"(¿Desde Obras podrían abrirle las puertas de la bancada?) Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende las circunstancias. Hay que hacer una evaluación al igual que lo puede hacer cualquier partido (...) todas las posibilidades están abiertas. No descartamos ninguna", declaró Barragán a la prensa.

Especificó que, claro, la decisión de ser parte de Obras deberá venir de Gavidia. “Nosotros no decidimos eso, sino primero el senador. Todo se puede dar”, dijo.

Añadió que percibía que Gavidia no era escuchado en su grupo parlamentario. “Ha habido una incomodidad de su parte, me parece. Espero que converse con Jorge Nieto. (Dice él que tiene una convergencia partidaria) Bueno, entonces no debieron ponerlo en su lista porque si está en la lista es porque comparte”, mencionó.

Tomando en cuenta ese antecedente, consideró que sí hubo coincidencias entre Gavidia y la mayoría de Obras al dar un voto a favor al pedido de facultades en el Senado.

Por otro lado, al ser consultado si su colega de bancada, Juana Ticona, quien se abstuvo de votar, podría retirarse del grupo, respondió: “Bueno, es una decisión de ella no de nosotros. Acá todo es libre. Acá estamos en ambiente de democracia. Si alguien no se siente cómodo. Lógicamente se va, ¿no?”

También aseguró que no se ha hablado de algún procedimiento disciplinario contra la senadora Ticona. “Nosotros conversamos y sacamos conclusiones de lo que sucedió la semana anterior. Todos los lunes nos reunimos con Belmont para evaluar los sucesos. A las 6 de este 24 será la reunión”, anotó.

Jorge Gavidia y su renuncia a Buen Gobierno

Días después de votar a favor del pedido de facultades, Gavidia anunció su renuncia a la bancada.

"(Voy a renunciar) a la militancia y a la bancada, lógicamente. Mi voto no significa exactamente el oficialismo bajo todas las condiciones", manifestó.

Y agregó: "Ingresé considerando que era diferente a mi posición y no puedo seguir haciendo más daño al partido a la imagen y desestabilizando, porque es un partido que tiene futuro".

"Según la información disponible sobre su visita al Perú, no se ha previsto un espacio de encuentro entre víctimas y sobrevivientes de abusos eclesiales, en particular del caso Sodalicio. Un gesto de escucha tendría un profundo significado humano y pastoral. Respetuosamente, quisiéramos conocer las razones del silencio ante nuestros reiterados pedidos de ser incluidos en su agenda", señala la carta.

Según el documento, diversas organizaciones de víctimas y sobrevivientes solicitaron reuniones desde el inicio del pontificado de León XIV. Afirman que no recibieron respuesta del papa ni de las autoridades vaticanas.

"Muchas víctimas no percibimos avances suficientes en justicia ni en rendición de cuentas. Los efectos prácticos de la supresión no son visibles: los remanentes siguen operando en los mismos locales (incluidas parroquias), con los mismos líderes y las mismas fuentes de financiamiento", afirman.

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Un reclamo al Estado y a la Iglesia

La carta recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ordenó en enero de 2025 al Estado peruano crear una comisión para investigar todas las denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la Iglesia católica y en grupos eclesiales, sin importar el tiempo transcurrido. Los firmantes señalan que no hay avances suficientes en políticas de acceso a la justicia, prevención y reparación integral.

También cuestionan que la Iglesia católica no asuma su responsabilidad. Afirman que no solo permitió el actuar del Sodalicio, sino que falló en la prevención, la supervisión y la respuesta oportuna, pese a que las primeras denuncias públicas datan de hace 26 años.

Los sobrevivientes denuncian además que continúan los procesos judiciales contra periodistas que denunciaron al Sodalicio. "Nuestro propósito no es reabrir heridas, sino contribuir a que puedan sanar", concluye el documento.

Uno de los viajes que llamó la atención fue el de una delegación de al menos 15 parlamentarios de seis bancadas a China, entre el 11 y el 21 de octubre. La invitación de la embajada china llegó el 7 de septiembre y contempló una agenda con actividades en la Asamblea Popular Nacional, reuniones sobre seguridad pública y asuntos vinculados con la organización del Partido Comunista Chino. El viaje coincidió con la semana de representación, periodo en el que los legisladores deben desarrollar actividades en sus respectivas regiones.

Entre los participantes figuraron Mirtha Vásquez, de Ahora Nación; Nilza Chacón, de Fuerza Popular; Rossana Alayza, de Buen Gobierno; y los parlamentarios de Renovación Popular Gustavo Segura y Diego Bazán. Este último ya había viajado a China en 2023, cuando integraba la comisión que investigaba a empresas chinas. La delegación estuvo encabezada por Chacón, segunda vicepresidenta del Senado.

El reportaje también reveló que Analí Márquez, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados e integrante de Juntos por el Perú, recibió una invitación personal para viajar a China del 8 al 18 de octubre, con una agenda distinta a la de la delegación multipartidaria. Su solicitud de licencia mencionó su participación en una delegación de jóvenes líderes políticos de América Latina y el Caribe.

La diputada había cuestionado los viajes al extranjero el 11 de septiembre, durante el debate sobre la primera salida del país de la presidenta Keiko Fujimori. "El Perú hoy está atravesando por una situación crítica. ¿Y nos vamos a dar todavía el espacio de poder viajar? Cuando ni siquiera estamos mediando el tema de la inseguridad y el fenómeno de El Niño que se viene", manifestó.

Sin embargo, días después solicitó permiso para viajar a China. En una entrevista con la televisión estatal de ese país, Márquez señaló que esperaba conocer experiencias para mejorar el abastecimiento de agua y facilitar las compras mediante plataformas digitales como Alibaba. Consultada por 'Punto Final' sobre las competencias del Legislativo para impulsar estas iniciativas, respondió que podía realizar seguimiento y buscar enlaces con otras autoridades.

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Senadores también viajaron a México y Tanzania

Otro de los destinos identificados fue Cancún, México, donde se realizó una cumbre de ciberseguridad del 9 al 13 de septiembre. El senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, participó en el encuentro tras recibir una invitación de Digi Americas Alliance, según la documentación revisada por el programa. El fujimorista Marco Miyashiro también presentó un documento para asistir al evento.

Al ser consultado sobre el viaje, López Chau señaló inicialmente que la invitación había sido gestionada por el Congreso. "Fue una invitación de LATAM", respondió. El reportaje contrastó sus declaraciones con la licencia presentada por el senador, en la que figurada Digi Americas Alliance como organización invitante.

En octubre, el senador Daniel Barragán, de Obras, viajó a Tanzania para participar en una asamblea de la Unión Interparlamentaria junto con la congresista fujimorista Karla Schaefer. Durante una entrevista con el programa, Barragán afirmó que solo había solicitado una licencia de viaje, relacionada con una actividad en California, donde recibió un reconocimiento por sus 25 años de trabajo en favor del emprendimiento en el Perú. No mencionó su participación en el encuentro en Tanzania.

Barragán también estuvo bajo cuestionamientos por la designación y posterior remoción de su hermana de un cargo en EsSalud. El reportaje consignó este antecedente al informar sobre su viaje al país africano.

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Viajes a foros y encuentros internacionales

Los registros parlamentarios también consignaron viajes por motivos técnicos, religiosos y políticos. En septiembre, el senador Jaime Delgado, de Ahora Nación, informó sobre una invitación a un seminario internacional de defensa del consumidor en Río de Janeiro, Brasil. Por su parte, la senadora Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, comunicó su participación en el encuentro Cristianos en la vida pública, celebrado en Santiago de Chile en octubre.

Jáuregui sostuvo que el encuentro permitió conocer políticas públicas relacionadas con el enfoque de familia. Su compañero de bancada Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, participó en agosto en un foro latinoamericano contra el antisemitismo en Santo Domingo. Según explicó por correo electrónico, los organizadores cubrieron los gastos. En septiembre y octubre, además, asistió a otros encuentros en Madrid y México.

El programa también identificó inconsistencias entre las declaraciones de algunos legisladores y los registros parlamentarios. Christian Aranda, diputado de Renovación Popular, afirmó que no había solicitado licencias de viaje. Sin embargo, los registros mostraron que entre agosto y septiembre pidió permisos para ausentarse de cinco sesiones del Pleno por viajes. Consultado sobre su próximo destino, confirmó que viajaría a Bolivia para participar en una conferencia sobre libertad religiosa, con los gastos cubiertos por la organización.

Bonifaz sostuvo que Gavidia tuvo la oportunidad de explicar públicamente su postura, pero no precisó qué aspectos de la organización política motivaron su alejamiento. "Él se ha paseado por todos los canales de TV justificándose, escuché que es por razones ideológicas. Jamás se ha dado el trabajo de decir cuáles son esas diferencias, cuáles son los puntos que no está de acuerdo", manifestó.

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La senadora también recordó que, cuando Gavidia ingresó a la agrupación, expresó su respaldo a sus principales planteamientos. "Él entró al partido hablando maravillas del plan de gobierno y de la posición doctrinaria", afirmó. Por ello, consideró necesario que el exparlamentario explique qué cambió en su posición y cuáles son los puntos con los que ahora discrepa.

Bonifaz cuestionó la falta de claridad sobre las razones de la renuncia y le pidió presentar argumentos concretos. "Quiero que diga científicamente una por una las diferencias", expresó. Además, criticó lo que consideró una falta de transparencia en sus explicaciones y señaló que no comprende los motivos que llevaron a Gavidia a apartarse de la bancada.

La confirmación llegó dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice. Según el comunicado oficial, la operación se realizó con éxito y sin complicaciones. Los exámenes posteriores determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no era necesario ningún tratamiento oncológico adicional.

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El doctor Luigi Carbone confirmó que los últimos análisis y pruebas médicas mostraron una evolución favorable. Además, precisó que no existían contraindicaciones para que León XIV emprendiera el viaje a Perú, Uruguay y Argentina. Desde su regreso al Vaticano, el papa retomó de manera gradual sus actividades, con una agenda adaptada a las recomendaciones de sus médicos.

La visita apostólica permitirá al pontífice encontrarse con las Iglesias locales y alentar a los fieles de los tres países. De acuerdo con la Santa Sede, el objetivo también será compartir un mensaje de fe, esperanza y paz. León XIV expresó su entusiasmo por regresar a América Latina, continente en el que vivió momentos importantes de su vida.

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Papa León XIV expresa su alegría por regresar a América Latina

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el papa León XIV manifestó su alegría por el próximo viaje y destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre las comunidades católicas de la región. "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", escribió.

