Más atrás se ubican Francis Allison (Avanza País), con 4.7%, y Daniel Urresti (Podemos Perú), con 4.1%. El resto de aspirantes no supera el 2%. Susel Paredes (Ahora Nación) suma 1.8%, Alberto Tejada (Acción Popular) 1.7% y Ricardo Belmont (Partido Obras) 1.2%. Un bloque de seis candidatos, entre ellos Samuel Daza, Elio Riera y Alan Iparraguirre, se agrupa bajo la categoría de otros con 2.6%.

El porcentaje más alto de la medición corresponde a la ciudadanía que no decide su voto. El 42.8% de los entrevistados no precisa por quién votaría, 2.1% marcó blanco o nulo y 2% afirma que no irá a votar. En conjunto, el 47% de los limeños no elige a ningún candidato a menos de un mes de las elecciones regionales y municipales de 2026.

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El empate se sostiene en los intervalos de confianza

Si se observan los intervalos de confianza de cada candidato se respalda la lectura del empate, pues las barras de error de López Aliaga y Bruce se superponen, lo que impide afirmar que uno aventaja al otro. Allison y Urresti, por su parte, también muestran intervalos que se cruzan entre sí, por lo que compiten en un empate técnico propio por el tercer lugar, aunque sin acercarse a los dos punteros.

33% de peruanos tiene poco interés en las elecciones regionales y municipales

El 33% de los encuestados por el IEP dice tener “poco” interés en el proceso electoral de octubre y un 20% no tiene “nada” de interés, lo que suma 53% de la población con bajo o nulo interés en esta contienda. Solo 16% declara estar “muy” interesado y 30% “algo” interesado.

La comparación con setiembre de 2022 muestra que el interés no ha mejorado. La categoría de "mucho" interés cayó de 18% a 16%, mientras que "poco" interés subió de 30% a 33%. El desinterés total (poco + nada) pasó de 51% a 53% en cuatro años, una diferencia menor pero que podría confirmar una tendencia,.

El dato más marcado aparece al cruzar la variable con el nivel socioeconómico. En el sector A/B, 57% se declara "muy" o "algo" interesado en las elecciones, proporción que cae a 50% en el sector C y a 38% en el D/E. En el otro extremo, el desinterés ("poco" o "nada") alcanza 57% en el sector D/E, frente a 43% en el A/B. Es decir, el sector socioeconómico más numeroso del país es también el menos interesado en decidir quién lo gobernará, un patrón que coincide con el alto porcentaje de indecisión que ya registra la elección por la alcaldía de Lima.

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El JNE avaló candidatura de López Aliaga pese a la sospecha de reelección encubierta

Cabe señalar que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ratificó la candidatura de Rafael López Aliaga a primer regidor de Lima por Renovación Popular. La particularidad del caso es que el candidato a la alcaldía de su lista, Luis Rubio, renunció poco antes del cierre del plazo legal, lo que deja a López Aliaga en condición de asumir el sillón municipal si su lista gana el 4 de octubre, pese a ser un exalcalde de la ciudad.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, defendió la decisión y dijo que no existe una prohibición expresa en la Constitución ni en otras normas para que un exalcalde postule para ser regidor. Sin embargo, el organismo evitó pronunciarse sobre si esa renuncia constituye una maniobra para eludir la prohibición constitucional de reelección, ya que declaró infundada la apelación en su contra por un argumento de plazos, sin entrar al fondo del asunto.

El PL plantea que la pensión se suspenda en la parte que, sumada al sueldo del cargo público, supere el tope remunerativo fijado por el Decreto de Urgencia 038-2006. Si la remuneración ya alcanza ese máximo, la pensión se suspende en su totalidad mientras dure el mandato.

“Presenté el proyecto de ley que acaba con el privilegio del “doble sueldo” para militares y policías en retiro que llegan a cargos por voto popular. Sí, a mí también me alcanza. No le quitamos a nadie la pensión ganada con años de servicio. Mientras ejerzan el cargo, se suspende lo necesario para respetar el tope legal. Al terminar, la recuperan completamente. Aplica a diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, consejeros y regidores. Servir al país es un HONOR, no un privilegio”, escribió Colchado en X.

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Colchado sostiene que la ley vigente desde mayo de 2022 desnaturalizó el objetivo de incorporar a militares y policías retirados a labores técnicas o administrativas del Estado. Según el diputado, extender ese beneficio a los cargos de elección popular carece de sustento, porque un congresista, alcalde o gobernador regional no es seleccionado por un perfil técnico sino por el voto popular, y su función no genera una relación de subordinación con el Estado.

El proyecto también apela al desgaste de la imagen del Congreso, pues cita una encuesta de Ipsos que en julio de 2026 midió una desaprobación del 89% a los congresistas y del 96% a la presidenta de la República, y sugiere que el cobro simultáneo de sueldo y pensión alimenta esa percepción de manejo poco transparente de los recursos públicos.

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El antecedente: la ley que ya benefició a congresistas

El problema que Colchado busca corregir no es nuevo. La Ley 31473 se originó en un proyecto presentado en 2021 por la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y fue perfeccionada en la Comisión de Defensa Nacional, presidida en ese momento por José Williams. Una investigación de IDL Reporteros documentó que la norma terminó hecha a la medida de un grupo de legisladores retirados de las Fuerzas Armadas y la PNP, José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín, quienes desde 2022 reciben de forma simultánea su sueldo congresal y su pensión militar o policial, sin restricciones ni topes.

Ese beneficio motivó una denuncia constitucional. En enero de 2025, la Fiscalía de la Nación denunció ante el Congreso a 11 legisladores integrantes de la Comisión de Defensa del periodo 2021-2022 por el presunto delito de negociación incompatible, al considerar que impulsaron el dictamen que permitió a cinco de sus colegas cobrar ambos ingresos sin límite. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del propio Congreso declaró improcedente la denuncia en marzo de 2025, y el entonces congresista José Cueto defendió la norma.

El propio Congreso ya había recibido una propuesta similar a la de Colchado. En 2025, el congresista Héctor Valer presentó un proyecto para eliminar la excepción de la Ley 31473 que permite a los pensionistas de las fuerzas del orden superar el tope de seis Unidades de Ingreso del Sector Público. La iniciativa fue rechazada por legisladores beneficiados. Alfredo Azurín calificó los ingresos de los pensionistas como "intocables" y acusó al Ministerio Público de cometer un "atropello" contra el Congreso.

La demanda principal señala que la norma debilita los derechos ciudadanos al apartar los procesos del Poder Judicial. El gremio profesional sostiene también que la ley trasgrede los principios del sistema de justicia.

"El artículo 173 de la Constitución limita materialmente la competencia de la jurisdicción militar policial exclusivamente al ámbito de los delitos de función. De este modo, a su juicio, el nuevo primer párrafo del artículo II del Título Preliminar del Código Penal Militar Policial desvirtúa este concepto al introducir componentes como 'las acciones militares, la acción de armas y la consecuencia del servicio', expresiones que 'describen las circunstancias de comisión, pero no identifican la naturaleza del deber infringido ni el carácter propio, particular y preponderantemente militar o policial del bien jurídico lesionado'".

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De igual forma, la observación legal apunta a situaciones particulares como la declaración de estados de emergencia en el país y cómo esto afecta la distribución de competencias entre los diferentes poderes del Estado.

"El artículo 1 considera delito de función a toda conducta ilícita cometida durante un estado de emergencia. Según el demandante, esta disposición contiene un sentido interpretativo manifiestamente inconstitucional, pues 'la declaración de un estado de emergencia puede habilitar que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno, pero no modifica la distribución constitucional de competencias jurisdiccionales'".

Además, también se refiere al archivo de las investigaciones en curso dentro del sistema común y las consecuencias que esto genera para las víctimas.

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"Por otro lado, aduce que las reglas contenidas en el artículo 2 y en la Disposición Complementaria Final Única ordenan preferir al fuero militar policial y obligan al juez ordinario a archivar investigaciones 'sin necesidad de audiencia previa y mediante decisión inimpugnable', lo cual vulnera los derechos de las víctimas y, además, dejaría 'sin efecto las sentencias condenatorias que todavía no sean firmes [...] y [excluiría sus respectivos] pagos de la reparación civil'".

Tras admitir formalmente el recurso, el Tribunal Constitucional notificó al Congreso de la República para que se apersone al proceso y presente sus descargos formales en un plazo de 30 días hábiles, conforme a los procedimientos establecidos.

Alcorta sostuvo que el Gobierno "se fue de más" al incluir en un mismo pedido una serie de materias que pudieron canalizarse a través de comisiones ordinarias o decretos de urgencia. A su juicio, esa mezcla "abarató" la propuesta y le restó respeto al contenido de fondo, mientras que las medidas de emergencia, de haberse enviado por separado, habrían sido aprobadas de inmediato.

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La senadora se pronunció luego de que Marta Chávez planteara que, si la Cámara de Diputados aprueba solo un paquete de las facultades, el Senado podría rectificar y aprobar el total de las 66 medidas. Alcorta precisó no poder compartir esa lectura porque no maneja con certeza si la Cámara Alta cuenta con dicha atribución constitucional, y evitó pronunciarse sobre un eventual choque entre ambas cámaras.

