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Adicionalmente al pago establecido, aquellos ciudadanos que completen su preparación obtendrán un día de descanso remunerado y no compensable, aplicable tanto para trabajadores del sector público como privado, el cual podrá solicitarse dentro de los 90 días posteriores al 4 de octubre de 2026.

Para el correcto desarrollo de los comicios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) programó dos jornadas presenciales de capacitación dirigidas a los miembros de mesa, las cuales se llevarán a cabo los domingos 20 y 27 de septiembre.

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La normativa electoral recuerda que la participación es obligatoria y aquellos ciudadanos sorteados que no se encuentren presentes al momento de la instalación de la mesa de votación recibirán una multa económica equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), un total de S/275.

El sorteo público para la elección de los miembros de mesa se llevó a cabo en cada una de las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) y estuvo bajo la supervisión de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Defensoría del Pueblo.

Uno de los aspectos que más polémica ha generado en el retorno a la bicameralidad es la concentración de poder en la Cámara Alta. El Senado será el encargado de escoger a algunas de las autoridades que ocuparán puestos clave en las principales instituciones del país.

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Las autoridades que elegirá la Cámara Alta

La nueva Cámara Alta elegirá a los tres directores del Banco Central de Reserva (BCR), al defensor del pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Además, designará al contralor general y ratificará al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), así como al superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Las mayorías requeridas también serán un factor clave para entender qué tan disputados serán estos nombramientos. Elegir a un magistrado del Tribunal Constitucional o al defensor del pueblo exige el voto favorable de dos tercios de los senadores, el mismo umbral necesario para remover a esas autoridades por falta grave o para designar al contralor general. Esa exigencia obliga, en un Senado con múltiples bancadas, a negociaciones entre grupos parlamentarios que ningún partido podrá evitar por sí solo, salvo que alcance una mayoría extraordinaria, poco probable en un sistema tan fragmentado como el peruano.

Los nombramientos que solo requieren mayoría simple —los directores del BCRP y las ratificaciones del presidente del ente emisor y del superintendente de la SBS— tendrán, en cambio, un camino más expedito, lo que podría convertirlos en las primeras pruebas de gobernabilidad para la nueva Cámara Alta.

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En la práctica, esto concentra en un grupo más reducido de legisladores —60 senadores, frente a los 190 integrantes que tendrá el Congreso bicameral— una función de enorme relevancia institucional. Al respecto, la abogada constitucionalista María Antonieta Gonzáles opinó que esta concentración puede responder a favorecimientos políticos antes que a criterios de idoneidad.

"Por un lado, la lógica de repartir estos nombramientos entre distintos poderes, o de sujetarlos a umbrales agravados, buscaba que ningún órgano de control naciera de una sola voluntad política. Al concentrar la fuente en una cámara de sesenta miembros, la reforma sustituye ese origen plural por un origen único. (...) El bloque que domine la cámara durante el quinquenio puede poblar esos órganos con figuras afines y ponerlos a su servicio, como ocurrió en países de la región: en El Salvador, una Asamblea afín a Bukele removió en una sola sesión a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general; y en Venezuela, la Asamblea saliente designó a los magistrados del Tribunal Supremo antes del recambio parlamentario".

Aprobación de tratados internacionales

En el nuevo Congreso bicameral, el Senado también tendrá un papel en la política exterior al intervenir en la revisión y aprobación de determinados tratados internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo antes de su ratificación definitiva. En la Cámara Alta podrán aprobarse o rechazarse nuevos tratados sobre derechos humanos, medio ambiente y otras materias reguladas por este tipo de acuerdos.

Además, el Senado podrá fiscalizar la actuación del Ejecutivo en materia de relaciones exteriores mediante la revisión de tratados y la solicitud de información sobre su ejecución. Asimismo, cuando la legislación lo requiera, tendrá la facultad de evaluar y autorizar la denuncia o terminación de acuerdos internacionales vigentes. Esto último ha despertado preocupación en algunos sectores, luego de que distintos grupos manifestaran su interés en denunciar el Pacto de San José, que vincula al Perú con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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Sobre este punto, Gonzáles considera que el riesgo radica en otorgarle a un órgano integrado por un número reducido de representantes la facultad de denunciar tratados internacionales que ya producen efectos directos sobre el ordenamiento jurídico nacional.

"Solo 31 votos bastarán para comprometer internacionalmente al Estado peruano, lo que sitúa la aprobación de una obligación frente a otros Estados como una exigencia menor que la de una ley ordinaria, muy por debajo del estándar que varios ordenamientos reservan para los tratados que ceden competencias o afectan la soberanía. Un compromiso internacional debería ser más difícil de asumir —y de romper— que una norma interna, precisamente porque genera responsabilidad frente a otros Estados, sobre todo cuando los derechos humanos están en juego. Si el Congreso aprueba denunciar un tratado de derechos humanos, como la Convención Americana, todo un país quedará en riesgo por la componenda de 31 senadores", indicó.

Comisiones

El trabajo diario del Senado —como el de cualquier parlamento— no ocurrirá principalmente en el Pleno, sino en sus comisiones. El reglamento establece siete comisiones ordinarias legislativas, encargadas de estudiar y dictaminar las propuestas que lleguen desde la Cámara de Diputados: Constitución y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo y Trabajo; Economía y Defensa del Consumidor; Salud y Desarrollo Social; Gestión del Estado y Contraloría; y Justicia y Derechos Humanos.

Llama la atención que varias de estas agrupen tres o cuatro sectores bajo una misma comisión. La de Salud y Desarrollo Social, por ejemplo, también abarcará Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Digital.

Además, la Cámara Alta contará con tres comisiones ordinarias no legislativas con funciones permanentes: Ética Parlamentaria, encargada de sancionar a los propios senadores; Procedimientos Especiales, que instruirá los expedientes para elegir o designar a los magistrados del TC, al defensor del pueblo y al contralor general; y una Comisión de Inteligencia, integrada por un máximo de cinco miembros, sin suplentes, elegidos para todo el periodo parlamentario.

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Cabe precisar que ningún senador podrá integrar más de tres comisiones ni menos de una, salvo los miembros de la Mesa Directiva, que estarán exentos. Asimismo, la conformación de estos grupos deberá respetar la proporcionalidad de las bancadas en el hemiciclo.

Sobre la organización de estos órganos parlamentarios, Gonzáles considera que el principal problema no es que el Senado tenga menos comisiones, sino que estas concentren demasiadas materias y deban trabajar con plazos muy reducidos.

"Una cámara de 60 senadores no puede replicar el mapa de comisiones de una cámara de 130, así que la cuestión de agrupar materias no es donde debemos enfocar la mirada. Si bien existe un riesgo para la especialización, también debe considerarse la función de la cámara. Si el Senado se concibe como cámara revisora, sus comisiones no necesitan el mismo nivel de revisión técnica que las comisiones de origen, sino capacidad para examinar la constitucionalidad, la calidad normativa y el impacto sistémico de lo que proviene de Diputados. El problema aparece cuando comisiones amplias se combinan con plazos cortos de revisión, porque la sobrecarga de agenda convierte el dictamen en una mera formalidad y otorga un poder desproporcionado a las presidencias de comisión, que terminan controlando la agenda", señaló.

La normativa establece una doble sanción para aquellos miembros de mesa que, además de ausentarse de su cargo, tampoco emitan su voto.

En estos casos, se acumulará la multa por no sufragar, cuyo monto varía según la condición socioeconómica del distrito de residencia: 110 soles (2% de la UIT) para zonas no pobres, 55 soles (1% de la UIT) para distritos pobres y 27,50 soles (0,5% de la UIT) para localidades en situación de extrema pobreza.

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En cuanto a los canales de pago, el JNE indicó que las multas por no sufragar o por incumplir el rol de miembro de mesa podrán cancelarse de forma digital a través de la plataforma Pagos en Línea, así como de manera presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación.

Sobre el incumplimiento en el pago

La institución electoral indicó que los ciudadanos que mantengan la deuda estarán impedidos de realizar diversos trámites administrativos, conforme a lo estipulado por la Ley N° 28859 sobre restricciones civiles, comerciales, administrativas y judiciales.

No obstante, existen mecanismos legales para quedar exento de la multa. La ciudadanía puede presentar una excusa —por motivos de salud, encontrarse fuera del país o impedimentos legales— dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación de la lista definitiva de miembros de mesa ante la ONPE.

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De igual manera, se puede gestionar la justificación por motivos de salud hasta cinco días calendario antes de la jornada electoral en la misma entidad.

