'La legitimidad es un concepto mucho más amplio y para mí el gobierno de Keiko no es legítimo. Hemos llegado a un proceso de más de 30 partidos donde las dos fuerzas que han pasado no expresan lo que la mayoría de la población quiere y un resultado donde territorialmente dentro del Perú no han votado por Keiko Fujimori', dijo en entrevista a RPP.

En ese sentido, resaltó que no hubo fraude, pero que sí considera que hubo 'muchas reglas electorales que se han cambiado y se ha vulnerado sistemáticamente el principio de intangibilidad electoral'.

'La Cancillería hubiera hecho bien si para la segunda vuelta anunciaban con mayor claridad el tema de traslado de votos', ejemplificó.

Además, señaló que hubo temas de estigmatización y etiquetas que se han colocado a la izquierda y a la centroizquierda. A su vez, sostuvo que la población del sur no va a aceptar a Keiko Fujimori y que, además, Fuerza Popular 'nunca se ha comprometido con el tema de justicia, se encargaron de blindar a Dina Boluarte'.

Por todo ello, resaltó que sí reconoce la legalidad de los resultados, pero eso no impide que tenga una crítica.

'Una cosa es que se acepten los resultados legales y otra el debate de la legitimidad. En mi evaluación política, más allá de las impugnaciones, hay un resultado y una victoria legal que va a inclinar hacia Fuerza Popular. Ese reconocimiento legal no significa que no tengamos crítica sobre todo el desarrollo del proceso legal', anotó.

Próximo Parlamento

En otro momento, Luque se refirió a la conformación del próximo Congreso Bicameral y consideró que no sería ideal que lo presida Fuerza Popular.

Explicó que la dirección del Congreso bajo este partido con Fernando Rospigliosi no fue la mejor.

"Creo que ha instaurado un parlamentarismo de facto, ha instaurado autoritarismo, ha instaurado la aprobación exprés de normas sumamente cuestionadas, ha eliminado la deliberación como fondo de varios de estos temas; las deliberaciones se sumergieron a casi un minuto los que éramos minoría, y ha funcionado de manera virtual los cinco años", anotó.

Este nuevo escándalo en la PNP ha causado indignación en el comando de esa institución, pues a ello se suma la sentencia contra otros cinco policías y un inspector que intervinieron, torturaron y causaron la muerte de un civil en la provincia limeña de Barranca.

Según se informó, la Inspectoría General, a cargo del teniente general PNP Augusto Ríos, lidera una estrategia institucional de tolerancia cero a la corrupción. Entre sus acciones clave destaca la reciente aprobación de la Directiva N.° 180-2026-CG PNP/IG, que implementa un Equipo Especial Anticorrupción para intervenir directamente en faltas disciplinarias y delitos graves dentro de la institución.

El último jueves, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica (Segundo Despacho) confirmó la condena al comandante PNP Jorge Antonio Sánchez Ponce, así como a otros seis suboficiales de la PNP, por el delito de cohecho pasivo propio.

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Como se sabe, los hechos se remontan al 2 de octubre del 2020, cuando el investigado comandante PNP, en su condición de director de la Escuela Superior Técnico Policial de Huancavelica y miembro del Comité del Proceso de Evaluación del Examen, habría solicitado directamente a la suboficial PNP Gabriela Salazar Aylas, e indirectamente a otros subalternos, un beneficio económico a cambio de entregarles el examen que él previamente había elaborado para la especialidad de orden público y seguridad, para la obtención del título profesional técnico en ciencias administrativas y policiales de suboficiales PNP, que se realizó el 3 de octubre del 2020.

La investigación logró obtener los reportes bancarios que confirmaron los depósitos realizados por seis suboficiales para acceder al beneficio ilícito. También se halló en poder de la facilitadora el cuestionario con las respuestas marcadas en negrita, durante la intervención al inicio del caso.

Los seis suboficiales que pagaron para obtener el material y asegurar su titulación técnica de manera fraudulenta recibieron cuatro años de prisión suspendida.

Se trata de Andiela Aguilar, Jhislend Auquilla, Lisbett Huamán, Fernando Yaringaño, Junior Díaz y Luis Nestares.

La pena contra el exjefe policial, el comandante Jorge Sánchez, es de cinco años de prisión suspendida, con un periodo de prueba de tres años bajo reglas de conducta.

Además, se le inhabilitó por cinco años para ejercer cualquier cargo público. Los siete condenados deberán pagar en conjunto una reparación civil de S/40.000 a favor del Estado peruano.

Según los hechos demostrados por el fiscal adjunto provincial Christian Huamán Ramos, Sánchez filtró el banco de preguntas resuelto de un examen de suficiencia profesional a cambio de pagos ilícitos. Exigió, a través de una intermediaria, S/100 a cambio de entregar "las fijas" de la prueba mediante grupos de WhatsApp.

Asimismo, los suboficiales de la institución pagaron por obtener el material para asegurar su titulación técnica de manera fraudulenta.

La fiscalía presentó pruebas contundentes, como informes de análisis digital forense que recuperaron mensajes de audio en los que se mencionaba explícitamente que el exdirector requería un monto económico por el apoyo en la evaluación.

Asimismo, presentó los reportes bancarios que confirmaron los depósitos de los suboficiales, así como el cuestionario con las respuestas marcadas en negrita, hallado en poder de la facilitadora durante la intervención realizada al inicio de la investigación.

ABUSO POLICIAL Y MUERTE

De otro lado, el Poder Judicial también emitió sentencia contra cinco efectivos policiales y un civil por su responsabilidad en la muerte de Adolfo Suárez Valerio (40), ocurrida tras una intervención policial registrada en Barranca hace más de un año.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Huaura, que concluyó que durante la intervención se produjo un uso excesivo de la fuerza, además de otras irregularidades.

Se valoraron imágenes de cámaras de seguridad, testimonios de testigos presenciales y diversos elementos probatorios que confirmaron la brutalidad policial.

Las sentencias dictadas por el juzgado, en adelanto de fallo, son de 20 años de prisión para Alan Rentería y el suboficial Rogero Salas. También de 13 años de cárcel para Guillermo Huamán, Marlón Huamán y Gelvan Hinojosa. Asimismo, se impusieron 8 meses de pena para Joel García por omisión funcional.

Todos los sentenciados deberán asumir de manera solidaria el pago de S/136.000 por concepto de reparación civil.

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Según la necropsia, la causa de muerte fue asfixia mecánica por compresión externa del cuello, resultado que fue considerado dentro de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

EL CASO DE MANCHAY

Finalmente, la Fiscalía Superior de Lima Sur dispuso el último jueves que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo de la fiscal provincial Marcelita Gutiérrez, asuma la investigación contra quienes resulten responsables del delito de homicidio en agravio de un menor de 17 años de edad, quien permanecía detenido en la Comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac.

La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín (Tercer Despacho) derivará el caso y los avances de sus diligencias tras determinarse que los hechos habrían ocurrido en circunstancias que corresponde investigar a un subsistema especializado, puesto que involucra una muerte en custodia por agentes del Estado.

Fuentes oficiales aseguraron que se trata de los primeros peruanos en salir hacia la zona afectada con equipos nacionales con capacidad de asistencia humanitaria.

Informaron que, como parte de las acciones de apoyo y solidaridad del Gobierno peruano, un avión Hércules de la Fuerza Aérea partió desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, hacia la ciudad de Caracas, llevando 14,5 toneladas de ayuda humanitaria para las personas damnificadas por los terremotos.

Se trata de ayuda alimentaria y no alimentaria donada a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), como arroz, fideos, aceite y agua, así como carpas, ropa de abrigo, enseres y menaje, esenciales para las familias afectadas por la emergencia.

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El jefe del Indeci, Luis Vásquez Guerrero, destacó que esta ayuda refleja la solidaridad del pueblo peruano y el compromiso del Gobierno con la asistencia humanitaria internacional para atender una emergencia que ha dejado centenares de fallecidos.

“Son 50 carpas que se están enviando, cada carpa es para 5 personas. La ayuda que se está enviando es de acuerdo a un procedimiento, donde se pone a disposición de Cancillería para que se informe del apoyo brindado para Venezuela. Estamos en plena disposición de poner todos nuestros recursos para poder ayudar”, subrayó.

El piloto del avión Lima 100 Hércules, que realizará este traslado, coronel FAP Juan Carlos Vásquez Acosta, también resaltó el trabajo articulado del sector Defensa para ejecutar esta misión. “Es un avión con capacidad de 20 toneladas, nos permite hacer el viaje a Caracas sin tener escalas, son 6 horas de vuelo”, informó.

Precisamente, el apoyo humanitario hacia Venezuela fue oficializado a través de la Resolución Suprema N.° 189-2026-PCM, que autoriza al Indeci a efectuar, en representación del Estado peruano, la donación de bienes de ayuda para atender a las personas damnificadas a consecuencia de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

El dispositivo fue publicado la noche del sábado y lleva las firmas del presidente de la república, José María Balcázar; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez; y los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, y de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno.

Entre ellas destacan la ilegal aceptación de la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, con el proceso en marcha; el cambio en el registro y envío de actas provenientes del extranjero entre la primera y segunda vuelta, y el inusual vuelco del conteo rápido de IPSOS, históricamente preciso y que solo tuvo un antecedente similar en las fraudulentas elecciones fujimoristas del año 2000.

El mapa electoral actual muestra un país en el que Keiko Fujimori no obtuvo la victoria: ganó en solo 9 regiones, mientras Roberto Sánchez lo hizo en 16. Así, la candidata que llegó a segunda vuelta con apenas el 16% de los votos (gracias al diseño electoral de su pacto) y arrastrando el mayor antivoto de la política peruana iniciará su gobierno con una legitimidad social muy precaria. En ese escenario, lo esperable de un partido demócrata sería empezar a tender puentes. Sin embargo, los hechos recientes muestran el camino elegido por el fujimorismo: la persecución política y la censura.

Los ataques se han concentrado contra tres sectores: periodistas de investigación y comunicadores independientes críticos; fiscales y jueces que han llevado adelante las investigaciones que la llevaron a la cárcel, así como magistrados que, bajo el amparo de la ley, se han negado a aplicar la inconstitucional ley de amnistía promovida por el fujimorismo; y dirigentes y opositores políticos, como el doctor Hernando Cevallos, por tan solo llamar a la ciudadanía a organizarse para defender el voto y exigir explicaciones frente a las irregularidades denunciadas.

La intensificación de la persecución política contra Gustavo Gorriti; los fiscales Vela y Pérez; la exfiscal de la Nación Espinoza; el juez Carhuancho; y, ahora último, la denuncia de la procuraduría contra voces críticas de la actividad partidaria y voces disidentes del activismo y el periodismo (denuncia en la que se me incluye) se suma a recientes leyes aprobadas por el fujimorismo, como la ley de censura contra los artistas (algunos muy vocales antifujimoristas en el Perú) y la ley de impunidad para policías y militares, que transmiten una señal muy preocupante sobre la forma en que el próximo régimen busca gestionar su precaria legitimidad social y las protestas en las calles: carta libre a las FFAA y policiales para transgredir derechos, censura de voces discordantes y persecución de quienes pueden investigarlos.

Estos ataques contra periodistas, fiscales, jueces, activistas y opositores, junto con las últimas iniciativas, advierten de un patrón orientado a la intolerancia política y contra los agentes fiscalizadores desde la prensa independiente y el sistema de justicia, lo que pone en riesgo desde ya derechos fundamentales como la libertad de expresión y la participación política.

Keiko Fujimori prometió gobernar como su padre. Hoy, rodeada de figuras históricas del régimen corrupto y asesino de Alberto Fujimori (Aguinaga, Salgado, Chávez, Moyano, entre otros), esa promesa adquiere un significado macabro: perseguiré como mi padre, aplastaré a la oposición política como mi padre.

Igual que su padre, el keikismo ha logrado capturar en los últimos 10 años el TC, DP, JNJ y parte del MP, y asegura la lealtad por impunidad a las FFAA y policiales. Pero el Perú de este miércoles ya no es el de los años noventa. Existen más medios independientes, más espacios digitales, una ciudadanía más vigilante y una oposición democrática firme que, a la luz de estas señales, se articula en defensa de derechos y libertades.

Si este gobierno decide inaugurar su mandato con persecución, censura y violencia de Estado, encontrará una sociedad dispuesta a defender la democracia y sus derechos. La historia demuestra que ningún poder es absoluto cuando existe una ciudadanía organizada y decidida a exigir que la Constitución y el Estado de derecho sean respetados. Pudimos contra el padre, que acabó en la cárcel por sus delitos junto con gran parte de su cúpula; podremos contra la hija y sus secuaces cada vez que sea necesario.

De acuerdo con la Resolución Suprema N.° 189-2026-PCM, el Ejecutivo permite la donación por medio del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para atender a los damnificados.

La ayuda humanitaria comprende alimentos como arroz, fideos y aceite, así como carpas, ropa de abrigo, enseres y menaje.

La resolución lleva la rúbrica del presidente Balcázar; del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo; del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja; y del ministro de Defensa, Amadeo Flores.

FAP inicia traslado de víveres

Tras la resolución, el Grupo Aéreo N°8, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), partió con 14 toneladas de bienes de ayuda alimentaria y no alimentaria.

"Son alrededor de 14 toneladas de bienes de ayuda alimentaria (arroz, azúcar, aceite, fideos, atún, etc.) y no alimentaria (carpas de loma, camas plegables, mesas plegables, mosquiteros, vajilla, bidones, etc.)", declaró el jefe de Indeci, general Luis Vázquez.

Por su parte, el coronel FAP Juan Carlos Vázquez Acosta comunicó que el equipo estuvo conformado por 10 especialistas, entre pilotos, ingenieros y maestros de carga. Detalló que el envío se realizó en una aeronave Lima 100 Hércules en un vuelo directo hacia Caracas.

"El tiempo de vuelo va a ser de seis horas en la aeronave de Lima 100 Hércules, con capacidad de 20 toneladas de traslado. Somos 10 tripulantes. 4 pilotos y 6 ingenieros y maestros de carga, estará liderado por mi persona. Al llegar directo a Caracas vamos a estar unas horas hasta que se descargue las toneladas para retornar al Perú", manifestó.

Presidente del Parlamento de Venezuela eleva la cifra de muertos a 1.430

"Estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas fallecieron, lamentablemente perdieron la vida", informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en un nuevo balance sobre las víctimas que han dejado los dos terremotos de 7,2 y 7,5 registrados el último miércoles. A esta cifra, transmitida por el legislador a través del canal estatal, se sumó el saldo de 3.328 heridos.

Horas antes de esta actualización, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, subrayó que la prioridad absoluta de su administración y de los cuerpos de seguridad era rescatar a los sobrevivientes atrapados bajo los escombros en las ciudades afectadas por el evento geológico. Durante la transmisión por Venezolana Televisión (VTV), confirmó que La Guaira es la zona más afectada.

Además, en lo que presentó como un avance en medio de la catástrofe, Rodríguez aseguró que la ciudad logró restaurar el 60% del suministro eléctrico, aunque advirtió que la localidad se mantendrá con acceso restringido y "militarizado". Tras ser consultada sobre las acciones del Estado ante el contexto crítico, enfatizó la presencia de un operativo que incluye patrullas permanentes.

Acción Popular es quien lleva más candidatos. A pesar de que no participó en las elecciones generales tras la anulación e sus elecciones primarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por denuncias de presunto fraude y vicios sustanciales, la agrupación busca posicionar a cinco integrantes de su bancada en los gobiernos regionales.

Las postulaciones también evidencian el reacomodo de figuras políticas que buscarán mantenerse en la escena pública desde los gobiernos regionales y municipales. En algunos casos, los congresistas mantienen la organización política con la que llegaron al Parlamento; en otros, optaron por competir bajo una nueva agrupación.

