Tras recibir su credencial como presidenta electa, Fujimori ofreció un discurso que fue constantemente acompañado por las arengas de los asistentes. En cada pausa se escucharon gritos como '¡Sí se pudo!', '¡Fujimori presente!' y otras consignas, lo que cambió el tono protocolar que había caracterizado el evento hasta ese momento.

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El bullicio también fue protagonizado por figuras ajenas a las filas tradicionales del fujimorismo, pero que en los últimos años han mostrado cercanía con ese movimiento. Una de ellas fue el cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, quien contribuyó al desorden al gritar: '¡Melcochita siempre estará contigo, Keiko!'. Otras figuras del fujimorismo también estuvieron presentes, como Fernando Rospigliosi y Martha Moyano, entre otras.

Asimismo, simpatizantes llegados desde distintas regiones del país lanzaron arengas durante la ceremonia. Poco antes de concluir el acto, uno de los asistentes gritó '¡Huancavelica presente!'. Incluso, durante la fotografía oficial, el moderador tuvo que pedir orden para evitar que la algarabía continuara.

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También celebraron en los exteriores

Las celebraciones fujimoristas continuaron una vez finalizada la ceremonia. A la salida del evento, la organización improvisó un estrado para prolongar las actividades proselitistas. Desde allí, Keiko Fujimori ofreció un breve mensaje junto a sus vicepresidentes, mientras sus simpatizantes continuaban celebrando.

'Ha sido y es un gran impulso para mí. Gracias a todos ustedes porque nunca se rindieron y siempre estuvieron a mi lado. Después de tantos años de recorrer nuestro país, de escuchar, abrazar, sentir y conocer las necesidades que existen, hoy sabemos que el Perú tiene muchos recursos', manifestó a la salida del JNE.

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Durante el discurso de Fujimori a las afueras del local, se registró un enfrentamiento breve entre dos simpatizantes del fujimorismo.

Críticas por la entrega de credenciales

La ceremonia tampoco estuvo exenta de cuestionamientos. La periodista Rosa María Palacios consideró inadecuado que un acto oficial organizado por el JNE adquiriera características propias de un evento partidario.

“Sorprende que en un acto protocolar, organizado y pagado por el JNE, se convierta en un mitín partidario de Fuerza Popular de celebración del triunfo. Además de a la huachafería (para el lucimiento personal de Burneo), habría que bajarle el tono a la sobonería", escribió en X.

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El analista político Juan de la Puente también cuestionó el desarrollo de la ceremonia y sostuvo que el acto incorporó elementos propios de una investidura presidencial.

“Continúa la deriva del JNE. A la lamentable e inconstitucional aceptación del capricho de RLA suma un acto de entrega de credenciales parecido a una investidura o entronización. Innecesario, sobreactuado y frívolo; especialmente si se dice que escasean recursos económicos", publicó en la misma red social.

Hace más de dos años, cuando propusieron la llamada ‘ley anticine’ en el Congreso, me decías que no habría películas como Mujer de soldado. ¿El escenario actual es más complicado de lo que imaginabas?

Sí, la situación ha empeorado porque no creo que este gobierno derogue la ley de cine aprobada. No muchos cineastas se han podido presentar al concurso de estímulos de DAFO porque ahora te están pidiendo el 30% del aporte propio. Es complicadísimo para todos, sobre todo en el caso del cine regional y el documental, porque no entran en un circuito comercial. Como documentalistas, no podemos pensar en tener ganancias; esa palabra no existe. Entonces, ¿cómo recuperamos ese 30%? Hay un proyecto que presentó Susel Paredes, pero no fue discutido. Ahí se considera que el otorgamiento de estímulos debe ser del 100%, como con la ley anterior. En el caso del cine regional es peor, porque recortan el monto que daban al 50%.

Cuando el Congreso impulsa leyes como la que traslada los casos de policías y militares al fuero militar-policial, ¿un cineasta se animaría a postular con temas de denuncia?

Hay una censura implícita a ese tipo de temas. Está dentro de la ley, no se dice abiertamente, pero está contenida, y cuando se habla de defensa nacional, de seguridad nacional, y se usan ese tipo de términos dentro de la ley, afecta, sobre todo, al documental que toca temas muy controversiales. Tampoco creo que vayan a derogar la ley del Colegio de Artistas. Esa ley es un absurdo.

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Algunos creen que la censura podría darse por ese lado si les solicitan eso como requisito. ¿Podría suceder?

Sí. A mí lo que me genera esta ley es una serie de preguntas: ¿qué intereses hay detrás?, ¿por qué se busca colegiar a los artistas? Lo primero que se me viene a la mente es limitar y censurar. Yo supongo que tiene que ver con restringir el acceso de algunos artistas a los fondos públicos. Lo definiría como un texto estalinista, a pesar de que ya esto suena desfasado, pero es una categoría de artistas que ha estudiado solo en la universidad o en institutos. Es como una élite que se crea y que quizás, esa sea la que sí puede acceder a los estímulos públicos y se deja de lado al artista autodidacta.

Los documentalistas son comunicadores, sociólogos, etcétera, pero la mayoría no es bachiller en Arte.

Por supuesto. Entonces, ¿por qué se da terminando un gobierno? En segundo lugar, es un freno a la libertad de creación, choca con la esencia del arte y las consecuencias pueden ser tremendas también. Si juntas estas dos leyes (de cine y el Colegio de Artistas) son dos bombas de tiempo para la cultura. ¿A dónde va el arte en el Perú? ¿Hacia la extinción? Cuando ves quiénes las promulgaron, te das cuenta de que hay una orientación clarísima, además, está de acuerdo con todo lo que estamos viviendo a nivel regional. Lo mismo pasa en Argentina.

Es imposible no mencionar la fotografía de Keiko Fujimori con el actor y productor Eduardo Verástegui, quien quiso ser candidato en México y tiene un discurso conservador. ¿Qué opinión tienes?

La vi. Es terrible. Y no sabemos cuál será la posición del próximo ministro de Cultura frente a estas dos leyes. Está todo junto, es un paquete. ¿Si podemos enfrentar una batalla cultural? Yo veo que no hay la fuerza para enfrentar. Todo el mundo está ahora en shock, no hay una respuesta en este momento, más bien todos son ataques. Se necesitan muchos gremios fuertes y cada uno está en lo suyo en este momento. No veo una cohesión en torno a una respuesta más política que se necesitaría.

El “divide y vencerás” al sector.

Eso es lo que ha pasado en gran parte. Con la Film Commission (para promover producciones internacionales en Perú) ha habido una cosa ahí: ‘A estos les entrego esto por acá’. Entonces, a ellos ya no les interesa lo que pase con los otros, eso es lo que ha pasado. Que no te sorprenda que en los próximos meses haya gente que ya se empiece a colegiar, porque de alguna manera piensa que le va a convenir, cuando la posición debería ser: nadie se colegie.

Como documentalista, ¿este escenario es parecido a los años 90 o peor?

Yo creo que nunca hemos estado en una situación así porque, por lo menos, teníamos leyes que estimulaban, por eso es que se han podido hacer 600 películas a lo largo de una década. Desde el 2000 en adelante ya había una incipiente industria que estaba comenzando, pero ahora este es un golpe que todavía no vemos. En los próximos años se va a ver la disminución de la producción de cine nacional, sobre todo la de cine documental y cine regional.

Mujer de soldado acompaña una sentencia histórica como fue el caso de Manta y Vilca. A pesar del heroísmo de estas mujeres, ahora hay un revés, ¿no?

Sus violadores van a estar libres. Con las últimas leyes que han salido, ya estos señores están libres; no pasó nada. Es una cosa espantosa, ¡imagínate! Después de tanto esfuerzo, tanto dolor y sufrimiento en los juicios. Es terrible porque ya estaban sentenciados.

Y con tu último documental El Huaro, ganaste un premio en Argentina. ¿Tienes un proyecto en mente?

Teníamos uno, pero lo presentamos dos veces (a DAFO) y no salió. Pero no sé cómo podría poner 30% de aportes propios, no soy empresaria, no tengo capital de inversión. Además, estamos en un momento oscuro y ganar un premio internacional ya no implica nada. Estamos en modo sobrevivir, así tan grave como eso.

Hay pedidos para derogar otras leyes.

Claro, primero tienen que derogar las leyes procrimen y las leyes de amnistía a militares y policías, ¿no? Porque es dejarles la cancha libre para que hagan lo que quieran. Que torturen, que violen y que maten. Entonces, cuando hay que luchar por estas causas, la cultura va a estar relegada a la última fila. Quizás al final del periodo se acuerden de que existe una ley que está matando el cine nacional.

Mientras tanto, ¿la cultura se queda sin ‘altavoces’?

Sí, por eso, ahora va a haber silencio. Más bien, van a salir ese tipo de películas como las que ya están saliendo.

¿La Cantuta y Chavín de Huántar?

Claro, esas quizás los militares sí las van a ver y van a ver que el cine es importante para difundir sus ideas. Ya lo están haciendo. ❖

“Esta ley es polarización y mercantilismo”

La Ley N.° 32645, promulgada por insistencia por el Congreso de la República, crea oficialmente el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) e integra solo a quienes tengan el título profesional en Arte o en Educación Artística.

“Yo hice un taller con Alberto Ísola de un año y esa es mi formación teatral. Aprendí de mi maestro y luego entré a la universidad a estudiar Literatura”, nos comenta el actor y director David Carrillo, quien dirige el Teatro Racional.

Para él, esta ley golpea al teatro peruano, que aún no se recupera del cierre de salas por la pandemia. “Incluso, los que tenemos privilegios no nos recuperamos del todo. No entiendo esta reacción del Estado de ponerle el ojo a las artes, en general”.

Además, considera que esta ley también hará que algunos vuelvan a las aulas solo para colegiarse. “Esa gente que apostó por el negocio de la educación con sus universidades ‘bambas’, seguro dice: ‘Van a querer estudiar como sea’. No les importa la calidad. Esta ley es polarización y mercantilismo”.

• Los artistas escénicos, en general, han rechazado la creación del Colegio de Artistas. “Nos parece que se pretende regular contenidos. Esta ley invalida la condición profesional a muchísimos artistas. ¿Dónde queda el arte shipibo-konibo? ¿El arte andino?”, declaró a La República Mónica Sánchez.

Al acto asisten autoridades del Estado, entre ellas el presidente José María Balcázar, así como congresistas y dirigentes del fujimorismo.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

"Ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si sigue alimentando la división y el odio. Convoco a todas las fuerzas políticas democráticas, a los gobiernos regionales y locales, al sector privado, a los trabajadores, emprendedores y a la academia a unirnos con madurez y convicción. Hacer política exige fortaleza y unidad. He aprendido de mis errores y de mis aciertos. De los momentos difíciles y de los momentos alegres", señaló.

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Fujimori afirmó que esta postura responde a la experiencia que ha acumulado en la política. Asimismo, indicó que no descarta incorporar a profesionales de otras agrupaciones políticas en su gestión.

"He aprendido a pedir perdón, pero, sobre todo, a perdonar. Creo profundamente en la reconciliación. Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias, sino construir sobre aquello que nos une", añadió.

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El “albertista” de Renovación Popular

Para este proceso electoral, Absalón Vásquez postuló con el número 5 por Renovación Popular, a poco más de un año de haber dejado Fuerza Popular en enero de 2025. Vásquez, quien se declara un leal "albertista" —en referencia al expresidente Alberto Fujimori—, se sumó a las filas del partido de Rafael López Aliaga tras conversar con él en el sepelio del exmandatario.

Pero la llegada de Absalón Vásquez al Senado con el partido celeste es el último capítulo de una larga trayectoria de cambios de camiseta política. En la década de 1990, Vásquez fue ministro de Agricultura en el gobierno de Alberto Fujimori y fundó la agrupación Sí Cumple, a la que renunció en 2010. Después, fundó el movimiento regional Cajamarca Siempre Verde y, tras retirarse en 2017, se unió como fundador a Podemos Perú, partido que dejó en 2020.

Los antecedentes por corrupción y la deuda de más de 1 millón de soles

El principal cuestionamiento contra Vásquez es su situación con la justicia. El informe de la Unidad de Investigación de La República señaló que el 27 de junio de 2008, el Poder Judicial lo condenó a cuatro años de prisión suspendida por el delito de peculado (usar ilegalmente dinero del Estado).

El argumento que el virtual senador escribió en su hoja de vida ante el JNE, afirmando que "no se benefició ni directa ni indirectamente de los fondos del Estado", no anula ni justifica la actuación delictiva por la que fue condenado.

El documento judicial de su sentencia señala textualmente lo siguiente:

“Condenando a Absalón Vásquez Villanueva como cómplice primario del delito contra la Administración Pública – Peculado, en agravio del Estado, e imponiéndole cuatro años de pena privativa de libertad, cuya ejecución se suspende por el plazo de tres años, bajo el cumplimiento de las reglas de conducta”, se lee en el documento.

Además, le impusieron la pena de inhabilitación por el término de tres años y los jueces le ordenaron pagar una reparación civil de 1 millón 70.000 soles. Sin embargo, después de 17 años, —hasta enero del 2026—, Vásquez apenas ha cancelado el 1.97% de ese dinero.