Por otro lado, la dispensa (para el caso de no votar) y la justificación posterior (para quienes no cumplieron como miembros de mesa por motivos válidos y probados) se tramitan ante el JNE al día siguiente de las elecciones.

Otro policía, así como otros 8 civiles, integrantes de la banda ‘Los lecheros del Puerto’, también fueron arrestados en un operativo simultáneo ejecutado de Mazuko, (Madre de Dios), Puno y Pucallpa (Ucayali).

Todos están comprendidos en una investigación por presunta criminalidad organizada vinculada a la minería ilegal en Madre de Dios.

"Los Policías fueron preparados para combatir el crimen, pero lamentablemente cruzaron la línea y se convirtieron en presuntos delincuentes", dijo un oficial de la Diviac, tras confirmar la captura.

Estaban dedicados al tráfico ilícito de combustible destinado a abastecer actividades de minería ilegal en Madre de Dios.

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La sorpresiva intervención se realizó en el marco de un megaoperativo dirigido por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Madre de Dios, luego de que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata ordenara la detención preliminar judicial por 15 días de 27 investigados. Por ahora hay 11 detenidos.

De acuerdo con la resolución judicial, Carlos Chirre Ramírez, quien recientemente había asumido funciones como fiscal de la Fema de Ucayali, habría desempeñado un rol de apoyo a una organización criminal proporcionando información relacionada con operativos, acciones de control e intervenciones de las autoridades en la región Amazónica.

Según la tesis fiscal, esta información habría permitido que los integrantes de la presunta organización adoptaran medidas para evadir las acciones de fiscalización y reducir el riesgo de ser arrestados.

En cambio, el suboficial brigadier PNP Iván Huamán Ruiz es señalado por el Ministerio Público de haber brindado presunta cobertura institucional desde su condición de policía, facilitando el tránsito de cargamentos vinculados a las actividades ilícitas investigadas, junto a otros efectivos comprendidos en el caso.

La resolución judicial describe una estructura organizada con funciones diferenciadas entre sus integrantes. Mientras algunos investigados habrían adquirido y desviado combustible hacia centros de minería ilegal, otros asumían el almacenamiento, transporte, distribución y seguridad de las operaciones.

En ese contexto, tanto el fiscal Chirre como el suboficial Huamán Ruiz habrían cumplido funciones específicas que, según la hipótesis del Ministerio Público, favorecían el funcionamiento de la organización.

El magistrado fue detenido en una vivienda del jirón Rocafuerte, en el distrito de Callería, Pucallpa. Las imputaciones en su contra deberán ser corroboradas o descartadas durante el desarrollo de las investigaciones, respetándose en todo momento el principio de presunción de inocencia.

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Como parte del mismo operativo, que se ejecutó de manera simultánea en diferentes regiones del país, también son buscados otros malos elementos de la PNP y civiles que estarían involucrados en los hechos materia de investigación.

Tras las diligencias de allanamiento vinculadas al fiscal ambiental Carlos Chirre Ramírez, en la localidad de Mazuko, Madre de Dios, se ejecutó otro operativo a cargo de la Diviac, la Fiscalía y la Unidad de Lavado de Activos.

Trascendió que el motivo del despliegue policial tiene que ver con la misma red dedicada a la minería ilegal.

La fórmula replica la alianza que las mismas cuatro bancadas ya inscribieron momentos antes en el Senado, con los liderazgos invertidos. Mientras en la cámara alta la presidencia recayó en Obras, con Daniel Barragán a la cabeza, en Diputados el cargo quedó para Buen Gobierno, la bancada con 18 escaños que preside Óscar Reto.

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El acuerdo entre las cuatro agrupaciones responde a un objetivo declarado por Jorge Nieto, líder de Buen Gobierno: evitar que Fuerza Popular concentre la conducción de ambas cámaras. Nieto planteó directamente a la presidenta electa Keiko Fujimori que, para mantener el equilibrio de poderes, lo ideal era que su bancada no buscara presidir el Senado ni la Cámara de Diputados.

El plazo para inscribir listas a la Mesa Directiva de Diputados vence este sábado 25 de julio a las 5:00 de la tarde, cinco horas más tarde que el cierre fijado para el Senado. La elección de ambas mesas directivas se realizará el domingo 26 de julio.

La alianza opositora se cerró minutos antes de que se venza el plazo. Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú ya tenían definida la fórmula de postulación cuando el Partido del Buen Gobierno confirmó su ingreso. El vocero de esa agrupación, Flavio Figallo, indicó que aún faltaba definir qué senador la representaría, entre los siete con los que cuenta el partido en la nueva cámara.

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La estrategia responde a un acuerdo previo entre las tres primeras bancadas: Obras buscaría la conducción del Senado durante el primer año, mientras Juntos por el Perú apuntaría a la Cámara de Diputados. Fuentes de este diario ya habían adelantado que Daniel Barragán sería el nombre elegido por Obras para encabezar la lista del Senado.

La elección de la Mesa Directiva del Senado para el periodo anual de sesiones 2026-2027 se realizará este domingo 26 de julio, a las 12:00 horas, en sesión convocada por la Junta Preparatoria. El resultado definirá si la conducción de la cámara alta queda en manos del oficialismo o de la alianza opositora, en el arranque del primer año de gobierno de Keiko Fujimori.

El plazo para inscribir las listas ante la Oficialía Mayor venció este sábado 25 de julio a las 12:00 horas, según confirmó el senador Miguel Torres, presidente de la Junta Preparatoria del Senado, durante la sesión del viernes 24. La norma se estableció tras la lectura de la Primera Disposición Complementaria del Reglamento del Congreso, en la misma jornada en que juraron los 60 senadores electos para el periodo 2026-2031.

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Una segunda lista, con respaldo de bancadas de oposición, también se inscribió antes del cierre del plazo. La integran Daniel Hugo Barragán, de Obras, como presidente; Jaime Quito, de Juntos por el Perú, como primer vicepresidente; Jaime Delgado, de Ahora Nación, como segundo vicepresidente; y Nora Bonifaz, de Buen Gobierno, como tercera vicepresidenta.

La elección de la Mesa Directiva del Senado para el periodo anual de sesiones 2026-2027 se realizará este domingo 26 de julio, a las 12:00 horas, en una sesión convocada por la Junta Preparatoria. El resultado marcará la correlación de fuerzas con la que arranca la cámara alta del nuevo Congreso bicameral, en el primer año de gobierno de Keiko Fujimori.

La República manifestó en dos ocasiones puntuales la inquietud sobre el futuro del Mincul. Más allá de preferencias políticas e ideológicas, hay algo que debe quedar muy claro: si el Perú existe en el mundo, existe por su cultura. Un país como Perú, sin importar su gobierno de turno, debe contar con un organismo institucional dedicado exclusivamente a su poliédrica riqueza cultural.  

En estos días se han estado barajando nombres para hacerse cargo del Ministerio de Cultura. Ergo: el Mincul no va a desaparecer. Entre los que más suenan tenemos a la historiadora Cecilia Bákula y al gestor cultural Miguel Molinari. Ambos, por cierto, son muy reconocidos en el circuito cultural peruano. Cuando se les ha mencionado, no han suscitado muchas críticas desde el sector.

No olvidemos que, desde el gobierno de Dina Boluarte, el Mincul se ha convertido en una máquina de censuras, en una apañadora de leyes sin pies ni cabeza (a saber, pensemos en la ley de cine impulsada por el Congreso) y en una entidad cómplice y silenciosa de despropósitos como el colegio de artistas del Perú. Estos atentados en contra de la cultura han estado avalados por la firma de los congresistas de Fuerza Popular. Entonces, antes de aceptar, los potenciales candidatos deberían preguntarle a Fujimori y compañía qué entienden en Fuerza Popular por cultura. Si este aspecto no queda despejado, quien acepte, y sin importar lo competente que sea, va a quedar con la reputación manchada.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La actividad se desarrolló en articulación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a las necesidades más urgentes de la población, reafirmando el compromiso del Estado de optimizar los recursos disponibles para brindar una atención oportuna, eficiente y solidaria, principalmente en los distritos declarados en estado de emergencia.

"La distancia no puede ser una barrera ni la geografía un límite para proteger los derechos de la población. Nuestro centro son los niños, las niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las madres jefas de hogar. Cada bien entregado es una respuesta solidaria para mitigar el impacto de los fenómenos naturales que vienen golpeando a nuestras comunidades.", señaló la ministra Edith Pariona.

