-'El curso de la justicia' no es un libro únicamente para especialistas.

-Mi libro pretende dar una visión global sobre lo que todos debemos saber del sistema de justicia y la administración de justicia. Y tiene un punto de vista, que es el mío, el del autor. Ese punto de vista no es subjetivo. Yo, durante 30 años o más, he trabajado desde la sociedad civil temas de justicia. Y, además, he enseñado en ámbitos muy diferentes, como en la universidad, pero también a periodistas y policías, por ejemplo. Entonces, me baso también en esa experiencia y siempre sobre la base de ejemplos de la vida real. Yo trato sobre el Poder Judicial, la Corte Suprema, y pongo ejemplos y evalúo por lo que ha pasado históricamente en el Perú, o lo que está pasando hasta el momento que escribí el libro.

-De lo último que dices, se colige que hay muchos temas candentes que hablar.

-Siempre que enseño un curso, sea en la universidad o porque me convocan de un sector determinado, lo hago en base a la actualidad. Por ejemplo, si enseñara ahora el Ministerio Público, voy a explicar cómo se está tomando o se ha tomado la Fiscalía por el pacto del Congreso. En segundo lugar, cómo ahora la Junta de Fiscales Supremos es integrada por todos los fiscales que habían sido destituidos. Entonces, es una manera de ver la justicia en funcionamiento, porque si no, imagínense, uno enseña solamente lo que dice la Constitución. Siempre me baso en los ejemplos, y no solo de Perú, sino también de otras partes. Por ejemplo, yo menciono todo el tiempo lo que está pasando con Trump y cómo los jueces están poniéndole un pare a Trump.

-En el libro hay claridad de discurso. Pero cuando se nos habla de justicia, como que hay un oscurantismo discursivo. Como si a propósito se hablara en código para que la gente no entienda.

-Totalmente de acuerdo. Justamente, también yo trato que, con esta publicación virtual, 'El curso de la justicia', más gente pueda entender el mundo de la justicia. Es decir, los que ya saben puedan profundizar y los que no saben, que son la mayoría, puedan entender lo esencial. Siempre se trata de presentar la justicia como algo muy técnico, muy aburrido, muy difícil. Lo que pasa es que hay un objetivo de que la gente no pueda opinar sobre la justicia porque de esa manera no puedes fiscalizar, no puedes defender lo positivo y criticar lo negativo. Y ahora, además, estamos en una época terrible porque es la época de absoluta desinformación en los temas de justicia.

-En este escenario, el Tribunal Constitucional se ha vuelto intocable. ¿Eso es verdad o es una patraña?

-Se quiere hacer creer que lo que dice el Tribunal Constitucional es la última palabra. Eso es mentira. ¿Quién resuelve los amparos y los habeas corpus en las dos primeras instancias? El Poder Judicial. ¿Quién puede no aplicar una ley porque es inconstitucional? El Poder Judicial. Entonces, es muy importante que la gente sepa eso, que un Tribunal Constitucional que da una sentencia completamente contraria a la Constitución o a los convenios internacionales está excediendo totalmente de manera inequívoca sus funciones.

-Pero muchos medios de comunicación justifican las sentencias horrorosas del TC.

-Esos medios invitan a supuestos juristas que se presentan como académicos, pero en realidad son los abogados de los casos. Dicen que está bien la sentencia cuando no es cierto. Y por eso es que no quieren, por ejemplo, que jueces, fiscales como Domingo Pérez salgan en los medios de comunicación, porque rompen ese monopolio que normalmente tiene la gente que va a opinar solamente en un sentido, salvo evidentemente excepciones de medios de comunicación como La República.

-En este escenario, el Congreso es un elemento clave. Da las normas. ¿Qué opinas de este Congreso?

-El Congreso, siendo un poder del Estado, es parte del sistema de justicia en el sentido de que tiene una serie de funciones que se relacionan directamente con el sistema y la administración de justicia. Tú lo acabas de decir: da las normas que tienen que aplicar jueces, fiscales, abogados, procuradores a la hora de resolver los casos. Pero no solamente da las leyes, sino que, por ejemplo, nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, nombra al defensor del pueblo, al contralor. Este tema lo abordo en mi libro. Este Congreso lo que ha hecho es contribuir a capturar la mayoría de organismos que son parte del sistema de justicia.

-Capturar suena delincuencial.

-Han capturado el TC al punto que ahora todo el tiempo dan sentencias que les conviene, sentencias que son aberrantes, que son contra las leyes, leyes que ha dado el Congreso incluso. Hay hasta un caso que yo pongo que es el colmo. Los mismos miembros del Congreso que votaron a favor de una norma ponen una acción de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para que el TC se pronuncie a favor de la ley y de esa manera la constitucionalice. Entonces, por supuesto, veamos lo del defensor del pueblo. El Poder Judicial, en un amparo interpuesto por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo, dice que hay que parar este nombramiento del defensor del pueblo, no hay buenos candidatos, no se está cumpliendo con la meritocracia. Sin embargo, el TC le enmendó la plana y tenemos ahora este defensor del pueblo que más bien juega a favor de los Urresti, juega a favor de todas estas normas denominadas leyes procrimen. Todo el sistema interamericano está totalmente en contra de la sentencia del TC a favor de Urresti. Se han saltado todas las normas.

-¿Se está dando algún tipo de batalla ante esta situación?

-Hay muchos jueces y fiscales que están dando la batalla a favor de la institucionalidad democrática a través de pronunciamientos, a través de amparos ante incumplimiento de leyes y a través de su buen trabajo. Es la primera vez que tenemos un grupo de fiscales y de jueces que han decidido hacer cumplir la ley; no me importa que sean presidentes de la República. Acuérdate del Club de la Construcción. Todas las empresas del Club de la Construcción dijeron somos inocentes, totalmente inocentes. Y después se acogieron a la colaboración eficaz, cuyo primer requisito es reconocer que han cometido un delito. Por eso es que hay tanto abogado que se enriquece con estos casos y que sale a los medios de comunicación a atacar a los fiscales que investigan. No se tiene la transparencia de decir yo estoy llevando estos casos. No tiene nada de malo hacerlo, pero no son transparentes.

-La figura presidencial, específicamente con este Congreso, ha estado muy manoseada.

-El Congreso y el TC juegan en pared. El Congreso ha dado leyes por las cuales es muy fácil una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Prácticamente ha dado una ley que dice que basta con que tenga el número de votos suficiente. Y el TC ha dicho que está bien; pudiendo haberla declarado inconstitucional, no la ha declarado inconstitucional. Este juego de poder de vacar a cualquiera en cualquier momento obedece a medidas que se han dado con este Congreso, con este TC y con estos gobiernos, es decir, desde Boluarte. Tenemos presidentes nombrados por el Congreso. Yo tengo la esperanza de que esto sea modificado; estoy pensando en las leyes procrimen. También tengo la esperanza de que este domingo la población reaccione y diga la famosa frase “por estos no”, que son casi todos los candidatos del Congreso. Hay gente con trayectoria de sinvergüenzas, de violadores de derechos humanos, con fama de incapaces y que tienen investigaciones. El panorama no deja de ser difícil porque han dado muchas normas y muchas condiciones para poder manipular las elecciones y para poder, si pierden, nuevamente pretender gritar fraude.

-Hemos hablado de varias atrocidades. ¿Cuál le fastidia más?

-Son muchas, pero me parece increíble que, habiendo 50 muertes de las protestas del 2022 y 2023, la justicia y el Congreso hayan archivado ese caso. No pueden quedarse 50 muertos en el aire, como si no hubiera pasado nada.

-Una de las críticas recurrentes a los fiscales Vela y Pérez era que ellos no eran objetivos en sus acusaciones.

Decían que estos fiscales lo que quieren es que Vizcarra se quede en el poder y por eso quieren anular a todos los candidatos. Sin embargo, después también han acusado a Vizcarra. Ellos han acusado a gente de todos los sectores, como Susana Villarán, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, PPK. Lamentablemente, estamos viviendo épocas donde ya podemos adelantar que los siguientes presidentes también van a ser investigados por la Fiscalía, por las cosas que ya sabemos. Los fiscales y los jueces han decidido que ahora todos somos iguales ante la justicia. De Vela y Pérez se dicen muchas cosas, y claro, tengo críticas a lo que han hecho, pero los hechos están ahí. Han investigado a todos.

-¿Por qué se les critica tanto?

Han investigado a gente de muchísimo poder del ámbito político y empresarial. No es casualidad que los ataques vengan de los medios de comunicación con los que están vinculados muchos de los investigados. No ha habido una mirada fría con la labor que han hecho.

-¿Qué pasó en el caso de Keiko Fujimori?

-El gran problema fue abordar muchos casos. No se tenían los recursos para investigar a muchísimas personas. Lo que no se dice es que sus acusaciones también tenían respaldo. No es extraño que este equipo de fiscales haya sido desactivado. ¿Quién se beneficia con esa desactivación? Eso ya es muy revelador. En este país, enfrentarse a la corrupción es un choque directo contra los grandes intereses económicos. Mi balance sobre ellos es absolutamente positivo. He hecho un seguimiento de los casos que han abordado y mi impresión, como te dije, es muy positiva. En las prisiones preventivas contra Keiko Fujimori, estas fueron avaladas por más de una instancia del sistema judicial. Keiko y su defensa legal reconocieron todos los hechos, que habían recibido 4 millones de Dionisio Romero, por ejemplo.

-¿Y sobre Pedro Castillo?

-Soy muy crítico de su gobierno, pero él fue elegido presidente. Los que vinieron después los puso el Congreso.

-Ahora Pérez es abogado de Castillo.

-Gravísimo error de parte de él, porque Castillo dio un golpe de Estado, y está siendo investigado por contundentes casos de corrupción. Él mismo ha tirado por los suelos sus logros y prestigio, y le ha dado municiones a los enemigos de la lucha contra la corrupción.

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Por esta razón, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Raúl Martínez Huamán, encabezó una incursión policial bajo mandato judicial a las viviendas de Samamé y Phang a primera hora de la mañana del viernes, con el propósito de buscar e incautar información relacionada con la investigación.

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En busca de evidencias

También incluyó en el allanamiento la residencia del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien vincula en la contratación irregular de Galaga porque fue quien designó en los cargos a José Samamé y Juan Phang.

Las viviendas de otros tres funcionarios también fueron intervenidas: la subgerente de Logística, Hilda Otoya Alvarado; el especialista en contrataciones, Lilia Flores Bancho; y del asistente de Seguimiento y Monitoreo Presupuestal, William García Velásquez.

Además, el operativo incluyó el allanamiento de los inmuebles del gerente de Servicios Generales Galaga, Juan Alvaradon Pfuyo.

Originalmente el fiscal Raúl Martínez solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto y otros funcionarios, pero el juez Manuel Chuyo desestimó el requerimiento. En la resolución judicial, se indica que se persigue a los siete implicados (seis de la ONPE y uno de Galaga), por la contratación del servicio de transporte de material electoral destinado al sufragio del domingo 12 de abril.

Se les atribuye el presunto delito de colusión y omisión de funciones. No hay referencia a un supuesto atentado contra la voluntad popular (fraude electoral).

Hasta donde han avanzado las indagaciones del fiscal Raúl Martínez, ha detectado que Servicios Generales Galaga no contaba con las condiciones para prestar el servicio que necesitaba ONPE para la ejecución del proceso electoral del 12 de abril.

Sin embargo, los implicados, en particular los que participaron en la evaluación y en la buena pro, acondicionaron los requisitos para sacar de la licitación a importantes empresas de seguridad para adjudicar el contrato por S/6,3 millones a Servicios Especiales Galaga, que ni siquiera contaba con las unidades móviles que se requerían.

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Conspiración a favor de Galaga

El fiscal también encontró que algunos de los involucrados que fueron parte del proceso de selección del proveedor, carecían de experiencia profesional en contrataciones del Estado.

“José Samame no cuenta con formación, ni experiencia funcional vinculada al área operativa de Gestión Electoral. Esto conllevó a una insuficiencia en la dimensión material, y bajo su dependencia se encontraba la subgerencia de Producción Electoral, a cargo de Juan Phang”, señala el fiscal

“Ambos (Samamé y Phang) formularon y suscribieron el pedido de servicio (de transporte de material electoral), incorporando condiciones técnicas no objetivas para favorecer a la empresa Servicios Generales Galaga, configurando indicios de direccionamiento”, precisa la resolución del fiscal.

José Samamé y Juan Phang armaron las condiciones técnicas para que Servicios Especiales Galaga se quedara con el contrato de S/6,3 millones, concluye el fiscal Martínez.

Respecto al caso del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, indica la imputación del fiscal del caso: “(Corvetto) intervino planteando nuevos lineamientos en enero de 2026, los que modificaron lo dispuesto en agosto de 2025 (...). Concertó con el proveedor para que esta empresa (Servicios Generales Galaga) se beneficiara con la buena pro”. Al respecto, no incluye la evidencia de la presunta relación entre Corvetto y Servicios Generales Galaga.

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Los fundamentos fiscales

El fiscal Martínez agrega: “Este funcionario (Corvetto), quien debería ser el primer interesado que la entidad cumpla sus metas, más aún ante un proceso electoral de gran transcendencia para el país, permitió que el TDR (términos de referencia) del servicio de transporte para el sufragio de abril de 2026, se flexibilizara en desmedro de los intereses del Estado”, se lee en el documento.

No se menciona si Corvetto presuntamente ordenó al exgerente de Gestión, José Samamé Blas, y al subgerente de Producción, Juan Phang Sánchez, adulterar el TDR para disminuir el porcentaje de vehículos hasta el 10%, y así beneficiar directamente a Servicios Generales Galaga, e incluso le autorizaron subcontratar hasta el 40%.

Pero ni siquiera con estas increíbles ventajas, el proveedor Galaga pudo cumplir con el contrato, afectando el proceso electoral en algunas mesas distritales de Lima.

De acuerdo con las investigaciones, la ONPE requirió 434 vehículos para Lima Metropolitana. Sin embargo, Servicios Generales Galaga ganó la buena pro con 40 unidades. Es decir, el 9% del total de la flota, debido a que el TDR alterado solo le exigía el 10% para la ejecución del servicio. Con este afán, los implicados tuvieron la osadía de descalificar a otros proveedores que sí calificaban y contaban con amplia experiencia en el rubro: una práctica muy común de corrupción de funcionarios públicos en contrataciones del Estado.

Para cumplir con el presunto plan, José Samamé y Juan Pfang recibieron el respaldo de la servidora Hilda Otoya Alvarado, quien elaboró el TDR; la subgerente de Logística, Lilia Flores Bancho y el asistente de seguimiento y monitoreo presupuestal, William García Velásquez.

Los servidores Flores y García aplicaron un criterio interpretativo al metraje y carga de los vehículos, con el objetivo de reducir el número de las unidades que no estaban considerados en el TDR. De este modo, Servicios Especiales Galaga ganó artificialmente ventaja a otros postores como Hernes, AFE y Prosegur, compañías conocidas en el mercado nacional.

Contratista tenía trabajadores fantasmas

• El fiscal anticorrupción, sustentó que, durante la etapa de perfeccionamiento contractual, José Samamé y Juan Phang dieron el visto bueno a la documentación falsa que proporcionó Servicios Generales Galaga.
• En uno de estos documentos la contratista acreditó tener 70 trabajadores, lo que supuestamente demostraba su capacidad operativa.
• Sin embargo, de acuerdo con la Planilla Electrónica (PLAME) del Sistema de Administración Tributaria (SUNAT) del periodo 2026, Galaga solo contaba con 33 trabajadores.
• De ese total, 13 trabajadores estaban en planilla y 20 eran locadores de servicios. Y pese a estas circunstancias, le otorgaron la buena pro. En otras palabras, los otros 37 empleados eran “fantasmas”.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

El argumento central de la moción de censura se enfoca en responsabilizar a José María Balcázar por una operación que no dependió exclusivamente de su despacho. Este punto ha generado cuestionamientos sobre la solidez del proceso, ya que la decisión se ejecutó en medio de tensiones internas y presión política.

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En paralelo, el escenario político ha cambiado en las últimas semanas. Bancadas del Congreso han intensificado su presión sobre el Ejecutivo, en un contexto marcado por la cercanía del calendario electoral y la disputa por espacios de poder dentro del gobierno.

La eventual salida de José María Balcázar abriría una reconfiguración del gabinete. Este escenario explica el interés de distintos sectores políticos en impulsar la moción de censura, más allá del caso específico que la origina.

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Andy Zeballos, politólogo: “Se busca mayor control del gabinete, no sancionar una responsabilidad”

El politólogo Andy Zeballos cuestionó la base de la moción de censura contra José María Balcázar y señaló que no responde a criterios claros de responsabilidad política. Explicó que este tipo de mecanismos debería aplicarse en casos donde existan faltas graves y verificables, lo que —según indicó— no ocurre en este caso.

“En ningún caso se justifica esta vacancia por incapacidad moral. Esta figura se debería usar para temas de conducta muy claros, de mucha dudosa reputación ética, y esto no se cumple”, expresó.

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Zeballos sostuvo que el uso de la moción de censura se ha distorsionado en el Congreso. Indicó que, en la práctica, se emplea como herramienta de presión política frente a decisiones que no se alinean con determinados intereses. “El problema es que para esta mayoría congresal, cualquier cosa que no se ajuste a sus prioridades o intereses es motivo de una censura o de una vacancia”, comentó.

El especialista también vinculó este proceso con una disputa por espacios dentro del Ejecutivo. Señaló que la presión sobre José María Balcázar no se limita a cuestionamientos técnicos, sino que responde a una lógica de control político.