Seis congresistas buscan llegar a los gobiernos regionales

La mayor parte de las postulaciones corresponde a los gobiernos regionales. En total, seis congresistas intentarán llegar a los gobiernos subnacionales.

Por Acción Popular competirán Edwin Martínez por la Gobernación Regional de Arequipa; Silvia Monteza por Cajamarca; Luis Aragón por Cusco; e Hilda Portero por Lambayeque. A ellos se suman Luz López, quien postula a la Vicegobernación Regional de Ucayali por Fuerza Popular, y Elías Varas, candidato al Gobierno Regional de Áncash por Juntos por el Perú.

Martínez, Monteza, Aragón y Portero arrastran un antecedente común: fueron comprendidos en la investigación fiscal del caso "Los Niños", por el que el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional al atribuirles presuntos actos de organización criminal y tráfico de influencias durante el gobierno de Pedro Castillo. En el caso de Portero, además, afrontó una denuncia constitucional por presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho.

Lima concentra una de las principales disputas por las alcaldías provinciales

Tres congresistas optaron por competir por alcaldías provinciales. La candidatura de mayor visibilidad es la de Susel Paredes, quien buscará llegar a la Municipalidad Metropolitana de Lima por Ahora Nación, en una elección que definirá al sucesor de Renzo Reggiardo y que se perfila como una de las contiendas de mayor interés político en los comicios municipales de octubre.

Paredes llega a esta campaña luego de desempeñarse como una de las principales voces de oposición al gobierno de Dina Boluarte desde el Congreso. Durante el actual periodo parlamentario impulsó iniciativas como el adelanto de elecciones y presentó denuncias por las muertes ocurridas durante las protestas sociales. Antes de llegar al Parlamento, también ocupó cargos en las municipalidades de Lima, La Victoria y Magdalena del Mar, experiencia que ahora buscará capitalizar en su candidatura municipal.

La relación de postulantes a alcaldías provinciales la completan Raúl Felipe Doroteo Carbajo, quien tentará la Municipalidad Provincial de Ica por el Partido Popular Cristiano (PPC), y Carlos Enrique Alva Rojas, quien buscará una alcaldía provincial en La Libertad por Acción Popular. Ambos forman parte del grupo de congresistas que aspiran a continuar su carrera política desde los gobiernos locales una vez concluya el actual periodo legislativo.

Darwin Espinoza cambia de partido rumbo a una alcaldía distrital

Uno de los casos más llamativos es el de Darwin Espinoza Vargas. El parlamentario llegó al Congreso por Acción Popular y fue incluido por la Fiscalía en la investigación del caso "Los Niños", el presunto grupo de legisladores que habría respaldado al gobierno de Pedro Castillo a cambio de favorecer intereses particulares.

En 2024, además, un reportaje de Punto Final reveló que trabajadores de su despacho parlamentario habrían sido utilizados para recolectar firmas e impulsar la inscripción del movimiento regional Adelante Áncash, así como el uso de recursos del Congreso, entre ellos papel bond y el acceso al sistema del Reniec, para ese fin. Tras la difusión de esos hechos, Acción Popular inició un proceso disciplinario y posteriormente expulsó a Espinoza por considerar que incurrió en actos de traición al partido y por los cuestionamientos que pesaban en su contra.

Ahora, de cara a las elecciones regionales y municipales de 2026, Espinoza buscará llegar a la alcaldía de Nuevo Chimbote con Juntos por el Perú, dejando atrás la agrupación política con la que llegó al Parlamento.

Rosselli Amuruz buscará la alcaldía de Santa María del Mar tras una gestión marcada por cuestionamientos

La congresista Rosselli Amuruz, elegida por Avanza País, buscará llegar a la alcaldía distrital de Santa María del Mar en las elecciones municipales de 2026. Su candidatura se produce luego de un periodo parlamentario marcado por investigaciones éticas, una denuncia constitucional y diversas controversias relacionadas con su desempeño como tercera vicepresidenta del Congreso.

Uno de los episodios de mayor repercusión ocurrió en octubre de 2023, cuando Amuruz fue cuestionada por su presunta organización de una fiesta de cumpleaños del excongresista Paul García en el distrito de Lince, reunión que terminó con el asesinato del comunicador Christian Tirado. La Comisión de Ética concluyó que la legisladora infringió el Código de Ética Parlamentaria al sostener una versión que fue contradicha por testimonios y otros elementos recabados durante la investigación, por lo que recomendó sancionarla con una amonestación pública y una multa equivalente a 60 días de remuneración.

A estos cuestionamientos se sumó una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación en julio de 2024. El Ministerio Público la señaló como presunta instigadora del delito de negociación incompatible al considerar que habría intervenido para favorecer la contratación en el Congreso de personas allegadas a Paul García, entonces su pareja sentimental. El caso se originó tras una investigación periodística que reveló presuntas contrataciones irregulares de personas vinculadas a su entorno.

Hace poco tuvimos noticia de que una patrulla del Ejército, en Acobamba, había acribillado a balazos a cinco jóvenes que venían de hacer deporte; el fiscal y el juez penal de la zona han intervenido y, fruto de ello, los militares que participaron están detenidos en tanto culmina la investigación penal.

Esta nueva ley aprobada por estos grupos políticos (Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Avanza País) nos lleva a preguntarnos si asesinar, extorsionar, robar, torturar y ultrajar son actos delictivos propios de la función castrense. Definitivamente no. La intervención militar y policial no está orientada a cometer delitos comunes y, en caso de que ello suceda, quienes delincan tendrán que ser sometidos al juzgamiento y sanción ante la justicia ordinaria, donde concurren todos los que cometen delitos comunes, al margen de que sean civiles, policías o militares.

Dicho en otras palabras, los representantes de los citados grupos políticos se han convertido en los verdugos de los derechos y garantías de los ciudadanos frente a la comisión de delitos comunes que podrían cometer policías y militares; digo verdugos porque se determinará su responsabilidad penal ante sus “colegas”, en una institución altamente jerarquizada y con un fuerte espíritu de cuerpo, como sucede en la vida castrense.

La norma aprobada dice que todos los delitos que cometan los policías y militares, en actos de servicio, en estado de emergencia y en acciones armadas, serán juzgados y sancionados por sus propios pares en el fuero militar. ¿Esto qué significa? El fuero militar ha sido creado para juzgar y sancionar a militares o policías cuando, en el ejercicio de sus funciones, afectan la disciplina, la organización o la seguridad de las Fuerzas Armadas o de la Policía, como la desobediencia, la insubordinación, el abandono de puesto, la deserción o la negligencia en el servicio; sin embargo, este fuero militar no está concebido ni diseñado para juzgar y sancionar la comisión de delitos comunes, porque eso les corresponde a los jueces ordinarios del Poder Judicial. Esto debilita el Estado de derecho y, a largo plazo, erosiona el modelo democrático y los derechos fundamentales.

Esta ley aprobada es abiertamente inconstitucional porque: a) afecta el principio de igualdad ante la ley; esto es, crea -indebidamente- un escenario especial para juzgar delitos comunes que ejecuten los policías y militares; b) afecta la competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, por mandato constitucional; c) afecta el derecho al juez natural y al debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia; d) afecta la independencia e imparcialidad en el juzgamiento, porque al concentrar la justicia en manos militares se corre el riesgo de que se politice o se utilice para proteger a quienes forman parte del aparato militar. Esto debilita el Estado de derecho, limita el acceso a una justicia imparcial y puede abrir la puerta a abusos desde la intervención militar y policial; e) afecta la tutela efectiva, porque el fuero militar se orienta al juzgamiento y sanción de los delitos para preservar los objetivos militares en su función, como la deserción y la desobediencia, y no para juzgar asesinatos, robos, agresiones sexuales, extorsiones y organizaciones criminales, entre otros delitos comunes.

La naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado en la comisión de delitos comunes hacen que la jurisdicción penal militar no sea el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de estos hechos. Además, juzgar a militares por estos delitos en tribunales militares viola las garantías judiciales (artículo 8) y la protección judicial (artículo 25) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual es vinculante en nuestro ordenamiento jurídico.

Preparando el escenario

Someter al fuero militar el juzgamiento de los delitos comunes que hayan cometido los policías y militares no es una novedad. Fue una práctica en la década de 1990 en nuestro país. Precisamente, los asesinatos de civiles que cometió el Grupo Colina (cuyos integrantes eran miembros del Ejército peruano en actividad) fueron juzgados -inicialmente- en el fuero militar, donde las víctimas no alcanzaron justicia, como sucedió en el caso La Cantuta (grupo de militares que asesinaron a un grupo de alumnos que retiraron de la vivienda universitaria de dicha universidad) y en el caso Barrios Altos (grupo de militares que asesinaron a personas que participaban en una “pollada” para recaudar fondos para las mejoras de la quinta donde vivían).

Los familiares de las víctimas tuvieron que recurrir al sistema interamericano porque no encontraron justicia en nuestro país. Felizmente, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional corrigieron esa indebida intervención del fuero militar y se logró determinar la responsabilidad penal de los militares ante los jueces del Poder Judicial, quienes condenaron a prisión a los integrantes del Grupo Colina.

La Corte IDH ha señalado que recurrir a la justicia militar debe ser restrictivo y excepcional. [La Cantuta vs. Perú, f. 142]. Solo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que, por su propia naturaleza, atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

La historia se repite

Con la ley aprobada, se aprecia una repetición de patrones: un grupo en el poder que busca evadir la justicia recurriendo a estructuras militares o a fueros especiales.

Nos preguntamos: ¿por qué regresar a esas experiencias pasadas? ¿Por qué retroceder las agujas del reloj hacia una etapa donde muchos ciudadanos padecieron el abuso de la intervención policial y militar?

Posiblemente, la inseguridad ciudadana ha llevado a que se busque un atajo para retornar a ese viejo esquema de control; pero también hay una justificación política de quienes impulsan este nuevo escenario para el juzgamiento de los policías y militares, como sería afianzar su poder, aprovechando ese clima de temor que se vive en estos tiempos frente a la delincuencia. Sin embargo, hay un detalle que se tiene que advertir: la sociedad de hoy no es la de 1990; es más crítica, más vigilante, más articulada en redes sociales y con exposición en las calles.

Pueden intentar repetir el modelo, pero van a encontrar una resistencia mucho más fuerte. Son otros tiempos, las sociedades cambian, las instituciones son más complejas y hay nuevas luchas por la justicia.

Aunque haya un eco del pasado, estamos bajo un contexto distinto. Si bien no se ha roto completamente la fachada democrática, sí hay una erosión grave de las libertades, del Estado de derecho y de los pesos y contrapesos.

Nos vamos aproximando gradualmente a un autoritarismo y, frente a ello, no se puede guardar silencio, comenzando con JM Balcázar, quien tiene el deber constitucional de observar la ley aprobada como presidente de la república. ¿Lo hará?

Un acuerdo democrático parlamentario es más que una alianza para conducir las mesas directivas en Diputados y Senadores o para repartirse las comisiones. Es un compromiso, una ruta y una agenda que permitirían iniciar la recuperación del equilibrio de poderes y la vigencia de las reglas de juego, donde las formas no traicionen el fondo. Es, al mismo tiempo, una irrepetible oportunidad para reformar la actividad parlamentaria, extraviada en los últimos 10 años.

Tres tendencias que se echan a andar en los últimos días contradicen, de modo suelto, la posibilidad de ese acuerdo. La más visible, el minimalismo formal, se satisface con que el poder deje de ser radical en la palabra. Se empeñan en ofrecer, desde la independencia, sugerencias novedosas y bien intencionadas a los ganadores de la segunda vuelta, con énfasis en gestos y concesiones; es decir, en hacerse potables. En el paquete de sugerencias, no obstante, no se encuentran menciones a compromisos sobre la captura del Estado, la legislación autoritaria de los últimos años y las prácticas silenciadoras contra quienes el poder considera adversarios por destruir.

La otra tendencia es la trampa de la bisagra. Parte de un rayado de cancha que arguye que lo fundamental es la identidad del mapa parlamentario y la preservación de su origen electoral, a despecho del contexto surgido en la segunda vuelta y luego de ella: dos grupos de derecha, dos de izquierda y dos de centro, de modo que la clave de la gobernabilidad reside en el arbitraje, el balanceo (que no es lo mismo que balance) y la administración del futuro caso por caso, ley por ley, crisis por crisis.

El centro es un espacio sugerente y útil en un régimen de libertades, por lo que el concepto completo es “centro democrático”; es decir, un proyecto moderador en un régimen tensionado por los extremos. Es más, uno de los resultados positivos de las recientes elecciones es la reposición del espacio centrista abandonado por partidos antes democráticos al ser domesticados por la derecha radical, razón por la cual todos los grupos del antiguo centrismo perdieron su inscripción electoral.

El nuevo centro no puede ser objeto de una nueva domesticación. No es viable pretender esa ubicación frente a un poder autoritario que, además, posee el control de casi todas las instituciones. Por lo mismo, centro democrático no es sinónimo de centro arbitral o arbitrario.

La idea de un centro arbitral obedece a una certeza incompleta: que Fujimori puede liderar un gobierno que parta de cero, que sea democrático y que desarme el entramado de la República Obscena, tres variables que carecen de señales. El mismo partido ganador de las elecciones hace inútil la existencia de un grupo bisagra en el Congreso. La campaña electoral y las recientes expresiones de sus voceros indican que Fuerza Popular no gobernará partiendo de cero –“vuelve Fujimori”, “vuelve el orden” y “Fujimori gobernará como gobernó Fujimori”–, sino que será doblemente continuista, del régimen 1992-2000 y del 2003-2026.

La política parlamentaria arbitral/arbitraria puede obedecer a una urgencia pragmática, con los ojos puestos en el mediano plazo —como que la falta de gobernabilidad lleve a una implosión del poder que derive en elecciones adelantadas—, aunque su principal error consiste en ignorar la path dependence, la dependencia de la trayectoria, y la fortaleza del establishment que sustenta desde ahora mismo a la nueva administración.

La tercera tendencia es un tanto más elaborada y parece ser asumida por los grandes medios de comunicación y el establishment político y económico. En realidad, es una operación consistente. Argumenta que el imperativo de orden y progreso demanda que el partido de gobierno comparta la dirección del Congreso, de modo que se evite una oposición rígida como la que tuvieron PPK, Vizcarra, Sagasti y Castillo. En buena cuenta, se busca un poder bastante parecido al modelo Congreso/Boluarte 2023-2025, un pacto parlamentario 2.0 con el añadido de que, en este caso, el Ejecutivo tiene las bancadas más numerosas en las cámaras del Legislativo. En resumen, un futuro repartido, pero no compartido.

Un pacto 2.0 necesita una base más amplia fuera de las instituciones, a tono con la disposición del liderazgo empresarial de participar directamente en la gestión del gobierno. Varios artículos y declaraciones de los últimos días reportan que es probable que los llamados sectores productivos y su periferia —MEF, Produce, Midagri, Energía y Minas, Mincetur, Trabajo, Vivienda y Transportes— tengan ministros provenientes de las altas responsabilidades empresariales, sean operadores políticos del poder económico o ejecutivos que luego retornen a sus actividades de origen a través de las puertas giratorias.

Las tres tendencias —el minimalismo formal, la trampa de la bisagra y el pacto 2.0 con participación del poder económico— concluirán en la formación de un gobierno que ignore el resultado electoral. Las tres comparten el mismo sentido común que parte de la premisa falsa de que en el Perú existe un régimen democrático y que el 7 de junio ganó una opción que gobernará democráticamente.