La legisladora indicó que buscará conversar con Chávez y con representantes de Diputados para explorar una fórmula de conciliación, aunque descartó tomar postura en un enfrentamiento entre ambas bancadas: "No voy a hablar ni a dar una opinión ni voy a confrontar una Cámara con la otra", señaló.

Voceros de Diputados piden al Ejecutivo separar el pedido de facultades

Un oficio de los voceros César Holguín (Ahora Nación), Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) y Víctor Piñán (Obras) pidieron al premier Luis Galarreta que el Ejecutivo presente un nuevo proyecto de delegación de facultades acotado únicamente a seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres, incluida la atención al fenómeno de El Niño, informó La República el 11 de septiembre.

Los que firmaron advirtieron que existe el riesgo de que el Senado "distorsione el trámite bicameral": si Diputados aprueba solo una parte de las materias del proyecto original, la Cámara Alta podría restituir las que quedaron fuera, algo que atribuyeron a declaraciones públicas de los senadores Martha Chávez Cossío y Carlos Mesía. Los voceros sustentaron su pedido en los artículos 104 de la Constitución, 108 del Reglamento del Congreso y 25-a del Reglamento del Senado, que —sostuvieron— limita al Senado a modificar lo aprobado por Diputados sin incorporar materias distintas.

Ese primer corte de cuentas abarca todo el dinero recibido, aportes e ingresos, y todos los gastos entre el 7 de enero, día en que se convocó el proceso electoral, y el 5 de septiembre, fecha que marca el cierre del primer tercio de la campaña, treinta días antes de los comicios.

La entidad precisó que la ampliación rige para las dos vías de entrega habilitadas; es decir, el registro digital mediante el sistema CLARIDAD y la entrega presencial, que exige una carta con los formatos correspondientes y sus anexos, ya sea en la sede central de la ONPE, en alguna Oficina Regional de Coordinación o en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales habilitadas para esta elección subnacional. El organismo también recalcó que el propio candidato o su responsable de campaña puede encargarse de este trámite y que una sola persona puede asumir ese rol para más de un postulante.

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Qué formato le toca a cada quien

La ONPE detalló el esquema de formularios que corresponde llenar según el tipo de organización o candidatura:

• Partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales: formato 5 para aportes e ingresos, formato 6 para gastos.
• Candidatos: formato 7 para aportes e ingresos, formato 8 para gastos.
• Si el candidato cuenta con un responsable de campaña, debe formalizar esa designación con el formato 14.

Como presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Loreto), James Pérez sabe que su cabeza tiene precio, por lo que debe andar con un chaleco antibalas, incluso cuando acude a representar a su pueblo en diálogos con representantes del Estado.

James Pérez Pacaya es uno de los 43 defensores y defensoras en situación de peligro, según los registros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Un estudio exhaustivo de esa organización ha identificado las principales amenazas que afectan a los pueblos indígenas y a quienes ejercen la defensa territorial, evidenciando la estrecha relación entre el avance de las economías ilegales y la vulneración de derechos colectivos.

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Entre las principales amenazas identificadas se encuentran la tala y minería ilegal, el narcotráfico y los cultivos ilícitos, la explotación de hidrocarburos, el tráfico de tierras, la pesca ilegal y los impactos asociados a proyectos de infraestructura. Además de la presencia de grupos armados y los conflictos derivados de la superposición de derechos sobre territorios indígenas.

Esta situación tiene impactos directos sobre la seguridad de las comunidades y de sus autoridades, dirigentes, vigilantes y defensores.

Dirigentes como Graciela Álava, Miguel Guimaraes, Arthur Cruz, Zoila Ochoa, Martha Negrete, Edith Huanio, Carmen Macahuachi, Juana Guatica, Ramón Tenteis, Percy Nanchijam, Ronildo Gushi, Rafael Canchari, Gil Inoach, Marcelo Odicio, Elías Mozombite, Herlim Odicio y Grimaldo Villacorta, figuran en la lista de defensores amenazados (ver recuadro). Viven con temor por la intimidación permanente que reciben de los grupos criminales, según la AIDESEP.

Una historia de crímenes

El panorama para los defensores ambientales en el Perú empezó muy mal en 2013. El jefe de la comunidad nativa Nuevo Amanecer Hawai, Mauro Pio Peña, fue asesinado cuando iba a ingresar a su domicilio en Satipo, región Junín. Ocurrió la noche del lunes 27 de mayo. Sicarios al servicio de traficantes de tierras le dispararon dos tiros.

Desde entonces, 37 líderes indígenas han sido ejecutados en el país. Sin embargo, los mecanismos de protección siguen siendo insuficientes, manifiestan los dirigentes de diversas organizaciones indígenas.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha registrado más de 600 situaciones de riesgo contra personas defensoras desde 2019.  Según este organismo, alrededor del 70% de estos casos está vinculado a actividades ilícitas como la tala ilegal, el narcotráfico o la minería ilegal.

Las regiones más afectadas son Ucayali (18.6%), Loreto (11.4%), San Martín (11%) y Madre de Dios (9.3%), que concentran la mayor cantidad de casos.

"La amenaza no solo está vinculada a las economías ilícitas como minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico, sino con las estructuras criminales que están detrás", advirtió Julio Cusuriche Palacios, destacado ambientalista de la región de Madre de Dios y uno de los ganadores del Premio Ambiental Goldman 2007.

 "El crimen organizado está ganando terreno porque no solo actúa quien dispara, sino también quienes permiten su entrada al territorio y facilitan sus actividades", añadió Cusuriche.

El exviceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Franco Salinas, informó que, desde su creación, el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, coordinado por el MINJUSDH e integrado por nueve entidades del Poder Ejecutivo,  atendió más de 600 situaciones de riesgo, que involucran a más de 900 personas defensoras de derechos humanos.

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Resaltó que la intervención oportuna de este mecanismo ha contribuido a salvaguardar la vida e integridad personal de los defensores y, en muchos casos, también la de sus familiares, especialmente en contextos vinculados a la defensa del ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía.

Un Estado con pies de plomo

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Miguel Guimaraes, cuestionó la falta de acciones concretas del Estado para proteger a los líderes indígenas.

Advirtió que las comunidades continúan expuestas a actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extracción ilegal de recursos naturales.

Guimaraes aseguró a La República que las comunidades han denunciado amenazas contra dirigentes indígenas, pero criticó  que las medidas de protección implementadas por el Estado no se traduzcan en una presencia efectiva dentro de los territorios.

“El papel no aguanta la bala”, afirmó el dirigente, al señalar que los documentos que reconocen una situación de riesgo no son suficientes para proteger a quienes enfrentan directamente a organizaciones criminales.

Miguel Guimaraes explicó que una de las principales dificultades es la ubicación remota de las comunidades. En algunos casos, los dirigentes deben desplazarse durante uno, dos o hasta tres días para llegar a una comisaría y presentar una denuncia.

Señaló que los comités indígenas de monitoreo territorial realizan patrullajes sin armamento y, en muchos casos, con recursos limitados, lo que los coloca en una situación de evidente vulnerabilidad frente a grupos criminales.

El dirigente también afirmó que varias comunidades carecen de señal telefónica e internet, lo que impide comunicar oportunamente situaciones de riesgo a las autoridades. Ante esta situación, AIDESEP habilita módulos de comunicación con internet y paneles solares en comunidades consideradas de mayor riesgo.

Según Guimaraes, ya se han instalado más de 300 módulos, aunque reconoció que todavía resulta insuficiente frente a las más de 2.400 comunidades que forman parte de la estructura organizativa indígena.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

Afirma que se debe fortalecer la prevención, la investigación criminal y la inteligencia operativa dentro de la Policía Nacional.

"Los militares no solucionan la inseguridad ciudadana porque su preparación responde a funciones distintas a las de la Policía Nacional", indicó el exoficial. Y añadió que el combate al crimen debe mantenerse en manos de personal especializado.

Hernani señala que la presencia de militares en las calles puede generar un efecto disuasivo mientras permanecen en una zona. Sin embargo, advirtió que ese impacto es temporal.

También alertó que ubicar soldados dentro de unidades de transporte público los expondría a riesgos.

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Según explicó, podrían ser desarmados o atacados por delincuentes.

"La Fuerza Armada no va a solucionar el problema de la inseguridad, los militares nunca han solucionado el problema de seguridad ciudadana ni lo van a solucionar. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque no es su función", afirmó.

La noche del miércoles, el ministro del Interior, César Astudillo, reafirmó la decisión del Gobierno de recuperar el orden en las calles y destacó los resultados obtenidos por la Policía Nacional tras la ejecución de diversos operativos de rastrillaje durante las últimas horas en Lima Metropolitana.

"El compromiso del Gobierno es claro: retornar el orden", afirmó el titular del Interior, al reconocer el trabajo desplegado por los efectivos de la Región Policial Lima Centro, cuyas acciones permitieron desarticular siete bandas criminales, detener a 50 personas y capturar a nueve requisitoriados por la justicia.

Astudillo Salcedo resaltó la importancia de fortalecer la capacidad operativa de la PNP para hacer frente al crimen organizado. "Con tecnología, inteligencia y más logística para nuestra Policía Nacional, seguiremos trabajando con mayor ahínco, mayor esfuerzo y mucho más compromiso", enfatizó.