“Lo que buscan es tener más control, más espacio dentro del gabinete. Esto confirma quiénes realmente mandan en el país en este momento”, dijo.

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Martín Ueda, politólogo de la UNT: “La decisión no dependió de Balcázar, el Congreso terminó imponiéndose”

El politólogo Martín Ueda coincidió en que la moción de censura contra José María Balcázar no se sostiene en una responsabilidad directa del ministro. Explicó que la compra de los aviones F-16 siguió su curso independientemente de la posición del Ejecutivo.

“La compra se afectó independientemente de la posición del presidente. La decisión política y la presión la terminó tomando el Congreso”, expresó.

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Ueda señaló que este caso refleja un cambio en la dinámica de poder en el país. Indicó que el Congreso ha incrementado su capacidad de influencia sobre decisiones del Ejecutivo, incluso en temas estratégicos como la defensa. “El país está en un parlamentarismo de facto. El Congreso es el que termina imponiendo decisiones”, aclaró.

El especialista también advirtió que el contexto electoral influye en la ofensiva contra José María Balcázar. Señaló que algunas bancadas buscan capitalizar políticamente este tipo de medidas en una etapa clave del calendario político. “La coyuntura electoral ha caído a pelo. Buscan algún rédito político en estos meses”.

Ueda consideró que la moción de censura podría no prosperar. Indicó que, pese a la presión existente, no están dadas todas las condiciones para que se concrete. “No niego que pueda existir una vacancia, pero está más complicado que se consolide”, comentó.

La medida aplicará principalmente en Lima y Callao, en los que el sistema había sido implementado como parte de una prueba de modernización del proceso de escrutinio. Sin embargo, diversos reportes sobre errores en el uso del STAE, así como observaciones de partidos políticos y personeros, llevaron a la ONPE a dejar sin efecto su aplicación para el balotaje entre los dos candidatos que disputarán la Presidencia de la República.

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La decisión fue comunicada oficialmente por la ONPE, que señaló que el objetivo es evitar nuevos cuestionamientos en una etapa decisiva del proceso electoral. El organismo electoral sostuvo que el retorno al sistema tradicional permitirá reducir incidencias durante el cierre de mesa y facilitará la labor de los miembros de mesa, quienes ya están más familiarizados con el llenado manual de actas.

¿Qué es el sistema STAE?

El Sistema de Transmisión de Actas Electorales fue implementado por la ONPE como una herramienta destinada a agilizar el registro de resultados desde las mesas de sufragio. A través de este mecanismo, los miembros de mesa debían ingresar digitalmente los datos contenidos en las actas antes de su traslado físico.

La propuesta buscaba reducir tiempos en el procesamiento de resultados y disminuir errores de digitación posteriores. No obstante, durante la primera vuelta varios miembros de mesa reportaron dificultades para utilizar el sistema, especialmente por falta de capacitación, fallas técnicas y problemas en la conectividad.

Además, partidos políticos cuestionaron que la herramienta no había sido suficientemente socializada y advirtieron que su aplicación generaba desconfianza en una elección especialmente sensible. Esto provocó que la continuidad del STAE para una eventual segunda vuelta quedara en revisión desde los días posteriores al 12 de abril.

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Segunda vuelta será el 7 de junio

La segunda vuelta presidencial definirá al próximo jefe de Estado entre los dos candidatos más votados de la primera vuelta. El proceso se desarrollará el 7 de junio y la contienda será entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga

En este contexto, la eliminación del STAE representa uno de los principales cambios logísticos adoptados por la ONPE para esta etapa final. El organismo busca reforzar la confianza ciudadana y evitar que aspectos técnicos interfieran en la legitimidad del resultado electoral.

“La Misión observa con preocupación la mediatización de estos procesos e investigaciones y su posible uso como herramientas de polarización política. Es fundamental que se garantice el debido proceso a los funcionarios bajo investigación, asegurando que cualquier señalamiento se sustente en pruebas materiales y se resuelva en las instancias legales correspondientes, evitando juicios sumarios en la opinión pública o redes sociales”, indicaron en el comunicado.

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El organismo internacional consideró fundamental garantizar el debido proceso a los funcionarios investigados, “con prudencia y apego a la institucionalidad”. Además, se refirieron a la decisión del JNE de no realizar elecciones complementarias, resaltando que se está garantizando la integridad del proceso en curso y la voluntad expresada en las urnas.

Asimismo, anunciaron que regresarán al país para observar el desarrollo de la segunda vuelta electoral. La misión precisó que contará con un equipo de más de 90 observadores y especialistas desplegados en todo el territorio nacional.

En otra parte del comunicado, informaron que dieron seguimiento al desarrollo en las oficinas descentralizadas de la ONPE y de los Jurados Electoral Especiales, en lo que respecta al repliegue del material electoral, cómputo de actas y audiencias públicas de recuento de votos.

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Allanan vivienda de Piero Corvetto: PJ denegó solicitud para su detención preliminar

La Fiscalía Anticorrupción, liderada por el fiscal Raúl Martínez, junto con agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, ingresó a la vivienda del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien es investigado por las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril.

La intervención se realizó luego de que el Ministerio Público solicitara órdenes de allanamiento y detención preliminar en el marco de las investigaciones por las fallas logísticas que complicaron el desarrollo de las elecciones y obligaron a reprogramar la votación en diversos locales de Lima.

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El juez Manuel Chuyo Zavaleta decidió no aprobar la detención preliminar del exjefe de la ONPE ni de los demás implicados, al considerar que no se acreditó la existencia de un riesgo procesal con elementos suficientes.

En ese sentido, determinó que los allanamientos constituían medidas adecuadas y suficientes para la recolección de las pruebas necesarias.

Además, se presentaron algunas modificaciones a los lineamientos aprobados previamente el 1 de abril. Entre ellas, se dispone la eliminación de algunos formatos y procedimientos considerados innecesarios para agilizar el proceso, como el anexo de conformidad sobre sobres lacrados.

También, se precisa que ya no será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en determinadas etapas del recuento, pues el proceso será registrado en video, permitiendo la supervisión simultánea.

Cada audiencia es pública y se difunde en las redes oficiales de la institución. El presidente del JEE correspondiente abre el sobre lacrado que contiene las cédulas de sufragio. Luego se realiza el nuevo conteo de los votos. El contenido de cada cédula se debe leer en voz alta por el presidente y, posteriormente, tiene que pasar la cédula a los otros miembros del JEE, quienes confirmarán el contenido.

Finalmente, los resultados serán firmados por los miembros del JEE, el secretario, el representante del Ministerio Público y los personeros de las organizaciones políticas.

El conteo inició el lunes 20 de abril

Siguiendo ese proceso, el lunes 20 de abril se realizaron siete audiencias en Chanchamayo y Satipo, en Junín, y en Piura.

Seguidamente, el 21 y 22, se desarrollaron 15 audiencias de recuento de votos en Junín, Ica, Arequipa y Lima Norte.

Para la mañana del 21 de abril, la institución electoral precisó que hasta esa fecha recibieron 31.419 actas electorales observadas, correspondientes al 12 de abril. De ese total se ha procesado el 96,82% de tales actas (30.420), 4.977 tienen pronunciamientos generados y 824 han sido enviadas a recuento de votos.

Según el reporte denominado “Calificación de Actas Observadas EG 2026”, del total de actas procesadas el 17,55% (5.339) corresponde a la elección presidencial; 21,58% a senadores por distrito electoral único (6.564); 17,79% a senadores por distrito electoral múltiple (5.446); 23,49% a diputados (7.146); y 19,48% al Parlamento Andino (5.925).

Del mismo modo, reportaron que los JEE con mayor avance en el procesamiento de actas observadas son los de Cusco, Huancayo, Huaura, Pacasmayo, Chiclayo, San Román, Maynas, Huamanga, Piura 2, Arequipa 1, Chanchamayo, Lima Centro 2, Canchis, Huaraz, Tumbes, Piura 1, Cañete, Arequipa 2, entre otros.

Por otro lado, los JEE que han recibido mayor cantidad de actas observadas son Cusco, Huancayo y Pacasmayo, con 1.563, 1.371 y 1.169 cada uno.

Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de asesores del JNE, precisó que hay cinco tipos de observaciones: por error aritmético, cuando faltan firmas de los miembros de la mesa (en las actas de instalación, sufragio y escrutinio), cuando faltan datos de forma parcial o total, cuando están incompletas y en caso de ilegibilidad.

Casos en los que procede el recuento de votos

En ese sentido, las actas electorales con información incompleta o ilegible representan uno de los principales obstáculos para la validación de resultados. Se trata de documentos que carecen de firmas, presentan datos faltantes o contienen información imposible de descifrar, lo que impide su verificación mediante el proceso de cotejo.

También se aplica cuando las cifras no guardan coherencia. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la cantidad de votos emitidos —ya sea a favor de organizaciones políticas, en blanco o nulos— supera el total de votantes o incluso el número de electores hábiles. Estas discrepancias obligan a una revisión detallada, ya que ponen en duda la consistencia de los resultados consignados en el acta.

Las inconsistencias también pueden aparecer en el voto preferencial. Un indicio claro es cuando un candidato obtiene más votos que su propia organización política, lo que resulta estadísticamente improbable. Asimismo, se generan observaciones cuando la suma total de votos preferenciales de una lista excede el doble de los votos obtenidos por la agrupación política, lo que evidencia posibles errores en el registro o conteo.

Teniendo en cuenta eso, el proceso de conteo de votos se realiza cuando no se puede levantar la observación de un acta y es necesario que los Jurados Especiales Electorales ordenen el recuento de votos y comuniquen a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) correspondiente para que les remita el sobre lacrado que contiene las cédulas de votación en un plazo no mayor a las 24 horas.

Mientras tanto, el conteo oficial de la ONPE al 95% establece a Keiko Fujimori en el primer lugar con una amplia ventaja de 17% de votos frente al 12% de Roberto Sánchez, quien le antecede y gana a Rafael López Aliaga con más de 20.000 votos dejándolo en el tercer lugar.

Hijo del exministro de Salud en el segundo gobierno de Belaunde Terry (1980-1985), y antiguo correligionario, el doctor Carlos Bazán Zender, Paco Bazán participa en las elecciones internas del partido de la lampa para definir al candidato a la alcaldía de Lima.

Acción Popular se propone retornar al Palacio Municipal por la puerta grande, como lo hizo el recordado Eduardo Orrego Villacorta al convertirse en el primer alcalde metropolitano elegido luego de la recuperación de la democracia, en 1981.

El reto no es fácil. Bazán compite contra otras dos listas de precandidatos del partido que buscan la elección de la militancia de Acción Popular para ir a la alcaldía de Lima.

La lista de Bazán está integrada por conocidos militantes acciopopulistas, como la exteniente alcalde de Lima, Jheydi Quiroz Palacios; el exalcalde del Rímac; Jorge Valencia Jaramillo; y el expresidente del Tribunal de Disciplina del partido, Eduardo Biondi Fernald, quien expulsó al grupo de congresistas conocido como “Los Niños”.

La propuesta de este equipo busca conectar la experiencia en gestión pública municipal, la renovación y la identidad partidaria con las demandas reales de Lima Metropolitana.

De acuerdo con la directiva del partido, el proceso interno se cumplirá mediante la modalidad de la elección de delegados el 17 de mayo.

Los ejes principales del programa municipal de Bazán son la seguridad ciudadana, los programas sociales, el desarrollo económico y el empleo. El plan de gobierno se presentará en agosto próximo junto con el equipo de la campaña municipal.

A través de su cuenta oficial de X, mediante la iniciativa ONPEChequea, la entidad precisó que verificó la situación de todo su personal en la sede central y en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), concluyendo que los 16.757 trabajadores registrados son de nacionalidad peruana. La ONPE detalló además las modalidades de contratación y el número de servidores en cada una de ellas.

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Según el cuadro difundido por la ONPE, 9.042 trabajadores corresponden a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales bajo la modalidad de locación de servicio; 5.995 pertenecen a la sede central bajo la misma modalidad; 1.352 laboran mediante órdenes de servicio por terceros; y 368 trabajadores están bajo los Decretos Legislativos 728 y 1057, todos con nacionalidad peruana.

El recurso de la contratación de ciudadanos extranjeros en la ONPE fue sostenido en redes sociales para aumentar la falsa narrativa del fraude. Sin embargo, en atención a estos pedidos, la JNJ hizo formal el requerimiento de esta información a la institución.

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JNJ otorgó cinco días a la ONPE para informar sobre personal extranjero y expediente de nueva sede

La Junta Nacional de Justicia le había pedido la información a la Oficina Nacional de Procesos Electorales mediante el Oficio N. 127-2026-P/JNJ, dirigido al jefe interino Bernardo Pachas Serrano, para conocer si existían ciudadanos extranjeros prestando servicios bajo cualquier modalidad dentro de la institución electoral.

El requerimiento incluía el número total de personas extranjeras, su nacionalidad, identificación completa, tipo de documento de identidad, modalidad laboral y el área donde desempeñaban funciones. Además, la JNJ solicitó la copia íntegra del expediente técnico relacionado con la adquisición del nuevo inmueble de la sede central en La Victoria y otorgó un plazo máximo de cinco días hábiles para la entrega de toda la documentación.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales, en su carta de respuesta dirigida a la Junta Nacional de Justicia, precisó que la Gerencia de Recursos Humanos efectuó la búsqueda, verificación y consolidación de la información correspondiente al personal que presta servicios a nivel nacional lo que incluye modalidades de locación de servicios, servicios de terceros y trabajadores bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos 728 y 1057.

“La Gerencia de Recursos Humanos mediante Informe n. 00068-2026-GRH/ONPE ha efectuado la búsqueda, verificación y consolidación de la información correspondiente al personal que presta servicios a nivel nacional, bajo las modalidades de locación de servicios, servicios de terceros (órdenes de servicio), así como del personal sujeto a los regímenes laborales de los Decretos Legislativos n.° 728 y n.° 1057”.

Asimismo, la ONPE concluyó, tras la información consolidada remitida por las ODPE y la sede central, que no existen trabajadores extranjeros prestando servicios en la entidad bajo ninguna de las modalidades contractuales evaluadas.

Según precisa el informe, “se concluye que la totalidad del personal que presta servicios en la Entidad, bajo las distintas modalidades contractuales (locación de servicios y regímenes laborales de los Decretos Legislativos N. 728 y N.° 1057), es de nacionalidad peruana”.

La CIDH también alertó que dicha participación habría sido incorporada dentro del procedimiento de evaluación integral y ratificación de su desempeño ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), del cual depende la permanencia de Ordóñez en el cargo. Para el organismo interamericano, esto podría configurar una represalia institucional incompatible con los estándares de protección a quienes participan en audiencias públicas del sistema interamericano.

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"Preocupa a la CIDH que su participación en la audiencia haya sido incorporada, además, en el procedimiento de evaluación integral y ratificación de su desempeño, del que depende la ratificación de su cargo”, mencionan.

La Comisión refirió que el artículo 63 de su Reglamento obliga a los Estados a proteger a toda persona que aporte información o participe en audiencias públicas y prohíbe cualquier forma de juicio, sanción o represalia derivada de sus declaraciones. En ese sentido, advirtió que abrir un proceso disciplinario por esta intervención podría vulnerar principios como la independencia judicial y la libertad de expresión de los magistrados.

¿Qué dijo Oswaldo Ordóñez en la audiencia ante la CIDH?

La intervención de Ordóñez se produjo durante la audiencia 191 de la CIDH sobre la ‘Situación de la independencia judicial en las Américas’, que se desarrolló en Washington D.C. Fue considerado un hecho inusual porque, por primera vez, asociaciones de jueces participaron directamente en este tipo de foro.

Durante su exposición, el magistrado sostuvo que una mayoría parlamentaria, en coordinación con el Poder Ejecutivo, venía “desestabilizando el sistema de justicia”, lo que en consecuencia debilita al Poder Judicial y al Ministerio Público mediante leyes que limitan la autonomía de jueces y fiscales. También cuestionó normas relacionadas con colaboración eficaz, prescripción de delitos, allanamientos y responsabilidad penal de partidos políticos.

Tras esas declaraciones, el Poder Judicial emitió un comunicado para aclarar que la postura de Ordóñez no representaba una posición institucional, sino una intervención realizada a título de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, una entidad privada.

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JUSDEM respalda al magistrado y cuestiona a la JNJ

A este escenario se sumó el pronunciamiento de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM), que expresó su respaldo a Ordóñez y cuestionó el proceso de ratificación impulsado por la JNJ. La organización sostuvo que las evaluaciones de jueces deben desarrollarse bajo parámetros estrictamente técnicos y con respeto al debido proceso.

JUSDEM observó especialmente que durante la entrevista de ratificación se formularan preguntas sobre su participación en la audiencia ante la CIDH, pese a que ello, afirman, constituye una manifestación legítima del compromiso de los jueces con la protección de los derechos humanos y el diálogo jurídico internacional.

“Advertimos que, por el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces y juezas no pierden el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, participación y diálogo con instancias internacionales. Cualquier restricción a estos derechos debe ser excepcional, objetiva y estrictamente necesaria, lo que no se verifica en el presente caso”, señalaron.

Asimismo, emplazaron al Estado cumplir con las exigencias establecidas por la CIDH y garantizar evaluaciones técnicas, imparciales y libres de cualquier elemento que pueda afectar la independencia judicial.

Por medio de un comunicado, precisaron que tras las incidencias durante el despliegue del material electoral y la organización de los comicios del 12 de abril, recibieron varias solicitudes de diversos sectores políticos que los emplazaban a convocar a elecciones complementarias antes de la segunda vuelta.

