En esa misma línea, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, integrante de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados para solicitar la suspensión por 120 días y el descuento de haberes contra el legislador Julián Pérez Mallqui.

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Según la resolución dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento —un recurso legal que pone fin al proceso penal por falta de responsabilidad o pruebas— solicitado por el Ministerio Público. Con ello, se ordenó el archivo definitivo del caso y la anulación de cualquier antecedente policial o judicial generado durante las pesquisas.

Al respecto, Astudillo dio a conocer la decisión del juzgado a su favor por medio de sus redes oficiales. "Hace ya buen tiempo que la denuncia sobre mi persona, por una presunta apropiación de combustible, he sido sobreseído del caso por no encontrarse ningún tipo de responsabilidad”. Además, el excomandante general del Ejército, agregó que el caso había sido archivado por el juez Concepción Carhuancho.

El origen de las investigaciones

Las indagaciones fiscales comenzaron en 2018 tras la detección de una presunta red criminal dentro del Ejército dedicada al desvío de combustible. Denominados inicialmente como "Los capos del diésel", los implicados utilizaban vehículos condicionados con tanques especiales para retirar petróleo desde los grifos del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE) y venderlo ilegalmente en estaciones de servicio privadas. Esta modalidad operó entre 2013 y 2018, generando un daño económico estimado en S/ 3 millones.

Para diciembre de 2019, un megaoperativo derivó en la detención preliminar de 21 militares y el allanamiento de 25 escuelas de formación del Ejército en Lima, Arequipa, Tarapoto y Cajamarca. Posteriormente, las declaraciones de colaboradores eficaces ayudaron a conocer que los altos mandos militares también estaban involucrados.

En el caso específico de Astudillo Salcedo, la Fiscalía indagaba presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y peculado doloso. Las hipótesis iniciales señalaban que el alto oficial habría omitido tomar acciones tras conocer reportes sobre ventas irregulares de diésel en el COEDE en 2018, además de supuestos malos usos en la gasolina de 95 y 97 octanos asignada a la Comandancia General entre 2017 y 2018.

Sin embargo, al terminar la etapa de investigación preliminar, el Ministerio Público concluyó que no existían pruebas suficientes para formular acusación penal.

En el caso de Lahura, repite el cargo que desempeñó durante la gestión de Boluarte, entre noviembre de 2024 y julio de 2025. En ese periodo trabajó bajo las administraciones de los ministros José Arista, José Salardi y Raúl Pérez-Reyes. El primero es actualmente senador por Fuerza Popular. De acuerdo con su experiencia declarada, Lahura se desempeñó como investigador del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en temas macroeconómicos desde 2016, año en el que Elmer Cuba —actual titular del Ministerio de Economía— era director de la institución.

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Miriam Ponce también fue viceministra de Gestión Pedagógica durante el gobierno de Boluarte. Posteriormente, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, asumió la conducción del Ministerio de Educación. Tras anunciar su renuncia al cargo, fue sucedida por el exministro Morgan Quero.

Fuera de los viceministerios, el Gobierno también nombró a Rossella Leiblinger Carrasco como directora general de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Durante la gestión de Boluarte, Leiblinger Carrasco ocupó la Jefatura Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

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La idea principal es que las políticas por aplicar se basen en evidencia y que el Plan por aplicar ya como gobierno, incorporen estrategias y acciones que, de implementarse, realmente contribuyan a mejorar el bienestar de todos los peruanos. Necesitamos discutir lo realmente importante hoy, anotando que las políticas públicas son acciones del Estado para   resolver o tratar problemas de la sociedad. Estando definidos estos cuando la    situación presente difiere de la situación ideal deseada.

Qué duda cabe que un problema principal por enfrentar, es la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, también el desarrollo de políticas para lograr un crecimiento económico con responsabilidad fiscal considerando actuar proactivamente frente al fenómeno del Niño global y costero cuya intensidad aumentará en los siguientes meses.  También, se debe definir cómo debe posicionarse el país ante las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Importa saber cómo adoptar con eficiencia los Desarrollos tecnológicos correspondientes a la denominada 4ª Revolución industrial  (IA, Biotecnología, Nanotecnología, etc.) adicionalmente cómo recuperar la vigencia de la institucionalidad, reducir la informalidad, reducir la pobreza, promoción de las Pymes entre otros retos.  ¿Nos hemos puesto a pensar en las magnitudes y tipología normativa requerida (Ley, DS, RM) (no sujeta al control del Poder Ejecutivo) para enfrentar estos desafíos? ¿Qué sabemos sobre la indispensable coherencia interna que debe existir en la normatividad a desarrollar?

Está claro que las políticas por aplicar son mucho más que un listado de buenas intenciones, de su implementación y efectividad, dependerá la credibilidad de la administración entrante y la gobernabilidad del país también.

El texto normativo dispone en su primer artículo: "Designar al señor Juan Teodoro Falconi Gálvez en el puesto de viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". El documento lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y de Marco Antonio Vinelli Ruiz, ministro de Desarrollo Agrario y Riego encargado del despacho de Justicia.

Trayectoria en el sector público

Falconi Gálvez ha ocupado diversos cargos de confianza en el Estado y no es la primera vez que asume este despacho. En 2017 ejerció esta misma función viceministerial durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, periodo en el que Enrique Mendoza se desempeñaba como ministro de Justicia.

También presidió la Comisión de Gracias Presidenciales del MINJUS. El grupo de trabajo a su cargo evaluó y aprobó el expediente del indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori. La tramitación se concretó en un periodo de solo 13 días: la solicitud se presentó el 11 de diciembre de 2017 y Kuczynski otorgó el beneficio el 24 del mismo mes. El propio Falconí reconoció en su momento: "El indulto a Alberto Fujimori fue uno de los más rápidos".

Sin embargo, una investigación del portal OjoPúblicoreveló que la junta médica evaluadora del indulto incorporó al médico de cabecera de Fujimori. El informe también documentó visitas fuera del registro oficial al penal Barbadillo y una celeridad inusual en el trámite del beneficio. Frente a las críticas, Falconi defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo en su momento que la comisión actuó "conforme a los procedimientos normativos".

Posteriormente, en 2025, el funcionario asumió la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En febrero del año siguiente, José Jerí lo nombró como jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional.

Defensa electoral de Fuerza Popular

El nuevo viceministro también ejerció la defensa legal de candidatos de Fuerza Popular. Durante las elecciones generales de 2016, el entonces personero legal y tesorero del partido naranja, Luis Mejía Lecca, acreditó a Falconi Gálvez como abogado de la agrupación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Jurado Especial Electoral de Lima Centro.

En dicho proceso electoral, el partido lo contrató para defender al candidato a la reelección Gian Carlo Vacchelli, quien afrontaba un pedido de exclusión por regalar dinero en el programa de televisión “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Sobre esta labor, Falconi declaró en su momento: "Me tocó defenderlo y se logró que no lo retiren de las elecciones". Asimismo, asumió la defensa técnica del candidato fujimorista Israel Lazo Julca, denunciado por entregar una silla de ruedas en plena campaña.

El funcionario confirmó que el partido requirió sus servicios para esos casos específicos, aunque aclaró que no mantenía un vínculo de amistad con Mejía Lecca y sostuvo que en su trayectoria también defendió a políticos de otras bancadas, entre ellos a Julio Guzmán y a la excongresista Janet Sánchez.

Como preámbulo, Gastón Medina recordó ante cámaras una amenaza anterior en que explicaban cómo acabarían con su vida: "Iban a tocar la puerta, yo abriría y me iban a disparar". Tras esa advertencia previa, había dejado de encargarse de abrir la puerta del canal.

Una de las personas que grabó la conversación fue quien le entregó una copia. El audio involucraba al exasesor del Gobierno Regional de Ica, y hoy diputado por Fuerza Popular, Carlos Zegarra Sánchez.

En la grabación se escucha la voz de Víctor "El Chino" Mere Huamaní, un hombre vinculado al entorno de la gestión regional.

"Si hubiésemos matado a esa tía (la exvicegobernadora Luz Canales Trillo) y a Gastón (Medina), cambiaban las cosas", dice en el audio. La otra voz, que Víctor Mere atribuyó a Carlos Zegarra, responde: "Tienen que avanzar sobre esa línea. Yo solamente ejecuto".

Gastón Medina pidió a Carlos Zegarra que confirmara si esa era su voz. Nunca ocurrió.

Quien sí llamó al programa fue el propio Víctor “El Chino” Mere. Le dijo: "Gastón, si yo revelo esto es porque ese señor está ofreciendo dinero para que acaben con mi vida. (...) Pidió que se ejecute a Gastón porque nos iba a hacer mierda en su programa. Tú tienes que sacar garantías para tu vida. Si algún día te pasa algo, solamente es él".

Pese a las amenazas, Gastón Medina continuó denunciando presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional. Pero también cambió sus rutinas. Su pareja, Nathalie Caico Sánchez, recuerda que pasó a conducir el programa desde su vivienda. "Nadie lo sabía por seguridad. Presentaba denuncias ante las autoridades y pedía protección, pero no se hacía nada", cuenta.

Casi tres años después, en enero de 2025, Gastón Medina fue asesinado en la puerta de su vivienda. Semanas después del hecho, Víctor "El Chino" Mere también fue ejecutado, cuando ya era considerado testigo clave del caso.

SALTO AL PODER

Carlos Zegarra Sánchez juró como diputado por Fuerza Popular y dejó atrás su trabajo de años en el Gobierno Regional de Ica, como el hombre de mayor confianza del gobernador Jorge 'Rocky' Hurtado Herrera.

Su llegada al Congreso coincide con un escenario que hasta ahora permanecía bajo reserva: según la carpeta fiscal del caso, Carlos Zegarra sería uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Gastón Medina.

El abogado de la familia del periodista, Wilmer Quispe Pacheco, explicó que la Fiscalía de Derechos Humanos desarrolla dos líneas paralelas. La primera está dirigida contra quienes ejecutaron materialmente el homicidio, ocurrido el 20 de enero de 2025. La segunda intenta responder una pregunta: ¿quién ordenó matar a Gastón Medina?

Aunque Zegarra no ha sido acusado formalmente, rechaza cualquier participación en el crimen.

"Hasta el día de hoy, a mí no me han citado. Desde el primer momento me puse a disposición. No tengo absolutamente nada que ver", declaró a La República tras juramentar como diputado.

EL PERFIL DEL DIPUTADO

Para comprender por qué Carlos Zegarra adquirió tanto peso en la política regional hay que retroceder algunos años. La reconocida periodista iqueña Rosario Huayanca Zapata recuerda que Zegarra, al convertirse en asesor del gobernador regional de Ica, Jorge 'Rocky' Hurtado, alcanzó notoriedad. Zegarra incluso llegó a reemplazar a Hurtado en algunas presentaciones oficiales.

“La percepción era que quien gobernaba no era solamente el gobernador, sino también Carlos Zegarra. Gastón Medina fue uno de los primeros periodistas que evidenció públicamente ese poder y cuestionó decisiones dentro de la gestión”, señala Huayanca.

“Esos son comentarios de personas que políticamente no nos tienen dentro de sus planes. Si hemos sido elegidos es porque la población nos ha dado esa responsabilidad”, responde el diputado Carlos Zegarra, elegido con poco menos de ocho mil votos preferenciales, favorecido por el arrastre electoral de Keiko Fujimori en Ica.

En el camino de Zegarra hay registros de actos violentos.

En septiembre de 2022, durante el cierre de campaña de 'Rocky' Hurtado, sicarios asesinaron a balazos a un integrante de su equipo de seguridad. Zegarra, quien entonces era jefe de campaña, asumió la vocería pública tras el atentado.

En 2023, poco después de que 'Rocky' Hurtado asumió como gobernador regional, el recién designado director de Salud de Ica, el médico César Valdivia Rosales, fue atacado a balazos en la puerta de una clínica. Valdivia señaló públicamente a Carlos Zegarra como la persona que “estaba ofreciendo dinero para atentar contra mi vida”.

Luego de algunos meses, el mismo Carlos Zegarra denunció que amenazaban con asesinarlo, y mencionó al médico César Valdivia, a la vicegobernadora Luz Canales, al periodista Gastón Medina y a Víctor “El Chino” Mere. En ese mismo periodo, “El Chino” reveló el audio en el que se hablaba de asesinar a Gastón Medina.

“Esa es toda una historia. Se pueden escuchar audios en los que se habla de que me quieren asesinar. No existe ninguna prueba, ningún indicio ni ningún elemento probatorio que me vincule”, explica Zegarra.

En enero de 2025, Gastón Medina fue asesinado frente a su vivienda. En marzo de ese mismo año, 'El Chino' Mere, que había cambiado su versión inicial y era considerado un testigo clave para la investigación, también fue ultimado por sicarios.

