Durante la primera sesión de la Comisión de Ética, decidió poner su cargo a disposición tras la acusación fiscal sin sustento que se le atribuye. Sería respetuoso de las decisiones tomadas y seguiría trabajando con honestidad y sin blindajes, escribió en sus redes sociales.

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En la sesión, Colchado resaltó su experiencia como exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Como es de público conocimiento, ha combatido la corrupción en el poder durante toda su carrera y ha sido denunciado por ello injustamente, dijo.

En aras de que se pueda trabajar con tranquilidad y buen clima, puso su nombramiento como integrante a disposición del pleno para que fueran los demás quienes decidieran su continuidad, agregó.

Bancada de Ahora Nación respalda a Harvey Colchado

Al respecto, su colega de bancada Indira Huilca respaldó la decisión de Colchado. “Él ha sido muy claro en decirle a sus colegas de Comisión que si tienen una objeción la pueden plantear. Ha tenido esa valentía”, resaltó a la prensa.

A su vez, mencionó que los miembros ya fueron elegidos y no pueden ser modificados.

Por su parte, Alfonso López Chau también coincidió en que se trata de un gesto de buenas formas.

La bancada ratificó su respaldo total a la permanencia de Colchado como integrante de la Comisión de Ética.

Ahora Nación ha tomado la decisión, en una reunión, de darle absoluto respaldo a su representante, el señor Colchado, como integrante de Ética. Asimismo, hace un llamado a todas las bancadas y a todos los partidos del país a discutir los problemas fundamentales del Perú y a no utilizar las instituciones para realizar persecuciones políticas en un periodo parlamentario que prometió hacer política de otra manera, declaró César Holguín, vocero de diputados del partido.

Empero, durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva dictada contra ellos, ante la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, todos hicieron uso de la palabra para justificar su actuación. Alegaron que abrieron fuego con sus fusiles en legítima defensa, una versión sin sustento porque los peritajes concluyeron que los fallecidos no contaban con armamento.

No obstante, el tribunal compuesto por los magistrados Walter Chipana Guillén, Roberto Meza Reyes y Julio Lagones Espinoza concedió la apelación que interpusieron los efectivos del Ejército contra el mandato judicial que dispuso doce meses de prisión preventiva para garantizar las investigaciones.

Para los jueces Chipana, Meza y Lagones, los efectivos de la patrulla que dispararon entre 60 y 90 veces contra los ocho ocupantes de la camioneta, matando a cinco e hiriendo a tres, recurriendo a fusiles de guerra de largo alcance, no representan un peligro y dispusieron que salieran de inmediato en libertad.

En una audiencia de prisión preventiva solo se evalúa el peligro procesal o el riesgo de fuga. Su defensa alegó su condición de militares en servicio activos para descartar un peligro de fuga. En estas audiencia no se evalúan pruebas. Si eso habría sucedido los jueces habrían tenido que evaluar que hasta el momento no se ha demostrado que las víctimas estuvieran armadas.

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Silencio y complicidad

Incluso el jefe de la patrulla, el capitán Luis Montenegro Pardo, llegó a decir que de él no partió la iniciativa de asesinar a los cinco civiles, de acuerdo con la resolución de la Sala de Apelaciones.

“El investigado Luis Montenegro Pardo menciona como capitán (de la patrulla), no dio la orden de disparar, todos han actuado de manera legítima”, afirmó conforme consta en la resolución judicial.

Como informó La República, el jefe inmediato superior del capitán Luis Montenegro, el mayor José Cayao Vásquez, negó haber dado luz verde a su subordinado para disparar a matar. 

El mayor José Cayao también manifestó formalmente ante la fiscalía que el único responsable era el capitán Montenegro porque era el jefe de la patrulla, era el oficial superior y estaban en el lugar de los hechos. Pero Montenegro, increíblemente, sostiene que no ordenó disparar.

En la audiencia fue evidente que los uniformados no aceptaban la responsabilidad del quíntuple homicidio, y que no estaban dispuestos a esclarecer lo sucedido. Pero el tribunal les dio libertad.

El segundo oficial de la patrulla, el teniente Brayan Fernández Dett, arguyó que todos los acusados han sido adecuadamente entrenados y que en todo momento han contribuido a las indagaciones del caso. 

La versión del teniente Fernández contradice los reportes fiscales de que los acusados alteraron la escena del crimen, plantando casquillos de bala para aparentar que las víctimas también habían disparado.

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Lo hicimos por la patria

“Menciona que todos son personal profesional que tienen estudios castrenses y se colaboró en todo momento con la investigación”, consigna la resolución del tribunal sobre lo dicho por el teniente Fernández.

Todos respondieron con la misma consigna, lo que evidencia un acuerdo para sostener un mismo guion de defensa.

“Los ocho militares son personas que están en constante entrenamiento, y como dice  la fiscalía, somos personas entrenadas para el combate, pero nuestros conocimientos no los utilizamos para escondernos o fugarnos. Además, tenemos familia y darán la vida por el Perú”, declaró el efectivo Douglas Villacorta Saboya.

“Los ocho procesados son personal entrenado para defender a la patria, sin embargo,  la fiscalía de derechos humanos considera que por nuestro alto entrenamiento podría haber peligro de fuga, lo cual es incorrecto porque tienen familia que mantener, además, se encuentran dentro de un penal donde pueden sufrir represalias”, señaló por su parte el efectivo Hedilberto Marcos Guerra.

El efectivo Andy Sánchez Ríos repitió el falso argumento de la legítima defensa: “Es lamentable lo que el Ministerio Público manifiesta acusándolos de abusar de su entrenamiento; encima, le quitan el derecho a su libertad injustamente, estando separados de su familia. Su actuación fue conforme a la legítima defensa”, expresó.

“Solicita que se haga justicia para ellos y se aplique correctamente (la ley), también son seres humanos que tienen sentimientos y familia, ninguno es delincuente”, apuntó por su lado el efectivo Américo Vásquez Rojas.

“Menciona que son profesionales y que actuaron respetando las reglas de conducta profesional, los derechos humanos, no son criminales, tienen familia”, señaló el efectivo Fernando Córdova Mariano.

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Disparar hasta matar

El efectivo Jorge Aguilar García no dio el nombre del superior que le ordenó disparar a civiles desprovistos de armas, pero expresó, según documento judicial: “Se siente indignado porque al Ejército ha dado toda su juventud desde los 18 años, tiene una esposa y estaba a punto de perder a su hijo, sin embargo, se encuentra en el penal y se presenta ante la justicia solicitando que se sepa la verdad”.

Los peritajes revelaron que los cinco civiles perdieron la vida a causa de disparos a corta distancia y que la mayoría presentaba impactos en la cabeza y en el tórax, lo que evidencia un patrón aplicado por los imputados.

El caso del colombiano Nilson Montenegro Valencia, quien conducía la camioneta 4x4, los peritajes determinaron que recibió 51 impactos de bala y que virtualmente le hicieron estallar el cráneo.

Wilder Romero Sevipaucar recibió 12 disparos cuando el vehículo se precipitó hacia un barranco, para asegurarse de que no quedaran sobrevivientes.

Los testimonios recogidos por los fiscales coinciden en que los militares siguieron disparando para que nadie quedara vivo. Ni un solo testigo. Pero no lo consiguieron. 

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Una decisión judicial controvertida

• Los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo desestimaron la prisión preventiva contra los militares porque “la fiscalía no individualizó motivada y razonadamente quiénes de los ocho investigados realizaron acciones u omisiones que les permitieron alterar de un modo u otro la escena del crimen”.
• Pasaron por alto los magistrados que el capitán Luis Montenegro Pardo era quien impartía las órdenes en el lugar de los hechos, y que si los siete subordinados actuaron alterando la escena del crimen, fue porque este oficial fue quien dispuso dicha acción a sabiendas de que lo que había sucedido era de su expresa responsabilidad.

"La prensa amarilla, que contribuyó con el complot para el derrocamiento de mi gobierno y mi secuestro, no cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear. Rechazo todo tipo de mentiras que pretendan manchar mi honor y quebrantar la unidad de mi familia nuclear", señaló en su cuenta de X (antes Twitter).

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Asimismo, el expresidente aseguró que existía un doble rasero sobre las investigaciones que se le realizan y las que se han realizado en el pasado con otros expresidentes.

"Las personas que me visitan en Barbadillo lo hacen eminentemente por temas políticos, sociales y/o jurídicos. Sin embargo, esta misma prensa guardó silencio años atrás, cuando en el penal de Barbadillo se realizaban “Consejos de Ministros”, “Juntas de Portavoces”, “reuniones de empresarios” y “firmas de convenios”. ¿Quieren saber cuándo y quiénes fueron? Lo sabrán muy pronto", apuntó.

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Los chats de Catherin Palomino: asegura tener una relación con Pedro Castillo

La congresista de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, quedó en el centro de la polémica luego de que se difundieran conversaciones de WhatsApp en las que dirige insultos y advertencias contra personas cercanas al expresidente Pedro Castillo. Los mensajes, enviados entre mayo y junio de 2026, incluyen expresiones ofensivas contra una familiar del exmandatario y afirmaciones de Palomino sobre una supuesta relación sentimental con Castillo.

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El conflicto también involucra a Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente y coordinador de la Coordinadora por la Libertad de Pedro Castillo. Tras cuestionar públicamente a la congresista durante la campaña electoral, Vásquez recibió una carta notarial y una querella en la que Palomino le reclama S/300.000 por presuntos daños y lucro cesante. Asimismo, los registros del penal de Barbadillo muestran que la congresista acudió 61 veces al establecimiento entre octubre de 2024 y febrero de 2026, lo que habría fortalecido su cercanía con el entorno del exmandatario.

La parlamentaria, sin embargo, ha ofrecido distintas versiones sobre el origen de los chats. Ante Cuarto Poder, evitó una entrevista y sostuvo inicialmente que su teléfono había sido hackeado y que su línea de Claro estaba inoperativa. Posteriormente afirmó que el celular había sido robado. No obstante, la consulta de registros del Ministerio Público y de la Policía realizada por el equipo del programa dominical no encontró ninguna denuncia presentada por Palomino por robo, hackeo o pérdida del equipo, lo que pone en cuestión sus descargos.

Sin embargo, la sesión quedó suspendida y se retomará este martes a las 11:00 a. m. para elegir a su Mesa Directiva, la cual incluye los cargos de presidente, vicepresidente y secretario entre sus integrantes.

Previamente, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la conformación de este grupo integrado por Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Sadith Pérez Quispe (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

El objetivo principal de este grupo de trabajo es supervisar la conducta de los diputados y asegurar que cumplan con los principios y deberes que exige el cargo en el Parlamento.

Distribución de integrantes en las comisiones del Congreso

El pasado 5 de agosto, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la cantidad de legisladores que forman parte de las dieciséis comisiones ordinarias legislativas para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

Los siete grupos de trabajo con 26 integrantes son Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

Por otro lado, las nueve comisiones integradas por 20 diputados corresponden a Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Energía y Minas; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Salud; Trabajo y Seguridad Social; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

La junta también definió el número de miembros para las comisiones ordinarias no legislativas del mismo periodo anual. La Comisión de Acusaciones Constitucionales cuenta con 26 miembros. En tanto, la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo tiene 6 integrantes, al igual que la Comisión de Ética.

"El ministro Elmer Cuba ahora dice que sí pagará pensiones doradas a militares, pero que ‘de ninguna manera’ atenderá la jubilación de los maestros porque implicaría subir el IGV al 24%. Señor ministro, no aplique la ley del embudo: empiece por eliminar los privilegios tributarios y cobrar las deudas de las grandes empresas. ¡Ahí está la plata! Deje de gobernar para los privilegiados y empiece a gobernar para la mayoría", declaró en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

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Las declaraciones de Zunini se produjeron luego de la entrevista que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concedió a Latina. En ella, el ministro Cuba afirmó que se vienen negociaciones para tratar el tema de las pensiones.

"Ese tema no está en discusión (garantizar pensiones), lo que está en debate es una ley del Congreso del año pasado que garantiza pensiones al 100% del último sueldo. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. (…) Efectivamente, los profesores tienen pensiones bajas y vamos a hacer lo posible defendiendo la fortaleza fiscal", declaró.

