-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

La resolución judicial respondió a una demanda que Rospigliosi dirigió contra el propio Poder Judicial. El excongresista alegó una vulneración a su libertad individual y al derecho al juez natural. Pidió que el juzgado declarara fundada su demanda y ordenara dos cosas: la nulidad de la resolución inicial del proceso de querella en su contra, y el reenvío del caso a otro órgano judicial.

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Rospigliosi también solicitó, como pretensión adicional, la nulidad de la sentencia que lo condenó. Esa sentencia salió del Segundo Juzgado Supremo Unipersonal de la Corte Suprema, a cargo de la jueza Norma Beatriz Carbajal Chávez, el 15 de abril de 2026. En ese fallo, el excongresista fue declarado autor del delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada, en perjuicio de Delia Espinoza, fiscal suprema y hoy titular del Ministerio Público.

El argumento central de Rospigliosi giró en torno a una supuesta afectación a sus garantías del debido proceso. Sostuvo que hubo una indebida motivación en las resoluciones judiciales que lo condenaron. También invocó la vulneración de su derecho a la tutela procesal efectiva. Ninguno de esos argumentos, sin embargo, logró convencer al juzgado constitucional.

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Rospigliosi pidió nulidad total del proceso; el juzgado no le dio la razón

El juzgado sustentó su decisión en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Esa norma establece las causales de improcedencia para este tipo de demandas. El juez aplicó también, en sentido contrario, lo dispuesto en el artículo 1 del mismo cuerpo legal para fundamentar el rechazo.

Uno de los puntos que pesó en la decisión fue el estatus procesal de la resolución cuestionada por Rospigliosi. El juzgado señaló que dicha resolución no tiene, todavía, la calidad de firme. Por esa razón, consideró que no correspondía realizar un control de constitucionalidad sobre su motivación ni sobre los fundamentos de la impugnación presentada por el excongresista.

El fallo calificó además como debatible el tema de los privilegios parlamentarios que Rospigliosi puso sobre la mesa en su demanda. El juzgado ordenó notificar la resolución a las partes. Una vez que quede consentida o ejecutoriada, se dispondrá el archivo definitivo del expediente.

La acusación partió de un hecho concreto: Luis Rubio Idrogo, quien encabezaba la lista de Renovación Popular como candidato a alcalde, renunció a su postulación. Con esa salida, López Aliaga quedó como la cabeza visible de la plancha. El escrito sostuvo que ese cambio generó una situación que no estaba prevista al momento de inscribir la candidatura.

El pedido central se apoyó en el artículo 194 de la Constitución. El documento pidió que se examine si la nueva configuración de la lista constituye una incompatibilidad constitucional sobreviniente. También solicitó que se evalúe si existe un abuso del derecho, según el artículo 103 de la Carta Magna, y que, de comprobarse la incompatibilidad, se disponga la exclusión de su candidatura con las garantías del debido proceso.

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La denuncia precisó que no busca impedir la participación política de López Aliaga

El propio documento marcó un límite a su pedido. Ahí se leyó que la denuncia "no pretende impedir que Rafael López Aliaga participe en la vida política ni desconocer sus derechos políticos". Lo que exigió, según su propio texto, fue que la candidatura sea revisada en su configuración actual, después de la renuncia de Rubio Idrogo.

El planteamiento de fondo fue más allá de si López Aliaga puede o no ser regidor. La pregunta que formuló el escrito fue si puede permanecer como primer regidor de una lista cuyo candidato a alcalde renunció, cuando esa posición le permitiría asumir de forma inmediata la Alcaldía Metropolitana en el periodo 2027-2030. Se trata del mismo cargo que ejerció durante la gestión anterior.

El documento pidió, además, que se mantenga la continuidad de los demás integrantes de la lista si la exclusión se concreta. Y planteó un escenario alternativo: si el JEE Lima Centro no considera pertinente excluir a López Aliaga, solicitó que emita un pronunciamiento expreso y motivado sobre los puntos constitucionales que la denuncia expone.

El reclamo más repetido apuntó al ministro del Interior, César Astudillo, por mantener en el cargo al comandante general Óscar Arriola. Diputados de bancadas tan distintas como Obras, Renovación Popular y Ahora Nación coincidieron en pedir su salida. El diputado Víctor Piñán, de Obras, citó el caso de un chofer de transportes asesinado por negarse a pagar cupos extorsivos, y exigió respuestas inmediatas al Ejecutivo.

Otro bloque de críticas se centró en el fenómeno El Niño y en la posible flexibilización laboral que buscaría el Gobierno. La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, advirtió que su bancada no cederá facultades legislativas en materia de trabajo. Congresistas de Juntos por el Perú fueron más allá y responsabilizaron directamente al fujimorismo por la crisis institucional que hoy dicen enfrentar, en referencia a su rol en el Congreso anterior.

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Arriola, el nombre que unió a la oposición y a un aliado

El diputado Víctor Piñán, de Obras, saludó la presencia del premier y del gabinete completo en el hemiciclo, pero pidió respuestas inmediatas frente a las urgencias y las demandas ciudadanas. Piñán relató el caso de Mauro Garrizo Flores, chofer de la empresa de transportes Vipusa, asesinado tras negarse la empresa a pagar cupos a extorsionadores. Citó cifras del SINADEF: más de 100 desde que empezó el gobierno de Keiko Fujimori han sido asesinados.

Piñán cuestionó directamente al ministro del Interior por mantener a Arriola en el cargo. "El pueblo peruano exige resultados, señor ministro del Interior. Sin embargo, usted sigue ratificando al comandante general de la PNP, al señor Arriola, el cual yo lamento", dijo el diputado de Obras.

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La crítica no vino solo de la oposición. Norma Yarrow, diputada de Renovación Popular, aliado del oficialismo, también cuestionó al ministro por mantener a Arriola. "Ministro del Interior, no sé qué hace usted con el general Arriola, un general que ha sido cuestionado y es cuestionado por el mismo grupo de militares y policías. Reflexione usted", señaló Yarrow. Su compañera de bancada, Roxana Rocha, pidió además esclarecer una presunta filtración de información policial y datos personales. "Es inadmisible que la información destinada a combatir el delito favorezca a los criminales. Exigimos sanciones inmediatas", indicó.

Desde Ahora Nación, el diputado Harvey Colchado fue más directo y vinculó el aumento de la criminalidad a dos nombres puntuales. "El incremento del crimen tiene un nombre: comandante general Óscar Arriola, y un padre, el exministro del Interior, Santiváñez Antúnez", afirmó. La senadora Ruth Luque, de la misma bancada, pidió una reforma policial y recordó que el Estado tiene una deuda pendiente con las víctimas del gobierno de Dina Boluarte. "La señora Fujimori habla de reconciliación, pero no ha tenido ni un gesto", dijo Luque.

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Fenómeno de El Niño y flexibilización laboral, los otros focos de crítica

La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, cuestionó que el fujimorismo se presente sin autocrítica ante una crisis de la que, según dijo, es corresponsable. "Sería ingenuo esperar del fujimorismo una autocrítica por su papel en ese desorden del Estado, cuando son directamente responsables del mismo, junto a los gobiernos a los que avaló y a los que respaldó desde el anterior Congreso", señaló.

Huilca calificó de insuficientes las medidas anunciadas frente al fenómeno de El Niño. Indicó que el discurso de Galarreta no mencionó inversiones esenciales, como el Proyecto Integral de la Cuenca del Piura ni los drenajes de Trujillo y Piura. También advirtió sobre las intenciones del Ejecutivo en materia laboral. "Lo único que parece motivar al gobierno es la flexibilización laboral. Pero desde ya les decimos que no cederemos facultades para legislar en materia laboral. No más recorte de derechos a las y los trabajadores", afirmó la diputada de Ahora Nación.

El diputado Leo de Paz Lancho, de Renovación Popular, cuestionó que el plan de obras de drenaje anunciado no incluya a Lima. "El gobierno presenta hoy su plan drena más para provincias como Cusco, pero ¿Villa El Salvador está en ese plan? ¿Cono sur y mis hermanos de los cerros de Lima están en ese plan?", preguntó.

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"Gabinete de reciclados": las críticas más duras vinieron de Juntos por el Perú

Los cuestionamientos más frontales llegaron desde la bancada de Juntos por el Perú. El senador Jaime Quito calificó al equipo ministerial como un "gabinete de reciclados" y lo vinculó con gobiernos anteriores. "Los responsables directos están aquí, son precisamente este gabinete de reciclados que vienen del gobierno de García, Ollanta. Lamentamos que se haya quitado el voto de confianza. No nos traen absolutamente nada", dijo Quito. El senador también responsabilizó a sectores cercanos al Ejecutivo por la salida de Pedro Castillo.

La diputada Svieta Fernández, de la misma bancada, cuestionó el relato de "herencia recibida" que usó el premier en su discurso. "El gobierno nos dice que recibió un país en total desorden. La pregunta es: ¿de quién lo recibió? Porque quienes hoy gobiernan formaron parte del pacto político que sostuvo los últimos gobiernos y convivió con el deterioro de nuestras instituciones", señaló Fernández. Su compañera de bancada, Graciela Chicana, fue tajante: "Estamos frente a un gobierno que no le interesan los derechos humanos, y no le va a interesar atender el fenómeno El Niño ni la inseguridad ciudadana", afirmó.

Desde el Partido del Buen Gobierno, el diputado Fernando García puso en duda la capacidad política del gabinete, más allá de su perfil técnico. "¿Cómo podemos nosotros creerles si tenemos ministros que definitivamente no están dando la talla política en estos momentos?", cuestionó. Su colega de bancada, Jessica Benítez, dejó abierta la puerta al diálogo, aunque con condiciones. "Estamos dispuestos a trabajar juntos y a construir consensos, pero no va a significar que vamos a renunciar a nuestra responsabilidad de fiscalizar y exigir resultados", indicó la diputada.

Ambos pedidos —presentados por los ciudadanos Víctor Hugo Quijada y Ronald Castillo Rojas— comparten una misma tesis central: la candidatura de López Aliaga como primer regidor no era, en sí misma, incompatible con la Constitución.

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Tras la renuncia de Luis Rubio como candidato a alcalde, la lista quedó sin cabeza para ese cargo, y López Aliaga pasó a ocupar la posición desde la cual —si la lista gana— accedería nuevamente a la alcaldía, sin haber postulado formalmente a ella.

Esa combinación, señalan los denunciantes, produciría en los hechos la reelección inmediata que el artículo 194 de la Constitución prohíbe y abusaría del derecho, algo que —en su artículo 103— la Constitución también rechaza.

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El argumento está en Piura

Otro argumento para ambas peticiones de exclusión no tiene origen en Lima, sino en Morropón, provincia de Piura. Se trata de una resolución emitida por el JEE de esta ciudad el pasado 20 de agosto, donde se excluye del proceso a Richard Baca Palacios —último alcalde de la localidad— por seguir la misma táctica.

Baca Palacios postulaba como primer regidor por la lista de Alianza para el Progreso en estos comicios. Al igual que con Renovación Popular en Lima, el candidato a alcalde de su lista había renunciado, dejando a Baca Palacios en la posición desde la que, de ganar su partido, retomaría la alcaldía sin haber vuelto a postular a ese cargo.

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El JEE de Morropón concluyó que una prohibición constitucional no puede quedar sin efecto por la combinación de actos que, tomados por separado, son legales. Ambos denunciantes —Quijada y Castillo Rojas— citan ese antecedente como un caso similar al de López Aliaga y le exigen al JEE Lima Centro algo puntual: que si decide no seguir ese criterio, explique con claridad qué diferencia constitucionalmente relevante justifica un trato distinto entre ambos casos.

