Esta designación se llevó a cabo durante la jornada de inducción dirigida a los parlamentarios electos de la agrupación, actividad que contó con la participación de Keiko Fujimori, lideresa del partido.

En la Cámara de Senadores, Patricia Juárez ha sido elegida como vocera titular, acompañada por Víctor Flores, quien ejercerá el cargo de vocero alterno.

Por su parte, en la Cámara de Diputados, Cecilia Chacón asumirá como vocera titular, mientras que Arturo Alegría será vocero alterno.

Conformación del nuevo Congreso bicameral

La nueva estructura parlamentaria estará compuesta por 60 senadores y 130 diputados, además de los representantes ante el Parlamento Andino.

Los partidos que han logrado obtener escaños en el Congreso bicameral son seis. En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular obtuvo 41 curules; Juntos por el Perú, 32; el Partido del Buen Gobierno, 18; Renovación Popular, 15; el Partido Cívico Obras, 14; y Ahora Nación-AN, 10.

La conformación de la Cámara de Senadores se distribuye de la siguiente manera: Fuerza Popular tiene 22 senadores, Juntos por el Perú cuenta con 14, Renovación Popular posee 8, el Partido del Buen Gobierno tiene 7, el Partido Cívico Obras dispone de 5 y Ahora Nación cuenta con 4.

Se recuerda que, en el último proceso electoral, la senadora Patricia Juárez obtuvo 33,293 votos; el senador Víctor Flores un total de 16,575 votos, la diputada Cecilia Chacón alcanzó 81,234 votos, y el diputado Arturo Alegría, 9,969 votos.

Milei ha calificado su recorrido por diferentes países como una necesidad para el crecimiento económico de Argentina. Según explicó el mandatario, su objetivo principal es "triplicar el tamaño del comercio" actual, una meta que, asegura, requiere acuerdos directos con otros líderes de la región.

El recorrido del presidente comenzará el 25 de julio en Brasil, donde tiene programado visitar São Paulo para apoyar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro y realizar una escala en Brasilia para saludar al expresidente Jair Bolsonaro.

Posteriormente, Milei tiene previsto participar el día 26 en La Rural —feria agroindustrial argentina— para luego dirigirse a territorio peruano.

El presidente también confirmó que su agenda incluye una parada en Colombia para asistir a la asunción de Abelardo De La Espriella, además de un encuentro en Ecuador con el presidente Daniel Noboa.

Milei defendió sus viajes y argumentó que generan mejoras en la economía de su país. "Funcionan bastante bien mis viajes porque hemos conseguido 150.000 millones de dólares de inversiones en el RIGI", señaló.

Para el mandatario, estas reuniones sirven como una "inyección de crecimiento económico" para Argentina, ya que permiten firmar acuerdos comerciales directos y buscar nuevos mercados.

Javier Milei saludó victoria de Keiko Fujimori

El presidente Javier Milei mantuvo una conversación telefónica con la mandataria el pasado 2 de julio para felicitarla por haber ganado la contienda electoral.

A través de sus redes sociales, Milei afirmó que Argentina y Perú retoman el camino de la libertad y destacó que ambos gobiernos coinciden en “la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional", aseguró el jefe de Estado argentino.

"Ya verán como salen Decretos de Urgencia y Delegaciones legislativas al Ejecutivo en lo que queda del año. La Regla no es institucional, es poner el poder donde está Keiko", expresó.

El exministro de Economía no dudó en asegurar que, si en 2031 el fujimorismo pierde las elecciones y se mantiene en el Congreso, el TC cambiará la regla de nuevo.

“No hay ningún pudor; los mismos integrantes del TC que permitieron la iniciativa de gasto del congreso ahora aprueban lo contrario. Dudo que podamos llamar a eso Democracia”, apuntó.

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El presidente del Consejo Fiscal también opinó sobre la decisión del TC. Según precisó, la medida frena las decisiones del Congreso, que de ahora en adelante no podrá actuar de manera independiente cuando se trate del gasto público.

"Esto permitirá hacia atrás hacer más fácil cuestionar la constitucionalidad de leyes que generan gasto público mediante acciones de inconstitucionalidad y hacia adelante sube la valla al futuro Congreso en aprobación de leyes con costo fiscal ante la mayor probabilidad que sean después llevadas al TC", indicó.

TC cambia de posición

El último viernes, después de cuatro años, el TC emitió un fallo que frena al Legislativo en su capacidad de gasto. La medida se aplica desde este año en adelante.

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En adelante, los proyectos de ley que impulsen los congresistas con incremento en el gasto público deberán coordinarse con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para analizar la viabilidad presupuestal.

Sobre el tema, se mencionó, además, que las iniciativas que demanden costos al Ejecutivo deberán identificar expresamente la fuente de financiamiento para garantizar efectivamente el equilibrio presupuestario.

En respuesta, el MEF emitirá un informe de sostenibilidad fiscal de acuerdo con los requerimientos de las comisiones del Congreso.

Después de cuatro años, la entidad que preside el magistrado Helder Domínguez Haro emitió un fallo que frena al Legislativo en la capacidad de gasto. La medida se aplica desde este año a futuro.

A diferencia del 2022, cuando el abrió las puertas a los congresistas para que sus leyes generaran gasto al Estado, esta vez cambió de posición y les quitó dicha iniciativa cuando incida en el presupuesto anual o impacte a futuro.

De acuerdo con el fallo publicado por el propio TC, los proyectos de ley que impliquen algún incremento en el gasto público deberán ser coordinados con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar su capacidad presupuestal.

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El Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31232, promovida por el Congreso, que declaró en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la zona baja del distrito de Belén, provincia de Maynas, en Loreto.

Al respecto, el TC refiere que la disposición del Parlamento, que invoca a que el Ministerio de Vivienda construya casas y ejecute obras de saneamiento a favor de la población, dispone la necesidad de destinar recursos que inicialmente no se encontraban presupuestados.

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Por esta razón, declaró fundado el pedido del Ejecutivo, debido a que este tipo de iniciativas debieron partir del Gobierno por tratarse de costos a futuro.

Según el fallo, los proyectos deberán cumplir una serie de requisitos de constitucionalidad de forma y de fondo. Las iniciativas legislativas que demanden costos al Ejecutivo deberán identificar expresamente la fuente de financiamiento que garantice efectivamente el equilibrio presupuestario.

De esta manera, el MEF emitirá un informe de sostenibilidad fiscal de acuerdo con los requerimientos de las comisiones del Congreso.

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"El proyecto de ley deberá tener en cuenta, en estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el principio de desarrollo progresivo de las regulaciones que generen gasto, a efectos de modular o programar la ejecución del gasto que genere la norma, en armonía con el criterio rector de sostenibilidad fiscal", dice el TC.

La sentencia fue respaldada por los magistrados Helder Domínguez Haro (presidente), Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. En tanto, Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez emitieron votos contra la postura mayoritaria.

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La magistrada Luz Pacheco, quien votó en contra de la medida, dijo que el Gobierno debe tener políticas públicas en el presupuesto y el Congreso cumplir con fiscalizar

“Ochoa es el ponente. El Dr. Monteagudo y yo tenemos una postura, que considero responde a lo que establece el art. 79: los congresistas no tienen iniciativa de gasto y. no caben las excepciones. Si queremos finanzas sólidas y protección a largo plazo de los derechos fundamentales, hay que exigirle al Ejecutivo mejores políticas públicas concretadas en el presupuesto y al Congreso que cumpla con su función de fiscalizar”, comentó Pacheco.

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Congreso no actuará de manera propia

La República dialogó con el presidente del Consejo Fiscal y exministro de Economía, quien señaló que, con el fallo del TC, el Parlamento no puede actuar de manera autónoma.

"Ello permitirá hacia atrás hacer más fácil cuestionar la constitucionalidad de leyes que generan gasto público mediante acciones de inconstitucionalidad y hacia adelante sube la valla al futuro Congreso en aprobación de leyes con costo fiscal ante la mayor probabilidad que sean después llevadas al TC".

“Los ganadores son todos los peruanos, pues este fallo genera mejores condiciones para garantizar una manejo prudente de las finanzas públicas y en consecuencia, asegurar la estabilidad fiscal que tantos beneficios ha traído al Perú”, añadió.

Pedro Francke también opinó sobre la decisión del Tribunal Constitucional. El exministro indicó que el fujimorismo concentra el poder donde gobierna, debido a que cuando fue mayoría en el Congreso misteriosamente el TC le otorga capacidad de gasto en el 2022.

"Ya verán como salen Decretos de Urgencia y Delegaciones legislativas al Ejecutivo en lo que queda del año. La Regla no es institucional, es poner el poder donde está Keiko", cuestionó.

“No hay ningún pudor; los mismos integrantes del TC que permitieron la iniciativa de gasto del congreso ahora aprueban lo contrario. Dudo que podamos llamar a eso Democracia”, añadió.

La hipótesis principal de la Dirección Antidrogas apuntó a una maniobra conocida como rip-off, en la que el contenedor fue abierto tras ser precintado, se introdujo la droga sin alterar visiblemente el sello y luego se volvió a cerrar para evitar sospechas.

Un mes después de esa intervención, una operación binacional entre Perú y Colombia concluyó con la incautación de 9.229 kilogramos de marihuana en el distrito de Ramón Castilla, región Loreto.

La droga incautada, según información del Comando Operacional de la Amazonía, estaría vinculada al grupo armado Comandos de Frontera, una organización delictiva que utiliza los corredores fluviales amazónicos para movilizar cargamentos ilícitos.

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Este 10 de julio, el Ministerio del Interior informó que la Dirección Antidrogas (Dirandro) asestó uno de los golpes más importantes al narcotráfico en los últimos años al decomisar más de 62 toneladas de droga entre el 1 de enero y el 10 de julio de 2026.

Aseguran que este resultado permitió impedir que más de US$1000 millones ingresen al circuito económico de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas en el país.

En ese periodo, señala el Mininter, la PNP ejecutó 9719 operaciones policiales en todo el país, que culminaron con 5922 personas detenidas, además de la desarticulación de 65 organizaciones criminales y 46 bandas vinculadas al tráfico ilícito de drogas, con lo que fortaleció la lucha del Estado contra este delito.

El jefe de la Dirandro, general PNP Antonio Huamán Deza, destacó que los resultados corresponden únicamente a droga ya procesada y lista para ser comercializada.

"Hemos logrado desarticular 65 organizaciones criminales dedicadas a este delito e impedir el tráfico de más de mil millones de dólares o tres mil millones de soles. Las más de 62 toneladas decomisadas es solo droga procesada, es decir, lista para su comercialización y consumo", afirmó.

Del total incautado, 62.785,5 kilogramos corresponden a droga procesada, de los cuales 13.230,2 kilogramos son droga cocaínica—3393,4 kg de pasta básica de cocaína y 9836,7 kg de clorhidrato de cocaína—, mientras que 49.475,6 kilogramos corresponden a marihuana. Esta última cifra ya supera lo decomisado durante años completos como 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

La labor policial también alcanzó la infraestructura utilizada por las mafias del narcotráfico. Durante este periodo fueron destruidos 366 laboratorios clandestinos, inutilizadas 25 pistas de aterrizaje clandestinas y decomisados, incautados o destruidos 8,42 millones de kilogramos de insumos químicos fiscalizados, utilizados para la elaboración de drogas.

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Como parte del golpe a las finanzas de estas organizaciones, la PNP incautó 377 bienes vinculados al tráfico ilícito de drogas, entre ellos seis inmuebles, 248 vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, más de S/3 millones en efectivo y 123 armas de fuego.

El ministro del Interior, José Zapata Morante, reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar respaldando el trabajo de la Policía Nacional del Perú con mayores capacidades operativas y logísticas para enfrentar a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad del país.

"Vamos a seguir golpeando las estructuras criminales en todo el territorio nacional", sostuvo el ministro Zapata.

Ambas agrupaciones tienen motivaciones para asumir la presidencia de esta comisión en ambas cámaras. Con el anuncio de su alianza con Obras y Ahora Nación, Juntos por el Perú estableció que una de sus prioridades era 'recuperar el derecho al referéndum'. Las intenciones de esta alianza apuntan a que los mecanismos de democracia directa tengan un mayor protagonismo en la política nacional. Para lograrlo, el trabajo de esta comisión será clave. Por su parte, el fujimorismo ha manifestado en varias ocasiones su conformidad con el actual texto constitucional. Para preservarlo, buscará resguardarlo desde espacios como esta comisión.

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En conversación con este diario, el congresista y senador electo de Juntos por el Perú, Jaime Quito, consideró importante que su partido presida la Comisión de Constitución. 'Nosotros hemos planteado que cambios debe hacerse en la Constitución. (…) Sería importante que el fujimorismo deje de tener esa comisión, creo que ahora tendremos esa posibilidad', indicó a La República.

En los últimos años, la Comisión de Constitución ha sido presidida por el fujimorismo. De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, el partido de Keiko Fujimori no tiene intención de que ello cambie de cara al próximo quinquenio y, para lograrlo, busca asegurar su presencia en la conducción de esta comisión tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

Educación, Justicia y Economía también están en juego

Sin embargo, la Comisión de Constitución no es la única que despierta interés entre las principales bancadas. Las comisiones de Educación, Justicia y Economía también figurarían entre las más codiciadas por Fuerza Popular y Juntos por el Perú. No obstante, en esta disputa también aparecen otros actores.

