realizaba el evento de Fuerza Popular, pero los agentes impidieron el acceso. En medio de la tensión, también se registraron cruces de insultos entre protestantes y efectivos policiales.

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Mientras las protestas continuaban en los exteriores, Fujimori inició su participación saludando a los asistentes y agradeciendo el recibimiento. Incluso bailó junto a simpatizantes y aseguró sentirse emocionada de estar en “la ciudad de la libertad”, a la que calificó como “el corazón valiente de todos los peruanos”.

En su discurso, la lideresa fujimorista sostuvo que Arequipa “ha crecido de manera desorganizada” y cuestionó el tráfico en la ciudad. En ese sentido, propuso impulsar un plan de modernización metropolitana, además de ejecutar proyectos como Majes Siguas II y el puente La Joya.

Asimismo, se refirió a la crisis del agro y criticó el incremento del precio de los fertilizantes y la compra de arroz importado por parte del Gobierno. “Sabemos que por la guerra los fertilizantes han subido de precio y encima el gobierno compra el arroz importado. Es un pecado”, señaló.

Luego agregó: “Le decimos a este gobierno: Compre usted las toneladas de arroz a buen precio para que los hermanos agricultores no estén afectados. Declare en emergencia nacional la agricultura y entregue subsidios para los fertilizantes, y si este gobierno no lo hace, yo me encargaré a partir del 28 de julio”.

Al cierre de su participación, Fujimori se refirió a las protestas registradas en los exteriores del lugar del evento y afirmó: “Del otro lado van a ver insultos, pero yo no voy a caer en su juego”.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

De acuerdo con el diagnóstico planteado por los especialistas en economía de Juntos por el Perú, el hecho de que existan 9 millones de personas en condición de pobreza obliga a priorizar medidas orientadas a “mantener baja la inflación, sostener un crecimiento económico alto y, sobre todo, reducir sustancialmente el nivel de pobreza”. Asimismo, señalaron que, bajo su análisis, el contexto internacional no resulta favorable para la economía peruana.

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La propuesta de elevar el salario mínimo forma parte de los principales ejes planteados por Juntos por el Perú para enfrentar la desaceleración de la economía nacional. Entre las otras medidas mencionadas figuran el uso del Fondo de Estabilización de los Combustibles y la ampliación de programas sociales como Juntos y Pensión 65.

El equipo económico también abordó el tema de la formalización minera. Ante la prensa extranjera, sus integrantes señalaron que una de sus prioridades será facilitar la formalización de los trabajadores mineros. Además, indicaron que una de las medidas que evalúan para promover la inversión privada en este sector consiste en reducir los plazos para el inicio de operaciones mineras, pasando de ocho a dos años.

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Los manifestantes acudieron con banderolas y pancartas con las frases "Keiko Fujimori nunca más", "Ni perdón, ni olvido" y "Cárcel para Keiko". Además, corearon esos mismos mensajes durante el pasacalle.

Los ciudadanos intentaron llegar hasta el lugar donde se encontraba la lideresa fujimorista; sin embargo, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un cordón para evitar el paso de otras personas.

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"Keiko no merece ser presidenta del Perú, ha gobernado 25 años; sin embargo, esa gente que la acompaña dice que nunca ha gobernado. Todo el Poder Judicial, los poderes del Estado los tiene encapsulados y cuando ella entre será peor nuestra situación. Yo le pido reflexión a los arequipeños, no se puede votar por Keiko. Ni perdón, ni olvido. Keiko no va, nunca más", expresó una ciudadana en diálogo con La República.

"Que dé la cara esa fujirata. ¿De qué se esconde, de qué tiene miedo? El pueblo no te quiere. Fujimori nunca más", exclamó un adulto mayor.

“Huánuco, estoy aquí para escucharlos, recoger su voz y llevar sus demandas donde se toman las decisiones. Su fuerza y esperanza nos impulsan a seguir caminando juntos por el Perú”, señaló Roberto Sánchez en sus redes sociales. El candidato continúa su campaña en la denominada “ruta castillista”.

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En esta región, Sánchez fue ampliamente favorecido frente a Fujimori. El candidato de Juntos por el Perú alcanzó el 29,87% de los votos, logrando el respaldo de más de 100.000 huanuqueños. La candidata de Fuerza Popular ocupó el segundo lugar con el 15,46% y poco más de 50.000 votos.

Durante su paso por la región, Sánchez centró su discurso en los problemas hídricos de Huánuco. Señaló que un eventual gobierno suyo priorizaría el sistema de agua potable y la modernización de la planta de tratamiento de Cabritopampa.

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“Huánuco no puede seguir viviendo abandonado. El pueblo está cansado de promesas incumplidas, de la corrupción y de autoridades que miran hacia otro lado mientras las familias sufren sin agua, sin seguridad y sin oportunidades”, expresó.

También estuvo en Pucallpa

Tras ser cuestionado por concentrar buena parte de sus actividades en distintos distritos de Lima, Sánchez también se desplazó a Pucallpa. En un mitin desarrollado en la ciudad amazónica, el candidato se refirió a las recientes declaraciones de Miguel Torres —vicepresidente de la plancha de Fuerza Popular—, quien afirmó que la salida de Pedro Castillo del poder fue impulsada por distintos actores políticos, entre ellos el Ministerio Público y el Congreso.

Sánchez sostuvo que este escenario explica parte del respaldo que lo llevó a la segunda vuelta electoral.

“Torres ya confesó que él, junto con el Ministerio Público, la mayoría parlamentaria y los medios de comunicación, decidieron sacar a Castillo a la mala. No solo eso, sino que encañonaron a su hija como si fueran criminales. Ellos creen que este pueblo olvida, por eso no se explican que los más pobres del Perú nos hayan dado esta victoria política para recuperar la paz”, indicó.

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Durante su intervención, Sánchez también lanzó mensajes indirectos a figuras de la derecha peruana, como Keiko Fujimori y César Acuña.

“Acá a nadie le dan táperes, acá nadie compra su conciencia, acá no ha habido plata como cancha; acá hubo pueblo, pueblo y más pueblo”, señaló.

Entre otros anuncios, el candidato de Juntos por el Perú también indicó que promovería la creación de una Comisión de la Verdad para identificar a los responsables de las muertes registradas en el sur del país entre finales de 2022 e inicios de 2023.

Fuera de las plazas públicas, Sánchez también reforzó sus alianzas políticas. El candidato se reunió con Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación y excandidato presidencial. De acuerdo con su mensaje en redes, Sánchez espera que el partido del casco sume apoyos técnicos para Juntos por el Perú.

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Keiko Fujimori tuvo un nuevo paso abrupto por el sur

Por su parte, la candidata de Fuerza Popular continuó sus actividades en Arequipa. Luego de su accidentado paso por Huancayo, Fujimori decidió volver a referirse al gobierno de su padre, Alberto Fujimori, esta vez en relación con la formalización de títulos de propiedad.

“El título de propiedad es el paso número uno para generar seguridad y empezar a construir el futuro. El programa Cofopri, que se creó durante el gobierno de mi padre, entregó un millón de títulos de propiedad. Lamentablemente, vinieron otros gobiernos y por envidia lo desactivaron”, declaró.

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Fujimori también se pronunció sobre algunas medidas que impulsaría tras las elecciones. La candidata aseguró que, gane o pierda los comicios, presentará acciones para frenar la iniciativa de gasto del Congreso de la República, facultad que volvió al Parlamento en 2022 y que Fuerza Popular ha respaldado en más de una votación.

“En su momento, pasada la elección, pensamos presentar un documento para que el Tribunal Constitucional evalúe que el Congreso, como ocurría antes, no tenga iniciativa de gasto”, indicó.

Arequipa protestó contra Keiko Fujimori

La visita de Keiko Fujimori a Arequipa tampoco estuvo exenta de protestas ciudadanas. Tal como ocurrió durante su paso por Huancayo, la candidata de Fuerza Popular fue interpelada por un grupo de ciudadanos que se manifestó en rechazo a su presencia en la ciudad.

Colectivos de sikuris, junto con otros manifestantes, realizaron arengas de “Keiko Fujimori nunca más” minutos antes de la llegada de la lideresa fujimorista a un mitin programado en el centro de la denominada Ciudad Blanca.

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Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron un cordón policial que separaba a los manifestantes antifujimoristas de los simpatizantes de Fuerza Popular. En un momento, una militante del partido naranja logró ingresar al espacio donde se concentraban los protestantes, lo que generó un breve altercado. Una de las manifestantes cuestionó la actuación de la Policía.

“Vienen a provocar. Si fuera al revés, la Policía ya nos hubiera golpeado y seríamos unos ‘cholos’ y unos ‘pobres’. A nosotros no nos van a dejar pasar, pero a ella sí. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de por qué”, indicó.

Tras el incidente, los manifestantes intentaron acercarse al mitin para hacer visible su protesta. Sin embargo, el resguardo policial impidió su ingreso al local donde se desarrollaría la actividad. En respuesta, los ciudadanos continuaron lanzando arengas contra la lideresa de Fuerza Popular.

“La calle es del pueblo y no de los corruptos”, se les escuchó corear.

Asegura que iría tras Cerrón

Luego de su paso por Junín, Fujimori realizó nuevas declaraciones sobre Vladimir Cerrón, exgobernador regional y líder de Perú Libre. La candidata aseguró que un eventual gobierno de Fuerza Popular buscaría concretar su captura, pese a que la bancada fujimorista fue una de las que bloqueó investigaciones en su contra.

“Se van a tomar todas las medidas necesarias para capturar a todas las personas que tengan orden de captura. Yo no conozco al señor Cerrón, ustedes lo saben. Es más, estaba recordando el último mitin que tuve hace cinco años, donde yo decía: ‘¿Dónde está, señor Cerrón?’. En un futuro gobierno de Fuerza Popular se tomarán todas las medidas necesarias para que la orden de captura que pesa sobre él sea ejecutada”, declaró ante los medios.

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Fujimori Higuchi también se refirió a Mark Vito, su exesposo, quien continúa siendo investigado en el Caso Cócteles: “Entiendo que él va a salir muy bien. Le tocó vivir momentos muy duros solo por el hecho de haber sido mi esposo. Le deseo muchísima suerte y estoy segura de que va a salir airoso”, señaló.

“Ah, no, por supuesto”, dijo.

Y, aludiendo a las matanzas del Destacamento Colina, compuesto por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que asesinó a 45 personas falsamente acusadas de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso, entre 1991 y 1992, la candidata de Fuerza Popular volvió a ofender a los familiares de las víctimas, al negar la responsabilidad de su padre, Alberto Fujimori.

“Pero eso no fue una decisión de Estado (los crímenes). Esas son responsabilidades de ese grupo (Colina), de esas personas y de esos crímenes. Por supuesto que se tienen que condenar, pero no por eso se puede manchar a todas las fuerzas armadas, ni a todo un gobierno (de Alberto Fujimori)”, arguyó.

Pese a la numerosa evidencia documental, al testimonio de exmiembros de Colina y a las confesiones de los colaboradores eficaces, que sustentaron la condena a 25 años de prisión por homicidio calificado, Keiko Fujimori una vez más argumentó que Alberto Fujimori es inocente de las imputaciones. La candidata y su partido, Fuerza Popular, han intentado varias veces anular la decisión judicial, pero en todas las instancias los jueces ratificaron la sentencia.

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El doble discurso

“Yo acompañé a mi padre en su proceso judicial y no hubo ni una sola prueba en contra de mi padre. Es más, tuvieron que crear la figura de la autoría mediata para señalar que por el solo hecho de ser presidente de la República lo estaban condenando”, explicó, recurriendo a falsedades. El SIE funcionaba bajo una cadena de mando que incluía al comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos; al jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos; y al jefe de Estado, Alberto Fujimori. Este trío controlaba todo el aparato militar, incluido el SIE, al que pertenecían los criminales de Colina.

Por eso, Rosa Rojas Borda se indigna y llora cada vez que Keiko Fujimori miente sobre la responsabilidad de su padre. Porque el Destacamento Colina, bajo las órdenes de Alberto Fujimori, ejecutó a balazos a su esposo, Manuel Ríos Pérez, de 32 años, y a su primogénito, Javier Ríos Rojas, de tan solo 8 años. Cuando sucedieron los hechos, ella tenía 27 años. Hoy cuenta con 66 años.

