El patrón se repite en carteras tan distintas como Vivienda, Interior, Ambiente, Educación o el MTC. En algunos casos, los cuestionamientos tienen que ver con procesos penales en curso. En otros, con salidas abruptas de cargos públicos tras denuncias periodísticas o auditorías. También hay quienes pasaron por dos o tres gobiernos distintos, sin que las denuncias en su contra frenen su llegada a nuevos puestos de confianza.

Esta nota reúne el detalle de cada uno de estos nombres, ministerio por ministerio, con la información disponible sobre sus procesos judiciales, administrativos o las circunstancias de sus renuncias. Al final se incluye, además, un repaso de otros fichajes revelados por La Encerrona, con nombres adicionales que también forman parte de este mapa de transferencia.

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José Manrique Salinas, del equipo del Ministerio de Vivienda

José Manrique Salinas fue designado en el equipo de transferencia del Ministerio de Vivienda. Su nombre es conocido en el ámbito judicial por haber presentado, en representación de Alberto Fujimori, varios recursos de hábeas corpus. El objetivo de esas acciones legales fue revertir la anulación del indulto humanitario que el expresidente recibió en 2017.

Ninguno de esos recursos prosperó. En 2018, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declaró improcedente uno de los pedidos. La sala argumentó entonces que el proceso todavía estaba en trámite en la vía ordinaria y que correspondía a la Corte Suprema resolverlo.

El segundo intento llegó en octubre de 2023. Manrique Salinas, junto al abogado Mauricio Arnillas, apeló ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta vez, el recurso buscaba dejar sin efecto las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigían la liberación inmediata de Fujimori. La sala también rechazó la apelación.

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Julio Salas Becerra, del equipo del Midis

Julio Salas Becerra integra el equipo de transferencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Su nombre apareció en la prensa en octubre de 2021, cuando ejercía el cargo de director general de la Oficina de Asesoría Jurídica de Palacio de Gobierno, durante la gestión de Pedro Castillo.

Según la información publicada por La República, Salas Becerra fue el primer funcionario en recibir al fiscal Juan Cajas cuando este llegó a Palacio a solicitar el registro de cámaras de seguridad y el cuaderno de visitas, como parte de una investigación en curso. El propio Castillo, según indicó el fiscal Cajas ante la congresista Norah Córdova, impidió el ingreso al despacho de la Secretaría de Palacio.

Salas Becerra recibió la disposición fiscal, se retiró y regresó dos horas más tarde. Le informó entonces a Cajas que la autorización correspondía a la Secretaría General del Despacho Presidencial, entonces a cargo de Claudia Mendoza. Años después, ya en Proinversión, Salas Becerra ocupó la jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica hasta octubre de 2025, cuando se aceptó su renuncia al cargo.

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José Vidal Fernández, del equipo del Ministerio de Ambiente

José Vidal Fernández fue nombrado en el equipo de transferencia del Ministerio del Ambiente. Su trayectoria en el sector público incluye pasos como viceministro en los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, además de la gestión de Boluarte más recientemente.

Como director del Plan Copesco Nacional, adscrito al Mincetur, su gestión fue cuestionada por las obras de ampliación del Complejo Turístico Baños del Inca, en Cajamarca. El 9 de febrero de 2018, un derrumbe en esa obra dejó 9 heridos, entre ellos Juan Mendoza Llico. La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca abrió una investigación en su contra por el presunto delito de lesiones culposas.

Su paso más reciente por el Estado terminó en junio de 2025, cuando renunció a la gerencia general del Instituto de Radio y Televisión del Perú. La salida se dio apenas dos días después de la renuncia de Ninoska Chandía a la jefatura institucional del IRTP, en medio del caso conocido como "el dominical para Dina Boluarte".

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Juan Padilla, Vicente Álvarez Moreno y Remigio Hernani Meloni, del equipo del Interior

El equipo de transferencia del Ministerio del Interior reúne tres perfiles con historiales distintos, pero todos vinculados a la gestión de la seguridad y el orden público. El primero es Juan Padilla, quien formó parte del equipo de seguridad durante la campaña electoral de Williams Zapata.

El segundo nombre es el de Vicente Álvarez Moreno, general PNP que en marzo de 2025 brindó un testimonio clave ante la Corte Suprema. Lo hizo en el juicio oral que investiga el presunto delito de rebelión cometido por Pedro Castillo. Álvarez declaró que, como jefe del Estado Mayor General y comandante general encargado de la PNP, recibió órdenes directas de Castillo para cerrar el Congreso y detener a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

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Según su propio relato, el alto mando policial se negó de manera unánime a acatar esas órdenes, por considerarlas contrarias a la Constitución. Álvarez también coordinó las acciones operativas que terminaron con la detención de Castillo, cuando este se dirigía hacia la embajada de México en Lima, el 7 de diciembre de 2022.

La trayectoria de Álvarez Moreno dentro de la PNP no está libre de cuestionamientos. El Ministerio Público lo investigó por su presunto vínculo con un grupo policial ilegal conocido como el "escuadrón de la muerte", señalado por ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes entre 2012 y 2015. También enfrentó un proceso penal por el presunto desvío y robo sistemático de combustible asignado a la Dirección Contra el Terrorismo, durante su gestión en 2014.

Esas investigaciones lo llevaron a pasar al retiro de manera temporal en 2016. Su reincorporación llegó después, por mandato legal. El tercer integrante del equipo, Remigio Hernani Meloni, ya ocupó el Ministerio del Interior entre 2008 y 2009, durante el segundo gobierno de Alan García. Su gestión estuvo marcada por la inestabilidad, choques constantes con la cúpula policial y cuestionamientos por irregularidades en pases al retiro y ascensos, hasta su salida por una crisis de liderazgo.

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Claudia Ato, del equipo del MTC

Claudia Ato Rodríguez integra el equipo de transferencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fue candidata a regidora de Lima en las elecciones de 2018, por la lista de Fuerza Popular.

Desde enero de 2024 ejerce el cargo de directora de Evaluación Ambiental en la Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC, ya en el gobierno de Dina Boluarte. Bajo su competencia directa quedó el análisis de expedientes y denuncias ambientales relacionados con el Terminal Portuario Multiboya de Chancay. La Contraloría General de la República detectó, en auditorías a esa dirección, presuntos vacíos en la fiscalización y celeridad indebida en la emisión de informes de viabilidad ambiental. El órgano de control recomendó derivar el caso a la Procuraduría Pública.

Ato Rodríguez también firmó pronunciamientos institucionales, como el Memorando N.° 0136-2025-MTC, en los que se negó el acceso a solicitudes de prensa y de la ciudadanía sobre las acciones ambientales aplicadas al megapuerto de Chancay. La justificación fue el "carácter confidencial" de las evaluaciones en curso, una postura que generó críticas de gremios civiles y de portales especializados en transparencia.

Tras la publicación de esta nota, Claudia Ato Rodríguez remitió una comunicación a este medio señalando que el Memorando N.° 0136-2025-MTC/16.01 no constituyó la respuesta final a la solicitud de información sobre las acciones ambientales aplicadas al megapuerto de Chancay. Según indicó, la respuesta definitiva fue el Memorando N.° 0142-2025-MTC/16.01, en el cual la Dirección de Gestión Ambiental del MTC señala que, a la fecha, esa dependencia no había generado documentos vinculados al requerimiento de información a partir de la recepción del Oficio N.° 1435-2024-APN-GG-DITEC. Asimismo, precisó que la reserva de información sobre el procedimiento administrativo sancionador contra Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. responde a lo establecido en los artículos 13 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.° 27806), al tratarse de un procedimiento en curso.

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Educación, Cancillería y Mincetur: otros tres nombres cuestionados

El resto de ministerios también suma perfiles con antecedentes. En Educación, el equipo de transferencia incluye a Doris Gavilano Iglesias, exsecretaria general del Minedu. Gavilano es investigada por presunta contratación indebida y direccionamiento de contratos, un caso que derivó en allanamientos a funcionarias del sector. Según reportes periodísticos, acreditó experiencia laboral con documentos firmados por su entonces esposo, correspondientes a una empresa que no tenía trabajadores registrados ante la Sunat.

En Cancillería, la designada es Carla Mares, excandidata al Senado por el partido SíCreo en los últimos comicios generales. A diferencia de otros nombres de esta lista, su cuestionamiento no está ligado a un cargo público previo, sino a su cercanía política con organizaciones que han anunciado su apoyo a Fuerza Popular públicamente.

En Mincetur figura Ernesto García Calderón, quien se desempeñó como asesor del Viceministerio de Turismo y luego como director general de Estrategia Turística, todo ello durante los gobiernos de PPK, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Portales especializados en el sector, como Turiweb, publicaron denuncias en su contra por presuntos actos de favoritismo, "tarjetazos" e influencias indebidas en procesos de contratación bajo la modalidad CAS, dentro del propio ministerio que ahora integra en la transferencia.

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Lo que reveló La Encerrona sobre los otros equipos de transferencia

El pódcast La Encerrona publicó, en un informe previo, otro grupo de nombres que también integran los equipos de transferencia de Keiko Fujimori. Entre ellos está Giulliana Loza Avalos, abogada de confianza de Fujimori, que pasó de la defensa legal personal a un puesto dentro del equipo de la PCM. La acompaña César Candela, también abogado personal de Keiko Fujimori y exasesor del fallecido expresidente Alan García.

En el mismo equipo aparece Shirley Montenegro, señalada en su momento por el equipo especial del caso Lava Jato como la persona que habría incinerado pruebas vinculadas al presunto lavado de activos de Fujimori. A ellos se suma José Luis Tantaleán Vallejo, conocido como "Pepe" Tantaleán, exedecán de Alberto Fujimori. Según archivos de la Procuraduría, Tantaleán participó en 2000 en el allanamiento irregular a la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, en el operativo que permitió a Fujimori llevarse los llamados vladivideos. Ese caso derivó en la primera sentencia judicial en contra del expresidente.

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La Encerrona identificó también a varios funcionarios provenientes del gobierno de Dina Boluarte. Entre ellos, Iván Pereira Villanueva, exgerente general de Salud, despedido tras ser acusado de tres presuntos casos de corrupción. Según su entonces jefa, Rosa Gutiérrez, Pereira la amenazó tras su salida. También figuran Sergio González, extitular del Ministerio de la Producción durante la gestión de Boluarte, y Tabata Vibanco, quien fue secretaria general del Ministerio del Interior y luego jefa de Proinversión, pese a una gestión cuestionada por la creación de una agencia de compras interna considerada irregular.

