-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

Fueron cinco días de operaciones continuas que permitieron destruir infraestructura y maquinaria valorizada en más de S/26 millones.

Durante las intervenciones se neutralizaron 36 campamentos mineros rústicos, 37 pozas, 34 balsas, 82 motores, 35 tolvas, cinco dragas, que operaban sin autorización en el sector, generando graves consecuencias en los recursos naturales.

Cabe mencionar que la minería ilegal en esa región amazónica tiene un impacto devastador en las fuentes hídricas y el medio ambiente. La explotación desmedida de minerales provoca la deforestación de bosques nativos, altera los ecosistemas y contamina los cuerpos de agua con metales pesados y sustancias tóxicas.

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Además, estas actividades ilegales socavan la seguridad y el bienestar de las comunidades locales, generando conflictos y degradando la calidad de vida de los pobladores.

La intervención fue ejecutada mediante un esfuerzo articulado del Comando Operacional del Sur, a través de la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía y la Aviación del Ejército; las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

Miembros del CCFFAA explicaron que en el terreno, la dinámica operativa se ejecuta bajo una estricta complementariedad institucional: la FEMA otorga la legalidad y el marco procesal a las intervenciones; la Policía Nacional lidera la interdicción; mientras que el personal militar y las fuerzas especiales policiales brindan la seguridad perimétrica, control de accesos y cobertura táctica.

Esta ofensiva marca un punto de quiebre frente a las operaciones de años anteriores. Históricamente, las fuerzas del orden realizaban incursiones diurnas, dinamitaban el material localizado y abandonaban el área, lo que permitía a los extractores reingresar a las pocas horas para reactivar pozas o reemplazar motores.

Hoy, los efectivos del orden han implementado puestos de comando avanzados fijos, destacando la Base Fátima y posiciones tácticas en Balata y Delta 1, consolidando la presencia armada en el terreno de manera ininterrumpida.

PRESENCIA MILITAR PERMANENTE

La estrategia operacional incorpora puestos de comando avanzados, entre ellos la base Fátima y posiciones tácticas en Balata y Delta 1, que permiten mantener presencia permanente de las fuerzas del orden en sectores estratégicos y consolidar progresivamente las áreas intervenidas.

“Con el puesto de comando avanzado en Fátima estamos consolidando el control del territorio y fortaleciendo la presencia permanente del Estado mediante sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta capacidad nos permite sostener las operaciones, impedir la reactivación de los enclaves ilegales y reducir progresivamente el espacio de acción de quienes depredan nuestra Amazonía. Cada zona recuperada fortalece la seguridad de las comunidades y reafirma un principio fundamental: el territorio se controla, se protege y se preserva para todos los peruanos.” afirmó el general de brigada Víctor Manuel Cotrina Pérez, comandante general de la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía, del Ejército del Perú.

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Esta presencia sostenida fortalece el control territorial y dificulta la recuperación de maquinaria, la reactivación de pozas y el restablecimiento de las actividades ilegales después de las intervenciones.

CAPACIDAD AEROMÓVIL

El empleo de helicópteros de la Aviación del Ejército constituye, asimismo, un componente decisivo para ingresar a sectores de difícil acceso de la selva sur y preservar el factor sorpresa durante las operaciones.

Las inserciones helitransportadas permiten reducir los tiempos de desplazamiento de las patrullas y alcanzar los objetivos antes de que la maquinaria pueda ser retirada, desmontada u ocultada.

“El empleo de los helicópteros permite realizar estas operaciones de manera rápida y coordinada. No damos tiempo para retirar las maquinarias y, en coordinación con la Fiscalía y la Policía, se concreta la interdicción. La Aviación del Ejército está disponible las 24/7 para apoyar las operaciones.”, explicó el comandante EP Carlos Barrenechea Tito, piloto de una de las aeronaves empleadas en la misión.

La efectividad de las intervenciones también se sustenta en el trabajo previo de inteligencia desarrollado con participación del SERNANP y la Policía Nacional, identificando previamente las zonas de actividad ilícita para orientar el despliegue hacia objetivos determinados.

Las últimas intervenciones forman parte de una estrategia sostenida del Estado peruano, mediante las fuerzas del orden contra la minería ilegal en Madre de Dios. Desde enero de 2026, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han ejecutado más de 172 acciones militares y de interdicción, generando una afectación económica acumulada superior a S/1.000 millones a las redes dedicadas a esta actividad ilícita.

LA PAMPA: HALLAN DOS CADÁVERES

Entre tanto, un equipo especial contra el crimen organizado de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, que desarrollaba operaciones y técnicas, como videovigilancia, contra una banda criminal vinculada a la minería ilegal, sicariato, extorsión y otros delitos, fue interceptado, cercado y atacado por unos 15 sujetos que emplearon fusiles y explosivos.

Ante ese peligro real para sus vidas, los policías repelieron el ataque. La superioridad numérica y el poder de fuego de los agresores obligaron a dos efectivos a internarse temporalmente en la espesura de la selva para ponerse a buen recaudo.

Paralelamente, otros tres policías que desarrollaban labores de contención en un vehículo particular, también fueron atacados a balazos. Varios de los proyectiles impactaron en la carrocería. Los tres efectivos, según se informó, tenían chalecos antibalas y resultaron ilesos. Ellos de inmediato participaron en la búsqueda de sus dos compañeros.

Estos dos efectivos permanecieron resguardados en la zona hasta que retornaron con diversas lesiones en la cabeza. Fueron atendidos en un centro de salud y están fuera de peligro.

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Frente a esta situación la PNP reforzó el cerco operacional en el sector. A las 6.00 a. m. del 15 de agosto personal de la División de Extorsiones de la Dirincri, de la Dirección de Operaciones Especiales y de la Dirección de Inteligencia intervinieron un inmueble en el kilómetro 115 de la Interoceánica, en La Pampa.

Ahí fueron detenidos tres presuntos integrantes de la red criminal, se incautó una motocicleta, ocho celulares, cartuchos de explosivos y municiones.

Pero, a inmediaciones de dicho inmueble fueron hallados dos cadáveres en proceso de identificación.

La PNP informó que como parte del avance de la investigación y luego de actos de reconocimiento físico y fotográfico, existen elementos que permiten establecer preliminarmente que dichos sujetos habrían integrado el grupo armado que atacó horas antes a los efectivos de la Dirección de Medio Ambiente.

Precisaron que la identidad definitiva de estas personas, las causas de sus fallecimientos y las circunstancias en que se produjeron serán establecidas. “No corresponde adelantar conclusiones mientras estas investigaciones continúen”, aseguraron a través de un comunicado.

Recordaron que el 6 de julio se produjo otro enfrentamiento armado entre policías y la misma organización criminal, resultando dos delincuentes abatidos y 21 capturados a quienes se les incautó 19 fusiles, seis minas antipersonales y otras evidencias incriminatorias.

Durante una entrevista en RPP, los familiares aseguraron que las autoridades estadounidenses podrían abandonar a sus parientes en la frontera entre México y Estados Unidos.

Según la hermana de Ramírez Ávila, Sarita Ramírez, los detenidos se encuentran en las instalaciones del Centro Correccional Diamondback (Diamondback Correctional Facility), en Oklahoma. Asimismo, indicó que el último sábado tuvieron una última comunicación alrededor de las 7.30 p. m., en la que su hermano le explicó sobre su delicada situación. Precisó que la llamada se realizó tras 72 horas sin saber nada de sus familiares.

"Él habló directamente con su cuñada, dijo que por favor hagan algo porque lo iban a dejar a los dos en México, lo iban a deportar en la frontera con México. Desde el día 5 de agosto nos encontramos sumamente desesperados; solicitamos que el Consulado del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería o alguna entidad que nos pueda ayudar para que puedan acompañarlos en todo este proceso. Que no los dejen solos, por favor, para poder salvaguardar la integridad de mi hermano y de mi sobrino. Que nos garantice, por favor, su total seguridad durante todo este proceso como ciudadanos peruanos", narró.

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De igual manera, la Ramírez aseguró que sus parientes se encuentran en buen estado de salud; sin embargo, indicó que su sobrino cuenta con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

"Nosotros no nos hemos comunicado con mi hermano; yo me he comunicado con el Consulado, ya sea por WhatsApp o vía telefónica. Me indicaron que espere la respuesta por correo electrónico y lo que me dijeron es que habían conversado con mi hermano y él le había dicho que estaban bien", acotó a su relato Ramírez, quien reveló que sus familiares se encuentran en el país americano desde el 2022.

Por otro lado, Ramírez sostuvo que Daniel tenía una constancia que le daba acceso a poder trabajar. Sin embargo, explicó que tenía una cita para realizar un trámite el 3 de agosto, pero, por una desatención, creyó que esta estaba programada para fines de mes. Por ello, no acudió a la corte de inmigración.

"Es ahí donde, él regresando a su domicilio con mi sobrino, lo intervienen. Nuevamente solicito al consulado que nos puedan ayudar. El consulado de Perú en Dallas, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería. Queremos que ellos estén pendientes en la frontera, para que ellos puedan regresar a nuestro país", dijo.

Ante la sorprendente revelación, las autoridades solicitaron al exmilitar, reclutado por la mafia para prestar seguridad a los mineros ilegales, que ofreciera más detalles sobre la presencia de dichos aparatos voladores usados como armas letales. Fuentes policiales que participaron en las recientes operaciones contra las organizaciones criminales de La Pampa, informaron a La República que desconocían que los delincuentes usaban nueva tecnología para sus actividades criminales a gran escala.

Acompañado por su abogado, Jhon Berrú declaró que lo había contratado Edison Fernández Pérez, 'Chilli', cabecilla de 'Los Guardianes de la Pampa'. 'Chili' pudo burlar el cerco policial y huir. El operativo en el que cayó Berrú se ejecutó el 6 de julio de este año. Estuvo a cargo de un equipo especial de inteligencia de la Dirección de Investigación de Medio Ambiente de la PNP en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima.

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Bajo fuego aéreo

“Hace un mes, un compañero que no recuerdo su nombre, pero a quien conocíamos como ‘Rico’, me llamó a mi teléfono celular y me dijo que había un trabajo de seguridad en Masuko (Madre de Dios). En esa oportunidad, ‘Rico’ me indicó que se trataba de una empresa que requería de vigilantes con experiencia, en especial licenciados de las Fuerzas Armadas”, relató Jhon Berrú,  nacido el 24 de julio de 2005 en el distrito de Moyobamba, en San Martín. Le ofrecieron un pago de 3 mil soles quincenales por sus servicios como seguridad y un bono de 3,500 soles por el alquiler de sus armas.

“Como tengo licencia para portar armas, acepté la propuesta, porque en esos momentos estaba sin trabajo. Contaba con un rifle semiautomático AM-15 (de la compañía estadounidense Anderson Manufacturing) y otra Kral (de origen turco), además de una pistola de 9 milímetros marca Canik (de fabricación turca). Todas con licencias”, precisó el licenciado Berrú.

Sin embargo, encontró otra realidad al arribar a La Pampa. Había una guerra entre organizaciones criminales. Nunca se imaginó que la banda rival usaba drones con explosivos que lanzaban a quienes se des“Una persona de tez morena con voz de mando se presentó y nos designó un puesto de vigilancia. Una de las consignas era que ninguna persona desconocida podía ingresar. No advirtió de la existencia de una banda criminal (Los Malditos del Oro) liderada por ‘Brayan’ (Eneyzer Fernández Díaz) y que tuviéramos cuidado. Nos explicaron que ese tal ‘Brayan’ era nuestro enemigo y que, si ellos se acercaban a la zona vigilada por nosotros, tendríamos que responder con disparos, porque estaban en juego nuestras vidas. El grupo estaba al mando de un sujeto llamado ‘Mexicano’”, manifestó Berrú.

La fecha del choque fue el 19 de junio de este año.

“Cuando estábamos todos reunidos descansando en la base, más o menos como 20 personas, uno de los compañeros se percató que unos drones estaban volando cerca de la casa en la que estábamos. Cuando de pronto empezaron a lanzar explosivos con dirección a nosotros”, expresó el licenciado Berrú.

etonaron en diferentes puntos de la casa. En esos momentos tratábamos de cubrirnos, pero fuimos emboscados con ráfagas de metralletas”, recordó Jhon Berrú.

No resultó difícil reconocer a los atacantes.

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Nueva tecnología, nuevo desafío

“Era la gente ‘Brayan’ con más de 30 sujetos que estaban alineados en tres grupos con sus respectivos vigías. Lo que llamaba la atención es que la mayoría de ellos estaban con chalecos de la Policía Nacional y de la Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales)”, detalló.

“El enfrentamiento se inició desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los enemigos tenían armamento de potencia y disparaban en ráfaga. Estaban bien equipados. Ante el avance del enemigo, yo y mis compañeros logramos escapar en medio de las explosiones y balas hacia el monte y recién al día siguiente salimos del monte y regresamos a la base”, señaló el exmilitar Jhon Berrú.

Los drones de uso civil, incluso en algunos casos en Colombia, han registrado ofensivas con ese tipo de ataques aéreos con explosivos improvisados. En otros países como Ecuador, las organizaciones criminales han usado los drones para vigilar presencia y el desplazamiento de las fuerzas del orden.

En Colombia, en 2018 se produjo un ataque con drones provistos de explosivos lanzados por la banda terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN), práctica que se ha extendido a las organizaciones del narcotráfico. En unos casos lanzan los artefactos explosivos o granadas, o son dirigidos para impactar hacia los blancos elegidos para que funcionen como kamikazes (los aviadores suicidas japoneses de la Segunda Guerra Mundial).

En el conflicto en desarrollo entre la Federación Rusa y Ucrania, ambas partes han recurrido a los drones para bombardear objetivos estratégicos e incluso para eliminar a blancos de alto perfil.