En el mismo mensaje, el pontífice planteó que la visita debe ser una oportunidad para acercar a las personas y reforzar la unión entre las Iglesias locales. "Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas", señaló.

León XIV también llamó a renovar el compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. La Santa Sede, por su parte, informó que el pontífice agradeció las oraciones y las muestras de afecto recibidas durante su recuperación, así como la atención de los profesionales sanitarios que lo acompañaron tras la operación.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", escribió León XIV. Los médicos informaron que su recuperación posoperatoria avanza favorablemente y que los resultados de las evaluaciones no muestran contraindicaciones para el viaje.

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La confirmación del viaje se produjo después de que el doctor Luigi Carbone informara que los últimos análisis y pruebas médicas mostraron una evolución favorable y que no existían contraindicaciones para que el papa emprendiera el recorrido. Desde su regreso al Vaticano, el pontífice retomó gradualmente sus actividades, con una agenda adaptada a las recomendaciones médicas.

La visita apostólica permitirá a León XIV encontrarse con las Iglesias locales y alentar a los fieles de los tres países. Según la Santa Sede, el recorrido también busca transmitir un mensaje de fe, esperanza y paz.

El recorrido comenzará en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, continuará en Argentina, del 8 al 11, y concluirá en Perú, del 11 al 17 de noviembre. En territorio peruano, el papa tiene previsto visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La expectativa por su llegada aumentó tras la operación del 13 de octubre, aunque las autoridades eclesiásticas mantuvieron el viaje en agenda mientras esperaban la evolución de su salud.

López-Chau también manifestó su expectativa de que Gavidia reconsidere su decisión y regrese a Buen Gobierno. El senador lamentó que la agrupación atraviese dificultades internas y consideró que la salida de uno de sus integrantes no es motivo para celebrar, pues espera que el partido pueda superar sus problemas y mantener su presencia en la política nacional.

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El líder de Ahora Nación destacó la importancia de que Buen Gobierno consiga consolidarse como una organización política. “El Perú necesita un partido de centro como Buen Gobierno”, afirmó.

El senador reiteró sus buenos deseos para la organización y sostuvo que espera que resuelva sus dificultades internas. “Le deseo a Buen Gobierno que supere pronto sus problemas y se afirme como partido”, expresó.

López-Chau indicó que conversaría con los dirigentes de Buen Gobierno antes de emitir una opinión más amplia sobre la renuncia de Gavidia. El senador consideró necesario conocer la versión de quienes integran el partido para comprender mejor lo ocurrido.

Gavidia votó a favor el 21 de octubre, cuando el Pleno del Senado aprobó el dictamen con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. El texto suma siete materias a las 20 que ya había aprobado la Cámara de Diputados. Buen Gobierno se dividió, de sus siete senadores, solo Gavidia y Juver Flores votaron a favor. Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Flavio Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute se abstuvieron.

"Simplemente siempre ingresé considerando que era diferente a mi posición y no puedo hacerle daño a la imagen del partido", explicó el senador. Agregó que Buen Gobierno tiene futuro y cuenta con jóvenes que piensan distinto a él.

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Antes de confirmar su salida, Gavidia había dicho: "Si tengo que irme, lo haré, aunque yo dije que nunca lo iba a hacer". Defendió su voto y sostuvo que "expresa mi libertad". Dijo que prefiere medir la situación y que busca no hacerle más daño al partido.

El senador contó que había quedado en reunirse con el líder de Buen Gobierno, Jorge Nieto, este lunes, y que confirmaría si la cita era posible. Dijo que hubo una facilitación para que ambos puedan entenderse.

Daniel Barragán: “Las puertas de OBRAS están abiertas”

El senador Daniel Barragán se refirió a la anunciada renuncia de Gavidia y mencionó que coincidieron votando a favor en el Pleno del Senado por el pedido de facultades solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

"Esperemos que conversen y de ahí sacará una conclusión. Supuestamente los que están en una lista porque tienen los mismo ideales. Las puertas de OBRAS siempre están abiertas, depende las circunstancias, se tiene que hacer una evaluación (…) hubo coincidencias en el voto, no descartamos ninguna posibilidad", manifestó para Canal N.

Nora Bonifaz: “Que diga cuáles son sus diferencias (con el partido)”

La senadora Nora Bonifaz, del mismo partido que Gavidia mostró su rechazo a las declaraciones de su colega de bancada y lo instó a decir cuáles eran las diferencias ideológicas que mantiene con el partido, pues señaló que fue el propio Gavidia quien entró al Buen Gobierno alabando el plan que tenían que para el país y su doctrina ideológica.

“Yo no lo entiendo, ni una vez ha fundamentado ni ha dicho, él entró al partido hablando maravillas del plan de gobierno y de la posición doctrinaria. Que fundamente. Evidentemente, no hay transparencia en esa oscuridad mental, pese a que se dice científico, quiero que diga científicamente una por una las diferencias", manifestó.

El voto dividido de Buen Gobierno

Gavidia había anunciado su voto horas antes de que empezara el debate en el Pleno del Senado, al igual que lo hizo Barragán de OBRAS. En una conversación con Exitosa, dijo que, aunque su bancada podía fijar una posición común, él votaría a favor porque pone el análisis técnico por encima del jurídico y el político.

Cuando le comentaron que parecía confiar en el fujimorismo, respondió “yo confío en el país”. Explicó que, si hoy lo dirige el oficialismo, prefiere hacer una crítica constructiva antes que desconfiar y quedar “entrampado”. Añadió que no es ciego y que podrá reconocer en el análisis si se equivocaron al otorgar las facultades.

El asesor del gabinete del JNE, Jorge Valdivia en declaraciones para Ojo Público explicó el proceso que se seguirá para dichos casos: primero los Jurados Electorales Especiales (JEE) proclamarán a los candidatos a primer regidor. Luego, al ver que no se cuenta con un alcalde deberán aplicar la Ley Orgánica de Municipalidades y solicitar las credenciales tanto para el que va a ocupar el cargo de alcalde, como aquel que va a completar el número de regidores.

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"Tienen que realizar un expediente que se llama (convocatoria de) candidato no proclamado’ para solicitar las credenciales", dijo al referido medio.

Debido a que el cargo de primer regidor recién se asume el viernes 1 de enero de 2027, será ese día en el que recién se inicie el proceso para solicitar las credenciales de alcalde al JNE. Al tratarse de un día feriado, seguido de un fin de semana, la atención al pedido se realizará el lunes 4.

Serán, como mínimo, cuatro días en los que la ausencia será suplida por el primer regidor. Esto debido a que el art. 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades manda a que ante la ausencia del alcalde asume inmediatamente el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.

Sin embargo, claro, ello no es implícito para las situaciones en las que el primer regidor está impedido por tratarse de una autoridad que ya ocupó el mismo cargo en el periodo anterior. Por lo tanto, se trataría de un liderazgo temporal sin las credenciales oficiales del JNE.

Al respecto, Fernando Tuesta señaló: "El JNE se encarga de entregar credenciales. Llama de la lista ganadora a quien postuló como alcalde. No está porque renunció entonces llama a quien sigue. Sería el señor López Aliaga como primer regidor. No se le puede entregar la credencial de alcalde porque está impedido por la Constitución. Se le entregará la credencial de regidor. ¿Quién asumirá la alcaldía? El regidor que sigue, el número 2".

Añadió: "El hecho de que un candidato no guste o no esté preparado es otro tema. Quien nos ha llevado a esta situación es López Aliaga. Claro, quieren postular al JNE, a todos. Pero no se puede. La Constitución prohíbe la reelección. No tiene que ver que haya ganado su lista o que sea el preferido. Las reglas son claras. No puedes continuar en el cargo que ganaste en la elección anterior. Si no, se daría una inutilidad de la norma de prohibición".

Cronología de la postura de Roberto Burneo

La República recopiló las declaraciones del presidente del JNE, Roberto Burneo, sobre el tema que evidencian su evasión y ausencia de postura firme sobre los casos de reelección encubierta.

El 5 de agosto, tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la alcaldía de Lima, Burneo evitó pronunciarse sobre el caso específico de Rafael López Aliaga, quien postulaba como primer regidor y podría asumir la alcaldía si la lista de Renovación Popular resultaba ganadora.

Al ser consultado por el tema, indicó que el JNE “no legisla”, sino que se basa “de forma independiente objetiva sobre la base constitucional, legal y por los reglamentos”. Añadió que, a título personal, considera que, en el caso de gobiernos locales, sí debería permitirse la reelección de autoridades.

Luego, el 26 de agosto, ante las decisiones diferentes de los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Morropón y Lima Centro, Burneo afirmó que el Pleno del JNE resolvería en última instancia los casos relacionados con la denominada reelección encubierta. Evitó adelantar una posición sobre los expedientes y defendió la independencia de los jurados electorales especiales para interpretar las normas.

El 4 de septiembre, el Pleno del JNE resolvió que un alcalde en ejercicio puede postular como candidato a regidor.

Después, el 5 del mismo mes, aseguró que “en el Perú no hay ninguna modalidad de reelección encubierta”. Añadió que no podía “adelantar ninguna opinión” sobre el caso López Aliaga “porque aún no ha sido materia del debate”.

El 9 de septiembre, después de que 14 organizaciones políticas solicitaran un pronunciamiento vinculante, Burneo confirmó que el asunto sería incluido en la agenda del Pleno del JNE. Aclaró que todavía no se había fijado una fecha para el debate.

Finalmente, el 21 de septiembre, antes del debate municipal de Lima, Burneo indicó que el organismo seguía evaluando la controversia y se encontraba en sesión permanente. Reafirmó que el criterio vigente permitía postular como primer regidor a quien había ejercido inmediatamente antes como alcalde, pero insistió en que no podía anticipar la decisión sobre una eventual nueva credencial de alcalde.

Por su parte, Gunther Gonzales Barrón, integrante del Pleno del JNE, señaló el 22 de septiembre que permitir la postulación de alcaldes como primer regidor y que asuman la alcaldía en caso de renuncia vulnera el artículo 194 de la Constitución

El 22 de octubre, el JNE revocó la exclusión del alcalde de Morropón y sostuvo que no existe “reelección encubierta”; persiste la falta de una posición general del Pleno.

Se trata de 160 inmuebles embargados en 2023 en el curso de un proceso por presunto lavado de activos, y entregados al Pronabi para su administración, entidad que rápidamente dio en uso a diversas entidades públicas, como la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones, EsSalud y otras.