Tras revisar dichos pedidos, el Pleno decidió que no se convocará a elecciones complementarias en determinadas mesas y circunscripciones afectadas en Lima Metropolitana. Esta decisión ya había sido adelantada por La República, que informó el úlltimo miércoles 22 de abril sobre la sesión extraordinaria en la que se convocó a todos los magistados del JNE.

Resaltaron, además, que actualmente se dedican a la revisión de actas observadas, resolución de solicitudes de nulidad, y demás acciones acorde a los “principios de preclusión, seguridad jurídica y legalidad electoral”.

“El JNE reafirma que continuará ejerciendo su función de jurisdiccional con firmeza, independencia y transparencia, garantizando la integridad del proceso electoral y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas”, remarcaron.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, cumplió un rol fundamental en la posición tomada por el Pleno. Durante su intervención sostuvo que no existe una salida “más allá de la legal” para llevar a cabo una elección complementaria. Asimismo, por cuestiones de tiempo tampoco se concretarían estos comicios en los distritos en los que no se pudieron instalar las mesas de sufragio.

Narrativa del fraude fue usada para pedir elecciones complementarias

Tras conocer la decisión del JNE, Rafael López Aliaga brindó una conferencia donde reiteró la narrativa del falso fraude. Se dirigió al jefe de la insitución, Roberto Burneo, y le pidió que permitan realizar una “auditoria internacional” al sistema de elecciones.

“No han querido, se han cerrado. Le están quitando legitimidad absoluta a un proceso. Son seis estrategias foraneas que se han implementado en el Perú, con el plan morrocoy. El daño ya está hecho. Lo que ha hecho Corvetto es gravisimo, pero lo que yo digo es que estamos a tiempo para rescatar en algo este proceso, si es que se hace justicia por lo menos en una auditoria parcial”, indicó.

Sin embargo, esta no fue la única acción de intimidación emprendida por el candidato de Renovación Popular. López Aliaga anunció que ha presentado una denuncia penal contra Piero Corvetto y Roberto Burneo, pero no especificó el supuesto delito.

“El señor Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha sido denunciado también desde hoy, porque ha podido suspender las elecciones por una semana”, sostuvo el exalcalde de Lima en el programa del youtuber Agustín Laje.

Para el líder de Renovación Popular, al no suspender las elecciones como él proponía, Burneo habría incurrido en una omisión dolosa. Luego del anuncio, el candidato no elaboró en los argumentos que llevarían a que ambos sean denunciados.

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Perú se realizará el 7 de junio de 2026 y estará organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada de garantizar el desarrollo transparente del proceso y la correcta difusión de los resultados.

¿Cuándo será la segunda vuelta en Perú 2026?

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 se realizará el domingo 7 de junio de 2026 en todo el país. En esta jornada, los ciudadanos volverán a acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Este proceso será determinante, ya que definirá al ganador entre los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta, en una elección que suele concentrar mayor atención política y mediática.

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¿Qué pasa si ningún candidato supera el 50% de votos?

Si en la primera vuelta ningún candidato alcanza más de la mitad de los votos válidos, se activa automáticamente la segunda vuelta electoral. Este sistema busca asegurar que el presidente electo cuente con un respaldo mayoritario de los votantes.

En esta etapa, solo participan los dos candidatos más votados, quienes continúan en campaña para captar el apoyo del electorado que respaldó a otras opciones políticas.

¿Qué cargos se eligen en las Elecciones Perú 2026?

Durante las elecciones generales 2026, los ciudadanos elegirán al Presidente de la República y a los vicepresidentes que integran la fórmula presidencial inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes asumirán la conducción del Ejecutivo por un periodo de cinco años.

Asimismo, se renovará por completo el Congreso bicameral, conformado por diputados y senadores, lo que representa el retorno de un modelo legislativo que no se aplicaba en el país desde hace varias décadas.

A estos cargos se suma la elección de los representantes del Perú ante el Parlamento Andino, quienes cumplen funciones de representación supranacional y forman parte del proceso electoral general, bajo las mismas reglas de fiscalización y control.

Pese a las presiones políticas de la derecha, la fiscalía y la policía, el juez Manuel Chuyo Zavaleta no autorizó la detención preliminar del ex jefe de la ONPE ni de ninguno de los otros investigados. Ni la policía ni la fiscalía pudieron presentar indicios suficientes de la existencia de un peligro procesal y se consideró que para la búsqueda de los medios de prueba que se requieren, solo eran suficientes los allanamientos.

La diligencia se llevó a cabo luego de que el Ministerio Público solicitara medidas de allanamiento y detención preliminar como parte de las pesquisas relacionadas con los problemas logísticos que afectaron el desarrollo de los comicios y obligaron a reprogramar la jornada electoral en varios locales de votación de la capital.

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Allanan vivienda de Piero Corvetto en el marco de investigación electoral

El fiscal anticorrupción Raúl Martínez fue el encargado de liderar la diligencia de allanamiento e incautación de documentos y equipos electrónicos que se consideren necesarios para la investigación. La intervención busca obtener información relevante para esclarecer los hechos vinculados a la organización del proceso electoral.

Durante el operativo, personal policial permaneció en el inmueble mientras se desarrollaban las diligencias fiscales correspondientes.

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En tanto, el abogado defensor de Corvetto, Ricardo Sánchez, llegó al lugar para participar en la diligencia, conforme al procedimiento legal, a la espera de poder ingresar al inmueble mientras continuaban las acciones de la Fiscalía.

Las razones detrás del pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto

El Ministerio Público solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE el miércoles 22 de abril, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas durante las elecciones generales. Luego de evaluar el requerimiento, el juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, Manuel Chuyo Zavaleta, autorizó únicamente el allanamiento, de acuerdo con fuentes judiciales.

La solicitud de detención preliminar fue rechazada debido a que la Policía y la Fiscalía no presentaron indicios suficientes que justificaran dicha medida ni acreditaran la existencia de peligro procesal. El miércoles último, Corvetto y su abogado entregaron al fiscal Raúl Martínez sus pasaportes y manifestaron su disposición a participar en todas las diligencias, así como a permanecer en el país. Asimismo, se hizo público que, tras presentar su renuncia a la ONPE, el exfuncionario permaneció en su domicilio.

Desde entonces, la policía y diversos medios de comunicación permanecen frente a su casa, lo que también es un indicativo de que no existe peligro procesal. Sin embargo, la policía y la fiscalía pueden insistir con ese pedido en cualquier momento del proceso. Hay una fuerte presión política, sobre todo de Renovación Popular, de perseguir a Corvetto, al que culpan de su derrota electoral y que Rafael López Aliaga no haya pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La comunicación que intercambiaron los funcionarios con las compañías de seguridad interesadas en el contrato, prueba que antes de las elecciones Servicios especiales Galaga evidenció serias deficiencias en la planificación de rutas, el número de unidades, la capacidad operativa en la sede de Lurín y los tiempos de ejecución.

Los términos de referencia (TDR), que establecieron estas condiciones técnicas, fueron firmados y aprobados por el gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé Blas, y por el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez. Ambos funcionarios son investigados por presuntas irregularidades durante la jornada electoral del 12 de abril.

Dos meses antes, el 19 de febrero, la ONPE absolvió consultas de las compañías AFE Services, Coral Logística Terrestre, Grupo Panamundo, Hermes Transportes Blindados, SGG Mining y la propia Servicios Gálaga. Luego, el 2 de marzo, respondió las observaciones planteadas por la Compañía de Seguridad Prosegur y Walmo Holding. Días después, el 9 de marzo, el contrato por S/6.3 millones, fue adjudicado a Galaga.

GALAGA, RUTA PREFERENCIAL

Uno de los principales puntos observados fue la programación de rutas. El 2 de marzo, Prosegur preguntó: “¿Con cuánto tiempo de anticipación se le compartirá al proveedor la programación de ruta y dimensionamiento de recursos?”. La ONPE respondió: “La programación de ruta y dimensionamiento de recursos se notificará por lo menos 2 días antes de la estiba”.

La misma empresa consultó si el número de rutas del plan correspondía al mismo número de vehículos para cubrir el servicio. La respuesta de la ONPE fue: “El proveedor deberá asignar como mínimo una unidad por cada ruta”. Además, precisó que “por ningún motivo está permitido fusionar rutas”, salvo razones de fuerza mayor, y bajo autorización por escrito.

Ese punto no era menor.

El 14 de abril de este año, La República reveló que el despliegue nocturno en Lurín no se ejecutó como la ONPE había anunciado. Videos grabados en la base mostraron decenas de camiones detenidos horas, después del inicio oficial del operativo, sin carga completa ni rutas claras.

En ese mismo informe, el vocero de la Contraloría, Luis Castillo Torrealva, señaló que “las rutas no habían sido comunicadas de manera oportuna, y eso generó desorden en todo el proceso”.

Castillo también advirtió que “las rutas requerían más unidades”, debido a que el peso del material limitaba la capacidad de carga de los vehículos.

La Contraloría documentó luego, en un informe de visita de control, que el despliegue del material electoral y los equipos informáticos en Lima Metropolitana, fue efectuado “a destiempo, sin cumplir el cronograma establecido”.

El órgano de control consignó que el último vehículo con carga salió de Lurín recién a las 5:51 a. m. del 12 de abril, poco más de una hora antes del inicio de la votación, programado para las 7:00 a.m. Demasiado tarde.

En el intercambio de consultas técnicas y respuestas oficiales, solo una empresa no formuló observaciones relevantes: Gálaga. En su caso, presentó una sugerencia que fue aceptada de inmediato.

EL SECRETO DE LURÍN

Otra consulta relevante fue sobre la capacidad operativa del almacén de Lurín. Prosegur interrogó: “¿Cuál es la cantidad máxima de camiones para carga o descarga simultánea dentro del almacén de Lurín?”. La ONPE contestó que la Gerencia de Gestión Electoral contaba con “2 hangares”, lo que permitía “realizar una carga o descarga simultánea de hasta 7 unidades”. Añadió que, para Lima, la carga a trasladar requería “entre 80 o 50 camiones diarios”.

La ONPE también sostuvo, a una consulta de Prosegur, que la distribución en Lima y Callao “se realiza desde las 22:00 horas del viernes 10 de abril, hasta el día sábado 11 de abril”, por lo que no consideró necesaria una exoneración de multa electoral para el personal operativo.

Nada de eso se cumplió como estaba previsto.

El informe de Contraloría del 14 de abril dejó constancia de que hubo unidades saliendo de Lurín fuera del horario programado. Y añadió que había material electoral no entregado al mediodía del 12 de abril.

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LOS HECHOS CONFIRMADOS

En una visita de constatación efectuada por los auditores de la ONPE el día de las elecciones, a las 12:25 p. m., encontraron personal del organismo recogiendo material electoral y equipos que seguían en vehículos asignados a rutas específicas.

También verificaron el retorno de vehículos al local de Lurín, luego de completar entregas parciales de logística electoral.

El problema no fue solo la demora. La propia ONPE contestó, antes de adjudicar el contrato, que la estructura de rutas y la modalidad del transporte solo podían variar por acuerdo entre ambas partes y mediante acta.

Sin embargo, la Contraloría consignó que el cronograma de salida fue modificado el mismo 11 de abril, sin que se evidencie la aprobación documentada de ese nuevo plan.

El resultado fue concreto: 13 locales de votación no recibieron el material electoral a tiempo y se tuvo que realizar, de manera extraordinaria, una jornada complementaria el lunes 13 de abril. Un candidato de ultraderecha, Rafael López Aliaga, utilizó estas fallas logísticas para continuar con la narrativa del fraude, que había insinuado desde la campaña.

UNA SELECCIÓN PREFERENCIAL

Durante el proceso de contratación, la compañía de seguridad Hermes formuló observaciones técnicas. Solicitó que se permitiera un rango de capacidad de vehículos desde 3 m³, y no solo entre 10 y 30 m³, para ampliar la concurrencia de postores. La ONPE se negó.

Sin embargo, registros difundidos posteriormente en redes sociales muestran que, incluso tras la jornada electoral, parte del material fue trasladado en vehículos no especializados, como taxis, en el proceso de repliegue.

El 19 de abril, el dominical Panorama difundió un audio en el que un trabajador de la ONPE alude a reuniones previas con Hermes y Prosegur y a presuntas maniobras en la definición de especificaciones técnicas.

En ese mismo material se cuestiona la adjudicación final: “Contrataron al peor de lo peor… a Gálaga”, dice el interlocutor, identificado como Johnny Echevarría Bermúdez, aparentemente un servidor adjunto del entonces gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas.

En respuesta, mediante un comunicado del 20 de abril, Hermes confirmó que participó en el proceso y señaló que, tras concluida la convocatoria, José Samamé se comunicó con la empresa durante la mañana del sábado 11 de abril para solicitar, con carácter de emergencia, una propuesta de transporte con 40 camiones. Hermes respondió de inmediato, pero su propuesta no fue aceptada.

Lo cierto es que, antes de la adjudicación, las empresas advirtieron por escrito los puntos sensibles del servicio. Después, durante la ejecución del contrato, varios de esos mismos aspectos reaparecieron como hechos consumados: rutas mal gestionadas, cronogramas alterados, unidades tardías y conductores observados

La secuencia quedó registrada en las propias respuestas de la ONPE, en los reportes de la Contraloría y en lo que La República ya documentó desde Lurín.

Para tomar una decisión, Burneo convocó a todos los magistrados integrantes del JNE a un pleno extraordinario el miércoles, 22 de abril, que tras debatir durante varias horas no alcanzó ningún consenso. El pleno intentó ser retomado el jueves, 23 de abril, pero las opiniones siguen divididas. Según ha trascendido, una votación del pleno realizada la noche del 22 de abril concluyó con tres votos en contra de la nulidad o las elecciones complementarias y solo dos votos a favor.

Junto a Burneo, integran el JNE los abogados Martha Maish Molina por la fiscalía, Gunther Gonzales Barrón por el Colegio de Abogados de Lima, Rubén Torres Cortez por las facultades de derecho de las universidades públicas, y Aaron Oyarce Yuzelli, de las facultades de derecho de las universidades privadas.

Informe técnico

Desde días antes, más de uno de los integrantes del JNE le pidió a Burneo que convocara al jefe de la ONPE para que presente un informe sobre lo ocurrido el 12 de abril y la incidencia que habían tenido la demora en la instalación de mesas en la votación general.
Inicialmente, Burneo se opuso. El presidente del JNE tendría una desavenencia personal con Piero Corvetto. Por eso, la procuraduría del JNE ha estado en la vanguardia de las denuncias contra el renunciante jefe de ONPE.

De acuerdo con nuestras fuentes, la situación cambió con la renuncia de Corvetto. El presidente del JNE aceptó escuchar al jefe interino del organismo electoral, el gerente general Bernardo Pachas. El jefe interino de ONPE habría presentado dos informes. En el primero se descartó que la tardanza en la instalación de mesas haya generado una masiva ausencia de votantes. Sí hubo mayor ausencia en esas mesas, pero el número no fue significativo por lo que tampoco tenía incidencia en la votación.

El mayor perjuicio se había producido en las mesas en las que no llegó el material electoral, pero estas votaron el lunes y la ausencia fue, en promedio, similar a la vista el domingo, se habría demostrado mostrando las actas oficiales de la elección del 2026 y de años anteriores. Pero, lo que terminó por inclinar la balanza fue el tema del calendario electoral, que establece que la segunda vuelta de las elecciones debe realizarse el domingo 7 de junio próximo.

Esto dejaba, a partir del 22 de abril, un total de 45 días o seis semanas para organizar todo y cumplir con la segunda vuelta en la fecha antes indicada. Es decir, que debían convocarse elecciones en un plazo corto, en el mejor de los casos en los próximos 10 días.

Mayores problemas

En estos 45 días tendría que obtenerse nuevo presupuesto que permitiera imprimir nuevas cédulas de votación y formularios de las actas, convocarse a los mismos o nuevos miembros de mesa, etc. Luego, tendría que realizarse el conteo de votos, las observaciones e impugnaciones en menos de dos semanas siguientes, para llegar al 7 de junio.

El otro obstáculo es que ONPE ya tiene una agenda prevista en mayo para las elecciones municipales y regionales. Realizar todo a la carrera podría generar nuevos incidentes y la presunta solución provocar un daño mayor a todo el proceso electoral.
El otro aspecto en el que no hubo acuerdo es la falta de una normatividad legal para anular las elecciones o convocar a una elección complementaria por lo que todo quedaba al criterio de conciencia.

Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones señalaron que el presidente del organismo, Roberto Burneo podría insistir en que evaluar elecciones complementarias ante la presión de determinados grupos políticos. En las últimas horas, Fuerza Popular habría hecho llegar a los magistrados que se opone a elecciones complementarias y que los organismos electorales deben asegurar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se realicen con todas las garantías de transparencia y pulcritud.

En paralelo, el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informa que ha recibido hasta el momento 42.267 actas observadas remitidas por la ONPE, de las cuales ya ha resuelto 8.740 de las elecciones de presidente, senadores, diputados y Parlamento Andino.

Del total de actas observadas, 5.603 corresponden a la elección presidencial. De estas, 5.109 han sido resueltas, lo que equivale a un 91,31% del avance del proceso. No obstante, el proceso podría prolongarse debido a la convocatoria de 708 recuentos de votos.

Hasta este jueves 23 de abril, se han realizado 71 recuentos mediante audiencias públicas y otros 108 han sido programados para los próximos días.

Al cierre de esta nota, Sánchez cuenta con 1.925.103 votos y López Aliaga 1.903.007. La distancia es de 22.096.

