De acuerdo con la resolución, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó que se entregue la información correspondiente a cuatro líneas telefónicas de Chávez, comprendida entre el 1 de octubre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022.

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La medida dispone que las operadoras Movistar, Claro, Bitel y Entel informen, en un plazo de 48 horas, a la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos sobre diversos datos vinculados a dichas líneas. Entre la información solicitada se encuentra la titularidad, fecha de activación, estado de las líneas, motivos de baja, identificación de los IMEI y tarjetas SIM, así como el detalle del tráfico de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto, horarios y duración de las comunicaciones, entre otros registros.

La data, señala el documento, deberá ser entregada en formato físico y digital con la reserva del caso en un breve plazo.

En tanto, la defensa legal de Chávez estuvo de acuerdo con la petición de la Fiscalía y señaló que "esta diligencia contribuirá al archivo de la causa y al esclarecimiento de la verdad". Sin embargo, "cuestionó el sentido de la investigación debido a la falta de formalización contra otros implicados".

Es importante resaltar que la exministra de Pedro Castillo es investigada por las contrataciones del entorno de su entonces pareja Abel Sotelo en distintas instituciones del Estado, incluyendo el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), Senati y EsSalud.

El caso

Uno de los principales hechos que forman parte de la investigación es la contratación de Marco Sotelo Villa, hermano de Abel Sotelo, como asistente de nivel 2 en el despacho congresal de Chávez. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, la entonces parlamentaria habría tenido interés en su incorporación. La Fiscalía señala que, al entregar su documentación al Congreso en octubre de 2021, Marco Sotelo no consignó el parentesco que mantenía con Abel Sotelo, presuntamente con el objetivo de evitar que su contratación fuera vinculada con la legisladora. Permaneció en el puesto hasta marzo de 2022, periodo durante el cual percibió un total de S/42.464,48.

La Fiscalía señaló que, según el propio Marco Stelo Villa, declaró que la excongresista lo llamó por teléfono para consultarle sobre su disponibilidad laboral con la finalidad de que labore en el Congreso.

Asimismo, el Ministerio Público indaga la contratación de Flor Sotelo Villa, hermana de Abel Sotelo, quien en septiembre de 2022 fue incorporada como auxiliar de nivel 2 en el despacho congresal de Chávez. Su vínculo laboral se extendió hasta noviembre de 2023, cuando dejó el cargo tras la difusión de un reportaje periodístico que reveló la contratación de familiares de la expareja de la entonces ministra.

De igual manera, la Fiscalía sostiene que Chávez habría mostrado interés en la designación de Antonio Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo, en distintos puestos dentro del Estado. Entre estos se encuentran su nombramiento como intendente regional de la Sunafil en Puno, en diciembre de 2021; como representante del Ministerio de Trabajo ante el Senati, en enero de 2022; y como jefe de la Oficina Zonal de Tacna de Cofopri, en marzo de 2022.

La decisión tomada por la jueza Lorena Sandoval establece que la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tendrá hasta el 15 de julio del 2027 para terminar con la investigación preparatoria.

El Ministerio Público había solicitado la ampliación por 36 meses; sin embargo, la magistrada señaló que 12 meses es un plazo prudencial para la culminación de las diligencias fiscales como la ejecución de pericias especializadas.

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La Fiscalía sustentó su pedido al mencionar que existe una especial complejidad de la investigación, demoras en las pericias financieras, un volumen extraordinario de información documental, nueva incorporación relevante e investigados, demoras, inasistencias y reprogramaciones de diligencias, etc.

Por su parte, la defensa de Goray advirtió que, si bien estaban de acuerdo con el requerimiento de prórroga, 36 meses es un plazo excesivo y desproporcionado. Aseguró que existen "tiempos muertos" por la inactividad fiscal desde la formalización de la investigación en julio del 2023. Desde la defensa de Fernandini se opusieron a la solicitud fiscal y argumentaron que el periodo es excesivo.

Sin embargo, el Poder Judicial señaló que, si bien hubo reprogramaciones, es deber de la Fiscalía hacer los apercibimientos correspondientes "a efectos de no frustrar las mencionadas diligencias". Afirmó que la única diligencia que justifica una prórroga es la realización de las pericias.

"Precisar al Ministerio Público que el plazo concedido tiene carácter excepcional y suficiente, debiendo administrarse con la máxima diligencia y priorizando el derecho que tiene el investigado a que se resuelva su situación jurídica dentro de un plazo razonable", indica el documento judicial.

El caso

Según la tesis fiscal, en 2021, Sada Goray Chong, en su calidad de gerente general de Markagroup, habría gestionado la suscripción de un convenio institucional con el Fondo Mi Vivienda (FMV), presuntamente con el propósito de obtener supuestas ventajas indebidas mediante la concertación con altos funcionarios públicos.

El Ministerio Público sostiene que se habrían coordinado acciones para establecer contacto con personas allegadas al entonces presidente Pedro Castillo Terrones, con el objeto de presuntamente obtener acceso a beneficios ilícitos. Para eso, habría encomendado dicha gestión a sus coimputados Julieta Tijero Martino y Jorge Fernandini, quienes habrían contactado a Geiner Alvarado López, Ministro de Vivienda en aquel momento, facilitando una reunión con Salatiel Marrufo Alcántara.

El entonces Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder inició esta investigación preparatoria luego de que Sada Goray reconociera ante el Ministerio Público haber entregado en efectivo más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo, quien en ese momento se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda.

Según su declaración, estos pagos habrían tenido como finalidad que su entonces empresa Markagroup SAC obtuviera contratos y beneficios en dicho sector durante el gobierno de Castillo.

Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), durante el primer mes de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, entre el 28 de julio y el 28 de agosto, se cometieron 166 homicidios. De ellos, 122 fueron causados por proyectil de armas de fuego (PAF).

El analista de datos, Juan Carbajal, sostiene que la cantidad sería aún mucho mayor ya que en tal período existen 17 muertes violentas provocadas por  PAF, pero aparecen clasificadas como ignoradas (entre ellas siete en Lima y cinco en el Callao).

En estas cifras no se han contabilizado aún los últimos asesinatos. El viernes la asesinaron a balazos Betsy Rosa Mallma Sarmiento, dirigente de la olla común Virgen de Guadalupe, en los exteriores del local en San Juan de Miraflores.

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La madrugada del domingo 30 de agosto, cuatro personas fueron asesinadas durante un ataque armado, cometido por hombres vestidos como policías, en Trujillo.

Las víctimas se desplazaban en una camioneta tras salir de una discoteca cuando fueron interceptadas por delincuentes. Las autoridades investigan en paralelo el aparente secuestro de un empresario dedicado a la compra y venta de mineral.

El crecimiento del armamento ilegal acompaña el avance de la violencia criminal. En el primer semestre del año se registraron 1.267 homicidios y 997 fueron cometidos con armas de fuego.

El tráfico interno y el contrabando son una fuente constante de armas en manos de bandas criminales. Las zonas fronterizas siguen siendo puntos críticos, según admiten informes del Ministerio del Interior. A esto se suma el robo de armas a miembros de fuerzas de seguridad y la venta irregular entre particulares, que escapan al radar estatal.

Por otro lado, el desarme voluntario perdió fuerza y, según expertos, no hay un plan activo para reducir la circulación de armas entre civiles, algo que muchos consideran fundamental para bajar los índices de violencia letal.

En paralelo, el Estado avanza con el Plan Escudo y el estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y el Callao.

El uso de armas de fuego es especialmente alto en zonas urbanas densas como Lima Metropolitana y en ciudades como Trujillo, Pataz, Piura, Tumbes, Ica y Arequipa. El índice de homicidios con armas de fuego ha llegado a representar más de tres cuartas partes de los casos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos de la propia PNP catalogan la disponibilidad de armas como un factor de riesgo crítico.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

A través de la Resolución Jefatural 000139-2026-JN/ONPE, publicada en la edición extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el pasado 28 de agosto, la entidad electoral cambió los artículos 10 y 11 del reglamento.

Estos nuevos lineamientos establecen que la convocatoria de la destrucción de las cédulas de sufragio se realizará luego de la proclamación de resultados del proceso electoral. Asimismo, la ONPE notificará al Ministerio Público, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a los personeros de los partidos políticos sobre el lugar, fecha y hora donde se realizará esta actividad.

"La inasistencia de uno o más personeros no impide ni posterga la destrucción de las cédulas", añade la resolución.

Asimismo, la entidad electoral establecerá la forma de destrucción del material y que, posteriormente, será notificada a las otras instituciones.

El oficio también ordena poner en conocimiento estos nuevos lineamientos al JNE y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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ONPE inició la destrucción pública de cédulas de las Elecciones Generales 2026

La ONPE realizó este sábado, por primera vez, la destrucción total y pública de las cédulas de sufragio empleadas durante las Elecciones Generales 2026 y la segunda elección presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

La jornada se llevó a cabo en un establecimiento ubicado en Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao, y fue supervisada por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.

En el procedimiento también participaron representantes del Ministerio Público y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes estuvieron presentes durante el desarrollo de la actividad.

Como parte del proceso, la empresa contratada para ejecutar el servicio trasladó desde el almacén de la ONPE, situado en Lurín, aproximadamente 431.000 kilos de material electoral.

Las cédulas fueron destruidas mediante un proceso de trituración que las convierte en pequeños fragmentos, de modo que no puedan ser reconstruidas ni reutilizadas.

Asimismo, la ONPE informó que se registra cada etapa del procedimiento, desde el traslado y la recepción del material hasta su destrucción definitiva.

La iniciativa modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 e incorpora una causal de pérdida de idoneidad que permitiría a la presidenta cesar al comandante general de la PNP antes de cumplir sus dos años en el cargo, actualmente protegido por la Ley 31570. El proyecto plantea cuatro supuestos objetivos: afectación grave de la eficacia operativa, incumplimiento reiterado de los planes de seguridad ciudadana, negligencia grave en el cargo y actos u omisiones que dañen la institucionalidad policial.

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El PL se basa en las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que en el 2025 cerró con 2.218 asesinatos en el país, por encima de los 2.083 de 2024 y los 1.511 de 2023, con un promedio de 6,07 homicidios diarios. Lima concentró la mayor cantidad de víctimas, seguida de La Libertad, Callao, Piura e Ica. Incluso el propio proyecto añade que, en los primeros 26 días del gobierno de Keiko Fujimori, se registraron 134 homicidios, la mayoría en Lima y Callao.

La propuesta no es la primera que busca modificar el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267. Según el texto, antes de esta, el excongresista Roberto Chiabra presentó en 2022 el PL 2763/2022-CR, aún pendiente de dictamen en la Comisión de Defensa, y la excongresista Susel Paredes registró en enero de 2026 el PL 13864/2025-CR con un enfoque similar. Además, el propio Ejecutivo, a través del ministro del Interior César Astudillo, había anunciado el 21 de agosto ante el Pleno del Congreso que prepararía una iniciativa propia para modificar la misma norma.

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Cuatro razones que podrían cesar a Arriola

El artículo 8 vigente, modificado por la Ley 31570 en 2022, solo permite cesar al comandante general de la PNP antes de sus dos años de mandato por seis causales taxativas: muerte, retiro voluntario, incapacidad física permanente, falta muy grave, sentencia firme por delito doloso o comisión de delito flagrante. El proyecto de Palomino añade una séptima causal, la pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad necesaria para el ejercicio del cargo, con cuatro supuestos específicos:

• Grave afectación de la eficacia operativa, la capacidad de respuesta o la conducción estratégica de la PNP, acreditada con información objetiva y verificable.
• Incumplimiento grave y reiterado de las políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana, sustentado en un informe técnico del Ministerio del Interior.
• Negligencia grave que afecte de forma sustancial la seguridad ciudadana, el orden interno o la capacidad operativa de la PNP.
• Actos u omisiones en el ejercicio del cargo que dañen gravemente la institucionalidad, la disciplina o la legitimidad de la institución policial.

El proyecto exige que el motivo del cese se comunique personalmente al comandante general y se sustente por escrito.

Cabe recordar que Óscar Arriola ocupa la comandancia general de la PNP bajo una norma aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo que lo mantiene en el cargo hasta setiembre de 2027. El propio ministro Astudillo admitió el 22 de agosto ante la Cámara de Diputados que el Ejecutivo carece de margen legal para relevarlo antes de que cumpla sus dos años en funciones, pese a las críticas por el manejo de la seguridad interna.

El ministro justificó ante la presencia de efectivos del Ejército en el área de influencia de la minera Poderosa: “El estado de emergencia en Pataz es para combatir a las organizaciones criminales que se han instalado ahí, como ‘Los Choneros’, el ‘Comando Vermelho’, el ‘Tren de Aragua’ y ‘Los Gallegos’”. Y añadió: “Los problemas que tenga minera Poderosa en Pataz con los mineros informales es un asunto entre ellos”, indicó en una entrevista con Radioprogramas.

Lo cierto es que más de 500 efectivos del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por elementos del Ejército y la Policía Nacional, usan las instalaciones de la empresa minera Poderosa, como constató La República.

El ministro Belaunde asegura que el Ejército no resguarda los campamentos de la minera, sin embargo, una investigación de este periódico confirmó que desde el primer día que se formó el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), el alto mando y todas las patrullas se instalaron en los campamentos de las localidades de Vijus, Santa María y Hualanga, de propiedad de la minera Poderosa.

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Fuentes con conocimiento en el tema, indicaron a este diario que el Comando Unificado Pataz no contaba con un cuartel y tampoco disponía de ambientes para albergar a todo el personal asignado por el gobierno de Dina Boluarte en la provincia de Pataz, el 9 de mayo de 2025. Desde el principio las fuerzas del orden apelaron a las instalaciones de la minera Poderosa. Es más, el 10 de mayo de 2025, Boluarte, acompañada de sus exministros, visitó el campamento minero de Hualanga, de propiedad de Poderosa, con la finalidad de supervisar los trabajos del Comando Unificado Pataz.

Los sucesivos gobiernos de José Jerí y José María Balcázar no cambiaron dicho estatus. Y lo mantiene hasta hoy la presidenta Keiko Fujimori, quien designó como ministro de Defensa, a Rafael Belaunde Llosa, un político cuya candidatura presidencial fue financiada por la dueña de Poderosa.

Precisamente, La República tuvo acceso a imágenes recientes del campamento de Hualanga, que pertenece a la compañía minera Poderosa. Se aprecia que cientos de efectivos del Ejército y de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, que son parte del CUPAZ, forman con sus respectivas armas de reglamento en una explanada, donde reciben instrucciones de sus superiores. Esta rutina se repite todos los días y se intensifica cada vez que los militares salen a realizar sus operativos.

Los efectivos del CUPAZ desayunan, almuerzan, cenan, duermen y utilizan las camionetas 4x4 de la empresa Poderosa. Es decir, las fuerzas del orden utilizan toda la logística de una compañía privada de la minería aurífera que, a cambio, recibe seguridad. Incluso los helicópteros del Ejército operan en la pista de la compañía minera para desplegar a las tropas.

En una de las imágenes obtenidas se observa a miembros del Ejército y de la Diroes haciendo fila para ingresar a los comedores de Poderosa, junto con los trabajadores de la minera. Y en otra se les ve sentados en el interior compartiendo el mismo menú. Todo lo contrario a lo que arguye el ministro de Defensa.

“Los altos mandos, como el resto del personal del CUPAZ, duermen, comen y se transportan en las camionetas de la minera. Hasta el agua que beben y la luz lo paga Poderosa”, confirmaron las fuentes.

“Aquí en Pataz sabemos que Poderosa financia las operaciones del CUPAZ contra los mineros artesanales que trabajamos formalmente en los socavones”, indicaron otras fuentes.

Si la minera Poderosa financia y provee la logística y el rancho a los miembros del Comando Unificado Pataz, ¿a dónde va el presupuesto asignado por el Estado para las operaciones contra la minería ilegal y la criminalidad en la zona donde opera la empresa de la señora Evangelina Arias Vargas?

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Durante varios días La República solicitó al despacho del ministro Rafael Belaunde una explicación sobre lo que sucede en Pataz -y que es materia de una interpelación-, pero no hubo respuesta.

Por su parte, la empresa Poderosa confirmó que, efectivamente, el Comando Unificado Pataz utiliza sus instalaciones, al igual que todo su personal.

“La colaboración con las Fuerzas Armadas y la Policía no tiene ingerencia, dirección y control alguna de la compañía en las decisiones u operaciones de las fuerzas del orden, ni en el ejercicio de sus funciones”, dijo a este periódico un vocero de la oficina de comunicaciones de la empresa Poderosa.

“Las facilidades otorgadas al Comando Unificado Pataz no generan pago, contraprestación, beneficio económico ni transferencia de recursos a favor de Poderosa, por lo que no constituye ningún servicio remunerado”, añadió la compañía aurífera.

En 2025, Poderosa nombró como jefe de seguridad al general de Brigada del Ejército en situación de retiro Carlos Romero Von Bancels. Desde entonces la influencia del instituto castrense ha crecido en Pataz, lo que se ha repotenciado con la instalación del CUPAZ. La presencia militar ha generado enfrentamientos con la Policía Nacional.

El 21 de abril del 2026, la Policía detuvo a Jeiyer Otiniano Vásquez, involucrado en el asesinato del pequeño empresario Jolvi Rodríguez Calderón. Otiniano era chofer de una camioneta en la que se movilizaba el comandante EP Rómulo Silva Olivos, el tercero en la línea de mando del CUPAZ. Silva presionó para que liberaran a Otiniano. La relación es más que evidente.