Sin embargo, mediante una comunicación escrita (Carta N.º 291-2026-JUS/PRONABI-UGDA), las autoridades del Pronabi, si bien reconocen el mandato judicial de devolución, señalan que no pueden ejecutar la medida hasta que se resuelvan los recursos de apelación pendientes.

Es el mismo argumento que Pronabi remitió a la Comandancia General de la Policía para informar sobre la paralización temporal de la devolución de un inmueble en Barranco, que la institución policial ocupa.

Efectivamente, el 26 de agosto de este año, el Ministerio Público consiguió que se admita una apelación contra la resolución judicial que dispone la restitución de los inmuebles incautados a la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, propietaria de la desaparecida universidad del mismo nombre.

Pero la apelación no implica el congelamiento de los alcances de la resolución judicial que manda la devolución de las propiedades. Además, Pronabi no ha promovido, ni tampoco existe una resolución judicial contraria a la disposición que ordena el regreso de los inmuebles a sus propietarios.

Esta es la segunda vez que el Pronabi busca dilatar el retorno de los bienes.

Cuando el 12 de agosto de este año, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional desestimó un nuevo requerimiento de incautación y ordenó la inmediata devolución de los 160 inmuebles, Pronabi argumentó que no podía cumplir con la disposición porque necesitaba la identificación de la partida registral de cada una de las propiedades.

El juzgado contestó dando cuenta del registro individualizado de cada bien.

Ahora Pronabi argumenta que antes de la devolución, se debe resolver la apelación del Ministerio Público.

Pero en el Decreto Supremo N°001-2021-JUS se indica que la restitución del bien procede cuando existe una orden judicial, que es precisamente lo que sucede con el presente caso. El Pronabi no está facultado para mantener en suspenso los mandatos judiciales.

El 12 de agosto de este año, el titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Eiser Jiménez Coronel, fue quien anuló la incautación de los bienes de la Universidad Alas Peruanas y dispuso que Pronabi devolviera la totalidad de los activos, debido a graves deficiencias en la investigación del exfiscal de Lavado de Activos, Wilson Salazar Reque.

Más de dos meses después, el 19 de octubre, el mismo magistrado Eiser Jiménez reiteró su mandato para que Pronabi regrese los 160 inmuebles incautados sin sustento.

Según la versión del Pronabi, sustentada en una carta suscrita por la Coordinadora de la Unidad de Gestión de Disposición de Activos, Lisett Casaverde Zela, la Procuraduría General del Estado comunicó a la entidad que había sido concedido el recurso de apelación contra el retorno de los bienes incautados y, en consecuencia, el proceso de devolución queda en suspenso.

Resolución debe ser consentida

• “Si bien existe una orden judicial que ordena la devolución de los bienes comprendidos en las referidas resoluciones, corresponde precisar que dicha decisión ha sido objeto de impugnación, encontrándose pendiente el pronunciamiento del órgano jurisdiccional superior respecto del recurso de apelación concedido”, señala el Pronabi.
• “La devolución de los bienes incautados se encuentra supeditada a la existencia de una resolución judicial debidamente consentida o ejecutoriada”, por lo que el Pronabi, “se encuentra a la espera de que el referido órgano jurisdiccional remita la resolución correspondiente, a efectos de proceder a evaluar la ejecución de la misma”.
• Como se lee, Pronabi señala que “evaluará” el cumplimiento de las disposiciones judiciales, cuando estas claramente disponen la inmediata devolución de los 160 inmuebles incautados.

“El fujimorismo cuenta con una base de apoyo parlamentario, pero todavía tiene que negociar para alcanzar mayoría. En el Senado, Fuerza Popular y Renovación Popular han sumado 35 votos cuando necesitaban 31. El respaldo de Obras y Buen Gobierno ha sido decisivo. La oposición no ha logrado actuar como un bloque”, señaló Noam López, politólogo e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

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El proceso de aprobación de esta ley anticipa la dinámica que podría marcar el funcionamiento del Congreso durante los próximos meses. En la Cámara de Diputados, la mayoría es opositora: 74 legisladores forman parte de la denominada coalición democrática, frente a los 56 que integran el tándem de Renovación Popular y Fuerza Popular.

Sin embargo, en el Senado, instancia definitiva para cada proyecto de ley, el oficialismo mantiene una posición favorable. La división entre ambas facciones es —contando a Obras, PBG, AN y JPP como grupo compacto— exactamente de 30 a 30. En caso de empate, el voto dirimente corresponderá a la Mesa Directiva, presidida actualmente por Miguel Ángel Torres, uno de los principales dirigentes de Fuerza Popular.

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¿Carece la oposición de una estrategia común frente al fujimorismo o estamos ante bancadas que adoptan posiciones distintas según el tema y la instancia de votación? Para López, la oposición todavía no ha logrado consolidar una coordinación efectiva.

“Todavía hemos visto una capacidad limitada de coordinación entre la oposición parlamentaria. Esta oposición no es necesariamente una coalición. Compartir una posición crítica al Gobierno no significa compartir una agenda común, los mismos intereses o prioridades programáticas”, indicó López.

Cada voto contó en las distintas etapas

El respaldo parlamentario, sin embargo, ha sido irregular. Juntos por el Perú fue la única bancada que mantuvo su rechazo al pedido del Gobierno en todas las etapas del proceso. En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Ahora Nación, el Partido del Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular habían alcanzado un primer consenso en torno a un texto sustitutorio conjunto, que reducía de 66 a 27 las materias para las que se solicitaban facultades legislativas.

En el pleno, el Partido del Buen Gobierno se distanció del respaldo general al pedido. Ante las dudas sobre una posible incorporación de nuevas materias durante el debate en el Senado, los legisladores liderados por Jorge Nieto optaron por la abstención. Cuando esa ampliación se concretó, la bancada mantuvo su posición, mientras que Ahora Nación votó en contra junto con Juntos por el Perú. El respaldo de Obras resultó determinante para modificar el escenario.

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“Hay que considerar tres factores: el contenido de las propuestas, las negociaciones parlamentarias y los incentivos. No se votó exactamente lo mismo en todas las etapas. La propuesta original fue recortada en la Cámara de Diputados y modificada en el Senado. Respaldar una propuesta acotada es distinto a otorgarle facultades al Ejecutivo. Para entender los cambios de posición hay que observar los votos y los cambios al texto”, señaló López.

En política, suele considerarse que los actores toman decisiones en función de sus intereses y de una evaluación racional de sus conveniencias. Las negociaciones de las últimas semanas son una muestra de ello. Distintas presiones e incentivos llevaron a que una bancada respaldara un texto en una etapa y considerara más conveniente no aprobarlo en otra.

Para López, las exigencias del contexto también pueden obligar a las bancadas opositoras a maniobrar frente a las iniciativas del oficialismo.

“Creo que todas las bancadas tienen la capacidad para inclinarse hacia donde les conviene, según las decisiones legislativas que tienen que tomar. Puede haber un interés en introducir una propuesta o un cálculo político. La inseguridad y la crisis climática pueden generar una verdadera presión para que exista una respuesta pronto. Una bancada puede entender que es políticamente más conveniente negociar una propuesta antes que rechazarla”, señaló.

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¿Cómo queda Fuerza Popular?

Más allá de las diferencias entre los grupos opositores, Fuerza Popular también ha tenido que ajustar su estrategia durante el proceso. En las primeras etapas, ante la presión de la mayoría opositora, la bancada oficialista no logró sacar adelante su propuesta inicial, que contemplaba reformas en materia económica y laboral, así como cambios relacionados con el funcionamiento del Estado.

Para el analista, el partido naranja ha demostrado que su capacidad de influencia dependerá de una negociación constante durante el periodo de Gobierno.

“El fujimorismo aparece como el principal articulador de la mayoría que finalmente aprobó las facultades. Pero creo también que su actuación está demostrando límites. Inicialmente, no logró imponer el texto que quiso y tuvo que aceptar algo mucho más acotado en Diputados. Luego logró ampliar su propuesta en el Senado. Esto evidencia que su capacidad política depende tanto de sus votos como del manejo de la agenda legislativa y de los acuerdos con otras bancadas”.

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Incluso manteniendo la disciplina parlamentaria de su bancada, Fuerza Popular seguirá dependiendo de su capacidad de negociación. En este primer episodio legislativo, algunos dirigentes asumieron un papel central en las conversaciones. Según pudo conocer este diario, figuras como José Chlimper y Luis Galarreta, junto con los voceros parlamentarios de la agrupación naranja, estuvieron a cargo de este proceso.

“Creo que este primer episodio ofrece un indicio de que podríamos observar mayorías legislativas variables construidas a partir de iniciativas específicas. La distinción entre oficialismo y oposición será importante, pero no suficiente para explicar los resultados parlamentarios. Las bancadas relativamente pequeñas pueden tener una influencia suficiente para inclinar las votaciones y alcanzar mayorías o, incluso, reunir los votos necesarios para el cuórum en algunos casos. Habrá que observar si estos acuerdos son estables”, señaló López.

Una dinámica que marcará la relación entre las cámaras

La aprobación de las facultades legislativas ha concluido, pero la dinámica entre ambas cámaras ha quedado marcada por la controversia sobre la incorporación de nuevas materias en el Senado. Esta modificación fue cuestionada por buena parte de la oposición, entre ellas, las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno. En la práctica, el precedente muestra que el Senado puede incorporar materias adicionales a las aprobadas por la Cámara de Diputados.

“Acá aparece uno de los problemas institucionales más importantes. El Senado agregó siete puntos sin que el proyecto regresara a Diputados. Esto ha abierto una controversia y la discusión sobre hasta dónde se puede modificar seguirá. Más allá de la modificación en el pedido de facultades legislativas, creo que este será un episodio importante para la dinámica entre cámaras”, señaló López.

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Para el politólogo, la falta de reglas precisas sobre este procedimiento podría desencadenar un conflicto institucional dentro del Poder Legislativo y convertirse en un pasivo para el propio Congreso.

“Si no se precisan las reglas, esto podría derivar en una desaprobación por no ponerse institucionalmente de acuerdo frente al conflicto. La imagen de que el Congreso no se ponga de acuerdo le cobrará factura. El descrédito seguirá y afectará a una institución como el Congreso, que ha tenido una imagen frágil en nuestro sistema democrático”, apuntó.

"Ya está solucionado con la Fe de erratas", declaró en entrevistas a Punto Final.

Además, consideró que el error solo estuvo en el encabezado y no en que solo se consignó la firma del Senado.

