La respuesta de la presidenta llegó horas después de que las Cortes Superiores del país firmaran un comunicado conjunto. Ese documento pidió a los "actores políticos" no usar denuncias disciplinarias para cuestionar fallos judiciales.

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Fujimori no condenó la denuncia de su copartidario ni pidió que la retire. Tampoco defendió abiertamente su contenido. Con esa frase, la mandataria dejó la decisión en manos del propio Rospigliosi y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el organismo que ahora deberá evaluar si abre proceso disciplinario contra los tres magistrados denunciados.

La postura contrasta con los compromisos que la propia presidenta asumió en público apenas unos días antes. El 4 de agosto, durante la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, Fujimori prometió "absoluto respeto" a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial. La denuncia de Rospigliosi, presentada una semana después, puso a prueba esa promesa.

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Lo que dijo el Poder Judicial sobre la denuncia de Rospigliosi

El pronunciamiento de las Cortes Superiores, firmado el 11 de agosto, respondió de forma directa a la denuncia que Rospigliosi presentó ese mismo día ante la JNJ. El senador pidió la destitución de los jueces Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama. Los tres integran la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria y condenaron a cuatro policías a 15 años de prisión por la Masacre de Castro Castro, ocurrida en 1992.

Los magistrados inaplicaron dos normas que Rospigliosi impulsó en el Congreso anterior: la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, y la Ley 32419, que otorga amnistía a policías y militares procesados por hechos vinculados a la lucha antisubversiva. El senador sostiene que esa decisión desconoce un fallo del Tribunal Constitucional y constituye una infracción grave.

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Las Cortes Superiores respondieron con un documento firmado por titulares de Piura, Lima Norte, Arequipa, Junín, Cusco, Callao, La Libertad, Lambayeque y Huánuco, entre otras. El texto cita el artículo 139° de la Constitución y exige que cualquier discrepancia con un fallo se resuelva mediante apelaciones, no mediante denuncias disciplinarias. También advierte contra el "amedrentamiento" y la "instrumentalización" de las instituciones públicas contra los jueces.

Este no es un caso aislado que involucra a Rospigliosi. En julio denunció a la fiscal Rosario Quico Palomino por un caso similar. En marzo, junto con Jorge Montoya, denunció al juez Jorge Chávez Tamariz. En agosto de 2025 denunció a Richard Concepción Carhuancho, quien terminó suspendido seis meses por la JNJ en junio de este año. El patrón se repite cada vez que un magistrado falla en contra de las leyes de amnistía que él mismo promovió.

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Janet Tello ya había advertido sobre las presiones políticas

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se adelantó a este episodio con declaraciones contundentes el 4 de agosto. Durante la ceremonia por el Día del Juez, en la que también participó Keiko Fujimori, Tello advirtió que destituir a un magistrado solo porque una autoridad discrepa con su criterio eliminaría por completo la independencia judicial. Calificó ese escenario como arbitrario.

Tello fue más allá y señaló que los ataques contra jueces revisten mayor gravedad cuando provienen de actores políticos disconformes con un fallo, en especial cuando esos actores tienen algún interés directo en el resultado del proceso cuestionado. La frase, pronunciada semanas antes de la denuncia de Rospigliosi, describe con precisión el escenario que se repitió el 11 de agosto.

La magistrada también rechazó las acusaciones de que el Poder Judicial persigue políticamente a militares y policías. Explicó que investigar hechos contrarios a la ley no equivale a perseguir a nadie, sino a buscar la verdad. Ese mismo día, Fujimori prometió respeto absoluto a la separación de poderes, una promesa que la denuncia de su propio senador puso a prueba días después.

El texto cita el artículo 139°, inciso 2, de la Constitución. Esa norma establece que ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de la función de juzgar. Los firmantes también invocan el artículo 18° de la Ley de la Carrera Judicial y el artículo 5° del Código de Ética del Poder Judicial. Ambas normas prohíben sancionar a un juez por el sentido de sus resoluciones.

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El pronunciamiento plantea tres pedidos concretos. Primero, reafirma el compromiso de las cortes con la independencia judicial como garantía de los derechos ciudadanos. Segundo, exige que las discrepancias con un fallo se canalicen mediante apelaciones y no mediante denuncias disciplinarias. Tercero, exhorta a los actores políticos a no instrumentalizar las instituciones públicas contra los magistrados.

El documento lleva la firma de titulares de varias cortes del país, entre ellas Piura, Lima Norte, Arequipa, Junín, Cusco, Del Santa, Callao, La Libertad, Lambayeque y Huánuco. El comunicado no menciona a Rospigliosi por nombre. Se refiere de forma genérica a "actores políticos con representación parlamentaria" que interpusieron denuncias contra magistrados ante la JNJ.

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Fernando Rospigliosi denuncia a jueces del caso Castro Castro

Fernando Rospigliosi presentó su denuncia el 11 de agosto contra los jueces Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama. Los tres integran la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. El excongresista pide que la JNJ abra un proceso disciplinario y, de comprobarse faltas graves, ordene su destitución. El origen del conflicto es una sentencia del 10 de julio. Ese día, los magistrados inaplicaron la Ley 32107 en el caso de cuatro policías condenados por la Masacre de Castro Castro. Los agentes recibieron 15 años de prisión por homicidio calificado y lesiones graves contra internas del penal Canto Grande en 1992.

Rospigliosi sustenta su pedido en dos normas que él mismo promovió en el Congreso anterior. La Ley 32107 fija la prescripción de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes de 2002. La Ley 32419 otorga amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados por hechos vinculados a la lucha antisubversiva entre 1980 y 2000. El excongresista sostiene que los jueces cometieron una infracción constitucional al desconocer una sentencia del Tribunal Constitucional que había declarado la vigencia de ambas normas.

Este caso no es aislado. Rospigliosi ya había denunciado en julio a la fiscal Rosario Quico Palomino por no aplicar la Ley 32107 en el caso del general Juan Rivero Lazo. En marzo, junto con Jorge Montoya, denunció al juez Jorge Chávez Tamariz por un proceso de 1983. En agosto de 2025 denunció al juez Richard Concepción Carhuancho, quien terminó suspendido seis meses por la JNJ en junio de este año. El patrón se repite: cada vez que un magistrado falla en contra de las leyes de amnistía, Rospigliosi acude a la JNJ para pedir su salida.

Solo entre el 11 y el 13 de agosto, La República reportó al menos siete crímenes distintos. Hubo un policía asesinado en una carretera de La Libertad, un hombre perseguido a tiros por las calles del Rímac y un cadáver hallado en una trocha de Chiclayo, entre otros casos que se detallan más adelante en esta nota. La violencia no da tregua ni siquiera de un día para otro.

Keiko Fujimori reconoció la gravedad del problema en un evento público esta semana. Pidió paciencia y aseguró que su gobierno trabaja en una estrategia, sin precisar en qué consiste. Esa respuesta llega mientras las cifras oficiales muestran que agosto acumula, en apenas diez días, un porcentaje de muertes por arma de fuego más alto que meses completos anteriores.

El Sinadef contabilizó 53 homicidios entre el 1 y el 10 de agosto. De ese total, 46 fueron cometidos con arma de fuego. Es la proporción más alta registrada en cualquier periodo similar del 2026 hasta el momento. El dato del periodo completo, del 28 de julio al 10 de agosto, sube a 83 homicidios, la cifra que corresponde a los primeros días de Gobierno.

Estas cifras no son estáticas. El sistema del Sinadef actualiza sus registros de forma constante, por lo que el número de víctimas de agosto seguirá creciendo en las próximas semanas. Pero más allá de los porcentajes, cada caso corresponde a una persona con nombre, oficio y familia. Esta nota reúne ambas caras del problema: los casos recientes y lo que dicen las cifras oficiales sobre la violencia armada en el país.

Los casos que se acumulan en menos de 48 horas

En La Libertad, la Policía reportó dos crímenes en menos de un día. El suboficial Max Mondragón Rodríguez, de la comisaría de Guadalupe, murió a balazos cuando se desplazaba en motocicleta rumbo a Pueblo Nuevo, en Chepén. Horas antes, en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, un zapatero identificado como Alex Arroyo Cueva fue atacado a cuchillo en plena vía pública. Sus vecinos lo trasladaron al hospital Belén, pero no logró sobrevivir. Se presume que fue víctima de extorsión.

Ese mismo distrito de El Porvenir registró otro ataque armado días antes. Erick Aguilar Pereda recibió cinco disparos de desconocidos en el sector Villa Hermosa. Según fuentes policiales, el móvil habría sido un ajuste de cuentas. En Lima, un joven venezolano de 24 años, identificado como José Daniel Olivares Silva, murió tras ser perseguido a balazos por varias cuadras del Rímac. Los peritos hallaron más de ocho casquillos en la escena. Vecinos señalaron que la víctima trabajaba como mototaxista y que se ocultaba por una presunta deuda.

En Chiclayo se reportaron dos crímenes en menos de 24 horas. Agricultores hallaron el cuerpo de Andersson Tarrillo Linares, de 33 años, en una trocha carrozable del sector Samán, con heridas de bala. Un día antes, una mujer identificada como María Isabel Torres Huamán, de 71 años, fue apuñalada en plena calle en el distrito de José Leonardo Ortiz. La Policía detuvo minutos después al presunto responsable, aunque hasta el cierre de esta nota no se conocía el móvil del ataque.

En Arequipa, una pelea entre trabajadores de construcción civil terminó en tragedia. Joel Qquenta Mamani, de 34 años, murió apuñalado en el pecho tras un altercado en el sector Las Malvinas, en Pedregal. La Policía detuvo a uno de los presentes como sospechoso, mientras el principal implicado permanece prófugo. Estos siete casos, reportados en menos de tres días y en cinco regiones distintas, forman parte de los registros que alimentan las cifras del Sinadef.

Lo que dicen las cifras del Sinadef

En julio, el mes previo a la instalación del nuevo Gobierno, se registraron 166 homicidios, de los cuales 111 fueron con arma de fuego: 66.9% del total. Los primeros diez días de agosto ya superan ese porcentaje por casi veinte puntos.

El mismo patrón se repite en meses anteriores, aunque con porcentajes distintos. Enero cerró con 68.9% de homicidios por arma de fuego; febrero, 67.5%; marzo, 73.8%; abril, 66.7%; mayo, 71.1%; y junio, 76.7%.

El analista de datos Juan Carbajal, especialista en registros de criminalidad, explicó a La República que estas cifras no están cerradas. Los números de agosto seguirán sumando casos en las próximas semanas, señaló, tal como ocurrió con cada uno de los meses anteriores. El sistema, dijo, corrige y completa la información de forma progresiva.

