De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las regiones que irán a segunda vuelta este 2026 son: Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

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Mientras tanto, las que vivieron ese mismo escenario en el último proceso de 2022 fueron: Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura.

Estas nueve regiones contrastaba con las 15 registradas en 2018 y las 14 de 2014. Se trataba de una cifra notablemente menor a lo usual.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, Darío Pedraglio del Observatorio Político del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en diálogo con este medio, considera que lo más atípico, por lo menos en estos últimos procesos, fue lo que pasó en el 2022, al tratarse de solo nueve regiones. No obstante, resaltó que existen diferencias entre ambos procesos que podrían ayudar a entender por qué más regiones deberán acudir nuevamente a las urnas este año.

Uno de los factores, indicó, es la mayor cantidad de candidatos en competencia. Al hacer aproximaciones, el promedio pasó de alrededor de ocho listas por región en 2022 a cerca de diez en 2026.

“Esta mayor cantidad de oferta podría llevar a que haya una mayor dispersión del voto y eso hace que sea más complejo para los candidatos llegar a este 30% de umbral para ganar en primera vuelta”, sostuvo.

Pedraglio señaló que esta situación habría sido especialmente determinante en alrededor de siete regiones, donde los candidatos que ocuparon el primer lugar se quedaron cerca de alcanzar el umbral electoral, con porcentajes de entre 28% y 29%.

En dichos casos, una menor cantidad de competidores podría haber permitido que alguno superará el 30% y evitará la segunda vuelta. “La fragmentación del voto en esas regiones puede haber sido determinante”, resaltó.

También, otro de los factores a considerar es que en este proceso se ha observado menor presencia de movimientos regionales.

“Quizás el hecho de también participar en organizaciones nacionales, en muchos casos devaluadas en el ámbito subnacional, puede haber sido otro elemento que restara porcentaje a algunos políticos que quizás si hubieran compitiendo con un movimiento regional propio les hubiera ido mejor”, señaló Pedraglio.

Por otro lado, respecto al voto cruzado, sostuvo que, aunque se ha presentado en distintas regiones, continúa existiendo una relación entre el desempeño de las candidaturas distritales, provinciales y regionales.

Es decir, los postulantes con mayor respaldo territorial pueden contribuir a fortalecer otras candidaturas de su entorno político.

“Las candidaturas se alimentan unas de otras”, explicó. Por lo tanto, afirma, las alianzas entre candidatos competitivos pueden favorecer sus resultados, incluso cuando el partido que los agrupa funciona principalmente como un vehículo electoral y no necesariamente refleja una identidad partidaria consolidada.

Preferencia por el candidato antes que el partido

El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, también consideró que el hecho de que 15 regiones vayan a segunda vuelta está dentro del “margen de lo esperable”, pues en anteriores procesos la cifra ha sido similar.

Aún así planteó que uno de los factores que pudo influir este año es que la mayor dispersión de los votos y la presencia de listas competitivas en cada región, lo cual puede dificultar que un candidato alcance el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta.

Tuesta también advirtió que las elecciones regionales se caracterizan por el peso de los candidatos individuales por encima de las organizaciones políticas.

A diferencia de un partido organizado y disciplinado, que podría impulsar candidaturas competitivas en distintos niveles, la falta de articulación partidaria hace que los resultados regionales, provinciales y distritales no necesariamente coincidan. “Estamos delante de candidatos, básicamente personas; no estamos delante tanto de partidos”, anotó a La República.

En esa línea, explicó que el elector puede votar por un candidato a gobernador regional y, al mismo tiempo, elegir a otro postulante para el consejo provincial, debido a que las preferencias pueden responder a la cercanía con determinados candidatos.

Tal dinámica contribuye a que los resultados varíen entre los distintos niveles de gobierno y dificulta que una organización política concentre el respaldo suficiente para imponerse en primera vuelta.

Menor presencia de movimientos regionales

Por su lado, Alvaro Gálvez Pasco, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), indicó que este año hubo menor presencia de movimientos regionales.

Esta situación responde, en parte, a la incertidumbre que generaron las propuestas debatidas en el Congreso, señaló a este medio.

Gálvez explicó que el Parlamento impulsó dos iniciativas: una que buscaba prohibir que los movimientos regionales presentaran candidatos y otra que planteaba exigir una afiliación partidaria de al menos dos años para postular. Aunque estas medidas finalmente no prosperaron, su discusión llevó a dirigentes locales a buscar alternativas para no quedar fuera de la contienda electoral.

“Cuando luego dijeron: ‘Oye, los movimientos regionales no se van a prohibir’, los movimientos regionales ya no tenían candidatos”, señaló.

El investigador destacó que este cambio representa una diferencia importante frente a procesos anteriores.

Entre 2010 y 2022, los movimientos regionales representaron aproximadamente entre el 60% y el 74% de las organizaciones ganadoras en las elecciones regionales, considerando tanto a quienes vencieron en primera vuelta como a quienes pasaron a una segunda ronda.

En cambio, en los comicios de 2026, cerca del 90% de las candidaturas corresponde a partidos políticos nacionales, según el análisis del especialista.

Sin embargo, esta mayor presencia de partidos nacionales no implica necesariamente que los candidatos tengan una identidad partidaria consolidada. Gálvez Pasco sostuvo que, en las elecciones subnacionales, las decisiones de afiliación suelen responder a cálculos electorales y a las redes políticas disponibles en cada territorio. “No hay identidad partidaria. En realidad, esto es muy pragmático”, afirmó.

En ese sentido, explicó que los candidatos pueden elegir una organización política en función de las oportunidades que les ofrece para competir, de sus contactos y de las alianzas que consiguen establecer con otros postulantes. “Lo único que es (la afiliación) es como, a última hora, buscar quién más o menos, dónde me conviene más y quién me acepta para poder participar de la elección; no me quería quedar fuera”, indicó.

También advirtió que pertenecer al mismo partido no garantiza una coordinación política efectiva entre autoridades regionales, provinciales y distritales. Si bien pueden existir organizaciones que cuentan con redes territoriales consolidadas y una trayectoria compartida, considera que estos vínculos deben evaluarse caso por caso.

Por ello, la reducción de movimientos regionales no supone necesariamente una mayor cohesión partidaria ni asegura una gestión articulada entre los distintos niveles de gobierno.

Bueno, el asunto es el siguiente. Imagínate a un profesor de matemáticas al que le dicen: tú puedes trabajar con los alumnos, hacer tu programa, hacer tus clases, pero si el alumno está por repetir el año, tienes que consultar. Es decir, si confiamos en que el profesor va a hacer todo el proceso y si él llega a la conclusión de que el alumno no merece aprobar, entonces no aprueba.  ¿Pero por qué dar la oportunidad a que venga alguien a decir, sabes qué, no estoy de acuerdo, puede ser que el alumno merezca una reconsideración? La analogía con el colegio es esa. El director sigue el reglamento, cumple todo el proceso que tiene que cumplir y al final llega a la conclusión de que un alumno no puede seguir en el colegio. Pero el hecho de que pueda venir alguien de afuera a decirte ¿Sabes qué?, tienes que revisar tu decisión porque no estoy de acuerdo, le quita al director la posibilidad de usar realmente la expulsión como la medida extrema que se requiere cuando ha cumplido con todos los pasos previos. Ahora, hay que tomar en cuenta que las expulsiones corresponden a menos del 1% de los casos de indisciplina.

Ahora, ¿no le hace un poco de ruido que este reglamento se aplique directamente en los colegios públicos, pero se deje la puerta abierta para que los colegios privados se adecúen a él?

Bueno, en realidad deberían adecuarse todos. En general, a mí nunca me ha gustado esta diferenciación entre públicos y privados. Inclusive cuando presentan los resultados de las pruebas censales ponen los públicos por un lado y los privados por otro, como si fueran dos mundos distintos. Es un mismo ministerio para todos. El hecho de que el propietario de un colegio sea el Estado, en los públicos, o haya promotores en un privado no quiere decir que la acción rectora del Estado no deba ser igual para todos. Y entonces, yo creería que tiene que haber una capacidad de cada colegio de precisar los reglamentos a partir de las grandes generalidades que plantea el Ministerio de Educación. ¿Por qué no podría un colegio público adecuar, por ejemplo, su código de vestimenta, sus reglas de convivencia, su horario escolar y cosas por el estilo según las realidades de su propio contexto? Igual que lo hace un privado.

Además, que son los que conocen su propia realidad.

Claro. Y por eso es que me llamó la atención que, por ejemplo, se diga que el Estado define la presentación personal para los públicos, pero los privados que se definan por sí mismos. Cuando en realidad el concepto debería ser que cada colegio, cada comunidad educativa tiene que resolver cuál es el código de vestimenta o de presentación personal que es pertinente y adecuado para su realidad.

Además, que se abre la puerta una diferenciación innecesaria, que se vería en las calles. O sea, niños de escuelas públicas con el pelo recortado, y los chicos de colegios privados, de acuerdo a lo que decida su dirección.

Sí, mira, uno tiene que saber qué batallas va a pelear. Si yo voy a desgastar a los profesores en medirle el pelo a los alumnos, ver el tamaño de la falda, revisarle todos los días el maquillaje, encima tienen que ser los custodios del celular, ¿en qué momento se van a concentrar en perfeccionar su trabajo pedagógico? Entonces, yo tengo que plantear qué es lo central y qué es lo periférico. Y esta concepción de que si yo establezco reglas de conducta muy estrictas voy a lograr que el alumno sea autorregulado, disciplinado y todo lo demás, desde mi punto de vista es equivocada. Porque de hecho está evidenciado que no resuelve los problemas, no mejora la convivencia, genera más bien molestia de los alumnos, temor frente al castigo, una especie de desborde cuando nadie los está mirando. ¿Qué autorregulación se consigue con eso?

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Ahora, hablando de ese tema, ¿qué sintió cuando la presidenta, durante la presentación de estos reglamentos, le puso más énfasis al tema del maquillaje, al recorte del pelo?

Yo lo sentí un poco contradictorio. Primero porque es la oportunidad de permitir que los alumnos participen con sus opiniones en la construcción de las reglas de convivencia de su centro educativo.