Crueldad infinita

Los homicidas liderados por el mayor EP Santiago Martin Rivas ingresaron al vecindario del jirón Huanta, en Barrios Altos, creyendo que la pollada que se celebraba en el lugar era una reunión para recolectar fondos destinados al financiamiento de las actividades terroristas. El Poder Judicial desechó esa versión. No eran senderistas. Y, sin embargo, los asesinos fueron muy crueles con Javier Ríos Rojas. Recibió 8 balazos. Uno impactó en su pequeña cabeza. Señal de que fue repasado. Probablemente fue porque intentó proteger a su padre. O porque el cabecilla se aseguró de no dejar ni un testigo.

“Alberto Fujimori nunca nos pidió perdón. Nosotros esperábamos que Fujimori, quien fue el que dio la orden de asesinar a mi familia, a los vecinos del callejón donde vivíamos, hiciera un mea culpa. Pero no lo hizo jamás. Ni estando preso, ni estando en las últimas”, expresó Rosa Rojas.

Fujimori jamás expresó remordimiento. Más bien, tuvo actitudes despreciables. Jamás pagó un centavo de la reparación a las familias de las víctimas. Por el contrario, condecoró a los criminales y luego los amnistió. Los dejó en libertad.

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Terror naranja

Rosa Rojas Borda teme un gobierno de Keiko Fujimori porque su bancada ha emitido leyes que benefician a militares y policías condenados por homicidios y otras atrocidades. Y trata de “terroristas” a quienes se oponen, como suele despotricar el autor de algunas de estas leyes, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro.

“Ahora su hija Keiko Fujimori dice que va a gobernar como su padre, pero su padre lo que hizo fue asesinar a gente inocente, y se justifica diciendo que eran terroristas, como nos dijeron a nosotros. Al final se demostró nuestra inocencia”, afirmó Rosa Rojas, abrazando el retrato de Javier Ríos Rojas, su niño de 8 años.

“A Keiko Fujimori no se le ve el lado humano, porque si vio a su madre en un estado tan horrible y no le interesó, entonces, ¿qué calidad humana podemos esperar de esa señora?”, añadió Rosa Rojas.

En el mismo programa dominical mencionado, insistió en que su padre no era el responsable de los asesinatos.

“Yo sí soy tajante contra los crímenes que cometió el grupo Colina. Eso tenemos que rechazarlo. Eso le hizo mucho daño, por supuesto, a las fuerzas armadas y también a nuestro país”, expresó.

Sin embargo, su bancada de Fuerza Popular promueve leyes a favor de sentenciados y procesados por graves violaciones a los derechos humanos. Y defendió abiertamente a uno de los criminales clave del Destacamento Colina, el exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), general Juan Rivero Lazo, quien, según jueces y fiscales, proveyó dinero y armas a los criminales.

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La noche mortal

“¡Al piso, mierda! ¡Todos los perros al piso!”, es lo que recuerda Rosa Rojas Borda haber escuchado la noche del domingo 3 de noviembre de 1991, antes de que sonaran los disparos de los militares en el jirón Huanta 840, donde se celebraban dos polladas: una en el segundo piso, organizada por un profesor, y otra en el patio principal, por iniciativa de los vecinos para arreglar las tuberías del desagüe. Ninguna de las dos era una pollada bailable. Pero Rosa Rojas relató que cuando su esposo Manuel Ríos y su hijo Javier Ríos llegaron a las 8 de la noche, luego de vender helados, se unieron al grupo y empezó una pequeña fiesta. Manuel Ríos era heladero.

El último baile

A las 10.30 de la noche, y antes de que Rosa Rojas, Manuel Ríos y Javier Ríos se retiraran a su hogar, su esposo le pidió un último baile, sin imaginar lo que sucedería. Javier Ríos fue a ver a sus hermanos menores: Cristina Ríos Rojas, de 5 años, e Ingrid Ríos Rojas, de 8 meses de nacida.

Pero de pronto Javier Rojas apareció en el patio donde estaban sus padres. “¿Por qué no estás cuidando a tus hermanitas?”, le dijo su madre. “Ya las acomodé bien, no te preocupes”, le contestó el niño.

Minutos después, la vida de Rosa Rojas cambió definitivamente.

“Estábamos bailando cuando entraron los militares. Mi esposo y yo pensamos que era una batida. Cuando nos dijeron,’¡Al piso, mierda!, ¡Todos los perros al piso!’, yo empecé a correr pensando que todos harían lo mismo, pero se quedaron”, narró Rosa Rojas.

“Cuando llego a un rincón, reacciono y me doy cuenta de que mi hijo Javier no estaba a mi lado. Al dar unos pasos atrás, veo a un militar apuntándome. Me dijo: ‘¡la cabeza adentro o te mato!’. En eso se encasquilló su arma. A mí me ganó el miedo y volví a correr esta vez al fondo de la quinta. Le dije a mi vecina Elsa que por favor me ayudara a buscar a mi hijo, que estaba con Manuel”, continuó recordando el espantoso episodio.

“Es entonces cuando de repente empecé a escuchar ¡ta-ta-ta-ta-ta! Por el miedo entré a mi casa, pero seguía con la angustia de no saber dónde estaba mi hijo Javier y mi esposo Manuel. Minutos después y a pesar del miedo, me armé de valor y salí a buscarlos”, siguió rememorando.

“Al salir aún no había visto a mi hijo, pero sí a mi esposo boca abajo con la sangre saliendo de todo su cuerpo. A todos mis vecinos los vi así. Sus cuerpos estaban moviéndose como espasmos que le da al pollo cuando lo matan. Sus cuerpos estaban salpicados con sangre”, añadió.

Lo peor aún estaba por venir. Rosa Rojas seguía sin encontrar a su hijo. Salió a la calle con la esperanza de que hubiera salido, pero no lo encontró.

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“Mi niño adorado”

“Salí a la puerta principal. Allí había un vecino llamado Juan que vendía chifa. ‘Rosita, ¿qué pasó?’, me preguntó, a lo que le respondí: ‘Mi hijo, no encuentro a mi hijo’. En eso volví a entrar a la quinta y es donde veo a mi hijito”, señaló.

El relato de lo que vivió la conmueve hondamente.

Rosa Rojas empezó a llorar.

La voz se le cortó, como si las palabras se hubieran atascado en la garganta.

Diez minutos después, Rosa Rojas relató la parte más dura de la historia del crimen.

“Mi hijito, mi Javier, estaba en un rincón al fondo. Estaba sentado con una escobita, con la cabeza agachada. Yo pensé que se había desmayado por todo lo que había pasado. Lo levanté para cargarlo y su cabecita se dobló para atrás. Le habían disparado en su cuerpecito y en la frente. Había empezado a salirle sangre por la boca. Yo pedía ayuda, pero nadie me quiso escuchar. La misma policía que llegó tras la balacera, me dijo: ‘Déjalo, ya está muerto’. Mi hijo murió de ocho disparos”.

“Era mi hijo adorado”, dijo, desconsolada.

Iniciará la candidata de Fuerza Popular; luego, Roberto Sánchez, y así sucesivamente, de forma intercalada.

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Temas

1. Seguridad ciudadana
2. Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos
3. Educación y salud
4. Economía, empleo y reducción de la pobreza

¿Dónde ver en vivo el debate presidencial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial convocado por el JNE será difundido tanto por señal abierta como a través de plataformas digitales. La transmisión estará a cargo de TV Perú y también podrá seguirse mediante las redes sociales del organismo electoral, lo que permitirá a la ciudadanía acceder al evento desde teléfonos móviles, computadoras y tabletas.

La actividad marcará uno de los últimos encuentros directos entre los dos aspirantes a la Presidencia antes de la segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio.

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Fecha y hora del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El enfrentamiento electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez está programado para el domingo 31 de mayo a partir de las 8.00 p. m. De acuerdo con lo dispuesto por el JNE, el encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, situado en el distrito de San Borja.

El esquema definido por el JNE establece cuatro ejes temáticos para el debate. Durante la jornada, los candidatos abordarán asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, la educación y la salud, así como la economía, el empleo y la lucha contra la pobreza.

Cada segmento se iniciará con una pregunta formulada por la ciudadanía y seleccionada previamente. A partir de ella, los aspirantes dispondrán de un tiempo específico para responder, contrastar ideas y presentar sus propuestas. Además, se aplicará el sistema de bolsón de tiempo, que les permitirá gestionar los minutos asignados a lo largo de sus intervenciones.

Se prevé que el debate tenga una duración cercana a una hora y 40 minutos. Al finalizar, cada candidato contará con dos minutos para dirigir un mensaje de cierre a la ciudadanía.

Sánchez precisó que fue su partido el que solicitó el apoyo técnico de Ahora Nación. "Un solo equipo para trabajar por el Perú. Agradezco a Alfonso López-Chau su respaldo y pronta respuesta a nuestro pedido de poner a disposición su equipo técnico”, dijo.

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El objetivo, indicó, es fortalecer su propuesta de 'gobierno unitario y popular'.

“Juntos una sola fuerza con profesionales calificados. Trabajamos unidos por la democracia y el Perú", anotó Sánchez.

Alfonso López Chau confirma “apoyo crítico” a Roberto Sánchez

Tras las votaciones del 12 de abril, el partido de López Chau se enfocó en la defensa del voto popular. Luego de que se confirmó que no pasarían a segunda vuelta, a inicios de mayo presentaron el Programa de Unidad Nacional dirigido al próximo gobierno. Precisaron que la aceptación de este programa y el otorgamiento de garantías formales para su cumplimiento serán condiciones definitorias para su apoyo en segunda vuelta.

Posteriormente, por medio de un comunicado, el partido confirmó que respaldará a Juntos por el Perú, pese a que no les genera “plena confianza” y “hay dudas legítimas sobre sus decisiones y transparencia”.

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Rosa María Palacios cuestionó a López Chau porque en el comunicado el respaldo a Sánchez no es explícito. En respuesta, el excandidato apeló a la lógica. “No a Keiko, no al voto en blanco y no seremos parte del cogobierno ministerial. ¿Qué se entiende? Que voten por Sánchez, ¿no?”, expresó en entrevista a Sin Guion.

Asimismo, precisó que si sus requerimientos no son tomados en cuenta por el eventual gobierno de Sánchez, pasarían a ser “oposición, leal y crítica”. “(O sea, ahorita no son oposición) Bueno, ahora somos un apoyo crítico”, dijo.

También adelantó que, personalmente, nunca apoyaría una vacancia contra Sánchez, pero reconoce que el partido podría tener una posición igual o diferente. En el caso de Keiko Fujimori, comentó que se tendría que evaluar la situación de apoyar o no una vacancia.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales el último sábado 23 de mayo, la organización afirmó que abstenerse o votar viciado favorecería a Fuerza Popular y a su lideresa, Keiko Fujimori.

"Nuestro voto por Juntos por el Perú (JP) es un voto crítico, respaldado por exigencias y garantías explícitas para nuestro país", precisó Ahora Nación.

Entre las principales exigencias mencionadas figuran el respeto irrestricto a la democracia, la institucionalidad y la independencia de poderes.

Asimismo, el pronunciamiento exige la defensa de los derechos fundamentales, los derechos humanos y los derechos de las mujeres, además de una lucha frontal contra la corrupción, la delincuencia y las economías ilegales.

En materia de gestión pública, Ahora Nación pidió garantizar servicios públicos “dignos, eficientes y descentralizados”, así como la conformación de un gabinete de unidad nacional integrado por profesionales “competentes y honestos”.

Antes de ello, a inicios de mayo, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y el líder de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, estuvieron en la marcha impulsada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Espinoza fue inhabilitada en diciembre de 2025 con la fuerza de los votos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y Avanza País. También, se declaró haber lugar para la formación de una causa legal contra Espinoza como presunta autora de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y como posible instigadora del delito de usurpación de funciones.

La razón de su inhabilitación se generó por una denuncia presentada el 24 de octubre de 2024 por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín contra Juan Carlos Villena Campana, quien entonces era fiscal de la Nación interino; Pablo Sánchez, Zoraida Avalos y Delia Espinoza.

Los parlamentarios denunciantes sustentaron que Villena Campana aprobó el Reglamento “Actuación fiscal en La investigación del delito” que, según ellos, contravino la Ley N.° 32130 (que fortalece el rol de la Policía Nacional del Perú en la investigación preliminar), al ordenar la continuación de investigaciones en el ámbito fiscal, pues supuestamente implicaría invadir competencias de la PNP y vulnerar el marco constitucional y legal.

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PJ: congresistas que denunciaron a Delia Espinoza no presentaron argumentos objetivos

Sobre este aspecto, el Poder Judicial determinó que los denunciantes no explican ni se sustentan de qué forma se habría faltado al deber con “honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación”.