Un último nombre destacado por el pódcast es Juan Carlos González Hidalgo, esposo de una sobrina de César Acuña. González fue viceministro de Políticas Agrarias en 2016 y tuvo que renunciar luego de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera nueve años de prisión en su contra, por un caso vinculado a su gestión como funcionario de la Municipalidad de Tumbes. El caso fue archivado con el tiempo. Años después, ya como secretario general de la Defensoría del Pueblo, esa misma institución aprobó financiar su defensa legal en una nueva investigación fiscal, esta vez por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

"He tenido reuniones con casi todos. En buena onda. He cenado con el doctor (Jorge) Nieto Montesinos. He estado dos horas con él conversando. Tenemos los mismos puntos de agenda. Lo que queremos resolver está claro; la diferencia es cómo. (…) Con Belmont también hay una relación particular, conozco a su familia desde el año 84. (…) (Alfonso) López Chau ha sido rector de la UNI mientras yo era profesor", indicó en RPP.

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Respecto a su reciente reunión con Keiko Fujimori en el local de Fuerza Popular, el líder del partido celeste afirmó que conversaron sobre temas prioritarios como la educación y la seguridad ciudadana. Además, aseguró que no tendría inconvenientes en trabajar de manera conjunta con el gobierno entrante.

"El primer gran tema tiene que ser la seguridad ciudadana. Y también el Fenómeno del Niño. (…) Hablamos de buscar inversiones. Le dije que, si necesita a alguien que represente al país, cuente conmigo y que podamos trabajar con las bancadas para unir fuerzas", apuntó.

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La controversia inició luego de que el CGBVP cuestionara la reducción de su delegación para el desfile, pasando de tres batallones conformados por efectivos de Lima, Callao y provincias a una sola representación.

Por eso dispuso la desconvocatoria de todo el personal terrestre y de las unidades motorizadas que habían sido programadas para participar en el Desfile y Gran Parada Militar.

La medida fue comunicada oficialmente mediante el Memorándum Múltiple N.° 003-A-2026 CGBVP/DIGEVO.

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La institución entonces decidió retirar a todas sus delegaciones luego de recibir una disposición interna que dejó sin efecto la movilización de personal y vehículos destinados al tradicional evento por Fiestas Patrias.

La orden, firmada por el brigadier mayor CBP Saúl Gerardo Takuda Sagástegui en su calidad de director general de Voluntariado, está dirigida a los jefes de las veintiocho comandancias departamentales a nivel nacional.

Según especifica el documento, la cancelación responde a una disposición superior, obligando a las jefeturas a adoptar acciones operativas inmediatas para frenar cualquier tipo de movilización previa.

Ante el pronunciamiento emitido por el CGBVP, el Ministerio de Defensa lamentó que "el CGBVP y la comisión organizadora de este evento, no hayan alcanzado un entendimiento óptimo respecto a los aspectos técnicos, logísticos y de tiempos que rigen la pauta de la columna oficial de marcha para la edición de este año".

Indicaron que esta gestión reconoce de manera categórica que todas y cada una de las instituciones convocadas son un pilar fundamental para el desarrollo y la seguridad de nuestra nación.

"Los 165 años de servicio ininterrumpido, el abnegado civismo y el sacrificio diario de nuestros bomberos voluntarios constituyen un orgullo y un ejemplo de entrega absoluta para todos los peruanos", expresaron a través de un comunicado.

Finalmente, el Ministerio de Defensa reafirmó su permanente disposición y voluntad de diálogo constructivo e institucional, con la firme convicción de que tanto los bomberos como la comisión organizadora encontrarán una pronta solución a esta situación.

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           Las actrices Mónica Sánchez y Karina Jordán, como parte de la organización, recibieron a la prensa que llegó al Teatro Ricardo Blume. Ambas se han manifestado en más de una oportunidad contra la represión en los gobiernos de Dina Boluarte y de José Jerí. "Esta convocatoria es una feliz coincidencia, pero no estoy sorprendida por la coincidencia en el momento histórico que nos toca vivir y por la cantidad de atropellos a las libertades que se están dando en paralelo", nos comentó Sánchez. "Hay un sector que va a cerrar filas contra lo que viene. Y más allá del sector, mi expectativa es que podamos tener voces y liderazgos que estén al servicio del bien común porque todo está relacionado: la educación, la cultura y la salud.  Mi expectativa es en la oposición, quien va a vigilar a quien gobierna".

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          Los artistas convocaron a la excongresista Susel Paredes, quien presidió la Comisión de Cultura del Congreso, pero la ley que crea el Colegio de Artistas fue impulsada en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. "Se da en el marco de la creación de otros colegios profesionales, por ejemplo, el de antropólogos e historiadores. Me acuerdo de que para el Colegio de Historiadores les dije: 'María Rostworowski ni fue a la universidad. Entonces, ¿van a decir que ella no es historiadora?' Esto viene desde una corriente de creación de colegios para corporativizar determinadas actividades".

          Debido a que esta ley no nació de un reclamo del sector y tuvo pocos votos en contra, Paredes expuso que era necesario recordar qué partidos avalaron este proyecto. "Esto tiene un contenido político. Votaron a favor de esta ley Perú Libre, Alianza para el Progreso, Acción Popular y, por supuesto, que el fujimorismo votó por la ley de Cerrón. Y no es la primera vez. Ellos han co-gobernado desde el Congreso desde su ignorancia, desde su odio".

En el foro, Indira Huilca, diputada electa por Ahora Nación, llamó a no ver la creación del Colegio de Artistas como un hecho aislado. "No hay que normalizar cuando en nuestro país se aprueban leyes como esta. Conversaba con algunos de ustedes y recordaba al promotor de la ley, al señor Cerrón. Nunca está de más recordar a quienes han perpetrado este tipo de actos". En el diálogo, Paredes le entregó el proyecto para la derogatoria. "Leyes como esta tienen la intención específica de un contexto de debilidad democrática. Por un lado, cumplir el objetivo de perseguir opositores como la doctora (Delia) Espinoza", señaló Huilca sobre un artículo que prohíbe ejercer cargos en colegios profesionales a personas inhabilitadas de la función pública.

"Como a quienes han estado gobernando el país no les gusta que tengan una voz pública, ni como fiscal ni como decana, entonces '(una) ley a la medida, con nombre propio, como en los peores momentos de las dictaduras. Por otro lado, el otro objetivo era cómo minar la capacidad de acción de un sector que sí le es incómodo a grupos autoritarios. Es evidente la lectura que tienen esos sectores antidemocráticos de la amenaza que significa para ellos que haya voces críticas que pueden llegar a más ciudadanos. Pueden, en estos tiempos oscuros para la democracia, para la justicia, alzar su voz de protesta".

           Para la socióloga, es un momento para unirse más allá de las diferencias partidarias. "Cuenten con el trabajo de la bancada de Ahora Nación", dijo la diputada, secundada por Ruth Luque y Ernesto Zunini, vocero y diputado de Juntos por el Perú. "Les preguntaba aquí al futuro colega cuántos votos son ellos. Son 32, ahí ya tenemos 42. Hay otras bancadas que se han denominado también de oposición democrática, así que yo espero verlos pronunciarse públicamente contra esta ley. Este no es un asunto ni partidario ni político, es de principios democráticos".

El apoyo de Delia Espinoza
En el panel participó la exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados. "Nuestra Junta Directiva tiene un mandato y vamos a cumplir nuestras obligaciones hasta abril de 2028", dijo Espinoza sobre su permanencia como decana y calificó de “ley mordaza” la creación de un colegio profesional sin haber diálogo con el sector.

      Al finalizar el foro, Espinoza declaró a La República. "Cuando se va a legislar siempre se recurre a las personas que están vinculadas, a los destinatarios de una ley que debe hacerles el bien. Pero en este caso no se ha hecho nada de ello, al contrario, esta ley ha salido contraria a lo que es el interés, la propia existencia del arte en toda su libertad y todas sus dimensiones".

     Ante la preocupación del sector frente a otras medidas que dejarían la puerta abierta a la censura, la exfiscal advirtió que los artistas tendrán que enfocarse en defender sus derechos siendo un solo grupo sólido. "Siempre los corruptos, como he sido una fiscal anticorrupción, lo que quieren es desunir.  Al menos en política, cuando hay un mal ejercicio, es divide y reinarás. Y cuando se logra eso va a surtir efecto esa ley y realmente va a traer muy malas consecuencias. Primero la derogatoria y tienen que unirse de pronto en más allá de un solo sindicato, varios sindicatos y que hagan una confederación de todas las disciplinas. Todas las manifestaciones culturales deben unirse en una sola institución para que puedan defenderse de arremetidas como esta".

     Delia Espinoza también rechazó los calificativos para los artistas que se dedican a hacer producciones regionales o documentales sobre los derechos humanos. "(Les dicen) terrucos y comunistas. Lo que sucede es que esos letreros son muy típicos de personas que no toleran y tienen un propósito más que todo de querer avasallar. Dictatorial, en realidad, de imponer su postura. Y personas que actúan así, definitivamente, no son demócratas. Cuando hay libertad, hay libertad de expresión, de manifestación, de creación. Es decir, la libertad de expresión no solamente es salir a marchar; está representada en una gama inmensa, interminable, de formas como se puede manifestar o expresar esa libertad".

Sin embargo, coincide en que existe un sector de la clase política a la que no le preocupa hablar de los derechos culturales. "Quien no tiene vocación democrática no tolera discrepancias. Quien no tolera discrepancias va a generar mecanismos para acallar a quien no está en su línea de pensamiento".
Por lo pronto, los artistas anunciaron una marcha para el 15 de agosto.

La República manifestó en dos ocasiones puntuales la inquietud sobre el futuro del Mincul. Más allá de preferencias políticas e ideológicas, hay algo que debe quedar muy claro: si el Perú existe en el mundo, existe por su cultura. Un país como Perú, sin importar su gobierno de turno, debe contar con un organismo institucional dedicado exclusivamente a su poliédrica riqueza cultural.  

En estos días se han estado barajando nombres para hacerse cargo del Ministerio de Cultura. Ergo: el Mincul no va a desaparecer. Entre los que más suenan tenemos a la historiadora Cecilia Bákula y al gestor cultural Miguel Molinari. Ambos, por cierto, son muy reconocidos en el circuito cultural peruano. Cuando se les ha mencionado, no han suscitado muchas críticas desde el sector.

No olvidemos que, desde el gobierno de Dina Boluarte, el Mincul se ha convertido en una máquina de censuras, en una apañadora de leyes sin pies ni cabeza (a saber, pensemos en la ley de cine impulsada por el Congreso) y en una entidad cómplice y silenciosa de despropósitos como el colegio de artistas del Perú. Estos atentados en contra de la cultura han estado avalados por la firma de los congresistas de Fuerza Popular. Entonces, antes de aceptar, los potenciales candidatos deberían preguntarle a Fujimori y compañía qué entienden en Fuerza Popular por cultura. Si este aspecto no queda despejado, quien acepte, y sin importar lo competente que sea, va a quedar con la reputación manchada.

El delito que se le atribuye a Gorriti contempla penas de cárcel de cinco a ocho años. Consiste, según la ley, en ofrecer o entregar algo de valor a un magistrado o fiscal para influir en sus decisiones. En este caso, la fiscalía sostiene que Vela y Pérez se beneficiaron con la cobertura de IDL Reporteros y que, a cambio, el medio habría recibido información reservada de investigaciones en curso.

