Durante una entrevista con RPP, Vinelli adelantó que, en lugar de una fusión, el documento contempla incorporar herramientas tecnológicas para agilizar la atención a los ciudadanos en las distintas instituciones del Estado.

"En el pedido de facultades hay un tema que es grande: que es mejorar la eficiencia del Estado. Y esa eficiencia pasa por modificar algunos reglamentos, pasa por modificar algunos procesos, porque lo que planteamos es que si una solicitud de un ciudadano tiene 10 etapas u oficinas que atender, la tecnología puede entrar en ese proceso y puede reducirse de repente a dos o tres. (La fusión de ministerios) no lo dice expresamente el documento. Lo que dice es mejorar los procesos, incorporar la tecnología para que la atención al ciudadano sea mucho más rápida”, explicó.

Al ser consultado cuándo se enviaría el pedido al Congreso, Vinelli aseguró que esta semana se colocará en la agenda del Consejo de Ministros para su evaluación y, luego, se trasladará al Parlamento. "Se verá en los siguientes días", sostuvo.

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En tanto, Vinelli apuntó contra el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) como una de las instituciones que formarían parte del pedido de facultades legislativas para modificar su funcionamiento y brindar respuestas más rápidas ante situaciones de emergencia y ayuda humanitaria.

"Necesitamos una atención inmediata del Indeci y eso es cambio de ley. La ley señala que el gobierno local es el que prepara la ficha de emergencia y solicita la ayuda humanitaria al Indeci. Nos ha pasado eso en Junín; hemos llegado y estaba ahí toda la ayuda humanitaria en un almacén en Junín, en la zona del terremoto, pero los gobiernos locales no habían enviado la ficha a tiempo, entonces la ayuda estaba ahí. Entonces, ese cambio es un cambio de ley; vamos a pedir al Legislativo", comentó.

Por otro lado, el titular del Midagri confirmó que el pedido de facultades legislativas no afectará los derechos ni beneficios laborales.

La medida adoptada por el juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso esta medida de acuerdo con lo establecido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en diciembre del año pasado. Asimismo, notificó a la Policía Internacional (INTERPOL) de su decisión.

La resolución emitida el pasado 14 de agosto también ordena notificar la decisión a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima para los fines pertinentes.

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"Cúmplase con la requisitoria periódica de la orden de ubicación y captura nacional e internacional impuesta a la sentenciada, girándose para tal efecto las órdenes respectivas, para su cumplimiento conforme a ley", resolvió el Poder Judicial. La medida se dictó con la finalidad de que no venza la orden de captura mientras continúe vigente la ejecución de la condena contra Chávez.

Reacciones

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, criticó la decisión del magistrado Checkley. Sostuvo que su patrocinada se encuentra asilada en México y las órdenes de búsqueda y captura no serían "posibles" en tal país.

"El tremendo juez Carlos Checkley ordena la ubicación y captura internacional de Betssy Chávez. Póngase al día, Checley, pues Betssy Chávez, como aislada política, está perfectamente ubicable en México", expresó.

"Lo que no será posible es su captura porque México, un país soberano, democrático y defensor de los derechos humanos, la protege de quienes, como usted, usan la justicia para cumplir los encargos de quienes pretenden eliminar a los líderes del pueblo. Hasta la vista juez Checkley", acotó.

Durante una entrevista con RPP, Vinelli aseguró que conoció a Valenzuela Mayer —quien, según el semanario Hildebrandt en sus Trece, acudía con Fujimori al spa Tomyko— “en el proceso de la campaña”. Asimismo, señaló que el empresario conversaba con la jefa de Estado durante la campaña; sin embargo, no afirmó que haya ejercido como asesor.

"Esa foto (en la que se ve a Vinelli saludando al empresario) hace referencia al 28 de julio, en donde hemos estado en el Hemiciclo, en donde había en el centro unas personas y él presentó ahí a unas personas que fueron invitados. En la campaña ha habido muchos asesores", contó. "¿Estaba el señor Valenzuela?", pregunta el periodista. "Está... parte también... digamos... de los que conversaban con la presidenta", respondió.

"Yo no podría afirmar que sea un asesor. Lo que sí puedo decir es que la presidenta consulta a muchas personas. Yo he apoyado en la parte técnica, en la parte del plan de gobierno y, en ese sentido, he dado mis aportes a la presidenta, pero la campaña ha sido dirigida por ella, por el vicepresidente Galarreta y Miki Torres”, agregó.

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Al ser consultado sobre el grado de influencia que tendría el empresario sobre Fujimori, el titular del Midagri señaló que desconoce dicha situación.

"Yo no sabría decir cuál es el grado de influencia que tiene. Yo lo he visto el 28 de julio y de ahí no he vuelto a conversar con él, por ejemplo, así que no sé qué grado de influencia tenga sobre la presidenta", dijo.

En esa misma línea, Vinelli fue cuestionado por los antecedentes judiciales de Valenzuela Mayer en distintos países por presuntas estafas. Al respecto, señaló que debe ser el mismo empresario el que deba aclarar sobre esos temas.

Pese a los cuestionamientos, el ministro resaltó que no le genera ningún tipo de preocupación que el Gobierno de Fujimori tenga cercanía con el empresario.

La historia

El último viernes 21 de agosto, el semanario H13 reveló que el empresario argentino de 51 años y la presidenta Fujimori habrían acudido hasta en cuatro ocasiones al spa Tomyko, en Santa Catalina, lugar en el que se atiende desde que fue primera dama. E

El magnate ha estado 11 veces en Lima desde octubre del 2025, siendo la última vez entre el 25 de julio y el 1 de agosto y, anteriormente, entre el 10 y el 17 de julio. Precisamente, el 11 de ese mes, luego de que Fujimori fue proclamada como presidenta por el JNE, asistieron al salón de belleza. Se eligió el paquete para dos de S/580 que incluye tratamiento facial, masajes, sauna, champagne y chocolates. La lideresa fujimorista, según H13, lo llama "Gerardo" cuando están en público.

El reportaje mencionó que la jefa de Estado habría ingresado al local a las 3.10 p. m. por la puerta de servicio que dirige al segundo piso, en una zona reservada para "clientes especiales". Valenzuela hizo lo mismo 10 minutos después. La mandataria se retiró del lugar a las 5.03 p. m., mientras que su acompañante 15 minutos más tarde.

Por otro lado, H13 aseguró que Valenzuela Mayer, quien se haría llamar el "creador de las riquezas", estuvo presente durante la asunción de mando en el Congreso el 28 de julio y en Palacio de Gobierno en la juramentación del gabinete.

Es abogado y CEO en Latin America Invest, que cuenta con una sede en Perú creada en 2011 con un capital de S/1.000. Sin embargo, el semanario recogió documentos judiciales de Estados Unidos e informes del Banco Central de Reserva de Uruguay que señalan que Valenzuela tendría sentencias condenatorias.

El 28 de abril del 2025, la Corte de Florida sentenció a Latin America Invest y al empresario; fueron a pagar US$5 millones a la firma Chily Star Corp. En 2024, el BCR de Uruguay disolvió a Banfisol SA, empresa de asesoría financiera de Valenzuela, por presuntamente haber dado información falsa.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

A través del decreto supremo 117-2026-PCM, el Ejecutivo estableció que durante ese periodo se tomarán medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan para resarcir los daños causados por la naturaleza.

Las acciones estarán a cargo de la Municipalidad de Lima, VES y VMT, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y otras instituciones públicas y privadas.

La declaratoria de estado de emergencia también se sustenta debido a que la capacidad de respuesta de la Municipalidad de Lima "ha sido sobrepasada". Por esa razón, "resalta necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional".

En ese periodo, INDECI llevará a cabo acciones de coordinación y seguimiento de las medidas que hayan sido adoptadas por los gobiernos regionales de los sectores involucrados.

"Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes", ordena la publicación en el diario El Peruano.

De igual forma, el Ejecutivo aseguró que se le facilitará a la población afectada el uso de materiales médicos, medicinas, alimentos, bebidas, productos de primera necesidad, entre otros.

La declaratoria de emergencia lleva la firma de Fujimori, el primer ministro Luis Galarreta, y los titulares del Minam, Mindef, Midis, MEF, Minedu, Minem, Mininter, MIMP, Minsa, MTPE, MTC y Vivienda.

Respuestas con demora

La respuesta del Ejecutivo viene con retrasos. El pasado lunes 17 de agosto, la mandataria acudió a Villa El Salvador para evaluar los daños que causaron las lluvias. Durante su visita, Fujimori aseguró que se iban a coordinar acciones para atender la coyuntura y que esa misma noche se iba a "activar todo".

"He hablado con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas. Hoy por la noche debe estar declarándose en emergencia (…) hoy por la noche se activa todo", afirmó.

En ese sentido, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, expresó su respaldo a la medida orientada a agilizar las obras de reparación de las redes de desagüe dañadas. "Otra medida que está yendo paralela es declarar en emergencia estas zonas de este distrito (Villa El Salvador) para poder cambiar el colector principal porque está colapsado", dijo.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

El uso de armas ilegales ya no es un elemento periférico del delito, sino el eje central de la violencia y los datos estadísticos confirman esta tendencia, afirman expertos consultados por La República.

 Según el exjefe de la División Antisecuestros, coronel PNP (r), Jorge Mejía Asanza, la correlación es inequívoca. "Si nosotros decimos que la cifra está en seis casos de homicidios diarios, la mayoría cometidos por arma de fuego, nos revela que el delito de contrabando de armas no es una cuestión ni una causa periférica, sino al contrario, se trata de un factor estructural dentro del ámbito de violencia letal", sostiene Mejía.

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"El mercado negro de armas siempre ha existido, y, lamentablemente, hay muchos malos militares y policías que facilitan a las bandas criminales. Ese mercado negro se mueve en distintos puntos del país y en Lima. En las zonas de Las Malvinas y en Tacora, de una manera muy reservada, por ejemplo. Estas mafias tienen un compartimentaje muy bien estructurado para evitar que las autoridades lleguen a los cabecillas", indica Mejía, con marcada preocupación.

A esta descripción se debe agregar la falta de fiscalización en las divisiones de control de armamento en fuerzas armadas y policiales. No solo de armas sino de explosivos, como granadas de guerra, apunta el especialista.

Con las armas, las organizaciones imponen el control territorial, cometen asesinatos selectivos y desafían al Estado.

El aprovisionamiento de las estructuras criminales combina la vulnerabilidad de las fronteras físicas con la inyección de armamento industrial e internacional, indica el exjefe antisecuestros a La República.

Esto habilita otros negocios violentos, fortalece a las bandas de crimen organizado, aumenta su poder de fuego y su capacidad de enfrentar al Estado.

Homicidios por armas de fuego

En el Perú, se calcula que existe más de 340.000 armas de fuego sin registro oficial que circulan activamente en el mercado negro o se encuentran en situación de ilegalidad.

Esta alarmante cifra, que se ha incrementado de forma sostenida frente a estimaciones de años anteriores, evidencia los graves problemas de control y el desvío de armamento hacia organizaciones criminales.