Fuentes cercanas a Renovación Popular indicaron a este diario que el partido de Rafael López Aliaga busca presidir la Comisión de Educación. De acuerdo con estos trascendidos preliminares, la intención de la agrupación celeste en la Cámara de Diputados radica en mantener su agenda conservadora en temas como el enfoque de género. Integrantes de esta bancada, como Milagros Aguayo y Alejandro Muñante, han sido de los más críticos de las políticas de educación con enfoque de igualdad.

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Frank Krklec, diputado electo por Renovación Popular, adelantó que su bancada ve con buenos ojos asumir esta comisión. Asimismo, señaló que también está interesada en otras comisiones como Defensa, Vivienda, y Justicia.

Estas dos últimas también son del interés de Juntos por el Perú. Durante su conversación con este medio, Jaime Quito afirmó que vería con buenos ojos que su bancada presida la Comisión de Economía. 'Necesitamos que la economía esté orientada a los sectores populares y no a los grupos de poder económico', declaró.

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En la misma línea, fuentes de Ahora Nación indicaron que la Comisión de Economía también resulta atractiva para su bancada. El partido del casco constituye la bancada minoritaria en ambas cámaras y, consciente de ello, busca priorizar aquellas comisiones en las que considera que sus perfiles encajan mejor. Además de Economía, las mismas fuentes señalaron que los liderados por Alfonso López Chau también ven con buenos ojos presidir la Comisión de Justicia.

Quienes mantienen un considerable hermetismo en torno a las negociaciones son las bancadas del Partido del Buen Gobierno y el Partido Cívico Obras. Los partidos liderados por Jorge Nieto y Ricardo Belmont, respectivamente, no han revelado sus intenciones respecto a los próximos liderazgos dentro de las comisiones.

El funcionamiento de las comisiones en el próximo Congreso

Con el retorno del Congreso bicameral, todavía existen dudas sobre el rol que cumplirán las comisiones legislativas en ambas cámaras. En el Congreso unicameral, una comisión emitía un dictamen que posteriormente era debatido en el Pleno. Si era aprobado, el proyecto debía pasar por una segunda votación —salvo que el Pleno aprobara su exoneración—. Luego era remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. En caso de insistencia del Congreso, de aceptación de las observaciones o de promulgación por parte del Ejecutivo, la ley quedaba aprobada.

Con la instalación del nuevo Congreso, el procedimiento cambiará. Ahora, los proyectos de ley se originarán en una comisión ordinaria de la Cámara de Diputados. Si el dictamen obtiene el respaldo del Pleno de la Cámara Baja, será remitido al Senado. Sin embargo, no pasará directamente al Pleno de la Cámara Alta, sino que primero deberá ser evaluado por una comisión ordinaria del Senado. Solo después de obtener un dictamen favorable podrá ser debatido y votado por el Pleno del Senado. Finalmente, la fórmula legislativa será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

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En la Cámara de Diputados funcionarán 16 comisiones ordinarias: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Energía y Minas; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Diversidad Cultural; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Salud; Trabajo y Seguridad Social; Infraestructura, Vivienda y Transportes; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

En el Senado funcionarán 7 comisiones ordinarias: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; Gestión del Estado y Contraloría; y Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, ambas cámaras contarán con tres comisiones que no cumplen funciones legislativas. Es decir, no emiten dictámenes destinados a convertirse en leyes. En la Cámara de Diputados serán la Comisión de Ética Parlamentaria, la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo y la Comisión de Acusaciones Constitucionales. En la Cámara de Senadores funcionarán la Comisión de Ética Parlamentaria, la Comisión de Procedimientos Especiales y la Comisión de Inteligencia.

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Los implicados, presuntos integrantes de la banda criminal Los Guardianes de la Trocha, fueron intervenidos en tres campamentos de la localidad de La Pampa junto con armamento militar (carabinas, fusiles, municiones y explosivos) y botellas con mercurio, insumos utilizados para la extracción ilegal de minerales en la zona.

También habrían operado desde allí para el cobro de cupos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.

Al respecto, fuentes de la FEMA advirtieron que la jueza Margarita Milagros Meléndrez Paulo, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Materia Ambiental de Madre de Dios, se declaró no competente en el caso.

Ante dicho escenario, la FEMA de Madre de Dios apeló dicha medida para que el proceso no se vea afectado, ya que la decisión de la jueza buscaba enviar el caso complejo a un juzgado penal común (Juzgado de Investigación Preparatoria de Inambari-Mazuko). Dicho juzgado, a cargo del magistrado Juan Orlando Flores Mamani, cabe precisar, tampoco ha aceptado revisar el caso.

La decisión de la jueza Meléndrez, notificada el 10 de julio al Ministerio Público, afecta el desarrollo del proceso y no es compatible con la resolución que emitió la magistrada el 7 de julio, fecha en que aprobó el pedido para ampliar la detención en flagrancia de los implicados hasta este domingo 12 de julio.

La FEMA de Madre de Dios ha cumplido, antes del vencimiento del plazo legal, con solicitar este viernes a las 5.30 a. m. su requerimiento de prisión preventiva por 18 meses para los detenidos.

No obstante, la jueza Meléndrez ha enviado el expediente al juzgado penal cuando este nunca fue competente para verlo. De esta manera, exhortaron al Poder Judicial a que acepte la solicitud que busca asegurar la presencia de los investigados, ya que hasta el cierre de este informe no recibe el pedido fiscal.

Corresponde al Poder Judicial recibir el requerimiento y definir pronto la fecha de audiencia sobre la prisión preventiva, así como la competencia de la magistrada antes del vencimiento del plazo de la detención en flagrancia, a fin de evitar que se ordene, de manera irregular, la liberación de los investigados.

Su obra está marcada por la sátira política y la memoria. Ahora, en la plaza de Huamanga, exhibe una nueva pieza nacida de la indignación. “Hice este retablo para protestar: está la presidenta electa, Keiko Fujimori, cargando al señor Fernando Rospigliosi. Llevan un cartel que dice ‘estudia’. Y acá tenemos, presos, a un retablista, un guitarrista y otros artistas de Ayacucho”, explica.

La protesta apunta contra la Ley N.° 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, oficializada el 13 de junio. La norma ha generado rechazo entre artistas populares ayacuchanos porque establece como requisito para la colegiatura contar con título profesional o licenciatura. Para creadores formados fuera de escuelas superiores, institutos o universidades, la norma motiva una pregunta directa: ¿quién decide quién es artista?

“Nosotros somos autodidactas. Mayormente salimos de la escuela de la casa: aprendemos de nuestros padres lo que hacemos en la artesanía”, explica Quispe: “Con esta nueva ley sentimos que nos están limitando y que podrían censurarnos. Nos piden que estudiemos o que tengamos un título. Pero sabemos que hay muchos congresistas que no tienen estudios superiores”.

EL ARTISTA Y SU ÉPOCA

Cada 31 de agosto, en Ayacucho, Carmen Aroni Salazar vuelve a ser reconocida como Ventura Ccalamaqui, la heroína quechua que participó en los alzamientos contra el ejército español en Huamanga. También ha representado a María Parado de Bellido y ha actuado en películas, documentales y videoclips. No se formó en una escuela de arte.

“Yo soy docente, pero en paralelo hago teatro. No he sido formada en una escuela de arte. Entonces, me estarían discriminando, estarían vulnerando nuestro derecho a la libertad de laborar”, sostiene Carmen Aroni.

Cuestiona que el Congreso haya aprobado una ley sin considerar la diversidad cultural del país ni las distintas formas de aprendizaje artístico. En Ayacucho, gran parte del arte popular se transmite en la familia, en los barrios, en las comunidades y en las fiestas, explica.

“El Perú es un país pluricultural y multicultural. En Ayacucho tenemos una gama de artistas populares. Los grandes amautas, reconocidos como patrimonio cultural y que han llevado nuestras artes a diferentes lugares y países, ¿dónde quedan?”, pregunta.

La actriz advierte que la norma no solo excluye a quienes no tuvieron formación académica. También podría abrir una vía de control sobre la creación artística.

“Esta ley está atentando contra la creatividad. Nos quieren mutilar ese derecho. Si nos parametran, ¿dónde queda la autenticidad del artista?”, cuestiona.

Para Aroni, el Congreso debería atender otras necesidades urgentes del sector: mejores condiciones laborales, seguro de salud y jubilación digna. “Si quieren mejorar la situación de los artistas, para eso están las asociaciones, los gremios y los sindicatos. Pueden visitar cada región y conocer cuáles son nuestras necesidades”, señala.

EL ARTISTA VALIDADO POR EL PUEBLO

Chano Díaz Límaco es una de las figuras más esperadas en cada carnaval en Ayacucho. Las comparsas de los barrios de Andamarca y San Blas lo llevan casi como una insignia. Vuelve siempre a Huamanga para las fiestas y participa tocando la quena, aunque su trayectoria está profundamente ligada al charango.

Ha participado en más de 300 discos y fue director musical de la película documental “Sigo siendo” (2013). Proviene de una familia fundamental para la música tradicional andina: su abuelo, Alejandro Límaco, fue guitarrista, y su madre, Rosa Límaco Banett, intérprete de huaynos. Para él, la creación de un colegio profesional para artistas es “un despropósito total”.

“El arte existe incluso antes que la escritura, antes de que se formara cualquier gobierno. Antes que cualquier instancia burocrática. El artista no necesita una validación burocrática. No necesita un papel. Al artista lo valida su pueblo y lo valida el tiempo”, afirma.

Chano Díaz Límaco recuerda que grandes representantes de la música peruana no recibieron formación académica. Cita a Óscar Avilés, Raúl García Zárate, Jaime Guardia, Carlos Hayre y Máximo Damián. “Imagínate que ellos tuvieran que hacer cola para ser colegiados. Eso no tiene ningún sentido”, dice.

También percibe un riesgo de censura si el colegio profesional contara con un tribunal de ética capaz de evaluar expresiones artísticas. “Yo no me voy a colegiar jamás. No seré parte de ninguna censura al arte, ningún tipo de veto”, resalta.

HABLA LA MEMORIA

Venuca Evanán Vivanco es hija de la migración sarhuina. Sus padres llegaron de Sarhua a Lima y trabajaron en distintos oficios para sostener a la familia. Esa historia, marcada por el desarraigo, el trabajo y el arte, aparece en una de sus tablas dedicadas a su madre.

“Ella vendía ropa. En su honor he pintado su historia”, relata.

En la primera escena de la obra, su madre aparece en la comunidad, cuidando ovejas. Luego, ya en Lima, trabaja como empleada del hogar. Más arriba, Venuca Evanán resalta su labor como madre, ambulante y parte de una olla común que alimentaba a pintores sarhuinos en la capital.

Su padre, Primitivo Evanán Poma, y su madre, Valeriana Vivanco Espinoza, fueron sus maestros. “Estas enseñanzas no vienen de una academia. Vienen de un entorno familiar, de una resistencia comunitaria, donde hay cultura, donde hay memoria”, sostiene.

Las tablas de Sarhua registran historias familiares, mitos, costumbres y denuncias de violencia. Durante el conflicto armado interno, pintores sarhuinos utilizaron este soporte para narrar el dolor, la rabia y la memoria de sus comunidades. Una de esas series, 'Piraq Causa' —“¿Quién será el culpable?”—, forma parte hoy de la colección del Museo de Arte de Lima.

Primitivo Evanán recuerda que ya hubo intentos de censura contra estas obras. En 2018, algunos cuadros sobre violencia política fueron señalados falsamente de apología al terrorismo. “Si ya sin esta ley querían censurarnos, y hasta había congresistas que decían que esto debería quemarse, ¿qué pasará ahora?”, pregunta.

Para Venecia Evanán, la ley reproduce una jerarquía antigua: la que separa al artista académico del artista popular, al creador universitario del creador formado en la comunidad.

“Te van segmentando y encajando en una sola forma de aprender, cuando en las comunidades tenemos otras formas de aprendizaje, como la transmisión familiar”, señala: “Están creando más división, racismo y discriminación contra otras expresiones y formas de aprender”.

Por su trabajo recibió el Premio Talento Joven en la sección Opening New Galleries de la feria española ArcoMadrid 2026. Su obra se expone en prestigiosos museos del mundo, entre ellos el Reina Sofía de España.

UNA LEY QUE DEBE ELIMINARSE

Los artistas ayacuchanos coinciden en un punto: no rechazan la organización del sector ni la mejora de sus condiciones laborales. Cuestionan que el Estado pretenda regular con criterio académico la creación artística, desconociendo la diversidad cultural del país.

Consideran que la ley puede dejar fuera a artesanos, músicos, pintores, danzantes y artistas populares que aprendieron en casa o en sus comunidades. Temen que vulnere el derecho al trabajo y a la creatividad, convirtiendo el arte en trámite burocrático.