Pero no se ha sentido eso. Se ha sentido como una imposición.

Por eso yo decía que se ha perdido esa oportunidad de decir: miren, respecto a la vestimenta, la presentación personal, los colegios van a resolver, conversando con los alumnos, con los padres y demás, cuál es la fórmula que les parece la más pertinente, reconociendo que un colegio no es una playa, no es una discoteca, no es una plaza pública, no es un mercado, el colegio es un centro formal que tiene ciertas reglas, pero defínanla entre ustedes. En lugar de apostar por la autonomía, confiar en el criterio de cada comunidad educativa de plantearse ciertas normas de convivencia, se les quiere imponer desde una perspectiva muy particular, porque obviamente la perspectiva de la presidenta Fujimori y del ministro Chang es una perspectiva particular, bastante conductista, sobre cómo hay que organizar la vida interna de un colegio.

Claro, además, en la exposición de la presidenta lo que llamó la atención es que pusieron un poco de su propia cosecha, porque el tema del pelo recortado no está dentro del texto que han presentado.

No está. Ninguna de esas normas de presentación personal está en los lineamientos. Eso fue parte de un intento de explicación de lo que decían los lineamientos, pero los lineamientos no hablan de eso, por lo menos no los que presentó el ministro Chang. Pero yo creo que aquí hay un tema con tener claridad respecto a cómo uno reconoce que la escuela, sea pública o privada, es el espacio en el que se encuentran los diferentes. Una cosa es la casa, que es un espacio privado, donde, por ejemplo, si los padres son católicos, quieren educar a sus hijos dentro de la doctrina católica. Si los padres son musulmanes, lo mismo. En la escuela se encuentran los diversos. Entonces, yo no puedo establecer las normas que yo aplicaría en mi casa, en el espacio público. En el espacio público yo tengo que decir qué cosa es lo inclusivo, qué cosa es lo que respeta la diversidad.

Ahora, se ha hecho también la clasificación de las faltas en las escuelas, son leves, graves, pero al hacer la redacción hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, cuando un estudiante falta tres veces sin ninguna justificación, es grave, pero a la vez es grave vender sustancias prohibidas. No parece que sean equivalentes ambas situaciones.

No lo son. Yo creo que en general establecer una aritmética de faltas para que automáticamente definan una sanción, atenta contra el criterio de quienes atienden las faltas. Es decir, ¿por qué la suspensión tiene que ser a los tres días? Puede ser a los dos días, a los cinco. Puede ser que a un chico se le diga: Mira, anda 15 días a tu casa, vas a revisar tu actitud, vas a revisar tu conducta, vas a conversar con tus padres, van a definir si quieres estar en este colegio, estas son las reglas. Es decir, esta parte de poner numeritos para definir la gravedad de una norma, es la que me parece que otra vez le quita la confianza a los colegios para que decidan si lo que ha ocurrido es relevante, leve o grave. ¿Y qué pasa si un alumno trae una sustancia prohibida? Tengo que tener la posibilidad de actuar de inmediato, pero para eso debo tener protección. En la normativa anterior yo no podía, por ejemplo, pedirle que abra su mochila, su casillero, etc. Había que llamar a los padres, porque se estaban atropellando los derechos de privacidad, de intimidad, o los estabas ofendiendo. Pero en realidad tú estás tomando medidas preventivas y tienes que tener un respaldo, una protección que te diga que si el equipo de convivencia ha considerado que es importante chequear el contenido de las mochilas, adelante. Y no es posible que eso sea motivo de que te acusen de abuso de autoridad.

¿Y eso sí se ha corregido en esta propuesta?

Es que esto es una propuesta, yo no he visto el reglamento. Pero daría la impresión que quieren ir en esa línea.

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¿Cómo interpreta el anuncio de la presidenta de que van a limpiar de ideologías los textos escolares? Mucha gente no entiende a qué se refiere.

Yo personalmente tampoco entiendo bien. Yo creo que lo que están diciendo en el fondo, usando esos términos, es que hay dos cosas que les preocupan. Uno, cómo se maneja el tema del terrorismo y la participación de las fuerzas armadas y cómo se llama a esos hechos: conflicto interno, guerra contra el terrorismo, etc. Y en el tema de género, les preocupa lo que llaman ideología de género versus lo que se plantea taxativamente: que sólo hay hombre, mujer y matrimonio y el resto es anormal o no existe, o no debería tener un lugar en la escuela o lo que fuera. Ahora, no hay forma de escribir un libro si no hay ideología. Por ejemplo, economía. El autor va a transmitir su preferencia por una economía liberal o una economía planificada o estatizada, y cuál es la verdad aséptica, cuál es la verdad pura que permite que uno limpie la ideología para que uno aprenda economía o uno lea un texto de economía, o en literatura o en historia. Otro ejemplo, vamos a decir que tenemos que estudiar el conflicto de la Guerra del Pacífico. Uno agarra los mismos hechos. Los libros de Perú dicen una cosa, los libros de Chile dicen otra cosa. Cuál es la verdad aséptica, pura, científicamente demostrada. Todo depende de quién es el autor, cómo interpreta, cómo plantea sus puntos de vista y todo lo demás.

De hecho, que la presidenta proponga limpiar ideologías de los textos ya es un hecho ideológico.

Claro. Desde su ideología y su visión de cómo es la disciplina o cómo es el pensamiento del adolescente o del niño, plantea que hay que quitar de los libros todo aquello que se opone a esa, vamos a llamarle verdad oficial o lo que fuera. Pero también eso es contradictorio, ¿por qué? Porque si queremos que haya pensamiento crítico, uno tiene que confrontarse con aquellas cosas que de alguna manera explican un problema que puede ser polémico, pero si yo quiero pensamiento crítico tengo que crear la oportunidad para confrontar puntos de vista y por eso es que en los colegios modernos lo que se hace es utilizar distintas fuentes cuando uno trata un problema determinado: qué dice la derecha, qué dice la izquierda, qué dicen los conservadores, qué dicen los progresistas, qué dicen los liberales. Es decir, uno confronta fuentes diversas y entonces el alumno de verdad desarrolla su pensamiento crítico. 

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior

Devolver a la DINI la función de producir información de inteligencia es una opción política. Cuando en 2013 se decidió que la DINI no produjera su propia inteligencia, la medida buscaba evitar la presunción de un uso inadecuado del sistema y, así, dar tranquilidad a la clase política. Ello no significó que el país se quedara sin un sistema de inteligencia, pues, tanto antes como después de 2013, la DINI básicamente procesaba la información que producían la Dirin (PNP), la Digimin (Mininter) y los órganos de inteligencia del Ejército del Perú, la Fuerza Aérea y la Marina.

En tal sentido, la DINI se constituyó en el organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional, con la función principal de dirigir y coordinar el sistema, además de integrar y procesar la información proveniente de las agencias antes citadas. Desde mi perspectiva, el marco normativo que regula a las entidades de inteligencia no impide buscar información sobre temas relacionados con el crimen organizado en todas sus expresiones.

Por ello, permitir que la DINI produzca su propia información de inteligencia será siempre una opción política, porque depende del presidente del Consejo de Ministros y su información tiene como destinatario principal a la Presidencia de la República.

Sebastián Flores-Martín, criminólogo experto en seguridad pública

Otorgarle a la DINI la capacidad de realizar inteligencia operativa genera cuestionamientos por diversas razones. La primera es que ya existen órganos que se encargan de la inteligencia operativa, especialmente en el Mininter: la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), las unidades de inteligencia de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal de la Policía) y, en general, los órganos de inteligencia de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Por eso, parece redundante y hasta cierto punto innecesario incorporar a la DINI como un organismo más encargado de la inteligencia operativa, cuando ya contamos con unidades encargadas de cumplir esa función, más aún cuando la Policía y las Fuerzas Armadas, en teoría, se están integrando dentro de un comando unificado para realizar labores tácticas y operativas.

Ante la incorporación de otro ente encargado de ese tema, se plantean dos lecturas. O bien se está cometiendo un error por la redundancia de funciones, que terminará generando más burocracia, dispersión de datos y desarticulación entre las entidades; o bien, evidentemente, puede generar sospechas de que este organismo sea utilizado como un instrumento político para fines que no respondan estrictamente al orden interno. 

Más allá de que se haga o no la modificación, la DINI ya produce y ordena inteligencia que le llega de diversas fuentes, incluso propias, y que tiene que ver con elementos políticos, con temas de terrorismo y otros. Eso está claro y lo hacen siempre; no necesitan una delegación de facultades para ello. Mi cuestionamiento va más por el lado de que esta medida puede resultar innecesaria, pues, como he explicado, ya existen organismos y unidades operativas que pueden y deben realizar esa labor, porque se contempla dentro del marco de sus funciones. Además, lo que se necesita es optimizar el trabajo de inteligencia: si se involucra a la DINI, a las Fuerzas Armadas, y a la Policía al final, el que mucho abarca poco aprieta.

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL)

El Poder Ejecutivo pretende un cambio sustancial del sistema de inteligencia nacional bajo el argumento de que este no funciona. Por ello, postula un cambio del modelo que se sostiene en el decreto legislativo 1141, y la propuesta de otro modelo de inteligencia en el que se dotaría de acciones de inteligencia operativa a la Dirección Nacional de Inteligencia. 

El problema de esta propuesta es que luego de la caída del SIN de Montesinos (Set2000), el Estado ha construido un sistema de inteligencia de carácter democrático que se sustenta en el desarrollo de acciones de inteligencia por los órganos de inteligencias de la PNP, Mininter y de las FFAA y a la DINI le corresponde la elaboración de la inteligencia estratégica para la presidencia de la República, ello bajo controles legales y políticos.

Si bien la propuesta sostiene como prioridades de trabajo el combate al crimen organizado transnacional y la minería ilegal y los delitos ambientales, también está pidiendo atribuciones para desplegar acciones de inteligencia sobre "las amenazas a la estabilidad democrática y el orden constitucional". Ese asunto conlleva un elevado riesgo de que un aparato de inteligencia que depende de la presidenta de la República termine persiguiendo a opositores al régimen, como en los noventa.