Este informe podría empezar de distintas maneras. Una es apelar a las cifras ya verificadas de esta tragedia. Durante la gestión de Keiko Fujimori (del 28 de julio al 16 de agosto) se registraron 110 asesinatos, de los cuales 84 fueron causados por bala.

Esta alta cifra refleja el impacto continuo del sicariato, la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos agravados en el país. Con la actual mandataria el promedio de homicidios subió a seis diarios.

Las cifras son muy alarmantes.

Desde el primero de enero de 2017, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la guerra criminal ha costado al país más de 13.875 vidas.

Una de las víctimas fue el mayor PNP Felipe Andrade Arroyo, quien fue asesinado el primero de marzo de 2017 con un balazo en la cabeza en el mercado Las Mercedarias, en Barrios Altos (Cercado de Lima), mientras perseguía a un delincuente prófugo.

Era conocido como El Cazador o El Sabueso por su destacada trayectoria e historial en la División de Homicidios de la Dirincri y como jefe de investigación criminal de la Comisaría de San Andrés.

El disparo fue efectuado por Paulo Sinchi Galarreta, alias El Mudo, integrante de la banda 'Los Malditos de Barrios Altos'.

Las armas de fuego, principalmente usadas por organizaciones criminales, causaron 379 (45,1%) homicidios de los 841 registrados en el periodo de Kuczynski; mientras que en la gestión de Martín Vizcarra ocasionaron el deceso de 1.349 (48,8%) personas de las 2.762 víctimas.

En el gobierno de Manuel Merino hubo 16 asesinatos y 6 (37,5%) de ellos fueron por bala. En la gestión de Francisco Sagasti murieron por bala 537 personas (57,8%) de los 915 casos registrados. En tanto que durante el régimen de Pedro Castillo, fueron 1.216 (58,2%) las personas víctimas por arma de fuego de las 2.091 asesinadas.

El crecimiento continuó con una tendencia de miedo durante la administración de Dina Boluarte. En este período murieron por bala 3.657 personas (67,1%) de las 5.452 víctimas de homicidios. Mientras que, en el gobierno de José Jerí, de los 753 crímenes, 537 (71,3%) fueron por arma de fuego.

En el período de José María Balcazar, 672 personas (71,3%) dejaron de existir por proyectiles, de los 943 casos registrados por el Sinadef.

¿Por qué no frenan los asesinatos?

Se puede empezar preguntando: si el incremento de los homicidios está asociado al crecimiento de uso de armas de fuego, ¿por qué no se detiene la proliferación ilegal de armas de fuego, muchas de alto calibre, en manos de asaltantes, secuestradores, extorsionadores, sicarios y homicidas? ¿Cuántas armas de fuego en posesión de civiles hay en el país?

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La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), cuenta con un registro histórico de unas 390.157 armas de fuego civiles en el Perú.

De este número mantiene un padrón activo y regularizado de aproximadamente 182.047 armas con licencia vigente, tras haber cancelado más de 200.000 licencias por motivos como decesos, falta de renovación o procesos judiciales. Son más de 182.995 registros dados de baja por no regularizar licencias y miles más por fallecimiento o reclusión de sus dueños.

Sin embargo, la Sucamec recuperó e ingresó a sus almacenes 5.290 armas de fuego irregulares o vinculadas a delitos solo entre enero y julio de 2026.

Además, canceló 21.801 licencias para el porte y uso de armas de fuego de uso civil entre 2025 y enero de 2026, como parte de las acciones de control. Las armas más usadas son las pistolas Glock y CZ, revólveres Taurus y Smith Wesson, fusiles, carabinas, así como 'hechizas' y 'tramperas'.

Fusiles AR-15 son desviados a la minería ilegal y a Ecuador

Tienen presencia en la minería ilegal y son contrabandeadas hacia las organizaciones criminales en Ecuador.

 La situación pone a prueba la eficacia de nuestras fuerzas de seguridad, pero también exige de una respuesta de la Sucamec en el ámbito de fiscalización e identificación temprana de adquisiciones anómalas. Solo en el caso de los fusiles AR-15 la importación pasó de unas cuantas decenas a casi 2.000 desde 2021 “para uso deportivo”.

La decisión fue tomada por la fiscal Janet Bernal Loayza de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja. La entidad liderada por María Teresa Cabrera denunció al expresidente del Consejo de Ética, Carlos Ampuero Montes, y los consejeros María Vera Tudela, Féliz Vasi Zevallos y Fernando Castañeda Ipanaque por admitir la denuncia contra los miembros de la JNJ por supuestas infracciones al Código de Ética del Abogado.

La Procuraduría de la JNJ había presentado la denuncia penal contra los integrantes por emitir resoluciones mientras estaba en trámite la demanda de amparo interpuesta por Delia Espinoza, mediante la cual busca anular la resolución de la JNJ que dejó sin efecto la destitución de la exfiscal Patricia Benavides y dispuso su reposición como fiscal de la Nación.

La disposición establece que el caso deberá ser archivado de manera definitiva cuando quede consentida o, en caso de ser apelada, tras su confirmación por la Fiscalía Penal Superior, procedimiento que la JNJ ya habría realizado.

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Los argumentos del archivo

De acuerdo con Infobae, uno de los argumentos de la fiscal Bernal Loayza para rechazar la denuncia fue que los miembros del Consejo de Ética del CAL no tienen la condición de funcionarios públicos, motivo obligatorio para que puedan ser denunciados por el delito de avocamiento ilegal.

Asimismo, la fiscal sostuvo que existe una diferencia entre el procedimiento seguido ante el Consejo de Ética y la demanda de amparo presentada ante el Poder Judicial. Señaló que el proceso judicial busca determinar si la Resolución N.º 231-2025-JNJ fue emitida a favor de los derechos de Espinoza. En cambio, el procedimiento deontológico tiene como finalidad establecer si los miembros de la JNJ, en su condición de abogados, habrían incumplido sus deberes éticos profesionales.

En esa misma línea, rechazó que los integrantes del Consejo de Ética se hayan dedicado ilegalmente a un proceso judicial. Las resoluciones cuestionadas se limitaron a admitir a trámite una denuncia y una solicitud de medida cautelar, sin pronunciarse sobre la responsabilidad de los integrantes de la Junta.

La República accedió a los gastos del evento. Se trata de 16 órdenes de servicios y de bienes emitidas entre el siete y el 14 de julio. Entre los montos más altos figuran el alquiler de equipos audiovisuales, que sumó más de S/69 mil en dos contratos distintos, y el servicio de seguridad para la ceremonia, valorizado en S/14.250.

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El resto del presupuesto se repartió en conceptos menores, pero igual de específicos. Hubo pagos por impresión de credenciales, servicio de acomodadores, embalaje y traslado de mobiliario, interpretación en lengua de señas y dos servicios distintos de coffee break. Cada uno de esos rubros aparece registrado con su propio número de orden, fecha y proveedor.

El pasado quince de julio, día del evento, se cuestionó en redes sociales los gastos que el JNE hizo para la producción. Esto, debido a que se instaló un estrado fuera del Gran Teatro Nacional en el cual Fujimori se dirigió a sus seguidores.

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La entidad electoral respondió e indicó que no pagó por el uso del teatro, pues el Ministerio de Cultura cedió el espacio de forma gratuita. El Jurado añadió que tampoco pagó por la participación del Coro Nacional de Niños, la Orquesta Sinfónica Nacional ni los intérpretes del Himno Nacional, quienes también participaron sin costo.

El comunicado del JNE fue más allá. La institución negó, además, haber colocado una pantalla o un estrado en los exteriores del teatro. Según su versión, solo asumió la organización de la ceremonia de entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa, sin precisar en ese momento qué gastos concretos cubrió con fondos propios.

Los documentos a los que accedió La República, semanas después de ese intercambio en redes, demuestran que, si bien es cierta la versión ofrecida por el JNE, sí se contemplaron otros gastos.

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Equipos audiovisuales y logística concentraron la mayor parte del gasto

El rubro audiovisual fue el que más recursos demandó dentro del presupuesto total. La empresa Divicam S.A.C. facturó S/30.532,50 por equipamiento y soluciones audiovisuales para la producción y transmisión multiplataforma de la ceremonia. A eso se sumó otro contrato con Perulatintv por S/39 mil para el mismo rubro, además de S/13.098 pagados a Live Studio Perú por la edición y creación de piezas gráficas y audiovisuales. La empresa Multivisión Eventos S.A.C., por su parte, recibió S/1.730,80 por el alquiler de una pantalla para el interior del auditorio.

La logística y el montaje también representaron una parte considerable del gasto. El JNE pagó S/8.500 por el embalaje, carga y traslado de mobiliario, y S/990 por el servicio de acomodadores encargados de la atención y orientación al público durante la ceremonia. A esto se sumaron S/2.081,96 destinados al seguro complementario de trabajo de riesgo para el personal que atendió el evento.

El resto del presupuesto se dividió en conceptos vinculados a la atención de invitados y la identificación de los electos. La entidad gastó S/9.700 en total por dos servicios distintos de coffee break, y S/3.398,40 en la compra de porta credenciales para la presidenta y los vicepresidentes electos. También destinó S/11.755,16 a la adquisición de componentes de conectividad audiovisual para completar el equipamiento de la ceremonia.

“Es algo que va a gestarse desde mi despacho apenas retomemos de la semana de representación. Ayer hemos esclarecido que será por incumplimiento. El Perú necesita seguridad, ya basta de tantas muertes. Como coalición, somos un equipo y estoy segura de que estarán de acuerdo con ello. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que accionar”, declaró.

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Los cuestionamientos contra Astudillo han aumentado en los últimos días. Tras su negativa a remover al general Óscar Arriola de la jefatura de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ministro fue cuestionado por distintos diputados durante su presentación junto con el resto del gabinete ministerial.

Según la argumentación de Astudillo, la remoción de Arriola no puede concretarse debido a que una ley aprobada por el Congreso pasado lo impide mientras no haya cumplido al menos dos años en el cargo.

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Congresistas de otras bancadas se pronuncian sobre moción de interpelación

Para lograr que la moción de interpelación sea admitida, JP necesitará el apoyo de los congresistas para llegar a tener el voto de al menos un tercio de los diputados hábiles en Pleno. Por si solo, JP cuenta con 32 diputados. El apoyo de algunos miembros de la oposición, será indispensable. Victor Piñan, diputado y vocero de la bancada de Obras, señaló que el apoyo a esta iniciativa todavía no se ha discutido en su bancada.

“Por el momento la Bancada Obras no ha discutido la posibilidad de apoyar o no la moción de JP, toda vez que nos hemos enterado el día de ayer, sin embargo, es parte del control político que ejercen los colegas de JP. Nosotros esperamos leer los argumentos de la moción y de acuerdo a eso tomaremos una decisión”, indicó Piñan a La República

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Desde Renovación Popular, se ha mostrado una posición más cercana al gobierno fujimorista. Frank Krklec, diputado por el partido celeste, consideró que llamar a interpelar al ministro del Interior en estos momentos sería una acción irresponsable.