Keiko Fujimori sobre crisis en inseguridad ciudadana: "No podemos dar resultados en quince días"

Con ese panorama de fondo, Keiko Fujimori admitió que su gobierno todavía no tiene una respuesta concreta frente a la inseguridad. Lo hizo en un evento por el Día del Bodeguero, rodeada del titular de Interior, César Astudillo, y del vicepresidente Miguel Ángel Torres. La mandataria pidió tiempo para mostrar avances y evitó precisar en qué consiste el plan que, según dijo, ya está en marcha. "No podemos dar resultados en quince días. Les pido paciencia y que, por favor, confíen en este gobierno", afirmó.

La ausencia de detalles concretos contrasta con las cifras que maneja el Sinadef. Astudillo, responsable directo de la política de seguridad, escuchó el pedido de paciencia de la mandataria en el mismo escenario donde también estuvieron el ministro Juan Carlos Requejo y la diputada Rosangella Barbarán.

Fujimori aprovechó el espacio para defender su cercanía con la Policía y las Fuerzas Armadas frente a quienes la interpretan como una jugada calculada. Negó ese cálculo y lo planteó como una muestra de respaldo institucional. "Lo que están viendo es cómo levantamos la moral de nuestra Policía y de nuestras Fuerzas Armadas", sostuvo, sin ofrecer plazos ni metas concretas para reducir la violencia.

La tensión entre ambos grupos escaló dentro de la oficina. Un trabajador de Seguridad del Congreso intervino y llamó a efectivos policiales, que ingresaron al edificio sin autorización expresa del oficial mayor ni del presidente del Senado, según una fuente parlamentaria consultada por este diario. El personal de Ahora Nación quedó bloqueado dentro del ambiente hasta que legisladores de Juntos por el Perú llegaron a respaldarlos y exigieron abrir la puerta.

El vocero de Ahora Nación, César Holguín, vinculó el incidente a un problema mayor. Según el legislador, la disputa expuso irregularidades en la administración de bienes del Parlamento, con presupuestos millonarios destinados a refacción, remodelación de oficinas y contratación de personal.

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Así se desarrolló el enfrentamiento, según una fuente consultada

Todo comenzó el lunes 3 de agosto, alrededor de las 8:00 p.m. La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, cerró su oficina 308, en el tercer piso, junto a su equipo y personal de seguridad. Al día siguiente, a las 9:00 a.m., la puerta apareció abierta y ya había alguien adentro. Huilca acudió al centro de cámaras del Congreso para pedir el video de lo ocurrido, pero le informaron que la cámara del tercer piso figuraba "inactiva" esa jornada, algo que no fue un caso aislado. Según la fuente consultada, parte del personal encargado de esa área mantiene vínculos con la campaña de Fuerza Popular.

La oficina, según la versión de Ahora Nación, no tenía asignación formal. La bancada la había solicitado desde el 5 de agosto, pero el oficial mayor, Giovanni Forno, nunca respondió el trámite. No hubo documento ni resolución, solo silencio administrativo. El reclamo por ese espacio no era menor: Ahora Nación opera desde el Sótano 2 del Palacio Legislativo, un ambiente húmedo, sin ventilación y con obras de construcción activas al costado todos los días. Fuerza Popular, en cambio, ya contaba con pisos completos asignados, el quinto y el sexto del edificio contiguo.

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Pasaron casi dos semanas sin respuesta de Oficialía Mayor. El 12 de agosto, Ahora Nación envió una carta formal con reclamos directos. El documento señalaba que existían oficinas vacías —la 402, 404, 406, 408 y 410, entre las más modernas del edificio— que antes ocupaba Fuerza Popular y que nunca fueron reasignadas tras el cambio de gestión. La misma carta reveló otro dato: ni todas las senadoras de la bancada contaban con oficina propia. Ante el agotamiento de las gestiones, Ahora Nación anunció en ese documento que tomaría posesión de esas oficinas y de los ambientes 306, 308 y 310 del tercer piso por cuenta propia. La carta llevó la firma de cinco parlamentarios.

Esa misma noche, sin esperar más plazos, personal de Ahora Nación fue a tomar posesión de la oficina 308, tal como habían anunciado. El problema surgió de inmediato: personal de Fuerza Popular ya estaba instalado en el ambiente y se negó a cederlo. Empezaron los cuestionamientos cruzados entre ambos equipos, con reclamos directos sobre quién tenía derecho a ocupar el espacio. Diputados de Ahora Nación llegaron al lugar para respaldar a Huilca y a su personal, y la tensión subió con rapidez.

El episodio más grave llegó después. Personal de Seguridad del Congreso llamó a la Policía sin autorización del presidente del Senado ni del oficial mayor, un requisito que exige el reglamento parlamentario, modificado en la gestión anterior por la propia Fuerza Popular. El encargado de seguridad, identificado como Luis Alberto Castillo, tomó control de la puerta y advirtió que nadie entraría ni saldría hasta que la Policía terminara su diligencia, una restricción que aplicó tanto a los asesores que querían salir como a los diputados que reclamaban desde afuera. La situación se resolvió recién cuando congresistas de Juntos por el Perú llegaron a respaldar a Ahora Nación y obligaron a abrir la puerta.

Máximo Torero: Sí, mira, un gusto estar con ustedes. Un poco lo que hay que entender es que, como tú bien decías, hay dos problemas grandes. No es solo El Niño. Hay un problema que estamos arrastrando ya hace más de cien días, que es el problema del estrecho de Ormuz. Lo que ha hecho el estrecho de Ormuz es sacar de la oferta de insumos agrícolas entre el 20 y el 30% de los principales insumos, es decir, el petróleo que utilizamos para poder producir en la parte de procesamiento, transporte y bombeo de agua, que mayormente se hace con petróleo. Luego el gas natural, que se utiliza para producir nitrógeno, central en la urea y en los fertilizantes en general. El azufre, que se utiliza para generar fosfatos, también ha desaparecido. Y las semillas, porque las semillas híbridas, sobre todo de cereales, requieren mucha urea. Ese contexto ya ha llevado a que los precios de esos insumos sean muy altos, y por lo tanto los productores han tenido que decidir producir con menos insumos o cambiar a productos que utilizan menos urea, por ejemplo moverse de cereales a soja, o vender a biocombustibles en los países donde los hay.

Tenemos menos oferta de alimentos a nivel mundial y precios que están empezando a subir. Los principales commodities afectados ahora son el arroz, el trigo duro, que es para la pasta, y poco a poco el maíz y el trigo para el pan también están empezando a subir lentamente. Hemos tenido suerte, por otro lado, a nivel mundial, porque ha habido una buena cosecha de trigo para pan y de maíz, lo cual nos ha ayudado a compensar un poco la situación. Pero en ese contexto tenemos además ahora el Niño, y es un fenómeno que va a afectar a muchos países del mundo, no solo a Latinoamérica. Eso se puede ver históricamente. Pero además, lo que está diciendo la NOAA y lo que está diciendo la Organización Meteorológica Mundial es que este va a ser un Niño muy especial y muy fuerte. No necesariamente esperan que el impacto sea igual que antes en términos históricos, pero sí esperan que sea muy fuerte.

Entonces, en esas condiciones, con pocos insumos, El Niño va a afectar más, simplemente porque nuestros suelos van a estar en mayor estrés respecto a la situación actual. Si venimos al caso del Perú, el país históricamente se ha visto afectado por El Niño. Hemos perdido alrededor del 10% del PBI, entre 3 mil y 3.500 millones de dólares o más, en pérdidas por este fenómeno, y mayormente no hemos estado bien preparados. Hemos esperado a que pase para recién reaccionar y tratar de recuperar la situación.

Eso no lo podemos permitir esta vez. ¿Qué es lo urgente? Lo más urgente, y lo que hay que entender, es que El Niño va a ser heterogéneo: va a haber inundaciones en la costa y escasez de agua en la sierra. Entonces hay que hacer una estrategia que tome en cuenta esas características. Tenemos que evaluar lo que ha pasado históricamente en el caso del Perú y empezar a dar soluciones. Nosotros lo vemos desde dos puntos de vista. El primero es la prevención. Eso implica sistemas de alerta temprana, que ya existen y están avanzando, pero hay que mejorarlos. Implica tener seguros, en la medida de lo posible, que nos permitan protegernos. Implica estar preparados para lo que va a pasar en términos de enfermedades de animales y plantas, y estar listos para los choques que ya conocíamos históricamente.

Pero el segundo componente, tal vez el más importante, es la capacidad de absorción. ¿Cómo hacemos para que nuestros productores puedan absorber este choque? Ya estamos viendo cambios en la costa, en la producción de agroexportación. Se está tratando de adelantar la cosecha. Se está tratando de cambiar a productos que puedan resistir más humedad, como moverse hacia la sandía, por ejemplo. Se está viendo cómo proteger, a través de mecanismos de irrigación, lo que ya se ha plantado. En la sierra todavía no hemos visto mucho avance ni mucho cambio. Ahí hay que pensar en pequeños reservorios que permitan acumular agua para cuando falte, y así poder irrigar esa parte del país. También sabemos que la infraestructura se ve afectada, sobre todo los caminos. Podemos ver en la historia cuáles son los tramos que normalmente se ven afectados por El Niño. Entonces, ¿cómo encontramos rutas alternativas? ¿Cómo posicionamos infraestructura, tractores y maquinaria que nos permitan resolver ese problema más rápido? ¿Cómo limpiamos el cauce de los ríos, donde ya sabemos que eso ocurre? ¿Y los puentes que siempre suelen caerse? ¿Cómo los reforzamos para que no se caigan? Hay un montón de medidas de infraestructura y productivas que nos pueden ayudar a minimizar esa pérdida, esos tres mil millones que siempre perdemos, y a tener mayor capacidad de absorción y prevención a la vez.

Alejandro Céspedes García: ¿Cuánto le va a costar esto a la canasta familiar?

Máximo Torero: Es muy difícil saber ahora cuál sería el impacto. Sabemos que el impacto en la economía es de alrededor del 10% del PBI. Eso es lo que se busca minimizar, llevarlo al 5 o al 3%. Ese es el rol del gobierno. Y además debe haber un programa de protección social muy bien focalizado.

Alejandro Céspedes García: ¿Con qué ministerios debería reunirse la FAO ya mismo?

Máximo Torero: Eso es algo que el gobierno tiene que hacer de arranque. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es un panel de control. Esto tiene que ser descentralizado, pero a la vez centralizado. Tiene que haber un panel de control que permita ver qué es prioritario: estas son las inversiones de infraestructura que hay que hacer rápido, estas son las inversiones de posicionamiento de activos para minimizar riesgos, estas son las inversiones de tecnología y transferencia tecnológica, y en qué parte del país. La información que tenemos hoy en día es muy grande. Tenemos información satelital, sabemos el nivel de estrés de las siembras. Si utilizamos esa información espacial, que hoy tiene una resolución muy alta, junto con la historia de lo que ha pasado en años anteriores, ese panel de control puede ser una herramienta muy útil para priorizar.