“No dividan más al país”, piden. “Nosotros seguiremos adelante con nuestro patrimonio, con nuestras ideas y con nuestra creatividad. El arte no se va a morir”, coinciden.

Para sustentar la supuesta legítima defensa, los abogados de los militares señalaron que, durante el peritaje practicado tanto a los cinco fallecidos como a los tres sobrevivientes, se hallaron residuos de disparo de armas de fuego en los casos de Wilder Romero Sevipaucar y William Núñez Soto, fallecidos en el incidente, y Jhonatan Águila Gutiérrez, herido y sobreviviente.

Los tres dieron positivo para antimonio y bario, compatibles con residuos de disparos de armas de fuego, de acuerdo con el peritaje ordenado por el Ministerio Público.

En efecto, La República revisó los peritajes aplicados en los tres casos mencionados y estos concluyen que 'arrojaron resultados positivos para cationes metálicos de plomo, antimonio y bario, compatibles con residuos de disparo por arma de fuego', conforme se indica en los documentos.

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La versión de los militares

Ninguno de los ocho militares señalados como autores del crimen múltiple en Colcabamba, encabezados por el capitán EP Luis Montenegro Pardo, ha declarado ante las autoridades sobre las razones que los motivaron a utilizar sus fusiles contra los pasajeros de la camioneta.

Sin embargo, la defensa legal de los efectivos del Ejército alegó, durante la audiencia para resolver el pedido de prisión preventiva, que los sospechosos de la camioneta no se detuvieron ante la voz de alto y que dispararon a los militares desde el interior del vehículo.

Esta misma versión se la dio el jefe de la patrulla militar de Colcabamba, el capitán EP Luis Montenegro Pardo, a su superior inmediato, el mayor EP José Cayao Vásquez. Montenegro le indicó que los civiles dispararon para resistirse a la intervención, por lo que los efectivos respondieron al fuego con sus fusiles de largo alcance de fabricación belga Scar-L. Pero no registraron ni heridos ni muertos.

“(El capitán Montenegro) sí me comunicó que se habían producido disparos y habrían actuado ante ello. (...) Solo me mencionó que hubo contacto y que repelieron. Luego de calmada la situación, el jefe de patrulla me comunicó que de nuestra parte no hubo heridos ni fallecidos”, declaró el mayor José Cayao ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín, a cargo de Johel Chamorro Macukachi.

Durante las pesquisas policiales y fiscales en la escena del crimen, sin embargo, no se encontraron las armas que supuestamente utilizaron los civiles que viajaban en el vehículo. También se comprobó que ninguno de los militares resultó herido durante el operativo, como consecuencia del supuesto ataque con armas de fuego de los ocupantes de la camioneta.

Respecto del peritaje balístico que probaría que tres civiles dispararon con armas de fuego contra los militares, durante la audiencia judicial se desestimó esta versión de la defensa de los acusados por carecer de sustento y evidencia.

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Las armas fantasmas

“Desde el interior del vehículo intervenido (los pasajeros de la camioneta) habrían realizado disparos al personal militar investigado, encontrándose en el vehículo intervenido tanto en la caseta como en la tolva casquillos, munición de 9.19 mm., como también de calibre 38, que corresponden a pistolas semiautomáticas, municiones que no son de uso de los investigados (los militares)”, según la versión de la defensa que consta en la resolución judicial que dispuso el mandato de detención de los ocho efectivos del Ejército.

Durante el debate judicial se preguntó a la defensa de los efectivos del Ejército si era cierto que los civiles de la camioneta dispararon. ¿Por qué no fueron encontradas las armas que estos utilizaron? A lo que respondió: “Pudieron ser aventados (sic) fuera del vehículo durante la intervención”, sin aportar prueba alguna.

Por lo tanto, el juez José Matos Centeno desestimó los argumentos de la defensa de los acusados, empezando por la constatación de que en la camioneta, ni en los alrededores del escenario del crimen, fueron encontradas las armas atribuidas a los civiles.

Además, en cuanto al hallazgo de proyectiles de otras armas de fuego, el juez resaltó el testimonio del sobreviviente Jhonatan Águila Gutiérrez.

Según la declaración de Águila, luego de matar a los pasajeros del vehículo y comprobar que no había droga en la camioneta, los militares recibieron la orden de desperdigar munición de diferentes calibres en el interior del vehículo para aparentar falsamente que los ocupantes les habían disparado.

En resumen, no se ha comprobado que los civiles portaran armas ni que hayan disparado a los militares para impedir la intervención antidrogas. Estas comprobaciones sustentaron la decisión del juez de ordenar la detención preventiva de los ocho militares acusados de la matanza de Colcabamba.

Para reforzar su teoría de que los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra los militares, la defensa del Ejército afirmó que los peritos detectaron residuos de disparos en los ocho pasajeros: los cinco que fueron asesinados y los tres sobrevivientes. Pero los reportes periciales, como se ha indicado, no llegan a esa conclusión. Solo se refieren a tres casos.

Respecto de las partículas de antimonio y bario detectadas en Wilder Romero Sevipaucar, William Núñez y Jhonatan Águila Gutiérrez, no acreditan fehacientemente que estos dispararon armas de fuego en la noche del 25 de abril en Colcabamba, destacó en la audiencia el fiscal Johel Chamorro.

La explicación de los peritos es que, durante el periodo de custodia de los militares tanto de los cuerpos de las víctimas como de los sobrevivientes, hasta la toma de muestras, que se produjo varias horas después, los uniformados podrían haber diseminado y contaminado los residuos de los disparos en los civiles. Es lo más razonable. Lo que les queda a los imputados es romper su silencio y contar toda la verdad.

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• Explicación. Los residuos encontrados en tres civiles también se deberían a que “ha existido manipulación de la escena del crimen por parte de los investigados (los militares)”, señala la resolución judicial.
• Detalle. La contaminación también se debería a la enorme cantidad de disparos que recibió el vehículo de las víctimas. Según el Informe Pericial de Balística, la camioneta presenta 76 orificios de entrada de proyectil.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La demanda invoca el artículo 200, numeral 1, de la Constitución y el artículo 34 del Código Procesal Constitucional. Ayala sostiene que se vulneró el procedimiento de antejuicio político previsto en el artículo 99 de la Carta Magna, además del debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado por un tribunal competente e imparcial.

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Ayala solicita que el juez se constituya físicamente en el penal de Barbadillo, levante un acta en el lugar y ordene ahí mismo la liberación de Pedro Castillo, con apoyo de la fuerza pública. También pide el cese de toda medida coercitiva personal que pese sobre el expresidente.

La defensa del exmandatario pide, además, declarar nula la Resolución del Congreso N.° 001-2022-2023-CR, del 7 de diciembre del 2022, que declaró la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. El abogado argumenta que esa resolución se emitió con violación del debido proceso y del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, y que careció del procedimiento de antejuicio político que exige la Constitución antes de remover a un jefe de Estado.

¿Era el reconocimiento por parte de su contrincante de junio un argumento para que K soltara a Castillo? En ningún momento dio señales de ello. Fuerza Popular estuvo entre quienes lo metieron a la cárcel por golpista. Es muy poco probable que ahora lo quieran sacar de allí para tener a un agitador más al frente.

A quien tampoco ha podido ayudar José María Balcázar, en medio de sus viajes familiares, es a Vladimir Cerrón, de quien se ha proclamado muy amigo desde su llegada a la presidencia interina. Lo cual confirma que las cosas están en manos del sistema judicial, donde, a su vez, pesa mucho el fujimorismo en todas sus formas.

Cerrón está particularmente silencioso, como si estuviera esperando algo. No olvidemos que fue un permanente aliado de Fuerza Popular, entre otros poderes de derecha. En esa alianza entregó favores deleznables, precisamente con la esperanza de resolver por esa vía sus problemas legales. No resultó así. ¿Qué va a pasar ahora?

Para lo único que le serviría a K un Cerrón no perseguido por la justicia sería para mantener dividida la alianza opositora de izquierda que algunos anuncian. Pero da la impresión de que ese es el tipo de alianza que se divide sola. Sobre todo si Juntos por el Perú empieza a navegar con el hermanón Ricardo Belmont a bordo.

Si a Castillo y Cerrón, otrora grandes cuates, les sumamos a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, apreciaremos lo frágil que es la libertad de los políticos en el país, que lo diga K. Es la única que ha pasado de la cárcel a la presidencia, mientras que muchos han hecho el recorrido inverso.

La alianza opositora que tiene a Sánchez en el centro de las fotos no va a ninguna parte. La indignación andina, tal como existe ahora, necesita líderes totalmente diferentes, es decir, propios y capaces de ganar elecciones locales. Hacer alianzas antes de octubre no tiene mucho sentido.

Navarro es un embajador muy prometedor que, siempre en condicional, ofrece que los dos presidentes podrían tener una reunión y que el secretario de Estado, Marco Rubio, podría visitar el Perú. Lo segundo ya ha estado circulando como una cuasi seguridad.

A pesar de los paños fríos aplicados por ambas partes, el megapuerto chino en Chancay es un irritante en la relación entre Lima y Washington. Además, en el giro de América Latina hacia la derecha, el triunfo de K ha quedado normalizado. Sin embargo, una visita de Estado a la Casa Blanca es una posibilidad efectiva a mediano plazo.

No descartemos que del famoso giro se forme una suerte de internacional de la derecha en la región, bajo la batuta de Trump. ¿Qué mejor anfitrión? Sin embargo, Fuerza Popular no es una derecha ideológica, sino más bien práctica, y eso no atrae al histriónico presidente estadounidense. Además, la competencia entre presidentes de derecha es fuerte.

La visita de León XIV al Perú, anunciada para fines de este año, difícilmente será un factor de acercamiento con los EE. UU. Imaginamos que el papa usará el viaje para tocar temas peruanos, y no como tabladillo internacional. No somos ese tipo de país, y K no es ese tipo de presidenta. Por todas partes, el tarot habla de distanciamiento.

¿De qué hablarían Fujimori y Trump en el hipotético encuentro? Serían presiones de Trump para que el gobierno peruano tome distancia de Beijing, o se atenga a las consecuencias. No sería la primera vez que se transmite ese mensaje.

Algo nos dirá sobre estos temas el nombramiento del próximo canciller peruano, es decir, cuán neutral sería este frente al escenario internacional. Es probable que llegue alguien que sintonice con la derecha gubernamental de América Latina. Algo así como más EE. UU., menos Unión Europea y un nuevo tipo de frialdad con la República Popular China.

La jefa nacional de la institución, Carmen Velarde, explicó que Reniec no cuenta con los fondos suficientes para sostener este servicio adicional. La atención de fines de semana se había activado el año pasado como parte de la preparación para las Elecciones Generales, las Elecciones Municipales y las Elecciones de Autoridades de Centros Poblados 2026, procesos que todavía siguen vigentes. Cubrir esas jornadas extra implicaba pagar horas adicionales al personal registral y garantizar el abastecimiento de material para la impresión de documentos, dos gastos que la entidad ya no puede asumir.

Hasta hace poco, era común que la institución publique cada semana, en sus redes sociales y en su página oficial, la lista de sedes habilitadas para sábados y domingos. Esa estrategia buscaba acelerar la documentación de peruanos en distintas regiones del país, de cara a las elecciones. Con el recorte, esa dinámica se detiene por completo y las oficinas vuelven a un esquema de atención únicamente entre semana.

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Qué trámites sí se pueden hacer los fines de semana

Reniec aclaró que no todo se detiene. A través de su portal web, los ciudadanos pueden seguir gestionando algunos procesos sin necesidad de acudir a una agencia. Entre las opciones disponibles figuran:

• Duplicado o renovación del DNI.
• Rectificación de estado civil, de soltero a casado.
• Actualización del PIN del DNI electrónico.
• Emisión de copias certificadas de actas.

Estos servicios virtuales funcionan las 24 horas, todos los días de la semana, y no dependen del horario de las oficinas físicas. La entidad recomienda revisar los requisitos de cada trámite antes de iniciarlo, ya que algunos piden documentación previa o el pago de una tasa.

Si hubiera que elegir la palabra política del quinquenio, esa podría ser la importación francesa caviar, una novedad llena de méritos. Su significado no es seguro ni preciso, al extremo de parecer un invento, pero no hay político, de cualquier ideología, que se haya privado de usarla. Solo los caviares no utilizan la palabra.

En segundo lugar, sin duda, terruqueo, que es acusar sin fundamento de terrorista a una persona. Se lo leí por primera vez a Gabriela Wiener en una columna de este diario y, desde entonces, ha prosperado. La usan quienes abjuran de su pasado en el terrorismo y los que no. Uno de sus efectos: reducir mucho la gravedad de la acusación de terrorista.

Pacto mafioso fue usada en la segunda mitad del período, cuando la sencilla palabra mafia empezó a quedarle chica a lo que venía sucediendo en el Congreso y en el universo partidario en general.

Gran éxito ha tenido el particular uso peruano de victimización, que aquí no es volverse una víctima, sino más bien hacerse la víctima. Se utiliza para referirse a los políticos y otros que se están quejando de un agravio sin tener fundamento para ello. Quizás Pedro Castillo sea un caso clásico de alguien que se victimiza.