De igual forma, los congresistas responsabilizaron a los denunciantes de, según ellos, pretender derogar la Ley N°32130, pero tampoco argumentaron objetivamente de qué forma habría sucedido ello.

Tampoco sustentaron de qué forma Villena, Espinoza, Ávalos y Sánchez se habrían negado a acatar la obligatoriedad inmediata de la referida ley y disponer que los fiscales a nivel nacional no la cumplieran. Menos indican de qué forma se habría contravenido la ley.

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Los parlamentarios también imputaron a los denunciados “haber invadido el monopolio policial y que se estaría transfiriendo competencias investigativas exclusivas de la PNP”; sin embargo, la instancia judicial observó que “no se explica ni se sustenta de qué forma y cuáles serían las funciones y competencias otorgadas a la PNP que se estarían invadiendo”.

El mismo argumento usó el Poder Judicial para dejar sin lugar los presuntos delitos penales atribuidos a Espinoza. No se sustentó de forma sólida la supuesta comisión de los cuatro delitos que se le atribuyen.

“No se consigna mínimamente de qué forma la disposición seria contraria al texto expreso y claro de la Ley”, se lee en la resolución.

Poder Judicial determinó que represalias del Congreso solo fueron tomadas contra Delia Espinoza

Además, al analizar el contexto y la ruta de la denuncia sobre los demás denunciados, el Poder Judicial notó que hubo un ensañamiento contra Espinoza Valenzuela.

Precisaron que se decidió inhabilitarla por 10 años y declaró haber lugar para una causa penal “sin que se advierta de ambas una razón, causa o circunstancia del porque solamente respecto” a ella se tomaron tales decisiones. Esto, indican, “evidencia una grave incongruencia, afectando el debido proceso parlamentario, en la vertiente vulneración del derecho a la debida motivación”.

Notaron que, a pesar que los demás Fiscales Supremos denunciados se encontraban en la misma situación jurídica que Espinoza, no se les impuso la inhabilitación y tampoco se les declaro haber lugar a la formación de causa penal.

Ese trato diferenciado, al igual que las acusaciones, tampoco tiene un argumento. No hubo justificación alguna en las resoluciones legislativas (contra Delia) que “permitan inferir mínimamente en las razones objetivas de ese trato diferenciado”. Por ello, es evidente que hubo “un trato discriminatorio y por ende la vulneración de este derecho fundamental”.

Con todo eso, el PJ aclara que su decisión no implica un “cuestionamiento a la prerrogativa de los congresistas en el control político y en el libre ejercicio de sus votos”. Tampoco significa que en este proceso constitucional se discuta o determine si hubo o no infracción constitucional por parte de la demandante o la presunta comisión de delitos de función porque ello solo le compete al Congreso.

“La potestad del Congreso de la República queda incólume para que proceda conforme a sus atribuciones constitucionales con relación a los actos que le fueron imputados a la demandante como infracción constitucional y la presunta comisión de delitos de función, garantizándole el irrestricto respeto a sus derechos constitucionales; dejándose a salvo esa potestad”, se lee.

Por medio de un comunicado el estudio del abogado Juan Carlos Portugal precisó que “todas las firmas atribuidas como falsas corresponden al “puño y letra” de la expresidenta, de acuerdo con las pericias.

Especificó que “no existe mandato o prescripción médica que haya determinado algún impedimento para realizar algún acto funcional” durante el post operatorio.

“La evidencia documental y testimonial acreditó la participación de Dina Boluarte en las decisiones del Estado dentro del marco de la imputación”, se lee.

En abril de 2025, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, y aseguró que Boluarte no informó al gabinete sobre la cirugía a la que se sometió en julio de 2023.

Otárola enfatizó que la exmandataria omitió comunicar su impedimento temporal.

“Como correspondía a la verdad de los hechos, dije que efectivamente la presidenta se sometió a una operación quirúrgica el 28 de julio de 2023. ¿Fue por salud o estética? No me corresponde responder. Eso lo investigan ustedes (...) ¿La señora Boluarte informó formal o informalmente al Consejo de Ministros o al presidente del Consejo de Ministros la realización de este procedimiento médico? Y la respuesta es contundente: no, no lo hizo”, señaló Otárola.

También, mencionó que entre el 28 de junio y el 10 de julio de 2023, no mantuvo reuniones presenciales con Boluarte, pese a encontrarse en funciones como jefe del Gabinete. Según relató, solo hubo breves comunicaciones telefónicas en las que la mandataria justificó su ausencia física con un supuesto cuadro gripal severo, sin mencionar en ningún momento que se encontraba recuperándose de una cirugía estética.

Otárola añadió que el 5 de julio Boluarte participó en un Consejo de Ministros, aunque sin activar su cámara, lo cual impidió verificar su condición real. Recién el 10 de julio reapareció públicamente en un acto oficial junto al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, y dos días después se presentó en persona a una nueva sesión del gabinete.

Mientras Fujimori podría presentarse este jueves 28 a las 4.00 p. m. en la Quinta Salas, bajo el puente Grau, en el Cercado, colectivos en contra se concentrarán a solo unos pasos, en el óvalo Grau. “Keiko Fujimori, nunca más; todos a las calles contra la impunidad y el autoritarismo. “Fujimori nunca más”, señalan en sus avisos.

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Otro colectivo que se suma es Sikuris Arequipa: "Tu voz es esencial, tomemos las calles", indican en sus anuncios. Asimismo, algunos simpatizantes de Castillo estarán presentes.

De igual forma, se presente o no, el evento se llevará a cabo. Extrañamente, los organizadores pidieron que asistan con polos blancos o rojos, pero no de color naranja, y anunciaron que es una actividad en defensa de la democracia.

No se fue ninguna porque el negocio era malo. Se fueron porque el Estado peruano no supo —o no quiso— darles las condiciones para quedarse.

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas y expresidente del Colegio de Ingenieros del Perú, estaba en primera fila. Lo contó en el primer foro del ciclo Perú: Futuro Energético del Grupo La República con la precisión de quien conoce cada detalle de lo que falló: "Vinieron seis empresas que buscaron invertir. Cada una tenía por lo menos 1,000 millones de dólares para inversión en proyectos. Yo tuve dos de ellas como clientes, entonces conozco la historia más o menos de cerca. Al final no le dieron gas a ninguna."

La promesa que el Estado no cumplió

La historia comenzó bien. García hizo el anuncio y las empresas respondieron con interés. Pero cuando llegó el momento de concretar, el aparato estatal mostró su peor cara. No hubo una ventanilla única, ni un precio promocional claro, ni una asignación directa de reservas para los proyectos. Lo que hubo fue burocracia, desconfianza y una lógica que Herrera Descalzi describió con toda su crudeza: "Lo primero que les dijeron es: no hay gas para todos, tiene que haber un concurso. De ese concurso quedó para uno y medio. El medio al final quedó afuera, quedó solamente para uno."

Y con ese uno la historia se repitió. Los años pasaron. Las negociaciones se alargaron. Los funcionarios cambiaron. Y mientras el Estado peruano dilataba una decisión que debía haberse tomado en meses, ocurrió algo que nadie había previsto con suficiente claridad: en Estados Unidos se descubrió el gas de esquisto.

El shale gas, como se denomina al gas natural atrapado en formaciones de roca sedimentaria muy compacta, cambió el mercado global de un golpe. El precio del gas en Norteamérica se desplomó. Y las empresas que habían venido a invertir en el Perú hicieron el cálculo que cualquier empresa hace: "Si tú no cambias el precio de tu gas, mejor lo hago en mi casa central, que es Estados Unidos", les dijeron a sus contrapartes peruanas, según relató Herrera Descalzi.

Se fueron. Todas. "Cinco proyectos de petroquímica. Por lo menos dos eran viables. De los cinco hubiéramos tenido petroquímica del metano hace buen tiempo."

Lo que el Perú perdió y no recuperó

Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos, completó el cuadro desde la perspectiva de la demanda. Para él, lo ocurrido en 2009 no fue solo una oportunidad perdida de industrialización. Fue la confirmación de un patrón que se repite desde que se tomó la decisión de exportar el gas en el gobierno de Toledo: el Estado peruano sistemáticamente priorizó la monetización rápida del recurso sobre su aprovechamiento estratégico de largo plazo.

"Toledo cambió un proyecto que era de consumo interno por un proyecto de exportación. Y es así como tenemos que la mitad del gas se consume en el Perú y la mitad se exporta, cuando tenemos gas para 10 o 12 años", dijo Gamio. La petroquímica que pudo haberse construido con ese gas habría dado al país, según sus cálculos, entre seis y 10 veces más ingresos que la simple venta del recurso como materia prima. "La petroquímica del metano —urea y nitrato de amonio— sí podríamos haberla desarrollado. Por lo menos seis veces más ingresos al país que la venta del gas como materia prima."

Víctor Murillo, presidente del directorio de EGESUR, añadió la dimensión agrícola de esa pérdida, que hoy se siente en el precio de los alimentos: "Si hubiésemos tenido el gasoducto del sur en su momento en vez de exportar el gas, hoy tendríamos un sector agrícola más competitivo. Produciríamos nuestros propios fertilizantes." En cambio, el Perú importa urea a precios que han subido dramáticamente desde la guerra de Ucrania y ahora con el conflicto en el Golfo Pérsico. Cada kilo de abono que paga el agricultor peruano lleva incorporado el costo de una decisión que se tomó —o no se tomó— hace 15 años.

La falla que se repite: el Estado sin sistema nervioso

Herrera Descalzi usó una expresión que resume décadas de política energética fallida: "Esa falta de sistema nervioso del Estado peruano para ajustar el precio para que la industrialización no se detenga, no se frustre, más la falta de voluntad política de todos los actores, porque lamentablemente es cierto, no hubo una definición clara del precio de usar la petroquímica con un precio promocional."

No fue un gobierno. Fueron todos. El patrón se repite con variaciones desde 1993: se toma una decisión energética importante, llega un gobierno nuevo que la cuestiona, llega otro que la revierte parcialmente, llega otro que negocia algo distinto. Y en ese péndulo permanente, las empresas que necesitan certeza de largo plazo para invertir miles de millones de dólares simplemente se van a otro país.

Gamio lo sintetizó con una imagen que quedó flotando en el foro: "Eso fue la historia de la zorra y el cuervo. Así es como el cuervo perdió el pedazo de queso." El Perú tenía el queso —el gas más barato de la región, un recurso descubierto y desarrollado, una posición geográfica privilegiada— y lo perdió por abrirle el pico a quien le prometió más.

Lo que viene si no se aprende la lección

El inventario actual es el resultado directo de esas decisiones. El lote 88, el único comprometido con el mercado interno, tiene reservas para 10 años. Los lotes de exportación están casi agotados. El lote 58, en manos de una empresa china, no tiene destino definido. Y Candamo —el yacimiento que podría cambiar la ecuación con reservas estimadas de entre 30 y 40 TCF— está bloqueado por un parque nacional que Fujimori creó semanas después de que la exploración arrojara resultados positivos.

Herrera Descalzi calculó lo que el Perú necesita para garantizar abastecimiento interno hasta el 2060: "17 TCFs adicionales. Más que Camisea. Necesitamos dos Camiseas." Y puso el plazo con la frialdad de quien conoce los tiempos reales de la industria: "En el escenario optimista, 10 años para confirmar Candamo y construir la infraestructura que lo conecte con el sistema actual. Son 10 años fáciles ya."

Diez años que empiezan a correr este miércoles, desde el gobierno que asuma el 28 de julio, desde las decisiones que se tomen —o no se tomen— en los primeros 100 días del próximo mandato. El mismo Estado que en 2009 ahuyentó a seis empresas con mil millones de dólares cada una tendrá que ser capaz, esta vez, de atraer la inversión que permita encontrar dos Camiseas nuevas antes de que la única que tiene el país se agote.

Murillo cerró el foro con la frase que mejor resume lo que está en juego: "Ya estamos con los años prácticamente en descuento. Cuanto antes empecemos, mejor."

El queso se perdió una vez. La pregunta es si el próximo gobierno está dispuesto a no perderlo de nuevo.