Alejandro Mejía, politólogo y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Hay que prestar atención al poder que le está otorgando este gobierno a las FFAA en competencias respecto a la seguridad pública. La narrativa del fujimorismo es pretender tipificar a la criminalidad organizada como organizaciones terroristas con el fin de endurecer la respuesta estatal; sin embargo, este intento sostenido de militarizar la lucha contra la inseguridad ciudadana demuestra que hay poca voluntad de abordar lo que verdaderamente se necesita: una reforma policial y judicial.

La DINI puede fortalecerse y modernizarse sin necesidad de solicitar facultades, pero la insistencia del oficialismo con incluir ciertos cambios debe ser objeto de debate público, sobre todo sobre los mecanismos de control civil sobre dicha institución y la protección de las libertades civiles. No olvidemos los riesgos del excesivo poder sobre la inteligencia que tuvo el SIN en los 90, que actuó sin ningún contrapeso y en el camino se distorsionaron sus funciones de la seguridad nacional para terminar siendo un instrumento político del régimen de turno.

“Si uno revisa el discurso del 28 de julio, ve a una presidenta dialogante. En este mes, el cambio se ha visto en el tono del mensaje. Mi impresión es que está tratando de definir los términos del debate público. Lo que está tratando de comunicar es que hay un lado 'a favor de la pacificación' y otro en contra del país. Lo que ella busca es que no se pierda lo que prometió en su mensaje: el orden. Es una respuesta a la falta de resultados”, señala José Salazar, experto en comunicación política y profesor de la Universidad del Pacífico.

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Pero no solo la escasez de resultados tempranos puede jugar en contra del Gobierno, sino también sus efectos. En el reporte de septiembre de LatamPulse, elaborado por Bloomberg junto a AtlasIntel, Fujimori ya registra una caída en su popularidad, que se sitúa en 28,3%, un descenso de 14,5 puntos porcentuales. Estas son las razones que marcan el cambio en el tono del discurso oficialista.

Para Salazar, el punto de quiebre en la forma en que Fujimori se refiere a los ciudadanos se produjo durante la presentación de Fujimori ante las Naciones Unidas. La cercanía con otras figuras políticas da paso a esta metamorfosis discursiva.

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Dejando de lado el TikTok

En TikTok, Keiko Fujimori encontró un primer nicho comunicacional al inicio de su mandato. Las transmisiones en vivo la mostraban en una faceta más desenfadada, en la que comentaba las reuniones del día y otros detalles, aunque sin generar mayor cercanía con la población. Para Salazar, el objetivo y la idea no eran negativos, pero carecían de un respaldo en los intereses reales de la ciudadanía.

“Esta estrategia obedece a la imagen inicial que presentó: la de una persona que busca acercarse a la gente. El problema no es el TikTok, el problema es el contenido. Otros mandatarios apelan a las redes sociales para acercarse a la población. Pero el detalle está en que ese contenido debe coincidir con las demandas de la ciudadanía. No basta con decir 'he hecho esto…'; la población busca escuchar lo que se está haciendo en materia de políticas públicas. Si ella hubiera apostado por decir lo que directamente va a hacer y con qué objetivos, tendría un efecto más certero”.

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La participación de la mandataria en esta red social continúa, pero ha perdido la regularidad en la publicación de sus videos semanales. La etapa en la que Keiko Fujimori se presentaba cada semana en una transmisión en vivo de TikTok para contar detalles de su día duró poco menos de dos meses. Para el analista en comunicación, este hecho también revela una de las debilidades de la nueva gobernante.

“La forma de comunicar en redes sociales no obedece a una estrategia comunicacional. A la presidenta Claudia Sheinbaum y a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, los criticaban por presentarse cada mañana en una conferencia de prensa. Sin embargo, ellos continuaron porque esa acción obedecía a una estrategia comunicacional. Ante las críticas, Keiko Fujimori retrocede, y lo ha demostrado también en otros ámbitos fuera de la comunicación. Sin constancia, no pueden lograrse resultados duraderos”, indicó.

“¿Tú crees que tu papá actuaría así?”

Fuentes señalan a este diario que, en la interna más íntima del fujimorismo, la figura de Alberto Fujimori es invocada periódicamente. El discurso conciliador de la mandataria hizo que más de un asesor le recordara las muestras de autoritarismo de su padre durante la dictadura que dirigió en la década de los noventa.

La mandataria anunció que crearía una comisión consultiva para el Poder Ejecutivo, integrada por asesores ad honorem que estarían cerca de lo que ocurre dentro y fuera de Palacio de Gobierno. Jaime Yoshiyama y José Chlimper, exministros durante el decenio fujimorista, forman parte de este grupo consultivo.

“Es algo que coincide con el incremento de ese tono. En septiembre, su discurso ya es más altisonante. Sin duda, en todo este caso hay una relación con la memoria histórica vinculada a su padre. Hablar junto a militares y demás es una referencia a las luchas del pasado. El mensaje es potente para trabajar en la psicología de buena parte de la población”, indica Salazar.

Volver a la tradición fujimorista es el camino que ha tomado la mandataria en medio de la caída de su popularidad. “Terrorismo es a Alberto Fujimori lo que inseguridad ciudadana es a Keiko Fujimori. En su momento, el padre enfrentó el terrorismo de una manera militar. Ahora creo que Keiko está buscando recordar ese momento con los mismos gestos. Hay guiños claros: cuando la presidenta defiende a Astudillo, dice que es un 'héroe de Chavín de Huántar'. Solo hacer eso es apelar a la memoria de la lucha contra el terrorismo. No es una referencia neutral. Ella lo hace buscando evocar el miedo, la violencia y el heroísmo. Es un elemento que le sirve para retomar su discurso de 'buenos contra malos'”, señala.

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Memoria naranja

La principal promesa del Gobierno entrante fue la seguridad. Fujimori construye su capital político a partir de la promesa de aplicar mano dura contra las organizaciones criminales. A pocos días de cumplirse los primeros cien días de su Gobierno, las promesas parecen haber quedado atrás. Las cifras del Sistema Nacional de Defunciones correspondientes a agosto registran al menos 195 homicidios. La delincuencia viene ganando la partida.

Fujimori vuelve a poner en la conversación pública, a través de sus redes sociales, a viejos antagonistas nacionales. “Es momento de dejar claro de qué lado estamos: de la violencia o de la paz; de los agresores o de las víctimas; del Movadef y Sendero Luminoso o de nuestras Fuerzas Armadas y de Chavín de Huántar”, escribió en su cuenta de X, junto a un videomontaje en el que se la ve acompañada de soldados.

Para Pavel Aguilar, sociólogo político por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el fujimorismo busca recurrir a una narrativa que explota elementos históricos para presentarse como una opción positiva y ubicar a sus opositores del lado de los grupos que marcaron la violencia política de la década de los noventa. Este artificio discursivo, señala, ha servido tanto para esquivar las acusaciones por los crímenes cometidos durante el fujimorato como para construir nuevos discursos a partir de ella.

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“El uso de las categorías del conflicto armado interno en el debate político no tiene otro fin que polarizar aún más a la opinión pública. Este Gobierno apela a ese recurso precisamente porque está intentando recrear el modelo autoritario, pero 'eficiente', para recuperar con ello algo de su mermada popularidad. (…) El Gobierno de la señora Fujimori pretende instalar la idea de que quienes obstruyen su gestión son terroristas y que, por lo tanto, necesitamos acabar con estos 'agresores'. Son 'ellos' o 'nosotros'”, indica.

Tal como señala el sociólogo, el Perú se presenta como una sociedad de posguerra. El analista sugiere que los avances alcanzados en el proceso de reconciliación nacional corren peligro bajo un Gobierno que mantiene un discurso como este.

“Nuestras heridas del período de violencia nunca cerraron. Y los pocos logros de justicia para las víctimas hoy enfrentan el peligro de un revisionismo conservador y autoritario auspiciado por las Fuerzas Armadas y los partidos de derecha y extrema derecha. Digo esto porque el mensaje de la señora Fujimori es un terruqueo oficial, pues es la primera ciudadana de la nación quien simplifica burdamente la historia reciente y apela a un lenguaje de guerra en un contexto en el que los principales problemas del país son de una índole completamente diferente”, señala.

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Como parte de las nuevas derechas

Cuando Fujimori fue elegida, el análisis internacional hizo hincapié en un hecho: la derecha conservadora volvía a cobrar fuerza en la región. Fiel a esa tradición, los elementos que exhibe ahora la presidenta también son propios de esta corriente política. Entre Nayib Bukele, Donald Trump, José Antonio Kast y Javier Milei, la mandataria busca componer su propio collage identitario.

De las figuras representativas de este movimiento, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha terminado siendo la más valorada por la mandataria. Razones no le faltan: la encuesta de CID Gallup publicada en septiembre le atribuye un 92% de aprobación al mandatario centroamericano.

“Hay bastantes similitudes. El llamado a la disciplina de los escolares es similar al que aplicó Bukele en su momento. Fujimori también ha anunciado medidas sobre las cárceles y busca reencauzar la lucha contra la inseguridad como su principal bandera. Es algo muy propio de Bukele”, señala el analista internacional Francisco Belaunde, docente de la Universidad de Lima.

Otras figuras de la nueva derecha con las que Fujimori ha mostrado cercanía son Milei y Trump. Con el mandatario argentino existen acercamientos, pero también diferencias. Fujimori conversó con él apenas resultó elegida; sin embargo, su discurso no puede equipararse al de Milei por razones históricas.

“Milei insiste en su posición liberal en la agenda económica porque Argentina viene de una economía manejada por el kirchnerismo, que tuvo bastante intervención estatal y gasto público. El caso peruano no es igual: Perú tiene desde hace 30 años una política económica completamente distinta. Además, ella no llega al insulto eufórico de Milei. Se refiere a ideologías y a las izquierdas, pero no llega a mostrar ese nivel de agresión”.

