De acuerdo con las bases, las inscripciones se realizarán del 2 al 8 de mayo. Coincidentemente, en medio de ese periodo —el 7 de mayo— culminará el recuento de votos a cargo de los Jurados Electorales Especiales (JEE). El 18 de mayo se publicará la lista de postulantes aptos para la siguiente etapa, correspondiente a la evaluación de conocimientos.

Los resultados de esa prueba se conocerán el 21 de mayo, tras lo cual se iniciará de inmediato la evaluación curricular. En esta fase, las personas candidatas deberán presentar su hoja de vida y las investigaciones que hayan realizado. No obstante, recién el 8 de junio se publicará la relación de quienes avancen a la evaluación del plan de trabajo.

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Esta última fecha es clave: es un día después de los comicios de la segunda vuelta y la ONPE estará en su segundo día de conteo de votos para definir al siguiente presidente del Perú. Posteriormente, el 16 de junio se conocerá qué postulantes accederán a la etapa final de entrevista personal. En esta parte, con el antecedente del 2021, la ONPE aún no habría llegado al 100% de actas contabilizadas y todavía habría impugnaciones de actas de escrutinio de las mesas de sufragio.

El 2 de julio se difundirán las calificaciones finales, el cuadro de méritos y los resultados de la votación del Pleno de la JNJ. Al día siguiente, el 3 de julio, se llevará a cabo la juramentación del nuevo jefe de la ONPE, quien reemplazará a Piero Corvetto y asumirá el cargo por un periodo de cuatro años.

En ese contexto, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, será el encargado de conducir la organización de la segunda vuelta electoral, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. La responsabilidad recaerá en el reemplazante temporal de Corvetto hasta que asuma el titular de la institución.

El proceso de selección estará a cargo de los miembros del Pleno de la JNJ: María Teresa Cabrera Vega (presidenta), Víctor Chanduví Cornejo (vicepresidente), Gino Ríos Patio, Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, Germán Serkovic González y Cayo Galindo Sandoval.

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Elección acelerada del nuevo jefe de la ONPE

A diferencia del 2020, la elección del nuevo jefe de la ONPE de este año se realizaría en casi la mitad de tiempo.

Si se comparan las fechas, en el 2020 el proceso se inició con la publicación de la convocatoria el 22 de mayo, mientras que la juramentación se llevó a cabo el 31 de agosto. En total, la designación de Piero Corvetto tomó 101 días.

En cambio, para el proceso actual, el plazo se ha reducido de manera significativa, en aproximadamente 35,64%. La convocatoria fue difundida este miércoles 29 de abril a través del diario oficial El Peruano, y la juramentación está prevista para el viernes 3 de julio. Es decir, la selección del reemplazo de Corvetto se concretaría en 65 días.

Es decir, la nueva selección tomará más de un mes menos (36 días).

Los plazos de selección se acortaron a diferencia del 2020

El acortamiento del proceso se debe a la reducción de los plazos en varias etapas del concurso.

En el 2020, el periodo de inscripción y presentación de documentos de aptitud duró 7 días, mientras que en el proceso actual se redujo a 6. La evaluación de conocimientos, que anteriormente se extendía durante tres días consecutivos, ahora se realizará en una sola jornada.

En la etapa de evaluación curricular, el plazo para la interposición de recursos de reconsideración pasó de 4 días en el 2020 a solo 2 días en la presente convocatoria. Asimismo, la publicación de resultados, que antes se realizaba 7 días después, ahora se efectuará en 5 días.

Respecto de la evaluación del plan de trabajo, la sustentación ordenada alfabéticamente tomó 5 días en el 2020, mientras que este año se concentrará en una sola fecha. De igual forma, las pruebas de confianza (psicológicas y psicométricas), que antes se desarrollaban en 4 días, ahora se aplicarán en un solo día.

Además, la JNJ fijó que las entrevistas personales, que en el 2020 se realizaron en tres días, este año se lleven a cabo en una sola jornada. Es más, la juramentación, que anteriormente se efectuaba seis días después de culminadas las entrevistas, ahora se realizará al día siguiente.

El documento fue presentado formalmente a Manuel Chuyo Zavaleta, juez de investigación preparatoria. “Por medio del presente escrito, renuncio a defensa técnica, debiéndose dejar sin efecto alguno el domicilio procesal y Casilla SINOE, así como medios alternativos de comunicación”.

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El 28 de abril, el Juzgado de Investigación Preparatoria resolvió comunicar al exjefe de la ONPE la renuncia de su abogado para que designe a otra defensa particular o se le asigne una de oficio. “Notificar al domicilio real del investigado Piero Alessandro Corvetto Salinas la renuncia de su abogado, a fin que en el plazo de 24 horas de notificado, cumpla con designar una defensa particular nueva, bajo apercibimiento, caso de no hacerlo le será designado la defensa pública”, se lee.

Esta renuncia se conoce tras la reciente solicitud de la Fiscalía para que se prohíba la salida del país de Corvetto, así como la apelación para que se detenga al extitular de la ONPE y a otros funcionarios vinculados con la investigación.

Sobre el pedido que prohíbe su salida del Perú, este fue realizado por el fiscal Raúl Martínez, quien forma parte de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El magistrado pidió al Poder Judicial impedir que Corvetto salga del país durante 18 meses. El Ministerio Público informó que los detalles y la justificación de la solicitud se sustentarán este jueves, a las 11.00 a. m., por el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción.

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La Fiscalía también presentó un recurso de apelación para que se detenga a Piero Corvetto junto con otros tres funcionarios de la ONPE que estuvieron involucrados en las fallas logísticas del 12 de abril. Estos son José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE; y el gerente de la empresa proveedora, Juan Charles Alvarado Pfuyo. Además, pidió que se levante el secreto de las comunicaciones, con el fin de continuar las investigaciones.

El estudio de abogados Arbizu y Gamarra asumirá la defensa de Piero Corvetto

Tras la renuncia del abogado Ricardo Sánchez Carranza a la protección legal de Piero Corvetto, el estudio jurídico Arbizu y Gamarra anunció que asumirían la defensa del extitular de la ONPE.

Mediante un comunicado, difundido a través de la red social X, el estudio de abogados manifestó que su decisión se da en aras de que se respete el proceso de la investigación de manera objetiva y con todas las garantías constitucionales.

“Ejerceremos una defensa técnica, rigurosa y garantista frente a cualquier intento de convertir una investigación en condena anticipada o de promover medidas desproporcionadas al margen de la objetividad que exige el Estado constitucional de Derecho”, se lee.

Los resultados también muestran otros hallazgos relevantes. Según la diferenciación ideológica de los encuestados, el 88% de quienes se identifican con valores asociados a la derecha está a favor de una hoja de ruta. Asimismo, el 86% de los encuestados de Lima Metropolitana respalda esta medida. A nivel de macrozonas, Lima y el norte del Perú concentran el mayor respaldo a la firma de este compromiso.

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La hoja de ruta también es bien valorada por los jóvenes. El 90% de los encuestados de entre 18 y 29 años se muestra a favor de que los candidatos en segunda vuelta asuman este compromiso. En cuanto a la diferenciación por género, las mujeres registran mayor aprobación: el 88% está a favor de la medida.

El interés en la política también influye. El mayor nivel de rechazo a la firma de una hoja de ruta se encuentra entre quienes declaran estar muy interesados en la política: el 14% de este grupo está en contra. En cambio, el 89% de quienes se consideran 'algo interesados' en temas políticos se muestra a favor del compromiso.

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Los sectores socioeconómicos A y B son los que presentan mayor respaldo a la firma de una hoja de ruta: el 89% de los encuestados de estos estratos se muestra a favor. Muy cerca, el sector C también respalda la medida con un 86%.

¿Qué es una hoja de ruta?

La 'hoja de ruta' es el nombre que reciben los documentos de planificación firmados por un candidato presidencial ante la eventual posibilidad de asumir la presidencia del Perú. Este compromiso busca asegurar que su accionar político se oriente hacia una línea no radical, con reformas que no alteren de forma significativa el funcionamiento de las instituciones.

La hoja de ruta suele plantearse cuando los candidatos presentan propuestas que rompen con los modelos vigentes, especialmente en materia económica. En su plan de gobierno, el candidato Roberto Sánchez ha planteado la reestructuración del modelo económico peruano, lo que ha generado preocupación en sectores cercanos al centro y la derecha.

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El término 'hoja de ruta' se popularizó tras la experiencia de 2011 con la candidatura de Ollanta Humala. Luego de que el candidato nacionalista pasara a segunda vuelta con Keiko Fujimori, diversos sectores criticaron su plan de gobierno —denominado 'La Gran Transformación'— por proponer el abandono del modelo económico vigente y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

En ese contexto, se elaboró el documento 'Lineamientos de política económica y social para un gobierno de concertación nacional', que reemplazó el planteamiento económico original. Este texto fue conocido mediáticamente como la 'hoja de ruta' y formó parte de la estrategia para presentar a Humala como una opción más moderada frente a otros sectores del electorado.

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El término volvió al debate público cuando Pedro Castillo pasó a segunda vuelta también frente a Keiko Fujimori en las Elecciones Generales de 2021. En ese contexto, la propuesta económica de Perú Libre también generó preocupación en sectores del centro y la derecha. El partido liderado por Vladimir Cerrón planteaba la reformulación del modelo económico y la redacción de una nueva Constitución.

A diferencia de Ollanta Humala, Castillo no firmó públicamente una hoja de ruta e, incluso, durante sus primeros meses de gobierno, llegó a afirmar que no lo haría. Sin embargo, en la práctica, el expresidente no logró concretar estas propuestas durante el año y medio que duró su mandato.

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La hoja de ruta no es una exigencia dirigida únicamente a candidatos de izquierda. En 2021, desde la vereda opuesta a la de Pedro Castillo, Keiko Fujimori firmó un compromiso en el que aseguró que respetaría la independencia institucional y la separación de poderes del Estado.

La candidata de Fuerza Popular también fue cuestionada entonces por algunos de sus técnicos en economía y salud, como Jorge Baca Campodónico y Ernesto Bustamante, respectivamente. Sin embargo, no realizó cambios al respecto.

“En general, la ciudadanía es proclive a contemplar un gobierno más moderado”

Para José Alejandro Godoy, politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), una hoja de ruta es percibida como una alternativa favorable ante candidatos con posturas más radicales.

“La hoja de ruta es atractiva porque, en general, la ciudadanía es proclive a contemplar un gobierno más moderado y que resuelva sus problemas, así como a limar aspectos polémicos de los programas de los candidatos”, señaló.

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Godoy precisó que este tipo de documento podría incluir aspectos más allá de la separación de poderes y el respeto a la autonomía institucional: “Podría incluir aspectos vinculados a la estabilidad macroeconómica, el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de tratados internacionales, la derogatoria de leyes procrimen y el compromiso con un periodo de gobierno estable”, indicó.

El especialista consideró además que es posible que los candidatos que pasen a segunda vuelta firmen una hoja de ruta, aunque advirtió que el principal problema no es la firma, sino el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Entre optimistas y pesimistas, el panorama es equilibrado: para el 29% de los encuestados, este Congreso entrante será mejor, mientras que otro 29% opina que será peor. Un 9% de los encuestados no expresó opinión al respecto.

Al analizar los datos en detalle, surgen algunos aspectos relevantes. Uno de los más llamativos es que la percepción de que no habrá cambios es considerablemente mayor entre los jóvenes. El 42% de los encuestados de entre 18 y 29 años considera que el Congreso entrante no presentará diferencias significativas respecto del actual Parlamento.

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A nivel socioeconómico, también se observan tendencias. Los sectores A y B, que agrupan a los mayores ingresos, muestran una alta percepción de continuidad: el 42% de los encuestados de estos estratos considera que nada cambiaría.

En cuanto a la ideología política, el 37% de los encuestados que se identifican con la derecha considera que el nuevo Parlamento será mejor. En contraste, entre quienes se identifican con la izquierda, el 35% opina que no habrá cambios.

Por nivel educativo, el 33% de quienes cuentan con educación básica considera que el Congreso entrante será mejor. En cambio, el 38% de quienes tienen educación superior cree que todo se mantendrá igual. Ambos son los porcentajes más altos dentro de sus respectivos grupos.

Las personas con mayor interés en la política tienden a ser más optimistas. El 34% de quienes afirman estar muy informados sobre la coyuntura nacional considera que el nuevo Congreso será mejor. En tanto, el 40% de quienes declaran tener un interés moderado en la política cree que todo seguirá igual.

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Entre Lima Metropolitana y el Perú urbano, la percepción sobre el nuevo Congreso es similar: en ambos casos predomina la idea de que no habrá cambios (33% y 32%, respectivamente). En las zonas rurales, en cambio, la opinión es ligeramente más positiva: el 31% considera que será mejor, frente a un 29% que cree que será igual y un 28% que estima que será peor.

Por macrozonas, los más optimistas se ubican en el norte del país: el 33% considera que el Congreso bicameral será mejor. En contraste, en el sur predomina una visión más crítica: el 36% opina que el nuevo Parlamento será peor.

En cuanto a las diferencias por sexo, no se observan brechas significativas. Tanto hombres como mujeres consideran mayoritariamente que el Congreso será similar al actual: el 33% de los hombres y el 31% de las mujeres comparten esta percepción.

Congresistas reelectos hablan del tema

La congresista Ruth Luque, integrante de la Bancada Democrática Popular y virtual senadora por Ahora Nación, sostuvo que esta percepción ciudadana responde, en gran medida, a la experiencia reciente con un Congreso que no ha estado a la altura de las demandas del país.

'Hemos visto una agenda muchas veces alejada de las principales preocupaciones de la población, así como prácticas que han debilitado la confianza en la institución, como el uso inadecuado del poder, la falta de transparencia y decisiones que han priorizado intereses particulares por encima del bien común. Un ejemplo de ello son las leyes procrimen. Además, la inestabilidad política constante y el rompimiento del equilibrio entre poderes del Estado han contribuido a generar una sensación de continuidad negativa, incluso de un parlamentarismo autoritario', señaló Luque a La República.

Luque agregó que la bicameralidad aún no responde a las demandas ciudadanas: 'Para muchas personas, no existen señales claras de que el nuevo Congreso vaya a marcar un cambio sustantivo en la forma de hacer política. La ciudadanía percibe que la bicameralidad, junto con las reformas electorales, ha sido diseñada por partidos como el fujimorismo para asegurar su continuidad. Sin embargo, este contexto también representa una oportunidad para reconstruir la confianza, apostar por una agenda centrada en derechos, en la lucha contra la corrupción y en responder de manera efectiva a las necesidades urgentes de la ciudadanía', apuntó.

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Indira Huilca, quien fue congresista durante el periodo 2016-2019 y ahora es virtual diputada por Ahora Nación, sostuvo que la percepción de que nada cambiará en el Parlamento se explica, en parte, por la eventual mayoría que alcanzarían bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular en conjunto dentro de la Cámara Alta.

'Mucha gente en el país es consciente de que el Congreso ha sido rediseñado a gusto de los partidos que hoy están en el poder. La bicameralidad se ha impuesto como parte de ese proceso. Se trata de una transformación institucional que profundiza el desequilibrio de poder existente. Además, la ciudadanía percibe que la presencia del fujimorismo y de la bancada vinculada a López Aliaga en el Senado seguirá generando inestabilidad. La gente intuye cuál será su rol y sabe que no estará orientado al respeto de las leyes', indicó Huilca a este medio.

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'Creo que el pesimismo y el optimismo estén igualados es una buena señal'

Para el politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Alonso Cárdenas, existen razones para una lectura más optimista de los resultados. Si bien las estadísticas muestran que una mayoría de peruanos considera que no habrá cambios entre el actual y el próximo Congreso, en un análisis más amplio estos datos pueden interpretarse de forma positiva.