Fuerza Popular

• Miguel Ángel Torres Morales (Distrito Nacional): 280.141 votos
• Martha Gladys Chávez Cossio (Distrito Nacional): 107.809 votos
• Marco Enrique Miyashiro Arashiro (Lima Metropolitana): 93.048 votos
• Fernando Miguel Rospigliosi Capurro (Distrito Nacional): 56.511 votos
• Carmen Patricia Juárez Gallegos (Distrito Nacional): 28.295 votos
• Martha Lupe Moyano Delgado (Distrito Nacional): 23.583 votos
• César Augusto Astudillo Salcedo (Distrito Nacional): 22.743 votos
• Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco (Lambayeque): 21.221 votos
• Karla Melissa Schaefer Cuculiza (Piura): 19.746 votos
• Jorge Velásquez Portocarrero (Ucayali): 14.182 votos
• Víctor Seferino Flores Ruiz (La Libertad): 13.573 votos
• Jacques Salomón Rodrich Ackerman (Callao): 11.574 votos
• David Julio Jiménez Heredia (Junín): 9.998 votos
• Carlos Fernando Mesía Ramírez (Distrito Nacional): 9.918 votos
• Elard Galo Melgar Valdez (Lima Provincias): 9.640 votos
• Víctor Manuel Noriega Reátegui (San Martín): 9.621 votos
• Nilza Merly Chacón Trujillo (Áncash): 9.484 votos
• Rafael Gustavo Yamashiro Oré (Ica): 8.006 votos
• Juan Carlos del Águila Cárdenas (Loreto): 7.935 votos
• Segundo Leocadio Tapia Bernal (Cajamarca): 5.697 votos
• José Berley Arista Arbildo (Amazonas): 3.877 votos
• Héctor José Ventura Ángel (Tumbes): 3.130 votos

Juntos por el Perú

• José Mercedes Castillo Terrones (Distrito Nacional): 270.785 votos
• Silvana Emperatriz Robles Araujo (Distrito Nacional): 154.342 votos
• Bernardo Jaime Quito Sarmiento (Distrito Nacional): 86.094 votos
• Saúl Andrés Armacanqui Morales (Distrito Nacional): 30.906 votos
• José Moisés Chipana Chipana (Puno): 30.871 votos
• Iber Maraví Olarte (Distrito Nacional): 26.840 votos
• Wilfredo Verano Saravia (Cusco): 16.551 votos
• Joaquín Yauri Tunque (Huancavelica): 14.540 votos
• Andrés Avelino Ramos Huillcas (Apurímac): 12.463 votos
• Edyson Humberto Morales Ramírez (Ayacucho): 12.046 votos
• Serafín Andrés Luján (Huánuco): 10.975 votos
• Percy Herbert Osorio Palpan (Pasco): 3.117 votos
• Jessica Choque Vela (Madre de Dios): 2.358 votos
• Víctor Raúl Cutipa Ccama (Moquegua): 1.994 votos

Renovación Popular

• Rafael López Aliaga Cazorla (Distrito Nacional): 250.908 votos
• Alejandro Muñante Barrios (Distrito Nacional): 191.312 votos
• Katherine Ampuero Meza (Distrito Nacional): 170.439 votos
• Francisco José Giampietri (Lima Metropolitana): 126.639 votos
• María Lourdes Alcorta Suero (Distrito Nacional): 119.166 votos
• Estanislao Edgar Mancha Pineda (Distrito Nacional): 70.980 votos
• Milagros Jáuregui Martínez (Lima Metropolitana): 64.544 votos
• Miguel Ángel Velásquez García (Extranjero): 5.282 votos

Partido del Buen Gobierno

• Flavio Felipe Figallo Rivadeneira (Distrito Nacional): 175.634 votos
• Patricia Milagros Iturregui Byrne (Distrito Nacional): 163.746 votos
• Susana Matute Charún (Distrito Nacional): 128.913 votos
• Nora Bonifaz Carmona (Lima Metropolitana): 77.346 votos
• Carlos David Caballero León (Distrito Nacional): 43.273 votos
• Juver Nilson Flores Suárez (Arequipa): 23.570 votos
• Jorge Octavio Gavidia Rodríguez (Distrito Nacional): 19.791 votos

Partido Cívico Obras

• Daniel Hugo Barragán Coloma (Distrito Nacional): 188.375 votos
• Agripina María Flores Córdova (Distrito Nacional): 74.653 votos
• Walter Francisco Gago Rodríguez (Distrito Nacional): 30.605 votos
• Roger Miguel Astucuri Laura (Distrito Nacional): 15.706 votos
• Juana Guisella Ticona Cohaila (Tacna): 3.406 votos

Partido Ahora Nación

• Pablo Alfonso López Chau Nava (Distrito Nacional): 200.571 votos
• Jaime Ricardo Delgado Zegarra (Distrito Nacional): 151.870 votos
• Ruth Luque Ibarra (Distrito Nacional): 104.473 votos
• Mirtha Esther Vásquez Chuquilin (Distrito Nacional): 94.004 votos

"Es tiempo de volver a unir al Perú. De reencontrarnos como hermanos, de recuperar la confianza perdida y de construir, entre todos, una patria donde nuestros hijos puedan crecer con oportunidades, libertad y esperanza", se lee en el comunicado.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales este martes 26 de abril, la agrupación política indicó que durante su campaña electoral denunció una serie de irregularidades en el proceso electoral, así como el silenciamiento y discriminación sistemática a la candidatura de Belmont.

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Sin embargo, pese a ello, apoyarán a Sánchez el próximo 7 de junio.

"Por esta y muchas razones, el partido Cívico Obras ha decidido respaldar a Juntos por el Perú y su candidato presidencial Roberto Sánchez; este respaldo se otorga con absoluta responsabilidad democrática y compromiso con el país", señala el pronunciamiento oficial.

Cívico Obras fiscalizará un eventual gobierno de Roberto Sánchez

El partido de Belmont advirtió que, si bien respaldarán a Juntos por el Perú y a Sánchez, sus senadores y diputados fiscalizarán y vigilarán un eventual gobierno.

"El Perú merece paz, merece justicia, merece unidad, y merece volver a creer en sí mismo", añade el comunicado firmado por el secretario general nacional del partido, Daniel Barragán Coloma.

Por otro lado, Obras afirmó que mantendrá su "posición principista e invariable" durante el proceso electoral: "Primero la patria, segundo el partido y tercero las personas".

"El partido Cívico Obras ha mantenido, a lo largo de su historia, sus 10 vigas maestras como principios fundamentales de acción política, consolidándose como el primer gran movimiento independiente que ganó las elecciones municipales de Lima Metropolitana en 1990 y 1993", acotó.

Ahora Nación y Cooperación Popular anuncian voto a favor de Roberto Sánchez

Ahora Nación, partido liderado por Alfonso López Chau, oficializó su apoyo a la candidatura de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con miras a la segunda vuelta electoral. Mediante un pronunciamiento difundido en sus redes sociales el pasado 23 de mayo, la agrupación sostuvo que optar por la abstención o emitir un voto viciado terminaría beneficiando a Fuerza Popular y a su lideresa, Keiko Fujimori.

"Nuestro voto por Juntos por el Perú (JP) es un voto crítico, respaldado por exigencias y garantías explícitas para nuestro país”, señaló el partido.

Asimismo, Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, señaló que, tras un proceso de deliberación y votación interna, decidió respaldar la candidatura de Juntos por el Perú.

Durante su pronunciamiento, el excandidato presidencial recordó que en las elecciones de 2021 impulsó el voto viciado en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Según explicó, esa decisión estuvo motivada por su desacuerdo con ambas opciones electorales.

“Millón cien mil peruanos votaron igual (viciado) porque no podíamos respaldar la corrupción de Fujimori y menos la improvisación e inexperiencia de Pedro Castillo. El tiempo nos dio la razón… la mafia lo sacó… y ha tenido la osadía de designar cuatro presidentes en cinco años”, dijo.

Partido Morado no apoyará ni a Keiko Fujimori ni a Roberto Sánchez

El Partido Morado anunció que no brindará su apoyo a ninguno de los candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral. A través de un pronunciamiento, la agrupación señaló que los resultados de la primera vuelta plantean un “dilema doloroso” para los ciudadanos que defienden la democracia, la libertad y el progreso del país.

En el documento, el partido sostuvo que las organizaciones políticas que compiten en el balotaje mantienen posturas e ideologías alejadas de la visión de centro republicano que ha promovido la agrupación. Por ello, indicó que sus militantes podrán decidir libremente su voto de acuerdo con su conciencia y responsabilidad cívica.

"Por esa contradicción en lo fundamental, nuestro partido no puede apoyar, de modo institucional, a ninguno de los partidos en pugna el 7 de junio", se lee en el comunicado.

A través de un comunicado, la saliente presidenta del Tribunal Constitucional (TC) señaló que la decisión de presentar su renuncia responde a la permanencia de un funcionario de la institución en quien ya no deposita su confianza.

“(Presento la renuncia) ante la reiterada decisión de una mayoría de magistrados de mantener la confianza en un funcionario de alta dirección, de cuya gestión depende en gran medida la adecuada conducción administrativa de la institución”, sostuvo.

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Pacheco indicó que perdió la confianza en el funcionario desde el año pasado y propuso retirarlo del cargo, pero su pedido fue rechazado. “Al no haberse atendido esta petición ni aceptado su apartamiento del cargo, decidí permanecer en la Presidencia únicamente hasta el 31 del presente mes”, añadió.

Sobre el tema, la magistrada también rechazó que su salida del TC sea por problemas de salud. “Mi decisión no obedece a motivos de salud, ni de otra índole, y tampoco implica un alejamiento del Tribunal Constitucional”, apuntó.

Helder Domínguez Haro, en su condición de vicepresidente de la institución, asumiría la presidencia del Tribunal Constitucional. En conversación con RPP, el expresidente del TC, Óscar Urviola, aseguró que Pachecho está en su derecho de renunciar y que la ley establece mecanismos para que deje el cargo.

"Desconozco las razones por las que invoca su renuncia la Dra. Luz Pacheco. Sin embargo, es una situación que esta contemplada en la ley orgánica y el reglamento", señaló.

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Luz Pacheco: una gestión marcada por decisiones a favor de ciertas figuras políticas

La gestión de Luz Pacheco no estuvo exenta de polémica. Bajo su cargo, el Tribunal Constitucional dio sentencias favorables para personajes de la política como Keiko Fujimori, Daniel Urresti o Vladimir Cerrón.

El Tribunal Constitucional dispuso el archivamiento de la investigación del caso Cócteles contra la lideresa de Fuerza Popular, y otras 14 personas investigadas por presunto lavado de activos y organización criminal. Con el voto favorable de cinco magistrados, el TC concluyó que las pesquisas y la acusación vinculadas a los aportes recibidos en las campañas presidenciales de 2011 y 2016 no contaban con base jurídica suficiente.

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Daniel Urresti, figura relacionada a Podemos Perú, también logró su libertad gracias al TC bajo la gestión de Pacheco. El máximo intérprete constitucional anuló la condena impuesta al exministro por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, permitiendo su libertad en plena campaña electoral.

Del mismo modo, el TC también anuló el extremo de la condena de tres años y seis meses de prisión efectiva impuesta contra el líder de Perú Libre y ordenó que el Poder Judicial emita un nuevo pronunciamiento. Aunque la resolución terminó favoreciendo a Cerrón, hasta el momento, el exgobernador de Junín no ha salido de la clandestinidad puesto que todavía pesa un pedido de prisión preventiva en su contra por el caso ‘Dinámicos del Centro’.

El monto de la multa electoral varía según el votante. La cifra depende de la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI), según la categorización elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Además de la multa económica, no regularizar la situación electoral puede generar dificultades para realizar trámites administrativos y acceder a determinados servicios del Estado.

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¿Cuánto se paga de multa por no votar en la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

La multa por no participar en la segunda vuelta se mantiene bajo el mismo esquema aplicado durante la primera jornada electoral. Los montos establecidos son los siguientes:

• S/110 para ciudadanos que viven en distritos no pobres
• S/55 para quienes residen en distritos pobres no extremos
• S/27,50 para electores de distritos en pobreza extrema

La clasificación del distrito se determina automáticamente con los datos oficiales del INEI y la dirección registrada por el ciudadano en su DNI.

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¿Qué pasa si no pagas la multa electoral de las Elecciones Presidenciales 2026?

No cancelar la multa por omisión al sufragio puede traer consecuencias administrativas para el ciudadano. Entre las principales restricciones figuran impedimentos para efectuar trámites en entidades públicas y dificultades para acceder a servicios estatales.

Asimismo, mantener deudas electorales pendientes puede generar problemas en diversos trámites oficiales. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recomienda regularizar el pago lo antes posible.

Los ciudadanos pueden consultar si tienen multas electorales pendientes mediante las plataformas digitales habilitadas por las autoridades electorales.

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¿Por qué habrá segunda vuelta en Perú?

