La resolución ya fue publicada en la tarde del viernes con el objetivo de facilitar la distribución y comercialización del gas licuado de petróleo. Dicha medida responde al bloqueo de la carretera provocado por los huaicos, los cuales cumplen seis días y continúan registrando deslizamientos que impiden la rehabilitación de la vía.

Tras la situación, la presidenta anunció la declaratoria de emergencia, pues la paralización del tránsito en la zona ha generado un desabastecimiento del recurso en la región. Esta problemática se originó debido a la interrupción en la vía Atico-Ocoña, causada por los huaicos generados por la DANA Aníbal.

La mandataria explicó que esta declaratoria permite al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) establecer las disposiciones correspondientes para agilizar la entrega del recurso.

"Se ha emitido una resolución ministerial que debe estar publicándose en estas horas en una edición extraordinaria de El Peruano para declarar en emergencia justamente el tema del desabastecimiento". Asimismo, agregó que "Osinergmin va a dictar medidas para actuar y para poder facilitar toda la distribución y comercialización y que los proveedores de GLP puedan tener muchas más facilidades para llegar al consumidor final".

La mandataria realizó el recorrido de las zonas de Atico y Ocoña junto al ministro de Defensa, Rafael Belaunde. Tras el bloqueo de la carretera, el gobierno activó un puente aéreo y dispuso tres helicópteros para asistir a los pobladores afectados y apoyarlos en su traslado.

En diálogo con RPP, el ministro de Defensa anunció la habilitación de este primer puente aéreo y también mencionó que ya se ha empadronado a un total de 350 afectados y que, por cada viaje de ida y vuelta, se evacua a un promedio de 40 ciudadanos.

Además, precisó que más de 200 efectivos del Ejército están apoyando para el retiro del lodo entre los kilómetros 731 y 733 de la Panamericana Sur. El sector también dispuso la operación de dos patrulleras de la Marina de Guerra para ejecutar un puente marítimo entre La Planchada y Atico para reforzar la atención en la zona.

La acusación partió de un hecho concreto: Luis Rubio Idrogo, quien encabezaba la lista de Renovación Popular como candidato a alcalde, renunció a su postulación. Con esa salida, López Aliaga quedó como la cabeza visible de la plancha. El escrito sostuvo que ese cambio generó una situación que no estaba prevista al momento de inscribir la candidatura.

El pedido central se apoyó en el artículo 194 de la Constitución. El documento pidió que se examine si la nueva configuración de la lista constituye una incompatibilidad constitucional sobreviniente. También solicitó que se evalúe si existe un abuso del derecho, según el artículo 103 de la Carta Magna, y que, de comprobarse la incompatibilidad, se disponga la exclusión de su candidatura con las garantías del debido proceso.

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La denuncia precisó que no busca impedir la participación política de López Aliaga

El propio documento marcó un límite a su pedido. Ahí se leyó que la denuncia "no pretende impedir que Rafael López Aliaga participe en la vida política ni desconocer sus derechos políticos". Lo que exigió, según su propio texto, fue que la candidatura sea revisada en su configuración actual, después de la renuncia de Rubio Idrogo.

El planteamiento de fondo fue más allá de si López Aliaga puede o no ser regidor. La pregunta que formuló el escrito fue si puede permanecer como primer regidor de una lista cuyo candidato a alcalde renunció, cuando esa posición le permitiría asumir de forma inmediata la Alcaldía Metropolitana en el periodo 2027-2030. Se trata del mismo cargo que ejerció durante la gestión anterior.

El documento pidió, además, que se mantenga la continuidad de los demás integrantes de la lista si la exclusión se concreta. Y planteó un escenario alternativo: si el JEE Lima Centro no considera pertinente excluir a López Aliaga, solicitó que emita un pronunciamiento expreso y motivado sobre los puntos constitucionales que la denuncia expone.

El itinerario original, anunciado a inicios de agosto, contemplaba la llegada del papa León XIV el 11 de noviembre y su salida el 17. Con el ajuste confirmado por la Nunciatura, el sumo pontífice reducirá en un día su permanencia en el país donde vivió durante dos décadas como misionero agustino, antes de continuar su gira por Uruguay y Argentina.

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Gualtieri precisó que el cambio de fechas no afectará el recorrido por regiones ya contemplado en la agenda papal. Ciudades como Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Piura, incluidas desde las primeras coordinaciones entre el Vaticano y el Gobierno peruano, se mantienen en el programa pese al día menos de estadía.

La confirmación del recorte se dio en el marco de la presentación oficial del programa de la visita, a cargo de la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Peruana.

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Iglesia presentó la oración oficial y la web para voluntarios

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, presentó la oración oficial que se leerá durante la llegada del papa León XIV. García Camader señaló que la visita "es un encuentro de muchas realidades y mucha preparación" y remarcó que el viaje del pontífice llega a todo el país para transmitir un mensaje de fortaleza y esperanza.

Monseñor Moreno Inga presentó, en la misma actividad, la página web oficial leon14enperu.com, habilitada para que los voluntarios se inscriban en el programa "Amigos de León". Moreno Inga indicó que "cada pequeña cosa que estamos haciendo es un paso, una huella del papa", en referencia al trabajo previo que involucra a la Iglesia peruana antes del arribo del pontífice.

Monseñor Luis Alberto Huamán invitó a los fieles a sumarse como voluntarios y calificó la llegada del papa como el regreso de "alguien que caminó con nosotros". Huamán pidió vivir la visita como un momento de encuentro y alegría, y resumió el rol de los voluntarios con una frase: "quien encuentra a un voluntario, encuentra a un amigo del papa".

No es la primera vez que López Aliaga se ausenta de la firma de un Pacto Ético Electoral. En diciembre de 2025, Renovación Popular también se ausentó de la firma de este acuerdo para las Elecciones Generales 2026, en las que el exburgomaestre se presentó como candidato a la Presidencia. En aquella ocasión, también estuvo ausente Perú Libre.

Cabe recordar que el Pacto Ético Electoral es un compromiso político promovido por el JNE y orientado a desarrollar una campaña sin violencia ni desinformación y con respeto a los resultados oficiales.

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Critican candidatura de López Aliaga y ausencia en firma de acuerdo político

Entre los representantes que sí firmaron el Pacto Ético Electoral, varios criticaron a los candidatos ausentes. Susel Paredes, candidata al sillón municipal por Ahora Nación, consideró que la ausencia de López Aliaga "pinta de cuerpo entero" su candidatura.

"Me parece lamentable la ausencia de López Aliaga. Este pacto se firma para respetarnos entre todas y todos los candidatos. El que rompe las reglas de saque no va a cumplir las reglas a lo largo del proceso electoral. Yo lo veo: tiene muchos bots que constantemente me atacan. No puede ser que un candidato para ser alcalde de Lima incumpla las reglas", señaló.

Además, afirmó que el JNE viene siendo sumamente pasivo con la candidatura de López Aliaga y señaló que no tendría problemas en debatir contra el exalcalde.

"Esto lo dice la Constitución: no hay reelección de alcaldes y gobernadores. Yo creo que el Jurado es complaciente con esa candidatura y eso me parece grave. (…) No tendría problemas en debatir con él (Rafael López Aliaga), es un ser muy simple intelectualmente", sostuvo.

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Carlos Bruce, representante de Somos Perú, indicó que López Aliaga no debería participar en este proceso electoral: "La Constitución establece que no puede haber reelección para alcaldes. Espero que el JNE haga cumplir la Constitución y haga que no pueda postular", afirmó.

Francis Allison, postulante por Avanza País, señaló que los contratiempos no son una excusa para no firmar el acuerdo, puesto que un representante del partido también puede hacerlo. Además, en línea con Bruce, cuestionó la candidatura del exalcalde de Lima y recordó que esta contradice la Constitución.

"El elector es el que debe evaluar. Pero él sí pudo venir. Los partidos pueden mandar representantes. No hay que ser candidato para firmarlo. (…) Quiero ser claro en esto: me parece que su postulación es una sacada de vuelta a la Constitución. Pero, finalmente, es la gente la que va a decidir. No yo ni otra persona", apuntó.

Por último, Edgardo del Pomar, del Partido Popular Cristiano (PPC), consideró que aquellos candidatos que no se hicieron presentes en la firma carecen de responsabilidad en el trato hacia el electorado y sus rivales políticos.

"Acá se demuestra la voluntad que tenemos los políticos de cumplir la Constitución, nuestros valores democráticos, el respeto a las autoridades electorales, sin que eso signifique un impedimento para cuestionar sus resoluciones y el respeto a nuestros rivales políticos. De manera que los que no han venido seguramente en su conciencia tienen algo que no funciona muy bien", sostuvo.

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JNE todavía puede excluir candidaturas

El Pleno del JNE acordó ampliar hasta el 23 de agosto de 2026 el plazo para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) emitan sus resoluciones sobre tachas y exclusiones. El organismo precisó que esta ampliación busca permitir que se atiendan los expedientes pendientes.

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De acuerdo con el JNE, la alta carga procesal ha llevado a que algunos JEE aún no hayan resuelto expedientes de tachas y exclusiones de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El cronograma establecía inicialmente el 20 de agosto como fecha límite para resolver estos casos en primera instancia.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

El lote 64 siempre atrajo a empresas que buscan explotar petróleo, pero que en el camino se han encontrado con una gran resistencia de los pueblos indígenas de la zona. Y es que la concesión se superpone con parte de los territorios de varias comunidades, un problema legalmente avalado por los gobiernos, pese a que no es aceptado por los pueblos indígenas

El territorio adjudicado para la explotación del lote 64 se superpone con las tierras de las comunidades indígenas y 22 de ellas conviven con la actividad petrolera. Además, nueve comunidades son afectadas por una superposición del 100 por ciento de su territorio. 

“Nuestros bosques son nuestra medicina, nos da de todo, nos han salvado durante la pandemia. Luchamos contra el Covid-19, comiendo y tomando medicinas naturales”, asegura el dirigente achuar, Nelton Yankur.

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Por eso, las naciones Achuar, Wampis y Chapra expresaron este jueves su satisfacción ante una sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que exige al Estado peruano no reactivar el Lote 64, superpuesto a sus territorios en Loreto y Amazonas.

La decisión se dio a conocer tras la audiencia realizada en Puyo, Ecuador, con presencia de representantes indígenas y expertos internacionales. El tribunal fue integrado por Francesco Martone, Patricia Gualinga, Natalia Greene, Mario Melo y Pablo Solon. En la audiencia se tuvo una intervención del Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento, Pedro Arrojo.

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, creado por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, sesionó en el XII Foro Social Panamazónico, que reúne a pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades locales y movimientos sociales de los países de la cuenca amazónica. En esta edición, se analizaron seis casos de la región vinculados a los impactos de la extracción de combustibles fósiles.

La jueza Tatiana Roa anunció que el tribunal reconoce los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. En representación del Tribunal exigió al Estado peruano suspender toda actuación destinada a reactivar el Lote 64 y revisar las decisiones que habilitan la explotación.

La sentencia demanda el respeto al derecho de consulta y consentimiento previo, así como la restauración de los ecosistemas afectados, y subraya que quienes defienden los territorios hagan su labor sin amenazas ni persecución. Dispuso, además, que la decisión sea remitida al sistema interamericano donde existe una petición respecto a la nulidad del lote en mención, así como a otros organismos internacionales.

En la parte de la audiencia dedicada al caso peruano, Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra; Elmer Kunchim, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP); y Elio Sesen, abogado de la Nación Wampis, expusieron los efectos negativos de la explotación petrolera en sus territorios, alertando sobre daños a fuentes de agua, vida silvestre y a la vida comunitaria.

Son 33 años de lucha incesante sostenida por las 3 naciones para que no se extraiga el petróleo en sus territorios. “Rechazamos porque para nosotros es contaminación de la naturaleza. Perjudica la vida de la humanidad, trae muchas enfermedades, y contamina nuestros ríos, bosques, a nuestras chacras, que son mercados, farmacias, la base de la subsistencia de nuestras comunidades.”, declaró Elmer Kunchim de la FENAP.

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Al respecto, Olivia Bisa expresó: “Hemos visto con pesar la experiencia de extracción de petróleo realizado en otros pueblos indígenas cercanos a nuestros territorios. Sus hijos tienen plomo, cadmio, metales pesados en su sangre, tienen su futuro contaminado y no queremos eso para nosotros y nuestros descendientes. Nuestras propias naciones han sufrido derrames de crudo en 2016, 2019, 2022 y 2024 por causa del Oleoducto operado por Petroperú y el Lote 192 que estando fuera de nuestro territorio igual nos afectó”.

Según la investigación “Las sombras de los hidrocarburos”, entre 1997 y mayo de 2023 se registraron 1.460 derrames y fugas de hidrocarburos en Perú, el 57% en la Amazonía y el 43% en la costa. Loreto fue la región más afectada, con 707 derrames. El Lote 64 forma parte de la ruta norte del petróleo, que incluye el Oleoducto Norperuano y dos refinerías de Petroperú.

La operación del Lote 64 ha estado marcada por el incumplimiento de la consulta previa ante la posible afectación directa de sus derechos colectivos, a pesar de que el Convenio 169 de la OIT rige en el país desde 1995. Asimismo, tienen derecho al consentimiento previo libre e informado ante proyectos de gran impacto.

Las organizaciones indígenas denunciaron que Petroperú y las empresas socias como GEOPARK y las antecesoras vulneraron ambos derechos. Sumado a ello, el estudio de impacto ambiental presentado por Geopark en 2018 recibió más de 100 observaciones, varias de ellas aportadas por la FENAP y la Nación Wampis en las que alertaron sobre la falta de reconocimiento de pasivos ambientales en la zona, plagios de Wikipedia, deficiencias en la gestión de residuos, información insuficiente sobre el traslado de toneladas de crudo de petróleo a través del río Morona, entre otros.

El retiro de Geopark en 2020 dejó a Petroperú como único operador, desde entonces busca un socio comercial para reactivar la explotación mientras enfrenta una prolongada crisis financiera.

Primero, reiteró que los militares reforzarán el resguardo de los transportistas de Lima y estarán presentes en los operativos que realice la Policía Nacional para combatir el incremento de las extorsiones y el crimen organizado.

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Acto seguido, señaló que las FF.AA tendrán presencia en las zonas de mayor incidencia delictiva para apoyar ala PNP. Agregó, además, que participarán en la seguridad externa de los penales.

"Se ha solicitado la participación excepcional de nuestras Fuerzas Armadas en la seguridad externa y en el apoyo operativo a los establecimientos penitenciarios, dentro del marco constitucional, sin sustituir las funciones de la autoridad civil", expuso.

Antes de cerrar su primer punto sobre la estrategia que empleará la cartera del Interior que dirige el ministro del Interior, César Astudillo, el titular de la PCM, aprovechó la oportunidad para decir que el personal militar no reemplazarán a la PNP. "Las Fuerzas Armadas no reemplazan a la Policía ni a la autoridad penitenciaria, pero aportan sus capacidades cuando la gravedad de la situación lo exigeyla Constitución lo permite.