“Inaceptable la irresponsabilidad de la izquierda al sumar la interpelación del Ministro del Interior. Una oposición responsable fiscaliza; una oposición obstruccionista solo sabotea. Los ministros deben rendir cuentas al Congreso, pero los mecanismos de control político no pueden convertirse en represalias de los perdedores en elecciones. El país exige trabajo, no revanchismo”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter)

Zunini anuncia proyecto para modificar norma que permite que Arriola siga como comandante de la PNP

Respecto de dicha ley, el diputado Ernesto Zunini, también miembro de la bancada de Juntos por el Perú, indicó que en las próximas horas presentarán un proyecto de ley para modificarla.

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“Es una norma aprobada por la bancada fujimorista. Me parece que el gabinete no ha conversado con su propia bancada. Vamos a presentar en las próximas horas una iniciativa para modificar esa norma, para que quede expedito. Es un símbolo de que no tenemos ánimo de obstaculizar”, señaló.

La norma en cuestión —Ley 31570— establece que el comandante general será nombrado por el presidente de la República por un periodo de dos años, prorrogable excepcionalmente por uno más. Asimismo, señala que solo podrá ser separado antes de cumplir su mandato por causales determinadas, como fallecimiento, solicitud de pase al retiro, incapacidad física permanente, comisión de faltas muy graves o delitos. De esta manera, se restringe la posibilidad de una remoción discrecional durante su periodo.

Galarreta admite error en la ley aprobada por el fujimorismo que mantiene a Arriola como comandante general

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reconoció que podría haberse cometido un error al establecer un periodo fijo de dos años para el comandante general de la Policía Nacional.

En entrevista con RPP, Galarreta explicó que la norma fue impulsada durante el gobierno de Pedro Castillo para evitar cambios constantes. Sin embargo, consideró que esta regulación no necesariamente funciona para la PNP, debido a que la lucha contra la criminalidad requiere una respuesta rápida y la posibilidad de evaluar con mayor frecuencia el desempeño de sus mandos.

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Ante las dificultades legales para reemplazar a Arriola, el premier adelantó que el Gobierno buscará modificar este marco mediante las facultades legislativas que solicitará al Congreso. La propuesta, según indicó, ya es conocida por la presidenta Keiko Fujimori.

Desde que inicio el gobierno de Keiko Fujimori, las cifras alrededor de la delincuencia no le han sido favorables. Tan solo en sus primeros 18 días de gobierno, la nueva administración reportó un promedio estimado de seis asesinatos al día, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Además, el 77,5 % de los homicidios se comete con proyectiles de arma de fuego, lo que representa la proporción más alta registrada durante las últimas nueve gestiones presidenciales.

Esta fue la primera reunión entre representantes de ambos países desde el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. El comunicado indica que el vicecanciller Anderson señaló a Serur que el requisito de visa ha afectado el flujo de turistas peruanos hacia México.

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Además, Anderson señaló que, dentro de la Alianza del Pacífico, Perú es actualmente el único país cuyos ciudadanos necesitan visa para ingresar a México.

La reunión también abordó otros temas, como la posible reactivación de instancias de diálogo entre ambas naciones —como el Consejo de Asociación Estratégica, la Reunión Técnica del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEC), la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica y la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural—, así como el interés en fortalecer la cooperación bilateral de cara al Fenómeno de El Niño.

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México y Perú restablecen relaciones

Como se sabe, el país norteamericano volvió a exigir que los ciudadanos peruanos cuenten con visa en 2024. De acuerdo con su posición oficial, el Gobierno mexicano tomó esta decisión debido a los “flujos migratorios irregulares”. Un año más tarde, ambos países rompieron relaciones diplomáticas a raíz de la polémica generada por el pedido de asilo de Betssy Chávez.

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Ya bajo la administración de Keiko Fujimori, el canciller Carlos Espá decidió brindar el salvoconducto correspondiente a Chávez para que pudiera ser trasladada a México. A raíz de estos hechos, ambos países decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas.

Ambos pedidos —presentados por los ciudadanos Víctor Hugo Quijada y Ronald Castillo Rojas— comparten una misma tesis central: la candidatura de López Aliaga como primer regidor no era, en sí misma, incompatible con la Constitución.

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Tras la renuncia de Luis Rubio como candidato a alcalde, la lista quedó sin cabeza para ese cargo, y López Aliaga pasó a ocupar la posición desde la cual —si la lista gana— accedería nuevamente a la alcaldía, sin haber postulado formalmente a ella.

Esa combinación, señalan los denunciantes, produciría en los hechos la reelección inmediata que el artículo 194 de la Constitución prohíbe y abusaría del derecho, algo que —en su artículo 103— la Constitución también rechaza.

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El argumento está en Piura

Otro argumento para ambas peticiones de exclusión no tiene origen en Lima, sino en Morropón, provincia de Piura. Se trata de una resolución emitida por el JEE de esta ciudad el pasado 20 de agosto, donde se excluye del proceso a Richard Baca Palacios —último alcalde de la localidad— por seguir la misma táctica.

Baca Palacios postulaba como primer regidor por la lista de Alianza para el Progreso en estos comicios. Al igual que con Renovación Popular en Lima, el candidato a alcalde de su lista había renunciado, dejando a Baca Palacios en la posición desde la que, de ganar su partido, retomaría la alcaldía sin haber vuelto a postular a ese cargo.

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El JEE de Morropón concluyó que una prohibición constitucional no puede quedar sin efecto por la combinación de actos que, tomados por separado, son legales. Ambos denunciantes —Quijada y Castillo Rojas— citan ese antecedente como un caso similar al de López Aliaga y le exigen al JEE Lima Centro algo puntual: que si decide no seguir ese criterio, explique con claridad qué diferencia constitucionalmente relevante justifica un trato distinto entre ambos casos.

Lo que viene para López Aliaga y Renovación Popular

Hasta el momento, ni López Aliaga ni Renovación Popular se han pronunciado sobre el tema. Durante todo el 22 de agosto, la agrupación celeste puede dar sus descargos ante el Jurado Electoral. La resolución de este pedido tendría que llegar antes del 23 de agosto, fecha máxima estipulada por el JNE para resolver pedidos relacionados con candidaturas.

Las Elecciones Municipales y Regionales se celebrarán este 4 de octubre. De acuerdo con la última encuesta realizada por Ipsos este mes, López Aliaga presenta cierto favoritismo alrededor del electorado limeño, con una preferencia del 21%. Su exclusión podría cambiar el panorama de los comicios a pocas semanas de darse.

La mandataria es quien más veces ha mencionado el tema. En total, contando su anuncio del 28 de julio, hasta en cinco ocasiones aseguró que todo iba en marcha, sin embargo, nunca dijo un día concreto. Siempre optó por frases como “la próxima semana” y “los próximos días”.

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El primer ministro, Luis Galarreta, siguió su estilo. Tampoco ha brindado una fecha exacta, pese a que fue el primero en anunciar que se realizaría tal pedido. Después de ello, dijo que “estaban a tiempo” y que era claro que se estaban “apurando”.

Marco Vinelli, ministro de Vivienda, ha sido el único que dio una fecha. Indicó que sería el 2 de agosto. Llegó el día y ningún pedido fue presentado, por lo que cuando fue consultado de nuevo pasó a las filas de Fujimori y Galarreta y dijo que sería “la próxima semana”.

Los ministros Rogers Valencia (Mincetur), Alberto Beingolea (Cultura), Elmer Cuba (Economía), Juan Sheput (Trabajo) y Rafael Belaunde (Defensa), cada uno en diferentes momentos, indicaron que el pedido se evaluaría en un Consejo de Ministros y que iba “avanzando”.

Lo cierto es que, de los cinco Consejos de Ministros, solo en el primero, desarrollado el 29 de julio, se trató el tema. Ese también fue el día en que se filtró el borrador de la solicitud y causó cuestionamientos.

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En la presentación del plan de Gobierno, Galarreta tampoco dio una fecha. Al día siguiente, Vinelli dijo que se estaban “afinando” detalles porque siguiendo lo establecido por el Tribunal Constitucional, deben ser específicos en que ley se va a plantear la modificación. Aseguró que “los próximos días” estaría saliendo”.

Lo que no tienen en cuenta es que cada día ocurre un promedio de seis homicidios y que, tras las lluvias, la Panamericana Sur quedó bloqueada y Lima Sur con aniegos en diversos sectores.

Cálculo político

En función a ello, el analista político, Iván García Mayer, considera que hay un “mal cálculo político” de parte del Ejecutivo al no adelantar una solicitud de delegación de facultades con los dos temas más urgentes: inseguridad y Fenómenos El Niño.

“Deberían abordar ya los temas prioritarios. ¿Por qué esperan? Está faltando pericia y liderazgo porque cada día sin medidas concretas le cuesta la vida a los peruanos”, dijo en diálogo con La República.

Considera que la demora se debe a que el Ejecutivo podría estar negociando para obtener los votos necesarios en Diputados o que, debido al rechazo que generó el primer borrador, se realicen cambios.

“Durante la presentación en la Cámara Baja, Norma Yarrow y Diego Bazán hicieron pública su molestia por la permanencia de Óscar Arriola frente a la PNP. Así que da la sensación de que desde Renovación Popular podrían buscar ciertas condiciones para otorgar las facultades legislativas”, indicó.

Añadió que la demora en la presentación del pedido que se presentó como “muy urgente” podría generar que la expectativa de la ciudadanía frente al Gobierno se empieza a “desgastar”.

“¿Dónde están las primeras acciones que marcan la diferencia respecto de lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos con relación a lucha contra el desborde criminal? O ¿qué medidas relevantes se han tomado con relación a los impactos climáticos? Ya nos vamos por el primer mes y no se ve nada de eso”, manifestó.

Ejecutivo buscaría aprovecharse del pedido de facultades

La politóloga Paula Távara atribuye la demora en el pedido de facultades al rechazo masivo que obtuvo el primer borrador a nivel ciudadano.

“Discursivamente ellos (el Gobierno) dijeron que eran medidas urgentes, pero cuando se filtró el primer borrador de urgente no había nada. Lo que había era más un shock laboral, un alineamiento casi ideológico del Ejecutivo. Al ser criticados, la excusa de que se trataba de decisiones urgentes desaparece y parece que hay más un cálculo político en el que es más conveniente esperar para planear esos cambios de horizontes a nivel laboral y económico que quieren”, anotó a este medio.

Explicó que debido a que se filtró un documento, “hay mucha más presión, ya no solamente para solamente sobre sí hay votos o no, sino qué solicitud realmente se puede presentar” a fin de evitar manifestaciones de sindicatos y gremios de trabajadores.

A su vez, Távara considera que el pedido de facultades legislativas es una excusa para introducir reformas a su conveniencia. “Si lo que el Ejecutivo quiere es cambiar las normas existentes puede presentar proyectos de ley, pero lo que ellos no quieren es tener que discutir esos temas en el Congreso a profundidad. Es muy impopular decir que no quieren pagar CTS a los trabajadores CAS, que quieren afectar los derechos laborales de los jóvenes, así que quieren aprovechar el pedido de facultades y colocar generalidades”, indicó.

Por ello, resalta que no es imprescindible solicitar facultades legislativas para combatir la inseguridad y ejecutar acciones para mitigar las consecuencias del Fenómeno El Niño.