Lo cierto es que la indignación pública aumentó significativamente debido a controvertidas declaraciones oficiales y a cambios en los altos mandos policiales.

César Astudillo desató un rechazo generalizado de la población tras afirmar ante el Congreso que las cifras de homicidios no se han desbordado y atribuir la sensación de peligro a una percepción mediática.

La ciudadanía criticó duramente que el ministro esté alejado de la realidad frente a las matanzas y asaltos diarios. Posteriormente, Astudillo tuvo que rectificarse públicamente admitiendo que se expresó mal y reconociendo el temor real de los peruanos.

Debido a la falta de liderazgo percibido ante la delincuencia, el Parlamento aprobó una moción de interpelación contra el ministro Astudillo, quien deberá responder un pliego de 27 preguntas ante el Pleno este 17 de septiembre.

En medio de esta crisis, el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, presentó su renuncia presionada por las fuertes críticas a su gestión. Será reemplazado oficialmente el 16 de septiembre por el general Fredy López.

Entre tanto, el 7 Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia reveló que el 85% de los peruanos ha limitado sus salidas o cambiado sus hábitos cotidianos ante el temor de sufrir atentados o extorsiones, especialmente en el transporte público. El 42% evita salir después de las 10.00 p. m.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Diputados de estas dos organizaciones políticas han votado a favor del oficialismo. En la Comisión de Defensa, donde se aprobó un informe que declara viable otorgar facultades al Ejecutivo, Luis Quispe Candia y Edwin Espinoza votaron a favor del documento. Ambos integrantes del Partido del Buen Gobierno tuvieron esta posición disidente, al igual que los diputados de Obras Máximo Peralta y Andrea Medina, quienes optaron por abstenerse en lugar de votar en contra del informe.

En el partido de Ricardo Belmont, el apoyo también terminó favoreciendo al oficialismo. En la Comisión de Medio Ambiente, Medina decidió abstenerse y Jeeny Samanez votó a favor del informe que declaraba viable otorgar las facultades. Ante el empate en la votación, el presidente de la comisión, el fujimorista Arturo Alegría, decidió aprobar el informe.

Con los 52 votos concentrados momentáneamente en la oposición, el panorama comienza a aclararse. Para que el pedido presentado por el Ejecutivo sea rechazado, se necesitan al menos 66 votos. Es decir, hacen falta 14 votos.

De ese número, ocho le corresponden a diputados de Ahora Nación y Juntos por el Perú, grupos que han su definido su rechazo a las facultades.

Los seis votos restantes deberían venir de Obras y Buen Gobierno, partidos que no se han sumado al 100% a la desaprobación del pedido del Ejecutivo.

En comisiones

De aprobarse el pedido de facultades en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, el Pleno de Diputados tendrá que decidir el futuro de esta solicitud. De los 130 congresistas de la Cámara Baja, 32 pertenecen al Partido del Buen Gobierno y Obras. Sin su apoyo, los 42 congresistas del bloque de izquierdas —Ahora Nación y Juntos por el Perú— no podrían hacer frente al bloque de derechas —Renovación Popular y Fuerza Popular— que suma 56 votos.

Con ocho comisiones que ya emitieron su pronunciamiento sobre el tema, quedan cuatro grupos de trabajo que todavía deberán definir su posición respecto al pedido del Poder Ejecutivo. Se trata de las comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; y Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.

Cada uno de estos grupos de trabajo deberá definir sus agendas para abordar el pedido en los próximos días. En la Comisión de Economía, está programado que la sesión en la que se debatirá el informe se realice este lunes 14. Esta comisión es la única presidida por Ahora Nación, uno de los principales partidos opositores. En su mesa directiva también participan Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, y Juan Cabrera Nieto, de Obras.

La Comisión de Economía concentra algunos de los puntos clave del pedido. La propuesta de facultades contempla modificar el marco aduanero. Desde el Ejecutivo argumentan que con ello se reducirían los tiempos y costos del comercio exterior. Asimismo, buscan modificar la Ley de Obras por Impuestos para incluir proyectos de gestión de riesgo de desastres, infraestructura de defensa civil y simplificar las inversiones de emergencia.

De las otras tres comisiones restantes, ninguna es presidida por el partido oficialista. La excepción más cercana es la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría, liderada por Paola Martínez Paitán, diputada de Renovación Popular. Los otros grupos de trabajo todavía no han acordado cuándo debatirán sus respectivos informes.

Idas y venidas en Buen Gobierno

La posición de Jorge Nieto respecto al pedido de facultades realizado por el Ejecutivo ha tenido algunos cambios. Inicialmente, Nieto señaló que respaldaría la solicitud. Sin embargo, recientemente el líder del Partido del Buen Gobierno indicó que su bancada evalúa no apoyarla.

El cambio de posición se produjo luego de que Martha Chávez declarara en una entrevista que el Senado podría aprobar todo el pedido de facultades sin los recortes realizados por la Cámara de Diputados. Según Nieto, no respaldarán una propuesta que implique desconocer el Reglamento del Senado o los límites establecidos por la Constitución. El excandidato presidencial cuestionó que se pretenda aprobar el pedido sin considerar las modificaciones que eventualmente realice la Cámara de Diputados.

Nieto también sostuvo que el Gobierno de Keiko Fujimori cuenta con otras herramientas para implementar sus medidas y descartó que dependa exclusivamente de la delegación de facultades. Recordó que durante el Fenómeno de El Niño tuvo que afrontar una situación de emergencia sin contar con estas atribuciones y mencionó los decretos de urgencia como una alternativa.

“Ahora lo estamos pensando. Después de la intervención de Martha Chávez y de otro importante senador, diciendo que no van a reconocer el reglamento del Senado y no van a aplicar los candados que ahí señalan. (…) Así como está, no nos pueden invitar a romper el artículo 104 que claramente establece como debe ser el pedido de facultades del Ejecutivo”, declaró en RPP.

“Cuando la señora Fujimori estaba en campaña dijo ‘desde el primer minuto’. Ahora es ‘desde el primer minuto, siempre que nos den las facultades legislativas’. A mí me tocó enfrentar el Fenómeno de El Niño sin facultades legislativas”, agregó.

Tras las declaraciones del líder del Partido del Buen Gobierno, la senadora fujimorista Martha Chávez respondió a través de sus redes sociales. Aseguró que Nieto está “buscando excusas”.

“Nieto no tiene el valor de admitir de qué lado está y busca excusas y miente. Jamás he dicho que Fuerza Popular no va a reconocer el reglamento del Senado. Pero si mañana el rojerío decide incautar la propiedad, ¿el Senado debe acatar?”, escribió Chávez

El pedido, con carácter urgente, plantea que ese nuevo proyecto contenga solo dos materias: seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres, incluida la atención al fenómeno de El Niño. En el oficio, los diputados advirtieron sobre un riesgo concreto: que el Senado "distorsione el trámite bicameral" del proyecto de facultades que ya está en debate.

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El oficio no es un simple pedido de prioridades. Detrás hay una alerta institucional. Los voceros señalaron que existen declaraciones públicas de senadores de la bancada de gobierno que apuntan a un plan específico.

Si la Cámara de Diputados aprueba solo una parte de las materias del proyecto de facultades original, el Senado restituiría las materias que quedaron fuera. Según los firmantes, esa maniobra "desconoce el alcance limitado" del rol revisor que la Constitución le asigna al Senado.

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Los diputados atribuyeron esa postura a dos senadores en concreto: Martha Chávez Cossio y Carlos Mesía. Ambos, junto a otros legisladores de la bancada oficialista, habrían sostenido en público la intención de recomponer el proyecto en el Senado, aun cuando la Cámara de Diputados decida recortarlo.

Para los voceros, ese plan contraviene el diseño constitucional vigente y abre la puerta a que la delegación de facultades termine viciada de inconstitucionalidad.

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El respaldo legal del pedido se apoya en tres normas. El artículo 104 de la Constitución establece que la delegación de facultades para legislar debe recaer sobre materia específica, con aprobación expresa y diferenciada por cada tema.

El artículo 108 del Reglamento del Congreso señala que las iniciativas del presidente de la República sobre delegación de facultades son competencia exclusiva de la Cámara de Diputados.

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El artículo 25, literal a, del Reglamento del Senado, permite a los senadores modificar lo aprobado por Diputados, pero les prohíbe expresamente incorporar materias distintas a las que la Cámara de origen envió.

Con esas tres normas como base, los voceros plantearon una lectura clara. Si la Cámara de Diputados aprueba solo algunas materias del proyecto, el Senado no tendría facultad para restituir las que quedaron excluidas. Hacerlo, sostuvieron, equivaldría a incorporar materias que la Cámara de origen nunca aprobó. Eso, advirtieron, vulneraría el principio bicameral y el procedimiento legislativo que la propia Constitución establece.

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Un pedido para blindar dos materias puntuales

El oficio no busca frenar el proyecto de facultades en trámite. Busca separarlo. Los voceros pidieron que el Ejecutivo presente una solicitud aparte, acotada solo a seguridad ciudadana y a la gestión de riesgos de desastres. La razón que dieron es doble.