Reforma en los penales

Con respecto a las reformas que emplearán en el sistema penitenciario, Luis Galarreta, propuso un plan para descongestionar los penales del país, con la finalidad de establecer el orden.

"Estos internos serán trasladados desde los actuales establecimientos penitenciarios, lo que permitirá reducir el hacinamiento, mejorar el control interno y recuperar progresivamente el principio de autoridad del Estado en las cárceles", indicó.

Según dijo, los reclusos que se encuentran purgando una pena por alimentos y delitos menores serán trasladados a otros espacios administrados por las FF.AA.

"Se coordinará, vía convenios, el uso de cuarteles en desuso de nuestras Fuerzas Armadas y de terrenos adecuados para instalar espacios de reclusión destinados a internos por delitos menores, sentenciados por alimentos y otras personas que no revistan un alto nivel de peligrosidad. Estos internos serán trasladados desde los actuales. establecimientos penitenciarios, lo que permitirá reducir el hacinamiento, mejorar el control interno".

Al cierre de su mensaje sobre las medidas para contrarrestar la inseguridad ciudadana, el titular de la PCM anunció una inversión de 19 millones de soles para equipar la División de Investigación de Extorsiones de laPNP, así como la adquisición de chalecos, camionetas y motocicletas. Informó que se implementará un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial a nivel nacional y se fortalecerá la tecnología en los penales para evitar la comunicación de los reclusos con el exterior.

Cuestionamientos

Tras el discurso, especialistas cuestionaron el rol de las Fuerzas Armadas en resguardar los penales.

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, aseguró que el personal de las FF.AA. 'no está dentro de las facultades de las FF.AA. cuidar penales". "Me ha parecido. un discurso con pocas ideas; (Galarreta) ha reiterado de forma aburrida lo que dijo la presidenta el 28 de julio (...) Todas son medidas paliativas de corto plazo".

El exministro del Interior, Pedraza precisó que no tiene ningún sentido usar recursos públicos y al personal militar para el control de perímetro de un penal porque no se necesita en lo absoluto.

En tanto, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, cuestionó al Gobierno de Keiko Fujimori por tener "una mirada equivocada y fantasiosa" del número de militares con los que cuenta el Perú.

El crimen no desaparecerá la próxima semana

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que el Gobierno de Keiko Fujimori no podrá erradicar la inseguridad ciudadana del Perú en una semana. "No vengo a prometerles que el crimen desaparecerá la próxima semana, vengo a comprometerme al Estado hacer más fuerte y más rápido y emplear mejor la inteligencia contra quienes quieren destruir nuestra tranquilidad", expresó.

El titular de la cartera del Interior destacó que el Poder Ejecutivo necesita del Congreso con respecto a las leyes que permitan combatir eficazmente el crimen.

El cambio se debe a que el abogado del exmandatario, Erwin Siccha, renunció por motivos personales. En reemplazo ingresó el estudio legal del exministro Alejandro Salas como nueva defensa técnica.

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A su vez, el fiscal adjunto superior Hugo Chávez Julca solicitó un plazo adicional para revisar los actuados. Esto debido a que recién asumió el caso el 19 de agosto tras la suspensión del fiscal de primera instancia Germán Juárez.

En vista de ello, el tribunal postergó la instalación de la audiencia para garantizar el derecho a la defensa y dar tiempo a los nuevos abogados para revisar los más de 50 tomos del expediente judicial.

El estudio de Alejandro Salas señaló que requiere examinar más de 100 horas de grabaciones del juicio oral realizado en primera instancia, por lo que la Sala concedió las prórrogas solicitadas por ambas partes, con el objetivo de garantizar el debido proceso antes del inicio de los debates orales.

La nueva fecha es de carácter improrrogable.

A inicios de junio, el Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente un recurso de hábeas corpus presentado por el expresidente Martín Vizcarra, con el cual intentaba anular la sentencia en su contra por presuntos sobornos en las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

La defensa del exmandatario, Julissa Ricopa, argumentaba que el Poder Judicial estaba cometiendo errores procesales y que se mantenía el riesgo de juzgarlo dos veces por el mismo problema, lo que afectaba su derecho al debido proceso.

“(…) Afirma que se vulnera el principio non bis in idem, debido a que el beneficiario es juzgado bajo la imputación del delito de cohecho pasivo propio, mientras aguarda a que se inicie el control de acusación que busca llevarlo a nuevo juicio por los mismos hechos, bajo la imputación del delito de colusión; es decir, el favorecido sería juzgado y posiblemente sancionado dos veces por el mismo hecho”, señaló Ricopa.

La cifra fue confirmada por José Augusto Vásquez Loaiza, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, y se actualizó este miércoles con la llegada de 48 viviendas prefabricadas donadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que forman parte de 15 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a más de 2.000 familias afectadas por emergencias en el país. Estas se suman a los 48 módulos que ya habían sido trasladados e instalados en Pumpunya.

La demora ocurre mientras la magnitud de la emergencia se amplió tras el sismo de magnitud 5 registrado el 6 de agosto y sus posteriores réplicas. El balance actualizado de Defensa Civil reporta 20 distritos declarados en emergencia y alrededor de 3.500 viviendas destruidas o inhabitables. Además, unas 15.000 personas resultaron afectadas por los movimientos telúricos.

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Una adulta mayor murió en una carpa tras perder su casa

Las consecuencias de la falta de una solución habitacional ya tienen un rostro concreto. En Chongos Alto, Huancayo, Felisa Román de Chambergo, de 75 años, murió de neumonía después de pasar varios días en una carpa, luego de que su vivienda quedara inhabitable tras una de las decenas de réplicas del sismo de 5,2.

Su hijo, Rodrigo Chambergo Román, contó que pidió a las autoridades una carpa y colchones para proteger a sus padres tras un temblor de 5,0 ocurrido el 6 de agosto en Huancayo, pero que no recibió estos implementos. Ante la necesidad de encontrar un refugio, reunió S/150 de sus propios ahorros para comprar una carpa usada y plástico, que instaló frente a su vivienda.

"Mi mamá ha fallecido por neumonía, ya estaba delicada y debido al sismo tuvimos que dormir en una carpa y eso agravó su salud. La madrugada del lunes hizo un fuerte frío y mi mamá amaneció muerta", relató.

El caso ocurrió en medio de las bajas temperaturas de la zona y mientras familias damnificadas continúan utilizando carpas o refugios improvisados. Para el hijo de Felisa, la falta de un espacio adecuado agravó la situación de salud de su madre, quien terminó falleciendo dentro de la carpa que la propia familia tuvo que comprar.

Viviendas aún esperan validación

La brecha no solo está en la instalación de los módulos. Tras el primer sismo, el Gobierno Regional de Junín identificó 2.136 viviendas destruidas o inhabitables en siete distritos, pero hasta ahora el Ministerio de Vivienda habría validado alrededor de mil, según Vásquez.

Los alcaldes de las zonas afectadas acordaron solicitar una reunión con el ministro de Vivienda para conocer un cronograma que permita determinar cuándo terminará la validación de los inmuebles afectados y cuándo las familias podrán acceder al Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), subsidio de S/500 mensuales por un periodo de dos años.

La ayuda internacional recibida este miércoles también incluye 100 carpas familiares y 1.080 lámparas solares, valorizadas en más de S/420.000. Los suministros serán distribuidos por Indeci .

El funcionario explicó que existe además un problema práctico: las municipalidades necesitan demoler las viviendas que representan un peligro y preparar los terrenos donde serán colocados los módulos, pero primero deben esperar la inspección y validación del Ministerio de Vivienda.

"Necesitamos que el Ministerio de Vivienda nos aclare y nos diga cuáles son los requisitos, filtros o criterios que están tomando para validar a una cantidad de viviendas y no considerar a otras", cuestionó Vásquez.

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El frío y las lluvias aumentan la preocupación

Mientras continúa la espera, algunas familias permanecen en carpas o construyen refugios improvisados con palos y calaminas junto a los restos de sus viviendas. La situación podría agravarse en los próximos meses debido al inicio de la temporada de lluvias.

Vásquez advirtió que las precipitaciones podrían comenzar entre octubre y noviembre y alertó que las carpas utilizadas actualmente por las familias no están preparadas para soportar lluvias intensas.

"Las carpas no van a soportar las lluvias intensas", advirtió el funcionario, quien consideró necesario acelerar la instalación de los módulos temporales durante los primeros 60 días de la emergencia. De no avanzar el proceso, incluso planteó evaluar una ampliación del estado de emergencia en los 20 distritos afectados.

El riesgo no es menor. En las zonas altoandinas, las familias que permanecen en carpas enfrentan además bajas temperaturas durante las noches. El fallecimiento de Felisa Román evidencia la vulnerabilidad de los adultos mayores que continúan sin una vivienda segura después del desastre.

Colegios también esperan aulas temporales

La emergencia también dejó daños en la infraestructura educativa. El Ministerio de Educación informó que se habilitarán 68 aulas temporales tipo domo para atender a los escolares de las zonas afectadas. Hasta el momento, 20 ya fueron instaladas y otras 48 llegaron como parte de una operación complementaria.

Estas últimas serán colocadas en 18 instituciones educativas de Huancayo y Chupaca y, según el Minedu, podrán atender hasta 2.880 escolares en dos turnos. La empresa encargada de la instalación asumió el compromiso de dejar las aulas habilitadas en un plazo de 15 días.

Sin embargo, la demanda total asciende a 83 aulas temporales tipo domo, por lo que todavía existe una brecha de 15 aulas para atender las necesidades identificadas en las zonas afectadas.

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Contraloría detectó fallas en la primera respuesta

La primera respuesta ante la emergencia también fue observada por la Contraloría General de la República. Cuatro informes identificaron deficiencias en la atención de los damnificados en Chongos Bajo, Huayucachi, Viques y Chupuro.

En Chongos Bajo, por ejemplo, la municipalidad no había concluido el padrón de damnificados ni contaba con usuario y contraseña para acceder al Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) cuando ocurrió el sismo.

En Viques, la Contraloría encontró que solo 100 de los 739 damnificados registrados habían recibido donaciones al momento de la inspección. También se reportaron retrasos en la gestión y distribución de ayuda humanitaria en Huayucachi y Chupuro.

El propio Gobierno Regional reconoció que hubo deficiencias en el empadronamiento y la distribución de ayuda. Ahora, superada la etapa de atención humanitaria inicial, el principal desafío es conseguir una solución para las familias que perdieron sus viviendas.

Una promesa que avanza lentamente

El Gobierno anunció que la emergencia sería atendida con módulos temporales, pero la entrega todavía está lejos de alcanzar la meta anunciada por la presidenta Keiko Fujimori. Solo 96 de los 500 módulos prometidos han sido instalados en Pumpunya, mientras miles de familias permanecen a la espera de una solución.

El caso de Felisa Román muestra el costo humano de esa espera: una mujer de 75 años que, después de perder la seguridad de su vivienda, terminó pasando sus últimos días en una carpa comprada por su propia familia y expuesta al frío.

Con las lluvias previstas para octubre y noviembre, las autoridades tienen poco margen de tiempo. La emergencia ya no se limita a entregar alimentos o ayuda inmediata: miles de familias necesitan un techo seguro antes de que las condiciones climáticas vuelvan aún más crítica su situación.

Fuerza Popular también hizo un guiño a su presencia en la sesión. Miguel Ángel Torres, uno de los 'hombres fuertes' del fujimorismo, no pudo participar de manera presencial, se hizo presente a través de la virtualidad: un mensaje de poco más de veinte segundos fue proyectado durante la transmisión del Congreso en redes sociales. No pasó desapercibido. Aunque no forma parte de la Cámara de Diputados, su mensaje fue la antesala para la presentación del premier fujimorista.

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Iniciado el discurso, el primer ministro optó por lanzar el salvavidas desde el vamos: "Un Estado entrampado por la burocracia, que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias y a las necesidades de las familias", dijo, dibujando el diagnóstico de un país que, según su relato, le fue entregado ya roto.

La frase no sonó improvisada: calzaba casi a la perfección con el discurso que Keiko Fujimori había pronunciado semanas antes, el 28 de julio. El "relato de herencia" —esa fórmula que permite explicar cualquier tropiezo futuro como culpa del pasado— quedaba instalado desde los primeros minutos de su presentación.

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"El Estado tiene que volver a funcionar para la gente. Seguridad que se sienta. Servicios que lleguen. Obras que terminen", enumeró. Y a lo largo de todo su discurso, fijó los mismos plazos —diciembre de 2026, julio de 2027, el cierre del quinquenio en 2031— sin que los ciudadanos que lo escuchaban pudieran saber qué pasos habría que seguir para ver sus promesas cumplidas.

Seguridad: el eje que más pesa y menos explica

Si hay un tema que definió la campaña de Fujimori, fue la seguridad. No es para menos: más de la mitad de los peruanos dice sentirse insegura en el transporte público y en los restaurantes. Y sin embargo, apenas estrenado el gobierno, los primeros días ya habían sido accidentados justamente en el área que se suponía sería la prioridad absoluta.

Frente a los diputados, Galarreta prometió "más capacidad operativa, inteligencia, tecnología y presencia policial en el territorio", apuntando contra la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y el narcotráfico.

Sonó contundente. Pero el cómo —la incómoda explicación que separa el plan del deseo— nunca llegó. El primer ministro habló de "fortalecer" el sistema de flagrancia y los subsistemas policiales sin precisar un solo mecanismo concreto. Los problemas, una vez más, quedaban nombrados; las soluciones, en cambio, seguían flotando en el terreno de lo gaseoso.

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El Niño, y el terremoto que llegó dos horas después

El segundo eje del discurso —gestión de riesgos y desastres— reveló otra asimetría curiosa. De dieciséis párrafos dedicados al tema, solo uno mencionó los sismos. El resto se concentró casi en su totalidad en el próximo Fenómeno de El Niño.

Desde luego, los reflectores voltean a este anuncio climatológico, y es que la prevención ante el FEN será una de las prioridades en este periodo 2026-2027. Sin embargo, no dejo de ser llamativo que el único compromiso en cuanto a sismos y desastres se refiere fue la promesa de ampliar los Grupos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), hoy cuatro —dos del Ejército, uno de la Marina, uno de la Fuerza Aérea—, a ocho para el segundo año de gobierno y a dieciséis al final del quinquenio.

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El tema menos apreciado en el discurso se presentó en la realidad: solo dos horas después de que Galarreta pronunciara esas palabras, un terremoto sacudió Catacora, en Ayacucho.

