"Rechazo profundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría", indicó el diputado. Asimismo, Pérez Mallqui manifestó que continuará con las diligencias en curso. "He sido bastante respetuoso de todo el procedimiento hasta ahora y seguiré colaborando".

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La denuncia inicial contra el diputado Julián Pérez Mallqui, interpuesta por su expareja Bonilla Valerio, fue por violencia psicológica. La agraviada llegó a la comisaría de San Miguel afectada y solicitó acudir al baño debido a malestares.

Durante su estancia en la comisaría, los agentes presenciaron el momento en que el legislador agredió a la mujer con manotazos, un jalón de brazo y una zancadilla, mientras le advertía que se arrepentiría. Tras constatar las lesiones en los brazos de la víctima y la intervención del comisario a cargo, se ordenó la detención del parlamentario, quien se negó a firmar el acta policial, mientras que la denunciante, Laura Bonilla Valerio, indicó haber sufrido agresiones previas que no había reportado antes por vergüenza.

Pronunciamiento de Juntos por el Perú sobre el caso

La bancada de Juntos por el Perú se pronunció tras conocer la intervención del diputado Julián Pérez Mallqui. A través de un comunicado emitido este 30 de julio, el grupo parlamentario ratificó su "rechazo absoluto a toda forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto al debido proceso".

Asimismo, el partido señaló que seguirá el desarrollo de las indagaciones en curso. En esa línea, indicaron que evaluaran disponer las medidas que correspondan, según los resultados de la investigación y normas internas.

En paralelo a las diligencias policiales y fiscales, se conoció que la Comisión de Ética del Congreso investigará al diputado Julián Pérez apenas quede instalada, según lo señaló Harvey Colchado, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tras darse a conocer la denuncia en contra del actual diputado.

La parlamentaria de Ahora Nación, Indira Huilca, también indicó, vía Exitosa, que Pérez podría enfrentar una suspensión de hasta cuatro meses por parte de la Comisión de Ética. Asimismo, detalló que el caso podría derivar en el desafuero o la inhabilitación como máxima sanción a través de la Subcomisión de Acusaciones.

Adicionalmente, el congresista cuenta con sentencias registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Su hoja de vida detalla condenas previas por lesiones culposas, falsa declaración en procedimientos administrativos y un caso previo de violencia familiar, las cuales suman cerca de ocho años de penas. Además, se sumó la intervención policial que motivó su reciente detención en la comisaría de San Miguel.

Este pronunciamiento de López Chau surge tras la reciente juramentación de Juan Carlos Gonzáles y Luis Williams Dyer Fernández en el sector Salud.

En el caso de Dyer, su perfil genera rechazo entre gremios y especialistas, quienes cuestionan su capacidad para afrontar problemas estructurales como la saturación de hospitales y el desabastecimiento de medicamentos. Incluso el decano del Colegio Médico, Pedro Riega López, señaló que el nuevo titular del Minsa no cuenta con ninguna experiencia en el sector.

Por su parte, la incorporación de Gonzáles Hidalgo como secretario general del Minsa también generó diversos cuestionamientos. El funcionario es conocido por su vínculo familiar al estar casado con la sobrina de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP).

En su trayectoria por la administración pública, Gonzáles Hidalgo se desempeñó como secretario general de la Defensoría del Pueblo entre agosto de 2023 y enero de 2025, y ocupó el viceministerio de Políticas Agrarias del Minagri durante tres meses en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, su designación genera controversia, debido a sus antecedentes judiciales: enfrenta un pedido fiscal de nueve años de prisión por el presunto delito de colusión agravada, tras ser acusado de direccionar contratos millonarios para el programa Vaso de Leche cuando presidía la Comisión de Licitación de Obras en la Municipalidad Provincial de Tumbes.

Asimismo, acumula otra solicitud fiscal de seis años de prisión y una investigación por omisión de funciones vinculada a presuntas irregularidades en la construcción de pistas y veredas durante su gestión como gerente de administración en dicho municipio.

Keiko Fujimori defiende la elección de Dyer en la cartera de Salud

Frente a los cuestionamientos del decano del Colegio Médico del Perú, Keiko Fujimori respaldó la incorporación de su exjefe de personeros. La mandataria argumentó que priorizó capacidades de gestión orientadas a resultados directos para la ciudadanía en lugar de un perfil médico.

"He visto las preocupaciones del Colegio Médico, pero cuando hemos evaluado cuál debería ser el perfil para dirigir el Ministerio de Salud es sobre todo cómo podemos darle mejor atención a los pacientes, cómo podemos asegurar que los medicamentos estén en las postas y hospitales", indicó.

El proyecto apunta contra disposiciones que tocan temas sensibles para las investigaciones fiscales. Entre ellas están los cambios al régimen de prescripción de la acción penal, las reglas sobre colaboración eficaz y la definición legal de organización criminal. También incluye modificaciones a la incautación de explosivos usados en minería ilegal y al régimen de responsabilidad de las personas jurídicas.

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La exposición de motivos del proyecto no es un simple señalamiento político. Palomino cita observaciones técnicas que instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo formularon en su momento contra varias de estas iniciativas, antes de que se convirtieran en ley. En algunos casos, esas entidades calificaron las propuestas como "no viables" desde el punto de vista constitucional.

El texto también recurre a cifras para sustentar la urgencia de la medida. Según datos del Ministerio Público citados en el documento, entre enero y junio de este año se registraron más de 12 mil denuncias por extorsión a nivel nacional, un promedio cercano a 70 casos por día. La diputada sostiene que ese escenario contrasta con la reducción del presupuesto del Ministerio del Interior para 2026, que cayó 10% en términos reales.

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¿Cuáles son las siete leyes que busca derogar el proyecto?

El proyecto de ley identifica de manera puntual las normas que considera un retroceso normativo. Estas son:

1. Ley N.° 31751, que modificó el Código Penal y el Código Procesal Penal para poner un límite temporal a la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.
2. Ley N.° 32104, que precisó la aplicación de ese límite y ordenó su uso retroactivo cuando favorezca al imputado.
3. Ley N.° 31989, que restringió las medidas de intervención e incautación de explosivos usados en actividades de minería ilegal.
4. Ley N.° 31990, que fijó un plazo máximo de ocho meses para tramitar los procesos de colaboración eficaz, prorrogable hasta por ocho meses adicionales en casos de crimen organizado.
5. Ley N.° 32054, que excluyó a las organizaciones políticas del régimen de responsabilidad administrativa que sí aplica a otras personas jurídicas.
6. Ley N.° 32108, que endureció los requisitos para definir jurídicamente una organización criminal y condicionó los allanamientos a la presencia del investigado o su abogado.
7. Ley N.° 32130, que trasladó parte de la conducción de las investigaciones preliminares del Ministerio Público hacia la Policía Nacional del Perú.

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¿Por qué la diputada considera que estas leyes deben derogarse?

La exposición de motivos del proyecto explica que estas siete normas no nacieron de manera aislada. Todas se aprobaron en un periodo donde crecieron la extorsión, la corrupción, el lavado de activos y la minería ilegal, delitos que —según el texto— requieren investigaciones largas, pericias especializadas y cooperación entre instituciones. La diputada argumenta que, en ese escenario, el Congreso optó por reducir las herramientas legales disponibles para combatir precisamente esos delitos.

Un punto central del sustento jurídico es el Acuerdo Plenario N.° 05-2023/CIJ-112 de la Corte Suprema. Ese pronunciamiento cuestionó la Ley 31751 porque, a criterio de los jueces supremos, el plazo fijo que impuso para la prescripción no tenía precedentes ni en el derecho peruano ni en el derecho comparado. La Corte Suprema llegó a exhortar a los jueces del país a aplicar el control difuso cuando la norma resultara incompatible con la Constitución. El proyecto retoma ese argumento para sostener que la ley debe salir del ordenamiento legal de manera definitiva.

El texto también recoge las sentencias 83/2026 y 84/2026 del Tribunal Constitucional, emitidas en febrero de este año sobre la Ley 32130. El TC no declaró inconstitucional esa norma, pero sí fijó un criterio importante: el Ministerio Público debe mantener la conducción jurídica de toda investigación desde el primer momento, sin que la Policía actúe de forma autónoma. Para la diputada, ese pronunciamiento confirma que la ley generó tensiones entre fiscales y policías que conviene resolver con su derogación, y no solo con interpretaciones judiciales.

El despacho está hecho con drywall y tiene tres ambientes. "Uno de los ambientes, que es pequeño, sería para todo el personal que me asignan y no entran ni siquiera todo el personal que está asignado", explicó. Otro funciona como sala de reuniones. El tercero, el despacho principal, está "pegado a una pared colindante muy antigua, que está llena de moho", según describió la senadora.

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El ambiente tampoco tiene baño propio. Vásquez contó que le ofrecieron uno alternativo: "Tienes que cruzar todo ese enorme patio que ves, luego entrar por varios pasadizos, son como dos, tres pasadizos, y así, rodeando el edificio, encuentras un baño", comentó.

El reclamo llega en medio de una remodelación que superó los S/85 millones, según reveló un reportaje de Punto Final sobre el Congreso, que ejecutó obras por ese monto para adaptar su infraestructura al nuevo sistema bicameral. Tras esta investigación, el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, precisó que ese gasto se divide en dos frentes: instalaciones eléctricas y sanitarias por S/29 millones, e implementación tecnológica por S/56 millones. A ese presupuesto se suma el pago de alquileres de varios locales que usa el Parlamento.

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La situación de Vásquez contrasta con la de otros senadores. Sus colegas López Chau y Jaime Delgado sí consiguieron oficina en el edificio ubicado en la avenida Abancay, donde está instalada la mayoría de bancadas. "Nuestros colegas, toda mi bancada está colocada en el edificio de Abancay", dijo.

Vásquez explicó que el oficial mayor le dijo que el edificio solo tenía capacidad para doce despachos, insuficientes para los cuatro senadores que debían ubicarse ahí. Pero cuando ella misma recorrió el edificio, encontró varios despachos vacíos. "Acabo de verificar que hay despachos vacíos, ¿por qué no me asigna uno acá?", le dijo a Forno. Su respuesta fue tajante: "El hecho de que estén vacíos no quiere decir que no se le va a asignar a alguien".

La senadora remarcó que no exige lujos. Su pedido, insistió, se limita a condiciones básicas para quienes van a laborar ahí hasta 2031.

Pero a medida que se iba acercando el día de la juramentación, empezó a sonar el nombre del periodista deportivo y excongresista (2011-2016) Alberto Beingolea. Parecía una broma, pero el rumor tenía bases sólidas. De acuerdo con nuestras fuentes, Beingolea fue propuesto para el cargo por el presidente del Consejo de Ministros y primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta.

Un país como Perú debe tener un Ministerio de Cultura. Hay que precisar este detalle porque el Mincul no estaba contemplado en el plan de gobierno de Fuerza Popular. En ese sentido, hay que saludar que no haya desaparecido. Hay que celebrar, claro que sí, el milagro de que no se cumpla la barbaridad vista en el referido plan de gobierno.

Lo que le espera a Beingolea son varios desafíos. Uno de ellos está relacionado con la función del Mincul en estos últimos tiempos, convertido en un aparato de censura contra toda opinión crítica del gobierno de turno; del mismo modo, estaremos atentos a su posición sobre las leyes aprobadas por el nefasto Congreso 2021-2026, como la nueva ley de cine. Citamos solo dos perlas de un rosario de despropósitos con los que, suponemos, Bákula y Molinari no estuvieron de acuerdo.

¿O Beingolea es lo que en el fondo estaba buscando el fujimorismo? Alguien que sí puede cumplir los propósitos de adecuar un ministerio a lo que Fuerza Popular entiende como cultura. Los hechos son contundentes. Muchos de los atentados contra la cultura que hemos visto en el último quinquenio han tenido el aval de los congresistas de Fuerza Popular, dando muestras de lo que puede nacer de la unión entre el conservadurismo y la falta de perspectiva.

¿Seguirá censurando el Mincul con Beingolea a cargo? Esa es una inquietud válida.

…

Dato:

10 ministros. Del 2021 a 2026: Ciro Gálvez, Gisela Ortiz, Alejandro Salas, Betssy Chávez, Silvana Ro bles, Jair Pérez, Leslie Urteaga, Fabricio Va lencia, Alfredo Luna y Fátima Altabás.

Colchado remarcó que el Congreso aún transita la etapa de conformación de comisiones, por lo que la Comisión de Ética todavía no tiene competencia formal sobre el caso. Apenas se constituya, según explicó, tomará el expediente de Pérez Mallqui como uno de sus primeros asuntos. Además, descartó cualquier tipo de blindaje hacia el legislador. "Acá otorongo sí va a comer otorongo", dijo, en referencia a que ningún colega lo protegerá dentro del Parlamento.

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Julián Pérez fue intervenido en flagrancia luego de que su expareja, identificada como Laura Evelin Bonilla Valerio, lo acusara de agredirla en su propio departamento, ubicado en el jirón Manco Segundo. Bonilla Valerio lo había defendido antes como abogada en otro proceso judicial. El diputado, elegido por la región Cusco, juró el cargo apenas seis días antes de este nuevo episodio.

La propia bancada de Juntos por el Perú se pronunció tras conocerse la detención. El grupo parlamentario anunció que evaluará sanciones disciplinarias internas contra Pérez Mallqui, aunque precisó que la decisión dependerá del resultado de la investigación fiscal. "Reafirmamos nuestro rechazo a toda forma de violencia y nuestro compromiso con el respeto al debido proceso", señaló la agrupación en un comunicado.

Dyer llegó al Ministerio de Salud desde su cargo como jefe de personeros de Fuerza Popular, el partido de la propia Fujimori. Ese dato alimentó las críticas de gremios médicos, que cuestionaron la falta de trayectoria técnica del funcionario para dirigir un sector con problemas estructurales como el desabastecimiento de medicamentos y la saturación de hospitales.

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Ante la prensa, la presidenta explicó que su gabinete quedó completo desde el primer día de su gobierno. Comparó ese ritmo con el de "épocas anteriores", cuando —según dijo— la conformación ministerial tomaba varios días. Con eso buscó proyectar una imagen de orden y rapidez en el arranque de su gestión.

Fujimori insistió en que el criterio central para elegir a sus ministros fue la capacidad de resolver problemas concretos de la ciudadanía. En el caso de Dyer, dijo que el objetivo es mejorar la atención en hospitales y postas médicas, garantizar el abastecimiento de medicamentos y reducir las colas que enfrentan los pacientes a diario.

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Las críticas del Colegio Médico y la respuesta del Gobierno

El Colegio Médico del Perú expresó su preocupación por el nombramiento de Dyer, al considerar que el cargo requiere un perfil con formación en salud pública. Fujimori respondió a esas objeciones sin confrontar directamente el argumento técnico. Dijo haber "visto las preocupaciones" del gremio, pero remarcó que su prioridad fue encontrar a alguien capaz de ordenar la gestión del sector, no necesariamente un especialista en medicina.

La mandataria describió a Dyer como un "gran gerente", con capacidad para coordinar con médicos, enfermeras y el personal técnico del ministerio. Ese enfoque gerencial marca una diferencia con la lógica que suele guiar los nombramientos en sectores altamente técnicos como salud o educación, donde la experiencia especializada suele pesar más en la evaluación pública.

La presidenta también anunció que exigirá presencia constante de sus ministros en las regiones del país. Pidió que al menos tres días a la semana los funcionarios viajen al interior, y adelantó que ella misma retomará esos recorridos. Además, descartó cambios en los feriados o recortes de derechos laborales.