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Otros congresistas también critican los anuncios de Cuba

Otros congresistas también han criticado los anuncios realizados desde la cartera de Economía. Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación, señaló que los planteamientos relacionados con el aumento del sueldo mínimo no son medidas suficientes para enfrentar el panorama económico que se avecina.

"El incremento del sueldo mínimo en dos etapas que plantea el gobierno resulta insuficiente para cubrir la canasta básica familiar. Pocos detalles sobre las medidas para mitigar el impacto económico del fenómeno El Niño, sobre todo en sectores como agricultura y la pesca", señaló en su cuenta de X.

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Del mismo modo, la diputada Catherin Palomino calificó de "improvisada" la gestión de Cuba al frente del MEF tras el anuncio de estas medidas.

"Así como se anunció que se iba a presentar el proyecto de delegación de facultades en una fecha que ya pasó y hasta ahora no hay nada, así también se anunció un aumento concreto de la remuneración mínima específica sin condicionamientos y hoy nos enteramos de que será por tramos. Es decir, se engaña una vez más a la población. Aumentar 100 soles y luego 70 soles solo refleja que la Sra. Fujimori y su ministro viven en una burbuja, alejada de la realidad. Es indignante la manera en que se burla de los trabajadores más vulnerables", declaró a este medio.

El dinero proviene de la Reserva de Contingencia del MEF. Se trata de recursos ordinarios del presupuesto público para el año fiscal 2026. El decreto establece una condición clara: los fondos no pueden usarse para fines distintos a los establecidos. Cualquier desvío quedaría bajo responsabilidad de quien lo autorice, según el propio texto legal.

Con esta transferencia, el Gobierno busca asegurar que JNE y ONPE cuenten con los recursos necesarios en cada etapa del proceso. La votación incluye la instalación de mesas, el sufragio y el conteo final de resultados.

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¿Cuánto cobrarán los miembros de mesa en las elecciones de octubre?

Los ciudadanos elegidos como miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/165. Este monto equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. El pago se entrega a quienes cumplan efectivamente la función durante la jornada electoral.

Además del pago, existe otro beneficio importante. Quienes completen la capacitación electoral y cumplan su función tendrán derecho a un día de descanso remunerado. Ese día no es compensable de otra forma. El beneficio aplica tanto para trabajadores del sector público como del sector privado. Los empleadores están obligados a otorgarlo como parte de las facilidades para el proceso.

La ONPE ya realizó el sorteo de miembros de mesa. Para estas elecciones, el sorteo definió nueve personas por cada mesa de sufragio: tres titulares y seis suplentes. Solo los tres titulares asumirán las funciones principales el día de la votación, aunque todos los sorteados deben presentarse durante la etapa de instalación.

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¿Qué funciones cumplen los miembros de mesa durante la votación?

Cada miembro de mesa tiene una tarea específica y definida por la ONPE. El presidente de mesa solicita y devuelve el DNI de cada elector. El secretario verifica los datos de esa persona en la lista de electores. El tercer miembro supervisa el momento en que el elector deposita su cédula en el ánfora.

Estas funciones buscan garantizar el orden durante toda la jornada. La verificación de identidad y la entrega de cédulas son pasos obligatorios antes de cada voto. El proceso se repite con cada elector que llega a votar hasta el cierre de la mesa.

Al finalizar la votación, el trabajo de los miembros de mesa no termina. Deben revisar la lista de electores y contabilizar firmas y huellas dactilares. Después completan las actas electorales con los resultados del escrutinio. Los personeros de las organizaciones políticas presentes también pueden firmar esos documentos oficiales.

Carlos Espá. Es el nombramiento más misterioso de la baraja. Su historia laboral en la US Embassy no es el problema. Más bien hay una cuestión de domicilio político. ¿Es un liberal recomendado por Álvaro Vargas Llosa, como dice Fernando Vivas? ¿O es el duro de derecha que va a reemplazar a Fernando Rospigliosi en la corte?

Keiko Fujimori. Negociando el voto de confianza. Problemas ideológicos con su gabinete, y también políticos con algunos. La relativa discreción de la presidenta está siendo interpretada como luz verde para despacharse desde el Ejecutivo. A algún ministro le gustaría mudarse a Palacio en lugar de ella. ¿Habrá salvoconducto para Betsy Chávez?

Rafael López Aliaga. Líder en el más reciente chanchullo electoral, que muchos ya practican: la reelección con renuncia. Dice que es infame preguntar por qué renunció el N.° 1 de la lista de RN a la alcaldía de Lima. Pero ese señor Rubio, el de traje blanco en las fotos, nos debe una explicación. ¿Tiene RN chances de ganar Lima en octubre? No parece.

Jorge Nieto. Se siente más cómodo cerca de la izquierda, pero quizás no va a pasar mucho tiempo antes de que la deje. Su presencia en la bancada opositora complica las cosas para Sánchez. El centro político e ir actuando cuestión por cuestión siguen siendo sus dos mejores opciones. Si le interesa el 2031, tiene que ir actuando fuera del Congreso.

Rafael Rey. Viene tratando su importante ministerio como un programa de TV. Decir que la tragedia de Nasca es un accidente es no decir realmente nada, y lo mismo decir que seguimos una reglamentación aerocomercial rígida. La noticia dio la vuelta al mundo.

Roberto Sánchez. ¿Qué está liderando? El bloque opositor en el Congreso no parece tan de izquierda como él plantea. Todavía no ha aparecido el tema que los obligue a ponerse de acuerdo. Más bien flotan en el aire los elementos de un choque con el Ejecutivo. El castillismo no quiere a Sánchez, por obvios motivos.

Los mensajes fueron revisados de forma directa por el equipo de Cuarto Poder en el celular de los denunciantes. En ellos, Catherin Palomino llama "vulgar", "fea", "cochina" e "ignorante" a una familiar del expresidente y cuestiona incluso la crianza de sus hijos. La parlamentaria también afirma en los textos ser pareja sentimental de Castillo y advierte que cualquier intento de cuestionarla tendrá consecuencias judiciales.

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El caso no queda solo en insultos. Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente y coordinador de la Coordinadora por la Libertad de Pedro Castillo, recibió cartas notariales y una querella de parte de la diputada. Todo esto, después de que él criticara públicamente el manejo político de Palomino durante la campaña electoral. La congresista le exige 300 mil soles por lucro cesante y daños, una cifra que para el denunciante busca silenciar las críticas internas y no reparar ningún daño real.

El vínculo entre Palomino y el expresidente no es reciente. Registros del penal de Barbadillo indican que la parlamentaria ingresó cerca de 61 veces al establecimiento entre octubre de 2024 y febrero de este año, en algunos casos sin presentar documento de identidad o acompañada de menores de edad. Ese acceso frecuente, según voceros cercanos al entorno castillista, le permitió ganar una influencia que terminó por generar choques abiertos con los familiares y coordinadores del movimiento.

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Catherine Palomino: descargos de la diputada se contradicen

Consultada por el equipo periodístico de Cuarto Poder, Catherin Palomino se negó a dar una entrevista presencial o virtual. Argumentó que se encontraba en su semana de representación en Huancavelica. Por escrito, ensayó varias versiones distintas: primero dijo que su celular había sido hackeado y que su chip de Claro estaba fuera de servicio; después cambió la versión y aseguró que le habían robado el equipo.

Ninguna de esas versiones se sostiene con los registros oficiales. La revisión de las bases de datos del Ministerio Público y del sistema policial confirmó que no existe ninguna denuncia formulada por la congresista sobre robo, hackeo o pérdida de su celular. Esa ausencia de denuncia contradice directamente sus propias explicaciones y alimenta las dudas sobre la autenticidad de sus descargos.

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Catherin Palomino niega ser autora de los chats y anuncia acciones legales

Tras la difusión del reportaje, Catherin Palomino respondió a través de su cuenta en X. La parlamentaria negó de manera tajante ser la autora de los mensajes difundidos. Aseguró que es falso que haya escrito los textos que se le atribuyen y rechazó cualquier vínculo entre su persona y los chats expuestos por Cuarto Poder.

La legisladora también adelantó que recurrirá a las instancias legales correspondientes. En su pronunciamiento, afirmó que hará valer sus derechos ante el órgano competente frente a lo que calificó como un agravio que no está dispuesta a tolerar. No precisó, sin embargo, qué acciones legales concretas piensa emprender ni contra quién las dirigiría.

Palomino cerró su descargo con una defensa directa de su conducta. Sostuvo que no tiene nada que ocultar ni nada que configure una ilegalidad o inmoralidad de su parte. Calificó además las denuncias en su contra como infundios y afirmó que no piensa distraer su trabajo parlamentario atendiendo esos señalamientos.

Su única promesa respecto a la docencia fue imprecisa: fortalecer su formación. No especificó si impulsará la urgente reforma de la formación docente inicial, si restituirá el acompañamiento pedagógico, si los librará de la carga administrativa que los agobia o mejorará los incentivos para docentes de zonas rurales, de frontera y EIB.

El discurso también mencionó la brecha educativa y dio cifras sobre calidad de los aprendizajes, desnutrición infantil y embarazo adolescente. Buena señal. Pero la respuesta no puede limitarse a kits escolares, mochilas y chompas. Se necesita una propuesta educativa diferente, que priorice a quienes están más excluidos del sistema. La educación pública será una verdadera herramienta de igualdad cuando logremos que el lugar donde nace un niño no determine las oportunidades que tendrá durante su vida.

Ambos desafíos nos llevan a uno que los atraviesa: la gobernanza. Necesitamos fortalecer la descentralización, revisar qué funciones corresponden realmente al Minedu, a los gobiernos regionales y a las UGEL, y trasladar capacidades profesionales hacia donde se necesitan. También debemos fortalecer el liderazgo y la autonomía de las escuelas, reducir la carga burocrática y utilizar la información no solo para medir, sino para tomar decisiones y rendir cuentas por resultados.

Nada de esto se resolverá en cinco años. El nuevo gobierno tiene una oportunidad mayor: construir una agenda educativa de largo plazo, con metas verificables y políticas capaces de trascender gobiernos. No necesitamos empezar otra vez. Necesitamos acordar un rumbo, sostenerlo y tener la capacidad institucional para llegar a destino.

Ernesto Cavassa (Fe y Alegría), Marilú Martens (CARE Perú), María Amelia Palacios (Foro Educativo)

Fuentes de la fiscalía señalan que las indagaciones a Colchado se iniciaron a fines de mayo de 2024, cuando no se conocía ni preveía que sería candidato a un escaño en la Cámara de Diputados, y precisan que la acusación fue presentada al Poder Judicial antes de que integrara la Comisión de Ética de dicha cámara. Asimismo, subrayan que durante todo este tiempo el oficial en retiro tuvo la oportunidad de ejercer su defensa y conocer los cargos puntuales que se le atribuyen.

Al cabo de más de dos años, el 15 de julio de 2026, se dispuso concluir la investigación preparatoria seguida contra los funcionarios del Ministerio del Interior, Clara Ramírez Benites y Víctor Elvis Ocmin Vargas, en calidad de autores, y contra Harvey Colchado como cómplice del delito de negociación incompatible. Además, a Colchado se le imputa el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica.

El alquiler del local de la DIPINCRI-Comas

Los hechos están vinculados al alquiler de un inmueble ubicado en la avenida Guillermo de la Fuente, en la urbanización Los Viñedos de Carabayllo (Comas), sede de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de ese distrito.

El inmueble era alquilado por sus propietarios a la PNP desde junio de 2015. El problema surgió en junio de 2021, al momento de la renovación del contrato, ya que para esa fecha el padre del coronel Colchado había fallecido y este se había convertido en copropietario vía sucesión intestada.

En su condición de oficial en actividad de la Policía Nacional —para entonces con el grado de coronel y jefe de una dependencia en Lambayeque—, Colchado estaba impedido de alquilar el inmueble a la institución por la prohibición legal que tienen los funcionarios públicos de contratar con el Estado.

Ahí radica el origen del caso. El 30 de abril de 2021, la sucesión intestada (incluido Colchado) otorgó un poder especial ante notario público a Martina Huamaní Ordóñez para administrar, comprar, vender y alquilar el referido inmueble. Al consignar sus datos personales en el testimonio de dicho documento presentado a la Sunarp para su elevación a escritura pública, Colchado declaró ser de ocupación independiente.

