El objetivo declarado por la comisión es recibir el diagnóstico y la proyección de trabajo de cada sector. En el caso de Astudillo, además, se le pidió un informe específico sobre inseguridad ciudadana.

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La sesión se dividió en dos bloques. Belaúnde fue citado a las 2:00 p.m. para exponer el estado actual y los planes de su cartera. Astudillo, en cambio, expondrá desde las 4:00 p.m.

En su caso, la comisión pidió información puntual sobre la situación de la seguridad ciudadana en el país. También deberá detallar las acciones que viene tomando el Ministerio del Interior para combatir la delincuencia.

Los dos ministros llegan a esta cita con procesos de fiscalización abiertos en el Congreso. Tanto Belaúnde como Astudillo enfrentan mociones de interpelación presentadas por distintas bancadas.

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Mociones para citar a los ministros ya circulan en ambas cámaras

La sesión de la Comisión de Defensa del Senado no es el único frente en el que los ministros de Interior y Defensa deberán rendir cuentas. En Cámara de Diputados y en el Senado se presentaron, en los últimos días, mociones independientes que buscan traerlos ante el pleno de cada cámara.

Todas comparten un mismo eje: exigir explicaciones sobre el avance de la criminalidad y las medidas que el Ejecutivo tiene previstas para contenerla.

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En la Cámara de Diputados se registraron dos pedidos. La diputada Svieta Fernández, de Juntos por el Perú, presentó el 1 de setiembre la moción donde pidió invitar con carácter de urgencia al ministro del Interior para que informe ante el pleno sobre las medidas adoptadas frente a la crisis de inseguridad ciudadana.

Días antes, el 31 de agosto, la diputada Catherin Palomino, también de Juntos por el Perú, presentó la misma iniciativa. Su pedido fue más amplio: convocar al presidente del Consejo de Ministros junto con los titulares de Interior y Defensa para que rindan cuentas sobre el deterioro de la seguridad y la expansión del crimen organizado en el país.

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En el Senado, la moción llegó desde otra bancada. La senadora Ruth Luque Ibarra, de Ahora Nación, presentó el 2 de setiembre la misma solicitud pidiendo que César Astudillo y Rafael Belaúnde concurran al pleno del Senado para explicar la estrategia del Estado contra la criminalidad organizada, así como las acciones que el gobierno ya puso en marcha.

Las tres mociones comparten el mismo estado: están para ser vistas por la Junta de Portavoces. Eso significa que ninguna fue debatida ni votada todavía. Antes de llegar al pleno, cada bancada debe fijar postura sobre si le da paso. Mientras eso ocurre, la cita en la Comisión de Defensa del Senado, prevista para este lunes, se perfila como el primer espacio en el que ambos ministros deberán responder frente al Congreso.

“Era el correlato de un análisis y esto causó incomodidad. Yo no estoy en contra de la declaración de muchos diputados y senadores que salieron rápidamente a decir que eran palabras desafortunadas o desliz o lo que sea. Yo no me sentí mal porque es lo más natural en un demócrata criticar. Naturalmente, yo dije 'un momentito, yo no quise decir eso y menos lo dije'; pero si lo van a llevar a esa interpretación, yo expreso mis disculpas", señaló en entrevista en RPP.

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El titular de la Defensoría del Pueblo señaló que existen otros temas que deben estar siendo debatidos en este momento y que debe pasarse la página con respecto a estas declaraciones.

“Esto nos lleva a discusiones insulsas, debemos estar hablando de temas elementales, como por ejemplo, cómo hacemos una mesa conjunta para enfrentar estos problemas que ya resultan siendo endémicos para nuestro país, porque el tema de la inseguridad ciudadana, si hacemos un recuento histórico, no es que haya nacido hace un mes atrás o un año atrás, lo venimos arrastrando décadas”, indicó.

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Rechazo por sus declaraciones

Luego de que Gutiérrez indicó que la popularidad de Keiko Fujimori subiría 20 o 30 puntos de manera automática si cerrara el Congreso, espacios del Parlamento y de la propia Defensoría del Pueblo rechazaron sus declaraciones y las catalogaron como antidemocráticas.

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En la Cámara Alta, los voceros y senadores Flavio Figallo Rivadeneyra, del Partido del Buen Gobierno; Alfonso López Chau Nava, de Ahora Nación; José Castillo Terrones, de Juntos por el Perú; y Daniel Barragán Coloma firmaron un comunicado compartido en el cual se pronunciaban en contra de lo expresado por el defensor del Pueblo. En el texto, se puede ver cómo los firmantes señalan que cuestionar la existencia del Parlamento es una actitud antidemocrática.

El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (SITRADP) solicitó al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, que se retracte públicamente de sus declaraciones: “Medir esa decisión por lo que rinde en encuestas y no por si es lícita es el mismo razonamiento que en 1992 le costó al país su democracia”, indicaron.

Desde la primera vez que llegó a Lima, el 6 de abril de 2024, hasta la última, que se registró el 22 de agosto de 2026, Díaz-Rosillo visitó el país en 15 ocasiones. De ese total, aterrizó en una oportunidad en 2024; cuatro en 2025; y 10 en 2026.

Según el tiempo de sus estancias (un total de 76 días), en 2024 se quedó tres días, en 2025 fueron 13 días y en lo que va de 2026 ya suman 60 días.

Notoriamente estuvo más tiempo en la capital durante la campaña presidencial. Suena más a asesor, o consejero en la sombra, que a simple amigo.

"Yo he ido al Perú para acompañar a mi amiga y darle consejos. Y lo he dicho públicamente: cuando me pedía un consejo se lo daba con mucho gusto, y cuando no me lo pedía, también se lo daba, porque soy súper directo y siempre digo lo que pienso", explicó a La República, Carlos Díaz-Rosillo.

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Se le preguntó si consideraba ético que actuara como asesor de Keiko Fujimori durante la campaña presidencial, al mismo tiempo que la candidata enseñaba en el Centro Adam Smith para la Libertad que él dirige. Respondió: "Es que no soy asesor de la presidenta Keiko Fujimori, por lo que no me parece antiético en lo absoluto".

Su más reciente ingreso al Perú se produjo poco después de la revelación de que Keiko Fujimori tenía un amigo secreto, el financiero argentino Damián Valenzuela Mayer, el 21 de agosto. El 25 de agosto, Díaz-Rosillo llegó a Lima y declaró en Radioprogramas en defensa de Keiko Fujimori y Damián Valenzuela. Curiosamente, no mencionó a un conocido de los tres: el operador argentino Fernando Cerimedo.

En efecto, después que el 17 de agosto la exnovia de Cerimedo, la abogada boliviana Nadia Beller, lo acusó por intento de asesinato, el argentino se convirtió en el centro de un escándalo latinoamericano. Y no solo por el presunto atentado que organizó contra Beller sino también por los secretos que su expareja comenzó a difundir. Ella afirmó que Cerimedo trabajó para varios candidatos presidenciales de derecha, montando campañas de desprestigio por redes sociales y medios tradicionales contra los rivales de sus clientes. Entrevistada por La República, Beller dijo que el mismo Cerimedo le informó que estaba vinculado con la campaña de Keiko Fujimori. Cerimedo también contactó con Carlos Díaz-Rosillo.

En efecto, la prensa argentina divulgó una fotografía fechada en Buenos Aires, el 22 de marzo de 2023, en la que aparecen Fernando Cerimedo, el productor ejecutivo del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, Frank Zimmerman, y Carlos Díaz-Rosillo, director de dicha institución.

Es decir, el amigo, asesor y confidente de Keiko Fujimori, Carlos Díaz-Rosillo, conocía a Fernando Cerimedo antes de llegar a Lima por primera vez en 2024.

Sin embargo, la foto en Buenos Aires no es la única evidencia del contacto entre Díaz-Rosillo y Cerimedo. O de socios de Cerimedo con Díaz-Rosillo, como se verá más adelante. Por eso, Díaz-Rosillo ha confiado a algunos amigos que "he coincidido tres o cuatro veces con Cerimedo".

"No, no soy su amigo. ¿Qué sí conozco a Fernando Cerimedo? Claro que conozco (a Cerimedo), pero no tengo ninguna relación cercana con él. Ni en lo personal, ni en lo comercial, ni en lo académico", dijo Carlos Díaz-Rosillo a La República.

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Díaz-Rosillo se cuida mucho de que no lo vinculen con Fernando Cerimedo, como Keiko Fujimori. Pero hay imágenes que hablan por sí solas, como la fotografía que este periódico consiguió de la fiesta de gala organizada por empresarios latinos en Mar-a-Lago, Florida, el 10 de febrero de 2026.

Aparece Keiko Fujimori rodeada de Damián Valenzuela, amigo de Díaz-Rosillo, y de Andrés “Andy” Rivas, socio de Cerimedo y representante en Uruguay del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, que dirige Díaz-Rosillo. Y de espaldas se encuentra Fernando Cerimedo, hablando con Keiko Fujimori.

Por si fuera poco, el día de la juramentación de la presidenta, el 28 de julio, coincidieron en la capital Damián Valenzuela, Carlos Díaz-Rosillo y Fernando Cerimedo. Y otro invitado especial de la jefa de Estado, Javier Negre, socio de Cerimedo, con quien fundó el periódico digital 'La Derecha Diario'. Este medio hizo una intensa campaña por Keiko Fujimori.

Sin embargo, Díaz-Rosillo reiteró que Cerimedo no fue parte del equipo de Fuerza Popular.

"Jamás, Cerimedo en ningún momento estuvo trabajando en la campaña, en lo absoluto. La presidenta ha sido muy clara al respecto", dijo Díaz-Rosillo.

Respecto a Javier Negre, socio de Fernando Cerimedo, el invitado especial de Keiko Fujimori, Díaz-Rosillo explicó: "Lo he visto dos o tres veces, siempre en un contexto social, pero no tengo ninguna relación o ningún contacto con él".

Desde que salieron a la luz las evidencias de las vinculaciones de Fernando Cerimedo con las campañas presidenciales de candidatos de la derecha, estos también han negado haberlo contratado o siquiera haber interactuado con él.

Pero resulta más que llamativo que Fernando Cerimedo se ha fotografiado con candidatos o presidentes de derecha, quienes también se retrataron con Carlos Díaz-Rosillo. Esta coincidencia puede apreciarse en estas páginas, en los casos del hondureño Nasry Asfura, el chileno José Antonio Kast y el boliviano Rodrigo Paz.

Lo más seguro es que el operador Fernando Cerimedo no actuaba por su cuenta sino que estaba al servicio de alguien muy poderoso y con mucho dinero. Quizás a las órdenes de una organización secreta. Probablemente, de inteligencia, especializada en sabotajes en el extranjero. Por eso todos lo niegan.

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Cerimedo instaló una “granja” en Lima

• La expareja de Fernando Cerimedo, la abogada boliviana Nadia Beller, ha proporcionado información relevante sobre la forma de actuar del operador argentino. Señaló que en cada país Cerimedo instalaba un equipo que trabajaba para él durante las elecciones.
• Hay indicios de que en el caso del Perú contrató a ciudadanos argentinos para que organicen una oficina durante las presidenciales.

El último fin de semana la Policía dio un duro golpe al narcotráfico: halló un complejo donde se procesaba cocaína y detuvo a cuatro personas presuntamente vinculadas con estas actividades ilícitas.

Sabaluyoc es un sector ubicado en el distrito de Kosñipata (frecuentemente asociado o nombrado en la zona como Pillcopata), en la provincia de Paucartambo.

Se encuentra en la zona de selva alta cusqueña, en la ruta hacia el área del Manu, en el límite con Madre de Dios, donde se encuentra el Parque Nacional del Manu, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de Biosfera.

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Es el parque nacional con mayor diversidad biológica, un verdadero paraíso entre los Andes y la Amazonía. En su zona de amortiguamiento, comunidades agrícolas apoyan el modelo de conservación peruano, mientras que en su interior habitan grupos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Ahí, en plena selva de Sabaluyoc se encontraba el laboratorio clandestinodestinado a la fabricación y maceración de droga.

Según la Policía, esta operación antidrogas fue resultado de un trabajo previo de inteligencia y seguimiento en campo, que permitió a los efectivos policiales identificar movimientos vinculados al traslado de insumos químicos fiscalizados en esta zona de difícil acceso.

A partir de esta información, dijeron fuentes del Ministerio del Interior, se desplegaron acciones operativas que permitieron intervenir a Vilclinton Acosta Aquise y Ricardo Ramos Chinchay. Ellos tenían en su poder 21 galones de acetona destinados, presuntamente, a la elaboración de clorhidrato de cocaína.

Tras esta primera intervención, los agentes continuaron con las acciones de búsqueda y reconocimiento en el sector, lo que permitió ubicar un laboratorio clandestino. El hallazgo permitió evidenciar la infraestructura utilizada para estas actividades ilícitas.

En el lugar fueron detenidos Noel Tintaya Contreras y Brayan Tintaya Huallpa,por su presunta implicancia en delitos contra la salud pública vinculados al tráfico ilícito de drogas y por tenencia ilegal de armas. Asimismo, el personal policial halló dos armas de fuego: una pistola y una escopeta.

Al respecto, el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP, Virgilio Velásquez Hurtado, destacó la labor de inteligencia y seguimiento en campo desplegada por los agentes del Área Antidrogas (Areandro) de la PNP, que permitió concretar este nuevo golpe al narcotráfico.

-En este segundo volumen, me acerqué a lo gastronómico, para mostrar —me interesaba— el fenómeno recientísimo, pero profundo, de cómo la comida ha pasado a ser la dimensión simbólica por la cual los peruanos encuentran ahí la principal forma de reconocerse en tanto peruanos.Eso es súper reciente: hace treinta años no hubiera sido así. La gente hubiera dicho el huayno, Vallejo, Machu Picchu, los incas; hubiera encontrado una serie de símbolos, pero no hubiera acudido a la comida. Hoy, tanto en el interior del Perú como en el extranjero, el reconocimiento nacional pasa por esa dimensión culinaria.