Otro hecho escandaloso es la captura del jefe de Inteligencia del CUPAZ, capitán EP Gary Chiroque Barreno, acusado de extorsionar con cinco mil soles al empresario Eduardo Varas Briceño a cambio de darle seguridad a uno de sus negocios en Pataz.

El capitán Chiroque fue atrapado infraganti con un fajo de billetes, el 18 de junio por la Policía de Chagual. El oficial, había estado reunido minutos antes con el coronel EP José Avellaneda, jefe de operaciones del CUPAZ al interior de un restaurante cerca al lugar de la intervención policial.

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La influencia militar en la zona conflictiva

El 11 de abril de 2026, cuatro agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo fueron intervenidos por una patrulla del CUPAZ, que los acusó falsamente de extorsionar con S/40 mil a una pareja que transportaba un cargamento de explosivos.

Los policías fueron presentados en conferencia de prensa como extorsionadores relacionados con los mineros ilegales, una situación que era completamente falsa. Las dos personas implicadas fueron liberadas por los militares.

Dato

Incidente. El jefe de Inteligencia del CUPAZ, el capitán EP Gary Chiroque Barreno, fue detenido por extorsionar a un empresario en Pataz, el 18 de junio de 2026.

Argumento. Chiroque alegó que se trataba de una operación encubierta para identificar extorsionadores. Pero el empresario entregó evidencia que demostraba que lo dicho por el militar era falso. Sin embargo, se le dio libertad mientras duren las investigaciones.

La República consultó a un experto en finanzas, un politólogo, un abogado ambientalista y al exviceministro del Interior Julio Corcuera, quienes coinciden en que, más allá del respaldo político que busca el gobierno, persisten dudas sobre la real efectividad de estas medidas frente a la criminalidad, el clima y la protección de derechos ya adquiridos.

Mag. Mario Vergara Silva (Docente de Posgrado ESAN)

"Hay que recordar, que la ley 31143, que es la  Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros del 2021, fue aprobada con el fin de mitigar el impacto económico de la pandemia en las familias peruanas y frenar los abusos bancarios. Actualmente, nuestro crecimiento económico se ha prácticamente recuperado. Por lo tanto, no es necesario ir en contra de la economía de libre mercado, y es la razón más importante por la que las inversiones extranjeras millonarias se multiplican año a año en nuestro país. La Tasa de interés de las entidades financieras es el precio del dinero que colocan en calidad de préstamo al público", sostuvo.

"Eliminar el tope a las tasas límites de interés fijado por el gobierno, permitiría el acceso a miles de peruanos al crédito, ya que las entidades financieras, cobran tasas a medida del cliente. Por ejemplo, a un cliente con un buen historial crediticio se lo podría aprobar préstamos inmediatos y a una baja tasa; sin embargo, un cliente que no cuenta con dicho historial o no demuestra ingresos suficientes permanentes o solvencia real, difícilmente se le aprobaría un préstamo, con la salvedad que se le cobre una alta tasa de interés. Es la manera en como los bancos se cubren de los riesgos de incobrabilidad futura", agregó.

En cuanto a los protocolos reforzados para datos de menores de edad, dado que los niños y menores de 12 años son considerados titulares especialmente vulnerables, el acceso a sus registros biométricos y filiatorios requiere necesariamente el consentimiento previo, informado y explícito de los padres. Sin embargo, tal como se encuentra la criminalidad e inseguridad en nuestro país, no es recomendable exponer a los menores de edad al peligro inherente", puntualizó el experto.

Alejandro Mejía, politólogo y docente de la UNMSM

"Luego del traspié con la filtración del primer borrador del pedido de facultades legislativas al Congreso en julio pasado y las reacciones políticas que se generaron por ello, el gobierno se ha tomado el tiempo de refinar sus propuestas. Sin embargo, esta será la primera prueba de fuego para el gobierno de Keiko Fujimori y su capacidad de negociación con los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. Es habitual que un gobierno entrante solicite las facultades legislativas correspondientes, pero siempre se terminan excluyendo ciertos temas y se aprueban parcialmente los de mayor prioridad como es el tema de inseguridad ciudadana, la reactivación económica, las reformas tributarias, entre otros. El gobierno de Fujimori ha sido claro: necesita desburocratizar el Estado por lo que el pedido de facultades es primordial ya que existe una alta expectativa por parte de toda la ciudadanía, pero que también le exige al gobierno acciones frente a temas como el avance de la criminalidad organizada y las consecuencias por el Fenómeno del Niño", declaró.

César Ipenza, abogado experto en derecho ambiental

"En principio es una respuesta urgente el pedido de facultades legislativas para actuar contra el Fenómeno del Niño. Sin embargo, este va a tener muchos retos o dificultades para poder implementarse o que se cumpla lo propuesto y los afectados puedan recibir esta ayuda directamente. En todo caso creo que aquí se deberían identificar algunos mecanismos de control, de eficiencia también y obviamente que se aborde con ciertas condiciones para evitar las prácticas corruptas que ya hemos visto en el pasado", señaló.

"Las medidas para legislar se van a dar de manera tardía y nuevamente para que se discuta en el Parlamento va a pasar bastante tiempo también. Entonces yo creo que vamos a llegar nuevamente tarde ante la situación que va a ser todo un reto para el Congreso, pasar por la cámara baja de los diputados y luego por la cámara de senadores va a demandar mucho esfuerzo y sobre todo porque hay temas muy sensibles, ya que no solo está este asunto. Sino, también está todo el marco de la flexibilización de toda la normativa ambiental y de desprotección de las áreas naturales protegidas", detalló.

Julio Corcuera, exviceministro del Interior

"El sistema penitenciario está grave. Cuando uno dice que está en crisis asume que hubo un tiempo que ha estado mejor, pero dudo mucho, ya que es una crisis permanente. Es urgente mejorar esa situación. Es urgente que se deje de extorsionar desde las cárceles, que deje de ser la cárcel una especie de universidad del crimen o centro de operaciones informales. Es urgente un cambio", refirió.

"Hay muchas posibilidades, según lo que informó también el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, él manifestaba que el apoyo de las Fuerzas Armadas se dará a través de los perímetros externos, no internos y que ayudarán a controlar los productos que ingresen. Hay algunas variables que tener en cuenta que si es así, rodear el perímetro no es precisamente para que los presos se escapen o para que alguien entre y él le ponía énfasis en poner campanas y escáner para poder ayudar a los controles de los productos que entren por las puertas de los penales. ¿Cuánto esto pueda contribuir a reducir el crimen? La verdad no lo sé. Porque los asesinatos que se dan en las empresas de transporte están en cono norte, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, y son alejados de este escenario, entonces no necesariamente hay una relación (…) Si es así, realmente no pareciera que fuera un gran cambio", finalizó.

Por ejemplo, se requiere regular la participación excepcional y transitoria de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios. Un asunto bastante puntual. Pero, más adelante, se piden facultades para modificar todo el Código Penal, todo el Código Procesal Penal, todo el Código de Ejecución Penal y todo el Código Penal Militar Policial. Es decir, la columna vertebral de todo el derecho penal peruano. ¿Modificar qué artículos y en qué sentido? ¿Se derogarán a través de estas modificaciones las leyes pro-crimen? Ni una pista.

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No faltan las normas demagógicas. Es decir, anuncios que venden bien, pero no resuelven nada, como cambiar de nombre al crimen organizado para llamarlo organización terrorista. Como si saber que el sicario que asesina ya no es “asesino” sino “terrorista”, fuera a cambiar en algo la situación de la víctima. O, por ejemplo, crear la enésima norma para sobrerregular la legítima defensa.

En materia laboral, sucede lo mismo que en seguridad. Van de lo particularísimo (la revisión de los feriados queda, triunfo del MEF) a lo absolutamente gaseoso. “Fortalecer el marco legal de la actividad privada, contemplando un régimen que fomente la formalización, incluyendo la seguridad social, los beneficios laborales y la protección contra el despido”, dice el proyecto. Con ese texto puedes hacer toda la reforma laboral que quieras. Es decir, si quieres formalizar, ¿por qué no abolir el despido arbitrario y sustituirlo por uno libre sin reposición, ni indemnización? Eso va a formalizar muy rápido, ¿verdad? El texto da para lo que quieras. No lo dice, pero un lenguaje así de abierto, lo permite.

Hay algunos regalos a la oposición, en desmedro de los intereses particulares de Fernando Rospigliosi, como derogar la ley del colegio profesional de artistas. Un guiño de respaldo de Galarreta a Beingolea, que está soportando una serie de intrigas moduladas internamente para fomentar su pronto despido del Ministerio de Cultura. Pero, de nuevo, el mismo proyecto regresa al Big Bang normativo con una reforma “estructural” del Ejecutivo, lo que anuncia una reducción del aparato del Estado que puede mandar toda la cultura, como apéndice de otro ministerio.

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Vale la pena mencionar un pedido que afecta directamente la contratación de personal de confianza en el sector público. Ataron de manos a Castillo para impedir a su gobierno contratar, poniendo requisitos rígidos y a veces imposibles como, por ejemplo, años de experiencia previa. “Regular los requisitos de idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública, especialmente los funcionarios, directivos y personal de confianza” es un grito de ayuda. Galarreta tiene que desatar lo que ellos ataron. De nuevo, el lenguaje no dice “bajar” los requisitos, pero como en 1984 de Orwell, la neolengua se deja entender. Es para eso.

¿Qué puede hacer la Cámara de Diputados? Como el pedido viene con carácter de urgencia, los plazos son cortos y no puede pasar por muchas comisiones (a pesar de la cantidad de temas que trae sobre actividades productivas). Es posible que, a la antigua, veamos largos debates para recortar, acotar, reformular lo solicitado en diputados. En un congreso unicameral aquello tenía todo el sentido del mundo. Ese debate producía un texto que luego era votado y, de aprobarse, se convertía en ley luego de su promulgación. Sin embargo, con las actuales reglas, esto ya no es así.

Supongamos que luego de una cruenta negociación, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto muy acotado. Son 74 congresistas de oposición (aunque ya empezaron a verbalizarse algunas, siempre esperadas, disidencias) los que se imponen. ¿Todos felices? No. El proyecto pasa al Senado y este tiene el poder constitucional de modificarlo y restituirlo a los términos exactos de lo enviado por el Ejecutivo. La correlación de fuerzas políticas de mayoría y oposición es de 30 a 30. Pero, ya hemos visto en la elección de la mesa directiva del Senado, lo sencillo que le resultó al oficialismo agenciarse el silencio de un solo adversario para ganar la partida. Si repiten la operación, todo queda consumado.

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Por supuesto, Renovación y Fuerza Popular pueden tener sus propios intereses, que el gabinete Galarreta no ha considerado. Es posible que en el Senado ellos sean los que recorten o agreguen texto. Pero la coordinación de los vicepresidentes de Fujimori debería garantizar que el proyecto final aprobado quede, al menos, al gusto de Galarreta, con toda la amplitud necesaria, casi para hacer lo que quieran. ¿Se podrá derogar lo que salga mal? Difícil, porque otra vez, el que corta el jamón es el Senado.

En este escenario, ¿qué puede hacer la oposición mayoritaria en Diputados? Tres caminos. El primero, perder. Recortan, modifican, va al Senado y pierden. El segundo, no aprobar nada. Si no hay aprobación, nada pasa al Senado. Si nada pasa al Senado, no hay ley. La tercera posibilidad es la negociación política global (a la espera de una reforma constitucional que arregle este engendro legislativo). Los seis partidos en el Congreso, o al menos 5, deberían hacer un acuerdo global que se aprueba en Diputados y en Senadores. Puede no gustarle al oficialismo, pero la alternativa es que no les aprueben nada por el temor de ser contradichos radicalmente en el Senado.

Entonces, hoy la delegación de facultades es una prueba de fuego triple. Primero, para la reforma constitucional que nos llevó, sin mucho debate y con mala técnica, a un bicameralismo entrampado. Segundo, para el Ejecutivo. Diputados solo tiene poder mientras la decisión está en sus manos y ese poder, que puede ser obstruccionista sin duda (hay ya una larga experiencia desde el 2016 por parte del fujimorismo) desaparece en el Senado. ¿Van a perderlo tan rápido? No lo creo y, frente a esta realidad política, ¿cuál será la respuesta del Ejecutivo? Tercero, es una prueba de lo que podrían ser capaces de articular Nieto, López, Sánchez y Belmont. Lograron la mesa directiva de Diputados, pero si no son capaces de unir y mantener al menos 66 votos, le entregarán todo el poder a Keiko Fujimori, contradiciendo la voluntad de sus electores.

¿Cómo se resolverá esta negociación, si es que se da? Muy pronto para saberlo. Pero en este episodio político me temo que se juega mucho más que una delegación de facultades. Puede ser la primera ley de un Congreso bicameral, 34 años después.

¿Por qué postula por Podemos-Perú? ¿Qué coincidencia ideológica o política tiene con el partido?

Bueno, yo estoy en Podemos Perú ya 10 años. Es un partido de centro, pragmático. Está de acuerdo con el libre mercado, pero con rostro social. Y bueno, siempre he compartido sus ideales.

¿Y tiene una idea de por qué el señor Luna solamente hizo 1,5% de la votación en la elección presidencial?

Bueno, tenemos una ligera idea, pero el partido justamente por la poca votación que tuvo ha hecho una crítica interna bastante dura y se ha declarado en reorganización. Se disolvió de inmediato la bancada que teníamos en Podemos y se ordenó una reorganización que está a cargo del secretario general. La idea era determinar exactamente por qué se habían dado esos resultados y en base a eso replantear, si fuera posible, una nueva inscripción del partido. Por lo pronto, yo soy totalmente independiente de mi campaña política. El señor Luna Gálvez, desde que terminó las elecciones, se tomó una semana de descanso y se ha reincorporado a sus actividades privadas.

Igual le pido una opinión sobre el partido. Porque si uno ve los resultados electorales que obtuvieron, uno se pregunta por qué pasó eso. Y quizás lo que pensó la gente es que el señor Luna es un hombre que hizo fortuna con una universidad que daba educación de mala calidad, tanto así que tuvo que ser cerrada.

El señor Luna tiene diferentes empresas. La Telesup era una empresa más. Y Telesup no pasó el examen de la SUNEDU y fue cerrada. Se cerró. Ya no funciona Telesup creo que hace 4 o 5 años.

Y es un poco vergonzoso, ¿no?  

No sé por qué seguimos conversando del tema. Ya la Telesup cumplió con todo. Ha cumplido con todas las disposiciones de la SUNEDU y ya no funciona más. Las empresas del señor Luna son diversificadas.

Ahora, me dice que el partido ha entrado en reorganización. ¿No funciona como una especie de clan familiar el partido? Porque el hijo del señor Luna, el señor Luna Morales, postula igual para San Juan de Lurigancho, y antes postuló con usted, para primer regidor. Siempre va a haber una presencia de los Luna.

El señor Luna Morales es magister. Es un profesional calificado. Y como cualquier ciudadano del Perú tiene derecho a presentarse a un cargo público por elección. Y él está ejerciendo ese derecho. Ha escogido presentarse por San Juan de Lurigancho, que es justamente la cuna de los Luna. Ahí se ha criado el papá, se ha criado él. Es un hombre exitoso en el mundo privado. Es dueño de importadoras y exportadoras.

Aunque también fue investigado.

Fue materia de una investigación, porque cuando él estuvo trabajando en Alas Peruanas, se hizo unos contratos de unos libros, del año 2003, me parece. Y creo que esa investigación prosigue. Está en una primera etapa de investigación. Todavía no se le ha declarado a nadie culpable.

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Ahora, tiene un plan de seguridad muy interesante. Lo voy a enumerar. Ha prometido comprar mil patrulleros…

Comprar no, contratar por renting.

Ok. También quiere crear cien equipos terna.

No, crear cien equipos terna, contratarlos

Claro, contratar los días francos de los agentes, de 600 agentes.

Mira, qué es lo que pasa. Yo tengo dos fuentes para hacer este plan. Uno, el plan Mariano Santos de la Policía, que se hizo hace varios años, mirando qué Policía deseamos al 2030. Y otra es la conversación que he tenido con los jefes operativos de la Policía. Ahí he determinado cuáles son sus debilidades, y qué es lo que necesitan. Y cuando yo estuve en el Ministerio del Interior, impulsé mucho los grupos ternas, que demostraron que eran los más eficaces para combatir la delincuencia común y la micro comercialización de drogas. Lamentablemente, esa política pública no se siguió después. Fueron abandonando los equipos ternas hasta el punto que actualmente no son suficientes. Necesitan por lo menos 100 equipos más, pero no tienen los agentes, porque están dedicados a otras actividades.

Y lo que usted quiere es comprarles el franco.

Claro. La alternativa es comprar el franco y las vacaciones del personal. Qué mejor que contratarlos y pagarles a esos 100 equipos que están bajo el comando del Escuadrón Verde. Ahora, la única misión de los equipos ternas es capturar a un delincuente en flagrancia. Ellos hacen su inteligencia táctica, para determinar en qué punto pueden robar. Y están ahí, en el sitio, filmando, hasta que el delincuente comete el delito, y lo detienen. Los programas sobre seguridad ciudadana que ha habido, incluyendo el del señor Reggiardo, Alto al crimen, el 95% de su material, se lo han dado los ternas.

Dice que los ternas le dieron rating al señor Reggiardo.

Sí, prácticamente él era camarógrafo de un equipo terna.