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La base de la imputación son las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. El Ministerio Público ya había rechazado antes la colaboración eficaz que Villanueva pedía para otros hechos, porque sus versiones no pudieron ser corroboradas. En el caso de Gorriti tampoco existe, hasta ahora, evidencia que respalde la entrega de dádivas o favores.

Casaverde había archivado esta misma investigación en diciembre de 2025. En ese momento concluyó que los hechos atribuidos a Gorriti no tenían relevancia penal. Una instancia superior, tras un pedido de la Procuraduría y de un denunciante particular, le ordenó pronunciarse otra vez. En su nuevo informe, el fiscal no explica qué hecho nuevo cambió su posición.

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Lo que está en juego para la libertad de prensa

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) advirtió que la imputación pone en riesgo un principio básico del periodismo: la relación entre un reportero y sus fuentes. Para la organización, la línea editorial de un medio y el vínculo profesional entre periodistas y magistrados no pueden convertirse en delito solo por existir. Tratar como cohecho un intercambio de opiniones o de información, dice el IPYS, abre una puerta peligrosa para cualquier redacción que cubra temas judiciales.

El propio informe de Casaverde reconoce un dato relevante: admite que hubo presión mediática contra él antes de emitir su nueva posición. Sin embargo, el fiscal asegura que esa presión no influyó en su criterio. La contradicción llama la atención porque el caso pasó, en pocos meses, de archivado por falta de mérito a imputado sin que aparezcan hechos adicionales que sustenten el giro.

Vela y Pérez, los dos fiscales señalados en el informe, también fueron imputados por Casaverde. El IPYS plantea que, si en verdad hubo filtración de información reservada, la investigación debería apuntar hacia quienes filtraron esos datos, no hacia los periodistas que los recibieron y publicaron. Por esa razón, la organización pidió al fiscal de la Nación que descarte las conclusiones del informe en la parte que involucra a Gorriti.

-“Manuel” (proveedor de animales): 'La Jefa' (Lita Ferreyra Ahuanari), quiero saber cuánto dan (pagan) por un blanco (lagarto).

-'La Jefa': Tengo que mirarlo. Los buenos están mil soles, si tienen doble escudo o si tienen los ojos rojos.

-'Manuel': Hay dos y están bien bonitos.

-'La Jefa': Tráelos.

-“Manuel”: Ya, mañana estoy allá. Hoy madrugo.

-'La Jefa': Llévalos a mi casa.

'La Jefa', Lita Ferreyra Ahuanari, ha sido detenida junto con sus hermanos Milagros, 'La Patrona', y Francisco, por dirigir una organización dedicada al contrabando de especies de animales amazónicos al extranjero.

En 2025, 'La Jefa', Lita Ferreyra Ahuanari, fue precandidata a diputada por Fuerza Popular y acompañó a Keiko Fujimori en actividades proselitistas en Iquitos este 2026.

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“Tengo harto motelitos”

También fueron intervenidas las conversaciones telefónicas de Milagros Ferreyra Ahuanari, brazo derecho de su hermana, 'La Jefa', comprobándose que la familia adquiría ejemplares a los depredadores de animales protegidos:

-“José” (proveedor de animales): Tengo harto motelitos (tortugas)”.

-“La Patrona” (Milagros Ferreyra): Ya, tráelos”.

-“José”: ¿Dónde los dejo?

-“La Patrona”: En mi casa y dale a Francisco (su hermano) que lo deje en el acuario.

Milagros (49) y Lita Ferreyra Ahuanari (45) son naturales de Loreto. La primera nació el 13 de mayo del 1977 en el distrito Las Amazonas, en la provincia de Maynas, al igual que Lita, pero el 23 de julio del 1980.

En el operativo que organizó la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Loreto y ejecutaron los agentes de la División de Investigación de alta complejidad (DIVIAC), el 16 de julio, fueron detenidas 'La Jefa', exprecandidata a diputada, y sus hermanos 'La Patrona' y Francisco, quien recogía las especies compradas en el mercado clandestino.

Otras ocho personas, que cumplían funciones de adquisición, acopio, transporte, almacenamiento y exportación de las especies, también fueron intervenidas.

Las autoridades bautizaron a la organización Los Peludos, cuyos integrantes actuaban en Iquitos, Lima y Callao.

Como lo acreditan las escuchas telefónicas, además de otra evidencia documental complementaria, la empresaria y exprecandidata y sus hermanos adquirían las especies prohibidas para luego exportarlas con documentos falsificados.

Los Peludos habían instalado una red de zoocriaderos legales para simular que los animales que adquirían -especialmente tortugas, reptiles y peces ornamentales-, provenían de la reproducción. Así fraguaban documentos y exportaban las especies a China, Taiwán, Indonesia y EE. UU.

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Una red completa

Una tortuga motelo puede alcanzar un valor de entre US$1.000 y US$5.000 en los mercados asiáticos.

La empresaria fujimorista Lita Ferreyra y su hermana Milagros controlaban varias empresas que servían para gestionar los permisos de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y así sustentar el origen de cautiverio de los animales obtenidos del mercado ilegal.

Estas compañías son Reptilians Turtles & Tropical Fish, MF Tropical Fish, Perú Export Turtles & Tropical Fish, Ferreyra Fishes & Turtles y Exotic Animal Trading.

Las hermanas Lita y Milagros Ferreyra contaban con zoocriaderos autorizados por el Gobierno Regional de Loreto, destinados a la crianza y reproducción de lagarto blanco, tortugas e iguanas.

Además, fabricaban documentos del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (Serfor) sobre el origen de los animales amazónicos.

Los Peludos instalaron un centro de acopio en los zoocriaderos ubicados en la carretera Iquitos-Nauta, en el distrito de San Juan Bautista, en Maynas. Funcionaba desde el nueve de febrero del 2015, bajo la titularidad de Milagros Ferreyra.

El tráfico de especies con la modalidad de organización criminal está penado hasta con 20 años de prisión.

Digitaban a funcionarios de su interés

Para la fiscalía, las hermanas Ferreyra intentaron influir en el nombramiento de los funcionarios de Serfor, el organismo que protege a la fauna silvestre.

Incluso recomendaban designaciones en cargos estratégicos, como es el caso de Allan Flores Ramos. Y lo consiguieron.

El siete de mayo de 2024, Flores fue nombrado director de Gestión Sostenible de Patrimonio de Fauna Silvestre del Serfor.

Las bancadas deberán presentar sus listas para el Senado hasta las 2.00 p. m. del sábado 25 de julio. Para Diputados, el límite se extiende hasta las 6.00 p. m. de ese mismo sábado. La Oficialía Mayor del Congreso recibirá ambos documentos y verificará que cumplan los requisitos del Reglamento antes de habilitar el proceso.

La Junta Preparatoria conduce esta transición desde el 15 de julio. El senador electo Miguel Torres, de Fuerza Popular, preside ese órgano temporal junto a la diputada electa Cecilia Chacón, en la vicepresidencia.

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Las otras fechas del cronograma congresal

La instalación de la Junta Preparatoria se realizará este viernes 24 de julio a las 9.00 a. m. Dos horas más tarde, los senadores electos juramentarán su cargo, mientras que los diputados lo harán a las 4.00 p. m.

El lunes 27 de julio llega la instalación formal del nuevo Parlamento. El Senado queda constituido a las 10.00 a. m. Una hora después se instala la Cámara de Diputados. El cierre llega a la medianoche, cuando se instala oficialmente el Congreso de la República. Con ese acto arranca la primera legislatura ordinaria del periodo 2026-2027.

El cronograma cierra el martes 28 de julio con la sesión solemne del Congreso, prevista para las 11.00 a. m., horario también sujeto a confirmación. Esa ceremonia corresponde a la transmisión del mando presidencial.

El estudio, con un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%, le preguntó a los entrevistados cuáles son los principales temas que debe atender el próximo Ejecutivo, en una pregunta de respuesta múltiple. La inseguridad se impuso con amplia ventaja sobre el resto de problemas. En segundo lugar quedó la educación, con 30%. Le siguieron la salud (28%), la corrupción (27%), la economía (27%) y el empleo (18%). Solo un 4% mencionó otros temas y apenas 1% no supo qué responder.

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El respaldo a esta demanda tiene un origen geográfico claro. En Lima Metropolitana, el 71% de los consultados coloca a la inseguridad como prioridad, el porcentaje más alto de todas las macrozonas del país. La cifra también es mayor entre personas de 30 a 49 años, en los niveles socioeconómicos A/B y C, y entre quienes se identifican con la derecha. En el norte, centro, sur y oriente del país, la preocupación baja a un rango de entre 47% y 55%, aunque se mantiene como el problema más mencionado en todas las regiones.

El malestar ciudadano tiene respaldo estadístico. Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) citadas por La República, el Perú registró 959 homicidios hasta el 15 de junio de este año, y el 9 de junio fue el segundo día más violento del 2026, con 12 asesinatos en 24 horas. Ese es el telón de fondo sobre el que se sostiene el reclamo del 59% que exige priorizar la seguridad desde el primer día de gestión.

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La demanda ciudadana no es nueva, pero se agudiza

La presión social por resultados en materia de seguridad no nació con esta encuesta. Un estudio previo del IEP, elaborado para el Instituto Bartolomé de las Casas entre febrero y marzo de este año, ya mostraba que el 41% de los peruanos consideraba a la inseguridad como el principal problema que le afecta directamente y que espera ver resuelto por las autoridades. Esa cifra superaba con holgura a la economía (20%), la corrupción (11%) y la política (9%).

La comparación entre ambos sondeos revela un patrón: cuando se pregunta por el problema que "afecta" al ciudadano, la inseguridad ronda el 40%; cuando se pregunta qué debe "priorizar" el gobierno entrante, el porcentaje sube a 59%. La diferencia sugiere que buena parte de la población, más allá de sentirse insegura, exige que el nuevo gabinete actúe con urgencia desde el primer día de gestión.

El IEP realizó la encuesta mediante llamadas telefónicas a celulares, con una muestra distribuida en 24 departamentos, 149 provincias y 417 distritos. El estudio forma parte de una serie de mediciones mensuales que el instituto viene aplicando desde 2018, lo que permite comparar la evolución de la percepción ciudadana mes a mes durante los últimos años.

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Las cifras oficiales de homicidios bajo la lupa

Mientras la ciudadanía exige resultados, las estadísticas oficiales sobre homicidios generan controversia. El analista de datos Juan Carbajal cuestionó la cifra que la Policía Nacional maneja sobre una reducción de 25% en homicidios. Según su análisis de los registros de la PNP-DIVCOP, organizados por objeto empleado en el delito, el descenso se explicaría por un cambio en la forma de clasificar los casos y no por una mejora real en la seguridad.

De acuerdo con los datos que compartió Carbajal, la categoría "Otros" se mantuvo en un promedio cercano a los 20 casos mensuales tanto en el primer semestre de 2024 (125 casos en total) como en el mismo periodo de 2026 (120 casos). Sin embargo, entre abril y junio de 2025 esa categoría se disparó a 143, 152 y 121 casos por mes, respectivamente, y elevó el total del semestre a 1.680 homicidios, frente a los 1.233 registrados en 2024 y los 1.267 de 2026.