“En el caso de las firmas creo que no hubo opiniones en contra. Creo que el cuestionamiento ha sido básicamente en el encabezado. He escuchado a varios constitucionalistas que dicen que es quien da la ley. Creo que el problema no es la firma”, dijo.

Añadió que tiene conocimiento de que se desarrollará una Junta de Portavoces.

“Miguel Torres ya ha hecho la fe de erratas. (¿Para usted la fe de erratas es suficiente para solucionar el problema?) Para mí ya está solucionado. Mas bien, nosotros haremos un uso efectivo de las facultades aunque nos hayan dado poco”, agregó.

Constitucionalista Luciano López pide ley rectificatoria

El constitucionalista Luciano López cuestionó en X que la fe de erratas baste para corregir la ley. “Esto no se arregla con fe de erratas. Requiere ley rectificatoria. El error viene desde la autógrafa y, peor aún, con las declaraciones confesas y conscientes del presidente del Senado, no es un simple error, sino uno conceptual y muy grave que amerita censura”, escribió.

López citó el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución y el inciso a del artículo 32 del Reglamento del Congreso, que establecen que quien da la ley es el Congreso y no el Senado. Si Torres persiste en justificar el error, dijo, debe renunciar o ser censurado.

La senadora Mirtha Vásquez de Ahora Nación ya había pedido a Torres explicar y rectificar la fórmula “El Senado de la República ha dado la ley siguiente”. “Este grave defecto podría determinar la inconstitucionalidad por la forma de esta ley y comprometer la validez de los decretos que se emitan a su amparo. Más aún, pretender que el Senado, por sí solo, ‘de leyes’ contra lo dispuesto por la Constitución constituye una señal de autoritarismo”, señaló.

El expediente corresponde al caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el gobierno de Castillo. La investigación apunta a presuntos pagos de dinero a cambio de promociones al grado de general. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el Ministerio Público, parte de esos montos habría tenido como destino al entonces presidente.

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El reportaje también cuestionó la demora en el Congreso. La denuncia constitucional fue presentada por el Ministerio Público en 2023, pero no completó su trámite durante el periodo parlamentario 2021-2026.

Con la instalación del nuevo Parlamento bicameral, el expediente pasó a la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Varas, de Juntos por el Perú.

La Cámara de Diputados tiene previsto debatir el caso el jueves 29 de octubre. Sin embargo, el tiempo es limitado: si no existe una decisión de ambas cámaras antes del 15 de noviembre, la denuncia podría caducar. El resultado dependerá de los votos de los parlamentarios y de las decisiones que adopten durante el procedimiento.

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Caso ascensos: las pruebas que comprometen a Pedro Castillo

Cuarto Poder accedió a las declaraciones de cinco colaboradores eficaces y una testigo que describieron presuntos pagos ilícitos por ascensos en las fuerzas del orden. Uno de los testimonios indicó que se cobraban US$20.000 por determinadas promociones.

Otro aspirante a colaborador eficaz reconoció haber pagado dinero para conseguir su propio ascenso y mencionó que tres coroneles de la Policía habrían entregado US$40.000 cada uno para llegar al grado de general.

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Entre los elementos reunidos por la Fiscalía también figuran mensajes de WhatsApp entre Castillo y el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra. En octubre de 2021, el expresidente le preguntó por los avances del proceso de ascensos y le envió un mensaje con la indicación «Para coronel», junto con el nombre de un oficial. Vizcarra entregó su celular a las autoridades como parte de las pesquisas.

Otra evidencia corresponde a dos notas adhesivas que Bruno Pacheco, exsecretario general de Castillo, entregó a la Fiscalía. Los documentos contenían indicaciones sobre cambios de oficiales en la Casa Militar y la Policía.

Según la pericia grafotécnica citada en el reportaje, los manuscritos procedían del mismo autor que otros documentos atribuidos a Pedro Castillo. La evaluación parlamentaria deberá determinar si la denuncia continúa su trámite.

Según el testimonio, las autoridades acudían a la oficina de Palomino en Huancavelica para solicitar presupuesto para obras que ya tenían identificadas. El exasesor sostuvo que la propia diputada le explicó cómo funcionaría este supuesto mecanismo de cobros por las gestiones ante las entidades públicas.

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El extrabajador también denunció que debía utilizar parte de su sueldo para pagar gastos vinculados a la congresista. Entre ellos mencionó la alimentación, los carteles de la oficina descentralizada y los recibos de luz y agua. Aseguró que no recibió la devolución del dinero que desembolsó.

Palomino rechazó por escrito algunas de las afirmaciones de su excolaborador. Sobre su participación en las actividades de representación, sostuvo que el trabajador nunca la acompañó durante esa semana. Sin embargo, Panorama mostró fotografías publicadas en la cuenta oficial de la legisladora en las que ambos aparecían juntos durante esas actividades.

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Exasesor denunció pagos y presiones a trabajadores del despacho

El extrabajador afirmó que Palomino le pedía entregar dinero a personas que acudían a su oficina. Según relató, los montos incluían pagos de S/200, S/300 y otras cantidades. Explicó que estas entregas respondían a compromisos asumidos con representantes de comunidades que habían apoyado a la diputada. Añadió que los propios trabajadores debían cubrir esos desembolsos.

El exasesor también contó que recibió presiones para continuar con los pagos. Según su versión, una compañera le advirtió que informaría a la congresista si no entregaba la cantidad solicitada.

Además, aseguró que Palomino le pidió asumir, junto con otra trabajadora, el costo de una camioneta alquilada por S/2.000, después de que el vehículo habitual necesitara reparaciones. El extrabajador también afirmó que solía trasladar a la diputada a sus visitas al penal de Barbadillo, donde se encontraba el expresidente Pedro Castillo.

Los hechos investigados corresponden a la etapa en que Manturano se desempeñó como gerente general de EMILIMA, cargo al que llegó en 2019. De acuerdo con la documentación fiscal presentada en el reportaje, el caso comprende 22 contrataciones de locadores cuyos trabajos no se habrían ejecutado, pese a que la entidad municipal realizó los pagos correspondientes.

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La investigación también incluye audios entregados por aspirantes a colaboradores eficaces. En una de las grabaciones, Manturano habría coordinado con otros investigados las respuestas que debían dar ante el Ministerio Público. Otro de los participantes afirmó que no había realizado las labores por las que fue contratado, aunque recibió indicaciones sobre qué información debía proporcionar durante las diligencias.

Pese a la investigación fiscal, Rafael Belaunde la designó como jefa de su gabinete de asesores en el Ministerio de Defensa. La relación entre ambos también tuvo un componente empresarial. Manturano figuró como apoderada de cuatro compañías vinculadas al actual ministro y participó en actividades de la campaña electoral de Libertad Popular, partido liderado por Belaunde.

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Audios exponen presuntas coordinaciones para responder ante la Fiscalía

Uno de los casos detallados por Cuarto Poder involucra a Cinthya Daphnne Cavero Gonzáles, quien habría sido contratada como locadora de EMILIMA sin contar con experiencia previa como proveedora del Estado.

Según la tesis fiscal, Cavero habría recibido pagos por un servicio que no realizó y luego habría entregado el dinero a Yazmín Sevilla Nieto, quien presuntamente lo remitió a Manturano. Un audio entre Cavero y Sevilla mostró que ambas hablaron sobre cómo explicar ante la Fiscalía el origen de la contratación y evitar que sus respuestas vincularan a la entonces gerente general.

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Otra grabación corresponde a una reunión del 5 de noviembre de 2023, cuando las diligencias fiscales ya estaban en curso. En ella, Manturano habría recomendado a los participantes que respondieran de manera precisa y sin ofrecer detalles adicionales. También se comprometió a preparar documentos con preguntas y respuestas para que los investigados los utilizaran como guía durante sus declaraciones.

En la misma conversación, Fernando Rojas Barrera manifestó que no había realizado las labores por las que fue contratado y que solo había ayudado a Andrés Diez Tochiki a emitir recibos.

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El abogado de Manturano, Roberto Robles, sostuvo que su patrocinada se limitó a aprobar los pagos con base en la información que recibía sobre los servicios realizados. Además, cuestionó la validez de las grabaciones y señaló que, hasta el momento de la entrevista, no existía una pericia fonética que confirmara la identidad de las voces.

Robles también indicó que Manturano guardaría silencio si la Fiscalía la citaba a declarar. La investigación incluye, además, a Pedro Gamio Felipa, esposo de la funcionaria, por su presunta intervención en la contratación de uno de los locadores.

López Chau explicó que su bancada propuso aprobar las 20 materias que había autorizado la Cámara de Diputados y permitir que el Gobierno presentara proyectos de ley adicionales para su evaluación individual. “Ni te voy a dar todas y tampoco te voy a dar cero”, resumió sobre la posición de Ahora Nación. A su juicio, esta alternativa permitía atender las necesidades del Ejecutivo sin aceptar todos sus pedidos mediante una sola autorización.

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El senador también cuestionó que el Senado incorporara siete puntos adicionales a la propuesta original. Sostuvo que las nuevas medidas debieron discutirse mediante proyectos de ley específicos, con el fin de que la ciudadanía conociera su contenido y las razones de cada voto. Por ello, rechazó la ampliación aprobada y defendió que las diferencias entre ambas cámaras se resuelvan antes de llevar los acuerdos al pleno.

Sobre las críticas contra quienes se opusieron a las facultades, López Chau advirtió que descalificar a los sectores discrepantes perjudica el debate democrático. “La oposición democrática le hace bien a cualquier Estado”, afirmó. También precisó que su bancada no pretende bloquear todas las iniciativas del Gobierno, sino evaluar cuáles considera razonables y respaldarlas cuando corresponda.

Pese a sus cuestionamientos, el líder de Ahora Nación descartó respaldar una censura contra el presidente del Senado, Miguel Torres, por los errores en la promulgación de la norma que delegó facultades al Ejecutivo. Consideró que esa medida podría abrir un nuevo conflicto y planteó que la salida debe ser el diálogo. Además, sostuvo que resulta necesario modificar el reglamento parlamentario para evitar que vuelvan a presentarse problemas similares.

"Las personas piensan eso, pero no es así. Nosotros creemos que lo que hemos votado ha sido lo mejor para el país. Si viene del lado izquierdo alguna propuesta que favorezca al país, votaremos por ello. Los principios rectores de este partido señalan que primero es la patria y después las personas", indicó en una entrevista con RPP.

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Además, el parlamentario, integrante del partido liderado por Ricardo Belmont, se pronunció sobre la decisión de su compañera de bancada Juana Ticona, quien se abstuvo de votar a favor del proyecto. Barragán aseguró que no se ha debatido la posibilidad de sancionarla.