En algún punto de ese tramo, el premier pareció perder el tino. La comunicación se le hizo cuesta arriba, como si el peso de las cifras y los plazos le complicara sostener el tono. Y entonces, también vino la autocrítica: "Vamos tarde en la prevención del Fenómeno de El Niño 2026-2027, y tenemos que reconocerlo. Pero será la última vez”.

La democracia va al final

El eje más corto lo tuvo la democracia. Solo una hoja abordó el segmento de democracia y gobernabilidad. Fuerza Popular ha sumado varios periodos de experiencia gobernando desde el Congreso, pero es recién ahora que tiene la opción de hacerlo desde el Ejecutivo. Para la oposición, la contradicción se mostraba evidente: desde el Ejecutivo, el partido que dinamitaba la fortaleza institucional, las libertades y los derechos humanos ahora venía a pedir por ellos.

"Este gobierno será defensor de la institucionalidad democrática, las libertades de prensa y de expresión y los derechos fundamentales", decía Galarreta. Un comentario que desató algunas caras de desaprobación entre los diputados que no lo ven con buenos ojos.

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Las participaciones complementarias no salvaron el día

Si Galarreta no había terminado de convencer a los diputados, tampoco lo hicieron Marco Vinelli, ministro de Agricultura y Riego, y César Astudillo, titular del Interior. Los alfiles ministeriales no pudieron revertir el resultado de una mañana en la que el fujimorismo no logró cosechar los apoyos que buscaba.

Vinelli centró sus esfuerzos en una táctica más aterrizada que la de sus compañeros de gabinete. El titular de Agricultura tuvo una presentación más redonda, en la que señaló las tareas ya ejecutadas —como el decreto de urgencia publicado durante este Gobierno, que contempla acciones directas para enfrentar el Fenómeno de El Niño junto con la Autoridad Nacional del Agua— y nombró los problemas de manera más concreta.

La presentación cumplió como complemento de lo que ya había mencionado Galarreta. Sin embargo, las lluvias del pasado fin de semana ya habían dejado una imagen difícil de revertir.

En el caso de Astudillo, la presentación fue aún más accidentada. El retorno a las generalidades estuvo presente en el discurso del ministro del Interior. Astudillo llamó a implementar más inteligencia y a golpear a la delincuencia, pero, más allá de estas señales, la cartera no presentó ninguna acción concreta que pueda contrarrestar la criticada parsimonia que ha mostrado el Gobierno en este terreno hasta el momento.

Horas antes, Harvey Colchado —diputado de Ahora Nación y policía en retiro— le había dicho al ministro que "no se deje engañar" y cuestionó la permanencia de Arriola como jefe de la PNP. El tema fue completamente obviado por el ministro.

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Una tregua que nadie recogió

Hacia el final, Galarreta cambió de registro y buscó tender un puente hacia el Legislativo. "Les propongo acompañar a los funcionarios, a los ministros y al Gobierno en general a destrabar aquello que hoy impide que una posta se instale, que el agua llegue, que las medicinas estén disponibles (...) Seamos juntos parte de la solución", dijo, mirando a un hemiciclo que, en ese momento, apenas lo miraba de vuelta.

Porque mientras el premier hablaba de seguridad, la congresista Analí Márquez, de Juntos por el Perú, llevaba varios minutos con la vista fija en su celular. En la Mesa Directiva, los vicepresidentes Harvey Colchado (Ahora Nación) y José Yataco (Obras) tampoco disimulaban demasiado: sus teléfonos parecían más interesantes que el plan de gobierno.

Hasta desde la propia bancada oficialista, el diputado de Fuerza Popular Ángel Bobadilla completaba el cuadro, más atento a las redes sociales que al discurso de su propio primer ministro.

“Yo he estado en el otro lado de la cancha. Y sé que el control político llama a saber que gasta y como gasta un funcionario”, dice Galarreta. Pero el intento es en vano: apelar a la compasión de la Cámara de Diputados no parece suficiente para que pueda librarse de los cuestionamientos.

Casi una hora después de haber empezado, Galarreta cerró sus diecisiete páginas. Los aplausos llegaron, a mansalva, únicamente desde la bancada oficialista. El bloque opositor —Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras— se quedó con las manos quietas. No hizo falta ningún comunicado: el rechazo ya se había vuelto gesto.

"Cuando se trata de mejorar las condiciones de los trabajadores o del pueblo… la caja fiscal no se puede, pero cuando se trata de dictar exoneraciones tributarias a grandes poderes económicos ahí sí no hablamos de la caja fiscal. Ahí sí nos quedamos callados. Ahí si no veo al ministro de Economía diciendo vamos a decirle al Congreso que pida por favor la exoneración de esas leyes de carácter tributario. Pido más coherencia", exclamó durante su presentación tras el discurso del primer ministro, Luis Galarreta, en la Cámara Baja.

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Consideró que no existe empatía al solicitar la inconstitucionalidad de las normas de pensión y beneficios para los trabajadores. “Se olvida que detrás de esas leyes hay maestros, policías, militares y trabajadores”, dijo.

Las 4 leyes que el Ejecutivo quiere eliminar

García Huby hizo referencia a las declaraciones del titular de Economía, quien explicó que cuatro leyes aprobadas durante el Congreso 2021-2026 pueden alterar la trayectoria de las cuentas públicas por las obligaciones que trasladan al Estado.

Por eso, es que el Ejecutivo llevará las normas ante el Tribunal Constitucional (TC) para buscar su derogación.

Se trata de leyes que modifican las pensiones de maestros jubilados y cesantes y de militares y policías, la homologación del incentivo CAFAE para trabajadores del régimen 276 y la norma que reconoce gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS.

El economista Mario Vergara explicó en entrevista a Latina cada una de estas normas.

La primera de ellas es el aumento de las pensiones de los maestros jubilados, lo cual generará un costo estimado de S/8 mil millones anuales. “Consiste en igual el valor de la pensión a un valor de S/3500 lo que demuestra una desigualdad con la pensión que reciben otros funcionarios que es de S/600”, dijo.

En tanto, la segunda ley es la modificación del régimen pensionario para militares y policías que también tiene un costo de S/15 mil millones. La tercera está vinculada a los beneficios para los trabajadores CAS para otorgarles gratificaciones y demás aguinaldos, lo que generaría un costo total anual de S/3 mil millones.

Finalmente, la cuarta ley es sobre el incentivo CAFAE que tiene un costo aproximado de S/2 600 mil millones anuales.

En total, las cuatro normas implican un estimado de S/30 mi millones anuales, que representa el 5% del PBI.

García Huby sobre ministros: “No tiene respeto y empatía por la ciudadanía”

En otro momento, el diputado de Buen Gobierno rechazó las primeras acciones de algunos miembros del Gabinete. “Cómo podemos nosotros creerles si tenemos ministros que definitivamente no están dando la talla política en estos momentos. Pueden tener una posición académica adecuada y técnicos en la materia, pero no tienen una posición política de respeto y empatía a la ciudadanía”, manifestó.

Se refirió al ministro del Interior, César Astudillo, y rechazó que haya ratificado al comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

“Cómo podemos creerle a un ministro que sin ninguna empatía sale en los medios de comunicación y dice que no importa un poco de agua por encima de las rodillas cuando esa gente en los distritos de la zona sur que pierden todo lo que han logrado en su inversión de vida”, anotó.

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El intercambio ocurrió en el programa Ampliación de Noticias, conducido por Mávila Huertas y Carvallo. Bravo contó que un día antes se había reunido con el decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú, Andrés Zúñiga. Cuando Carvallo precisó que él no está, el diputado señaló que era una pena e insistió: "Deberías colegiarte".

La tensión se dio en un contexto donde Bravo ya enfrenta cuestionamientos de gremios de prensa por otra iniciativa legislativa. El diputado de Renovación Popular presentó días atrás el proyecto de ley que busca penalizar la "apología al delito agravado" en medios de comunicación. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazaron esa propuesta por considerar que amenaza el ejercicio informativo durante crisis políticas y conflictos sociales.

El reclamo más repetido apuntó al ministro del Interior, César Astudillo, por mantener en el cargo al comandante general Óscar Arriola. Diputados de bancadas tan distintas como Obras, Renovación Popular y Ahora Nación coincidieron en pedir su salida. El diputado Víctor Piñán, de Obras, citó el caso de un chofer de transportes asesinado por negarse a pagar cupos extorsivos, y exigió respuestas inmediatas al Ejecutivo.

Otro bloque de críticas se centró en el fenómeno El Niño y en la posible flexibilización laboral que buscaría el Gobierno. La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, advirtió que su bancada no cederá facultades legislativas en materia de trabajo. Congresistas de Juntos por el Perú fueron más allá y responsabilizaron directamente al fujimorismo por la crisis institucional que hoy dicen enfrentar, en referencia a su rol en el Congreso anterior.

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Arriola, el nombre que unió a la oposición y a un aliado

El diputado Víctor Piñán, de Obras, saludó la presencia del premier y del gabinete completo en el hemiciclo, pero pidió respuestas inmediatas frente a las urgencias y las demandas ciudadanas. Piñán relató el caso de Mauro Garrizo Flores, chofer de la empresa de transportes Vipusa, asesinado tras negarse la empresa a pagar cupos a extorsionadores. Citó cifras del SINADEF: más de 100 desde que empezó el gobierno de Keiko Fujimori han sido asesinados.

Piñán cuestionó directamente al ministro del Interior por mantener a Arriola en el cargo. "El pueblo peruano exige resultados, señor ministro del Interior. Sin embargo, usted sigue ratificando al comandante general de la PNP, al señor Arriola, el cual yo lamento", dijo el diputado de Obras.

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La crítica no vino solo de la oposición. Norma Yarrow, diputada de Renovación Popular, aliado del oficialismo, también cuestionó al ministro por mantener a Arriola. "Ministro del Interior, no sé qué hace usted con el general Arriola, un general que ha sido cuestionado y es cuestionado por el mismo grupo de militares y policías. Reflexione usted", señaló Yarrow. Su compañera de bancada, Roxana Rocha, pidió además esclarecer una presunta filtración de información policial y datos personales. "Es inadmisible que la información destinada a combatir el delito favorezca a los criminales. Exigimos sanciones inmediatas", indicó.

Desde Ahora Nación, el diputado Harvey Colchado fue más directo y vinculó el aumento de la criminalidad a dos nombres puntuales. "El incremento del crimen tiene un nombre: comandante general Óscar Arriola, y un padre, el exministro del Interior, Santiváñez Antúnez", afirmó. La senadora Ruth Luque, de la misma bancada, pidió una reforma policial y recordó que el Estado tiene una deuda pendiente con las víctimas del gobierno de Dina Boluarte. "La señora Fujimori habla de reconciliación, pero no ha tenido ni un gesto", dijo Luque.

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Fenómeno de El Niño y flexibilización laboral, los otros focos de crítica

La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, cuestionó que el fujimorismo se presente sin autocrítica ante una crisis de la que, según dijo, es corresponsable. "Sería ingenuo esperar del fujimorismo una autocrítica por su papel en ese desorden del Estado, cuando son directamente responsables del mismo, junto a los gobiernos a los que avaló y a los que respaldó desde el anterior Congreso", señaló.

Huilca calificó de insuficientes las medidas anunciadas frente al fenómeno de El Niño. Indicó que el discurso de Galarreta no mencionó inversiones esenciales, como el Proyecto Integral de la Cuenca del Piura ni los drenajes de Trujillo y Piura. También advirtió sobre las intenciones del Ejecutivo en materia laboral. "Lo único que parece motivar al gobierno es la flexibilización laboral. Pero desde ya les decimos que no cederemos facultades para legislar en materia laboral. No más recorte de derechos a las y los trabajadores", afirmó la diputada de Ahora Nación.

El diputado Leo de Paz Lancho, de Renovación Popular, cuestionó que el plan de obras de drenaje anunciado no incluya a Lima. "El gobierno presenta hoy su plan drena más para provincias como Cusco, pero ¿Villa El Salvador está en ese plan? ¿Cono sur y mis hermanos de los cerros de Lima están en ese plan?", preguntó.

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"Gabinete de reciclados": las críticas más duras vinieron de Juntos por el Perú

Los cuestionamientos más frontales llegaron desde la bancada de Juntos por el Perú. El senador Jaime Quito calificó al equipo ministerial como un "gabinete de reciclados" y lo vinculó con gobiernos anteriores. "Los responsables directos están aquí, son precisamente este gabinete de reciclados que vienen del gobierno de García, Ollanta. Lamentamos que se haya quitado el voto de confianza. No nos traen absolutamente nada", dijo Quito. El senador también responsabilizó a sectores cercanos al Ejecutivo por la salida de Pedro Castillo.

La diputada Svieta Fernández, de la misma bancada, cuestionó el relato de "herencia recibida" que usó el premier en su discurso. "El gobierno nos dice que recibió un país en total desorden. La pregunta es: ¿de quién lo recibió? Porque quienes hoy gobiernan formaron parte del pacto político que sostuvo los últimos gobiernos y convivió con el deterioro de nuestras instituciones", señaló Fernández. Su compañera de bancada, Graciela Chicana, fue tajante: "Estamos frente a un gobierno que no le interesan los derechos humanos, y no le va a interesar atender el fenómeno El Niño ni la inseguridad ciudadana", afirmó.

Desde el Partido del Buen Gobierno, el diputado Fernando García puso en duda la capacidad política del gabinete, más allá de su perfil técnico. "¿Cómo podemos nosotros creerles si tenemos ministros que definitivamente no están dando la talla política en estos momentos?", cuestionó. Su colega de bancada, Jessica Benítez, dejó abierta la puerta al diálogo, aunque con condiciones. "Estamos dispuestos a trabajar juntos y a construir consensos, pero no va a significar que vamos a renunciar a nuestra responsabilidad de fiscalizar y exigir resultados", indicó la diputada.

La resolución suprema Nº 258-2026-PCM lleva la firma de Keiko Fujimori, como presidenta; la de Luis Galarreta, como presidente del Consejo de Ministros; y la de Elmer Cuba, como ministro de Economía y Finanzas.

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Tras ganar la segunda vuelta presidencial, Fujimori visitó a Velarde en las instalaciones del BCRP para solicitarle que continuara en el cargo, un pedido que fue aceptado.

"Quiero agradecerle por haber venido al BCRP personalmente, me siento honrado por el pedido que me ha hecho. Y, si en otras circunstancias no hubiera tal vez aceptado, quisiera hacerlo con mucho gusto y pienso dedicarme lo más rápido posible a cumplir con la tarea que me está encargando. Muchas gracias, Keiko, por la asignación, muy amable", dijo el economista a la prensa.

Por su parte, Fujimori recordó que el nuevo Congreso bicameral tendrá la responsabilidad de designar a cuatro integrantes del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, entre ellos a quien ejercerá la presidencia de la institución.

En ese contexto, sostuvo que los resultados alcanzados por el BCRP en el control de la inflación y la estabilidad monetaria justifican la continuidad de Velarde, a quien atribuyó el desempeño de la entidad durante los últimos años.

