Son 52 personas las que se encontraban comprendidas en la investigación, entre las cuales se encontraba el exministro de Salud y actual senador fujimorista Alejandro Aguinaga.

Fiscalía reconoce que hubo esterilizaciones forzadas y se trata de un crimen de lesa humanidad

La resolución, firmada por el fiscal Jesús Víctor Dávila Rojas y fechada el 22 de octubre último, admite que las esterilizaciones se realizaron sin el consentimiento libre e informado de las personas.

El documento menciona que existen evidencias para afirmar que los hechos vinculados al denominado caso esterilizaciones forzadas, ocurridos entre el 28 de julio de 1990 y el 22 de noviembre de 2000 se clasifican en “los delitos de lesiones graves y de lesiones graves seguidas de muerte”.

Precisa que las intervenciones quirúrgicas se practicaron “sin el consentimiento libre, previo, pleno e informado de las agraviadas”, por lo que se trató de “esterilizaciones forzadas”.

Por estas características, y siguiendo el derecho penal internacional, se trata de un "crimen de lesa humanidad”, indicó el fiscal Dávila.

“Al haberse cometido como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra un sector de la población civil, en ejecución de una política de Estado y con conocimiento de dicho ataque por parte de los autores”, se lee en la resolución.

El documento también detalla cómo ejecutó el plan de esterilizaciones forzadas el régimen fujimorista. Para esto, se menciona el rol del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

Según la reconstrucción, en 1996 el Ministerio de Salud fijó cuotas de operaciones quirúrgicas para distintas regiones y promovió jornadas denominadas “Festivales de la Salud”. En ese sentido, de acuerdo a testimonios reunidos en la investigación, presuntamente hubo estímulos y reconocimientos al personal médico y sanitario para incrementar la cantidad de ligaduras de trompas y vasectomías realizadas.

La Fiscalía presenta documentos en los cuales se evidencia que el seguimiento de estas intervenciones llegaba hasta la Presidencia de la República. En 1997, el entonces ministro de Salud, Marino Costa Bauer, enviaba informes a Fujimori sobre el avance del programa. Uno de ellos reportaba 38.624 intervenciones hasta mayo de ese año.

En total, en la investigación se identifica a 4.172 personas agraviadas por lesiones graves y cinco mujeres por lesiones graves seguidas de muerte (Celia Edith Ramos Durand, María Mamérita Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Auccapiña, Reynalda Betalleluz Aguilar y María Genoveva Espínola Otiniano).

La invitación fue lanzada por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, quien durante la ceremonia por el Centenario de Juliaca dijo: “(…) Quiero expresar mi intención de conversar con los familiares de las víctimas de los sucesos del 09 de enero. Una conversación abierta, no para la foto, sino una conversación sincera”.

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Raúl Samillán, presidente de los deudos a nivel nacional, no tardó en responder. Alegó que irán al encuentro con dignidad y sin bajarle la cabeza a nadie, con memoria y dignidad.

Aseguró que están llanos a reunirse en Puno, pero sin olvidar el papel estigmatizador del ahora ministro durante su campaña al Senado por la región Arequipa.

Arnillas aseguró en marzo de 2026 que, el día de los cruentos sucesos: “La gente que fue a protestar ese día, cuando murieron 18 personas en Juliaca, no eran juliaqueños; eran traídos de Venezuela, de Bolivia y de otros lados. La gente los conoce. Todos lo han visto. (…) Miles de amigos me han pasado fotos. Han encontrado en caravanas de combis y camionetas desde Desaguadero (frontera con Bolivia) a esas protestas, y lo que han hecho es exponer a la población civil”, dijo.

Samillán planteó que la reunión sea pública en la ciudad de Puno, pero que no sea para la foto, porque no caerán en el juego del gobierno. Tampoco serán objetos políticos de nadie.

“Quieren reunirse, con el mayor gusto; pero me imagino que el ministro primero pedirá disculpas por terruquear a Puno y, previamente, debe mostrar pruebas de su acusación. Segundo, imagino que vendrá con el compromiso político firmado por los senadores del fujimorismo para comprometerse a derogar todas las leyes pro crimen. Supongo que si quiere diálogo es porque se exhortará a que los militares que mataron paguen su culpa, por lo tanto, tendría que derogarse la Ley 32735, sobre el fuero policial-militar. Si es así, entonces la reunión será fructífera. Pedirá disculpas por toda la campaña de insultos. Es lo mínimo que pedimos por nuestros seres queridos”, precisó.

Samillán precisó que no hay reconciliación sin justicia ni sin verdad, porque el Estado, sin ningún derecho, les quitó la vida a peruanos inocentes e impuso una política de terrorismo de Estado para aplacar las protestas en todo el altiplano durante el 2023.

“Estamos llanos al diálogo, pero tampoco vamos a ser tontos útiles. Si no hay cosas claras y concretas, no bajaremos la guardia. Si no hay justicia, no habrá paz. Acá lo que se necesita es un plan de reparaciones integral. Si ya lo tienen, en buena hora; hay que debatirlo de una vez. Pero de ningún modo vamos a vender ni concesionar la memoria de nuestros seres queridos. El fujimorismo ha tenido mucho que ver en todo lo que sucedió.

El fujimorismo le dio respaldo a Dina Boluarte y apoyó a las Fuerzas Armadas. Si es así, entonces que de una vez se venga la reunión”, dijo.

El Frente de Organizaciones Populares (FOP) respaldó a la asociación de víctimas y señaló que si el gobierno pretende lanzar un “cebo político” para calmar el rechazo a Keiko Fujimori, no lo va a lograr.

“Acá en Puno tenemos memoria. Tenemos dignidad. Dialogar no es pactar, pero tampoco vamos a ser tontos útiles de nadie. Todo el respaldo a los deudos. Si no hay justicia, no hay diálogo ni entendimiento. En Puno las FFAA vinieron a declararnos la guerra y eso no se olvida”, precisó.

El dictamen será debatido durante 30 minutos, tiempo que será distribuido de forma proporcional entre los grupos parlamentarios, sin interrupciones. Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, tendrá 10 minutos para sustentarlo.

El dictamen fue aprobado en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores con 9 votos a favor y 3 en contra. Además, en Junta de Portavoces, fue declarado como procedimiento de urgencia.

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Estos son los cambios en el reglamento de elección del TC

Lo aprobado en la sesión de Constitución incluye algunos cambios en el reglamento vigente.

Se modificó la distribución del puntaje de evaluación. Ahora se calificará hasta 70 puntos por méritos curriculares y hasta 40 por la entrevista personal. Los postulantes que no alcancen 50 puntos en la evaluación curricular serán descalificados. Se trató de una modificación, planteada por el senador Roger Astucuri Laura del Partido Cívico Obras, la cual reemplazó la fórmula inicial de 60 y 40 puntos, respectivamente.

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En base a ello, el proceso de evaluación contempla dos criterios: la evaluación curricular, que otorga un máximo de 70 puntos y exige un mínimo de 50, y la entrevista personal, que tiene un puntaje máximo de 30 y un mínimo de 10 puntos. En total, los postulantes pueden alcanzar hasta 100 puntos y deberán obtener al menos 60 puntos acumulados para superar la evaluación.

Respecto a la entrevista personal, estará orientada a evaluar la trayectoria personal, académica y profesional de cada candidato. Los miembros de la Comisión de Procedimientos Especiales calificarán individualmente a los postulantes y asignarán públicamente sus puntajes. Posteriormente, la presidencia de la comisión calculará el promedio de las calificaciones otorgadas por los integrantes que participaron en la entrevista para determinar el resultado final.

“Para el desarrollo de la entrevista, los miembros de la Comisión cuentan con la hoja de vida y la documentación presentada por el candidato, así como con la información obtenida de fuentes oficiales e incorporada al expediente del candidato”, se lee.

A su vez, si un candidato presenta información falsa será excluido independientemente de la etapa del proceso en que se encuentre.

En esa misma línea, se incorporó el requisito de presentar una declaración jurada de no afiliación vigente a organizaciones políticas.

También, se determinó que los grados académicos deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Otros cambios

Otro de los cambios vino por la propuesta de la fujimorista Chávez Cossío y se eliminó el artículo cuarto del texto inicial, referido a la naturaleza y fuerza normativa del reglamento especial.

Su colega de bancada, Patricia Juárez, planteó que se sustituya la palabra “supere” por “alcance” en la redacción sobre los puntaje. Se realizó ese cambio y, además, se eliminó la expresión “el umbral de”. También se corrigieron referencias entre artículos para evitar interpretaciones contradictorias.

Las candidaturas podrán presentarse de manera presencial o virtual.

López-Chau también manifestó su expectativa de que Gavidia reconsidere su decisión y regrese a Buen Gobierno. El senador lamentó que la agrupación atraviese dificultades internas y consideró que la salida de uno de sus integrantes no es motivo para celebrar, pues espera que el partido pueda superar sus problemas y mantener su presencia en la política nacional.

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El líder de Ahora Nación destacó la importancia de que Buen Gobierno consiga consolidarse como una organización política. “El Perú necesita un partido de centro como Buen Gobierno”, afirmó.

El senador reiteró sus buenos deseos para la organización y sostuvo que espera que resuelva sus dificultades internas. “Le deseo a Buen Gobierno que supere pronto sus problemas y se afirme como partido”, expresó.

López-Chau indicó que conversaría con los dirigentes de Buen Gobierno antes de emitir una opinión más amplia sobre la renuncia de Gavidia. El senador consideró necesario conocer la versión de quienes integran el partido para comprender mejor lo ocurrido.

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Crisis en Buen Gobierno

Desde la interna de Buen Gobierno cuestionan la decisión de Gavidia, su colega de bancada Nora Bonifaz lo instó a decir cuáles son las diferencias ideológicas que mantiene con el partido.

Precisó que fue el propio Gavidia quien ingresó a la agrupación elogiando su plan de gobierno y su doctrina ideológica. “Yo no lo entiendo, él entró al partido hablando maravillas del plan de gobierno y de la posición doctrinaria. Evidentemente, no hay transparencia en esa oscuridad mental, pese a que se dice científico, quiero que diga científicamente una por una las diferencias”, cuestionó.