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima le impidió ejercer temporalmente a Patricia Benavides mediante una medida que iba del 26 de enero de 2026 hasta el 28 de julio de 2026 tras haber intervenido a favor de su hermana, Enma Benavides. Sin embargo, el gremio notó que ella siguió atendiendo casos y ejerciendo su profesión durante ese tiempo en el que tenía prohibido hacerlo.

Por esta razón, el director de Defensa Gremial del CAL, Alfonso López Abarca Cuadros, explicó que se formuló denuncia penal contra Benavides por medio de la Carpeta Fiscal Nº 201-2026.

Este expediente está a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, una oficina dentro del Ministerio Público.

Actualmente, el caso se encuentra a la espera de una decisión final. Según el documento oficial, esta área fiscal ya dispuso que "se emitirá, a la brevedad posible, la disposición fiscal correspondiente".

Consejo de Ética del CAL suspende temporalmente a Patricia Benavides

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima resolvió el 26 de enero de 2026 aceptar el pedido de suspensión temporal contra la fiscal suprema Patricia Benavides Vargas tras encontrar faltas a la ética profesional.

Para tomar esta decisión, el Consejo evaluó varias acusaciones en su contra, como no mostrar sus tesis de maestría y doctorado, contratar a un político investigado y ser señalada de liderar una organización criminal. Sin embargo, el colegiado basó la suspensión en haberle mentido a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De acuerdo con la resolución, Benavides le aseguró a la JNJ que no interferiría en el caso de su hermana, la jueza Emma Benavides Vargas. No obstante, la contradicción ocurrió cuando asumió como fiscal de la Nación y ordenó apartar a la fiscal que investigaba a su hermana, lo cual el Consejo calificó como una falta a la ética.

Tras su salida, el exmandatario se dirigió a la prensa con la voz entrecortada y denunció una persecución en contra de su familia, partido político y su persona. “Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. Fui secuestrado por el Estado y los sicarios del sistema de justicia que estaban en ese momento regularizaron una situación ilegal”, mencionó.

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Además se declaró inocente de las acusaciones en su contra e hizo referencia a la situación actual de su familia. “Jamás hemos cometido delito alguno, nunca hemos recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil (…) Han hecho que tenga que haber asilado a mí esposa y sacar a mis hijos del país”, dijo.

Humala calificó su encierro como un secuestro por parte del Estado, alegando que los juicios en su contra fueron por su gestión frente al Ejecutivo y la ideología de su partido. “El 15 de abril del año pasado fui secuestrado por el Estado (…) Necesitaban perseguirnos por nuestra gestión de gobierno, por nuestra ideología política (…) Tiene que haber justicia para esta situación. No nos van a vencer”, recalcó.

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Ollanta Humala: “Esta sentencia del TC demuestra que el asilo político de mi esposa y mi hijo fue correcto”

El expresidente Ollanta Humala llegó hasta su domicilio donde, según indicó, lo esperaban su suegra y su hijo menor. Humala pidió que lo dejen encontrarse con su esposa Nadine Herida quien se encuentra asilada desde abril del año pasado en Brasil.

“En estos momentos están mi suegra y ha venido mi menor hijo. Déjenme reencontrarme con mi familia pero algo quiero aclarar: la sentencia del Tribunal Constitucional que se nos ha dado nos demuestra que la decisión del asilo político de mi esposa y de mi hijo fue la correcta”, indicó.

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El exmandatario calificó al Equipo Especial Lava Jato como “sicarios” y denunció que usurparon funciones durante su juicio. “El Equipo Especial Lava Jato nos persiguieron, usurparon funciones del Poder Judicial y de la ONPE y criminalizaron aportes de campaña (…) Esos sicarios del grupo especial tenían que atraparnos y destruirnos como sea”, dijo.

Ollanta Humana volvió a calificar su encierro de ilegal y pidió al Estado disculparse: "Me quitaron mi libertad de manera ilegal. El Estado nos debe una disculpa. Espero que la justicia reflexione y permita que mi esposa regrese".

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TC ordena la liberación de Ollanta Humala tras anular el proceso por lavado de activos

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de hábeas corpus a favor de Ollanta Humala y ordenó la nulidad de todo el proceso penal que lo tenía preso por lavado de activos agravado. La votación no fue unánime: cinco magistrados (Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez) respaldaron el fallo, mientras Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez votaron en contra. La decisión anula tanto las investigaciones preliminares de 2019 como la sentencia de 15 años que un juzgado le impuso el 29 de abril de 2025, y ordena a la Fiscalía archivar el caso.

La mayoría del TC sustentó su fallo en que a Humala se le atribuye haber recibido dinero de origen sospechoso para sus campañas de 2006 y 2011, pero el tipo penal usado para condenarlo recién se incorporó a la ley en noviembre de 2016, por lo que aplicárselo retroactivamente vulnera la Constitución. El Tribunal añadió que tampoco quedó demostrado con claridad cuál fue el delito original que generó ese dinero ni que Humala supiera, en su momento, que provenía de una fuente ilegal.

Los votos en contra cuestionaron tanto la forma como el fondo. Pacheco Zerga argumentó que las resoluciones cuestionadas no afectaban directamente la libertad de Humala y que la Corte Suprema siempre encuadró los hechos en un delito preexistente desde 2002. Monteagudo Valdez, por su parte, señaló que la apelación contra la condena de 2025 aún estaba en trámite ante otro tribunal cuando el TC intervino, lo que —a su juicio— invadió una competencia que correspondía a la justicia penal ordinaria.

Según el informe mensual de la institución, comunicadores de diversos medios fueron impedidos de ingresar a la Cámara de Senadores para cubrir la elección de la mesa directiva del Senado, una situación similar que ocurrió dos días antes durante la juramentación de los senadores.

El reporte señala que el evento solo pudo ser seguido por la prensa a través de un televisor en una sala contigua, bajo la justificación de que "no se previno un espacio para que la prensa pudiera cubrir la sesión".

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El CPP recalca que esta práctica restrictiva forma parte de un historial en el que "no es la primera vez que el Parlamento no permite el ingreso de periodistas a cubrir sus sesiones".

Ante esta situación, la posición del organismo exige que el Congreso se conduzca bajo el respeto a las libertades de expresión y de información, así como evitar repetir "las constantes violaciones a éstas del último quinquenio".

Asimismo, en el balance denuncian que los argumentos de falta de espacio, infraestructura defectuosa o supuestas fallas técnicas son pretextos que buscan esconder el verdadero motivo: "evitar la fiscalización de la prensa independiente a las actividades del Parlamento".

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El Consejo indicó que restringir la cobertura a una sala contigua "derrota el propósito de la cobertura periodística, que es tener acceso de primera mano a la noticia, recoger declaraciones y entrevistar a los nuevos parlamentarios".

Por ello, demandaron a las autoridades permitir el acceso presencial sin discriminación de líneas editoriales para que se respete “uno de los pilares de la democracia: el acceso a la información por parte de la ciudadanía”.

Restricción en la votación para la Mesa Directiva y postura de la ANP

El 24 de julio, la prensa no pudo acceder a la Cámara de Senadores para cubrir de forma presencial la votación para la Mesa Directiva.

En su lugar, los periodistas de diferentes medios fueron ubicados en un espacio donde se instalaron tres televisores que transmitían la sesión, lo que limitó la cobertura únicamente a la señal oficial del Congreso y privó a la ciudadanía de los ángulos y detalles propios del trabajo periodístico.

Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) señaló que el ambiente asignado ni siquiera contaba con sillas para todos ni con un lugar adecuado para colocar los equipos de trabajo.

Ante esta situación, la ANP exigió al Parlamento garantizar las condiciones para el ejercicio periodístico. "La cobertura periodística exige estar en el lugar de los hechos y no solo seguir la transmisión del Canal del Congreso, más en la cámara que adoptará decisiones de alta relevancia pública", se indica en el comunicado.

La resolución judicial fija tres condiciones concretas. Cerrón Rojas no podrá salir del Perú sin permiso del juzgado. Cada treinta días tendrá que presentarse ante el juzgado y ante la fiscalía para dar cuenta de sus actividades. También deberá pagar una caución económica de S/ 30 000, con un plazo de diez días hábiles desde la notificación.

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El caso corresponde a la investigación por organización criminal y lavado de activos conocida como Los Dinámicos del Centro. El TC declaró fundado el hábeas corpus el 3 de julio, aunque el fallo se conoció recién semanas después. La sentencia contó con los votos a favor de los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez, mientras que Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo y César Ochoa Cardich votaron en contra.

El camino hasta esta variación no fue directo. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional calificó primero la sentencia del TC como "inejecutable", al considerar vigentes otras resoluciones que sustentaban la prisión preventiva. El TC rechazó ese argumento y ordenó el cumplimiento inmediato del fallo. Un día después, el PJ ejecutó el cambio de medida. Cerrón permanece en calidad de no habido desde octubre de 2023, cuando se dictó en su contra una condena por el caso Aeródromo Wanka que luego fue revocada.

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¿Por qué el TC descartó el argumento de "inejecutable" en el caso Cerrón?

El abogado constitucionalista David Panta explicó en su cuenta de X los fundamentos detrás del auto del TC. Señaló que un juez de ejecución no tiene la facultad de calificar como "inejecutable" una sentencia del Tribunal Constitucional. El Sexto Juzgado sostuvo que el fallo solo anulaba ciertas resoluciones y que otras posteriores seguían vigentes. El TC respondió que esa lectura desconoce el verdadero alcance de la cosa juzgada constitucional.

El argumento central es el efecto expansivo, o por conexión, de la sentencia. Si la prisión preventiva fue declarada nula, las resoluciones posteriores que solo la mantuvieron vigente también deben caer, por tratarse de actos accesorios. Para el TC, la ejecución de un hábeas corpus no puede depender de un listado cerrado de resoluciones. Esa lógica, advirtió, permitiría prolongar la misma afectación al derecho a la libertad a través de actos dictados después del fallo.

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Panta recordó además que el hábeas corpus se rige por tres principios: pro libertate, antiformalismo y máxima celeridad. Bajo esa lógica, una interpretación formalista que preserve resoluciones derivadas de una prisión preventiva ya declarada inconstitucional no encaja con el propósito protector de este proceso. El Tribunal Constitucional privilegia el efecto real del fallo por encima de tecnicismos procesales.

El auto también deja un mensaje institucional para el Poder Judicial. Las sentencias del TC deben cumplirse en sus propios términos, sin reinterpretaciones que neutralicen sus efectos. Panta fue claro en un punto: la autoridad de la cosa juzgada constitucional no le da al juez de ejecución margen para redefinir el alcance de un fallo ya emitido.

De esta manera, la resolución ordenó el archivo definitivo del proceso por lavado de activos vinculado a los aportes de campaña de 2006 y 2011.

"Vivimos en un Estado de derecho. Y cuando se vive en un Estado de derecho, se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no nos guste", señaló vía Exitosa.

La presidenta recordó su paso por la cárcel a finales de octubre del 2018 por lavado de activos y organización criminal dentro de su partido Fuerza Popular.

"A mí, en lo personal, en el pasado, hace cerca de 8 años atrás, me tocó una resolución que fue dolorosísima. Me privaron de mi libertad. Y luego, a través de mi defensa legal, pudimos ganar cada una de estas resoluciones en las que yo no estaba de acuerdo. Entonces, en esta resolución, yo puedo discrepar, pero me corresponde respetarla", dijo la presidenta.

Asimismo, Fujimori cuestionó el desempeño del Ministerio Público tras conocerse la medida del TC, la cual también impacta en la situación de los coacusados del caso.

"Hay que analizar los temas de fondo, pero parecería, en todo caso, que el Ministerio Público no ha hecho un buen trabajo. Y por eso el Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión", indicó.

TC anula proceso penal

El Tribunal Constitucional anuló por completo el proceso penal y la condena de 15 años de cárcel contra Ollanta Humala por los aportes a sus campañas de 2006 y 2011.

La decisión se basó en que la justicia investigó y condenó al exmandatario por recibir dinero ilícito usando una ley de lavado de activos que aún no existía en la época de las elecciones.

Según el tribunal, la modalidad legal para castigar ese tipo de actos recién se creó en noviembre de 2016, por lo que aplicarla a hechos pasados fue incorrecto y vulneró las normas constitucionales.

La decisión no fue unánime. Los magistrados Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez señalaron que el recurso a favor de Humala debía ser declararse improcedente.

Para Monteagudo, la defensa del exmandatario ya había presentado un recurso de apelación ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que todavía estaba en trámite, por lo que esa era la vía correcta para discutir sus reclamos.

“Considero que el medio impugnatorio interpuesto ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional es un recurso que puede revertir una resolución que, según el demandante, le resulta adversa”.

Asimismo, señaló que el Tribunal Constitucional no debe intervenir en las decisiones que le corresponden a los jueces o fiscales durante los juicios.

“Estimo que no corresponde que la justicia constitucional reevalúe este criterio de la autoridad jurisdiccional, ya que no solo se relaciona con la forma en que esta entidad evalúa el trámite del proceso penal, sino que, además, sustituye su apreciación”.

Por su parte, Pacheco señaló que las resoluciones sobre excepciones de improcedencia de acción no afectan de forma directa la libertad personal.

"La resolución que resuelve la excepción de improcedencia de acción, en sí misma, no constituye el pronunciamiento judicial que coarte el derecho a la libertad personal del procesado". Asimismo, añadió que la reclusión de Humala se debe a una sentencia condenatoria posterior y no a dicho trámite.

Advierte además que la decisión de la mayoría "estaría desnaturalizando al proceso de habeas corpus, contradiciendo la jurisprudencia acumulada a lo largo de los años", lo que generaría que otros investigados acudan al tribunal de forma adelantada para cuestionar el proceso en lugar de usar los mecanismos ordinarios.

“Declarar que, como consecuencia de la nulidad de todo el proceso penal en el extremo seguido contra Ollanta Moisés Humala Tasso, y como consecuencia han quedado sin efecto las medidas de coerción procesal y la sentencia condenatoria dictada en esta causa en contra del beneficiario, disponiéndose en consecuencia su excarcelación en el día y bajo responsabilidad”, resolvió el magistrado.

Igualmente, dispone levantar las órdenes de captura existentes en su contra. Riveros Ramos sustenta que con la sentencia del juez ha desaparecido el sustento jurídico que legitimaba la restricción de la libertad personal del procesado.

El 30 de julio, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia de habeas corpus que declaró la nulidad de todo el proceso seguido al ex presidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y sus colaboradores por presunto lavado de activos.

Los argumentos de los jueces constitucionales siguen la jurisprudencia establecida en el caso Cócteles, seguido a la hoy presidenta de la República, Keiko Fujimori. Es decir, que Humala y su entorno cercano fueron investigados y juzgados por actos que al momento en que ocurrieron no eran considerados un delito penal.

En este sentido, se declaró la nulidad de todo el proceso penal seguido contra Ollanta Humala, con la  anulación de las investigaciones preliminares y de todas las actuaciones posteriores derivadas de estas, la acusación, el control de la acusación, el juicio público y la sentencia condenatoria.

Además, la nulidad de las resoluciones judiciales que desestimaron la excepción de naturaleza de acción y de la propia sentencia condenatoria de quince años de prisión que se le había impuesto el 29 de abril de 2025.

En este proceso se acusaba a Ollanta Humala y su entorno familiar de haber recibido dinero de procedencia ilícita del gobierno venezolano y de las constructoras Odebrecht y OAS, que luego fue utilizado en las campañas electorales del dos mil seis y 2011.

