-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La resolución judicial precisa que la suspensión alcanza todos los actos vinculados con la autógrafa de la iniciativa. Entre ellos figuran la suscripción, el refrendo y la remisión del documento al diario oficial El Peruano para su publicación. El mandato tendrá vigencia hasta que exista un pronunciamiento definitivo sobre la demanda de amparo presentada por la región Moquegua.

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El juez también estableció consecuencias en caso de desacato. Si alguna autoridad incumple la orden, podrá recibir una multa equivalente a diez Unidades de Referencia Procesal (URP). Además, se remitirán copias al Ministerio Público para que evalúe las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones.

La decisión judicial se conoce pocos días después de que el Ejecutivo observara la autógrafa de la norma que redefine los límites entre ambas regiones. El conflicto ha provocado un enfrentamiento entre las autoridades de Tacna y Moquegua, que sostienen posiciones distintas sobre la delimitación territorial y los efectos que tendría la aprobación definitiva de la ley.

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PJ ordena paralizar el trámite de la autógrafa mientras resuelve demanda de amparo

La medida cautelar fue solicitada por el procurador público del Gobierno Regional de Moquegua. En su resolución, la Corte Superior de Justicia de esa región concluyó que corresponde suspender cualquier trámite de promulgación de la autógrafa hasta que el proceso de amparo tenga una decisión final.

El mandato alcanza tanto al Congreso de la República como a la Presidencia del Consejo de Ministros. Ninguna de estas entidades podrá continuar con el procedimiento de promulgación, refrendo o envío de la norma al diario oficial mientras la orden judicial permanezca vigente.

Para el Gobierno Regional de Moquegua, esta decisión evita que la ley entre en vigor antes de que el Poder Judicial determine si durante su aprobación se afectaron derechos constitucionales. Esa será la materia de análisis dentro del proceso de amparo.

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Gobernadora de Moquegua afirma que el fallo respalda la posición de la región

Tras conocerse la resolución, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, sostuvo que el Poder Judicial respaldó la posición de su administración. A través de sus redes sociales, señaló que el Congreso y la PCM deberán respetar la medida mientras continúe el proceso judicial.

La autoridad regional afirmó que la resolución paraliza cualquier gestión destinada a promulgar la ley. También aseguró que su administración continuará defendiendo los intereses de Moquegua mediante las vías legales disponibles.

Gutiérrez reiteró que el objetivo de su gestión es resolver la controversia dentro del marco constitucional. En ese sentido, insistió en que el proceso de amparo permitirá esclarecer la legalidad de la iniciativa aprobada por el Parlamento.

"Instalemos la comisión que investigue los crímenes del sur. Instalemos esa voluntad política para derogar las leyes procrimen y, como sienten muchos peruanos, una demanda ética: la libertad del presidente Pedro Castillo. Cuando esos estándares se pongan adelante estaremos dispuestos a dialogar siempre", declaró.

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Sánchez también dejó en claro que mantiene una posición crítica frente a la presidenta electa. "Nosotros somos dialogantes, construimos siempre, pero a la señora Keiko Fujimori yo no le creo nada", expresó. Con esa afirmación descartó, por ahora, sumarse a la convocatoria que la futura mandataria busca realizar con distintas fuerzas políticas.

Además, adelantó que promoverá un bloque político para ejercer oposición durante el próximo quinquenio. A su juicio, el país necesita una alternativa que responda a lo que considera una concentración de poder entre el Ejecutivo y el Congreso. "Levantaremos un proyecto, una coalición democrática que le haga contraparte a esa vocación autoritaria que hoy gobierna en el Perú desde el Parlamento con el pacto mafioso", afirmó.

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Roberto Sánchez insiste en investigar las muertes durante las protestas sociales

Uno de los principales pedidos del dirigente de Juntos por el Perú fue la instalación de una comisión que investigue las muertes registradas durante las protestas sociales que siguieron al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. El exministro sostuvo que ese proceso es indispensable para determinar responsabilidades y atender el reclamo de los familiares de las víctimas.

En ese sentido, remarcó que no basta con una convocatoria al diálogo si antes no existe un compromiso para esclarecer esos hechos. Para Sánchez, la investigación de los fallecidos constituye una demanda pendiente que el Estado debe atender antes de abrir una nueva etapa política.

El excandidato presidencial vinculó ese pedido con la necesidad de revisar el paquete de normas que calificó como leyes procrimen, al considerar que afectan la lucha contra la impunidad y debilitan el sistema de justicia.

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Sánchez cuestionó la proclamación de Keiko Fujimori por parte del JNE

Horas antes de sus declaraciones en Lima, Roberto Sánchez criticó desde Juliaca la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa. El dirigente aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados cuando aún estaba pendiente una apelación presentada por Juntos por el Perú respecto a las actas de votación del extranjero.

Según explicó, el reglamento electoral establece un plazo para resolver ese tipo de recursos antes de concluir el proceso. Por ello, afirmó que la proclamación no respetó el procedimiento previsto y cuestionó la actuación de las autoridades electorales.

"¿Cómo van a proclamar si el reglamento dice que hay un tema por resolver? Eso no es seguridad jurídica, eso no es respetar la ley", declaró. Asimismo, sostuvo que el próximo gobierno "nace ilegítimo" y consideró que no cuenta con respaldo en buena parte del país.