Expectativas desde el Congreso Bicameral

A la senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, le llama la atención que hasta el momento no se haya presentado el pedido de facultades respecto a temas que están generando graves problemas en el país como la criminalidad y las lluvias.

“Hasta el momento no hay nada. “En la presentación del Plan de Gobierno deslizaron que el pedido de facultades podría ser sobre temas tributarios, con lo cual nos sorprende todavía más, porque creo que hay urgencias en el país, pero parece que el Ejecutivo no las conoce”

Y agregó que lejos de dar luces, el discurso de Galarreta solo generó mayor confusión. “Lamentablemente, la presentación del Gabinete nos deja más bien una sensación de que no tienen idea sobre cuáles son las acciones urgentes que deben impulsar. Lo que han presentado más bien es un conjunto de cosas en diferentes sectores, bastante inconexos, ni siquiera son políticas y por tanto no se puede predecir qué es aquello que el gobierno considera eh lo más prioritario”, expresó.

Por su parte, Víctor Piñan, vocero del diputado de OBRAS, resaltó que existe “irresponsabilidad” de parte del Gobierno al haber dicho tantas veces que presentarán el pedido y hasta no haberlo hecho.

“Yo puedo destacar que hay un poco de irresponsabilidad de parte del gobierno, porque hay muchas expectativas de parte de la ciudadanía. Nosotros como bancada hemos dejado claro que vamos a priorizar las medidas que respondan a los principales problemas que golpean al país en este momento”, señaló a este medio.

Creo que sí, sobre todo si lo contrastamos con todo lo que vino después. Por supuesto que de eso somos plenamente conscientes ahora, por contraste, y también porque durante esos años esa especie de consenso reformista nunca fue explícito. Siempre fue implícito, siempre fue a regañadientes, nunca hubo demasiado entusiasmo. Pero si es que uno lo mira retrospectivamente, creo que uno puede ver que había ciertas características y consensos alrededor del mantenimiento del modelo económico, pero también alrededor de hacer reformas institucionales, combatir la corrupción, mejorar la representación política, generar ciertos acuerdos y consensos mínimos, que después, como vemos, buena parte se ha ido perdiendo.

Usted recuerda en la introducción del libro que Keiko Fujimori trató de desligarse de la figura de su padre, sobre todo en las elecciones de 2011 y 2016. En esta última hizo todo lo contrario, reivindicó el papel de su padre. Incluso dijo: Voy a gobernar como él. ¿Por qué cree que lo hizo?

Bueno, ella ha tenido una relación muy difícil con su padre, y a lo largo de los años ha ido marcando cercanías y distancias, pero en el último tiempo yo creo que, con la enfermedad, la agonía y después el fallecimiento del padre, ella tiene ahora una libertad que no tenía antes, creo que puede jugar el papel de buena hija, puede jugar el papel de reivindicar ciertos aspectos del legado del gobierno de su padre, y al mismo tiempo ella es la que manda porque el padre ya no está. Mientras el padre estaba activo en política, era un motivo de conflicto, porque el padre quería imponerle cosas.

Eso termina siendo una ironía. Reivindica a su padre cuando ya no está.

Exacto, en general creo que pasa en muchas familias, la relación mejora cuando hay distancia.

En el 2005 lanzó el ensayo Democracia sin partidos, en el que hablaba de un país en el que no es que no hubiera partidos, sino que, en sus palabras, eran muy débiles, personalistas y volátiles. En este nuevo libro dice que, incluso en esa situación, los líderes políticos podían imponer una especie de disciplina dentro de sus grupos. ¿Eso en la actualidad se ha perdido?

Sí, en el pasado, cuando uno miraba el Perú y lo comparaba con los demás países de América Latina, uno decía: en Perú no hay partidos, la diferencia es gigantesca con respecto de los demás países. Ahora, comparando el Perú actual o el del Congreso anterior, con el del 2005 uno dice: Caramba, siempre se puede estar peor. Ese es un aprendizaje que hacemos. Los del 2005 eran partidos muy débiles comparados con sus pares regionales, pero algunas funciones mínimas podían cumplir y una de esas funciones era por lo menos filtrar y mínimamente disciplinar a sus bancadas y a sus militantes. Pero en los últimos congresos lo que hemos visto es que esa capacidad se perdió, ya los comandos centrales no controlaban lo que pasaba dentro de sus filas.

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Algo que me llamó la atención de lo que usted dice es que en la época que estamos analizando (2000-2016) hubo pequeñas islas de eficiencia en el Estado, eso es una cosa que vista desde este tiempo parece casi una broma.

Nuevamente, si retrocedemos hacia el 2014, nos quejábamos con razón de que no había un ímpetu reformista. Eduardo Dargent, mi colega y amigo, publicó un libro bajo el título 'El páramo reformista', que creo que es una publicación que refleja cierto sentido común de ese momento: hay oportunidad de hacer cosas y no las hacemos con la convicción suficiente. Pero visto retrospectivamente, uno dice, bueno, pero sí pasaban cosas, y precisamente ahora, como las estamos perdiendo, las extrañamos más, y estos espacios de reforma se dieron porque grupos que no eran los partidos políticos eran los que empujaban las reformas. Había grupos de especialistas, de tecnócratas, redes de expertos, la cooperación internacional, tenían iniciativas, y los políticos por lo menos tenían la inteligencia, la sagacidad de darse cuenta de que podía funcionar. Decían: Esto no me estorba, entonces voy a dejar que esto avance. Así es como avanzaron reformas de la educación, intentos de reforma del transporte, lucha contra la corrupción, y una serie de cosas. Y es en el tiempo reciente que más bien se empieza a generalizar un sentido común según el cual, eso que se hizo son argollas, son mafias, son consultores que tienen intereses particulares. Y ahora dicen: Nosotros vamos a decidir cómo se hace.

Me decía que en el periodo 2000-2016 había un afán reformista, ¿qué es lo que hay ahora? ¿No sientes que hay un desmontaje de todo lo que se avanzó? Y no solo se está desmontando la capacidad del Estado, sino lo que los grupos que están en el poder consideran que hicieron sus enemigos.

A partir del 2016, claramente empieza a cambiar el asunto. Creo que el impacto de lo que ahora llamamos judicialización de la política ayuda a entender esto. Es decir, las denuncias de corrupción, a partir del caso Lava Jato y del caso Cuellos Blancos, involucraron a buena parte de la élite política que manejaba las cosas durante el periodo anterior. Y eso, el sentirse atacados, generó en muchos sectores, no solo en el fujimorismo, también en otros sectores de derecha y de izquierda, este sentido común de que se fue demasiado lejos en algunos intentos de reforma, vinculados por ejemplo a la lucha contra la corrupción.

¿Y el ánimo de hoy cuál es? ¿Es corregir o tomar venganza?

No, yo creo que es totalmente defensivo, y defender prerrogativas, y defender privilegios, y defender espacios de poder por parte de los parlamentarios de los congresos anteriores. Esto que hemos discutido mucho, las famosas leyes pro crimen, es un muy buen ejemplo. Yo estoy de acuerdo con alguna gente que dice que esas leyes entre comillas pro crimen no es que busquen favorecer necesariamente a los criminales, pero claramente su énfasis está puesto en velar por los derechos de los inculpados.

Qué es más sutil.

Esa es la prioridad: velemos por el derecho de los inculpados, porque se cometen algunos excesos judiciales, se cometen algunas arbitrariedades. Y ya el énfasis no está puesto en cómo combatimos la corrupción, el énfasis está puesto en defender los derechos de los inculpados, y al hacerlo se termina favoreciendo también a los criminales. Ese cambio de énfasis es muy claro. Ya no estamos pensando en cómo mejorar la gobernabilidad del país, ahora estamos pensando, hasta el tiempo reciente, en defender al Parlamento y blindarlo frente a sus supuestos enemigos.

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Ahora, que hablamos de este desmontaje, ¿hay hechos que reflejan eso? Por ejemplo, el hecho de que el ministro de Justicia pida que el LUM pase a su jurisdicción, ¿es parte de esta dinámica?

Es parte de la dinámica de los últimos años, efectivamente. Es expresión también de cómo diferentes grupos se han organizado y quieren tener mucha más vocería para combatir lo que ellos consideran excesos del periodo anterior y desmontar avances que se dieron en ese momento. Pero veamos cómo se resuelve eso, porque no necesariamente la posición del ministro de Justicia es la posición del gobierno.

Usted escribió una última columna sobre eso. Le molestaba el hecho de que el ministro hubiera dicho que el LUM respondía a un relato de la Comisión de la Verdad que trataba de salvar a la izquierda de su compromiso y complicidad con el terrorismo. Pero está claro, cuando uno entra al LUM, que eso no es lo que propone el Lugar de la Memoria. ¿Por qué tanta gente pone en duda el trabajo real de este espacio?

Ese es un tema muy grande y que se vincula al papel de los gobiernos, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, en su trato con la represión. Esta discusión termina siendo como la punta del iceberg de una discusión mucho más grandota en donde me parece que algunos sectores tienen el sentido común que dice: Bueno, si las Fuerzas Armadas y la Policía son las que nos defienden frente a la delincuencia y nos defendieron frente al terrorismo, hay que defenderlos y blindarlos y cerrar los ojos a cualquier exceso o problema que hayan tenido. Y esto no es una discusión respecto de eventos que pasaron hace 30 o 40 años. Son discusiones que tienen que ver con qué hacemos con las matanzas del 2022 y 2023, y qué hacemos frente a la eventualidad de que haya protestas en el tiempo inmediato. Entonces, creo que hay sectores que manejan ese sentido común. Dicen: Si queremos que la Fuerza Armada y la Policía reprima, contenga, tenemos que darle un respaldo 100%, un cheque en blanco.

Tengo una pregunta personal. Usted es un académico, una persona bastante sobria. ¿Por qué de pronto decide responderle al ministro de Justicia por este asunto?

Creo que esto va mucho más allá de una discusión académica, de qué dice el informe de la Comisión de la Verdad. Creo que efectivamente nos estamos jugando el papel que cumplen las fuerzas del orden en un orden democrático. Nos estamos jugando, cómo decirlo, la posibilidad de que haya más eventos como los que sucedieron en el 22-23. Y creo que es una discusión importante que dar. Y creo que, si uno intenta aproximarse a estos temas con más cabeza fría, creo que las áreas de consenso existen.

Una pregunta más sobre el tema. Cuando uno entra al Lugar de la Memoria, este atribuye puntualmente la responsabilidad del inicio de la guerra a Sendero Luminoso y además admite que fueron los que más causaron muertes. ¿Por qué desde el conservadurismo no se reconoce eso?

Dice eso, efectivamente. Pero también documenta masacres, violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, que efectivamente ocurrieron. Eso no se puede negar, no se puede minimizar tampoco. Entonces, yo creo que detrás de esto, de que supuestamente no se está reconociendo el papel de Sendero Luminoso, el subtexto que debemos leer es que debería decir solo eso y no debería decirse nada más. Y eso es negarse a ver la evidencia.

La denuncia penal fue presentada inicialmente por la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual acusaba a los consejeros Carlos Enrique Ampuero Montes, Félix Augusto Vasi Zevallos, María Catalina Vera Tudela Peña y Fernando Castañeda Ipanaque de haber cometido dicho delito de "avocamiento ilegal de proceso en trámite".