El Tribunal argumentó que la conducta imputada a Humala —recibir y poseer activos de presunto origen ilícito para financiar campañas electorales en dos mil seis y 2011— se ajusta a la modalidad de “receptación patrimonial” que para esa época y hasta noviembre del 2016 no constituía delito de lavado de activos.

“Aplicar esta modalidad a hechos de dos mil seis y 2011 constituye una aplicación retroactiva prohibida, ya que en esos años la Ley 27765 no sancionaba la mera recepción de aportes ilícitos para campañas. Además, precisó que  los jueces y fiscales no individualizaron de manera precisa el delito fuente (el origen ilícito del dinero) ni justificaron racionalmente que Humala conociera o pudiera presumir dicho origen en el momento de los hechos”, según la sentencia del TC.

El líder de Perú Libre apareció en público justo cuando el Poder Judicial todavía no ejecutaba el fallo del Tribunal Constitucional que había anulado su prisión preventiva. Lejos de negar el video en sus redes sociales, Cerrón reposteó la noticia en su perfil de X.

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El juez Leodán Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, pidió al TC una aclaración sobre su sentencia el 24 de julio, al considerar que todavía existían dos resoluciones judiciales vigentes que sustentaban la prisión preventiva y las requisitorias policiales contra Cerrón. Según su lectura, eso volvía "materialmente inejecutable" el fallo del máximo intérprete de la Constitución. Mientras esa duda no se resolvía, la orden de captura contra Cerrón seguía teniendo efecto.

Mediante un auto, el Tribunal Constitucional rechazó los argumentos del juzgado y dejó en claro que la anulación de la prisión preventiva tiene calidad de cosa juzgada y debe acatarse de inmediato. El Colegiado fue más allá: recordó que el Poder Judicial debe ejecutar lo resuelto sin imponer condiciones adicionales ni generar nuevas dilaciones.

Para que no quedara ningún margen de duda, el TC declaró la nulidad de las resoluciones del 4 de diciembre de 2025 y del 7 de enero de 2026, además de "todos aquellos actos y resoluciones que resulten contrarios" a la sentencia que anuló la medida restrictiva.

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El caso no empezó en la Fiscalía Suprema. Primero lo tuvo una fiscalía especializada en violencia contra la mujer de Lima Centro. El fiscal a cargo, Dany Domingo Irrazabal Bardales, revisó el expediente un día antes, el 30 de julio, y determinó que no podía seguir investigando porque el denunciado es congresista. Por eso envió el caso a la Fiscalía Suprema de Familia, la única con facultad para investigar a un parlamentario en este tipo de casos.

Pérez Mallqui permanece detenido en la comisaría de San Miguel desde la mañana del jueves. Los policías lo intervinieron tras una denuncia de Bonilla Valerio, su expareja. La denuncia original fue por violencia psicológica. Mientras la mujer esperaba en la comisaría, los agentes escucharon ruido en la oficina donde el parlamentario aguardaba sentado. Al acercarse, encontraron a Pérez Mallqui golpeándola. El comisario a cargo notó marcas en los brazos de la víctima y ordenó la detención inmediata del legislador.

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Lo que la Fiscalía Suprema ordenó investigar

El fiscal fijó un plazo de 15 horas para cumplir con todas las diligencias. La Policía debe tomar la declaración de los agentes que intervinieron a Pérez Mallqui y buscar a testigos de lo ocurrido. También tiene que revisar el lugar de los hechos y pedir las cámaras de seguridad, si existen. El documento pide, además, que Bonilla Valerio cuente con detalle cómo ocurrieron las agresiones y qué relación tuvo con el investigado.

El fiscal Arce Córdova pidió dos exámenes médicos en paralelo: uno para revisar el estado físico de la mujer agredida y otro para el propio detenido, este último para comprobar la versión de la Policía. A eso se suma una evaluación psicológica para la víctima y una ficha que mide el riesgo de que la violencia continúe. El Centro de Emergencia Mujer de la zona también debe atenderla de manera integral.

El documento precisa que la situación del diputado detenido se definirá recién cuando terminen todas estas diligencias y la Policía entregue su informe. Antes de eso, la fiscalía pidió revisar los antecedentes judiciales, penales y policiales de Pérez Mallqui, y también copias de cualquier medida de protección que haya existido antes entre las partes. Los documentos principales del caso irán también a un juzgado de familia, que deberá decidir si dicta medidas de protección para la denunciante.

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Juntos por el Perú evaluará la máxima sanción contra su diputado

La bancada de Juntos por el Perú emitió un comunicado oficial horas después de la detención. En el texto rechazó "toda forma de violencia" y remarcó su compromiso con el debido proceso. Anunció también que hará seguimiento cercano a las diligencias fiscales y que evaluará medidas disciplinarias internas según lo que arroje la investigación.

El senador Jaime Quito dijo a RPP que la bancada no sabía nada de la denuncia ni de la detención hasta que el caso se hizo público. Pidió que los hechos se esclarezcan por completo y que la investigación termine lo antes posible. El senador Víctor Cutipa fue más directo: calificó el caso como "cuestionable y, si quieres, condenable" en términos generales, aunque prefirió no adelantar una postura sobre los hechos concretos hasta conocer más detalles.

El diputado Ernesto Zunini, vocero de la bancada, fue quien tomó la posición más firme. Adelantó que Juntos por el Perú pedirá la máxima sanción contra Pérez Mallqui si se confirma la agresión física o psicológica. Contó también que un abogado del partido ya se apersonó a la comisaría de San Miguel para conocer el caso de cerca. La bancada tiene previsto reunirse para definir los siguientes pasos, entre ellos la conformación de una comisión de Ética que evalúe una eventual suspensión mientras dure la investigación.

Por medio de un escrito, los abogados Wilfredo Pedraza y Edinson Huamán, hicieron referencia a la sentencia del TC que declaró fundada la demanda de Habeas Corpus que habían presentado y declaró la nulidad de todo el proceso.

Indicando que la sentencia estableció dejar sin efecto las investigaciones preliminares seguidas contra Humala Tasso y todas las actuaciones derivadas de ellas, la defensa solicitó la nulidad de una serie de resoluciones.

Pedidos de la defensa

Se trata de cuatro resoluciones. La primera, fechada el 16 de abril del 2026, que programó el inicio de audiencia de apelación para el 30 de abril del 2026. La segunda, sentencia condenatoria del 29 de abril de 2025, que sentencio a Humala a 15 años de cárcel por el presunto delito de lavado de activos. La tercera, auto de citación a juicio del 7 de enero de 2022, que citó a audiencia de inicio de juicio oral para el 21 de febrero del 2022. Finalmente, el auto de enjuiciamiento del 17 de noviembre del 2021.

La defensa sustenta su pedido en el artículo 27 del Código Procesal Constitucional, el cual establece que las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las emitidas por los demás órganos jurisdiccionales. Además, dispone que deben cumplirse en sus propios términos adoptando las medidas necesarias para restituir y proteger los derechos constitucionales afectados.

También menciona que el artículo 139 de la Constitución prohíbe a toda autoridad dejar sin efecto resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada, modificar sentencias o retardar su ejecución.

Por ello, resaltaron que ejecutar la sentencia del TC no requiere audiencia, actuación probatoria, ni traslado previo a las demás partes.

También, piden que se anule los antecedentes penales, judiciales y policiales generados a partir del proceso. Además, la anulación (borrado) de toda anotación registrada en las plataformas digitales de la PNP como el Sistema de Registro de Denuncias (SIDPOL), y el Sistema Nacional de Registro de Denuncias de Investigación Criminal (SIRDIC). A su vez, la anulación de toda anotación en el registro del Ministerio Público.

Wilfredo Pedraza, abogado de Humala: “Es una lástima que el PJ no haya reaccionado oportunamente”

Consultado por La República, Wilfredo Pedraza calificó el fallo del TC como un “acto de justicia” y lamentó que el Poder Judicial no haya “reaccionado oportunamente”, pues “Humala era el la única persona en el país presa hace más de 15 meses por temas relacionados con aportes para campaña política”.

“Lo valioso de esto no es solamente el alcance para el señor Humala, sino la interpretación que en el país tienen que hacer jueces y fiscales de las normas de carácter penal. Estas deben ser interpretaciones restrictivas y no bastante amplias como han venido haciendo porque eso afecta la legalidad”, comentó.

Señaló que si bien los procesos constitucionales suelen ser extensos, sí considera tardía las actuaciones del PJ. “Han dilatado innecesariamente una situación así. Mejor dicho, han mantenido la privación de libertad del señor Humala, pese a que era ya manifiesto el asunto de que no era delito por la sentencia de la señora Fujimori”, refirió.

Añadió que lo más valioso para Humala es que esta decisión abre la posibilidad de volver a tener una relación adecuada con su familia, pues estuvo alejado de su esposa e hijos.

Sobre un posible viaje de Humala a Brasil o de retorno de su familia a Perú, Pedraza sostuvo que su cliente no le ha mencionado nada de ello y que son decisiones que competen al ámbito familiar.

“Es un un tema que supongo ellos en el foro interno lo decidirán porque así como decidieron el asilo de manera privada, según el presidente Humala, en salvaguarda de su familia, probablemente esa decisión la evalúen también ellos al margen de la defensa”, precisó.

Aseguró que Humala no le ha manifestado ninguna intención de salir del país. “No hemos conversado absolutamente nada en ese sentido. Primero queremos lograr que finalmente salga, que se archive el proceso de manera definitiva que es lo que que ha ordenado el Tribunal Constitucional”, dijo.

Sobre la situación de Nadine Heredia y demás personas comprendidas en el mismo proceso, anotó que el fallo del TC solo atañe a Ollanta Humala, pero nada impide que esos resultados se extiendan a los otros involucrados.

“Lo lógico sería que también se archive el proceso a los demás, pero es algo que debe hacer cada defensa”, resaltó.

Abogado de Nadine Heredia: “El fallo trae justicia”

Leonardo Massud, abogado en Brasil de la ex primera dama, Nadine Heredia, saludó la decisión constitucional aunque resaltó que llega con “mucho retraso”.

“Este fallo en favor de Ollanta Humala vemos que ha salido con mucho retraso. El reconocimiento que los aportes de campaña no eran delito, que los investigados no podrían saber del origen ilícito de aportes… Este fallo por fin trae justicia. La señora Nadine ha quedado muy feliz por la decisión aunque con tanto retraso y daño que han hecho a ella y a su familia”, declaró a RPP.

Esta reciente designación destaca por el parentesco del funcionario Gonzáles al estar casado con Carol Andrea Acuña Palomino, hija de Grimaldo Acuña Peralta, quien es hermano de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP).

Además, Gonzáles cuenta con un recorrido en diversas entidades del Estado, se había desempeñado previamente como secretario general de la Defensoría del Pueblo —cargo que ejerció durante la gestión de Josué Gutiérrez desde fines de agosto de 2023 hasta el 26 de enero de 2025, fecha en que se aceptó su renuncia—, así como viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), cargo en el que duró 3 meses: desde el 31 de julio de 2016 hasta el 27 de octubre de 2016.

Investigado por presunta corrupción

Al actual funcionario se le acusa de haber cometido el delito de colusión agravada cuando era presidente de la Comisión de Licitación de Obras de la Municipalidad Provincial de Tumbes.

Según la investigación fiscal, se habrían cometido graves irregularidades para direccionar a favor de la empresaria Esther Veliz Alcántara la buena pro de contratos que superaban los 683 mil soles destinados a la compra de utensilios de cocina para el programa Vaso de Leche, motivo por el cual la Fiscalía solicitó formalmente nueve años de prisión en su contra.

Por otro lado, el funcionario también fue denunciado por la fiscalía tumbesina debido a presuntas irregularidades vinculadas a la construcción de pistas y veredas en el asentamiento Edén, en el sector Pampa Grande.

Durante su etapa como gerente de administración en la gestión de la entonces alcaldesa Marjorie Jiménez, la fiscalía solicitó en su contra seis años de prisión por este caso, además de ser investigado por el presunto delito de omisión de funciones.

No sé si habré sido poseída por el espíritu de Mumm Ra (el nombre cariñoso del recién resucitado Absalón Vásquez) o si simplemente comí demasiado lomo saltado en las fiestas patrias. Lo cierto es que hoy veo con una nueva Luz (Salgado) los acontecimientos políticos de los últimos tiempos y por fin he comenzado a pensar como pensaría cualquier fujimorista que se respete.

Ahora, por ejemplo, valoro mucho más el sacrificio de la flamante senadora Silvana Robles, tan injustamente tratada por sus colegas de partido, quien habría viciado su voto para favorecer al pacto democrático, mostrándolo así, así, de medio lao, para que no se viera la marquita por la que se le declararía nulo.

¿Se imaginan mayor abnegación? Si no fuera por ella, el Senado hubiera caído en manos de las caóticas fuerzas del comunismo. Co-mu-nis-mo, sí señor, porque, aunque Jorge Nieto jure que él es de centro derecha, jamás olvidaremos que perteneció a la ultraizquierda desde su juventud. ¿Qué, que lo mismo pasó con Fernando Rospigliosi? ¡Nooo! Eso es muy diferente: su incorporación al fujimorismo borró por completo su pecado original. ¡No pueden compararlos!

Volviendo a Silvana, hay quienes insinúan que su generoso gesto se habría debido a a una negociación por la libertad de Vladimir Cerrón quien, ¡oh casualidad!, fue exculpado por el Tribunal Constitucional justo por esos días. ¿Qué tan desalmado hay que ser para atribuir a bajar transacciones un acto de patriotismo?

Los irresponsables críticos de nuestra presidenta también se han ensañado con el nuevo gabinete. Han dicho, por ejemplo, que Alberto Beingolea no tiene ninguna calificación para ser ministro de Cultura. Tremenda burrada. Beingolea, por si no lo saben, sabe mucho de fútbol y el fútbol, señores, es parte de nuestra identidad. Además, y eso todos lo saben, Beingolea ha sido burbujito de Yola Polastri y Yola Polastri, ¡imberbes!, fue y será un tesoro nacional, como Machupicchu, como Caral, como el Señor de Sipán.

También se ha criticado que en el primer gabinete de la primera presidenta electa del Perú hubiera solo dos mujeres. ¿Qué esperaban, que Keiko se plegara a la ideología de género que impulsa la falsa paridad que promueven los caviares? ¡No, señor! Este gabinete es la prueba de que, en este nuevo gobierno, los hombres también tendrán voz. Ya bastante han sufrido los pobres en los sucesivos gobiernos caviares que los han culpado por todo, desde las violaciones a menores hasta los feminicidios que, dicho sea de paso, ¡no existen!

Otra cosa que ha criticado la caviarada que odia al Perú es el discurso de la presidenta en él, fijándose, como buenos zurdos, solamente en lo negativo (que no podrá cumplir ni el diez por ciento de sus promesas, ¿pero qué gobierno lo hace?) y no en lo bueno como, por ejemplo, los lindos trajes que usó en las diversas ceremonias. Hubo envidiosos que dijeron que el vestido camisero azul eléctrico con bordados andinos de la juramentación se parecía mucho a los que usaba Eliane Karp. ¡Na’a que ver! Karp era una pelirroja belga que no podía representar a la mujer peruana como sí la representa Keiko. Hay que estar ciegos para no notarlo.

Lo más importante es que ahora creo a pie juntillas que Keiko Fujimori siempre ha sido respetuosa de la institucionalidad y la división de poderes durante todos sus gobiern… ¡Ejem!, todos estos años. Ella no tiene la culpa de que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y otras entidades democráticas e independientes, hayan actuado con imparcialidad y apego absoluto a las leyes dictadas por el impoluto Congreso  y, por eso, la hayan liberado de todas las acusaciones que los fiscales truchos y la prensa caviar inventaron en su contra, como que realizó cócteles falsos, pitufeos y otras faramañas para ocultar las donaciones de campaña de Odebrecht.

