De acuerdo con el documento, leído por la Secretaría Técnica del grupo de trabajo que preside el diputado Henry Albañil (Partido Cívico Obras), la denuncia presentada por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho comprende tres presuntos hechos irregulares. Sin embargo, dos de ellos fueron desestimados por la comisión.

"Según la información expuesta, esta decisión responde a que se determinó que el parlamentario se encontraba realizando funciones constitucionalmente reconocidas, como atender las demandas y necesidades de la población, así como efectuar visitas de fiscalización junto con funcionarios de la Contraloría", informó la página de Comunicaciones del Congreso.

La comuna ha solicitado la suspensión del cargo y el descuento de haberes de hasta por 120 días de legislatura de Piñán.

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El caso

La denuncia fue presentada por el alcalde provisional de San Juan de Lurigancho, Víctor Zelada, quien sostiene que Piñán “utilizó su investidura y plataformas de difusión masiva (transmisiones en vivo en redes sociales)” para difundir cuestionamientos falsos contra la municipalidad. Asimismo, lo acusa de atribuirle presuntos delitos de corrupción de funcionarios y vulneraciones a la neutralidad electoral.

El primer hecho ocurrió el pasado 16 de septiembre, cuando, según la denuncia, “el diputado interceptó a un vehículo de fiscalización que ejecutaba el retiro forzoso de un panel electoral no autorizado en la Alameda Malecón Checa”. Durante una transmisión en vivo, Piñán afirmó que estaban “utilizando la camioneta del Estado para llevar paneles publicitarios del partido del señor Jesús Maldonado», señala el documento.

Zelada señaló que el personal de fiscalización presente en el lugar explicó al diputado que no se estaba colocando propaganda electoral, sino retirándola. Además, precisó que los paneles habían sido instalados por terceros.

La municipalidad difundió un comunicado en sus redes sociales ese mismo día, en el que sostuvo que los videos institucionales evidenciaban que el panel había sido instalado por un vehículo particular ajeno a la comuna y que posteriormente fue retirado por personal municipal conforme a ley. Ante ello, exigió que el diputado Piñán se rectificara públicamente.

En respuesta, el diputado remitió un oficio a Maldonado en el que solicitó documentación que acreditara que el personal municipal no había instalado propaganda política. “La transparencia no puede limitarse a un comunicado de prensa. Los hechos deben demostrarse con documentos, videos, actas y responsables identificados”, se lee en el oficio en el que resaltó que todo ello se realiza acorde a su función de control político y fiscalización parlamentaria.

Posteriormente, el 22 de septiembre, se produjo el presunto segundo hecho señalado por la municipalidad. Según el oficio, el diputado acudió a un predio descampado ubicado en la urbanización Inca Manco Cápac y afirmó, durante una transmisión en vivo en redes sociales, que el alcalde Maldonado pretendía “sacar provecho” de dicho espacio.

Al respecto, Zelada aclaró que el terreno es de dominio público y que la municipalidad tiene previsto construir allí un complejo recreativo y deportivo en beneficio de todos los vecinos. “El congresista jamás cursó oficio pidiendo información sobre la titularidad del inmueble; prefirió mentir y azuzar el conflicto vecinal en campaña”, señalan.

Finalmente, el tercer hecho denunciado ocurrió el 23 de septiembre. Según explicó el alcalde provisional, ese día el diputado realizó una inspección a los trabajos de mantenimiento de la avenida Fernando Wiesse y convocó al Órgano de Control Institucional (OCI). Durante la visita, Piñán utilizó una cinta métrica para medir el borde expuesto de la pista, junto a la berma de tierra, y sostuvo que la obra no cumplía con las especificaciones técnicas.

Al respecto, citando documentación de la obra, indicaron que sí se está cumpliendo con los requisitos. “El servicio contempla calzadas principales de 4 pulgadas de espesor y vías auxiliares de 2 pulgadas. El congresista midió una vía auxiliar y exigió públicamente los parámetros de la vía principal, falseando las condiciones del contrato. (…) El espesor no se determina con una huincha”, se lee.

Víctor Piñán da sus descargos

En conversación con La República, el diputado Piñán rechazó haber incurrido en difamación y sostuvo que sus acciones se realizaron dentro del marco legal de sus facultades de fiscalización.

“Yo estoy haciendo una fiscalización a la institución, que es a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Ellos me enviaron un documento pidiendo que me rectifique, cosa que no hice porque yo estoy cumpliendo mi deber constitucional, que es el de fiscalizar y de hacer control político. Yo en ningún momento me refiero a él (Jesús Maldonado) personalmente”, expresó.

En esa línea, aseguró que la denuncia presentada ante la Comisión de Ética no le genera preocupación, ya que ha consultado con diversos especialistas que le han señalado que no ha incurrido en ningún delito ni cometido alguna irregularidad.

“Me tiene sin cuidado esta denuncia en la Comisión de Ética. Imagínense si a mí me denuncian por difamación, por haber tratado de cumplir con mis funciones, podría pasarle eso a cualquier persona”, comentó.

Además, mencionó que cuenta con inmunidad parlamentaria: “Primero se me tiene que levantar el fuero y además que me protegen porque yo no estoy haciendo absolutamente nada que vaya contra el marco constitucional”.

El 22 de octubre último, la Corte Suprema admitió a trámite el recurso de apelación presentado por la fiscalía y la procuraduría del Estado contra dicha condena, que incluye además a los exministros Willy Huerta Olivas, Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez, entre otros.

Sin embargo, en la resolución que admite el recurso de apelación también se dispone que "se solicite a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos del Ministerio Público, un informe expreso y documentado, con indicación de fecha y disposición fiscal correspondiente, en qué momento y bajo qué fundamento el delito de conspiración para la rebelión dejó de ser objeto de la investigación preparatoria...".

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Error de juicio

Además, los jueces supremos pidieron al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria si se ha emitido resolución alguna en etapa intermedia o en investigación preparatoria sobre el mencionado delito.

Durante los últimos días, periodistas de La República estuvieron indagando en la Corte Suprema sobre los motivos y las probables consecuencias de dicho requerimiento. La respuesta común de todas las fuentes consultadas es la nulidad del juicio realizado y, en la mejor posibilidad, que se realicen nuevas audiencias públicas para definir la responsabilidad penal de los implicados.

¿A qué se debe esta decisión? ¿Qué han encontrado los jueces? ¿Qué puede salvar el juicio inicial?

De la revisión del expediente judicial y su trámite, resulta que la fiscalía investigó a Pedro Castillo por delito de rebelión y conspiración para rebelión, en agravio del Estado, señalan las fuentes consultadas.

En diversos recursos de apelación, la Sala Penal de la Corte Suprema resolvió y definió la diferencia entre rebelión y conspiración para la rebelión.
Es decir, que se estableció que se trataba de dos delitos y dos hechos distintos. Luego, la fiscalía acusó al expresidente Castillo por delito de rebelión y solicitó que se le imponga 34 años de prisión.

Conspiración

En el expediente judicial no vuelve a aparecer el delito de conspiración para rebelión. ¿La fiscalía lo archivó, el juez aprobó el archivo? ¿La investigación continúa por ese delito?

Al revisar el expediente, los jueces supremos detectaron que, tras realizar el juicio público, la Sala Penal Especial  que condenó a Castillo decidió apartarse de la acusación por rebelión y acordó condenarlo solo por conspiración para rebelión.

Pero este delito ya estaba definido en el inicio de la investigación. De tal manera que, si la fiscalía ya había establecido que no existía conspiración para rebelión o hay un proceso aparte, los jueces de juicio no lo podían condenar por ese delito, en este caso.

Al dictar sentencia en un caso, los jueces detallan todo el procedimiento. En la sentencia escrita condenatoria a Castillo aparece que se le investigó por conspiración, pero no se detalla en qué terminó ese proceso, si efectivamente culminó. En todo caso, hay una posible afectación al debido proceso y el derecho de defensa.

Puede que la definición o conclusión de ese delito se haya llevado por separado, por eso los jueces supremos piden a la fiscalía y al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria informar si ese delito se llegó a definir, presentando las respectivas copias del expediente.

Nuevo juicio

Tanto si permanece en el limbo jurídico o se archivó, sin ser tratado en el nuevo, correspondería, como única salida, de acuerdo con las fuentes judiciales, que se realice un nuevo juicio que evalúe los delitos de rebelión y conspiración para rebelión en conjunto, pues no pueden haber pronunciamientos contradictorios que afecten la legítima defensa.

Todos estos temas serán evaluados en la audiencia de apelación. La fiscalía aún tiene la posibilidad de salvar el caso y la defensa, un argumento más para la nulidad de todo el proceso.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, integrada por los jueces Víctor Prado Saldarriaga, Manuel Luján Túpez, Paloma Altabás Kajatt, Sara Maita Dorregaray y Hans Contreras Cuszcano, se pronunciará luego de la audiencia y de recibir los informes de la fiscalía y el juzgado.

"(El presupuesto) es el instrumento institucional que sostiene el trabajo de ambas cámaras", expresó.

En esa misma línea, el diputado cuestionó que el último viernes 6 de noviembre la Cámara Alta programara una sesión para evaluar el proyecto de más de 500 páginas, sin garantizar la participación plena de todos los integrantes de la cámara que dirige. Ante esta situación, solicitaron reprogramar la audiencia para que también puedan analizar la propuesta presentada por el Gobierno de Fujimori, la cual, según reveló, "fue elaborada sin consulta ni participación de la Cámara de Diputados".

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"Miren, para aprobar cualquier presupuesto, el requisito mínimo e indispensable es recabar las necesidades de los implicados, sus proyecciones de actividad y contar con el tiempo adecuado y necesario para revisarlo, analizarlo y debatirlo a fondo. No se trata de enviarlo al último momento para presionar una aprobación a ciegas, aduciendo premuras y fechas que se vencen", recalcó.

Las declaraciones de Reto se produjeron luego de que Torres anunciara que se proyecta reducir S/400 millones del presupuesto del Congreso para el próximo año. Asimismo, adelantó que devolverán S/300 millones correspondientes a este año para la lucha contra el fenómeno El Niño.

Por su parte, Torres responsabilizó a la ausencia de los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por no alcanzar el quórum necesario para desarrollar la sesión. Asimismo, señaló que, debido a la frustrada reunión, no pudieron anunciar la “buena noticia” sobre la reducción del presupuesto del Congreso. "Esta era una segunda parte de las medidas de austeridad que veníamos implementando dentro del Congreso", dijo.