El conflicto legal comenzó cuando el Consejo de Ética admitió una denuncia presentada por el Instituto de Defensa Legal contra los magistrados de la JNJ María Teresa Cabrera Vega, Gino Augusto Ríos Patio, Jaime Pedro de la Puente Parodi, Germán Alejandro Julio Serkovic Gonzales y Cayo César Galindo Sandoval.

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Dicho proceso disciplinario buscaba indagar presuntas infracciones a los deberes de probidad, veracidad y diligencia previstos en el Código de Ética del Abogado, incorporando posteriormente un cuaderno cautelar para solicitar la suspensión temporal en el ejercicio profesional de los referidos magistrados.

La Procuraduría de la JNJ argumentaba que estas acciones constituían un delito porque paralelamente existía un proceso de amparo en trámite ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, promovido por Delia Milagros Espinoza Valenzuela para anular la Resolución N.° 231-2025-JNJ.

En esa línea, la JNJ señaló que el Consejo de Ética estaba interfiriendo en la labor del Poder Judicial al revisar hechos vinculados con dicha resolución. Sin embargo, los magistrados investigados aclararon durante sus declaraciones que actuaron dentro de sus competencias gremiales y que la admisión de una denuncia o de una solicitud cautelar no significaba una sanción definitiva ni una suspensión efectiva.

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En esa línea, la Fiscalía señaló que "no procede formalizar y continuar investigación preparatoria y dispone el archivo definitivo de la investigación". El despacho fiscal determinó que los miembros del Consejo de Ética "no ostentan la condición especial de funcionario público requerida para la autoría del delito especial propio previsto en el artículo 410° del Código Penal". Es decir, el delito de avocamiento ilegal del proceso en trámite.

El documento precisa que los colegios profesionales son personas jurídicas de derecho público no estatal con fines gremiales, por lo que sus autoridades internas no administran fondos estatales ni ejercen funciones administrativas públicas. Extender este tipo penal a consejeros gremiales vulneraría los principios de legalidad y tipicidad estricta.

"Ser autoridad dentro de la estructura interna del Colegio de Abogados de Lima no equivale, por sí mismo, a ostentar la condición de autoridad pública para efectos penales", se lee.

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La Fiscalía también señaló que existía una diferencia entre ambos procedimientos, ya que el Noveno Juzgado Constitucional evaluaba una garantía constitucional mientras que el Consejo de Ética analizaba las obligaciones éticas.

"Existe una conexión fáctica entre ambos procedimientos; sin embargo, la conexión no implica una identidad del objeto jurídico".

El organismo fiscal concluyó que las resoluciones administrativas cuestionadas "no sustituyeron ni desplazaron la competencia del órgano jurisdiccional", puesto que el Poder Judicial continuó ejerciendo sus funciones con total normalidad sin que el colegio profesional emitiera fallos que anularan decisiones judiciales.

“El ministro de Justicia, además del esfuerzo que están haciendo para terminar y cerrar la delegación de facultades. Espero ya a máximo este lunes”, señaló.

Cabe destacar que el pedido de facultades se filtró a finales de julio y, desde inicios de agosto, la presidenta sostuvo que el documento se presentaría en esa semana. Sin embargo, Galarreta señaló que el retraso en la presentación se debe a ajustes técnicos y coordinaciones internas entre los diferentes ministerios.

“Para cambiar un artículo, pasa por un procedimiento burocrático (…) es una cadena que por un párrafo te puede demorar una semana”, dijo el premier.

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Sobre la permanencia de Óscar Arriola

Galarreta se refirió a las restricciones legales que impiden remover al comandante general de la Policía Nacional. El premier admitió que la norma de permanencia de dos años, impulsada en su momento por el fujimorismo, pudo haber sido un error.

“Tal es así que en el caso de las Fuerzas Armadas, para nosotros nos parece prudente, pero en el caso de la policía sí se puede haber cometido un error, porque la dinámica de la criminalidad es tan rápida, cambia tanto, y la dinámica de la Policía Nacional tiene que ser así de rápida para estar al día”. Además, añadió que al fijar dos años el cargo de jefe de la PNP, no se podrá medir “si está fallando o no está fallando”.

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Asimismo, el titular de la PCM respondió a los cuestionamientos sobre la continuidad del general Arriola en el cargo y precisó que el Ejecutivo no puede incurrir en actos ilegales al removerlo sin sustento normativo.

“El señor Arriola (…) tendrá que adecuarse a este gobierno, evidentemente la confianza la puede perder en dos días”, manifestó.

Modificaciones en el sistema penal

La propuesta legislativa busca implementar cambios procesales frente al avance de la delincuencia. Entre los puntos principales, el gobierno apunta a corregir vacíos legales relacionados con la liberación de personas detenidas en flagrancia, un mecanismo conocido como puerta giratoria.

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Ante esta situación, el gobierno decidió incluir modificaciones en el pedido de facultades para fortalecer el trato procesal de los delincuentes. “Eso está yendo en el tema de facultades, esta puerta giratoria”.

Asimismo, el Ejecutivo mantiene reuniones con equipos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas para revisar la política fiscal. Las medidas contemplan la evaluación de regímenes vigentes con el objetivo de mejorar los recursos destinados a las regiones, así como presupuestos reales para las obras públicas.

Mediante sus redes sociales, el legislador remarcó que la ley perjudica directamente al presupuesto nacional y cuestionó la vigencia de estas normas que benefician al sector agroindustrial. "¡Basta de beneficios tributarios al gran empresariado!", se lee en el inicio de su mensaje. Holguín añadió que la presentación de esta iniciativa tiene como objetivo suprimir los privilegios económicos de estas corporaciones.

"Cumpliendo nuestro compromiso con el país, hoy presentamos un nuevo proyecto de ley para derogar los beneficios tributarios otorgados a las grandes agroindustrias", indicó.

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El congresista también precisó que el Estado peruano aún presenta deficiencias en diversos sectores fundamentales. Según su postura, el fisco deja de percibir montos millonarios que podrían destinarse a disminuir las brechas sociales.

"No es posible que, mientras al Estado le faltan recursos para atender la salud, la educación, la seguridad y las obras que el país necesita, se mantengan privilegios que permiten que la gran agroindustria deje de aportar S/1.170 millones al año".

La Ley Chlimper 2.0

La nueva Ley Agraria, también conocida como Ley Chlimper 2.0, se hizo oficial en septiembre del 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte. Esta norma establece que las grandes empresas agroexportadoras pagarán solo el 15% de Impuesto a la Renta entre los años 2026 y 2035. Pasado ese tiempo, a partir del 2036, volverán a pagar la tasa normal del 29,5% como cualquier otro negocio.

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Además de pagar menos impuestos, la ley permite que estas empresas recuperen más rápido el dinero que invierten. Pueden aplicar una rebaja anual del 20% en las obras de riego y agua que construyan o compren para sus cultivos entre 2026 y 2035.

La norma incluye un incentivo para las compañías que compran productos a los pequeños agricultores registrados. En esos casos, pueden descontar un 25% extra del valor de esas compras, pero ese descuento no puede pasar del 10% del total de los gastos registrados en su contabilidad.

Votación que llevó a la aprobación de la Ley Chlimper 2.0

El Pleno del Congreso aprobó la norma con un total de 43 votos a favor, 32 votos en contra, 17 abstenciones. El respaldo mayoritario provino de Fuerza Popular con 19 votos a favor, seguido por Alianza para el Progreso con 9 votos y Somos Perú con 7 respaldos.

En contraste, bancadas como Podemos Perú y Juntos por el Perú - Voces del Pueblo concentraron la mayor cantidad de votos en contra, mientras que Perú Libre y Renovación Popular optaron por las abstenciones.

"Ahora, permítame una digresión. Una desafortunada referencia mía al pasado en una entrevista periodística fue lamentablemente mal interpretada. No estoy enfrentado con nadie. Pese a la fama que probablemente me he ganado por mi propio temperamento, no tengo animadversión contra nadie. Por eso he preferido no responder a las menciones que se han hecho de mí en redes y en medios de comunicación en los días recientes”, dijo.

Además, indicó que su intención principal es a favor del desarrollo del país. “Solo un irresponsable o un ministro miserable podría oponerse a un proyecto que beneficie a la población por supuestas o reales discrepancias con algún otro político".

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Asimismo, manifestó que rechaza cualquier cuestionamiento a su labor frente al sector. "Tengo muchos defectos, pero no soy ni miserable ni irresponsable. Quiero dejar muy claro que no me opongo de ninguna manera a que implementen sistemas de transporte masivo como son los trenes. Todo lo contrario. Lima y el Perú necesitan de muchos".

Respecto a la iniciativa para el traslado de pasajeros entre Chosica y Lima, el titular precisó que su administración la evaluará ProInversión.

"Respecto al tren de Caltrain, permítame puntualizar y su utilización para el transporte entre Chosica y Lima. He decidido delegar todos los análisis, estudios y decisiones a ProInversión para que ahí se decida lo que sea viable y lo que convenga a la población. Espero que con esta decisión se entienda la rectitud con la que vengo actuando".

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El ministro del MTC sobre trenes de la MML: “No fue una donación, fue una compra”

Por otro lado, se recuerda que el pasado 12 de agosto, el ministro de Transportes y Comunicaciones desmintió las versiones que señalaban que los trenes llegaron como una donación para la capital y explicó que la Municipalidad Metropolitana de Lima sí realizó una transacción.

“Primero, y hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación. Ha sido una compra. Una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain”, señaló el ministro durante una entrevista vía RPP. Además, con relación al costo indicó que “se pagó a Caltrain una cantidad de millones de dólares”.

Rey explicó que la posibilidad de que estas unidades trasladen pasajeros entre Lima y Chosica implica una inversión técnica bastante alta. “La infraestructura que se necesita para que haya un transporte eficiente y seguro de un tren de pasajeros entre Chosica y Lima, es una cantidad de, según he escuchado las cifras (...) es alrededor de 500 millones de dólares”.

La resolución judicial respondió a una demanda que Rospigliosi dirigió contra el propio Poder Judicial. El excongresista alegó una vulneración a su libertad individual y al derecho al juez natural. Pidió que el juzgado declarara fundada su demanda y ordenara dos cosas: la nulidad de la resolución inicial del proceso de querella en su contra, y el reenvío del caso a otro órgano judicial.

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Rospigliosi también solicitó, como pretensión adicional, la nulidad de la sentencia que lo condenó. Esa sentencia salió del Segundo Juzgado Supremo Unipersonal de la Corte Suprema, a cargo de la jueza Norma Beatriz Carbajal Chávez, el 15 de abril de 2026. En ese fallo, el excongresista fue declarado autor del delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada, en perjuicio de Delia Espinoza, fiscal suprema y hoy titular del Ministerio Público.

El argumento central de Rospigliosi giró en torno a una supuesta afectación a sus garantías del debido proceso. Sostuvo que hubo una indebida motivación en las resoluciones judiciales que lo condenaron. También invocó la vulneración de su derecho a la tutela procesal efectiva. Ninguno de esos argumentos, sin embargo, logró convencer al juzgado constitucional.