Por eso, casi lloro al recordar su injusta carcelería, la huelga de hambre de Mark y las planchas de papel higiénico que, como ramos de flores blancas, le llevaba Micky Torres a Santa Mónica. ¿Puede soportarse mayor sufrimiento? Ella sí, como las dos veces que le robaron las elecciones, humillación que enfrentó con estoicismo y espíritu democrático, algo que nunca supieron valorar los usurpadores: PPK, que hasta se tomó la libertad de dar un indulto que nadie le había pedido, y el terrorista Castillo, que dio un golpe de estado que casi acaba con la democracia.

En fin, cada que recuerdo las injusticias que ha sufrido la pobre Keiko me hierve la sangre. Por eso, debo parar antes de que me entren ganas de ir a tirar caca al local de IDL Reporteros (¡Gorrrrittiii, arggg!). Más bien me voy a preparar mi CV, a ver si ahora que he dado una muestra tan grande de lealtad naranja me liga una chambita como directora de El Peruano. ¡Como para que lloren los rojetes!

 Son las huacas.

 Estos restos arqueológicos han sido ignorados por los sucesivos habitantes de la ciudad -y sus respectivas mutaciones al ritmo de las migraciones provincianas- durante centurias. Yo mismo he montado bicicleta, en mi adolescencia, en una huaca cercana a mi colegio, la hermosísima huaca Huallamarca, como si recorriera un circuito abandonado para los chiquillos del barrio, sin saber que esa pirámide tan auspiciosa para nuestras arriesgadas maniobras de ciclistas imprudentes provenía de la misma época de los orígenes de la cristiandad y que había sido, sucesivamente, templo -en la era de los huallas-, cementerio y, con los incas, aldea. Hoy se encuentra convenientemente cercada e iluminada.

 Signo de los tiempos: la más conocida de las huacas que enhebran la ciudad, como un hilo secreto de algún quipu incaico, es la Huaca Pucllana. Esta se encuentra magníficamente conservada en el acomodado distrito de Miraflores, gracias a un convenio con un restaurante de alto nivel. En otras palabras, la huaca que se conoce es en realidad el restaurante instalado frente al recinto amurallado, gracias al impulso de la pujante gastronomía peruana. No obstante, sería injusto ignorar que gracias a ese convenio con el sector privado, el recinto recibe numerosos visitantes guiados por arqueólogos y se lo estudia técnicamente con los recursos que surgen del acuerdo. Una situación gana-gana.

 Estas huacas, que hacen las veces de alucinación negativa o acaso desmentidas (hace tiempo que debatimos esta sintomatología social con mi maestro y amigo Max Hernández: él se inclina por la segunda opción y yo por la primera), constituyen una metáfora de las muchas invisibilidades que se insertan en el núcleo de nuestra ciudad capital. Al ser la del Perú una sociedad poderosamente centralista (no en balde tenemos una sola sociedad psicoanalítica, cuya sede se encuentra a pocas cuadras de la citada huaca), lo que sucede en Lima repercute con fuerza en todo el país.

 Así como Lima vivió durante centurias de espaldas al mar y sus acantilados, hoy continúa negando sus orígenes y su historia. Como si, en efecto, todo hubiera comenzado en 1535 con la llegada de Francisco Pizarro y los conquistadores. Lo que sí se puso en marcha en el siglo XVI fue un orden jerarquizado que ha ido mutando con el paso del tiempo, hasta hoy. En cada una de sus variantes ha exigido diversas combinatorias de mecanismos mentales, tanto en el plano social como en el individual, engendradas por la producción de individuos en cada uno de esos momentos históricos.

 Mi hipótesis, que retoma la de mi artículo 'Psicoanálisis Criollo', de 2014, es que la construcción del orden criollo pasa por la invisibilización del mundo indígena (ahora incluiría el afrodescendiente) y la exaltación del origen extranjero. Y aquí extranjero no solamente foráneo (ecuatoriano o boliviano, por ejemplo, no entrarían en esa acepción) sino específicamente europeo y estadounidense, o alguna de sus variantes como canadiense o australiano. Todo menos indio, cholo o negro.

 Pablo Macera lo explica así: "El Perú es un país disimulado que siempre ha hecho muecas a espaldas de sus dominadores, ya sean chavines, waris, incas, españoles, gringos, criollos o mestizos, convirtiendo cada cortesía aparente en un insulto."

 Ya vamos por la cuarta o quinta generación de migrantes andinos, que han transformado a Lima en la ciudad con más habitantes quechuahablantes del Perú. Lima es al mismo tiempo la capital y la mayor provincia del Perú. Lo cual no ha impedido -más bien lo ha exacerbado- la discriminación racializada, perpetuada con furor y pavor en estas elecciones. De este modo se perpetúa, a la disimulada (tal como nuestra Constitución proscribe la discriminación y, en particular, el racismo, pero este se practica a diario y en abundancia), la dialéctica de la dominación y la resistencia.

Los psicoanalistas nos encontramos en una de esas encrucijadas del laberinto que preconizaba el pensador griego Cornelius Castoriadis. ¿Podemos seguir ignorando las huacas disimuladas de nuestra polis? Como se sabe, Herman Melville, el autor de 'Moby Dick', vivió en Lima desde el 8 de diciembre de 1843 hasta el 3 de enero de 1844. En ese libro escribió: "Lima ha tomado el velo blanco, y existe el más alto horror en esta blancura, que define su tribulación." Desde esta Lima envuelta, como las mujeres tapadas de la colonia, en el velo blanco que espantaba a Melville durante su estadía en Lima, opto por la terca apuesta que desearía menos disimulada y más franca. A saber, que si nos empecinamos en impedir que nuestra clínica se impregne de esa historia enterrada como en la iluminadora metáfora arqueológica de Freud, si continuamos embozados en el manto de nuestra neutralidad cultural, nos estamos resignando a no mirar las muecas y las muescas del inconsciente.

Los psicoanalistas peruanos, querámoslo o no, sepámoslo o no, estamos respondiendo a diario a los interrogantes de Zavalita en la avenida Tacna, al inicio de 'Conversación en la Catedral'. Solo me resta esperar que su falta de amor sea una de las caras de su disimulada ambivalencia.

 *Texto abreviado de mi artículo 'Lima: Una ciudad disimulada', publicado en el volumen 14 (2016) de Calibán, la revista latinoamericana de Psicoanálisis.

Consultados por La República, diputados de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras indicaron que además de evaluar cada propuesta del Ejecutivo, corresponde que estas aborden las problemáticas que requieren atención prioritaria como la seguridad y el fenómeno El Niño. Asimismo, especificaron que lo ideal y esperado será tomar una posición conjunta.

Tanto la bancada de Juntos por el Perú como la de Buen Gobierno tendrán una reunión este viernes 31 para revisar las propuestas de Fujimori. Ahora Nación ya tuvo un encuentro preliminar.

Ahora Nación no avalará propuestas que impliquen restringir derechos a los trabajadores

Indira Huilca, diputada de AN, comunicó que durante la mañana de este jueves 30 sostuvieron una reunión de bancada y que, si bien esperarán la presentación formal del pedido de facultades, el documento que se filtró y que desde el Ejecutivo calificaron como un borrador es "preocupante".

"Estamos ante un pedido de delegación de facultades muy amplio, que abarca materias muy diversas. Usualmente, este tipo de solicitudes, más aún en un contexto como el actual, se concentran en problemáticas urgentes. Y la principal urgencia que enfrenta el país es el fenómeno del Niño Costero y sobre eso no hay nada", declaró a este medio y resaltó que ello evidencia "las verdaderas prioridades del Gobierno".

Las alertas identificadas por Ahora Nación, explicó Huilca, están relacionadas con las propuestas de modificación a la legislación laboral, cambios en materia tributaria y temas ambientales.

Huilca considera que las propuestas laborales planteadas por el fujimorismo manejan un enfoque anti trabajador.

"Existen muchas formas de apoyar a las empresas, especialmente a las micro y pequeñas, sin reducir derechos laborales. La productividad mejora con capacitación e innovación, no con mano de obra barata. La idea de flexibilizar las condiciones laborales para generar empleo ya ha demostrado ser un fracaso", mencionó.

Especialmente le causan preocupación las intenciones de modificar el régimen de contrataciones para incentivar la contratación de jóvenes. "El país necesita políticas económicas que promuevan el empleo, pero empleo con derechos, no empleo precario. Hoy muchos jóvenes trabajan 12 o 14 horas por el salario mínimo, y esa no es una situación justa. Lo que han planteado se asemeja a la cuestionada Ley Pulpín", anotó.

Respecto a los planteamientos en cuestión de seguridad, menciona que se trata de estrategias que ya han fracasado y que "el verdadero problema es que las organizaciones criminales han penetrado instituciones como la Policía y el INPE".

"Más que cambiar quién administra los penales, se necesita depurar a los funcionarios vinculados con estas bandas, invertir en tecnología y fortalecer el trabajo de inteligencia para combatir el crimen organizado", dijo.

Resaltó que no se puede tomar una decisión hasta no tener la formalización de las propuestas, pero dejó claro que personalmente y como bancada nunca va a avalar la restricción a los derechos de los ciudadanos o de los trabajadores, tampoco la desprotección de las áreas naturales protegidas y mucho menos dar leyes que puedan significar una carta blanca para aprobar más leyes u otras leyes pro impunidad, como ya lo ha hecho el fujimorismo en este último periodo.

Juntos por el Perú espera que pedido de facultades sea concreto

Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, coincidió en que corresponde revisar el pedido una vez formalizado para tomar una decisión.

Sin embargo, le llamó la atención que busquen realizar tantos cambios cuando "ellos (Fuerza Popular) han podido legislar durante años con la mayoría parlamentaria que tuvieron".

"No negamos de primera mano, pero es necesario revisar detenidamente los detalles. En el caso del fenómeno El Niño, que es lo urgente, se puede emitir decretos de urgencia. Esperemos que no sea parte de un juego político de arrinconar a la Cámara de Diputados", manifestó.

Añadió que el mensaje a la Nación fue bastante escueto, por eso, esperan que el pedido de facultades sí sea concreto.

"Tenemos dudas que deben ser absueltas porque están pidiendo unas facultades legislativas no solamente para atender el fenómeno del Niño, sino también para reformar la administración del Estado. Para ver temas de formalización laboral, tributarios. Entonces, nos preocupa que esto derive, por ejemplo, en una política del tijerazo para el sector público, de despidos masivos o de exoneraciones tributarias", mencionó.

César Tito Rojas, también diputado de JP, resaltó que Fujimori tiene la tendencia de disponer decisiones sobre todos los sectores que ella considera. Además, alertó que podría pretender despedir trabajadores y reducir el aparato estatal. "Es inaudito", dijo.

"Tenemos que analizar bien todo para ver en qué puntos se le podría dar las facultades correspondientes. La lucha contra la criminalidad es un tema clave", añadió.

Buen Gobierno se reunirá a más tardar el 31

Desde Buen Gobierno, los diputados Milagros Santana Vera y Edgar Gonzáles Polar precisaron a este medio que la posición de bancada se definirá a más tardar el viernes 31 de este mes.

A título personal, Edgar Gonzáles, remarcó que espera propuestas concretas y no tan generales.

En este mes de julio, dos representantes del Ministerio Público fueron detenidos por favorecer a estas redes criminales. Asimismo, 103 malos policías fueron dados de baja por corrupción.

El último miércoles, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla declaró fundado, en parte, el requerimiento y dictó 16 meses de prisión preventiva contra Américo Oswaldo Bautista Yama, fiscal provincial del tercer despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios.

PUEDES VER: Dos fiscales detenidos y más de 100 malos policías dados de baja por corrupción

El imputado es investigado por los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos destinados a la minería ilegal.

Según la investigación, estaría vinculado a la banda criminal Los Sanguinarios de La Pampa, liderada presuntamente por Eneyser Fernández, alias 'Brayan'.

De acuerdo con la tesis fiscal, habría realizado actos orientados a favorecer a integrantes de dicha estructura y a dificultar las diligencias vinculadas a una investigación por actividades de minería ilegal. Estos hechos son materia de investigación y deberán ser esclarecidos durante el proceso penal.

La captura del funcionario fue ejecutada tras un operativo liderado por la Coordinación Nacional de las FEMA y la Policía Anticorrupción. El historial del fiscal ya arrastraba un oscuro antecedente: en 2020 fue destituido tras ser vinculado con Los Hostiles de la Amazonía, pero inexplicablemente retornó al cargo para seguir despachando.

Desde su despacho, según las autoridades, Bautista coordinaba operativos en la carretera Interoceánica mientras cubría las espaldas a la red criminal.

La caída del fiscal ocurrió en un escenario de guerra declarada por el control territorial en la selva, donde mafias como Los Sanguinarios de La Pampa y Los Guardianes de la Trocha se disputan a sangre y fuego los cobros de cupos.

Este martes, el fiscal que pasará casi un año y medio en prisión, es investigado por filtrar información operativa y brindar apoyo a una mafia dedicada a la minería ilegal que operaba en Madre de Dios.

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La investigación se inició tras un operativo ejecutado el 4 de mayo en la provincia de Tambopata, donde fueron intervenidas seis personas vinculadas a la extracción ilícita de minerales.

De acuerdo con la Policía, el peritaje al teléfono celular del presunto cabecilla de la organización, Eneyser Fernández Pérez, alias 'Brayan', reveló conversaciones y audios atribuidos al fiscal, en los que presuntamente brindaba instrucciones para evitar la entrega de pruebas y coordinar la versión de los investigados.

Además, durante las diligencias se hallaron registros contables que consignarían un presunto pago de S/282.000 al magistrado.

Las autoridades también informaron que la organización criminal operaba en el distrito de Inambari y era investigada por delitos como minería ilegal, extorsión y secuestro.

Luego, en un operativo posterior fueron detenidas 21 personas y se incautaron más de 14,000 municiones, explosivos, armas de fuego y equipos utilizados para la extracción ilegal de oro.

En cuanto al discurso del 28 de julio de la gobernante, algunas propuestas tachadas de populistas durante la campaña fueron rescatadas, probablemente bajo el supuesto de que este pedido no será aprobado en la Cámara de Diputados; es decir, se anuncian sabiendo que no habrá que ejecutarlas. El anuncio del incremento del sueldo mínimo a 1.300 soles no ha sido bien recibido por el sector empresarial, aunque técnicamente es una medida plausible y que fue propuesta por Juntos por el Perú, y fuertemente criticada por la entonces candidata Fujimori.

Esta inconsistencia entre el discurso y los hechos políticos ha sido una estrategia común de Fuerza Popular durante todo el período congresal 2021-2026. Por ejemplo, una norma que destruía la reforma universitaria era denominada "Ley para fortalecer la calidad y autonomía universitaria"; las leyes que favorecían a las AFP eran denominadas convenientemente como si hicieran todo lo contrario: favorecer a la ciudadanía; las leyes que favorecieron al crimen organizado tuvieron nombres vinculados a la mejora de la seguridad. Con esa misma lógica veremos ahora si, tras un discurso que señala que respetará los derechos laborales, vendrá un shock antitrabajador, como es de esperarse.

Fuerza Popular llega al poder con cuatro campañas de preparación y sin cuadros, con un gabinete forzado que delata más la influencia de Luis Galarreta que un proyecto de país. Pero la distancia entre lo que este gobierno dice y lo que hará ya la conocemos: la aprendimos ley por ley durante cinco años. Esa memoria es nuestra primera herramienta. La segunda será la articulación —con organizaciones, con gobiernos locales— para exigir las políticas basadas en evidencia que el discurso promete y que los hechos, si no vigilamos, negarán.

