Fujimori no descartó, sin embargo, haberse cruzado en algún momento con Fernando Cerimedo, protagonista de un escándalo internacional: su expareja, la boliviana Nadia Beller, después de haber sido herida de bala por dos sicarios, lo acusó de haber sido el autor intelectual del atentado.

Desde entonces, Beller difundió información de que Cerimedo trabajó para varios candidatos latinoamericanos de derecha, y logró el triunfo de algunos, diseñando y dirigiendo campañas de desprestigio contra los opositores a sus clientes mediante la difusión de mentiras por las redes sociales.

"Su presencia en el Perú no sé a qué corresponde. Habría que preguntárselo a él. Seguro lo habré saludado en algún sitio, pero no tengo ninguna comunicación ni relación con él", apuntó Fujimori.

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Muy probablemente esa ocasión pudo haber sido el martes 10 de febrero de este año, cuando fue una de las invitadas estrella de la Gala de la Prosperidad Hispana, que se celebró en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

En la velada Fernando Cerimedo recibió el premio 'Consultor Político Hispano del Año' y ofreció un breve discurso de agradecimiento.

Una fuente de La República que estuvo en la gala compartió una fotografía en la que aparece Keiko Fujimori en compañía de su amigo y asesor, el financiero argentino Damián Valenzuela Mayer. Como informó este periódico, Valenzuela viajó 16 veces a Lima durante la campaña presidencial de la excandidata Keiko Fujimori, entre 2025 y 2026.

Consultado por este diario, Damián Valenzuela confirmó que asistió a la Gala de la Prosperidad Hispana.

En la imagen también se aprecia al consultor argentino Adrián 'Andy' Rivas, amigo de Fernando Cerimedo, con quien asesoró al candidato presidencial Santiago Peña, quien ganó las elecciones en Paraguay.

En la misma toma se observa a una persona con las características físicas de Fernando Cerimedo. La fuente de este diario que compartió la foto señaló que sí era el operador argentino. Pero cuando se le consultó a Damián Valenzuela, este evitó confirmar la identidad del personaje.

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Aunque Keiko Fujimori asegura no haber mantenido contacto con Fernando Cerimedo, sí lo ha tenido con otros personajes cercanos al consultor argentino, preso en Bolivia por el presunto intento de asesinato de su expareja Nadia Beller.

Por ejemplo, el director del periódico digital La Derecha Diario, el periodista español Javier Negre, se fotografió con Keiko Fujimori en la gala de Mar-a-Lago. Y también llegó a Lima para la juramentación de la presidenta, ocasión en la que volvió a retratarse. Negre es socio comprobado de Fernando Cerimedo.

Como se mencionó, en la foto de Keiko Fujimori con Damián Valenzuela también se distingue al consultor argentino Andrés 'Andy' Rivas, extremadamente cercano a Fernando Cerimedo. Pero hay un detalle adicional. Rivas es representante en Uruguay del Centro de Estudios Adam Smith para la Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

El presidente del Centro Adam Smith es otro amigo de Fernando Cerimedo, el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo.

El exfuncionario del primer mandato del gobierno de Donald Trump, además de haber contratado a Keiko Fujimori para dictar clases en el Centro Adam Smith, por US$45 mil al año, es asesor y amigo de la jefa de Estado. Lo ha declarado públicamente.

El otro asesor de Keiko Fujimori, el argentino Damián Valenzuela, ratificó a este diario que no le une amistad con Fernando Cerimedo. Sin embargo, sí mantiene vínculo amical de varios años con Carlos Díaz-Rosillo, quien asesora a la presidenta.

Pero, a diferencia de Valenzuela, Díaz-Rosillo no ha explicado el vínculo estrecho con Fernando Cerimedo.

La República ha obtenido fotografías de Carlos Díaz-Rosillo en compañía del operador político argentino Fernando Cerimedo, imágenes que confirman un lazo muy íntimo que el asesor de Keiko Fujimori debería explicar.

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¿Quién es la mujer que aparece en la foto con Cerimedo?

El consultor Fernando Cerimedo no le dijo la verdad a su exnovia Nadia Beller cuando le envió una fotografía de la reunión que sostuvo con un supuesto contacto del equipo de Keiko Fujimori, el 28 de julio de este año, en el hotel Marriott, de Miraflores.

En comunicación con este diario, la consultora Giselle Giannotti Grados afirmó que la empresa estadounidense para la que trabaja, y que dirige Brad Parscale, le indicó que atendiera a Cerimedo, quien buscaba adquirir unas licencias de Inteligencia Artificial.

Cuando Cerimedo llegó al Perú, le invita un café a Giannotti para conversar, ella accedió y se produjo la reunión en el Marriott.

La República contactó con Nadia Beller y declaró que Cerimedo, cuando se encontraba en Lima el 28 de julio -acompañando a la comitiva del presidente boliviano Rodrigo Paz-, le envió una fotografía en la que aparecía junto a una mujer que no identificó, quien supuestamente era una política y que estaba vinculada con Keiko Fujimori. Cerimedo nunca le dijo su nombre.

Giselle Giannotti indicó:

"Yo no conozco a Keiko Fujimori. Tampoco a ninguno de los de su entorno. No he participado en ninguna campaña presidencial. No hago política", explicó.

"(Cerimedo) me usó de pantalla. Se sacó una foto conmigo y le ha dicho a la novia: esta es una política del Perú, la que conoce a Keiko Fujimori, es mi vínculo. No sé qué cosa le ha dicho. Ese es un problema entre él (Cerimedo) y ella (Beller)", apuntó.

Para validar que no se trató de un “encuentro político”, Giannotti compartió un pantallazo del mensaje que le remitió Fernando Cerimedo, agradeciéndole por la conversación: "¡Qué placer conocerte!".

Lo que indicaría que era la primera vez que se conocían.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

La pesquisa, desarrollada desde 2019 y que derivó en un megaoperativo en 2020, investigó cómo cargamentos de mineral extraído presuntamente de manera ilegal podían ingresar al circuito comercial mediante documentación de personas y empresas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Entre los documentos identificados durante las pesquisas figuraban los de Matwork, empresa vinculada a Lara Tantaquilla. De acuerdo con una investigación de Mongabay Latam, en marzo de 2019 se utilizaron documentos de esta compañía para sustentar el traslado de 17 toneladas de mineral aurífero.

El antecedente cobra relevancia tras el secuestro del empresario, quien fue interceptado por sujetos armados en la avenida Húsares de Junín. En el ataque fueron asesinadas cuatro personas que lo acompañaban. La Policía maneja, entre sus hipótesis, la posible participación de la organización criminal Los Pulpos, aunque las investigaciones continúan.

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El nombre de Lara apareció en el caso Los Topos del Frío

La investigación contra Los Topos del Frío permitió reconstruir una cadena que comenzaba con la extracción de mineral en zonas de Pataz y continuaba con su traslado hacia centros de almacenamiento y plantas de beneficio en distintas regiones.

El objetivo de las autoridades era determinar cómo el oro de procedencia cuestionada podía adquirir una apariencia de legalidad antes de ingresar al mercado formal y, eventualmente, ser exportado.

En ese contexto apareció Jenss Lara Tantaquilla, quien figuraba inscrito en el Reinfo con dos concesiones ubicadas en el distrito de Chillia, en Pataz. Su empresa Matwork también quedó mencionada en la documentación revisada por los investigadores.

Según la investigación de Mongabay Latam, una carga de 17 toneladas de mineral aurífero fue movilizada en marzo de 2019 utilizando documentos de Matwork. Sin embargo, las autoridades encontraron una diferencia entre las concesiones consignadas en los papeles y el lugar desde donde había partido el mineral.

Las verificaciones realizadas posteriormente en algunas de las concesiones declaradas no encontraron actividad minera que permitiera explicar la procedencia de los cargamentos investigados. La hipótesis fiscal era que inscripciones existentes en el Reinfo podían ser utilizadas para sustentar documentalmente el origen de mineral extraído de otros puntos.

Es importante precisar que la aparición de Lara Tantaquilla y de los documentos de Matwork en aquella investigación no demuestra por sí misma que el empresario haya integrado Los Topos del Frío ni que haya participado en la extracción ilegal del oro. Tampoco se señala que haya sido uno de los detenidos durante el megaoperativo de 2020.

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Una investigación que llegó hasta la devolución de barras de oro

El caso de Los Topos del Frío no terminó con las primeras intervenciones policiales. La investigación continuó alrededor del origen y la propiedad de varias barras de oro incautadas durante el operativo.

Las autoridades habían incautado nueve barras de oro con un peso conjunto de 121,2 kilogramos, mientras se investigaba si el metal formaba parte de una cadena de comercialización de oro extraído ilegalmente.

Posteriormente, parte del metal fue reclamada por empresas que sostuvieron que había sido adquirido a mineros en proceso de formalización y que contaba con documentación que respaldaba su comercialización.

El proceso de devolución del oro terminó convirtiéndose en otro capítulo de la investigación y alcanzó a personajes ajenos al sector minero.

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¿Qué tiene que ver Andrés Hurtado con el caso?

El expediente adquirió notoriedad nacional debido a las investigaciones que involucraron al conductor de televisión Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, en las gestiones relacionadas con la devolución de parte del oro incautado.

Hurtado fue señalado por investigaciones fiscales como presunto intermediario en gestiones destinadas a favorecer a empresarios vinculados al caso. Una de las líneas investigadas estuvo relacionada con un supuesto pago de US$1 millón para facilitar la devolución del metal a la familia Miu Lei.

El caso de la devolución del oro terminó formando parte de las investigaciones que involucraron a Hurtado por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

Sin embargo, no existe en la información conocida una vinculación directa entre Jenss Lara Tantaquilla y Andrés Hurtado por este episodio. La relación está en el expediente más amplio de Los Topos del Frío: Lara aparece mencionado por los documentos de Matwork utilizados en el traslado de mineral, mientras que Hurtado fue posteriormente relacionado con las gestiones alrededor de la devolución de parte del oro incautado.

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El secuestro vuelve a poner el foco en Pataz

Lara Tantaquilla, natural de Chillia, Pataz, fue secuestrado durante un ataque perpetrado por sujetos armados que interceptaron la camioneta en la que se movilizaba.

Los delincuentes asesinaron a Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. De acuerdo con la información preliminar, dos de las víctimas formaban parte del personal de seguridad del empresario.

La Policía investiga si el ataque estuvo relacionado con las actividades económicas de Lara Tantaquilla y si los responsables conocían previamente sus desplazamientos y su entorno.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que entre las hipótesis se encuentra la posible participación de Los Pulpos o La Jauría. Hasta el momento, ninguna de estas organizaciones ha sido confirmada como responsable del secuestro.

Otro antecedente que deberá ser considerado por los investigadores es que un familiar del empresario también habría sido secuestrado anteriormente y liberado tras el pago de una fuerte suma de dinero.

La expareja de Cerimedo, la abogada boliviana Nadia Beller, afirmó a La República que el pasado 28 de julio el consejero mediático le remitió desde el hotel Marriott en Miraflores, una fotografía junto a una mujer que actuaba como enlace con Fujimori. Para corroborar su afirmación, Beller desde su celular remitió la imagen a este diario.

“Yo te acabo de mandar ahí una foto de una persona que entiendo que es política de tu país. Esa foto me la mandó (Fernando Cerimedo) el día de la posesión de Keiko (Fujimori)”, dijo Nadia Beller en una conversación grabada por este periódico.

De acuerdo con lo manifestado por Beller, la relación con el equipo fujimorista no era reciente, sino que comenzó en 2025, el año que arrancó la cuarta campaña presidencial de Fuerza Popular.