El propio analista precisa que los registros de 2026 aún están en proceso de actualización. Pero destaca un dato que, según él, refleja mejor la realidad: los homicidios cometidos con arma de fuego, la modalidad predominante en el sicariato, apenas bajaron 3%, de 1.030 casos en el primer semestre de 2025 a 997 en el mismo periodo de 2026. Para Carbajal, esa cifra —y no la reducción del 25% que difunde la PNP— es la que mejor retrata el nivel real de violencia que enfrenta el país.

Al cierre de esta nota, entre el 1 y 15 de julio lleva registrado 75 homicidios de los cuales 55 han sido por arma de fuego, presuntamente relacionados al sicariato.

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Juan Carbajal advierte que la lucha contra la inseguridad requiere datos confiables y medidas focalizadas

El analista de datos Juan Carbajal consideró que el resultado de la encuesta del IEP es consistente con la evolución de la criminalidad en los últimos años. En diálogo con La República, sostuvo que la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía debido al incremento de la violencia y a la expansión de delitos como la extorsión. "La principal problemática que se ha venido incrementando a lo largo de estos últimos años, desde 2023, 2024, 2025 e incluso este año", afirmó.

Carbajal señaló que el cambio no solo se refleja en el número de delitos, sino también en la forma en que estos se cometen. Explicó que hoy existe una mayor prevalencia del uso de armas de fuego en los homicidios y que las extorsiones afectan a sectores que antes no eran blanco frecuente de estas organizaciones. "Transportistas, bodegueros o personas muy corrientes que tienen su negocio están siendo afectados con el tema de la extorsión, cosa que antes no se veía en la magnitud como lo es ahora", indicó.

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El especialista también cuestionó la confiabilidad de las estadísticas oficiales sobre criminalidad, en especial las relacionadas con las denuncias por extorsión. Según dijo, desde hace varios meses observa discrepancias entre los registros de la Policía Nacional y los del Ministerio Público, lo que, a su juicio, impide conocer con precisión la dimensión del problema. "No es que se estén reduciendo las extorsiones; más bien será que se están reduciendo las denuncias en las comisarías por extorsión, pero eso no implica que la extorsión esté bien, porque hay mucha gente que no denuncia y sigue pagando cupos", sostuvo.

Para Carbajal, estas diferencias tienen consecuencias directas en las políticas públicas. Explicó que, si las autoridades diseñan estrategias de seguridad sobre la base de información incompleta o inconsistente, difícilmente obtendrán los resultados esperados. "Si se toman decisiones con datos que no están acordes a la realidad, las medidas no van a surgir efecto", advirtió.

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Frente al inicio del próximo gobierno, el analista planteó que una de las primeras tareas debería ser revisar la calidad de la información que produce el Estado sobre inseguridad. En ese sentido, propuso auditar los registros policiales y crear un sistema que concentre toda la información sobre criminalidad. "Tiene que haber un solo organismo que centralice toda la información con respecto al tema de inseguridad. Para nosotros como ciudadanos esta información también tiene que estar disponible", remarcó.

Finalmente, Carbajal sostuvo que la evaluación de la política de seguridad no debería limitarse a cifras nacionales agregadas, sino considerar el comportamiento del delito en las zonas con mayor incidencia. Asimismo, afirmó que los homicidios y las extorsiones deben convertirse en los principales indicadores para medir los avances del próximo gobierno. "Lo importante es ver resultados tangibles, resultados que podamos realmente evidenciarlos en el día a día", concluyó.

Bruce no fue el único alcalde presente en la reunión. También asistieron Eduardo Bless, alcalde de San Miguel; Carlos Canales, alcalde de Miraflores; Luis Felipe de la Mata Martínez, alcalde de Breña; y Miguel Callan, alcalde de Bellavista.

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"Se ha hablado también sobre lo que podemos hacer para actuar ágilmente ante el Fenómeno del Niño y ayudar a los distritos más vulnerables. También se ha conversado sobre temas de vivienda y cómo impulsar la vivienda social", declaró Bruce a la salida del encuentro.

De esta manera, Fujimori continúa reuniéndose con autoridades ediles. Anteriormente, la presidenta electa sostuvo un encuentro con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. En aquella ocasión, el foco de la conversación también estuvo puesto en las tareas pendientes en materia de seguridad ciudadana.

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También se reunió con representantes del Banco Mundial

Fujimori también sostuvo una reunión con representantes del Banco Mundial. El encuentro se llevó a cabo en el local de Fuerza Popular durante la tarde.

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De acuerdo con informes de Canal N, participaron Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y Ariel Yépez, director de la División para los Países Andinos de la entidad financiera.

La reunión duró cerca de 30 minutos y habría estado centrada en una serie de propuestas relacionadas con el manejo de la economía nacional.

Esta es apenas una de las investigaciones que, en la actualidad, causan preocupación en la institución. En lo que va de 2026, de 671 solicitudes de expulsión de malos elementos de la PNP, solo se han resuelto 100 casos. El 10% corresponde a oficiales.

El año pasado, de 1.500 solicitudes de expulsión acumuladas en años anteriores, solo 450 a 500 de esas propuestas fueron calificadas para cumplir ese procedimiento sancionador. Es decir, el Tribunal de Disciplina Policial, que depende del Ministerio del Interior, solo ha resuelto el 30%.

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"La ley y la disciplina no distinguen grados", manifiesta el general PNP Julio Becerra Cámara, director de investigaciones de la Inspectoría General PNP. “Ninguna falta de respeto será permitida dentro de la institución, venga de un superior o de un subordinado”, afirma el oficial, tras asegurar que toda denuncia será investigada con prontitud, imparcialidad y firmeza.

Los procedimientos sancionadores y de baja suelen tardar meses o años debido a la compleja burocracia administrativa, la sobrecarga de expedientes, los estrictos plazos de ley y el derecho constitucional al debido proceso.

El general retirado Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, ha cuestionado duramente que el Tribunal de Disciplina Policial, máxima instancia evaluadora de la disciplina, esté compuesto por civiles designados por el Ministerio del Interior. Argumenta que, al no tener experiencia policial, sus decisiones suelen carecer del rigor y conocimiento de la operatividad policial.

Señala que se ha burocratizado excesivamente el debido proceso, lo que impide que las jefaturas policiales y la Inspectoría actúen con la severidad y rapidez histórica que, según él, caracterizaba a los institutos armados y policiales en el pasado.

En la actualidad, todo efectivo investigado tiene derecho a presentar descargos, apelar y solicitar pruebas. Si una sanción se aplica de forma apresurada y sin cumplir el debido proceso, puede ser anulada por el Tribunal de Disciplina Policial o por la vía judicial, logrando que el policía corrupto sea reincorporado.

MILES DE PROCESOS EN TRÁMITE

El sistema disciplinario policial maneja miles de procesos en trámite a nivel nacional, lo que genera un "cuello de botella" para los equipos investigadores y órganos de decisión.

La actual Ley 30714 (Régimen Disciplinario Policial) y sus modificatorias establecen plazos de caducidad (generalmente de 9 meses en primera instancia) y prescripción (hasta 4 años para faltas graves). Si la Inspectoría no logra notificar o resolver el caso dentro de estos límites, el proceso queda sin efecto y el efectivo no puede ser sancionado.

Los casos de corrupción (como cobro de coimas o crimen organizado) requieren investigaciones profundas, levantamiento del secreto bancario o peritajes que toman tiempo para ser concluyentes.

Algunos especialistas legales y expertos en seguridad, consultados por La República, han denunciado que el régimen disciplinario a menudo resulta garantista o blando, protegiendo en cierta medida a los malos agentes frente a la rigidez de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Para hacer frente a estas demoras y a las críticas ciudadanas sobre la lentitud del sistema, el Mininter y la PNP han implementado en los últimos meses medidas de reestructuración, con la creación de órganos de integridad institucional y nuevas estrategias para acelerar los procesos por infracciones muy graves.

“Lo ideal sería que, en segunda instancia, un Tribunal dependa de la comandancia general y que los plazos se acorten”, refiere el inspector general, Gustavo Ríos. “Estamos demasionados garantistas de los policías infractores”, añade.

En octubre de 2025, el exministro del Interior Vicente Tiburcio precisó que una de sus prioridades sería la expulsión de los malos agentes y dispuso que se modifique el régimen disciplinario, aduciendo “es muy blando y protege a los agentes PNP”.

NO SE PUEDE TIPIFICAR CONDUCTAS

Sin embargo, expertos señalan que, a través del régimen disciplinario, no se puede ni se debe tipificar conductas que constituyan delitos. Caso contrario, se contraviene el debido proceso y el principio de tipicidad, cimientos de todo procedimiento administrativo.

“¿La consecuencia? Puedes pasar al retiro al policía, pero a través del proceso de amparo o contencioso, un juez ordenará su reincorporación, con la consecuente indemnización por daños y perjuicios. ¿Quién pagará la indemnización? El Estado Peruano, con dinero de todos los ciudadanos”, explica el excoronel Jorge Mejía.

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En la actualidad existe un fuerte impulso y diversas propuestas institucionales para que la Comandancia General de la PNP y el Ministerio del Interior sancionen y den de baja (pase al retiro) a los policías corruptos de manera más rápida y efectiva.

Para ello, se han implementado reformas y lineamientos drásticos. Se ha reforzado la Ley 30714, que regula las sanciones disciplinarias. Esto permite al Comando Policial y a la Inspectoría General separar de manera mucho más rápida a los agentes involucrados en infracciones muy graves, como la corrupción.

También se han creado órganos especializados encargados de buscar activamente señales de corrupción dentro de la institución y proteger a los denunciantes, evitando que los malos elementos queden impunes.

Gracias a estas facultades y directivas, la Inspectoría General ha impuesto miles de medidas disciplinarias que han derivado en el pase al retiro de cientos de efectivos acusados de cobrar sobornos, extorsionar y cometer actos ilícitos.

Las autoridades policiales han enfatizado que la política es de "tolerancia cero" y que ningún miembro de la institución está por encima de la ley, con el objetivo de limpiar la imagen de la PNP ante la ciudadanía.

¿CÓMO DENUNCIAR?

La depuración de la Policía Nacional se realiza mediante investigaciones exhaustivas de la Inspectoría General y la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

Si conoces algún acto de corrupción, puedes denunciarlo de forma segura a través de los canales oficiales de la Auditoría General y las líneas de Inspectoría de la PNP.

La red habría operado a través de corredores clandestinos entre Perú, Ecuador y la frontera norte con Colombia.

El objetivo de esta banda, según las autoridades, era abastecer con armas, municiones y explosivos a estructuras criminales vinculadas a Los Lobos en Ecuador y a grupos armados irregulares en Colombia, entre ellos disidencias de las FARC.