Conteo de votos en regiones cerrará con la resolución de actas observadas

Lima es la región con mayor cantidad de electores (8,6 millones) y actas por procesar (29.247). Hasta el momento, solo se ha contabilizado el 95,517% de actas y tiene 1.311 actas observadas pendientes por enviar a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para que las resuelva y devuelva con la finalidad de ingresarlas al conteo general. En la capital, López Aliaga ganó el primer lugar con 19,919% (1.160.168 votos). Segunda quedó Fujimori con 17,883% (1.041.536 votos) y tercero Jorge Nieto (Buen Gobierno) con 15,111% (880.106 votos).

Arequipa es la región con más actas contabilizadas (98,790%). En el departamento del sur, Nieto quedó en primer lugar con 18,648%, seguido por Belmont (10,914%) y López Aliaga (10,602%). Sin embargo, 51 actas están pendientes por enviar al JEE.

En Tacna, las actas están procesadas al 98,709% y dan como ganador a Belmont con 14,619% sobre Sánchez (11,833%) y Nieto (11,491%). Aún hay 20 actas que el JEE resolverá.

Ayacucho también contabilizó casi la totalidad de sus actas (98,158%), solo tiene pendiente enviar 35 actas a los JEE. En la región, Sánchez ganó la mayoría de votos (31,287%). López Chau (14,489%) y Belmont (14,470%) se ubicaron en el segundo y tercer puesto.

En Puno, Sánchez obtuvo el 24,799% de aceptación de voto y quedó por encima de Belmont (17,691%) y López Chau (11,384%). Solo hay 97,822% de actas contabilizadas y 74 quedan pendientes para mandar al JEE.

Lambayeque tiene el 97,270% de actas contabilizadas y 98 pendientes por enviar al JEE. En la región del norte, Fujimori se ubicó primera con 26,399%, segundo Sánchez con 10,606% y Nieto tercero con 10,380%.

Cajamarca, al 97,146% de actas contabilizadas, fue conquistada por Sánchez, quien obtuvo el 41,632% de los votos (261.327). Muy por debajo, Fujimori solo contó con el 13,834% y Belmont con el 11,004%. Sin embargo, aún quedan 121 actas por enviar a los JEE para que resuelvan sus observaciones.

La Libertad le dio la espalda a César Acuña (APP) y le otorgó la mayoría de votos a Fujimori (20,204%), Nieto (9,885%) y Sánchez (9,389%). Solo se ha contabilizado el 96,718% y están pendientes por enviar a los JEE 174.

En Apurímac, el 96,431% de las actas entraron al conteo general y Sánchez obtuvo el primer lugar con 40,877%, mientras que Belmont quedó segundo con 14,194% y Alfonso López Chau tercero con 10,809%. Hasta el momento, 47 actas están pendientes por mandar al JEE.

En Cusco, al 96,209% de actas contabilizadas, Sánchez consiguió el 22,741% de los votos, Belmont el 15,742% y López Chau el 14,760%. Los JEE recibirán 151 actas observadas para resolverlas y que puedan ingresar al conteo general.

En el Callao, a pesar de que faltan enviar 113 actas a los jurados electorales, se procesó el 96,101% de las actas. En esa circunscripción, Fujimori obtuvo el 20,671% de los votos, mientras que Nieto el 15,020% y López Aliaga el 14,993%.

Junín le dio la mayoría de votos a Fujimori (16,997%) y el segundo puesto a Sánchez (12,221%). Al 95,367% de actas contabilizadas, aún quedan 171 pendientes por resolver en los JEE.

En Huancavelica, solo se han contado el 95,130% de actas y 62 están esperando ser enviadas a los JEE. En la región ganó Sánchez con 43,349% con amplia diferencia sobre Belmont (13,548%) y López Chau (9,271%).

En Amazonas, se ha contabilizado el 94,366% de las actas y quedan 72 por enviar a los JEE. Sánchez quedó primero con 36,057%, segunda Fujimori con 17,453% y tercero Ricardo Belmont con 10,691%.

En San Martín ocurre el mismo escenario. Al 93,607% de actas procesadas, Sánchez cuenta con 86.916 votos y Fujimori 85.003. Las 162 actas que resolverá el JEE definirán al ganador en la región.

En Pasco aún no hay un ganador fijo. Al 93,142% de actas contabilizadas, Sánchez tiene el primer lugar con 20.282 votos y Fujimori el segundo puesto con 20.211. Belmont está tercero con 12.299 votos. Los JEE recibirán de la ONPE 55 actas para resolverlas.

En Áncash, se contabilizó el 93,059% de las actas y aún faltan enviar 241 a los JEE. En esa región, Fujimori ganó el primer lugar con 18,036%, mientras que Sánchez obtuvo el 14,928% y Belmont 10,073%.

En Huánuco, al 93,080% de actas procesadas, Sánchez (29,439%) le ganó la partida a Fujimori (15,429%) y Belmont (14,158%). López Aliaga apenas consiguió el 5,965% de votos. 162 actas aún deben ser enviadas a los JEE para ser resueltas.

En Piura, Fujimori (27,896%) ganó ampliamente sobre Sánchez (11,235%) y Álvarez (10,733%). Solo el 91,895% de actas fueron contabilizadas y 426 están pendientes por enviar al mandar al JEE.

En Tumbes, Fujimori ganó al 90,665% de actas procesadas. Obtuvo el doble de votos que Álvarez y cinco veces más que Sánchez. Faltan 59 actas por resolver en el JEE para llegar al 100% del conteo.

Ica solo contabilizó el 90,585% de las actas y tiene pendiente enviar 230 a los jurados especiales. Fujimori quedó primera (20,328%), Carlos Álvarez segundo (11,631%) y Belmont tercero (10,722%).

En Ucayali, se procesó el 89,962% de las actas y 157 están pendientes por enviar al JEE. Fujimori ocupó el primer lugar. Sánchez quedó segundo y el tercero fue Álvarez.

Madre de Dios contabilizó el 89,349% de actas y tiene 54 pendientes por mandar al JEE. Sánchez consiguió el 23,226%, Belmont el 14,613% y Fujimori el 14,854%.

Loreto es la región con menos actas contabilizadas (86,911%) y una con más actas por enviar al JEE (353). Fujimori obtuvo el primer puesto con 27,856%, Álvarez segundo con 11,714% y Sánchez tercero con 10,316%.

Cámara de Diputados y Senadores

En la elección para la Cámara de Diputados, al 88,611% de actas procesadas, Renovación Popular lidera con 18,462% (816.243 votos), seguido por Buen Gobierno con 14,630% (646.822 votos) y Fuerza Popular con 14,400% (636.653 votos). Más atrás se ubican Ahora Nación con 9,163% (405.110 votos), Cívico Obras con 7,732% (341.833 votos) y País para Todos con 6,280% (277.658 votos).

En cuanto a la Cámara de Senadores por distrito único nacional, con el 79,854% de actas procesadas, Fuerza Popular encabeza los resultados con 14,732%. Le siguen Juntos por el Perú con 11,784%, Renovación Popular con 11,452% y Buen Gobierno con 10,877%. Completan la lista Cívico Obras (8,830%), Ahora Nación (8,360%) y País para Todos (5,813%).

“El día de hoy he denunciado penalmente al señor Corvetto, a toda su organización criminal y también al señor Roberto Burneo, quien debe acompañar el proceso. El señor Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha sido denunciado también desde hoy, porque ha podido suspender las elecciones por una semana”, declaró el exalcalde de Lima en el programa del youtuber Agustín Laje.

Para el líder de Renovación Popular, al no suspender las elecciones como él proponía, Burneo habría incurrido en una omisión dolosa. Luego del anuncio, el candidato no elaboró en los argumentos que llevarían a que Burneo y Corvetto sean denunciados.

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JNE descarta elecciones complementarias en Lima propuestas por Rafael López Aliaga

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió no impulsar la convocatoria a comicios complementarios en Lima Metropolitana, una alternativa que había sido planteada por el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien permanece fuera de la segunda vuelta hasta el momento.

PUEDES VER: ONPE finalizó conteo al 95% y perfila a Sánchez para la segunda vuelta: aún se registran 4.600 actas observadas

De acuerdo con fuentes de La República, tras la sesión del organismo electoral —en la que participó parcialmente el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas— se concluyó que no existe una vía distinta a la estrictamente legal que permita llevar adelante una elección complementaria.

En esa misma línea, se indicó que los plazos también juegan en contra, lo que impediría organizar elecciones en aquellos distritos donde no se lograron instalar mesas de sufragio. La votación interna quedó dividida tres a dos; sin embargo, los miembros acordaron no adoptar una decisión sin consenso total, el cual, por ahora, no se ha alcanzado.

Uno de los inmuebles allanados fue el del ex jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien recibió a las autoridades y colaboró con las diligencias.

En el registro se observa que conversa con los efectivos policiales y mostraba información en su celular.

Otros de los allanamientos involucraron al exgerente de la institución, José Samamé Blas, al subgerente Juan Phang y al representante legal de la empresa Galaga SAC, Juan Alvarado.

La solicitud de allanamiento fue presentada el 22 de abril. Luego, se evaluar la solicitud , el juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, Manuel Chuyo Zavaleta solo autorizó el allanamiento, de acuerdo con fuentes fuentes judiciales.

En tanto, el pedido de detención preliminar fue rechazado, pues la Policía y la Fiscalía no entregaron indicios suficientes que justifiquen esa medida ni la existencia de un peligro procesal.

Antes de ello, el miércoles último, Corvetto y su abogado entregaron al fiscal Raúl Martínez sus pasaportes y expresaron su disposición a participar en todas las diligencias y permanecer en el país. Fue publico que tras presentar su renuncia a la ONPE, el mencionado personaje permaneció en su casa.

El abogado Carlos Caro, consideró que es poco eficaz realizar una serie de allanamientos.

"El sentido de estas medidas es la búsqueda de la prueba. Son medidas que tienen una finalidad muy concretas, sorpresivamente agarrar a los potenciales delincuentes, potenciales investigados, pero lo más importante, de manera reservada y secreta, porque de lo contrario los investigados tienen todo el tiempo del mundo como ha pasado acá para destruir la prueba, si esa fuera su intención", dijo en entrevista a RPP.

El propósito del fiscal Martínez, quien investiga el caso por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada, es determinar si existió un intento de afectar la voluntad popular (fraude electoral). Para saber si participaron servidores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), infiltrados en la institución o personas ajenas a la entidad, rastrea las comunicaciones de los implicados antes, durante y después de la votación del 12 de abril.

Como parte de las pesquisas, el fiscal Martínez requirió los teléfonos institucionales y personales de los involucrados, según el documento del requerimiento al que tuvo acceso La República.

Entre ellos se encuentran el exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas; el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez; la funcionaria del Área de Logística, Hilda Otoya Alvarado; y el servidor Willian García Velásquez.

Los investigados también deberán entregar sus correos electrónicos institucionales y personales; y los contenidos de los mismos (correos recibidos, enviados, spam, papelera y otros). En este caso, se incluye a la funcionaria Lilia Flores Bancho.

PUEDES VER: Auditores de ONPE hallaron durante la votación material electoral que no se había entregado

Cuestión de fondo

Además, la ONPE deberá proporcionar el registro de visitas externas a la Sub Gerencia de Producción Electoral y a la Gerencia de Gestión Electoral, desde mayo de 2025 al 12 y 13 de abril, los días del sufragio y de la votación complementaria.

Otro documento trascendental solicitado por la fiscalía es el Plan Operativo Electoral (POE), elaborado por Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, ya que sirvió para la configuración de los equipos electrónicos empleados durante el sufragio.

También se han pedido las copias certificadas de las guías de despacho de los 13 colegios donde no se entregó el material electoral y no se pudieron instalar las mesas de votación. Se cree que este no fue un hecho aislado sino parte de una operación para afectar los resultados electorales.

Según un acta de entrevista efectuada por la Contraloría el 14 de abril al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, este indicó que desde etapas previas ya se tenía conocimiento de que podrían generarse retrasos debido al incumplimiento del cronograma del Plan Operativo Electoral (POE).

Mencionó que esta anomalía se originó principalmente por la demora en la entrega de los equipos electrónicos necesarios para su configuración y posterior distribución, lo que luego generó incidentes en cadena que afectaron los comicios.

Los reportes en relación a los locales de votación que no utilizaron los equipos informáticos, es parte de a información requerida por el fiscal Raúl Martínez.

En 2025, la ONPE adquirió 30.000 laptops, 30.000 impresoras y 4.538 módem para 2.269 centros de votación en Lima Metropolitana y Callao.

“Se remitan de manera ordenada y separada, el reporte del cronograma de distribución del material electoral y equipos informáticos a los locales de votación, tanto el inicial como sus modificatorias, debiéndose precisar qué personas y áreas participaron en dicha elaboración y modificación, y las fechas en que cada cronograma fue elaborado y/o modificado”, dispuso el fiscal.

PUEDES VER: Negligencia de la ONPE en instalación de mesas afecta comicios electorales, afirman especialistas

Otros pedidos sobre contratista Galaga

• Para establecer si ONPE adoptó medidas para que todo el sistema funcionara correctamente, la fiscalía solicitó los registros de monitoreo. Por ejemplo, el seguimiento al traslado del material electoral y de los equipos informáticos, que estuvo a cargo del contratista Galaga, con la finalidad de determinar si cumplió con el contrato.
• En declaraciones a la Contraloría, Juan Phang indicó que el gerente José Samamé modificó el cronograma de rutas con el propósito de acelerar la distribución del material electoral, pero no consiguió el resultado esperado.

Ni la policía ni la fiscalía pudieron presentar indicios suficientes de la existencia de un peligro procesal y se consideró que para la búsqueda de los medios de prueba que se requieren, solo eran suficientes los allanamientos.

La Fiscalía presentó la solicitud de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE la noche del 21 de abril, de acuerdo con Tomás Gálvez, fiscal de la Nación.

Según señaló Gálvez, el pedido fue hecho por el fiscal Raúl Ernesto Martínez Huamán, quien lidera la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

“Hemos concluido, por el momento, que la conducta de Piero Corvetto es dolosa. Por ello, se ha solicitado el informe de la Policía para que la Fiscalía requiera al Poder Judicial la detención. Lo que se disponga dependerá del Poder Judicial”, declaró el fiscal de la Nación.

Allanamiento por caso ONPE

Desde las 5.30 a. m., la Fiscalía y la PNP realizaron un allanamiento simultáneo de 12 inmuebles como parte de la investigación por presunta colusión agravada tras la demora de la entrega del material electoral de ONPE el último 12 de abril.

Uno de los inmuebles allanados fue el del ex jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien recibió a las autoridades y colaboró con las diligencias.

En el registro se observa que conversa con los efectivos policiales y mostraba información en su celular.

Otros de los allanamientos involucraron al exgerente de la institución, José Samamé Blas, al subgerente Juan Phang y al representante legal de la empresa Galaga SAC, Juan Alvarado.

A través de una carta notarial, López Aliaga expresó que, "en aras de resarcir cualquier perjuicio que pudiera haber afectado" el honor de Dyer, extiende sus disculpas correspondientes".

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"Al respecto, cumplo con precisar que las expresiones a las que usted hace referencia fueron formuladas en clave de interrogante y en el marco de un debate público sobre asuntos de relevancia política y de interés general, sin que ello suponga, por sí mismo, una afirmación categórica de hechos como los descritos en su comunicación", dijo el aspirante al sillón presidencial como parte de sus argumentos.

"Corresponde señalar que las referencias efectuadas en la intensidad de un discurso político tuvieron por objeto plantear cuestionamientos y preocupaciones propias del debate público en el contexto de los graves ilícitos que se han cometido en esta contienda electoral. En tal sentido, no corresponde atribuir a dichas expresiones una intención distinta a la que objetivamente tuvieron", acotó.

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Samuel Dyer le pidió a López Aliaga que se rectifique

El pasado 20 de abril, un día después de la marcha, Dyer le envió una carta notarial a López Aliaga. La misiva se trató de las expresiones que tuvo el exalcalde de Lima sobre el empresario.

En el escrito, Dyer afirmó que todas las acusaciones de López Aliaga carecen de sustento fáctico, documental y legal. Además, rechazó que haya "destinado millones de dólares para financiar personeros en todo el país", que no organizó un "ejército de personeros" a disposición de un partido y que no colocó a un familiar a cargo de dicha estructura y tampoco participó en una supuesta "trafa" o "secuestro del Perú".

"No existe sustento alguno para afirmar la existencia de supuestos millones de dólares invertidos por mí, de una estructura organizada de personeros ni de cualquier otra participación de mi parte en los hechos señalados", se lee en el documento.

Según el portal de claridad de la ONPE, en 2021, el flamante titular de Defensa aportó S/550 en tres oportunidades a la campaña electoral de Fuerza Popular. Los aportes se hicieron en agosto, septiembre y octubre de ese año.

Lo mismo ocurrió en 2022. Hizo cuatro aportes por el mismo monto de dinero en enero, febrero, marzo y abril. En ese año, colaboró con S/2.200. En enero del 2023, también abonó S/300 a la campaña fujimorista.

En total, durante esos tres años, aportó S/4.150.

Sin embargo, hay más. En julio del 2018, Flores Carcagno aportó S/600 a la campaña del candidato fujimorista Diethell Columbus.

En tanto, en su declaración jurada de hoja de vida, el titular del Mindef informó que no cuenta con ninguna investigación abierta en su contra y que en su pasado no tuvo procesos disciplinarios.