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Rospigliosi pidió nulidad total del proceso; el juzgado no le dio la razón

El juzgado sustentó su decisión en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Esa norma establece las causales de improcedencia para este tipo de demandas. El juez aplicó también, en sentido contrario, lo dispuesto en el artículo 1 del mismo cuerpo legal para fundamentar el rechazo.

Uno de los puntos que pesó en la decisión fue el estatus procesal de la resolución cuestionada por Rospigliosi. El juzgado señaló que dicha resolución no tiene, todavía, la calidad de firme. Por esa razón, consideró que no correspondía realizar un control de constitucionalidad sobre su motivación ni sobre los fundamentos de la impugnación presentada por el excongresista.

El fallo calificó además como debatible el tema de los privilegios parlamentarios que Rospigliosi puso sobre la mesa en su demanda. El juzgado ordenó notificar la resolución a las partes. Una vez que quede consentida o ejecutoriada, se dispondrá el archivo definitivo del expediente.

La acusación partió de un hecho concreto: Luis Rubio Idrogo, quien encabezaba la lista de Renovación Popular como candidato a alcalde, renunció a su postulación. Con esa salida, López Aliaga quedó como la cabeza visible de la plancha. El escrito sostuvo que ese cambio generó una situación que no estaba prevista al momento de inscribir la candidatura.

El pedido central se apoyó en el artículo 194 de la Constitución. El documento pidió que se examine si la nueva configuración de la lista constituye una incompatibilidad constitucional sobreviniente. También solicitó que se evalúe si existe un abuso del derecho, según el artículo 103 de la Carta Magna, y que, de comprobarse la incompatibilidad, se disponga la exclusión de su candidatura con las garantías del debido proceso.

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La denuncia precisó que no busca impedir la participación política de López Aliaga

El propio documento marcó un límite a su pedido. Ahí se leyó que la denuncia "no pretende impedir que Rafael López Aliaga participe en la vida política ni desconocer sus derechos políticos". Lo que exigió, según su propio texto, fue que la candidatura sea revisada en su configuración actual, después de la renuncia de Rubio Idrogo.

El planteamiento de fondo fue más allá de si López Aliaga puede o no ser regidor. La pregunta que formuló el escrito fue si puede permanecer como primer regidor de una lista cuyo candidato a alcalde renunció, cuando esa posición le permitiría asumir de forma inmediata la Alcaldía Metropolitana en el periodo 2027-2030. Se trata del mismo cargo que ejerció durante la gestión anterior.

El documento pidió, además, que se mantenga la continuidad de los demás integrantes de la lista si la exclusión se concreta. Y planteó un escenario alternativo: si el JEE Lima Centro no considera pertinente excluir a López Aliaga, solicitó que emita un pronunciamiento expreso y motivado sobre los puntos constitucionales que la denuncia expone.

El reclamo más repetido apuntó al ministro del Interior, César Astudillo, por mantener en el cargo al comandante general Óscar Arriola. Diputados de bancadas tan distintas como Obras, Renovación Popular y Ahora Nación coincidieron en pedir su salida. El diputado Víctor Piñán, de Obras, citó el caso de un chofer de transportes asesinado por negarse a pagar cupos extorsivos, y exigió respuestas inmediatas al Ejecutivo.

Otro bloque de críticas se centró en el fenómeno El Niño y en la posible flexibilización laboral que buscaría el Gobierno. La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, advirtió que su bancada no cederá facultades legislativas en materia de trabajo. Congresistas de Juntos por el Perú fueron más allá y responsabilizaron directamente al fujimorismo por la crisis institucional que hoy dicen enfrentar, en referencia a su rol en el Congreso anterior.

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Arriola, el nombre que unió a la oposición y a un aliado

El diputado Víctor Piñán, de Obras, saludó la presencia del premier y del gabinete completo en el hemiciclo, pero pidió respuestas inmediatas frente a las urgencias y las demandas ciudadanas. Piñán relató el caso de Mauro Garrizo Flores, chofer de la empresa de transportes Vipusa, asesinado tras negarse la empresa a pagar cupos a extorsionadores. Citó cifras del SINADEF: más de 100 desde que empezó el gobierno de Keiko Fujimori han sido asesinados.

Piñán cuestionó directamente al ministro del Interior por mantener a Arriola en el cargo. "El pueblo peruano exige resultados, señor ministro del Interior. Sin embargo, usted sigue ratificando al comandante general de la PNP, al señor Arriola, el cual yo lamento", dijo el diputado de Obras.

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La crítica no vino solo de la oposición. Norma Yarrow, diputada de Renovación Popular, aliado del oficialismo, también cuestionó al ministro por mantener a Arriola. "Ministro del Interior, no sé qué hace usted con el general Arriola, un general que ha sido cuestionado y es cuestionado por el mismo grupo de militares y policías. Reflexione usted", señaló Yarrow. Su compañera de bancada, Roxana Rocha, pidió además esclarecer una presunta filtración de información policial y datos personales. "Es inadmisible que la información destinada a combatir el delito favorezca a los criminales. Exigimos sanciones inmediatas", indicó.

Desde Ahora Nación, el diputado Harvey Colchado fue más directo y vinculó el aumento de la criminalidad a dos nombres puntuales. "El incremento del crimen tiene un nombre: comandante general Óscar Arriola, y un padre, el exministro del Interior, Santiváñez Antúnez", afirmó. La senadora Ruth Luque, de la misma bancada, pidió una reforma policial y recordó que el Estado tiene una deuda pendiente con las víctimas del gobierno de Dina Boluarte. "La señora Fujimori habla de reconciliación, pero no ha tenido ni un gesto", dijo Luque.

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Fenómeno de El Niño y flexibilización laboral, los otros focos de crítica

La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, cuestionó que el fujimorismo se presente sin autocrítica ante una crisis de la que, según dijo, es corresponsable. "Sería ingenuo esperar del fujimorismo una autocrítica por su papel en ese desorden del Estado, cuando son directamente responsables del mismo, junto a los gobiernos a los que avaló y a los que respaldó desde el anterior Congreso", señaló.

Huilca calificó de insuficientes las medidas anunciadas frente al fenómeno de El Niño. Indicó que el discurso de Galarreta no mencionó inversiones esenciales, como el Proyecto Integral de la Cuenca del Piura ni los drenajes de Trujillo y Piura. También advirtió sobre las intenciones del Ejecutivo en materia laboral. "Lo único que parece motivar al gobierno es la flexibilización laboral. Pero desde ya les decimos que no cederemos facultades para legislar en materia laboral. No más recorte de derechos a las y los trabajadores", afirmó la diputada de Ahora Nación.

El diputado Leo de Paz Lancho, de Renovación Popular, cuestionó que el plan de obras de drenaje anunciado no incluya a Lima. "El gobierno presenta hoy su plan drena más para provincias como Cusco, pero ¿Villa El Salvador está en ese plan? ¿Cono sur y mis hermanos de los cerros de Lima están en ese plan?", preguntó.

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"Gabinete de reciclados": las críticas más duras vinieron de Juntos por el Perú

Los cuestionamientos más frontales llegaron desde la bancada de Juntos por el Perú. El senador Jaime Quito calificó al equipo ministerial como un "gabinete de reciclados" y lo vinculó con gobiernos anteriores. "Los responsables directos están aquí, son precisamente este gabinete de reciclados que vienen del gobierno de García, Ollanta. Lamentamos que se haya quitado el voto de confianza. No nos traen absolutamente nada", dijo Quito. El senador también responsabilizó a sectores cercanos al Ejecutivo por la salida de Pedro Castillo.

La diputada Svieta Fernández, de la misma bancada, cuestionó el relato de "herencia recibida" que usó el premier en su discurso. "El gobierno nos dice que recibió un país en total desorden. La pregunta es: ¿de quién lo recibió? Porque quienes hoy gobiernan formaron parte del pacto político que sostuvo los últimos gobiernos y convivió con el deterioro de nuestras instituciones", señaló Fernández. Su compañera de bancada, Graciela Chicana, fue tajante: "Estamos frente a un gobierno que no le interesan los derechos humanos, y no le va a interesar atender el fenómeno El Niño ni la inseguridad ciudadana", afirmó.

Desde el Partido del Buen Gobierno, el diputado Fernando García puso en duda la capacidad política del gabinete, más allá de su perfil técnico. "¿Cómo podemos nosotros creerles si tenemos ministros que definitivamente no están dando la talla política en estos momentos?", cuestionó. Su colega de bancada, Jessica Benítez, dejó abierta la puerta al diálogo, aunque con condiciones. "Estamos dispuestos a trabajar juntos y a construir consensos, pero no va a significar que vamos a renunciar a nuestra responsabilidad de fiscalizar y exigir resultados", indicó la diputada.

Tres fusiles SZ Scorpion, un fusil R-15, una escopeta, cuatro pistolas y 52 explosivos, además de gran cantidad de munición de diversos calibres y cargadores abastecidos, forman parte del arsenal incautado a una red criminal de minería ilegal en esa zona de la región La Libertad.

La operación que, además, permitió capturar a dos individuos presuntamente involucrados en el delito de tenencia ilegal de armamento, munición y explosivos, fue ejecutada en el centro poblado Yalen, por miembros del Ejército y la Policía que también confiscaron cinco chalecos antibalas, cuatro placas y otros implementos tácticos

A medida que los precios del oro se han disparado, los grupos criminales que antes se dedicaban exclusivamente al tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y otros delitos gravados han incursionado en la minería ilegal en esa región del país.

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La actividad se ha convertido en una de las economías criminales más lucrativas y para ello las bandas vienen traficando armamento de todo calibre a esa zona.

En esta nueva operación contra la criminalidad organizada en Pataz, el Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ejecutó la Operación 'Sol Naciente'.

La intervención se inició a las 5.00 a. m. del 21 de agosto, luego de labores de inteligencia militar que permitieron identificar la presencia de personas armadas en las inmediaciones de dos bocaminas ubicadas en los sectores La Porfía y Pueblo Nuevo, distrito y provincia de Pataz.

Con esta información, operadores de la Fuerza Especial Conjunta (FEC), el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECCO-PNP) desplegaron una intervención simultánea en ambos sectores, fortaleciendo la capacidad de respuesta conjunta frente a las organizaciones criminales.

Según informaron las autoridades, desde la creación del Comando Unificado Pataz, el 9 de mayo de 2025, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han afectado en más de S/259 millones las economías criminales en la zona, se mantienen operaciones y acciones articuladas, inteligencia y acción conjunta sostienen la misión del Estado en Pataz, orientada a recuperar espacios afectados por la criminalidad y fortalecer la presencia efectiva del Estado en Pataz.

OTRAS INTERVENCIONES

El 8 de junio, en dos intervenciones consecutivas en contra de la minería ilegal, el Comando Unificado Pataz (Cupaz) incautó una importante cantidad de armamento e intervino a 26 personas presuntamente vinculadas a la organización criminal 'La Nueva Alianza'.