No es un error o razonamiento equívoco inconsciente. Es una estrategia de poder que, si se concreta, logrará un resultado inverso. Un Congreso cómplice del Ejecutivo perderá más rápidamente su legitimidad y será objeto de rechazo temprano en los territorios. No ocurriría solo con la Cámara de Diputados, descentralizada por su esencia, sino también con la Cámara de Senadores. De los 60 senadores electos, 24 obtuvieron votaciones territoriales, en tanto que otros 20 fueron elegidos con votos mayoritariamente obtenidos fuera de Lima.

La formación de un gobierno tecnofujimorista también ocasionará tensiones en el sector conservador del Parlamento. Renovación Popular será un aliado díscolo y quisquilloso —el narcisismo de las pequeñas diferencias— que ahora mismo mantiene discrepancias con los grupos económicos que siente que lo perjudicaron en las elecciones.

El nuevo mapa político trasciende el resultado electoral. Como en todo sistema destruido, en las elecciones y antes de ellas irrumpieron poderes tácitos, como los territorios, o decayeron centros de poder, como Lima, fenómenos que no pueden ser ignorados. Gobernar desde Lima, a nombre de Lima y con los recursos superestructurales de Lima es una promesa de desorden, aunque la política del establishment limeño tiene un problema mayor: quiere reconstruir el régimen económico neoliberal, un estado de cosas agónico del que solo sobreviven sus demandas mercantilistas, reseñadas varias veces en los comunicados del Consejo Fiscal.

Frente a la posibilidad de prolongar el régimen híbrido a través de un gobierno oligárquico limeño, no existe otra ruta que un acuerdo democrático en sede parlamentaria que forme parte de un diálogo nacional, que emprenda la tarea de tejer nuevos contratos duraderos para las instituciones, la sociedad y el mercado, y repare la larga exclusión de las mujeres, los trabajadores y los territorios insumisos. Es volver a la política, a la mediación social y al esfuerzo por un futuro compartido.

El argumento, en lo narrativo, resulta interesante. Una periodista recibe el testimonio del exagente Josué Souza, quien le relata la verdadera historia de lo que realmente pasó en esa madrugada de julio de 1992. Lo dicho por Souza está inspirado en el libro Sueños de justicia. La verdad del llamado Grupo Colina (2014) del exagente Jesús Antonio Sosa Saavedra, conocido como Kerosene. Obviamente, se trata de una película de ficción forjada desde la visión de la derecha, cuyo propósito es ofrecer otra perspectiva de las acciones cometidas por los comandados por Santiago Martín Rivas. Pero el problema no es su ideología (ninguna obra de arte debe ser juzgada bajo el prisma ideológico), sino su tratamiento. Se nota el apuro, del mismo modo la improvisación que podemos apreciar en toda su magnitud en la configuración formal de los diálogos, básicos y apofánticos. Ni hablar de las actuaciones, menos de la pésima fotografía. Al lado de Cantuta: la orden secreta, Chavín de Huántar: el rescate del siglo (2025) es El imperio contraataca (1980).

El documental sobre La Cantuta

En la plataforma Prime Video podemos encontrar el documental La Cantuta en la boca del diablo (2011) de Amanda Gonzales Córdova. Antes de abordarlo, no podemos dejar de subrayar que un documental peruano se encuentre en la programación de una de las plataformas de películas, series y documentales más vistas del mundo. No es un hecho menor. Su presencia en Prime Video responde a su importancia como proyecto de no ficción, no a su ideología. Eso es indudable.

Tenemos al experiodista Edmundo Cruz como protagonista del relato de La Cantuta en la boca del diablo.  Cruz es uno de los referentes del periodismo de investigación del país. Este caso para él, por decirlo de alguna manera, es uno de sus grandes hits. Fue uno de los primeros en seguirle la ruta al Grupo Colina, primero desde la revista Sí y luego en La República desde 1997.

Como señalamos líneas atrás, los proyectos no deben ser juzgados desde su ideología. La Cantuta en la boca del diablo tiene una ideología de izquierda, pero su valor no radica en ello, sino en la forma como Gonzales sigue al periodista en sus indagaciones sobre lo que pasó con los estudiantes de La Cantuta y el accionar del Grupo Colina.

Las tomas a nuestro personaje rara vez son directas; lo que hace la cámara, principalmente, es seguirlo. Bajo esa estrategia, vemos a Edmundo Cruz yendo al Congreso para entrevistarse con parlamentarios, cruzando información con otros colegas y dirigiéndose al lugar de los hechos, tanto a La Cantuta como a la Quebrada de Chavilca, en Cieneguilla, en donde se encontraron las fosas de los restos calcinados de algunas de las víctimas. Igualmente, se cuenta con los testimonios de los activistas Raida Cóndor, Francisco Soberón y Gisela Ortiz Perea; y del periodista de investigación Ricardo Uceda, autor de Muerte en El Pentagonito (2004).

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en el año 2009. Uno de los puntos de la sentencia estaba relacionado con el caso La Cantuta. En este sentido, este documental es un ejemplo de rigor periodístico, es decir, se ampara en hechos comprobados más allá de consignas ideológicas. En cuanto a Edmundo Cruz, pues nos brinda una clase magistral, tanto en su metodología de investigación como en la actitud que se debe tener ante lo que se investiga. La noticia es la noticia, no el periodista. Maestro.

El panorama no es sencillo para el fujimorismo. En su cuarto intento, Fuerza Popular logró alcanzar el Poder Ejecutivo, pero con cerca de la mitad del país aún opuesta a la propuesta política naranja. A ello se suma otro dato relevante: dentro del territorio nacional, la diferencia continúa favoreciendo a Roberto Sánchez. El candidato de Juntos por el Perú mantiene una ligera ventaja de 0,20% sobre Fujimori si se excluyen los votos emitidos en el extranjero.

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¿Qué significa para Keiko Fujimori ganar una elección por un margen tan reducido? Para Labaqui, esto implica que enfrentará un mandato con una legitimidad electoral limitada.

"No solo por haber ganado por un margen exiguo, sino también porque, a pesar de haber sido la candidata más votada en la primera vuelta, obtuvo solamente un 17% de los votos. Probablemente tenga una luna de miel corta. Sin embargo, dado que probablemente comenzará la gestión con expectativas bastante bajas por parte de la ciudadanía, si su gobierno supera esas expectativas, tiene una oportunidad de crecimiento".

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Un escenario recurrente en el Perú

El panorama peruano resulta particularmente preocupante. Las dos elecciones anteriores —2016 y 2021— también registraron márgenes de victoria extremadamente estrechos para los candidatos que finalmente llegaron a la Presidencia: Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente.

En ambos casos, la diferencia fue inferior al 0,3%. Kuczynski obtuvo la victoria con un margen de 0,24%, una cifra muy cercana a la actual diferencia entre Sánchez y Fujimori. Castillo, por su parte, fue proclamado presidente con una ventaja de 0,26% sobre la candidata fujimorista.

Si la disputa entre el fujimorismo y el antifujimorismo se ha convertido en una constante de las segundas vueltas peruanas, el respaldo a una u otra fuerza ha bastado para dividir prácticamente en dos al electorado.

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¿Existe alguna relación entre el hecho de que las tres últimas elecciones presidenciales se hayan definido por márgenes tan estrechos y que esos tres periodos hayan estado marcados por crisis políticas y salidas anticipadas de presidentes? Labaqui considera que no. A su juicio, la principal explicación radica en el diseño institucional y en la configuración del Congreso.

"Todos los presidentes desde 2016 en adelante tuvieron un escudo legislativo bastante precario. El Congreso estuvo caracterizado por una fragmentación bastante elevada. Los presidentes de gobiernos minoritarios, si no logran ampliar su base de apoyo legislativo original y construir una coalición mayoritaria o, si no es posible, al menos una que los blinde frente a un impeachment —o una vacancia, en el caso peruano—, son muy propensos a tener dificultades para completar el mandato. No es un fenómeno exclusivo del Perú, sino de toda la región", señaló.

La situación en perspectiva

En toda Latinoamérica, solo la elección de Salvador Sánchez Cerén, en El Salvador, se resolvió por un margen igual. El antecesor de Nayib Bukele fue elegido en 2014 tras imponerse por 0,22% a Norman Quijano. Su gestión concluyó con altos niveles de desaprobación: cerca del 75% de los salvadoreños rechazaban su gobierno poco antes de que entregara el poder al actual presidente del país centroamericano.

Otro caso relevante en la región es el de Colombia. El país también atravesó un proceso electoral este 2026, que dio como ganador al ultraderechista Abelardo de la Espriella. El candidato del partido Defensores de la Patria derrotó a Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico —agrupación liderada por el actual presidente, Gustavo Petro—, por una diferencia de apenas 0,96%.

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Debido a la cercanía temporal de ambos procesos electorales, resulta inevitable comparar la situación de Perú y Colombia. Para Labaqui, sin embargo, existen más diferencias que similitudes, empezando por el perfil de ambos candidatos vencedores.

"De la Espriella es un outsider; Keiko postula por cuarta vez a la Presidencia. El fujimorismo, aunque hayan transcurrido 26 años desde el fin del gobierno de Alberto Fujimori, sigue siendo una identidad política importante. En Colombia hubo polarización desde la primera vuelta; en Perú predominó la fragmentación", señaló.

También resulta relevante que tanto Cepeda como De la Espriella llegaron a la segunda vuelta con más del 40% de respaldo en la primera ronda. En contraste, ni Fujimori ni Sánchez alcanzaron el 20% de las preferencias nacionales y, aun así, avanzaron al balotaje.

"En la segunda vuelta sí hay similitudes: fueron elecciones altamente competitivas y con una elevada polarización ideológica. La distancia entre las propuestas de ambos candidatos era muy amplia. En ambos países, como viene ocurriendo en otras naciones de la región, el centro moderado tiene poco atractivo electoral y pierde espacio", concluyó Labaqui.

Esta entrevista va a abordar el tema de su candidatura a la Municipalidad de Lima, pero antes, una pregunta personal: ¿cómo está su salud?

Mi salud está bien. Se tergiversó mucho sobre el tema de mi salud. Como yo soy una persona pública, que me vieran en dos clínicas, durante 15 días, entrando y saliendo, era para que la gente lo comente. Y si no lo decía en mi campaña, la gente pudo haber dicho que Belmont omitió algo.

En todo caso, recuerdo la conversación que tuvo con Rosa María Palacios y ahí dijo que los médicos le indicaron que le habían detectado un cáncer irreversible, pero que luego usted viajó fuera del país y que allí le dieron un diagnóstico más esperanzador.

Bueno, lo que pasó fue que yo fui por una cosa y me encontraron la posibilidad de que hubiera un tema de cáncer. Y el médico, después de 15 días, me dice: Hemos hecho la evaluación y todo es benigno, eres un hombre sano. Pero cuando fui donde Rosa María yo venía de la clínica…

Todavía no tenía esa precisión.

Sí. Pero está bien lo que dijo Rosa María. Había esa posibilidad, 50-50. Es como cuando te detectan un lunar, que si es un lunar hay que sacarlo. Pero ese lunar no está acá afuera, está adentro y en un lugar en que no se puede sacar.

En todo caso, está totalmente dispuesto para empezar con la campaña.

Absolutamente.

Porque incluso llegó a decir que, si algo pasara, para eso estaba su teniente alcalde.

Es que siempre puede pasar algo a mi edad. Son 81 años. La gente se muere joven. Y yo he tenido experiencias en mi vida muy cercanas a la muerte, como el balazo del 85.

¿Alguna vez se supo quién fue el responsable de ese atentado?

Se especuló mucho.

¿Pero usted sabe quién fue?

Bueno, he intuido, más o menos.

Pero no lo quiere contar.

No.

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Vaya. Empecemos con el tema de la campaña, alguna vez ha dicho que Lima, en la elección presidencial, no entendió que es un crisol de todas las sangres, y que de allí vino el terruqueo contra las personas que piensan distinto, ¿por qué quiere ser alcalde de una ciudad que es así, que tiene esta disposición para la discriminación?

Primero, porque yo nunca discrimino a nadie. La gente sabe que Ricardo Belmont, durante casi toda su vida, ha mantenido las mismas convicciones. Es lo que dije en Habla el Pueblo. Empecé con lucha, estudia, trabaja, produce mejor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza por tu tierra patria, tu amor y tu ser. Eso se mantuvo toda la vida.

El jingle famoso

Que encierra que hay que pelear hasta el final. Si ya me siento mal y hubiera pasado lo que pudo haber pasado, imagínese. Con 40 de fiebre no se puede trabajar. Y yo mantuve la campaña con 37, con 38 de fiebre, porque todo esto empezó en enero y terminó la campaña el 12 de abril, pero siempre afiebrado y siempre en una condición que me costaba.

Así que tuvo episodios complicados de salud durante toda la campaña.

Claro. Estaban investigando. Durante todo enero y febrero estaban haciendo estudios.

¿Por eso mismo no fue a votar?

Yo no fui a votar porque yo no voto por mí mismo. Votaron mis dos hijos menores.

¿Cuál sería su prioridad si llega a ser alcalde nuevamente?

Mi prioridad es mirar en qué situación se encuentra el municipio, porque las voladas son que el municipio está endeudado, que el municipio tiene una deuda impagable. La Contraloría tendría que hacer una auditoría, es lo primero que pediríamos. Y, segundo, iniciar un plan de obras que jamás se ha visto, con el presupuesto que tenemos que ver.

Si es que lo tienen.

Si es que lo tenemos; si no, tenemos que revelarle la verdad al pueblo. Yo creo que lo que el pueblo quiere es transparencia. Ya está harto de los políticos que han mentido o que han sostenido cosas que no tienen valor. Y, como yo soy deportista, siempre digo que al hombre se le mide por los hechos y no por lo que diga.

Ahora, debe tener en mente al menos una gran obra.

Si yo digo hoy día mi estrategia de obras, la repiten mañana todos.

Lo mismo dijo en la campaña presidencial, con el plan de gobierno, por eso no quería presentarlo.

Mantuvimos en silencio nuestro verdadero plan, porque todo lo que yo decía en las redes, luego lo escuchaba en la televisión dominante y perversa que hemos tenido en esta campaña.

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¿Siente que esta elección es solo vecinal, que solamente servirá para ayudar al pueblo de Lima en sus dificultades o también será una cosa simbólica, que el próximo alcalde será una especie de figura que hará contrapeso a la presidenta Fujimori?

A ver, si Keiko fuera presidenta, asumiendo esa tesis, tiene que gobernar en un pacto con el país. Porque si hay 16 regiones que no la aceptan, ¿cómo va a hacer? Sería, en todo caso, la presidenta de Lima y de una parte del norte del país.

Y además con un alcalde de Lima que podría ser un opositor.

Bueno, si yo sí llego como alcalde, solamente voy a tratar el tema del vecino, no me lleven a la parte política. No quisiera yo politizar la alcaldía. Pero sería politizada de alguna manera, porque quien soy me obliga a tener una posición política. Las vigas maestras de mi partido están claras. Las sostengo durante más de 30 años y son un poco duras contra los que vendieron el país.

Claro, usted ha sido opositor a Fujimori.

Desde el año 95, cuando en todas las plazas del Perú dije: Cuidado con vender las riquezas naturales, con enajenar el país, cosa que se ha hecho y que hay que revisar.

Usted ha dicho en algún momento que los responsables de la derrota del señor Sánchez en la segunda vuelta son los peruanos en el exterior, ¿se ratifica en eso?

No he dicho que son los responsables. Los responsables son Transparencia e Ipsos, que adelantaron opinión y nos dieron todas las dudas. Después de 26 años se repite la historia, dieron ganador a Fujimori y al final ganó Toledo. Es un déjà vu para mí, yo ya vi esta película. Para mí, Keiko ganó con el cambio de las reglas de juego en pleno partido. Si en la primera vuelta funcionó la digitalización de los votos extranjeros, en la segunda, ¿por qué no se hizo? Esa es la pregunta que subyace en la cabeza de cualquier persona que analiza los hechos. Acá hay que explicar que el sentido común de la gente no va a aceptar fácilmente el triunfo de Keiko si no hay una conversación entre las dos fuerzas, que son como dos trenes que tienen la misma velocidad, la misma masa y la misma fuerza, y que van a colisionar.