Entre las instituciones clave, lo más vulnerable, la cola de la distribución, corresponde al MIDIS, con sus programas de transferencias condicionadas, que deben estar focalizados en los sectores con mayor probabilidad de ser afectados por El Niño. No a todo el mundo, tienen que estar focalizados.

Alejandro Céspedes García: ¿Y Agricultura?

Máximo Torero: El Ministerio de Agricultura tiene que asegurarse de que los productores cuenten con semillas más resistentes a la sequía, en el caso de la sierra, y semillas más resistentes al exceso de agua, en el caso de la costa. Tiene que dar apoyo tecnificado y ver cómo trabajar con la inversión regional en pequeños reservorios, en el caso de la sierra, y cómo limpiar el cauce de los ríos. También está toda la operación de limpieza de ríos e infraestructura de mayor escala.

Alejandro Céspedes García: ¿A qué regiones va a llegar la FAO primero?

Máximo Torero: Mira, la FAO es una entidad de asistencia técnica calificada. Lo que tiene que ayudar a armar es ese centro, ese dashboard, ese panel de control, utilizando toda la información que manejamos, y trabajar con el gobierno central y con los gobiernos regionales. No puede estar desvinculado. Las regiones más afectadas son toda la costa norte, y en la sierra, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa y sobre todo Puno, que también se va a ver afectada. Toda esa parte de la sierra centro sur tenemos que verla. Y también partes de la selva.

Pero además, la pesca también se va a ver afectada. La anchoveta va a ir más al fondo porque busca temperaturas más bajas. Eso va a afectar a toda la pesca artesanal, así que también tenemos que tener una estrategia para ese sector. Y una estrategia, sobre todo en la sierra, para el alimento de los animales, porque si no hay buenas cosechas, no va a haber alimento para el ganado. Tenemos que estar preparados para eso.

Alejandro Céspedes García: ¿Y la ganadería? De eso se habla poco.

Máximo Torero: Exacto, es lo que te estoy diciendo. Hay que tener el forraje reservado y ver la forma de hacer las compras necesarias para que la ganadería no se vea impactada. Eso también va a ser muy importante.

Alejandro Céspedes García: El INEI cambió su metodología para medir el hambre, y en el Perú los números no mejoraron como en el resto de la región. ¿Qué está pasando?

Máximo Torero: Mira, lo que encontramos en el Perú es que la tasa de hambre o desnutrición crónica en los últimos tres años está alrededor de 5,7%. Históricamente ha bajado, pero podría estar mucho más baja. Creemos que una meta de este gobierno debería ser hambre cero, lo que acaba de lograr República Dominicana. Por ejemplo, el año pasado salió el mapa del hambre y también apareció Brasil.

Pero además tenemos otra medida que ya implementó el INEI, la acaba de lanzar hace pocos meses: el FIES, en inglés Food Insecurity Experience Scale, la escala de inseguridad alimentaria. Esta escala tiene dos componentes: la severa, equivalente a la desnutrición, y la moderada, que corresponde a la sobrenutrición. Estamos en 30,5%, y eso es lo que hay que bajar. Está atado no solo a la desnutrición, sino también a la sobrealimentación, es decir, a las dietas saludables. Y el costo de las dietas saludables en América Latina es el más alto del mundo, incluido el Perú.

Ahí hay que ver qué está pasando con los mercados locales, con esa diversidad de alimentos que se requiere para bajar el costo de la dieta saludable. Que nos hayamos dedicado a la agroexportación es algo muy bueno, porque genera ingresos y ayuda a incrementar mercados para nuestros productores. Pero también tenemos que empezar a preocuparnos por el mercado local. Hay que trabajar con ambas estrategias. Hemos sido muy exitosos en la agroexportación. Tenemos que empujar mucho más nuestro mercado local.

Alejandro Céspedes García: El programa de alimentación escolar ha cambiado de nombre varias veces, de Qali Warma a Wasi Mikuna y ahora al PAE. ¿Qué evaluación tiene la FAO de eso?

Máximo Torero: Mira, nosotros tenemos una red latinoamericana basada en la experiencia brasileña, de la que casi toda Latinoamérica forma parte: la RAES. Esa red ha acumulado el aprendizaje de las mejores prácticas. Uno no puede pensar que el sistema de alimentación escolar de Brasil fue exitoso desde el primer día, tuvo muchos problemas. Pero de esos problemas se puede aprender y se pueden saltar etapas.

Lo que hemos hecho con la FAO, con la oficina regional y la oficina de país, es sistematizar toda esa información. ¿Qué implica eso? Que no solo estamos hablando de calorías, sino de dietas saludables. ¿Cómo podemos hacer un programa de alimentación escolar que incluya dietas saludables? En el Perú es inadmisible que tengamos los niveles de anemia que tenemos, y eso se puede solucionar con un sistema de dietas saludables, desayunos y meriendas escolares.

¿Qué estamos haciendo además? Estamos midiendo los desperdicios en las dietas saludables en República Dominicana, porque si un niño deja de comer algo y lo bota, quiere decir que no le gusta, y ahí hay que cambiar el menú. No es que el programa esté mal, es simplemente que no se está adaptando a las necesidades del niño. Que sea saludable no quiere decir que no sea delicioso. Se quiere que sea delicioso, para que el niño lo consuma. En República Dominicana hemos hecho eso para aprender. Tenemos una aplicación que se llama OptiWaste, que mide eso, es muy fácil de usar y además ayuda a cambiar el comportamiento de los niños.

Alejandro Céspedes García: ¿Ya se usa en el Perú?

Máximo Torero: No, todavía no, y queremos aplicarlo, pero tenemos que empezar poco a poco.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué le dirías a un padre o una madre que no sabe cómo alimentar mejor a sus hijos con lo poco que tiene?

Máximo Torero: Mira, hay que entender un poco nuestra realidad. Si ves en el mundo a los países que han logrado salir o bajar sustancialmente su hambre, y salir de un mapa de hambre, son países que han tenido dos enfoques grandes. Uno es la protección social, no solo transferencias sino también meriendas escolares, y el otro es la mejora de la producción y la productividad de forma sostenible. Ese es el caso de Brasil, el caso de Chile, y ahora el caso de República Dominicana.

Alejandro Céspedes García: ¿Productividad de qué, del trabajo?

Máximo Torero: No, estamos hablando de productividad en términos de las semillas, del producto que rinden. Por supuesto que también se incluye la productividad laboral.

Esos son los dos mecanismos. Ahora, hablando de la merienda escolar, la realidad peruana es bastante compleja. Hay escuelas donde los niños caminan tres horas para llegar y tres horas para regresar. En algunas no es así, pero mayormente tenemos un problema de movilidad enorme, sobre todo en la sierra. Ahora las zonas más vulnerables están en el sur y en la Amazonía, donde la situación es todavía mucho más compleja. En esa realidad tenemos que adaptarnos y vivir en ella. Un niño que camina seis horas al día va a tener una sola merienda al día, y si esa merienda no es adecuada, se le está haciendo un daño que va a afectar su futuro. Por eso es tan importante, dentro de los programas sociales, el componente de la merienda escolar. El Perú tiene que ponerle mucho énfasis a mejorarla.

El primer objetivo de la merienda escolar es alimentar bien al niño, con dietas saludables. Una vez logrado eso, la siguiente etapa es hacer compras locales para promover también la agricultura. Pero el primer objetivo es que el niño tenga buena alimentación, porque eso beneficia hoy y mañana. La segunda etapa es ver qué se puede comprar localmente, y ahí hay que avanzar cuidando la salubridad alimentaria, porque lo último que se quiere es que un niño se enferme por la comida que come. Ahí hay que poner estándares de salubridad muy altos. Y luego se puede empezar a ver cuestiones de agricultura sostenible o regenerativa. Pero hay que ir en secuencia, no se pueden saltar etapas. El primer objetivo es alimentarlo bien, y creo que el Perú lo puede lograr. Es cuestión de armar la institucionalidad y los estándares de salubridad que se requieren para que esos niños puedan alimentarse mejor.

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“Tal como lo he declarado, he permanecido en territorio peruano en todo el momento que he estado en esta difícil situación”, dijo a la prensa.

Sobre su condición de reo contumaz, precisó que todas las órdenes en ese sentido ya fueron levantadas.

Al ser consultado por su postulación presidencial, agradeció a quienes votaron por Perú Libre. “Es un voto de protesta, un voto consciente, un voto de los tiempo difíciles. A pesar de ello, hubo más de 100 mil compatriotas que han apoyado conociendo esta dura situación”, manifestó.

Vladimir Cerrón asegura que se comunicaba con José Balcázar

Tras su presentación en el aniversario de Perú Libre, Cerrón realizó una rueda de prensa.

Se negó a indicar en qué parte del Perú permaneció durante su época de clandestinidad porque anunció que publicará un libro donde contará todos los detalles.

Incluso, decidió bromear al respecto. “Todavía no puedo señalarlo (dónde estuvo) porque sino me van a quitar la primicia y nadie me va a comprar. (En el libro) estarán incluidos Balcázar, a Boluarte, a Jerí, al general Mayor, a Colchado y a todos los que me andaban buscando. Será exclusivamente sobre ese periodo”, dijo.

También aseguró que es más difícil estar en la clandestinidad que estar en una prisión. “Es difícil no estar en contacto con mi familia, con el partido. Con el único con el que me comunicaba era con el presidente Balcázar”, declaró.

Al ser consultado sobre cómo se desarrollaba esta comunicación, explicó: “Él a veces me mandaba mensajes, entonces, yo le devolvía la llamada. Es más, yo nunca he cambiado de número telefónico”.

Reacciones

Ernesto Zunini, vocero de diputados de Juntos por el Perú, indicó que este partido y Perú Libre no tienen una agenda en común. Además, resaltó que durante el proceso electoral tampoco han mantenido un diálogo o alianza.

“Como adversario, Perú Libre merece nuestro respeto, pero con Vladimir Cerrón no tenemos ningún nivel de contacto”, declaró a la prensa.

También, resaltó que el partido de Cerrón no tiene presencia en el Parlamento y podría perder su inscripción. “Ahí están los resultados de la labor parlamentaria que han hecho y del comportamiento de sus dirigentes”, indicó.

Por su parte, el diputado Diego Bazán (Renovación Popular) señaló a los medios que espera que el evento de Perú Libre donde reapareció Cerrón no sea aprovechado para realizar proselitismo político de cara a las próximas elecciones.

Bazán señaló un supuesto vínculo entre JP y Perú Libre. “Hay una serie de mecanismos que se han aprovechado para que el señor esté suelto y libre. Acá me queda claro que hubo muchos actores políticos involucrados y lo sigue habiendo. No me queda duda de que hay una relación directa de muchos personajes de Perú Libre con Juntos por el Perú, por ejemplo. Está claro que tiene amigos que lo seguirán protegiendo y que tiene además mucha influencia en los entes que imparten justicia”, anotó.

En tanto, Arturo Alegría (Fuerza Popular) calificó de “cobarde” a Cerrón por no afrontar la justicia y esconderse.