«De lo que se advierte que el acusado, coronel PNP Harvey Colchado, habría declarado en el testimonio de escritura pública tener ocupación independiente, lo que no era acorde a la realidad (...), pues se advierte que, al momento de realizar el testimonio de poder especial, tenía el grado de coronel PNP en actividad asignado a la Macro Región Policial Lambayeque», señala la acusación.

La fiscalía concluye que, ante la imposibilidad legal de contratar con el Estado, dicha declaración le permitió continuar alquilando el inmueble a la PNP al no aparecer como policía dado que, posteriormente, esa escritura pública con datos inexactos fue utilizada para suscribir el nuevo contrato de alquiler y sus respectivas ocho adendas.

Los otros acusados

La acusación también alcanza a los servidores de la PNP Clara Ramírez (asistente en Contrataciones del Estado) y al suboficial Víctor Ocmin (miembro de la Sección de Programación y Adquisiciones), a quienes se les atribuye haber facilitado la firma del contrato a pesar de ser de conocimiento público la condición policial de Colchado, ampliamente difundida por sus intervenciones en operativos transmitidos por medios de comunicación.

Según el documento fiscal, al solicitarse la renovación del contrato, el área usuaria modificó los términos de referencia e incluyó un requisito: en caso de sucesiones intestadas, la oferta técnica debía adjuntar el Certificado Literal de la Partida Registral de la Sunarp y la sucesión debía intervenir a través de un apoderado inscrito.

La representante de Colchado remitió la documentación requerida el 20 de septiembre de 2021, adjuntando una declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado. El 30 de noviembre de 2021 se firmó el contrato entre el coronel PNP Óscar Mautino Ortiz y Martina Huamaní Ordóñez.

Luego de que la prensa revelara la contratación del inmueble del oficial, el 30 de junio de 2024 se dejó sin efecto el vínculo contractual, un día antes de su vencimiento previsto para el 1 de julio de 2024.

La acusación

Para el Ministerio Público no existe ningún direccionamiento político, ya que la acusación se sostiene en hechos comprobados mediante documentos oficiales. Respecto a la tipificación, la acusación fiscal describe que la falsedad ideológica se habría configurado al consignar deliberadamente en un instrumento público una ocupación que no correspondía para eludir la traba legal. En tanto, el delito de negociación incompatible sanciona el uso de una posición oficial en la administración pública para interferir o manipular la contratación pública.

Con base en estos elementos, la fiscal Mayra Paico presentó la acusación ante el Poder Judicial el 24 de julio de 2026. Desde el despacho fiscal recalcan que, para esa fecha, aunque se conocía su condición de diputado, no se preveía que Colchado llegaría a integrar la Comisión de Ética.

Por todo ello, la fiscalía solicitó para el diputado Harvey Colchado una pena de cinco años y cuatro meses de prisión por negociación incompatible, sumada a 4 años por falsedad ideológica, lo que totaliza 9 años y 4 meses de prisión efectiva.

En tanto, para Clara Ramírez y Víctor Ocmin se solicitó una pena de 4 años y 8 meses de cárcel para cada uno, únicamente por el delito de negociación incompatible, más inhabilitación para ejercer función pública y reparación civil, en el caso de negociación incompatible de 100 mil soles solidaria entre los tres acusados, además de 50 mil soles por falsedad ideológica.

Camargo Porta dirigió un documento al Oficial mayor de la Cámara de Diputados, Hugo Rovira, donde contó que el último 31 de julio, al culminar la jornada laboral, se retiró de su despacho parlamentario y cerró su oficina. Al regresar, notó que su celular institucional y cargador respectivo habían desaparecido.

Especificó que ambos objetos fueron colocados sobre el estante de la oficina dentro de sus cajas originales. Como prueba adjuntó fotografías y aseguró que el personal de su despacho vio que tanto el celular como el cargador quedaron dentro del lugar.

Por esto, solicitó que ambos equipos sean restituidos.

Vocero de diputados de OBRAS alertó sobre pérdida de extensión eléctrica

El vocero de diputados de OBRAS, Piñán Mamani, por su parte, relató que el 31 último le entregaron su despacho parlamentario en condiciones totalmente precarias y no contaba con infraestructura eléctrica mínima que permitiera el funcionamiento de los equipos informáticos y demás herramientas de trabajo.

En vista de ello, adquirieron con recursos propios diversos adaptadores para tomacorrientes y una extensión eléctrica, para que el personal pudiera desempeñar sus funciones.

Luego, el 3 de agosto, el personal encontró la oficina completamente abierta y advirtieron que la extensión eléctrica y los adaptadores adquiridos habían desaparecido.

Del mismo modo, el asesor principal del despacho, el 4 de agosto dejó dentro del cajón de su escritorio una caja de vitaminas de su propiedad.

“Durante esa jornada permaneció laborando dentro del despacho personal del contratista encargado de los trabajos de infraestructura y conectividad eléctrica, específicamente en la sala de reuniones. Debido a la prolongación de dichos trabajos, aproximadamente a las 20:00 horas, el personal del despacho procedió a retirarse, dejando la oficina principal (mi oficina) cerrada con llave, con equipos informáticos (laptops) en su interior, mientras que la puerta principal permaneció abierta únicamente para permitir la continuidad de los trabajos del personal del contratista”, se lee.

Al día siguiente se constató que la caja de vitaminas había desaparecido.

Todo ello, sostiene Piñán, evidencia una preocupante ausencia de control sobre el ingreso y permanencia del personal externo, deficiencias en los protocolos de seguridad, así como una evidente falta de supervisión respecto de las labores ejecutadas por el personal contratista.

Ambos hechos ocurrieron en el edificio Nuevo del Congreso de la República, ubicado en la esquina de los jirones Abancay y Junín.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que realiza las coordinaciones necesarias para la repatriación de cuatro jóvenes peruanos desde Rusia. “Los jóvenes se suman a otros dos compatriotas que fueron atendidos a fines de julio por la sección consular de la Embajada del Perú en la Federación Rusa”, señaló la Cancillería en su comunicado.

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La lista de compatriotas que se encuentran en Rusia que maneja la Cancillería asciende a 459 personas. De acuerdo con las cifras, se ha logrado evacuar a 31 peruanos en total: 28 decidieron regresar al Perú y tres optaron por permanecer en Europa por decisión personal.

Hasta el momento, el canciller Carlos Espá no se ha pronunciado sobre los avances en el rescate de los peruanos que habrían sido obligados a realizar labores militares para Rusia bajo falsas ofertas laborales. La Cancillería exhortó a continuar denunciando a los reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Familiares afectados piden repatriación y muestras de ADN

Norma Paredes, vocera del Colectivo de Familiares Peruanos en el Conflicto Rusia-Ucrania (Cofapru) y madre de uno de los peruanos que se encuentra actualmente en Rusia, señaló a La República que no basta con reportar cifras relacionadas con la situación de los peruanos en Rusia, sino que deben cumplirse los procedimientos correspondientes que permitan acreditar ante los familiares cuál es la situación de sus seres queridos.

“Hasta el momento, no he recibido noticias de los familiares. Están desesperados y angustiados porque no encuentran forma de ayudar. No es solo confirmar el fallecimiento, sino que hay que repatriar el cuerpo, hay que mandar una prueba de ADN. Hablamos de personas de bajos recursos que no pueden viajar a pedir este proceso. En algunos casos, ni siquiera hay un cuerpo, solo se habla de la afectación a través de una explosión. Es una situación muy difícil y triste para nosotros. Estamos con toda esta angustia”, señaló.

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La situación lleva varios meses y el cambio de Gobierno se da en medio de esta tarea. Paredes indicó que el diálogo entre Rusia y Perú todavía no ha encontrado vías para agilizar las demandas.

“Hemos presentado documentos. Este lunes esperamos tener una reunión con representantes diplomáticos rusos. (…) Hemos tenido contacto con Cancillería. En una primera reunión nos manifestaron que teníamos que esperar que Rusia los contacte para que ellos levanten el protocolo y hagan las pruebas correspondientes. Pero es a paso de tortuga que Rusia manda. Ya son cuatro meses que venimos saliendo a las calles. Esperamos que nos apoyen con el ADN, la repatriación y el envío de cenizas, si es el caso”, indicó.

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Apoyo económico y psicológico

Además, Paredes recordó que debe pensarse en un programa de apoyo para los peruanos que, al regresar, hayan sufrido graves afectaciones físicas y psicológicas.

“Hay muchos muertos que han dejado en Perú mujeres viudas o niños huérfanos. Estamos solicitando apoyo para ellos. Han llegado peruanos escapando del Ejército y no se les ha brindado todavía un apoyo como se debería. Al llegar a Perú, no contaban con seguros médicos y por eso no los atendieron. (…) Vamos a necesitar tratamiento psicológico y psiquiátrico para quienes regresen con vida. Son personas que han visto a sus compañeros morir y que han estado al borde de la muerte y, prácticamente, abandonados. Muchos van a regresar mutilados, no van a poder volver a trabajar y son jóvenes”, apuntó.

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Los familiares de los peruanos captados en Rusia han realizado protestas frente al edificio de Torre Tagle. Los manifestantes exigen reuniones con representantes de la Cancillería para abordar esta problemática.

La estimación de peruanos trasladados a Rusia que manejan los colectivos de familiares es incluso mayor que la cifra reportada por la Cancillería. De acuerdo con Percy Salinas, representante legal de los familiares, se estima que, desde 2024, alrededor de 1.200 peruanos fueron trasladados a Rusia mediante engaños, tras ser atraídos con falsas ofertas laborales como obreros, vigilantes o trabajadores de construcción, bajo la promesa de recibir elevados salarios.

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Canales para familiares

La Cancillería anunció que los familiares y compatriotas afectados pueden contactar a las secciones consulares a través de los siguientes contactos de emergencia:

Federación de Rusia (Sección Consular en Moscú):

Celular/WhatsApp: +7 985 389 06 60

Teléfono fijo (Rusia): 8 985 389 06 60

Ucrania (Sección Consular en Varsovia):

Celular de emergencia: +48 601 083 987

Por eso, el contexto importa. Digo esto no para poner el parche antes de que salga el chupo. Es inevitable cambiar y es deseable que así sea, cuando el cambio es justificable. En la política ese cambio debe orientarse al bien común. García, por ejemplo, creía en 1988 en la estatización. En el 2006 había abandonado, felizmente, esa espantosa idea. No le fue muy difícil explicar el porqué. 18 años después, había abandonado una corriente de izquierda que es letal para la libertad y, esa vez, no se equivocó.

En estos días, sin embargo, no vemos grandes transformaciones ideológicas nacidas del descubrimiento personal de nuevos horizontes. Pero vaya que vemos cambios en la conducta de los políticos en el poder. El incidente diplomático con México ha traído a la mesa un buen ejemplo de los niveles de fariseísmo político en el Perú. Vamos a los hechos. Betsy Chávez fue condenada por su participación en el delito de rebelión en la modalidad de conspiración. Para que se entienda, para la justicia, es una golpista. Eso esinmutable mientras esa condena esté vigente. Pero, en simultáneo y de manera discreta, ella tramitó un pedido de asilo, acogiéndose a la Convención de Asilo de 1954. El Estado peruano no tuvo ni el tiempo ni el espacio para persuadir a México sobre la conducta estrictamente delictiva de la exministra. Nos enteramos, todos juntos, cuando ella ya había obtenido el asilo y estaba dentro de la Embajada. Lo único que correspondía era darle el salvoconducto para que saliera del país. ¿Qué hizo el Estado peruano? Desconocer el tratado y romper relaciones. ¿Con el apoyo de quién? De los partidos que hoy están en el poder: Fuerza Popular y Renovación Popular.

Un acto de salvajismo diplomático no trae nunca nada bueno. Por eso es por lo que hay que dejar estos temas en manos de profesionales de la política exterior. En la primera semana de gobierno, Fujimori concede el salvoconducto y restaura relaciones con un aliado en la importante Alianza del Pacífico. ¿Era lo correcto? Por supuesto. Pero lo increíble es que los mismos fujimoristas que gritaron para romper relaciones con México son los que alaban a nuestra magnánima señora presidenta por su visión de estadista. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Roberto Sánchez ganaba y otorgaba el salvoconducto? Ya estarían tramitándole la vacancia.