En México, cárteles de la droga como Jalisco Nueva Generación han protagonizado oleadas de ataques con drones cargados con explosivos y granadas, no solo para combatir a organizaciones rivales, sino también para atacar a las fuerzas de seguridad.

Para las fuentes policiales, la comprobación de que las organizaciones criminales han aprendido el uso de drones con material explosivo supone un desafío mayor en el combate a la minería ilegal a gran escala.

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El salario en La Pampa: S/ 6,500 mensuales

Jhon Berrú Rivadeneira mencionó que el pago mensual que le prometieron —y cumplieron— fue de S/3,000 al mes. Pero que por el alquiler de sus armas recibía otros S/3,500. Es decir, mensualmente S/ 6,500 cada mes.

Le pidieron una cuenta bancaria y Berrú recibió los pagos puntualmente como se comprometieron con él. Lo mismo sucedió con sus otros compañeros.

La mayoría de los reclutados eran licenciados de los institutos castrenses y contaban con su propio armamento. Prestaban seguridad a los mineros ilegales.

La jueza Ana Osorio Sosa, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, desestimó los argumentos de la defensa de Castillo, que sustentó su pedido en la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU. Este organismo concluyó que la detención del exmandatario fue arbitraria y recomendó su liberación.

Sin embargo, para la magistrada, la opinión de la ONU “no constituye una decisión de carácter jurisdiccional que resulte vinculante al Estado peruano y que, por ende, incida de manera directa en los procesos o decisiones jurisdiccionales emitidas a nivel interno”.

Es decir, lo que indicó el Grupo de Trabajo de la ONU no tiene validez en la sentencia y procesos judiciales que se le siguen a Castillo.

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Otros argumentos del Poder Judicial para desestimar pedido de Pedro Castillo

En esa misma línea, el Poder Judicial determinó que la detención de Castillo no fue arbitraria, pues no se sustentó en un supuesto caso de flagrancia, sino que respondió a una decisión judicial de fondo vinculada al proceso por conspiración para rebelión.

Asimismo, también rechazó los argumentos para anular la vacancia y el levantamiento del fuero para que sea procesado penalmente. Al respecto, la jueza recalcó el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que afirmó que Castillo no dejó de ser presidente cuando el Congreso lo vacó, sino que brindó un mensaje a la Nación en el que intentó “quebrantar el orden constitucional con su declaración pública del 7 de diciembre de 2022 y su manifestación de voluntad de constituir un gobierno de facto”.

De igual forma, el TC mencionó que no se pudo seguir el procedimiento regular del levantamiento del fuero contra Castillo debido a que se trató de una "situación de emergencia".

En tanto, la jueza Osorio Sosa señaló que, debido a que el proceso penal contra Castillo aún se encuentra en curso, corresponde a la justicia ordinaria evaluar las consideraciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo de la ONU.

De acuerdo con las distintas resoluciones del JEE, el 1 de agosto se desestimó la primera tacha contra Bruce. Según el documento, un ciudadano alegó que los candidatos de Somos Perú culminaron el llenado de la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) antes de la emisión del Acta de Conformación y Acta de Designación.

El tachante sostuvo que ese acto "evidenciaría una concertación previa y una vulneración de las reglas de democracia interna previstas en el Estatuto de la organización política".

Sin embargo, el ente electoral señaló que el caso al que hace referencia la tacha no afecta el principio de democracia interna ni es incompatible con la presentación del acta de conformación de la lista.

"Resulta totalmente válido la presentación de un Formato de DJHV con fecha anterior a la suscripción del Acta de Conformación o el Acta de Designación; pues la normativa electoral no condiciona a que dicho formato tenga que ser llenado en un tiempo igual o posterior a la suscripción de las actas señaladas", determinó el JEE y agregó que el partido cumplió con el límite de candidatos asignados de hasta 30% como establece la norma.

Tras el rechazo de la tacha, el ciudadano apeló la decisión del JEE y será el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el encargado de resolver el caso el martes 18 de agosto a las 3.30 p. m.

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El caso Daniel Urresti

El pasado 30 de julio, una ciudadana presentó una tacha contra el exministro Daniel Urresti, sustentada en tres argumentos: que el candidato fue sentenciado por difamación agravada y no cumpliría con los diez años de rehabilitación exigidos para postular; que el JEE debería aplicar control difuso y no considerar la sentencia del TC que anuló su condena por el caso Hugo Bustíos; y que Urresti habría omitido información al no consignar en su hoja de vida la sentencia de 12 años de prisión por dicho caso.

Sobre el primer punto, el JEE indicó que, si bien Urresti fue sentenciado por difamación en 2016, el Poder Judicial lo declaró rehabilitado en diciembre del 2019 luego de haber pagado la reparación civil y cumplir con la pena suspendida.

Asimismo, aseveró que ese delito no se encuentra dentro del catálogo de delitos graves —terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual y delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos— que requieran un plazo extendido de inhabilitación de 10 años.

Con respecto al fallo del TC, el ente electoral enfatizó que las decisiones del máximo intérprete de la Constitución Política son de cumplimiento obligatorio e incondicional para todas las autoridades administrativas y órganos jurisdiccionales del Estado.

"(Los Jurados Electorales Especiales) carecen de atribuciones de control constitucional sobre decisiones firmes expedidas por el Pleno del Tribunal Constitucional, pues quebrantaría la garantía del debido proceso, el principio de seguridad jurídica y la supremacía de la cosa juzgada constitucional", se lee en el documento.

Sobre la supuesta omisión de información en la hoja de vida de Urresti, el JEE indicó que el candidato declaró la existencia del TC que anuló la sentencia de 12 años por el caso Bustíos.

"Se concluye que no se ha configurado la infracción al deber de veracidad ni la causal de exclusión, ya que, al haber consignado el estado del proceso penal y el fallo del Tribunal Constitucional en el rubro IX, demuestra la voluntad del candidato de poner en conocimiento de la autoridad electoral y de la ciudadanía su situación jurídica real, descartando el ánimo de ocultamiento o engaño", dice el JEE.

Tachas contra López Aliaga y Francis Allison fueron rechazadas por extemporáneas

Sobre el caso de Rafael López Aliaga, el JEE indicó que el 31 de julio fue admitida su candidatura para la alcaldía de Lima. A partir de esa fecha, existe un plazo de 3 días calendarios para la interposición de tachas.

Sin embargo, el tachante lo hizo el 10 de agosto; "es decir, cuando el plazo previsto reglamentariamente para ejercer dicho mecanismo de control ciudadano había vencido".

"En consecuencia, la tacha presentada el 10 de agosto de 2026 no resulta jurídicamente viable, al haber sido formulada cuando ya había precluido el plazo previsto para su interposición".

En cuanto a Francis Allison, ocurre el mismo caso. El ente electoral indicó que la tacha fue presentada el 1 de agosto; sin embargo, la fecha en la que fue admitida a trámite la lista de Avanza País fue el 22 de julio.

"En consecuencia, al haber transcurrido en exceso el plazo normativo perentorio, ha operado la preclusión procesal. En tal sentido, carece de objeto efectuar el análisis de las pretensiones y fundamentos expuestos por el tachante, correspondiendo desestimar la tacha únicamente por su extemporaneidad".

Probablemente haya sido elaborado a medio camino o al alimón entre un think tank neoliberal peruano y un estudio de abogados.

Sin la participación del gabinete.

Sin la participación de lo que luego sería el gabinete. El propio documento señala que estuvo listo el 26 de julio y el gabinete juramenta el 28, pero extrañamente, en esas 72 horas, se produce un tránsito y este documento pasa a ser un documento oficial porque es presentado en una reunión inusual, también del gabinete, el día 29 de julio. No tengo registro de un momento en la historia del Perú, de los últimos 100 años, donde el gabinete se reúne el 29 de julio a pocas horas del desfile militar, porque el procedimiento que en este caso importa es que se instale el gabinete, haya un secretario general del despacho presidencial, y también se instale el aparato adjunto del gabinete que es, por ejemplo, el consejo de viceministros que se supone que es el que filtra estas cosas, las empaqueta, las tamiza y las eleva al gabinete. Aquí se produjo una cosa bastante irregular. A mí me parece que es como un acto de conspiración contra el Estado, porque alguien, de algún modo, suelta al gabinete en paracaídas un documento y los ministros reaccionan preocupados porque no están dispuestos a avalar un documento presentado en bloque, sin discusión, y que está por fuera de sus propias prioridades. Entonces, los primeros en reaccionar son ellos, la mayoría de ellos. Reacciona la propia presidenta, que se da cuenta de que esto es un misil envuelto en papel caramelo, y en las siguientes horas, cuando la prensa empieza a hablar de esto, los parlamentarios oficialistas también sienten que hay el riesgo de que el gobierno les entregue una papa caliente que ellos no puedan administrar.

Una de las primeras reacciones a la existencia de este documento es negarlo. Cuando le preguntan a la presidenta por lo que dice el borrador sobre los feriados, ella responde que esos son inventos de la izquierda. Pero el documento dice eso, en blanco y negro, no era un invento. Y acá hay que preguntarse otra cosa, ¿quién lo filtró a la prensa?

Sí, y más allá del hecho mismo, de lo que implica como procedimiento al interior del gobierno, preocupa el hecho de que pueda llegarse al primer nivel del poder con un documento que programáticamente e ideológicamente es tan agresivo, tan antidemocrático, tan limitador de derechos. Eso muestra la precariedad del gobierno.

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¿Qué piensas del rol de la señora Fujimori como influencer, como modelo de sombreros? Parece que está copiando un poco la relación que tiene Bukele con la gente a través de las redes sociales.

Bueno, esa es una discusión muy interesante porque tiene que ver con cómo organizas tu gobierno. Si en tu gobierno tú cumples el papel que antes se llamaba cesarista, o sea te colocas por encima, y otros hacen la política, y tú eres casi como una especie de símbolo, de figura, entonces podría entenderse que ella esté lejos del mundanal ruido. Pero ella tiene incursiones. La he visto en los últimos días salir a blindar a ministros en dificultades, en temas de seguridad, en el asunto de los combustibles. Lo que sí no parece funcional es que ella aparece dentro del gobierno con una característica muy especial, que es una presidenta frívola. Y el concepto de frivolidad es un concepto más político que estético, porque, claro, no la vemos bailando. Alan García sí bailaba, cantaba, tomaba su chela, pero a él no se le decía frívolo. Lo frívolo en el sentido político es alejarse del poder y aparecer como que el poder no tiene mucho que ver con ella. Entonces aparece el sombrerito, la frazadita, la muñequita, es una especie de negación de la política en un país que quiere hoy política, respuestas políticas, agenda política, compromisos políticos.

Otra manera de ver este asunto de las transmisiones de la señora Fujimori, es que su relación con la prensa convencional está bastante debilitada. No hay espacios para preguntarle sobre las contradicciones en su discurso. Por ejemplo, lo último que ha ocurrido es que Rafael Rey ha reconocido que los tramos del metro que ha prometido en Lima no se van a poder ejecutar. Sin embargo, eso fue ofrecido el 28 de julio.

Bueno, eso es parte, creo, de un estilo que me parece que es definitivo, bastante distinto al estilo más a cara descubierta con el que hablaba Alberto Fujimori. Y quizá tienen razón los que señalan que más que fujimorista, la presidenta es keikista. Es decir, su papel es distinto.

Así que hasta el momento no ha estado gobernando como su padre.

O de repente no puede gobernar como el padre porque las condiciones del país han cambiado. Pero si uno suma varias cosas, las indefiniciones, los retrocesos, el hecho de que su gabinete en su conjunto pese más que ella, la llamada frivolidad, todo eso implicaría que el mensaje que tuvimos antes de la primera y segunda vuelta, de que “regresa Fujimori”, no es tan exacto. Y entonces lo que tenemos es un nuevo producto político. Y esto ha pasado porque probablemente ha encontrado una realidad distinta a la que ella esperaba. Tiene una mayoría precaria en el Senado, es minoría en la Cámara de Diputados. Sus votos no son suyos porque en realidad la gente no es que le dé luna de miel. Entonces, legitimar un proyecto como el de Fujimori, que era un proyecto bastante legítimo en una parte de la sociedad, con un 80% de respaldo después del golpe de Estado, es más difícil en estas condiciones.

¿Y no será más simple la respuesta? De repente, la señora Fujimori no tiene muchas respuestas, no tiene mucho que decir. Y el problema es que hay temas sobre los que sí habría que consultarle. Esta contradicción, por ejemplo, con el MEF, que ahora quiere desarticular las leyes que el fujimorismo aprobó y que generan gasto excesivo. No hay un espacio en el que se le pueda consultar eso. Es como esquiva.

Sí, quizás lo que tenemos es un espacio de gobierno y no un espacio de poder. Porque el fujimorismo ha tenido cuatro campañas electorales, ha tenido espacio para tener un gabinete en la sombra y un gran equipo de gobierno. No con especialidades, sino con subespecialidades. Y eso no lo tiene. Entonces, sí, es un gobierno, pero probablemente no es un esquema, no es un ejercicio de poder. Y yo creo que la diferencia es sustantiva, porque en un espacio de gobierno tú sobrevives, no tienes proyecto, vas viendo el día a día cómo viene. Tienes corto plazo quizás, no tienes mediano y largo plazo, pero un proyecto de poder es una cosa más completa y tengo la impresión que eso no hay ahora.

¿Me estás diciendo que Keiko Fujimori está de alguna manera sobreviviendo a lo que viene más que ejerciendo el poder?

Yo creo que es un gobierno precario, es un gobierno bastante débil y un gobierno improvisado, que tiene la suerte además de tener al frente una oposición también improvisada, bastante inexperta y débil, de modo que no se nota mucho. En ese contexto, el fujimorismo y sus aliados le han ganado la mesa directiva y la mayoría de comisiones a la oposición en el Senado. Mira, pongámoslo así, todos esperaban, partidarios y detractores, que Keiko fuera feroz, y no lo es. Y también se esperaba una oposición dura y feroz, que tampoco lo es. Nos habíamos preparado para eso y nos han decepcionado (sonríe).