“Yo me hago una pregunta: ¿quién se benefició con esas muertes? Esa es una pregunta que la justicia debería resolver”, señala el diputado fujimorista Carlos Zegarra.

EL MIEDO SE IMPONE

Ahora, Carlos Zegarra ocupa un escaño en el Congreso por Fuerza Popular, mientras la Fiscalía mantiene abierta una investigación reservada para determinar quién ordenó el crimen contra el periodista.

En Ica, el homicidio de Gastón Medina sigue marcando el ejercicio del periodismo. Varios reporteros dejaron de realizar investigaciones. “Con la muerte de Gastón les pusieron una mordaza a muchos periodistas”, resume la propietaria de Cadena Sur TV, Pilar Hernández Huamán, donde laboraba Medina.

Esa preocupación también fue expresada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). Su presidenta, Zuliana Lainez Otero, señala: "Ha pasado un año y medio y el crimen continúa plenamente impune. A quien se indica como un potencial autor intelectual ni siquiera ha sido llamado a testificar ante la Fiscalía de Derechos Humanos. Es más, este personaje hoy ocupa un escaño en el Congreso como parte del partido oficialista".

Añadió que continúan exigiendo que “se investigue celeramente y se haga justicia”.

LA MUERTE DE GASTÓN MEDINA

Las amenazas contra Medina venían de tiempo atrás. En febrero de 2022 dejaron un arreglo floral con dos balas y un mensaje fuera del canal Cadena Sur TV: "Gastón, te vas a morir". Meses después arrojaron basura en la fachada, luego pintura roja y, más tarde, un perro muerto. La escalada culminó con un artefacto explosivo que destruyó la mampara del ingreso.

"Después de ese ataque tuvimos que convertir el canal prácticamente en un fortín. Cambiamos la mampara por una estructura metálica. Nunca pensé que fueran a llegar más lejos que eso, pero finalmente se atrevieron a mucho más", recuerda Pilar Hernández.

Las amenazas también alcanzaron a su familia. La viuda del periodista, Nathalie Caico, rememora una llamada que marcó un punto de quiebre: "Me dijo: 'China, me acaban de llamar. Saben dónde estudia nuestro hijo y conocen la ruta que tú utilizas'. Después de eso pasó prácticamente seis o siete meses sin salir. Sentía que en Ica nadie haría nada".

Para ella, el audio difundido nunca dejó de tener importancia. "Él creía que podía existir un riesgo real. Porque Carlos Zegarra era parte del Gobierno Regional y Gastón había denunciado muchos actos de corrupción vinculados a esa gestión".

La mañana del lunes 20 de enero de 2025, Gastón terminó su noticiero matutino y salió de su vivienda a una reunión en la Universidad San Luis Gonzaga.

"Voy y regreso", fueron sus últimas palabras.

Nathalie Caico se quedó preparando el estudio desde donde Gastón conduciría, al mediodía, su segundo programa. Pasadas las 11:30 de la mañana, escuchó varios disparos.

"Fueron apenas segundos. Cuando salí, Gastón ya estaba tendido en el piso", afirma.

Mientras caminaba desde un vehículo hacia la puerta de su vivienda, el periodista fue interceptado por un hombre que, a bordo de una motocicleta, disparó. Medina murió poco después, en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez.

La República llegó hasta la vivienda donde ocurrió el crimen. Un año y medio después, en la fachada todavía se observan las huellas de varios de los once impactos de bala.

La investigación permitió identificar como presunto autor material al ciudadano venezolano Pablo Echeverría Suárez, alias “Barrabás”, quien cumple prisión preventiva. Sin embargo, para la defensa de la familia, el caso nunca terminó en el sicario.

"Gastón no era un periodista policial ni investigaba organizaciones criminales comunes. Investigaba principalmente casos de corrupción en entidades públicas. Corresponde determinar quién pudo contratar o utilizar una estructura criminal para asesinarlo", explica el abogado de la familia, Wilmer Quispe Pacheco.

Dos semanas después del crimen apareció uno de los principales elementos de convicción. El 4 de febrero de 2025, durante una intervención policial en Puente Piedra, fue detenido el ciudadano venezolano Gilberson Díaz Díaz por robo agravado.

En su poder se encontró una pistola Glock, la que, según las pericias balísticas, era el arma utilizada para asesinar a Gastón Medina. Su propietario era el suboficial PNP Rogger Tadeo Rosales, quien declaró haber denunciado su hurto “mientras viajaba en un bus de transporte público en Lima”, un mes antes del atentado.

A partir de estos hallazgos, la Fiscalía profundizó la investigación sobre la posible existencia de una estructura organizada detrás del crimen y abrió una carpeta reservada para identificar a los presuntos autores intelectuales. Es en ese expediente donde figura el nombre de Carlos Zegarra. Pero el diputado señala que nunca lo han citado.

JUSTICIA QUE TARDA

Mientras tanto, la familia aún espera resultados. Cuando ocurrió el crimen, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, llegó a Ica y anunció el envío de un equipo especializado para investigar el caso.

Pilar Hernández recuerda que el equipo permaneció en Ica hasta el 28 de febrero de 2025. Cinco días más tarde, el tres de marzo, fue asesinado Víctor "El Chino" Mere, el mismo hombre que tres años antes había llamado en vivo al programa de Gastón Medina para advertirle que existía un plan para matarlo y mencionar el nombre de Carlos Zegarra.

Tras el ataque armado en una fiesta, los sicarios se llevaron el teléfono celular del 'Chino" Mere, una pieza clave en las pesquisas por las alertas e información que guardaba.

La investigación sobre los autores intelectuales toma en cuenta el trabajo periodístico que Gastón Medina desarrolló durante años.

"Entre sus investigaciones más profundas estaban las relacionadas con el Gobierno Regional y con Carlos Zegarra", sostiene el abogado Wilmer Quispe. Es la pista más segura.

Primera suspensión

Por este mismo caso, Varillas Solano estuvo suspendido por un año en el ejercicio de sus funciones. El magistrado David Fernando Correa Castro, en su condición de Juez Superior Titular de la Unidad de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, mediante la Resolución N° 001 de fecha 7 de marzo del 2024, le impuso seis meses de suspensión a partir del 10 de marzo de 2024. La suspensión se amplió por otros seis meses, hasta marzo de 2025. En ese momento, cuando ya había un pedido de destitución en su contra, fue reincorporado en el séptimo juzgado Civil de Derecho Comercial.

Esto ya es habitual en el juez de las medidas cautelares extremas. Lo suspenden por un año, hasta que la opinión pública se olvida de sus tropelías y, luego, regresa a su despacho para continuar con su práctica habitual, que todos conocen y miran, sin decir nada.

Segunda suspensión

De acuerdo con antiguos expedientes judiciales, entre marzo de 2016 hasta mayo de 2017 también estuvo suspendido por decisión de la desactivada Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). El procedimiento disciplinario debió terminar con un pedido de destitución ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Pero, de ese expediente no hay noticia hasta hoy. "No se ha perdido, está traspapelado en alguna oficina", dicen las fuentes oficiales.

La suspensión del 2016-2017 respondió a una denuncia presentada por la Procuraduría del Gobierno Regional de Tacna por otorgar una medida cautelar al Consorcio Salud Tacna que impidió al Estado cobrar las cartas fianzas por los retrasos en la construcción de un hospital.

La resolución de suspensión argumentó "que en la resolución que otorgó la medida cautelar al Consorcio Salud Tacna se observa una motivación aparente, puesto que no habría realizado un análisis suficiente de los elementos que se deben acreditar (verosimilitud del derecho, peligro en la demora y razonabilidad de la medida cautelar)"

Asimismo, "señala que no es razonable que el juez denunciado haya aceptado el monto irrisorio de la caución juratoria pues sería insuficiente para reparar los daños que la ejecución de la cautelar produce al Estado".

Investigación en la JNJ

En junio de 2023, la ex instructora de la JNJ, María Zavala Valladares, inició una investigación disciplinaria contra Varillas Solano al tomar conocimiento por denuncias públicas de su accionar en el Séptimo Juzgado Civil-Comercial que hoy, con el cambio de Colegiado en la Junta, permanece encarpetado. El actual colegiado de la Junta ha preferido los casos políticos contra jueces y fiscales, antes que el combate a la real corrupción judicial.

De acuerdo con las fuentes judiciales, la Unidad de Sanciones solicita la destitución de Varillas por las medidas cautelares que de manera célere emitió en los casos de Gol Perú, la disputa por el hotel Meliá, el peaje del puente Chillón y sus vínculos con el prófugo juez César Hinostroza, que denotaban un presunto tráfico de influencias.

Procesos penales

Este procedimiento disciplinario es paralelo a los procesos judiciales en trámite. Varillas está incluido en un proceso por presunta corrupción con embargo cautelar de sus bienes a fin de garantizar el pago de una reparación civil al Estado. Además, otro proceso por cohecho por presunta complicidad con el destituido Juan Ulises Salazar Laynes, juez del Décimo Juzgado Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el caso Oncoserv. Salazar Laynes habría solicitado hasta 30 mil dólares por resolución cautelar.

Además, descartó supuestas discrepancias en la interna del Gabinete de Ministros y aseguró que las propuestas serán coherentes y consistentes.

Días antes, Marco Vinelli también se refirió al pedido de facultades y aseguró que el Ejecutivo buscará consensos. También confió en que los diputados comprenderán que la situación de seguridad requiere una atención prioritaria.

“Hemos presentado a la población un plan completo para poder atacar la alta criminalidad y queremos empezar. Ahora, vamos a pedir al Congreso, el domingo lo vamos a pedir, para que ellos (Cámara de Diputados) nos autoricen y nos dan las facultades para poder hacerlo”, dijo en entrevista a Exitosa.

Aseguró que van a buscar consensos y explicarán a los diputados los argumentos de las propuestas para que puedan evaluarlo. “Yo no creo que ellos se opongan en materia de seguridad. Hay aproximadamente ocho asesinatos diarios en el país. Creo que ellos entenderán y nos ayudarán”, mencionó.

Sobre seguridad, indicó que desde un inicio Fuerza Popular planteó que las prisiones sean dirigidas en coordinación con la PNP y las Fuerzas Armadas.

“En el pedido de facultades hemos incluido que nos autoricen a legislar para que las FF.AA puedan entrar a los penales de forma temporal. Para las calles, requerimos el apoyo de ambas instituciones”, añadió.

Indicó que también van a fortalecer las unidades de flagrancias para que el proceso de los detenidos sea más rápido.

Bancadas de oposición exigen propuestas concretas en el pedido de facultades de Fujimori 

La alianza Consenso por la democracia, conformada por Obras, Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación (AN) y Buen Gobierno no rechaza de plano negar las facultades legislativas de Keiko Fujimori, sino que esperarán a que se formalice la solicitud para establecer una decisión.

Consultados por La República, diputados de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras indicaron que además de evaluar cada propuesta del Ejecutivo corresponde que estas aborden las problemáticas que requieren atención prioritaria como la seguridad y el Fenómeno El Niño. Asimismo, especificaron que lo ideal y esperado será tomar una posición conjunta.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, consideró que el Congreso bicameral sí otorgará las facultades legislativas y que “aquellos congresistas que han dicho que no lo van a hacer sin siquiera haber leído el documento van a reflexionar y van a poner al Perú por delante”.

Además, descartó supuestas discrepancias en la interna del Gabinete de Ministros y aseguró que las propuestas serán “coherentes y consistentes”.

Días antes, Marco Vinelli, también se refirió al pedido de facultades y aseguró que el Ejecutivo buscará consensos. También, confió en que los diputados comprenderán que la situación de seguridad requiere una atención prioritaria.

“Hemos presentado a la población un plan completo para poder atacar la alta criminalidad y queremos empezar. Ahora, vamos a pedir al Congreso, el domingo lo vamos a pedir, para que ellos (Cámara de Diputados) nos autoricen y nos dan las facultades para poder hacerlo”, dijo en entrevista a Exitosa.

Aseguró que van a buscar consensos y explicarán a los diputados los argumentos de las propuestas para que puedan evaluarlo. “Yo no creo que ellos se opongan en materia de seguridad. Hay aproximadamente ocho asesinatos diarios en el país. Creo que ellos entenderán y nos ayudarán”, mencionó.

Sobre seguridad, indicó que desde un inicio Fuerza Popular planteó que las prisiones sean dirigidas en coordinación de la PNP y las Fuerzas Armadas.

“En el pedido de facultades hemos incluido que nos autoricen a legislar para que las FF.AA puedan entrar a los penales de forma temporal. Para las calles, requerimos el apoyo de ambas instituciones”, añadió.