"Un fraude a la ley" y fallas en el JNE

En diálogo con La República, María Antonieta Gonzáles, abogada experta en temas electorales, señaló que hubo un fallo en los controles del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La ley prohíbe de forma expresa que postulen personas sentenciadas por corrupción, sin importar si fueron autoras o cómplices, especialmente si no han pagado sus deudas con el Estado.

"Aquí ha sido definitivamente una falla del JNE. La Constitución es clara: las personas sentenciadas por corrupción, ya sean autoras o cómplices, no pueden postular. Además, el Tribunal Constitucional exige que para postular se debe haber pagado toda la reparación civil. El jurado debió detectar esto y no permitir que se inscriba", explicó Gonzáles.

Sin embargo, la especialista aclaró que, como nadie presentó una queja (tacha) a tiempo y el JNE aceptó su candidatura, ya se superó la fase de calificación y es jurídicamente imposible retroceder para retirarlo de carrera.

“Esa etapa ya precluyó, como es el caso del señor Vázquez. Si es que esa sentencia sigue actualmente vigente porque no ha pagado la reparación civil, porque además tampoco ha habido una resolución por parte del Poder Judicial de Rehabilitación. Entonces, ahí hay una situación que el jurado sí debió de hacer y no ha hecho”.

Por otro lado, la experta advirtió que los parlamentarios podrían intentar un proceso de vacancia por cuestiones éticas o por la deuda millonaria, pero recordó que la ley castiga la postulación, no el acto de juramentar una vez que la persona ya ganó.

"Estamos hablando de un impedimento para postular, no de un impedimento para cumplir con la función de congresista. El jurado debió advertir esto antes. Ahora, el Congreso podría solicitar su vacancia (…) evaluar si deciden mantenerlo y asumir la responsabilidad política que con ello lleva".

En el caso de López Aliaga, la especialista consideró que la decisión de renunciar a su curul es parte de su juego político. Para ella, esto significa adecuar las leyes del país para beneficio propio.

"Lo que está haciendo López Aliaga generalmente es un fraude a la ley. Si bien nadie puede ser obligado a asumir un cargo, una cosa es no asumir y otra cosa es aprovecharte de eso para sacarle la vuelta a la ley y eludir normas, como la prohibición de la reelección inmediata o la renuncia al mandato. Sienta un pésimo precedente".

El gran problema de esta maniobra, según la experta, es que deja desamparados a los ciudadanos que votaron por él. Al no asumir la curul por la que postuló, se destruye la confianza de la gente y se debilita el principio básico de la democracia: el derecho a estar representados.

“¿Cómo quedan frente a este hecho todas aquellas personas que votaron por él? Él ha sido uno de los más votados. Hay una responsabilidad política detrás que el señor López Aliaga está eludiendo, y que no debería tomarse tan a la ligera como decir: 'bueno, no quiere juramentar, que pase el siguiente'".

Tras el fallo del JNE que permitió a Rafael López Aliaga rechazar su curul en el Senado, la abogada criticó que el Congreso haya evadido su responsabilidad al delegar la decisión al organismo electoral.

"El Congreso se ha lavado las manos. Es el que tiene que evaluar y declarar ese vacío de la curul para que el jurado llame al siguiente, que es como siempre se ha desarrollado. No al revés. Si bien hay una falta clara de cuáles son los pasos frente a este tipo de casos, sí me parece que han ido por la salida fácil”, concluyó.

El juez Jorge Chávez Tamariz adoptó esta medida al declarar fundado el pedido de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, presentado el 22 de mayo.

El Ministerio Público solicitó este plazo adicional para profundizar las pesquisas contra Ollanta Humala, el exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez y otros tres militares retirados. Todos ellos enfrentan cargos por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva.

Además de los homicidios, la Fiscalía investiga al expresidente por el presunto delito de desaparición forzada en agravio de otros cuatro ciudadanos identificados como Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagastegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.

Con la prórroga concedida, el magistrado estableció que el 24 de enero de 2027 será la fecha límite para concluir esta etapa.

Por su parte, la defensa legal de algunos de los implicados presentó un recurso de apelación por escrito para intentar anular esta prórroga. El juez Chávez Tamariz aceptó este reclamo y lo derivó a la Quinta Sala de Apelaciones Nacional.

Esta instancia superior deberá decidir en los próximos días si convoca a una audiencia virtual para evaluar los argumentos de ambas partes y emitir una decisión final sobre el plazo de la investigación.

Caso Madre Mía

El origen de este caso se remonta a 1992, en la base militar de Madre Mía, ubicada en Huánuco. Según la investigación de la Fiscalía, el expresidente Ollanta Humala —conocido en ese entonces con el alias de ‘Capitán Carlos’— se desempeñaba como jefe del Batallón Contrasubversivo 313 y habría conformado grupos de patrullaje en zonas aledañas al distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca.

Bajo el mando de Humala se encontraban los otros cuatro exmiembros del Ejército del Perú implicados en el caso: Tobías Huaringa (alias ‘Huaringa’), Nicanor Guerra (alias ‘Rambo’), Amílcar Gómez (alias ‘Chicho’) y Russel Vela (alias ‘Livio’).

La Fiscalía investiga a este grupo por la tortura y el asesinato de Edgardo Isla, ocurrido el 25 de junio de 1992 en el caserío de Yanajanca, así como la muerte de Nemer Acuña en ese mismo mes. Los restos óseos de ambas víctimas ya han sido recuperados e identificados como parte del proceso.

Asimismo, las pesquisas buscan esclarecer la desaparición forzada de otras cuatro personas en la zona durante 1992. Se trata de Luis Izaguirre, desaparecido el 25 de junio en el caserío de Yanajanca; Nelson Hoyos, el 5 de junio en el caserío La Morada; Hermes Estela, al día siguiente en la misma localidad; y Yander Leandro, el 23 de septiembre en el caserío de Alto Pucayacu.

Debido a la gravedad de los hechos, estos delitos se investigan bajo el marco de crímenes de lesa humanidad.

La condecoración se realizó apenas una semana después de que la bancada de Somos Perú solicitara dejar sin efecto el reconocimiento y pidiera a las demás fuerzas políticas no respaldar la iniciativa. Para ese grupo parlamentario, entregar la medalla a Jerí afectaba la imagen institucional del Congreso debido a los cuestionamientos que pesan sobre el legislador.

A pesar de esas críticas, el Parlamento siguió adelante con la ceremonia. La fotografía del acto empezó a circular en redes sociales después de concluido el evento, ya que el Congreso no anunció previamente la actividad ni permitió la cobertura de los medios de comunicación.

PUEDES VER: Congreso condecora a José Jerí la medalla Gran Cruz a puertas cerradas

Somos Perú pidió retirar la condecoración

Antes de que se realizara la ceremonia, la bancada de Somos Perú emitió un pronunciamiento en el que rechazó la entrega de la Medalla de Honor a José Jerí. El grupo parlamentario sostuvo que la distinción debía reservarse para personas cuya conducta fortaleciera el prestigio del Congreso y exhortó a las demás bancadas a no respaldar la propuesta.

La posición de Somos Perú contrastó con la defensa realizada por el entonces presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien afirmó que la condecoración respondía a una práctica institucional. Según explicó, la entrega de la medalla corresponde "por costumbre" a quienes ejercen la presidencia del Parlamento, independientemente de las controversias que enfrenten.

Pese al pedido de reconsiderar el reconocimiento, el Congreso mantuvo la decisión y finalmente entregó la medalla Gran Cruz a José Jerí.

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¿Qué es la Medalla de Honor en el grado Gran Cruz del Congreso?

La Medalla de Honor del Congreso es la máxima condecoración que otorga el Parlamento peruano. El reconocimiento busca distinguir a personas nacionales o extranjeras por sus servicios al país, su trayectoria pública o sus aportes en diferentes ámbitos. La distinción contempla varios grados, pero la Gran Cruz representa el nivel más alto.

El reglamento de esta condecoración establece que puede ser entregada a jefes de Estado, presidentes de otros parlamentos, altas autoridades y personalidades destacadas. También existe la costumbre de otorgarla a quienes ejercen la presidencia del Congreso al término de su gestión, argumento que fue utilizado para justificar el reconocimiento a José Jerí.

Sin embargo, la entrega de la medalla Gran Cruz no es automática ni está exenta de cuestionamientos. Debido a su carácter honorífico y al valor institucional que representa, especialistas y diversos sectores consideran que el Congreso debe evaluar la trayectoria y la conducta pública de cada homenajeado antes de conceder esta distinción, ya que el reconocimiento también proyecta la imagen del Parlamento ante la ciudadanía.

José Huanchi murió dentro de la comisaría, luego de ser intervenido por presuntamente ingresar en estado etílico a una vivienda del jirón San Juan de Dios. Según la reconstrucción de los hechos que maneja el Ministerio Público, el joven habría recibido golpes en el rostro, la cabeza y el estómago al momento de su captura. La PNP trasladó a Huanchi hacia la dependencia policial tras la detención. Ahí perdió la vida.

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La familia de la víctima sostiene una versión distinta a la de los agentes involucrados. Los parientes afirman que la violencia con la que redujeron a Huanchi durante el operativo explica su fallecimiento. La policía, en cambio, asegura que el joven se autolesionó dentro de la unidad policial: se habría golpeado la cabeza contra la ventana hasta convulsionar. Ambas versiones forman parte de la investigación fiscal, que aún no concluye.

Los cuatro suboficiales señalados por el caso son Wimer Choquehuanca, Stewart Flores, Brayan Cáceres y Alex Cruz. Todos pertenecen a la comisaría de Santa Bárbara y participaron en el operativo de detención del joven. Con la prisión preventiva confirmada para dos de ellos, el Ministerio Público busca asegurar su presencia durante el proceso judicial. Puno registra otro caso reciente de presunta violencia policial: días atrás, un abogado denunció haber sido agredido dentro de una comisaría de la región tras acudir a presentar una denuncia.

La República manifestó en dos ocasiones puntuales la inquietud sobre el futuro del Mincul. Más allá de preferencias políticas e ideológicas, hay algo que debe quedar muy claro: si el Perú existe en el mundo, existe por su cultura. Un país como Perú, sin importar su gobierno de turno, debe contar con un organismo institucional dedicado exclusivamente a su poliédrica riqueza cultural.  

En estos días se han estado barajando nombres para hacerse cargo del Ministerio de Cultura. Ergo: el Mincul no va a desaparecer. Entre los que más suenan tenemos a la historiadora Cecilia Bákula y al gestor cultural Miguel Molinari. Ambos, por cierto, son muy reconocidos en el circuito cultural peruano. Cuando se les ha mencionado, no han suscitado muchas críticas desde el sector.

No olvidemos que, desde el gobierno de Dina Boluarte, el Mincul se ha convertido en una máquina de censuras, en una apañadora de leyes sin pies ni cabeza (a saber, pensemos en la ley de cine impulsada por el Congreso) y en una entidad cómplice y silenciosa de despropósitos como el colegio de artistas del Perú. Estos atentados en contra de la cultura han estado avalados por la firma de los congresistas de Fuerza Popular. Entonces, antes de aceptar, los potenciales candidatos deberían preguntarle a Fujimori y compañía qué entienden en Fuerza Popular por cultura. Si este aspecto no queda despejado, quien acepte, y sin importar lo competente que sea, va a quedar con la reputación manchada.

La movilización fue convocada por Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú. Su exigencia es una sola: la liberación inmediata de Castillo, recluido en el penal de Barbadillo. Sánchez también reclama justicia para las víctimas de las protestas de 2022 y 2023.

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La convocatoria llegó días después de un pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. Ese organismo calificó como arbitrario el arresto de Castillo y recomendó su salida inmediata de prisión. También pidió reconocerle una indemnización. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que el documento solo contiene opiniones, sin valor legal dentro del país.

El presidente José María Balcázar se refirió al tema en una entrevista radial. Dijo que el informe de la ONU podría modificar el escenario jurídico para evaluar un nuevo indulto a favor de Castillo. Precisó, además, que espera un pedido de gracia presidencial "fundamentado", ya que el anterior fue rechazado por falta de pruebas. Balcázar entregará el mando a Fujimori el próximo 28 de julio, en el Congreso, por Fiestas Patrias.

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La ceremonia de credenciales cierra el proceso electoral que llevó a Fuerza Popular al poder. Fujimori se convirtió en la primera mujer elegida para la Presidencia del Perú, tras vencer a Roberto Sánchez en segunda vuelta. Desde su proclamación, el 3 de julio, la mandataria electa sostiene reuniones con políticos y autoridades. Trabaja, además, en la conformación de su primer gabinete ministerial.

Sánchez insistió en que la marcha se desarrollará sin violencia. "Democráticamente, pacíficamente, haciendo uso al derecho constitucional del libre tránsito, nos vamos a movilizar", declaró el dirigente. Hasta el cierre de esta nota, no precisó la ruta exacta de la protesta. Fujimori y su entorno tampoco se pronunciaron sobre la marcha.

Así lo advierten diversos estudios que, además, señalan la incidencia de factores sociales y económicos. A su vez, las dificultades en el acceso y la continuidad de los tratamientos contribuyen a agravar la situación e incrementan tanto la demanda como la complejidad de los casos que llegan al sistema público de salud.

Este sistema enfrenta una sobrecarga adicional debido a las demoras y barreras económicas del sector privado. En este contexto, se ha registrado un crecimiento sostenido en la cantidad de internamientos por motivos de salud mental, especialmente entre personas jóvenes.