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Entre los movimientos conservadores, un argumento recurrente consiste en reprochar a sus contrincantes que el progresismo —o la agenda woke, como suelen decir— está conformado por discursos importados que no guardan relación con la realidad del país. El detalle es que, dentro de los límites de la denominada ‘batalla cultural’ —el enfretamiento entre conservadores y progresistas—, este fenómeno también puede manifestarse en la propia derecha.

“Acá hay también un pedido de orden. Por eso lo ha incorporado a su discurso, sobre todo en la lucha contra el crimen. Es la mayor demanda de los peruanos. Pero acá también se pide luchar contra la polarización política. Incluso se habla de reconciliación entre peruanos. Un discurso como el de Milei o Trump no tendría tanto efecto en el Perú, justamente porque acá lo que se busca es reducir la polarización constante”, indica Belaunde.

¿Puede un discurso así mantenerse en el tiempo y producir efectos positivos? José Salazar advierte sobre los riesgos: “Yo siento que después de esto no hay marcha atrás. Ella empezó con un tono suave y ahora endureció el mensaje. Creo que terminará siendo como quiso ser: con la vena autoritaria a la que hizo referencia hace poco Moyano. Este es un momento muy delicado para el Gobierno. Está en negociación con el Congreso. Lo único que está haciendo es reducir ese espacio, que será constante en este período. Sin resultados positivos, la confrontación también afectará el capital político del Gobierno y mermará la capacidad que tenemos para enfrentar los principales problemas del país”.

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, confirmó que, hasta este sábado 17, no había recibido una convocatoria para una nueva sesión por ningún medio. "Lo que sí existe es el documento que enviamos ayer en el cual hemos recordado al presidente de la Comisión de Constitución que el debate tiene que iniciar con los 20 puntos del pedido de facultades porque no nos hemos puesto de acuerdo de cuáles son los límites del Senado", explicó.

En la misma línea, el senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, respaldó el texto aprobado por la Cámara de Diputados y pidió que la discusión se centre en esos 20 puntos, sin incorporar las modificaciones que plantea el predictamen del Senado. "Vamos por los 20. Eso es lo que ha acordado Diputados y yo respeto a mi Cámara de Diputados, si otro grupo político plantea otra cosa eso no es iniciativa nuestra", sostuvo.

Por su parte, el senador Jaime Quito, de Juntos por el Perú, consideró que el pedido debería quedar archivado si el Senado no lo debate dentro del plazo establecido. En declaraciones a Exitosa, responsabilizó a Fuerza Popular por las dificultades que se están presentando hasta el momento, e impiden avanzar con la propuesta. "Yo creo que esto ya debe pasar al archivo, si dentro del plazo no lo quieren tocar simplemente es un tema que no se debe tocar más. Es el fujimorismo quien pone sus propias obstrucciones", declaró.

Cabe precisar que, según el Reglamento, la Comisión de Constitución del Senado tenía siete días hábiles para pronunciarse sobre el pedido de facultades. El plazo corría desde el 7 de octubre, cuando el pedido ingresó, y venció este viernes 16.

Desde Fuerza Popular, el senador Juan Carlos del Águila aseguró que su bancada acatará lo que se decida cuando se realice la discusión, aunque la conducción de Carlos Mesía, también de Fuerza Popular, ha sido rechazada por toda la oposición. "Lo que resulte de ahí será lo que finalmente Fuerza Popular tendrá que aceptar", manifestó para Canal N.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, defendió la necesidad de aprobar medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana y cuestionó la demora del debate. "En este momento, la población está reclamando que se actúe con mayor rapidez y mayor potencia para combatir la criminalidad. En el pedido de facultades hay elementos que nos permiten ejecutar eso. Pero se están oponiendo a que se ejecute esa política", señaló.

Por otra parte, el senador Flavio Figallo, de Buen Gobierno, consideró que las facultades aprobadas por Diputados son suficientes, aunque expresó reparos sobre algunas de las siete medidas propuestas que se quieren aumentar. "Creo que las facultades que están siendo aprobadas son suficientes para que haya mejores condiciones (…) Hay cosas que no nos parece que puedan hacer, porque generarían caos, por ejemplo, que el Ejército entre directamente a manejar a los presos, no estamos a favor. Se podría discutir en otro proceso más largo", declaró a Exitosa.

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¿Qué ocurre si el Senado no debate las facultades hasta el lunes?

Si el Senado no se pronuncia hasta el lunes 19 de octubre, correspondería remitir a la presidenta Keiko Fujimori la autógrafa aprobada por la Cámara de Diputados para su promulgación, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución. "Vencido el plazo para su revisión en el Senado, el Presidente del Congreso remite al presidente de la República la autógrafa de ley aprobada por la Cámara de Diputados", establece la norma.

De cumplirse este escenario, Miguel Torres, titular del Senado, tendría que remitir la autógrafa a la mandataria para su promulgación, sin que prosperen los siete temas que plantea aumentar el predictamen de la Comisión de Constitución.

Cabe recordar que la última sesión de la comisión, el jueves 15 de octubre, quedó suspendida por falta de quórum, luego de que cuatro bancadas opositoras: Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido de Buen Gobierno y Cívico Obras se retiraran en protesta por la conducción del fujimorista Carlos Mesía. Al día siguiente, el presidente de la comisión descartó convocar a una nueva sesión hasta alcanzar un acuerdo con la oposición sobre los puntos que se debatirán.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, fuentes con conocimiento del caso señalaron que ningún asesor de las bancadas de oposición asistió al encuentro. De acuerdo con la información que recogió La República, Mesía buscaba un consenso en la sala José Abelardo Quiñones Gonzales del Palacio Legislativo.

La invitación estuvo dirigida a los asesores de los despachos de los senadores titulares y accesitarios de la comisión, así como a los asesores de los grupos parlamentarios. “Recoger opiniones técnicas y aportes sobre el predictamen de la Proposición Legislativa N.º 0013-2026-2031-S, referida a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno del Niño”, decía la citación.

No obstante, dicha invitación no habría sido del agrado de los senadores de Obras, Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú. Según las fuentes, los legisladores ya tienen una posición definida sobre el pedido de facultades y no discutirán con el oficialismo hasta que se someta a debate la cuestión de orden planteada por Patricia Iturregui, quien solicitó que se precisen los límites del Senado respecto al texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Bajo ese argumento, los senadores prohibieron a sus asesores y al personal de confianza a asistir a la reunión promovida por Carlos Mesía.

La otra posibilidad que plantea la oposición para entablar un diálogo con el oficialismo es que se deje de lado el predictamen impulsado por Mesía, el mismo que incorpora siete puntos adicionales al pedido de facultades en materia de seguridad e infraestructura. En su último oficio, dirigido al presidente de la Comisión de Constitución, los legisladores señalan que solo debe someterse a debate el pedido de facultades aprobado por la Cámara de Diputados.

“En concordancia con nuestra posición de respeto a los límites establecidos en el artículo 25 del Reglamento del Senado, solicitamos que se someta a debate la proposición remitida por la Cámara de Diputados, considerando únicamente las materias contenidas en dicha propuesta”, precisan.

Los legisladores añaden, además, que debe respetarse el debate realizado en la Cámara de Diputados y advierten que el funcionamiento del sistema bicameral debe regirse por el principio de legalidad.

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Contra el reloj

Según el reglamento, la Comisión de Constitución del Senado tiene hasta 7 días hábiles, improrrogables, para dictaminar el pedido de facultades legislativas. El pedido ingresó al Senado el 7 de octubre; es decir, hasta ayer la comisión tenía plazo para sacar adelante el debate.

Sobre el tema, el diputado de Fuerza Popular Arturo Alegría sostuvo que no existe una sanción por incumplir el plazo de siete días hábiles. “No hay una sanción, los plazos son un ejercicio de responsabilidad”, dijo. Además, el fujimorista no tuvo mejor idea que defender la actuación de la comisión y el trabajo técnico realizado sobre la propuesta, pese a los reclamos de las bancadas de oposición.

“Lo que resalto es que se tiene un trabajo técnico bien hecho”, agregó. Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo de Renovación Popular aseguró que el lunes 19 de octubre la comisión ya debe emitir un dictamen. “Tenemos que pensar en el país”, dijo la legisdora tras ser consultada sobre la falta de consenso.

Por su parte, Carlos Mesía, anunció que solo habrá una nueva sesión del grupo de trabajo cuando se llegue a un consenso entre bancadas sobre los pedidos de facultades a debatir. “Todavía no (se puede convocar), porque no hay consenso. ¿Para qué voy a citar a una comisión donde no se va a votar”, declaró a RPP.

En tanto, Patricia Iturregui volvió a cuestionar el manejo del proceso parlamentario y responsabilizó a Fuerza Popular por el entrampamiento del debate. “El autoritarismo de Fuerza Popular se ha filtrado por todos los procedimientos y por toda la organización de este proceso en el Senado”,expresó.

Alejandro Aguinaga viajó a Argentina En medio de las discusiones, se conoció que el senador de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga viajó a Argentina el último martes 13 de octubre, según el reporte de Migraciones al que accedió este medio. Hasta el momento, el legislador fujimorista e integrante de la Comisión de Constitución, permanece fuera del país, pese a que el debate sobre el pedido de delegación de facultades comenzó el jueves 15.

“Estaba en un Congreso, estaba exponiendo en ese momento (del debate). Acá hubo un Congreso de Consenso Salud, han estado varios ministros. En la Sheraton Tower en Buenos Aires”, declaró Aguinaga para el portal La Pista Clave. Al ser consultado sobre por qué no postergó su participación en la conferencia, Aguinaga señaló que “es una eventualidad”. “Yo tenía que venir sí o sí”, agregó.

Precisamente, el jueves, Aguinaga participó de forma remota en la sesión de la Comisión de Constitución. Durante el debate, Patricia Iturregui planteó una cuestión de orden para conocer los límites del Senado respecto de las modificaciones que podía realizar a las facultades aprobadas por la Cámara de Diputados.

Su propuesta obtuvo seis votos a favor y cinco en contra. Fue entonces cuando surgieron los problemas. Carlos Mesía cerró la votación al considerar que la iniciativa había sido rechazada, sin percatarse de que el voto de Aguinaga no se había registrado debido a problemas de conexión. Desde el lado de la oposición pidieron que se respete la propuesta por obtener la mayoría.

