Luque invocó el artículo 99 de la Constitución y el artículo 174 del Reglamento del Congreso para sustentar la denuncia. Los denunciados son Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González, Cayo César Galindo Sandoval, Jaime Pedro De la Puente Parodi y Rafael Ruiz Hidalgo.

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"Lo que en este momento exige mi bancada es que se atienda con carácter inmediato estos reclamos que tiene la sociedad civil afectada por la inseguridad. Será en su momento que evaluaremos una interpelación, pero el Gobierno tiene que tener una estrategia de seguridad. Lo que en este momento corresponde a nuestra bancada es emplazar al Gobierno a que tome acción. Será luego, en su momento, que nosotros, viendo las acciones, evaluaremos una interpelación", indicó.

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Recientemente, el ministro ratificó su confianza en Óscar Arriola como jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP) y afirmó que la cifra de homicidios está disminuyendo. Estas declaraciones se produjeron poco después del asesinato de un chofer de la empresa Vipusa. Al respecto, Holguín aseguró que es fundamental que se atiendan los pedidos del sector. Cabe señalar que en la conferencia de prensa estuvieron presentes representantes de los transportistas.

"En este momento, lo fundamental es emplazar a atender con carácter de urgencia la petición del sector de Transporte por el tema de la inseguridad. Es una posición general que tenemos tanto en senadores como en diputados hasta el momento", apuntó.

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Harvey Colchado critica a Óscar Arriola

Harvey Colchado, también diputado por Ahora Nación y exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), indicó que Óscar Arriola debe ser retirado de la jefatura de la Policía. El coronel en retiro señaló que Arriola no ha mostrado la aptitud suficiente para ocupar el cargo.

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"¿En qué momento se ha reducido la extorsión? En ningún momento. No tiene, lamentablemente para los ciudadanos, una estrategia adecuada. El señor general tiene que renunciar ya. El ministro del Interior no se debe dejar engañar", indicó.

Asimismo, señaló que en distintas subdivisiones de la PNP no hay presupuesto ni acciones claras. Colchado calificó de fracaso la gestión de Arriola al mando de la institución policial.

Colchado explicó que los departamentos de investigación criminal a nivel distrital no cuentan con presupuesto para inteligencia ni para gastos básicos, mientras que a nivel central el Estado maneja un fondo de inteligencia de entre 80 y 120 millones que el actual jefe de la PNP, Óscar Arriola, no ha invertido en la tecnología necesaria para enfrentar a las bandas extorsionadoras.

—¿Cuál es la capacidad de presupuesto de la Policía hoy en el Perú para combatir la extorsión?

No tiene. Estoy visitando los departamentos de investigación criminal de cada distrito. Anoche estuve en el Cono Norte. Y no tiene ni un sol para gasto de inteligencia. No tiene ni para el internet, ni para las hojas. Hacen una colecta para reparar sus vehículos. Entonces, cómo vas a pagar al informante que integra una banda criminal y te dé la información si no tienes para pagarle.

—¿Qué impacto tiene esa falta de fondos?

Mira, un ejemplo, que me señala uno de los policías que he entrevistado en estos días: ya tenemos identificados a 5 que han participado en un homicidio, pero necesito filmarlos para hacer la petición topométrica. Entonces, el fiscal pide esa diligencia. Y no hay dinero para poner cámaras en sus domicilios, escondidas, con la técnica de videovigilancia autorizada por la fiscalía, para tener la imagen y hacer la homologación.

—¿Qué le diría usted al Ministro del Interior?

Por favor, señor Ministro del Interior, el general Arriola ha demostrado su incompetencia. Tienen que invertir los recursos de inteligencia y que lleguen hasta suboficial de tercera, al alférez, que es el que hace el trabajo de campo.

Cuando yo trabajaba en la Dirandro con la DEA, como lo hacía la policía de la Diviac que le hacían llegar el dinero el primero o segundo día del mes con el recurso de inteligencia. No esperemos que llegue el fin del mes y que vuelva a devolver lo que ha gastado.

Y a nivel central, esta capacidad de escucha, ¿qué tan amplia es?

Lamentablemente, no han comprado el software que intersecta las redes. ¿Sabes cuánto es el software que intersecta las redes sociales? Está a 30 millones.

—¿De dólares?

Sí y se maneja un promedio de 80 a 120 millones. (…) Se lo voy a decir el día jueves al ministro del Interior, para ver si sabe que sí hay recursos y la policía, que es administrada por el actual comandante general Óscar Arriola, no ha comprado.

—Es que si no compran las cosas que tienen que comprar y no hacen inteligencia, usted puede sacar una ley estupenda y no sirve de nada. Ese es el problema. Qué frustrante ser diputado

Claro ahora solo puedo legislar y fiscalizar. Les puedo decir: haz esto, haz lo otro. Pero no lo puedo subsanar porque no estamos en el Ejecutivo. Pero mi trabajo va a ser ese. Y muchos policías me agradecen. (…) La gente pide resultados. Nos batimos, nos sacamos el ancho. No tenemos francos, estamos detrás, pero no tenemos dinero, no tenemos recursos. ¿Qué podemos hacer? Hacemos lo que humanamente se pueda hacer.

Ocho años de hostigamiento

"Es un atropello continuo desde 2018 hasta el 2026 a mi trabajo como periodista", afirmó Ugaz a La República. La reportera sostiene que el Sodalicio, grupo suprimido por la Santa Sede en enero de 2025 por "comportamiento sectario", nunca figuró como querellante directo en su contra. Las acciones, precisa, fueron promovidas por personas vinculadas a la organización.

La última acción llegó esta semana. La Asociación Civil San Juan Bautista presentó una querella por difamación agravada contra Ugaz, a la que acusa de difundir afirmaciones falsas sobre la institución. Esta denuncia se suma a un proceso por presunto enriquecimiento ilícito abierto en 2023 por Luciano Revoredo, director del portal La Abeja, y a otras causas penales que la periodista arrastra desde hace años.

Ugaz atribuye el hostigamiento judicial al Sodalicio, aunque la orden religiosa no figura como querellante formal en ninguno de los procesos. Las denuncias provienen de personas vinculadas al grupo, que la Santa Sede suprimió en 2025 por comportamiento sectario.

Vale destacar que la mujer de prensa ha obtenido el apoyo del Papa Francisco y ahora el de León XIV.

Tres nombres y un patrón

A partir de un reportaje de Al Jazeera en el que Ugaz no tuvo injerencia editorial, tres personas ligadas al Sodalicio iniciaron procesos contra ella. Las denuncias de Carlos Gómez de la Torre, de la Asociación Civil San Juan Bautista, terminaron archivadas. José Antonio Eguren, entonces arzobispo de Piura y Tumbes, desistió tras la intervención vaticana. Luciano Revoredo, del portal La Abeja, mantiene abierto un proceso por enriquecimiento ilícito. Se suma ahora Edgardo Palomino Martínez, excandidato al Congreso por Renovación Popular.

El secreto de las comunicaciones

Un episodio en particular preocupa a la SIP. El Primer Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dispuso en 2023 el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Ugaz y ordenó a las telefónicas entregar información sobre sus contactos entre 2013 y 2020. La razón de los magistrados era un presunto enriquecimiento ilícito que jamás se ha podido comprobar.

La medida se mantuvo en reserva y la periodista solo tomó conocimiento de ella en 2024, lo que compromete directamente la confidencialidad de sus fuentes periodísticas.

Una pregunta abierta

Para Ugaz, la sucesión de procesos plantea una interrogante vigente pese a la extinción formal del Sodalicio. "Resulta más necesario que nunca investigar si existen vínculos o coordinaciones que expliquen la sucesión de procesos contra periodistas que investigan esta millonaria organización", señaló. Confía en que la justicia peruana colabore con la Santa Sede contra la corrupción económica internacional.

Una herramienta de control

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, sostuvo además que la litigación estratégica se convierte en una herramienta de control cuando las demandas y las leyes de difamación penal se usan para silenciar el escrutinio periodístico en lugar de garantizar justicia. La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Martha Ramos, coincidió en que el caso expone los riesgos que corre el periodismo de investigación frente al poder económico y religioso.

La SIP pidió a las autoridades peruanas frenar el uso del sistema judicial contra periodistas y exigió que cualquier medida que afecte la confidencialidad de las fuentes cumpla con criterios estrictos de legalidad y proporcionalidad. Una misión de la organización que visitó Perú en 2025 ya había alertado sobre la hostilidad creciente hacia los medios independientes y la persecución judicial a periodistas críticos.

En la disposición se autoriza a la Autoridad Nacionaldel Agua (ANA) a realizar in-tervenciones inmediatas de limpieza, descolmatación y conformación de bordes en cauces de ríos y quebradas, identificados como puntos críticos.

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Sobre ello, se aprueba que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que dirige Elmer Cuba, destine a la ANA un total de 179 mi-llones de soles, de los cuales 129 millones 400 mil soles se ejecutarán en actividades de limpieza y descolmatación a favor de las regiones de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. El otro monto restante, de 50 millones 59 mil soles, se repartirá en la instalación de barreras dinámicas en quebradas vulnerables de las provincias de Lima y Huarochirí.

El decreto, firmado por la presidenta Keiko Fujimori, Luis Galarreta y los ministros Marco Vinelli y Elmer Cuba tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, según la publicación oficial en El Peruano. En el documento, al que accedió La República, se detalla 70 intervenciones en las cuencias de los ríos Piura, Tumbes, Santa, Rímac, Motupe, La Leche y Chancay-Lambayeque. A ello, se suma la instalación de barreras en las quebradas de los distritos de Lurigancho-Chosica, Santa Eulalia, Ricardo Palma, Cieneguilla y Chaclacayo.

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Contradicciones

Si bien se oficializado un total de 179 millones de soles con la intervención de 70 puntos críticos, el último lunes, el ministro Marco Vinelli adelantó—en una entrevista para El Peruano— que el Ejecutivo alistaba un primer paquete de 800 millones de soles para mitigar impactos del fenómeno El Niño y apoyar a los pequeños productores.

Agregó que, en la primera etapa, se atenderá 540 puntos críticos de 1900 que se registran en el país. “En el país hay alrededor de 1,900 puntos críticos. En esta primera etapa atenderemos 540 y vamos a convocar también al sector privado para intervenir aquellos puntos que el Estado no pueda atender directamente. Para este primer paquete se ha previsto aproximadamente 800 millones de soles. No se ha considerado un límite predeterminado porque se trata de una situación excepcional”, sostuvo.

Se señalan responsabilidades para la ANA

Además, el decreto establece que el jefe de la ANA será responsable de que los recursos destinados por este decreto se utilicen correctamente y para los fines previstos. Sin embargo, los funcionarios no serán responsables por actos de fraude o corrupción cometidos por terceros si pueden demostrar que actuaron con la debida diligencia y que esos hechos escaparon de su control.

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Además, la ANA tendrá que rendir cuentas sobre cómo gastó el dinero. Deberá publicar informes trimestrales y uno final, detallando qué puntos críticos fueron atendidos, dónde se encuentran y qué contratos se realizaron. También tendrá que garantizar que el gasto sea eficiente y evitar que el Gobierno, las regiones y las municipalidades financien dos veces la misma intervención para enfrentar los riesgos asociados al Fenómeno El Niño.

En sus primeras declaraciones en el cargo, Paredes señaló que buscará conciliar los puntos de vista de las empresas mineras, las comunidades y el medio ambiente. "Represento la voz de los pueblos de las regiones que no han tenido voz. Vamos a buscar un consenso entre la gran minería, la mediana y la pequeña minería", señaló.

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Entre los principales temas que se abordarán en este grupo de trabajo se encuentra la aprobación de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal —conocida como Ley MAPE—, que viene siendo diseñada por el Ejecutivo. Del mismo modo, esta comisión debatirá sobre el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), padrón administrativo para el registro de pequeños mineros y mineros artesanales.

Sobre el trabajo que realizará la comisión, la diputada afirmó que visitarán las regiones que son escenarios centrales de la actividad minera. Indicó que la provincia de Pataz, ubicada en La Libertad y señalada como uno de los territorios más afectados por la minería ilegal, está entre los lugares que visitarán.

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'Cholo Dolmos' participó, como presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción Civil (Conatracc), en los encuentros con el ministro Arnillas. 

Consultado por La República, Augusto Ramos Dolmos confirmó las entrevistas en la oficina del ministro Arnillas. En cambio, los encargados de prensa del titular de Vivienda y Construcción no respondieron a las preguntas de este diario, como la siguiente: ¿Cómo explica que en plena lucha contra la extorsión, reciba en su despacho ministerial a un imputado por dicho delito?

El registro de visitas del ministro de Vivienda consigna que 'Cholo Dolmos' se reunió con Mauricio Arnillas.

El sábado 1 de agosto, apenas cuatro días después de asumir como titular de Vivienda, Arnillas recibió a Augusto Ramos Dolmos.

Una simple búsqueda en la web permite encontrar información sobre los antecedentes de 'Cholo Dolmos'.

El encuentro duró una hora y 42 minutos. 

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Citas sin registro

Según dijo 'Cholo Dolmos' a este periódico, durante la entrevista se abordaron diferentes situaciones que se presentan en las obras de saneamiento y construcción, especialmente de obras públicas.