Es un proceso muy reciente, pero sobre todo muy global, porque analizo tanto el fenómeno gastronómico —vamos a decir, "por arriba", la gran gastronomía— como "por abajo", la comida popular: la aparición de una cantidad de platos que tiene que ver con esta construcción nacional, con influencias de todas partes

- Anotas el éxito del “mostrito” y el “pollo a la brasa”en esa construcción. Que no provienen de élites.

- Y que no son por antonomasia peruanos. Es la llegada al Perú de formas europeas de cocinar el pollo. O, en el caso del mostrito, que es con arroz chaufa, tiene influencia china. Y entonces puedes encontrar cómo esa dimensión tan fundamental de la construcción nacional de los últimos años, en realidad, es una forma nacional de procesar algo que hace muy poco hubiera podido ser leído como algo ajeno.

- Hasta el papa León XIV contrató a una cocinera peruana al Vaticano, y tras su elección las redes explotaron con memes de comida.

- Sí, y que ahora el agua bendita iba a ser Inca Kola y la hostia unos chifles (risas) O sea, mi punto es que hace treinta años graficar la peruanidad del papa no hubiera pasado por la comida.

- Al final de tu texto también destacas que nuestro desafío principal no es la lealtad nacional como la que puede generar un ceviche, sino la injusticia y la indolencia ante la pobreza. Y estamos como estamos. En la actualidad hay algunos peruanos que siguen esperando que Keiko Fujimori gobierne como su padre. ¿Existen realmente similitudes entre Alberto y Keiko?

- Yo creo que, en lo fundamental, no. Yo creo que Keiko Fujimori es más hija de los últimos diez años que de su padre. Es decir, tal vez el padre es una buena forma de llegar al gobierno, de plantear la diferencia. El padre supuso una gran ruptura en el Perú. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero creo que si de algo estamos claros es que el gobierno de Alberto Fujimori supone la ruptura de un statu quo que prevalecía en el país. Es decir, en un montón de ámbitos, Alberto Fujimori resetea el país de unas maneras, con unas consecuencias, que pocos gobiernos en la historia del Perú han tenido.

Es decir, tú puedes decir que, en el plano estatal, la derrota de Sendero Luminoso y de los grupos subversivos es la readquisición de las funciones básicas de un Estado, de la estatalidad, del monopolio de la violencia. En términos políticos, el autogolpe y toda una serie de prácticas que él impone —el desprecio a la deliberación, a la partidocracia, al Congreso— es la llegada del mundo del independiente, del outsider, del tránsfuga. Resetea la política también y, además, resetea la economía: rearticula, renueva la relación entre economía, Estado y sociedad en el Perú, cosa que queda sellada y sacramentada en la Constitución del 93.

Entonces es alguien, diría, transformador, un modernizador —con corrupción, con violaciones a los derechos humanos, con autoritarismo—, pero no es un agente del statu quo; es un agente del cambio.

- ¿Estás diciendo que ella no cambiará nada?

- Estoy diciendo que ella es lo opuesto. El padre encarna un momento de transformaciones; ella encarna el statu quo, y por lo menos en este mes en el Ejecutivo deja ver que es también un agente —creo que en la campaña se notó— cuya inclinación es a reproducir el statu quo, no a transformarlo. Entonces, en ese sentido fundamental, de lectura con distancia histórica, más allá de los detalles, ella es, digamos, lo contrario del padre: es una fuerza del statu quo y no de su transformación.

- ¿Y si la comparas con Pedro Castillo?

- Por lo que hemos visto en este mes, que el peligro mayor en el Perú sigue siendo el desorden antes que la tiranía. Es más peligrosa la mediocridad que te lleve al desgobierno que la producción de un régimen autoritario, totalitario. Yo creo que ni la izquierda ni la derecha estaban en capacidad de producir realmente eso. Uno podría decir, como Mafalda, que esto no es el “acabose” sino el "continuose". Y, la verdad, la veo perdida, en el sentido de que en ella me parece un problema más grave que en otros, porque ella ha vendido la idea de que con ella llega el orden. Pensemos en la inseguridad y muchas otras incertidumbres que aquejan a los peruanos. No tiene el poder ni siquiera para dar un indicador de que está pensando cómo transforma eso; peor aún, ni siquiera da la imagen de tener poder, autoridad, control sobre su gobierno.

- ¿Manda poco porque tiene poco poder, o manda poco por incompetente?

- A mí me da la impresión de que, en realidad, la incapacidad para gobernar proviene, en primer lugar, de la incompetencia, y, en segundo lugar, porque tiene unos incentivos perversos, me parece, para sostener el statu quoque produce el desorden en el país.

- ¿Incentivos perversos?

- Por ejemplo, en Trujillo. ¿Cuál ha sido el interés fundamental del gobierno? ¿Ha sido resolver el crimen, capturar a los malhechores, hacer una investigación seria para entender qué ha ocurrido? ¿O estaban realmente desesperados por hacer control de daños mediático ante lo que ocurría? Además, un control de daños mediático realmente malo: unos aprendices de brujo, mentirosos amateurs del asunto.

Ella y su gente necesitan una policía poco profesional,precarizada, corrupta, que pueda funcionar en los márgenes o por fuera de la ley, porque, eventualmente, cuando haya que reprimir, cuando haya algún problema que los involucre, los necesita en esa condición de poco profesional. Pero esa misma condición de policía —del sector del Interior— poco profesional, sin reforma, es lo mismo que hace imposible que tú puedas solucionar la situación de inseguridad y criminalidad del país.

Entonces, por eso digo que están los incentivos: no lo tienen. Por eso es que, a esa misma policía, que todo el mundo sabe que en Trujillo hace años está involucrada, de una u otra manera, con la corrupción y con el crimen. Pero, en realidad, es a esa policía a la que hay que destacar, premiar, amnistiar, llenar de loas, porque saben que eventualmente la van a necesitar: son un roto para un descosido. Por eso creo que ese es un ejemplo, en donde el incentivo del gobierno, lamentablemente, no está en poder hacer un buen gobierno.

- Déjame hacer un poco de abogado del diablo: dicen que es muy poco tiempo para evaluar al gobierno. Comparado con los primeros días de gobiernos de la última década, ¿cómo observas este primer mes frente a ese riesgo de anarquía que mencionas?

- Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que una cosa que podemos decir de positivo es que, primero, a diferencia, como dices, de lo que hemos visto en los últimos años, apareció un gabinete de ministros. Ahora, por lo menos, hay un gabinete más visible. Más visible no quiere decir que sea más efectivo, porque no necesariamente es un buen gabinete —más allá de que creo que hay un par de ministros que pueden serlo, que lo son—.

Pero, efectivamente, volvió un gabinete, y creo que, en algún sentido, en el país vuelve un poquito, al menos, la política. Es decir, nos acostumbramos, los últimos años, a que había una aplanadora permanente de nada más que impunidad y microchoreo. Creo que ahora aparecen ciertos debates: la Cámara de Diputados le dice que no a esto, el Ejecutivo tiene que explicar. Hay como la reaparición de un poquito de política, que me parece saludable.

Pero, del otro lado, está —insisto, lo principal, me parece— que volvemos a lo de la continuidad: la incompetencia, la mediocridad. Me parece que eso es lo que hereda, esencialmente, de los últimos diez años. Los últimos diez años son lo que ha sido la verdadera escuela política de Keiko Fujimori: ese mundo detrás, en el Congreso, organizando el toma y daca de las leyes que dan impunidad, prebendas, que clientelizan.

- De hostigar al opositor.

-De hostigar al opositor, por supuesto. Pero de gobernar, nada. Es ese mercado persa, el mundo del toma y daca, en el cual todo tiene su precio. Y ese mundo no te prepara para gobernar, no te prepara para el mundo del Ejecutivo. Más bien, creo que se acostumbraron a ese espacio de politiquería, y por eso no tienen planes, no tienen iniciativas, no tienen cuadros, no tienen la competencia.

-Vinculando esto con el plano global: el Perú se abre a las iniciativas del gobierno de Trump y hace unos días rompió relaciones con Irán. Pareciera que se está administrando para el gobierno de Trump y no para el país.

- Bueno, hay varias cosas ahí. Primero, sí, y no es la única. Creo que hay un alineamiento decidido de muchos de los gobiernos de la región con Estados Unidos, y el nuestro no es la excepción. Digamos que, el caso del canciller Espá, o es una imposición de los Estados Unidos, o les pareció que era una forma de quedar muy bien con ellos poniendo a alguien que haya sido funcionario de ellos por muchosaños. Entonces, creo que eso es algo que está ocurriendo. De hecho, habrá que ver: Marco Rubio llega al Perú la próxima semana, así que habrá que ver cómo se sigue desarrollando esa relación y qué impacto tiene para nosotros, sobre todo en la relación con China. El Perúdebería cuidar su relación con ambos países. Pero vamos a ver si tenemos la capacidad y la voluntad de poder hacerlo.

- Pero Trump está a punto de perder terreno en el parlamento en los comicios de medio término de EEUU. ¿Estamos llegando a la cúspide de esta anarquía libertaria?

- Yo creo que sí. Me da la impresión, por una serie de dimensiones, de que nadie tiene hoy mucha capacidad en América Latina de llevar a cabo, realmente, gobiernos decididamente exitosos. La capacidad estatal no te alcanza, la economía política de los países tampoco te da para redistribuir, el crecimiento económico es mucho menor del que debería ser, la criminalidad y la inseguridad avanzan, y al mismo tiempo tienes sociedades mucho más impacientes, por no decir neurotizadas por el teléfono y su avalancha incontenible de videos y malas noticias. En ese contexto, no es tan fácil construir, a partir del mandato que se recibe en las elecciones, un gobierno efectivo. Creo que no es fácil hoy y no lo está siendo para muchos de esos gobiernos, ¿no?

Uno podría decir que Noboa, en Ecuador, a pesar de todo el performance bukelista, la verdad es que no consigue reducir de manera importante la tasa de homicidios en Ecuador; de hecho, perdió un referéndum importante hace unos meses. Creo que es más fácil tener una retórica inflamada para excitar a los propios y enervar a los contrarios que tener, realmente, la capacidad de construir gobiernos eficaces. Y me temo que el fujimorismo pasaráun poco por ahí también. Curiosamente, me parece que, en lo que hemos visto en los últimos años y en este mes en el Ejecutivo, no encaja en esa derecha radical nueva: la de Bukele, la de Milei, la de Bolsonaro. No tiene ese ánimo, no tiene ese afán polarizante, no tiene esa relectura de la historia del país, no se ve como un punto de quiebre; no hay una lectura, no hay batalla cultural.

- ¿Cómo que no? ¿Y el LUM?

- El LUM me parece que es una controversia de este momento en la que ni siquiera están de acuerdo; fíjate que no se ponen de acuerdo: el ministro de Justicia se lo quiere llevar, el ministro de Cultura dice que no, que el LUM se queda ahí. Me parece que eso es, nuevamente, mediocridad: ni siquiera tienen un discurso establecido sobre qué quieren hacer con el LUM. Es decir, si sabemos lo que quisieran es que no exista nada, ¿no? Pero, ni siquiera a ese nivel tienes un desarrollo ideológico, programático, un discurso sobre el asunto; es más bien un rechazo visceral, identitario, digamos. Es una derecha que ni siquiera cumple con esas características. Y tampoco, obviamente, es ya una derecha neoliberal: me parece que está claro, desde hace años, que el fujimorismo erosiona el orden macroeconómico cada vez que puede, que es un actor principal del debilitamiento tecnocrático del país, que ha apoyado todas las normas que el Consejo Fiscal dice que están haciendo un boquete en la economía peruana. Entonces, tampoco es una derecha neoliberal: es una derecha del patrimonialismo.

Sus declaraciones se producen mientras el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, defiende la diligencia policial y asegura que tuvo valor investigativo, pese a que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, sostuvo que esa entrevista "no tiene ninguna validez".

Belaúnde afirmó que su presencia estuvo relacionada únicamente con la verificación del ‘‘estado físico y de salud’’ de los detenidos, en el marco de la coordinación del estado de emergencia en Trujillo. “No he tenido ninguna participación en un interrogatorio o mucho menos”, declaró este domingo desde el Grupo Aéreo N.° 8.

El titular del Ministerio de Defensa sostuvo que tanto Gálvez como el fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, habían señalado que no existía una actuación ilegal en acercarse a verificar la condición de los intervenidos. Sin embargo, reconoció que su presencia podía resultar “poco atinado” o “poco conveniente”.

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PNP reivindica interrogatorio cuestionado

La versión del ministro ocurre en medio de una controversia entre las autoridades encargadas de la investigación. Revoredo defendió el interrogatorio preliminar realizado por agentes policiales a los detenidos y sostuvo que se trató de diligencias “urgentes e inaplazables”.

El jefe de la Dirincri incluso afirmó que la información obtenida durante esas entrevistas puede convertirse en un elemento de investigación. Según explicó, los agentes realizaron preguntas sobre el lugar de procedencia, estudios, actividades y otros datos de los intervenidos que luego podían ser verificados.

Revoredo sostuvo, además, que la Policía cuenta con facultades constitucionales y legales para realizar determinadas diligencias sin esperar previamente una orden fiscal o judicial. Bajo ese argumento, defendió la actuación policial en la búsqueda del lugar donde habría permanecido secuestrado Lara.

No obstante, esta postura choca directamente con lo expresado por el fiscal de la Nación. Gálvez calificó la entrevista policial como una diligencia sin valor para la investigación y cuestionó que los detenidos fueran expuestos públicamente. Para el titular del Ministerio Público, la presentación ante los medios podía afectar la reserva del caso y la estrategia de investigación.

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Versiones cruzadas en el Gobierno

La discrepancia deja expuesta una preocupante falta de una versión uniforme entre las instituciones que conducen la investigación de uno de los casos criminales más graves ocurridos recientemente en Trujillo. Mientras la PNP reivindica sus procedimientos y asegura que actuó dentro de sus facultades, la Fiscalía cuestiona tanto la utilidad de la entrevista como la exposición pública de los detenidos.