“(Cerimedo) me comentó de que alguien del equipo con el que él trabajó allá, quería que se reúna con esta señora (no identificada). Entiendo que esta señora es política (la de la fotografía), que fue parte de la campaña de Keiko (Fujimori). Y él (Cerimedo) desayunó con ella el día de la posesión (el 28 de julio). Esto fue en un hotel (Marriot) del Perú”, indicó Nadia Beller.

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Tras los pasos del operador

El movimiento migratorio de Fernando Cerimedo obtenido por La República ratifica lo expresado por Beller.

Nacido el primero de mayo de 1981 (44 años), Fernando Cerimedo ingresó al país por primera vez, procedente de Argentina, el 28 de diciembre de 2025, y se retiró el 30 del mismo mes.

No demoró demasiado en volver.

El 30 de octubre de 2025, Keiko Fujimori anunció su cuarta candidatura presidencial. Pocas semanas después, retornó. El 9 de noviembre de 2025 llegó a Lima desde Bolivia y el mismo día salió con dirección a Colombia. Lo mismo ocurrió el 9 de diciembre: arribó desde Bolivia y el mismo día dio la vuelta al país altiplánico, donde asesoraba al entonces candidato de derecha Rodrigo Paz Pereira.

Su siguiente visita fue el 27 de julio (aterrizó procedente de Bolivia) y salió el 28 de julio con el mismo destino, tal como señaló Nadia Beller.

El 17 de agosto del 2026, la abogada Nadia Beller acudió a un hotel de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, para recibir información relacionada a un caso que estaba investigando. Cuando llegó al punto del encuentro, dos sicarios le dispararon para quitarle la vida. Quedó herida por tres impactos de bala.

Beller acusó directamente a su expareja, de quien estaba embarazada. El incidente produjo la detención del consultor argentino y el allanamiento de varios inmuebles, entre los cuales se encontró una granja de trolls, que se dedicaban a difundir “fake news” desde cuentas simuladas para intoxicar las redes o generar tendencias de opinión con datos fraudulentos.

Nadia Beller ha declarado que partidos políticos solían contratar o reclutar a Fernando Cerimedo para desatar campañas en beneficio de candidatos de derecha y que se jactaba de los triunfos electorales de Rodrigo Paz, en Bolivia; de Nasry Asfura, en Honduras; Santiago Peña, en Paraguay; Javier Milei, en Argentina; y José Kast, en Chile, entre otros.

Al estallar el escándalo del intento de asesinato protagonizado por Fernando Cerimedo en agravio de Nadia Beller, y al exponerse el papel del consejero argentino en las campañas presidenciales latinoamericanas de derecha, todos los mencionados negaron haber interactuado con este.

Cuando el viernes 21 de agosto la revista 'Hildebrandt en sus Trece' reveló que Keiko Fujimori tenía un asesor secreto, el financiero argentino Damián Valenzuela Mayer, La República le preguntó si conocía a Fernando Cerimedo y respondió negativamente.

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La punta de la madeja

Y respecto a otro de los consejeros de Fujimori, el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo, Valenzuela, por intermedio de su abogado David Torres Barreto contestó: “Carlos Díaz Rosillo y Damián Valenzuela se conocen desde hace tiempo, son amigos y mantienen entre ellos una relación de respeto profesional y académico. Ambos han coincidido y compartido distintos espacios con Keiko Fujimori, tanto en el ámbito de la amistad personal como durante su actividad académica”.

Pero resulta que Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, que le paga US$45 mil anuales a Keiko Fujimori por dictar conferencias, coincidió con Fernando Cerimedo y Damián Valenzuela en Lima para la juramentación de la nueva presidenta.

Los movimientos migratorios de Fernando Cerimedo, Carlos Díaz-Rosillo y Damián Valenzuela, así lo confirman. Los tres coincidieron en Lima. Y sí, se parece a la trama de una de las series de Netflix, como escribió Damián Valenzuela, solo que en este caso es una historia verdadera.

En este reparto de actores debe añadirse forzosamente al español Javier Negre, con quien Fernando Cerimedo fundó el periódico digital La Derecha Diario.

Durante la campaña presidencial, este medio publicó varios artículos a favor de la candidata Keiko Fujimori. Esto explicaría por qué Javier Negre fue uno de los invitados especiales de la juramentación presidencial, e incluso se tomó una fotografía con la mandataria.

Hay otro personaje que vincula a Fernando Cerimedo con el asesor de Keiko Fujimori, Carlos Díaz-Rosillo. El representante del Centro Adam Smith en Uruguay, que dirige Díaz-Rosillo, el argentino Andrés 'Andy' Rivas, es socio de Cerimedo.

Los vínculos son estrechos, evidentes y comprobados.

Con la confirmación del nexo entre Fernando Cerimedo y la campaña de Keiko Fujimori ya tenemos la punta de la madeja. Ahora sí.

La propia presidenta contribuyó al cruce de versiones. Este miércoles, Fujimori aseguró que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, no interrogó a los intervenidos. "El ministro Belaúnde no ha participado en ningún interrogatorio. Lo ha llevado la Policía", sostuvo, pese a las fotografías en las que aparece junto al comandante general Óscar Arriola durante las diligencias.

Sobre la ausencia del ministro del Interior, César Astudillo, en Trujillo, la mandataria explicó que se debió a un asunto personal. Dijo que fue ella quien autorizó que Belaúnde viajara a La Libertad.

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Versiones enfrentadas

Uno de los principales puntos de controversia es cómo terminó el secuestro. Belaúnde afirmó que los familiares de Lara entregaron dinero y que la Policía monitoreó esa operación para seguir la ruta monetaria y ubicar a los responsables.

El ministro del Interior, sin embargo, evitó confirmar que se haya pagado un rescate. Señaló que se trató de una liberación que pudo producirse por un pago o porque los secuestradores se sintieron cercados. El general Víctor Revoredo dijo desconocer si hubo pago y señaló que se respetaban las declaraciones de la familia. El padre de Jenss Lara, Eleuterio Lara, sostuvo que su hijo fue liberado mediante gestiones realizadas por la propia familia y sus contactos, pese a versiones de que habría pagado US$1 millón a captores. El hermano del empresario afirmó que ‘‘la Policía no hizo nada’’.

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Una investigación abierta

La PNP presentó a cinco personas como presuntos integrantes de la organización criminal Los Pulpos y vinculados al secuestro y homicidio. Según la hipótesis, cuatro habrían participado directamente en el ataque y otro habría cumplido funciones logísticas.

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina señaló que no hay elementos suficientes para afirmar que los detenidos sean los autores. La investigación tiene un plazo de 15 días.

Un perito antropólogo deberá comparar los rostros, contextura y estatura de los intervenidos con las imágenes captadas. También se busca determinar la ubicación de los sospechosos y establecer si las armas incautadas fueron utilizadas en el crimen.

El penalista Mario Amoretti sostuvo que, si se acredita su participación, podrían responder como coautores o partícipes de los delitos y enfrentar penas severas.

Mientras tanto, los familiares de los detenidos niegan su participación. Aseguraron que ellos estaban en sus viviendas al momento de los hechos y denunciaron presuntos abusos durante las detenciones.

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Una operación que imitó a la Policía

Videos muestran que la camioneta Ford Bronco Raptor en la que iba Lara era seguida por una Toyota Hilux. Posteriormente, los delincuentes habrían usado uniformes similares a los policiales para el secuestro.

A ello se suma la controversia por la placa EPF-176. La denuncia inicial apuntó a que la camioneta utilizada por los criminales estaba registrada a nombre del Ministerio del Interior. La PNP negó que el vehículo perteneciera a la institución y explicó que se trataba de una placa clonada.

El caso abrió otra arista: cómo una organización criminal pudo acceder a estos elementos. El ministro Astudillo no descartó que se determine si hubo algún tipo de facilitación desde adentro.

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Gobierno pide facultades y Trujillo se desangra

La presidenta Keiko Fujimori ha defendido la necesidad de recibir facultades legislativas para fortalecer la inteligencia, declarar como “grupos hostiles” a organizaciones criminales, reforzar el control de los penales y endurecer las medidas contra la criminalidad.

El problema es que ciudades como Trujillo ya están pidiendo resultados sobre capacidades que el Estado dice tener.

La gobernadora regional Joana Cabrera sostuvo que la región necesita mucho más del Gobierno central: mayor presencia policial, tecnología, inteligencia y acciones dentro de los penales.

Cabrera también pidió que Fujimori viaje a Trujillo y encabece una respuesta nacional frente a la inseguridad que ya cobra cientos de vidas.

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Se perdió la credibilidad

Para el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, el problema central fue la ausencia de un mando unificado y una comunicación basada en información todavía no confirmada. A su juicio, las contradicciones debilitaron la credibilidad de la Policía, los ministros y el Gobierno.

Carlos Basombrío fue más crítico. Consideró que la sucesión de versiones sobre el rescate, los detenidos y la actuación de los ministros refleja improvisación y desorden. También cuestionó que la presidenta haya presentado inicialmente la intervención policial como una operación exitosa cuando después surgieron versiones distintas.

El analista Luis Benavente ubicó el caso dentro de un problema más amplio: la pérdida de presencia y control territorial del Estado frente a organizaciones criminales que llevan años creciendo en Trujillo.

Así, se espera una investigación penal que debe demostrar quiénes ejecutaron el secuestro y los asesinatos, en medio de una crisis política en la que el Gobierno deberá explicar por qué sus autoridades dieron versiones diferentes sobre un mismo operativo.

EL DATO: 82% de la población urbana percibía inseguridad entre setiembre de 2025 y febrero de 2026, según el INEI.

La norma que busca derogar fue promulgada por Dina Boluarte en agosto de 2025. Lo hizo pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya le había ordenado abstenerse de aplicarla.

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El tribunal internacional volvió a insistir en esa orden semanas después, en setiembre de 2025, dentro del proceso de supervisión de las sentencias por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

El texto del proyecto no se limita a la derogación. También propone que ningún delito de genocidio, tortura o desaparición forzada pueda beneficiarse con amnistía, indulto o conmutación de pena en el futuro. La idea, según planteó el propio diputado en la exposición de motivos, es cerrar un vacío legal que hasta ahora dependía solo de la interpretación de los jueces.

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Los antecedentes del proyecto

La Ley 32419 nació de una propuesta que presentó en 2023 el entonces congresista Jorge Montoya. Esa norma benefició con amnistía a los procesados sin sentencia firme por delitos ligados a la lucha antiterrorista. También incluyó un beneficio para condenados de edad avanzada, siempre que no tuvieran sentencias por terrorismo o corrupción.

Distintos organismos rechazaron la ley desde su promulgación. El Ministerio Público la calificó como jurídicamente inviable. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que ese tipo de normas genera impunidad y afecta a las víctimas. Human Rights Watch y Amnistía Internacional se sumaron a los cuestionamientos y señalaron que la norma podía frenar procesos judiciales en marcha.

Dos instituciones ya presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la ley: el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, cada una por separado. Ambas demandas están pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional.

Aguirre fue más allá y cuestionó directamente el liderazgo de Zunini dentro de la agrupación. Aseguró que todas las decisiones de la bancada deberían someterse primero a votación entre sus integrantes, algo que, según él, no viene ocurriendo.

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Días antes de las declaraciones del parlamentario, el Comité Regional de Junín de la agrupación emitió un pronunciamiento en el que pidió a la bancada iniciar acciones disciplinarias contra Aguirre por sus críticas públicas.

El diputado respondió cuestionando la legitimidad de los firmantes de ese documento y acusó a una de las dirigentes regionales de haber "indispuesto" a candidatos durante la segunda vuelta electoral.

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Fuentes de La República señalaron que el caso de Aguirre no sería aislado. De acuerdo con esta información, hasta cuatro diputados de Juntos por el Perú tendrían decidido su pase a Fuerza Popular.

Las mismas fuentes indicaron que otros dos legisladores negocian su incorporación a Renovación Popular, en un movimiento que podría cambiar el mapa de fuerzas dentro del Congreso.