Esta tarde, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Sexto Despacho), a cargo del fiscal provincial Pablo Espinoza Vásquez, confirmó la condena a los cuatro sujetos por el delito de lavado de activos.

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Todos participaron en el acopio de material bélico peruano para ser posteriormente comercializado a Ecuador.

La medida recae sobre María Ruiz, a quien se le dictó nueve años de pena privativa de libertad efectiva. Asimismo, se condenó a Luis Pijo, William Dioses y Wilber Cornetero a seis años, 10 meses y nueve días de prisión, cada uno.

La acusación fiscal sostuvo que los activos ilícitos provenían de actividades vinculadas al tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, así como de la asociación para delinquir.

Los hoy sentenciados, asimismo, integraron una red clandestina dedicada al acopio de armamento y municiones sustraídas de instalaciones del Ejército Peruano para su comercialización hacia Ecuador y posterior abastecimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aseguraron las fuentes oficiales del Ministerio Público.

Agregaron que este resultado refleja la labor sostenida del subsistema especializado en Delitos de Lavado de Activos, cuya Coordinación Nacional viene promoviendo una política de persecución penal estratégica, orientada al esclarecimiento de operaciones de lavado, la afectación de economías ilícitas y la obtención de condenas efectivas contra quienes incorporan al sistema financiero y económico activos provenientes de actividades criminales.

Gisela Ortiz, exministra de Cultura y hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, uno de los estudiantes asesinados por el Grupo Colina, señaló que el Estado ha dejado en pausa la búsqueda de los cuerpos que aún permanecen desaparecidos.

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"Es una fecha para ver cómo van los procesos de justicia. Lamentablemente, en el caso La Cantuta tenemos a cuatro personas en calidad de desaparecidas, con un proceso de búsqueda que no tiene presupuesto desde el 2022. (...)", declaró a Ideele Radio.

Además, Ortiz comentó que los familiares han iniciado procesos judiciales contra integrantes del escuadrón paramilitar responsable de estos asesinatos. La activista por los derechos humanos afirmó que las organizaciones continúan movilizándose para exigir justicia.

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"En los procesos judiciales tenemos un proceso abierto contra el coronel Oliveros Pérez, quien fue capturado hace dos semanas. Asimismo, hay tres miembros del Grupo Colina que permanecen en calidad de no habidos y prófugos de la justicia. (...) Esperamos que toda esta lucha termine para la tranquilidad de los familiares", señaló a Ideele Radio.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

En declaraciones para La República, la parlamentaria del Partido del Buen Gobierno Romina Uribe —actual secretaria de la Junta Preparatoria del Congreso— señaló que la derogación de este paquete legislativo es una de las principales prioridades de la organización liderada por Jorge Nieto.

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Ahora Nación también ha incluido este tema entre las prioridades de su agenda. Ruth Luque, senadora electa por el partido del casco, confirmó que la agrupación impulsará la derogación de estas normas y expresó su expectativa de que el proceso no se prolongue más de lo necesario.

"Si las bancadas que han expresado en campaña que su prioridad es la derogación de las leyes procrimen cumplen con ello, podríamos tener un proceso rápido. Va a depender mucho del interés. Por ejemplo, yo he visto en este tiempo que hay proyectos que se han aprobado sin dictamen", señaló.

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Juntos por el Perú y Obras también a favor de la derogación

En Juntos por el Perú, la derogación de las leyes procrimen también ha sido planteada como una prioridad. Durante el debate presidencial, el entonces candidato Roberto Sánchez hizo pública su intención de eliminar estas normas. Más recientemente, Svieta Fernández, diputada electa por la agrupación, indicó en una entrevista con Latina que la derogación de estas leyes figura entre las prioridades de la bancada.

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Partido Cívico Obras completa el grupo de organizaciones que respaldan la derogación de estas iniciativas. En entrevista con este diario, Daniel Barragán —senador electo de la agrupación— señaló que una de las primeras acciones que impulsarán al instalarse el nuevo Congreso será promover la eliminación de estas normas.

Ricardo Belmont, líder de la agrupación, también se mostró a favor de derogar este paquete legislativo: "Se tienen que eliminar todas las malas leyes que ha dado este Congreso, que ha trabajado como un gobierno de facto. Y las malas leyes deben derogarse todas, desde el primer día", expresó durante la campaña.

Mayoría del Congreso estaría a favor de esta derogación

Asumiendo que las bancadas voten de manera unificada a favor de la derogación de estas leyes, se puede afirmar que existe una mayoría en la Cámara de Diputados para eliminar estas iniciativas. En conjunto, las cuatro bancadas mencionadas suman 74 de los 130 diputados. En el Senado, por su parte, 30 de los 60 legisladores estarían a favor de derogar estas normas.

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Debido a las características del procedimiento legislativo y al trabajo que deberá realizarse en las comisiones antes de su debate en el Pleno, la derogación de las leyes procrimen podría tomar entre dos meses y un año. El exoficial mayor del Congreso José Cevasco consideró que el plazo dependerá, principalmente, de la voluntad política de los parlamentarios.

"Dado su carácter polémico, va a depender del interés de los congresistas. Hay oportunidades en las que se aprueban iniciativas en 24 horas, en un año o nunca", señaló.

Entre ellas está la familia de César Rodríguez Cuadros. Wilber Rodríguez Bonzano, su hermana Tania y su tía Lucy partieron desde el distrito de Secclla (Angaraes, Huancavelica). El cuatro de enero de 1985, el joven profesor César Rodríguez fue detenido por efectivos del Ejército y trasladado a la base militar de Julcamarca. Nunca más volvió a ser visto. 

Cuarenta años después, sus restos fueron hallados en el cuartel Los Cabitos, en Ayacucho.

Luego del acto religioso, el féretro del profesor César Rodríguez emprendió el último viaje de regreso a su pueblo, a la casa donde aún lo esperaba su madre. Hoy es una anciana postrada en cama, que ya no reconoce a quienes la rodean y solo recuerda, en algunas ocasiones, al hijo que tantas veces buscó. 

En su rostro se ve que no termina de comprender por qué toda la comunidad viste de negro, llora y se reúne en su vivienda.

“Me duele por mi madre. Cuántas veces caminó desde Secclla hasta Ayacucho buscando a mi hermano”, dice Lucy Rodríguez, la hermana menor del profesor al que se llevaron con apenas 23 años. “Fueron 41 años de esperanza de encontrarlo con vida. Ahora esa esperanza terminó. Lo encontramos en Los Cabitos”, relata.

Poco a poco llegan vecinos que aún recuerdan a César Rodríguez. Dicen que le gustaba tocar la guitarra y que su conjunto favorito era el Trío Amanecer. Entonces alguien hace sonar el que aseguran que era su huayno favorito: “Ya me voy, ya me estoy yendo. Quédate y no me olvides. Recuerda siempre que yo te quise y sueña conmigo hasta mi vuelta”, se escucha cantar. 

Wilber Rodríguez, el hijo de César Rodríguez, escucha la canción junto a su hijo, que sostiene el retrato del abuelo al que nunca llegó a conocer. Él tampoco pudo crecer con su padre: tenía apenas tres años cuando fue dado por desaparecido.

LO QUE NUNCA SE OLVIDA

“Han sido años de dolor, buscando la verdad y tratando de saber dónde estaba mi padre. Hoy ya tenemos su cuerpo, sabemos dónde estuvo y cómo murió. Le destrozaron las costillas. La necropsia determinó que falleció por un traumatismo torácico”, señala Wilber Rodríguez.

Pero el hallazgo no cierra la herida.

“La justicia llegó demasiado tarde. Existe una sentencia que condena al responsable a 15 años de prisión, pero sigue libre. Las leyes aprobadas por el Congreso prácticamente le han dado impunidad. Los responsables no van a pagar todo el daño que nos hicieron”, dice.

La familia Gutiérrez alude a las normas impulsadas en los últimos años por el Congreso, desde el fujimorismo y con Fernando Rospigliosi a la cabeza, que favorecen a procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos.

La tarde del jueves 16 de julio, César Rodríguez Cuadros fue enterrado bajo el sol de Secclla, acompañado por familiares, vecinos y buena parte del pueblo que durante más de cuarenta años esperó su retorno.

El ritual se repite en decenas de hogares. En las casas de las familias Pariona Quispe y Oré Amao llegaron dos pequeños féretros: ambas perdieron a dos hermanos durante el conflicto armado interno. Algo parecido sucedió con la familia Crisante Ucharima.

QUIÉNES FUERON LOS PERPETRADORES

Entre los restos restituidos también estaban los de Margarita Crisante Ucharima y su hija Porfiria Paredes Crisante, de siete años. Ambas fueron asesinadas por Sendero Luminoso el 22 de febrero de 1985, mientras pastaban ganado en la localidad de Ichumarca, distrito de Hualla, provincia de Víctor Fajardo (Ayacucho). Sus cuerpos fueron exhumados del mismo paraje.

En coordinación con el Equipo Forense Especializado (EFE), el Ministerio Público restituyó los restos de 44 víctimas del conflicto armado recuperados en las provincias ayacuchanas de Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo y Cangallo.

Para determinar las identidades de los restos encontrados en las fosas clandestinas, se hicieron investigaciones arqueológicas, antropológicas y análisis de biología molecular y genética.

Las pesquisas fiscales determinaron que las víctimas murieron en distintos hechos ocurridos entre 1982 y 1992. Los responsables identificados en los expedientes corresponden tanto a integrantes de Sendero Luminoso como a miembros de las fuerzas del orden.

Entre los casos restituidos figura también la matanza perpetrada por Sendero Luminoso, el nueve de septiembre de 1984 en las comunidades de Sulluhuaylla, Pacucro y Chullcupampa, en el distrito de Huamanguilla, provincia de Huanta (Ayacucho). Aquella noche, una columna senderista ingresó a los poblados, se dividió en grupos y asesinó a doce comuneros con armas de fuego y punzocortantes.

EL PASADO ENTERRADO

También se entregó el cuerpo de Juan Portal Morales, un joven de 28 años, que el 12 de enero de 1982 fue detenido en Vinchos (Ayacucho) por un escuadrón de Sinchis de la Guardia Civil, trasladado hacia el paraje de Trancacucho y asesinado con tres disparos de bala: uno en la cara, otro en el pecho y un tercero a la altura de las costillas.

 Las 44 víctimas restituidas incluyen tres niñas, dos adolescentes, trece jóvenes, veintiún adultos y cinco adultos mayores. 

 De acuerdo con las necropsias e investigaciones forenses, fallecieron por traumatismos craneoencefálicos, torácicos y maxilofaciales, heridas de bala o lesiones ocasionadas por armas blancas y otras contundentes.

“A mi padre no lo he conocido, quizás todo sería distinto. Me lo mataron a golpes. La vida es injusta”, es lo último que dice, entre lágrimas, Tania, la hija de César Rodríguez, antes de que el cajón ingrese en su lecho final. El maestro ha regresado al pueblo donde dio sus primeras clases. Esta vez, para quedarse eternamente.