No nos referimos al gasto enloquecido y corruptivo del Congreso saliente. Pero sí al gasto fiscal inevitable. La lucha contra el Niño y la criminalidad son costosas. Un pequeño aumento en el salario mínimo es indispensable y razonable a la luz de las utilidades que estamos viendo en el sector privado.

Pero la tarea de Elmer Cuba es complicada: el gasto indispensable, el gasto necesario, acelerar el crecimiento del PBI, evitar el ajuste económico. Todo eso desde una caja fiscal saqueada, que no parece estar a la altura de las circunstancias. Sería irónico que el imperio de Fujimori II empiece con un shock.

Cuba es un economista de prestigio, pero cabe preguntarse si todas las ofertas del mensaje inaugural han salido de su oficina. Si Segura está sugiriendo ajustes a la vista, Fujimori está prometiendo grandes obras de infraestructura, casi todas responsabilidad del flamante MTC. Quizás se inicia una era de préstamos.

En esta exitosa cuarta intentona se esperaban de Fujimori algunas medidas dramáticas. Pero eso no siempre significa pisar el acelerador del gasto; también existe la austeridad, que viene siendo olímpicamente ignorada. Vista así, la parte no dicha del discurso puede terminar siendo el regreso de una cierta inflación.

En términos generales, hemos escuchado un discurso bastante convencional, lo cual no es malo en sí mismo. Con una que otra excepción, el gabinete designado es bastante convencional, trufado de ministros de otros gobiernos y unos pocos productos de la patería. Gastar lo que no se tiene, o no se va a tener, a su vez es algo bastante convencional.

Va a ser de sumo interés contrastar las palabras de Fujimori con las de su primer ministro cuando este se presente ante el Congreso a pedir el voto de confianza (ya circula una amenaza de cierre si eso no es concedido). Son pocos días de distancia, pero nunca se sabe. ¿Dirá Velarde algo sobre el nivel implícito de gasto?

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, registra dos investigaciones activas por los presuntos delitos de lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. En su declaración también consigna haber sido investigado anteriormente por fraude electoral y nombramiento ilegal.

El ministro del Interior, César Astudillo, mantiene una investigación activa por el presunto delito de peculado. Asimismo, declaró antecedentes por lesiones graves.

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Otro integrante del gabinete con investigaciones vigentes es Alberto Beingolea, quien registra procesos por los presuntos delitos de colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo.

El resto de ministros reportó investigaciones o procesos concluidos, aunque en algunos casos sin precisar mayores detalles. El ministro de Justicia, César Álvarez, indicó que afronta acusaciones constitucionales en curso, pero no especificó a qué hechos corresponden.

El canciller Carlos Espá consignó investigaciones por cohecho, mientras que el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, informó haber sido sentenciado por lesiones culposas y registró además antecedentes por falsedad ideológica y estafa.

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El ministro Rafael Belaunde no detalló las investigaciones que consignó. Sin embargo, explicó que uno de los casos se originó por un error del BBVA, entidad que posteriormente —según su versión— le remitió una carta de disculpas al reconocer que él fue el agraviado por la falsificación de su firma.

En el sector Educación, José Chang declaró haber afrontado ocho investigaciones por presuntos delitos relacionados con usurpación de funciones, lavado de activos, delitos contra el patrimonio, tranquilidad pública y asociación ilícita.

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, reportó investigaciones por falsificación de documentos y dos casos por declaraciones falsas.

Uno de los mayores registros corresponde al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, quien declaró 51 investigaciones. Entre ellas figuran nueve por desobediencia y abuso de autoridad, además de casos por colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones, nombramiento ilegal, destrucción y ocultamiento de documentos, depredación de áreas agrícolas, lesiones y hurto.

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El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, informó haber tenido 10 investigaciones, de las cuales cuatro corresponden a abuso de autoridad y resistencia a la autoridad, tres a negociación incompatible, además de procesos por lavado de activos, delitos ambientales y cohecho pasivo propio.

En tanto, el ministro de Transportes, Rafael Rey Rey, registró un caso por un presunto delito contra la fe pública, mientras que el ministro de Trabajo, Juan Sheput Moore, consignó investigaciones por tráfico de influencias y colusión agravada.

 Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró haber afrontado 20 investigaciones, aunque no precisó los delitos materia de dichos casos.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli Ruiz, reportó 10 investigaciones, entre ellas tres por delitos contra la administración pública, dos por abuso de autoridad, además de procesos por negociación incompatible, concusión, cohecho y corrupción de funcionarios.

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Sentenciado

El nuevo ministro de Vivienda del gobierno de Keiko Fujimori, Mauricio Arnillas, fue sentenciado por causar lesiones graves y abandonar a un amigo tras un accidente ocurrido en 1996. Este hecho ha sido reconocido por el propio ministro.

Como parte de la condena, Arnillas recibió una pena suspendida de un año. Según su versión, en 2009 se emitió una resolución que lo absolvió.

La sentencia figura en su declaración jurada presentada como nuevo titular del Ministerio de Vivienda. “Desperté en casa de un amigo y en ese momento me preocupé por la persona que iba conmigo. Fui al hospital para que la atendieran y también a recibir atención, porque me fracturé las costillas. Luego, el Ministerio Público inició una investigación de oficio, de la que me desentendí porque era joven, tenía 26 años. Estaba ocupado en mis negocios y no era algo que me preocupara. La sentencia salió cuando yo no estaba en Arequipa”, explicó a La República en 2022, cuando postulaba por Fuerza Popular a la alcaldía distrital de Arequipa.

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Al respecto, el exprocurador Julio Arbizu expresó que el simple hecho de tener personas investigadas en cargos importantes refleja cómo Keiko Fujimori llevará el Gobierno.

“Me parece que es una absoluta contradicción con el propio discurso de la señora Fujimori, que ha dicho que se va a luchar frontalmente contra la corrupción y tiene un gabinete con 15 sujetos que, por lo menos, han tenido investigaciones o procesos por delitos de corrupción”.

Arbizu, añadió que, el fujimorismo que ahora empieza, es el mismo que se encontró en la sombra durante años anteriores. “Yo creo que claramente quienes han gobernado en los últimos 10 años son una confluencia de organizaciones criminales y partidos que representan a organizaciones criminales o intereses criminales”, sostuvo.

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Keiko Fujimori defiende el gabinete

Ante los diferentes cuestionamientos, uno de ellos por la falta de experiencia de los ministros de Defensa, Cultura, Transportes, Mujer y Salud, la presidenta Keiko Fujimori salió en su defensa y dijo que sí tienen el perfil para dirigir el sector.

“Se ha definido al gabinete el primer día, si recordamos épocas anteriores se demoraban muchísimos días, la convocatoria que se ha hecho para el Consejo de Ministros son personas que tienen gran experiencia en su sector y en política”, dijo. “Lo que hemos priorizado es la capacidad de resolver los problemas para los ciudadanos, las críticas son naturales cuando hay un nuevo gabinete, pero cada uno de los ministros demostrará los competentes que son para sus sectores”, exclamó

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Antes de conocerse el primer gabinete de Keiko Fujimori, la actriz nos comentó que su expectativa estaba en los liderazgos que puedan surgir de la oposición. “Hay una tendencia de derecha, una inclinación hacia el autoritarismo, hay un claro anuncio de recorte de libertades, y eso no es novedad para nadie; no tiene solo un color político. El conservadurismo diría que casi no tiene ideología. Perú Libre y el fujimorismo fueron los grandes socios de la temporada. Entonces, lo que toca es despertar, estar atentos”.

En cuanto al Colegio de Artistas, la excongresista Susel Paredes entregó un proyecto para la derogatoria de la ley a la diputada Indira Huilca.

Varios cineastas dicen que el panorama es más difícil que en los 90. ¿Coincides?

Lo que pasa es que el gran riesgo o lo que hemos tratado de evitar todos estos años, es que todo aquello oscuro, bajo la mesa, soterrado, informal, se institucionalice. Entonces, está pasando con lo que hacen con la policía, con las manifestaciones públicas, con los derechos humanos y ahora con la cultura.

Delia Espinoza les recomendó ser un grupo sólido. ¿Tienen planes de agruparse formalmente?

Somos un gremio atomizado porque somos una fuerza laboral precaria. El 5 o 10 por ciento de la fuerza laboral artística es la que tiene un trabajo estable, pero la mayoría son trabajadores informales, con una economía inestable, con las mismas incertidumbres que millones de peruanos que la están pasando mal. Entonces, en el medio de eso hay que lidiar con la frustración y encontrar una energía que nos hermane y nos permita sostener un mismo frente, a pesar de nuestras diversidades de ideología.

¿Han contemplado que algunos ya empiecen a colegiarse?

La idea es que la ley se derogue, pero hay precariedad y si no estamos informados y ofrecen algo de formalidad, un revestimiento de cobertura, de seguridad, habrá gente que va a decir: “Bueno, esto es mejor que nada”. Hay que explicar que el fondo de esto es un atentado contra la libertad: desde regular contenidos y no dar acceso a los espacios públicos. El deseo que hay de muchos de nosotros es generar un gremio sólido, tener un respaldo político y de, independientemente de nuestras diferencias, cerrar filas con los no negociables. Y uno de ellos es la libertad.

Es decir, aunque deroguen esta ley, ¿estos foros deben mantenerse en los próximos años?

Sí. Y tenemos que organizarnos. Somos un país donde los sindicatos están mal entendidos y también mal operados. Entonces, todavía no hemos logrado ese nivel de madurez, pero ese es también el gran pendiente y la batalla interna que tenemos. Entender que la representatividad gremial no tiene por qué hacernos sentir ni en falta, ni politizados, ni culpables. Es lo que toca. Ocurre en cualquier país del mundo. Y eso también tienen que entender no solamente los empleadores, sino el Estado y los servidores públicos.

También la ciudadanía, ¿no? Cuando los ven participando en marchas, no falta quien los cuestione y los acuse. ¿A qué responde esto?

Es que se ha instalado el miedo y esa es la mejor arma. La usan la política, la religión. El miedo y la culpa son las dos grandes armas que paralizan al ser humano. Han alimentado tanto la idea de un cuco que no existe, como el comunismo. Ahora el lobo se viste de cordero y te hace creer que te va a salvar de un cuco que no existe. Y estamos más preocupados por eso que por quienes están gobernando y están, cada vez más, recortando nuestros derechos en el mundo entero.

El informe de control señala que las autoridades que fueron parte del proceso no verificaron que los representantes de la contraparte privada contaran con el poder que acreditaba su legal habilitación para firmar. Por el Estado suscribieron el acuerdo la entonces viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli Aristondo, y el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Carlos Herrera Perret.

La supuesta carencia de representación legal de los firmantes por parte de CSCPC es uno de los tres cuestionamientos de fondo que se consignan en la auditoría de cumplimiento denominada 'Otorgamiento de la habilitación, suscripción del contrato de inversión y adendas, licencia portuaria y fiscalización ambiental al terminar portuario multipropósito de Chancay', que emitió la Contraloría en la quincena de junio de este año.

“Proinversión validó, tramitó y suscribió un contrato de inversión con la empresa (CSCPC), cuyos representantes no contaban con el poder que acreditaba la capacidad para suscribir el contrato, requisito exigido por la normativa”, resalta la auditoría.

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LOS REPRESENTANTES LEGALES

“No obstante, se continuó con el trámite y remitió dicho contrato al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para su suscripción”, remata, dando a entender una presunta conducta en beneficio de la empresa inversionista.

Fuentes de Proinversión y de CSCPC señalaron que el informe de la Contraloría comete un error al concluir que José Picasso Salinas y Marco Rivera Noya no estaban habilitados como apoderados para firmar el contrato de inversión con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Proinversión.

El 7 de junio de 2016, antes de la suscripción del contrato, CSCPC remitió a Proinversión los poderes que facultaban a Picasso y Marco Rivera como apoderados del inversionista y, en consecuencia, estaban habilitados para rubricar el acuerdo.

Los auditores señalan que dicha información no existe, sin embargo, entre los documentos que presentó la empresa se incluyen las partidas registrales en las que constan los poderes otorgados a Picasso y Rivera. En el informe se indica que los poderes no están inscritos en el numeral 3.00 de la partida, pero sí aparecen en el numeral 5.08, como puede apreciarse, indicaron las fuentes.

El segundo cuestionamiento relevante de la Contraloría está dirigido a los funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), a quienes atribuye haber flexibilizado su mandato fiscalizador dejando pasar presuntas deficiencias en la construcción del terminal de Chancay en beneficio de los inversionistas.

EL CAMBIO DEL TRAZO

De acuerdo con el informe, la APN dio visto bueno al expediente técnico y concedió la habilitación portuaria de la Nueva Etapa 1 del terminal de Chancay en 2021, además de aprobar la segunda modificación en 2024, no obstante que:

(1) “El expediente técnico que dio lugar a las habilitaciones otorgadas no guarda concordancia con la certificación ambiental vigente respecto al trazo del túnel, ni incorporaba la medida de protección ambiental vigente respecto al trazo del túnel, ni incorporaba la medida de protección ambiental denominada Sistema de Geotubos”; y

(2) “Durante las inspecciones de avance de obra, no adoptó acciones oportunas frente a la ejecución del túnel por un trazo distinto al aprobado, lo que permitió el inicio y la continuidad de las obras y posterior operación del puerto de Chancay sin cautelar el cumplimiento de los requisitos legales y sin formularse acciones correctivas, lo que benefició al administrado (CSCPC).

Respecto al primer punto, fuentes de la APN resaltaron que los auditores se equivocan al señalar que el Expediente Técnico de Obra de 2021 incluyó un nuevo trazo del túnel, que no estaba comprendido en el expediente aprobado por el organismo en 2015.

“No, el expediente de 2021 no contempla cambios o modificaciones del túnel. En el expediente de 2021, no se solicitó la modificación del trazo del túnel. Es un grave error de los auditores”, indicaron las fuentes.

También precisaron que el Sistema de Geotubos es parte de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIAd), y no del expediente técnico que aprobó la APN.

“Los geotubos son un componente de remediación ambiental y no son parte de infraestructura portuaria. Las obras aprobadas por la APN corresponden a la infraestructura portuaria y equipamiento portuario, se enmarcan dentro del recinto portuario y no fuera del mismo”, subrayaron: “Los geotubos no son responsabilidad de análisis, control o supervisión por parte de la APN”, completaron.

LA VALIDACIÓN AMBIENTAL

Como tercera observación, los auditores llaman la atención a los funcionarios de la APN por no haber intervenido en la construcción de la variación del trazo del túnel ni tampoco adoptaron medidas correctivas y sin contar con certificación ambiental.

“Sin embargo, la habilitación del túnel se hizo sobre una servidumbre otorgada por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), por lo que ésta es la entidad que cautela las normas”, explicaron las fuentes.

“La APN no tiene la función de supervisor de obra, no cuenta con instrumentación que permita efectuar mediciones topográficas de los trabajos que se ejecutan. Tampoco la ley le faculta a paralizar una obra privada, salvo las públicas y de concesión”, dijeron.

El proyecto portuario recibió la aprobación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y, cuando se varió el trazo del túnel, no se exigió la presentación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), “porque no se desarrolló sobre un medio distinto”.

El cambio del trazo del túnel “no se desarrolló sobre un medio distinto, la magnitud de la intervención no cambió en nada, ni se presentaron nuevos impactos relacionados a la ejecución del mismo, por lo que tampoco cambiaron las medidas de mitigación impuestas.