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Cabe precisar que, si bien este año la presidencia del Congreso recae en el Senado, el próximo periodo estará a cargo de la Cámara de Diputados.

Al respecto, Reto volvió a cuestionar a Torres. "Nos resulta preocupante que se emitan declaraciones y se fijen cifras de manera unilateral, ignorando por completo la posición institucional de la Cámara de Diputados. Si bien la prudencia financiera y el ahorro son importantes, estos jamás deben traducirse en asfixiar el funcionamiento ni limitar las funciones constitucionales de las Cámaras del Congreso", señaló.

Asimismo, el diputado exigió respeto hacia la cámara que dirige. "La responsabilidad financiera y la transparencia comienzan por casa, lo cual se demuestra respetando el equilibrio de poderes y los procedimientos institucionales".

Reprograman sesión sobre el presupuesto 2027-2028

La sesión fue reprogramada oficialmente para este martes a la 1:00 p. m., con el objetivo de permitir la revisión de los acuerdos técnicos antes de la instalación del Pleno de la Cámara de Diputados. De esta manera, la directiva parlamentaria busca garantizar la asistencia de los legisladores convocados, previo al inicio de la sesión plenaria, prevista para las 3:00 p. m.

Durante una entrevista con La República, en el programa La Verdad a Fondo con Pedro Salinas, el político calificó este escenario como "un enredo originado por Rafael López Aliaga", a quien acusó de intentar una reelección encubierta pese a estar prohibido por la Constitución Política.

Según explicó el burgomaestre, este proceso electoral deja dos responsables directos: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), su presidente, Roberto Burneo, y Rafael López Aliaga.

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Allison cuestionó al organismo electoral por no precisar a tiempo que los candidatos con impedimento legal no podían asumir el cargo en caso de obtener la mayoría de los votos. A su juicio, la falta de una aclaración oportuna afectó la voluntad popular.

Por otro lado, el alcalde de Magdalena también cuestionó al líder de Renovación Popular tras indicar que buscó evadir la prohibición de la reelección. En palabras de Allison, el excandidato "se la dio de 'Pepe el vivo': fue por lana y salió trasquilado".

Crítica a las amenazas de demandas constitucionales

Allison se refirió también a los anuncios sobre posibles acciones legales contra el organismo electoral tras los resultados.

Al respecto, calificó de contradictoria cualquier demanda que pretenda sancionar al JNE por hacer cumplir la prohibición constitucional de la reelección.

"Ahora es curiosa una demanda constitucional que va a reclamar por qué el jurado no ha violado la Constitución que prohíbe la reelección. Eso es, ¿qué va a decirle al juez? Esto tiene que acabar: tiene que acabar ese tema de querer estar sobre la ley y sobre la gente, porque nadie está sobre la ley, menos los políticos".

Subordinación partidaria y gobernabilidad

Además, Allison criticó a los senadores y regidores electos por obedecer sin cuestionar a la dirigencia de Renovación Popular.

Del mismo modo, el alcalde de Magdalena rechazó que estar en una agrupación política implique someterse a la figura de un líder.

"Igual controlará la municipalidad por medio de su gente, igual que el Senado, porque claramente ahí están inclinados ante él. La verdad no entiendo por qué pertenecer a un partido significa inclinarte ante el líder del partido. Los políticos tenemos que estar inclinados ante el Perú y ante los peruanos, no ante el partido ni los líderes. Acá la gente manda, no tu partido ni tu candidato presidencial".

"Estados Unidos ha cambiado el modo de invertir, de hacer negocios. Vamos a invertir en puertos, en tecnología y en infraestructura. Vamos a invertir en proyectos donde estamos protegiendo al inversionista de Estados Unidos, avanzando las metas del país", declaró al ser consultado sobre los desafíos que deben afrontar ambos países.

En esa misma línea, indicó que el país americano está invirtiendo en cuatro grandes proyectos en el Perú. Sin embargo, evitó brindar información sobre los trabajos.

"Estamos entrando en una nueva era de cooperación, de hacer negocios. De ahí salió el lema "Perú is open for business" para darle confianza al empresario norteamericano y puse ese lema para asegurarnos. El sistema macro está bien, pero ahora el liderazgo está al mismo nivel, está ahí para apoyar, asegurarnos que vengan las inversiones en el país.

Navarro aseguró que la Embajada de Estados Unidos en el Perú apoyará a los emprendedores porque, según dijo, es un sector en el que se pueden hacer muchos cambios.

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El Escudo de las Américas

Por otro lado, el diplomático también se pronunció sobre el Escudo de las Américas como iniciativa para combatir la inseguridad ciudadana en el Perú. Indicó que el nivel de cooperación estará sujeto a los requerimientos del Perú y enfatizó que cualquier respaldo de Estados Unidos respetará la soberanía nacional.

"Sin seguridad no hay estabilidad, y sin estabilidad no hay prosperidad. Entonces, esa es una de las funciones del Escudo de las Américas. Nosotros vamos a respetar la soberanía del Perú, lo mínimo o lo máximo que quiere. Estamos aquí para apoyar al país. Sabemos lo que está pasando en el Perú... hay que acabar con él, porque si no los inversionistas no van a venir. La población lo demanda", comentó.

"De todas maneras, porque quien tiene la responsabilidad de dirigir la seguridad de un penal no puede estar mediatizado por una contratación de su propia hija por parte de gente vinculada al grupo político de quien custodia", respondió Álvarez al ser consultado si el comunicado del INPE —sobre remover al personal involucrado— alcanzaría a Calixto.

El titular del Minjus también señaló que al director de Barbadillo no se le podrá remover de la carrera. Explicó que ese proceso es objeto de un trámite interno dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). "Lo que se tiene que hacer de inmediato es el cambio de director", enfatizó.

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Por otro lado, el ministro de Justicia recordó que el director de Barbadillo fue nombrado en el cargo por otro gobierno. En ese sentido, añadió que Lucero Rodríguez no presentó una declaración jurada de interés para filtrar presuntos vínculos con políticos o empresarios debido a que es un funcionario de carrera.

"No había forma de advertir claramente cuáles eran los posibles vínculos. Lo que normalmente hacemos todos aquellos funcionarios que somos designados o los funcionarios de confianza (es presentar la declaración jurada)", declaró a El Comercio.

Álvarez consideró que "el problema no es solo ético" tras revelarse las designaciones en el Congreso. Ejemplificó que, si una persona es funcionaria de un penal y tiene la responsabilidad de custodiar a un grupo de internos, no puede recibir dádivas, regalos.

"Ni mis hijos o yo mismo o mi esposa podemos ser contratados por las empresas o por personas vinculadas a los internos a los cuales yo custodio. Ahí hay un tema ético y hay un tema de posible infracción laboral".

Es importante precisar que la diputada Isla descartó que la contratación de Lucero Chujutalli haya sido parte de un intercambio de favores. "Él (Pedro Castillo) no me ha dado el nombre para que la contrate. De ninguna manera", aclaró.

Sanciones

Al ser consultado si el Ministerio de Justicia o el INPE denunciará al personal involucrado, Álvarez precisó que el procedimiento sancionador contra los funcionarios se realizará cuando culminen las primeras investigaciones.

"Hay un ámbito interno que, por la autonomía relativa del INPE, hay que respetar, pero en principio las personas tienen que responsabilizarse por los actos que cometen", comentó.

El perfil del próximo director de Barbadillo

Por otra parte, el ministro deslizó las características del próximo director de Barbadillo. Detalló que, anteriormente, lo que hicieron desde el Gobierno fue designar como director del INPE a un coronel en retiro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) experto en inteligencia.

"Porque ellos son menos corruptibles. Ellos no están en el ambiente, no han hecho carrera dentro del ambiente penitenciario y pueden aportar el conocimiento para el cual han sido formados con dinero del Estado, con dinero de los peruanos, que es precisamente seguridad e inteligencia", dijo.

Según el documento, el viaje de Fujimori tiene como finalidad participar en la Cumbre de Líderes Económicos de APEC, que se llevará a cabo en Shenzhen, República Popular China, los días 18 y 19 de noviembre. Asimismo, el escrito precisa que la mandataria visitará Japón durante el último día de su itinerario.

El viaje de la jefa de Estado cuenta con el respaldo del Consejo de Ministros, que en la sesión del 6 de noviembre votó a favor de la salida de Fujimori del país.

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El itinerario de Fujimori

De acuerdo con el acta, Fujimori tiene previsto viajar a China y Japón entre el domingo 15 y el sábado 21 de noviembre, de acuerdo con el itinerario presentado al Congreso como parte de su solicitud de autorización para salir del país.

Según el documento, Fujimori llegará a Shenzhen, China, el martes 17 de noviembre. Ese mismo día tiene programada una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, entre las 16.30 y las 16.55 horas, en el Kylin Villa Hotel.

Su agenda continuará el miércoles 18 con una reunión con el presidente de Vietnam, To Lam, y una visita a centros tecnológicos de Shenzhen. También sostendrá un encuentro con empresarios peruanos, en coordinación con Comex Perú y US-APEC Business Coalition, además de una reunión bilateral con representantes de Singapur. Por la noche, participará en la cena de bienvenida de los líderes económicos de APEC.

Para el jueves 19 de noviembre, la agenda contempla su participación en la Reunión de Líderes de APEC y una reunión bilateral con el presidente ejecutivo de Hong Kong, John Lee. Asimismo, tiene prevista una entrevista con el medio China Daily. Ese mismo día, por la tarde, se trasladará al aeropuerto de Shenzhen-Bao'an para viajar a Tokio, Japón.

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La segunda parte de su recorrido comenzará el viernes 20 de noviembre con una reunión con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike. Posteriormente, participará en el seminario de inversiones denominado "Peru Business Seminar: Discover New Opportunities" y en un almuerzo de trabajo organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Japón (JCCI).

Durante la tarde, Fujimori tiene programada una cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, así como una ceremonia de suscripción de instrumentos internacionales.

Su itinerario también contempla reuniones con el presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Peruano-Japonesa, Yasutoshi Nishimura; la presidenta de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón-América Latina, Yuko Obuchi; el ex primer ministro japonés Shigeru Ishiba y el presidente de la Federación Empresarial de Japón (Keidanren), Yoshinobu Tsutsui. Estas tres últimas reuniones figuran como pendientes de confirmación.

