Los demás investigados son: Milagros Ferreyra Ahuanari, Francisco Ferreyra Ahuanari, Carlos Antonio Tello Ferreyra, Néstor Pérez Fachin y Gróbel Jesús Panaifo Pacaya. Los dos primeros son hermanos de la ex precandidata a diputada.

Todo inició cuando el último 2 de julio, el 5to Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado en parte el requerimiento realizado por la Fiscalía y ordenó la detención preliminar contra los referidos.

La defensa de las hermanas Ferreyra Ahuanari y Carlos Tello interpuso un recurso de apelación contra la orden judicial solicitando que revoque y declare infundado el pedido fiscal. Además, pidió que se declare la nulidad por “vulnerar el derecho a la debida motivación, principio de proporcionalidad e imputación necesaria”.

Defensa de Lita Ferreyra alega falta de pruebas

Sobre Lita Ferreyra menciona que se le atribuye un rol de "soporte financiero y logístico" dentro de la presunta organización criminal “basándose en una calificación genérica”, pues no se identifican operaciones financieras, movimientos bancarios, transferencias de dinero ni actos de coordinación logísticos concretos.

Tampoco se individualizan fechas, lugares, montos ni personas específicas con las que la ex precandidata a diputada habría interactuado para cumplir dicho rol.

En ese sentido, considera que la imputación fiscal no es concreta y no presenta actos objetivos sobre el supuesto rol de Lita en la presunta organización criminal.

También señaló que la Fiscalía alegó el peligro de fuga basándose únicamente en la gravedad de la pena y que es “natural” que la persona huya. Pese a ello, sostiene, el juez se adhirió a ello y no explicó cómo los elementos de convicción superan el estándar para restringir la libertad.

En declaraciones para RPP, señaló: "Si la imputación de un tipo penal no lo es, y te encausan indebidamente y te sentencian con pena efectiva solo para perseguirte, tienes que escaparte, pues porque estás sufriendo una persecución".

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El defensor del Pueblo sustentó su postura en lo que llamó actos nulos. Para Gutiérrez, una imputación penal puede carecer de sustento desde su origen. Si ese proceso termina en una condena con pena efectiva, dijo, la persona ya no enfrenta una sanción legítima. Enfrenta, según su lectura, una persecución.

Gutiérrez no limitó su crítica al caso de Cerrón. Habló de una "instrumentalización del sistema de justicia con fines persecutorios" que, según él, se repite en el país. Fue enfático en that no se trata de un hecho aislado: "No lo digo en el caso Cerrón, lo puedo decir en mil casos y ahora más con pruebas", aseguró, sin dar nombres ni detalles de esos casos.

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Vladimir Cerrón celebró sentencia del TC en sus redes sociales

Vladimir Cerrón usó su cuenta de X para reaccionar al fallo del Tribunal Constitucional dos días antes de las declaraciones de Gutiérrez. El 21 de julio escribió que el TC ordenó su libertad porque fue "perseguido por una arbitrariedad judicial" y no por "componendas". Atribuyó ese supuesto abuso judicial a una estrategia que, según él, buscó perjudicar a la izquierda socialista durante las últimas elecciones generales.

En un segundo mensaje publicado el mismo día, Cerrón calificó su etapa fuera del alcance de la justicia como "tres años de resistencia disciplinada en la clandestinidad". La describió como un espacio que, dijo, no resulta ajeno para los socialistas. La presentó también como una derrota a lo que llamó injusticia, y como una reafirmación de sus convicciones políticas. Cerró el mensaje con la frase "¡Hasta Más Allá de la Victoria!".

Los dos pronunciamientos de Cerrón llegan antes de que Gutiérrez respalde en RPP el fallo del TC y justifique la fuga frente a sentencias que un procesado considere injustas. La coincidencia entre el discurso de Cerrón, que reivindica su tiempo prófugo como un acto de resistencia, y la postura del defensor del Pueblo, que legitima esa misma lógica de evasión, refuerza el cuestionamiento sobre el respaldo institucional que recibió el líder de Perú Libre tras años fuera del alcance de la justicia peruana.

Según el informe de la entidad, el pedido no cumplió con los requisitos exigidos por el reglamento de la institución para ser admitido y evaluado como corresponde: no se firmó la solicitud de gracia presidencial y la declaración jurada de conocer la gratuidad de la tramitación de la solicitud de gracia presidencial.

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Asimismo, el informe n.º 041-2026-JUS/DGAC-DGP advierte que el parlamentario "no define claramente el tipo de gracia presidencial que solicita". El documento menciona que existen diferentes tipos de gracias presidenciales para la población penitenciaria que se encuentran establecidos en el reglamento interno. De esta manera, la solicitud que busca la libertad de Castillo se desestimó.

Cabe precisar que este pedido desestimado no corresponde al último recurso presentado por la familia del exmandatario, el cual aún se encuentra pendiente de resolución.

En tanto, la Dirección de Gracias Presidenciales recomendó remitir el informe al Despacho Viceministerial de Justicia, para los fines de su atención y brindar respuesta al congresista.

El documento emitido el pasado 20 de julio lleva la firma del titular de la institución, Jhone Quispe Romani.

El pedido

A través de su cuenta de Facebook, el pasado 7 de julio, el congresista Varas publicó un video en el que exige al presidente José María Balcázar otorgar la gracia presidencial a Castillo. Aseguró que la libertad del exmandatario "no es un capricho, no es un favor y no es un privilegio".

"Es un pedido con sustento constitucional y legal que merece ser evaluado dentro del marco del Estado de derecho (...) Ya no queremos más injusticia con el expresidente", sostuvo.

"Usted (José María Balcázar) puede dar la gracia presidencial; ya lo hemos gestionado, lo hemos pedido desde mi despacho. Tiene que ejercer la gracia presidencial, el retiro del penal del expresidente Castillo. Por ello, en sus manos está abrir el camino a la justicia, a la dignidad y, sobre todo, a la reconciliación nacional", agregó.

En diálogo con La República, Sagasti calificó el hecho como “una majadería, impertinencia y desplante indigno de un presidente del Congreso de la República”.

“Fuera de mezquindad, no me imagino otra explicación”, declaró.

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Asimismo, el exjefe de Estado planteó las medidas que debería tomar Balcázar frente a las exigencias de Rospigliosi. “Si él insiste en esta conducta absurda, el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, debería instruirle que vaya a recoger la banda al Despacho Presidencial el 28 de julio a las 9.00 a. m. Es la respuesta que se merecería”, recomendó.

Por otro lado, Sagasti recordó lo vivido al término de su mandato en 2021 cuando la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le impidió ingresar al hemiciclo.

Sobre el tema, sostuvo que aquello no fue solo un error, sino una ruptura del protocolo establecido y de las buenas relaciones entre dos poderes del Estado, así como una falta de respeto al presidente de la República, quien, de acuerdo con la Constitución, es el jefe del Estado y personifica a la Nación (art. 110).

En cuanto a la controversia sobre si el mandato de Balcázar concluye con el periodo congresal, el 26 de julio, o con el presidencial, el 28 de julio, Sagasti recordó que el artículo 115 de la Constitución Política establece que, ante la ausencia de los dos vicepresidentes, corresponde al presidente del Congreso asumir la jefatura del Estado.

El exmandatario sostuvo que dicha disposición establece que el titular del Parlamento ejerce la Presidencia de la República con plenas atribuciones y durante todo el tiempo que resta del mandato presidencial, es decir, hasta el 28 de julio.

La República manifestó en dos ocasiones puntuales la inquietud sobre el futuro del Mincul. Más allá de preferencias políticas e ideológicas, hay algo que debe quedar muy claro: si el Perú existe en el mundo, existe por su cultura. Un país como Perú, sin importar su gobierno de turno, debe contar con un organismo institucional dedicado exclusivamente a su poliédrica riqueza cultural.  

En estos días se han estado barajando nombres para hacerse cargo del Ministerio de Cultura. Ergo: el Mincul no va a desaparecer. Entre los que más suenan tenemos a la historiadora Cecilia Bákula y al gestor cultural Miguel Molinari. Ambos, por cierto, son muy reconocidos en el circuito cultural peruano. Cuando se les ha mencionado, no han suscitado muchas críticas desde el sector.

No olvidemos que, desde el gobierno de Dina Boluarte, el Mincul se ha convertido en una máquina de censuras, en una apañadora de leyes sin pies ni cabeza (a saber, pensemos en la ley de cine impulsada por el Congreso) y en una entidad cómplice y silenciosa de despropósitos como el colegio de artistas del Perú. Estos atentados en contra de la cultura han estado avalados por la firma de los congresistas de Fuerza Popular. Entonces, antes de aceptar, los potenciales candidatos deberían preguntarle a Fujimori y compañía qué entienden en Fuerza Popular por cultura. Si este aspecto no queda despejado, quien acepte, y sin importar lo competente que sea, va a quedar con la reputación manchada.

El Gobierno de Perú debió presentar dicho informe el 24 de marzo de 2026, sin embargo, no lo hizo. En vista de ello, el Comité inició el protocolo de recordatorio y puso como nueva fecha límite es el 24 de septiembre del 2026.

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Fue en marzo de 2023 cuando se realizó el requerimiento y, durante el 137.º período de sesiones del Comité, se evaluó el sexto informe periódico de Perú.

Se dispuso una serie de recomendaciones para evitar el uso de la fuerza en manifestaciones, garantizar el derecho a participar en los asuntos públicos, el derecho a un juicio justo y los derechos de las minorías y de las comunidades indígenas.

Comité de la ONU pide medidas concretas

Ahora, el Comité busca conocer cuáles son las medidas concretas que el Perú ha tomado siguiendo esas recomendaciones.

En su misiva, el Relator Especial solicitó al Gobierno peruano que evite reiterar datos o argumentos previamente entregados y se concentre exclusivamente en las medidas concretas adoptadas desde marzo de 2023 para implementar las recomendaciones.

​Asimismo, se estableció que el informe de respuesta no deberá exceder las tres 3.500 palabras.

Caso Pedro Castillo

En el ámbito derecho a participar en los asuntos públicos y a un juicio imparcial, el Comité mencionó explícitamente el caso Pedro Castillo.

Al respecto, resaltaron su preocupación por la crisis política y social que está viviendo el Perú desde los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022 y que generó un clima de polarización en el país.

En se sentido, mencionaron que el Estado debe “velar por que el proceso de vacancia presidencial siempre se lleve a cabo de plena conformidad con los principios básicos del debido proceso y juicio justo, y con pleno respeto del artículo 25 del Pacto, si ello fuera necesario mediante la correspondiente reforma legislativa, incluso constitucional, de forma que se garantice un adecuado sistema de contrapoderes entre los diversos poderes del Estado”.

A su vez, debe “garantizar que el proceso penal seguido contra Pedro Castillo, actualmente en prisión provisional, se desarrolle con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a un juicio justo, tal como se reconocen en el artículo 14del Pacto”.

La fiscal encabeza la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional especializada en Derechos Humanos. Rospigliosi la acusa de no aplicar la Ley 32107, norma que él mismo impulsó en el Congreso y que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad.

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En el documento, el presidente del Congreso sostiene que Quico transgredió el principio de legalidad penal. Asegura también que la fiscal desacató disposiciones del Tribunal Constitucional. El texto agrega que el dictamen acusatorio contra Rivero Lazo carece de motivación jurídica suficiente. Con esos argumentos, pide que se le aplique la sanción máxima prevista en el artículo 154 de la Constitución.

Rivero Lazo fue condenado por el caso Barrios Altos y cumplió parte de una sentencia de entre 15 y 20 años de prisión. El TC ordenó su liberación tras considerar que hubo exceso de carcelería. Meses después, la expresidenta Dina Boluarte lo recibió en Palacio de Gobierno. Ahí promulgó otra norma, la Ley 32419, que otorga amnistía a militares, policías y rondas campesinas procesados por el conflicto armado.

Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas del conflicto armado interno cuestionan ambas leyes desde su aprobación. Las califican como normas de impunidad para responsables de graves violaciones ocurridas entre 1980 y 2000. Más de cien procesados por casos similares ya pidieron acogerse a estos beneficios. Hasta setiembre, más de la mitad de esas solicitudes fueron rechazadas por el sistema judicial.

Durante una entrevista con RPP el último miércoles 22 de julio, Pacheco señaló que los magistrados aún deben concluir el debate del caso, emitir sus votos y exponer su postura antes de que la institución publique el fallo.