Lo que viene para López Aliaga y Renovación Popular

Hasta el momento, ni López Aliaga ni Renovación Popular se han pronunciado sobre el tema. Durante todo el 22 de agosto, la agrupación celeste puede dar sus descargos ante el Jurado Electoral. La resolución de este pedido tendría que llegar antes del 23 de agosto, fecha máxima estipulada por el JNE para resolver pedidos relacionados con candidaturas.

Las Elecciones Municipales y Regionales se celebrarán este 4 de octubre. De acuerdo con la última encuesta realizada por Ipsos este mes, López Aliaga presenta cierto favoritismo alrededor del electorado limeño, con una preferencia del 21%. Su exclusión podría cambiar el panorama de los comicios a pocas semanas de darse.

“Es algo que va a gestarse desde mi despacho apenas retomemos de la semana de representación. Ayer hemos esclarecido que será por incumplimiento. El Perú necesita seguridad, ya basta de tantas muertes. Como coalición, somos un equipo y estoy segura de que estarán de acuerdo con ello. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que accionar”, declaró.

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Los cuestionamientos contra Astudillo han aumentado en los últimos días. Tras su negativa a remover al general Óscar Arriola de la jefatura de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ministro fue cuestionado por distintos diputados durante su presentación junto con el resto del gabinete ministerial.

Según la argumentación de Astudillo, la remoción de Arriola no puede concretarse debido a que una ley aprobada por el Congreso pasado lo impide mientras no haya cumplido al menos dos años en el cargo.

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Congresistas de otras bancadas se pronuncian sobre moción de interpelación

Para lograr que la moción de interpelación sea admitida, JP necesitará el apoyo de los congresistas para llegar a tener el voto de al menos un tercio de los diputados hábiles en Pleno. Por si solo, JP cuenta con 32 diputados. El apoyo de algunos miembros de la oposición, será indispensable. Victor Piñan, diputado y vocero de la bancada de Obras, señaló que el apoyo a esta iniciativa todavía no se ha discutido en su bancada.

“Por el momento la Bancada Obras no ha discutido la posibilidad de apoyar o no la moción de JP, toda vez que nos hemos enterado el día de ayer, sin embargo, es parte del control político que ejercen los colegas de JP. Nosotros esperamos leer los argumentos de la moción y de acuerdo a eso tomaremos una decisión”, indicó Piñan a La República

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Desde Renovación Popular, se ha mostrado una posición más cercana al gobierno fujimorista. Frank Krklec, diputado por el partido celeste, consideró que llamar a interpelar al ministro del Interior en estos momentos sería una acción irresponsable.

“Inaceptable la irresponsabilidad de la izquierda al sumar la interpelación del Ministro del Interior. Una oposición responsable fiscaliza; una oposición obstruccionista solo sabotea. Los ministros deben rendir cuentas al Congreso, pero los mecanismos de control político no pueden convertirse en represalias de los perdedores en elecciones. El país exige trabajo, no revanchismo”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter)

Zunini anuncia proyecto para modificar norma que permite que Arriola siga como comandante de la PNP

Respecto de dicha ley, el diputado Ernesto Zunini, también miembro de la bancada de Juntos por el Perú, indicó que en las próximas horas presentarán un proyecto de ley para modificarla.

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“Es una norma aprobada por la bancada fujimorista. Me parece que el gabinete no ha conversado con su propia bancada. Vamos a presentar en las próximas horas una iniciativa para modificar esa norma, para que quede expedito. Es un símbolo de que no tenemos ánimo de obstaculizar”, señaló.

La norma en cuestión —Ley 31570— establece que el comandante general será nombrado por el presidente de la República por un periodo de dos años, prorrogable excepcionalmente por uno más. Asimismo, señala que solo podrá ser separado antes de cumplir su mandato por causales determinadas, como fallecimiento, solicitud de pase al retiro, incapacidad física permanente, comisión de faltas muy graves o delitos. De esta manera, se restringe la posibilidad de una remoción discrecional durante su periodo.

Galarreta admite error en la ley aprobada por el fujimorismo que mantiene a Arriola como comandante general

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reconoció que podría haberse cometido un error al establecer un periodo fijo de dos años para el comandante general de la Policía Nacional.

En entrevista con RPP, Galarreta explicó que la norma fue impulsada durante el gobierno de Pedro Castillo para evitar cambios constantes. Sin embargo, consideró que esta regulación no necesariamente funciona para la PNP, debido a que la lucha contra la criminalidad requiere una respuesta rápida y la posibilidad de evaluar con mayor frecuencia el desempeño de sus mandos.

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Ante las dificultades legales para reemplazar a Arriola, el premier adelantó que el Gobierno buscará modificar este marco mediante las facultades legislativas que solicitará al Congreso. La propuesta, según indicó, ya es conocida por la presidenta Keiko Fujimori.

Desde que inicio el gobierno de Keiko Fujimori, las cifras alrededor de la delincuencia no le han sido favorables. Tan solo en sus primeros 18 días de gobierno, la nueva administración reportó un promedio estimado de seis asesinatos al día, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Además, el 77,5 % de los homicidios se comete con proyectiles de arma de fuego, lo que representa la proporción más alta registrada durante las últimas nueve gestiones presidenciales.

Tres fusiles SZ Scorpion, un fusil R-15, una escopeta, cuatro pistolas y 52 explosivos, además de gran cantidad de munición de diversos calibres y cargadores abastecidos, forman parte del arsenal incautado a una red criminal de minería ilegal en esa zona de la región La Libertad.

La operación que, además, permitió capturar a dos individuos presuntamente involucrados en el delito de tenencia ilegal de armamento, munición y explosivos, fue ejecutada en el centro poblado Yalen, por miembros del Ejército y la Policía que también confiscaron cinco chalecos antibalas, cuatro placas y otros implementos tácticos

A medida que los precios del oro se han disparado, los grupos criminales que antes se dedicaban exclusivamente al tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y otros delitos gravados han incursionado en la minería ilegal en esa región del país.

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La actividad se ha convertido en una de las economías criminales más lucrativas y para ello las bandas vienen traficando armamento de todo calibre a esa zona.

En esta nueva operación contra la criminalidad organizada en Pataz, el Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ejecutó la Operación 'Sol Naciente'.

La intervención se inició a las 5.00 a. m. del 21 de agosto, luego de labores de inteligencia militar que permitieron identificar la presencia de personas armadas en las inmediaciones de dos bocaminas ubicadas en los sectores La Porfía y Pueblo Nuevo, distrito y provincia de Pataz.

Con esta información, operadores de la Fuerza Especial Conjunta (FEC), el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECCO-PNP) desplegaron una intervención simultánea en ambos sectores, fortaleciendo la capacidad de respuesta conjunta frente a las organizaciones criminales.

Según informaron las autoridades, desde la creación del Comando Unificado Pataz, el 9 de mayo de 2025, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han afectado en más de S/259 millones las economías criminales en la zona, se mantienen operaciones y acciones articuladas, inteligencia y acción conjunta sostienen la misión del Estado en Pataz, orientada a recuperar espacios afectados por la criminalidad y fortalecer la presencia efectiva del Estado en Pataz.

OTRAS INTERVENCIONES

El 8 de junio, en dos intervenciones consecutivas en contra de la minería ilegal, el Comando Unificado Pataz (Cupaz) incautó una importante cantidad de armamento e intervino a 26 personas presuntamente vinculadas a la organización criminal 'La Nueva Alianza'.

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En la primera intervención se detuvo a 17 personas presuntamente vinculadas a esa banda criminal y se incautaron dos fusiles AKM calibre 7.62, dos fusiles R15, una pistola con cargadores abastecidos, además de miles de municiones de distintos calibres, cacerinas y chalecos.

La segunda operación se ejecutó luego de que sujetos armados ingresaran en una camioneta por la garita de la carretera Pueblo Nuevo–Yalen. Estos se dirigieron hasta una vivienda rústica cerca de la bocamina de Camilo Villalva.

Los presuntos delincuentes intentaron huir al advertir la presencia de un dron de vigilancia, pero fueron neutralizados. El resultado fue la detención de 9 personas presuntamente vinculadas a la referida organización criminal, así como la incautación de dos fusiles tipo AR-15 y una subametralladora Mini Uzi modificada, junto a armamento y municiones de diverso calibre.

Mediante sus redes sociales, el legislador remarcó que la ley perjudica directamente al presupuesto nacional y cuestionó la vigencia de estas normas que benefician al sector agroindustrial. "¡Basta de beneficios tributarios al gran empresariado!", se lee en el inicio de su mensaje. Holguín añadió que la presentación de esta iniciativa tiene como objetivo suprimir los privilegios económicos de estas corporaciones.

"Cumpliendo nuestro compromiso con el país, hoy presentamos un nuevo proyecto de ley para derogar los beneficios tributarios otorgados a las grandes agroindustrias", indicó.

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El congresista también precisó que el Estado peruano aún presenta deficiencias en diversos sectores fundamentales. Según su postura, el fisco deja de percibir montos millonarios que podrían destinarse a disminuir las brechas sociales.

"No es posible que, mientras al Estado le faltan recursos para atender la salud, la educación, la seguridad y las obras que el país necesita, se mantengan privilegios que permiten que la gran agroindustria deje de aportar S/1.170 millones al año".

La Ley Chlimper 2.0

La nueva Ley Agraria, también conocida como Ley Chlimper 2.0, se hizo oficial en septiembre del 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte. Esta norma establece que las grandes empresas agroexportadoras pagarán solo el 15% de Impuesto a la Renta entre los años 2026 y 2035. Pasado ese tiempo, a partir del 2036, volverán a pagar la tasa normal del 29,5% como cualquier otro negocio.

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Además de pagar menos impuestos, la ley permite que estas empresas recuperen más rápido el dinero que invierten. Pueden aplicar una rebaja anual del 20% en las obras de riego y agua que construyan o compren para sus cultivos entre 2026 y 2035.

La norma incluye un incentivo para las compañías que compran productos a los pequeños agricultores registrados. En esos casos, pueden descontar un 25% extra del valor de esas compras, pero ese descuento no puede pasar del 10% del total de los gastos registrados en su contabilidad.

"Definitivamente, no va a haber un hospital perfecto. Pero lo importante es que el sistema funciona, al menos. Siempre habrá quejas y reclamos. Pero al menos hay que agradecer que el sistema funciona. Soy crítico y doy mis versiones. No digo que sea perfecto, pero hay que reforzarlo. Hay gobiernos regionales que están cumpliendo con sus trabajos, pero otros no están haciendo absolutamente nada", indicó.

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El ministro Dyer señaló que viene trabajando con el apoyo de donativos, embajadas y del sector privado para la instalación de un hospital de emergencia en Piura ante el colapso del hospital Santa Rosa. El titular del Ministerio de Salud aseguró que, en comparación con otras regiones, Piura cuenta con un mejor sistema.

"Hay que ver que los equipos están funcionando, pero hoy el hospital está colapsando. Uno critica, sí. Pero también hay que decirle a la población piurana que, si se compara con otras regiones, al menos acá funciona el sistema. Si uno ve otros sitios, como Tumbes, puede ver que los hospitales se caen a pedazos", sostuvo.

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Sobre el dengue

Dyer señaló que Piura ya cuenta con una cantidad de vacunas contra el dengue suficiente para proteger a un sector de la población. En ese sentido, instó a que los jóvenes accedan a esta protección ante la proximidad de las lluvias y su posible impacto en la propagación de esta enfermedad.

"Tenemos alrededor de 140.000 vacunas en Piura. Hay que vacunar urgentemente a los chicos de 10 a 20 años. Las vacunas están acá. No hay que dejar pasar esa gran oportunidad", apuntó.