Entre los factores que explican esta situación se destacan tres problemas graves: el 80% de personas sin tratamiento, la escasez de psiquiatras y el aumento del estrés por la inseguridad.

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Además, en Perú hay menos de 300 psiquiatras para más de 34 millones de habitantes. Casi la mitad de los jóvenes sufre problemas emocionales graves y el 44% de la población ve el estrés como una gran amenaza.

La Defensoría del Pueblo advierte también que el Gobierno reduce cada año el presupuesto para este sector vital.

CAMBIO DE RUMBO

El médico psiquiatra Carlos Bromley manifiesta a La República que la reforma de salud mental iniciada en el 2012 en nuestro país, que implicó la implementación de nuevos servicios de salud mental en la comunidad, requiere un impulso a lo logrado mediante la expansión de estos servicios y un cambio de rumbo del gobierno entrante, con la participación de nuevos actores.

“Implementar 306 centros de salud mental comunitaria, 54 unidades de hospitalización en salud mental y adicciones en hospitales generales, 94 hogares protegidos para población con insuficiente apoyo socio familiar, 11 equipos móviles para la atención de personas en condición de calle y población distante y dispersa, ha sido una tarea enorme y un logro trascendental para el país, pero no viene siendo suficiente”, advirtió.

Sostiene que la depresión, ansiedad, estrés, adicciones y violencia consumen a los peruanos. “A más servicios de atención, más personas que atender”, señala el especialista.

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Esto se debe a que, según Bromley, la salud mental forma parte de una problemática multifactorial de carácter estructural que involucra las necesidades básicas insatisfechas, el desempleo, la inequidad, la desigualdad alimentaria, la pobreza, la inseguridad ciudadana y la discriminación, así como las crisis de todo tipo que sufre crónicamente el país y que incrementan los problemas de salud mental en la población, al extremo de que, si seguimos así, nunca habrá servicios de salud mental suficientes para atender a la población afectada mientras no se comiencen a resolver los problemas mencionados.

MÁS SERVICIOS DE ATENCIÓN

El enfoque de incrementar los servicios de salud mental en la comunidad requiere un impulso para contar con más servicios de atención para la población afectada, pero también un cambio de rumbo para trabajar sobre los determinantes de la salud, consistente en contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y orientar al país hacia un mejor desarrollo para avanzar hacia el bienestar y el progreso de manera objetiva y real, reflexiona.

“No se puede estar mental y emocionalmente bien con deudas impagables, miedos de sufrir robos al salir a la calle, falta de agua en los hogares, inseguridad alimentaria, trabajo informal con ingresos que no alcanzan para la subsistencia diaria, exposición a violencia, carencias, frustración, impotencia y desesperanza”, manifiesta con preocupación.

“Solo con un país homogéneamente desarrollado y seguro, tendremos una población mental y emocionalmente sana. Esto incluye mejorar la jerarquía estructural en el Ministerio de Salud, ubicando a la Dirección Ejecutiva de Salud Mental como Dirección General, que trabaje en coordinación estrecha con la PCM y los gobiernos locales y regionales en temas de desarrollo país y resolución de conflictos”, subrayó finalmente el psiquiatra.

Como parte del concurso público, Loyola obtuvo 81.85 puntos en la entrevista personal, evaluación destinada a medir sus conocimientos. Este resultado, sumado a los puntajes alcanzados en la evaluación de conocimientos y la evaluación curricular, lo dejaba encaminado para ser designado como nuevo jefe de la ONPE.

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Sin embargo, de acuerdo con el artículo 60 del Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de el/la Jefe(a) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y de el/la Jefe(a) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el postulante debe obtener el voto favorable de dos tercios de los integrantes del Pleno de la JNJ para ser nombrado oficialmente ganador del concurso público.

Hasta el momento, Carlos Loyola no se ha pronunciado sobre este resultado. Se espera que el concurso sea declarado desierto y que se convoque a un nuevo proceso para elegir al titular de la ONPE.

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Durante esta última etapa de evaluación, el postulante Carlos Loyola Escajadillo sustentó su plan de trabajo para el período 2026-2030 y abordó el debilitamiento de la confianza ciudadana que atraviesa el organismo electoral.

"Es decir, las debilidades operativas y reputacionales son la principal prioridad de la nueva gestión que me toque en suerte dirigir", manifestó el candidato de manera tajante ante el pleno de magistrados.

Crítica al colapso tecnológico

El postulante, quien cuenta con experiencia previa como gerente de planificación en la institución, centró su crítica en las fallas técnicas registradas en el último proceso electoral general.

Loyola detalló que el fracaso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) provocó un grave perjuicio económico y logístico debido a compras inservibles.

"Lo más grave es la pérdida de recursos públicos. La ONPE invirtió más de 41 millones de soles en comprar más de 31 mil laptops y 30 mil impresoras que no pudieron ser utilizadas [...]. Y adicionalmente se contrató asistencia técnica informática por 144 millones. Esto llevó al colapso del sistema y a la intervención de la Procuraduría y la Contraloría", mencionó.

En materia económica, el candidato cuestionó el incremento de los presupuestos institucionales y señaló que los costos se han disparado de forma desproporcionada en comparación con la realidad del país.

Loyola expuso que el servicio de despliegue de material electoral se quintuplicó en los últimos años sin justificación técnica. "Es inconcebible que este servicio ha crecido en más de quinientos por ciento cuando la inflación acumulada de los últimos veinte años según el Banco Central de Reserva es de solamente ochenta y siete por ciento".

Garantías para las próximas elecciones de octubre

El postulante indicó además que la ONPE adquirió hace casi cuatro años un terreno en el distrito de La Victoria valorizado en cerca de 50 millones de soles que actualmente se encuentra inutilizado.

Loyola propuso destrabar este proyecto mediante el mecanismo de Obras por Impuestos para construir la sede unificada de la institución y eliminar el gasto recurrente en alquileres de locales dispersos que el organismo mantiene desde hace dos décadas.

De cara a los comicios regionales y municipales del próximo 4 de octubre, Loyola indicó que no se malgastarán recursos en tecnología que no haya sido certificada.

El aspirante señaló que priorizará una fase de estabilización y que se realizarán auditorías antes de masificar cualquier herramienta digital. "Ningún equipo tecnológico será adquirido sin prueba de concepto piloto exitosa".

Al ser consultado por los miembros de la JNJ sobre cómo reaccionaría ante una crisis el día de la votación, el postulante planteó implementar comités de contingencia junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Reniec.

Además, para frenar el impacto de las noticias falsas o "fake news" que afecten la legitimidad de los comicios, el postulante señaló que la comunicación sería transparente y que se informaría tanto los avances como las dificultades de la ONPE.

Una de las principales funciones de este grupo de trabajo será convocar a la elección de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Este proceso deberá realizarse, como máximo, el 26 de julio, a fin de que las nuevas autoridades legislativas asuman funciones desde el 27 de este mes.

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La Junta Preparatoria estará presidida por el senador de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres. La vicepresidencia recaerá también en una representante fujimorista: la diputada electa Cecilia Chacón. Ambos ocuparán estos cargos por haber obtenido la mayor votación en sus respectivas cámaras.

El senador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y el diputado Luis Eliseo Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) ocuparán la primera y segunda secretaría de la Junta Preparatoria por ser los legisladores de mayor edad en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente. En tanto, el senador Alejandro Muñante (Renovación Popular) y la diputada Romina Uribe (Partido del Buen Gobierno) asumirán la tercera y cuarta secretaría al ser los parlamentarios más jóvenes de ambas cámaras.

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Con la instalación oficial del Congreso bicameral, prevista para el 27 de julio, comenzará la primera legislatura ordinaria del periodo parlamentario 2026-2027, que se extenderá hasta el 15 de diciembre. Durante esa misma sesión se convocará a la ceremonia solemne del 28 de julio, en la que Keiko Fujimori Higuchi prestará juramento y recibirá la banda presidencial para asumir la Presidencia de la República durante el periodo 2026-2031.

No solo Fujimori recibirá sus credenciales correspondientes. Miguel Ángel Torres y Luis Galarreta, miembros de la plancha presidencial fujimorista, también recibirán sus credenciales como vicepresidentes.

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El acto iniciará con la instalación de una Mesa de Honor presidida por el presidente del JNE, Roberto Burneo. Además, contarán con la presencia de los otros miembros del pleno de este jurado electoral: Marta Mach, Gunther Gonzales, Rubén Torres y Aarón Oyarce.

Después se cantará el Himno Nacional y, a continuación, se leerá la resolución de proclamación, documento que respalda legalmente la entrega de credenciales y que oficializa la fórmula ganadora en la elección de presidente y vicepresidentes de la República.

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Uno de los principales argumentos expuestos por Balcázar en su solicitud se basa en el caso del expresidente Valentín Paniagua. Según el actual mandatario, Paniagua fue beneficiado por la Ley N.° 26519, que regula el otorgamiento de pensiones vitalicias a los expresidentes al concluir su mandato. Como se recuerda, Paniagua asumió la Presidencia de la República tras la caída del régimen fujimorista en el año 2000.

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En el mismo documento, Balcázar solicita además la suspensión provisional de la pensión que percibe bajo el régimen pensionario correspondiente a las funciones que desempeñó como magistrado del Poder Judicial.

La solicitud fue presentada 14 días antes de que Balcázar deje el cargo para dar paso al gobierno de Keiko Fujimori. El pedido fue dirigido al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Conforme al procedimiento, corresponderá a la Mesa Directiva decidir si la solicitud del mandatario es aceptada o rechazada.

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Antecedentes juegan en contra de Balcázar

Aunque Balcázar invoca el caso de Paniagua, existen antecedentes recientes que podrían dificultar el éxito de su pedido. En noviembre del 2022, el Congreso rechazó las solicitudes de pensión vitalicia presentadas por expresidentes que no fueron elegidos por voto popular, como Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y el exmandatario de facto Manuel Merino.

En aquella ocasión, la Comisión de Constitución concluyó que no correspondía otorgarles dicho beneficio y remitió un informe a la Mesa Directiva sustentando jurídicamente su posición. En ese documento, el grupo de trabajo presidido por Patricia Juárez (Fuerza Popular) sostuvo que la legislación establece que este beneficio solo alcanza a quienes fueron elegidos mediante voto popular.

El mismo criterio fue aplicado en 2025, cuando se rechazó la solicitud de pensión vitalicia presentada por Dina Boluarte. La entonces mandataria presentó un pedido similar al de Balcázar, que finalmente fue declarado improcedente.

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“La pensión sea una forma de reconocimiento de parte de quien representa a la Nación a quien ejerció de manera proba, por un periodo completo, el más alto cargo de servicios al país. Por ello, necesariamente tendría que otorgársele a un expresidente constitucional elegido por mandato popular que haya ejercido el cargo durante un periodo íntegro", argumentó en aquella ocasión el Área de Asesoría Laboral al recomendar declarar improcedente la solicitud de la expresidenta.

Instituciones como la Defensoría del Pueblo también han respaldado esta interpretación. A través de un comunicado emitido tras el pedido de pensión vitalicia presentado por Dina Boluarte, la entidad sostuvo que este beneficio constituye una prerrogativa reservada para los presidentes elegidos por voluntad popular.

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"Desde una perspectiva constitucional, debe precisarse que un mandatario electo es aquel que ha recibido, mediante sufragio popular directo, el encargo de conducir los destinos del país. Este presidente, constitucionalmente elegido, ejerce el mandato por voluntad expresa del pueblo y, en virtud del marco legal vigente, se encuentra comprendido dentro de los alcances de la pensión vitalicia regulada por ley. Cabe señalar que la Constitución Política del Perú no reconoce ni regula expresamente la pensión vitalicia, la cual es una creación de naturaleza legal, conforme lo señala la Ley N.° 26519, que establece únicamente una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad para los expresidentes constitucionales de la República", indicó la Defensoría.

Entonces, al no poder aplicarse el principio de irrenunciabilidad constitucional —porque aún no ejerce funciones de senador—, el líder de Renovación Popular no se va a incorporar al Parlamento y podrá continuar con su postulación como regidor de Lima.

La irrenunciabilidad solo aplica para cargos en ejercicio

El análisis legal concluye que el carácter de irrenunciabilidad del cargo de senador no afecta a López Aliaga. El documento precisa que esta restricción solo rige para quienes ya juraron y ejercen funciones de manera efectiva.

"El carácter irrenunciable del cargo de senador previsto en el artículo 95.° de la Constitución solo resulta aplicable respecto de un cargo efectivamente asumido y en ejercicio. En consecuencia, no puede extenderse automáticamente a quien no haya perfeccionado su incorporación al cargo".

La proclamación no equivale a la asunción del cargo

El informe técnico diferencia la elección del candidato de su incorporación real al Congreso de la República. El JNE señala que ganar una elección no otorga automáticamente la condición de funcionario en ejercicio.

"Entre ambos momentos existe un procedimiento legal que comprende diversas actuaciones, tanto del JNE como del candidato electo, cuyo cumplimiento resulta indispensable".

Entonces, al no haber presentado la documentación obligatoria para asumir como senador, López Aliaga no completó su proceso de asunción.