Ante el reclamo de la Contraloría a la APN por no haber vigilado la ejecución de la obra, la entidad indicó que las supervisiones, tratándose de una inversión 100% privada, “el administrado (CSCPC) es el que contrata la supervisión y su ejecutor de obra y ambas cosas se ejecutaron”, expresaron.

La modificación no demandó el requerimiento de un nuevo estudio, porque no cambiaban los impactos ambientales.

“La APN no realiza labores de Supervisión de Obra, sino que efectúa inspecciones inopinadas de cómo viene avanzando la obra, es imposible y no es función de la APN estar las 24 horas todos los días en una obra privada”, según las fuentes consultadas.

Al respecto, según los inversionistas, ratificaron que no existió un nuevo proyecto ni una alteración sustancial del diseño originalmente certificado, cuando se varió el trazo del túnel.

“La empresa nunca ocultó el trazo ejecutado ni pretendió eludir el control administrativo; por el contrario, adecuó técnicamente el proyecto para cumplir con el nuevo sistema geodésico oficial y continuó ejecutando las medidas de manejo ambiental previstas en los instrumentos aprobados”, apuntaron las fuentes.

Por estos hechos la Contraloría recomienda que se evalúe la presunta responsabilidad de cuatro funcionarios de Proinversión y de la APN.

Durante una entrevista a Exitosa, se le preguntó a Vinelli si el Ejecutivo otorgará el salvoconducto a Betssy Chávez, a lo que él respondió: "Yo creo que sí, porque además creo que está amparado en la legislación internacional".

Antes de ello, Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores, había deslizado la posibilidad de un salvoconducto.

"Nosotros creemos en el Estado de derecho, en el imperio de la ley. Más allá de las simpatías o antipatías personales, más allá de que las personas deben responder por sus actos, deben de asumir la responsabilidad de sus actos, creemos en el imperio de la ley tanto a nivel nacional como internacional", manifestó.

Además agregó que "la Cancillería peruana tiene una larga tradición de hacer respetar los principios internacionales, y uno de ellos es el respeto a las convenciones y los convenios internacionales, como la Convención de Caracas de 1954”.

En función de ello, indicó que se tomará una decisión en Consejo de Ministros. "Estoy seguro que se dará a conocer prontamente", dijo.

La demora se originó porque las áreas responsables de tramitar la carta de crédito incumplieron con las coordinaciones necesarias para garantizar el pago comprometido con el proveedor. Como consecuencia, la autorización para descargar el petróleo también se retrasó, lo que derivó en el pago de una penalidad por sobreestadía del buque de la compañía china.

La auditoría señala que, desde el inicio del proceso de compra, el contrato establecía que la carta de crédito debía estar confirmada y recibida por el banco del vendedor de petróleo, Standard Chartered Bank, con un máximo de cinco días hábiles antes del inicio del período de entrega del cargamento. Sin embargo, ese requisito no se cumplió.

Conforme a la auditoría, el trámite comenzó con un monto de US$29 millones, pese a que el contrato establecía que debía emitirse por un valor estimado de US$31 millones. Esta diferencia obligó a una modificación cuando el procedimiento ya estaba en marcha, lo que ocasionó nuevos retrasos entre las tres áreas involucradas de Petroperú y el Banco de la Nación.

Luego, la Unidad de Mercados Financieros continuó gestionando la operación con el importe desactualizado y no solicitó de inmediato una nueva cotización cuando se advirtió la necesidad de incrementar la garantía.

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Pese a la situación descrita, el Departamento de Tesorería continuó tramitando la carta de crédito por el monto inicial hasta el 8 de marzo de 2024, cuando, desde el 5 de marzo, ya se había comunicado que debía elevarse a US$31 millones.

El pedido formal para modificar la operación recién fue remitido al Banco de la Nación el 13 de marzo, mientras que la carta de crédito corregida fue emitida el 15 de marzo, cuando el período de entrega del petróleo ya había comenzado.

Las consecuencias se reflejaron en la operación logística. PetroChina International (América), Inc. debía descargar el petróleo entre el 11 y el 13 de marzo de 2024 en el Terminal Marítimo de Bayóvar, en Sechura, y en la Refinería Talara, ambos ubicados en Piura. Sin embargo, la descarga recién se realizó el 16 de marzo en Bayóvar y el 26 de marzo en Talara, es decir, con retrasos de cinco y 13 días, respectivamente.

Por esta razón Petroperú tuvo que asumir el pago de US$396.135 por concepto de sobreestadía, monto que corresponde al tiempo adicional que el buque permaneció esperando autorización para iniciar la descarga del cargamento.

La auditoría señala como presuntos responsables del pago en exceso al supervisor de Administración de Contratos y Transporte Internacional, José Mendoza Valladares; al jefe de Administración de Contratos, Bryan Helguero Muro; y a los analistas de Mercados Financieros, Aldo Collantes Tirado y Juliet Mogollón Gómez.

También están incluidos la jefa de la Unidad de Mercados Financieros, María Cataño Aybar; y el gerente (e) del Departamento de Tesorería, Carlos Arcos Chirito.

Hace más de dos años, cuando propusieron la llamada ‘ley anticine’ en el Congreso, me decías que no habría películas como Mujer de soldado. ¿El escenario actual es más complicado de lo que imaginabas?

Sí, la situación ha empeorado porque no creo que este gobierno derogue la ley de cine aprobada. No muchos cineastas se han podido presentar al concurso de estímulos de DAFO porque ahora te están pidiendo el 30% del aporte propio. Es complicadísimo para todos, sobre todo en el caso del cine regional y el documental, porque no entran en un circuito comercial. Como documentalistas, no podemos pensar en tener ganancias; esa palabra no existe. Entonces, ¿cómo recuperamos ese 30%? Hay un proyecto que presentó Susel Paredes, pero no fue discutido. Ahí se considera que el otorgamiento de estímulos debe ser del 100%, como con la ley anterior. En el caso del cine regional es peor, porque recortan el monto que daban al 50%.

Cuando el Congreso impulsa leyes como la que traslada los casos de policías y militares al fuero militar-policial, ¿un cineasta se animaría a postular con temas de denuncia?

Hay una censura implícita a ese tipo de temas. Está dentro de la ley, no se dice abiertamente, pero está contenida, y cuando se habla de defensa nacional, de seguridad nacional, y se usan ese tipo de términos dentro de la ley, afecta, sobre todo, al documental que toca temas muy controversiales. Tampoco creo que vayan a derogar la ley del Colegio de Artistas. Esa ley es un absurdo.

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Algunos creen que la censura podría darse por ese lado si les solicitan eso como requisito. ¿Podría suceder?

Sí. A mí lo que me genera esta ley es una serie de preguntas: ¿qué intereses hay detrás?, ¿por qué se busca colegiar a los artistas? Lo primero que se me viene a la mente es limitar y censurar. Yo supongo que tiene que ver con restringir el acceso de algunos artistas a los fondos públicos. Lo definiría como un texto estalinista, a pesar de que ya esto suena desfasado, pero es una categoría de artistas que ha estudiado solo en la universidad o en institutos. Es como una élite que se crea y que quizás, esa sea la que sí puede acceder a los estímulos públicos y se deja de lado al artista autodidacta.

Los documentalistas son comunicadores, sociólogos, etcétera, pero la mayoría no es bachiller en Arte.

Por supuesto. Entonces, ¿por qué se da terminando un gobierno? En segundo lugar, es un freno a la libertad de creación, choca con la esencia del arte y las consecuencias pueden ser tremendas también. Si juntas estas dos leyes (de cine y el Colegio de Artistas) son dos bombas de tiempo para la cultura. ¿A dónde va el arte en el Perú? ¿Hacia la extinción? Cuando ves quiénes las promulgaron, te das cuenta de que hay una orientación clarísima, además, está de acuerdo con todo lo que estamos viviendo a nivel regional. Lo mismo pasa en Argentina.

Es imposible no mencionar la fotografía de Keiko Fujimori con el actor y productor Eduardo Verástegui, quien quiso ser candidato en México y tiene un discurso conservador. ¿Qué opinión tienes?

La vi. Es terrible. Y no sabemos cuál será la posición del próximo ministro de Cultura frente a estas dos leyes. Está todo junto, es un paquete. ¿Si podemos enfrentar una batalla cultural? Yo veo que no hay la fuerza para enfrentar. Todo el mundo está ahora en shock, no hay una respuesta en este momento, más bien todos son ataques. Se necesitan muchos gremios fuertes y cada uno está en lo suyo en este momento. No veo una cohesión en torno a una respuesta más política que se necesitaría.

El “divide y vencerás” al sector.

Eso es lo que ha pasado en gran parte. Con la Film Commission (para promover producciones internacionales en Perú) ha habido una cosa ahí: ‘A estos les entrego esto por acá’. Entonces, a ellos ya no les interesa lo que pase con los otros, eso es lo que ha pasado. Que no te sorprenda que en los próximos meses haya gente que ya se empiece a colegiar, porque de alguna manera piensa que le va a convenir, cuando la posición debería ser: nadie se colegie.

Como documentalista, ¿este escenario es parecido a los años 90 o peor?

Yo creo que nunca hemos estado en una situación así porque, por lo menos, teníamos leyes que estimulaban, por eso es que se han podido hacer 600 películas a lo largo de una década. Desde el 2000 en adelante ya había una incipiente industria que estaba comenzando, pero ahora este es un golpe que todavía no vemos. En los próximos años se va a ver la disminución de la producción de cine nacional, sobre todo la de cine documental y cine regional.

Mujer de soldado acompaña una sentencia histórica como fue el caso de Manta y Vilca. A pesar del heroísmo de estas mujeres, ahora hay un revés, ¿no?

Sus violadores van a estar libres. Con las últimas leyes que han salido, ya estos señores están libres; no pasó nada. Es una cosa espantosa, ¡imagínate! Después de tanto esfuerzo, tanto dolor y sufrimiento en los juicios. Es terrible porque ya estaban sentenciados.

Y con tu último documental El Huaro, ganaste un premio en Argentina. ¿Tienes un proyecto en mente?

Teníamos uno, pero lo presentamos dos veces (a DAFO) y no salió. Pero no sé cómo podría poner 30% de aportes propios, no soy empresaria, no tengo capital de inversión. Además, estamos en un momento oscuro y ganar un premio internacional ya no implica nada. Estamos en modo sobrevivir, así tan grave como eso.

Hay pedidos para derogar otras leyes.

Claro, primero tienen que derogar las leyes procrimen y las leyes de amnistía a militares y policías, ¿no? Porque es dejarles la cancha libre para que hagan lo que quieran. Que torturen, que violen y que maten. Entonces, cuando hay que luchar por estas causas, la cultura va a estar relegada a la última fila. Quizás al final del periodo se acuerden de que existe una ley que está matando el cine nacional.

Mientras tanto, ¿la cultura se queda sin ‘altavoces’?

Sí, por eso, ahora va a haber silencio. Más bien, van a salir ese tipo de películas como las que ya están saliendo.

¿La Cantuta y Chavín de Huántar?

Claro, esas quizás los militares sí las van a ver y van a ver que el cine es importante para difundir sus ideas. Ya lo están haciendo. ❖

“Esta ley es polarización y mercantilismo”

La Ley N.° 32645, promulgada por insistencia por el Congreso de la República, crea oficialmente el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) e integra solo a quienes tengan el título profesional en Arte o en Educación Artística.

“Yo hice un taller con Alberto Ísola de un año y esa es mi formación teatral. Aprendí de mi maestro y luego entré a la universidad a estudiar Literatura”, nos comenta el actor y director David Carrillo, quien dirige el Teatro Racional.

Para él, esta ley golpea al teatro peruano, que aún no se recupera del cierre de salas por la pandemia. “Incluso, los que tenemos privilegios no nos recuperamos del todo. No entiendo esta reacción del Estado de ponerle el ojo a las artes, en general”.

Además, considera que esta ley también hará que algunos vuelvan a las aulas solo para colegiarse. “Esa gente que apostó por el negocio de la educación con sus universidades ‘bambas’, seguro dice: ‘Van a querer estudiar como sea’. No les importa la calidad. Esta ley es polarización y mercantilismo”.

• Los artistas escénicos, en general, han rechazado la creación del Colegio de Artistas. “Nos parece que se pretende regular contenidos. Esta ley invalida la condición profesional a muchísimos artistas. ¿Dónde queda el arte shipibo-konibo? ¿El arte andino?”, declaró a La República Mónica Sánchez.

Si nos dejamos llevar por cómo la han presentado en esta feria, uno diría que usted es una abogada y una poeta, pero en realidad es también la primera presidenta mujer del Ecuador.

Así es.

¿Le molesta que ese dato no se destaque?

No, estoy tranquila, porque es parte de mi vida. Yo digo que la vida está compuesta de facetas y es como un prisma, todo depende del lugar desde el que se mira, o el momento, o las circunstancias. Entonces, ahora vengo aquí más como escritora, pero hay momentos en que estoy más como abogada, o como persona preocupada por la política social, y como lo que he hecho toda mi vida, ser educadora.

Tengo mucha curiosidad por su presidencia. Duró poco, y entiendo que fue por una conspiración del Congreso. ¿Qué es lo más apremiante que recuerda de esa época?

Bueno, yo creo que el machismo. Porque estamos hablando de hace casi 30 años. El próximo año serán 30 años.

Claro, su presidencia fue en 1997.

Sí, y en esa época no existían leyes de cuotas, ni siquiera se podía pensar o imaginar que iba a darse la paridad como actualmente existe en el Ecuador, en que obligatoriamente, si el candidato a presidente es hombre, la candidata a vicepresidenta tiene que ser mujer, y viceversa. Entiendo que no es un requisito aquí en el Perú, pero en el Ecuador sí lo es. Entonces, ya siempre habrá al menos vicepresidentas. Pero en mi caso fue más bien excepcional, y antes me tocó ser también la primera mujer ministra de Educación del Ecuador.

Es verdad, es una pionera en muchos sentidos.

Me tocó, y también fui la primera en la OTCA, en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, con el voto del Perú.

¿Y es verdad que hubo tanta mezquindad contra usted que demoraron 21 años en poner su retrato en el Palacio de Carondelet, como presidenta?

Es verdad, sí. Y lo curioso es que no fue por una decisión graciosa del gobierno de turno, sino por una insistencia de las mujeres, sobre todo lideradas por las mujeres de Guayaquil, que exigieron que el retrato esté colocado allí, como lo está hasta los actuales momentos, pero tuvieron que pasar más de 20 años.

Me estaba contando que usted asumió la presidencia cuando cayó el gobierno del señor (Abdalá) Bucaram.

Así es.

Pero antes usted ya había sido ministra de su antecesor, el señor Sixto Durán.

Sí, aunque había empezado como viceministra de Cultura. Y antes había tenido una participación en mi ciudad, yo soy de Cuenca, del sur del Ecuador, y allí fui concejal. Allí empecé.

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Tengo otra curiosidad. Usted escribió un libro sobre la guerra del Cenepa.

Sí.

¿Era testimonial el libro? ¿Usted estuvo de alguna manera cerca del escenario de la guerra?

A ver, como mujeres organizamos eventos por la paz. Y fue muy interesante, porque yo había salido recién del Ministerio de Educación y lideramos un proceso junto con otras mujeres ecuatorianas buscando la paz. Fuimos en un avión que nos prestaron de las Fuerzas Armadas a la zona del conflicto. Y hablé con los diferentes personajes del conflicto militar.

¿Y al final, cuando acabó todo, sintió que la resolución del conflicto fue la más justa?