No le hace ningún bien a Keiko Fujimori (y a ningún político) rodearse de sobones que ladran en redes sociales. Menos aún, cuando hace muy poco, levantaban la voz contra ella. Lo que cualquier político sagaz entiende es que no han cambiado nada. No hay un descubrimiento de hechos nuevos que los haga cambiar de conducta. Lo único que ha cambiado es que Fujimori es presidenta del Perú. Estos “conversos” de último minuto (y de años anteriores) a lo que aspiran es a su cuota en ese poder efímero y frágil. Entonces levantan la voz y el dedito apuntando a los “caviares que viven del Estado” mientras hacen cola en el besamanos del reciclaje. La política peruana es fácil de seguir: cambian los nombres de los partidos, sus colores y banderas, pero las personas son las mismas. Solo cambian de camiseta. Nada les atrae más que el poder. Lo que debería atraerlos es servir, pero eso sería mucho pedir. Mientras Fujimori los acoja, engría y premie, ahí estarán, moviendo la cola y lamiendo la mano.

El problema es que los límites del poder se conocen rápido. Si el proyecto de ley de facultades legislativas fue un globo de ensayo del ministro de Economía, este explotó. Elmer Cuba es el único ministro con personalidad propia y un plan. No tiene con quién jugar en un gabinete de políticos reciclados y sobones a quienes les han hecho el favor de ser ministros. Sus reformas requieren audacia y docencia política. Pero Fujimori de eso no sabe ni tiene experiencia y prefiere el populismo. Apenas se deslizó la posibilidad de debatir el exceso de feriados creados por el Congreso en el último quinquenio (una propuesta bien fundamentada con los impactos en el PBI), lo abandonaron todos. Y ese es un solo ejemplo.

¿Cómo van a derogarse las cuatro leyes que pueden quebrar la caja fiscal si fueron aprobadas por el fujimorismo? ¿Cómo va a discutirse (no digo ya aprobarse) una reforma laboral si nadie, dentro del gobierno, apoya al MEF? Cuba ha preferido anunciar cuatro comisiones de economistas expertos y muy respetados. Veamos si logran convencer siquiera dentro de casa. Los nombramientos del Ejecutivo que controla el MEF (BCR, Sunat, Tribunal Fiscal, directorio de Petroperú) nos dan una indicación mucho más clara de su orientación en política económica y profesionalismo que el gabinete Galarreta. El enfrentamiento entre el populismo del fujimorismo y el programa liberal del MEF va a explotar en cualquier momento. Solo un ciego no se da cuenta. Basta con comparar el mensaje de 28 de julio con el pedido (abortado) de facultades.

El oficialismo en el Congreso no será de ayuda para el MEF. Sus congresistas, reelegidos o exempleados parlamentarios, traen intactos el populismo, el mercantilismo y el militarismo del último quinquenio. El irreconocible Fernando Rospigliosi, como vocero del fujimorismo, no solo le hace daño a las Fuerzas Armadas, sino a la propia Fujimori. Con ambos, sus niveles de sobonería son indescriptibles. Su caso no es el de alguien que cambió de opinión con el tiempo. Solo una lobotomía puede generar tal transmutación de la personalidad. No hay explicación racional para su conducta actual. Su fanatismo va mucho más allá del oportunismo y causa al gobierno un daño político profundo, que también, tarde o temprano, va a explotar. Un pueblo no aguanta el maltrato ilimitadamente.

En principio, nosotros ya teníamos conocimiento, por el propio coronel Colchado, de que existían estas investigaciones. Seguimos en comunicación con él, incluso antes de asumir el cargo, digamos, antes de la juramentación correspondiente. Para nosotros no ha sido una sorpresa, sino más bien algo que ya sabíamos que podía ocurrir. Por eso, como corresponde, le pedimos que nos explicara qué había sucedido, cuáles eran los cargos que se le imputaban de manera más precisa, y él nos explicó claramente cuáles son los motivos. Por eso decidimos también hacer un pronunciamiento, porque, más allá del tema de fondo que él tiene que explicar, lo que nos preocupa es esta falta de objetividad: quien abre la investigación es una fiscal que resulta ser esposa de un investigador cuyo caso estuvo justamente en manos del coronel.

Hace unos días se reunió con la fiscal suprema Patricia Benavides el fiscal Tomás Aladino Gálvez, con miembros del gobierno de Fujimori —los ministros Luis Galarreta, Rafael Belaunde, César Astudillo y Ernesto Álvarez Miranda— y con la propia Fujimori. ¿Cuáles fueron sus impresiones al ver esta reunión?

Realmente esa reunión nos dice mucho. Me parece que, en principio, podría interpretarse como una reunión del gobierno con el Ministerio Público para coordinar institucionalmente, pero creo que no es solo eso. Es una reunión a la que incluso asiste la señora Benavides, que es fiscal suprema, sí, pero que no tendría por qué estar en una reunión de este nivel. Su presencia no nos parece casual, sino más bien el respaldo político expreso que este gobierno le está dando a ese sector del Ministerio Público, seriamente cuestionado no solo por temas de corrupción y por ser parte de la red de los cuellos blancos, sino también porque respalda a una fiscal cuestionada como Patricia Benavides, acusada de haber mantenido, todo este tiempo, tratos con el fujimorismo, sobre todo con el que integraba el Congreso anterior. Creo que es, además, un respaldo a lo que esta señora viene haciendo, en el sentido de que es quien está operativizando las leyes que permiten las amnistías a los militares, etcétera, lo cual también es una línea que ese gobierno claramente va a apoyar en términos de impunidad.

Justamente hay un pedido para que se tenga en cuenta la ley de amnistía en el caso de un exmilitar que fue sentenciado a 15 años por delitos de desaparición forzosa. Se sabe que en Ahora Nación han pedido la derogación de normas que permiten estos hechos. Más allá de una medida como esa, ¿qué tienen planeado hacer?

Estamos en el intento de que estas normas se deroguen. Pero, efectivamente, la preocupación de que empiecen a surtir efecto antes de que se produzca la derogación es un tema que nos genera mucha inquietud. Frente a lo que ya ha comenzado a ocurrir, tenemos que tomar otras acciones: necesitamos reunirnos como bancadas, pero también es posible que evaluemos alguna acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de otras acciones de tipo político-legal. Me parece que el fujimorismo está dando claras muestras de que estas leyes no solo fueron aprobadas, sino que van a intentar aplicarlas más allá de los cuestionamientos que existen. Son normas que buscan consolidar la impunidad, y eso es lo que el fujimorismo está apoyando.

¿Cómo vio los anuncios de Elmer Cuba en temas económicos? ¿Tiene alguna opinión sobre el anuncio del aumento de la Remuneración Mínima Vital?

A ver, lo primero: estos anuncios, que aún no son del todo claros, parecen tener más un enfoque de tipo político, incluso populista, y nos preocupa si finalmente se van a ejecutar o no. El caso del salario mínimo es un claro ejemplo de que la decisión no se tomó con criterio técnico, porque eso habría implicado evaluar, por ejemplo, la inflación y el costo de la canasta básica en el escenario que enfrentamos, que además se va a agravar con el Fenómeno del Niño. No parece que se haya hecho ninguna evaluación técnica; más bien, el cálculo político es lo que ha determinado esta decisión. Nos preocupa también lo que la población está señalando: que el aumento del salario mínimo no responde a las necesidades reales que existen. Y, por otro lado, todo el procedimiento al que dicen que van a someter la aprobación de ese aumento —incluso hablaron de consultarlo con el Consejo Nacional de Trabajo, que sabemos que es un espacio que suele oponerse a subir el salario mínimo— nos genera dudas sobre cómo se va a ir ejecutando y si finalmente se va a ejecutar.

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¿Y respecto a los anuncios sobre los feriados?

Con los feriados me parece que, cuando anunciaron que se iban a eliminar algunos y luego quisieron evitar la contradicción, optaron por decir que los iban a "optimizar", pasando unos al viernes o al lunes. Tampoco parece que esto se maneje con un criterio técnico claro sobre qué feriados mover y por qué; hay algunos que, en definitiva, no se van a poder trasladar a esos días. Me da la impresión de que ahí también están jugando mucho para responder a las críticas de la población. En resumen, nos da la impresión de que hay más cálculo político que un criterio técnico detrás de estos anuncios.

¿Ustedes no se opondrían, en sí mismos, a una subida del salario mínimo, siempre que esté sustentada técnicamente? 

Así es. Es algo que incluso hemos demandado. Lamentablemente, vemos criterios más políticos y populistas que técnicos, y con poca claridad, lo cual nos hace ver que no se está tratando este tema con la seriedad debida.

Keiko Fujimori ha iniciado con un 60% de aprobación, ¿cómo procesan ese dato políticamente desde la oposición?

En realidad, las estadísticas suelen reflejar la confianza inicial que se le da a un gobierno recién instalado. Me parece que, más adelante, eso tiene que traducirse en acciones concretas, porque de lo contrario esto termina siendo, como ha sucedido en otros gobiernos, solo una expectativa que luego deriva en frustración, y la gente empieza a desencantarse. Más allá de las buenas intenciones que se expresan, o de este tipo de anuncios que se hacen al inicio de un gobierno y que suelen generar expectativa y esperanza en la población, si eso no se traduce en acciones concretas y en cambios reales, se corre el riesgo de que, como en otros momentos, esa aprobación caiga abruptamente.

Keiko Fujimori le ha dado el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, permitiéndole viajar a México para ser asilada, ¿cree que hay algún interés político detrás de esta decisión del gobierno de Keiko Fujimori?

Sin duda. Fue el fujimorismo el que se opuso a que se le otorgara el salvoconducto, que era un derecho de la señora Betssy Chávez. Es decir, más allá de que nos guste o no, el salvoconducto ya era prácticamente un trámite que el Estado tenía que cumplir, conforme a los compromisos asumidos en instancias internacionales. Simplemente no quisieron otorgarlo, y creo que con eso no solo transgredían una serie de normas, sino que generaban una desavenencia innecesaria con un país como México. Dicho esto, está bien que ahora se haya decidido cumplir con la ley, pero está mal que se haga por cálculo político. Es terrible que, en este país, tengamos que agradecer que se cumpla la norma solo cuando no le resulta inconveniente al poder. Creo que estos cálculos políticos también tienen que ver con la instalación de este gobierno, que busca restablecer relaciones con México —tener malas relaciones con ese país implica costos, incluso económicos—. Pero decidieron cumplir ahora por cálculos que, creo, también buscan debilitar a la oposición y quitarle herramientas de cuestionamiento. Todo eso pesó para que la señora Fujimori decidiera otorgar el salvoconducto, y no lo hizo, en todo caso, porque crea en el respeto a la ley.

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¿Cree que esto le quita a Juntos por el Perú, o a sectores más cercanos a Pedro Castillo, una figura como Betssy Chávez como consigna política para apropiarse de ella?

Creo que lo que están haciendo es dejar sin bandera a la oposición ligada a Pedro Castillo, a todo un sector que ha sido perseguido y que, finalmente, se queda sin ese argumento. Me parece que también pasa por ahí.

¿Ya tiene pensado si le gustaría integrar alguna comisión en específico? 

Sí, definitivamente la comisión en la que quisiera participar de manera activa es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, porque me parece que ahí se van a debatir no solo las leyes más importantes que se están cuestionando —como las procrimen, etcétera—, sino también todo un conjunto de normas que buscan generar impunidad y dejar en el olvido las reivindicaciones de derechos humanos en este país. Creo que uno de los temas centrales a discutir con el fujimorismo es el de la memoria, y eso también se hace desde lo legislativo. Esa es una de mis apuestas.

Había escuchado a la congresista Luque decir que, al momento de hacer el reparto de comisiones, se había acordado que a Ahora Nación no le correspondía dirigir ninguna comisión entre los senadores. ¿Esto se va a quedar así, o van a presentar algún recurso? 

Eso se va a discutir la próxima semana. Creo que los distintos grupos políticos tienen que analizar el reglamento, porque nos quieren dejar sin presidir ninguna comisión alegando que, proporcionalmente, no nos corresponde. Pero el reglamento no establece un número mínimo de integrantes que deba tener una bancada para acceder a la presidencia de una comisión. Lo único que menciona son los principios de pluralidad y proporcionalidad, lo que significa que, en el marco de la democracia, todos deberíamos tener, al menos, una comisión para dirigir.

