La propuesta es de la bancada de Juntos por el Perú, con su vocero Ernesto Zunini entre los firmantes, y suma el respaldo de 13 diputados del Partido Cívico Obras y uno de Ahora Nación. Los autores sostienen que el Estado mantiene una persecución penal de naturaleza política contra dos grupos: quienes participaron en el mensaje de Castillo y los ciudadanos procesados por las protestas, en su mayoría campesinos, indígenas, estudiantes, transportistas y dirigentes sociales del sur andino.

Castillo fue condenado en primera instancia el 27 de noviembre de 2025 a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión, por el mensaje con el que intentó disolver el Congreso.

Está privado de libertad desde el 7 de diciembre de 2022 en el penal de Barbadillo, en Ate, en el pabellón de régimen especial para expresidentes que administra el INPE. La misma sentencia condenó a Betssy Chávez y a Willy Huerta a igual pena, y a Aníbal Torres a 6 años y 8 meses.

Chávez está asilada en México. A Huerta y Torres se les suspendió la ejecución de la pena hasta la revisión en segunda instancia.

La sentencia fue apelada y las apelaciones se admitieron a trámite el 29 de diciembre de 2025. La Sala Penal Permanente programó la calificación para el 23 de setiembre de 2026, pero la sesión quedó sin efecto por el pedido de inhibición de la jueza suprema Araceli Baca Cabrera, cuya resolución se fijó para el 1 de octubre. La condena no es firme.

Además, aunque el proyecto lo alcanza, Castillo no saldría de inmediato: el anexo reconoce que cumple una prisión preventiva de 36 meses en los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, por organización criminal y otros delitos, ampliada por 12 meses el 27 de febrero de 2026. Esos hechos no están comprendidos en la ley y la amnistía no determina su excarcelación mientras ese mandato subsista.

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Protestas y exclusiones

El segundo grupo de beneficiarios son los denunciados, investigados, procesados o condenados por las protestas. La amnistía cubre disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, violencia y resistencia a la autoridad sin lesiones graves, daños, usurpación de vías o locales, extorsión sin fin de lucro por tomas o bloqueos, apología y organización criminal cuando se sustente en convocar o financiar la protesta con recursos lícitos.

El anexo menciona a cuatro comuneros de Cuyo Grande (Cusco), presos desde el 31 de enero de 2023 con penas de entre seis y siete años por lanzar piedras a un ómnibus. La autoridad competente debe resolver en diez días hábiles y el INPE debe excarcelar en 24 horas.

Quedan excluidos los hechos que causaron muertes o lesiones graves dolosas, los de violencia sexual, secuestro, tortura y trata, el uso de armas de fuego o explosivos, el narcotráfico, la minería ilegal y los delitos de funcionarios. También quedan fuera los cometidos por policías, militares y funcionarios en el uso de la fuerza o en operativos de orden público. El artículo 14 señala que la ley no limita las investigaciones por las muertes en las protestas.

La norma extingue además las pretensiones de reparación civil cuyo único titular sea el Estado, entre ellas los S/ 12 millones fijados en la sentencia contra Castillo, Chávez, Torres y Huerta. La reparación a terceros agraviados se mantiene. Los autores sustentan el proyecto en la Opinión 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que consideró arbitraria la privación de libertad de Castillo. La exposición de motivos aclara que ese grupo no se pronunció sobre la licitud del mensaje y que su opinión no es una sentencia.

En la Cámara de Diputados, la votación registró 83 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones. Por su parte, el Senado alcanzó 37 votos a favor, 10 en contra y 6 abstenciones. La iniciativa proviene del Proyecto de Ley 5-2026-2031-CR, cuyo texto final fue aprobado el pasado 22 de octubre en la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Durante la sustentación de la propuesta, el titular de la comisión, José Arista de Fuerza Popular, señaló que el crédito suplementario de S/8.228,4 millones equivale al 3,19% del presupuesto público para 2026, el cual asciende a S/257.561,6 millones.

El parlamentario explicó que la propuesta evalúa la atención de problemas urgentes, las fuentes de financiamiento disponibles y el marco legal para ejecutar los gastos a tiempo.

Respecto a la distribución de los fondos, Arista detalló que se destinan S/702,9 millones a prevenir los efectos del fenómeno El Niño; S/2.308,6 millones a garantizar la continuidad de los servicios; S/3.620,2 millones a impulsar la inversión pública y el equipamiento; y S/1.596,7 millones al cumplimiento en el pago de deudas y sentencias judiciales del Estado.

Dentro del rubro de inversión y equipamiento, los recursos financiarán proyectos como la Línea 2 del Metro, el Anillo Vial Periférico, obras de agua y saneamiento, así como el fortalecimiento operativo de las Fuerzas Armadas y de la seguridad ciudadana.

En cuanto a las obligaciones del Estado, los fondos se destinarán al pago de pensionistas de la Caja Militar-Policial y a los compromisos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, con el fin de proteger a la población de la variación internacional del petróleo.

Sobre la urgencia de aprobar la norma, Arista sostuvo que responde a la magnitud del fenómeno El Niño proyectado para el periodo 2026-2027. Al respecto, señaló que este evento podría superar el de 1983, el cual dejó pérdidas equivalentes al 11% del producto bruto interno (PBI). En ese sentido, manifestó que esta proyección "obliga a actuar con celeridad y eficacia".

El debate parlamentario duró más de tres horas y contó con las intervenciones de representantes de las seis bancadas del Congreso. En la sesión, diversos legisladores solicitaron la inclusión de nuevos artículos y disposiciones complementarias.

Tras un cuarto intermedio, el senador de Fuerza Popular, José Arista, informó sobre los cambios incorporados en el dictamen. Entre ellos figura la autorización al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para comprar kits de cocina destinados a las ollas comunes a través de un convenio internacional, así como la habilitación a la Presidencia del Consejo de Ministros para implementar conectividad satelital en postas médicas, colegios y comisarías de zonas rurales o alejadas.

Asimismo, se aprobó una medida excepcional que otorga un plazo de 15 días calendario a los gobiernos locales para realizar modificaciones presupuestarias en sus proyectos de inversión. Sobre este punto, Arista explicó que en un crédito suplementario anterior se asignaron recursos a las municipalidades que no pudieron ejecutarse ni transferirse a otras obras por impedimentos legales.

Por su parte, el diputado Heber López Letona del Partido Cívico Obras cuestionó la asignación de S/1.000 millones para adquirir aviones caza. A su juicio, dicha compra no representa una prioridad frente a las necesidades de la población, que requiere hospitales, colegios, la reactivación de obras paralizadas y mayor seguridad.

La senadora Mirtha Vásquez de Ahora Nación también advirtió que solo S/581 millones irán dirigidos a la prevención de El Niño, cifra que representa cerca del 7% del total. También mostró su preocupación por los fondos destinados a la adquisición de aeronaves militares. A su turno, el diputado Leo De Paz Lancho de Renovación Popular indicó que es necesario asegurar el uso correcto de los recursos públicos.

Por otro lado, el senador José Castillo Terrones de Juntos por el Perú coincidió con Vásquez y cuestionó los recursos asignados a la compra de aviones de combate y consultó si dicha adquisición resultaba necesaria ante los desastres que afectan a diversas zonas del país.

En tanto, el diputado Nery Fernández Nina del Partido del Buen Gobierno manifestó que el Ejecutivo debe demostrar que los beneficios del presupuesto llegan a todo el territorio nacional y no quedarse solo en anuncios. Además, planteó evaluar si estos recursos contribuirán a reducir las brechas sociales o si persistirán las desigualdades.

El documento lleva la firma del ministro de Educación, José Antonio Chang, y establece que Vásquez Kunze asumirá el cargo desde el 31 de octubre. La resolución señala que la dirección se encontraba vacante y dispone su designación al frente de una institución que depende del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica.

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El cambio de director deja atrás la gestión de Gary Antonio Marroquín Mendoza, quien ocupó el puesto desde octubre de 2024. Su nombramiento estuvo acompañado por cuestionamientos luego de que se suspendiera la entrega del Premio Casa de la Literatura Peruana al historietista Juan Acevedo, reconocido por la creación de 'El Cuy'.

La Casa de la Literatura funciona en la antigua Estación de Desamparados, en el Centro Histórico de Lima. Desde ese espacio se organizan actividades para promover la lectura, difundir la obra de autores peruanos y acercar la literatura a estudiantes y al público en general.

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¿Quién es Ricardo Vásquez Kunze y cuál es su trayectoria política?

Ricardo Vásquez Kunze es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), periodista y analista político. Entre 2016 y 2019 estuvo al frente del Fondo Editorial del Congreso de la República. Antes, en 2011, trabajó como asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su experiencia también incluye la dirección del portal de análisis político Politico.pe.

En el ámbito político, postuló al Congreso por Fuerza Popular en las elecciones generales de 2016. En 2011, Vásquez Kunze expresó críticas al fujimorismo y manifestó que no votaría por Keiko Fujimori. Sin embargo, en los comicios extraordinarios de 2020 volvió a postular con dicho partido político.

Ninguna de las dos candidaturas le permitió acceder a una curul. En los últimos años desarrolló actividad como columnista del diario Expreso y del medio PBO, con publicaciones sobre política nacional y asuntos institucionales.