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'Creo que el pesimismo y el optimismo estén igualados es una buena señal. Históricamente, en el Perú, la percepción sobre el Congreso ha sido mayoritariamente negativa. Que hoy exista un equilibrio entre expectativas positivas y negativas representa un avance. El hastío sigue siendo alto y las cifras pueden parecer desalentadoras, pero no lo son tanto como se esperaba. Desde mi perspectiva, se vislumbra una leve mejora'.

Cárdenas interpreta las cifras con cautela, pero también con optimismo: 'Muchos de los partidos más repudiados por la opinión pública, como APP, Perú Libre o Podemos Perú, no han superado la valla electoral. Esto ha generado alivio y satisfacción en la población. En el papel, se presume que varios de los nuevos diputados y senadores presentan un mejor perfil ético, especialmente los de Ahora Nación y Buen Gobierno', señaló.

“Cuando tengamos resultados oficiales definitivos, tomaremos un punto de vista. Nosotros vamos a esperar a que el JNE dé su veredicto (…) Mientras no se pronuncie, no tenemos resultados oficiales”, indicó.

La respuesta de Nieto se da en el contexto de las posibles alianzas que se formarían de cara a la segunda vuelta. Algunos candidatos ya muestran su respaldo al candidato presidencial Roberto Sánchez. Tal es el caso del excandidato Ronald Atencio, quien señaló que “sean los compañeros de Juntos por el Perú (JP) con Sánchez a la cabeza los que le disputen el voto a la señora Keiko”.

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Además, López-Chau, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara rechazaron alianzas con el fujimorismo, por lo que su respaldo quedaría dirigido al candidato que enfrente a la lideresa de Fuerza Popular. Hasta el momento, Roberto Sánchez sobrepasa a López Aliaga con más de 25.500 votos, al 96.822%, de acuerdo con la página oficial de la ONPE.

Nieto solicita auditoría del conteo de votos

Tras las fallas logísticas registradas durante los comicios, el líder del Partido del Buen Gobierno hizo el pedido de una auditoría técnica para conocer cómo se realiza el conteo de los votos. “Es una auditoría no a los votos, sino a la forma en la que se cuentan los votos”, sostuvo.

Nieto indicó que su pedido no cuestiona las elecciones. Por el contrario, el excandidato busca que los ciudadanos confíen en el proceso por medio de esta auditoría. “Necesitamos darle legitimidad al proceso. Necesitamos que la ciudadanía confíe en lo que está ocurriendo en los organismos electorales y la única forma de hacerlo es una auditoría técnica”.

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El exministro de Cultura dijo, además, que la medida no perjudica el cronograma del proceso, ya que la auditoría no tarda más de una semana.

El líder del Partido del Buen Gobierno sostiene que la renuncia de Piero Corvetto es ilegal

La renuncia de Piero Corvetto, el pasado 21 de abril, a raíz de la demora en la apertura de las mesas de sufragio, ha sido cuestionada porque va en contra de lo que se indica en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE.

“El cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es irrenunciable durante un proceso electoral, a menos que exista un impedimento debidamente fundamentado”. Sobre esta norma, el excandidato presidencial indicó que tanto la renuncia como su aprobación por la Junta Nacional de Justicia son ilegales.

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“La renuncia de Corvetto es ilegal y la aceptación de la renuncia por parte de la Junta Nacional de Justicia es ilegal. Por tanto, han actuado los dos con ilegalidad. (…) tanto la renuncia como la aceptación son ilegales”, sostuvo.

En esa línea, Jorge Jáuregui, experto en Derecho Constitucional y Electoral, señaló que Corvetto no debió haber renunciado porque hay una garantía en el Estado de derecho destinada a proteger la voluntad popular y asegurar la independencia de las autoridades encargadas de los comicios, según indicó el especialista vía RPP.

No descarta postular al gobierno regional de Arequipa

Sobre una posible postulación al gobierno regional de su ciudad natal, el candidato dijo que aún no lo tenía claro, pero que no descartaba evaluar esa opción. “En su momento, se decidirá. Ni encarto, ni descarto”. Además, el sociólogo también confirmó que su partido participaría en las elecciones nacionales en Arequipa. “Ya tenemos listas propuestas. Ya existen candidatos”, expresó.

Según confirmaron autoridades del Ministerio Público, el caso excede el ámbito de la fiscalía provincial y es abordado de manera articulada por una fiscalía supraprovincial, en un esquema que busca reconstruir no solo el hecho en sí, sino también el entramado previo.

Uno de los ejes centrales de la investigación está puesto en los cuadernos de control de registros de ingreso y salida de vehículos y de personas en las inmediaciones de la localidad de Campo Armiño. También, en el análisis de los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia en garitas de control.

Pero también dispusieron la aplicación del Protocolo de Minnesota a los cuerpos de las víctimas. Esto será fundamental para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden.

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Este protocolo sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas es un conjunto de directrices internacionales de la ONU para investigar ejecuciones extrajudiciales, torturas o muertes sospechosas bajo custodia.

Su objetivo es proteger el derecho a la vida, garantizar investigaciones independientes, imparciales y efectivas, y asegurar la rendición de cuentas.

Se aplica a cualquier muerte sospechosa en la que el Estado pueda ser responsable, incluidas desapariciones forzadas, muertes bajo custodia o por uso excesivo de la fuerza.

La versión del 2016 actualiza el protocolo original de 1991, lo adapta a los estándares internacionales modernos de derechos humanos y debe iniciarse de inmediato para evitar la pérdida de pruebas.

La diligencia es exhaustiva en la recolección de pruebas, entrevistas y análisis forense. Establece pautas para la preservación de la escena del crimen, la exhumación de cadáveres, la realización de autopsias (siguiendo modelos estándar) y la cadena de custodia de evidencias.

En cuanto a la protección de testigos, incluye medidas para proteger tanto a los familiares de la víctima como a los propios investigadores.

Este instrumento es considerado una norma de buenas prácticas jurídicas y forenses, utilizada con frecuencia por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la actuación estatal.

Fiscalía no presenta pedido de detención preliminar

Tras vencer la detención por flagrancia, el capitán Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova salieron en libertad, luego de que la Fiscalía Provincial Penal de Tayacaja no presentara el pedido de detención.

La fiscal Zina Romero Chávez inició una investigación preliminar contra ocho militares por el presunto delito de homicidio calificado; sin embargo, todos los involucrados afrontarán el proceso en comparecencia.

El testigo Ricardo Acuña Quispe, quien se retractó sobre el transporte de droga, también permanecerá en libertad junto con Eber Soto Quispe y Jhonatan Águila Gutiérrez, los otros jóvenes que estuvieron en la camioneta y resultaron heridos.

Las investigaciones siguen avanzando para esclarecer la ferocidad del ataque que ejecutaron las Fuerzas Armadas. El peritaje de absorción atómica practicado a las víctimas dio como resultado que ellas no realizaron ningún disparo con arma de fuego.

Por el contrario, la misma prueba a la que fueron sometidos los militares confirma el uso excesivo de sus armas, debido a que la camioneta en la que viajaban los jóvenes presenta 60 impactos de bala en diferentes ángulos, cuyos proyectiles provienen de fusiles de largo alcance.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) sostiene que la patrulla del Ejército intervino la camioneta Toyota 4x4 porque sus ocupantes estaban vinculados a redes del narcotráfico y que hicieron uso de sus armas "en legítima defensa".

El hecho de sangre ocurrió pasada las 11 de la mañana del miércoles 29 de abril, en la prolongación Juan Pablo II, en el distrito de Víctor Larco.

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Cámaras captaron el ataque

Según las imágenes de las cámaras de la zona, la víctima recibió al menos cinco disparos tras salir del local partidario y subir a una camioneta blanca. Las balas le impactaron en la cabeza y lo dejaron gravemente herido. Los atacantes llegaron en un auto y, tras cometer el crimen, huyeron con rumbo desconocido.

Tras lo ocurrido, personal de Serenazgo y miembros de la Policía llegaron al lugar del crimen para trasladar al herido al Hospital Regional, donde lamentablemente llegó sin signos de vida.

Finalmente, los efectivos de Investigación Criminal iniciaron las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables del crimen.

El oficio se presentó el 28 de abril y está dirigido a la presidenta de la Comisión Karol Paredes Fonseca. El ministro también sostuvo que iría acompañado de su equipo del sector Defensa.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente, a fin de solicitar a su Presidencia concederme la oportunidad de asistir con el equipo del sector Defensa a la siguiente Sesión Ordinaria dela Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Droga”.

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En el documento también se detalla que Flores Carcagno informará sobre el accionar del Ejército y su relación con las muertes en Colcabamba. Además, precisó que reportará los avances y el desarrollo de las investigaciones del caso.

“Con el objeto de dar a conocer lo actuado por las Fuerzas Armadas respecto de los hechos acontecidos en el distrito de Colcabamba de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; así como, los avances preliminares en las investigaciones del caso”.

Cabe precisar que el ministro ya ha sido citado ante la Comisión de Defensa Nacional, pero para que responda por la compra de los aviones F-16 Block 70 junto con el canciller y el premier, Luis Arroyo. Sin embargo, el día de la sesión no se presentó ninguno. Esta ausencia fue cuestionada por la presidenta de la comisión, quien consideró que se debería tomar como prioridad la soberanía del país.

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“[Los 3 funcionarios] deberían haber asistido porque la población necesita respuestas concretas, respuestas claras. (…) El tema de nuestra soberanía es sumamente urgente”, señaló la parlamentaria.

La congresista también indicó que habría una reprogramación el lunes. “Nosotros estamos quedando que el lunes vamos a tener la sesión. Vamos a solicitar”, afirmó.

Controversias sobre lo sucedido en Colcabamba

El sábado 25 de abril, se registró la presencia de ocho militares en el sector Puente Mellizo, en el distrito de Colcabamba. Los agentes se trasladaron al lugar por un operativo que advertía sobre una camioneta vinculada con redes del narcotráfico. La versión de las Fuerzas Armadas indica que, al momento de interceptar el vehículo, tuvieron que abrir fuego al advertir que las personas dentro de la unidad usaron armas de fuego para evitar su detención. Este enfrentamiento acabó con la vida de cinco civiles.

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La versión del Ejército es distinta a la de Ricardo Acuña Quispe, persona que también estaba dentro del vehículo, pero que logró escapar y esconderse hasta que llegaran representantes de la Fiscalía. La víctima indicó que no se trasladaba droga ni armamento. Además, dijo que la patrulla militar disparó a matar contra la camioneta en la que viajaban ocho personas, luego de que el conductor no hiciera caso a la orden de alto. De los ocho pasajeros, tres se salvaron del fatídico destino, incluido él, según informó la Unidad de Investigación de La República.

En esa línea, la versión del Ejército aún está en investigación, al no hallarse droga ni armamento en el vehículo que interceptaron. Anthony Crespo, abogado de los familiares de las víctimas, también discrepó con la versión de los militares. Crespo sostuvo que se ha matado a cinco jóvenes inocentes y que los exámenes para identificar si las víctimas tuvieron contacto con clorhidrato de cocaína salieron negativos.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

De acuerdo con el comunicado difundido en las redes sociales del Ministerio Público, los fiscales revisarán los contratos realizados con los proveedores de servicios vinculados a los comicios generales.

La acción fiscal se lleva a cabo junto con los agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La actividad fiscal forma parte de la investigación que realiza el Ministerio Público por el presunto delito de colusión agravada. La indagación alcanza al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a exfuncionarios del ente judicial como José Samamé y otros implicados.

Fiscalía realiza diligencias en la ONPE

La diligencia de la Fiscalía comenzó con el registro del equipo de fiscales —liderado por el fiscal provincial Reynaldo Abia— en el módulo de admisión de la ONPE.

El fiscal Abia solicitó hablar con el encargado del ente electoral, Bernardo Pachas, y explicó los motivos de la presencia del Ministerio Público en las instalaciones de la ONPE. En su intervención, Abia le comentó a Pachas la importancia de cuidar las instituciones del Estado.

Fiscalía pide 18 meses de impedimento de salida del país para exjefe de la ONPE

Las diligencias se realizaron minutos después de que la Fiscalía informó que el jueves 30 de abril sustentarán el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto.

La solicitud se hace por las investigaciones abiertas contra el exjefe de la ONPE por presuntos actos de corrupción relacionados con la conducción del proceso electoral del 12 de abril.

Según informó el Ministerio Público, la medida también involucra a otros exfuncionarios de la ONPE y a personas vinculadas al proceso electoral, entre ellos José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores. Todos son investigados por supuestas irregularidades en el contrato adjudicado a la empresa Gálaga, encargada de la distribución del material electoral.

La hipótesis fiscal plantea que la selección de dicha empresa habría sido direccionada. Esto, debido a cuestionamientos sobre la evaluación aplicada tanto a Gálaga como a las demás compañías participantes. De acuerdo con los investigadores, los criterios utilizados en el proceso habrían favorecido de manera directa a la empresa adjudicataria.

No hemos trasladado nada de droga, ni armamento, es completamente falso”, manifestó Ricardo Acuña Quispe, natural de Yauli, Huancavelica. Acuña es uno de los tres sobrevivientes de la matanza de Colcabamba.

Una patrulla militar disparó a matar contra una camioneta 4x4 en la que viajaban ocho ocupantes, luego que el conductor hizo caso omiso a la voz de alto. Ricardo Acuña Quispe, Jhonatan Águila Gutiérrez y Eber Soto Quispe salvaron de morir. Los otros cinco recibieron múltiples impactos de bala de fusiles de asalto y sus cuerpos quedaron atrapados en el vehículo.

En un principio, circuló el acta de una declaración de Ricardo Acuña a la fiscal antidrogas Jannett Carrillo Callahua, sobre lo sucedido a las 4 y 30 de la mañana del sábado 25 de abril. El grupo de ocho regresaba de jugar futbol y se dirigían al distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica). Cuando en el trayecto se encontraron con una patrulla del Ejército, y se le hizo una seña de detenerse, el conductor colombiano, Nilson Montenegro Valencia, desobedeció y continuó camino. Es entonces que dispararon a la camioneta.

En su primera declaración ante la fiscal Carrillo, Ricardo Acuña reconoció que algunos miembros del grupo habían participado en el traslado de droga como “mochileros”, y que en su caso había recibido un pago de S/1.300 por haber trasladado 13 kilos de pasta básica de cocaína.

Pero Ricardo Acuña cambió de historia ante el fiscal Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, Zina Romero Chávez. Negó que alguno de los ocho viajeros estuviera relacionado con el narcotráfico.

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Una versión diferente

“Fuimos atacados por los militares cuando estábamos volviendo del distrito de Pucacolpa, provincia Tayacaja (Huancavelica). Nos han agarrado a balazos. Estábamos volviendo con mis primos (el herido Eber Soto Quispe y el fallecido William Núñez Soto). Los militares nos esperaron con ropa de civil, nosotros no pensábamos que eran militares, estaban encapuchados. Por eso el chofer (el colombiano Nilson Montenegro Valencia) quiso escapar, porque pensaba que eran rateros”, declaró Ricardo Acuña en un video grabado por su abogado Anthony Crespo Barrionuevo.

El abogado de las familias de las víctimas, consultado por La República, validó el testimonio de Ricardo Acuña Quispe. Señaló que fue coaccionado a declarar sin la presencia de su abogado, y ante efectivos armados del Ejército.