“El primero de agosto nos hemos reunido con el ministro de Vivienda y también con su equipo. Le hicimos llegar nuestra preocupación como trabajadores, por ejemplo, en Sedapal, el programa de agua segura para Lima y Callao, el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y otros. Es que están poniendo trabas a los consorcios empresariales, penalizándolos sin razón”, declaró Ramos.

Pero el encuentro del sábado 1 de agosto no fue el único.

El 'Cholo Dolmos' indicó a La República que al día siguiente, el domingo 2 de agosto, volvió a encontrarse con el ministro Arnillas. Pero esta segunda reunión no figura en el reporte de visitas del Ministerio de Vivienda.

Según el dirigente, la cita se produjo alrededor de las 10.00 a. m. y participaron dirigentes de Conatracc y representantes de Villa María del Triunfo y Chorrillos.

“El domingo dos de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, nos reunimos nuevamente la Conatracc, el presidente gestor, Carlos Chávez, y el compañero Cajas de Chorrillos. Se conversaron ahí (con el ministro Mauricio Arnillas) todos estos temas (porque) los funcionarios de Sedapal y del PAS ponen 50 mil trabas y lo que buscan es paralizar las obras y no sabemos por qué razón”, arguyó “Cholo Dolmos”.

El tercer encuentro ocurrió el jueves 13 de agosto. Ese día, Augusto Ramos Dolmos publicó en Facebook una fotografía junto al ministro Arnillas después de participar en una conferencia de prensa en la Cámara de Comercio de la Región Arequipa.

En menos de dos semanas, desde el inicio de la gestión de Arnillas, ambos tuvieron dos reuniones que el dirigente describe como encuentros de trabajo y una aparición conjunta en Arequipa.

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Una historia sombría

El 15 de febrero de 1997, el dirigente condenado por extorsión fue ingresado en el penal de Lurigancho tras ser sentenciado por el Juzgado Penal de Lima, para cumplir una condena de ocho años de prisión.

Al 'Cholo Dolmos' se le atribuyó exigir presuntamente a nombre del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) la suma de US$100 mil para dejar en libertad al exembajador Morita Aoki, cuando este se encontraba secuestrado en la residencia japonesa, en 1997.

Augusto Ramos estuvo en la cárcel dos años y 37 días. 

Una reciente búsqueda de antecedentes policiales detectó que el 'Cholo Dolmos' cuenta con dos denuncias.

La primera corresponde al 5 de agosto de 2018 y está relacionada con una imputación por violación de la libertad del trabajo.

Según el atestado policial, tres trabajadores de una obra en Independencia denunciaron que fueron obligados a pertenecer al Comité de Obra San Juan Bautista, asociado a la Fenatracc (Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil del Perú), una organización sindical vinculada con la Conatracc que preside el 'Cholo Dolmos'.

El propósito era descontar a los trabajadores S/ 10 semanales por laborar en la obra. Era un “cupo” encubierto.

“Los imputados (Augusto Ramos y Brayan Hermoza) presentaron documentación fraudulenta sobre la conformación del comité de obra San Juan Bautista para lograr un acuerdo en cuanto al descuento de S/10 semanales pese a no pertenecer a ningún sindicato y no han firmado autorización alguna para que les descuenten parte de sus remuneraciones", se lee en la denuncia.

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'Campaña comunista'

El dirigente sindical en Lima Norte, Alan Otárola Maldonado, fue quien formuló la imputación contra 'Cholo Dolmos' en la Comisaría La Pascana, en Comas.

"Una persona había tocado la puerta fuerte de su domicilio que al momento de salir se percató que había un arreglo floral con una nota con la descripción: 'Loco Alan, vas a 

terminar como otros seudos dirigentes, renuncia hijo de puta o tu familia pagará los platos rotos'”, relató Alan Otárola a la policía.

Otárola mencionó directamente a Alfonso Ramos Dolmos.

Consultado sobre las denuncias y sus antecedentes, 'Cholo Dolmos' rechazó las imputaciones.

“Yo no tengo ninguna denuncia por extorsión ni por nada. Yo tengo mis certificados de antecedentes policiales, penales, judiciales, y todos están limpios. Por eso soy dirigente, si no, no podría hacerlo. No sé qué más quiere saber, pero yo ya no le voy a responder más”, señaló el “Cholo Dolmos” a La República.

El dirigente calificó las acusaciones como parte de una campaña en su contra y señaló a sectores de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y al Partido Comunista Peruano (PCP-Unidad) como sus adversarios.

En 2015, 'Cholo Dolmos' pretendió obtener licencia para portar armas. Pero la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), rechazó la petición por sus antecedentes criminales.

“El 28 de enero de 2015, el Jefe del Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial informa a la SUCAMEC que en la base de datos del aludido registro aparece una sentencia a nombre de Augusto Antonio Ramos Dolmos, por la comisión del delito de Extorsión, seguido ante el Cuarto Juzgado Penal de Lima, imponiéndosele Ocho Años de Pena Privativa de la Libertad Efectiva”, señala el documento de SUCAMEC que le negó la petición.

El proyecto afirma que no pretende criminalizar las opiniones, críticas políticas ni las manifestaciones legítimas, y que la intervención penal debería considerar elementos como el contexto, la finalidad, la capacidad de influencia y la existencia de un riesgo concreto. Sin embargo, la propuesta no delimita qué acciones supondrían la difusión o promoción señalada, dejándolo a interpretación de las autoridades.

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Los medios masivos serían justamente quienes asuman mayores sanciones. Y es que la propuesta plantea modificar el artículo 46 del Código Penal para considerar como circunstancia agravante que determinadas conductas sean realizadas a través de medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones o actos de difusión.

El agravante también se aplicaría si la declaración proviene de líderes de opinión, comunicadores, creadores de contenido, influencers y personas con capacidad de convocatoria pública. También se incluye a funcionarios públicos, servidores públicos, representantes y dirigentes políticos, sociales o gremiales.

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El texto también señala que la iniciativa busca intervenir antes de que se concrete un acto violento. La fórmula legislativa cuenta con las firmas de los miembros de la bancada del partido celeste en la Cámara Baja.

Los argumentos del proyecto de ley y la crítica legal

El proyecto de ley sostiene que, en el Perú, no existe una norma que sancione a quienes difundan mensajes públicos que apoyen o justifiquen el uso de la violencia antes de que se cometa un delito. Según la iniciativa, este tipo de mensajes puede resultar especialmente peligroso en contextos de crisis política o conflictos sociales, pues podría contribuir a normalizar la violencia y motivar acciones violentas por parte de determinados grupos.

Para respaldar esta argumentación, el proyecto utiliza cifras sobre criminalidad y hace referencia a hechos como las protestas de 2020 y las movilizaciones de 2022-2023. También menciona lo ocurrido con el comunicador Phillip Butters, quien, tras realizar declaraciones sobre las protestas sociales registradas en el país, fue rechazado por ciudadanos de Juliaca durante una visita a esta ciudad como parte de su campaña política.

“Estos hechos permiten constatar que en tiempo de crisis política los mensajes públicos que proponen, justifican o legitiman el uso de medios violentos pueden tornarse en factores de riesgo a partir de su capacidad de convocatoria o de influencia sobre grupos determinados”, se lee en la exposición de motivos.

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En diálogo con La República, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, señaló que el proyecto de ley vulneraría la libertad de expresión protegida por la Constitución. Además, sostuvo que la iniciativa carece de marcos claros que permitan una aplicación efectiva de la norma.

“Acá es difícil saber cuál es el delito al que se está haciendo apología. En términos concretos, lo que se está criminalizando es el traslado de informaciones. Eso es peligroso y abiertamente inconstitucional. (…) La forma en la que se está presentando muestra una muy deficiente técnica legislativa que termina por sobredimensionar el ataque que puede tener sobre la libertad de expresión”, apuntó.

Rivera señaló que el proyecto presenta una clara deficiencia al equiparar la comunicación sobre lo ocurrido durante una protesta o manifestación ciudadana con la comisión de un delito. El abogado advirtió que esto podría afectar la labor de los periodistas y el derecho a informar.

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“La concepción que tiene el proyecto es absolutamente equivocada. Busca vincular, en términos penales, lo sucedido con la comunicación. Esa es una posición que distorsiona el rol de los medios de comunicación. Su interpretación de los acontecimientos políticos es el mayor problema, porque el proyecto considera que el traslado de información sobre el hecho delictivo es parte del hecho delictivo. Esa posición es absolutamente peligrosa para la vigencia de una democracia. El argumento de que se tiene que limitar la libertad de información pretende generar, a través de normas penales, cortapisas para que no se informe sobre ciertos acontecimientos”, sostuvo.

Gremio periodístico se pronuncia

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), indicó que el proyecto de ley presenta múltiples falencias que podrían generar consecuencias negativas para el ejercicio del periodismo.

Lainez señaló que el uso de términos demasiado amplios para definir las conductas que serían penalizadas podría generar diversas consecuencias. Ante la falta de una delimitación precisa, acciones como la transcripción de declaraciones de personas involucradas en una protesta social o política podrían ser consideradas como “difusión” de los usos ilegales que la iniciativa busca perseguir.

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“El proyecto tiene riesgos importantes para las libertades informativas y el ejercicio de la actividad periodística. Lo primero es que usa categorías muy abiertas. El proyecto habla, desde el título, de que lo propuesto entra en contextos de crisis política. Cualquier analista te diría que los últimos años han sido una crisis política. Eso abre la ventana a que lo cotidiano se convierta en una circunstancia para aplicar una ley de estas características. Hay regiones con conflictos sociales permanentes. Perseguir la incitación a la violencia no está mal, pero este proyecto incorpora una serie de agravantes y deja demasiado margen para que los fiscales, policías y jueces puedan interpretar como delito actividades periodísticas puntuales”, indicó a La República.

Lainez sostuvo que determinadas actividades propias del ejercicio periodístico podrían ser criminalizadas a partir de esta nueva fórmula legislativa.

“Las categorías utilizadas son muy amplias. Si uno, como periodista, recoge declaraciones de un actor de la protesta política o social, ¿la recolección de esa declaración va a generar responsabilidades penales sobre el periodista? Eso va a ser muy peligroso. Además, pone el foco del agravante en el comunicador social y el periodista. El proyecto incorpora la capacidad de influencia —característica que obviamente tiene un periodista— como un factor agravante”, señaló.

Según información de Mongabay Latam, Soria Flores fue intervenido en su vivienda del distrito de Manantay, Coronel Portillo, durante un operativo en el que participaron un capitán y ocho suboficiales, de acuerdo con datos preliminares proporcionados por fuentes de la Policía Nacional del Perú.

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Sobre el sentenciado pesaba una orden de búsqueda y captura a nivel internacional. Asimismo, el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) ofrecía S/50.000 por información que dé con su paradero.

En agosto del 2025, el Poder Judicial sentenció a Soria Flores a 28 años y 3 meses de pena privativa de la libertad por el delito de homicidio en su calidad de autoría mediata. En mayo de este año, la PNP también capturó a José Estrada Huayta en Campoverde. Ambos empresarios fueron procesados por haber dado la orden de ejecutar a los líderes indígenas. De esta manera, el caso emblemático cuenta con dos sentenciados capturados por las fuerzas del orden.

El caso Saweto

Soria Flores fue condenado como autor mediato del homicidio calificado de los cuatro dirigentes indígenas asesinados en septiembre de 2014. En agosto de 2025, la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó la condena de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra Soria y José Estrada Huayta, mientras que los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix fueron condenados como coautores. 

El caso se refiere al asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, miembros de la comunidad Alto Tamaya-Saweto y reconocidos defensores de la Amazonía.

Los cuatro líderes fueron asesinados en septiembre de 2014 en una emboscada en un viaje a Brasil, mientras se trasladaban hacia la comunidad nativa de Apiwtxa, ubicada en el estado brasileño de Acre, luego de haber realizado denuncias vinculadas con la defensa de su territorio frente a actividades de tala ilegal.

Según la resolución de la sentencia del sistema judicial, los defensores ambientales fueron asesinados con escopetas, información que fue confirmada por un testigo protegido.

Durante una entrevista en Canal N el último 17 de agosto, el postulante de Renovación Popular afirmó que, si uno de sus contrincantes, Carlos Bruce (Somos Perú) o Francis Allison (Avanza País), resulta ganador, será totalmente de oposición desde su cargo.

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"Asumiré como regidor, pues. Yo he estado dentro, ya. Yo soy regidor con bancada y tiene mucho rol: fiscaliza al alcalde. (...) Sí me interesa para verificar que no se roben la plata. Es la segunda vez que estoy: primero fue con Lucho Castañeda, regidor, y ahora he estado hasta hace poco. Entonces, sería la tercera vez. Conozco perfectamente el rol de un regidor y todo lo que puede hacer en favor de lo que es el presupuesto metropolitano. A mí no me interesa quién gane, me interesa la ciudad de Lima", manifestó.

Por otro lado, el excandidato presidencial y a senador —que decidió no asumir— indicó que una de sus propuestas será aumentar las rentas de Lima. "Pelear, como soy el único que tiene bancada y ya no están los Luna Gálvez, los Acuña, Acción Popular, ya no están esos partidos que están difuntos, voy a pelear que el 2% que recibe aduanas el Callao, lo reciba Lima", añadió.

La reelección encubierta

Al ser consultado si su candidatura se trata de una reelección encubierta, López Aliaga indicó que "es candidato a teniente alcalde y punto". "Hay que ser brujo, pues, discutamos eso cuando salga como alcalde o no salga", explicó.