Cinco de los condenados recibieron 10 años de prisión y Pedro Chanel Pérez López 6 años. Sabino Rodrigo Valentín Rutti, suboficial de la base militar de Manta según las agraviadas, recibió la pena más alta: 12 años por violar a dos mujeres. La Corte mantuvo las penas pese a que el fiscal supremo había opinado elevarlas a 18 y 20 años. Cada condenado deberá pagar S/100 000 de reparación civil por cada agraviada, de forma solidaria con el Estado.

El tribunal sostuvo que los agresores eran agentes del Estado, miembros del Ejército Peruano, y que las víctimas eran población civil, un sector altamente vulnerable por su condición de mujeres. Añadió que las agresiones fueron un patrón repetido durante años. También rechazó la prescripción que planteó Valentín Rutti y, para sostener la imprescriptibilidad, inaplicó la Ley 32107 mediante control difuso.

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria discrepó. Sostuvo que, con esa ley y la sentencia 190/2025 del Tribunal Constitucional, los hechos de 1984, 1985, 1986 y 1993 no pueden perseguirse hoy como lesa humanidad. Planteó anular las condenas y archivar el caso.

Solo dos de los condenados han sido detenidos

Las penas se computarán cuando los condenados sean habidos. "Hasta la fecha solo dos de los condenados han sido detenidos", señaló Carlos Rivera, coordinador del Área de Defensa Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL). Según indicó, esas detenciones ocurrieron pocas semanas después de la sentencia de primera instancia.

La Corte anuló la condena de Epifanio Delfín Quiñones Loyola, ordenó un nuevo juicio ante otro colegiado y levantó las órdenes de captura en su contra. La resolución precisa que la única sindicación directa contra él es el relato de una de las agraviadas. Respecto a Raúl Ángel Pinto Ramos, dio por concluido el proceso porque murió. Dispuso además que el Ministerio de la Mujer, por medio de los Centros de Emergencia Mujer, brinde atención integral a las víctimas.

Rivera dijo que dentro de este proceso no ve que legalmente pueda presentarse otro pedido de prescripción, pero que los condenados podrían pedir que se les aplique la ley de amnistía. Indicó que habrá que esperar la sentencia que el Tribunal Constitucional anunció que emitirá muy pronto. Aun así, valoró la decisión de la mayoría: "es de mucho valor" que ratifique que estos crímenes son crímenes internacionales y que, por tanto, "se les debe interpretar bajo las reglas del derecho internacional".

El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) calificó la decisión como un logro histórico para las sobrevivientes, que esperaron más de cuarenta años. Sostuvo que llega en un contexto de avance de la impunidad y de amenazas de represalias contra jueces y juezas.

¿Qué es el caso Manta y Vilca?

El caso reúne las violaciones cometidas por militares contra adolescentes y mujeres campesinas y quechuahablantes de las comunidades de Manta y Vilca, en el norte de Huancavelica. Los hechos ocurrieron en torno a las bases contrasubversivas instaladas en la zona desde los años 80, frente a los ataques de Sendero Luminoso. Fue uno de los 47 casos emblemáticos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) elevó a la justicia.

El primer juicio se inició en 2016 contra 14 militares. En junio de 2024, la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó a diez a penas de entre 6 y 12 años.

La denuncia ingresó a la fiscalía de turno de Lurín. Angulo sustentó el delito de acoso en el artículo 151-A del Código Penal y añadió el de coacción.

Según explicó, el 24 de octubre Álvarez emitió expresiones con connotación sexual y agravantes contra Burneo en una presentación pública en ese distrito.

Angulo calificó de degradantes esas expresiones. “Ya se ha extralimitado en cuanto al límite de cuestionar o no estar de acuerdo con una decisión jurisdiccional (…) ya son expresiones degradantes y además en cierta forma tratarían de condicionar un pronunciamiento del magistrado con relación al ejercicio de sus funciones y la independencia que debe haber en toda institución electoral”, explicó.

Los argumentos de la denuncia

El procurador explicó que el delito denunciado protege bienes jurídicos concretos. “Todos tienen derecho a la integridad, a la tranquilidad pública, a la libertad”, añadió.

Angulo recordó que el Tribunal Constitucional ya marcó la diferencia entre criticar a un funcionario, que es válido, e insultarlo o humillarlo. Lo segundo, según dijo, no está protegido y puede vulnerar derechos fundamentales de la persona.

Sostuvo que esas expresiones ya son de conocimiento público y se formularon de manera reiterada. Por eso, indicó, la Procuraduría decidió acudir al Ministerio Público.

Qué dijo Carlos Álvarez en Lurín

Álvarez, excandidato presidencial de País para Todos, retomó en ese evento de Lurín los dichos de López Aliaga, quien habló de introducir un morrocoy a Burneo.

El 28 de octubre, el JNE emitió un comunicado en el que condenó las expresiones. Sostuvo que las discrepancias políticas son legítimas, pero que su reiteración contribuye a "normalizar el insulto como forma de confrontación política".

El comunicado señaló que defender estos principios no significa limitar la crítica, pero que ninguna discrepancia política justifica el agravio ni la humillación.

El comunicado subrayó que Álvarez estaba rodeado de menores de edad en ese momento. El JNE puso los hechos en conocimiento del Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, y anunció que su Procuraduría emprendería acciones legales.

Qué dijo López Aliaga en abril

Tras la primera vuelta de las Elecciones Generales, López Aliaga se presentó frente a la sede del JNE para denunciar un supuesto fraude. No presentó pruebas y aseguró que Burneo y las autoridades electorales conspiraban en su contra. Pero no se detuvo ahí, porque incluso le dio al presidente del JNE plazo hasta las ocho de la noche del día siguiente para declarar la nulidad de los comicios.

"Un Morrocoy enorme para que te comportes como hombre", dijo López Aliaga. Según él, alrededor de un millón de peruanos no pudo votar por la demora en la instalación de mesas y la ubicación de algunos locales. El Pleno del JNE declaró inviable la convocatoria a elecciones complementarias.

El 7 de agosto, un despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Cercado-Breña-Rímac-Jesús María abrió diligencias preliminares contra López Aliaga. Los presuntos delitos son contra la voluntad popular y otros, por sus cuestionamientos al proceso electoral y sus expresiones contra autoridades electorales, con el JNE como agraviado.

Esa disposición fiscal también menciona presuntos delitos contra la tranquilidad pública y contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Incluye un episodio del 1 de abril, tras un debate presidencial, en el que López Aliaga habría usado expresiones presuntamente intimidatorias contra Piero Corvetto, quien era entonces jefe de la ONPE.

En mayo, frente a la sede del JNE en Jesús María, amenazó con una "marcha de los cuatro suyos" si se proclamaba la segunda vuelta. La comparó con la protesta del año 2000 contra la dictadura de Alberto Fujimori.

López Aliaga también anunció una denuncia penal contra Burneo por presunta omisión de funciones. Sostuvo que el presidente del JNE debió suspender las elecciones la noche previa al 12 de abril por deficiencias en la distribución del material electoral.

En su tercer día en el extranjero y tras las declaraciones de su homólogo salvadoreño, Fujimori busca reencauzar el propósito de su visita. “Si hoy estoy acá, es porque lamentablemente, después de la paz, la criminalidad organizada transnacional nos atacó. Hoy los ciudadanos sienten miedo. (...) Me encuentro acá para poder estudiar las cosas positivas que ha hecho el presidente Nayib Bukele”, declaró durante una reunión con empresarios salvadoreños.

La mandataria apuesta también por otro de sus recursos narrativos: apelar al pasado. "Mi padre, en el año 90, se convirtió en presidente, y uno de sus legados más importantes fue devolver la paz a los peruanos", señaló Fujimori durante la misma reunión.

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La llegada de Fujimori al poder estuvo marcada por una promesa que destacó por encima de las demás: implementar una política de ‘mano dura’ para contrarrestar el avance de la delincuencia. Sin embargo, la realidad contrasta con ese compromiso. Los datos citados indican que, desde que Fuerza Popular asumió el Poder Ejecutivo, se han registrado 517 homicidios.

Octubre también estuvo marcado por los viajes de la mandataria. Desde inicios de mes, el Senado aprobó dos salidas de Fujimori al extranjero: una a El Salvador y otra a España. En contraparte, los datos del Sinadef ubican este mes como uno de los que registra mayor promedio diario de homicidios en lo que va de 2026, junto con marzo, que registró un promedio de 6,8 asesinatos al día, y junio, con 6,5. En octubre, el promedio llegó a 6,2 homicidios diarios.

"De persistir esta tendencia en los días restantes, y más aún con los registros pendientes de días pasados por actualizar, octubre podría bordear los 190 homicidios registrados", señaló en su cuenta de X (antes Twitter) el analista de datos Juan Carbajal.

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Lima y el norte en riesgo

Fujimori gobierna desde el entorno del epicentro de la tragedia. Lima y el Callao concentran el mayor número de asesinatos. Solo en octubre, la capital registró 57 homicidios, mientras que la provincia constitucional contabilizó 16. En lo que va de 2026, la violencia ha dejado 660 víctimas mortales en Lima y 159 en el Callao.

En el norte, la situación tampoco es mejor. La Libertad y Piura encabezan las cifras de homicidios en esta región del país, con 15 y 13 asesinatos, respectivamente, solo durante octubre.