"El deseo del pleno es también resolver este caso pronto porque ya ha tenido audiencia y es una situación distinta a la actual (sobre el caso de Vladimir Cerrón). Confío porque es el deseo de todos, como decía, que este caso también se termine de debatir, emitir los votos y publicar cuanto antes (...) Yo espero que sea antes de fin de mes", comentó.

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Luego, acotó: "Ojalá. Los temas de libertad son temas delicados, aunque tengamos miles de casos de libertad también. Por eso es que yo creo que no podemos hacer, para unos, una medida y, para otros, otra medida. Son tareas delicadas que tenemos entre manos".

En el recurso presentado, la defensa de Humala sostiene que el caso por el que fue condenado en primera instancia —los aportes ilícitos recibidos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011— es idéntico al caso Cócteles, que involucró a Keiko Fujimori y que fue archivado por el TC. Según el argumento de la defensa, el máximo intérprete de la Constitución determinó que, en la época en que se realizaron dichos aportes, estos no constituían un delito.

Al respecto, Pacheco recordó que votó en contra de archivar el caso Cócteles. Asimismo, indicó que deberá analizar el recurso de Humala. "En el caso del señor Humala, hay que ver, yo tengo que analizar si realmente es idéntico o no es idéntico, pero, como digo, yo tuve un voto en minoría", explicó.

Por otro lado, Pacheco resaltó el comportamiento de Ollanta a diferencia de Cerrón, quien permaneció prófugo de la justicia por casi 3 años. "Alguien ha dado un ejemplo de cómo tiene que actuar un ciudadano responsable y que cree en la democracia. A mí me parece que lo que ha hecho el señor Humala es demostrarnos que hay que obedecer a las autoridades; si no, esto es un desastre", expresó.

Las cifras de nuestra farsa institucional son implacables. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la informalidad laboral se mantiene estancada entre el 71% y el 73% de la Población Económicamente Activa (PEA). Más de 13 millones de peruanos operan hoy expulsados de la legalidad. Al mirar el vecindario, la anomalía es obscena: mientras la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sitúa el promedio regional en 45%, y economías como Chile o Uruguay operan cerca del 30%, el Perú juega en la liga de los coleros de la precariedad junto a Bolivia.

Esta intemperie laboral se replica en el techo que nos cobija. La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) estima que entre el 70% y el 80% de las viviendas a nivel nacional son informales, levantadas a base de autoconstrucción, sin ingenieros ni licencias, sin planificación y, en muchas partes, sin servicios básicos como agua y energía. En la Lima más urbana, crecemos de forma caníbal hacia el cielo, mientras abajo Sedapal parchea de emergencia redes viales e hidráulicas obsoletas, diseñadas hace medio siglo. El relato oficial y empresarial romantizó el "recurseo" y el "peruanismo emprendedor", transformando una condena por falta de Estado en una supuesta virtud poética. El resultado es una sociedad profundamente individualista donde el concepto de bien común fue exterminado.

Sobre este sálvese quien pueda opera una perversa paradoja tributaria que alimenta el resentimiento. El discurso político criminaliza al informal llamándolo "evasor", ignorando que al comprar combustible, ropa o un saco de cemento, ese ciudadano paga el 18% del IGV, financiando de manera invisible las planillas del ineficiente y corrupto aparato estatal. Por su parte, el ciudadano formal es un rehén fiscal al que la Sunat caza en el zoológico, obligado a pagar impuestos por servicios públicos deplorables, para luego verse forzado a duplicar su gasto contratando seguridad, clínicas y colegios privados. En esta ficción, muchos pagan, pero nadie recibe.

La informalidad en el Perú es un equilibrio perverso. Es un pésimo negocio ser formal ante una burocracia punitiva, pero, además, es la válvula de escape que la clase política bendice en secreto, porque regala una paz social barata que maquilla su incompetencia para generar empleo, seguridad, salud y vivienda. Ese vacío estatal ya fue colonizado por corporaciones de la ilegalidad —mafias del transporte, del suelo y de la minería— que hoy financian campañas, dictan leyes y hasta se extorsionan entre ellas en el día a día.

Desconectados de la idea de nación, sin reconocer al prójimo como un igual con deberes, sino como un competidor en la arena, elegimos gobernantes que son el espejo fiel de nuestra fragmentación y cinismo. Para un presidente, presidir esta ficción es gestionar a una platea fantasma desde una escenografía lejana. Administrar un país de papel mientras la realidad se desborda por los márgenes no es gobernar; es, simplemente, prolongar la puesta en escena de una República que no existe. Que el dólar no suba y que nadie nos joda es nuestra máxima aspiración.

De acuerdo con el acta de sesión en la que la compensación fue aprobada, los agentes policiales y militares deberán registrar un tiempo de servicio continuo e ininterrumpido no menor a dos meses en el Parlamento, contabilizados al 15 de julio de 2026, para ser beneficiarios.

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El pedido fue presentado por el jefe de la División de Seguridad del Congreso, quien sustentó que el personal policial a su mando “cumple a cabalidad sus funciones con eficiencia y eficacia; brindando seguridad a las instalaciones, congresistas, parlamentarios andinos y Mesa Directiva”.

La aprobación se fundamentó en los informes técnicos de la Dirección de Recursos Humanos y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Congreso.

Contó con la firma de Fernando Rospigliosi y los vicepresidentes del Legislativo.

Congreso gastó más de S/900 millones en planillas, el doble que hace cinco años

El gasto en planillas del Congreso llegó a S/ 906 millones en el 2025. La cifra duplica los S/ 402 millones que el Parlamento destinó a este rubro en el 2021. Según el reportaje de Punto Final, el desembolso corresponde a la contratación y pago de personal activo del Legislativo.

El incremento tiene un origen concreto. Durante la gestión de Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso, se firmó un convenio colectivo con el sindicato de trabajadores del Parlamento. Ese acuerdo elevó los beneficios económicos que ya recibía el personal. Punto Final tuvo acceso a boletas de pago entregadas por los propios trabajadores, que confirmaron los montos.

En 2025, el exministro Juan José Santiváñez, en el gobierno de Dina Boluarte, contrató a la empresa Industrias de Armas de Israel (IWI, por sus siglas en inglés) para la provisión de 7.323 fusiles Arad 5. Y el actual titular del despacho, José Zapata, recurrió a la misma compañía para la entrega de 31.045 pistolas de puño Jericho.

En ambos casos no hubo convocatoria a licitación; las empresas fabricantes no importaron sus modelos para que fueran sometidos a pruebas de tiro y de resistencia, y se reportaron indicios de que las contrataciones fueron orientadas a favor de IWI, como consta en los reportajes de investigación publicados por La República.

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La misma modalidad

No está en discusión que la Policía Nacional requiere la modernización o actualización de su equipamiento. Lo que sucede es que el Ministerio del Interior ha optado por evitar las licitaciones mediante una interpretación errónea de la llamada Ley FAME N°31684.

El Ministerio del Interior argumenta que la mencionada norma obliga a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a contratar directamente con la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), lo que no es cierto, como han señalado el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Contraloría General de la República.

Sin embargo, como se ha mencionado, el Ministerio del Interior ha contratado, por intermedio de FAME, la fabricación de fusiles de asalto Arad 5 y de las pistolas de puño Jericho a la compañía IWI. Esta empresa israelí no tuvo que competir con nadie.

Con la aprobación del PEME-2025-2030, que contempla la adquisición de más fusiles de asalto y de pistolas de puño para la PNP, forzosamente el Ministerio del Interior volvería a recurrir a FAME porque esta empresa cuenta con un convenio estratégico con IWI.

De este modo se comprarían nuevamente los modelos Arad 5 y Jericho, pese a que estos modelos no pasaron por una competencia con diseños de otros países, que incluso ofrecen las armas a menor costo.

Es más, en una reciente licitación inmediatamente anterior a la compra de las pistolas Jericho que convocó el Ministerio del Interior -y que luego anuló-, este modelo de IWI presentaba el precio más caro y el tiempo de entrega más prolongado. Contra viento y marea, el Ministerio del Interior insistió con IWI.

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Una llamativa conexión

No está de más recordar que el representante de IWI es el empresario Diego Alfaro Di Natale, quien, en el gobierno de Dina Boluarte, ganó dos contratos: uno con el Ejército por 10.000 fusiles Arad 7 y otro con el Ministerio del Interior por 7.323 fusiles Arad 5 para la PNP. Y, ahora, en el mandato de José María Balcázar, obtuvo el contrato por las 31.045 pistolas Jericho, también del Ministerio del Interior. Pero Alfaro no solo está relacionado con IWI.

El dominical “Cuarto Poder” registró en video una reunión entre Diego Alfaro, el gerente comercial de FAME, Paulo Zevallos, y el empresario Jorge Garboza, amigo de Nicanor Boluarte. No pareció un encuentro casual.

En el gobierno de Dina Boluarte, el Ejército contrató por US$20,3 millones a la empresa panameña Milenium Veladi Corp. para la reparación de tres helicópteros de fabricación rusa Mi en un plazo de 300 días. Tampoco existió licitación, fue un contrato directo, sin escalas. Casi tres años después, no ha cumplido con el contrato, afectando la capacidad operativa del Ejército.

¿Quién era el representante de Milenium Veladi Corp.? El mismo empresario Diego Alfaro Di Natale, según los registros públicos de Panamá.

Milenium Veladi Corp. en realidad es una fachada de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC). Fue constituida para evitar los embargos derivados de la guerra de Rusia contra Ucrania, sin embargo, el conflicto afecta los contratos de mantenimiento o reparación de aeronaves, como en el caso peruano.

En un intento por seguir en el mercado, la NASC ha circulado un comunicado advirtiendo que ninguna empresa está habilitada sin su consentimiento para reparar helicópteros Mi. Por lo tanto, el Ministerio del Interior deberá contratar compulsivamente a Milenium Veladi Corp., representante de NASC, no obstante que mantiene pendiente la obligación contractual de devolver overholeados (reconstruidos totalmente) tres helicópteros Mi del Ejército.

Así es. En el PEME-2025-2030 del Ministerio del Interior recientemente aprobado se contempla el overhaul de cuatro helicópteros Mi rusos de la Policía Nacional por US$26,3 millones. ¿Contratará el Ministerio del Interior a Milenium Veladi Corp., que ha superado todos los plazos para completar con el contrato con el Ejército?

Otra de las contrataciones escandalosas del Ministerio del Interior reportada por las investigaciones de La República, es la adjudicación de la compra de un avión de transporte Antonov An-74 por US$63,9 millones, a la compañía Aero Express FZE, con domicilio en Emiratos Árabes Unidos (EUA).

Este diario hizo notar que EUA no fabrica dichas aeronaves, que el Antonov An-74 había dejado de construirse porque los rusos bombardearon las instalaciones de Antonov en Ucrania y que Aero Express FZE era manejada por un empresario ruso que no contaba con la licencia de representación de la fábrica ucraniana, por obvias razones. Al Ministerio del Interior no le importó y aprobó la compra. Recién cuando la embajada de Ucrania en Lima y la compañía Antonov confirmaron la información de La República, canceló la adjudicación.

Sin embargo, la necesidad de la aeronave se mantiene, por lo que en el PEME-2025-2030 se consigna un presupuesto de US$65 millones con dicho objetivo. En una reciente licitación del Ministerio del Interior, el modelo italiano Spartan -la Fuerza Aérea cuenta con cinco ejemplares- obtuvo las mejores calificaciones técnicas. El fabricante ofertó el avión por US$62 millones, pero, como el Ministerio del Interior debe pagar el 18% de IGV, resulta un costo de US$85 millones, lo que dejó fuera al Spartan.

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No hay obligación de compra de equipos a FAME

• La Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF, el organismo que adjudica los contratos), consultó a la Dirección General de Asesoría Legal del despacho, si estaba obligada a contratar con la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), en aplicación de la Ley N°31684, del 15 de febrero de 2023.
• Asesoría Jurídica respondió que el Ministerio del Interior no está obligado a “encargar” la compra a FAME. La consulta se formuló cuando la Policía Nacional requería la adquisición de fusiles de asalto.
• Pero el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, desoyó a los expertos y aprobó la compra a FAME de los fusiles Arad 5.