En ese contexto, Beingolea declaró ante los medios de comunicación que la propuesta de su compañero de gabinete es una mera “opinión” y recalcó que el LUM y todos los museos del Perú están bajo la administración del Ministerio de Cultura.

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"Es la opinión del ministro, punto. El museo al que hace referencia (LUM) está dentro del sector cultura y no tengo nada que opinar al respecto. (...) No se trata de ceder, simplemente hay una opinión y respeto todas las opiniones. Lo único que tengo que decir es que los museos son parte de las funciones del Ministerio de Cultura y este ministerio va a asumir lo que le corresponde: los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura; lo demás son opiniones, todas respetables, no hay ninguna fisura", enfatizó durante un evento público este 18 de agosto.

Anteriormente, Álvarez planteó que el museo pase a ser parte de la organización del Minjus. Según indicó, el museo debe tener “la obligación de mantener un relato moderado al servicio de todo el país y no de un determinado grupo político”.

"No sé por qué el LUM está en el ámbito Cultura. Debería estar en Justicia porque la lucha antiterrorista no tuvo nada de cultural", declaró en una entrevista en Caretas.

El LUM es un museo que cuenta la historia de la época del conflicto armado interno en el Perú (1980-2000), la dictadura de Alberto Fujimori y el relato de los familiares de las víctimas.

Presiones al Gobierno para trasladar el LUM

El pasado 17 de agosto, el ministro de Justicia difundió en su cuenta de X (antes Twitter) una carta suscrita por diversos juristas y figuras políticas, quienes exhortaron a la presidenta Fujimori a disponer el traslado del LUM al Minjus. Los firmantes consideraron que la propuesta resulta "muy interesante", debido a que, según sostienen, el sentido pedagógico del museo se encuentra actualmente limitado por la presencia de elementos con "rasgos ideologizados".

Asimismo, plantearon la necesidad de reforzar la pluralidad y reconocer a quienes lucharon y se sacrificaron por la democracia, en lugar de quienes atentaron contra la vida de las personas. Finalmente, el documento instó al Gobierno y al Ministerio de Justicia a adoptar una decisión que, según los firmantes, permita avanzar hacia un verdadero proceso de reconciliación nacional.

Pero no solo eso. También plantearon una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como parte de sus argumentos, compararon la situación con la dictadura de Nicolás Maduro.

Durante un evento público este 18 de agosto, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, rechazó la propuesta del titular de Justicia, Ernesto Álvarez, de que el LUM pase a formar parte de su cartera. Beingolea afirmó que la iniciativa de su colega no es más que "una opinión". Asimismo, recalcó que todos los museos del Perú forman parte del Mincul.

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"Es la opinión del ministro, punto. El museo al que hace referencia (LUM) está dentro del sector cultura y no tengo nada que opinar al respecto. (...) No se trata de ceder, simplemente hay una opinión y respeto todas las opiniones. Lo único que tengo que decir es que los museos son parte de las funciones del Ministerio de Cultura y este ministerio va a asumir lo que le corresponde: los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura; lo demás son opiniones, todas respetables, no hay ninguna fisura", resaltó.

Álvarez había planteado esa iniciativa bajo el argumento de que "el LUM tiene la obligación de mantener un relato moderado al servicio de todo el país y no de un determinado grupo político". En esa misma línea, dijo desconocer los motivos por los cuales el LUM pertenece al Mincul. "Debería estar en Justicia porque la lucha antiterrorista no tuvo nada de cultural", dijo en una entrevista en Caretas.

Además, el ministro publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una carta firmada por diversos juristas y figuras políticas en la que presionan a la presidenta Fujimori para que el LUM sea trasladado al Minjus. Los firmantes sustentaron que la propuesta “es muy interesante porque hoy el sentido pedagógico está completamente restringido por acción de elementos con rasgos ideologizados”.

En esa misma línea, señalaron que "es necesario más bien afirmar la pluralidad y el reconocimiento a los que se sacrificaron por la democracia y no a los que atentaron contra la vida de las personas". El documento culmina presionando al Gobierno Central y al Ministerio de Justicia a tomar una decisión que podrá conducir a un verdadero proceso de reconciliación nacional.

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La propuesta de Álvarez fue blanco de críticas. La senadora Ruth Luqe (Ahora Nación) expresó su rechazo y alertó que la iniciativa es una "amenaza a la autonomía de una institución clave para preservar la memoria histórica, la verdad, la justicia y la reparación".

"El LUM no debe convertirse en un espacio de disputa ideológica ni estar sujeto a decisiones políticas que comprometan su independencia. Exijo respeto a su labor educativa y de reflexión sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de violencia en el Perú", exhortó.

Fujimori y el jalón de orejas al ministro de Economía por minimizar El Niño

El último 17 de agosto, la presidenta Fujimori le llamó la atención al ministro de Economía, Elmer Cuba, por minimizar el impacto de las lluvias e inundaciones registradas en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, así como los efectos del fenómeno El Niño.

Durante una entrevista en Exitosa, Cuba señaló que los ciudadanos no deben desesperarse por las lluvias porque "en todo el planeta ocurre lo mismo". En esa misma línea, dijo que "no se puede morir por un fenómeno El Niño".

"Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a la lluvia, se inunda. Lo importante es salvar las vidas; la gente no se puede morir por un fenómeno El Niño, no puede perder su casa por un fenómeno El Niño; las obras públicas se arreglan. Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas, así pasa", declaró.

Sin embargo, desde la zona de desastres, la jefa de Estado lamentó que su ministro haya tenido ese tipo de declaraciones y cuestionó que no vea la magnitud de los daños y el dolor de las familias perjudicadas por los estragos de la naturaleza.

"Yo creo que el ministro de Economía no está viendo la magnitud de los daños, de las pérdidas y del dolor de las familias que están teniendo esta tristeza tan grande porque, en muchos casos, han perdido todo. Mi solidaridad con ellos. Acá lo importante, además de atender la emergencia, es corregir las fallas estructurales que hay", lamentó ante los medios de comunicación.

Minutos más tarde, Cuba se disculpó por sus expresiones. "Es una expresión coloquial. (...) Me refiero a que en nuestro país todo el tiempo hay lluvias y hay que ver su verdadera magnitud y enfrentarla. Fue una expresión de verdad poco feliz; doy la página por cerrada".

Al respecto, la senadora Mirtha Vásquez cuestionó a Cuba y afirmó que su respuesta es "desubicada" y "falta de empatía". "Es una declaración que expresa que este gobierno no tiene ni idea de lo que está enfrentando (...) Se acabó el tiempo de la preparación o prevención, estamos ante el fenómeno El Niño", criticó.

Los trenes Caltrain

Durante una entrevista, el pasado 12 de agosto, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey, afirmó que la adquisición de los trenes —93 vagones y 19 locomotoras Caltrain— para la ruta Lima-Chosica se trató de una compra y no de una donación, como se sostuvo en su momento desde la Municipalidad de Lima en la gestión de López Aliaga.

"Hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación, ha sido una compra. (...) Que el valor de los 93 vagones y 19 o 20 locomotoras sea más de lo que se pagó, eso es diferente; pero no fue una donación, fue una compra (...) Lo que yo sí le puedo decir, lo que afirmo, es que no se trató de una donación, se trató de una adquisición autorizada por el propio municipio”, reveló.

Pese a ello, Fujimori declaró que se utilizarán los trenes para la ruta Lima-Chosica. "El tren tiene que ir, ya lo hemos dicho. Por supuesto que se van a hacer. Los trenes en este momento se encuentran en ProInversión”, señaló ante la prensa el último 17 de este mes.

Ley de Colegio de Artistas “tiene los días contados”

Beingolea no solo contradijo a Álvarez respecto al traslado del LUM, sino que también se pronunció en contra de la Ley del Colegio de Artistas, una norma impulsada por el último Congreso con votos del fujimorismo, promulgada por Fernando Rospigliosi y que tuvo como propósito separar a la exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, de su cargo.

“Esta ley tiene los días contados. Seguramente va a ser derogada muy pronto”, expresó el titular de Cultura luego de escuchar los cuestionamientos y opiniones de diversos artistas.

Las declaraciones de Álvarez que motivaron la carta fueron publicadas en una entrevista del diario Perú21, el 16 de agosto. Según la CNDDHH, el ministro calificó al LUM como vocero de un "falso relato", el de la propia CVR, y afirmó que ese relato buscaría exculpar a sectores de izquierda de su relación con el terrorismo. La organización responde que la CVR estableció, sin ambigüedad, que Sendero Luminoso inició la violencia y fue el principal responsable de los asesinatos y las desapariciones del periodo.

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La carta también cuestiona una frase del ministro sobre las víctimas civiles del conflicto. Álvarez habría dicho que "el negocio era propiciar víctimas civiles para poner a la población contra el Estado". La CNDDHH calificó esa expresión como grave, porque deshumaniza a las víctimas y traslada hacia ellas la responsabilidad de las violaciones que sufrieron: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, entre otras.

Firman la carta la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Tania Pariona Tarqui, y la presidenta de Caminos de Memoria, Sofía Macher Batanero. Ambas piden que cualquier decisión sobre el futuro del LUM garantice la participación de las víctimas, sus familiares y los especialistas en derechos humanos.

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CNDDHH cuestiona además los dichos de Álvarez sobre las muertes en Puno

La organización también rechazó los comentarios del ministro sobre las protestas en Puno. Según la carta, Álvarez mezcló hechos distintos y atribuyó responsabilidades colectivas que no han sido establecidas por la justicia. La muerte del suboficial José Luis Soncco fue materia de una investigación penal individual, recuerda la CNDDHH, y ese hecho no permite responsabilizar a todos los que participaron en las movilizaciones.

La carta menciona también la muerte de seis soldados en Ilave, ocurrida cuando cruzaban un río por orden superior y con su equipo completo. Los soldados murieron ahogados, no a manos de los manifestantes, según precisa el documento. La CNDDHH recuerda, además, que pobladores de la zona participaron en las labores de auxilio y rescate durante ese episodio.

La CNDDHH pidió a Álvarez aclarar y rectificar en público sus declaraciones. Además, exigió que cualquier decisión sobre el LUM respete su autonomía técnica, su pluralidad y la centralidad de las víctimas. La organización sostiene que la memoria democrática no debilita al Estado, sino que lo fortalece cuando reconoce, sin ambigüedades, tanto la responsabilidad de los grupos subversivos como las violaciones cometidas por agentes estatales.

Según la entidad, una de las principales observaciones es la adquisición de un terreno destinado a convertirse en la sede institucional de la ONPE. El informe señala que esta operación fue presentada como un logro de la gestión de Corvetto durante el proceso de ratificación, pese a que no se evidenciaban resultados materiales concretos.

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Además, el documento señala que desde 2022 ya existían denuncias públicas relacionadas con la compra y la falta de avances del proyecto.

La institución liderada por María Teresa Cabrera también cuestionó que hubo reconocimientos entregados a la ONPE como institución y que fueron considerados como méritos personales de Corvetto. Entre ellos figuran reconocimientos relacionados con asistencias técnicas realizadas por el organismo electoral en el ejercicio de sus funciones.

Otro aspecto observado está relacionado con publicaciones de la Editorial ONPE que fueron incluidas como mérito personal de su exjefe. El informe sostiene que el anterior Pleno de la JNJ debió determinar con mayor rigor cuál fue el nivel de participación institucional en la elaboración, edición y difusión de estas publicaciones, así como si se utilizaron recursos humanos, materiales o logísticos de la entidad en beneficio del evaluado.

Más observaciones

La revisión también alertó observaciones en el proceso mediante el cual Corvetto finalmente fue ratificado. La Resolución n.º 090-2024-PLENO-JNJ estableció inicialmente que no había alcanzado la votación exigida legalmente para su ratificación. Sin embargo, tras la reposición judicial de dos integrantes de la JNJ, el recurso de reconsideración presentado por Corvetto fue aprobado y se dispuso su ratificación. El informe cuestiona que esta decisión se haya adoptado sin una mayor valoración y análisis.

La JNJ señala que, pese a que en el expediente ya figuraban cuestionamientos sobre la gestión de Corvetto, como los niveles de confianza ciudadana en la ONPE, informes de control, publicaciones, reconocimientos y la adquisición del terreno, no se observa una argumentación suficientemente rigurosa que explique el cambio entre la decisión inicial y la posterior ratificación.

"El Pleno de la Junta Nacional de Justicia aprobó por unanimidad remitir copia certificada de los actuados al Ministerio Público para que evalúe la eventual comisión de los delitos de peculado de uso, aprovechamiento indebido del cargo y otros que pudieran corresponder", se lee en el documento.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

Los miembros del grupo parlamentario eligieron por unanimidad a Catherin Palomino, representante de Juntos por el Perú, para asumir la presidencia. A ella se suman el diputado Edgar Gonzáles, del Partido del Buen Gobierno, como vicepresidente, y la diputada Indira Huilca de Ahora Nación en la secretaría.

Tras su elección, la presidenta Palomino mencionó la urgencia de coordinar esfuerzos para mejorar el sistema judicial actual.

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“Esta es una comisión de la representación nacional y así será la orientación de nuestro trabajo. La labor legislativa en materia de justicia y derechos humanos, hoy más que nunca, exige respuestas viables y articuladas por parte de los órganos competentes”, señaló durante la sesión.