En esa crítica, el senador Carlos Caballero (Buen Gobierno) indicó que le sorprende la decisión de Gavidia, debido a que durante la campaña electoral siempre participaba de las reuniones de la agrupación para estar alineados a las políticas del partido. “Una vez que es elegido senador sale por la puerta falsa de la traición”, sentenció.

La confirmación llegó dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice. Según el comunicado oficial, la operación se realizó con éxito y sin complicaciones. Los exámenes posteriores determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no era necesario ningún tratamiento oncológico adicional.

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El doctor Luigi Carbone confirmó que los últimos análisis y pruebas médicas mostraron una evolución favorable. Además, precisó que no existían contraindicaciones para que León XIV emprendiera el viaje a Perú, Uruguay y Argentina. Desde su regreso al Vaticano, el papa retomó de manera gradual sus actividades, con una agenda adaptada a las recomendaciones de sus médicos.

La visita apostólica permitirá al pontífice encontrarse con las Iglesias locales y alentar a los fieles de los tres países. De acuerdo con la Santa Sede, el objetivo también será compartir un mensaje de fe, esperanza y paz. León XIV expresó su entusiasmo por regresar a América Latina, continente en el que vivió momentos importantes de su vida.

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Papa León XIV expresa su alegría por regresar a América Latina

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el papa León XIV manifestó su alegría por el próximo viaje y destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre las comunidades católicas de la región. "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", escribió.

En el mismo mensaje, el pontífice planteó que la visita debe ser una oportunidad para acercar a las personas y reforzar la unión entre las Iglesias locales. "Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas", señaló.

León XIV también llamó a renovar el compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. La Santa Sede, por su parte, informó que el pontífice agradeció las oraciones y las muestras de afecto recibidas durante su recuperación, así como la atención de los profesionales sanitarios que lo acompañaron tras la operación.

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Conferencia Episcopal confirma que agenda del papa León XIV en Perú se mantiene sin cambios

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, confirmó que la agenda del papa León XIV en el Perú se mantiene sin cambios. En declaraciones a RPP, precisó que el pontífice llegará el 11 de noviembre por la tarde. Ese día visitará a la presidenta de la República y tendrá encuentros con empresarios y diplomáticos antes de instalarse en la Nunciatura Apostólica.

García Camader recordó el vínculo del papa con el Perú, donde ejerció su ministerio episcopal. Como ejemplo, citó una carta que León XIV envió semanas atrás a los obispos de América Latina, en la que expresó su gratitud por su experiencia pastoral en el país. “Allí conocí de cerca la fe de un pueblo del que recibí mucho y comprendí mejor lo que significa ser pastor”, escribió el pontífice.

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Al referirse a la situación del país, el titular de la Conferencia Episcopal sostuvo que la visita llega en un momento en que los peruanos necesitan un mensaje de reconciliación. “En medio de tanta turbulencia, alguien que nos hable de paz, de concordia, tender puentes de amor y de misericordia necesitamos en nuestro Perú fundamentalmente”, afirmó en la entrevista.

El recorrido del papa incluirá Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. García Camader explicó que el itinerario busca acercar al pontífice a distintas realidades del país y facilitar su encuentro con los fieles. La Iglesia mantiene coordinaciones en las ciudades contempladas en la visita.

Sobre la misa prevista en la base aérea Las Palmas, el monseñor recalcó que las entradas serán gratuitas y que el registro será nominal, por lo que cada asistente deberá identificarse con sus datos personales. Durante la entrevista se indicó que las inscripciones virtuales estarán disponibles del 5 al 8 de noviembre. Estas condiciones buscan evitar que personas inescrupulosas cobren por el acceso al evento.

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Víctimas del Sodalicio piden reunirse con el papa León XIV durante su visita al Perú

Treinta y tres víctimas y sobrevivientes del Sodalicio de Vida Cristiana y de organizaciones vinculadas a Luis Fernando Figari firmaron una carta abierta dirigida al papa León XIV para solicitar una reunión durante su próxima visita al Perú. Los firmantes cuestionaron que, desde el inicio de su pontificado, no hayan recibido respuesta a sus reiterados pedidos de encuentro por parte del pontífice ni de las autoridades del Vaticano.

En el documento, advirtieron que la agenda anunciada para la visita apostólica no contempla un espacio de diálogo con los afectados por los abusos eclesiales. Por ello, pidieron conocer las razones por las que sus solicitudes no fueron atendidas y señalaron que una reunión tendría un importante significado humano y pastoral para quienes denunciaron estos hechos.

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Los sobrevivientes también cuestionaron los resultados de la supresión del Sodalicio, al considerar que no se han traducido en avances suficientes en justicia ni en rendición de cuentas. Según la carta, los remanentes de la organización continúan operando en los mismos locales, incluidas parroquias, con los mismos líderes y fuentes de financiamiento. Por ello, reclamaron medidas concretas que permitan esclarecer las denuncias y garantizar la responsabilidad de los involucrados.

La carta también recordó que, en enero de 2025, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió al Estado peruano crear una comisión para investigar las denuncias de violencia sexual contra menores en la Iglesia católica y grupos eclesiales, sin importar cuánto tiempo hubiera transcurrido. Los firmantes señalaron que aún faltan avances en el acceso a la justicia, la prevención y la reparación integral. Además, cuestionaron que continúen los procesos judiciales contra periodistas que investigaron el caso Sodalicio y afirmaron que su objetivo es contribuir a la reparación de las víctimas.

Paralelamente, representantes de Trans CE Cargo expusieron ante las autoridades del Grupo Aéreo N° 3, cuyo cuartel general se encuentra en el Callao  los alcances de los servicios que ofrece, como el suministro de repuestos originales, la extensión horaria y el mantenimiento especializado para los helicópteros rusos, entre otros. 

Los ejecutivos de Trans CE Cargo también entregaron copias de una carta de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC, por sus siglas en inglés), que los valida como representantes de la fábrica de helicópteros Mi de la Federación Rusa. 

La empresa mexicana no cuenta con talleres de reparación, solo es una intermediaria.

UNA PRÁCTICA RECURRENTE

La empresa Trans CE Cargo es la misma a la que la Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA) concedió sin licitación un contrato por US$56.5 millones para la reparación mayor (overhaul) y extensión de recursos de operación de siete helicópteros Mi-17-B, en enero de 2024.

El plazo para el cumplimiento del acuerdo comercial fue de 365 días calendario, venciendo el plazo en diciembre de 2025. 

Sin embargo, Trans CE Cargo reportó retrasos en la ejecución del contrato debido a los problemas que afronta la Federación Rusa por la guerra con Ucrania. Una cadena de incidentes que también enfrentó la empresa panameña Milenium Veladi Corp, representante en el Perú de la rusa NASC, contratada por el Ejército para el “overhaul” de tres helicópteros Mi. 

En medio de controversias, Milenium Veladi Corp. tardó más de dos años en concluir los trabajos técnicos y, por si fuera poco, al menos dos de las tres aeronaves que reparó presentan deficiencias.

UN EVIDENTE RECAMBIO

Por estos hechos, incluyendo el presunto incumplimiento de contrato, es muy probable que Milenium Veladi Corp. no califique para las próximas  adjudicaciones de reparación mayor. 

Esto explicaría por qué la empresa mexicana Trans CE Cargo se ha presentado ante la Fuerza Aérea del Perú y ha presentado una  cotización dirigida al “overhaul” de tres helicópteros Mi-17-1B del Grupo Aéreo N° 3. 

El 26 de enero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incorporó en la lista de sanciones a la empresa NASC como represalia por la invasión de Ucrania.

Desde entonces, los rusos enfrentan dificultades para contratar con los países que cuentan con sus equipos de defensa. Para tratar de solucionar el problema, ahora utilizan empresas intermediarias para obtener contratos en América Latina, como Trans CE Cargo, en México, y Milenium Veladi Corp., en Panamá.

BUSCANDO MATRICULARSE

Recientemente, la mexicana Trans CE Cargo ha solicitado a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) su inscripción en el Registro de Proveedores del Mercado Extranjero (RPME), con  la finalidad de participar en las próximas contrataciones previstas en particular por el Ejército y la FAP para el “overhaul” y la extensión horaria de helicópteros rusos Mi. 

De acuerdo con un reciente informe de la prensa mexicana, Trans CE Cargo ha sido demandada por su socia, Craft Avia Center, un centro de mantenimiento aeronáutico mexicano. Le atribuye haber incumplido con los pagos acordados por haber aportado bienes y servicios relacionados con el contrato otorgado por la SEDENA para la reparación mayor de siete helicópteros rusos Mi-17-1B.

Con estos antecedentes, es difícil que la ACFFAA habilite a Trans CE Cargo en el Registro de Proveedores del Mercado Extranjero (RPME).

Es importante resaltar que la Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC), por intermedio de las embajadas de la Federación Rusa, ha enviado a las autoridades de Perú y México que las únicas empresas que los representan en estos países son Milenium Veladi Corp. y Trans CE Cargo. Y que, para la reparación mayor u otros servicios que requieren los helicópteros Mi, solo estas empresas están habilitadas para contratar. Nadie más.

Trans CE Cargo y Milenium Veladi Corp., coincidentemente, tienen problemas para el cumplimiento de contratos.

"En algún momento tenemos que confiar en nuestro gobierno", afirmó Gavidia, quien consideró que el fujimorismo enfrenta un escenario distinto al de las últimas dos décadas. A su juicio, mantener los mismos cuestionamientos puede dificultar el avance del país.

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El legislador aclaró que confiar en el Ejecutivo no significa dejar de fiscalizarlo. "Tenemos que estar vigilantes y pendientes", precisó, aunque advirtió que intentar controlar al Gobierno desde una posición política puede generar más divisiones.

Consultado sobre qué le permite confiar en el fujimorismo, Gavidia destacó la perseverancia de Keiko Fujimori para llegar a la Presidencia. "Creo que de todas maneras necesitaba de que le demos la oportunidad", manifestó al referirse a las veces que la lideresa de Fuerza Popular postuló al cargo.

El senador también mencionó sus discrepancias sobre la Mesa del Senado y marcó distancia de quienes rechazan al fujimorismo por razones ideológicas. "No soy antifujimorista, nunca soy anti nada", declaró.