Qué difícil pregunta me pone. Bueno, yo soy ecuatoriana y por supuesto defiendo las tesis de mi país. Creo que no fue tan satisfactorio como habríamos podido pensar desde el punto de vista territorial. Pero desde el punto de vista de hermandad de los pueblos, de la paz, del comercio que se fortaleció, yo creo que ha sido muy positivo.

Bueno, en el Perú también hay muchas voces que hoy mismo no están de acuerdo con la resolución final.

Claro, lo entiendo. Mire, yo empecé a los 17 años como profesora, en un colegio en el que me gradué. Y durante varios años fui profesora de Historia de Límites. Imagínese usted, no solamente Historia del Ecuador, o Historia Universal que me tocaba dar, sino Historia de Límites. Y cada vez que yo empezaba las clases decía: “Vamos a ver esta historia de lágrimas del Ecuador”. (Se ríe)

¿Y hoy tiene que ver con la vida política de su país o solamente es una observadora crítica?

No, yo hago crítica, por supuesto. Escribo todavía para varios periódicos en el Ecuador. Publico dos revistas, no políticas, una de educación y otra de temas ambientales. Yo soy periodista de carrera.

Se graduó en Brasil.

Estudié en Brasil, pero Antropología. Entonces tengo una mezcla de Derecho, Comunicación, Antropología. Y hasta ahora sigo estudiando, porque estudio francés en Duolingo.

Es una experiencia renacentista la suya, se alimenta de muchas cosas.

Sí, la verdad que sí. Y también estoy construyendo un museo en la ciudad de Quito, en el Centro Histórico, porque creo que hay que recuperar ese lugar maravilloso que tenemos.

¿Y le alcanza el tiempo para todo?

Trato de que sí. Soy parte de algunas iniciativas. Me alegro de haber sido parte del directorio de la Biblioteca de Alejandría, en Egipto, o de haber sido miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica, la única persona de América Latina que ha estado metida en ese lugar. Me ha tocado esa suerte y yo trato de servir en diferentes frentes, porque yo creo que hay una vocación de servicio, pero también soy muy curiosa.

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Hablemos un poco de la actualidad del Ecuador. Desde fuera nos acostumbramos a pensar que el Ecuador era un país complejo en el que las manifestaciones indígenas podían traerse abajo un gobierno, como ocurrió en tres ocasiones. Pero actualmente lo que vemos es una violencia muy intensa, desatada por grupos que están fuera de la ley. ¿Por qué pasó eso?

Es que Ecuador no es la excepción. Y yo creo que toda América Latina, incluyendo el Perú, está bajo el ataque del crimen organizado. Esa es una realidad. Ecuador hasta hace no mucho era considerada una especie de isla de paz en ese sentido, no había esa violencia estructural de bandas criminales, pero ahora existe. Y esas bandas criminales dependen o del cartel de Sinaloa o de Jalisco, o hay grupos, inclusive, de los países eslavos o africanos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que hablamos de crimen organizado y los gobiernos no somos capaces de organizarnos para combatir al crimen. Yo creo que ya es hora de empezar y esa debería ser una de las tareas fundamentales, por ejemplo, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos.

¿Esta OEA tan debilitada? ¿Con tan pocos recursos?

Sí, pero no se trata aquí de recursos, sino de capacidad de convocatoria y de comprometer a los líderes. No importa de qué signo político sean para que nos organicemos, porque el crimen sí está organizado. Vean que estamos todo el tiempo hablando de crimen organizado. ¿Qué quiere decir? Que ellos sí se pusieron de acuerdo, los carteles, las bandas criminales que desgraciadamente están acosando a los países. Y Ecuador no es la excepción. Evidentemente estamos sufriendo la mayor ola de violencia que hemos tenido en toda la historia del país. Esto me angustia. Yo dirijo una iniciativa de exministros de educación. Y uno de los temas que analizamos es el de la violencia. Y dentro de eso nos preocupa que el crimen organizado ahora está reclutando no solamente a jóvenes, sino a niños. Niños de 9, 10 años, que son ya sicarios o forman parte de las bandas. Igual que pasa en México, en Colombia, en Perú, en todos los lados. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Esos niños están tan ansiosos de dinero? Yo no creo que sea eso. Es que no han logrado consolidar un sentido de pertenencia. La familia, desestructurada, ya no les da esa base que teníamos antes. La escuela tampoco se lo está dando. Y estas bandas sí.

¿Dice que las bandas criminales le dan sentido de pertenencia a los más jóvenes?

Sí, le dan ese sentido de pertenencia, que no es el dinero.

Es el fracaso del Estado entonces.

Ese es el fracaso enorme del Estado, pero no solo del Estado, sino de la familia. Porque allí la familia tiene un rol fundamental. Entonces, yo digo, ese binomio entre familia y escuela tiene que fortalecerse de alguna forma. Yo creo que es la única forma, a través de la educación, de hacer frente al crimen organizado.

Combatir a la violencia criminal con la educación. Es una propuesta interesante.

Es la única forma, no hay otra, porque usted no puede poner un fusil detrás de cada persona.

Ahora, la violencia en Ecuador alcanza a todos, ha alcanzado a candidatos presidenciales, a periodistas que tienen que hacer su trabajo de investigación a escondidas, a la gente de la calle. ¿A usted la ha tocado de alguna manera?

A ver, directamente no, y en eso debo decir que soy afortunada, pero la he visto de cerca. Como le digo, yo visito escuelas todos los días, y a veces uno oye historias desgarradoras. Nosotros hacemos un trabajo con profesores, desde la Fundación FIDAL, y ellos nos cuentan historias de niños a los que asesinaron a sus padres, o que vieron caer a sus hermanos, cosas así. No, la violencia no ha tocado a mi familia o a mi persona, pero sí la siento en la piel.

Usted también es una defensora del medio ambiente, y para nadie es un secreto que el Ecuador tiene la mayor biodiversidad del planeta. ¿Esta violencia ha afectado de alguna manera a los protectores de parques naturales?

Brutalmente, y también a los espacios de protección. Porque han encontrado los narcotraficantes que una forma adecuada para ellos lavar su dinero es a través de la minería ilegal. Y esto está afectando también al Perú, y a diferentes países. Ecuador es un país muy rico en biodiversidad, pero también en oro, y a mí me preocupa porque, siendo una persona preocupada por el medio ambiente, encuentro que hay muchos ambientalistas que dicen: no a la extracción de minerales. Y esto es absurdo en los tiempos actuales, en que los minerales son tan codiciados, en que el oro ha alcanzado precios récord. Y entonces, descubierto el oro, es como la fiebre del oro en el Antiguo Oeste Americano. O sea, es imposible parar la explotación. Si usted descubrió una veta de oro, no se puede parar. Entonces, yo prefiero que el Estado asuma la responsabilidad, que concesione a empresas responsables a las que puede controlar, a las que puede exigir que cumplan con todo lo ambiental.

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Hablando de conservacionismo, una experiencia que Ecuador tiene es la de Galápagos, donde han conseguido proteger al parque natural de una manera bastante eficiente. ¿Siente que ese modelo debería replicarse en otros lugares del mundo?

Definitivamente. Galápagos es el más importante laboratorio natural que tiene la humanidad, y que fue descrito por Darwin, pero no solamente hablemos de Galápagos, tenemos que hablar del Yasuní en la Amazonía, o tenemos que hablar del Chimborazo, que le sirvió a una personalidad que también estuvo aquí en el Perú, Alexander Von Humboldt, para mí considerada una de las mentes más brillantes que ha tenido la historia de la humanidad. Él, hace 200 años, hablaba de cambio climático. Él desarrolló su teoría del Naturgemälde, que es esta relación entre los diferentes pisos climáticos, y lo hizo con el Chimborazo. Es decir, tomó el Chimborazo como modelo, porque ahí están todos los pisos climáticos, y dijo, bueno: Este es el modelo de relacionamiento entre todos los seres de la naturaleza, vivos y no, las piedras, los elementos geológicos, los pájaros, los animales, en fin. Y Humboldt es el personaje que influencia no solamente a los naturalistas, porque él era un extraordinario naturalista, sino que influencia hasta a los políticos. Ahora, usted me pregunta si se puede transpolar aquello que se hace en las Galápagos. Yo diría que sí, indudablemente sí, y creo que podríamos hacer mucho más. Siempre he dicho que la experiencia de Galápagos deberíamos transformarla en proyecto piloto para todo, en educación, en salud. Si usted lo puede hacer en las islas, lo puede replicar en el resto del país y, por supuesto, en el resto del mundo.

La veo hablando con orgullo de la experiencia de Galápagos.

Bueno, he ido varias veces, la primera lo hice cuando estaba por graduarme, cuando no se hablaba de turismo a Galápagos, fuimos en un barco militar.

Vaya.

Fue en mi época de estudiante, antes de graduarme de bachiller, y estoy hablando de un montonón de años atrás, casi 50 años. Fuimos en un barco de carga, nos pusieron en la sentina del barco, a un grupo de 20 estudiantes, y fue una cosa que ahora no se puede hacer: ir desde Puerto de Guayaquil hasta San Cristóbal, unos tres días de navegación en alta mar, lo que ahora es imposible, porque ahora uno va por avión a Galápagos y allí toma el barco para hacer el recorrido, porque por la contaminación de especies no puede ir un barco directamente desde un puerto continental, tienen que hacer cuarentena.

Hablemos de su relación con la literatura. Alguna vez ha dicho: “Antes que ser Presidenta de la República o tener otro cargo, yo siempre quise ser una escritora”. ¿Por qué? ¿Por qué esa es su principal vocación?

Es la más importante, sí, y a la que le he dedicado menos tiempo. Yo digo que soy una escritora a salto de mata. Bueno, vengo de una familia lectora. Yo estaba siempre rodeada de libros. Mi abuela materna, me acuerdo, era una lectora voraz. Y cuando me preguntaban qué quieres ser, pues yo decía que escritora. Porque me gustaba leer y me gustaba escribir desde pequeña, hacía cuentos y todo. Muchos se perdieron, porque mi mamá era muy ordenada y cuando encontraba papelitos por ahí simplemente los botaba, pero ahí estaba la semilla de algunos libros que después publiqué.

La política y la literatura parecen distantes, casi enemigas, ¿cómo hizo para conciliar ambas vocaciones?

Bueno, en algunos casos yo diría que se complementaron. Por ejemplo, escribí un libro que se llama La Presidenta, el secuestro de una protesta, al calor de lo que me pasó en el 97, para denunciar lo que había ocurrido. Yo digo que, en algunas ocasiones, las situaciones que vivo me compelen a escribir. Ocurrió antes con un libro que se llama Jerónimo, sobre mi hijo con síndrome de Down, y cuando él falleció apenas con diez meses, yo estaba esperando a mi tercera hija. Era una situación tan dolorosa, brutal, que la única forma de hacer catarsis fue escribiendo.

Jerónimo, de hecho, es su libro más conocido

Es el más conocido, ha sido traducido a varias lenguas.

Y entiendo que también es parte del plan lector de las escuelas en Ecuador.

Sí, por sorpresa para mí, porque yo escribí ese libro no pensando ni en niños ni en jóvenes, yo lo escribí pensando en adultos, en padres de familia, y lo escribí -debo ser absolutamente honesta- para desfogar el dolor, y también para darle una voz de esperanza en medio de todo a las mamás y papás de hijos especiales. Pero después, me sorprende cuando lo veo en los planes lectores, en cursos de Literatura o Filosofía. Hay historias lindas con los más jóvenes. Y yo creo que se trata también de inducirlos a aceptar el mundo de la diversidad.

¿Cuándo publicó Jerónimo?

A ver, la primera vez se publicó en el año 92, es un libro antiguo ya.

Pero su camino no ha terminado.

Sí. Sigue siendo el más vendido, a mí me sorprende muchísimo. Y fue publicado por un laboratorio médico. Mi padre es médico, fue el pediatra de Jerónimo. Y yo había escrito el libro ya. Y un día mi papá me llama y me dice: Mira, yo le presté el manuscrito al gerente de un laboratorio médico de Quito. Y él le dijo: Vamos a publicarlo. Y empezó a circular el libro, de manera gratuita, y los visitadores médicos lo llevaban en su maletín junto con las muestras.

Así que el libro empezó a leerse primero en los consultorios.

Sí, y los pediatras se lo regalaban a los papás de niños especiales. Así empezó y ha tenido un camino largo.

Lo que la ha traído a esta feria es Rosa Carmín, un poemario que reivindica a 42 mujeres del Ecuador y de América Latina. Digamos que usted ha extraído a estas heroínas de los libros de historia y las ha transformado en literatura.

Yo diría que son poemas históricos. No es tan común. Y no es el único libro de este tipo que estoy poniendo sobre el tapete. Hay otro que todavía no publico, que lo estoy puliendo, que se llama Ciudades Perdidas. Acá recupero complejos como Machu Picchu, o como Mohenjo-Daro en la India. Yo primero estudio la ciudad, o estudio al personaje. Busco diferentes fuentes de información, como una historiadora. Pero en lugar de escribir un capítulo, escribo un poema. Y los poemas son ajustados a la realidad. Entonces, yo hablo de Manuela Sáenz, o hablo de Santa Rosa de Lima, y lo que hago es su historia en forma de poesía.

El comunicado de la bancada rechaza "toda forma de violencia" y remarca su compromiso con el debido proceso. Añade que seguirá de cerca el desarrollo de las diligencias y que, en el ámbito de sus competencias, definirá las medidas que correspondan conforme a sus normas internas.

Este diario conoció que la mujer que denunció al diputado, identificada como Laura Bonilla Valerio, ejerció como su abogada en uno de sus procesos judiciales anteriores. Pérez Mallqui arrastra sentencias por lesiones culposas, violencia familiar y falsa declaración en procedimiento administrativo. En conjunto, esas condenas suman cerca de ocho años de pena privativa de libertad, aunque no todas de cumplimiento efectivo.

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¿Qué dice el parte policial sobre la agresión?

La denuncia original era por violencia psicológica, no física. Bonilla Valerio llegó primero a la comisaría de San Miguel y firmó los documentos que le explicaban sus derechos como víctima. Los policías la notaron afectada, casi en shock.

La mujer pidió ir al baño porque sentía náuseas y malestar. Como se demoró, los agentes tocaron la puerta para ver si estaba bien. Ella respondió que aún se sentía mal. Cerca de las 12:20 horas, se escuchó bulla afuera de la oficina, donde Pérez Mallqui esperaba sentado.

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Al salir, los policías vieron al diputado dándole manotazos a Bonilla Valerio. Ella se cubrió la cara con los brazos y le preguntó "¿por qué me haces esto?". Él le respondió, en voz baja y con burla, "te vas a arrepentir de lo que estás haciendo". Después le puso el pie y le jaló del brazo. También le propuso arreglar todo con una simple constancia de retiro de hogar, porque "la prensa" lo iba a perjudicar.

El comisario a cargo vio las marcas en los brazos de la mujer y ordenó la detención del legislador. Una fiscal tomó conocimiento del caso de inmediato. Bonilla Valerio firmó el acta y contó que no era la primera vez que sufría este tipo de violencia, pero que nunca antes denunció por vergüenza. Pérez Mallqui, en cambio, no quiso firmar el documento y dejó dicho que no estaba de acuerdo con lo que ahí se relataba.

La nulidad del proceso penal alcanza a las investigaciones preliminares iniciadas en 2019 y a todas las actuaciones que se derivaron de ellas. Esto incluye las decisiones judiciales que en su momento rechazaron los primeros intentos de la defensa de Humala para cerrar el caso, y también la sentencia que lo condenó a quince años de prisión el 29 de abril de 2025.