“Todavía no lo estoy evaluando porque estoy ocupado en otras cosas. El presidente ha tomado la delantera aún estando en ejercicio. Yo ya no estoy en ejercicio hace varios meses, pero es un tema que en su momento lo meditaré”, dijo a la prensa.

Tal como mencionó Jerí, Balcázar solicitó la pensión vitalicia de expresidente, sin embargo, luego envió una aclaración al presidente del Congreso aclarando que su pensión de cesantía como exmagistrado se equipare al sueldo de un congresista, pues esta es la última función que desempeñó.

Condecoración de Jerí a puerta cerrada

Por otro lado, sobre la condecoración, Jerí mencionó que se trata de una tradición que corresponde a todos los expresidentes del Congreso.

La condecoración se realizó apenas una semana después de que la bancada de Somos Perú solicitara dejar sin efecto el reconocimiento y pidiera a las demás fuerzas políticas no respaldar la iniciativa. Para ese grupo parlamentario, entregar la medalla a Jerí afectaba la imagen institucional del Congreso debido a los cuestionamientos que pesan sobre el legislador.

A pesar de esas críticas, el Parlamento siguió adelante con la ceremonia. La fotografía del acto empezó a circular en redes sociales después de concluido el evento, ya que el Congreso no anunció previamente la actividad ni permitió la cobertura de los medios de comunicación.

El caso contra Tinco Luján no es nuevo. En enero de este año, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ya lo había suspendido por seis meses en el cargo. Sin embargo, el magistrado presentó un amparo ante el Primer Juzgado Civil de Andahuaylas y obtuvo una medida cautelar que lo devolvió a la presidencia de la corte. Esa reposición, según las investigaciones, le permitió mantener control sobre la institución mientras la presunta red seguía activa.

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La detención preliminar se ejecutó el pasado 2 de julio, durante un megaoperativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público. La intervención estuvo a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con la fiscal suprema provisional Lourdes Bernardita Téllez al mando y el fiscal adjunto supremo Iván Melgar en la coordinación. El operativo se desarrolló de forma simultánea en Apurímac, La Libertad, Puno, Abancay y Lima.

Junto a Tinco Luján cayeron otras cuatro personas. Entre ellas, su esposa, la abogada Elionora Yntusca Janampa; el coordinador de Servicios Judiciales, Alexander Puma Valer; el coordinador de Recursos Humanos, Marco Antonio Cerón Trujillo; y el exjefe de Imagen Institucional de la corte, Mario Ríos Anampa. Todos permanecieron bajo detención preliminar por 15 días y fueron trasladados a Lima para continuar con las diligencias.

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Las pesquisas apuntan a un esquema amplio. La organización habría ejercido presiones sobre magistrados para favorecer determinados procesos judiciales, promovido designaciones irregulares de jueces y personal administrativo, y manipulado expedientes mediante el direccionamiento del sistema informático. A esto se suman denuncias por cobro de cupos y represalias contra jueces que se negaban a seguir las directivas del grupo, según reportes periodísticos del caso.

Las autoridades no se limitaron a las cinco detenciones. El allanamiento incluyó 21 inmuebles y oficinas ubicados en Apurímac, Lima, La Libertad y Puno, entre ellos la sede de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y módulos judiciales de Abancay y Andahuaylas. Además, la investigación ya suma cuatro testigos protegidos y contempla, según la Policía, al menos 14 hechos delictivos distintos vinculados a la presunta organización.

Tinco Luján, por su parte, ha negado las acusaciones. Al ser consultado por la prensa durante su traslado a Lima, rechazó de manera categórica los señalamientos en su contra y calificó como infundados la hipótesis de la fiscalía y los partes de detención de la Policía. Ahora, con el pedido de 18 meses de prisión preventiva ya presentado, el Poder Judicial fijará la fecha para la audiencia en la que se resolverá su situación jurídica.

Fuentes allegadas al TC confirmaron a La República que el Pleno ya adoptó una decisión sobre la situación jurídica del prófugo Vladimir Cerrón. No obstante, precisaron que aún falta que la resolución sea publicada en el portal institucional.

“Sobre ese caso tengo conocimiento de que ya existe una decisión. En las próximas horas o días saldrá la resolución”, señaló una de las fuentes consultadas.

Si el fallo le resulta favorable, Cerrón ya no tendría impedimentos para regresar a las calles y poner fin a más de dos años en la clandestinidad.

La decisión del TC se conoce en la etapa final del actual Congreso. Precisamente, Helder Domínguez Haro, actual presidente de la entidad, fue uno de los magistrados que recibió mayor apoyo de Perú Libre en 2022. Un total de 16 integrantes de la bancada de Cerrón respaldaron su ingreso durante la elección del TC.

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Audiencia

En marzo de este año, la entonces presidenta del TC, Luz Pacheco, dejó al voto la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Cerrón.

Esta buscaba anular la prisión preventiva de 24 meses impuesta por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. El fundador de Perú Libre quería recuperar su libertad para participar en la campaña presidencial.

Durante dicha audiencia, el abogado Humberto Abanto mencionó que su defendido no era un “hampón”, sino un político que debe afrontar su proceso en libertad.

Justificó la clandestinidad de Cerrón al señalar que se “resistió a un mandato” incoherente que lo sentenciaba a cumplir una orden de prisión preventiva. Por su parte, la Procuraduría del Poder Judicial cuestionó una posible decisión a favor de Cerrón por parte del TC. Expresó que el investigado no tenía arraigo que demostrara que se pondrá a derecho ante la justicia.

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Casos resueltos por el TC

La primera victoria jurídica de Cerrón se registró en diciembre de 2024. Para el caso Aeródromo Wanka, el TC declaró nula su sentencia de tres años y seis meses por el delito de colusión simple.

El colegiado demandó un nuevo pronunciamiento debido a la falta de motivación sobre los plazos de prescripción. La segunda victoria para el prófugo se dio en marzo de 2025.

La sentencia estableció la nulidad de la condena de cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido.

Dicha sentencia fue impuesta el 5 de agosto de 2019 por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo. Al anularse todos los pedidos de prisión preventiva, nada le impide salir de la clandestinidad.

Uribe explicó que la inseguridad afecta a los peruanos cuando salen a trabajar o a estudiar, y que el país necesita condiciones mínimas de seguridad para que la ciudadanía pueda desarrollar sus proyectos de vida. La congresista remarcó que este pedido no es nuevo. Forma parte del discurso de campaña que su partido sostuvo a lo largo del proceso electoral.

El anuncio llega a una semana de la juramentación del nuevo Parlamento, que instaló el 15 de julio su Junta Preparatoria. Con este acto, el Perú retorna a un sistema bicameral después de 33 años bajo el modelo unicameral. Uribe calificó el momento como histórico y afirmó que marcará el funcionamiento del Congreso bicameral para el periodo 2026-2031.

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Uribe alista agenda legislativa propia con foco en jóvenes y salud

Más allá de la línea oficial de su bancada, Romina Uribe adelantó que presentará cinco proyectos de ley propios durante sus primeros días en el cargo. El primero busca revertir una resolución ministerial que retira la beca a los estudiantes de Beca 18 y Beca Bicentenario si desaprueban un curso, una medida que, según dijo, generó rechazo entre los propios becarios.

Para trabajar esa propuesta, la congresista planea convocar una mesa de trabajo con representantes jóvenes de ambos programas antes de presentar el texto final en el pleno. Otro de sus proyectos apunta a la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano (VPH), una de las banderas que sostuvo durante toda su campaña.

Uribe llega al Congreso tras una trayectoria previa en organizaciones juveniles y de sociedad civil. También dijo que buscará canales directos de comunicación con la ciudadanía joven a través de sus redes sociales, donde adelanta el contenido de sus iniciativas antes de presentarlas de manera oficial.

De acuerdo con Quiroz, el sistema electoral había advertido hace ocho meses las necesidades económicas para cubrir las elecciones de octubre. Sin embargo, el Ejecutivo optó por otorgar fondos progresivamente mediante decretos supremos, sin cubrir el total solicitado. “No hemos recibido el íntegro del presupuesto demandado”, advirtió el representante del JNE.

Este déficit afecta a las tres entidades del sistema: S/28 millones corresponden al JNE, S/183 millones a la ONPE, y un monto pendiente al RENIEC. Sobre este último, el JNE mostró preocupación al no haber asignado un presupuesto extra para esta entidad.

"El RENIEC no ha recibido ningún monto adicional, pese a haberlo manifestado y haber señalado de que se encuentra en una situación muy grave". Esta carencia afectaría la atención en oficinas y centros MAC (Mejor Atención al Ciudadano).

Riesgo institucional

El recorte presupuestal afecta la operatividad básica del organismo. Al respecto, Eder Quiroz, jefe del gabinete de asesores del JNE, advirtió la magnitud del riesgo.

"Nosotros nos vemos sumamente preocupados en la medida en que el funcionamiento de los 91 jurados electorales especiales que tenemos ya en funcionamiento para las elecciones regionales y municipales se puede ver comprometido", sostuvo el representante del organismo, quien añadió que también peligra el funcionamiento de EleccIA, sistema que optimiza el desarrollo de los procesos electorales.

Asimismo, el funcionario alertó que hay un riesgo de demora en la entrega de los fondos adicionales para el JNE. Del mismo modo, señaló que los 15 días de plazo que tiene el Ejecutivo para promulgar la autógrafa aprobada por el Congreso coinciden con el cambio de mando del 28 de julio.

"Podríamos ya estar en un nuevo gobierno. [...] La reciente aprobación de esta iniciativa legislativa puede verse gravemente comprometida y el sistema electoral aún más", advirtió Quiroz. Por ello, hizo un llamado al Ejecutivo a actuar con celeridad para garantizar el proceso convocado para el 4 de octubre.

"Es muy importante que se entienda la preocupación de las tres entidades del sistema electoral", concluyó Quiroz, tras reiterar que "es de suma urgencia contar con los recursos en tiempo oportuno".

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El Congreso que ahora se despide tocó su peor momento en marzo de 2025, en medio del gobierno de Dina Boluarte, cuando cayó a 2% de aprobación y 95% de desaprobación. Nunca antes, desde que el IEP mide la aprobación legislativa de forma sistemática, un Congreso peruano había llegado tan abajo.

La caída de este Congreso tampoco fue gradual ni aislada a un mal momento puntual. Se desarrolló a lo largo de cinco años, con altibajos que la propia serie histórica del IEP permite reconstruir mes a mes. A continuación, el recorrido completo.

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2021: un arranque que nunca se repitió

El Congreso se instaló en julio de 2021, en medio de la transición hacia el gobierno de Pedro Castillo. En agosto de ese año, la primera medición del IEP le dio 31% de aprobación, el nivel más alto de toda su gestión. Fue también el único momento, aparte del cierre actual, en que el Parlamento superó la barrera del 10%. La desaprobación, en ese mismo mes, era de 61%, la más baja registrada en cinco años.