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Vecinos señalaron que ministro Dyer no se reunió con ellos pese a previo acuerdo

Vecinos de Los Algarrobos, zona ubicada en Piura, esperaban al ministro de Salud, Luis Dyer, para exigir respuestas por las paralizaciones en las obras del hospital Santa Rosa. De acuerdo con lo señalado por los dirigentes vecinales, el ministro se había comprometido a reunirse con ellos en la zona.

“Estuvimos esperando al ministro. Se comprometió, en el hospital Santa Rosa, a venir al lugar de los hechos. En estos momentos, necesitamos el presupuesto para las obras que fue aprobado por el Gobierno Regional. Es más, nosotros le entregamos una solicitud para que se nos asigne el presupuesto que nos hace falta para la ejecución de unas obras. Necesitamos que el ministro nos atienda para que Piura no siga sufriendo por el tema de la salud”, indicó uno de los presentes.

Esta fue la primera reunión entre representantes de ambos países desde el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. El comunicado indica que el vicecanciller Anderson señaló a Serur que el requisito de visa ha afectado el flujo de turistas peruanos hacia México.

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Además, Anderson señaló que, dentro de la Alianza del Pacífico, Perú es actualmente el único país cuyos ciudadanos necesitan visa para ingresar a México.

La reunión también abordó otros temas, como la posible reactivación de instancias de diálogo entre ambas naciones —como el Consejo de Asociación Estratégica, la Reunión Técnica del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEC), la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica y la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural—, así como el interés en fortalecer la cooperación bilateral de cara al Fenómeno de El Niño.

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México y Perú restablecen relaciones

Como se sabe, el país norteamericano volvió a exigir que los ciudadanos peruanos cuenten con visa en 2024. De acuerdo con su posición oficial, el Gobierno mexicano tomó esta decisión debido a los “flujos migratorios irregulares”. Un año más tarde, ambos países rompieron relaciones diplomáticas a raíz de la polémica generada por el pedido de asilo de Betssy Chávez.

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Ya bajo la administración de Keiko Fujimori, el canciller Carlos Espá decidió brindar el salvoconducto correspondiente a Chávez para que pudiera ser trasladada a México. A raíz de estos hechos, ambos países decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas.

"Acá se procede con estricta sujeción al marco legal vigente. El Congreso saliente aprobó una ley que impide la remoción de un comandante general. Tiene que estar dos años. ¿Por qué pasó? Ya no es materia de análisis. Yo no firmaré un documento que vaya contra la ley. El Ministerio del Interior no emitirá disposiciones fuera de la ley ni forzará una causal que no existe", señaló Astudillo durante su presentación ante la Cámara de Diputados.

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Bajo esta norma, la salida de Arriola recién podría darse a finales de 2027.

Astudillo dejó en claro que, desde su sector, no existe conformidad con la norma aprobada por el Congreso en el pasado: "En el estricto cumplimiento del marco legal, propondremos modificar la mencionada ley", señaló.

Además, el titular de la cartera del Interior señaló que no busca dar un espaldarazo a la gestión que viene realizando Arriola al mando de la PNP. Sus comentarios llegan luego de que participara junto al comandante general en una rueda de prensa, donde afirmó que la tendencia de homicidios a nivel nacional registra una tendencia a la baja.

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Las críticas a Arriola también provienen de especialistas en seguridad. El general en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, indicó a La República que el perfil de Arriola no es adecuado para el puesto si es que se busca combatir la ola delincuencial.

"Hasta el día 18 del gobierno de Keiko Fujimori, hemos visto más de 100 homicidios con armas de fuego. Es superior a otros años. Si se quiere disminuir, debe cambiarse al comandante general. Él es especialista en investigación criminal y lo que necesitamos es un especialista en prevención. A nivel mundial, la tendencia es que la mayoría de efectivos se dediquen a la prevención. Prevenir permite evitar el delito; la investigación se da desde el delito para adelante. Lo que estamos viendo actualmente es que no hay capacidad", apuntó.

Una ley de color naranja

La Ley 31570 establece un cambio clave para la dirigencia policial. En resumidas cuentas, dispone que el jefe policial será designado por el presidente de la República y permanecerá dos años en el cargo, con posibilidad de una prórroga excepcional de un año. Además, limita su cese anticipado a causales específicas —como muerte, pase a retiro solicitado por el propio comandante, incapacidad física permanente, falta muy grave o delitos—, reduciendo la posibilidad de que sea removido discrecionalmente antes de cumplir su periodo.

Esta ley surgió durante el gobierno de Pedro Castillo. No era para menos: durante los primeros trece meses de gobierno del expresidente, cinco policías pasaron por el cargo de comandante general.

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Con 82 votos a favor —y posteriormente aprobada por insistencia—, la ley tuvo un amplio respaldo del bloque fujimorista de entonces. David Jiménez, Alejandro Aguinaga, Mery Infantes, Rosangela Barbarán, Martha Moyano, Auristela Obando, Patricia Juárez y César Revilla son algunos de los congresistas que actualmente ocupan escaños entre el Senado y la Cámara de Diputados en representación del partido naranja y que, durante el periodo pasado, votaron a favor de la implementación de esta norma.

Adicionalmente, algunos congresistas de Renovación Popular —fuerza cercana al oficialismo— también respaldaron la iniciativa. "Debemos darle a la PNP el orden y la dignidad que necesitan para continuar con esa labor tan importante que siguen en nuestro país", señaló durante el debate en el pleno el ahora senador celeste Alejandro Muñante.

El antecedente Ángulo

Con la ley ya en vigor, la expresidenta Dina Boluarte pasó al retiro a Jorge Angulo, quien en ese momento se desempeñaba como comandante general de la PNP, en enero de 2024.

En la Resolución Suprema N.° 19-2024, se señala que Angulo fue cesado de su cargo debido, entre otros motivos, a que se evidenciaron "negligencias muy graves en el control y comando de la institución policial por el actual Comandante General de la Policía Nacional del Perú, las cuales constituirían incompatibilidad y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo".

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Angulo asumió la dirigencia de la PNP en marzo de 2023. De tal manera que, aun bajo la tutela de la ley señalada por el ministro, ya existe el antecedente de un jefe policial retirado por incompetencia sin cumplir los dos años establecidos.

Vale mencionar que el propio Angulo denunció que su pase al retiro y su remoción de la comandancia policial fueron irregulares. Meses más tarde, el Poder Judicial dejó sin efecto el pase al retiro del excomandante general y determinó que se había vulnerado su derecho al debido proceso. No obstante, nunca ordenó su reintegración a dicho puesto.

Una remoción no lo cambia todo

Aun con la posibilidad de que la remoción del general Óscar Arriola esté en ciernes, la problemática alrededor del cuerpo policial y las políticas de seguridad todavía se mantiene. De este modo, los efectos de la delincuencia no terminarán de combatirse estructuralmente. Para Pérez Rocha, la falta de implementación y respaldo presupuestario en la PNP deja en una posición de debilidad a la institución.

"Si uno ve el plan de gobierno de Keiko Fujimori, era que una de las acciones que realizaría en los primeros 100 días sería adquirir patrulleros. El último que compró patrulleros fue Ollanta Humala. Luego se pasó a hacer ‘rating’: un alquiler de vehículos comerciales, no patrulleros. Lo primero va por ahí: dotar a la Policía con equipamiento. Los vidrios y las puertas", indicó.

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Además del déficit de implementos, Pérez Rocha fue enfático al señalar que, desde el gobierno de Keiko Fujimori, no existen planificaciones que permitan encauzar la situación que afecta a las instituciones policiales en el país.

"Cada año van disminuyendo más efectivos policiales de los que egresan. Es una lástima que no haya políticas de gobierno. Keiko Fujimori habló de un apoyo a las infraestructuras policiales. (…) A mí me parece que, como está la situación, yo dudo que esto tenga mejoría", apuntó.

En efecto, la mandataria incluyó en su plan de gobierno la emisión de decretos de urgencia para financiar la adquisición de 1.000 patrulleros inteligentes, la instalación de 10.000 cámaras interconectadas y la modernización de 200 comisarías a nivel nacional. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha sido ejecutada durante los más de 20 días iniciales de su Gobierno. Para la administración de Fujimori, que llegó al poder con la promesa de mejorar la seguridad ciudadana, la cuenta regresiva ya está en marcha.

Llueven críticas a Astudillo por mantener a Arriola en el cargo

En su presentación en el Congreso, Astudillo no fue ajeno a las críticas por no remover del cargo al general Arriola. Pese a su explicación, el ministro recibió cuestionamientos desde el pleno. La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) recordó que la gestión de Arriola ha sido cuestionada desde diversos frentes.

"Señor ministro del Interior, no sé qué hace usted con el general de la PNP, Óscar Arriola, un general que ha sido cuestionado por los mismos militares y policías. Una persona que persiguió tres años a alguien que se burla hoy de la institución y de los peruanos", dijo.

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Víctor Piñán (Obras) consideró que insistir en la permanencia de Arriola significa continuar con planes inadecuados para el control de la delincuencia: "Usted sigue ratificando al señor Arriola. Yo lamento eso. Creo que esto debería llevarlo a la reflexión: la demanda ciudadana es que se deben dejar las recetas que no han funcionado durante todos estos años".

En Juntos por el Perú, Oswar Cahuaza indicó que la permanencia de Arriola en el cargo no solo es perjudicial para la lucha contra el delito, sino que también permite que la corrupción siga expandiéndose en el cuerpo policial.

"Le pido al ministro del Interior que visite in situ Pucallpa. Cuando él habla de que las municiones se cargan a más en la región Ucayali, que no le sorprenda, señor ministro; pues usted avala al comandante general Arriola, cuestionado por presuntos actos de corrupción. Ese es un producto que sigue avalando", sostuvo.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Al ser consultado en RPP sobre las limitaciones para remover al actual comandante general de la PNP, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, admitió que "se puede haber cometido un error" al respaldar la ley que fija un mandato de dos años para el comandante general de la Policía Nacional, decisión que fue impulsada por Fuerza Popular durante el gobierno de Pedro Castillo.

Aunque la bancada naranja impulsó la medida en el Congreso, el premier reconoció que, a diferencia de las Fuerzas Armadas, la lucha contra la criminalidad exige una capacidad de respuesta rápida que hoy se encuentra limitada por ese marco legal. Durante la entrevista, Galarreta recordó el origen de la norma.

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"Esa norma se hizo porque el presidente Castillo estuvo cambiando a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Tal es así que en el caso de las Fuerzas Armadas, para nosotros nos parece prudente, pero en el caso de la Policía se puede haber cometido un error. La dinámica de la criminalidad cambia de forma acelerada y la institución policial necesita una capacidad de respuesta igual de rápida para estar al día; por lo tanto, fijar un periodo cerrado de dos años impide medir con precisión si el mando está operando correctamente o si está fallando”.

Asimismo, ante la consulta sobre las restricciones legales para el cambio de Arriola, el jefe del Gabinete adelantó que buscarán modificar este escenario mediante el próximo pedido de facultades legislativas.

"Si la norma nos impide, o sea, legalmente, bueno, ahí viene la delegación de facultades, nos puede abrir un espacio”.

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Esta postura coincide con la del ministro del Interior, César Astudillo, quien también señaló que la presidenta tiene conocimiento de la propuesta para modificar la ley que impide el cambio de Arriola.

"Ya lo tenemos en agenda porque la conducción de una institución como la PNP tiene que tener reglas claras y definidas".

Horas más tarde, el documento sería publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. La resolución declaraba en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna por 30 días.