De acuerdo con la resolución de junio de este año a la que accedió La República, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la apelación de la defensa de Castillo para dejar sin efecto la prisión preventiva que solicitó la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

El Juzgado sostiene que Castillo no cuenta con arraigo familiar, laboral y domiciliario, puesto que su familia se encuentra en México, luego de ser asilados en diciembre del 2022. Esto, explica el Poder Judicial, "mantiene el peligro de fuga".

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En esa misma línea, el PJ advirtió "la existencia de un entorno internacional objetivamente favorable a una eventual evasión" por el caso de Betssy Chávez, quien obtuvo asilo diplomático en la Embajada de México. Este punto se tomó como una causal para sustentar una eventual fuga del exmandatario.

Además, la Fiscalía informó que existen pericias pendientes por realizar en la investigación y los peritos están en la etapa de recopilación, acopio y revisión de información documentaria. Aunado a ello, la investigación fue denominada como "compleja" debido a que alcanza a más de 90 investigados.

"Esta dimensión subjetiva y estructural revela una investigación de carácter macro, con múltiples niveles de intervención", se lee en la resolución.

Por estas razones, el sistema judicial confirmó la decisión del Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria de febrero de este año para ampliar la prisión preventiva hasta marzo del 2027.

El caso

De acuerdo con la tesis fiscal, en cuanto al caso de PetroPerú, Castillo es investigado por el presunto delito contra la tranquilidad pública y habría liderado una supuesta organización criminal en esa institución cuando era presidente de la República.

La hipótesis sostiene que el exmandatario "habría pretendido copar ilegalmente la referida entidad, con la finalidad de controlar y direccionar los procedimientos de adquisición llevados a cabo por la empresa".

Castillo, presuntamente, habría gestionado la designación de Hugo Chávez Arévalo como presidente del directorio de PetroPerú a cambio de un pago de S/30.000. Luego del nombramiento, añade la Fiscalía, se procedió a copar puestos claves en la entidad.

Tras ello, se "direccionó el Proceso por Competencia COM-012-2021-GDCH/PETROPERÚ Adquisición de Biodiésel B100 para el periodo enero-abril 2022, a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators SA, representada por Abudayeh Giha", luego de una serie de reuniones en Palacio de Gobierno.

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Sobre el caso Provías, el Ministerio Público investiga el direccionamiento de la licitación de la obra Puente Tarata III, "cuyo beneficio económico obtenido sería el 0.5 % del total del valor adjudicado" a través de, supuestamente, los sobrinos de Castillo y el exministro Juan Silva.

"Los porcentajes con los que se beneficiarían los integrantes de la OC serían: S/100.000 para Villaverde García, S/100.000 para Vásquez Castillo y el resto se dividiría en partes iguales entre Castillo Terrones y el imputado Silva Villegas; en cumplimiento de este pacto ilícito, Villaverde García le habría entregado a Silva Villegas la suma de S/100.000 como un adelanto de buena fe del negocio ilícito acordado con relación a la Licitación Pública n.° 01-2021-MTC/21", se lee en el documento.

Sobre el caso Ministerio de Vivienda, el Ministerio Público investiga el direccionamiento de proyectos de saneamiento que se habría gestado con el Decreto de Urgencia n.º 102-2021 a favor de la Municipalidad de Anguía y Chachapoyas. Los trámites, supuestamente, se realizaron a través de los familiares de Castillo.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Con la presencia del candidato a la alcaldía Metropolitana de Lima, Carlos Bruce, se realizó este martes 21 de julio la presentación oficial de los candidatos y candidatas que competirán por las alcaldías.

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La ceremonia se desarrolló en el Auditorio CAFAE, en el distrito de San Isidro, donde la dirigencia nacional del partido presentó a un equipo conformado por representantes de diversos distritos de la capital. Durante el evento, se destacó que la propuesta política estará enfocada en la gestión de seguridad ciudadana, el orden urbano y la recuperación de los espacios públicos.

Durante su intervención, Bruce señaló que Somos Perú presenta candidatos con experiencia y vocación de servicio para asumir la conducción de los gobiernos locales.

"Queremos construir una Lima más segura, ordenada y moderna, donde cada distrito cuente con autoridades que conozcan la realidad de su comunidad y trabajen con transparencia, promoviendo mejores servicios públicos, espacios recuperados para las familias y oportunidades para todos", afirmó.

La actividad también contó con la participación de Víctor Bazán Pastor, candidato a la alcaldía de San Isidro y coordinador de Somos Perú en Lima Centro. En su discurso, destacó la importancia de conformar un equipo con experiencia y compromiso para enfrentar los desafíos de la ciudad.

"Quiero a Lima y un San Isidro mucho mejor. Pero ello no se consigue con palabras sino con acción y experiencia. Vocación y perseverancia. Amor y convicción. Y hoy, los que estamos en esta mesa tenemos todos esos valores y más. Somos Perú, partido que nos agrupa, cree en nosotros y nosotros en el legado que nos dejó Alberto Andrade", manifestó.

Durante la presentación fueron oficializados los candidatos de Barranco, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo, además de Carlos Bruce como postulante a la alcaldía Metropolitana de Lima.

Con esta actividad, Somos Perú dio inicio a su campaña electoral en Lima Centro, con el objetivo de presentar propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer un proyecto de desarrollo para la capital.

El titular del Legislativo precisó que Balcázar será recibido por la Presidencia del Congreso el 27 de julio a las 9:00 a.m., fecha en la que deberá proceder con la entrega de la banda presidencial. El oficio ingresó a Palacio de Gobierno este 22 de julio, según el sello de recepción del Despacho Presidencial.

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“Hay un vacío legal” sobre quién ejerce la presidencia el 27 de julio

En diálogo con La República, Francisco Eguiguren, abogado constitucionalista y exministro de Justicia, señaló que el Congreso no ha ofrecido una base legal o constitucional que sustente esa decisión. El legislativo, indicó, se apoya en que los parlamentarios concluyen su propio periodo el 26 de julio, pero esa norma no resuelve el vacío en torno a la figura de Balcázar. El constitucionalista sostuvo que el Parlamento tendrá que justificar quién asumirá funciones presidenciales durante los días en que, según su lectura, el país quedaría sin mandatario.

Como referencia, Eguiguren citó el caso de Francisco Sagasti, quien el 28 de julio de 2021 entregó la banda presidencial, pese a que sus funciones como congresista habían concluído antes de esa fecha. Este procedimiento, a su juicio, sí se ajustó al marco constitucional y marca un precedente distinto al que ahora aplica el Parlamento con Balcázar.

“El mandato por sucesión debe extenderse hasta la entrega de la banda”

César Delgado-Guembes, exoficial mayor del Congreso, declaró para el medio que a la presidencia de la República se accede de dos maneras: por elección popular y por sucesión constitucional. Bajo esta lectura, manifestó que el mandato de quien ocupa la jefatura de Estado por sucesión —en su condición de presidente del Congreso— debe extenderse por el tiempo que requiera cumplir con dos obligaciones constitucionales esenciales: rendir cuentas a la nación sobre su gestión mediante el mensaje final y entregar personalmente la banda presidencial a su sucesor.

“Ese es a mi juicio la posición más razonable y que concuerda con la importancia que tiene para el sistema político que quien haya ejercido la presidencia de la República, sea por elección popular o por sucesión en el cargo, también por mandato constitucional, de rendir cuentas explicando qué es lo que ha hecho, qué logros ha tenido desde que asumió el mandato como presidente de la República”, sostuvo.

Obligar a Balcázar a recortar este ejercicio y adelantar la entrega de la banda al 27 de julio para que sea un nuevo presidente del Congreso quien la imponga, priva al país de un acto político de máxima relevancia como es la rendición de cuentas del gobernante saliente. “Se está modificando la práctica, se están modificando los precedentes históricos, simplemente quieren crear un precedente diferente”, señaló.

Francisco Sagasti: “Fue una ruptura de protocolos y un desplante indigno”

El expresidente Francisco Sagasti compartió su postura a La República sobre lo vivido al término de su mandato y el requerimiento que hoy enfrenta Balcázar.

Al recordar cuando la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le impidió ingresar al hemiciclo, sostuvo que aquello “no fue sólo un error”, sino “una ruptura del protocolo establecido y de las buenas relaciones entre dos poderes del Estado”, además de “una falta de respeto al presidente de la República quien, de acuerdo a la Constitución, es el jefe del Estado y personifica a la Nación (art. 110)”.

Frente a la discusión sobre si el mandato de Balcázar culmina junto con el periodo congresal el 26 de julio o si debe mantenerse hasta el 28, Sagasti recordó lo que dispone el artículo 115 de la Constitución: ante la falta de los dos vicepresidentes, es el presidente del Congreso quien asume la jefatura de Estado.

Para el exmandatario la norma señala que el titular del Parlamento ejerce el reemplazo de manera plena, con toda la autoridad y por todo el tiempo que dura el cargo más alto de la nación, es decir, hasta el 28 de julio.

Consultado sobre el oficio enviado por Fernando Rospigliosi a Balcázar para entregar la banda el 27 de julio, el exmandatario lo calificó como “una majadería, impertinencia y desplante indigno de un presidente del Congreso de la República. Fuera de mezquindad, no me imagino otra explicación”.

También planteó qué medidas debería tomar Balcázar frente a las atribuciones que se adjudica Rospigliosi. “Si él insiste en esta conducta absurda, el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, debería instruirle que vaya a recoger la banda al Despacho Presidencial el 28 de julio a las 9:00 a.m. Es la respuesta que se merecería”, indicó.

“Esta situación inédita no se ajusta a la Constitución ni a la ley”

Por su parte, la abogada Ana Lucía Puente advirtió que la solicitud de Fernando Rospigliosi vulnera el artículo 116 de la Constitución, el cual establece que el presidente de la República electo asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio.

En diálogo con La República, la especialista recordó que este procedimiento de continuidad se ha respetado tradicionalmente, incluso con mandatarios que asumieron de forma interina por sucesión constitucional —como ocurrió con Valentín Paniagua—.

Asimismo, Puente cuestionó la legitimidad de la medida bajo el principio de separación de poderes: el presidente del Congreso carece de facultades en su Ley Orgánica o Reglamento para realizar una exigencia de esta naturaleza.

Entonces, aunque Balcázar mantenga su investidura presidencial por sucesión (artículo 115), esto no implica subordinación frente al Rospigliosi.

“Desde mi opinión jurídica, esta situación inédita no se ajusta a la Constitución ni a la ley y desconoce, como debemos recordar, que las instituciones públicas deben acogerse al principio de legalidad y no desconocer los mandatos constitucionales y legales establecidos, en este caso, para el traslado de mando”, señaló para La República.

Balcázar exigió facilidades para la entrega de la banda el 28 de julio

A pesar de que, el 21 de julio, el presidente José María Balcázar le había solicitado formalmente a Rospigliosi que se le brinden las facilidades para realizar la entrega de la banda presidencial el 28 de julio, el titular del Parlamento optó por un plazo distinto que va en contra de las normas constitucionales de sucesión y traslado de mando.

En el oficio, el jefe de Estado expresó la necesidad de "garantizar la continuidad de la función presidencial" y solicitó "se establezcan las disposiciones pertinentes, a fin de garantizar el normal desarrollo del acto de investidura presidencial el día 28 de julio de 2026".

"De esta manera, y en salvaguarda de la institucionalidad democrática del país, solicito se establezcan las disposiciones pertinentes, a fin de garantizar el normal desarrollo del acto de investidura presidencial el día 28 de julio de 2026", señala el mandatario en el documento.

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El oficio se conoció luego de que se revelara que, apenas un día después del pedido de Balcázar, el presidente del Congreso remitió otro documento al jefe de Estado solicitándole que entregara la banda presidencial dos días antes, es decir, el 26 de julio.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, en atención al oficio de la referencia, manifestar que, de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento constitucional y los precedentes parlamentarios, el mandato presidencial que actualmente ejerce culmina el 26 de julio", señaló Rospigliosi en su oficio dirigido al presidente.

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Advierten de vacío legal sobre ejercicio de la presidencia el 27 de julio

En declaraciones a La República, el abogado constitucionalista y exministro de Justicia Francisco Eguiguren cuestionó la decisión del Congreso al considerar que no existe un sustento constitucional ni legal que la respalde. Explicó que el Parlamento basa su interpretación en que el mandato de los legisladores concluye el 26 de julio, aunque, a su juicio, ese argumento no resuelve la situación del presidente José María Balcázar.