Entiendo su posición, pero Sánchez tampoco tuvo buena performance en las provincias del país, si lo comparamos con Pedro Castillo. Castillo hizo mucha mejor votación en plazas importantes como Cusco y Cajamarca. Así que su único problema no son los votos fuera del país.

Es que los votos valen igual, los del exterior con los de Lima. Lo que está mal es el procedimiento, este cambio que se hizo. Yo voy al médico y le pido mis análisis de sangre, y el médico me dice antes te los daba, pero a partir de ahora ya no te los doy. ¿Y por qué? Porque ahora tienes que pagar para que te los den. Eso fue lo que ocurrió. Nosotros no tenemos nada contra nuestros hermanos que están en el exterior, pero lo que llama la atención es que se reciben los votos de un pueblo menor y no se reciben los votos de Argentina, no se reciben los votos de Estados Unidos, por favor. ¿Los reyes de la tecnología no pueden enviar los resultados? Es raro. Y Keiko lo sabe, porque si no lo supiera, no pediría un gobierno de ancha base.

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Ayer estuvo en una reunión con el señor Sánchez y el señor López Chau, ¿actuarán como un bloque dentro del Congreso?

Ese bloque fue hecho para la campaña.

Fue una cosa electoral.

Para mí, la patria está primero, después el movimiento y tercero las personas. Y nosotros, todo lo que sea bueno para el país, vamos a apoyarlo, vamos a derogar las leyes a favor del crimen que ha dado este Congreso, que ha tenido 2% de aprobación.

Esta intención de derogar las leyes pro crimen es interesante, pero, ahora mismo, con los votos que tienen, no les alcanza, necesitarían tocarle la puerta al señor Jorge Nieto, que a usted no le cae muy bien.

Ayer le di la mano, ayer nos vimos. Yo le dije: Jorge, la pelea terminó, tenemos que conversar.

Así que usted aplicó su famosa frase de abrazos y no balazos con Nieto.

Es una frase que tiene mucha fuerza. En la parte histórica, cuando uno dice abrazos y no balazos, uno no se refiere a la Policía, se refiere al concepto de país. Yo no quiero un país en el que se siga matando gente. Y acá hubo muertos, en el gobierno de Dina Boluarte, acusados de terroristas. Y acá todos éramos terroristas. Yo hasta hace una semana era un zurdo de mierda para la prensa. Ahora dicen hay que conversar.

Le corté cuando me estaba contando que se encontró con el señor Nieto. ¿Qué conversaron?

Nieto me dijo: Nada es personal, amigo Ricardo. Y podemos conversar. Le dije que conversemos, porque tenemos que unir al país. Hemos sido gobernados, de alguna manera, lo queramos decir o no, por el poder que ha tenido el fujimorismo, que se tumbó a PPK. De ahí lo intentaron con Castillo, lo lograron. Ahí sí el fujimorismo no reconoció el triunfo de Castillo. Todo lo planearon. Yo dije que esto era un fraude el primer día que me inscribí, por eso es que yo no lloro sobre la leche derramada. Yo lo dije: vamos a una elección con visos de fraude. Y el fraude empezó con la creación de 36 partidos, con que volvamos al Senado.

Ahora, en este Senado que no le gusta va a tener 5 representantes, y en la Cámara de Diputados unos 14. La pregunta es, ¿actuarán siempre como un bloque? ¿Qué garantía hay de que alguno no deje la bancada y se conviertan en una especie de federación de independientes más que en un partido?

Bueno, en Obras no creo que pase eso, porque se ha firmado un pacto de lealtad, de humildad y amor a la patria. Y en Obras, los espartanos saben que el que traiciona es separado, perseguido, por los mismos espartanos.

¿Perseguido de qué manera?

Perseguido mediáticamente, con la inmensa cantidad de espartanos que hay en redes sociales. Yo estoy acá porque se creó una filosofía estoica, para aguantar el silencio de la discriminación. Acá invitaban a los canales de televisión, a todos los candidatos, incluso a los que tenían 1%, los levantaban, y todos hablaban mal de Ricardo Belmont. Y Belmont no podía ir a hablar. Y si yo hubiera tenido televisión ganaba en primera vuelta.

¿En serio está convencido de eso?

Pero absolutamente convencido, porque yo empecé mi campaña en el 23, yo viajé a Puno, a Juliaca.

Vaya, lo veo modesto.

Precisamente, la peor de las mentiras es la falsa modestia.

¿Así que con unas cuantas apariciones en la televisión usted hubiera ganado en primera vuelta?

Pero escuche usted lo que dijo López Aliaga. Dijo que iba a ganar en primera vuelta, Álvarez también. Todos se copiaron lo que a mí no me permitían sustentar. Y yo tenía el sustento, soy una persona que durante veinte años no la han invitado a la televisión, son veinte años que me han dicho ladrón y estafador. Milagros Leiva junto con Juliana Oxenford y otros periodistas dijeron que incluso a mi hijo minusválido lo había maltratado, esto fue un fusilamiento mediático.

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Ahora, su partido no ha cumplido con presentar el número mínimo de candidaturas a los gobiernos regionales.

Nos faltó uno.

Sí, pero eso hará que pierdan su inscripción.

No me preocupa eso porque Obras se levanta de las cenizas. Pierdo la inscripción y los espartanos volveremos a inscribirnos, no hay problema. La ley se hizo para que no pasaran los partidos que no estaban en la nómina de esta mafia que nos ha gobernado, esta mafia que ha atacado a todos los que no éramos adictos a esa llamada derecha bruta y achorada, que nos ha dicho rojos, zurdos. Y la gente de izquierda no me considera a mí de izquierda, pero me aprecia, porque saben que soy consecuente con lo que vengo diciendo. Te voy a contar una anécdota. Cuando estaba con Sánchez, yo dije: Queremos un canal de televisión, el canal del Estado.

De hecho, era uno de los acuerdos con Roberto Sánchez.

No, no era un acuerdo. Se me salió.

¿Ah, sí? ¿Lo dijo sin que lo supiera el señor Sánchez?

Lo dije porque yo no tengo un libreto que me ha dado Sánchez.

¿Y cuál era la idea?

La idea era que se transparente todos los días, con el periodismo peruano, lo que se está haciendo. Que una licitación sea conocida por el público. Si se va a licitar una nueva mina, que se ha encontrado, que se diga.

Al estilo de las mañaneras de la señora Sheinbaum.

Más o menos, sí.

¿Y usted quería administrar ese canal?

No, yo no estoy para administrar nada. Era la idea, como este canal que ahora tienen ustedes, porque La República ya es un canal. Y hoy se puede hacer un canal con 5 mil soles. Se necesita una escenografía, un backing y unas cámaras. ¿Cuántos canales de televisión hay hoy en día? Todos los influencers tienen sus canales.

El tema de la televisión es algo recurrente en su discurso. Parece que tiene un poco de nostalgia de su época de broadcaster.

Pero por supuesto, yo nací entre tubos de radio. A los 11 años, mi padre compró radio Excelsior. Y desde ahí viví en la radio, estudié en la radio e hice radio desde que tenía 22 años.

Incluso en las vigas maestras de su partido habla de la televisión, es un tema permanente en sus propuestas.

Cuando yo era chico, mi padre me dijo: ¿Ves este fierro? Y era un micrófono, bastante grande, de la época. Y luego siguió: Con ese fierro, un país puede levantarse o puede hundirse, depende de las personas que hagan uso de él.

Si es una persona apasionada por la televisión, ¿qué sintió cuando perdió su canal?

Sentí que tenía que volver a hacerlo. Yo no lloro sobre la leche derramada. Cometí el error de dárselo a mi hijo, cuando me metí a la política. Y cuando quise que me lo devuelva, ya no quiso. Le dije: Te estás portando mal con tus hijos, con tus hermanos menores, que en ese momento tenían 3 y 8 años. Le pedí que lo devolviera. Y allí está el problema. Lo voy a recuperar, no hay problema. Si Dios me da salud.

¿Entiende que ahora mismo habrá unas cuantas personas decepcionadas de su vieja idea de hacer un canal comunitario, por cómo nació RBC, con los aportes de tantos?

Yo traje esa idea de Estados Unidos.

Ya, pero la hizo acá, con aportes de peruanos.

Me equivoqué de país.

¿Cómo es eso?

Es la envidia. Fue un canal que funcionó perfectamente por 10 años. Se inauguró en el 86 y en el 96 empezaron a decirme estafador. Pero en ese tiempo, en esos diez años, todos los políticos fueron al canal del supuesto estafador, ¿cómo es eso?

¿Y los aportantes recibieron algún beneficio?

No era un banco, era una inversión. Y a veces se caen las acciones. A mí la Sunat me persiguió desde el 96 y pagué más impuestos que todos los canales, fueron 34 millones de impuestos.

Tiene 81 años, ¿siente que tiene alguna deuda pendiente con alguna persona?

Bueno, tengo que arreglar con mi señora, de la que me estoy separando. Tengo que arreglar con mis hijos, que me tienen que devolver lo que es mío. Tengo que luchar por mis espartanos, que han creído en mí y me han dado casi un millón 700 mil votos.

¿Y tiene algún enemigo?

Muchos, asolapados. Son los que me preguntan cosas y empiezan diciendo: Dicen tal cosa de usted. Pero no tengo ningún resentimiento. Tomo eso deportivamente. Soy deportista. He sido noqueado en el boxeo, me rompieron las piernas en el fútbol.

Le dispararon en el 85.

Me ha pasado de todo. Tengo 14 operaciones.

Y acaba de descartar un cáncer.

Sí, al menos que venga un infarto en el camino.

No lo preocupe al señor (Harold) Forsyth.

No, él estaría feliz. Sería el alcalde. Él es un amigo mío. Yo le pedí que sea el alcalde, pero me dijo que se encargaría de traer al equipo de técnicos. Y ahora es el candidato a teniente alcalde.

—¿Alguna vez has visto al mundo tan convulsionado como ahora?

—Ha habido otros momentos históricos bastante convulsionados en el mundo. En los años 30, por ejemplo. Es importante poner este momento en perspectiva histórica. Desde la Segunda Guerra Mundial y la construcción del nuevo orden internacional, global, que dividió al mundo en dos bloques políticos e ideológicos, este es el periodo más turbulento. Este tipo de nuevo orden ya venía debilitándose. Ahora estamos viendo que están surgiendo muchas ideas radicales, con figuras políticas primitivas, lo cual está generando mucha incertidumbre y caos en el mundo. Como dijo Gramsci, estamos en un interregno al final de una época; pero la nueva época no ha sido construida todavía. Hacerlo toma tiempo y estamos viendo en ese ínterin movimientos fundamentalistas, muy radicales, muy antisistema. Esto se está viendo en todas partes.

—¿Por qué ocurrió esto? Hasta hace no muchos años estábamos en una aparente tranquilidad.

—Después de la Guerra Fría, en los años 90, con la caída del muro de Berlín, hubo otro ánimo, más esperanza en el mundo. Pero ya en este siglo, con las guerras en Afganistán e Irak y toda la ola de gobiernos, empezando con Chávez en Venezuela y también en otras partes del mundo, esas estructuras ya venían debilitándose, así como la incapacidad de los gobiernos nacionales e instituciones globales para resolver los problemas. Quedaron en la retórica, en promesas poco cumplidas, lo cual ha preparado el terreno para esos mensajes más demagógicos y populistas. Pero esto no pasó de golpe. Desde mi perspectiva, se está llegando a un punto más complejo.

—Las guerras siempre han sido económicas, pero ahora lo económico está definiendo todo. Nunca antes, de esta forma tan determinante, se ha visto.

—Tal vez esté relacionado con los cambios en China. China, como sabemos, tiene una proyección global, con actividades económicas muy relevantes para otros países. Esto está generando una competencia con modelos y experiencias de Occidente sobre quién puede ofrecer y producir resultados para ganar legitimidad frente a la gente. Esto se expresa netamente en términos económicos, como el nivel de vida, las condiciones de empleo, y el acceso a la salud y a la educación. A eso sumemos que ha habido una recesión democrática en el mundo. Samuel Huntington habló de una tercera ola de la democracia en los 70. Pero no terminó siendo exitosa, porque no generó legitimidad ni produjo resultados económicos y sociales para muchos países. Entonces, es lógico que se hayan presentado otros tipos de alternativas, otras formas políticas y otra clase de figuras que han ganado mucha fuerza en los últimos años.

—Hace unas semanas Trump y Xi Jinping sostuvieron una reunión comercial en Pekín. Aunque poco antes se estuvieron diciendo de todo. La población ve esto y se pregunta hacia dónde estamos yendo.

—Estamos yendo en muchas direcciones. No vamos en una sola dirección. No es lo más útil pensar hacia dónde va el mundo, porque estamos en un momento en el que hay muchas presiones muy contradictorias. Por ejemplo, si tomas solamente la política de Estados Unidos con respecto a China. Si ves la estrategia de seguridad nacional que salió a finales del año pasado, hay énfasis en el aspecto de competencia económica, pero también de cooperación. Sin embargo, en la parte sobre América Latina, Estados Unidos tiene una posición más dura con respecto a China, porque busca frenar su presencia e influencia en aspectos económicos en América Latina. Eso es evidentemente una contradicción. Con China hay que llevarse bien y hacer negocios, pero por el lado de América Latina hay una posición más dura que ha afectado a algunos países más que a otros. Si nos ponemos a buscar una sola dirección, vamos a salir decepcionados.

—Lo geopolítico es clave. ¿Cómo está América Latina en este escenario?

—Llevo cuatro décadas trabajando y escribiendo sobre la región y sobre su relación con Estados Unidos. En primer lugar, nunca he visto a la región tan fragmentada ni tan polarizada. Cada país anda por su cuenta. Hay poca colaboración entre ellos, poco ánimo para integrarse. Este es uno de los aspectos más decepcionantes de América Latina en los últimos tiempos. Tampoco he visto a Washington actuando en tantos frentes, con políticas de aranceles; pensemos en los ataques a las lanchas en el Caribe y el Pacífico; lo que pasó con Maduro, lo que pasó con México, y ahora con Brasil y Colombia, además de Panamá con respecto al canal. Si esto significa una estrategia, un plan coherente, no está muy claro. Como nunca antes, Estados Unidos está muy atento a América Latina. Me parece preocupante el poco interés en temas de democracia, derechos humanos y Estado de derecho. No recuerdo una administración en la que haya habido menos atención a esos temas, que para mí son importantes. Yo me acuerdo del golpe militar en Chile en 1973 y las críticas contra el presidente Nixon, pero Nixon es Gandhi comparado con Donald Trump. Trump está haciendo lo que le da la gana. Está aplicando sanciones y amenazas. Yo me temo que, si esto podría funcionar para Trump en el corto plazo, está sembrando las bases para un saldo muy negativo para Estados Unidos y, a largo plazo, sobre las economías de América Latina. Eso es lo que nos enseña la historia. Eso se puede repetir.

—Lo que estamos viviendo se define más en el segundo gobierno de Trump. Con las elecciones de noviembre de mitad de mandato, ¿se va a reforzar esta actitud de Trump o se va a moderar?

—Va a seguir igual. Incluso se puede acelerar más. Trump está muy golpeado y está pensando, más que nunca, en su legado, y hará cosas donde no hay resistencia. En estos momentos no hay resistencia porque su partido controla el Congreso. Si los demócratas ganan, Trump buscará reforzar su política exterior y dejar, como dije, su legado. El apetito de Trump por dominar no ha acabado y no acabará, aun siendo derrotado en noviembre. Le ha ido muy mal en Irán; con China y los países grandes también. Pero en América Latina es distinto: muchos países dependen de Estados Unidos. No me sorprendería que Trump concentre más poder para consolidar su dominio en la región. No sabemos lo que pasará con Cuba. Puede pasar algo en Nicaragua, también en Panamá. Con Trump no se puede descartar nada.