Finalmente, la presidenta tiene previsto trasladarse al aeropuerto durante la noche del viernes 20 para emprender su retorno al Perú. Su llegada a Lima está programada para la mañana del sábado 21 de noviembre.

"Esta decisión responde a la gravedad de los hechos expuestos y constituye una medida inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario", se lee en el comunicado publicado en las redes sociales oficiales del INPE.

En esa misma línea, la entidad comunicó que adoptará las acciones administrativas y legales que correspondan tras la revelación del reportaje de Cuarto Poder. Asimismo, la institución exigió a sus funcionarios tener "una conducta íntegra y el estricto cumplimiento de sus responsabilidades".

"Ningún vínculo personal, interés particular o relación externa puede estar por encima de la función pública ni comprometer la seguridad y el orden penitenciario", resaltó el INPE.

"La actual gestión del INPE, en su compromiso con la lucha contra la corrupción, ha presentado, a través de la delegación de facultades, diversas propuestas normativas que no permitirán que intereses ajenos a la función penitenciaria comprometan la institucionalidad. El compromiso es actuar con firmeza, sin privilegios ni excepciones", agregó.

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El caso

El último domingo, el dominical antes citado reveló que Yulisa Lucero Chujutalli, hija del director de Barbadillo, Calixto Lucero Rodríguez, trabaja como técnica en la oficina de la diputada Azucena Isla Rojas con un sueldo de S/8.300.

Al ser consultada si la contratación de la hija del funcionario respondía a un intercambio de favores, la congresista descartó tal caso. Él (Pedro Castillo) no me ha dado el nombre para que la contrate. De ninguna manera", explicó.

Pero ese no es el único caso: también está el de Alejandro Hurtado Paz, hijo de un agente del INPE, quien es técnico de la bancada de JP con un sueldo de S/8.000.

También se suma a estos nombramientos el del exdirector del penal de Barbadillo, Héctor Sandoval Moreno, quien ingresó como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la congresista Catherine Palomino. Esta comisión es la encargada de revisar el pedido de amnistía para el sentenciado expresidente.

Sandoval descartó cualquier tipo de injerencia de Castillo con respecto a su contratación y resaltó sus méritos profesionales para ocupar el cargo.

Reacciones

La diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, calificó como una "vergüenza" la situación que atraviesa el INPE. A través de su cuenta de X, la parlamentaria indicó que "se necesita una investigación seria y célere que esclarezca si existió un intercambio de favores para beneficiar al expresidente".

" De confirmarse irregularidades, debe sancionarse sin contemplaciones y sentar un precedente. La institucionalidad del Congreso no puede quedar comprometida por estas prácticas totalmente cuestionables", expresó.

Por su parte, el diputado de Fuerza Popular, Jaime Abenzur, señaló que los hechos tendrán que investigarse, tras la decisión del vocero de JP, Ernesto Zunini, de retirar al trabajador de su bancada.

"Creo que debe investigarse (...) Me imagino que algún grado de responsabilidad habrá visto el señor Zunini en ello y esa es la razón por la cual han ordenado que retiren a la señorita de su puesto de trabajo", dijo.

En tanto, Iber Maraví (JP) aseguró que no existió ningún impedimento legal en las contrataciones del personal. "Los parlamentarios en nuestro despacho no contratamos al personal, lo hace el Congreso, los perfiles son filtrados (por ellos) y nosotros nos hacemos responsables de lo que proponemos", explicó.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

En su reemplazo encargó la dirección al servidor Claudio Lino Andia Nina, mediante la Resolución Presidencial N.° 706-2026-INPE/P.

Indicaron que “la medida responde a los graves hechos ocurridos y constituye una acción inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento penitenciario”.

“El INPE reafirma su compromiso con una gestión segura y transparente, y continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de la ley en los establecimientos penitenciarios”, se lee en la publicación del INPE.

Antes de ello, la institución ya había anunciado que tomaría dicha medida.

"Esta decisión responde a la gravedad de los hechos expuestos y constituye una medida inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario", se lee en el comunicado.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, también consideró que lo más adecuado era la remoción del cargo.

"De todas maneras, porque quien tiene la responsabilidad de dirigir la seguridad de un penal no puede estar mediatizado por una contratación de su propia hija por parte de gente vinculada al grupo político de quien custodia", respondió Álvarez al ser consultado si el comunicado del INPE —sobre remover al personal involucrado— alcanzaría a Calixto.

El titular del Minjus también señaló que al director de Barbadillo no se le podrá remover de la carrera. Explicó que ese proceso es objeto de un trámite interno dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). "Lo que se tiene que hacer de inmediato es el cambio de director", enfatizó.

Por otro lado, el ministro de Justicia recordó que el director de Barbadillo fue nombrado en el cargo por otro gobierno. En ese sentido, añadió que Lucero Rodríguez no presentó una declaración jurada de interés para filtrar presuntos vínculos con políticos o empresarios debido a que es un funcionario de carrera.

Cuarenta y cuatro años después de los hechos, Carlos Díaz ha declarado públicamente que entre los terroristas que fueron parte de la violenta acometida en Vilcashuamán se encontraba el ahora senador Íber Maraví Olarte, de la bancada de Juntos por el Perú.

Empero, el teniente en retiro Ricardo Franco de la Cuba, a quien el alto mando policial designó como nuevo comisario de Vilcashuamán y le encargó la investigación de los hechos para identificar a los responsables, contradijo la versión de Díaz Díaz.

En el expediente de más de 200 folios que elaboró Ricardo Franco de la Cuba, cuya copia obtuvo La República, se consignan las declaraciones de los 13 policías que sobrevivieron; ninguno mencionó a Íber Maraví Olarte como presunto atacante de la comisaría. 

En el informe policial que emitió Franco de la Cuba, mencionó varios sospechosos de haber intervenido en el atentado terrorista, pero tampoco aparece Íber Maraví entre estos, según la copia del expediente completo al que tuvo acceso este periódico.

“SE ESCONDIÓ EN EL BAÑO”

Este diario buscó y entrevistó al excomisario de Vilcashuamán, el teniente en retiro Ricardo Franco de la Cuba, quien actualmente ejerce como abogado, y confirmó que los policías que sobrevivieron a la embestida senderista, entre ellos el guardia Carlos Díaz Díaz, no identificaron a los senderistas. La mayoría dijo que los terroristas estaban encapuchados.

“Cuando ocurrió el ataque a Vilcashuamán, el guardia Carlos Díaz Díaz se metió al baño porque no quería pelear. Los terroristas, entre 40 y 50, atacaron el puesto policial, porque en esa unidad estaban ‘Los Sinchis’ (unidad de élite antiterrorista), pero estos lograron escapar. Dejaron a los policías (de la comisaría), que eran un promedio de 20 (6 fallecidos y 13 sobrevivientes), al mando del alférez Alberto Molero Miranda (fallecido), (compañero de) mi promoción de Escuela (de la Guardia Civil)”, recordó Ricardo Franco de la Cuba.

En el caso específico del guardia Carlos Díaz Díaz, Ricardo Franco de la Cuba expresó que su contribución a la investigación fue limitada porque no confrontó a los terroristas, ya que se ocultó en los servicios higiénicos de la comisaría.

“En su declaración, Carlos Díaz Díaz dijo que no vio a nadie. No identificó a nadie. Y  así lo dice en su manifestación. Entonces, ¿cómo puede cambiar su versión después de 44 años?”.

“LO VI CON MIS PROPIOS OJOS”

En declaraciones a medios digitales, Carlos Díaz Díaz aseguró: "Estos ojos vieron la cara (de Iber Maraví Olarte). Yo lo he visto. Él (Iber Maraví) estaba uniformado con la polaca del uniforme de gala de la policía, con el grado de mayor, un pantalón blue jean claro y botas negras”, señaló.

La versión de Carlos Díaz Díaz colisiona con lo que declaró ante el teniente Ricardo Franco de la Cuba a dos días del ataque terrorista a la comisaría de Vilcashuamán. Tampoco los sobrevivientes mencionaron que alguno de los terroristas se acercó a la comisaría disfrazado de policía, como sostiene Díaz Díaz.

De acuerdo con el teniente Ricardo Franco de la Cuba, Díaz Díaz no ofreció ninguna característica de la fisonomía de Iber Maraví.

“Ninguna. Al menos hubiera dado alguna característica de Maraví. O de los que atacaron la comisaría. Pero Díaz Díaz no dijo nada. Porque él mismo declaró que corrió al baño, mientras atacaban a sus compañeros de armas. Entonces, ¿cómo pudo haber visto algo si estaba escondido en el baño?”, relató Ricardo Franco de la Cuba.

En la relación de presuntos terroristas que participaron en el ataque a la comisaría de Vilcashuamán, Ricardo Franco de la Cuba reportó la detención de dos sospechosos: César Prado Chávez y Alejandro Salvatierra Pomasoncco. También identificó a otras 21 personas, pero ninguna de estas responde a Íber Maraví Olarte.

El testimonio del guardia Carlos Díaz Díaz empezó a circular bajo el patrocinio del coronel PNP (r) Max Anhuamán Centeno, designado como jefe de la Dirección Antiterrorista (Dircote) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), durante el gobierno de Dina Boluarte. En el primer cargo estuvo dos meses y 22 días, y en el segundo, tres meses y 9 días.

“Para mí es una versión muy coherente (la de Díaz Díaz), muy sujeta a la verdad”, dijo Anhuamán a los medios.

LA PRIMERA VERSIÓN

El 27 de octubre, Anhuamán entregó una grabación con las declaraciones de Carlos Díaz Díaz al procurador especializado en delitos de terrorismo, Mirko Ruiz Mendoza, para que inicie una investigación contra el senador Iber Maraví Olarte. También proporcionó una copia del mismo material al jefe de la Dircote, general Carlos Zapata Fernández.

Sin embargo, en el interrogatorio que le hizo el alférez Ricardo Franco de la Cuba al guardia Carlos Díaz Díaz, uno de los 13 sobrevivientes del ataque terrorista a la comisaría de Vilcashuamán, afirmó que no reconoció a ninguno de los autores de la acción.

Aquí está la transcripción:

“-¿Diga, usted si pudo identificar a alguno de los elementos terroristas que participaron durante el ataque?”, preguntó Ricardo Franco de la Cuba, según la copia del informe original del expediente que posee La República.