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¿Te sorprendió que el fujimorismo termine llamando a funcionarios que ya habían estado en el gobierno de Boluarte o de Jerí? ¿Eso habla de su precariedad?

Sí, pero también habla de este esquema de reciclaje que existe en la cosa pública en el Perú. Porque importa mucho el reciclador y el reciclado. Y en el caso del reciclado, tú podrías decir, son gente que siempre ha estado en el Estado y van a estar. Pero si el reciclador no tiene proyecto, obviamente tiene que reciclar. Pero también es cierto que hay un interés de poderes fácticos de seguir colocando personas claves para sus intereses en áreas básicas. Yo diría en el BCR, diría en el Ministerio de Economía y Finanzas, en los ministerios productivos. No me imagino que el equipo técnico del Ministerio de Energía y Minas sea un equipo adversario y desconfiado de la gran minería. Entonces, el reciclaje también tiene parte de seguir manteniendo determinadas preferencias de poder.

Rafael Rey ha dicho que los trenes de los que se envanecía Rafael López Aliaga cuando era alcalde no fueron donados al Perú, sino que son una compra. El fujimorismo y Renovación tienen un pacto en el Congreso. ¿Esta bronca va a socavar esa alianza?

Yo creo que sí la va a socavar, tiene efectos. Desde el punto de vista de las formas de la política, lo que ha hecho Rafael Rey es una impertinencia porque ha colocado una bomba de efecto retardado en las relaciones entre Fuerza Popular y Renovación. Porque además esto va dirigido al jefe del partido con el cual el fujimorismo logra hacer mayoría en la Cámara de Senadores.

Ahora, esto tampoco es una sorpresa. Rey ya había criticado en muchas ocasiones a López Aliaga.

Eso también es cierto, pero eso es en relación a las formas de la política. Pero quizá esto pone sobre la mesa otro problema, ¿qué tipo de relación tienen Fuerza Popular y Renovación? Yo me demoraría en decir que es una alianza. Podría ser una sociedad, podría ser un pacto relativo, un acercamiento, un reiterado choque y fuga para determinadas cosas, pero en nuestra cabeza hay un concepto de alianza, donde tú estás en las buenas y también en las malas y compartes cosas.

Ahora, cuando López Aliaga ha comentado lo que ha dicho Rey, ha señalado algo que suena muy exagerado, que lo de los trenes pone en riesgo nuestra relación diplomática con Estados Unidos. ¿Eso tiene algún asidero?

En absoluto. Es imposible que eso pase. Eso significa que él ya no tiene argumentos. Y allí hay otro problema. En la ultraderecha peruana hay una disputa. Y hace ocho meses, la persona más reconocida en la ultraderecha peruana no era Keiko Fujimori. Acuérdate, Keiko Fujimori era la eterna perdedora. El hombre que garantizaba el poder de la ultraderecha era el señor López Aliaga. Y de allí hemos caído a lo que tenemos ahora. Me parece que estamos en los prolegómenos de una dura caída política de López Aliaga. Porque además de haber hecho desarreglos en la primera vuelta, con todo este comportamiento fraudista, esta manera de entrar por la ventana a ser candidato a regidor, yo creo que incluso está dejando a su partido un poco abandonado en el Parlamento. Su caída política puede ser resonante. Peor todavía si es que no gana la alcaldía. 

Luego de ser proclamada presidenta, el 15 de julio, Keiko Fujimori utilizó las redes sociales para presentar a los equipos de transferencia y adelantar algunos balances y propuestas. Luego vino, casi en un solo acto, el nombramiento del gabinete, el discurso presidencial y la difusión de un borrador de pedido de facultades legislativas. El gabinete fue un mensaje a quienes votaron por ella en la segunda vuelta. El ofrecimiento de una suerte de frente amplio de derecha en el Ejecutivo (y, eventualmente, un intento de recuperar un liderazgo mellado en ese sector). El discurso en el Congreso estuvo dirigido a todos, los que votaron y los que no lo hicieron por ella, ofreciendo muchas cosas (aumento del sueldo mínimo y Pensión 65, entre otros). Pero, sobre los temas anunciados, solo se ven avances en la salida de las FF. AA. para patrullajes (cosa ya conocida y ejecutada por gobiernos recientes). En otros asuntos, se ha cambiado de posición en pocos días o prima el silencio. El borrador del pedido de facultades da toda la impresión de haber sido un ejercicio para ver reacciones iniciales y/o un intento de presionar por una agenda que claramente no tenía el respaldo del conjunto del gabinete. Considerando las fechas del trabajo de campo, el impacto de la faceta de “influencer” presidencial no se ha registrado en la encuesta.

Lo que se ha visto, por parte de la candidata que afirmó que orden y reconciliación son compatibles, es un cierto desorden y poca reconciliación. Desorden porque una cosa fue el discurso presidencial y otra el borrador de pedido de facultades legislativas. Desorden porque se ofrecieron aumentos de remuneración del sueldo mínimo y de Pensión 65 que ahora no está claro cuándo serán. Desorden, o incoherencia, mejor dicho, porque se anunció un gobierno que contaría los días de gestión (1826) y ahora dice que, por favor, le tengan un poco de paciencia porque “no podemos dar resultados en 15 días”. Se suponía que era un equipo muy preparado.

Se podría pensar que parte de estas demoras tienen que ver con el cuidado del impacto político que puedan tener las medidas solicitadas en un país donde la mitad no votó por ellos (más allá de las discusiones y debates en el Parlamento), pero no estoy tan seguro. Y esto tiene que ver con el interés por la reconciliación. Es cierto que en el mensaje presidencial habló de un Estado al servicio del ciudadano y que, en general, se busca un Estado que funcione. Hace pocos días ha anunciado que viajará al sur para recuperar la confianza de ese sector del electorado, pero la reconciliación no pasa por ahí. O no solo por ahí. El ministro de Justicia pide ahora que el Lugar de la Memoria (LUM) debe estar en el sector Justicia y Fernando Rospigliosi sigue en su cruzada (con el apoyo de la Junta Nacional de Justicia) para que los jueces actúen según su parecer. Difícil reconciliarse en esos términos. Hay que ser coherente entre lo que se dice y hace.

El 60% de aprobación está dentro del rango de nivel de aprobación de los presidentes elegidos por la población del 2001 en adelante. Ni más ni menos. Pero hay que destacar el nivel de aprobación mostrado entre los jóvenes (71%). Es algo que otras encuestas ya habían mostrado durante el proceso electoral y que vale la pena monitorear. El grueso de este segmento, que nació luego de los diez años de gobierno fujimorista, ha votado por primera vez y lo ha hecho respaldando a una candidata que algo expresa o representa para ellos. ¿El agotamiento de la izquierda? ¿La mala experiencia con Castillo en particular? Un tema para profundizar.

La cifra se diferencia de la mala evaluación inicial de Pedro Castillo (39%) porque el candidato de Perú Libre asumió luego de una intensa campaña de fraude (promovida por Fuerza Popular), una mala relación con los medios y una fragilidad política que se expresó en tensiones con su misma agrupación y un gabinete muy cuestionado. La situación acá es diferente. Si bien en la segunda vuelta Juntos por el Perú habló de fraude y en el sur se escucharon comentarios similares, ese discurso no fue respaldado ni siquiera por sus actuales aliados en el Congreso. La relación con la prensa es más amable e incluso una parte de ella ha actuado casi como vocero partidario. Y, finalmente, Fuerza Popular es un partido más estructurado y con más experiencia en el manejo del poder que Perú Libre. Ya hemos visto cómo han logrado mover varias fichas a su favor en el estratégico Senado.

Lo que se ha destacado poco es que, también en términos comparativos, sin tomar en cuenta el frágil gobierno de Castillo, este es el que tiene el mayor nivel de desaprobación inicial (24%) en comparación con los gobiernos del 2001 en adelante. El fujimorismo está en plan de recuperar confianza por parte de la derecha y del país en su conjunto. Todavía tiene varios temas que resolver en su mismo gabinete. La encuesta de Datum indica que las mayores expectativas están en la reactivación económica y en la lucha contra la inseguridad ciudadana. La presencia de las elecciones municipales y regionales puede que le dé al gobierno algún respiro, pero las demandas en estos dos temas serán importantes en las futuras evaluaciones.

Este monto representa un incremento considerable frente al quinquenio pasado, cuando se destinaron S/ 77 millones 980 mil. Ahora, la ONPE desembolsará casi 3 veces más que el periodo anterior.

Distribución

Luis Camino Palomino, subgerente de Verificación y Control de la ONPE, detalló vía RPP el reparto de estos fondos. El 40 % de los S/ 222.1 millones se entregará en partes iguales entre las seis agrupaciones, mientras que el 60 % restante se asignará de manera proporcional a los votos que obtuvo cada una.

Las organizaciones que accedieron a este beneficio son Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación-AN.

Cambios se dan por el sistema bicameral

El incremento responde a la nueva fórmula legal tras el regreso del Senado y la Cámara de Diputados. En elecciones anteriores, la cifra tomaba en cuenta únicamente los votos para la elección de congresistas.

Para el periodo 2026-2031, la norma exige considerar la suma de los votos emitidos tanto para senadores como para diputados. La fórmula toma como base el equivalente al 0.1 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente —que para 2026 asciende a S/ 5,500— multiplicado por el total de votos de ambas cámaras.

"Ahora prácticamente se está triplicando porque se están aumentando los votos. Se está considerando de acuerdo a la ley, aumentando los votos de diputados y los de senadores", señaló Camino para RPP.

Reglas para el uso de los fondos

El dinero asignado por el Estado no es de libre disponibilidad para las agrupaciones. La Ley de Organizaciones Políticas establece que hasta un 50 % puede cubrir gastos operativos de funcionamiento ordinario, como contratación de personal, alquileres, compra de bienes muebles o inmuebles y pago de servicios.

El otro 50 % o más se destina de forma obligatoria a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de la propuesta política.

Además, la ONPE fiscalizará la ejecución del presupuesto mediante un equipo reforzado de auditores que realiza inspecciones preventivas y mensuales de control.

“Estamos haciendo visitas preventivas y también visitas de ejecución durante todos los meses a las organizaciones políticas, con la finalidad de controlar y verificar el correcto uso del financiamiento público”, manifestó Camino.

De esta manera, el organismo electoral también informó que evaluará las rendiciones de cuentas enviadas por 10 partidos políticos sobre el periodo de enero a julio de 2026, con el fin de determinar si los informes cumplen con la ley.

Que se parecen mucho a la chatarra es un decir, pues en verdad son chatarra. De otro modo, esas unidades no serían donadas. El negocio de los chatarreros es regalar los vehículos y luego mantenerlos abastecidos de los ingentes stocks de repuestos que van a necesitar. Habitualmente, estas provisiones de repuestos son monopólicas.

La oferta de Rafael López Aliaga fue demasiado buena para ser cierta, y así es, en efecto: la Municipalidad de Lima obtiene un tren donado, o casi, que llega hasta los rieles y empieza a transportar a la sufrida población ubicada entre Callao y Chosica. Al poco tiempo, intentaba fletarle el tren al MTC, con quien hoy polemiza.

Cuando el ministro Rafael Rey cuestiona que los vagones de Caltrain hayan sido un donativo, está cuestionando el sentido de toda la operación y negándose a avalar una promesa trucha del exalcalde. Ahora López Aliaga hace una campaña, obviamente electoral, contra Rey entre los engañados de Ate, Chaclacayo y Chosica.

Porky ha intentado asordinar el problema en que se ha metido con la amenaza de un “grave incidente diplomático”, pues los papeles del tren fueron firmados por un tal Anthony Blinken, entonces secretario de Estado de los EE.UU. Pero cada día aparecen más pagos por la famosa donación, creciente sugerencia de una compra.

Adonde voltea López Aliaga encuentra un desmentido de su plan ferroviario y, mientras tanto, la chatarra californiana se va deteriorando cada vez más (más repuestos). Tal vez el MTC debería mover una parte de su investigación hacia el Estado de California, donde debe estar esperando importante información legal.

¿Todo esto afecta las posibilidades de López Aliaga en octubre? Lo entenderemos mejor con la próxima encuesta. Pero a la población le gustan los vivarachos, los pendexos, los engañadores. Así es como se van formando Congresos y municipios. Un país donde lo deshonesto suele reclamar el primer puesto.

Hoy, la historia parece repetirse con la persecución que a diario sufren los jueces y juezas que deciden inaplicar “el marco normativo de la impunidad” que incluye -por ahora- la ley de prescripción de los crímenes de lesa humanidad, la ley de amnistía para violadores de derechos humanos y la ley que amplía la noción de delito de función para que el fuero militar policial asuma competencia ante posibles violaciones de derechos humanos.

 Correctamente, el Poder Judicial está aplicando la doctrina del control de convencionalidad establecida en la jurisprudencia interamericana, la cual fue empleada en 1995 por la jueza Antonia Saquicuray para impedir la aplicación de las leyes de amnistía que el Congreso aprobó para proteger a los violadores de derechos humanos. En la sentencia Barrios Altos vs. Perú (2001), la Corte IDH le dio la razón a la valiente jueza.

 Por ello, es muy importante que la Dra. Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, haya reiterado que la destitución de los jueces porque una autoridad discrepa de sus decisiones y su criterio jurisdiccional, eliminaría la independencia judicial, poniendo en riesgo la democracia y la Constitución.

 Hoy numerosos jueces y juezas ponen su carrera en riesgo para cumplir con su rol, en un acto de dignidad y decencia encomiable, algo difícil de comprender para quienes, hace tiempo, decidieron subordinar los principios a sus intereses y acomodos políticos.