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En la primera intervención se detuvo a 17 personas presuntamente vinculadas a esa banda criminal y se incautaron dos fusiles AKM calibre 7.62, dos fusiles R15, una pistola con cargadores abastecidos, además de miles de municiones de distintos calibres, cacerinas y chalecos.

La segunda operación se ejecutó luego de que sujetos armados ingresaran en una camioneta por la garita de la carretera Pueblo Nuevo–Yalen. Estos se dirigieron hasta una vivienda rústica cerca de la bocamina de Camilo Villalva.

Los presuntos delincuentes intentaron huir al advertir la presencia de un dron de vigilancia, pero fueron neutralizados. El resultado fue la detención de 9 personas presuntamente vinculadas a la referida organización criminal, así como la incautación de dos fusiles tipo AR-15 y una subametralladora Mini Uzi modificada, junto a armamento y municiones de diverso calibre.

"Definitivamente, no va a haber un hospital perfecto. Pero lo importante es que el sistema funciona, al menos. Siempre habrá quejas y reclamos. Pero al menos hay que agradecer que el sistema funciona. Soy crítico y doy mis versiones. No digo que sea perfecto, pero hay que reforzarlo. Hay gobiernos regionales que están cumpliendo con sus trabajos, pero otros no están haciendo absolutamente nada", indicó.

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El ministro Dyer señaló que viene trabajando con el apoyo de donativos, embajadas y del sector privado para la instalación de un hospital de emergencia en Piura ante el colapso del hospital Santa Rosa. El titular del Ministerio de Salud aseguró que, en comparación con otras regiones, Piura cuenta con un mejor sistema.

"Hay que ver que los equipos están funcionando, pero hoy el hospital está colapsando. Uno critica, sí. Pero también hay que decirle a la población piurana que, si se compara con otras regiones, al menos acá funciona el sistema. Si uno ve otros sitios, como Tumbes, puede ver que los hospitales se caen a pedazos", sostuvo.

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Sobre el dengue

Dyer señaló que Piura ya cuenta con una cantidad de vacunas contra el dengue suficiente para proteger a un sector de la población. En ese sentido, instó a que los jóvenes accedan a esta protección ante la proximidad de las lluvias y su posible impacto en la propagación de esta enfermedad.

"Tenemos alrededor de 140.000 vacunas en Piura. Hay que vacunar urgentemente a los chicos de 10 a 20 años. Las vacunas están acá. No hay que dejar pasar esa gran oportunidad", apuntó.

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Vecinos señalaron que ministro Dyer no se reunió con ellos pese a previo acuerdo

Vecinos de Los Algarrobos, zona ubicada en Piura, esperaban al ministro de Salud, Luis Dyer, para exigir respuestas por las paralizaciones en las obras del hospital Santa Rosa. De acuerdo con lo señalado por los dirigentes vecinales, el ministro se había comprometido a reunirse con ellos en la zona.

“Estuvimos esperando al ministro. Se comprometió, en el hospital Santa Rosa, a venir al lugar de los hechos. En estos momentos, necesitamos el presupuesto para las obras que fue aprobado por el Gobierno Regional. Es más, nosotros le entregamos una solicitud para que se nos asigne el presupuesto que nos hace falta para la ejecución de unas obras. Necesitamos que el ministro nos atienda para que Piura no siga sufriendo por el tema de la salud”, indicó uno de los presentes.

"Acá se procede con estricta sujeción al marco legal vigente. El Congreso saliente aprobó una ley que impide la remoción de un comandante general. Tiene que estar dos años. ¿Por qué pasó? Ya no es materia de análisis. Yo no firmaré un documento que vaya contra la ley. El Ministerio del Interior no emitirá disposiciones fuera de la ley ni forzará una causal que no existe", señaló Astudillo durante su presentación ante la Cámara de Diputados.

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Bajo esta norma, la salida de Arriola recién podría darse a finales de 2027.

Astudillo dejó en claro que, desde su sector, no existe conformidad con la norma aprobada por el Congreso en el pasado: "En el estricto cumplimiento del marco legal, propondremos modificar la mencionada ley", señaló.

Además, el titular de la cartera del Interior señaló que no busca dar un espaldarazo a la gestión que viene realizando Arriola al mando de la PNP. Sus comentarios llegan luego de que participara junto al comandante general en una rueda de prensa, donde afirmó que la tendencia de homicidios a nivel nacional registra una tendencia a la baja.

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Las críticas a Arriola también provienen de especialistas en seguridad. El general en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, indicó a La República que el perfil de Arriola no es adecuado para el puesto si es que se busca combatir la ola delincuencial.

"Hasta el día 18 del gobierno de Keiko Fujimori, hemos visto más de 100 homicidios con armas de fuego. Es superior a otros años. Si se quiere disminuir, debe cambiarse al comandante general. Él es especialista en investigación criminal y lo que necesitamos es un especialista en prevención. A nivel mundial, la tendencia es que la mayoría de efectivos se dediquen a la prevención. Prevenir permite evitar el delito; la investigación se da desde el delito para adelante. Lo que estamos viendo actualmente es que no hay capacidad", apuntó.

Una ley de color naranja

La Ley 31570 establece un cambio clave para la dirigencia policial. En resumidas cuentas, dispone que el jefe policial será designado por el presidente de la República y permanecerá dos años en el cargo, con posibilidad de una prórroga excepcional de un año. Además, limita su cese anticipado a causales específicas —como muerte, pase a retiro solicitado por el propio comandante, incapacidad física permanente, falta muy grave o delitos—, reduciendo la posibilidad de que sea removido discrecionalmente antes de cumplir su periodo.

Esta ley surgió durante el gobierno de Pedro Castillo. No era para menos: durante los primeros trece meses de gobierno del expresidente, cinco policías pasaron por el cargo de comandante general.

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Con 82 votos a favor —y posteriormente aprobada por insistencia—, la ley tuvo un amplio respaldo del bloque fujimorista de entonces. David Jiménez, Alejandro Aguinaga, Mery Infantes, Rosangela Barbarán, Martha Moyano, Auristela Obando, Patricia Juárez y César Revilla son algunos de los congresistas que actualmente ocupan escaños entre el Senado y la Cámara de Diputados en representación del partido naranja y que, durante el periodo pasado, votaron a favor de la implementación de esta norma.

Adicionalmente, algunos congresistas de Renovación Popular —fuerza cercana al oficialismo— también respaldaron la iniciativa. "Debemos darle a la PNP el orden y la dignidad que necesitan para continuar con esa labor tan importante que siguen en nuestro país", señaló durante el debate en el pleno el ahora senador celeste Alejandro Muñante.

El antecedente Ángulo

Con la ley ya en vigor, la expresidenta Dina Boluarte pasó al retiro a Jorge Angulo, quien en ese momento se desempeñaba como comandante general de la PNP, en enero de 2024.

En la Resolución Suprema N.° 19-2024, se señala que Angulo fue cesado de su cargo debido, entre otros motivos, a que se evidenciaron "negligencias muy graves en el control y comando de la institución policial por el actual Comandante General de la Policía Nacional del Perú, las cuales constituirían incompatibilidad y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo".

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Angulo asumió la dirigencia de la PNP en marzo de 2023. De tal manera que, aun bajo la tutela de la ley señalada por el ministro, ya existe el antecedente de un jefe policial retirado por incompetencia sin cumplir los dos años establecidos.

Vale mencionar que el propio Angulo denunció que su pase al retiro y su remoción de la comandancia policial fueron irregulares. Meses más tarde, el Poder Judicial dejó sin efecto el pase al retiro del excomandante general y determinó que se había vulnerado su derecho al debido proceso. No obstante, nunca ordenó su reintegración a dicho puesto.

Una remoción no lo cambia todo

Aun con la posibilidad de que la remoción del general Óscar Arriola esté en ciernes, la problemática alrededor del cuerpo policial y las políticas de seguridad todavía se mantiene. De este modo, los efectos de la delincuencia no terminarán de combatirse estructuralmente. Para Pérez Rocha, la falta de implementación y respaldo presupuestario en la PNP deja en una posición de debilidad a la institución.

"Si uno ve el plan de gobierno de Keiko Fujimori, era que una de las acciones que realizaría en los primeros 100 días sería adquirir patrulleros. El último que compró patrulleros fue Ollanta Humala. Luego se pasó a hacer ‘rating’: un alquiler de vehículos comerciales, no patrulleros. Lo primero va por ahí: dotar a la Policía con equipamiento. Los vidrios y las puertas", indicó.

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Además del déficit de implementos, Pérez Rocha fue enfático al señalar que, desde el gobierno de Keiko Fujimori, no existen planificaciones que permitan encauzar la situación que afecta a las instituciones policiales en el país.

"Cada año van disminuyendo más efectivos policiales de los que egresan. Es una lástima que no haya políticas de gobierno. Keiko Fujimori habló de un apoyo a las infraestructuras policiales. (…) A mí me parece que, como está la situación, yo dudo que esto tenga mejoría", apuntó.

En efecto, la mandataria incluyó en su plan de gobierno la emisión de decretos de urgencia para financiar la adquisición de 1.000 patrulleros inteligentes, la instalación de 10.000 cámaras interconectadas y la modernización de 200 comisarías a nivel nacional. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha sido ejecutada durante los más de 20 días iniciales de su Gobierno. Para la administración de Fujimori, que llegó al poder con la promesa de mejorar la seguridad ciudadana, la cuenta regresiva ya está en marcha.

Llueven críticas a Astudillo por mantener a Arriola en el cargo

En su presentación en el Congreso, Astudillo no fue ajeno a las críticas por no remover del cargo al general Arriola. Pese a su explicación, el ministro recibió cuestionamientos desde el pleno. La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) recordó que la gestión de Arriola ha sido cuestionada desde diversos frentes.

"Señor ministro del Interior, no sé qué hace usted con el general de la PNP, Óscar Arriola, un general que ha sido cuestionado por los mismos militares y policías. Una persona que persiguió tres años a alguien que se burla hoy de la institución y de los peruanos", dijo.

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Víctor Piñán (Obras) consideró que insistir en la permanencia de Arriola significa continuar con planes inadecuados para el control de la delincuencia: "Usted sigue ratificando al señor Arriola. Yo lamento eso. Creo que esto debería llevarlo a la reflexión: la demanda ciudadana es que se deben dejar las recetas que no han funcionado durante todos estos años".

En Juntos por el Perú, Oswar Cahuaza indicó que la permanencia de Arriola en el cargo no solo es perjudicial para la lucha contra el delito, sino que también permite que la corrupción siga expandiéndose en el cuerpo policial.

"Le pido al ministro del Interior que visite in situ Pucallpa. Cuando él habla de que las municiones se cargan a más en la región Ucayali, que no le sorprenda, señor ministro; pues usted avala al comandante general Arriola, cuestionado por presuntos actos de corrupción. Ese es un producto que sigue avalando", sostuvo.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Al ser consultado en RPP sobre las limitaciones para remover al actual comandante general de la PNP, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, admitió que "se puede haber cometido un error" al respaldar la ley que fija un mandato de dos años para el comandante general de la Policía Nacional, decisión que fue impulsada por Fuerza Popular durante el gobierno de Pedro Castillo.