Asimismo, señala que el Osinergmin establezca medidas transitorias para atender la situación de emergencia, incluyendo “excepciones al cumplimiento de determinados artículos de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos”.

La mandataria realizó el recorrido de las zonas de Atico y Ocoña (Arequipa) junto al ministro de Defensa, Rafael Belaunde. Tras el bloqueo de la carretera, el gobierno activó un puente aéreo y dispuso tres helicópteros para asistir a los pobladores afectados y apoyarlos en su traslado.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, anunció la habilitación de este primer puente aéreo y también mencionó que ya se ha empadronado a un total de 350 afectados y que, por cada viaje de ida y vuelta, se evacúa a un promedio de 40 ciudadanos.

Además, precisó que más de 200 efectivos del Ejército están apoyando para el retiro del lodo entre los kilómetros 731 y 733 de la Panamericana Sur. El sector también dispuso la operación de dos patrullas de la Marina para ejecutar un puente marítimo entre La Planchada y Atico para reforzar la atención en la zona.

Con Macavilca también fueron arrestados su asesor, Jhoel Atencio Ñaupa; el subgerente de Estudios y Proyectos, Frank Nastares Vilcapoma; y la empresaria Nivea Torres Guillermo, además de otros dos presuntos cómplices, Elvis Aguirre Ayra y Ricardo Suárez Valerio.

El operativo se inició a las cuatro de la madrugada del viernes 21 de agosto, cuando agentes de la Dirección Contra la Corrupción, al mando del coronel José Santillán Pérez, detuvieron a la alcaldesa Lisbeth Macavilca en su vivienda ubicada en el jirón Micaela Bastidas, en el distrito de Paucartambo.

Paralelamente, su asesor Jhoel Atencio Ñaupa, fue sorprendido en su oficina de la Municipalidad de Paucartambo, pese a que no estaba en horario de trabajo. El funcionario habia sido alertado del operativo y escapó hacia la alcaldia con el objetivo de desaparecer documentos o evidencias que lo comprometen en actos de corrupción.

La acción policial se ejecutó por orden de la jueza Rusmery de la Sota, quien autorizó la detención de los imputados y el allanamiento de sus viviendas y oficinas en Pasco, Oxapampa y Huánuco. La solicitud fue a pedido del fiscal Mildred Victoriano Aldana.

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Un “diezmo” o nada

De acuerdo con las indagaciones del fiscal anticorrupción Mildred Victoriano, la alcaldesa Lisbeth Macavilca sostuvo conversaciones con su amiga, la empresaria Nivea Torres Guillermo, a quien le prometió conceder la obra “Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado para los barrios Collana y Guindales”, por un monto de S/1 millón 66 mil 542.

Para dicho fin, la alcaldesa Macavilca citó a Nivea Torres a su oficina municipal, donde le aseguró que el millonario proyecto de inversión pública seria suyo, pero que tenía que abonar un “cupo” de S/50 mil como parte de un “adelanto” por la obra.

Un colaborador eficaz reveló a las autoridades que la alcaldesa y su asesor Jhon Atencio Ñaupa le solicitaron a Nivea Torres una “comisión” del 15% del total de la obra. Es decir, un aproximado de S/150 mil.

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La fórmula corrupta

“La obra es más de un millón de soles y tienes que pagar un ‘diezmo’ del 15%, pero ahorita necesitamos 50 mil soles para asegurar el proyecto y el resto lo entregas cuando firmas el contrato”, le dijo Jhon Atencio a Nivea Torres en presencia de Macavilca” según declaraciones del colaborador eficaz.

El testigo indicó a la fiscalía que Nivea Torres le entregó un total de S/40 mil a la alcaldesa Lisbeth Macavilca: S/30 mil en efectivo y S/10 mil por intermedio de su tío Ricardo Suárez Valerio, quien hizo un depósito bancario por dicha cantidad a nombre de Elvis Aguirre Ayra, su testaferro.

“(La empresaria) Nivea estaba desesperada por conseguir los 50 mil soles que le exigía Lisbeth Macavilca. A cada rato le llamaba por teléfono diciéndole si iba a cumplir con lo pactado, pero Nivea solo pudo entregarle 40 mil soles. La propia alcaldesa le envió un número de cuenta para el depósito del dinero”, relató el colaborador eficaz.

Sin embargo, la obra no se llevó a cabo, debido a que la regidora de la municipalidad de Paucartambo, Saida Arteaga Castillo, detectó una serie de irregularidades en la elaboración de documentos, y que los términos de referencia habían sido manipulados.

Casi al término de su presentación, los estudiantes presentes abuchearon y pifiaron como muestra de su desacuerdo ante la presencia de López Aliaga en su casa de estudios. La protesta duró poco, aproximadamente un minuto, ya que fueron retirados del lugar por personal de la propia institución.

Entre las frases lanzadas por los jóvenes en el recinto se escucharon consignas como "La Villa es del pueblo y no de los corruptos", seguida de la arenga "Esta es la Villa valiente y combativa".

A pesar de que los alumnos no estaban de acuerdo con la presencia del exalcalde de Lima, tras concluir formalmente su exposición, los organizadores le hicieron entrega de una placa de reconocimiento en su nombre.

El premio representó el agradecimiento por su participación como ponente en el conversatorio sobre políticas públicas y su intervención para compartir reflexiones en torno a la economía, según lo detalló la presentadora del evento.

Cuestionamientos sobre los trenes de la MML y su postulación como primer regidor

Este rechazo se produjo en medio de los cuestionamientos políticos recientes, tras el pronunciamiento del ministro de Transportes, Rafael Rey, quien aclaró que los trenes gestionados por López Aliaga habían sido comprados y no donados.

Asimismo, su postulación como primer regidor —tras la renuncia del candidato a la alcaldía de su partido— ha sido cuestionada por especialistas, quienes señalan que no debió postular por tener la condición de senador electo.

También se advierte que la ley prohíbe la reelección inmediata para ocupar el sillón municipal, por lo que, en caso de que su agrupación política resulte vencedora, López Aliaga asumiría nuevamente como alcalde.

Transmisión oficial

Como parte de la mayoría de sus actividades públicas de campaña, la conferencia fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube del político.

Sin embargo, el video tiene ciertas modificaciones en la edición, ya que se eliminaron de la transmisión los incidentes registrados. En el momento en el que los estudiantes empiezan a protestar, la transmisión se ve interrumpida y dejó de mostrar el rechazo a López Aliaga durante casi un minuto y medio.

En ese lapso la transmisión se mantuvo en silencio con una imagen fija de promoción de su libro, evitando así la difusión completa de las protestas estudiantiles.

El itinerario original, anunciado a inicios de agosto, contemplaba la llegada del papa León XIV el 11 de noviembre y su salida el 17. Con el ajuste confirmado por la Nunciatura, el sumo pontífice reducirá en un día su permanencia en el país donde vivió durante dos décadas como misionero agustino, antes de continuar su gira por Uruguay y Argentina.

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Gualtieri precisó que el cambio de fechas no afectará el recorrido por regiones ya contemplado en la agenda papal. Ciudades como Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Piura, incluidas desde las primeras coordinaciones entre el Vaticano y el Gobierno peruano, se mantienen en el programa pese al día menos de estadía.

La confirmación del recorte se dio en el marco de la presentación oficial del programa de la visita, a cargo de la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Peruana.

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Iglesia presentó la oración oficial y la web para voluntarios

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, presentó la oración oficial que se leerá durante la llegada del papa León XIV. García Camader señaló que la visita "es un encuentro de muchas realidades y mucha preparación" y remarcó que el viaje del pontífice llega a todo el país para transmitir un mensaje de fortaleza y esperanza.

Monseñor Moreno Inga presentó, en la misma actividad, la página web oficial leon14enperu.com, habilitada para que los voluntarios se inscriban en el programa "Amigos de León". Moreno Inga indicó que "cada pequeña cosa que estamos haciendo es un paso, una huella del papa", en referencia al trabajo previo que involucra a la Iglesia peruana antes del arribo del pontífice.

Monseñor Luis Alberto Huamán invitó a los fieles a sumarse como voluntarios y calificó la llegada del papa como el regreso de "alguien que caminó con nosotros". Huamán pidió vivir la visita como un momento de encuentro y alegría, y resumió el rol de los voluntarios con una frase: "quien encuentra a un voluntario, encuentra a un amigo del papa".

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Chiclayo: descartan las Pampas de Reque como sede para la misa del papa León XIV

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, informó este viernes 21 de agosto que las Pampas de Reque quedaron descartadas como sede de la misa que el papa León XIV encabezará en Chiclayo. La decisión llegó después de que la Fuerza Aérea del Perú advirtiera la presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en ese terreno. Ante ese hallazgo, las autoridades regionales evalúan ahora predios privados para la liturgia.

El GORE Lambayeque maneja por el momento dos alternativas, ya remitidas al Obispado de Chiclayo. La primera reúne 300 hectáreas de terrenos urbanos en Reque. La segunda suma 100 hectáreas disponibles en Pimentel. Pérez Flores no descartó que en las próximas horas se sume una tercera opción. La comisión del Vaticano llegará a la ciudad a fines de este mes para evaluar los espacios y elegir el que ofrezca mejores condiciones de acceso y seguridad para el multitudinario evento, que según las autoridades podría convocar a un millón y medio de fieles.

El gobernador también pidió al Ejecutivo Nacional definir cuanto antes el desembolso de recursos para la logística de la visita papal en la región. Recordó que, durante la llegada del papa Francisco, el Gobierno destinó 37 millones de soles para cubrir los gastos del viaje, y expresó su expectativa de que se emita un decreto de urgencia similar para financiar la estadía del papa León XIV en Chiclayo, donde se prevé que el pontífice cumpla actividades por al menos dos días.

No es la primera vez que López Aliaga se ausenta de la firma de un Pacto Ético Electoral. En diciembre de 2025, Renovación Popular también se ausentó de la firma de este acuerdo para las Elecciones Generales 2026, en las que el exburgomaestre se presentó como candidato a la Presidencia. En aquella ocasión, también estuvo ausente Perú Libre.

Cabe recordar que el Pacto Ético Electoral es un compromiso político promovido por el JNE y orientado a desarrollar una campaña sin violencia ni desinformación y con respeto a los resultados oficiales.

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Critican candidatura de López Aliaga y ausencia en firma de acuerdo político

Entre los representantes que sí firmaron el Pacto Ético Electoral, varios criticaron a los candidatos ausentes. Susel Paredes, candidata al sillón municipal por Ahora Nación, consideró que la ausencia de López Aliaga "pinta de cuerpo entero" su candidatura.

"Me parece lamentable la ausencia de López Aliaga. Este pacto se firma para respetarnos entre todas y todos los candidatos. El que rompe las reglas de saque no va a cumplir las reglas a lo largo del proceso electoral. Yo lo veo: tiene muchos bots que constantemente me atacan. No puede ser que un candidato para ser alcalde de Lima incumpla las reglas", señaló.

Además, afirmó que el JNE viene siendo sumamente pasivo con la candidatura de López Aliaga y señaló que no tendría problemas en debatir contra el exalcalde.

"Esto lo dice la Constitución: no hay reelección de alcaldes y gobernadores. Yo creo que el Jurado es complaciente con esa candidatura y eso me parece grave. (…) No tendría problemas en debatir con él (Rafael López Aliaga), es un ser muy simple intelectualmente", sostuvo.

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Carlos Bruce, representante de Somos Perú, indicó que López Aliaga no debería participar en este proceso electoral: "La Constitución establece que no puede haber reelección para alcaldes. Espero que el JNE haga cumplir la Constitución y haga que no pueda postular", afirmó.