Afiliado no, pero candidato sí

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, Flores Carcagno no se encuentra afiliado a Fuerza Popular ni a ningún otro partido.

No obstante, según el portal de Infogob, el ministro de Defensa fue candidato a regidor de Lima por Fuerza Popular en las Elecciones Regionales y Municipales del 2018.

No fue elegido, pero tuvo 2,699% del porcentaje de votos obtenidos por la organización política.

Ministro de Defensa fue asesor fujimorista del actual Congreso y consultor de Fuerza Popular

Flores Carcagno fue asesor fujimorista del actual Congreso de la República. El portal de Transparencia del Parlamento señala que el ministro de Defensa trabajó entre agosto del 2021 y febrero del 2023 como asesor principal de la legisladora Rosangela Barbarán Reyes, quien busca la reelección para el periodo 2026-2031.

Durante ese periodo, el funcionario percibió un salario de S/9.499 bajo el régimen de contratación 728.

En su declaración jurada presentada ante la Contraloría, el funcionario declaró que en enero, marzo y abril del 2019 trabajó como consultor de Fuerza Popular y en la supervisión y evaluación del proyecto de formación.

Keiko Fujimori niega cuota de poder en el Gobierno con ministro de Defensa

En declaraciones a la prensa, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, negó que la designación del ministro de Defensa sea parte de una cuota de poder en el Gobierno de Balcázar.

Fujimori dijo que Flores Carcagno no es militante de su partido y que solo trabajó con Barbarán como asesor en el Congreso.

“Venía trabajando como jefe de gabinete en el sector Defensa y me imagino que por eso ha sido convocado. Si fuese militante del partido, me hubiesen consultado, hubiese dicho que nadie participe en este gobierno de transición. Aspiramos nosotros a ser gobierno. Así es que yo rechazo tajantemente esta afirmación (de la cuota de poder)”, expresó.

Carlos Pareja es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores

El diplomático Carlos Pareja asumió oficialmente el cargo de ministro de Relaciones Exteriores tras jurar ante el presidente Balcázar. Su nombramiento como canciller ocurre después de la renuncia de Hugo de Zela, quien dejó el puesto recientemente en medio de la controversia generada por la adquisición de aviones F-16 Block 70.

Pareja es diplomático de carrera desde los años 80. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como embajador del Perú en países como Estados Unidos, Chile, España y Suiza. Su participación en el gabinete encabezado por Luis Arroyo marcará su primera experiencia al frente de un ministerio.

Una parte de su trayectoria diplomática transcurrió durante el régimen fujimorista. En 1990, Pareja asumió la dirección de Asuntos Sudamericanos en la Cancillería, cargo que desempeñó hasta 1993. Más adelante, entre 1997 y 1998, hacia el final de ese gobierno autoritario, se desempeñó como jefe de gabinete del viceministro de Relaciones Exteriores.

Así, los dos cargos que habían quedado vacantes en el gabinete ministerial ya han sido cubiertos. Ayer, luego de la salida de Carlos Díaz del Ministerio de Defensa, Amadeo Flores asumió la dirección de esa cartera. Hoy, la Cancillería también vuelve a contar con un titular.

PUEDES VER: López Aliaga se disculpa con Samuel Dyer tras acusarlo de financiar personeros a favor de Fuerza Popular

Historial de Jorge Rodríguez

Antes de laborar en la Dircocor, el oficial Jorge Rodríguez se desempeñó en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y fue captado por Jorge Castillo Alva, abogado de Benavides, para beneficiarla en el caso Cuellos Blancos.

El 9 de noviembre del 2022, el capitán Jorge Rodríguez envió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) un informe indicando que “no existe comunicación entre Patricia Benavides y el empresario Edwin Camayo Valverde”.

Edwin Camayo registra siete llamadas a Patricia Benavides. Rodríguez informó falsamente a la JNJ que investigaba el vínculo de Camayo con Benavides y que no mantuvieron contacto telefónico.

PUEDES VER: Nuevo ministro de Defensa postuló a regidor de Lima con Fuerza Popular y fue aportante del partido

José Castillo Alva incluso aseguró a Benavides que el capitán Rodríguez actuaría como testigo de descargo, esto por intermedio de su abogado Jefferson Moreno.

Por estas pruebas, Menacho fue detenido en el operativo Valkiria XI cuando se desarticuló la presunta red criminal que tejió Patricia Benavides.

Ahora Nación presenta pedido para apartar a investigador del caso

A través de una solicitud formal, el partido Ahora Nación pidió que se aparte a Jorge Rodríguez de “toda actuación investigativa” relacionada con el caso de Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE. El pedido se sustenta en los presuntos vínculos señalados previamente entre Rodríguez y la exfiscal Patricia Benavides.

“En ese sentido, se advierte que el referido oficial ha sido vinculado, a través de fuentes abiertas y reportes periodísticos, a entornos relacionados con Patricia Benavides, quien es actualmente investigada en la Carpeta Fiscal N.º 13-2023 por presuntos delitos de organización criminal y corrupción, en los que se encontrarían involucrados diversos actores del sistema de justicia”, se lee en el documento.

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López Aliaga condecoró a Patricia Benavides

La solicitud de Ahora Nación también recuerda un episodio que evidenciaría la cercanía entre Patricia Benavides y Rafael López Aliaga, uno de los principales promotores de la narrativa de fraude en el actual contexto electoral. En 2023, el entonces alcalde de Lima condecoró a Benavides con una medalla bañada en oro. En ese momento, este diario reveló que el galardón tuvo un costo de S/8.000, asumido por la Municipalidad de Lima.

El partido liderado por Alfonso López Chau precisó que las evidencias de una relación entre López Aliaga y Benavides, así como la intervención de un oficial de la PNP presuntamente vinculado a la exfiscal, “no implican, por sí mismas, la existencia de una coordinación ilícita”. No obstante, advirtió que esta situación “configura un riesgo objetivo de sesgo en la actuación investigativa, suficiente para comprometer la apariencia de imparcialidad exigida en el proceso penal”.

La juramentación estuvo a cargo del mandatario. El resto del equipo ministerial se encontró presenciando también el evento.

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Pareja ha sido diplomático de carrera desde la década de los 80. Durante su trayectoria, fue el embajador del Perú ante países como Estados Unidos, Chile, España y Suiza. Esta experiencia en el gabinete liderado por Luis Arroyo será su primera vez al mando de una cartera ministerial.

Parte de su carrera diplomática también fue desarrollada durante la dictadura fujimorista. En 1990, Pareja asumió como director de Asuntos Sudamericanos dentro de la Cancillería, puesto que ocupó hasta 1993. Entre 1997 y 1998, ya en el ocaso del régimen autoritario, Pareja fue jefe del gabinete del viceministro de Relaciones Exteriores.

De esta manera, los dos puestos vacantes en el gabinete ministerial vuelven a ser ocupados. Ayer, tras la salida de Carlos Díaz como titular del Ministerio de Defensa, Amadeo Flores asumió la conducción de esa cartera. Hoy, la Cancillería también cuenta nuevamente con un titular.

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Hugo de Zela renunció al cargo y llamó mentiroso a Balcázar

Tras la decisión del Gobierno de descartar la compra de los cazas estadounidenses F-16 Block 70, el canciller Hugo de Zela optó por presentar su renuncia irrevocable. En la carta dirigida al presidente, manifestó su completo desacuerdo con el cambio de postura del Ejecutivo, al considerar que se trata de un asunto estratégico vinculado a la seguridad nacional.

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El diplomático cuestionó que la medida haya sido tomada de manera sorpresiva y sin mayor previsión. Asimismo, dejó en claro que no respalda este viraje en una política clave para la defensa del país y advirtió que la determinación podría perjudicar seriamente los intereses nacionales.

Aunque evitó precisar cómo se gestó internamente la decisión de dejar sin efecto la adquisición, su salida evidenció fricciones dentro del gabinete en torno a este tema. Posteriormente, el excanciller sostuvo que el presidente estaba al tanto de la firma de los contratos relacionados con la compra, e incluso lo acusó de haber faltado a la verdad al país al negar dicho conocimiento.

Alfonso López-Chau, líder de Ahora Nación, confirmó que la comunicación y la posibilidad de formar alianzas entre diversas agrupaciones se mantienen hasta el momento. Aunque reveló que en un inicio no fue invitado a participar en la coalición de centro que se formó previo a las elecciones, el exrector de la UNI manifestó que ha tomado la iniciativa para retomar los diálogos con otros partidos. “[Previo a las elecciones] Nos reuníamos en coalición, estaba Rafael Belaunde, Marisol Pérez Tello, Rolando Pantoja (...) por las elecciones se suspendió, pero retomé y estamos reuniéndonos. Estamos en diálogo”, sostuvo durante una entrevista.

Para López-Chau, la urgencia de este diálogo responde a la necesidad de proteger la voluntad ciudadana. En esa línea, el líder de Ahora Nación reafirmó su voluntad de mantener diálogos con otros partidos. “Queremos conversar con otras fuerzas políticas como el partido de Mesías Guevara y de Marisol Pérez Tello. Trataremos de llegar a un consenso (…) para defender el voto del pueblo”, agregó y dejó la posibilidad de la creación de una alianza.

La República también conversó con Carlo Salcedo Cuadros, secretario nacional de Doctrina y Formación Política de Ahora Nación. El representante señaló que se han reunido con diversos líderes de otros partidos para defender la estabilidad del proceso electoral.

“Se han realizado conversaciones con diversos líderes ex candidatos presidenciales como Marisol Pérez Tello, Mesías Guevara, Fiorella Molinelli, o con líderes de otros partidos como Diana Álvarez Calderón o Gino Costa (de Libertad Popular de Rafael Belaúnde), en la perspectiva de defender la integridad del proceso electoral y que se respeten los resultados de las elecciones, sean cual sean”, declaró para el diario.

Además, Salcedo también se refirió a la posición del partido frente a una eventual segunda vuelta. “Se evaluará oportunamente, pero por el momento la única definición es que de ninguna manera vamos a hacer alianza con Keiko Fujimori”.

En este escenario de posibles alianzas, Mesías Guevara, líder del Partido Morado, también manifestó su disposición para dialogar y reunirse con diferentes organizaciones políticas frente a la crisis electoral. En diálogo con La República, Guevara señaló que su partido aún no se pronunciaba formalmente sobre a qué candidato respaldarían. Sin embargo, expresó su rechazo personal a la candidatura de Fuerza Popular. “El partido no ha decidido de manera institucional. Pero yo he expresado que no votaré por Keiko”, señaló.

Marisol Pérez Tello, de Primero La Gente, también se ha sumado a este esfuerzo por priorizar la voluntad popular por encima de las leyes "hechas a medida" por el actual Congreso. “Hay que defender el voto de la gente aunque no nos guste el resultado. Es verdad que la cancha está inclinada y que el pacto mafioso armó toda una legislación, pero nos va a meter en una espiral donde solo vamos a parar cuando los que ganen nos gusten”, sostuvo la exministra, llamando a aceptar los resultados.

En cuanto a los respaldos directos, Ronald Atencio, candidato de Venceremos, es una de las figuras que apoya la candidatura de Roberto Sánchez para enfrentar al fujimorismo. En diálogo con este diario, coincidió en que los sectores democráticos deben unirse.

"Nosotros no hemos conversado, pero no descartamos sentarnos a la mesa y tener puntos de coincidencia. Este proceso electoral no puede ser recortado", afirmó. Además, el candidato señaló para este diario que "el voto se hizo el 12 y tiene que respetarse, cualquier voto posterior no es un voto auténtico, ya que está condicionado a resultados previos".

El 22% no sufragó debido a que no se encontraba en su lugar de votación. De hecho, un 7% señaló que su local estaba demasiado lejos de su lugar de residencia, por lo que no pudo emitir su voto. En 2021, esta cifra fue aún mayor: el 32% de los ausentes no sufragó por encontrarse en una ubicación distinta a la asignada.

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La salud también influyó en la decisión de acudir a votar. El 18% de los peruanos no asistió por este motivo. En 2021, un 21% alegó la misma razón, mientras que otro 12% especificó que no acudió por temor a contagiarse de COVID-19.

La falta de confianza en los representantes políticos y el desinterés en el proceso electoral también influyeron: el 5% de los encuestados señaló que no votó porque “no confía y/o no le interesan las elecciones”.

También hay quienes no votaron por factores fortuitos: el 6% de los ausentes corresponde a ciudadanos que extraviaron su Documento Nacional de Identidad (DNI) en los días previos a las elecciones.

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Otra parte del electorado no estaba obligada a votar. Como establece la ley, el sufragio es obligatorio hasta los 70 años; a partir de esa edad, deja de ser exigible. El 9% de los ausentes corresponde a adultos mayores que no estaban obligados a sufragar, cifra superior a la registrada en 2021 (8%). Ese mismo año, un 6% no estuvo obligado a votar por motivos de salud.

En 2021, los problemas vinculados a trámites y tránsito también afectaron la posibilidad de los electores de ejercer su derecho al voto: el 3% no sufragó por esta razón. Asimismo, otro 2% no lo hizo por pertenecer a las Fuerzas Armadas o a la Policía.

¿Dónde votaron más y dónde votaron menos los peruanos?

De acuerdo con la web de la ONPE, las regiones con mayor participación fueron Tacna, Arequipa, Puno, Moquegua y Lima.

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En el caso de Tacna y Arequipa, ambos departamentos son los únicos que superan el 80% de participación ciudadana, con 80,85% y 80,14%, respectivamente. Puno y Moquegua siguen en la lista con 78,89% y 76,73%. En Lima, la participación alcanza el 76,30%. En 2021, esta cifra fue ligeramente menor en la capital, con 74,57%.

Por otro lado, las regiones con menor participación fueron Loreto, Amazonas, Ucayali y Pasco. En Loreto, la participación ciudadana alcanzó apenas el 50,85%, lo que la posiciona como la región con mayor ausentismo en este proceso electoral. Amazonas ocupa el segundo lugar, con 59,47%. Ucayali y Pasco registraron niveles de participación cercanos al 60%, con 60,04% y 60,86%, respectivamente.

“Muchos ven más ganancia en el trabajo y prefieren pagar la multa”

Para el politólogo Alejandro Mejía, profesor de ciencia política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la informalidad laboral y las condiciones sociales del país generan incentivos para que algunos ciudadanos opten por trabajar y pagar la multa en lugar de acudir a votar.

“Mucha de la población es informal, y trabajar un domingo —cuando se moviliza gran cantidad de personas, como ocurre en una jornada electoral— puede resultar rentable. Por eso, muchos ven mayor ganancia en el trabajo y prefieren pagar la multa”, señaló.

Mejía consideró que la ONPE debe fortalecer la difusión para que los ciudadanos puedan cambiar oportunamente su lugar de votación a uno más cercano a su domicilio. “Esto implica mejorar la comunicación de los plazos para realizar ese trámite. También preocupa la falta de coordinación con el Reniec respecto a la obtención del DNI. La ONPE y el JNE deben promover el compromiso cívico desde las universidades e instituciones del Estado para incentivar la participación electoral. Aunque, claro, esto también se explica por la falta de representación que percibe la ciudadanía respecto de la clase política”, indicó.

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El 18% del electorado decidió su voto el mismo día de la elección

El 18% del electorado decidió a que candidato presidencial votar exactamente el pasado 12 de abril, día en que se realizaron las elecciones. La cifra, recogida también a partir de encuestas realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), evidencia un nivel significativo de indecisión entre los votantes.

Según el mismo estudio, en 2021 el mismo porcentaje de electores decidió su voto el día de la elección. Asimismo, en ese año, un 32% optó por su candidato una semana antes de los comicios. En la presente elección, ese porcentaje fue menor, aunque aún relevante: 25%.

También hubo votantes que definieron su elección durante el mes de marzo. Un 18% tomó su decisión en ese periodo, cifra superior a la registrada en 2021, cuando fue del 15%.

El estudio del IEP también señala que una parte importante del electorado ya tenía definido su voto con anticipación. El 37% indicó que eligió a su candidato meses antes de la primera vuelta, porcentaje superior al 34% registrado en 2021.

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“Al menos un tercio de la población es sumamente volátil”

Para el sociólogo político Pavel Aguilar, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), estos resultados reflejan que la posibilidad de que nuevos liderazgos obtengan resultados favorables en cada proceso electoral se mantiene vigente.

“Aunque existan algunas preferencias políticas relativamente definidas —como el núcleo duro del fujimorismo, concentrado en Lima y el norte, o el voto ‘antisistema’ del sur—, al menos un tercio de la población es sumamente volátil en sus preferencias políticas”, señaló.

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El analista consideró que los debates presidenciales influyeron en este comportamiento: “La cuarta ubicación de Jorge Nieto no se explica sin sus intervenciones en los debates. Presumo que, al notar tendencias favorables en redes sociales, su equipo intensificó su campaña en las semanas previas a la elección”, indicó.

Aguilar sostuvo que el hecho de que muchos electores decidan su voto en los días previos refuerza la idea de que unas elecciones complementarias podrían distorsionar la voluntad popular: “Se realizarían sobre un piso informativo desigual, en favor de los candidatos mejor posicionados. Esto desvirtuaría el espíritu democrático y funcionaría como una especie de ‘presegunda vuelta’ para quienes acudan a votar”, concluyó.

Sánchez llegó a su mitin en Bambamarca montado a caballo, con su característico sombrero y rodeado de simpatizantes aseguró que existe una intención de controlar el sistema electoral en la etapa final del conteo presidencial. También rechazó los cuestionamientos al proceso electoral y sostuvo que ciertos sectores buscan modificar las reglas porque los resultados no les favorecen.