Julio Velarde preside el Banco Central de Reserva desde 2006 y ha sido ratificado en el cargo por gobiernos de distintas orientaciones políticas.

Durante su gestión, la entidad ha enfrentado episodios como la crisis financiera internacional de 2008, la pandemia de la COVID-19 y recientes periodos de incertidumbre política, manteniendo como objetivo principal la estabilidad monetaria y el control de la inflación. Con su continuidad para el periodo 2026-2031, el nuevo Gobierno apuesta por preservar esa línea de conducción y reforzar la confianza de los mercados e inversionistas.

Por su parte, Juntos por el Perú (JP) contará con 7 representantes; Renovación Popular, 6; Partido del Buen Gobierno, 5; Ahora Nación, 3.

La comisión contará con 28 legisladores, entre diputados y senadores, y con los 8 miembros de las Mesas Directivas de ambas cámaras.

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Durante el receso del Senado y de la Cámara de Diputados, funciona una comisión presidida por el presidente del Congreso. Su composición busca mantener una representación proporcional de los distintos grupos parlamentarios y no puede superar el 20% del total de integrantes del Congreso.

Entre sus principales atribuciones está aprobar créditos suplementarios, transferencias y habilitaciones presupuestales durante el receso parlamentario. Asimismo, puede ejercer las facultades legislativas que le sean delegadas por el Congreso.

Sin embargo, la Comisión Permanente no puede recibir facultades para abordar asuntos relacionados con la reforma constitucional, la aprobación de tratados internacionales, las leyes orgánicas, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, la Ley de Presupuesto ni la Ley de la Cuenta General de la República.

Los integrantes de la Comisión Permanente

La Comisión Permanente quedó conformada de la siguiente manera:

Fuerza Popular: los senadores Miguel Torres, Nilza Chacón, Alejandro Aguinaga, Víctor Flores, Patricia Juárez, Martha Moyano y Carlos Mesía; y los diputados Arturo Alegría, Rosangella Barbarán, Karina Beteta y Cecilia Chacón.

Juntos por el Perú: los senadores Iber Maraví, Serafín Andrés y Víctor Cutipa Ccama; y los diputados Analí Márquez, Juan Villanueva, Gabriel Gonzales y Amalia Palomino.

Renovación Popular: los senadores Alejandro Muñante, Estanislao Mancha, Lourdes Alcorta y Milagros Jáuregui; y los diputados Aldo Bravo y Diego Bazán.

Partido del Buen Gobierno: los senadores Flavio Figallo y Nora Bonifaz; y los diputados Óscar Reto, Nery Fernández y Rossana Alayza.

Partido Cívico Obras: el senador Roger Astucuri; y los diputados José Yataco, Máximo Peralta y Andrea Medina.

Ahora Nación: la senadora Mirtha Vásquez; y los diputados Harvey Colchado y José Marcelo.

La moción asegura que el informe final de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión para el Riesgo de Desastres, del periodo parlamentario 2021-2026, recomienda darle continuidad. Asimismo, plantea que la nueva comisión especial sea la encargada de estudiar, evaluar y dar seguimiento especial a las políticas, planes y programas adaptados por las instituciones.

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El informe sostiene que, en la actualidad, hay una serie de proyectos inconclusos, que no han sido fiscalizados y que no permiten que se afronte de manera correcta este fenómeno. Asimismo, resalta que las autoridades han presentado proyectos de mitigación, descolmatación y reconstrucción que no han sido atendidos correctamente.

El documento también menciona los efectos que genera el fenómeno El Niño, como daños materiales y económicos y el incremento de enfermedades. También añade los datos que causó este desastre natural en años anteriores: en 1982-1983 provocó 512 fallecidas y 1,3 millones de damnificados. En 1997-1998, dejó 340 fallecidas y más de 1 millón de peruanos afectados; y en 2017, 162 personas perdieron la vida y 141.000 fueron perjudicadas.

Por otro lado, la moción advierte que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) alertó que el fenómeno se extenderá hasta el verano del 2027, y que actuará con mayor magnitud en octubre de este año. Para diciembre y marzo del siguiente año actuará con magnitud fuerte o moderada.

"EI ENFEN recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres", se lee en el documento.

"La conformación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Prevención y Respuesta ante el Fenómeno El Niño y a la Gestión del Riesgo de Desastres, permitirá efectuar un seguimiento integral de las medidas de prevención y preparación, de los sistemas de alerta temprana, de la situación de ríos, quebradas, reservorios e infraestructura crítica, así como de la ejecución de los recursos destinados a la reducción del riesgo, atención de emergencias, rehabilitación y reconstrucción", añade.

"No vengo a prometerles que el crimen desaparecerá la próxima semana, vengo a comprometerme al Estado hacer más fuerte y más rápido y emplear mejor la inteligencia contra quienes quieren destruir nuestra tranquilidad", expresó.

En ese sentido, Astudillo propuso 5 ejes para combatir la inseguridad: anticiparse al crimen y fortalecimiento de la tecnología, recuperar el control del territorio, quitarle las herramientas al crimen, controlar las fronteras y que el sistema judicial funcione conjuntamente.

"El Ejecutivo necesita del Congreso, leyes que permitan combatir eficazmente al crimen, herramientas para nuestras instituciones, recursos para tecnología dentro del marco jurídico que permita actuar con firmeza, pero siempre dentro del Estado de derecho", señaló.

"Detrás de cada indicador hay una persona, una familia, una madre que quiere que su hijo llegue seguro a casa, un comerciante que quiere trabajar sin pagar una extorsión, un joven que quiere salir de noche sin miedo, una familia que quiere vivir tranquila, ese es el verdadero indicador de nuestra gestión: que el ciudadano vuelva a sentir que Estado está de su lado", añadió.

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Un llamado de atención al Congreso

En esa misma línea, el ministro del Interior hizo un llamado a los congresistas a dejar de lado su posición política y los instó a trabajar conjuntamente para derrotar a la criminalidad.

"Para lograrlo necesitamos trabajar con ustedes. Necesitamos trabajar en unidad, sé que en este Congreso existen distintas posiciones políticas, yo soy parte de él y eso es parte de la democracia, podemos fiscalizar, exigir explicaciones, eso es sano. Pero hay algo en lo que no deberíamos discrepar: en la obligación de proteger la vida de los peruanos, esa gente que nos ha puesto en estas curules", dijo.

"El delincuente no pregunta de qué partido es su víctima, la extorsión no distingue colores políticos ni banderas, una bala no distingue oficialismo de oposición y una familia que pierde a uno de los suyos tampoco lo hará, el Estado no debe estar dividido", acotó.

El pacto fija además pautas para evitar el acoso político entre agrupaciones. Los firmantes se comprometieron a transparentar sus ingresos y gastos de campaña ante los órganos de fiscalización del JNE. También aceptaron participar de forma obligatoria en los debates públicos organizados por el ente electoral y a reconocer los resultados oficiales una vez culminado el proceso.

Al finalizar la ceremonia, varios candidatos se pronunciaron ante la prensa sobre la candidatura de Rafael López Aliaga, quien asumió la cabeza de su lista tras la renuncia del postulante original de Renovación Popular. Yehude Simon, Susel Paredes y Carlos Bruce coincidieron, fuera del local del evento, en calificar la situación como una maniobra para evadir la prohibición constitucional de reelección inmediata.

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Susel Paredes acusó al JNE de ser "cómplice" de López Aliaga

Susel Paredes, candidata de Ahora Nación, fue la voz más dura contra el organismo electoral. Ya afuera del local, la postulante declaró que el JNE "es cómplice" de la situación de López Aliaga y calificó de "complaciente" la actuación del tribunal frente a lo que considera una vulneración de la Constitución. Paredes también lanzó un cuestionamiento personal contra el candidato de Renovación Popular, a quien describió como una persona con limitaciones intelectuales.

Yehude Simon, postulante de Tierra Verde, coincidió con ese diagnóstico. El candidato afirmó que López Aliaga "sabe que está haciendo trampa" y que el aspirante faltó a su palabra al asumir la cabeza de la lista tras la salida del candidato original.

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Carlos Bruce, de Somos Perú, pidió al tribunal electoral actuar con firmeza. El candidato exhortó al JNE a hacer cumplir la prohibición de reelección inmediata que establece la Constitución y dijo que el organismo no debería permitir que López Aliaga postule en las condiciones actuales.

Juan Carlos Alvarado, de Venceremos, fue el más directo de todos. El candidato pidió a la ciudadanía "no votar por la trafa" y afirmó que López Aliaga no merece el respaldo de los limeños. En contraste, Francis Allison, de Avanza País, prefirió no sumarse a las críticas más duras. Allison cuestionó la ausencia de López Aliaga en la ceremonia, pero pidió esperar antes de emitir juicios sobre la actual gestión de Keiko Fujimori, a quien planteó dar un plazo de seis meses antes de evaluar su desempeño.

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Los candidatos plantearon cambios en la ATU y el tren Lima-Chosica

Más allá de las críticas a López Aliaga, los postulantes expusieron propuestas concretas para la ciudad. Susel Paredes anunció que, de ganar, cambiará la tabla de sanciones de la ATU, a la que calificó de desproporcionada. La candidata también dijo que coordinará directamente con la Policía Nacional del Perú para enfrentar la inseguridad en la capital.

Carlos Bruce planteó una reforma más profunda del organismo de transporte. El candidato dijo que la ATU solo se dedica a imponer multas y afirmó que, de ser necesario, cambiaría hasta el nombre de la institución para transformar su función.

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Sobre el tren Lima-Chosica, ambos candidatos coincidieron en que la compra de las unidades no le compete a la alcaldía de Lima. Paredes y Bruce indicaron que esa responsabilidad corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Paredes calificó el actual proyecto como "una chatarra" y como un sistema contaminante y costoso para los limeños. La candidata presentó como alternativa un proyecto de trenes eléctricos de cercanía.

Francis Allison se distanció de esa postura. El candidato de Avanza País aseguró que el tren Lima-Chosica funcionará si resulta elegido alcalde y atribuyó los problemas del proyecto a un desorden en su ejecución, no a la viabilidad del sistema en sí.

Luque invocó el artículo 99 de la Constitución y el artículo 174 del Reglamento del Congreso para sustentar la denuncia. Los denunciados son Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González, Cayo César Galindo Sandoval, Jaime Pedro De la Puente Parodi y Rafael Ruiz Hidalgo.

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El escrito detalló hasta cinco hechos distintos por cada denunciado. Entre los artículos citados figuran el 39, el 139 (incisos 2 y 3), el 146 (incisos 1 y 3), el 158 y el 159 de la Constitución. Estos artículos regulan, entre otros temas, la función pública y la independencia judicial. La senadora sostiene que estas normas fueron vulneradas de forma reiterada.

Luque pidió que se declare procedente la denuncia. También solicitó que se formule la acusación constitucional contra los siete denunciados. Como consecuencia, pidió su destitución e inhabilitación para ejercer función pública.

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Los casos que sustentan la denuncia

El documento incluye como anexos varias resoluciones de la JNJ que, según Luque, prueban el uso indebido de sanciones. Una de ellas es la Resolución N° 019-2026-PLENO-JNJ, que impuso la destitución de Delia Milagros Espinoza Valenzuela como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Otra es la Resolución N° 333-2026-JNJ, que abrió una investigación preliminar contra el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada.

También se cita la Resolución N° 151-2026-JNJ, que dispuso no ratificar a Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara como vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima. A este listado se suma un pronunciamiento oficial de los presidentes y presidentas de las Cortes Superiores de Justicia del Perú, fechado el 11 de agosto de este año. Ese documento respalda la idea de que existe preocupación dentro del propio Poder Judicial por las decisiones de la JNJ.

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En el video, Torres saludó la presentación del gabinete de Galarreta. "Como presidente del Senado y del Congreso de la República espero con expectativa este mensaje y hago un llamado a todos los diputados y senadores a asumir con responsabilidad este momento", señaló. Pidió a los congresistas "escuchar, evaluar y proponer" frente a la exposición del premier.

El presidente del Congreso planteó, además, que la fiscalización parlamentaria no debe estar reñida con el trabajo conjunto entre poderes del Estado. "El país necesita un Congreso que fiscalice, pero que también entienda que la colaboración entre poderes del Estado es fundamental para avanzar", afirmó. Mencionó tres frentes concretos —el fenómeno de El Niño, la inseguridad ciudadana y "los grandes desafíos que enfrenta el país"— y cerró su mensaje con un pedido directo: "unidad para actuar y responsabilidad para dar resultados".

La interrupción se dio en plena sesión del Pleno de Diputados, convocada para que el premier y su equipo de ministros expongan la política general del Gobierno, en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución. La cita se realizó desde las 10:00 a. m. de este jueves y contempló cuatro horas de debate parlamentario, repartidas de forma proporcional entre las bancadas. Se trató de la primera comparecencia de un gabinete ante la nueva Cámara de Diputados, tras el retorno al sistema bicameral.

También olvidó mencionar que su liderazgo en el MEF no fue corto como para pretender deslindar responsabilidad. Asumió como titular desde el 13 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2025. Es decir, más de once meses.

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“Quiero enfatizar la mala gestión de las administraciones anteriores que han sido desordenadas e ineficientes”, dijo tras la presentación del primer ministro, Luis Galarreta.

Seguidamente se dedicó a enumerar las ineficiencias encontradas. Indicó que los gobiernos anteriores han dejado “más dos mil doscientas obras paralizadas”, las cuales “le cuestan al país más de setenta y tres mil millones de soles”. Tal dinero está invertido en obras a nivel nacional que “no le sirven a nadie”, dijo.

También, “encontró” las consecuencias de la corrupción. Precisó que se trata de un problema que, según la Contraloría General de la República, le cuesta al país más de veinticuatro mil millones de soles al año.

Finalmente, se refirió a las cárceles. “La inseguridad y la pérdida de autoridad. El costo de la delincuencia le cuesta al país aproximadamente 2,2% de crecimiento. Más o menos unos veintiséis mil millones de soles. Eso significa unos setenta y dos millones de soles diarios”, anotó.

Y reprochó que no se haya inaugurado una nueva cárcel en el país.

“Hace más de diez años, repito, diez años que en el Perú no se inaugura una cárcel nueva. Ineficiencia y corrupción de limpia en este caso. Diez años, eso es lo que se ha heredado”, refirió.

José Arista fue cuestionado por obras paralizadas durante su gestión

Lo que Arista olvidó es que durante su periodo como ministro enfrentó dos mociones de interpelación y una de censura. Esta última no prosperó.

El hoy diputado respondió por las dos mociones de interpelación el mismo día, el 14 de junio del 2024.

Las preguntas estuvieron relacionados con los siguientes temas: pedido de facultades y la reducción de la pobreza; paralización de obras en el primer trimestre del año 2024; su gestión al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y las opiniones del Consejo Fiscal.

