El comunicado de la bancada rechaza "toda forma de violencia" y remarca su compromiso con el debido proceso. Añade que seguirá de cerca el desarrollo de las diligencias y que, en el ámbito de sus competencias, definirá las medidas que correspondan conforme a sus normas internas.

Este diario conoció que la mujer que denunció al diputado, identificada como Laura Bonilla Valerio, ejerció como su abogada en uno de sus procesos judiciales anteriores. Pérez Mallqui arrastra sentencias por lesiones culposas, violencia familiar y falsa declaración en procedimiento administrativo. En conjunto, esas condenas suman cerca de ocho años de pena privativa de libertad, aunque no todas de cumplimiento efectivo.

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¿Qué dice el parte policial sobre la agresión?

La denuncia original era por violencia psicológica, no física. Bonilla Valerio llegó primero a la comisaría de San Miguel y firmó los documentos que le explicaban sus derechos como víctima. Los policías la notaron afectada, casi en shock.

La mujer pidió ir al baño porque sentía náuseas y malestar. Como se demoró, los agentes tocaron la puerta para ver si estaba bien. Ella respondió que aún se sentía mal. Cerca de las 12:20 horas, se escuchó bulla afuera de la oficina, donde Pérez Mallqui esperaba sentado.

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Al salir, los policías vieron al diputado dándole manotazos a Bonilla Valerio. Ella se cubrió la cara con los brazos y le preguntó "¿por qué me haces esto?". Él le respondió, en voz baja y con burla, "te vas a arrepentir de lo que estás haciendo". Después le puso el pie y le jaló del brazo. También le propuso arreglar todo con una simple constancia de retiro de hogar, porque "la prensa" lo iba a perjudicar.

El comisario a cargo vio las marcas en los brazos de la mujer y ordenó la detención del legislador. Una fiscal tomó conocimiento del caso de inmediato. Bonilla Valerio firmó el acta y contó que no era la primera vez que sufría este tipo de violencia, pero que nunca antes denunció por vergüenza. Pérez Mallqui, en cambio, no quiso firmar el documento y dejó dicho que no estaba de acuerdo con lo que ahí se relataba.

La nulidad del proceso penal alcanza a las investigaciones preliminares iniciadas en 2019 y a todas las actuaciones que se derivaron de ellas. Esto incluye las decisiones judiciales que en su momento rechazaron los primeros intentos de la defensa de Humala para cerrar el caso, y también la sentencia que lo condenó a quince años de prisión el 29 de abril de 2025.

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La votación entre los siete magistrados no fue unánime. Cinco de ellos respaldaron la decisión: Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez. Los otros dos, Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez, votaron en contra y pidieron que la demanda fuera rechazada.

El fallo también dio órdenes concretas. La Fiscalía debe cerrar oficialmente el caso y archivar todo lo investigado hasta ahora. El juzgado a cargo, por su parte, tiene que definir la situación legal de Humala el mismo día en que reciba la notificación de la sentencia.

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Los fundamentos que sustentan la decisión del TC

La mayoría del Tribunal basó su decisión en un principio básico del derecho penal: a nadie se le puede castigar por algo que, cuando lo hizo, todavía no era considerado delito. Según los magistrados, lo que se le atribuye a Humala —recibir y quedarse con dinero de origen sospechoso para financiar sus campañas de 2006 y 2011— corresponde a un tipo de delito que Perú incorporó a sus leyes recién en noviembre de 2016.

De ahí se desprende el segundo argumento: aplicarle ese delito a hechos ocurridos años antes de que existiera en la ley equivale a castigarlo con una norma que no existía en ese momento, algo que la Constitución prohíbe. La razón es que la ley vigente en 2006 y 2011 no sancionaba simplemente recibir dinero sospechoso para una campaña. Esa ley exigía algo más complejo: que el dinero pasara por varias etapas, como colocarlo, mezclarlo con fondos legales y finalmente devolverlo a quien lo generó, disfrazado de dinero limpio.

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El tercer argumento cuestiona qué tan sólida era la acusación en sí. El Tribunal señaló que nunca quedó claro, de forma concreta, cuál fue el delito original que generó ese dinero sospechoso. Tampoco encontró pruebas suficientes de que Humala supiera, en 2006 y 2011, que ese dinero venía de un origen ilegal, algo que —según recalca el fallo— no se puede simplemente asumir sin demostrarlo.

Con base en estos tres puntos, el Tribunal concluyó que sí hubo una violación a los derechos de Humala, y que esa violación afectó directamente su libertad personal. Esa fue la razón que usó para ordenar que se anule todo el proceso, aunque —como plantean los votos en contra— decidir qué delito corresponde a cada caso normalmente es tarea de los jueces penales, no del Tribunal Constitucional.

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Los votos singulares en contra de la decisión

Dos magistrados no estuvieron de acuerdo con el resto del Tribunal y explicaron por separado sus razones. Tanto Pacheco Zerga como Monteagudo Valdez coincidieron en que la demanda debió ser rechazada, aunque llegaron a esa conclusión por caminos distintos.

Pacheco Zerga basó su desacuerdo en un argumento de forma: según decisiones anteriores del mismo Tribunal, las resoluciones que Humala cuestionaba no afectan de manera directa la libertad de una persona. Citó al menos tres casos previos en los que el Tribunal sostuvo ese mismo criterio, y remarcó que la prisión de Humala no se originó por esas resoluciones, sino por la sentencia que lo condenó en 2025.

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La magistrada fue más allá y revisó también el fondo del caso. Encontró que la decisión judicial que el Tribunal terminó anulando nunca calificó la conducta de Humala como el delito que después se usó para liberarlo. La Corte Suprema, dijo, siempre entendió los hechos como parte del delito que ya existía desde 2002, sin necesidad de la ley que se aprobó en 2016. Para demostrarlo, comparó ambas versiones de la ley y concluyó que el cambio de 2016 no modificó de forma importante lo que se castiga.

Monteagudo Valdez centró su voto en otro punto: la condena de quince años dictada en 2025 todavía estaba siendo revisada por otro tribunal cuando el TC tomó su decisión. La defensa de Humala ya había presentado ahí el mismo argumento que después usó para pedir el hábeas corpus. Para el magistrado, acudir al Tribunal Constitucional antes de que ese otro tribunal resolviera fue apresurado, y significó que el TC se metiera en un asunto que todavía le correspondía resolver a la justicia penal.

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¿Por qué Ollanta Humala se encontraba en prisión?

Humala estaba preso por una condena que le impusieron el 29 de abril de 2025. Un juzgado penal lo sentenció a quince años de cárcel por lavado de activos agravado, junto con otras personas que fueron procesadas como parte del mismo caso.

La Fiscalía sostenía que Humala usó dinero de origen ilegal para financiar dos de sus campañas presidenciales. En la de 2006, se le acusaba de recibir fondos que venían del gobierno de Venezuela, en ese entonces liderado por Hugo Chávez, a través de una empresa venezolana y de envíos por valija diplomática. En la de 2011, la acusación apuntaba a dinero que provenía de actos de corrupción de la constructora brasileña OAS y de un fondo manejado por funcionarios ligados al Partido de los Trabajadores de Brasil. Ese dinero, según la Fiscalía, llegó a través de Odebrecht y se ocultó con aportantes falsos que simulaban donaciones legales.

Antes de esta condena, Humala ya había estado preso una primera vez durante el mismo proceso, bajo la figura de prisión preventiva. Cuando lo condenaron en 2025, su defensa pidió que no entrara a la cárcel mientras apelaba, pero un tribunal rechazó ese pedido en marzo de 2026. Desde entonces estuvo recluido, mientras su apelación contra la condena seguía sin resolverse. Fue justo en medio de ese proceso pendiente que el Tribunal Constitucional emitió el fallo que ahora ordena su liberación.

Se trató de una proyección gratuita, a la que asistieron público interesado, curiosos y varios activistas de derechos humanos. En La República hemos dado cuenta de la importancia del documental de Corcuera, el cual tiene como eje las matanzas, a cargo de las fuerzas del orden, que se realizaron para aplacar las revueltas del 2022/2023.

Lo que se vio el lunes dejó varias lecturas, como la actualidad de un trabajo que no solo sobrevive por la sensibilidad de sus temas, más aún en estos tiempos de olvidos gracias a la rapidez en la que vivimos, sino igualmente por su calidad estética (pensemos en la fotografía y sonido, a saber).

“Queremos decirle a la señora Keiko que sin justicia no hay reconciliación”, declaró para La República la activista e integrante de la Asociación de los familiares de las víctimas del 9 de enero, Milagros Samillán. Samillán, al finalizar la proyección entre aplausos, volvió a subrayar este reclamo de los familiares de las víctimas, quienes iban a asistir a la función. Ellos no pudieron llegar al quedarse atrapados en el intenso tráfico que a esa hora se generaba en el puente Atocongo.

En estos tiempos que corren, del olvido no se salva nadie. En este sentido, Uyariy sigue manteniendo vigencia por su calidad y mensaje (ambas características no siempre van de la mano), que adquiere otra dimensión cuando el reclamo por justicia sigue siendo una cuenta pendiente del Estado peruano. A esa misma hora, la plaza San Martín estaba rodeada de buses de la policía, que habían traído conjuntos musicales para celebrar el Día de la independencia, aunque el acceso estuvo restringido. No dejó de llamar la atención que varias piezas musicales proviniesen de la zona sur del país (diablada, por ejemplo), de donde, vaya oscura ironía, eran las víctimas de las revueltas.

Cuando Samillán terminó su intervención, el público formuló algunas preguntas y, del mismo modo, sugerencias sobre Uyariy. De las últimas, una que vengo escuchando desde su estreno en Juliaca en agosto de 2025: ¿qué se podría hacer para que el documental sea visto por más personas? Corcuera parte de un hecho concreto para hacer una exploración sobre la historia de la violencia en el sur. Las capas de la narración hacen que el documental no se quede en el trauma local y pasen a ser una representación de la injusticia en la historia peruana. Los familiares hicieron una vigilia frente al Palacio de Justicia el lunes en la noche y estuvieron en la marcha del 28 en el centro de Lima. Uyariy ayuda a no olvidar lo que pasó.

…

Datos:

Documental. Uyariy llevó 55 mil personas a las salas de cine durante el mes de enero de 2026.

 Medida. El Eficavip (Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales) fue desactivado el 6 de enero por el Ministerio Público.

Apoyo a los familiares de las víctimas. Donaciones al 973-487-807.

Pérez Mallqui registra antecedentes judiciales por diversos delitos, entre ellos agresiones. De acuerdo con la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el diputado fue sentenciado por los delitos de lesiones culposas y violencia familiar. Según pudo conocer este diario, la mujer que registró la denuncia por agresión en su contra es la misma que ha ejercido como abogada del diputado el primero de estos casos mencionados.

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Pérez Mallqui declaró también una sentencia en su contra por el delito de falsa declaración en un procedimiento administrativo. En conjunto, estas condenas suman cerca de ocho años de penas privativas de la libertad, aunque no todas fueron de cumplimiento efectivo.

La condena por lesiones culposas se originó a raíz de un accidente de tránsito que protagonizó en el distrito cusqueño de Pichari, en 2024. Además de ser sentenciado a cuatro años y seis meses de pena suspendida, Pérez Mallqui fue obligado a pagar una reparación civil de S/ 80.000 a favor de la familia afectada. Una de las víctimas del atropello fue una menor de edad.

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Se negó a pagar compensación a familia

El parte policial sobre el atropello señala que el diputado electo del partido de Roberto Sánchez hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes para que se presentara ante las autoridades. Asimismo, consigna que Pérez Mallqui presentaba signos compatibles con el consumo de bebidas alcohólicas.

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En declaraciones al programa dominical Panorama, el diputado electo negó haber conducido su automóvil en estado de ebriedad. "Yo me iba a ir contra la pared. La señora venía contra la pared. No fue un atropello, fue un choque. (...) Yo no sé de dónde sacan que yo he estado tomando. Ellos pueden poner cualquier cosa en el parte. Pero eso se aclara en el juzgado. Cuando el caso toma forma, se esclarecen varias cosas. Todo el mundo sabe que mi relación con la PNP no es cordial por defender a hermanos agricultores", indicó.

Además, consideró injusta la reparación civil que, según afirmó, tendría que pagar y que ascendería a S/ 350.000. Por su parte, Vilma Palomino, madre de la menor atropellada, señaló que su hija presenta convulsiones y fracturas en el cráneo. Actualmente, la menor permanece internada en un centro médico de la localidad.

Tres especialistas analizaron el alcance de la propuesta para La República: el abogado penalista Ciro Cancho, el también penalista Aarón Alemán y el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe. Los tres coinciden en que el anuncio carece de precisión. Ninguno cuestiona la facultad constitucional del Ejecutivo para pedir esta delegación. El reparo apunta al contenido y al método detrás del pedido.

Las críticas se concentran en tres ejes. El primero es la falta de especificidad sobre qué normas cambiarán exactamente. El segundo es la ausencia de sustento técnico y empírico detrás de la reforma. El tercero es el riesgo de que la delegación de facultades incluya, además de la reforma penal, cambios al sistema penitenciario sin un diagnóstico claro de sus verdaderos problemas.

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Ciro Cancho, abogado penalista: "una forma muy rudimentaria y de poca seriedad"

El abogado penalista Ciro Cancho cuestionó la falta de concreción en el pedido de facultades. Explicó que la presidenta habla "de forma bastante general" sin especificar qué artículos del Código Penal o del Código Procesal Penal se modificarán. Para Cancho, ese vacío convierte al anuncio en "una forma muy rudimentaria y de poca seriedad" para emprender una reforma de esta magnitud.