Por un lado, aseguraron que esas dos materias concentran el mayor consenso ciudadano y la mayor urgencia nacional. Por otro, buscan que ese pedido puntual quede fuera del conflicto que ya rodea al proyecto más amplio, el que incluye la presunción de legítima defensa, la eliminación de la ley antiusura y modificaciones a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Los firmantes calificaron su solicitud como una respuesta a "una necesidad objetiva de priorización temática". Pero también dejaron clara la preocupación de fondo. En el oficio hablaron de una "grave preocupación institucional" respecto al trámite legislativo actual.

El mensaje de Vargas Llosa llegó horas después que Fujimori confirmara la propuesta en una entrevista con RPP. "Se le ha hecho la consulta. Él ha aceptado esta invitación", dijo la mandataria. La jefa de Estado agregó que consideraba a Vargas Llosa como un profesional con mucha experiencia para fortalecer el vínculo diplomático entre Lima y Washington.

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En su publicación, Vargas Llosa se comprometió a usar su experiencia al servicio del cargo si la designación se ratifica. También prometió actuar según la línea que trace la propia Fujimori. El escritor mencionó además que trabajará en estrecha coordinación con el canciller Carlos Espá. Ambos mantienen una relación de amistad desde hace varios años.

El hijo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa señaló que, mientras no llegue la confirmación oficial, no hará declaraciones adicionales sobre el tema. El escritor ya reside habitualmente en Washington. Vargas Llosa apoyó públicamente a Fujimori en campañas presidenciales anteriores, tal como lo había hecho su padre antes de morir.

"Se le ha hecho la consulta, él aceptó esta invitación. Considero que será un gran embajador del Perú en Estados Unidos. Estamos a la espera de procedimientos y protocolos formales", declaró Fujimori en RPP.

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La presidenta evitó precisar qué trámites quedan pendientes para oficializar la designación, aunque destacó la experiencia del hijo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y sostuvo que su eventual llegada a Washington contribuiría a fortalecer el vínculo bilateral.

"Prefiero no entrar en esos detalles, pero se le hizo la consulta y me dio la grata sorpresa de que fue afirmativa. Lo considero con mucha experiencia y elevará más las relaciones entre ambos países", añadió.

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Cabe recordar que Perú mantiene una Embajada en Estados Unidos, con sede en Washington D. C., y la Cancillería registra actualmente esa misión diplomática en su plataforma oficial. La sede está ubicada en 1700 Massachusetts Avenue.

Vargas Llosa respaldó a Keiko Fujimori durante la campaña

La eventual designación también se produce después de que Álvaro Vargas Llosa expresara públicamente su respaldo a Keiko Fujimori durante la campaña presidencial de 2026. En junio pasado, el escritor defendió su apoyo a la entonces candidata de Fuerza Popular.

El vínculo político entre ambos no es reciente. Álvaro Vargas Llosa también respaldó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de 2021, cuando la candidata de Fuerza Popular se enfrentó a Pedro Castillo. Su padre, el Nobel Mario Vargas Llosa, también pidió votar por Fujimori y calificó su candidatura como el mal menor.

La propuesta de Vargas Llosa para Washington se conoce después de la visita a Lima del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunió con Fujimori y anunció junto a la presidenta el ingreso del Perú al denominado Escudo de las Américas.

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Álvaro Vargas Llosa agradece a Fujimori por proponerlo como embajador en EE. UU.

Álvaro Vargas Llosa agradeció a la presidenta Keiko Fujimori por la confianza depositada en él al proponerlo como embajador del Perú ante Estados Unidos, con sede en Washington D. C. El también hijo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa señaló que, de concretarse su designación, pondrá su experiencia al servicio de los intereses del país y trabajará en coordinación con la mandataria y el canciller Carlos Espá.

“De ser ratificada esta designación conforme a los procedimientos constitucionales y legales vigentes en ambos países, pondré al servicio de la misión encomendada mi experiencia y conocimientos, y mi mayor esfuerzo, para velar por los intereses permanentes del Perú y contribuir a esta nueva fase de la relación bicentenaria entre nuestro país y la patria de Washington, Adams y Jefferson, de acuerdo con la línea trazada por la Presidenta y en estrecha colaboración con el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Como es natural, me abstendré de hacer cualquier otra declaración mientras no se produzca la debida confirmación”, escribió en X.

Fujimori consideró que las declaraciones de su ministro debieron plantearse de otra manera. "Creo que es una frase desafortunada la del ministro, pero lo importante es que el debate se empiece", manifestó.

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La presidenta también se pronunció sobre el pedido de facultades y su avance en la Cámara de Diputados. Sostuvo que la discusión tendrá que pasar por el Congreso de la República. Explicó que su Gobierno pretende solicitar facultades legislativas para modificar normas vinculadas con la lucha contra la criminalidad.

Entre las medidas mencionó la ampliación del periodo de flagrancia y una política para expulsar a migrantes indocumentados. "Todo este debate se va a generar y lo que tiene que hacer es el Congreso de la República en sus dos cámaras analizar tanto el pedido de facultades como la evaluación de estas normas", señaló.

Pese a marcar una diferencia con su ministro, Keiko Fujimori evitó cuestionar su capacidad profesional. "El ministro Álvarez es un gran abogado", afirmó. También recordó que fue presidente del Tribunal Constitucional y sostuvo que cuenta con "esa serenidad, esa preparación académica para poder consensuar y poder buscar las mejoras en las normas que se requieran". La mandataria añadió que cualquier revisión o modificación necesaria tendría el respaldo del Ejecutivo.

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Ernesto Álvarez cuestionó el Código Procesal Penal y desató críticas de reconocidos abogados

Las declaraciones de Ernesto Álvarez ocurrieron durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso. El ministro sostuvo que el Código Procesal Penal fue elaborado por “abogados litigantes” que pensaron en sus clientes.

Además, afirmó que algunos abogados podían formar parte de la “banda criminal” a la que representaban. Sus expresiones generaron cuestionamientos de reconocidos penalistas.

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Uno de los principales cruces ocurrió con el abogado Humberto Abanto. Después de que el penalista cuestionara las afirmaciones del titular de Justicia, Álvarez respondió que el Código Procesal Penal “ha fracasado en su propósito esencial”.

También sostuvo que defender la norma implicaba confirmar que esta “sirve a los abogados de los delincuentes, no a los ciudadanos que son víctimas de la criminalidad”.

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Las críticas también llegaron de Julio Espinoza Goyena, César Nakazaki y Carlos Rivera Paz. Espinoza recordó que participó como secretario técnico en la comisión que elaboró el código de 2004 y explicó que participaron más de 12 integrantes, entre fiscales, policías y jueces. Nakazaki, por su parte, recordó que uno de los principales redactores fue el magistrado César San Martín. Los abogados cuestionaron así la versión de Álvarez sobre el origen de la norma y rechazaron que su elaboración pudiera atribuirse únicamente a litigantes.

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Rosa María Palacios a Ernesto Álvarez: “El ministro despreció una excepcional oportunidad de quedarse callado”

La periodista y abogada Rosa María Palacios cuestionó duramente al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, por sus afirmaciones sobre el Código Procesal Penal. En su programa Sin Guion, sostuvo que el titular de Justicia presentó como una regla general una situación que, según explicó, corresponde a casos excepcionales.

“Si hay abogados que integran organizaciones criminales, lo que tendría que probar el señor ministro, se trata de una minoría en la profesión”, afirmó.

Palacios también rechazó que el actual Código Procesal Penal pueda ser presentado como una norma creada para favorecer a delincuentes. Recordó que la reforma implicó un cambio profundo del sistema de justicia y que su implementación tomó más de una década.

A su juicio, existen problemas de lentitud y plazos, pero estos no convierten al modelo en un fracaso. “Tú no puedes decir que el Código Procesal Penal es un fracaso, pues es un cambio, una modernización del proceso”, sostuvo.

Otro de los puntos que cuestionó fue la respuesta posterior de Álvarez al abogado Humberto Abanto. Palacios consideró inaceptable que el ministro haya atacado al penalista tras sus críticas. “El ministro despreció una excepcional oportunidad de quedarse callado”, afirmó.

Además, recordó que las garantías constitucionales forman parte de los conocimientos básicos que debería manejar un abogado y, con mayor razón, quien presidió el Tribunal Constitucional.

La periodista vinculó las declaraciones del ministro con el pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori. Palacios advirtió que Álvarez había calificado el Código Procesal Penal como un fracaso, mientras el Ejecutivo busca modificar esta norma sin haber precisado todavía todos los cambios que pretende realizar. “Lo que está anunciando, si es un fracaso, es que el Gobierno pretende derogar el Código Procesal Penal”, cuestionó.

La Aviación del Ejército informó a la Comandancia General del Ejército de la necesidad de requerir presupuesto adicional al Ministerio de Defensa para ampliar el recurso calendario de los helicópteros de fabricación rusa Mi.

Sin embargo, pese a las alertas sobre la dimensión del impacto del evento climático El Niño, que se ha iniciado este año y se prolongará hasta el próximo, los fondos no han sido transferidos para la contratación de los servicios necesarios. Cada día que pasa afecta la disponibilidad de los helicópteros, de crucial importancia en contextos de desastres.