“Yo pensaba que eran rateros, por eso me escondí. Cuando vi que iba llegando una patrulla de militares, me sentí seguro, por eso me entregué a ellos. En esos momentos fui amenazado y obligado para hablar esas cosas (la primera declaración ante la fiscal Carillo), porque no han encontrado nada en el carro. Nosotros no hemos trasportado ni droga, ni armas, por eso motivo los militares me han amenazado con arma, diciéndome: ‘Te vamos a disparar, te vamos a meter bala’.

Nosotros somos inocentes. A mí me han querido utilizar como sustento, que yo llevaba droga”, explicó Ricardo Acuña, según el video.

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Dispararon a matar

Maribel Águila Gutiérrez informó a La República que su hermano Jhonatan Águila Gutiérrez (24 años, natural Ayahuanco, Huanta, Ayacucho), le dijo que los militares descargaron sus fusiles de asalto contra la camioneta sin motivo alguno.

Maribel Águila, quien también es madre del joven Christian Vilcatoma Águila, abatido en el confuso operativo antidrogas, aclaró que tío y sobrino salieron del distrito de Pucacolpa, ubicado en la provincia ayacuchana de Huanta con dirección a Colcabamba, para participar en un evento deportivo.

“Los del Ejército dispararon de frente a matar, cuando se desplazaban en la camioneta. Una de las balas impactó en la cabeza del conductor (el colombiano Nilson Montenegro Valencia), quien terminó estrellándose entre los arbustos”, relató Jhonatan Águila a su hermana.

El sobreviviente se encuentra internado en el hospital de Tayacaja.

Maribel Águila indicó a este diario que su hermano Jhonatan se hizo el muerto para que los militares no le remataran a balazos.

“Mi hermano Jhonatan se encontraba en la parte posterior de la camioneta y mi hijo Christian Vilcatoma Águila) se ubicó en el asiento del copiloto. Al ver que las balas habían matado al chofer y al resto de sus amigos, uno de los militares abrió la puerta posterior y empezó a gritar: ‘¡Mierda, no hay nada en el carro! Y empezaron a sacar los cuerpos del vehículo”, le relató Jhonatan Águila a su hermana Maribel Águila.

El abogado de los familiares, Anthony Crespo Barrionuevo, insistió en la invalidez de la primera declaración de Ricardo Acuña Quispe ante la fiscal Jeannette Carrillo.

“El acta de la entrevista a mi defendido Ricardo Acuña, que se difunde en las redes sociales, carece de validez porque el testigo fue abordado e intimidado por los militares”, aseguró Crespo.

“Los militares insistieron en que él dijera lo que querían escuchar. Que había transportado droga con el objetivo de justificar la operación militar”. indicó el abogado.

Por su parte, fuentes de Inteligencia de la Dirección Antidrogas señalaron a La República que la intervención militar en Colcabamba se sustenta en una carpeta fiscal que investiga a una organización criminal, dedicada al transporte y acopio de cocaína, procedente de la zona de producción del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

“Hay una carpeta fiscal que se está trabajando con la fiscalía antidrogas de Huancayo. Se trata del trasteo de cocaína en grandes cantidades que viene del VRAEM y que son trasladados por una red de ‘mochileros’”, señalaron las fuentes de la Dirandro.

La fuente explicó que un equipo especial de la Dirandro coordinaba con el Ejército para la intervención de un cargamento de droga, que iba a pasar precisamente por el sector Puente Mellizos, que limita con la provincia de Tayacaja, Huancavelica y Huanta en Ayacucho. En ese lugar ocurrió la matanza.

“Nosotros sabíamos que algunos de los ‘mochileros’ se habían subido a la camioneta para dirigirse a Colcabamba y otros a Huancayo”, informó la fuente de La República.

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Claves

• De acuerdo con el informe médico del Hospital de Tayacaja, Eber Soto Quispe presenta dos impactos de bala: en el cuello y tórax.
• En el caso de Jhonatan Águila Gutiérrez, fue alcanzado por tres proyectiles en el tórax y ambos glúteos.
• Respecto a la nueva declaración de Ricardo Acuña, las fuentes indicaron que este conocía en detalle cómo se acondicionaba y transportaba la droga.

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Según las bases del concurso, el procedimiento comprende varias etapas eliminatorias, entre ellas la evaluación de conocimientos, la revisión curricular, la presentación de un plan de trabajo y una entrevista personal.

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Detalles del concurso público

El cronograma establece que las entrevistas personales se realizarán el 2 de julio, día en que también se publicarán las calificaciones finales, el cuadro de méritos y los resultados de la votación del pleno de la JNJ. Solo el candidato que obtenga el respaldo requerido de los miembros de la Junta será finalmente nombrado jefe de la ONPE.

La juramentación que formalizará la designación del nuevo titular de la ONPE se llevará a cabo en un acto público ante la JNJ.

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Este concurso fue convocado tras la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la institución electoral, motivada por los cuestionamientos a su gestión durante la jornada de votación del pasado 12 de abril.

Los magistrados del JNE realizaron un análisis durante una sesión de varias horas y concluyeron que la figura de elecciones complementarias "no se encuentra prevista para este tipo de proceso electoral". El ente electoral recalcó que ese pedido está previsto únicamente para los procesos electorales municipales.

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Además, el JNE precisó que, según la Ley 26864, se pueden anular las elecciones municipales en uno o más distritos electorales siempre y cuando se comprueben graves irregularidades que afecten los resultados de los comicios, o cuando más del 50% de los votos nulos o blancos superen los dos tercios de los votos emitidos.

Pero hay más. El Pleno del ente electoral recordó que, según la Constitución Política, solo pueden actuar conforme a las leyes establecidas y que se debe respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

"No es jurídicamente atendible sostener la procedencia de elecciones complementarias en el marco de Elecciones Generales mediante la aplicación analógica de supuestos previstos para procesos municipales, en la medida en que ello implicaría una indebida extensión de figuras jurídicas a un ámbito no previsto por el legislador", resalta el JNE.

"Admitir lo contrario supone vulnerar el principio de legalidad y el principio de reserva de ley, así como afectar la seguridad jurídica y la predictibilidad del proceso electoral", acotó la entidad.

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Elecciones complementarias no garantizarían la paz social

En esa misma línea, el JNE explicó que la incorporación de un nuevo hito derivado del proceso electoral del 12 de abril, como las elecciones complementarias, significa la apertura de jornadas extraordinarias no previstas en la normativa vigente y que "no tienen un grado de continuidad razonable".

Por eso, una elección complementaria "alteraría sustancialmente la secuencia normativa y operativa del procedimiento regular". Para el JNE, organizar un nuevo proceso electoral implicaría una serie de acciones que desbordaría la fecha programada para la segunda vuelta y, por ende, la asunción del nuevo gobierno y la toma de mando del nuevo presidente.

Por otro lado, el JNE afirmó que las elecciones complementarias comprometen los principios de seguridad jurídica, igualdad de condiciones entre actores políticos y estabilidad electoral.

Esa situación, precisó la entidad, se vería gravemente afectada por las deficiencias que cometió la ONPE el 12 y 13 de abril.

Es más, el JNE alertó que el pedido de López Aliaga podría incidir en el voto popular porque los resultados están contabilizados en más del 90% y son de conocimiento público.

"Esta situación impactaría no solo las elecciones presidenciales, sino también las elecciones para elegir senadores, diputados y Parlamento Andino, en tanto la contabilización de los votos en dichas elecciones ya está por concluir", enfatizó.

En comparación con las elecciones del 13 de abril, el JNE mencionó que eso respondió a una situación inmediata y excepcional, y a un escaso nivel de avance del cómputo de los resultados.

Ausentismo no afectó a López Aliaga

Por otro lado, el acuerdo del JNE aseguró que, de acuerdo con el análisis realizado, el ausentismo poco tiene que ver con la hora en la que se instalaron las mesas de sufragio.

El documento precisó que el ausentismo electoral en Lima se debe a varios factores, como las condiciones socioeconómicas de los electores, el grado de motivación o desafección política, las dificultades de transporte, la distancia hacia los locales de votación, así como otros elementos contextuales propios de cada circunscripción.

"En consecuencia, la sola variación o ampliación del horario de votación no puede ser entendida, por sí misma, como una medida capaz de incidir decisivamente en los niveles de participación electoral, ni como un factor suficiente para explicar el ausentismo electoral", concluye el JNE.

Como parte de su sustento, el ente electoral informó que hizo un análisis estadístico de 24.812 mesas (lo que equivale al 92,7% del total a nivel nacional). De esa cifra, 15.910 (64,1%) fueron instaladas antes de las 8.00 a. m. y 8.902 (35,9%), después de ese horario.

Asimismo, se determinó que las mesas instaladas entre las 8.01 a. m. y las 12.00 m. presentaron una tasa de ausentismo ponderado de 20,9% en Lima Metropolitana, frente al 19,6% registrado en las mesas instaladas en el rango puntual de 7.00 a 8.00 a. m.

Según el informe técnico, 541.364 es la cifra de electores que no habrían asistido a votar en las mesas que se instalaron entre las 8.01 a. m. y las 12.00 m.

JNE publica en El Peruano acuerdo que rechaza elecciones complementarias de López Aliaga

La decisión de la JNJ tiene como objetivo restituir la conducción de la entidad electoral tras confirmarse la vacancia del puesto. A través de la Resolución n.º 283-2026-JNJ, el pleno de la entidad presidida por María Teresa Cabrera también aprobó el proyecto de bases del concurso y la Convocatoria n.º 001-2026-SN-JNJ.

De igual manera, la norma legal señala que se ha formulado el proyecto de bases y de convocatoria de selección y nombramiento del jefe de la ONPE. En ese sentido, en la sesión del pasado 24 de abril, se acordó su aprobación y se delegó a Cabrera suscribir dicha resolución.

El documento precisa que el proceso tiene como objetivo designar a la máxima autoridad electoral por un periodo de cuatro años, el cual puede ser renovado, tal como lo ordenan la Constitución Política y la Ley Orgánica de la JNJ.

Los detalles del concurso público de méritos

El concurso incluye cuatro etapas de evaluación con la siguiente ponderación: conocimientos (25 %), evaluación curricular (20 %), estudio de caso con presentación del plan de trabajo (20 %) y entrevista personal (35 %). Todas son eliminatorias y los postulantes deberán obtener al menos 70 puntos sobre 100 en cada una. Todas las etapas son eliminatorias. El postulante debe obtener puntaje mínimo aprobatorio de 70 puntos en cada etapa.

El nuevo jefe de la ONPE deberá ser peruano de nacimiento y deberá tener entre 45 y 70 años. Debe contar con un título profesional o grado académico inscrito en Sunedu y experiencia en administración e informática.

No debe registrar antecedentes penales, judiciales y policiales, ni haber sido condenado, ni destituido de la administración pública, tampoco ser deudor moroso ni haber pertenecido a una organización política en los últimos 4 años.

Nuevo jefe de la ONPE jurará el 3 de julio

De acuerdo con el cronograma de la JNJ, el nuevo jefe de la ONPE juramentará el 3 de julio.

En detalle, la convocatoria de postulantes inicia este 29 de abril de 2026 con la publicación oficial, seguida del pago de derechos de inscripción entre el 30 de abril y el 7 de mayo. Los candidatos deberán inscribirse y presentar su documentación entre el 2 y el 8 de mayo, además de registrar su declaración jurada en el sistema correspondiente hasta el mismo 8 de mayo.

Posteriormente, la evaluación de requisitos estará a cargo de la JNJ los días 11 y 12 de mayo, mientras que la subsanación de observaciones se realizará entre el 13 y 14 de mayo. La lista de postulantes aptos se publicará el 18 de mayo.

La primera fase de evaluación de conocimientos está programada para el 21 de mayo, fecha en la que también se difundirán los resultados. Luego, entre el 22 y el 26 de mayo, se desarrollará la evaluación curricular, que incluye el envío digital del currículum vitae y la presentación de investigaciones. Los resultados de esta etapa se publicarán el 29 de mayo, con un periodo de reconsideración entre el 1 y el 3 de junio.

El proceso continúa con el estudio de caso del plan de trabajo entre el 9 y el 11 de junio, cuya sustentación será el 16 de junio. Ese mismo día se publicará la lista de aptos para la siguiente fase.

La entrevista personal se desarrollará tras la publicación del cronograma y verificación de documentación entre el 17 y 19 de junio. En paralelo, los postulantes deberán cumplir con las pruebas de confianza, que incluyen declaraciones juradas, autorización de levantamiento de secreto bancario y evaluaciones psicológicas y psicométricas entre el 22 y el 24 de junio.

Los resultados finales serán publicados el 2 de julio, fecha en la que también se difundirá el cuadro de méritos y la votación correspondiente. La juramentación del nuevo jefe de la ONPE está prevista para el 3 de julio de 2026.

JNJ busca el reemplazo de Piero Corvetto

La resolución indicó que la convocatoria se debe a la salida de Corvetto de la ONPE el pasado 21 de abril. En medio de los cuestionamientos por la legalidad de la dimisión, la JNJ aceptó la renuncia del exjefe de la entidad electoral. Por ese motivo, quedó la vacante abierta.

Sánchez es secretario general de la sede de Cáritas —también conocida como la Asociación de las Bienaventuranzas—, organización no gubernamental perteneciente a la Iglesia católica, en el distrito de Lurín. Es en este espacio donde se habrían cometido los presuntos abusos. Además, el sacerdote es conocido por su presencia mediática en programas de streaming locales y por su posicionamiento político "en contra del comunismo".

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Sánchez habría abusado de joven en situación de vulnerabilidad

La denuncia afirma que el presunto agraviado padecía una adicción que habría sido fomentada por el propio sacerdote. Según la publicación del medio mencionado, el relato también ofrece numerosos detalles acerca de la participación de la familia de la víctima en los asuntos financieros del padre Sánchez.

"Desde que conocimos al Sacerdote P. Omar Alonso Sánchez Portillo nos hizo creer, que su mayor preocupación era recuperar a Rafael (nombre cambiado), sacarlo de su adicción, cuando en realidad estaba tejiendo una tela de araña alrededor de él, y de nosotros mismos, para satisfacer sus más bajos deseos libidinosos y para utilizarnos a todos en sus actos delictivos a nivel canónico. Todo era, y es, una farsa que le ha servido para abusar de una persona vulnerable y de sus familiares. Quiero evitar que cualquier otra persona vulnerable, ya sea menor o mayor de edad, pueda ser abusada y manipulada por él", señala un fragmento de la denuncia reproducido por Epicentro.

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Un familiar de la víctima sostuvo que uno de los motivos para presentar esta denuncia es evitar que el sacerdote pueda engañar a otras personas. El documento solicita que se imponga una pena canónica contra el padre Sánchez por transgredir el Sexto Mandamiento con personas vulnerables, así como por los delitos de abuso de poder y el incumplimiento de las obligaciones especiales establecidas en el canon 1392.

Hasta el momento, el padre Sánchez no se ha pronunciado sobre la acusación.

Asimismo, según el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 96,735% de actas procesadas, aún faltan enviar 3.029 actas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) con la finalidad de que resuelvan las observaciones detectadas el pasado 12 y 13 de abril.

Hasta el momento, Fujimori se ubica en el primer lugar con el 17,094% de intención de voto (2.778.193 votos); segundo, Sánchez cuenta con 12,040% (1.956.830 votos) y tercero, López Aliaga con 11,878% (1.930.499 votos).

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En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó en su sistema que los JEE han recibido 59.448 actas observadas, de las cuales ha resuelto y cuentan con pronunciamiento oficial 19.889.

Ahora bien, el portal detalla que, de la elección presidencial, el JEE recibió 5.792 actas observadas. Las que ya cuentan con pronunciamiento y fueron resueltas son 6.539. Sin embargo, la cantidad de actas resueltas es mayor que las que se recibieron.