La respuesta del fujimorista apoyado por Renovación Popular fue desconocer dicha votación y volver a efectuarla. El desencuentro motivó a que los senadores de oposición abandonaran la sesión y ya no participen acusando al fujimorismo de autoritarismo. “El fujimorismo está desconociendo esa votación y ahora, como han perdido, están aplicando el artículo noventa y uno, pidiendo una rectificación de la votación”, dijo Luque.

La senadora fujimorista Patricia Juárez respondió y señaló que el artículo 91 del Reglamento del Congreso contempla la figura de la rectificación cuando se producen errores en una votación.

La exparlamentaria explicó que el problema principal radica en haberle quitado poder de propuesta al Senado. Indicó que el Reglamento del Congreso (artículo 25A) le prohíbe a los senadores agregar temas nuevos que no hayan sido incluidos antes por los diputados. A su juicio, esta restricción reduce al Senado a una "mesa de partes" y genera enfrentamientos constantes entre ambas cámaras.

"El Senado no tiene iniciativa legislativa por mandato de la Constitución, y ellos sienten que se ha recortado y se sienten mesa de partes", sostuvo.

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Además, Bartra responsabilizó a las fuerzas políticas que aprobaron el texto sin escuchar las advertencias. "Creo que ese es el resultado de cuando Fuerza Popular y Perú Libre y todos los demás se ponen de acuerdo para sacar la bicameralidad en los términos en la que ha salido. Está mal el diseño y hay que reconocerlo", señaló. Además, agregó que "se hizo entre gallos y medianoche, se improvisó, asumámoslo, y que se corrija".

Asimismo, señaló que la oposición descubrió el valor del quórum para frenar el voto dirimente de la mayoría que integran Fuerza Popular y Renovación Popular, pues sin quórum no se pueden instalar ni votar las comisiones.

Cuestionamientos al pedido de facultades en inteligencia y Fuerzas Armadas

Bartra expresó su preocupación por la solicitud del Ejecutivo para legislaciones vinculadas a la SINA y la DINI, al señalar que no cumplen las exigencias del artículo 104 de la Constitución. "No cumple con los requisitos (…) no está delimitado fortalecer. Ok, lo que la Constitución te exige es (…) cuál es la fórmula que tú pretendes implementar para que el problema se resuelva. No puede ser genérico”.

Sobre la intervención de las Fuerzas Armadas y el concepto de "grupos hostiles", la excongresista cuestionó la necesidad de una ley adicional estando en estado de emergencia. "Yo no sé en qué momento desconocemos que el Ejército puede intervenir en situaciones de emergencia. Lima vive en emergencia desde hace casi tres años. ¿Qué impide? ¿Necesitan una ley que le diga al Ejército cómo actuar en situaciones extraordinarias?".

Gálvez sostuvo que el incremento de 16% que se plantea desde el Poder Ejecutivo para el presupuesto 2027 es insuficiente. Recordó que el Ministerio Público sufre recortes cada año y que su institución necesita que el presupuesto no solo aumente, sino que se duplique, algo que ya sustentó ante el Parlamento. "Con este aumento ni siquiera equipara lo que debíamos tener como presupuesto normal", afirmó.

El déficit también afecta la operación diaria. Gálvez reveló que el Ministerio Público unificó los turnos de las unidades de flagrancia a nivel nacional porque no tiene fiscales ni logística para cubrir ambos turnos. Dijo que el problema de personal se resolvió con una directiva interna, pero que se necesita presupuesto adicional para bienes y servicios, movilidad y peritos.

"Requerimos de un presupuesto adicional, sobre todo para la logística, para los bienes y servicios, especialmente para la movilidad y para la implementación de peritos que tenga que hacer su trabajo de inmediato en los casos de flagrancia", agregó.

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Los reclamos por falta de presupuesto en el Ministerio Público vienen desde marzo

En marzo, cuando aún José María Balcázar era presidente interino, Gálvez ya advertía una crisis en el Ministerio Público. Pidió una reunión con el mandatario porque el Gobierno no asignó ni la cuarta parte del presupuesto que la institución había solicitado para el año. El fiscal dijo entonces que la institución que encabeza ya gastaba lo que se tenía planificado para el mes de julio y advirtió para Expreso que "en abril no habría sueldo para 4.700 funcionarios".

El 31 de marzo, tras sustentar en la Comisión de Constitución su proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Gálvez dijo que el Ejecutivo le había ofrecido conceder la demanda adicional, pero que, "hasta ahora no ha sucedido nada". Explicó que el presupuesto lo otorga el Ejecutivo, que luego remite la norma al Legislativo. Añadió que, por falta de partida para terceros, despidió a casi dos tercios de ese personal, sobre todo de limpieza, y que los propios fiscales dedicaban parte de su tiempo a asear sus despachos.

"La cuestión es que, si no tenemos el presupuesto necesario, la autonomía del Ministerio Público simplemente es un cuento. ¿Por qué? Porque todo se hace a base de presupuesto, y si no tenemos los medios para realizar nuestro trabajo, simplemente no vamos a realizarlo. Y ese es el gran problema. En primer lugar, un desprestigio sería para nosotros y también un fracaso del Estado como institución", remarcó.

En el Congreso, el expresidente del Parlamento Eduardo Salhuana planteó entonces que, si no había fondos en la reserva de contingencia, se pidiera un crédito suplementario. Él aseguró que en el Congreso estaban "siempre dispuestos a atender al Ministerio Público". Ese justamente es el mecanismo que Gálvez pide ahora, más de siete meses después, ya ante el Congreso bicameral.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, la denuncia también está dirigida contra la fiscal suprema provisional integrante del Pleno del JNE, Martha Maisch, por respaldar la decisión de Burneo.

El documento fue firmado por Rudecindo Vega Carreazo, representante legal de la asociación, y solicita que la JNJ abra una investigación preliminar y que, tras el procedimiento correspondiente, evalúe la destitución de ambos magistrados y que de comprobarse las presuntas faltas disciplinarias muy graves, evalúe su destitución.

Además, pide que sean suspendidos provisionalmente mientras se desarrolla la investigación.

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Argumento

El principal cuestionamiento de la Asociación Civil responde a que el JNE declaró infundada la apelación de una tacha que buscaba excluir a López Aliaga de su candidatura a primer regidor del Concejo Metropolitano de Lima, tras la renuncia de Luis Rubio, quien era candidato a alcalde de Lima por Renovación Popular.

La entidad que lidera Burneo determinó que la iniciativa se presentó fuera del plazo. Con esta decisión, mantuvo la candidatura de López Aliaga y dejó abierta la posibilidad de que asumiera la alcaldía de Lima si su agrupación gana las elecciones del 4 de octubre, tal como ocurre hasta el momento.

La asociación denunciante sostiene que el JNE no debió limitar su evaluación al plazo para presentar tachas, sino que también debió evaluar las consecuencias constitucionales de una eventual llegada de López Aliaga al cargo.

No toma posición

El coordinador del gabinete de asesores del JNE, Jorge Valdivia, indicó a Ojo Público que, si Renovación Popular gana las elecciones municipales y Lima queda sin alcalde proclamado, el Concejo Municipal deberá aplicar la Ley Orgánica de Municipalidades para determinar quién asumirá el cargo.

Según explicó, el concejo tendría que tramitar un expediente de 'candidato no proclamado' y solicitar al JNE la entrega de las credenciales correspondientes.

Sobre el tema, el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, consideró que el organismo electoral estaría postergando una decisión que le corresponde. Advirtió que dejar el asunto en manos del concejo podría facilitar el retorno de López Aliaga a la Alcaldía de Lima, pese a la prohibición de reelección inmediata. “Se instala el concejo y debido a que no tiene alcalde, lo ocuparía el primer regidor. Yo creo que de todas formas hay una reelección”, sentenció.

“El río lo hemos limpiado en su máxima capacidad. Pero el meganiño puede ser más grande de lo que hemos planificado por eso todos debemos estar alertas”, señaló.

Al ser consultada sobre lo que sucede en el centro de Piura por obras inconclusas o abandonadas, lejos de asumir alguna responsabilidad optó por señalar a gobiernos que la antecedieron.

“Ha faltado una mayor coordinación previa de parte del gobierno central anterior con los gobiernos regionales y con las propias alcaldías, esperemos que estas semanas que nos quedan sigan haciendo los trabajos de limpieza. Y aquí pedimos a los ciudadanos y a la empresa privada, hemos visto que una gran parte de esta limpieza se ha debido gracias a la Fundación Romero y eso ha permitido que se pueda trabajar en dos turnos”, sostuvo.

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Fujimori pide evacuar viviendas mientras admite que las obras podrían ser insuficientes

Las limitaciones que reconoce la presidenta en Piura coinciden con lo que señaló durante una presentación realizada este miércoles desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Ahí la presidenta exhortó a las personas que viven cerca de ríos y en zonas vulnerables a preparar sus mochilas de emergencia e identificar rutas de evacuación ante la llegada del fenómeno El Niño. “Evacúen sus casas desde ya”, dijo.

Así, mientras el Ejecutivo pide a las familias que se preparen para abandonar sus viviendas, la mandataria no descarta un escenario que podría superar los trabajos realizados desde su gobierno. Fujimori anunció la instalación de albergues temporales para atender alrededor de 30.000 personas; sin embargo, no da las garantías suficientes para proteger a todas las personas que viven en zonas de riesgo o no cuenten con un hogar seguro al cual se puedan trasladar.

Es su tercer viaje al exterior este año, se fue a Panamá en enero y a Estados Unidos en agosto. Esta vez coincide con el debate en el Senado del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, y pese a esto aún no retorna al país.

“Estaba en un Congreso, estaba exponiendo en ese momento (del debate). Acá hubo un Congreso de Consenso Salud, han estado varios ministros. En la Sheraton Tower en Buenos Aires”, declaró para La Pista Clave.