Entonces, al estar disponible su curul, el área jurídica del tribunal electoral dispuso que el puesto vacante lo ocupe el candidato accesitario de Renovación Popular “para evitar vaciar de contenido el principio de democracia representativa”, se lee en el documento.

Asimismo, pidió que el Congreso resuelva el vacío normativo para que evalúe futuras reformas. "(...) debe ocupar tal curul el senador accesitario inmediatamente posterior, conforme al modelo de representación política en el Perú”.

Advertencia sobre vacío normativo

En diálogo con La República, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos advirtió que la situación de López Aliaga es "inédita" y genera preocupación en el sistema electoral. Según explicó el especialista, esta decisión "puede dar pie a un incentivo perverso que ponga en cuestión la legitimidad de nuestras futuras autoridades", al permitir que figuras políticas postulen a un cargo nacional solo como estrategia para luego abandonarlo.

En ese sentido, Campos señaló que, frente a la exhortación del JNE, el Parlamento tiene una tarea urgente para delimitar las reglas del juego. "Se debería precisar si el mandato representativo se inicia al momento de la elección de un candidato o al momento en el que, de manera efectiva, inicia sus funciones como representante. Lo ideal sería que eso se precise con claridad", concluyó.

Por su parte, Víctor Velásquez, politólogo y experto en temas electorales, coincidió en el impacto institucional del caso. Señaló para La República que la situación de López Aliaga "revela una posible utilización estratégica de un vacío normativo". Sin embargo, aclaró que "nuestro ordenamiento constitucional y electoral no lo regula ni lo sanciona; por lo tanto, no estaríamos necesariamente ante una conducta ilegal, sino ante una conducta jurídicamente permitida dentro de un marco normativo incompleto".

A pesar de la legalidad del acto, Velásquez advirtió que este tipo de maniobras "puede afectar la confianza ciudadana y la legitimidad de la representación y en la clase política". Para solucionar este problema, el politólogo sugirió que la legislación diferencie entre una renuncia legítima y una renuncia estratégica o injustificada.

"Debe regularse las renuncias bajo causales objetivas y limitadas, por ejemplo, a impedimentos concretos, razones personales debidamente probadas o causales de fuerza mayor", detalló.

Sobre la posibilidad de sancionar estas conductas, Velásquez consideró viable una inhabilitación temporal en caso de abandonos injustificados. "Podría establecerse una restricción temporal para postular nuevamente a cargos de elección popular”.

La Fiscalía deberá establecer si formula una acusación fiscal, solicita el sobreseimiento o el archivo, o emite un requerimiento legal. Todo ello, según el plazo previsto en el artículo 343 del Código Procesal Penal.

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También, dispuso que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público evalúe que el despacho fiscal actúe en los plazos previstos.

Mediante una resolución, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó sin efecto la decisión emitida el 12 de enero por la jueza Lorena Sandoval, que había extendido por 18 meses el plazo de la investigación.

El colegiado tomó esta determinación tras declarar fundados los recursos de apelación presentados por las defensas de Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo y actualmente asilada en México, y del exalcalde José Medina, contra la resolución que dio luz verde a una prórroga de 36 meses solicitada por la Fiscalía para continuar con las investigaciones.

El caso

Según la tesis fiscal, la ex primera dama y los demás implicados habrían integrado una presunta red criminal que operaba desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Castillo.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, esta supuesta organización delictiva habría favorecido a empresas fachada a través de licitaciones fraudulentas, a las que se les otorgaba la buena pro por enormes sumas de dinero, a pesar de que no cumplían con los requisitos legales.

Estas presuntas operaciones se habrían ejecutado en las regiones de Cajamarca, Amazonas y Lima.

En enero de 2026, la defensa de Yenifer Paredes presentó un recurso de control de plazo con el argumento de que el tiempo legal de la investigación ya se encuentra vencido y que, por tanto, corresponde que la Fiscalía defina si formula acusación o archiva el caso.

El anuncio fue realizado por el fiscal provincial Óscar Díaz Alegre, quien lideró una inspección en la sede luego de que un reportaje de Cuarto Poder advirtió de que el edificio estaba en riesgo ante un eventual sismo.

Precisó que su despacho ha abierto de oficio un procedimiento preventivo por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, omisión de funciones y estragos especiales.

“En caso ocurra alguno de esos delitos, yo procedería a derivarlo a las Fiscalías Corporativas Penales correspondientes y ellos determinan responsabilidades. Yo estoy en prevención y mi objetivo es exhortar a los funcionarios para que tomen las medidas preventivas”, dijo.

Proceso para remodelación en curso

Desde el Ministerio informaron al fiscal que implementarán un plan de trabajo que incluye incrementar el teletrabajo y trasladar la mesa de partes del Ministerio a un local contiguo.

Asimismo, le presentaron un acta de buena pro para una consultoría de remodelación del local.

El secretario general del Ministerio de Vivienda, Manuel Larrea, declaró que el informe técnico menciona que se deben hacer refacciones dentro de la estructura, pero no el posible riesgo ante un sismo. “Estamos tomando acciones concretas. Más allá de eso no puedo decir porque ya son especulaciones”, dijo.

Municipalidad de San Isidro deberá determinar si el edificio es inhabitable

El fiscal Díaz Alegre exhortó a la Municipalidad de San Isidro a que realice una evaluación técnica inmediata para determinar si el edificio es inhabitable o no. “Ninguna otra autoridad declara eso. Solo la Municipalidad. Por eso, ya les he puesto en conocimiento del acta y del compromiso que se está llevando a cabo acá y ellos determinarán si hay riesgo inminente”, anotó.

La misión, indica, es detectar y perseguir a los uniformados que utilizan su cargo para dañar a la sociedad (las llamadas 'manzanas podridas'). A su juicio, la clave para que la ciudadanía recupere la confianza en la Policía Nacional es la transparencia radical, la depuración activa de malos elementos y el fortalecimiento de la ética institucional.

El teniente general Augusto Ríos confirmó a La República que, en lo que va del año, se han formulado 595 notas de contrainteligencia. Estas acciones fueron ejecutadas por la Inspectoría General y han permitido identificar y sancionar drásticamente a 530 efectivos que hicieron un uso inadecuado de las redes sociales.

Las notas de contrainteligencia buscan frenar la exposición de la imagen institucional en plataformas digitales, afirma el oficial. La Inspectoría General de la PNP aplica esta medida como parte de un 'control activo' para detectar infracciones disciplinarias y actos de corrupción, evitando que se presenten denuncias formales por parte de la ciudadanía.

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Uno de estos casos fue el de los 9 policías capturados en Vitarte. “Desarrollamos acciones de contrainteligencia, detectamos conducta disfuncional, por parte de un oficial y 8 efectivos de la comisaria de Vitarte que hacían operaciones policiales prohibidas”, explica.

“Con el apoyo de drones y cámaras registramos las actitudes criminales de estos malos policías, y como nosotros estamos preocupados por limpiar la casa, actuamos. Aquí la Policía Nacional deslinda con cualquier acto de corrupción y cualquier posible delito y con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) iniciamos los respectivos expedientes”, precisa.

El caso más reciente lo protagonizó el alférez PNP Diego García Cueto, señalado como presunto líder, así como los suboficiales Vidal Guardamino, Johanny Vera, Jorge Meneses, Víctor Romero, Lishner Huamán, Giovani Cruz, Fredy Flores y Carlos López.

También está comprendido el comisario de Vitarte, el comandante José Velásquez.

Se les ha iniciado un proceso por infracción muy grave luego de una investigación que podría derivar en el pase al retiro de los implicados. Este miércoles, los 9 policías cumplen una orden de 12 meses de prisión preventiva por exigir coimas a choferes en la Carretera Central para no imponerles papeletas de tránsito.

Los operativos en todo el país

Hasta 2025 había expedientes dispersos, hojas de cálculo, retraso y mucho trabajo manual. Recién este año la Inspectoría General ha modernizado el procedimiento administrativo disciplinario con expedientes 100% digitalizados, trazabilidad completa, alertas automáticas y control en tiempo real.

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“El mensaje es claro para quienes usan el uniforme para delinquir, traicionan a la institución, a sus compañeros y al país. No habrá protección, no habrá privilegios, no habrá impunidad parece ser la consigna”, señala el inspector general de la PNP.

“La Policía no defiende a corruptos, los investiga, los captura y los pone ante la justicia”, afirma la autoridad.

Este año, la PNP ha desplegado inspecciones, operativos y acciones de control en diferentes lugares del país.

“Una institución fuerte no es la que oculta sus problemas, sino la que las enfrenta con decisión. Así como actuamos contra quienes manchan el uniforme también reconocemos a policías que cumplen su deber con honor, disciplina y vocación”, añade el alto oficial. “Seguiremos en esa senda y por esa línea”, enfatizó.

Hace una semana, el Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva para cuatro policías involucrados en un presunto acto de concusión en Lima. El juzgado consideró que existían graves y fundados elementos de convicción respecto a la actuación de los agentes, quienes, según la investigación, intervinieron arbitrariamente a un conductor el 23 de junio de 2026. Le exigieron un pago de S/50 para no iniciar acciones policiales en su contra.

La víctima hizo la transferencia del dinero requerido a una cuenta vinculada con un presunto nexo financiero de la organización, lo que motivó la denuncia formal.

El año pasado, 4.188 policías fueron sancionados por faltas y delitos, incluidos 570 por corrupción.

Además, a 594 efectivos se les aplicaron medidas preventivas —como separación temporal del cargo— y otros 27 fueron apartados definitivamente de la institución.

Actualmente, la Inspectoría General tiene 22.000 procesos de investigación contra malos policías. En agosto del año pasado, nueve efectivos, entre ellos el exjefe del Escuadrón Verde, coronel Walter Palomino, fueron detenidos por presuntamente integrar una red criminal que operaba dentro de la institución policial. Según la investigación fiscal, el grupo denominado 'Los Incorregibles de San Juan de Miraflores' sembraba drogas, armas y simulaba operativos para extorsionar a personas inocentes.

Para mantener la disciplina, la iniciativa de la Inspectoría General se suma a otras acciones de control, como la búsqueda constante de señales de inconducta funcional y corrupción en todos los grados.

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Y se aplica en todos los campos la tolerancia cero al llamado 'espíritu de cuerpo', que no debe confundirse con la complicidad, para procesar a quienes vulneran la ética policial.

Sanciones son drásticas e inmediatas

La política de 'tolerancia cero' contra los policías corruptos ha sido endurecida radicalmente este año por el Alto Mando de la PNP y el propio ministerio, con la aplicación de controles disciplinarios estrictos, sanciones drásticas a oficiales y suboficiales implicados en actos de corrupción y el pase al retiro para renovar la institución.

El ministro del Interior, José Zapata, ha explicado que, ante los últimos casos de corrupción, el comando de la PNP ordenó que los generales refuercen el control disciplinario sobre los subordinados, con sanciones inmediatas para no tolerar conductas que afecten el honor institucional.

La medida se enmarca en la reorganización institucional del sector, orientada a separar a los malos elementos y fortalecer la confianza de la ciudadanía.

"He sugerido que considere las rutas para la libertad del presidente Castillo. Eso para buscar un espacio de despolarización. Tiene que ser en el marco del Estado de derecho y de la Constitución. Es parte de una política general de despolarización", indicó.

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Para Nieto, esta tarea debería ser asumida por la nueva presidenta y no por José María Balcázar, actual mandatario. Como se recuerda, durante el gobierno de Balcázar hubo intentos de tramitar una gracia presidencial en favor de Castillo.

"Si la posibilidad planteada de revisar la situación legal del presidente Castillo está colocada en el marco de una política simbólica de reconciliación y acercamiento del país, entonces no es una tarea que le competa a este gobierno, sino al que entra", apuntó.

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No es la primera vez que Nieto se pronuncia a favor de la liberación de Castillo

Poco después de que las elecciones de segunda vuelta dieran como ganadora a Keiko Fujimori, el también exministro había planteado la posibilidad de que el gobierno entrante adoptara esta decisión.

"Yo creo que es algo que debiera considerar. El señor tiene juicios por corrupción, puede afrontarlos desde su casa. El señor está acusado por un intento fallido de golpe de Estado, pero su papá (Alberto Fujimori) también. Ella debe entender mejor que nadie esa circunstancia. Por eso creo que debe considerarlo. El Perú necesita descomprimirse", indicó en una entrevista con Rosa María Palacios para el programa 'Sin guion', de La República.

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También hablaron sobre seguridad ciudadana

Otro de los temas abordados durante la reunión fue la seguridad ciudadana. Para Nieto, el nuevo gobierno debe priorizar las labores preventivas para evitar que la criminalidad continúe y desborde la capacidad de respuesta del Estado.

"(El tema de la seguridad ciudadana) ha sido planteado también. He pedido que se ponga el acento en todo aspecto tecnológico y en todo lo que es inteligencia. (…) Esa es la ruta: inteligencia, tecnología", indicó.

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El excandidato presidencial evitó hacer comparaciones entre la estrategia que aplicará el próximo gobierno frente a la delincuencia y la que se utilizó para combatir el terrorismo durante la dictadura de Alberto Fujimori.

"No es lo mismo enfrentar al terror como lo hizo su padre, donde había una línea divisoria muy clara entre los terroristas y las fuerzas del orden. Hoy tenemos esa línea bastante difuminada porque las organizaciones criminales han penetrado sobre todo en la Policía", indicó.