Como parte de la jornada, la titular del sector presentó el Boletín Interactivo de Donaciones, una plataforma informativa que sistematiza los resultados de la gestión de donaciones correspondiente al primer semestre de 2026, con información actualizada sobre la recepción, registro, valorización y distribución de bienes de apoyo social; la misma que se puede ubicar a través del enlace: https://donaciones.mimp.gob.pe/

Entre los principales resultados presentados destacan: 576.369 bienes distribuidos, valorizados en S/15,34 millones, y llegó a 23 regiones, 128 provincias y 441 localidades, incluyendo distritos, centros poblados y comunidades nativas. Asimismo, la plataforma evidenció un crecimiento respecto a 2025, año en el que se distribuyeron bienes valorizados en S/14 millones, superando esa cifra durante el primer semestre de 2026 con S/15,34 millones.

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Asimismo, durante la ceremonia, la titular del MIMP agradeció a la alcaldesa y los alcaldes participantes, a quienes gracias a su labor en el territorio fue posible identificar a cada hogar beneficiario y garantizar que esta ayuda llegue de forma oportuna y transparente.

Con esta iniciativa, el MIMP fortalece los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, poniendo a disposición de autoridades, entidades cooperantes, donantes y ciudadanía información periódica sobre el volumen de bienes recibidos, su valorización, las regiones atendidas y el alcance de las acciones de apoyo social desarrolladas en todo el país.

A través de estas acciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables continúa impulsando una gestión eficiente, transparente y articulada, orientada a mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables y garantizar que la ayuda llegue de manera oportuna a quienes más la necesitan.

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Tras ser llamada al estrado, Palomino hizo referencia a la lucha contra el racismo y la discriminación. Además incluyó a las víctimas de la represión policial y militar durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. “Contra el racismo, contra la discriminación, contra el terruqueo (…) Por justicia por los mártires del sur, sí prometo”, indicó.

En declaraciones exclusivas para La República tras el incidente, la representante de la región Huancavelica, señaló que no le sorprende el gesto de su homóloga ya que considera que la bancada de Fuerza Popular representa “la intolerancia y el menosprecio”.

“Nosotros no nos sorprendemos, el fujimorismo es así y se muestra tal cual. Es la intolerancia y el menosprecios a personas que vienen del Perú profundo. Tenemos algo que ellos no. Nosotros estamos respaldados por el pueblo. Yo estoy tranquila y no me alarma”, expresó.

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Rosangella Barbarán juró por la “reinvidicación” del fujimorismo

Momentos previos del incidente, Rosangella Barbarán también fue llamada a prestar juramenta al cargo de diputada. Durante su intervención incluyó a los jóvenes y a las familias peruanas. Barbarán señaló que juraba, también, por los militantes de Fuerza Popular.

"Por los jóvenes, por la vida y la familia, y por todos lo fujimoristas que buscan reinvidicar el fujimorismo, sí juro", comentó.

La parlamentaria explicó que la decisión de Vásquez responde a una relación personal con el expresidente.

“Él es fujimorista, [fue] mejor amigo del expresidente Fujimori". Además, añadió que él no formó parte de las filas naranjas porque su partido “no coacciona”.

“La gente tiene necesidad o también la opción porque en el partido Fuerza Popular no coaccionamos”, sostuvo.

Por su parte, Absalón Vásquez fue cuestionado por su decisión de pertenecer a Renovación Popular y no a la agrupación fujimorista. El senador aclaró que su llegada al partido celeste se debió a una invitación previa por parte de López Aliaga.

“Antes ya había sido invitado por mi amigo Rafael López Aliaga y con el mayor gusto”, sostuvo Vásquez. Además, indicó que no responderá al fujimorismo, sino a Renovación Popular, y se catalogó como un “miembro respetuoso” del partido. “Lo que diga mi líder, en este caso, Rafael López Aliaga, eso se va a hacer”, agregó.

Juramentación

Durante la ceremonia, Absalón Vásquez juró por la memoria de sus padres y de Alberto Fujimori, a quien además catalogó como “el mejor presidente que ha tenido el Perú”.

“Juro por la memoria de mis señores padres y por la memoria del mejor presidente que ha tenido el Perú, Alberto Fujimori”.

Cabe destacar que Vásquez cuenta con una trayectoria previa en la administración pública, ya que fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Fujimori.

Además, es necesario recordar que el parlamentario cuenta con antecedentes judiciales al haber sido condenado por corrupción, un proceso que incluyó una reparación civil a favor del Estado por más de un millón de soles.

"Sí, la alianza existe. Vamos para la Mesa Directiva. Tenemos todavía una reunión pendiente para terminar de definir qué miembro del Senado podría ser parte de la alianza. Cualquiera de los siete senadores podría ser", indicó.

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Al respecto, Figallo señaló que se siente representado por el análisis de Jorge Nieto, líder de su partido, quien sostuvo que el partido oficialista mantiene cierta influencia en instituciones fuera del Congreso. Para el vocero, la decisión del Buen Gobierno de respaldar al bloque opositor en la Cámara Alta responde a la necesidad de restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado.

"Lo que queremos es restablecer el equilibrio de poderes. Eso tiene que ver con quiénes están en el Ejecutivo y quiénes están en el Congreso. Si en el Ejecutivo está quien ganó y en el Congreso está la oposición, entonces habrá un equilibrio de poderes", afirmó.

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Jiménez detalló el destino de cada uno de los 17 pedidos ingresados al sistema. Catorce fueron presentados por terceras personas y no llegaron a ser admitidos. Dos más fueron declarados improcedentes porque sus solicitantes no subsanaron el plazo exigido. El último, evaluado este viernes, corrió la misma suerte.

El funcionario fue tajante al referirse al futuro del caso. Aseguró que el Ministerio ya se pronunció sobre el fondo del asunto y que no existe ningún margen para una nueva revisión. "No hay más que hablar sobre el tema. No hay ninguna gracia, ningún indulto", remarcó.

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Los dos procesos judiciales que impidieron la gracia

La Comisión de Gracias Presidenciales acordó por unanimidad declarar improcedente y archivar la solicitud. El pedido no cumplió los requisitos legales en ninguno de los dos procesos penales que enfrenta Pedro Castillo. El primero, por conspiración para la rebelión, ya concluyó su etapa de investigación. El caso se encuentra ahora en apelación, tras una sentencia de primera instancia. Según el Ministerio de Justicia, no existe allí ninguna etapa de investigación que pueda acortarse.

El segundo proceso corresponde a los delitos de organización criminal y otros cargos conexos. La investigación preparatoria sigue dentro de los plazos legales vigentes, precisó el MINJUSDH en su comunicado. La norma que regula la gracia común exige un exceso de tiempo en la investigación para poder aplicarse. Ese requisito no se cumple en este caso, por lo que la solicitud tampoco prosperó por esta vía.

Con el archivo de esta última solicitud, la Comisión no mantiene ningún expediente pendiente de atención. El Minjus remarcó su compromiso con el respeto irrestricto a la Constitución, las leyes y el debido proceso.

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Jaime Quito acusa al Gobierno de incumplir promesas con Castillo

El senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, cuestionó con dureza la decisión del Ministerio de Justicia. En declaraciones a Canal N, calificó de "traidor" al presidente José María Balcázar. Según el legislador, el mandatario no cumplió su compromiso de promover la liberación de Pedro Castillo.

"Un traidor a los planteamientos que él había hecho y que también las esperanzas que estaba indicando para dar la libertad a Pedro Castillo, porque estaba en la facultad y en la posibilidad de hacerlo, porque es una prerrogativa presidencial y no necesitaba el informe de esta comisión de indultos", manifestó.

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Quito también puso en duda la imparcialidad de la Comisión de Gracias Presidenciales. Sostuvo que el rechazo al pedido respondió a presiones políticas y no a criterios legales. El senador recordó, además, que durante su juramentación como congresista hizo una proclama pública a favor de Castillo. Afirmó que la lucha por su libertad continuará, pese a la negativa del Ejecutivo.

El legislador se refirió también a la ampliación de prisión preventiva dictada contra el expresidente. A su juicio, esta medida evidenciaría la falta de pruebas suficientes para sostener las investigaciones en su contra. Insistió en que los procesos judiciales carecen de sustento legal. Sobre el futuro del caso, Quito fue categórico: consideró que la libertad de Castillo "será inminente", más allá del rechazo al pedido de gracia presidencial.

Hagámoslo fácil y empecemos por lo que no hay forma alguna de justificar: Petroperú, sobre lo cual tratamos en la columna del 21 de mayo pasado. Como indiqué entonces, la empresa está totalmente quebrada y solo ha sobrevivido porque nuestros impuestos están siempre a la mano para rescatarla con otro multimillonario salvataje que le permita a los facinerosos de turno seguir haciendo de las suyas. Ahí hay miles de millones de soles que no se pueden invertir en seguridad, educación, salud y justicia que hoy necesitamos a gritos los peruanos.