En la socorrida expresión mochasueldo no solo hay una nueva palabra del mundo laboral, sino un ejemplo de construcción de palabras para referirse a delitos o faltas cometidos por parlamentarios en su centro de trabajo (comepollo, robacable, etc.). Lo que impulsó la palabra fue la frecuencia con que esos robos se produjeron.

La expresión, recientemente importada, fake news no es la novedad más utilizada, pero sí la mejor empleada. Limitarse a decir noticias falsas no transmitiría el carácter tecnológico, digital, transnacional y perverso de la mentira en los medios y las redes contemporáneos. Digamos que la expresión apunta a algo más que a la mentira.

Imaginamos ese indulto como un proceso rapidísimo en el paso de Castillo de la excarcelación a la fuga al exterior, lo más probable, a México. En efecto, un indulto concedido por Balcázar a última hora no parece algo muy sólido, y ser detenido por el gobierno entrante sería una posibilidad real. Pero, fuera del Perú, los tiempos han cambiado.

Antes, un Castillo prófugo en el exterior hubiera podido lanzarse a una gira latinoamericana por varios países. Ahora le quedaría dar vueltas por México y, tal vez, por Brasil. Podría despachar mensajes al pueblo peruano, pero muy poco más. Sin castristas, chavistas y uno que otro gobierno democrático de izquierda disponible, el destino de las víctimas del derechismo no es brillante.

Pero también podríamos ver a un Castillo libre, decidido a permanecer en el Perú y a tentar suerte en la recuperación del prestigio que tuvo en la cuesta del 2021. Después de todo, es un expresidente y aparecería en esas listas de las encuestadoras. No creemos que Roberto Sánchez se atrevería a quitarle el sombrerón chotano de manera permanente.

De aquí a las elecciones de octubre, una visita de Castillo, en plena campaña, a algunas localidades simpatizantes con su imagen puede valer oro y, en esa medida, él tendría una gira nacional hecha a la medida (más mensajes al pueblo peruano). Esa ventaja práctica respecto del prófugo Vladimir Cerrón, que no puede visitar a nadie, sería su mejor opción.

Pero algo nos dice que Balcázar no va a indultar a nadie y que se va a pasar julio acomodando las cosas para cuando vuelva al llano. Si quisiera ayudar a alguien, ese es Cerrón, a quien ha declarado gran amigo suyo. No indultándolo, puesto que no está preso, sino ayudándolo a dejar el territorio nacional con su marxismo-leninismo chicha y todo. Nicaragua lo está esperando.

La manera más simple de practicar el antifujimorismo es repetir que Keiko Fujimori obtuvo una victoria turbia en junio pasado. Los argumentos son lo de menos. Lo importante es tener una maquinita repetidora, que en este caso es el propio Roberto Sánchez. Con eso, y algo de suerte, se puede mantener a las portátiles movilizadas.

Pero es muy probable que el principal desafío de la izquierda tipo Sánchez no sea el keikismo triunfante, sino la gente y las posiciones de Jorge Nieto y su Partido del Buen Gobierno. De ese centro político pueden salir mejores propuestas que un patético “yo fui quien ganó”, sin necesidad de inclinarse hacia el vencedor.

Parte del negacionismo de Sánchez consiste en haberse atado al cuello a Pedro Castillo, a favor del cual está haciendo gestiones en los días finales del impredecible José María Balcázar. ¿Qué tipo de victoria sería anular la condena de un reconocido golpista? ¿Qué ganaría Sánchez colocando a un nuevo rival en la cancha?

Castillo libre significaría la desaparición de Sánchez como minicacique de un sector de la izquierda. Con el paso del tiempo, el chotano ha ganado cierto carisma entre los irracionalistas. Con la familia de vuelta en el Perú y parientes en el Congreso, estaría listo para empezar la carrera hacia 2031.

Sin duda, el fujimorismo va a necesitar una oposición que evite desmanes del tipo que ya hemos visto. Eso tendrá que materializarse, sobre todo, en propuestas capaces de concitar el apoyo popular. Los temas están sobre la mesa desde hace años: acceso al agua potable, masificación del gas, mucha mayor seguridad y crecimiento económico.

Ese tipo de planteamientos casi no fue escuchado siquiera durante la campaña, como si la elección hubiera sido un asunto de caciques políticos y no de una ciudadanía tan necesitada.

El informe se publicó en mayo pasado, aunque se conoció públicamente hace pocos días. El texto pide al Estado peruano poner en libertad de forma inmediata a Castillo Terrones. Exige, además, que se le reconozca el derecho a una indemnización y a otras formas de reparación, conforme al derecho internacional.

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Durante la misma entrevista, el jefe de Estado explicó que todavía no ha leído el documento a fondo. Contó que su agenda de viaje, con paradas en Cutervo y Arequipa, le impidió revisarlo con calma, por lo que reunirá primero a sus asesores antes de fijar una postura definitiva. Precisó que espera que los abogados de Castillo formulen un nuevo pedido de indulto "fundamentado", porque el que se presentó antes fue rechazado por no venir acompañado de las pruebas correspondientes.

Balcázar remarcó que la evaluación final de un eventual indulto recaerá en el Ministerio de Justicia, a cargo de un funcionario al que describió como conocedor de las resoluciones internacionales y de derechos humanos. Aunque reconoció que la recomendación de la ONU "al parecer" no lo vincula de manera directa, insistió en que sí constituye un elemento que el Estado peruano debe tomar en cuenta al momento de resolver el caso.

Los deudos no solo recordaron a sus familiares, sino que también expresaron su preocupación ante un eventual gobierno de Keiko Fujimori, al que asocian con un posible retroceso en los procesos judiciales y en la búsqueda de desaparecidos.

"Nos sentimos amenazados… sería volver a lo mismo, a la impunidad", advirtieron durante la jornada. Entre pancartas y fotografías, insistieron en que esperan del próximo gobierno un compromiso real con los derechos humanos, el fortalecimiento de las investigaciones fiscales y la continuidad de las búsquedas en fosas clandestinas que, según denuncian, hoy se encuentran paralizadas.

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Cantuta: una herida abierta

Gisela Ortiz carga con la historia de su hermano, Luis Enrique Ortiz, estudiante de Educación Física en La Cantuta, desaparecido en 1992. "Era muy solidario, siempre dispuesto a ayudar. Prestaba su ropa a compañeros que no tenían. Era muy bueno", recuerda.

Tenía 21 años cuando fue detenido durante una intervención militar en la universidad. Su familia pensó que sería una detención más, pero nunca regresó.

Meses después, un testimonio anónimo reveló lo ocurrido: había sido ejecutado por el grupo Colina. Desde entonces, la búsqueda no ha terminado.

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La deuda pendiente del Estado

Han pasado más de 30 años y, para los familiares, la justicia sigue incompleta.

"No hay presupuesto", cuestiona Ortiz, en referencia a la paralización de las búsquedas en zonas como Cieneguilla, donde se presume que existen fosas clandestinas.

Justicia a medias

Angélica Cantoral Huamaní también llegó al plantón con una historia marcada por la violencia. Su hermano Saúl Huamani, dirigente minero, fue asesinado en 1989. "Fue horrible. Sentí que nos enterraron en vida", recuerda.

Pero lo que más la indigna no es solo la pérdida, sino lo que vino después. A pesar de que el caso tiene sentencia, asegura que la justicia nunca se concretó.

"Hay sentencia, pero no hay justicia. Ninguno está preso", reclama.

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Del pasado al presente

En el plantón también participan familiares de víctimas de hechos recientes, cuyos casos aún se encuentran en investigación, como el padre de Inti Sotelo, Salvador Sotelo, uno de los jóvenes fallecidos durante las protestas de noviembre de 2020.

Lo recuerda como un joven activo, con sueños y proyectos. La última vez que hablaron, su hijo le pidió que no fuera a la marcha. Horas después, lo encontró en el hospital.

"Lo encontré caliente, ensangrentado… traté de reanimarlo, pero ya no se podía hacer nada", relata. El proceso judicial, dice, avanza lentamente, lo que alimenta el temor de que el caso quede impune.

A este reclamo también se suma Marta Flores, esposa del dirigente sindical Pedro Huilca, asesinado en 1992. Lo recuerda como "un gran hombre, un luchador social" que dedicó su vida a la defensa de los trabajadores desde la construcción civil y la CGTP. Su liderazgo —dice— no se medía en cargos, sino en el respaldo constante de quienes lo elegían.

Su asesinato, ocurrido en la puerta de su casa y a plena luz del día, no fue un hecho aislado. "Era algo preparado, premeditado", afirma, al señalar que existían documentos que evidenciaban un plan ejecutado por el grupo Colina.

Más de tres décadas después, su testimonio también está atravesado por la desconfianza hacia el futuro político. "Esperar algo de la señora Keiko es lo mismo o peor que su padre", sostiene con firmeza.

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Temor a la impunidad frente a un gobierno de Keiko Fujimori

El rechazo a un eventual gobierno de Keiko Fujimori también se expresó con firmeza durante el plantón. "No la reconocemos, no nos representa", dijo una de las familiares, visiblemente afectada, al recordar que sus seres queridos aún no han obtenido justicia. Para ellos, la posibilidad de un cambio político no es solo un escenario electoral, sino una amenaza directa a los avances logrados tras años de lucha.

"Sería volver a lo mismo, a la muerte, a la impunidad", advirtieron. Los deudos insistieron en que no permitirán retrocesos ni decisiones que puedan beneficiar a responsables de violaciones a los derechos humanos. "Ya esperamos más de 30 años, no vamos a aceptar que todo quede en nada", remarcaron, exigiendo garantías claras de que los procesos continuarán y que el Estado no les dará la espalda una vez más.

También resaltó que su reclusión “vulneró normas fundamentales del constitucionalismo, el antejuicio político, el debido proceso y los acuerdos internacionales”.

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En ese sentido, sostuvo que su arresto fue ilegal. “Los funcionarios del sistema de justicia y las organizaciones políticas que maquinaron mi arresto y mi inmediata destitución actuaron de forma totalmente ilegal violando la inmunidad presidencial al fabricar una inexistente figura de flagrancia y de un supuesto “alzamiento en armas” que nunca ocurrió, quebrantando de esa manera el Estado de derecho”, dijo.

Por ello, pidió a los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así como a las instancias de la administración de justicia del Perú, tomar en cuenta las recomendaciones del grupo de trabajo.

“Continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional”, anotó.

A su vez, enfatizó que “el Grupo de Trabajo de la ONU adoptó esta determinación sobre la base de su mandato y de los principios universales establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), tratado internacional vinculante del cual el Estado peruano es parte y que está obligado a cumplir de buena fe, en el marco de sus compromisos internacionales”.

Guido Croxatto tras informe del Grupo de Trabajo de la ONU: "Lo reconocen ahora que no tiene efecto político directo"

El abogado Guido Croxatto, defensor legal del expresidente Pedro Castillo, se pronunció sobre el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que concluyó que su representado fue capturado sin un proceso adecuado. El letrado consideró que el pronunciamiento es positivo para la línea de defensa, pero criticó que llegue luego de varios años.

Croxatto consideró que los profesionales de Naciones Unidas omitieron entrar en detalle sobre la destitución del exmandatario, realizada poco después del discurso en el que llamaba a la disolución del Congreso, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

"La resolución del grupo de trabajo que reconoce que Castillo está detenido en forma arbitraria-ilegal- es auspiciosa porque por fin un órgano de especialistas independientes que trabaja con rigor jurídico reconoce una línea firme de la defensa internacional de Pedro Castillo. Hace años que sostenemos que la vacancia fue jurídicamente nula. Un acto jurídicamente inválido. Al ser nula la vacancia, no podía ser arrestado en la calle el presidente ni mucho menos sometido a un proceso penal. Dicho esto, sin embargo, es bueno hacer un par de salvedades. Porque el grupo reconoce esto con un tiempo calculado, sin inocencia. No elige cualquier momento para emitir su opinión. Tuvieron muchos años. Ahora que ya no tiene alcance político, sí lo reconocen”, dijo.

El pedido fue respaldado sin disidencias en una asamblea extraordinaria celebrada el 4 de julio en la comunidad de Samito, distrito de Alto Nanay (Loreto), luego de que se conociera el trámite de dos solicitudes mineras en un territorio considerado clave para el abastecimiento de agua, la biodiversidad amazónica y la propia ciudad de Iquitos.

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La organización recordó que ya existe normativa que restringe temporalmente la actividad minera en la zona —los decretos supremos 030-2023-EM y 022-2024-EM—, pero advirtió que ambos vencen en noviembre de este año y que su cobertura es insuficiente frente a un problema estructural. Por eso, insiste en una protección de carácter permanente.

CONACCUNAY también pidió directamente al jefe del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) —Organismo Público Técnico Especializado del Sector Energía y Minas en nuestro país—, Paolo Andrés Alzamora, que declare improcedentes los petitorios "Achuny" y "Jaguar Dorado", al considerar que contradicen la normativa vigente y amenazan el derecho de las comunidades a un ambiente libre de contaminación.