—¿Y después de enero de 2029, cuando Trump finalice su mandato, las cosas podrían cambiar?

—Yo creo que hasta enero de 2029 hay que apretarse los cinturones. Hay que estar preparados.

—¿Entonces hay esperanza: las cosas podrían cambiar?

—Sí, hay una esperanza. Hay una esperanza de otro tipo de relación, de otro tipo de tratamiento. No estoy diciendo que soy muy optimista sobre una nueva administración con gran comprensión y fuerte compromiso con América Latina. Por lo menos, habrá un cambio en la postura muy agresiva, muy dura, muy, digamos, de matón en América Latina. Si hay otro republicano como Marco Rubio o un demócrata como presidente, va a ser muy distinto.

—Keiko Fujimori y Roberto Sánchez están disputando voto a voto la presidencia. Entonces, por lo que dices, quien salga no va a afectar a Trump.

—No. Para Estados Unidos no hay tanto en juego. Básicamente, en Perú el poder está en el Congreso, que ha sido muy marcado en estos últimos años. Ha habido alianzas para algunas propuestas en el Congreso entre el partido de Sánchez y el partido de Keiko. El caso peruano es muy diferente y todo el tema del giro a la derecha no tiene tanto significado en Perú como en Chile, Colombia u otros países. Obviamente, el tema de China es el más sensible y esto para mí no está muy claro: hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a presionar sobre Chancay y otras inversiones chinas en Perú, y cómo reaccionaría un gobierno de Keiko o uno de Sánchez, porque China es fundamental, ha sido fundamental y sigue siendo fundamental para la economía peruana. Entonces, esto no se puede, digamos, cambiar y hay mucho apoyo. Por eso, no sé hasta qué punto esta administración está interesada en Perú por China o está dispuesta a enfocarse en eso. Tal vez ellos piensen que, como hay mucha cooperación en narcotráfico, no hace falta. Estoy especulando. La administración Trump lleva casi año y medio y parece que hubieran pasado 20 años.

Ante cientos de ciudadanos, Sánchez también manifestó que el pueblo no se rendirá y que su lucha también es por el respeto a la Constitución y los derechos humanos.

En esa línea, el candidato planteó la necesidad de instalar una Comisión de la Verdad para identificar y sancionar los asesinatos ocurridos en el sur del país. "Nuestro pueblo exige justicia para el sur. Quienes mataron y asesinaron, que paguen en la cárcel. La sangre derramada jamás será olvidada", declaró el parlamentario.

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Durante su discurso, Sánchez también denunció trabas al libre tránsito de sus seguidores, que intentaron llegar al Centro de Lima. "Nuestros compañeros han querido venir, les han puesto obstáculos. (…) Es el pacto mafioso de la señora K y todos sus aliados", dijo el candidato.

Además, cuestionó directamente la decisión de las autoridades luego de que el Ministerio del Interior les negara las garantías para marchar en defensa del voto. "Hermanos y compañeros, no nos han dado la autorización para el libre tránsito, nos han enviado un documento que nos dice que no podemos marchar por las calles".

Pese a la restricción, el legislador consultó a la ciudadanía sobre su voluntad de continuar con la movilización. Los asistentes ratificaron su decisión de marchar al grito de "¡Democracia sí, dictadura no!".

El congresista también cuestionó la labor de los medios privados y los acusó de alinearse con una "oligarquía de la derecha política" que, a su juicio, ignora los derechos humanos. "No le tenemos miedo a las denuncias de persecución política. Nuestra voluntad nos tiene liderando este movimiento para recuperar la institucionalidad”, concluyó.

La movilización comenzó tras el discurso de Sánchez, quien exigió el respeto al voto, transparencia en el proceso electoral y la derogación de las leyes procrimen. "Nosotros somos respetuosos (..) Queremos un pueblo que acabe con el pacto mafioso, que devuelva el equilibrio de poderes", añadió el candidato.

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La multitud inició su desplazamiento por el Centro de Lima. Debido a que diversas calles permanecen cerradas por las medidas adoptadas por la Municipalidad de Lima, el grupo ha tenido que modificar su ruta: avanzará por Alfonso Ugarte, tomará Garcilaso de la Vega y luego seguirá por la avenida 28 de Julio con el objetivo de llegar al local de campaña en Paseo Colón.

En el lugar, los ciudadanos han registrado una gran presencia de personal policial y agentes del grupo Terna. Del mismo modo, contrastaron esta situación con la marcha organizada anteriormente por Renovación Popular, cuando denunció un presunto fraude electoral en la primera vuelta, un evento que contó con un despliegue de seguridad menor.

Municipalidad de Lima cierra calles y avenidas por convocatoria de marchas

La Municipalidad Metropolitana de Lima comunicó la restricción vehicular temporal en el Centro Histórico tras el anuncio de marchas para este sábado 27 de junio. Esta medida abarca el perímetro comprendido por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, además de los jirones Paruro y Amazonas y el contorno del río Rímac.

La Policía estará en diversos puntos de control para supervisar que se respete lo establecido. La disposición exceptúa a ambulancias, unidades de bomberos y vehículos policiales, oficiales y logísticos para actividades autorizadas.

Ministerio del Interior denegó garantías para la movilización

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuestionó la decisión del Ministerio del Interior de negar el permiso para realizar una movilización en defensa del voto.

Sánchez indicó que esta medida restringe de manera injustificada el derecho constitucional a la protesta pacífica y a la participación política. "Hemos solicitado garantías al Mininter para poder hacer uso del derecho a libre tránsito en una movilización ciudadana exigiendo justicia electoral y transparencia del voto y nos deniegan el derecho, lamentable".

A los reclamos se sumó la exministra de la Mujer Anahí Durand, quien catalogó la negativa como una muestra de "sumisión al fujimorismo". Cabe precisar que la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías (DGIN-DAEG) desestimó formalmente la solicitud presentada por la agrupación política para este sábado 27 de junio.

En el evento también se encontraba Luis Rubio, candidato a la alcaldía de Lima. Además, López Aliaga extendió la invitación a sumar fuerzas a Carlos Espá, excandidato presidencial del partido Sí Creo.

Por su parte, Carlos Álvarez indicó que su decisión de formar parte del partido celeste responde a su apoyo en la lucha contra la criminalidad. Además, señaló que la alianza va más allá de "los logos, los partidos, las candidaturas, las ideologías o las doctrinas".

El excandidato presidencial de País para Todos también mencionó que su objetivo es "devolver la paz a todos los peruanos" y resaltó que su labor se centrará en mapear las zonas de mayor delincuencia para articular acciones con las autoridades.

"No podemos permitir que una vida valga 15 soles; aquí tenemos que poner mano de hierro", afirmó el humorista.

El candidato a la alcaldía de Lima, Luis Rubio, también celebró la integración de Álvarez al equipo de Renovación Popular y presentó su plan de gobierno municipal, en el que priorizó la seguridad.

Rubio anunció una inversión de 100 millones de soles en inteligencia, incluidas 10.000 cámaras con inteligencia artificial, pórticos de seguridad para reconocimiento facial y la implementación de un "serenazgo sin fronteras" que operará en toda la capital.

Del mismo modo, manifestó que "la luz es el mejor ayudante para ahuyentar a la criminalidad" y anunció el cambio a luminarias LED en las vías metropolitanas como medida complementaria para devolver la seguridad a la ciudadanía.

Se recuerda que el actor cómico y excandidato presidencial, Carlos Álvarez, anunció su renuncia al partido País para Todos hace 4 días. Sin embargo, el pasado 12 de junio se registró su desafiliación. El artista explicó que su decisión responde a la existencia de desacuerdos e incongruencias internas que le impiden continuar en la organización.

López Aliaga presenta descargos ante el JEE para mantener su candidatura a regidor

En paralelo a la estrategia de seguridad del partido, Rafael López Aliaga enfrenta un proceso ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que declaró inadmisible su postulación al cargo de regidor de Lima tras haber sido proclamado senador.

Ante esta situación, Renovación Popular presentó sus descargos y argumentó que no existe impedimento legal para su candidatura. La agrupación sostiene que la Ley de Elecciones Municipales no prohíbe postular a quienes hayan sido elegidos como congresistas o senadores, siempre que no se encuentren ejerciendo el cargo.

Según el partido, la condición de "senador electo" no equivale automáticamente a la de "senador en ejercicio", por lo que, al haber desistido formalmente de juramentar y haber comunicado esta decisión al Congreso y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se descarta cualquier incompatibilidad material o jurídica.

La lista la completan: Jessica Vargas (Barranco), Luis de la Mata (Breña), Emilio Chávez (Cieneguilla), Richard Soria (El Agustino), Diego Uceda (La Molina), Malca Schnaiderman (Lince), Luis Castillo (Los Olivos), Mónica Tello (Pueblo Libre), Eulogio Huyhua (Punta Negra), Néstor de la Rosa (Rímac) y George Robles (Santa Rosa).

Todos ellos postulan como tenientes alcaldes; es decir, son los primeros regidores en sus listas. En caso de que sus partidos ganen las elecciones, una eventual vacancia del alcalde los volvería a poner en el más alto cargo distrital.

La situación que no es propia de estas elecciones, se profundicó tras conocer el caso de Rafael López Aliaga, quien postula como teniente alcalde en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las críticas contra el excandidato presidencial apuntan a una reelección encubierta.

El mismo López Aliaga no ha podido descartar de plano que Luis Rubio (candidato a Lima por Renovación Popular) concluya los cuatro años en el cargo. “Ya dependerá de él”, señaló en una entrevista pasada.

Si bien no existe impedimento legal para que todos ellos postulen, se está desnaturalizando el principio de la ley que prohíbe la reelección inmediata. Para José Naupari, abogado especialista en derecho electoral, existen severos reparos en el plano político y ético.

“La idea de la prohibición de la reelección es que haya una renovación, no solamente en el principio de alternancia, sino también, evidentemente, una revaloración de cuadros partidarios al interior de cada partido político o movimiento regional”, señaló en su momento para La República.

Cabe precisar que también existe la posibilidad de que, en pleno proceso electoral, las candidaturas a las alcaldías se caigan, ya sea por una renuncia o porque el candidato sea retirado del partido. “La lista no se cae, continúa. Y en el caso hipotético de que gane, quien asume la alcaldía es el primero de la lista”, indicó el politólogo Víctor Velásquez.

Partidos que quieren mantenerse

Al ver el panorama de candidaturas a nivel de partidos, Podemos Perú es la agrupación donde más se propicia esta forma de postulación encubierta.

Seis de sus candidatos a primeros regidores ocupan la alcaldía de Breña, Cieneguilla, El Agustino, Los Olivos, Rímac y Santa Rosa.

Luego le sigue Renovación Popular con cinco (Barranco, La Molina, Lince, Pueblo Libre y San Luis); Somos Perú con cuatro (Carabayllo, Independencia, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho); Avanza País con dos (Ate y San Miguel); y Alianza para el Progreso (Lurín) y Acción Popular (Punta Negra) con uno.

Todo queda en familia

Existen, además, casos en los que la alternancia de poder queda en familiares directos. Así sucede en la lista de Avanza País para la alcaldía de Ate.

Franco Vidal, el alcalde conocido por sus transmisiones de TikTok, se presenta como primer regidor y el candidato a burgomaestre es Manuel Vidal Camargo, su padre. En su hoja de vida presentada ante el JNE, no ha detallado tener estudios superiores ni experiencia en el Estado.

La situación contraria ocurre en la lista de Somos Perú en Puente Piedra. Quien se desempeña como alcalde, Rennán Espinoza Rosales, ahora va como teniente alcalde y le deja la posta a su hijo Rennan Espinoza Venegas. El administrador de 33 años ya ocupó ese cargo durante el periodo 2019-2022.

En la lista de Podemos Perú por el distrito de Santa Rosa, quien va como candidato a alcalde es John Robles Soto, de 51 años. Su hermano George Robles Soto se desempeña como burgomaestre de ese distrito y ahora va como su teniente alcalde. John Robles no registra formación superior o técnica ni experiencia en cargos públicos.

También se debe saber que el cargo de alcalde es irrenunciable por ley, por lo que las autoridades municipales no pueden renunciar a sus funciones, según precisó Naupari.

Por ello, una figura que se podría utilizar, y que explicó al tener en cuenta el caso de Rafael López Aliaga, es la de una “autovacancia” planificada para ceder los sillones municipales.

Se cambian de distritos

Finalmente, también se tiene que tener en cuenta dos casos específicos de burgomaestres que, al estar al mando de un distrito durante el periodo 2022-2026, ahora también postulan como alcaldes, pero para otra jurisdicción.

Esto ocurre con Guido Iñigo, actual alcalde de Villa El Salvador, quien en estas elecciones del 2026 postula a Villa María del Triunfo. Sin embargo, no es la primera vez que lo hace.

En el año 2015 postuló con el movimiento Villa Cambia a la alcaldía de Villa El Salvador, ganó las elecciones y ocupó este cargo hasta 2018. Su hermano, Kevin Iñigo, fue alcalde de Villa El Salvador en el periodo siguiente.

Luego está Eloy Chávez Hernández, alcalde de Villa María del Triunfo, quien en estas elecciones probará suerte en San Juan de Miraflores.

Los casos presentados quedarán a juicio de la población y del análisis personal de a quiénes daremos las riendas de nuestras localidades por los próximos cuatro años.

El asesinato del chofer Rutman Berríos Pajuelo, de 32 años, sacudió Lima Norte la noche del 27 de agosto del 2024. Fue acribillado por negarse a cancelar la “vacuna” (cupo) exigida mientras conducía una unidad de la empresa El Mandarino.

La noche del 16 de enero del 2025, dos delincuentes atacaron una combi de la empresa de transporte La Unidad de Villa y causaron la muerte del conductor, John Romero Melchor, de 27 años. También falleció un pasajero.

Otro ataque armado contra un vehículo de transporte público, que dejó un conductor muerto y una pasajera herida, ocurrió el 13 de mayo del 2026 en el Cercado de Lima. Edgar Deza Montañez, de 40 años, se había negado a abonar S/3 diarios, dinero que necesitaba para solventar los gastos de sus tres hijos menores.

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De acuerdo con datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, indicadores clave, como la extorsión, el homicidio, el sicariato y los ataques contra el transporte público, tuvieron un repunte que enciende las alarmas.

Sin embargo, de todas las cifras sobre la violencia en las calles, las más sensibles corresponden a las extorsiones.

Desde enero del 2022 hasta mayo del 2026 se registraron 40.114 denuncias por ese delito, solo en Lima Metropolitana y Callao. Esto es, aproximadamente, 771 casos por mes en dicho periodo.

El 2025 fue el año más violento, con 12.925 casos (alrededor de 1.077 mensuales), seguido del 2023, con un registro de 10.042 denuncias (837 mensuales).

Siempre según los datos del Ministerio Público, entre agosto del 2024 y mayo del 2026 se registraron 214 atentados contra unidades de transporte público en Lima y Callao (un promedio de 10 cada mes), que dejaron un saldo de 283 víctimas, entre fallecidos y heridos (13 al mes).

Este año, de enero a mayo, ocurrieron 126 atentados (25 cada mes), con un saldo de 87 víctimas, entre muertos y lesionados (un promedio de 17 al mes).

Los datos indican un notorio aumento de las acciones criminales de los extorsionadores.

“Reconocemos la preocupación de los ciudadanos frente a la inseguridad. Este Gobierno viene trabajando de manera sostenida para enfrentar este problema y proteger a la población”, dijo el ministro del Interior, José Zapata.