Es decir, fue cuestionado por obras paralizadas, hecho que hoy él mismo reclama.

“Queda demostrado la falta de liderazgo para reducir la pobreza, impulsar mejoras en la economía, además de la incompetencia para asumir un rol trascendental sobre la paralización de obras en los diferentes gobiernos regionales y locales, constituyen elementos determinantes para motivar la presente interpelación”, consideró la entonces congresista Kelly Portalatino sobre Arista.

En ese contexto, Beingolea declaró ante los medios de comunicación que la propuesta de su compañero de gabinete es una mera “opinión” y recalcó que el LUM y todos los museos del Perú están bajo la administración del Ministerio de Cultura.

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"Es la opinión del ministro, punto. El museo al que hace referencia (LUM) está dentro del sector cultura y no tengo nada que opinar al respecto. (...) No se trata de ceder, simplemente hay una opinión y respeto todas las opiniones. Lo único que tengo que decir es que los museos son parte de las funciones del Ministerio de Cultura y este ministerio va a asumir lo que le corresponde: los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura; lo demás son opiniones, todas respetables, no hay ninguna fisura", enfatizó durante un evento público este 18 de agosto.

Anteriormente, Álvarez planteó que el museo pase a ser parte de la organización del Minjus. Según indicó, el museo debe tener “la obligación de mantener un relato moderado al servicio de todo el país y no de un determinado grupo político”.

"No sé por qué el LUM está en el ámbito Cultura. Debería estar en Justicia porque la lucha antiterrorista no tuvo nada de cultural", declaró en una entrevista en Caretas.

El LUM es un museo que cuenta la historia de la época del conflicto armado interno en el Perú (1980-2000), la dictadura de Alberto Fujimori y el relato de los familiares de las víctimas.

Presiones al Gobierno para trasladar el LUM

El pasado 17 de agosto, el ministro de Justicia difundió en su cuenta de X (antes Twitter) una carta suscrita por diversos juristas y figuras políticas, quienes exhortaron a la presidenta Fujimori a disponer el traslado del LUM al Minjus. Los firmantes consideraron que la propuesta resulta "muy interesante", debido a que, según sostienen, el sentido pedagógico del museo se encuentra actualmente limitado por la presencia de elementos con "rasgos ideologizados".

Asimismo, plantearon la necesidad de reforzar la pluralidad y reconocer a quienes lucharon y se sacrificaron por la democracia, en lugar de quienes atentaron contra la vida de las personas. Finalmente, el documento instó al Gobierno y al Ministerio de Justicia a adoptar una decisión que, según los firmantes, permita avanzar hacia un verdadero proceso de reconciliación nacional.

Pero no solo eso. También plantearon una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como parte de sus argumentos, compararon la situación con la dictadura de Nicolás Maduro.

Al concluir su presentación de la Política General del Gobierno ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República, el ministro del Interior, César Astudillo, anunció las medidas orientadas a combatir al crimen organizado y recuperar la seguridad y tranquilidad de las familias peruanas.

En primer término, aseguró que la estrategia del Ministerio del Interior contempla cinco objetivos principales: anticiparse al crimen, recuperar el control del territorio, quitarle al crimen sus herramientas, controlar las fronteras y lograr que todo el sistema de seguridad y justicia funcione de manera articulada.

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"Sabemos que el crimen ha cambiado. Hoy enfrentamos organizaciones criminales que extorsionan, asesinan, trafican armas, controlan territorios, utilizan tecnología, tienen capacidad económica y, en muchos casos, operan más allá de nuestras fronteras", sostuvo.

Al respecto, el vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán Mamani, cuestionó al ministro del Interior por las medidas que expuso en materia de seguridad.

Cuestionó que, pese al cambio de Gobierno, se mantengan estrategias que, a su juicio, no han dado resultados frente a la criminalidad. "Entre enero y julio se han registrado más de 1.200 homicidios, y en lo que va del gobierno de Keiko Fujimori hay más de 105 homicidios", señaló.

Como primer objetivo, Astudillo señaló que se fortalecerán las capacidades de la PNP con énfasis en la inteligencia policial, el análisis de información, la tecnología y la asignación de recursos, a fin de anticipar las amenazas antes de que generen víctimas.

El segundo punto apunta a recuperar el control territorial mediante estrategias diferenciadas según la realidad de cada región. En ese marco, se priorizará la lucha contra la extorsión, el sicariato y las economías criminales vinculadas con la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el tráfico de armas.

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Respecto del tercer objetivo, el titular del Interior explicó que se busca debilitar las capacidades de las organizaciones criminales, afectando sus principales herramientas de operación: dinero, armas, información y logística. Para ello, se fortalecerá el trabajo de inteligencia, así como el control, trazabilidad y fiscalización de armas y municiones.

Como cuarto objetivo, remarcó que se reforzará el control de las fronteras y el intercambio de información, así como la coordinación con Migraciones para enfrentar el ingreso y permanencia irregular de personas vinculadas a actividades delictivas.

Finalmente, el quinto objetivo plantea una mayor articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El ministro remarcó que la seguridad no termina con una captura, sino que requiere la continuidad del proceso en las distintas instancias del sistema de justicia.

Más tecnología y respaldo para la PNP

El ministro César Astudillo también destacó la necesidad de modernizar las capacidades de la Policía Nacional mediante herramientas de geolocalización, reconocimiento facial, cámaras inteligentes, sistemas de trazabilidad, analítica y drones. Para ello, sostuvo que se requiere garantizar los recursos necesarios para que estas capacidades lleguen hasta las unidades operativas y de inteligencia.

Asimismo, expresó su respaldo a los 140.000 policías desplegados en todo el país y resaltó la necesidad de mejorar sus condiciones de trabajo, equipamiento y recursos para el cumplimiento de su misión constitucional.

Como parte de su compromiso con una gestión transparente, Astudillo Salcedo informó que se ha solicitado la intervención de la Contraloría en entidades y procesos cuestionados, entre ellos el Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP, el Fondo de Vivienda Policial, la adquisición de más de 31.000 pistolas y el proceso de compra de cámaras corporales.

La decisión alcanza a: 1.- Eleodoro Octavio Mayorga Alba 2.- Edgar Bartolo Ramírez Cadenillas, 3.- María del Rosario Raquel Patiño Marca de Álvarez 4.- Guillermo Lecarnaque Molina, 5.- Elda Patricia Diaz Gazzolo, 6.- Percy Olivas Lazo, 7.- Omar Dueñas Cárdenas, 8.- Luis Miguel Castilla, 9.- Jorge Humberto Merino Tafur, 10.- Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, 11.- Luis Renato Sánchez Torino, 12.- Dicki Edwin Quintanilla Acosta, 13.- Erick Portuguez Echegaray, y 14.- Alfredo Juan Carlos Dammert Lira.

En julio, el juez ya había dispuesto el archivo de la acusación por delito de asociación ilícita u organización criminal, con lo cual el caso sigue muy debilitado. La resolución judicial señala que la fiscal a cargo, Geovana Mori, no precisó los hechos que habrían cometido los funcionarios acusados por el delito de colusión agravada, pese a una advertencia realizada desde enero.

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Los motivos del juez

En la acusación contra una pluralidad de acusados se utiliza un mismo patrón de imputación, esto es, la expresión genérica: "formó parte del acuerdo colusorio sostenido entre Ollanta Humala Tasso y Jorge Henrique Simoes Barata" más las presuntas irregularidades administrativas atribuidas a cada acusado, sin el desarrollo fáctico de la acción típica específica del acto de concertar, precisa el juez.

Subraya que "en la audiencia de excepción, la fiscalía intentó enmendar esa inconsistencia de estructura en la imputación oralmente, arguyendo que se trata de una acusación de "colusión por adhesión"; sin embargo, no existe ninguna mención al respecto en el texto acusatorio y mucho menos el desarrollo del elemento "hecho subjetivo" o "conocimiento previo de los acusados" sobre el presunto pacto acordado por Humala y Barata".

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Vicio en la acusación

El magistrado recuerda que "la ausencia de elementos estructurales" de la acusación penal "fue advertida desde la emisión de la Resolución N° 25 del 22 de enero de 2026", lo que motivó "la devolución de oficio para la corrección de la acusación respecto a todos los acusados; no obstante, la fiscalía reingresó la acusación conservando los mismos vicios de estructura en la imputación acusatoria".

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Añade que ante esta situación "mediante decisión de saneamiento contenida en la Resolución N° 34 de fecha 6 de mayo de 2026, se declaró insubsanable las acusaciones por el delito de colusión agravada contra Luis Miguel Castilla, Jorge Merino, María Patiño, Dicky Quintanilla, Elda y Percy Olivas". Anota el juez que posteriormente "la fiscalía ha intentado enmendar los defectos de imputación, ingresando a debate instituciones doctrinales como “autoría paralela”, “autoría continuada”, “realización típica sucesiva” y finalmente -en forma oral- colusión por adhesión”; sin embargo, no ha corregido la ausencia del relato de la acción típica, tampoco ha superado la inexistencia de la narración detallada de los hechos cometidos prohibidos del tipo penal.

Por todo lo cual se declara fenecida la causa penal contra los 14 acusados antes mencionados, se levanta cualquier medida restrictiva de libertad dispuesta contra dichas personas.

Continuidad del proceso

La acusación penal, bastante debilitada, continúa contra el expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia Alarcón, Jorge Simoes Barata, David San Frutos Tomé, Jesús Luis Saldaña Fernández y las personas jurídicas Odebrecht y Enagás Internacional.

"¿En qué momento se ha reducido la extorsión? En ningún momento. No existe, lamentablemente para los ciudadanos, una estrategia adecuada. El señor general tiene que renunciar ya. Al ministro del Interior, decirle que no se deje engañar. Tiene que viajar y visitar la División de Investigación de Extorsiones, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho, donde hay el mayor número de asesinatos; la Depincri Comas, que tiene el mayor número de denuncias de extorsión", indicó.

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Colchado también indicó que la falta de implementación tecnológica y presupuestaria en la Policía es una muestra de la ineptitud de Arriola en el cargo.

"Yo le preguntaría al personal de suboficiales y de tenientes si tienen un sol para pagar informantes, si tienen vehículos que puedan hacer seguimiento, si cuentan con filmadoras para filmar a los delincuentes. No tienen. ¿De quién es la culpa de eso? Del comandante general, él tiene que dar las órdenes para realizar la compra de esos equipos. Ha fracasado, tiene que ser relevado ya", apuntó.

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Ahora Nación no descarta interpelar al ministro del Interior

El bloque parlamentario Ahora Nación evalúa promover una interpelación en contra del titular del Interior, César Astudillo, aunque por el momento ha optado por exigirle al Ejecutivo respuestas urgentes frente al aumento de la inseguridad. Así lo dio a conocer el vocero de la agrupación, César Holguín, quien advirtió que la posibilidad de citar al ministro ante el pleno dependerá de si se observan resultados concretos en la reducción de la criminalidad.

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Durante su intervención, el legislador precisó que la prioridad de su bancada no es, por ahora, plantear la interpelación, sino emplazar al Gobierno para que defina una estrategia clara en materia de seguridad. Solo si las medidas adoptadas resultan insuficientes, dijo, se pasará a evaluar formalmente ese mecanismo de control político.

La postura del parlamentario se dio luego de que el ministro Astudillo reafirmara su respaldo a Óscar Arriola al mando de la PNP y sostuviera que los homicidios vienen reduciéndose, comentarios emitidos poco después del crimen de un conductor de la empresa Vipusa. Frente a este panorama —y con representantes del gremio de transportistas presentes en la conferencia—, Holguín subrayó la urgencia de responder a las demandas de ese sector, señalando que se trata de una posición compartida por senadores y diputados de su agrupación.

"Espero que tengamos un debate alturado y respetuoso. Eso sí, el respeto no tiene que ser complacencia. Los congresistas tenemos la tarea de exigir respuestas. El Perú ha pasado años paralizado; no basta con que nos anuncien qué va a pasar o que lo están pensando, sino que deben darnos acciones concretas: cuánto cuestan y en qué plazos se van a medir", indicó a La República.

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Además, Alayza criticó que algunos actores del Gobierno ya tienen experiencia en gestiones que no lograron resultados positivos para el país.

"A mí me parece preocupante que el Ejecutivo insista en que encuentra un país en ruinas y que, por ello, pida facultades. Sin embargo, muchos de los escenarios que vivimos hoy son consecuencia de las decisiones políticas que tomaron muchos de los que hoy están en el gabinete. ¿Realmente vamos a ganar el partido con los mismos jugadores en la cancha? Tenemos en Justicia a alguien que ya fue premier, y un exministro de Defensa hoy está en Transportes. La ciudadanía no necesita que el Ejecutivo y el Legislativo se sigan culpando mutuamente; necesitamos resultados".

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"No se puede tapar el sol con un dedo"

La congresista Catherin Palomino (Juntos por el Perú) consideró que las acciones realizadas por el Gobierno fujimorista hasta el momento no responden a la gravedad de los problemas que vienen azotando al país.

"La democracia implica escuchar, y eso haremos. Pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Los peruanos vemos que las extorsiones y las muertes son incontrolables, que la canasta familiar aumenta de precio y que hay paros; mientras tanto, hay ministros con conflictos de interés que recién se enteran de que los hospitales son un caos, que se mantiene a los mismos funcionarios ineficientes y que las recetas son las mismas: subsidios temporales y estados de emergencia", indicó a este medio.

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Además, criticó el rol de la presidenta Keiko Fujimori, afirmando que, estando cerca de cumplirse el primer mes de gobierno, no se han visto planes articulados.

"No tenemos mayores expectativas y, más bien, confirmamos una evidencia: un gobierno improvisado, sin estrategia ni un plan de gobierno real. Lo peor es que parece no haber ánimo de enmienda, pues la señora Fujimori, quien ha tenido veinte años de preparación para gobernar —con financiamiento público incluido—, ahora dice que no le pueden pedir resultados en poco más de 15 días de gobierno. El panorama pinta muy mal".

Críticas también vienen desde la derecha

Frank Krklec (Renovación Popular) señaló a La República que las acciones presentadas hasta el momento por el Gobierno fujimorista ya se vieron en administraciones pasadas sin que lograran solucionar los problemas estructurales.

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"Me gustaría que aterrice y nos diga medidas claras y específicas sobre qué se piensa hacer en seguridad ciudadana. Hasta el momento, no se ve una estrategia integral sobre el tema. Veo que se ha sacado a algunos militares a patrullar las calles con fusiles, y se ha puesto a algunos militares y policías a subir a los buses; pero no se ve una estrategia integral, y eso nos preocupa mucho, porque ya es algo que se vio en administraciones anteriores sin resultados", apuntó.