Del mismo modo, mencionó que el acceso a la justicia debe ser una garantía para todos los peruanos, independientemente del lugar donde vivan. “Ya sea que se encuentren en la capital o en cualquier región del país, merecen normas eficaces para fortalecer sus derechos sin desconocer los deberes ciudadanos”.

Propuestas para reformar el sistema judicial

Durante la sesión, la diputada Palomino detalló una lista de deficiencias técnicas que afectan la calidad del servicio de justicia y requieren la atención del Legislativo.

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“Hay problemas recurrentes que debemos observar: como la provisionalidad de los magistrados, la ratificación periódica judicial, la carga y demora procesal, la falta de consolidación de la justicia de paz, la falta de implementación plena de la interoperabilidad y el uso racional de la tecnología y la inteligencia artificial en el sistema de justicia”.

También advirtió sobre la situación que atraviesan los valores democráticos y la necesidad de proteger la independencia frente a cualquier interés personal.

“Hay problemas estructurales como la corrupción y la crisis de la ética profesional y la falta de cultura democrática que no respeta la autonomía y la independencia de los poderes públicos ni la autoridad de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos”.

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Se revisarán leyes pro impunidad

El vicepresidente Edgar Gonzáles coincidió con Palomino y manifestó además que se dedicarían a impulsar una reforma que fortalezca la independencia de las instituciones. Asimismo, adelantó que el equipo fiscalizará aquellos vacíos legales que en el pasado permitieron que grupos delictivos evadan la ley.

“Trabajaremos para revisar aquellas normas que puedan favorecer la impunidad y dificultar la investigación de los crímenes y organizaciones”. Además, Gonzales indicó que se defenderá “el debido proceso, la presunción de la inocencia y los derechos fundamentales del ser humano”.

Como parte del cronograma oficial, los legisladores acordaron que sus sesiones se realizarán cada martes a las 3.00 p. m. en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

Agentes de la Región Policial Ucayali lo ubicaron en el distrito de Manantay. Él figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior y el gobierno ofrecía S/50.000, por su captura.

Soria Flores fue condenado a 28 años y tres meses de prisión en agosto de 2025 por la Corte Superior de Justicia de Ucayali por el delito de homicidio calificado, en la modalidad de autoría mediata contra los integrantes de la comunidad asháninka Alto Tamaya-Saweto y reconocidos defensores de la Amazonía.

Esta detención representa un avance crucial en la ejecución de los mandatos judiciales vinculados al emblemático caso. En mayo fue detenido José Carlos Estrada Huayta. Ambos empresarios son sindicados de haber dado la orden para ejecutar el asesinato.

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En la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia se detalla que el uno de setiembre de 2014 los cuatro defensores ambientales fueron asesinados a balazos por órdenes de Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta. En el proceso judicial esta información fue corroborada por un testigo protegido.

Hugo Soria Flores (52) fue detenido este martes, tras un operativo de inteligencia en el que participaron un oficial y 8 suboficiales. Tras la captura fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Por este caso aún hay tres prófugos: Eurico Mapes Gomes y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, quienes fueron los ejecutores materiales.

Los hermanos Atachi Félix fueron sentenciados a 28 años y tres meses de cárcel efectiva. Nadie da razón de sus paraderos. En tanto, Eurico Mapes Gomes, quien es señalado también como autor material nunca compareció ante la justicia peruana.

Saweto, como se sabe, es el primer caso que culmina con una sentencia judicial por crímenes cometidos contra defensores ambientales de nuestra Amazonía.

“La justicia se abre paso” sostienen Lita Rojas, Ergilia Rengifo, Julia Pérez y Lina Rojas Ruiz, las viudas de Saweto, que son un símbolo de resistencia en la Amazonía peruana. Ellas lideran una larga lucha por justicia, reparación y defensa de su territorio ancestral.

La captura de Hugo Soria abre ahora una nueva etapa en un caso que durante más de una década estuvo atravesado por la exigencia de justicia de las familias de Saweto y de las organizaciones indígenas.

"Hijita, mi Helita, lo único que ruego a papá Dios, que te tenga en su Gloria, hijita. Cuánto dolor, velaré mucho por tus hijitos Maximito y Karlita. Para Dios no hay nada imposible, hijita de mi corazón", escribió luego Carla Padilla Saldaña en su cuenta de Facebook.

Carla recordó con dolor aquellas tardes junto a Helenn y su hermano Marco. Siempre les decía a sus hijos que, si algo les pasaba, ella iba a buscarlos. Nunca imaginó vivir esta pesadilla. "Pido justicia, que paguen por lo que le hicieron", expresó antes de la misa.

Señaló que siempre quiso lo mejor para su hija y luchó para conseguirlo. En el velorio de Hellen estuvieron sus familiares, amigos, amigas y vecinos que la habían conocido desde hacía años. Pero, pese al acompañamiento, la dolida madre señaló que no encuentra consuelo y, al llegar la noche, el silencio se vuelve insoportable.

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"No la traje al mundo y no la críe para esto, es lo que más me duele. Hoy yo no puedo tener a mi hija ahí, en el cementerio, es una pesadilla.  "Estoy destruida", revela.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Entre tanto, la Policía continúa evaluando diversas líneas de investigación para determinar las causas exactas que motivaron el homicidio contra la abogada litigante.

El jefe de la Policía en La Libertad, general Ricardo Espinoza, reveló que la principal teoría sobre el crimen de la abogada apunta a conflictos con un cliente al que defendió. Según la PNP, la víctima habría recibido amenazas de muerte y ya estarían identificados los presuntos participantes del homicidio.

Los agentes encargados del caso vienen analizando el entorno laboral de la víctima para identificar posibles amenazas vinculadas a los procesos que gestionaba.

Los investigadores han analizado el teléfono celular de la víctima para recolectar evidencias. En el dispositivo móvil, los detectives hallaron mensajes amenazantes que fueron incorporados al expediente del caso. Estos elementos tecnológicos son analizados por personal especializado para rastrear el origen de las comunicaciones de texto recibidas antes del crimen.

Aparte de las declaraciones de los testigos, las autoridades buscan grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del restaurante para reconstruir la ruta de escape del sicario.

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La información obtenida permitirá avanzar en la identificación formal del autor material del atentado armado.

ABOGADOS AMENAZADOS

Entre tanto, Mario Deza, el decano del Colegio de Abogados de La Libertad, expresó su preocupación institucional por los constantes actos de inseguridad en la región.

Advirtió que diversos profesionales del derecho han sido víctimas de distintos hechos de violencia en los últimos años.

Pidió que las instituciones encargadas de la seguridad pública refuercen las acciones de protección para los abogados en el ejercicio de sus funciones.

Representar no es repetir lo que piensa nuestra propia tribu. Sin embargo, con frecuencia esperamos eso: que nuestros representantes confirmen nuestros sesgos, que no cedan, que no se sienten con quienes rechazamos. Y cuando lo hacen, nos puede incomodar incluso que se sienten a conversar.

La democracia vive de una tensión. Durante la campaña, los candidatos compiten para ganar. Terminada la elección, unos deben gobernar y otros ejercer la oposición. Daniel Innerarity advierte sobre el peligro de prolongar la lógica electoral: gobernar exige una cooperación que la campaña electoral permanente dificulta.

También la oposición debe cambiar de escenario. Saber perder es parte de la democracia y del camino para volver a ganar. Perder no obliga a abandonar convicciones, sino a asumir un papel distinto. Una oposición puede —y a veces debe— ser durísima frente a abusos de poder, retrocesos institucionales o vulneraciones de derechos. La cuestión es no confundir firmeza con incapacidad para reconocer la legitimidad democrática del adversario.

Eso exige distinguir al rival del enemigo. Podemos discrepar de quienes gobiernan y querer que pierdan la próxima elección. Pero, mientras respeten las reglas democráticas, corresponde reconocer su derecho a gobernar. A la oposición le corresponde dialogar y construir acuerdos cuando lo exija el interés común.

Hace más de dos mil años, Aristóteles vinculaba la vida política con nuestra capacidad de discernir lo justo y lo conveniente. No todo acuerdo es conveniente ni toda concesión es justa: importa qué se cede, qué se obtiene y qué principios son irrenunciables.

Como ciudadanos, debemos entender que saber perder no es resignarse ante el poder. Es reconocer el derecho del otro a gobernar hoy, mientras preservamos nuestro derecho a disputarle democráticamente el poder mañana.

El proyecto estaría a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Bajo la administración fujimorista, esta cartera está liderada por Marco Antonio Vinelli. Cabe señalar que las acciones llegan tras más de 20 días de que Fuerza Popular asumiera el gobierno.

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Horas atrás, la presidenta Keiko Fujimori estuvo en Villa El Salvador, distrito limeño afectado por las fuertes lluvias ocurridas el último fin de semana. Fujimori habló sobre la magnitud de la problemática ante la posibilidad de nuevas precipitaciones vinculadas al fenómeno meteorológico.

“Imagínense lo terrible que será cuando lleguen las lluvias por el fenómeno de El Niño. He hablado también con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas. Por la noche debe estar declarándose en emergencia porque tenemos que hacer varios documentos, pero hoy por la noche se activa todo”, indicó.

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"Van a continuar mientras tengan esa misión de trabajar y obtener los resultados que tenemos hasta ahora. Este vector de inteligencia nos está dando muy buenos resultados. Claro, la gente puede decir que hoy han matado a una persona. No es que quiera ser triunfalista, pero la tendencia es a bajar. Los números no engañan: si comparamos con el año pasado, estamos bien lejos. El año pasado, a estas alturas, había 500 muertos más", indicó.

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Las declaraciones de Astudillo llegan luego de que el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) señalara que hubo más de 80 homicidios durante los primeros quince días del nuevo gobierno fujimorista. El ministro señaló que, en los próximos meses, las acciones de seguridad serían reevaluadas y se implementarían nuevas herramientas.

"Hay varias bandas que se han desarticulado antes. Desarmarlas con inteligencia no es un trabajo fácil. Vamos a actuar mejor, con mejor tecnología. Esto no es perfecto. Vamos a salir a reevaluar los planes con todos los generales. Hay tecnología viniendo, apoyo de la DINI y de las FF. AA.", apuntó.

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-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Por medio de un comunicado, el Sindicato resaltó que tanto Lima y Callao no están diseñadas para afrontar los efectos de lluvias como la del último domingo 16.

Asimismo, se refirieron al anuncio de restructuración de la empresa que adelantó la mandataria, y precisaron que lo sucedido evidencia la “falta de planificación urbana en la capital” mas no un “problema de gestión (de Sedapal)”.

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“A diferencia de otras provincias, Lima y Callao no cuentan con sistemas de canaletas de desfogue. En distritos con alta pendiente como Villa María del Triunfo (VMT), el agua de lluvia se empoza en las zonas bajas, lo que obliga a los ciudadanos a abrir los buzones de desagüe. Esta acción hace que las tuberías colapsen al llenarse de lodo, arena y basura”, se lee en el comunicado.

Precisaron, además, que el by-pass de VMT no cuenta con sistema de drenaje pluvial en los puentes.

Para rechazar la intención de restructuración que planteó la presidenta, el Sindicato recordó que “el personal siempre está en primera línea de defensa frente a emergencias como aniegos, incendios, huaycos y terremotos, brindando auxilio rápido no solo en Lima, sino en como Pisco, tras el sismo de 2007, y el norte del país”.

A su vez, pidieron a la alta dirección de Sedapal que se pronuncien y deslinden responsabilidad técnica de los aniegos.

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Al respecto, la cartera de Rafael Rey señaló que el bypass es una vía metropolitana, por lo que no es competencia del MTC. “El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene a su cargo la atención de vías nacionales, a través de Provias Nacional”, indicaron.

Keiko Fujimori dio consejos de belleza mientras Lima Sur se inundaba

“La Municipalidad de Lima, de VMT, el propio equipo de Sedapal, pero vamos a tener que hacer una restructuración. (¿De Sedapal incluido?) De Sedapal incluido porque los vecinos vienen denunciando estos desde hace diez años y no se ha hecho nada. Aquí hay una falla de la organización también”, dijo Fujimori al ser consultada por las aguas servidas en VMT.

Sin embargo, mientras llovía en Lima, Fujimori realizó sus transmisiones en vivo en redes sociales programadas para cada domingo.

Incluso, compartió su rutina de belleza ante la pregunta de una seguidora sobre su "secreto" para verse bien.

La presidenta respondió: "Tampoco tengo colágeno por si acaso, pero cuido mi piel echándome bloqueador en la mañana y en la noche antes de dormir sí me saco el maquillaje y me echo humectante".

Helenn Silva ejercía la defensa de Junior Monzón Vásquez y Jacinto Sánchez Saucedo, imputados como presuntos autores intelectuales del asesinato del dirigente deportivo Robert Becerra Alcalde, ocurrido el viernes 10 de julio de este año.

Mientras observaba un campeonato de fútbol en la loza deportiva de la urbanización San Sebastián, en la localidad de Chepén (La Libertad), el dirigente del Club Defensor El Óvalo, Robert Becerra, fue ejecutado por un sicario que huyó en la motocicleta de un cómplice.

Las cámaras de videovigilancia de la urbanización San Sebastián registraron el momento cuando Junior Monzón  fugaba a bordo de una motocicleta negra, acompañado del sicario que disparó a Robert Becerra.

Dos días después del homicidio, durante un operativo, la policía capturó a Junior Monzón Vásquez, sindicado como el chofer de la moto lineal que participó en el crimen del dirigente deportivo. La detención de Monzón contribuyó a la intervención de otros sujetos, entre ellos Jacinto Sánchez Saucedo. 