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Las acusaciones de Aguirre contra la conducción de la bancada

Aguirre no se guardó nada al hablar sobre el ambiente interno en Juntos por el Perú. En una entrevista con La República contó que el vocero Ernesto Zunini mantiene "actitudes negativas, matonescas" dentro del grupo y que existe un problema de fondo: las propuestas no se someten a votación conjunta antes de tomar una decisión, algo que para él es básico en cualquier bancada.

Según explicó, cuando algún congresista protesta por esta forma de manejar las cosas, la respuesta que recibe es de incomodidad, no de diálogo. "Es un tema de democracia", resumió el diputado.

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El reclamo más concreto de Aguirre tiene que ver con la vicepresidencia de la Comisión de Presupuesto. El legislador aseguró que Zunini se autodesignó en ese cargo sin que ningún colega lo propusiera.

Contó que un día antes de la entrevista la bancada sostuvo una reunión interna en la que varios diputados le hicieron el mismo reclamo, aunque Zunini negó la versión y la calificó de "totalmente falsa" en declaraciones a este medio.

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El diputado por Junín también cuestionó la presidencia de la Comisión de Energía y Minas, a cargo de Jennifer Paredes. Para Aguirre, ese puesto exige preparación técnica específica —"un ingeniero o afines"— por la complejidad de temas como la situación de los mineros informales inscritos en el Reinfo.

El legislador no le atribuyó a Paredes ninguna falta concreta, pero dejó sembrada la duda sobre si está calificada para el cargo. "Ustedes saquen sus conclusiones", lanzó.

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Aguirre también respondió al pronunciamiento del Comité Regional de Junín de su propio partido, que pidió a la bancada abrir un proceso disciplinario en su contra por sus declaraciones.

El diputado restó legitimidad a los firmantes del documento: dijo que uno de ellos, identificado como Osman Delfonso, "no tiene credibilidad ni registro jurídico" dentro de Juntos por el Perú. Apuntó también contra la dirigenta Anélia Bendaña, a quien acusó de haber "indispuesto" a los candidatos de la región durante la segunda vuelta electoral y de ser responsable de que Junín se quedara sin un candidato en la provincia de Tambo.

Las imputaciones contra Flores se dan en el marco del caso seguido tras la emboscada contra cuatro miembros del Ejército Peruano registrada en Tocache, en 1996. El fallo estuvo a cargo de los magistrados Máximo Francisco Maguiña Castro, Reli Jacinto Callata Vega y Helbert Iván Llerena Lezama.

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Además de la cadena perpetua, se estableció que Flores deberá pagar una indemnización de S/20.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Flores se encuentra capturado desde 2012. El excabecilla terrorista fue detenido como parte de la Operación Crepúsculo. Flores integró la organización terrorista fundada por Abimael Guzmán desde la década de 1980.

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Fujimori insistió en que su gobierno respeta la norma que blinda a Arriola en el cargo por dos años. "La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen una norma que lo que hace es fortalecer la institucionalidad", dijo. Con estas declaraciones, Fujimori dejó entrever que no piensa mover una ficha que, según la propia ley, no depende solo de ella. El comandante general asumió el puesto en septiembre de 2025 y, por decreto, su periodo se extiende hasta septiembre de 2027.

La mandataria remató su intervención con un mensaje de respaldo institucional, aunque sin nombrar directamente a Arriola. "Quiero también resaltar que hoy tenemos una PNP y unas FFAA más fortalecidas que saben que tienen el respaldo del Gobierno", sostuvo. El comentario contrasta con el clima de cuestionamientos que se vive puertas adentro de su propia bancada, donde ya hay voces que piden evaluar la salida del jefe policial.

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El Congreso no espera a Fujimori y busca sacar a Arriola por ley

Mientras la presidenta prefirió no pronunciarse sobre la continuidad de Óscar Arriola, el Congreso avanzó por su cuenta. Las congresistas de Juntos por el Perú Analí Márquez y Catherin Palomino presentaron dos proyectos de ley para derogar el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, la norma que blinda al comandante general en el cargo durante dos años y que la propia Fujimori invocó para justificar su silencio.

Palomino fue clara al sustentar la propuesta. "El crimen y las extorsiones aumentan día a día y seguimos sin cambios significativos de parte de quienes dirigen la institución policial", dijo. Ambas iniciativas ya fueron enviadas a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara Baja.

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El respaldo a la medida no se limita a la bancada que la impulsó. El diputado de Renovación Popular Diego Bazán confirmó que apoya la propuesta de Palomino y adelantó que tiene lista una iniciativa con el mismo objetivo. "Soy crítico del general Arriola", sostuvo.

A ese reclamo se sumaron directamente las bancadas de Ahora Nación y Renovación Popular, que exigieron la renuncia del comandante general tras el atentado en Trujillo. Ahora Nación lo planteó sin rodeos: "El Perú no puede seguir gobernado por el miedo. Desde el Congreso exigiremos los resultados que hoy nadie está dando".

Renovación Popular fue en la misma línea y cuestionó de forma directa la capacidad de Arriola para conducir a la Policía Nacional en medio de la crisis. "La Policía Nacional necesita un cambio en su conducción. Por ello, exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos", señaló el grupo parlamentario.

En la misma reunión, los siete magistrados definieron el resto de la nueva directiva. Luz Pacheco fue designada vicepresidenta. Francisco Morales Saravia quedó a cargo del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), el brazo académico del tribunal. Ambos cargos se eligieron con el mismo procedimiento que la presidencia.

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La votación tuvo la participación de los siete integrantes del Pleno: Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y el propio Pedro Hernández Chávez.

Hernández Chávez no asumirá de inmediato. Las nuevas autoridades juramentarán el viernes 4 de setiembre, a las 10 de la mañana, en la sede de San Isidro. Desde ese momento, el nuevo presidente liderará el tribunal hasta mayo de 2027, fecha en la que vence el periodo de cinco años del actual colegiado.

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Cómo llegó Hernández Chávez a la presidencia del TC

El camino hasta la presidencia del Tribunal Constitucional empezó con una salida inesperada. Luz Pacheco Zerga renunció al cargo el 27 de mayo. En su comunicado, explicó que tomó esa decisión luego que la mayoría de sus colegas mantuviera su confianza en un funcionario de alta dirección al que ella había pedido remover. Aclaró, eso sí, que su renuncia solo alcanzaba a la presidencia. Se quedó como magistrada.

Tras esa salida, entró en funciones Helder Domínguez Haro, quien era vicepresidente en ese momento. Juramentó como titular del TC el 1 de junio. Su gestión duró poco más de tres meses. Ahora le toca dar un paso al costado para que Hernández Chávez tome la posta.

La elección se rigió por los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 28301). Esta norma exige un quórum mínimo de cinco magistrados para sesionar. También establece que, en primera vuelta, un candidato necesita al menos cinco votos para ganar. Si nadie llega a ese número, se pasa a una segunda votación, donde gana quien obtenga más apoyo. En caso de empate persistente, la presidencia recae en el magistrado con mayor antigüedad en el cargo.

El inicio de estas diligencias castrenses, amparadas en la Ley 32735 promovida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, quedó registrado en una notificación formal de la Fiscalía Militar Policial N° 06 del Centro. En el documento, la instancia militar citó al padre del adolescente, Javier Orlandini Cubas Silva, para rendir su declaración testimonial.

Los hechos se remontan al 14 de junio, cuando el adolescente falleció tras ser detenido por una denuncia de robo en la comisaría de Manchay.

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La necropsia estableció como causa de muerte asfixia por ahorcamiento, un hecho que la Policía calificó como un posible suicidio. Sin embargo, el padre del menor rechazó esa versión y denunció que el cuerpo de su hijo tenía marcas de golpes, además de señalar que los agentes le pidieron dinero a cambio de liberarlo.

Ante el avance de la vía militar sobre este caso, el abogado y secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Germán Vargas, advirtió en diálogo con La República sobre las consecuencias del cruce de competencias bajo la Ley 32735, norma que prioriza al fuero militar para juzgar a policías y militares involucrados en hechos ocurridos durante operativos, patrullajes o estados de emergencia—. Según explicó el especialista, la vía castrense busca retirar el expediente de la fiscalía ordinaria.

"En principio no se pueden seguir dos investigaciones paralelas en fueros distintos sobre los mismos hechos. Esta otra investigación, que se hace sobre la base de esta 'Ley Rospigliosi', lo que puede provocar es que, abocándose a esta investigación, demanden o soliciten que la Fiscalía de Derechos Humanos entregue todo lo actuado".

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Asimismo, Vargas sostuvo que esta tipificación aleja el caso del ámbito correspondiente y precisó que "el fuero militar policial solo puede investigar delitos de función" entonces, al aplicar esta norma, "se estaría sustrayendo a un presunto homicida para ser investigado por delitos que pueden ser considerados de función".

En ese sentido, el representante de la CNDDHH cuestionó la recalificación realizada por la autoridad militar, señalando que reducir los cargos resta gravedad a lo sucedido en la sede policial.

"Investigar solamente por “exceso en ejercicio del mando y desobediencia” en agravio del Estado y de la Policía Nacional es un disparate jurídico. Lo que se está haciendo es minimizar la gravedad de un hecho producido en una comisaría y que tiene todos los visos, todas las características de ser un homicidio".

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Vargas también lamentó el impacto de este proceso en la familia del menor, además de advertir sobre las presiones que enfrentan los jueces y fiscales del caso.

"Si es que la Fiscalía no entrega la investigación, lo que podría haber es un conflicto de competencia entre ambas jurisdicciones, y quien define en ese escenario es la Corte Suprema, lo que toma tiempo y significa un entorpecimiento de la acción de la justicia ordinaria".

Sobre la situación de los deudos, el especialista indicó que "son procesos que revictimizan, son iniciativas indolentes que no se detienen a considerar la afectación de las familias. Son procesos muy frustrantes y dolorosos que hacen perder la confianza en la administración de justicia".

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A este panorama, añadió la presión política ejercida sobre el sistema judicial y denunció que "hay una constante amenaza contra jueces y fiscales de parte del propio Fernando Rospigliosi". Según explicó Vargas, el legislador suele recordarles a las autoridades de la vía ordinaria que "hay investigaciones abiertas contra algunos jueces e incluso sancionados", lo que genera "una situación que atemoriza a cualquier fiscal o juez".

Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque (Ahora Nación) criticó, por medio de sus redes oficiales, la falta de medidas disciplinarias inmediatas contra los efectivos involucrados y cuestionó la pasividad institucional ante un hecho de extrema gravedad.

"Un adolescente fue torturado y luego ejecutado en la comisaría de Manchay. Su familia enfrenta una injusticia constante. ¿Por qué no se garantiza una investigación objetiva? ¿Por qué los policías implicados no han sido retirados en un caso tan grave?", se lee.

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Asimismo, la legisladora sostuvo que el Ministerio Público debería llevar el caso para evitar sesgos en la investigación. "Cuando quienes deben investigar pertenecen a la misma institución involucrada, la imparcialidad debe ser una garantía. (…) por qué la Fiscalía no asume el liderazgo de la investigación que garantice independencia y evite espíritu de cuerpo".

Respecto al marco normativo que ampara las acciones de la justicia castrense, Luque manifestó la urgencia de anular la Ley 32735 en la Cámara de Diputados.

"La Ley Rospigliosi debe ser derogada, pues termina protegiendo la impunidad de quienes abusan de su poder. Hoy existen cinco proyectos de ley que plantean su derogatoria: PL 059-2026, PL 026-2026, PL 023-2026, PL 018-2026 y PL 004-2026. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados debería priorizar su dictamen".

La presidenta solo participó en los primeros tres de los nueve encuentros del Consejo de Ministros. El 29 de julio dio las gracias a sus ministros e instaló la sesión.