El argumento, en lo narrativo, resulta interesante. Una periodista recibe el testimonio del exagente Josué Souza, quien le relata la verdadera historia de lo que realmente pasó en esa madrugada de julio de 1992. Lo dicho por Souza está inspirado en el libro Sueños de justicia. La verdad del llamado Grupo Colina (2014) del exagente Jesús Antonio Sosa Saavedra, conocido como Kerosene. Obviamente, se trata de una película de ficción forjada desde la visión de la derecha, cuyo propósito es ofrecer otra perspectiva de las acciones cometidas por los comandados por Santiago Martín Rivas. Pero el problema no es su ideología (ninguna obra de arte debe ser juzgada bajo el prisma ideológico), sino su tratamiento. Se nota el apuro, del mismo modo la improvisación que podemos apreciar en toda su magnitud en la configuración formal de los diálogos, básicos y apofánticos. Ni hablar de las actuaciones, menos de la pésima fotografía. Al lado de Cantuta: la orden secreta, Chavín de Huántar: el rescate del siglo (2025) es El imperio contraataca (1980).

El documental sobre La Cantuta

En la plataforma Prime Video podemos encontrar el documental La Cantuta en la boca del diablo (2011) de Amanda Gonzales Córdova. Antes de abordarlo, no podemos dejar de subrayar que un documental peruano se encuentre en la programación de una de las plataformas de películas, series y documentales más vistas del mundo. No es un hecho menor. Su presencia en Prime Video responde a su importancia como proyecto de no ficción, no a su ideología. Eso es indudable.

Tenemos al experiodista Edmundo Cruz como protagonista del relato de La Cantuta en la boca del diablo.  Cruz es uno de los referentes del periodismo de investigación del país. Este caso para él, por decirlo de alguna manera, es uno de sus grandes hits. Fue uno de los primeros en seguirle la ruta al Grupo Colina, primero desde la revista Sí y luego en La República desde 1997.

Como señalamos líneas atrás, los proyectos no deben ser juzgados desde su ideología. La Cantuta en la boca del diablo tiene una ideología de izquierda, pero su valor no radica en ello, sino en la forma como Gonzales sigue al periodista en sus indagaciones sobre lo que pasó con los estudiantes de La Cantuta y el accionar del Grupo Colina.

Las tomas a nuestro personaje rara vez son directas; lo que hace la cámara, principalmente, es seguirlo. Bajo esa estrategia, vemos a Edmundo Cruz yendo al Congreso para entrevistarse con parlamentarios, cruzando información con otros colegas y dirigiéndose al lugar de los hechos, tanto a La Cantuta como a la Quebrada de Chavilca, en Cieneguilla, en donde se encontraron las fosas de los restos calcinados de algunas de las víctimas. Igualmente, se cuenta con los testimonios de los activistas Raida Cóndor, Francisco Soberón y Gisela Ortiz Perea; y del periodista de investigación Ricardo Uceda, autor de Muerte en El Pentagonito (2004).

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en el año 2009. Uno de los puntos de la sentencia estaba relacionado con el caso La Cantuta. En este sentido, este documental es un ejemplo de rigor periodístico, es decir, se ampara en hechos comprobados más allá de consignas ideológicas. En cuanto a Edmundo Cruz, pues nos brinda una clase magistral, tanto en su metodología de investigación como en la actitud que se debe tener ante lo que se investiga. La noticia es la noticia, no el periodista. Maestro.

Valderrama explicó que, según la información que recibió, el encuentro fue un saludo protocolar impulsado por dirigentes históricos del partido. Precisó que la delegación estuvo encabezada por Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, quienes coordinaron la visita al local de Fuerza Popular.

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El exaspirante a la Presidencia marcó distancia respecto a la posibilidad de interpretar la reunión como una señal de que el APRA participará en el próximo Gobierno. A su juicio, el partido atraviesa una etapa distinta y debe concentrar sus esfuerzos en fortalecer su organización interna.

Durante el diálogo con este diario, Valderrama sostuvo que la principal tarea del aprismo es recuperar su inscripción electoral y volver a conectar con la ciudadanía mediante propuestas de cambio social. En ese sentido, indicó que todas las energías de la organización deberían dirigirse hacia ese objetivo antes que a otras iniciativas políticas.

Loyola vuelve a ser postulante luego de que el Pleno de la JNJ aceptara el recurso de reconsideración que presentó. El aspirante al cargo argumentó que se vulneró su derecho a acceder a la función pública en igualdad de condiciones y bajo criterios de mérito.

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De acuerdo con la nota de prensa difundida por la propia JNJ, la presidenta María Teresa Cabrera Vega, así como Gino Augusto Tomás Ríos Patio, Germán Alejandro Julio Serkóvic González y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo votaron a favor de la reconsideración. En contra se pronunciaron el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví Cornejo y los miembros Jaime Pedro de la Puente Parodi y Cayó César Galindo Sandoval.

Además, se informó que el Pleno decidió reestructurar el cronograma de las actividades pendientes del concurso para continuar con la evaluación del postulante. 'La reprogramación del cronograma permitirá continuar con el desarrollo del concurso público conforme a las disposiciones que apruebe el Pleno, garantizando el normal desarrollo del proceso de selección del futuro jefe de la ONPE', señaló la nota de prensa.

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Los procesos que habían alejado a Loyola y el pedido que lo trajo de vuelta

Como se sabe, la JNJ advirtió que, en su Ficha de Inscripción —documento que tiene carácter de declaración jurada—, Loyola consignó que no afrontaba procesos en los ámbitos penal, administrativo o disciplinario, ni había sido suspendido del cargo o demandado en la vía civil. Sin embargo, tras verificar la información, detectó que al momento de presentar su inscripción mantenía dos procesos judiciales en trámite.