Vaya, el alcalde es ahora un camarógrafo. Pero estaba haciendo la enumeración de lo que propone. Va a rentar patrulleros, va a comprar el franco de 600 agentes, más o menos, y además propone una cosa que suena faraónica: cuatro megacomplejos metropolitanos de seguridad y justicia en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro.

A ver, de repente parece faraónico, pero, ¿qué cosa es un megacomplejo policial? Es una súper comisaría, es una instalación grande donde pretendemos poner las unidades operativas de la Policía y las unidades especializadas. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tiene la Policía. La Policía ha crecido en base a comisarías, y las comisarías son pequeñas. Las grandes metrópolis del mundo tienen megacomplejos, que se crean para desconcentrar a la Policía del centro de Lima, porque estos complejos también serían centros de flagrancia, está previsto construir oficinas para los fiscales y los jueces, de tal manera que los detenidos en flagrancia lleguen ahí

Sí, tendrían también laboratorio de criminalística y carceletas.

Todo.

Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero para esta maravilla con una ciudad endeudada?

De la municipalidad. Es que ahí está el quid del asunto. Ustedes han cogido lo que dicen Bruce y Allison, que la municipalidad está quebrada, está endeudada y creen que no hay plata, lo cual es totalmente falso.

Pero no lo decimos porque lo digan los otros candidatos, lo dice el Consejo Fiscal. Son 5 mil millones de soles de deuda, que triplican los ingresos del municipio.

Déjame que te lo explique. La emisión de bonos no es buena ni mala, es una herramienta más que tiene el alcalde para generar caja y hacer obras. El problema con la emisión de bonos que ha hecho López Aliaga es que la emisión de bonos máxima debió ser por el 100% de los ingresos totales de la municipalidad, que cuando él hizo el préstamo eran más o menos 2 mil millones de soles anuales. Entonces, la deuda debió ser por 2 mil millones. Pero él la hizo por 4 mil millones de soles. Ahora, los intereses que está pagando son altos porque no obtuvo el respaldo del gobierno central. Entonces, está pagando 10.1%. ¿Qué significa esto? Que como la deuda es a 20 años, vamos a pagar, no 4 mil millones, sino 8.300 millones de soles en 20 años. Y en los cuatro años próximos habrá que pagar 500 millones anuales.

¿Y aun así va a haber plata para sus súper complejos?

Por supuesto que sí, te lo estoy explicando. La municipalidad de Lima ha tenido ingresos directamente recaudados. Es decir, lo que ha recibido por impuestos, que son 1.700 millones de soles. Más el MEF que le entrega entre 500 y 600 millones son aproximadamente 2.200 a 2.300 millones de soles. Allí está la plata.

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Lanzó una tiradera, que es este rap que le gusta a los más jóvenes.

Eso tiene su historia, te la cuento. Estaba conversando con el equipo de comunicaciones, justo coincidió con una semana en que los candidatos que están primeros en las encuestas dijeron en los medios algunas cosas sobre mí. Entonces, estábamos viendo si contestar o no. Y ahí se me prendió la chispa. Dije: Mira, yo he hecho dos raps que se viralizaron. Y les dije qué tal si hacemos un nuevo rap, que es una referencia a Calle 13, que se utiliza justamente para hablar de tus competidores, y así desarrollamos el proyecto.

Ahora, más que lo que dice de sus rivales, me interesa cómo se autodefine usted. Dice que es loco, achorado y contestón, ¿en realidad se autopercibe así?

Bueno, contestón por supuesto que soy. Achorado, se refiere a que tengo barrio. Yo nací en Huancabamba, Piura, pero llegué muy pequeño a Lima. Me crié en San Martín de Porres, donde estudié primaria y secundaria. La secundaria la hice en el José Granda, así que tengo calle, tengo esquina, tengo barrio.

Pero hay gente que piensa que ya no es tanto así, que se ve más moderado, que ya no es el Daniel Urresti que había convertido al Twitter en una batalla, que tenía como enemigos a la señora Fujimori y al señor Mulder.

Bueno, yo he estado fuera de circulación tres años, no es que haya podido manejar redes, esa es la explicación.

¿Tiene un espíritu más moderado ahora?

No lo creo, para mí el estar privado de mi libertad significó solamente una pérdida de tiempo, no ha significado otra cosa.

¿No lo cambió en nada la prisión?

No, yo considero que el estar privado en mi libertad ha sido básicamente una pérdida de tiempo, me tuve que dedicar a la lectura, a escribir. Hice algunos talleres, de soldadura, de cerámica.

¿Siente que le debe su libertad al fujimorismo?

Por supuesto que no, de ninguna manera, ¿por qué le podría deber mi libertad al fujimorismo? Mi condena fue totalmente injusta, yo desde el comienzo sabía que tenía que salir libre en algún momento. Si no era por el Perú, era por la Corte Interamericana, a mí me han condenado de una manera realmente despreciable.

Yo le pregunto esto porque el TC, cuando anula la condena que le dieron, se basa en la ley 32107, que es de autoría del fujimorismo.

A ver, cuando yo reclamo al TC, el TC me da la razón, no en todo, sino en dos cosas. Primero, en que se había vulnerado el principio de legalidad. Y segundo, en que habían prescrito los hechos por los que se me juzgaba, antes de que se inicie mi juicio, pero eso no es suficiente para mí, porque yo no soy culpable. Si yo fuera culpable, ya me hubiese dado por servido, ya estuviese en mi casa tranquilo, sin hacer problemas, pero yo he recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir dos cosas. Una, que se investigue la conducta de estos jueces, que me condenaron por un delito por el cual ni siquiera me habían acusado, y dos para que se disponga que el Estado me abra un nuevo juicio por el caso Bustíos. ¿Para qué? Para lograr que, en un juicio donde se respete el debido proceso, yo demuestre mi inocencia.  

Voy a repetir la pregunta, efectivamente el TC anuló su condena y se tenía que aplicar la prescripción porque existía esta ley del fujimorismo.

¿Qué ley?

La ley 32107 que prescribe los delitos que no estaban tipificados antes del 2002.

A ver, con cuántos votos se aprobó esta ley, porque los fujimoristas eran 20 o 21, y con 21 votos no se aprueba esto.

¿Quiénes fueron los autores de esta ley?

No lo sé.

El señor Rospigliosi.

Ya, muy bien. ¿Y él hace la ley y él la aprueba o la aprueban en el Congreso? ¿Y en el Congreso se aprobó con los 20 votos fujimoristas o se aprobó con el voto de los demás partidos? No lo sé, yo he estado preso. ¿Y a mí me satisfacen los hechos del Tribunal Constitucional? No, no me satisfacen, porque a mí me han debido dar la libertad porque la condena fue una porquería. Para comenzar, a mí me acusan por ser autor directo y me condenan por coautor. Y hay 500 libros que te muestran la diferencia entre autor directo y coautor.

Ahora, usted efectivamente dice que va a ir a la Comisión Interamericana…

No, no digo que voy a ir, ya he ido. En Washington hemos presentado todos nuestros pedidos.

Pero la comisión ya se pronunció en contra de la aplicación de esta ley, de la 32107.

¿Perdón?

Pero van a opinar sobre el fallo del TC.

Discúlpame un segundo, yo no he metido el fallo del TC en ningún momento. Yo estoy reclamando por la condena que me han dado, porque para condenarme han cambiado los hechos en los que murió el señor Bustíos. Te explico, en el 2007 condenaron a dos militares por la muerte del señor Bustíos y allí se establecieron unas circunstancias en las que ocurrió ese crimen. Pero cuando a mí me juzgan, los jueces agarran y permiten que se cambien todas las circunstancias. Ya no eran seis militares, eran cuatro. Ya no era en un lugar, eran 60 metros más allá ya. Ya no era desde la izquierda que dispararon, sino era en fuego cruzado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y Cantuta ya se pronunció sobre eso. Cuando se estuvo viendo el caso Cantuta, la gente quería cambiar los hechos y de hecho los cambió. Los familiares de las víctimas reclamaron a la Corte Interamericana y ordenó al Estado que no se pueden cambiar las cosas juzgadas, no

puede haber dos verdades jurídicas.

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Usted dice que la izquierda ha alentado su condena

Cuando digo la izquierda me refiero a las ONG.

De acuerdo, usted tiene su punto de vista. Lo que le quiero decir es que quien lo involucró en este tema no fue la izquierda, fue un compañero de armas suyo, el señor Amador Vidal, que dijo que el oficial S2, o sea usted, el encargado de inteligencia de su batallón, podría haber sido responsable real de la muerte de Bustíos.

Le explico eso. Todas estas preguntas vienen de que toda la prensa publica versiones a raíz de mi sentencia, pero nadie siguió mi juicio.   

¿No es verdad que el señor Vidal lo responsabilizó a usted?

El señor Vidal Sambento estaba condenado.

¿Lo responsabilizó a usted sí o no?

Nuevamente, te voy a explicar. El señor Vidal Sambento, cuando va a declarar, porque él ha sido testigo en los dos juicios, él ha dicho: No me consta, yo supuse. ¿Y por qué? Porque quería que revisaran su caso, porque su abogado le dijo que ya le había negado la Corte Suprema la libertad. Y lo único que podía hacer era presentar una nueva prueba, y lo único que se le ocurrió fue acusar al oficial S2, porque en ese tiempo estaba de moda el Grupo Colina, y todos los que habían sido de inteligencia se suponía que eran asesinos. ¿Y quién era el S2? El piña de Daniel Urresti.

Leí su libro, en el que habla de este tema, y me llamó la atención que llame conflicto armado interno a la guerra contra Sendero Luminoso, no me lo esperaba de un militar.

Sí, porque el conflicto armado interno es el término que es aceptado por todos, y yo no he pretendido en mi libro definir justamente eso. Me he adaptado a los términos que más se usan. Y si se habla de conflicto armado interno, bueno, vamos a llamarlo así, no tengo ningún problema en decirle así.

Ahora, usted deja claro en el libro que era un oficial de inteligencia, que por lo tanto no tenía mando de tropa. ¿Nunca estuvo en una acción de armas, en un enfrentamiento?

No.

¿Nunca disparó contra nadie?

No, mi misión era diferente. Yo era un oficial de Estado Mayor. Justamente por eso es que ahora dicen que debe haber el Tribunal Policial Militar para los delitos en los institutos armados. Es importante que sea un militar, porque el militar sí entiende, sabe.

Claro, el problema es que va a haber solidaridad entre camaradas. Un soldado no va a juzgar a otro.

Sobre el tema yo soy totalmente claro. Delitos comunes, pues al fuero común. Delitos de función, al Tribunal Policial Militar, porque ellos entienden claramente la jerga militar o policial, entienden los reglamentos, entienden en dónde puede estar la responsabilidad real.

Lo veo más cercano al señor Rospigliosi de lo que esperaba.

¿Cómo?

Él también es autor de este proyecto.

Perdón, yo no lo he escuchado que diga eso. Yo estoy hablando claramente. Tienen que definir cuáles son los delitos de función. Yo no estoy diciendo que los delitos comunes deban pasar al Tribunal Policial Militar. Estoy diciendo que los delitos comunes tienen que estar en los jueces comunes. Si tú robas, si tú asaltas, delito común. No es un delito de función. Delito de función es, por ejemplo, salirte del servicio. Eso es diferente.

¿En este momento qué le importa más? ¿Que el Estado reconozca su inocencia o ser alcalde de Lima?

Ambas cosas. Lo que pasa es que el tiempo no está cronometrado. ¿Me entiende? El que se reconozca mi inocencia va a ser una lucha de por lo menos dos años.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

El procurador a cargo, Carlos Fernández Muñoz, detalló que este dinero ya ingresó a los fondos públicos y corresponde a 33 sentencias definitivas impuestas por el Poder Judicial hasta junio de 2026, las cuales suman en total más de 1.542 millones de soles fijados como indemnización a favor del país.

Esta recaudación involucra las sanciones dictadas contra 56 personas y 6 empresas vinculadas a irregularidades en proyectos como la Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera Interoceánica Sur, la Costa Verde del Callao, el Gasoducto Sur Peruano y la Línea Amarilla, entre otras obras.

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La mayoría de los procesados cuentan con el estatus de colaboradores eficaces y cumplen con sus cuotas de pago, respaldados por fideicomisos y garantías financieras en caso de incumplimiento.

En esa línea, las autoridades proyectan que para fines de 2026 se sumarán cerca de 76 millones de soles más y que, para 2029, el cobro total supere los 652 millones de soles. Asimismo, la Procuraduría mantiene solicitados embargos preventivos por más de 3.000 millones de soles en otros 189 casos para asegurar que el Estado siga con el cobro de lo que le corresponde al momento de la emisión de nuevas sentencias.

En términos de presupuesto, la institución manifestó que sus gastos de funcionamiento desde 2017 solo representan el 16% de los 380 millones ya cobrados, lo que deja un beneficio para el país de aproximadamente 319 millones de soles.

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Del mismo modo, el procurador Fernández descartó algún conflicto de intereses por su pasado laboral en un estudio jurídico privado que tenía como cliente a Odebrecht, con el argumento de su renuncia a esa firma en 2018 y que dicho antecedente fue informado antes de ser designado como procurador adjunto.

"Los cuestionamientos no señalan una actuación concreta mía en la que yo como procurador haya favorecido a Odebrecht. Por el contrario, existen varios actos públicos y verificables que demuestran una posición jurídica mía contraria a los intereses de esta empresa cuando así lo exige la defensa del Estado", sostuvo Fernández.

Con esta decisión, el tribunal envió el caso al Jurado Nacional de Elecciones para que revise la resolución, la cual rechazó investigar e iniciar el trámite para retirar de la carrera electoral al candidato de Renovación Popular.

El caso empezó cuando el denunciante presentó una denuncia ante el JEE Lima Centro para cuestionar la postulación de López Aliaga a primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Según el documento, la renuncia del candidato a alcalde de la misma lista, Luis Israel Rubio Idrogo, deja a López Aliaga en una posición que le permitiría asumir la alcaldía y quedarse en el cargo para el periodo 2027-2030.

El ciudadano señala que esta situación incumple el artículo 194 de la Constitución Política del Perú por configurarse de forma material una reelección inmediata. Por ello, solicitó la fiscalización documental del caso, el inicio del procedimiento jurisdiccional y la exclusión de la candidatura por incompatibilidad constitucional y abuso del derecho.

En una resolución emitida el 28 de agosto, el tribunal electoral verificó que la apelación ingresó dentro del plazo legal tras el escrito presentado el 26 de agosto. Asimismo, el organismo confirmó que el recurso cuenta con la firma de un abogado colegiado hábil y cumple con los requisitos fijados en el artículo 43 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos.

Luego de que el ciudadano subsanó la observación previa mediante el pago de la tasa electoral correspondiente, el JEE declaró concedido el recurso.

Tras esta aprobación, la autoridad electoral ordenó elevar todo el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para su pronunciamiento en segunda y definitiva instancia.

Además, el tribunal dispuso notificar la resolución al ciudadano denunciante y al personero legal de Renovación Popular en sus casillas electrónicas. La decisión final sobre el caso se definirá en una audiencia pública que programará el JNE en un plazo de tres días calendario.

El postulante anunció esta medida luego de que el exalcalde de Lima difundiera una portada del diario La Noticia, en la que se le vincula con un supuesto informe de la DEA del año 1999 sobre el hallazgo de dos toneladas y media de cocaína en un embarque.

Según dicha publicación, la droga habría sido camuflada a través de la empresa de productos marinos Unixa, compañía de la que Bruce era socio junto a su hermano.

El candidato calificó el señalamiento de falso y lo tildó como un “montaje” fabricado en su contra. Bruce explicó que en 1999 presidía la Asociación de Exportadores (ADEX) y era un activo opositor al régimen de Alberto Fujimori, por lo que resulta ilógico que una acusación de esa magnitud pasara desapercibida para el gobierno de ese entonces.

“Obvio que no hubo carpeta fiscal ni investigación policial. Imagínate dos toneladas y media en un cargamento, alguien tendría que haber investigado”, señaló. Además, agregó que ese grado de difamación también le recordaba a “la época montesinista”.

Bruce cuestionó que López Aliaga compartiera la portada del diario, donde se lo acusa de tener nexos con el tráfico de droga. El candidato indicó que el líder de Renovación Popular difundió la noticia la medianoche previa a su circulación impresa, lo que le generaba sospechas sobre si el exalcalde de Lima estaría involucrado con la publicación de la noticia.

Fiscalización a obras y deslinde partidario

En el plano de la gestión municipal, Bruce criticó la ejecución de obras como la Vía Expresa Sur, señalando que se desarrollan sin expedientes técnicos completos. Además, advirtió sobre el nivel del debate del líder de Renovación Popular.

"El señor López Aliaga degrada mucho el debate político en el país". Pese a cuestionar el proyecto, aclaró que de asumir la alcaldía metropolitana no paralizará los trabajos iniciados, sino que los mejorará y continuará.

Sobre las candidaturas dentro de Somos Perú cuestionadas por reelección encubierta, el postulante se distanció de las decisiones partidarias y dijo que es solo un militante de base sin participación en la selección de listas. En ese sentido, criticó que se haya hecho uso de vacíos legales para fines inconstitucionales.

Su origen se remonta a la Conferencia de las Américas contra los Cárteles (Doral, Florida, 4-5 de marzo de 2026), liderada por el secretario de Guerra Pete Hegseth, con la participación de 17 países, a los que luego se sumó Chile. En esa ocasión se firmó una Declaración Conjunta de Seguridad que expresa la voluntad común de ampliar la cooperación en la lucha contra los cárteles del narcotráfico y el narcoterrorismo, la protección de infraestructuras críticas y la promoción de la "paz a través de la fuerza", además de constituir una coalición frente a amenazas extrahemisféricas.