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En segundo lugar, hablando de seguridad y justicia, está el avance de la criminalidad, en la cual destacan la extorsión y la minería ilegal (columna del 13 de mayo del 2025). Si bien en este caso el gobierno de Dina Boluarte meritoriamente eliminó 50.000 reinfos truchos, aún no está dicha la última palabra y el Reinfo se ha prolongado hasta diciembre de este año. La indignación ciudadana con la criminalidad es muy grande, pese a la gran suma de dinero dedicada por la minería ilegal a intentar confundir a la ciudadanía con falsas narrativas. Sabemos que un minero informal o artesanal no tiene por qué ser un criminal, pero tras ellos se escudan quienes sí son criminales de marca mayor. ¿O quién cree que mata a los mineros en Pataz, por ejemplo? ¿O quién arroja mercurio a los ríos de la Amazonía envenenando a incontables habitantes?

En tercer lugar, el gasto público está desbocado gracias a que se han repartido a diestra y siniestra exoneraciones tributarias y a que aumentaron los gastos corrientes, que se vuelven permanentes y que agrandan el déficit fiscal (columna del 31 de marzo). Si bien aquí juega un importante papel nuestro Congreso regalón, el gobierno también ha sido responsable de crear el caos fiscal. El reciente fallo del Tribunal Constitucional debería evitar que el Congreso siga en sus andanzas, pero no controlará a un Ejecutivo potencialmente dispendioso. Tomando en cuenta que actualmente los ingresos tributarios son por lo menos 2% del PBI mayores a lo que serían porque los precios de los minerales están en su punto más alto de la historia, para el gobierno estos deberían ser años de ahorro para las vacas flacas que llegarán en algún momento. Pero no es así y continuar con la farra fiscal sería tóxico para el gobierno de Fujimori.

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En cuarto lugar, la infraestructura. Nuestro país tiene graves carencias de caminos, puentes, aeropuertos, instalaciones de agua y desagüe, escuelas, hospitales, comisarías, etc. (columna del 17 de diciembre del 2025). Además de utilizar gran cantidad de recursos para obras sin importancia, lo que sí se dedica a infraestructura carece con frecuencia de un ordenamiento básico que le dé sentido al todo. Esto tiene como caso emblemático que el nuevo aeropuerto Jorge Chávez solo tiene acceso por dos puentes temporales de emergencia, pese a que hace años era por todos conocida la fecha en que el nuevo aeropuerto iba a inaugurarse y a que hace años que se iniciaron las gestiones para hacer la obra. Otro caso es que la ciudad de Lima tenga el peor tráfico del mundo debido a la ausencia de un mínimo de orden y planeamiento, los cuales nos hubieran dado hace muchos años métodos de transporte urbano masivo. Lima es una de solo dos ciudades en el mundo con más de diez millones de habitantes, sin transporte público masivo (la otra es Kinshasa, en la República Democrática del Congo).

En quinto lugar, el impulso a la productividad y el empleo formal que, al ser un tema aparentemente complejo, no genera una indignación general, pese a que es, sin duda, el tema que más daño causa de todos los aquí mencionados (columna del 28 de noviembre). Como ya he dicho, la aparente complejidad del asunto no es tal. Lo que sucede es que existe una parte importante de la ciudadanía que tiene, comprensiblemente, sentimientos muy fuertes sobre el tema. Esto hace difícil que se entienda lo que es en realidad una causalidad muy sencilla.

La vía fundamental para que alguien progrese es mediante un empleo que se lo permita. Sobre esto estamos todos de acuerdo. Un empleo es mejor cuanto más productivo sea. La informalidad en el Perú se caracteriza por tener baja productividad, tanto por escasez de capital físico como de capital humano. ¡Un trabajador formal promedio es seis veces más productivo que un trabajador informal promedio! Para lograr el progreso de los ciudadanos resulta necesario que los trabajadores del sector informal obtengan empleos en el sector formal, aumentando su productividad. El único camino para lograr esto de manera sostenible es mediante la inversión privada, mientras más, mejor. Esto es lo que sucedió en el Perú del 2003 al 2014: la inversión privada creció a 14% anual lo cual llevó a que el producto creciera a 5,8% anual. Esto ocasionó que la pobreza se redujera en 40 puntos porcentuales y a que la mayoría de los peruanos, por primera vez en la historia, integraran la clase media. Estos son resultados fabulosos sin duda. ¿Qué pasó luego en el Perú?

Pasó que la inversión privada y el producto crecieron a una tasa anual de menos de 1% entre el 2014 y el 2024 y, con Covid entre medio, se asfixiaron las oportunidades nuevas de empleo y progreso. Resulta imprescindible volver a darle aire a la inversión, no con ventajas o prebendas sino con lo que todo inversionista requiere: reglas claras, razonables y estables. Con esto y con la colaboración de un Estado que aliente la inversión, se alcanzarán estupendos resultados.

Todo lo anterior, con muy pocos cambios para ponerlo al día, lo escribí hace casi exactamente un año. Lo titulé 'Los pendientes de Dina' y era lo que le pedía a la presidenta de entonces en lo que sería su frustrado último año de mandato. Todo lo dicho permanece sin hacer, a pesar de que ya entonces era muy urgente hacerlo. La señora Fujimori deberá enfrentar estos retos (y otros, como el inminente El Niño) cuanto antes. Para fortuna suya, la economía está en mejor pie que hace un año, gracias a los vientos favorables de los altos precios de los minerales. Además, su actitud favorable a la inversión hace más fácil el camino.

Pero sigue siendo cierta la oración final de aquel artículo de hace un año: Le aseguramos, señora presidente, que hacer algunos genuinos esfuerzos por atender los problemas aquí mencionados le permitirán enormes logros de los qué se hablará mucho más allá de cuando haya terminado su mandato.

Como parte de esta primera etapa, las naciones acordaron reactivar los vínculos consulares como un paso inicial para asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos territorios.

En esa línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que una de las razones principales era salvaguardar los derechos y brindar asistencia directa a los ciudadanos. Además, indicaron que la cooperación también “se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido al Perú y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas”.

Posición de Venezuela

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su comunicado oficial emitido desde este 24 de julio, ratificó su decisión conjunta con el Perú de iniciar este “proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales”, así se lee en el comunicado que compartieron mediante sus canales oficiales.

"Por los mártires del Sur, por los mártires del Valle de Tambo, contra las leyes pro crimen, pro impunidad, por la libertad de Pedro Castillo, por una nueva Constitución y darle todo el poder al pueblo, sí juro", exclamó.

Posteriormente, Miguel Torres le colocó la banda de senador. Luego, Quito no se acercó para la foto protocolar y se retiró.

No se trata del único senador electo que juró por las víctimas de las manifestaciones durante el gobierno de Dina Boluarte.

Ruth Luque y Mirtha Vásquez también juraron en memoria de las víctimas de la impunidad

Ruth Luque de Ahora Nación hizo lo propio durante su juramentación. “Por justicia para las víctimas y contra la impunidad, sí, prometo”, dijo.

Del mismo modo, Mirtha Vásquez, del mismo partido, juró por la memoria de las víctimas del periodo fujimorista.

"Por la lucha contra la impunidad, por la justicia y la memoria de las víctimas de la dictadura de los 90 y de los últimos gobiernos autoritarios”, comentó.

También incluyó en su juramentación a los pueblos originarios, a las niñas y a las mujeres: "Por la eliminación de la discriminación de los pueblos y la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, sí juro".

En tanto, Alfonso López Chau exclamó: “Desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sí juro”.

Asimismo, incluyó en su juramentación a los pueblos originarios, a las niñas y a las mujeres: "Por la eliminación de la discriminación de los pueblos y la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, sí juro", dijo.

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Tras sus palabras, los asistentes pertenecientes a la izquierda aplaudieron a Vásquez, mientras que parte del fujimorismo y bancadas de derecha la abuchearon. Previamente juraron Alfonso López Chau, Jaime Delgado y Ruth Vásquez, y así se conformó la bancada de Ahora Nación de la cámara de senadores.

Vásquez llega al Senado con una trayectoria previa en el Legislativo. Presidió el Congreso entre noviembre de 2020 y julio de 2021, tras la salida de Manuel Merino del poder. Luego ocupó la Presidencia del Consejo de Ministros, entre octubre de 2021 y enero de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo. Renunció al cargo por desacuerdos con esa gestión.