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En la segunda sesión, del 5 de agosto, Fujimori tuvo su participación más prolongada: pidió a los titulares de cada cartera ministerial cerciorarse del uso de los registros públicos y expresó que quedaban pendientes acciones de prevención por el próximo fenómeno de El Niño.

Su última participación se dio el 12 de agosto cuando, al iniciar la sesión, volvió a agradecer a sus ministros por el compromiso mostrado.

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Los temas que se tocaron en las reuniones donde Fujimori no participó

En la reunión del 14 de agosto se prorrogó por 90 días la emergencia sanitaria por el brote de sarampión que afecta a Puno y amenaza con propagarse a otras once regiones y al Callao. Al día siguiente, el gabinete aprobó un Decreto de Urgencia para subsidiar el transporte terrestre ante el alza del combustible. El 18 de agosto se tocó el tema de preparativos de cara al fenómeno de El Niño 2026-2027.

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El 22 de agosto el Consejo aprobó Estados de Emergencia de forma simultánea: Villa El Salvador y Villa María del Triunfo por aniegos de lluvia, tres distritos de Arequipa, Moquegua y Tacna por el paso de la DANA Aníbal. La misma medida se tomó en varios distritos de Ayacucho por los movimientos sísmicos. El 25 de agosto se aprobó destinar recursos a las zonas afectadas en Junín por recientes sismos.

En la sesión del 27 de agosto, el Consejo aprobó por unanimidad el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 y los tres proyectos de ley que lo acompañan (Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento) para el año fiscal 2027, enviados con carácter de urgencia al Congreso. También retomó y aprobó el proyecto que delega en el Ejecutivo facultades legislativas por 120 días en materias de seguridad, laboral, tributaria y de modernización del Estado. Estos temas no contaron con la intervención de Keiko Fujimori.

Presidenta no registro actividades un día después de atentado en Trujillo

Tras registrarse el ataque en Trujillo —que dejó un saldo de cuatro asesinatos y un secuestro—, la presidenta Keiko Fujimori no registró actividades oficiales el 31 de agosto. Según la agenda del Poder Ejecutivo, la mandataria no tuvo ninguna actividad pública al día siguiente de ocurrido el atentado.

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Fujimori convocó a una reunión de ministros 18 horas después de registrarse el ataque criminal para abordar la situación. La liberación del empresario minero se produjo, según declaraciones de sus familiares, tras negociaciones directas con los secuestradores.

La representante de la Fiscalía ordenó tomar la declaración de los policías intervinientes, realizar la pericia de dosaje etílico a la exlegisladora y realizar el reconocimiento médico-legal del herido.

Asimismo, dispuso la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en el cruce de la avenida Pacasmayo y el jirón Guillermo Dansey con el propósito de aclarar los hechos. Mientras avanzan estas diligencias iniciales, la investigada continúa bajo custodia policial en calidad de detenida en flagrancia.

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El incidente ocurrió el 1 de septiembre cerca de las 2:30 p. m., cuando Portalatino conducía un vehículo blanco de marca Dongfeng y chocó contra Frank Espinoza Maurtua, de 48 años en el cruce de la avenida Pacasmayo con el jirón Guillermo Dansey, en el Cercado de Lima.

Un agente policial que patrullaba la zona encontró al ciclista herido en la vía pública, por lo que solicitó la ayuda del serenazgo para trasladarlo a la Clínica Aviva. Espinoza Maurtua permanece internado en dicho centro médico debido a una fractura en la zona de la columna.

Por su parte, la bicicleta Monark de la víctima y la camioneta de la exparlamentaria quedaron en la Comisaría de Monserrat.

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Al dar su testimonio a la Policía, la exintegrante del Congreso dijo que realizaba un giro desde el jirón Guillermo Dansey hacia la avenida Pacasmayo cuando sintió un impacto en la rueda delantera derecha. Al bajar de su auto, encontró al hombre echado en la pista.

Tras el incidente, los agentes le retuvieron su documento de identidad, su brevete, el permiso de lunas polarizadas y las llaves de su vehículo. Las autoridades continuarán las pesquisas para esclarecer las responsabilidades del hecho.

Como antecedente, la excongresista por Perú Libre recibió una sanción el 10 de junio por manejar a una velocidad superior a la permitida. Esa falta, calificada como muy grave, conllevó a una multa de S/ 1,320.00 que todavía figura pendiente de pago.

Keiko Fujimori rechazó que el consultor y operador digital argentino Fernando Cerimedo haya tenido un papel en su contienda electoral. Ante las consultas sobre la presencia del operador en el país, la presidenta se deslindó y negó conocerlo.

"Yo puedo señalar con claridad que el señor Cerimedo no ha participado en nuestra campaña electoral, ni en primera ni en segunda vuelta". Asimismo, negó cualquier tipo de vínculo directo con el especialista en redes al señalar que no tiene una "relación ni personal ni laboral".

Respecto a los constantes viajes del consultor al territorio nacional, la presidenta prefirió desentenderse de los motivos de su llegada. "Su presencia en el Perú no sé a qué corresponde, habría que preguntárselo a él", sostuvo Fujimori a la prensa.

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Sobre un posible encuentro con el consultor, la presidenta intentó minimizar cualquier contacto previo. "Seguro lo habré saludado en algún sitio, pero no tengo ninguna comunicación ni relación con él".

Sin embargo, los datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones y el testimonio de la abogada boliviana Nadia Beller, expareja de Cerimedo, a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de La República, contradicen la versión oficial.

Beller afirmó que el asesor mantuvo nexos con el equipo fujimorista desde fines de 2025. Además, confirmó que el propio Cerimedo le envió una fotografía desde un hotel en Miraflores el 28 de julio, donde aparecía en un desayuno con una intermediaria vinculada a Fujimori el mismo día de la juramentación.

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“(Cerimedo) me comentó de que alguien del equipo con el que él trabajó allá, quería que se reúna con esta señora (no identificada). Entiendo que esta señora es política (la de la fotografía), que fue parte de la campaña de Keiko (Fujimori). Y él (Cerimedo) desayunó con ella el día de la posesión (el 28 de julio). Esto fue en un hotel (Marriot) del Perú”, indicó Nadia Beller al medio.

Los registros de ingreso al país respaldan esta información. Cerimedo visitó el Perú en diciembre de 2025, así como en noviembre y diciembre del mismo año, fechas que coincidieron con el anuncio de la cuarta candidatura de Fujimori.

Su último viaje ocurrió entre el 27 y el 28 de julio, período en el que se realizó la toma de mando presidencial. A pesar del rechazo de la presidenta, su postura choca con las pruebas documentales y los movimientos migratorios del operador argentino.

La fórmula legal plantea reformar la Ley de Organizaciones Políticas para eliminar el financiamiento público destinado a los partidos. Para ello, deroga los artículos 29, 37 y 38, referidos al financiamiento público directo —el aporte estatal que reciben los partidos con representación parlamentaria— y a la franja electoral, el espacio publicitario en radio y televisión que el Estado contrata y cede a las organizaciones políticas durante los procesos electorales.

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Al desaparecer la franja electoral, la propuesta también modifica el artículo 36-D. En concreto, elimina la sanción que actualmente existe para los medios de comunicación que difunden propaganda distinta de la contratada como parte de este espacio, una infracción que dejaría de tener sentido si la franja ya no existiera. En cambio, mantiene únicamente dos sanciones: una dirigida a las personas jurídicas que financien de forma indirecta a una organización política y otra aplicable a las entidades públicas o privadas que no entreguen la información requerida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La exposición de motivos sustenta la propuesta en reportes sobre el presunto mal uso de la franja electoral, mediante el cual se habrían destinado recursos a empresas de comunicación que tendrían vínculos con partidos políticos. Asimismo, el proyecto dispone que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las demás instituciones electorales adecuen su normativa a estos cambios.

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Reformas a la Ley de Organizaciones Políticas en los últimos años

La Ley de Organizaciones Políticas ha sido reformada constantemente en los últimos años. La Ley N.° 30689, publicada en 2017, y la Ley N.° 31046, de 2020, forman parte de esta serie de modificaciones. La primera prohibió que las empresas aportantes a campañas políticas mantuvieran contratos con el Estado, mientras que la segunda reguló los fondos que el Estado otorga a las organizaciones políticas con representación parlamentaria.

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En 2022, la Ley N.° 31504 modificó las sanciones por infracciones en materia de financiamiento político, sin alterar el diseño del financiamiento público y privado propiamente dicho.

Durante el último Congreso se aprobó la Ley N.° 32254, que restituyó el financiamiento privado para los partidos políticos. Esta norma también permitió que la ONPE resguarde la confidencialidad de los aportantes individuales que realizan sus contribuciones a través del Banco de la Nación.

"El Perú ha venido observando con creciente consternación el deterioro de dicho valor en Irán, denunciado por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas, particularmente en lo relativo a la represión de manifestaciones pacíficas, la conculcación de la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas, y la persecución de opositores políticos", señala el comunicado de Cancillería.

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Desde el conflicto entre Irán y Estados Unidos, el estrecho de Ormúz —zona marítima por donde se transporta el 20% de la producción de petróleo a nivel mundial— ha sido cerrado parcialmente en respuesta al conflicto. Al respecto, el gobierno catalogó esta acción como parte de un ataque a la libertad comercial.

“Contravienen principios como la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos utilizados para el tránsito marítimo internacional, que no pueden estar sujetos a condicionamientos unilaterales, en el marco de la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana en el mar, y la preservación del medio marino, sin perjuicio de las repercusiones sobre los precios de la energía y la estabilidad de las cadenas globales de suministro”, indicó.

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La administración nacional también aseguró que Irán incita “a la violencia y a la escalada de conflictos en el Medio Oriente, así como su obstrucción a la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)”. La decisión de romper relaciones diplomáticas ha sido comunicada a Irán a través de una nota diplomática enviada por medio de la embajada de ese país en Ecuador.

Especialistas opinan sobre ruptura de relaciones diplomáticas con Irán

Tras conocerse el anuncio, el internacionalista Farid Kahhat señaló que la argumentación utilizada para sustentar la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán presenta contradicciones. Además, sostuvo que el actual titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, muestra un claro acercamiento a los intereses de Estados Unidos.

"Es una vergüenza. Ahora entendemos por qué tenemos de canciller a una persona que ha trabajado quince años en la Embajada de Estados Unidos. El comunicado dice algo que nunca fue una sorpresa para nadie: Irán no es una democracia, es una dictadura que viola sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. Poner eso como primer argumento para romper relaciones es francamente indigno de consideración. Ese fue siempre el caso y no impidió que tuviéramos relaciones con Irán, como tampoco lo impide con China. (…) China es una dictadura de partido único, ¿vamos a romper relaciones con nuestro primer socio comercial? Presumo que no", indicó al portal Epicentro.

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Además, Kahhat recordó que, si bien existe evidencia de que la administración iraní ha cometido violaciones a los derechos humanos, no existe una acusación formal contra sus principales autoridades, a diferencia de lo que ocurre con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

"Si de derechos humanos se trata, los líderes iraníes, a diferencia de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, no están acusados por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y de lesa humanidad —acusación que cabría hacer, pero que no se ha presentado—", apuntó.

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Por su parte, el internacionalista Óscar Vidarte, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señaló que la visión plasmada por el Gobierno en su comunicado deja entrever una posición parcializada.

"En términos generales, veo que la declaración expresa un gran desconocimiento sobre lo que viene ocurriendo en Medio Oriente. Creer que lo que pasa es solo responsabilidad de Irán o, incluso, que es principalmente responsabilidad de Irán, es tener un conocimiento limitado de lo que ocurre en la región. Mi repregunta inmediata sería: así como cuestionan a Irán, me imagino que también cuestionarán a Estados Unidos e Israel por atacar a Irán, violentando múltiples normas del derecho internacional", apuntó en declaraciones para La República.