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Uno de estos procesos esta relacionado con su etapa laboral en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ya que se originó a partir de una investigación sobre las funciones que desempeñó en esa entidad. El otro corresponde a una demanda civil presentada por una cooperativa debido al incumplimiento oportuno de un pago durante la pandemia de la COVID-19. Según explicó el ingeniero, recién fue notificado oficialmente de este último caso en 2024 y optó por apelarlo al considerar que los intereses establecidos son desproporcionados.

Loyola, en su recurso, señaló que la omisión ocurrió durante el registro inicial y no hubo mala fe en ella: “Fue un error con subsanación voluntaria antes del cierre de la evaluación; por ende, aplicar la exclusión automática ante una conducta de transparencia y colaboración con la administración resulta desproporcionada, irrazonable y punitiva".

ONPE continúa con problemas

Pese a que el concurso público para elegir a un nuevo jefe se reestableció, la situación en la ONPE se mantiene considerablemente endeble. En la última semana, Elar Bolaños Llanos, quien se desempeñaba como secretario general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), denunció presuntas irregularidades en la entidad. Según afirmó, sus equipos informáticos fueron intervenidos y se modificó información vinculada a solicitudes registradas en el Sistema de Gestión Documentario.

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"Hay factores graves vinculados a la manipulación de mis equipos de cómputo con información que yo no he generado, ni redactado. El ingreso constante de solicitudes por el Sistema de Gestión Documentario, vulnerada y con grave afectación de datos personales, que ha afectado la adecuada tramitación y gestión de las mismas", alertó en su carta de renuncia.

Bernardo Pachas, actual jefe de la ONPE, rechazó tal acusación: “Rechazamos (la denuncia) completamente en nombre ONPE. Hemos sido vigilados por Contraloría en todos los procesos de compra y adquisición. No hay ni un solo proceso de compra que no se haya rechazado. (…) Lamento lo que ha escrito”

Fujimori señaló que todo su equipo concentrará sus esfuerzos en el proceso de transferencia del mando. "Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más, porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones", declaró. En esa línea, anunció la puesta en marcha de la Oficina de la Presidenta Electa, espacio que encabezará junto con integrantes de su plancha presidencial y su equipo técnico.

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La lideresa de Fuerza Popular informó que el congresista Miguel Torres participará en representación de la fórmula presidencial, mientras que Marco Vinelli asumirá la jefatura del equipo de transferencia del próximo gobierno. Explicó que este grupo tendrá la responsabilidad de organizar la transición y establecer cuáles serán las prioridades inmediatas de la nueva administración. "La misión será ordenar el proceso de transición para que cuando asumamos el gobierno sepamos dónde actuar primero, cuáles son las prioridades y cómo responder con rapidez y responsabilidad", indicó.

La futura mandataria también adelantó que el trabajo no se limitará a revisar documentos y balances administrativos. Anunció que el equipo realizará reuniones con autoridades regionales y locales, representantes del sector privado, trabajadores y otros actores con el objetivo de recoger información sobre las principales necesidades del país antes del inicio oficial de su mandato.

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Diagnóstico técnico en cada ministerio para conocer la situación del Estado

Durante su pronunciamiento, Keiko Fujimori explicó que el equipo de transferencia elaborará un diagnóstico técnico en cada ministerio para evaluar las condiciones en las que recibirá la administración pública. Precisó que la revisión abarcará programas sociales, proyectos de inversión, obras en ejecución, disponibilidad de recursos y los problemas más urgentes que enfrenta cada sector.

La presidenta electa sostuvo que este proceso permitirá establecer prioridades desde el primer día de gobierno. "Realizaremos un diagnóstico técnico, ministerio por ministerio, para conocer el estado de los programas, los proyectos, las obras, los recursos disponibles y los desafíos más urgentes", afirmó durante la conferencia.

Además, señaló que esta evaluación también incluirá un componente social. Indicó que el Ejecutivo buscará escuchar a distintos sectores del país para obtener una visión más amplia sobre las necesidades de la población antes del inicio de su gestión.

El titular del JNE recordó que este procedimiento no depende de una decisión política, sino del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría. "Ya con el acto de proclamación, estos equipos tienen hasta tres días para instalarse", reiteró, al precisar que el cronograma responde a la directiva aprobada por el órgano de control.

Con ello, el Ejecutivo saliente y las entidades del Estado deberán iniciar las acciones necesarias para garantizar una transferencia ordenada antes de la toma de mando del próximo 28 de julio.

Tanto De Paz como Bravo postulaban al cargo de regidor, aun cuando fueron proclamados como diputados. Sin embargo, su candidatura fue admitida en la resolución del JEE del 30 de junio último, a diferencia de las candidaturas de Rafael López Aliaga y Guillermo Valdivieso, quienes fueron proclamados como senador y suplente al Parlamento Andino, respectivamente.

En consecuencia, mediante un escrito publicado el 2 de julio, la secretaria jurisdiccional del JEE Lima Centro, Génesis Chivilchez, informó que 'el personal jurisdiccional no realizó un filtro adecuado de dichos candidatos al momento de evaluar el expediente de inscripción de lista'.