Por cada una de las 89.935 mesas de sufragio se eligieron un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes. Estas personas serán las encargadas de la instalación y el funcionamiento de las mesas de votación, con la finalidad de que el proceso se desarrolle de manera ordenada, transparente y segura para los electores.

El sorteo se desarrolló en cada una de las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) y contó con la presencia y supervisión de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Defensoría del Pueblo.

Capacitación

La ONPE organizará dos jornadas presenciales de capacitación los domingos 20 y 27 de septiembre de 2026. Como incentivo, quienes ejerzan el cargo recibirán S/ 165, y aquellos que completen su capacitación obtendrán un día de descanso remunerado no compensable (aplicable al sector público y privado) a tomarse dentro de los 90 días posteriores.

Los ciudadanos sorteados que no estén presentes durante la instalación tendrán una multa del 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 275.

Sobre el sorteo

La selección de los miembros de mesa inició el pasado 17 de julio. Christian Gómez, asesor 2 de la ONPE, explicó que se procesó una base de datos con más de 26 314 724 ciudadanos hábiles en todo el país. El funcionario indicó que se priorizó a aquellas personas que no hayan ejercido el cargo de miembro de mesa durante las Elecciones Generales, dándole la oportunidad a nuevos ciudadanos de participar a dicho puesto.

En una primera fase, el sistema seleccionó a 25 candidatos para cada una de las 89.935 mesas de sufragio distribuidas en todo el país. De esa lista inicial, el sorteo de este viernes 24 de julio reduce y define a los 817.000 miembros de mesa titulares y suplentes definitivos.

Elecciones Regionales y Municipales

La jornada electoral del 4 de octubre contará con la participación de 83 organizaciones políticas. En estos comicios se elegirán a un total de 13.148 autoridades subnacionales que liderarán los gobiernos locales y regionales en los próximos años.

Entre las autoridades que saldrán elegidas figuran 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. A nivel municipal, los ciudadanos votarán por 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

Tras el sorteo de este viernes, la ONPE publicará la lista oficial de los seleccionados para que cada ciudadano pueda verificar si salió elegido.

Por medio de un comunicado, indicaron que realizan un análisis para verificar la compatibilidad de referida norma con la Constitución Política, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos.

"Si como resultado del test de constitucionalidad no se respetan los límites establecidos en la Constitución se interpondrá la demanda de inconstitucionalidad basado en los tres pasos sucesivos que la norma debe cumplir obligatoriamente como son: la Idoneidad, necesidad y proporcionalidad o ponderación", se lee.

Aseguraron que van a realizar un análisis técnico, objetivo y estrictamente jurídico antes de adoptar cualquier decisión.

Eventual demanda podría blindar la ley de impunidad

Anteriormente, en septiembre del 2025, la Defensoría presentó una demanda de inconstitucionalidad contra contra la Ley 32419, conocida como Ley de Amnistía, norma que también fue cuestionada por ir contra los estándares de derecho internacional.

El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo alertó que tal acción podría provocar que el Tribunal Constitucional, al cual consideran con “poca credibilidad”, declare la norma constitucional y limite, con ello, el control difuso de parte de los jueces para inaplicarla por inconstitucional.

“La demanda de una Acción de Inconstitucionalidad por parte del Dr. Josué Gutiérrez Cóndor, después de mantenerse en silencio desde su promulgación, resulta cuestionable”, señalaron.

De igual forma, los familiares de las víctimas del conflicto armado interno y las manifestaciones sociales durante el gobierno de Dina Boluarte presentaron una carta al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, para mostrar su disconformidad.

“De no retirar la demanda presentada y el TC resuelve que la ley de amnistía es constitucional, estaría enterrando nuestras esperanzas de justicia, estarían atropellando 4 décadas de lucha continua como familiares, estarían siendo cómplices de estos criminales”, indicaron.

En su momento, la congresista Ruth Luque también observó la demanda presentada por la Defensoría, precisando que “la presencia de Josué Gutiérrez ha desvirtuado de manera completa lo que representa la Defensoría del Pueblo en nuestro país” y le exigió retirar la acción de inconstitucionalidad.

Según el informe de la entidad, el pedido no cumplió con los requisitos exigidos por el reglamento de la institución para ser admitido y evaluado como corresponde: no se firmó la solicitud de gracia presidencial y la declaración jurada de conocer la gratuidad de la tramitación de la solicitud de gracia presidencial.

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Asimismo, el informe n.º 041-2026-JUS/DGAC-DGP advierte que el parlamentario "no define claramente el tipo de gracia presidencial que solicita". El documento menciona que existen diferentes tipos de gracias presidenciales para la población penitenciaria que se encuentran establecidos en el reglamento interno. De esta manera, la solicitud que busca la libertad de Castillo se desestimó.

Cabe precisar que este pedido desestimado no corresponde al último recurso presentado por la familia del exmandatario, el cual aún se encuentra pendiente de resolución.

En tanto, la Dirección de Gracias Presidenciales recomendó remitir el informe al Despacho Viceministerial de Justicia, para los fines de su atención y brindar respuesta al congresista.

El documento emitido el pasado 20 de julio lleva la firma del titular de la institución, Jhoner Quispe Romani.

El pedido

A través de su cuenta de Facebook, el pasado 7 de julio, el congresista Varas publicó un video en el que exige al presidente José María Balcázar otorgar la gracia presidencial a Castillo. Aseguró que la libertad del exmandatario "no es un capricho, no es un favor y no es un privilegio".

"Es un pedido con sustento constitucional y legal que merece ser evaluado dentro del marco del Estado de derecho (...) Ya no queremos más injusticia con el expresidente", sostuvo.

"Usted (José María Balcázar) puede dar la gracia presidencial; ya lo hemos gestionado, lo hemos pedido desde mi despacho. Tiene que ejercer la gracia presidencial, el retiro del penal del expresidente Castillo. Por ello, en sus manos está abrir el camino a la justicia, a la dignidad y, sobre todo, a la reconciliación nacional", agregó.

Presiones

Una de las presiones a Balcázar vino desde el Congreso. Rospigliosi calificó como "ilegal" un eventual indulto a Castillo y aseguró que ello traería responsabilidades legales.

"Sería ilegal cualquier tipo de indulto a Pedro Castillo. Yo espero que eso no vaya a ocurrir. Quien haga eso tendrá responsabilidades legales muy serias", dijo.

Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, se mostró en contra del indulto y calificó a Castillo como un "traidor de la Constitución". "A ese traidor de la Constitución no se le puede indultar por la salud de la República. Le invoco al señor Balcázar que no malogre su carrera política con ese baldón", expresó en un medio local.

Durante una entrevista con RPP el último miércoles 22 de julio, Pacheco señaló que los magistrados aún deben concluir el debate del caso, emitir sus votos y exponer su postura antes de que la institución publique el fallo.

"El deseo del pleno es también resolver este caso pronto porque ya ha tenido audiencia y es una situación distinta a la actual (sobre el caso de Vladimir Cerrón). Confío porque es el deseo de todos, como decía, que este caso también se termine de debatir, emitir los votos y publicar cuanto antes (...) Yo espero que sea antes de fin de mes", comentó.

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Luego, acotó: "Ojalá. Los temas de libertad son temas delicados, aunque tengamos miles de casos de libertad también. Por eso es que yo creo que no podemos hacer, para unos, una medida y, para otros, otra medida. Son tareas delicadas que tenemos entre manos".

En el recurso presentado, la defensa de Humala sostiene que el caso por el que fue condenado en primera instancia —los aportes ilícitos recibidos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011— es idéntico al caso Cócteles, que involucró a Keiko Fujimori y que fue archivado por el TC. Según el argumento de la defensa, el máximo intérprete de la Constitución determinó que, en la época en que se realizaron dichos aportes, estos no constituían un delito.

Al respecto, Pacheco recordó que votó en contra de archivar el caso Cócteles. Asimismo, indicó que deberá analizar el recurso de Humala. "En el caso del señor Humala, hay que ver, yo tengo que analizar si realmente es idéntico o no es idéntico, pero, como digo, yo tuve un voto en minoría", explicó.

Por otro lado, Pacheco resaltó el comportamiento de Ollanta a diferencia de Cerrón, quien permaneció prófugo de la justicia por casi 3 años. "Alguien ha dado un ejemplo de cómo tiene que actuar un ciudadano responsable y que cree en la democracia. A mí me parece que lo que ha hecho el señor Humala es demostrarnos que hay que obedecer a las autoridades; si no, esto es un desastre", expresó.

En diálogo con La República, Sagasti calificó el hecho como “una majadería, impertinencia y desplante indigno de un presidente del Congreso de la República”.