“Simplemente siempre ingresé considerando que era diferente a mi posición y no puedo hacerle daño a la imagen del partido”, explicó. Agregó que Buen Gobierno tiene futuro y cuenta con jóvenes que piensan distinto a él.

Gavidia votó a favor el 21 de octubre, cuando el Pleno del Senado aprobó el dictamen con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. El texto suma siete materias a las 20 que ya había aprobado la Cámara de Diputados. Buen Gobierno, que tiene siete senadores, se dividió: solo Gavidia y Juver Flores respaldaron el dictamen y los otros cinco se abstuvieron.

Antes de confirmar su salida, el senador había dicho: “Si tengo que irme, lo haré, aunque yo dije que nunca lo iba a hacer”. Defendió su voto y sostuvo que “expresa mi libertad”. Contó que había quedado en reunirse con Jorge Nieto, líder del partido, este lunes y que confirmaría si la cita era posible.

Gavidia dijo que hubo una facilitación para que ambos puedan entenderse y que busca no hacerle más daño a la agrupación.

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Juver Flores no descarta renunciar al Buen Gobierno

El senador Juver Flores, quien también votó a favor de las facultades legislativas que pidió el Gobierno, no descartó renunciar a la bancada de Buen Gobierno. En comunicación con Perú21, dijo: “Yo asumo mi responsabilidad”.

Flores indicó que la decisión final sobre su permanencia en el grupo la tomará según criterios de justicia y lo que llamó “el fin supremo”. Explicó que está de viaje por compromisos vinculados a su función y que aún no ha conversado con Nieto.

Daniel Barragán: “Las puertas de Obras están abiertas”

El senador Daniel Barragán se refirió a la anunciada renuncia de Gavidia y recordó que ambos coincidieron en votar a favor, en el Pleno del Senado, del pedido de facultades que hizo el Gobierno de Keiko Fujimori.

En declaraciones a Canal N, dijo que esperaba que Gavidia y su partido conversen y que de ahí saque una conclusión. “Las puertas de Obras siempre están abiertas”, afirmó, aunque aclaró que depende de las circunstancias y que se tiene que hacer una evaluación. Señaló que hubo coincidencias en el voto y que no descartan ninguna posibilidad.

Obras tiene cinco senadores y tres votaron a favor del dictamen el 21 de octubre.

Bonifaz pide a Gavidia fundamentar supuestas diferencias ideológicas

La senadora Nora Bonifaz, de Buen Gobierno, rechazó las declaraciones de su colega de bancada y lo instó a decir cuáles son las diferencias ideológicas que mantiene con el partido. Señaló que fue el propio Gavidia quien ingresó a la agrupación elogiando su plan de gobierno y su doctrina ideológica.

“Yo no lo entiendo, ni una vez ha fundamentado ni ha dicho, él entró al partido hablando maravillas del plan de gobierno y de la posición doctrinaria. Que fundamente. Evidentemente, no hay transparencia en esa oscuridad mental, pese a que se dice científico, quiero que diga científicamente una por una las diferencias”, manifestó.

Bonifaz se abstuvo en la votación del 21 de octubre, igual que Carlos Caballero, Flavio Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute.

El voto dividido de Buen Gobierno

Gavidia había anunciado su voto horas antes de que empezara el debate en el Pleno del Senado, al igual que lo hizo Barragán de OBRAS. En una conversación con Exitosa, dijo que, aunque su bancada podía fijar una posición común, él votaría a favor porque pone el análisis técnico por encima del jurídico y el político.

Cuando le comentaron que parecía confiar en el fujimorismo, respondió “yo confío en el país”. Explicó que, si hoy lo dirige el oficialismo, prefiere hacer una crítica constructiva antes que desconfiar y quedar “entrampado”. Añadió que no es ciego y que podrá reconocer en el análisis si se equivocaron al otorgar las facultades.

"(¿Desde Obras podrían abrirle las puertas de la bancada?) Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende las circunstancias. Hay que hacer una evaluación al igual que lo puede hacer cualquier partido (...) todas las posibilidades están abiertas. No descartamos ninguna", declaró Barragán a la prensa.

Especificó que, claro, la decisión de ser parte de Obras deberá venir de Gavidia. “Nosotros no decidimos eso, sino primero el senador. Todo se puede dar”, dijo.

Añadió que percibía que Gavidia no era escuchado en su grupo parlamentario. “Ha habido una incomodidad de su parte, me parece. Espero que converse con Jorge Nieto. (Dice él que tiene una convergencia partidaria) Bueno, entonces no debieron ponerlo en su lista porque si está en la lista es porque comparte”, mencionó.

Tomando en cuenta ese antecedente, consideró que sí hubo coincidencias entre Gavidia y la mayoría de Obras al dar un voto a favor al pedido de facultades en el Senado.

Por otro lado, al ser consultado si su colega de bancada, Juana Ticona, quien se abstuvo de votar, podría retirarse del grupo, respondió: “Bueno, es una decisión de ella no de nosotros. Acá todo es libre. Acá estamos en ambiente de democracia. Si alguien no se siente cómodo. Lógicamente se va, ¿no?”

También aseguró que no se ha hablado de algún procedimiento disciplinario contra la senadora Ticona. “Nosotros conversamos y sacamos conclusiones de lo que sucedió la semana anterior. Todos los lunes nos reunimos con Belmont para evaluar los sucesos. A las 6 de este 24 será la reunión”, anotó.

Jorge Gavidia y su renuncia a Buen Gobierno

Días después de votar a favor del pedido de facultades, Gavidia anunció su renuncia a la bancada.

"(Voy a renunciar) a la militancia y a la bancada, lógicamente. Mi voto no significa exactamente el oficialismo bajo todas las condiciones", manifestó.

Y agregó: "Ingresé considerando que era diferente a mi posición y no puedo seguir haciendo más daño al partido a la imagen y desestabilizando, porque es un partido que tiene futuro".

"Según la información disponible sobre su visita al Perú, no se ha previsto un espacio de encuentro entre víctimas y sobrevivientes de abusos eclesiales, en particular del caso Sodalicio. Un gesto de escucha tendría un profundo significado humano y pastoral. Respetuosamente, quisiéramos conocer las razones del silencio ante nuestros reiterados pedidos de ser incluidos en su agenda", señala la carta.

Según el documento, diversas organizaciones de víctimas y sobrevivientes solicitaron reuniones desde el inicio del pontificado de León XIV. Afirman que no recibieron respuesta del papa ni de las autoridades vaticanas.

"Muchas víctimas no percibimos avances suficientes en justicia ni en rendición de cuentas. Los efectos prácticos de la supresión no son visibles: los remanentes siguen operando en los mismos locales (incluidas parroquias), con los mismos líderes y las mismas fuentes de financiamiento", afirman.

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Un reclamo al Estado y a la Iglesia

La carta recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ordenó en enero de 2025 al Estado peruano crear una comisión para investigar todas las denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la Iglesia católica y en grupos eclesiales, sin importar el tiempo transcurrido. Los firmantes señalan que no hay avances suficientes en políticas de acceso a la justicia, prevención y reparación integral.

También cuestionan que la Iglesia católica no asuma su responsabilidad. Afirman que no solo permitió el actuar del Sodalicio, sino que falló en la prevención, la supervisión y la respuesta oportuna, pese a que las primeras denuncias públicas datan de hace 26 años.

Los sobrevivientes denuncian además que continúan los procesos judiciales contra periodistas que denunciaron al Sodalicio. "Nuestro propósito no es reabrir heridas, sino contribuir a que puedan sanar", concluye el documento.

Uno de los viajes que llamó la atención fue el de una delegación de al menos 15 parlamentarios de seis bancadas a China, entre el 11 y el 21 de octubre. La invitación de la embajada china llegó el 7 de septiembre y contempló una agenda con actividades en la Asamblea Popular Nacional, reuniones sobre seguridad pública y asuntos vinculados con la organización del Partido Comunista Chino. El viaje coincidió con la semana de representación, periodo en el que los legisladores deben desarrollar actividades en sus respectivas regiones.

Entre los participantes figuraron Mirtha Vásquez, de Ahora Nación; Nilza Chacón, de Fuerza Popular; Rossana Alayza, de Buen Gobierno; y los parlamentarios de Renovación Popular Gustavo Segura y Diego Bazán. Este último ya había viajado a China en 2023, cuando integraba la comisión que investigaba a empresas chinas. La delegación estuvo encabezada por Chacón, segunda vicepresidenta del Senado.

El reportaje también reveló que Analí Márquez, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados e integrante de Juntos por el Perú, recibió una invitación personal para viajar a China del 8 al 18 de octubre, con una agenda distinta a la de la delegación multipartidaria. Su solicitud de licencia mencionó su participación en una delegación de jóvenes líderes políticos de América Latina y el Caribe.

La diputada había cuestionado los viajes al extranjero el 11 de septiembre, durante el debate sobre la primera salida del país de la presidenta Keiko Fujimori. "El Perú hoy está atravesando por una situación crítica. ¿Y nos vamos a dar todavía el espacio de poder viajar? Cuando ni siquiera estamos mediando el tema de la inseguridad y el fenómeno de El Niño que se viene", manifestó.

Sin embargo, días después solicitó permiso para viajar a China. En una entrevista con la televisión estatal de ese país, Márquez señaló que esperaba conocer experiencias para mejorar el abastecimiento de agua y facilitar las compras mediante plataformas digitales como Alibaba. Consultada por 'Punto Final' sobre las competencias del Legislativo para impulsar estas iniciativas, respondió que podía realizar seguimiento y buscar enlaces con otras autoridades.

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Senadores también viajaron a México y Tanzania

Otro de los destinos identificados fue Cancún, México, donde se realizó una cumbre de ciberseguridad del 9 al 13 de septiembre. El senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, participó en el encuentro tras recibir una invitación de Digi Americas Alliance, según la documentación revisada por el programa. El fujimorista Marco Miyashiro también presentó un documento para asistir al evento.

Al ser consultado sobre el viaje, López Chau señaló inicialmente que la invitación había sido gestionada por el Congreso. "Fue una invitación de LATAM", respondió. El reportaje contrastó sus declaraciones con la licencia presentada por el senador, en la que figurada Digi Americas Alliance como organización invitante.