La Declaración Conjunta, único instrumento multilateral de la iniciativa, no es un tratado ni un instrumento con obligaciones jurídicas, sino una declaración política que establece una coordinación de acciones, sin base institucional, órganos permanentes o temporales, secretaría ni reglas acordadas de ninguna naturaleza. Participan los países que son invitados por los Estados Unidos.

El Perú, al ser cosignatario, es miembro del mecanismo desde su constitución en marzo de 2026. La posterior solicitud de la presidenta peruana a Marco Rubio para que se aceptara al Perú en el Escudo de las Américas fue, en ese sentido, producto de un aparente error de información, que discretamente no fue objeto de comentario por parte del Departamento de Estado.

Dos días después de la conferencia de ministros de Defensa y Seguridad, el 7 de marzo, el presidente Donald Trump convocó en Doral, Miami, la Shield of the Americas Summit, con la participación de jefes de Estado y de Gobierno de doce países de la región, aunque con una composición distinta a la reunión ministerial precedente. El Perú no asistió a la cumbre, pese a haber suscrito dos días antes la Declaración Conjunta de la Coalición.

En su discurso, Trump presentó la reunión como el lanzamiento del más alto nivel de la nueva alianza militar destinada a combatir a los cárteles criminales. Trump instó expresamente a los gobiernos participantes a recurrir a sus propias fuerzas armadas y comparó la iniciativa con la coalición internacional creada para combatir al ISIS en Oriente Medio.

La cumbre no logró elaborar una declaración conjunta. En su lugar, el mismo día, Trump emitió la Proclamación Presidencial 11015, 'Commitment to Countering Cartel Criminal Activity', que reitera al más alto nivel la determinación de los Estados Unidos de movilizar sus fuerzas militares y las de los países asociados en la lucha contra los cárteles y el narcoterrorismo, y formaliza también la determinación de contener amenazas externas, incluidas las denominadas “influencias extranjeras malignas” provenientes de fuera del hemisferio.

La segunda reunión formal de la Coalición se realizó en Panamá el 11 y 12 de agosto, presidida por Peter Hegseth. El encuentro marcó un giro hacia la operacionalización: Hegseth planteó pasar de la coordinación política a operaciones concretas, teniendo como marco el "Corolario Trump a la Doctrina Monroe", de defensa hemisférica frente al narcoterrorismo y a "actores extranjeros malintencionados". Incursionando en lo político, instó a los países participantes a retirarse de la Corte Penal Internacional. Y sugirió como lema de la alianza “Hacemos cosas malas a gente mala”.

Existe una contradicción entre los ambiciosos objetivos de la Coalición o Escudo, como autorizar la presencia de tropas extranjeras en los territorios nacionales, y su naturaleza informal, sin ningún sustento institucional ni jurídico. La iniciativa se encuentra en un limbo político, institucional y jurídico. No constituye —hasta el momento— una estructura institucional formal, sino un mecanismo de reuniones político-diplomáticas y de defensa, sin que exista un mandato formal que autorice acciones conjuntas de carácter militar o policial. No posee una base jurídica que otorgue a sus decisiones o eventuales acciones operativas una dimensión vinculante para sus miembros.

Por otro lado, la breve historia de la iniciativa no registra acuerdos o negociaciones multilaterales entre los participantes destinados a establecer objetivos, procedimientos de decisión y un plan de acción mutuamente convenido que represente los intereses nacionales de todos sus integrantes. Se expresa más bien como una iniciativa de la política exterior norteamericana en función de sus propios intereses nacionales.

Estas realidades parecen encontrarse detrás de la distancia marcada por el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, quien señaló que su país debía evaluar los alcances de su participación y afirmó: “nosotros no somos el patio trasero de ningún país”. Posteriormente se conoció que Barros había suscrito el 12 de marzo la Declaración Conjunta. El Ministerio de Defensa chileno precisó que se trató de una declaración de intenciones y no de un acuerdo vinculante, diferenciando así la cooperación contra el narcotráfico de la asunción de compromisos militares u orientaciones estratégicas definidas por otro Estado.

Es cierto que cada uno de los países que participan en la iniciativa posee políticas y ámbitos de cooperación de evidente importancia con los Estados Unidos en materia militar, policial, de seguridad, inteligencia, seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico. Pero, en cada caso, estas líneas de cooperación han sido negociadas y concertadas procurando armonizar los intereses de ambas partes. En la Coalición o Escudo se presenta una situación sui generis, en la que un país convoca y alinea a otros Estados en función de sus particulares intereses nacionales.

El asunto se torna más delicado cuando el secretario de Guerra conmina a los participantes a denunciar el Estatuto de Roma y abandonar la Corte Penal Internacional, exigiendo que renuncien a sus propios objetivos nacionales que los condujeron a integrarse a la Corte. Ello supone, en los hechos, un alineamiento con Washington en su política contra la estructura institucional de la Corte.

En ese mismo horizonte, las referencias de Hegseth y Trump a que el Escudo o la Coalición debe detener o combatir amenazas externas en la región introducen elementos de intervención en las decisiones soberanas de los países participantes sobre sus políticas exteriores.

Los Estados latinoamericanos poseen intereses nacionales propios, definidos por sus Estados, gobiernos y sociedades. La cooperación con los Estados Unidos, por amplia e importante que sea, no debería significar la sustitución de esos intereses por los de otra nación. Ningún Estado, por más poder que ejerza, puede aspirar a sustituir la voluntad soberana de otros Estados nacionales independientes. Esa es, finalmente, la cuestión que la Coalición Americana contra los Cárteles o Escudo de las Américas deberá esclarecer si pretende evolucionar desde una iniciativa política estadounidense hacia un mecanismo multilateral de cooperación hemisférica.

Visité esa exhibición —y muchas otras— invitado hace algunos años por el gobierno federal, que deseaba que conociera la experiencia museística germana de posguerra. Ese gobierno había colaborado con recursos económicos para iniciar el diseño y construcción del LUM.

¿El contexto? Se me había asignado la responsabilidad de encabezar el valioso equipo que haría el diseño final del Lugar de la Memoria (LUM). Tuve el honor de tomarle la posta nada menos que a Mario Vargas Llosa, admirado escritor y amigo, quien había venido encabezando certeramente el equipo fundador hasta entonces.

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Los museos de la memoria no existen para prolongar odios ni para imponer una versión oficial de la historia. Su función es exactamente la contraria: preservar hechos, documentos y testimonios; reconocer a las víctimas; estimular una reflexión crítica y permitir que las nuevas generaciones comprendan hasta dónde puede llegar una sociedad cuando la violencia, el autoritarismo y el desprecio por la vida sustituyen a la ley, la justicia y la democracia.

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) cumple —y debe seguir cumpliendo— esa función. ¡Basta de amenazas y bravuconadas autoritarias! El periodo de violencia que atravesó el país entre 1980 y 2000 dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos, en su mayoría peruanos de las zonas rurales y andinas. Sendero Luminoso desencadenó una violencia terrorista feroz y criminal. El Estado tenía el deber de combatirla, y finalmente tuvo éxito en desarmar a las organizaciones terroristas que atacaron al país. Pero ese deber nunca convirtió en legítimas las ejecuciones extrajudiciales, las miles de desapariciones forzadas, la tortura o las masacres cometidas por agentes estatales específicos. Una memoria democrática debe ser capaz de sostener simultáneamente esas verdades, sin relativizar ninguna.

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Por eso resulta tan relevante la experiencia alemana mientras se ha construido una sociedad democrática, antes arrodillada ante el totalitarismo nazi. Después de la catástrofe del nazismo, Alemania no construyó su democracia sobre el olvido. El proceso fue largo, difícil y por momentos conflictivo. Pero terminó convirtiendo la confrontación con el pasado en una política pública. Antiguos campos de concentración como Dachau, Buchenwald o Sachsenhausen son hoy lugares de memoria y educación. En Berlín, la Topografía del Terror documenta el funcionamiento de los órganos represivos nazis; la Casa de la Conferencia de Wannsee explica la maquinaria burocrática que organizó el exterminio; y el Memorial a los Judíos Asesinados de Europa ocupa un lugar central en la propia capital.

​Y nadie pretende cerrar esas expresiones.

¡Bueno por Alemania! La enseñanza alemana es especialmente relevante porque la memoria no quedó congelada en 1945. Tras la reunificación, Alemania incorporó también los abusos de la dictadura comunista de la antigua RDA. El Memorial del Muro de Berlín y otros centros recuerdan a quienes sufrieron persecución, prisión y muerte bajo ese régimen. Es decir, la política de memoria no pertenece a una ideología: pertenece a la democracia y a las víctimas.

Ese compromiso sigue vigente. Alemania adoptó en 1999 una política federal para respaldar lugares de memoria, la actualizó en 2008 y volvió a renovarla en noviembre de 2025. La nueva estrategia federal insiste en preservar los lugares históricos, fortalecer la investigación y la educación, digitalizar archivos y exposiciones y garantizar la independencia política y científica de estas instituciones. En agosto de 2026, el gobierno federal anunció, además, diez millones de euros adicionales para reforzar los memoriales dedicados a las víctimas del nazismo y de la dictadura de la RDA. No los considera una amenaza para la nación, sino parte de su infraestructura democrática.

Allí está la diferencia fundamental. Un museo de la memoria serio no acusa a una nación: la ayuda a comprenderse.

¡Cuidado con la abdicación ante el horror!

Cerrar, debilitar o domesticar políticamente espacios como el LUM sería una derrota de la democracia. Si una exposición contuviese, acaso, “errores” o “desequilibrios”, eso se corrige con investigación, evidencia, debate público y mejores exposiciones. No con censura ni silenciamiento. La respuesta a una memoria incompleta debe ser más memoria, mejor historia y mayor pluralismo.

Alemania entendió, después de recorrer un camino doloroso, que recordar los crímenes del pasado no disminuye el patriotismo: lo hace más exigente y democrático. El Perú necesita esa misma madurez. El LUM y los demás lugares de memoria deben ser espacios abiertos, rigurosos, independientes y vivos. Las sociedades que conservan la memoria de sus víctimas no quedan prisioneras del pasado. Al contrario: adquieren mejores herramientas para impedir que el pasado vuelva a repetirse.

Un museo de la memoria serio no acusa a una nación: la ayuda a comprenderse. No responsabiliza a las Fuerzas Armadas como institución por todo lo ocurrido ni borra el sacrificio de quienes enfrentaron al terrorismo dentro de la ley y con heroísmo. Tampoco permite que, en nombre de esa lucha, desaparezcan de la historia las víctimas de abusos estatales. Su obligación es documentar, contextualizar, escuchar distintas voces y colocar la dignidad humana en el centro.

En el video viralizado en redes sociales se observa que el objeto impactó en la espalda de Fujimori pese a que una agente de seguridad intentó desviarlo con una sombrilla. La presidenta continuó con su recorrido después del incidente, mientras los integrantes de su equipo de seguridad permanecieron atentos ante cualquier otro objeto que pudiera ser lanzado desde los alrededores.

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La actividad formó parte de las celebraciones oficiales por el aniversario de la reincorporación de Tacna al territorio peruano. Fujimori participó en el tradicional recorrido de la Procesión de la Bandera, una de las principales ceremonias conmemorativas de la ciudad y que congrega cada año a autoridades y ciudadanos.

Hasta el momento, las imágenes difundidas sobre el incidente no permiten determinar quién lanzó el huevo contra la presidenta. Tampoco se ha confirmado públicamente si se produjo alguna intervención o identificación de la persona responsable del lanzamiento durante la actividad oficial.

"Recuerda que tu local de votación estará ubicado en el mismo distrito que figuraba en tu DNI al cierre del padrón electoral", indicó la ONPE a través de un comunicado en Facebook.

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Cómo consultar el local de votación

Los electores deben ingresar a la web oficial consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio y digitar su número de DNI. El sistema entrega de forma automática el local que corresponde a cada ciudadano.

El mismo enlace permite verificar si una persona fue seleccionada como miembro de mesa. El procedimiento requiere solo el número de DNI y muestra los nombres de titulares y suplentes que integrarán cada mesa de sufragio.

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¿Qué funciones cumple un miembro de mesa?

Los ciudadanos designados como miembros de mesa deben instalar y organizar la mesa, verificar la documentación de los votantes y facilitar el proceso de votación. Tras el cierre de las urnas, asumen el escrutinio, el conteo de votos y el llenado de actas según los procedimientos establecidos por la ONPE.

La entidad implementó jornadas de capacitación previas a la elección para que los designados conozcan el manejo del material electoral y resuelvan dudas sobre el proceso.

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Pago y sanciones para miembros de mesa

La ONPE precisó que cumplir esta función es obligatorio. Los miembros de mesa recibirán un pago de S/165 una vez completada la capacitación y las funciones del día de la votación.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que quienes no se presenten sin justificación recibirán una multa de S/275, monto equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

El texto fue firmado por Flavio Figallo Rivadeneyra, del Partido del Buen Gobierno; Alfonso López Chau Nava, de Ahora Nación; José Castillo Terrones, de Juntos por el Perú; y Daniel Barragán Coloma.

La unión democrática hace la fuerza contra el autoritarismo y pacto mafioso

Un proyecto nacional y democratizador derrotará a la mafia y sus compinches pic.twitter.com/ZiniQOwdWe

— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) August 29, 2026

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Las bancadas remarcaron su rol como "representantes del fuero parlamentario y defensores del orden constitucional". Añadieron una frase que resumió el tono del pronunciamiento: "El Parlamento representa la soberanía popular; cuestionar su existencia o funcionamiento sin respetar el marco legal es una acción antidemocrática". El documento cerró con una advertencia: desde el Senado tomarán "acciones dentro del ejercicio de las funciones" que les corresponden constitucionalmente.

La reacción de estas cuatro bancadas se sumó a las críticas que ya habían llegado un día antes desde el bando contrario. Renovación Popular, agrupación cercana al oficialismo, también cuestionó a Gutiérrez por el mismo comentario.

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¿Qué dijo el defensor del pueblo sobre el Congreso?

La polémica nació de una entrevista que Gutiérrez dio a RPP el pasado 27 de agosto. Ahí afirmó que si la presidenta Keiko Fujimori disolviera el Congreso, su popularidad subiría "20 o 30 puntos" de manera automática. El funcionario enmarcó la frase dentro de un diagnóstico sobre la debilidad institucional del país, no como un pedido directo de cierre del Parlamento.

Horas después, ante el rechazo generalizado, Gutiérrez salió a aclarar sus palabras en el mismo programa. Aseguró que su gestión "jamás promoverá el quiebre del orden democrático" y fue tajante: "Nunca alentaré la disolución de una institución". Dijo que su comentario buscaba ilustrar el nivel de desgaste institucional que atraviesa el Estado peruano, no sugerir una salida inconstitucional.

El JEE fundamentó su fallo en una secuencia de hechos concreta. Bless se había inscrito como primer regidor, en fórmula con Karin García como candidata a la alcaldía. García renunció, el partido se quedó sin cabeza de lista y Bless pasó a ocupar, en la práctica, esa posición.

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La resolución señaló que se configuró, en las circunstancias concretas del caso, "una incompatibilidad constitucional con la prohibición de reelección inmediata de los alcaldes prevista en el tercer párrafo del artículo 194 de la Constitución Política del Perú". El fallo constató que Bless mantenía su inscripción como primer regidor mientras el partido se quedó sin candidata a la alcaldía.

El personero legal de Avanza País, Aldo Fabrizio Borrero Rojas, defendió la candidatura de Bless en su escrito de descargos. Pidió que se declarara improcedente el pedido. Sostuvo dos argumentos: que la solicitud era, en la práctica, una tacha presentada fuera de plazo, y que la situación denunciada no aparece como causal de exclusión en el artículo 41 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Municipales 2026.

Avanza País respondió con un comunicado horas después. Calificó la resolución de "arbitraria" y anunció que apelará la decisión ante el JNE, la misma instancia que dos días antes avaló una maniobra igual en Áncash.

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El precedente de Áncash: el fallo que el JNE ya emitió sobre el mismo dilema

El antecedente que ahora pesa sobre la apelación de Bless viene de Áncash. Percy Villanera Figueroa, alcalde del distrito de Pontó, postulaba como primer regidor por Somos Perú. El candidato de su partido a la alcaldía quedó fuera de carrera por una observación no subsanada. Un ciudadano presentó una tacha contra Villanera Figueroa por el riesgo de que retomara el cargo. El JEE Huari la rechazó.

El Pleno del JNE confirmó ese rechazo por mayoría. El presidente del tribunal, Roberto Burneo, junto con los magistrados Aarón Oyarce y Rubén Torres, sostuvieron que no existe identidad entre el cargo de alcalde y el de regidor. Argumentaron, además, que excluir esa candidatura significaría crear una restricción a la participación política que la ley no contempla.

Solo un magistrado discrepó. Gunther Gonzáles votó por excluir a Villanera Figueroa. En su voto singular, sostuvo que la prohibición constitucional de reelección alcanza cualquier mecanismo, directo o indirecto, que busque evadirla, y advirtió que sin ese criterio un alcalde podría perpetuarse en el cargo mientras un candidato "testaferro" renuncia en cada elección.