La legislación peruana establece que un candidato presidencial debe obtener más del 50% de los votos válidos para ganar en primera vuelta. Debido a que ningún postulante alcanzó ese porcentaje en las Elecciones Generales 2026, será necesario realizar una nueva jornada electoral.

La segunda vuelta enfrentará a los dos candidatos más votados en la primera etapa y se llevará a cabo el domingo 7 de junio en todo el país.

Durante esta jornada, la ciudadanía volverá a acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Resultados oficiales de la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados de la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 tras culminar el conteo de actas procesadas por la ONPE. De acuerdo con los resultados finales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta electoral luego de superar a Rafael López Aliaga en una de las jornadas más reñidas de los últimos años.

La publicación de los resultados oficiales estuvo marcada por cuestionamientos de Renovación Popular y denuncias de presunto fraude electoral impulsadas por López Aliaga. Sin embargo, tanto la ONPE como el JNE ratificaron la validez del proceso electoral y confirmaron el cronograma para el balotaje presidencial.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará el próximo domingo 7 de junio, según confirmó oficialmente el Jurado Nacional de Elecciones. En esta jornada, los ciudadanos deberán elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para definir al próximo presidente del Perú para el periodo 2026-2031.

Durante las próximas semanas, ambos candidatos iniciarán una nueva etapa de campaña electoral enfocada en debates, alianzas políticas y recorridos por regiones clave del país. La ONPE también deberá publicar el cronograma oficial para la capacitación de miembros de mesa y difusión de locales de votación.

“Se acercó a reclamarme por las leyes procrimen. Me dijo: ‘¿Por qué ustedes dicen que Sánchez no ha votado por las leyes procrimen si hay una ley por la que sí ha votado?’. Entonces yo le respondí que esa norma tiene que ver con el uso de maquinaria y explosivos por parte de mineros artesanales, y no ilegales, que por no contar con contratos formales con la gran minería no pueden acceder a ella. En esa ley, Roberto votó a favor”, declaró Zunini en el pódcast 'Pitucos Marrones'.

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Zunini y Barbarán intercambiaron posiciones en el bloque de juventud y deporte durante el debate técnico. El dirigente de Juntos por el Perú señaló, entre risas junto a los panelistas del programa, que la representante fujimorista incluso habría admitido su respaldo a este grupo de iniciativas legislativas.

“Y yo le dije: ‘¿Ustedes defienden las leyes procrimen?’. Y ella me respondió: ‘Sí, las defendemos’. Entonces le dije: ‘Síganle diciendo eso a la gente’, y ahí fue cuando me retiré. (...) Terminaron aceptando que estaban de acuerdo con las leyes procrimen”.

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Rosangella Barbarán encaró a Ernesto Zunini tras debate técnico

Tras el debate de los equipos técnicos realizado en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se registró un momento de tensión entre representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Rosangella Barbarán, congresista fujimorista que participó en el bloque de juventud y deporte, se acercó a Ernesto Zunini, integrante técnico de Juntos por el Perú en esa misma mesa.

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En las imágenes difundidas se observa a Barbarán dirigiéndose brevemente a Zunini antes de retirarse del lugar, mientras que el vocero de Juntos por el Perú respondió únicamente con una sonrisa. Asimismo, según se aprecia en los videos, la parlamentaria también habría intentado confrontar a Gustavo Guerra García, representante de Juntos por el Perú en temas de infraestructura.

Durante el intercambio entre ambos equipos, no faltaron las críticas cruzadas. Barbarán cuestionó las propuestas económicas planteadas por Juntos por el Perú, mientras que Zunini —además de indicar el apoyó a las leyes procrimen de esta organización— respondió recordando la actuación del fujimorismo en el Congreso durante los últimos años y señalando su participación en vacancias presidenciales y su influencia desde el Parlamento.

Esta decisión se tomó por sugerencia de las Fuerzas Armadas y la reubicación se realizó en los lugares más cercanos al local inicial.

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Estos son los nuevos locales

A continuación, conoce los lugares:

Jesús María

• Del parque Cáceres, ubicado en la cuadra 6 de la av. Cuba, se pasará a la IEP Saco Oliveros - Cuba, localizada en la av. Cuba 531-543.

Lince

• Del parque Gran Mariscal Ramón Castilla, en el Jr. Joaquín Bernal, cuadra 7, se pasará al CE Parroquial Santa Rosa de Lima, en la calle Almirante Guisse 2150.
• Del parque del Bombero, en la av. César Canevaro 1400, se pasará a la IE 1057 José Baquijano y Carrillo, en el Jr. Manuel Gómez 651.
• Del parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo, en la av. Juan Pardo de Zela 500, se pasará a la IE 1059 María Inmaculada, en la av. Militar 1862.
• Del parque Santos Dumont, en la calle Los Tulipanes 200, se pasará a la IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio, en la av. Prol. Iquitos 2139.

Miraflores

• Del boulevard Tarata, en la av. José Larco, cdra. 6, se pasará a la IE 7003 Manuel Fernando Bonilla, en la calle Manuel Bonilla 282.
• Del parque Miguel Grau, en el Malecón de la Marina s/n, se pasará a la IE 7008 Scipión E. Llona, en la calle Enrique Palacios s/n.
• Del parque Tradiciones Peruanas, en la av. Casimiro Ulloa s/n, se pasará a la IE Federico Villareal, en la av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376.
• Del parque Ramón Castilla, en la calle Pedro Venturo s/n, se pasará a la IE Federico Villareal, en la av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376.
• Del parque John F. Kennedy, en la av. Diagonal s/n, se pasará a la IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria, en la calle 15 de Enero 330.

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Oliva se graduó como economista en la Universidad del Pacífico. A lo largo de su trayectoria, entre 2011 y 2015 ocupó el cargo de viceministro de Hacienda, donde coordinó con entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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Dentro de su carrera en el extranjero, también cumplió funciones como especialista técnico y asesor para el BID.

En el ámbito académico, ejerció como director de la Maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico, además de ser una fuente de consulta habitual en medios de comunicación y foros académicos para analizar la economía y la política fiscal del país.

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Ministerio de Economía y Finanzas lamenta su partida

A través de un comunicado oficial, el MEF manifestó su profundo pesar por el fallecimiento de Oliva y extendió sus condolencias a los familiares, amistades y seres queridos que compartieron parte de su vida.

Acompañado de un crespón negro y los logotipos del Gobierno y del MEF, el mensaje fue difundido por la entidad en señal de duelo.

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Los principales cargos que desempeñó Carlos Oliva

• Viceministro de Hacienda entre 2011 y 2015
• Director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en 2015-2016
• Ministro de Economía y Finanzas durante 2018-2019
• Presidente del Consejo Fiscal en el periodo 2020-2024
• Vicepresidente del BCRP desde 2021 hasta 2026

Eso no lo dijo un activista ni un político de oposición. Lo señalaron Pedro Gamio, exviceministro de Hidrocarburos, y Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, en el primer foro del ciclo Perú: Futuro Energético, organizado por La República. Sus cifras son concretas y su conclusión es la misma: si el Perú no encuentra nuevas reservas antes de que se agoten las actuales, tendrá que importar gas. Y el gas importado cuesta, según Víctor Murillo, presidente del directorio de Egesur, hasta 15 veces más que el precio interno actual.

¿Qué significa eso en la práctica? Que la tarifa eléctrica —artificialmente baja gracias al gas barato de Camisea— subiría de forma sostenida. Que el transportista que este miércoles llena su tanque con gas natural vehicular a precio accesible volvería a depender de combustibles más caros. Que la industria que usa gas como insumo vería dispararse sus costos de producción. La crisis de marzo, cuando la rotura del ducto en Megantoni generó pérdidas de entre US$3.000 y US$5.000 millones en apenas 13 días, fue un anticipo a pequeña escala de lo que puede ocurrir de forma permanente.

Lo que se agota y lo que no se está haciendo

El inventario real del gas peruano es más preocupante de lo que el debate público reconoce. El lote 88 —el único formalmente comprometido con el mercado interno— tiene aproximadamente 7 TCF de reservas y un consumo anual de 0,5 TCF. Diez o 12 años en el escenario más optimista. Los lotes de exportación —56 y 57— tienen reservas para menos tiempo aún: 0,9 y 1,1 TCF, respectivamente, con un consumo exportador de un cuarto de TCF por año.

El lote 58, que el discurso político presenta como la reserva del futuro, tiene 3,5 TCF y está en manos de una empresa china con derecho contractual a exportarlo libremente. No hay compromiso formal que lo destine al mercado interno.

Sumando los lotes 58 y 88, el escenario más conservador da apenas 15 años de consumo interno. Y eso asumiendo que el sector eléctrico deja de consumir gas como lo hace hoy. Herrera Descalzi fue directo sobre ese punto: "El 60% del gas se consume en el sector eléctrico y no es tan necesario. Se podría reducir drásticamente sustituyéndolo por hidroeléctricas y energías renovables, liberando reservas para hogares, transporte e industria donde el gas es realmente insustituible."

El problema es el tiempo. Construir una hidroeléctrica toma 10 años. Explorar y desarrollar un nuevo yacimiento de gas también. Y el Perú, que pasó de tener más de 80 contratos de exploración activos a no llegar este miércoles a dos dígitos de lotes en exploración, lleva años perdiendo ese tiempo.

El transporte y la industria: los más expuestos

El gas natural no es solo el balón de cocina —cuyo GLP proviene en parte de los líquidos de Camisea, aunque en cantidad limitada, y en parte de importación y refinerías—, sino el combustible que mueve la economía en sus sectores más sensibles.

En Lima hay aproximadamente 500.000 a 600.000 vehículos que funcionan con gas natural vehicular. Son taxis, camiones y buses. Si el gas se encarece por escasez o por necesidad de importarlo, esos vehículos vuelven a la gasolina o el diésel, y el costo del transporte —y, con él, el precio de todo lo que se transporta— sube para toda la cadena. Murillo lo cuantificó con el ejemplo más reciente: "13 o 14 días de interrupción del gas generaron pérdidas de entre 3,000 y 5,000 millones de dólares." Eso con solo Lima afectada. Eso con solo dos semanas.

La industria es igualmente vulnerable. El gas natural es insumo directo de la producción manufacturera, la generación de vapor, los procesos químicos y la petroquímica que el Perú nunca desarrolló, pero todavía podría desarrollar. Sin gas barato y asegurado, ningún proyecto industrial de mediana o gran escala puede planificarse con horizonte de largo plazo. Y sin esa planificación, el país seguirá exportando materias primas en lugar de productos con valor agregado.

Herrera Descalzi lo ilustró con una lámina de cuando era ministro y se firmó el contrato de Camisea: "Dice que lo que teníamos en Camisea era 5.8 veces lo que había en el Mantaro. En el año 2040 lo que teníamos en Camisea va a ser cero. El Mantaro va a seguir vivo y va a poder operar 100 años más. ¿Cuál es el resultado? Hay que crecer en Mantaros." Es decir, la solución para el sector eléctrico existe y tiene nombre. Lo que falta es la decisión política de ejecutarla.

Lo que el próximo gobierno no puede postergar

Los especialistas del foro coincidieron en que el siguiente gobierno tendrá una sola oportunidad y deberá actuar en varios frentes al mismo tiempo desde el primer día.

Primero, decidir sobre el contrato de exportación de Perú LNG que vence en 2028. Herrera Descalzi fue claro: "Lo dejaría librado a que ellos encuentren nuevas reservas en los lotes 56 y 57. No van a tocar el lote 88 porque se requiere por seguridad energética." Renovar ese contrato con las reservas actuales sería hipotecar el mercado interno.

Segundo, reactivar la exploración de forma urgente. "Tenemos reservas probadas de 10 años. Todo eso en el escenario optimista en 10 años para confirmar y desarrollar Candamo", advirtió Herrera Descalzi. Y Gamio fue más directo: "Ya estamos tarde. No hay tiempo que esperar."

Tercero, construir la planta de regasificación que la crisis de marzo demostró que es indispensable. "Si no podemos sacar el gas, tenemos que asegurar el suministro. La planta de regasificación se necesita de todas maneras, ya no hay que esperar a mañana", dijo Herrera Descalzi.

Cuarto, liberar la masificación regional del gas con tarifas promocionales reales. El 80% o 90% de los usuarios de gas natural están en Lima. El error del Congreso al aprobar tarifas solo para pequeños consumidores condenó ese proceso a 20 años en lugar de cinco.