En consecuencia se ordena el archivo definitivo del proceso y se anulan la sentencia condenatoria y cualquier orden de captura u otra medida restrictiva de libertad para Nadine Heredia, quien se encuentra refugiada en Brasil, Ilán Paul

Heredia Alarcón, Mario Julio Torres Aliaga, Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón Vinatea, Eladio Mego Guevara y las personas jurídicas Partido Nacionalista Peruano y Todo Graph SAC.

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"Declarar fundados los pedidos de extensión de efectos formulados por las defensas y, en aplicación de los principios de igualdad, favor libertatis, plazo razonable, seguridad jurídica, efecto útil de la sentencia constitucional y extensión favorable de fundamentos no personalísimos, extender los efectos de la Sentencia de Pleno N.°169/2026 a favor de Nadine Heredia Alarcón, Ilán Paul Heredia Alarcón, Antonia Alarcón Cubas, Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez, Mario Julio Torres Aliaga, Santiago Gastañadui Ramírez, Eladio Mego Guevara, Maribel Amelita Vela Arévalo y Rocío del Carmen Calderón Vinatea, al verificarse

que sus imputaciones dependen de la misma matriz fáctico-imputativa, de las mismas fuentes ilícitas atribuidas y de roles funcionales no autónomos respecto de la hipótesis de lavado de activos constitucionalmente neutralizada" precisa el tribunal.

En uno de sus argumentos, la sala de Apelaciones subraya que: "En el presente caso, la cuestión no se reduce a escoger entre continuar o archivar un proceso todavía constitucionalmente válido.

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Estamos ante una sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado la nulidad del proceso respecto del beneficiario por afectación de la legalidad y la tipicidad vinculadas con la libertad personal; por lo tanto, desde ese momento, la jurisdicción penal no decide sobre la corrección del fallo constitucional ni puede someter su eficacia a una nueva valoración del mérito de la imputación. Su tarea se limita a determinar cuál de las vías procesales disponibles ejecuta de manera íntegra lo resuelto".

Con base en lo cual se decide archivar el proceso para todos y anular cualquier orden de detención, medida de comparecencia y se anulan los antecedentes penales que pudiera haber generado este caso.

“Como adversario, Perú Libre merece nuestro respeto, pero con Vladimir Cerrón no tenemos ningún nivel de contacto”, declaró a la prensa.

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También, resaltó que el partido de Cerrón no tiene presencia en el Parlamento y podría perder su inscripción. “Ahí están los resultados de la labor parlamentaria que han hecho y del comportamiento de sus dirigentes”, indicó.

Al ser consultado por la reaparición de Cerrón, el diputado Diego Bazán (Renovación Popular) señaló un supuesto vínculo entre JP y Perú Libre.

“Hay una serie de mecanismos que se han aprovechado para que el señor esté suelto y libre. Acá me queda claro que hubo muchos actores políticos involucrados y lo sigue habiendo. No me queda duda de que hay una relación directa de muchos personajes de Perú Libre con Juntos por el Perú, por ejemplo. Está claro que tiene amigos que lo seguirán protegiendo y que tiene además mucha influencia en los entes que imparten justicia”, anotó.

Vladimir Cerrón anuncia que escribirá libro sobre su época de clandestinidad

Mientras tanto, tras su presentación en el aniversario de Perú Libre, Cerrón realizó una rueda de prensa.

Se negó a indicar en qué parte del Perú permaneció durante su época de clandestinidad porque anunció que publicará un libro donde contará todos los detalles.

Incluso, decidió bromear al respecto. “Todavía no puedo señalarlo (dónde estuvo) porque sino me van a quitar la primicia y nadie me va a comprar. (En el libro) estarán incluidos Balcázar, a Boluarte, a Jerí, al general Mayor, a Colchado y a todos los que me andaban buscando. Será exclusivamente sobre ese periodo”, dijo.

También aseguró que es más difícil estar en la clandestinidad que estar en una prisión. “Es difícil no estar en contacto con mi familia, con el partido. Con el único con el que me comunicaba era con el presidente Balcázar”, declaró.

Al ser consultado sobre cómo se desarrollaba esta comunicación, explicó: “Él a veces me mandaba mensajes, entonces, yo le devolvía la llamada. Es más, yo nunca he cambiado de número telefónico”.

De acuerdo con las citaciones, difundidas por Maz Media TV, la primera audiencia se desarrollará a las 10.50 a.m, y responde al vicepresidente de la JNJ, Víctor Chanduví. Se trata de una investigación contra Espinoza por haber planteado un requerimiento de suspensión de derechos contra Tomás Gálvez para que no retorne como fiscal supremo al Ministerio Público.

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La segunda audiencia será a las 11.10 a.m, y responde a un informe de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera. En este caso, la Junta cuestiona a la decana del CAL por el tiempo que le tomó una investigación contra Alejandro Soto, quien en ese entonces se desempeñaba como congresista. Además, por haber sostenido una reunión con él cuando el caso estaba abierto.

PJ suspende condición de agremiado de Gino Ríos en el CAL

Este no es el único choque entre la JNJ y Delia Espinoza. El último 12 de junio, el Poder Judicial suspendió provisionalmente la condición de agremiado de Gino Ríos Patio, miembro de la JNJ, a quien el CAL rechazó su renuncia.

La institución liderada por Espinoza negó la renuncia a Ríos Patio argumentando que registraba tres multas electorales del 2022 y mantenía una investigación en la Dirección de Ética en la que se pedía su suspensión por seis meses.

Sin embargo, el 10.º Juzgado Constitucional de Lima a cargo del juez Omar Alfredo González Gulmaray, indicó que las razones del CAL no son argumentos válidos para retener a alguien como integrante de una institución de la que no quiere formar parte.

Además, resaltaron que ello no implica que la investigación contra Ríos en el CAL continúe. "No implica desconocer la posibilidad de que el Colegio de Abogados de Lima pueda ejercer facultades disciplinarias o administrativas que es legal según el estatuto correspondiente respecto a los hechos ocurridos mientras el demandante ostentaba voluntariamente la condición de agremiado", se lee en la resolución.

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria del Consejo de Ministros del miércoles 12 de agosto.

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"Nosotros tradicionalmente la Cancillería siempre ha tenido la secretaría técnica de la Comisión de Alto Nivel Especial, encargada de organizar la visita del papa. Va a ser una visita especial, el Perú entero está esperando la llegada del papa peruano. Yo sé que será una cosa extraordinaria que el punto más alto de la visita del papa, en la parte religiosa será su viaje a Zaña, allí se va a celebrar el 300° aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo”, dijo.

Además del aniversario de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, Espá mencionó otros dos eventos en el recorrido del Santo Padre. Se trata de la reunión que sostendrá con Keiko Fujimori y la misa a realizar en la Base Aérea Las Palmas.

El programa oficial se definirá en octubre tras una nueva evaluación del Vaticano

El vocero del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, informó que el itinerario definitivo (con horarios, celebraciones litúrgicas y reuniones oficiales) aún debe ser aprobado por la Santa Sede. Adelantó que están previstas una misa multitudinaria en Lambayeque y otra de clausura en Lima, cuyo escenario todavía no ha sido definido.

Explicó que todas las propuestas elaboradas por la Iglesia peruana son evaluadas por el Vaticano antes de su aprobación final, considerando aspectos como la logística, la seguridad y la organización de la prensa. El programa será difundido una vez concluyan las coordinaciones entre el Vaticano, la Conferencia Episcopal Peruana y las autoridades nacionales, además de Uruguay y Argentina.

Dioses precisó que una comisión de avanzada del Vaticano ya visitó el país para inspeccionar los posibles escenarios de la visita y verificar que cumplan con los requisitos necesarios. La delegación estuvo integrada por personal médico, miembros de la Gendarmería Vaticana, responsables de prensa y el organizador de los viajes pontificios.

Añadió que este equipo regresará en las próximas semanas para realizar una nueva evaluación y terminar de definir el programa, el cual sería presentado oficialmente a mediados de octubre.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

El 6 de julio, hombres armados invadieron el territorio indígena Kampa do Rio Amônia, ubicado en la frontera de ambos países. Tres semanas después, una delegación de cuatro líderes asháninka se reunió en Brasil con la Presidencia de la República y ministerios de dicho país para alertar sobre el aumento de la violencia en la región.

Ellos exigen medidas urgentes de protección territorial y solicitan una estrategia de cooperación binacional entre ambos países para combatir a los grupos del crimen organizado que utilizan la frontera compartida como corredor para el traslado de productos derivados de actividades ilícitas.

Para los pueblos indígenas locales, el ataque no es un hecho aislado, sino la manifestación más reciente de la expansión del crimen organizado hacia una de las regiones mejor conservadas y de mayor riqueza ecológica y culturalde la Amazonía.

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Aunque necesaria, una respuesta policial por sí sola es insuficiente para enfrentar una dinámica que conecta el narcotráfico, la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de tierras y otros delitos ambientales, todos ellos impulsados por la apertura desordenada de carreteras en la zona.

“No estamos frente a un conflicto local. Estamos frente a la expansión de redes criminales transnacionales hacia territorios indígenas que actualmente representan una de las últimas barreras frente a la ocupación ilegal de esta región de la Amazonía”, señala Francisco Piyãko, coordinador general de la Organización de los Pueblos Indígenas del Río Juruá (OPIRJ), organización integrante de la Comisión Transfronteriza Juruá/Yurúa/Alto Tamaya.

Por parte de Brasil, los líderes buscan ampliar y consolidar las medidas de seguridad que ya están en marcha, en particular aquellas que dieron lugar a la Operación Ashaninka, que movilizó al Comando de Frontera Juruá/61.º Batallón de Infantería de Selva (61.º BIS) del Ejército brasileño y a la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública del estado de Acre (Sejusp), con la participación del Grupo Especial de Operaciones Fronterizas (Gefron).

Sin embargo, desde el Estado peruano no se ha evidenciado respuesta alguna para atender la situación crítica de criminalidad en la zona de frontera. 

Para las organizaciones indígenas, es preocupante ver las respuestas diferenciadas para un solo problema, que es el avance del crimen transnacional. Por ello, Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), organización integrante de la Comisión Transfronteriza Juruá/Yurúa/Alto Tamaya, manifiesta el crimen organizado está escalando  y ahora ha escalado a otros territorios, afectando el bienestar común de los pueblos y vulnerando nuestras vidas; la falta de intervención es una muestra que el Estado del Perú no llega a los territorios y tampoco vela por nuestros derechos.

Se tiene conocimiento que los criminales identificados lograron cruzar al lado peruano, donde hasta ahora se mantienen prófugos.

Frente a esta situación, López propone la necesidad de tomar como ejemplo la articulación de la Comisión Transfronteriza Yuría-Juruá-Alto Tamaya para la defensa de la vida, y hace un llamado al Estado peruano para establecer diálogos con el objetivo de enfrentar el crimen organizado de manera conjunta, para buscar intereses en común y garantizar la seguridad territorial y la vida de los pueblos indígenas, que también son ciudadanos peruanos.