“Ahora quieren controlar la recta final y no solo la segunda vuelta. Hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas a protestar. Quieren ir al margen de la ley, al margen de la Constitución. Alertamos que el pueblo se moviliza. Hay una voluntad que quiere controlar el sistema electoral; hoy, como es tan evidente, ya no pueden controlar el voto. Está claro quiénes han perdido”, declaró durante su actividad pública en Bambamarca en la que también pidió la libertad de Castillo, hoy recluido en Barbadillo por intento de rebelión.

Roberto Sánchez: “Hay que exigir el respeto al voto ciudadano”

Desde allí también anunció nuevas movilizaciones en Cajamarca, Huancavelica y Lima para exigir respeto al voto ciudadano y rechazar cualquier intento de modificar el resultado de la primera vuelta.

“Convocamos a todas las fuerzas democráticas a movilizarse pacíficamente para defender la institucionalidad y exigir el respeto irrestricto al voto ciudadano. Miércoles, Cajamarca; jueves, Huancavelica; domingo, Lima. Del Perú profundo a la capital”, se lee en su publicación.

A través de publicaciones en su cuenta de X, Sánchez cuestionó la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de aceptar la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE y sostuvo que esa medida “carece de sustento legal” y “representa una grave irregularidad institucional”. También rechazó versiones sobre posibles elecciones complementarias y aseguró que no existe base legal para ello.

El exministro señaló que algunos sectores buscan cambiar las reglas del proceso electoral porque los resultados no les favorecen, especialmente en regiones del interior del país. Sin mencionar directamente a Rafael López Aliaga, criticó los cuestionamientos al conteo y pidió defender la institucionalidad mediante movilizaciones pacíficas.

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Sánchez rechaza elecciones complementarias y JNE no respalda esa posibilidad

El candidato afirmó que “se pretende imponer elecciones complementarias sin base legal” y sostuvo que esa posibilidad vulnera la democracia y busca cambiar las reglas del proceso electoral cuando el conteo aún no ha concluido, pues el Jurado Electoral Especial se encuentra en pleno proceso de evaluación de las actas observadas.

El candidato de Juntos por el Perú señaló que los votos del interior del país no favorecen a ciertos sectores políticos y cuestionó que se intente desconocer esos resultados mediante pedidos de una nueva votación.

Su postura coincide con la reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que descartó convocar elecciones complementarias en Lima Metropolitana, una propuesta impulsada por Rafael López Aliaga tras denunciar presuntas irregularidades en mesas afectadas por problemas logísticos de la ONPE.

Cabe mencionar que fuentes de La República señalaron que, tras el Pleno del JNE, en el que participó parcialmente el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, quedó claro que no hay una alternativa distinta a la vía legal que permita realizar una elección complementaria.

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Roberto Sánchez se perfila para pasar a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori

Con el 94,794% de actas contabilizadas por la ONPE y 4.829 actas aún en proceso de revisión en el Jurado Electoral Especial (JEE), el sistema electoral ya no registra actas pendientes, sino únicamente actas observadas que deben pasar revisión formal antes de la proclamación final.

En ese escenario, Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre López Aliaga en la disputa por el segundo lugar. Para que el candidato de Renovación Popular revierta ese resultado tendría que concentrar una mayoría extraordinaria en esas actas observadas y, además, lograr que las resoluciones del JEE modifiquen sustancialmente el conteo actual, algo poco frecuente en esta etapa del proceso.

Desde Renovación Popular se insistió en denuncias de fraude y en el pedido de elecciones complementarias en Lima; sin embargo, el JNE descartó esa posibilidad y hasta ahora no existen pruebas concluyentes de una manipulación del resultado electoral. Las principales incidencias reportadas estuvieron vinculadas a problemas logísticos, retrasos en la distribución de material y actas siniestradas, no a una alteración comprobada de votos.

Por ello, la discusión ya no gira en torno a una eventual repetición de elecciones, sino a la revisión final de actas observadas y a la proclamación oficial del candidato que enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial.

El primero en pronunciarse, a través de sus redes sociales, fue el congresista Ilich López, de Acción Popular, quien anunció que impulsará la moción de censura contra el presidente. A través de sus redes sociales, señaló: “La seguridad nacional no se negocia”, y sostuvo que la defensa del territorio y la protección de los secretos de Estado deben estar por encima de cualquier cálculo geopolítico.

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López indicó que su decisión se sustenta en las facultades constitucionales del Congreso y en la defensa irrestricta de la Nación. Su pronunciamiento se dio horas después de que se conociera la paralización de la compra de los F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin.

El Ejecutivo, por su parte, ha señalado que la operación no ha sido cancelada, sino que será evaluada por el siguiente gobierno. El presidente José María Balcázar afirmó que no intervino en la negociación y negó haber brindado información falsa sobre el proceso.

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Fernando Rospigliosi anunció que el Congreso dará trámite a moción de censura contra Balcázar

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, representante de Fuerza Popular, confirmó que la moción presentada contra el mandatario seguirá el procedimiento establecido en el reglamento. Señaló que el Parlamento debe actuar conforme a sus competencias y sin excepciones.

Rospigliosi indicó que la iniciativa será evaluada una vez que se verifiquen las firmas necesarias. Precisó que, al encontrarse el Legislativo en periodo de funciones, no se requiere el número de adhesiones exigido durante el receso parlamentario, lo que facilita el trámite.

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El titular del Legislativo también se refirió al contexto político tras la renuncia de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores. Consideró que ambas salidas debilitan al gabinete en un momento sensible para el país y evidencian discrepancias internas en el Ejecutivo.

Además, afirmó que cuenta con información que indica que los compromisos financieros vinculados al sector defensa siguen en curso. Con ello, puso en duda una paralización total del proceso de adquisición de los aviones, como se ha señalado desde algunos sectores.

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Alianza para el Progreso y Renovación Popular se suman a cuestionamientos

La bancada de Alianza para el Progreso elevó el tono contra el Gobierno tras la postergación de la compra de los aviones de combate. En un comunicado oficial, advirtió que la suspensión unilateral de un contrato del Estado compromete la relación con Estados Unidos, al que calificó como socio estratégico del Perú por más de 200 años.

El pronunciamiento también alertó sobre posibles consecuencias legales. APP señaló que la decisión podría abrir la puerta a demandas en tribunales internacionales y afectar la estabilidad de las relaciones comerciales. Además, remarcó que la modernización de la defensa aérea es una necesidad urgente, ya que la última adquisición de este tipo —los Mirage 2000— se realizó en 1984, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

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En esa línea, la bancada recordó que el proceso de compra de los F-16 no es reciente. Precisó que se inició en 2012, fue aprobado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y cuenta con presupuesto asignado en las leyes de 2025 y 2026. Para APP, desconocer ese camino afecta la credibilidad del país y envía una señal de incumplimiento ante la comunidad internacional.

Desde Renovación Popular también surgieron cuestionamientos. La crítica gira en torno al impacto que tendría frenar la operación en la capacidad operativa de la Fuerza Aérea y en la posición del Perú frente a otros países de la región.

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Por su parte, el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, lanzó una crítica directa al presidente José María Balcázar. Afirmó que su actuación responde a presiones políticas y no a una visión de Estado. También advirtió que esta decisión pone en riesgo la seguridad nacional y deteriora las relaciones internacionales del Perú.

Cavero fue más allá en su cuestionamiento. Señaló que el país no puede permitirse más “irresponsabilidades” en un contexto de crisis política y sostuvo que el jefe de Estado no está actuando con la seriedad que exige el cargo. Sus declaraciones se suman a la presión desde distintas bancadas que buscan avanzar con la moción de censura contra el mandatario.

¿Quién es el nuevo ministro de Defensa?

En el ámbito académico, Amadeo Flores Carcagno es abogado de profesión por la Universidad San Martín de Porres y cuenta con una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales - Caen en 2018. Además, cuenta con especializaciones en gestión pública, derecho constitucional, derecho internacional público y derecho empresarial.

Sobre su experiencia laboral, Amadeo Flores inició su trayectoria en el sector privado como jefe del área de Derecho Constitucional y Administrativo en el Estudio Jurídico Noriega Ampudia y Abogados Consultores, cargo que desempeñó desde marzo de 2004 hasta diciembre de 2009. Posteriormente, realizó consultorías para la Policía Nacional del Perú entre diciembre 2011 y febrero 2012. A finales del 2012, fue parte del Ministerio de Defensa del Perú hasta marzo del 2013.

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Entre enero de 2014 y agosto de 2016, asumió la Dirección General de Gestión del Sistema de Defensa Nacional y la jefatura de Programas y Proyectos en la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. Tras esta etapa, se desempeñó como experto en Modernización en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desde noviembre de 2016 hasta agosto de 2017, para luego trabajar en el Congreso como asesor de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte entre agosto de 2017 y marzo de 2018.

A finales de 2018, ejerció como Consultor del Despacho Ministerial en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hasta marzo del 2019. Seguidamente, ocupó la jefatura de la Secretaría de Gestión de Asuntos Corporativos en el OTASS desde abril de 2019 hasta febrero de 2021.

Su retorno al Congreso se dio en julio de 2021, durante el gobierno de Pedro Castillo, el abogado tuvo el cargo de asesor hasta febrero de 2023.

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En años recientes, lideró la Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado en el Proyecto Especial Legado entre febrero del 2023 y enero del siguiente año. Además, asumió la Gerencia General de la ATU entre marzo y octubre de 2024.

Entre noviembre del 2024 y julio de 2025, el abogado también se desempeñó como jefe del gabinete de asesores en el Ministerio de Defensa cuando Walter Astudillo Chávez era titular de la cartera. Dos meses después, desde septiembre de 2025, se mantuvo en el cargo de asesor del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario en el MIDAGRI.

Actualmente, asume el cargo de ministro de Defensa en un contexto de inestabilidad política tras decisiones contradictorias entre el presidente, el premier, la Cancillería y la cartera de Defensa sobre la compra de aviones para la FAP.

“El tema es que hemos acordado desde el inicio de que se postergaba para el nuevo Gobierno y todavía esa circunstancia no ha cambiado. No hay compra todavía”, afirmó Balcázar a Radioprogramas.

“Mi despacho ha considerado necesario que sea el nuevo gobierno con toda la legitimidad del caso el que tenga que hacer la compra de los aviones”, insistió en otra entrevista con Exitosa.

En un lunes cargado de rumores, especulaciones y filtraciones, que señalaban que en la base aérea de Las Palmas de la FAP un alto oficial de esta institución y un representante de Lockheed Martin, estamparon sus firmas en un contrato para la compra de un primer lote de 12 cazas F-16 Block 70, en la noche Balcázar declaró a “El Comercio” que su gobierno no había comprado nada.

Empero, el martes a primera hora de la mañana el jefe de Estado ante dos medios nacionales repitió que su gestión transitoria no adquirirá las aeronaves de combate.

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Que decida el nuevo presidente

“Esta compra se tiene que hacer con toda tranquilidad y bien analizado para que todo el país se quede contento, cuando uno hace una compra normal. (…) No descarto el asunto de la compra, la compra debe mantenerse en el sentido de las mejores relaciones con todos los países que tienen aviones”, expresó Balcázar a RPP.

El viernes 17 de abril, cuando se había programado la suscripción del acuerdo comercial, muy temprano en la mañana Balcázar declaró a “Exitosa” que prefería que el presidente que será elegido en segunda vuelta, resolviera la compra de las aeronaves de guerra.

Las declaraciones del presidente Balcázar indignaron al embajador estadounidense Bernie Navarro, quien usó su cuenta de “X” para advertir, a los que “negocian de mala fe con EE.UU”, que recurrirá “a todas las herramientas disponibles” para hacer respetar los intereses de su país. Es decir, si el gobierno peruano dejaba sin efecto el contrato con Lockheed Martin.

Sin embargo, Balcázar descartó turbulencias en la relación con Estados Unidos, por la no suscripción del acuerdo comercial.

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Las ondas expansivas

“Sería alarmista decir que por un contrato de compra-venta se tenga que imponer una circunstancia de guerra, subida de aranceles. No, porque es una circunstancia muy tangencial para las relaciones antiguas y permanentes con Estados Unidos”, le dijo el mandatario a Exitosa.

Hasta enero de este año, estaban en competencia las ofertas de las fábricas Dassault Aviaton (Rafale F4), de Saab (Gripen E/F) y Lockheed Martin (F-16 Bock 70), pero todo cambió después que el tres de febrero de este año el expresidente José Jerí recibió las credenciales de Bernie Navarro como embajador de los Estados Unidos.

Pronto el gobierno de Jerí firmó un acuerdo de defensa estratégica con los Estados Unidos, virtualmente condicionado a la venta de los cazas F-16 Block 70 a la FAP.

Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron a La República que luego del convenio con Estados Unidos, orientó todo el proceso a favor de la propuesta de los F-16 Block 70. “Esa fue la consigna presentada como una necesidad adoptada en función de los intereses de la defensa nacional y la alianza estratégica con los Estados Unidos”, dijeron la fuentes con conocimiento del proceso.

A partir de entonces, más preisamente, comenzaron a llegar al Ministerio de Defensa comitivas de Lockheed Martin para sostener largos encuentros relacionados con la contratación, como parte de un proceso en el que virtualmente fueron apartadas la francesa Dassault Aviation y la sueca Saab, pese a que la FAP los ubicó en el primer y segundo lugar entre los finalistas. El tercero fue la estadounidense Lockheed Martin. Pero ni Saab ni Dassault fueron invitados. La preferencia era notoria.

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Luces de alarma

Esto motivó la protesta del vicepresidente de Saab, Lars Tossman, quien despachó una carta al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, en la que deja entrever que en el proceso de selección carecía de transparencia porque no le han pedido a su empresa que actualice y sustente su propuesta de Gripen E/F que presentó en 2025.

Lo que no estaba en los cálculos del sector militar del gobierno de Balcázar (el primer ministro Luis Arroyo Sánchez (general EP en retiro); el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino (general EP en retiro; y el jefe de la ACFFAA, Erwin Solís Ochoa ( general EP en retiro, es que el presidente anunciara la suspensión del contrato, el mismo día que se organizó la firma en la base aérea Las Palmas, el viernes 17 de abril.

Las fuentes indicaron que el lunes 20 de abril, el ministro de Defensa se comunicó con el comandante general de la FAP, general del aire Mario Contreras León Carty, y le indicó que se continuara con el proceso de contratación. De otro modo, se perdería la oferta de Lockheed Martin. Para la firma fue designado el comandante del Servicio de Abastecimiento Técnico (SEBAT), coronel FAP Carlos Rey Benavente. Por tratarse de un proceso secreto, el Ministerio de Defensa no confirmó la información. Lockheed Martin tampoco ha repirtado en su portal haber contratado con la FAP.

El viernes 17 de abril, Balcázar informó que su gestión no firmaría contrato con la empresa estadounidense Lockheed Martin para la adquisición de 24 cazas F-16 Block 70, y que dejaba la decisión al próximo gobierno electo. Pero Arroyo, De Zela y Díaz, que participaron directamente en el proceso, cuestionaron lo resuelto por el jefe de Estado y se organizaron para que la suscripción de los contratos (por la compra de las aeronaves y otro complementario de compensación e industrial (Offset), se ejecutara el lunes 20 de abril. El argumento del grupo del premier Arroyo fue que ya había un proceso en curso y obligaciones que cumplir, por lo que procedía la firma con Lockheed Martin.

Sin embargo, en diferentes medios, Balcázar negó que se hubiera firmado nada y reiteró que mantenía su posición de trasladar la responsabilidad a quien resulte elegido en la segunda vuelta. Es lo que declaró en cuatro momentos el martes 21 de abril. Y parecía, en efecto, que el mandatario no había mudado de pensamiento.

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Cuando a primera hora del miércoles 22 de abril circuló la resolución presidencial despidiendo al ministro de Defensa, Carlos Díaz -a quien se atribuye haber ordenado a la Fuerza Aérea del Perú la suscripción del contrato-, era evidente que Balcázar no estaba de acuerdo con la actuación de este.

Es más, en su carta a Balcázar, el exministro Díaz reconoció que su salida se debía a que no estaba de acuerdo con el jefe de Estado, quien optó por cancelar el contrato: “Ante lo cual mantengo una discrepancia sustantiva, particularmente por sus implicancias respecto del proceso de contratación (...), al considerar que podría comprometer los intereses del país”.

Luego el renunciante canciller Hugo de Zela, quien participó del proceso desde el gobierno del expresidente José Jerí, arguyó que el presidente Balcázar sí estaba enterado de la suscripción del contrato.

“El lunes 20, cuando se firmaron los contratos, el Mindef le comunicó a Balcázar que los dos contratos se habían firmado (por los cazas y por el Offset). Sin embargo, el señor Balcázar ha estado saliendo en medios a decir que los contratos no están firmados. Creo que es grave que un jefe de Estado mienta”, indicó De Zela.

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Muy poco después, el presidente Balcázar, ofreció un mensaje a la Nación, ratificando que no habrá contrato durante su mandato transitorio porque necesitar dirigir fondos a otras prioridades.

“No hemos tenido otra intención sino de hacer que los dineros del Estado se graven adecuadamente, en concordancia con las grandes brechas sociales que tenemos que cubrir. Y para eso, necesito tener caja para afrontar tremendos desafíos. (...) Una compra de esta naturaleza no será motivo de una confrontación, de ninguna manera. Lo que se ha dicho, como repito, es que eso (la compra de los cazas) lo conozca el nuevo gobierno que entra en el país”, expresó.