Murillo cerró el foro con la frase que mejor resume la urgencia: "El gas ya se instaló en el Perú y no hay forma de quitarlo. Estamos condenados a buscar o a comprar en el extranjero. Y nos iría muy mal de verdad."

El gas que mueve la economía peruana se acaba en 10 años. El próximo gobierno lo sabe o debería saberlo. Lo que falta saber es si tiene un plan.

A través de un comunicado en el que responde a las razones de su salida, la magistrada precisó que su renuncia no responde a motivos de salud ni tampoco se debe a un alejamiento del Tribunal Constitucional.

Esta situación era conocida dentro de la entidad, ya que la magistrada reveló que desde el año pasado venía advirtiendo sobre su pérdida de confianza en dicho trabajador y planteó la necesidad de cambiarlo.

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Sin embargo, al ver que el resto de los jueces ignoró sus pedidos y rechazó apartar al funcionario, tomó la decisión de dejar el cargo de presidenta de la institución.

Pacheco precisó, además, que no abandonará la entidad por completo. Ella continuará trabajando como una de las integrantes del pleno.

“Continuaré ejerciendo mis funciones como magistrada, manteniendo intacto mi compromiso con el país, con la defensa del orden constitucional y con las responsabilidades que la función jurisdiccional exige", detalló.

Posteriormente, en entrevista a Willax, la magistrada confirmó que se trata de Rodolfo Albán Guevara, Director General de Administración del TC.

“Desde el mes de diciembre del año pasado yo vengo insistiendo para cambiar a un funcionario de alta dirección que considero yo que no tiene las competencias adecuadas para ese puesto y más bien que regresara al que ganó por concurso y poder nombrar a una nueva persona. Sin embargo, no me lo han venido aceptando cada vez que lo he propuesto y ahora ya fue lo definitivo”, dijo.

Luego, comentó: “Les digo: ‘Bueno, entonces eso qué quiere decir, ¿van a reafirmar la confianza en ese señor o se la van a quitar? Porque si ustedes se la reafirman, yo no sigo en la presidencia”.

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Sobre su salida, Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, reconoció el buen trabajo de la magistrada.

“Yo tengo las mejores consideraciones de la doctora Luz Pacheco, hizo una gestión impecable, brillante (…) Creo que se ha desempeñado eficientemente bien”.

Helder Domínguez asume la presidencia del TC

A partir del lunes 1 de junio, el actual vicepresidente del TC, Helder Domínguez, asumirá la jefatura de forma interina para encargarse de las tareas administrativas, mientras los magistrados organizan una nueva votación para elegir al próximo presidente.

De acuerdo con la información difundida por el exmandatario, la denuncia se sustenta en que el magistrado habría aprobado la colaboración eficaz de Martín Belaúnde en su caso por presunto lavado de activos, que terminó en una condena en primera instancia a 15 años de prisión.

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Según Humala Tasso, Concepción Carhuancho presuntamente tomó la decisión de incorporar a Belaúnde a pesar de que la Corte Suprema de Bolivia le notificó en dos oportunidades la denegación de la ampliación de la extradición sobre el supuesto colaborador eficaz.

“Poco a poco, la verdad se abre paso”, informó el exmandatario, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo a la espera de que se resuelva la apelación de la sentencia impuesta en el marco del caso Lava Jato.

La denuncia interpuesta por el expresidente nacionalista fue presentada ante la Fiscalía Superior Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.

“Los hechos por los cuales se denuncia a Richard Concepción Carhuancho se dieron en su actuación como juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en el expediente 249-2015, relacionada a la carpeta 69-2015 que se encontraba a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche”, se lee en el documento de la denuncia formulada por el expresidente.

Juez Concepción Carhuancho también está en la mira de la JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) analiza suspender por seis meses al juez Carhuancho. La entidad presidida por María Teresa Cabrera investiga al magistrado por cuatro presuntas infracciones vinculadas a la carrera judicial: exhibir una fotografía de Nicanor Boluarte durante una conferencia virtual, solicitar que ese fragmento sea retirado de un video difundido en internet, brindar charlas en institutos no universitarios y cantar “Triciclo Perú” en un festival cultural.

Juan Monroy, abogado del magistrado, consideró que la eventual sanción resulta excesiva. La defensa sostuvo que la normativa solo permite separar temporalmente a un juez ante hechos de extrema gravedad. Asimismo, el jurista afirmó que las imputaciones formuladas por la JNJ no tienen un respaldo legal sólido.

Ese día, TGP le comunicó a Carhuaz que había sido despedido por la causal de “retiro de confianza”. En sus 15 años de labores, la empresa nunca le había informado que era un “trabajador de confianza”. La desvinculación ocurrió pocos días después de que Vladimir Carhuaz fue elegido secretario de Economía del Sindicato Unitario de Trabajadores de Transportadora de Gas del Perú (SUTRATGP), el primer gremio formado dentro de la compañía.

No fue el único. El supervisor de Laboratorio de Suelos, Julio Rengifo de Dios, también fue cesado con el mismo argumento. Su trabajo estaba vinculado a la supervisión de muestras, ensayos de laboratorio e informes técnicos. Rengifo llevaba más de 16 años en operaciones vinculadas a TGP y era secretario de Organización del sindicato.

Evidentemente, TGP, mediante el despido selectivo, apuntaba a desaparecer el sindicato y amedrentar a quienes intentaran organizarse, ejerciendo sus libertades para hacerlo.

Catorce fueron cesados el 28 de diciembre de 2023, entre ellos los cinco miembros de la junta directiva del sindicato. Si bien 4 firmaron convenios de mutuo disenso, 10 continuaron reclamando su reposición, entre ellos Carhuaz y Rengifo,

“Esa condición de personal de confianza nunca me la comunicaron, a pesar de tener 15 años trabajando. Recién lo hicieron cuando me despidieron”, explicó Vladimir Carhuaz.

A Julio Rengifo le sucedió lo mismo. “La categoría ‘personal de confianza’ tenía que estar en las boletas de pago, pero nunca fue así”, afirmó.

Para Rengifo, la justificación de TGP no coincide con la secuencia de los hechos: “El despido incluyó a 14 personas afiliadas al sindicato y, entre ellas, a toda la junta directiva del SUTRATGP. Este hecho, a todas luces, no es una simple coincidencia”, apuntó.

Sin duda, fue una represalia.

EL PUNTO DE QUIEBRE

El SUTRATGP fue constituido el 2 de noviembre de 2023. En la primera asamblea de esa fecha se sumaron los trabajadores que eligieron a la junta directiva. El Ministerio de Trabajo reconoció al sindicato mediante el expediente N.° 49883-2023-MTPE/1/20.2, emitido el 18 de diciembre de 2023. Todo conforme a las normas.

La directiva quedó integrada por Vladimir Salhuana Quichiz como secretario general; Tom Bernabé Castro como subsecretario general; Alejandro Huayanca Palomino como secretario de Defensa; Vladimir Carhuaz Castro como secretario de Economía; y Julio Rengifo de Dios como secretario de Organización.

Según la versión sindical, el 22 de diciembre de 2023 se comunicó formalmente a TGP la conformación y reconocimiento del gremio mediante la mesa de partes virtual de la empresa. Esa comunicación incluía la constancia de inscripción, la nómina de la junta directiva y la relación de trabajadores afiliados.

Sin embargo, TGP cuestiona este aspecto.

En documentos presentados en procesos judiciales, la empresa sostuvo que una revisión interna no encontró evidencia de comunicaciones electrónicas del sindicato en sus buzones o formulario virtual, entre el 18 y el 28 de diciembre de 2023. Señaló que solo había recibido una comunicación del correo del sindicato el 28 de diciembre por la tarde.

Ese punto es central: TGP afirma que no conocía la formación del sindicato antes de los ceses. Los trabajadores sostienen que la empresa sí fue informada y que los despidos se cumplieron cuando el gremio ya había sido reconocido por el Ministerio de Trabajo. Pero hay un asunto en particular: en cualquier caso, los trabajadores fueron desvinculados por la causal de “pérdida de confianza”. TGP nunca les informó que lo eran.

EN EL ESCENARIO MUNDIAL

El conflicto también escaló al plano internacional. La federación IndustriALL Global Union intervino en el caso en febrero de 2024. La federación es un conglomerado de 550 sindicatos de sectores de minería, energía y manufactura, que representan a 50 millones de trabajadores en más de 130 países.

En una carta enviada a TGP el primero de febrero de 2024, IndustriALL pidió la reincorporación de diez trabajadores despedidos. La organización sostuvo que SUTRATGP nació el 2 de noviembre de 2023, fue reconocido por el Ministerio de Trabajo el 18 de diciembre, lo que fue comunicado a la empresa el 22 de diciembre. Añadió que el 28 de diciembre TGP despidió a 14 dirigentes y afiliados, entre ellos toda la junta directiva.

TGP respondió negando que los ceses tuvieron una finalidad antisindical.

Luego, el 7 de marzo de 2024, IndustriALL rebatió esa versión y sostuvo que la afirmación de desconocimiento no era creíble porque, según el sindicato, la notificación fue presentada el 22 de diciembre y reiterada el 28 de diciembre por correo al gerente general, Tomás Delgado; la gerente senior de Gestión de Personas, Verónica Peralta; y el gerente de Operaciones, Andrés Mendizábal.

IndustriALL también cuestionó la calificación de los cesados como trabajadores de confianza. Señaló que no trabajaban en contacto personal con la dirección, no tenían acceso a información confidencial ni participaban en las decisiones empresariales. Además, nunca se les informó por escrito de esa condición, ni existía una evaluación que justificara el retiro de confianza.

LOS ARGUMENTOS DE TGP

La compañía niega haber ejecutado una práctica antisindical.

En una carta enviada el 7 de febrero de 2024 a IndustriALL Global Union, la empresa sostuvo que los ceses de personal ocurridos en diciembre de 2023 se dieron “en el marco de un proceso de mejora de operaciones” y que “en ningún modo” tuvieron el objetivo de eliminar un sindicato. También afirmó que no tenía conocimiento de la formación de SUTRATGP sino hasta después de los ceses.

La compañía añadió que la medida involucra a 20 trabajadores, varios de los cuales —según su versión— no tenían relación con SUTRATGP. Además, sostuvo que los cesados cumplían los requisitos para ser considerados personal de confianza y que, por ello, los ceses son válidos.

Los trabajadores rechazan esa explicación. Sostienen que no existían reportes de bajo rendimiento ni faltas graves. También afirman que TGP no ha presentado un plan previo de despidos en el que se identifique a los sindicalizados cesados antes de que la empresa tomara conocimiento de la existencia del gremio.

“TGP solo presenta un correo con un argumento literal, pero no adjunta ningún archivo que sustente que estos son los trabajadores que se van a despedir”, señaló Rengifo.

LO QUE ENCONTRÓ SUNAFIL

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) intervino en el caso desde diferentes regiones. En Ayacucho, la autoridad inspectiva emitió el Acta de Infracción N°067-2024-SUNAFIL/IRE-AYA, contra Transportadora de Gas del Perú. El documento concluyó que la empresa transgredió las garantías reconocidas a trabajadores de sindicatos en formación y vulneró la libertad sindical de dos ex trabajadores al cesarlos pese a conocer que estaban afiliados al sindicato. La infracción fue calificada como muy grave.

Por este hecho Sunafil propuso una multa de S/142.062.

También imputó una infracción grave por falta de colaboración inspectiva, debido a que TGP no puso a disposición de los servidores de Sunafil el registro de control de asistencia del personal contratado.

Por ese segundo hecho, se propuso una multa de S/8.085.

En total, el acta de Ayacucho fijó una posible sanción de S/150.148,25.

MANIOBRA COMPROBADA

El acta es clave porque fija una línea temporal distinta a la versión de la empresa. Sunafil señaló que el sindicato presentó su solicitud de registro ante la autoridad administrativa de trabajo el 14 de noviembre de 2023, por lo que sus miembros estaban protegidos por el fuero sindical desde esa fecha hasta el 13 de febrero de 2024.

Además, consignó que el 28 de diciembre de 2023, a las 09:16 a. m., se comunicó a los tres funcionarios de TGP mencionados (Tomás Delgado, Verónica Peralta y Andrés Mendizábal) la constitución, registro sindical y conformación de SUTRATGP.

Para Sunafil, con ello se acreditó que TGP tomó conocimiento de la conformación del sindicato, la nómina de afiliados y de la junta directiva ese mismo día, antes de los despidos por “pérdida de confianza”.