JEE declara improcedente la candidatura de diputados electos

Ese mismo día, el JEE declaró improcedentes ambas candidaturas. 'Al mantenerse vigente la condición de diputados electos y proclamados de los referidos ciudadanos, este Colegiado concluye que no procede admitir la solicitud de inscripción de dichos candidatos al cargo de regidores de la Municipalidad Provincial de Lima', se lee.

A su vez, mencionaron que el 1 de julio tanto De Paz como Bravo presentaron su renuncia a integrar la lista de candidatos de la Municipalidad de Lima.

Candidatura de López Aliaga también fue rechazada

Sobre el caso de López Aliaga, en la resolución del 30 de junio, el JEE precisó que la resolución publicada en el diario El Peruano que proclamó a los senadores electos, y que incluye a López Aliaga, 'constituye un hecho objetivo, cierto y jurídicamente acreditado'.

Con base en ello, determinó que el candidato 'adquirió la condición de senador electo proclamado como consecuencia de un acto formal emitido por el órgano competente'. Por lo tanto, 'dicha condición jurídica no puede entenderse alterada por la sola manifestación de voluntad del referido candidato'. En su lugar, es necesario que la autoridad revoque por las vías oficiales dicho cargo.

'Los documentos presentados por la referida organización política constituyen únicamente comunicaciones suscritas por el propio candidato, mediante las cuales expresa su voluntad de no recibir la credencial ni asumir el cargo de senador de la República; sin embargo, tales documentos no acreditan, por sí mismos, la modificación de la situación jurídica', se lee.

La lideresa del fujimorismo se convierte así en presidenta tras postular en 2011, 2016 y 2021; en las tres oportunidades, quedó en segundo lugar. En este cuarto intento, Fujimori superó a Sánchez por 49.641 votos. La diferencia entre ambos candidatos ha sido de 0,27%.

La oficialización de Fujimori en el cargo presidencial se dará este 28 de julio, cuando el presidente José María Balcázar le entregue la banda presidencial. Como primer acto oficial, la virtual mandataria dará un mensaje a la población.

Los terremotos ocurridos el 24 de junio dejaron, hasta el momento, 2.595 muertos confirmados y más de 12.400 heridos. Sin embargo, la cifra más alarmante es la cantidad de desaparecidos que Naciones Unidas estima en cerca de 50.000 personas.

En medio de todo esto, el gobierno interino de Delcy Rodríguez evita publicar cifras oficiales, mientras más de 200 portales informativos permanecen bloqueados, estos últimos por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Eso significa que quienes más necesitan información sobre lo que ocurre desde la diáspora, e incluso dentro del mismo país, son exactamente las personas a quienes el régimen chavista les cierra el acceso a los medios que podrían brindársela. En pocas palabras, la censura digital que el chavismo ha construido durante más de una década se convierte, en el contexto de esta catástrofe, en un factor que agrava el sufrimiento de las víctimas.

Al respecto, el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, exigió a la encargada del gobierno el levantamiento inmediato de los bloqueos que impiden acceder a medios como el suyo. En un contexto humanitario como el que sufren cientos de miles de venezolanos, esta convocatoria merece una respuesta colectiva y urgente de la prensa libre de la región.

Este diario sabe lo que ocurre por experiencia directa. El 22 de agosto del 2024, cuando La República lideraba audiencias como medio internacional y daba voz a quienes denunciaban con pruebas el fraude en los últimos comicios venezolanos, el régimen ordenó su bloqueo.

La República se suma al llamado e invita a los medios de comunicación libres de la región, a periodistas y a demócratas a hacerlo suyo con una acción concreta: exigir a la señora Delcy Rodríguez el levantamiento de los bloqueos.

Asimismo, hace un llamado de atención a las empresas de telecomunicaciones que ejecutan los bloqueos por instrucción del gobierno, pues deben recordar que ninguna compañía de origen internacional puede ampararse en órdenes administrativas para violar estándares internacionales de derechos humanos.

Abrir la información a la ciudadanía es un acto de urgente necesidad y, por ende, de humanidad.

En su publicación, Fujimori indicó que recibe "con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí". También sostuvo que esta nueva fase representa una oportunidad para escuchar a distintos sectores, dialogar y llegar preparada al comienzo de su eventual gobierno, una vez concluido el proceso electoral.

Además, la lideresa de Fuerza Popular anunció que sus cuentas oficiales en redes sociales servirán para informar sobre los avances del proceso de transición. "A través de estas cuentas, se compartirán los avances de esta etapa y el trabajo que venimos realizando. Los invito a acompañarnos", escribió al cierre de su publicación.

Sean mayores o menores de edad, en la capital del país o en regiones, los casos de abuso policial persisten y podrían quedar impunes por la ley que establece que los policías y militares sean investigados en el fuero castrense y no en la justicia ordinaria.

El abogado especialista en derechos humanos Carlos Rivera, de IDL, explicó a este medio que la norma promovida por el fujimorismo crea una 'lista larga de circunstancias' que pueden ser incluidas dentro del delito de función y, de esa forma, que los militares y policías sean investigados por sus propios integrantes.

“En un tipo penal no puedes hacer un señalamiento de cuántas circunstancias se te ocurre porque siempre alguna va a quedar fuera. Esa técnica legislativa es pésima. Además, se amplía de manera indebida la definición de delito de función”, anotó.

Teniendo en cuenta ello, en el caso del abogado agredido en Puno, no le sorprendería que, de promulgarse la ley, lo sucedido sea considerado como un delito de función.