Carreteras están transformando la geografía del crimen

La denuncia presentada por los asháninka no se centra únicamente en la violencia reciente, sino también en el proceso que hizo que esa violencia fuera previsible: una transformación más amplia de la frontera amazónica impulsada por la apertura desordenada de carreteras, ramales y trochas madereras.

Un ejemplo central es la carretera UC-105, en el departamento de Ucayali en Perú. Su construcción ha avanzado sin consulta a las comunidades afectadas, sin estudios de factibilidad y sin las autorizaciones exigidas por la legislación peruana, en contravención del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de otros instrumentos internacionales de protección de los pueblos indígenas.

La red vial UC-105, actualmente en construcción entre Nueva Italia y Puerto Breu, se ha convertido en un importante foco de conflicto a ambos lados de la frontera, pese a que no existe una conexión viable con la red vial brasileña. Además de ingresar en territorios indígenas y reservas extractivas del lado brasileño, la carretera atraviesa 241 cursos de agua que alimentan las cabeceras de los afluentes del río Juruá.

Estudios técnicos y mapas elaborados por el Proyecto ABSAT de la Universidad de Richmond, ORAU, AFRONTA, entre otros, han identificado a lo largo de la ruta, tala ilegal, pistas de aterrizaje clandestinas, cultivos de coca y una mayor actividad de grupos armados, lo que indica que la carretera se ha convertido en un corredor para diversas economías ilícitas.

Durante los últimos cinco años, el área destinada al cultivo de coca en el departamento peruano de Ucayali se ha triplicado, creciendo al doble de la tasa nacional. La región alberga actualmente la red más extensa de carreteras ilegales de la Amazonía peruana, fortaleciendo redes criminales que aprovechan esta infraestructura para conectar narcotráfico, tala ilegal, especulación de tierras, extracción de oro y lavado de activos.

Para las comunidades indígenas, el problema ya no es exclusivamente peruano: estas redes están afectando directamente territorios en Brasil, utilizando rutas terrestres, fluviales y aéreas que cruzan la frontera y aumentan la inseguridad en toda la región de Yurúa-Alto Juruá y Alto Tamaya.

Esta preocupación coincide también con investigaciones que demuestran la rápida expansión de las llamadas carreteras virus: rutas no autorizadas que penetran progresivamente en el bosque, fragmentan el paisaje, aceleran la deforestación y acercan las actividades ilegales a tierras indígenas y áreas de conservación.

En este contexto, las organizaciones indígenas sostienen que la lucha contra el crimen organizado no puede abordarse únicamente como un asunto de seguridad pública, sino que también debe incluir la protección territorial, la gobernanza ambiental y la cooperación internacional.

Entre narcotráfico y delitos ambientales

La expansión de estas carreteras ocurre en medio de una creciente convergencia entre el narcotráfico y los delitos ambientales. Diversos estudios indican que el crimen ambiental se ha convertido en el tercer mercado ilícito más lucrativo del planeta y que opera de manera cada vez más integrada con el narcotráfico.

En una carta entregada recientemente a las Naciones Unidas durante el Foro Internacional “Economías ilegales, crimen organizado y poder en América Latina”, realizado en Lima, la Comisión Transfronteriza Juruá/Yurúa/Alto Tamaya señaló que “el crimen organizado no es un concepto académico", sino una realidad que llega armada a los territorios indígenas, amenaza a sus líderes e intenta imponer el miedo como herramienta de control territorial.

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La participación de la Asociación Asháninka del Río Amônia (APIWTXA) en el encuentro tuvo que interrumpirse precisamente debido a una invasión de su comunidad, lo que obligó a los líderes a regresar para proteger a sus familias.

Para la Comisión Transfronteriza, el problema va mucho más allá de la seguridad de una sola comunidad. Lo que está en juego es el futuro de uno de los corredores socioambientales más importantes de la Amazonía occidental, que abarca aproximadamente 3,5 millones de hectáreas de bosque, 35 territorios indígenas reconocidos y es hogar de 14 pueblos indígenas; además se encuentran tres de las áreas protegidas más importantes de la Amazonía brasileña: la Reserva Extractiva Alto Juruá —la primera reserva extractiva creada en Brasil—, el Parque Nacional Serra do Divisor y la Reserva Extractiva Riozinho da Liberdade. Del lado peruano, la región incluye asimismo dos parques nacionales —Alto Purús y Sierra del Divisor— y la Reserva Indígena Murunahua para Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial.

En última instancia, la cuestión depende de la capacidad de los Estados brasileño y peruano para impedir que elnarcotráfico y los delitos ambientalesconsoliden redes criminales transnacionales capaces de amenazar la integridad socioambiental, la diversidad cultural y la estabilidad climática de la región.

Ante un problema que trasciende las fronteras dentro de la mayor selva tropical del planeta, los líderes indígenas reclaman una acción coordinada entre Brasil y Perú, con medidas integradas de protección territorial, fiscalización y seguridad, capaces de hacer frente a una red criminal organizada de carácter transfronterizo.

El Decreto Legislativo 018-2019 reestructuró el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y creó la Procuraduría General del Estado. Esa norma señala que los viceministros están impedidos de integrar el Consejo Directivo mientras ejerzan función pública. La prohibición se extiende, incluso, hasta doce meses después de haber dejado el cargo. Falconí ejerce el puesto de viceministro en este momento, así que la ley lo excluye sin ambigüedades.

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El Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado tiene una función clave: dirige el proceso de selección de los procuradores que defienden los intereses del Estado en todas las instituciones públicas. Se trata, por tanto, de un órgano que necesita independencia frente al poder político. La ley busca justamente evitar que un cargo de confianza del Gobierno, como el de viceministro, influya en esas decisiones.

Falconí fue nombrado viceministro de Justicia el 4 de agosto pasado. No es la primera vez que ocupa ese cargo: ya lo tuvo en 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En aquel periodo presidió la Comisión de Gracias Presidenciales, la misma que otorgó el indulto humanitario al padre de la mandataria, Alberto Fujimori, en diciembre de 2017.

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Un indulto que terminó anulado y una designación bajo cuestionamiento

Aquel indulto no tuvo un final tranquilo. El 3 de octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria lo declaró inaplicable y ordenó la ubicación y captura inmediata del expresidente. Falconí, el mismo funcionario que encabezó la comisión que le dio ese beneficio, vuelve ahora a ocupar un puesto sensible, esta vez en un organismo que por ley le está vedado.

El abogado Yván Montoya, consultado por Latina Noticias, señaló que la situación exige una respuesta inmediata. "Amerita una investigación desde la Cámara de Diputados, no se debió designar a alguien que, según el reglamento, está impedido de hacerlo", indicó. Montoya explicó, además, la razón detrás de la prohibición: el cargo de viceministro es político, y la Procuraduría General requiere mayor independencia frente al Gobierno de turno.

Por el momento no hay una explicación oficial. Latina Noticias consultó al Ministerio de Justicia sobre los motivos detrás de la designación, pero no obtuvo respuesta.

Para el Poder Judicial, el pedido de medida cautelar cumplía con los requisitos legales para ser concedido, debido a que existiría una posible afectación de derechos y el riesgo de que la demora genere un daño irreparable. Sin embargo, aclaró que esta decisión no determina quién tiene la razón en el proceso principal ni establece si hubo una vulneración de derechos. Por ello, dispuso comunicar lo resuelto al Colegio de Abogados de Lima para que tome conocimiento y atienda el requerimiento correspondiente.

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Julio Rodríguez, abogado de Ríos Patio, señaló que la renuncia de su patrocinado al CAL impediría que el gremio lo sancione. “Él (Gino Ríos) renunció a ser miembro de este colegio. Incluso se le rechazó la renuncia que presentó para ser abogado en ese momento. Es inaudito, porque atenta contra lo que dice la Constitución: libertad absoluta para que cada uno pueda asociarse libremente. Él ya estaba colegiado en otro colegio profesional de abogados”, sostuvo.

Sin embargo, en la misma resolución, el juzgado señala que la medida no tiene carácter retroactivo. Por ello, aunque Ríos haya renunciado a su colegiatura, el CAL podría llegar a sancionarlo. Cabe señalar que el 30 de octubre de 2025, el Consejo de Ética del CAL admitió a trámite la denuncia presentada contra los miembros de la JNJ. Justo este 12 de agosto se iba a evaluar una posible suspensión provisional.

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Junta Nacional de Justicia enfrentada al CAL

La Junta Nacional de Justicia desestimó la solicitud del Colegio de Abogados de Lima para suspender por seis meses la habilitación profesional de cinco de sus integrantes. A través de un comunicado, el organismo argumentó que el gremio no tiene atribuciones para sancionar a miembros de la JNJ por decisiones adoptadas en el marco de sus funciones constitucionales.

Asimismo, la JNJ indicó que los cinco integrantes cuestionados presentaron su renuncia al CAL tras cuestionar el rumbo “político” que habría asumido la institución. Aunque el gremio no aceptó sus solicitudes de desafiliación, la Junta sostuvo que el CAL no debería ejercer potestad disciplinaria sobre quienes manifestaron su decisión de dejar de pertenecer a dicha organización.

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La JNJ también puso en duda el sustento normativo del proceso disciplinario. Según señaló, el Código de Ética invocado por el CAL tendría una vigencia cuestionable, debido a que su entrada en vigor estaba condicionada a una publicación en el diario oficial El Peruano, hecho que no habría sido acreditado.

Este caso se origina en las decisiones de la Junta sobre la reincorporación de la fiscal suprema Patricia Benavides. Frente a estas, la JNJ argumenta que una discrepancia no puede convertirse en una sanción gremial ni en un mecanismo de presión contra un organismo autónomo. Delia Espinoza, decana del Colegio de Abogados de Lima, todavía no se pronuncia al respecto.

“Primero, y hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación. Ha sido una compra. Una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain”, señaló el ministro durante una entrevista vía RPP. Además, con relación al costo indicó que “se pagó a Caltrain una cantidad de millones de dólares”.

Rey explicó que la posibilidad de que estas unidades trasladen pasajeros entre Lima y Chosica implica una inversión técnica bastante alta. “La infraestructura que se necesita para que haya un transporte eficiente y seguro de un tren de pasajeros entre Chosica y Lima, es una cantidad de, según he escuchado las cifras (...) es alrededor de 500 millones de dólares”.

En esa línea, la autoridad manifestó que la evaluación para determinar la operatividad de los vagones no está en manos del ministerio. “(…) Entiendo que ProInversión ha iniciado lo que tendrían que hacer para ver si esto es viable o no. [...] Tampoco en este momento le corresponde a mi sector, sino a ProInversión”.

Respuesta de la Municipalidad de Lima

Frente a las declaraciones del ministro de Transportes, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado en el que rechazó la versión del titular del MTC y negó que se haya tratado de una compra.