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Los registros anuales tampoco ofrecen un panorama alentador. La Libertad incluso supera al Callao en número de homicidios, con 181 casos en lo que va de 2026. Por su parte, Piura alcanza los 125 asesinatos en el mismo periodo.

El norte del Perú fue uno de los principales bastiones de Fuerza Popular durante la segunda vuelta electoral. Solo en La Libertad, el fujimorismo obtuvo el 57,56% de los votos. Una de las explicaciones estaría en la ya mencionada promesa de seguridad: al tratarse de una de las regiones más golpeadas por el crimen organizado, el discurso de represión contra los grupos delincuenciales caló entre el electorado norteño. Sin embargo, a casi 100 días de iniciado su Gobierno, Keiko Fujimori no ha logrado contrarrestar la violencia que afecta a esta región.

Un subregistro que podría dejar más víctimas sin contabilizar

Uno de los problemas advertidos por los analistas es que los registros del Sinadef presentan un desfase. Esto significa que las cifras difundidas en las actualizaciones cercanas al cierre de cada mes no necesariamente reflejan la totalidad de los homicidios ocurridos. Como resultado, las estadísticas oficiales podrían dejar fuera un número considerable de muertes violentas que no son clasificadas propiamente como homicidios. Juan Carbajal explicó a La República los alcances de esta problemática estadística.

"El subregistro es algo que se viene arrastrando desde la creación del Sinadef. Muchas muertes violentas ocasionadas por arma de fuego, arma blanca, agresiones físicas o más son certificadas —por alguna u otra razón— sin llegar a consignar si esta muerte violenta fue un homicidio o no. Las registran en la categoría de 'no se conoce'. Cuando uno revisa el histórico, los números que caen en esta tendencia son grandes. Sin ir tan lejos, en 2025 fueron 2.289 muertes registradas que se colocaron en ese apartado de 'no se conoce'. Los números siguen siendo altos", señaló el analista.

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Carbajal también consideró necesario contar con un sistema integrado de estadísticas, pero advirtió que este debe partir de información transparente y confiable. El analista recordó que, en algunas ocasiones, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha presentado datos cuya precisión ha sido cuestionada.

"Sería ideal cruzar la información del Sinadef, la PNP y el Ministerio Público. (...) Por un lado, a mí no me genera mucha confianza la data de la PNP, pero esperemos que se logre unificar la información y que también se actualice diariamente. Uno, como ciudadano, debe estar informado con datos acordes a la realidad", sostuvo.

De los 3.300 municipalidades de centros poblados registrados, Cajamarca ocupa la mayor cantidad (434), seguido por Huancavelica (387), Puno (372), Huánuco (333), Ayacucho (272), Ancash (251) y Apurímac (210). En contraste, el menor índice se encuentra en Ica (5), Tumbes (7) y Madre de Dios (11).

En los comicios de este domingo 1 de octubre se escogerán a las nuevas gestiones, integrada por un alcalde y cinco regidores, por un periodo de cuatro años. El proceso es responsabilidad del alcalde provincial, en coordinación del alcalde distrital y las autoridades electorales. Al igual que las otras autoridades elegidas el 4 de octubre, asumirán sus funciones desde el uno de enero del 2027.

En este año electoral, la Reniec tuvo a su cargo la elaboración de los padrones electorales de centros poblados a nivel nacional, en coordinación con las municipalidades provinciales. Para ello, los electores deberán acudir con su DNI.

Sin embargo, estas elecciones suelen presentar dificultades. En el 2022, las municipalidades provinciales informaron sobre poca participación de electores, demora en la instalación de mesas de sufragio y reclamos de electores por no encontrarse en el padrón.

El Pleno del JNE había solicitado a la Presidencia de la República acciones para asegurar la integridad personal y seguridad de los ciudadanos que participen en las elecciones. Para ello, pidieron que el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, de la Policía y la Defensoría actúen en el marco de sus competencias, replegando personal en los centros de votación.

"Se ha identificado que hay conflictos en 83 municipalidades provinciales en relación a cuestionamientos relacionados al padrón electoral por discrepancias entre la residencia y el registro en el padrón, ciudadanos que declaran no figurar o cuestionan la presencia de terceros en el padrón, o reclamos vinculados a la delimitación de los centros poblados (por pertenencia de anexos o comunidades a determinado centro poblado). Ello aunado a conflictos vinculados a la conformación de los comités electorales o la determinación de mesas de sufragio y al sorteo de sus miembros", alertó el ente electoral.

¿Qué es una municipalidad de centro poblado?

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, las municipalidades de centros poblados son órganos del gobierno local encargados de administrar y ejecutar las funciones y los servicios públicos locales que les delegan las municipalidades provinciales o distritales. Son creadas mediante ordenanza provincial, que establece su ámbito geográfico de responsabilidad, organización interna, funciones, servicios delegados y recursos asignados.

Una municipalidad de centro poblado puede comprender varios centros poblados dentro de su ámbito de responsabilidad, atendiendo las necesidades de las comunidades que lo integran.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La cita se condice —al menos en parte— con lo que fuentes señalaron al semanario Hildebrandt en sus trece: Chlimper puede no ser el nombre elegido para ocupar un puesto como el de premier, pero goza de la suficiente confianza de Keiko Fujimori como para ser el encargado de buscar a un futuro reemplazante de Luis Galarreta. El exministro del fujimorato es hoy señalado como uno de los hombres fuertes del Gobierno de Fuerza Popular.

Desde el 15 de septiembre, Chlimper formalizó su cercanía con el nuevo Gobierno fujimorista. La creación de la Comisión Consultiva, un órgano de asesoría política cuya conformación fue suscrita por Fujimori, lo incluyó entre sus miembros. Chlimper asumió el cargo junto con otras dos figuras que no son nuevas en el fujimorismo: Jaime Yoshiyama y Arsenio Oré.

Exministro y empresario

Su peso político no nació con este Gobierno. El ahora integrante de la Comisión Consultiva ocupó la cartera de Agricultura durante los últimos años del régimen de Alberto Fujimori. En el año 2000, solo días antes de la salida de Fujimori del poder, Chlimper impulsó y logró la promulgación de la Ley 27360, de promoción del sector agrario. La norma buscaba potenciar a las empresas agroexportadoras mediante la reducción de sus obligaciones tributarias. Aunque fue concebida como una medida temporal, permaneció vigente entre 2000 y 2020, bajo el nombre popular de 'Ley Chlimper'.

Sus críticos cuestionaron el costo laboral y la concentración de los beneficios. En su última modificación, el régimen establecía un pago diario de S/39,19, con CTS y gratificaciones incluidas, para cerca de 400.000 trabajadores. Además, según el Ministerio de Economía y Finanzas, 122 grandes empresas, de las 2.762 acogidas al régimen, concentraron el 73,2% de los beneficios tributarios en 2018. Tras varios días de protestas, el Congreso derogó la norma en diciembre de 2020.

Sin embargo, la polémica por su trayectoria como empresario agroexportador no se limita a la aprobación de una ley que benefició al sector. Desde su posición como hombre de negocios, Chlimper también ha asumido el papel de financista de las campañas de Fuerza Popular.

El portal de Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señala que, solo en este proceso electoral, Chlimper donó S/174.925 a Fuerza Popular.

Entre 2017 y 2018, Chlimper también realizó otras ocho donaciones: una al entonces candidato municipal Diethell Columbus y las siete restantes al partido fujimorista. Por estos últimos aportes, el monto entregado a la organización naranja ascendió a S/284.802,50. Si se suman ambas cifras, el exministro ha aportado históricamente S/459.727,50 a Fuerza Popular.

Cercanía a Keiko Fujimori

Durante la etapa política de Keiko Fujimori, Chlimper ocupó otros cargos antes de asumir como consultor en el actual Gobierno. Fue secretario general de Fuerza Popular y acompañó a la lideresa como candidato a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial de 2016.

Chlimper también fue investigado en el caso Cócteles, que la Fiscalía vinculó con un presunto esquema de financiamiento irregular de las campañas de Fuerza Popular. La acusación fiscal lo relacionó, desde su cargo de secretario general del partido, con el manejo de fondos y la estructura partidaria investigada por el presunto financiamiento irregular de las campañas fujimoristas.

Según la hipótesis fiscal, Chlimper habría participado en operaciones de presunto lavado de activos mediante la entrega de US$210.000 en efectivo a Hugo Francisco Delgado Nachtigall, apoderado del Grupo RPP, y otros US$266.000 a Manuel Abraham Zavala Chocano, vinculado a la campaña electoral de 2011. Ambas operaciones fueron relacionadas por la Fiscalía con pagos por servicios publicitarios.

La acusación fiscal contra Chlimper fue anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional en noviembre de 2024. El organismo determinó que se había vulnerado su derecho a la defensa debido a las incongruencias entre los hechos que se le atribuyeron durante la investigación preparatoria y los consignados posteriormente en la acusación fiscal. Por ello, ordenó al Ministerio Público formular una nueva acusación que respetara los criterios establecidos en el fallo. La resolución no supuso una declaración de inocencia ni el archivo definitivo de la investigación.

En sus últimas declaraciones públicas, José Chlimper ha insistido en su intención de mantenerse al margen de la política: «Quieren usar mi nombre, no sé por qué, para debilitarlo. Pero ni Galarreta está en cuestionamiento ni yo estoy en ningún 'bolo', como lo dije hace 45 días. Por ambas razones, es totalmente falso», señaló a Canal N.