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¿Cómo va el diálogo con Obras, con Juntos por el Perú y con el Buen Gobierno? La llamada "Coalición por la Democracia". ¿Cómo va el diálogo con estas bancadas? 

El diálogo formal existe. A nivel de líderes hay un acercamiento, sobre todo ahora, para definir qué es lo que a todas estas bancadas les interesa priorizar, y me parece saludable. También, a nivel de parlamentarios —diputados y senadores—, algunos tenemos bastante acercamiento con colegas de estos partidos para conocer cuáles son los temas de fondo que piensan impulsar. En algunos coincidimos, y creo que seguramente nos verán, en más de una oportunidad, presentando proyectos, mociones o iniciativas conjuntas.

¿Todavía no tienen algún borrador de proyecto que vayan a presentar en conjunto? ¿O no se ha discutido la posibilidad de un proyecto conjunto en particular?

Todavía no, en particular.

Este sábado, las fuerzas del orden han confirmado las dinámicas cambiantes del mundo criminal, en Madre de Dios, en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en Ucayali y el Putumayo.

Si bien el hallazgo de los narcolaboratorios en el sector de Miraflores, distrito y provincia de Tahuamanu (Madre de Dios), no parecía ser complejos a gran escala, el hecho de que estuvieran convirtiendo pasta básica en clorhidrato de cocaína indica un nivel de conocimiento y equipo sofisticado.

La ubicación también es digna de mención. Tahuamanu es una provincia en la selva nororiental de la región de Madre de Dios. Su capital es la ciudad de Iberia y destaca por su gran riqueza natural, cruzada por la carretera Interoceánica y el río del mismo nombre.

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El descubrimiento de las fuerzas antinarcóticos sugiere que la producción de cocaína, así como la distribución de la misma, se está filtrando por Madre de Dios. Lo que no está claro es quién está controlando el narcotráfico en esta región selvática.

El país ha sido durante mucho tiempo refugio para narcotraficantes colombianos y mexicanos, pero hay indicios de que criminales peruanos y brasileños están tomando un papel más prominente, conforme los últimos reportes antinarcóticos.

La operación helitransportada en Tahuamanu permitió el hallazgo de los laboratorios, pero también la ubicación de 10 pozas de maceración (cubitanque, modelo colombiano) y dos campamentos.

“Encontramos más de siete toneladas de hoja de coca en proceso de maceración, 630 kilos de hojas de coca seca, 3.339 kilos de gasolina, 150 kilos de cal, dos kilos de soda cáustica, 467 kilos de cemento, además de armamento, maquinaria, fumigadora y celulares”, informó el jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro), general PNP Leiby Huamán Daza.

Una red de narcolaboratorios

El incremento de operaciones de las fuerzas armadas y la Policía Nacional en el Vraem, Huallaga y Putumayo ha llevado a las organizaciones mafiosas a ingeniarse nuevas estrategias para evadir los controles cada vez más intensificados, según agentes de inteligencia de la Dirandro.

En lo que va del año, las fuerzas antinarcóticos han destruido más de 366 laboratorios de procesamiento de cocaína, infraestructuras que han revelado sofisticados complejos de producción que van desde los fijos hasta los móviles.

El primero de agosto fue detectado otro laboratorio en el centro poblado Bartolomé Herrera, distrito Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado (Huánuco). Ese mismo día se encontraron otros dos laboratorios y cuatro centros de acopio en el sector Amarillo, distrito José Crespo y Castillo, en la misma provincia mencionada.

Durante este periodo fueron inutilizadas también 25 pistas de aterrizaje clandestinas y decomisados 8,42 millones de kilogramos de insumos químicos fiscalizados, utilizados para la elaboración de drogas.

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“Hasta junio desarticulamos 65 organizaciones criminales e impedimos el tráfico de más de mil millones de dólares o tres mil millones de soles. Las más de 62 toneladas decomisadas en el primer semestre son solo droga procesada, es decir, lista para su comercialización y consumo”, afirmó el general Leiby Huamán.

Pese a las operaciones que se han intensificado, Perú se mantiene como el segundo productor mundial de cocaína, pese a que ha reducido los cultivos de hoja de coca por tercer año consecutivo, según la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas (Devida).

Las autoridades calculan una producción aproximada de unas 400 toneladas anuales de cocaína, aunque algunos expertos, como el exministro del Interior, Rubén Vargas, consideran que alcanzaría las 1.000 toneladas métricas.

El fenómeno del narcotráfico en Colombia ha dejado una profunda huella que hoy día es imitada por organizaciones criminales en el Perú. Anteriormente, los centros de producción de pasta básica de cocaína eran mucho más extensos, ocupando una gran área geográfica.

Según la explicación de un oficial de inteligencia de la Dirandro, antes para los narcotraficantes era importante producir droga en grandes cantidades, ahora le ponen más valor a la calidad del producto.

Además, los avances de inteligencia con la ayuda de la tecnología y la inteligencia artificial obligan a los narcotraficantes a diseñar laboratorios más pequeños, que llamen menos la atención y sean más difíciles de detectar.

Hoy las organizaciones criminales no tienen laboratorios propios como los carteles de droga de los años 90 y en la primera década del 2000. En la actualidad construyen estructuras contratando especialistas, reúnen una gran cantidad de PBC que convierten en clorhidrato y luego desmantelan el laboratorio para trasladarlo a otro lugar.

Se trata de laboratorios de producción de cocaína itinerantes. Son estructuras hechas de madera y plástico utilizadas por cortos periodos de tiempo.

Las 'caletas' en ambulancia, botes y autos

El estilo operativo colombiano basado en el uso de 'caletas' de alta ingeniería, la instalación de laboratorios móviles en selvas densas, y la adopción del perfil de los llamados 'narcos invisibles', constituye la franquicia criminal más copiada en el país.

El último tres de agosto fue intervenido el vehículo AVG-442 en el distrito de Pichanaki, en Chanchamayo, Junín. Ocultos en la parte posterior del tablero llevaba 44 paquetes con cocaína.

Pero uno de los hallazgos más sorprendentes ocurrió en la comunidad nativa Potsoteni, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín, donde fue intervenida una embarcación fluvial (peque peque) que escondía 210 ladrillos de cocaína. La mafia que embarcó esta ilícita mercancía perdió más de S/1.000.000.

Otro caso ocurrió este 9 de agosto en el distrito ayacuchano de Andrés Avelino Cáceres donde fue intervenida la ambulancia EQE-944, perteneciente al hospital de Kimbiri, con un cargamento de cocaína. Fueron detenidos Rubén Sáenz Vega (38) y Johans León Gutiérrez (40), presuntos integrantes de la banda criminal La Cruz Blanca. La carga de más de 50 ladrillos de cocaína estaba oculta en el compartimento donde iba una paciente.

Los agentes de la Dirandro afirman que las 'caletas' (compartimentos ocultos) han evolucionado de simples dobles fondos a complejas obras de ingeniería mecánica, electrónica y naval. Las organizaciones criminales modifican constantemente autos y embarcaciones para burlar los rigurosos controles de la Policía.

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El transporte por carreteras y por la vía fluvial cuenta con más de 120 modalidades de ocultamiento, indicaron las fuentes antinarcóticos.

Se han rastreado casi 130 pistas de aterrizaje ilegales

De acuerdo con la Dirandro, el Gobierno Regional de Ucayali, la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente y la plataforma Open Street Map, la región Ucayali es una de las zonas clave para los narcotraficantes, principalmente por las múltiples pistas clandestinas y su cercanía con la frontera con Brasil.

Los bosques de esa región, así como de Loreto, Huánuco, Madre de Dios, Pasco y Cusco, próximas al curso de los ríos, de trochas o vías e incluso en medio de territorios protegidos, son usados para la habilitación de pistas.

Según las autoridades, se han rastreado casi 130 pistas de aterrizaje ilegales en esas seis regiones. De ellas, 76 fueron confirmadas tras realizar entrevistas con líderes indígenas, comuneros y fiscales. De este grupo, 45 están en Ucayali y se habilitaron para servir al narcotráfico.

DATOS

Incautación. Este año la PNP decomisó 377 bienes vinculados al tráfico ilícito de drogas, entre ellos seis inmuebles, 248 vehículos, terrestres, acuáticos y aéreos, más de S/3.000.000 en efectivo y 123 armas de fuego.

Vraem. En julio, las fuerzas del orden abatieron a Jhonny Curo Rojas, “camarada Richard”, mando militar del “Militarizado Partido Comunista del Perú” (MPCP), remanente narcoterrorista senderista.

“Ojalá no se hubiera planteado la medida. (¿No se hubiera planteado el aumento para usted?). No. El salario mínimo sí necesita algunas revisiones, pero más en el sentido de tener actualizaciones predecibles, digamos de revisiones cada dos años, orientada siempre a mejoras de productividad laboral, a inflación”, declaró y explicó que el aumento salarial puede generar más barreras para la formalización.

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Además, resaltó que no se puede usar el salario mínimo como una “herramienta política”. “Cada vez que necesito un golpe de popularidad, no puedo subir el sueldo”, dijo.

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Gasto fiscal

En otro momento, Macera se refirió al gasto fiscal. Respaldó que el Poder Ejecutivo anuncie que planteará demandas de inconstitucionalidad contras las leyes sobre gratificaciones CAS y CAFAE.

“Desde el año pasado, hemos levantado la voz varias veces advirtiendo sobre los costos que tiene alguna de las normas que estaba pasando el Congreso al amparo de la interpretación que había hecho el Tribunal Constitucional respecto a que el Congreso aparentemente sí tenía iniciativa de gasto”, indicó.

Sobre la ley que aumentó a S/ 3 500 la pensión a maestros jubilados, Macera consideró que ello crea inequidad respecto a lo que recibirán los profesionales de otras áreas.

“Una enfermera o un fiscal que estuvo en la que estuvo en la ONP, va a estar ganando 600. O sea, ahí la inequidad es clarísima, estás dando cinco o seis veces de diferencia en la remuneración sin algo que lo justifique”, anotó.

Aumento del sueldo mínimo será gradual

Días antes, el ministro de Economía, Elmer Cuba, informó que el incremento de sueldo se realizaría en dos armadas. La primera constaría de S/100 y la segunda, de S/70.

Sustentó que la decisión del Ejecutivo se debió a que mejore el poder de compra de las personas que ganan el mínimo y que el aumento gradual tiene por fin que “el impacto no pueda tener efectos en la inflación ni en los costos de estas empresas pequeñas”.

También, comentó que se apoyará a las pequeñas empresas: “Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”.

"Patricia Benavides fue acusada de coordinar con congresistas de Fuerza Popular para blindar investigaciones a cambio de favores políticos. Hoy aplica una ley de amnistía que libera a militares procesados por graves violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas. Esto no es casualidad: es la consolidación de un pacto antiderechos que atenta gravemente contra el acceso a la justicia de las víctimas y sienta un precedente peligroso de impunidad", indicó la senadora en su cuenta de X.

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Las críticas de Vásquez se producen poco después de que Benavides se reuniera con la presidenta Keiko Fujimori y sus ministros César Astudillo (Interior), Ernesto Álvarez (Justicia) y Rafael Belaunde (Defensa). En el encuentro también participaron el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, y el vicepresidente y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

"Lo más importante es que todos podamos escucharnos. Y aquí quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión. Para eso es fundamental articular entre todas las instituciones", fueron las palabras de Fujimori durante la reunión.

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"Todos sabemos que no es ni será una tarea fácil. Pero quiero decirle al pueblo peruano que estamos poniendo toda nuestra dedicación y que hemos colocado como prioridad número una el trabajo de estrategia e inteligencia para que las medidas que implementemos no respondan solo a la coyuntura, sino que sean parte de una solución firme y duradera", indicó.

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La presidenta también expresó sus condolencias a los familiares de Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui, cambista que fue asesinado cerca del Barrio Chino tras ser asaltado por delincuentes. Además, aseguró que se recompensará cada acción contra la delincuencia.

"Quiero enviarles un mensaje a todos ustedes. Cada acción contra la delincuencia será reconocida, cada operación contra las bandas criminales será respaldada, cada golpe que den a estos delincuentes tendrá toda la protección del Estado. A los criminales les caerá todo el peso de la ley. Y a los policías los protegeremos con todas las armas que nos otorguen la ley y la Constitución. No habrá un policía más en abandono".