En los últimos 21 meses, el sector del transporte público se ha visto afectado de manera muy grave por el deterioro en materia de seguridad, que ya presenta consecuencias preocupantes.

La creciente ola de extorsiones, cobro de cupos, intimidaciones, atentados y asesinatos en las pistas de Lima y Callao genera un ambiente de temor y zozobra entre conductores, usuarios y empresarios.

La advertencia la hizo el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, quien cuestionó la falta de resultados del Gobierno frente al aumento de extorsiones, atentados y homicidios.

Aseguró que estos hechos ya ocasionan un incremento significativo en los costos operativos del transporte, dado que es necesario imponer restricciones en los horarios de tránsito y adoptar medidas adicionales para fortalecer la seguridad de conductores y pasajeros.

Es que los 214 atentados registrados entre agosto del 2024 y mayo del 2026, que afectaron al transporte público, dejaron 157 fallecidos y 131 heridos.

Es decir, en promedio, los extorsionadores matan 7 transportistas cada mes. Además, hubo 39 atentados que no dejaron víctimas.

En el 2024 (de agosto a diciembre) hubo 31 víctimas: 18 fallecidos y 13 lesionados; en el 2025 se registraron 140 víctimas (77 muertos y 63 afectados); y en el 2026, hasta mayo, hubo 112 víctimas (57 fallecidos y 55 lesionados).

Un dato adicional es que entre enero y mayo del 2026 el Ministerio Público registró 39 atentados sin víctimas mortales ni heridos.

De todos los atentados perpetrados desde agosto del 2024, al menos 202 ataques fueron contra vehículos de transporte público y 12 alrededor de estos. Según las denuncias, 51 fueron en bus, 20 en combi, 45 en mototaxi, 16 en auto colectivo, 15 en cúster, 20 en miniván colectivo, 5 en taxi, 10 en la vía pública, uno en patio de maniobras o cochera y uno en local comercial.

Además, 170 fueron bajo la modalidad de interceptación, 38 mediante falso pasajero, 2 por citación, 2 están en investigación y otros 2 fueron por incendio provocado.

Los medios utilizados por los delincuentes también varían. Así, 209 casos fueron con armas de fuego, 4 con artefacto explosivo y 2 con artefacto incendiario.

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De acuerdo con el análisis de datos, en 151 episodios los atacantes se movilizaron en vehículos y en 21 no lo hicieron. En 129 incidentes se empleó motocicleta, uno fue con motocicleta y auto, 14 con autos, 2 con motocicleta y mototaxi, 4 con mototaxi, 1 con bicicleta y en 42 casos se desconoce el tipo de unidad que emplearon. En cada vehículo se movilizaban al menos 2 individuos.

Por zonas, las cifras son alarmantes.

En Lima Norte hubo 70 ataques, con 41 fallecidos y 48 lesionados; y en Lima Sur fueron 44 atentados, con 33 muertos y 35 heridos.

En Lima Este se reportaron 43, con 30 fallecidos y 19 lesionados, mientras que en Lima Centro hubo 21 acciones criminales, con 19 fallecidos y 8 lesionados.

“Proteger la vida de los peruanos sigue siendo una prioridad para todo Gobierno”, afirmó el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el general Víctor Revoredo.

DATOS

Varones. Las cifras indican que del total de víctimas, 247 son hombres (142 fallecidos y 105 lesionados); y 36, mujeres (10 fallecidas y 26 lesionadas).

Peruanos. También se identificó a 237 peruanos (129 fallecidos y 108 heridos); y a 19 venezolanos (14 fallecidos y 5 lesionados).

Víctimas. Fallecidos: 125 eran choferes, 16 pasajeros, 6 cobradores, 4 jaladores, 1 vendedor y 1 gerente.

Sánchez indicó que esta medida restringe de manera injustificada el derecho constitucional a la protesta pacífica y a la participación política. "Hemos solicitado garantías al Mininter para poder hacer uso del derecho a libre tránsito en una movilización ciudadana exigiendo justicia electoral y transparencia del voto y nos deniegan el derecho, lamentable", criticó el candidato.

A esta postura se sumó Anahí Durand, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú y exministra de la Mujer, quien cuestionó la imparcialidad de las autoridades involucradas en la decisión.

"Nuevamente nos niegan garantías para la movilización y el derecho al libre tránsito. Lamentable el rol del ministerio del interior y Jose Maria Balcazar que demuestra otra vez sumisión al fujimorismo".

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A través del documento oficial de la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías (DGIN-DAEG), firmado por su director Henry Eugenio Huerta Casaverde, se resolvió desestimar la solicitud presentada por el personero legal de la agrupación para el sábado 27 de junio de 2026.

La marcha tenía previsto reunir a 5.000 asistentes. El recorrido planteado comenzaba en el local del partido en Acho y seguía hacia el Paseo Colón, para luego desplazarse por avenidas del centro histórico como Guzmán Blanco, Alfonso Ugarte, La Colmena, Abancay y la avenida Arequipa, con destino final en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Jesús María.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento firmado por el coordinador regional de Renovación Popular en Arequipa, Esdras Medina Minaya. En el documento, la dirigencia informó que el expediente será evaluado por la Comisión de Disciplina y Ética del partido. Mientras dure ese procedimiento, Rodríguez Quispe permanecerá suspendido de forma cautelar.

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El caso salió a la luz luego de que se difundiera que el postulante aportó recursos para confeccionar el estandarte que portó la comunidad LGBT durante la Marcha del Orgullo en Arequipa. Esa acción generó cuestionamientos dentro de la propia agrupación política debido a que contradice la postura que Renovación Popular mantiene sobre estos temas.

En el comunicado, Renovación Popular reiteró su 'respeto y firme compromiso con los principios morales y la defensa de la unión familiar', los cuales calificó como parte de los principales postulados del partido. La dirigencia sostuvo que los hechos atribuidos al candidato podrían vulnerar el estatuto partidario, motivo por el cual decidió iniciar la investigación interna.

Se registraron 386.452 votos válidos, además de 24.325 votos nulos y 1.673 en blanco, con una participación total de 412.450 electores de un padrón de 534.388.

Durante la audiencia, no asistieron los personeros legales de las organizaciones políticas, pese a haber sido notificados. El acta fue firmada y será remitida al JNE para la proclamación general a nivel nacional.

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De acuerdo con el JNE, todavía faltan 22 jurados electorales especiales (JEE) por realizar la proclamación de resultados.

Según la programación publicada en la página institucional, para el lunes 29 de junio se tiene prevista la proclamación en los JEE de Puno, Arequipa, Jaén, Ica, Lucanas y Caylloma, entre otros.

Por su parte, la ONPE informó que 22 actas electorales ya han sido remitidas a los JEE correspondientes, que deberán emitir sus proclamaciones en los próximos días.

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Cabe señalar que, inicialmente, se había previsto culminar todas las proclamaciones a nivel de JEE este sábado 27 de junio, pero el plazo se ha extendido una semana más.

JEE de Lambayeque proclamó resultados de la segunda vuelta presidencial

Con el 100% de las actas contabilizadas, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lambayeque proclamó los resultados de la segunda vuelta presidencial en su jurisdicción y dio como ganador al partido Fuerza Popular con 243.501 votos, frente a los 191.377 obtenidos por Juntos por el Perú.

En el reporte final se contabilizó un total de 434.878 votos válidos, 32.192 votos nulos y 3.793 en blanco. Además, se registró que 470.863 ciudadanos participaron sobre un padrón que superaba los 620.000 electores hábiles.

La audiencia pública estuvo liderada por el presidente del tribunal, Edilberto José Rodríguez Tanta, junto a los magistrados Juan Carlos Izarra Mucha y Gladis Cecilia Martino Aldana. El pleno del organismo validó el escrutinio tras resolver tres actas observadas y un expediente de recuento. En esa línea, se procesó la totalidad de las 2.132 mesas de sufragio que fueron instaladas en las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

Pachas informó que la Procuraduría Pública de la institución también recibió el caso para determinar si corresponde presentar una denuncia en la vía penal. Según indicó, las afirmaciones de Bolaños no estuvieron acompañadas de documentos, informes técnicos u otro elemento que permitiera acreditar las presuntas irregularidades que denunció.

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El titular interino precisó que la salida de Bolaños no respondió a la aceptación de su renuncia. Señaló que la jefatura decidió retirarle la confianza y dejar sin efecto su designación como secretario general, una facultad prevista para este tipo de cargos bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Además, aseguró que este episodio no afecta la preparación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Indicó que las actividades previstas por el organismo continúan conforme al cronograma aprobado y que la planificación del proceso electoral mantiene su curso.

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Bernardo Pachas descarta riesgos para las elecciones

Durante la entrevista, Pachas sostuvo que las declaraciones del exsecretario general carecen de sustento. Explicó que cada trabajador autorizado para acceder al sistema de gestión documentaria utiliza una clave personal e intransferible, la cual se renueva periódicamente. Con esos controles, afirmó que no existen indicios de manipulación externa de la información institucional.

Respecto a las contrataciones para los comicios de octubre, el jefe de la ONPE aclaró que hasta el 26 de junio no se había convocado ningún proceso de selección. Precisó que recién ese día se aprobaron los lineamientos que permitirán contratar servicios como la impresión de cédulas de sufragio, actas padrón y otros materiales indispensables para la jornada electoral.

También recordó que el cronograma oficial establece que los jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) asumirán funciones el 1 de julio. Las contrataciones de mayor envergadura para el traslado del material electoral están previstas para agosto y contarán con el acompañamiento de la Contraloría General de la República.

La resolución judicial establece que el Reniec deberá adoptar las acciones necesarias para hacer efectivo el pago. El juzgado también advirtió que, si la entidad incumple el mandato, podrá iniciar una ejecución forzada y establecer las responsabilidades correspondientes para el titular del pliego.

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La suma reconocida supera los S/213.000. Ese monto incluye S/61.265 por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), además de pagos por gratificaciones, vacaciones, escolaridad y otros beneficios laborales. Sin embargo, el concepto correspondiente a beneficios colectivos todavía deberá ser actualizado por un perito judicial antes de que se determine la cifra definitiva de ese rubro.

La decisión judicial ejecuta el fallo emitido por la Corte Suprema en octubre de 2025. Esa resolución puso fin al proceso y dejó firme el derecho de Boluarte a cobrar los beneficios reconocidos, aunque modificó parte del cálculo realizado por las instancias anteriores.

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¿Por qué la Corte Suprema redujo el monto reconocido a Dina Boluarte?

La demanda presentada por la exjefa de Estado tenía un monto inicial superior a los S/428.000. En las primeras etapas del proceso, el Poder Judicial reconoció una parte importante de ese pedido. Sin embargo, el caso llegó a la Corte Suprema después de que el Reniec cuestionara algunos de los beneficios incluidos en la liquidación.

La entidad sostuvo que Boluarte ocupó un cargo de confianza durante parte de su permanencia en el organismo. Según ese argumento, no le correspondía recibir beneficios establecidos en convenios colectivos mientras ejerció esas funciones, ya que ese tipo de cargos no forma parte del régimen sindical.

La Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria acogió parcialmente ese planteamiento. Por esa razón, redujo el monto reconocido y fijó una suma definitiva de S/213.174,63. Además, ordenó excluir los beneficios sindicales correspondientes al periodo en que desempeñó funciones de confianza.

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Reniec deberá cumplir la sentencia conforme al procedimiento establecido

Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema el año pasado, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, informó que la institución respetaría la decisión judicial. No obstante, explicó que el desembolso dependería del procedimiento interno que sigue la entidad para atender las sentencias firmes.

La funcionaria señaló que cada resolución judicial pasa por una comisión encargada de programar los pagos de acuerdo con el principio de antigüedad. Es decir, el cumplimiento no responde únicamente a la fecha del fallo, sino también al orden en que se encuentran los procesos pendientes de ejecución.

Con la resolución emitida por el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, el expediente avanzó a la fase de ejecución. Ahora corresponde que el Reniec cumpla con las disposiciones judiciales y complete el procedimiento para cancelar los beneficios laborales reconocidos a la exmandataria.

"Hay factores graves vinculados a la manipulación de mis equipos de cómputo con información que yo no he generado, ni redactado. El ingreso constante de solicitudes por el Sistema de Gestión Documentario, vulnerada y con grave afectación de datos personales, que ha afectado la adecuada tramitación y gestión de las mismas", alertó.

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El ahora exsecretario general de la ONPE alertó que está situación ponen en grave riesgo la organización y ejecución de las Elecciones Regionales y Municipales programadas para octubre de este año. Señaló, además, que la vulneración de sus equipos ocasionó errores en expedientes y dificultades en su tramitación, provocando que no sean respondidos oportunamente.

"Resalto la gravedad de los hechos vinculados a falsas evidencias que no están vinculados a mi proceder y manera de actuar. Hay muchos documetnos con información alterada, la cual no ha sido generada por mi persona. Me pongo a disposición de la justicia para las investigaciones correspondientes", apuntó.

Bolaños llevaba casi seis años ocupando el puesto de secretario general de la ONPE. Su designación fue el 2 de setiembre de 2020, mediante una resolución jefatural N°000125-2020-JN/ONPE que disponía su plaza como cargo de confianza.

Perteneció a la institución en los años que se desarrollaron las elecciones presidenciales de 2021; las elecciones regionales y municipales de 2022; y la recientes primera y segunda vuelta del 2026.

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ONPE da por concluída su designación

Frente a esta grave denuncia, la ONPE decidió no aceptar su dimisión y en su lugar dio por concluida su designación.

En su reemplazo, se encargó el despacho de la Secretaría General a Héctor Martín Rojas Aliaga, gerente de la Gerencia de Recursos Humanos de la ONPE. Rojas Aliaga asumió el cargo el 24 de junio y permanecerá en funciones hasta que se designe a un nuevo titular de la Secretaría General.

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La resolución esta firmada por Bernardo Pachas, quien es el actual jefe de la ONPE y entró tras la renuncia de Piero Corvetto realizada hace unos meses. El propio Pachas señala que la razón para no aceptar la renuncia está en los motivos que deslizó en su carta de renuncia Bolaños Llanos.

“Rechazamos (la denuncia) completamente en nombre ONPE. Hemos sido vigilados por Contraloría en todos los procesos de compra y adquisición. No hay ni un solo proceso de compra que no se haya rechazado. (…) Lamento lo que ha escrito”, indicó el jefe de la ONPE en entrevista en Exitosa.

ONPE rechaza afirmaciones de Bolaños Llanos

Luego de que se hiciera pública la carta de renuncia de Elar Bolaños, la ONPE emitió un comunicado en el que rechazó las afirmaciones realizadas por el ahora exfuncionario.

"El señor Bolaños presentó una carta de renuncia que no fue admitida. En este documento plantea una serie de acusaciones que no fueron reportadas con anterioridad. La Jefatura Nacional trasladó el escrito a la Gerencia de Recursos Humanos a fin de que, a través de la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, evalúe la adopción de acciones orientadas al esclarecimiento de lo afirmado por el exfuncionario", indicó la institución.

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De acuerdo con el comunicado, también se dispuso que los equipos informáticos asignados al exfuncionario no sean manipulados. Asimismo, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría Pública para que adopte las medidas que correspondan.

"La ONPE recuerda que el señor Elar Bolaños —en su calidad de máxima autoridad en la gestión administrativa— tuvo a cargo la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras realizados por la entidad durante los procesos electorales llevados a cabo en el presente año", se lee al final del comunicado.

Viene de una familia de pescadores. Sus abuelos ya faenaban en estas mismas aguas y él aprendió el oficio antes de aprender casi cualquier otra cosa. Recordaba que hubo años en que pasaba semanas enteras en alta mar, hasta 30 días sin pisar tierra, y al mes apenas lograba ver a sus hijos cuatro o seis días. Hoy dedica parte de su tiempo a la gestión gremial y, desde ahí, mira con preocupación lo que crece frente a la costa que lo crio.