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Eguiguren advirtió que, bajo ese criterio, el Congreso deberá explicar quién ejercerá la Presidencia de la República durante los días en los que el país, según esa interpretación, permanecería sin un jefe de Estado. En ese sentido, consideró que aún persiste un vacío respecto a la continuidad del cargo presidencial.

Como antecedente, recordó que Francisco Sagasti entregó la banda presidencial el 28 de julio de 2021, a pesar de que su periodo como congresista había culminado previamente. Para el constitucionalista, ese procedimiento sí respetó el marco constitucional y constituye un precedente diferente al que el Parlamento pretende aplicar en el caso de Balcázar.

"Procuramos no hablar nada, sobre todo por lo delicado del caso. Nosotros garantizamos el trabajo de inteligencia con transparencia. Cuando están los esfuerzos, se muestran. (...) Hay muchas cosas que no se saben. Hubo intervención en nueve o diez inmuebles, con participación del Ministerio Público y del Poder Judicial", manifestó.

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Durante el tiempo que permaneció prófugo, Cerrón publicó múltiples fotografías en redes sociales, sobre todo en su cuenta de X (antes Twitter), en las que ironizaba sobre la posibilidad de que la PNP lograra ubicarlo. Consultado al respecto, Arriola restó importancia a esas burlas.

"La burla y esas manifestaciones son personales. Yo podría decir muchas cosas, pero saldrían de mi corazón. Lo indigno es lo que sale de uno. Yo no podría burlarme de alguien. Al contrario, mi vocación policial me invita a velar por el prójimo. (…) Nosotros solo trabajamos con la Constitución", señaló.

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TC declara fundado hábeas corpus de Cerrón

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió a favor del hábeas corpus interpuesto por Vladimir Cerrón y dejó sin efecto la orden de prisión preventiva por 24 meses que afrontaba en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos vinculados al caso Los Dinámicos del Centro.

La decisión fue respaldada por los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse y Hernández Chávez. En cambio, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo y César Ochoa Cardich votaron en contra. En su fallo, el TC concluyó que las resoluciones judiciales que impusieron y ratificaron la medida cautelar no estuvieron debidamente motivadas.

Asimismo, el máximo intérprete de la Constitución precisó que, cuando varían las circunstancias que dieron origen a una prisión preventiva, los jueces deben sustentar de manera suficiente la persistencia del peligro procesal, es decir, el riesgo de fuga del investigado.

"Sin duda pone en riesgo nuestros derechos a la verdad y la justicia, a movilizarnos y expresar con libertad nuestro rechazo a este régimen autoritario. Estamos rechazando esta representación ilegítima de Keiko Fujimori y la consolidación de un proceso que ha significado la captura del Estado peruano", expresó en su intervención.

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En esa misma línea, la extitular de Cultura reafirmó su compromiso y el de las víctimas en la defensa y respeto de los derechos humanos. Asimismo, resaltó que "no es posible una democracia donde se imponga el olvido y la impunidad".

"Keiko Fujimori ha venido gobernando nuestro país en los últimos años; desde el Congreso con mayoría fujimorista o desde el Congreso a través de leyes para arrebatarnos nuestros derechos a la verdad y la justicia para imponer una impunidad que signifique librar de responsabilidad a gente del Estado, policías y militares, que violaron derechos humanos, asesinaron, desaparecieron o violentaron a mujeres en el periodo 1980-2000", lamentó.

La actividad se llevó a cabo en la sede del Colegio de Abogados de Lima, en la que los participantes demandaron sanción para los responsables de las violaciones a los derechos humanos. La conferencia contó con la participación de la activista de derechos humanos, Tania Pariona; la profesora y esposa de Teófilo Rímac Capcha, quien fue detenido y desaparecido en 1986; y los familiares de las víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori y en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y José Jerí.

Víctimas de esterilizaciones forzadas piden justicia

En otro momento, Rosa Lampa Buendía, representante de las víctimas de esterilizaciones forzadas de la dictadura fujimorista, exigió justicia y que se indemnicen los gastos que hicieron luego de haber sido esterilizadas contra su voluntad.

"Me esterilizaron a los 19 años y todavía no he encontrado justicia. Nosotros pedimos lo que hemos gastado en lo que nos han esterilizado, lo que nos han hecho. ¿Cuánta plata hemos gastado hasta vendiendo nuestros animales? Nosotros no pedimos justicia, es por gusto. Hay veces que dice la gente que por gusto están. Recalcó que nosotros hemos denunciado al fiscal de derechos humanos. No hay justicia para nosotros que somos del campo, de comunidades", dijo.

"Sería ilegal cualquier tipo de indulto a Pedro Castillo. Yo espero que eso no vaya a ocurrir. Quien haga eso tendrá responsabilidades legales muy serias", afirmó el presidente del Congreso.

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Como se sabe, la posibilidad de que Castillo salga del penal de Barbadillo mediante una gracia presidencial ha sido objeto de discusión entre distintos actores políticos. Solicitudes para que el exmandatario acceda a esta prerrogativa habrían llegado a la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano encargado de evaluar este tipo de pedidos.

Por su parte, Balcázar no ha descartado la posibilidad de otorgar una gracia presidencial al expresidente. "Está en estudio, no hay nada concreto todavía", señaló Balcázar hace poco más de una semana.

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Keiko Fujimori no descarta un indulto a Pedro Castillo

Pese a que Rospigliosi sostuvo que un indulto a Pedro Castillo sería un acto ilegal por parte del mandatario, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y presidenta electa, no descartó la posibilidad de concederle esta gracia presidencial.

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"Toda solicitud de indulto humanitario tiene que tramitarse de acuerdo con la ley. En nuestro país no habrá ni persecución ni privilegios. Es importante señalar que cualquier pedido de indulto humanitario debe evaluarse respetando la dignidad de la persona y su situación médica. Eventualmente tendrá que conformarse la comisión que analizará los indultos y las gracias presidenciales. Esperamos que esta comisión esté integrada al margen de cualquier tinte político", indicó en su momento la presidenta electa.

Recientemente, el candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, recomendó a la presidenta electa que otorgue la gracia presidencial al exmandatario. Según sostuvo, esta decisión contribuiría a una reconciliación entre los distintos sectores políticos enfrentados.

"Acabo de comunicarme con el presidente JM Balcázar para saludarlo y sugerirle ejecute la gracia a PCT y otorgue el salvoconducto a BChCh", señaló desde su cuenta de X. Además, agregó que "un país sesgado por los odios y arbitrariedades está condenado al caos, que las aguas vuelvan a su cauce", para defender la aprobación de dichas medidas en el escenario político actual.

MINJUS emitirá dictamen sobre el pedido de indulto a Pedro Castillo

José María Balcázar señaló que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) estaría emitiendo el informe técnico sobre el pedido de indulto al expresidente Castillo en las próximas horas.

El mandatario detalló que el informe se encuentra en desarrollo y que su pronunciamiento dependerá del resultado de la evaluación legal.

"El Ministerio de Justicia está trabajando el dictamen correspondiente al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo [...] yo creo que entre mañana o pasado seguramente emitirán el dictamen que corresponde y a partir de ahí podemos conversar sobre este tema", declaró en entrevista con Exitosa.

No obstante, Balcázar indicó que hasta el momento no existe una postura definida sobre la liberación del exmandatario.

La ley también dispone que los jueces de la jurisdicción ordinaria archiven las investigaciones cuando verifiquen que los mismos hechos ya son objeto de investigación en la jurisdicción militar-policial.

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Asesinato de niño de 8 años en Huacho quedaría impune

Las disposiciones de la ley podrían alcanzar la investigación que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura sigue contra el suboficial de la PNP Luis Nazario, quien es investigado por la muerte de un niño de ocho años durante una intervención policial ocurrida el último fin de semana en Huacho.

De acuerdo con la tesis fiscal, el agente del Escuadrón de Emergencia de Huacho habría disparado con su arma de reglamento durante un operativo realizado en la avenida Mercedes Indacochea. En ese momento, el menor viajaba junto a su madre como pasajero de una mototaxi.

El Ministerio Público sostiene que el uso del arma de fuego habría sido desproporcionado, ya que no existiría una situación de riesgo real que justificara el disparo. Como parte de las diligencias, la Fiscalía ordenó la incautación del arma y del efectivo, la realización de pericias balísticas y la recopilación de las grabaciones de video registradas durante la intervención.

"Fue innecesario sacar su arma. Nosotros no éramos una banda criminal, no teníamos armas, éramos mujeres", declaró la madre del menor a La República.

Las agresiones contra abogado en comisaría de Puno quedarían sin justicia

El pasado 29 de junio, el abogado Danilo Vargas Ccoya acudió a la comisaría de Melgar-Ayaviri, en Puno, para denunciar que un tráiler había impactado contra su vivienda. Sin embargo, tras presentar la denuncia, fue intervenido y agredido por efectivos de la PNP dentro de la dependencia policial. Además, permaneció detenido desde ese día hasta la noche del 1 de julio por el presunto delito de resistencia a la autoridad.

Los agentes señalados como presuntos responsables son los suboficiales César Vilca Palomino, Jacop Carrasco Carpio y Edson Franco Tagle. La defensa del abogado centra sus cuestionamientos en este último, quien declaró que Vargas Ccoya llegó a la comisaría con lesiones y ensangrentado, versión que, según sostiene, es falsa.

"Él ha estado bien. Llegó a la comisaría en moto lineal. Vino por una denuncia y sale detenido y, sobre todo, agredido. Ni siquiera agredido… torturado, esa es la palabra. Está irreconocible. Las lesiones son muy graves e, incluso, el médico legista ha ordenado exámenes complementarios", precisó la defensa de Vargas Ccoya.

A raíz de estos hechos, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Puno abrió diligencias preliminares para investigar a los presuntos responsables por el delito de tortura.

La masacre de Colcabamba

La masacre de Colcabamba ocurrió durante la madrugada del 25 de abril de 2026, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica). Una patrulla del Ejército abrió fuego contra una camioneta en la que se desplazaban ocho jóvenes. Como consecuencia, cinco de ellos murieron y otros tres resultaron heridos de bala.

En un primer momento, las Fuerzas Armadas sostuvieron que los militares habían repelido un ataque de presuntos narcotraficantes durante un operativo antidrogas. Sin embargo, la investigación de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín descartó esa versión al concluir que nunca existió un enfrentamiento armado.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los militares realizaron un ataque unidireccional con fusiles de asalto contra la camioneta, pese a que no enfrentaban una amenaza real, letal o inminente. Las pericias también establecieron que en el vehículo no se hallaron armas de fuego.

El informe fiscal detalla que el conductor, Nilson Montenegro Valencia, recibió 51 impactos de proyectil, mientras que Cristian Vilcatoma Águila, quien viajaba en el asiento del copiloto, presentó 16. Wilder Romero Sevipaucar recibió 12 disparos; William Soto Núñez, quien iba en la tolva, ocho; y Jaime Bendezú Paraguay, tres.

Militares habrían abusado de dos adolescentes

El Consejo de Mujeres Awajún, Wampis, Umukai Yawi (Comuawuy) denunció que presuntos integrantes del Ejército habrían ingresado de manera violenta a la residencia estudiantil Ciro Alegría, en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), donde dos adolescentes habrían sido víctimas de tocamientos indebidos.

En declaraciones a RPP Noticias, la presidenta de Comuawuy, Rosemary Pioc, señaló que el hecho habría ocurrido durante la noche del 20 de julio, mientras las estudiantes dormían en la residencia, ubicada cerca de un campamento militar que lleva el mismo nombre. De acuerdo con la denuncia, los efectivos habrían irrumpido en las instalaciones sin autorización y sin una justificación aparente, para luego presuntamente cometer los actos denunciados.

Tras los hechos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condenó con firmeza la violencia sexual que habrían realizado los militares y afirmó que los sucesos "constituyen una grave vulneración de los derechos humanos".

Asimismo, informó que el Centro Emergencia Mujer y Familia de Condorcanqui se encuentra en la comunidad de Ciro Alegría para orientar a los padres de las víctimas y explicarles la importancia de participar en las diligencias, como la cámara Gesell.

"Exhortamos a una investigación célere para sancionar a los responsables y tener en cuenta el principio del interés superior del niño. Ningún acto de violencia contra niñas y adolescentes puede quedar impune", comunicó.