De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso el equipo de auditores de la Contraloría, las autoridades de la Aviación del Ejército comunicaron a la Comandancia General del Ejército y a la Oficina de Presupuesto, la urgente disponibilidad presupuestal para la ampliación del recurso calendario para no interrumpir la operatividad de helicópteros.

La suma solicitada alcanza los S/ 61.050.000, pero no ha habido respuesta.

El cinco de mayo de este año, la Aviación del Ejército advirtió que son de especial atención los helicópteros (rusos) Mi-171-SHP, cuya vida útil vence entre el 15 de octubre de 2026 y el 9 de junio de 2027, pasarán al estado de inoperatividad vencido dicho plazo.

Esto es, de no recibir la ampliación de horas, no podrían intervenir en acciones de emergencia.

La Oficina de Presupuesto contestó que el Ejército del Perú no cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar dicha intervención con cargo a su Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2026, ni mediante modificaciones presupuestarias internas.

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Cada vez peor

La dependencia también informó a la Comandancia General del Ejército sobre las consecuencias de la carencia de fondos: "La no ejecución de la ampliación del recurso calendario de las referidas aeronaves ocasionaría una afectación directa en la capacidad de respuesta inmediata del Estado, limitando la ejecución de misiones críticas en zonas de difícil acceso, incrementando los tiempos de atención de emergencias y elevando el riesgo de afectación a la vida, salud e integridad a la población”.

El Ministerio de Defensa fue informado de que el Ejército del Perú no cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar lo solicitado (...), (por lo que) tenga a bien disponer a quien corresponda gestionar la transferencia financiera de recursos presupuestarios para financiar la demanda adicional para la ampliación del recurso calendario de Helicópteros Mi-171-SHP de la Aviación del Ejército, a fin de garantizar la continuidad de la capacidad operativa aérea para la atención de emergencias, desastres naturales y otras intervenciones de apoyo al Estado.

El reclamo no surtió efecto.

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Cero fondos

El 19 de junio de este año, la Aviación del Ejército presentó una nueva solicitud, esta vez para el financiamiento de 966 horas de vuelo de helicópteros Mi y aviones por S/ 27.502.191 “para atender los requerimientos (necesarios para atender) los estragos de los desastres naturales y así evitar pérdidas humanas, materiales, logísticas y presupuestales”.

De esas 966 horas, 700 horas (72%) son para emergencias de El Niño, 150 para incendios forestales y 116 horas para el friaje.

El Ministerio de Defensa tampoco dio el visto bueno a ninguno de los dos pedidos.

“Ambas demandas (que hacen un total de S/88.852.191) fueron consolidadas por la Secretaría de la Comandancia General del Ejército y remitidas al Secretario General del Ministerio de Defensa el 7 de julio de 2026, para continuar con su trámite”, señalan en su informe los inspectores de la Contraloría.

Al 28 de agosto de 2026, según lo informado por el jefe de la Oficina de Presupuesto del Ejército a la Comisión de Control, las mencionadas demandas adicionales seguían en trámite, reportaron.

Más de un mes después de iniciado el gobierno de Keiko Fujimori, lo solicitado por la Aviación del Ejército con carácter de urgencia todavía no recibe la atención necesaria.

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Herencia onerosa

Si bien es de extrema importancia la habilitación del presupuesto adicional para mantener la operatividad de los helicópteros de fabricación rusa, también es cierto que el Ejército arrastra una mala experiencia.

En 2023, el instituto armado adjudicó los servicios de la empresa panameña Milenium Veladi Corp., representante de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC), para la reparación mayor de tres helicópteros Mi, por US$20,3 millones. Pese a que el contrato venció hace más de dos años, el proveedor tampoco cumplió con el plazo adicional que le otorgó el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE).

“A dos días para vencer el plazo previsto (26 de agosto) para la culminación de la prestación de servicio de ‘overhaul’ (reparación mayor) de helicópteros MI, en cumplimiento conciliatorio entre el Ejército y Milenium Veladi Corp., no se evidencia la ejecución de las prestaciones accesorias relacionadas con capacitación sobre modernización de aviónica, proceso de ‘overhaul’ y sistemas digitales, situación que pondría en riesgo la adecuada operatividad” de las aeronave, señala el informe de la Contraloría.

Debe recordarse que el Ejército contrató sin licitación a la empresa panameña Milenium Veladi Corp., a sabiendas de que los rusos enfrentaban dificultades para cumplir los acuerdos comerciales con otros países debido a la guerra con Ucrania.

Es más, sobre la base de un informe anterior de la Contraloría sobre este caso, la Fiscalía Anticorrupción denunció a los responsables. Entre los investigados se encuentra el actual comandante general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo.

Como ha informado La República, oficiales del CEMAE han reportado deficiencias en los trabajos de Milenium Veladi Corp., pero se está organizando una ceremonia oficial para la reposición al servicio de dichas aeronaves.

El partido de Alfonso López Chau negó cualquier motivación religiosa detrás de las críticas hacia la parlamentaria y calificó la reacción de la senadora como un intento de instrumentalizar políticamente la protección infantil.

Este lunes 7 de setiembre se dio la creación de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del Senado, con 31 votos a favor por iniciativa de Renovación Popular y sustentada en el Pleno por el senador Alejandro Muñante. Susana Matute del Partido del Buen Gobierno y presidenta de la Comisión de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital, cuestionó la medida por duplicar funciones que ya cumple su comisión, cuyo plan de trabajo 2026-2027 —aprobado dos días antes, el mismo lunes— ya contempla la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual y física.

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A esta observación se sumó la senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, quien también cuestionó la iniciativa y la enmarcó en un patrón más amplio de retrocesos en derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género. Ella señaló que llama la atención que sea justamente Jáuregui quien impulse una comisión de protección integral de la infancia, "cuando fue ella quien expuso a niñas y adolescentes víctimas de violación sexual". Vásquez añadió que mientras el fujimorismo y sus aliados se niegan a crear una comisión especializada de Pueblos Indígenas, ahora buscan conformar comisiones para temas ya regulados en grupos de trabajo ordinarios, y exigió un trato igualitario en los criterios para habilitar nuevas comisiones.

Cabe señalar que desde el 2021, existe la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria, ampliada en junio de 2025 con 104 votos hasta el cierre del periodo 2025-2026, por lo que continúa vigente. Es decir, la nueva comisión impulsada por Renovación Popular y Fuerza Popular convive con otras dos instancias que atienden la misma materia.

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Rechazamos que se instrumentalicen nuestros cuestionamientos

La bancada de Ahora Nación afirmó que los cuestionamientos son políticos. "Rechazamos que se pretenda presentar nuestros cuestionamientos políticos como actos de discriminación religiosa", y añadió que respeta "plenamente la libertad de credo". La agrupación puntualizó en que sus observaciones se limitan a las actuaciones públicas de los congresistas y a la idoneidad que debe exigirse a quienes conduzcan una comisión enfocada en niñas, niños y adolescentes.

"Ahora Nación propuso una comisión especial para hacer seguimiento a la grave situación de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual y afectadas por VIH en Amazonas (…) No aceptaremos que esta causa sea instrumentalizada políticamente ni utilizada para imponer agendas particulares, especialmente a quienes enfrentan violencia, abandono y discriminación", finalizan.

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El documento precisa que la agenda presidencial se desarrollará principalmente entre el 21 y el 24 de septiembre. Fujimori tiene previsto intervenir en el Debate General de Naciones Unidas.

También participará en reuniones y eventos de alto nivel organizados por instituciones como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

El pedido también contempla reuniones bilaterales con jefes de Estado, jefes de Gobierno y otras autoridades internacionales. El canciller Carlos Espá había adelantado que la delegación peruana buscaría presentar la posición del país sobre la seguridad y promover la llegada de inversión extranjera. La salida de Keiko Fujimori todavía requiere la aprobación del Senado.

"Hay una indagación en curso y ya fueron dispuestos los actos investigativos para establecer el origen de los mensajes", aseguró el Ministro del Interior, César Astudillo.

Desde el Ministerio Público rechazaron los mensajes que atentan en contra de un representante de esa institución e hicieron un llamado a los distintos sectores de la sociedad para que se respete la independencia y autonomía judicial.

De igual manera, instaron a que se permita que los procesos a cargo de la entidad se resuelvan en derecho, lejos de cualquier controversia política o personal, indicó.

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"Hemos recibido esa información respecto a la amenaza que hay al fiscal. Un equipo de agentes especiales está a cargo de la investigación, en principio hay que ubicar esa extorsión, de dónde está viniendo esa amenaza", manifestó el ministro Astudillo.

Aseguró que el fiscal adjunto es resguardado y anunció operativos para capturar a los responsables de las intimidaciones. Aunque no precisó más detalles, sostuvo que hay un equipo de agentes que hace las pesquisas correspondientes.

"Obviamente no podemos decirles qué están haciendo y cómo lo están haciendo, por obvias razones, pero se ha tomado acción inmediatamente", indicó.

Hace unos días, el fiscal provincial Leonardo Guffanti denunció que viene siendo víctima de extorsiones.