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La votación entre los siete magistrados no fue unánime. Cinco de ellos respaldaron la decisión: Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez. Los otros dos, Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez, votaron en contra y pidieron que la demanda fuera rechazada.

El fallo también dio órdenes concretas. La Fiscalía debe cerrar oficialmente el caso y archivar todo lo investigado hasta ahora. El juzgado a cargo, por su parte, tiene que definir la situación legal de Humala el mismo día en que reciba la notificación de la sentencia.

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Los fundamentos que sustentan la decisión del TC

La mayoría del Tribunal basó su decisión en un principio básico del derecho penal: a nadie se le puede castigar por algo que, cuando lo hizo, todavía no era considerado delito. Según los magistrados, lo que se le atribuye a Humala —recibir y quedarse con dinero de origen sospechoso para financiar sus campañas de 2006 y 2011— corresponde a un tipo de delito que Perú incorporó a sus leyes recién en noviembre de 2016.

De ahí se desprende el segundo argumento: aplicarle ese delito a hechos ocurridos años antes de que existiera en la ley equivale a castigarlo con una norma que no existía en ese momento, algo que la Constitución prohíbe. La razón es que la ley vigente en 2006 y 2011 no sancionaba simplemente recibir dinero sospechoso para una campaña. Esa ley exigía algo más complejo: que el dinero pasara por varias etapas, como colocarlo, mezclarlo con fondos legales y finalmente devolverlo a quien lo generó, disfrazado de dinero limpio.

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El tercer argumento cuestiona qué tan sólida era la acusación en sí. El Tribunal señaló que nunca quedó claro, de forma concreta, cuál fue el delito original que generó ese dinero sospechoso. Tampoco encontró pruebas suficientes de que Humala supiera, en 2006 y 2011, que ese dinero venía de un origen ilegal, algo que —según recalca el fallo— no se puede simplemente asumir sin demostrarlo.

Con base en estos tres puntos, el Tribunal concluyó que sí hubo una violación a los derechos de Humala, y que esa violación afectó directamente su libertad personal. Esa fue la razón que usó para ordenar que se anule todo el proceso, aunque —como plantean los votos en contra— decidir qué delito corresponde a cada caso normalmente es tarea de los jueces penales, no del Tribunal Constitucional.

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Los votos singulares en contra de la decisión

Dos magistrados no estuvieron de acuerdo con el resto del Tribunal y explicaron por separado sus razones. Tanto Pacheco Zerga como Monteagudo Valdez coincidieron en que la demanda debió ser rechazada, aunque llegaron a esa conclusión por caminos distintos.

Pacheco Zerga basó su desacuerdo en un argumento de forma: según decisiones anteriores del mismo Tribunal, las resoluciones que Humala cuestionaba no afectan de manera directa la libertad de una persona. Citó al menos tres casos previos en los que el Tribunal sostuvo ese mismo criterio, y remarcó que la prisión de Humala no se originó por esas resoluciones, sino por la sentencia que lo condenó en 2025.

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La magistrada fue más allá y revisó también el fondo del caso. Encontró que la decisión judicial que el Tribunal terminó anulando nunca calificó la conducta de Humala como el delito que después se usó para liberarlo. La Corte Suprema, dijo, siempre entendió los hechos como parte del delito que ya existía desde 2002, sin necesidad de la ley que se aprobó en 2016. Para demostrarlo, comparó ambas versiones de la ley y concluyó que el cambio de 2016 no modificó de forma importante lo que se castiga.

Monteagudo Valdez centró su voto en otro punto: la condena de quince años dictada en 2025 todavía estaba siendo revisada por otro tribunal cuando el TC tomó su decisión. La defensa de Humala ya había presentado ahí el mismo argumento que después usó para pedir el hábeas corpus. Para el magistrado, acudir al Tribunal Constitucional antes de que ese otro tribunal resolviera fue apresurado, y significó que el TC se metiera en un asunto que todavía le correspondía resolver a la justicia penal.

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¿Por qué Ollanta Humala se encontraba en prisión?

Humala estaba preso por una condena que le impusieron el 29 de abril de 2025. Un juzgado penal lo sentenció a quince años de cárcel por lavado de activos agravado, junto con otras personas que fueron procesadas como parte del mismo caso.

La Fiscalía sostenía que Humala usó dinero de origen ilegal para financiar dos de sus campañas presidenciales. En la de 2006, se le acusaba de recibir fondos que venían del gobierno de Venezuela, en ese entonces liderado por Hugo Chávez, a través de una empresa venezolana y de envíos por valija diplomática. En la de 2011, la acusación apuntaba a dinero que provenía de actos de corrupción de la constructora brasileña OAS y de un fondo manejado por funcionarios ligados al Partido de los Trabajadores de Brasil. Ese dinero, según la Fiscalía, llegó a través de Odebrecht y se ocultó con aportantes falsos que simulaban donaciones legales.

Antes de esta condena, Humala ya había estado preso una primera vez durante el mismo proceso, bajo la figura de prisión preventiva. Cuando lo condenaron en 2025, su defensa pidió que no entrara a la cárcel mientras apelaba, pero un tribunal rechazó ese pedido en marzo de 2026. Desde entonces estuvo recluido, mientras su apelación contra la condena seguía sin resolverse. Fue justo en medio de ese proceso pendiente que el Tribunal Constitucional emitió el fallo que ahora ordena su liberación.

Se trató de una proyección gratuita, a la que asistieron público interesado, curiosos y varios activistas de derechos humanos. En La República hemos dado cuenta de la importancia del documental de Corcuera, el cual tiene como eje las matanzas, a cargo de las fuerzas del orden, que se realizaron para aplacar las revueltas del 2022/2023.

Lo que se vio el lunes dejó varias lecturas, como la actualidad de un trabajo que no solo sobrevive por la sensibilidad de sus temas, más aún en estos tiempos de olvidos gracias a la rapidez en la que vivimos, sino igualmente por su calidad estética (pensemos en la fotografía y sonido, a saber).

“Queremos decirle a la señora Keiko que sin justicia no hay reconciliación”, declaró para La República la activista e integrante de la Asociación de los familiares de las víctimas del 9 de enero, Milagros Samillán. Samillán, al finalizar la proyección entre aplausos, volvió a subrayar este reclamo de los familiares de las víctimas, quienes iban a asistir a la función. Ellos no pudieron llegar al quedarse atrapados en el intenso tráfico que a esa hora se generaba en el puente Atocongo.

En estos tiempos que corren, del olvido no se salva nadie. En este sentido, Uyariy sigue manteniendo vigencia por su calidad y mensaje (ambas características no siempre van de la mano), que adquiere otra dimensión cuando el reclamo por justicia sigue siendo una cuenta pendiente del Estado peruano. A esa misma hora, la plaza San Martín estaba rodeada de buses de la policía, que habían traído conjuntos musicales para celebrar el Día de la independencia, aunque el acceso estuvo restringido. No dejó de llamar la atención que varias piezas musicales proviniesen de la zona sur del país (diablada, por ejemplo), de donde, vaya oscura ironía, eran las víctimas de las revueltas.

Cuando Samillán terminó su intervención, el público formuló algunas preguntas y, del mismo modo, sugerencias sobre Uyariy. De las últimas, una que vengo escuchando desde su estreno en Juliaca en agosto de 2025: ¿qué se podría hacer para que el documental sea visto por más personas? Corcuera parte de un hecho concreto para hacer una exploración sobre la historia de la violencia en el sur. Las capas de la narración hacen que el documental no se quede en el trauma local y pasen a ser una representación de la injusticia en la historia peruana. Los familiares hicieron una vigilia frente al Palacio de Justicia el lunes en la noche y estuvieron en la marcha del 28 en el centro de Lima. Uyariy ayuda a no olvidar lo que pasó.

…

Datos:

Documental. Uyariy llevó 55 mil personas a las salas de cine durante el mes de enero de 2026.

 Medida. El Eficavip (Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales) fue desactivado el 6 de enero por el Ministerio Público.

Apoyo a los familiares de las víctimas. Donaciones al 973-487-807.

Pérez Mallqui registra antecedentes judiciales por diversos delitos, entre ellos agresiones. De acuerdo con la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el diputado fue sentenciado por los delitos de lesiones culposas y violencia familiar. Según pudo conocer este diario, la mujer que registró la denuncia por agresión en su contra es la misma que ha ejercido como abogada del diputado el primero de estos casos mencionados.

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Pérez Mallqui declaró también una sentencia en su contra por el delito de falsa declaración en un procedimiento administrativo. En conjunto, estas condenas suman cerca de ocho años de penas privativas de la libertad, aunque no todas fueron de cumplimiento efectivo.

La condena por lesiones culposas se originó a raíz de un accidente de tránsito que protagonizó en el distrito cusqueño de Pichari, en 2024. Además de ser sentenciado a cuatro años y seis meses de pena suspendida, Pérez Mallqui fue obligado a pagar una reparación civil de S/ 80.000 a favor de la familia afectada. Una de las víctimas del atropello fue una menor de edad.

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Se negó a pagar compensación a familia

El parte policial sobre el atropello señala que el diputado electo del partido de Roberto Sánchez hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes para que se presentara ante las autoridades. Asimismo, consigna que Pérez Mallqui presentaba signos compatibles con el consumo de bebidas alcohólicas.

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En declaraciones al programa dominical Panorama, el diputado electo negó haber conducido su automóvil en estado de ebriedad. "Yo me iba a ir contra la pared. La señora venía contra la pared. No fue un atropello, fue un choque. (...) Yo no sé de dónde sacan que yo he estado tomando. Ellos pueden poner cualquier cosa en el parte. Pero eso se aclara en el juzgado. Cuando el caso toma forma, se esclarecen varias cosas. Todo el mundo sabe que mi relación con la PNP no es cordial por defender a hermanos agricultores", indicó.

Además, consideró injusta la reparación civil que, según afirmó, tendría que pagar y que ascendería a S/ 350.000. Por su parte, Vilma Palomino, madre de la menor atropellada, señaló que su hija presenta convulsiones y fracturas en el cráneo. Actualmente, la menor permanece internada en un centro médico de la localidad.

Tres especialistas analizaron el alcance de la propuesta para La República: el abogado penalista Ciro Cancho, el también penalista Aarón Alemán y el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe. Los tres coinciden en que el anuncio carece de precisión. Ninguno cuestiona la facultad constitucional del Ejecutivo para pedir esta delegación. El reparo apunta al contenido y al método detrás del pedido.

Las críticas se concentran en tres ejes. El primero es la falta de especificidad sobre qué normas cambiarán exactamente. El segundo es la ausencia de sustento técnico y empírico detrás de la reforma. El tercero es el riesgo de que la delegación de facultades incluya, además de la reforma penal, cambios al sistema penitenciario sin un diagnóstico claro de sus verdaderos problemas.

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Ciro Cancho, abogado penalista: "una forma muy rudimentaria y de poca seriedad"

El abogado penalista Ciro Cancho cuestionó la falta de concreción en el pedido de facultades. Explicó que la presidenta habla "de forma bastante general" sin especificar qué artículos del Código Penal o del Código Procesal Penal se modificarán. Para Cancho, ese vacío convierte al anuncio en "una forma muy rudimentaria y de poca seriedad" para emprender una reforma de esta magnitud.

El penalista insistió en que cualquier cambio a la norma penal debe sustentarse en criterios técnicos, no políticos. Señaló que las reformas de este tipo requieren la opinión de "un abogado penalista, aquel que esté relacionado fundamentalmente con el área de política criminal". Cuestionó, además, que no se conozca la identidad de los asesores que definen la orientación de los cambios anunciados por el Ejecutivo.

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Cancho planteó también un cuestionamiento de fondo sobre las motivaciones detrás del pedido. A su juicio, la falta de claridad "daría la impresión" de que el partido de gobierno buscaría aprovechar las facultades para "emitir normas que favorezcan a los intereses finalmente de ellos, con nombre propio", en lugar de responder a una necesidad de la sociedad peruana en su conjunto.

El especialista cerró su análisis con una advertencia sobre la frecuencia de las reformas penales en el país. Recordó que ya se aprobaron cambios recientes en crimen organizado, lavado de activos y corrupción de funcionarios. Para Cancho, el Código Penal "no puede estar modificándose a cada rato" y cada ajuste debe responder a datos que aporte la criminología, no a decisiones políticas aisladas.

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Aarón Alemán, abogado penalista: la reforma toca el núcleo del sistema de justicia penal

El abogado penalista Aarón Alemán planteó un análisis distinto, centrado en el alcance jurídico del pedido. Aclaró que la solicitud de facultades legislativas no es, por sí misma, inconstitucional. La Constitución permite que el Congreso delegue facultades sobre materias específicas y por un plazo determinado. El problema, dijo, está en la amplitud de lo que se anuncia.

Alemán detalló que las normas involucradas "constituyen el núcleo del sistema de justicia penal peruano". No se trata solo del Código Penal o el Código Procesal Penal. El pedido también alcanzaría al régimen de crimen organizado, lavado de activos, delitos tributarios, delitos aduaneros, delitos informáticos, ejecución penal y responsabilidad penal adolescente. Esa amplitud, advirtió, exige "un control especialmente riguroso" sobre el contenido de las futuras modificaciones.

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El penalista subrayó que una reforma de este tamaño solo será legítima si responde a evidencia empírica sobre las causas reales de la impunidad y la criminalidad organizada. Advirtió que endurecer penas o ampliar facultades de investigación "no garantiza, por sí solo, una reducción de la delincuencia". La eficacia del sistema depende también del fortalecimiento del Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.

Alemán pidió, además, que cualquier cambio mantenga coherencia con los estándares internacionales que el Perú asumió en lucha contra el crimen organizado transnacional, lavado de activos, corrupción y derechos humanos. Concluyó que la delegación de facultades representa una oportunidad para corregir deficiencias del sistema penal, pero también un riesgo real de aprobar cambios de alto impacto sin el debate técnico necesario.

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José Luis Pérez, exministro del Interior: "los problemas del INPE no son desconocimiento, es falta de gestión"

El expediente de reforma no se limita al plano penal. El paquete de facultades también contempla cambios al sistema penitenciario, según confirmó el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe. Dos puntos concentran su atención: la posibilidad de que las Fuerzas Armadas asuman funciones administrativas dentro de los penales y la entrada de empresas privadas a la gestión carcelaria.

Pérez Guadalupe calificó la propuesta militar como parte de "una tendencia continental" de militarización de la seguridad ciudadana en la región. Comparó la medida con pedirle a un piloto de la Fuerza Aérea que dirija un submarino: "un militar no entiende y no tiene por qué entender las funciones de un director de penal". Advirtió que un director militar enfrentaría denuncias penales por desconocer trámites básicos, como la excarcelación de un interno dentro de las 24 horas que exige la ley.

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El exministro fue enfático en identificar la raíz del problema penitenciario. Afirmó que "los problemas del INPE no son desconocimiento, es falta de gestión" y citó una cifra concreta: entre 2011 y 2016 se inauguraron diez penales nuevos en el país. Después de 2016, no se inauguró ninguno. Para él, la solución no pasa por reemplazar al personal actual, sino por gestionar mejor los recursos ya existentes.

Sobre la privatización, Pérez Guadalupe cuestionó el concepto mismo. Explicó que, a diferencia de servicios como electricidad o agua, no existe un modelo claro de rentabilidad para un privado que administre penales con más de 400% de hacinamiento, como Lurigancho o Castro Castro, mientras el Estado paga apenas ocho dólares diarios por interno. Aclaró, además, que la construcción de penales ya está en manos privadas a través de licitaciones, por lo que ese punto no representaría una novedad real dentro del proyecto.