A sus 71 años, el exministro parece haber encontrado una nueva forma de permanecer en la política: lejos de los cargos de elección popular, pero cerca de las decisiones del Gobierno.

La demora contrasta con el discurso que la mandataria sostuvo durante el debate parlamentario del pedido en la Cámara de Diputados. El pasado 14 de septiembre, Fujimori aseguró que su Gobierno aprobaría decretos de urgencia para atender las necesidades del país y pidió a los diputados actuar con objetividad. "Estas facultades tienen como primer objetivo recuperar el orden", manifestó.

El Parlamento finalmente otorgó la delegación el 21 de octubre, luego de un debate que redujo considerablemente el pedido original del Ejecutivo. La ley promulgada al día siguiente autorizó al Gobierno a legislar durante 90 días calendario en 27 materias relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención, atención y respuesta frente al fenómeno El Niño.

Un día después de la aprobación, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reconoció que el Gobierno necesitaría alrededor de diez días para emitir los primeros decretos legislativos. El premier cuestionó que el Congreso no aprobara todas las atribuciones solicitadas y aseguró que el Ejecutivo recurriría a otros mecanismos para sacar adelante las propuestas que quedaron fuera de la delegación.

"Esas pocas facultades las vamos a usar de manera efectiva y contundente para enfrentar los problemas del país. Sin embargo, se requieren alrededor de diez días para emitir los primeros decretos legislativos; una burocracia que buscábamos simplificar, y que no nos permitieron", declaró.

Galarreta también anunció que el Gobierno presentaría proyectos de ley con carácter prioritario y recurriría a decretos de urgencia para impulsar las medidas que no recibieron autorización del Parlamento. Entre las propuestas que mencionó estaban el acceso al primer empleo, la formalización laboral y la agilización de obras de saneamiento, agua potable y desagüe.

Sin embargo, los plazos anunciados cambiaron en los días posteriores. El 25 de octubre, el premier sostuvo que los primeros decretos legislativos estarían listos en un máximo de 20 días. Un día después, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, calculó que las normas empezarían a publicarse en dos o tres semanas.

Diputados cuestionan demora del Gobierno y recuerdan la urgencia que defendió el fujimorismo

Las explicaciones del Ejecutivo no convencieron a todos los integrantes de la Cámara de Diputados. Frank Krklec, de Renovación Popular, cuestionó que el Gobierno tampoco hubiera presentado proyectos de ley sobre otras materias que consideraba urgentes, como la reactivación económica y la formalización laboral. Según explicó, estas iniciativas podían ingresar al Parlamento para su evaluación, sin necesidad de esperar los decretos legislativos.

"Si es un tema tan urgente ya debieron haber tenido listos los decretos legislativos. Entonces esperamos que los publiquen pronto", manifestó. El diputado también recordó que el Ejecutivo tenía 90 días para ejercer las facultades, pero sostuvo que ese plazo no justificaba postergar las medidas que el propio Gobierno había presentado como prioritarias. Añadió que existían otros mecanismos, como los decretos de urgencia y los decretos supremos, que podían utilizarse dentro de las competencias del Ejecutivo.

Desde Juntos por el Perú, Ernesto Zunini cuestionó el trámite que siguió el pedido de facultades y consideró que el Gobierno utilizó el debate para presionar a la Cámara de Diputados. "Hasta ahora no hemos visto una iniciativa concreta de parte del Gobierno, eso es algo lamentable", afirmó. También criticó las decisiones adoptadas frente a la inseguridad ciudadana y mencionó los casos de extorsión y sicariato que continúan afectando a la población.

Su compañera de bancada, Catherine Palomino, cuestionó además los recursos destinados a atender las emergencias. La diputada sostuvo que el crédito suplementario tampoco contempló un monto considerable para enfrentar los problemas que el Ejecutivo presentó como prioritarios. Sobre la demora de las normas, consideró que no existía una justificación técnica suficiente y que el avance dependía de la voluntad política del Gobierno. "Ha pasado ya una semana y no le están dando prioridad", señaló.

Luis Quispe Candia, de Buen Gobierno, aportó otro cuestionamiento. Como presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, aseguró que su grupo de trabajo todavía no había recibido propuestas legislativas del Ejecutivo relacionadas con las materias de su competencia. También mencionó que no observaba iniciativas sobre seguridad ciudadana en las comisiones correspondientes. "Por parte del Ejecutivo no vemos un avance a pesar de que han presionado", señaló.

En Ahora Nación, César Holguín sostuvo que las medidas debieron prepararse desde que la Cámara de Diputados aprobó la primera parte de la delegación. "Si la urgencia era real, los decretos debieron trabajarse, por lo menos, desde que las facultades fueron aprobadas en la Cámara de Diputados", declaró. El legislador también cuestionó otras decisiones del Gobierno, como el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la compra de cazas mediante el crédito suplementario.

Sin embargo, las explicaciones de los representantes de Fuerza Popular fueron distintas. Jhonn Valqui justificó el tiempo que requiere el Ejecutivo por los procedimientos administrativos y sostuvo que el gasto público no puede ejecutarse de un día para otro. "No se puede gastar el tesoro público de la noche para la mañana", manifestó. El legislador aseguró que esperaba resultados en un periodo corto, pues la atención de la inseguridad y del fenómeno El Niño debía ser una prioridad inmediata.

Arturo Alegría, también de Fuerza Popular, defendió los plazos del Gobierno y explicó que los decretos legislativos deben pasar por el Consejo de Ministros antes de su aprobación. "Esto tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros. Y para que exista Consejo de Ministros tiene que haber una sesión del Consejo de Ministros donde se puedan aprobar cada uno de los decretos legislativos", sostuvo. Por ello, pidió paciencia y expresó su confianza en que las normas saldrían dentro del plazo correspondiente.

Desde Renovación Popular, Norma Yarrow recordó que su bancada había pedido celeridad al Ejecutivo, pero trasladó la responsabilidad de elaborar las normas al Gobierno. "Nosotros no vamos a ir a redactar las leyes", afirmó. La diputada también señaló que la ausencia de Keiko Fujimori por su viaje a El Salvador no debía paralizar la gestión, pues el presidente del Consejo de Ministros y el segundo vicepresidente podían asumir las responsabilidades correspondientes.

En una posición más favorable a los plazos del Ejecutivo, Andrea Medina, diputada de Obras, consideró que todavía era necesario esperar porque el Senado había culminado la aprobación de las facultades recién la última semana. "Yo creo que estamos dentro del plazo para empezar a ver los resultados y la operatividad del Gobierno. Es cuestión de esperar un poquito más", manifestó. Medina sostuvo que ya existía una agenda planteada por el Ejecutivo y que correspondía esperar a que comenzara su ejecución.

La legisladora también defendió el viaje de Fujimori a El Salvador y descartó que su ausencia implicara un abandono de sus responsabilidades. Según indicó, los ministros podían continuar con sus funciones mientras la presidenta cumplía con su agenda internacional. Además, consideró que la visita podía permitir al Gobierno conocer experiencias de seguridad aplicadas en ese país. Medina insistió en que la delegación fue resultado de un consenso entre bancadas y que, por ello, correspondía esperar la publicación de los decretos.

Andy Phillips Zevallos, politólogo, cuestiona la falta de medidas concretas del Gobierno

El politólogo Andy Zevallos señaló que el Gobierno generó expectativas al prometer que trabajaría desde el primer día en seguridad ciudadana y otros problemas urgentes. Por ello, consideró que debió presentar planes concretos antes de solicitar facultades al Congreso. También cuestionó que el pedido incluyera materias que excedían los dos ejes que el propio Ejecutivo había presentado como prioritarios: seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. "Hay una primera contradicción entre lo que ellos aseguran que es lo crítico y prioritario y lo que finalmente han enviado", sostuvo.

El especialista también criticó que el Ejecutivo no optara por presentar proyectos de ley específicos y que, en cambio, profundizara las diferencias con la Cámara de Diputados durante la discusión de las facultades. A ello sumó el viaje de Keiko Fujimori a El Salvador, que consideró una prioridad desacertada frente a las medidas pendientes. "Hay un enfoque de que importa más el parecer que el hacer", afirmó. Para Zevallos, la visita evidenció una gestión más enfocada en la exposición pública que en la formulación de políticas para atender los problemas del país.

Al ser consultado por las razones que podrían explicar el retraso, el politólogo descartó que existiera una justificación técnica o legal. "No encuentro una justificación", respondió. En su análisis, el problema era político y estaba relacionado con la ausencia de propuestas para llevar adelante las medidas anunciadas. "La razón de sentido común o de lógica es que no tienen ideas", concluyó.

A través de una publicación, la institución recordó su labor al servicio de la Iglesia y de la población. Además, pidió que Cristo Resucitado lo recibiera en su Reino y que Dios brindara consuelo a sus familiares, al clero y a la comunidad arquidiocesana.

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El comunicado oficial del Arzobispado fue firmado por el arzobispo coadjutor, monseñor Lizardo Estrada Herrera. En el mensaje, la institución expresó su pesar y elevó oraciones por el descanso eterno de Alarcón. “Que Dios, en su infinita misericordia, lo reciba en su Reino y le conceda el descanso eterno”, indicó el pronunciamiento.