“Por lo tanto, si es que hubiese una causal penal abierta por abuso de autoridad en el Poder Judicial, entren a una contienda de competencia y ahí salta la siguiente norma, esta que modifica el Código Procesal Penal, que dice que la Corte Suprema preferentemente debe resolver a favor de la justicia militar. Ese es el escenario que se puede presentar”, alertó.

Resaltó que, más allá de las manifestaciones sociales, tiene la impresión de que la norma se ha hecho con la mira puesta en casos de abuso policial.

A esto se le suman los antecedentes: “El historial de la justicia militar es absolutamente intrusivo en asuntos que no les corresponden. La justicia militar ha servido más que como una instancia jurisdiccional como un instrumento político. Creo que los fujimoristas han pensado en eso”.

Con base en ello, considera que, de promulgarse la norma, el mismo destino podría tener el caso del adolescente de 17 años que falleció dentro de una comisaría en Pachacámac. Esto, a su vez, por la orden a la Corte Suprema de resolver a favor de la justicia militar.

“Se trata de una norma procesal que es automática a todo tipo de proceso sin importar el año”, indicó.

“Esto es muy grave dado que desde las autoridades militares o policiales a veces hay actos que se podrían considerar de encubrimiento. En el caso del joven de Manchay, el comandante ha dicho que ha sido un caso de suicidio y luego hubo un comunicado asegurando ello”, agregó.

'Autorizo a Torres Caro preparar un texto de solicitud de indulto, pues mi situación de salud es grave y lo amerita. Firmo en conformidad', se lee en un escrito firmado por Toledo con fecha del 24 de junio.

El abogado precisó que sí presentará el pedido de indulto, pero el 28 de julio, una vez que el país esté bajo el mando de Keiko Fujimori.

Al respecto, indicó que desde noviembre del 2025 intentan que se aplique a Toledo una norma específica. 'Venimos batallando para que la Ley 32181, que modificó el artículo 22 del Código Penal, en la que se establece que toda persona de más de 80 años por razones humanitarias debe cumplir su condena en su domicilio. Nosotros invocamos a ello', dijo a Exitosa.

Sin embargo, este proceso tarda, mientras la salud del expresidente se deteriora. 'Por eso, es que el ha solicitado que se evalúe el tema del indulto. Yo pienso hacerlo, pero el 28 de julio, es decir, el día hábil en que la presidenta ya es Keiko Fujimori para que se evalúe', anotó.

Agregó que, a su parecer, 'el indulto ha sido objeto de un montón de restricciones que tenían por objetivo de que Alberto Fujimori saliera de prisión'. Esto debido a que 'se establecieron requisitos que la Constitución jamás previó como el tema de que una persona debe estar en estado prácticamente en estado agónico para concederle el indulto, hecho que la Constitución no prescribe', señaló.

En ese sentido, explicó que debido a ello 'ninguna ley inferior puede tener situaciones de restricción como lo ha tenido el instituto de derecho de gracia'.

Gloria negó que la contratación de Rodríguez Zapatero respondiera a un presunto tráfico de influencias derivado de su condición de exmandatario español. El conglomerado empresarial aseguró ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que el objetivo de su contratación fue brindar asesoría para que la empresa pudiera percibir la compensación que reclama desde hace 16 años por la expropiación del 33% de las acciones que SOBOCE poseía en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).

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“La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente. (…) En ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia”, indicó Gloria.

La información remitida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española ya señalaba que el dinero fue abonado entre 2024 y 2025 por Focus Social Research, una consultora peruana. Según la UDEF, la empresa habría actuado como intermediaria, aunque el principal beneficiario de las gestiones habría sido el Grupo Gloria.

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Gerente general de Focus Social Research afirmó que el pago respondía a una posible expansión en España

Antes de la declaración del Grupo Gloria, la gerente general de Focus Social Research S.A.C., Susana María Mujica Gianoli, había afirmado al diario español Público que el pago correspondía a una asesoría de negocios orientada a evaluar la expansión de las operaciones de la empresa hacia España.

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Respecto al monto de 200.000 euros, Mujica sostuvo que las partes involucradas 'coincidieron en que era el pago de mercado'. Asimismo, indicó que no cuenta con informes sobre los resultados del servicio, ya que, según explicó, 'la consultoría no consistía en elaborar informes, sino en conocer nuestro expertise y nuestras posibilidades reales en España'.

Mujica también aseguró que las reuniones con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero se realizaron únicamente de manera virtual y que, finalmente, Focus Social Research desistió del proyecto 'por temas de coyuntura y financieros'.

Fue luego de que el Cuarto Despacho, liderado por la fiscal provincial Diana Paico, lograra que se dicte nueve meses de prisión preventiva para el alférez PNP Francesco Pilloca, jefe de la Tripulación de Patrullaje Motorizado TMP-3163 de la comisaría PNP Yerbateros, y otros dos suboficiales investigados por los presuntos delitos de concusión y banda criminal.

La investigación, que dio un giro decisivo, involucra también a los suboficiales PNP Alexander Villacrisis y Christian Marrufo.

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La tesis fiscal sostiene que el 23 de junio los policías habrían intervenido arbitrariamente a un conductor y, aprovechando su condición de funcionarios públicos, le exigieron dinero para evitar acciones policiales en su contra.

La víctima, quien luego denunció el hecho, transfirió S/50 a una cuenta vinculada a un presunto nexo financiero del grupo policial.