"Hemos conversado sobre temas que ella tiene que ver: fronteras, el tema de los penales para que no nos sigan extorsionando. (…) He venido como representante de mi partido, Unidad y Paz, a saludar a la presidenta electa y desearle los mejores éxitos", indicó el excandidato presidencial.

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Chiabra negó haber planteado la posibilidad de integrar un eventual gabinete ministerial del próximo gobierno fujimorista. Sin embargo, evitó responder si aceptaría un cargo en caso de ser convocado.

La reunión fue difundida a través de la cuenta de X (antes Twitter) de la Oficina de la Presidenta Electa. Chiabra no es el primer excandidato presidencial en reunirse con Fujimori. Anteriormente también lo hicieron Jorge Nieto (Buen Gobierno), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), entre otros.

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Chiabra, en contra de un indulto a Pedro Castillo

A su salida de la reunión, Chiabra expresó su rechazo a la posibilidad de que el presidente José María Balcázar otorgue un indulto a Pedro Castillo. Como se recuerda, el exmandatario fue condenado luego de que el Poder Judicial determinara que cometió el delito de conspiración por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

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"¿Reconciliación con quién? Con una persona que ha querido dar un golpe de Estado. Estamos comparando un delito de golpe de Estado con un robo de celulares. Si hubiera tenido éxito, no estaríamos acá. Hay que dejar claro que con un golpe de Estado no se puede jugar. Si quieren jugar a tiranos, no va", afirmó.

Chiabra también se pronunció sobre la anulación de la orden de captura contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre: "Tenemos que aprender a respetar la justicia. Si el Tribunal Constitucional ha dicho que eso tiene que ser así...", apuntó.

En el video captado por La República se observa a la abogada de Keiko Fujimori conversa entre sonrisas y de forma amena con los fiscales supremos, rodeados de otras autoridades del sistema judicial.

Sin embargo, en un momento se observa a Loza que con su mano derecha les hace el gesto de cerrar la boca, mientras sus interlocutores siguen sonriendo.

Los periodistas de La República no pudieron captar de qué tema estaban hablando. Si ellos les decía que no podía hablar por secreto profesional o que ellos eran los que debían mantener la boca cerrada.

Loza, además de abogada de la presidenta electa, es parte del equipo de cambio de gobierno.

Críticas

Al respecto, el exprocurador de anticorrupción, Julio Arbizu, dijo que “no es ético” que un fiscal de la Nación tenga contacto con personas que ejercen o están próximas a ejercer el poder político.

En su opinión, precisó que Gálvez debe mantenerse al margen de la actividad política y preservar una distancia que garantice la imparcialidad.

“La actitud de Gálvez se condice con su forma de ejercer su carrera en el Ministerio Público”, apuntó.

Por su parte, el abogado Carlos Rivera, coincidió con Arbizú que no es ético la complicidad entre Gálvez y Loza. “No es normal la conducta de Gálvez (…) No guarda la compostura del alto cargo que tiene”.

En la ceremonia, junto a la abogada de Keiko Fujimori y Tomás Gálvez, también se encontraba la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Designación de Benavides en la AMAG y en Fiscalías de Flagrancia

La presencia de Benavides en la ceremonia institucional ocurre tras su reciente retorno a cargos de alta relevancia en el sistema de justicia.

El pasado 8 de julio, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, designó a la exfiscal de la Nación como coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Flagrancia y, a su vez, como representante del Ministerio Público ante el Consejo Directivo de la AMAG.

Ambas resoluciones se emitieron luego de que se dispusiera el archivo de la investigación en contra de Benavides por presunta organización criminal.

Discurso de Balcázar sobre la independencia del Poder Judicial

El evento contó con la participación del jefe de Estado José María Balcázar, autoridades del sistema de justicia, representantes del ámbito político y el presidente de la AMAG, Víctor Hugo Chanduví.

Durante la ceremonia, Balcázar brindó un discurso en el que se refirió al estado de la administración de justicia en el país.

"No vamos a tener una independencia por ahora del Poder Judicial (...) porque se requiere para eso construir una democracia de verdad, una democracia que plante sus instituciones fundamentales de tal manera que haya pesos y contrapesos y no haya el dominio de uno sobre el otro. Que eso nos falta mucho", declaró Balcázar.

Aniversario de la Academia de la Magistratura (AMAG)

Durante el evento institucional, el jefe del Archivo General de la Nación (AGN), Jorge Ortiz Sotelo, anunció la declaratoria del Acta de Instalación de la institución (de 1994) como Patrimonio Cultural de la Nación, una medida oficializada mediante resolución viceministerial el pasado 30 de junio.

"Con esta declaratoria no solo protegemos un papel histórico, sino que hacemos visible para toda la ciudadanía un testimonio monumental de enorme relevancia para nuestra historia jurídica y nuestra memoria colectiva", indicó Ortiz.

Expectativas por un eventual indulto para Pedro Castillo

Respecto a la situación del expresidente Pedro Castillo, el abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, señaló que el proceso "sigue su curso" y que desde su sector están atentos a las medidas que pueda adoptar el jefe de Estado en los últimos días de su gestión.

"Esperemos en estos últimos días las evaluaciones que haga el Presidente de la República respecto del derecho de gracia. Creo que va a ser una decisión bastante importante y, si no lo hiciera, sería una gran oportunidad para el gobierno entrante ya que se está enarbolando la bandera de la reconciliación", afirmó Mendoza.

En esa línea, el letrado sostuvo que existen argumentos para revisar la medida privativa de libertad que pesa sobre el exmandatario.

"[Ojalá pueda] acceder finalmente a un derecho de gracia porque se ha demostrado, o se viene demostrando, de que fue de cierta forma arbitraria su detención", agregó.

Asimismo, sobre la postura formal de Juntos por el Perú respecto a este caso y la relación con el entorno del expresidente, Mendoza remarcó que la agrupación política se mantiene a la espera de una resolución:

"Juntos por el Perú se mantiene a la expectativa, está vigilante de la decisión que vaya a tomar el Presidente de la República (...) Me parece que lo han conversado en varias oportunidades y, como digo, hay bastantes expectativas, bastantes esperanzas de que finalmente el Presidente Balcázar en estos últimos días, atendiendo seguramente a un informe en el pedido de gracia que se ha cruzado, pueda finalmente resolver la situación del Presidente".

Con este fallo, el TC anuló los artículos que penalizaban la ayuda solidaria a las marchas y mantuvo las sanciones para los bloqueos violentos de carreteras y los disturbios.

La solidaridad y el apoyo logístico no son delito

El TC dejó sin efecto los artículos 283-A y 315-B del Código Penal, los cuales castigaban como "actos de colaboración" el aporte de dinero, víveres, movilidad o insumos para marchas.

Mediante una sentencia emitida por el Pleno, los magistrados determinaron que estas sanciones vulneraban la Constitución. En el fallo, el tribunal precisó que los actos preparatorios y la ayuda comunitaria a manifestantes forman parte del ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

"La tipificación de conductas de 'colaboración' (...) resulta inconstitucional por vulnerar el principio de legalidad y tipicidad, en la medida en que criminaliza actos preparatorios, de apoyo logístico o de solidaridad que forman parte del libre ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica", señala la sentencia.

La anulación de estos artículos beneficia a quienes fueron investigados en el pasado. Todos los procesos o denuncias abiertas bajo esta norma quedan archivados y sin efecto.

Sanciones para actos violentos se mantienen

En la misma sentencia, el organismo ratificó la constitucionalidad del endurecimiento de penas para los delitos de disturbios y entorpecimiento de servicios públicos.

De esta manera, el TC precisó que la protesta pacífica está plenamente protegida por la Constitución, pero reiteró que las acciones que involucren violencia, destrucción de infraestructura o agresiones no forman parte de este derecho.

"El derecho a la protesta ampara únicamente las manifestaciones pacíficas y sin armas. Los actos que involucran violencia, destrucción de infraestructura pública o privada y la afectación grave de derechos de terceros no se encuentran protegidos por la Constitución".

Con este recurso, la defensa del exmandatario busca anular las decisiones del Poder Judicial que rechazaron archivar su caso y, en consecuencia, ordenar el cierre definitivo del juicio por presunto lavado de activos.

Ante esta situación, los siete magistrados del Pleno del TC declararon procedente la solicitud formulada por el fiscal Juárez Atoche, titular de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

El magistrado solicitó ser incluido bajo la figura de litisconsorte facultativo pasivo tras evidenciar un interés relevante en el resultado del proceso, al ser el fiscal a cargo del caso que busca ser archivado definitivamente.

El pedido de la defensa

La demanda de hábeas corpus planteada por el abogado Edison Huamán Chacón, en representación de Ollanta Humala, pretende dejar sin efecto tres decisiones del Poder Judicial.

La Resolución 37 (del 20 de diciembre de 2019), la Resolución 38 (del 6 de noviembre de 2020) y la sentencia de casación emitida el 20 de diciembre de 2022. Dichos fallos desestimaron en su momento una excepción de improcedencia de acción planteada por el exjefe de Estado. Ahora, mediante la vía constitucional, la defensa insiste en que se declare improcedente la acción penal y se ordene la clausura definitiva del expediente seguido en su contra.

Sustento del TC

Aunque la ley no detalla expresamente que un fiscal pueda intervenir en este tipo de recursos, el Tribunal Constitucional (TC) explicó que sus normas deben adaptarse para garantizar un juicio justo.

Al respecto, el máximo tribunal precisó que, ante la falta de una norma en el Nuevo Código Procesal Constitucional, corresponde aplicar subsidiariamente el Código Procesal Civil.

"Estando a lo expuesto y en aplicación del Artículo III del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional y el artículo 48 del Código Procesal Civil, corresponde incorporar al Ministerio Público como litisconsorte facultativo pasivo, a fin de que don Germán Juárez Atoche en su representación, pueda esgrimir los argumentos que estime pertinentes".

En ese sentido, el TC concluyó que el fiscal Juárez Atoche es un tercero con un interés directo, al advertir que si se aprueba el hábeas corpus, se ordenaría la clausura definitiva del expediente penal y, por ende, dejaría sin efecto la acusación fiscal.

"Lo que se resuelva en esta instancia constitucional, evidentemente, podría tener incidencia en las actuaciones del representante del Ministerio Público", se lee.

La decisión fue adoptada por los siete magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, Luis Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.

La reaparición en la escena de Luis Carranza, anunciado como asesor del gobierno, de Elmer Cuba como posible encargado del MEF y la renovación del mandato de Julio Velarde al frente del BCR, son señales que indican que el aseguramiento del equilibrio fiscal y la administración prudente de las reservas están en el listado de tareas del próximo gobierno. Suma en la misma dirección la rectificación o, si se prefiere, el “ajuste” de la línea de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias en la generación del gasto público que el Congreso jamás debió invadir. 

En la vereda de enfrente, en cuerdas que se pretende mantener separadas, está la insistencia en instalar un “orden” que aún no tiene una forma específica, pero que sugiere su contenido a través de la última arremetida del señor Rospigliosi, que acaba de promulgar, él mismo, la ley que reimplanta la competencia de los tribunales policial y militar sobre casos de violencia con víctimas civiles. El señor Balcázar no observó la ley, pero se negó a promulgarla. Esto sugiere que podría ser el propio gobierno quien demande su inconstitucionalidad, acaso muy pronto, en un contexto en el que no acaba de decidir si liberará o no a Pedro Castillo.

Entre las cuerdas de este lado está la JNJ, empeñada en separar de su cargo a cuanto magistrado contradiga al señor Rospigliosi. La JNJ ha quedado sobreexpuesta al retirar de la judicatura al juez Ordóñez por razones vinculadas a sus opiniones sobre asuntos de relevancia institucional. A esto hay que agregar que ha suspendido a los jueces Chávez Tamariz y Concepción Carhuancho por discrepancias sobre el contenido de algunas de sus decisiones. Y ha anunciado su intención de intervenir una Sala completa de la Corte Suprema por la forma en que resolvieron, hace cuatro años, un asunto vinculado a la imprescriptibilidad del caso sobre esterilizaciones forzadas de los años 90. Todo este paquete de asuntos, al que deben agregarse las inhabilitaciones y la destitución de la señora Espinoza, actual Decana del Colegio de Abogados de Lima, va a llegar al Tribunal Constitucional en el proceso que se inicia en julio. Con el primero que llegue podremos saber si esa capacidad de rectificación o “ajuste” de líneas de jurisprudencia que la mayoría del Tribunal ha mostrado en el caso sobre el gasto público y el parlamento puede ampliarse a otros asuntos que se inscriben más en la vereda propiamente institucional que en la directamente económica.