En octubre, el senador Daniel Barragán, de Obras, viajó a Tanzania para participar en una asamblea de la Unión Interparlamentaria junto con la congresista fujimorista Karla Schaefer. Durante una entrevista con el programa, Barragán afirmó que solo había solicitado una licencia de viaje, relacionada con una actividad en California, donde recibió un reconocimiento por sus 25 años de trabajo en favor del emprendimiento en el Perú. No mencionó su participación en el encuentro en Tanzania.

Barragán también estuvo bajo cuestionamientos por la designación y posterior remoción de su hermana de un cargo en EsSalud. El reportaje consignó este antecedente al informar sobre su viaje al país africano.

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Viajes a foros y encuentros internacionales

Los registros parlamentarios también consignaron viajes por motivos técnicos, religiosos y políticos. En septiembre, el senador Jaime Delgado, de Ahora Nación, informó sobre una invitación a un seminario internacional de defensa del consumidor en Río de Janeiro, Brasil. Por su parte, la senadora Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, comunicó su participación en el encuentro Cristianos en la vida pública, celebrado en Santiago de Chile en octubre.

Jáuregui sostuvo que el encuentro permitió conocer políticas públicas relacionadas con el enfoque de familia. Su compañero de bancada Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, participó en agosto en un foro latinoamericano contra el antisemitismo en Santo Domingo. Según explicó por correo electrónico, los organizadores cubrieron los gastos. En septiembre y octubre, además, asistió a otros encuentros en Madrid y México.

El programa también identificó inconsistencias entre las declaraciones de algunos legisladores y los registros parlamentarios. Christian Aranda, diputado de Renovación Popular, afirmó que no había solicitado licencias de viaje. Sin embargo, los registros mostraron que entre agosto y septiembre pidió permisos para ausentarse de cinco sesiones del Pleno por viajes. Consultado sobre su próximo destino, confirmó que viajaría a Bolivia para participar en una conferencia sobre libertad religiosa, con los gastos cubiertos por la organización.

Bonifaz sostuvo que Gavidia tuvo la oportunidad de explicar públicamente su postura, pero no precisó qué aspectos de la organización política motivaron su alejamiento. "Él se ha paseado por todos los canales de TV justificándose, escuché que es por razones ideológicas. Jamás se ha dado el trabajo de decir cuáles son esas diferencias, cuáles son los puntos que no está de acuerdo", manifestó.

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La senadora también recordó que, cuando Gavidia ingresó a la agrupación, expresó su respaldo a sus principales planteamientos. "Él entró al partido hablando maravillas del plan de gobierno y de la posición doctrinaria", afirmó. Por ello, consideró necesario que el exparlamentario explique qué cambió en su posición y cuáles son los puntos con los que ahora discrepa.

Bonifaz cuestionó la falta de claridad sobre las razones de la renuncia y le pidió presentar argumentos concretos. "Quiero que diga científicamente una por una las diferencias", expresó. Además, criticó lo que consideró una falta de transparencia en sus explicaciones y señaló que no comprende los motivos que llevaron a Gavidia a apartarse de la bancada.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", escribió León XIV. Los médicos informaron que su recuperación posoperatoria avanza favorablemente y que los resultados de las evaluaciones no muestran contraindicaciones para el viaje.

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La confirmación del viaje se produjo después de que el doctor Luigi Carbone informara que los últimos análisis y pruebas médicas mostraron una evolución favorable y que no existían contraindicaciones para que el papa emprendiera el recorrido. Desde su regreso al Vaticano, el pontífice retomó gradualmente sus actividades, con una agenda adaptada a las recomendaciones médicas.

La visita apostólica permitirá a León XIV encontrarse con las Iglesias locales y alentar a los fieles de los tres países. Según la Santa Sede, el recorrido también busca transmitir un mensaje de fe, esperanza y paz.

El recorrido comenzará en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, continuará en Argentina, del 8 al 11, y concluirá en Perú, del 11 al 17 de noviembre. En territorio peruano, el papa tiene previsto visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La expectativa por su llegada aumentó tras la operación del 13 de octubre, aunque las autoridades eclesiásticas mantuvieron el viaje en agenda mientras esperaban la evolución de su salud.

El asesor del gabinete del JNE, Jorge Valdivia en declaraciones para Ojo Público explicó el proceso que se seguirá para dichos casos: primero los Jurados Electorales Especiales (JEE) proclamarán a los candidatos a primer regidor. Luego, al ver que no se cuenta con un alcalde deberán aplicar la Ley Orgánica de Municipalidades y solicitar las credenciales tanto para el que va a ocupar el cargo de alcalde, como aquel que va a completar el número de regidores.

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"Tienen que realizar un expediente que se llama (convocatoria de) candidato no proclamado’ para solicitar las credenciales", dijo al referido medio.

Debido a que el cargo de primer regidor recién se asume el viernes 1 de enero de 2027, será ese día en el que recién se inicie el proceso para solicitar las credenciales de alcalde al JNE. Al tratarse de un día feriado, seguido de un fin de semana, la atención al pedido se realizará el lunes 4.

Serán, como mínimo, cuatro días en los que la ausencia será suplida por el primer regidor. Esto debido a que el art. 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades manda a que ante la ausencia del alcalde asume inmediatamente el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.

Sin embargo, claro, ello no es implícito para las situaciones en las que el primer regidor está impedido por tratarse de una autoridad que ya ocupó el mismo cargo en el periodo anterior. Por lo tanto, se trataría de un liderazgo temporal sin las credenciales oficiales del JNE.

Al respecto, Fernando Tuesta señaló: "El JNE se encarga de entregar credenciales. Llama de la lista ganadora a quien postuló como alcalde. No está porque renunció entonces llama a quien sigue. Sería el señor López Aliaga como primer regidor. No se le puede entregar la credencial de alcalde porque está impedido por la Constitución. Se le entregará la credencial de regidor. ¿Quién asumirá la alcaldía? El regidor que sigue, el número 2".

Añadió: "El hecho de que un candidato no guste o no esté preparado es otro tema. Quien nos ha llevado a esta situación es López Aliaga. Claro, quieren postular al JNE, a todos. Pero no se puede. La Constitución prohíbe la reelección. No tiene que ver que haya ganado su lista o que sea el preferido. Las reglas son claras. No puedes continuar en el cargo que ganaste en la elección anterior. Si no, se daría una inutilidad de la norma de prohibición".

Cronología de la postura de Roberto Burneo

La República recopiló las declaraciones del presidente del JNE, Roberto Burneo, sobre el tema que evidencian su evasión y ausencia de postura firme sobre los casos de reelección encubierta.

El 5 de agosto, tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la alcaldía de Lima, Burneo evitó pronunciarse sobre el caso específico de Rafael López Aliaga, quien postulaba como primer regidor y podría asumir la alcaldía si la lista de Renovación Popular resultaba ganadora.

Al ser consultado por el tema, indicó que el JNE “no legisla”, sino que se basa “de forma independiente objetiva sobre la base constitucional, legal y por los reglamentos”. Añadió que, a título personal, considera que, en el caso de gobiernos locales, sí debería permitirse la reelección de autoridades.

Luego, el 26 de agosto, ante las decisiones diferentes de los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Morropón y Lima Centro, Burneo afirmó que el Pleno del JNE resolvería en última instancia los casos relacionados con la denominada reelección encubierta. Evitó adelantar una posición sobre los expedientes y defendió la independencia de los jurados electorales especiales para interpretar las normas.

El 4 de septiembre, el Pleno del JNE resolvió que un alcalde en ejercicio puede postular como candidato a regidor.

Después, el 5 del mismo mes, aseguró que “en el Perú no hay ninguna modalidad de reelección encubierta”. Añadió que no podía “adelantar ninguna opinión” sobre el caso López Aliaga “porque aún no ha sido materia del debate”.

El 9 de septiembre, después de que 14 organizaciones políticas solicitaran un pronunciamiento vinculante, Burneo confirmó que el asunto sería incluido en la agenda del Pleno del JNE. Aclaró que todavía no se había fijado una fecha para el debate.

Finalmente, el 21 de septiembre, antes del debate municipal de Lima, Burneo indicó que el organismo seguía evaluando la controversia y se encontraba en sesión permanente. Reafirmó que el criterio vigente permitía postular como primer regidor a quien había ejercido inmediatamente antes como alcalde, pero insistió en que no podía anticipar la decisión sobre una eventual nueva credencial de alcalde.

Por su parte, Gunther Gonzales Barrón, integrante del Pleno del JNE, señaló el 22 de septiembre que permitir la postulación de alcaldes como primer regidor y que asuman la alcaldía en caso de renuncia vulnera el artículo 194 de la Constitución

El 22 de octubre, el JNE revocó la exclusión del alcalde de Morropón y sostuvo que no existe “reelección encubierta”; persiste la falta de una posición general del Pleno.

Se trata de 160 inmuebles embargados en 2023 en el curso de un proceso por presunto lavado de activos, y entregados al Pronabi para su administración, entidad que rápidamente dio en uso a diversas entidades públicas, como la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones, EsSalud y otras.

Sin embargo, mediante una comunicación escrita (Carta N.º 291-2026-JUS/PRONABI-UGDA), las autoridades del Pronabi, si bien reconocen el mandato judicial de devolución, señalan que no pueden ejecutar la medida hasta que se resuelvan los recursos de apelación pendientes.

Es el mismo argumento que Pronabi remitió a la Comandancia General de la Policía para informar sobre la paralización temporal de la devolución de un inmueble en Barranco, que la institución policial ocupa.

Efectivamente, el 26 de agosto de este año, el Ministerio Público consiguió que se admita una apelación contra la resolución judicial que dispone la restitución de los inmuebles incautados a la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, propietaria de la desaparecida universidad del mismo nombre.

Pero la apelación no implica el congelamiento de los alcances de la resolución judicial que manda la devolución de las propiedades. Además, Pronabi no ha promovido, ni tampoco existe una resolución judicial contraria a la disposición que ordena el regreso de los inmuebles a sus propietarios.

Esta es la segunda vez que el Pronabi busca dilatar el retorno de los bienes.