En tanto, se enviaron 792 actas para que los distintos 60 jurados electorales puedan recontar los votos debido a que por errores aritméticos se observaron los documentos.

El JEE Lima Centro 2 fue el ente electoral que más actas observadas recibió (695) y las ha resuelto al 100%, según indica el portal.

No solo el JEE Lima Centro 2 presenta un avance del 100% de actas observadas resueltas. También lo hicieron Lima Centro 1, Huamalíes, Lucanas, Cangallo, Lima Este 2, Huarochirí, Huaraz, Leoncio Prado, Chiclayo, Mariscal Nieto, Caylloma, Huamanga, Chanchamayo, Huánuco, Huancayo, Arequipa 1 y 2, Andahuaylas, Jaén, Trujillo, Pasco, Tacna, Lima Oeste 2, Puno, Santa, Lima Norte 3, Cañete, Huaura, Chachapoyas, Alto Amazonas, Huancavelica, Abancay, Cajamarca, Lima Sur 2, Piura 2, Pacasmayo, Lambayeque, San Román, Huari, Tumbes, Coronel Portillo, Canchis, San Martín y Chota.

Avanza el recuento de votos

Hasta el cierre de esta edición, los JEE han programado 711 recuentos de votos, cada uno de ellos corresponde a una mesa sobre la elección presidencial.

Los recuentos de votos se han programado hasta el jueves 30 de abril. Más de 20 por día en las distintas jurisdicciones del Perú. Este proceso comenzó a realizarse el último 21 de abril.

En ese contexto, el JNE fijó el jueves 7 de mayo como la fecha límite para terminar con el recuento de votos de las actas observadas.

Asimismo, se introdujeron ajustes a los lineamientos aprobados el 1 de abril para el proceso de recuento. Entre los cambios, se establece la eliminación de ciertos formatos y procedimientos considerados innecesarios para acelerar el proceso, como el anexo de conformidad de sobres lacrados.

Además, se aclara que ya no será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en ciertas etapas del recuento, ya que el proceso será grabado en video, lo que permitirá una supervisión simultánea.

Cada audiencia es pública y se transmite a través de las redes oficiales de la institución. El presidente del JEE correspondiente procede a abrir el sobre lacrado que contiene las cédulas de votación y, acto seguido, se realiza un nuevo conteo. El contenido de cada cédula es leído en voz alta por el presidente y luego se entrega a los demás integrantes del JEE, quienes verifican la información.

Los partidos que tendrán representación en la Cámara de Diputados y Senadores

En la elección para la Cámara de Diputados, con el 88,926% de actas procesadas, Renovación Popular se mantiene en el primer lugar con 18,462% (819.162 votos). Le siguen Buen Gobierno con 14,628% (649.059 votos) y Fuerza Popular con 14,398% (638.859 votos). Más atrás aparecen Ahora Nación con 9,165% (406.637 votos), Cívico Obras con 7,730% (342.973 votos) y País para Todos con 6,281% (278.682 votos).

Respecto a la Cámara de Senadores por distrito único nacional, al 80,105% de actas procesadas, Fuerza Popular lidera con 14,729%. A continuación se ubican Juntos por el Perú con 11,782%, Renovación Popular con 11,457% y Buen Gobierno con 10,879%. Completan los resultados Cívico Obras (8,827%), Ahora Nación (8,360%) y País para Todos (5,812%).

Los partidos que pierden su inscripción

De esta forma, 31 partidos se quedarían sin representación en el Congreso y perderían su inscripción. Entre ellos figuran Somos Perú, Podemos Perú, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Alianza Electoral Venceremos, Perú Primero, Partido Morado, Avanza País, Libertad Popular, entre otros.

ONPE aclara situación de actas observadas

En sus redes sociales, la ONPE se pronunció sobre las actas que cuentan con información idéntica o el mismo conteo de votos.

Sobre ello, el ente electoral precisó que se han detectado 6 casos de esos. Los motivos son por tener los mismos resultados o fueron firmadas por los miembros de mesa de otra mesa. La ONPE calificó la observación como un "error humano" de los miembros de mesa debido a que, "ante la cercanía de la mesa contigua, confundieron el material electoral, llenando un acta errónea o, en otros casos, tomando como referencia el acta borrador de la mesa contigua".

Por ello, el jefe de la ONPE correspondiente se comunicó con el presidente del JEE de la circunscripción para que resuelvan el caso en el marco de sus competencias.

"Recordamos que los miembros de mesa llenan 4 copias del acta electoral y que, además, en última instancia, el JEE correspondiente puede determinar el reconteo de votos", comunicó la institución.

ONPE llama a convocatoria para material electoral

A través de sus redes sociales, la ONPE informó sobre la convocatoria para el material electoral para la segunda vuelta.

En su publicación, la entidad solicita la adquisición de sobres manilas, bolsas de polietileno, señalética para los locales de votación, cajas corrugadas, etiquetas autoadhesivas para la protección de resultados, tampones y etiquetas para impresoras de códigos de barras.

De acuerdo con la información que compartió la Fiscalía, la solicitud también alcanza a otros exfuncionarios de la ONPE y a personas vinculadas al proceso electoral, como José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores. Todos ellos están investigados por presuntos delitos de corrupción vinculados al contrato suscrito con la empresa Gálaga, que fue elegida para la entrega del material electoral.

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La tesis fiscal sostiene que el proceso de selección de la mencionada empresa fue direccionado. Esto se debe a que existen cuestionamientos sobre la evaluación realizada a Gálaga y a otras empresas competidoras para ser seleccionadas como acreedoras de la adjudicación del servicio. Los investigadores de la Fiscalía sostienen que los criterios de evaluación utilizados permitían beneficiar directamente a la empresa Gálaga.

Hasta el momento, Corvetto y los demás involucrados no han declarado sobre la medida tomada por la Fiscalía.

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Fiscalía ya había solicitado detención preliminar para Corvetto

El Ministerio Público ya había adoptado sus primeras acciones contra Piero Corvetto. De acuerdo con declaraciones del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en el programa de Milagros Leiva, la Fiscalía ya había presentado un pedido de detención preliminar ante el Poder Judicial contra el exjefe de la ONPE el pasado 21 de abril.

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“Hemos concluido, por el momento, que la conducta de Piero Corvetto es dolosa. Por ello, se ha solicitado el informe de la Policía para que la Fiscalía requiera al Poder Judicial la detención. Lo que se disponga dependerá del Poder Judicial”, declaró el fiscal de la Nación.

La solicitud fue rechazada por el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo, quien está a cargo del caso ONPE. Ni la Policía ni la Fiscalía lograron aportar elementos que acreditaran la existencia de peligro procesal, por lo que se determinó que, para obtener los medios de prueba necesarios, bastaba con la realización de allanamientos.

En ese hipotético escenario, el porcentaje de votos blancos o nulos sería de 24%, mientras que 13% no precisó su respuesta.

Fujimori también resultaría derrotada si se enfrenta a Rafael López Aliaga. Este último obtendría 29%, mientras que ella, 20%. Aquí, los votos en blanco aumentan a 34%.

Votantes de Roberto Sánchez se concentran en el sur y centro del país

Los votantes de Roberto Sánchez se concentran en el Perú rural (44%) y el Perú urbano (34%), mientras que en Lima Metropolitana solo obtendría 22%.

Al dividir el país en macrozonas, los resultados serían los siguientes: Lima Metropolitana (22%), Norte (34%), Centro (40%), Sur (39%) y Oriente (37%).

También se distingue un mayor número de votantes hombres (40%) que mujeres (24%). De igual forma, hay preferencia por Sánchez en el sector adulto: de 50 a más años (37%), de 30 a 49 años (34%) y de 18 a 29 años (22%).

En el sector económico, 38% de los votantes pertenece al sector D/E, 28% al C y 20% al A/B. En tanto, 35% tiene educación básica y 28%, superior.

El 43% está muy interesado en política, mientras que el 27% está algo interesado y el 30%, poco o nada interesado.

Finalmente, 57% de los votantes de Sánchez se identifica con una ideología de izquierda y solo 15%, con una de derecha. El centro registra 30%.

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Keiko Fujimori concentraría votos en Lima Metropolitana

Por su parte, Keiko Fujimori, quien perdería con 31% ante Roberto Sánchez, concentraría la mayoría de sus votos en Lima Metropolitana (41%) y el Perú Urbano (29%). En cambio, solo registra 18% en el Perú rural.

En las cinco macrozonas del país obtendría lo siguiente: Lima Metropolitana (41%), Norte (29%), Centro (26%), Sur (18%) y Oriente (29%).

A diferencia de Sánchez, Fujimori registra mayor número de votantes mujeres (34%) que hombres (27%). En el rango etario muestra resultados similares: de 50 a más años (31%), de 30 a 49 años (31%) y de 18 a 29 años (29%).

En el sector económico, obtiene una considerable mayoría en el sector A/B (51%), en el C (36%) y, en menor medida, en el D/E (22%). En tanto, 34% tiene educación superior y 28%, básica.

El 30% está muy interesado en política, mientras que el 36% está algo interesado y el 29%, poco o nada interesado.

Finalmente, en contraste con Sánchez, 52% de los votantes de Fujimori se identifica con una ideología de derecha y solo 12%, con una de izquierda. El centro registra 22%.

El 47% considera que el nuevo presidente no terminará su mandato

Por otro lado, el 47% de encuestados considera que el nuevo presidente no terminará su mandato, mientras que el 31% cree que sí.

El 10% respondió que ello dependería de quién gane las elecciones de segunda vuelta. Un 13% se abstuvo de opinar.

Quienes consideran que el nuevo presidente no completará su mandato, por macrozonas, se dividen así: Lima Metropolitana (47%), Norte (40%), Centro (45%), Sur (58%) y Oriente (42%).

El 45% son hombres y el 49%, mujeres. En las edades sí hay bastante diferencia porcentual: de 50 a más años (38%), de 30 a 49 años (46%) y resalta el grupo de 18 a 29 años (60%).

El 51% tiene educación superior, mientras que el 43%, básica. Además, 50% se identifica con una ideología de izquierda y 55%, con una de centro.

Los resultados sobre interés en política son similares: muy interesado (48%), algo interesado (50%) y poco o nada interesado (45%).

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El 61% desaprueba la gestión de José Balcázar y el 90% el Congreso

Finalmente, la encuesta del IEP indica que 61% de encuestados desaprueba la gestión de José María Balcázar y solo 20% la aprueba. El 19% no sabe o no opina.

En marzo, los porcentajes no fueron tan diferentes. El 63% desaprobó su mandato y solo el 24% se mostró conforme.

El Congreso registra un rechazo similar. El 90% desaprueba el desempeño del actual Parlamento y solo el 5% lo aprueba.

El escenario ha sido el mismo en meses anteriores. Desde inicios de este 2026, el Legislativo reporta un rechazo que supera 87% y no llega ni a 10% de aprobación ciudadana.

La denuncia 516, presentada por el legislador de Podemos Perú, no solo alcanzaba a la exmandataria, sino también a su expremier, Gustavo Adrianzén. A ambos se les acusa de infringir los artículos 28, 38 y 118 de la Constitución, relacionados con el respeto irrestricto a la Constitución y el ejercicio de la función presidencial.

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Por su parte, la denuncia constitucional 657, presentada por el congresista de Acción Popular, también alcanza al exministro de Economía y Transportes, Raúl Pérez-Reyes, y al exministro de Transportes, César Sandoval, a quienes se les acusa de haber cometido infracciones constitucionales y delitos de corrupción en agravio del Estado.

De acuerdo con la información trascendida, la sesión se realizó de manera virtual y el archivo se aprobó con nueve votos a favor y tres en contra.

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Dina Boluarte ha sido blindada por el Congreso múltiples veces

Antes de ser vacada por el Congreso de la República, Dina Boluarte fue blindada en más de una ocasión por las principales bancadas parlamentarias en la SAC. En mayo de 2025, con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, la subcomisión aprobó archivar una denuncia constitucional contra la exmandataria vinculada al denominado “caso Rolex”. El informe final de esa denuncia fue elaborado por la congresista fujimorista Nilza Chacón, quien indicó que no existían indicios suficientes para determinar que Boluarte había cometido delitos de corrupción.

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Ya en septiembre de ese mismo año, Boluarte volvió a ser blindada en la SAC. Con 12 votos a favor y 10 en contra, el grupo de trabajo decidió no proseguir con las investigaciones contra la mandataria por las más de 50 muertes registradas durante las protestas en rechazo a su gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

En ambos casos, los votos a favor del archivo provinieron principalmente de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular.

De igual manera, se le comunicó formalmente al funcionario que, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, todo ciudadano peruano debe solicitar una autorización previa al Ministerio de Relaciones Exteriores para servir en las Fuerzas Armadas extranjeras.

El pedido fue realizado el último martes 28 de abril a través del director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares y el director general de Europa.

Asimismo, la Cancillería señaló que se le ha pedido al embajador del Perú en Moscú que redoble el contacto con las autoridades rusas para "abordar esta delicada problemática".

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Cancillería crea grupo para atender denuncias de trata de personas

El documento emitido por la Cancillería también informó que se convocó a los funcionarios del Ministerio Público, Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio de Defensa y Ministerio del Trabajo para tomar acciones conjuntas por las denuncias que realizaron los familiares en el Perú.

De igual forma, adelantaron que se decidió crear un Grupo de Trabajo ad hoc para hacer seguimiento a las acciones de cada sector, dentro de sus funciones y competencias, para perseguir los presuntos delitos de trata de personas y tráfico de migrantes.

Por otro lado, la Cancillería indicó que se promoverá una campaña comunicacional multisectorial para alertar sobre los peligros de prestar servicios en fuerzas armadas en zonas de conflicto.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que no es cierta la información sobre ciudadanos peruanos que, supuestamente, habrían sido retirados de las instalaciones de la Embajada del Perú en Moscú.

"La Cancillería y la Sección Consular de Perú en la Federación Rusa se encuentran atentas a cualquier comunicación o solicitud de nuestros connacionales, para lo cual se ponen a disposición los datos de contacto en dicha misión: Sección Consular de la Embajada del Perú en Rusia (celular de emergencia): +78 985 389 06 60. Correo electrónico: sconsularperu@mail.ru", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Hay conversaciones preliminares, claro que sí, hay conversaciones preliminares, pero no hay todavía el punto de partida que diga ‘este señor, esta señora tendrá esta vocería, tendrá este ministerio, tendrá aquello’. Este es el momento en que se está dialogando y él es una de las personas que ha sido invitada en esta previa, diríamos, a ir configurando equipos", afirmó sobre Pérez, quien hace poco asumió la defensa del expresidente condenado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo.

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Por otro lado, Sánchez mencionó que "han hecho varias invitaciones" a diferentes personas para los ministerios, pero les pidieron realizar una evaluación. Sobre la persona que lideraría el Ministerio de Salud, indicó que hay conversaciones con Hernando Cevallos.

"Yo de los nombres autorizados que te puedo decir, por ejemplo, está el doctor Hernando Cevallos para Salud, que además ya ha sido ministro, ha sido candidato también. En el tema de Energía está el sanmarquino Jorge Manco Zaconetti.

En el sector económico, el congresista dijo que están conversando con internacionalistas vinculados al Banco Mundial. "En el lado precisamente keynesiano, progresista, donde pensamos que pueden haber medidas importantes para democratizar y cambiar o por lo menos hacerlo más social este régimen económico".

"También en derechos humanos, cultura y agricultura hemos pensado; hay varios nombres ya, pero creo que en una siguiente sesión podría decirte los nombres completos", acotó.

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¿Deslinde de Antauro Humala?