Vidarte consideró que está claro que el camino tomado por el Gobierno fujimorista es seguir la línea norteamericana en materia de política exterior y advirtió que esto podría traer efectos adversos.

"Estamos destruyendo por completo esa política exterior que busca construir un equilibrio entre potencias. ¿Qué pensará China? Es un país que defiende a Irán. Al romper relaciones con Irán y hacerlo responsable de lo que pasa en Medio Oriente, nos acercamos mucho a la posición de Estados Unidos. Es muy difícil tener un equilibrio. En este caso, denota un alineamiento con Estados Unidos", sostuvo.

Sobre la captura del presunto cabecilla de Los Pulpos, indicó: ‘‘Para lograr la captura de Jhonsson Cruz, ha sido un trabajo en conjunto con la policía boliviana, con la colaboración del FBI y de la PNP. Se ha logrado este gran objetivo’’.

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En tela de juicio

En los últimos días, el Gobierno ha dado distintas versiones sobre el caso. En esta ocasión, Keiko precisó que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, no ha participado en ningún interrogatorio. ‘‘Lo ha llevado la PNP. Todo está en investigación, nos corresponde esperar’’, afirmó.

Consultada sobre por qué Astudillo no viajó a Trujillo tras el secuestro del empresario minero Jenss Lara, indicó que ello se debió a un tema personal, pero que el titular del Mininter estuvo pendiente de cada una de las decisiones que se tomó en cuanto a dicha investigación.

"El ministro [Rafael] Belaunde señaló que él sí podía asistir, y por lo tanto tomé la decisión de que acuda él", añadió la presidenta con relación al viaje del ministro de Defensa a dicha ciudad. Además, remarcó que este último no participó en ningún interrogatorio.

Por su parte, los abogados y familiares de los detenidos niegan que ellos sean responsables de la masacre y exigen que las autoridades busquen a los verdaderos responsables.

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Pedido de facultades

La presidenta Keiko Fujimori dijo que espera recibir las facultades delegadas del Congreso para legislar en materia de seguridad.

"Estas facultades nos van a permitir, entre otras cosas, fortalecer la inteligencia para obtener la información antes que sucedan los hechos. En segundo lugar, para declarar grupos hostiles no solamente a los grupos terroristas, sino a las organizaciones criminales. En tercer lugar, para fortalecer una política de expulsión para migrantes indocumentados. En cuarto lugar, entre otras y muchas más cosas, queremos tomar control de los penales, hacer reorganizaciones y también fortalecer el sistema de administración de justicia", manifestó.

"El ministro Belaúnde señaló que él podía asistir. Tomé la decisión de que acudiera él. El ministro Belaúnde no ha participado en ningún interrogatorio. El interrogatorio lo ha llevado la Policía Nacional", indicó la mandataria a la salida de una presentación en Piura.

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Días atrás, Belaúnde confirmó que los familiares del empresario secuestrado en Trujillo entregaron dinero para lograr su rescate. Precisó que la PNP estuvo al tanto de esa entrega y le hizo seguimiento como parte de las diligencias orientadas a dar con los responsables del plagio.

Sobre la ausencia de César Astudillo, ministro del Interior, en La Libertad. La mandataria señaló que se debió a un tema personal y que ella fue la que autorizó que Belaúnde pueda asistir a la región norteña.

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Las congresistas que han presentado los proyectos legislativos para su debate son Analí Márquez y Catherin Palomino, ambas diputadas por el partido liderado por Roberto Sánchez. Los dos proyectos buscan derogar el artículo 8 del mencionado decreto legislativo, que establece los dos años que debe cumplir el jefe de la PNP en el cargo.

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Ambas iniciativas sostienen que el régimen vigente es demasiado rígido. Según sus autoras, la estabilidad de dos años se ha convertido en una "inamovilidad" que impide remover a un comandante general aunque haya perdido idoneidad para el cargo, sin que medie necesariamente un delito, una falta muy grave o una incapacidad física. Los proyectos ya han sido enviados a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara Baja para su debate.

"El crimen y las extorsiones aumentan día a día y seguimos sin cambios significativos de parte de quienes dirigen la institución policial. Necesitamos que las personas que dirigen la PNP sean competentes y que den resultados. (...)", dijo Palomino en un video presentando su proyecto de ley.

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Otras bancadas del Congreso también se pronunciaron sobre el proyecto. Diego Bazán, diputado por Renovación Popular, señaló que está de acuerdo con la propuesta de Palomino: "Soy crítico del general Arriola. (...) Yo, a título personal, apoyo la iniciativa. Incluso tengo elaborada una iniciativa con el mismo tenor".

Bancadas piden la salida de Arriola

En la Cámara Baja, la salida de Óscar Arriola de la dirigencia de la Policía Nacional del Perú es una demanda cada vez más compartida. Ahora Nación y Renovación Popular son dos de los grupos parlamentarios que han pedido que el general dé un paso al costado como comandante general de la PNP.

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Ahora Nación solicitó la salida de Arriola mediante un comunicado, luego de registrarse el atentado en Trujillo que dejó cuatro asesinatos y un secuestro: "El Perú no puede seguir gobernado por el miedo. Desde el Congreso exigiremos los resultados que hoy nadie está dando", señaló la agrupación.

En la misma línea, Renovación Popular señaló que Arriola no ha demostrado estar a la altura del cargo: "La Policía Nacional necesita un cambio en su conducción. Por ello, exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos", se lee en el comunicado.

El hecho ocurrió el 1 de septiembre, alrededor de las 2:30 p. m., en las inmediaciones de la avenida Pacasmayo. Portalatino conducía un vehículo blanco, marca Dongfeng, cuando se produjo el accidente que dejó al ciclista tendido sobre el pavimento.

El accidente en plena avenida

De acuerdo con el parte policial, un efectivo que realizaba patrullaje motorizado fue alertado sobre el accidente y llegó hasta el lugar, donde encontró a Espinoza Maurtua con aparentes lesiones físicas.

El hombre solicitó atención médica y, ante ello, se pidió apoyo a una unidad de rescate del serenazgo. El ciclista fue trasladado posteriormente a la Clínica Aviva para recibir atención.

La bicicleta eléctrica involucrada es de color negro, marca Monark.

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La versión de Portalatino

Según el acta policial, Portalatino manifestó a los agentes que se desplazaba desde el jirón Guillermo Dansey hacia la avenida Pacasmayo. Durante el giro, aseguró haber sentido un pequeño roce en la llanta delantera derecha de su vehículo.

Tras detenerse y descender de la unidad, señaló que observó al ciclista tendido sobre la vía. El parte recoge esta versión como parte de las diligencias realizadas luego del accidente.

El ciclista permanece internado

Espinoza Maurtua continúa siendo atendido en la Clínica Aviva. De acuerdo con la información consignada en el documento policial, el diagnóstico corresponde a una fractura en la región sacra de la columna.

Debido a la lesión, los médicos dispusieron que permanezca internado para observaciones y evaluaciones correspondientes.

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Vehículo y bicicleta fueron llevados a la comisaría

Luego del accidente, los agentes trasladaron a Portalatino Ávalos, el vehículo y la bicicleta eléctrica hasta la Comisaría de Monserrat, donde continuaron las diligencias.

Entre los documentos y elementos entregados figuran el DNI, la licencia de conducir, el permiso de lunas polarizadas, el acta de situación vehicular y la llave de contacto del automóvil.

La investigación deberá establecer cómo ocurrió exactamente el accidente y determinar las responsabilidades que correspondan.

Antecedentes

Durante su gestión parlamentaria, Kelly Roxana Portalatino Ávalos fue sancionada el 10 de junio tras cometer una infracción vehicular por exceso de velocidad. La multa fue calificada con el código M20b tras sobrepasar el límite permitido por un margen de entre 10 y 30 km/h, lo que equivale a una sanción de S/ 1,320.00.

A pesar de tratarse de una falta clasificada como "muy grave", la multa continúa figurando con el estado de "pendiente de pago".

La función de Orden Público y Seguridad sufrirá un recorte, pasando de S/15.857 millones en 2026 a S/15.338 millones en 2027. Esta reducción presupuestal de S/519 millones (3,3% menos) impacta directamente en el programa de Reducción de delitos y faltas, cuyos recursos caen de S/6.878 millones a S/6.494 millones. El ajuste se da justo cuando la ciudadanía exige mayor vigilancia y capacidad de respuesta frente a la delincuencia.

Así, el discurso de "mano dura" y combate al crimen del que se jacta el Ejecutivo choca con la reducción en el presupuesto asignado, lo que deja la promesa sin el respaldo financiero para su ejecución.

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La inversión militar casi se cuadruplica en 2027

La otra cara de la propuesta aparece en los proyectos de inversión de Defensa: los recursos pasarían de S/665 millones en 2026 a S/2.548 millones en 2027, un aumento de 283%.

La apuesta se concentra en recuperar proyectos considerados estratégicos para las Fuerzas Armadas. Entre los principales figuran la recuperación de la capacidad operativa de aeronaves de combate en La Joya, Arequipa, la recuperación de la fuerza de superficie de la Marina en el Callao y una nueva etapa del plan maestro de la Base Naval del Callao y la industria naval.

A diferencia del gasto policial, orientado a frenar la delincuencia en las calles, estos proyectos apuntan a reconstruir capacidades militares que requieren inversiones de mayor plazo.

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Si bien la modernización militar es necesaria, la seguridad ciudadana exige resultados inmediatos. Por eso, la decisión del Gobierno de acelerar millonarias inversiones militares al mismo tiempo que recorta el presupuesto para la Policía puede generar un debate dentro y fuera del Congreso.

Un presupuesto que contradice el discurso de "orden"

El Gobierno de Keiko Fujimori tendrá que explicar por qué, en un país donde la inseguridad es una demanda cotidiana, el mayor salto de inversión dentro del ámbito de seguridad está orientado a las capacidades militares y no a reforzar con igual intensidad la respuesta frente al crimen.

Para Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, esa decisión resulta contradictoria con el objetivo que el propio Gobierno se ha trazado.

“Me parece una contradicción afirmar que se enfrenta a la inseguridad y a su vez que se reduzca el presupuesto para el sector Interior y la Policía. Uno esperaba, en todo caso, que sea al revés, porque ¿de qué manera se va a cubrir la brecha para la compra de tecnología, de vehículos, el incremento de acciones de inteligencia a la Policía si su presupuesto va a ser menor?”, cuestionó.

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En la lectura del exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, la reducción del 3,3% en el presupuesto del sector Orden Público resulta una contradicción frente al incremento de la criminalidad y los propios compromisos asumidos por el oficialismo.

"Mi primera reacción es de sorpresa porque me parece una absoluta contradicción con respecto a lo mencionado tanto en el plan de gobierno de Fuerza Popular como en lo anunciado por la presidenta en su discurso del 28 de julio. Me sorprende esta decisión de reducir el presupuesto porque está afectando el patrullaje policial y los programas de seguridad ciudadana, que son indispensables para controlar la calle”, dijo para La República.

Acomodo político con las Fuerzas Armadas y gasto mal enfocado

Al analizar el incremento de 1.812 millones de soles destinados al sector Defensa, Valdés sostiene que la decisión responde a un cálculo político para congraciarse con las instituciones militares, mientras descuida las verdaderas prioridades de la ciudadanía.

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"Yo creo que esto responde al interés del gobierno de mantenerse en una buena disposición con las Fuerzas Armadas. Me parece que el ministro ha debido defender al menos el presupuesto del Ministerio del Interior; no hubiese permitido que se reduzcan los fondos para la seguridad ciudadana”.