El penalista insistió en que cualquier cambio a la norma penal debe sustentarse en criterios técnicos, no políticos. Señaló que las reformas de este tipo requieren la opinión de "un abogado penalista, aquel que esté relacionado fundamentalmente con el área de política criminal". Cuestionó, además, que no se conozca la identidad de los asesores que definen la orientación de los cambios anunciados por el Ejecutivo.

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Cancho planteó también un cuestionamiento de fondo sobre las motivaciones detrás del pedido. A su juicio, la falta de claridad "daría la impresión" de que el partido de gobierno buscaría aprovechar las facultades para "emitir normas que favorezcan a los intereses finalmente de ellos, con nombre propio", en lugar de responder a una necesidad de la sociedad peruana en su conjunto.

El especialista cerró su análisis con una advertencia sobre la frecuencia de las reformas penales en el país. Recordó que ya se aprobaron cambios recientes en crimen organizado, lavado de activos y corrupción de funcionarios. Para Cancho, el Código Penal "no puede estar modificándose a cada rato" y cada ajuste debe responder a datos que aporte la criminología, no a decisiones políticas aisladas.

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Aarón Alemán, abogado penalista: la reforma toca el núcleo del sistema de justicia penal

El abogado penalista Aarón Alemán planteó un análisis distinto, centrado en el alcance jurídico del pedido. Aclaró que la solicitud de facultades legislativas no es, por sí misma, inconstitucional. La Constitución permite que el Congreso delegue facultades sobre materias específicas y por un plazo determinado. El problema, dijo, está en la amplitud de lo que se anuncia.

Alemán detalló que las normas involucradas "constituyen el núcleo del sistema de justicia penal peruano". No se trata solo del Código Penal o el Código Procesal Penal. El pedido también alcanzaría al régimen de crimen organizado, lavado de activos, delitos tributarios, delitos aduaneros, delitos informáticos, ejecución penal y responsabilidad penal adolescente. Esa amplitud, advirtió, exige "un control especialmente riguroso" sobre el contenido de las futuras modificaciones.

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El penalista subrayó que una reforma de este tamaño solo será legítima si responde a evidencia empírica sobre las causas reales de la impunidad y la criminalidad organizada. Advirtió que endurecer penas o ampliar facultades de investigación "no garantiza, por sí solo, una reducción de la delincuencia". La eficacia del sistema depende también del fortalecimiento del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.

Alemán pidió, además, que cualquier cambio mantenga coherencia con los estándares internacionales que el Perú asumió en lucha contra el crimen organizado transnacional, lavado de activos, corrupción y derechos humanos. Concluyó que la delegación de facultades representa una oportunidad para corregir deficiencias del sistema penal, pero también un riesgo real de aprobar cambios de alto impacto sin el debate técnico necesario.

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José Luis Pérez, exministro del Interior: "los problemas del INPE no son desconocimiento, es falta de gestión"

El expediente de reforma no se limita al plano penal. El paquete de facultades también contempla cambios al sistema penitenciario, según confirmó el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe. Dos puntos concentran su atención: la posibilidad de que las Fuerzas Armadas asuman funciones administrativas dentro de los penales y la entrada de empresas privadas a la gestión carcelaria.

Pérez Guadalupe calificó la propuesta militar como parte de "una tendencia continental" de militarización de la seguridad ciudadana en la región. Comparó la medida con pedirle a un piloto de la Fuerza Aérea que dirija un submarino: "un militar no entiende y no tiene por qué entender las funciones de un director de penal". Advirtió que un director militar enfrentaría denuncias penales por desconocer trámites básicos, como la excarcelación de un interno dentro de las 24 horas que exige la ley.

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El exministro fue enfático en identificar la raíz del problema penitenciario. Afirmó que "los problemas del INPE no son desconocimiento, es falta de gestión" y citó una cifra concreta: entre 2011 y 2016 se inauguraron diez penales nuevos en el país. Después de 2016, no se inauguró ninguno. Para él, la solución no pasa por reemplazar al personal actual, sino por gestionar mejor los recursos ya existentes.

Sobre la privatización, Pérez Guadalupe cuestionó el concepto mismo. Explicó que, a diferencia de servicios como electricidad o agua, no existe un modelo claro de rentabilidad para un privado que administre penales con más de 400% de hacinamiento, como Lurigancho o Castro Castro, mientras el Estado paga apenas ocho dólares diarios por interno. Aclaró, además, que la construcción de penales ya está en manos privadas a través de licitaciones, por lo que ese punto no representaría una novedad real dentro del proyecto.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, registra dos investigaciones activas por los presuntos delitos de lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. En su declaración también consigna haber sido investigado anteriormente por fraude electoral y nombramiento ilegal.

El ministro del Interior, César Astudillo, mantiene una investigación activa por el presunto delito de peculado. Asimismo, declaró antecedentes por lesiones graves.

Otro integrante del gabinete con investigaciones vigentes es Alberto Beingolea, quien registra procesos por los presuntos delitos de colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo.

El resto de ministros reportó investigaciones o procesos concluidos, aunque en algunos casos sin precisar mayores detalles. El ministro de Justicia, César Álvarez, indicó que afronta acusaciones constitucionales en curso, pero no especificó a qué hechos corresponden.

El canciller Carlos Espá consignó investigaciones por cohecho, mientras que el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, informó haber sido sentenciado por lesiones culposas y registró además antecedentes por falsedad ideológica y estafa.

El ministro Rafael Belaunde no detalló las investigaciones que consignó. Sin embargo, explicó que uno de los casos se originó por un error del BBVA, entidad que posteriormente —según su versión— le remitió una carta de disculpas al reconocer que él fue el agraviado por la falsificación de su firma.

En el sector Educación, José Chang declaró haber afrontado ocho investigaciones por presuntos delitos relacionados con usurpación de funciones, lavado de activos, delitos contra el patrimonio, tranquilidad pública y asociación ilícita.

El ministro de Salud, Luis Dyer, reportó investigaciones por falsificación de documentos y dos casos por declaraciones falsas.

Uno de los mayores registros corresponde al ministro del Ambiente, Vladimir Huaroc, quien declaró 51 investigaciones. Entre ellas figuran nueve por desobediencia y abuso de autoridad, además de casos por colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones, nombramiento ilegal, destrucción y ocultamiento de documentos, depredación de áreas agrícolas, lesiones y hurto.

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, informó haber tenido 10 investigaciones, de las cuales cuatro corresponden a abuso de autoridad y resistencia a la autoridad, tres a negociación incompatible, además de procesos por lavado de activos, delitos ambientales y cohecho pasivo propio.

En tanto, el ministro de Transportes, Rafael Rey, registró un caso por un presunto delito contra la fe pública, mientras que el ministro de Trabajo, Juan Sheput, consignó investigaciones por tráfico de influencias y colusión agravada.

 Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró haber afrontado 20 investigaciones, aunque no precisó los delitos materia de dichos casos.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vineli, reportó 10 investigaciones, entre ellas tres por delitos contra la administración pública, dos por abuso de autoridad, además de procesos por negociación incompatible, concusión, cohecho y corrupción de funcionarios.

"Ningún derecho laboral va a ser recortado. Eso es lo que quiero señalar. Lo dije en mi mensaje y lo vuelvo a señalar con claridad el día de hoy", afirmó la mandataria.

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En el literal d) del punto 2.3 del proyecto presentado por el Gobierno se plantea la posibilidad de otorgar mayor flexibilidad a beneficios laborales como las vacaciones, las horas extras, la participación en las utilidades, las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios (CTS), permitiendo que estos se definan mediante negociaciones entre el empleador y el trabajador.

Además, el literal g) del mismo punto plantea modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número. De acuerdo con el documento, la finalidad es promover la productividad. Sobre este último aspecto, cabe recordar que la mandataria aseguró durante una transmisión en vivo por TikTok que no eliminaría feriados una vez asumiera el poder.

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Sobre la reorganización de los ministerios

La mandataria también se pronunció sobre la reorganización de los ministerios tras la designación de los nuevos titulares de cada cartera. Fujimori aseguró que no tiene inconvenientes con los profesionales que sean convocados por los ministros para integrar sus equipos.

"Esas decisiones de cambios, que entiendo los nuevos ministros están evaluando en sus respectivos ministerios, les corresponden a ellos. Están en todo el derecho de proponer a su personal de confianza y a su personal técnico", indicó.

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Respecto a la posibilidad de que Óscar Arriola deje la comandancia general de la Policía Nacional del Perú, la mandataria sostuvo que esa decisión deberá ser tomada por el ministro del Interior, César Astudillo.

"Es algo que tiene que decidir el ministro del Interior. Entiendo que hay una ley que garantiza años de función. Prefiero esperar un par de días para que el ministro del Interior nos dé su opinión al respecto", apuntó.

Uno de los mensajes que Fuerza Popular ha dirigido a sí mismo es que la apretada victoria no significa que el antifujimorismo haya desaparecido. Incluso se dice en FP que ese anti podría impedirle gobernar como se debe. Estupendo tema para un mensaje inaugural de gobierno: ¿qué es lo que me impediría gobernar mejor?

Pero quizás el freno a un mejor gobierno no sea el famoso anti, sino la corrupción que se ha instalado en todas las partes del espectro social e ideológico, y que se mueve desde lo más pequeño hasta lo más grande. Un fenómeno a cuyo favor ya se legisla y que no da señales de estar reduciéndose en ninguna parte.

Es casi imposible que la ciudadanía no crea que FP obtuvo la presidencia del Senado mediante una triquiñuela corrupta, como ha hecho notar Rosa María Palacios. La sospecha impone un fuerte aire de familia con el fujimorismo de los años noventa. Hasta el senador elegido para presidir es hijo de un notorio personaje de aquellos tiempos.

Que Roberto Sánchez haya suspendido de JP a la senadora acusada de haber entregado la presidencia, algo que ella niega de plano, no lo ha dejado muy bien parado. Podría haberle concedido el beneficio de la duda, al menos mientras se investiga. Quizás es hora de empezar a sospechar que antifujimorismo y fujimorismo no son tan diferentes.

Estas líneas serán leídas cuando Fujimori ya haya emitido su mensaje. Con alguna excepción apenas recordada, los discursos inaugurales de los presidentes no suelen ser memorables. Como si no les quedara más remedio que acumular promesas revueltas con buenas intenciones. En este caso, además, hay una trayectoria familiar que justificar.

En el Perú dividido, la llegada de Fujimori solo puede ser vista como la solución a todos los problemas o como una tragedia que creará más males de los que ya existen. Entre esos dos extremos no hay mucho espacio para pensar, pero sí un amplio terreno para sentir.

Ucrania ha podido defenderse por su indoblegable nacionalismo, por el apoyo de las potencias occidentales y por ser ella misma un importante fabricante de armas. Es este último factor el que le está dando una nueva ventaja, pues Kiev está produciendo y usando drones con capacidad de penetrar profundamente en territorio ruso.

Aun así, Moscú está convencido de que puede ganar, es decir, ocupar de forma permanente los territorios que reclama, y eso mantiene a Vladimir Putin alejado de una mesa de negociaciones que lo está reclamando. La economía rusa tiene crecientes problemas, que no se condicen con el discurso triunfalista del Kremlin.

Mientras tanto, en Kiev el desgaste es evidente y, ahora último, se manifiesta en el despido del ministro de Defensa y algunos importantes generales. Pero Volodímir Zelensky sigue con éxito en sus pasadas de sombrero por Occidente, con lo cual va quedando atrás el momento en que se daba por descontada su derrota.

Fue un gran error de Putin la campaña de hostigamiento a varios países de la periferia europea; fueron agresiones disimuladas a medias que convencieron a la Unión Europea de la necesidad de armarse aún más en serio frente a Rusia. Algo que, de hecho, incluye ayudar a financiar a Ucrania a través de la OTAN para que se arme mejor.

Los drones que están haciendo la diferencia en estos días son los que fabrica Ucrania. Fire Point, la principal empresa del ramo, fabrica unos 100 misiles y miles de drones al mes. Todo lo cual se vende al exterior o se dispara en dirección de las ciudades y otros centros neurálgicos de Rusia. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto?

Es más o menos la misma pregunta que el mundo se hace frente a la guerra de Irán, que se enciende y se apaga como foco de baño público. También aquí tenemos a una gran potencia militar que anunció una victoria relámpago y rápido pasó al empantanamiento.

En el Congreso 2021-2026, los pequeños grupos ayudaron a los partidos más grandes a dejar la institucionalidad herida en el ala, participaron en el saqueo de la caja fiscal, crearon normas en beneficio de su propia impunidad, pasearon sus inconductas y hasta delitos sin el menor pudor. Se van como una vergüenza nacional.

Nada garantiza que quienes llegan sean muy diferentes de quienes se van. Con una o dos excepciones, los membretes partidarios son los mismos. La triquiñuela del bicameralismo ha permitido reelegir bribones (y bribonas). Quienes juran por verdaderas idioteces no necesariamente serán distintos de quienes hacen juramentos formales.

La pregunta que, por algún motivo, las encuestadoras no desean hacer es, más o menos: ¿se arrepiente de haber contribuido a elegir al Congreso (saliente o actual)? En verdad, nadie se arrepiente de nada, y hasta los sujetos más reputadamente indecentes tienen un público que los sigue, que aspira a ser como ellos.