Por otra parte, Sánchez fue consultado por el papel que cumpliría Antauro Humala en un eventual gobierno suyo. Al respecto, el líder de JPP calificó al etnocacerista como un "amigo" que solo fue invitado para la primera vuelta.

Además, señaló que dentro del partido no están de acuerdo con todas las propuestas y pensamientos de Humala.

"No, él es un compañero, un amigo y que ha sido invitado precisamente a este bloque en la primera vuelta y el trabajo que vamos haciendo, pero así con diferentes liderazgos. O sea, él, por ejemplo, a través de su partido tiene 20 propuestas y nosotros compartimos de ellas cuatro o cinco, donde hemos hecho un punto común, pero hay otras ideas donde nosotros no compartimos y respetamos, son sus ideas, no es de la propuesta del programa que estamos levantando, que tiene cuatro o cinco puntos claves. En eso eh somos respetuosos", dijo.

Dentro de las propuestas de Humala, Sánchez se opuso al fusilamiento de expresidentes corruptos, la pena de muerte para violadores y corruptos, la expropiación de canales de televisión y campos para refugiados venezolanos. "Soy provida, no puedo estar de acuerdo con la pena de muerte (...) Somos amigos de América Latina", expresó.

De acuerdo con la resolución jefatural 0014-2026-JN/ONPE, JPP no emitió 86 recibos —cada uno por el valor de S/1.000— para justificar los aportes recibidos entre marzo y abril de ese año, tal como lo solicita la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Para la ONPE, esta omisión "pone de manifiesto la existencia de una pluralidad de actos" y "evidencia la renovada voluntad de incurrir en la misma actuación una y otra vez".

En esa misma línea, la ONPE recalcó la importancia de los recibos porque permiten conocer la identificación del aportante, el tipo de aporte, la fecha de emisión y los datos del tesorero.

Asimismo, el organismo precisó que los citados recibos no cuentan con la firma del aportante y que en ese lugar se observa la firma del tesorero de JPP.

En tanto, la ONPE informó que la organización política no presentó documentación que acredite la subsanación de la conducta infractora y tampoco aportó elementos de juicio que contradigan la infracción.

El ente electoral resaltó que los defectos de la organización política se manifestaron por medio de sus representantes, personal administrativo y dependientes en general. "Son de responsabilidad exclusiva de la propia OP, a la que se le hace un reproche directo de carácter subjetivo por la omisión de un precepto normativo", se lee en el documento.

"No existe duda respecto de la comisión de la conducta infractora que se le atribuye, pues la misma se encuentra debidamente acreditada", acotó la ONPE.

La sanción impuesta contra JPP lleva la firma del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano. El documento se emitió el pasado 24 de abril y rechaza la reconsideración presentada por la organización política.

Apelación rechazada

En febrero de este año, la ONPE multó a JPP con 16 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por no haber expedido los recibos de los aportes en la campaña electoral anterior.

El 15 de marzo, el personero legal de JPP, Carlos Zafra, presentó un recurso de reconsideración contra la sanción impuesta. En el documento, solicitó la nulidad de la sanción y el archivo del proceso administrativo sancionador.

De acuerdo con la organización política, "no se cometió infracción" porque se trata de 86 casos "sin confirmar" y que, por la naturaleza de los aportes, se trata de infracciones instantáneas. Además, sostuvo que la sanción habría prescrito porque pasaron 4 años y debe probarse fehacientemente la comisión de la infracción imputada.

"Lo único que afirma la ONPE es lo siguiente: que la OP no fue diligente, y se encuentra acreditado, como mínimo, la culpa en la comisión de la infracción", refutó JPP.

Sin embargo, la ONPE desestimó los argumentos. Señaló que la organización política insiste en afirmar que la conducta es de naturaleza instantánea, cuando no es así, y que los demás argumentos fueron presentados en los alegatos de abril del año pasado. Además, la entidad indicó que, si el procedimiento sancionador se inició antes de la fecha de prescripción, el proceso se mantiene vigente, tal como sucedió.

"Se trata de una conducta reiterada en el tiempo, en la que se verifica que la OP realizó una progresión unitaria de la misma conducta infractora –no expedir recibos conforme a la ley–, que se repitió hasta en 86 oportunidades", dijo.

"No hemos dado la partida suficiente (...) Entonces estamos andando, pidiendo un crédito suplementario para que nos financien este tipo de becas que son muy necesarias para que la gente que va al extranjero pueda estudiar ahí", indicó.

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Precisó, además, que ello se debe a que no se tomó en cuenta en el presupuesto aprobado por el Congreso.

Añadió que, como parlamentario, fue quien promovió la beca, por lo que tiene un interés genuino en su continuidad.

"Estamos empeñados en que tan pronto como el Congreso nos apruebe el crédito suplementario, vamos a tener esta necesidad que estamos padeciendo en este momento (...) yo mismo he apoyado eso, soy coautor del proyecto de que se implemente esa beca bicentenario", refirió.

Además, planteó reajustar algunas condiciones de la beca a fin de evitar la fuga de talento.

“El estudiante que va a Harvard, por ejemplo (...) tiene que firmar un compromiso a su vuelta, que vuelva al Perú, (que) dé sus conocimientos por determinado tiempo", anotó.

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Más de 300 afectados por la falta de presupuesto

Más de 300 profesionales se ven afectados por la paralización de la Beca Generación del Bicentenario 2026. El concurso, gestionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu), cubría desde hace 12 años estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo para peruanos con alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos. Sin embargo, este año no cuenta con los recursos necesarios para financiar las vacantes.

El caso ha desatado la preocupación de cientos de jóvenes que denuncian llevar meses y, en algunos casos, años preparándose para postular a esta beca con el fin de estudiar maestrías y doctorados. Afirman haber invertido miles de soles en mejorar su perfil profesional para cumplir con los exigentes requisitos del programa. Ellos alertaron a La República: “Ahora, puede que todo ese esfuerzo no haya servido de nada”.

En el pedido fiscal también se incluye evaluar la situación de los investigados José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE; y Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente general de Gálaga SAC.

Todos ellos están involucrados en la falta de material electoral que permitió que miles de ciudadanos de Lima Sur y Este no lograran sufragar el día de las elecciones por no instalarse las mesas de votación.

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La Fiscalía sostiene que existen fundamentos de derecho suficientes para revertir la decisión inicial. “Se han señalado los puntos de las impugnaciones sobre la base de una fundamentación fáctica y jurídica, teniendo como pretensión concreta alcanzar la revocatoria de la denegatoria de la detención preliminar y el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

En esa línea, el objetivo de la Fiscalía es lograr que una instancia superior revoque la denegatoria y permita tanto la detención de los implicados como el rastreo de sus movimientos para asegurar el desarrollo de las investigaciones.

Piero Corvetto entregó su pasaporte italiano a la Fiscalía; Tomás Gálvez confirmó que el trámite se realizó el último lunes

Durante el programa 'Contra Corriente', el periodista Augusto Thorndike advirtió que Piero Corvetto solo entregó su pasaporte peruano a la Fiscalía y que podría fugarse del país. “Esta noche él podría, con su pasaporte italiano y con el de sus hijos, volar a México sin que nadie lo detenga”. Sin embargo, el fiscal de la Nación se pronunció al respecto y aclaró que Corvetto sí entregó ambos pasaportes a la Fiscalía. Además, señaló que Migraciones tiene conocimiento de ello.

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“[Corvetto] Él reconoció que tenía pasaporte italiano y ambos pasaportes los puso a disposición de la Fiscalía”, señaló Gálvez por medio de las redes del Ministerio Público. De esta forma, desmintió la versión de Thorndike, quien también expresó que Corvetto “trató de engañar a la justicia”.

El 19 de abril, dos días antes de su renuncia, Corvetto manifestó a la Fiscalía su disposición para colaborar en las investigaciones en su contra, así como para entregar su pasaporte, levantar el secreto de sus comunicaciones y anular sus vacaciones a fin de precisar las deficiencias que se registraron durante el proceso electoral.

Ese mismo día, el Ministerio Público tomó conocimiento de su posición y el 21 de abril Corvetto fue citado a la Fiscalía Anticorrupción para la entrega del pasaporte y brindar información para avanzar en las investigaciones.

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El 21 de abril, el Ministerio Público solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto y otros implicados en las irregularidades ocurridas el 12 de abril. Tomás Gálvez comentó que “a las 11 de la noche, se presentó el requerimiento ante juez de turno para que se pronuncie sobre la detención preliminar de Corvetto y otros funcionarios”. Además, agregó que la decisión está en manos del juez, quien debe resolver a la brevedad posible.

Ante este escenario, el internacionalista Ramiro Escobar indicó que el Perú está en el centro de la pelea entre Estados Unidos y China, ya que ambos buscan una presencia mayoritaria en el territorio peruano. “Nos estamos convirtiendo en el epicentro de una disputa entre Estados Unidos y China. Eso es un asunto de fondo”, declaró para La República.

El enfrentamiento entre los representantes de ambas potencias inició con un tuit amenazante del embajador Bernie Navarro, el pasado 17 de abril, tras la negativa presidencial en la compra de los aviones F-16 Block 70.

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“Si negocian con mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la Administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, manifestó Navarro en un mensaje publicado en X.

Tras la publicación del tuit, el embajador chino, Zhu Jingyang, aprovechó el mensaje amenazante de Navarro en el contexto de la cuestionada adquisición de los F-16 para pronunciarse en contra de esta compra y compartió un artículo titulado: “EE.UU. advierte de represalias a Perú «si negocia con mala fe», en medio de la compra de aviones”, dando alusión a las declaraciones de Navarro. Además, sobre esta noticia mencionó que el lenguaje usado por Estados Unidos era “coercitivo directo, puro y crudo”.

El representante estadounidense no se quedó callado y cuestionó la carrera diplomática de Zhu Jingyang comparándola con el cuento de la Caperucita Roja. “¿Y tú aprendiste la diplomacia leyendo la Caperucita Roja?.

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Ante esta tensión, Escobar detalló que existe un mensaje detrás de esta discusión entre representantes de las dos más grandes potencias: el contexto en el que se dieron los tuits refleja que hubo una intencionalidad en resaltar los vínculos que los países tienen con Perú.

“No era simplemente una compra más, sino era una compra que implicaba fortalecer el vínculo con Estados Unidos, en un momento en el cual Estados Unidos está muy expectante e incluso incómodo por la excesiva presencia china en el Perú”, indicó Escobar.

El internacionalista también cuestionó la actitud de Bernie Navarro durante las gestiones de José Jerí y de Balcázar. Además, manifestó que “no vivimos en un virreinato” e hizo énfasis en el tuit donde amenazó al Perú y a la reciente presentación de los aviones F-16 del Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

“El embajador Navarro está protagonizando ya más de un episodio chirriante acá en el Perú. Lo primero es reunirse con Jerí. Lo segundo es el mensaje amenazante, insinuando que nosotros actuamos de mala fe y que puede haber represalias, porque prácticamente pondrían todo su poder en marcha si es que nos compramos los aviones, y lo más penoso es hay una presentación de aviones y el embajador va ahí. Esto no es un virreinato. Creo que el embajador Navarro se está excediendo”.

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Sobre la posibilidad de alguna respuesta de la Cancillería, el especialista indicó que la institución debió pronunciarse en el momento que el embajador Navarro amenazó al país en X. 

“La Cancillería debió pronunciarse en el momento que el embajador Navarro puso ese mensaje en X prácticamente amenazándonos si no comprábamos aviones F-16. (…) Mira lo que dice: tenga la certeza de que utilizaré todas las herramientas disponibles. Es prácticamente una amenaza. La Cancillería no puede estar tan inmóvil frente a este tipo de episodios”.

El internacionalista Oscar Vidarte también se pronunció sobre la discusión entre ambos embajadores y coincidió en que las declaraciones del embajador Zhu Jinyang demuestran las ganas de China por seguir siendo aliado de Perú. ”A pesar de los cuestionamientos por la compra de los aviones, el gobierno chino tiene la intención clara de seguir siendo un aliado sólido para los países de la región”.

El especialista también indicó que existe un desorden jerárquico que muestra al país con un perfil vulnerable tras la compra de las naves, ya que estas se realizaron sin la venia presidencial. En esa línea, se recuerda que el problema escaló con la oposición directa y pública del presidente frente a la compra de los F-16 Block 70.

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José María Balcázar dijo varias veces que no se comprarían los aviones en su gestión. La última vez que se pronunció sobre el tema, el miércoles 22 de abril, el actual jefe de Estado argumentó que su decisión se basaba en priorizar el dinero del Estado para reducir las desigualdades sociales en el país. Sin embargo, las negociaciones siguieron su curso igual.

Según el internacionalista Óscar Vidarte, a Balcázar le falta mando frente a sus propias instituciones. “A nivel internacional ven a un presidente sumamente débil. No es común que un mandatario, siendo el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, mande una orden y no se cumpla. Aunque su decisión de detener la compra un día antes de la firma pueda parecer descabellada, existe una jerarquía que se debe respetar”, señaló para La República.

La situación se agudizó con el tuit de Fernando Rospigliosi, quien señaló que el 22 de abril el Ministerio de Economía y Finanzas iba a pagar la primera parte del contrato inicial, monto que asciende a 462 millones de dólares. La transacción se concretó. Se ignoró la decisión presidencial y, una vez más, la voluntad del poder Legislativo primó.

Oscar Vidarte aseguró que este hecho nos perjudica como país, porque nadie quiere vincularse con gobiernos tan débiles. “Somos un país del cual otros se pueden aprovechar fácilmente. Si a la debilidad interna frente al Legislativo y las Fuerzas Armadas le sumas la presión evidente del gobierno de Estados Unidos, el resultado es que no se puede esperar mucho de una gestión así. Esto afectará también a las gestiones que vengan en el futuro", declaró para este diario.

“Nosotros siempre hemos vivido abandonados por el Estado. Pero antes teníamos agua. La naturaleza nos daba una quebrada para consumir, pescar, bañarnos. Ahora es muy triste. Toda la población ha dejado eso. Hoy estamos concentrados en pedir apoyo, buscamos tener agua permanente, segura, como antes”, afirma Gil Huajuyat.

Esa forma de vida cambió el 19 de marzo de 2025. Según los testimonios recogidos y documentos de la comunidad, una ruptura en el Tramo II del Oleoducto Norperuano, operado por la empresa estatal Petroperú, provocó un derrame de crudo que alcanzó la quebrada que abastece a Pijuayal.

“El olor nos despertó. Cuando llegamos a la quebrada, vimos la mancha negra sobre el agua”, relata el apu Huajuyat, la máxima autoridad de este poblado.

Desde entonces, el acceso al agua se convirtió en el principal problema. La quebrada —única fuente de abastecimiento— quedó contaminada. La población empezó a depender de lluvias o de recorridos largos para conseguir agua.

“Una persona no puede vivir sin agua. Aquí hay niños, hay colegios. No hay cómo abastecer”, señala Huajuyat.

PROTESTAS, BLOQUEO Y ESCALAMIENTO

El conflicto se ha intensificado en las últimas semanas. De acuerdo con el pronunciamiento emitido por la comunidad el 28 de abril de este año, tras más de 20 días sin respuesta a compromisos asumidos por el Estado, los awajún decidieron reiniciar el bloqueo de la carretera Saramiriza–Bagua.

“Las comunidades acuerdan retomar el bloqueo por falta de agua segura, contaminación de la quebrada y ausencia de atención estatal”, señala el documento firmado por el apu Huajuyat.

Las medidas ya están en ejecución. Según los testimonios recogidos, las comunidades awajún llevan cinco días de marchas e interrupciones de la vía y han anunciado que el bloqueo será indefinido.