Francis Allison, postulante por Avanza País, señaló que los contratiempos no son una excusa para no firmar el acuerdo, puesto que un representante del partido también puede hacerlo. Además, en línea con Bruce, cuestionó la candidatura del exalcalde de Lima y recordó que esta contradice la Constitución.

"El elector es el que debe evaluar. Pero él sí pudo venir. Los partidos pueden mandar representantes. No hay que ser candidato para firmarlo. (…) Quiero ser claro en esto: me parece que su postulación es una sacada de vuelta a la Constitución. Pero, finalmente, es la gente la que va a decidir. No yo ni otra persona", apuntó.

Por último, Edgardo del Pomar, del Partido Popular Cristiano (PPC), consideró que aquellos candidatos que no se hicieron presentes en la firma carecen de responsabilidad en el trato hacia el electorado y sus rivales políticos.

"Acá se demuestra la voluntad que tenemos los políticos de cumplir la Constitución, nuestros valores democráticos, el respeto a las autoridades electorales, sin que eso signifique un impedimento para cuestionar sus resoluciones y el respeto a nuestros rivales políticos. De manera que los que no han venido seguramente en su conciencia tienen algo que no funciona muy bien", sostuvo.

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JNE todavía puede excluir candidaturas

El Pleno del JNE acordó ampliar hasta el 23 de agosto de 2026 el plazo para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) emitan sus resoluciones sobre tachas y exclusiones. El organismo precisó que esta ampliación busca permitir que se atiendan los expedientes pendientes.

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De acuerdo con el JNE, la alta carga procesal ha llevado a que algunos JEE aún no hayan resuelto expedientes de tachas y exclusiones de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El cronograma establecía inicialmente el 20 de agosto como fecha límite para resolver estos casos en primera instancia.

El lote 64 siempre atrajo a empresas que buscan explotar petróleo, pero que en el camino se han encontrado con una gran resistencia de los pueblos indígenas de la zona. Y es que la concesión se superpone con parte de los territorios de varias comunidades, un problema legalmente avalado por los gobiernos, pese a que no es aceptado por los pueblos indígenas

El territorio adjudicado para la explotación del lote 64 se superpone con las tierras de las comunidades indígenas y 22 de ellas conviven con la actividad petrolera. Además, nueve comunidades son afectadas por una superposición del 100 por ciento de su territorio. 

“Nuestros bosques son nuestra medicina, nos da de todo, nos han salvado durante la pandemia. Luchamos contra el Covid-19, comiendo y tomando medicinas naturales”, asegura el dirigente achuar, Nelton Yankur.

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Por eso, las naciones Achuar, Wampis y Chapra expresaron este jueves su satisfacción ante una sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que exige al Estado peruano no reactivar el Lote 64, superpuesto a sus territorios en Loreto y Amazonas.

La decisión se dio a conocer tras la audiencia realizada en Puyo, Ecuador, con presencia de representantes indígenas y expertos internacionales. El tribunal fue integrado por Francesco Martone, Patricia Gualinga, Natalia Greene, Mario Melo y Pablo Solon. En la audiencia se tuvo una intervención del Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento, Pedro Arrojo.

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, creado por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, sesionó en el XII Foro Social Panamazónico, que reúne a pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades locales y movimientos sociales de los países de la cuenca amazónica. En esta edición, se analizaron seis casos de la región vinculados a los impactos de la extracción de combustibles fósiles.

La jueza Tatiana Roa anunció que el tribunal reconoce los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. En representación del Tribunal exigió al Estado peruano suspender toda actuación destinada a reactivar el Lote 64 y revisar las decisiones que habilitan la explotación.

La sentencia demanda el respeto al derecho de consulta y consentimiento previo, así como la restauración de los ecosistemas afectados, y subraya que quienes defienden los territorios hagan su labor sin amenazas ni persecución. Dispuso, además, que la decisión sea remitida al sistema interamericano donde existe una petición respecto a la nulidad del lote en mención, así como a otros organismos internacionales.

En la parte de la audiencia dedicada al caso peruano, Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra; Elmer Kunchim, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP); y Elio Sesen, abogado de la Nación Wampis, expusieron los efectos negativos de la explotación petrolera en sus territorios, alertando sobre daños a fuentes de agua, vida silvestre y a la vida comunitaria.

Son 33 años de lucha incesante sostenida por las 3 naciones para que no se extraiga el petróleo en sus territorios. “Rechazamos porque para nosotros es contaminación de la naturaleza. Perjudica la vida de la humanidad, trae muchas enfermedades, y contamina nuestros ríos, bosques, a nuestras chacras, que son mercados, farmacias, la base de la subsistencia de nuestras comunidades.”, declaró Elmer Kunchim de la FENAP.

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Al respecto, Olivia Bisa expresó: “Hemos visto con pesar la experiencia de extracción de petróleo realizado en otros pueblos indígenas cercanos a nuestros territorios. Sus hijos tienen plomo, cadmio, metales pesados en su sangre, tienen su futuro contaminado y no queremos eso para nosotros y nuestros descendientes. Nuestras propias naciones han sufrido derrames de crudo en 2016, 2019, 2022 y 2024 por causa del Oleoducto operado por Petroperú y el Lote 192 que estando fuera de nuestro territorio igual nos afectó”.

Según la investigación “Las sombras de los hidrocarburos”, entre 1997 y mayo de 2023 se registraron 1.460 derrames y fugas de hidrocarburos en Perú, el 57% en la Amazonía y el 43% en la costa. Loreto fue la región más afectada, con 707 derrames. El Lote 64 forma parte de la ruta norte del petróleo, que incluye el Oleoducto Norperuano y dos refinerías de Petroperú.

La operación del Lote 64 ha estado marcada por el incumplimiento de la consulta previa ante la posible afectación directa de sus derechos colectivos, a pesar de que el Convenio 169 de la OIT rige en el país desde 1995. Asimismo, tienen derecho al consentimiento previo libre e informado ante proyectos de gran impacto.

Las organizaciones indígenas denunciaron que Petroperú y las empresas socias como GEOPARK y las antecesoras vulneraron ambos derechos. Sumado a ello, el estudio de impacto ambiental presentado por Geopark en 2018 recibió más de 100 observaciones, varias de ellas aportadas por la FENAP y la Nación Wampis en las que alertaron sobre la falta de reconocimiento de pasivos ambientales en la zona, plagios de Wikipedia, deficiencias en la gestión de residuos, información insuficiente sobre el traslado de toneladas de crudo de petróleo a través del río Morona, entre otros.

El retiro de Geopark en 2020 dejó a Petroperú como único operador, desde entonces busca un socio comercial para reactivar la explotación mientras enfrenta una prolongada crisis financiera.

Primero, reiteró que los militares reforzarán el resguardo de los transportistas de Lima y estarán presentes en los operativos que realice la Policía Nacional para combatir el incremento de las extorsiones y el crimen organizado.

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Acto seguido, señaló que las FF.AA tendrán presencia en las zonas de mayor incidencia delictiva para apoyar ala PNP. Agregó, además, que participarán en la seguridad externa de los penales.

"Se ha solicitado la participación excepcional de nuestras Fuerzas Armadas en la seguridad externa y en el apoyo operativo a los establecimientos penitenciarios, dentro del marco constitucional, sin sustituir las funciones de la autoridad civil", expuso.

Antes de cerrar su primer punto sobre la estrategia que empleará la cartera del Interior que dirige el ministro del Interior, César Astudillo, el titular de la PCM, aprovechó la oportunidad para decir que el personal militar no reemplazarán a la PNP. "Las Fuerzas Armadas no reemplazan a la Policía ni a la autoridad penitenciaria, pero aportan sus capacidades cuando la gravedad de la situación lo exigeyla Constitución lo permite.

Reforma en los penales

Con respecto a las reformas que emplearán en el sistema penitenciario, Luis Galarreta, propuso un plan para descongestionar los penales del país, con la finalidad de establecer el orden.

"Estos internos serán trasladados desde los actuales establecimientos penitenciarios, lo que permitirá reducir el hacinamiento, mejorar el control interno y recuperar progresivamente el principio de autoridad del Estado en las cárceles", indicó.

Según dijo, los reclusos que se encuentran purgando una pena por alimentos y delitos menores serán trasladados a otros espacios administrados por las FF.AA.

"Se coordinará, vía convenios, el uso de cuarteles en desuso de nuestras Fuerzas Armadas y de terrenos adecuados para instalar espacios de reclusión destinados a internos por delitos menores, sentenciados por alimentos y otras personas que no revistan un alto nivel de peligrosidad. Estos internos serán trasladados desde los actuales. establecimientos penitenciarios, lo que permitirá reducir el hacinamiento, mejorar el control interno".

Al cierre de su mensaje sobre las medidas para contrarrestar la inseguridad ciudadana, el titular de la PCM anunció una inversión de 19 millones de soles para equipar la División de Investigación de Extorsiones de laPNP, así como la adquisición de chalecos, camionetas y motocicletas. Informó que se implementará un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial a nivel nacional y se fortalecerá la tecnología en los penales para evitar la comunicación de los reclusos con el exterior.

Cuestionamientos

Tras el discurso, especialistas cuestionaron el rol de las Fuerzas Armadas en resguardar los penales.

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, aseguró que el personal de las FF.AA. 'no está dentro de las facultades de las FF.AA. cuidar penales". "Me ha parecido. un discurso con pocas ideas; (Galarreta) ha reiterado de forma aburrida lo que dijo la presidenta el 28 de julio (...) Todas son medidas paliativas de corto plazo".

El exministro del Interior, Pedraza precisó que no tiene ningún sentido usar recursos públicos y al personal militar para el control de perímetro de un penal porque no se necesita en lo absoluto.

En tanto, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, cuestionó al Gobierno de Keiko Fujimori por tener "una mirada equivocada y fantasiosa" del número de militares con los que cuenta el Perú.

El crimen no desaparecerá la próxima semana

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que el Gobierno de Keiko Fujimori no podrá erradicar la inseguridad ciudadana del Perú en una semana. "No vengo a prometerles que el crimen desaparecerá la próxima semana, vengo a comprometerme al Estado hacer más fuerte y más rápido y emplear mejor la inteligencia contra quienes quieren destruir nuestra tranquilidad", expresó.

El titular de la cartera del Interior destacó que el Poder Ejecutivo necesita del Congreso con respecto a las leyes que permitan combatir eficazmente el crimen.

El cambio se debe a que el abogado del exmandatario, Erwin Siccha, renunció por motivos personales. En reemplazo ingresó el estudio legal del exministro Alejandro Salas como nueva defensa técnica.

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A su vez, el fiscal adjunto superior Hugo Chávez Julca solicitó un plazo adicional para revisar los actuados. Esto debido a que recién asumió el caso el 19 de agosto tras la suspensión del fiscal de primera instancia Germán Juárez.

En vista de ello, el tribunal postergó la instalación de la audiencia para garantizar el derecho a la defensa y dar tiempo a los nuevos abogados para revisar los más de 50 tomos del expediente judicial.

El estudio de Alejandro Salas señaló que requiere examinar más de 100 horas de grabaciones del juicio oral realizado en primera instancia, por lo que la Sala concedió las prórrogas solicitadas por ambas partes, con el objetivo de garantizar el debido proceso antes del inicio de los debates orales.

La nueva fecha es de carácter improrrogable.

A inicios de junio, el Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente un recurso de hábeas corpus presentado por el expresidente Martín Vizcarra, con el cual intentaba anular la sentencia en su contra por presuntos sobornos en las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

La defensa del exmandatario, Julissa Ricopa, argumentaba que el Poder Judicial estaba cometiendo errores procesales y que se mantenía el riesgo de juzgarlo dos veces por el mismo problema, lo que afectaba su derecho al debido proceso.