“Consideramos necesario que el ministro debe contar con la información técnica correspondiente antes de emitir opiniones que puedan confundir a la ciudadanía”, argumentó la institución, que precisó además la participación de altos funcionarios norteamericanos y del Secretario de Estado en lo que definen como un “acto de donación”.

Asimismo, el municipio indicó que la empresa Caltrain entregó las unidades sin costo alguno y que el proyecto vial avanza bajo la conducción del Ejecutivo.

“Península Corridor Joint Powers Board – Caltrain es un organismo gubernamental de transporte de los Estados Unidos, y en tal condición donó a la ciudad de Lima el material rodante señalado, para implementar el proyecto de Tren Lima – Chosica, el cual está siendo gestionado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)”, se lee.

Del mismo modo, la entidad sostuvo la legalidad del proceso con el respaldo del Jurado Nacional de Elecciones, organismo que, según indica el comunicado, validó la actuación del municipio en la donación.

“Es importante señalar que la donación de dicho material rodante a favor de la Municipalidad de Lima fue analizado a nivel jurisdiccional por el Jurado Nacional de Elecciones, el cual ratificó que el Concejo Municipal Metropolitano actuó en ejercicio de sus atribuciones, autorizando al alcalde de la Municipalidad de Lima para realizar las gestiones vinculadas a dicha gestión”.

La comuna limeña solicitó además un encuentro con el ministro para revisar la documentación del caso y evitar contradicciones que puedan afectar las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Por ello, convocaron al MTC a “una reunión técnica para brindarle de primera mano toda la información necesaria con la finalidad de evitar perturbaciones, por un lado, en la confianza de la población, y por otro, en las relaciones diplomáticas y/o comerciales con los países con los que el Perú es socio estratégico”.

Los verdaderos costos de la “donación” según Contraloría

A pesar del discurso de “una donación” que aun sostiene la MML encabezada por Renzo Reggiardo, los documentos oficiales muestran cifras millonarias. Un informe de la Contraloría General de la República, difundido por Punto Final en septiembre del año pasado, reveló que la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera (OPMGF) de la Municipalidad de Lima estimó un costo total de inversión para el proyecto del Tren Lima-Chosica de 447’701,531 dólares. Con este sustento, el Concejo Municipal autorizó al alcalde el inicio de las gestiones.

El expediente divide el presupuesto en dos etapas. La primera contempla cerca de 24.5 millones de dólares para la aceptación y transacción de las máquinas. El monto principal de esta fase se destina al transporte: unos 15 millones de dólares solo para trasladar los trenes a Lima, más 2 millones para la remoción de piezas.

A esto se suman más de 5.4 millones por 93 vagones y repuestos, 1.06 millones por 20 locomotoras y 1 millón adicional por concepto de cancelación anticipada.

Por su parte, la segunda etapa propone una concesión a 30 años a través de una Asociación Público-Privada (APP) con una inversión adicional de 423 millones de dólares para la puesta en marcha.

Además, las dudas sobre la operatividad de los trenes no son exclusivas de la actual gestión del MTC. En su momento, el entonces ministro de Transportes, César Sandoval, rechazó la cesión de uso de la flota al sostener que el proyecto requería una evaluación técnica previa y el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos.

Si bien aclaró que nunca se opuso a la puesta en marcha del proyecto, Sandoval advirtió sobre los peligros de iniciar con el servicio sin la infraestructura adecuada. “De acuerdo a las condiciones y a los riesgos que esto puede acarrear no hay marcha blanca”, dijo en su momento. Asimismo, se recuerda que el exministro señaló la improvisación técnica para la circulación de las unidades y también cuestionó el manejo de la comuna.

“Quiero que el Perú sepa que se han traído los trenes, pero no existe la doble vía, no existen las cuatro estaciones, no existen los paraderos, la señalización, los cruces y por lo tanto no garantiza la seguridad de los ciudadanos. (…) El alcalde debe actuar con mucha más responsabilidad y con mucha más seriedad”, aclaró en una conferencia de prensa durante su gestión.

El discurso de la “donación” frente al desembolso millonario

A pesar de que la Municipalidad de Lima desembolsó millones de dólares por los trenes, la misma página de la institución presentó el hecho ante ciudadanía como un acto de caridad. El 12 de julio de 2025, la comuna celebró en el puerto del Callao la llegada de lo que calificó como una “histórica donación de trenes provenientes de EE. UU.” y una “donación nunca antes vista” traída por la empresa Caltrain.

Durante la recepción de las máquinas, el alcalde Rafael López Aliaga evitó referirse al pago realizado e insistió en la narrativa del regalo internacional. “Feliz de ver que algo que era una idea hace un año, hoy es una realidad. Estamos comprobando que la misma maquinaria que vimos en Stockton, California, ha llegado en perfectas condiciones, es una operación logística muy bien hecha”, se lee en el comunicado.

Trenes en mal estado

Tras el arribo del primer lote de coches y locomotoras, La República constató el verdadero estado de los trenes que llegaron al país para la ruta Lima-Chosica. Aunque la gestión municipal exhibió una parte de la flota ante la prensa el pasado 14 de julio, las unidades que no fueron mostradas al público y que permanecieron en un almacén del Callao reflejan sus más de 40 años de antigüedad.

De acuerdo con lo recogido por el medio, en el Callao y en la estación Monserrate del Ferrocarril Central Andino, los vagones registraron varias deficiencias. En los exteriores se observaron bogies —el armazón que agrupa las ruedas— con cadenas, tornillos y piezas en estado de oxidación. Asimismo, se hallaron telarañas en diversas partes de la estructura e incluso nidos de aves en algunas zonas de las máquinas dadas de baja por la empresa Caltrain.

El diseño interno también mostró limitaciones. En el primer nivel, la reducida altura del techo puede provocar golpes en la cabeza a personas de estatura promedio y no existen espacios para maletas. En esa misma línea, las escaleras hacia el segundo piso son estrechas, una condición que complicaría una evacuación en situaciones de emergencia.

El registro contradijo el discurso del alcalde Rafael López Aliaga, quien sostuvo en su momento que la flota estaba en óptimas condiciones para iniciar operaciones.

Trenes iban a ser destruidos por su alto nivel de contaminación

Una investigación de La Encerrona también reveló que las unidades traídas de California eran en realidad máquinas que iban a ser destruidas debido a su alto nivel de contaminación. En 2015, la empresa Caltrain accedió al programa ambiental Carl Moyer, recibiendo 20 millones de dólares de subsidio para reemplazar su flota antigua por trenes eléctricos.

Según lo señaló el medio, el acuerdo exigía a una condición obligatoria: desmantelar las viejas locomotoras por su impacto ambiental. Además, documentos oficiales confirmaron que los trenes ya habían alcanzado el final de su vida útil y debían ser eliminados a más tardar en septiembre de 2024.

Sin embargo, para evitar su destrucción y colocarlas en Lima, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio de EE. UU. y la Embajada de EE. UU. en Perú intervinieron ante las autoridades ambientales de California para negociar una salida.

Tras una reunión virtual en octubre de 2024, la entidad supervisora del aire de California aprobó una adenda al contrato el 6 de noviembre de ese año. Dicha modificación evitó que se destruyan las locomotoras y autorizó su envío a Lima, justificándolo bajo promesas diplomáticas de supuestos beneficios para la capital peruana.

"No podemos dar resultados en quince días. Les pido paciencia y que, por favor, confíen en este gobierno. Porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad", indicó.

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El evento contó con la participación de Miguel Ángel Torres, presidente de la Cámara de Senadores y vicepresidente de la República. También estuvieron presentes los ministros César Astudillo (Interior) y Juan Carlos Requejo (Producción), así como la diputada fujimorista Rosangella Barbarán.

Sobre sus mensajes de cercanía con las instituciones del orden, Fujimori aseguró que forman parte de una retribución de confianza a las instituciones armadas. "Algunos críticos dicen que es parte de la misma estrategia. Yo les digo que no. Hoy lo que van a ver es un gobierno totalmente firme. Lo que están viendo es cómo levantamos la moral de nuestra Policía y de las Fuerzas Armadas", sostuvo.

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El cuadro de distribución muestra que el reparto respondió a una fórmula proporcional según el tamaño de cada bancada. Fuerza Popular, con la bancada más numerosa, obtuvo seis presidencias. Juntos por el Perú consiguió cuatro. Buen Gobierno, Renovación Popular, Cívico Obras y Ahora Nación completaron el resto de espacios.

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La discusión no se limitó a los números. Fuerza Popular cuestionó públicamente que Juntos por el Perú se quedara con comisiones que consideran estratégicas, entre ellas Constitución. Zunini respondió con cifras: la votación interna arrojó una diferencia amplia y contó, según explicó, con el respaldo de bancadas que no comparten la línea política de JP. "Cinco votos contra uno no es una imposición, es democracia", señaló, en respuesta a las críticas del oficialismo.

El debate sobre comisiones llega en un momento donde el Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, evalúa solicitar facultades legislativas al Congreso. De concretarse, el documento deberá pasar primero por la Comisión de Constitución, ahora en manos de JP. Zunini fue claro al advertir que su bancada no dará un cheque en blanco al gobierno y que cualquier pedido será revisado con cuidado antes de someterlo al pleno.

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Así quedó el reparto de comisiones en la Cámara de Diputados

De acuerdo con el documento al que accedió La República, Fuerza Popular presidirá las comisiones de: Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Trabajo y Seguridad Social; y Ciencia, Innovación Tecnología y Sociedad Digital. Además, liderará la comisión ordinaria no legislativa de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo.

Juntos por el Perú consiguió tres presidencias, ya mencionadas en el titular. A esto se suma la presidencia de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, una de las tres comisiones ordinarias no legislativas del reparto. Buen Gobierno obtuvo tres presidencias: Educación, Cultura y Deporte; Salud; e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

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Renovación Popular presidirá Defensa Nacional y Orden Interno; y Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría. Cívico Obras se quedó con Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; y, entre las no legislativas, con Ética Parlamentaria. Ahora Nación, pese a ser la bancada más pequeña, logró la presidencia de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Fuentes de este diario en el Congreso señalaron que sería el diputado José Marcelo (Ahora Nación) quien la lideraría.

El reparto en la Cámara de Diputados contrasta con lo ocurrido en el Senado, según remarcó el propio Zunini. El vocero de Juntos por el Perú afirmó que, en la cámara alta, no se respetó el número de comisiones ordinarias que le corresponden a su bancada según el reglamento. En Diputados, dijo, esa proporción sí se cumplió.