Belaúnde, por su parte, respaldó el trabajo policial y calificó de “acertado” el operativo que permitió ubicar la presunta “caleta” donde habría estado retenido el empresario minero. Aseguró que las hipótesis policiales se irán confirmando conforme avance la investigación y que “toda la bulla” generada alrededor del caso terminará disipándose.

El caso permanece bajo investigación para determinar quiénes participaron en el secuestro de Lara y en el asesinato de sus cuatro acompañantes. La controversia sobre el interrogatorio, sin embargo, vuelve a poner bajo la lupa la coordinación entre la Policía y el Ministerio Público en un contexto de creciente criminalidad y cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para responder a delitos de alto impacto.

Las declaraciones de Belaunde llegaron después de que se conociera que el ministro estuvo presente durante el interrogatorio a los sospechosos. Esa presencia generó cuestionamientos sobre si un funcionario del gabinete debía involucrarse de manera directa en un proceso que corresponde a la Policía Nacional y al Ministerio Público. El ministro respondió a esas dudas con una frase que reconoce parte de la crítica, pero rechaza cualquier responsabilidad legal.

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"Les puede parecer poco atinado o poco pertinente", admitió Belaúnde sobre su propia decisión. Citó, además, el respaldo de dos autoridades del Ministerio Público para sustentar su posición: el fiscal de la Nación y el fiscal Chávez Cotrina. Ambos, según Belaúnde, coincidieron en que su visita no constituyó una intromisión en el caso.

El titular del sector también aprovechó su intervención para hablar sobre el estado de las pesquisas. Belaúnde sostuvo que la investigación avanza de forma correcta gracias al respaldo de distintos sistemas de inteligencia, tanto nacionales como internacionales. Pidió, en ese sentido, que se permita a la Policía Nacional continuar con su labor sin presiones adicionales.

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Belaúnde detalló también cómo avanzó la investigación hasta el momento. Según el ministro, los hallazgos más importantes se lograron a partir del cruce de información entre la triangulación de llamadas y la geolocalización de los teléfonos incautados a los detenidos. Esa combinación de datos permitió reconstruir movimientos y contactos claves para el caso.

El ministro cerró sus declaraciones con un mensaje de respaldo a la Policía Nacional. "Yo confío en la capacidad de la policía", afirmó Belaúnde, y pidió que se le otorgue el espacio necesario para culminar las diligencias sin interferencias externas. Su comparecencia se da en un contexto en el que ya enfrenta una moción de interpelación en el Congreso por otro tema: sus vínculos con la empresa minera Poderosa.

Como todos recuerdan, las elecciones en primera vuelta no se realizaron en un conjunto de colegios de Lima, por falta de despliegue de material. Pospuestas hasta el día siguiente, la propuesta pública de Rafael López Aliaga fue declarar la nulidad del proceso. Desde las primeras horas del domingo 12 de abril, alegó fraude. Varias cosas se han sabido después. La primera es que el despliegue de ese material (el que no llegó y el que llegó tarde) correspondía a locales de votación muy cercanos al almacén de la ONPE. No había ninguna razón logística para la tardanza, cuando el material se había desplegado con éxito en puntos remotísimos de todo el Perú. Lo segundo, el JNE lo sabía. El sábado 11 sus fiscalizadores concurrieron a los locales a verificar y reportaron que el material no había llegado. Esa noche todos los reportes habían llegado. Nunca llamó a la ONPE a reportar.

Luego vino la persecución a Corvetto. Y aquí el relato de Gálvez es una pieza nueva del rompecabezas. Las faltas eran administrativas, pero no penales. Sin embargo, el procurador del JNE fue instruido por el presidente de la institución para que ese mismo lunes 13 lo denunciara, junto a otros funcionarios, por delitos contra el derecho de sufragio, omisión de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Según el fiscal de la Nación, Arriola lo increpó, exigiéndole capturas en flagrancia. Evidentemente, era arbitrario. Los actos imputados, de ser ciertos, habían concluido el lunes 13 en la noche. Arriola le indicó que sus fiscales no eran “machos”. La narración textual de Gálvez es: “Doctor, ¿qué pasa con sus fiscales? Esto no es para cobardes, esto es para machos”.

¿Qué significaba detener en flagrancia por estos supuestos delitos electorales? Dejemos que lo explique el mismo fiscal: “Si se detenía a todos en supuesto flagrante delito electoral, se anula el proceso electoral. No podía ser y además no había flagrancia”. Ni Arriola, ni Gálvez son ingenuos. ¿Por qué Arriola buscaba la nulidad del proceso? ¿El JNE buscaba lo mismo? ¿Por eso se necesitaba “valor”?

La hipótesis de un sabotaje interno contra Corvetto para declarar nulo el proceso adquiere una nueva dimensión con esta información, aunque faltan más piezas. ¿Por qué no lo lograron? Posiblemente porque no contaron con la respuesta de Gálvez, ni con un hecho ilegal y, por ello, probablemente descartado por los conspiradores: Corvetto renunció. Al aceptarse su renuncia y al no haber ningún delito probado (al no haber flagrancia, pasa a investigación) no hay nada que anular. Ante estos hechos se puede apreciar mejor la desesperación de López Aliaga (todos conocíamos las encuestas no publicadas en las que él no ganaba) amenazando con sodomizar al presidente del JNE si no declaraba nulas las elecciones.

Un detalle más, uno de esos extraños momentos que no significan nada si no se tiene contexto. Tengo a la vista un oficio del 11 de abril dirigido al entonces secretario general de la ONPE. Se lo envía el secretario general del Ministerio del Interior. En este documento se le pide que se incorpore a Oscar Arriola el domingo 12 de abril en el Centro de Soporte (Sede principal de la ONPE). ¿Para qué quería estar el comandante general de la Policía ahí? También tengo la respuesta de la ONPE. Le dijeron que no, porque ahí solo podía estar un oficial de enlace que ya había sido designado, con su adjunto. ¿Para qué quería estar el comandante general de la Policía ahí? ¿Qué michi le tocaba hacer en el Centro de Soporte? ¿Por qué este apresurado pedido un día antes de las elecciones, cuando ya los fiscalizadores del JNE sabían e informaban que el material no había llegado?

Esta historia continuará, no hay duda. Dos asuntos más sobre la lucha contra el crimen. Luego del desastre de Trujillo, queda claro que por arrebatarle la investigación a la Fiscalía y entregársela a la Policía, ninguna de las dos instituciones está funcionando bien. La Policía no hace bien actuando sin consultar. Cuando lo hace, presenta presuntos delincuentes enanos o le hace una galería de fotos a un ministro de Defensa que nada tiene que hacer interrogando (“conversando”) con delincuentes, con el riesgo de contaminar todo el proceso. Con la cantidad de abogados que hay en el gabinete, ¿no hay uno que por piedad le pueda explicar al ingeniero Belaunde todo lo que hizo mal? Está bien no saber, pero se pregunta. ¿O Arriola tampoco sabía?

Un asunto final para el ministro de Defensa y la presidenta. No necesitan facultades para vencer al delito. El que les vendió el cuento de declarar “hostiles” a organizaciones criminales los ha engañado y mal. El decreto legislativo 1095, artículo 3, inciso f, tiene una definición acotada de qué cosa es un grupo hostil. El requisito esencial (que no tienen Los Pulpos, la Jauría o el Tren de Arawa) es que se alzan contra el Estado, de forma prolongada con armas de fuego. Eso fueron Sendero Luminoso o el MRTA. No los chalecos de la minería ilegal. Tampoco sirve para sacar una ametralladora y disparar contra población civil. No se hagan ilusiones.

La definición se ajusta a los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1977. Supongo que sus asesores los han informado sobre su vigencia, ¿verdad? Y supongo que no pretenden modificar un tratado internacional con facultades legislativas. Espero no equivocarme. Aunque con Fernando Rospigliosi, violar tratados internacionales ya es cosa conocida.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

La presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, confirmó la convocatoria y precisó que el objetivo es que Luis Galarreta sustente la urgencia de los 66 puntos sobre los cuales el Ejecutivo argumenta que necesita legislar de forma directa. Avendaño remarcó que la delegación de facultades es un mecanismo excepcional: el Congreso cede de manera temporal su función legislativa al Poder Ejecutivo, pero solo sobre materias puntuales.

Avendaño adelantó además que la comisión sostiene conversaciones con especialistas en temas ambientales, energéticos y laborales, además de sindicatos y organizaciones indígenas, para recoger sus opiniones sobre el pedido del Gobierno. Según indicó, esas voces serán tomadas en cuenta antes de emitir un dictamen sobre las facultades legislativas.

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Trece comisiones revisarán el pedido antes del debate final

El pedido de facultades no solo pasará por la Comisión de Constitución. Debido a la cantidad de temas que abarca, esta instancia pidió a otras 13 comisiones ordinarias del Congreso que revisen la propuesta y entreguen una opinión sobre los puntos que corresponden a su especialidad. Esto significa que varios grupos de trabajo tendrán que pronunciarse antes de que el pedido llegue a un debate más amplio.

La comparecencia de Galarreta se realizará el miércoles 9 de setiembre, a las 3:00 de la tarde, en la Sala de Sesiones Miguel Grau Seminario del Congreso de la República. Ese día, el premier tendrá que responder las preguntas de los diputados sobre cada uno de los puntos que el Ejecutivo considera urgentes.

El pedido de facultades del Gobierno llega tras varias semanas de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, marcadas por interpelaciones a ministros y cuestionamientos sobre el manejo de la seguridad ciudadana. La respuesta que dé Galarreta el miércoles podría marcar el tono de la relación entre ambos poderes del Estado en las próximas semanas.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

“Son mis cuentas oficiales, pero desde ya hace un tiempo no las administro únicamente, las coadministro. O sea, ha habido un error por parte de mi despacho. (…) el error material no lo cometí yo, pero yo asumo la responsabilidad política por eso”, señaló.

Lejos de admitir su responsabilidad por la exposición de información reservada, el congresista ratificó sus acciones y se justificó, señalando que se trataba de una fiscalización como parte de su labor parlamentaria.

“Si yo tomo conocimiento de que presuntamente se va a practicar un aborto terapéutico allí donde no corresponde, yo voy a ejercer mis facultades fiscalizadoras, y lo siento si se intimidan con mis pedidos de información, pero hay un bien superior que se tiene que proteger y es el de la vida”, sostuvo.

La controversia comenzó a raíz del oficio emitido por su oficina y dirigido a Mariano Walter Holgado Jordán, director del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. En el texto, el diputado exigió explicaciones detalladas y la verificación de requisitos legales sobre una presunta interrupción terapéutica del embarazo.

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En el documento difundido públicamente, el diputado ordenó que se le remita la evaluación médica integral de la paciente. Esto incluyó la solicitud de informes que justifiquen si el procedimiento era el único medio para salvar su vida o evitar un daño grave, además de pedir los exámenes clínicos que sustenten dicha conclusión.

La solicitud también abarcó la conformación de la Junta Médica con los nombres de los profesionales a cargo, la constancia de consejería previa brindada a la ciudadana, el consentimiento informado, el registro cronológico de la historia clínica y el marco normativo del establecimiento de salud.

Además, junto con el oficio, el legislador defendió su labor de fiscalización y su postura provida. En esa línea, señaló que evaluaría posibles irregularidades ante el Ministerio Público.

El Pleno del organismo electoral tomó la decisión frente a la Ley N.º 32657, la cual modificaba la Ley de Organizaciones Políticas para recortar dicho porcentaje obligatorio de participación regional. Esta norma fue publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de junio de 2026.

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Sin embargo, el tribunal electoral señaló que la convocatoria oficial a las Elecciones Regionales y Municipales se realizó el 7 de enero de 2026. Para la fecha en que el Congreso publicó la norma, ya se habían “cumplido diversos hitos del proceso electoral” como las elecciones primarias, las cuales se llevaron a cabo el 17 y 24 de mayo y cuyos resultados se oficializaron el 1 de junio de 2026.

Además, el JNE concluyó que las organizaciones políticas ya habían definido las regiones donde participarían bajo las reglas anteriores.

"Cuando se produjo la dación de la Ley N.º 32657, ya se encontraba definido un aspecto sustancial del proceso electoral: las circunscripciones electorales en el que las organizaciones políticas habían decidido participar", se lee.

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En esa línea, de acuerdo con el organismo electoral, aplicar la nueva ley significaría alterar los acuerdos previos del proceso, “lo que supondría una afectación de los principios de igualdad, seguridad jurídica, intangibilidad de las normas, preclusión y no retroactividad de las leyes".

El organismo electoral determinó que, para decidir qué partidos pierden su inscripción en estas elecciones, se usarán las leyes que estaban vigentes antes de que empezara todo el proceso, las cuales exigían participar en al menos el 50% de las regiones.

La decisión se aprobó por mayoría de los magistrados, aunque contó con el voto en contra del miembro Gunther Hernán Gonzales Barrón, quien señaló que la aplicación de la norma debía decidirse en los tribunales. “La aplicación de la ley deberá resolverse en el proceso jurisdiccional de cada caso concreto".

Luis Quispe Candia, diputado por el Partido del Buen Gobierno, criticó la omisión de la derogación de estas normas. Además, señaló que no está confirmado que su partido vaya a brindar un respaldo total al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo.

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"No se han tomado decisiones con el pedido de delegación de facultades. En relación con las normas que contravienen la lucha contra el crimen organizado y la debilitan, nosotros pediremos su derogación. Esa omisión está mal. Nosotros no vamos a promover normas que contravengan el cumplimiento de la ley. Es un momento crítico el que enfrenta el país", indicó a este medio.

Jair Manrique, diputado de Ahora Nación, también fue crítico con este pedido. El parlamentario señaló que no solo las leyes procrimen han sido obviadas, sino también otros temas. Bajo su análisis, el pedido debería ser reformulado.

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"Debería replantearse el pedido de delegación de facultades. Hay muchas cosas obviadas y otras agregadas de manera innecesaria. Creo que la presidenta debería reajustar su solicitud, ya que no se ajusta a la realidad. La realidad es que las leyes procrimen han incrementado la delincuencia. Yo ya he hecho un pedido público para que se reajuste este pedido", apuntó.