“-Que, no he podido identificar a ninguno de los elementos terroristas que participaron en el ataque a la Jefatura de Línea GC (Guardia Civil) de Vilcashuamán, que  era imposible la observación, debido a la oscuridad reinante de la noche y por los explosivos que se lanzaban contra el local GC, levantando gran cantidad de polvo y tierra. Además, los facciosos se encontraban parapetados en pequeños muros ubicados en las inmediaciones de la plaza de Armas, así como frente al local GC”, respondió Díaz Díaz.

En ninguna parte dijo haber visto a ningún terrorista. Mucho menos a Iber Maraví Olarte.

Cuarenta y cuatro años después, el exguardia civil Carlos Díaz Díaz asegura que lo vi con mis propios ojos.

Se trata del DL N° 1743 y el DL N°1744. El primero, sanciona con hasta 15 años de prisión a quienes faciliten sus cuentas bancarias o billeteras digitales para recibir dinero proveniente de extorsiones, mientras que el segundo presume que quien defiende su integridad, la de terceros o sus bienes frente a una agresión actúa de manera racional en legítima defensa.

Pena de hasta 15 años por facilitar cuentas para recibir dinero de extorsiones

El Decreto Legislativo N.° 1744 modifica el Código Penal para ampliar las conductas sancionadas por extorsión.

La norma establece que también serán castigadas, con penas de entre 10 y 15 años, las personas que proporcionen, cedan o presten sus cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros servicios financieros para recibir o canalizar el dinero obtenido mediante este delito.

Otra de las modificaciones es que se eleva la sanción de entre 5 y 8 años a un rango de 10 a 12 años de prisión a quienes participen en actos de conspiración y ofrecimiento para cometer sicariato.

Cuando estas conductas se realicen con la intervención de un menor de edad u otra persona inimputable, la pena pasará de 6 a 10 años a entre 12 y 15 años. Además, se incorpora como supuesto agravado que los actos se realicen desde el interior de un establecimiento penitenciario.

A su vez, las penas para quienes constituyan o integren una banda criminal que antes iban de entre 4 y 8 años pasan a un periodo de 6 a 12 años de cárcel. Se mantiene, además, la multa de 180 a 365 días.

Otras modificaciones al Código Penal

Otro de los cambios es que se sancionará a quienes prestan, alquilan o facilitar armas o bienes relacionados para fines ilícitos.

Si las armas o bienes facilitados son propiedad del Estado, la pena será de entre 10 y 15 años de prisión. Si se trata de armas con números de serie, marcas o códigos de identificación suprimidos, sustituidos o alterados, la sanción será de entre 12 y 14 años.

Asimismo, se incorpora el delito de falsedad en la declaración de pérdida o sustracción de armas de fuego. Los titulares de licencias que consignen información falsa en documentos o registros oficiales sobre la pérdida o robo de armas, municiones, accesorios o materiales relacionados podrán recibir entre 4 y 8 años de cárcel.

Si el responsable es un integrante de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas o un funcionario penitenciario, la pena se elevará a entre 6 y 10 años.

Otro de los nuevos delitos sanciona, con entre 4 a 6 años de prisión, la suplantación de identidad para adquirir, registrar o transferir armas de fuego, municiones y accesorios, así como para obtener autorizaciones de porte o tenencia.

También se castiga con entre 2 y 5 años de prisión a quienes vuelvan al país pese a contar con una sentencia condenatoria firme o una sanción administrativa firme.

Cambios en delitos informáticos y detenciones

Los cambios también endurecen las sanciones por delitos informáticos. La pena por ingresar sin autorización a sistemas protegidos pasa de un rango de 1 a 4 años a uno de 3 a 6 años.

Además, se consideran agravantes el uso de inteligencia artificial, la afectación de servicios esenciales y la participación de empresas. Si el delito es cometido por una organización criminal, la condena puede aumentar hasta en la mitad.

Por otro lado, se establecen detenciones de hasta 10 días para casos de reingreso ilegal al país y de hasta 15 días para investigaciones por extorsión, sicariato, secuestro y delitos vinculados al crimen organizado.

También se fijan nuevas reglas para la incautación de armas y explosivos, y se amplían los casos en los que la Policía puede solicitar la ubicación y el rastreo de celulares y otros dispositivos electrónicos durante las investigaciones.

Modificación en la norma de legítima defensa

Respecto al segundo decreto, N.° 1743, se modificó el Código Penal para presumir que quien defiende su integridad, la de terceros o sus bienes frente a una agresión actúa de manera racional. Es decir, desde un inicio se presumirá que actuó en legítima defensa.

Anteriormente, el ciudadano debía demostrar que su reacción ante un ataque fue proporcional. Sin embargo, la modificación asume ello y será el Ministerio Público quien deba demostrar lo contrario.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma, toda resolución que descarte la presunción de racionalidad deberá ser fundamentada bajo sanción de nulidad (aplicable incluso a casos en trámite). Antes de este decreto, los jueces podían desestimar la legítima defensa con argumentos generales.

A su vez, se obliga al fiscal a emitir un pronunciamiento definitivo y archivar de inmediato si se cumplen los requisitos que prueban que hubo legítima defensa. Esto a fin de extender investigaciones preliminares o formalizar denuncias pese a indicios de defensa propia.

La diputada Indira Huilca (Ahora Nación) indicó que, si bien aún no ha revisado a detalle el decreto legislativo, recordó que cuando se debatió lo presentado en el pedido de facultades se identificó que el mecanismo de legítima defensa en el país no protegía realmente a quienes tuvieran que usarlo frente a una situación de riesgo.

“Lo que siento es que al revés, mas bien se ha usado de forma distorsionada ese mecanismo de legítima defensa para avalar situaciones de impunidad sobre todo cuando se trata de población que no tiene capacidad para defenderse a la justicia”, declaró a la prensa.

Como ejemplo mencionó que se ha usado para cometer abusos, represión, facilitar violaciones a los derechos humanos.

“Sinceramente yo del actual gobierno creo que hemos escuchado muchos intentos de flexibilizar normas que protegen mas bien los derechos de los ciudadanos en desmedro de, por ejemplo, la actuación policial”, indicó.

El pedido fue presentado y dirigido al presidente del Senado, Miguel Torres. La solicitud comprende siete días fuera del territorio nacional, del 15 al 21 de noviembre, y cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

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La coincidencia de fechas adquiere relevancia porque León XIV permanecerá en el país hasta el 16 de noviembre. Ese último día, el pontífice visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, a las 8.30 a. m. Luego, celebrará una misa a las 10.30 a. m. en Las Palmas. Finalmente, tendrá una ceremonia de despedida a la 1.15 p. m. en la Base Aérea del Callao, antes de partir rumbo a Roma a las 1.45 p. m.

La salida de Fujimori también coincidirá con la última jornada del recorrido pastoral del papa por el país. El domingo 15 de noviembre, León XIV tendrá actividades en Cusco y Pucallpa. En esta última ciudad celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, antes de regresar a Lima por la noche.

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Viaje de Keiko Fujimori a China y Japón: ¿qué actividades tiene previstas?

La solicitud de Keiko Fujimori contempla una visita a China del 17 al 19 de noviembre para participar en la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos de APEC, en Shenzhen. El documento remitido al Senado también incluye reuniones con representantes de otras economías participantes.

Durante su estadía están previstas reuniones bilaterales con autoridades de Vietnam, Filipinas y Singapur, además de encuentros con empresarios. Sin embargo, el oficio no detalla acuerdos concretos que la mandataria tenga previsto suscribir durante estas actividades.

El 20 de noviembre, Fujimori viajará a Japón para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi. La agenda contempla un encuentro en la sede del Gobierno japonés y actividades con representantes empresariales. Su retorno al Perú está previsto para el 21 de noviembre.

El tribunal estableció que los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada cometidos en 1988 constituyen graves violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, exigen justicia.

Control de convencionalidad e inaplicación de leyes

En el fallo, el tribunal justificó la negativa a aplicar la Ley 32107, sobre prescripción de delitos de lesa humanidad, y la Ley 32419, de amnistía militar, mediante el principio de control de convencionalidad.

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Este mecanismo prohíbe dejar impunes los crímenes de lesa humanidad y obliga al Estado peruano a cumplir sus compromisos internacionales.

"Los órganos jurisdiccionales no deben aplicar las normas internas que establezcan prescripción o amnistía respecto de hechos susceptibles de constituir graves violaciones a los derechos humanos, en su vertiente de delitos de lesa humanidad, cuando su aplicación resulte incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano".

Apreciación de la prueba y condenas

Asimismo, el tribunal invalidó la sentencia absolutoria previa emitida por la sala inferior al considerar que carecía de una evaluación integral de las pruebas presentadas en el proceso.

"La sentencia absolutoria, sustentada en una valoración fragmentaria o insuficiente del acervo probatorio, vulnera el deber de motivación y debe declararse nula. En cambio, la sentencia condenatoria, sustentada en una valoración conjunta, razonada y suficiente de la prueba, debe ser confirmada".

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Reajuste de penas y exclusión de beneficios

Al evaluar los recursos presentados por los abogados de los militares para archivar el proceso, la Corte Suprema declaró infundadas las excepciones de prescripción presentadas por la defensa.

En las sanciones específicas, el tribunal confirmó 15 años de cárcel para los oficiales Marco Antonio Llontop Jesús y Luis Alberto Castañeda Marín por homicidio calificado, tras probarse su rol como jefes de las unidades operativas.

Asimismo, ratificó 8 años de prisión para 16 miembros de la tropa de las patrullas Grass y Huayacán por las incursiones en Cayara y las matanzas en los parajes de Erusco y Ccheua.

En cuanto al intento de acogerse a la gracia aprobada por el Legislativo, la resolución confirmó la improcedencia de la amnistía:

"INFUNDADAS las excepciones de amnistía (...) en el proceso que se les sigue por homicidio calificado y desaparición forzada en agravio de Máximo Asto Palomino, Indalecio Palomino Tueros, Teodosio Noa Pariona y otros".

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De igual manera, al reevaluar los años de cárcel aplicados a los integrantes de la tropa, la Corte Suprema fijó 9 años de cárcel.

"En consecuencia, este Tribunal de la Corte Suprema considera que las penas de los referidos encausados deben fijarse en nueve años de privación de libertad, manteniendo la reducción correspondiente a la afectación del plazo razonable y excluyendo únicamente el factor de responsabilidad restringida indebidamente aplicado".

Postura de la CNDDHH ante la resolución judicial

Tras conocerse el fallo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) valoró la ratificación de las penas a los responsables y la anulación de las absoluciones fijadas a favor de los procesados por desaparición forzada.