“(…) Afirma que se vulnera el principio non bis in idem, debido a que el beneficiario es juzgado bajo la imputación del delito de cohecho pasivo propio, mientras aguarda a que se inicie el control de acusación que busca llevarlo a nuevo juicio por los mismos hechos, bajo la imputación del delito de colusión; es decir, el favorecido sería juzgado y posiblemente sancionado dos veces por el mismo hecho”, señaló Ricopa.

La cifra fue confirmada por José Augusto Vásquez Loaiza, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, y se actualizó este miércoles con la llegada de 48 viviendas prefabricadas donadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que forman parte de 15 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a más de 2.000 familias afectadas por emergencias en el país. Estas se suman a los 48 módulos que ya habían sido trasladados e instalados en Pumpunya.

La demora ocurre mientras la magnitud de la emergencia se amplió tras el sismo de magnitud 5 registrado el 6 de agosto y sus posteriores réplicas. El balance actualizado de Defensa Civil reporta 20 distritos declarados en emergencia y alrededor de 3.500 viviendas destruidas o inhabitables. Además, unas 15.000 personas resultaron afectadas por los movimientos telúricos.

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Una adulta mayor murió en una carpa tras perder su casa

Las consecuencias de la falta de una solución habitacional ya tienen un rostro concreto. En Chongos Alto, Huancayo, Felisa Román de Chambergo, de 75 años, murió de neumonía después de pasar varios días en una carpa, luego de que su vivienda quedara inhabitable tras una de las decenas de réplicas del sismo de 5,2.

Su hijo, Rodrigo Chambergo Román, contó que pidió a las autoridades una carpa y colchones para proteger a sus padres tras un temblor de 5,0 ocurrido el 6 de agosto en Huancayo, pero que no recibió estos implementos. Ante la necesidad de encontrar un refugio, reunió S/150 de sus propios ahorros para comprar una carpa usada y plástico, que instaló frente a su vivienda.

"Mi mamá ha fallecido por neumonía, ya estaba delicada y debido al sismo tuvimos que dormir en una carpa y eso agravó su salud. La madrugada del lunes hizo un fuerte frío y mi mamá amaneció muerta", relató.

El caso ocurrió en medio de las bajas temperaturas de la zona y mientras familias damnificadas continúan utilizando carpas o refugios improvisados. Para el hijo de Felisa, la falta de un espacio adecuado agravó la situación de salud de su madre, quien terminó falleciendo dentro de la carpa que la propia familia tuvo que comprar.

Viviendas aún esperan validación

La brecha no solo está en la instalación de los módulos. Tras el primer sismo, el Gobierno Regional de Junín identificó 2.136 viviendas destruidas o inhabitables en siete distritos, pero hasta ahora el Ministerio de Vivienda habría validado alrededor de mil, según Vásquez.

Los alcaldes de las zonas afectadas acordaron solicitar una reunión con el ministro de Vivienda para conocer un cronograma que permita determinar cuándo terminará la validación de los inmuebles afectados y cuándo las familias podrán acceder al Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), subsidio de S/500 mensuales por un periodo de dos años.

La ayuda internacional recibida este miércoles también incluye 100 carpas familiares y 1.080 lámparas solares, valorizadas en más de S/420.000. Los suministros serán distribuidos por Indeci .

El funcionario explicó que existe además un problema práctico: las municipalidades necesitan demoler las viviendas que representan un peligro y preparar los terrenos donde serán colocados los módulos, pero primero deben esperar la inspección y validación del Ministerio de Vivienda.

"Necesitamos que el Ministerio de Vivienda nos aclare y nos diga cuáles son los requisitos, filtros o criterios que están tomando para validar a una cantidad de viviendas y no considerar a otras", cuestionó Vásquez.

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El frío y las lluvias aumentan la preocupación

Mientras continúa la espera, algunas familias permanecen en carpas o construyen refugios improvisados con palos y calaminas junto a los restos de sus viviendas. La situación podría agravarse en los próximos meses debido al inicio de la temporada de lluvias.

Vásquez advirtió que las precipitaciones podrían comenzar entre octubre y noviembre y alertó que las carpas utilizadas actualmente por las familias no están preparadas para soportar lluvias intensas.

"Las carpas no van a soportar las lluvias intensas", advirtió el funcionario, quien consideró necesario acelerar la instalación de los módulos temporales durante los primeros 60 días de la emergencia. De no avanzar el proceso, incluso planteó evaluar una ampliación del estado de emergencia en los 20 distritos afectados.

El riesgo no es menor. En las zonas altoandinas, las familias que permanecen en carpas enfrentan además bajas temperaturas durante las noches. El fallecimiento de Felisa Román evidencia la vulnerabilidad de los adultos mayores que continúan sin una vivienda segura después del desastre.

Colegios también esperan aulas temporales

La emergencia también dejó daños en la infraestructura educativa. El Ministerio de Educación informó que se habilitarán 68 aulas temporales tipo domo para atender a los escolares de las zonas afectadas. Hasta el momento, 20 ya fueron instaladas y otras 48 llegaron como parte de una operación complementaria.

Estas últimas serán colocadas en 18 instituciones educativas de Huancayo y Chupaca y, según el Minedu, podrán atender hasta 2.880 escolares en dos turnos. La empresa encargada de la instalación asumió el compromiso de dejar las aulas habilitadas en un plazo de 15 días.

Sin embargo, la demanda total asciende a 83 aulas temporales tipo domo, por lo que todavía existe una brecha de 15 aulas para atender las necesidades identificadas en las zonas afectadas.

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Contraloría detectó fallas en la primera respuesta

La primera respuesta ante la emergencia también fue observada por la Contraloría General de la República. Cuatro informes identificaron deficiencias en la atención de los damnificados en Chongos Bajo, Huayucachi, Viques y Chupuro.

En Chongos Bajo, por ejemplo, la municipalidad no había concluido el padrón de damnificados ni contaba con usuario y contraseña para acceder al Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) cuando ocurrió el sismo.

En Viques, la Contraloría encontró que solo 100 de los 739 damnificados registrados habían recibido donaciones al momento de la inspección. También se reportaron retrasos en la gestión y distribución de ayuda humanitaria en Huayucachi y Chupuro.

El propio Gobierno Regional reconoció que hubo deficiencias en el empadronamiento y la distribución de ayuda. Ahora, superada la etapa de atención humanitaria inicial, el principal desafío es conseguir una solución para las familias que perdieron sus viviendas.

Una promesa que avanza lentamente

El Gobierno anunció que la emergencia sería atendida con módulos temporales, pero la entrega todavía está lejos de alcanzar la meta anunciada por la presidenta Keiko Fujimori. Solo 96 de los 500 módulos prometidos han sido instalados en Pumpunya, mientras miles de familias permanecen a la espera de una solución.

El caso de Felisa Román muestra el costo humano de esa espera: una mujer de 75 años que, después de perder la seguridad de su vivienda, terminó pasando sus últimos días en una carpa comprada por su propia familia y expuesta al frío.

Con las lluvias previstas para octubre y noviembre, las autoridades tienen poco margen de tiempo. La emergencia ya no se limita a entregar alimentos o ayuda inmediata: miles de familias necesitan un techo seguro antes de que las condiciones climáticas vuelvan aún más crítica su situación.

Fuerza Popular también hizo un guiño a su presencia en la sesión. Miguel Ángel Torres, uno de los 'hombres fuertes' del fujimorismo, no pudo participar de manera presencial, se hizo presente a través de la virtualidad: un mensaje de poco más de veinte segundos fue proyectado durante la transmisión del Congreso en redes sociales. No pasó desapercibido. Aunque no forma parte de la Cámara de Diputados, su mensaje fue la antesala para la presentación del premier fujimorista.

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Iniciado el discurso, el primer ministro optó por lanzar el salvavidas desde el vamos: "Un Estado entrampado por la burocracia, que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias y a las necesidades de las familias", dijo, dibujando el diagnóstico de un país que, según su relato, le fue entregado ya roto.

La frase no sonó improvisada: calzaba casi a la perfección con el discurso que Keiko Fujimori había pronunciado semanas antes, el 28 de julio. El "relato de herencia" —esa fórmula que permite explicar cualquier tropiezo futuro como culpa del pasado— quedaba instalado desde los primeros minutos de su presentación.

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"El Estado tiene que volver a funcionar para la gente. Seguridad que se sienta. Servicios que lleguen. Obras que terminen", enumeró. Y a lo largo de todo su discurso, fijó los mismos plazos —diciembre de 2026, julio de 2027, el cierre del quinquenio en 2031— sin que los ciudadanos que lo escuchaban pudieran saber qué pasos habría que seguir para ver sus promesas cumplidas.

Seguridad: el eje que más pesa y menos explica

Si hay un tema que definió la campaña de Fujimori, fue la seguridad. No es para menos: más de la mitad de los peruanos dice sentirse insegura en el transporte público y en los restaurantes. Y sin embargo, apenas estrenado el gobierno, los primeros días ya habían sido accidentados justamente en el área que se suponía sería la prioridad absoluta.

Frente a los diputados, Galarreta prometió "más capacidad operativa, inteligencia, tecnología y presencia policial en el territorio", apuntando contra la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y el narcotráfico.

Sonó contundente. Pero el cómo —la incómoda explicación que separa el plan del deseo— nunca llegó. El primer ministro habló de "fortalecer" el sistema de flagrancia y los subsistemas policiales sin precisar un solo mecanismo concreto. Los problemas, una vez más, quedaban nombrados; las soluciones, en cambio, seguían flotando en el terreno de lo gaseoso.

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El Niño, y el terremoto que llegó dos horas después

El segundo eje del discurso —gestión de riesgos y desastres— reveló otra asimetría curiosa. De dieciséis párrafos dedicados al tema, solo uno mencionó los sismos. El resto se concentró casi en su totalidad en el próximo Fenómeno de El Niño.

Desde luego, los reflectores voltean a este anuncio climatológico, y es que la prevención ante el FEN será una de las prioridades en este periodo 2026-2027. Sin embargo, no dejo de ser llamativo que el único compromiso en cuanto a sismos y desastres se refiere fue la promesa de ampliar los Grupos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), hoy cuatro —dos del Ejército, uno de la Marina, uno de la Fuerza Aérea—, a ocho para el segundo año de gobierno y a dieciséis al final del quinquenio.

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El tema menos apreciado en el discurso se presentó en la realidad: solo dos horas después de que Galarreta pronunciara esas palabras, un terremoto sacudió Catacora, en Ayacucho.

En algún punto de ese tramo, el premier pareció perder el tino. La comunicación se le hizo cuesta arriba, como si el peso de las cifras y los plazos le complicara sostener el tono. Y entonces, también vino la autocrítica: "Vamos tarde en la prevención del Fenómeno de El Niño 2026-2027, y tenemos que reconocerlo. Pero será la última vez”.

La democracia va al final

El eje más corto lo tuvo la democracia. Solo una hoja abordó el segmento de democracia y gobernabilidad. Fuerza Popular ha sumado varios periodos de experiencia gobernando desde el Congreso, pero es recién ahora que tiene la opción de hacerlo desde el Ejecutivo. Para la oposición, la contradicción se mostraba evidente: desde el Ejecutivo, el partido que dinamitaba la fortaleza institucional, las libertades y los derechos humanos ahora venía a pedir por ellos.

"Este gobierno será defensor de la institucionalidad democrática, las libertades de prensa y de expresión y los derechos fundamentales", decía Galarreta. Un comentario que desató algunas caras de desaprobación entre los diputados que no lo ven con buenos ojos.