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Ernesto Zunini sobre pedido de facultades legislativas: "No podemos otorgar una hoja en blanco"

Ernesto Zunini fue el vocero que más detalles ofreció a este diario sobre la postura de Juntos por el Perú frente a los próximos pasos del Congreso. Sobre el pedido de facultades legislativas que evalúa el Ejecutivo, planteó una propuesta concreta: reducir a la mitad el plazo solicitado. "Nosotros la podemos priorizar para ponerla en el pleno y debatirla no en 120 días, sino en 60 días, la mitad del plazo de lo que ellos están solicitando", explicó. Aclaró, sin embargo, que hasta la fecha no existe ningún documento formal con esa solicitud. Solo hay declaraciones del ministro de Economía que, según Zunini, apuntan a un recorte de derechos laborales.

El vocero fue enfático al marcar un límite. Dijo que su bancada no otorgará "una hoja en blanco" al Ejecutivo, porque los antecedentes del Congreso de mayoría fujimorista incluyen leyes que hoy varios sectores buscan derogar por las críticas que generaron. Añadió que un pedido de facultades no puede evitar el debate público que corresponde a temas tributarios, laborales y de reforma del Estado. "No se puede pretender hacer en 120 días lo que no hicieron en cinco años", afirmó, en alusión directa a la gestión previa.

Sobre la molestia de Fuerza Popular por el reparto de comisiones, Zunini respondió con cifras y con un llamado a la coherencia. Insistió en que la votación interna, con una diferencia de cinco a uno, refleja una decisión democrática respaldada incluso por bancadas de oposición a JP. Recordó además que Fuerza Popular participó en la reducción del número total de comisiones ordinarias en gestiones anteriores, por lo que le sorprende que ahora reclamen jerarquías entre comisiones "importantes" y otras que consideran menores.

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Lo que falta definir en la Cámara de Diputados

Varios puntos quedan pendientes tras el reparto de comisiones. Juntos por el Perú todavía no elige a la persona que presidirá la Comisión de Constitución. Zunini explicó que hubiera sido incorrecto repartir presidencias antes de conocer qué comisiones le correspondían a Juntos por el Perú en la Junta de Portavoces.

El procedimiento para tramitar un eventual pedido de facultades legislativas tampoco está resuelto del todo. Zunini indicó que, de llegar la solicitud, la Comisión de Constitución pediría opinión consultiva a otras comisiones ordinarias antes de emitir un dictamen. Por ahora, remarcó, se trata de un escenario hipotético, porque el Gobierno no ha remitido ningún documento oficial pese a que ya pasaron más de diez días desde los primeros anuncios.

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Otro tema que JP planea impulsar desde sus nuevas comisiones es la investigación de las muertes registradas durante las protestas sociales. Zunini confirmó que su bancada llevará una propuesta al pleno para investigar de manera integral ese episodio, que vinculan a lo que consideran una vacancia irregular.

Ante las críticas de que esto politizaría la Comisión de Justicia, el vocero respondió, en declaraciones recogidas por La República, que el Congreso es, por naturaleza, la institución más política del Estado y que la agenda de trabajo será pública y estará sujeta al escrutinio de la ciudadanía y de la oposición.

La elección de la directiva generó cuestionamientos por parte de sectores de la oposición. La parlamentaria Cecilia Chacón y el legislador Fernando Rospigliosi, ambos de Fuerza Popular, criticaron que la conducción del grupo recaiga en una coalición de bancadas de izquierda. Chacón explicó que su grupo y Renovación Popular se opusieron a esta lista y presentaron candidaturas alternativas, pero fueron superados en la votación.

Cuestionan creación de comisión investigadora

Durante sus declaraciones, la diputada se pronunció sobre la intención de Juntos por el Perú de impulsar una Comisión Investigadora por las protestas ocurridas desde el 7 de diciembre de 2022. Chacón indicó que la iniciativa forma parte de las facultades de dicha bancada, pero rechazó que el Parlamento se utilice para atender agendas políticas particulares.

En el mismo sentido, el diputado Fernando Rospigliosi cuestionó que el bloque de izquierda quiera crear una Comisión Investigadora sobre dichos casos: "(…) los que provocaron los disturbios pretenden crear una comisión investigadora para atraer la atención del público", señaló.

Harvey Colchado pone a disposición su puesto en la comisión

El diputado Harvey Colchado (Ahora Nación) puso su cargo a disposición de los demás integrantes, luego de que la Fiscalía solicitara 9 años y 4 meses de prisión en su contra por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica.

El exjefe de la DIVIAC explicó que el Reglamento del Congreso no le impide integrar este grupo de trabajo. Sin embargo, optó por dejar su continuidad en manos del pleno de la comisión.

“Ante una acusación fiscal que considero injustificada y carente de sustento legal, he decidido, en aras de la transparencia y por el bien de la Comisión de Ética, poner mi permanencia a consideración de sus integrantes”, señaló mediante sus redes oficiales.

“Rafael, hoy te toca dar la cara. Durante meses le dijiste a Lima que los trenes eran donados. Hoy sabemos que fueron comprados. No te escondas detrás de tecnicismos. Dile a Lima cuánto pagamos y por qué dijiste que eran donados. Los limeños no somos tontos. Explica la verdad”, indicó a través de su cuenta de X (antes Twitter).

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Hasta el momento, el exalcalde de Lima no ha respondido a los señalamientos hechos por Allison en su cuenta de X. Por la misma red social, López Aliaga se limitó a compartir publicaciones que contestaban a los dichos de Allison y Rey.

Además, la Municipalidad Metropolitana de Lima respondió a Rey diciendo que los trenes responden a una adquisición y no a una donación, y señaló que el proceso fue autorizado por el Jurado Nacional de Elecciones. La comuna cuestionó las recientes declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones. La MML convocó al MTC a una reunión técnica para brindar detalles y evitar perjuicios en la confianza ciudadana y en las relaciones diplomáticas y comerciales del Perú.

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Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, precisó que las locomotoras y vagones adquiridos en Estados Unidos para Lima no fueron entregados gratuitamente, como se había señalado inicialmente. Según explicó, la Municipalidad Metropolitana de Lima concretó una compra de estas unidades a la empresa Caltrain y desembolsó varios millones de dólares por la operación.

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Respecto a la posibilidad de utilizar los trenes para el traslado de pasajeros entre Lima y Chosica, el ministro advirtió que se requiere una importante inversión en infraestructura. De acuerdo con las cifras que mencionó, adecuar las condiciones necesarias para garantizar un servicio ferroviario seguro y eficiente demandaría alrededor de 500 millones de dólares.

Rey también aclaró que su sector no es el encargado de determinar si los vagones pueden ser puestos en funcionamiento. En ese sentido, señaló que ProInversión ya habría iniciado las evaluaciones correspondientes para establecer la viabilidad del proyecto y definir si estas unidades pueden incorporarse a un eventual servicio ferroviario.

"Es cierto. Yo tengo un tema judicial con el señor Jaime Vásquez Castillo. Pero la gente no se pregunta a qué se debe. (...) Yo he sido víctima de este miserable. Él me ha denigrado e insultado como mujer. Él no puede ponerse detrás de una pantalla a hablar alegremente. Esto no es de ahora, sino desde que se ha iniciado la campaña. Será un juez quien determine las responsabilidades", señaló.

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Las acusaciones contra Palomino por, presuntamente, mantener una relación sentimental con el exmandatario surgieron luego de la filtración de unos supuestos chats difundidos en un reportaje de Cuarto Poder y atribuidos a la diputada. En ellos, Palomino aseguraría ser la única pareja de Pedro Castillo ante un familiar del expresidente.

"Yo no tengo ninguna relación sentimental con el presidente Pedro Castillo Terrones. Mi única relación con él es porque yo he sido abogada de él. Lo otro es el proyecto político que nos une. Es un proyecto político que se gesta de acá a futuro, buscando formar nuevos líderes políticos. No tengo ninguna relación con Castillo, solo una relación teniendo en cuenta que él es líder de nuestra organización", apuntó.

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Castillo niega acusaciones

Pedro Castillo negó las acusaciones que surgieron a partir del reportaje de Cuarto Poder, donde se le señala de mantener una relación en secreto con la diputada Catherin Palomino. El exmandatario señaló que esto forma parte de una estrategia para manchar su imagen.

"La prensa amarilla, que contribuyó con el complot para el derrocamiento de mi gobierno y mi secuestro, no cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear. Rechazo todo tipo de mentiras que pretendan manchar mi honor y quebrantar la unidad de mi familia nuclear", señaló en su cuenta de X (antes Twitter).

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Otro de los puntos que tocó el reportaje fueron los constantes encuentros entre Palomino y Castillo en el penal de Barbadillo, donde el exmandatario permanece recluido. Otro informe periodístico señaló que otras figuras relacionadas con Juntos por el Perú también habrían acudido al centro penitenciario. Al respecto, Castillo criticó que se le cuestione por estas visitas.

“Las personas que me visitan en Barbadillo lo hacen eminentemente por temas políticos, sociales y/o jurídicos. Sin embargo, esta misma prensa guardó silencio años atrás, cuando en el penal de Barbadillo se realizaban ‘Consejos de Ministros’, ‘Juntas de Portavoces’, ‘reuniones de empresarios’ y ‘firmas de convenios’. ¿Quieren saber cuándo y quiénes fueron? Lo sabrán muy pronto”, apuntó.

Respecto a su trayectoria política, el Registro de Organizaciones Políticas indica que el funcionario es afiliado de Renovación Popular desde el 11 de julio de 2024. Con esa misma agrupación postuló al Senado de la República en las elecciones generales de 2026, donde integró la lista por distrito único nacional con el número 23, aunque no consiguió una curul.

Su historial registra además una militancia previa en Alianza para el Progreso entre septiembre de 2020 y junio de 2021, fecha en la que renunció. En ninguno de los dos partidos ocupó cargos directivos ni representó a comités distritales o provinciales.

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En la administración pública, Jordán se desempeñó como asesor en materia de seguridad ciudadana dentro de la Municipalidad Metropolitana de Lima, labor que ejerció durante las gestión de Rafael López Aliaga. Asimismo, de acuerdo con su declaración jurada, registra que fue gerente de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Comas.

En el plano académico, el funcionario cuenta con licenciatura y bachillerato en Relaciones Industriales por la Universidad de San Martín de Porres, títulos obtenidos en el año 2004. Asimismo, cuenta con la licenciatura (2011) y el bachillerato (2012) en Administración y Ciencias Policiales por la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. En el año 2022, concluyó la maestría en Administración y Gestión Pública con mención en Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Tras hacerse pública su designación, el viceministro agradeció su nombramiento en sus redes sociales y señaló que trabajará de la mano con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para combatir delitos como el crimen organizado, la extorsión y el narcotráfico.

Esta bala lleva tu nombre. Genealogía de la extorsión en Trujillo y el Perú (1993-2014) ha sido publicado por dos editoriales independientes (Reino de Almagro y Punto Cardinal). Su autor, Jorge Nureña, escribió una primera versión para su tesis de historia en la Universidad Nacional de Trujillo. Su estudio encaja en lo que conocemos como 'historia reciente', pero más aún, responde a una preocupación al ver cómo su ciudad se ha convertido en un espacio de criminalidad en las últimas tres décadas. Una de las ventajas del análisis histórico, que Nureña aplica muy bien, es el de brindar una visión panorámica de un proceso, estableciendo cronologías, actores y quiebres.