De acuerdo con el expediente, entre los elementos que sustentaron el requerimiento de prisión preventiva figuran la declaración de la víctima, testimonios de los agentes que realizaron la intervención en flagrancia, el comprobante de la transferencia, las actas de intervención y denuncia, así como registros de patrullaje virtual y la información extraída de los teléfonos celulares incautados durante las diligencias.

La tesis fiscal también refiere que los agentes actuaron con una distribución de funciones propia de una banda criminal, donde cada uno cumplía un rol específico para exigir el dinero y asegurar su recepción a través de un tercero, con el propósito de dificultar el rastreo de los fondos.

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Con estos elementos, el juzgado concluyó que existían graves y fundados elementos de convicción para imponer la medida coercitiva.

Cabe precisar que los investigados fueron detenidos en flagrancia el 24 de junio de 2026, como resultado de un operativo ejecutado por efectivos del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción de Lima Este.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso de investigar y combatir con firmeza los delitos de corrupción que comprometen la función pública y promueve que quienes presuntamente abusan de la autoridad y vulneran la confianza de la ciudadanía afronten los procesos judiciales con las garantías previstas por la ley.

Además, la minería ilegal no solo es una de las actividades más destructivas de nuestra biodiversidad, sino que también pone en peligro la salud de las personas.

A ello se suma que trae consigo otros delitos conexos, como la trata de personas, el narcotráfico, sicariato, lavado de dinero, tráfico de tierras, entre otros.

Expertos señalan, sin duda, que los más afectados son los pueblos indígenas y defensores ambientales que denuncian esta actividad. Por ello, se espera que el próximo gobierno realice acciones para detener esta actividad, que se ha expandido a casi todas las regiones del país.

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Según el OMI, las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, que pasaron a la segunda vuelta electoral, "presentan enfoques distintos, pero insuficientes, frente a uno de los principales problemas del país".

Asimismo, señala que "el reto central del próximo gobierno no es prolongar regímenes transitorios de formalización, o crear otro mecanismo de formalización cambiando el nombre al actual del Reinfo, sino centrar esfuerzos en recuperar la capacidad estatal de gobernanza sobre todo de la cadena de valor del oro, desde la extracción hasta el comprador final".

César Ipenza, vocero legal del OMI, explicó que "ninguno de los dos partidos propone medidas que eliminen el Reinfo, lo que nos muestra de alguna manera es una apuesta a seguir facilitando la impunidad lo que queda de este año y que seguramente podría ser ampliado, como ha venido sucediendo en los últimos veinte años".

En ambos casos, manifiesta Ipenza, "no existe una estrategia integral, que contenga y combine formalización efectiva con plazos de cierre como vía extraordinaria, control real del territorio y presencia de policía y fuerzas armadas, fiscalización sostenida a medianos o grandes mineros que aparecen disfrazados de pequeños".

DESTRUYEN 17 CAMPAMENTOS EN MDD

Entre tanto, el último martes las fuerzas del orden ejecutaron un nuevo golpe contra la minería ilegal en los sectores Isla Córdova y Azul, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios.

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A través de una operación conjunta liderada por el Comando Operacional del Sur, destruyeron bienes valorizados en S/5 millones 605 mil 060.

La acción fue ejecutada por efectivos de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Durante la operación se destruyeron 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas, cuatro tolvas; también se interdictó cinco motores, 130 metros de alfombra, entre otros bienes.

Asimismo, se incautó 1400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubo PVC, 1400 metros de cable eléctrico y otros materiales diversos.

Todo el material incautado fue destruido en el marco legal vigente y conforme a lo dispuesto por el Ministerio Público.

En su carta de renuncia, dirigida al presidente José Balcázar, no precisa los motivos de su salida. En su lugar, agradece la confianza depositada en ella para ejercer el cargo. Asimismo, agradeció a los funcionarios y servidores del Minedu.

“Agradezco la confianza depositada en mi persona para asumir esta alta responsabilidad al servicio de la patria, la cual he ejercido con integridad, dedicación y estricto respeto por el interés público, contribuyendo fortalecimiento de las políticas y acciones orientadas al desarrollo de la educación en el Perú”, se lee.

A su vez, hizo extensivo el agradecimiento a los docentes a nivel nacional: “Hago extensivo mi más profundo agradecimiento a los docentes del país, quienes, día a día, cumplen la función de formar a los estudiantes para hacer de ellos personas con calidad humana, con mayores y mejores aprendizajes”.

Congreso presentó moción de interpelación

La dimisión de Cuadros Espinoza se da a dos semanas de que el Congreso presentara una moción de interpelación en su contra por supuesta interferencia para “desestabilizar la gestión institucional de la SUNEDU”.

En la moción, firmada por 22 parlamentarios, cuestionan la Resolución Ministerial N° 338-2026-MINEDU, en la cual, consideran, el Ministerio de Educación “pretende remover arbitrariamente al señor Vicente Paúl Espinoza Santillán en su condición de representante de dicho sector ante el Consejo Directivo de la SUNEDU, pretendiendo además la renovación intempestiva e ilegal del Consejo Directivo”.

Todo ello, señalan, “sin observar los plazos estrictamente contemplados en la legislación universitaria vigente ni respetar el principio de autonomía que rige al organismo regulador”.

“Este acto constituye una flagrante e indebida injerencia del Poder Ejecutivo que colisiona de forma directa con lo dispuesto por la Ley N° 31520, además de desnaturalizar el marco jurídico dado que la Ley Universitaria no contempla la figura de "períodos complementarios" ni de remociones ad hoc para los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU una vez instalados”, indicaron.