La cuestión adquiere especial gravedad en un contexto internacional en el que se multiplican las tendencias autoritarias, las redes transnacionales de crimen organizado y los mecanismos de captura o debilitamiento de las instituciones. Una justicia sometida “es lo que toca” en esos casos. Por eso, la independencia judicial no es un privilegio de los jueces: es una garantía. Un derecho fundamental de los ciudadanos. Sin jueces independientes, los derechos pueden seguir existiendo en el papel, pero quedan sin un tercero imparcial capaz de hacerlos valer frente al poder.

Tello ha insistido en esa idea durante su gestión. En julio de 2026 señaló que la independencia judicial y la separación de poderes son asuntos absolutamente vigentes, y el propio Poder Judicial dedicó parte de las actividades por el Día del Juez y la Jueza a la defensa de ella frente al crimen organizado, a la reforma judicial y al examen de los estándares de la Comisión de Venecia. No es, pues, una reacción episódica. Es la respuesta institucional a un problema que se ha vuelto persistente.

En el Perú, una de las expresiones más preocupantes de ese problema han sido los ataques reiterados de Fernando Rospigliosi, como presidente del Congreso, contra magistrados que han adoptado decisiones que él considera contrarias a leyes aprobadas por el Parlamento. El problema no es que un congresista critique una sentencia. En democracia, las resoluciones judiciales pueden y deben ser discutidas. El límite se cruza cuando desde la cúspide de otro poder del Estado se descalifica personalmente a los jueces y, sobre todo, se anuncian procedimientos disciplinarios, denuncias penales o destituciones como consecuencia del contenido de sus decisiones jurisdiccionales.

Las “perlas” de una ofensiva

“Barrer” el sistema judicial. Ese ha sido el ostensible y sostenido objetivo del locuaz —y hasta ahora impune— Rospigliosi. El 30 de enero de 2026, después de que magistrados decidieran no aplicar la Ley 32107 en el caso Cayara, Rospigliosi sostuvo que no bastaba con reformar el sistema judicial y que había que “barrerlo”, reclamando “soluciones radicales”. La expresión no cuestiona una resolución determinada: proyecta la descalificación sobre el sistema de justicia en su conjunto.

Amenaza de sanción y denuncia por prevaricato. El 8 de enero de 2026, al defender la aplicación obligatoria de la Ley 32107 luego del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, Rospigliosi advirtió que el juez que no la aplicara podría ser sancionado y denunciado por prevaricato. Una cosa es sostener jurídicamente que una ley debe aplicarse; otra, muy distinta, convertir la discrepancia interpretativa de un juez en anuncio anticipado de castigo. Es una grosera amenaza desde el poder político.

“Politizados” y “prevaricadores”. La reiteración de esos calificativos contra magistrados que adoptan decisiones contrarias a la posición política de ese vocinglero congresista transforma la crítica en estigmatización. Un juez puede equivocarse y su decisión puede ser revocada, pero solo mediante los recursos previstos por el ordenamiento. Lo que corresponde es procesar esas discrepancias por las vías institucionales, no sustituirlas por la intimidación pública.

Destitución por ejercer control jurisdiccional. El 26 de agosto de 2025, Rospigliosi anunció, en su desbordante incontinencia, que había solicitado a la Junta Nacional de Justicia la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho, a quien acusó de prevaricato por inaplicar la Ley 32107. Sostuvo, además, que el magistrado “no está capacitado para aplicar el control difuso”. La gravedad institucional reside precisamente en que la reacción política no se limitó a cuestionar el razonamiento del juez, sino que buscó su separación del cargo.

“Magistrados ‘politizados’ que se niegan a cumplir” las leyes. El 3 de febrero de 2026, ya como circunstancial presidente encargado del Congreso, Rospigliosi afirmó que seguiría defendiendo las leyes aprobadas por el Parlamento frente a magistrados a los que calificó de “politizados”. En la misma línea, sostuvo que el Poder Judicial debe aplicar las leyes y calificó la conducta contraria como un desacato. Esa formulación omite un dato decisivo: en un Estado constitucional, la función judicial no consiste en una obediencia mecánica al legislador.

El punto jurídico medular: el juez no es un autómata

La Constitución peruana no diseñó jueces convertidos en simples ejecutores de la voluntad parlamentaria. Por el contrario, les reconoce capacidad de razonamiento y análisis.

El artículo 138 establece que, cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Ese es el llamado control difuso de constitucionalidad: una herramienta esencial del Estado constitucional, no una extravagancia ni un acto de “rebelión” frente al Congreso.

A ello se añade el artículo 55 de la Constitución: los tratados celebrados por el Estado y en vigor “forman parte del derecho nacional”. En materia de derechos humanos, esto obliga a que la interpretación judicial incorpore y dialogue también con las obligaciones internacionales asumidas por el Perú. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana forman parte de ese marco que los órganos jurisdiccionales no pueden simplemente ignorar.

Precisión importante. Que el Tribunal Constitucional haya declarado constitucional una ley es un dato jurídico de enorme relevancia y vincula en los términos que establece el ordenamiento. Pero ello no convierte al juez en un funcionario sometido a instrucciones políticas sobre cómo resolver cada proceso concreto. Tampoco habilita a otro poder del Estado para anticiparle sanciones por el contenido de una resolución. Los desacuerdos jurídicos se procesan con recursos, precedentes, control constitucional y argumentación; no mediante amenazas.

El control de convencionalidad refuerza esta idea. Los jueces nacionales, dentro de sus competencias y de las reglas procesales correspondientes, deben interpretar y aplicar el derecho interno teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado. Esto es especialmente relevante cuando están en discusión graves violaciones de derechos humanos, prescripción, amnistías o reglas que puedan producir impunidad. El Estado peruano no deja de estar obligado internacionalmente porque una mayoría parlamentaria o un locuaz cabecilla aprueben una ley.

Por eso es institucionalmente delicado —y democráticamente peligroso— que desde la Presidencia del Congreso se anuncien destituciones o denuncias penales contra jueces precisamente a raíz del contenido de decisiones adoptadas en procesos concretos. El mensaje no llega solamente al magistrado amenazado. Llega a todos: "si resuelven de esta manera, puede haber consecuencias personales". Ese efecto intimidatorio es incompatible con la independencia que debe acompañar a la función jurisdiccional.

Independencia no significa impunidad judicial

Defender la independencia judicial no significa sostener que los jueces sean infalibles ni que estén exentos de responsabilidad. Deben motivar sus decisiones, respetar el debido proceso y responder disciplinaria o penalmente cuando incurran realmente en faltas o delitos. Pero existe una diferencia decisiva entre sancionar una conducta ilícita y castigar —o amenazar— a un juez por la interpretación jurídica que adopta de buena fe en un caso sometido a su conocimiento.

Si cada decisión incómoda para la mayoría política pudiera desencadenar una amenaza de destitución o una denuncia penal desde el Congreso, el control judicial del poder perdería sentido. La separación de poderes no exige poderes mudos; exige poderes que respeten las competencias de los otros. El Congreso legisla. Los jueces juzgan. Y cuando juzgan deben hacerlo libres de presiones externas, incluso —y especialmente— cuando la controversia enfrenta al ciudadano con el poder del Estado.

De allí la importancia de la posición expresada por Janet Tello. La presidenta del Poder Judicial no está defendiendo a una persona o una sentencia particular. Está defendiendo una frontera constitucional. La justicia no puede convertirse en prolongación del gobierno, del Congreso, de un partido político ni de ninguna mayoría circunstancial.

Una frontera que el Congreso debe respetar

Fernando Rospigliosi tiene todo el derecho a discrepar de una resolución judicial y a defender las leyes que el Congreso aprueba. Lo que no puede hacer —ni él ni ningún presidente del Congreso— es considerar que tiene potestad para convertir esa discrepancia en una campaña de intimidación contra quienes administran justicia. Mucho menos para presentar la destitución o el proceso penal como respuesta normal frente al juez que interpreta el derecho de manera diferente.

El deterioro democrático rara vez comienza con la desaparición formal de los tribunales. Suele empezar antes: cuando se desacredita sistemáticamente a los jueces, se les divide entre “buenos” y “politizados” según el sentido de sus decisiones y se les hace saber que su estabilidad profesional puede depender de no incomodar al poder. Allí empieza la justicia condicionada y sometida.

Por eso la defensa formulada por Janet Tello merece respaldo. No porque los jueces deban quedar al margen de la crítica, sino precisamente porque la democracia necesita jueces capaces de soportar la crítica sin tener que temer represalias. Esa es la diferencia entre control democrático e intimidación.

En eso estamos.

Y corresponde también al propio Congreso decidir si tolerará que su Presidencia utilice el peso institucional del cargo para hostilizar a magistrados por el contenido de sus decisiones. Defender la Constitución no consiste solamente en citarla. Consiste, sobre todo, en aceptar los límites que ella impone al poder propio.

La independencia judicial no es desacato. Es exactamente lo contrario: es obediencia a la Constitución y al Estado de derecho. Y cuando un juez, dentro de sus competencias, controla la compatibilidad de una norma con la Constitución y con las obligaciones internacionales del Perú, no está usurpando la función legislativa. Está cumpliendo la suya.

El encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, se centró en el fortalecimiento del Sistema de Flagrancia, mecanismo que permite actuar de inmediato cuando alguien es registrado cometiendo un delito.

Tello destacó que la mandataria respaldó a las unidades de flagrancia y valoró que se hayan abordado temas relacionados al Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

La jueza suprema también reiteró la importancia de mantener una colaboración permanente entre los poderes del Estado, sobre todo en el actual contexto de lucha contra la inseguridad.

En la reunión también participaron el premier Luis Galarreta, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; el ministro del Interior, César Astudillo; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

Janet Tello le pide a Fujimori respetar la independencia judicial

El pasado 4 de agosto, durante la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, Tello le solicitó a la mandataria ser consecuente con lo dicho durante su juramentación sobre el respeto a la independencia judicial.

"Nos preocupa, sin embargo, que su juramento solemne, es decir, su palabra, contraste frontalmente con voces recientes que, desde el ataque y la diatriba hacia la judicatura, alientan peligrosas formas de intervención del Poder Judicial, las cuales son inadmisibles en un estado democrático", mencionó Tello.

La titular del Poder Judicial agregó además que “un juez y una jueza son independientes cuando pueden resolver los procesos a su cargo libres de presiones políticas o de cualquier otra índole", señaló.

Rospigliosi sigue denunciando jueces por aplicar control difuso en contra de leyes procrimen

El senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, pidió ante la JNJ la destitución de tres magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria: Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama. Según Rospigliosi, inaplicaron la Ley de Lesa Humanidad y la Ley de Amnistía en un caso vinculado a la Masacre de Castro Castro.

El pasado 10 de julio, los magistrados condenaron a 15 años de prisión a cuatro efectivos de la PNP por el homicidio y las lesiones causadas durante ese hecho.

Rospigliosi sostuvo que la decisión desconoce lo resuelto por el Tribunal Constitucional, que declaró constitucionales ambas leyes. En su denuncia, calificó la sentencia como "un hecho muy grave en el ejercicio de la función jurisdiccional" cometida por los tres jueces.

Esta no es la primera vez que Rospigliosi denuncia a magistrados por no aplicar las normas que él mismo impulsó cuando fue congresista.

Lo que ocurre allí no es una emergencia circunstancial: es el resumen de las desigualdades del país concentradas en un solo ubigeo. Servicios de salud que no llegan o no hablan la lengua de quien los necesita. Residencias estudiantiles que, creadas para acercar la educación, terminaron exponiendo a las estudiantes que debían proteger. Defensoras comunitarias que sostienen con su trabajo voluntario y precario lo que le corresponde al Estado. Y, encima, minería ilegal, narcotráfico y trata operando donde la institucionalidad se ausenta. Una niña que nace en Condorcanqui no debería cargar en su partida de nacimiento una condena; pero hoy su ubigeo predice, con una precisión que avergüenza, qué servicios no tendrá, en qué lengua no será atendida y ante qué violencias quedará sola. Esa predictibilidad no es destino ni geografía: es una decisión política sostenida en el tiempo.

El nuevo gobierno tiene, formalmente, quince días. Pero la bancada que hoy asume el Ejecutivo no llega de un país que no gobernaba: desde diciembre de 2022, Fuerza Popular ha legislado, sostenido gestiones, colocado y blindado funcionarios y definido prioridades presupuestales. Tuvo la mayoría y con ella el poder de mirar hacia Condorcanqui. No lo hizo. No puede ahora reclamar la inocencia del recién llegado sobre un territorio que llevaba años en su campo de visión. Los quince días de cortesía no borran los años de omisión.

Hay además una razón que va más allá de la urgencia: el Estado tiene que funcionar de forma sistémica. La protección de las niñeces, las adolescencias y los pueblos indígenas no se logra con intervenciones aisladas de un ministerio que llega, hace su parte y se va. Cuando salud, educación, justicia, cultura y los tres niveles de gobierno actúan por separado, el impacto se diluye, los plazos se alargan y cada intervención cuesta más de lo que costaría articulada. Lo aislado no solo es insuficiente: es más caro, más lento y, al final, más injusto.

Ver el bosque no exime de atender el árbol. Se puede —se debe— pensar la reforma del Estado en su conjunto y, a la vez, reconocer que hay deudas que no resisten cronogramas extensos. Condorcanqui es una de ellas, y cada día de demora tiene nombre: es una niña más atendida tarde, trasladada tarde, escuchada tarde o nunca. El silencio y la demora también producen impunidad. Frente a eso, la única respuesta digna de una república es dejar de pedir plazos y empezar a rendir cuentas.

Sin embargo, parece que la aparición del gran estilo presidencial 2026 está siendo movida para más adelante. Mientras tanto, el estilo Fujimori se viene concretando en una imagen doméstica (en casa, no en Palacio) y de intensa presencia al lado de los militares en las situaciones de emergencia lejos de Lima.