En esa misma línea, cuestiona que los recursos del Estado se destinen a equipamiento militar de guerra, adquisiciones que bien podrían postergarse por no ser urgentes frente a la necesidad de combatir las extorsiones y el crimen.

"Se está yendo el dinero para aviones de caza F-16, para la modernización de la base naval del Callao y la industria naval. Esos no son gastos prioritarios para el cuidado de los ciudadanos en este momento. Yo puedo tener barcos muy modernos, pero esos no me sirven para nada en la lucha contra la criminalidad”.

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Sin presupuesto no hay voluntad política

Frente a la propuesta oficial de desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno, Valdés advierte que la medida será ineficaz sin inversión económica para inteligencia, laboratorios de criminalística y la renovación del parque automotor policial, del cual cerca del 40% se encuentra inoperativo.

Para el exviceministro, la partida presupuestal es la única prueba del compromiso del Ejecutivo. "El mensaje es tremendamente contradictorio. Nada de lo prometido se va a poder cumplir si no hay fondos. El dinero es la expresión de la voluntad política, y lo que me da a entender el Gobierno con este presupuesto es que la voluntad política no existe para poder combatir la inseguridad”.

Además, Valdés remarcó que al no haberse presentado un solo indicador de reducción del delito en las primeras semanas de gestión, este déficit de recursos provocará un incremento inevitable en los índices de sicariato, extorsión y economías ilegales a nivel nacional.

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Del mismo modo, el exministro de Defensa, José Luis Gavidia, también consideró un error reducir los recursos destinados a seguridad en medio del avance de la delincuencia y planteó una mayor coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas.

En medio del debate por el proyecto de Presupuesto Público 2027, Gavidia cuestionó que se recorten recursos para un sector que, a su juicio, debería ser una de las principales prioridades del Gobierno frente a la ola de criminalidad.

“Definitivamente yo creo que el haber reducido el presupuesto a sistemas de seguridad es un error. Es uno de los problemas más graves de nuestro país y definitivamente tenemos que priorizar los resultados”.

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Gavidia plantea trabajo conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas

El exministro también se refirió a la posibilidad de desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo de las labores de seguridad interna. En esa línea, planteó una colaboración entre las fuerzas del orden.

“Yo siempre he pensado que la Policía debe pasar a ser parte del Comando Conjunto y comenzar a trabajar en equipo, todo el mundo, así como la Policía tiene que estar de frente a estas bandas criminales”.

Gavidia añadió que también es necesario revisar la formación de los policías, tanto oficiales como mandos, y planteó tomar como referencia experiencias de cuerpos policiales extranjeros para fortalecer sus capacidades.

La defensa de los efectivos policiales comprendidos en el caso alegó desde un primer momento que el peritaje en el que se sustentó el fiscal del caso, José Guevara Gilarmas, carecía de valor porque lo había elaborado una persona que no contaba con la autorización legal para dicha tarea. Se trataba de William Canario Santa Cruz.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque está compuesta por los magistrados Guillermo Piscoya, Raúl Solano Chambergo y Edwin Quispe Díaz.

El peritaje sirvió para dar inicio a una serie de acciones, como el allanamiento, la intervención y detención de los policías involucrados, entre otras, pese a que el fiscal José Guevara estaba informado de que William Canario era un servidor no calificado.

UN PERITO FANTASMAL

En efecto, en el acta del 28 de abril de 2020, el fiscal José Guevara consignó que participó en una diligencia en la sede policial de Chiclayo, en compañía de Willian Canario Santa Cruz en calidad de perito economista del Ministerio Público.

Luego, el 15 de mayo y el 3 de junio de 2020, William Canario Santa Cruz suscribió dos informes técnicos como perito economista del Equipo Forense en Contabilidad y Finanzas. En estos documentos, Canario sostiene que los policías implicados adquirieron lejía, alcohol en gel y mascarillas por un monto superior al 62% del valor de mercado.

La defensa de los imputados elevó un peritaje a cargo del contador colegiado Yolino Ortega Gonzales que demostraba que William Canario tomó como referencia precios en farmacias, supermercados, la plataforma Mercado Libre y las tiendas Makro, a las que no tiene acceso el Estado.

Además, los efectivos policiales hicieron las adquisiciones entre el 18 de marzo y el 11 de abril de 2020, en un contexto en el que la carencia de los productos requeridos se había disparado. Mientras que Canario recogió valores posteriores a dicha fecha mencionada, cuando los costos habían bajado.

El perito de parte Yolio Ortega demostró documentalmente que no existió la sobrevaloración.

Pero el fiscal José Guevara, con el propósito de que nadie cuestionara el sustento de la acusación contra los policías, desechó el peritaje de parte.

FORZANDO LA EVIDENCIA

Pese a las deficiencias mencionadas, el fiscal José Guevara formuló acusación contra los oficiales y subalternos de la Policía Nacional, dándole valor a los documentos “elaborados por el perito Willian Gabriel Canario Santa Cruz, de la oficina de peritajes del Ministerio Público”.

Sin embargo, desde octubre de 2021, la Oficina de Administración de Potencial Humano del Ministerio Público informó por escrito que en las fechas en las que William Canaro emitió sus informes, este no prestó servicios en la Oficina de Peritaje, en la fecha en consulta.

El contrato de servicios del Ministerio Público con Canario expiró el 31 de marzo de 2020, antes de las diligencias que dispuso el fiscal José Guevara.

En reiteradas ocasiones, la defensa solicitó interrogar al perito William Canario Santa Cruz, y fue citado, como corresponde, pero jamás se presentó.

El 12 de febrero del 2026, casi seis años después de la acusación del fiscal José Guevara, el Décimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque sentenció a los efectivos policiales.

Sin embargo, increíblemente, en el fallo no se tomó en cuenta el peritaje de William Canario porque hizo comparaciones de precios de forma errónea para argumentar la existencia de una sobrevaloración en la compra.

PRUEBAS BAJO SOSPECHA

Por esta razón, los imputados han apelado el fallo de febrero del 2026 porque durante la investigación fiscal se cometieron varias irregularidades que invalidan la acusación, en particular porque el mismo juzgado desestimó el peritaje que sirvió para sustentar la acusación.

Han apelado el encargado de las adquisiciones, el comandante PNP (r) Marcel Carbajal Tarazona, y el suboficial PNP Jean Yampufé Sánchez, quienes laboraban en la Dirección Territorial Policial de Chiclayo, Lambayeque.

Estos señalan que la fiscalía los acusa no solo con un peritaje cuestionado sino también con otras diligencias irregulares, como declaraciones de personas, grabaciones y deslacrado de equipos electrónicos.

La defensa de los efectivos señala que en las manifestaciones de los proveedores que se acogieron a la terminación anticipada existen inconsistencias y contradicciones.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

La Fiscalía señaló que Navas Sánchez, en su condición de coordinadora del proyecto de la Dircetur de Ucayali, permitió el desvío de los fondos para la compra de bienes que no estaban autorizados en el convenio firmado con el Plan Copesco.

Según la tesis fiscal, se compró un bus turístico de dos niveles por 399.000 soles; una camioneta 4x4 por 131.027 soles y cuatro motocicletas lineales, por 30.440 soles.

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En la audiencia del último lunes 31 de agosto, la jueza Ana Bedoya Maque cuestionó que la Fiscalía no haya fundamentado en qué consistió el daño al servicio que promovió Navas Sánchez.

A ello, la representante del Poder Judicial señaló que el propio perito de la Fiscalía tampoco precisó un perjuicio concreto ni afectación del plan Copesco tras la compra de los bienes, según su declaración.

En el adelanto de fallo, la magistrada dejó en claro que existió una falta administrativa al realizar la compra sin autorización de Plan Copesco y al registrar la operación con clasificadores de gasto presupuestarios erróneos.

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No obstante, detalló que una falta administrativa no equivale automáticamente a la comisión de un delito. De esta manera, al no haberse acreditado la afectación al servicio, el juzgado determinó que la vía penal quedó descartada.

Reparación civil

Sobre la reparación civil, la jueza Bedoya Maque detalló que al verificarse que se dio una infracción por el desorden patrimonial se determina que existe responsabilidad civil, por lo que se impone el pago de S/150.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Al cierre de la audiencia, Bedoya también dispuso remitir copias a la Fiscalía Anticorrupción de Ucayali para que proceda a investigar a los funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali que participaron de la compra de bienes, pero que no fueron considerados en la investigación de la Fiscalía.

"Por tales consideraciones, solicito formalmente que evalúe presentar una versión reformulada y focalizada de la iniciativa, circunscribiendo una primera solicitud exclusivamente a estas dos emergencias críticas para garantizar un trámite célere y de alto consenso parlamentario", señala Espinoza en el oficio enviado a Galarreta.

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El diputado sostuvo que las demás materias incluidas en la propuesta del Ejecutivo pueden ser atendidas mediante un posterior pedido de delegación o a través de proyectos de ley específicos. Entre los temas que menciona figuran los mecanismos de desvinculación laboral voluntaria, la apertura de cuentas bancarias para menores de doce años y diversas reformas ambientales y laborales.

Espinoza precisó que su planteamiento no supone una negativa a otorgar facultades al Ejecutivo, sino una propuesta para concentrar la respuesta legislativa en las emergencias que, según su posición, requieren atención inmediata. En esa línea, consideró que dividir el pedido permitiría evitar la dispersión del debate y facilitar un trámite más rápido para las medidas vinculadas con seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño Costero.

La propuesta también encuentra coincidencias en otras bancadas. Pues el vocero de los diputados de Ahora Nación, César Holguin, consideró que el pedido del Ejecutivo no precisa medidas concretas frente a las dos problemáticas señaladas por Espinoza. “En el sentido común es que en esa solicitud de facultades no hay nada preciso, nada exacto, nada específico, respecto a la crisis de inseguridad del país ni a los embates del Fenómeno del Niño. Si algún alcance le haríamos al Ejecutivo sería que sí, se reformule centrándose en esos dos aspectos principales. Es una coincidencia que hay en varias bancadas”, declaró a La República.

Una posición similar expresó Pilar Sulca, diputada de Juntos por el Perú, quien consideró que la delegación debería concentrarse en las medidas urgentes frente a la inseguridad ciudadana. La parlamentaria cuestionó que el Ejecutivo incluya otras materias que, a su criterio, requieren un debate más amplio en el Congreso.

“El ciudadano de a pie requiere medidas urgentes en materia de seguridad ciudadana, y en ello se debería centrar el pedido de delegación de facultades. No hay ninguna urgencia en regular o revisar las normas laborales, que por lo visto, lo único que se pretende es recortar derechos, debilitar SUNAFIL, y elaborar una segunda versión de la Ley Pulpin. Tampoco hay ninguna urgencia para pretender eliminar los topes de tasas de interés. Tampoco es necesario flexibilizar la explotación de los recursos en la Amazonía”, puntualizó para este medio.

Además, Sulca sostuvo que estos asuntos deberían seguir el procedimiento legislativo ordinario o, si el Ejecutivo considera que existe urgencia, ser enviados como proyectos de ley con carácter de urgencia. “Estos temas requieren de mayor debate, y si el Ejecutivo tiene alguna propuesta, que remita vía proyectos de ley con carácter de urgencia. El reglamento prevé este tipo de procedimientos acelerados. Lo que se necesita es no rehuir al debate. Son medidas importantes para el país que requieren la participación de todos los sectores”, agregó.

En esa línea, la diputada de su misma bancada, Catherin Palomino, cuestionó que el Ejecutivo pretenda atribuir al Congreso la responsabilidad de enfrentar los problemas que, según sostuvo, ya puede atender con las herramientas que tiene a disposición. “No se trata de reformular ni de reducir los temas, eso es irrelevante. A estas alturas es claro que el Ejecutivo solo está meciendo a la población, sino que se confirma su ineptitud e improvisación”, afirmó.