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ARCHIVOS DEL CRIMEN

De acuerdo con fuentes policiales, Junior Monzón Vásquez y Jacinto Sánchez Saucedo fueron señalados como presuntos autores de la muerte de Robert Becerra, por lo que la fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva.

Según el testimonio de Junior Monzón, horas antes del crimen de Robert Becerra, se encontraba en la casa de Jacinto Sánchez Saucedo y que este le habría entregado las llaves de una motocicleta para trasladar a un sujeto conocido como “chato”, quien disparó contra el dirigente deportivo.

Monzón y Sánchez contrataron a la abogada Helenn Silva para que los defendiera y evitara que los recluyeran en prisión, por lo que le abonaron por adelantado una suma no revelada. 

Sin embargo, la letrada Helenn Silva, pese a la promesa de que lograría la libertad de sus patrocinados, no pudo evitar que el Poder Judicial dispusiera la prisión preventiva de Junior Monzón y Jacinto Sánchez.

El magistrado Wilson Manayalle Sánchez, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chepén, ordenó el internamiento de los imputados por el homicidio del dirigente deportivo.

Los audios, videos y mensajes del celular indican que los reclusos reclamaban a Helenn Silva la devolución del dinero que le habían abonado, ya que fracasó en el objetivo de lograr la excarcelación de ambos.

Según las fuentes policiales, los reclusos amenazaban constantemente con matar a la letrada Helenn Silva si no devolvía lo que se le había dado como adelanto.

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MENSAJES MORTALES

Es probable que el sicario que ejecutó a la abogada en Pacasmayo sea parte de la organización criminal de Chepén a la que pertenecen Junior Monzón Vásquez y Jacinto Sánchez Saucedo.

Nacida en Pacasmayo, Helenn Silva cumplió 44 años el 6 de agosto, apenas diez días antes de que un sicario le quitara la vida mientras compartía una reunión en el restaurante  Pikeitos, ubicado en la avenida Panamericana 639, en el distrito de San José.

Eran las 5.55 p. m., cuando un sujeto con el rostro cubierto por un casco de motocicleta, le disparó tres veces en la cabeza por la rendija del cerco del local, aprovechando que la abogada se encontraba sentada de espaldas. 

La víctima estaba acompañada de su pareja, César Cáceda Muñoz, y sus amigos Erick Cabanillas Rodríguez y Leydi Grace Ramírez.

Esta no es la primera vez que asume la jefatura del del IPD, pues ya dirigió la entidad entre diciembre de 2016 y agosto de 2018. Sin embargo, su retorno genera cuestionamientos por su antecedentes en el cargo.

A finales de agosto del 2018 tuvo que renunciar tras revelarse la contratación directa y sin respetar el concurso público de tres amigas de su esposa, Karina Flores Núñez.

Fernández nombró a Paula Abanto como analista, a Elizabeth López como secretaria administrativa y a Olga Breña como asistente bilingue. Todas accedieron a sueldos de entre 5 mil y 7 mil soles mensuales, según lo detalló un reportaje de Punto Final.

Frente a las denuncias, el propio funcionario admitió las contrataciones alegando que se trataba de "profesionales de su confianza".

"Son conocidas, son profesionales de mi confianza y el IPD necesitaba gente de confianza. Son conocidas nuestras", declaró en su momento sobre la contratación de las personas cercanas a su entorno familiar.

Renuncia de Ludeña por fumigación en la Videna

Este cambio en la dirección de la entidad ocurre tras la salida de Sergio Luis Ludeña, quien presentó su carta de renuncia en medio de cuestionamientos por el incidente ocurrido el pasado domingo 16 de agosto en el IPD.

Todo inició alrededor de las 6.00 p. m., hora en la que el Instituto Peruano del Deporte dispuso que se realizaran labores de fumigación en el albergue de la Villa Deportiva Nacional (Videna), pese a que la selección nacional de judo y su comando técnico permanecían dentro de las instalaciones. Este hecho expuso a aproximadamente 15 atletas a sustancias químicas perjudiciales para su salud.

Tras el incidente, Yuliana Bolívar, entrenadora del equipo nacional de Judo, cuestionó que desde el IPD no se haya manejado mejor la situación para garantizar el bienestar de los deportistas.

“[Sobre los deportistas afectados] Nos han reportado sangrado en la nariz, dolor en el pecho y en la espalda”, indicó vía RPP. Además, señaló que la súbita fumigación puso en riesgo la participación del equipo en un evento internacional programado para el martes 18 de agosto, dos días después del incidente.

Respuesta del IPD

Antes de dar un paso al costado, la gestión de Ludeña emitió un comunicado institucional, donde se calificó la fumigación en la Videna como "no programada".

Según el documento oficial, el entonces presidente dispuso "la separación de la institución de los responsables vinculados a la autorización, administración, supervisión y coordinación del servicio de saneamiento ambiental" del albergue.

Asimismo, la entidad precisó que coordinó con la Federación Deportiva Peruana de Judo para que los deportistas pasaran por las evaluaciones médicas correspondientes

Trayectoria académica y gestión pública

Respecto al perfil del nuevo titular del deporte peruano, Fernández es abogado egresado de la Universidad San Martín de Porres.

Su trayectoria académica incluye estudios de Especialización en Gestión Municipal en ESAN, además de sumar más de 25 años de experiencia en la administración pública y privada.

En el sector estatal, ocupó previamente el puesto de director de la Dirección Nacional de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación (Minedu).

En el ámbito deportivo, Fernández cuenta con un pasado como atleta de alto rendimiento en las décadas de 1980 y 1990. Entre 1986 y 1994 representó al país en competencias como el Mundial de Atletismo en Roma (1987), el Mundial Universitario en Alemania (1989) y citas juveniles internacionales. Años más tarde pasó a la dirigencia al presidir la Federación Peruana de Atletismo (2014-2016).

Del pachamamismo al papanatismo

El Encuentro Macrorregional Sur 'Entrelazando Voces por la Dignidad', celebrado los días 13 y 14 de agosto por iniciativa de la Coordinadora Nacional para los Derechos Humanos, en colaboración con CEAS-Perú, reunió a representantes de diversos pueblos originarios andinos para abordar problemas que no son precisamente folclóricos: racismo, pobreza, discriminación cultural, represión política, contaminación del hábitat y, de manera particularmente relevante, las distintas formas de abuso y vulnerabilidad que afectan a los pueblos indígenas del sur andino.

Entre los observadores invitados estuvieron Mons. Jordi Bertomeu, Comisario Pontificio para la liquidación del Sodalicio, junto a Mons. Lizardo Estrada, presidente del CELAM y Mons. Miguel Ángel Cadenas, obispo de Iquitos.

En ese contexto se produjo un gesto simbólico introductorio relacionado con la expresión cultural andina de la Pachamama, cuyo significado admite interpretaciones diversas y no puede reducirse automáticamente a un acto de culto pagano.

La gratitud por la tierra y sus frutos, el sentido comunitario, el respeto por la creación y la responsabilidad ante el mundo recibido no son patrimonio exclusivo de ninguna cosmovisión pagana. También pueden ser comprendidos desde la propia tradición cristiana.

Convertir la Pachamama en la protagonista del encuentro significa relegar a un segundo plano asuntos bastante menos fotogénicos y más dolorosos: las personas que han sufrido y siguen sufriendo abusos de todo tipo.

Las víctimas no pueden ser una nota al pie

Este debería ser el punto de partida de cualquier discusión moral. Las víctimas no pueden convertirse una vez más en material secundario de una batalla ideológica. Su sufrimiento no debería aparecer solamente cuando sirve para construir un argumento contra alguien. Tampoco debería desaparecer cuando deja de resultar útil para la polémica.

Si en Cusco se habló precisamente de abusos y de la situación de quienes los han sufrido, la pregunta elemental es otra: ¿qué debería ocupar el centro de nuestra atención?

¿Una fotografía o un gesto simbólico de respeto cuya interpretación admite discusión? ¿O las personas cuyo sufrimiento real llevó a que ese encuentro tuviera lugar?

No se trata de prohibir la discusión doctrinal. Todo lo contrario. El problema aparece cuando la indignación selectiva termina produciendo una curiosa inversión de prioridades: aquello que admite una discusión simbólica ocupa titulares y columnas; aquello que exige escucha, reparación y acompañamiento queda relegado.

El escándalo también necesita discernimiento

Primero Luciano Revoredo, desde La Abeja, en la órbita del fallecido sodálite, Jurgen Daum Vetter. Ahora Javier Tebas, desde Infovaticana. Ambos han encontrado en la Pachamama un motivo suficientemente atractivo para alimentar su batalla cultural alrededor de la fe.

Los dos parecen olvidar que la defensa de la fe no se mide por la cantidad de personas a las que uno consigue escandalizar. Tampoco por la rapidez con que se encuentra un enemigo. Ni por la facilidad con que una imagen se convierte en una acusación.

Si existiera un problema doctrinal, debería ser examinado con rigor. Pero precisamente por eso no debería sustituirse el discernimiento por el escándalo.

De hecho, el celo cristiano debería incluir también la capacidad de distinguir entre un problema doctrinal real y una provocación mediática; entre una preocupación legítima y una indignación fabricada; entre lo que merece una investigación serena y aquello que simplemente proporciona una nueva oportunidad para disparar contra el adversario.

Porque en Cusco, los pasados 13 y 14 de agosto, quedó en evidencia un escándalo mucho más grave que cualquier fotografía. Que una víctima de abuso descubra que su dolor vuelve a importar menos que la guerra ideológica de quienes dicen defender la verdad. Eso sí debería provocar indignación.

Quizá, después de todo, no estamos ante una manifestación extraordinaria de celo moral. Quizá estamos simplemente ante otros Sinchis detrás de un micrófono.

Durante una conferencia de prensa, el ministro sostuvo que desde el Legislativo coinciden en dejar sin efecto dicha iniciativa que generó rechazo e indignación en la comunidad de artistas.

"Me da la impresión, por lo que yo he conversado con diferentes legisladores, que en esto va a haber unanimidad. En esto el gremio de artistas debería sentirse tranquilo. Cualquiera sea la fórmula final, hay unanimidad al respecto. Así que esta ley tiene los días contados. Seguramente va a ser derogada muy pronto", dijo Beingolea.

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Una norma cuestionada por la comunidad artística

La propuesta fue presentada en octubre de 2025 por el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, con la idea de crear el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). Esta entidad busca supervisar el desarrollo de las artes visuales, la música, la danza, las artes escénicas y otras disciplinas afines a nivel nacional.

Aunque la iniciativa nació bajo el argumento de “profesionalizar” el sector, se aprobó sin consultar ni debatir con la comunidad cultural. Además, el problema central está en las condiciones de afiliación: al requerir de forma obligatoria un título universitario o técnico para colegiarse, la ley margina a miles de creadores autodidactas o a quienes estudiaron la carrera pero no concluyeron el trámite de titulación.

Frente a esta exclusión, actores, dramaturgos, músicos y cineastas iniciaron protestas en las calles y en redes sociales luego de oficializarse la ley. Mediante afiches con la pregunta sobre quién decide quién es artista en el país, el gremio unió su voz para exigir la derogatoria definitiva de la Ley N.° 32645.

Nacido el 9 de julio de 1992, en el distrito de Ica, en la provincia del mismo nombre, Jeffri Santiago fue reclutado por las denominadas “empresas de seguridad” para trabajar como resguardo en los campamentos de mineros ilegales en Madre de Dios. Sin embargo, desde hace 50 días nadie sabe de su paradero.

Testimonios de algunos testigos revelaron que Jeffri Santiago Yarasca, de 1,72 de estatura y con un característico tatuaje de una calavera en el hombro izquierdo, fue visto por última vez en la localidad de Huepetuhe, en la provincia del Manu, en Madre de Dios, una zona considerada como el epicentro de la minería ilegal y el crimen organizado.

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Una pista segura

Dos días después de haber sido reportado como desaparecido, la carabina de Jeffri Santiago Yarasca, una Franchi Horizon calibre .2790 Winchester, apareció entre el armamento incautado a los 21 integrantes de la organización criminal Los Guardianes de La Pampa, el 6 de julio del 2026.

Las autoridades presumen que Jeffri Santiago fue reclutado por el cabecilla de la banda, Edson Fernández Pérez, “Chilli”, atraído por la buena paga mensual que se le daba: 3.000 soles por sus funciones y 3.500 soles por el “alquiler” de su arma.

El centro de operaciones de Los Guardianes de La Pampa es precisamente la zona de alta presencia de los mineros auríferos ilegales, en el área de amortiguamiento de la reserva nacional de Tambopata.

En el megaoperativo se incautaron 19 fusiles, 10 pistolas de 9 milímetros, 6 minas unipersonales tipo Claymore, 9 granadas de guerra, chalecos antibalas y más de 30 mil municiones de diferente calibre.

 Precisamente uno de los 19 fusiles le pertenecía a Jeffri Santiago Yarasca. Su carabina Franchi Horizon, de serie FB046231Z, está equipada con mira telescópica y un bípode.

“El arma registrada a nombre de Jeffri Santiago Yarasca es un fusil para funciones de observación, vigilancia o disparos de precisión a larga distancia e incrementa considerablemente la capacidad táctica del grupo criminal, con la finalidad de neutralizar cualquier amenaza”, explicó a La República uno de los oficiales de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP que participó en el operativo.