En un mensaje de amedrentamiento, los criminales aseguraron conocer sus movimientos, así como los de su familia incluso de quien vive en España.

"Hemos recibido los mensajes intimidatorios, básicamente los mensajes dicen que saben que mi familia está en España, que no acuda a las audiencias", reveló Guffanti Parra sobre los textos que llegaron directamente a su equipo de comunicación oficial.

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Pese al hostigamiento, la respuesta del Ministerio Público ha sido frontal. Tras lograr recientemente una condena de 21 años de prisión contra Wilder Jara por usurpación de terrenos y organización criminal en Santa Rosa, el fiscal garantizó que las diligencias no se detendrán bajo ningún término.

"Nada nos va a amedrentar, no vamos a claudicar, seguimos. Es la mística que nos enseñó el doctor Chávez Cotrina y vamos a seguir en lo que nos confíe el fiscal provincial", afirmó el magistrado con firmeza.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), Jorge Chávez Cotrina, agradeció al Ministerio del Interior por tomar medidas frente a las amenazas de muerte que vienen recibiendo fiscales por parte del crimen organizado.

Señaló que ya iniciaron las investigaciones y, en las próximas horas, debería disponerse la seguridad policial para los fiscales.

Chávez Cotrina ha manifestado que son 25 fiscales de las FECOR los que vienen recibiendo amenazas a nivel nacional.

La conductora explicó que el ministro Ernesto Álvarez afirmó que el Código Procesal Penal había sido redactado por abogados litigantes y que esa frase detonó una respuesta amplia de penalistas y juristas, quienes defendieron la reforma procesal como un cambio profundo y necesario en el sistema de justicia penal.

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El choque entre el Ejecutivo y la comunidad jurídica

Palacios describió la disputa: el ministro de Justicia sostuvo, según lo relatado en la emisión, que "el Código Procesal Penal había sido redactado por delincuentes, por abogados de criminales, por abogados litigantes", una frase que generó rechazo de representantes del gremio y de letrados reconocidos que participaron en la reforma.

La periodista detalló que varios penalistas públicos y privados, entre ellos exparticipantes de las comisiones de reforma, respondieron señalando cómo fue el proceso técnico que condujo al actual Código y advirtieron sobre el riesgo de desmantelar la modernización del proceso penal sin aportar alternativas viables.

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Defensa de las garantías procesales y advertencia sobre regresiones

Palacios defendió las garantías del nuevo modelo procesal y subrayó que el cambio implicó una reeducación del sistema judicial a lo largo de más de una década, con etapas procesales diseñadas para evitar errores judiciales y proteger el debido proceso.

En ese contexto, citó la intervención de un crítico jurídico que escribió que era una vergüenza que alguien con trayectoria en el Tribunal Constitucional ignore principios básicos de derecho: "Es una vergüenza, Dios mío, que un expresidente del Tribunal Constitucional debería conocer a la perfección", y reseñó que esa fue una de las reacciones más duras contra las declaraciones ministeriales.

Riesgo de medidas populistas y la postura del Congreso

La conductora advirtió que, si el Ejecutivo solicita facultades legislativas para reformar el Código Procesal Penal sin especificar objetivos técnicos y sin diálogo con la comunidad jurídica, existe el riesgo de promover cambios impulsivos que regresen a modelos anteriores menos garantistas.

Palacios comentó que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos rechazó otorgar facultades en esa materia, en parte por la exposición del ministro, y citó la frase parlamentaria que resume la medida: "No les damos facultades", en alusión a la decisión de no delegar reformas que afectan garantías procesales sin mayor discusión.

La periodista concluyó que la discusión exige rigor técnico más que consignas punitivistas: las reformas al sistema penal deben sostenerse en diagnósticos claros, participación de expertos y salvaguardas constitucionales para evitar retrocesos que perjudiquen al debido proceso y a la confianza ciudadana en la justicia.

Palacios pidió, en suma, que el gobierno aclare sus intenciones y que cualquier propuesta de modificación pase por el debate público informado y por el escrutinio de especialistas.

De acuerdo con el informe presentado por el medio de comunicación, este gasto está reglamentado desde 2009. El desembolso de este dinero proviene del presupuesto del Congreso.

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Cabe resaltar que los parlamentarios ya cuentan con un seguro contratado que cubre los gastos por el fallecimiento de algún familiar cercano. Este seguro es otorgado a través de la compañía Rímac y cubre hasta S/14.000.

En declaraciones al programa informativo, Iván Lanegra, secretario de la Asociación Civil Transparencia, señaló que el beneficio carece de argumentos para mantenerse. "Si ya recibes gastos por sepelio por otra vía, no tiene sentido que recibas también este subsidio, que lo establece el Decreto Legislativo 276. Esto ha sido incluido para las familias que sufren la pérdida de un miembro. La pregunta es si los congresistas ameritan este pago", indicó.

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Los congresistas que fueron beneficiados

La investigación también detalla los nombres de los excongresistas que fueron beneficiados. Se trata de Edwin Martínez (Acción Popular), Edgard Reymundo (Juntos por el Perú), Guido Bellido (Podemos Perú), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Germán Tacuri (Perú Libre), Idelso García (Alianza para el Progreso), Carlos Zeballos (Cooperación Popular), David Jiménez (Fuerza Popular), Gladys Echaíz (Renovación Popular), Eduardo Acate (Alianza para el Progreso), Roselli Amuruz (Avanza País), Marcos Pichilingue (Fuerza Popular) y María Taipe (Perú Libre).

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En el caso de Acate y Pichilingue, se trata de dos congresistas que fueron parte del periodo 2020-2021, Parlamento que resultó de la disolución del Congreso realizada por el expresidente Martín Vizcarra en 2019. Además, tanto Amuruz como Echaíz solo cobraron S/31.200 del subsidio por fallecimiento y dejaron de lado el subsidio por sepelio.

De esta lista, dos forman parte del nuevo Congreso: David Jiménez y Patricia Juárez, ambos senadores de Fuerza Popular.

La jefa de Estado no se limitó a un saludo protocolar. Pidió que el Ejecutivo trate a la Defensoría como una "aliada para identificar deficiencias, corregir procedimientos y mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos".

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Además, se comprometió a un punto concreto: "Reafirmo nuestra disposición de atender con seriedad las recomendaciones de la Defensoría y mantener una relación respetuosa, transparente y constructiva", declaró.

El respaldo llegó en un momento delicado para Gutiérrez. El defensor del Pueblo carga con dos frentes de cuestionamiento distintos: uno por declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso, y otro por presuntas irregularidades en contrataciones dentro de la institución que dirige. Ninguno de los dos temas apareció mencionado en el discurso de la presidenta.

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Los cuestionamientos que enfrenta Josué Gutiérrez

La polémica más reciente sobre el cierre del Congreso estalló hace poco más de dos semanas. Gutiérrez dijo en una entrevista radial que, si Fujimori disolviera el Parlamento, su popularidad subiría "veinte o treinta puntos".

El defensor aclaró después que no buscaba alentar esa medida, sino advertir sobre la debilidad de las instituciones democráticas en el país. Aun así, la diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, presentó una denuncia constitucional en su contra. El documento pide su destitución y una inhabilitación de diez años. La propia Fujimori calificó los dichos de Gutiérrez como "un desliz" y rechazó de forma categórica cualquier posibilidad de cerrar el Congreso.

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A ese frente se suma otro, más reciente todavía. Una investigación del programa 'Cuarto Poder' reveló un patrón de contrataciones y ascensos dentro de la Defensoría vinculados a reuniones previas con Gutiérrez. Uno de los casos es el de Lucía Yalán Cano, quien se reunió con el defensor en junio de 2024 y, semanas después, obtuvo su Registro Nacional de Proveedores junto con cinco órdenes de servicio consecutivas, antes de ingresar como asistente administrativa bajo el régimen CAS.

Otro caso es el de Betbiary Mariel Díaz Coral, quien asumió la jefatura del Programa del Derecho a la Salud sin acreditar los cuatro años de experiencia que exigía el puesto. La Contraloría General de la República encontró, además, documentos que validaban solo días de trabajo para sustentar años de experiencia en algunos legajos.

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Los hallazgos de la Contraloría reabrieron el pedido de sanción contra Gutiérrez. En el Congreso ya circulan pedidos formales para su destitución, a los que se suma la denuncia constitucional por el tema del cierre del Parlamento.

El propio defensor salió a responder ambos frentes: calificó el informe de la Contraloría como "una ligereza desproporcionada" y, sobre la denuncia constitucional, dijo estar dispuesto a presentarse ante el Congreso y ofrecer disculpas si el trámite avanza. Ninguno de estos dos episodios fue mencionado por Fujimori durante la ceremonia por el aniversario de la institución.

El gobierno rastreará con rapidez la ubicación de líneas vinculadas a la extorsión, secuestro y sicariato, anunció la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de su cuenta oficial X (antes Twitter).

Se detectará, cortará y bloqueará las señales móviles utilizadas desde penales y centros juveniles, añadieron.

Al respecto, el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, afirmó que el gobierno implementaría nuevas herramientas tecnológicas y legales para rastrear a extorsionadores que utilizan aplicaciones móviles para cometer sus delitos.