Indicó que también van a fortalecer las unidades de flagrancias para que el proceso de los detenidos sea más rápido.

Facultades incluirán prohibición de tratos con empresas de trabajo forzoso

El titular del Mincetur precisó que ese día se incluirá en el pedido de facultades una propuesta para prohibir la compra de productos con origen en trabajo forzoso total o parcial con el objetivo de evitar sanciones al exportar.

A inicios de agosto, Estados Unidos vetó a 43 empresas chinas por presuntamente estar vinculadas al trabajo forzoso y las incluyó en la lista de entidades sancionadas bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA).

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que el Gobierno de EE.UU impedirá que los productos de estas compañías ingresen al mercado estadounidense para evitar que los trabajadores del país compitan con bienes elaborados mediante "mano de obra esclava".

Teniendo en cuenta esto, Valencia declaró: “Es un tema muy sensible que tiene que negociarse al más alto nivel. Pero se van a pedir facultades para incluir una norma que prohíba directamente la compra de productos de trabajo forzoso, esto irá en el paquete”.

Asimismo señaló que otra de las preocupaciones en el sector comercio es el alto costo de la logística para trasladar productos del norte o el sur del país al puerto del Callao.

Sobre turismo, se buscará mejorar el proceso de compra de entradas para visitar Machu Picchu y abrir más aeropuertos a nivel nacional. “Son los medios de transporte los que hacen posible el turismo, entonces hay que trabajar en la apertura de aeropuertos como el de Iquitos para que puedan recibir vuelos internacionales”, dijo.

Otras propuestas

Por otro lado, en el borrador del pedido de facultades, el primer bloque de facultades solicitadas apunta a modificar el marco militar, policial y penal. El gobierno fujimorista ha solicitado la potestad de reorganizar la dirección y seguridad de los penales y centros juveniles, y de habilitar un apoyo temporal de las Fuerzas Armadas en los servicios penitenciarios.

En materia laboral, la solicitud de perfeccionar el régimen de extinción de contratos por causas objetivas, bajo el argumento de que las normativas actuales obvian lo que el gobierno ha catalogado como la necesaria flexibilidad que deben tener las empresas frente a cambios en la realidad económica o técnica. El texto no detalla qué flexibilizaciones buscarían permitirse en estos casos. Del mismo modo, se busca modificar beneficios laborales como vacaciones, gratificaciones, CTS y utilidades, con el fin de flexibilizarlos mediante acuerdos individuales o colectivos

"Con respecto a la solicitud de indulto del expresidente Alejandro Toledo, esto se va a evaluar con dos tipos de análisis, uno de carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria", señaló la mandataria desde Piura.

Agregó que antes deberá conformarse la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, para poder iniciar el análisis correspondiente.

Sus declaraciones responden al pedido realizado por Toledo para que se le otorgue este beneficio y dejar el penal de Barbadillo. El exmandatario, que cumple una condena de más de 20 años por el caso 'Interoceánica Sur', aseguró que su estado de salud es crítico y que ya no “tiene tiempo que perder”.

En una reciente entrevista, Toledo detalló que tiene cáncer y serios problemas cardiacos. Dijo que, en el caso de que la presidenta Keiko Fujimori apruebe su pedido, continuará su tratamiento en una clínica.

"Le pido a la señora Keiko Fujimori, que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel", señaló.

El exmandatario también se refirió al reciente fallecimiento de su suegra, Eva Fernenbug, en Bruselas. Añadió que ni él ni su esposa Eliane Karp pudieron encargarse del entierro debido a su situación jurídica.

"La quieren incinerar y nosotros no queremos. Yo quiero ir a visitarla", sostuvo.

La República conversó con Juntos por el Perú, Partido Cívico OBRAS, Ahora Nación y Buen Gobierno y todos denunciaron que algunas oficinas designadas presentan deficiencias. Una realidad que retrasa el inicio de sus labores, sobre todo cuando ya tienen una tarea pendiente: decidir si otorgarán al Gobierno de Keiko Fujimori las facultades legislativas que solicitará.

Por eso, mientras las bancadas oficialistas de Fuerza Popular y Renovación Popular ya cuentan con oficinas listas para abordar ese tema, los representantes de las agrupaciones de oposición pierden parte de su tiempo solicitando a la Oficialía Mayor del Congreso, liderada por Giovanni Forno, que atienda este problema.

De los 22 legisladores afectados, 21 pertenecen a la Cámara de Diputados y uno al Senado. El Partido Cívico OBRAS concentra la mayor cantidad de casos, con 14 diputados, seguido de Juntos por el Perú, con cuatro; Buen Gobierno, con tres; y Ahora Nación, con una senadora.

Hacinamiento en las oficinas de OBRAS

El vocero de la bancada de diputados de OBRAS, Víctor Piñán Mamani, alertó hacinamiento en el despacho de cada uno de los 14 representantes de su partido en la Cámara Baja.

Según explicó a este medio, todos fueron ubicados en un edificio nuevo situado en la avenida Abancay con jirón Junín, sin embargo, cada oficina solo cuenta con 60 metros cuadrados para albergar a ocho personas (un diputado y siete trabajadores).

Incluso, el espacio destinado a las reuniones de bancada, lo cual involucra a más de 14 personas, tampoco pasa de los 60 metros cuadrados.

"El oficialismo tengo entendido que están ya instalados en sus oficinas. Ellos ya tienen sus computadoras y realizan sus labores como corresponde, pero no es el caso de OBRAS. Hay un hacinamiento y un maltrato", denunció.

Además, aseguró que ya han sostenido reuniones con la Oficialía Mayor y cursado un documento, pero no les han brindado soluciones.

Oficinas de Juntos por el Perú sin instalaciones adecuadas

Ernesto Zunini, vocero de la bancada de diputados de Juntos por el Perú, también contrasta la situación de las oficinas de la oposición con las de las bancadas oficialistas y destacó que la situación es meritoria de fiscalización.

"Aquí hay un contrato, hay plazos y presupuesto. Por lo tanto, se estaría evidenciando que hay negligencia de parte de la administración de Fernando Rosoigliosi porque no se está cumpliendo con eso", declaró a este medio.

Además de él, los diputados Analí Márquez, Yenifer Paredes, Marino Lavado y Giannina Avendaño no cuentan con un espacio adecuado para ejercer su labor, señaló y agregó que ello los llevará a despachar en la Plaza Bolívar.

Buen Gobierno con falta de oficinas

La misma molestia salpica a Buen Gobierno. Desde el partido indicaron a La República que son tres los diputados que presentan problemas con sus espacios de trabajo.

Según precisó, a un diputado aún no le han designado una oficina y otro cuenta con una de espacio muy reducido. El caso más resaltante es que se les asignó una misma oficina a dos personas.

De igual forma, han comunicado la situación a la Oficialía Mayor. Por el momento, los legisladores afectados trabajan en las instalaciones de sus colegas de bancada.

Senadora de Ahora Nación en una azotea declarada inhabitable

En Ahora Nación, la senadora Mirtha Vásquez fue la perjudicada. Se le asignó una azotea acondicionada, en una zona que, según la propia legisladora, fue declarada inhabitable cuando ella presidió el Parlamento.

Vásquez precisó que su despacho tiene un techo de drywall y tiene tres ambientes, uno pequeño que no alcanza para todo el personal, otro para reuniones y el último está "pegado a una pared colindante muy antigua, que está llena de moho". Además, no cuenta con servicios higiénicos propios.

López Chau, representante del partido, ratificó lo dicho por la senadora. Resaltó el peligro que supone el techo de calamina y que solo existe un baño para un promedio de 30 personas.

Aseguró que ya presentaron este problema a la Oficialía y los trataron "amablemente". Él propuso que, como medida transitoria, se podría alquilar dos habitaciones en el Hotel Maury "que no es de lujo" o el segundo piso de Conaco.

López Chau espera que esta situación no sea para "fastidiar" a Vásquez por lo dicho en su juramento. Añadió que si el problema no es atendido, las personas y él mismo podrían pensar que hay la "intención de molestar".

Arturo Alegría a las bancadas de oposición: "Usen el bono de instalación"

Al ser consultado por la prensa sobre este tema, Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular, tildó de "quejas" los reclamos de la oposición y dijo que eso de que van a trabajar desde la Plaza Bolívar "es una payasada".

También, aseguró que en 2021 tampoco recibió su oficina en las mejores condiciones, pero usó los gastos de instalación para implementarla.

"El que se está quejando puede utilizar los gastos de instalación porque es precisamente para eso que se les otorga una bonificación", dijo.

Seguidamente optó por lanzar comentarios irónicos al respecto indicando que seguro esperan "oficinas en Miraflores o San Isidro".

"El Congreso no tiene oficinas de último modelo, tiene edificios muy antiguos. Entonces, no van a esperar una oficina con vista al mar. Si eso quieren que lo hagan con su dinero", anotó.

Por su parte, la senadora Nilza Chacón reconoció que "quizá hay algunas demoras" y pidió paciencia. Precisó que en su caso, ya cuenta con oficina y realizan la implementación.

A su vez, descartó que se trate de un acto intencional contra la oposición. "No creo que se trate de izquierda o derecha. Quizá falte un poquito de organización de la parte administrativa", manifestó.

Pero a medida que se iba acercando el día de la juramentación, empezó a sonar el nombre del periodista deportivo y excongresista (2011-2016) Alberto Beingolea. Parecía una broma, pero el rumor tenía bases sólidas. De acuerdo con nuestras fuentes, Beingolea fue propuesto para el cargo por el presidente del Consejo de Ministros y primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta.

Un país como Perú debe tener un Ministerio de Cultura. Hay que precisar este detalle porque el Mincul no estaba contemplado en el plan de gobierno de Fuerza Popular. En ese sentido, hay que saludar que no haya desaparecido. Hay que celebrar, claro que sí, el milagro de que no se cumpla la barbaridad vista en el referido plan de gobierno.

Lo que le espera a Beingolea son varios desafíos. Uno de ellos está relacionado con la función del Mincul en estos últimos tiempos, convertido en un aparato de censura contra toda opinión crítica del gobierno de turno; del mismo modo, estaremos atentos a su posición sobre las leyes aprobadas por el nefasto Congreso 2021-2026, como la nueva ley de cine. Citamos solo dos perlas de un rosario de despropósitos con los que, suponemos, Bákula y Molinari no estuvieron de acuerdo.

¿O Beingolea es lo que en el fondo estaba buscando el fujimorismo? Alguien que sí puede cumplir los propósitos de adecuar un ministerio a lo que Fuerza Popular entiende como cultura. Los hechos son contundentes. Muchos de los atentados contra la cultura que hemos visto en el último quinquenio han tenido el aval de los congresistas de Fuerza Popular, dando muestras de lo que puede nacer de la unión entre el conservadurismo y la falta de perspectiva.

¿Seguirá censurando el Mincul con Beingolea a cargo? Esa es una inquietud válida.

…

Dato:

10 ministros. Del 2021 a 2026: Ciro Gálvez, Gisela Ortiz, Alejandro Salas, Betssy Chávez, Silvana Ro bles, Jair Pérez, Leslie Urteaga, Fabricio Va lencia, Alfredo Luna y Fátima Altabás.

En el documento, que lleva la firma de la presidenta del gremio, Yessica Mercado Bolívar, la asociación fundamenta su pedido al recordar que la BNP es “una de las instituciones más importantes desde la fundación de la República y el principal ente rector en materia de patrimonio bibliográfico y documental de la Nación”. Sin embargo, el gremio cuestiona la falta de perfil técnico en sus altas directivas a lo largo del tiempo.

“A lo largo de la historia, la mayoría de los jefes institucionales de la Biblioteca Nacional del Perú han sido profesionales ajenos a la bibliotecología. Se trata, en general, de personas con buenas intenciones, pero sin conocimiento del campo de acción y desarrollo de esta disciplina, indispensable para una institución de tal trascendencia...”

Asimismo, la ABP advierte que en el país aún no existe una verdadera descentralización de la política cultural. Por ello, el gremio instó al titular del sector “reactivar un auténtico Sistema Nacional de Bibliotecas, con servicios de lectura mejor implementados que respondan a las necesidades de información de los ciudadanos”.

Ante este panorama, la asociación solicitó al ministro que “asuma el liderazgo para nombrar como Jefe Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú a una profesional especializada en Bibliotecología y Ciencias de la Información”, mediante un proceso que incluya la consulta previa con el gremio.

Para tal fin, propusieron formalmente a la Mg. Olinda Graciela Rengifo García, a quien señalan como una “bibliotecóloga con amplia trayectoria y experiencia, como candidata idónea para ocupar dicho cargo”. Rengifo García es bibliotecóloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con un Máster en Información y Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid y ejerció anteriormente el cargo de jefa institucional del Archivo General de la Nación.