Para ponerlo en otras palabras, la presidenta no parece muy contenta con su nuevo cargo, que tanto persiguió. Está haciendo esfuerzos por lograr una imagen más cercana al pueblo, un clásico consejo de algún asesor venido de fuera. Los periodistas no la escudriñaban tanto cuando era candidata presidencial.

En términos generales, los mensajes hablados de Fujimori son formalmente correctos, pero no entusiasman a nadie. Tampoco ella exuda mucho entusiasmo al lanzarlos. Es mucho mejor ejerciendo un poder silencioso, casi secreto, a través de la estructura personal-partidaria que la rodea. Como una eminencia gris de sí misma.

Sobre el 60% de aprobación en Datum. La cifra es simpática, pero es probable que empiece a bajar con el obvio desgaste de la gestión. A eso habrá que restarle la performance de los candidatos de Fuerza Popular en octubre. Luego están las quejas de la población en las zonas damnificadas por el Niño Godzilla.

Lo que puede mantener ese 60% en su sitio, o casi, es un populismo suave, como el aumento del salario mínimo. Pero al otro lado de la balanza va a haber —ya se sabe— medidas liberales de austeridad. Si ella quiere una buena aprobación, la va a tener que trabajar.

Pero ya sabemos que nada desgasta a un gobierno tanto como la imposibilidad de reducir las cifras de criminalidad en el país. A los presidentes y parlamentarios de 2021-2026 ese factor les tiró al piso la popularidad. A los altos mandos policiales los llenó de vergüenza y eso se contagió a sus jefes políticos.

La propuesta plantea retirar el control a los partidos políticos en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias cometidas por los legisladores, sumando a profesionales con trayectoria académica y anticorrupción para fomentar la imparcialidad en los procesos.

"Cada comisión de ética parlamentaria está integrada por un representante de cada grupo parlamentario constituido en la respectiva cámara y por cuatro personas de reconocida trayectoria que no ejercen la función parlamentaria, según establezcan los reglamentos de cada cámara", se lee en el proyecto.

En paralelo a esta iniciativa, Luque también propone frenar la aprobación de ‘leyes exprés’ mediante la modificación del artículo 58, que prohíbe someter a votación textos sustitutorios si su versión final no ha sido previamente distribuida.

"No podrá someterse a votación un texto sustitutorio cuya versión final no haya sido previamente distribuida y puesta a disposición de los congresistas con la anticipación razonable correspondiente, considerando a la extensión y complejidad de la materia objeto de legislación, ello con la finalidad de garantizar un debido estudio del asunto”.

Asimismo, la norma establece que todas las sesiones y votaciones parlamentarias deben ser presenciales y exige sustentar cada actuación legislativa con evidencia técnica.

Reforma del Reglamento del Senado

En cuanto a la Cámara Alta, el proyecto busca modificar 17 artículos del Reglamento del Senado. La propuesta busca prohibir la exoneración de dictámenes para que todas las iniciativas pasen obligatoriamente por el debate y análisis técnico en comisión antes de ser votadas en el Pleno.

"Esta regla [la exoneración] no se aplica a iniciativas de reforma constitucional, de leyes orgánicas, del presente reglamento, del Reglamento del Congreso de la República ni de iniciativas que propongan normas sobre materia presupuestal y tributaria."

También establece de forma obligatoria la consulta previa a los pueblos indígenas cuando una medida legislativa afecte sus derechos colectivos, de conformidad con lo que señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"En todo proyecto de ley que afecte los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, el Senado debe asegurar que se realice el proceso de consulta previa, conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Propuestas para una mejor fiscalización al Ejecutivo

El proyecto establece mecanismos más estrictos para que la Cámara Alta supervise el accionar y las decisiones que son tomadas desde el Poder Ejecutivo.

Entre las medidas orientadas a fortalecer el control político se encuentra la modificación del procedimiento de acusación constitucional. La propuesta establece que, como base para su deliberación, el Pleno del Senado debe considerar lo señalado en el informe final de la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados.

"Para tal efecto, para la aprobación o rechazo de la acusación constitucional por la comisión de un delito, el Pleno del Senado considera los elementos actuados contenidos en el informe final de la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados, así como el carácter progresivo del conocimiento propio de las etapas iniciales del proceso penal”.

También se plantean ajustes en los requisitos para la destitución de autoridades. "La fórmula legal plantea sustituir dicha mayoría calificada por el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Senado en los tres supuestos”.

Para ordenar el trabajo parlamentario, se busca crear comisiones más especializadas en el Senado y separar materias concentradas, proponiendo nuevas comisiones como Economía, Salud y Defensa del Consumidor, Mujer, Familia, Inclusión y Desarrollo Social, Educación y Cultura, y Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Cambio Climático.

"Fomentar comisiones del Senado más especializadas. Se propone separar materias que actualmente se encuentran concentradas en pocas comisiones (lo que invisibiliza ciertos temas como ambiente, derechos de la mujer y pueblos indígenas)".

Solo el gremio de transporte —carga pesada, transporte fluvial y algunos mototaxistas— levantó la medida tras la firma del acta. El Frente de Defensa de los Intereses de Ucayali (FREDEU) y el resto de organizaciones sociales rechazaron el acuerdo. Señalaron que no fueron tomados en cuenta en los términos finales, pese a haber participado en la reunión de la noche anterior.

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El gobernador regional, Manuel Gambini, a quien se le atribuyen vínculos con el fujimorismo, sostuvo que la huelga ya había sido levantada de forma oficial. Bajo esa premisa, afirmó que la Policía Nacional tenía la potestad de dispersar a quienes continuaran con los bloqueos. La postura del gobernador convirtió un conflicto social en un problema de orden público, justo en momentos en que una parte de la población seguía en las calles por demandas que consideraba ignoradas.

Mientras los gremios que rechazaron el acuerdo se concentraban en Pucallpa, la población de Campo Verde mantuvo bloqueada la vía. Sus reclamos —hospital paralizado, agua potable pendiente, predios sin saneamiento— no figuraban en el arreglo alcanzado con el Gobierno. Fue en ese punto donde se produjo el enfrentamiento con la Policía que dejó un saldo de alrededor de 38 heridos, entre civiles y efectivos policiales, además de un patrullero del Escuadrón de Emergencia incendiado.

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Lo que revela el acta de la Defensoría del Pueblo sobre las demandas de Ucayali

El 12 de agosto, un día antes de la reunión decisiva con el Gobierno, la Oficina Defensorial de Ucayali ya había reunido a representantes del Frente de Defensa, gremios de transporte y organizaciones de salud y educación. En ese primer encuentro, la plataforma de lucha original constaba de 11 puntos. El objetivo fue ordenar esas demandas y trasladarlas a las entidades competentes. Un día después, en la mesa de diálogo del 13 de agosto, el pliego se amplió a 15 puntos, con precisiones y nuevas demandas de cada sector.

El sector transporte puso en la mesa un dato técnico que preocupa a la población: el combustible que circula en la región tendría 3,030 partículas de azufre por millón. La norma permite solo 50. Los transportistas advirtieron que ese nivel de contaminación daña sus unidades vehiculares y afecta la salud de los usuarios. Por eso pidieron un decreto supremo que declare la región en emergencia.

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Campo Verde presentó uno de los reclamos más duros del acta. El hospital del distrito lleva años sin funcionar pese a una inversión de S/ 36 millones en infraestructura y S/ 18 millones en equipamiento médico. Parte de ese equipo ya se deterioró por el tiempo transcurrido sin uso. A eso se suma un proyecto de agua potable que, según los representantes, está ejecutado desde hace una década pero nunca fue entregado. Sectores de la población recolectan agua de lluvia porque no tienen otra opción.

El acta también recoge un problema que golpea la vida diaria de miles de familias: más del 85% de los predios rurales de Campo Verde no cuenta con documentación que acredite su situación legal. Esa falta de saneamiento físico-legal no solo genera inseguridad para los propietarios. También bloquea la ejecución de obras públicas en salud y educación, porque el Estado no puede invertir en terrenos sin título.

En educación, los representantes denunciaron presuntos actos de corrupción en la UGEL Coronel Portillo y pidieron evaluar la permanencia de la directora. Mencionaron además el caso de la Universidad Nacional de Ucayali, que en ese momento acumulaba más de 78 días de protesta interna. La comunidad universitaria exige la destitución del rector y del vicerrector académico, pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

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El enfrentamiento en Campo Verde deja 38 heridos y un patrullero incendiado

El bloqueo en Campo Verde no cedió pese al anuncio del fin del paro. La población de ese distrito mantuvo la vía tomada porque ninguna de sus demandas —hospital, agua potable, saneamiento de predios— quedó resuelta en el acuerdo firmado por el gobernador con los gremios de transporte. Esa resistencia se topó con la decisión de la Policía Nacional de despejar la carretera, bajo el argumento de que la huelga ya había sido levantada oficialmente.

El choque entre manifestantes y agentes dejó un saldo de alrededor de 38 heridos, entre civiles y policías. Un patrullero perteneciente al Escuadrón de Emergencia terminó incendiado durante los disturbios. La Defensoría del Pueblo hizo seguimiento paralelo a la situación de las personas intervenidas: reportó, en un primer momento, 11 personas trasladadas a la Dirincri de Pucallpa, cifra que horas después actualizó a 13 detenidos, entre ellos un menor de edad.

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La institución tomó contacto con la jefa de la Micro Red de Salud de Campo Verde, Liz García, y con el jefe de la comisaría del distrito, para conocer el estado de los heridos y el avance de las diligencias. Familiares de los detenidos exigieron garantías para el respeto del debido procedimiento. La Defensoría anunció que continuará supervisando la intervención policial y las condiciones de las personas detenidas.

El episodio expone la fractura de fondo del conflicto: un acuerdo firmado con un solo sector no bastó para apagar una protesta que nació con demandas mucho más amplias. Mientras el Gobierno regional daba por resuelto el paro, una parte de la población seguía exigiendo respuestas que nunca llegaron a la mesa de negociación.

La parlamentaria justificó su pedido en los "evidentes problemas logísticos" que, según ella, vienen afectando el ejercicio de la labor parlamentaria en la nueva sede bicameral. Invocó su función de fiscalización y el derecho de acceso a la información que le corresponde como legisladora.

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El oficio no se queda en generalidades. Vásquez pide el monto total de recursos asignados a la Unidad Ejecutora Senado, con el desglose entre presupuesto de apertura y presupuesto modificado. También solicita la fuente de financiamiento, la genérica y específica de gasto, y los montos certificados, comprometidos, devengados y pagados.

Pide, además, el saldo presupuestal disponible y un listado completo de los inmuebles usados por el Senado, con su condición jurídica, el número de oficinas habilitadas y el costo de cada adecuación.

El reclamo llega después de que la propia senadora expusiera públicamente las condiciones de su despacho. No es un pedido aislado: se suma a las quejas de otras bancadas sobre el reparto de espacios en la nueva sede del Congreso. Ese es el trasfondo que explica el tono del oficio y que desarrollamos a continuación.

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Oficinas sin baño, techos con moho y despachos vacíos sin asignar

La denuncia de Vásquez sobre su propio despacho antecede al oficio y ayuda a explicar por qué lo envió. La senadora reveló que su oficina funciona en una azotea del edificio del Congreso, una zona que, según contó, había sido declarada inhabitable durante el periodo en que ella presidió el Parlamento. El espacio fue acondicionado con paneles de drywall y tiene tres ambientes reducidos.

Uno de esos ambientes debe albergar a todo el personal de su despacho, pero el tamaño no alcanza para el equipo completo. Otro funciona como sala de reuniones. El tercero, el despacho principal, está pegado a una pared antigua con presencia de moho. Ninguno de los tres cuenta con baño propio: para llegar al servicio higiénico más cercano, el personal debe cruzar un patio y recorrer varios pasadizos alrededor del edificio.

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Vásquez cuestionó además la explicación que recibió de la Oficialía Mayor. Forno le dijo que el edificio principal, ubicado en la avenida Abancay, solo tenía capacidad para doce despachos, un número insuficiente para los senadores que debían instalarse ahí. Sin embargo, cuando la propia senadora recorrió las instalaciones, encontró varios despachos vacíos. Al plantear la contradicción a Forno, la respuesta fue que la disponibilidad de un espacio no garantiza su asignación.

El problema no es exclusivo del Senado. Distintas bancadas de oposición en la Cámara de Diputados denunciaron también oficinas mal acondicionadas en un edificio nuevo de la avenida Abancay con jirón Junín. Cada despacho cuenta con apenas 60 metros cuadrados para albergar a un diputado y siete trabajadores.

Durante la reunión se coordinaron operaciones de control territorial, recuperación de espacios públicos y prevención de delitos. También articularon el despliegue de las unidades policiales en todas las regiones del país.

Algunos interpretaron la reunión del alto mando policial como señal política o estratégica dentro del contexto de la seguridad ciudadana y la relación con el Poder Ejecutivo. Otros la consideraron como respaldo a presuntas tensiones entre las directrices del Gobierno y la cúpula policial.

En la víspera, la mandataria manifestó que la continuidad de Arriola en el cargo está relacionada con el trabajo coordinado con el Ministerio del Interior, César Astudillo, y con el cumplimiento de los objetivos trazados en materia de seguridad ciudadana.

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“Esa decisión no va a depender solamente de mí, sino también del Ministerio del Interior con el que estamos en constante comunicación”, declaró Fujimori.

La reunión de coordinación con el comando operativo a nivel nacional para fortalecer la respuesta policial frente a la delincuencia fue liderada esta mañana por el mismo comandante general y participaron integrantes del alto mando institucional como el teniente general PNP Fredy López Mendoza, jefe del Estado Mayor General; y el teniente general PNP Augusto Javier Ríos Tiravanti, inspector general.