¿Cómo se va a desarrollar el culebrón Congreso 2026-2031? Primero, entusiasmo por lo nuevo. Luego, beneficio de la duda. Después, identificar los casos excepcionales. Más tarde, recordar que el anterior Congreso fue peor. Por último, aplicar dos o tres sanciones altamente publicitadas y esperar que el público olvide las deletéreas performances.

Los periódicos intentos de bloquear la llegada de los peores al hemiciclo se topan con la idea de que todo el que tiene derecho a votar tiene automáticamente derecho a ser también elegido. Así, el Estado se vuelve uno de esos locales a los que todo el mundo puede ingresar. Casas de tolerancia de la política.

Nota aparte merecen los elegidos que declaran que no van a cobrar lo que les corresponde, o que solo aceptarán un sol mensual. Siempre hemos podido verlos después en la cola de los ricos emolumentos: sueldos, bonos, asignaciones y otros. Los congresistas de hoy van a recibir lo que ganaron los congresistas de ayer, sin el menor rubor.

Una versión sugerente es que se trataba de evitar una excarcelación de Pedro Castillo en las últimas horas del gobierno saliente. Pero, si bien Balcázar se ha aferrado a estas últimas horas, el famoso indulto no ha aparecido por ninguna parte. Hubiera podido hacerlo antes. La idea es que el adelanto en el cambio de gobierno lo desanimó.

Rospigliosi ha llamado a lo sucedido una tormenta en un vaso de agua. En efecto, un día de distancia no parece marcar una gran diferencia. Pero imponer la voluntad de Fujimori a un presidente saliente es decir, humillar a Balcázar y, de paso, al tan fujimorista Congreso saliente, algo está diciendo sobre el nuevo poder en el país.

¿La tormenta aludida es nada menos que la naturaleza del poder de K? En estos días, el periodismo fujimorista está dedicado a explicarle a su público por qué K ganó la elección y por qué le costó tanto hacerlo. Para eso están haciendo dos cosas: construyendo una imagen para K, incluso una internacional, y desarrollando una nueva categoría política, el antifujimorismo.

En la nueva imagen, K nunca ha gobernado, como ella misma sostiene, pero es la heredera legítima de todos los logros del gobierno de su padre. El antifujimorismo vendría a ser la amalgama de los rechazos al padre en cuanto dictador, la competencia electoral de los izquierdistas y una expresión de envidia desde otros partidos.

Adelantar un día la llegada de K a la presidencia es una parodia mini de Napoleón Bonaparte colocándose él mismo la corona de emperador de Francia. En efecto, pequeña tormenta, pero mala señal. La sensación es que la presidenta rechazó el intento de humillar a Balcázar al mocharle un día clave, entre los pocos que viene teniendo el gobierno saliente.

Gracias a Rospigliosi, Balcázar se debe sentir como el salvador de la dignidad del Congreso que lo instaló en Palacio. Material de más para contarles a sus nietecitos, llegado el momento.

La central de espionaje cubana G-2 es muy conocida por su eficacia. Pero no es ni la sombra del triángulo Estados Unidos-China-Rusia dedicado a interespiarse desde antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Que Cuba espía es público y notorio, pero no se sabía que preocupara tanto a Estados Unidos, más allá del estado de Florida. ¿Qué está pasando?

El gobierno de Estados Unidos está en guerra con Irán y todo espía le resulta peligroso. Hablar de espías iraníes, Hezbolá o hutíes en Estados Unidos podría sonar inverosímil; mejor echarle la pelota al G-2, en el que es mucho más fácil creer. Aunque es preciso reconocer que todo ese espionaje no le ha servido de mucho al gobierno cubano.

¿Pero qué es espiar en la era del satélite? La tecnología tiene mil maneras de penetrar los secretos de la sociedad y el Estado. Pero igual, de cuando en cuando leemos sobre personas de carne y hueso que disimulan su lealtad política o nacional para ayudar a su causa, o a sus empleadores. Son los espías de los libros y las películas, pero también de la realidad.

Ese tipo de espías, vamos a llamarlos presenciales, son los que las grandes potencias capturan, denuncian e intercambian con cierta frecuencia. Trump todavía no ha presentado a un solo espía cubano de ese tipo, que probablemente abunda en estos tiempos. Pero ya aparecerán a medida que se vaya acercando noviembre electoral.

Quizás la mejor expresión es agente secreto. Cuando el Perú despidió al embajador cubano Zamora de Lima, no lo hizo por creer que sabía más que otras embajadas, sino porque parecía más dispuesto a ayudar a sectores enemigos del orden establecido. Lo más probable es que con dinero venezolano, ahora que se ha agotado el famoso oro de Moscú.

Entendamos de una vez que hay espías y agentes por todas partes, en la paz y en la guerra. Verdaderos médicos y falsos médicos. Hay de todo.

Hay la idea de que ahora termina lo que se está llamando una época oscura. No estamos tan seguros, pero sí creemos que ahora ha habido mejores candidatos. Las figuras más peligrosas han sido puestas de lado, no por los votos, sino por el sentido común. No ha sido una elección marcada por el miedo a los resultados, como fue desde 1990.

Sin embargo, para algunos, no tan pocos, la llegada del fujimorismo a la presidencia es una tragedia. Algo así como una dictadura sangrienta, paralela a los tiempos de Vladimiro Montesinos. Algunos no son tan drásticos o racionales en su fobia, pero igual lo consideran una desgracia que era mejor evitar por todos los medios.

Sin duda se evitó que K llegara a Palacio en tres ocasiones. ¿Fue el volumen del puro voto antifujimorista? ¿Por el tamaño del sentimiento de izquierda o del rencor del voto andino? ¿Realmente ella no era tan buena candidata? ¿O fue su autoritarismo parlamentario post-2016? La pregunta es por qué llegó ella esta vez.

Quizás el secreto está en sus rivales. Pedro Castillo golpista y Antauro Humala anunciaban un futuro político temible, y era predecible un ciclo de violencia. La inseguridad ciudadana estaba (está) exigiendo un ciclo de estabilidad. Ofrecer estabilidad no fue muy sexy, pero a la postre sí funcionó.

Las instituciones. Con León XIV la Iglesia está como se pide. Con Julio Velarde en el BCR, las islas de excelencia económica parecen protegidas. La presidencia se está tomando su tiempo, y no hay en perspectiva ministros truchos. Incluso puede haber sitio para algún opositor razonable. Solo el Niño está nublando el horizonte.

Aunque una cosa es el cambio de gobierno, y otra ponerse en marcha para gobernar. Los problemas de la población son apremiantes. Los rencores son casi históricos. Inocentes reproches se convierten en atroces acusaciones. Por momentos, la frase "Felices Fiestas Patrias", aun sinceramente dicha, adquiere una maldad taimada.

Pero la secuencia flaca convocatoria, pequeña reunión, pequeña nota informativa puede durar para siempre sin cambiar las cosas. Lo que puede hacer Sánchez es prenderse de alguna manifestación de gran tamaño, y otro tema, para ganar indultos con avemarías ajenas. Aunque hay un límite a lo que se puede convocar sin efecto.

Todo eso es Sánchez. En cambio, las movilizaciones de protesta son muy otra cosa. Con elecciones a la vuelta de la esquina, nadie va a malgastar sus recursos para pedir una excarcelación con casi cero posibilidades. Más negocio sería concentrarse en pedir juicios sobre los muertos de Dina Boluarte, o en urgentes reclamos locales, los del Niño sobre todo.

Lo demás son pequeñas manifestaciones del tipo "perdimos las elecciones e insistimos en seguirlas perdiendo para siempre". Sin ellas, Sánchez ya no sería invitado a las reuniones de intención opositora que se dan en estos días. ¿Aunque de qué le servirían si casi no va a tener peso político o personal en el siguiente Congreso?

¿Qué puede hacer el hombre? Una gira por el país para ir saludando desde ahora a sus candidaturas preferidas no le haría daño. Necesitaría argumentos más interesantes que el fraude electoral en los consulados o la inocencia de Castillo, pero algo encontraría, o de otro modo se los darían los propios visitados.

No descartemos, empero, que en algunos municipios o regiones Sánchez no sea bienvenido. No por fujimorismo, sino por la atmósfera de perdedor con que se está rodeando. Además, no todos los candidatos del interior son de izquierda, y algunos preferirían tener a Keiko Fujimori en sus tabladillos electorales.

Esta no es una columna contra las manifestaciones populares. Bienvenidas sean, pero con oportunidad, sentido y, por lo tanto, con volumen. No basta con seguir amenazando en vano con los Cuatro Suyos, o la toma de Lima. Tácticas de malos publicistas y peores políticos. La oposición de izquierda se merece más que eso.

En verdad, el país no tiene por qué castigar el paso de un político por una presidencia transitoria. Al contrario, hay en ello un servicio rendido, y merece alguna recompensa. Pero acaso el potencial beneficiado no debería pedirlo, y menos a tan alto grado remunerativo. José María Balcázar lo vio, y retrocedió a tiempo.

Ahora estamos llenos de expresidentes castigados por la ley, con los cuales los del gran público no sabemos qué sucede en términos de dinero. Deben indemnizaciones, se les deben pagos, nada está claro en ese terreno. Esto se da a muchos niveles de la administración pública, y parece bastante costoso dilucidarlo.

En todo caso, el gesto de Balcázar (pedir y luego rectificarse) es indicio de que desea presentarse con los derechos de una conciencia tranquila. ¿Es el mismo caso de Boluarte y de José Jerí? Porque esos pedidos propician investigaciones. Aunque investigación habrá de todas maneras, aunque sea por costumbre.

Ahora bien, replegarse del rico sobre manila presidencial hacia los ingresos de los parlamentarios tiene algo de riesgoso. Mañana los congresistas pueden pasar por alto la suma en cuestión, y concentrarse en la idea de un pago jubilatorio vitalicio. Habría más de uno dispuesto a lanzar al mar un proyecto así, impopular al inicio, pero acaso después ya no tanto.

¿Por qué reculó Balcázar? Tal vez porque la suma era demasiado alta para un servicio tan breve, o porque los derechos del interinato presidencial no están claramente establecidos. Como dice Baltasar Gracián, la modestia funciona como un velo que cubre las limitaciones o las culpas de quien la practica. No hay que quitárselo.

Jerí no se ha lanzado a la modestia, pero sí a la cautela, al decir que no descarta pedir lo que solicita su sucesor. Está claro que la despedida infunde sobriedad, una lección que Roberto Sánchez podría hacer suya y con ello ahorrarse puyas.

Consultados por La República, diputados de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno indicaron que además de evaluar cada propuesta del Ejecutivo, corresponde que estas aborden las problemáticas que requieren atención prioritaria como la seguridad y el fenómeno El Niño. Asimismo, especificaron que lo ideal y esperado será tomar una posición conjunta.

Tanto la bancada de Juntos por el Perú como la de Buen Gobierno tendrán una reunión este viernes 31 para revisar las propuestas de Fujimori. Ahora Nación ya tuvo un encuentro preliminar.

Ahora Nación avalará propuestas que impliquen restringir derechos a los trabajadores

Indira Huilca, diputada de AN, comunicó que durante la mañana de este jueves 30 sostuvieron una reunión de bancada y que, si bien esperarán la presentación formal del pedido de facultades, el documento que se filtró y que desde el Ejecutivo calificaron como un borrador es "preocupante".

"Estamos ante un pedido de delegación de facultades muy amplio, que abarca materias muy diversas. Usualmente, este tipo de solicitudes, más aún en un contexto como el actual, se concentran en problemáticas urgentes. Y la principal urgencia que enfrenta el país es el fenómeno del Niño Costero y sobre eso no hay nada", declaró a este medio y resaltó que ello evidencia "las verdaderas prioridades del Gobierno".

Las alertas identificadas por Ahora Nación, explicó Huilca, están relacionadas con las propuestas de modificación a la legislación laboral, cambios en materia tributaria y temas ambientales.

Huilca considera que las propuestas laborales planteadas por el fujimorismo manejan un enfoque anti trabajador.

"Existen muchas formas de apoyar a las empresas, especialmente a las micro y pequeñas, sin reducir derechos laborales. La productividad mejora con capacitación e innovación, no con mano de obra barata. La idea de flexibilizar las condiciones laborales para generar empleo ya ha demostrado ser un fracaso", mencionó.

Especialmente le causan preocupación las intenciones de modificar el régimen de contrataciones para incentivar la contratación de jóvenes. "El país necesita políticas económicas que promuevan el empleo, pero empleo con derechos, no empleo precario. Hoy muchos jóvenes trabajan 12 o 14 horas por el salario mínimo, y esa no es una situación justa. Lo que han planteado se asemeja a la cuestionada Ley Pulpín", anotó.

Respecto a los planteamientos en cuestión de seguridad, menciona que se trata de estrategias que ya han fracasado y que "el verdadero problema es que las organizaciones criminales han penetrado instituciones como la Policía y el INPE".

"Más que cambiar quién administra los penales, se necesita depurar a los funcionarios vinculados con estas bandas, invertir en tecnología y fortalecer el trabajo de inteligencia para combatir el crimen organizado", dijo.

Resaltó que no se puede tomar una decisión hasta no tener la formalización de las propuestas, pero dejó claro que personalmente y como bancada nunca va a avalar la restricción a los derechos de los ciudadanos o de los trabajadores, tampoco la desprotección de las áreas naturales protegidas y mucho menos dar leyes que puedan significar una carta blanca para aprobar más leyes u otras leyes pro impunidad, como ya lo ha hecho el fujimorismo en este último periodo.