El organismo civil manifestó que las matanzas perpetradas en 1988 en Cayara, Erusco y Mayopampa constituyen crímenes de lesa humanidad que no prescriben y exigen verdad, memoria y justicia para las familias de las víctimas.

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Caso Cayara

Los hechos ocurrieron en mayo de 1988 en la comunidad de Cayara, Ayacucho. En respuesta a una emboscada de Sendero Luminoso contra un convoy del Ejército, las fuerzas armadas desplegaron un operativo en la zona.

Durante la incursión, los militares ejecutaron a comuneros e incurrieron en la desaparición forzada de varios pobladores que se encontraban en la localidad.

En los meses siguientes a la matanza, las patrullas militares implementaron un plan para encubrir los crímenes y frenar las investigaciones judiciales.

Este esquema incluyó la eliminación de testigos, la manipulación de escenas y ocultar los restos de las víctimas para evitar la identificación de los responsables.

El primer dictamen corresponde al Proyecto de Ley 22, presentado por Juntos por el Perú. La propuesta plantea derogar la Ley 32130, que modificó el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú. Además, busca restituir la vigencia de los artículos que fueron modificados por dicha norma.

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El segundo dictamen propone modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, así como derogar la Ley 32104, conocida como la 'Ley Soto'. De aprobarse, se establecería un límite proporcional al tiempo de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. La tercera propuesta plantea modificar la extinción de dominio, para restablecer la autonomía de este procedimiento y fortalecer sus garantías.

De cara a la votación, las bancadas de Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Juntos por el Perú sumarían 74 votos a favor de las propuestas. En el otro bloque, Fuerza Popular y Renovación Popular concentrarían 56 votos en contra.

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Para aprobar los dictámenes se necesita mayoría simple, es decir, más de la mitad de los diputados presentes en la sesión, siempre que exista el quórum reglamentario. Según el cálculo considerado para esta votación, se necesitarían 66 votos favorables. La proyección de 74 respaldos superaría ese umbral, aunque el resultado dependerá de la asistencia y del voto efectivo de los parlamentarios.

Además, una eventual aprobación en primera votación no significaría que las propuestas queden listas para su promulgación. El reglamento establece una segunda votación después de siete días calendario. Este requisito puede ser exonerado si el Pleno alcanza el voto favorable de los tres quintos de los diputados presentes.

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Víctor Piñán, vocero de la bancada Obras, confirmó que su agrupación respaldará las iniciativas. "Como bancada ya hemos tomado una posición y vamos a votar a favor de la derogación de las denominadas leyes procrimen", declaró. El diputado también sostuvo que existe coincidencia con el bloque de oposición y recordó que esa postura fue expresada durante la Junta de Portavoces.

Sin embargo, el respaldo que puedan recibir los dictámenes en la Cámara de Diputados no garantiza que tengan el mismo resultado en el Senado. Piñán reconoció que todavía no había conversado con los senadores de su agrupación, aunque recordó que varios de ellos abordaron el tema durante la campaña electoral. "Ha sido una propuesta de campaña, espero que no cambien", manifestó sobre la posibilidad de que mantengan su posición.

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Diputados también debatirán informe final sobre el diputado Julián Pérez y acusación contra Pedro Castillo

La agenda del Pleno también incluye el informe final de la Denuncia Constitucional 12, antes 403, contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala. El documento recomienda acusar a ambos por presuntos delitos vinculados a la gestión de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de levantarles el fuero para que el Ministerio Público proceda conforme a sus atribuciones.

En el caso de Castillo, el informe recomienda acusarlo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio. Según las conclusiones de la investigación parlamentaria, el exmandatario habría instrumentalizado su cargo para vender ascensos y favorecer indebidamente a terceros. Para Walter Ayala, entonces titular de Defensa, se plantea acusarlo por abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, al considerar que habría actuado como intermediario de intereses ilícitos.

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Sin embargo, el informe recomienda archivar la imputación contra Ayala por el presunto delito de organización criminal. El documento sostiene que no se acreditó la existencia de una estructura criminal paralela a la estatal y que los delitos atribuidos no cumplen el estándar de gravedad exigido por la Ley 32138. El debate de esta denuncia ya había sido programado para el 29 de octubre, pero fue reprogramado a solicitud de Castillo y Ayala. La Comisión de Acusaciones Constitucionales remitió el informe al Pleno ante la proximidad del vencimiento de la prerrogativa de antejuicio del exministro, previsto para el 15 de noviembre.

Otro asunto incorporado a la agenda es el informe final de la Comisión de Ética que recomienda suspender al diputado Julián Luis Pérez Mallqui durante 120 días de legislatura, además del descuento de sus haberes. El documento, aprobado en mayoría el 19 de octubre, declaró fundada la denuncia presentada contra el parlamentario por vulnerar los principios de respeto, responsabilidad, integridad y justicia contemplados en el Reglamento del Congreso. De aprobarse, la resolución también será remitida al Ministerio Público.

Además, continúa pendiente la fecha y hora para la concurrencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta, y de los ministros del Interior, César Astudillo, y Defensa, Rafael Belaúnde, ante la Cámara de Diputados. La invitación fue aprobada el 10 de setiembre mediante la Moción de Orden del Día 186, pero hasta la agenda del Pleno del 10 de noviembre todavía no se había definido cuándo deberán presentarse para informar sobre sus respectivos sectores.

Anteriormente, el ciudadano debía demostrar que su reacción ante un ataque fue proporcional. Sin embargo, la modificación asume ello y será el Ministerio Público quien deba demostrar lo contrario.

En ese sentido, otro de los cambios que introduce el decreto es que la racionalidad debe valorarse desde la perspectiva de quien tuvo que defenderse y según las circunstancias exactas al momento del ataque.

Por esto, se obliga a considerar la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de actuar del atacante, los medios disponibles y los bienes protegidos.

Exigencia a los jueces y fiscales

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma, toda resolución que descarte la presunción de racionalidad deberá ser fundamentada bajo sanción de nulidad (aplicable incluso a casos en trámite). Antes de este decreto, los jueces podían desestimar la legítima defensa con argumentos generales.

A su vez, se obliga al fiscal a emitir un pronunciamiento definitivo y archivar de inmediato si se cumplen los requisitos que prueban que hubo legítima defensa. Esto a fin de extender investigaciones preliminares o formalizar denuncias pese a indicios de defensa propia.

“Si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notifica al denunciante, al agraviado y al denunciado”, se lee.

Financiamiento

De acuerdo con el documento, la implementación del decreto legislativo se financiará con cargo al presupuesto de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Reacciones

La diputada Indira Huilca (Ahora Nación) indicó que, si bien aún no ha revisado a detalle el decreto legislativo, recordó que cuando se debatió lo presentado en el pedido de facultades se identificó que el mecanismo de legítima defensa en el país no protegía realmente a quienes tuvieran que usarlo frente a una situación de riesgo.

“Lo que siento es que al revés, mas bien se ha usado de forma distorsionada ese mecanismo de legítima defensa para avalar situaciones de impunidad sobre todo cuando se trata de población que no tiene capacidad para defenderse a la justicia”, declaró a la prensa.

Como ejemplo mencionó que se ha usado para cometer abusos, represión, facilitar violaciones a los derechos humanos.

“Sinceramente yo del actual gobierno creo que hemos escuchado muchos intentos de flexibilizar normas que protegen mas bien los derechos de los ciudadanos en desmedro de, por ejemplo, la actuación policial”, indicó.

Por su parte, el abogado Carlos Caro, consideró que “la presunción tendrá poca eficacia, porque el control judicial penal es ajeno a presunciones. Además, cubre la racionalidad del medio, no la agresión”, según escribió en sus redes sociales.

“Si no hubo un ataque actual, ilegítimo y real, o si ya había terminado, no hay nada que presumir, y sigue exigiéndose que no haya mediado provocación suficiente. Lo que sí puede cambiar la práctica es el archivo temprano, que ahorra años de proceso a quien se defendió. ¿Basta una presunción para proteger a quien se defiende?”, escribió.

En tanto, el abogado penalista Joel Córdova destacó en diálogo con La República que la modificación es pertinente porque “a veces quienes defendieron sus derechos o de terceros, suelen ser sometidos a largos procesos penales, afectándoles económica y socialmente, pasando de ser víctimas que se defendieron a ser tratados como criminales”.

Alertó que uno de los aspectos en contra es que “la Fiscalía olvide su labor de investigación y no logre diferenciar aquellos casos de legítima defensa de los que no lo son”.

Argumento de “legítima defensa” ha sido usado por policías y militares

Caso Colcabamba

Lo mencionado por la diputada Huilca tiene asidero en algunos casos en los que policías y militares han justificado sus actuaciones con el argumento de legítima defensa.

Este año, ocho miembros del Ejército fueron procesados por la muerte de cinco civiles ocurrida durante un operativo antidrogas en la zona del Vraem. La defensa legal de los militares aseguró que dispararon sus armas de reglamento en legítima defensa, alegando que los ocupantes de una camioneta se resistieron a la intervención y abrieron fuego primero. Sin embargo, no se encontró evidencias de que los ocupantes llevaran armas. En agosto la Sala Superior de Junín revocó los 12 meses de prisión preventiva señalando que existían evidencias que respaldaban la tesis de legítima defensa durante un enfrentamiento.

Protestas en Ayacucho

Durante las movilizaciones de finales de 2022, diez civiles fallecieron por impactos de fusiles Galil en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho. En el marco de las investigaciones fiscales contra los mandos y efectivos militares, las defensas legales y sectores políticos sostuvieron que los disparos fueron una reacción defensiva frente al intento de toma del terminal aéreo y ataques con objetos contundentes, aunque la Fiscalía los procesa por homicidio calificado al determinar que varios disparos alcanzaron a personas desarmadas que no representaban peligro letal.

Protestas del 2022–2023

En las investigaciones por las muertes ocurridas en Juliaca (18 civiles fallecidos) y otras zonas del sur, decenas de efectivos policiales investigados alegaron haber hecho uso de sus armas en defensa propia y de instalaciones públicas ante el ataque de manifestantes con huaracas, piedras y pirotécnicos.

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos cuestionó este argumento en múltiples expedientes tras hallar que las víctimas recibieron impactos de bala a larga distancia o sin estar atacando directamente a los agentes.