Cuando el 12 de agosto de este año, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional desestimó un nuevo requerimiento de incautación y ordenó la inmediata devolución de los 160 inmuebles, Pronabi argumentó que no podía cumplir con la disposición porque necesitaba la identificación de la partida registral de cada una de las propiedades.

El juzgado contestó dando cuenta del registro individualizado de cada bien.

Ahora Pronabi argumenta que antes de la devolución, se debe resolver la apelación del Ministerio Público.

Pero en el Decreto Supremo N°001-2021-JUS se indica que la restitución del bien procede cuando existe una orden judicial, que es precisamente lo que sucede con el presente caso. El Pronabi no está facultado para mantener en suspenso los mandatos judiciales.

El 12 de agosto de este año, el titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Eiser Jiménez Coronel, fue quien anuló la incautación de los bienes de la Universidad Alas Peruanas y dispuso que Pronabi devolviera la totalidad de los activos, debido a graves deficiencias en la investigación del exfiscal de Lavado de Activos, Wilson Salazar Reque.

Más de dos meses después, el 19 de octubre, el mismo magistrado Eiser Jiménez reiteró su mandato para que Pronabi regrese los 160 inmuebles incautados sin sustento.

Según la versión del Pronabi, sustentada en una carta suscrita por la Coordinadora de la Unidad de Gestión de Disposición de Activos, Lisett Casaverde Zela, la Procuraduría General del Estado comunicó a la entidad que había sido concedido el recurso de apelación contra el retorno de los bienes incautados y, en consecuencia, el proceso de devolución queda en suspenso.

Resolución debe ser consentida

• “Si bien existe una orden judicial que ordena la devolución de los bienes comprendidos en las referidas resoluciones, corresponde precisar que dicha decisión ha sido objeto de impugnación, encontrándose pendiente el pronunciamiento del órgano jurisdiccional superior respecto del recurso de apelación concedido”, señala el Pronabi.
• “La devolución de los bienes incautados se encuentra supeditada a la existencia de una resolución judicial debidamente consentida o ejecutoriada”, por lo que el Pronabi, “se encuentra a la espera de que el referido órgano jurisdiccional remita la resolución correspondiente, a efectos de proceder a evaluar la ejecución de la misma”.
• Como se lee, Pronabi señala que “evaluará” el cumplimiento de las disposiciones judiciales, cuando estas claramente disponen la inmediata devolución de los 160 inmuebles incautados.

“El fujimorismo cuenta con una base de apoyo parlamentario, pero todavía tiene que negociar para alcanzar mayoría. En el Senado, Fuerza Popular y Renovación Popular han sumado 35 votos cuando necesitaban 31. El respaldo de Obras y Buen Gobierno ha sido decisivo. La oposición no ha logrado actuar como un bloque”, señaló Noam López, politólogo e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

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El proceso de aprobación de esta ley anticipa la dinámica que podría marcar el funcionamiento del Congreso durante los próximos meses. En la Cámara de Diputados, la mayoría es opositora: 74 legisladores forman parte de la denominada coalición democrática, frente a los 56 que integran el tándem de Renovación Popular y Fuerza Popular.

Sin embargo, en el Senado, instancia definitiva para cada proyecto de ley, el oficialismo mantiene una posición favorable. La división entre ambas facciones es —contando a Obras, PBG, AN y JPP como grupo compacto— exactamente de 30 a 30. En caso de empate, el voto dirimente corresponderá a la Mesa Directiva, presidida actualmente por Miguel Ángel Torres, uno de los principales dirigentes de Fuerza Popular.

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¿Carece la oposición de una estrategia común frente al fujimorismo o estamos ante bancadas que adoptan posiciones distintas según el tema y la instancia de votación? Para López, la oposición todavía no ha logrado consolidar una coordinación efectiva.

“Todavía hemos visto una capacidad limitada de coordinación entre la oposición parlamentaria. Esta oposición no es necesariamente una coalición. Compartir una posición crítica al Gobierno no significa compartir una agenda común, los mismos intereses o prioridades programáticas”, indicó López.

Cada voto contó en las distintas etapas

El respaldo parlamentario, sin embargo, ha sido irregular. Juntos por el Perú fue la única bancada que mantuvo su rechazo al pedido del Gobierno en todas las etapas del proceso. En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Ahora Nación, el Partido del Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular habían alcanzado un primer consenso en torno a un texto sustitutorio conjunto, que reducía de 66 a 27 las materias para las que se solicitaban facultades legislativas.

En el pleno, el Partido del Buen Gobierno se distanció del respaldo general al pedido. Ante las dudas sobre una posible incorporación de nuevas materias durante el debate en el Senado, los legisladores liderados por Jorge Nieto optaron por la abstención. Cuando esa ampliación se concretó, la bancada mantuvo su posición, mientras que Ahora Nación votó en contra junto con Juntos por el Perú. El respaldo de Obras resultó determinante para modificar el escenario.

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“Hay que considerar tres factores: el contenido de las propuestas, las negociaciones parlamentarias y los incentivos. No se votó exactamente lo mismo en todas las etapas. La propuesta original fue recortada en la Cámara de Diputados y modificada en el Senado. Respaldar una propuesta acotada es distinto a otorgarle facultades al Ejecutivo. Para entender los cambios de posición hay que observar los votos y los cambios al texto”, señaló López.

En política, suele considerarse que los actores toman decisiones en función de sus intereses y de una evaluación racional de sus conveniencias. Las negociaciones de las últimas semanas son una muestra de ello. Distintas presiones e incentivos llevaron a que una bancada respaldara un texto en una etapa y considerara más conveniente no aprobarlo en otra.

Para López, las exigencias del contexto también pueden obligar a las bancadas opositoras a maniobrar frente a las iniciativas del oficialismo.

“Creo que todas las bancadas tienen la capacidad para inclinarse hacia donde les conviene, según las decisiones legislativas que tienen que tomar. Puede haber un interés en introducir una propuesta o un cálculo político. La inseguridad y la crisis climática pueden generar una verdadera presión para que exista una respuesta pronto. Una bancada puede entender que es políticamente más conveniente negociar una propuesta antes que rechazarla”, señaló.

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¿Cómo queda Fuerza Popular?

Más allá de las diferencias entre los grupos opositores, Fuerza Popular también ha tenido que ajustar su estrategia durante el proceso. En las primeras etapas, ante la presión de la mayoría opositora, la bancada oficialista no logró sacar adelante su propuesta inicial, que contemplaba reformas en materia económica y laboral, así como cambios relacionados con el funcionamiento del Estado.

Para el analista, el partido naranja ha demostrado que su capacidad de influencia dependerá de una negociación constante durante el periodo de Gobierno.

“El fujimorismo aparece como el principal articulador de la mayoría que finalmente aprobó las facultades. Pero creo también que su actuación está demostrando límites. Inicialmente, no logró imponer el texto que quiso y tuvo que aceptar algo mucho más acotado en Diputados. Luego logró ampliar su propuesta en el Senado. Esto evidencia que su capacidad política depende tanto de sus votos como del manejo de la agenda legislativa y de los acuerdos con otras bancadas”.

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Incluso manteniendo la disciplina parlamentaria de su bancada, Fuerza Popular seguirá dependiendo de su capacidad de negociación. En este primer episodio legislativo, algunos dirigentes asumieron un papel central en las conversaciones. Según pudo conocer este diario, figuras como José Chlimper y Luis Galarreta, junto con los voceros parlamentarios de la agrupación naranja, estuvieron a cargo de este proceso.

“Creo que este primer episodio ofrece un indicio de que podríamos observar mayorías legislativas variables construidas a partir de iniciativas específicas. La distinción entre oficialismo y oposición será importante, pero no suficiente para explicar los resultados parlamentarios. Las bancadas relativamente pequeñas pueden tener una influencia suficiente para inclinar las votaciones y alcanzar mayorías o, incluso, reunir los votos necesarios para el cuórum en algunos casos. Habrá que observar si estos acuerdos son estables”, señaló López.

Una dinámica que marcará la relación entre las cámaras

La aprobación de las facultades legislativas ha concluido, pero la dinámica entre ambas cámaras ha quedado marcada por la controversia sobre la incorporación de nuevas materias en el Senado. Esta modificación fue cuestionada por buena parte de la oposición, entre ellas, las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno. En la práctica, el precedente muestra que el Senado puede incorporar materias adicionales a las aprobadas por la Cámara de Diputados.

“Acá aparece uno de los problemas institucionales más importantes. El Senado agregó siete puntos sin que el proyecto regresara a Diputados. Esto ha abierto una controversia y la discusión sobre hasta dónde se puede modificar seguirá. Más allá de la modificación en el pedido de facultades legislativas, creo que este será un episodio importante para la dinámica entre cámaras”, señaló López.

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Para el politólogo, la falta de reglas precisas sobre este procedimiento podría desencadenar un conflicto institucional dentro del Poder Legislativo y convertirse en un pasivo para el propio Congreso.

“Si no se precisan las reglas, esto podría derivar en una desaprobación por no ponerse institucionalmente de acuerdo frente al conflicto. La imagen de que el Congreso no se ponga de acuerdo le cobrará factura. El descrédito seguirá y afectará a una institución como el Congreso, que ha tenido una imagen frágil en nuestro sistema democrático”, apuntó.

"Ya está solucionado con la Fe de erratas", declaró en entrevistas a Punto Final.

Además, consideró que el error solo estuvo en el encabezado y no en que solo se consignó la firma del Senado.

“En el caso de las firmas creo que no hubo opiniones en contra. Creo que el cuestionamiento ha sido básicamente en el encabezado. He escuchado a varios constitucionalistas que dicen que es quien da la ley. Creo que el problema no es la firma”, dijo.

Añadió que tiene conocimiento de que se desarrollará una Junta de Portavoces.

“Miguel Torres ya ha hecho la fe de erratas. (¿Para usted la fe de erratas es suficiente para solucionar el problema?) Para mí ya está solucionado. Mas bien, nosotros haremos un uso efectivo de las facultades aunque nos hayan dado poco”, agregó.

Constitucionalista Luciano López pide ley rectificatoria

El constitucionalista Luciano López cuestionó en X que la fe de erratas baste para corregir la ley. “Esto no se arregla con fe de erratas. Requiere ley rectificatoria. El error viene desde la autógrafa y, peor aún, con las declaraciones confesas y conscientes del presidente del Senado, no es un simple error, sino uno conceptual y muy grave que amerita censura”, escribió.