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Desde el sábado se vienen realizando operaciones coordinadas. La articulación entre el Ejército, FAP, Marina de Guerra, la PNP y el Ministerio Público no solo busca capturar a hampones sino golpear el foco financiero y logístico de las bandas criminales. Habrá una persecución de las rentas ilícitas y redes de apoyo de estas mafias para debilitar su capacidad de intimidación.

El ministro del Interior, César Astudillo, supervisó este viernes un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas como parte del inicio del Plan Escudo, que busca también reforzar la seguridad en paraderos de transporte público para contrarrestar los ataques extorsivos contra este sector.

Habrá una suerte de inteligencia financiera, es decir, un seguimiento de rutas de dinero y redes logísticas ilegales para desmantelar las estructuras de extorsión digital y carcelaria.

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El despliegue de herramientas técnicas de localización y patrullajes en zonas urbanas y rurales críticas irá de la mano con un trabajo de contrainteligencia de depuración institucional para evitar la filtración de información reservada de operativos a grupos al margen de la ley

El titular del Mininter precisó que esta estrategia articula un trabajo coordinado con presencia policial y militar, con el objetivo de brindar protección a los transportistas, a sus patios de maniobras y a la ciudadanía en general que utiliza este servicio para movilizarse por la ciudad.

"Se ha puesto en ejecución el Plan Escudo, que lo conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dentro de sus sectores de responsabilidad que ordena la Constitución. Acá hay cerca de 14 patios de maniobra, en todos van a ver presencia policial y del Ejército. Eso es lo que estamos haciendo, ya hemos tomado las acciones pertinentes", remarcó en Villa María del Triunfo.

Asimismo, el representante del Poder Ejecutivo confirmó que este plan contempla una labor integrada con acciones de inteligencia de manera permanente, a fin de unir esfuerzos para contar con información oportuna para prevenir posibles amenazas y atentados contra los buses y las empresas de transporte público.

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"A esto se suma un trabajo totalmente integrado de inteligencia. La inteligencia policial y la inteligencia de las Fuerzas Armadas actuarán permanentemente. Eso es lo que nos da la seguridad y la certeza de los movimientos que se vienen haciendo para anticiparnos a la delincuencia", señaló.

El ministro César Astudillo, junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Castillo, visitó diversos patios de maniobras de empresas de transporte público de Lima Sur para verificar la ejecución del Plan Escudo, como parte de la nueva estrategia dispuesta desde el sector Interior para combatir a la criminalidad.

 "Estamos ejecutando un amplio despliegue de Inteligencia, lo que nos permitirá continuar capturando a los responsables de estos delitos y reforzar la seguridad", precisó el ministro Astudillo.

Los nueve registros corresponden a seis personas. César Muriche Astorayme quien ingresó al Despacho en dos ocasiones: de 12:10 p.m. a 1:07 p.m. y luego de 2:35 a 5:42 de la tarde. Marissa Palomino Bonilla también figura dos veces, de 8:14 de la mañana hasta las 1:41 de la tarde; volvió a ingresar desde las 2:35 hasta las 5:41 de la tarde. Por su parte Edwin Lévano Gamarra ingresó a las 9:12 de la mañana hasta las 12:48 del día. Reingresó desde la 1:36 hasta las 5:41 de la tarde. Tras estos “encuentros” con Fujimori, Muriche, Palomino y Lévano fueron contratados en puestos dentro del Despacho Presidencial.

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Completan la lista Edgardo Mosqueira Medina (10:21 a 11:43 de la mañana), Jennifer Contreras Álvarez (10:11 de la mañana hasta las 12:25 de la tarde)y Shirley Montenegro Flores (9:21 de la mañana hasta las 6:02 de la tarde). Todos, según el sistema, se reunieron con la presidenta.

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La agenda oficial de Presidencia muestra algo distinto. Ese viernes, Keiko Fujimori salió del Grupo Aéreo N.º 8 del Callao a las 8:35 de la mañana rumbo a Junín. Llegó al aeropuerto Francisco Carlé de Jauja a las 9:05 y, media hora después, arribó en helicóptero al distrito de Chongos Bajo. Ahí se quedó hasta las 3:00 de la tarde: recorrió el albergue de Chupuro, visitó el almacén del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y llegó hasta Pumpunya, una de las zonas más golpeadas por el sismo del 18 de julio.

Fujimori inició el regreso a Lima a las 4:03 de la tarde desde Jauja y aterrizó en el Callao a las 4:43. Es decir, durante todo el tiempo en que el sistema de Presidencia registra reuniones con ella, la mandataria estaba, según su propia agenda, a varias horas de viaje de Palacio de Gobierno.

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La agenda y las transmisiones en vivo contradicen los registros de visitas al Despacho Presidencial

La cuenta oficial de Facebook de Presidencia del Perú transmitió en vivo buena parte de la jornada en Junín. A las 9:57 de la mañana, un video mostraba a la mandataria llegando a Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, para supervisar el envío de ayuda humanitaria. A las 10:24, otra transmisión la ubicaba dentro del albergue temporal de Chupuro, conversando con una familia damnificada. Minutos después, a las 10:43, seguía en el mismo lugar, rodeada de vecinos que se acercaban a grabarla con sus celulares.

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Las transmisiones siguieron durante toda la mañana y la tarde. A las 11:55, Presidencia difundió un video de la mandataria en el local comunal de Chongos Bajo, en una reunión con autoridades regionales y distritales para coordinar la respuesta a la emergencia. A las 12:20, otro video la mostraba recorriendo el almacén del Indeci en la misma zona. 

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Y pasada la 1 de la tarde, un último registro en vivo la ubicaba en el albergue Cinco Esquinas, todavía en Chupuro. Ninguna de estas transmisiones muestra a la presidenta en Lima ni cerca de Palacio de Gobierno.

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El registro de visitas del Despacho Presidencial no distingue entre una reunión presencial con la mandataria y una gestión atendida por otro funcionario en su nombre. El sistema solo anota "Fujimori Higuchi Keiko Sofía" como la persona con la que se reunió cada visitante, sin precisar si alguien más lo hizo en su representación. Eso deja la duda sobre quién estuvo realmente detrás de esas ocho reuniones.

La República pidió los descargos correspondientes al área de prensa del Despacho Presidencial. Asimismo, se intentó establecer comunicación por canales de mensajería. Al cierre de esta nota, no tuvimos respuestas.

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Al menos tres personas fueron contratadas en el Despacho Presidencial tras su visita

César Muriche Astorayme ingresó dos veces a Palacio de Gobierno ese 31 de julio, según el registro de visitas. Cinco días después, el 5 de agosto de 2026, asumió como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.

El nombramiento llegó apenas una semana después de las reuniones registradas a su nombre con Keiko Fujimori y ha sido cuestionado por no cumplir con los requisitos de dicho puesto. Muriche formó parte del equipo de transferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros liderado por Marco Antonio Vinelli.

Marissa Palomino Bonilla también aparece dos veces en el registro del 31 de julio, y en uno de los ingresos permaneció más de cinco horas. El 1 de agosto, el Diario Oficial El Peruano publicó la resolución que la nombró Secretaria General del Despacho Presidencial.

Edwin Lévano Gamarra figura en el registro con dos ingresos ese mismo viernes. El 1 de agosto, fue nombrado secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial. Como en los casos anteriores, el nombramiento llegó justo después de su paso en Palacio de Gobierno.

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Exministros de Dina Boluarte y Alberto Fujimori también figuran en la lista

Jennifer Contreras Álvarez ya tiene trayectoria en el Estado. Fue ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en 2023 durante el gobierno de Dina Boluarte. Antes fue directora general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Midagri, y consultora del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Empresa Nacional de Puertos.

Edgardo Mosqueira Medina ingresó a Palacio de Gobierno entre las 10:21 y las 11:43 de la mañana, según el registro. Fue ministro de la Presidencia en la última etapa del segundo gobierno de Alberto Fujimori, entre 1995 y 2000. Su nombre estuvo entre los tres perfiles que Keiko Fujimori evaluó para primer ministro tras ganar la segunda vuelta, junto a Luis Galarreta y Luis Carranza.

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Shirley Montenegro Flores tuvo el ingreso más largo del día: casi nueve horas dentro de Palacio, de 9:21 de la mañana a 6:02 de la tarde. Su nombre no es nuevo en el entorno de Keiko Fujimori. En 2019, el extesorero de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, declaró ante fiscales que la llevó a la casa de Ana Herz de Vega, colaboradora cercana de la lideresa fujimorista, en busca de documentos incriminatorios.

Según el testimonio de otra colaboradora presente, en esa vivienda se quemaron talonarios de una rifa de 2010 que, según la hipótesis del Equipo Especial Lava Jato, estarían ligados al ingreso de dos millones de soles de Odebrecht a la campaña presidencial de 2011.

Montenegro admitió ante los fiscales haber estado en esa casa ese día, pero se reservó su derecho a explicar el motivo, amparada en el secreto profesional. Pese a esta investigación, en septiembre de 2024 fue nombrada jefa del Departamento de Comisiones del Congreso. También formó parte del equipo de transferencia de la PCM este año.

"En la vía ordinaria, la comisión de Diputados tiene hasta 60 días hábiles para dictaminar; el dictamen se publica durante siete días calendario, luego se debate y vota en el Pleno y recién entonces pasa al Senado, cuya comisión dispone de hasta 90 días hábiles, más otros siete días de publicación, debate y votación. Al final, el presidente de la República cuenta con 15 días para promulgar u observar la ley. Sumando solo los plazos establecidos, el proceso podría llegar a durar unos nueve meses", detalló.

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Sin embargo, la vía ordinaria no es el único camino que puede seguir un proyecto de ley hasta su promulgación. Algunas iniciativas pueden ser calificadas como urgentes. Además, el Congreso puede exonerarlas del trámite en comisiones. Según Gonzáles, ambos mecanismos permiten acelerar el procedimiento.

"En la vía de urgencia, esos mismos plazos se reemplazan por otros mucho más breves: 15 días hábiles improrrogables en Diputados y siete en el Senado, con un solo día de publicación del dictamen en cada cámara. Es decir, un proyecto urgente puede pasar por ambas cámaras en poco más de un mes. En la vía exonerada, que es la más rápida y en la que casi no se delibera, la Junta de Portavoces de Diputados puede liberar al proyecto del envío a comisiones, del dictamen y de su publicación con el voto favorable de tres quintos de sus miembros, de modo que se vota el mismo día en que ingresa al Pleno y luego pasa al Senado para un procedimiento similar. Así, una ley puede quedar publicada en 48 o 72 horas", explicó.

La vía de exoneración es el mismo mecanismo que utilizaba el anterior Congreso unicameral para aprobar leyes de un día para otro. No obstante, estas exoneraciones están prohibidas en el caso de reformas constitucionales, leyes orgánicas, reglamentos parlamentarios y proyectos de materia tributaria o presupuestal.

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Ahora bien, aunque el reglamento fija plazos para que las comisiones elaboren sus dictámenes, no establece un límite para que los plenos de las cámaras de Diputados y del Senado debatan y voten un proyecto. Esto significa que una iniciativa puede permanecer semanas, meses o incluso años a la espera de ser incluida en la agenda. Además, si el presidente observa la ley, el proyecto regresa al Congreso y debe iniciar una nueva etapa de revisión entre ambas cámaras, lo que prolonga aún más el proceso. En la práctica, el tiempo máximo de tramitación puede resultar indefinido.

"Un proyecto puede quedarse sin ser agendado hasta que termine el periodo parlamentario, como ha ocurrido con otras iniciativas en el Congreso unicameral", señaló Gonzáles.

Actores clave para agendar los proyectos a debatir

Los plazos establecidos para que las comisiones analicen y dictaminen un proyecto no garantizan que este llegue rápidamente al Pleno. Una vez aprobado el dictamen, la iniciativa puede quedar a la espera de ser incluida en la agenda de debate. ¿Quién decide, entonces, qué proyectos se debaten y cuándo? Gonzáles responde.

"El reglamento reparte la decisión en las dos cámaras. La Presidencia de la cámara propone la agenda de las sesiones del Pleno, pero es la Junta de Portavoces la que la aprueba, con la exigencia de ponerla en conocimiento de los parlamentarios veinticuatro horas antes. Un dictamen aprobado por unanimidad en comisión puede quedarse indefinidamente fuera de esa lista sin que exista norma que obligue a incorporarlo, ya que el reglamento fija plazos para dictaminar, nada más. De modo que un proyecto puede estar técnicamente listo durante meses y no verse en el Pleno".