"Imagínate cómo mira a los policías que ingresan al penal cuando hay requisas. Ellos ya son más malviviente que policía”, revela un indignado agente penitenciario.

Hasta marzo de este año, la población penitenciaria intramuros en condición de empleabilidad como profesionales antes de su ingreso a un establecimiento penitenciario alcanzó la cifra de 2.247 personas. Pero, de ellas, 970 internos (43,2%) pertenecieron a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.

Hasta el primer trimestre de este año, unos 280 policías habían sido condenados por diversos actos de corrupción, mientras que otros 1.200 efectivos continúan bajo investigación penal. Esta crisis institucional ha contribuido a que la confianza ciudadana en la institución caiga a niveles históricos.

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Los efectivos son procesados por delitos de extorsión, cobro de cupos, capturas ilegales, manipulación de informes y, en los casos más graves, vínculos directos con organizaciones criminales, sicariato y bandas de extorsionadores.

Solo entre 2024 y 2025, la Inspectoría General de la PNP expulsó a más de 1.000 policías por haber cometido faltas muy graves, en una de las depuraciones internas más fuertes dentro de la institución.

DOS ESCÁNDALOS EN LA PNP

Para colmo, este miércoles, el suboficial PNP Alex Oblitas Chambi, miembro de las Águilas Negras que disparó contra el conductor Lizandro Arellano Quintana en el cruce de las avenidas Canevaro y Castro Iglesias, en San Juan de Miraflores, permanece detenido.

La persecución se habría originado ante la negativa del conductor a detenerse, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad tras recibir un disparo y perdiera la vida.

La viuda de José Arellano Quintana, el conductor venezolano que murió de un impacto de bala, exigió justicia en los exteriores de la Depincri de ese distrito. Ella denunció haber sido golpeada y acusó al suboficial implicado de negligencia grave.

Al respecto la Defensoría del Policía se pronunció y aseguró que eo efectivo policial actuó en medio de una situación de riesgo. Indicaron que el conductor se negó a detenerse durante la intervención, no quiso identificarse e intentó continuar su marcha.

Además, sostienen que el chofer y la cobradora habrían agredido al suboficial quien incluso habría sido impactado por el vehículo mientras realizaba el procedimiento.

Sin embargo, otro caso emblemático de este año ocurrió en Ate, luego de que el Poder Judicial dictara 12 meses de prisión preventiva contra nueve policías de la Comisaría PNP Vitarte, incluido el comisario de dicha dependencia, a pedido de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este (Segundo Despacho).

Los efectivos son investigados por los presuntos delitos de banda criminal y cohecho pasivo propio, debido a que habrían exigido pagos indebidos a conductores en la carretera Central para evitar imponerles papeletas de tránsito.

Sobre estos y otros casos, el comando de la PNP precisó que la intervención en Ate formó parte de las acciones que impulsa la institución para enfrentar posibles actos irregulares dentro de sus propias filas. En ese sentido, señaló que estas labores buscan prevenir, detectar y combatir presuntos actos de corrupción que puedan afectar la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía.

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Aseguran que la lucha contra la corrupción no distingue grados, cargos ni funciones. Cuando existen indicios razonables y mandatos emitidos por las autoridades competentes, la Policía Nacional actúa con firmeza, objetividad y transparencia, y contribuye al fortalecimiento de una institución cada vez más íntegra, profesional y cercana a la población.

“Precisamente para proteger ese esfuerzo legítimo y preservar la credibilidad de la Institución, actuamos con determinación frente a quienes traicionan el uniforme, la confianza ciudadana y los valores que juraron defender”, asegura el comandante general, Óscar Arriola.

Ante los abusos de poder y los actos de corrupción, la ciudadanía exige que la PNP continúe investigando, corrigiendo y sancionando cuando corresponda, porque el honor institucional se fortalece al enfrentar los problemas con valentía, transparencia y decisión.

La ley se aplica a todos por igual. Sin excepciones. Sin privilegios. Sin espíritu de cuerpo frente a la corrupción.

ENSUCIARON EL UNIFORME

En algunos penales donde malos efectivos purgan prisión, el comentario es que a los penitenciarios no les gustan los policías delincuentes. "Eran policías y ensuciaron el uniforme", es el reproche que les hacen constantemente.

En la "política" carcelaria están prohibidos los abusos policiales. Además, quien se compromete con algo tiene que cumplir con su palabra. El que rompe esas normas es denunciado y podría ser expulsado o trasladado de pabellón o de prisión.

En ese sentido, el comando de la Policía Nacional informó que la institución mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de los principios de legalidad, ética, disciplina y vocación de servicio.

El exalcalde de Lima precisó que su postura es "expresa, voluntaria e irrevocable" y responde a su decisión de no presentar la documentación requerida para integrar la Cámara Alta —como la declaración jurada de ingresos y bienes— dentro del plazo máximo que venció el pasado 30 de junio.

En el documento, López Aliaga insta al Pleno del organismo electoral a resolver el caso, tomando como referencia resoluciones previas del JNE que abordaron situaciones de autoridades que no juraron ni asumieron sus cargos.

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El Congreso traslada al JNE la decisión de López Aliaga

Mediante un oficio, el Congreso de la República notificó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir su cargo como senador para el periodo 2026-2031.

Esta postura del exalcalde de Lima responde a su intención de postular como teniente alcalde de la capital, candidatura que previamente fue declarada improcedente debido a su condición de senador electo.