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En octubre de 2025, la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) resolvió, a partir de una queja presentada por CONACCUNAY en junio de ese año, que el Estado peruano había incumplido varias decisiones comunitarias vinculadas al combate de la minería ilegal, el control del mercurio y la cooperación transfronteriza en cuencas amazónicas.

Respaldo regional

La Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto se sumó al reclamo y exigió al INGEMMET y al Ministerio de Energía y Minas anular cualquier concesión que ponga en riesgo la salud de la población o la seguridad hídrica, al señalar que admitir estos petitorios contradice las ordenanzas regionales que ya declaran al Nanay zona de exclusión minera.

El presidente de CONACCUNAY, Jhonny Huaymacari, advirtió sobre el riesgo de deforestación, contaminación del agua y de peces por mercurio, y pérdida de biodiversidad, y subrayó que la asamblea rechazó por unanimidad las concesiones por considerarlas una amenaza directa a la vida y el futuro de las comunidades: "Nuestros recursos naturales van a ser deforestados; nuestra agua y peces contaminados. Ellos son fuente de vida para nosotros. Por eso, por unanimidad en asamblea, hemos dicho no a estas concesiones, porque atentan contra nuestra vida, nuestra salud y nuestro futuro", enfatizó.

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Consultado sobre el caso, Mariano Castro —director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa de GRADE e impulsor de la ratificación peruana del Convenio de Minamata— sostuvo que el episodio confirma la necesidad de pasar de medidas temporales a mecanismos permanentes de protección territorial en cuencas estratégicas.

"El Nanay no se defiende solo con decretos y operativos de interdicción. Mientras las comunidades no tengan alternativas económicas reales, salud, agua segura y acceso a justicia, la presión de la economía ilegal seguirá creciendo. Por eso, además de la prohibición permanente de actividad minera en cuerpos de agua, el Estado debe implementar con urgencia un proyecto especial de desarrollo territorial para la cuenca, articulado con el Plan de Gobernanza Intercomunal de la CONACCUNAY, así como atender los pedidos de declaración de emergencia ambiental y sanitaria", indicó.

La convocatoria se produjo tras el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU. El organismo concluyó que el arresto del expresidente, ejecutado el 7 de diciembre de 2022 tras su fallido intento de disolver el Congreso, careció de orden judicial y no respetó su inmunidad como jefe de Estado.

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El dictamen no fue unánime. Dos de sus integrantes, la abogada ucraniana Ganna Yudkivska y el jurista surcoreano Ethan Hee-Seok Shin, señalaron que la privación de libertad de Castillo sí se ajustó a derecho, pues su mensaje a la nación constituyó un acto de poder y no un ejercicio de libertad de expresión. El presidente-relator neozelandés Matthew Gillett, en cambio, planteó una postura distinta: consideró que la declaración del expresidente podría estar amparada por la libre expresión y limitó su cuestionamiento a la falta de sustento de la prisión preventiva.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia tiene pendiente resolver un pedido de gracia presidencial solicitado por la defensa del expresidente.

Castillo cumple una condena de 11 años, cinco meses y 15 días de prisión en el penal de Barbadillo, en Ate. La sentencia, dictada en primera instancia por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en noviembre de 2025, lo halló responsable de conspiración para la rebelión. Además de ese proceso, el expresidente afronta otras investigaciones por presunta corrupción, crimen organizado y tráfico de influencias. Esta misma semana, tuvo una audiencia adicional por el delito de falsa declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Advierten que el tráfico ilícito de carburantes es el motor logístico que sostiene a la minería ilegal, una actividad criminal que vulnera la seguridad nacional.

Además, según el PAS, los usuarios de mercurio van en aumento y se concentran en regiones como Puno y Madre de Dios, focos de minería ilegal. El mercurio ingresaría de contrabando desde Bolivia, donde se han incrementado significativamente las importaciones de ese insumo.

En el caso del combustible, este nexo se manifiesta principalmente a través de tres ejes críticos: el alto consumo, pues una sola draga usada en los ríos de la Amazonía requiere hasta 250 galones de diésel por semana.

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También están las rutas de contrabando, donde se han detectado más de 14 rutas de desvío terrestre y fluvial desde regiones vecinas o países fronterizos hacia focos como La Pampa.

Asimismo, el uso del Reinfo: el Colectivo PAS denuncia que las mafias manipulan el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para justificar y 'blanquear' el transporte masivo de insumos.

Debido a ello, exige que el Estado peruano implemente políticas firmes de interdicción y fiscalización de insumos químicos. El colectivo argumenta que la destrucción de maquinaria no es suficiente si no se corta la cadena de suministro de combustible.

Las acciones del colectivo buscan evitar el avance de redes criminales ligadas a delitos conexos como el lavado de dinero, el sicariato y la corrupción de funcionarios públicos.

El transporte ilegal de estos insumos está fuertemente penado bajo la legislación peruana. El tráfico ilícito de insumos químicos destinados a la minería ilegal puede llevar a prisión.

Las autoridades policiales, militares y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) ejecutan operativos continuos que derivan en la incautación de miles de galones de gasolina y diésel sin procedencia legal sustentada.

TRANSPORTABA 5 MIL GALONES

En respuesta a ello, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Nauta informó que este jueves se condenó a cinco años de prisión a Manuel Castillo por el delito de tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a la minería ilegal.

Este sujeto fue detenido mientras transportaba 5.000 galones de combustible (gasolina y petróleo diésel) para dicha actividad ilícita en Loreto.

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De acuerdo con los hechos comprobados por el Ministerio Público, Castillo fue intervenido el 21 de junio del 2026 en las inmediaciones del río Tigre.

El sentenciado navegaba en la embarcación fluvial 'BIP BIP' con destino a la localidad de Intuto. Entonces, autoridades de la Marina de Guerra del Perú identificaron que llevaba a bordo materiales inflamables.

Asimismo, se hallaron en las bodegas de las lanchas materiales que no contaban con facturas ni guías de remisión, además de permisos legales, en 2.000 de los galones transportados.

También encontraron motores diésel, motobombas, un grupo electrógeno, baterías industriales, así como una escopeta y demás implementos utilizados para la extracción ilegal de minerales.

Cabe precisar que Castillo, al admitir su responsabilidad penal en el hecho, se acogió a la figura de terminación anticipada. Por ello, la pena de prisión que se le impuso es de carácter suspendido y se le dictó la obligación de pagar una reparación civil de S/9.000 a favor del Estado.

También solicitó evitar cambios en la estructura organizacional de los ministerios y compromisos presupuestales que no sean indispensables para la continuidad de los servicios públicos. Además, indicó que los ministerios deben actuar si existe una obligación legal, un mandato judicial o una situación de emergencia.

Vinelli argumentó que la medida busca resguardar la transparencia y la confianza pública en un momento sensible para el Estado. En su carta invocó los principios de buena administración, colaboración institucional y continuidad del servicio público. El economista pidió al premier que evalúe la disposición a través de la PCM, sin fijar un plazo específico para la respuesta.

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Keiko Fujimori ignora cuestionamientos contra Vinelli y le ratifica su confianza

Keiko Fujimori volvió a respaldar a Marco Vinelli sin responder de manera directa a los cuestionamientos judiciales que pesan sobre él. La presidenta electa se pronunció durante un encuentro con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Allí se limitó a resaltar la trayectoria de Vinelli en el sector agrario. No hizo mención alguna a la demanda ni a la investigación fiscal que lo mantienen bajo la lupa.

"Él ha aclarado estos procesos de investigación, pero yo aquí le ratifico mi confianza, porque es un profesional competente, que goza de integridad y sobre todo, que conoce el sector, sobre todo de la agricultura en la cancha", declaró ante la prensa. La frase no precisó en qué consistió esa aclaración ni cuándo se produjo. Tampoco despejó las dudas sobre el futuro de Vinelli al frente del ETTE.

El jefe del equipo de transferencia acumula dos procesos abiertos. Uno es una demanda civil por daños y perjuicios que interpuso el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El otro es una investigación con acusación en la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito contra la administración pública. Ambos casos se originan en su gestión como director ejecutivo de Agro Rural, entre 2015 y 2016. Fujimori no abordó ninguno de los dos en su respuesta.

"La resolución del grupo de trabajo que reconoce que Castillo está detenido en forma arbitraria-ilegal- es auspiciosa porque por fin un órgano de especialistas independientes que trabaja con rigor jurídico reconoce una línea firme de la defensa internacional de Pedro Castillo. Hace años que sostenemos que la vacancia fue jurídicamente nula. Un acto jurídicamente inválido. Al ser nula la vacancia, no podía ser arrestado en la calle el presidente ni mucho menos sometido a un proceso penal. Dicho esto, sin embargo, es bueno hacer un par de salvedades. Porque el grupo reconoce esto con un tiempo calculado, sin inocencia. No elige cualquier momento para emitir su opinión. Tuvieron muchos años. Ahora que ya no tiene alcance político, sí lo reconocen. Antes hubieran debido ir más allá de la "reparación económica por los perjuicios ocasionados". Porque entraba en juego la restitución por una vacancia mal hecha", indicó.

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Croxatto consideró que los profesionales de Naciones Unidas omitieron entrar en detalle sobre la destitución del exmandatario, realizada poco después del discurso en el que llamaba a la disolución del Congreso, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

"Han jugado con los tiempos para evitar decir eso: que además de ser mal detenido, fue mal destituido. Han resuelto una parte. Pero falta resolver la otra: la de un presidente mal vacado. Reconocen formalmente la falta de antejuicio político y el mal retiro de inmunidad, pero lo reconocen cuando el plazo de mandato de Castillo está por concluir en pocas semanas. Por eso nosotros insistimos: hasta el 28 de julio de 2026 el presidente constitucional de Perú, mal vacado, mal arrestado, es Pedro Castillo. El grupo de trabajo ha demorado este reconocimiento porque si lo hubiera hecho en 2023 o 2024 hubiera invalidado la sucesión presidencial. Hubiera generado una crisis política. Hubiera quedado en evidencia que los presidentes "interinos" estaban cometiendo una falta. Un delito: el delito de usurpación de funciones. Hasta el 28 de julio de 2026 el presidente constitucional es Pedro Castillo", aseguró el abogado.

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"Si hubieran reconocido esto antes de la elección hubiera tenido un impacto directo en el resultado"

Por otro lado, Croxatto aseguró que, de haberse emitido antes la decisión, esto hubiera significado una invalidación de la asunción al poder de Dina Boluarte.

"Tiene razón el grupo de trabajo de la ONU, pero reconocerlo antes hubiera implicado invalidar la sucesión presidencial de Dina Boluarte, que fue irregular. Como no querían hacer eso, han esperado varios años. Lo reconocen ahora que no tiene efecto político directo y todo muere en una modesta reparación civil. Pero no dice nada de la estafa electoral a los peruanos, la afectación a sus derechos políticos. ¿Cómo se repara? Si fue mal removido del cargo el presidente, el afectado no es solo él. Son también afectados todos sus votantes. ¿Cómo se los va a reparar a todos ellos?"

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Por último, el abogado también indicó que ello hubiera traído consigo un cambio en el desarrollo del pasado proceso electoral, que finalmente dio como ganadora a Keiko Fujimori.

"Si hubieran reconocido esto antes de la elección hubiera tenido un impacto directo en el resultado, sin duda. Esperaron que pasara la elección. Eso es jugar con la democracia y el voto informado de los peruanos. Si hubieran tenido esa información precisa de antemano, hubieran votado con mayor conocimiento de esta causa jurídica. Tal vez el resultado de la elección hubiera sido otro. Evidentemente la opción por la ONU resultó una apuesta inteligente de la defensa ante la inacción del sistema interamericano. Esa fue una apuesta tomada hace dos años. Molesta tener que viajar tan lejos, pero es parte de la pelea que damos los abogados cuando no encontramos justicia en nuestros propios países".

El informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención de Castillo

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó que el arresto del expresidente Pedro Castillo, realizado luego de su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fue arbitrario al no haberse respetado el procedimiento correspondiente. De acuerdo con el documento, difundido por Epicentro y cuya autenticidad fue confirmada a este medio por fuentes cercanas al exmandatario, la detención vulneró diversos derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre ellos la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho a un tribunal independiente.

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Como consecuencia de estas conclusiones, los expertos de Naciones Unidas exhortaron al Estado peruano a disponer la liberación inmediata de Castillo y señalaron que el exjefe de Estado está facultado para solicitar una reparación por los daños ocasionados por la privación arbitraria de su libertad. Asimismo, indicaron que darán seguimiento a las acciones que adopten las autoridades peruanas tras la emisión de estas recomendaciones.

El informe también analizó las denuncias sobre una presunta discriminación contra Castillo por su origen campesino y su condición social. No obstante, el Grupo de Trabajo concluyó que no encontró elementos suficientes para acreditar esa afirmación y sostuvo que, más bien, el caso refleja un enfrentamiento permanente entre sectores con posiciones políticas opuestas. En sus conclusiones, recordó además que el Consejo de Derechos Humanos exhorta a los Estados a considerar sus opiniones, adoptar las medidas necesarias para corregir situaciones de detención arbitraria e informar sobre las acciones implementadas.

Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Presupuesto, solicitó a Rospigliosi reprogramar el retorno del cuarto intermedio que, inicialmente, estuvo previsto para las 9.00 p. m. del jueves 9 de julio.

Soto argumentó que durante el debate de la Comisión Permanente se presentaron varias propuestas complementarias y solicitudes de financiamiento para proyectos de inversión destinados a atender necesidades de las regiones.

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Explicó que, para incluirlas, se necesitaba más tiempo para la respectiva evaluación técnica, jurídica y presupuestal. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe realizar una evaluación técnica.

“Debo informar a la representación nacional que no se trata de la Ley del Presupuesto General de la República, se trata de un crédito suplementario. En consecuencia, muchos proyectos de inversión indudablemente no va a ser posible atenderlos. Tenemos que sincerar las cosas y, en esa tarea no estoy yo, está el MEF a través de sus técnicos", expresó Soto.

“Siendo las 17:00 horas, no se logró un avance significativo en la evaluación de la propuesta, pese a los esfuerzos que viene promoviendo la comisión y el MEF para culminar de manera responsable la elaboración del texto sustitutorio en el plazo previsto”, indica el oficio.

Aseguró que la intención es "validar que todo o la mayor parte de proyectos de inversión que se han oralizado se puedan dar”, sin embargo, no todos podrán ser atendidos.

Soto señaló que el objetivo es garantizar que el dictamen incorpore propuestas técnicas, jurídicas y presupuestalmente viables, que cuenten con sustento y evaluación del MEF, por lo que solicitó la reprogramación del levantamiento del cuarto intermedio.

Rospigliosi aceptó la reprogramación del cuarto intermedio y suspendió la sesión hasta el lunes 13, a las 3.00 p. m.

Comuneros del distrito de El Cenepa, Amazonas, denunciaron así una violenta intervención policial que dejó un herido. Aseguran que los agentes descendieron de la aeronave disparando al cuerpo y bajo amenazas de muerte.

Según refieren los testigos, los efectivos policiales abrieron fuego desde su llegada y los acusaron de estar ligados a dichas bandas criminales. Los pobladores, pertenecientes al pueblo Awajún, rechazaron cualquier nexo delictivo.

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Aseguran que denunciarán el hecho ante el Ministerio Público para que las autoridades nacionales investiguen el caso y resguarden sus vidas.

Según el apu Saúl Yampis Kantua, los comuneros fueron humillados y obligados a arrodillarse pese a negar dichas acusaciones.

Frente a estos hechos, la dirigencia indígena anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía para que se investigue el accionar de los efectivos policiales y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, solicitaron que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y garanticen el respeto a los derechos de las comunidades indígenas.

Fuentes policiales admitieron que realizaron dicho operativo en contra de la minería ilegal. Los pobladores, sin embargo, afirman tener todos los permisos del Estado al día y criticaron la manera como llegaron a amedrentarlos y a amenazarlos como si fueran delincuentes.

Al respecto, se pronunció la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía que trabaja por la defensa y el respeto de sus derechos colectivos.

“Expresamos nuestra preocupación por los hechos ocurridos durante la intervención policial en la comunidad Kumpanam, en el distrito de El Cenepa (Amazonas)”, indicaron en un pronunciamiento.

Refieren que, “según información preliminar y registros audiovisuales difundidos públicamente, se habría producido un uso desproporcionado de la fuerza, dejando a un comunero herido”.

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Asimismo, manifestaron que, si bien el operativo habría estado dirigido contra presuntos integrantes de grupos vinculados a actividades ilegales, corresponde a las autoridades esclarecer las circunstancias de la intervención y el presunto uso de armas de fuego.

“Por tanto, exigimos al Ministerio Público que realice una investigación objetiva que determine las responsabilidades y garantice justicia para las personas afectadas”, señalaron.

Y agregaron: “Desde Aidesep, reafirmamos que la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales debe realizarse con respeto a los derechos humanos y los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza”.

“Instamos a la Policía Nacional del Perú a que toda intervención en comunidades se realice de manera coordinada, respetuosa y conforme al marco de protección de los pueblos indígenas, absteniéndose de ingresar de forma violenta o arbitraria a sus territorios y privilegiando la coordinación con las autoridades comunales”, subrayaron finalmente.

La presidenta explicó que el caso de Perú no se parece al de Ecuador. Con los ecuatorianos, dijo, México rompió relaciones porque su embajada fue invadida por la policía en Quito, en abril de 2024. Con Perú la situación fue al revés: fue el Gobierno peruano el que decidió cortar el vínculo diplomático con México, no al contrario.

El origen de esa ruptura tiene nombre y apellido: Pedro Castillo. Sheinbaum sostuvo que su Gobierno se pronunció desde un inicio en el sentido de que el expresidente peruano permanece preso de forma ilegal. Según ella, esa posición no nació de una simpatía política, sino de pruebas concretas: los votos necesarios para su vacancia, dijo, no se reunieron en el Congreso peruano.

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Una postura que Sheinbaum llama “solo declarativa”

La mandataria insistió en que la posición de México sobre el encarcelamiento de Castillo nunca pasó de lo verbal. No hubo, según ella, ninguna acción concreta contra el Gobierno peruano más allá de esa declaración pública. Aun así, fue Perú el que optó por romper relaciones con México a raíz de ese pronunciamiento.

“No he tenido comunicación con ella. Vamos a esperar”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina, al ser consultada sobre Keiko Fujimori. La frase resume, en pocas palabras, el estado actual del vínculo entre ambos países: sin diálogo directo entre las dos mandatarias y sin fecha para un posible acercamiento.

Un dato quedó al descubierto en la misma conferencia: todavía hay una persona resguardada dentro de la embajada mexicana en Lima. Se trata de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece bajo protección de Brasil desde que se rompieron las relaciones entre México y Perú. Brasil asumió la representación diplomática mexicana tras ese quiebre. Chávez, según explicó Sheinbaum, espera un salvoconducto para poder viajar a México.

De acuerdo con una publicación en su cuenta de X, Amado Enco señala que el congresista Raúl Doroteo Carbajo fue quien promovió su salida como procurador de la Contraloría.

“Un congresista de apellido Doroteo, guiado por su ignorancia, busca con la Procuradora General del Estado (María Caruajulca Quispe) cesarme en el cargo de Procurador de la Contraloría General de la República, puesto al que accedí por concurso público”, escribió Enco el 8 de julio, un día antes de la publicación del mandato que lo cesa en el cargo, firmado, precisamente, por Caruajulca.

“No le temo a las tropelías del poder. Sigan adelante”, señaló.

Después de que la Procuraduría difundió la decisión de apartar a Amado Enco, el exprocurador dio a entender que el motivo sería el desacuerdo con la procuradora María Caruajulca, muy cuestionada por su inacción ante graves casos de corrupción en los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.

"Vaya Procuradora General (María Caruajulca), así responde a los procuradores que nos atrevemos a cuestionar su pésima gestión. Espero que el gobierno entrante tome cartas en el asunto y reforme el sistema para concretar de una vez la tan ansiada autonomía funcional de los procuradores públicos.”, escribió Enco en X.

No es el primer caso.

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El 5 de septiembre de 2025, María Caruajulca destituyó a la procuradora del Caso Lava Jato, Susana Carrión, por presión del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y congresistas de dicho partido.

Fue Carrión quien solicitó al Poder Judicial la inclusión de Renovación Popular como tercero civilmente responsable por haber recibido fondos ilegales de constructoras brasileñas Odebrecht y OAS cuando se denominaba Solidaridad Nacional bajo el mando del exalcalde Luis Castañeda Lossio.

Durante el conflicto entre la concesionaria Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima, López Aliaga exigió a la procuradora Carrión que actuara conforme a la estrategia legal de los abogados extranjeros contratados por el exalcalde limeño. Pero Carrión se negó porque era incompatible con sus funciones.

Carrión difundió chats intercambiados con López Aliaga en los que este le exigía acciones que no le correspondían e incluso la amenazó con denunciarla. La procuradora María Caruajulca cedió a las demandas de López Aliaga y destituyó a Silvana Carrión.

Para justificar su decisión, María Caruajulca emitió un informe que evalúa las acciones de la Procuraduría de la Contraloría, en el que Amado Enco ejerció funciones desde el 6 de enero de 2023.

De acuerdo con el reporte, entre los años 2016 y 2025, la Procuraduría de la Contraloría formuló 2.565 denuncias civiles contra funcionarios públicos ante el sistema judicial y consiguió 194 resoluciones a favor en 10 años.

El documento no indica cuál sería la responsabilidad del exprocurador Enco, ya que estuvo en el cargo tres años.

Vinelli acumula una demanda civil por daños y perjuicios interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El proceso apunta a su gestión como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016. A eso se suma una investigación con acusación en la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito contra la administración pública. Ninguno de esos dos procesos fue abordado por Fujimori en su respuesta.

La presidenta electa optó por una defensa genérica. "Él ha aclarado estos procesos de investigación, pero yo aquí le ratifico mi confianza, porque es un profesional competente, que goza de integridad y sobre todo, que conoce el sector, sobre todo de la agricultura en la cancha", declaró ante la prensa. La frase no incluyó detalles sobre en qué consistió esa aclaración ni cuándo se produjo.

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El Niño obliga a Fujimori a definir prioridades

La consulta sobre Vinelli se dio en medio de una agenda marcada por la emergencia climática. El Comité Multisectorial para el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene activa la alerta por el Niño Costero. El organismo calcula que el evento puede extenderse hasta el verano de 2027, con 48% de probabilidad de alcanzar una magnitud fuerte en la temporada 2026-2027.

Fujimori recorrió obras de prevención junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Ahí reconoció que existen cientos de maquinarias paralizadas. Prometió un diagnóstico completo apenas asuma el poder, el 28 de julio, para definir cuántas máquinas se pueden reactivar y cuántas hay que comprar. También adelantó que evalúa ampliar los horarios de trabajo en las obras, con prioridad para el norte del país, la zona con mayor exposición histórica al fenómeno.

En Lima, la Municipalidad ya ejecuta labores de descolmatación en los ríos Lurín, Chillón y Rímac. Esos tres cauces representan el mayor riesgo de desborde para la capital ante lluvias intensas.

"Patricia Benavides pasa a colocarse en un terrible precedente al ser la primera fiscal que solicita que se aplique la amnistía a crímenes horrendos perpetrados por el Estado", advirtió Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos, en diálogo con La República.

Para Rivera, esta acción representa un retroceso constitucional, pues la fiscal ha preferido omitir la existencia de fallos recientes del propio Tribunal Constitucional —que cuestionan la validez de estas leyes— para alinearse con una agenda política de turno.

Durante la entrevista, el experto también señaló que el dictamen era "deficiente", ya que carece de sustento doctrinario y busca, de forma oportunista, alinearse con el gobierno entrante.

Asimismo, el letrado advirtió que si la Corte Suprema acepta el dictamen, "se abriría la puerta a la impunidad", lo que permitiría la liberación de personas con sentencias condenatorias por violaciones a los derechos humanos. En esa línea, sostuvo que el Ministerio Público tiene la responsabilidad constitucional de perseguir el delito, no de obstruir la justicia.

Además, Rivera detalló que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha consolidado una jurisprudencia clara y unánime que invalida las leyes de amnistía para crímenes de lesa humanidad. Por ende, ignorar estos estándares internacionales y los pronunciamientos recientes del Tribunal Constitucional sitúa al Ministerio Público en una posición de "repudio" frente a la comunidad jurídica internacional.

Respecto al impacto de esta medida, Rivera señaló que afecta directamente a las familias de las víctimas.

"Esto significa un desaire. a quienes han dedicado décadas a la búsqueda de la verdad. En un caso de desaparición forzada, un defensor de derechos humanos de Huancavelica logró una sentencia condenatoria contra un coronel que era el jefe político militar de la zona. Él está condenado, está en su casa, pero está condenado”, explicó.

Para el abogado, el aval de la fiscalía a esta norma, calificada por él como una 'ley pro-crimen', vulnera el derecho a la justicia en casos de delitos de lesa humanidad."

La fiscal fundamenta su petición en la Ley N.º 32419, publicada en agosto de 2025, la cual concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

El documento sostiene que, debido a que el caso de Paz Cárdenas se enmarca en ese periodo, la norma “resulta aplicable”.

Pero la justificación de Benavides no queda ahí, el documento precisa además que, pese a la existencia de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la citada ley y a los cuestionamientos sobre el tema en el Tribunal Constitucional, la norma "forma parte del ordenamiento jurídico" y se encuentra vigente.

Por tales consideraciones, Patricia Benavides Vargas sostiene que la Corte Suprema debe declarar "fundada la excepción de amnistía".

En entrevista con la República, el abogado del IDL Carlos Rivera, señaló que existe una "omisión de carácter constitucional" por parte de la fiscal, ya que, de acuerdo con la Cuarta Disposición Transitoria de la Constitución, todo operador de justicia está obligado a ejercer el "control de convencionalidad" y aplicar los estándares de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Sin embargo, para Benavides esta obligación internacional parece secundaria. El especialista calificó el dictamen como "absolutamente deficiente" y advirtió que la fiscal apenas utiliza dos páginas para sustentar su posición, consciente de que no encontrará un verdadero sustento que legitime para su pedido.