También el teniente general PNP Luis Jesús Flores Solís, jefe del Comando de Operaciones Policiales; y el teniente general PNP Manuel Elías Lozada Morales, Director Nacional de Investigación Criminal; entre otros generales.

A través de sus cuentas oficiales, la PNP señaló que “cada decisión tomada en esta sala (Sala de Crisis de la Comandancia General) tiene un propósito que va más allá de un mapa o una estrategia: que nuestros ciudadanos puedan caminar por sus calles, regresar a casa y encontrarse nuevamente con sus familias con mayor tranquilidad”.

La reunión generó una serie de críticas y comentarios como “por dignidad renuncie”, “lo que se necesita son resultados reales”, “la limpieza, el orden y la seguridad empieza por casa”, etc.

Horas antes, delincuentes armados habían atacado un vehículo de servicio interprovincial de la empresa Z Buss en la Panamericana Norte.

No obstante, en su cuenta de Facebook, escribieron “la Policía Nacional de todos los peruanos mantiene firme su compromiso de trabajar día y noche, anticipándose al delito, fortaleciendo la presencia policial y llevando seguridad allí donde la ciudadanía más la necesita”.

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Los usuarios siguieron arreciando con sus comentarios: “se siguen burlando de los peruanos”, “como se ríen del pueblo”, “adiós Arriola”, entre otras frases.

La reunión del alto mando se dio justo luego de que la jefa de Estado vinculara la permanencia de la actual conducción policial con el cumplimiento de objetivos operativos y con la capacidad de las fuerzas del orden para producir resultados concretos contra la delincuencia.

Fujimori afirmó que el Ejecutivo continuará respaldando a las unidades policiales que destaquen por sus acciones contra la delincuencia, con la expectativa de que estos esfuerzos contribuyan a mejorar los resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Asimismo, destacó la necesidad de brindar respaldo público a las comisarías y al personal policial que trabaja en primera línea, con el objetivo de fortalecer la moral institucional frente a la criminalidad.

En la mesa directiva lo acompañan la diputada Jessica Pérez Quispe de Juntos por el Perú como vicepresidenta y Harvey Colchado Huamaní de Ahora Nación como secretario. Los parlamentarios sesionarán los lunes a las 4.00 p. m.

En su discurso, el titular del grupo de trabajo señaló que la denuncia sobre el caso del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, será el primer tema en la agenda.

"Es el primer caso que vamos a ver, ya está presentada formalmente esa denuncia. Vamos a pasar a lo que es la etapa de la investigación", indicó el parlamentario.

Ante las consultas sobre la transparencia en las investigaciones, Albañil reiteró que actuarían con neutralidad al abordar los temas. "Por supuesto, la imparcialidad va a ser nuestro trabajo como Comisión de Ética. No va a haber ningún blindaje de ningún caso, respetando siempre lo que siga el Reglamento del Congreso y de la Cámara de Diputados".

Julián Pérez Mallqui rechaza los cargos

Tras ser denunciado por su expareja, Laura Bonilla Valerio, por presunta agresión física y psicológica en una comisaría del distrito de San Miguel, el diputado Julián Pérez Mallqui rechazó las imputaciones y actualmente se encuentra enfrentando el proceso en libertad.

"Rechazo profundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría", indicó el diputado tras salir de la comisaría. Además, durante una entrevista vía RPP, señaló que la denuncia se originó por un "tema de cólera" y volvió a negar haberla agredido. "Yo rechazo tajantemente la agresión física hacia la mujer", manifestó.

Se recuerda también que a raíz de la denuncia de la expareja de Pérez Mallqui, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, integrante de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal ante el Congreso por faltas éticas. El documento solicita la suspensión del ejercicio del cargo y el descuento de haberes por 120 días.

Asimismo, Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, señaló que desde su propia bancada ya se ha solicitado la suspensión del legislador a la espera de que el caso sea visto formalmente por la Comisión de Ética.

La comisión tendría un integrante por cada bancada del Congreso. El texto de la moción exige respetar los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en su conformación. Su periodo de funciones cubriría el año legislativo 2026-2027, contado desde el momento de su instalación. La moción aún debe pasar por el pleno de la Cámara de Diputados antes de convertirse en comisión formal.

La diputada Jaqueline Tapullima, de la región San Martín, respaldó la iniciativa y mencionó el caso de Quinto Inuma Alvarado, líder indígena asesinado en 2023. Según Tapullima, hubo amenazas y alertas previas al crimen que el Estado no atendió. La parlamentaria calificó la comisión como "un paso esencial para otorgar justicia" a las comunidades afectadas por este tipo de violencia en su región.

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¿Qué investigará la comisión y con qué herramientas?

Avendaño explicó a La República que las responsabilidades que busca establecer la comisión investigadora recaen en general sobre el Estado, porque distintas entidades tienen competencia en la protección de defensores ambientales. La diputada citó como antecedente el Decreto Supremo 004-2021-JUS, la norma del Ministerio de Justicia que creó un mecanismo de protección para este grupo, tras la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso anterior.

La lista de víctimas que abordará la comisión todavía no está cerrada. Avendaño señaló que el grupo de trabajo irá construyendo esa relación durante la investigación. Además del caso de Quinto Inuma Alvarado, la parlamentaria mencionó los asesinatos de defensores del territorio ashaninka como parte de los hechos que la comisión debe revisar.

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La parlamentaria aseguró que la participación de comunidades y familiares de víctimas estará garantizada por la composición regional de su bancada. Juntos por el Perú tiene representación mayoritaria de las regiones del país, según Avendaño, lo que la bancada usará como canal directo con organizaciones sociales y con los afectados por estos casos, en lugar de limitar el proceso a expertos o funcionarios en Lima.

Sobre las facultades del grupo de trabajo, la diputada precisó que una comisión investigadora puede citar tanto a funcionarios públicos y servidores del Estado como a entidades privadas. El objetivo, dijo, es reunir información sobre las acciones que tomaron las autoridades ante los conflictos territoriales que terminaron en violencia contra defensores ambientales.

Avendaño indicó que ya sostuvo conversaciones con otras bancadas de oposición y que existe coincidencia sobre la necesidad de mecanismos de protección para estas comunidades. La moción se presentó la semana pasada, según precisó, y su bancada espera respaldo cuando el texto llegue al pleno. La parlamentaria no detalló si hubo acercamientos con Fuerza Popular, bancada con mayoría en el actual Congreso.

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El antecedente del Acuerdo de Escazú

El Congreso peruano archivó el Acuerdo de Escazú en más de una ocasión desde 2020. Ese tratado regional, vigente desde 2021 para los países que lo ratificaron, establece estándares de protección más altos para defensores del ambiente y del territorio. Perú no forma parte de ese marco normativo, pese a las alertas de organismos internacionales sobre el riesgo que enfrentan estos líderes en el país.

Consultada sobre ese antecedente, Avendaño respondió que el tema "puede ser nuevamente abierto" desde la Comisión de Constitución y Relaciones Exteriores, instancia que rechazó el acuerdo en su momento. La diputada planteó ese debate como un espacio paralelo a la comisión investigadora, aunque no precisó qué gestiones concretas impulsará su bancada para reabrir esa discusión.

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La parlamentaria también respondió a quienes cuestionan la utilidad de crear un grupo nuevo, en lugar de fiscalizar desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que ya existe. Avendaño argumentó que esa comisión ordinaria ahora reúne temas como inclusión social, mujer y familia, además de pueblos indígenas, lo que a su juicio reduce el tiempo disponible para profundizar en los casos de defensores ambientales.

Sobre las fallas del mecanismo de protección del Ministerio de Justicia, la diputada mencionó quejas por falta de presupuesto registradas hace más de un año, que incluso afectaron servicios básicos de la entidad encargada. Avendaño afirmó que organizaciones de derechos humanos solicitaron información sobre los avances de ese mecanismo y no obtuvieron respuesta, lo que interpretó como una señal de desatención estatal frente al problema.

Los aportes fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, según el propio texto de la moción, se ajustan a la ley electoral vigente. El problema, dicen los firmantes, aparece después. Belaúnde asumió el Ministerio de Defensa, cartera que decide sobre las operaciones militares en Pataz, provincia de La Libertad, donde Minera Poderosa desarrolla sus actividades desde hace años.

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Pataz permanece bajo sucesivos estados de emergencia por el avance de la minería ilegal. Pese al despliegue constante de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la zona sigue registrando homicidios, secuestros, extorsiones y ataques contra trabajadores. Ese contraste, entre el gasto militar sostenido y los resultados de seguridad, es uno de los puntos que la moción exige explicar.

El pliego interpelatorio suma 43 preguntas divididas en once bloques temáticos. Piden precisar si Belaúnde sostuvo reuniones con representantes de la minera antes o después de asumir el cargo, si existen protocolos que regulen la relación del ministerio con empresas privadas en zonas de intervención militar, y qué porcentaje del personal desplegado en Pataz protege a la población civil frente al que resguarda infraestructura minera.

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Los puntos clave del pliego interpelatorio

El bloque más extenso del cuestionario, con nueve preguntas, apunta directo al uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la protección de instalaciones mineras. Los diputados piden que el ministro garantice, con documentos de respaldo, que ningún efectivo militar cumple funciones de seguridad privada o exclusiva para Minera Poderosa u otra empresa, fuera de los supuestos que contempla la ley.

La moción también recuerda cifras concretas de violencia en la zona. Cita el secuestro y asesinato de 13 trabajadores en mayo de 2025 y de nueve trabajadores en 2023, hechos ocurridos pese a la vigencia de los estados de emergencia. Con esos datos, los firmantes preguntan qué evidencia objetiva sostiene que repetir la misma medida sigue siendo eficaz, y si el ministerio cuenta con algún informe técnico independiente sobre los resultados del modelo aplicado en Pataz.

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Otro bloque pregunta por qué el Ministerio de Defensa no ha integrado a las rondas campesinas dentro de la estrategia de seguridad, pese a que estas organizaciones cuentan con reconocimiento legal y presencia permanente en la zona. Los diputados quieren saber cuántas reuniones de coordinación sostuvo el ministerio con las rondas desde febrero de 2024, y si existe algún protocolo para compartir información sobre el crimen organizado.

El documento cita además un pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que expresó preocupación por la frecuencia con que Perú declara estados de emergencia y recomendó que estas medidas sean excepcionales, proporcionales y temporales. Con ese respaldo, la moción exige al Ejecutivo explicar qué indicadores objetivos justifican la reiteración del régimen excepcional en la provincia. El pliego cierra con preguntas sobre el ejercicio militar "Escudo de las Américas" y el desminado de las Pampas de Reque, de cara a la visita del papa León XIV.

A esto se le suma la reciente declaración de Keiko Fujimori, quien al ser consultada por la permanencia de Arriola en el cargo, evitó confirmar su continuidad y se limitó a responder que esa decisión se tomaría junto al ministro del Interior, el general de división EP (r) César Astudillo.

Cabe destacar que Óscar Arriola asumió la Comandancia General de la PNP el 30 de septiembre de 2025 y su gestión terminaría recién a finales del próximo año.

Si bien el relevo es un movimiento que el gobierno ejecutaría, la decisión contradice el marco normativo vigente. El Congreso anterior modificó la ley para otorgar un periodo fijo de dos años a la Comandancia General de la PNP.

Aquella norma se aprobó el 1 de septiembre de 2022, con el voto unánime de Fuerza Popular a favor de esta modificación, lo que evidencia cómo las decisiones del fujimorismo en el Ejecutivo chocan una vez más con las de su propia bancada en el Legislativo.

Por ello, la salida de Arriola no puede darse por voluntad política, a menos que cumpla con ciertas cláusulas contempladas en la ley, como el pase a retiro por límite de años de servicio, solicitud propia, incapacidad comprobada o una falta muy grave debidamente investigada por Inspectoría.

El planteamiento de su salida ocurre en medio de señales políticas específicas, tales como la ausencia del general Óscar Arriola en las fotografías de reuniones oficiales, la militarización de la gestión del orden interno, además del reciente copamiento en el Ministerio del Interior (Mininter), donde existe una mayor presencia de cuadros militares.

"La salida de Arriola no va a cambiar nada la inseguridad"

Ante este panorama, La República dialogó con el politólogo Edgardo Manyari, quien advirtió que el relevo del comandante general no resolverá los problemas de corrupción y las mafias que afectan a la institución.

Señaló que el gobierno no cuenta con una estrategia para disminuir los índices de criminalidad tras la eventual destitución del comandante general de la PNP. "[La posible salida Arriola] demuestra que el gobierno no tiene ningún plan contra la inseguridad ciudadana", dijo para La República.

Agregó también que "Arriola es un peón más del ajedrez", pues su relevo no va a cambiar nada la situación crítica en el país, especialmente en los sectores más débiles. "El problema de la inseguridad no son personas, sino planes coherentes. Ya hemos visto el fracaso del plan Escudo, y la salida a las calles de las Fuerzas Armadas", indicó el experto.

Asimismo, Manyari cuestionó que la solución se busque a través de la militarización del sector y expresó que cualquier intento de fortalecimiento institucional debe priorizar una reestructuración profunda debido a los niveles de infiltración delictiva.

"Fortalecer la policía en estos momentos, con el nivel de corrupción que tiene, sería muy peligroso. Podría significar darle más armas, darle más capacidades operativas, incrementar en los sueldos, pero con el nivel de corrupción que tiene la policía, eso va a ser al revés, va a aumentar el nivel de inseguridad. ¿Por qué? Porque la policía lamentablemente está infectada de corrupción".

Manyari apuntó hacia la necesidad de articular una respuesta multisectorial y técnica que involucre tanto la cooperación internacional como a la academia, al proponer una reforma profunda policial.

"(…) que se reactive el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, se incluyan las Fuerzas Armadas y se incluya sobre todo a la academia".