"¿Cuánto vale la licencia de ellos? ¿Quién les da la licencia?", preguntó, sin esperar realmente una respuesta. Le explicaron que es el Ministerio de la Producción el que la otorga. Él insistió en lo que para su gremio ya es una certeza: "esas redes agarran todo el tamaño, entra hasta el tiburón". Y resumió el fondo del problema en una frase: "esa competencia es peor, toca los precios, toca los mercados". La mayoría de esas embarcaciones, según el propio gremio, procede de Asia.

El encuentro puso en palabras una preocupación que circula en el litoral sur desde hace tiempo: la magnitud de la pesca de arrastre frente a las costas peruanas por parte de embarcaciones de gran escala. Estas, muchas veces, no transmiten su posición satelital ni pueden ser identificadas con certeza. Al respecto, la información pública sobre el marco que debería contenerlas es escasa. Esa franja de mar, las 200 millas náuticas medidas desde la costa, es la zona donde el Estado peruano tiene derecho exclusivo a explotar los recursos pesqueros. Apenas fuera de ese límite, en aguas internacionales, cualquier país puede pescar libremente, lo que convierte la línea misma en un punto de fricción constante.

Una norma que necesita explicación

El Ministerio de la Producción regula este frente desde 2014, cuando creó el Sistema de Seguimiento Satelital, conocido como SISESAT. Es, en términos simples, un aparato que cada embarcación debe llevar a bordo y que envía señales constantes con su ubicación exacta, de forma parecida a como un teléfono celular comparte su posición. Gracias a eso, las autoridades pueden saber en todo momento si un barco está pescando donde la ley lo permite o si ha cruzado hacia aguas reservadas.

Hace seis años, el Decreto Supremo 016-2020-PRODUCE ordenó que las naves extranjeras que pescan especies como el calamar gigante o pota, un recurso que migra entre aguas peruanas e internacionales, instalaran ese aparato si querían usar puertos peruanos para abastecerse o repararse. La respuesta de buena parte de esa flota fue simple: dejar de tocar puerto y operar sin ese control.

Según cifras recogidas por Global Fishing Watch, una organización que monitorea la actividad pesquera mundial con imágenes satelitales, los ingresos de esas embarcaciones a puertos peruanos cayeron de un promedio de 265 al año entre 2016 y 2019 a apenas 20 en el bienio siguiente.

Cuatro años después, el Decreto Supremo 014-2024-PRODUCE, firmado por la entonces presidenta Dina Boluarte, volvió a exigir el aparato satelital, pero abrió una excepción: permitir que cada barco use su propio equipo de rastreo en lugar del que exige el Estado peruano, siempre que el país de bandera de esa embarcación consiga que el Ministerio de la Producción homologue su señal. Una vez aprobada esa homologación, mediante una simple resolución ministerial, el decreto exime explícitamente al barco de instalar el equipo SISESAT.

Especialistas citados por el medio ambiental Mongabay Latam advirtieron que esa excepción podía convertirse en una nueva forma de evadir el control, porque resulta más difícil verificar un equipo privado que uno estandarizado por el propio Estado. El propio decreto, además, fija un margen de tolerancia: solo activa una alerta si un barco deja de transmitir su posición por más de cuatro horas, y el control reforzado solo alcanza hasta 20 millas más allá del límite de las 200 millas, es decir, hasta la milla 220; dentro de las 200 millas, en cambio, rige el control ordinario del Estado peruano sin ese margen adicional.

Sin embargo, mientras esa discusión seguía abierta, hace un año el Estado peruano, mediante el Decreto Supremo 001-2025-PRODUCE, fijó nuevos plazos para que los pescadores artesanales, los mismos que hoy reclaman frente a los gigantes industriales, instalen su propio equipo SISESAT antes de julio y diciembre de este año.

El problema de control no se limita a las flotas extranjeras. Un informe del Jack D. Gordon Institute for Public Policy, de la Universidad Internacional de Florida, señala que más del 60% de las embarcaciones artesanales peruanas dedicadas al perico y la pota operan sin licencia ni registro. Según dicho documento, en 2024, la organización WWF Perú se asoció con el Estado para impulsar un programa piloto de formalización de cooperativas, que ya alcanza a más de 500 embarcaciones y 360 propietarios, apenas el 20% de esa flota.

Un reporte trimestral más reciente sobre pesca ilegal, elaborado por el mismo instituto en colaboración con la empresa de inteligencia marítima Windward, ofrece una fotografía más precisa de esa actividad frente a Perú. Entre octubre y diciembre de 2025, se registraron 56.574 actividades de pesca en el sector del Pacífico sudeste adyacente a las aguas peruanas y la inmensa mayoría, 53.400, correspondió a embarcaciones de bandera china, muy por delante de España, con 1.100, y Ecuador, con 813. En ese mismo periodo se detectaron 1.700 reuniones entre buques en altamar cerca de las zonas marítimas de Perú y Ecuador, una práctica que permite trasladar carga, combustible o tripulación sin pasar por un puerto y que también fue protagonizada mayoritariamente por embarcaciones chinas.

El reporte identifica con nombre propio a varios de esos buques. El HONG RUN 11 y el TAO YUAN 607, ambos de bandera china, pasaron semanas sin transmitir su posición satelital mientras operaban cerca de la ZEE peruana, en lo que el reporte llama actividad oscura. El TAO YUAN 607, en particular, no ha hecho una escala portuaria desde septiembre de 2024, hace más de un año. El caso más grave documentado es el del HONG RUN 55, otro buque chino de la misma naviera, que, según fuentes de la organización periodística Outlaw Ocean Project citadas en el reporte y, a su vez, por la autoridad pesquera regional del Pacífico sur, realizó un transbordo no autorizado de aproximadamente 110 toneladas de pescado hacia un buque de carga refrigerado que no figuraba en ningún registro oficial.

Ese mecanismo de alerta solo cubre una franja angosta, desde la milla 200 hasta la milla 220, y solo si un barco deja de transmitir señal por más de cuatro horas. Si la embarcación que vio Ávalos estaba en esa franja, su caso muestra justo el hueco que abre la norma. Pero si estaba dentro de las 200 millas, como él insiste, el problema ya no es un vacío legal: es una flota extranjera pescando donde no debería, algo que la ley ya prohíbe sin necesidad de ningún mecanismo especial.

Lo que dice cada parte

La denuncia de Ávalos no parece ser un caso aislado. Días atrás, la propia embajada de Estados Unidos en Lima difundió un video de un recorrido por Pucusana, en el que el embajador destinado al Perú, Bernie Navarro, conversó con dirigentes del gremio sobre la disminución de la pesca. "¿Han visto la pesca disminuir por pescadores extrahemisféricos que vienen por acá?", preguntó. Antes de que terminara la pregunta, Ávalos interrumpió: "de la flota china, sí". Y contó un episodio concreto: "una vez salí para la alta mar, al Perico, al Espinal (dos islotes frente al mar de Pucusana). Y nosotros tenemos que buscar nuestra carnada, que es la pota. Y estaba raro, no había mucho, y a lo lejos vimos una luz potente. Nos íbamos acercando, y era un barco chino, y cómo jalaban pota. Y estaba adentro de las doscientas millas". La identificación de esa embarcación como china proviene únicamente del relato oral de Ávalos, hecho a distancia y de noche, sin que exista hasta el momento un registro satelital o documental independiente que lo confirme.

El embajador Navarro fue más allá en redes sociales, donde calificó la actividad de las flotas pesqueras chinas como una puesta en riesgo del equilibrio de los ecosistemas marinos mediante explotación intensiva, y llamó a los pescadores a "reclamar lo que es suyo". También cuestionó al Estado peruano por no explicar por qué los botes chinos no transmiten la señal satelital exigida por ley.

Embajador Navarro conversa con los pescadores de Pucusana sobre los efectos de la pesca china en el ecosistema. pic.twitter.com/hloeYLGM3y

— Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) June 19, 2026

El Ministerio de la Producción no ha respondido hasta el momento a una consulta específica hecha por La República sobre el episodio relatado por Ávalos. De hecho, el correo destinado a las solicitudes de transparencia bloqueó los mensajes enviados por esta casa editorial. Ante ello, tras revisar el archivo web sobre el tema, confirmamos que el sector había descartado en público irregularidades generales en el sistema de monitoreo satelital, citando cifras propias de fiscalización, pero esa respuesta no se refirió a los avistamientos recientes frente a Pucusana.

Entre la denuncia del embajador y la ausencia de una respuesta oficial peruana sobre este caso puntual, queda el testimonio de Ávalos, que no tiene cómo verificar de forma independiente el origen o la bandera de las embarcaciones que describe, pero insiste en una percepción sostenida de competencia desigual en el mismo tramo de mar donde trabaja a diario.

En el plano de la cooperación bilateral, fuentes diplomáticas estadounidenses confirmaron a La República, además, la transferencia en curso de dos aviones de patrullaje marítimo de ala fija hacia Perú, pensados para fortalecer la vigilancia del litoral. La llegada de las aeronaves permanece sin fecha confirmada y el anuncio no se ha hecho público todavía.

Una fuente del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, una agencia estadounidense que investiga delitos contra la fauna y la pesca, aceptó explicar el alcance real de esa cooperación. "Fish and Wildlife se mueve en el marco de operaciones de aplicación de la ley", precisó. "Es un agente especial de los Estados Unidos, es un policía en toda ley dentro del territorio de los Estados Unidos", aunque en Perú su rol se limita a apoyar con equipamiento, entrenamiento y financiamiento a la unidad especializada de la Policía Ambiental. "La decisión final de hacer un caso o no en el Perú la tiene la Policía Nacional, como autoridad soberana", insistió, sea la embarcación investigada de bandera china, artesanal peruana o de cualquier otro origen.

El resultado más visible de esa cooperación llegó el 10 de noviembre pasado con la incautación de 9,3 toneladas métricas de aletas de tiburón, valorizadas en más de US$11 millones en el mercado internacional, donde se usan sobre todo como ingrediente de lujo en algunos países asiáticos. Fue la mayor captura de este tipo registrada oficialmente en el país. La propia fuente fue directa sobre lo que realmente frena este tipo de operativos: no es la falta de leyes, sino la falta de dinero, "los presupuestos son exiguos, y ellos hacen un esfuerzo increíble para tener resultados con presupuestos reducidos".

Un reporte trimestral sobre pesca ilegal, elaborado por el Jack D. Gordon Institute for Public Policy de la Universidad Internacional de Florida en colaboración con la empresa de inteligencia marítima Windward, ofrece una fotografía más precisa de esa actividad frente a Perú. Entre octubre y diciembre de 2025, se registraron 56.574 actividades de pesca en el sector del Pacífico sudeste adyacente a las aguas peruanas y la inmensa mayoría, 53.400, correspondió a embarcaciones de bandera china, muy por delante de España, con 1.100, y Ecuador, con 813. En ese mismo periodo se detectaron 1.700 reuniones entre buques en altamar cerca de las zonas marítimas de Perú y Ecuador, una práctica que permite trasladar carga, combustible o tripulación sin pasar por un puerto y que también fue protagonizada mayoritariamente por embarcaciones chinas.

El reporte identifica con nombre propio a varios de esos buques. El HONG RUN 11 y el TAO YUAN 607, ambos de bandera china, pasaron semanas sin transmitir su posición satelital mientras operaban cerca de la ZEE peruana, en lo que el reporte llama actividad oscura. El TAO YUAN 607, en particular, no ha hecho una escala portuaria desde septiembre de 2024, hace más de un año. El caso más grave documentado es el del HONG RUN 55, otro buque chino de la misma naviera, que, según fuentes de la organización periodística Outlaw Ocean Project citadas en el reporte y, a su vez, por la autoridad pesquera regional del Pacífico sur, realizó un transbordo no autorizado de aproximadamente 110 toneladas de pescado hacia un buque de carga refrigerado que no figuraba en ningún registro oficial.

Lo que se pierde mientras tanto

Consultado sobre el lugar que ocupa Perú en la región frente a este tráfico, aclaró que hablaba desde su experiencia personal y no desde una estadística oficial. "Ecuador, producto de que tiene mucha presencia de especies, también tiene mucha presencia de tráfico ilegal", dijo, y agregó que Perú podría seguirle de cerca, junto con Panamá, zona de paso hacia un mercado internacional con alta demanda de tiburón.

Sobre el costo ecológico de mirar hacia otro lado fue todavía más directo. "Si se incide en la explotación no regulada de una especie, lo que va a ocasionar es un descalabro en toda la cadena natural", explicó, porque se capturan ejemplares que no están en la edad necesaria para ser consumidos. Y ofreció una comparación que se le quedó grabada desde que empezó en el oficio: "si le pides a alguien que te lleve algo con forma de droga, te va a decir que no, pero si le pides que lleve un par de carteras hechas con piel de alguna especie protegida, nadie se detiene a pensarlo". Esa diferencia de sensibilidad, sumada a penas bajas, convierte al tráfico de especies en un delito de poco riesgo y mucho retorno.

Para Ávalos, esa desigualdad se mide en algo más simple. Lo que antes alcanzaba para sostener a una familia entera hoy compite contra una flota que opera a escala industrial frente a sus propias redes.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

El cine de Panahi es, principalmente, un cine de denuncia que, por ser tal, no descuida en nada los alcances expresivos a nivel formal. Sin depender de grandes locaciones y presupuestos, ha hecho de la sencillez de recursos, como la cámara en mano que sigue a sus actores, toda una clase maestra de cómo contar historias. Ejemplo de lo dicho lo podemos ver en sus películas Taxi Teherán (2015) y El círculo (2000).  Pensemos en el segundo trabajo consignado, en donde el cineasta pone en bandeja la situación de las mujeres en Irán. Es una película que sorprende al espectador, porque dentro de las limitaciones que las mujeres tienen para expresarse y desarrollarse, se muestra cómo han hecho del disimulo y del ingenio cotidianos un modo de vida en contraste con las restricciones.

Con lo hecho, Panahi podría estar enfocado en otros temas. Ya dejó un valioso documento visual sobre la situación de su país y un legado para los jóvenes cineastas que quieren hacer cine sin necesidad de depender de grandes presupuestos. Panahi dice cómo hacer cine si lo que quieres es hacer cine. Panahi podría estar filmando en cualquier parte del mundo proyectos tanto de denuncia como de búsqueda estética a razón de que es un personaje muy incómodo para el gobierno de Irán. Pero él prefiere regresar a Irán porque no puede hacer cine sin ese contexto que lo alimenta.

En la primera semana de junio, el Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán confirmó la sentencia contra Panahi por el delito de propaganda contra la República Islámica de Irán. Este tribunal rechazó la apelación presentada por la defensa del cineasta. La sentencia consta de un año de prisión, dos años de prohibición para salir de Irán y se le prohíbe afiliarse a organizaciones políticas y sociales. Panahi, por cierto, ya ha estado en prisión. En el 2022 fue condenado a seis años de prisión por conspiración contra el gobierno. Fue liberado siete meses después tras hacer una huelga de hambre y pagar una fianza.

A Panahi no le sirve de mucho su prestigio internacional en su país, en donde existe el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, que es el organismo que regula la producción artística y cultural.

Regulación del arte y la cultura en Perú

El sábado 13 de junio, en el diario oficial El Peruano, se dio a conocer la Ley 32645, la cual crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Este colegio tendrá como misión ordenar y supervisar el ejercicio profesional de las disciplinas artísticas, como las artes plásticas y visuales, música, danza, artes escénicas y afines. En otras palabras, es la oficialización de la censura, la cual, en este quinquenio, hemos visto en todo su esplendor mediante cancelaciones y leyes que atentan contra el sentido común, como la nueva ley de cine.