La omisión expresa no sorprende

Catherin Palomino, diputada de Juntos por el Perú, señaló que el Ejecutivo ya ha confirmado la creación de una comisión para revisar estas normas y que en el Congreso se empezarán a tramitar las proposiciones para derogarlas. Sin embargo, indicó que su omisión no debe ser pasada por alto.

"Creería que, si bien la omisión expresa no sorprende, porque el fujimorismo respaldó estas leyes, no quiere decir que no empecemos el debate desde los fueros competentes para proceder con la próxima derogación. En el Congreso, por ejemplo, seguiremos adelante con ello y no estamos condicionados a ninguna delegación de facultades legislativas", apuntó.

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En el Senado también hay opiniones sobre el tema. Daniel Barragán, uno de los hombres fuertes de Obras, también fue crítico con las omisiones. Además del paquete legislativo, el senador señaló que se están dejando de lado medidas de prevención de cara al fenómeno de El Niño, previsto para el periodo 2026-2027.

"Las facultades las hemos discutido en la bancada. Hay varias cosas que no se han considerado. No solo las leyes procrimen, tampoco se precisa sobre el fenómeno de El Niño. Nosotros queremos apoyar las normas que traten temas urgentes para el país. Acá, desde el Congreso, igual estamos presentando proyectos de ley para lograr su derogación".

Opiniones también vinieron de la derecha

Desde la derecha, algunas voces también han opinado sobre esta omisión. Frank Krklec, diputado de Renovación Popular, aseguró a este medio que no es una prioridad que la derogación de estas normas sea considerada en el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno.

"El pedido de facultades del Ejecutivo se centra en medidas nuevas y urgentes contra el crimen organizado, como calificar a estas bandas como terroristas, reforzar el sistema penitenciario y la flagrancia. Eso me parece correcto. Respecto a las denominadas leyes procrimen, ya hay proyectos presentados en el Congreso y el Ministerio de Justicia ha conformado un grupo técnico para analizarlas. No existe consenso entre todas las bancadas sobre cuáles normas son leyes procrimen, si deben derogarse total o parcialmente, o si deben modificarse en aspectos puntuales. Por eso, considero que no corresponde incluirlas en una delegación de facultades. Deben tramitarse en las comisiones competentes, especialmente en la de Justicia, y en los plenos de ambas cámaras", indicó.

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Krklec no descartó que las denominadas leyes procrimen puedan modificarse: "Personalmente, considero que ninguna norma está escrita en piedra: toda ley puede derogarse, modificarse o mejorarse. El Congreso debe hacerlo con debate y criterio técnico".

Por su parte, al ser consultada por el tema, la congresista de la bancada oficialista Cecilia Chacón indicó que el tema de las normas procrimen viene siendo analizado en el Poder Ejecutivo por una comisión del Ministerio de Justicia.

El caso más reciente es de Esdras Medina, exparlamentario de Renovación Popular, designado como asesor del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).

Esta institución se encarga de evaluar y garantizar la calidad de las instituciones educativas y de sus programas, mediante procesos de evaluación y acreditación. Además, certifica las competencias de las personas que cuentan con conocimientos y habilidades adquiridos a través de la experiencia o la formación, con el objetivo de asegurar que cumplan determinados estándares de calidad.

El sector educativo no es lejano a sus intereses. La bancada de Renovación Popular, durante el Congreso pasado, promovió la eliminación de la Educación Sexual Integral de los colegios; avalaron normas que debilitaron la supervisión universitaria y redujeron las capacidades de la Sunedu.

Medina impulsó una reconsideración para insistir con una propuesta que permitía la reelección de rectores de universidades públicas, pese a la oposición de diversas universidades que advertían sobre una afectación a su autonomía.

Del Congreso al Pronabec

Otro de los cuestionamientos ocurrió el 2 de setiembre. La excongresista de Alianza para el Progreso Diana González fue designada como directora ejecutiva del Pronabec.

Su nombramiento lleva la firma del ministro de Educación, José Antonio Chang, y la coloca al mando de una institución que afronta una crisis de financiamiento y cobertura que perjudica directamente a miles de jóvenes de escasos recursos económicos que dependen de este apoyo para seguir una carrera profesional.

De acuerdo con el manual clasificador de cargos de la entidad, el puesto exige un título profesional universitario, ocho años de experiencia general, cuatro años de experiencia específica en la función y dos años en cargos directivos o su equivalencia.

Además de su experiencia como congresista, González registró que laboró como asistente de aprendizaje a distancia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) entre marzo de 2020 y julio de 2021. Además, indicó que trabajó en el área y la jefatura de posventa en Faga Motors S.A., empresa dedicada al rubro automotriz.

La excongresista también consideró su gestión como presidenta de la Federación Peruana de Voleibol entre enero de 2017 y enero de 2018. Sin embargo, estos antecedentes se alejan de la gestión educativa especializada que requiere una encargatura como la dirección ejecutiva del Pronabec.

Pero el caso que comprometió más al ministro Chang fue el nombramiento de Tania Ramírez en el directorio de la Derrama Magisterial, institución encargada de administrar los aportes y fondos previsionales de los maestros del Estado.

Tras revelarse la coincidencia de viajes entre Ramírez y el titular del Minedu, la excongresista renunció al cargo casi tres semanas después. La presidenta Fujimori intentó restarle importancia al hecho.

Alejandro Cavero: de criticar a "los que viven del Estado" a cobrar un sueldo como asesor en la vicepresidencia

Tras no conseguir la reelección en las urnas para este periodo y renunciar a la militancia de Avanza País al notar que su partido no pasaría la valla, el excongresista Alejandro Cavero volvió al Congreso de la República.

El 2 de setiembre, un medio independiente lo registró ingresando al Palacio Legislativo para desempeñarse como asesor en el despacho de Miguel Torres, senador que preside la Cámara Alta y, además, es el segundo vicepresidente del Perú.

Su labor conlleva un sueldo de aproximadamente S/18.985 mensuales, de acuerdo con los montos asignados a los asesores de la vicepresidencia, según registros anteriores.

Este retorno al Palacio Legislativo, pese a no haber sido elegido, contrasta con los cuestionamientos que Cavero hacía durante su etapa parlamentaria contra quienes, según él, vivían del Estado.

“Una de las características de los caviares es ser doble cara, o creen que en un sistema capitalista nunca van a poder surgir, entonces necesitan que el Estado los mantenga, como un montón de gente que vive mantenida por el Estado".

Bajo esa postura también criticó al exministro Alejandro Salas por utilizar bienes estatales tras dejar el cargo. "Lo que tiene que hacer el ministro Salas en vez de estar viviendo de la gasolina del Estado es ponerse a buscar trabajo que es lo que tiene que hacer cualquier exfuncionario del Estado", manifestó en el 2023.

Sin embargo, tras quedarse sin escaño, Cavero terminó haciendo exactamente aquello que tanto recriminaba: pasar a vivir del Estado.

La falta de idoneidad en el Estado

Tras los cuestionados pasos de Diana González en Pronabec, Alejandro Cavero en la vicepresidencia y el efímero paso de Tania Ramírez por la Derrama Magisterial, el problema de fondo expone una deficiencia estructural en la administración pública.

Para el abogado especialista en contrataciones del Estado y Derecho Laboral, Christian Castillo, estas designaciones reflejan que el problema va mucho más allá de casos aislados y responde a una práctica sistemática de reciclaje político.

"Lo que pasa es que nosotros estamos viendo el árbol y no estamos viendo el bosque. El bosque nos indica que el gobierno de Keiko Fujimori ya venía gobernando con tiempo de anticipación en la época de Dina Boluarte, en la época de Jerí, y eso ha determinado que los funcionarios, congresistas, ministros, viceministros, funcionarios del Estado sean reciclados en esta nueva etapa", advierte Castillo.

Castillo lamenta que tantos años de intentar llegar al poder no hayan servido para formar un equipo de profesionales idóneos. Para el especialista, esto deja en evidencia que Keiko Fujimori no se ha preparado para gobernar, recurriendo en su lugar al reciclaje de figuras políticas para intentar sostenerse.

"Qué pena que 16 años de elecciones, cuatro periodos constitucionales, no le hayan servido para dotarse de un buen acervo de profesionales que puedan trabajar por bien del Perú. Lo que demuestra que definitivamente la presidenta no está preparada, ni mucho menos que el gobierno está preparado, para afrontar una crisis institucional como la que está viviendo el Perú desde hace 30 años".

Al analizar los filtros legales y la exigencia de perfiles adecuados —especialmente en instituciones sensibles como Pronabec y la Derrama Magisterial—, Castillo señala que la experiencia como parlamentario no convalida necesariamente las aptitudes requeridas para manejar este tipo de instituciones.

"El ser congresista no le da la condición de jefaturar un equipo de trabajo. Pretender justificarlo con la experiencia de coordinar asesores, está bien jalado de los pelos”.

En la misma línea, al evaluar el manejo financiero e institucional que exige una entidad como la Derrama Magisterial —encargada de administrar las pensiones y aportes de maestros activos, cesantes y jubilados—, Castillo advirtió sobre la enorme responsabilidad económica que esto implica y la falta de idoneidad de los perfiles seleccionados.

"La Derrama Magisterial es la entidad que agrupa a todos los maestros, activos, cesantes y jubilados. Es una especie de cooperativa o un lugar donde se administran sus pensiones y sus contribuciones. Hay un manejo económico muy alto".

A ello, el especialista añadió que este tipo de nombramientos demuestran una falla estructural en el Ejecutivo. "Lo único que nos demuestran estos nombramientos es que el gobierno de la actual presidenta no tiene la capacidad de rodearse de personas tecnócratas, digamos, de personas que tengan la capacidad moral idónea para poder dirigir una institución".

Para el especialista, la insistencia en colocar operadores políticos en puestos técnicos genera un daño al desarrollo de las nuevas generaciones, sobre todo cuando se descuidan sectores como el financiamiento de becas educativas.

"Simplemente estamos despilfarrando tiempo, dinero y generaciones de nuestros jóvenes estudiantes en Perú porque no hay capacidad de gerenciamiento".

"El Estado básicamente se ha convertido en un botín para pagar favores políticos”

En entrevista con La República, el politólogo y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, señaló que estas designaciones reflejan cómo el aparato estatal carece de filtros y capacidad técnica.

"El Estado básicamente se ha convertido en un botín para pagar favores políticos. Entonces tú me apoyas, yo te doy tu chambita, y los servicios y bienes públicos que recibe la ciudadanía se siguen deteriorando".

Cárdenas advierte que esto responde a un problema estructural e histórico, donde la meritocracia ha quedado totalmente relegada.

"El Estado peruano históricamente no ha tenido un servicio civil profesional. Esto quiere decir que los cargos básicamente sean por concurso público y en concordancia con un cierto perfil técnico. (...) En el Estado peruano, esto no es nuevo, es un proceso que lo carcome por dentro, ha dejado de lado prácticamente ya la ley de servicio civil, es una ley muerta. Y lo que pulula, lo que abunda es la designación política, es decir, el cargo de confianza".

Al contrastar el discurso que mantuvo el fujimorismo durante los años de oposición con sus acciones actuales en el Ejecutivo, el politólogo señala una contradicción que impacta con la confianza ciudadana. "Una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno, cuando uno es gobierno, se le olvida lo que criticaba en la oposición”.

En la misma línea, Cárdenas abordó el caso específico de Alejandro Cavero y el doble rasero de quienes criticaban el empleo público para luego terminar ocupándolo.

"En el caso de Cavero tiene un agravante porque él, cuando fue congresista, se la pasó toda su administración, todo su mandato despotricando contra aquellos que solamente vivían de la mamadera del Estado, que no podían encontrar trabajos en el sector privado y que se aferraban al presupuesto público. Y ahora, ahí está. La contradicción flagrante y evidente de lo que se decía como congresista y su conducta ahora como civil".

El especialista advierte sobre los daños de esta repartija en programas como Pronabec y el deterioro de la percepción pública sobre el Estado.

"Los principales perjudicados son los chicos de Beca 18 porque el programa se está deteriorando aceleradamente, y los chicos de Generación Bicentenario que son chicos brillantes que han sido admitidos en las mejores universidades del mundo, pero que la correlación institucional, para entender la complejidad de haber sido admitido en las mejores universidades del mundo, no existe".

Para Cárdenas, este tipo de prácticas profundiza la brecha entre la clase política y la población, así como la idea de que la administración pública responde únicamente a intereses particulares.

"Eso está en Latinobarómetro: el Estado es prácticamente un botín y no una entidad que está para servir a los ciudadanos".

En el caso de Carlos Mario del Carmen Tubino Arias-Schreiber, la norma dispuso “nombrar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la República Argentina"

Tubino cuenta con una trayectoria como vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú, institución donde sirvió durante cuatro décadas antes de incursionar en la política.

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Asimismo, ejerció como jefe político militar de Ucayali y fue parlamentario de Fuerza Popular en dos periodos consecutivos, de 2011 a 2016 y de 2016 a 2019, además de formar parte del equipo de estrategia de seguridad de la campaña presidencial.

Por otro lado, también se oficializó "nombrar Representante Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Confederación Suiza, al señor José Francisco Recoba Martínez".

Recoba es médico cirujano por la USMP con experiencia en pediatría, además de una trayectoria como conductor de televisión y radio en programas de salud. Además, el funcionario formó parte del equipo técnico de salud en las candidaturas presidenciales del fujimorismo en 2021 y 2026.

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En 2018, Recoba escribió una columna a favor del semáforo nutricional mientras se discutía la Ley de Alimentación Saludable, la cual buscaba colocar octógonos de advertencia en alimentos procesados. Un reportaje de Salud con Lupa del 2021 reveló que el médico omitió declarar su vínculo laboral con la empresa Mead Johnson, promotora en televisión de fórmulas infantiles que debían llevar octógonos por su alto contenido de azúcar.