Su fallecimiento ocurre a pocos días de la llegada de León XIV al Cusco. Según la agenda difundida para el viaje, el pontífice tiene previsto arribar el 15 de noviembre, a las 10.00 a. m., al aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Después, participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el parque arqueológico de Sacsayhuamán y dirigirá el Ángelus frente a la Basílica Catedral.

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¿Quién fue Richard Alarcón, arzobispo de Cusco?

Richard Daniel Alarcón Urrutia nació en Lima el 10 de abril de 1952. Inició su formación religiosa en la Orden Franciscana en 1969. Estudió Filosofía en Cusco y Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1976, después de realizar su profesión solemne como franciscano.

Durante sus primeros años de servicio religioso, estuvo a cargo de distintas parroquias y labores de formación. Trabajó en Cusco, Juliaca y Lima. Más adelante, pasó a la Diócesis de Tarma, donde fue párroco de San Cristóbal de Palcamayo, administrador diocesano y responsable de la parroquia de la Catedral Santa Ana. En 2001, fue nombrado obispo de Tarma.

El papa Francisco lo nombró arzobispo de Cusco el 27 de octubre de 2014. Alarcón asumió oficialmente el cargo el 3 de enero de 2015. En 2012 también había sido elegido presidente de Cáritas del Perú y miembro del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana. Entre 2018 y 2021 presidió la Comisión Episcopal de Liturgia.

Uno de los dos finalistas es Carlos Loyola. Es ingeniero industrial, con maestría en Administración en ESAN y doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, y ocupó cargos de gestión en el Reniec.

Ya fue el único candidato del concurso anterior, en el cual la JNJ lo sacó en junio por no declarar dos procesos civiles en trámite, lo reincorporó cuando él pidió reconsiderar la decisión y al final no reunió los cinco votos de siete que exigía el Pleno. Ese concurso quedó desierto.

El otro finalista es José Pérez Duharte. Es abogado por la Universidad de Lima y tiene un doctorado en Gobierno y Administración Pública. También postuló en el concurso anterior, pero no pasó la evaluación de conocimientos, ya que sacó 66 puntos y el mínimo era 70.

Pérez Duharte deberá presentar su documentación ante la JNJ para pasar a la evaluación curricular. Los resultados se publicarán el 12 de noviembre, junto con los formularios de calificación de cada postulante.

Quien no esté de acuerdo con su puntaje podrá pedir que se revise entre el 13 y el 17 de noviembre, y el 24 de noviembre la JNJ responderá esos pedidos y publicará quiénes pasan a la siguiente etapa.

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Plan de trabajo, entrevistas y tachas

Los que sigan en carrera deberán entregar su Plan de Trabajo el 27 y el 30 de noviembre, por el portal web de la JNJ. El 2 de diciembre lo sustentarán frente al Pleno y ese mismo día se publicarán las notas y la lista final de aptos. Las entrevistas personales serán el 28 de diciembre.

Cualquier ciudadano podrá presentar tachas contra los habilitados del 13 al 24 de noviembre. Las denuncias se recibirán hasta el 21 de diciembre, una semana antes de las entrevistas.

"Señalar que todo esto es un simple chisme. Mi confianza en el primer ministro es absoluta. Él es un simple colaborador que busca apoyar en este comité consultivo de la Presidencia", indicó la mandataria.

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Distintas fuentes habían señalado que José Chlimper era uno de los voceados para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros en el futuro. Al respecto, Fujimori indicó que el exministro de Agricultura y actual integrante de la Comisión Consultiva ya había descartado la posibilidad. "El mismo señor Chlimper ha salido en una entrevista a detallar que no tiene ninguna intención de ser ministro de Estado", dijo la presidenta.

La mandataria cumple el tercer día de su viaje por El Salvador. Durante su estancia en el país centroamericano, Fujimori se ha reunido con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y algunos de sus ministros. Además, ha visitado el Centro contra el Terrorismo (CECOT) y distintas instituciones educativas.

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Galarreta también niega que vaya a dejar el cargo

El propio Galarreta se pronunció sobre los trascendidos que lo situaban fuera del cargo de primer ministro. Durante una visita a Tumbes, acompañado por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinellí, el presidente del Consejo de Ministros calificó de “chismes” las versiones sobre una eventual salida del cargo.

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"Los ministros siempre van a estar en evaluación, todos los ministros, pero ahorita todos estamos abocados a luchar contra la criminalidad, a enfrentar el fenómeno de El Niño y varios ministerios más a sus sectores. Así que yo no comento sobre chismes, digamos, pero sí sobre el tema de fondo. El tema de fondo es que nuestra capacidad de reacción tiene que ser diferente a otros momentos", señaló el jefe del gabinete ministerial a RPP.

Días atrás, José Chlimper, el señalado para asumir el cargo, había asegurado que no reemplazaría a Galarreta al frente del gabinete ministerial. "Lucho no solo es primer vicepresidente, es secretario general de nuestro partido y Lucho está totalmente a cargo del premierato", declaró en Canal N.

Consultado directamente si se sentía seguro, aceptó que no ha disminuido el crimen. “Yo no me siento seguro ni yo ni mis hijos, ni los transportistas ni los emprendedores nadie se siente seguro. Hoy hay una percepción de inseguridad tremenda en el país, todos los días muertes”, declaró.

Al preguntarle por los privilegios de los políticos, como la seguridad del Estado en sus visitas a regiones, Barragán optó por minimizar ese resguardo. “No es una seguridad, es un acompañamiento”, dijo. Sin embargo, entre las funciones de esa dirección de la PNP está justamente resguardar y proteger a los parlamentarios.

En esa misma línea, días atrás, la diputada Amalia Palomino de Juntos por el Perú también dijo en Arequipa que se siente insegura en el país, aunque la acompañaba personal de la Policía de Seguridad del Estado. Es decir, ambos parlamentarios con resguardo policial en regiones admiten no sentirse protegidos.

Sobre el viaje de la presidenta a San Salvador, Palomino no vio en él una respuesta a la crisis que ella misma dice sufrir. “No creo que haya pedido ayuda. Creo que ha ido a escuchar y a aprender las experiencias de otros países, todo puede ser mejorable”, mencionó.

“¿Para qué viajó Keiko Fujimori a El Salvador? Voté en contra de ese viaje y hoy el propio Bukele nos da la razón: copiar su modelo de seguridad en el Perú «no tendría sentido». Mientras la presidenta viaja, las extorsiones y asesinatos continúan ¿Qué resultados trajo? ¿Cuánto nos costó? La inseguridad no se combate con fotografías ni turismo presidencial. Se combate con una reforma policial profunda, inteligencia y resultados”, escribió.

Bukele fue más explícito ante la prensa. Dijo que “la idiosincrasia de la delincuencia del Perú es distinta” a la salvadoreña y que la inseguridad peruana “es real, pero no es comparable” a la que enfrentó su país. “La medicina no tiene que ser tan fuerte para una enfermedad más pequeña”, manifestó.

Fujimori, en cambio, había calificado el sistema salvadoreño como modelo exitoso, el modelo Bukele durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Sin embargo, no detalló qué medidas concretas aplicaría en el Perú. Lo que sí anunció fue la construcción de dos cárceles, una para internos de alta peligrosidad, inspirada en aspectos del Cecot, y otra para presos de menor riesgo.

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El costo y el voto en el Senado

La comitiva de siete personas, incluida la presidenta, representó un gasto de US$19.616,15, de los cuales US$12.686,15 fueron pasajes y US$6.930 viáticos, según la resolución publicada en El Peruano. A ese monto se suman los pasajes y viáticos del canciller Carlos Espá y del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, que pagaron sus propios sectores. Solo el pasaje de Espá costó US$1.031,80, más US$472,50 de viáticos.

El Senado autorizó el viaje el 7 de octubre con 38 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Los votos en contra provinieron de Juntos por el Perú y de un sector de Ahora Nación. En el debate, Luque sostuvo que la seguridad requiere una estrategia propia, con reformas en la Policía, inteligencia e investigación criminal.

Del lado del oficialismo, el presidente del Congreso, Miguel Torres, calificó el viaje como fundamental y un acierto para conocer las lecciones aprendidas de El Salvador. La presidenta retorna el 31 de octubre y viajará a Madrid el 2 de noviembre, para la Cumbre Iberoamericana.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

Las primeras audiencias de proclamación, todas en el ámbito distrital, iniciaron el último 28 de octubre en los JEE de Jaén, Tumbes, Bagua y Oxapampa. Luego, el 29, hicieron lo propio los JEE de Lima Oeste 1, Lima Oeste 3, Jaén, Huamanga y Huaraz. Este viernes 30 se ha programado audiencia de proclamación el JEE de Moyobamba y Trujillo.

Las proclamaciones de resultados de las ERM se realizarán de manera progresiva en los próximos días, y se estima que concluirán hacia la segunda semana de noviembre.

Los JEE realizan la programación de sus respectivas audiencias públicas tras recibir de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) el reporte del cómputo al 100 por ciento de las actas contabilizadas.

Demoras en proclamación de resultados

Las elecciones regionales y municipales se realizaron el último 4 de octubre. La segunda vuelta está programada para el 6 de diciembre.