El caso responde a una demanda por el pago de bonificaciones iniciada originalmente por la docente Flor de María Saldaña Plasencia contra el Gobierno Regional de La Libertad —cuando Acuña era gobernador—. Tras el fallecimiento de la trabajadora, su hijo, Luis Alejandro Novoa Saldaña, asumió el proceso como sucesor legal para exigir el cumplimiento del mandato judicial.

El juzgado determinó que Acuña no cumplió el pago de S/ 88,525 soles. Este dinero correspondía a un beneficio escolar (preparación de clases) que el Gobierno Regional le debía a la maestra Saldaña.

Según la resolución emitida por la jueza Katherine Dora Granda Fernández, el político no irá a la cárcel, pero deberá cumplir de forma obligatoria con una serie de reglas de conducta para mantener su libertad.

Entre las restricciones impuestas al excandidato presidencial se establece que no podrá cambiar de domicilio sin autorización, no deberá cometer un delito similar y tendrá que "comparecer cada treinta días a la Oficina de Control a fin de informar y justificar sus actividades, firmando el registro correspondiente".

Asimismo, el fallo ordena a César Acuña "cumplir con el mandato judicial extra penal y hacer efectivo los adeudos laborales" pendientes. Para ello, el juzgado le fijó un pago total de S/ 97,377.88 soles a favor del agraviado. Este monto incluye la deuda laboral pendiente (S/ 88,525.35) y una reparación civil de S/ 8,852.53 soles por los daños causados.

El tribunal dispuso que dicha suma sea cancelada por el sentenciado en "tres cuotas de S/ 32,459.29 soles cada una, en forma mensual" a través de certificados de depósito en el Banco de la Nación. Además, la resolución advierte que, si Acuña incumple cualquiera de estas reglas o pagos, se le aplicarán sanciones más severas.

"Todo Bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento de aplicarse en lo que corresponda, cualquiera de las prerrogativas legales que se previenen en el artículo 59° del Código Penal, previo requerimiento fiscal y a consideración del Juez de Ejecución de sentencia”, se lee en el documento.

Asimismo, este lunes reiteró su intención de implementar la propuesta y declaró a los medios sobre el avance en la formalización de la medida. “De cara a la emergencia para recuperar el orden, trabajarán las FF.AA. y la PNP. Esto se va a presentar en las próximas semanas”.

Sin embargo, en el borrador inicial del pedido de facultades legislativas, el alcance militar se enfocaba de manera "temporal y excepcional" al ámbito penitenciario —para el control y seguridad de los penales—, sin incluir patrullajes de orden interno en las calles o en el sistema de transporte público.

El anuncio de estas propuestas —enfocadas principalmente en mayor presencia militar— se da en un contexto crítico de inseguridad a nivel nacional. De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, sobre la base de los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) al 31 de julio de 2026, la gestión de Keiko Fujimori arrancó con 25 homicidios confirmados en tan solo sus primeros cuatro días, un promedio diario de 6.25 asesinatos a nivel nacional.

El mismo 28 de julio con 5 muertes, escaló a 9 el 29 de julio, registró 8 casos el 30 de julio y sumó otros 3 el 31 de julio, cifras que incluso podrían incrementarse a medida que la base de datos oficial procese los reportes pendientes de diversas regiones.

Además, entre enero y julio de 2026, los asesinatos de adolescentes en el Perú alcanzaron su pico más alto desde el año 2017. La principal causa de esta crisis sigue siendo el uso de proyectiles de arma de fuego (PAF). El analista señaló que “de seguir esta tendencia, lamentablemente el 2026 podría terminar como el año con la mayor cantidad de homicidios de adolescentes en la última década”.

Frente a esta situación, el exministro del Interior Rubén Vargas advirtió que el Gobierno incurre en un error al recurrir a las tropas como solución rápida. "Pretenden convertir a las Fuerzas Armadas en la varita mágica que va a resolver el desborde criminal", señaló para La República. Además, indicó que los estados de emergencia pasados han sido un absoluto fracaso. A su criterio, la medida demuestra un desconocimiento del problema.

“¿Qué hacemos con las bodegas que también están siendo extorsionadas? ¿Vamos a llenar las bodegas de militares? ¿Qué hacemos con las barberías? ¿También vamos a ponerles un militar en cada tienda? Sacar los militares a las calles y ponerlos en los buses, ¿es una solución? Desde mi punto de vista, no", señaló Vargas

Para el exministro, el combate a las bandas subterráneas exige recuperar a la policía de la corrupción y equiparla con tecnología. Además, indicó que hacen falta estrategias contra el robo de celulares, el crimen organizado y las economías ilegales.

"En la parte de los penales sí estoy de acuerdo en que tengan un papel importante, así como en la interdicción marítima, aérea y el control de la minería ilegal. Pero en la investigación e inteligencia contra el crimen, eso es responsabilidad exclusiva de la policía", precisó.

Por su parte, Ricardo Valdés, viceministro de Orden Interno y de Seguridad Pública, calificó el anuncio como un “mensaje político” antes que un plan técnico de gestión. "Está dando un mensaje político a la población diciendo que se está haciendo cargo del problema, pero en realidad aquí veo un inconveniente (…) lo que tiene que hacer es tomar esto como un problema de gestión. Antes que nada hacer un diagnóstico correcto de los tipos de extorsión de los lugares más complicados y poner a los expertos en temas de criminalidad", sostuvo Valdés para La República.

Además, alertó sobre los severos riesgos de desplegar armamento de guerra en el transporte público."Un soldado con armamento largo es absolutamente peligroso; la capacidad de fuego de un fusil FAL o Galil es de un kilómetro, con lo cual atravesaría todo lo que hay en el camino".

Expulsión de extranjeros y retorno de connacionales

Respecto al trabajo en materia de seguridad ciudadana, el domingo pasado la mandataria detalló sostuvo reuniones de coordinación con las carteras de Cancillería, Defensa, Interior y Justicia. Producto de ello, se deportaron a 3 ciudadanos venezolanos, miembros del Tren de Aragua.

Asimismo, este lunes, precisó que la aeronave enviada a territorio venezolano sirvió como asistencia humanitaria para evacuar a un grupo de connacionales, quienes retornaron a Perú tras verse afectados por el terremoto ocurrido en Venezuela.

El dinero entregado por el Estado proviene del presupuesto nacional y debe destinarse, por ley, en un 50% al funcionamiento ordinario del partido y en el otro 50% a la capacitación de sus militantes o al desarrollo de investigaciones académicas. Sin embargo, los informes e inspecciones del ente electoral determinaron que ambas agrupaciones usaron estos fondos para financiar talleres literarios y publicaciones ajenas a los fines que establece la norma.

En el caso de Perú Libre, la agrupación justificó un gasto total de 31.383 soles en la producción de un poemario de menos de 100 páginas que reúne escritos de figuras del partido, como el excongresista Waldemar Cerrón y Berta Rojas López, madre de Vladimir Cerrón.

El proceso se dividió en dos partes: primero, la realización de un taller literario el 4 de mayo de 2025 en un local de Breña con un costo de 14.383 soles —donde se pagó 9.200 soles al docente Enilberto Carguayanqui por una charla de 10 a. m. a 5 p. m.—; y segundo, un costo de 17.000 soles por la impresión del libro.

De acuerdo con el informe técnico de la ONPE, se observó la ponencia del taller al constatarse que “los contenidos abordados fueron generales y estrictamente literarios” y que “no hay contenido político, ideológico ni programático”. Asimismo, determinó que el poemario es de carácter predominantemente artístico, por lo que no constituye un plan de gobierno ni una propuesta de desarrollo nacional. En esa linea, también se concluyó que el taller de redaccción no se vincula con los principios del partido.

Por su parte, Renovación Popular destinó 6.400 dólares (alrededor de 24.700 soles) del financiamiento público directo para la elaboración del libro digital de 42 páginas titulado 'Mi Gallo es el Chancho', redactado por el periodista Francisco de Piérola. Los documentos del expediente muestran que la propuesta fue presentada el 25 de septiembre de 2025 bajo el compromiso formal de escribir la "Historia del Partido Político Renovación Popular", la cual fue aceptada y firmada el 3 de octubre de 2025 por el representante legal Fernando Sandoval Ruiz mediante un pago dividido en dos partes del 50%.

A pesar de que el contrato exigía relatar la historia de la organización, el contenido final se enfocó en pasajes de la vida de Rafael López Aliaga y en la relación de amistad del autor con el actual candidato a regidor de Lima. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE observó que el servicio no está relacionado con trabajos de investigación orientados al análisis ni a la propuesta de soluciones a problemas nacionales, tal como lo exige el artículo 27° del Reglamento de Financiamiento.

Adicionalmente, el organismo electoral constató que no se acreditó que el autor tuviese la experiencia mínima de dos años en investigación o tres artículos en revistas científicas —registrando en SUNAT actividades de telecomunicaciones y consultoría—, y se incumplió la norma al no presentar por lo menos dos cotizaciones adicionales de otros proveedores.

Este martes 4 de agosto, a las nueve de la mañana, se reunirá la junta de portavoces del Senado en la Sala Bolognesi. Dos horas después, a las once, le toca el turno a la Cámara de Diputados en la Sala Basadre del Palacio Legislativo. Ambas citas servirán para definir el reparto de la presidencia de las bancadas legislativas.

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El reparto general de comisiones ya está definido por bancada según el reglamento. Fuerza Popular podrá liderar cinco presidencias en Diputados y tres en Senado. Le sigue Juntos por el Perú, con cuatro en Diputados y dos en Senado. Buen Gobierno y Renovación Popular obtienen dos presidencias cada una en Diputados y una en Senado. Ahora Nación y Obras cierran la lista con una presidencia cada uno, pero solo en la Cámara de Diputados.

La disputa por Constitución y Justicia no es solo administrativa: define qué agenda legislativa avanza y cuál se frena durante los próximos cinco años.

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¿Qué comisión pide cada bancada?

Fuentes de este diario señalaron que Renovación Popular solicitará en el Senado la comisión de Justicia o Constitución. En Diputados apunta a tres comisiones: Justicia, Educación y Familia.

Por su lado, Fuerza Popular concentra su pedido en el Senado. La bancada oficialista solicitó las comisiones de Constitución, Economía y Justicia. Es la misma combinación que ya defendía meses atrás, cuando el Congreso todavía discutía la conformación de sus grupos de trabajo. El interés del fujimorismo por retener Constitución no es nuevo: ha presidido esa comisión en los últimos 10 años.

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Juntos por el Perú replica exactamente el mismo pedido que Fuerza Popular en el Senado: Constitución, Economía y Justicia. Ernesto Zunini, vocero de los diputados de esta bancada, señaló a la prensa que buscaría liderar Justicia, Educación, Energía y Minas, y Salud.

La República tuvo conocimiento que Ahora Nación está interesado en liderar las comisiones de Constitución, Justicia y Economía desde la Cámara de Diputados. En cuanto a los senadores, señalaron que buscan presidir una de las comisiones ordinarias no legislativas: Ética, Procedimientos Especiales e Inteligencia. Además indicaron que se mantienen en negociaciones con Buen Gobierno y Obras. Al cierre de esta nota, las bancadas de Buen Gobierno y Obras mantuvieron hermetismo en cuanto a sus preferencias.

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El antecedente de una disputa que viene de julio

Esta pugna no nació esta semana. En julio, cuando el Congreso aún negociaba la distribución de comisiones, Jaime Quito, congresista y senador electo de Juntos por el Perú, ya había señalado a este diario que su bancada quería arrebatarle Constitución al fujimorismo. Quito argumentó que su partido plantea cambios al texto constitucional y que el control de esa comisión resulta clave para impulsarlos, incluida la recuperación del derecho al referéndum.

Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron entonces que Fuerza Popular no tenía intención de ceder esa comisión. El partido de Keiko Fujimori se ha mostrado conforme con el texto constitucional vigente y buscará resguardarlo desde ese espacio. Otras bancadas también movían fichas por su lado: Renovación Popular impulsaba su llegada a Educación para mantener una línea conservadora frente al enfoque de género, mientras Ahora Nación mostraba interés en Economía y Justicia.

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Ética, Acusaciones Constitucionales y otras comisiones también entran en la agenda

La pelea por Constitución y Justicia no es el único punto que resolverá la junta de portavoces. Entre las comisiones ordinarias no legislativas para la Cámara de Senadores se encuentran Ética, Procedimientos Especiales e Inteligencia. Por otro lado, los diputados cuentan con las comisiones de Ética, Ordenamiento y Seguimiento Legislativo, y la comisión de Acusaciones Constitucionales.