Adicionalmente, al ser consultado sobre el programa de esterilizaciones forzadas ejecutado durante el gobierno de Alberto Fujimori, Recoba evitó reconocer delitos o abusos contra las víctimas, limitándose a señalar que “fue un Plan de Planificación Familiar que en su momento fue reconocido como un buen plan porque no solamente contemplaba la posibilidad de que la mujer sola firmara o decidiera sobre ello; y con un espacio de arrepentimiento para poderlo firmar. Más allá de eso, si en algún momento, esto se llevó a la judicialización, eso es un tema que a mí no me compete comentar ahora”. Ante la pregunta sobre si creía que se cometieron abusos, respondió: “No sabría decírtelo”.

"Ampliar la categoría podría generar problemas jurídicos"

Noam López — Investigador y politólogo PUCP

Calificar como terroristas a las organizaciones criminales no garantiza, por sí mismo, una mejora en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Considero que el problema central, frente a la situación que vivimos, no es la falta de etiquetas penales, sino la baja capacidad del Estado para investigar, identificar a las redes criminales, seguir el dinero, controlar las cárceles y lograr condenas.

Terrorismo y crimen organizado pueden compartir métodos violentos, pero responden a lógicas totalmente distintas: el primero busca generar terror con una finalidad política; el segundo persigue principalmente beneficios económicos y control de mercados ilícitos.

Ampliar la categoría de terrorismo podría generar problemas jurídicos sin resolver las debilidades operativas. Para enfrentar extorsiones, sicariato y tráficos ilegales se requiere más inteligencia estratégica, investigación financiera, coordinación fiscal-policial y control territorial. Endurecer la ley puede ayudar, pero solo si aumenta la probabilidad real de detectar, capturar y sancionar.

"Ya se hizo en los 90 y podría traer resultados positivos"

José Luis Gavidia — Exministro de Defensa

Creo que puede ayudar. Todo el mundo dice que las Fuerzas Armadas tienen que salir. El Decreto Legislativo 1095 norma el empleo de las Fuerzas Armadas en estado de emergencia, pero no establece que puedan usar sus armas. El delincuente sabe que el soldado no le puede hacer nada y la disuasión pierde su objetivo. No pueden usar la fuerza porque la norma no lo permite.

Declarar como elementos hostiles a estos grupos debe ser responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional, liderado por el presidente de la República e integrado por los ministros correspondientes. Cuando lo hagan, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas puede establecer que estas organizaciones sean consideradas objetivos militares. Al hacerlo, las FFAA estarían facultadas para el uso de las armas en operaciones contra las organizaciones criminales.

En la operación, quienes dirigen y comandan son las propias Fuerzas Armadas, trabajando de manera conjunta y unificada con la Policía. Esto ya se hizo en los años noventa y podría traer resultados positivos. Además, no sería algo extraño: lo han hecho Estados Unidos, Colombia y otros países en su momento con grupos similares.

"Es un intento de construir una nueva categoría jurídica"

Ricardo Valdés — Exviceministro del Interior

Denominar terroristas a determinadas organizaciones criminales no es un simple cambio de nombre. Es, en realidad, un intento de construir una nueva categoría jurídica para enfrentar al crimen organizado. Son delitos distintos. El terrorismo tiene una finalidad política; el crimen organizado, una finalidad económica.

Difícilmente esta medida mejorará la lucha contra la criminalidad. El sicariato, el secuestro y la extorsión ya tienen penas extremadamente severas. Cambiar la denominación de una organización no mejora por sí mismo la inteligencia, la investigación, la capacidad policial ni la persecución penal.

Por ello, cabe preguntarse qué hay detrás de esta decisión. El artículo 140 de la Constitución establece una excepción para la pena de muerte en el caso del terrorismo. La nueva categoría pretendería extender esa sanción a la criminalidad organizada, pese a las restricciones internacionales. No sería combatir mejor el crimen, sería una forma de sacarle la vuelta a la Constitución.

Ya lo han hecho al cambiar la definición del “delito de función” para juzgar a militares y policías en el fuero policial militar por delitos comunes. Algo similar podría estar ocurriendo ahora. Llamar “terroristas” a criminales comunes puede crear una nueva puerta jurídica con consecuencias impredecibles.

"La militarización de la seguridad no es el camino más adecuado"

Benjamin Durand — Politólogo por la UNT

Se debe reconocer que esto es una señal de alineamiento a la estrategia de seguridad adoptada por Estados Unidos, sin comprender el problema real. No hace falta llamar “grupos hostiles” a las organizaciones criminales para combatir el crimen organizado. Los resultados de esta estrategia no han sido significativos para detener el avance de las economías ilegales en la región, más bien se le ha dado un uso político. La militarización de la seguridad no es el camino más adecuado.

Históricamente, el fujimorismo siempre ha guardado una estrecha relación con el sector militar; por ello, el gobierno pretende darles un rol más activo y busca justificar su actuación en temas de seguridad interna. Esto puede ser contraproducente. Hay evidencias sólidas de que la incursión directa de las FFAA podría agravar el problema, como en México. El camino debe ser fortalecer la capacidad operativa de las instituciones que forman parte de la cadena de administración de justicia y reformar procesos internos para mejorar sus capacidades. Recordemos que, durante el conflicto armado interno, fue la policía que logró capturar a líderes terroristas.

Roberto Burneo, presidente del JNE, declaró a la prensa luego de que se conocieran ambas decisiones. "¿Puede participar un alcalde en ejercicio? La respuesta es que sí, porque no hay prohibición expresa en la Constitución, en las leyes y en otro marco normativo", señaló.

Los dos casos son muy parecidos, pues en ambos, el candidato a la alcaldía de la lista renunció poco antes del cierre del plazo legal, lo que ocasiona que la persona que se encuentre como candidato a primer regidor pueda asumir el sillón municipal si es que su lista gana en las elecciones del 4 de octubre. En el caso de López Aliaga, exalcalde de Lima, la renuncia fue la de Luis Rubio Idrogo. En el caso de Bless, alcalde de San Miguel, la renuncia fue la de Karin García Juárez, quien además era secretaria de esa municipalidad.

En ambos expedientes, el Pleno evitó pronunciarse sobre si esas renuncias configuran una maniobra para eludir la prohibición que hay de que un alcalde pueda ser reelegido. Votaron en mayoría los magistrados Burneo, Norberto Maisch Molina, Rubén Torres Cortez y Aarón Oyarce Yuzzelli. El único voto en contra, en los dos casos, fue el de Gunther Gonzales Barrón.

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El caso López Aliaga

El Pleno declaró infundada la apelación presentada por el ciudadano Ronald Castillo Rojas, quien había pedido la exclusión de López Aliaga mediante un escrito calificado como denuncia ciudadana. El JNE decidió que, más allá de cómo Castillo llamara a su pedido, en el fondo se trataba de una tacha electoral y al ser una tacha debía estar sujeta al plazo de tres días calendario que fija la Ley de Elecciones Municipales para ese tipo de reclamos.

La lista de Renovación Popular se publicó el 31 de julio, por lo que ese plazo venció el 3 de agosto. Castillo presentó su pedido recién el 21 de agosto, 18 días después. Bajo ese argumento, el Pleno dijo que no correspondía hacer un análisis de fondo sobre si la renuncia de Rubio modificó la situación de López Aliaga frente a la prohibición constitucional. Es decir, el JNE nunca llegó a examinar si existía o no una reelección encubierta.

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El caso Bless

En el caso de San Miguel, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 1 sí había excluido a Bless, al considerar que había una incompatibilidad constitucional con la prohibición de reelección. El partido Avanza País apeló y el Pleno del JNE, con los mismos cuatro votos en mayoría, revocó esa exclusión.

El argumento central fue distinto al del caso López Aliaga. La mayoría sostuvo que no existe identidad entre el cargo de alcalde, que Bless ejerce, y el de regidor, al que postula. Por esa razón, no calificaba que hubiera una prohibición de reelección ya que son cargos distintos. El Pleno sostuvo que la sola posibilidad de que Bless llegue a ser proclamado alcalde no acredita una infracción actual.

Ese mismo argumento ya lo había usado el Pleno días antes para avalar una jugada parecida en el distrito de Pontó, en Áncash. Ahí el alcalde Percy Villanera Figueroa se las arregló para seguir en carrera como primer regidor luego de que su candidato a alcalde saliera de la contienda, tal como en los otros casos. Entonces, la defensa de Avanza País citó ese antecedente para respaldar a Bless.

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El voto de Gonzales Barrón

En los tres casos Gonzales Barrón fue el único magistrado que votó por mantener las exclusiones. Su argumento de fondo sostiene que la Constitución prohíbe un resultado, no un medio. Dijo que el artículo 194 no necesita enumerar cada mecanismo posible para que se impida una reelección.

En el caso López Aliaga, Gonzales Barrón dijo que él renunció al Senado para poder postular a primer regidor. Después, Rubio, el que era candidato a alcalde de su misma lista, renunció "por motivos personales" justo un día antes de que venciera el plazo. Para el magistrado, todo eso no fue casualidad, sino que López Aliaga tenía la vía preparada para que pueda terminar como alcalde en caso de que su lista gane, obviamente.

Gonzales tituló una parte de sus argumentos como "La Constitución no protege la trapacería", y dijo que, si se acepta este criterio, cualquier alcalde podría quedarse en el poder para siempre. Ya que podría alternar un periodo como alcalde, el siguiente como regidor, mientras otro candidato a la alcaldía renuncia "por motivos personales" cada vez que le toca.

"Lo que se ha resuelto es un punto controvertido específico, que es si puede o no participar un alcalde en ejercicio como regidor y la respuesta es sí porque no hay prohibición expresa en la Constitución, en las leyes, ni en otro marco normativo".

Estas declaraciones se producen luego de que el Pleno del JNE emitiera una resolución la cual declara infundado el recurso de apelación interpuesto por Ronald Wilder Castillo Rojas contra la candidatura de Rafael López Aliaga.

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Si bien el recurso cuestionaba la postulación al argumentar que se trataba de una reelección encubierta —dado que la ley prohíbe la reelección inmediata de alcaldes—, el fallo ratificó la continuidad del exalcalde de Lima como candidato a primer regidor de la MML por Renovación Popular, pese al voto en contra del magistrado Gunther Hernán Gonzales Barrón.

Además, el titular del organismo electoral reiteró la autonomía de los Jurados Electorales Especiales, sin embargo, precisó que el Pleno posee la facultad de revisar, precisar o cambiar fallos.

“Lo que puedo garantizar yo es que siempre vamos a respetar la absoluta independencia de los Jurados Electorales Especiales en las decisiones que tomen, sin que esto sea óbice para que el pleno pueda revocar o pueda precisarlas en torno a las mismas”.

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Ante la consulta sobre la posibilidad de que el candidato asuma la Alcaldía de Lima en caso de ganar los comicios, el presidente del JNE evitó responder.

“No se ha elucidado otra controversia más y respecto de la pregunta si puedo o no tomar, esto no ha sido materia del debate, no ha sido materia del punto controvertido, y no es el momento para definirlo porque recién estamos en la etapa de calificación, de exclusión, y de tachas”.

En cuanto temas logísticos, Burneo señaló que hay una corrección del padrón electoral para 223 electores del distrito de La Punta, cuyos datos cambiaron por error a otras jurisdicciones.

“Esto fue materia de un pleno extendido en el que partició Reniec. (…) Se tomó la decisión de que esos 233 ciudadanos puedan ser incluídos dentro del padrón de La Punta, respetando el marco jurídico de la ONPE. Lo hemos corregido y está asegurada el derecho de participación de esas personas”.

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En el caso de la asistencia a los debates electorales, el representante del JNE mencionó que las reglas definitivas todavía no existen y sostuvo que el organismo planeó discutir la metodología junto con las agrupaciones políticas durante la semana para definir las condiciones de participación en las diferentes circunscripciones.

“La metodología del debate lo ponemos a consideración de las organizaciones políticas. Esta semana se van a reunir para ver todos los detalles del mismo, se les comunicará cuando se tenga la propuesta y el consenso y cómo va a ser la metodología. Esta semana sabremos los detalles de cada uno de los detalles en cada una de las 26 circunscripciones”.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resaltaron la importancia de la sentencia condenatoria.

“Este fallo es una expresión del compromiso del Estado en la lucha contra la impunidad de crímenes en agravio de personas defensoras de derechos humanos; y constituye un paso importante en la búsqueda de justicia por parte de sus familiares”, expresaron en un comunicado.

Indicaron que el sector ratifica su compromiso con los familiares de la víctima para la atención ante posibles nuevas situaciones de riesgo.

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Asimismo, como ente coordinador del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, afirmaron que continuarán el trabajo de prevención de la vulneración a sus derechos en el marco de su labor contra las actividades ilegales en nuestro país.

Roberto Carlos tenía 34 años cuando fue asesinado en la concesión forestal que administraba con su padre.

Las investigaciones fiscales apuntaron a una presunta red que pagó dinero para acabar con su vida e identificaron como presunto autor intelectual a Hilario Mamani Churata, un dirigente de una asociación de agricultores invasores previamente denunciado por la familia.

Organizaciones civiles locales y nacionales se mantuvieron en alerta vigilando el fallo, demandando que la Corte Superior de Madre de Dios actúe con firmeza histórica frente a la violencia sistemática que sufren los defensores de la Amazonía peruana.

Los detenidos fueron identificados como Leonidas Mujica, Rolando Becerra y Hilario Mamani.

Tal como lo informó La República, la mañana del 11 de septiembre de 2020 hallaron el cuerpo de Roberto Carlos Pacheco Villanueva con una bala en la cabeza y otra en la cadera.

Su padre, Demetrio Pacheco, defensor ambiental y vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, fue quien lo encontró. Desde el año 2012, Demetrio y su familia venían siendo amenazados por mafias de traficantes de terrenos que ingresaban a su concesión forestal por todos los frentes.

Por ello, hicieron siete denuncias contra la Asociación Los Hijos Ecológicos de Madre de Dios. Por tala ilegal y quema de bosque primario en su concesión. Por afectación al bosque por tala de árboles de castaña, considerada producto bandera de Madre de Dios.

Por depredación de bosque secundario y destrucción de la regeneración del bosque. No obstante, ninguna de sus denuncias fue escuchada ni tomada en cuenta por las autoridades de entonces.