Días antes, el domingo 26 de abril, pobladores ingresaron a las instalaciones de Petroperú en la zona, en una primera acción directa. “Eso lo vamos a hacer permanentemente si no hay respuesta. La población ya no aguanta”, advierte el jefe Gil Huajuyat. No descartan tomar nuevamente la Estación 5 del Oleoducto Norperuano.

COMPROMISOS SIN CUMPLIR

La protesta estalló tras una serie de compromisos que, según la comunidad awajún, no se han ejecutado. El 23 de febrero de este año, en una reunión con participación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se dejó constancia de la necesidad de iniciar la limpieza de la quebrada contaminada. Sin embargo, los residuos petroleros continúan expuestos.

En su pronunciamiento del 28 de abril, la comunidad exige la instalación de agua segura y permanente, la limpieza integral de la quebrada, el retiro de residuos con presencia de hidrocarburos, el pago a trabajadores locales y atención médica.

“Han pasado más de seis meses y no hay pago al personal que trabajó en limpieza. Tampoco han retirado los residuos. Todo sigue ahí”, indican dirigentes.

'NOS PICA EL CUERPO'

La falta de agua segura ha obligado a la población a seguir utilizando fuentes contaminadas. Esto ha generado efectos en la salud que, según los propios pobladores, no han recibido tratamiento por la ausencia de servicios básicos.

“Los niños se bañan y toman esa agua. Después vienen las enfermedades, pero no tenemos cómo saber exactamente qué tienen”, señala el apu Huajuyat.

Yoli Borja, dirigente que sigue el caso desde la región Loreto, advierte que la afectación va más allá del acceso al agua. “Es una comunidad grande, con niños, adultos mayores, madres gestantes. Todos están expuestos porque consumen agua de quebradas contaminadas por el derrame”, afirma.

Según explica Borja, los síntomas ya son visibles en la población: “Los niños presentan diarreas, alergias en la piel. También hay problemas de salud que no se pueden detectar a tiempo porque no hay servicios adecuados”, señala.

A estos cuadros se suman los brotes cutáneos descritos por los propios comuneros. “Nos pica el cuerpo, salen granitos”, relatan.

El impacto también alcanza el entorno natural. En los meses posteriores al derrame, los pobladores reportaron peces muertos flotando en las quebradas, una imagen que alteró la vida cotidiana de la comunidad.

“Los peces ya no se pueden consumir. La pesca era parte de su vida diaria. Ahora todo está afectado por la contaminación”, añade Borja.

CONTAMINACIÓN DESATADA

A más de un año del derrame, tampoco existe claridad sobre posibles afectaciones más graves en la salud de la población. No se ha determinado si los habitantes han estado expuestos a metales pesados como plomo, mercurio u otros compuestos presentes en el crudo, debido a la ausencia de evaluaciones médicas especializadas en la zona.

Sin embargo, La República accedió a un informe técnico de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del 25 de julio de 2025 —cuatro meses después del derrame—, en el que ya se advertía la presencia de hidrocarburos y metales por encima de los estándares ambientales en varios puntos de monitoreo en Manseriche.

El documento, basado en muestras tomadas entre marzo y mayo de 2025, identificó concentraciones de plomo, cromo y compuestos altamente tóxicos como benzo(a)pireno y antraceno en niveles que exceden los estándares de calidad ambiental para ríos de la Amazonía.

Pese a estos resultados, la comunidad no cuenta con hospitales equipados ni se han desplegado brigadas con capacidad de análisis toxicológico que permitan determinar el impacto real de esta exposición en niños y adultos.

SILENCIO GUBERNAMENTAL

Las comunidades sostienen que no existe una intervención sostenida. “Si esto pasara en una ciudad, en días ya habría emergencia. Pero aquí estamos en la selva. Ya llevamos un año y un mes abandonados”, afirma el apu Gil Huajuyat.

Antes de llegar a las protestas, la comunidad envió múltiples solicitudes a distintas entidades del Estado. “No es que no hemos avisado. Hemos mandado documentos, hemos pedido reuniones. No hay respuesta”, indican.

Y parecen tener razón. La República solicitó descargos al Ejecutivo sobre las acciones que se adoptarán frente a la emergencia en Manseriche. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros solicitaron una prórroga para precisar su posición ante un problema que —parecía— desconocían.

Mientras tanto, las comunidades mantienen el bloqueo de la carretera y advierten que las medidas continuarán. “Nosotros también somos personas. Si ellos se pusieran en nuestro lugar, entenderían. Los awajún vamos a seguir luchando hasta tener una respuesta”, concluye el apu de Pijuayal, Gil Huajuyat.

EL DESCARGO DE LA PCM

Tras la publicación de este informe, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) envió su descargo a La República.

La entidad señaló que, a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, realizó coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Manseriche para el abastecimiento de agua mediante un camión cisterna del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Asimismo, indicó que se coordinó con el área de Relaciones Comunitarias de Petroperú para el pago a comuneros de Pijuayal y otras comunidades afectadas, y con la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas para su participación en una reunión con representantes de la comunidad programada para el 29 de abril.

Según la PCM, las entidades obligadas a intervenir en la atención del conflicto son Petroperú, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional de Loreto, la Municipalidad Provincial de Datem del Marañón y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

A través de un documento dirigido al presidente de dicho grupo de trabajo, el congresista Segundo Montalvo, el Ministerio de Educación señaló que la agenda de la ministra ya se encontraba previamente comprometida. Además, argumentó que la citación fue realizada con poco tiempo de anticipación.

La citación a la ministra se da en medio de la crisis que atraviesa el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), cuestionado por problemas de financiamiento, reducción en la cobertura y retrasos en los procesos que han afectado a miles de jóvenes beneficiarios.

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Ministerio de Educación justifica ausencia de María Esther Cuadros por invitación fuera de horario

El oficio enviado por el Ministerio de Educación sostuvo que la citación fue recibida fuera del horario habitual de atención, lo que complicó la posibilidad de coordinar la asistencia de la titular del sector al Congreso. El documento agradece la invitación a la sesión extraordinaria, pero descartó la participación de Cuadros.

“El documento fue presentado ante la mesa de partes del Ministerio de Educación el viernes 24 de abril a las 23:17 horas, lo que hace imposible reprogramar su agenda”, indicaron.

Pese a la inasistencia, el Ministerio de Educación informó que en las próximas horas remitirá un informe técnico que abordaría los temas incluidos en la agenda de la sesión. Dicho material contendría información sobre la situación actual de Pronabec, especialmente en lo referido a la cobertura de becas y las dificultades que enfrentan los beneficiarios.

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Segundo Montalvo plantea nueva citación a la ministra de Educación para el próximo 4 de mayo

Tras la sesión de la comisión de Educación, el congresista Segundo Montalvo se pronunció sobre la reprogramación para la citación a María Esther Cuadros, indicando que se buscaría realizar el próximo 4 de mayo. “Para el día lunes 4, 8 de la mañana, vamos a considerar esta sesión extraordinaria. La ministra asistiría porque entiendo que ella pidió la reprogramación”, comentó.

Sobre una posible inasistencia por parte de la integrante del Consejo de Ministros, Montalvo aclaró que, si Cuadros volvía a faltar, se vería en la obligación de presentar una interpelación en su contra.

El también presidente del grupo de trabajo parlamentario, indicó la importancia de considerar un crédito suplementario para darle una solución definitiva. “No podemos abandonar a los alumnos que han buscado seguir capacitándose en otras universidades del mundo”, indicó.

Desde el despacho de López argumentaron que la exclusión de Espinoza del padrón electoral constituye una vulneración grave de sus derechos al voto, a la igualdad y a la no discriminación, entre otros. "La inconstitucional inhabilitación que le impuso el Congreso no suspende su derecho a elegir; le impide el acceso a la función pública. Y esa decisión también está judicializada ante la justicia constitucional", declaró López a través de su cuenta de X (antes Twitter).

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La situación había sido advertida por la propia Espinoza días antes de la jornada electoral: "Hago un llamado respetuoso a los organismos internacionales para que, además de verificar los resultados de las elecciones, puedan tomar nota del desarrollo de este proceso electoral y de las arbitrariedades, como las que estoy comentando, que se están cometiendo. De pronto puede haber también otros peruanos afectados", señaló.

Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no se ha emitido una respuesta oficial tras la presentación de esta demanda.

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Jurado Nacional de Elecciones también ha sido denunciado por Roberto Sánchez

La bancada de Juntos por el Perú (JPP) ha presentado también una denuncia constitucional contra el JNE en el Congreso de la República. En este caso, la medida se sustenta en los incidentes ocurridos durante las Elecciones Generales del 12 y 13 de abril, entre los que destaca el retraso en la distribución del material electoral a los locales de votación.

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De acuerdo con las declaraciones de Sánchez, hechas desde su local de campaña, las denuncias constitucionales ya fueron presentadas el pasado 27 de abril, al considerar que el JNE habría actuado fuera del marco legal durante el proceso electoral. Las denuncias también alcanzan a la Junta Nacional de Justicia.

El candidato que aspira a pasar a la segunda vuelta señaló que su bancada evaluó las medidas que debía adoptar dentro del marco constitucional y concluyó que existen razones suficientes para interponer una denuncia constitucional contra ambas instituciones.

Desde noviembre de 2023 hasta el pasado 12 de abril ocurrieron muchas cosas. Destituyeron a dos expresidentes, se aprobaron las cuestionadas leyes procrimen y se incrementó el gasto público para la instalación de las dos cámaras.

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De los 93 congresistas que votaron por la bicameralidad, 64 postularon en las elecciones generales de 2026: 38 a la Cámara de Senadores, 23 a la de Diputados y dos al Parlamento Andino. José Luna, Roberto Chiabra y José Williams confiaron aún más en su suerte y se vieron, además, como posibles presidentes de la República.

Lo que para muchos congresistas era una opción para mantener por cinco años más el poder resultó un golpe de realidad y un castigo en las urnas.

Su gestión los perjudicó

No lograron beneficiarse de una medida que ellos mismos impulsaron congresistas como Ernesto Bustamante, Tania Ramírez, Patricia Chirinos, José Cueto, Eduardo Salhuana, Alejandro Cavero, Jorge Morante, entre otros. Se trata, además, de figuras cuestionadas durante su gestión parlamentaria.

El fujimorista Bustamante, por ejemplo, se ganó el rechazo de la Comisión de Ética y del Ministerio de la Mujer al decir que no existe una condición biológica que incentive a la mujer a participar en las ciencias.

Por su parte, las parlamentarias Magaly Ruiz, Rosio Torres y Katy Ugarte fueron señaladas por extrabajadores de sus respectivos despachos por presuntamente recortarles el sueldo.

Eduardo Salhuana, expresidente del Congreso, tampoco logró un escaño. Bajo su liderazgo se aprobó la reelección parlamentaria y fue vinculado con la minería ilegal.

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A su vez, Patricia Chirinos fue una figura confrontacional que no solo insultó durante sus participaciones parlamentarias, sino que, de acuerdo con el exjefe de la Diviac Harvey Colchado, tenía vínculos con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Jorge Montoya no solo respaldó la Ley 32108, conocida como “ley pro crimen”, sino que también protagonizó un altercado con dirigentes del gremio de transportes, a quienes dijo que no “acepta matonerías ni amenazas”, seguido de un insulto.

Alejandro Cavero y Adriana Tudela, en tanto, impulsaron la Ley de Cine que reducía el financiamiento estatal a las películas y obligaba a que los temas fueran más promocionales.

Dentro de los congresistas que recibieron menor respaldo en las urnas están Óscar Zea con 76 votos, Luis Kamiche con 917 votos, Magaly Ruiz con 963 votos y Juan Burgos con 995 votos.

La campaña #PorEstosNo

El 3 de marzo de 2024, la abogada Rosa María Palacios publicó una columna de opinión en La República titulada #PorEstosNo. En ella, exhortaba a la población a no votar en las elecciones generales por los partidos políticos que actualmente gozan de representación parlamentaria.

Sin saberlo, ese fue el inicio de una campaña masiva a nivel nacional. Dos años después, se vio el efecto: más del 70% de congresistas no logró su reelección.

Palacios considera que ello se debe, en parte, a que su campaña provocó la reflexión en una ciudadanía que ya estaba hastiada de sus representantes.

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“#PorEstosNo nace como una indignación por las cosas que ha hecho el Congreso. Lamentablemente, nosotros no tenemos renovación del Parlamento a la mitad de su mandato como tienen otras democracias. Al no tener ningún mecanismo de control, lo único que nos queda es el voto cada cinco años. Entonces, sí creo que un congresista que quiere ser reelegido tiene que entender que su conducta será evaluada al término de cinco años”, sostuvo.

Y da crédito a la ciudadanía. “Funcionó porque se hizo una campaña de la gente. Más allá de explicarlo en mis columnas, en mis redes y en mi programa, yo nunca he organizado nada ni liderado más que mi propia idea. Si el Congreso venía con una desaprobación bastante alta era natural que el movimiento funcione”, anotó.

Agrega que el “éxito más grande es que 10 de los partidos que se eligieron en el 2021, 7 no regresan al Congreso”.

El castigo de los electores

El especialista en derecho electoral Jorge Jauregui también considera que hubo un “voto castigo” e influencia de la campaña #PorEstosNo en las elecciones del 12 de abril.

Para muestra, menciona el caso de Fuerza Popular, un partido que concentra fuerza política y mueve grandes recursos económicos: logró poco más de 2 millones de votos en un universo de 27 millones de votantes. “Estamos hablando de votaciones que son auténticamente paupérrimas y exiguas, a comparación de los han obtenido en procesos anteriores”, declaró a este medio.

Añade, además, que ello se debe a la fragmentación de partidos y a que las organizaciones de oposición no concretaron una coalición. “Los enanos parecen gigantes porque, claro, han fragmentado a los otros”, precisó.

El sistema electoral no promueve la representación

A esto se suma que el sistema electoral, entendido como las reglas que transforman los votos en escaños, tiene dos efectos negativos en la representatividad.

“El primero es el efecto restrictivo. Es decir, los sistemas electorales, al establecer barreras legales, sacan a los partidos que tienen pocos votos. El segundo es el efecto distributivo, que hace alusión al modelo particular en que distribuirán los escaños”, explica.

Debido a ello, “vemos que Fuerza Popular tiene más escaños, pero no quiere decir que han sido premiados”, anota.

En realidad, debido a las barreras impuestas, varios partidos han quedado fuera y las primeras minorías resultan sobrerrepresentadas. “Entonces, no es que están boyantes, están débiles en la legitimidad, pero el sistema electoral asigna así”, lamenta.

Por lo tanto, la combinación del efecto restrictivo, las barreras y el efecto distributivo genera esa configuración y no funciona de forma representativa.

Así, explica que la forma como se asignan escaños es un sistema esencialmente de partidos, más que de candidatos.

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“Primero se seleccionan los votos válidos obtenidos por el partido. En segundo lugar, se determina cuánto es el 5%. En tercer lugar, qué partidos superan ese umbral (5%) y, por lo tanto, ingresan al procedimiento de distribución de escaños. En cuarto lugar, se establece cuántos escaños le va a tocar al partido. Se aplica el método cifra repartidora y, finalmente, se cuentan los votos preferenciales. Es decir, primero se establece si el partido pasó la barrera, luego cuántos escaños le tocan y, después, recién a quién le toca”, dijo.

Tras ese proceso, los partidos con grandes recursos y trayectoria han quedado golpeados, y agrupaciones como Ahora Nación o Buen Gobierno, que no tienen representación actualmente, no gozan de fondos ni burocracia y han estado en desventaja.