"Me extrañó eso. Nosotros, al llegar al pleno, tenemos reuniones previas; no vamos a conversar ahí. Firmamos un acta de lo que vamos a hacer en el Pleno. Me llamó la atención que la señora Ticona, tras firmar un acta, vote en abstención. Yo vi que hay personas que se acercaron a ella en esos espacios y le hicieron cambiar de opinión. Me parece que se acercaron Ruth Luque y Patricia Iturregui", señaló.

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Sobre la polémica alrededor de su hermana

Además, Barragán se refirió a la polémica en torno a María del Carmen Barragán, su hermana, quien fue contratada como asesora de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud. El senador también negó que la contratación del estudio jurídico de su hermana para participar en arbitrajes relacionados con EsSalud constituya un conflicto de intereses.

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"Yo creo que el nombramiento fue muy bueno. Las fechas no fueron las correctas, veo que han querido justificar el nombramiento como si yo lo hubiese referido. Y yo, con muchos años en la administración pública, jamás he referido a ningún familiar. El centro de conciliación nunca trabajó con EsSalud. La conciliación era con los proveedores de EsSalud. Quienes contratan a mi hermana son proveedores, trabajadores o terceros de EsSalud", indicó.

María del Carmen Barragán dejó de desempeñarse como asesora de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud luego de que se hiciera pública su contratación.

La resolución, firmada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta, divide el viaje en dos grupos. La delegación de avanzada, integrada únicamente por Héctor Eduardo Flores León, de la Secretaría de Actividades Protocolares, viajará del 27 al 31 de octubre. Por cuatro días de viáticos, recibirá US$1.260, mientras que su pasaje cuesta US$1.470,01. En total, el gasto por su desplazamiento asciende a US$2.730,01.

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La comitiva oficial viajará del 28 al 31 de octubre y estará conformada por seis personas: Shirley Montenegro Flores y Lizbeth Maceda Maldonado, asesoras de gabinete de la Secretaría General; Juan Pablo Oyarce Arescurenaga, edecán de la presidenta; Lariza Sheila Pocco Camilo, asistente administrativa; el suboficial técnico de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) Flugencio Pérez Pérez, encargado de seguridad; y Lucía Carolina Pacheco Quispe, de Comunicación Estratégica.

Cada integrante recibirá US$945 por concepto de viáticos. Los pasajes de Oyarce y Pocco cuestan US$2.018,85 cada uno, por lo que el gasto individual para cada funcionario asciende a US$2.963,85. En el caso de los otros cuatro integrantes, el costo del pasaje es de US$1.794,61 por persona, lo que eleva el gasto individual a US$2.739,61.

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La visita de Keiko Fujimori a El Salvador está prevista del 28 al 31 de octubre de 2026. Durante su estadía, la mandataria se reunirá con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. Fujimori ha señalado que el viaje estará centrado en asuntos de seguridad e incluirá una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Asimismo, se abordarán temas relacionados con la salud, la educación y la posibilidad de establecer un futuro tratado de libre comercio entre ambos países.

Canciller y ministro de Justicia también viajarán

El Gobierno también autorizó el viaje del canciller Carlos Espá y del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, a El Salvador para participar en las actividades oficiales que acompañarán la visita de la presidenta Keiko Fujimori. Ambos funcionarios permanecerán en San Salvador y Tecoluca del 28 al 31 de octubre, según las resoluciones publicadas este sábado en el diario oficial El Peruano.

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La inclusión de Álvarez respondió a un encargo expreso de Fujimori, comunicado por la Cancillería mediante un oficio. Por su parte, Espá viajará por invitación de su homóloga salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, en el marco de las conversaciones sobre la agenda bilateral entre ambos países. Durante sus ausencias, el ministro Juan Carlos Requejo asumirá temporalmente la cartera de Justicia, mientras que Marco Vinelli quedará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los gastos de traslado y estadía serán cubiertos por los respectivos sectores. El Ministerio de Justicia destinará US$1.962,21 al pasaje de Álvarez y US$472,50 a sus viáticos parciales por tres días. Por su parte, la Cancillería financiará el pasaje de Espá, cuyo costo asciende a US$1.031,80, además de US$472,50 por concepto de viáticos parciales.

La Guardia Suiza Pontificia participará del operativo de seguridad durante la visita del Santo Padre a Perú.

Los dispositivos de seguridad tendrán entre sus objetivos preservar el orden público, contribuir a la protección del papa León XIV, resguardar a las delegaciones oficiales y asistentes, prevenir delitos agravados y coordinar la respuesta frente a eventuales contingencias.

También deberán garantizar la seguridad de aeropuertos, terminales terrestres, corredores viales, sedes diplomáticas y eclesiásticas y otros puntos estratégicos vinculados con los desplazamientos del pontífice.

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Para el miércoles 11 de noviembre se tiene previsto el arribo al Grupo Aéreo Nº8 a las 17.30 horas y el encuentro protocolar con autoridades en el Palacio de Gobierno. Para el jueves 12 sostendrá una reunión con los obispos en el Palacio Arzobispal y visita a la Catedral de Lima. Además, habrá una vigilia de oración con jóvenes a las 18.00 horas.

Del viernes 13 al domingo 15 de noviembre el papa viajará a Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa y el lunes 16 de noviembre celebrará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas a las 10.30 horas. Finalmente, su salida rumbo a Roma está prevista para las 13.45 horas.

LA GUARDIA SUIZA Y LA PNP

Uno de los aspectos destacados es la confirmación de que durante la visita participará personal de la Guardia Suiza Pontificia, junto con otros organismos responsables de la seguridad de la Santa Sede.

Esos efectivos estarán encargados de la protección inmediata del pontífice de acuerdo con sus propias competencias. El Gobierno aclaró que su participación no implicará que sean incorporados a las fuerzas especiales peruanas ni que se modifiquen sus respectivas cadenas de mando.

Por parte de Perú participarán efectivos de la Policía Nacional con brigadas como la Sub Unidad de Acciones Tácticas, Operaciones Especiales, francotiradores, de Inteligencia, además de las fuerzas armadas.

Los comandos tendrán como misión coordinar las tareas necesarias para garantizar la seguridad del papa León XIV, las delegaciones oficiales y las personas que concurran a las diferentes actividades programadas.

El operativo abarcará también aeropuertos, terminales de transporte, corredores viales, sedes diplomáticas y eclesiásticas y otros lugares considerados estratégicos. Además, las autoridades deberán trabajar sobre prevención de delitos y eventuales situaciones de emergencia.

La decisión de conformar comandos especiales responde a la magnitud del acontecimiento y a la previsión de una importante concentración de personas durante las actividades del jefe de la Iglesia Católica.

UCAYALI: 150 MIL FIELES

Hace unos días, miembros de la comitiva oficial del Vaticano, Guardia Suiza Pontificia, Conferencia Episcopal Peruana y Relaciones Exteriores, encargados de las coordinaciones previas llegaron a Pucallpa para ultimar los detalles de la esperada visita del Sumo Pontífice a la ciudad.

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El recorrido incluyó puntos estratégicos como el Boulevard de Yarinacocha, donde el Santo Padre tendrá un encuentro con los representantes de diferentes pueblos indígenas de la región y, posteriormente, se dirigieron a La Videnita, donde se tiene previsto desarrollar la Santa Misa frente a más de 150.000 fieles provenientes de distintas ciudades del Perú y de diversos países.

CON PUEBLOS INDÍGENAS

Según se informó, los pueblos indígenas de Ucayali preparan sus principales demandas para el encuentro con el papa León XIV, previsto para el 15 de noviembre en Pucallpa.

Representantes shipibo-konibo, ashaninka y cocama expondrán sus preocupaciones por la tala y minería ilegal, la deforestación y la contaminación de los ríos.

La actividad se desarrollará en la zona de Yarinacocha e incluirá un espacio de diálogo con las comunidades y la siembra de un shihuahuaco. Los líderes indígenas esperan que la visita permita visibilizar las amenazas que enfrentan sus territorios y comunidades amazónicas.

LAS FUERZAS ARMADAS

Entre tanto, miembros del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú ya se preparan para la visita del papa León XIV a Pucallpa, prevista para el próximo 15 de noviembre.

El titular del sector Defensa, Rafael Belaunde, se reunió con los mandos de los tres institutos armados destacados en la ciudad amazónica para conocer el despliegue logístico y operativo que les corresponde durante la presencia del sumo pontífice en la Tierra Colorada.

Como parte de la supervisión, el ministro visitó el Ala Aérea N.° 4 y recorrió la laguna de Yarinacocha en una embarcación de la Fuerza Aérea, a fin de conocer la ruta que seguiría el líder de la Iglesia católica hasta el bulevar donde lo esperarían los fieles. La Marina de Guerra tiene preparada la patrullera que trasladaría al papa León XIV hasta dicho bulevar, donde se encontraría con la población.

El ministro de Defensa destacó el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas para garantizar las condiciones necesarias para la visita del sumo pontífice a la Amazonía peruana.

Los mandos militares esperan la llegada de la comitiva de avanzada del Vaticano, prevista para la última semana de octubre del 2026, con el propósito de ultimar los detalles de la visita papal a esta ciudad amazónica.

FAP USARA EQUIPOS ANTIDRON

Entre tanto, la Fuerza Aérea del Perú desplegará equipos antidron, pues el papa es considerado un “objetivo VIP” para el personal del Grupo de Defensa Área (Gruda) de la FAP, que se encarga de la detección, identificación y neutralización de posibles drones que resulten de amenaza para personalidades de alto nivel o infraestructura crítica.

De acuerdo al planeamiento, efectivos del Gruda se encargarán, mediante la operación del sistema antidron, de la vigilancia perimétrica del papa León XIV y su comitiva desde el 11 de noviembre, cuando vuelva a pisar suelo peruano, esta vez, como máxima autoridad de la iglesia católica.

Horas antes de que el papa llegue a un lugar, efectivos del Gruda instalarán el sistema antidron, compuesto por sensores, software de procesamiento de datos y equipos de perturbación.

Como parte del protocolo de seguridad, no se permitirá el sobrevuelo de drones sin la autorización debida cerca de Su Santidad. Si ello, ocurriera, estos dispositivos serán neutralizados o derribados a través del sistema de perturbación electromagnética de la FAP.

El sistema antidron será utilizado en el Callao, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, fin de garantizar la seguridad perimétrica en cada acto público del papa León XIV. La finalidad con el sistema antidron es proteger al Pontífice antes, durante y después de cada acto religioso o evento público en el que participe.