El Congreso bicameral, en proceso de instalación, enfrenta como primer desafío la conformación de las dos primeras mesas directivas de este ciclo. Las matemáticas de la política anuncian que la tensión de las negociaciones que se ha hecho evidente en estos días no va a bajar, y que los resultados, que se verán en breve, representarán una evidencia clara de la forma específica que adquirirá el escenario político del primer año del nuevo ciclo. Saliendo de esa coyuntura viene otra fundamental: el debate sobre el presupuesto de la República, del que debe resultar un mensaje claro sobre el respaldo con que contarán dos entidades decisivas para el funcionamiento del sistema legal: las fiscalías y el Poder Judicial, acechado permanentemente en el último tramo del periodo de demolición por el señor Rospigliosi. En mayo del 2027 vencerá el mandato de seis de siete magistrados del Tribunal Constitucional. El Senado, que para tomar una decisión en esta materia debe ser capaz de reunir 40 votos, puede optar entre elegir seis reemplazantes o limitarse a elegir solo un número menor, tres por ejemplo, con lo que podría modificar en los hechos el procedimiento de nombramiento para avanzar hacia un régimen de renovaciones parciales.

El régimen que se instala en julio arrastra deudas que no deben ser olvidadas con las víctimas de la represión de las protestas que comenzaron en diciembre de 2022. A ellas es necesario agregar a las familias de Inti y Bryan, Trucko y a los deudos de las violaciones a los derechos humanos de los años 80 y los primeros 90. A ellos es imprescindible agregar ahora a los jóvenes asesinados en Colcabamba, al adolescente muerto en Manchay (imposible suicidarse dentro de una comisaría) y a un niño que acaba de morir en medio de una balacera en Huacho. Pretender que el Estado se puede manejar por cuerdas separadas supone algo tan absurdo como pretender que podemos justificar la riqueza y la crueldad al mismo tiempo, en un entorno en que ambas cuerdas anudan a las personas de manera desigual. 

El modelo de los años 90 falló cuando Alberto Fujimori, en medio de la legitimidad que le dio ser el único presidente que ganó una elección con mayoría absoluta, equivocó la ruta, y en lugar de institucionalizar un país que aún no terminaba de ensamblarse, acabó entregándose a la enorme frivolidad de un orden definido como control vertical sin equilibrio y sin institucionalidad.

La señora Fujimori ganó las elecciones convocadas después de un intenso ciclo de desmontaje institucional. El siguiente movimiento está en sus manos.  

La ANC-PJ le notificó el inicio de una investigación disciplinaria supuestamente por haber confirmado la colaboración eficaz de Martín Belaunde, en el caso Ollanta Humala, sin obtener la ampliación de autorización de extradición ante Bolivia, sobre dicho personaje.

El hecho se remonta a una resolución emitida el 7 de noviembre de 2024 que sigue en trámite. Belaunde fue extraditado de Bolivia el año 2015 por lo que un nuevo proceso en su contra requería un pronunciamiento de la justicia boliviana.

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Sin embargo, el magistrado sostiene que la justicia boliviana consideró que para el año 2024 ya no procedía una ampliación de extradición y que por lo tanto, el Perú era libre de iniciar otros procesos contra dicho empresario.

Concepción Carhuancho considera que la denuncia en contra, en que se ampara la decisión de la ANC-PJ es maliciosa.

En tanto, ayer el Tribunal Constitucional emitió una sentencia, en el proceso a Nicanor Boluarte y el abogado Mateo Castañeda, en la que dispone apartar al referido magistrado de la investigación del caso Los Waykis en la Sombra.

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En este caso, el TC conciuye que Richard Concepcion incurrió en una falta de imparcialidad en el incidente de prisión preventiva por una diapositivas incluidas en una exposición sobre "la corrupción en el sistema de Justicia".

En una de las diapositivas se incluyó la imagen de Boluarte y Castañeda, antes de pronunciarse sobre el pedido de prisión preventiva. El TC dispone que este hecho sea puesto en conocimiento de las autoridades de control.

La sentencia del TC contó con los votos a favor de los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse y Hernández Chávez; mientras que Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo y César Ochoa Cardich emitieron votos en contra.

De esta manera, el fundador de Perú Libre ya no tiene impedimentos para regresar a las calles y poner fin a más de dos años en la clandestinidad.

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Argumentos del TC

El Tribunal Constitucional determinó que los jueces que ordenaron y confirmaron la prisión preventiva no justificaron adecuadamente su decisión.

El TC señala que, cuando las circunstancias que originaron una medida de prisión cambian, los jueces están obligados a explicar detalladamente por qué el peligro procesal (el riesgo de que el investigado escape).

Las víctorias jurídicas en el Tribunal

El TC anuló las dos condenas penales que pesaban sobre Vladimir Cerrón: la primeradejó sin efecto la sentencia de tres años y seis meses por el caso Aeródromo Wanka.

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La segunda en marzo de 2025 en que se anula la condena de cuatro años y ocho meses por el caso La Oroya.

Al respecto, la defensa de Cerrón sostuvo que él pasó a la clandestinidad por protegerse de las condenas en los casos “Aeródromo Wanka” y “La Oroya”. Alegó que, ahora, dichas sentencias fueron posteriormente anuladas por la Corte Suprema y el propio Tribunal Constitucional.

Según la postura del TC, al desaparecer esas condenas que supuestamente “forzaron” a Cerrón a ocultarse, los jueces debieron evaluar si el peligro de fuga había disminuido, algo que no hicieron correctamente.

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Aunque el TC le da la razón a Cerrón en el fondo del caso, la sentencia aclara que no existe un “derecho de resistencia” que permita a un procesado eludir la acción de la justicia únicamente porque considera que una resolución es injusta.

Sin embargo, precisa que no puede utilizarse como prueba de peligro de fuga el hecho de que una persona haya evitado una detención que posteriormente fue declarada nula o indebida.

Medidas

El fallo también ordena que el Poder Judicial emita una nueva resolución. Además, dispone que se dicten medidas alternativas (como reglas de conducta) que aseguren que Cerrón participe en el juicio sin necesidad de estar en prisión.

Al cierre de esta edición, el prófugo Vladimir Cerrón, publicó en sus redes sociales que la decisión del máximo interprete de la constitución es una victoria a la injusticia.

Como se ha indicado, Uyariy es el crudo testimonio de lo que pasó a finales del 2022 e inicios del 2023 en el sur del Perú, cuando miles de personas salieron a las calles a exigir nuevas elecciones tras la llegada de Dina Boluarte al poder.

Lo que vino después durante las represalias de las protestas significa una de las mayores tragedias sociales de los últimos tiempos en nuestro país. Murieron 50 ciudadanos, incluyendo niños y adolescentes, a razón de la represión de las autoridades.

El documental Uyariy aborda este triste episodio, y explora igualmente los antecedentes históricos que han marcado con violencia a varias zonas del sur peruano.

Su actualidad obedece a que el documental transita también con los familiares de las víctimas, quienes ya llevan más de dos años pidiendo que se sancione a los responsables de las muertes de sus familiares. Es por eso que ver Uyariy ya pasa de la sola contemplación cinematográfica; es, en sí, una necesidad moral volver a su historia para precisamente no olvidar. Los mayores atentados que está sufriendo la humanidad en estos tiempos están cayendo rápidamente en el olvido.

“Nosotros queremos que se haga justicia. Queremos decirle a la señora Keiko Fujimori que sin justicia no puede haber reconciliación. Todas las leyes que han sido aprobadas desde el Congreso, como las leyes procrimen y la Ley APCI, se han hecho con apoyo de su bancada Fuerza Popular. Por eso, exigimos que se deroguen esas leyes”, declara Milagros Samillán, miembro de la Asociación de los familiares de las víctimas del 9 de enero, a La República.

Los días 21 y 22 de julio, en las redes sociales de Uyariy, se dejará un link para que pueda ser visto de manera libre durante 48 horas. Y el día lunes 27, al mediodía, se hará una proyección de Uyariy en los multicines UKV de la plaza San Martín. A esta función se unirán los familiares de las víctimas, que llegarán a Lima para seguir reclamando justicia por la tragedia padecida.

"Lo que sucede con Buen Gobierno es que los hemos invitado al diálogo hace bastante tiempo atrás. Dos veces nos han rechazado la invitación. Es lo que tengo entendido de parte del partido, que nos hemos acercado en junio y hace poco", dijo.

En ese sentido, resaltó que percibe a la agrupación de Jorge Nieto como hermética y le sorprendió que se haya reunido con el fujimorismo. "Es un gesto el hecho de que primero busque diálogo con el oficialismo y luego buscarnos a nosotros", anotó.

También mencionó que, hasta el momento, se desconoce cuáles serían los candidatos que Buen Gobierno presentaría para las Mesas Directivas.

"Desde Renovación Popular ya se sabe que Norma Yarrow iría para Diputados y Alejandro Muñante para el Senado, pero en el caso de Buen Gobierno no tenemos ninguna persona. No nos han dicho quién. En ese punto, siento que la conversación con Renovación Popular es mucho más clara porque saben lo que quieren. En cambio, con la otra agrupación somos una incógnita", declaró.

Por ello, considera que si el partido de Nieto quiere iniciar el diálogo, deben tener una propuesta. Considera que Susana Matute, ex candidata a la primera vicepresidencia en la plancha de Buen Gobierno, podría ser un cuadro para el Senado.

"Si Buen Gobierno quiere presidir una Mesa Directiva, debe decirnos quién. La persona es importante. No es lo mismo poner a A o B porque pueden tener cercanía a ciertas ideologías.

A su vez, indicó que es necesario tener una charla con los cinco partidos que integrarán el Congreso Bicameral. "Es inevitable y necesario si aspiramos a tener, al menos, una presidencia porque es fuerte el poder de negociación que tiene el oficialismo. Tenemos que entender la situación en la que estamos", dijo.

Sobre una posible conversación entre Ahora Nación y Fuerza Popular, precisó que para ello se necesitaría que el partido naranja pida perdón a las regiones del sur.

"El Fujimorismo debe entender que no tiene los votos, al menos, para Diputados. Sé que ellos tienen un gran poder de negociación, pero considero que desde ambos lados tenemos que ceder (Oposición y Fujimorismo). Yo entiendo que Renovación Popular no quiere ser oficialista, veremos. Creo que entre los cinco partidos podemos armar un bloque fuerte para la Mesa Directiva", anotó.

Agregó que, desde la izquierda, también deben tomar una decisión. "Debemos entender que o bien impedimos que el Fujimorismo presida una Mesa Directiva o buscamos tener la presidencia de una cámara. Nuestro escenario ideal en Diputados es presidirla o tener miembros en algunas de las comisiones", mencionó.

La negociación no termina

En esa línea, aseguró que las conversaciones en la interna de la coalición OBRAS, Ahora Nación y Juntos por el Perú aún continúan, pues deben establecer "una propuesta fuerte" y definir qué puntos van a negociar con los otros partidos.

También rechazó la intención del fujimorismo de presidir ambas cámaras y evidenció que ninguna de las bancadas está conforme con ello. "A nadie le gusta eso. Ni siquiera a Renovación Popular. Tengo entendido que ellos no van a ceder las dos cámaras, quieren al menos una. En vista de eso, Fuerza Popular podría negociar con ellos", anotó.

Fuerza Popular aún no define si buscará presidir una Mesa Directiva

El vocero de Fuerza Popular, César Revilla, defendió el derecho del partido de presentar candidatos.

A su vez, descartó que si la bancada naranja preside una de las mesas directivas exista una concentración de poder porque se trata de un organismo autónomo. Indicó que el presidente de una Mesa Directiva no es "el jefe directo de los congresistas". "No hay un poder de decisión autoritario. Todo se define de la mano con la Junta de Portavoces. No se puede dejar de escuchar al resto de colegas", dijo.

Y agregó que "no se le puede cortar a nadie la intención de presidir" porque "al final, los acuerdos y los consensos políticos son los que van a definir quién preside y quién no."