En función de ello, su defensa, Carlos Torres Caro, ingresó el pedido el último lunes 13 de julio a la Comisión de Gracias Presidenciales.

En diálogo con RPP, se dirigió al mandatario Balcázar y le recordó que él había indicado que los abogados podían solicitar los pedidos de gracia. “Estamos tomando el guante, señor presidente José María Balcázar.(Pedimos que) se sirva a admitir la solicitud tomando en consideración en este caso específico la de manera prioritaria por la edad y la relevante dimensión humanitaria que tiene Alejandro Toledo con sus patologías médicamente acreditadas”, dijo.

Añadió que Toledo Manrique también ha explicado los motivos de su pedido en la carta.

En su misiva, el expresidente señala que su proceso penal 'lleva más años de los que la ley permite' y que se trata de una investigación 'que ha extendido ampliamente los plazos razonables'.

Sobre su salud, refirió que esta se ha deteriorado en prisión y que los médicos le han advertido que un infarto o derrame podría ocurrir en cualquier momento.

A su vez, señaló que espera que se aplique a su favor la Ley 32181, la cual establece que personas mayores de 80 años, por razones humanitarias, puedan cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario.

“El tiempo corre contra mí. Pido que se me aplique un derecho que la ley ya contempla para que pueda vivir mis últimos días con dignidad. No es un acto de rendición, es un acto de justicia”, resaltó.

Abogado de Toledo busca que se aplique la Ley 32181

Anteriormente, Toledo ya había enviado una carta a su abogando indicando que le autoriza pedir el indulto. A inicios de julio, el letrado precisó que sí presentará el pedido de indulto, pero el 28 de julio, una vez que el país esté bajo el mando de Keiko Fujimori.

Indicó que desde noviembre del 2025 intentan que se aplique a Toledo una norma específica. “Venimos batallando para que la Ley 32181, que modificó el artículo 22 del Código Penal, en la que se establece que toda persona de más de 80 años por razones humanitarias debe cumplir su condena en su domicilio. Nosotros invocamos a ello”, dijo a Exitosa.

Sin embargo, este proceso tarda, mientras la salud del expresidente se deteriora. 'Por eso, es que el ha solicitado que se evalúe el tema del indulto. Yo pienso hacerlo, pero el 28 de julio, es decir, el día hábil en que la presidenta ya es Keiko Fujimori para que se evalúe', anotó.

Agregó que, a su parecer, “el indulto ha sido objeto de un montón de restricciones que tenían por objetivo de que Alberto Fujimori saliera de prisión”. Esto debido a que “se establecieron requisitos que la Constitución jamás previó como el tema de que una persona debe estar en estado prácticamente en estado agónico para concederle el indulto, hecho que la Constitución no prescribe”, señaló.

En ese sentido, explicó que debido a ello “ninguna ley inferior puede tener situaciones de restricción como lo ha tenido el instituto de derecho de gracia”.

El pasado 6 de julio, el pleno de la JNJ aprobó, en sesión extraordinaria, un nuevo cronograma de actividades para definir las últimas etapas del proceso.

Cronograma del concurso

El cronograma muestra que el proceso continúa con la entrevista personal a Loyola. El pleno de la JNJ la programó de manera presencial para este martes a las 11.00 a. m. en su sede central de San Isidro.

Los magistrados evaluarán las competencias y la trayectoria del candidato antes de proceder con la calificación final.

La JNJ publicará los resultados del concurso público durante el transcurso de este mismo día. Tras la entrevista, la institución difundirá las calificaciones del postulante, el cuadro de méritos definitivo y el resultado de la votación del pleno.

De alcanzar la aprobación de los magistrados, la juramentación oficial del nuevo jefe de la ONPE será este jueves 16 de julio.

El concurso estuvo a punto de cancelarse

El proceso fue declarado desierto, ya que la postulante Amparo Ortega Campana renunció por problemas de salud y la JNJ excluyó a Carlos Loyola Escajadillo por omitir la declaración de dos procesos judiciales en trámite.

Al quedar sin candidatos aptos, la institución decidió cerrar la convocatoria; sin embargo, Loyola interpuso un recurso de reconsideración por la vulneración de sus derechos.

El pleno de la JNJ evaluó el reclamo y resolvió el retorno de Loyola gracias a los votos a favor de los magistrados María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkóvic y Rafael Ruiz. En contra de la medida votaron el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví, Jaime de la Puente y Cayo Galindo. Con esta decisión por mayoría, la JNJ anuló la exclusión y restituyó al candidato en el proceso.

Por eso el Congreso actual se apresura en dejar todo listo para que el Ejecutivo que nos gobernará a partir del 28 de julio tenga todo preparado para posicionarse sin que los peruanos podamos defendernos de sus abusos. Las leyes procrimen son la prueba más flagrante de ese régimen de manos libres. Libres para reprimir sin freno a quienquiera ose criticarlos, protestar u oponerse. Cualquier similitud con una dictadura es cualquier cosa menos casualidad. Ya lo ha dicho la futura presidenta: voy a seguir los pasos de mi padre. No añadió que también los de Vladimiro Montesinos, porque ese individuo es designado, en la novela familiar de los Fujimori, como el verdadero perpetrador de los crímenes por los que fue acusado y sentenciado su socio, Alberto Fujimori.

En alguno de sus editoriales, César Hildebrandt lo dijo más o menos así: es como si los españoles eligieran a la hija de Franco o los chilenos a la de Pinochet. Pudo agregar —no recuerdo si lo hizo— a la de Stalin o Hitler en Rusia y Alemania, respectivamente. A quienes votaron por Keiko Fujimori, por miedo al comunismo y el terrorismo que imaginaban vendría con el triunfo de Sánchez, habrá que recordarles que no le dieron carta blanca a la futura presidenta. Y que, si se descuidan, ellos también podrán ser víctimas de los innumerables abusos de poder que se pueden vislumbrar desde ya. Puede ser mediante esas leyes que dan rienda suelta a las pulsiones tanáticas de las fuerzas del orden —como si no lo vinieran demostrando— o mediante cualquiera de los organismos garantes de la convivencia social, que están bajo su control. A saber: prácticamente todos.

Esto es especialmente relevante para los grandes grupos de poder formal del país. El tener la mirada puesta únicamente en el crecimiento económico, como la panacea para resolver la desastrosa situación de tantos peruanos, sin importar sus derechos fundamentales, es de una ceguera angustiante. El Consejo Fiscal ha dado un gran contraejemplo, alertando contra la violenta irresponsabilidad en el gasto público. Las primeras medidas que se anuncian para combatir el cáncer de las extorsiones, por ejemplo, son una garantía de fracaso. Sacar a las Fuerzas Armadas a la calle nunca ha servido para enfrentar lo que corresponde al trabajo de inteligencia, exactamente ese que permitió capturar a Abimael Guzmán y acabar con Sendero Luminoso.

No es, pues, vulnerando la Constitución que se combate al mal. Lejos de ser un obstáculo, es nuestra guía grupal para conducirnos como una comunidad ligada por el bien común. Suena utópico, pero no lo es: todos los países desarrollados lo han logrado por ese medio. El bien común es diametralmente opuesto al mal uso de los recursos públicos o la libre disponibilidad de los mismos, sin cortapisa alguna. No nos cansaremos de repetirlo: la mitad del país no votó por esto. Y la otra mitad, la que votó por la opción ganadora, tampoco. No hay que mancillar el miedo con promesas falsas de mano dura, cuyos resultados nos hunden más en el abismo en el cual nos encontramos.

Esta no es una invocación, sobra decirlo, a quienes apuestan por un quinquenio autoritario. Es una llamada a todos los que prefieren vivir al amparo de la ley y no fuera de ella. Si piensan que nunca los afectará, más allá de que esta es una opción tan egoísta como cortoplacista, habrá que recordarles que los gobiernos autoritarios pueden ensañarse con cualquiera que se les antoje. Sin necesidad de haber cometido delito o incluso falta alguna. Te cruzaste en el camino de una autoridad corrupta, pequeña o grande, y no tendrás quién te proteja.

De esta situación de sumisión tenemos que defendernos unidos. En situaciones como esta, es indispensable iniciar de inmediato la resistencia, desde la tribuna, grande o pequeña, de cada cual. Recordemos que Sendero pudo avanzar durante una década, entre otras razones, por la indiferencia de los sectores urbanos más modernos de la costa. Como si las masacres que cometían tirios y troyanos, senderistas y miembros de las Fuerzas Armadas, en los Andes centrales, no nos concernieran o afectaran. Esa indiferencia, combinada con negación, es el terreno fértil para el crecimiento de violaciones indescriptibles de los derechos de las personas, en particular las más vulnerables.

Solo unirnos en búsqueda del bien común permitirá que el mal no siga avanzando como lo está haciendo, sin encontrar, por ahora, más que obstáculos aislados que no parecen afectarle. El gobierno de Fujimori y Montesinos se veía gobernando para siempre. Sabían que era eso, la cárcel o el destierro. Todos recordamos cómo terminaron. Esa es la historia que nos prometen, ignorando el final que conocemos.

Durante la audiencia, el abogado de Renovación Popular, Virgilio Hurtado, argumentó que el Jurado Electoral Especial (JEE) incurrió en un error al aplicar de forma “extensiva” e incorrecta los impedimentos contemplados en la ley.

“El JEE comete un grave error al considerar que los elegidos y proclamados (…) se encuentran en condición de autoridades [en funciones] y, por consiguiente, no pueden postular en las ERM. No han analizado correctamente la tipificación de ese impedimento”, sostuvo la defensa. En esa línea, Hurtado remarcó ante el colegiado que las restricciones a la participación política deben ser explícitas en la norma y no interpretarse por analogías para limitar derechos ciudadanos.

El debate con el tribunal

Durante la audiencia previa al fallo, el magistrado Gunter Gonzales planteó si la proclamación oficial del JNE perdía valor si el candidato aún no asumía funciones. “¿Entonces no produce ningún efecto la proclamación?”, cuestionó. Hurtado aclaró que sí tiene validez jurídica, pero precisó que esta condición es diferente a la de un parlamentario que está en ejercicio activo del cargo.

Por su parte, el magistrado Rubén Torres consultó si un postulante podía dejar sin efecto por voluntad propia una proclamación del sistema electoral. El abogado de Renovación Popular precisó que no busca desconocer la ley, sino delimitar sus alcances.

Hurtado indicó que la proclamación actúa como un "título" que faculta al ciudadano elegido a realizar los trámites correspondientes para, eventualmente, asumir su puesto, pero no lo convierte automáticamente en autoridad en funciones.

La postura de López Aliaga frente al Senado

El presidente del JNE, Roberto Burneo, solicitó precisiones sobre la situación de López Aliaga respecto de los trámites para incorporarse al Senado. Al respecto, Hurtado ratificó que su patrocinado declinó participar en el proceso de juramentación para la Cámara Alta y que los plazos para dichos actos protocolares ya vencieron.

"Mi patrocinado ha presentado una carta al presidente del Congreso señalando que el plazo para cumplir con el protocolo o esos actos protocolares ya ha vencido. En consecuencia, ratifica con la declaración de no participar en los actos de juramentación del cargo".

Al ser consultado sobre si estos argumentos también eran a favor del candidato Guillermo Valdivieso, ya que el JEE declaró improcedente su candidatura. Sobre este caso, la defensa apeló a un vacío normativo y argumentó que la ley no prohíbe postular a un representante (titular o suplente) del Parlamento Andino.

"El artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales no menciona que un representante suplente ni titular del Parlamento Andino esté impedido de postular. Hay un vacío normativo, inclusive es más notoria esta aplicación extensiva del impedimento hacia su persona”.

Con esta decisión del Pleno del JNE, queda confirmado que Rafael López Aliaga continuará en la carrera electoral por la Alcaldía de Lima.

Esta decisión preocupa, dado que se prevén obligaciones significativas, básicamente en remuneraciones y pensiones derivadas de la legislación reciente, sin una definición clara sobre su financiamiento. Cabe referir que los mayores ingresos fiscales actuales son temporales. No es una buena idea financiar gasto permanente con ingresos temporales, peor aún cuando se prevé el fenómeno de El Niño, sobre todo con efectos adversos a partir de octubre, que destruirá no solo parte de la producción actual, la agrícola, por ejemplo, sino también parte de la capacidad de producción potencial futura, porque destruirá parte de la infraestructura.

Todos estos efectos adversos del fenómeno de El Niño ya deberían estar incluidos en el próximo Marco Macroeconómico Multianual, que se presentará en agosto por parte del Poder Ejecutivo, el cual, si se trata de recuperar la credibilidad fiscal, debería comenzar por presentar las correspondientes demandas de inconstitucionalidad contra leyes promulgadas por el Congreso, sin financiamiento y sin iniciativa legal de gasto, si realmente importa preservar la estabilidad macrofiscal.

En suma, una indispensable sostenibilidad fiscal pasa por una importante proactividad de la administración entrante desde las primeras semanas, en línea con lo sugerido, más aún cuando a finales de agosto se presentan los proyectos relacionados con Presupuesto, Equilibrio y Endeudamiento 2027, junto con el actualizado Marco Macroeconómico Multianual.