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Registro de arsenal

Fuentes de Inteligencia indicaron a este diario que Jeffri Santiago registró en la Superintendencia Nacional de Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) cuatro armas a su nombre. Se trata de dos pistolas: la checa CZ y la austríaca Glock de 9 milímetros y dos carabinas, una norteamericana Anderson AM15 y otra Franchi Horizon.

El caso de Jeffri Santiago se suma a la desaparición de los sargentos en retiro del Ejército, Pablo Martínez Tocas, y de la Fuerza Aérea, Johan Cordero Yaros. Ambos fueron captados por Kelner Wong Vela, alias 'Teddy', encargado de reclutar a licenciados de las Fuerzas Armadas para la mafia de 'Chilli'.

En agosto de 2025, 'Teddy' los contrató para dar seguridad a empresas mineras en Madre de Dios, pero desde que partieron de sus casas en Lima, no hay rastro de ellos.

Este diario contactó a los familiares de Jeffri Santiago, pero prefirieron guardar silencio.

Es muy probable que Jeffri Santiago Yarasca haya perdido la vida durante un enfrentamiento con las bandas rivales. Las organizaciones criminales, cuando pierden a sus integrantes, los entierran en fosas clandestinas.

"Yo creo que el ministro de Economía no está viendo la magnitud de los daños, de las pérdidas y del dolor de las familias que están teniendo esta tristeza tan grande porque, en muchos casos, han perdido todo. Mi solidaridad con ellos. Acá lo importante, además de atender la emergencia, es corregir las fallas estructurales que hay", declaró ante los medios de comunicación.

Minutos más tarde, el titular de Economía y Finanzas tuvo que pedir disculpas a los ciudadanos que se sintieron ofendidos por sus declaraciones, las mismas que calificó como algo poco feliz. Asimismo, Cuba sostuvo que no se refirió a las inundaciones del último domingo 16 de agosto y se mostró de acuerdo con el llamado de atención de la mandataria.

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"Es una expresión coloquial. (...) Me refiero a que en nuestro país todo el tiempo hay lluvias y hay que ver su verdadera magnitud y enfrentarla. Fue una expresión de verdad poco feliz; doy la página por cerrada", expresó durante una entrevista en RPP.

"(...) La misma lluvia que puede ocurrir en Puno no pasa nada, porque son zonas acostumbradas (…) Hay unas que son terribles y otras que son simples. En cualquier parte de la selva o la sierra hay lluvias y es parte de la vida normal de un peruano. A eso me refería", acotó.

Lo que dijo el ministro de Economía sobre las inundaciones en VES y VMT

"No nos desesperemos, en todo el planeta hay lluvias y ocurre lo mismo. Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a la lluvia, se inunda. Lo importante es salvar las vidas, la gente no se puede morir por un fenómeno El Niño, no puede perder su casa por un fenómeno El Niño, las obras públicas se arreglan. Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas, así pasa", dijo.

En primer lugar, la delegación no satisface el estándar de materia específica exigido por el artículo 104° de la Constitución. Mientras que el texto se limita a declarar solo siete ejes, en su desarrollo se introducen materias no enunciadas tales como medio ambiente, áreas naturales protegidas, recursos naturales, minería, hidrocarburos, electricidad, recursos hídricos, sistema financiero, protección de datos personales, patrimonio cultural, peajes y procesos judiciales y constitucionales. Una habilitación que abarca prácticamente todo el ordenamiento jurídico convierte la excepción de la delegación en la regla de producción normativa durante el período de vigencia; bien hace Pedro Grández en denominarla "delegación estructural" y advertir su inconstitucionalidad en ediciones previas de este Diario.

El proyecto versa además sobre materias indelegables por estar reservadas a ley orgánica: las condiciones de utilización de los recursos naturales y de su otorgamiento a particulares, como las concesiones mineras (artículo 66° de la Constitución), y la regulación del ejercicio de las garantías constitucionales, como el amparo y el hábeas corpus (artículo 200°). El pequeño detalle es que, conforme lo establece la Constitución, "no pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente" (artículo 104°); estas son, entre otras, las relativas a leyes orgánicas. De no corregirse, el Ejecutivo se verá expuesto a que cada decreto legislativo dictado sobre una materia no comprendida, o comprendida de forma inespecífica en el objeto declarado, sea impugnable por exceso de delegación.

Lo más grave aparece al final del documento. Se ha propuesto exceptuar a los decretos legislativos y a sus normas de desarrollo (reglamentos) de la agenda temprana, la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio (AIR). Esta exoneración, sumada a la propuesta de derogar el régimen del AIR (Decreto Legislativo N° 1565) y a la ausencia de plazo definido para la producción de las normas reglamentarias, genera una exención de duración indeterminada de estos importantes mecanismos de eficiencia y de toma de decisiones basadas en evidencia. Pues bien, la supresión de la consulta pública respecto de reformas de esta envergadura contravendría el derecho constitucional a la participación ciudadana en los asuntos públicos. Cabe señalar que la exposición de motivos y los informes internos, que el proyecto ofrece como sustituto de la consulta pública, son documentos del proponente y no cumplen la función de recibir objeciones ni de recolectar información externa. Corresponde hacer hincapié en la enorme contradicción de pretender mejorar la calidad regulatoria y, al mismo tiempo, querer saltarse con garrocha los mecanismos más modernos que se diseñaron e implementaron para dicho propósito y que han tenido buenos resultados hasta la fecha.

Además, hay que tener en cuenta que la omisión de mecanismos de evaluación ex ante para medidas como las relacionadas con asuntos forestales, hídricos, mineros y de áreas naturales protegidas, que son tendentes a afectar a pueblos indígenas u originarios, no puede exonerar las obligaciones de consulta previa derivadas del Convenio 169 de la OIT y de la Ley 29785. Obviarlas generaría grave conflictividad social, como ocurrió con Bagua, y, consecuentemente, responsabilidad estatal.

Otro punto delicado: se propone establecer mecanismos de participación de las entidades públicas en procesos constitucionales en los que no forman parte, pero cuya decisión judicial pueda incidir en concesiones, asociaciones público-privadas o contratos ley. Con independencia del propósito, el solo hecho de pretender alterar la normativa procesal constitucional contraviene la prohibición explícita de delegar materias reservadas a ley orgánica.

En materia ambiental, se buscaría introducir el silencio administrativo positivo y la presunción de veracidad en instrumentos de gestión ambiental e invertir la lógica del principio precautorio en áreas naturales protegidas. Esto resulta profundamente peligroso, en tanto un estudio de impacto ambiental aprobado frente a la inacción administrativa constituye un estudio no evaluado y, en consecuencia, inútil. La Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte IDH configura la evaluación de impacto ambiental como obligación estatal de prevención, no como trámite susceptible de aprobación ficta. A su vez, se pretendería limitar la potestad de revisión y revocación ante daños sobrevinientes o ante la revelación de información nueva, que es precisamente el supuesto en que la revisión resulta necesaria. Exigir certeza como condición para restringir actividad significa que, mientras la duda persista, se puede operar; ello es incompatible con un sistema de protección ambiental. No se puede dejar de mencionar el caso Habitantes de La Oroya vs. Perú (2024), mediante el cual la Corte IDH ordenó al Estado fortalecer su marco de protección ambiental y su capacidad de fiscalización. Una reforma en sentido inverso generaría también un problema de cumplimiento de sentencia.

En línea con lo anterior, se ha propuesto la aprobación automática y el silencio positivo en los procedimientos para la construcción sobre espacios públicos, los cuales están sujetos a un deber especial de protección estatal, al ser reconocidos como "elementos esenciales para la mejora de la calidad de la vida de las personas y del ambiente en la ciudad" (Ley 31199). ¿Qué se pretende con esta disposición sino perjudicar al ciudadano arrebatándole su uso y disfrute?

En materia de seguridad, se estaría buscando delegar la facultad de legislar sobre la totalidad del sistema penal —sustantivo, procesal y de ejecución—, más la materia militar y policial, de un porrazo y sin identificar norma alguna a modificar; así como habilitar la dirección de establecimientos penitenciarios por las Fuerzas Armadas. Fuera de un estado de excepción, el orden interno corresponde a la Policía Nacional y la custodia de las cárceles, a la autoridad penitenciaria. Recordemos que la Corte IDH ya condenó al Estado peruano en Neira Alegría y otros (1995) y en Durand y Ugarte (2000), precisamente en el contexto de la asunción del control de un establecimiento penal por las Fuerzas Armadas.

Por si lo anterior fuera poco, se habría propuesto la participación privada en la gestión penitenciaria (asociaciones público-privadas y otros mecanismos de promoción de la inversión privada), lo que puede parecer interesante y atractivo para profesionalizar la gestión de cárceles, pero debe ser tratado con mucha cautela: en un contexto de hacinamiento estructural, un contrato con retribución vinculada a la ocupación de cárceles podría generar incentivos contrarios a la finalidad resocializadora de la pena.

El trascendido proyecto de delegación de facultades no es inconstitucional en bloque, pero la ley autoritativa, tal y como ha sido desarrollada, no parece satisfacer el estándar de especificidad del artículo 104° respecto de bloques identificables de su articulado, comprende materias reservadas a ley orgánica y suprime mecanismos de consulta, evaluación previa y análisis de calidad regulatoria que resultan indispensables para una gestión pública seria y profesional, precisamente aquello que a nivel discursivo parecería ser el norte del actual gobierno.

Cabe preguntarse, entonces, por el trasfondo. Presumo que el proyecto ha sido planteado como una demostración de la supuesta capacidad reformadora del gobierno entrante, un mensaje político tendente a demostrar que ellos sí "la tienen clara", pero cuyo éxito está condicionado a la cooperación de las demás fuerzas políticas; de lo contrario, el Ejecutivo no podrá cumplir sus promesas, pese a tener la intención, y habrá un claro “culpable”. Una vieja estrategia para responsabilizar a la oposición de los desaciertos o carencias del regente. Por lo pronto, el ministro Vinelli anunció hace algunos días que el proyecto está “en las últimas revisiones” para ser enviado al Congreso. Veremos qué ocurre.

Resulta ilustrativo hacer un paralelo con el presupuesto de una familia para entender bien los conceptos detrás de las reglas fiscales. Así, en un año dado, una familia prudente no debería aumentar su gasto corriente, es decir, el gasto en bienes y servicios para el consumo del hogar, en más de cierto porcentaje. Asimismo, el gasto de la familia, considerando tanto el gasto corriente como el gasto no corriente, es decir, el gasto en, por ejemplo, la construcción o mejoramiento de la vivienda o en la adquisición de algún electrodoméstico o de una moto, no debe aumentar más de cierto porcentaje.

La diferencia entre los ingresos y los gastos de la familia es el equivalente al déficit fiscal. Habrá, por supuesto, situaciones en las que los gastos pueden exceder a los ingresos, como cuando se está emprendiendo una mejora del hogar. En tal caso, la familia se endeuda, prestándose dinero, o utiliza sus ahorros y con eso cubre el exceso de gastos. Si los ingresos son mayores que los gastos, la familia ahorrará y así estará preparada para enfrentar imprevistos o gastos planeados a futuro. ¿Cómo sabemos si la situación de la familia es sostenible en el mediano plazo?

En términos generales, veríamos si, proyectando el nivel de gasto de hoy y el del futuro, este corresponde con su nivel de ingreso de hoy y del futuro. No tiene que estar en equilibrio en ningún periodo dado, pero, a mediano plazo, los ingresos tienen que cuadrar razonablemente con los gastos previstos. Este ejercicio lo realiza cada familia para no quedar expuesta a la ruina e involucra, por supuesto, estimaciones de ingresos y de gastos que son inciertas, pero cada quien lo hace lo mejor que puede.

La cosa es más problemática al tratarse de hacer lo mismo con una ley que impondrá límites al gobierno. Deben, entonces, existir mecanismos explícitos de cómo se calculan las reglas fiscales. Aun así, existe cierta discrecionalidad respecto a qué gastos se reconocen de forma adelantada (comenzando porque a veces se aprueban leyes sin que se conozca cuánto gasto ocasionarán, como hizo el Congreso pasado), entre otras cosas.

¿Por qué son cuatro reglas fiscales y no una? Al ser un compromiso del gobierno y al tener este incentivos para gastar en exceso cuando no le interesa el futuro (como el gobierno pasado), es mejor dar cierto límite a cada tipo de gasto. Por ello, se ponen distintos límites al gasto corriente (que en el Estado es principalmente el gasto en remuneraciones) y al gasto total, en el cual se incluye la inversión pública. Justamente, fue el límite al gasto corriente el que el gobierno pasado violó groseramente, porque le interesaba más aumentar las remuneraciones que invertir en el futuro del país. Lo importante es entender que las cuatro reglas fiscales existen como un todo y que incumplir permanentemente una regla llevará eventualmente a incumplirlas todas.

Los límites al endeudamiento se fijan anualmente y en agregado para que un gobierno no pueda generar un déficit excesivo y para que, aun si lo hiciese, haya un tope de endeudamiento total que tendrá que cumplir. El pasado gobierno intentó decir que había cumplido con “la regla” fiscal porque el límite respecto al déficit fiscal sí se cumplió, contra el pronóstico de casi todos los economistas (incluyéndome). Esto sucedió debido a que los altos precios de los minerales (los más altos en la historia) llevaron a ingresos públicos extraordinarios que aumentaron en más de dos puntos del PBI. Es como si, en el caso de la familia, esta se ganara una rifa y con eso justificara que se mudara a una casa más cara que va a tener que seguir pagando los próximos años, cuando ya no hay el ingreso adicional.