En Cusco, Sunafil también abrió actuaciones inspectivas por denuncias vinculadas al mismo caso. El Acta de Infracción N°886-2024-SUNAFIL/IRE-CUS tuvo como materia la libertad sindical, la transgresión a las garantías de los trabajadores de sindicatos en formación, discriminación en el trabajo, contratos, reglamento interno y planillas.

Ese expediente dejó constancia de que, de 24 trabajadores afiliados fundadores de SUTRATGP, 14 fueron cesados: cuatro por mutuo disenso y diez por retiro de confianza. También registró que, de 20 personas cesadas entre el 28 y 29 de diciembre de 2023, 14 eran afiliadas al sindicato.

De acuerdo con la información de Sunafil, las sanciones vinculadas a estos procedimientos superarían los S/200 mil.

¿PERSONAL DE CONFIANZA?

Uno de los puntos centrales del litigio es si los trabajadores cesados podían ser considerados “personal de confianza”.

En el procedimiento inspectivo de Ayacucho, Sunafil registró que TGP no presentó el Reglamento Interno de Trabajo vigente en 2023, ni el Manual de Organización y Funciones u organigrama funcional solicitado. La compañía argumentó que “esos documentos no estaban vinculados a la verificación de la materia investigada”.

Además, según los reportes de Sunafil, TGP aceptó haber recibido el correo de comunicación de formación del sindicato. En esa misma diligencia, también la compañía aceptó que no existía ninguna carta que comunicara al trabajador su condición de “confianza”, y que esa categoría tampoco aparecía en las boletas de pago ni en otro documento.

Para los ex trabajadores, ese punto es decisivo. Vladimir Carhuaz sostuvo que su trabajo estaba vinculado a la gestión social en campo, en contacto con comunidades del área de influencia de los ductos. Julio Rengifo afirmó que su labor era técnica, asociada a muestras de suelo, ensayos e informes de laboratorio.

Nunca fueron tratados como “personal de confianza”.

ANTE LOS TRIBUNALES

Diez ex trabajadores denunciaron penalmente al gerente general de TGP, Tomás Delgado Farizo, por presunto atentado contra la libertad de trabajo y asociación. En consecuencia, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince abrió la carpeta fiscal N°506114501-2024-549-0.

Increíblemente, el 26 de febrero de 2025, pese a todas las evidencias, el fiscal Orlando Enciso Coppa resolvió no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria. Los ex trabajadores presentaron un recurso de queja y alegaron que no se realizaron diligencias que consideraban necesarias, entre ellas una pericia al sistema informático de TGP y el requerimiento del Manual de Organización y Funciones y del Reglamento de Organización y Funciones vigentes en 2023.

Pero los procesos laborales continúan.

De los diez trabajadores que no aceptaron acuerdos de mutuo disenso, cuatro ya retornaron a TGP mediante medidas cautelares. Otros continúan litigando: Julio Rengifo tiene audiencia de juzgamiento para el 29 de agosto; Vladimir Carhuaz y Tom Henry Bernabé están cotados para julio; César Higueras, para junio; y William Rojas, para el próximo 29 de mayo. Otro ex trabajador perdió en primera y segunda instancia, según información proporcionada por el sindicato.

Para los ex trabajadores, el proceso judicial no es una discusión abstracta. Llevan más de dos años fuera de TGP.

Vladimir Carhuaz relató que tuvo que usar el dinero de su liquidación para subsistir, pedir apoyo a miembros del sindicato y enfrentar dificultades para recolocarse por haber sido dirigente sindical y mantener un proceso judicial contra una empresa del sector.

Julio Rengifo manifestó que el despido afectó directamente su vida familiar. Perdió el seguro EPS para él y su familia, tuvo dificultades para cubrir medicación mensual, créditos hipotecarios, préstamos personales y pensiones educativas de sus hijos. Además, no ha logrado recolocarse laboralmente.

“Nosotros los afiliados simplemente hemos ejercido nuestro derecho constitucional de sindicalizarnos. No hemos violado ninguna normativa”, declaró Rengifo.

El conflicto ocurre en una empresa estratégica para el país. TGP opera el transporte de gas natural y líquidos de gas natural desde Camisea hacia la costa. Sus ductos son parte central del sistema energético peruano. TGP ha propuesto ampliar la concesión de transporte de gas natural hasta 2044.

Durante una actividad proselitista en Junín, la lideresa del partido naranja fue consultada sobre las acciones que tomaría para lograr la captura del exgobernador regional, quien afronta una orden de captura por los presuntos aportes ilegales recibidos por su partido político. En respuesta, Fujimori afirmó que se ejecutará la detención de Cerrón y de todas las personas que tengan requisitoria vigente.

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“Se va a tomar todas las medidas necesarias para capturar a todas las personas que tengan orden de captura. Yo no conozco al señor Cerrón, ustedes saben. Es más, estaba recordando el último mitin que tuve hace cinco años donde yo le decía: ‘¿Dónde está, señor Cerrón?’. En un futuro gobierno de Fuerza Popular se van a tomar todas las medidas para que el señor, que tiene una medida en estos momentos de orden de captura, esta se ejecute”, declaró ante los medios de comunicación.

Fuerza Popular bloqueó la investigación del caso El Cofre

Las declaraciones de Keiko Fujimori no reflejan la actuación que tuvo su bancada respecto a las investigaciones del caso El Cofre. En noviembre de 2024, la Comisión de Fiscalización, presidida entonces por Juan Burgos, solicitó al Pleno del Congreso facultades investigadoras para indagar el caso.

El grupo de trabajo buscaba investigar durante 120 días el presunto uso irregular del vehículo presidencial, el cual presuntamente habría sido utilizado para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón.

Sin embargo, la propuesta no prosperó. Al momento de la votación, el resultado fue de 45 abstenciones, 16 votos en contra y solo 23 a favor.

De las 45 abstenciones, 12 correspondieron a congresistas de Fuerza Popular. Según el registro oficial del Congreso, ocho parlamentarios fujimoristas votaron inicialmente en abstención, mientras que otros cuatro solicitaron posteriormente que su voto también sea registrado en ese sentido.

Es decir, si esos 12 parlamentarios hubieran votado a favor de otorgar las facultades investigadoras, la propuesta habría alcanzado 35 votos a favor frente a 33 abstenciones. Sin embargo, el resultado fue distinto y la iniciativa no prosperó.

La República revisó las votaciones de cada grupo parlamentario y detectó que, en algunas decisiones importantes, como la elección de los miembros del TC, ambos partidos coincidieron. En otras, como la Ley de Amnistía o la Ley Soto, estuvieron distantes.

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Congreso: fujimorismo bloqueó el referéndum

La primera iniciativa es la Ley 31399 (PL 644), que obliga a que toda reforma constitucional vía referéndum pase primero por el Congreso. En enero del 2022, el Parlamento promulgó la norma por insistencia con 23 votos a favor del fujimorismo. JP, incluido Sánchez, votó en contra.

La ley también prohíbe que se someta a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de leyes, las ordenanzas municipales y materias relativas al proceso de descentralización.

La elección de los miembros del Tribunal Constitucional

La elección de los seis miembros del Tribunal Constitucional en el Congreso de la República estuvo marcada por la polémica. En mayo de 2022, el Parlamento designó como nuevos magistrados a César Ochoa Cardich, Manuel Monteagudo Valdez, Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro, Gustavo Gutiérrez Ticse y Francisco Morales Saravia. En ese entonces, el congresista Roberto Sánchez no participó en la votación debido a que contaba con licencia oficial.

En el caso de las elecciones de Ochoa Cardich y Monteagudo Valdez, Fuerza Popular respaldó ambas candidaturas con 24 votos a favor, mientras que Juntos por el Perú-Cambio Democrático apoyó las designaciones con cuatro votos.

Respecto a Pacheco Zerga, los 24 congresistas fujimoristas votaron a favor de su elección, mientras que los cuatro legisladores de izquierda lo hicieron en contra. Sin embargo, durante la reconsideración, Fuerza Popular rechazó el recurso y la bancada de izquierda lo respaldó.

En la votación de Domínguez Haro, Fuerza Popular apoyó de manera unánime su designación. En contraste, dentro de JP-CD se registraron dos votos en contra y dos abstenciones. Durante la reconsideración, las posiciones de las bancadas se invirtieron.

Sobre Gutiérrez Ticse, los 24 votos de Fuerza Popular fueron a favor, mientras que en JP-CD hubo un voto favorable, dos en contra y una abstención. En la reconsideración, la bancada de izquierda registró dos votos a favor, uno en contra y una abstención, mientras que el fujimorismo rechazó el recurso.

Finalmente, en la elección de Morales Saravia, Fuerza Popular respaldó su nombramiento por unanimidad, mientras que JP-CD emitió un voto a favor, dos en contra y una abstención. En la reconsideración, el fujimorismo volvió a oponerse de manera unánime, mientras que la bancada de izquierda registró dos votos a favor, uno en contra y una abstención.

Censura a Betssy Chávez como ministra de Trabajo de Pedro Castillo

El 26 de mayo del 2022, el Congreso censuró a Betssy Chávez como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo del gobierno de Pedro Castillo.

La sanción fue impulsada porque, desde el Ministerio de Trabajo, se aprobó la huelga del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (Sucta) de Corpac. Esto ocasionó que cinco aeropuertos de Cusco, Ayacucho, Trujillo, Arequipa y Tacna cerraran sus operaciones.

La medida fue aprobada con 23 votos a favor de Fuerza Popular. Cuatro congresistas de Juntos por el Perú-Cambio Democrático votaron en contra, pero uno de ellos no respondió. Sánchez votó en contra.

Vacancia de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado

El 7 de diciembre del 2022, el sentenciado expresidente Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado, motivo por el cual fue sentenciado en primera instancia a 11 años de prisión.

En la polémica votación que realizó el Congreso y que no alcanzó lo requerido por ley, el fujimorismo registró 24 votos a favor, mientras que Cambio Democrático-Juntos por el Perú tuvo tres a favor y una abstención (Roberto Sánchez).

Voto de confianza al gabinete Otárola en el gobierno de Boluarte

En medio de las muertes en protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, el Congreso aprobó la cuestión de confianza presentada por el gabinete de Alberto Otárola. El pedido fue aprobado con 73 votos a favor, 42 en contra y 6 abstenciones.

De ese total, Fuerza Popular aportó 23 votos a favor, pese a los cuestionamientos, mientras que Juntos por el Perú-Cambio Democrático se opuso. Sánchez votó en contra.

Fujimorismo bloqueó adelanto de elecciones en 2023

En febrero del 2023, luego de que se reportaran más de 50 muertos durante las protestas contra el gobierno de Boluarte, se presentaron una serie de proyectos de ley para el adelanto de elecciones congresales, del Parlamento Andino y presidenciales.

Sin embargo, las iniciativas fueron bloqueadas por el fujimorismo: 24 congresistas de Fuerza Popular votaron en contra, mientras que cinco de Juntos por el Perú-Cambio Democrático votaron a favor.

En la reconsideración de la votación, el partido de Keiko Fujimori también se opuso.

Elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo

En mayo del 2023, el Congreso eligió al exabogado de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, como nuevo defensor del Pueblo.

La elección se dio con 23 votos a favor del fujimorismo, mientras que Juntos por el Perú y Roberto Sánchez se opusieron.

En la elección de Gutiérrez, el Congreso desatendió la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales registradas durante las protestas señaló la necesidad de “adoptar medidas de fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo, considerando la importante labor que desempeña”.

Fujimorismo inhabilitó a Zoraida Ávalos

Un mes después, el Congreso decidió inhabilitar a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por un periodo de cinco años. El motivo fue haber suspendido una investigación contra el expresidente Pedro Castillo debido a que se encontraba ejerciendo sus funciones como jefe de Estado, tal como lo señala la Constitución Política y así lo ratificó el Tribunal Constitucional en 2025, durante el gobierno de Boluarte. Según el TC, un mandatario no puede ser investigado hasta concluir sus funciones. Sin embargo, la Fiscalía puede realizar hasta dos diligencias.

No obstante, el Parlamento concretó ese objetivo. Lo hizo con 17 votos a favor del fujimorismo, pero Juntos por el Perú se opuso junto con Sánchez.

Es preciso resaltar que, tiempo después, el Poder Judicial anuló la inhabilitación impuesta por el Congreso por los motivos antes expuestos.

El retorno a la bicameralidad

En marzo del 2024, el Congreso ignoró que, en 2018, más del 90% del Perú votó en contra del retorno a la bicameralidad vía referéndum.

Modificó más de 50 artículos de la Constitución Política e impuso su decisión con 91 votos, de los cuales 22 fueron del fujimorismo, nueve de APP, Avanza País y Renovación Popular y aliados.