“Fuera de mezquindad, no me imagino otra explicación”, declaró.

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Asimismo, el exjefe de Estado planteó las medidas que debería tomar Balcázar frente a las exigencias de Rospigliosi. “Si él insiste en esta conducta absurda, el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, debería instruirle que vaya a recoger la banda al Despacho Presidencial el 28 de julio a las 9.00 a. m. Es la respuesta que se merecería”, recomendó.

Por otro lado, Sagasti recordó lo vivido al término de su mandato en 2021 cuando la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le impidió ingresar al hemiciclo.

Sobre el tema, sostuvo que aquello no fue solo un error, sino una ruptura del protocolo establecido y de las buenas relaciones entre dos poderes del Estado, así como una falta de respeto al presidente de la República, quien, de acuerdo con la Constitución, es el jefe del Estado y personifica a la Nación (art. 110).

En cuanto a la controversia sobre si el mandato de Balcázar concluye con el periodo congresal, el 26 de julio, o con el presidencial, el 28 de julio, Sagasti recordó que el artículo 115 de la Constitución Política establece que, ante la ausencia de los dos vicepresidentes, corresponde al presidente del Congreso asumir la jefatura del Estado.

El exmandatario sostuvo que dicha disposición establece que el titular del Parlamento ejerce la Presidencia de la República con plenas atribuciones y durante todo el tiempo que resta del mandato presidencial, es decir, hasta el 28 de julio.

“Sí, vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos que nos están entregando el estado de manera catastrófica, los primeros informes que han ido llegando es realmente desolador”, señaló.

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La contradicción entre el discurso de la presidenta electa y el historial legislativo de su partido no es menor. Fuerza Popular integró los bloques que vacaron a Castillo y a Boluarte, dos de los gobiernos que ahora Fujimori incluye entre los responsables del estado en que recibe el país. Su bancada, en cambio, respaldó la continuidad de Jerí hasta el final.

Fujimori describió el contenido de los informes que recibe su equipo como "muy triste". Habló en particular de obras paralizadas, entre ellas hospitales, y adelantó que su gabinete comunicará estos hallazgos de forma periódica desde el 29 de julio, día de su primer consejo de ministros.

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“Esas noticias tan difíciles a partir del 29 de julio. Los futuros ministros van a ir contando junto con los periodistas vamos a ir transmitiendo estos hallazgos y cuales son los cambios que vamos a hacer para mejorar el Estado”, indicó.

La lideresa fujimorista también anunció medidas frente al Fenómeno El Niño y descartó cambios a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), un rumor que circuló entre trabajadores en las últimas semanas.

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Los votos de Fuerza Popular en las vacancias de Castillo y Boluarte

Fuerza Popular integró el bloque de bancadas que respaldó la vacancia contra Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, horas después de que el entonces presidente anunciara su intento fallido de disolución del Congreso. El pleno aprobó la destitución con 101 votos a favor, seis en contra y diez abstenciones, por la causal de "permanente incapacidad moral" contemplada en el artículo 113 de la Constitución.

Casi tres años después, en octubre de 2025, Fuerza Popular volvió a votar a favor de una vacancia presidencial. La bancada respaldó la destitución de Dina Boluarte un día después del atentado contra la agrupación Agua Marina en Chorrillos, y argumentó que el gobierno no había tomado medidas efectivas contra la criminalidad pese a contar con facultades legislativas. El Congreso aprobó la vacancia con al menos 118 votos a favor.

Ambos votos marcan un patrón: Fuerza Popular ha respaldado dos de las tres salidas presidenciales que Perú registró entre 2022 y 2026. Ese historial contrasta con el reclamo que Keiko Fujimori dirigió este miércoles contra "los últimos gobiernos", una categoría que incluye justamente a los mandatarios que su propia bancada ayudó a remover del poder.

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La postura distinta frente a la salida de José Jerí

Fuerza Popular rompió ese patrón en febrero de 2026, cuando el Congreso debatió la censura contra José Jerí por los casos conocidos como Chifagate y las contrataciones cuestionadas en el Despacho Presidencial. A diferencia de lo ocurrido con Castillo y Boluarte, la bancada fujimorista optó por respaldar la continuidad de Jerí en el cargo.

La censura contra Jerí se aprobó de todos modos con 75 votos a favor, impulsada principalmente por Renovación Popular y el Bloque Democrático Popular. Fuerza Popular figuró entre los pocos grupos que votaron en contra de su salida, junto a algunos integrantes del propio partido de Jerí. El resultado activó el mecanismo de sucesión constitucional que llevó a José Balcázar a la Presidencia.

Esa postura distingue el caso de Jerí de los otros dos episodios. Mientras Fuerza Popular impulsó y votó las vacancias contra Castillo y Boluarte, defendió al mandatario que las encuestas y buena parte del Congreso ya cuestionaban antes de su remoción. Keiko Fujimori, de hecho, responsabilizó después a Rafael López Aliaga por el escenario que calificó de "caos" tras la salida de Jerí.

La fiscal encabeza la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional especializada en Derechos Humanos. Rospigliosi la acusa de no aplicar la Ley 32107, norma que él mismo impulsó en el Congreso y que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad.

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En el documento, el presidente del Congreso sostiene que Quico transgredió el principio de legalidad penal. Asegura también que la fiscal desacató disposiciones del Tribunal Constitucional. El texto agrega que el dictamen acusatorio contra Rivero Lazo carece de motivación jurídica suficiente. Con esos argumentos, pide que se le aplique la sanción máxima prevista en el artículo 154 de la Constitución.

Rivero Lazo fue condenado por el caso Barrios Altos y cumplió parte de una sentencia de entre 15 y 20 años de prisión. El TC ordenó su liberación tras considerar que hubo exceso de carcelería. Meses después, la expresidenta Dina Boluarte lo recibió en Palacio de Gobierno. Ahí promulgó otra norma, la Ley 32419, que otorga amnistía a militares, policías y rondas campesinas procesados por el conflicto armado.

Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas del conflicto armado interno cuestionan ambas leyes desde su aprobación. Las califican como normas de impunidad para responsables de graves violaciones ocurridas entre 1980 y 2000. Más de cien procesados por casos similares ya pidieron acogerse a estos beneficios. Hasta setiembre, más de la mitad de esas solicitudes fueron rechazadas por el sistema judicial.

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Rospigliosi acumula denuncias contra jueces que aplican control difuso

El caso de la fiscal Quico no es un hecho aislado. Rospigliosi ya denunció antes a otros dos jueces por el mismo motivo: usar el control difuso para no aplicar la Ley 32107 en procesos contra militares y policías.

El primero fue Richard Concepción Carhuancho, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Rospigliosi pidió su destitución en agosto de 2025. El magistrado había declarado inaplicable la ley en el caso de un coronel en retiro procesado por el homicidio de siete personas en Ayacucho, en 1984. La JNJ abrió proceso disciplinario y lo suspendió por seis meses en junio de 2026.

El segundo fue Jorge Chávez Tamariz, juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Rospigliosi lo denunció junto al congresista Jorge Montoya en marzo de 2026. El magistrado había inaplicado la ley en un proceso contra expolicías por un caso de 1983. La JNJ notificó el inicio de la investigación disciplinaria el 20 de mayo. Un voto en discordia dentro de la propia JNJ pidió antes revisar si existían ya actuaciones disciplinarias sobre los mismos hechos.

En ambos casos, los jueces sustentaron su decisión en tratados internacionales de derechos humanos. Sostuvieron que la Ley 32107 contraviene la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Rospigliosi respondió calificándolos de "politizados" y "prevaricadores" en sus redes sociales.

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Presión directa sobre jueces antes de sus fallos

Rospigliosi no espera siempre a una resolución para actuar. En enero de 2026 se conectó como público a la audiencia virtual del caso Cayara, donde tres jueces de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria debían decidir si aplicaban la ley a militares acusados de matar a más de 30 comuneros en Ayacucho, en 1988.

Antes de la audiencia, advirtió en redes que los magistrados tenían "pésimos antecedentes" y que, si no acataban la norma, "deberían ser detenidos allí mismo, en flagrancia, y enviados a prisión". Los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata rechazaron finalmente el pedido de prescripción. Rospigliosi los llamó "politizados y prevaricadores" y pidió "barrer" el sistema judicial.

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La Corte Suprema respondió con un comunicado público. Rechazó cualquier intento de condicionar decisiones judiciales o de usar el poder político para presionar a los magistrados. Advirtió que ese tipo de interferencia destruye el sistema de justicia y perjudica directamente a la ciudadanía.