"Nosotros aún no tenemos un consenso sobre ello. Hemos tenido las primeras reuniones de bancadas, aún no se ha hablado sobre quién va a ir y si es que vamos a ir a algunas de las Mesas. El único acuerdo que hemos tomado por el momento es que Cecilia Chacón sea nuestro vocero titular y Arturo Alegría nuestro vocero alterno", aseguró.

En lo personal, Revilla estaría de acuerdo con que se proponga a Cecilia Chacón para Diputados, pero resaltó que una de las normas del partido es que las responsabilidades se delimitan, por lo que si ya es vocera no podría presidir también una mesa directiva.

También ve con buenos ojos una eventual candidatura de Miguel Torres al Senado.

La Sala Constitucional concluyó que el habeas corpus presentado en diciembre de 2025 por el ciudadano Mario Chávez era improcedente, debido a que no se había cumplido con el requisito de firmeza, pues cuando se interpuso, la justicia penal ordinaria aún no resolvía el pedido de suspensión de la condena.

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Debido a que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ya adoptó una resolución definitiva sobre el caso, el colegiado precisó que la defensa del exmandatario se encuentra facultada para interponer un nuevo habeas corpus si así lo estima conveniente.

La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de los jueces superiores Luciano Cueva, David Suárez e Iván Cabrera. Por su parte, los magistrados Andrés Tapia y Oswaldo Ordóñez se mostraron a favor de confirmar el fallo inicial de la jueza Rabines, quien había invalidado una decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional que rechazó el pedido de la defensa para que el exmandatario permaneciera en libertad mientras se resolvía la apelación principal.

Por otro lado, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional programó para el próximo jueves 20 de agosto, a las 11.00 a. m., la audiencia virtual en la que se evaluará el recurso que busca anular la sentencia contra Vizcarra.

Condena por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El 26 de noviembre de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional dictó la sentencia. Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión efectiva por el delito de corrupción (cohecho). Además, se le prohíbe ejercer cargos públicos por 9 años y también se le impuso el pago de 730 días multa.

El tribunal determinó que exigió el 2% del contrato a Obrainsa, de más de 80 millones de soles, y los S/1.3 millones para el hospital. Aunque la Fiscalía pidió 15 años, 9 por el hospital y 6 por Lomas de Ilo, los jueces redujeron la pena a 14 años.

"El gobierno pide reconciliación, pero a la vez con esta ley envía la investigación por la muerte de nuestros seres queridos al fuero militar policial, donde dormirá el sueño de los justos y donde además habrá impunidad. Me duele saber que estos, para protegerse, sacan su propia ley. Eso no es democracia. Eso es dictadura. Eso es violación de los derechos humanos. No tendremos ningún diálogo. Nos queda nuevamente salir a las calles", aseguró Mariela Cayo, quien perdió a su esposo Manuel Quilla después de ser torturado por la policía en Lima en el 2023.

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Por su parte, Dominga Hancco, quien perdió a su hija Yamilet Arocutipa (17 años) por impacto de bala en los alrededores del aeropuerto Inca Manco Capac en Juliaca, el 9 de enero del 2023, aseguró que una democracia no puede sustentarse en la impunidad.

"No hay reconciliación sin justicia. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que se sancione a quienes le quitaron la vida a nuestros seres queridos. Esta ley solo revela que quieren enseñar de democracia y derecho a la vida; son los primeros que violan el derecho a la vida de otros. No me voy a cansar de pedir justicia por mi hija, que tenía toda una vida por delante. Pido que los nuevos parlamentarios tomen medidas al respecto", precisó.

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Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno (Fop), aseguró que apoyarán en todo lo que sea necesario a los 18 deudos que en un solo día perdieron a sus seres queridos.

"Lo que nos está diciendo el gobierno de Keiko Fujimori es que va a gobernar igual que su padre. Está pasando lo mismo que ocurrió con el grupo Colina, a cuyos miembros les dieron amnistía. Ahora están en la misma lógica, pero con leyes que les permiten actuar con impunidad. Eso no es democracia. Los nuevos senadores y diputados tienen que trabajar en la derogatoria de la ley de impunidad", precisó.

Wilmer Quiroz Calli, abogado de los deudos, precisó que confía en que los jueces hagan control difuso porque la ley Rospigliosi es inconstitucional. "El Tribunal Constitucional ya definió qué es delito de función y ahora están ampliando los alcances para acentuar mayor impunidad. El proceso estaba avanzado y ahora va camino a la impunidad", precisó.

El anuncio fue comunicado por la representante de las víctimas de las protestas del gobierno de Boluarte, Milagros Samillán, durante una conferencia organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) este martes 21 de julio en la sede del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Samillán se pronunció en contra de Fujimori y afirmó que no conversarán con ella debido a que no la reconocen como presidenta.

"Ella no es presidenta, es la hija de un dictador que violó los derechos humanos y esterilizó mujeres sin su consentimiento. (...) No vamos a sentarnos a conversar con alguien que fue responsable de brindar a Dina Boluarte 7 veces y se hayan archivado las denuncias. Tenemos que decirle que no nos representa, no es nuestra presidenta", expresó.

En otro momento, también intervino la exministra de Cultura y familiar de las víctimas del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, quien calificó la gestión de la hija del exdictador como la continuidad y rearticulación del Ejecutivo para tomar las instituciones del Estado que deben garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y la consolidación de un proyecto autoritario.

"Estamos rechazando esta representación ilegítima de Keiko Fujimori y la consolidación de un proceso que ha significado la captura del Estado peruano", manifestó Ortiz. Luego enfatizó que "no es posible una democracia donde se imponga el olvido y la impunidad".

En esa misma línea, la activista de derechos humanos sostuvo que Fujimori "ha venido gobernando nuestro país en los últimos años" desde el Congreso. En ese sentido, afirmó que las leyes impulsadas desde el Legislativo han buscado arrebatarles el derecho a la verdad y la justicia, para dar impunidad a policías y militares "que violaron derechos humanos, asesinaron, desaparecieron personas o ejercieron violencia sexual contra mujeres durante el periodo 1980-2000".

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Sobre la ley que beneficia a la PNP y militares investigados, Ortiz afirmó: "El fuero militar es una forma de evadir responsabilidad. Hay que pedir que se anule".

Por su parte, Rosa Lampa Buendía, representante de las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista, tomó la palabra durante la conferencia. En su intervención, exigió justicia y reclamó una reparación por los gastos que tuvieron que asumir tras haber sido sometidas a esterilizaciones en contra de su voluntad.

"Me esterilizaron a los 19 años y todavía no he encontrado justicia. Nosotros pedimos lo que hemos gastado en lo que nos han esterilizado, lo que nos han hecho. ¿Cuánta plata hemos gastado hasta vendiendo nuestros animales? Nosotros no pedimos justicia, es por gusto. Hay veces que dice la gente que por gusto están. Recalcó que nosotros hemos denunciado al fiscal de derechos humanos. No hay justicia para nosotros que somos del campo, de comunidades", contó.

Familiares de víctimas en el gobierno de Boluarte se pronuncian

En tanto, Samillán recordó que su hermano Marco Antonio fue asesinado "por cometer el único delito de salvaguardar la vida de nuestros hermanos" en enero de 2023. Asimismo, calificó a Boluarte como un "títere" de Fujimori y rechazó la gestión fujimorista.

"Nosotros, los familiares, decimos que este gobierno no es nuevo, es la continuidad de la impunidad. Nos toman como un número más; los familiares somos familias incompletas que vienen buscando justicia. Aquí se encuentran los familiares de los deudos de los 80, 90 y 2000 que buscan justicia", aseguró.

Samillán lamentó que el fujimorismo los califique como "violentistas" o "comunistas" por exigir justicia por sus deudos. "La justicia para las familias está cada vez más lejos porque, por pedir justicia, te catalogan como rojo o comunista. Acá estamos para decirle a Keiko Fujimori que su gobierno no es legítimo", dijo.

"Estaremos acá para hacerle frente a este gobierno dictador que intenta la impunidad cuando hay prueba suficiente para que los culpables paguen. Los héroes de la democracia son nuestros seres queridos que fueron asesinados. No pedimos conversación con la señora Fujimori, porque sin justicia no hay conciliación".

Padre de Trvko, joven asesinado en el gobierno de José Jerí, se pronuncia

Roger Ruíz, padre del artista Eduardo Ruíz, conocido como 'Trvko' y asesinado durante el gobierno de José Jerí, también participó en la conferencia para exigir justicia. Durante su intervención, recordó que su hijo murió a manos de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y denunció que la investigación fue derivada al fuero común, pese a que, según sostuvo, debería ser asumida por la Fiscalía de Derechos Humanos.

Asimismo, lamentó que el caso se encuentre actualmente bajo la conducción de la fiscal Patricia Benavides.

"El caso de mi hijo duerme el sueño de los justos, no tiene ningún tipo de atención por parte del Estado. Nadie ha venido a verme del Estado. Estoy huérfano del Estado. Estoy solo contra el monstruo, exijo justicia para mi hijo. Mi hijo tenía un proyecto de vida y se lo han truncado", recalcó Ruíz.

El anuncio fue comunicado por la representante de las víctimas de las protestas del gobierno de Boluarte, Milagros Samillán, durante una conferencia organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) este martes 21 de julio en la sede del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Samillán se pronunció en contra de Fujimori y afirmó que no conversarán con ella debido a que no la reconocen como presidenta.

"Ella no es presidenta, es la hija de un dictador que violó los derechos humanos y esterilizó mujeres sin su consentimiento. (...) No vamos a sentarnos a conversar con alguien que fue responsable de brindar a Dina Boluarte 7 veces y se hayan archivado las denuncias. Tenemos que decirle que no nos representa, no es nuestra presidenta", expresó.

En otro momento, también intervino la exministra de Cultura y familiar de las víctimas del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, quien calificó la gestión de la hija del exdictador como la continuidad y rearticulación del Ejecutivo para tomar las instituciones del Estado que deben garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y la consolidación de un proyecto autoritario.

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"Estamos rechazando esta representación ilegítima de Keiko Fujimori y la consolidación de un proceso que ha significado la captura del Estado peruano", manifestó Ortiz. Luego enfatizó que "no es posible una democracia donde se imponga el olvido y la impunidad".

En esa misma línea, la activista de derechos humanos sostuvo que Fujimori "ha venido gobernando nuestro país en los últimos años" desde el Congreso. En ese sentido, afirmó que las leyes impulsadas desde el Legislativo han buscado arrebatarles el derecho a la verdad y la justicia, para dar impunidad a policías y militares "que violaron derechos humanos, asesinaron, desaparecieron personas o ejercieron violencia sexual contra mujeres durante el periodo 1980-2000".

Sobre la ley que beneficia a la PNP y militares investigados, Ortiz afirmó: "El fuero militar es una forma de evadir responsabilidad. Hay que pedir que se anule".

Por su parte, Rosa Lampa Buendía, representante de las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista, tomó la palabra durante la conferencia. En su intervención, exigió justicia y reclamó una reparación por los gastos que tuvieron que asumir tras haber sido sometidas a esterilizaciones en contra de su voluntad.

"Me esterilizaron a los 19 años y todavía no he encontrado justicia. Nosotros pedimos lo que hemos gastado en lo que nos han esterilizado, lo que nos han hecho. ¿Cuánta plata hemos gastado hasta vendiendo nuestros animales? Nosotros no pedimos justicia, es por gusto. Hay veces que dice la gente que por gusto están. Recalcó que nosotros hemos denunciado al fiscal de derechos humanos. No hay justicia para nosotros que somos del campo, de comunidades", contó.

Familiares de víctimas en el gobierno de Boluarte se pronuncian

En tanto, Samillán recordó que su hermano Marco Antonio fue asesinado "por cometer el único delito de salvaguardar la vida de nuestros hermanos" en enero de 2023. Asimismo, calificó a Boluarte como un "títere" de Fujimori y rechazó la gestión fujimorista.

"Nosotros, los familiares, decimos que este gobierno no es nuevo, es la continuidad de la impunidad. Nos toman como un número más; los familiares somos familias incompletas que vienen buscando justicia. Aquí se encuentran los familiares de los deudos de los 80, 90 y 2000 que buscan justicia", aseguró.

Samillán lamentó que el fujimorismo los califique como "violentistas" o "comunistas" por exigir justicia por sus deudos. "La justicia para las familias está cada vez más lejos porque, por pedir justicia, te catalogan como rojo o comunista. Acá estamos para decirle a Keiko Fujimori que su gobierno no es legítimo", dijo.