López citó el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución y el inciso a del artículo 32 del Reglamento del Congreso, que establecen que quien da la ley es el Congreso y no el Senado. Si Torres persiste en justificar el error, dijo, debe renunciar o ser censurado.

La senadora Mirtha Vásquez de Ahora Nación ya había pedido a Torres explicar y rectificar la fórmula “El Senado de la República ha dado la ley siguiente”. “Este grave defecto podría determinar la inconstitucionalidad por la forma de esta ley y comprometer la validez de los decretos que se emitan a su amparo. Más aún, pretender que el Senado, por sí solo, ‘de leyes’ contra lo dispuesto por la Constitución constituye una señal de autoritarismo”, señaló.

El expediente corresponde al caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el gobierno de Castillo. La investigación apunta a presuntos pagos de dinero a cambio de promociones al grado de general. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el Ministerio Público, parte de esos montos habría tenido como destino al entonces presidente.

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El reportaje también cuestionó la demora en el Congreso. La denuncia constitucional fue presentada por el Ministerio Público en 2023, pero no completó su trámite durante el periodo parlamentario 2021-2026.

Con la instalación del nuevo Parlamento bicameral, el expediente pasó a la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Varas, de Juntos por el Perú.

La Cámara de Diputados tiene previsto debatir el caso el jueves 29 de octubre. Sin embargo, el tiempo es limitado: si no existe una decisión de ambas cámaras antes del 15 de noviembre, la denuncia podría caducar. El resultado dependerá de los votos de los parlamentarios y de las decisiones que adopten durante el procedimiento.

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Caso ascensos: las pruebas que comprometen a Pedro Castillo

Cuarto Poder accedió a las declaraciones de cinco colaboradores eficaces y una testigo que describieron presuntos pagos ilícitos por ascensos en las fuerzas del orden. Uno de los testimonios indicó que se cobraban US$20.000 por determinadas promociones.

Otro aspirante a colaborador eficaz reconoció haber pagado dinero para conseguir su propio ascenso y mencionó que tres coroneles de la Policía habrían entregado US$40.000 cada uno para llegar al grado de general.

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Entre los elementos reunidos por la Fiscalía también figuran mensajes de WhatsApp entre Castillo y el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra. En octubre de 2021, el expresidente le preguntó por los avances del proceso de ascensos y le envió un mensaje con la indicación «Para coronel», junto con el nombre de un oficial. Vizcarra entregó su celular a las autoridades como parte de las pesquisas.

Otra evidencia corresponde a dos notas adhesivas que Bruno Pacheco, exsecretario general de Castillo, entregó a la Fiscalía. Los documentos contenían indicaciones sobre cambios de oficiales en la Casa Militar y la Policía.

Según la pericia grafotécnica citada en el reportaje, los manuscritos procedían del mismo autor que otros documentos atribuidos a Pedro Castillo. La evaluación parlamentaria deberá determinar si la denuncia continúa su trámite.

Según el testimonio, las autoridades acudían a la oficina de Palomino en Huancavelica para solicitar presupuesto para obras que ya tenían identificadas. El exasesor sostuvo que la propia diputada le explicó cómo funcionaría este supuesto mecanismo de cobros por las gestiones ante las entidades públicas.

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El extrabajador también denunció que debía utilizar parte de su sueldo para pagar gastos vinculados a la congresista. Entre ellos mencionó la alimentación, los carteles de la oficina descentralizada y los recibos de luz y agua. Aseguró que no recibió la devolución del dinero que desembolsó.

Palomino rechazó por escrito algunas de las afirmaciones de su excolaborador. Sobre su participación en las actividades de representación, sostuvo que el trabajador nunca la acompañó durante esa semana. Sin embargo, Panorama mostró fotografías publicadas en la cuenta oficial de la legisladora en las que ambos aparecían juntos durante esas actividades.

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Exasesor denunció pagos y presiones a trabajadores del despacho

El extrabajador afirmó que Palomino le pedía entregar dinero a personas que acudían a su oficina. Según relató, los montos incluían pagos de S/200, S/300 y otras cantidades. Explicó que estas entregas respondían a compromisos asumidos con representantes de comunidades que habían apoyado a la diputada. Añadió que los propios trabajadores debían cubrir esos desembolsos.

El exasesor también contó que recibió presiones para continuar con los pagos. Según su versión, una compañera le advirtió que informaría a la congresista si no entregaba la cantidad solicitada.

Además, aseguró que Palomino le pidió asumir, junto con otra trabajadora, el costo de una camioneta alquilada por S/2.000, después de que el vehículo habitual necesitara reparaciones. El extrabajador también afirmó que solía trasladar a la diputada a sus visitas al penal de Barbadillo, donde se encontraba el expresidente Pedro Castillo.

Los hechos investigados corresponden a la etapa en que Manturano se desempeñó como gerente general de EMILIMA, cargo al que llegó en 2019. De acuerdo con la documentación fiscal presentada en el reportaje, el caso comprende 22 contrataciones de locadores cuyos trabajos no se habrían ejecutado, pese a que la entidad municipal realizó los pagos correspondientes.

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La investigación también incluye audios entregados por aspirantes a colaboradores eficaces. En una de las grabaciones, Manturano habría coordinado con otros investigados las respuestas que debían dar ante el Ministerio Público. Otro de los participantes afirmó que no había realizado las labores por las que fue contratado, aunque recibió indicaciones sobre qué información debía proporcionar durante las diligencias.

Pese a la investigación fiscal, Rafael Belaunde la designó como jefa de su gabinete de asesores en el Ministerio de Defensa. La relación entre ambos también tuvo un componente empresarial. Manturano figuró como apoderada de cuatro compañías vinculadas al actual ministro y participó en actividades de la campaña electoral de Libertad Popular, partido liderado por Belaunde.

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Audios exponen presuntas coordinaciones para responder ante la Fiscalía

Uno de los casos detallados por Cuarto Poder involucra a Cinthya Daphnne Cavero Gonzáles, quien habría sido contratada como locadora de EMILIMA sin contar con experiencia previa como proveedora del Estado.

Según la tesis fiscal, Cavero habría recibido pagos por un servicio que no realizó y luego habría entregado el dinero a Yazmín Sevilla Nieto, quien presuntamente lo remitió a Manturano. Un audio entre Cavero y Sevilla mostró que ambas hablaron sobre cómo explicar ante la Fiscalía el origen de la contratación y evitar que sus respuestas vincularan a la entonces gerente general.

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Otra grabación corresponde a una reunión del 5 de noviembre de 2023, cuando las diligencias fiscales ya estaban en curso. En ella, Manturano habría recomendado a los participantes que respondieran de manera precisa y sin ofrecer detalles adicionales. También se comprometió a preparar documentos con preguntas y respuestas para que los investigados los utilizaran como guía durante sus declaraciones.

En la misma conversación, Fernando Rojas Barrera manifestó que no había realizado las labores por las que fue contratado y que solo había ayudado a Andrés Diez Tochiki a emitir recibos.

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El abogado de Manturano, Roberto Robles, sostuvo que su patrocinada se limitó a aprobar los pagos con base en la información que recibía sobre los servicios realizados. Además, cuestionó la validez de las grabaciones y señaló que, hasta el momento de la entrevista, no existía una pericia fonética que confirmara la identidad de las voces.

Robles también indicó que Manturano guardaría silencio si la Fiscalía la citaba a declarar. La investigación incluye, además, a Pedro Gamio Felipa, esposo de la funcionaria, por su presunta intervención en la contratación de uno de los locadores.

López Chau explicó que su bancada propuso aprobar las 20 materias que había autorizado la Cámara de Diputados y permitir que el Gobierno presentara proyectos de ley adicionales para su evaluación individual. “Ni te voy a dar todas y tampoco te voy a dar cero”, resumió sobre la posición de Ahora Nación. A su juicio, esta alternativa permitía atender las necesidades del Ejecutivo sin aceptar todos sus pedidos mediante una sola autorización.

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El senador también cuestionó que el Senado incorporara siete puntos adicionales a la propuesta original. Sostuvo que las nuevas medidas debieron discutirse mediante proyectos de ley específicos, con el fin de que la ciudadanía conociera su contenido y las razones de cada voto. Por ello, rechazó la ampliación aprobada y defendió que las diferencias entre ambas cámaras se resuelvan antes de llevar los acuerdos al pleno.

Sobre las críticas contra quienes se opusieron a las facultades, López Chau advirtió que descalificar a los sectores discrepantes perjudica el debate democrático. “La oposición democrática le hace bien a cualquier Estado”, afirmó. También precisó que su bancada no pretende bloquear todas las iniciativas del Gobierno, sino evaluar cuáles considera razonables y respaldarlas cuando corresponda.

Pese a sus cuestionamientos, el líder de Ahora Nación descartó respaldar una censura contra el presidente del Senado, Miguel Torres, por los errores en la promulgación de la norma que delegó facultades al Ejecutivo. Consideró que esa medida podría abrir un nuevo conflicto y planteó que la salida debe ser el diálogo. Además, sostuvo que resulta necesario modificar el reglamento parlamentario para evitar que vuelvan a presentarse problemas similares.

"Las personas piensan eso, pero no es así. Nosotros creemos que lo que hemos votado ha sido lo mejor para el país. Si viene del lado izquierdo alguna propuesta que favorezca al país, votaremos por ello. Los principios rectores de este partido señalan que primero es la patria y después las personas", indicó en una entrevista con RPP.

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Además, el parlamentario, integrante del partido liderado por Ricardo Belmont, se pronunció sobre la decisión de su compañera de bancada Juana Ticona, quien se abstuvo de votar a favor del proyecto. Barragán aseguró que no se ha debatido la posibilidad de sancionarla.

"Me extrañó eso. Nosotros, al llegar al pleno, tenemos reuniones previas; no vamos a conversar ahí. Firmamos un acta de lo que vamos a hacer en el Pleno. Me llamó la atención que la señora Ticona, tras firmar un acta, vote en abstención. Yo vi que hay personas que se acercaron a ella en esos espacios y le hicieron cambiar de opinión. Me parece que se acercaron Ruth Luque y Patricia Iturregui", señaló.