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Las participaciones complementarias no salvaron el día

Si Galarreta no había terminado de convencer a los diputados, tampoco lo hicieron Marco Vinelli, ministro de Agricultura y Riego, y César Astudillo, titular del Interior. Los alfiles ministeriales no pudieron revertir el resultado de una mañana en la que el fujimorismo no logró cosechar los apoyos que buscaba.

Vinelli centró sus esfuerzos en una táctica más aterrizada que la de sus compañeros de gabinete. El titular de Agricultura tuvo una presentación más redonda, en la que señaló las tareas ya ejecutadas —como el decreto de urgencia publicado durante este Gobierno, que contempla acciones directas para enfrentar el Fenómeno de El Niño junto con la Autoridad Nacional del Agua— y nombró los problemas de manera más concreta.

La presentación cumplió como complemento de lo que ya había mencionado Galarreta. Sin embargo, las lluvias del pasado fin de semana ya habían dejado una imagen difícil de revertir.

En el caso de Astudillo, la presentación fue aún más accidentada. El retorno a las generalidades estuvo presente en el discurso del ministro del Interior. Astudillo llamó a implementar más inteligencia y a golpear a la delincuencia, pero, más allá de estas señales, la cartera no presentó ninguna acción concreta que pueda contrarrestar la criticada parsimonia que ha mostrado el Gobierno en este terreno hasta el momento.

Horas antes, Harvey Colchado —diputado de Ahora Nación y policía en retiro— le había dicho al ministro que "no se deje engañar" y cuestionó la permanencia de Arriola como jefe de la PNP. El tema fue completamente obviado por el ministro.

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Una tregua que nadie recogió

Hacia el final, Galarreta cambió de registro y buscó tender un puente hacia el Legislativo. "Les propongo acompañar a los funcionarios, a los ministros y al Gobierno en general a destrabar aquello que hoy impide que una posta se instale, que el agua llegue, que las medicinas estén disponibles (...) Seamos juntos parte de la solución", dijo, mirando a un hemiciclo que, en ese momento, apenas lo miraba de vuelta.

Porque mientras el premier hablaba de seguridad, la congresista Analí Márquez, de Juntos por el Perú, llevaba varios minutos con la vista fija en su celular. En la Mesa Directiva, los vicepresidentes Harvey Colchado (Ahora Nación) y José Yataco (Obras) tampoco disimulaban demasiado: sus teléfonos parecían más interesantes que el plan de gobierno.

Hasta desde la propia bancada oficialista, el diputado de Fuerza Popular Ángel Bobadilla completaba el cuadro, más atento a las redes sociales que al discurso de su propio primer ministro.

“Yo he estado en el otro lado de la cancha. Y sé que el control político llama a saber que gasta y como gasta un funcionario”, dice Galarreta. Pero el intento es en vano: apelar a la compasión de la Cámara de Diputados no parece suficiente para que pueda librarse de los cuestionamientos.

Casi una hora después de haber empezado, Galarreta cerró sus diecisiete páginas. Los aplausos llegaron, a mansalva, únicamente desde la bancada oficialista. El bloque opositor —Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras— se quedó con las manos quietas. No hizo falta ningún comunicado: el rechazo ya se había vuelto gesto.

"Cuando se trata de mejorar las condiciones de los trabajadores o del pueblo… la caja fiscal no se puede, pero cuando se trata de dictar exoneraciones tributarias a grandes poderes económicos ahí sí no hablamos de la caja fiscal. Ahí sí nos quedamos callados. Ahí si no veo al ministro de Economía diciendo vamos a decirle al Congreso que pida por favor la exoneración de esas leyes de carácter tributario. Pido más coherencia", exclamó durante su presentación tras el discurso del primer ministro, Luis Galarreta, en la Cámara Baja.

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Consideró que no existe empatía al solicitar la inconstitucionalidad de las normas de pensión y beneficios para los trabajadores. “Se olvida que detrás de esas leyes hay maestros, policías, militares y trabajadores”, dijo.

Las 4 leyes que el Ejecutivo quiere eliminar

García Huby hizo referencia a las declaraciones del titular de Economía, quien explicó que cuatro leyes aprobadas durante el Congreso 2021-2026 pueden alterar la trayectoria de las cuentas públicas por las obligaciones que trasladan al Estado.

Por eso, es que el Ejecutivo llevará las normas ante el Tribunal Constitucional (TC) para buscar su derogación.

Se trata de leyes que modifican las pensiones de maestros jubilados y cesantes y de militares y policías, la homologación del incentivo CAFAE para trabajadores del régimen 276 y la norma que reconoce gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS.

El economista Mario Vergara explicó en entrevista a Latina cada una de estas normas.

La primera de ellas es el aumento de las pensiones de los maestros jubilados, lo cual generará un costo estimado de S/8 mil millones anuales. “Consiste en igual el valor de la pensión a un valor de S/3500 lo que demuestra una desigualdad con la pensión que reciben otros funcionarios que es de S/600”, dijo.

En tanto, la segunda ley es la modificación del régimen pensionario para militares y policías que también tiene un costo de S/15 mil millones. La tercera está vinculada a los beneficios para los trabajadores CAS para otorgarles gratificaciones y demás aguinaldos, lo que generaría un costo total anual de S/3 mil millones.

Finalmente, la cuarta ley es sobre el incentivo CAFAE que tiene un costo aproximado de S/2 600 mil millones anuales.

En total, las cuatro normas implican un estimado de S/30 mi millones anuales, que representa el 5% del PBI.

García Huby sobre ministros: “No tiene respeto y empatía por la ciudadanía”

En otro momento, el diputado de Buen Gobierno rechazó las primeras acciones de algunos miembros del Gabinete. “Cómo podemos nosotros creerles si tenemos ministros que definitivamente no están dando la talla política en estos momentos. Pueden tener una posición académica adecuada y técnicos en la materia, pero no tienen una posición política de respeto y empatía a la ciudadanía”, manifestó.

Se refirió al ministro del Interior, César Astudillo, y rechazó que haya ratificado al comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

“Cómo podemos creerle a un ministro que sin ninguna empatía sale en los medios de comunicación y dice que no importa un poco de agua por encima de las rodillas cuando esa gente en los distritos de la zona sur que pierden todo lo que han logrado en su inversión de vida”, anotó.

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El intercambio ocurrió en el programa Ampliación de Noticias, conducido por Mávila Huertas y Carvallo. Bravo contó que un día antes se había reunido con el decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú, Andrés Zúñiga. Cuando Carvallo precisó que él no está, el diputado señaló que era una pena e insistió: "Deberías colegiarte".

La tensión se dio en un contexto donde Bravo ya enfrenta cuestionamientos de gremios de prensa por otra iniciativa legislativa. El diputado de Renovación Popular presentó días atrás el proyecto de ley que busca penalizar la "apología al delito agravado" en medios de comunicación. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazaron esa propuesta por considerar que amenaza el ejercicio informativo durante crisis políticas y conflictos sociales.

La resolución suprema Nº 258-2026-PCM lleva la firma de Keiko Fujimori, como presidenta; la de Luis Galarreta, como presidente del Consejo de Ministros; y la de Elmer Cuba, como ministro de Economía y Finanzas.

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Tras ganar la segunda vuelta presidencial, Fujimori visitó a Velarde en las instalaciones del BCRP para solicitarle que continuara en el cargo, un pedido que fue aceptado.

"Quiero agradecerle por haber venido al BCRP personalmente, me siento honrado por el pedido que me ha hecho. Y, si en otras circunstancias no hubiera tal vez aceptado, quisiera hacerlo con mucho gusto y pienso dedicarme lo más rápido posible a cumplir con la tarea que me está encargando. Muchas gracias, Keiko, por la asignación, muy amable", dijo el economista a la prensa.

Por su parte, Fujimori recordó que el nuevo Congreso bicameral tendrá la responsabilidad de designar a cuatro integrantes del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, entre ellos a quien ejercerá la presidencia de la institución.

En ese contexto, sostuvo que los resultados alcanzados por el BCRP en el control de la inflación y la estabilidad monetaria justifican la continuidad de Velarde, a quien atribuyó el desempeño de la entidad durante los últimos años.

Julio Velarde preside el Banco Central de Reserva desde 2006 y ha sido ratificado en el cargo por gobiernos de distintas orientaciones políticas.

Durante su gestión, la entidad ha enfrentado episodios como la crisis financiera internacional de 2008, la pandemia de la COVID-19 y recientes periodos de incertidumbre política, manteniendo como objetivo principal la estabilidad monetaria y el control de la inflación. Con su continuidad para el periodo 2026-2031, el nuevo Gobierno apuesta por preservar esa línea de conducción y reforzar la confianza de los mercados e inversionistas.

Por su parte, Juntos por el Perú (JP) contará con 7 representantes; Renovación Popular, 6; Partido del Buen Gobierno, 5; Ahora Nación, 3.

La comisión contará con 28 legisladores, entre diputados y senadores, y con los 8 miembros de las Mesas Directivas de ambas cámaras.

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Durante el receso del Senado y de la Cámara de Diputados, funciona una comisión presidida por el presidente del Congreso. Su composición busca mantener una representación proporcional de los distintos grupos parlamentarios y no puede superar el 20% del total de integrantes del Congreso.

Entre sus principales atribuciones está aprobar créditos suplementarios, transferencias y habilitaciones presupuestales durante el receso parlamentario. Asimismo, puede ejercer las facultades legislativas que le sean delegadas por el Congreso.

Sin embargo, la Comisión Permanente no puede recibir facultades para abordar asuntos relacionados con la reforma constitucional, la aprobación de tratados internacionales, las leyes orgánicas, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, la Ley de Presupuesto ni la Ley de la Cuenta General de la República.

Los integrantes de la Comisión Permanente

La Comisión Permanente quedó conformada de la siguiente manera:

Fuerza Popular: los senadores Miguel Torres, Nilza Chacón, Alejandro Aguinaga, Víctor Flores, Patricia Juárez, Martha Moyano y Carlos Mesía; y los diputados Arturo Alegría, Rosangella Barbarán, Karina Beteta y Cecilia Chacón.

Juntos por el Perú: los senadores Iber Maraví, Serafín Andrés y Víctor Cutipa Ccama; y los diputados Analí Márquez, Juan Villanueva, Gabriel Gonzales y Amalia Palomino.

Renovación Popular: los senadores Alejandro Muñante, Estanislao Mancha, Lourdes Alcorta y Milagros Jáuregui; y los diputados Aldo Bravo y Diego Bazán.

Partido del Buen Gobierno: los senadores Flavio Figallo y Nora Bonifaz; y los diputados Óscar Reto, Nery Fernández y Rossana Alayza.

Partido Cívico Obras: el senador Roger Astucuri; y los diputados José Yataco, Máximo Peralta y Andrea Medina.

Ahora Nación: la senadora Mirtha Vásquez; y los diputados Harvey Colchado y José Marcelo.

La moción asegura que el informe final de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión para el Riesgo de Desastres, del periodo parlamentario 2021-2026, recomienda darle continuidad. Asimismo, plantea que la nueva comisión especial sea la encargada de estudiar, evaluar y dar seguimiento especial a las políticas, planes y programas adaptados por las instituciones.

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El informe sostiene que, en la actualidad, hay una serie de proyectos inconclusos, que no han sido fiscalizados y que no permiten que se afronte de manera correcta este fenómeno. Asimismo, resalta que las autoridades han presentado proyectos de mitigación, descolmatación y reconstrucción que no han sido atendidos correctamente.

El documento también menciona los efectos que genera el fenómeno El Niño, como daños materiales y económicos y el incremento de enfermedades. También añade los datos que causó este desastre natural en años anteriores: en 1982-1983 provocó 512 fallecidas y 1,3 millones de damnificados. En 1997-1998, dejó 340 fallecidas y más de 1 millón de peruanos afectados; y en 2017, 162 personas perdieron la vida y 141.000 fueron perjudicadas.