Juan De la Puente: el general Arriola ha sido el operador político de Dina Boluarte y de la república obscena

Por su parte, el analista político y abogado Juan De la Puente señaló que el cambio en la comandancia de la Policía Nacional no es un hecho aislado, sino la culminación de un ciclo marcado por el rol político y policial del general Óscar Arriola en los últimos años.

"La salida de Arriola es más que eso (…) simboliza el fracaso del Estado peruano frente a la ola delictiva". (…) En términos puntuales muy precisos, el general Arriola ha sido el operador político y policial de la República obscena, incluso antes de ser comandante general de la policía”, mencionó para el portal Pata Amarilla.

De la Puente recordó además que, en su paso por la Dirincri y la Dircote, impulsó narrativas para estigmatizar las protestas sociales.

“Como jefe de la dirección de investigación criminal [Dirincri] de la policía entre los meses de mayo y junio del 2023, él inventó graves cargos contra los manifestantes. (…) "Y meses atrás, cuando tenía otro cargo, cuando era director contra el terrorismo [Dircote], me refiero a enero del 2023, cuando estaba en su punto de efervescencia en las protestas sociales, llegó a decir que las movilizaciones en tres ciudades fueron organizadas por el Comité Regional de Sendero Luminoso”, señaló De la Puente.

Wilfredo Pedraza: “Las Fuerzas Armadas realizan labores simbólicas”

Sobre esta misma línea, en entrevista con Wilfredo Pedraza, exministro del Interior manifestó que lo ideal es respetar el periodo establecido por ley, exigiendo al mismo tiempo un cambio urgente en la planificación estratégica de la PNP.

"Creo que por un tema de mantener la institucionalidad, en general, respetaría terminar su periodo [...]. Sin embargo, me parece que en tanto está él al mando, se le tiene que exigir acciones de planificación, acciones de redireccionamiento de la estrategia que hasta ahora no ha dado, porque es el jefe de la Policía”.

El extitular del Mininter también cuestionó el uso de las Fuerzas Armadas en labores de resguardo urbano y patrullaje en espacios públicos. Desde su punto de vista son medidas ineficientes.

"Yo creo que las Fuerzas Armadas en temas como la inseguridad, solo realizan labores simbólicas. Hace muchos años vemos Fuerzas Armadas en la calle, en todos los estados de emergencia prácticamente militares. Todas las Fuerzas Armadas han sido desplazadas en algunos puntos (...). Yo creo que esos recursos que se gastan en esa movilización simbólica deberían de trasladarse para la compra de equipamiento, para hacer inteligencia, para recursos, (…)”.

Además, al evaluar la conformación actual del ministerio y la tendencia a militarizar los operativos urbanos, Pedraza advirtió sobre la eficacia de estas decisiones y coincidió que existe una falta de rumbo en la estrategia de seguridad.

"Veo, entonces, una situación inconveniente para esos tiempos en los que se necesita un compromiso enorme si quieres trabajar en el sector interior y la Policía. Sin embargo, esta situación se puede salvar cuando se observan planes adecuados, cuando se observe el diálogo. Y aunque dos semanas de gobierno son muy prontos para pedir resultados, diría que lo que estoy observando hasta ahora me indica que no se está yendo por un buen camino”, manifestó Pedraza.

Ricardo Valdés: “La militarización de la institución es un error”

Por su parte, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés también advirtió para La República que la creciente presencia de mandos y poderes militares en la gestión del sector es una medida equivocada que debilita el diálogo político con las autoridades locales y regionales.

"Siento que estamos, lamentablemente, repitiendo una receta equivocada para manejar los temas de seguridad, sobre todo a nivel de la política, a nivel de políticas y políticamente hablando a nivel del diálogo político también con las autoridades locales, regionales y nacionales (…). La seguridad requiere de muchos diálogos políticos porque la inseguridad se produce en los territorios que son políticamente manejados por los alcaldes y ahí no hay nada mejor que civiles con experiencia en seguridad que puedan sostener este diálogo”, señaló.

Sobre la eventual salida del comandante general Óscar Arriola sí consideró que lo más beneficioso para el país es su renuncia. "Me parece que la presidenta perfectamente podría dialogar con Óscar Arriola y solicitarle su renuncia. En tanto que se trata de un gobierno nuevo y que se trata de generarle a la población un mensaje de renovación (...). Me parece que en ese diálogo el comandante general debería estar dispuesto por el bien de la ciudadanía y del país a dar un paso al costado presentando su carta de renuncia”.

Además, Valdés cuestionó la eficacia de involucrar a las fuerzas castrenses en el control de la criminalidad urbana. “Yo personalmente creo que es un error, creo que es un error responder a los temas de seguridad ciudadana solamente con un enfoque persecutorio punitivo y en donde la fantasía de que los militares son más poderosos aplicando la mano dura. Me parece que es una lectura equivocada”.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La oficialización de este cargo aparece en una resolución suprema publicada este viernes 14 de agosto, la cual cuenta con las firmas de la mandataria y del actual ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

En el ámbito profesional, Manero es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Agraria La Molina y cuenta con un MBA de la Universidad ESAN, además de posgrados en gestión pública y agronegocios.

Su trayectoria en la dirección pública incluye haber tenido la jefatura del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego desde abril de 2024, así como haber ocupado cargos como director ejecutivo de Agroideas y director general de Competitividad Agraria.

Asimismo, durante su participación en la convención minera PERUMIN 37, el entonces ministro generó controversia al declarar que "la agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no”.

Del mismo modo, también se recuerda que en agosto de 2024, minimizó un informe de la FAO que alertaba sobre 17 millones de peruanos en inseguridad alimentaria, Manero afirmó que "en el Perú no se pasa hambre" y lo justificó con el argumento de que él mismo no cenaba. Tras las críticas y una moción de interpelación en el Congreso.

Trayectoria en el sector público y cuestionamientos

Durante su paso por el Midagri en 2024, Manero presentó una declaración jurada en la que detalló antecedentes sobre su historial administrativo y legal. En el apartado de procedimientos disciplinarios, el funcionario consignó una sanción de suspensión impuesta por el Tribunal del Servicio Civil (TSC), vinculada a la "aprobación de un expediente incompleto".

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Respecto a su historial judicial, el entonces ministro de Desarrollo Agrario declaró la existencia de una investigación fiscal en trámite para exigir el pago de una deuda, la cual calificaba como una "pretensión de cobranza en Piura".

A este antecedente se suma el cuestionamiento público de los productores agrarios. En mayo de 2024, dirigentes de la Cooperativa Agraria de Frutas Tropicales del Valle de San Lorenzo y de la Asociación de Productores de Mango San Isidro denunciaron que Manero arrastraba una deuda superior a los 200 mil dólares desde los años 2010 y 2011, originada por la venta de fruta a la empresa Copeagro, la cual, de acuerdo con los agricultores, le pertenecía a Manero.

“Al señor Ángel Manero, hoy ministro de Agricultura, conocedor de la problemática y conocido en el valle de San Lorenzo, le tuvimos plena confianza en entregarle nuestra producción de mango en la campaña 2010 y 2011 a través de su empresa Copeagro S. A. (…) Pero este señor no nos pagó y tiene a la fecha una deuda de 200.000 dólares a nuestra Asociación San Isidro y a dos asociaciones de Chulucanas”, señaló Iris Ponce, representante de la asociación de productores de mango San Isidro, para Radio Cutivalú.

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Además, los agricultores señalaron que en su momento se intentó cubrir el monto con cheques sin fondos.

"Presentamos cartas notariales para que cumpla y, tras ello, nos emitió cheques de pago. Entonces, cuando hemos ido a las entidades financieras para cobrar esos cheques, resulta que eran falsos, no tenían fondos”, agregó la vocera.

La trayectoria de Manero cuenta también con diversos cuestionamientos administrativos y legales. En septiembre de 2024, Lucila Pautrat, directora de la ONG Kené, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Manero. La acusación señaló un otorgamiento ilegal de derechos por la creación de la "Constancia de Libre Deforestación", medida que el propio ministerio anuló tras recibir recomendaciones de su oficina jurídica.

Además, una investigación de Salud con Lupa reveló posibles conflictos de interés. El informe vinculó a Silvia Wong Wu, esposa de Manero, con la empresa exportadora Sunshine Export, parte de un gremio empresarial con gran influencia en el agro.

El texto cita el artículo 139°, inciso 2, de la Constitución. Esa norma establece que ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de la función de juzgar. Los firmantes también invocan el artículo 18° de la Ley de la Carrera Judicial y el artículo 5° del Código de Ética del Poder Judicial. Ambas normas prohíben sancionar a un juez por el sentido de sus resoluciones.

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El pronunciamiento plantea tres pedidos concretos. Primero, reafirma el compromiso de las cortes con la independencia judicial como garantía de los derechos ciudadanos. Segundo, exige que las discrepancias con un fallo se canalicen mediante apelaciones y no mediante denuncias disciplinarias. Tercero, exhorta a los actores políticos a no instrumentalizar las instituciones públicas contra los magistrados.

El documento lleva la firma de titulares de varias cortes del país, entre ellas Piura, Lima Norte, Arequipa, Junín, Cusco, Del Santa, Callao, La Libertad, Lambayeque y Huánuco.

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Fernando Rospigliosi denuncia a jueces del caso Castro Castro

Fernando Rospigliosi presentó su denuncia el 11 de agosto contra los jueces Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama. Los tres integran la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. El excongresista pide que la JNJ abra un proceso disciplinario y, de comprobarse faltas graves, ordene su destitución. El origen del conflicto es una sentencia del 10 de julio. Ese día, los magistrados inaplicaron la Ley 32107 en el caso de cuatro policías condenados por la Masacre de Castro Castro. Los agentes recibieron 15 años de prisión por homicidio calificado y lesiones graves contra internas del penal Canto Grande en 1992.

Rospigliosi sustenta su pedido en dos normas que él mismo promovió en el Congreso anterior. La Ley 32107 fija la prescripción de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes de 2002. La Ley 32419 otorga amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados por hechos vinculados a la lucha antisubversiva entre 1980 y 2000. El excongresista sostiene que los jueces cometieron una infracción constitucional al desconocer una sentencia del Tribunal Constitucional que había declarado la vigencia de ambas normas.

Este caso no es aislado. Rospigliosi ya había denunciado en julio a la fiscal Rosario Quico Palomino por no aplicar la Ley 32107 en el caso del general Juan Rivero Lazo. En marzo, junto con Jorge Montoya, denunció al juez Jorge Chávez Tamariz por un proceso de 1983. En agosto de 2025 denunció al juez Richard Concepción Carhuancho, quien terminó suspendido seis meses por la JNJ en junio de este año. El patrón se repite: cada vez que un magistrado falla en contra de las leyes de amnistía, Rospigliosi acude a la JNJ para pedir su salida.

La sesión de elección fue conducida por el senador Alejandro Aguinaga Recuenco, también de FP, quien propuso votación por lista cerrada y voto nominal. La propuesta recibió respaldo unánime de los integrantes. Al asumir el cargo, Mesía señaló que su gestión garantizará igualdad de tiempo y oportunidades para que todas las bancadas expresen sus posiciones. La comisión acordó sesionar los martes a las 10:00 a. m.

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En paralelo, el senador Alfonso López Chau, de Ahora Nación, fue elegido por unanimidad presidente de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. Lo acompañan Víctor Noriega Reátegui (Fuerza Popular) como vicepresidente y Patricia Iturregui Byrne (Buen Gobierno) como secretaria. López Chau adelantó que su gestión se basará en cinco ejes: diálogo, pluralismo, transparencia, rigor técnico y búsqueda de consensos. La comisión sesionará los lunes a las 3:00 p. m., de forma presencial.

Con estas dos elecciones, el Senado completa la instalación de varias de sus comisiones más relevantes para el nuevo periodo. Fuerza Popular concentra la mayor cantidad de presidencias: además de Constitución, controla Inteligencia, Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y la Comisión Bicameral de Presupuesto. Juntos por el Perú, Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras se reparten el resto de grupos de trabajo.

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Así quedaron las mesas directivas del resto de comisiones del Senado

Estas son las presidencias, vicepresidencias y secretarías ya elegidas en la Cámara Alta:

• Inteligencia: Fernando Rospigliosi (FP), presidente; Carlos Caballero León (Buen Gobierno), vicepresidente; Humberto Morales Ramírez (JPP), secretario.
• Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo: Martha Moyano Delgado (FP), presidenta; Alejandro Muñante Barrios (RP), vicepresidente; Roger Astucuri Laura (Obras), secretario.
• Gestión del Estado y Contraloría: Percy Osorio Palpán (JPP), presidente; Héctor Ventura Ángel (FP), vicepresidente; Mirtha Vásquez Chuquilin (Ahora Nación), secretaria.
• Justicia y Derechos Humanos: Katherine Ampuero Meza (RP), presidenta; Jorge Gavidia Rodríguez (Buen Gobierno), vicepresidente; Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), secretario.
• Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo: Daniel Barragán Coloma (Obras), presidente; Nilson Flores Suárez (Buen Gobierno), vicepresidente; Karla Schaefer Cuculiza (FP), secretaria.
• Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital: Susana Matute Charún (Buen Gobierno), presidenta; José Chipana Chipana (JPP), vicepresidente; Segundo Tapia Bernal (FP), secretario.
• Procedimientos Especiales: Hugo Ccahuana Aymachoque (JPP), presidente; Absalón Vásquez Villanueva (RP), vicepresidente; Martha Moyano Delgado (FP), secretaria.
• Defensa Nacional y Orden Interno: Francisco Calisto Giampietri (RP), presidente; Walter Gago Rodríguez (Obras), vicepresidente; Elard Melgar Valdiviezo (FP), secretario.

La distribución de comisiones se aprobó primero en la Junta de Portavoces del Senado y luego fue ratificada por cada grupo de trabajo en sesiones de instalación realizadas entre el 13 y 14 de agosto.