Así, el texto aprovecha los numerosos estudios y reportajes sobre el tema, que no obstante brindaban visiones muy específicas y que impedían ver la transformación de Trujillo. A pesar de su importancia, el libro llevaba varios años agotado y circulando de manera limitada solo en el norte del país, de apenas doscientos ejemplares. Cien de estos se vendieron y los otros cien (por esas ironías de la vida) fueron robados. Esta reedición hace del libro una lectura urgente, en un momento en el cual en estos últimos seis meses se han registrado más de doce mil denuncias; es decir, tres denuncias por hora.

Para el autor, la extorsión no surgió de un día a otro. Hay dos etapas muy marcadas en su aparición. La primera (1993-2014), donde el declive de la violencia política deja en evidencia la existencia de crímenes y robos que, si bien pueden considerarse menores, permitieron la formación de pandillas. Estas fueron el germen de las futuras bandas criminales como Los Pulpos, que rápidamente (desde 2005) desarrollaron formas más sofisticadas de crímenes a partir del establecimiento de territorios y la influencia de bandas como Los Maras Salvatruchas y, posteriormente, de El Tren de Aragua.

De igual modo, Nureña establece tres factores que favorecieron esta evolución. En primer lugar, la migración desde el interior hacia el área urbana de Trujillo, que creó dos espacios muy marcados: las viviendas construidas y ya existentes, si bien saturadas; y los nuevos distritos que surgieron de estos desplazamientos, como La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora. La ausencia de planes gubernamentales permitió que el incremento poblacional agravara las desigualdades en las nuevas generaciones de trujillanos. Deserción escolar, desempleo y crisis hicieron el resto, permitiendo que los delitos comunes dieran paso a otros más violentos.

En segundo lugar, el sistema penitenciario y otras instituciones relacionadas con la justicia favorecieron la reproducción y ampliación del crimen en Trujillo y luego a nivel nacional. La ausencia de centros penitenciarios adecuados, el endurecimiento de las leyes que hacían que los presos pasaran más tiempo encerrados y las condiciones lamentables en las que el personal desarrollaba su tarea se tradujeron en hacinamiento, descontrol y corrupción. En 2011, el penal El Milagro contaba con un guardia de seguridad por cada 200 internos. Las fugas, el fracaso de las requisas y la venganza contra las autoridades de los penales (como el asesinato de uno de sus directores) formaban parte del trajín diario.

Si la calle era la escuela del crimen, la cárcel era el equivalente de la universidad. Las pandillas que se fueron formando desde los años noventa se hicieron más organizadas. Algunas tenían orígenes familiares y, a medida que se hacían más complejas, también lo eran sus fuentes de financiamiento. Los cupos a transportistas y luego a compañías de transporte a cambio de seguridad se hicieron más frecuentes. Pasar de delincuentes comunes a pandillas significa además más poder de fuego, como quedó demostrado con la matanza de ocho civiles en La Esperanza en 2005, y que trajo una reconfiguración del poder delincuencial en la región.

Al entregar esta visión panorámica de la delincuencia en Trujillo y su transformación en un sistema criminal de cobro de cupos, el libro responde varias interrogantes sobre la naturaleza de este fenómeno y brinda las herramientas a las autoridades y especialistas para desarrollar aproximaciones más específicas de políticas públicas. El autor utiliza diversas fuentes, desde documentación judicial hasta la prensa y entrevistas, lo cual contribuye a un análisis sólido y original.

Hay preguntas que considero pueden ser mejor desarrolladas en una próxima edición. Por ejemplo: ¿por qué Trujillo dio lugar a un fenómeno delincuencial así considerando que muchas otras ciudades atravesaron por problemas similares de migración, corrupción e ineficiencia de la justicia? ¿En qué consiste (de manera más amplia) el “método” que Trujillo exportó al resto del país? ¿Cómo se articuló este “método” con las bandas extranjeras que llegaron al país? Considero también que reformular algunas secciones respecto de su formato original de tesis podría ayudar a explicar puntos importantes de manera más solvente.

Esta bala lleva tu nombre es un libro que debe motivar nuevas investigaciones sobre cómo la extorsión constituye uno de los problemas más urgentes para la población civil y cómo las instituciones encargadas de prevenirlo y contenerlo fracasaron en diversos espacios y momentos. Para los escépticos que repiten que las Humanidades y las Ciencias Sociales no tienen impacto, les invito a leer este estudio y a preguntarse cómo podemos presionar a las autoridades para que detengan esta hemorragia, antes de que las balas enviadas por los extorsionadores lleven nuestros nombres.

Según el informe técnico del organismo electoral, difundido por Latina, el partido utilizó recursos estatales en capacitaciones académicas no aprobadas, contrató a una proveedora logística sin la experiencia exigida y financió la defensa legal de sus dirigentes en investigaciones judiciales que van desde lavado de activos y organización criminal hasta falsificación de documentos.

En relación con las actividades de formación académica, el partido destinó fondos al Diplomado de Especialización en Gestión Pública impartido por la Universidad San Martín de Porres (USMP) por un costo total de S/70,000, del cual se rindió un primer pago de S/35,000.

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Sin embargo, la revisión del informe académico final señaló que cinco de los participantes inscritos desaprobaron el curso y uno no asistió. En esa línea, la ONPE recordó que la normativa prohíbe financiar la formación de alumnos sin nota aprobatoria, por lo que observó el gasto indebido de S/12,000.

"En caso el ciudadano o los ciudadanos beneficiarios de estas capacitaciones no obtengan nota aprobatoria, estos gastos no deben ser solventados con los fondos del FPD".

A esta observación se suma la contratación de la empresa Servic Team S.A.C. por S/110,000 para la producción logística de talleres de liderazgo político en San Martín. Pese a que los Términos de Referencia exigían experiencia acreditada en el rubro, la auditoría confirmó que la firma solo contaba con ocho meses de funcionamiento tras su inscripción y figuraba registrada en la SUNAT para actividades totalmente ajenas a la producción de eventos.

"La empresa proveedora figuraba registrada con actividades económicas principales y secundarias referidas al alquiler de enseres domésticos, enseñanza secundaria de formación general y labores de carpintería, sin acreditar la experiencia mínima requerida para el servicio contratado".

Además, el documento técnico también reveló un gasto total de S/143,000 destinado a la defensa legal del partido y de sus dirigentes —entre ellos Luis Galarreta Velarde y Milagros Takayama Jiménez— en diversos procesos penales.

"Servicios de patrocinio legal correspondientes al periodo 2025 el partido político utilizó un importe total de S/ 143,000.00, con el propósito de contratar a los abogados Édison Huamán Chacón (S/ 87,000.00) y Juan Carlos Portugal Sánchez (S/ 56,000.00), a fin de brindar asistencia legal y defensa técnica (...) en los procesos judiciales en materia penal".

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De manera específica, según el cuadro de expedientes, los fondos cubrieron la defensa de Fuerza Popular por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y conducta antidemocrática; la de Luis Galarreta Velarde y Milagros Takayama por lavado de activos y otros; y la de Liliana Takayama Jiménez, imputada por fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos y falsificación y uso de documento público falso.

En su informe, el organismo electoral precisa que el partido político registró gastos por concepto de investigación los días 16 de mayo, 18 de junio, 7 de julio y 15 de agosto de 2025 por un total de S/113.325,34. Sin embargo, tras evaluar el requerimiento de servicio, propuestas y demás, advirtieron que los servicios estuvieron orientados principalmente al análisis de coyuntura electoral, percepción política y estrategia comunicacional en un contexto preelectoral.

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En ese sentido, consideran que no están alineados con el concepto del servicio que iba dirigido sobre investigaciones de problemas nacionales de carácter socioeconómico. Asimismo, no se acreditó que los servicios formen parte de un proceso integral de investigación.

La ONPE también cuestiona el gasto de S/82.600 con un instituto legal para asesoría en procesos electorales, pero detectó que parte de ese servicio estaba orientado en la defensa legal en procedimientos administrativos sancionados derivados de infracciones relacionadas a pintas de propaganda electoral en lugares no permitidos y asesoría legal en el marco de las elecciones primarias.

Todo ello, indica el organismo electoral, no está relacionado al funcionamiento ordinario de la organización política, sino que tiene carácter electoral y de propaganda electoral.

Propaganda electoral

En tercer lugar figura un gasto registrado el 11 de diciembre de 2025 por concepto de “Asesoría Integral de Estrategia Política de Comunicaciones” por la suma de S/33.700; sin embargo, la ONPE advierte que se trató de acciones de estrategia política de posicionamiento electoral y propaganda.

“Las actividades no se encuentran orientadas al fortalecimiento institucional ni a las necesidades operativas y administrativas ordinarias de la organización política”, se lee en el informe.

Sumado a ello, está el gasto de S/20.000 por la “Producción de material audiovisual para las Elecciones Primarias”, pero identificaron que lejos de ser actividades de capacitación, se trató de proselitismo político.

Figuran servicios orientados a la difusión de contenidos institucionales y audiovisuales vinculados al proceso de elecciones primarias, promoción partidaria y posicionamiento político, lo que habría fortalecido la presencia digital y promovido mensajes políticos a favor del partido.

Finalmente, se identificó el gasto de S/750 para el servicio “Traducción e interpretación de spots para la franja electoral”, algo que para la ONPE es evidentemente la adecuación de material de propaganda política en el marco del proceso electoral.

ONPE también observó libro sobre Rafael López Aliaga

Antes de esto, la ONPE ya había observado que el partido de López Aliaga destinó 6.400 dólares (alrededor de 24.700 soles) del financiamiento público directo para la elaboración del libro digital de 42 páginas titulado 'Mi Gallo es el Chancho', redactado por el periodista Francisco de Piérola.

Los documentos del expediente muestran que la propuesta fue presentada el 25 de septiembre de 2025 bajo el compromiso formal de escribir la "Historia del Partido Político Renovación Popular".

Pese a ello, el contenido final se enfocó en pasajes de la vida de Rafael López Aliaga y en la relación de amistad del autor con el ex candidato presidencial.

La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE observó que el servicio no está relacionado con trabajos de investigación orientados al análisis ni a la propuesta de soluciones a problemas nacionales, tal como lo exige el artículo 27° del Reglamento de Financiamiento.

Otro caso

Renovación Popular no es el único partido. A inicios de mayo de este 2026, la ONPE sancionó a Fuerza Popular con una multa de 36 UIT (S/198.000) y con la reducción al 50% de los fondos asignados al partido por destinar dinero del Financiamiento Público Directo (FDP) para actividades no contempladas en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

De acuerdo con la institución, la organización destinó el financiamiento estatal a cuatro acciones que constituyen la conducta infractora. Entre ellas se encuentran gastos por capacitaciones y en intereses moratorios.