Hay tres casos en los que un proyecto puede tener un tratamiento distinto. Como ya se mencionó, los proyectos del Ejecutivo declarados urgentes tienen prioridad para ser debatidos; los proyectos incluidos en la agenda legislativa anual también reciben prioridad en el Congreso; y, si el Senado no revisa un proyecto aprobado por Diputados dentro del plazo establecido, este puede continuar su trámite hacia el Ejecutivo sin necesidad de esperar una nueva decisión de la Cámara Alta.

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Como explica Gonzáles, la Junta de Portavoces aprueba la agenda de cada sesión, fija el tiempo y las formalidades del debate, determina qué proyectos se tramitan por la vía de urgencia, exonera del dictamen y del plazo de publicación con el voto de tres quintos de sus miembros representados, y aprueba la ampliación de la agenda y las prioridades del debate con la mayoría del número legal de sus integrantes.

La Junta de Portavoces es, en la práctica, el órgano que puede hacer que un proyecto se convierta en ley en 48 horas o que quede pendiente durante meses o incluso años. Todo ello se decide en sesiones que no son públicas.

Por su parte, la constitucionalista explica que la Mesa Directiva determina el turno o la oportunidad del debate dentro de cada sesión, salvo que la Junta de Portavoces haya establecido prioridades. Esto permite que un tema, pese a figurar en la agenda, sea postergado y no llegue a debatirse, ya que la sesión puede levantarse antes de que se aborde.

Proyectos se alistan en la Cámara de Diputados

Hasta el momento, el nuevo Congreso ha presentado seis proyectos de ley. Estas iniciativas permanecen a la espera de que se instalen las comisiones legislativas para ser derivadas a los grupos de trabajo correspondientes.

El primer proyecto fue presentado por la diputada Indira Huilca (Ahora Nación). La iniciativa plantea modificar el Reglamento del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados para establecer el trabajo presencial como regla general y limitar la virtualidad a casos excepcionales.

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La derogación del paquete legislativo conocido como las “leyes procrimen” —cuestionadas por su presunto impacto negativo en la lucha contra la delincuencia organizada— también figura entre las primeras propuestas. Dos proyectos presentados por el diputado César Holguín (Ahora Nación) buscan dejar sin efecto estas normas. El primero propone derogar diez de ellas; el segundo plantea específicamente la derogación de la Ley 32735, que permite que policías y militares sean procesados fuera de la jurisdicción penal ordinaria.

Asimismo, la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) anunció que presentará un proyecto con el mismo objetivo. Si bien la iniciativa aún no ha sido ingresada oficialmente ni publicada en el repositorio de proyectos legislativos del Congreso, mantiene el mismo espíritu que las propuestas anteriores.

De los seis proyectos de ley presentados hasta la fecha, cinco corresponden a la bancada de Ahora Nación. La iniciativa restante proviene del Partido Cívico Obras. El proyecto, presentado por el diputado Víctor Piñán, responde a la coyuntura reciente, luego de que más de 60 alcaldes —entre ellos el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga— eludieran las restricciones a la reelección mediante renuncias a sus candidaturas para permitir la postulación de sus respectivos reemplazantes.

El general Astudillo es reconocido por acciones emprendidas en la guerra del Cenepa, el rescate de los rehenes de la residencia japonesa y operaciones contraterroristas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y por haber ejercido como comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Sin embargo, el sector del Ministerio del Interior es completamente diferente.

Según la teoría fujimorista, la presencia de un militar de alta graduación en el despacho del Ministerio del Interior es disuasivo.

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Más militares que civiles

En esa línea de pensamiento, el general César Astudillo ha iniciado rápidamente el copamiento de las principales oficinas del sector Interior con generales y coroneles con los que alguna vez ha trabajado durante su prolongada carrera militar.

Como se verá adelante, por los cargos en los que ha nombrado a oficiales de extrema confianza, Astudillo busca el control total del despacho con la anuencia de la jefa de Estado, para quien, pese a las evidencias de lo contrario, los militares terminarán con el crimen en las calles y restablecerán la tranquilidad en las calles.

Entre los primeros que ha nombrado el general Astudillo se cuenta el coronel EP en retiro Luis Flores Alván, quien asumió como jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), uno de los componentes más importantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA).

La DIGIMIN cuenta con equipos de seguimiento, observación y vigilancia, y uno de sus aparatos más activos es la División de Búsqueda de Personas (DIVBUS), cuyos integrantes en algunas ocasiones han sido sorprendidos espionando a políticos, empresarios y periodistas. Los agentes de la DIVBUS son los que capturan información sobre objetivos de alto valor, como prófugos de la justicia y cabecillas de bandas criminales que amenazan la seguridad del Estado.

El coronel EP Luis Flores Alván es un viejo conocido del general César Astudillo. Pasó al retiro el 8 de noviembre de 2022, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. De 57 años, natural de Tarapoto, San Martín, fue señalado por colaboradores eficaces como “los ojos y oídos” de Astudillo en la investigación por el robo de combustible, cuando ejerció como comandante general del Ejército y Flores se desempeñaba como jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, en el 2018.

Según el testimonio de los colaboradores eficaces, el coronel Flores, a pedido del general Astudillo se encargó evitar que el caso del robo de combustible sea conocido y difundido a la prensa. Astudillo afirma que la investigación en su contra fue archivada.

Como secretario general del Ministerio del Interior, Astudillo nombró al general EP en retiro Carlos Díaz Dañino. Es una posición de suma importancia, como se verá.

El general Carlos Díaz fue destituido como ministro de Defensa por el expresidente José María Balcázar, por haber ordenado la firma de contrato para la compra de aviones de combate F-16 Block 70, desobedeciendo al exmandatario que anunció que lo haría el próximo gobierno.

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Poder para el entorno castrense

Carlos Díaz Dañino, de 56 años, limeño de nacimiento, se hizo cargo de la secretaría general del Ministerio del Interior en el 2025, durante la polémica gestión del exministro Juan Santiváñez Antúnez.

Ahora Díaz ha retornado como secretario general del Ministerio del Interior, tendrá autoridad sobre la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF), responsable de cuestionadas adquisiciones de chalecos antibalas, pistolas de puño, fusiles, rochabuses y un avión de transporte Antonov, entre otro equipamiento para la Policía Nacional.

Recientemente, la OGAF contrató con la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), mediante una operación comercial de intermediación para evitar la licitación y contratar a las empresas Industrias de Armas de Israel (IAI), que vendió fusiles de asalto Arad 5 y pistolas de puño Jericho. Con los generales Astudillo y Díaz es muy probablemente que este mecanismo opaco continué, con la anuencia de Keiko Fujimori, por supuesto.

También es trascendente el nombramiento del coronel EP en retiro César Quino Celi, designado como titular de la Dirección General de Gobierno Interior, entre cuyas misiones se encuentra la designación de los prefectos y subprefectos en todo el país.

El hermano de la expresidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte Zegarra, fue señalado por colaboradores eficaces de haber influido en el nombramiento de prefectos y subprefectos, para ejercer el poder en el interior del país. El caso es conocido como “Los Waykis en la sombra”.

No se descarta que desde la Dirección General de Gobierno Interior se nombre a prefectos y subprefectos que pertenecieron a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército, para garantizar lealtad al régimen fujimorista.

No es menor la importancia de la designación del coronel EP en retiro Jorge Bustamante Albújar como director de la Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior.

En 2020, Bustamante fue jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa, en la gestión del general EP en retiro Walter Martos Ruíz, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. Y en 2026, actuó como viceministro de Políticas para la Defensa, en el ministerio del mismo nombre, durante el mandato del exjefe de Estado, José María Balcázar.

Como director de la Oficina de Infraestructura, Bustamante conducirá, formulará y supervisará los proyectos de inversión y la ejecución de obras para el Ministerio Interior como complejos y comisarías para la Policía Nacional.

Para el cargo de jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio del Interior, César Astudillo nombró al general EP en retiro Jaime Malpica Lozada, otro oficial de su confianza.

El general Malpica cumplirá funciones en una coyuntura muy particular: preparar las respuestas a las emergencias y desastres naturales en coordinación con la Policía Nacional, justo en pleno desarrollo del fenómeno El Niño.

No se descarta que en los próximos nombramientos el general César Astudillo vuelva a recurrir a excolegas del Ejército para asegurar el control del Ministerio del Interior.

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Jefe de la DINI también es general del Ejército en retiro

El cuatro de diciembre de 2022 fue designado como titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el general EP en retiro Wilson Barrantes Mendoza. Fue el último del régimen del expresidente Pedro Castillo.

Lo reemplazó a los pocos días, el coronel EP en retiro Juan Carlos Liendo, por decisión de la exjefa de Estado Dina Boluarte.

Pero muy pronto, el cinco de enero de 2023, Liendo fue sustituido por el general PNP en retiro Roger Arista Perea.

Con el nombramiento del general EP en retiro Hugo Cornejo Valdivia, el Ejército ha recuperado el mandato de la DINI. En 2020-2021, Cornejo ocupó la misma posición. Regresó al puesto entre otras razones por su amistad con la familia de la presidenta Keiko Fujimori. Fue el edecán de su padre Alberto Fujimori.

Así es.

¿Qué sintió usted cuando vio a la presidenta Fujimori firmando este acuerdo con la compañía Coca-Cola, que precisamente fabrica este tipo de bebidas?

Preocupación, malestar, porque obviamente este tipo de simbolismos se tienen que cuidar y calcular muy bien. Me hubiera encantado verla con los productores de granos andinos, con los muchos fabricantes que están esforzándose por aprovechar nuestros recursos para la alimentación saludable. Obviamente, el estar en este tipo de inauguraciones, lanzamientos, convenios, con empresas que simbolizan el azúcar, y que a nivel internacional han causado un tremendo daño por la diabetes a la que han inducido a millones de personas, no es una buena señal. Y esto lamentablemente no solo se ha dado en Perú. Frecuentemente, estas y otras empresas siempre tratan de tener a los presidentes al lado, como dándoles un respaldo político. Y el presidente o la presidenta representa a la nación, representa al Estado y a las políticas públicas. Y tenemos una política pública clara en materia de la protección de la salud de la gente. Y una de las políticas obviamente es enfrentar los problemas del sobrepeso y obesidad, causados precisamente por la diabetes. Entonces, ese tipo de imágenes no ayudan mucho a trasladar a la sociedad el mensaje por la alimentación saludable.

Le hablaba al inicio de la ley de octógonos, de la que usted fue autor. Refrésqueme la memoria. ¿Cuál fue la actitud del fujimorismo frente a esta iniciativa?

Bueno, en realidad la ley, cuando se discutió, que fue el año 2012-2013, fue aprobada con relativa facilidad. En ese periodo, la composición del Congreso entendió claramente la necesidad de su aprobación. El problema no fue tanto por la aprobación de la ley, el problema fue después del 2016.

¿Qué pasó?

Después del 2016, cuando ya cambió el gobierno, ahí se vino una andanada de iniciativas para dejar sin efecto la ley de alimentación saludable. Yo particularmente ya no estaba en el Congreso, y me sentí muy frustrado al ver cómo hubo toda una campaña de un sector fuerte de la industria, oponiéndose a los octógonos.

¿Y la industria conversaba con algunos grupos políticos?

Seguramente. El presidente del Congreso en algún momento fue el señor (Pedro) Olaechea, que fue presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces, imagínese. Fue muy difícil ese periodo. Yo recuerdo que incluso, en una oportunidad, invitado por la vicepresidenta de la Comisión de Defensa y Consumidor, el suscrito y un representante de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), fuimos al Congreso, para expresar nuestro punto de vista sobre por qué no debían modificarse los octógonos. Y fuimos expulsados de la reunión, virtualmente botados, a la mala y con mucha malcriadez, porque no querían escuchar la versión de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud.

Ese fue el Congreso de los 73 legisladores fujimoristas, de su aplanadora parlamentaria.