Dice Zygmunt Bauman que vivimos bajo las reglas de la “modernidad líquida”, caracterizada por la inestabilidad, la falta de cohesión y la ausencia de formas definidas, a diferencia de la “modernidad sólida”, en la que se desarrollaron nuestros padres y abuelos, caracterizada por el orden, lo predecible y lo estable. ¿Qué provocó ese cambio? a) las empresas, que tienen más poder que los propios gobiernos y cambian leyes de forma rápida en respuesta al mercado; b) la tecnología y, sobre todo, internet, que hace que las formas de trabajar, transportarnos y relacionarnos cambien a una velocidad impresionante; y c) la migración humana, que también genera cambios rápidos en la cultura y en la economía de los países. Esto, ¿qué significa? Que, bajo esta modernidad líquida, la identidad es cambiante y nunca terminamos de definir nuestra religión ni nuestras creencias políticas. Hay inestabilidad y falta de solidez en las estructuras. Si esto lo trasladamos al ejercicio político, ello hace que la composición de los congresos no sea estable. Los grupos entran con promesas, luego se adaptan a las circunstancias y eso genera desconfianza en la ciudadanía. La sociedad líquida desestabiliza esas representaciones políticas; de ahí que la foto de la composición congresal no será la misma en 2031. Hay que mirarla bajo el escenario del juego político en el que se moverán.

El ajedrez político

En el ajedrez, se requiere tener claro, quien es quien, en ese tablero, para no confundir las jugadas y los movimientos inesperados.  El Rey, es la pieza más valiosa del tablero, yen el caso peruano, está representado por el poder económico.

Los peones son las piezas más numerosas, avanzan poco a poco, y pueden llegar al otro extremo del tablero y convertirse en una pieza más fuerte. Aunque no tengan poder inmediato, su acumulación y organización a largo plazo, puede cambiar el juego. Instituciones como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos, se posicionan como peones en el tablero. Es un escenario donde su rol queda reducido a seguir las directrices, sin autonomía real.

En la posición de alfil ubicamos a la Presidencia de la República, al igual que al Congreso. Ambos representan el poder, mas no lo detentan. El alfil se mueve en diagonal, así que su alcance es más limitado y, de hecho, actúa como un símbolo. Es decir, no tiene tanta fuerza directa como la reina o las torres, pero representa la institucionalidad, el rostro simbólico de la nación.

Las congregaciones religiosas también deben ser visibilizadas en este ejercicio político; podrían ser ubicadas como alfiles porque tienen una influencia simbólica fuerte, aunque no siempre directa. Se mueven de manera diagonal, como en espacios morales y de valores, y a veces pueden ser catalizadoras del cambio social. Su rol es estratégico, pero no siempre visible en el tablero. De igual forma, ocurre con los medios de comunicación. Si son independientes, pueden moverse con claridad, marcar la agenda y generar cambios. Pero, si están controlados, pueden quedar reducidos a peones, seguir órdenes y reproducir las narrativas del poder.

Los partidos políticos podrían ser posicionados como las torres. Son piezas fuertes, estructuradas, se mueven en línea recta y tienen una gran capacidad de control territorial. A través de ellas, se organizan las fuerzas políticas, se proyectan hacia el futuro y buscan influir en las reglas del juego; sin embargo, ante la ausencia de partidos sólidos, las torres estarían apuntaladas por las fuerzas militares y policiales. Estas tienen una presencia estable y pueden marcar el equilibrio del poder, a veces fuera de las reglas formales.

El caballo en ajedrez se mueve en forma de "L". Es la única pieza que puede saltar sobre otras. Pueden ser actores menos visibles, pero estratégicos: por ejemplo, ciertos grupos empresariales medianos, gremios profesionales o incluso algunos sectores regionales que, aunque no sean el foco del poder, tienen la capacidad de saltar barreras, conectar intereses y, a veces, desestabilizar las lógicas más tradicionales. Podemos ubicar aquí a la minería informal e ilegal y a las redes de narcotráfico. Esos actores suelen moverse por fuera del juego formal, pero tienen una enorme capacidad de influir, presionar y desestabilizar, aunque no aparezcan entre las piezas tradicionales.

En cambio, la reina es la pieza más poderosa, porque se puede mover a cualquier número de casillas en línea recta, ya sea horizontal, vertical o diagonal. En esta dinámica, se podría ubicar como la reina al sistema judicial, porque tiene un poder amplio cuando es independiente. Se mueve en todas las direcciones, puede frenar abusos y equilibrar fuerzas, siempre que conserve su autonomía. Si está capturada por el poder económico o político, pierde su fuerza. Pero, en su mejor versión, es la que realmente puede hacerle jaque al poder, si se mantiene firme.

Si el sistema judicial es realmente autónomo, puede ser un freno al poder desmedido. Es la pieza que, al moverse en cualquier dirección, tiene la capacidad de poner límites, hacer valer derechos y actuar como un verdadero contrapeso, siempre que conserve esa autonomía e independencia en su labor.

En el tablero del ajedrez político, el rey estaría representado por el poder económico. No perdamos de vista ello: una cosa es detentar el poder y otra ser representante de ese poder, como ocurre con el ejercicio de la Presidencia de la República o la representación congresal. Así que, en este esquema, cada pieza tiene su peso, que permitirá sostener el poder del Rey, o el juego terminará con un jaque mate al rey.

Los ciudadanos

Frente a estas piezas, en el tablero del ajedrez político, ¿dónde está el poder de los ciudadanos? Nos encontramos fuera de ese juego y nos convertimos en meros espectadores, invitados a cambiar periódicamente las piezas. Es una especie de participación simbólica, pero no transformadora. Y ahí es donde se genera esa frustración.

Yo creo que no hay un jaque mate fácil, porque esos actores que mueven las piezas del ajedrez suelen operar al margen de las reglas. Pero, quizás, si se fortalecen la transparencia, la participación ciudadana real, la organización de colectivos sociales y el ataque a las estructuras de impunidad, ahí se podría empezar a reducir su poder. Es un proceso largo, pero es la única manera de cambiar las cosas.

El poder de los ciudadanos está en la capacidad de moverse colectivamente, como peones con potencial. Reitero, colectivamente. Es un símbolo, que, aunque se empiece pequeño, cuando se organizan, cuando se articulan, pueden cambiar las reglas del juego.

Si son independientes, pueden moverse con claridad, marcar la agenda y generar cambios. Pero, si están controlados, pueden quedar reducidos a peones, seguir órdenes y reproducir las narrativas del poder, algo de lo que ya tenemos en demasía en nuestro escenario nacional.

Vichy nació de la derrota militar de 1940 y de una revancha ideológica. Pétain se presentó como salvador y obtuvo plenos poderes en julio de aquel año. La Asamblea liquidó así la Tercera República y la reemplazó por el Estado francés, que persiguió opositores y censuró la prensa.

Vichy conservó instituciones y policía propias, y las puso al servicio de la colaboración con Alemania. El apretón de manos entre Pétain y Hitler, en octubre de 1940, simbolizó esa alianza. La producción francesa sirvió al Reich, mientras la policía francesa reprimió a resistentes y judíos por decisión propia.

El primer Estatuto de los Judíos, de octubre de 1940, fue iniciativa francesa. Excluyó a los judíos de la función pública y numerosas profesiones. La redada del Velódromo de Invierno, en julio de 1942, mostró esa colaboración. Policías franceses arrestaron a más de 13.000 judíos, entre ellos miles de niños, deportados hacia Auschwitz.

Frente a esa Francia oficial resistió otra Francia. El llamado de Charles de Gaulle desde Londres, en junio de 1940, sostuvo que la lucha continuaba. Jean Moulin, torturado por la Gestapo, murió sin traicionar a sus compañeros.

La Liberación de 1944 trajo juicios y condenas. Pétain fue sentenciado a muerte por traición, pena luego conmutada. Jacques Chirac reconoció en 1995 la responsabilidad del Estado francés en la deportación de judíos, reafirmada por Macron en 2017.

Vichy demuestra que la legalidad formal sirve al crimen cuando se destruyen la democracia y la independencia institucional. Pétain simboliza la claudicación política. La Francia que honra hoy su historia es la que resistió y combatió por la libertad.

En diciembre de 2024, durante el mandato de la presidenta Dina Boluarte, el Ejército compró a FAME por US$60 millones un lote de 30 unidades de K808 “White Tiger” (Tigre Blanco), fabricados por Hyundai Rotem.

La adquisición se produjo en medio de la polémica porque, previamente, la Comisión de Estudio Técnico Operacional del Ejército (CETO) descalificó el modelo que ofertó Hyundai Rotem por tratarse de uno de los diseños más caros en comparación con otros que competían en la licitación de 2023.

Amparándose en la llamada “Ley FAME” N° 31684, publicada el 15 de febrero de 2023, que dispone que los institutos armados consulten con la empresa estatal si cuenta con el material bélico que necesita adquirir, el Ejército preguntó a FAME si disponía de blindados 8x8. Para entonces, FAME había suscrito un convenio de cooperación con la compañía coreana.

Mediante esta modalidad, el Ejército dejó de lado los estudios del CETO y la licitación, y compró directamente a FAME los blindados K808 “White Tiger”.

Los seis ejemplares que arribaron al puerto del Callao el 6 de julio son parte del lote de 30 unidades contratadas por el Ejército a FAME. Justamente, según el acuerdo comercial, para este mes estaba prevista la entrega de los primeros vehículos blindados.

Sin embargo, no sucede lo mismo en el caso de los tanques K2 “Black Panther” (Pantera Negra) que llegaron en la misma fecha al puerto del Callao.

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A diferencia de la adquisición de los blindados 8x8 “White Tiger”, que contaba con un plan de inversión pública aprobado y el correspondiente financiamiento presupuestado, en el caso del carro de combate “Black Panther” no existe un proyecto con tales características.

Solo se trataría de una exhibición, a solicitud del Ejército, de acuerdo con fuentes coreanas. Pero, ¿por qué el trato privilegiado a la empresa coreana Hyundai Rotem? ¿Por qué no se exponen otros modelos? ¿El “Black Panther” es el único carro de combate en el mundo? Por supuesto que no.

Más bien, la exhibición de los “Black Panther” tiene todas las características de un plan para consumar un contrato directo con Hyundai Rotem por intermedio de FAME, sin la participación de otros competidores y ofertas, como se hizo en los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí, y que continúa José María Balcázar.

El instituto castrense no ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque fuentes aduaneras indicaron que el Ministerio de Defensa y el propio Ejército participaron en la coordinación para la importación de los seis blindados y tres tanques coreanos. Es más, el instituto armado emitió los Certificados de Uso Final, para permitir a Hyundai Rotem la importación del material de guerra.

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Un viejo truco conocido

Todo parece un plan organizado por el Ejército y FAME —controlado por los altos mandos del instituto castrense— para que, en el marco de un eventual proceso de compra de un carro de combate en reemplazo de los soviéticos T-55, adquiridos en los años 70, aparezca el K2 ‘Black Panther’ como primera opción. Y así impedir la presencia de otros postores, como ha sucedido con la adjudicación directa a la estadounidense Lockheed Martin para la provisión de 24 cazas F-16 Block 70.

En realidad, el desfile de los “Black Panther” el 29 de julio ante la presencia de la presidenta electa Keiko Fujimori, deriva del acuerdo estratégico” suscrito entre el Ejército y Hyundai Rotem el 9 de diciembre de 2025, en el gobierno de José Jerí Oré. El mismo tiene como la finalidad la compra futura de carros de combate K2 “Black Panther”, además de más lotes de blindados K808 “White Tiger”.

Los expertos coinciden en que el K2 “Black Panther” es uno de los carros de combate más caros del mercado mundial.

Este “acuerdo estratégico” no fue precedido de estudios técnicos en el lugar de producción de los vehículos, tampoco de la evaluación de propuestas económicas, y mucho menos de evaluaciones de factibilidad de financiamiento público.

El mencionado “acuerdo estratégico” es, más bien, una prolongación del convenio que FAME firmó con STX Corporation y Hyundai Rotem el 20 de mayo de 2024, con el objetivo de construir vehículos blindados en el Perú.

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Una multimillonaria inversión

Poco después de este conveniente acuerdo, en noviembre de ese mismo año, el entonces comandante general del Ejército, César Briceño Valdivia, ordenó al Diplam (Dirección de Planeamiento del Ejército) que identificara el modelo de tanque para reemplazar al T-55. Fue un saludo a la bandera. ¿Para qué una evaluación técnica si ya consumó un acuerdo con Hyundai Rotem?

El “acuerdo estratégico” suscrito el 9 de diciembre de 2025, con la presencia del entonces comandante general César Briceño, comprende la producción de 54 tanques K2 ‘Black Panther’ y 141 blindados K808 ‘White Tiger’, vehículos que supuestamente serían ensamblados en los talleres de FAME.

De acuerdo con las fuentes, el plan arrancará con US$1.400 millones y culminaría en 2036 con una inversión total de US$5.000 millones. Este monto es incluso superior a los US$3.500 aprobados para la compra de los 24 cazas para la Fuerza Aérea del Perú.

En el contexto de intranquilidad por la dimensión que tendría el potencialmente devastador fenómeno El Niño entre 2026 y 2027, y los pronósticos del desastre que causará en la economía, comparable a los años 1982-1983 y 1997-1998, el proyecto de compra de tanques no parece una prioridad. Por decir lo menos.