Sin embargo, Juntos por el Perú-Cambio Democrático aportó a esa iniciativa con un voto, mientras que ocho de sus integrantes votaron en contra.

Congreso inhabilitó a Inés Tello y Aldo Vásquez

En ese mismo mes, el Congreso decidió inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez, por 10 años. El motivo, según justificó el Parlamento, fue que los consejeros superaron el límite de edad permitido para estar en el puesto.

En el caso de Tello, 16 congresistas de Fuerza Popular votaron a favor, mientras que nueve de Juntos por el Perú lo hicieron en contra. En el pedido de reconsideración, el fujimorismo se opuso con 19 votos y JP votó a favor con 11 parlamentarios.

En el caso de Vásquez, Fuerza Popular aportó 15 votos, mientras que JP se opuso por mayoría.

Ley Soto

En mayo del 2024, el Congreso también aprobó la ley Soto, considerada una ley procrimen. La norma establece reducir la suspensión del plazo de prescripción penal a un año.

Fue aprobada con 19 votos a favor de Fuerza Popular; JP tuvo ocho votos en contra y una abstención.

Ley APCI

En marzo del 2025, el Congreso consumó otro de sus objetivos: aprobó la Ley APCI, que somete a las ONG e impide que brinden asesoría legal a las personas que sufren la vulneración de sus derechos por parte del Estado.

El Parlamento estableció que las multas contra las organizaciones no gubernamentales lleguen hasta las 500 UIT, lo que significaría su cierre inmediato y baja de oficio.

La medida fue aprobada con 19 votos de Fuerza Popular. Juntos por el Perú-Voces del Pueblo se opuso con cinco votos. Sánchez votó en contra.

Ley de Amnistía

Una ley de impunidad. Así calificaron los colectivos defensores de derechos humanos la norma aprobada por el Congreso.

Esta ley otorga amnistía a los militares y policías investigados y/o sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante 1980 y 2000.

En primera votación, la iniciativa consiguió 21 votos del fujimorismo, mientras que ocho de JP se opusieron, incluido Sánchez.

En segunda votación fue aprobada con 16 votos a favor (cinco de Fuerza Popular) y 11 en contra (dos de JP).

La promulgación de la norma se llevó a cabo en Palacio de Gobierno junto con la expresidenta Dina Boluarte. Incluso, a la ceremonia acudieron miembros del grupo Colina, creado durante la dictadura de Alberto Fujimori.

La segunda vuelta electoral representa una oportunidad para elevar el debate educativo. El país necesita escuchar propuestas concretas sobre cómo enfrentar problemas estructurales que continúan limitando el desarrollo y profundizando desigualdades. En este escenario, existen al menos tres temas que deberían ocupar un lugar central en la campaña: docentes, exclusión y gobernanza.

Docentes

La discusión pública suele reducirse a incrementos salariales, pero la revalorización docente es mucho más compleja. Implica fortalecer la formación profesional inicial, actualizar capacidades frente a desafíos contemporáneos como la inteligencia artificial, la ciudadanía democrática y la inclusión, además de mejorar las condiciones laborales y el bienestar de los maestros. Ninguna transformación educativa será sostenible si se sigue tratando a los docentes únicamente como ejecutores de políticas y no como profesionales con autonomía y capacidad de liderazgo pedagógico.

Exclusión educativa

La exclusión educativa es una realidad mucho más profunda que el simple acceso a la escuela. Millones de peruanos no concluyeron su educación básica y miles de estudiantes abandonan cada año el sistema por razones económicas, familiares o territoriales. A ello se suma una exclusión menos visible, pero igualmente grave: estudiantes que permanecen en las aulas sin alcanzar aprendizajes, desconectados digitalmente o sin condiciones mínimas para desarrollarse plenamente.

Las mayores brechas siguen afectando a zonas rurales, pueblos indígenas, personas con discapacidad y mujeres. El país necesita saber no solo cómo se garantizará que nadie quede fuera del sistema, sino también cómo se evitará que millones permanezcan dentro de él sin oportunidades reales.

Gobernanza y modernización del sistema educativo

Sin capacidad de gestión, continuidad de políticas públicas y una mejor articulación entre niveles de gobierno, cualquier reforma termina diluyéndose en la implementación. La descentralización educativa necesita fortalecerse y también modernizar la gestión pública, reducir burocracia, aprovechar mejor la información y fortalecer la autonomía de las escuelas y el liderazgo directivo para responder a las necesidades específicas de cada territorio.

En los planes de gobierno persiste, además, un vacío importante: cómo se implementarán las propuestas, con qué recursos y bajo qué metas verificables. La segunda vuelta no puede convertirse en una competencia de promesas inviables ni de anuncios sin sustento técnico.

Porque seguir postergando decisiones en educación no es neutral: significa condenar a millones de peruanos a continuar atrapados en desigualdad, exclusión y falta de oportunidades.

En pocos días hemos descubierto que a Humala le ofrecieron las carteras de Defensa e Interior, que la mitad de los votos de JP en primera vuelta serían suyos, que estaría entre sus planes darle formato a Pedro Francke y que no existe rompimiento con Sánchez, sino “convergencia”. En pocas palabras: no han podido contenerlo.

Sánchez, en determinado momento, apartó a Humala de la campaña por considerarlo perjudicial para su votación, debido a antecedentes como el asesinato de policías en Andahuaylas, sus propuestas de conflicto con Chile y otros despropósitos semejantes. Sin embargo, Humala se expresa como si estuviera conduciendo su propia campaña. ¿Es consciente del efecto electoral de sus declaraciones a pocos días de la segunda vuelta? ¿Qué intenta hacer?

Humala parece estar inyectando nacional-radicalismo a la campaña con la idea de producir dos efectos: la victoria de JP y el posterior control del partido por parte suya. Son sombras de antiguos enroques político-militares de la Alemania de los años treinta. Si Humala tiene razón, entonces estaríamos ante un electorado ansioso de desmesura y frente a un Sánchez cuyo principal activo político ya se le escapó de las manos.

Resulta difícil imaginar a Sánchez en el debate cara a cara con Keiko Fujimori cuando ella le pregunte con quién está realmente debatiendo. Esa misma noche, Humala probablemente aparecerá en televisión —en otro canal, claro— para ofrecer nuevamente su versión alternativa de lo que ocurre dentro de JP, con el que dice estar “convergiendo”.

¿Qué estará pensando el electorado frente a este permanente destape de un supra-Sánchez suelto en plaza? ¿El daño ya está hecho o todavía falta más? Aunque Humala se atribuya la mitad de los votos de JP, Sánchez no quería tenerlo a bordo por motivos evidentes. Ahora lo tiene disputándole la capitanía del barco.

El problema más serio de Sánchez no sería perder la elección, sino el riesgo de ganarla y encontrarse luego con Humala convertido en una suerte de opositor interno.

“Aprovecho la oportunidad que están ustedes [la prensa] para pedirle al gobierno central que solucione el problema del paro agrario, eso sí es un riesgo para el traslado. Llevamos la invocación (…) para que estos camiones y el material llegue al país como queremos y que el 7 de junio todos los ciudadanos voten tranquilamente”, declaró.

Inició el despliegue de material electoral al interior del país

El 27 de mayo, la ONPE inició con el despliegue del material electoral hacia diversas regiones del Perú. Al respecto, Bernardo Pachas señaló que dicho material deberá ser entregado a la brevedad, con la finalidad de que los miembros de mesa puedan ingresar desde las 6.00 a. m. del domingo 7 de junio.

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“Tenemos que entregar el material electoral temprano. El plan es abrir las puertas de los locales de votación a las 6 a.m. para que ingresen los miembros de mesa, los electores, personeros, prensa y todo acreditado ante el JNE, con la finalidad de girar la rueda electoral lo más rápido posible y los ciudadanos puedan asistir y votar de manera tranquila”, indicó.

El titular interino de la ONPE también mencionó que el material saldrá el viernes a las 10.00 p. m. y se entregará a la 1.00 p. m. del sábado, a más tardar.

Además, agregó que se encuentra coordinando con los colegios para que el viernes en la noche se disponga de las instalaciones para la jornada electoral. “Estamos haciendo la invocación a las entidades educativas privadas para que nos hagan la entrega del local el mismo viernes en la noche”.

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Bernardo Pachas reiteró la importancia del acompañamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para estos comicios. “Con la finalidad de estar tranquilos y desacantone las FF.AA y la PNP para poder iniciar a las 6 a.m. del día domingo con la presencia de la fiscalización y el JNE”.

Se realiza la entrega del material electoral a 19 regiones

De acuerdo con Gustavo García, gerente de Gestión Electoral, distribuir las ánforas, cédulas de votación, actas, padrones y todo el material electoral necesario a 19 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Por medio de la vía aérea se entregará el material a las oficinas en Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Requena, Ucayali, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Tambopata.

Por la vía terrestre, se distribuirá el material a once oficinas en Chachapoyas, Moyobamba, Bagua, Bongará, Jaén, Mariscal Cáceres, San Martín, Alto Amazonas, Quispicanchi, Canchis y Espinar.

Situación del paro agrario

Cerca de 20,000 productores arroceros, bananeros y cañicultores iniciaron este lunes 25 de mayo un paro nacional indefinido convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro).

La medida de fuerza ha paralizado importantes corredores viales y tramos de la Panamericana Norte en regiones como Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno y San Martín, debido a una serie de demandas que el gobierno no ha cumplido.

Origen de la protesta

El problema es que el precio al que venden el arroz en el mercado ha caído drásticamente, mientras que los insumos y fertilizantes para sembrar se mantienen altos.

Los agricultores exigen precios justos para sus cosechas, que bajen los costos para trabajar la tierra y que el gobierno declare al sector agropecuario en emergencia antes de que quiebren por completo.

Ante el bloqueo de las vías y la falta de alimentos, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tuvo una reunión de urgencia en Lima para el miércoles 27 de mayo.

Mesa de diálogo en Piura: se evalúa implementar un Decreto de Urgencia

Con el objetivo de que se termine el paro agrario, el gobierno anunció la implementación de medidas económicas para el sector agrícola. El secretario de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, César Sierra, informó que se ha convocado a los gobernadores regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Ucayali y Huánuco para coordinar las acciones tras el término del Consejo de Ministros.

La medida principal será la aprobación de un "decreto de urgencia que dicta medidas económicas extraordinarias para reactivar la cadena productiva del arroz mediante la compra a productores de la agricultura familiar y [posterior] entrega a poblaciones vulnerables".

Respecto a la distribución del presupuesto y créditos, Sierra señaló la necesidad de realizar los cambios durante las temporadas de siembra.

"Tenemos que adaptar estos préstamos a un calendario agrario. No podemos dar un préstamo cuando termina ya la cosecha o cuando no lo necesitemos", manifestó.

El funcionario dijo que estas propuestas forman parte de "un pequeño adelanto que están debatiendo ahora en el Consejo de Ministros". Sin embargo, los agricultores sostuvieron que el levantamiento del paro dependerá de la oficialización del Decreto de Urgencia.

A nombre del Ejecutivo, Sierra confirmó que, además del decreto de compras estatales, "se va a publicar una resolución ministerial donde se va a establecer una mesa técnica para la atención del sector agrario", con el fin de resolver las demandas de los más de 20,000 productores en huelga.

Gobernador de Piura exige al gobierno atender paro agrario

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, respaldó el reclamo de los más de 20,000 agricultores y exigió soluciones inmediatas para evitar que la crisis en el norte del país se agrave.

Neyra señaló que el reclamo de los productores de arroz, plátano y caña de azúcar es justo debido al abandono que sufren por la subida de los fertilizantes y la caída de los precios de sus cultivos.

"El Ejecutivo tiene que cumplir sus promesas con el sector agropecuario, no podemos permitir que nuestros agricultores sigan trabajando a pérdida", declaró el gobernador vía RPP.

Para la autoridad, la solución se debe dar por medio de una negociación y manifestó que exigiría un compromiso real al Ejecutivo. “Si el campo quiebra, las mesas de todas las familias peruanas se van a quedar sin comida", advirtió.

Previo a la reunión, el gobernador de Piura pidió a los agricultores que mantienen bloqueada la Panamericana Norte permitir el paso de ambulancias y casos de emergencia, mientras se debate el futuro del agro en la capital.

"Entendemos la indignación del campo, pero les pedimos mantener la calma y habilitar una tregua humanitaria en las vías en lo que logramos un acuerdo con los ministros", concluyó.