Ya antes, entre el 2008 y el 2014, había sucedido que un aumento en los precios de los minerales aumentó los ingresos fiscales. ¿Qué se hizo entonces? Lo que cualquier persona prudente hubiera hecho: se ahorró la mayoría del ingreso adicional en el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), en el cual llegó a acumular 4,5% del PBI para cuando vinieran las vacas flacas. Gracias a eso, se tuvo con qué financiar el gasto extraordinario de la pandemia (que haya sido mal ejecutado es otra historia, pero el Perú enfrentó la pandemia mejor preparado fiscalmente que casi todos sus pares).

Lo que ha venido sucediendo es que el gobierno pasado ha incumplido las reglas fiscales desde el 2023, llevando la situación a extremos con la aprobación de leyes con un costo elevadísimo que ni siquiera se ha podido estimar adecuadamente. Hoy, el nuevo gobierno enfrenta la realidad de que, haciendo un cálculo aproximado de los gastos reales generados (principalmente sueldos y pensiones), ni siquiera los elevados ingresos actuales alcanzarán para financiarlos. Esto es algo que el Consejo Fiscal, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las reglas fiscales, viene advirtiendo hace años. ¿Qué hacer entonces?

Utilizando el reciente fallo del Tribunal Constitucional, varias organizaciones están cuestionando la constitucionalidad de leyes aprobadas por el Congreso que significan importantes aumentos de gasto. Si esto tiene éxito y se amplía la demanda por inconstitucionalidad a otras leyes en el mismo sentido, esto representaría un importante paso para volver a la muy necesaria disciplina fiscal. El nuevo gobierno, a su vez, tendría que plantear unas reglas fiscales razonables que sean factibles de cumplir en su periodo, pues es el compromiso de cumplirlas cabalmente lo que valorará el mercado y será la forma de distinguir a este gobierno del fracasado gobierno anterior.

Este gobierno, como todos, tiene que saber priorizar. Ese es el reto principal y doloroso de cualquier presupuesto. Siempre habrá objetivos nobles que alcanzar, pero los ingresos determinan qué es lo que es efectivamente posible. Y, respecto a los ingresos, la mejor política tributaria es seguir creciendo a tasas elevadas.

El lunes 17 de agosto, Fujimori llegó a Villa El Salvador para evaluar los daños por las lluvias que también afectaron a Chorrillos, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Durante su inspección en los puntos críticos, donde el Senamhi llegó a registrar acumulación de agua de hasta 4,2 mm, la mandataria dijo que el Ejecutivo ya coordinaba las acciones legales para atender la coyuntura.

"He hablado con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas. Hoy por noche debe estar declarándose en emergencia (…) hoy por la noche se activa todo ", dijo.

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En esa misma línea, el ministro de Vivienda respaldó la medida para acelerar las obras de reparación en las redes de desagüe afectadas. "(…) otra medida que está yendo paralela es declarar en emergencia estas zonas de este distrito [Villa El Salvador] para poder cambiar el colector principal porque está colapsado".

Zonas afectadas en la capital

Las lluvias del domingo causaron inundaciones y fallas en las redes de desagüe, principalmente en Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Uno de los puntos con mayores problemas estuvo en el sector 1 (Grupo 1) de Villa El Salvador, cerca de la estación del Metro de Lima. En ese lugar, la acumulación de agua cubrió varios tramos de la pista y dejó atrapados a autos y vehículos pequeños que intentaron cruzar la calle inundada.

Las lloviznas también generaron la acumulación de barro debajo de los puentes, lo que dificultó el tránsito. De acuerdo con el Senamhi, hasta las 10.00 p. m. se registraron lloviznas y lluvias que fueron de fuerte a extrema intensidad en la Costa.

En la costa norte, varios tramos de la Panamericana Norte permanecen interrumpidos por desbordes de ríos. El tránsito hacia Tumbes, Piura, Lambayeque y Trujillo es intermitente. La FAP ha activado un puente aéreo en varias ciudades y están rescatando familias que han quedado en medio de inundaciones. No se veía un escenario así desde el Niño Costero de 2017.

Los reportes del Gran Mercado Mayorista muestran un incremento en el precio de verduras y frutas debido a los bloqueos en la Carretera Central. A esto se suma la escasez de limón de Piura que tiene varias semanas por los problemas de la cosecha de este año. Comer ceviche se ha vuelto un lujo por la falta de pescado y limón.

El último reporte del CDC muestra que los casos de dengue y leptospira reportados hasta hoy ya superan a todos los notificados del 2026. Los casos de enfermedad diarreica también se han disparado y el Instituto Nacional de Salud está estudiando si el extenso brote de enfermedad diarreica en Tumbes corresponde a la reintroducción de una cepa toxigénica del Vibrio cholerae. El desabastecimiento de sueros fisiológicos y antibióticos empieza a verse en la mayoría de los centros de salud públicos y sus precios se han duplicado o triplicado en farmacias privadas. Desde el MINSA informan que no se pudo comprar la vacuna oral contra el cólera pues no hay disponibilidad global.

Son pocas las postas de salud de Tumbes funcionando, la mayoría han sido inundadas y los hospitales de campaña no han llegado por el bloqueo de las carreteras. Hay déficit de médicos pues aún no sale el CAS-Niño.

Las facultades de salud del norte del país han empezado a capacitar a sus estudiantes de últimos años para apoyar en la emergencia sanitaria. Un estudiante entrevistado lamenta que la capacitación recién empiece cuando la emergencia ya está instalada y no meses antes, durante el semestre académico.

Desde Palacio de Gobierno se insiste que la magnitud del fenómeno superó todos los escenarios previstos. En los gobiernos regionales, las nuevas autoridades que empezaron el 1 de enero atribuyen la falta de preparación a la gestión anterior y la campaña electoral. Mientras algunos buscan responsables, la inflación sigue subiendo, las lluvias no se detienen y los hospitales están colapsados.

El último comunicado oficial del ENFEN recuerda que los modelos que se presentaron en agosto de 2026 que advertían un riesgo elevado de lluvias intensas para el verano 2027, estuvieron dentro de lo esperado.

Aún faltan seis meses para febrero. Ninguno de los hechos descritos en esta columna ha ocurrido. Todos, sin embargo, ocurrieron -total o parcialmente- durante los fenómenos de El Niño de 1997-1998 y del Niño Costero de 2017. Los pronósticos meteorológicos nacionales e internacionales muestran que tendremos escenarios similares. Las lluvias intensas llegarán, su impacto dependerá de las decisiones que tomemos hoy.  

Ojalá que dentro de seis meses esta columna sea recordada como una exageración y no como la crónica de un desastre que todos vimos venir.

La segunda semana de agosto, el titular del MINJUSDH propuso el cambio de administración argumentando que el LUM aborda directamente la época de conflicto armado interno.

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Días después, este 17 de agosto, publicó en sus redes sociales un “pronunciamiento ciudadano” titulado “Carta abierta a la señora presidente de la República Keiko Fujimori ante las propuestas del señor ministro de Justicia, Dr. Ernesto Álvarez”.

La carta está firmada por 21 ciudadanos, entre juristas, excongresistas y líderes de opinión. Destaca el aprista Jorge del Castillo, la excongresista Gladys Echaíz, el exministro de Justicia Aurelio Pastor Valdivieso y el exministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz.

En la misiva se respalda el cambio de sector del LUM indicando que “el sentido pedagógico está completamente restringido por acción de elementos con rasgos ideologizados”.

De igual forma, dan conformidad a la supuesta “necesidad” de una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque, según ellos, sus funciones son “sesgadas” y ha perdido “confiabilidad en la justicia supranacional” e “interferido en procesos judiciales peruanos”.

Ruth Luque rechaza propuesta de ministro Álvarez

En tanto, la propuesta del titular de Justicia ya ha encontrado rechazo en el Senado. La senadora Ruth Luque (Ahora Nación) indicó que el fujimorismo desde siempre ha mantenido un sesgo ideológico.

“Lo que aquí hay es un sesgo que ya el fujimorismo había hecho años atrás sobre el lugar de la memoria, que tiene un sesgo abiertamente ideológico. Este es un espacio de memoria. Qué bueno que hoy la gente lo visite más, ojalá que de verdad los políticos vayan, porque ellos han vendido una historia de que este espacio sería un espacio donde no está hablando de lo que ha sucedido”, declaró a RPP.

Explicó, además, que el “Ministerio de Justicia, por las políticas que desarrolla, está básicamente vinculado a gestiones respecto al Instituto Nacional Penitenciario, respecto a opiniones sobre modificaciones al Código Penal”, por lo tanto, “su gestión es distinta”.

“El Lugar de la Memoria, desde el momento que fue creada y desde el momento que fue respaldado por el sistema estatal, incluso por diversas embajadas, ha estado en el Ministerio de Cultura. Y hasta ahora, lo que se ha sabido, es una declaración del ministro de Justicia, cuando ni siquiera el actual ministro de Cultura ha opinado”, agregó.

De acuerdo a información que corroboró La República, la buena pro se dio a la empresa Claro por un monto de 219 mil soles. El servicio incluye 190 líneas móviles por un periodo de dos años.

En el término de referencia se especifica que el alquiler de equipos contengan tecnología 4G con las características de 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno. Según la información recogida por este medio, los diputados y senadores ya recibieron los equipos y lo vienen utilizando.

Días atrás, la diputada Indira Huilca de Ahora Nación solicitó a través de un proyecto de ley la presencialidad en el Congreso.

Ante la iniciativa, algunos congresistas de Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras respaldaron la propuesta; mientras que, desde el lado del oficialismo hay posturas divididas. Por ejemplo, Miguel Torres no apoya el planteamiento, en cambio Aguinaga si se muestra a favor.

Indira Huilca presenta proyecto de ley para garantizar el trabajo presencial en el Congreso

La iniciativa de Huilca plantea modificar el Reglamento del Congreso y el de la Cámara de Diputados. El propósito central es "garantizar como regla general el trabajo parlamentario presencial y regular la virtualidad como modalidad excepcional en supuestos objetivamente justificados".

Con ello, los senadores y diputados deberán asistir de forma obligatoria a las sesiones del Pleno, en la Comisión Permanente y en las comisiones de trabajo a las que pertenezcan.

De aprobarse este proyecto de ley, las conexiones virtuales quedarán limitadas a casos específicos. Según el texto, "la participación virtual solo será permitida cuando las y los diputados [y senadores] se encuentren de licencia por viaje fuera de Lima o en el extranjero, así como con licencia por enfermedad".

La legisladora señaló que el objetivo principal es acabar con la práctica de los "escaños vacíos" y las "votaciones fantasma" durante los debates, situaciones que han afectado la imagen del Parlamento ante la ciudadanía en los últimos años.

"En un contexto político competitivo, el proceso electoral fue, en líneas generales, creíble y transparente, a pesar de algunas deficiencias en la administración electoral y de la persistencia de narrativas de fraude".

Inestabilidad en la ley electoral

El informe señala que las leyes electorales fueron modificadas de manera constante en los años previos a los comicios, lo que generó confusión y vacíos legales. "El Congreso ha aplicado un criterio oscilante, aprobando y posteriormente revirtiendo sucesivas reformas con importantes repercusiones para la configuración del sistema político y del marco electoral".

Entre estas reformas está el retorno de la bicameralidad, el cambio en la doble valla electoral, la reelección inmediata de congresistas, la derogación de las elecciones primarias obligatorias (PASO) y los nuevos ajustes técnicos en la cédula de votación y el recuento de actas.

"(…) las continuas reformas parciales de la legislación, que han dado lugar a inconsistencias, a una dispersión normativa y a duplicidades. Las dificultades para aplicar determinadas disposiciones, en particular la nueva regulación sobre el recuento de votos, obligaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a adoptar decisiones ad hoc para cumplir con los plazos establecidos en el calendario electoral y en la Constitución. Estas decisiones comprometieron el principio de seguridad jurídica y la estabilidad del marco jurídico".

Además, durante el desarrollo del proceso, específicamente en el conteo tras la primera vuelta de abril, el JNE tuvo que adaptar el procedimiento debido a esas fallas previas.

"Las actas observadas restantes se resolvieron mediante un recuento de votos. Los primeros recuentos se realizaron el 20 de abril. Dos días después, el JNE modificó los procedimientos para acelerar el proceso, decidiendo que no se realizarían recuentos en aquellos casos en que las inconsistencias estuvieran relacionadas con el voto preferencial".

Narrativas de fraude y afectación a la integridad institucional

Por otro lado, la misión internacional documentó que los resultados y el desarrollo de las votaciones estuvieron acompañados por acusaciones sin sustento por parte de actores políticos. En el informe señala al líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien además amenazó al titular del JNE.

"En ambas vueltas presidenciales, los candidatos Rafael López-Aliaga y Roberto Sánchez formularon acusaciones infundadas de fraude y convocaron protestas públicas en las que recurrieron a narrativas polarizadoras, alegando que las instituciones del Estado no respetaban y discriminaban a sus respectivos electores".

El informe también advierte sobre el impacto de estas acciones en la legitimidad del proceso. "Estas prácticas menoscaban la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y afectan la percepción del electorado sobre la legitimidad de las autoridades electas".