Al señor Chlimper lo conozco desde el año 2015. Yo participé en la campaña electoral del 16, acompañando a la actual presidenta de la República (…) Tengo el mejor de los conceptos, no lo he visto últimamente, pero creo que sí existe algún vínculo con el Gobierno, me alegraría, declaró Huaroc a La República.

Chlimper fue designado el 15 de septiembre como integrante de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, junto con Jaime Yoshiyama y Arsenio Oré. Este grupo fue creado como un órgano de asesoría a disposición de la Presidencia para emitir opiniones sobre los asuntos que le sean consultados. Sus integrantes tienen un cargo de confianza y ad honorem, sin vínculo laboral.

Sin embargo, su participación en el gobierno puso en la mesa cuál es la influencia de los antiguos dirigentes fujimoristas en las decisiones del Ejecutivo. Según fuentes de 'Hildebrandt en sus trece' que atribuyen a Chlimper la confianza de Keiko Fujimori y su intervención en asuntos políticos del Gobierno, incluso en la búsqueda de un eventual reemplazo para Luis Galarreta en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

¿Quién es José Chlimper?

El exministro de Agricultura también fue secretario general de Fuerza Popular y candidato a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial de Keiko Fujimori en 2016. Su trayectoria dentro del fujimorismo incluye la promoción de la Ley 27360, conocida como Ley Chlimper, que estableció beneficios tributarios para las empresas agroexportadoras durante el Gobierno de Alberto Fujimori.

La norma estuvo vigente entre 2000 y 2020 y recibió cuestionamientos por las condiciones laborales que establecía y la concentración de sus beneficios tributarios en grandes empresas.

A su trayectoria política y empresarial se suman sus aportes económicos a Fuerza Popular. Según los registros de la ONPE, Chlimper entregó S/459.727,50 al partido entre 2017 y 2026, de los cuales S/174.925 corresponden al actual proceso electoral.

Asimismo, fue investigado en el caso Cócteles por presuntos aportes irregulares vinculados con las campañas de Fuerza Popular. La hipótesis fiscal lo relacionó con operaciones de US$210.000 y US$266.000. En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional anuló parcialmente la acusación fiscal en su contra por vulneraciones al derecho de defensa y ordenó formular una nueva acusación conforme a los criterios establecidos en su sentencia. Esta decisión no constituyó una declaración de inocencia.

El parlamentario formalizó su decisión mediante una carta dirigida a la sede diplomática, en la que excusó su asistencia debido a compromisos asumidos previamente en su agenda.

Además, indicó que "el mejor escudo frente a la inseguridad es la justicia social", tras la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, decisión que no fue respaldada por su grupo parlamentario.

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En el texto oficial, López Chau precisó que la convocatoria llegó por WhatsApp mediante Justin Davis, ministro consejero de la embajada.

El legislador valoró la propuesta de diálogo, pero exigió que la diplomacia con Estados Unidos respete la soberanía nacional y, de manera fundamental, el principio de no intervención en los asuntos internos del Perú.

"Consideramos que la diplomacia y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales constituyen elementos fundamentales de la política exterior de nuestro país. Creemos firmemente en la importancia de mantener vínculos de amistad sobre la base del pleno respeto a la soberanía nacional, la autodeterminación y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados", sostuvo López Chau en el documento.

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Sobre la lucha contra la delincuencia, López Chau reconoció la ayuda de Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que la cooperación externa no basta si no hay reformas sociales dentro del país.

"Valoramos y agradecemos la cooperación que los Estados Unidos brindan al Perú en materia de seguridad. Sin perjuicio de ello, sostenemos que el mejor escudo frente a la inseguridad es la justicia social, pues estamos convencidos de que una sociedad con mayores oportunidades, acceso a servicios públicos de calidad y condiciones de vida dignas constituye la base más sólida para prevenir la violencia".

El documento también señala que la ayuda internacional en seguridad no debe limitar su acción al plano policial o militar, sino complementarse con políticas públicas orientadas a resolver las causas de la inseguridad.

En esa línea, Galarreta aclaró que el equipo ministerial trabaja unido. "Bueno, yo como lo he dicho, yo no declaro sobre chismes, lo que sí he declarado y quiero que lo tengas claro, nosotros como gabinete además tenemos el respaldo de la presidenta (...) el gabinete está sólido", vía Panamericana.

Pese a sus declaraciones en señal abierta, su permanencia atraviesa un momento de incertidumbre. De acuerdo con fuentes de este diario, Galarreta ya no contaría con el respaldo suficiente para mantenerse en el cargo, situación que llevaría a la presidenta Keiko Fujimori a evaluar la posibilidad de retirarle la confianza y colocar a otra figura al frente de la PCM.

En relación a los comentarios sobre tensiones internas en el Ejecutivo, el premier descartó cualquier tipo de diferencias con figuras cercanas al entorno del Ejecutivo, como Miguel Torres.

De igual manera, explicó que la renuncia del exministro Rafael Rey obedeció a complicaciones en su estado de salud y no a discrepancias políticas.

"Supuestamente a mí me sacan de hace tres semanas, yo estoy peleando con Miki Torres (...) pelearse con Miki Torres que es una de las personas, creo que, más preparadas, decentes y buenas que hay, o sea, sería imposible, somos muy amigos".

Galarreta sostuvo que los cambios de ministros en el Gabinete corresponden únicamente a la decisión de la presidenta Keiko Fujimori. El jefe del Gabinete pidió enfocar el debate público en los problemas de fondo, como la prevención ante desastres y la lucha contra la delincuencia.

"Mañana un ministro puede salir si así lo decide la presidenta, del premier a cualquier ministro, o sea, eso no es aquí en cualquier parte del mundo”.

Durante la entrevista, la periodista mostró un video con la respuesta de Rafael López Aliaga al ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien había señalado que el líder de Renovación Popular "perdió la soga y la cabra" por su situación política.

En las imágenes, López Aliaga atacó a Sheput recordándole su pasado en el gobierno de Alejandro Toledo. Al ser consultado sobre esta polémica, el premier Luis Galarreta evitó tomar parte en los insultos y aclaró que su ministro solo opinó sobre un hecho coyuntural.

"No, el ministro lo que hizo fue un comentario en relación al hecho, y punto (…) Bueno, no sé cuál va a ser el desenlace, como te digo, porque hay acciones que el líder de Renovación ha planteado que va a hacer. Yo esperaré que termine eso”.

Libre competencia y supervisión de la SBS

En otro momento del diálogo, Galarreta abordó la situación del mercado y los señalamientos sobre presuntos monopolios en los servicios financieros supervisados por la SBS.

En esa línea, el jefe del Gabinete sostuvo que la posición del Gobierno promueve la libre competencia en favor de los usuarios.

"No hay mejor, digamos, resultado para el consumidor y eso lo plantea la Constitución del 93 que pone al consumidor en el centro (…) apuntamos a una mayor competencia en todos los sectores".

Reforma institucional del Ministerio Público

Respecto a las críticas sobre el manejo de investigaciones en la Fiscalía y la apertura de carpetas sin suficiente corroboración, el premier apoyó una reestructuración de la norma que rige dicha entidad.

"Creo que los propios operadores saben que cualquier reforma tiene que ser con ellos. No puede ser sin ellos, y eso también lo hemos dicho nosotros, y lo ha dicho muy bien la presidenta Fujimori".

Unidad nacional y coyuntura del país

Además, Galarreta indicó que los cambios en el Gabinete corresponden a la decisión de la presidenta Keiko Fujimori.

El jefe del Gabinete destacó la importancia de la unidad nacional ante los problemas de la criminalidad, la emergencia climática y la visita de "León 14".

"Creo que va a ser una bendición para el país, espero que también esto llegue a la unidad, sobre todo frente a dos problemas, que es la criminalidad y el fenómeno del Niño Fuerte, aquí deberíamos olvidarnos, ojalá, de las banderas políticas".

Claro.

¿Qué piensa del balance que hizo?

Que responde a la necesidad de comunicar resultados, que era una exigencia bastante fuerte.

¿Y usted piensa que es suficiente lo que ha expuesto?

Pienso que la expectativa que teníamos muchísimos con respecto a un gobierno de Fuerza popular y de Keiko Fujimori era tan alta y ha encontrado desafíos tan enormes que difícilmente van a conjugarse si es que no hay una planificación muy estricta para poder alcanzar los objetivos que ella misma propuso.

Claro, si uno compara lo que dijo con los ofrecimientos del plan de gobierno, en realidad el gobierno está en deuda. Solo por nombrar el tema de seguridad, ella había ofrecido, para los 100 primeros días, 1.000 patrulleros inteligentes, 10.000 cámaras interconectadas, la modernización de más o menos 200 comisarías. Nada de eso se dijo en el mensaje de anoche.

Se habló del comando unificado, se habló de armas incautadas, de organizaciones criminales desarticuladas, no lo que ella ofreció, y es que ahí tú empiezas a darte cuenta de cómo se privilegia lo urgente por lo importante, y de lo indispensable que es establecer con claridad las metas.

La señora Fujimori ha elevado a logro el haber conocido el sistema penitenciario de El Salvador. A usted ese viaje le hacía ruido. En RPP dijo: “La eficiencia de la política exterior no se mide en millas”. Como diciendo que la política exterior no es mejor porque un presidente sea viajero. Y luego agregó: “Tampoco se mide en fotos con los jefes del Estado”. ¿Sigue pensando así?

Sí, claro, yo respondo y explico mi crítica o mi halago. En este caso apenas se conoció del viaje, yo lo comenté y señalé que la preocupación estaba en que no estaba claro exactamente qué es lo que se buscaba con ese viaje y tampoco me parecía la oportunidad la más conveniente. Es un viaje que se hace cuando escribes tu plan de gobierno o al inicio del gobierno. Entonces, no me parecía la oportunidad. No me parece que El Salvador tenga un sistema constitucional que se pueda replicar en el Perú, con las medidas que se adaptaron allá. La tipología de su crimen es diferente y todo El Salvador en general guarda enormes distancias con el Perú. Entonces, si no hay una meta clara que vaya a tener un correlato con su aplicación directa para resolver los problemas en el Perú, era un viaje al que no le encontraba una utilidad práctica.

¿Y ahora le encuentra una utilidad práctica? Luego de las escenas que hemos visto en El Salvador.

He confirmado que no estaba descaminada mi crítica.

Es muy elegante para hacer críticas.

En realidad, no creo que sea elegancia, me pego a la realidad, a las cifras, los números, los objetivos, las metas, los problemas son absolutamente mensurables.