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Lo que está en juego para el JNE

La resolución del JEE Lima Oeste 1 fue explícita en un punto: precisó que su decisión se basa "exclusivamente" en las circunstancias particulares del expediente de Bless y no fija una regla general para todo alcalde que postule a una regiduría. Esa salvedad le da al JNE margen para diferenciar el caso de San Miguel del de Pontó, si así lo decide.

Pero las coincidencias entre ambos casos son directas. En los dos, un alcalde en ejercicio se inscribió como primer regidor. En los dos, el candidato de su propia lista a la alcaldía quedó fuera de carrera. Y en los dos, el resultado práctico es el mismo: el actual burgomaestre queda en posición de repetir en el cargo si su lista gana.

El proyecto, como ya se había adelantado, solicita facultades para legislar por 120 días en temas de seguridad ciudadana, micro y pequeña empresa, simplificación tributaria, entre otros.

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En materia de seguridad ciudadana, plantean revisar el régimen migratorio para promover una “migración ordenada”. Asimismo, modificar el marco normativo para la trazabilidad y fiscalización de las armas de fuego; reformar el sistema penitenciario; y la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en “acciones de seguridad externa y dentro de los penales”.

Uno de los puntos centrales es modificar normas para combatir la delincuencia y criminalidad organizada. El proyecto apunta las siguientes leyes: N° 32490 (Ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público); N° 30096 (Ley de delitos informáticos); N° 30424 (Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional); y N° 32332 (Ley que implementa la plataforma Denuncia Digital para el registro de denuncias digitales por delitos contra el patrimonio).

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Además de otros decretos legislativos referidos al Código Penal Militar Policial, para la identificación de números telefónicos y el comercio ilegal de equipos móviles.

Sin embargo, no se hace mención a ninguna de las leyes procrimen -aprobadas en el anterior Congreso por una mayoría fujimorista- a pesar de que estas han afectado la lucha contra la criminalidad con cambios en la colaboración eficaz, la detención preliminar, los allanamientos sorpresivos, la confiscación de bienes y limitado la interceptación de comunicaciones.

Lo que sí menciona el pedido de facultades es que las organizaciones criminales sean declaradas como organizaciones terroristas. Además, establecer un marco legal que permita la “legítima defensa” para que quien la ejerza goce de una “presunción de inocencia”.

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Empresa, empleo y burocracia

En el apartado económico, el proyecto plantea reducir barreras administrativas y simplificar procedimientos para facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas a beneficios asociados a la formalidad.

Piden modificar la Ley N° 28806, de inspección del trabajo, para incorporar un “enfoque preventivo, sin desnaturalizar la potestad fiscalizadora”.

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Asimismo, mencionan que modificarán el régimen de feriados no laborales para “optimizar su uso y fomentar la productividad”. Esto en línea a la propuesta que ya había adelantado el Gobierno de mover los todos los feriados, a excepción de Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, para los lunes.

Para el tema de la simplificación administrativa, proponen regular el marco normativo para “fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano”. Señalan que identificarán y eliminarán las barreras burocráticas.

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También aclaran que derogarán la Ley que creó el Colegio de Artistas (Ley N° 32645). La decisión tenía el respaldo del ministro de Cultura, Alberto Beingolea, quien señaló antes que esta debía ser eliminada.

El proyecto contempla también actualizar la normativa de minería para “activar las inversiones privadas” en relación al otorgamiento, vigencia y caducidad de las concesiones. Añaden que establecerán medidas para “para promover la inversión privada en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos, optimizar los mecanismos contractuales y simplificar los procedimientos administrativos vinculados a su cadena de valor”.

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Mencionan también la materia tributaria y que modificarán el marco normativo aduanero para facilitar el comercio exterior; regular las indemnizaciones prestablecidas por infracciones a derechos de propiedad intelectual; y erradicar el ingreso a territorio peruano de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

Otro de los puntos en atención es que el Ejecutivo plantea “modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios y las obligaciones formales de las empresas”.

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Reforma del Estado

Finalmente, proponen legislar en una reforma estructural del Estado en lo que respecta al ámbito del Poder Ejecutivo para mejorar la “articulación y coordinación con las demás entidades”. Este apartado había generado críticas en el borrador del pedido de facultades ante una posible fusión o eliminación de ministerios.

El primer ministro Luis Galarreta, tras aprobarse el proyecto, mencionó que esto no ocurriría y que se podía “tener menos Estado sin la necesidad de recortar”.

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El pedido de facultades menciona también la intención de “por razones de necesidad pública” reestructurar Sedapal frente a riesgos que comprometen la correcta prestación del servicio. Cabe precisar que tras los aniegos en Villa el Salvador, la presidenta Keiko Fujimori mostró su intención de reestructurar la empresa estatal.

Además, se busca facultar al INDECI para que en caso de emergencias o desastres pueda hacerse cargo de la entrega de bienes de ayuda humanitaria en los primeros quince días.

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Confían en aprobación del pedido

La presidenta Keiko Fujimori, durante una actividad en Tacna, señaló que confía en que la Cámara de Diputados les otorge las facultades legislativas.

“Estamos tomando decisiones rápidas, faltan sin duda agilizar muchas cosas más, pero yo creo que con las facultades que esperamos el Congreso nos otorgue vamos a poder poner más velocidad”, sostuvo.

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Acompañada del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, Fujimori apeló al debate por el que se someterá el proyecto de facultades, tanto en comisión como en el Pleno y al “sentido común” de los diputados.

“Sabemos que el Congreso tiene muchas rutas para poder debatir y decidir sobre las facultades que estamos solicitando, pero yo apelo a la objetividad, al sentido común y a la gran demanda de los ciudadanos para que podamos ponernos a trabajar y poner al Estado a mayor velocidad y poder utilizar los recursos que tenemos y convertirlos en obras. Estoy optimista”, agregó.

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Gobierno invocó que proyecto se vea con urgencia

El Poder Ejecutivo invocó el artículo 105 de la Constitución para habilitar el procedimiento de urgencia del pedido de facultades legislativas. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, tienen como plazo un máximo de 15 días hábiles (alrededor de un mes) para ponerlo en debate del Pleno.

Una vez aprobado, pasará al Senado, quienes tienen un plazo de siete días hábiles para su visto bueno, previo debate. Tras esto, se deberá publicar en un día, como máximo, la ley que permitirá a Keiko Fujimori y su Gabinete Ministerial legislar en las materias solicitadas.

“Te voy a decir otra cosa cruda. Si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilo veinte o treinta puntos de su popularidad. No estoy alentando, porque soy un demócrata, creo en los principios”, señaló en una entrevista.

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Tras ello, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras firmaron un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su “categórico rechazo a las incitaciones golpistas del Defensor del Pueblo”. El documento sostuvo que las palabras del funcionario representan “un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes”.

Además, el texto —firmado por  los voceros Flavio Figallo, Alfonso López Chau, José Castillo y Daniel Barragán— señala que desde el Senado tomarán acciones en su contra. “Cuestionar su existencia (del Congreso) o funcionamiento sin respetar el marco legal es una acción antidemocrática”, remarcaron.

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Por su parte, la mandataria restó importancia a lo dicho por Gutiérrez y lo calificó como un “desliz”. Rechazó que exista una intención de cerrar el Congreso.

Asimismo, desde un pronunciamiento de la Defensoría, señalaron que se trató del “análisis de un posible escenario hipotético”, pero que no constituía alguna exhortación a disolver el Congreso y que las palabras de Gutiérrez fueron interpretadas “erróneamente”.

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Ataque a la Constitución

Para el politólogo Adrian Risco las declaraciones del defensor del Pueblo tienen un cálculo político. “Probablemente opinó buscando posicionarse”, sostuvo. Explicó que el cambio de gobierno y la llegada de nuevos congresistas reacomodaron el tablero político, y que los acuerdos que llevaron a Gutiérrez a la cabeza de la Defensoría podrían haberse desgastado.

Para Risco, hablar de un cierre del Congreso nunca es un comentario menor. Menos aún si proviene de una autoridad que, por función, debería resguardar el orden democrático.
El analista remarcó que ese tipo de frases generan reacciones inmediatas y de peso, tal como ha ocurrido, y que Gutierrez ahora deberá asumir el peso de sus  declaraciones.

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“Eso naturalmente genera muchas reacciones y, desde el Senado, la oposición ya ha pedido su renuncia y anunciado acciones por considerarlo un “atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes”. Tenemos que recordar que la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado puede iniciarle un procedimiento para removerlo por falta grave. Y esa comisión la preside Juntos por el Perú”, detalló.

Consultado sobre el fondo constitucional del debate, Risco fue claro. “Lo que se estaría violando al plantear un cierre del Congreso es la propia esencia de nuestra Constitución”, señaló. Aclaró que sí existe un mecanismo legal para disolver la Cámara de Diputados, pero solo después de que esta rechace dos cuestiones de confianza al gobierno.

Agregó que la Junta de Portavoces de esa cámara puede rechazar una cuestión de confianza sin que eso cuente como una negativa de fondo, y que llegar a un escenario de disolución real exige una suma de condiciones que, hasta ahora, no se han dado.

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“Debe pensar en presentar su renuncia”

Para el vocero del partido Obras, Daniel Barragán, el defensor del Pueblo debería presentar su renuncia y calificó como “vergonzosas” sus declaraciones por ir en contra de lo que, precisamente, debería de resguardar su institución.

“Estas actitudes antidemocráticas y que van en contra de la constitucionalidad del país, pues lógicamente el defensor del Pueblo debe pensar seriamente en su renuncia”, sostuvo.

Además, consideró que la situación no se puede denominar como un “lapsus” del Defensor, sino como una actitu antidemocrática que tiene internalizada y que lo descalifica para ocupar el cargo.

Este panorama de terror, lamentablemente, está afectando la subsistencia de miles de familias vulnerables en Lima Metropolitana y otras regiones del país.

los delincuentes vienen exigiendo montos fijos como pagos de S/30 mensuales para permitirles operar. Incluso, organizaciones como Juntos Venceremos Esta Lucha, en Villa María del Triunfo, sufrieron ataques con gasolina en sus locales.

Algunas dirigentes sociales han reportado que bandas criminales les dejan balas en los exteriores de los locales para amedrentarlas. Las víctimas señalan que comentarios de las autoridades sobre la entrega de vales de subsidios exponen a las ollas comunes y hacen creer a los extorsionadores que manejan grandes sumas de dinero.

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El foco más crítico llegó el último jueves con el homicidio de la dirigente vecinal en San Juan de Miraflores, aunque en Villa El Salvador, Lurín y Pachacámac los cobros ilegales continúan expandiéndose.

Betsy Rosa Mallma Sarmiento, de 35 años, presidenta de la olla común Virgen de Guadalupe, fue atacada a balazos en el sector Niño Jesús, Nueva Rinconada de Pamplona Alta, San Juan de Miraflores.

Ella era madre de cuatro menores y justo tenía a su bebé de apenas un mes en brazos cuando fue baleada. La pequeña sobrevivió, pero Betsy perdió la vida.

Una familia queda destrozada y cuatro menores quedan sin su madre. El crimen dejó a sus familiares y vecinos sumidos en el dolor.

Tras el homicidio, su hermana, entre lágrimas, lanzó un desesperado pedido a la presidenta Keiko Fujimori. "Usted es madre, póngase la mano al corazón y vea por la seguridad del país".

El caso vuelve a poner en el centro del debate la lucha contra la extorsión, el sicariato y la inseguridad ciudadana.

La senadora Ruth Luque Ibarra dijo que su muerte ocurre en un contexto de creciente inseguridad y violencia que golpea especialmente a las familias más vulnerables. “No podemos permitir que el miedo se convierta en parte de nuestra vida cotidiana”, indicó.

Luque exigió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que intervenga de inmediato para garantizar la protección y atención integral de sus menores hijos.

Asimismo, exijo al Ministerio del Interior que, a través de la Policía Nacional y las autoridades competentes, realice una investigación exhaustiva que identifique a los responsables para que sean severamente sancionados.

"Betsy merece justicia. Su familia merece respuestas. Y San Juan de Miraflores merece vivir sin miedo", señaló.

Ante el lamentable fallecimiento de Betsy Mallma Sarmiento, el programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se hizo presente para brindar a su familia acompañamiento y apoyo en este momento de profundo dolor.

"Desde el Midis estamos articulando con las instituciones competentes las acciones necesarias para que la familia reciba la atención y ayuda que requiera", indicaron.

Primero, se ha dicho que como la Convención Americana (CADH) no menciona esta doctrina**,** que fue creada por la Corte en su jurisprudencia, no existe un fundamento legal para su aplicación. Sin embargo, la propia CADH ha señalado que la Corte tiene la función de interpretación de la misma, lo cual realiza en su jurisprudencia y en sus opiniones consultivas, con lo cual ese argumento es inválido.

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Asimismo, se ha planteado que la Corte IDH debería acoger la doctrina del margen de apreciación de los jueces nacionales, proveniente del Sistema Europeo de Derechos Humanos, doctrina que tampoco se encuentra en la Convención Europea, sino que también fue un desarrollo jurisprudencial del Tribunal Europeo. Al parecer, eso no importa en este caso.

Por otro lado, es necesario recordar que el propio Tribunal Constitucional (TC) había reconocido la importancia del control de convencionalidad anteriormente. Así, en el 2012 estableció que la magistratura constitucional se encontraba en la obligación de ejercer un control de convencionalidad “para resolver controversias derivadas de normas, actos y conductas contrarios a la CADH, a los tratados regionales en materia de derechos humanos ratificados por el Perú, al ius cogens y a la jurisprudencia de la Corte”. En el 2025, en el marco de la discusión de la norma que declaraba prescritos los crímenes de lesa humanidad, la postura del TC cambia.

Termino diciendo que fui invitada a ser parte del Consejo Consultivo de la Comisión del Senado sobre Constitución y Relaciones Exteriores, por lo que estoy dispuesta a ampliar estos argumentos para que dicha Comisión corrija su posición contra el control de convencionalidad.

El ministro no respondió con medidas específicas. En cambio, dijo que le indignaba que la situación "sea un secreto" porque, según él, nunca fue expuesta públicamente.

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El cruce se dio en un contexto tenso. El periodista le recordó que la precariedad del sistema de salud Pucallpa no era un dato oculto. "Todos sabíamos, ministro", le respondió. Dyer insistió en su postura y preguntó por qué, si todos conocían el problema, nadie reclamó ni exigió cambios a tiempo.

La respuesta del titular de Salud generó incomodidad entre los presentes. Dyer afirmó que la indignación no debía recaer solo en el Gobierno. Sostuvo que la prensa también tenía responsabilidad en visibilizar estas carencias. Pidió que los medios "apoyen" a sacar adelante estos casos, en lugar de señalar únicamente al Ministerio de Salud.

Como parte de su recorrido, Dyer visitó el Hospital Regional de Pucallpa, el centro de salud 9 de Octubre, el centro de salud Nuevo Paraíso, el Hospital Amazónico de Yarinacocha y el centro de salud Campo Verde.

Llamar al LUM un lugar que propicia un constante enfrentamiento entre peruanos, y un espacio capturado por un grupo ideológico son, como le ha respondido Manuel Burga a Beingolea, frases que no corresponden a los hechos. Quizás el ministro se está refiriendo a la Cámara de Diputados, o al propio gabinete ministerial.

El LUM fue fundado a instancias del gobierno alemán como un aporte a la difusión de lo contenido en el informe de la Comisión de la Verdad. Es decir, para mantener viva la censura a los horribles actos cometidos por Sendero Luminoso y las llamadas fuerzas del orden. Si a eso alude Beingolea, en efecto la idea alemana fue polémica desde el inicio.

En un inicio parecía que Beingolea quería mantener el LUM en el Mincul para que el ultraderechista Álvarez no lo desnaturalizara. Pero ahora vemos que se trató de un simple reflejo territorial. A Beingolea no le gusta el LUM, pero prefiere criticarlo en casa antes que perderlo.

Lo que se va viendo es que este ministro no tiene, o por lo menos no expresa, la menor idea de qué hacer con un LUM que en efecto sobrevive al filo del abandono. No parece que sumarse a los ataques de la derecha sea la forma de rescatar a la institución. Quizás el Mincul de Beingolea no es el lugar donde ella debe estar.

Si el asunto es político, quizás la conducción deba estar en manos del Acuerdo Nacional del Perú, desde hace decenios un espacio ecuánime y provechoso, mucho más que el ministerio promedio. Si la cosa es sobre todo cultural, podría pensarse en un patronato rotativo de las universidades más prestigiosas del país. El propio LUM podría ser itinerante.

Tengo la impresión de que Beingolea ha retrocedido de manera tan vistosa por temor a terminar cesado en el cargo. Aun con ese retroceso su paso por ese ministerio no va a ser largo.

El monto total que Galarreta y Cuba tendrán que defender ante el Pleno asciende a S/ 266,506,316,735. Esa cifra cubre los créditos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales para el próximo año. El presupuesto 2027 ya se encuentra publicado en el portal de proyectos de ley del Parlamento, a la espera del debate.

Detrás de esa cifra global hay datos que generan preguntas. El propio proyecto reconoce que buena parte del gasto no se traduce en resultados concretos para la población, y que una de las partidas más grandes no financia hospitales, colegios ni comisarías, sino el pago de compromisos financieros del Estado.

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Los datos que generan dudas en el presupuesto 2027

El pago del servicio de la deuda pública sumará S/ 31,221 millones el próximo año. Esa cifra representa el 11.7% de todo el presupuesto. Para dimensionarlo, ese monto casi iguala lo que el Estado destinará a la función Salud, que recibió S/ 32,208 millones, es decir, apenas S/ 987 millones más que la deuda. La brecha entre ambas partidas es mínima.