La FAP, mediante el Gruda, opera el sistema antidron desde 2024. Su primera misión ocurrió durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Desde ese año hasta la fecha, detectó más de 180 drones y neutralizó más de 60 de estos dispositivos al no estar debidamente autorizados para sobrevolar en la zona vigilada.

Por Somos Perú, Andrés Tello alcanzó el 16,31% de los votos. Por su parte, Javier Alvarado González del Valle, de Renovación Popular-Toro, obtuvo el 16,04% de respaldo electoral. Detrás de ambas agrupaciones quedaron Alianza para el Progreso, en tercer lugar; Perú Primero, en cuarto puesto; y Fuerza Popular, en quinto lugar.

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Lima es la novena región en la que se confirma que habrá una segunda vuelta entre candidatos. Las otras son Amazonas, Arequipa, Junín, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Tumbes.

El balotaje en las regiones donde ningún candidato logró el 30% del respaldo electoral se celebrará el domingo 6 de diciembre. La fecha fue establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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El domingo seis de septiembre, el teniente general Óscar Arriola anunció que daría paso al número dos de la institución, el teniente general Fredy López Mendoza, como nuevo comandante general de la PNP. Dimitió después de una intensa campaña mediática que lo responsabilizaba del incremento de los asesinatos por extorsión, y por presuntamente fabricar éxitos policiales, como la detención de cinco integrantes de Los Pulpos que secuestraron en Trujillo al empresario Jenss Lara Tantaquilla y asesinaron a cuatro acompañantes, el sábado 30 de agosto. Lo que llamó la atención fue que Arriola anunció que sería reemplazado por el número dos de la institución, el jefe del Estado Mayor, teniente general Fredy López Mendoza. Ahora se sabe por qué Arriola se tomó tal atribución, que correspondía al ministro del Interior, César Astudillo.

Pocos días antes de dimitir, Arriola descubrió que el número tres de la cúpula policial, el Inspector General, teniente general Augusto Ríos Tiravanti, entregaba información en su contra a algunos medios que lo atacaban y exigían su renuncia. También supo que el propósito de Ríos era la Comandancia General, pero se le interponía el número dos, el teniente general Fredy López. Por esta razón, sabiendo de las intrigas de Augusto Ríos, Arriola presentó a López como el nuevo comandante general de la PNP.

Sin embargo, el teniente general Augusto Ríos Tiravanti no canceló su plan por alcanzar el máximo cargo en la institución policial.

El lunes siete de septiembre, al día siguiente que Arriola hizo público que dejaría la Comandancia General de la PNP, en las redes sociales y en algunos medios se difundieron documentos personales del teniente general Fredy López que hacían referencia a que padecía una grave enfermedad.

El mensaje era evidente: López no estaba en condiciones de salud para ejercer como Comandante General de la Policía Nacional, por lo que el puesto debía ser ocupado por el número tres, el teniente general Augusto Ríos Tiravanti.

La infidencia que afectaba la integridad del teniente general Fredy López no fue de ninguna manera una casualidad. Buscaba su descalificación.

Según fuentes de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP consultadas por La República, en su hoja de vida el general Freddy López figura con la clasificación de aptitud psicosomática 2, como resultado de un tratamiento médico. Es decir, contaba con una discapacidad para el servicio policial y, según las normas, no está en condiciones de comandar unidades operativas.

El martes ocho de septiembre, agentes de la Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRIN) elevaron una nota informativa al despacho del Inspector General de la PNP, teniente general Augusto Ríos Tiravanti, informando de la publicación sobre el estado de salud del teniente general Freddy López Mendoza.

El mismo día, la Dirección de Comunicaciones e Imagen de la Policía Nacional emitió un comunicado para desmentir que Fredy López estaba discapacitado para asumir la Comandancia General de la PNP.

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La ficha bajo la manga

Precisaron que, si bien es cierto el general Fredy López Mendoza, en un momento de su carrera policial se le otorgó la clasificación de aptitud 2, en los últimos años no presentó dolencia o sintomatología relacionadas al diagnóstico.

La República encontró evidencia de la intervención del entonces inspector general, el teniente general Augusto Ríos, en el caso de Fredy López.

El miércoles nueve de septiembre, Augusto Ríos Tiravanti se comunicó telefónicamente con el jefe interino de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, coronel PNP Jhonny Silva Rodríguez. Le pidió el legajo del teniente general Fredy López Mendoza.

Además, el teniente general Augusto Ríos ordenó al jefe de la Dirección de Inspecciones de la Inspectoría General, general Olger Benavides Ponce de León, que se presentara en la Dirección de Recursos Humanos y en la Dirección de Sanidad, para que recogiera documentación sobre la salud y condición médica del teniente general Fredy López.

Según fuentes con conocimiento del caso, la supuesta intención de Augusto Ríos era verificar la información contra el teniente general Fredy López Mendoza en las redes sociales y los cambios que ocurrirían con la salida de Óscar Arriola.

En efecto, pronto pasarán al retiro por cumplir 40 años de servicio, el teniente general Luis Flores Solís, tercero en la línea de mando, y el general Colin Sim Galván, sexto en el escalafón. Así que el teniente general Augusto Ríos Tiravanti solicitó la información porque, al asumir como jefe de Estado Mayor -el segundo después del comandante general Fredy López-, tenía que encargarse de la reestructuración del cuadro de asignación de oficiales.

Eso dicen las fuentes relacionadas con el pensamiento del teniente general Augusto Ríos.

Sin embargo, el viernes 18 de septiembre, antes que Augusto Ríos Tiravanti asumiera como jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, fue suspendido temporalmente de sus funciones por la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior.

¿Qué había sucedido?

El lunes 14 de septiembre, dos días antes que Fredy López relevara a Óscar Arriola, este denunció a Augusto Ríos Tiravanti ante la Oficina de Asuntos Internos. Le atribuyó haber filtrado el legajo personal del teniente general Fredy López Mendoza con el presunto objetivo de buscar su descalificación para asumir la Comandancia General de la PNP, con la idea de que su lugar sea ocupado por el tercero en la jerarquía. Es decir, el mismo Augusto Ríos Tiravanti.

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Una vieja enemistad

Los tenientes generales Óscar Arriola y Augusto Ríos Tiravanti son de la Promoción Integración 1989. El primero perteneció a la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y el segundo a la Guardia Civil. Mientras que Fredy López es de la Promoción 1990.

Entre compañeros de promoción siempre existe cordialidad, pero este caso parece una excepción.

Según las fuentes, Arriola y Ríos comparten animadversiones, lo que recrudeció cuando el primero ejerció como Comandante General de la PNP. Ríos cuestionaba las decisiones de Arriola.

Por ejemplo, cuando Óscar Arriola trató de suspender el proceso de exámenes para el ascenso en la Policía Nacional debido a la crisis causada por el incremento del crimen en el país, Ríos se opuso y opinó que las evaluaciones debían cumplirse sí o sí.

Fuentes con conocimiento en el caso del teniente general Augusto Ríos Tiravanti afirman que la imputación de Óscar Arriola en su contra es falsa.

"Fue una venganza", señalaron.

Mientras que fuentes relacionadas con el pensamiento de Óscar Arriola, manifestaron que Augusto Ríos filtró información contra su compañero de armas el teniente general Fredy López “con el evidente objetivo de pretender ocupar la Comandancia General de la Policía Nacional”.

De acuerdo con la versión de las fuentes con conocimiento de la defensa de Augusto Ríos, haber solicitado el legajo personal del teniente general Fredy López Mendoza y de otros diez generales, es una acción amparada por el Reglamento de la Policía Nacional y corresponde a sus atribuciones como Inspector General, cargo que ejercía cuando hizo el requerimiento de la información. Precisaron que Ríos no filtró ninguna información a la prensa contra el teniente general Fredy López Mendoza.

"Como Inspector General estaba facultado para acceder a la información de los legajos y Riper (Reporte de Información Personal). Por lo tanto, no ha causado perjuicio alguno a nadie, ni mucho menos se afectó la imagen, la disciplina, la ética ni el servicio policial", explicaron las fuentes.

En su defensa ante la Oficina de Asuntos Internos, Augusto Ríos Tiravanti expresó que informó por escrito al excomandante general Óscar Arriola y al ministro del Interior, César Astudillo, sobre la solicitud de los legajos personales de los generales, entre ellos Fredy López Mendoza.

“Todo lo han tergiversado para dañar la imagen del general López Mendoza. Han utilizado al teniente general Augusto Ríos como chivo expiatorio”, señalaron las fuentes.

Las fuentes cercanas al suspendido jefe de Estado Mayor indican que la finalidad de las acusaciones contra Ríos es impedir que ejerza el cargo.

“Hay quienes no quieren que sea el jefe del Estado Mayor, no quieren que sea el número dos en la Policía Nacional. Esa es la verdad”, enfatizó.

La investigación está a cargo de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Augusto Ríos se ha resignado. Cree que lo van a acusar y que le van a dar de baja.

Le ha dicho a sus amigos: "No hay problema que me inviten al retiro. Soy abogado de profesión y cuando salga de este problema voy a cazar a la gente que me ha hecho daño. Porque mi imagen y mi reputación no tienen precio y las lágrimas de mi esposa y mis hijas tienen que ser resarcidas".

El teniente general Augusto Ríos Tiravanti está sin cargo. Solo forma parte de la Comisión Consultiva de la Comandancia General de la PNP. Es decir, en la congeladora.❖

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El teniente general Manuel Lozada Morales

Si la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior concluye que el teniente general Augusto Ríos Tiravanti es responsable por la filtración del legajo del teniente general Fredy López Mendoza, podría ser pasado al retiro.

De ser así, lo reemplazaría el teniente general Manuel Lozada Morales como jefe de Estado Mayor.

El general Samuel Peralta Campos podría ser designado Inspector General de la Policía Nacional, pero para ejercer dicho cargo primero debe ser ascendido al grado de teniente general. Solo así se convertiría en el número tres de la institución policial.

En el proceso disciplinario también son investigados el jefe de la Dirección de Recursos Humanos coronel PNP Jhonny Silva Rodríguez y la digitadora de la oficina de legajos, la técnica PNP Katherine Vizcarra Manrique.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

No hay pregunta ingenua.

¿Por qué es importante medir la percepción sobre la desigualdad en el país?