El congresista consideró que el fenómeno de El Niño debe ser atendido con principal ahínco: "Por otro lado, la atención urgente al fenómeno de El Niño no muestra medidas de parte del Gobierno. Se necesita una reacción rápida para atender a los damnificados y acelerar la reestructuración".

Si bien esta vez el gabinete ministerial no necesitará el voto de confianza del Parlamento —producto de la modificación constitucional ocurrida durante el quinquenio pasado—, Galarreta decidió hacerse presente en línea con el artículo 130 de la Constitución Política del Perú. Este artículo indica que dentro de los 30 primeros días de gobierno, debe presentarse el Consejo de Ministros para exponer las acciones que tomarán desde el Ejecutivo.

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El primer ministro señaló que mantiene esperanzas de que se comunique adecuadamente su plan de trabajo: "Buscamos que cada peruano conozca con claridad los ejes de trabajo de este Gabinete. No se trata de un simple trámite, sino del compromiso de articular medidas que de verdad lleguen a los hogares y alivien su economía"

De cara a esta presentación, distintos movimientos se dan. Fuentes indicaron a este diario que en el transcurso del 19 de agosto, diputados de Fuerza Popular fueron vistos coordinando con el ministro de Trabajo, Juan Sheput. Al respecto, el ministro no se ha pronunciado.

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Polémicas y contradicciones

El Consejo de Ministros no llega impoluto ante las críticas. Tras más de 20 días de gobierno, las primeras polémicas han golpeado a las carteras de Cultura y Justicia. Los ministros Alberto Beingolea y Ernesto Álvarez Miranda han terminado enfrascados en una discusión por el control del Lugar de la Memoria (LUM), el museo que reproduce hechos históricos del Conflicto Armado Interno que azotó al Perú entre 1980 y el 2000.

Álvarez Miranda se pronunció asegurando que el LUM debería estar bajo el control de su cartera: "No sé por qué el LUM está en el ámbito Cultura. Debería estar en Justicia porque la lucha antiterrorista no tuvo nada de cultural", declaró en una entrevista en Caretas.

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En respuesta, Beingolea señaló que esta opinión no tiene porque ser tomada como una transferencia anunciada: "Es la opinión del ministro, punto. El museo al que hace referencia (LUM) está dentro del sector cultura y no tengo nada que opinar al respecto. (...) No se trata de ceder, simplemente hay una opinión y respeto todas las opiniones. Lo único que tengo que decir es que los museos son parte de las funciones del Ministerio de Cultura y este ministerio va a asumir lo que le corresponde: los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura; lo demás son opiniones, todas respetables, no hay ninguna fisura", apuntó.

De otro lado, el gabinete ministerial también se contradice entre sí. Elmer Cuba, ministro de Economía, afirmó recientemente que la fusión de ministerios no está descartada en el debate ministerial del nuevo gobierno fujimorista. Las declaraciones han sido polémicas para los parlamentarios: mientras Fuerza Popular y Renovación Popular se muestran a favor, representantes de Ahora Nación señalaron que no resultaría positivo.

Las declaraciones de Cuba parecen contradecir lo afirmado por Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego sobre el tema. Vinelli llegó a afirmar que, si bien se presentarán reformas pensadas en agilizar el Estado, no se tiene pensado llamar a la eliminación de ministerios.

Diputados piden acciones inmediatas al gobierno

La presentación no contará solo con la participación de los ministros. Los diputados también podrán intervenir. Se sabe que los minutos de participación serán distribuidos proporcionalmente al número de diputados presentes en cada bancada.

En Renovación Popular, una bancada que ha mostrado cierta cercanía al fujimorismo, el diputado Frank Krklec señaló a este medio que las acciones mostradas hasta el momento por el gobierno de Keiko Fujimori no han respondido a las expectativas. Krklec indicó que espera novedades sobre acciones a tomar relacionadas a materias como el Fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana.

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"Me gustaría que aterrice y nos diga medidas claras y específicas sobre que se piensa hacer en seguridad ciudadana. Hasta el momento, no se ve una estrategia integral sobre el tema. Veo que se ha sacado a algunos militares a patrullar en las calles con fusiles, se ha puesto a algunos militares y policias para subir a buses; pero no se ve una estrategia integral y eso nos preocupa mucho, porque ya es algo que se vio en administraciones anteriores sin resultados. Por otro lado, la atención urgente al Fenómeno de El Niño no muestra medidas de parte del Gobierno. Se necesita una reacción rápida para atender a los damnificados y acelerar la reestructuración", señaló.

El diputado César Holguín, vocero de la bancada de Ahora Nación, señaló que las prioridades del grupo parlamentario van alrededor de la presentación de acciones de respuesta rápidas para mitigar el efecto de la delincuencia organizada.

"En este momento lo fundamental es emplazar a atender con carácter de urgencia la petición del sector de Transporte por el tema de la inseguridad. Es una posición general que tenemos tanto en senadores como en diputados hasta el momento", indicó. Además, soslayó que, de no darse resultados en esta gestión, podrían considerar la interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo.

Juntos por el Perú, principal bancada opositora, también hizo llegar sus críticas. La diputada Catherin Palomino criticó las primeras acciones llevadas a cabo por el gobierno fujimorista.

“La democracia implica escuchar, y eso haremos. Pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Los peruanos vemos que las extorsiones y las muertes son incontrolables, que la canasta familiar aumenta de precio y que hay paros; mientras tanto, hay ministros con conflictos de intereses, que recién se enteran de que los hospitales son un caos, que se mantienen a los mismos funcionarios ineficientes y que las recetas son las mismas: subsidios temporales y estados de emergencia”, indicó.

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Además, tuvo críticas directas para la gestión gubernamental de Fujimori: “No tenemos mayores expectativas y, más bien, confirmamos una evidencia: un gobierno improvisado, sin estrategia ni un plan de gobierno real. Lo peor es que parece no haber ánimo de enmienda, pues la señora Fujimori, quien ha tenido 20 años de preparación para gobernar, con financiamiento público incluido, ahora dice que no le pueden pedir resultados en poco más de 15 días de gobierno. El panorama pinta muy mal”

En el Partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza señaló que espera respuestas concretas de parte del primer ministro y su equipo: "Espero que tengamos un debate alturado y respetuoso. Eso sí, el respeto no tiene que ser complacencia. Los congresistas tenemos la tarea de exigir respuestas. El Perú ha pasado años paralizado, no basta con que nos anuncien que va a pasar o que estan pensando; sino que deben darnos acciones concretas, cuanto cuestan y en que plazos de tiempo se van a medir"

Además, sentó responsabilidades entre los ministros presentes por la crisis política que viene azotando al país en los últimos años.

"A mi me parece preocupante que el Ejecutivo insiste en que encuentra un país en ruinas y por ello, pide facultades. Sin embargo, muchos de los escenarios que vivimos hoy son consecuencia de las decisiones políticas que tomaron muchos de los que hoy estan en el gabinete. ¿Realmente vamos a ganar el partido con los mismos jugadores en la cancha? Tenemos en Justicia a alguien que estuvo de premier, un exministro de Defensa hoy está en Transporte. La ciudadanía no necesita que el Ejecutivo y el Legislativo se sigan culpando mutuamente, necesitamos resultados"

Nora Llaque, también del Partido del Buen Gobierno, señaló que una de las prioridades en la intervención debe ser la educación: “Aunque la agenda de hoy en el Pleno estará concentrada en la seguridad ciudadana, la salud y la prevención frente al Fenómeno de El Niño —urgencias críticas en las que nos jugamos vidas humanas—, no podemos seguir atrapados en la dinámica de solo “apagar incendios”. La salida a esta crisis estructural es la educación. Si queremos un cambio real, es ahí donde debemos orientar nuestros recursos: mejores sueldos para los profesores, mejor infraestructura y mejor alimentación para nuestros niños, que van a la escuela sin desayunar. Un país no puede salir adelante sin resolver los problemas mencionados.Tenemos la esperanza de que el discurso del premier y de los ministros esté enfocado en lo fundamental”

Las declaraciones de Álvarez que motivaron la carta fueron publicadas en una entrevista del diario Perú21, el 16 de agosto. Según la CNDDHH, el ministro calificó al LUM como vocero de un "falso relato", el de la propia CVR, y afirmó que ese relato buscaría exculpar a sectores de izquierda de su relación con el terrorismo. La organización responde que la CVR estableció, sin ambigüedad, que Sendero Luminoso inició la violencia y fue el principal responsable de los asesinatos y las desapariciones del periodo.

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La carta también cuestiona una frase del ministro sobre las víctimas civiles del conflicto. Álvarez habría dicho que "el negocio era propiciar víctimas civiles para poner a la población contra el Estado". La CNDDHH calificó esa expresión como grave, porque deshumaniza a las víctimas y traslada hacia ellas la responsabilidad de las violaciones que sufrieron: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, entre otras.

Firman la carta la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Tania Pariona Tarqui, y la presidenta de Caminos de Memoria, Sofía Macher Batanero. Ambas piden que cualquier decisión sobre el futuro del LUM garantice la participación de las víctimas, sus familiares y los especialistas en derechos humanos.

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CNDDHH cuestiona además los dichos de Álvarez sobre las muertes en Puno

La organización también rechazó los comentarios del ministro sobre las protestas en Puno. Según la carta, Álvarez mezcló hechos distintos y atribuyó responsabilidades colectivas que no han sido establecidas por la justicia. La muerte del suboficial José Luis Soncco fue materia de una investigación penal individual, recuerda la CNDDHH, y ese hecho no permite responsabilizar a todos los que participaron en las movilizaciones.

La carta menciona también la muerte de seis soldados en Ilave, ocurrida cuando cruzaban un río por orden superior y con su equipo completo. Los soldados murieron ahogados, no a manos de los manifestantes, según precisa el documento. La CNDDHH recuerda, además, que pobladores de la zona participaron en las labores de auxilio y rescate durante ese episodio.

La CNDDHH pidió a Álvarez aclarar y rectificar en público sus declaraciones. Además, exigió que cualquier decisión sobre el LUM respete su autonomía técnica, su pluralidad y la centralidad de las víctimas. La organización sostiene que la memoria democrática no debilita al Estado, sino que lo fortalece cuando reconoce, sin ambigüedades, tanto la responsabilidad de los grupos subversivos como las violaciones cometidas por agentes estatales.

El presidente del grupo de trabajo, Henry Albañil (Cívico Obras), dio este anuncio en la sesión de instalación de la comisión este miércoles 19 de agosto.

"Se ha recibido la denuncia formulada por el diputado Cristian Aranda Vázquez en contra del diputado Julián Pérez Mallqui por la presunta agresión física y psicológica en contra de su expareja, lo que se da cuenta, así como se les hace saber que de manera inmediata esta le ha sido notificada al diputado denunciado y se ha dado inicio al procedimiento de indagación preliminar", informó Albañil.

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El oficio presentado por Aranda Vásquez pide suspender al legislador cusqueño del ejercicio de su cargo y aplicarle el descuento de sus haberes durante 120 días de legislatura.

Según el documento, la sanción tiene como objetivo castigar las presuntas faltas éticas y garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. En los fundamentos de hecho, el escrito señala que los acontecimientos se produjeron el 30 de julio de 2026, apenas cuatro días después de que el denunciado asumiera sus funciones, cuando acudió al domicilio de su expareja y exabogada defensora, Laura Bonilla Valerio, ubicado en el distrito de San Miguel.

De acuerdo con el oficio, el parlamentario habría realizado un “hostigamiento telefónico constante” desde las 5:58 a. m. y, ante la falta de respuesta, habría “ingresado sin autorización al domicilio”, aprovechando la ausencia del padre de la presunta agraviada. La denuncia sostiene que estos hechos estarían respaldados por registros de videovigilancia y el testimonio de Laura Bonilla Valerio.

El gerente de administración de la entidad regional, Jobito Flores Mariños, indicó a RPP que el pago no fue pedido directamente por Acuña. Precisó que se trata de un trámite que la ley aplica a todo trabajador que deja sus funciones, sin excepción. El funcionario descartó que exista alguna irregularidad en el proceso.

Acuña ejerció como gobernador regional durante 2 años, 9 meses y 12 días. Asumió el cargo el 1 de enero de 2023 y lo dejó el 13 de octubre de 2025, fecha en la que presentó su renuncia para participar en la contienda presidencial. Durante ese periodo, el exgobernador acumuló 85.41 días de vacaciones. Flores Mariños señaló que Acuña sí hizo uso de parte de ese descanso: un total de 62 días. Por esa razón, la entidad solo le pagó la diferencia, que equivale a 23.41 días no gozados.

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Acuña anunció que donará el dinero

Tras la difusión de la resolución, el exgobernador emitió un pronunciamiento a través de su página oficial. En el comunicado, informó su decisión de donar el íntegro del monto que le pagará el Gobierno Regional de La Libertad.

El exgobernador insistió en que la solicitud del pago no partió de él. Según su versión, el trámite se activó de forma automática como parte del procedimiento administrativo que sigue la entidad con cualquier funcionario que deja su puesto.

El caso se conoció luego de que RPP accediera a la resolución y consultara directamente con el área de administración del GORE La Libertad. La entidad regional remarcó que el pago de vacaciones truncas no constituye ningún tipo de irregularidad, pues está amparado en la normativa laboral vigente para el sector público.

El pedido fue realizado por el diputado de Renovación Popular, Javier Cipriani, quien sostuvo que la información permitirá evaluar la idoneidad de los integrantes de la mencionada comisión. Asimismo, señaló que otro de los objetivos es garantizar que quienes evalúan la conducta de los demás legisladores también actúen con el ejemplo.

"Quisiera precisar que los miembros de la Comisión de Ética debemos tener una conducta y unos antecedentes intachables. En tal sentido, el propio Reglamento del Congreso señala que no pueden integrar la Comisión de Ética los parlamentarios que tengan procesos penales o quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de sus funciones. Por ello, debemos evaluar quiénes integran esta comisión. La Comisión de Ética no solo debe actuar con imparcialidad, sino también transmitir confianza a los ciudadanos", argumentó durante la sesión de instalación del grupo de trabajo.

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Al respecto, el congresista Edwin Espinoza (Buen Gobierno) señaló que la idoneidad de los integrantes de la Comisión de Ética debió ser evaluada previamente por las propias bancadas. Asimismo, recalcó que las únicas causales para retirar a un miembro de dicha comisión son que su bancada lo expulse o que este presente su renuncia.

En ese sentido, añadió que se generaría un precedente si se llega a solicitar el retiro de uno de los miembros. Por ese motivo, le pidió a la secretaría técnica una opinión.

Sobre el tema, la secretaria mencionó que el Reglamento del Congreso estipula que los integrantes de Ética cuentan con una protección especial. "Es responsabilidad del grupo parlamentario, cuando propone al diputado, verificar todos estos hechos para poder proponer qué persona puede permanecer. Fijar un acuerdo sería legislar sobre algo que ya está legislado y el Reglamento señala las dos causales; ya es decisión de ustedes someterlo a votación", explicó.