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Quiero referirme a otro tema del que ya ha hablado. El sistema penitenciario de El Salvador está militarizado y usted ha expresado sus dudas sobre eso. Cuando se lo han preguntado, usted ha dicho que Pataz también está militarizada y allí los resultados son muy pocos. Con eso está claro que el modelo de El Salvador no es aplicable al Perú.

No, no es aplicable. Nuevamente, vamos a las cifras. ¿Cuántos internos hay en El Salvador versus cuántos internos hay en el Perú, con respecto a la población de cada país? ¿Cuántos militares tienes dentro de las prisiones en El Salvador? ¿Cuántos necesitarías para replicar el modelo en el Perú? Es inviable, inviable a la primera vista. Ahí habría que preguntarse quién le sugirió el viaje y por qué.

¿Usted no tiene una sospecha?

No, yo no sospecho. Yo suelo analizar aquello que es concreto exactamente.

¿Qué piensa en general de lo que llaman el modelo Bukele?

Yo soy profundamente demócrata, tengo el espíritu y la convicción republicana. Creo en la separación de poderes y creo profundamente en las libertades. Entonces, cualquier modelo que resuelva los problemas -que estoy segura que los ciudadanos de El Salvador agradecen- pero que en el tiempo implique el recorte de libertades, la vulneración de derechos fundamentales y la apología al personaje, históricamente eso no ha dado buenos resultados.

¿Usted se siente de derecha o conservadora?

Soy conservadora en cuanto a mis convicciones personales, religiosas, familiares, si se quiere, pero soy profundamente liberal en temas de mercado, de expansión, de política, de acogimiento, de tecnología y demás.

Yo le preguntaba esto porque he leído que se siente de derecha popular. Y ahora que hablamos de Bukele, en el Perú hay una fascinación por este modelo, que, como usted dice, implica romper el sistema democrático, intervenir el Poder Judicial. ¿Por qué sus compañeros de ruta de la derecha no entienden lo mismo que usted? ¿Tiene una explicación?

Si yo quisiera entrar a un análisis tan, a ver, ideológico, como lo está planteando, empezaría por preguntarme quiénes son de la derecha y qué es la derecha en el Perú, y esa es una respuesta que no tengo.

Seamos arbitrarios, la derecha no es la izquierda, es lo contrario a la izquierda en el país.

Claro, y por eso yo en algún momento hablé de la derecha popular, de aquella que impulsa la capacidad creadora del pueblo, que desata el potencial del peruano, que siempre, históricamente y desde hace mucho tiempo, es un emprendedor.

Está hablando de la definición del elector.

E incluso del que ideológicamente podría adherir a la derecha, pero esa derecha yo la diferencio, y ahora creo que hay un ejemplo emblemático en el presidente de Paraguay. Creo que la derecha merca es algo que no tiene realmente más que el afán de lucro para sí mismo y no el proyecto de desarrollo para un país.

¿Hay mucha derecha merca en el Perú?

Hay derecha merca en el Perú. Sí, claro.

¿Se atrevería a señalar algunos grupos?

No, porque no es responsable. Nuevamente, yo hablo sobre evidencia, y para señalar directamente a alguien requeriría sustentar lo que voy a decir.

Pero hemos conocido discursos, hemos conocido posiciones en la elección pasada.

Sí, claro. Y yo estoy convencida de que los lectores de La República van a identificar con nombre y apellido, y sector, a la derecha merca, sin que necesariamente yo la señale.

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Sí, es lo más probable. ¿Qué piensa de la gestión del señor Miki Torres como presidente del Senado?

Pienso que está haciendo un gran esfuerzo para manejarse en un modelo bicameral muy mal hecho, en un modelo bicameral cuya delimitación de funciones, cuya separación de atribuciones, ya empezó a generar problemas. Y si no se resuelven, eso puede terminar muy mal porque el conflicto ya no va a ser entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es un conflicto natural. En este caso, hay fricciones entre cámaras, en un proceso que debería fluir. Entonces, el desafío que tiene Miguel Torres como presidente del Congreso en este momento es enorme y lo hace en circunstancias constitucional y reglamentariamente muy complicadas.

¿Y está a la altura del encargo? Cuando cometió este error en la redacción de la autógrafa que daba las facultades al Ejecutivo, que señalaba que solamente el Senado estaba dando las facultades, él defendió esa posición, él dijo que se basaba en argumentos constitucionales y otras cosas más, pero estaba equivocado.

Sí, estaba equivocado.

Parece que el cargo lo ha envanecido o no lo ha dejado reflexionar. ¿Qué piensa usted?

Que reflexionó y que enmendó.

¿Es suficiente una fe de erratas?

No, no es suficiente una fe de erratas. Y pienso que ahí quizás la enmienda debió haber sido más constitucional y más reglamentaria.

Usted debe conocer al señor Torres. Han trabajado en algún momento en el Parlamento. ¿Lo ve con ánimo de enmienda? Porque él ha dado por acabado el incidente con la fe de erratas.

Considero que debe hacerse lo que es constitucional y reglamentariamente correcto, para garantizar hermenéutica parlamentaria que genere precedente válido y que no abra innecesariamente flancos que permitan más adelante atacar la legalidad del proyecto de delegación de facultades.

Ahora, ¿usted diría que el Senado está respetando su propio reglamento?

Pienso que no han querido entrar a la discusión con respecto a los límites que tiene el Senado. El diseño unidireccional que tenemos ahora, que hace que la decisión final la tenga el Senado, impone límites. Si el Senado puede corregir, aprobar o rechazar una propuesta, eso es definitivo, porque de ahí solamente sube a presidencia para promulgación. Y como le han dado todo ese poder de cierre del íter legislativo, también han puesto límites, dos bien claros reglamentariamente establecidos: No desnaturalizar y referirse a la propuesta aprobada en diputados. ¿Qué significa esto trayéndolo al proyecto de ley de delegación de facultades? Que solo podían referirse a los 27 puntos aprobados por diputados, no a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, no al dictamen en minoría. Entonces, pienso que allí no han respetado su propio reglamento y deberían evaluar esto.

Correcto, pero ahora los hechos ya se consumaron. Ya la autógrafa ha sido enviada al Ejecutivo y lo que la gente siente es que la Cámara de Diputados en este momento es básicamente la mesa de partes del Senado.

Sí y no, porque en realidad la discusión se convirtió en eso. ¿Quién va a ser mesa de partes de quién? Porque el Senado se quejaba de que ellos no tenían iniciativa legislativa. Y no la tienen, es parte de su reglamento…

El reglamento que aprobó Fuerza Popular.

Pero por supuesto y que fue impulsado bajo la presidencia de la Comisión de Constitución exclusivamente de Fuerza Popular. Así que ahí tendría que haber una autocrítica o una explicación de cuáles fueron las razones para hacer eso.

Porque los límites los pusieron ellos.

Los límites los puso el Congreso, porque una reforma constitucional requiere 87 votos y este tuvo muchos más. Pero el dictamen fue elaborado y aprobado bajo la presidencia de Fuerza Popular, sin duda.

Allí estaban la señora Moyano y el señor Rospigliosi.

Moyano, Juárez y Rospigliosi. Entonces, sí hay por lo tanto el deber de explicar qué es lo que quisieron decir con eso.

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Ahora, ha dicho que la presidenta Fujimori no debería echar más combustible a las diferencias que hay con las fuerzas políticas. ¿Usted siente que está siendo exitosa en ese manejo?

Yo no termino de comprender la conducta con la oposición. Empezó el gobierno con un discurso más bien convocante. Pero luego se cambió al señalamiento a la oposición como obstruccionista y luego con comparaciones, usando frases literarias que no aportan.

Y que no existen.

Sí, tampoco. Y en un momento como el que vive el Perú en noviembre del 2026 y lo que se viene para el 2027, lo que debe hacer un jefe de Estado es unir, es convocar. El Perú va a enfrentar la catástrofe más grande que hayamos visto y yo creo que no va a tener comparación ni con el COVID, ni con la época del terrorismo en términos destructivos. Y eso requiere gobierno. Y el gobierno no debe confrontar en momentos difíciles, sino unir.

¿No le está exigiendo mucho a la señora Fujimori? Usted la conoce. En abril, por ejemplo, decía que la izquierda era su enemiga. ¿A esta misma izquierda la va a convocar ahora?

Es su deber. Más allá de sus propias convicciones y de sus propias emociones, que son naturales en alguien que ha hecho política partidaria y que ha estado en campaña durante tanto tiempo y que ha sido perseguida y atacada con mucha virulencia también, es normal que ese tipo de emociones en abril hayan existido. En noviembre estas deben desaparecer porque, insisto, hace ya tres periodos que en el Perú se gana por 40.000 votos.

¿Por qué de pronto es crítica con el gobierno? Usted fue una entusiasta congresista de Fuerza Popular.

Mi gratitud, mi reconocimiento a la oportunidad que me dio Fuerza Popular para servir a mi patria no me quitan mi criterio y no me quitan mi DNI para opinar desde mis propias convicciones, desde mi formación profesional y desde mi carrera larga en el servicio público. Mi trayectoria política no empezó con el fujimorismo. La precede largamente.

De hecho, usted fue de izquierda en algún momento.

En algún momento, como todas las personas que aspiran a cambiar la patria y son niñas. Yo estuve en la izquierda cuando era niña. A los 13 años dirigí la toma de mi colegio.

Vaya, era radical.

Es natural que las revoluciones personales vayan al ritmo de la edad. Con el tiempo uno conoce la realidad, aterriza y entiende la idiosincrasia y además los recursos con los que se cuenta y se van adquiriendo ideologías que no son ni de un lado ni del otro lado.

¿La llaman de Fuerza Popular cuando leen sus críticas?

No opino esperando una llamada. Es más, mi única esperanza es que quizás las escuchen y tomen aquello que les pueda parecer conveniente. Yo creo que lo peor que le puede ocurrir a un gobierno que enfrenta los problemas que tiene el Perú en este momento es rodearse de una corte de adulones o de quienes no sean capaces de señalar un problema.

¿Y hay muchos adulones en Fuerza Popular?

Creo que exigirle y reclamarle a la gente que expresa una crítica no solamente no es democrático, sino que dificulta la solución de los problemas.

No me respondió. ¿Había muchos adulones en Fuerza Popular? Usted los conoce.

Creo que hay personas que ven a la crítica como algo negativo.

Usted estuvo en el chat que llamaron La Botica.

Sí, claro.