Por otro lado, la moción advierte que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) alertó que el fenómeno se extenderá hasta el verano del 2027, y que actuará con mayor magnitud en octubre de este año. Para diciembre y marzo del siguiente año actuará con magnitud fuerte o moderada.

"EI ENFEN recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres", se lee en el documento.

"La conformación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Prevención y Respuesta ante el Fenómeno El Niño y a la Gestión del Riesgo de Desastres, permitirá efectuar un seguimiento integral de las medidas de prevención y preparación, de los sistemas de alerta temprana, de la situación de ríos, quebradas, reservorios e infraestructura crítica, así como de la ejecución de los recursos destinados a la reducción del riesgo, atención de emergencias, rehabilitación y reconstrucción", añade.

"No vengo a prometerles que el crimen desaparecerá la próxima semana, vengo a comprometerme al Estado hacer más fuerte y más rápido y emplear mejor la inteligencia contra quienes quieren destruir nuestra tranquilidad", expresó.

En ese sentido, Astudillo propuso 5 ejes para combatir la inseguridad: anticiparse al crimen y fortalecimiento de la tecnología, recuperar el control del territorio, quitarle las herramientas al crimen, controlar las fronteras y que el sistema judicial funcione conjuntamente.

"El Ejecutivo necesita del Congreso, leyes que permitan combatir eficazmente al crimen, herramientas para nuestras instituciones, recursos para tecnología dentro del marco jurídico que permita actuar con firmeza, pero siempre dentro del Estado de derecho", señaló.

"Detrás de cada indicador hay una persona, una familia, una madre que quiere que su hijo llegue seguro a casa, un comerciante que quiere trabajar sin pagar una extorsión, un joven que quiere salir de noche sin miedo, una familia que quiere vivir tranquila, ese es el verdadero indicador de nuestra gestión: que el ciudadano vuelva a sentir que Estado está de su lado", añadió.

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Un llamado de atención al Congreso

En esa misma línea, el ministro del Interior hizo un llamado a los congresistas a dejar de lado su posición política y los instó a trabajar conjuntamente para derrotar a la criminalidad.

"Para lograrlo necesitamos trabajar con ustedes. Necesitamos trabajar en unidad, sé que en este Congreso existen distintas posiciones políticas, yo soy parte de él y eso es parte de la democracia, podemos fiscalizar, exigir explicaciones, eso es sano. Pero hay algo en lo que no deberíamos discrepar: en la obligación de proteger la vida de los peruanos, esa gente que nos ha puesto en estas curules", dijo.

"El delincuente no pregunta de qué partido es su víctima, la extorsión no distingue colores políticos ni banderas, una bala no distingue oficialismo de oposición y una familia que pierde a uno de los suyos tampoco lo hará, el Estado no debe estar dividido", acotó.

El pacto fija además pautas para evitar el acoso político entre agrupaciones. Los firmantes se comprometieron a transparentar sus ingresos y gastos de campaña ante los órganos de fiscalización del JNE. También aceptaron participar de forma obligatoria en los debates públicos organizados por el ente electoral y a reconocer los resultados oficiales una vez culminado el proceso.

Al finalizar la ceremonia, varios candidatos se pronunciaron ante la prensa sobre la candidatura de Rafael López Aliaga, quien asumió la cabeza de su lista tras la renuncia del postulante original de Renovación Popular. Yehude Simon, Susel Paredes y Carlos Bruce coincidieron, fuera del local del evento, en calificar la situación como una maniobra para evadir la prohibición constitucional de reelección inmediata.

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Susel Paredes acusó al JNE de ser "cómplice" de López Aliaga

Susel Paredes, candidata de Ahora Nación, fue la voz más dura contra el organismo electoral. Ya afuera del local, la postulante declaró que el JNE "es cómplice" de la situación de López Aliaga y calificó de "complaciente" la actuación del tribunal frente a lo que considera una vulneración de la Constitución. Paredes también lanzó un cuestionamiento personal contra el candidato de Renovación Popular, a quien describió como una persona con limitaciones intelectuales.

Yehude Simon, postulante de Tierra Verde, coincidió con ese diagnóstico. El candidato afirmó que López Aliaga "sabe que está haciendo trampa" y que el aspirante faltó a su palabra al asumir la cabeza de la lista tras la salida del candidato original.

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Carlos Bruce, de Somos Perú, pidió al tribunal electoral actuar con firmeza. El candidato exhortó al JNE a hacer cumplir la prohibición de reelección inmediata que establece la Constitución y dijo que el organismo no debería permitir que López Aliaga postule en las condiciones actuales.

Juan Carlos Alvarado, de Venceremos, fue el más directo de todos. El candidato pidió a la ciudadanía "no votar por la trafa" y afirmó que López Aliaga no merece el respaldo de los limeños. En contraste, Francis Allison, de Avanza País, prefirió no sumarse a las críticas más duras. Allison cuestionó la ausencia de López Aliaga en la ceremonia, pero pidió esperar antes de emitir juicios sobre la actual gestión de Keiko Fujimori, a quien planteó dar un plazo de seis meses antes de evaluar su desempeño.

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Los candidatos plantearon cambios en la ATU y el tren Lima-Chosica

Más allá de las críticas a López Aliaga, los postulantes expusieron propuestas concretas para la ciudad. Susel Paredes anunció que, de ganar, cambiará la tabla de sanciones de la ATU, a la que calificó de desproporcionada. La candidata también dijo que coordinará directamente con la Policía Nacional del Perú para enfrentar la inseguridad en la capital.

Carlos Bruce planteó una reforma más profunda del organismo de transporte. El candidato dijo que la ATU solo se dedica a imponer multas y afirmó que, de ser necesario, cambiaría hasta el nombre de la institución para transformar su función.

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Sobre el tren Lima-Chosica, ambos candidatos coincidieron en que la compra de las unidades no le compete a la alcaldía de Lima. Paredes y Bruce indicaron que esa responsabilidad corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Paredes calificó el actual proyecto como "una chatarra" y como un sistema contaminante y costoso para los limeños. La candidata presentó como alternativa un proyecto de trenes eléctricos de cercanía.

Francis Allison se distanció de esa postura. El candidato de Avanza País aseguró que el tren Lima-Chosica funcionará si resulta elegido alcalde y atribuyó los problemas del proyecto a un desorden en su ejecución, no a la viabilidad del sistema en sí.

Luque invocó el artículo 99 de la Constitución y el artículo 174 del Reglamento del Congreso para sustentar la denuncia. Los denunciados son Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González, Cayo César Galindo Sandoval, Jaime Pedro De la Puente Parodi y Rafael Ruiz Hidalgo.

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El escrito detalló hasta cinco hechos distintos por cada denunciado. Entre los artículos citados figuran el 39, el 139 (incisos 2 y 3), el 146 (incisos 1 y 3), el 158 y el 159 de la Constitución. Estos artículos regulan, entre otros temas, la función pública y la independencia judicial. La senadora sostiene que estas normas fueron vulneradas de forma reiterada.

Luque pidió que se declare procedente la denuncia. También solicitó que se formule la acusación constitucional contra los siete denunciados. Como consecuencia, pidió su destitución e inhabilitación para ejercer función pública.

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Los casos que sustentan la denuncia

El documento incluye como anexos varias resoluciones de la JNJ que, según Luque, prueban el uso indebido de sanciones. Una de ellas es la Resolución N° 019-2026-PLENO-JNJ, que impuso la destitución de Delia Milagros Espinoza Valenzuela como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Otra es la Resolución N° 333-2026-JNJ, que abrió una investigación preliminar contra el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada.

También se cita la Resolución N° 151-2026-JNJ, que dispuso no ratificar a Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara como vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima. A este listado se suma un pronunciamiento oficial de los presidentes y presidentas de las Cortes Superiores de Justicia del Perú, fechado el 11 de agosto de este año. Ese documento respalda la idea de que existe preocupación dentro del propio Poder Judicial por las decisiones de la JNJ.

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En el video, Torres saludó la presentación del gabinete de Galarreta. "Como presidente del Senado y del Congreso de la República espero con expectativa este mensaje y hago un llamado a todos los diputados y senadores a asumir con responsabilidad este momento", señaló. Pidió a los congresistas "escuchar, evaluar y proponer" frente a la exposición del premier.

El presidente del Congreso planteó, además, que la fiscalización parlamentaria no debe estar reñida con el trabajo conjunto entre poderes del Estado. "El país necesita un Congreso que fiscalice, pero que también entienda que la colaboración entre poderes del Estado es fundamental para avanzar", afirmó. Mencionó tres frentes concretos —el fenómeno de El Niño, la inseguridad ciudadana y "los grandes desafíos que enfrenta el país"— y cerró su mensaje con un pedido directo: "unidad para actuar y responsabilidad para dar resultados".

La interrupción se dio en plena sesión del Pleno de Diputados, convocada para que el premier y su equipo de ministros expongan la política general del Gobierno, en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución. La cita se realizó desde las 10:00 a. m. de este jueves y contempló cuatro horas de debate parlamentario, repartidas de forma proporcional entre las bancadas. Se trató de la primera comparecencia de un gabinete ante la nueva Cámara de Diputados, tras el retorno al sistema bicameral.

También olvidó mencionar que su liderazgo en el MEF no fue corto como para pretender deslindar responsabilidad. Asumió como titular desde el 13 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2025. Es decir, más de once meses.

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“Quiero enfatizar la mala gestión de las administraciones anteriores que han sido desordenadas e ineficientes”, dijo tras la presentación del primer ministro, Luis Galarreta.

Seguidamente se dedicó a enumerar las ineficiencias encontradas. Indicó que los gobiernos anteriores han dejado “más dos mil doscientas obras paralizadas”, las cuales “le cuestan al país más de setenta y tres mil millones de soles”. Tal dinero está invertido en obras a nivel nacional que “no le sirven a nadie”, dijo.

También, “encontró” las consecuencias de la corrupción. Precisó que se trata de un problema que, según la Contraloría General de la República, le cuesta al país más de veinticuatro mil millones de soles al año.

Finalmente, se refirió a las cárceles. “La inseguridad y la pérdida de autoridad. El costo de la delincuencia le cuesta al país aproximadamente 2,2% de crecimiento. Más o menos unos veintiséis mil millones de soles. Eso significa unos setenta y dos millones de soles diarios”, anotó.

Y reprochó que no se haya inaugurado una nueva cárcel en el país.

“Hace más de diez años, repito, diez años que en el Perú no se inaugura una cárcel nueva. Ineficiencia y corrupción de limpia en este caso. Diez años, eso es lo que se ha heredado”, refirió.

José Arista fue cuestionado por obras paralizadas durante su gestión

Lo que Arista olvidó es que durante su periodo como ministro enfrentó dos mociones de interpelación y una de censura. Esta última no prosperó.

El hoy diputado respondió por las dos mociones de interpelación el mismo día, el 14 de junio del 2024.

Las preguntas estuvieron relacionados con los siguientes temas: pedido de facultades y la reducción de la pobreza; paralización de obras en el primer trimestre del año 2024; su gestión al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y las opiniones del Consejo Fiscal.

Es decir, fue cuestionado por obras paralizadas, hecho que hoy él mismo reclama.

“Queda demostrado la falta de liderazgo para reducir la pobreza, impulsar mejoras en la economía, además de la incompetencia para asumir un rol trascendental sobre la paralización de obras en los diferentes gobiernos regionales y locales, constituyen elementos determinantes para motivar la presente interpelación”, consideró la entonces congresista Kelly Portalatino sobre Arista.