La conformación de la Comisión de Ética tiene un grupo de reglas diferentes al resto. Este grupo de trabajo quedará integrado por un integrante de cada bancada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. La lógica detrás de esta regla busca que el control de la conducta parlamentaria no dependa solo de la mayoría oficialista ni de un bloque opositor específico.

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Junto a Ética, la Junta de Portavoces también definirá quiénes integran la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Este grupo tiene una función clave: califica si las denuncias constitucionales contra altos funcionarios son admisibles, investiga los casos que avanzan y redacta los informes finales que después pasan al Pleno. El reglamento parlamentario exige que su composición respete dos principios: pluralidad y proporcionalidad entre bancadas. Es decir, ninguna fuerza política puede quedar excluida, pero tampoco todas tienen el mismo peso: la representación se ajusta según el tamaño de cada bancada en el Congreso.

La comisión de Acusaciones Constitucionales suele cobrar protagonismo cuando surgen denuncias contra ministros, congresistas o el propio presidente de la República. Su composición, por lo tanto, no es un trámite menor. Dado el actual mapa de fuerzas, con Fuerza Popular como bancada oficialista y Juntos por el Perú al frente de la oposición, el balance dentro de este grupo también quedará bajo observación.

El nuevo Congreso bicameral trabajará con 16 comisiones en la Cámara de Diputados y siete legislativas en el Senado. Entre ellas figuran Defensa Nacional y Orden Interno, Energía y Minas, Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Ciencia e Innovación Tecnológica, además de Constitución, Economía y Justicia. La correlación de fuerzas que se confirme este martes marcará el tono del trabajo legislativo durante los próximos cinco años, sobre todo en los espacios donde se decide el futuro de la Constitución, el destino de los procesos judiciales más sensibles y el control ético de la propia clase política.

Toledo contó en una entrevista que tiene cáncer y serios problemas cardiacos. Dijo que, apenas la presidenta Keiko Fujimori apruebe su pedido, continuará su tratamiento en una clínica. Sus palabras fueron directas y sin rodeos, como el propio nombre del programa que lo entrevistó.

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"Le pido a la señora Keiko Fujimori, que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel", declaró el expresidente al programa 'Sin rodeos'.

El exmandatario también habló de un momento muy doloroso en su vida familiar. Murió su suegra, Eva Fernenbug, en Bruselas, y ni él ni su esposa Eliane Karp pueden encargarse del entierro. La razón es la misma que lo mantiene preso: los procesos legales que ambos arrastran desde hace años.

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"La quieren incinerar y nosotros no queremos. Yo quiero ir a visitarla, aunque sea en su tumba", contó Toledo. Explicó que su esposa es la única hija de la fallecida, pero no puede viajar porque Interpol mantiene una alerta roja en su contra por el caso Lava Jato. Karp vive desde hace tiempo en Tel Aviv y no puede salir de Israel.

El expresidente reconoció que habla con su esposa todas las semanas para saber cómo sigue la situación. Según contó, ella vive momentos de angustia por no poder acompañar el duelo de su madre ni resolver el tema del entierro desde la distancia.

Uribe y Manrique, más allá de las diferencias propias de pertenecer a bancadas distintas, reconocen que comparten experiencias marcadas por su edad. Poco después de la elección de las Mesas Directivas, ambos se tomaron un selfie que luego compartieron en sus redes sociales. "Por la Bancada Joven", decía la publicación. Días antes, conversaron con este medio sobre lo que significa ser joven y representar al país desde el Congreso.

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Entrando a la política

Mientras se desarrollaban las marchas contra el breve gobierno de Manuel Merino, Jair Manrique participaba en los cacerolazos. Era época de pandemia y vivía en Villa El Salvador, donde residió durante sus años de estudiante en la Universidad Nacional de Ingeniería.

Sin embargo, esas no fueron sus primeras experiencias políticas. Manrique recuerda que, a los 17 años, impulsó una campaña de recolección de libros para Chimbote, su ciudad natal. Su ingreso a la política nacional llegaría en 2016, cuando apoyó a Todos por el Perú como simpatizante de Julio Guzmán.

"Vino a mi universidad y, la verdad, me pareció un buen candidato. Era bastante tecnócrata. No pude votar por él porque lo sacaron. Vicié mi voto", recuerda.

Romina Uribe también tuvo un acercamiento temprano a la política. Para la diputada, su primera experiencia de representación llegó cuando fue elegida alcaldesa escolar en Breña. Antes había sido regidora de aseo y, a mitad de la secundaria, dio el siguiente paso: "Creo que ahí comenzó mi vocación de servir", señala.

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Ambos venían proyectando su llegada al Congreso desde tiempo atrás. A finales de 2024, Manrique vivía en São Paulo, Brasil. Durante ese Año Nuevo, cuenta que ya tenía avanzados los borradores de varios proyectos de ley: "Tenía un cuadro del Congreso. Creo que desde entonces quería ser congresista", relata.

Uribe, por su parte, comenzó su camino junto a su partido. Cuando leyó el ideario del Partido del Buen Gobierno, sintió que representaba sus convicciones. Incluso participó en el proceso de formación de la organización: "Mi forma de apoyar la inscripción fue firmando mi ficha de afiliación". Según cuenta, sus amigos recibieron la noticia con naturalidad: "Me dicen que se sienten representados. La verdad, eso me alegra el corazón".

Un choque generacional

El entorno familiar también influye en la decisión de involucrarse en política. En el caso de Uribe, encontró un ambiente favorable: "Tuve la suerte de venir de una familia donde, en la mesa, todos los puntos de vista eran bienvenidos y se conversaban con respeto".

Manrique vivió una experiencia distinta: "Hay veces que discuto con mi hermano. Vive en Estados Unidos y es trumpista", dice entre risas. Luego añade: "En parte creo que puede ser ignorancia, vivir afuera y no conocer la realidad. Es ignorancia hasta que le explicas que ciertas cosas no funcionan de esa forma. Cuando me escucha, termina dándome la razón".

Las discusiones no se limitan al ámbito familiar. En espacios políticos —y también fuera de ellos—, representantes de generaciones mayores suelen desmerecer las opiniones de los jóvenes apelando a su supuesta inexperiencia. El argumento viene cargado de condescendencia.

Pero las críticas también pueden surgir en sentido inverso. Cuando Manrique piensa en congresistas de 50 o 60 años, narra diferencias: "Siento que a veces no tenemos puntos de encuentro. Es difícil entrar en materia con ellos. Creo que existe un roce generacional. Es común descalificar a alguien porque es joven, pero se van a dar cuenta de que están equivocados. Es cuestión de tiempo", afirma.

Uribe también considera que esa asociación existe, aunque asegura no haberla vivido en carne propia: "No me ha pasado que me descalifiquen. En todos los espacios donde he estado siempre trato de desenvolverme dentro del marco del respeto. No creo que eso tenga que ser así".

¿Por qué algunos jóvenes experimentan el rechazo de las personas mayores por sus posturas políticas y otros no? No existe una respuesta definitiva. Sin embargo, para Pavel Aguilar, profesor de Sociología Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el choque generacional suele manifestarse con mayor intensidad entre quienes adoptan nuevas visiones sobre valores tradicionalmente arraigados.

“La gente mayor suele calificar como ‘generación de cristal’ a los menores de 35 años. Esto parece tener cierta lógica, pues las personas de mayor edad suelen mostrar un mayor apego a modelos de familia y formas de entender la subjetividad más tradicionales, mientras que los jóvenes tienden a mostrar una mayor apertura hacia nuevos paradigmas. Si bien la política de los jóvenes suele asociarse con posturas progresistas —en un sentido amplio del término—, también es necesario considerar otros factores, como el género y el surgimiento de nuevas corrientes de jóvenes conservadores, para comprender la relación intergeneracional en la política. Más que un rechazo de las personas mayores hacia la política de los jóvenes, creo que la actual polarización política ha contribuido a construir enemigos imaginarios asociados a los valores progresistas”.

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Deudas pendientes para una generación

Frente a la diversidad de realidades que atraviesan los ciudadanos jóvenes, algunos especialistas prefieren hablar de "juventudes" antes que de una sola juventud. En la misma Cámara de Diputados que integrarán Uribe y Manrique también estará Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), una de las legisladoras más jóvenes del nuevo Congreso. Hija política del expresidente Pedro Castillo, creció en Cajamarca y representa una experiencia distinta. La pregunta surge de manera inevitable: ¿basta con ser joven para representar a la juventud?

Uribe considera que, pese a las diferencias, existen problemáticas compartidas: "Yo creo que basta con pertenecer a este grupo, tener sus mismas problemáticas y contar con una voz tan importante como la Cámara de Diputados".

Una de esas problemáticas es el acceso a la vivienda. Según un estudio de la startup Roomi publicado en 2024, los peruanos son quienes más tardan en independizarse de sus padres en la región. La edad promedio para hacerlo es de 29 años. Sin políticas que faciliten ese paso, muchos jóvenes prolongan una ficción de adultez marcada por la dependencia económica o, en el peor de los casos, el abandono familiar y público.

Ambos aseguran haber vivido esa realidad. Uribe cuenta que, hasta antes de asumir como diputada, vivía con su madre. Poco antes de jurar al cargo dejó el Rímac para mudarse a una zona cercana al Centro de Lima: "Me estoy mudando a un lugar cercano. El trabajo es 24/7", comenta.

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Esa reciente independencia no le impide cuestionar las condiciones que enfrentan los jóvenes: "Hay todo un sistema detrás. Existe trabajo precarizado y las políticas de vivienda no están del todo bien diseñadas".

Cuando Manrique llegó a Lima para estudiar, el dinero que sus padres le enviaban desde Chimbote apenas alcanzaba para cubrir el alquiler y algunos gastos. Para completar sus ingresos, daba clases particulares a otros universitarios: "Iba de cono a cono", recuerda.

"En el Perú nos está costando mucha vida vivir. El Estado nos ha hecho pagar un impuesto invisible llamado vida. Vamos a un hospital y las colas son de tres o cuatro horas. Te despiertas a las tres de la mañana para hacer fila. Ese es un impuesto invisible que se paga por la ineficiencia del Estado. Si tienes una enfermedad crónica, no puedes esperar meses. Por eso tienes que ir a una clínica, y el precio es elevadísimo. Todo se paga con vida", añade.

En su juramentación como congresista, Manrique prometió trabajar para que vivir no nos cueste la vida. La promesa está hecha; ahora queda cumplirla.

(*) Para la elaboración de este reportaje se intentó contactar a Nathaly Molina, diputada del Partido del Buen Gobierno, quien también tiene menos de treinta años. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

“Me complace informarle que, sobre la base del Acuerdo Marco para el sector terrestre suscrito el 9 de diciembre de 2025 entre el Ejército del Perú, FAME S.A.C. y Hyundai Rotem, el Ministerio de Defensa del Perú tiene programado suscribir el contrato del proyecto basado en el Tanque Principal de Batalla K2 (‘Black Panther’) a más tardar en junio de 2026”, escribió el exministro Amadeo Flores a su par coreano Ahn Gyu-back.

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Fechada el 26 de mayo de este año, la misiva de Flores se refería a un acuerdo firmado durante el mandato del expresidente José Jerí, que comprende la venta, con la participación de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), de 54 tanques K2 “Black Panther” y 141 blindados K808 “White Tiger” por aproximadamente US$5.000 millones.

El exministro Amadeo Flores estaba tan seguro de la adquisición de los carros de combate que pidió al ministro Ahn Gyu-back que hiciera posible que la fábrica Hyundai Rotem trasladara a Lima modelos del K2 “Black Panther” para que participaran en la parada militar del 29 de julio, y le extendió la invitación para que él mismo asistiera a la ceremonia patriótica peruana.

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Invitado privilegiado

Flores requirió, además, que se sumen al desfile ejemplares de los blindados de ocho ruedas K808 “White Tiger”, que el Ejército compró por intermedio de FAME a Hyundai Rotem en 2024.

“Bajo la premisa de la materialización del mencionado contrato, el Ministerio de Defensa del Perú solicita a Ud., formalmente, que se tramite ante la empresa Hyundai Rotem la participación del Tanque Principal de Batalla K2 y del Vehículo Blindado a Ruedas K808 en la Ceremonia Oficial por el Día de la Independencia del Perú, a llevarse a cabo el próximo 28 de julio de 2026. En este contexto, solicito amablemente el valioso interés y apoyo de Su Excelencia y del Ministerio de Defensa Nacional para facilitar la participación del Tanque K2 y del Vehículo Blindado K808 en dicha actividad”, escribió el exministro Amadeo Flores.

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“Consideramos que la presentación de dichos sistemas de armas en una fecha tan significativa constituirá una oportunidad excepcional para mostrar directamente al pueblo peruano un ejemplo exitoso de la cooperación bilateral en defensa”, apuntó.