"[Patricia Benavides] decide simplemente poner un argumento estrictamente formalista sobre un tema que está repudiado en el derecho internacional, que es la aplicación de la ley de amnistía".

Además, Rivera cuestionó la gravedad del dictamen y advierte que el pedido de la fiscal marca un antes y un después en la historia del Ministerio Público, al convertir a la institución en un actor que, lejos de perseguir el delito, facilita la impunidad.

"Patricia Benavides pasa a colocarse en un terrible precedente de ser la primera fiscal que solicita que se aplique la amnistía a crímenes horrendos perpetrados por el Estado, colocándose en una zona de repudio, pues nunca antes un fiscal había pedido algo así", sostuvo el experto.

Para el abogado, este dictamen trasciende lo legal y apunta a un trasfondo político. "No se trata solo de ignorancia en el interés internacional, creo que es un acomodamiento, una suerte de oportunismo político para caer bien a quienes vienen a gobernar”.

Además, agregó que la fiscal estaría intentando generar un espacio de encuentro con la política, alineándose con una agenda que ataca al sistema de justicia.

El experto también alertó sobre el impacto para los familiares de las víctimas ante una posible aprobación en la Corte Suprema. "Si la Suprema acepta, esta ley promulgada por el Congreso —que es una norma pro-crimen— será la fuerza abierta hacia la impunidad. Lo que hace este dictamen es abrir las puertas de las cárceles a gente que debería estar pagando su responsabilidad penal".

Para los especialistas de Naciones Unidas, esta detención fue arbitraria debido a que vulneró los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos —derechos a la libertad, a no ser detenido arbitrariamente, a un tribunal independiente y a la presunción de inocencia— y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hacen énfasis en el derecho a la libertad y la igualdad ante los tribunales.

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Ante este escenario, los especialistas instaron al Estado peruano a disponer la liberación inmediata de Pedro Castillo y señalaron que el exmandatario tiene derecho a solicitar una reparación por los perjuicios ocasionados por su detención arbitraria.

Otro de los aspectos que aborda el documento es la evaluación sobre una posible discriminación contra el exmandatario debido a su origen campesino y su condición social por parte de grupos de poder. Tras analizar este punto, el Grupo de Trabajo concluyó que "no se presentaron los elementos suficientes para acreditar la existencia de discriminación".

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En ese sentido, los expertos señalaron que, según su evaluación, el escenario descrito evidencia "un continuo enfrentamiento entre grupos con distintas posiciones políticas", más que un caso de discriminación acreditada. Además, el Grupo de Trabajo señaló que solicitará información sobre las medidas de seguimiento adoptadas luego de darse sus recomendaciones.

“El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta susopinionesy, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado”, señala el documento en sus conclusiones.

Sobre el carácter vinculante de la resolución

Para conocer si esta decisión tendría carácter vinculante y, por tanto, debería cumplirse en el Perú, La República consultó al abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera. El especialista explicó que las opiniones del Grupo de Trabajo adquieren ese carácter debido a que el Estado peruano ha ratificado el tratado internacional que sustenta la existencia de estos órganos.

"Si bien es cierto que las opiniones de un Grupo de Trabajo no tienen la fuerza de una resolución jurisdiccional, estos órganos existen en virtud del mandato del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que el Perú ha ratificado. Por lo tanto, ello determina el carácter vinculante de sus decisiones", indicó Rivera a este medio.

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Posiciones encontradas por posible indulto a Pedro Castillo

La posible concesión de un indulto al expresidente Pedro Castillo para que recupere su libertad ha sido uno de los temas de debate en las últimas semanas. El presidente José María Balcázar se ha pronunciado sobre esta posibilidad y no ha descartado tramitar una gracia presidencial a favor del exmandatario. Según señaló, una medida de este tipo contribuiría al proceso de pacificación que, a su juicio, necesita el país.

"Yo podría o no podría dar indultos a cualquier condenado o procesado que la ley y la Constitución me pueden autorizar. De tal manera que no habría ninguna objeción que hacer, porque es una decisión presidencial, la Constitución me autoriza", declaró en entrevista con RPP.

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Sin embargo, desde Fuerza Popular han rechazado esta posibilidad. El senador electo Héctor Ventura calificó la eventual concesión del indulto como un tema "irrelevante" para el país y sostuvo que carece del sustento técnico necesario.

"Hay muchísimo que trabajar en la lucha contra la inseguridad ciudadana, darle estabilidad jurídica, social, política y económica al país, y no estar pretendiendo intereses personalísimos; el indulto a Castillo es un imposible jurídico", declaró a Perú21.

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El mes pasado, la Comisión de Gracias Presidenciales desestimó el pedido de indulto presentado por el expresidente Pedro Castillo. Tras evaluar la solicitud, el organismo determinó que esta no reunía las condiciones exigidas para acceder al beneficio, por lo que el exmandatario continuará privado de su libertad y bajo las disposiciones dictadas por las autoridades correspondientes.

Por su lado, el abogado de Castillo y exministro del Interior, Wilfredo Pedraza también se unió a los que consideran que el exmandatario podría acceder a un perdón presidencia. Según explicó Pedraza a este medio, Pedro Castillo cumpliría con las condiciones legales para acceder a una gracia presidencial, ya que no tiene una sentencia firme, mantiene la condición de procesado y ha permanecido detenido por un periodo que supera el doble del plazo previsto para el proceso. Además, precisó que las restricciones para este beneficio solo alcanzan a determinados delitos, como el sicariato, la extorsión y la violación de menores de edad.

La noticia cayó como un duro golpe en Petroperú.

Pocas semanas antes de conocer la decisión del Tribunal Fiscal, el 16 de febrero de este año, la compañía de hidrocarburos había presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sus estados financieros al 31 de diciembre de 2025. En ese momento reportó una pérdida neta de US$468 millones. Pero esta cifra ha aumentado debido a la deuda coactiva que debe pagar a la Sunat por mandato del Tribunal Fiscal.

Al tratarse de información relevante, conocida luego de que la petrolera entregó a la SMV sus estados financieros, el directorio de Petroperú, en coordinación con la compañía auditora de la empresa (Gaveglio, Aparicio y Asociados, PwC), aprobó una provisión de US$158 millones para atender principalmente la deuda coactiva, que alcanza los US$133 millones.

Por lo tanto, la pérdida neta actualizada del ejercicio de la empresa petrolera pasó de US$468 millones a US$601 millones en los estados financieros auditados, según las fuentes consultadas por La República.

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Origen de la deuda

De acuerdo con las resoluciones del Tribunal Fiscal del 20 de marzo de este año, Petroperú no pagó el Impuesto al Rodaje (IRO) cuando importó insumos para la elaboración de gasolinas en 2019 y 2020, que luego fueron vendidas en el mercado nacional.

Petroperú apeló y el caso pasó al Tribunal Fiscal para que resolviera la controversia.

La República consultó a la Sunat sobre los detalles de la deuda coactiva de la empresa petrolera estatal. Sin embargo, sus voceros se abstuvieron de responder “en aplicación del principio de reserva tributaria” porque se trata “de un contribuyente específico” y el caso “se encuentra en trámite”.

La defensa de Petroperú alegó que el IRO se aplica al valor de venta de gasolinas en el mercado nacional y no a la importación.

También afirmó que los productos importados por la petrolera no eran finales o listos para la comercialización y venta final, sino intermedios, ya que necesitaban ser procesados y mezclados para salir a la venta. Y añadió que la compañía pagó los IRO que correspondían.

Sin embargo, el Tribunal Fiscal confirmó las resoluciones de la Sunat que obligan a Petroperú a abonar el IRO de los años 2019 y 2020.

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Información oportuna

Es altamente probable que Petroperú recurra al Poder Judicial para contradecir la decisión del Tribunal Fiscal, pero, mientras tanto, debe pagar la deuda coactiva, indicaron las fuentes de la petrolera.

Este diario verificó documentalmente que, cuando la compañía petrolera nacional reportó sus estados financieros a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el 16 de febrero de este año, la empresa no había sido notificada sobre las resoluciones del Tribunal Fiscal que disponen el pago de la deuda coactiva por el IRO de 2019 y 2020.

Además, las resoluciones del Tribunal Fiscal están fechadas el 20 de marzo de este año, 32 días después de la entrega de los estados financieros a la SMV, el 16 de febrero. Las resoluciones del Tribunal Fiscal son las Nº 02803-A-2026 y Nº 02808-A-2026.

A la SMV se le entregó información actualizada a la fecha de presentación de los estados financieros. No se pasaron por alto las resoluciones del Tribunal Fiscal que respaldan los cobros coactivos del IRO a Petroperú.

Tras la ratificación, se presentó una reconsideración contra la segunda votación del dictamen. La moción buscaba revertir la aprobación ya consumada. El pedido no prosperó: obtuvo 11 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Para aprobarse, necesitaba 15 votos a favor. Al no alcanzar ese número, el resultado de la segunda votación quedó firme y la ley siguió su curso.

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Su primera votación se dio el 23 de junio en el Pleno del Congreso. En esa oportunidad obtuvo 63 votos a favor, 31 en contra y 15 abstenciones. Los congresistas Ruth Luque, Edgar Reymundo, Sigrid Bazán y Flor Pablo cuestionaron entonces el texto. Señalaron que su verdadero propósito no es ordenar la norma penal, sino levantar trabas para archivar investigaciones abiertas.

La ley crea el capítulo VI dentro del Título XIV-A del Código Penal, dedicado a los delitos contra la humanidad. Incorpora también el artículo 324-A, que define el delito. Según ese texto, cometerá lesa humanidad quien, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque, incurra en homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada o tortura. La pena va de 30 años de cárcel a cadena perpetua.

La norma se aplicará de forma inmediata. Alcanzará a los casos en trámite donde ya se haya invocado la figura de lesa humanidad. También llegará a los procesos con condena que aún estén en revisión, nulidad o algún otro recurso pendiente. Si un hecho no cumple los requisitos que exige la ley, será juzgado como delito común, con las penas ordinarias del Código Penal. Ahora queda en manos del Ejecutivo promulgar u observar la ley.

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Congresistas y organizaciones de derechos humanos rechazan la ley

La aprobación generó un rechazo inmediato entre congresistas y organizaciones de derechos humanos. A través de sus redes sociales, varias voces cuestionaron el contenido de la norma y pidieron al Poder Ejecutivo que la observe antes de su promulgación.

La congresista Ruth Luque sostuvo que el dictamen "desconfigura por completo" el delito de lesa humanidad. Acusó al fujimorismo y a sus aliados en el Congreso de ratificar su desprecio por las víctimas y los derechos humanos. Pidió a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a la Presidencia del Consejo de Ministros que observen la ley.

El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, calificó la aprobación como un caso de impunidad. Advirtió que la norma "solo servirá a los perpetradores" de los crímenes que busca regular. La consideró inconstitucional y pidió al Poder Judicial que ejerza control sobre ella.

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La congresista Flor Pablo Medina calificó la ley de "nefasta" y advirtió que, pese a su apariencia de avance, solo beneficia a violadores de derechos humanos. Según su cálculo, la norma permitiría revisar 150 condenas y más de 600 procesos en curso, entre ellos los casos Barrios Altos, La Cantuta y las esterilizaciones forzadas. Confió en que los jueces peruanos mantengan una línea de defensa constitucional frente a esta y otras normas que, a su juicio, desamparan a las víctimas.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló que la ley representa un grave retroceso para el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Explicó que, al restringir su aplicación en casos de desaparición forzada, tortura y secuestro, la norma vulnera obligaciones internacionales del Estado peruano y favorece la impunidad frente a crímenes que son imprescriptibles por naturaleza. La organización instó al presidente José Balcázar a observar la ley y a rechazar cualquier disposición que favorezca la impunidad.

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Más de 100 acusados ya buscaron beneficiarse con leyes similares, según OjoPúblico

Una investigación de OjoPúblico reveló que las leyes de prescripción y amnistía aprobadas antes por el Congreso ya generaron un efecto concreto. Hasta setiembre de 2025, 104 personas acusadas por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno solicitaron acogerse a esos beneficios. El 71% pidió la prescripción de sus procesos y el 29% buscó la amnistía. Con ambos pedidos intentaron enviar al archivo 47 investigaciones fiscales por homicidio calificado, desapariciones forzadas, torturas y abuso de autoridad. Más de la mitad de esas solicitudes fueron rechazadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El caso del Grupo Colina ilustra el patrón. En noviembre de 2024, la jueza Miluska Cano López inaplicó la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad, y condenó al exjefe de la Dinte, Juan Rivero Lazo, junto a los exintegrantes de ese destacamento Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue, por los crímenes de Pativilca y La Cantuta. Semanas después, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Rivero Lazo por exceso de carcelería. En agosto de 2025, la entonces presidenta Dina Boluarte lo recibió en Palacio de Gobierno, en la misma ceremonia donde promulgó la Ley 32419, que otorga amnistía a militares, policías y rondas campesinas acusados por el conflicto armado.