2022: el desplome

Todo cambió en menos de un año. Para agosto de 2022, la aprobación cayó a 8% y la desaprobación subió a 87%. Fue el inicio de una tendencia que no se revirtió durante casi cuatro años. Ese desplome coincidió con la etapa más turbulenta del gobierno de Pedro Castillo, marcada por denuncias de corrupción, cambios constantes de gabinete y un desgaste político que golpeó por igual al Ejecutivo y al Legislativo.

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2023 y 2024: dos años estancados en un solo dígito

Entre 2023 y 2024, el Congreso no logró salir del rango de 4% a 6% de aprobación. En agosto de 2023 marcó 6%; en diciembre, 5%. A lo largo de 2024, las cifras se mantuvieron casi congeladas: 5% en enero, 6% en marzo y mayo, 4% en julio, 5% en agosto y setiembre, y 6% en noviembre. La desaprobación, en paralelo, osciló entre 90% y 92% durante todo ese periodo, sin variaciones significativas. Fueron dos años de estabilidad, pero una estabilidad negativa: el rechazo ciudadano se mantuvo alto sin señales de mejora.

2025: el peor momento histórico

El año 2025 marcó el punto más bajo de toda la serie. En enero, la aprobación era de 5%. Pero en marzo cayó a solo 2%, mientras la desaprobación llegó a 95%, la cifra más alta jamás registrada por el IEP para este Congreso. Ese desplome ocurrió bajo el gobierno de Dina Boluarte, en un contexto de fuerte cuestionamiento a ambos poderes del Estado. Después de ese mínimo, la aprobación se recuperó de forma lenta: 4% en mayo, 3% en julio, 4% en setiembre y un salto a 8% en noviembre, el primer dato de doble dígito desde 2022.

2026: la recuperación y el cierre de gestión

El repunte iniciado a fines de 2025 se sostuvo, con altibajos, durante los primeros meses de 2026. En enero, la aprobación llegó a 8%; en febrero, a 7%; en marzo bajó a 6% y en abril a 5%. Julio de 2026 cerró la gestión con 9%, la cifra más alta desde agosto de 2022 y el segundo mejor dato de toda la serie histórica, solo detrás del 31% inicial de 2021.

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Cómo se ve el Congreso frente a cada presidente

Un segundo gráfico del IEP, publicado también en julio, ofrece una mirada distinta y complementaria: compara la aprobación del Congreso con la del presidente de turno, al cierre de cada periodo de gobierno de los últimos diez años. Ahí el panorama es más matizado que el de la serie histórica.

En julio de 2016, al terminar el gobierno de Ollanta Humala, el Congreso tenía 12% de aprobación, frente a 23% del propio Humala. En marzo de 2018, con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el Legislativo bajó a 11%, su punto más bajo en esta serie específica, mientras el mandatario saliente cerraba con apenas 15%. En octubre de 2020, con la salida de Martín Vizcarra, el Congreso llegó a su techo en esta comparación, 33%, en paralelo al histórico 60% de respaldo que tuvo el propio Vizcarra.

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En julio de 2021, al concluir el interinato de Francisco Sagasti, el Legislativo tenía 22%, frente al 52% del presidente. En noviembre de 2022, tras la salida de Pedro Castillo, el Congreso cayó a 10%, mientras Castillo cerraba con 31%. En octubre de 2025, al cierre del gobierno de Dina Boluarte, tocó 4%, casi su mínimo histórico en esta serie, en un momento en que la propia Boluarte se despedía con solo 3% de aprobación, la cifra presidencial más baja de toda la tabla.

En febrero de 2026, con la salida de José Jerí, el Congreso subió a 7%, frente al 21% del mandatario. Y ahora, en julio de 2026, con el cambio de mando hacia José Balcázar, el Legislativo cierra en 9%, mientras el presidente saliente registra también 21%.

En esta segunda tabla, el 9% actual no es el peor dato de la década: está por encima de lo que dejaron Kuczynski (11%, prácticamente igual), Boluarte (4%) y Humala (12%, apenas superior), aunque muy por debajo de lo que dejaron Vizcarra (33%) y Sagasti (22%). La propia tabla del IEP incluye dos notas técnicas relevantes: Vizcarra disolvió el Congreso el 30 de septiembre de 2019, en aplicación del artículo 134 de la Constitución, y la medición no incluye a Manuel Merino, quien ocupó la presidencia solo cinco días en noviembre de 2020, tras la vacancia de Vizcarra.

"Totalmente de acuerdo (en que fueron serviles al fujimorismo). Han sido elegidos por ellos. Yo trato de ser objetiva: me remito a las decisiones que han tomado. Han sido muy complacientes con el Congreso al permitirle seguir aprobando leyes que afectaban el gasto público. Ahora dicen que fue culpa del anterior. Nosotros nunca emitimos una autorización para ello. (...)", señaló en RPP.

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Además, Ledesma respondió a las críticas que sostienen que la prerrogativa del Congreso para aprobar iniciativas que generan gasto público fue avalada por la conformación del Tribunal Constitucional de la que ella formó parte entre 2014 y 2022.

"Que me digan qué ley del Congreso, que haya generado gasto público, nosotros validamos. En 2017 se aprobó una ley que incrementaba las pensiones de militares y policías, y el Tribunal Constitucional fue categórico al señalar que era inconstitucional porque generaba gasto público", sostuvo.

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Sobre el nuevo gobierno de Keiko Fujimori

Consultada sobre el próximo gobierno de Keiko Fujimori, la expresidenta del TC declaró que, pese a los antecedentes de la lideresa de Fuerza Popular en la política peruana, espera que pueda realizar una buena gestión.

"Me gustaría mantener la esperanza de que el país pueda mejorar. No por mí, porque yo ya cumplí mi ciclo de estabilidad laboral. Me preocupa el futuro de los jóvenes; espero que se evite que muchos tengan que salir del país. Me gustaría que aprenda de sus errores. Todo ser humano tiene ese derecho. Si (Keiko Fujimori) lo hace, excelente", expresó.

Mediante sus redes sociales, Harvey Colchado se dirigió a la presidenta electa para advertirle que cualquier discurso de reconciliación nacional solo tendrá valor si muestra respeto por la independencia de poderes y un compromiso real con la justicia.

Según Colchado, aunque objetivos como la eficiencia estatal, la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción son indispensables para cualquier gobierno, estos carecen de valor si no se acompañan de decisiones para evitar la “repetición de prácticas” que debilitan los organismos institucionales.

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Contra el abuso de medidas excepcionales

Colchado también advirtió que la administración pública no debe descansar en el uso excesivo de facultades extraordinarias y cuestionó que la "urgencia" se utilice como justificación constante para el abuso de decretos o estados de emergencia.

"Un Estado eficiente no depende de medidas excepcionales, sino de funcionarios íntegros, capaces y de una gestión transparente que rinda cuentas", señaló.

Asimismo, remarcó que la transformación institucional debe involucrar a todos los poderes del Estado, con un enfoque real en la lucha anticorrupción.

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Colchado también manifestó que la justicia debe mantenerse al margen de los intereses políticos. “No puede ser utilizada como instrumento de persecución política ni perder su imparcialidad en el proceso".

Discurso de Keiko Fujimori

Tras recibir sus credenciales, Keiko Fujimori se refirió la reconciliación nacional y señaló que esta no significa olvidar las diferencias, sino “aprender a construir sobre lo que une”.

En ese sentido, hizo un llamado a las fuerzas políticas, al sector privado, a la academia y la ciudadanía a trabajar “con madurez y convicción”. Indicó también que ha aprendido de sus errores, lo que le ha permitido “aprender a pedir perdón y, sobre todo, a perdonar”.

Respecto a su gestión, declaró que su gobierno viene a “recuperar el sentido de urgencia”. Y mencionó que el Estado debe necesita volver a tener la “capacidad de resolver a tiempo”.

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Sin embargo, durante su discurso no mencionó la derogación de las leyes procrimen, el respeto a la independencia de los poderes del Estado o la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción.

“La fecha para senadores aún no está definida. Este viernes 17 se establecerá una fecha, pero parece que se realizaría el 24. La juramentación de diputados sería a las 9.00 a. m. y la de senadores a las 3.00 p. m.”, dijo.

La juramentación y la transición ordenada entre el Congreso saliente y el entrante estarán a cargo de la Junta Preparatoria, órgano que iniciará funciones el 15 de este mes. Tendrá como función principal asegurar la continuidad institucional mediante la organización de la elección de las autoridades parlamentarias y la conducción de los actos previos a la instalación del nuevo Parlamento.

Diputados juramentarán el 24 de julio

El segundo secretario de la Junta Preparatoria, Luis Quispe Candia, de Buen Gobierno, confirmó a la prensa la fecha de juramentación para diputados y precisó que él será parte de los tres integrantes que tomarán juramento al Pleno.

Se trata de la diputada más votada, Cecilia Chacón, de Fuerza Popular; él, por ser el de mayor edad; y Romina Uribe Sáenz, de Buen Gobierno, por ser la de menor edad. “Nosotros tomaremos juramento a los 127 congresistas”, dijo.

También comunicó que su rol en la Cámara de Diputados será velar por los temas de transporte, pues en ello está especializado. “Durante 45 años me he dedicado a tratar los asuntos relativos al tránsito y transporte. Hemos hecho todo lo que se ha podido desde una ONG privada como es Luz Ámbar. Ahora ha llegado el momento de hacer que las leyes se cumplan”, dijo.

Mencionó que muchas veces las normas no son acatadas, incluso por las autoridades. Por ello, confía en que desde el Congreso pueda corregir ese aspecto.

“El tránsito y transporte está abandonado y todos estamos comprometidos. Tanto la ciudadanía, los operadores, las autoridades, todos debemos sumar para poner orden a esta ciudad”, anotó.

Junta Preparatoria iniciará funciones el 15 de julio

El Congreso bicameral instalará su Junta Preparatoria el 15 de julio para conducir el proceso de transición hacia el nuevo Parlamento.

Durante su funcionamiento, este órgano temporal convocará a la elección de los presidentes y de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado. Las bancadas parlamentarias deberán presentar sus listas de candidatos ante la Oficialía Mayor hasta el 25 de julio, un día antes de la votación.

La elección de las autoridades de ambas cámaras se realizará, como plazo máximo, el 26 de julio. Los presidentes electos asumirán oficialmente sus funciones durante la instalación del nuevo Congreso bicameral, prevista para el 27 de julio.

• Presidente: Miguel Ángel Torres, senador electo más votado del partido con mayor representación.
• Vicepresidenta: Cecilia Isabel Chacón de Vettori, diputada electa más votada del partido más votado (Fuerza Popular).
• Primer secretario: Fernando Rospigliosi, senador electo de mayor edad de la Cámara de Senadores.
• Segundo secretario: Luis Eliseo Quispe Candia, diputado electo de mayor edad de su cámara (Partido del Buen Gobierno).
• Tercer secretario: Alejandro Muñante, senador electo por Renovación Popular, por ser el senador de menor edad.
• Cuarta secretaria: Romina Alejandra Uribe Sáenz, diputada electa de menor edad (Partido del Buen Gobierno).