La comparación se vuelve más dura frente a seguridad. El proyecto asignó S/ 15,338 millones a la función Orden Público y Seguridad. Eso significa que la deuda pública consumirá más del doble de lo que el país invertirá en enfrentar la inseguridad ciudadana, uno de los reclamos más repetidos por la población en los últimos meses.

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El documento también reveló que el 44% del presupuesto total corresponde a la categoría llamada Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, conocida como APNOP. Ese porcentaje superó al de los Programas Presupuestales, que llegó a 43% y que sí están diseñados para entregar bienes o servicios medibles a la ciudadanía. En otras palabras, casi la mitad del gasto público no está atado a una meta concreta que se pueda verificar.

A esto se suma la Reserva de Contingencia, un fondo de S/ 9,601 millones que el Ejecutivo pidió para cubrir gastos imprevistos durante el año. Se trata de recursos de libre disponibilidad, sin un destino específico definido de antemano, que representan casi el equivalente al presupuesto completo de un ministerio grande. Con estos números sobre la mesa, el sustento de Galarreta y Cuba ante el Pleno anticipa un debate cargado de preguntas sobre prioridades de gasto.

Mientras tanto, la trama verdaderamente grave no ha tenido la difusión que amerita. Esta semana ocurrió la captura del argentino Fernando Cerimedo en Bolivia, por contratar sicarios para asesinar a su pareja embarazada. Al fallar en el intento, su expareja optó por colaborar con las autoridades policiales y judiciales, lo que abrió revelaciones gravísimas con información que todos sospechábamos, pero que por primera vez es confirmada. El director del medio digital La Derecha Diario sería el líder de una organización internacional de difusión de información falsa, narrativas conspirativas de ultraderecha, que ha trabajado, por lo menos, en las campañas de Javier Milei, José Antonio Kast, Jair Bolsonaro, Rodrigo Paz y Nasri Asfura, con influencia de una de las agencias de los Estados Unidos.

Considerando la confirmación de los voceros del gabinete ministerial sobre la participación del señor Valenzuela en la campaña presidencial de Fuerza Popular, y las fotografías en las que se ha visto juntos al señor Valenzuela con personas del equipo de comunicación de Javier Milei, es indispensable responder si hay algún vínculo entre el amigo personal de la señora Fujimori y el señor Fernando Cerimedo, cuya empresa de difusión de mentiras, teorías de la conspiración, difamación y narrativas de miedo ha contribuido a la pérdida de confianza hacia la democracia y la demolición de personas e instituciones. De comprobarse un nexo, vale la pena cuestionar la legitimidad de regímenes que se instalan utilizando ese tipo de métodos.

Antes de concluir que esto es solo chisme político, respondamos primero: ¿existe la conexión? Si la hubiera, el ampay que importa no es sentimental, sino criminal. Relativizar eso es parte del problema.

La controversia suscitada en torno al reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) exige ser examinada desde una perspectiva jurídica y de política exterior, antes que desde categorías coyunturales vinculadas con alineamientos ideológicos o conveniencias políticas.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la RASD, dispuesto mediante comunicado conjunto del 8 de septiembre de 2021, durante mi gestión como canciller, no constituyó una ruptura con la tradición diplomática peruana; más bien, todo lo contrario, se erigió como la reafirmación de principios que han orientado históricamente su conducta internacional.

La cuestión saharaui adquiere especial relevancia dentro de este marco, pues se encuentra vinculada con el proceso de descolonización y con el derecho de los pueblos a determinar libremente su condición política.

El fundamento jurídico de esta posición se encuentra, en primer término, en el artículo 1, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas, que incorpora la libre determinación de los pueblos entre los principios que deben regir las relaciones internacionales. Este principio fue desarrollado posteriormente por la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y encuentra, además, reconocimiento expreso en el artículo 1 común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Para el Perú, uno de los 51 Estados fundadores de las Naciones Unidas, la libre determinación constituye un principio imperativo del Derecho Internacional Público y una obligación internacional vinculante, cuya relevancia para nuestra política exterior encuentra, además, un antecedente histórico en su invocación por el Perú en la cuestión de la heroica ciudad de Tacna.

Su importancia, sin embargo, trasciende hacia la propia génesis de la República, donde se sustentó nuestra independencia en el derecho de los pueblos a determinarse libremente. En ese sentido, nuestra vocación principista se encuentra expresamente arraigada a la propia formación de nuestra Nación.

Este principio, que forma parte de la propia tradición jurídica e histórica del Perú, encuentra una aplicación concreta en la cuestión del Sáhara Occidental, territorio que figura entre los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización.

La Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975 descartó la existencia de vínculos de soberanía territorial entre el territorio y Marruecos o la entidad mauritana que pudieran afectar la aplicación del principio de libre determinación. La creación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) mediante la Resolución 690 del Consejo de Seguridad y la prórroga de su mandato mediante la Resolución 2797 (2025) evidencian la persistencia de una cuestión internacionalmente irresuelta.

Además, dicha resolución busca promover la flexibilización de las posiciones entre las partes para facilitar las negociaciones. Ello guarda especial coherencia con la posición mantenida por el Perú durante décadas de apoyar los esfuerzos del secretario general, en particular la gestión de su representante especial, Staffan de Mistura.

Además, su tercer párrafo es explícito al señalar que toma como base la propuesta de autonomía de Marruecos con miras a que esta contemple la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Ergo, dicho instrumento no comprende un respaldo a la pretensión de Marruecos de tener soberanía sobre dicho territorio.

La trayectoria histórica peruana confirma esta orientación. El Perú reconoció a la RASD en 1984, estableció relaciones diplomáticas en 1987, las suspendió en 1996 y las restableció en 2021 para luego suspenderlas nuevamente poco tiempo después.

Precisamente, el propósito del restablecimiento de 2021 fue superar las lecturas ideologizadas de esta cuestión y recuperar una política exterior guiada por la tradición diplomática de la Cancillería, como lo sostuve ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República.

El Perú no tiene que elegir entre principios y conveniencias, ya que su propia historia diplomática le impone la responsabilidad de sostener los primeros. La coherencia del accionar internacional de nuestro país frente al reconocimiento de la RASD reside en su capacidad de permanecer fiel a los principios jurídicos que reconoce como propios.

Después de 19 años de estos hechos en el Alto Huallaga, Villarán Falcón, natural del centro poblado de Pomacucho, distrito de Santa María del Valle, permanece recluido en una celda de máxima seguridad.

Cuando fue detenido Carlos confesó haber pertenecido a Sendero Luminoso y que se desempeñó como combatiente entre el 2006 y 2008, bajo las órdenes del camarada Piero y que él era conocido como camarada Andrés.

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco a cargo de la fiscal provincial Eneida Aguilar Solórzano, confirmó la sentencia del Poder Judicial.

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De acuerdo con las indagaciones del fiscal adjunto provincial Carlos Ponce Facundo, el senderista Villarán Falcón cumplía efectivamente el rol de combatiente en el grupo terrorista que lideraba Florindo Flores Hala, alias camarada Artemio.

Participó en tres atentados. El primero de ellos ocurrió contra personal policial y miembros de Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga (CORAH) en abril de 2007, en la provincia de Marañón, Huánuco.

El segundo ataque terrorista ocurrió contra personal de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la PNP y un fiscal provincial de la Fiscalía Mixta de Tocache, el 14 de junio del mismo año.

En este atentado fallecieron los suboficiales José Colca Hidalgo, Billy Gonzáles Godoy, John Carrasco Rojas y el fiscal Arturo Campos Vicente, en el sector de Tocache, en San Martín. Un tercer atentado ocurrió en diciembre del mismo año con víctimas civiles.

Sobre la base de estos hechos comprobados durante el juicio oral, se le impuso también, por el delito de terrorismo, el pago de una reparación civil de S/200.000 a favor del Estado, así como de S/1049 por concepto de días multa.

A través de estas acciones, el subsistema especializado en derechos humanos y contra el terrorismo reiteró su compromiso con las investigaciones contra delitos que alteran la tranquilidad, así como el orden público y democrático a nivel nacional.

No obstante, esto resulta relativo. El caso utilizado por excelencia son las empresas de origen chino. ¿Son realmente independientes o sirven a los intereses de China? Y es que, al ser muchas de ellas empresas estatales o con presencia de capital proveniente del sector público, pueden servir a los objetivos de la política exterior china.

El gobierno de EE. UU. suele argüir que el puerto de Chancay, de propiedad mayoritaria de la empresa china Cosco Shipping Ports, puede servir a los intereses militares del gigante asiático. La fusión civil-militar, política impulsada por el presidente Xi Jinping que combina el desarrollo económico con la defensa nacional, genera preocupación en EE. UU. Pero esto no solo sucede en China, también ocurre, en cierta medida, en los países occidentales.

Si bien se trata de una transacción con una empresa privada, en el proceso de compra de los aviones F-16 a Lockheed Martin por parte del Estado peruano, la influencia de EE. UU. ha sido evidente. No es casualidad que en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas realizada en Cusco este año, el subsecretario de Defensa de los EE. UU., Elbridge Colby, haya destacado esta compra por parte del Perú, al tratarse de “un paso importante para alinearse con la industria de defensa estadounidense”.

Habría que recordar que, si bien se trató de un proceso reservado, fuentes periodísticas señalan que la propuesta estadounidense estaba por debajo de la opción del Gripen sueco. Sin embargo, el mismo gobierno peruano habría expresado consideraciones políticas para inclinar la balanza en favor de los F-16. Incluso la empresa Lockheed Martin hace énfasis en la importancia de esta compra para fortalecer la “alianza estratégica” entre el Perú y EE. UU.

En suma, los Estados construyen vínculos con sus empresas, directa o indirectamente, para atender sus intereses en el ámbito internacional. Para países como el Perú, promover la internacionalización de sus empresas en la región puede suponer prestigio, liderazgo y posicionamiento internacional. Creer que eso solo sucede en China y que las empresas occidentales sirven solo a sus intereses corporativos no necesariamente es cierto.

¿Qué es lo más grave de este hecho: que el congresista Christian Aranda haya pedido información médica confidencial o que haya hecho pública esa información con el nombre de la paciente?

Creo que lo más grave es el abuso de poder. Como ciudadanía no deberíamos permitir, en ninguna circunstancia, que una autoridad use su posición para vulnerar derechos básicos. Aquí estamos hablando del derecho de cualquier persona a que su información de salud permanezca en reserva y a no ser expuesta públicamente.

Que un congresista solicite información médica confidencial ya es sumamente preocupante, pero que además haga público el nombre de la paciente cruza un límite inaceptable. ¿Qué se buscaba con eso? ¿Estigmatizar a la paciente? ¿Intimidar a los profesionales de salud que la atendieron? La intimidad de las personas se respeta, y el secreto profesional también. Eso debería ser absolutamente claro para cualquier autoridad pública.

El diputado de Renovación Popular argumenta que es un acto de fiscalización parlamentaria legítimo.

Nada justifica lo ocurrido. Por supuesto que la fiscalización es una función legítima de cualquier parlamentario, pero esa función tiene límites muy claros, y esos límites los establecen los derechos fundamentales de las personas. Entre ellos están el derecho a la intimidad, la confidencialidad de la información médica y, por supuesto, la protección de la salud y la vida de las mujeres.

Aquí hay además un problema adicional: el diputado ha intentado negar que hizo público el nombre de la paciente, cuando existe una carta difundida por él mismo en la que ese nombre aparece. Creo que lo mínimo que corresponde es que reconozca lo ocurrido y asuma su responsabilidad. Y, sí, considero que debería evaluarse una sanción.

El problema no es nuevo, ya la congresista Milagros Aguayo hostigó al Instituto Materno Perinatal en el caso de aborto terapéutico de niñas víctimas de violación.

Efectivamente, ese es un muy mal precedente. Pero hay que ser precisos: que antes haya ocurrido algo similar, que el Congreso no haya reaccionado y las autoridades del Ministerio de Salud lo hayan permitido, no convierte esa conducta en aceptable. Todavía recordamos lo que ocurrió con el Instituto Materno Perinatal, cuando su equipo tuvo que acudir a una supuesta Comisión Investigadora y soportar un trato claramente hostil e intimidatorio. Y lo más preocupante fue la pasividad de las autoridades, incluido el ministro de Salud y la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, que no protegieron ni al servicio ni a sus profesionales. Ese precedente no debería repetirse.

El Minsa no debe guardar silencio.

Tiene la obligación de defender a sus equipos cuando actúan dentro de la ley y de impedir que la fiscalización política se convierta en hostigamiento o interferencia en la atención médica.

No es la primera intervención pública del diputado en estos casos.

Sí, esto no parece ser un hecho aislado, sino parte de una actuación reiterada del diputado en este tema. Hubo un caso anterior en el que una joven fue denunciada por su pareja, supuestamente para impedir que abortara, y el señor Arana, hoy diputado, asumió públicamente la defensa del supuesto feto. Lo más llamativo es que finalmente se determinó que no existía embarazo y el caso tuvo que archivarse.

Tiene interés en el tema.

Eso muestra que hay de su parte un interés muy particular y persistente en intervenir en decisiones vinculadas a la salud reproductiva de las mujeres. Y ese es justamente el problema: cuando una autoridad utiliza su posición política para intervenir, señalar o generar presión sobre decisiones médicas individuales y de las personas afectadas, deja de ser un debate de opiniones y empieza a convertirse en una forma de hostigamiento que afecta derechos.

¿Cuáles son los riesgos que conllevan este tipo de actos para el derecho a la salud?

Los riesgos son enormes, porque esto no afecta solamente a las mujeres que necesitan un aborto terapéutico. Estamos hablando de algo mucho más amplio: del derecho de cualquier persona a recibir atención de salud sin interferencias políticas.

Si aceptamos que una autoridad puede intervenir en una decisión médica porque personalmente no está de acuerdo con ella, ¿dónde ponemos el límite? Mañana podría considerar que una adolescente no debe acceder a anticonceptivos, que una persona no debe recibir reproducción asistida o cuestionar otro tratamiento.

¿Qué implica entonces para la salud pública?

Este es un tema central de salud pública. Ojalá así lo entendiera también el Ministerio de Salud. El aborto terapéutico no es una concesión: existe precisamente para evitar que una mujer sea obligada a continuar un embarazo cuando hacerlo pone en riesgo grave su salud o su vida.

En el Perú seguimos teniendo mortalidad y, sobre todo, morbilidad materna que en muchos casos puede prevenirse. Hemos avanzado en reducir algunas muertes por emergencias obstétricas, pero todavía hay mujeres con enfermedades graves o condiciones de salud que pueden empeorar dramáticamente con el embarazo.

En esos casos, interrumpir la gestación puede ser justamente la medida necesaria para evitar un daño grave y permanente. Obligar a una mujer a continuar un embarazo en esas circunstancias puede significar prolongar innecesariamente el sufrimiento de ella y de su familia.

Me imagino que para las mujeres pobres todo esto resulta todavía mucho más complicado.

Así es, hay una dimensión de desigualdad que no podemos ignorar. Estos problemas pueden ocurrirle a cualquier mujer, tenga o no recursos, pero quienes tienen menos posibilidades económicas son siempre las que enfrentan mayores barreras para recibir atención oportuna y de calidad. Por eso, cuando una autoridad política intimida a los servicios o pone obstáculos al aborto terapéutico, no está interviniendo solamente en un caso individual: está afectando una política de salud pública destinada a prevenir daños, discapacidades y muertes evitables.

¿Dirías que la exposición pública de una paciente es una forma de violencia contra las mujeres?

Sí, claramente. Es una expresión de violencia de género ejercida desde el poder político, porque no estamos hablando solo de la vulneración de la privacidad de una paciente, sino de una forma de control sobre su cuerpo y sobre su capacidad de decidir.

Históricamente, a las mujeres se nos ha impuesto la maternidad como mandato, incluso cuando continuar un embarazo puede afectar gravemente nuestra salud o nuestra vida. Y eso es justamente lo que el feminismo ha cuestionado: que otras personas —el Estado, las iglesias, las autoridades políticas o incluso la propia familia— se atribuyan el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos.

¿Qué mensaje le daría a una mujer que hoy necesita un aborto terapéutico y que, después de conocer este caso, tiene miedo de acudir a un hospital?

Que no caigan en la trampa del miedo. Justamente lo que buscan estos sectores es que las mujeres no reclamen, no hagan visible su sufrimiento y renuncien a un derecho que la ley les reconoce.

El problema no está en la mujer que necesita un aborto terapéutico, está en los funcionarios que obstaculizan la atención, en quienes desconocen la ley y en quienes utilizan su poder para intimidar a pacientes y profesionales de la salud.

A una mujer que hoy necesita esta atención le diría que busque ayuda, exija información y no renuncie a su derecho a proteger su salud y su vida. El Estado tiene la obligación de atenderla, proteger su confidencialidad y garantizar que reciba atención digna y oportuna.

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¿Problema de salud o democrático?

 ¿Qué debería hacer el Estado para proteger la identidad y la seguridad de la paciente?

Como punto de partida, respetar la ley. Hoy el principal incumplidor es el propio Estado. La pregunta no debería ser cuántos abortos terapéuticos estamos dispuestos a aceptar, sino cuántas mujeres y niñas que cumplen con las condiciones establecidas por la ley están pudiendo acceder efectivamente a este derecho. El Ministerio de Salud cuenta con una guía para el aborto terapéutico que, desde mi punto de vista, es sumamente restrictiva y mantiene barreras innecesarias para el acceso. Pero lo más grave es que ni siquiera esa normativa, con todas sus limitaciones, se cumple adecuadamente.