Congresistas que votaron por la reelección, pero no alcanzar un escaño

1. Ramírez García Tania Estefany
2. Zeta Chunga Cruz María
3. Bustamante Donayre Ernesto
4. Huamán Coronado Raúl
5. López Morales Jeny Luz
6. Ciccia Vásquez Miguel Angel
7. Medina Minaya Esdras Ricardo
8. Trigozo Reátegui Cheryl
9. Chirinos Venegas Patricia Rosa
10. Cueto Aservi José Ernesto
11. Echaíz Ramos vda de Núñez Gladys Margot
12. Julón Irigoín Elva Edhit
13. Camones Soriano Lady Mercedes
14. Elías Ávalos José Luis
15. Kamiche Morante Luis Roberto
16. Marticorena Mendoza Jorge Alfonso
17. Ruíz Rodríguez Magaly Rosmery
18. Salhuana Cavides Eduardo
19. Torres Salinas Rosio
20. Aragón Carreño Luis Ángel
21. Cavero Alva Alejandro Enrique
22. Gonzales Delgado Diana Carolina
23. Tudela Gutiérrez Adriana Josefina
24. Amuruz Dulanto Yessica Rosselli
25. Paredes Fonseca Karol Ivett
26. Williams Zapata José Daniel
27. Burgos Oliveros Juan Bartolomé
28. Juárez Calle Heidy Lisbeth
29. Arriola Tueros José Alberto
30. Luna Gálvez José León
31. Tello Montes Nivardo Edgar
32. Azurín Loayza Alfredo
33. Medina Hermosilla Elizabeth Sara
34. Morante Figari Jorge Alberto
35. Paredes Gonzales Alex Antonio
36. Valer Pinto Héctor
37. Montoya Manrique Jorge Carlos
38. Padilla Romero Javier Rommel
39. Zea Choquechambi Oscar
40. Ugarte Mamani Jhakeline Katy
41. Málaga Trillo George Edward
42. Limachi Quispe Nieves Esmeralda
43. Zeballos Madariaga Carlos Javier
44. Chiabra León Roberto Enrique

“Invitar al Ministro de Defensa, señor Amadeo Javier Flores Carcagno, para que concurra, con carácter de urgencia, al Pleno del Congreso de la República, a fin de que informe detalladamente sobre los hechos ocurridos el 25 de abril de 2026 en el distrito de Colcabamba (…) en los que se produjo la muerte de cinco ciudadanos y lesiones a otras personas por intervención de efectivos de las Fuerzas Armadas; así como sobre las medidas adoptadas para el esclarecimiento de los hechos y las acciones implementadas para evitar la repetición de situaciones similares”, se lee en el documento.

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Según el Comando Operacional del Este, el hecho se produjo en un supuesto enfrentamiento con personas vinculadas al narcoterrorismo. Días después, un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía sostuvo que una patrulla fue atacada con armas de fuego. En esa línea, se indicó que los militares actuaron en legítima defensa. El operativo dejó cinco fallecidos, dos heridos y un detenido. No se reportaron bajas en el personal militar.

Sin embargo, versiones recogidas por medios de comunicación y familiares de las víctimas contradicen esa versión. Señalan que no hubo enfrentamiento y que se trató de un uso desproporcionado de la fuerza. Los deudos aseguran que los fallecidos eran jóvenes dedicados al sector agrícola y que regresaban de un partido de fútbol. La iniciativa parlamentaria también cuestiona la ausencia previa del ministro ante la Comisión de Defensa del Congreso, lo que refuerza el pedido para que acuda al Pleno y dé explicaciones públicas.

¿Cómo evalúa el desempeño de organismos como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones?
Organizar estas elecciones era una tarea grande. En general, a lo largo de la jornada electoral, observamos en el país un proceso con retrasos, pero tranquilo. Sin embargo, como se detalla en nuestra Declaración Preliminar y en la rueda de prensa del 14 de abril, no podemos negar que se produjeron fallas importantes —sobre todo en la logística de Lima— que el domingo temprano por la mañana no parecían tan serias y que, a medida que avanzó el día, se hicieron evidentes: algunos locales de votación de la capital abrieron muy tarde por el retraso en la llegada del material electoral y otros, simplemente, no lo recibieron. Por cierto, la misión hizo unas declaraciones a los medios de comunicación el domingo por la mañana que se referían a la situación de ese momento, pero que fueron divulgadas en la tarde o en los días siguientes y, a esa altura, quedaron fuera de contexto, ya que nuestras declaraciones se referían a las horas tempranas del domingo. La posición de nuestra Misión es la que se presentó en la conferencia de prensa.

¿Qué estándares internacionales utilizó la Unión Europea para evaluar elecciones?
Utilizamos una sólida metodología de observación, probada en más de 200 misiones en 75 países, de acuerdo con la 'Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional' de las Naciones Unidas del 2005. Analizamos el marco legal peruano conforme a los tratados internacionales firmados por Perú, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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¿En sus reuniones con cada organización política y sus líderes, se comprometieron todos a respetar los resultados? ¿Renovación Popular también?
En las semanas previas a las elecciones intentamos reunirnos con todos los candidatos presidenciales, pero, lamentablemente, debido a sus apretadas agendas o a sus deseos legítimos de no encontrarse con la Misión, no pudimos hablar con todos. Logramos reunirnos con 14 candidatos presidenciales y con representantes de 34 de las 37 organizaciones políticas en contienda. Sin embargo, las entrevistas fueron confidenciales, por lo que no podemos compartir su contenido con los medios.

Sobre los discursos de fraude, teniendo como base su informe: ¿pueden estas narrativas socavar la democracia?
Como lo comenté al principio, observamos algunas irregularidades durante la jornada electoral y en el transcurso de los días siguientes, como las demoras en la apertura de los locales de votación y mesas, la no apertura de 13 locales de votación en Lima, algún material electoral abandonado en la vía pública, entre otros hechos; pero no hemos observado irregularidades extendidas o sistemáticas, ni hechos que hagan pensar que hay mala fe detrás de estos episodios. Si alguien tiene pruebas concretas de conducta indebida en las elecciones, debe contactar a las autoridades competentes para que tomen las medidas pertinentes.

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¿Ha podido observar actitudes antidemocráticas durante el desarrollo de la jornada electoral? ¿Cuáles?
No hemos observado este tipo de actitud.

¿Tiene alguna observación sobre el hecho de que el JNE anunció que los resultados oficiales podrían estar recién listos para el 15 de mayo?
Revisar todas las actas observadas y hacer los recuentos es un proceso complejo. Confiamos en que la administración hará su trabajo de manera ordenada. Hacemos un llamado al pueblo peruano para que permita que la administración electoral haga su labor y espere con calma los resultados.

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¿Existen experiencias internacionales parecidas a la peruana?
Cada país es diferente debido a su marco legal y su contexto histórico, por lo que en nuestras declaraciones nunca compararemos los procesos electorales.

¿En estos momentos cuál es la labor de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea?
En estos momentos, la Misión observa el desarrollo de la situación postelectoral y debo decir que vemos con mucha preocupación el aumento de tensiones y de violencia mediática contra las instituciones electorales. Estas entidades tienen que operar con la máxima transparencia y serenidad para continuar con el proceso electoral, que todavía enfrenta muchos retos. Por lo tanto, es importante que las medidas que se adopten tras la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales prioricen la independencia e integridad de la institución y la continuidad del proceso electoral. Asimismo, hago un llamamiento a la moderación en el discurso político para evitar el lenguaje agresivo y violento.

La versión oficial difiere de lo que ha declarado uno de los ocupantes del vehículo 4x4, Ricardo Acuña Quispe, quien salvó su vida al escapar y ocultarse hasta que llegaron representantes de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, Huancavelica, quienes le tomaron la manifestación correspondiente.

Los hechos ocurrieron a las 4.30 del sábado 25 de abril, en el sector Puente Mellizo, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica). El área es considerada parte del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), conocido como centro de producción de cocaína.

La Fiscalía de Tayacaja imputa a 8 militares (dos oficiales y seis suboficiales) el presunto delito de homicidio calificado.

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“Hemos cargado droga”

“Mi primo Eber (Soto Quispe), el que ahora está en el centro de salud porque ha sufrido disparos de armas, me llamó a José Olaya (distrito de Vizcatán, Satipo, Junín, ubicado en el VRAEM), un lugar muy alejado de esta zona, donde nos contrataron para cargar droga”, aceptó ante la fiscalía Ricardo Acuña Quispe, el sobreviviente, según el acta de su declaración a la que tuvo acceso La República.

“Éramos aproximadamente unos 50 hombres, a quienes no los conozco. Entonces, el miércoles 22 de abril en la tarde comenzamos a caminar por dos días. Yo he cargado 13 kilos de droga en una mochila de costal. Luego, el 24 de abril aproximadamente a las 7 de la noche, llegamos a un terreno descampado que no conozco y me pagaron 1,300 soles”, dijo el testigo, reconociendo que actuaba como “mochilero”.

Esta actividad es muy difundida entre los jóvenes del VRAEM porque les permite obtener dinero fácil. Pero no todos los pasajeros de la camioneta eran “mochileros”.

También señaló el testigo que entre los fallecidos se encontraba el copiloto de la camioneta, a quien identificó como la persona relacionada con el cargamento de droga y que también alquiló el fatídico vehículo.

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Pase de coca

“Tengo conocimiento que el hombre que viste pantalón blanco y casaca ploma, que se encuentra tendido en el suelo al costado del copiloto de la camioneta, contrató el vehículo y (estaba) entre (las) 7 personas que habíamos cargado la droga”, añadió el testigo Ricardo Acuña Quispe.

“Aproximadamente a las 4 de la madrugada, vi por la carretera a unos uniformados que tenían armas largas. (Entonces), el chofer (el colombiano Nilson Montenegro Valencia) de la camioneta, comenzó acelerar y en ese momento escuché los disparos. Luego del susto me tiré al suelo. Yo viajaba en la tolva de la camioneta y me escondí. Luego, en el amanecer, decidí entregarme. En un primer momento pensé que se trataba de rateros vestidos con uniformes”, apuntó Acuña.

También aclaró que la droga se encontraba en otra camioneta y no en el vehículo acribillado por los militares.

Han sido identificados entre los fallecidos Ever Romero Sivipaucar (37), Jaime Bendezú Paraguay (28), William Nuñez Soto (19) y Christian Vilcatoma Águila (18). La quinta víctima es el colombiano Nilson Montenegro Valencia.

Los militares implicados en el caso estuvieron detenidos hasta la tarde de este lunes 27 de abril. Ellos son el capitán EP Jorge Montenegro Pardo, el teniente EP Brayan Fernández Dettt y los suboficiales EP Douglas Villacorta Saboya, Edilberto Marcos Guerra, Américo Vásquez Rojas, Jorge Aguilar García, Andy Sánchez Ríos y Fernando Córdova Mariana.

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“No son mochileros”

Anthony Crespo, el abogado de los familiares de cuatro de las víctimas mortales (sin contar al colombiano Nilson Montenegro Valencia), señaló a La República que no todos los pasajeros se conocían entre sí y rechazó que fueran “mochileros”.

"Hay mucha información en las redes sociales. Acá la única verdad es que han matado a cinco jóvenes inocentes. En el auto no han encontrado ni armamentos ni drogas. Incluso las únicas personas que han salido sobrevivientes del vehículo les han hecho el examen para ver si es que ellos han tenido contacto con algún tipo de droga. Estamos hablando específicamente de clorhidrato de cocaína. Y estos exámenes han salido negativos", afirmó el abogado.

"Toda versión que está circulando en las redes, que el Ejército se está encargando de divulgar, no es más que meras excusas para justificar este atentado, esta masacre que ellos han perpetrado contra estas cinco personas”, señaló Anthony Crespo.

-'El curso de la justicia' no es un libro únicamente para especialistas.

-Mi libro pretende dar una visión global sobre lo que todos debemos saber del sistema de justicia y la administración de justicia. Y tiene un punto de vista, que es el mío, el del autor. Ese punto de vista no es subjetivo. Yo, durante 30 años o más, he trabajado desde la sociedad civil temas de justicia. Y, además, he enseñado en ámbitos muy diferentes, como en la universidad, pero también a periodistas y policías, por ejemplo. Entonces, me baso también en esa experiencia y siempre sobre la base de ejemplos de la vida real. Yo trato sobre el Poder Judicial, la Corte Suprema, y pongo ejemplos y evalúo por lo que ha pasado históricamente en el Perú, o lo que está pasando hasta el momento que escribí el libro.

-De lo último que dices, se colige que hay muchos temas candentes que hablar.

-Siempre que enseño un curso, sea en la universidad o porque me convocan de un sector determinado, lo hago en base a la actualidad. Por ejemplo, si enseñara ahora el Ministerio Público, voy a explicar cómo se está tomando o se ha tomado la Fiscalía por el pacto del Congreso. En segundo lugar, cómo ahora la Junta de Fiscales Supremos es integrada por todos los fiscales que habían sido destituidos. Entonces, es una manera de ver la justicia en funcionamiento, porque si no, imagínense, uno enseña solamente lo que dice la Constitución. Siempre me baso en los ejemplos, y no solo de Perú, sino también de otras partes. Por ejemplo, yo menciono todo el tiempo lo que está pasando con Trump y cómo los jueces están poniéndole un pare a Trump.

-En el libro hay claridad de discurso. Pero cuando se nos habla de justicia, como que hay un oscurantismo discursivo. Como si a propósito se hablara en código para que la gente no entienda.

-Totalmente de acuerdo. Justamente, también yo trato que, con esta publicación virtual, 'El curso de la justicia', más gente pueda entender el mundo de la justicia. Es decir, los que ya saben puedan profundizar y los que no saben, que son la mayoría, puedan entender lo esencial. Siempre se trata de presentar la justicia como algo muy técnico, muy aburrido, muy difícil. Lo que pasa es que hay un objetivo de que la gente no pueda opinar sobre la justicia porque de esa manera no puedes fiscalizar, no puedes defender lo positivo y criticar lo negativo. Y ahora, además, estamos en una época terrible porque es la época de absoluta desinformación en los temas de justicia.

-En este escenario, el Tribunal Constitucional se ha vuelto intocable. ¿Eso es verdad o es una patraña?

-Se quiere hacer creer que lo que dice el Tribunal Constitucional es la última palabra. Eso es mentira. ¿Quién resuelve los amparos y los habeas corpus en las dos primeras instancias? El Poder Judicial. ¿Quién puede no aplicar una ley porque es inconstitucional? El Poder Judicial. Entonces, es muy importante que la gente sepa eso, que un Tribunal Constitucional que da una sentencia completamente contraria a la Constitución o a los convenios internacionales está excediendo totalmente de manera inequívoca sus funciones.

-Pero muchos medios de comunicación justifican las sentencias horrorosas del TC.

-Esos medios invitan a supuestos juristas que se presentan como académicos, pero en realidad son los abogados de los casos. Dicen que está bien la sentencia cuando no es cierto. Y por eso es que no quieren, por ejemplo, que jueces, fiscales como Domingo Pérez salgan en los medios de comunicación, porque rompen ese monopolio que normalmente tiene la gente que va a opinar solamente en un sentido, salvo evidentemente excepciones de medios de comunicación como La República.

-En este escenario, el Congreso es un elemento clave. Da las normas. ¿Qué opinas de este Congreso?

-El Congreso, siendo un poder del Estado, es parte del sistema de justicia en el sentido de que tiene una serie de funciones que se relacionan directamente con el sistema y la administración de justicia. Tú lo acabas de decir: da las normas que tienen que aplicar jueces, fiscales, abogados, procuradores a la hora de resolver los casos. Pero no solamente da las leyes, sino que, por ejemplo, nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, nombra al defensor del pueblo, al contralor. Este tema lo abordo en mi libro. Este Congreso lo que ha hecho es contribuir a capturar la mayoría de organismos que son parte del sistema de justicia.