Juntos por el Perú espera que pedido de facultades sea concreto

Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, coincidió en que corresponde revisar el pedido una vez formalizado para tomar una decisión.

Sin embargo, le llamó la atención que busquen realizar tantos cambios cuando "ellos (Fuerza Popular) han podido legislar durante años con la mayoría parlamentaria que tuvieron".

"No negamos de primera mano, pero es necesario revisar detenidamente los detalles. En el caso del fenómeno El Niño, que es lo urgente, se puede emitir decretos de urgencia. Esperemos que no sea parte de un juego político de arrinconar a la Cámara de Diputados", manifestó.

Añadió que el mensaje a la Nación fue bastante escueto, por eso, esperan que el pedido de facultades sí sea concreto.

"Tenemos dudas que deben ser absueltas porque están pidiendo unas facultades legislativas no solamente para atender el fenómeno del Niño, sino también para reformar la administración del Estado. Para ver temas de formalización laboral, tributarios. Entonces, nos preocupa que esto derive, por ejemplo, en una política del tijerazo para el sector público, de despidos masivos o de exoneraciones tributarias", mencionó.

César Tito Rojas, también diputado de JP, resaltó que Fujimori tiene la tendencia de disponer decisiones sobre todos los sectores que ella considera. Además, alertó que podría pretender despedir trabajadores y reducir el aparato estatal. "Es inaudito", dijo.

"Tenemos que analizar bien todo para ver en qué puntos se le podría dar las facultades correspondientes. La lucha contra la criminalidad es un tema clave", añadió.

Buen Gobierno se reunirá a más tardar el 31

Desde Buen Gobierno, los diputados Milagros Santana Vera y Edgar Gonzáles Polar precisaron a este medio que la posición de bancada se definirá a más tardar el viernes 31 de este mes.

A título personal, Edgar Gonzáles, remarcó que espera propuestas concretas y no tan generales.

Sobre el procedimiento, explicó que una delegación de facultades ingresa como un proceso legislativo ordinario. Este va primero a la Cámara de Diputados, debe tener una comisión, se aprueba y luego se eleva al Senado.

Sin embargo, existe un artículo que permite la exoneración para temas de urgencia. Si el Ejecutivo pide que esto se tramite con carácter de urgencia se necesita el acuerdo de tres quintas partes de la Cámara de Diputados. Se trataría de 78 votos de 130, dijo.

En caso de que la Cámara de Diputados lo deniegue, el ejecutivo podría gobernar vía decretos de urgencia.

Luque alerta sobre riesgos para el medio ambiente

Luque resaltó que, a título personal, existen aspectos que son innegociables. Por ejemplo los temas de desregulación ambiental me parecen gravísimos. En la misma región de Puno tenemos casos gravísimos de contaminación ambiental, personas afectadas con metales pesados. No necesitamos de desregulación ambiental sino medidas mucho más eficaces para afrontar los temas de pasivos de remediación, mencionó.

En los temas de áreas naturales protegidas ya hay un antecedente y es que, anteriormente, hubo iniciativas para permitir la exploración y explotación. Un hecho que afectaría a los pueblos indígenas. Sobre los temas laborales también hay preocupación, se presenta como mejora de derechos, pero hay flexibilización (de los derechos laborales), indicó.

Sobre las propuestas referentes a seguridad, consultó si sería constitucional o no entregar la administración a las Fuerzas Armadas y qué implicaría ello. ¿Qué pasaría con el personal del INPE? ¿Cuál será su rol? Hay varios temas que debemos conocer a nivel específico y su justificación, consideró.

Añadió que espera el documento oficial para conocer concretamente las propuestas del ejecutivo.

"Hicimos una revisión. Yo ya tengo mis puntos innegociables. En lo personal, la versión que se ha mostrado, yo no le daría mi voto", adelantó.

Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos, aseguró que Keiko Fujimori mantiene interés en formar parte de esta coalición: "Estados Unidos va a apoyar al Perú en esta nueva etapa. (…) La presidenta ha sido clara, ella quiere ser miembro del Escudo de las Américas, con eso atacaremos la criminalidad y los cárteles", indicó el diplomático al portal Epicentro.

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En efecto, Fujimori ya ha señalado su interés en formar parte de la alianza internacional. En entrevista con la Revista Semana, tras ser electa presidenta, aseguró que la iniciativa traía "múltiples oportunidades para recuperar la paz y luchar contra el crimen organizado".

Un día después de su toma de mando, Estados Unidos anunció una ampliación de su cooperación con Perú tras la llegada al poder de Fujimori. En la investidura de la lideresa de Fuerza Popular estuvo presente el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien lideró una comitiva de funcionarios norteamericanos.

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La misma delegación reafirmó su intención de fortalecer la relación bilateral con el Perú y expresó su disposición a trabajar con el nuevo gobierno. Además, anunció un mayor nivel de cooperación en materia de seguridad para enfrentar al crimen organizado transnacional.

Carlos Espá sería un actor clave en este proceso

"El canciller es muy conocedor de los temas internacionales. Estoy muy contento de trabajar con él otra vez", dijo Navarro en esa misma entrevista. Carlos Espá, excandidato presidencial por el partido SiCreo, mantiene una estrecha relación con la diplomacia norteamericana. Su trabajo diplomático tendría un papel clave para que se concrete esta adhesión.

El vínculo tiene raíces en el pasado: Espá ha tenido una trayectoria de más de 15 años dentro del cuerpo diplomático norteamericano, tras ser director de Comunicaciones del área de Prensa, Educación y Cultura en la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.

Espá ya se ha pronunciado respecto a esta iniciativa, sosteniendo que una posible adhesión respondería a atender la problemática de inseguridad que vive el país: "La prioridad número uno es el tema de la inseguridad ciudadana. Queremos la cooperación de los países para ayudarnos a luchar contra los extorsionadores, contra las organizaciones criminales transnacionales, incluyendo el tema del Escudo de las Américas", señaló.

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Un paso con carga ideológica que prende las alarmas en China

En diálogo con La República, el internacionalista Óscar Vidarte señaló que la adhesión de Perú al Escudo de las Américas no es el único camino ni el más óptimo para sentar una relación saludable con el país norteamericano. Vidarte mencionó elementos que dan una carga ideológica a esta alianza.

"La relación con Estados Unidos no tiene que construirse necesariamente siendo partícipe del Escudo de las Américas. Puede hacerse una relación bilateral importante, es un socio del Perú. Pero es evidente que el gobierno de Estados Unidos y una serie de gobiernos en la región comparten una mirada común en temas ideológicos, sobre todo a partir del tema de la seguridad. (…) El gobierno lo ve como un mecanismo que te permite ser socio de Estados Unidos, conformar una red de cooperación para hacer frente a la criminalidad, y que se inscribe en esta lógica de mano dura que muchos gobiernos quieren implementar".

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Además, el internacionalista consideró que esto podría llevar a movimientos militares dentro de Perú bajo justificaciones validadas por el propio gobierno: "Creo que no están viendo el trasfondo negativo. Hay dos elementos que a primera vista resaltan sobre los demás. Por un lado, legitimar la narrativa que equipara las organizaciones criminales transnacionales con el terrorismo. Esto es peligroso porque puede justificar una acción armada de Estados Unidos en nuestro territorio, tal como sucedió en Venezuela".

Otro de los puntos que halló criticables es cómo esto coloca al Perú en una situación incómoda por su relación bilateral ya establecida con China, la otra gran superpotencia mundial. Para Vidarte, el gigante asiático podría ver con malos ojos este movimiento por ser —en la práctica— una revalidación del discurso de este lado del hemisferio contra su manejo de la política exterior.

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"Lo segundo es que el Escudo de las Américas está pensado también para cualquier otra amenaza que vaya contra la región —o, al menos, así lo ha dicho Donald Trump—. Entonces, esta coalición también podría servirles para hacer frente a lo que Estados Unidos ve como 'la amenaza china'. Es algo que nos pondría en una situación muy complicada y no nos conviene en este momento. (…) China debe estar viendo con mucha atención hacia dónde va el Perú. El hecho de formar parte del Escudo de las Américas es un mecanismo que puede servir a Estados Unidos en sus intereses anti-China. El nombramiento de un canciller que es claramente pro-Estados Unidos también es una alerta para ellos. China debe preguntarse qué tan socios somos. Eso de que solo me interesa China para el tema económico debe generar mucha preocupación. Por un lado te consideras socio económico, y por otro eres parte de una coalición que está en contra de mis intereses", añadió.

Pero a medida que se iba acercando el día de la juramentación, empezó a sonar el nombre del periodista deportivo y excongresista (2011-2016) Alberto Beingolea. Parecía una broma, pero el rumor tenía bases sólidas. De acuerdo con nuestras fuentes, Beingolea fue propuesto para el cargo por el presidente del Consejo de Ministros y primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta.

Un país como Perú debe tener un Ministerio de Cultura. Hay que precisar este detalle porque el Mincul no estaba contemplado en el plan de gobierno de Fuerza Popular. En ese sentido, hay que saludar que no haya desaparecido. Hay que celebrar, claro que sí, el milagro de que no se cumpla la barbaridad vista en el referido plan de gobierno.

Lo que le espera a Beingolea son varios desafíos. Uno de ellos está relacionado con la función del Mincul en estos últimos tiempos, convertido en un aparato de censura contra toda opinión crítica del gobierno de turno; del mismo modo, estaremos atentos a su posición sobre las leyes aprobadas por el nefasto Congreso 2021-2026, como la nueva ley de cine. Citamos solo dos perlas de un rosario de despropósitos con los que, suponemos, Bákula y Molinari no estuvieron de acuerdo.

¿O Beingolea es lo que en el fondo estaba buscando el fujimorismo? Alguien que sí puede cumplir los propósitos de adecuar un ministerio a lo que Fuerza Popular entiende como cultura. Los hechos son contundentes. Muchos de los atentados contra la cultura que hemos visto en el último quinquenio han tenido el aval de los congresistas de Fuerza Popular, dando muestras de lo que puede nacer de la unión entre el conservadurismo y la falta de perspectiva.

¿Seguirá censurando el Mincul con Beingolea a cargo? Esa es una inquietud válida.

…

Dato:

10 ministros. Del 2021 a 2026: Ciro Gálvez, Gisela Ortiz, Alejandro Salas, Betssy Chávez, Silvana Ro bles, Jair Pérez, Leslie Urteaga, Fabricio Va lencia, Alfredo Luna y Fátima Altabás.

El presunto autor del crimen fue detenido por la Policía cuando iba a bordo de un automóvil en el distrito La Encañada rumbo a Cajamarca. Fue identificado como Richard Leandro Araujo Ludeña, de 29 años.

"Tras la ingesta de alcohol se produjo una agresión verbal. El sujeto salió del local, se dirigió a un camión de frutas, tomó un cuchillo y regresó a la cantina. La discusión continuó y al salir ambos al exterior del establecimiento le asestó una puñalada a la altura del omóplato", detalló el general PNP Luis Bolaños.

El Ministerio Público aseguró que continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias del asesinato.

Defensoría exige investigación

Al respecto, la Defensoría del Pueblo exigió que las autoridades realicen una investigación célere, objetiva e imparcial que permita sancionar a los responsables.

Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, se lee en su publicación de X.

Cuatro alcaldes asesinado en lo que va del 2026

En lo que va del 2026, se ha registrado el asesinato de cuatro alcaldes. Se trata de Edward Amoroto (Los Aquijes, Ica), Iroshi Ureta Campos (Coviriali, Junín), Víctor Hugo Febre (Veintiséis de Octubre, Piura) y Omar Díaz (Jorge Chávez, Celendín).

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Antes de conocerse el primer gabinete de Keiko Fujimori, la actriz nos comentó que su expectativa estaba en los liderazgos que puedan surgir de la oposición. “Hay una tendencia de derecha, una inclinación hacia el autoritarismo, hay un claro anuncio de recorte de libertades, y eso no es novedad para nadie; no tiene solo un color político. El conservadurismo diría que casi no tiene ideología. Perú Libre y el fujimorismo fueron los grandes socios de la temporada. Entonces, lo que toca es despertar, estar atentos”.

En cuanto al Colegio de Artistas, la excongresista Susel Paredes entregó un proyecto para la derogatoria de la ley a la diputada Indira Huilca.

Varios cineastas dicen que el panorama es más difícil que en los 90. ¿Coincides?

Lo que pasa es que el gran riesgo o lo que hemos tratado de evitar todos estos años, es que todo aquello oscuro, bajo la mesa, soterrado, informal, se institucionalice. Entonces, está pasando con lo que hacen con la policía, con las manifestaciones públicas, con los derechos humanos y ahora con la cultura.

Delia Espinoza les recomendó ser un grupo sólido. ¿Tienen planes de agruparse formalmente?

Somos un gremio atomizado porque somos una fuerza laboral precaria. El 5 o 10 por ciento de la fuerza laboral artística es la que tiene un trabajo estable, pero la mayoría son trabajadores informales, con una economía inestable, con las mismas incertidumbres que millones de peruanos que la están pasando mal. Entonces, en el medio de eso hay que lidiar con la frustración y encontrar una energía que nos hermane y nos permita sostener un mismo frente, a pesar de nuestras diversidades de ideología.

¿Han contemplado que algunos ya empiecen a colegiarse?