Mira, cuando empezamos a pensar este proyecto, hace tres años, durante la pandemia, nosotros desde Oxfam ya veníamos trabajando el problema y denunciando la desigualdad, pero sentíamos que nuestra manera de hablar del tema desencajaba un poco con cómo lo vivíamos las personas. La naturalización de la desigualdad hace que este tema deje de ser un problema. Por lo tanto, teníamos que entender cómo se vivía, cómo se percibe, qué cosa molesta y qué cosa no molesta tanto. Y esos resultados son los que nos ofrece esta tercera edición de Enades (Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades).

¿Y el hallazgo más importante de este último estudio es que somos más tolerantes con la desigualdad?

Sí. El centro es ese. Están conectadas dos cosas. En las tres ediciones, los peruanos identificamos la desigualdad mayoritariamente. El 72% dice que la desigualdad es alta o muy alta…

Pero solo el 37% dice que es injusta o inaceptable.

Exacto, la resistencia a la desigualdad se ha achicado. Cuando preguntamos si la desigualdad es aceptable, hemos pasado del 51% en el 2024 al 38% en el 2026. Y la pregunta es qué pasó. Y la Enades no nos va a dar las respuestas, pero ese es el reto de las ciencias sociales, de los líderes de opinión, de los analistas, tratar de entender qué se está naturalizando y qué implica para la construcción de ciudadanía que naturalicemos no la desigualdad, sino este nivel de desigualdad. Este nivel de concentración de la riqueza, de desigualdad, no es natural y está poniendo en jaque la capacidad de los estados a nivel global.

Igual es preocupante la tolerancia a la desigualdad. ¿No tienes una hipótesis de por qué esto es así?

Hay varias entradas. Hay desigualdades que nos duelen, pero que para la gente no son tan graves. Las desigualdades más difíciles para la gente son las desigualdades económicas y las territoriales, esas son identificadas como desigualdades graves. Pero las desigualdades entre hombres y mujeres, las desigualdades de género o por etnia las ponen en un segundo plano. Y nosotros hubiéramos querido encontrar cosas distintas, pero cuando la foto nos muestra esto, lo que hay es una naturalización de la desigualdad. Entonces, tenemos pendiente, para construir Estado, que haya mejores factores de igualdad entre la ciudadanía, y eso pasa por la conciencia política.

Claro, ustedes dicen en el resumen de sus hallazgos que la desigualdad económica es también un asunto político.

Nosotros trabajamos la desigualdad mirándola desde los niveles de concentración de la riqueza. E insisto, podemos decir que la desigualdad siempre ha existido, pero estos niveles de concentración de riqueza no tienen precedente. Solo en América Latina hay 109 milmillonarios. Esas 109 personas tienen el equivalente del PBI de Chile y Perú juntos. Esos señores tienen dos PBI completos y eso pone en jaque cualquier capacidad de gobernabilidad. Quien tiene tanto poder económico tiene capacidad para influir en las decisiones políticas y definir las reglas en su propio beneficio. Y ese es el dato que tiene la Enades, ocho de cada diez peruanos percibe que el Perú es gobernado por grupos que buscan su propio beneficio. Y entre los jóvenes la cifra es de nueve sobre diez. Y si la mirada para el futuro, de la juventud, es que unos se la llevan fácil, por encima de todos, una de nuestras conclusiones es que hay una especie de competencia para entrar en la estructura del privilegio y ejercer una desigualdad abusiva.

Si la mirada de los jóvenes es esa, ¿por qué no se indignan o por qué no se movilizan?

Allí viene el tema de la tolerancia. Una de las hipótesis es que la movilización sí se está dando, pero por fuera del Estado. Y no es por la exigencia de derechos desde los espacios institucionales, sino por fuera de la formalidad. El crecimiento de las economías ilegales es una dinámica de transformación del poder económico y del poder político brutal. Se están dando de facto procesos de migración, ya no del campo a la ciudad, sino de la ciudad al campo, buscando oportunidades en esas economías ilegales. Entonces, sí hay movilización, pero de otro tipo.

Esta es una migración nueva y a la vez preocupante.

Sí, y está siendo representada. Las discusiones sobre la minería ilegal o informal, las federaciones de mineros, las representaciones de estos grupos en el Congreso, hacen ver que la agenda política que se va a instalar es otra. Y, ojo, la dinámica de las economías ilegales lo que hace es usar la desigualdad para tratar de convertirse en ese 1% que la aprovecha. Son economías que exacerban desigualdades locales, basadas en la trata, en la expropiación de terrenos de pueblos indígenas. Se agudiza la desigualdad en fenómenos que hoy están dando dinero, son fenómenos que dan alternativas a quienes no las tienen en el espacio formal.

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Tengo una cifra del informe: Entre 2019 y 2025, el 1% más rico capturó el 42% de toda la nueva riqueza generada, mientras que el 50% más pobre apenas alcanzó el 1,4% de esta. ¿Esa es la prueba fehaciente de nuestra desigualdad?

Esos son los datos del World Inequality Lab, de (Thomas) Piketty, en Francia, y son datos muy duros. El primero es que el Perú es el segundo país desigual en ingresos, en donde el 0,1% concentra más.

Había otra cifra: La riqueza promedio de una persona perteneciente al 0,1% más rico es 4.800 veces mayor que la de una persona del 50% más pobre. Eso es brutal.

Y la pregunta es esta: ¿Es viable una sociedad con estos niveles de desigualdad? ¿Cuál es la ruta para que una persona del 50% más pobre llegue a ser parte del 0,1% más rico? Siempre hay una ficción, y acá ha calado mucho el mito del emprendedor, porque uno piensa que quizá si uno se saca la mugre puede obtener algo, pero lo que dicen los datos globales es otra cosa. América Latina es la región más desigual del mundo, tenemos el techo y el piso más separado. En ese escenario, ¿qué capacidad tenemos de construir una convivencia social mínima, sostenible en una democracia, si no tenemos elementos que nos permitan amalgamar hacia el centro?  

Y el peligro de discursos como el del emprendedor es que dejamos en manos de la gente salir de la pobreza, sin pensar en el rol de las instituciones y el Estado.

Sí. Mira, para no hablar de izquierdas y derechas, una cosa es tener un sistema liberal, competitivo, de mercado, y otra es tener un mercantilismo con oligopolios, en donde en la práctica, todo el mundo está buscando tener ventaja, llegar a esa oportunidad para sacarle la mugre. No hay viabilidad sostenible, en términos de sociedad, si seguimos en ese rumbo.

Hagamos una pregunta parafraseando al informe, ¿en el Perú una persona pobre, que se esfuerza mucho, que trabaja toda su vida, tiene  posibilidades de ser rica?

Tiene posibilidades de salir adelante, sí, pero con un nivel de esfuerzo que no le va a permitir construir la ruta al futuro que se imagina. Y mira, si esa persona nace fuera de Lima, es mujer, es indígena y su lengua materna no es el español, probablemente la ruta que tiene para volverse rica es la economía ilegal del oro.  Entonces, la pregunta no es solo económica, es cuáles son las soluciones para salir de la pobreza. Porque hay soluciones en la ilegalidad, podría ser raquetero, por ejemplo. Y yo tengo la sensación de que la urgencia por salir de esta precariedad nos ha sacado de la lógica de buscar trabajo a conseguir plata. Y esa diferencia no es cualquier cosa. Porque para conseguir plata haces cualquier cosa.

Pierdes escrúpulos.

Sí, y no es para ponerse moralista, pero perder valores, del pacto social y la convivencia republicana, hace que nos juguemos el futuro hacia adelante. E insisto, estos niveles de desigualdad no son naturales, son resultado de decisiones políticas. Y si la lógica de la solución ciudadana es conseguir plata como sea, pueden pensar en capturar el poder y hacer políticas a medida. Acuérdate de los datos del MEF del año pasado: 144 proyectos de ley de exoneraciones tributarias que equivalen al 35% del PBI.

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Hablemos de eso. Al inicio me decías que la población percibe que hay poderes ocultos que mueven hilos que los favorecen. Eso es en lo abstracto. En lo puntual, ¿la gente identifica a algún poder del Estado que maniobre para favorecer a unos pocos?

El dato es clarísimo. Los grupos políticos son los que tienen más poder para definir, y dentro de los grupos políticos que la encuesta identificó, el Congreso está bastante arriba. Y, claro, la encuesta se recogió durante la primera vuelta electoral, pero yo no creo que estos datos estén influidos por una campaña electoral que fue tan insulsa. Yo creo que es resultado de los tres años recientes en los que hemos vivido todos a salto de mata por las decisiones de un Congreso que  lo mismo jaqueaba a un presidente o metía un proyecto de ley que le iba a costar millones al Estado y que se lo iba a quedar un grupo económico. Es la política como representación del poder económico.

¿Y la gente lo tiene claro?

Yo creo que sí. 

Durante el trayecto, los manifestantes marcharon con banderas peruanas y pancartas en las que demandaron el fin de las extorsiones y mayor protección para las comunidades vulnerables. Asimismo, los ciudadanos expresaron rechazo hacia la gestión de Keiko Fujimori, al tiempo que exigieron frenar la delincuencia e implementar acciones efectivas ante los incendios forestales.

El contexto de la inseguridad en el país

Esta movilización ciudadana surgió en medio de una severa crisis de seguridad ciudadana. La violencia criminal golpea con fuerza al transporte público formal en Lima y Callao, donde el cobro de cupos deja más de 80 conductores asesinados y supera los 160 atentados en lo que va de 2026, según registros del Ministerio Público.

Las acciones de las organizaciones criminales afectan de forma directa a 21 empresas de transporte formal de las más de 250 que operan en la capital, mientras que la jurisdicción suma más de 13.000 denuncias por robo, extorsión y sicariato. Ante este escenario, especialistas señalan que la gestión municipal requiere liderar una estrategia coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP), con inversión en tecnología, logística e infraestructura para proteger los corredores viales y garantizar la seguridad de los pasajeros.

A este panorama se suman las cifras preliminares del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) analizadas por el ingeniero y analista de datos Juan Carbajal. Según sus registros, el país acumuló 480 homicidios entre el 28 de julio y el 22 de octubre de 2026. Del total reportado, el 72,9% (350 casos) correspondió a decesos por disparo de arma de fuego. Carbajal precisó que la base de datos continúa en actualización y que existen 55 muertes violentas clasificadas como "ignoradas", por lo que la cifra real proyectada para esos 87 días superó los 530 homicidios.

La crisis ambiental por los incendios forestales

A la problemática de la delincuencia se sumó el impacto de los incendios forestales que afectaron a 16 regiones del país. Reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) e Indeci contabilizaron 479 emergencias que dejaron un saldo de 12 personas fallecidas y 708 damnificadas.