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Este viernes 4 de septiembre, el Poder Judicial de Madre de Dios dio lectura de la sentencia en el emblemático caso. Tras seis años de un complejo y dilatado proceso judicial que comenzó tras su homicidio en septiembre de 2020, los jueces del colegiado emitieron su veredicto en primera instancia.

Tanto los familiares de la víctima como diversos colectivos defensores de los derechos humanos y el medio ambiente habían exigido la máxima sanción penal, la cual, de acuerdo al marco legal peruano para crímenes perpetrados por mafias de minería y tala ilegal bajo la modalidad de sicariato, puede alcanzar la cadena perpetua o penas severas de cárcel.

En paralelo, se nombró a Carlos Pareja Ríos, embajador en retiro y excanciller del gobierno de José María Balcázar, como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York.

Ambos nombramientos establecen que la fecha en que cada funcionario deberá asumir su cargo será fijada mediante una resolución ministerial que se publicará posteriormente. A ambos se les extienden las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes para ejercer la representación.

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Aurelio Pastor

Pastor se desempeñó como ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García, entre julio de 2009 y marzo de 2010, y fue congresista por la región San Martín en dos períodos consecutivos. Tuvo un proceso judicial que terminó con su encarcelamiento, la condena fue en 2012, cuando Corina de la Cruz, entonces exalcaldesa de Tocache, enfrentaba dos procesos judiciales y contrató sus servicios profesionales.

Según la acusación, el abogado le habría ofrecido interceder ante jueces y fiscales a cambio de dinero, conducta que quedó registrada en audios difundidos por un medio periodístico y que originaron el proceso penal en su contra. Fue condenado en primera y segunda instancia a cuatro años de prisión efectiva por tráfico de influencias, en su modalidad de "influencias simuladas".

Pastor cumplió cerca de seis meses de reclusión en el penal Piedras Gordas, hasta que la Sala Permanente de la Corte Suprema decidió absolverlo al considerar que su conducta se enmarcaba dentro del ejercicio legítimo de la abogacía y que no constituía una falta ética conforme al Código de Ética del Colegio de Abogados.

Cabe señalar que Pastor también es el abogado del diputado Pier Figari de Fuerza Popular, a quien patrocina por una demanda civil de 2 millones de soles contra cuatro magistrados del caso Cócteles, el exfiscal José Domingo Pérez, el fiscal Rafael Vela, y los jueces Richard Concepción Carhuancho y Víctor Zúñiga, a quienes responsabiliza por los nueve años que estuvo bajo investigación y los meses que pasó en prisión preventiva.

Dos de los demandados, Pérez y Vela, cuentan con medidas cautelares vigentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que depende de la OEA, el mismo organismo ante el cual Pastor ejercerá ahora como representante del país, por la situación de riesgo que enfrentan debido a su labor en el caso Lava Jato.

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Carlos Pareja

Pareja Ríos, de 76 años, es diplomático de carrera con más de 43 años en el Servicio Diplomático de la República. Fue embajador del Perú en España (2000-2002), Suiza (2003-2005), Chile (2009-2014) —período en que se resolvió la controversia por la delimitación marítima entre ambos países ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya— y Estados Unidos (2016-2018), antes de pasar a retiro.

Su regreso a un cargo público fue el 23 de abril de 2026, cuando el entonces presidente José María Balcázar lo juramentó como ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Hugo de Zela, quien había renunciado por discrepancias con el Ejecutivo en torno a la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos. Pareja permaneció en el cargo hasta el 28 de julio de 2026.

Castillo pedía la exclusión del exalcalde por considerar que su postulación configura una reelección encubierta, luego de que Luis Rubio renunciara a la candidatura a la alcaldía y dejara a López Aliaga en condiciones de asumir el sillón municipal si la lista gana las elecciones del 4 de octubre.

Castillo presentó su pedido el 21 de agosto ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, bajo la figura de una "denuncia ciudadana". Solicitó que se fiscalice la configuración de la lista de Renovación Popular y que, de comprobarse una incompatibilidad constitucional, se excluya a López Aliaga de la contienda. El JEE declaró improcedente el pedido y Castillo apeló ante el Pleno del JNE, instancia que resuelve en última instancia y sin posibilidad de un recurso posterior.

El Pleno determinó que la apelación se presentó fuera de plazo. Según el JNE, el plazo de tres días para formular una tacha corría desde el día siguiente a la última publicación de la lista de candidatos, ocurrida el 31 de julio, por lo que venció el 3 de agosto. Al haberse presentado el cuestionamiento recién el 21 de agosto, el Pleno lo calificó de "manifiestamente extemporáneo" y descartó entrar a analizar si la renuncia de Rubio modificó la situación de López Aliaga frente a la prohibición de reelección inmediata que establece el artículo 194 de la Constitución.

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La decisión fue suscrita por los magistrados Roberto Burneo Bermejo, Norberto Maisch Molina, Rubén Torres Cortez y Aarón Oyarce Yuzzelli.

El voto en contra

El magistrado Gunther Gonzáles Barrón votó en discordia y planteó declarar fundada la apelación. A diferencia de la mayoría, sostuvo que una prohibición constitucional como la del artículo 194 puede aplicarse de oficio y sin sujeción a los plazos procesales de una tacha, por tratarse de una controversia de puro derecho.

En su voto, Gonzáles Barrón señaló que López Aliaga "ha realizado acciones conducentes para lograr el resultado inconstitucional". Primero renunció a su curul en el Senado para habilitar su postulación a primer regidor y, luego, el candidato a alcalde de su lista renunció "por motivos personales" un día antes de que venciera el plazo legal para hacerlo. Advirtió que, de ganar Renovación Popular, López Aliaga asumiría la alcaldía por un segundo periodo consecutivo, en contra de la Constitución.

Entre 2002 y 2003 fue jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y pasó al retiro en 2004 con el grado de vicealmirante de la Marina de Guerra. Ahora ocupará un cargo diplomático como embajador en la República de Argentina.

"Si nosotros le damos todas las facultades a la señora Fujimori, les apuesto que en un mes no presenta ningún proyecto de ley. ¿Para qué quiere 66 pedidos de facultades? Es un intento encubierto de disolver la Cámara de Diputados", declaró el diputado.

El pedido en cuestión contempla 66 puntos específicos distribuidos en tres ejes: seguridad ciudadana, reactivación económica y atención de emergencias por el fenómeno El Niño. La Presidencia del Consejo de Ministros lo remitió a la Cámara de Diputados el 28 de agosto, con la firma de la presidenta Keiko Fujimori y el premier Luis Galarreta, y solicita la potestad de emitir decretos legislativos por un plazo de 120 días calendario.

Cabe recordar que primero al expediente le faltó un acta que acreditara la aprobación del Consejo de Ministros. Esto se subsanó el 31 de agosto y desde entonces la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente para agilizar el debate.

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Eliminar topes a las tasas de interés de bancos

El diputado también tocó el punto del proyecto que busca eliminar los topes a las tasas de interés fijados por la Ley N. 31143, norma que protege a consumidores financieros. Zunini vinculó ese punto con un presunto conflicto de intereses, al recordar que el fujimorismo ha recibido aportes de la banca para su campaña electoral.

"Es un intento encubierto porque la prerrogativa constitucional la tenemos nosotros y no nos pueden pedir que le deleguemos facultades, por ejemplo, como si fuera urgente, eliminar los topes de las tasas de interés de los bancos para promover la usura", añadió Zunini.

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Para el congresista, únicamente la seguridad ciudadana y la atención al fenómeno El Niño ameritan una delegación de facultades. El resto de materias, dijo, puede tramitarse por la vía legislativa ordinaria. Además, mencionó que desde el Congreso se tienen listos hasta 25 proyectos de ley a los que dará "trámite exprés" en el Pleno si el Ejecutivo no avanza con sus propias iniciativas.

La medida tiene una vigencia de 60 días calendario y suspende los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal en el perímetro exterior de los recintos, hasta un radio de 200 metros.

Según la norma, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno en esa franja perimetral con apoyo de las Fuerzas Armadas, que además resguardarán el espacio aéreo y señales de radio y celulares alrededor de las cárceles. El INPE mantendrá la administración y custodia interna de los penales. El Gobierno sustenta la decisión en que estos cinco establecimientos concentran cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales que operan desde prisión.

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Primeras directrices bajo la nueva gestión del INPE

El decreto llega un día después de que la presidenta Keiko Fujimori se reuniera en Palacio de Gobierno con el premier Luis Galarreta, el ministro de Justicia Ernesto Álvarez y el recién designado presidente del INPE, Abraham Lescano, para coordinar las acciones inmediatas y fijar las directrices de la nueva gestión penitenciaria.

Como parte del operativo, se anunciaron controles permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE. El premier Galarreta señaló que el Gobierno actúa "independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades" legislativas, aunque dijo que con ellas "actuará con más fuerza" contra la criminalidad organizada.

La nueva Política General de Gobierno

El estado de emergencia en los cinco penales se da además en el marco de la Política General de Gobierno 2026-2031. “Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados", aprobada mediante Decreto Supremo este 4 de setiembre. La norma deroga la política general que regía hasta ahora y fija cinco ejes prioritarios para el resto del mandato, entre ellos, como primer eje, reducir la inseguridad ciudadana que afecta la vida, la integridad y las actividades económicas de la población.

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Corcuera duda de su real impacto contra el crimen

El exviceministro del Interior Julio Corcuera consideró que la crisis del sistema penitenciario es permanente y no coyuntural. "Es urgente que se deje de extorsionar desde las cárceles, que deje de ser la cárcel una especie de universidad del crimen o centro de operaciones informales", señaló.

El especialista precisó que, según lo explicado por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, el apoyo militar se dará "a través de los perímetros externos, no internos" y se enfocará en controlar los productos que ingresen a los penales mediante campanas y escáneres, sin intervenir en el interior de los recintos.

Sobre su efectividad, Corcuera dudó. "¿Cuánto esto pueda contribuir a reducir el crimen? La verdad no lo sé", dijo, y explicó que los asesinatos vinculados a extorsión contra empresas de transporte ocurren en zonas alejadas de estos penales, como el Cono Norte, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo. "Si es así, realmente no pareciera que fuera un gran cambio", concluyó.

¿Ha escuchado al gobierno de la señora Fujimori cuando dice que las citaciones a los ministros son prematuras? ¿Qué siente cuando escucha eso?

Bueno, yo, como todos los peruanos que estamos más o menos enterados, sabemos que esta es una historia antigua. Es decir, no estamos frente a un gobierno reciente. Este gobierno tiene varios años de antigüedad. Si usted cuenta desde el año 90, tiene 36 años de vida.

Habla del sistema que impuso el fujimorismo.

Sí, usted tiene el primer fujimorismo, luego los que dijeron que iban a poner el segundo piso al fujimorismo, luego el tercer piso, el cuarto piso y hoy estamos ante un rascacielos.

Ahora, yo le preguntaba por esta actitud del fujimorismo, que pide paciencia, que no llamen a sus ministros, porque su caso fue parecido. Usted fue uno de los primeros ministros del señor Castillo que estuvo a punto de ser interpelado.

Sí, pero con la diferencia de que yo quería ser interpelado, pero no me dejaron ir a la interpelación.

Vaya, las circunstancias son parecidas. Entiendo que la citación en el Congreso era porque usted anunció que el Perú salía de lo que se llamaba el Grupo de Lima.

Bueno, yo anuncié algo que ya había pasado, porque el Grupo de Lima existió, como usted sabe, promovido por el presidente Kuczynski y el primer Trump. Y luego de eso hubo cambios en las presidencias, ya no estaba Piñera en Chile, por ejemplo. Y el Grupo de Lima, en la práctica, dejó de existir. Yo llegué y simplemente le canté el responso, nada más.

La oposición ahora mismo quiere citar al canciller Espá, porque él quiere adherir al Perú al Escudo de las Américas de Trump. Podría pasar que otro canciller sea el primer ministro citado en la nueva administración.

Podría ser. En realidad, a mí no me querían. Lo mío despertó la histeria de lo que se hace llamar derecha peruana.

Bueno, inmediatamente después de la citación aparecieron las declaraciones que usted dio en las que sostenía que la Marina había desarrollado los primeros métodos terroristas.

Ellos buscaron esas declaraciones, que eran muy antiguas. No eran declaraciones públicas. Era una conversación con un grupo de chicos de la Universidad de San Marcos. Y ellos extrajeron de allí una frase y la pusieron en primer plano. Antes de eso me habían acusado de ser asesino en serie, o que había matado al hermano del obispo de Huancayo. Yo nunca he estado en Huancayo, por lo menos en esa época. Había una campaña contra mí feroz.

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Ahora, quiero entender esta declaración sobre la Marina. ¿En verdad cree que ese instituto fue el que desarrolló los primeros métodos terroristas en el país?

Bueno, el terrorismo es una metodología que aplica mucha gente en muchas partes del mundo. Ahora mismo está siendo aplicada en otras partes. Y, bueno, hubo actos que la Marina aplicó en la segunda mitad de 1974. Toda la serie está en los periódicos de la época, también está en La República.

La República no es tan antigua.

Ya, entonces corrijo, borro todo. Pero ya existía Expreso, el otro Expreso.

Ahora, esta declaración sobre la Marina, poniéndose en los zapatos del gobierno de Castillo, era indefendible. El gobierno no podía enfrentar a dos instituciones del Estado, ¿lo tiene claro?

Bueno, eso tiene dos partes. Una parte son las declaraciones mismas que surgen, como le repito, de una frase pronunciada en una conferencia que no era pública. Esa es una parte del asunto. Y la otra parte era que la Marina era parte del gobierno del presidente Castillo, y los jefes de los institutos armados no tienen facultad de discusión. Sin embargo, sacaron un comunicado público. Y usaron al procurador del Estado, que debía defenderme a mí, para atacarme. Y luego se presenta el pliego interpelatorio, cuya primera pregunta era: ¿Ha conocido usted al Che Guevara?

Y la respuesta a esa interrogante es sí.