"Estaremos acá para hacerle frente a este gobierno dictador que intenta la impunidad cuando hay prueba suficiente para que los culpables paguen. Los héroes de la democracia son nuestros seres queridos que fueron asesinados. No pedimos conversación con la señora Fujimori, porque sin justicia no hay conciliación".

Padre de Trvko, joven asesinado en el gobierno de José Jerí, se pronuncia

Roger Ruíz, padre del artista Eduardo Ruíz, conocido como 'Trvko' y asesinado durante el gobierno de José Jerí, también participó en la conferencia para exigir justicia. Durante su intervención, recordó que su hijo murió a manos de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y denunció que la investigación fue derivada al fuero común, pese a que, según sostuvo, debería ser asumida por la Fiscalía de Derechos Humanos.

Asimismo, lamentó que el caso se encuentre actualmente bajo la conducción de la fiscal Patricia Benavides.

"El caso de mi hijo duerme el sueño de los justos, no tiene ningún tipo de atención por parte del Estado. Nadie ha venido a verme del Estado. Estoy huérfano del Estado. Estoy solo contra el monstruo, exijo justicia para mi hijo. Mi hijo tenía un proyecto de vida y se lo han truncado", recalcó Ruíz.

Jimmy Moreno Romero y Jorge Cano Jiménez no se conocen, pero tienen varios puntos clave en común: ambos son acusados de integrar bandas criminales del narcotráfico, dominaron y controlaron la venta de drogas al extranjero, son colombianos y llegaron a Perú donde terminaron detenidos. Uno en Lima y el otro en Ucayali.

El 'vecino colombiano' no hablaba como mafioso, no se vestía como mafioso, no se comportaba como mafioso, pero Jimmy Moreno sí era un mafioso.

El 'vecino colombiano', Jimmy Moreno, de 45 años, no vestía marcas europeas ni conducía coches de alta gama. Vivía al lado de un docente universitario, de un arquitecto y de un exoficial del Ejército en un barrio de clase media alta del distrito de San Miguel. 

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“Es la nueva generación de narcos colombianos que no tiene nada que ver con el estereotipo que encarnaron como nadie los traficantes de alto vuelo de ese país que llegaron a Perú a mediados de los 80”, asegura un experimentado agente antinarcóticos de la Dirandro.

Fuera de los radares

“Es gente mucho más formada que la que fundó el negocio hace más de cuatro décadas, capaz de moverse con facilidad entre las clases altas y pasar por debajo del radar de la Policía con asombrosa habilidad”, añade.

¿El secreto? Bajo perfil, solvencia en el mundo financiero, poca o ninguna excentricidad y, fundamentalmente, creer ciegamente en que el dinero puede persuadir más que el plomo de las balas.

Jimmy Moreno Romero actuaba con un perfil muy bajo en contraste con su condición de transportista y acondicionador. En mayo de este año,  alquiló un inmueble en la avenida Costanera 980, San Miguel, donde, finalmente, fue arrestado la noche del 18 de junio.

El director de la Dirección Antidrogas (Dirandro), general Leiby Huamán Daza, explica que transportaba droga bajo dos modalidades: captando a jóvenes como burriers; y mediante envíos por encomiendas. Además, arrendó el inmueble con vista al mar por la cercanía con el aeropuerto  Jorge Chávez.

Cuando los detectives antinarcóticos incursionaron en el departamento 102 B, le encontraron cocaína de alta pureza valorizada en más de 100 mil dólares.

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“Aparentaba ser un turista para acercarse a personas interesadas en obtener dinero fácil y reclutarlas para transportar la droga. Paralelamente, mantenía constantes coordinaciones relacionadas con la compra y recepción de cargamentos que venían del Vraem (valle de los ríos, Apurímac, Ene y Mantaro)”, indicó el jefe antidrogas.

El caso 'Jerónimo Aljuve'

Tres días después de la captura de Jimmy Moreno, agentes de Los Halcones también atraparon en Yarinacocha (Pucallpa) a Jorge Cano Jiménez (46), otro ciudadano colombiano con antecedentes por narcotráfico internacional y presuntos nexos con el Cártel de Tijuana.

Jorge Cano, quien registra como antecedente haber sido sentenciado por el acopio de 1.700 kilos de cocaína, fue intervenido el 21 de junio  de este año junto a los ciudadanos venezolanos Luis Ovalles Ruiz y Steven Naranjo Medina. Estos juran ser inocentes. En el vehículo en el que se movilizaba Cano los agentes encontraron una pistola reportada como perdida desde 2025.

Las autoridades indicaron que el colombiano Cano fue parte de una investigación desarrollada a inicios de la década del 2000, cuando las fuerzas antidrogas desarticularon una red dedicada al envío de cargamentos de cocaína con destino a México.

Una presencia de importancia

Cano también es señalado como presunto exintegrante y exjefe del Frente 56 de las FARC, una organización terrorista con antecedentes de haber participado en actividades del narcotráfico.

A sus 46 años, Jorge Cano purga  prisión preventiva. Según los investigadores, Cano sería  'Jerónimo Aljure', nombre vinculado a las FARC. Esta organización se acogió a un acuerdo de paz del Estado colombiano en 2016, pero un sector no aceptó los términos y continuó con la lucha armada. Los grupos disidentes del Putumayo se relacionaron con el narcotráfico y se ha reportado su presencia en la frontera con el Perú.

De corroborarse la identidad asociada a 'Jerónimo Aljure', el caso podría adquirir una dimensión internacional por los presuntos vínculos  de Jorge Cano con estructuras criminales transnacionales.

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En Perú, los colombianos son una parte significativa de la población carcelaria extranjera. Después de los venezolanos, son la segunda mayoría. Gran parte está vinculada a procesos por pertenencia al crimen organizado.

El 6% de la población penitenciaria está integrada por internos de distintas nacionalidades. Hasta abril había 6.154 presos extranjeros en cárceles peruanas. De ellos, 4.603 son venezolanos, 828 son colombianos, 181 de Ecuador, 78 de Bolivia, 69 de México, 68 de Argentina, 61 de Brasil, 36 de Chile, 19 de República Dominicana, 18 de España y 121 de otros países.

El 39% de los presos extranjeros enfrentan acusaciones por delitos patrimoniales relacionados con el robo y el hurto.

El 20% está detenido por el delito de tráfico ilícito de drogas y, en general, en la modalidad de transporte ilícito de estupefacientes que provienen de organizaciones criminales internacionales.

Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno anunciaron que acordaron que los integrantes de sus bancadas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, renuncien a este beneficio.

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"Hemos tomado la decisión de que a los senadores electos por Lima Metropolitana no les corresponde. Es algo que puede regularse en el futuro", señaló la congresista. Sus declaraciones fueron respaldadas por su compañero de bancada, Luis Quispe Candia, quien calificó la decisión de "sensata" y sostuvo que rechazar esta gratificación cuando se es natural de Lima o Callao queda "a conciencia de cada partido".

Ahora Nación también adoptó esta decisión. A través de un oficio enviado a la Oficialía Mayor del Congreso, los diputados y senadores de la agrupación que residen en Lima renunciaron al bono de instalación. Los legisladores argumentaron que esta medida responde a su "compromiso con los principios de austeridad, transparencia y uso eficiente de los recursos públicos".

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La carta emitida por los diputados electos por Lima Metropolitana lleva las firmas de Harvey Colchado, Indira Huilca, Ángel Meneses y Bernardino Jair Manrique. En tanto, la segunda misiva, correspondiente a los senadores electos, fue suscrita por Alfonso López Chau, Jaime Delgado, Ruth Luque Ibarra y Mirtha Vásquez.

Entre Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno, 12 diputados y 10 senadores dejarían de percibir este monto.

Bloque de derecha también renuncia a este beneficio

Sin embargo, esta iniciativa no proviene únicamente del centro o de la oposición. El bloque de derecha —integrado por Renovación Popular y Fuerza Popular— también anunció que sus congresistas reelectos o elegidos por Lima y Callao no recibirán el bono de instalación de S/15.600. En el caso de Renovación Popular, señalaron que la decisión está en consonancia con su pedido de "transparencia y eficiencia".

"Esta asignación tiene como finalidad cubrir los costos que asumen quienes deben trasladarse e instalarse en la capital para ejercer la función parlamentaria por primera vez. (...) Corresponde administrar los recursos públicos con responsabilidad", señalaron.

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Por su parte, Fuerza Popular sostuvo que la decisión responde a su compromiso con la austeridad y el respeto a todos los peruanos.

Este bloque sumaría 17 senadores y 24 diputados que no percibirían el beneficio.

Obras y Juntos por el Perú podrían sumarse

De esta manera, solo quedarían dos bancadas por definir su posición: Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras.

Jaime Quito, congresista del periodo 2021-2026 y senador electo por la agrupación liderada por Roberto Sánchez, señaló que no tendría ningún inconveniente en renunciar al bono de instalación. No obstante, precisó que los integrantes de las futuras bancadas del partido debatirán internamente si adoptan una decisión conjunta.

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"No puedo hablar en nombre de todos. Eso tendrá que verse en el espacio pertinente. Pero por mi parte no tengo ningún inconveniente. Creo que es importante abordar estos temas, en el sentido de que la austeridad es fundamental. La austeridad tiene que reflejarse tanto en el Congreso como en el Ejecutivo para resolver los problemas del Perú", indicó el senador electo.

Por su parte, el Partido Cívico Obras aún no ha fijado una posición sobre este tema. De sumarse ambas bancadas a la medida, otros cinco diputados y cinco senadores optarían por no recibir el bono de instalación.

De acuerdo con el documento oficial, las actividades de ese día se dividieron en dos turnos. El primer acto será la juramentación e incorporación de los senadores electos, la cual se realizará a las 11.00 a. m. en el Hemiciclo del Senado. Por la tarde, a las 4.00 p. m., corresponderá la juramentación e incorporación de los diputados electos en el Hemiciclo correspondiente.

Asimismo, la agenda parlamentaria continuará el domingo 26 de julio con la elección de las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, proceso que se realizará en la sede del Palacio Legislativo.

La convocatoria se emitió conforme al Reglamento del Congreso de la República del Perú y lleva la firma del presidente de la Junta Preparatoria, Miguel Ángel Torres, junto a los parlamentarios Cecilia Chacón, Fernando Rospigliosi, Luis Quispe, Alejandro Muñante y Romina Uribe.

Proceso de elección de la Mesa Directiva de la Cámara Alta

La elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027 se realizará también este 26 de julio.

Tras la juramentación previa de los diputados y la presentación de listas de candidatos hasta el sábado 25 de julio, el proceso se iniciará con la designación de dos diputados encargados de supervisar el voto secreto.

Durante la sesión, los diputados votarán por llamado en orden alfabético. Ganará la lista que alcance la mitad más uno de los votos de los presentes; en caso contrario, las dos fórmulas con mayor respaldo irán a un balotaje.

Una vez proclamados, los electos jurarán ante la Junta Preparatoria y asumirán de inmediato sus funciones.

Finalmente, la Mesa Directiva oficializará el resultado ante la presidenta, los titulares de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del JNE, al fiscal de la Nación, al defensor del pueblo, a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales del país.

Posteriormente, el presidente de la Cámara de Diputados la declara constituida para el periodo 2026-2031 y cita a la sesión de instalación para el 27 de julio de 2026.

Proceso de elección de la Mesa Directiva de la Cámara Alta

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, en la elección de la Mesa Directiva del Senado convocada también para este domingo 26 de julio solo podrán participar los senadores debidamente acreditados, registrados y juramentados.

Las bancadas parlamentarias presentarán sus listas de candidatos para la presidencia y las tres vicepresidencias entre el viernes 24 y el sábado 25 de julio, día en que la Oficialía Mayor publicará las opciones en el portal institucional.

La jornada electoral se iniciará con la designación de dos senadores para supervisar la votación secreta. Los parlamentarios votarán en orden alfabético y resultará ganadora la lista que obtenga la mitad más uno de los votos de los asistentes; de no alcanzarse dicha cifra, se realizará una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas.

Las autoridades electas asumirán sus cargos tras jurar en el acto. El nuevo presidente del Senado jurará ante la Junta Preparatoria y luego tomará juramento a su directiva.

El resultado, al igual que en el caso de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, será comunicado de manera oficial y se convocará a la sesión de instalación para el 27 de julio.