Es decir, casi un mes después de que los ciudadanos acudieran a las urnas, recién se conocen los resultados oficiales. Las reglas del JNE de impugnar votos y actas, solicitar recuentos y presentar apelaciones ante distintas instancias electorales garantiza el respeto al voto popular, sin embargo, también implica demoras.

El especialista en derecho electoral, Jorge Jáuregui, explicó a La República que la demora en la proclamación de resultados se debe al sistema de votación convencional que se utiliza, basado en el sufragio presencial y el registro manual de los resultados.

Si bien ello ofrece garantías de seguridad, también genera demoras en el procesamiento de las actas electorales. Los errores materiales durante el llenado de estos documentos y la necesidad de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan las observaciones son algunos de los factores que prolongan la proclamación de las autoridades electas, anotó.

El procedimiento también está expuesto a errores materiales durante el llenado de las actas. Por ello, enfatizó que la falta de firmas, la omisión de datos u otras inconsistencias pueden impedir que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) procesen determinados documentos y los incorporen al cómputo oficial.

Cuando esto ocurre, las actas deben ser remitidas a los JEE para que resuelvan las observaciones. El procedimiento puede incluir audiencias y decisiones jurisdiccionales, lo que extiende los plazos del procesamiento electoral.

Resultados

JEE de Tumbes

JEE de Jaén (Cajamarca)

JEE de San Pablo (Cajamarca)

JEE de Bagua

JEE de Oxapampa

JEE de Huamanga

JEE de Lima Norte 1

JEE de Lima Norte 2

JEE de Lima Oeste 1

JEE de Lima Oeste 3

"El partido falló en sus filtros. Gavidia le mintió a Jorge Nieto y se fue. Y ahí queda. Ya me resulta irrelevante hablar de alguien que necesita justificarse con alguien que ni siquiera lo está entrevistando. De repente, el fujimorismo va a ser un buen lugar para él”, dijo la diputada del Partido del Buen Gobierno en una entrevista con Pedro Salinas en La Mula.

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Respecto a los presuntos acercamientos de Gavidia a Fuerza Popular, que surgieron a raíz de las declaraciones de representantes de la bancada naranja, Alayza señaló que no tiene mayores inconvenientes con esa posibilidad. La legisladora no negó que la renuncia representa un revés para la agrupación, pero consideró que lo mejor es "dar vuelta a la página".

“Si Patricia Juárez lo quiere, que se lo lleve. No es lo ideal ser un partido nuevo y que se haya ido alguien. Pero ya está, ya se fue. No pretendo invertir mis horas de entrevista para hablar de alguien que ni siquiera tiene la decencia de renunciar frente al líder del partido y sale por la puerta falsa”, indicó.

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Susana Matute también cuestionó salida de Gavidia

Sin embargo, Rossana Alayza no fue la única integrante del Partido del Buen Gobierno que se pronunció sobre la salida de Gavidia. Susana Matute, otra de las figuras de la agrupación, señaló que el senador debió exponer sus motivos ante sus compañeros antes de tomar la decisión de renunciar.

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“No hemos tenido oportunidad de hablar con él y nos hubiera gustado escuchar sus argumentos y que hablara con nosotros. Cosa que hacía en la campaña y al empezar la gestión. Sabemos de él por sus redes y por las publicaciones que hace, pero no porque se aproxime a nosotros. Somos adultos y cada quien tiene que hacerse responsable de las decisiones que toma”, declaró a RPP.

Matute también cuestionó que Gavidia no haya considerado el impacto de su decisión en los electores que le confiaron su voto. “Esta es una experiencia que les pasa a otros. Esta vez nos tocó a nosotros y nos ayuda a entender cómo funciona la política. Lamento las decisiones que toma Jorge (Gavidia), probablemente él hubiera tenido la oportunidad de ejercer su voto si exponía ante la bancada sus argumentos. Él no ha pensado que hay colectivos en torno a él que tienen que ver con su presencia dentro del Congreso. Él es parte de una bancada y tiene líderes que lo representan. Todo eso debió pesar también en la toma de su decisión”, indicó.

Frente a la ola delincuencial que azota al país y tras abogar por la comprensión y solidaridad de la población hacia las demandas actuales de los transportistas, el experto recomendó trabajar en una agenda de necesarias reformas en instituciones como la Policía, con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía.

"La Policía debe dar una respuesta mucho más efectiva a las preocupaciones de la ciudadanía. Para eso se necesita tener un brazo de inteligencia más afiatado y desarrollado que el actual. Además, se deben mejorar los mecanismos de lucha anticorrupción al interior de la institución policial", planteó.

También recomendó hacer una evaluación de las últimas leyes que el Congreso de la República ha aprobado sobre el tema y que han generado, según refirió, "una serie de zonas grises para enfrentar a las economías ilegales". Aclaró que esa labor debe trabajarse y enfrentarse desde el espacio del Legislativo.

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Finalmente, el catedrático sanmarquino hizo un llamado a superar lo que consideró un permanente enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Fiscalía. "Los fiscales vienen siendo cuestionados y si bien hay que trabajar en mejorar la labor de la fiscalía, es necesario avanzar en un trabajo articulado, si no es muy difícil combatir a las economías delictivas", concluyó.

CONTROL MIGRATORIO EN 222 HOTELES

Mientras tanto, las autoridades ejecutan masivos operativos de búsqueda y captura de delincuentes en todo el país, bajo la coordinación del denominado Comando Unificado, conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El último miércoles se desplegó una movilización simultánea en 222 hoteles de 17 regiones del país, con el objetivo de verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros y fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre el registro de huéspedes.

Las intervenciones estuvieron a cargo de equipos de las 17 jefaturas zonales de la Superintendencia Nacional de Migraciones, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Durante las acciones, los inspectores de Migraciones verificaron la identidad y documentación de los ciudadanos extranjeros alojados, así como su situación migratoria en el país. También se supervisó que los establecimientos cumplieran con la obligación de registrar a sus huéspedes, a fin de detectar posibles irregularidades y fortalecer el control migratorio.

Al respecto, el superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, señaló: "Seguimos trabajando en costa, sierra y selva, por la seguridad nacional y el orden interno. Hoy estamos en los establecimientos de hospedaje de 17 regiones, haciendo cumplir la normativa migratoria".

Por su parte, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Víctor Meza Farfán, resaltó la articulación entre todas entidades que conforman el sector Interior para fortalecer las acciones de control e intervenir a ciudadanos extranjeros que habrían ingresado irregularmente al país.

"Continuaremos realizando estos operativos de manera permanente", remarcó el general. Asimismo, indicó que, en el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana, las intervenciones se intensifican para reforzar las labores de control y alcanzar mayores resultados.

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A su turno, el superintendente nacional de Sucamec, Eswin Manay, destacó que la entidad contribuye a la lucha frontal contra el crimen organizado mediante acciones destinadas a retirar de circulación municiones, armas y explosivos en posesión de personas no autorizadas y de empresas de seguridad privada que incumplen la normativa vigente.

Jorge Duárez advierte que "las bandas delincuenciales han logrado controlar sectores sensibles de la economía, como la construcción y el transporte, y, a partir de ahí, tejer una serie de redes de control territorial sobre la base de la extorsión; pero hay que entender a su vez que esas acciones delictivas tienen muchas ramas, de ahí su complejidad", advierte el especialista.

Duárez Mendoza considera, además, que las acciones fallidas y desarticuladas entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado en la lucha contra la delincuencia han suscitado la desconfianza y el descrédito ciudadano en sus instituciones, como la Policía Nacional del Perú (PNP).

El profesor Duárez cuestionó, además, el rol del Congreso de la República en ese aspecto pues dijo que ha venido "aprobando leyes que en vez de castigar o enfrentar el avance de la inseguridad han generado, paradójicamente, situaciones que la han acentuado".

En su lugar, anunciaron que el Pleno revisará de oficio de las proclamaciones realizadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) sobre “aspectos numérico y de orden general respecto a las autoridades elegidas y proclamadas”.

Según explicaron, la revisión busca “asegurar la coherencia y uniformidad” de los pronunciamientos. Esto debido a que se trata de 91 JEE y que durante el proceso electoral se han presentado “diversas situaciones que demandan criterios uniformes de actuación”.

“Resulta necesario establecer un mecanismo que permita asegurar la coherencia y uniformidad de los pronunciamientos jurisdiccionales, a fin de garantizar la aplicación homogénea de los criterios correspondientes”, se lee.

El 23 de diciembre es la fecha límite para recuento de votos

Por otro lado, el Pleno del JNE estableció el 23 de diciembre como fecha límite para que los JEE realicen audiencias públicas de recuento de votos.

“Resulta necesario establecer hitos temporales máximos para la realización de las audiencias de recuento, que permitan concluir oportunamente el cómputo electoral”, indicaron.

JNE continua sin pronunciarse sobre los casos de reelecciones encubiertas

Si bien los lineamientos permitirán continuar y finalizar con el proceso electoral, no se refieren directamente a los casos de reelecciones encubiertas. A nivel nacional son 21 casos (14 alcaldías distritales y 7 provinciales).

La última comunicación sobre el tema vino de Ernesto Rosales, especialista legal del JNE, quien informó que se necesitaba el conteo de votos finalizado para que los JEE y JNE emitan una decisión.