-Capturar suena delincuencial.

-Han capturado el TC al punto que ahora todo el tiempo dan sentencias que les conviene, sentencias que son aberrantes, que son contra las leyes, leyes que ha dado el Congreso incluso. Hay hasta un caso que yo pongo que es el colmo. Los mismos miembros del Congreso que votaron a favor de una norma ponen una acción de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para que el TC se pronuncie a favor de la ley y de esa manera la constitucionalice. Entonces, por supuesto, veamos lo del defensor del pueblo. El Poder Judicial, en un amparo interpuesto por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo, dice que hay que parar este nombramiento del defensor del pueblo, no hay buenos candidatos, no se está cumpliendo con la meritocracia. Sin embargo, el TC le enmendó la plana y tenemos ahora este defensor del pueblo que más bien juega a favor de los Urresti, juega a favor de todas estas normas denominadas leyes procrimen. Todo el sistema interamericano está totalmente en contra de la sentencia del TC a favor de Urresti. Se han saltado todas las normas.

-¿Se está dando algún tipo de batalla ante esta situación?

-Hay muchos jueces y fiscales que están dando la batalla a favor de la institucionalidad democrática a través de pronunciamientos, a través de amparos ante incumplimiento de leyes y a través de su buen trabajo. Es la primera vez que tenemos un grupo de fiscales y de jueces que han decidido hacer cumplir la ley; no me importa que sean presidentes de la República. Acuérdate del Club de la Construcción. Todas las empresas del Club de la Construcción dijeron somos inocentes, totalmente inocentes. Y después se acogieron a la colaboración eficaz, cuyo primer requisito es reconocer que han cometido un delito. Por eso es que hay tanto abogado que se enriquece con estos casos y que sale a los medios de comunicación a atacar a los fiscales que investigan. No se tiene la transparencia de decir yo estoy llevando estos casos. No tiene nada de malo hacerlo, pero no son transparentes.

-La figura presidencial, específicamente con este Congreso, ha estado muy manoseada.

-El Congreso y el TC juegan en pared. El Congreso ha dado leyes por las cuales es muy fácil una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Prácticamente ha dado una ley que dice que basta con que tenga el número de votos suficiente. Y el TC ha dicho que está bien; pudiendo haberla declarado inconstitucional, no la ha declarado inconstitucional. Este juego de poder de vacar a cualquiera en cualquier momento obedece a medidas que se han dado con este Congreso, con este TC y con estos gobiernos, es decir, desde Boluarte. Tenemos presidentes nombrados por el Congreso. Yo tengo la esperanza de que esto sea modificado; estoy pensando en las leyes procrimen. También tengo la esperanza de que este domingo la población reaccione y diga la famosa frase “por estos no”, que son casi todos los candidatos del Congreso. Hay gente con trayectoria de sinvergüenzas, de violadores de derechos humanos, con fama de incapaces y que tienen investigaciones. El panorama no deja de ser difícil porque han dado muchas normas y muchas condiciones para poder manipular las elecciones y para poder, si pierden, nuevamente pretender gritar fraude.

-Hemos hablado de varias atrocidades. ¿Cuál le fastidia más?

-Son muchas, pero me parece increíble que, habiendo 50 muertes de las protestas del 2022 y 2023, la justicia y el Congreso hayan archivado ese caso. No pueden quedarse 50 muertos en el aire, como si no hubiera pasado nada.

-Una de las críticas recurrentes a los fiscales Vela y Pérez era que ellos no eran objetivos en sus acusaciones.

Decían que estos fiscales lo que quieren es que Vizcarra se quede en el poder y por eso quieren anular a todos los candidatos. Sin embargo, después también han acusado a Vizcarra. Ellos han acusado a gente de todos los sectores, como Susana Villarán, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, PPK. Lamentablemente, estamos viviendo épocas donde ya podemos adelantar que los siguientes presidentes también van a ser investigados por la Fiscalía, por las cosas que ya sabemos. Los fiscales y los jueces han decidido que ahora todos somos iguales ante la justicia. De Vela y Pérez se dicen muchas cosas, y claro, tengo críticas a lo que han hecho, pero los hechos están ahí. Han investigado a todos.

-¿Por qué se les critica tanto?

Han investigado a gente de muchísimo poder del ámbito político y empresarial. No es casualidad que los ataques vengan de los medios de comunicación con los que están vinculados muchos de los investigados. No ha habido una mirada fría con la labor que han hecho.

-¿Qué pasó en el caso de Keiko Fujimori?

-El gran problema fue abordar muchos casos. No se tenían los recursos para investigar a muchísimas personas. Lo que no se dice es que sus acusaciones también tenían respaldo. No es extraño que este equipo de fiscales haya sido desactivado. ¿Quién se beneficia con esa desactivación? Eso ya es muy revelador. En este país, enfrentarse a la corrupción es un choque directo contra los grandes intereses económicos. Mi balance sobre ellos es absolutamente positivo. He hecho un seguimiento de los casos que han abordado y mi impresión, como te dije, es muy positiva. En las prisiones preventivas contra Keiko Fujimori, estas fueron avaladas por más de una instancia del sistema judicial. Keiko y su defensa legal reconocieron todos los hechos, que habían recibido 4 millones de Dionisio Romero, por ejemplo.

-¿Y sobre Pedro Castillo?

-Soy muy crítico de su gobierno, pero él fue elegido presidente. Los que vinieron después los puso el Congreso.

-Ahora Pérez es abogado de Castillo.

-Gravísimo error de parte de él, porque Castillo dio un golpe de Estado, y está siendo investigado por contundentes casos de corrupción. Él mismo ha tirado por los suelos sus logros y prestigio, y le ha dado municiones a los enemigos de la lucha contra la corrupción.

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El también congresista afirmó que no comparte declaraciones previas de Humala, en las que calificó a la organización terrorista Sendero Luminoso como "lo mejor que ha dado la izquierda", así como su propuesta de fundar una "Iglesia Tahuantinsuyana".

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“Hay una voluntad de presentar esas expresiones como un ‘cuco’. Yo no comparto ninguna de esas ideas. Soy cristiano católico y defiendo los derechos humanos. Si Antauro tiene esas posiciones, las respeto, pero no las comparto. El programa de Juntos por el Perú no recoge esos planteamientos”, señaló el candidato en el programa 'Brutalidad política'.

Sánchez también sostuvo que dichas declaraciones no son recientes. Asimismo, expresó su respaldo a la participación de Humala en la vida política, pese a las condenas que cumplió por los delitos de homicidio, daños agravados, secuestro, sustracción de armas y rebelión en el caso conocido como el Andahuaylazo.

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“Creo que hay una exageración. Antauro Humala ha cumplido una condena de 18 o 20 años por rebelión. Quien ya pagó su deuda con la justicia tiene derecho a participar en política. Puede haber ideas radicales o maximalistas, pero la democracia implica tolerancia sin recurrir a la agresión”, agregó.

Sánchez evalúa a José Domingo Pérez y Hernando Cevallos como ministros de Justicia y Salud

Durante la entrevista, Sánchez también mencionó posibles nombres para integrar su eventual gabinete. En relación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el representante de Juntos por el Perú señaló que José Domingo Pérez, exfiscal del equipo especial Lava Jato y actual abogado del expresidente Pedro Castillo, figura entre las opciones evaluadas.

“Hay conversaciones preliminares, claro que sí, pero aún no hay una definición sobre quién asumirá cada cartera. Este es un momento de diálogo y él es una de las personas que ha sido invitada a participar en la conformación de equipos”, declaró sobre el exfiscal.

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Asimismo, Sánchez indicó que Hernando Cevallos, excandidato al Senado por Juntos por el Perú, es considerado para asumir el Ministerio de Salud. Cabe recordar que Cevallos ya ocupó dicho cargo durante el gobierno de Pedro Castillo.

“Entre los nombres que puedo mencionar está el doctor Hernando Cevallos para Salud, quien ya ha sido ministro. En el sector Energía también se evalúa al sanmarquino Jorge Manco Zaconetti”, agregó.

La citación estaba prevista para este lunes 27 de abril a las 3.30 p. m. en el Congreso, donde los representantes de los ministerios debían informar sobre el estado de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate. Esto ocurrió tras las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien se negó a firmar la compra y trasladó la responsabilidad al siguiente gobierno.

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A través de un oficio enviado a la presidenta de la comisión, Karol Paredes, el premier Luis Arroyo solicitó que se les excuse de participar en la convocatoria. En el documento se señala que la inasistencia responde a “razones de fuerza mayor” que se vienen registrando en distintas regiones del país, lo que hace indispensable la presencia de los titulares de los sectores en sus respectivas jurisdicciones.

Pese a la ausencia de los ministros, en horas de la mañana el congresista José Cueto indicó que la sesión se desarrollaría de forma normal. En tanto, el Ejecutivo manifestó que mantiene su disposición de acudir en una próxima oportunidad para brindar información sobre la adquisición de los aviones y atender los requerimientos del grupo de trabajo.

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Karol Paredes califica de irresponsable la inasistencia de ministros a la comisión y plantea reprogramar la cita para este 4 de mayo

Al término de la sesión, la presidenta de la comisión de Defensa, Karol Paredes, calificó de irresponsable y una falta de respeto la ausencia de los ministros en el grupo de trabajo. La congresista indicó que el tema de la compra de los aviones F-16 debe ser aclarado por los representantes de las carteras de Defensa, Relaciones Exteriores y del Consejo de Ministros, debido a que este “genera cierto ruido” entre la ciudadanía.

“Para mí no solamente es irresponsable, sino también una falta de respeto, porque consideramos que si hay un tema que está generando cierto ruido, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primera fila dar la cara y en segundo informar las cosas como son. Quizá no podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero lo importante es dar la información que corresponde”, indicó.

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Paredes enfatizó que la situación tras la polémica por la adquisición es una prioridad que se debe tomar en cuenta como prioridad por parte de los ministros. Además, dejó abierta la posibilidad de que la sesión se reprograme para el lunes 4 de mayo con la asistencia de los integrantes del Gabinete Ministerial.

“Yo sí considero que se debería tomar esto como una prioridad, así como se toma en cuenta a veces puntos, como el tema de la seguridad; el tema también de nuestra soberanía es sumamente urgente (…) El tema de la reprogramación se va a dar, nosotros consideramos que está siendo previsto para el día lunes, esperamos que para esa fecha no tengamos ningún problema”, mencionó.

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La legisladora considera que los cambios dentro de las entidades del Ejecutivo no eran pretextos para faltar a la reunión, insistiendo que el premier Luis Arroyo, al ser antecesor de la cartera de Defensa, conocía del tema, así como el canciller Carlos Pareja, de quien la congresista comentó haber escuchado en medios de comunicación opinando sobre el tema. Respecto al nuevo ministro de Defensa, Amadeo Flores, la parlamentaria hizo hincapié en que tuvo el fin de semana para prepararse para la reunión.

“Cuando alguien asume una responsabilidad, valga la redundancia, tiene que asumir los activos y los pasivos. A mí de verdad me sorprende mucho; el premier ha sido ministro de Defensa y conocía perfectamente la información sobre el tema de los aviones. Al canciller yo lo he escuchado unos días antes, si no me equivoco, opinando sobre este tema y tampoco puedo decir que es una persona que no conocía sobre el tema. En este caso, el ministro de Defensa, si bien es cierto que recién ha asumido el tema, ha tenido un fin de semana para poderse informar y estar en esta reunión”, dijo.

El fuerte intercambio de palabras entre los diplomáticos comenzó cuando Jingyang reaccionó a un tuit de Navarro, en el que advertía de represalias a Perú "si negociaba de mala fe" la compra de aviones. Esto ocurrió en medio de las idas y venidas del Ejecutivo por el contrato de las naves.

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"Si negocian de mala fe con EE. UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la Administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región", escribió el embajador el pasado 17 de abril.

Por ese motivo, un día después, Jingyang reaccionó y aseguró que dicho lenguaje "no es diplomático". "¡Es coercitivo directo, puro y crudo!", afirmó.

Estados Unidos le respondió a China: "¿Y tú aprendiste la diplomacia leyendo la Caperucita Roja?"

La respuesta de Estados Unidos tardó varios días en llegar. En horas de la mañana del 27 de abril, Navarro cuestionó a Jingyang por la forma en la que aprendió la diplomacia e hizo alusión al cuento de la Caperucita Roja.

"¿Y tú aprendiste la diplomacia leyendo la Caperucita Roja? ¡Abuelito chino, qué ojos tan grandes tienes! Son para verte mejor. ¡Abuelito chino, qué orejas tan grandes tienes! Son para oírte mejor. ¡Abuelito chino, qué dientes tan grandes tienes! ¡Son para comerte mejor!", narró.

China contraatacó

Tres horas más tarde, China contraatacó. Jingyang respondió calificando a su homólogo como un "estimado colega". No obstante, lo cuestionó por haber recordado el famoso cuento. "¿Cuando describes al lobo de Caperucita Roja, no te estás mirando al espejo?", preguntó.

En esa misma línea, el diplomático prosiguió: "Gritas “libre elección”, pero agitas el garrote de las sanciones; te haces el “país maduro”, pero usas burlas baratas… Con esto solo dejas clarísimo quién es el verdadero lobo".

Asimismo, mencionó que "China siempre apuesta por el respeto mutuo y la igualdad". Además, resaltó que "Perú es un país soberano y puede elegir a sus socios sin que nadie lo amenace". "Nuestra cooperación con Perú es limpia, abierta y mutuamente beneficiosa", dijo.

"El que de verdad es fuerte no necesita dientes de cuento de hadas, sino grandeza y cerebro. La amistad entre China y Perú es sólida como una roca. Ningún cuento infantil la va a parar. Gracias por la atención", sentenció.

El embajador chino terminó su respuesta colocando hashtags de "respeto mutuo", "No me vengan con cuentos", "Mírate al espejo" y "Caperucita roja diplomática".

Tras vencer la detención por flagrancia, el capitán Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova salieron en libertad este lunes por la mañana.

La fiscal Zina Romero Chávez inició una investigación preliminar contra ocho militares por el presunto delito de homicidio calificado; sin embargo, todos los involucrados afrontarán el proceso en comparecencia.

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El testigo Ricardo Acuña Quispe, quien confesó ante la Fiscalía que transportó droga antes del ataque militar, también permanecerá en libertad junto con Eber Soto Quispe y Jhonatan Águila Gutiérrez, los otros jóvenes que estuvieron en la camioneta y resultaron heridos.

Al respecto, el abogado Anthony Crespo, en declaraciones para Ojo Público, dijo que presentará una queja ante el órgano de control de la Fiscalía contra Zina Romero por la liberación de los investigados.

Diligencias de la Fiscalía

Las investigaciones siguen avanzando para esclarecer la ferocidad del ataque que ejecutaron las Fuerzas Armadas. El peritaje de absorción atómica practicado a las víctimas dio como resultado que ellas no realizaron ningún disparo con arma de fuego.

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Por el contrario, la misma prueba a la que fueron sometidos los militares confirma el uso excesivo de sus armas, debido a que la camioneta en la que viajaban los jóvenes presenta 60 impactos de bala en diferentes ángulos, cuyos proyectiles provienen de fusiles de largo alcance, como reveló la unidad de investigación de La República.

Según los peritos de criminalística, en la escena del crimen no hubo evidencia de intercambio de balas entre los ocupantes de la camioneta y la patrulla militar.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) sostiene que la patrulla del Ejército intervino la camioneta Toyota 4x4 porque sus ocupantes estaban vinculados a redes del narcotráfico y que hicieron uso de sus armas "en legítima defensa".