Al ser consultado sobre por qué no postergó su participación en la conferencia, siendo el debate por el pedido de facultades tan importante para el país, Aguinaga señaló que “es una eventualidad”. “Yo tenía que venir sí o sí”, agregó.

Cabe recordar que dos días después de su salida a Buenos Aires, el jueves 15, Aguinaga participó de forma remota en la sesión de la Comisión de Constitución. La senadora Patricia Iturregui (Partido del Buen Gobierno) planteó una cuestión de orden para debatir si el Senado puede modificar el pedido de facultades, y la comisión la sometió a votación. El voto de Aguinaga no se registró a tiempo por problemas de conexión cuando el presidente de la comisión, Carlos Mesía, ya había cerrado la votación. Los senadores de oposición reclamaron por ello.

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El voto de Aguinaga que no se registró habría empatado la votación 6 a 6

La cuestión de orden de Iturregui obtuvo seis votos a favor y cinco en contra. El voto de Aguinaga, de la bancada oficialista que se oponía al pedido, no se registró a tiempo. De haberse sumado en contra, la votación habría quedado 6 a 6 y la decisión habría pasado al voto dirimente de Mesía, quien sostuvo que el pedido había sido rechazado.

Una rectificación posterior obtuvo cero votos a favor y siete en contra, cuando varios legisladores ya se habían retirado. Las bancadas de Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras abandonaron la sesión y acusaron a Fuerza Popular de desconocer la primera votación y de querer tomar en cuenta el voto de Aguinaga cuando el propio Mesía había dado la proclamación del resultado luego de dar por cerrada la votación.

Durante una presentación realizada este miércoles desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Fujimori calificó el escenario como "realmente dramático" y señaló que el país será golpeado con mayor intensidad. "Va a ser terrible para el Perú, que Dios, la Virgen y el Señor de los Milagros nos protejan", manifestó.

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La presidenta también pidió a quienes viven en zonas vulnerables identificar una ruta de salida y tener preparada una mochila de emergencia. "A los que viven en zonas vulnerables, en las quebradas o en las zonas de mayor riesgo (…) Por favor, salgan de ahí en este momento. Tengan un mecanismo de evacuación, una mochila lista en caso lleguen las lluvias", señaló. Fujimori agregó: ‘‘Quienes viven en zonas de alto riesgo, los invoco a evacuar desde ya’’.

El llamado se produce mientras el Ejecutivo informa sobre trabajos preventivos en ríos y quebradas de distintas regiones. Según la Presidencia, se han identificado 1.800 puntos de riesgo a nivel nacional y 536 fueron priorizados para intervención. Fujimori afirmó que estas acciones presentan un avance de 70%.

Gobierno reporta intervenciones en ríos y quebradas

Entre las zonas intervenidas, la presidenta mencionó los ríos Tumbes, Piura, La Leche, Reque, Huarmey, Lacramarca, Chillón, Rímac y Lurín. También anunció que este viernes viajará a Piura para supervisar los trabajos en el río de la región y que posteriormente se trasladará a La Libertad para revisar las obras relacionadas con las quebradas San Carlos y San Ildefonso.

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El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, sostuvo que los organismos especializados proyectan un escenario de alta intensidad. Según indicó, el ENFEN ha advertido sobre un posible fenómeno El Niño de "magnitud extraordinaria", mientras que la NOAA estima una probabilidad superior al 83% de que alcance una categoría fuerte entre enero y marzo de 2027.

Vinelli explicó que algunas zonas mantienen condiciones que podrían incrementar el impacto de lluvias intensas. Como ejemplo, mencionó el río Piura, cuyo cauce, según dijo, cuando fue evaluado el 3 de agosto soportaba menos de 1.600 metros cúbicos por segundo. En las emergencias de 2017, recordó, el caudal llegó a 3.400 metros cúbicos por segundo.

En La Libertad, agregó que las obras de solución definitiva para las quebradas San Ildefonso y San Carlos registraban un avance de 60% cuando la actual administración asumió funciones. En Lima, el Gobierno informó que continúa con labores de limpieza y descolmatación en el río Lurín.

Albergues para 30.000 personas y hospitales de campaña

Fujimori aseguró que el Ejecutivo también prepara medidas para responder a posibles emergencias. Entre ellas, anunció la construcción de albergues temporales con capacidad para 30.000 personas en distintas regiones vulnerables.

Asimismo, indicó que hospitales de campaña ya fueron movilizados hacia Tumbes, Piura y Lambayeque. La presidenta también informó que el Estado dispone de cinco buques de la Marina de Guerra, 22 helicópteros operativos y puentes modulares destinados a mantener la conectividad en zonas que podrían quedar afectadas.

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De acuerdo con su declaración, 20 puentes fueron enviados al norte del país y otros cuatro a la zona sur. También sostuvo que se cuenta con reservas de ayuda humanitaria y señaló que existen 5.600 toneladas de alimentos y agua, además de productos no perecibles.

El Ejecutivo informó además sobre medidas presupuestales para enfrentar la emergencia. Fujimori señaló que se aprobaron 22 decretos supremos y de urgencia vinculados con la respuesta ante El Niño y que 14 de estas normas representan recursos por alrededor de S/2.000 millones.

Fujimori pide planes de evacuación y protocolos

La presidenta reconoció que la respuesta no dependerá únicamente del Gobierno y pidió a las instituciones públicas y privadas elaborar protocolos frente a posibles emergencias. También exhortó a la ciudadanía a organizarse y tener identificadas las rutas de evacuación. "Solo el Gobierno no va a poder. Aquí necesitamos que todos estemos unidos", sostuvo.

En esa línea, Vinelli pidió a la población preparar sus viviendas antes de que comiencen las lluvias y evitar arrojar residuos en ríos, quebradas y canales. También recomendó no acercarse a los cauces durante una crecida para tomar fotografías o videos.

El ministro anunció, además, que el Gobierno habilitará una plataforma digital con información oficial sobre la emergencia, con el objetivo de facilitar el acceso a datos y combatir la desinformación.

El Ejecutivo también informó que Estados Unidos, Japón y China han expresado disposición para colaborar con el Perú. Según Fujimori, Estados Unidos enviará el buque hospital Comfort, cuya llegada está prevista entre enero y febrero de 2027, mientras que Japón y China coordinan el envío de maquinaria y otro tipo de apoyo.

Mientras las autoridades intensifican sus anuncios de prevención, el Gobierno sostiene que las próximas semanas serán determinantes para reducir la exposición de la población ante posibles inundaciones, huaicos y desbordes de ríos.

En un primer momento, el senador fujimorista Carlos Mesía estaba por iniciar el debate de un predictamen que propone incorporar siete nuevos temas y una consideración final al pedido de facultades aprobado en la Cámara de Diputados.

Ante esto, la senadora Patricia Iturregui (Buen Gobierno) propuso una cuestión de orden para que se discuta si la Cámara Alta puede modificar los alcances de la propuesta que recibió de Diputados. Su propuesta obtuvo seis votos a favor y cinco en contra. La tensión aumentó tras un error en el voto del senador Aguinaga, quien se encontraba de forma remota, y la lectura de los resultados, lo que ocasionó que haya un cruce de palabras entre Mesía y los senadores Iber Maraví y Humberto Morales (Juntos por el Perú).

Sin embargo, la discusión no avanzó como esperaban los legisladores que respaldaron la propuesta, por lo que se desataron reclamos que llevaron a una suspensión de la sesión por cinco minutos. Durante la pausa, varios senadores se acercaron al presidente de la comisión, mientras que, al otro extremo de la sala, representantes de la oposición conversaban sobre los siguientes pasos.

Al retomar la sesión, se anunció un consenso para debatir los alcances del término “desnaturalizar” y las atribuciones del Senado frente al texto remitido por Diputados. Sin embargo, un nuevo enfrentamiento verbal, en el que intervino Maraví, provocó otra suspensión, esta vez de 25 minutos. Mesía pidió que se repitiera la votación, lo que desató acusaciones contra Fuerza Popular y el retiro de representantes de cuatro bancadas de oposición.

Patricia Iturregui acusa a Fuerza Popular de vulnerar el reglamento del Congreso

La senadora Patricia Iturregui rechazó el manejo de la sesión y sostuvo que la mesa de la comisión no reconoció el resultado de la primera votación. La legisladora afirmó que su pedido buscaba abrir una discusión sobre las prerrogativas del Senado y los límites de sus atribuciones frente a las propuestas aprobadas por la Cámara de Diputados.

"La mesa lo que ha hecho es no querer aceptar que habíamos ganado la votación. Un problema ha sido que hemos ganado una votación que no se ha reconocido. Fuerza Popular está quebrantando los reglamentos del Congreso y no nos han dejado debatir, ni argumentar. Hubo mal manejo de la comisión", declaró Iturregui tras retirarse de la sesión.

Iturregui rechazó, además, que el Senado incorpore materias que, según su interpretación, no corresponden al pedido original del Ejecutivo. "Se ha violentado el reglamento del Congreso y el partido de gobierno está violentando la Constitución agregando cosas que no corresponden", afirmó.

Luque denuncia que intentaron cambiar el resultado de la votación

La senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, también cuestionó el desarrollo de la sesión y señaló que el conflicto no se limitaba a una discrepancia sobre el reglamento, sino que involucraba la posibilidad de discutir los límites del Senado antes de continuar con el dictamen de facultades.

"No vamos a aceptar ninguna práctica autoritaria. Se han negado a discutir un pedido derivado de la Cámara de Diputados, ese era un debate fundamental para ingresar a un debate de fondo. Quieren imponer sus votos y no lo vamos a aceptar", señaló.

La senadora anunció que no ingresaría nuevamente a la comisión mientras continuara esta situación. Posteriormente, la comisión sometió a votación una rectificación de la cuestión de orden, que obtuvo cero votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Cuatro bancadas de oposición se retiraron de la comisión

Las discusiones ocasionaron el retiro de representantes de Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras. Los legisladores cuestionaron el manejo de la comisión y acusaron a la presidencia de impedir un debate que consideraban necesario para determinar las atribuciones del Senado.