“Tenemos que tener el caso concreto específicamente resuelto al 100% del procesamiento de votos para tener un ganador. Luego, que se identifique a todos los ganadores a nivel nacional (provincial y distrital), se evaluarán aquellos casos en los que no hubiese un candidato a la alcaldía y tuviese que asumir algunos de los regidores que han postulado con dicha lista. La evaluación depende del razonamiento que aplique el JEE y el Pleno del JNE. No podría señalar una fecha”, manifestó.

Sobre el caso específico de López Aliaga, Rosales indicó que es comprensible la preocupación de la ciudadanía, pero que “la justicia electoral no puede ponerse en supuestos”.

Agregó que no podía hablar de un caso particular porque estaría incumpliendo la labor que realizan los JEE y el Pleno.

”El sistema salvadoreño tendrá, por distintas razones, un sistema efectivo. Tendrá mucho que tomarse en cuenta, con elementos que tenga para uno u otro. Ahora, copiarlo idéntico no tendría sentido, ya que todo país tiene realidades distintas. El problema de inseguridad del Perú es real, pero no es comparable al que tenía El Salvador. La medicina no tiene que ser tan fuerte para una enfermedad más pequeña”, declaró Bukele.

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En las últimas semanas, el viaje de Fujimori a El Salvador fue promocionado, entre otros motivos, como una oportunidad para conocer las políticas de seguridad implementadas en ese país y evaluar su posible aplicación frente a la crisis nacional. Durante su intervención, Bukele también señaló que existen diferencias entre las características y las formas de operar del crimen organizado en ambos países.

“La idiosincrasia de la delincuencia del Perú es distinta a la idiosincrasia de la delincuencia que hay en El Salvador. Nosotros nunca hemos tratado de decir que este es el sistema para todos los países. Este es el sistema para El Salvador”, sostuvo.

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La visita de Keiko Fujimori a El Salvador

La presidenta Keiko Fujimori viajó a El Salvador para reunirse con su homólogo Nayib Bukele. La mandataria estuvo acompañada por los ministros Carlos Espá (Relaciones Exteriores), César Astudillo (Interior), Ernesto Álvarez (Justicia y Derechos Humanos) y Luis Dyer (Salud). La visita, que se prolongará hasta el 31 de octubre, tiene como objetivo abordar asuntos relacionados con la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, según informó el Estado peruano.

El desplazamiento se produce en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el país y será financiado íntegramente con recursos públicos. El viaje de la comitiva, incluida la mandataria, representa un desembolso de US$19.616,15 para el Estado peruano. De acuerdo con la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, US$12.686,15 se destinarán a cubrir los pasajes aéreos, mientras que los US$6.930 restantes corresponden a viáticos.

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Durante sus primeras horas en territorio salvadoreño, Fujimori visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde elogió la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Bukele. «El proceso que ha seguido El Salvador para conseguir la paz y la tranquilidad con este modelo exitoso, el modelo Bukele», manifestó.

Asimismo, sin presentar mayores elementos que respalden sus afirmaciones, la mandataria reiteró el discurso que expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostuvo que en el Perú se ha debilitado y desprotegido a las fuerzas del orden. «Lamentablemente, décadas siguientes, el Perú nuevamente debilitó sus instituciones y, lo que es peor, debilitó y persiguió a sus Fuerzas Armadas y a su Policía Nacional», afirmó.

"Los ministros siempre van a estar en evaluación, todos los ministros, pero ahorita todos estamos abocados a luchar contra la criminalidad, a enfrentar el fenómeno de El Niño y varios ministerios más a sus sectores. Así que yo no comento sobre chismes, digamos, pero sí sobre el tema de fondo. El tema de fondo es que nuestra capacidad de reacción tiene que ser diferente a otros momentos", señaló el jefe del gabinete ministerial a RPP.

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De acuerdo con fuentes de este diario, Galarreta ya no contaría con el respaldo suficiente para mantenerse en el cargo. Esta situación habría llevado a que la presidenta Keiko Fujimori evalúe la posibilidad de retirarle la confianza y colocar a otra figura cercana al Gobierno al frente de la PCM.

Las mismas fuentes señalan que los motivos que habrían llevado a evaluar su salida son la falta de medidas frente al Fenómeno de El Niño, la crisis de inseguridad ciudadana y el retraso en la aprobación de la delegación de facultades legislativas en el Congreso.

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José Chlimper niega que vaya a reemplazar a Luis Galarreta

José Chlimper descartó la posibilidad de asumir la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en reemplazo de Luis Galarreta y respaldó la permanencia del actual jefe del gabinete. Durante una entrevista con Canal N, el dirigente de Fuerza Popular rechazó los rumores sobre su eventual designación y sostuvo que Galarreta continúa ejerciendo sus funciones al frente de la PCM.

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"Lucho no solo es primer vicepresidente, es secretario general de nuestro partido y Lucho está totalmente a cargo del premierato", declaró en Canal N.

"Yo no tengo ningún afán político ulterior, ni aceptaré cargo público alguno en el futuro, por razones de edad y de salud", publicó en su momento el exministro tras unirse al Comité Consultivo de la presidenta Keiko Fujimori.

"El proceso que ha seguido El Salvador para conseguir la paz y la tranquilidad con este modelo exitoso, el modelo Bukele", manifestó Fujimori durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), al referirse a la estrategia del presidente salvadoreño. La jefa de Estado no detalló qué medidas concretas de ese modelo considera que deberían aplicarse en Perú ni cómo se adaptarían a la realidad nacional.

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Para respaldar su postura, recordó la lucha contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante las décadas de 1980 y comienzos de 1990. Según afirmó, la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la población organizada, a través de los comités de autodefensa y las rondas campesinas, permitió alcanzar la paz.

Sin embargo, Fujimori cuestionó el trato que recibieron las instituciones militares y policiales en los años posteriores. “Lamentablemente, décadas siguientes, el Perú nuevamente debilitó sus instituciones y lo que es peor, debilitó y persiguió a sus Fuerzas Armadas y a su Policía Nacional”, declaró. No precisó a qué gobiernos, medidas o decisiones se refería con esa acusación.

La excandidata presidencial también relacionó ese supuesto debilitamiento institucional con el avance de la criminalidad organizada internacional en Latinoamérica. A partir de ese diagnóstico, planteó que el país debe recuperar el orden, aunque reconoció que el escenario actual es distinto al de las décadas en las que operaban los grupos subversivos.

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Keiko Fujimori equipara a bandas criminales con grupos terroristas

En otro momento de su intervención, Fujimori comparó a las organizaciones criminales que operan actualmente en la región con los grupos terroristas que enfrentó Perú durante el conflicto armado interno. La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que estas bandas representan una amenaza que supera las fronteras nacionales y que requieren una respuesta firme del Estado.

“Pero ya no de grupos terroristas, sino de estas bandas criminales. Que no respetan fronteras, pero que son grupos terroristas”, afirmó durante su visita a El Salvador.

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La declaración plantea una equivalencia entre dos fenómenos de distinta naturaleza. Mientras Sendero Luminoso y el MRTA fueron organizaciones subversivas responsables de graves actos de violencia durante el conflicto armado interno, las bandas criminales actuales están vinculadas a delitos como la extorsión, el sicariato y el tráfico ilícito de drogas.

Pese a presentar el modelo salvadoreño como una experiencia exitosa, la dirigente no explicó qué mecanismos de la política de Bukele propone trasladar al Perú ni qué garantías deberían acompañar su aplicación. Su discurso se concentró en reivindicar el papel de las fuerzas del orden y cuestionar el tratamiento que recibieron las instituciones peruanas en gobiernos anteriores.

"No les puedo decir quién asumirá el nuevo cargo de vocero. Yo no podría serlo, estoy en cuatro comisiones y soy segundo vicepresidente. El tiempo es muy poco. Si queremos hacer un buen trabajo, tenemos que hacer que otros de la bancada asuman la vocería", indicó a Epicentro.

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Sobre la salida de Holguín, Colchado expresó su respeto hacia su compañero de bancada. Señaló que la decisión es la correcta para que el trabajo de vocería pueda ser llevado de la mejor manera.

"Para mí Holguín merece mi mayor respeto. Es muy capaz y lo respetamos mucho. Pero no coincide con la mayoría. Lo mejor para un vocero que no coincide con la mayoría es dar un paso al costado. Se le respeta", señaló.

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Holguín renuncia a la vocería de Ahora Nación

El diputado César Holguín presentó su renuncia irrevocable a la vocería de Ahora Nación tras expresar su desacuerdo con la posición de su bancada frente a la delegación de facultades al Gobierno y la interpelación al ministro del Interior. En una carta dirigida a Alfonso López Chau, titular del grupo parlamentario, argumentó que sus discrepancias eran incompatibles con las responsabilidades de representación del cargo.

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No obstante, fuentes de la propia agrupación señalaron a La República que la salida de Holguín de la vocería habría sido una decisión de la bancada que lo tomó por sorpresa. Según estas versiones, el legislador se encontraba desconcertado ante lo ocurrido.

José Marcelo, presidente de la Comisión de Economía y cercano a López Chau, sería uno de los principales candidatos para ocupar el puesto. Holguín no asistió a la reunión que sus colegas sostuvieron ayer con el ministro de Energía y Minas. Al igual que él, otros miembros de Ahora Nación como Indira Huilca, Ruth Luque y Jaime Delgado tampoco lo hicieron.