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De este modo se podrá fortalecer la capacidad de respuesta de la PNP frente al crimen organizado.

Explicó que se busca actualizar el marco normativo para que la PNP pueda utilizar herramientas de rastreo, localización, geolocalización y bloqueo de equipos de comunicación frente a las nuevas modalidades delictivas.

“Gran parte de las extorsiones en el Perú se realizan a través de aplicaciones de mensajería, las cuales son irrastreables. Por ello, necesitamos que la Policía cuente con herramientas acordes con esa realidad para poder ubicarlos y actuar contra ellos”, afirmó Astudillo.

En ese sentido, señaló que se plantea modificar el Decreto Legislativo 1182, que regula el uso de datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos, así como el Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales.

La propuesta también contempla fortalecer el control sobre la comercialización de chips, como parte de las medidas destinadas a cerrar espacios utilizados por las organizaciones criminales para operar mediante dispositivos móviles.

COLABORACIÓN DEL FBI Y LA DEA

Fue en un inmueble de La Paz, Bolivia, donde acabaron los días en libertad de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, capturado el 1 de septiembre. Su detención se produjo horas después del asesinato de cuatro personas tras el secuestro de un empresario en Trujillo.

Esa operación fue resultado de meses de trabajo conjunto de inteligencia con la policía boliviana, así como con la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) y la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) de Estados Unidos.

Días antes de la captura de 'Jhonsson Pulpo', en otra operación internacional conjunta entre el Equipo Especial Sensitivo contra el Crimen Organizado Transnacional (Eesccot-PNP), la Policía Nacional de Colombia y la DEA, se detuvo en Bogotá, Colombia, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias 'Luisito' o 'Nairobi', señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
La captura fue posible gracias al intercambio de información, coordinaciones internacionales y aplicación de técnicas especiales de investigación.

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Las investigaciones señalan que 'Nairobi' cumplía un rol de dirección y coordinación en actividades ilícitas como extorsión, tráfico de armas y homicidios, desarrolladas por esta estructura criminal en Perú y Estados Unidos.

PERSIGUEN A REDES CRIMINALES

El embajador de ese país en Lima, Bernie Navarro, confirmó que estas dos capturas se realizaron gracias a la cooperación entre la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) con las autoridades de Perú, Colombia y Bolivia.

En el marco de esta cooperación, el Gobierno estadounidense seguirá apoyando a unidades especializadas de la PNP, cuyos integrantes trabajan con expertos estadounidenses del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS).

Esta articulación permite fortalecer las capacidades de investigación y persecución de organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras, mediante el intercambio de información, asistencia especializada, capacitación, tecnología y herramientas para enfrentar modalidades delictivas cada vez más complejas.

“El FBI nos ayuda en capacitación, logística, tecnología; nos apoya de esa manera, sobre todo entrenamiento para nuestra Policía Nacional”, señaló el titular del Interior, al referirse a los beneficios de esta alianza para fortalecer la respuesta policial frente a las estructuras criminales.

"Ahora lo estamos pensando. Después de la intervención de Martha Chávez y de otro importante senador, diciendo que no van a reconocer el reglamento del Senado y no van a aplicar los candados que ahí señalan. (…) Así como está, no nos pueden invitar a romper el artículo 104 constitucional, que claramente establece como debe ser el pedido de facultad del Ejecutivo", señaló en RPP.

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Martha Chávez, senadora fujimorista, afirmó que el Senado podría aprobar el pedido de facultades completo sin respetar los posibles cambios que se hagan en la Cámara de Diputados. Las declaraciones de la representante no fueron de agrado de la interna del partido del sol.

En otra entrevista, el excandidato presidencial afirmó que las facultades legislativas no son el único medio por el cual el Gobierno puede actuar: "Cuando la señora Fujimori estaba en campaña dijo "desde el primer minuto". Ahora es "desde el primer minuto, siempre que nos den las facultades legislativas". A mí me tocó enfrentar el Fenómeno de El Niño sin facultades legislativas. El Gobierno tiene capacidades: hay decretos de urgencia. No es verdad que el Gobierno esté atado de manos y no pueda gobernar", dijo a Canal N.

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Martha Chávez responde a Nieto

Tras las declaraciones del líder del Partido del Buen Gobierno, la senadora fujimorista Martha Chávez respondió a través de sus redes sociales. Aseguró que Nieto está “buscando excusas”.

“Nieto no tiene el valor de admitir de qué lado está y busca excusas y miente. Jamás he dicho que FP ‘no va a reconocer el Reglamento del Senado’. ¿Y eso de ‘cámara creativa’? Si mañana el rojerío decide incautar la propiedad, ¿el Senado debe ‘acatar’?”, escribió la senadora.

Buen Gobierno y el pedido de facultades

Las votaciones de los diputados del Partido del Buen Gobierno no han seguido una posición uniforme frente al pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo. En la Comisión de Defensa y Orden Interno, Luis Quispe Candia y Edwin Espinoza respaldaron el informe que consideraba viable otorgar las facultades en dicha materia. En tanto, Hilda Fernández optó por abstenerse en la Comisión de Ciencia, cuyo dictamen también planteaba una opinión favorable.

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Sin embargo, en otros grupos de trabajo, los legisladores de la agrupación liderada por Jorge Nieto se alinearon con el rechazo al pedido del Ejecutivo. Rossana Alayza, Gloria Hirache y Milagros Santana respaldaron en la Comisión de Energía y Minas el informe que recomendaba no conceder las facultades. En Justicia y Derechos Humanos, Edgar Gonzáles, Alayza y Romina Uribe hicieron lo propio con un dictamen que cuestionaba la falta de precisión de las materias solicitadas y advertía sobre posibles abusos.

La misma posición se evidenció en otras comisiones. En Producción, Edwin Espinoza, Nery Fernández e Hilda Fernández votaron en contra del informe favorable, mientras que en Ciencia Nery Fernández y Segundo Castrejón rechazaron el pedido. Incluso la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, presidida por el propio Quispe Candia, acordó desestimar la solicitud, con el voto en contra de su presidente y de sus colegas Fernando García y Milagros Santana.

El canciller Carlos Espá confirmó la fecha durante una conferencia de prensa y explicó que el viaje ya figura en la agenda oficial. "El viaje de la presidenta está programado para la Asamblea General de Naciones Unidas", indicó el ministro.

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En la sesión del Consejo de Ministros se trató el pedido de autorización que el Congreso de la República debe aprobar para que la jefa de Estado salga del país. La Constitución exige ese permiso cada vez que un presidente viaja al extranjero. Espá confirmó que la solicitud corresponde, justamente, a las fechas señaladas: del 21 al 25 de setiembre.

El canciller recordó que la Asamblea General se realiza todos los años y que en ella participan mandatarios de distintas partes del mundo. Puso como ejemplo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también expondrá ante el pleno en esta edición. Fujimori seguirá ese mismo formato de intervención, junto a la mayoría de jefes de Estado presentes.

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Espá adelantó que la delegación peruana aprovechará los días en Nueva York para impulsar la llegada de inversión extranjera al país. Añadió que, en paralelo, se sostendrán coordinaciones sobre seguridad con otras delegaciones que también asistirán a la cita.

El viaje a Nueva York y la incorporación al Escudo de las Américas se anunciaron en la misma semana. Ambos temas se suman a la agenda del Gobierno con Estados Unidos, mientras la seguridad ciudadana sigue concentrando buena parte del debate público en el país.

El trámite corresponde al primer viaje al exterior de Fujimori desde que asumió la Presidencia. Sin embargo, la autorización aún no es definitiva, ya que tras su aprobación en Consejo de Ministros, el proyecto deberá remitirse a la Cámara de Senadores del Congreso, que es la entidad facultada para aprobar la salida del país de la jefa de Estado.

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El trámite pendiente en el Congreso

Mientras la Cámara Alta no apruebe la resolución, el viaje no cuenta con autorización oficial. La agenda difundida por la Presidencia del Consejo de Ministros no precisa el destino ni el motivo del desplazamiento, información que deberá conocerse conforme avance el trámite.

De aprobarse, Fujimori dejaría el país por primera vez como mandataria en el tramo señalado, un episodio que marcará el primer viaje internacional de su gestión.

Según explicó Cariga, el juez rechazó un pedido de la defensa del policía investigado para trasladar el caso al fuero militar policial. La discusión se dio horas antes de que arrancara la etapa intermedia del proceso, el momento en que normalmente se revisa si la acusación fiscal está lista para ir a juicio.

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El pedido para cambiar de fuero lo presentó el abogado del investigado, identificado como Magallanes. Su defensa, Estefano Miranda, argumentó que su patrocinado cumplía una función policial en el momento de los hechos y que, por eso, correspondía que el caso pasara a manos de jueces militares. Se apoyó para ello en la Ley 32735, la norma que amplió los supuestos que califican como delito de función para policías y militares.

El juez no le dio la razón. Cariga contó que el magistrado consideró que la Ley 32735 va en contra de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos que Perú ha firmado. Citó, según el abogado, dos sentencias del Tribunal Constitucional que fijan cuándo una conducta puede considerarse delito de función y cuándo no. Para el juez, ese no era el caso de Magallanes.