Del mismo modo, señala que el libre ejercicio periodístico se vio afectado durante los comicios. “El entorno mediático se deterioró, en un contexto marcado por amenazas contra algunos periodistas que no fueron debidamente atendidas por las autoridades competentes”, se lee en el informe.

Cobertura de los medios de comunicación y el sesgo durante la segunda vuelta

En cuanto al desempeño de la prensa, la misión registró diferencias entre los distintos tipos de medios. Por un lado, el informe señala que “los medios de comunicación estatales ofrecieron una cobertura equilibrada y neutral de la campaña”.

Sin embargo, la situación en el sector privado fue distinta, ya que “mostraron un mayor sesgo, que se hizo más patente durante la segunda vuelta presidencial al proyectar una imagen predominantemente negativa de Roberto Sánchez y contribuir así a la polarización”.

Recomendaciones

Para corregir estas deficiencias en futuros procesos, el informe señala la necesidad de eliminar inconsistencias, duplicidades y disposiciones inaplicables en la ley electoral. Además menciona que se debe optimizar los plazos y consolidar toda la legislación electoral en un código electoral y un código procesal electoral.

Asimismo, frente al deterioro del debate público, se recomienda “instar a las autoridades competentes a que condenen con prontitud el discurso de odio, las amenazas de violencia, la incitación a la violencia y la retórica intolerante en el discurso electoral, adoptando medidas para poner fin a estas prácticas”.

Con respecto a la labor de la prensa, el informe exhorta resalta la necesidad de una protección a los periodistas frente a ataques, amenazas e intimidaciones. Esto por medio de la detección de “agresiones contra los profesionales de los medios de comunicación, y tomando medidas frente a la retórica de los cargos públicos y de los candidatos que pueda incitar a la hostilidad contra dichos profesionales”.

Galarreta llegó a la PCM como uno de los hombres de mayor confianza de la presidenta Keiko Fujimori. Antes de asumir el cargo, ya ocupaba la primera vicepresidencia de la República y un escaño en el Parlamento Andino. Su gabinete está conformado por diecinueve ministros, entre ellos Elmer Cuba en Economía y Finanzas, César Astudillo en el Interior y Rafael Belaúnde Llosa en Defensa, este último ya cuestionado en el Congreso por un presunto conflicto de intereses minero.

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Las facultades legislativas que Fujimori anunció y todavía no llegan al Congreso

La presidenta Keiko Fujimori anunció el pedido de delegación de facultades durante su Mensaje a la Nación, el 28 de julio, como respuesta a la inseguridad ciudadana y al fenómeno El Niño. Un día después, el primer Consejo de Ministros ya lo tenía como punto de agenda. Pero el proyecto nunca llegó a la mesa de partes del Congreso. Lo único que trascendió fue un borrador filtrado a la prensa, que incluía medidas como la eliminación de feriados, cambios en el Código Penal y la fusión o eliminación de entidades estatales, puntos que generaron cuestionamientos de especialistas y de la ciudadanía.

Desde entonces, los plazos que ha dado el propio Gobierno no se han cumplido. El ministro Marco Vinelli dijo el 1 de agosto que el proyecto estaría listo "la próxima semana". Fujimori repitió el anuncio el 3 de agosto, con la misma promesa para la semana siguiente. Ninguna de las dos fechas se cumplió. El ministro Elmer Cuba admitió el 7 de agosto que el pedido está paralizado por un "trámite burocrático" y, hasta el 17 de agosto, ningún miembro del gabinete ha confirmado una fecha concreta de presentación ante el Parlamento.

La intervención ocurrió el pasado 25 de abril en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica. A pesar de que el magistrado Matos dispuso inicialmente un año de prisión preventiva contra los 8 militares, el último 7 de agosto la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín dejó sin efecto la medida.

En el documento presentado por Rospigliosi a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, solicitó que se admita la denuncia contra el juez Matos, ya que, según argumenta en el oficio, los hechos "podrían revelar una vulneración grave de los deberes funcionales del magistrado, particularmente por la emisión de una decisión privativa de libertad posteriormente anulada por graves defectos de motivación, así como por la presunta incorporación de fundamentos que no habrían formado parte del debate oral".

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En esa línea, el petitorio del parlamentario exige "admitir la presente denuncia, disponer las actuaciones preliminares que correspondan y, de existir mérito suficiente, iniciar procedimiento disciplinario contra José Leonel Matos Centeno". Asimismo, el legislador también requirió que, "se imponga la sanción que corresponda conforme a la Constitución, la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y la Ley de la Carrera Judicial, incluida la destitución si se configuran los supuestos legales para ello".

Cuestionamientos y antecedentes de denuncias a magistrados

Con esta acción contra el juez José Matos Centeno, Rospigliosi sumó cuatro magistrados denunciados ante la Junta Nacional de Justicia. El último martes 11 de agosto, el parlamentario anunció una denuncia contra los jueces de la Corte Suprema Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama, magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Para los jueces mencionados solicitó la destitución por no aplicar en sus fallos la Ley 32107 —que precisa los alcances del delito de lesa humanidad— y la Ley 32419 sobre amnistía a policías y militares. Además, en su cuenta de X, señaló que espera que "la JNJ cumpla con su deber y sancione ejemplarmente a estos magistrados defensores de terroristas y enemigos de la PNP y FFAA".

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Para el caso del juez Matos, Rospigliosi también se pronunció a través de sus redes sociales y catalogó al magistrado de "politizado y prevaricador". Para el legislador, el hecho de que una corte superior haya dejado en libertad a los investigados evidencia que "el juez había cometido prevaricato", por lo que exigió que la JNJ actúe de inmediato bajo la premisa de que se trata de un caso flagrante que amerita "soluciones radicales".

Pronunciamiento de las Cortes Superiores de Justicia

Se recuerda que tras las denuncias y la persecución que sufren los jueces y fiscales, las presidentas y los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú emitieron un pronunciamiento el pasado 11 de agosto.

En el documento, las autoridades judiciales manifestaron que la independencia judicial es una garantía de rango constitucional, la cual prohíbe que cualquier autoridad o actor político interfiera en la función de juzgar.

Asimismo, reiteraron que ningún magistrado puede ser objeto de sanción o persecución "en razón del sentido de sus resoluciones o sus interpretaciones del ordenamiento legal", añadiendo que "toda discrepancia con una decisión judicial debe encauzarse de forma exclusiva e idónea mediante el sistema de recursos procesales e impugnaciones previstos por ley".

El pedido fue presentado el 5 de agosto último. Ante ello, el 14 del mismo mes, las defensas de las víctimas solicitaron a la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora la aplicación de control difuso, es decir, que se declare improcedente la aplicación de dicha norma.

La audiencia donde se resolverá el pedido de inhibición se desarrollará el 24 de agosto a las 4.00 pm.

David Velazco Rondón, una de las defensas legales de las víctimas, en diálogo con La República, resaltó que los asesinatos del caso El Frontón no corresponden a temas de índole militar.

“En el fuero militar se juzgan casos que han vulnerado bienes de carácter militar. La vida no es un bien de ese tipo. Por ejemplo, si ocurre un homicidio dentro de un establecimiento militar entre un sargento y un coronel, eso no puede ser juzgado por un foro militar porque la vida es un bien jurídico de naturaleza común”, explicó.

Por ello, han solicitado que se realice "control difuso de la Constitución y, también, el control de convencionalidad porque viola para nosotros el artículo 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos", precisó.

A su vez, sustentó que su pedido se basa en los criterios que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional para considerar qué casos podrían pasar al foro común y qué casos podrían pasar al foro militar.

Argumentos

Especialmente, menciona, se trata de la sentencia recaída en el Expediente N.° 0017-2003-AI/TC, así como posteriores pronunciamientos -entre ellos, los recaídos en los Expedientes N.° 2101-2004-HC/TC y N.° 3546-2004-HC/TC.

Se concluye en ellos que “el delito de función es excepcional y debe estar estrictamente vinculado con la función militar o policial”, por lo tanto, “la conducta ilícita debe afectar bienes jurídicos propios de la institución, relacionados con su disciplina, organización u operatividad”.

Además, “el fuero militar no constituye un privilegio personal derivado de la condición de militar o policía. Su aplicación es excepcional y está circunscrita a infracciones de deberes profesionales vinculadas al servicio”.

También establece que los miembros en situación de retiro están excluidos de esta jurisdicción.

Ratifica que los delitos comunes corresponden a la justicia ordinaria. Así ocurre, por ejemplo, con conductas como el homicidio agravado o el cohecho cuando no existe afectación de un bien jurídico propiamente militar o policial.

Contra el derecho internacional

Por otro lado, Velazco Rondón resalta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el fuero militar debe tener en el Perú un carácter restrictivo y excepcional y no puede extenderse a la investigación o juzgamiento de violaciones de derechos humanos ni de delitos cometidos contra civiles, materias que corresponden a la jurisdicción ordinaria.

El artículo 51º de la Constitución establece la prevalencia de sus disposiciones sobre las normas de inferior jerarquía, mientras que el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial.

“La reciente ley implica una grave afectación a estos principios y puede generar escenarios de impunidad”, sostiene.

En ese sentido, señaló que en los últimos meses se ha evidenciado “represalias de naturaleza política por parte de actores políticos como Rospigliosi”, en referencia a las denuncias que este interpuso ante la Junta Nacional de Justicia contra jueces que aplicaron el control difuso en casos similares.

Romel Pichardo Ramos, el hermano menor de Renol Pichardo Ramos, figura como imputado en investigaciones fiscales por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Y Richard Zavala Pianto, quien también se presenta por Podemos Perú pero a la alcaldía de Santa Rosa (provincia de La Mar), fue excluido de la contienda electoral por no declarar una sentencia firme por tráfico ilícito de drogas.

Sin embargo, Richard Zavala no se ha alejado de la actividad política. Continúa apareciendo junto a Renol Pichardo y participando en actividades públicas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Pese a ello, es negado por un sector de Podemos Perú.

CON LAS MANOS EN LA COCA

El antecedente de Richard Zavala no es una simple anotación judicial. En noviembre de 2011, aproximadamente a las cinco de la mañana, la policía intervino en Huaccepampa, a unos cinco kilómetros del distrito de Coracora (provincia de Parinacochas), un auto conducido por Richard Zavala Pianto. En el vehículo viajaban otras dos personas.

Durante el registro efectuado en la jefatura policial, los agentes encontraron droga escondida en el tablero de mando del automóvil. Había once paquetes con forma de ladrillo y otros dos más pequeños, todos acondicionados y precintados con cinta de embalaje azul.

El peso bruto total de la droga llegó a los 20,620 kilogramos. Las pruebas aplicadas con tiocianato de cobalto dieron positivo para alcaloide de cocaína y pasta básica de cocaína.

Richard Zavala declaró entonces que viajaba desde Huamanga hacia el distrito de Chala (Cravelí, Arequipa) porque un hombre identificado como Orlando Ruiz Huamaní, alias 'Mono', le había encargado trasladar artefactos eléctricos. Según su versión, recibiría S/1500 por el trabajo y ya había recibido S/500 como adelanto.

El proceso terminó con una condena por tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de promoción, favorecimiento y facilitación al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico. La sentencia le impuso seis años y diez meses de prisión efectiva.

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DE LA CÁRCEL A LAS ÁNFORAS

Richard Zavala reapareció en la vida pública como dirigente agrario del Vraem. En 2024 figuraba como secretario general de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (FEPAVRAE).

Desde esa posición llegó incluso a reunirse con el entonces ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, para plantear demandas de los productores del Vraem.

En 2026, Zavala volvió a las urnas. Podemos Perú lo presentó como candidato a la alcaldía de Santa Rosa.

Pero su candidatura fue excluida porque no declaró en su hoja de vida una sentencia firme por tráfico ilícito de drogas. El antecedente que omitió era precisamente aquella condena originada por los 20 kilos de cocaína que ocultaba en su vehículo.

MALAS COMPAÑÍAS

La exclusión electoral no significó su desaparición de la campaña. Richard Zavala Pianto continúa apareciendo junto a Renol Pichardo en actividades políticas en el Vraem. Este lunes 17 de agosto, ambos participaron en una entrevista transmitida por Radio Chasqui, en la que Pichardo habló de su candidatura y de su trabajo político en la zona.

La presencia de Richard Zavala resulta llamativa porque el propio equipo de comunicaciones de Pichardo aseguró a La República que el excandidato ya no pertenece a Podemos Perú.

“El candidato Richard Zavala ha sido excluido, ya no es candidato del partido Podemos Perú, por lo tanto, ya no pertenece al partido”, señalaron desde su equipo.

UN HERMANO INCÓMODO

El caso de Richard Zavala Pianto no es el único antecedente que rodea al candidato regional. Romel Pichardo Ramos, hermano menor de Renol Pichardo Ramos, está consignado en los registros del Ministerio Público como imputado en investigaciones vinculadas con el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos.

En el distrito fiscal de Junín, los registros indican que Romel Pichardo figura como imputado por delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, entre ellos, promoción, favorecimiento o facilitación. También se reporta una investigación por lavado de activos en el distrito fiscal especializado en delitos de corrupción y criminalidad organizada.

La República buscó la versión de Renol Pichardo sobre estos antecedentes y sobre su relación política con Richard Zavala. El candidato no respondió. Argumentó que no contaba con conexión en los lugares donde se encontraba realizando campaña. Sin embargo, horas después apareció en una entrevista radial junto a Zavala.