También se dio para responder a sus ex ministro Díaz y De Zela: “Se ha deslizado de que yo habría mentido al país sobre la situación jurídica de este contrato, lo que no es verdad. Yo no he intervenido en esas negociaciones, así que no se puede decir que yo he mentido”, aclaró.

De este modo, sin quererlo, Balcázar admitió que hay un grupo dentro de su gobierno que adopta decisiones al margen de su conocimiento.

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Un ejemplo que grafica esta situación es el comunicado que difundió el primer ministro, el general EP (r) Luis Arroyo Sánchez. Luego de pocas horas de que Balcázar reiteró por enésima vez que no habrá contratación con Lockheed Martin, expresó que el proceso continuaba y que la adquisición de los F-16 Block 70 es un hecho consumado.

“El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) acordó la adquisición de dichos aviones (F-16 Block 70) para la Fuerza Aérea del Perú”, señaló el premier: “A la fecha, venimos cumpliendo compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato de compraventa de aviones F-16”.

En ninguna parte del Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero, que aplica la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), se indica que la adquisición depende de lo que elija el Cosedena. Es el usuario, en este caso la FAP, el que lo determina en un proceso de selección y eleva el expediente respectivo a la ACFFAA, entidad que otorga la buena pro.

En este caso, la francesa Dassault Aviation presentó el caza Rafale F4, la sueca Saab el Gripen E/F y la norteamericana Lockheed Martin el F-16 Block 70. Como lo ha revelado La República, por decisión del gobierno de José Jerí, se desechó el concurso y se trabajó con la oferta estadounidense.

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En esta línea, el comandante general de la FAP, general del aire Raúl Contreras León Carty, emitió una resolución expresando que la institución se inclinaba por los F-16 Block “por razones estratégicas de interés nacional”, pese a que el Comité Evaluador Técnico-Operacional (CETO) de la institución castrense, emitió un informe señalando que el orden de interés era el siguiente: Rafale F4, Gripen E/F y F-16 Block 70. Contreras sencillamente se acogió a la consigna.

Lo mismo sucedió con el jefe de la ACFFAA, general EP (r) Erwin Solís Ochoa, quien se limitó a validar el requerimiento de la FAP, cuando el Manual de Contrataciones en el Extranjero exige la evaluación de todas las propuestas. Como ha quedado probado, la FAP nunca negoció ni con Saab, ni con Dassault Aviation, sino únicamente con Lockheed Martin.

Cuando en su mensaje el presidente Balcázar ratificó que no habrá contrato, horas después, otro miembro del grupo del premier Luis Arroyo, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas, autorizó la transferencia a Lockheed Martin de US$462 millones. Curiosamente, quien adelantó que se haría el abono, fue el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien apoya decididamente el contrato con Estados Unidos (ver recuadro).

En su momento, todos deberán rendir cuentas ante las autoridades.

De acuerdo con la página web del ente electoral, Fujimori (Fuerza Popular) se ubica en el primer lugar con 17,048% y 2.716.120 votos, Sánchez en el segundo puesto con 12,035% y 1.917.419 votos y López Aliaga en la tercera colocación con 11,906% y 1.896.961 votos.

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El siguiente paso del conteo de votos para contabilizar las actas al 100% es que los Jurados Electorales Especiales (JEE) regresen resueltas a la ONPE las actas que fueron observadas durante los comicios electorales del 12 y 13 de abril.

El portal de la ONPE señala que hay 5.147 actas pendientes de la elección presidencial por enviar a los JEE para que las puedan revisar.

En tanto, en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aparece que, hasta el momento, el ente electoral ha enviado 5.535 actas y ya se han resuelto 4.617. Estas últimas actas serán enviadas a la ONPE debido a que ya cuenta con un pronunciamiento oficial.

Sin embargo, el proceso deberá esperar un poco más debido a que 619 actas fueron enviadas para el recuento de votos en el JEE de donde fue observada. El conteo es transmitido en una audiencia pública para garantizar la transparencia de los resultados.

JNE responsabiliza al ONPE por retraso en conteo de votos: pide que le entreguen 30 mil actas observadas

El último martes 21 de abril, el JNE atribuyó a la ONPE la demora en el conteo de votos, a pesar de que —según indicó— le ha solicitado en reiteradas ocasiones el envío de cerca de 30.000 actas observadas de las elecciones 2026.

Mediante un comunicado, el organismo electoral instó a agilizar la remisión de los documentos pendientes, a fin de que el proceso avance conforme al cronograma establecido.

Asimismo, advirtió que la falta de entrega total de estas actas “compromete el cumplimiento del calendario electoral”, ya que sin ellas no puede efectuar el cotejo legal necesario para resolver las apelaciones, lo que retrasa la proclamación oficial de los candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

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La salida del anterior ministro no fue un hecho aislado. Carlos Díaz Dañino presentó su renuncia irrevocable en medio de la controversia por la compra de aviones F-16, luego de que el Ejecutivo decidiera frenar el proceso pese a que ya existían avances en la negociación.

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Este episodio evidenció un quiebre dentro del Gobierno. La decisión del presidente José María Balcázar de postergar la adquisición generó una reacción inmediata dentro del gabinete. La medida no solo impactó en Defensa, también provocó la salida de otros altos funcionarios y dejó al descubierto tensiones en torno a una operación millonaria.

La designación de Flores Carcagno se dio en un contexto ya condicionado por la polémica. La salida de su antecesor respondió a cuestionamientos en torno a la compra de aviones estadounidenses, lo que colocó al sector Defensa en el centro del debate público sobre transparencia y toma de decisiones.

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A diferencia de otros titulares del sector, el nuevo ministro no proviene de las Fuerzas Armadas. Su perfil responde más a una formación técnica en gestión pública y defensa, con experiencia previa dentro del propio ministerio y en distintas entidades del Estado.

Según informó Epicentro TV, el ahora ministro fue asesor principal de la congresista de Fuerza Popular, Rosángella Barbarán, entre diciembre de 2021 y febrero de 2023. Durante ese periodo, Flores recibía un sueldo mensual de S/9.499 (enero 2021) y S/10.975 (enero 2023).

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El mismo medio señaló que también integró la Comisión de Educación del Congreso como asesor entre 2017 y 2018, cuando esta era presidida por la fujimorista Paloma Noceda.

Por otro lado, Ideeleradio reportó que Flores Carcagno registra aportes económicos a Fuerza Popular. Estos ascienden a S/4.150 entre los años 2021 y 2023, según datos de financiamiento partidario. El mismo reporte da cuenta de un aporte adicional de S/600 destinado a la campaña municipal de Diethell Columbus en 2018.

El Gobierno de Estados Unidos entregó al gobierno nueve aparatos de los cuales seis ya se encuentran operativos en el país. Estas aeronaves fueron asignadas a la Diravpol para reforzar la capacidad aérea del Perú en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, ¿podrá el Perú derribar aeronaves sospechosas en actividades ilícitas, como el narcotráfico, bombas, armas o materiales explosivos?

El Decreto Ley N° 30339, vigente desde 2015, regula el Control, vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional y faculta el derribo de aviones.

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La norma establece que el derribo es el último recurso. La normativa incluye reglas de vuelo y operación general (RAP 91) que exigen protocolos de seguridad estrictos antes de usar la fuerza, conocidos por ser altamente garantistas.

En resumen, Perú sí cuenta con el marco legal para derribar aviones hostiles, pero este proceso está regulado como un último recurso y sujeto a normas estrictas de seguridad. 

La entrega de certificados a los 16 efectivos peruanos se llevó a cabo en la base de la Diravpol de Pucallpa, región Ucayali, y contó con la presencia del jefe de la Región Policial, general PNP Manuel Centeno; el presidente ejecutivo de Devida, Hugo Begazo; y el director ejecutivo del Proyecto Especial Corah, Alfonso Chávarry.

Como se sabe, en el marco del convenio bilateral antidrogas entre Perú y Estados Unidos, el gobierno norteamericano realizó la donación de nueve helicópteros UH-60 Black Hawk, de los cuales seis ya se encuentran operativos.

El ministro del Interior, José Zapata, reconoció al personal policial graduado y agradeció a Estados Unidos por la donación de los helicópteros y la capacitación brindada.

"La culminación de este curso no solo representa un logro personal y profesional para cada uno de ustedes. Representa, sobre todo, un paso decisivo en el fortalecimiento de la capacidad aérea de nuestra Policía Nacional y de un Estado con mayor fuerza y eficacia", enfatizó el titular del Interior.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, destacó que este evento demuestra el compromiso bilateral: “Perú es un socio clave y su estabilidad, una prioridad. La entrega de helicópteros y la capacitación especializada convierten ese compromiso en acciones concretas”.

En esta primera certificación, 16 efectivos policiales -entre pilotos, mecánicos y tripulantes-, culminaron su formación bajo estándares internacionales. El entrenamiento incluyó operaciones tácticas diurnas y nocturnas, uso de visores nocturnos, mantenimiento especializado y protocolos de seguridad operacional.

El ministro del Interior supervisó personalmente las aeronaves UH-60 Black Hawk, conociendo de cerca sus capacidades operativas. Posteriormente, participó en un sobrevuelo por zonas aledañas a fin de verificar las operaciones policiales en la lucha contra el narcotráfico.

Fuentes de La República indicaron que luego del Pleno del JNE a la que asistió en parte el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, se demostró que no existe una salida “más alla de la legal” para llevar a cabo una elección complementaria.

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Asimismo, precisaron que, por cuestiones de tiempo, tampoco se concretarían estos comicios en los distritos en los que no se pudieron instalar las mesas de sufragio.

La votación se entrampó en un 3 vs. 2. No obstante, acordaron que no saldrían si no había unanimidad en la decisión y, por ahora, no hay acuerdo posible.

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El conteo de votos entra en su etapa final. Con el 94,452% de actas procesadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó en su portal que ya no quedan actas pendientes en la elección presidencial. Al cierre de esta edición, el organismo reportó que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JPP), mantiene una ventaja de 20.552 votos sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular), perfilándose así para disputar la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori.

Según el portal del organismo electoral, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera la votación con 17,049% y 2.711.453 votos. Le sigue Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 12,031% y 1.913.335 votos, mientras que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) ocupa el tercer lugar con 11,904% y 1.892.783 votos.

El siguiente paso para completar el conteo al 100% es que los Jurados Electorales Especiales (JEE) devuelvan a la ONPE las actas observadas durante los comicios del 12 y 13 de abril, una vez que hayan sido resueltas.

“Es importante que las medidas que se adopten tras la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) prioricen la independencia e integridad de la institución y la continuidad del proceso electoral”, indicaron.

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El comunicado también exhortó a mantener un debate alturado entre los actores políticos involucrados. Además, subrayó que está a favor de que se investiguen los hechos que derivaron en las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril.

“También respaldamos la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas e independientes, de conformidad con los marcos legales pertinentes, en relación con los acontecimientos ocurridos durante la jornada electoral y los días posteriores. Hacemos un llamado a la moderación en el discurso político, evitando el lenguaje agresivo y violento”, añadieron.

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La Misión Electoral de la Unión Europea presentará un informe final con recomendaciones para mejorar los procesos electorales. Se espera que este documento sea publicado dentro de dos meses.

Misión electoral de la Unión Europea rechaza fraude en Elecciones 2026: "No hay suficientes elementos para creerlo"

Annalisa Corrado, quien encabeza la misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú para las Elecciones Presidenciales 2026, ofreció un balance preliminar tras el seguimiento del proceso electoral realizado por su equipo.

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En ese contexto, indicó que, según lo observado durante la jornada, las versiones que sostienen la existencia de un presunto fraude carecen de evidencia verificable.

“No han llegado a la misión suficientes elementos para sostener que la narrativa de fraude tenga fundamentos a estas alturas. Está claro que hay problemas graves, como el hecho de que 13 centros electorales hayan estado cerrados, por ejemplo. Claramente, seguiremos observando el proceso y, si alguien presentara denuncias ante las instituciones correspondientes, estaremos atentos en todo momento y nuestras observaciones formarán parte del informe final”, declaró.

El acuerdo de la compra de aviones de combate se inició desde el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, continuó durante el gobierno de José Jerí y se esperaba que se efectúe la compra con Bálcazar. Sin embargo, este miércoles 22 de abril durante su mensaje a la Nación, el presidente José María Balcázar reiteró que el próximo gobierno es el que va a decidir sobre la compra de aviones de combate estadounidenses. El actual jefe de Estado argumentó que su decisión se basa en la priorización de otras materias relevantes para el país. Además, señaló que el precio es considerablemente alto y no busca comprometer recursos del Estados.

“No hemos tenido otra intención sino de hacer de que los dineros del Estado se graben adecuadamente, razonablemente en concordancia con las grandes brechas sociales que tenemos que cubrir en el país y para eso necesito yo tener caja, tener capital para poder afrontar tremendos desafíos que tenemos que se ha ido acumulando año tras año”, señaló durante un mensaje a la Nación.

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EE. UU. se pronuncia sobre las contradicciones en la compra de los aviones F-16

El miércoles 22 de abril, el embajador de EE. UU., Bernie Navarro, confirmó el acuerdo de la compra de aviones F-16. El representante norteamericano señaló que el 14 de abril la empresa Lockheed Martin fue notificada como ganadora y el 17 de abril fue citada para firmar el acuerdo en la Base Aérea Las Palmas y Palacio de Gobierno. Sin embargo, se concretó una firma técnica dos días después.

“Una firma técnica entre las partes autorizadas tuvo lugar el 20 de abril de 2026, con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano”, se lee en el comunicado.

El embajador indicó que no se ofrecieron declaraciones públicas sobre el proceso a durante el último año y medio a solicitud del gobierno peruano. “Los funcionarios estadounidenses y los representantes de Lockheed Martin no han hablado públicamente sobre el proceso de adquisición en ningún momento durante el último año y medio, defiriendo respetuosamente al gobierno peruano para compartir actualizaciones públicas sobre sus esfuerzos nacionales de adquisición”, señaló.

Como alguien que exige justicia para las víctimas de la represión en los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí, pidió no votar por los partidos que forman parte del Congreso actual y que sostuvieron el llamado “pacto corrupto”.

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Eres parte de los artistas que están de acuerdo con la campaña ‘Por estos no’, pero algunos esperaban una coalición. ¿Cuál es tu opinión después de los debates y las encuestas?

En primer lugar, a mí no me hace mucho sentido votar por los que ya estuvieron, ¿no? Llámese Renovación Popular, Keiko Fujimori, Acuña, Cerrón, Podemos de Luna y todos ellos. Me parece una total falta de cordura, una insensatez volver a votar después de que hemos vivido estos cinco años en una dictadura congresal. Siempre he creído que generalizar es arbitrario y creo que hay honrosas excepciones, pero con la palma de la mano. En ese sentido, estoy de acuerdo con ‘Por estos no’. Y sí, me apena que no se hayan puesto de acuerdo ciertas fuerzas políticas. Marisol Pérez Tello, Jorge Nieto y López Chau, yo creo que han debido ir juntos; si se hubiese logrado ese consenso y ese acuerdo, esa coalición creo que no tendría ninguna duda de ganar.

¿Qué es lo crucial en unas elecciones en las que un gran porcentaje está en contra de la clase política?

Lo primero es que vayan a votar. Lo segundo es que hay desde tutoriales hasta ingresar a la ONPE para que al momento que estén aquí no caigan en una confusión, ¿no? Por la cédula esa que es circense. Tomar en cuenta el poder que va a tener el Senado. Porque si volvemos a tener a los mismos, vamos a seguir en manos de este pacto mafioso que no lucha contra la delincuencia; al contrario, la administra, como con las leyes procrimen.

Es lo que mencionabas en la marcha del 15 de octubre.

Sí, en la que falleció Trvco. Una cosa es la política partidaria, pero no podemos seguir siendo indiferentes a lo que está ocurriendo en nuestro país, porque también es culpa nuestra. Por otro lado, son sentimientos encontrados porque nos están obligando a votar por algo por lo que ya votamos; ya hubo un referéndum (en 2018).

¿Qué es lo que ya no deberíamos permitir en el Ejecutivo y en el Legislativo?

Para mí, lo primero es que no tengan juicios y sentencias en contra, ¿no? A veces veo que hay debates donde de alguna manera los enfrentamientos son por el cambio de la Constitución, pero ellos ya la cambiaron. Entonces, yo no escucho a ningún candidato que diga claramente: vamos a restablecer lo que ellos han hecho. Eso debería ser la primera propuesta: antes de leyes nuevas, deshacer lo que han hecho. Eso es lo principal y estamos hablando concretamente de todas las leyes procrimen.

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¿A qué crees que se debe el crecimiento de figuras relacionadas con la televisión como Carlos Álvarez y Ricardo Belmont?

Eso va a ser, creo, siempre una incógnita. He visto en programas de televisión que decían que Álvarez “ganó el debate con esa imitación”. Decir eso me parece irresponsable. Yo creo que hemos caído en un espacio, en una zona extraña. Habrá gente a la que le caiga simpático, que le haga reír y capaz dirija su voto solo por eso, ¿no? Estamos hablando de ignorancia e ignorantes somos todos en diferentes aspectos, pero tampoco se me ocurre por qué puede subir Belmont. La gente se olvida, a pesar de que ahora ya no estamos como hace 20 años, ahora las imágenes están, las buscas y existen. Entonces, puedes verlo, pero aun así parece que no les importase. Incluso hay gente que siempre tiene el cuco de la izquierda.

¿Cuando alguien defiende los derechos fundamentales?