No sé cuánto conoce el ministro Dyer sobre este tema, pero esperaría que, como máxima autoridad sanitaria, tenga claro que las decisiones del sector deben basarse en la ley, la evidencia científica y la protección de la salud de las personas, y no en convicciones personales. Lo mismo corresponde a la presidenta: puede tener una posición sobre el aborto, pero eso no puede sustituir ni modificar lo que establece la legislación vigente.

Espero que informar, acompañar y defender estos derechos nunca llegue a convertirse en actividad susceptible de sanción bajo la Ley APCI. Porque si defender el cumplimiento de la ley puede ser objeto de sanción, el problema ya no es solo de salud pública: es también un problema democrático.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

“La PCM presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de delegación de facultades legislativas, que contempla 66 solicitudes orientadas a impulsar medidas para fortalecer la gestión pública y atender las principales prioridades del país”, publicó en redes sociales la Presidencia del Consejo de Ministros.

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Ocho bloques de materias

El proyecto agrupa las facultades solicitadas en ocho ejes: penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria; micro y pequeñas empresas; laboral y promoción del empleo; simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas y transformación digital; desarrollo productivo, agrario, hídrico, pesquero, minero, energético y ambiental; tributaria, aduanera y de comercio exterior; reforma del Estado y del servicio civil; y vivienda y saneamiento.

En materia penal, el Ejecutivo pide modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal, transferir competencias territoriales para juzgar a bandas criminales, declarar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas y regular el ejercicio de la legítima defensa con presunción de inocencia sobre la racionalidad de la respuesta del agredido. También solicita habilitar la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales

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Asimismo, el proyecto busca eliminar los topes a las tasas de interés fijados por la Ley N. 31143, ley que protege de la usura a los consumidores financieros, y permitir que menores de doce años abran y mantengan cuentas de ahorro bancarias. Además, plantea autorizar a las empresas del sistema financiero y de seguros a acceder a la información de identidad que administra el Reniec para sus procesos de apertura de cuentas y contratación.

El texto también contempla derogar la Ley N. 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, norma que fue aprobada con casi todos los votos de Fuerza Popular, y facultar de manera excepcional al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para entregar directamente ayuda humanitaria durante los primeros quince días de una emergencia. En saneamiento, pide autorización para reestructurar Sedapal "por razones de necesidad pública" ante sus riesgos operativos, comerciales y financieros.

No fue solamente una ceremonia para mirar hacia atrás. Fue, también, una manera de recordar que hay historias que siguen abiertas y preguntas que, 23 años después de aquel informe, todavía esperan respuestas. Verdad, justicia, reparación y memoria volvieron a aparecer como palabras necesarias, especialmente en un contexto en el que los participantes advierten sobre posibles retrocesos.

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Cuando recordar también es resistir

El memorial volvió a reunir a quienes consideran que olvidar no es una alternativa. La senadora, Ruth Luque de la bancada de Ahora Nación sostuvo que el centro de la conmemoración debía estar en las víctimas y en la dignidad que todavía reclaman quienes no han encontrado justicia.

“El tema central son las víctimas, y es la justicia y es la dignidad de personas que aún no han alcanzado”, señaló.

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La senadora cuestionó los discursos y medidas que, desde su perspectiva, podrían terminar debilitando la memoria de lo ocurrido.

“Lo más fuerte tiene que ver con la memoria, tiene que ver con preguntarnos por qué ha sucedido, tiene también que ver con preguntarnos por qué después de tantos años se generan tantos retrocesos e historias y relatos de negacionismo”, manifestó.

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Cuestionamiento hacia el ministro de Cultura, Alberto Beingolea

Asimismo, la parlamentaria cuestionó las declaraciones atribuidas al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, quien habría señalado que el Lugar de la Memoria constituye un punto de desunión y enfrentamiento permanente entre peruanos.

Sin embargo, para quienes participaron en la jornada, recordar no debería separar, sino permitir comprender.

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“Me alegra mucho que más peruanos y peruanas visiten el Lugar de la Memoria. Antes no se sabía que había un espacio, o espacios como El Ojo que Llora”, sostuvo.

Y la memoria, recordó, tampoco termina en Lima. En distintas regiones del país, comunidades, víctimas y familiares han construido sus propios espacios para preservar el recuerdo.

“No solamente hay espacios de memoria en Lima, tenemos espacios de memoria en otras regiones”, afirmó, mencionando lugares como Cusco y Ayacucho.

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La reconciliación como punto de encuentro

Una de las palabras más difíciles de pronunciar cuando se habla de este periodo sea reconciliación. La senadora Ruth Luque, expresó “El tema de la reconciliación debería ser un punto de encuentro más bien para reflexionar por qué necesitamos hablar de esta palabra tanto en el país”

Desde esa perspectiva, los lugares de memoria no deberían ser espacios destinados únicamente a quienes vivieron aquellos años. También deberían ser visitados por quienes nacieron después, especialmente por los jóvenes, para quienes la violencia de las décadas de 1980 y 1990 pertenece cada vez más a los libros de historia que a la memoria familiar, mencionó.

“Vamos a seguir defendiendo estos espacios para la ciudadanía y más bien que la gente los siga visitando, los siga conociendo, especialmente los jóvenes, para conocer más de lo que ha sucedido entre los años 80 y 2000 en este país”, afirmó.

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23 años después, las preguntas siguen abiertas

La ceremonia terminó, pero la discusión permanece. A 23 años de la entrega del Informe Final de la CVR, las víctimas y sus familiares siguen reclamando justicia, reparación y reconocimiento. También siguen defendiendo lugares que consideran necesarios para que una parte dolorosa de la historia peruana no desaparezca.

Quizá por eso “El Ojo que Llora” y otros lugares siguen siendo un lugar incómodo para algunos y necesario para otros. Porque sus piedras no cuentan una versión, llevan nombres. Y detrás de cada nombre hubo una vida, una familia y una historia interrumpida.

De acuerdo con el orden establecido por la Contraloría, los rubros en los que se declaran los ingresos son tres: ingresos mensuales, bienes y otros. Es en este último donde Fujimori registra el mayor salto patrimonial, con la suma de S/1.016.123,31. En el rubro otros suelen consignarse ahorros, objetos de valor y otros conceptos que no califican como bienes muebles o inmuebles.

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La declaración jurada de la presidenta presentada ante la Contraloría difiere considerablemente de la que entregó inicialmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando era candidata. En ese entonces, entre bienes e ingresos, registraba un total de S/387.851,45.

Además, Fujimori señala contar con bienes valorizados en S/115.998,00. Precisamente, en la misma declaración presentada al Jurado electoral, la mandataria señaló que contaba con un vehículo Subaru Forester valorizado en esa cantidad, adquirido en 2017 y que actualmente se encuentra embargado. Se desconocen las razones que llevaron a que el auto sea confiscado.

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Un salto patrimonial con un solo trabajo registrado

De acuerdo con la hoja de vida que Keiko Fujimori presentó ante el JNE, su única experiencia laboral registrada es como presidenta del partido Fuerza Popular, cargo que ocupa desde 2013. En la declaración que presenta ante la Contraloría, Fujimori acredita percibir mensualmente poco más de S/35.568,00 provenientes del sector público, correspondientes a su sueldo como presidenta.

Fujimori no ha realizado, hasta el momento, una declaración pública sobre el incremento de su patrimonio ni ha explicado a qué se debe la diferencia entre lo declarado ante la Contraloría y lo presentado ante el JNE.

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Días antes de la segunda vuelta electoral, uno de los asesores de Keiko Fujimori, Carlos Díaz-Rosillo, señaló que la mandataria percibió cerca de US$ 45.000 anuales por su trabajo como becaria y asistente de investigación en el Adam Smith Center for Economic Freedom, centro que Díaz-Rosillo dirige.

Cabe mencionar que, pese a la declaración del asesor de Fujimori, este trabajo no figura en la hoja de vida que la ahora mandataria presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. Se desconoce desde qué fecha Fujimori dictó clases en el centro dirigido por su asesor.

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Un caso similar al de Dina Boluarte

El caso de la actual mandataria recuerda al de otra jefa de Estado. Dina Boluarte registró en 2024 ingresos anuales que ascendieron a S/792.167,99, casi cinco veces más que lo reportado en 2021.

Ese año, Boluarte declaró ingresos por S/160.415,06. En 2022, la cifra aumentó a S/389.519,23 y, en 2023, alcanzó los S/593.347,31. Desde su ingreso como vicepresidenta hasta establecerse como mandataria, Boluarte registró un aumento patrimonial de S/631,752.93.

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Actualmente, la mandataria viene siendo investigada por enriquecimiento ilícito como parte del Caso Rolex —también conocido como ‘Rolexgate’—. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha formulado ninguna acusación formal en su contra.

Toffoli basó su fallo en vicios jurídicos que, según explicó, existieron desde el origen de esas pruebas. El magistrado tomó como referencia los criterios que el Supremo de Brasil ya había aplicado en el caso de Ollanta Humala, donde también excluyó evidencia obtenida bajo el mismo mecanismo.

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El fallo declaró además la inadecuación procesal de los documentos que salieron del acuerdo de colaboración entre Odebrecht y la Fiscalía brasileña. Toffoli sostuvo que las pruebas digitales tuvieron irregularidades en la cadena de custodia durante su obtención en los tribunales de Curitiba, entonces a cargo del juez Sergio Moro.

La resolución benefició a la defensa de Toledo, investigado por la presunta recepción de 35 millones de dólares en sobornos. Sin embargo, la decisión brasileña no tiene efectos automáticos en los tribunales peruanos. Para que rija en Perú, primero debe pasar por un proceso de notificación formal.

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Jueces peruanos decidirán los efectos tras la notificación de Brasil

El Ministerio de Justicia de Brasil tiene la tarea de notificar la decisión a las autoridades peruanas. Ese paso se hace a través del DRACI, el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional. Sin esa comunicación oficial, el fallo brasileño no tiene ningún valor procesal en Perú.

Una vez que llegue la notificación, les corresponderá a los jueces peruanos decidir qué efectos tendrá esta decisión sobre el proceso que se sigue contra Toledo en el país. La resolución de Toffoli no obliga a la justicia peruana a excluir las pruebas anuladas de forma directa; abre la puerta a que la defensa del expresidente pida esa exclusión ante los tribunales locales.

En su fallo, Toffoli citó dos demandas previas, la 61.387 y la 43.007, y extendió sus efectos al caso de Toledo. Con esa cita, el magistrado dejó claro que su decisión no fue aislada, sino parte de una línea que el Supremo brasileño ya venía aplicando en otros casos peruanos vinculados a Odebrecht.

Y es que la confidencialidad de los aportes está contemplada en la Ley N.° 32254, aprobada por el Congreso pasado, que agrega el artículo 30-C a la Ley de Organizaciones Políticas. Según su numeral 5, el Banco de la Nación reporta a la ONPE los aportes y las comisiones cobradas, mientras que esta última vigila el proceso sin revelar públicamente la identidad de los donantes.

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Algunos de estos montos anónimos superan los S/ 400.000 y fueron ingresados entre abril y junio de este año. Coincidentemente, los más abultados coinciden en la fecha de registro. De acuerdo al registro, por ejemplo, solo el 26 de mayo se registraron dos depósitos anónimos en favor del partido naranja de montos elevados: S/356,628.20 y S/. 429,974.50, respectivamente.

Todos estos montos anónimos, según consigna el documento del informe de financiero de campaña electoral, subido por el propio partido a la ONPE, fueron ingresados por la oficina del Banco de la Nación ubicada en la avenida Javier Prado Este 2499, en el distrito de San Borja. El reporte lleva la firma de la actual congresista Cecilia Chacón, como tesorera de Fuerza Popular, y de Lindman Miranda, contador de la organización política.

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Una ley con aval fujimorista

La Ley N°32254 fue propuesta en su momento por figuras de Renovación Popular y contó con el voto del fujimorismo en ambas votaciones.

Congresistas del partido naranja que hoy ocupan una curul en alguna de las dos cámaras del Congreso —como Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Martha Moyano o César Revilla— dieron su voto positivo a la iniciativa. El lapso entre ambas votaciones fue de menos de un mes y se hizo en la Comisión Permanente.

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Desde su origen en la Comisión de Constitución, el proyecto de ley tuvo un marcado sello fujimorista. Fernando Rospigliosi, entonces congresista y hoy senador por Fuerza Popular, presidió dicha comisión durante la aprobación del dictamen en ese grupo de trabajo. El parlamentario naranja fue quien sustentó el dictamen final, que contó con los votos de sus compañeros de bancada y de sus satélites.

En el pasado, Fuerza Popular ya ha sido investigado por delitos relacionados con los aportes de campaña. Tal es el caso del denominado Caso Cócteles, en el que la Fiscalía investigó el origen del dinero que financió las campañas de 2011 y 2016, así como si parte de esos fondos fue ocultada mediante falsos aportantes y otras operaciones. Esta investigación fue posteriormente archivada por el Poder Judicial por orden del Tribunal Constitucional.

Actualmente, el partido naranja es investigado por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que señala que se habrían utilizado identidades falsas o prestanombres para encubrir el origen real de S/1.309.770, canalizados al interior del partido de Keiko Fujimori entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de julio de 2021.

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Otros aportes no confidenciales

En total, los ingresos privados de Fuerza Popular son de S/. 3,632,787.25. Sin embargo, no todas las cifras son anónimas. Personajes vinculados al partido, como José Chlimper, Rosangella Barbarán, Cecilia Chacón, entre otros, aparecen en la lista de aportantes.

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En el caso de Chlimper Ackerman, destacan aportes que superan las decenas de miles de soles. Solo el 6 de abril de 2026, el empresario y exministro aportó S/ 34.210 por concepto de alquiler y alimentos, además de otros S/ 35.400 por servicios de publicidad. El empresario registra, asimismo, otros dos aportes superiores a los S/ 20.000 por concepto de logística.

Otro aportante identificado que aparece en múltiples ocasiones es Fernando Donayre Raborg. El aportante, cuyas donaciones son por concepto de publicidad, entregó al partido naranja una cifra superior a los S/ 200.000, también entre abril y junio de este año.

Ingresos antes y después de las elecciones

El registro muestra también que hubo donaciones durante las elecciones y en los días posteriores. El mismo 12 de abril, día en que se llevaron a cabo los comicios de primera vuelta, en los que Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar, Fuerza Popular registró aportes de S/ 3.500, S/ 21.859,90 y S/ 5.000. Estos dos últimos fueron realizados por José Chlimper y Karina Beteta, respectivamente.

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Un día antes de la segunda vuelta, realizada el 7 de junio, Fuerza Popular registró un aporte de S/ 56.903,51 y otros dos de S/ 5.000. Ese mismo 7 de junio, el partido naranja reportó ingresos por S/ 5.834,08 y S/ 36.082,56.

Incluso después de concluidas las elecciones se registraron ingresos a favor del partido de Fujimori. El 10 de junio ingresaron S/ 24.806,45 y S/ 13.532,74. El 12 de junio, última fecha registrada, se añadió un ingreso de S/ 6.950,20. Asimismo, uno de los aportes canalizados a través del Banco de la Nación, con fecha 9 de junio, asciende a S/ 496.

Esta semana esa distancia se acortó de golpe. Más de cien empresas, entre ellas OpenAI, Google, Microsoft y Anthropic, firmaron una carta abierta titulada "Un llamamiento a la acción colectiva en materia de ciberdefensa". El documento advierte que "disponemos de un plazo limitado para reforzar las defensas cibernéticas" y que "en los próximos meses, los ciberataques impulsados por IA se generalizarán y se volverán mucho más sofisticados". La frase funciona casi como advertencia de guion, el tipo de línea que un personaje pronuncia justo antes de que la trama se precipite.

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No es una sola empresa lanzando una alerta interesada, como podría sugerirse desde una perspectiva conspiranoica. Es Google junto a Microsoft, es OpenAI junto a Anthropic, es la banca junto a la ciberseguridad global existente, todas firmando el mismo documento. Esto es algo que no había ocurrido antes, al menos, a esta escala.

La grieta que encontró el propio sistema

El motivo del miedo tiene nombre y fecha recientes. OpenAI reconoció que, durante una prueba controlada, sus propios modelos lograron escapar del entorno diseñado para contenerlos y tocar infraestructura de producción real. No fue un ataque externo. Fue el sistema probando sus propios límites y encontrando una grieta.

“Errores persistentes, permisos excesivos, configuraciones incorrectas, software inseguro y sin parchear, autenticación débil y deuda técnica en sistemas heredados han dejado los sistemas expuestos", afirma este pronunciamiento sin precedentes.

El problema es que, en la actualidad, hospitales, plantas de agua, la infraestructura que sostiene internet, llevan años funcionando con esas grietas acumuladas. Para muchos expertos en ciberseguridad mundial, “ la IA, junto con los estados como expectadores externos, son los generadores de esta vulnerabilidad.

La advertencia que ahora emiten a nivel mundial es que la IA actualmente representa una amenaza que encontrará más rápido de lo que cualquier humano puede corregir las brechas en la ciberseguridad de activos críticos de países y empresas.