La destrucción ambiental y material abarcó la pérdida de 1.299 hectáreas de cultivos y más de 13.800 hectáreas de cobertura natural, además de severas afectaciones a la fauna local y al ganado.

Las llamas alcanzaron zonas de la sierra y la selva central, como el distrito de Río Tambo en la provincia de Satipo (Junín), donde el fuego devastó miles de hectáreas de bosques primarios y dejó a decenas de familias asháninkas sin vivienda ni medios de subsistencia.

Asimismo, la emergencia amenazó áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Otishi y puso en riesgo a pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los Mashco Piro y comunidades del pueblo Asháninka.

Tras varias semanas de labores de combate terrestre y aéreo a cargo de las Fuerzas Armadas, brigadistas y la población civil, el Ministerio de Defensa y el COEN informaron que las lluvias recientes permitieron extinguir los focos activos y mantener bajo control los puntos críticos en regiones como Apurímac, Cusco y Junín.

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En un comunicado, indicaron que seguirán ese camino “frente a las decisiones que consideramos contrarias al orden constitucional adoptadas durante el tratamiento y aprobación de estas facultades en el Senado”.

Señalaron que “ni pacto de caballeros ni buena fe pueden estar por encima de la Constitución y el Reglamento” y que, por lo tanto, “sin respeto al orden constitucional y a las reglas del debate parlamentario, no hay respaldo ni acuerdo alguno”.

“Frente al autoritarismo fujimorista, Juntos por el Perú, junto con nuestro querido pueblo, patrióticamente defenderemos la democracia, los derechos humanos, los recursos naturales y nuestra soberanía nacional”, se lee.

Finalmente, exhortaron a la ciudadanía y a las “fuerzas democráticas” actuar solidariamente frente a “los embates del Fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana, exigiendo respuestas efectivas del Estado”.

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Senador Carlos Mesía: “Nosotros pensamos que no nos hemos extralimitado”

Al ser consultado sobre lo sucedido en el Senado, el presidente de la Comisión de Constitución de esta cámara, consideró que no se han “extralimitado” de sus funciones.

“Las facultades ya han sido otorgadas y la ley ya está aprobada ya está en vigencia y nadie puede impugnar la ley si no solo el tribunal constitucional”, declaró.

Añadió que no opinará sobre el voto dividido en Buen Gobierno y Obras: “No me meto en casa ajena a ellos que resuelvan su propio problema cada cocinero que lave su olla”.

Por su parte, el diputado Diego Bazán de Renovación Popular informó que no comparte las críticas contra el accionar del Senado.

“Hay que entender y respetar cuando hay una mayoría en el senado así sea por un voto o dos votos”, dijo.

“Particularmente que esto pueda ser definitivamente una sentencia vinculante se tendría que presentar una demanda de inconstitucionalidad y lo primero que tendría que evaluar el TC si esta demanda está dentro de su competencia y lo cual creo que no va a ser así”, agregó.

El comunicado sostiene que la ley fue aprobada por ambas cámaras y remitida conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado, pero no menciona las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y de la vicepresidenta Analí Márquez. Reto pidió a Torres, mediante un oficio, que ambas rúbricas figuren en la publicación de la ley.

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Torres había dicho que la autógrafa fue suscrita y remitida al Ejecutivo para su promulgación de acuerdo con la Constitución y el Reglamento del Senado, y que el procedimiento se encontraba dentro del marco normativo vigente. Para sustentarlo citó el artículo 105 de la Constitución y los artículos 37 y 148 del Reglamento del Senado.

Reto invocó el mismo artículo 105, junto con el 90, para sostener lo contrario, que la voluntad del Congreso reside en sus dos cámaras y que la atribución legislativa es compartida. Según el oficio, la tradición bicameral peruana indica que las autógrafas llevan las firmas de los presidentes y vicepresidentes de Diputados y del Senado.

"El Congreso no solamente lo conforma el Senado, sino también la Cámara de Diputados, tal como lo establece el artículo 90 de la Constitución. (…) En consecuencia, la voluntad del Congreso de la República reside en sus dos cámaras y, en el caso del procedimiento legislativo, esta atribución es compartida por cada cámara, tal como lo establece el artículo 105 de la Constitución", indicó.

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Constitucionalista Luciano López pide ley rectificatoria

El constitucionalista Luciano López cuestionó en X que la fe de erratas baste para corregir la ley. “Esto no se arregla con fe de erratas. Requiere ley rectificatoria. El error viene desde la autógrafa y, peor aún, con las declaraciones confesas y conscientes del presidente del Senado, no es un simple error, sino uno conceptual y muy grave que amerita censura”, escribió.

López citó el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución y el inciso a del artículo 32 del Reglamento del Congreso, que establecen que quien da la ley es el Congreso y no el Senado. Si Torres persiste en justificar el error, dijo, debe renunciar o ser censurado.

La senadora Mirtha Vásquez de Ahora Nación ya había pedido a Torres explicar y rectificar la fórmula “El Senado de la República ha dado la ley siguiente”. “Este grave defecto podría determinar la inconstitucionalidad por la forma de esta ley y comprometer la validez de los decretos que se emitan a su amparo. Más aún, pretender que el Senado, por sí solo, ‘de leyes’ contra lo dispuesto por la Constitución constituye una señal de autoritarismo”, señaló.

La solicitud del exmandatario se apoya en la Ley 32181. Esta norma permite que las personas mayores de 80 años afronten sus condenas bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.

Sin embargo, esta no es la primera vez que lo solicita. Dicho pedido para cambiar la prisión efectiva por detención en su casa fue rechazado en dos ocasiones. El 9 de mayo de 2025, el tribunal de primera instancia desestimó la solicitud. Posteriormente, el 2 de septiembre de 2025, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó esa decisión.

Ante estos fallos en contra, la defensa técnica del expresidente acudió a la máxima instancia judicial para revocar ambas resoluciones.

Al aceptar revisar el caso, los jueces supremos establecerán si una condena requiere estar confirmada de forma definitiva (firme) para que un adulto mayor de 80 años acceda al arresto domiciliario por razones humanitarias.

Asimismo, la Sala verificará si las instancias anteriores cometieron un error de motivación o si vulneraron el derecho a la libertad personal del exmandatario al aplicar el Código Penal.

Próximos pasos del proceso

El tribunal supremo dispuso que el expediente quede en la secretaría durante diez días para que tanto la defensa como la Fiscalía revisen el caso y entreguen sus argumentos adicionales si lo consideran necesario.

Una vez que termine este plazo, la Sala Penal Permanente programará la fecha de la audiencia virtual donde escuchará a ambas partes antes de tomar una decisión.

El caso Carretera Interoceánica Sur

Alejandro Toledo recibió una condena de 20 años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos en el proceso de la Carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).

Según las investigaciones fiscales y las admisiones de la propia constructora brasileña Odebrecht, el exmandatario favoreció a la empresa en la licitación del proyecto a cambio del pago de sobornos.

Control judicial

El proyecto también establece que cualquier procedimiento especial que restrinja derechos fundamentales "requiere autorización judicial previa". En situaciones de peligro grave e inminente, la solicitud se tramitará con carácter "urgente y preferente" ante el juez superior ad hoc, señalando que "ninguna autoridad administrativa puede sustituir la autorización judicial exigida".

Prohibiciones y canal de denuncia para los agentes

El texto incorpora el artículo 35-A para prohibir el uso de estas capacidades para obtener información de personas exclusivamente por sus "opiniones políticas, su actividad periodística, sus creencias religiosas, su afiliación sindical o su participación lícita en organizaciones políticas, sociales o civiles", o para "favorecer o perjudicar a organizaciones políticas, candidatos, autoridades o grupos de interés".

En esa línea, la propuesta aclara que una orden irregular "no genera deber de obediencia" y que reportarla no representa una infracción. La norma precisa que "la identidad del denunciante es reservada" y que "queda prohibida toda represalia derivada de una comunicación efectuada de buena fe".

Del mismo modo, las labores operativas solo podrán ser ejecutadas por personal que cuente con "formación especializada y certificación de la Escuela Nacional de Inteligencia".

La propuesta también cuenta con el respaldo de los parlamentarios Roxana Rocha, Jorge Zeballos Aponte, Paola Martínez Paitan, Aldo Bravo Quispe, Leo De Paz Lancho, Christian Aranda Vásquez, Javier Cipriani Thorne, Gustavo Segura Figueroa y José Baella Malca.

Facultades aprobadas al Ejecutivo también incluyen a la DINI

Esta iniciativa parlamentaria va en la misma línea del marco aprobado recientemente por el Senado dentro del paquete de delegación de facultades al Ejecutivo. Ese dictamen también contempla la modificación del Decreto Legislativo 1141 con el fin de optimizar la coordinación y el intercambio de información en el Sistema de Inteligencia, elevar los filtros de integridad del personal y reforzar la supervisión parlamentaria a través de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Alta.

Álvarez se incorporó a la comitiva por especial encargo de Fujimori, que le comunicó Cancillería por oficio. Según el documento oficial, su participación se vincula con la lucha contra el crimen organizado transnacional y le permitirá recoger información para combatir ese delito en el país, en particular en el ámbito penitenciario. Desde el 28 de octubre, Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción, quedará a cargo de Justicia.

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Espá viaja por una invitación del Gobierno salvadoreño, que su canciller, Alexandra Hill Tinoco, le transmitió el 18 de setiembre. La resolución indica que su presencia permitirá ampliar el diálogo político y la cooperación con El Salvador, con énfasis en seguridad y desarrollo social. El canciller viajará un día antes y uno después de la agenda presidencial. Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, asumirá Relaciones Exteriores.

El Senado autorizó previamente el viaje de la presidenta. Su agenda se concentra el 29 y 30 de octubre. El primer día tendrá un encuentro privado con Nayib Bukele y una reunión ampliada con ministros de ambos países. El segundo habrá reuniones con los ministros salvadoreños de Justicia y Seguridad Pública, de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Salud. La visita también incluye el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y el Hospital Rosales, sin día confirmado.

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Pasajes y viáticos

Cada ministerio pagará el viaje de su titular. Justicia asumirá US$1.962,21 en pasajes y US$472,50 en viáticos parciales por tres días para Álvarez. Cancillería cubrirá US$1.031,80 en pasajes y US$472,50 en viáticos parciales para Espá.

El alojamiento de ambos ministros lo asumirá el Gobierno de El Salvador. Fujimori ha señalado que el viaje se centra en temas de seguridad, e incluye la visita al CECOT, además de salud, educación y un futuro tratado de libre comercio entre ambos países.