Máximo Torero: Sí, mira, un gusto estar con ustedes. Un poco lo que hay que entender es que, como tú bien decías, hay dos problemas grandes. No es solo El Niño. Hay un problema que estamos arrastrando ya hace más de cien días, que es el problema del estrecho de Ormuz. Lo que ha hecho el estrecho de Ormuz es sacar de la oferta de insumos agrícolas entre el 20 y el 30% de los principales insumos, es decir, el petróleo que utilizamos para poder producir en la parte de procesamiento, transporte y bombeo de agua, que mayormente se hace con petróleo. Luego el gas natural, que se utiliza para producir nitrógeno, central en la urea y en los fertilizantes en general. El azufre, que se utiliza para generar fosfatos, también ha desaparecido. Y las semillas, porque las semillas híbridas, sobre todo de cereales, requieren mucha urea. Ese contexto ya ha llevado a que los precios de esos insumos sean muy altos, y por lo tanto los productores han tenido que decidir producir con menos insumos o cambiar a productos que utilizan menos urea, por ejemplo moverse de cereales a soja, o vender a biocombustibles en los países donde los hay.

Tenemos menos oferta de alimentos a nivel mundial y precios que están empezando a subir. Los principales commodities afectados ahora son el arroz, el trigo duro, que es para la pasta, y poco a poco el maíz y el trigo para el pan también están empezando a subir lentamente. Hemos tenido suerte, por otro lado, a nivel mundial, porque ha habido una buena cosecha de trigo para pan y de maíz, lo cual nos ha ayudado a compensar un poco la situación. Pero en ese contexto tenemos además ahora el Niño, y es un fenómeno que va a afectar a muchos países del mundo, no solo a Latinoamérica. Eso se puede ver históricamente. Pero además, lo que está diciendo la NOAA y lo que está diciendo la Organización Meteorológica Mundial es que este va a ser un Niño muy especial y muy fuerte. No necesariamente esperan que el impacto sea igual que antes en términos históricos, pero sí esperan que sea muy fuerte.

Entonces, en esas condiciones, con pocos insumos, El Niño va a afectar más, simplemente porque nuestros suelos van a estar en mayor estrés respecto a la situación actual. Si venimos al caso del Perú, el país históricamente se ha visto afectado por El Niño. Hemos perdido alrededor del 10% del PBI, entre 3 mil y 3.500 millones de dólares o más, en pérdidas por este fenómeno, y mayormente no hemos estado bien preparados. Hemos esperado a que pase para recién reaccionar y tratar de recuperar la situación.

Eso no lo podemos permitir esta vez. ¿Qué es lo urgente? Lo más urgente, y lo que hay que entender, es que El Niño va a ser heterogéneo: va a haber inundaciones en la costa y escasez de agua en la sierra. Entonces hay que hacer una estrategia que tome en cuenta esas características. Tenemos que evaluar lo que ha pasado históricamente en el caso del Perú y empezar a dar soluciones. Nosotros lo vemos desde dos puntos de vista. El primero es la prevención. Eso implica sistemas de alerta temprana, que ya existen y están avanzando, pero hay que mejorarlos. Implica tener seguros, en la medida de lo posible, que nos permitan protegernos. Implica estar preparados para lo que va a pasar en términos de enfermedades de animales y plantas, y estar listos para los choques que ya conocíamos históricamente.

Pero el segundo componente, tal vez el más importante, es la capacidad de absorción. ¿Cómo hacemos para que nuestros productores puedan absorber este choque? Ya estamos viendo cambios en la costa, en la producción de agroexportación. Se está tratando de adelantar la cosecha. Se está tratando de cambiar a productos que puedan resistir más humedad, como moverse hacia la sandía, por ejemplo. Se está viendo cómo proteger, a través de mecanismos de irrigación, lo que ya se ha plantado. En la sierra todavía no hemos visto mucho avance ni mucho cambio. Ahí hay que pensar en pequeños reservorios que permitan acumular agua para cuando falte, y así poder irrigar esa parte del país. También sabemos que la infraestructura se ve afectada, sobre todo los caminos. Podemos ver en la historia cuáles son los tramos que normalmente se ven afectados por El Niño. Entonces, ¿cómo encontramos rutas alternativas? ¿Cómo posicionamos infraestructura, tractores y maquinaria que nos permitan resolver ese problema más rápido? ¿Cómo limpiamos el cauce de los ríos, donde ya sabemos que eso ocurre? ¿Y los puentes que siempre suelen caerse? ¿Cómo los reforzamos para que no se caigan? Hay un montón de medidas de infraestructura y productivas que nos pueden ayudar a minimizar esa pérdida, esos tres mil millones que siempre perdemos, y a tener mayor capacidad de absorción y prevención a la vez.

Alejandro Céspedes García: ¿Cuánto le va a costar esto a la canasta familiar?

Máximo Torero: Es muy difícil saber ahora cuál sería el impacto. Sabemos que el impacto en la economía es de alrededor del 10% del PBI. Eso es lo que se busca minimizar, llevarlo al 5 o al 3%. Ese es el rol del gobierno. Y además debe haber un programa de protección social muy bien focalizado.

Alejandro Céspedes García: ¿Con qué ministerios debería reunirse la FAO ya mismo?

Máximo Torero: Eso es algo que el gobierno tiene que hacer de arranque. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es un panel de control. Esto tiene que ser descentralizado, pero a la vez centralizado. Tiene que haber un panel de control que permita ver qué es prioritario: estas son las inversiones de infraestructura que hay que hacer rápido, estas son las inversiones de posicionamiento de activos para minimizar riesgos, estas son las inversiones de tecnología y transferencia tecnológica, y en qué parte del país. La información que tenemos hoy en día es muy grande. Tenemos información satelital, sabemos el nivel de estrés de las siembras. Si utilizamos esa información espacial, que hoy tiene una resolución muy alta, junto con la historia de lo que ha pasado en años anteriores, ese panel de control puede ser una herramienta muy útil para priorizar.

Entre las instituciones clave, lo más vulnerable, la cola de la distribución, corresponde al MIDIS, con sus programas de transferencias condicionadas, que deben estar focalizados en los sectores con mayor probabilidad de ser afectados por El Niño. No a todo el mundo, tienen que estar focalizados.

Alejandro Céspedes García: ¿Y Agricultura?

Máximo Torero: El Ministerio de Agricultura tiene que asegurarse de que los productores cuenten con semillas más resistentes a la sequía, en el caso de la sierra, y semillas más resistentes al exceso de agua, en el caso de la costa. Tiene que dar apoyo tecnificado y ver cómo trabajar con la inversión regional en pequeños reservorios, en el caso de la sierra, y cómo limpiar el cauce de los ríos. También está toda la operación de limpieza de ríos e infraestructura de mayor escala.

Alejandro Céspedes García: ¿A qué regiones va a llegar la FAO primero?

Máximo Torero: Mira, la FAO es una entidad de asistencia técnica calificada. Lo que tiene que ayudar a armar es ese centro, ese dashboard, ese panel de control, utilizando toda la información que manejamos, y trabajar con el gobierno central y con los gobiernos regionales. No puede estar desvinculado. Las regiones más afectadas son toda la costa norte, y en la sierra, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa y sobre todo Puno, que también se va a ver afectada. Toda esa parte de la sierra centro sur tenemos que verla. Y también partes de la selva.

Pero además, la pesca también se va a ver afectada. La anchoveta va a ir más al fondo porque busca temperaturas más bajas. Eso va a afectar a toda la pesca artesanal, así que también tenemos que tener una estrategia para ese sector. Y una estrategia, sobre todo en la sierra, para el alimento de los animales, porque si no hay buenas cosechas, no va a haber alimento para el ganado. Tenemos que estar preparados para eso.

Alejandro Céspedes García: ¿Y la ganadería? De eso se habla poco.

Máximo Torero: Exacto, es lo que te estoy diciendo. Hay que tener el forraje reservado y ver la forma de hacer las compras necesarias para que la ganadería no se vea impactada. Eso también va a ser muy importante.

Alejandro Céspedes García: El INEI cambió su metodología para medir el hambre, y en el Perú los números no mejoraron como en el resto de la región. ¿Qué está pasando?

Máximo Torero: Mira, lo que encontramos en el Perú es que la tasa de hambre o desnutrición crónica en los últimos tres años está alrededor de 5,7%. Históricamente ha bajado, pero podría estar mucho más baja. Creemos que una meta de este gobierno debería ser hambre cero, lo que acaba de lograr República Dominicana. Por ejemplo, el año pasado salió el mapa del hambre y también apareció Brasil.

Pero además tenemos otra medida que ya implementó el INEI, la acaba de lanzar hace pocos meses: el FIES, en inglés Food Insecurity Experience Scale, la escala de inseguridad alimentaria. Esta escala tiene dos componentes: la severa, equivalente a la desnutrición, y la moderada, que corresponde a la sobrenutrición. Estamos en 30,5%, y eso es lo que hay que bajar. Está atado no solo a la desnutrición, sino también a la sobrealimentación, es decir, a las dietas saludables. Y el costo de las dietas saludables en América Latina es el más alto del mundo, incluido el Perú.

Ahí hay que ver qué está pasando con los mercados locales, con esa diversidad de alimentos que se requiere para bajar el costo de la dieta saludable. Que nos hayamos dedicado a la agroexportación es algo muy bueno, porque genera ingresos y ayuda a incrementar mercados para nuestros productores. Pero también tenemos que empezar a preocuparnos por el mercado local. Hay que trabajar con ambas estrategias. Hemos sido muy exitosos en la agroexportación. Tenemos que empujar mucho más nuestro mercado local.

Alejandro Céspedes García: El programa de alimentación escolar ha cambiado de nombre varias veces, de Qali Warma a Wasi Mikuna y ahora al PAE. ¿Qué evaluación tiene la FAO de eso?

Máximo Torero: Mira, nosotros tenemos una red latinoamericana basada en la experiencia brasileña, de la que casi toda Latinoamérica forma parte: la RAES. Esa red ha acumulado el aprendizaje de las mejores prácticas. Uno no puede pensar que el sistema de alimentación escolar de Brasil fue exitoso desde el primer día, tuvo muchos problemas. Pero de esos problemas se puede aprender y se pueden saltar etapas.

Lo que hemos hecho con la FAO, con la oficina regional y la oficina de país, es sistematizar toda esa información. ¿Qué implica eso? Que no solo estamos hablando de calorías, sino de dietas saludables. ¿Cómo podemos hacer un programa de alimentación escolar que incluya dietas saludables? En el Perú es inadmisible que tengamos los niveles de anemia que tenemos, y eso se puede solucionar con un sistema de dietas saludables, desayunos y meriendas escolares.

¿Qué estamos haciendo además? Estamos midiendo los desperdicios en las dietas saludables en República Dominicana, porque si un niño deja de comer algo y lo bota, quiere decir que no le gusta, y ahí hay que cambiar el menú. No es que el programa esté mal, es simplemente que no se está adaptando a las necesidades del niño. Que sea saludable no quiere decir que no sea delicioso. Se quiere que sea delicioso, para que el niño lo consuma. En República Dominicana hemos hecho eso para aprender. Tenemos una aplicación que se llama OptiWaste, que mide eso, es muy fácil de usar y además ayuda a cambiar el comportamiento de los niños.

Alejandro Céspedes García: ¿Ya se usa en el Perú?

Máximo Torero: No, todavía no, y queremos aplicarlo, pero tenemos que empezar poco a poco.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué le dirías a un padre o una madre que no sabe cómo alimentar mejor a sus hijos con lo poco que tiene?

Máximo Torero: Mira, hay que entender un poco nuestra realidad. Si ves en el mundo a los países que han logrado salir o bajar sustancialmente su hambre, y salir de un mapa de hambre, son países que han tenido dos enfoques grandes. Uno es la protección social, no solo transferencias sino también meriendas escolares, y el otro es la mejora de la producción y la productividad de forma sostenible. Ese es el caso de Brasil, el caso de Chile, y ahora el caso de República Dominicana.

Alejandro Céspedes García: ¿Productividad de qué, del trabajo?

Máximo Torero: No, estamos hablando de productividad en términos de las semillas, del producto que rinden. Por supuesto que también se incluye la productividad laboral.

Esos son los dos mecanismos. Ahora, hablando de la merienda escolar, la realidad peruana es bastante compleja. Hay escuelas donde los niños caminan tres horas para llegar y tres horas para regresar. En algunas no es así, pero mayormente tenemos un problema de movilidad enorme, sobre todo en la sierra. Ahora las zonas más vulnerables están en el sur y en la Amazonía, donde la situación es todavía mucho más compleja. En esa realidad tenemos que adaptarnos y vivir en ella. Un niño que camina seis horas al día va a tener una sola merienda al día, y si esa merienda no es adecuada, se le está haciendo un daño que va a afectar su futuro. Por eso es tan importante, dentro de los programas sociales, el componente de la merienda escolar. El Perú tiene que ponerle mucho énfasis a mejorarla.

El primer objetivo de la merienda escolar es alimentar bien al niño, con dietas saludables. Una vez logrado eso, la siguiente etapa es hacer compras locales para promover también la agricultura. Pero el primer objetivo es que el niño tenga buena alimentación, porque eso beneficia hoy y mañana. La segunda etapa es ver qué se puede comprar localmente, y ahí hay que avanzar cuidando la salubridad alimentaria, porque lo último que se quiere es que un niño se enferme por la comida que come. Ahí hay que poner estándares de salubridad muy altos. Y luego se puede empezar a ver cuestiones de agricultura sostenible o regenerativa. Pero hay que ir en secuencia, no se pueden saltar etapas. El primer objetivo es alimentarlo bien, y creo que el Perú lo puede lograr. Es cuestión de armar la institucionalidad y los estándares de salubridad que se requieren para que esos niños puedan alimentarse mejor.