Reynaga pasó a encabezar la lista de Somos Perú luego de que la candidata a la alcaldía, Felicita María Rodríguez Peña, renunciara justo en medio del proceso electoral.

Esa agrupación política ganó con 31.858 votos (25,7% de los válidos), por delante de Renovación Popular, con 27.871 (22,5%), y Podemos Perú, con 23.427 (18,9%).

Por ser la lista que más votos tuvo, Somos Perú se quedó con ocho de las once regidurías. Renovación Popular obtuvo dos y Podemos Perú una.

Cuando se instale el concejo, este deberá pedir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la credencial de alcalde para el primer regidor, es decir, para Reynaga. Si es que Burneo, presidente del JNE, se la entrega, extendería su mandato por otros cuatro años.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) exigió al Pleno del JNE fijar una posición expresa sobre 130 presuntos casos de reelección encubierta en las ERM 2026.

Qué pasará el 1 de enero en los municipios con reelección encubierta

Jorge Valdivia, asesor del gabinete del JNE, explicó a Ojo Público cómo se procederá. Los Jurados Electorales Especiales proclamarán primero a los primeros regidores. Como no habrá alcalde electo, aplicarán la Ley Orgánica de Municipalidades y pedirán al JNE las credenciales de quien asuma la alcaldía y de quien complete el número de regidores, mediante un expediente de convocatoria de candidato no proclamado.

"Tienen que realizar un expediente que se llama (convocatoria de) candidato no proclamado’ para solicitar las credenciales", dijo.

El primer regidor asume el viernes 1 de enero de 2027, feriado seguido de fin de semana, así que el pedido de credenciales recién se atenderá el lunes 4. Serán como mínimo cuatro días en los que el primer regidor ocupe la alcaldía, porque el artículo 24 de la ley municipal le encarga asumirla ante la ausencia del alcalde. Cuando ese primer regidor es el alcalde del periodo anterior, tendría un liderazgo temporal sin credencial oficial del JNE.

El politólogo Fernando Tuesta plantea que el JNE llamaría a quien sigue en la lista ganadora. En Lima sería Rafael López Aliaga como primer regidor; sin embargo, el especialista tuvo una opinión difernete.

"El JNE se encarga de entregar credenciales. Llama de la lista ganadora a quien postuló como alcalde. No está porque renunció entonces llama a quien sigue. Sería el señor López Aliaga como primer regidor. No se le puede entregar la credencial de alcalde porque está impedido por la Constitución. Se le entregará la credencial de regidor. ¿Quién asumirá la alcaldía? El regidor que sigue, el número 2", señaló.

La medida quedó sin efecto luego de que 7 diputados decidieran retirar sus firmas del documento. Entre los parlamentarios que retiraron su firma se encuentran cuatro integrantes de Obras: Juan César Cabrera Nieto, Arturo César Eusebio Padilla, Alejandro José Manay Pillaca y Andrea Dayna Medina Stein.

En el caso de Juntos por el Perú, los diputados en contra de la interpelación fueron Amalia Emilia Palomino Pacheco y Víctor Eduardo Piñán Mamani. Respecto de Ahora Nación, retiró su firma Helard Sonco Villanueva.

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La iniciativa fue impulsada por bancadas de oposición, contemplaba un pliego de 44 preguntas enfocado en evaluar la gestión del titular del sector Educación desde el inicio de su gestión el 28 de julio.

Además, abarcaba consultas sobre presuntas irregularidades administrativas detectadas en diversas instituciones del sector.

Las interrogantes estaban agrupadas en ocho bloques temáticos: uno enfocado en la crisis de la Universidad de Ucayali, cuatro centrados en la gestión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y un grupo de preguntas dirigido a revisar controversiales designaciones en el sector Educación, entre las que figuraban los excongresistas Esdras Medina, Tania Ramírez y Diana Gonzales.

La medida buscaba llevar al ministro al Pleno para responder por dichos cuestionamientos; sin embargo, el trámite quedó cancelado y la moción pasó al archivo tras no alcanzar el número mínimo de firmas requeridas por el reglamento.

Esta dimisión se suma a la del vocero titular, César Holguín, lo que evidencia tensiones internas por la línea política de la bancada y responde, en palabras del propio exvocero, a "diferencias incompatibles con el cargo".

Tras este panorama de dimisiones y discrepancias, se perfila que el diputado Ángel Meneses, hombre de confianza de López Chau, asuma la vocería titular en los próximos días con el fin de restablecer la coordinación interna del grupo.

Según fuentes internas, la salida de Huilca responde a la inconformidad de un sector de diputados militantes que cuestionaban el liderazgo de la vocería. Varios integrantes del bloque pidieron su renuncia, ya que consideraban que sus decisiones, al igual que las de Holguín, se tomaban sin consensuar con la bancada y al margen de la posición adoptada por la mayoría del grupo.

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Las diferencias se profundizaron durante el debate y posterior votación sobre la delegación de facultades solicitadas por el Ejecutivo.

Pese a que la mayoría de los diputados de Ahora Nación había acordado internamente votar a favor de la medida, los portavoces del grupo optaron por marcar una postura distinta sin haberla comunicado previamente al grupo, lo que agudizó la distancia entre la vocería y el bloque parlamentario.

A este escenario se suman los cuestionamientos por el manejo político y la toma de decisiones dentro de la organización. Fuentes de La República también señalan que las decisiones quedan concentradas en un entorno cerrado de asesores de confianza que ocupan despachos y comisiones principales.

Asimismo, se indica que López Chau mantiene reuniones de manera constante con figuras de Fuerza Popular como Patricia Juárez y Miguel Torres para abordar diversas negociaciones parlamentarias.

Su viaje al extranjero coincidió con la semana de representación realizada del 12 al 16 de octubre, días asignados para que cada parlamentario atienda las demandas de su región.

De acuerdo con el registro oficial, el congresista solicitó licencia solo del 12 al 16 de octubre, a pesar de haber salido del Perú el 9 y retornado el 17. Además, el viaje coincidió con la semana de su cumpleaños, celebrado apenas cuatro días después de su llegada de Europa.

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Tras su retorno a Lima el 17 de octubre, el parlamentario comenzó a difundir en sus redes sociales videos en los que se le observa realizando inspecciones de obras en Piura por el Fenómeno El Niño, pese a que las alertas iniciaron a finales de septiembre y requirieron la presencia de las autoridades regionales durante las semanas más críticas.

Sin embargo, en diálogo con La República, el diputado señaló que su viaje a España ya estaba programado por "motivos personales" y rechazó haber desatendido Piura durante las emergencias por lluvias. “El equipo ha estado trabajando y yo, ni bien he llegado, me he puesto también en el tema”, sostuvo.

Precisó que viajó el viernes 9 de octubre a las 11.00 p. m. y manifestó que no cobró los fondos de la semana de representación, argumentando que solicitó licencia sin goce de haber y que devolvió el bono correspondiente al Congreso.

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Ruth Luque asegura que tiene que haber transparencia

Frente a esta situación, la senadora Ruth Luque de Ahora Nación cuestionó la conducta del representante piurano y la falta de transparencia en la gestión de los viajes parlamentarios.

Al ser consultada sobre las razones del desplazamiento del congresista de Fuerza Popular al extranjero durante días laborales, Luque demandó explicaciones públicas.

Respecto al deber de los parlamentarios electos por regiones en situación de desastre, la senadora reiteró que se puede reflejar el verdadero compromiso con sus electores mediante la semana de representación.

"Yo creo que cada parlamentario prioriza (...). Creo que ahí tiene que haber una ponderación sobre cuáles son las prioridades reales que se perciben, especialmente cuando la población demanda que uno esté más presente en el territorio, especialmente si representas a una región, y el que ha sido electo por esa región, la población seguramente va a esperar mucho más probablemente de un congresista (...) sobre todo que Piura afronta en este momento temas de lluvia y requiere mayor atención”.

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Sobre la responsabilidad política de garantizar ayuda en desastres naturales, Luque destacó la importancia de la llegada y las coordinaciones de los representantes de las zonas afectadas.

"Creo que uno tiene que tratar siempre de estar en su territorio, especialmente si eres representante de esa zona, y en una situación de emergencia, asegurar que toda la ayuda y que todo el Estado en su conjunto funcione”.

Respecto a las publicaciones sobre Piura emitidas por Castillo días después de su viaje, la parlamentaria señaló que la comunicación no reemplaza a la rendición de cuentas.

"Cada uno maneja como quiere la comunicación, pero quizá aquí lo que hay que orientarse es por la transparencia (...). Si uno decide viajar en un contexto complejo, creo que lo primero es la transparencia (...) responder públicamente cuál ha sido el beneficio de viajar”.

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Alertas meteorológicas a inicios de octubre

La ausencia del parlamentario en su región cobró mayor gravedad frente a los avisos oficiales de los organismos técnicos. Desde el 23 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ya advertía sobre el ingreso de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones en la zona norte del país.

El escenario se tornó aún más complejo en pleno periodo de representación. El 16 de octubre, la Comisión Multisectorial del ENFEN mantuvo la 'Alerta de El Niño Costero', advirtiendo un incremento de lluvias por encima de los valores normales.

Dos días después, el 18 de octubre, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci emitió un reporte sobre precipitaciones capaces de activar quebradas en las provincias piuranas.