Ante este escenario, el Parlamento adjuntó los documentos presentados por el dirigente y precisó en su informe que, ante la falta de una norma específica para este escenario, es el JNE quien mantiene la facultad de resolver el procedimiento "mientras el senador electo no se incorpore al Congreso".

JEE declara improcedente candidatura de Rafael López Aliaga

El 30 de junio, la candidatura de Rafael López Aliaga fue declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial (JEE), tras concluir que no se subsanaron las observaciones sobre su situación jurídica como senador electo para el periodo 2026-2031.

El organismo señaló que la resolución que lo proclamó como parlamentario “constituye un hecho objetivo, cierto y jurídicamente acreditado”, por lo que dicha condición no puede quedar sin efecto por la “sola manifestación de voluntad” del candidato.

La demanda, interpuesta por el ciudadano Tomás Soldevilla Guerra, solicitaba de la "suspensión provisional e inmediata de cualquier acto de proclamación oficial, juramentación o investidura" de Keiko Fujimori .

Para sustentar su pedido, Soldevilla argumentó que la candidata se encontraría en una situación de "inhabilitación constitucional" por presuntamente mantener vínculos jurídicos y de nacionalidad con el Estado japonés.

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El denunciante señaló que era necesario que las instituciones certificaran una renuncia 'expresa, irrevocable y total' a otras nacionalidades para evitar, según alegaba, un 'peligro de reiteración e instrumentalización transnacional de la justicia'.

Este argumento se basa en el antecedente de fuga del exmandatario Alberto Fujimori hacia Japón, la cual se dio dos meses después de que se hicieran públicos los vladivideos y se desmantelara la red de corrupción que encabezó su principal asesor.

“El expresidente Alberto Fujimori, como es de público conocimiento, utilizó la nacionalidad japonesa en el año 2000 para fugarse del Perú, refugiarse en Asia y eludir la justicia peruana”, se lee.

La demanda estuvo dirigida contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como contra la lideresa de Fuerza Popular.

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La decisión judicial

Tras analizar los argumentos presentados, el juez Valencia determinó que el pedido carecía de base legal dentro del recurso de hábeas corpus, cuya finalidad es la protección de la libertad individual y no el cuestionamiento de procesos electorales o condiciones de elegibilidad.

En la resolución, el magistrado concluyó que "no se ha acreditado en el presente caso conexión alguna de los derechos o bienes jurídicos que se pretenden tutelar con el derecho a la libertad individual".

Debido a ello, se declaró la demanda improcedente y el despacho judicial ordenó que, una vez que la resolución quede consentida o ejecutoriada, el expediente sea "archivado definitivamente".

"Hemos hablado de seguridad ciudadana. La presidenta ha visto con muy buenos ojos la propuesta de la creación de una policía municipal. Vamos a trabajar en ello, esto tiene que ir madurando en los próximos meses”, indicó el alcalde.

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Reggiardo señaló que Fujimori le hizo llegar un saludo al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Asimismo, comentó que también conversaron sobre el fenómeno de El Niño, cuya llegada ha sido advertida por las autoridades climatológicas.

“Me ha expresado un saludo para Rafael López Aliaga. (…) Yo en particular como alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima he compartido todo lo que se ha hecho para evitar desgracias naturales producto del fenómeno de El Niño. (…) Garantizamos que no habrá riesgos ni desastres cerca a los rios”, apuntó.

Pide a Sánchez reconocer los resultados

Reggiardo también exhortó a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, a aceptar los resultados de la elección presidencial.

"No hay mucho que discutir al respecto. El conteo ha terminado y entiendo que mañana el Jurado Nacional de Elecciones va a proclamar los resultados. Apelo a la sensatez del señor Sánchez. Pude conversar con él la última semana con motivo de la realización de su mitin y llegamos a un buen entendimiento", señaló.

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Finalmente, el alcalde de Lima descartó que vaya a formar parte del gabinete ministerial de un eventual gobierno fujimorista.

"Espero que las personas que escoja la señora Fujimori estén a la altura de las circunstancias", manifestó.

Según el documento, el exalcalde de Lima comunicó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, su posición "expresa, voluntaria e irrevocable de no juramentar ni asumir el referido cargo".

Ante este hecho, el Congreso adjuntó los documentos presentados por López Aliaga junto con un informe que señala que no existe una regla clara en la normativa actual para el caso específico del líder de Renovación Popular.

En esa línea, se detalla en el oficio del Parlamento que “mientras el senador electo no se incorpore al Congreso”, es el JNE quien tiene la facultad de decidir cómo proceder.

Esta medida de López Aliaga responde a su intención de postular como regidor de Lima, luego de que su inscripción anterior fuera declarada improcedente al tener la condición de senador electo.

Pedido de López Aliaga al Congreso

El 1 de julio, el exalcalde de Lima formalizó mediante un oficio al Congreso su decisión de no integrar el próximo Parlamento bicameral y pidió que se comunique al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que no juramentará como senador.

El líder de Renovación Popular señaló que no presentó las declaraciones juradas de ingresos y bienes, además de otros documentos requeridos para su incorporación en la Cámara Alta.

El político explicó que, según el propio reglamento del Congreso, la entrega de estos documentos es un requisito para ejercer el cargo y al omitir este paso de forma voluntaria, la normativa le impide asumir funciones.

Además, manifestó que “carecía de sentido iniciar o continuar un procedimiento de acreditación destinado a culminar con una juramentación que, por decisión expresa y previamente comunicada, no llegará a producirse”.