La votación

Los miembros de la Comisión de Ética que votaron a favor del pedido de Cipriani fueron el mismo representante de Renovación Popular, Harvey Colchado (Ahora Nación), Edwin Espinoza (Buen Gobierno), Henry Albañil Carmona (Cívico Obras), Jessica Pérez Quispe (Juntos por el Perú), Mery Infantes (Fuerza Popular).

El Ministerio del Interior (Mininter) informó a inicios de julio que los homicidios cayeron 24,6% en el primer semestre del 2026 frente al mismo periodo del 2025. La cifra bajó, según el reporte oficial, de 1.680 a 1.267 casos. Ese dato se convirtió en la principal defensa del Gobierno para sostener que la estrategia de seguridad funciona y que Arriola debe seguir al mando de la PNP.

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La base de datos de la PNP, sin embargo, tiene un problema serio en ese periodo. Entre abril y junio del 2025, la categoría "Otros objetos" —que agrupa homicidios cometidos sin arma de fuego ni arma blanca— se disparó sin ninguna explicación lógica. Ese salto infló artificialmente el número de homicidios del 2025 y, con ello, exageró la caída que el Gobierno atribuye al 2026.

La denuncia llega en un momento sensible. Keiko Fujimori anunció una evaluación de los altos mandos policiales apenas días antes de que Astudillo saliera a defender a Arriola con esta cifra. Mientras tanto, el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) reportó más de 80 homicidios solo en los primeros quince días del nuevo Gobierno, un dato que contrasta con el discurso oficial de mejora.

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Juan Carbajal: "Esa cifra de '500 muertos menos' que maneja el ministro es un espejismo estadístico"

El analista de datos Juan Carbajal reveló que la categoría "Otros objetos" del sistema DIVCOP de la PNP acumuló 494 registros en el primer semestre del 2025. Esa cifra casi cuadruplica los 125 casos del 2024 y los 120 del 2026 en el mismo periodo. El promedio histórico normal nunca superó los 35 casos por mes, pero solo entre abril y junio del 2025 se acumularon 416 registros bajo ese rubro.

El dato que más llamó la atención de Carbajal tiene que ver con las edades de las víctimas. Al desagregar la información, encontró que el sistema registró 133 homicidios de personas de 0 años en ese mismo trimestre: 49 en abril, 48 en mayo y 36 en junio. En 2024 y 2026, esa misma categoría marca entre 0 y 1 caso en todo el semestre.

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Para el analista, un supuesto asesinato masivo de bebés recién nacidos de esa magnitud habría generado una alarma humanitaria inmediata y una cobertura noticiosa masiva en su momento. Eso nunca pasó. Carbajal lo cruzó, además, con los registros de Sinadef, cuyos médicos legistas jamás certificaron ese pico de muertes de menores en esos tres meses.

Con esos datos, Carbajal hizo un cálculo alternativo. Si se reemplaza el trimestre con errores por el promedio histórico normal, el exceso ronda los 350 registros mal digitados. Bajo ese ajuste, el primer semestre del 2025 tendría cerca de 1.330 homicidios y no 1.680. La comparación con los 1.267 casos del 2026 arrojaría una reducción real de apenas 4,7%, muy lejos del 24,6% que anunció el Gobierno. El analista pidió que la PNP audite esos registros antes de seguir usándolos como referencia, algo que hasta el cierre de esta nota no ha ocurrido.

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Wilfredo Pedraza: "El cambio de gobierno no ha significado un cambio de estrategia policial"

El extitular del Interior Wilfredo Pedraza cuestionó, en diálogo con este diario, que exista una cifra oficial de reducción de homicidios sin que se conozca a fondo su origen. "Yo no conozco la cifra que el ministro ha señalado de una reducción del número de asesinados", indicó el exministro, quien remarcó que un cambio de gobierno no tiene, por sí solo, ninguna relación directa con la baja o el alza de la criminalidad.

Pedraza fue más allá y afirmó que la gestión actual no ha modificado en nada la forma en que la policía enfrenta el crimen organizado. "El cambio de gobierno no ha significado hasta ahora un cambio de estrategia en la intervención policial y por eso es que no se observa ningún cambio sustantivo", señaló. Para el exministro, el problema de fondo no está en atrapar al sicario que dispara, sino en identificar mediante inteligencia a quienes ordenan los ataques y las extorsiones.

Sobre el Plan Escudo, el operativo que despliega policías y militares para proteger a transportistas, Pedraza fue crítico. Explicó que ese esquema alcanza a 53 de las 500 empresas de transporte que operan en Lima, según cifras de un dirigente del gremio. "Ese plan podrá servir coyunturalmente a una parte muy reducida de los afectados, los transportistas, pero definitivamente no es una respuesta global al fenómeno que hoy tenemos", advirtió. El exministro insistió en que la solución pasa por invertir en tecnología para rastrear comunicaciones, ya que, según dijo, la mayoría de las extorsiones se coordinan por redes sociales y mensajes de texto.

Esta no es la primera vez que asume la jefatura del del IPD, pues ya dirigió la entidad entre diciembre de 2016 y agosto de 2018. Sin embargo, su retorno genera cuestionamientos por su antecedentes en el cargo.

A finales de agosto del 2018 tuvo que renunciar tras revelarse la contratación directa y sin respetar el concurso público de tres amigas de su esposa, Karina Flores Núñez.

Fernández nombró a Paula Abanto como analista, a Elizabeth López como secretaria administrativa y a Olga Breña como asistente bilingue. Todas accedieron a sueldos de entre 5 mil y 7 mil soles mensuales, según lo detalló un reportaje de Punto Final.

Frente a las denuncias, el propio funcionario admitió las contrataciones alegando que se trataba de "profesionales de su confianza".

"Son conocidas, son profesionales de mi confianza y el IPD necesitaba gente de confianza. Son conocidas nuestras", declaró en su momento sobre la contratación de las personas cercanas a su entorno familiar.

Renuncia de Ludeña por fumigación en la Videna

Este cambio en la dirección de la entidad ocurre tras la salida de Sergio Luis Ludeña, quien presentó su carta de renuncia en medio de cuestionamientos por el incidente ocurrido el pasado domingo 16 de agosto en el IPD.

Todo inició alrededor de las 6.00 p. m., hora en la que el Instituto Peruano del Deporte dispuso que se realizaran labores de fumigación en el albergue de la Villa Deportiva Nacional (Videna), pese a que la selección nacional de judo y su comando técnico permanecían dentro de las instalaciones. Este hecho expuso a aproximadamente 15 atletas a sustancias químicas perjudiciales para su salud.

Tras el incidente, Yuliana Bolívar, entrenadora del equipo nacional de Judo, cuestionó que desde el IPD no se haya manejado mejor la situación para garantizar el bienestar de los deportistas.

“[Sobre los deportistas afectados] Nos han reportado sangrado en la nariz, dolor en el pecho y en la espalda”, indicó vía RPP. Además, señaló que la súbita fumigación puso en riesgo la participación del equipo en un evento internacional programado para el martes 18 de agosto, dos días después del incidente.

Respuesta del IPD

Antes de dar un paso al costado, la gestión de Ludeña emitió un comunicado institucional, donde se calificó la fumigación en la Videna como "no programada".

Según el documento oficial, el entonces presidente dispuso "la separación de la institución de los responsables vinculados a la autorización, administración, supervisión y coordinación del servicio de saneamiento ambiental" del albergue.

Asimismo, la entidad precisó que coordinó con la Federación Deportiva Peruana de Judo para que los deportistas pasaran por las evaluaciones médicas correspondientes

Trayectoria académica y gestión pública

Respecto al perfil del nuevo titular del deporte peruano, Fernández es abogado egresado de la Universidad San Martín de Porres.

Su trayectoria académica incluye estudios de Especialización en Gestión Municipal en ESAN, además de sumar más de 25 años de experiencia en la administración pública y privada.

En el sector estatal, ocupó previamente el puesto de director de la Dirección Nacional de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación (Minedu).

En el ámbito deportivo, Fernández cuenta con un pasado como atleta de alto rendimiento en las décadas de 1980 y 1990. Entre 1986 y 1994 representó al país en competencias como el Mundial de Atletismo en Roma (1987), el Mundial Universitario en Alemania (1989) y citas juveniles internacionales. Años más tarde pasó a la dirigencia al presidir la Federación Peruana de Atletismo (2014-2016).

El lunes 17 de agosto, Fujimori llegó a Villa El Salvador para evaluar los daños por las lluvias que también afectaron a Chorrillos, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Durante su inspección en los puntos críticos, donde el Senamhi llegó a registrar acumulación de agua de hasta 4,2 mm, la mandataria dijo que el Ejecutivo ya coordinaba las acciones legales para atender la coyuntura.

"He hablado con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas. Hoy por noche debe estar declarándose en emergencia (…) hoy por la noche se activa todo ", dijo.

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En esa misma línea, el ministro de Vivienda respaldó la medida para acelerar las obras de reparación en las redes de desagüe afectadas. "(…) otra medida que está yendo paralela es declarar en emergencia estas zonas de este distrito [Villa El Salvador] para poder cambiar el colector principal porque está colapsado".

Zonas afectadas en la capital

Las lluvias del domingo causaron inundaciones y fallas en las redes de desagüe, principalmente en Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Uno de los puntos con mayores problemas estuvo en el sector 1 (Grupo 1) de Villa El Salvador, cerca de la estación del Metro de Lima. En ese lugar, la acumulación de agua cubrió varios tramos de la pista y dejó atrapados a autos y vehículos pequeños que intentaron cruzar la calle inundada.

Las lloviznas también generaron la acumulación de barro debajo de los puentes, lo que dificultó el tránsito. De acuerdo con el Senamhi, hasta las 10.00 p. m. se registraron lloviznas y lluvias que fueron de fuerte a extrema intensidad en la Costa.

Durante una conferencia de prensa, el ministro sostuvo que desde el Legislativo coinciden en dejar sin efecto dicha iniciativa que generó rechazo e indignación en la comunidad de artistas.

"Me da la impresión, por lo que yo he conversado con diferentes legisladores, que en esto va a haber unanimidad. En esto el gremio de artistas debería sentirse tranquilo. Cualquiera sea la fórmula final, hay unanimidad al respecto. Así que esta ley tiene los días contados. Seguramente va a ser derogada muy pronto", dijo Beingolea.

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Una norma cuestionada por la comunidad artística

La propuesta fue presentada en octubre de 2025 por el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, con la idea de crear el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). Esta entidad busca supervisar el desarrollo de las artes visuales, la música, la danza, las artes escénicas y otras disciplinas afines a nivel nacional.

Aunque la iniciativa nació bajo el argumento de “profesionalizar” el sector, se aprobó sin consultar ni debatir con la comunidad cultural. Además, el problema central está en las condiciones de afiliación: al requerir de forma obligatoria un título universitario o técnico para colegiarse, la ley margina a miles de creadores autodidactas o a quienes estudiaron la carrera pero no concluyeron el trámite de titulación.

Frente a esta exclusión, actores, dramaturgos, músicos y cineastas iniciaron protestas en las calles y en redes sociales luego de oficializarse la ley. Mediante afiches con la pregunta sobre quién decide quién es artista en el país, el gremio unió su voz para exigir la derogatoria definitiva de la Ley N.° 32645.

Los miembros del grupo parlamentario eligieron por unanimidad a Catherin Palomino, representante de Juntos por el Perú, para asumir la presidencia. A ella se suman el diputado Edgar Gonzáles, del Partido del Buen Gobierno, como vicepresidente, y la diputada Indira Huilca de Ahora Nación en la secretaría.

Tras su elección, la presidenta Palomino mencionó la urgencia de coordinar esfuerzos para mejorar el sistema judicial actual.

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“Esta es una comisión de la representación nacional y así será la orientación de nuestro trabajo. La labor legislativa en materia de justicia y derechos humanos, hoy más que nunca, exige respuestas viables y articuladas por parte de los órganos competentes”, señaló durante la sesión.

Del mismo modo, mencionó que el acceso a la justicia debe ser una garantía para todos los peruanos, independientemente del lugar donde vivan. “Ya sea que se encuentren en la capital o en cualquier región del país, merecen normas eficaces para fortalecer sus derechos sin desconocer los deberes ciudadanos”.

Propuestas para reformar el sistema judicial

Durante la sesión, la diputada Palomino detalló una lista de deficiencias técnicas que afectan la calidad del servicio de justicia y requieren la atención del Legislativo.

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“Hay problemas recurrentes que debemos observar: como la provisionalidad de los magistrados, la ratificación periódica judicial, la carga y demora procesal, la falta de consolidación de la justicia de paz, la falta de implementación plena de la interoperabilidad y el uso racional de la tecnología y la inteligencia artificial en el sistema de justicia”.

También advirtió sobre la situación que atraviesan los valores democráticos y la necesidad de proteger la independencia frente a cualquier interés personal.

“Hay problemas estructurales como la corrupción y la crisis de la ética profesional y la falta de cultura democrática que no respeta la autonomía y la independencia de los poderes públicos ni la autoridad de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos”.

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Se revisarán leyes pro impunidad

El vicepresidente Edgar Gonzáles coincidió con Palomino y manifestó además que se dedicarían a impulsar una reforma que fortalezca la independencia de las instituciones. Asimismo, adelantó que el equipo fiscalizará aquellos vacíos legales que en el pasado permitieron que grupos delictivos evadan la ley.

“Trabajaremos para revisar aquellas normas que puedan favorecer la impunidad y dificultar la investigación de los crímenes y organizaciones”. Además, Gonzales indicó que se defenderá “el debido proceso, la presunción de la inocencia y los derechos fundamentales del ser humano”.

Como parte del cronograma oficial, los legisladores acordaron que sus sesiones se realizarán cada martes a las 3.00 p. m. en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

Colchado explicó que los departamentos de investigación criminal a nivel distrital no cuentan con presupuesto para inteligencia ni para gastos básicos, mientras que a nivel central el Estado maneja un fondo de inteligencia de entre 80 y 120 millones que el actual jefe de la PNP, Óscar Arriola, no ha invertido en la tecnología necesaria para enfrentar a las bandas extorsionadoras.

Por Rosa María Palacios

—¿Cuál es la capacidad de presupuesto de la Policía hoy en el Perú para combatir la extorsión?

No tiene. Estoy visitando los departamentos de investigación criminal de cada distrito. Anoche estuve en el Cono Norte. Y no tiene ni un sol para gasto de inteligencia. No tiene ni para el internet, ni para las hojas. Hacen una colecta para reparar sus vehículos. Entonces, cómo vas a pagar al informante que integra una banda criminal y te dé la información si no tienes para pagarle.

—¿Qué impacto tiene esa falta de fondos?