Familiares de las víctimas de Cayara denunciaron penalmente a Rospigliosi por presión indebida contra los jueces. El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, archivó esa denuncia el 24 de febrero de 2026, poco más de un mes después de presentada.

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Un patrón que se repite antes cada fallo pendiente

Rospigliosi también denunció ante la JNJ a la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, aunque por un motivo distinto: había dejado sin efecto artículos de la Ley APCI, conocida como ley anti-ONG. La acusó de "desacatar" una norma aprobada por el Congreso.

El patrón se repite en cada caso: un juez o fiscal aplica estándares internacionales de derechos humanos, Rospigliosi lo acusa de prevaricato en público, y después presenta una denuncia formal ante la JNJ pidiendo su destitución. En paralelo, en marzo de 2026 presentó un proyecto de ley para tipificar los delitos de lesa humanidad recién a partir de este año, lo que especialistas consultados por este diario calificaron como un intento adicional de dejar sin efecto los procesos en curso.

Rospigliosi explica en el oficio que la entrega de la banda puede producirse en cualquier momento entre la fecha inicial señalada y el inicio de la ceremonia del 28 de julio. Aclara, además, que ese acto no tiene ningún efecto sobre la continuidad del cargo presidencial.

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La aclaración corrige el oficio enviado el martes 22 de julio. Ese primer documento generó una fuerte controversia porque establecía que el periodo constitucional de Balcázar culminaba el 26 de julio, dos días antes del cambio de mando. Constitucionalistas y excongresistas advirtieron que esa interpretación dejaba al país sin jefe de Estado durante 48 horas aproximadamente

El también senador electo respaldó su nueva postura en una publicación en su cuenta de X. Ahí afirmó que no existirá ningún vacío de poder durante la transición. El anuncio se da a solo cinco días de que Keiko Fujimori jure como presidenta constitucional para el periodo 2026-2031.

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Constitucionalistas cuestionaron el sustento constitucional del pedido inicial de Rospigliosi

Las constitucionalistas Ana Lucía Puente y María Antonieta Gonzáles señalaron a La República que el pedido original de Rospigliosi carece de sustento en la Constitución. Puente explicó que, según el artículo 116, el presidente electo jura y asume el cargo recién el 28 de julio. Agregó, además, que el presidente del Congreso no tiene atribuciones para exigir la entrega anticipada de la banda presidencial, pues esa facultad no figura ni en la Ley Orgánica ni en el Reglamento del Parlamento.

Gonzáles, por su parte, puso el acento en el artículo 112. Recordó que el mandato presidencial dura cinco años exactos, del 28 de julio de 2021 al 28 de julio de 2026, y que ese periodo corresponde al cargo, no a la persona que lo ejerce en cada momento. Balcázar, sostuvo, ejerce la Presidencia por sucesión constitucional desde su condición de titular del Congreso. Bajo esa lectura, no existe ningún vacío legal que respalde un cese anticipado.

Ambas especialistas también recordaron un antecedente que consideran negativo. En 2021, el Congreso impidió que Francisco Sagasti entregara la banda presidencial a Pedro Castillo, entonces presidente electo. Gonzáles calificó ese episodio como "pésimo" y advirtió que Fernando Rospigliosi intenta repetir una lógica similar con José María Balcázar, pese a que ese precedente ya generó cuestionamientos por su falta de respaldo legal.

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El pedido original de Balcázar y la respuesta del Congreso

José María Balcázar envió un oficio el 21 de julio, un día antes de la respuesta de Rospigliosi. En el documento pidió las facilidades institucionales necesarias para que la entrega de la banda presidencial coincida con el acto de investidura del 28 de julio. El mandatario enmarcó su solicitud en la salvaguarda de la institucionalidad democrática del país y pidió disposiciones concretas para garantizar el normal desarrollo de la ceremonia.

La respuesta del Congreso llegó apenas 24 horas después. Rospigliosi contestó que, según el ordenamiento constitucional y los precedentes parlamentarios, el mandato presidencial que ejerce Balcázar culmina el 26 de julio, dos días antes de lo solicitado. Esa fue la primera versión oficial del Congreso sobre el fin del gobierno de Balcázar, antes de que Rospigliosi la corrigiera con el oficio de precisión.

Puente recordó que en el pasado ya se han presentado situaciones en las que mandatarios que asumieron el cargo por sucesión constitucional fueron quienes entregaron la banda presidencial.

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"Esta situación se ha repetido también con presidentes que han asumido la Presidencia de forma 'interina' (por sucesión constitucional) hasta realizar elecciones, como ocurrió con el expresidente Valentín Paniagua. No solo llama la atención esta solicitud en sí misma debido al cuestionamiento de su constitucionalidad, sino además la persona que la realiza, ya que el presidente del Congreso no tiene la facultad de formular este tipo de pedidos, de acuerdo con la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso, lo cual responde al principio de separación de poderes", indicó.

Para Puente, la solicitud resulta cuestionable no solo por su posible falta de constitucionalidad, sino también porque proviene del presidente del Congreso, quien —según sostuvo— carece de atribuciones para formular este tipo de requerimientos.

"El presidente Balcázar es actualmente presidente de la República en virtud de su condición de presidente del Congreso. Ello no implica que se encuentre subordinado a lo que el presidente del Congreso determine como titular de este órgano constitucional al que él formalmente aún pertenece. Desde mi opinión jurídica, esta situación inédita no se ajusta a la Constitución ni a la ley y desconoce, como debemos recordar, que las instituciones públicas deben acogerse al principio de legalidad y respetar los mandatos constitucionales y legales establecidos, en este caso, para la transferencia del mando", apuntó.

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Se responde al cargo, no a la persona

Por su parte, Gonzáles recordó que el artículo 112 de la Constitución establece que el mandato presidencial dura cinco años, del 28 de julio de 2021 al 28 de julio de 2026. La constitucionalista hizo especial énfasis en que ese mandato corresponde al cargo y no a la persona que lo ejerce en un determinado momento.

"No es que haya un presidente a medias, sino que Balcázar, al ser presidente del Congreso, de acuerdo con la misma Constitución, pasa a ser presidente por sucesión constitucional. Entonces, las funciones que ejerce Balcázar corresponden al cargo desde que asume esa sucesión constitucional. (…) Si hacemos una revisión sistemática y unificada de la Constitución, no hay un vacío legal. De lo contrario, aceptar lo que pedía el señor Rospigliosi en su documento, es decir, que entregue la banda porque ya terminó su mandato, generaría un vacío de poder que la Constitución no contempla. La Constitución es clara: el mandato concluye el 28 de julio".

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Gonzáles también cuestionó las acciones emprendidas por el titular del Parlamento. La constitucionalista recordó lo ocurrido durante la ceremonia de juramentación presidencial del 28 de julio de 2021, cuando se impidió que Francisco Sagasti entregara la banda presidencial al entonces presidente electo, Pedro Castillo.

"No hay una razón ni legal ni constitucional para haber hecho eso. (…) Como antecedente es pésimo. En el caso de Sagasti, me parece que fue un muy mal precedente negar a un presidente la posibilidad de entregar la banda presidencial, tal como lo establece la Constitución. Ese precedente lo estableció este Congreso, el mismo Congreso que ha sido el peor valorado por la ciudadanía, el que ha atravesado mayores crisis de legitimidad y que hoy le dice al actual presidente: 'No, tú no puedes entregar la banda'".

El pedido de Rospigliosi a Balcázar

En su calidad de presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi remitió un oficio a José María Balcázar en el que le exige culminar su mandato el domingo 26 de julio. Además, le informó que deberá presentarse el 27 de julio, a las 9.00 a. m., ante la Presidencia del Parlamento para realizar la entrega de la banda presidencial. El documento fue recibido en Palacio de Gobierno el 22 de julio, según consta en el sello de ingreso del Despacho Presidencial.

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Un día antes, José María Balcázar había enviado un oficio al presidente del Congreso en el que solicitaba las facilidades necesarias para entregar la banda presidencial el próximo 28 de julio.

"De esta manera, y en salvaguarda de la institucionalidad democrática del país, solicito se establezcan las disposiciones pertinentes, a fin de garantizar el normal desarrollo del acto de investidura presidencial el día 28 de julio de 2026", señala el documento remitido por el mandatario.

Los demás investigados son: Milagros Ferreyra Ahuanari, Francisco Ferreyra Ahuanari, Carlos Antonio Tello Ferreyra, Néstor Pérez Fachin y Gróbel Jesús Panaifo Pacaya. Los dos primeros son hermanos de la ex precandidata a diputada.