Ya no respondí nada, pero yo quería ir. No me dejaron.

Luego de eso, ¿qué hizo? ¿Volvió inmediatamente a San Marcos o se tomó un tiempo?

Luego de eso me tomé un tiempo, yo ya no estaba en San Marcos. Luego retorné a mis actividades, como hasta hoy. Editar libros, escribir, eso es lo que hago. Mire, formalmente yo soy profesor extraordinario de San Marcos. Eso significa que, por ser mayor de 70 años, ya no puedo ser un profesor a tiempo completo, pero sí puedo pedir que me den una carga académica, cosa que no he hecho, por supuesto.

¿Qué representa para usted San Marcos?

Representa todo, es mi mamá. Porque yo soy sanmarquino en todo.

Cuando estuvo en las aulas como maestro, ¿los muchachos le preguntaban por su experiencia en la guerrilla del ELN?

Claro, por supuesto, yo he hecho cursos de historia en la universidad. Y por supuesto en la historia tocábamos también esa etapa.

Alguna vez en, San Marcos, ¿algún colega suyo, algún profesor dijo: “Cuidado con Béjar, este hombre tiene ideas sediciosas”?

No, para nada. Yo tengo que reconocer que San Marcos siempre me trató con mucho cariño. Y yo en realidad me había ausentado de San Marcos muchos años. Yo abandoné San Marcos cuando terminé mis estudios allá por el año 59.

Y volvió en los 90.

Claro, regresé formalmente en esa época. Pero siempre fui muy bien recibido por todos.

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Y en la izquierda, ¿también ha sido bien recibido? ¿O algunos de sus compañeros han dicho: “Béjar tiene algunas ideas antiguas que no compartimos”?

Bueno, en una época fui muy atacado por la izquierda, cuando estaba con el presidente Velasco.

Cuando estaba en SINAMOS.

Sí, luego eso pasó, vino toda la época del fujimorismo. Y después poco a poco nos fuimos acercando hasta hoy día. Yo tengo amigos en todos los grupos en ese momento.

¿Y qué piensa de la izquierda actualmente? En el Congreso hay al menos cuatro grupos que se podrían reclamar de izquierda, pero creo que las diferencias más que ideológicas están en la procedencia, hay una izquierda limeña, hay una izquierda de las regiones.

Y además son diferentes historias y varias generaciones. Siempre he dicho que son izquierdas, no es solo una izquierda la que hay. Y, por supuesto, también hay contradicciones, hay gente buena, gente mala, gente regular, como en todos los ambientes sociales del Perú. Y en la medida en que la izquierda ha crecido, porque ha crecido muchísimo, espectacularmente según yo, eso tiene sus pros y sus contras. En la medida en que es mayor su número, también forman parte de la sociedad, y entonces hay de todo. Y las fronteras no existen, porque en la izquierda tradicional la frontera era el partido. Se juraba ser militante, se estaba ahí, sometido a un estatuto. Ahora eso ya no hay. Hay partidos, hay semipartidos, hay clubes, hay centros, hay de todo. Y de los leales ciento por ciento, como diría Vallejo, hay pocos.

¿Cómo diría que le fue a la izquierda en la última elección presidencial?

Yo creo que le fue muy bien, yo creo que ganó.

¿Por el recuerdo de Pedro Castillo?

Eso contribuyó. Mire, yo siempre he distinguido entre la izquierda política y la izquierda social. Es decir, la izquierda política son los partidos formales, inscritos, ahí están en el Congreso. La izquierda social es la gente, es el pueblo, que no necesariamente tiene ideas de izquierda, pero que en la geografía política del país está a la izquierda. Y eso último ha sido en gran parte Castillo, eso es Puno, eso son los aimaras, eso son las comunidades indígenas.

Bueno, pero también hay una izquierda urbana. Y no hablo de Lima, hablo de la ciudad de Ayacucho, de la ciudad del Cusco.

Sí, en la sierra, por supuesto. Ese conjunto de gente, según yo, descontenta, que tiene un profundo malestar con lo que está pasando, es mayoría en este momento en el Perú.

¿Y ese es el bolsón de la izquierda?

En ese bolsón actúa la izquierda. Ahora, por supuesto que ellos no son mentalmente ni ideológicamente de izquierdas. Incluso usted puede pensar hasta qué punto la izquierda política también es izquierda, porque también hay gente que refleja el problema de que, en el Perú, las ideas se han separado de la conducta. Usted tiene una conducta y unas ideas, y a veces tiene conducta, pero no tiene ideas.

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En 2014 tuvo un problema médico, un cáncer me parece.

Sí, tuve un linfoma en el abdomen. Recibí quimio todo el año y superé el tema.

Y aprovechó ese tiempo para escribir su libro Retorno a la Guerrilla.

Exactamente, sí. En cada enfermedad he escrito un libro.

¿Cómo?

Claro, porque el primer borrador de Retorno a la Guerrilla lo escribí cuando me descubrieron un huevo de parásitos en el pulmón izquierdo.

Caray.

Estuve prácticamente todo el año bajo atención médica. Fui operado el año 89, fue una operación de alta cirugía, de la cual quedé perfecto. Pero eso, como me inmovilizó, hizo que haga el primer borrador, sobre el cual trabajé ya con el cáncer.

Cuando presentó Retorno a la Guerrilla declaró lo siguiente: “Nunca salí de la guerrilla sentimental e intelectualmente”.

Exactamente.

¿Por qué?

Porque yo estoy contra el sistema, yo soy un antisistema. Así me declaro y lo he dicho siempre. Creo que el Perú tiene un sistema de pudrición absolutamente corrupto que hay que diferenciar de la sociedad. Y yo no estoy con eso. Y yo sé lo que me cuesta decir eso.

También llegó a decir, cuando presentó su libro, que se sentía en deuda con sus compañeros de la guerrilla.

Totalmente. Yo trabajo por ellos. Todo lo que hago es tratando de pensar en ellos, porque yo soy un sobreviviente, yo no merecía estar vivo. Yo debí morir hace muchos años, fui el único sobreviviente de la última guerrilla. Entonces, yo siempre digo qué pensarían ellos si yo estuviera, por ejemplo, como diputado. Se morirían de risa de mí. Me dirían...

…Eres un burgués.

No, me dirían para qué hicimos todo esto, si luego ibas a estar en el Parlamento. Por eso es que yo nunca he sido candidato a nada en el sistema, ni lo seré.

¿Y entonces por qué aceptó ser canciller?

Porque creí, como creí en la época de Velasco, que venía un proceso que podía ser revolucionario. Está claro que me equivoqué.

¿Qué pensaba del señor Castillo?

Yo no tengo una idea clara de él porque tuvimos una relación muy fugaz. Estuve solo 19 días en la Cancillería. Mire, yo pensaba en el proceso y quería ayudar a eso. Pero me equivoqué, era una cosa mucho más complicada de lo que yo pensaba.

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Hablando de la guerrilla, ¿cuándo fue el momento en el que se dio cuenta de que la guerrilla iba a fracasar?

Yo no tuve una sensación de fracaso, pero sí me di cuenta desde el comienzo, desde que pisé una comunidad campesina de verdad, que había problemas. Lo que yo pensé, y otros compañeros pensamos, era alargar nuestra estadía en el campo y generar una situación en la cual pudiéramos formar una vanguardia campesina. Es decir, yo fui cambiando la idea de guerrilla cubana que tenía al comienzo por la idea mexicana. Es decir, pensar en un campesinado armado que luche para ellos.

Pero los campesinos no estaban en esa misma línea de pensamiento.

Sí y no, nunca lo discutimos a fondo. Nuestro grupo era muy abierto, porque no éramos un partido. Pero, bueno, nos ganaron y no tuvimos tiempo. El Ejército reaccionó más rápido de lo que esperábamos y nos aniquilaron. Las guerrillas duraron muy poco, es un proceso que dura desde el 63, que empezamos, y no superamos los tres años.

¿Vio morir a algún compañero?

Sí, a un compañero, Edgardo Tello

Luego de que el Ejército intervino, ¿usted fue detenido?

El Ejército interviene, matan a todos los compañeros, no queda uno vivo. Yo escapo con otro compañero, y un par de meses después retorné a Lima. La Policía no podía creer cómo había podido llegar a Lima. Los agentes me conocían desde la época de la lucha universitaria, cuando nos vigilaba seguridad del Estado.

A partir del 75, después de que usted deja de trabajar con Velasco, empieza a trabajar con comunidades campesinas.

Claro, así es. Y formamos las ligas agrarias, las federaciones campesinas, llegamos a formar una confederación y logramos que se instale en el Congreso, lo cual era un acto simbólico tremendo, porque eran las ideas de la guerrilla puestas sobre la mesa. Porque lo que nosotros queríamos es que ese mundo campesino, que era mayoría en esa época, forme parte de una república nueva en el Perú. Para nosotros el socialismo era eso.

¿Y qué pensaba Sendero de la experiencia guerrillera que ustedes habían tenido?

Para ellos éramos unos burgueses tontos, eso éramos nosotros. Éramos unos ingenuos para ellos, que creían que la guerra había que hacerla con normas. Y la guerra es la guerra. Si vas a la guerra, vas a matar. Eso era la posición de ellos. Está escrito.

¿Los veían como enemigos?

Sí, por supuesto, porque éramos una parte de la burguesía.

¿Qué piensa cuando escucha eso de que la izquierda no deslindó a tiempo de Sendero, de sus ideas a favor de la lucha armada?

Eso es cierto. Yo creo que hubo un momento de desorientación, de sorpresa. Hubo quienes hablaban de los compañeros equivocados y todo lo demás. Ahí están los periódicos donde se dice eso. Eso sí se puede ver en La República. Como le digo, hay un primer momento de desorientación en todo el país. Fue un fenómeno nuevo para todos. Desgraciadamente fue nuevo por falta de preparación, por falta de orientación política, por falta de estudio. Porque ese mismo hecho se estaba dando en otros países en el mundo, con grupos parecidos. Es el momento en que empieza la lucha en Afganistán y en algunos países de África, eran grupos abiertamente terroristas. Y no se tuvo esa percepción. Sendero no fue un fenómeno nacional solamente.

Y la izquierda no estuvo atenta.

No estuvimos todos. El grupo mío, yo estaba en un instituto en esa época, fue uno de los primeros que reaccionó en contra. Señalamos claramente que eso era terrorismo, y que el terrorismo era inaceptable. No digo nada contra los que demoraron un poco, porque no tuvieron la culpa tampoco, pero después tuvieron que aceptar esa situación.

Ya que estamos hablando del pasado, también está muy presente el tema de la memoria en la discusión política. De hecho, el LUM se quiere pasar del ministerio de Cultura a Justicia.

Lo que digo yo es que, primero, quieren borrar la memoria, y dos, quieren inventar una nueva versión de todo. La película sobre la Universidad de Educación, sobre la matanza de los chicos en la Cantuta, es un primer ensayo. Pero eso va a continuar, sin duda. Ellos van a reescribir libros, manuales, van a hacer videos, van a hacer películas. Es lo que siempre han querido hacer y ahora lo van a hacer.

Y el Lugar de la Memoria es un paso más.

El Lugar de la memoria es un estorbo para eso. Y lo cerrarán o lo cambiarán totalmente. Será otra memoria, falsa.

Sacó un nuevo libro: Así llegamos a esto.

Sí.

Hay dos frases del libro que me llamaron mucho la atención: “El crimen es un compañero del poder” y “Las élites globales de hoy siguen siendo bárbaras”. Explíqueme un poco ambos conceptos.

Yo creo que el mundo en general, que creyó que había llegado la civilización, ha retornado a la barbarie. Estamos viviendo una época de barbarie. Es decir, años de desarrollo económico, de desarrollo social, años de construcción de un aparato de derechos humanos, han quedado inútiles. Porque los poderes grandes, los poderes que manejan el mundo, ligados al crimen, por supuesto, quieren retornar a la etapa anterior a la Revolución Francesa. Y eso lo han dicho muchas veces. La Declaración de los Derechos Humanos les sobra. En la práctica ha sido derogada. No existe. Y en ese momento no existe ley internacional. Y hay que aceptar también que lo máximo que el ser humano llegó a tener es una ley internacional a medias. Porque las Naciones Unidas nunca fueron un instrumento de decisión obligatoria. Siempre fue algo que usted si quería aceptaba y si no, lo rechazaba.

Es el fin de la multilateralidad.

Totalmente. Es el fin del multilateralismo, de lo que ellos llaman la agenda woke, de todas las conferencias de Naciones Unidas, de todo lo que significa derechos. Ellos quieren una súper oligarquía global, basada en la tecnología, la riqueza extrema y un pueblo inerme.

De acuerdo con el documento, Belaunde Aubry fue designado director de Paltarumi para el periodo 2026-2029, junto a otras seis personas. Sin embargo, en la declaración jurada que el ministro presentó ante Contraloría tras jurar al cargo el 28 de julio, en el espacio destinado a consignar el nombre y la profesión de su padre, escribió: "No labora".

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Consultado por Latina Noticias, Belaunde negó conocer algo al respecto. "No sé qué relación es. No sé si es una relación laboral, o tiene un cargo, o es miembro de un directorio. (…) No conozco las actividades de Paltarumi, no conozco al señor Pflucker", dijo.

Este caso se suma al que ya enfrentaba por los S/1,6 millones que Evangelina Arias, presidenta del directorio de Minera Poderosa, aportó a su campaña presidencial con el partido Libertad Popular. El ministro ha sostenido que ese dinero no provino de la empresa ni fue entregado a su persona, sino que Arias contribuyó "a título personal".

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Pese a la gravedad de la omisión, el presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), evitó cuestionar directamente a Belaunde. "Entiendo que un directorio no genera una relación laboral, es una información más pública la participación dentro del directorio, por lo que corresponde hacerle la consulta al ministro correspondiente", sostuvo, sin exigir explicaciones inmediatas ni anunciar alguna acción de fiscalización desde el Parlamento.