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Sobre la polémica alrededor de su hermana

Además, Barragán se refirió a la polémica en torno a María del Carmen Barragán, su hermana, quien fue contratada como asesora de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud. El senador también negó que la contratación del estudio jurídico de su hermana para participar en arbitrajes relacionados con EsSalud constituya un conflicto de intereses.

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"Yo creo que el nombramiento fue muy bueno. Las fechas no fueron las correctas, veo que han querido justificar el nombramiento como si yo lo hubiese referido. Y yo, con muchos años en la administración pública, jamás he referido a ningún familiar. El centro de conciliación nunca trabajó con EsSalud. La conciliación era con los proveedores de EsSalud. Quienes contratan a mi hermana son proveedores, trabajadores o terceros de EsSalud", indicó.

María del Carmen Barragán dejó de desempeñarse como asesora de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud luego de que se hiciera pública su contratación.

La resolución, firmada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta, divide el viaje en dos grupos. La delegación de avanzada, integrada únicamente por Héctor Eduardo Flores León, de la Secretaría de Actividades Protocolares, viajará del 27 al 31 de octubre. Por cuatro días de viáticos, recibirá US$1.260, mientras que su pasaje cuesta US$1.470,01. En total, el gasto por su desplazamiento asciende a US$2.730,01.

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La comitiva oficial viajará del 28 al 31 de octubre y estará conformada por seis personas: Shirley Montenegro Flores y Lizbeth Maceda Maldonado, asesoras de gabinete de la Secretaría General; Juan Pablo Oyarce Arescurenaga, edecán de la presidenta; Lariza Sheila Pocco Camilo, asistente administrativa; el suboficial técnico de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) Flugencio Pérez Pérez, encargado de seguridad; y Lucía Carolina Pacheco Quispe, de Comunicación Estratégica.

Cada integrante recibirá US$945 por concepto de viáticos. Los pasajes de Oyarce y Pocco cuestan US$2.018,85 cada uno, por lo que el gasto individual para cada funcionario asciende a US$2.963,85. En el caso de los otros cuatro integrantes, el costo del pasaje es de US$1.794,61 por persona, lo que eleva el gasto individual a US$2.739,61.

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La visita de Keiko Fujimori a El Salvador está prevista del 28 al 31 de octubre de 2026. Durante su estadía, la mandataria se reunirá con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. Fujimori ha señalado que el viaje estará centrado en asuntos de seguridad e incluirá una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Asimismo, se abordarán temas relacionados con la salud, la educación y la posibilidad de establecer un futuro tratado de libre comercio entre ambos países.

Canciller y ministro de Justicia también viajarán

El Gobierno también autorizó el viaje del canciller Carlos Espá y del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, a El Salvador para participar en las actividades oficiales que acompañarán la visita de la presidenta Keiko Fujimori. Ambos funcionarios permanecerán en San Salvador y Tecoluca del 28 al 31 de octubre, según las resoluciones publicadas este sábado en el diario oficial El Peruano.

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La inclusión de Álvarez respondió a un encargo expreso de Fujimori, comunicado por la Cancillería mediante un oficio. Por su parte, Espá viajará por invitación de su homóloga salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, en el marco de las conversaciones sobre la agenda bilateral entre ambos países. Durante sus ausencias, el ministro Juan Carlos Requejo asumirá temporalmente la cartera de Justicia, mientras que Marco Vinelli quedará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los gastos de traslado y estadía serán cubiertos por los respectivos sectores. El Ministerio de Justicia destinará US$1.962,21 al pasaje de Álvarez y US$472,50 a sus viáticos parciales por tres días. Por su parte, la Cancillería financiará el pasaje de Espá, cuyo costo asciende a US$1.031,80, además de US$472,50 por concepto de viáticos parciales.

La Guardia Suiza Pontificia participará del operativo de seguridad durante la visita del Santo Padre a Perú.

Los dispositivos de seguridad tendrán entre sus objetivos preservar el orden público, contribuir a la protección del papa León XIV, resguardar a las delegaciones oficiales y asistentes, prevenir delitos agravados y coordinar la respuesta frente a eventuales contingencias.

También deberán garantizar la seguridad de aeropuertos, terminales terrestres, corredores viales, sedes diplomáticas y eclesiásticas y otros puntos estratégicos vinculados con los desplazamientos del pontífice.

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Para el miércoles 11 de noviembre se tiene previsto el arribo al Grupo Aéreo Nº8 a las 17.30 horas y el encuentro protocolar con autoridades en el Palacio de Gobierno. Para el jueves 12 sostendrá una reunión con los obispos en el Palacio Arzobispal y visita a la Catedral de Lima. Además, habrá una vigilia de oración con jóvenes a las 18.00 horas.

Del viernes 13 al domingo 15 de noviembre el papa viajará a Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa y el lunes 16 de noviembre celebrará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas a las 10.30 horas. Finalmente, su salida rumbo a Roma está prevista para las 13.45 horas.

LA GUARDIA SUIZA Y LA PNP

Uno de los aspectos destacados es la confirmación de que durante la visita participará personal de la Guardia Suiza Pontificia, junto con otros organismos responsables de la seguridad de la Santa Sede.

Esos efectivos estarán encargados de la protección inmediata del pontífice de acuerdo con sus propias competencias. El Gobierno aclaró que su participación no implicará que sean incorporados a las fuerzas especiales peruanas ni que se modifiquen sus respectivas cadenas de mando.

Por parte de Perú participarán efectivos de la Policía Nacional con brigadas como la Sub Unidad de Acciones Tácticas, Operaciones Especiales, francotiradores, de Inteligencia, además de las fuerzas armadas.

Los comandos tendrán como misión coordinar las tareas necesarias para garantizar la seguridad del papa León XIV, las delegaciones oficiales y las personas que concurran a las diferentes actividades programadas.

El operativo abarcará también aeropuertos, terminales de transporte, corredores viales, sedes diplomáticas y eclesiásticas y otros lugares considerados estratégicos. Además, las autoridades deberán trabajar sobre prevención de delitos y eventuales situaciones de emergencia.

La decisión de conformar comandos especiales responde a la magnitud del acontecimiento y a la previsión de una importante concentración de personas durante las actividades del jefe de la Iglesia Católica.

UCAYALI: 150 MIL FIELES

Hace unos días, miembros de la comitiva oficial del Vaticano, Guardia Suiza Pontificia, Conferencia Episcopal Peruana y Relaciones Exteriores, encargados de las coordinaciones previas llegaron a Pucallpa para ultimar los detalles de la esperada visita del Sumo Pontífice a la ciudad.

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El recorrido incluyó puntos estratégicos como el Boulevard de Yarinacocha, donde el Santo Padre tendrá un encuentro con los representantes de diferentes pueblos indígenas de la región y, posteriormente, se dirigieron a La Videnita, donde se tiene previsto desarrollar la Santa Misa frente a más de 150.000 fieles provenientes de distintas ciudades del Perú y de diversos países.

CON PUEBLOS INDÍGENAS

Según se informó, los pueblos indígenas de Ucayali preparan sus principales demandas para el encuentro con el papa León XIV, previsto para el 15 de noviembre en Pucallpa.

Representantes shipibo-konibo, ashaninka y cocama expondrán sus preocupaciones por la tala y minería ilegal, la deforestación y la contaminación de los ríos.

La actividad se desarrollará en la zona de Yarinacocha e incluirá un espacio de diálogo con las comunidades y la siembra de un shihuahuaco. Los líderes indígenas esperan que la visita permita visibilizar las amenazas que enfrentan sus territorios y comunidades amazónicas.

LAS FUERZAS ARMADAS

Entre tanto, miembros del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú ya se preparan para la visita del papa León XIV a Pucallpa, prevista para el próximo 15 de noviembre.

El titular del sector Defensa, Rafael Belaunde, se reunió con los mandos de los tres institutos armados destacados en la ciudad amazónica para conocer el despliegue logístico y operativo que les corresponde durante la presencia del sumo pontífice en la Tierra Colorada.

Como parte de la supervisión, el ministro visitó el Ala Aérea N.° 4 y recorrió la laguna de Yarinacocha en una embarcación de la Fuerza Aérea, a fin de conocer la ruta que seguiría el líder de la Iglesia católica hasta el bulevar donde lo esperarían los fieles. La Marina de Guerra tiene preparada la patrullera que trasladaría al papa León XIV hasta dicho bulevar, donde se encontraría con la población.

El ministro de Defensa destacó el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas para garantizar las condiciones necesarias para la visita del sumo pontífice a la Amazonía peruana.

Los mandos militares esperan la llegada de la comitiva de avanzada del Vaticano, prevista para la última semana de octubre del 2026, con el propósito de ultimar los detalles de la visita papal a esta ciudad amazónica.

FAP USARA EQUIPOS ANTIDRON

Entre tanto, la Fuerza Aérea del Perú desplegará equipos antidron, pues el papa es considerado un “objetivo VIP” para el personal del Grupo de Defensa Área (Gruda) de la FAP, que se encarga de la detección, identificación y neutralización de posibles drones que resulten de amenaza para personalidades de alto nivel o infraestructura crítica.

De acuerdo al planeamiento, efectivos del Gruda se encargarán, mediante la operación del sistema antidron, de la vigilancia perimétrica del papa León XIV y su comitiva desde el 11 de noviembre, cuando vuelva a pisar suelo peruano, esta vez, como máxima autoridad de la iglesia católica.

Horas antes de que el papa llegue a un lugar, efectivos del Gruda instalarán el sistema antidron, compuesto por sensores, software de procesamiento de datos y equipos de perturbación.

Como parte del protocolo de seguridad, no se permitirá el sobrevuelo de drones sin la autorización debida cerca de Su Santidad. Si ello, ocurriera, estos dispositivos serán neutralizados o derribados a través del sistema de perturbación electromagnética de la FAP.

El sistema antidron será utilizado en el Callao, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, fin de garantizar la seguridad perimétrica en cada acto público del papa León XIV. La finalidad con el sistema antidron es proteger al Pontífice antes, durante y después de cada acto religioso o evento público en el que participe.