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Todo inició cuando el último 2 de julio, el 5to Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado en parte el requerimiento realizado por la Fiscalía y ordenó la detención preliminar contra los referidos por los presuntos delitos de organización criminal, contrabando y tráfico de mercancías prohibidas o restringidas.

En vista de ello, la defensa de las hermanas Ferreyra Ahuanari y Carlos Tello interpuso un recurso de apelación contra la orden judicial solicitando que revoque y declare infundado el pedido fiscal. Además, pidió que se declare la nulidad por “vulnerar el derecho a la debida motivación, principio de proporcionalidad e imputación necesaria”.

Defensa de Lita Ferreyra alega falta de pruebas

Sobre Lita Ferreyra, la defensa menciona que se le atribuye un rol de "soporte financiero y logístico" dentro de la presunta organización criminal “basándose en una calificación genérica”, pues no se identifican operaciones financieras, movimientos bancarios, transferencias de dinero ni actos de coordinación logísticos concretos.

Tampoco se individualizan fechas, lugares, montos ni personas específicas con las que la ex precandidata a diputada habría interactuado para cumplir dicho rol.

En ese sentido, considera que la imputación fiscal no es concreta y no presenta actos objetivos sobre el supuesto rol de Lita en la presunta organización criminal.

También señaló que la Fiscalía alegó el peligro de fuga basándose únicamente en la gravedad de la pena y que es “natural” que la persona huya. Pese a ello, sostiene, el juez se adhirió a ello y no explicó cómo los elementos de convicción superan el estándar para restringir la libertad.

Otros argumentos

Por otro lado, la defensa argumento errores en la redacción de la resolución “como referirse a "ocho (11) investigados", "diecisiete (15) inmuebles" (cuando el número en cifras es 15) y "seis (5) vehículos", lo cual evidenciaría el uso de plantillas estandarizadas sin una revisión rigurosa de los hechos.

También, sostiene que el juzgado no realizó un examen crítico e individualizado de los elementos de convicción para cada investigado y solo repitió lo presentado por la Fiscalía.

Dicha falta de delimitación en la resolución provocó que el Ministerio Público incaute bienes, como joyas, que no estaban individualizados ni específicamente autorizados en el mandato judicial.

Además, sostiene que se emplean “frases genéricas y fórmulas estereotipadas para justificar la restricción de la libertad y la inviolabilidad del domicilio”.

“La resolución no exterioriza las razones objetivas ni los actos concretos que vincularían a sus patrocinados con la organización criminal, y que se incurre en uso de presunciones genéricas sobre el peligro de fuga, para fundamentar la gravedad de la pena como una "acción natural de todo ser humano" para huir, convirtiendo una hipótesis en una presunción general que vacía de contenido el análisis del peligro procesal”, se lee.

Sobre el caso

La Fiscalía sostiene que la presunta organización criminal opera desde el 2023 y es liderada por Milagros Ferreyra Ahuanari, llamada como "Milagros", "Milo" o "La Jefa", quien “dirige, planifica y financia las actividades ilícitas”. Francisco Ferreyra Ahuanari ‘Panchin’ cumple el rol de lugarteniente y los demás miembros tienen roles como acopiadores, transportistas y responsables del soporte logístico y documental, como: Lita Lisenia Ferreyra Ahuanari y Néstor Pérez Fachin.

Según la hipótesis fiscal, las supuestas operaciones de la organización abarcan las regiones de Loreto y Lima, con exportaciones internacionales dirigidas principalmente a mercados asiáticos como China, Hong Kong, Taiwán e Indonesia, así como a los Estados Unidos.

El primer paso, explican, era la adquisición ilícita de especies provenientes, en mayor medida, en zonas aledañas a la Reserva Nacional Pacaya Samiria en Loreto. Luego, se trasladaban los animales a centros de acopio ubicados en Iquitos y Lima. Después, de forma fraudulenta se acreditaba que las especies habían nacido en cautiverio en zoocriaderos autorizados. Finalmente, eran enviados al extranjero eludiendo controles aduaneros.

Al respecto, la defensa de las hermanas Ferreira Ahuanari y Carlos Tello Ferreira señalan la ausencia de individualización de los supuestos delitos, pues sostiene que "sus clientes “solo son mencionados por terceros en escuchas telefónicas sin participación directa en los hechos”.

Además, califica de ilógica la decisión judicial, pues las constataciones policiales y la ficha RENIEC confirman que los imputados poseen un sólido arraigo domiciliario, familiar y laboral en la ciudad de Iquitos.

Parte del audio al que hace referencia la defensa fue presentado en una entrega de La República. En la conversación se escucha una coordinación entre un traficante de especies y las investigadas para obtener ejemplares de lagartos y tortugas.

El pedido se realiza debido a que la CIDH observa con preocupación la apertura de procedimientos disciplinarios contra operadores de justicia.

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Como referencia, menciona que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a iniciativa de congresistas, habría iniciado acciones disciplinarias contra personas juzgadoras de primera instancia y de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema por haber ejercido el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad.

Incluso, algunas de ellas fueron suspendidas temporalmente de sus cargos, alertan.

Observaron que este tratamiento se dio a quienes inaplicaron disposiciones sobre la prescripción de crímenes de lesa humanidad o la ley de amnistía, o revisaron actuaciones de otros poderes u órganos del Estado, por considerarlas incompatibles con la Constitución del Perú o con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Estos procedimientos disciplinarios estarían generando un efecto intimidatorio dentro del Poder Judicial, inhibiendo o desalentando el ejercicio legítimo del control de convencionalidad por temor a enfrentar investigaciones, suspensiones o eventuales destituciones, anota la CIDH.

Procesos reabiertos por la JNJ

También notaron que, en algunos casos, se trata de procedimientos que estarían siendo reabiertos por la JNJ pese a haber sido previamente desestimados por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial.

Los procedimientos disciplinarios y suspensiones impactarían directamente en el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, cuyos procesos llevan los operadores de justicia sancionados, mencionaron.

Por ello, recordaron que, teniendo en cuenta los casos de graves violaciones de derechos humanos, han instado al Estado peruano a derogar la Ley de prescripción y abstenerse de aplicarla por ser contraria a los estándares interamericanos en materia de investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, han cuestionado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró su constitucionalidad y observó con preocupación la adopción de la Ley de Amnistía en 2025.

También, la Corte Interamericana ha pedido al Estado garantizar que "ambas normas no obstaculicen la investigación, el juzgamiento y la sanción de graves violaciones de derechos humanos, así como a abstenerse de tomar acciones puedan afectar el adecuado control jurisdiccional respecto de ellas".

A pesar de todo ello, se estarían realizando estas medidas disciplinarias contra los operadores de justicia aun cuando el Gobierno había asegurado a la CIDH y Corte IDH de que la facultad de realizar un control de convencionalidad sobre las referidas normas podría ejercerse sin temor a represalias.

"Preocupa que estas medidas puedan estar siendo utilizadas para favorecer escenarios de impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado", precisaron.

El Estado sostuvo que mantiene su compromiso con la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la preservación de la independencia del sistema de justicia en el Perú. En ese sentido, indicó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es un órgano constitucional autónomo que ejerce sus funciones sin interferencias y que, en virtud de sus atribuciones, puede imponer sanciones de destitución a jueces y fiscales de cualquier instancia.

Asimismo, precisó que el marco normativo peruano permite a los operadores de justicia realizar control judicial cuando consideran que una norma o un acto contraviene la Constitución o los tratados internacionales, mecanismo que ha dado lugar a la inaplicación de la Ley N.º 32017 en diversos procesos.

CIDH observa que procesos disciplinarios serían usados para amedrentar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que esta situación se desarrolla en un escenario regional caracterizado por un incremento de las presiones y ataques contra la independencia judicial, mediante el uso de procesos disciplinarios y otros mecanismos de control con fines de intimidación o sanción hacia jueces y fiscales.

En ese contexto, recordó que las investigaciones disciplinarias deben sustentarse en criterios objetivos previamente establecidos por ley y respetar las garantías del debido proceso.

También enfatizó que estos procedimientos no deben emplearse para cuestionar el contenido de las decisiones judiciales, ejercer presiones indebidas sobre quienes administran justicia, sancionar resoluciones emitidas en el ejercicio legítimo de sus funciones ni separar a magistrados por el sentido de sus fallos.

Finalmente, la CIDH exhortó al Estado peruano a asegurar que jueces y fiscales puedan desempeñar sus labores con independencia e imparcialidad, sin sufrir presiones, amenazas o interferencias provenientes de otros poderes públicos o de cualquier otro actor.

El organismo subrayó que la independencia judicial es un principio esencial del Estado de derecho y una condición indispensable para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos humanos.