Por su parte, el vocero de Buen Gobierno, Nery Hernández, precisó que la posición expresada por Espinoza corresponde a una postura personal y no representa al conjunto de la bancada. Señaló que el grupo parlamentario emitirá un pronunciamiento oficial después de concluir la evaluación del pedido. “Nos pronunciaremos oportunamente, luego de un estudio y evaluación que estamos trabajando”, refirió.

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Pedido de facultades enfrenta observaciones en el Congreso

La propuesta de Espinoza se suma a los cuestionamientos que ocasionó el trámite del pedido de facultades en sus primeros días en el Parlamento. La Cámara de Diputados detectó que el Ejecutivo no había adjuntado inicialmente el acta del Consejo de Ministros que sustentaba el carácter de "muy urgente" de la solicitud. El documento era necesario para iniciar el cómputo de los plazos correspondientes.

Posteriormente, el Ejecutivo remitió al Congreso una copia certificada del acta de la sesión del Consejo de Ministros del 27 de agosto, con la aprobación por unanimidad del proyecto de ley y su tramitación con carácter de urgencia. Con esta subsanación, el Gobierno corrigió la observación formal detectada en la documentación inicial.

Cabe recordar que uno de los puntos que pide abordar el Ejecutivo mediante las facultades legislativas es la derogación de la ley que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP), como parte de las medidas de simplificación burocrática. La propuesta resulta curiosa porque la norma fue aprobada por el Congreso anterior con el respaldo de 13 parlamentarios de Fuerza Popular.

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Asimismo, Zunini explicó que las decisiones dentro de la bancada de Juntos por el Perú se adoptan mediante consenso y, cuando este no se alcanza, se someten a votación. En esa línea, recordó que Aguirre fue elegido por la ciudadanía para ejercer sus funciones parlamentarias bajo las filas de JP y sostuvo que será responsable de las decisiones que adopte respecto de su futuro político.

“La bancada de Juntos por el Perú, todas las decisiones se toman por consenso; cuando no alcanzan consenso se someten a votación. Él ha sido electo por el pueblo para legislar por JP. Cada diputado es responsable de las decisiones que pueda tomar al respecto”, declaró.

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El dirigente también evitó adelantar una posición sobre una eventual salida de Aguirre de la bancada y señaló que el caso deberá ser analizado internamente. “Nosotros lo vamos a evaluar colectivamente, me parece irresponsable que se hagan declaraciones públicas de este tipo”, sostuvo.

Además, Zunini deslizó que las discrepancias dentro de la agrupación podrían responder a intereses ajenos a la bancada. “Este tipo de diferencias son inducidas por fuerzas externas, que buscan generar lo que se ha generado en el Senado y que merecen explicaciones públicas”, afirmó, aunque evitó precisar a qué fuerzas externas se refería.

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Aguirre cuestionó a Zunini y no descarta irse a Fuerza Popular

Las declaraciones de Zunini se dan tras las declaraciones de Marlon Aguirre en las que cuestionó el funcionamiento de Juntos por el Perú y criticaró directamente al dirigente de la bancada. El diputado por Junín incluso calificó a Zunini como un “líder entre comillas” y cuestionó que, a su juicio, no existiría democracia interna.

Aguirre también reconoció que antes de postular por Juntos por el Perú tuvo acercamientos con Fuerza Popular y dejó abierta la posibilidad de incorporarse a la agrupación fujimorista. “Si yo me voy a ir a Fuerza Popular o no, todavía no está decidido”, señaló.

En la primera comisión, los ministros citados son Luis Dyer, titular del Ministerio de Salud; José Chang, del Ministerio de Educación; Alberto Beingolea, del Ministerio de Cultura; Mara Seminario, del Ministerio de la Mujer; y Maritza Canales, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

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Por otro lado, la Comisión de Constitución citó al canciller Carlos Espá. El titular de la cartera de Relaciones Exteriores deberá informar ante la mencionada comisión de la Cámara Alta sobre los planes de trabajo de su sector.

Los acuerdos fueron tomados este martes durante las sesiones de ambos grupos de trabajo. Estas citaciones se producen a la par del reciente pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo ante el Congreso, que —debido al proceso legislativo correspondiente— todavía no ha llegado a la Cámara de Senadores.

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“Emitir el informe correspondiente a la Fiscalía de la Nación, en el extremo de la imputación contra los magistrados Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa, en su condición de jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por el presunto delito de abuso de autoridad, formulado por los denunciantes Ollanta Moisés Humala Tasso y Mario Julio Torres Aliaga”, se lee en el documento.

La disposición fiscal archivó los otros tres delitos que también se les imputaba, omisión de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica, al considerar que no hay elementos que sustenten una responsabilidad penal en esos casos. Solo sigue el cuestionamiento por abuso de autoridad, que por ley requiere autorización expresa del fiscal de la Nación para formalizar una investigación preparatoria contra magistrados.

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El día de la detención de Ollanta Humala

El 15 de abril de 2025, en una audiencia presencial de adelanto de fallo, la jueza Nayko Coronado expuso las razones de la decisión y condenó a Humala a 15 años de pena privativa de la libertad por lavado de activos agravado. En la misma sesión, se ordenó la ejecución provisional de la sentencia y la detención inmediata del expresidente, quien fue trasladado al penal de Barbadillo.

Además, ese mismo accionar se aplicó contra el otro denunciante del caso, Mario Torres, procesado como cómplice y que ese 15 de abril fue condenado a ocho años de pena privativa de la libertad y trasladado al establecimiento penitenciario de Ancón II.

En ambos casos, la orden de prisión se sustentó únicamente en el fallo dicho de forma oral. Sin embargo, el documento formal que debía contener los fundamentos de la decisión no existía todavía. La lectura de la sentencia se programó para el 29 de abril de 2025, pero según consta en el expediente, a esa fecha el documento tampoco estaba redactado ni firmado. Y recién se firmó el 2 de mayo de 2025 y se notificó a las partes esa misma noche.

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Los jueces se defendieron alegando problemas técnicos y un feriado

Los tres magistrados atribuyeron la demora a dificultades informáticas para subir la sentencia al Sistema Integrado de Justicia (SIJ) del Poder Judicial. Según los descargos recogidos en la investigación, el documento sí fue cargado al sistema el 21 de abril de 2025, pero en los días siguientes se presentaron inconvenientes técnicos relacionados con la numeración de páginas, el desplazamiento de objetos y la aparición de espacios en blanco, que requirieron una edición y corrección formal antes de que este pueda firmarse.

Y a esto se sumó que la jueza Caballero no estaba en Lima, sino en un juzgado de Huaura, sin acceso a firma física ni digital hasta que se habilitaran los permisos correspondientes. También que el 1 de mayo fue feriado nacional y no hubo personal técnico disponible y que recién el 2 de mayo, día que era no laborable para el sector público, se autorizó que el personal fuera a la sede del Poder Judicial para concretar la firma.

Max Vengoa, el único de los tres jueces que no se acogió a su derecho a guardar silencio ante la Fiscalía, sostuvo que la ley permite diferir la redacción de una sentencia hasta ocho días después del adelanto de fallo en casos complejos, conforme al artículo 396.2 del Código Procesal Penal, y que ese plazo, aunque se extendió más del doble en este caso, no invalida la decisión adoptada oralmente el 15 de abril.

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Cabe señalar que el pedido de la Fiscalía Superior llega más de un mes después de que el Tribunal Constitucional declarara fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Humala y dispuso que anule todo el proceso penal seguido en su contra por los aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

No descartan pedir indemnización

En diálogo con La República, el abogado Edinson Huamán --representante judicial del expresidente Ollanta Humala-- señaló que además de las diligencias para el proceso penal contra los magistrados, se encuentra en camino también un pedido para solicitar una indemnización económica en favor del exmandatario y los afectados.

"Es un tema aparte. (…) Es un tema propiamente civil que está en trámite, en curso. Y se presentará contra el Estado y los jueces que están dentro del caso", sostuvo.

"Antes de postular por JP, he tenido líneas con Fuerza Popular. Yo no lo puedo mentir, no lo puedo negar. El que yo me vaya a Fuerza Popular o no, no lo puedo negar ni afirmar", señaló al programa Beto a Saber.

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Días atrás, el diputado fue visto participando en un evento en su región junto a Keiko Fujimori. Recientemente, Rodríguez tuvo fuertes declaraciones en contra de Ernesto Zunini, diputado y vocero de Juntos por el Perú.

"No hay democracia. El señor Ernesto Zunini se cree una persona superpoderosa y que tiene la razón y no escucha otras razones. El señor Zunini se cree superdotado, y es algo en lo que está muy equivocado", indicó.

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Zunini responde

Ante las declaraciones de Marlon Aguirre, fue el propio Ernesto Zunini quien señaló que la bancada analizará de manera conjunta la situación del diputado. Zunini calificó las declaraciones del diputado como irresponsables.

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El legislador explicó que las decisiones al interior de Juntos por el Perú se resuelven, en primer término, mediante consenso y, si este no es posible, a través de una votación. En ese sentido, recordó que Aguirre fue elegido por los ciudadanos como integrante de JP y sostuvo que cualquier determinación que tome sobre su futuro político será de su propia responsabilidad.

Zunini también sugirió que las diferencias surgidas dentro de la agrupación podrían estar relacionadas con la intervención de actores externos: "Buscan generar lo que se ha generado en el Senado y que merecen explicaciones públicas", afirmó, aunque evitó precisar a qué fuerzas externas se refería, indicó sin detallar qué fuerzas serían.

Con ello se abrirá una investigación formal contra el diputado por un plazo de 15 días útiles a fin de determinar si cometió una infracción al Código de Ética, vinculada a presuntos actos de violencia contra su expareja.

El documento contó con el respaldo de los diputados Henry Albañil (presidente de la Comisión), Jessica Pérez, Harvey Colchado, Edwin Espinoza, Javier Cipriani y Mery Infantes.

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Durante el tiempo de indagación se recopilarán diversos medios probatorios, así como se tomará testimonio de la presunta agraviada.

De acuerdo con el informe de calificación, la denuncia presentada por el diputado Christian Aranda, cumplió con los requisitos procedimentales.

Por ello se procederá con la notificación al diputado denunciado para que pueda ejercer su defensa.

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Luego de ello, los miembros de la comisión evaluarán los informes técnicos, declaraciones y descargos para emitir una decisión sobre si corresponde o no sancionar al diputado de Juntos por el Perú.

Confirman indagación preliminar contra Aranda

También se conoció que la Comisión de Ética iniciará una indagación preliminar contra el diputado Christian Aranda, de Renovación Popular, en el marco de la denuncia presentada por la congresista Luz Soto (Juntos por el Perú) en su contra, por haber expuesto datos sensibles de una ciudadana.

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"Ya se inició con la indagación preliminar sobre el caso", confirmó el presidente de la comisión, Henry Albañil del Partido Cívico Obras.

La denuncia contra Aranda se remonta al 24 de agosto, cuando el diputado envió un oficio al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay para pedir información sobre la situación médica de una paciente. Según el documento presentado por Soto Ferrari, Aranda difundió en sus redes sociales información privada que permitió reconocer a la paciente.

La publicación original fue borrada y reemplazada por una versión modificada. Sin embargo, la denunciante sostiene que ese cambio no borra el problema de fondo: mientras el contenido estuvo disponible, pudo ser visto, capturado y compartido por terceros.

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La legisladora de JP basó su denuncia en varios puntos de las propias declaraciones públicas de Aranda. Entre el 26 y el 27 de agosto, el diputado reconoció que en el oficio dirigido al hospital incluyó el nombre de la paciente porque, según dijo, lo consideraba necesario para identificarla dentro del establecimiento.

La denuncia pide a la comisión que determine si el diputado de Renovación Popular vulneró el principio de discreción que exige el Reglamento del Congreso, además de los deberes de respeto, responsabilidad e integridad que debe cumplir todo parlamentario.