La idea es que la ley se derogue, pero hay precariedad y si no estamos informados y ofrecen algo de formalidad, un revestimiento de cobertura, de seguridad, habrá gente que va a decir: “Bueno, esto es mejor que nada”. Hay que explicar que el fondo de esto es un atentado contra la libertad: desde regular contenidos y no dar acceso a los espacios públicos. El deseo que hay de muchos de nosotros es generar un gremio sólido, tener un respaldo político y de, independientemente de nuestras diferencias, cerrar filas con los no negociables. Y uno de ellos es la libertad.

Es decir, aunque deroguen esta ley, ¿estos foros deben mantenerse en los próximos años?

Sí. Y tenemos que organizarnos. Somos un país donde los sindicatos están mal entendidos y también mal operados. Entonces, todavía no hemos logrado ese nivel de madurez, pero ese es también el gran pendiente y la batalla interna que tenemos. Entender que la representatividad gremial no tiene por qué hacernos sentir ni en falta, ni politizados, ni culpables. Es lo que toca. Ocurre en cualquier país del mundo. Y eso también tienen que entender no solamente los empleadores, sino el Estado y los servidores públicos.

También la ciudadanía, ¿no? Cuando los ven participando en marchas, no falta quien los cuestione y los acuse. ¿A qué responde esto?

Es que se ha instalado el miedo y esa es la mejor arma. La usan la política, la religión. El miedo y la culpa son las dos grandes armas que paralizan al ser humano. Han alimentado tanto la idea de un cuco que no existe, como el comunismo. Ahora el lobo se viste de cordero y te hace creer que te va a salvar de un cuco que no existe. Y estamos más preocupados por eso que por quienes están gobernando y están, cada vez más, recortando nuestros derechos en el mundo entero.

"Nos quieren instalar un shock laboral pretendiendo quitar derechos laborales y no se los vamos a permitir. Le pido a los diputados y senadores que No renunciemos a ese pedido (no otorgamiento de facultades)", dijo en entrevista a Canal N.

Además del perjuicio a los derechos laborales, Quito explicó que el documento filtrado sobre las facultades legislativas menciona solo generalidades, lo que supondría darle una carta en blanco.

"Además, no hay otra forma de entender de cómo funcione el fujimorismo, que es a través de esta manera y esta forma. Y creo que aquí estamos para hacer control político y también para legislar. Pero es urgente presenten las propuestas, no nos presenten generalidades", insistió.

Jaime Quito a Juan Sheput: “Ya fue ministro de Trabajo y no hizo nada”

Por otro lado, se dirigió al actual ministro de Trabajo, Juan Sheput, y le dijo que “se ocupe mas bien de ver el terror y el horror que existe en el ministerio de trabajo” y no “de lecciones al Congreso”.

Esto debido a que Sheput comentó que, debido a que las comisiones podrían tardar en instalarse, lo más conveniente es el otorgamiento de facultades.

“Estoy seguro no sabe que hacer. Ya fue ministro de Trabajo y no hizo nada”, resaltó.

Y agregó: “Le informo a Sheput que el Congreso debe instalar las comisiones que son las que van a tener que ver el proyecto de ley que presentaría el pedido de facultades. Así lo aceleremos de donde se va aprobar en el Pleno tiene que haber un dictamen dentro de las comisiones sea de diputados y senadores”.

Tras el mensaje a la Nación, Keiko Fujimori oficializó la conformación de su primer Consejo de Ministros, encabezado por Luis Galarreta. Sin embargo, uno de los aspectos que más llama la atención del nuevo gabinete es que varios de sus integrantes ocuparon cargos en gestiones anteriores.

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Cuestionamientos

Uno de ellos es Juan Sheput, quien fue nombrado ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta cartera no le es ajena, ya que ocupó el mismo cargo en 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo, y volvió a asumirlo en 2020, durante la breve gestión de Manuel Merino.

María Seminario Marón fue designada ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Anteriormente se desempeñó como viceministra de Turismo durante el segundo gobierno de Alan García y, posteriormente, fue ministra de Comercio Exterior y Turismo en la gestión de Manuel Merino. No cuenta con experiencia previa en el sector que ahora dirigirá.

Rafael Rey juró como ministro de Transportes y Comunicaciones. Al igual que Seminario, no posee experiencia en esa cartera. Durante el segundo gobierno de Alan García fue ministro de la Producción y, posteriormente, ministro de Defensa.

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José Antonio Chang asumió el Ministerio de Educación. La última vez que ocupó un cargo de alto nivel fue en 2010, cuando Alan García lo designó presidente del Consejo de Ministros.

El nuevo ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, también cuenta con experiencia en el Poder Ejecutivo. En 2012 fue alto comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala.

Guillermo Shinno, designado ministro de Energía y Minas, se desempeñó como viceministro del mismo sector entre 2012 y 2017, durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Rafael Belaunde, quien asumió el Ministerio de Defensa, fue ministro de Energía y Minas durante la gestión de Martín Vizcarra, en 2020.

Por último, Ernesto Álvarez fue nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos. Antes de integrar este gabinete, se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros durante el cuestionado gobierno de José Jerí.

En detalle dentro del proyecto de ley, se puede ver que el gobierno de Fuerza Popular busca que las Fuerzas Armadas dirijan los penales, algo que se encontraba en su plan de gobierno. Del mismo modo, señalan la modificación del régimen de feriados no laborales para reducir su número. Aseguran que esto llevaría a un aumento de la productividad.

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En el ámbito laboral y tributario, el Ejecutivo busca regular la jornada de trabajo y los aportes a ESSALUD, AFP y ONP, así como las gratificaciones y vacaciones, dando paso a mayores acuerdos individuales. También plantea "perfeccionar" el régimen de extinción de contratos de trabajo —es decir, flexibilizar los despidos por causas objetivas— y reducir el número de feriados no laborables. En paralelo, pide modificar y optimizar los regímenes tributarios y las obligaciones formales, incluyendo la creación de un impuesto a la renta empresarial único con tasas marginales crecientes. Estas medidas involucran al MTPE, la SUNAFIL, el MEF y la SUNAT.

En cuanto a la reforma del Estado que faculta al Ejecutivo a crear, reestructurar, fusionar, dividir o disolver organismos públicos, bajo el argumento de mejorar la eficiencia de la gestión gubernamental.

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Durante su discurso de toma de mando, la presidenta Keiko Fujimori ya había adelantado que solicitaría estas facultades al Congreso. En ese momento, aseguró que el principal objetivo era afrontar los efectos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, hasta ahora, el pedido estaría centrado en la seguridad interna y la reforma del Estado.

Otro de los puntos de la agenda es un proyecto de decreto supremo que busca declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario. Además, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego presentará dos informes: uno sobre un proyecto de decreto supremo que plantea reformar la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y otro sobre una iniciativa para reorganizar dicha cartera.

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¿Cómo funciona la delegación de facultades?

El proceso se inicia en la Cámara de Diputados, que tiene competencia exclusiva para recibir y debatir las propuestas del presidente de la República sobre la delegación de facultades legislativas. Una vez aprobada la iniciativa en Diputados, el expediente pasa al Senado, que actúa como cámara revisora. Como ocurre con otras iniciativas legislativas, el Senado puede aprobar, modificar o rechazar la ley autoritativa.

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Otorgadas las facultades, el control no termina ahí. Cuando el Ejecutivo emite los decretos legislativos, debe dar cuenta de cada uno al Senado dentro de los tres días siguientes a su publicación. Luego, el decreto pasa a la Comisión de Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo, que verifica si contraviene la Constitución o excede el ámbito de las facultades delegadas.

Si la comisión encuentra irregularidades, el Pleno del Senado debate y vota su modificación o derogación. Para ello se requiere el voto favorable de la mayoría de los senadores presentes. En ese caso, la norma resultante es promulgada directamente por el presidente del Congreso y no por el presidente de la República.

Expertos opinan sobre el pedido de facultades legislativas

La República conversó con el exviceministro del Interior Ricardo Valdés. Consultado sobre el pedido de delegación de facultades, Valdés sostuvo que los principales esfuerzos deberían orientarse a fortalecer el uso de la tecnología para responder a la crisis de seguridad ciudadana.

"Espero que se invierta muchísimo en todo lo que es tecnología y que se contrate al sector privado para ordenar las denuncias que hoy están desperdigadas en sistemas que no conversan entre sí. (…) También debe definirse qué normas se requieren para entregar rápidamente información a las fuerzas del orden. Debe firmarse un protocolo relacionado con el Convenio de Budapest para saber —en coordinación con Meta— quiénes están detrás de esos números de WhatsApp. Eso se mencionó rápidamente, pero no se ha desarrollado el enfoque. Espero que puedan explicar el plan de corto y mediano plazo y cuantificar los esfuerzos (…)", indicó.

Valdés recordó que durante su gestión también se solicitó una delegación de facultades legislativas.

"En el gobierno de PPK pedimos facultades y eso permitió hacer muchas cosas. La nueva estructura del Ministerio del Interior y de la Policía se desprenden de esas facultades legislativas", señaló.

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Por su parte, Karla Gaviño, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), consideró que las facultades en materia de simplificación administrativa deben priorizar la eliminación de requisitos innecesarios.

"Me parece sumamente importante y necesario revisar distintos procedimientos que hoy se duplican y dificultan la ejecución de proyectos mineros y de infraestructura, sin que ello implique dejar de proteger los bienes tutelados por el Estado. Siempre debemos pensar en una gestión pública eficiente. Presentar los mismos documentos ante diversas entidades públicas es sumamente engorroso. (…) Hay que trabajar bastante en ese sentido".

Asimismo, Gaviño señaló que las reformas orientadas a mejorar la coordinación entre la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Midagri son positivas.

"Ha habido múltiples gestiones gubernamentales que han reorganizado el aparato público. Lo que debe procurarse es un mejor funcionamiento de la administración pública. (…) En el caso puntual de la ANA, sus procesos sí generan demoras significativas para desarrollar proyectos de inversión y grandes obras de infraestructura. Es necesario revisar la coordinación entre el Midagri y la ANA. Tengo la impresión de que esos ajustes serán necesarios. (…) Es un tema que me parece oportuno y recomendable", afirmó.

El peruano promedio desconfía de todo, hasta del vecino, y vive aterrado, asumiendo que en cualquier momento lo pueden asaltar. El peruano promedio debería vivir aterrado también por la casa que habita: autoconstruida, sin licencia, sin ingeniero, eternamente inacabada, sobre terreno no planificado y con alto riesgo de colapsar en un terremoto. Aquella es otra historia que late sobre la urbe, como una espada de Damocles de la que después de cada temblor fuerte hablan los noticieros por un rato; luego todo sigue igual para él. Es decir, sabe que vive en una zona sísmica, vulnerable e inapropiada, pero ese terror puede esperar, porque su subsistencia inmediata, la de él y la de los suyos, está primero.

El peruano promedio gana entre 1.200 y 1.400 soles al mes. Su trabajo de vendedor ambulante, chofer, operario o trabajador independiente no calificado es, cómo no, informal. No tiene seguro, gratificación ni derechos laborales. A esta intemperie se suma una fragilidad económica absoluta, pues carece de ahorros suficientes para sostenerse un solo mes sin ingresos. En otras palabras, enfermarse o indisponerse es un lujo prohibido y, si algo de dinero extra tiene, no está bancarizado porque no confía en los bancos.

Además, se demora entre dos y cuatro horas diarias en llegar y volver de su trabajo. Es decir, pasa cerca de un mes de su tiempo, cada año, entre la jungla de combis, colectivos y mototaxis que lo movilizan en nuestro transporte público. El peruano promedio también es muy religioso y conservador: el caos de su propia existencia supera su psique en cualquier momento, y la fe lo ayuda a no quebrarse. Tal vez por eso no tiene tiempo de pensar en donar órganos a un prójimo o, me temo, porque la desconfianza lo persigue hasta el hospital: recela de los médicos del sistema público en el que apenas hay cupo para él y teme el manejo de su propio cuerpo. La donación de órganos es, para él, un tema ajeno y aterrador.

En estas Fiestas Patrias, lejos de la blanquirroja pirotecnia oficial, los desfiles castrenses y los discursos, habita este peruano real: el más frecuente, el más representativo. La fría estadística respalda esta descripción:

• Demografía y físico: Mediana de 34 años (nacido en 1992), +60% mestizo/indígena, 1,65 m (H) / 1,52 m (M), 72 kg y +65% con sobrepeso u obesidad (MINSA/INEI).

• Infancia y salud: +50% padecía anemia/desnutrición al nacer (década de 1990); hoy persiste una tasa de apenas dos donantes de órganos por millón de habitantes (ONDT/MINSA).

• Educación (Minedu): Secundaria completa formal; +65% de estudiantes no comprende textos complejos y el 80% no resuelve problemas matemáticos básicos (analfabetismo funcional).

• Trabajo, ingresos y vivienda: Ingreso mensual promedio de S/ 1.200 a S/ 1.400; +70% opera en la informalidad (ENAHO); 80% habita viviendas autoconstruidas o no planificadas (CAPECO) y +70% carece de ahorros para sostenerse un mes (SBS).

• Transporte y seguridad: Pierde de dos a tres horas diarias en el tráfico (ATU/Lima Cómo Vamos) y cerca del 90% percibe amenaza constante de delito (INEI/LAPOP).

• Institución y tejido social: +75% se declara católico (INEI), pero cerca del 90% desconfía de sus propios vecinos (LAPOP).

Este peruano promedio no es un mito de folclore ni un héroe de discurso oficial: es un sobreviviente pragmático, exhausto e hiperindividualista que aprendió que el Estado es un fantasma y la única red de protección social es su propia capacidad de resistir cada día de su vida. Estas circunstancias, amparadas en la estadística, moldean una idiosincrasia cuya alma es la desconfianza total hacia las instituciones y hacia el otro. En su universo, la informalidad, la fe privada y la evasión de la norma no son un acto de rebeldía, sino la única estrategia posible de supervivencia en un país de barro. ¿Feliz 28?