Sin embargo, el proyecto contaría con el beneplácito del ministro de Defensa, el fujimorista Amadeo Flores Carcagno, quien ha autorizado al Ejército que el K2 “Black Panther” desfile en la parada militar del 29 de julio ante la presidenta electa Keiko Fujimori. Al cierre de edición, el plan continúa en marcha. Keiko Fujimori asistirá.

Quiénes son los socios coreanos de FAME

• No es la primera vez que Hyundai Rotem exhibe el tanque K2 “Black Panther” en Lima. Un ejemplar fue presentado en el X Salón de Tecnologías para la Defensa y Prevención de Desastres Naturales (SITDEF 2025), en el Cuartel General del Ejército, en abril de 2025.
• En esa época, Hyundai Rotem estaba asociada con la compañía exportadora coreana STX Corporation. Juntos vendieron los blindados K808 “White Tiger” al Ejército por intermedio de FAME, empresa con la que tenían un convenio.
• Pero la sociedad se rompió cuando STX Corporation se acogió al tribunal de quiebras de Corea del Sur. Desde entonces, Hyundai Rotem ha asumido todo el compromiso contractual, en diciembre de 2025.
• La idea era que los “White Tiger” fueran ensamblados en FAME, pero no ha sido así con los seis primeros.

La investigación también comprende a su adjunta, Lizet Aliaga Terreros. De acuerdo con la disposición de inicio de investigación, los hechos tienen que ver con la forma y las circunstancias en que Mori Gómez accedió al expediente médico de la ex primera dama de la nación, Nadine Heredia, y lo que hizo después.

Los documentos médicos de cualquier persona tienen una protección especial por la Ley General de Salud, la de protección de datos personales y otras normas que garantizan la confidencialidad de la información médica. Por este motivo, solo se puede acceder a ellos con autorización judicial debidamente justificada.

Así, de acuerdo con las indagaciones preliminares, no existe una autorización judicial que permita a los fiscales acceder a la información médica de Heredia. El despacho de Mori lo obtuvo de alguna otra manera. De acuerdo con información proporcionada por la Clínica Delgado Auna, el 13 de noviembre del 2023, la fiscal solicitó la historia clínica completa de Nadine Heredia y se la entregaron pese a no tener la autorización judicial. Supuestamente, la fiscal habría obtenido ese documento bajo presión.

Pero la historia no termina en ese detalle. Luego de obtener la historia clínica, Geovana Mori envió a su fiscal adjunta, Lisbeth Aliaga Terreros, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) para mostrar el historial médico al gerente general de dicha entidad, Edgardo Ardiles Chacón, y al director ejecutivo de Cuello y Cabeza, Giovanni Luna Sánchez.

Mostrado múltiples veces

Posteriormente, el documento médico reservado fue enviado y mostrado al director general del Hospital Nacional Dos de Mayo y a muchos otros médicos y centros hospitalarios. “La historia clínica habría estado circulando en diversos hospitales y fue revisado por múltiples personas sin que se respetara una cadena de custodia adecuada, y sin contar con una orden judicial que habilitara legalmente dicho acceso, permitiéndose la difusión y tratamiento indebido de un documento protegido por reserva legal y constitucional”, señala la resolución que da inicio a la indagación penal.

Por estos hechos se investiga a la fiscal Mori y su adjunta Lizet Aliaga por abuso de autoridad y prevaricato al acceder a un documento reservado sin autorización judicial, y por violación de la intimidad al compartir ese documento con terceros. La fiscal requirió el historial médico luego de que, en noviembre del 2023, Nadine Heredia solicitó autorización judicial para viajar a Colombia a recibir un tratamiento recomendado por sus médicos.

La fiscal superior Lina Balvín Álvarez citó a Geovana Mori para dar su declaración el próximo 5 de agosto, a fin de presentar sus descargos sobre los cargos que se le atribuyen. El 7 de agosto deberá hacer lo mismo la fiscal adjunta Lizet Aliaga. En tanto, Nadine Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil, declarará por videollamada el 22 de julio próximo.

Durante una audiencia, el abogado de Renovación Popular, Virgilio Hurtado, argumentó que el Jurado Electoral Especial (JEE) se equivocó al aplicar de forma “extensiva” e incorrecta la Ley de Elecciones Municipales.

“El JEE comete un grave error al considerar que los elegidos y proclamados (…) se encuentran en condición de autoridades [en funciones] y, por consiguiente, no pueden postular en las ERM. No han analizado correctamente la tipificación de ese impedimento que está en el literal A", señaló la defensa.

En esa línea, Hurtado señaló ante el tribunal que las restricciones de participación política deben ser específicas en la ley y no deducirse por analogías.

"El principio de que 'no hay que hacer distingo donde la ley no distingue' es solo para poder reconocer derechos, no para extender las prohibiciones. Si no, estaríamos inmersos en una ilegalidad (...) no se pueden limitar derechos aplicando la analogía o la interpretación extensiva de las normas que lo restringen", dijo durante la audiencia.

El cuestionamiento del tribunal

El magistrado Gunter Gonzales cuestionó si la proclamación del JNE carece de valor real antes de que la autoridad asuma funciones. "¿Entonces, no produce ningún efecto la proclamación?". El abogado Virgilio Hurtado indicó que sí, pero precisó que estos no equivalen a estar en ejercicio del cargo.

"Sí produce, señor magistrado, [pero] eso es diferente a ser un parlamentario en funciones. Porque el impedimento está previsto para el parlamentario en funciones, no para quien todavía no ejerce el cargo; de lo contrario, estaríamos en una situación irreal”, respondió.

El magistrado Rubén Torres también intervino y preguntó a la defensa si un candidato puede anular por cuenta propia una proclamación oficial del sistema electoral. Ante ello, Hurtado aclaró que no se busca desconocer la ley, sino detallar sus límites.

"Es evidente que una decisión unilateral de un candidato no puede revocar una decisión del JNE, pero lo que sí puede hacer es discutir los alcances de esa resolución y de la proclamación. La proclamación es el 'justo título' que ustedes confieren a quienes han sido elegidos para que se puedan apersonar ante los órganos correspondientes y poder seguir el procedimiento para asumir el cargo".

Intervención de Roberto Burneo

El presidente del JNE, Roberto Burneo, le pidió a la defensa que aclare la actual situación de López Aliaga con relación a la entrega de documentos obligatorios para juramentar como senador. Hurtado respondió que su patrocinado no tiene la intención de formar parte de la Cámara Alta.

"Mi patrocinado ha presentado una carta al presidente del Congreso señalando que el plazo para cumplir con el protocolo o esos actos protocolares ya ha vencido. En consecuencia, ratifica su declaración de no participar en los actos de juramentación del cargo".

A solicitud de Burneo para precisar si estos argumentos aplicaban a todos sus patrocinados, Hurtado hizo una mención sobre el candidato Guillermo Valdivieso. La defensa apeló a un vacío normativo y argumentó que la ley no prohíbe postular a un representante (titular o suplente) del Parlamento Andino.

"El artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales no menciona que un representante suplente ni titular del Parlamento Andino esté impedido de postular. Hay un vacío normativo, inclusive es más notoria esta aplicación extensiva del impedimento hacia su persona”.

Tras el debate técnico, el máximo tribunal electoral deberá emitir su pronunciamiento definitivo para determinar si acepta los descargos de López Aliaga o si confirma su exclusión de la carrera municipal.

Antes de participar en la inauguración del puente Virgen de Chapi, en la vía Arequipa-La Joya, el mandatario realizó una parada en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, en el centro histórico de la ciudad. Al ser consultado por la prensa local sobre un eventual beneficio para el exmandatario, Balcázar señaló que “está en estudio, no hay nada concreto todavía”.

Inauguración del puente Virgen de Chapi

El mandatario llegó a la inauguración del puente Virgen de Chapi en compañía de ministros de Estado y algunos gobernadores regionales. La actividad contó con personal policial que limitó el acceso de los periodistas al recinto. Pese a las restricciones, Balcázar declaró que, a pesar del poco tiempo que le queda a su gestión, su administración busca priorizar obras de infraestructura en el interior del país.

El jefe de Estado defendió el presupuesto asignado para la construcción de la vía y aseguró que su impacto será positivo para la conectividad de la región.

"Este puente es caro, pero va a tener multiplicidad de beneficios (…) Tenemos claro qué obras tenemos que hacer en cada región".

Además, el presidente indicó que dispuso la firma de las actas necesarias para garantizar que los trabajos continúen sin interrupciones y ratificó que su gobierno mantendrá la ejecución de proyectos en las regiones hasta el próximo 28 de julio.

Para sustentar la supuesta legítima defensa, los abogados de los militares señalaron que, durante el peritaje practicado tanto a los cinco fallecidos como a los tres sobrevivientes, se hallaron residuos de disparo de armas de fuego en los casos de Wilder Romero Sevipaucar y William Núñez Soto, fallecidos en el incidente, y Jhonatan Águila Gutiérrez, herido y sobreviviente.

Los tres dieron positivo para antimonio y bario, compatibles con residuos de disparos de armas de fuego, de acuerdo con el peritaje ordenado por el Ministerio Público.

En efecto, La República revisó los peritajes aplicados en los tres casos mencionados y estos concluyen que 'arrojaron resultados positivos para cationes metálicos de plomo, antimonio y bario, compatibles con residuos de disparo por arma de fuego', conforme se indica en los documentos.

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La versión de los militares

Ninguno de los ocho militares señalados como autores del crimen múltiple en Colcabamba, encabezados por el capitán EP Luis Montenegro Pardo, ha declarado ante las autoridades sobre las razones que los motivaron a utilizar sus fusiles contra los pasajeros de la camioneta.

Sin embargo, la defensa legal de los efectivos del Ejército alegó, durante la audiencia para resolver el pedido de prisión preventiva, que los sospechosos de la camioneta no se detuvieron ante la voz de alto y que dispararon a los militares desde el interior del vehículo.

Esta misma versión se la dio el jefe de la patrulla militar de Colcabamba, el capitán EP Luis Montenegro Pardo, a su superior inmediato, el mayor EP José Cayao Vásquez. Montenegro le indicó que los civiles dispararon para resistirse a la intervención, por lo que los efectivos respondieron al fuego con sus fusiles de largo alcance de fabricación belga Scar-L. Pero no registraron ni heridos ni muertos.

“(El capitán Montenegro) sí me comunicó que se habían producido disparos y habrían actuado ante ello. (...) Solo me mencionó que hubo contacto y que repelieron. Luego de calmada la situación, el jefe de patrulla me comunicó que de nuestra parte no hubo heridos ni fallecidos”, declaró el mayor José Cayao ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín, a cargo de Johel Chamorro Macukachi.

Durante las pesquisas policiales y fiscales en la escena del crimen, sin embargo, no se encontraron las armas que supuestamente utilizaron los civiles que viajaban en el vehículo. También se comprobó que ninguno de los militares resultó herido durante el operativo, como consecuencia del supuesto ataque con armas de fuego de los ocupantes de la camioneta.

Respecto del peritaje balístico que probaría que tres civiles dispararon con armas de fuego contra los militares, durante la audiencia judicial se desestimó esta versión de la defensa de los acusados por carecer de sustento y evidencia.

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Las armas fantasmas

“Desde el interior del vehículo intervenido (los pasajeros de la camioneta) habrían realizado disparos al personal militar investigado, encontrándose en el vehículo intervenido tanto en la caseta como en la tolva casquillos, munición de 9.19 mm., como también de calibre 38, que corresponden a pistolas semiautomáticas, municiones que no son de uso de los investigados (los militares)”, según la versión de la defensa que consta en la resolución judicial que dispuso el mandato de detención de los ocho efectivos del Ejército.

Durante el debate judicial se preguntó a la defensa de los efectivos del Ejército si era cierto que los civiles de la camioneta dispararon. ¿Por qué no fueron encontradas las armas que estos utilizaron? A lo que respondió: “Pudieron ser aventados (sic) fuera del vehículo durante la intervención”, sin aportar prueba alguna.

Por lo tanto, el juez José Matos Centeno desestimó los argumentos de la defensa de los acusados, empezando por la constatación de que en la camioneta, ni en los alrededores del escenario del crimen, fueron encontradas las armas atribuidas a los civiles.

Además, en cuanto al hallazgo de proyectiles de otras armas de fuego, el juez resaltó el testimonio del sobreviviente Jhonatan Águila Gutiérrez.

Según la declaración de Águila, luego de matar a los pasajeros del vehículo y comprobar que no había droga en la camioneta, los militares recibieron la orden de desperdigar munición de diferentes calibres en el interior del vehículo para aparentar falsamente que los ocupantes les habían disparado.

En resumen, no se ha comprobado que los civiles portaran armas ni que hayan disparado a los militares para impedir la intervención antidrogas. Estas comprobaciones sustentaron la decisión del juez de ordenar la detención preventiva de los ocho militares acusados de la matanza de Colcabamba.

Para reforzar su teoría de que los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra los militares, la defensa del Ejército afirmó que los peritos detectaron residuos de disparos en los ocho pasajeros: los cinco que fueron asesinados y los tres sobrevivientes. Pero los reportes periciales, como se ha indicado, no llegan a esa conclusión. Solo se refieren a tres casos.