No es la primera vez que Belaunde anda cerca de una minera

No es la primera vez que a Belaunde se le vincula con favores hacia el sector minero. Más de 500 efectivos del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por Ejército y Policía, ocupan desde mayo de 2025 las instalaciones de la minera Poderosa en Hualanga, Vijus y Santa María: duermen, comen y se movilizan en las camionetas 4x4 de la empresa, según un informe de la Unidad de Investigación de La República. El ministro negó que su despacho le dé un trato diferenciado a la compañía, pero fotografías obtenidas por este medio muestran a militares formando fila en los comedores de Poderosa junto a los trabajadores de la minera.

El estatus se mantiene sin cambios desde los gobiernos de Boluarte, Jerí y Balcázar, y continúa bajo la actual gestión de Keiko Fujimori, quien designó a Belaúnde como ministro de Defensa pese a este antecedente.

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El financiamiento detrás de la relación

La dueña de Poderosa, Evangelina Arias Vargas, realizó ocho aportes por un total de S/1,480,000 a la candidatura presidencial de Belaúnde. La empresa confirmó que el CUPAZ usa sus instalaciones, pero negó que esto implique algún pago, contraprestación o control de la compañía sobre las decisiones de las fuerzas del orden.

La coincidencia entre el financiamiento electoral, el uso gratuito de la logística militar en territorio de Poderosa y ahora la omisión sobre el cargo de su padre en otra minera, Paltarumi, deja dudas que el ministro aún no ha logrado responder a la población.

El caso se remonta a 2019, cuando Beingolea habría concertado con funcionarios del Gobierno Regional del Callao para obtener la contratación y el pago de un servicio de asesoría legal que, según la imputación fiscal, no habría sido prestado de manera efectiva. Por esa orden de servicio, el GORE Callao le desembolsó 30 mil soles. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Callao pide, además, una reparación civil de 50 mil soles.

De acuerdo con Infobae, la Fiscalía sostiene que Beingolea no acreditó documentalmente los estudios y la experiencia exigidos en los términos de referencia, y que los tres informes legales presentados eran genéricos o correspondían a competencia de otras áreas jurídicas del gobierno regional. El ministro, sin embargo, ha insistido en que el trabajo sí se realizó y que cuenta con informes sellados, registros de visitas y testimonios que lo respaldan.

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La defensa buscó archivar el caso sin éxito

Según el reporte, la defensa de Beingolea intentó dos caminos para evitar que el caso llegara a juicio: pidió el archivo definitivo del proceso y también presentó un recurso para argumentar que los hechos, tal como están planteados, ni siquiera podrían constituir el delito imputado.

En el primero, argumentó que no existen comunicaciones, reuniones ni testigos que acrediten una concertación dolosa, y que las irregularidades detectadas serían, a lo mucho, defectos administrativos. También alegó que el ministro no participó en la etapa interna de la contratación.

El Juzgado rechazó el primer pedido, decisión confirmada por la Sala Penal de Apelaciones, que señaló que en los delitos de colusión la concertación no requiere prueba directa y puede acreditarse mediante indicios, respaldados en documentos de contratación, un informe de control, una pericia contable y declaraciones de consejeros regionales.

El segundo recurso también fue declarado infundado, al considerar que los argumentos de la defensa correspondían a una valoración de fondo propia del juicio oral, no de esa etapa procesal.

Beingolea apeló el auto de enjuiciamiento, pero su abogado no se conectó a la audiencia realizada la semana pasada, de acuerdo con lo reportado por Infobae.

Fuentes castrenses informaron que las autoridades del CEMAE, con conocimiento de la Comandancia General del Ejército, han cambiado de puesto a los oficiales y técnicos que no dan conformidad a los trabajos de overhaul a las aeronaves Mi rusas.

Por ejemplo, pese a que la contratista se comprometió a una fecha fija de entrega de los helicópteros, la jefatura del CEMAE aceptó otra ampliación. La enésima.

"La empresa indicó que el proceso (de entrega de los helicópteros) se inicia el 31 de agosto de 2026, lo que contradice el compromiso asumido en el Acta de Conciliación y el cumplimiento de la Ley de Contrataciones, toda vez que el plazo culminó el 26 de agosto de 2026. Por lo tanto, no tendría sentido aceptar dicha solicitud presentada por la empresa", señala un informe del mismo CEMAE.

Documentos de Milenium Veladi Corp. a los que tuvo acceso La República confirman la variación de las fechas de entrega de las aeronaves Mi.

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YA QUÉ IMPORTA

De acuerdo con las fuentes consultadas, oficiales responsables del Comité de Recepción y Conformidad de los helicópteros han sido cambiados de puesto por negarse a recibir las aeronaves overholeadas por Milenium Veladi Corp.

La República consultó con fuentes del Ejército si era cierto que el comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle Talledo, ordenó al CEMAE que le diera conformidad a los tres helicópteros reparados por los rusos.

"No es cierto. Los helicópteros aún permanecen en el CEMAE y no han sido entregados, no hay ninguna orden. Aún están en control de calidad", afirmaron las fuentes.

Como puede apreciarse, en la misma respuesta del Ejército se confirma que todavía no son recibidos los helicópteros por la falta de conformidad del CEMAE, pese a que el plazo ya expiró.

También indicaron que los cambios de colocación eran normales en el instituto militar y negaron que existiera una política de presión para darle conformidad a los trabajos de Milenium Veladi Corp.

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SOMBRAS EN LA NOCHE

Hay un incidente documentado que expone la existencia de anomalías en la recepción de los helicópteros, que son negadas por el Ejército.

El 27 de agosto del 2026, al día siguiente de que concluyó el plazo de entrega de los helicópteros, durante altas horas de la noche fueron sorprendidos dos técnicos en los talleres del CEMAE haciendo labores de reparación en el interior del helicóptero EP N° 654, aeronave que está en manos de Milenium Veladi Corp.

Uno de los efectivos fue identificado como el técnico de tercera, especialista en aviónica, Luis Camavilca Correa. Por coincidencia, Camavilca es miembro titular del Comité de Recepción y Conformidad del CEMAE, cuya misión es verificar que la contratista Milenium Veladi Corp. cumplió con el contrato y el acta de conciliación.

Es decir, Camavilca estaba al servicio del contratista de manera subrepticia.

Hay otro hecho de importancia.

Por otro lado, el 18 de agosto del 2026, el jefe del Servicio de Material de Guerra del Ejército (SMGE), general Enrique Garcés Solano, comunicó al jefe del CEMAE, coronel Elvis Velásquez Grández, el relevo del teniente del Servicio de Ciencia y Tecnología del Ejército (SCYTE) Enrique Pachas Ninamango, quien laboraba en esta dependencia en Arequipa.

Garcés informó que Pachas había sido destacado a la sede del SMGE en Lima.

En el documento del cambio de colocación no se indica que el traslado del teniente SCYTE Enrique Pachas se debió a que este reportó a sus superiores graves irregularidades en la entrega de los talleres y laboratorios a cargo de Milenium Veladi Corp., como está establecido en el contrato.

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CONFORMIDAD A LA FUERZA

La disposición del general Enrique Garcés se produjo apenas ocho días antes de que el 26 de agosto se venciera el último plazo para que Milenium Veladi Corp. entregara los tres helicópteros y la implementación de los talleres y laboratorios.

El teniente SCYTE Enrique Pachas era el presidente del Comité de Recepción y Conformidad de Talleres y Laboratorios del CEMAE. Y en cumplimiento de sus funciones detectó que había una serie de observaciones que impedían que el CEMAE diera su visto bueno.

Fuentes militares informaron a La República que las autoridades del SMGE y del CEMAE han tomado una serie de acciones para presuntamente permitir que sean admitidos los helicópteros overholeadas, sin que superen las observaciones interpuestas por los técnicos.

La panameña Milenium Veladi Corp. es representante en el Perú de la estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC).

El conflicto de la Federación Rusa con Ucrania, que estalló en 2022, restringe las actividades de la empresa NASC debido a las sanciones económicas y comerciales de la Unión Europea y Estados Unidos, lo que retarda gravemente el cumplimiento del contrato con el CEMAE. Las tres aeronaves del Ejército debieron entregarse en 2024.

Como lo ha señalado La República en una serie de reportajes de investigación sobre este caso, la cuestión de fondo no solo es el incumplimiento del contrato por parte de Milenium Veladi Corp.

Los documentos de esta empresa manifiestan interés en que el Ejército otorgue su conformidad al overhaul aplicado a tres helicópteros. Necesita completar el servicio y la aceptación del instituto castrense, porque se aproxima la contratación de la reparación total y la extensión horaria de 15 helicópteros.

En un afán de forzar la aceptación de los helicópteros reparados, el CEMAE accedió a que una de las aeronaves volara transportando una imagen de la patrona de Arequipa (sede del CEMAE), la Virgen de Chapi, el 15 de agosto.

Se trató del helicóptero Mi-171Sh-P, de matrícula EP 669, una de las máquinas que en esa fecha no había sido entregada al CEMAE, ni aceptada por los técnicos de esta entidad castrense.

Para Joseph Campos, abogado constitucionalista, la creación de esta Guardia Municipal podría dar paso a una duplicidad de funciones. Explicó que esto iría en contra de lo que señala la Constitución.

"Si la ‘Guardia Municipal’ es una mera denominación de lo que ya existe como serenazgo, no hay problema. El problema constitucional es que no debe existir duplicidad de competencias. El conflicto competencial precisamente es una prevención y remedio contra eso. La competencia municipal de brindar seguridad se hace con la cooperación de la PNP, como expresamente lo dice la Constitución. No es plenamente autónoma y no podría serlo. El combate del crimen, el control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno son competencias directamente establecidas en la Constitución para la PNP. Esa orden se traduce en la obligatoriedad para el Estado de asumir la formación a su costo y, de ahí, las escuelas de formación", indicó.

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Además, Campos indicó que tendrían que modificarse y crearse algunos marcos legales y constitucionales para que recién este nuevo cuerpo de seguridad pueda actuar sin contravenir el orden establecido.

“A diferencia de nosotros, los privados, que podemos hacer todo aquello que no está prohibido, el Estado solo puede hacer aquello para lo que está facultado. ¿La municipalidad puede crearlo? Sí. En el marco cooperativo actual, sin problema. Para asignarle tareas directas de combate contra el crimen, tendría que proveerle de herramientas legales y armas. Lo contrario sería exponer a los ‘guardias municipales’ a un martirio o poner en riesgo su seguridad. Eso exige modificaciones y precisiones de orden constitucional y legal”, sostuvo.

Criticas vienen también de otros políticos

Pero las críticas también vienen de otros sectores políticos. Fernando Rospigliosi, senador de Fuerza Popular, señaló que enviaría un oficio al Ministerio del Interior para calificar de ilegal la autorización para crear un nuevo cuerpo armado.

"El Municipio de Lima convoca concurso para constituir una ‘Guardia Metropolitana’ armada. Quiere formar una Policía paralela. Eso no solo es ilegal e inconstitucional, sino un gravísimo error. El Perú es una república unitaria, no un país federal. México tiene 1.800 cuerpos policiales, muchos controlados por los narcotraficantes y delincuentes. Ese es el ejemplo que hay que mirar. No se debe permitir una mayor fragmentación del país", apuntó en X (antes Twitter).

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Durante la presentación de estos agentes, Renzo Reggiardo aseguró que la iniciativa busca resguardar la seguridad de la ciudad y que contaría con el apoyo de Estados Unidos. En el acto también estuvo presente el embajador de ese país en Perú, Bernie Navarro. El alcalde no precisó bajo qué marco legal se regiría este nuevo cuerpo armado y respondió a las críticas formuladas por el parlamentario de Fuerza Popular.

"Esta no es una policía municipal. Me encantaría crear una, no tengan duda. Que no nos digan que no es constitucional o que solo aplica en países federados. Lo aprobado es una autorización a Emape para que brinde servicios de seguridad en sus instalaciones", señaló.

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Durante la conferencia, el gerente de Emape, Edgar Lara, señaló que cerca de cinco empresas implementarían 250 buses y que está previsto que estas unidades de transporte trabajen bajo el resguardo de este nuevo personal de seguridad.

De acuerdo con la información preliminar, la empresa Ferbicons Constructores S.A.C. obtuvo un contrato por S/349.000 para la instalación de grass sintético. El alcalde habría solicitado inicialmente el 10% del monto, equivalente a unos S/34.900, a cambio de agilizar el pago correspondiente. Posteriormente, el monto habría sido reducido a S/30.000.

El pedido de dinero habría quedado registrado en un audio, evidencia que fue entregada a las autoridades luego de que uno de los representantes de la empresa denunciara el hecho.

Tras la denuncia, el fiscal anticorrupción Wilima Otazú dispuso la intervención en la sede de la Municipalidad Distrital de Huacullani. La entrega del dinero se habría concretado dentro del local municipal.

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Dos trabajadoras también fueron detenidas

Durante el operativo también fueron intervenidas Marga Clared Mamani Chambilla, asistente de la unidad de Tesorería, y Rocío Ana Flores Maquera, tesorera de la comuna.

Según la información recogida en la diligencia, Mamani Chambilla tenía en su poder el dinero que presuntamente había sido solicitado por el alcalde. Además, los investigadores encontraron comunicaciones entre ella y Apaza Mamani a través de WhatsApp que serían materia de investigación.

Las dos trabajadoras habrían atribuido al alcalde la responsabilidad por el pedido de dinero, aunque no habrían brindado mayores detalles sobre cómo se habría coordinado la presunta entrega de la coima.

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Alcalde y trabajadoras evalúan terminación anticipada

Fuentes del Ministerio Público señalaron que, ante las evidencias recogidas durante la intervención, los tres investigados habrían reconocido los cargos que se les atribuyen y estarían evaluando acogerse a la terminación anticipada.

Esta figura permite que un investigado acepte responsabilidad y llegue a un acuerdo con la Fiscalía sobre la pena y la reparación civil, a cambio de una reducción de la sanción. La eventual aplicación de este mecanismo deberá ser evaluada y aprobada por el Poder Judicial.

La investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los intervenidos y establecer las circunstancias en las que se habría solicitado y entregado el dinero.