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La defensa no se quedó de brazos cruzados. Miranda apeló la decisión en la misma audiencia, aunque todavía debe formalizar el recurso por escrito. Tiene tres días de plazo para hacerlo. Una vez que lo presente, el expediente subirá a la Sala Superior, que será la que finalmente decida si el caso se queda en la justicia ordinaria o si termina en el fuero militar. Mientras eso ocurre, el proceso sigue su curso en la vía ordinaria.

Cariga se mostró optimista sobre el resultado en segunda instancia. Su argumento central es que a Magallanes se le investiga por homicidio simple, no por una violación grave de derechos humanos, y que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara: ese tipo de delitos debe ser juzgado por jueces ordinarios. "Tenemos todos los argumentos", dijo el abogado, y añadió que espera que la Sala Superior confirme el fallo del juez de primera instancia.

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Los argumentos detrás del fallo y lo que aún falta

Cariga contó que el magistrado se apoyó en dos sentencias del Tribunal Constitucional para fijar los criterios que definen cuándo una conducta puede calificarse como delito de función.

Con esto, el juez concluyó que Magallanes no cumplía esa función en el momento de los hechos que se le investigan. Ese fue el argumento central para descartar el traslado del caso Trvko al fuero militar.

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Cariga no ocultó su confianza en el resultado. "El juez de primera instancia nos ha dado absolutamente toda la razón", afirmó, y agregó que espera el mismo desenlace cuando la Sala Superior revise la apelación.

Para él, la discusión de fondo no cambia entre una instancia y otra: se investiga un homicidio simple, no un delito que involucre una violación grave a los derechos humanos, y eso, insistió, es lo que debe primar a la hora de decidir qué juez ve el caso.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

El desplazamiento del centro de gravedad económico mundial desde el Atlántico hacia Asia-Pacífico abre nuevas oportunidades para el Perú. Y es aquí donde el puerto de Chancay puede jugar un papel fundamental.

Su inauguración ha permitido reducir en aproximadamente 15 días el tiempo de tránsito marítimo de carga entre el Perú y Asia. Además, en su primer año operativo se han superado las expectativas iniciales, llegando a movilizar más de 286.000 TEU y generando más de 939 millones de soles en ingresos fiscales por aduana. No obstante, las consideraciones económicas no son las únicas que han rodeado al nuevo puerto.

El hecho de que la empresa estatal china COSCO Shipping Ports tenga un 60% de la participación (la empresa peruana Volcan posee el otro 40%) también ha dado lugar a consideraciones de carácter geopolítico. Al fin y al cabo, como empresa estatal, COSCO no sólo obedece a una racionalidad económica, sino también política, y además tiene vínculos con el ejército chino. ¿Cómo puede esto afectar al Perú?

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Un argumento frecuente radica en su posible uso militar por parte de China, ya que reúne las condiciones para recibir a los buques más grandes de su Armada. En caso de que así sucediera en un eventual conflicto entre China y Estados Unidos, las consecuencias podrían ser graves para el Perú, pudiendo incluso convertirlo en estado contendiente. Sin embargo, hay factores que alejan esta posibilidad. Más allá de la necesaria autorización del Congreso de la República para recibir tropas extranjeras, a lo cual podría negarse, el puerto tendría utilidad estratégica limitada en caso de conflicto, dada su distancia con el teatro de operaciones (presumiblemente en torno al estrecho de Taiwán) y la facilidad con la que podría ser destruido.

A nivel comercial, el puerto tiene el potencial de convertir al Perú en un hub logístico regional. De hecho, casi la mitad de la carga movilizada durante su primer año es de transbordo con países vecinos. Por otro lado, Chancay puede estrechar todavía más la relación económica del Perú con China, país que concentra ya el 38.5% del valor de las exportaciones peruanas. Esta situación aporta nuevas oportunidades económicas al país, aunque también aumenta su exposición ante vaivenes en la economía de China y podría reducir su margen de maniobra en caso de desacuerdos.

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Por último, el puerto de Chancay, como primer puerto inteligente de Sudamérica, puede fortalecer en el Perú la narrativa china de cooperación, modernización y beneficio mutuo. El contraste con Estados Unidos, que durante el último año y medio ha venido imponiendo aranceles al país —al igual que a otras economías— a pesar de tener un Tratado de Libre Comercio firmado, resulta evidente. A su vez, no son descartables futuras represalias estadounidenses hacia el Perú por haber permitido que COSCO tenga el control mayoritario del puerto.

La situación que este escenario abriría para el Perú es altamente compleja. Ceder ante eventuales presiones estadounidenses podría dañar su relación con China, mientras que no hacerlo implicaría un riesgo de represalias desde Washington. Así, la forma que el Perú tiene para proteger mejor sus intereses radica en mantener una relación política y económica positiva con las dos grandes potencias. Esto implicaría rechazar la idea de elegir un bando o alinearse completamente con alguna de ellas y, en cambio, cooperar con ambas en función de los intereses del Perú y del asunto en cuestión. La idea es no renunciar a las oportunidades y beneficios que supone mantener relaciones económicas abiertas con todos.

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La nueva situación internacional requerirá buenas dosis de habilidad y astucia política. El desafío para el Perú será transformar su posición entre las dos grandes potencias en una fuente de oportunidades, evitando que esta se convierta, al mismo tiempo, en una vulnerabilidad.

El funcionario fue más allá y sostuvo que existen letrados que forman parte de la "banda criminal" a la que representan. Sus palabras provocaron el rechazo inmediato de varios abogados penalistas, quienes calificaron sus afirmaciones de erróneas y hasta peligrosas para el sistema de justicia.

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La molestia no tardó en manifestarse en redes sociales. Humberto Abanto, César Nakazaki, Julio Espinoza Goyena y Carlos Rivera Paz respondieron al ministro con publicaciones que desmintieron, una por una, sus afirmaciones.

Todos coincidieron en un punto central: el código no fue redactado solo por litigantes. Participaron también jueces, fiscales y otros funcionarios públicos.

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Abanto fue uno de los más duros. El abogado escribió que resultaba "asombroso" que el ministro desconociera principios básicos del debido proceso. Le recordó que, en los Estados democráticos, condenar a una persona siempre resulta difícil, porque se busca reducir al mínimo el riesgo de un error judicial. Cerró su publicación con una frase directa: "El ministro desperdició una excepcional oportunidad de quedarse callado".

La respuesta de Álvarez no se hizo esperar. El ministro le contestó a Abanto que su publicación mostraba "lo difícil que es exponer en dos o tres minutos toda la crisis del sistema de justicia".

Agregó que el Código Procesal Penal "ha fracasado en su propósito esencial" y que defenderlo, como hizo Abanto, solo confirmaba que la norma "sirve a los abogados de los delincuentes, no a los ciudadanos que son víctimas de la criminalidad". La frase trasladó la discusión, que era técnica, hacia un cruce personal entre ambos.

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Penalistas que desarmaron los argumentos de Álvarez

Julio Espinoza Goyena aportó el dato con más peso institucional. Explicó que fue Secretario Técnico de la Comisión de Alto Nivel que redactó el Código Procesal Penal del 2004. Según contó, esa comisión tuvo más de 12 integrantes, entre fiscales, policías y jueces. Los representantes del Colegio de Abogados fueron solo dos.

El abogado también detalló varios artículos del código que, a su juicio, contradicen la versión del ministro. Mencionó el control de identidad, la videovigilancia, las pesquisas y la intervención corporal, entre otras herramientas que, según explicó, fortalecen la persecución penal. Para él, resulta un error grave afirmar que el modelo se pensó para favorecer a la delincuencia organizada.

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César Nakazaki, por su parte, centró su respuesta en la autoría del código. Recordó que su principal redactor fue César San Martín Castro, un magistrado de formación, no un litigante. El penalista advirtió que confundir las garantías procesales con la causa del problema de la justicia penal es un error. Según explicó, las verdaderas causas son otras: fallas en la investigación, falta de tecnología, corrupción o desconocimiento jurídico.

Humberto Abanto aportó una precisión procesal que buscó desmontar el ejemplo que usó el ministro sobre la demora de los juicios. Explicó que el ofrecimiento de prueba nueva ocurre al inicio del juicio oral, y el de prueba excepcional, al final.

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Ambos pedidos se debaten en la misma audiencia, no en una adicional como sugirió Álvarez. El abogado remarcó que es muy raro que aparezca prueba después de cerrada la investigación, porque el acusado debe conocerla para poder defenderse.

Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL), fue el más frontal en el tono de su crítica. En dos publicaciones distintas, sostuvo que el ministro "no tiene idea de lo que está hablando" y calificó su discurso de "repugnante". Para el abogado, el objetivo de Álvarez es claro: debilitar las garantías del debido proceso a partir de un relato que presenta al código como un instrumento a favor de los delincuentes.

Las críticas de los penalistas coinciden en un mismo reclamo: pedir que el debate sobre la reforma procesal penal se sostenga con datos precisos y no con generalizaciones. El cruce entre Álvarez y Abanto, sumado a las respuestas de Nakazaki, Espinoza Goyena y Rivera Paz, dejó en evidencia una distancia amplia entre el ministro y buena parte del gremio de abogados penalistas del país.