Humberto Morales, de Juntos por el Perú, calificó de antidemocrático que no se tomara en cuenta la cuestión de orden. "No tomar en cuenta una cuestión de orden y no permitirla es una posición antidemocrática, es inaceptable", declaró. El senador también criticó lo que calificó como intentos del fujimorismo de imponer decisiones mediante interpretaciones reglamentarias.

En la misma línea, Hugo Ccahuana, también de Juntos por el Perú, sostuvo que la primera votación había respaldado la apertura del debate. "La votación que ganó fue a favor del debate", afirmó. El legislador cuestionó que se intentara restar valor a lo aprobado por la Cámara de Diputados y llamó a la ciudadanía a vigilar la democracia.

Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras, cuestionó que el diálogo quedara relegado durante la sesión. "El partido Obras tiene un principio: 'Primero es la patria'. Hoy la patria ha quedado en segundo lugar en esta comisión, porque un partido ha querido imponer una forma de manejo", manifestó.

Por su parte, Susana Matute, de Buen Gobierno, recordó que las bancadas tienen la misma representación. "La democracia necesita que todas las voces sean escuchadas", señaló. La senadora aclaró que su bancada no se opone al diálogo, pero pidió que este se desarrolle sin prácticas que considera autoritarias.

El retiro de la oposición se produjo de manera progresiva. Patricia Iturregui anunció que sostendrían una reunión, mientras que Humberto Morales salió acompañado de Iber Maraví y cuestionó que la comisión continuara sin atender sus reclamos. Pese a la ausencia de los representantes de las bancadas opositoras, Mesía decidió continuar con la sustentación del predictamen.

Antes de que la oposición abandonara la sesión, Daniel Barragán permaneció sentado en la comisión, aunque finalmente también se retiró. Su posición era clave para el cálculo de los votos, pues Obras figuraba entre las bancadas que podían respaldar el predictamen.

Senado busca incorporar materias adicionales al pedido de facultades

Entre las propuestas que el Senado iba a debatir figuran la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales, la vigilancia posterior al cumplimiento de condenas por delitos de alta peligrosidad, cambios en las reglas de uso de la fuerza y medidas relacionadas con el sistema de inteligencia.

La gran pregunta es si el Senado puede introducir esas modificaciones y bajo qué límites debe hacerlo. Mientras los legisladores de oposición reclaman discutir primero las prerrogativas de la Cámara Alta, el predictamen plantea cambios al texto aprobado por Diputados.

Por otro lado, el respaldo de Obras también se convirtió en un factor relevante para el desenlace. Antes de la sesión, el cálculo de votos apuntaba a una posible aprobación por siete votos contra cinco, con el apoyo de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras. Si esta última bancada retiraba su respaldo, el resultado podía terminar empatado y dejar la decisión en manos del voto dirimente del presidente de la comisión, Carlos Mesía. Sin embargo, Barragán se retiró sin dejar clara su posición definitiva sobre el predictamen.

La sesión se retomó a las 5.00 p. m., pero tuvo que suspenderse nuevamente por falta de quórum, debido a la ausencia de las bancadas de oposición. Ante la falta de legisladores suficientes para continuar con la discusión, el presidente de la Comisión de Constitución anunció que la sesión quedaba suspendida "hasta nuevo aviso".

Bancadas de oposición exigen nueva convocatoria con garantías de debate

Las bancadas de Buen Gobierno, Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación difundieron un comunicado en el que cuestionaron el procedimiento de la Comisión de Constitución del Senado. Según señalaron, la presidencia remitió un predictamen unilateral que incorpora materias que no fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y se negó a debatir el texto original del pedido de facultades.

Los cuatro grupos parlamentarios sostuvieron que se retiraron de la sesión por considerar que las actuaciones eran contrarias al procedimiento parlamentario. Asimismo, solicitaron una nueva convocatoria que garantice un debate democrático y respete el reglamento del Senado y las competencias de ambas cámaras.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

"Tenemos una república de más de 200 años, no nos vamos a asustar porque el presidente Donald Trump mande embajadores políticos que por ahí tengan una voz más participativa. A mí eso me parece muy bien", indicó en una entrevista con RPP.

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Además, aseguró que la adhesión del Perú al Escudo de las Américas no representa un peligro para la autonomía nacional.

"La soberanía no está en peligro, repito. Quienes la ponen en peligro son estas mafias organizadas. Esta cooperación nos ayuda a todos, no hay país de la región que no esté sufriendo (la delincuencia)", señaló.

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Álvaro Vargas Llosa será nuevo embajador de Perú en EE.UU.

El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó el nombramiento de Álvaro Vargas Llosa como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos. La designación fue publicada en el diario oficial El Peruano mediante la resolución suprema suscrita por la mandataria y el canciller Carlos Espá, con la aprobación del Consejo de Ministros.

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Tras conocerse la resolución, Fujimori expresó su satisfacción por la aprobación del beneplácito estadounidense y destacó las cualidades del nuevo representante diplomático. Según indicó, conversó con Vargas Llosa sobre los asuntos prioritarios para el país en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. La fecha en que asumirá oficialmente sus funciones en Washington D. C. será establecida mediante una resolución ministerial posterior.

La designación se concretó luego de que, en septiembre, la presidenta anunciara que el ensayista había aceptado la propuesta de su administración. Por su parte, Vargas Llosa agradeció la confianza depositada en él y se comprometió a poner su experiencia y conocimientos al servicio del país, con el propósito de defender los intereses nacionales y contribuir a una nueva etapa en los vínculos entre Perú y Estados Unidos.

Sus familiares se alarmaron cuando, al promediar la medianoche, no daba señales de vida. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado este viernes 16 de octubre en el río Miraflores, a pocos kilómetros del pueblo.

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Hasta el momento, se desconoce si el vehículo se despistó o si sufrió algún fallo técnico que provocó el trágico accidente.

Personal de la Policía Nacional, con el apoyo de comuneros de la zona, ubicó la camioneta modelo Hilux completamente destrozada. La víctima presentaba múltiples lesiones.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro y esclarecer por qué la autoridad decidió viajar sola sin un chofer asignado. Los comuneros y deudos protagonizaron desgarradoras escenas de dolor durante el levantamiento del cadáver.

“Lo que ha cambiado es la tipología, la naturaleza del crimen y eso exige una respuesta del Estado que tenga una capacidad de fuego acorde a la capacidad de fuego de los delincuentes. Tiene que haber una respuesta a la altura de esa amenaza y es evidente que la Policía en ese sentido ha sido rebasada”, explicó en entrevista a RPP.

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En línea a ello, estima que las FF.AA no solo podrían apoyar a la PNP, sino asumir la conducción del comando e intervenir contra objetivos de alto valor para neutralizarlos.

Por ejemplo, mencionó las bandas criminales Los Choneros, el Comando Vermelho, el Tren de Aragua, Los Pulpos y La Jauría, las cuales considera deben ser catalogadas como grupos hostiles y para ello se requiere el pedido de facultades.

“En ese momento estas organizaciones criminales se van a convertir también en objetivos militares. Y vamos a poder planificar y diseñar operaciones militares contra ellos”, anotó.

Al ser consultado por la implicancia de posibles excesos de parte de las FF.AA, Belaúnde Llosa resaltó que actualmente las organizaciones criminales usan armamento de guerra e, incluso, explosivos para extorsionar a empresarios.

Gobierno de Keiko Fujimori empodera a las FF.AA

Lo anunciado por el titular del Mindef se alinea al empoderamiento y blindaje que está brindando el Gobierno de Keiko Fujimori a las FF.AA.

Desde un inicio, su estrategia de seguridad daba un papel más protagónico a las Fuerzas Armadas, tanto mediante su despliegue en las calles como a través de nuevas estructuras de coordinación con la PNP.

En agosto, ante la ola de extorsión a transportistas, anunció que las Fuerzas Armadas iniciarán el patrullaje en el sistema de transporte y en las zonas de mayor criminalidad, sin embargo, los ataques siguieron aumentando.

Una de las principales medidas es la creación del Comando Unificado de Lucha contra la Criminalidad, a inicios de octubre, integrado por 1.350 efectivos de las FF. AA. y la PNP.

Se trata de una estructura que contará con un centro de control y operaciones instalado en el Cuartel General del Ejército y tendrá entre sus funciones ejecutar operativos de búsqueda y captura, acciones de inteligencia y operaciones especiales contra organizaciones criminales.

Ante de ello, durante su mensaje a la nación del 28 de julio, Fujimori informó que las FF. AA. asumirían temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno en las zonas declaradas en estado de emergencia, en coordinación con la Policía.

Días después, el 2 de agosto, la mandataria señaló que los militares también participarían en la seguridad de los establecimientos penitenciarios, en las calles y el sistema de transporte.

En todos esos casos se trata de intervención militar en tareas vinculadas con la seguridad ciudadana, un ámbito que tradicionalmente corresponde a la Policía.

Y no queda ahí. El respaldo férreo de Fujimori a los militares también abarca la vía judicial.

Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre, la presidenta cuestionó que miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional continúen afrontando procesos judiciales por su actuación durante el conflicto armado interno.

“Vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados”, declaró y cuestionó el tratamiento judicial de estos casos.

Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, respondió inmediatamente y dijo que tales afirmaciones comprometían la autonomía de los magistrados.

Tello recordó que corresponde a los jueces determinar, mediante procesos que respeten las garantías legales, la responsabilidad o inocencia de los investigados. Además, pidió a la mandataria retractarse y cuestionó que, pese a haber prometido respetar la independencia judicial, criticara ante la comunidad internacional los procesos contra militares y policías.

Tras el resultado desfavorable, Luque cuestionó que exijan una rectificación y anunció que no retornará al recinto ni formará parte de una nueva votación.

"El fujimorismo está desconociendo esa votación y ahora, como han perdido, están aplicando el artículo noventa y uno, pidiendo una rectificación de la votación. Es una cosa terrible lo que están haciendo. Primero, no aceptan que han perdido. Segundo, nos están forzando una rectificación (…)”.

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Al ser consultada sobre si retornaría al debate, la parlamentaria aseguró que permanecería fuera del recinto. "(…) quieren volver a votar, por eso yo no voy a votar, no voy a ser parte. Voy a esperar acá".