Iniciamos un nuevo escenario parlamentario bicameral con 16 senadoras (27%) y 44 senadores, así como con 54 diputadas (42%) y 76 diputados. La conformación de una mesa directiva de oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados dará contrapeso y abrirá la posibilidad de seguir apostando por la democracia en el Perú.

Urge derogar el paquete anticrimen y antiderechos que afecta a las mujeres en su diversidad. Una prioridad es la Ley 32535, que eliminó el enfoque de género en todas las políticas públicas y debilitó la educación sexual integral, dejando de lado la prevención de los tipos de violencia de género reconocidos por el Estado. Esta ley también prohíbe que jueces y fiscales reciban formación con enfoque de género y veta la participación de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que litiguen contra el Estado, dejando en mayor desprotección a las víctimas.

Otro retroceso para las mujeres es la Ley 32735, que permite que posibles delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sean investigados y juzgados por tribunales militares y policiales, en lugar de la justicia ordinaria, incluso cuando las víctimas sean civiles. Esta norma nos afecta porque los casos de violencia de género vinculados a estas instituciones son numerosos. Se estima que alrededor de 1.636 policías han sido denunciados por violencia de género.

Fortalecer la institucionalidad del Estado de derecho es una garantía para la justicia. Estamos en el décimo aniversario de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, constituida tras el impacto de la movilización masiva de la ciudadanía en la marcha Ni Una Menos de 2016, y con avances importantes.

Ese fortalecimiento institucional debe traducirse en respuestas concretas frente a cada caso de violencia, por ejemplo, desde el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Mientras cierro estas líneas, nos alcanza la demanda de justicia para Ale Rous, mujer trans asesinada en Ica. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir nombrando a las víctimas para que el Estado responda?

Sin embargo, entre el 1 de enero del 2025 y el 30 de junio último el MP obtuvo 218 condenas por trata de personas y delitos conexos. Del total de sentencias, 130 fueron obtenidas el año pasado y 88 en el primer semestre de este año.

Asimismo, en el 2025 se logró la imposición de 221 prisiones preventivas. En lo que va de este año hubo 111 prisiones preventivas fundadas.

El domingo último la policía capturó en San Martín de Porres a cuatro ciudadanos ecuatorianos, integrantes de la red criminal dedicada a extorsión, sicariato, secuestro, tráfico de armas y drogas y a la trata de personas.

A mediados de julio la Fiscalía Especializada de Delitos de Trata de Personas de La Libertad logró nueve meses de prisión preventiva contra Carlos Jair Grados Quezada, por el delito contra la dignidad humana en su modalidad de explotación sexual de niñas niños y adolescentes.

Diez casos cada día. Es el promedio de denuncias por trata de personas en Perú en los últimos seis meses. La información surge de un análisis realizado por el Ministerio Público que contabiliza un total de 1915 denuncias, de enero al 30 de junio.

Mientras que en todo el 2025 se reportaron 3.564 casos; en el 2024 hubo 3.770 y en el 2023 las cifras alcanzaron las 3.345 denuncias por ese delito. Asimismo, en el 2022 se denunciaron 2.767 hechos, en el 2021 hubo 2.804 y en el 2020, en plena pandemia por el COVID-19, se registraron 1.813 casos.

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El mapa de calor de la tasa de denuncias por nacionalidades destaca a los peruanos con mayores valores con 2305 casos de los 4258 investigados (3205 mujeres, 515 varones y 538 sin registro). De nuestros compatriotas, víctimas de trata, 1723 son mujeres, 238 varones y 344 aparecen sin registro.

“Muchas veces las personas llaman sin tener la información necesaria para denunciar los casos, como es el género de la posible víctima”, justificó una fiscal.

Lo siguen de Venezuela con 278 casos de los que 196 son mujeres; Bolivia con 30 denuncias, todas ellas de sexo femenino. También hay 21 denuncias de personas de Ecuador, 20 de Bangladesh, 14 de Colombia, cuatro de Argentina, uno de China, 6 de Paraguay, otros 31 y sin registro.

Este año, hasta el 30 de junio, de los 1.772 casos por nacionalidad registrados, 1372 son mujeres, 209 varones y 191 están sin registro. La mayoría son peruanos con 894 casos, le siguen personas de Venezuela con 53, de Bolivia con 13, de Colombia con 5 entre otros.

Las fronteras en Tumbes, Tacna y Puno son lugares de paso de muchos consumidores del mercado sexual como camioneros y viajantes, o turistas que buscan contratar esos servicios, y que también suele ocurrir tráfico de personas, debido a su cercanía con las fronteras. Son más utilizadas como lugares de captación, y luego las víctimas son trasladadas a Lima y a otras ciudades del país.

DIMENSIÓN DEL DELITO

Otras cifras que alarman son que entre enero de 2023 y junio de 2026, el Ministerio Público registró 7875 casos de trata de personas en el país, con un promedio de 188 casos mensuales y seis casos diarios, según su portal estadístico.

Sin embargo, estas cifras no reflejan la verdadera dimensión del delito, pues las diferencias entre registros oficiales y las limitaciones en los sistemas de información evidencian que muchas víctimas continúan invisibilizadas.

En ese contexto, CHS Alternativo expresó su preocupación ya que, durante el mensaje presidencial de inicio del nuevo mandato, la trata de personas no fue mencionada entre las prioridades de seguridad ciudadana, pese a constituir una de las manifestaciones más graves del crimen organizado en el país.

Si bien las medidas anunciadas para combatirn a las organizaciones criminales, el narcotráfico y la minería ilegal podrían contribuir a enfrentar este delito, la organización considera necesario incorporar acciones específicas orientadas a la prevención, la protección y atención integral de las víctimas, así como al fortalecimiento de la respuesta institucional.

"La trata de personas no puede quedar fuera de la política de seguridad ciudadana. Forma parte de las economías ilegales y del crimen organizado, por lo que enfrentarla exige una estrategia integral que combine inteligencia, tecnología, prevención, persecución del delito y protección de las víctimas", señaló Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

TRABAJO FORZOSO

Valdés advirtió que el trabajo forzoso, una de las finalidades de la trata de personas, también comienza a generar desafíos para la competitividad del país. Recientemente, Estados Unidos dispuso un arancel del 12,5% para las exportaciones peruanas, entre ellas arándanos, espárragos, mandarinas y otros productos, como resultado de su evaluación sobre las normas que cada país aplica para impedir el ingreso de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

En esa revisión, el Perú fue considerado entre los países que no cuentan con una regulación equivalente para restringir el ingreso de ese tipo de productos.

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"Este escenario demuestra que la trata de personas y el trabajo forzoso no solo afectan a las víctimas, sino también a la economía del país. En ese sentido, fortalecer la prevención, la fiscalización y la respuesta frente al trabajo forzoso no solo protege derechos humanos, sino que también contribuye a preservar la confianza en nuestras exportaciones y el acceso a mercados internacionales", afirmó.

ENTORNOS DIGITALES

Por otra parte, CHS Alternativo advirtió que las redes criminales han encontrado en los entornos digitales nuevas oportunidades para captar y explotar a niñas, niños y adolescentes.

El ciberpatrullaje realizado por la institución en 2024 identificó más de 700.000 menores de edad expuestos a riesgos sexuales en internet y detectó 1,6 millones de archivos vinculados con material de abuso sexual infantil.

En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, Valdés recordó que combatir este delito no significa únicamente capturar tratantes.

"También implica prevenir la captación, garantizar servicios adecuados para las víctimas y actuar sobre las condiciones que permiten que este delito continúe. Para ello se requiere mayor financiamiento, articulación entre instituciones y la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados establecido por la Ley N.° 30925, pendiente desde hace seis años. Combatir la trata de personas no solo protege derechos humanos; también fortalece la seguridad, la institucionalidad y la competitividad del país", concluyó.

De acuerdo con fuentes castrenses, la presentación de los vehículos de guerra era parte de un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Ejército para anunciar la firma de un contrato con Hyundai Rotem para la producción de una flota de K2 Black Panther en reemplazo de los tanques soviéticos T-55.

Sin embargo, ante una consulta de La República, el Ministerio de Defensa informó que los tanques coreanos no participarían del desfile militar, entre otras razones, porque la suscripción del contrato fue suspendida por no contar con los recursos necesarios para abonar un adelanto de US$1.500 millones a Hyundai Rotem.

Los pronósticos catastróficos sobre el impacto del fenómeno El Niño obligaron a orientar los fondos públicos a programas de mitigación de eventuales desastres, explicaron las fuentes consultadas del Ministerio de Defensa.

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Falta de fondos

“Debido a la repriorización de necesidades por el agravamiento de los escenarios del fenómeno El Niño, no se pudo continuar con el proceso planificado, no habiéndose suscrito contrato alguno (con Hyundai Rotem)”, informó el Mindef a La República.

“Lo que no hizo posible que los tanques participaran en el desfile cívico-militar del 29 de julio”, indicó el Mindef.

Empero, La República encontró a los tres tanques K2 Black Panther estacionados sobre plataformas de camiones de transporte pesado en la avenida del Ejército, muy cerca a la avenida Salaverry, en San Isidro. Esperaban turno para desfilar junto con las tropas del Ejército.

Las máquinas se quedaron estacionadas.

Solo fueron parte del desfile seis blindados K808 Black White, también fabricados por Hyundai Rotem, que llegaron al Callao junto con los K2 Black Panther. En 2024, el Ejército adquirió 30 ejemplares de dicho blindado por US$60 millones.

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Saltando las normas

Si bien no existe un contrato para el suministro de los tanques coreanos, el nueve de diciembre de 2025, en el gobierno del expresidente José Jerí, el Ejército y la compañía Hyundai Rotem suscribieron un convenio estratégico para la producción de blindados.

El convenio no es una obligación contractual, pero mediante dicho acuerdo protocolar se pretende contratar sin licitación la fabricación de una flota de 54 unidades K2 Black Panther y 141 blindados K808 “White Tiger”, por un estimado de US$5.000 millones, con una inversión inicial de US$1.400 millones.

El proceso de compra sin convocar a concurso internacional avanzó a grandes pasos durante el mandato del exministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno.

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El plan que no fue

“Durante este año se han realizado gestiones administrativas ante el Ministerio de Economía y Finanzas para incluir en la Ley de Endeudamiento una disposición que permita tener el espacio fiscal para una operación de endeudamiento a fin de financiar la adquisición de los tanques, la que se materializaría en el 2027, con el procedimiento de concertación para la asignación de los recursos y se concrete dicha adquisición”, reconoció el Mindef en su comunicación con La República.

“Es preciso indicar que este año, durante la gestión del presidente (José María) Balcázar, se evaluó la posibilidad de adelantar una parte de la adquisición de tanques, para lo cual se gestionaría los recursos ante el MEF, lo que motivó la solicitud de la participación (del Black Panther en el desfile) para una muestra de sus capacidades en campo”, completó el Mindef.

Como se ha señalado en varios reportajes de investigación de La República, el Ejército ha anulado licitaciones internacionales para la adquisición de bienes militares. Ahora  recurre a la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), entidad que controla el alto mando castrense, y por cuyo intermedio compra los equipos sin licitación. 

A través de FAME, el Ejército ha contratado 30 blindados K808 Black White y 10.000 fusiles Arad 7 de Industrias de Armas de Israel (IWI), operaciones en las que no existió competencia entre varios postores como indican las normas.

Cinco años después de ese atentado, una brigada mixta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional abatió en la selva de Junín a Jhonny Curo Rojas, alias camarada Richard, uno de los mandos militares más buscados de Sendero Luminoso y sindicado como uno de los autores de la referida masacre.

El enfrentamiento se registró en la localidad de Alto Mantaro (Vizcatán del Ene, Satipo), un sector estratégico del Vraem. La acción de inteligencia y combate se desarrolló luego de que integrantes de la Segunda Brigada de Infantería se infiltraran durante varios días al confirmar que una columna armada proyectaba un ataque.

Durante la intervención contaron con la cobertura de aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). En medio del choque armado, uno de los helicópteros de la FAP fue alcanzado por 18 balazos disparados por los subversivos desde tierra.

Las fuerzas del orden identificaban al camarada Richard como un objetivo de alto valor por dirigir militarmente a la organización senderista y haber perpetrado emboscadas y ataques, entre ellos la matanza de Huarcatán en el año 2021.

El Operativo Quiñones se desarrolló tras varias semanas de trabajo de inteligencia. Durante el enfrentamiento, un efectivo militar resultó herido y fue evacuado al Fuerte Pichari para recibir atención médica.

Las fuerzas del orden incautaron un fusil Galil, cacerinas abastecidas, explosivos, equipos de comunicación, chalecos y mochilas tácticas, además de medicamentos y otros implementos.

Según información de inteligencia, el camarada Richard integraba el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) y era sindicado como responsable de controlar el tránsito de droga por el eje del río Mantaro, además de brindar seguridad a los cabecillas conocidos como Chato Mendoza y Fernando.

Las autoridades destacaron que este operativo representa uno de los golpes más importantes contra los remanentes terroristas que aún operan en el Vraem.

En diálogo con La República, para el economista e investigador Armando Mendoza, las iniciativas de protección social y mejora educativa resultan necesarias y positivas en teoría, pero advirtió que existe una desconexión entre las metas y los ingresos reales del Estado. “Yo veo un desfase entre las propuestas que se plantean y los medios de financiamiento”, señaló el experto.