Aunque la bancada naranja impulsó la medida en el Congreso, el premier reconoció que, a diferencia de las Fuerzas Armadas, la lucha contra la criminalidad exige una capacidad de respuesta rápida que hoy se encuentra limitada por ese marco legal. Durante la entrevista, Galarreta recordó el origen de la norma.

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"Esa norma se hizo porque el presidente Castillo estuvo cambiando a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Tal es así que en el caso de las Fuerzas Armadas, para nosotros nos parece prudente, pero en el caso de la Policía se puede haber cometido un error. La dinámica de la criminalidad cambia de forma acelerada y la institución policial necesita una capacidad de respuesta igual de rápida para estar al día; por lo tanto, fijar un periodo cerrado de dos años impide medir con precisión si el mando está operando correctamente o si está fallando”.

Asimismo, ante la consulta sobre las restricciones legales para el cambio de Arriola, el jefe del Gabinete adelantó que buscarán modificar este escenario mediante el próximo pedido de facultades legislativas.

"Si la norma nos impide, o sea, legalmente, bueno, ahí viene la delegación de facultades, nos puede abrir un espacio”.

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Esta postura coincide con la del ministro del Interior, César Astudillo, quien también señaló que la presidenta tiene conocimiento de la propuesta para modificar la ley que impide el cambio de Arriola.

"Ya lo tenemos en agenda porque la conducción de una institución como la PNP tiene que tener reglas claras y definidas".

Horas más tarde, el documento sería publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. La resolución declaraba en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna por 30 días.

Asimismo, señala que el Osinergmin establezca medidas transitorias para atender la situación de emergencia, incluyendo “excepciones al cumplimiento de determinados artículos de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos”.

La mandataria realizó el recorrido de las zonas de Atico y Ocoña (Arequipa) junto al ministro de Defensa, Rafael Belaunde. Tras el bloqueo de la carretera, el gobierno activó un puente aéreo y dispuso tres helicópteros para asistir a los pobladores afectados y apoyarlos en su traslado.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, anunció la habilitación de este primer puente aéreo y también mencionó que ya se ha empadronado a un total de 350 afectados y que, por cada viaje de ida y vuelta, se evacúa a un promedio de 40 ciudadanos.

Además, precisó que más de 200 efectivos del Ejército están apoyando para el retiro del lodo entre los kilómetros 731 y 733 de la Panamericana Sur. El sector también dispuso la operación de dos patrullas de la Marina para ejecutar un puente marítimo entre La Planchada y Atico para reforzar la atención en la zona.

Con Macavilca también fueron arrestados su asesor, Jhoel Atencio Ñaupa; el subgerente de Estudios y Proyectos, Frank Nastares Vilcapoma; y la empresaria Nivea Torres Guillermo, además de otros dos presuntos cómplices, Elvis Aguirre Ayra y Ricardo Suárez Valerio.

El operativo se inició a las cuatro de la madrugada del viernes 21 de agosto, cuando agentes de la Dirección Contra la Corrupción, al mando del coronel José Santillán Pérez, detuvieron a la alcaldesa Lisbeth Macavilca en su vivienda ubicada en el jirón Micaela Bastidas, en el distrito de Paucartambo.

Paralelamente, su asesor Jhoel Atencio Ñaupa, fue sorprendido en su oficina de la Municipalidad de Paucartambo, pese a que no estaba en horario de trabajo. El funcionario habia sido alertado del operativo y escapó hacia la alcaldia con el objetivo de desaparecer documentos o evidencias que lo comprometen en actos de corrupción.

La acción policial se ejecutó por orden de la jueza Rusmery de la Sota, quien autorizó la detención de los imputados y el allanamiento de sus viviendas y oficinas en Pasco, Oxapampa y Huánuco. La solicitud fue a pedido del fiscal Mildred Victoriano Aldana.

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Un “diezmo” o nada

De acuerdo con las indagaciones del fiscal anticorrupción Mildred Victoriano, la alcaldesa Lisbeth Macavilca sostuvo conversaciones con su amiga, la empresaria Nivea Torres Guillermo, a quien le prometió conceder la obra “Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado para los barrios Collana y Guindales”, por un monto de S/1 millón 66 mil 542.

Para dicho fin, la alcaldesa Macavilca citó a Nivea Torres a su oficina municipal, donde le aseguró que el millonario proyecto de inversión pública seria suyo, pero que tenía que abonar un “cupo” de S/50 mil como parte de un “adelanto” por la obra.

Un colaborador eficaz reveló a las autoridades que la alcaldesa y su asesor Jhon Atencio Ñaupa le solicitaron a Nivea Torres una “comisión” del 15% del total de la obra. Es decir, un aproximado de S/150 mil.

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La fórmula corrupta

“La obra es más de un millón de soles y tienes que pagar un ‘diezmo’ del 15%, pero ahorita necesitamos 50 mil soles para asegurar el proyecto y el resto lo entregas cuando firmas el contrato”, le dijo Jhon Atencio a Nivea Torres en presencia de Macavilca” según declaraciones del colaborador eficaz.

El testigo indicó a la fiscalía que Nivea Torres le entregó un total de S/40 mil a la alcaldesa Lisbeth Macavilca: S/30 mil en efectivo y S/10 mil por intermedio de su tío Ricardo Suárez Valerio, quien hizo un depósito bancario por dicha cantidad a nombre de Elvis Aguirre Ayra, su testaferro.

“(La empresaria) Nivea estaba desesperada por conseguir los 50 mil soles que le exigía Lisbeth Macavilca. A cada rato le llamaba por teléfono diciéndole si iba a cumplir con lo pactado, pero Nivea solo pudo entregarle 40 mil soles. La propia alcaldesa le envió un número de cuenta para el depósito del dinero”, relató el colaborador eficaz.

Sin embargo, la obra no se llevó a cabo, debido a que la regidora de la municipalidad de Paucartambo, Saida Arteaga Castillo, detectó una serie de irregularidades en la elaboración de documentos, y que los términos de referencia habían sido manipulados.

Casi al término de su presentación, los estudiantes presentes abuchearon y pifiaron como muestra de su desacuerdo ante la presencia de López Aliaga en su casa de estudios. La protesta duró poco, aproximadamente un minuto, ya que fueron retirados del lugar por personal de la propia institución.

Entre las frases lanzadas por los jóvenes en el recinto se escucharon consignas como "La Villa es del pueblo y no de los corruptos", seguida de la arenga "Esta es la Villa valiente y combativa".

A pesar de que los alumnos no estaban de acuerdo con la presencia del exalcalde de Lima, tras concluir formalmente su exposición, los organizadores le hicieron entrega de una placa de reconocimiento en su nombre.

El premio representó el agradecimiento por su participación como ponente en el conversatorio sobre políticas públicas y su intervención para compartir reflexiones en torno a la economía, según lo detalló la presentadora del evento.

Cuestionamientos sobre los trenes de la MML y su postulación como primer regidor

Este rechazo se produjo en medio de los cuestionamientos políticos recientes, tras el pronunciamiento del ministro de Transportes, Rafael Rey, quien aclaró que los trenes gestionados por López Aliaga habían sido comprados y no donados.

Asimismo, su postulación como primer regidor —tras la renuncia del candidato a la alcaldía de su partido— ha sido cuestionada por especialistas, quienes señalan que no debió postular por tener la condición de senador electo.

También se advierte que la ley prohíbe la reelección inmediata para ocupar el sillón municipal, por lo que, en caso de que su agrupación política resulte vencedora, López Aliaga asumiría nuevamente como alcalde.

Transmisión oficial

Como parte de la mayoría de sus actividades públicas de campaña, la conferencia fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube del político.

Sin embargo, el video tiene ciertas modificaciones en la edición, ya que se eliminaron de la transmisión los incidentes registrados. En el momento en el que los estudiantes empiezan a protestar, la transmisión se ve interrumpida y dejó de mostrar el rechazo a López Aliaga durante casi un minuto y medio.

En ese lapso la transmisión se mantuvo en silencio con una imagen fija de promoción de su libro, evitando así la difusión completa de las protestas estudiantiles.

El itinerario original, anunciado a inicios de agosto, contemplaba la llegada del papa León XIV el 11 de noviembre y su salida el 17. Con el ajuste confirmado por la Nunciatura, el sumo pontífice reducirá en un día su permanencia en el país donde vivió durante dos décadas como misionero agustino, antes de continuar su gira por Uruguay y Argentina.

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Gualtieri precisó que el cambio de fechas no afectará el recorrido por regiones ya contemplado en la agenda papal. Ciudades como Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Piura, incluidas desde las primeras coordinaciones entre el Vaticano y el Gobierno peruano, se mantienen en el programa pese al día menos de estadía.

La confirmación del recorte se dio en el marco de la presentación oficial del programa de la visita, a cargo de la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Peruana.

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Iglesia presentó la oración oficial y la web para voluntarios

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, presentó la oración oficial que se leerá durante la llegada del papa León XIV. García Camader señaló que la visita "es un encuentro de muchas realidades y mucha preparación" y remarcó que el viaje del pontífice llega a todo el país para transmitir un mensaje de fortaleza y esperanza.

Monseñor Moreno Inga presentó, en la misma actividad, la página web oficial leon14enperu.com, habilitada para que los voluntarios se inscriban en el programa "Amigos de León". Moreno Inga indicó que "cada pequeña cosa que estamos haciendo es un paso, una huella del papa", en referencia al trabajo previo que involucra a la Iglesia peruana antes del arribo del pontífice.

Monseñor Luis Alberto Huamán invitó a los fieles a sumarse como voluntarios y calificó la llegada del papa como el regreso de "alguien que caminó con nosotros". Huamán pidió vivir la visita como un momento de encuentro y alegría, y resumió el rol de los voluntarios con una frase: "quien encuentra a un voluntario, encuentra a un amigo del papa".

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Chiclayo: descartan las Pampas de Reque como sede para la misa del papa León XIV

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, informó este viernes 21 de agosto que las Pampas de Reque quedaron descartadas como sede de la misa que el papa León XIV encabezará en Chiclayo. La decisión llegó después de que la Fuerza Aérea del Perú advirtiera la presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en ese terreno. Ante ese hallazgo, las autoridades regionales evalúan ahora predios privados para la liturgia.

El GORE Lambayeque maneja por el momento dos alternativas, ya remitidas al Obispado de Chiclayo. La primera reúne 300 hectáreas de terrenos urbanos en Reque. La segunda suma 100 hectáreas disponibles en Pimentel. Pérez Flores no descartó que en las próximas horas se sume una tercera opción. La comisión del Vaticano llegará a la ciudad a fines de este mes para evaluar los espacios y elegir el que ofrezca mejores condiciones de acceso y seguridad para el multitudinario evento, que según las autoridades podría convocar a un millón y medio de fieles.

El gobernador también pidió al Ejecutivo Nacional definir cuanto antes el desembolso de recursos para la logística de la visita papal en la región. Recordó que, durante la llegada del papa Francisco, el Gobierno destinó 37 millones de soles para cubrir los gastos del viaje, y expresó su expectativa de que se emita un decreto de urgencia similar para financiar la estadía del papa León XIV en Chiclayo, donde se prevé que el pontífice cumpla actividades por al menos dos días.