“A fin de garantizar el éxito de este magno evento, el cual reviste una gran trascendencia para la cooperación de defensa entre el Perú y Corea, solicitamos respetuosamente la presencia del Gobierno de la República de Corea y del Presidente de Hyundai Rotem (Lee Yong-bae), para que nos honren con su asistencia a este magno evento”, escribió el entusiasmado exministro de Defensa.

Efectivamente, el seis de julio arribaron al puerto del Callao tres tanques K2 “Black Panther” y seis blindados K808 “White Tiger”.

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Todo quedó en el papel

Por el contenido de la comunicación escrita por Amadeo Flores, puede inferirse que daba por hecho la consumación del contrato: “Estamos firmemente convencidos de que este avance representa un hito fundamental cimentado en la confianza mutua y la cooperación bilateral. Asimismo, marcará el punto de partida para expandir y consolidar de manera estratégica las relaciones en el ámbito de la defensa terrestre entre el Perú y la República de Corea”. Pero no sucedió lo programado.

El 29 de diciembre, los carros de combate fueron remolcados desde el Centro de Mantenimiento de Blindados (CEMABLIN), en el Fuerte “General de División Rafael Hoyos Rubio”, en el distrito del Rímac, hasta la avenida Brasil, pero no desfilaron, como reportó La República. Tampoco hubo firma del contrato, y mucho menos se presentó en Lima el ministro coreano Ahn Gyu-back.

Solo fueron parte de la parada militar los seis blindados K808 “Black White”. Como informó La República, el Ministerio de Defensa decidió suspender el desfile de los carros de combate K2 “Black Tiger” por falta de recursos para pagar el adelanto de US$1.500 millones, necesario para la suscripción del contrato.

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El niño es primero

El propio Ministerio de Defensa comunicó por escrito que la decisión de cancelar la presentación de los tanques K2 “Black Panther” se debió a que no son parte del material bélico, ya que no se firmó el contrato de adquisición por falta de recursos públicos.

“Durante este año se han realizado gestiones administrativas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para incluir en la Ley de Endeudamiento una disposición que permita tener el espacio fiscal para una operación de endeudamiento a fin de financiar la adquisición de los tanques K2 ‘Black Panther’),, la que se materializaría en el 2027, con el procedimiento de concertación para la asignación de los recursos y se efectivice dicha adquisición”, reportó el Ministerio de Defensa a este periódico.

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“Es preciso indicar que este año, durante la gestión del presidente Balcázar, se evaluó la posibilidad de adelantar una parte de la adquisición de tanques, para lo cual se gestionarían los recursos ante el MEF, lo que motivó la solicitud de la participación para una muestra de sus capacidades en campo”, reconoció el despacho de Defensa.

“Sin embargo, debido a la repriorización de necesidades por el agravamiento de los escenarios del fenómeno El Niño, no se pudo continuar con el proceso planificado, no habiéndose suscrito contrato alguno. Esto no hizo posible que los tanques participaran en el desfile cívico-militar del 29 de julio”, concluyó el Ministerio de Defensa.

En el borrador del proyecto de delegación de facultades legislativas del gobierno de Keiko Fujimori no aparece la adquisición de equipamiento militar, especialmente para los programas de Inversión para Batallones de Infantería Mecanizados (BIMEC) y Regimientos de Caballería Blindados (RCB), que incluye la compra de los K2 “Black Panther”.

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Inmediata suspensión

Lo más probable es la postergación indefinida de la suscripción del contrato. Será una buena oportunidad para que las nuevas autoridades gubernamentales, especialmente del Ministerio de Defensa, revisen el proceso que determinó la elección del carro de combate K2 “Black Panther” fabricado por Hyundai Rotem.

Para empezar, después de que el 9 de diciembre de 2025 se suscribió el mencionado acuerdo entre el Ejército, FAME y Hyundai Rotem, la Comandancia General del instituto armado ordenó la conformación de un Comité de Estudio Técnico Operativo (CETO), para que evalúe el tanque disponible que sustituya al soviético T-55, comprado por el régimen del general Juan Velasco Alvarado en 1972.

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El CETO escogió el K2 “Black Panther” de Hyundai Rotem, empresa socia del Ejército y de FAME, con la que mantiene un acuerdo vigente. Sin duda, no es una coincidencia.

Para simular una licitación, el instituto castrense solicitó cotizaciones a algunas compañías conocidas.

La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), por la dimensión de la compra (US$5.000 millones por los tanques y blindados), debería haber intervenido en el proceso.

D'Alessio fundó Centrum PUCP en 1999, junto al entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner Febres. Fue el primer director general de la escuela de negocios. Ocupó ese cargo hasta 2017. Bajo su gestión, la institución obtuvo tres acreditaciones internacionales. También se ubicó entre los principales rankings globales de educación de posgrado en negocios.

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Antes de su carrera académica, D'Alessio sirvió en la Marina de Guerra del Perú. Llegó a ocupar la Comandancia General de Operaciones Navales. Su formación incluyó estudios en la Escuela Naval del Perú, donde obtuvo la Espada de Honor. Después siguió una maestría en administración en la Salve Regina University, en Rhode Island, Estados Unidos.

Como autor, D'Alessio publicó varios libros de referencia sobre gestión y estrategia. Entre ellos destacan El proceso estratégico: un enfoque de gerencia y Liderazgo y atributos gerenciales: una visión global y estratégica. Ambos textos se usan hoy en universidades de distintos países de América Latina.

Rubén Guevara, actual director general de Centrum PUCP, se pronunció tras conocerse la noticia. "Todo lo que es hoy Centrum PUCP tiene su firma, lleva su marca", afirmó. El directivo agregó que la comunidad académica recibe el legado de D'Alessio "con gratitud" y con el compromiso de honrarlo.

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Antes de conocerse el primer gabinete de Keiko Fujimori, la actriz nos comentó que su expectativa estaba en los liderazgos que puedan surgir de la oposición. “Hay una tendencia de derecha, una inclinación hacia el autoritarismo, hay un claro anuncio de recorte de libertades, y eso no es novedad para nadie; no tiene solo un color político. El conservadurismo diría que casi no tiene ideología. Perú Libre y el fujimorismo fueron los grandes socios de la temporada. Entonces, lo que toca es despertar, estar atentos”.

En cuanto al Colegio de Artistas, la excongresista Susel Paredes entregó un proyecto para la derogatoria de la ley a la diputada Indira Huilca.

Varios cineastas dicen que el panorama es más difícil que en los 90. ¿Coincides?

Lo que pasa es que el gran riesgo o lo que hemos tratado de evitar todos estos años, es que todo aquello oscuro, bajo la mesa, soterrado, informal, se institucionalice. Entonces, está pasando con lo que hacen con la policía, con las manifestaciones públicas, con los derechos humanos y ahora con la cultura.

Delia Espinoza les recomendó ser un grupo sólido. ¿Tienen planes de agruparse formalmente?

Somos un gremio atomizado porque somos una fuerza laboral precaria. El 5 o 10 por ciento de la fuerza laboral artística es la que tiene un trabajo estable, pero la mayoría son trabajadores informales, con una economía inestable, con las mismas incertidumbres que millones de peruanos que la están pasando mal. Entonces, en el medio de eso hay que lidiar con la frustración y encontrar una energía que nos hermane y nos permita sostener un mismo frente, a pesar de nuestras diversidades de ideología.

¿Han contemplado que algunos ya empiecen a colegiarse?

La idea es que la ley se derogue, pero hay precariedad y si no estamos informados y ofrecen algo de formalidad, un revestimiento de cobertura, de seguridad, habrá gente que va a decir: “Bueno, esto es mejor que nada”. Hay que explicar que el fondo de esto es un atentado contra la libertad: desde regular contenidos y no dar acceso a los espacios públicos. El deseo que hay de muchos de nosotros es generar un gremio sólido, tener un respaldo político y de, independientemente de nuestras diferencias, cerrar filas con los no negociables. Y uno de ellos es la libertad.

Es decir, aunque deroguen esta ley, ¿estos foros deben mantenerse en los próximos años?

Sí. Y tenemos que organizarnos. Somos un país donde los sindicatos están mal entendidos y también mal operados. Entonces, todavía no hemos logrado ese nivel de madurez, pero ese es también el gran pendiente y la batalla interna que tenemos. Entender que la representatividad gremial no tiene por qué hacernos sentir ni en falta, ni politizados, ni culpables. Es lo que toca. Ocurre en cualquier país del mundo. Y eso también tienen que entender no solamente los empleadores, sino el Estado y los servidores públicos.

También la ciudadanía, ¿no? Cuando los ven participando en marchas, no falta quien los cuestione y los acuse. ¿A qué responde esto?

Es que se ha instalado el miedo y esa es la mejor arma. La usan la política, la religión. El miedo y la culpa son las dos grandes armas que paralizan al ser humano. Han alimentado tanto la idea de un cuco que no existe, como el comunismo. Ahora el lobo se viste de cordero y te hace creer que te va a salvar de un cuco que no existe. Y estamos más preocupados por eso que por quienes están gobernando y están, cada vez más, recortando nuestros derechos en el mundo entero.

Karp explicó que Toledo, de 81 años, no está bien de salud. Contó que su esposo sufrió una caída dentro del penal donde permanece recluido. No se sabe todavía si se rompió o se torció el tobillo. La exprimera dama lo atribuyó a un cuadro de depresión y ansiedad, además de falta de equilibrio.

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La solicitud de indulto humanitario se basa en la Ley 32181. Esta norma permite que los adultos mayores de 80 años cumplan su proceso judicial en arresto domiciliario. Karp aseguró que ambos pagaron la vivienda donde esperan cumplir esa medida, ubicada en Camacho, y negó que se trate de un bien mal habido.

La entrevista se dio horas después de un episodio doloroso para Karp. Su madre, Eva Fernenbook, murió el día anterior en Bruselas, cerca de cumplir 100 años. La exprimera dama relacionó la muerte con el estrés generado por el proceso judicial contra su familia y cuestionó directamente al sistema judicial peruano.

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Eliane Karp pidió a Keiko Fujimori recordar a su padre

Karp se dirigió a Keiko Fujimori con un mensaje personal. Le pidió que recuerde su propio paso por prisión y el de su padre, Alberto Fujimori. "Que le dé a mi esposo lo más rápido posible un indulto humanitario por todo lo que ha sufrido injustamente por el poder judicial", declaró.

La ex primera dama también respondió a la senadora Martha Chávez, quien había cuestionado el pedido de indulto. Chávez argumentó que Fujimori no fue indultado en su momento pese a estar cerca de la muerte. Karp marcó una diferencia entre ambos casos. "Alberto Fujimori ha mandado a matar y torturar a miles de gente. Mi esposo no ha matado a nadie, no ha mandado a torturar a nadie", respondió.

Sobre el caso Odebrecht, Karp insistió en la inocencia de su esposo. Cuestionó el testimonio de Josef Maiman, empresario israelí que declaró en su contra como testigo eficaz. Según Karp, Maiman mintió a los fiscales para evitar la prisión preventiva y viajar a Francia a tratarse una cirrosis. La ex primera dama pidió que un testigo adicional, vinculado al manejo de cuentas bancarias en Zúrich, sea traído al Perú para declarar.

Cuando ya se encontraba en la comisaría, Pérez Mallqui le pidió a la denunciante que solucionaran lo sucedido “por lo sano”, pues tenía actividades que realizar.

"No estás midiendo el gran daño político que me vas a hacer. Solucionemos esto por lo sano", le escribió.

Y añadió: "Tengo una reunión para comisiones y estás haciéndome daño. Yo no te hice nada solo fui a recoger mi ropa. Sal un rato para conversar por favor. ¿Podemos hablar? Por favor".

En entrevista a Panorama, la denunciante informó que Pérez Mallqui le pidió no continuar con las dos denuncias que interpuso en su contra.

"Él quiso que yo ya no continúe con la denuncia por violencia familiar, por maltrato psicológico, porque él bien sabe lo que hizo en mi casa", declaró.

También mostró los registros de llamada donde se observa que el diputado la llamó varias veces antes de irrumpir en su hogar.

"Desde las 5.58 de la mañana que me llamó por primera vez, que me llamó a mi celular, me despertó. Yo puse el celular en silencio y no quise saber nada de él, ni quise responder la llamada, ni atender los mensajes. No quise hablar simplemente con él", dijo.

Paralelamente a las llamadas, Pérez Mallqui le escribió por WhatsApp y le decía que necesitaba recoger su ropa porque tenía reuniones.

"Solo quiero recoger mi ropa y me voy. Tengo reunión del partido a las 9.30 y no tengo ropa para cambiarme. Baja todo lo que es mío y déjalo en la puerta. Allí lo recojo", le escribió.