Este colegio de artistas no es un hecho aislado, no es una ocurrencia local. Es parte de una ola cancelatoria a nivel global que busca avasallar el espíritu crítico del arte. Sin duda, habrá creadores que se mantendrán independientes e igualmente habrá otros que buscarán beneficiarse de este organismo.

Lo sucedido con Panahi es el extremo de la cancelación, pero por ahí van estos despropósitos que nos obsequia el actual Congreso. Estaremos muy atentos.

…

Situación del cineasta. Si bien Jafar Panahi ha sido condenado, aún no ha sido detenido. Se desconoce su paradero exacto.

La ley del Congreso. Esta medida fue impulsada por la Comisión de Educación, cuyo presidente es Segundo Montalvo (PL). Tuvo 83 votos a favor. Contó con el apoyo de las bancadas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

A diferencia del actual Parlamento unicameral, donde existe una sola Mesa Directiva encargada de conducir las sesiones y representar al Legislativo, el nuevo modelo distribuirá esas funciones entre ambas cámaras, cada una con sus propias autoridades elegidas por sus integrantes.

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El abogado electoral José Tello explicó que la Presidencia del Congreso ya no recaerá permanentemente en una sola cámara. En cambio, será ejercida de forma alternada entre el Senado y la Cámara de Diputados durante los cinco años del periodo parlamentario.

De esta manera, quien resulte elegido como presidente del Senado encabezará también el Congreso durante el primer año legislativo. Posteriormente, esa responsabilidad pasará al presidente de la Cámara de Diputados y continuará alternándose hasta culminar el mandato parlamentario.

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¿Cómo funcionarán las mesas directivas del Congreso bicameral?

Con la restitución del sistema bicameral, el Parlamento contará con dos mesas directivas independientes. El Senado elegirá a sus propias autoridades para dirigir el funcionamiento de esa cámara, mientras que la Cámara de Diputados hará lo mismo con sus representantes.

Cada Mesa Directiva tendrá a su cargo la conducción de las sesiones, la organización del trabajo parlamentario y la representación institucional de su respectiva cámara.

La existencia de dos órganos de dirección responde a la autonomía con la que funcionarán ambas cámaras dentro del Congreso bicameral, aunque determinadas funciones institucionales seguirán siendo compartidas.

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¿Cómo se elegirán las autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados?

Cada cámara elegirá a su propia Mesa Directiva mediante votación de sus integrantes al inicio del periodo legislativo. Ese proceso permitirá definir quiénes asumirán la conducción del Senado y de la Cámara de Diputados durante el correspondiente año parlamentario.

Una vez elegidas las autoridades, el presidente del Senado ejercerá también la Presidencia del Congreso durante el primer año, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados lo hará en el segundo año del periodo legislativo.

La alternancia de la Presidencia constituye uno de los principales cambios organizativos que traerá el retorno de la bicameralidad, un modelo que el Congreso volverá a implementar después de más de tres décadas de funcionamiento unicameral.

La normativa establece que estas juntas estarán integradas por el congresista más votado de la organización política que obtuvo la mayor votación nacional, así como por el legislador de mayor edad y el de menor edad en cada cámara. Bajo ese criterio, el fujimorismo asumirá la presidencia de ambas instancias preparatorias.

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En el Senado, la junta preparatoria será presidida por Miguel Torres, senador electo de Fuerza Popular y el más votado de la agrupación. Lo acompañarán Fernando Rospigliosi, de 79 años, por ser el senador de mayor edad, y Alejandro Muñante, de 39 años, como el legislador más joven.

En la Cámara de Diputados, la presidencia recaerá en Cecilia Chacón, también de Fuerza Popular. La completarán Luis Quispe Candia, de 77 años, quien es el diputado de mayor edad, y Romina Uribe, de 28 años, la legisladora más joven del hemiciclo. Ambos congresistas, Quispe y Uribe, pertenecen al partido Buen Gobierno.

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¿Qué funciones cumplirán las juntas preparatorias?

Las juntas preparatorias serán las encargadas de conducir el proceso de instalación del nuevo Congreso bicameral hasta la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados. Según explicó el abogado especialista en derecho electoral José Tello a La República, estos órganos no solo presidirán la sesión de juramentación del 26 de julio, sino que también acompañarán una serie de actos administrativos previos para garantizar el inicio del nuevo periodo parlamentario.

Tello indicó que, tras recibir sus credenciales, los congresistas electos deberán completar diversos trámites ante el Parlamento, como la presentación de declaraciones juradas, la entrega de documentación y otros procedimientos administrativos. "Todo ese tipo de trámites, la conformidad de todo eso, va directo en un trabajo conjunto con las juntas preparatorias", explicó. Asimismo, señaló que estas instancias supervisarán la transición entre el actual Congreso unicameral y el retorno del sistema bicameral, un modelo que el país no tenía desde hace 36 años.

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El especialista precisó que la labor principal de las juntas culminará una vez instalada cada cámara. Ese 26 de julio, primero se realizará la juramentación de los senadores y diputados y, posteriormente, se abrirá el proceso para elegir a los presidentes y las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. "El 27 tienen que estar con mesa directiva de cada una de las dos cámaras, y para eso ya terminó la función de la Junta Preparatoria", detalló.

Tello añadió que, conforme al nuevo esquema bicameral, la Presidencia del Congreso será ejercida de manera alternada entre ambas cámaras. Durante el primer año del periodo parlamentario corresponderá al Senado, por lo que quien resulte elegido como presidente de esa cámara también asumirá la Presidencia del Congreso de la República. "El Senado tiene este primer año la Presidencia del Congreso; el próximo año le toca a Diputados, y así se van a ir alternando", explicó.

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JNE concluyó la entrega de credenciales a los diputados electos

Con la entrega de credenciales a los 130 diputados electos para el periodo legislativo 2026-2031, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio por concluido el proceso de acreditación de los futuros integrantes de la Cámara Baja del próximo Congreso bicameral. La ceremonia se realizó este viernes 26 de junio en el auditorio del Colegio Médico del Perú y fue encabezada por el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, junto con los demás miembros del Pleno del JNE.

Durante su discurso, Burneo recordó a las nuevas autoridades que la credencial que recibieron “no es un mero formalismo, sino la representación jurídica de la voluntad del pueblo”, por lo que los exhortó a mantener una representación cercana a la ciudadanía. “La ciudadanía espera que los escuchen antes de decidir, que dialoguen antes de confrontar y que construyan acuerdos antes que divisiones”, manifestó el titular del organismo electoral.

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Seguidamente, se dio lectura a la Resolución N.° 1411-2026-JNE, que proclama los resultados de la elección de diputados de las Elecciones Generales 2026. Las organizaciones políticas que superaron la valla electoral y que, por tanto, participan en la distribución de escaños son Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación. La repartición de curules quedó conformada de la siguiente manera: Fuerza Popular, 41; Juntos por el Perú, 32; Partido del Buen Gobierno, 18; Renovación Popular, 15; Partido Cívico Obras, 14; y Ahora Nación, 10.

Burneo también subrayó que la fortaleza de esta nueva Cámara Baja dependerá de su capacidad para trabajar de manera coordinada con el futuro Senado de la República. En ese sentido, señaló que el intercambio de ideas y el equilibrio entre ambas instancias serán claves para producir una legislación de mayor calidad. Además, recordó que la Cámara de Diputados tendrá entre sus principales funciones presentar, debatir y aprobar proyectos de ley en primera instancia, así como ejercer el control político sobre el Poder Ejecutivo.

Con esta ceremonia, el JNE cerró la entrega de credenciales a los parlamentarios electos, luego de que el jueves hiciera lo propio con los senadores. El siguiente paso del cronograma será la instalación del Congreso bicameral el próximo 26 de julio, acto que estará a cargo de las juntas preparatorias encabezadas por Fuerza Popular en ambas cámaras.

"Malcriada", "Más respeto" y otros gritos se escucharon luego de que Yarrow rechazara tomarse una foto con Burneo. Cabe recordar que Renovación Popular ha mantenido un discurso crítico contra el Jurado Nacional de Elecciones. Incluso, el líder de la agrupación ha realizado comentarios soeces en público para referirse a Burneo.

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En redes sociales, Yarrow justificó su decisión al señalar que no podía posar en una fotografía junto a un representante del JNE por una cuestión de coherencia. Además, sostuvo que, en su opinión, lo ocurrido no constituía una falta de respeto hacia la autoridad electoral.

"Sé que algunos discrepan con mi decisión, pero prefiero ser consecuente con mis principios y con lo que represento", escribió la legisladora en una publicación en X (antes Twitter).

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Explicaron que “el siniestro se produjo, entre las 10.00 y 11.30 horas, durante el descenso de la pendiente en la Cordillera de la Viuda, como consecuencia de una falla mecánica que originó un sobrecalentamiento en los discos de freno del eje intermedio (llaanta posterior derecha)”, se lee en el comunicado.

Dicho traslado forma parte del repliegue que ejecuta la ONPE a nivel nacional desde el 24 de junio, de todos los documentos y materiales electorales utilizados en dichos comicios.

Sobre el impacto del accidente, indicaron que no hubo daños personales, pero sí pérdida de material electoral, como actas y cédulas, ánforas plegadas, cabinas de votación, tablets y otros documentos electorales, correspondientes a las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) Leoncio Prado y Pasco.

“Se lograron rescatar aproximadamente 50 paquetes (entre restos electorales y cajas de cédulas), pertenecientes a la ODPE Leoncio Prado, los cuales presentan daños por humedad debido a las labores de extinción del fuego. Se está a la espera de la llegada de un siguiente camión para el recojo de los residuos”, anotaron.

Por otro lado, sobre el proceso de los materiales electorales usados, explicaron que, una vez que lleguen al almacén de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE, en Lurín, serán seleccionados, clasificados y almacenados.

“En el caso específico de las cédulas de sufragio, estas serán destruidas oportunamente, según el reglamento para el recuento de votos, conservación y destrucción de cédulas de sufragio (Resolución Jefatural n.º 000075-2025-JN/ONPE)”, finalizaron.

En su reemplazo, se encargaron las funciones del despacho de la Secretaría General a Héctor Martín Rojas Aliaga, gerente de la Gerencia de Recursos Humanos.

Rojas Aliaga ejercerá las funciones de Secretaría General desde el 24 de junio de 2026 hasta la designación del titular.

Razones de la renuncia

En la resolución no se precisan las razones de su salida. Sin embargo, transcendió que previamente Bolaños había renunciado a su cargo y explicó sus razones en una misiva.

En el documento indicó que no se encontraba conforme con la organización de las Elecciones Regionales 2026 programadas para el 4 de octubre próximo.

“Hay factores graves vinculados a la manipulación de de mis equipos de cómputo con información que yo no he generado, ni redactado, el ingreso constante de solicitudes por el Sistema de Gestión Documentario, vulnerado y con grave afectación de datos personales, que ha afectado la adecuada tramitación y gestión de las mismas”, se lee.

Continúo explicando que tal situación “ha ocasionado el trámite errático de expedientes y las dificultades asociadas a su tramitación y respuesta oportuna”.

“Resalto la gravedad de los hechos vinculados a falsas evidencias que no están vinculados a mi proceder y manera de actuar. Hay muchos documentos con información alterada, la cual no ha sido generada por mi persona”, finalizó.

Jefe interino de la ONPE rechaza supuestas irregularidades

Al ser consultado por esto, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, descartó la existencia de supuestas irregularidades.

“Esa denuncia no prueba nada, si usted lee cada párrafo, no acompaña ninguna prueba instrumental, como decimos los abogados, donde acredite lo que dicen esos párrafos; y en derecho lo que se dice se prueba. La Secretaría Técnica Administrativa tiene ese documento y tendrá que tomar todas las acciones debidas”, declaró en entrevista a Exitosa.

Aseguró, además, que su accionar institucional siempre ha sido fiscalizado. “Hemos sido supervigilados por la Contraloría en todos los procesos de adquisición y compra. No hay ningún un solo proceso que no se haya revisado”, dijo.

Sobre las razones de la salida de Bolaños, explicó que debido a la Ley de Contratación han realizado una serie de lineamientos a fin de administrar mejor el presupuesto de servicios, pero no se logró un acuerdo con el exfuncionario.

“Lamentablemente hemos estado varios días y los plazos nos ganaban. Hemos conversado con Elar Bolaños, a quien conozco por más de 10 años, y no tuvimos ninguna respuesta. Y como usted saben los cargos en la administración pública son de confianza, y la confianza se retira con una resolución", anotó.

Nuevo jefe de la ONPE jurará el 3 de julio, según el cronograma del JNJ

La salida de Bolaños se produce a días de la juramentación del nuevo jefe de la institución.

De acuerdo con el cronograma oficial publicado en la convocatoria de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) juramentará en el cargo el 3 de julio. De esta manera, Bernardo Pachas, jefe interino de la institución, continuaría al mando durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Según las bases del concurso, el procedimiento comprende varias etapas eliminatorias, entre ellas la evaluación de conocimientos, la revisión curricular, la presentación de un plan de trabajo y una entrevista personal.

Esta vez comunicó que los integrantes de su equipo no se limitarán a Fuerza Popular.

“Vamos a tener un gran equipo, un equipo que vaya más allá de nuestro partido, un equipo que tenga experiencia, pero sobre todo que tenga la camiseta del Perú bien puesta", exclamó durante un evento proselitista en el distrito de Villa María del Triunfo.

De igual forma, la candidata hizo referencia a ir más allá de su partido. “La elección ya acabó y lo que ha mostrado es un país que está fragmentado. Lo que nos corresponde ahora es tender los puentes, volvernos a abrazar y trabajar juntos por la unidad de todos los peruanos. Vamos a hacer obras, a construir escuelas y vamos a trabajar juntos por la paz, el orden y el desarrollo del país", dijo.

También agradeció las votaciones a favor de su partido y aprovechó para realizar unas cuantas promesas. “Gracias por habernos ayudado, por darle esta oportunidad que, por supuesto, la asumimos con humildad. Vamos a inaugurar las obras, pero sobre todo vamos a hacer que el futuro de nuestros hijos sea un mejor futuro para todos”, aseguró frente a integrantes del comedor popular en la zona de José Carlos Mariátegui.

Días antes, cuando ya había superado a Roberto Sánchez en el conteo oficial de la ONPE, Fujimori no solo había olvidado por completo su narrativa del fraude característica, sino que se presentó con voluntad de dialogar con Juntos por el Perú.

“Sea cual sea el ganador estamos nosotros con los ánimos dispuestos a dialogar y tendremos que dialogar los partidos políticos el próximo quinquenio. Esperemos los resultados de la ONPE para poder, espero yo, conversar con Roberto Sánchez”, dijo.

En tanto, Juntos por el Perú señaló que no obstruirá un eventual gobierno de Keiko Fujimori y apostará por construir acuerdos en el Congreso junto con otras fuerzas políticas.

La agrupación afirmó que asumirá un rol opositor con énfasis en la gobernabilidad, evitará bloqueos sistemáticos y promoverá el diálogo. Entre sus posibles aliados mencionó a organizaciones como Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno, con el fin de impulsar reformas legislativas. Asimismo, indicó que respetará los resultados oficiales del proceso electoral una vez concluyan las decisiones del JNE.

Fujimori también ha adelantado su postura sobre el indulto

Otro de los aspectos en los que la lideresa de Fuerza Popular ha adelantado su postura es el indulto presidencial.

A mediados de junio habló sobre la posibilidad de que, ante un eventual gobierno suyo, evalúe los indultos para los expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Para Fujimori, serían cuestiones que deberá evaluar una comisión encargada de esa tarea.

"Los pedidos de indulto que se van a presentar en adelante. Toda solicitud de indulto humanitario tiene que llevarse a cabo de acuerdo a ley. En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios. Cualquier pedido tiene que evaluarse respetando la dignidad de la persona y evaluarse caso a caso", indicó.