Respecto al objetivo de la moción para fijar los límites de la Cámara Alta y el desacuerdo sobre el cierre de la votación, la senadora explicó que ya había concluido a su favor.

“Nosotros queremos que se respete la votación de la cuestión de orden que fue aprobada. La cuestión de orden que nosotros hemos planteado es que se debata el tema de los límites del Senado y qué entendemos por desnaturalización o no. Eso hemos pedido y hemos ganado la votación”.

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Origen del conflicto en la sesión de la Comsión de Constitución

El conflicto se desencadenó cuando los senadores de las bancadas de Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras se retiraron de la sesión en protesta por el manejo de la mesa directiva. En la sala solo permanecieron integrantes de Fuerza Popular y Renovación Popular.

La discusión empezó cuando la senadora Patricia Iturregui pidió debatir y votar un acuerdo para interpretar el reglamento parlamentario y fijar los límites del Senado al cambiar el pedido de facultades del Ejecutivo.

En la primera votación, seis senadores apoyaron el pedido y cinco votaron en contra; sin embargo, el presidente de la comisión, Carlos Mesía, señaló que la solicitud había sido rechazada, lo que desató los reclamos.

Tras una breve suspensión, Mesía propuso debatir las prerrogativas del Senado y el concepto de "desnaturalización" dando cuatro minutos a cada legislador, pero las protestas obligaron a suspender la sesión nuevamente.

La misiva está fechada el 6 de junio del 2025. Para entonces, la MML había contratado a BSF por disposición del entonces alcalde Rafael López Aliaga para que se encargue de los litigios judiciales en el extranjero que el municipio afrontaba con las concesionarias de los peajes Rutas de Lima (Brookfield) y Lima Expresa (Vinci Highways).

Hasta ese momento, sin mediar licitación, el exburgomaestre dispuso la contratación directa de BSF en nueve ocasiones por un total de S/97,5 millones, entre el 23 de enero de 2024 y el 13 de marzo de 2025. El propio López Aliaga ha reconocido que una de las razones por las que prefirió a dicho estudio de abogados fue por su relación de amistad con el representante del mismo, Martín de Luca, un exfiscal norteamericano trumpista de origen argentino.

La carta de la exprocuradora Evelin García evidencia que la millonaria contratación de BSF que autorizó López Aliaga -por casi 100 millones de soles- no produjo los resultados previstos. Y que García advirtió al bufete de letrados con oficinas en Nueva York, que la estrategia legal que había planeado era errónea y perjudicial para los intereses de la MML. Sin embargo, los abogados extranjeros pasaron por alto la opinión versada de la exprocuradora.

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Resultados decepcionantes

En la misiva dirigida al representante Martín de Luca, amigo de López Aliaga, Evelin García se refiere al proceso conocido como Discovery seguido ante la Corte Federal de Distrito Sur de Nueva York para obligar a la concesionaria Brookfield para que entregue información sobre la compra de acciones de Odebrecht de Rutas de Lima. García incluso demandó reemplazar a los abogados asignados por BSF por el evidente fracaso.

La comunicación escrita dirigida a De Luca es "sobre la responsabilidad exclusiva del estudio Boies Schiller Flexner en el resultado desfavorable para la MML de la petición (Discovery), por graves deficiencias y falencias en su estrategia de defensa que fueron oportunamente advertidas por la (Procuradora); y solicito el cambio inmediato de los Abogados Claves".

El cuestionamiento central de la exprocuradora Evelin García radicaba en que los abogados de BSF presentaron a la MML como agraviada en el caso contra Brookfield, cuando en realidad lo era el Estado peruano.

La exprocuradora de la MML adjuntó la lista de las numerosas comunicaciones que remitió al bufete BSF y a los asesores de López Aliaga, pero que nunca fueron tomadas en cuenta.

"Pese a las reiteradas observaciones formuladas por la Procuraduría Municipal, llama poderosamente la atención de mi despacho que, habiéndose dejado constancia de los cuestionamientos, los abogados de BSF insistieran que la Municipalidad de Lima tenía la condición de agraviada, por lo que se nos recomendó continuar con la estrategia", señaló García en la carta.

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Reemplacen a los abogados

Explicó que el juez estadounidense Lewis J. Liman, encargado del caso Discovery, le dio la razón cuando rechazó la moción de BSF, ya que la Municipalidad Metropolitana de Lima no tenía legitimidad para promover el Discovery.

En realidad, no era una estrategia del estudio BSF, sino un mandato del mismo López Aliaga.

"Hubo mucha presión para que se aceptara el informe enviado por el estudio BSF sobre las acciones que se tenían que hacer en Estados Unidos. Hubo una imposición para contratar al BSF por orden de Rafael López Aliaga", dijeron a La República fuentes de la Procuraduría de la MML.

La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, quien tuvo conocimiento de la comunicación escrita de su colega Evelin García, confirmó que la actuación del bufete BSF fue ineficaz.

"La carta (de Evelin García) confirma que la estrategia que el estudio BSF estaba empleando, y que había sido advertida por la exprocuradora, no iba a proceder y que perderían ante la justicia de Nueva York de los Estados Unidos. La Municipalidad ha perdido casi 100 millones de soles por una defensa ineficiente que no ha tenido más resultados importantes", señaló Carrión.

Los exprocuradores anticorrupción Julio Arbizu y Ronald Gamarra denunciaron a López Aliaga por la contratación indebida del estudio BSF, representada por el amigo personal del ex alcalde limeño, Martín de Luca. En marzo de 2026, el fiscal anticorrupción Leonardo Yapias Córdova formalizó una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la contratación de los servicios de BSF sin licitación, y por no haber publicado en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) la información correspondiente para la fiscalización pública.

"Se deja constancia que el resultado desfavorable para la MML es responsabilidad directa y exclusiva del estudio BSF, por haber recomendado una estrategia de defensa deficiente y negligente, a pesar de las advertencias y observaciones que fueron oportunamente alcanzadas por la Procuraduría Municipal", concluyó Evelin García.

Y añadió que debido a dicho resultado, "se ha comprometido la idoneidad del servicio de asesoramiento y patrocinio contratado por la MML". Esto es, el gasto de casi 100 millones de soles en la contratación de BSF fue prácticamente en vano.

En efecto, solo por la presentación de la estrategia para conseguir el Discovery, la MML pagó S/15,2 millones al bufete BSF, de acuerdo con el Seace. Pese al fracaso de la estrategia, López Aliaga siguió contratando a BSF hasta por S/97,5 millones.

Pero no así para la MML, que continúa bajo control de Renovación Popular, y eventualmente, López Aliaga regresaría a la alcaldía limeña. La estrategia del bufete neoyorkino BSF no ha cambiado.

Este diario consultó a la Municipalidad de Lima sobre los resultados del estudio Boies:

"(El estudio BSF) desplegó acciones procesales orientadas al cumplimiento de los objetivos establecidos. Si bien se presentaron dificultades durante el proceso, la estrategia legal continúa en marcha, pese a las objeciones de las entidades requeridas para revelar información y a un primer pronunciamiento desfavorable del juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York", señaló la MML a este periódico.

En la actualidad, el proceso Discovery está en manos de la Procuraduría Ad Hoc, puesto que el último contrato con el estudio BSF concluyó en diciembre de 2025, reportó la MML. Sin embargo, la Procuraduría no cuenta con abogados en el exterior.

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La MML justifica actuación del bufete BSF

• Conforme a la versión de la MML, lo que ha conseguido hasta el momento el estudio Boies Schiller Flexner, "es una primera revelación de documentos en abril de 2026, que permitió identificar determinadas transferencias financieras realizadas en fechas coincidentes con hitos del contrato de concesión".
• En un intento por justificar los resultados decepcionantes del bufete BSF, la MML manifestó que "ninguna estrategia procesal se sostiene si continúa el blindaje y el retraso inexplicable del juicio contra la exalcaldesa Susana Villarán y todos los involucrados por los delitos de cohecho, lavado de dinero y corrupción".
• La MML insiste en que la Procuraduría General del Estado asuma el caso ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos.

"Todavía no (se puede convocar), porque no hay consenso. ¿Para qué voy a citar a una comisión donde no se va a votar”, declaró a RPP.

Su respuesta llegó al ser consultado por el comunicado de las bancadas de Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras, indicando que se encontraban a la "espera de una nueva citación que garantice un debate democrático”.

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Sin embargo, Mesía rechazó este pedido explicando que no iba a citar hasta que no exista un consenso sobre lo que se debatirá.

"Entiendo, están pidiendo una citación, pero yo no voy a citar a la comisión para volver a caer, digamos, en este caos. Yo voy a citar a la comisión en tanto que haya un consenso sobre qué vamos a debatir", dijo.

Alternativas

El plazo para que la Comisión de Constitución del Senado emita su pronunciamiento sobre el pedido de facultades vence este viernes 16. Al ser consultado por los plazos, Mesía respondió que en la Cámara de Diputados el tiempo máximo también se excedió y aún así se presentaron los dictámenes.

“Queda un poco al lado el reglamento para ir a una suerte de realismo político", indicó.

En caso no se llegue a un acuerdo mínimo que garantice el quórum para sesionar y votar, planteó dos alternativas. La primera es que el proyecto se archive y no se otorgue ninguna facultas, y la segunda es que se divida el debate.

Es decir, que primero se voten las 20 facultades aprobadas en Diputado y, posteriormente, las 7 adicionales que propone el Senado.

"Bueno, yo he planteado 28. Vayamos a un punto intermedio. Partamos el debate y la votación. Primero los 20 y después los ocho. Y si no quieres así, presenta tu dictamen en minoría", explicó.

Además, responsabilizó a Juntos por el Perú por la situación de la Comisión. Indicó que esta bancada busca el archivo del pedido de facultades y las demás organizaciones de oposición siguen esa línea.

"El problema es que no tienen los votos y en el fondo lo que está buscando Juntos por el Perú, seguido por los demás de narices, sin personalidad ni identidad ideológica, es que la izquierda maneje el Congreso desde la Cámara de Diputados", manifestó.