Piden que caso Aranda sea reservado

La denuncia contra Aranda solicita que se investigue si hizo gestiones que no le correspondían como legislador, y que se comunique el caso a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Además, la diputada de Juntos por el Perú pidió que se declare la reserva del expediente para evitar que el proceso vuelva a exponer a la paciente.

El análisis de la senadora Ruth Luque en La República, al evocar al personaje hipócrita del “Sinchi”, de Pantaleón y las visitadoras, apunta a otra cuestión relevante: ¿por qué determinados sectores del periodismo de opinión religioso vinculado a la extrema derecha política, como Javier Tebas-Gabriel Ariza (Infovaticana-VOX), Luciano Revoredo (La Abeja) y Giuliana Caccia-Ignacio y Sebastián Blanco (Origen Xtream), han concentrado su atención en un gesto simbólico relacionado con la Pachamama, interpretándolo como una expresión de paganismo?

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Un católico puede cuestionar una práctica cultural si considera que entra en contradicción con su fe. Lo que resulta mucho más problemático es convertir automáticamente una expresión de la cosmovisión andina en un acto de adoración pagana y, a partir de esa interpretación, descalificar a quienes participan de ella.

¿Realmente alguien puede sostener seriamente que dos obispos peruanos, Mons. Estrada y Mons. Cadenas, así como Mons. Bertomeu, funcionario de la Santa Sede, acudieron a ese encuentro para adorar una deidad pagana?

Las pocas imágenes o audios del acto, más allá de mostrar una participación respetuosa en el mismo, no permiten concluir la intencionalidad que algunos, incluso maliciosamente, atribuyen a ciertos participantes.

Lo mismo ocurre con una oración de un Papa en una mezquita: no lo transforma automáticamente en adorador de Alá. O con la asistencia de un católico a una corrida de toros, vista por muchos como una exaltación del sufrimiento innecesario de los animales, con raíces cultuales precristianas. Esa asistencia tampoco se transforma automáticamente en un acto inmoral (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2418).

Según publicó la Coordinadora de Derechos Humanos, los tres eclesiásticos fueron invitados como observadores a participar en un evento laico en Cusco en favor de las víctimas de la región, introducido por un acto simbólico del universo andino.

Para interpretar lo ocurrido con un mínimo rigor, es necesario conocer ese contexto antes de emitir un juicio y, mucho más aún, una condena. Porque asistir a los toros o realizar algún gesto relacionado con la Pachamama no tiene necesariamente un único significado.

Para algunos, esta última podría representar una dimensión religiosa incompatible con su comprensión del cristianismo. Pero para muchos católicos andinos forma parte de una tradición cultural que expresa respeto por la creación, por la tierra que alimenta y sostiene la vida, por los antepasados y por la comunidad. No es extraño que una persona pueda ser profundamente católica y, al mismo tiempo, ser fiel a su identidad cultural andina.

Y aquí aparece el problema de fondo.

Mientras la discusión pública se concentre en determinar si un gesto simbólico constituye o no un acto de culto, corremos el riesgo de olvidar a las personas que deberían estar en el centro de cualquier encuentro dedicado a la dignidad y los derechos humanos: las comunidades indígenas y sus víctimas.

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Pobreza, discriminación cultural, exclusión, distintas formas de abuso y vulnerabilidad, falta de acceso efectivo a la justicia y desigualdad histórica son problemas concretos. No desaparecen porque discutamos durante días sobre la interpretación religiosa de un símbolo.

La evangelización y la historia del catolicismo en los Andes forman parte también de esta compleja historia de encuentro, mestizaje y resistencia cultural que atraviesa los tiempos del virreinato y llega hasta la época republicana. El catolicismo andino, les guste o no en Lima o Madrid, es también una realidad histórica y cultural propia.

Es perfectamente posible discutir sobre teología sin insultar una cultura. Es posible cuestionar una práctica sin manipular lo ocurrido o deshumanizar a quienes la realizan. Y es posible defender la ortodoxia religiosa sin convertir a los pueblos andinos en el enemigo cultural de turno, acusando a su gente de “terroristas” o “comunistas”, “chamanes”, como hizo Luciano Revoredo.

En el Perú, el gran desafío hoy es escuchar a las comunidades indígenas y, especialmente, a quienes han sufrido abusos y vulneraciones de derechos. Como está haciendo la Iglesia tras descubrir los ilícitos cometidos por el Sodalicio y su holding empresarial.

La Pachamama podría ser objeto de debate teológico. Lo que no quieren debatir los especialistas en el ninguneo es algo mucho más concreto: el derecho de los pueblos andinos a la dignidad, vulnerado una y otra vez.

En rueda de prensa, el alcade instó a los parlamentarios a no “dilatar” el trámite y advirtió sobre la falta de acción para enfrentar la violencia criminal.

"Hay que actuar con firmeza, señores, y serán los congresistas —y se tendrá que saber en su momento— los que asuman su responsabilidad si siguen dilatando el aprobar facultades legislativas muy necesarias para, de una vez por todas, empezar a ganar espacio y terreno y, por qué no, reducir de forma significativa los índices de violencia criminal”.

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Al referirse a las bancadas que “frenan” la iniciativa, Reggiardo criticó que los intereses partidarios se pongan por encima de la seguridad nacional.

"Responsabilizaremos los peruanos a aquellos congresistas que están bloqueando las facultades legislativas. Por cálculo político, es increíble esto, pretenden bloquear las facultades legislativas o dilatarlas. No podemos esperar más tiempo." Reggiardo sostuvo además que una prioridad urgente dentro de este marco normativo debe ser "combatir la enorme proliferación de armas de fuego".

Exige investigación tras atentado en el norte

Al ser consultado sobre la violencia en Trujillo, el alcalde expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió una acción inmediata de las autoridades para sancionar a los responsables.

"Enviar desde aquí, desde la MML, desde nuestra capital, un pésame y un sentido dolor por la muerte de cuatro compatriotas en el norte de nuestro país. Cuatro compatriotas que una vez más han sido víctimas de la violencia y la criminalidad. Cuatro compatriotas que representan lo que venimos sufriendo año a año, día a día. Es momento de actuar y generar una investigación exhaustiva para dar con el paradero de quienes habrían sido los autores de esta masacre".

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Comisión de Constitución se declara en sesión permanente para evaluar pedido de facultades

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), aprobó con 18 votos a favor y dos en contra declararse en sesión permanente. Esta medida busca evaluar el proyecto del Poder Ejecutivo que solicita delegación de facultades legislativas.

Al estar en sesión permanente, el grupo de trabajo podrá reunirse las veces que sea necesario y convocar a los representantes del Ejecutivo involucrados en el tema para avanzar de forma acelerada.

La propuesta de declararse en sesión permanente fue presentada por el diputado Frank Krklec Torres (Renovación Popular) y respaldada por la diputada Cecilia Chacón de Vettori (Fuerza Popular).

"Que esta comisión se declare en sesión permanente a fin de evaluar y analizar el pedido de facultades y poder tener un dictamen y una votación lo más pronto posible, dado que la coyuntura en el país lo exige y la ciudadanía lo solicita”, indicó el diputado.

Diputada Rossana Alaysa a Renzo Reggiardo: “El documento remitido por la PCM aún tiene precisiones pendientes”

Tras las declaraciones de Reggiardo, la diputada por el Partido del Buen Gobierno indicó que aun hay correcciones que se deben hacer en el pedido de facultades.

"Es fácil llamar “obstruccionistas” a quienes tenemos la responsabilidad de revisar las facultades legislativas. Pero hay algo que la ciudadanía debe saber: el documento remitido por la PCM aún tiene precisiones pendientes”, sostuvo por medio de sus redes sociales. Además, agregó que falta la firma del Ministerio de Economía en el texto. “El propio documento evidencia que el Ejecutivo aún tiene aspectos por definir”.

En relación a la necesidad de cumplir con el marco legal y la disposición de su bancada para debatir la propuesta, Alaysa manifestó que es necesario subsanar las observaciones para proceder con el analísis.

"Los pedidos de facultades deben ser específicos por materia y por ley. No podemos obstruir algo que todavía está incompleto. En cambio, podemos aportar al debate para hacer leyes que realmente respondan a las necesidades de las personas”.

El 31 de agosto alrededor del mediodía, el Ministerio del Interior emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el ministro César Astudillo no viajó a Trujillo debido a "una situación familiar muy delicada". En el mismo documento, la institución indicó que el titular ordenó el traslado del Comandante General de la Policía, Óscar Arriola, y del general de la Dirincri, Víctor Revoredo, a la zona.

Sin embargo, horas más tarde, el ministro de Defensa justificó de forma distinta la ausencia de Astudillo. "El ministro ha estado involucrado y ha estado al tanto. Él no ha estado excluido de la operación, ni mucho menos. Ha sido simplemente una asignación de actividades. El ministro ha tenido otras responsabilidades en esta materia", sostuvo vía Canal N.

Al ser cuestionado sobre la eventual llegada del titular del Interior a La Libertad, Belaunde evitó precisar si viajaría o no. El ministro de Defensa solo se limitó a decir que su persona "sirve a discreción de la presidenta de la República". Además, agregó que Fujimori le dio instrucciones para desplazarse hacia Trujillo con el objetivo de gestionar la acciones de las Fuerzas Armadas.

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"Yo me apoyo con el general Mao Córdova, quien está a cargo acá. Yo no participo de las operaciones policiales", señaló. Sin embargo, desde la cuenta oficial del Mindef, se publicaron imagenes donde Belaunde aparece junto al general Óscar Arriola en medio de diligencias con uno de los detenidos.

Ataque armado y secuestro en Trujillo

El caso ocurrió durante la madrugada del domingo en la avenida Húsares de Junín, en la ciudad de Trujillo. Sujetos armados vestían prendas similares a las de la Policía Nacional e interceptaron una camioneta blanca en la que viajaban las víctimas tras salir de una discoteca.

El ataque dejó cuatro muertos, quienes fueron identificados como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos y Christopher Eduardo García Álvarez.

Durante la misma intervención, los delincuentes secuestraron al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, quien horas después quedó a salvo junto a su familia, según reportaron las autoridades.

Arriola sostuvo que fue una liberación y el titular de Defensa lo interrumpió para decir que “aún hay una investigación en proceso”. Cabe resaltar que horas después, Belaunde confirmó que hubo un pago de por medio. “Estamos confirmando que ha habido una entrega de dinero”, respondió para Canal N.

Cinco personas vinculadas a esa organización fueron detenidas: Frank Junior Quesada Cruz ("Ñato"), Julio Zavaleta Quesada ("Juliacho"), César Iván García Rivera ("Bolacho", presunto chofer), Ángel Fabricio Bocanegra Linares ("Folo") y José Miguel Cherrepe Dávila ("Ares"). La versión fue corroborada por el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

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Ministro de Defensa revela que la PNP acompañó entrega de dinero para liberar a empresario

Belaúnde, confirmó que la familia del empresario secuestrado en Trujillo realizó un pago para conseguir su liberación. Según explicó, la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo conocimiento de la entrega y realizó un seguimiento de la operación como parte de las acciones para identificar a los responsables del secuestro.

Belaúnde precisó que el dinero fue entregado como parte de la negociación con los secuestradores. Tras el pago y la posterior liberación del empresario, los agentes iniciaron el seguimiento de los movimientos del dinero para determinar quiénes participaron en la recepción y distribución del monto.

El titular del Ministerio de Defensa señaló que la PNP sigue la ruta del dinero. Además, indicó que la persona que habría recogido el pago no sería el cabecilla de la organización criminal, por lo que las diligencias buscan identificar a los demás integrantes y establecer quiénes ocuparon los distintos niveles dentro de la estructura delictiva.