Respecto de las partículas de antimonio y bario detectadas en Wilder Romero Sevipaucar, William Núñez y Jhonatan Águila Gutiérrez, no acreditan fehacientemente que estos dispararon armas de fuego en la noche del 25 de abril en Colcabamba, destacó en la audiencia el fiscal Johel Chamorro.

La explicación de los peritos es que, durante el periodo de custodia de los militares tanto de los cuerpos de las víctimas como de los sobrevivientes, hasta la toma de muestras, que se produjo varias horas después, los uniformados podrían haber diseminado y contaminado los residuos de los disparos en los civiles. Es lo más razonable. Lo que les queda a los imputados es romper su silencio y contar toda la verdad.

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• Explicación. Los residuos encontrados en tres civiles también se deberían a que “ha existido manipulación de la escena del crimen por parte de los investigados (los militares)”, señala la resolución judicial.
• Detalle. La contaminación también se debería a la enorme cantidad de disparos que recibió el vehículo de las víctimas. Según el Informe Pericial de Balística, la camioneta presenta 76 orificios de entrada de proyectil.

Entre 1998 y 2000, Calisto actuó como edecán del entonces presidente Alberto Fujimori y, en 2021, fue miembro del equipo de campaña de Fuerza Popular, además de uno de los organizadores de las movilizaciones fujimoristas contra el falso fraude electoral. Ha retornado a la política como senador por Renovación Popular, sin haber abandonado su fuerte vínculo con la familia Fujimori. Ahora se dedica a construir un bloque entre Fuerza Popular y Renovación Popular para controlar el Congreso y rechazar cualquier intento de perturbar el gobierno de Keiko Fujimori. Francisco Calisto Giampietri sabe cumplir órdenes.

Cuando fue interrogado por su participación en el robo de maletas repletas de evidencia incriminatoria que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos ocultaba en un departamento de su propiedad, Calisto arguyó que se limitó a 'acatar' el mandato de Alberto Fujimori.

Pocos recuerdan que, luego de haber sido extraditado de Chile, el primer caso de corrupción que Alberto Fujimori aceptó haber perpetrado fue, precisamente, la organización de la sustracción de las maletas con 'vladivideos' que acreditaban los actos de corrupción de su régimen. Para que las filmaciones no llegaran a manos de las autoridades, Fujimori las embarcó en el avión presidencial y, luego de una escala en Brunéi, donde asistió al encuentro de la APEC, se dirigió a Japón, donde las recibió su cuñado, el embajador Víctor Aritomi Shinto. Aritomi jamás retornó al Perú. En este operativo, que grafica la conducta delictiva de Alberto Fujimori, tuvieron participación decisiva Calisto y Tantaleán.

Durante la campaña presidencial, Keiko Fujimori afirmó que replicaría 'lo mejor' que había hecho su padre durante su mandato. La operación del robo de los 'vladivideos', en la que Alberto Fujimori utilizó a un falso fiscal para ingresar a la vivienda de Vladimiro Montesinos, no fue exactamente 'lo mejor' que hizo el exjefe de Estado. Sin embargo, Keiko Fujimori designó como integrante de la comisión de transferencia del Ministerio de Defensa al coronel FAP (r) José Tantaleán Alatrista, otro gran amigo incondicional de la familia.

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Servicio a domicilio

Tantaleán tuvo un rol protagónico en la operación de encubrimiento que diseñó Alberto Fujimori para esfumar las aproximadamente 70 maletas con evidencia incriminatoria de la casa de Montesinos. José Tantaleán Alatrista entonces también era el edecán del presidente Fujimori, al mismo tiempo que Francisco Calisto Giampietri. Durante el proceso judicial por este caso, quedó en evidencia que Calisto y Tantaleán actuaron como operadores de Alberto Fujimori. Más de un cuarto de siglo después, han reaparecido a las órdenes de Keiko Fujimori.

Según lo declarado por el propio José Tantaleán, el expresidente Fujimori le informó de la operación encubierta a las 10 de la noche del 6 de noviembre del 2000. La acción se cumpliría en las primeras horas del 7 de noviembre. Y el objetivo era la captura de Vladimiro Montesinos, quien, luego de un breve exilio arreglado en Panamá, regresó al Perú clandestinamente para intentar un golpe de Estado. Por tratarse del edecán presidencial más antiguo y mantener una relación de amistad, Fujimori designó a José Tantaleán como responsable de la operación, y este delegó su ejecución al entonces capitán de fragata AP Francisco Calisto Giampietri, el segundo edecán, otro amigo de la familia Fujimori.

El grupo que intervino los departamentos 501 y 1201 de Montesinos, ubicados en la avenida Javier Prado Oeste 1995, en San Isidro, contaba con un falso fiscal, nombrado por el propio Alberto Fujimori: el entonces director de Asesoría Jurídica de la Casa Militar, teniente coronel EP Manuel Ubillús Tolentino. Todos los implicados lo sabían.

En el proceso judicial, ni Calisto ni Tantaleán negaron el papel que desempeñaron el día del falso operativo en los departamentos de Montesinos. Incluso Fujimori estaba al tanto de la evolución de los hechos porque, según Tantaleán, hablaba con él cada cinco minutos para conocer lo que hacían sus edecanes, incluido Francisco Calisto.

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Por 'órdenes superiores'

En el departamento 1201 residía la esposa de Montesinos, Trinidad Becerra Ramírez, a quien se le mostró un falso documento de allanamiento. Al no encontrar lo que buscaban, el equipo se trasladó al departamento 501. La puerta fue violentada por Francisco Calisto por disposición de Fujimori. En ese lugar se encontraron las maletas y cajas con la evidencia incriminatoria, además de joyas y otros objetos personales del exasesor.

Conforme al expediente del caso, los edecanes presidenciales Calisto y Tantaleán testificaron que el 8 de noviembre del 2000 transportaron las maletas y cajas al Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao. Y que en el establecimiento castrense le entregaron todo personalmente a Alberto Fujimori, quien estaba en el lugar con su cuñado Víctor Aritomi. Este tuvo el encargo de llevarse a Tokio los presuntos 'vladivideos' que registraban las actividades criminales de Montesinos con conocimiento y aprobación del propio Fujimori.

Al día siguiente, el 9 de noviembre del 2000, el expresidente montó una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno para exhibir solo tres maletas, joyas y relojes de lujo de Montesinos. Luego, el 13 de noviembre, huyó a Japón.

Por estos hechos, el 11 de diciembre de 2007, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema sentenció a Alberto Fujimori a 6 años de prisión por los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y encubrimiento real. Fue el primer fallo histórico porque Fujimori se acogió a la terminación anticipada y admitió las imputaciones. Francisco Calisto Giampietri y José Tantaleán Alatrista arguyeron ante las autoridades que se limitaron a cumplir con las 'órdenes' de Fujimori, pese a que sabían del nombramiento del falso fiscal y que se trataba de una operación ilegal. Calisto dio su versión a La República (ver nota aparte), mientras que Tantaleán no respondió.

El 12 de enero de 2005, Francisco Calisto y José Tantaleán fueron condenados a cuatro años de prisión suspendida por delitos contra la libertad, allanamiento ilegal, contra la administración de justicia, encubrimiento real y usurpación de autoridad, títulos y honores. Pero el 12 de octubre de 2006 fueron absueltos por la Primera Sala Penal, presidida por el cuestionado exjuez supremo Robinson Gonzáles Campos. Más de 25 años después, Calisto y Tantaleán, los 'operadores' del expresidente Alberto Fujimori, regresan empoderados de la mano de Keiko Fujimori.

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'Fueron órdenes expresas del expresidente Fujimori'

El senador electo Francisco Calisto Giampietri recordó que el allanamiento fue una disposición de Alberto Fujimori, en noviembre del 2000.

“Fueron órdenes expresas del ex presidente Fujimori que se cumplieron y por esos hechos la fiscalia nos denunció por varios delitos que finalmente quedaron archivados”, señaló Francisco Calisto.

“Fui sometido junto con mis compañeros (los otros edecanes), a una investigación por la justicia y afronté ese proceso con absoluto respeto por las instituciones y el estado de derecho. Al final, la Corte Suprema me absolvió, ordenó el archivamiento definitivo del proceso y dispuso la anulación de los actuados y de cualquier antecedente generado con relación a ese caso”, apuntó.

La demanda la interpuso el abogado del exmandatario, Walter Ayala, y la dirigió contra cuatro entidades: el Despacho Presidencial, el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Gerencia General del Ministerio Público.

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Dentro de esos emplazamientos, la resolución identifica de forma puntual al presidente José María Balcázar Zelada, al ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Enrique Jiménez Borra, al presidente del Congreso, a los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al juez Juan Carlos Checkley Soria del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y al fiscal de la Nación.

El juzgado admitió la demanda sin posibilidad de rechazarla de plano. La propia resolución cita el artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional, que prohíbe el rechazo liminar en procesos de habeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. Esa regla obliga a cualquier juzgado constitucional a dar curso a este tipo de demandas y a correr traslado a la parte demandada, sin adelantar opinión sobre si el pedido prosperará.

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Los siete puntos que pide anular la defensa

La demanda de Ayala contiene siete pedidos concretos. El primero es la libertad inmediata del favorecido, al considerar que permanece detenido de forma arbitraria. El segundo apunta contra la vacancia presidencial contra Castillo el 7 de diciembre de 2022.

El tercer pedido busca dejar sin efecto la Resolución N° 002-2022-2023-CR, del 12 de diciembre de 2022, que levantó el fuero o antejuicio político, por, según la demanda, no haber seguido el procedimiento constitucional establecido por ley. El cuarto pedido va contra la Resolución Judicial N° 03, del 15 de diciembre de 2022, dictada en el Expediente N° 00039-2022-4-5001-JS-PE, que impuso 18 meses de prisión preventiva, junto con la resolución de la Sala Penal Permanente que la confirmó el 28 de diciembre de ese año mediante el auto de apelación N° 256-2022.

El quinto punto pide anular la ampliación de la prisión preventiva a 36 meses, más la resolución confirmatoria del Recurso de Apelación N° 068-2023, del 31 de marzo de 2023. El sexto pedido engloba toda resolución que haya prolongado la privación de libertad, incluida la del 27 de febrero de 2024, que prolongó la medida por 12 meses adicionales, la del 5 de julio de 2024, que la amplió otra vez, y la sentencia de primera instancia del 4 de diciembre de 2025, que condenó al expresidente por el delito de conspiración para la rebelión. El séptimo pedido solicita la reposición de las cosas a su estado anterior y una investigación contra los responsables de las presuntas violaciones a sus derechos.

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Los fundamentos que sostienen la demanda

La resolución resume los argumentos fácticos que la defensa de Pedro Castillo expuso. Sostiene que el expresidente fue detenido por su propia escolta policial cuando se dirigía a la embajada de México, sin orden judicial ni flagrancia, y que la orden habría partido de una llamada telefónica de un superior policial, no de un mandato judicial.

Sobre el antejuicio político, la demanda cuestiona que la detención ocurrió el 7 de diciembre de 2022, cinco días antes de que el Congreso levantara la inmunidad mediante la Resolución N° 002-2022-2023-CR. Alega además que ese procedimiento no cumplió el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que exige notificación al acusado, defensa con abogado de su elección y plazos formales.

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Sobre la tipicidad del delito, invoca el artículo 346 del Código Penal, que exige un alzamiento en armas para configurar rebelión, y afirma que el mensaje presidencial del 7 de diciembre fue una proclama política sin coordinación con las Fuerzas Armadas.

La demanda también cuestiona el número de votos con que se aprobó la vacancia: señala que se alcanzaron 101 votos y no los 104 que exige la Constitución, equivalentes a cuatro quintos del número legal de congresistas. A esto suma el reclamo de que la prisión preventiva se basó en criterios genéricos y no en un peligro procesal individualizado, y que la defensa no contó con tiempo ni medios suficientes durante el proceso de vacancia ni en la audiencia del 15 de diciembre de 2022, donde se le designó un defensor público sin su consentimiento.

Todo el petitorio se apoya en el informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobada el 14 de noviembre de 2025. Según la demanda, ese organismo calificó la privación de libertad como arbitraria bajo dos categorías: la I, por falta de base legal, y la III, por violación al debido proceso, con referencia a los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El grupo, siempre según lo citado en la demanda, pidió al Estado peruano su liberación inmediata, una indemnización y una investigación independiente sobre lo ocurrido.

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Qué ordena la resolución y qué sigue

La parte resolutiva dispone correr traslado a cinco procuradurías: la Procuraduría General del Estado, la del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la del Congreso de la República, la del Poder Judicial y la del Ministerio Público. El artículo 5 del Nuevo Código Procesal Constitucional exige emplazar al procurador correspondiente como representante procesal de los funcionarios demandados.

Cada procuraduría tiene un plazo de tres días calendario, contados desde la notificación, para presentar sus descargos y sustentarlos con la documentación que considere pertinente. La resolución advierte que, si no cumplen ese plazo, el juzgado emitirá pronunciamiento con lo que ya obre en el expediente.

Vencido ese término, y sin necesidad de audiencia, la jueza Osorio Sosa quedará en condiciones de resolver el fondo del pedido: si declara fundada la demanda, se ordenaría la libertad de Castillo y la nulidad de las resoluciones cuestionadas; si la declara infundada, el expresidente continuará su proceso judicial en los términos actuales.