Mira, un ejemplo, que me señala uno de los policías que he entrevistado en estos días: ya tenemos identificados a 5 que han participado en un homicidio, pero necesito filmarlos para hacer la petición topométrica. Entonces, el fiscal pide esa diligencia. Y no hay dinero para poner cámaras en sus domicilios, escondidas, con la técnica de videovigilancia autorizada por la fiscalía, para tener la imagen y hacer la homologación.

—¿Qué le diría usted al Ministro del Interior?

Por favor, señor Ministro del Interior, el general Arriola ha demostrado su incompetencia. Tienen que invertir los recursos de inteligencia y que lleguen hasta suboficial de tercera, al alférez, que es el que hace el trabajo de campo.

Cuando yo trabajaba en la Dirandro con la DEA, como lo hacía la policía de la Diviac que le hacían llegar el dinero el primero o segundo día del mes con el recurso de inteligencia. No esperemos que llegue el fin del mes y que vuelva a devolver lo que ha gastado.

Y a nivel central, esta capacidad de escucha, ¿qué tan amplia es?

Lamentablemente, no han comprado el software que intersecta las redes. ¿Sabes cuánto es el software que intersecta las redes sociales? Está a 30 millones.

—¿De dólares?

Sí y se maneja un promedio de 80 a 120 millones. (…) Se lo voy a decir el día jueves al ministro del Interior, para ver si sabe que sí hay recursos y la policía, que es administrada por el actual comandante general Óscar Arriola, no ha comprado.

—Es que si no compran las cosas que tienen que comprar y no hacen inteligencia, usted puede sacar una ley estupenda y no sirve de nada. Ese es el problema. Qué frustrante ser diputado

Claro ahora solo puedo legislar y fiscalizar. Les puedo decir: haz esto, haz lo otro. Pero no lo puedo subsanar porque no estamos en el Ejecutivo. Pero mi trabajo va a ser ese. Y muchos policías me agradecen. (…) La gente pide resultados. Nos batimos, nos sacamos el ancho. No tenemos francos, estamos detrás, pero no tenemos dinero, no tenemos recursos. ¿Qué podemos hacer? Hacemos lo que humanamente se pueda hacer.

El partido fundado por César Acuña estará seguido por Perú Libre, el Partido por el Entendimiento, Recuperación y Unificación del Perú, Salvemos al Perú, Juntos por el Perú (JP), Integridad Democrática, Frente de la Esperanza 2021, Acción Popular y Cooperación, Verdad y Honradez.

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Más abajo se ubican Cívico Obras, Todo con el Pueblo, Coalición Transformadora Tierra Verde, Renovación Popular, Fe en el Perú, Demócrata Verde, Alianza Regional por el Perú, PRIN, Un Camino Diferente y el PPC.

Mucho más rezagados en la lista están Visión Perú, Frepap, Fuerza Popular, Avanza País, Libertad Popular, PTE, Perú Primero, Demócrata Unido, PPP, Fuerza Ciudadana, Unidad y Paz, Batalla Perú, País para Todos y Ahora Nación.

En los últimos casilleros se encuentran Primero la Gente, Progresemos, Buen Gobierno, Pueblo Consciente, Perú Acción, Somos Perú, APRA, Podemos Perú, Venceremos, Partido Morado, Perú Moderno, Sí Creo y ADP.

En la elección por la alcaldía de Lima, Carlos Bruce está en el casillero 38; Rafael López Aliaga, en el 13; Francis Allison, en el 22; Ricardo Belmont, en el 10; Daniel Urresti, en el 40; y Susel Paredes, en el 34.

Por otro lado, el ente electoral determinó que el orden de los movimientos regionales se ubique debajo de los partidos políticos de la cédula de votación, según corresponda a cada circunscripción. Las alianzas electorales se ubican en uno u otro bloque de acuerdo con su ámbito de participación, ya sea nacional o regional.

Luego del sorteo para determinar la ubicación de los partidos políticos, el organismo electoral definió, mediante otro sorteo, la posición que ocuparán las fórmulas de candidatos en la cédula de sufragio ante una eventual Segunda Elección Regional 2026.

La fórmula que obtenga la segunda mayor votación será ubicada en el lado izquierdo de la cédula, mientras que la fórmula con la mayor votación ocupará el lado derecho.

Una vez definido el orden de ubicación, cualquier modificación posterior en las cédulas de sufragio dependerá de las decisiones que adopte el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como la no inscripción o exclusión de una candidatura.

Si una candidatura queda fuera del proceso electoral, no será incluida en la cédula y el espacio que tenía asignado será ocupado por la organización política ubicada inmediatamente después, de acuerdo con el orden establecido en el sorteo. Así, se evitará que queden espacios vacíos en la cédula de sufragio.

Es importante señalar que el 4 de octubre se elegirán 25 gobernadores y vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1724 regidores provinciales, 1696 alcaldes y 9118 regidores municipales. En total, 13.148 autoridades.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE aprobó 6 cédulas de votación para el domingo 4 de octubre

La ONPE aprobó 6 cédulas de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. A través de una resolución jefatural del 21 de julio, el ente electoral diseñó los modelos que recibirán los ciudadanos y dependerá de la circunscripción en la que se encuentren. Por ejemplo, una persona que vive en Cercado de Lima no recibirá la misma cédula que la de una que vive en Comas, Villa El Salvador o un distrito de otro departamento del país.

Cédula 1: Distritos que no son capital de una provincia realizarán cuatro elecciones.

Esta es la cédula de votación más amplia. En ella, los electores elegirán al gobernador y vicegobernador regional, al consejero regional, así como al alcalde provincial y al alcalde distrital. Este modelo, por ejemplo, será utilizado por los ciudadanos que viven en Cerro Colorado, distrito de la provincia de Arequipa, en la región Arequipa.

Cédula 2: Capitales de provincia realizarán 3 elecciones

Los ciudadanos que vivan en un distrito que sea la capital provincial, como el distrito de Arequipa, elegirán a su gobernador y vicegobernador regional, consejero regional y autoridades municipales provinciales. No elegirán a un alcalde distrital debido a que la municipalidad provincial asumirá esa función.

Cédula 3: Distritos de Lima Metropolitana harán dos elecciones.

Los distritos de Lima Metropolitana, a excepción de Cercado de Lima, harán dos elecciones: alcaldía de Lima y municipal. En estas circunscripciones no se elige a un gobernador regional.

Cédula 4: Electores de Cercado de Lima realizarán una sola elección

Los ciudadanos del Cercado de Lima recibirán una cédula para una sola sección, correspondiente a la elección municipal provincial de Lima (alcaldía de Lima), debido a que este ámbito no cuenta con un municipio distrital independiente.

Cédula 5: Diseño para elección de extranjeros

Su incorporación permitirá que, en las mesas de sufragio en que les corresponda votar a los extranjeros, se empleen dos cédulas: una para las Elecciones Regionales y otra para las Elecciones Municipales. Con ello, se garantiza que su voto se mantenga secreto y se evita que su participación altere los resultados de la votación regional, lo que habría ocurrido de mantenerse ambas elecciones en una misma cédula.

Cédula 6: Diseño para una segunda vuelta regional

Este tipo de cédula fue diseñado por la ONPE para una eventual segunda elección regional, que se realizará en aquellas regiones donde ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador alcance al menos el 30% de los votos válidos. En ese caso, la cédula incluirá únicamente a las dos organizaciones políticas que obtengan la mayor votación en la primera elección.

En sus primeras declaraciones en el cargo, Paredes señaló que buscará conciliar los puntos de vista de las empresas mineras, las comunidades y el medio ambiente. "Represento la voz de los pueblos de las regiones que no han tenido voz. Vamos a buscar un consenso entre la gran minería, la mediana y la pequeña minería", señaló.

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Entre los principales temas que se abordarán en este grupo de trabajo se encuentra la aprobación de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal —conocida como Ley MAPE—, que viene siendo diseñada por el Ejecutivo. Del mismo modo, esta comisión debatirá sobre el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), padrón administrativo para el registro de pequeños mineros y mineros artesanales.

Sobre el trabajo que realizará la comisión, la diputada afirmó que visitarán las regiones que son escenarios centrales de la actividad minera. Indicó que la provincia de Pataz, ubicada en La Libertad y señalada como uno de los territorios más afectados por la minería ilegal, está entre los lugares que visitarán.

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"Lo que en este momento exige mi bancada es que se atienda con carácter inmediato estos reclamos que tiene la sociedad civil afectada por la inseguridad. Será en su momento que evaluaremos una interpelación, pero el Gobierno tiene que tener una estrategia de seguridad. Lo que en este momento corresponde a nuestra bancada es emplazar al Gobierno a que tome acción. Será luego, en su momento, que nosotros, viendo las acciones, evaluaremos una interpelación", indicó.

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Recientemente, el ministro ratificó su confianza en Óscar Arriola como jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP) y afirmó que la cifra de homicidios está disminuyendo. Estas declaraciones se produjeron poco después del asesinato de un chofer de la empresa Vipusa. Al respecto, Holguín aseguró que es fundamental que se atiendan los pedidos del sector. Cabe señalar que en la conferencia de prensa estuvieron presentes representantes de los transportistas.

"En este momento, lo fundamental es emplazar a atender con carácter de urgencia la petición del sector de Transporte por el tema de la inseguridad. Es una posición general que tenemos tanto en senadores como en diputados hasta el momento", apuntó.

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Harvey Colchado critica a Óscar Arriola

Harvey Colchado, también diputado por Ahora Nación y exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), indicó que Óscar Arriola debe ser retirado de la jefatura de la Policía. El coronel en retiro señaló que Arriola no ha mostrado la aptitud suficiente para ocupar el cargo.

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"¿En qué momento se ha reducido la extorsión? En ningún momento. No tiene, lamentablemente para los ciudadanos, una estrategia adecuada. El señor general tiene que renunciar ya. El ministro del Interior no se debe dejar engañar", indicó.

Asimismo, señaló que en distintas subdivisiones de la PNP no hay presupuesto ni acciones claras. Colchado calificó de fracaso la gestión de Arriola al mando de la institución policial.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

En diálogo con La República, Óscar Vidarte, presidente de la APEI, sostuvo que el Perú debe mantener una política exterior equilibrada y evitar alinearse con alguna de las dos potencias.

El congreso reunió a académicos, especialistas, profesionales, egresados y estudiantes interesados en los asuntos internacionales. Según Vidarte, durante las jornadas se desarrollaron más de 22 mesas entre paneles y mesas redondas, con más de 95 presentaciones.

El encuentro también contó con la participación de académicos internacionales como Michael Shifter, de Georgetown University, y José Briceño, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, se realizó una mesa especial con representantes del recientemente creado Centro de Estudios Global y Estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para Vidarte, estos espacios son fundamentales en un contexto internacional caracterizado por guerras, crisis, vulneraciones de derechos humanos y, al mismo tiempo, oportunidades de cooperación entre los Estados.

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Perú debe mantener el equilibrio entre Estados Unidos y China

Uno de los principales desafíos para la política exterior peruana es definir su posición frente a la creciente competencia entre Estados Unidos y China. Para Vidarte, el país debería recuperar una estrategia basada en el equilibrio y evitar alinearse con alguna de las dos superpotencias.

El especialista recordó que la política exterior peruana durante años buscó mantener relaciones con ambos países y promover vínculos con diferentes actores internacionales. Esta estrategia, explicó, ha sido denominada de distintas maneras, como hedging, ambigüedad estratégica, no alineamiento activo o neutralidad activa.

"En todo caso hablamos de equilibrio, de no alineamiento a ninguna de las dos superpotencias", sostuvo Vidarte, quien consideró necesario recuperar ese camino debido a la posición de un país como el Perú dentro del escenario internacional.

El politólogo señaló que tanto Estados Unidos como China son socios importantes para el país y que la relación con Beijing no debe analizarse únicamente desde una perspectiva económica.

Chancay y la creciente presencia de China

La presencia económica y política de China en el Perú ha adquirido mayor relevancia en los últimos años, particularmente por proyectos como el megapuerto de Chancay.

Frente a ello, Vidarte sostuvo que el país debe fortalecer sus vínculos con China sin descuidar la relación estratégica que mantiene con Estados Unidos. A su juicio, el Perú tiene la posibilidad de mantener relaciones simultáneas con ambas potencias y, además, ampliar sus vínculos con otros países.

"Debemos tener una mano a Estados Unidos, otra en China y abrir más manos hacia más países", explicó.

El presidente de la APEI consideró que el futuro de la política exterior peruana dependerá, en parte, de cómo evolucione la competencia por la hegemonía mundial entre Washington y Beijing.

Asimismo, planteó que el reto para el Perú será aprovechar su posición dentro de un escenario que todavía considera multipolar y utilizarla para ampliar sus relaciones internacionales.

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Criminalidad transnacional, uno de los principales retos

Con el inicio de un nuevo gobierno, un nuevo gabinete y una nueva conducción de la Cancillería, Vidarte identificó varios desafíos para la diplomacia peruana. Entre ellos, destacó la necesidad de enfrentar la criminalidad transnacional mediante mecanismos de cooperación internacional.

El especialista señaló que ningún país puede combatir por sí solo este fenómeno y consideró necesario fortalecer la colaboración con otros Estados. En ese sentido, mencionó la propuesta del actual Gobierno de impulsar mecanismos de cooperación con los países de la región y Estados Unidos.

Sin embargo, expresó sus dudas respecto a que esta sea necesariamente la mejor alternativa y consideró que será necesario evaluar cómo se implementa.

Para Vidarte, la cooperación internacional también debe extenderse a otros asuntos que forman parte de la agenda global.

Cambio climático, Medio Oriente y Asia-Pacífico

La situación en Medio Oriente, las vulneraciones de derechos humanos y el cambio climático son otros de los temas que, según el politólogo, deben formar parte de las prioridades de la política exterior peruana.

Asimismo, planteó la necesidad de profundizar la inserción del Perú en el Asia-Pacífico, aprovechando los avances alcanzados mediante mecanismos como APEC y la Alianza del Pacífico, además de la infraestructura del puerto de Chancay.

El desafío, sostuvo, será lograr que Chancay trascienda su función como centro logístico regional y se convierta también en un polo de desarrollo para el país.

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Protección de los peruanos en el exterior

Otro de los retos señalados por Vidarte está relacionado con los aproximadamente cuatro millones de peruanos que viven fuera del país. Ante un escenario internacional cada vez más complejo para los migrantes, consideró que la protección de los connacionales debe ocupar un lugar importante dentro de la agenda de la Cancillería.

En ese sentido, sostuvo que la política exterior peruana tiene por delante una agenda amplia que requiere combinar la defensa de los intereses nacionales, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las relaciones con distintas potencias.

Para Vidarte, el desafío será mantener una política exterior equilibrada que permita al Perú desenvolverse en un mundo cada vez más competitivo y multipolar, sin quedar condicionado por la disputa entre las dos principales potencias mundiales.