La FAP, mediante el Gruda, opera el sistema antidron desde 2024. Su primera misión ocurrió durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Desde ese año hasta la fecha, detectó más de 180 drones y neutralizó más de 60 de estos dispositivos al no estar debidamente autorizados para sobrevolar en la zona vigilada.

Por Somos Perú, Andrés Tello alcanzó el 16,31% de los votos. Por su parte, Javier Alvarado González del Valle, de Renovación Popular-Toro, obtuvo el 16,04% de respaldo electoral. Detrás de ambas agrupaciones quedaron Alianza para el Progreso, en tercer lugar; Perú Primero, en cuarto puesto; y Fuerza Popular, en quinto lugar.

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Lima es la novena región en la que se confirma que habrá una segunda vuelta entre candidatos. Las otras son Amazonas, Arequipa, Junín, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Tumbes.

El balotaje en las regiones donde ningún candidato logró el 30% del respaldo electoral se celebrará el domingo 6 de diciembre. La fecha fue establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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El domingo seis de septiembre, el teniente general Óscar Arriola anunció que daría paso al número dos de la institución, el teniente general Fredy López Mendoza, como nuevo comandante general de la PNP. Dimitió después de una intensa campaña mediática que lo responsabilizaba del incremento de los asesinatos por extorsión, y por presuntamente fabricar éxitos policiales, como la detención de cinco integrantes de Los Pulpos que secuestraron en Trujillo al empresario Jenss Lara Tantaquilla y asesinaron a cuatro acompañantes, el sábado 30 de agosto. Lo que llamó la atención fue que Arriola anunció que sería reemplazado por el número dos de la institución, el jefe del Estado Mayor, teniente general Fredy López Mendoza. Ahora se sabe por qué Arriola se tomó tal atribución, que correspondía al ministro del Interior, César Astudillo.

Pocos días antes de dimitir, Arriola descubrió que el número tres de la cúpula policial, el Inspector General, teniente general Augusto Ríos Tiravanti, entregaba información en su contra a algunos medios que lo atacaban y exigían su renuncia. También supo que el propósito de Ríos era la Comandancia General, pero se le interponía el número dos, el teniente general Fredy López. Por esta razón, sabiendo de las intrigas de Augusto Ríos, Arriola presentó a López como el nuevo comandante general de la PNP.

Sin embargo, el teniente general Augusto Ríos Tiravanti no canceló su plan por alcanzar el máximo cargo en la institución policial.

El lunes siete de septiembre, al día siguiente que Arriola hizo público que dejaría la Comandancia General de la PNP, en las redes sociales y en algunos medios se difundieron documentos personales del teniente general Fredy López que hacían referencia a que padecía una grave enfermedad.

El mensaje era evidente: López no estaba en condiciones de salud para ejercer como Comandante General de la Policía Nacional, por lo que el puesto debía ser ocupado por el número tres, el teniente general Augusto Ríos Tiravanti.

La infidencia que afectaba la integridad del teniente general Fredy López no fue de ninguna manera una casualidad. Buscaba su descalificación.

Según fuentes de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP consultadas por La República, en su hoja de vida el general Freddy López figura con la clasificación de aptitud psicosomática 2, como resultado de un tratamiento médico. Es decir, contaba con una discapacidad para el servicio policial y, según las normas, no está en condiciones de comandar unidades operativas.

El martes ocho de septiembre, agentes de la Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRIN) elevaron una nota informativa al despacho del Inspector General de la PNP, teniente general Augusto Ríos Tiravanti, informando de la publicación sobre el estado de salud del teniente general Freddy López Mendoza.

El mismo día, la Dirección de Comunicaciones e Imagen de la Policía Nacional emitió un comunicado para desmentir que Fredy López estaba discapacitado para asumir la Comandancia General de la PNP.

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La ficha bajo la manga

Precisaron que, si bien es cierto el general Fredy López Mendoza, en un momento de su carrera policial se le otorgó la clasificación de aptitud 2, en los últimos años no presentó dolencia o sintomatología relacionadas al diagnóstico.

La República encontró evidencia de la intervención del entonces inspector general, el teniente general Augusto Ríos, en el caso de Fredy López.

El miércoles nueve de septiembre, Augusto Ríos Tiravanti se comunicó telefónicamente con el jefe interino de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, coronel PNP Jhonny Silva Rodríguez. Le pidió el legajo del teniente general Fredy López Mendoza.

Además, el teniente general Augusto Ríos ordenó al jefe de la Dirección de Inspecciones de la Inspectoría General, general Olger Benavides Ponce de León, que se presentara en la Dirección de Recursos Humanos y en la Dirección de Sanidad, para que recogiera documentación sobre la salud y condición médica del teniente general Fredy López.

Según fuentes con conocimiento del caso, la supuesta intención de Augusto Ríos era verificar la información contra el teniente general Fredy López Mendoza en las redes sociales y los cambios que ocurrirían con la salida de Óscar Arriola.

En efecto, pronto pasarán al retiro por cumplir 40 años de servicio, el teniente general Luis Flores Solís, tercero en la línea de mando, y el general Colin Sim Galván, sexto en el escalafón. Así que el teniente general Augusto Ríos Tiravanti solicitó la información porque, al asumir como jefe de Estado Mayor -el segundo después del comandante general Fredy López-, tenía que encargarse de la reestructuración del cuadro de asignación de oficiales.

Eso dicen las fuentes relacionadas con el pensamiento del teniente general Augusto Ríos.

Sin embargo, el viernes 18 de septiembre, antes que Augusto Ríos Tiravanti asumiera como jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, fue suspendido temporalmente de sus funciones por la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior.

¿Qué había sucedido?

El lunes 14 de septiembre, dos días antes que Fredy López relevara a Óscar Arriola, este denunció a Augusto Ríos Tiravanti ante la Oficina de Asuntos Internos. Le atribuyó haber filtrado el legajo personal del teniente general Fredy López Mendoza con el presunto objetivo de buscar su descalificación para asumir la Comandancia General de la PNP, con la idea de que su lugar sea ocupado por el tercero en la jerarquía. Es decir, el mismo Augusto Ríos Tiravanti.

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Una vieja enemistad

Los tenientes generales Óscar Arriola y Augusto Ríos Tiravanti son de la Promoción Integración 1989. El primero perteneció a la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y el segundo a la Guardia Civil. Mientras que Fredy López es de la Promoción 1990.

Entre compañeros de promoción siempre existe cordialidad, pero este caso parece una excepción.

Según las fuentes, Arriola y Ríos comparten animadversiones, lo que recrudeció cuando el primero ejerció como Comandante General de la PNP. Ríos cuestionaba las decisiones de Arriola.

Por ejemplo, cuando Óscar Arriola trató de suspender el proceso de exámenes para el ascenso en la Policía Nacional debido a la crisis causada por el incremento del crimen en el país, Ríos se opuso y opinó que las evaluaciones debían cumplirse sí o sí.

Fuentes con conocimiento en el caso del teniente general Augusto Ríos Tiravanti afirman que la imputación de Óscar Arriola en su contra es falsa.

"Fue una venganza", señalaron.

Mientras que fuentes relacionadas con el pensamiento de Óscar Arriola, manifestaron que Augusto Ríos filtró información contra su compañero de armas el teniente general Fredy López “con el evidente objetivo de pretender ocupar la Comandancia General de la Policía Nacional”.

De acuerdo con la versión de las fuentes con conocimiento de la defensa de Augusto Ríos, haber solicitado el legajo personal del teniente general Fredy López Mendoza y de otros diez generales, es una acción amparada por el Reglamento de la Policía Nacional y corresponde a sus atribuciones como Inspector General, cargo que ejercía cuando hizo el requerimiento de la información. Precisaron que Ríos no filtró ninguna información a la prensa contra el teniente general Fredy López Mendoza.

"Como Inspector General estaba facultado para acceder a la información de los legajos y Riper (Reporte de Información Personal). Por lo tanto, no ha causado perjuicio alguno a nadie, ni mucho menos se afectó la imagen, la disciplina, la ética ni el servicio policial", explicaron las fuentes.

En su defensa ante la Oficina de Asuntos Internos, Augusto Ríos Tiravanti expresó que informó por escrito al excomandante general Óscar Arriola y al ministro del Interior, César Astudillo, sobre la solicitud de los legajos personales de los generales, entre ellos Fredy López Mendoza.

“Todo lo han tergiversado para dañar la imagen del general López Mendoza. Han utilizado al teniente general Augusto Ríos como chivo expiatorio”, señalaron las fuentes.

Las fuentes cercanas al suspendido jefe de Estado Mayor indican que la finalidad de las acusaciones contra Ríos es impedir que ejerza el cargo.

“Hay quienes no quieren que sea el jefe del Estado Mayor, no quieren que sea el número dos en la Policía Nacional. Esa es la verdad”, enfatizó.

La investigación está a cargo de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Augusto Ríos se ha resignado. Cree que lo van a acusar y que le van a dar de baja.

Le ha dicho a sus amigos: "No hay problema que me inviten al retiro. Soy abogado de profesión y cuando salga de este problema voy a cazar a la gente que me ha hecho daño. Porque mi imagen y mi reputación no tienen precio y las lágrimas de mi esposa y mis hijas tienen que ser resarcidas".

El teniente general Augusto Ríos Tiravanti está sin cargo. Solo forma parte de la Comisión Consultiva de la Comandancia General de la PNP. Es decir, en la congeladora.❖

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El teniente general Manuel Lozada Morales

Si la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior concluye que el teniente general Augusto Ríos Tiravanti es responsable por la filtración del legajo del teniente general Fredy López Mendoza, podría ser pasado al retiro.

De ser así, lo reemplazaría el teniente general Manuel Lozada Morales como jefe de Estado Mayor.

El general Samuel Peralta Campos podría ser designado Inspector General de la Policía Nacional, pero para ejercer dicho cargo primero debe ser ascendido al grado de teniente general. Solo así se convertiría en el número tres de la institución policial.

En el proceso disciplinario también son investigados el jefe de la Dirección de Recursos Humanos coronel PNP Jhonny Silva Rodríguez y la digitadora de la oficina de legajos, la técnica PNP Katherine Vizcarra Manrique.