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Ese margen de maniobra para los procesados podría ampliarse. El 5 de diciembre de 2025, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Lima presentaron contra la ley de prescripción. Solo tres de los siete magistrados votaron a favor de declararla inconstitucional, cuando se necesitaban cinco. Tania Pariona, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que con ese fallo el TC ha legalizado la impunidad. La Corte IDH, por su parte, señaló en una resolución del 25 de octubre que el Estado peruano incurrió en un nuevo desacato al aprobar la ley de prescripción, y recordó que los jueces están facultados para inaplicar normas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos.

La presión no se limita a los casos ya resueltos. Solo entre agosto y setiembre de 2025, treinta acusados presentaron 21 pedidos de amnistía, entre ellos procesados por la masacre de Cayara, en Ayacucho. Gloria Cano, directora de Aprodeh, advirtió que el Estado peruano está en abierto incumplimiento frente a las medidas provisionales que la Corte IDH ordenó en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Según OjoPúblico, en el Congreso avanza además una iniciativa del parlamentario José Balcázar para que los jueces consulten al TC antes de inaplicar una ley que consideren inconstitucional, lo que para la CNDDHH busca limitar esa facultad de control difuso.

Sin embargo, la negociación no será sencilla para el bloque opositor. Es conocido que el Partido del Buen Gobierno mantiene conversaciones tanto con agrupaciones de derecha como de izquierda. No obstante, un episodio reciente podría inclinar la balanza en la Cámara de Diputados.

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Fuentes cercanas a las negociaciones confirmaron a La República que el exabrupto protagonizado por Norma Yarrow durante la entrega de credenciales, cuando arrebató el documento de las manos de Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y posó sola para la fotografía oficial, fue mal recibido por los diputados del Partido del Buen Gobierno provenientes de regiones.

El hecho cobra mayor relevancia en este contexto. Hasta el momento, este diario pudo conocer que Yarrow aparece como la principal carta para encabezar la lista oficialista a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la posibilidad de integrar una lista junto a la congresista no sería bien vista por los legisladores del Partido del Buen Gobierno, que reprobaron ese episodio.

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Este diario buscó contrastar esta información con integrantes del Partido del Buen Gobierno. Sin embargo, la reserva se mantiene al interior de la agrupación: ningún congresista confirmó o negó estos entredichos.

Como se sabe, el respaldo del Partido del Buen Gobierno será determinante para cualquier lista que aspire a imponerse. Sus 18 diputados y 7 senadores podrían inclinar la balanza durante la elección de las mesas directivas.

Sin el apoyo de esta bancada, el sector de derecha sumaría una mayoría de 74 votos, lo que dejaría sin posibilidades a la oposición. Pero, con ellos, la mayoría de 74 diputados sería favorable a ese sector. Un caso similar se da en la Cámara Alta. Sin Rafael López Aliaga en el Congreso, el bloque de derechas suma solo 29 votos. Si el Partido del Buen Gobierno le da la mano al bloque de izquierdas y no hay sorpresas, sus 30 votos le darían la victoria a la lista opositora.

Voces de la oposición

Jaime Quito, senador electo por Juntos por el Perú, señaló que esperan presentar una lista que haga contrapeso a las que impulsará el sector oficialista. Quito descarta completamente que su partido se siente en la misma mesa con el fujimorismo, tal como lo hace Perú Libre, que también fue oposición en su momento.

"Tenemos toda la intención de que la Mesa Directiva, tanto de Diputados como de Senadores, no tenga como presidente al fujimorismo. Por lo tanto, la conformación de la lista tiene que darse con otros sectores. De ninguna manera Juntos por el Perú participaría en una Mesa Directiva junto al fujimorismo. Más bien, buscamos impedir que el fujimorismo tenga alguna cercanía con la Mesa Directiva. Sabemos cuáles son sus prácticas", indicó.

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Además, Quito sostuvo que tampoco respaldaría una mesa directiva integrada por sectores cercanos al fujimorismo, en clara alusión a Renovación Popular: "Creo que son lo mismo", sentenció.

Su compañero de bancada, Víctor Cutipa, quien también integrará el próximo Senado, fue más reservado al declarar a este medio. El congresista indicó que será Roberto Sánchez quien brindará los alcances sobre las negociaciones en los próximos días.

Asimismo, cuestionó la eventual alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular: "Nosotros, desde nuestra bancada, tratamos de obtener una mayoría parlamentaria que nos permita trabajar a favor del Perú. Seguro ellos también. Sabemos que han legislado a favor del crimen organizado y han impulsado leyes que buscan la impunidad. Eso es algo que podemos cuestionar. Esperamos alcanzar la mayoría parlamentaria en el Senado", señaló.

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Mirtha Vásquez, senadora electa de Ahora Nación, también afirmó que es imposible que el bloque opositor conforme una lista multipartidaria junto a Fuerza Popular. Según indicó, ello sería perjudicial para la democracia.

"A nosotros nos parece que, en el marco de la democracia, es indispensable que el sector del fujimorismo, que ahora está en el Ejecutivo, dé paso a otras fuerzas que puedan ejercer un contrapeso político. En este momento necesitamos equilibrar el poder dentro del Estado. Por ello, no nos resulta viable conformar una lista multipartidaria con el fujimorismo, más aún considerando lo que representa para nuestro sector. El fujimorismo es una fuerza que no tiene vocación democrática", declaró a La República.

Otro de los trascendidos señalaba que Juntos por el Perú había propuesto al Partido del Buen Gobierno liderar una de las listas y quedarse con la presidencia de una de las cámaras. Consultada sobre esa posibilidad, Vásquez sostuvo que, a su juicio, lo más adecuado sería que la lista fuera encabezada por un integrante de una bancada con mayor respaldo ciudadano.

“A mí me parece que, en el marco de las discusiones, las fuerzas democráticas tienen que llegar a acuerdos. Pero el contexto también exige que quienes lideren la lista sean los partidos que obtuvieron una mayor votación. (...) Me parece que una lista encabezada por Juntos por el Perú sería una propuesta mejor recibida por la población", añadió.

Juntos por el Perú alista a sus voceros

Juntos por el Perú eligió como voceros principales al senador José Mercedes Castillo, representante nacional, y al diputado Ernesto Zunini, elegido por Lambayeque. Además de informar a la prensa y a otras organizaciones sobre las decisiones adoptadas por la bancada, ambos tendrán la responsabilidad de conducir las negociaciones para la conformación de las listas a las mesas directivas. Castillo ejercerá la vocería del grupo parlamentario en el Senado, mientras que Zunini hará lo propio en la Cámara de Diputados. El anuncio fue realizado por Roberto Sánchez, excandidato presidencial de la agrupación, a través de su cuenta en X.

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José Mercedes Castillo fue el senador más votado de Juntos por el Perú y el segundo con mayor votación a nivel nacional, solo por detrás de Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular. Además, es hermano del expresidente Pedro Castillo.

Por su parte, Ernesto Zunini fue el diputado más votado de Juntos por el Perú en Lambayeque y el segundo con mayor votación de toda la región. Durante la segunda vuelta electoral, ya se desempeñaba como vocero de la agrupación. Asimismo, integró el debate técnico en representación de Juntos por el Perú en el bloque de Juventud y Deporte, donde intercambió posiciones con Rossangella Barbarán, de Fuerza Popular.

Tras la alerta del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, sobre el riesgo de las ERM 2026 por falta de recursos, José Calderón, viceministro de Hacienda, informó que el presupuesto total asignado a los organismos electorales para el presente año fiscal asciende a S/2.271 millones, de los cuales se ha registrado una ejecución de S/1.187 millones, lo que deja un saldo disponible inmediato de S/1.084 millones.

De los S/1.084 millones, S/813 millones corresponden a la ONPE, según indicó.

Ante esto, el organismo publicó un comunicado en el que negó la disponibilidad de ese dinero. “Respecto a la información difundida por el MEF sobre el saldo de s/ 812.9 millones pendientes de ejecución que tendría la ONPE, precisamos que dicho monto no se encuentra disponible para atender necesidades del próximo proceso electoral”, se lee.

Para sustentar lo dicho, el organismo desglosó los conceptos en los que ya se ha usado esa cifra.

“Más de 430 millones de soles corresponden a "devengados", es decir, contratos ya ejecutados en las Elecciones Generales y la Segunda Elección Presidencial, cuyos pagos se encuentran en proceso. Luego, más de 50 millones corresponden a contratos en proceso de formalización, y alrededor de 330 millones están destinados a contrataciones indispensables para las ERM; entre ellas, el despliegue y repliegue de material electoral; y la habilitación, el acondicionamiento y la logística informática (SHALI)”, precisaron.

Añadieron que “un saldo registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) no significa que existan recursos libres para asumir nuevas obligaciones”, pues “los recursos comprometidos y devengados tienen un destino específico y no pueden utilizarse para fines distintos a los autorizados”.

ONPE: déficit de financiamiento asciende a S/433,21 millones

En ese sentido, el organismo electoral alertó que actualmente presenta un déficit de financiamiento que asciende a S/433,21 millones, los cuales son indispensables para cumplir con el cronograma electoral y garantizar su adecuada organización.

Aseguraron que no están pidiendo más dinero del planificado y que la ausencia de recursos fue sustentada ante el MEF desde julio del 2025 y ha sido reiterada en las diversas reuniones sostenidas con sus equipos técnicos.

A la fecha, a 87 días de las elecciones, permanecen pendientes de financiamiento actividades esenciales para el desarrollo del proceso electoral, las cuales son: “la contratación del personal encargado del trabajo de campo; la capacitación de actores electorales, la producción, ensamblaje y distribución del material electoral, la asistencia a electores y miembros de mesa durante la jornada electoral”.

Sumado a ello, “tampoco se cuenta con recursos para el traslado del material electoral desde las sedes de las ODPE hasta los locales de votación, ni para entregarles una compensación económica a los miembros de mesa”.

MEF espera que Congreso apruebe crédito suplementario

El 7 de julio último, el MEF emitió un comunicado luego de que Roberto Burneo advirtiera sobre el riesgo de las ERM 2026. La cartera aseguró que 'los recursos públicos destinados al proceso electoral continuarán asignándose conforme a criterios técnicos objetivos'.

Para ello, se considerarán 'los requerimientos debidamente sustentados por las entidades del Sistema Electoral, los niveles de ejecución de los recursos previamente asignados y los espacios presupuestales aún disponibles, en observancia de las normas de responsabilidad y sostenibilidad fiscal'.

Asimismo, la entidad mencionó que el proyecto de Ley de Crédito Suplementario remitido al Congreso de la República “propone incorporar recursos adicionales para complementar el financiamiento del proceso electoral”.

Se trata de S/325 millones adicionales para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir durante la organización de los comicios.

Con ello, según el comunicado, se reafirma el compromiso del Gobierno de atender oportunamente las necesidades que demande el adecuado desarrollo del proceso.

“El Ministerio de Economía y Finanzas ha mantenido una coordinación permanente con los organismos electorales y sus equipos técnicos, y continuará trabajando de manera conjunta para evaluar y atender los requerimientos que se encuentren debidamente sustentados y priorizados, utilizando los mecanismos previstos en la normativa presupuestaria vigente”, resaltó la cartera.

Burneo no emitió un nuevo pronunciamiento tras este comunicado del MEF. Lo último que señaló fue que, como sistema electoral, presentan un déficit de S/589 millones y que, “en pocas palabras, están en riesgo las elecciones regionales y municipales".

Aseguró que la afectación repercutirá en la representación democrática e impedirá que las nuevas autoridades cuenten con la legitimidad necesaria.

"Probablemente, si no nos asignan los recursos de manera inmediata, tengamos que tomar medidas, incluso prolongar el mandato de las actuales autoridades regionales y municipales, porque no vamos a poder organizar el proceso electoral que se nos viene", sostuvo.

"Lo que corresponde al acto solemne y protocolar de la entrega oficial de credenciales está programado para el 15 de julio", dijo Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), después de haber proclamado a Keiko Fujimori como ganadora del proceso electoral.

Luis Fernando Galarreta Velarde y Miguel Ángel Torres Morales también serán acreditados en sus cargos de primer y segundo vicepresidente.

José María Balcázar invita a Palacio a Keiko Fujimori

Tras sostener una reunión con el presidente saliente, José María Balcázar, la mandataria informó que ambos acordaron un nuevo encuentro en Palacio de Gobierno.

"Hemos quedado en principio el jueves en la mañana. (…) Yo estaría asistiendo a Palacio para seguir en esta conversación".

Fujimori indicó que sus equipos de transferencia ya laboran en la recolección de información en cada uno de los ministerios y en el despacho del primer ministro. Sobre este proceso, agradeció la disposición de los actuales ministros para otorgar los datos solicitados.

El presidente Balcázar ratificó la invitación y resaltó la importancia de mantener un "diálogo permanente entre todos los peruanos”. Asimismo, precisó que durante su reciente encuentro intercambiaron puntos de vista sobre "las inversiones que se han hecho y se deben hacer en la parte sur del país".

Además, el mandatario saliente expresó sus deseos de éxito para la gestión entrante, con el fin de que el futuro gobierno trabaje "en favor de todos los peruanos sin exclusión alguna".