Mendoza señaló además que el gobierno arranca sin establecer una meta de incremento en la recaudación. Y si bien reconoció que se pueden lograr avances manejando mejor los recursos actuales, advirtió que es imposible financiar el conjunto total de promesas a nivel universal debido a que la presión tributaria en el Perú se mantiene estancada en un nivel de entre el 14% y 15% del PBI.

“El problema surge cuando uno observa el conjunto total de propuestas y objetivos trazados. Aparece la pregunta: ¿de dónde saldrá el dinero? ¿Cómo financiarán eso? [...] No existe manera de costearlo con el nivel de recaudación tan exiguo que padecemos," advirtió Mendoza.

Gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes

Por su parte, el Mag. Mario Vergara Silva, especialista económico y financiero, docente de posgrado ESAN, analizó el impacto de las medidas y explicó que existe un principio fundamental en las finanzas públicas: los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes.

Vergara indicó que la duplicación de Pensión 65 constituye un gasto permanente que incrementa el presupuesto público en un momento donde el país tiene poco margen financiero.

Sin embargo, mencionó que se trató de un mensaje inaugural y que la presidenta tiene hasta fines de agosto para presentar el Presupuesto del Sector Público.

“El próximo 30 de agosto es la fecha límite para presentar el Presupuesto del Sector Público del año 2027, y será la oportunidad para explicar la fuente de los recursos que serán utilizados para financiar las medidas propuestas," indicó Vergara.

El especialista detalló además que, para que un paquete de esta magnitud sea viable sin elevar drásticamente el déficit fiscal ni poner en riesgo la calificación crediticia, los recursos tendrían que provenir de fuentes específicas.

Entre ellas señaló el aumento de la recaudación y reducción de la evasión, la lucha contra la informalidad, la ampliación de la base tributaria, el aprovechamiento de los altos precios de los metales, el canon y regalías de proyectos mineros que deben operar a la brevedad, así como la organización y eficiencia del gasto.

Los riesgos colaterales: sueldo mínimo, informalidad y omisión de reformas

Vergara también advirtió que subir el sueldo mínimo en un mercado laboral con más del 70% de informalidad dificulta la formalización y obliga a las MYPES a recortar personal formal o trasladarse a la informalidad.

En cuanto al bono compensatorio para las MYPES, señaló que al tratarse de un subsidio extraordinario no constituye un gasto permanente para el Estado, facilitando su sostenibilidad a corto plazo.

Frente a la omisión de una reforma tributaria o metas de recaudación en el discurso, Vergara explicó que esto replica una práctica histórica muy frecuente en los últimos cincuenta años en el Perú, donde ningún presidente ha detallado el financiamiento al inicio de su gestión.

Además, advirtió que dejar de lado las fuentes del financiamiento representa un riesgo que podría incrementar el déficit fiscal y la deuda pública, amenazar las calificaciones crediticias y aumentar la vulnerabilidad del Estado ante futuros shocks macroeconómicos.

Burocracia digital

En cuanto a la modernización del Estado, la propuesta de crear una Autoridad Nacional Digital es cuestionada por Jair Manrique, diputado electo y consultor en Inteligencia Artificial y Blockchain.

En entrevista con La República, Manrique señaló que la medida crearía más burocracia en vez de reducirla. El experto argumentó que ya existe la Secretaría General de Transformación Digital que debería encargarse de eso, y “crear organismos nuevos es como hacer más universidades sin presupuesto para mantenerlas”.

En lugar de eso, el parlamentario indicó que se deben fortalecer las instituciones que ya están creadas y unificar las entidades encargadas de digitalizar el país, como la Autoridad Nacional de Datos, el Concytec, el INEI.

Para el especialista, el Estado no necesita más oficinas ni aplicaciones aisladas, sino rediseñar los servicios para que verdaderamente converjan.

“La creación de una autoridad nacional digital me parece tratar de reducir la burocracia creando más burocracia. [...] El Estado no necesita más aplicaciones. La verdadera forma de digitalizar el Estado no es creando más aplicaciones, sino eliminando procesos," expresó Manrique para La República.

Además, el ingeniero explicó que otorgar una identidad digital a cada ciudadano es positivo, pero por sí sola no cambia absolutamente nada.

“El ciudadano, por más que tenga identidad digital, va a seguir haciendo cola en el Reniec si no lo conversa con la Sunat. O va a seguir haciendo cola en la Sunat si no conversa con los municipios. O en el Poder Judicial si no conversa con la policía". Por ello, precisó que "la identidad digital es apenas la llave".

Manrique concluyó que en la propuesta de Fujimori actualmente se comete el error de “digitalizar la burocracia” haciendo que un trámite de 20 pasos se convierta en 20 clics, cuando lo correcto es eliminar procesos para reducir realmente los trámites, fortaleciendo la estructura del Estado para que todos sus servicios se comuniquen e interactúen entre sí.

Juan Sheput, exministro de Alejandro Toledo y de Manuel Merino, fue uno de los principales críticos de su ahora jefa. Sus publicaciones en la red social X, que datan del 2016, lo hacen así saber. "Hasta para mentir Keiko necesita leer. Qué burdo", escribió el excongresista en referencia al debate presidencial del 29 de mayo entre la lideresa de Fuerza Popular y el entonces candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski.

Pero los cuestionamientos no quedaban ahí. En una entrevista televisiva de 2018 aseguraba que a Fujimori le importaba más sus intereses personales que los del país. "La señora Keiko Fujimori, con su equipo de gente, con todos los que la rodean, le están haciendo un tremendo daño a la política y al país con esa actitud negativa de permanente enfrentamiento, de buscar que solo predominen sus intereses. Le interesa un comino el país", señalaba.

Pero inclusive, el flamante primer ministro Luis Galarreta también cuestionaba los baluartes democráticos del fujimorismo. En el año 2011, como congresista de la Alianza para el Gran Cambio, sostenía que el régimen fujimorista fue "nefasto" en materia de institucionalidad, derechos humanos y corrupción. "El fujimorismo ha blindado a algunos ministros de este régimen, por lo cual es algo vigente hasta la fecha", precisaba.

Galarreta fue militante del partido Renovación Nacional y del Partido Popular Cristiano. Otros dos militantes del PPC ocupan actualmente cargos ministeriales, uno es el exprimer ministro de José Jerí, Ernesto Álvarez (aún con inscripción vigente), y el otro, el excongresista Alberto Beingolea.

Precisamente, Beingolea es otro de los exantifujimoristas confesos. Las redes sociales viralizaron un intercambio que tuvo con la ahora senadora Martha Chávez. El nuevo ministro de Cultura le recordaba que Alberto Fujimori fue un dictador.

"Fujimori representa lo peor del gobierno peruano en los últimos tiempos. El fujimorismo ha destruido al Perú no una, tres veces, porque cuando tuvo la última gran oportunidad, cuando el Perú le dio una increíble mayoría parlamentaria, la usó para destruir al Perú otra vez, y eso ya no fue el papá Alberto, eso fue Keiko", sostenía hace apenas cinco años, en plena segunda vuelta de las elecciones de 2021.

En otra de sus publicaciones, esta vez del 2019, recordaba la ilegal reelección de Alberto Fujimori en 1999 y que su partido había reclamado que se estaba incurriendo en una violación de la Constitución.

El rastro partidario del Gabinete

Solo dos ministros de Keiko Fujimori son militantes activos de Fuerza Popular: Luis Galarreta y Mauricio Arnillas (ministro de Vivienda). César Astudillo (ministro del Interior) postuló a senador con el partido naranja, pero su única inscripción partidaria, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), es en Renovación Popular, hasta setiembre de 2024.

Están también Carlos Espá y Rafael Belaunde, candidatos presidenciales en las últimas elecciones generales. Ambos figuran como activos en sus partidos. Si bien Juan Sheput no tiene una inscripción activa, en abril postuló como senador por el Partido País para Todos, donde candidateaba Carlos Álvarez. Espá, Álvarez y López Aliaga acudieron juntos a votar el pasado 7 de junio, en un evidente respaldo al fujimorismo.

El Partido Aprista Peruano también está presente en el gabinete Galarreta. Esta vez con Roger Valencia (ministro de Comercio Exterior y Turismo), militante aprista durante 2008 y 2009.

Luis Dyer, ministro de Salud y jefe de personeros de Fuerza Popular, estuvo afiliado al partido Progresemos del excandidato Paul Jaimes desde julio de 2024 hasta marzo de 2026. Su inscripción concluyó semanas antes de la primera vuelta.

Renovación Nacional, el partido que fundó Rafael Rey (ministro de Transportes y Comunicaciones) en 1992 y disuelto en 2012, también forma parte del historial partidario de Luis Galarreta. Fue militante de esta organización entre 2004 y 2009.

Seis ministros no cuentan con afiliación partidaria: Marco Vinelli (Desarrollo Agrario y Riego), Guillermo Shinno (Energía y Minas), José Chang (Educación), Mara Seminario (Mujer y Poblaciones Vulnerables), Martiza Canales (Desarrollo e Inclusión Social) y Juan Requejo (Producción).

La semana pasada, el país ya se estremeció al conocer las redes de minería ilegal que operaban desde el interior de la PNP y del Ministerio Público, con funcionarios en servicio activo moviendo sus tentáculos para favorecer a mafias.

La fragilidad de nuestro sistema policial y judicial ha quedado expuesta. Américo Oswaldo Bautista Yama, fiscal provincial y coordinador de la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios, fue detenido en Puerto Maldonado. La investigación comprende los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinados a la minería ilegal.

Esta intervención estaría relacionada con dos pesquisas que Bautista habría intentado obstaculizar, según fuentes policiales. Una involucra a Edison Fernández Pérez, alias 'Chili', y la otra a Eneyser Fernández Pérez, alias 'Brayan'. En el teléfono incautado a este último se encontraron conversaciones que evidenciarían el presunto apoyo del fiscal.

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Ambos personajes estarían enfrentados por el control de La Pampa, la seguridad de las operaciones de minería ilegal y el cobro de cupos desde la muerte de Yvan Fernández, alias 'Tony', ocurrida el 28 de marzo de 2024.

Esta disputa volvió a quedar en evidencia el 7 de julio de 2026, cuando la Policía detuvo a 20 presuntos integrantes de Los Guardianes de La Pampa e incautó 18 fusiles AR-15, 15 pistolas y más de 30.000 municiones.

Las investigaciones también alcanzan a la comunidad de Lago Inambarillo. Allí, un video grabado en noviembre de 2025 muestra al fiscal durante un operativo en el que también aparece Antonio Cose Apaza, alias 'Antonio Quino', señalado como líder de la seguridad ilegal de la zona.

Personas vinculadas con ese grupo son investigadas por el asesinato del comerciante Yvid Wilder Carbajal, a quien habrían exigido S/ 20.000 mensuales antes de matarlo en mayo de 2026.

La última semana de julio fue detenido en Pucallpa (Ucayali) Carlos Alberto Chirre Ramírez, alias Doc, fiscal especializado en materia ambiental de Madre de Dios (Fema), y tres malos policías, presuntos integrantes de una organización criminal que se habría dedicado al tráfico ilícito y comercialización clandestina de combustible, destinado al abastecimiento de actividades de minería ilegal en dicha región amazónica.

Carlos Chirre había sido separado del Ministerio Público hacía dos meses pero sus delitos los habría cometido en funciones.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización habría implementado una estructura criminal integrada por 27 investigados (ya hay 12 detenidos), entre proveedores, acopiadores, distribuidores y transportistas terrestres y fluviales, quienes presuntamente utilizaban almacenes clandestinos, cisternas, vehículos, bidones y embarcaciones para desviar y distribuir combustible hacia zonas de explotación minera ilegal.

Durante este operativo contra la red criminal denominada Los Lecheros del Puertose incautó más de S/ 1.8 millones en efectivo, vehículos, equipos y combustible presuntamente destinado a actividades de extracción ilegal de oro.

CRECE LA INDIGNACIÓN

Sin embargo, lo que podría ser un momento clave para reflexionar y asumir reformas estructurales está siendo convertido en un escenario más para la política efectista. Expertos en el tema no tardaron en aprovechar la indignación pública para lanzar un llamado a la presidenta electa Keiko Fujimori.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, y el gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, coinciden en que una de las principales omisiones del mensaje presidencial fue la falta de anuncios para erradicar la minería ilegal e impulsar la minería formal.

Aunque la mandataria abordó diversos temas orientados a mejorar la calidad de vida de los peruanos, no se refirió al sector minero.

La ausencia de este tema es crucial. De acuerdo con información del IPE, en el 2024 actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la tala ilegal habrían generado más de US$10 mil millones en ventas, de las cuales casi tres cuartas partes correspondieron a la minería ilegal.

Para el 2025, solo las exportaciones de oro ilegal habrían superado los US$11.500 millones, un 55% más que el año previo, igualando en toneladas al oro legal exportado.

En la superficie, la propuesta de que las fuerzas militares asuman el control interno en zonas en emergencia puede sonar contundente. En la práctica, es puro humo, sostiene Ricardo Valdéz, exviceministro del Interior.

Lo verdaderamente grave no es solo la captura de fiscales ni la de malos policías. Es la evidenciade que las instituciones peruanas —Policía Nacional y el Poder Judicial— están siendo permeadas por redes del crimen organizado que operan con un nivel de sofisticación inquietante. La captura de dos magistrados de materia ambiental muestra un Estado con grietas que ya no son menores.