Sí, por decir eso ya eres de izquierda, eres proterruco o caviar. No se puede tener una constitución social, pensamiento crítico, pensar en derechos humanos, porque te atribuyen todos los términos que te he mencionado. Pero si quieres votar por alguien de derecha tienes a Marisol Pérez Tello o a Jorge Nieto.

Pero para sus detractores son ‘caviares’.

Y creo que eso también es el costo de estos años. Antes yo decía que teníamos una democracia débil, frágil, pero creo que ya no la tenemos; creo que ya no hay democracia ahora, ¿no? Con lo que ha venido haciendo el Congreso, desde que nos están imponiendo un Senado. En este transcurrir, creo que ya no hay un espacio para la política moderada. Entonces, la gente quiere los extremos. Tal vez es atractivo para algunos que Carlos Álvarez diga que al día siguiente, si sale presidente, va a expulsar a todos los extranjeros delincuentes, pero ¿cómo va a hacer eso? Eso es totalmente populista y demagogo.

Después de los debates, algunos analistas y miembros del gremio artístico han dicho que ese nivel es una respuesta a que se ha destrozado la cultura y la educación. ¿También coincides con eso?

Pero, sin ninguna duda, porque ninguno de los candidatos habla del tema cultural. Y no está en algunos planes porque la gente cree que, cuando hablas del tema cultural, es pedirle fondos al Estado para hacer una película. Yo creo que puedes construir más cárceles, tener mano dura, ¿no? Aumentar las penas, pero no estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque está comprobado en el mundo que nunca ha reducido los índices de nada. Pero si eso no lo trabajas de la mano con mejores oportunidades, mejor educación y cultura, habrá hordas de delincuentes. Entonces, va a llegar un momento en que todo el Perú se convierta en una gran cárcel. La cultura es transversal. Estamos hablando de leer, estamos hablando de ver teatro, estamos hablando de apreciar el arte que te libera, que te sana. Sin embargo, hablan de hacer cárceles y de que van a mover a las shushupes.

Hay candidatos que dicen que van a eliminar ministerios, entre ellos el Ministerio de Cultura. ¿Crees que puedan concretarlo?

López Aliaga dice que va a reducir los ministerios a seis. Esas son utopías. ¿Y qué vas a hacer con los miles de desempleados? Hablan de reducir el Estado cuando lo que han hecho en su función como congresistas es ponerse dobles sueldos y aumentar los presupuestos del Congreso. Entonces, es contradictorio que propongan reducir a ese Estado despilfarrador. Me deja un poco tranquilo porque está bastante claro que algunos no van a pasar la valla.

¿Cuál sería el escenario este domingo?

Hay que tener en cuenta que las diferencias porcentuales entre los que están ahí son mínimas, porque todavía hay un 30% de indecisos. Y como toda la vida seguimos pensando que Lima es el Perú, yo creo que es el sur el que nuevamente va a decidir estas elecciones. Entonces, ya es hora de que la derecha haga un mea culpa. Yo no creo que la izquierda sea mala ni la derecha tampoco. Es nuestra izquierda y nuestra derecha.

Susana Baca participa en la canción Por estos no

Esta semana, Susana Baca se pronunció sobre las elecciones y pidió no votar por quienes confirman “una alianza corrupta”. La ganadora del Grammy a la Excelencia presentó también la canción Por estos no, una iniciativa de Gustavo de la Torre quien reunió a 25 artistas. La exministra canta la parte final. “Estamos hartos de la corrupción, pero no solamente es de ahora, son casi 40 años de lo mismo, del mismo sistema”, nos responde el músico.              

Para De la Torre, la intención no es direccionar el voto a un candidato. “El Congreso se ha apoderado un poco del país, y no estamos de acuerdo con eso. De hecho, siempre nos pareció importante poder decir algo, y todos aportaron con cosas diferentes. No queríamos dirigir el voto a nadie en esta oportunidad, sino a quien no dirigirlo”.

Baca aceptó inmediatamente la propuesta y grabó en su casa en Cañete. “Tenerla en la canción es una validación maravillosa”.

En la red:

Tatiana Astengo: Atentan, sistemáticamente, contra la educación porque así pueden tener a la gente en total ceguera, limitados y que se conformen con una dádiva...esa siempre fue la estrategia del fujimorismo y de sus aliados. Por esto este domingo #PorEstosNo.

De cara a la segunda vuelta presidencial, que se realizará el domingo 7 de junio de 2026, el tema vuelve a cobrar relevancia, ya que la votación seguirá siendo obligatoria para los electores habilitados. Por ello, es clave conocer cuánto se pagó en la primera jornada y qué ocurrirá en esta nueva etapa del proceso electoral.

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¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026?

El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito:

• En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).
• En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).
• En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).

Este cálculo se determina automáticamente con base en los datos del INEI y la dirección registrada en el DNI del ciudadano.

¿Se aplicará multa en la segunda vuelta del 7 de junio?

Sí. La segunda vuelta presidencial también contempla la obligatoriedad del voto, por lo que los ciudadanos que no acudan a sufragar y no presenten una justificación válida serán nuevamente sujetos a multa.

Esto significa que las sanciones económicas se mantendrán bajo el mismo esquema aplicado en la primera vuelta, salvo que las autoridades electorales dispongan alguna modificación.

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¿Qué pasa si no pagas la multa por no votar?

No pagar la multa electoral puede generar restricciones administrativas. Entre las principales consecuencias se encuentran:

• Impedimentos para realizar trámites en entidades públicas
• Dificultades para acceder a servicios del Estado
• Problemas en procesos administrativos oficiales

Por ello, las autoridades recomiendan regularizar la situación lo antes posible para evitar inconvenientes.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú?

La segunda vuelta electoral en Perú se realiza cuando ninguno de los candidatos a la presidencia alcanza más del 50% de los votos válidos en la primera votación. De acuerdo con el cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026, este proceso está previsto para llevarse a cabo semanas después de la jornada inicial, permitiendo que los dos candidatos más votados compitan directamente por la presidencia.

En ese sentido, la fecha para la segunda vuelta en Perú es el domingo 7 de junio de 2026, siguiendo el calendario habitual establecido por los organismos electorales. Durante este periodo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza una nueva jornada de votación a nivel nacional, en la que los ciudadanos vuelven a acudir a las urnas para definir al próximo presidente de la República.

"El verdadero fraude es anular las elecciones nacionales, el verdadero fraude es pretender desconocer las elecciones en Lima, es organizar elecciones complementarias a su medida. Ese es el verdadero fraude", señaló el líder de Ahora Nación mediante sus redes sociales.

El exrector de la UNI advirtió que las solicitudes de nulidad busca beneficiar a intereses particulares por encima del derecho al voto de millones de ciudadanos. En esa línea, el foco está puesto sobre las autoridades electorales que se encargar de decidir sobre el futuro de estos comicios.

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En un llamado directo al titular del JNE, Roberto Burneo, el líder de Ahora Nación exigió firmeza frente a las presiones externas que solicitad la nulidad electoral. "Señor Burneo, cumpla con su deber, el verdadero fraude se está maquinando, está en marcha, no lo permitamos".

López-Chau señaló que los pedidos para llevar a cabo elecciones complementarias no son solo éticamente cuestionables, sino legalmente inviables. Además, también se pronunció sobre la renuncia de Piero Corvetto, ahora extitular de la ONPE.

"Aceptar una renuncia que la ley prohíbe y empujar elecciones complementarias sin sustento legal ni constitucional es abrirle la puerta a una maniobra antidemocrática y es allí donde está el verdadero fraude, rompiendo los principios de igualdad de información para el sufragio y simultaneidad del voto".

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La crítica se extiende también hacia otros personajes políticos que estarían propiciando este escenario. "El pacto mafioso quiere una presidencia definida solo entre sus candidatos y lamentablemente hay falsos 'demócratas' que hoy están ayudando a hacerlo posible".

El líder de Ahora Nación ratificó la legalidad de las elecciones e hizo un llamado a la resistencia civil y a la vigilancia ciudadana para no perjudicar la democracia. "Defendemos principios democráticos sin ningún cálculo político".

Plantón en defensa de la voluntad ciudadana

Ante la gravedad de los hechos, el partido convocó a la ciudadanía, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos a una manifestación pacífica bajo el lema "No a las complementarias del pacto mafioso”. El plantón tiene como fecha el 21 de abril a las 10:00 a.m. en la sede del JNE: Jr. Nazca 598, Jesús María.

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Mesías Guevara (Partido Morado), Ronald Atencio (Venceremos), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) manifestaron su rechazo a esta iniciativa.

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Partidos de izquierda no apoyan iniciativa

Roberto Sánchez fue uno de los más enérgicos en cuestionar la propuesta. El líder de Juntos por el Perú —quien marcha en segundo lugar en el conteo oficial de votos— sostuvo que la medida carece de sustento legal y responde a “un capricho de Renovación Popular”.

“(Esta medida) no tiene ningún sustento legal ni criterio técnico; responde únicamente a presión mediática y política, lo que afecta gravemente la institucionalidad democrática y el sistema electoral”, indicó en entrevista con RPP.

Ahora Nación y Venceremos, otras agrupaciones de izquierda en la contienda, también rechazaron la propuesta. En entrevista con Exitosa, Ronald Atencio advirtió que unos comicios extraordinarios en Lima afectarían la legitimidad de la elección popular.

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“Hoy no hay una narrativa de fraude, sino errores puntuales. Claro que eso debe tener sanciones administrativas, pero en ninguna parte del mundo eso conduce a elecciones complementarias. Eso sería un golpe al voto popular. El domingo se votó en condiciones distintas a las que se tendrían luego. Ahí lo que existe es un condicionamiento del voto”, dijo.

López Chau, por su parte, señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que el presidente del JNE, Roberto Burneo, no debería convocar estos comicios: “Pretender desconocer las elecciones en Lima y realizar unas elecciones complementarias a medida de algunos sería un verdadero fraude”, afirmó.

Representantes y simpatizantes de estas organizaciones participaron en un plantón convocado por Juntos por el Perú en el frontis del JNE, exigiendo que no se concrete esta medida.

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El centro también se opone a la medida

Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara también se pronunciaron en contra de la realización de elecciones complementarias en Lima. La candidata de Primero la Gente señaló que presiones de partidos como Renovación Popular o Fuerza Popular no deben alterar los resultados ya emitidos el 12 de abril.

“Aunque no nos guste el resultado, esto es la democracia. (…) Es ilegal convocar a elecciones complementarias; no existe base legal para ello. Esto solo nos llevará a una espiral que termine cuando ganen ‘los que nos gusten’. Eso no es democracia”, afirmó.

Guevara, por su parte, consideró que el JNE cometería un grave error con consecuencias sociales si convoca a estos comicios: “Estaría cometiendo el verdadero fraude y sería el gran responsable de una posible convulsión social”, dijo.

Desde la derecha, Fiorella Molinelli también se mostró en contra de comicios extraordinarios: “Cuando unos votan sin información previa y otros con información ya difundida, el resultado deja de ser un fiel reflejo de una voluntad formada en igualdad de condiciones. Y sin igualdad en el voto, no hay verdadera democracia”, señaló en su cuenta de X.

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Otros candidatos sí están a favor de las elecciones complementarias

Los líderes de derecha conservadora con mayor respaldo a nivel nacional se han mostrado a favor de las elecciones complementarias. Tanto Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como Rafael López Aliaga han pedido que el JNE apruebe esta medida.

El exalcalde de Lima ha moderado su postura inicial —en la que exigía la anulación total del proceso electoral— y posteriormente convocó a una marcha ciudadana “en contra del fraude”, en la que solicitó la realización de comicios complementarios.

“Señor Burneo, convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares”, señaló López Aliaga en un evento público realizado cerca de la avenida de la Peruanidad, en Jesús María.

Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular indicó estar de acuerdo con esta propuesta: “Estoy de acuerdo con la solicitud que ha hecho el señor López Aliaga. Esto permitirá que las personas que no votaron en ciertas mesas que se aperturaron tardíamente puedan hacerlo en una elección complementaria”, afirmó.

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) es otro de los candidatos que está a favor de estos comicios. Inicialmente, el exministro propuso realizar una auditoría para descartar indicios de fraude. Posteriormente, consideró que la medida podría implementarse: “Yo creo que se puede hacer. Sería un caso similar al del lunes 13”, indicó en entrevista.

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Exdefensores del pueblo y Transparencia también rechazan medida electoral

Representantes de diversas instituciones también expresaron su posición en contra de estos comicios extraordinarios. La organización Transparencia indicó que lo estrictamente urgente es culminar el conteo de votos de la primera vuelta presidencial.

“Cualquier salida distinta al curso establecido por la autoridad electoral implica un cambio en las reglas de juego y atenta contra la legitimidad del proceso”, alertaron en un comunicado.

Por su parte, los exdefensores del Pueblo Walter Albán, Eduardo Vega y Eliana Revollar señalaron que unas elecciones complementarias atentarían contra la democracia: “Una medida así carecería de sustento jurídico y afectaría la legitimidad de los resultados”, indicaron.

“Legalmente las mesas pueden abrir hasta las 12, si usted votó a las 8 y si su mesa no estaba lista, se fue y no regresó, ahí no hay ninguna ilegalidad. La mesa puede haber estado lista a las 9, 10, 11 o 12. El Jurado amplió el espacio del 12 del día a 2 de la tarde, no puedes decir que se le negó el voto a la gente. A las 2 de la tarde estaban todas las mesas de Lima instaladas excepto de los 13 colegios de Lima que fueron a votar al día siguiente. Todo el mundo tuvo la posibilidad de votar (…) Hasta sus mismos seguidores no saben qué hacer para que se calle”, sostuvo.

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Asimismo, Palacios comentó el anuncio del jefe interino de la ONPE, quien aseguró que se seguiría el cronograma electoral planteado al JNE y la decisión de esta organización electoral de no realizar elecciones complementarias. La periodista calificó de “sabia” la decisión.

“La discusión duró todo el día, los periodistas nos íbamos enterando lo que iba pasando. Felizmente acordaron que no iban a declarar nulidad parcial, total o elección complementaria si es que no había unanimidad. Mientras esto sucedía, dicen mis informes que se pusieron 3 -2. Había un sector que quería a como diera lugar sacar adelante un proceso irregular, no está en la ley, inventado para favorecer a un candidato pero no prevaleció”, agregó.

La iniciativa se basa en la facultad de control político del Congreso. Para que la moción sea admitida a trámite, se requieren al menos 20 firmas de congresistas. Según el texto, la condición de presidente transitorio de la República no lo exime de responder ante el Parlamento. Por el contrario, precisa que mantiene su calidad de congresista y puede ser sometido a este tipo de medidas.

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Uno de los puntos centrales es la suspensión del contrato para adquirir aviones de combate F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú. La moción señala que este proceso ya se encontraba avanzado y que solo faltaba formalizar la firma del acuerdo.

El documento también cuestiona la forma en que se adoptó la decisión. Indica que no hubo comunicación previa con el Ministerio de Defensa ni con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, lo que generó sorpresa en las Fuerzas Armadas y en las empresas involucradas.

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Estos son los motivos de la censura contra José María Balcázar

La moción de censura sostiene que la suspensión de la compra de aeronaves afecta directamente la capacidad operativa del país. Advierte que la Fuerza Aérea del Perú trabaja con equipos que “han superado ampliamente su vida útil operativa”, lo que compromete el control del espacio aéreo y la defensa de las fronteras. El documento remarca que esta situación “compromete gravemente la capacidad del Estado peruano para ejercer el control soberano”.

En esa línea, el texto insiste en que la modernización de la flota no es opcional. Señala que se trata de una obligación constitucional vinculada al artículo 44, que establece como deber del Estado garantizar la soberanía nacional. Por ello, cuestiona que la decisión de José María Balcázar haya postergado una medida considerada prioritaria en materia de defensa.

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La iniciativa también detalla que el proceso de adquisición no era reciente ni improvisado. Precisa que se desarrolló durante más de un año y medio, con participación del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto. En ese periodo se evaluaron propuestas de empresas como Lockheed Martin, Dassault Aviation y Saab, dentro de un proceso regulado por normativa específica.

Además, subraya que el propio Gobierno había reconocido avances concretos. Indica que se cumplieron “once etapas formales del proceso” y que este ya se encontraba técnicamente concluido. Incluso, añade que José María Balcázar había aprobado la transferencia de partidas presupuestales necesarias para la compra.

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Sobre la decisión de frenar la firma del contrato, la moción cuestiona el argumento del carácter transitorio del gobierno. Cita que el propio mandatario señaló que dejaría la decisión al siguiente Ejecutivo, pero responde que “la defensa nacional es una política de Estado permanente que trasciende los períodos gubernamentales”. En ese sentido, considera que no existe sustento constitucional para postergar la compra.

El documento también advierte consecuencias inmediatas. Explica que las ofertas técnicas y económicas tienen fecha de vencimiento. Por ello, alerta que la suspensión “pone en riesgo la vigencia de las condiciones negociadas durante más de año y medio” y podría obligar a reiniciar el proceso desde cero, con mayores costos.

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A esto se suma un problema interno en el Ejecutivo. La moción señala que la Presidencia anunció la suspensión sin coordinación con el sector Defensa. Incluso indica que el Ministerio de Defensa continuó con gestiones técnicas en paralelo, lo que evidencia “una descoordinación” y “falta de liderazgo” en la conducción del Estado.

El texto menciona efectos fuera del país. Señala que la decisión generó tensiones con Estados Unidos y recoge pronunciamientos de gremios empresariales. La Cámara de Comercio de Lima advirtió que la postergación “genera incertidumbre y debilita la imagen del país”, mientras que AmCham Perú recordó que el proceso respondía a un requerimiento institucional trabajado durante más de un año.