A su vez, en los registros de las cámaras de seguridad obtenidos por Panorama, se observa que el diputado se encontraba frente a la casa de la denunciante en el interior de su camioneta. Luego, el padre de ella sale para realizar unas actividades en el exterior y él aprovecha para ingresar a la vivienda.

Fue entonces que, según la denuncia, se produjeron los agravios.

Julián Pérez rechaza acusaciones

En tanto, Pérez Mallqui, quien permaneció 48 horas detenido en la comisaría de San Miguel, rechazó las acusaciones una vez puesto en libertad.

"Rechazo profundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría", indicó el diputado.

Asimismo, manifestó que continuará con las diligencias en curso. "He sido bastante respetuoso de todo el procedimiento hasta ahora y seguiré colaborando".

En otros, como el caso de Hugo Cornejo Valdivia, se trata de figuras que ya tuvieron cargos durante el mandato de Alberto Fujimori.

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Hugo Cornejo Valdivia es designado para dirigir la DINI

El último 31 de julio, el Poder Ejecutivo oficializó la designación del general de brigada del Ejército en retiro, Cornejo Valdivia, como el nuevo Director de Inteligencia Nacional de la DINI.

Cornejo Valdivia ya había ocupado el mismo cargo durante el gobierno del expresidente Francisco Sagasti. También se desempeñó como edecán del exdictador Alberto Fujimori.

Asimismo, bajo su gestión en la DINI, durante la gestión de Sagasti, Cornejo se negó, en un inicio, a entregar información que podría ayudar en la investigación del caso Inti y Bryan, jóvenes que fallecieron el 14 de noviembre de 2020 durante la manifestación contra Manuel Merino.

Cuando ocurrió la muerte de ambos jóvenes, el coronel FAP (r) Carlos Illanes Calderón era el jefe de la DINI. En declaraciones a la Fiscalía aseguró que entre el 9 y el 14 de noviembre recibió información clasificada sobre los actos de violencia que contribuirían en aclarar el crimen de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Incluía reportes de informantes, videos, fotografías y datos sobre presuntos infiltrados.

Tras la renuncia de Merino y la asunción de Francisco Sagasti, asumió como jefe de la DINI, Hugo Cornejo.

Teniendo en cuenta lo relatado por Illanes, en el 2021, el entonces titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, Jhouns Aburto Garavito, solicitó a la DINI la información, pero le fue negada.

Ante esto, Aburto dirigió un ultimátum, dirigido a Cornejo, para que en un plazo de 72 horas remita con carácter de urgente todas las informaciones y fotografías que se registraron durante las protestas contra la vacancia convocada entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020, de lo contrario será denunciado por el delito contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública, en la modalidad de Desobediencia a la Autoridad.

Finalmente, Cornejo terminó remitiendo la información.

El procedimiento indica que para que sea aceptado debe obtener mayoría simple. Es decir, si todos los diputados asisten a la sesión, requiere del voto favorable de 66 congresistas. La elección del presidente de la Cámara de Diputados dejó en claro los bandos. El acuerdo de las bancadas se reflejó en los votos. La lista oficialista (Renovación Popular y Fuerza Popular) obtuvo 56 y la alianza 'Consenso para la Democracia' (JP, AN, Obras y BG), 74.

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El Gobierno necesitará por lo menos 10 votos de la oposición para legislar en distintas materias. El bloque de oposición ha sido claro en que el pedido de facultades debe tener medidas concretas y no generalidades. Asimismo, aguardarán al documento oficial para tomar decisiones en bancada.

El ministro de Vivienda Marco Vinelli aseguró que el gobierno presentará este domingo el pedido aprobado por el Consejo de Ministros. Este deberá considerar los ajustes alertados desde la oposición.

Ahora Nación ha cuestionado el aspecto de la legislación laboral y advertido que la norma podría derivar en una nueva ‘Ley Pulpín’, recortando derechos a los trabajadores jóvenes. Juntos por el Perú, por su parte, critica que no se especifi que las materia en seguridad sobre las que se quiere legislar. Su preocupación se centra en que la flexibilidad que se le otorgue al Gobierno derive en nuevas normas procrimen o de impunidad.

Tiempos y plazos

El exoficial mayor del Congreso José Cevasco estimó que si el Ejecutivo presenta el pedido de facultades legislativas con carácter de urgencia, este tendría que debatirse en menos de 15 días hábiles por cada cámara legislativa.

“El reglamento de la Cámara de Diputados dice que si un proyecto de ley es remitido con carácter de urgencia, deberá estar en un plazo de 15 días hábiles improrrogables por cámara. Inclusive, tiene preferencia de debate y solo se publica por un día calendario. En caso ordinario, la publicación es en 7 días, pero en este caso sería solo uno. (…) Yo creo que, de haber voluntad política, podría tener toda su publicación en menos de 15 días”, señaló.

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Además, Cevasco detalló que, por su naturaleza, es muy probable que el proyecto recaiga en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Tras ello, la Junta de Portavoces de esa cámara pasaría a ordenar su colocación en agenda y su posterior debate. De aprobarse, el proceso se repetiría en el Senado, iniciando en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y finalizando en su Pleno.

El tema ha traído a mención el precedente de 2016, cuando el Congreso con una mayoría fujimorista hizo que el pedido de facultades de Pedro Pablo Kuczynski recabara información de otras comisiones, alargando su votación y aprobación.

“El fujimorismo hizo que el proyecto pasara primero por diez comisiones ordinarias antes de que la Comisión de Constitución dictaminara. Imagino que se seguirá ese precedente”, señaló el excongresista en ese periodo Alberto De Belaunde

"El 29 fue el primer Consejo de Ministros y ahí mismo se nos dijo que el domingo iba a ser el segundo. Lo que pasa es que no están dadas las condiciones para la aprobación y, por eso, se ha suspendido. (La sesión) se ha postergado porque todavía estamos en una dinámica de revisión de los cuadros. Yo mismo he enviado observaciones al proyecto que se presentó. Todos las están enviando", señaló en RPP.

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Beingolea indicó que la versión del proyecto difundida por algunos medios de comunicación no corresponde al texto definitivo que el Ejecutivo presentará al Parlamento. Además, criticó a los legisladores de oposición que adelantaron que votarían en contra de la iniciativa una vez que llegue a las cámaras del Congreso.

Por su parte, Keiko Fujimori no se ha pronunciado hasta el momento sobre la suspensión de esta sesión del Consejo de Ministros. La presidenta continuó con actividades en Junín relacionadas con la atención de los efectos del sismo ocurrido en esa región semanas atrás, el cual dejó un saldo de cinco fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados, de acuerdo con el primer reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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Keiko Fujimori reitera que no recortará feriados, pese a que borrador filtrado dice lo contrario

La presidenta Keiko Fujimori anunció que no recortará el número de feriados no laborables vigentes en el país. Asimismo, responsabilizó a la izquierda de las constantes críticas contra su gestión por este tema, pese a que el borrador del proyecto de facultades legislativas incluye la reducción de feriados como uno de sus principales planteamientos.

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"Hay mucha expectativa sobre si vamos a recortar los feriados. No se van a recortar feriados. Tampoco se van a aumentar. Y no se van a tocar las CTS. Esto es parte de una narrativa de algunos grupos de izquierda que han venido creando este fantasma desde hace muchos años", declaró la mandataria durante una transmisión en vivo a través de Facebook Live.

Previamente, tras visitar la tumba de su padre, Fujimori ya había asegurado que no se reducirían los feriados. En la misma línea se pronunció el ministro de Trabajo, Juan Sheput. Sin embargo, uno de los apartados en materia laboral del proyecto filtrado establece lo siguiente: "Modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad".

El camino de cara al pedido de facultades ante el Congreso

El pedido de facultades legislativas que presentará el Ejecutivo ante el Congreso requerirá del respaldo —aunque sea mínimo— de la oposición. Al llegar al Pleno de la Cámara de Diputados, se necesitarán 10 votos adicionales a los 56 que reúnen Fuerza Popular y Renovación Popular para lograr la aprobación correspondiente y remitir el proyecto al Senado.

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Sin embargo, este escenario no está completamente asegurado. La bancada opositora con mayor representación, Juntos por el Perú, no parece estar decidida a otorgar los votos necesarios para la aprobación de la iniciativa. El senador Jaime Quito, integrante de este grupo parlamentario, expresó sus críticas al proyecto: "Nos quieren instalar un shock laboral pretendiendo quitar derechos laborales y no se los vamos a permitir. Le pido a los diputados y senadores que no renunciemos a ese pedido (no otorgamiento de facultades)", indicó en una entrevista con Canal N. Por su parte, Ernesto Zunini, vocero de la bancada en la Cámara de Diputados, señaló que deberán revisar el contenido del proyecto antes de adoptar una decisión final.

En el Senado, el oficialismo tampoco cuenta con los votos suficientes para garantizar la aprobación de la iniciativa, pues Fuerza Popular y Renovación Popular suman 30 escaños y necesitarán, necesariamente, el respaldo de al menos una bancada opositora. Cabe señalar que la Cámara Alta también tendrá la responsabilidad de fiscalizar, tras una eventual aprobación de las facultades legislativas, que las normas emitidas por el Gobierno se mantengan dentro de los límites establecidos y respeten la Constitución.

En el documento, el representante de la bancada sostiene que los hechos investigados revisten especial gravedad, al considerar que constituirían una conducta incompatible con los principios de ética y de respeto hacia la mujer. Por ello, pide el inicio inmediato de las acciones disciplinarias.

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El oficio señala que la Comisión de Disciplina debe actuar en el marco de las atribuciones que le confiere la normativa vigente, con el objetivo de procesar el caso de acuerdo con los procedimientos establecidos. La solicitud fue remitida 2 de agosto y está dirigida a los integrantes de dicha comisión para que adopten las medidas correspondientes.

Pérez Malqui permaneció retenido en la Comisaría de San Miguel luego de ser denunciado por su expareja por presunta violencia psicológica. Según la información disponible, la agraviada llegó a la dependencia policial visiblemente afectada y solicitó ingresar al baño debido a un malestar físico.

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Pérez Malqui niega agresiones en contra de su expareja

Luego de pasar 48 horas detenido en la comisaría de San Miguel, el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, negó las acusaciones de violencia familiar en su contra tras recuperar su libertad.

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"Rechazo profundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría. (…) He sido bastante respetuoso de todo el procedimiento hasta ahora y seguiré colaborando", indicó.

Además de ser investigado por este presunto hecho, Pérez Malqui cuenta con una pena de prisión suspendida tras ser hallado culpable de causar lesiones graves contra una menor de edad y su madre en La Concepción, Cusco. El diputado atropelló a la familia y, según el parte policial, presentó indicios de ebriedad.

"Escúchame, Martita. Tú, que te las das de tan cristiana... ¿Te has olvidado de lo que hizo Fujimori? Hay una gran diferencia entre lo que hizo Fujimori y lo que hizo mi esposo. Alberto Fujimori mandó a matar y torturar a miles de personas. Mi esposo no ha matado a nadie ni ha mandado a torturar a nadie. (...) Mi esposo y yo somos totalmente inocentes", indicó durante una llamada con RPP.

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Para sustentar su pedido de gracia presidencial, la defensa del expresidente y exlíder de Perú Posible ha acreditado que este padece diversos problemas de salud. Según Karp, Toledo también sufre de depresión y ansiedad.

En sus declaraciones, Chávez afirmó que, pese a su oposición a conceder un indulto a Toledo, la decisión final dependerá del nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Por su parte, Eliane Karp permanece prófuga en Israel, pese a que fue condenada por el caso Ecoteva como autora del delito de lavado de activos.

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Sin embargo, la ubicación y captura del acusado Gómez no implicaron su traslado a la corte peruana para que pagara por la brutal golpiza que le propinó a Claudia Sedano: el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró improcedente la solicitud de extradición presentada por el Estado peruano.

Claudia Sedano, una activista especializada en el rescate de personas vulnerables, está convencida de que la mano de Dios le dio una segunda oportunidad de vida para abrazar a su hija y clamar justicia. Ella fue víctima de la crueldad e insania de Héctor David Gómez. El atacante era su vecino y la dejó en coma por casi tres semanas.

El incidente se produjo cuando Claudia Sedano salió en defensa de O.S.E.T. (19), la mujer que Gómez golpeaba sin misericordia. Casi le cuesta la vida a Claudia Sedano. Sin embargo, luego de permanecer en coma, despertó para exigir que el hombre que le hizo daño vaya preso. Ella pudo haber quedado ciega, pero se aferró a la vida para velar por sus hijas.