Sí. Y ahí están todas las evidencias. Tú googleas y allí aparece: Comisión de Defensa del Consumidor expulsa a Jaime Delgado y al representante de la OPS. Eso fue muy duro. Ahora, lo curioso es que en la ley de alimentación saludable que nosotros aprobamos no aparecían los octógonos, aparecía el concepto. El concepto era el etiquetado frontal. Es decir, cuando un producto contenía altos niveles de azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas trans, debía tener una advertencia que dijera: alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. La ley todavía no podía hablar sobre los octógonos, porque no teníamos idea de ellos. Esas figuras surgieron después, con el reglamento.

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Ahora Nación, sumando diputados y senadores, es el grupo más pequeño del Congreso. ¿Siente que esa va a ser una desventaja para el trabajo que tienen por delante?

Bueno, uno trabaja con lo que tiene. Uno no puede cambiar esa realidad. Nos hubiera gustado ser gobierno. Pero bueno, es una bancada sólida, cohesionada. Y es una bancada además integrada por gente que se ha ganado su puesto cada uno. A diferencia de algunos grupos que por el arrastre han entrado con 1.000 o 1.500 votos. Además, estamos cohesionados en una idea básica, central, que es la defensa de los derechos humanos, la defensa del ciudadano, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la división de poderes.

Siendo un grupo chico, esta semana se las han arreglado para ser bastante notorios. La diputada Indira Huilca ha llamado mucho la atención con su iniciativa para que las sesiones en este nuevo Congreso sean presenciales. ¿Tú estás de acuerdo?

Totalmente. Solo puede haber determinadas excepciones. Tal vez para alguien que esté enfermo, pero las sesiones deben ser presenciales. Yo vengo de un periodo donde el debate era intenso, pero enriquecedor. Y además tú ves las caras. Incluso si alguien pretende votar por una consigna, tú puedes demostrarle con argumentos que lo que se pretende hacer es una arbitrariedad. Pero en la virtualidad no pasa nada de eso.

Usted lo tiene claro, pero el presidente del Congreso, el señor Torres, ha dicho que no es tan necesario, que la virtualidad ayuda mucho, que lo que importa son las cosas concretas que consigue cada congresista.

Yo defiendo la presencialidad. Yo creo que, además, para el público es muy enriquecedora. Yo recuerdo de niño, en la secundaria, en mis primeros años de universidad, ver los debates en el Senado. Cada día era aleccionador. Yo quiero volver a eso.

La bancada de Ahora Nación también ha pedido esta semana al canciller Espá que acuda al Senado para explicar en qué consiste la adhesión del Perú al Escudo de las Américas que promueve el presidente Trump. ¿Qué es exactamente lo que les preocupa?

Lo que nos preocupa es qué es lo que se pretende, cuál es el alcance. Si quieren, si este Escudo de las Américas es un club de amigos, no hay problema. Son amigos que son presidentes, afines, está bien. Pero cuando comprometen al Estado, el Congreso no va a estar de adorno, no es un florero. Es el Congreso el que tiene que aprobar cualquier tratado, si se trata de eso. Porque, además, cuando hay acuerdos de esa naturaleza y estableces bloques regionales, como Mercosur o como el Grupo Andino o la Alianza del Pacífico, ahí tú puedes supervisar, tú puedes intervenir, tú puedes tener un nivel de participación con reglas claras. Y yo siento que este Escudo de las Américas nos genera un problema, un ruido.

¿Por qué?

Porque lo veo muy ideologizado y eso es un problema, ya como estrategia para el país. Porque primero se dice que es en defensa frente a otras potencias que pueden tener injerencia. ¿Y de quién estamos hablando? ¿De China? ¿De Rusia? O sea, cuando tienes ese sesgo, tu política comercial se puede ver muy afectada.

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En su trabajo individual, ¿cuáles son los temas que priorizará?

Yo he prometido ser el senador de los consumidores.

La experiencia que todos conocemos.

Sí, y cuando hablo de consumidores, es un tema ya muy amplio. A mí me preocupa, por ejemplo, en este momento, el pedido de delegación de facultades respecto de la fusión de organismos que se está planteando. Y hace rato ya viene sonando el tema de la necesidad, la conveniencia de fusionar Osiptel, Osinergmin, todos los organismos reguladores. Y eso va contra los principios y la propia opinión de la OCDE. ¿Por qué? Porque se sacrificaría especialidad y autonomía. Siempre ha existido el riesgo y la pretensión del Ejecutivo de intervenir, de tener injerencia sobre los organismos reguladores. Y la riqueza de los organismos reguladores es su autonomía. Una autonomía que te permite regular en función a evidencia, en función clara de los estudios. Y el fusionarlos en uno solo, para tener una dependencia directa de PCM, además con un manejo presupuestal que no está garantizado, porque los organismos reguladores viven del aporte a la regulación, es preocupante. Y, ojo, el aporte a la regulación lo pagan las empresas, pero no de su bolsillo, no de sus utilidades. Lo pagan con el aporte nuestro. Esa es la garantía de la autonomía.

En el discurso, lo que se va a decir es que se quiere reducir burocracia para que el Estado gaste menos.

Pero lo cierto es que el Estado no gasta un centavo, cero. Los organismos reguladores no gastan nada. Eso lo financiamos los usuarios con nuestros recibos

Un tema que también tiene que ver con su bancada es esta denuncia que se ha presentado contra el diputado Harvey Colchado.

Esa es una persecución política horrible. Lo que pasa es que Colchado tiene una historia de lucha contra la corrupción de altos funcionarios, y obviamente hay gente que se la quiere cobrar. Nosotros nos hemos pronunciado en el sentido de que no se puede iniciar un gobierno e iniciar también una persecución política de esta naturaleza. Pero, bueno, el proceso continuará y su propio abogado (César) Nakasaki ha manifestado que el tema no tiene ni pies ni cabeza.

¿Y usted siente que esto es parte de una campaña más grande? Porque, coincidentemente se está cuestionando a los fiscales Vela, Pérez, incluso a Gustavo Gorriti.

Sí, es algo mucho más grande y esto viene arrastrándose de mucho tiempo atrás. Por eso, desde el Senado, a nosotros nos interesa restablecer una independencia de los poderes, una despolitización, una independencia política de las instituciones tipo Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

"Su nivel de salud lo tendrá que establecer informes médicos que tendrán que ser corroborados porque también es cierto que dentro del ámbito de los penales, existe la figura de la corrupción", indicó Álvarez.

El ministro cuestionó otorgar el indulto a una persona procesada por corrupción tras cumplir cierta edad. El funcionario indicó que dicha opción envía un mensaje negativo al país.

"Si estamos pensando en que una persona que por lo menos se ha apropiado de más de 38 millones de dólares del Perú (...) por cumplir los 80 años ya pide ser liberado para vivir en su casa, entonces le estamos diciendo a los jóvenes que sí es válido, es legítimo robar lo más que se pueda para luego pensar en un indulto".

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El ministro también fue consultado sobre un posible indulto al expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, Álvarez descartó esa posibilidad. Además calificó como un “chantaje” las protestas a favor de la liberación del expresidente.

"(…) Es un chantaje y ahí sí yo no creo que pueda caer [otorgar el indulto], salvo eso sí de que el presidente Castillo tenga una enfermedad o tenga un problema grave".

A raíz de la liberación de Ollanta Humala, el ministro también explicó que en el Perú los procesos pueden durar diez, veinte o hasta treinta años, lo que destruye económicamente a las familias.

Ante esta situación, el titular de Justicia abogó por cambios en las normas y en el Código Procesal Penal, al cual calificó como un sistema que no cumple con el propósito de la justicia y criticó que el modelo actual esté lleno de trámites excesivos.

"La pregunta sintética sería reformas profundas del código procesal penal, que es un código fracasado, es un código que no sirve al propósito de la justicia. Ejemplo: hay más de 40 tipos de audiencia", indicó.

Esta audiencia definirá si se aprueba la medida cautelar impulsada por el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contra los abogados Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic Gonzáles y Cayo Galindo Sandoval.

La denuncia, presentada el 4 de julio y admitida a trámite el 30 de octubre de 2025, se fundamenta en tres hechos que sucedieron en julio del año pasado. En primer lugar, los letrados habrían violado la ley al exigir la reposición de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, pese a que ya existía otra autoridad en funciones. En ese entonces, la exfiscal de la Nación era Delia Espinoza.

En segundo lugar, “por violar el texto expreso de la ley y promover actos propios de un gobierno de facto”. Los denunciados habrían promovido actos propios de un gobierno de facto al solicitar al Comandante General de la Policía Nacional el uso de la fuerza pública. Finalmente, también se les acusa de incumplir el deber ético de transparencia.

Según la acusación, estas conductas vulneraron artículos del Código de Ética, como los referidos a la obediencia a la ley, la probidad y la integridad. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el caso es paradigmático debido a la gravedad de los actos, los cuales incluso generaron el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, señalaron mediante un comunicado que ese tipo de conductas inconstitucionales significan “un serio perjuicio para la legitimidad y confianza de la profesión legal frente a la ciudadanía, así como contra la defensa del sistema legal y democrático que los abogados deberían fortalecer”.

La cita giró en torno a la solicitud de delegación de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará ante el Congreso. La mandataria explicó que la norma busca tres objetivos: medidas urgentes contra la criminalidad, atención a los efectos del fenómeno El Niño y el fortalecimiento de las instituciones del Estado.

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"Lo más importante es que todos podamos escucharnos. Y aquí quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión. Para eso es fundamental articular entre todas las instituciones", afirmó Keiko Fujimori durante la reunión.

La presidenta añadió un mensaje directo al sistema de justicia. "Yo quiero que sepa el sistema de administración de justicia que el gobierno será un aliado para poder ayudarlos, para empoderarlos, para darles los recursos que ellos necesiten", dijo. Precisó que lo central es velar por la seguridad de los ciudadanos, y anunció mesas de diálogo y técnicas para "resolver, agilizar y para que la justicia se vea, se sienta y sea más rápida".

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En sus declaraciones, la mandataria no mencionó ninguna revisión de las leyes procrimen. Tampoco se refirió a una posible modificación del Código Procesal Penal ni a cambios en las leyes que regulan la actuación policial y fiscal frente al crimen organizado, puntos que distintos sectores han pedido revisar.

La jefa de Estado anunció, además, que en los próximos días sostendrá una reunión con la presidenta del Poder Judicial. Precisó que ese encuentro respetará la autonomía e independencia de los poderes del Estado, un punto que remarcó de forma explícita ante los presentes.

Tomás Gálvez tomó la palabra y expuso un diagnóstico sobre la situación actual del Ministerio Público. El fiscal de la nación insistió en la necesidad de fortalecer la institución y de trabajar de forma conjunta con la Policía Nacional frente a la inseguridad. Al cierre, Gálvez agradeció la convocatoria y mostró disposición para impulsar un trabajo coordinado con el Ejecutivo.

Tras el anuncio del presentador del evento —"Vamos a tener las palabras del señor ministro en la cartera de Cultura Alberto Beingolea, a quien vamos a brindarle un fuerte voto de aplausos"—, el funcionario se acercó al estrado en medio de abucheos.

"Soy portador también del saludo de la presidenta de la República, señora Keiko Fujimori, quien acaba de estar hace unos días en las tierras que han sufrido el terremoto", mientras pifiadas resonaban con mayor fuerzas tras mencionar a la mandataria durante su discurso.

A la ceremonia también acudieron el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje; el alcalde provincial, Elio Zevallos Meza; autoridades civiles y militares, oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de los invitados y ciudadanía en general.

Visita presidencial por nuevo sismo en Junín

El 7 de julio, Keiko Fujimori arribó al distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, localidad impactada por un nuevo movimiento telúrico registrado el último jueves.

Un día antes, un sismo de magnitud 5,0 sacudió la provincia y dejó 15 personas afectadas y más de 100 viviendas en estado inhabitable.

Además, se reportó otro sismo el viernes 7 de julio de magnitud 4,4 y el epicentro estuvo en la misma localidad de Chupaca, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus canales oficiales. Este último sería el tercer sismo que sufre la región.

Se recuerda que el 18 de julio se registró el primer movimiento telúrico en Junín, el cual tuvo una magnitud de 5,1, acompañada de una réplica de 3,7 durante la noche, según reportó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Los primeros informes detallaron 6 fallecidos, más de 21 heridos y cerca de 300 damnificados, además de múltiples construcciones colapsadas, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).