El propio documento lo plantea como aviso y como promesa a la vez, al decir que "los avances actuales en IA ya están brindando a los defensores nuevas formas de corregir vulnerabilidades acumuladas durante años". Sin embargo, ese desfase de velocidad, entre lo que un modelo puede descubrir en minutos y lo que un equipo de seguridad tarda meses en remediar, es el corazón técnico de la alerta que, hasta el momento, está pasando desapercibida.

El dilema que la carta no nombra

Hay una lectura más preocupante detrás de esta misiva tecnológica. Y es que quienes crearon el riesgo son los mismos actores que pretenden ofrecer la solución. Las empresas que desarrollan los modelos capaces de comprometer infraestructura crítica son ahora las que también piden ser financiadas, integradas y escuchadas por los estados y las corporaciones para defenderla.

La carta pide a los Estados "elevar sus estándares de seguridad" con suma urgencia, y pide a las empresas de IA "proporcionar acceso responsable a modelos" a cambio de esa protección. El margen de maniobra de un gobierno, ante ese planteamiento, por supuesto, es de jaque.

El razonamiento tiene la forma de una profecía que se cumple sola. Si los Estados no adoptan defensas basadas en IA, el propio documento advierte que la infraestructura quedaría expuesta a ataques que se volverán, en sus palabras, "mucho más sofisticados". No obstante, sugieren que si los Estados optan por adoptarlas y todo lo que económica, social, política y militarmente eso representa, los riesgos serán menores. Es decir que si entregan una porción de la seguridad nacional a sistemas que no rinden cuentas a los ciudadanos como puede ser mediante el voto, podrán sortear su autodefensa.

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La realidad es que ninguna de las dos rutas devuelve al Estado el control pleno que tenía antes de que este riesgo existiera.

Ese es el punto donde la ciencia ficción deja de ser la referencia posible y empieza a incomodar. La política pública, tradicionalmente terreno de instituciones democráticas y deliberación de individuos, transita ahora hacia actores superpoderosos que informan al planeta cuáles son las nuevas reglas de seguridad digital del mundo, pero sin someterse al sufragio ni rendición de cuentas. La misma carta lo admite cuando afirma que "ninguna empresa debería controlar el futuro por sí sola", una frase defensiva que reconoce, sin decirlo del todo, el poder que ya concentran.

Todas las voces que firmaron la advertencia

La lista de firmantes es en sí misma una fotografía del poder tecnológico actual. Laboratorios de IA como OpenAI, Anthropic, Google y Microsoft aparecen junto a gigantes de la nube como AWS, Oracle e IBM, junto a firmas de ciberseguridad como CrowdStrike, Palo Alto Networks, Cloudflare, Fortinet, Sophos, Darktrace y Tenable. También suman consultoras como Accenture, KPMG, PwC y Capgemini, y bancos como BBVA, Citi, Capital One, Mastercard y Visa.

Completan el documento nombres como Adobe, AMD, Arm, Broadcom, Cisco, Dell, Equinix, Figma, GoDaddy, Hugging Face, Okta, Perplexity, Red Hat, ServiceNow, Shopify, Snowflake, Snyk, TransUnion, Uber, Vercel, Zscaler, General Motors, Fifth Third Bank, U.S. Bank, Robinhood, DTCC, The Clearing House y Zurich Insurance Company, entre muchas otras firmas de seguridad especializada como SpecterOps, Corelight, Cyera, Obsidian Security, SentinelOne y HackerOne.

La variedad importa tanto como la cantidad. La propia carta lo resume así, "ninguna empresa debería controlar el futuro por sí sola", una línea que explica por qué firmaron juntas compañías que compiten entre sí a diario. No firmaron solo quienes construyen inteligencia artificial ni solo quienes la defienden. Firmaron quienes procesan pagos, quienes aseguran hospitales, quienes fabrican los chips y quienes venden software a gobiernos.

Gibson escribió aquel ciberespacio como una metáfora de lo que vendría. Cuarenta años después, la metáfora dejó de serlo. El documento cierra con una frase que podría ser el epílogo de cualquier novela sobre tecnología fuera de control, "juntos, podemos convertir los avances actuales en IA en mejoras duraderas en la seguridad que beneficien a todos". La pregunta que queda abierta es si esta vez los defensores llegarán antes de que se cierre la ventana que ellos mismos dicen ver cerrarse.

Para leer la carta, puede dar clic al siguiente enlace: https://openai.com/collective-cyberdefense/

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De acuerdo a la investigación preliminar, los agentes habrían utilizado sus cargos para administrar directamente los fondos de la ROUD destinados a la alimentación y favorecer de manera sistemática a la empresa proveedora, evadiendo los controles administrativos.

Aparte del coronel Santos, también se encuentran implicados los efectivos Godfredo Villavicencio, José Piscoya y Luis Larrea, además de José Miranda, trabajador de la empresa proveedora.

También se identificó que la proveedora Julia Miranda mantenía un vínculo directo con la jefa de Logística de la referida división policial, Cynthia Vásquez, lo que habría facilitado el supuesto favorecimiento.

El jueves la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Quinto Despacho), a cargo del fiscal provincial Raúl Martínez Huamán, ejecutó un allanamiento, registro e incautación en ocho inmuebles vinculados a cinco policías de la Dirseint PNP.

El operativo incluyó a dos civiles por el presunto delito de colusión agravada y estuvo dirigido por el fiscal adjunto provincial Leonardo Rosales Zavala.

Se realizó de manera simultánea en inmuebles ubicados en Los Olivos, Carabayllo, Rímac, Comas, San Martín de Porres y el Callao, con el apoyo de personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP y representantes de la Defensa Pública.

El teniente general Augusto Ríos Tiravanti, Inspector General de la Policía Nacional del Perú, viene liderando una política de transparencia radical bajo la premisa de que un efectivo que comete actos ilícitos deja de ser policía y se convierte en delincuente.

Por eso, se han ejecutado operativos de contrainteligencia con cámaras ocultas y drones para capturar a malos elementos, como los nueve policías intervenidos en Vitarte por pedir coimas.

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La Inspectoría General ha formulado cientos de notas de contrainteligencia y sancionado a más de 500 efectivos por el uso indebido de plataformas digitales para proteger la imagen institucional.

"El uniforme representa honor, disciplina y servicio a la patria. Cada efectivo policial tiene el deber de actuar con integridad, respeto a la ley y compromiso con la ciudadanía", afirmó Ríos Tiravanti.

Quien utilice su condición policial para cometer actos ilícitos traiciona los valores institucionales y deberá asumir las consecuencias de sus actos conforme a ley. En la PNP no hay espacio para la corrupción ni para conductas que afecten la confianza de la población, enfatizó.

Por ello, la Policía Nacional del Perú mantiene firme su compromiso de combatir la corrupción, fortalecer la integridad institucional y honra la labor de quienes sirven al país con rectitud, subrayó finalmente.

Díaz-Rosillo ha cumplido un papel protagónico en la campaña de Keiko Fujimori. Primero la invitó como expositora en el Centro Adam Smith para la Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (FIU), de la que es fundador y director. Luego, la convirtió en profesora frecuente, junto a otros exjefes de Estado y políticos de la derecha latinoamericana, para después transformarse en amigo y consejero personal, como él mismo lo ha declarado.

La República reiteradas veces le ha solicitado a Díaz-Rosillo respuestas a un cuestionario, pero no ha respondido.

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Saliendo de la sombra

Cuando la revista 'Hildebrandt en sus Trece' reveló las reuniones secretas de Keiko Fujimori con el consultor y financiero argentino Damián Valenzuela Mayer, Carlos Díaz-Rosillo lo defendió. No solo dijo que lo conocía. También afirmó que era su amigo. En cambio, no mencionó su vinculación con Fernando Gabriel Cerimedo, protagonista hoy en día de un escándalo continental sobre asesorías a candidatos presidenciales de derecha como Javier Milei, Jair Bolsonaro y Rodrigo Paz. Cerimedo es conocido por montar campañas de desprestigio de los opositores a los candidatos que lo contratan expresamente para dicho trabajo sucio.

El 22 de marzo de 2023, Cerimedo publicó una fotografía con el amigo y asesor de Keiko Fujimori, Carlos Díaz-Rosillo, y escribió: "Gran desayuno de trabajo esta mañana con Carlos Díaz-Rosillo, principal asesor del Secretario de Defensa en asuntos de seguridad internacional del gobierno de @realDonaldTrump. Se vienen cosas muy buenas estos próximos años!".

Como veremos en otro capítulo de esta investigación, la mención al presidente Donald Trump no es gratuita.

No mucho tiempo después del mensaje del consultor argentino, el ocho de abril de 2025, Keiko Fujimori anunció en sus redes sociales que sería parte del equipo de profesores del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, que dirige Carlos Díaz-Rosillo, amigo del detenido en Bolivia, Fernando Cerimedo.

En la tercera semana de abril de este año, durante la campaña presidencial, se reveló que Keiko Fujimori había reportado ingresos por US$45 mil por dictado de clases, lo que algunos críticos pusieron en duda. Es entonces que Díaz-Rosillo, en su condición de director del centro de estudios, aclaró que eso es lo que ella había ganado dictando clases.

"Keiko lleva con nosotros exactamente un año en actividad académica, dando clases, mentorías e investigación. Toda su actividad académica, tanto clases como investigación, le han generado ese sueldo", explicó Díaz-Rosillo.

Al momento de su detención, las fuerzas del orden bolivianas descubrieron que Fernando Cerimedo manejaba una granja de bots: un equipo digital que elabora y difunde miles de mensajes con información falsa o fake news a las redes sociales desde cuentas ficticias, para torcer, manipular o embaucar a la opinión pública sobre determinados temas. También sirve para atacar a un candidato o político y desacreditarlo y favorecer a quien contrata la granja de bots.

En las recientes elecciones presidenciales se han registrado este tipo de campañas de desinformación, especialmente contra el candidato de izquierda, Roberto Sánchez.

De hecho, en declaraciones al diario bonaerense 'Clarín', la pareja de Fernando Cerimedo, Nadia Beller, señaló que este operaba en otros países de la región: "La mayor ‘granja de bots’ está en Buenos Aires. Pero están las que manejan para Latinoamérica...", precisó.

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Perú está en el radar de Cerimedo

Por ejemplo, el siete de junio de 2021, durante la campaña presidencial, destacó que las actas del extranjero eran favorables a Keiko Fujimori.

Al quedar en evidencia el caso del estratega digital Fernando Cerimedo, los medios de diversos países sacaron a la luz sus vinculaciones, como en Paraguay, donde se ha expuesto el caso de otro consultor argentino: Andrés 'Andy' Rivas.

Congresistas de la oposición han pedido investigar a Andy Rivas porque funge como asesor en la sombra del presidente paraguayo Santiago Peña, pese a que está asociado a Fernando Cerimedo. Rivas es representante en Uruguay del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, que conduce Carlos Díaz-Rosillo, precisamente, el consejero y asesor de la presidenta Fujimori. El hombre que la contrató para que dicte clases.

Pero ni Díaz-Rosillo, ni Keiko Fujimori, han dicho palabra sobre Cerimedo.

La República intenta desde hace varios días que Carlos Díaz-Rosillo explique su vieja vinculación con Fernando Cerimedo y si ha contado a su amiga Keiko Fujimori sobre el argentino. Hasta el momento, el asesor no responde.

Sin embargo, el otro asesor argentino, Damián Valenzuela Mayer, sí contestó. Afirmó que no tiene relación alguna con Fernando Cerimedo.

Fuentes de La República que conocen a los asesores extranjeros de la presidenta Fujimori aclararon que más bien Damián Valenzuela es competencia de Cerimedo, y que, efectivamente, Carlos Díaz-Rosillo, tiene relación con el estratega digital preso en La Paz, Bolivia: Fernando Cerimedo.

Por intermedio de su representante legal, David Torres Barreto, el empresario argentino Damián Valenzuela Mayer deslindó cualquier relación con su compatriota Fernando Cerimedo (ver nota aparte).

Díaz-Rosillo y Cerimedo, en realidad, conducen a algo más grande.

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El argentino Damián Valenzuela responde

• "Respecto de Fernando Cerimedo, Damián Valenzuela Mayer no mantiene ningún tipo de vínculo ni relación personal, profesional o comercial con él", respondió el abogado de Valenzuela, David Torres Barreto.
• "Damián Valenzuela Mayer no tiene ningún tipo de relación ni participación en empresas de Fernando Cerimedo", añadió.
• Damián Valenzuela confirmó que en 2011 participó del registro de la empresa Latin America Invest en Lima con el abogado Alonso Rey Bustamante, quien integró el comité técnico de campaña de Keiko Fujimori.
• "Sí existió una relación estrictamente profesional.
• En 2011, se seleccionó a dicho estudio jurídico para encargarse de la constitución de una sociedad en el Perú. Pocos años después, por razones operativas, la empresa cambió de abogados y contadores, concluyendo dicha relación profesional", respondió.
• Y respecto a Alonso Rey: "Fue profesional, propia de una relación abogado-cliente, en el contexto de los servicios jurídicos prestados en el año 2011", informó Valenzuela.

La disposición está contenida en la Resolución Jefatural N. 000023-2026-RENIEC/JNAC y busca facilitar el ejercicio del derecho al sufragio durante los comicios en los que los peruanos elegirán a sus próximas autoridades regionales y municipales. La prórroga tiene carácter excepcional y está vinculada de forma específica al proceso electoral.

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¿Hasta cuándo tendrá vigencia el DNI vencido?

La prórroga permitirá utilizar el DNI vencido durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programada para el domingo 4 de octubre. La autorización tiene como finalidad exclusiva facilitar la participación electoral de los ciudadanos incluidos en el padrón.

Por ello, la extensión de la vigencia no significa que el documento recuperará su validez para todos los trámites civiles, administrativos o financieros. Una vez concluido el proceso electoral, los ciudadanos deberán verificar la situación de su DNI y, si corresponde, realizar el trámite de renovación.

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Adultos podrán votar con DNI de menor de edad en las elecciones 2026

La resolución de Reniec también permite que los electores presenten su DNI azul, amarillo o electrónico para ejercer su derecho al voto, incluso si el documento se encuentra vencido. La medida comprende las distintas versiones del DNI electrónico: 1.0, 2.0 y 3.0.

Además, los ciudadanos que ya alcanzaron la mayoría de edad, pero que aún cuentan con un DNI correspondiente a menor de edad, también podrán utilizarlo para sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según el padrón electoral de estos comicios, 26.314.724 ciudadanos están habilitados para votar. De este total, 1.735.329 electores tienen el DNI vencido, por lo que quedarán comprendidos dentro de la medida excepcional de Reniec.

La resolución también aprobó el manual de marca de Perú Responde. Ese documento fija el logotipo, el área de seguridad de la imagen y los usos correctos e incorrectos que deberán respetar los ministerios y demás dependencias. Incluye además la familia tipográfica oficial, la paleta de colores y las reglas de convivencia visual con otros elementos gráficos.

La resolución señala que se busca articular bajo un solo nombre las acciones, los servicios y las intervenciones que realizan las distintas entidades públicas. Esa articulación, dice el documento, debe reflejar un Ejecutivo activo y orientado a resolver las necesidades de la población.

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Secretaría de Comunicación Social conducirá la implementación

La Secretaría de Comunicación Social de la PCM quedó a cargo de dirigir y supervisar la puesta en marcha de Perú Responde. Esa oficina también tendrá la facultad de emitir las disposiciones adicionales que se necesiten para que la identidad se aplique de forma correcta en cada entidad.

El manual de marca contempla, además, distintas aplicaciones para soportes comunicacionales y operativos. Esto abarca desde piezas gráficas y campañas informativas hasta materiales usados en labores de atención directa a la ciudadanía, según el texto de la resolución.

La norma no detalla plazos específicos para que las entidades adopten la nueva identidad, ni precisa el presupuesto destinado a su implementación. Tampoco menciona si Perú Responde reemplaza alguna identidad comunicacional utilizada por gestiones anteriores del Ejecutivo.

"Ya tenemos fotografías del señor Cerimedo en relación con otro asesor directo de Keiko Fujimori. El señor Díaz-Rosillo es públicamente asesor de Keiko Fujimori y es amigo cercano del señor Fernando Cerimedo. Keiko Fujimori se ha relacionado con estos personajes. ¿A qué se dedican estos asesores? A hacer campañas de desinformación, a contratar 'granjas de trolls' y sembrar información falsa", señaló.

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Palacios indicó que, tras el arresto de Cerimedo, se hizo público que este personaje contaba con un sistema informático para compartir diversos bulos a favor de las campañas políticas de personajes de extrema derecha, entre ellas las campañas que promovieron denuncias de supuesto fraude en los últimos procesos electorales. La conductora de 'Sin Guion' relató que, además, la creación de usuarios falsos para atacar a voces incómodas para estas candidaturas es otra de las estrategias utilizadas y que, en más de una ocasión, ella misma ha sufrido ataques de este tipo.

“Las campañas de desinformación en plena campaña política son muy efectivas. (…) Muchos pensábamos que estos personajes iban a estar mucho más involucrados en la campaña de Rafael López Aliaga. Pero, aparentemente, se han vinculado mucho más con la campaña de Keiko Fujimori. (…) El señor Cerimedo no trabaja gratis, y estos tampoco. El señor Damián Valenzuela ha señalado que no conoce a Fernando Cerimedo. Fuentes de La República informaron que, más bien, Valenzuela es competencia de Cerimedo. (…) Así que, finalmente, llegó la relación. Parecía que no había relación con el Perú, pero sí hay relación con el Perú y con el Gobierno de Keiko Fujimori”, apuntó.

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