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Claudia Sedano había defendido a una mujer que estaba a punto de ser asesinada por Héctor David Gómez. Ella ha dedicado su vida a rescatar a mujeres víctimas de trata,  a niños de la calle y en situación de vulnerabilidad.

Pero en el caso de Héctor David Gómez, sus esfuerzos para que responda ante la justicia peruana por el presunto delito de tentativa de feminicidio, han sufrido un tropiezo. Ella sabe lo difícil que es para una víctima que un perpetrador reciba la  sanción que le corresponde.

JUSTICIA BUROCRÁTICA

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró improcedente la solicitud de extradición presentada por el Estado peruano. Sin embargo, el Ministerio Público ha activado un mecanismo de cooperación judicial internacional para que las autoridades venezolanas asuman la investigación y eventual juzgamiento del acusado en su propio territorio.

La medida se encuentra contenida en la Providencia N.º 07, emitida el 28 de mayo de 2026 por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla.

La acción se adoptó después de que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación informó oficialmente que Venezuela desestimó la extradición de Héctor David Gómez. Las autoridades de ese país manifestaron su disposición a ejercer jurisdicción sobre el caso e iniciar un proceso penal conforme a su legislación. La extradición está prohibida.

Frente a este escenario, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Zarumilla que autorice la cesión de competencia a favor de la República Bolivariana de Venezuela, permitiendo que dicho país continúe las investigaciones y procese judicialmente al investigado.

EL LARGO Y TORTUOSO CAMINO

La presidenta de la asociación Familias Unidas Por Justicia: Familiares de Víctimas de Feminicidio, Katherine Flores, afirma que, ante la improcedencia de la extradición, las integrantes de esa agrupación han mostrado su preocupación e indignación.

“Dejaron graves secuelas en la salud física y emocional de la víctima (Claudia Sedano), quien continúa afrontando las consecuencias de la violencia sufrida. Exigimos que las autoridades continúen impulsando todas las acciones legales necesarias para evitar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia”, refiere Flores.

Héctor David Gómez fue detenido en julio del año pasado en Venezuela por un delito distinto al ocurrido en Tumbes. Y hoy está libre en su país.

Allison Castro, una de las hijas de Claudia Sedano, pensó que no volvería a estar junto a su mamá. El miedo a perderla para siempre la abrumaba.

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“Exigimos que se continúen impulsando todas las acciones legales necesarias para evitar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia.”, expresa Marieta Castro, otra de las hijas de Claudia Sedano.

VAN 81 FEMINICIDIOS EN EL 2026

En el Perú se han registrado 81 casos con características de feminicidios, desde el primero de enero al 29 de julio de este año, según reportes oficiales difundidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través del programa Warmi Ñan.  Además, hubo 796 tentativas de feminicidio.

Hay un promedio de un feminicidio cada 48 horas. Junio ha sido el mes más crítico con 20 casos, seguido de abril, con 12 incidentes; mayo, marzo y febrero, con 11 cada uno; julio, con 9, y enero, con 7.

El año pasado, en el mismo período, se registraron 134 feminicidios, en 2024 hubo 162 casos, mientras que en 2023 el programa registró 170 crímenes contra las mujeres.

De los 81 casos con características de feminicidio este año, 40 de las víctimas tenían entre 18 y 29 años (49%), seguido por el grupo de 30 a 59 años con 27 casos (33%).

Hubo 7 casos de menores de entre 12 y 14 años (9%), tres víctimas de 15 a 17 años (4%) y cuatro casos de 60 años o más (5%).

Otro dato es que 52 de las víctimas (64%) tenían vínculo de pareja, mientras que el año pasado fueron 87. Dos tenían relación familiar y 27 casos fueron catalogados sin vínculo relacional de pareja ni familiar. El 52% de las víctimas no tenía hijos, el 46% tenía de uno a tres hijos y el 2% más de cuatro hijos.

En total, han quedado huérfanos 71 hijas e hijos menores de 18 años de las víctimas.

El médico psiquiatra Carlos Bromley señala que el maltrato, en cualquiera de sus formas, causa sufrimiento y consecuencias negativas en la vida de niñas, niños y adolescentes. Su impacto depende de la gravedad de la agresión, su frecuencia, el vínculo con quien la ejerce y el apoyo que puedan recibir.

“Puede afectar su salud física y emocional, interfiriendo en su desarrollo y debilitando su autoestima. En sus manifestaciones más extremas, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Además, crecer en entornos violentos puede llevar a su normalización y a la reproducción del maltrato, la negligencia y la humillación en interacciones y relaciones con los demás”, señala el especialista.

LA MAYORÍA SON PERUANAS

Este año, 76 de las mujeres víctimas de feminicidio fueron peruanas y 5 extranjeras. El año pasado sumaron 128 peruanas y 9 extranjeras en el periodo de enero al 29 de julio.  De acuerdo con el Ministerio de la Mujer, este año, 22 de los crímenes contra mujeres ocurrieron en Lima Metropolitana, mientras que en Áncash fueron 10 casos.

En Ica hubo 7, Cajamarca 6, Arequipa 7, Cusco 5, Huánuco 3, Junín 3, La Libertad 3, Lambayeque 3, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Puno, San Martín y Tumbes con 2 cada uno. En tanto que en Lima Provincias, Madre de Dios, Piura y Tacna se repartieron un caso cada uno.

Patricia Garrido, directora del Programa Warmi Ñan, confirmó que la línea 100 ha recibido más de 72 mil llamadas efectivas por casos de violencia familiar y de género solo durante el primer semestre de este año.

“Son comunicaciones que ameritaron atención, orientación o articulación con otros servicios”, explica la funcionaria.  El total de llamadas recibidas supera las 190 mil, aunque solo una parte corresponde a reportes genuinos, mientras que el resto se compone de llamadas abandonadas o perturbadoras.

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DATOS

Atención. De enero a junio fueron 88.813 los casos atendidos de víctimas de violencia en el CEM (Centro de Emergencia Mujer). Fueron 73.753 mujeres y 15.060 varones.

Tipos. También se atendieron 33.198 casos de violencia física, 39.459 psicológica, 15.797 sexual y 359 económica.

Alarma. En el Perú, 52 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años han sido víctimas de violencia alguna vez por parte de su pareja o expareja, una cifra que demanda la intervención prioritaria del sector salud mental.

Al tratarse de una medida de no innovar fuera de proceso, el Grupo El Comercio no puede conocer los términos de la demanda hasta que concluya el proceso judicial. La medida cautelar tiene como objetivo que los tres accionistas mencionados inicien, en un plazo de diez días, un proceso de arbitraje contra Empresa Editora El Comercio, y que el tribunal arbitral se instale en un plazo de tres meses o 90 días.

Un aspecto que llama la atención de la Resolución Número Uno, con fecha 30 de junio de 2026 y emitida por el juez Varillas, es que se imponga una contracautela en la modalidad de carta fianza por 50.000 dólares para suspender una venta cercana a los 50 millones de dólares. Según las normas procesales, la contracautela o respaldo económico debería compensar el riesgo de la transacción comercial que se busca evitar; una desproporción que la Fiscalía y la Procuraduría del Estado ya han cuestionado en otros casos controvertidos vistos en dicho juzgado.

Los antecedentes del juez

Por otro lado, resultan escandalosos los antecedentes del juez Juan Gustavo Varillas Solano, quien acumula múltiples denuncias de ciudadanos y litigantes afectados, así como cuestionamientos de la Procuraduría del Estado, acusaciones de la Fiscalía y procesos en trámite en la Corte Superior de Lima y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. La Autoridad de Control del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y el propio Poder Judicial deberían tomar acciones para evaluar y neutralizar sus decisiones.

De acuerdo con reportes del Ministerio Público, Varillas registra ocho investigaciones penales en curso desde 2019 hasta la fecha, por delitos como prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, uso de documento falso, fraude procesal, omisión de actos funcionales, cohecho activo transnacional (internacional), hurto agravado, lavado de activos (en la modalidad de conversión y transferencia) y cohecho activo.

De esos ocho casos, tres han pasado al Poder Judicial en calidad de imputado y se tramitan ante el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema por delitos de cohecho pasivo impropio (soborno), lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, tráfico de influencias y avocamiento ilegal a proceso en trámite. Son hechos por los cuales diversas fuentes muestran sorpresa de que Varillas Solano continúe en funciones.

El juez comercial también es mencionado en:

• La red Orellana: Vinculada al tráfico de arbitrajes y medidas cautelares, con pagos de hasta 30 mil dólares por resolución.
• Los Cuellos Blancos del Puerto: En un audio el prófugo exjuez César Hinostroza le solicita atender a un abogado amigo a cambio de apoyarlo en su ascenso.
• El caso Oncoserv: Sobre medidas cautelares de retención y pago anticipado que obligaron al Gobierno Regional de Arequipa a pagar más de 8,5 millones de dólares.
• Derechos de TV en la Liga 1: Dictó una medida cautelar a favor de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que suspendió los contratos de transmisión televisiva de varios clubes con el Consorcio Gol Perú.
• Peaje Chillón. Admitió la demanda de la asociación Casa Huerta El Paraíso - Puente Piedra para suspender el cobro de peaje por parte de la empresa Rutas de Lima

La Procuraduría General de la República también lo tiene fichado. Los procuradores han promovido una serie de denuncias penales y procesos administrativos disciplinarios en su contra. La institución lo acusó de emitir en 2019 medidas cautelares de no innovar a favor del contratista Consorcio Salud Tacna para impedir que el Gobierno Regional de Tacna resuelva el contrato y reclame el pago de las cartas fianza de una obra con un retraso del 79,89%, hasta que se resuelva un arbitraje.

Además, cuestionó que impusiera una contracautela de solo un millón de soles para una obra de 279 millones de soles.

«¿Un millón de soles puede garantizar y reparar perjuicios ocasionados por la medida cautelar, ante una obra que tiene una inversión de 279 millones?», preguntó la Procuraduría del Gobierno Regional de Tacna en un escrito del 5 de diciembre de 2020. Los procuradores siguen esperando respuesta.

Mientras tanto, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia guardan silencio y permiten que Varillas Solano siga operando en el séptimo Juzgado Civil-Comercial de la Corte Superior de Lima. Otros jueces, por solo cantar en un evento privado, han sido suspendidos en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, la Procuraduría cuestionó otras medidas cautelares emitidas sin el debido fundamento jurídico por el juez Varillas Solano, lo que evitó el cobro de cartas fianza en los casos del Hospital Huarmaca y Huancabamba (Piura), el Hospital Lorena (Cusco) y el Hospital de Chala (Arequipa) —este último con fondos comprometidos por 600 millones de soles—, a pesar de tratarse de obras paralizadas por más de 10 años.

Intocable

Pese a este amplio historial, a nivel disciplinario el juez Varillas Solano solo ha recibido una suspensión de 6 meses y dos multas del 12 % de su haber: una suma ínfima en comparación con los montos de las demandas en los procesos cuestionados, que superan miles de millones de soles tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

En los procesos judiciales en trámite, el 4 de febrero de 2019, el Segundo Juzgado Superior de Investigación Preparatoria —en una decisión confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema— le impuso, junto al destituido Salazar Laynes, un mandato de comparecencia restringida con el cumplimiento de tres reglas de conducta y el pago de una caución de 15 mil soles. Las reglas impuestas fueron:

1. La obligación de no ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial previa.
2. La obligación de presentarse ante la autoridad cada 30 días.
3. La prohibición de acercarse al empresario Eddy Luis Manfreda Geraldino.

De las multas aplicadas, una fue por no haber atendido "diligentemente el juzgado a su cargo" y otra por una queja presentada por Repsol Exploración Perú tras haber aprobado "insólitos importes por costos procesales" durante un laudo arbitral entre dicha empresa y Helicopter Transport Services del Perú S.A.C.

En tanto, el 7 de marzo de 2024 fue suspendido por seis meses tras tramitar de forma "exprés" y "automática" una medida cautelar a favor del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, la cual suspendió los contratos de transmisión de la Liga 1 (2023) que los clubes Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano tenían firmados con el Consorcio Fútbol Peruano (GolPerú). Al concluir dicha suspensión, retornó al séptimo Juzgado Civil Subespecialidad de Derecho Comercial de Lima.

El arbitraje continúa en curso; sin embargo, con el paso del tiempo, los clubes de fútbol tuvieron que aceptar las condiciones de la FPF, que es el objetivo de fondo que persiguen este tipo de medidas cautelares de no innovar. El Poder Judicial debería evitar que una fianza de 50 mil dólares tenga el poder de frenar un acuerdo comercial de varios millones de dólares. La justicia no debe ser una lotería y con las cartas marcadas.

Listado de casos en el Ministerio Público

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