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Pero responder a eso con medidas teatrales como la acción de las fuerzas militares solo alimenta un clima de pánico y confusión. Y no existe ninguna capacidad ejecutiva real para fortalecer el control interno de las policiales, blindar los sistemas judiciales o reforzar la inteligencia estatal.

CIEN POLICÍAS DADOS DE BAJA

El inspector general de la PNP, general Gustavo Ríos Tiravanti, informó que en lo que va de este año han sido pasados al retiro 103 policías, entre oficiales y subalternos, que cruzaron la línea de la ley, infiltrados en la institución.

Dijo que son casi 30.000 casos de policías investigados por infracciones leves, graves y muy graves a nivel nacional. "De 806 casos administrativos disciplinarios, han sido resueltos 100", indicó.

Para el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, lo que se requiere son reformas profundas y sostenidas: modernizar los sistemas de verificación policial, profesionalizar y blindar a la Policía frente a la corrupción, invertir en contrainteligencia y reestructurar la estrategia de control fronterizo que ha expuesto a policías y militares a redes criminales.

El Perú necesita un Estado que se fortalezca desde adentro, con políticas de largo plazo capaces de cerrar las puertas al crimen organizado y a la corrupción.Eso requiere voluntad política real y no el uso oportunista que, como todos sabemos, solo sirve para las fotos, subraya finalmente el oficial en retiro.

"El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando", señaló al ser consultada por una normalización en la relación bilateral entre Perú y México.

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Sobre el tema de Betssy Chávez, Sheinbaum señaló que espera que la situación se resuelva lo antes posible: "Nosotros, evidentemente, queremos que la persona que está en nuestra embajada, que hoy está resguardada por Brasil, se le pueda dar el salvoconducto para venir a México. Vamos a ver cómo se desarrolla esto".

Asimismo, Sheinbaum aseguró que su gobierno tiene una posición marcada alrededor de lo sucedido con Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión luego de ser señalado culpable del delito de conspiración por su intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022: "También sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo y que es una posición que nosotros hemos establecido, pero más allá de ello, evidentemente no queremos la rotura de las relaciones".

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Canciller Espá se pronuncia sobre posible salvoconducto a Betssy Chávez

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, señaló que el Consejo de Ministros tomará una decisión próximamente respecto a la entrega de un salvoconducto para Betssy Chávez. Señaló que se hará en respeto a lo que indican los tratados internacionales.

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"Estoy seguro que en el Consejo de Ministros vamos a tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a los principios del Derecho Internacional y de acuerdo a la Convención de Caracas que, desde mi punto de vista, es muy clara", indicó.

Además, Espá se mostró optimista con respecto a restituir las relaciones internacionales entre ambos países: "El Perú y México son países hermanos y países parecidos. Somos civilizaciones milenarias. (…) No podemos estar separados de México, tenemos que estar juntos. Estoy seguro que muy pronto vamos a poder seguir caminando en esa ruta de integración que la diplomacia ha priorizado".

“Desperté en casa de un amigo y en ese momento me preocupé por la persona que iba conmigo. Fui al hospital para que la atendieran y también a recibir atención, porque me fracturé las costillas. Luego, el Ministerio Público inició una investigación de oficio, de la que me desentendí porque era joven, tenía 26 años. Estaba ocupado en mis negocios y no era algo que me preocupara. La sentencia salió cuando yo no estaba en Arequipa”, explicó a La República en 2022, cuando postulaba por Fuerza Popular a la alcaldía distrital de Arequipa.

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Además, Arnillas registra varias investigaciones que fueron archivadas. Una de ellas también correspondía al presunto delito de lesiones culposas. Las demás estuvieron relacionadas con abuso de firma en blanco —en dos ocasiones—, estafa, delitos contra el patrimonio y falsedad ideológica.

Por otro lado, una nota publicada por este diario en 2022 reveló que Arnillas mantiene una participación del 45% en la empresa Corporación Ecorígenes S.A.C. Actualmente, la compañía figura con baja de inscripción. Sin embargo, en el portal Consulta RUC aparece con una deuda coactiva de S/20.292 y Arnillas continúa registrado como su representante legal.

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Zunini, quien también es secretario general de Juntos por el Perú calificó el discurso de la mandataria como un mensaje breve y previsible, indicando que la presencia de 17 funcionarios de distintas gestiones anteriores —como las de Dina Boluarte y el sector de Balcázar— en la comisión de transferencia demostraba que no había grandes novedades que esperar.

En esa línea, respaldó la decisión de la oposición de salir del Congreso. "Nos remitimos a los hechos y nos alegra habernos retirado del hemiciclo", indicó.

A través de sus redes sociales, Zunini también cuestionó el discurso de Fujimori al señalar que sus palabras no representan la realidad del país.

"¿Cuántas veces hemos escuchado lo mismo? El discurso de este martes volvió a evidenciar lo de siempre: falta de autenticidad, ausencia de autocrítica y una profunda desconexión con la realidad que viven millones de peruanos".

El diputado electo también advirtió sobre los antecedentes de la administración actual. "La historia habla por sí sola. El fujimorismo ha tenido décadas para demostrar de qué es capaz, y los resultados están a la vista. El Perú no necesita más promesas ni discursos reciclados; necesita gestión, resultados y soluciones concretas. Las palabras se las lleva el viento. Son los hechos los que realmente construyen el futuro".

Además, también se registraron a diversos congresistas portando un listón negro en el pecho en homenaje a las víctimas de la dictadura y de los gobiernos autoritarios que aún no encuentran justicia.

Entre las figuras presentes en el hemiciclo se observó a Ruth Luque, Harvey Colchado e Indira Huilca, parlamentarios que llevaban este distintivo.

Apenas terminó la juramentación de Fujimori, el bloque de la oposición se retiró del hemiciclo, mostrando fotografías de las víctimas fallecidas durante las protestas.

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El primer gesto de protesta se registró a pocos minutos de que inicie la agenda protocolar programada para las 12:15 p.m., hora de la juramentación de la mandataria y la imposición de la banda presidencial.

De acuerdo al cronograma, entre las 12:30 y 13:30 hrs. Fujimori ofrecerá su primer mensaje a la Nación ante el pleno. Posteriormente, se trasladará a Palacio de Gobierno a las 13:35 p.m., saludará a las delegaciones internacionales y, finalmente, se realizará la juramentación del gabinete ministerial a las 16:30 hrs.

Pronunciamiento de la diputada de Ahora Nación Indira Huilca

Tras el acto protocolar, la diputada Indira Huilca se pronunció sobre la salida del bloque de la oposición del Congreso. A través de un comunicado, la parlamentaria señaló que abandonaron el hemiciclo en memoria de las personas fallecidas durante las protestas.

"Cumplida la obligación de participar en la sesión de investidura, hemos decidido que el mejor lugar para estar hoy en el dia de la patria es junto a los familiares y deudos de Puno, Ayacucho, Andahuaylas, Lima".

Asimismo, exigió justicia para las víctimas que protestaron durante el gobierno de Dina Boluarte. “Es necesario, en un dia como hoy, llamar la atención sobre la justicia pendiente en los casos de las muertes y afectaciones ocurridas en el contexto de las protestas de 2022-2023, que fueron violentamente reprimidas para mantener en el poder a Dina Boluarte".

Huilca criticó las normas promovidas por el fujimorismo para que policías y militares sean investigados en el fuero militar y no en la justicia ordinaria.

"El pacto mafioso, usó al Congreso para garantizar que esos casos no se investigasen debidamente" y añadió que "el fujimorismo, también desde el congreso bajo la presidencia del señor Rospigliosi, dio leyes de impunidad que afectan también estos casos pendientes de justicia".

¿A qué hora inicia el primer mensaje presidencial de Keiko Fujimori?

El Mensaje a la Naciónse realizará luego de la ceremonia de juramentación presidencial y de la toma de mando. Está programado para las 12.30 p. m. a 1.30 p. m.

¿Dónde ver en vivo el mensaje presidencial de Keiko Fujimori?

El discurso se desarrolla en el hemiciclo del Congreso de la República y es transmitido en señal abierta, cable y plataformas digitales.

Puedes verlo en la señal oficial del Congreso, TV Perú y demás medios de comunicación.

¿Qué temas abordará Keiko Fujimori en su primer mensaje al país?

Durante su discurso, se espera que presente los principales lineamientos de su gestión para el periodo 2026-2031, incluyendo anuncios relacionados con la economía, la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad, la inversión pública, la salud y la educación.

¿Quiénes asistirán al mensaje presidencial?

Para la ceremonia de toma de mando confirmaron su asistencia el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá) y Nasry Asfura (Honduras).

También asistirán el primer ministro de Aruba, Mike Eman; el ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun; y el vicesecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, en representación de Donald Trump.

Antes de su nombramiento, Beingolea se desempeñaba como conductor del programa Goles en Acción en TVPerú. Además, fue legislador durante el quinquenio 2011-2016, presidió el Partido Popular Cristiano (PPC) entre 2017 y 2021, y postuló a la Presidencia de la República en las elecciones de 2021.

En el ámbito académico, ejerció la docencia en la PUCP y otras universidades impartiendo cátedras de derecho y comunicación, además de tener una carrera como director, conductor y comentarista en el periodismo deportivo.

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Además de ello, se recuerda que, hace tres años, la Fiscalía Anticorrupción del Callao solicitó 10 años de prisión efectiva para Beingolea y exgerentes regionales Omar Romero y Carlos Palacios, por la presunta comisión del delito de colusión agravada. Es decir, se les acusó de confabularse para perjudicar económicamente al Estado a través de contrataciones públicas.

Según las investigaciones a cargo de la fiscal Katherin Arpe Sánchez, el Gobierno Regional del Callao contrató a Beingolea entre febrero y marzo de 2019 para brindar asesoría legal a la Gerencia General. Aunque el abogado sostiene haber cumplido con sus funciones, el Ministerio Público determinó que se desembolsaron fondos públicos por un servicio que nunca llegó a prestarse.

“Entre los 33 elementos de convicción que acreditarían el hecho delictivo, se cuenta con un informe de la Contraloría General de la República, la declaración de los consejeros regionales, así como una pericia contable”, indicó la Fiscalía.

"Tenemos serias preocupaciones respecto a esta designación. El perfil públicamente conocido del ministro no evidencia experiencia en salud ni en el sector. La salud no es un ámbito en el que exista una larga curva de aprendizaje. Cada decisión tiene un impacto directo sobre la vida de las personas", declaró a RPP.

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Asimismo, el decano del Colegio Médico del Perú criticó la falta de detalles en el mensaje a la Nación de Keiko Fujimori para explicar cómo se reformará el sistema de salud durante su gobierno. Riega López deseó éxitos a la gestión de Fujimori y llamó a priorizar las políticas de salud.

"Para el Colegio Médico del Perú, el inicio de un nuevo gobierno siempre representa la posibilidad de resolver problemas serios y de gran magnitud. (…) La presidenta ha planteado un gobierno basado en la meritocracia. Sin embargo, creemos que uno de los temas pendientes de su mensaje ha sido el desarrollo de una propuesta integral para el sistema de salud del Perú. El país necesita un equipo técnico y una hoja de ruta que especifique cómo se desarrollará", señaló.

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La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el titular del Interior, César Astudillo. A su llegada, Fujimori pasó revista a las unidades presentes. Y, tras los honores militares, el Himno Nacional y la presentación de armas, el general del Ejército César Briceño Valdivia dio inicio al acto protocolar.

"Le hago entrega del Bastón de Mando, símbolo de autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú", indicó.

En la ceremonia estuvieron presentes el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle; el comandante general de la Marina, Javier Bravo de Rueda Delgado; el comandante general de la Fuerza Aérea, Mario Contreras León-Carty; y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Además, durante la ceremonia se leyeron los artículos 118 y 167 de la Constitución, que establecen el rol del presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como las normas del Sistema de Defensa Nacional.

"Mientras no haga un mea culpa y corrija los males que se hizo, temo que el Perú del sur, de la sierra y la selva no van a reconciliarse con usted, en la práctica no será presidenta de todo el Perú, sino el resultado de un proceso electoral muy oscuro", manifestó Lescano.

En el documento, el exlegislador señaló que el reiterado pedido de reconciliación de Keiko Fujimori “suena vacío”. Argumentó que para conseguirla resulta indispensable la justicia, la cual es reclamada por los deudos de las muertes ocurridas bajo el gobierno de Boluarte y otros casos que, según indicó, ella ignoró.

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Asimismo, Lescano indicó que el orden prometido se debe conseguir mediante leyes que persigan el crimen y no con normas a favor de delincuentes y corruptos que fueron aprobadas por su bancada en el Congreso anterior.

También precisó que los anuncios de obras y aumentos económicos resultan insuficientes para superar la pobreza de casi nueve millones de peruanos. El excandidato presidencial señaló, además, que hay once millones que están en estado vulnerable y agregó que las medidas que precisó Fujimori en su mensaje no resolverán la anemia ni el abandono, que ella misma mencionó.

El político advirtió que mientras no exista un “mea culpa” y una corrección de los errores cometidos, el Perú no logrará reconciliarse con ella.

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Del mismo modo, exigió que demostrar con hechos concretos el respeto a la democracia, a la ley y a los derechos ciudadanos, y recalcó que las expresiones manifestadas hasta el momento solo son palabras ajenas a la realidad. “El Perú no merece lo que viene viviendo Sra. Fujimori, merece que usted cambie y sobre todo vivir”, indicó en su carta.