'Yo no voy a ver lo que pasó en el ministerio en semanas anteriores. Son las últimas semanas. (...) Fue una situación generada por una renuncia. No podía dejarse al ministerio sin conducción y estamos recomponiendo el equipo mediante encargaturas', declaró a Canal N.

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Al ser consultado por lo ocurrido días atrás en el Congreso, cuando afirmó que el presidente José María Balcázar no lo había incluido en la comitiva que viajaría al Vaticano, Cruz calificó esas declaraciones como una ironía: 'Luego se dieron las circunstancias y hoy estamos aquí', añadió.

Como se recuerda, Cruz Mamani juró como nuevo ministro de Trabajo tras la renuncia de Freddy Solano. Horas antes, Solano había presentado su dimisión luego de que fuera cuestionado por presuntamente haber presentado un documento falso.

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Habla sobre un posible indulto a Castillo

Cruz también fue consultado por los rumores sobre un posible indulto al expresidente Pedro Castillo por parte del presidente Balcázar. Al respecto, el ministro señaló que, a su juicio, ese no es un tema prioritario para el Gobierno.

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'No se tocó el tema. La verdad, no está en la agenda. No sé por qué se dan los rumores. Al menos en la reunión de ayer, no se tocó el tema', sostuvo.

Asimismo, indicó que Luis Jiménez, titular de Justicia y uno de los principales actores en esta discusión política, permanecerá en su cargo. Esto, luego de que surgieran versiones sobre una eventual salida del funcionario debido a su presunta oposición a un indulto a Castillo.

Velarde pidió a todos los poderes del Estado actuar como un solo bloque frente al nuevo gobierno: "Nuevamente lo repito y hago votos para que el Perú trabaje unido. Todas las instituciones tenemos que cooperar, hay instituciones autónomas, hay instituciones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, pero todos somos peruanos". Fue más allá y sumó también a la prensa a ese llamado: "detrás de cada uno de nosotros hay familias que nos necesitan. Así que sumemos y también los medios de comunicación que ya se están sumando a que este sea un Perú mejor".

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A la salida del recinto, le preguntaron a Velarde si cree que Fujimori terminará sus cinco años de gobierno. Su respuesta fue directa: "Confío en una mujer sabia, en una mujer que ha pasado muchas situaciones difíciles, en una mujer que es una madre y como madre va a ser la madre de todo el Perú. Ese es mi mayor deseo". La frase generó ruido inmediato en redes sociales por el tono devocional hacia la mandataria electa. Ninguna otra autoridad presente, ni siquiera el propio presidente saliente, se pronunció con ese nivel de cercanía personal hacia Fujimori.

El acto se realizó el 15 de julio en el distrito de San Borja. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó ahí las credenciales a Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031. También recibieron su acreditación Luis Galarreta, primer vicepresidente, y Miguel Torres, segundo vicepresidente. La proclamación oficial de la fórmula ganadora había ocurrido el 3 de julio, una vez resueltas todas las actas observadas.

En una entrevista para Canal N, el exministro de Cultura indicó que su propuesta responde al accionar antidemocrático que tuvo el Parlamento saliente y señaló directamente a miembros de Fuerza Popular.

“[La propuesta busca] evitar riesgos de comportamientos como los que han habido en el Congreso que acaba de fenecer y donde ha habido roles protagónicos de miembros de Fuerza Popular, no en una dirección precisamente democrática”, manifestó.

Para Nieto, es fundamental que el Legislativo deje de actuar como una extensión del poder de turno. "Necesitamos un Congreso que tenga capacidad efectiva de control sobre el Ejecutivo. Necesitamos restablecer un equilibrio de poderes en el país, necesitamos que haya realmente una actividad de control, de contrapeso”.

Para lograr el objetivo, Nieto reconoció que, más allá de los discursos, lo que realmente mueve al Congreso es la “aritmética parlamentaria”. Sin los votos suficientes, no se puede concretar la intención política, por lo que es necesario negociar con los distintos sectores.

"En el Congreso lo que manda es la aritmética. Si tú tienes los votos puedes sacar adelante. Si no tienes los votos no hay manera, por más que tengas afinidades históricas y paleontológicas. Los votos mandan".

Nieto explicó que su estrategia no es formar bloques cerrados, sino acuerdos para lograr objetivos específicos. Sin embargo, reveló que ve más factible una alianza con el bloque de izquierda (Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú) que con Fuerza Popular, debido a la necesidad de mantener un contrapeso real y no un bloque que domine todos los poderes.

La crisis en la Policía Nacional

Nieto advirtió que dentro de la institución se ha infiltrado el crimen y propuso una intervención que incluya asesoría internacional, así como el uso de tecnología.

"Incluso yo diría que la Policía Nacional del Perú está penetrada por la criminalidad que ha hecho estrategias de penetración. Entonces, un hijo, un muchacho de 16 y 17 años, que es hijo de un criminal, se mete, pues, porque lo que está buscando es delinquir con uniforme".

Ante la posibilidad de sacar al Ejército a las calles, Nieto rechazó imitar el modelo de otros países y citó su experiencia en México. "Casi 20 años después de que se inició lo que llamó Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico, en 2007, hoy día México tiene casi más de medio millón de mexicanos muertos (…) Y le he dicho con toda claridad, esa no es una ruta".

Reconciliación y el caso de Pedro Castillo

El líder del Partido del Buen Gobierno también sugirió encontrar una vía legal para que el expresidente Pedro Castillo pueda defenderse fuera de prisión. Nieto dijo que, aunque fue crítico del golpe de Estado, el Perú necesita gestos políticos que permitan evitar futuras confrontaciones.

"Yo lo que digo es encontrar las condiciones en el marco del Estado de Derecho para que él pueda enfrentar sus juicios en libertad". Explicó que el Ejecutivo tiene capacidad de acción política para lograr esto. "Podría, si hay voluntad política”.

"Ya se tomaron las medidas inmediatamente. Han sido separados de la seguridad personal del presidente constitucional de la República. Se ha iniciado una investigación por un equipo especializado, con carácter sumario, para resolver [el caso]", declaró a RPP.

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De acuerdo con un reportaje de Panorama que reveló estas acciones de los agentes de la escolta presidencial, los efectivos estuvieron bajo el mando del comandante PNP Jepherson Paredes. Además, según el dominical, el Estado les otorgó más de S/2.000 en viáticos a cada uno para cubrir sus gastos de alimentación y alojamiento durante los cinco días que duró la comisión.

Ni el presidente ni los escoltas involucrados se han pronunciado sobre estos hechos. Arriola añadió que la investigación también permitirá evaluar los protocolos y planes de seguridad relacionados con la protección del jefe de Estado.

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Decreto Ley N 20530

En el oficio dirigido a Rospigliosi señala que su pedido consiste en que la pensión que le corresponde como magistrado cesante del Poder Judicial, bajo el régimen del Decreto Ley N.° 20530, sea recalculada tomando como referencia el salario de un parlamentario, pues ese fue el último cargo público que tuvo antes de ser presidente.

En el documento, el mandatario explica que dejó de percibir su pensión como exmagistrado en 2021, cuando asumió funciones como congresista, debido a la incompatibilidad legal de recibir simultáneamente dos ingresos provenientes del Estado. Por ello, sostiene que, una vez concluido su mandato, corresponde restituir y nivelar dicha pensión.

"Con el fin de evitar cualquier ambigüedad en la tramitación de mi derecho, aclaro que mi pretensión final es la restitución y nivelación de mi pensión del Decreto Ley N.° 20530, la cual debe ser recalculada y nivelada tomando como referencia la remuneración que perciben actualmente los congresistas en funciones", señala.

Como parte del trámite, el jefe de Estado adjuntó una copia de su documento de identidad, la resolución que acredita su condición de magistrado cesante bajo el régimen del Decreto Ley N.° 20530 y su credencial como congresista de la República.

Pedido de pensión vitalicia

A través de una solicitud presentada ante el Congreso de la República, el mandatario pidió acceder a este beneficio por las funciones desempeñadas como jefe de Estado desde febrero del 2026.

Uno de los principales argumentos expuestos por Balcázar en su solicitud se basa en el caso del expresidente Valentín Paniagua. Según el actual mandatario, Paniagua fue beneficiado por la Ley N.° 26519, que regula el otorgamiento de pensiones vitalicias a los expresidentes al concluir su mandato. Como se recuerda, Paniagua asumió la Presidencia de la República tras la caída del régimen fujimorista en el año 2000.

En el mismo documento, Balcázar solicita además la suspensión provisional de la pensión que percibe bajo el régimen pensionario correspondiente a las funciones que desempeñó como magistrado del Poder Judicial.

La invitación se realizó el último 9 de julio, cuando el mandatario acudió a la oficina de la presidenta electa para felicitarla por su victoria en las urnas y comentarle algunos consejos, tal como informó Fujimori.

Posteriormente, ambos anunciaron ante la prensa que habían acordado una reunión para este jueves, una vez que la plancha presidencial electa recibiera las credenciales, acto que se desarrolló el miércoles 15.

Este jueves al promediar las 9 de la mañana, Fujimori se presentó en Palacio. Saludó a Balcázar que la esperaba en la entrada, estrecharon manos y saludaron para la fotografía oficial.

Keiko Fujimori sobre reunión con Balcázar: “Es una muestra de institucionalidad”

Tras la reunión, ambas autoridades emitieron un pronunciamiento.

Fujimori resaltó que se trató de una “reunión cordial” y que “más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber” entre ambos, se trata de una “muestra de institucionalidad” y democracia.

A su vez, se refirió al proceso de transición. “Todo proceso de transición significa el traspaso del poder. Y el poder es pasajero. Estamos en estos procesos de recibir la información de cada ministerio y agradecemos la disposición de todos los equipos, pero entendemos también que nos encargaremos de llevar las riendas del gobierno por 5 años”, dijo.

Precisó que tras sus cinco años de gobierno, ellos realizarán el mismo proceso. “Ayer hemos recibido las credenciales con gratitud, con gran responsabilidad, por supuesto, y estamos preparándonos para que a partir del 28 de julio pues tomemos las riendas y los destinos de nuestro país”, anotó.

Entrega de credenciales

Para Keiko Fujimori, la credencial recibida esta tarde representa el cierre de un ciclo que comenzó hace tres elecciones. Antes de 2026, había disputado y perdido la presidencia en 2011, 2016 y 2021, siempre en segunda vuelta y siempre por márgenes estrechos. Esta vez, el resultado también fue ajustado: la fórmula de Fuerza Popular obtuvo 9 millones 223 mil 396 votos frente a los 9 millones 173 mil 755 de la candidatura de Juntos por el Perú, una diferencia menor a 50.000 sufragios en todo el país.

También formalizó a quienes la acompañarán en el Ejecutivo: Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Torres como segundo vicepresidente, ambos parte de la fórmula que Fuerza Popular llevó a las urnas.