Ahí, Fuerza Popular se envanecía y celebraba sus votaciones. Usted, por ejemplo, daba vivas al partido, a la misma Keiko. ¿Ha dejado de ser la persona que estuvo en ese chat?

Yo soy Rosa Bartra. Las personas no somos las mismas, como esa niña de 13 años que dirigió la toma de su colegio o la congresista que presidió tres comisiones importantísimas en el Congreso. Mi responsabilidad, de acuerdo al escenario, trato de ejercerla con convicción, con lealtad, con respeto a mis principios. Entonces, no es que haya cambiado yo, es que ha cambiado el lugar desde donde ejerzo mi responsabilidad.

Le pregunté por el chat La Botica, que se hizo conocido después de la interpelación que se le hizo al ministro de Educación (Jaime Saavedra). Después de tanto tiempo, ¿diría que actuaron bien con el señor Saavedra?

La interpelación, y de hecho yo sustenté la interpelación a Jaime Saavedra, no dejó de tener razones. Había una gran corrupción detrás de la compra de computadoras y en ese tiempo todavía conocíamos de la responsabilidad política de los ministros, que creo que es algo que se ha olvidado. Entonces, había pruebas, había depósitos en cuentas, había responsables y había un grave problema con la educación pública.

El hecho concreto es que todas esas sospechas y todo lo que efectivamente usted expuso, ya no vale nada. El señor está trabajando sin ningún problema legal fuera del país.

Como la señora Fujimori ahora es presidenta del Perú, después de haber enfrentado todas las acusaciones que enfrentó. Digamos que hay un momento histórico y hay los eventos posteriores. La decisión no se tomó con respecto a Jaime Saavedra del 2026 y el Banco Mundial, se tomó con Jaime Saavedra, ministro de Educación, responsable de un sector en el que había corrupción.

"Lo que quiero que sepan es que siempre vamos a rendir cuentas, lo he hecho en un mensaje televisado", sostuvo Fujimori durante la transmisión. La jefa de Estado defendió los resultados que presentó el Ejecutivo y afirmó que las cifras respaldan el rumbo de su mandato, pese a los problemas que todavía enfrenta el país.

Cabe señalar que durante el balance que hizo sobre su Gobierno, ella misma reconoció que todavía no consigue controlar la criminalidad y admitió que se registran 6,5 crímenes violentos diarios. "No hemos vencido al crimen aún, pero empezamos a enfrentarlo bajo una sola dirección y sin bajar la guardia", señaló.

Sin embargo, el balance presidencial también dejó compromisos pendientes. Fujimori no informó sobre el cumplimiento de tres de sus principales ofrecimientos en seguridad ciudadana: reducir en 20% la tasa nacional de homicidios, implementar un Centro Nacional de Comando y Videovigilancia (C5i) en las 24 regiones y disminuir la impunidad del 90% al 50%.

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Gobierno promete más de S/500 millones para las mypes

Fujimori anunció una inversión superior a S/500 millones para el programa Compras a MYPErú, destinado a financiar la producción de más de 1,2 millones de artículos escolares. La iniciativa contempla la confección de mochilas, buzos y zapatillas mediante la participación de micro y pequeñas empresas.

"Vamos a invertir más de 500 millones de soles en los proyectos de Compras a MYPErú. Esto es para ayudar a los emprendedores, a los pequeños empresarios, que nos van a ayudar a confeccionar los kits escolares", afirmó la presidenta. Sin embargo, no precisó el cronograma de ejecución ni los mecanismos para distribuir los contratos entre los negocios participantes.

Cabe señalar que el Frente Nacional de Defensa de la MYPE (Fredemype), en octubre del año pasado convocó a un plantón frente al Ministerio de la Producción para exigir la salida del director ejecutivo de Compras a MYPErú, Edgar Quispe Remón, y de las especialistas responsables de la supervisión del programa.

El dirigente gremial Reneé Cobeña cuestionó la falta de resultados y sostuvo que desde 2025 ni siquiera se había concretado "una compra importante" para las mypes. También denunció presuntas irregularidades en los núcleos ejecutores de compras, incluidos cuestionamientos a proveedores y a la distribución de artículos escolares.

"Como vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de diputados, he solicitado la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada, tras la denuncia pública que cuestiona su contratación. Reafirmo nuestro compromiso con una gestión ética y transparente. Por su parte, el proyecto de ley de amnistía no debe verse deslegitimado y debe debatirse por su contenido y sus fundamentos", escribió.

Barbadillo es el penal donde cumple prisión el expresidente Pedro Castillo, vinculado a JP. El dominical reveló que hay familiares de funcionarios del INPE contratados en el grupo parlamentario y en sus despachos.

Los contratados cuestionados

Según el reportaje de Cuarto Poder, Yulissa Lucero, hija de Calixtro Lucero, director del penal de Barbadillo, fue contratada en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas. Se desempeña como técnica parlamentaria y percibe S/8.321 mensuales. El programa indicó que no registra experiencia en trabajos similares.

Consultada por el dominical, Isla negó que se trate de un intercambio de favores y dijo que Castillo no le dio el nombre para contratarla. “De ninguna manera”. Lucero no respondió a la pregunta sobre si existe relación entre el cargo de su padre y su contratación.

El segundo caso es el de Alejandro Hurtado, hijo del agente de seguridad del INPE asignado a Barbadillo, que trabaja como técnico de la bancada de JP en Diputados y también gana más de S/8.000. Al ser consultado, respondió que su padre “no tiene nada que ver” y que no tenía nada más que decir.

Además, el programa cuestionó a Héctor Sandoval Moreno, exdirector del penal, contratado como asesor de la Comisión de Justicia de Diputados, presidida por Catherin Palomino. Sandoval sostuvo que su contratación responde a su formación profesional y precisó que ya no trabaja en Barbadillo.

De acuerdo con el JNE, los alcaldes en funciones no podrán juramentar nuevamente en el cargo y solo podrán hacerlo como primer regidor. Bajo esta figura, la candidata de 28 años quedaría habilitada para ocupar el sillón municipal al ser la siguiente en la lista ganadora.

Hasta el momento, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Este 2 no ha fijado la fecha de proclamación de resultados. De acuerdo con el portal de la ONPE, Somos Perú ganó la elección con 262.727 votos, seguido por Avanza País y Alianza para el Progreso (APP) con 50.130 y 59.049 votos, respectivamente.

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¿Quién es Margiori Mejía Alva, la próxima alcaldesa de San Juan de Lurigancho?

De acuerdo con su hoja de vida declarada ante el JEE Lima Este 2, Margiori Mejía Alva tiene 28 años de edad y es bachiller en administración de empresas de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). El título universitario lo obtuvo en 2025.

Como parte de su experiencia laboral, trabajó como asistente de operaciones en la UTP en 2020. Fue auxiliar de operaciones en Mi Banco - Banco de las microempresas entre el 2023 y 2024. En ese mismo año, ingresó a trabajar a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho como auxiliar de administración y, en 2025, se desempeñó en el área de seguimiento de documentos administrativos.

En este año, laboró en la asistencia administrativa del municipio. Mejía Alva no cuenta con sentencias de ningún tipo.

La designación de Rodríguez Mackay quedó oficializada mediante la Resolución Suprema 179-2026-RE, publicada este domingo 8 de noviembre en el diario El Peruano. Según el documento, la fecha en la que el nuevo embajador iniciará sus funciones será establecida posteriormente.

La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, quien se encuentra a cargo del despacho de Relaciones Exteriores tras el reciente viaje del canciller Carlos Espá a Rusia.

La norma también establece que al embajador se le extenderán las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes.

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Miguel Rodríguez Mackay y su breve paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Castillo

En septiembre del 2022, Rodríguez Mackay renunció a la Cancillería debido a sus diferencias con el expresidente sobre la soberanía del territorio en el mar peruano, el Acuerdo de Escazú y el restablecimiento de relaciones con la República Árabe Saharuai Democrática.

En un comunicado difundido por la Cancillería en ese entonces, el exministro señaló que su renuncia era irrevocable y fue guiado por sus formas y convicciones.

Las fotografías fueron publicadas en las redes sociales del exburgomaestre, quien agradeció a su familia y amigos por la celebración de su onomástico. Tras la difusión del caso, el exalcalde eliminó la foto.

"Celebrar mis 51 años rodeado de mi familia y de mis amigos más allegados ha sido un verdadero regalo. Agradezco infinitamente a mi esposa por organizar este hermoso momento a pesar de todo el trabajo que tenemos; su amor y dedicación hacen que cada instante sea inolvidable. Valoro con el alma que mi mamá nos acompañe, y le doy gracias a Dios por permitirme tenerla a mi lado en este nuevo año de vida, junto a los grandes amigos que el camino me ha regalado. ¡Por muchos momentos más de felicidad y gratitud!", se lee en la publicación.

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Es importante resaltar que la celebración se realizó el 6 de noviembre, último día de la semana de representación del Legislativo (del 2 al 6 de este mes).

Por otro lado, ese mismo día, la presidenta Keiko Fujimori acudió al albergue Los Algarrobos, en Piura, con la finalidad de supervisar la instalación de carpas para brindar protección y alojamiento a las familias afectadas por las intensas lluvias.

Durante esa actividad, el diputado y representante de Piura fue captado con la mandataria.

Incluso, el congresista compartió en sus estados de redes sociales la publicación de Presidencia sobre la actividad de Fujimori con miras al FEN.

Polino fue abordada por el equipo periodístico de Punto Final, que le preguntó si la contratación de Katherine León estaba relacionada con los servicios legales que su esposo prestó anteriormente al hijo de la funcionaria. Al respecto, Polino sostuvo que las acusaciones eran infundadas.

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Katherine León trabaja como técnica en el Área de Administración de Personal del Departamento de Recursos Humanos del Congreso de la República. Por este puesto, percibe una remuneración mensual superior a los S/ 5.000.

El programa dominical también intentó comunicarse con León y Galagarza para conocer sus versiones. Sin embargo, ninguno de los dos respondió. El reportaje señala que José Pariamchi Polino continúa siendo investigado por el Ministerio Público por el delito que se le imputa.

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El primer suplente del Ministerio Público ante el JNE es Alcides Chinchay Castillo, sin embargo, no cumple el principal requisito para asumir el cargo: ser fiscal supremo titular o provisional; en actividad o cesante. Al momento de su designación, en enero 2024, sí lo ostentaba (era fiscal supremo provisional), pero desde agosto 2025 asumió como fiscal adjunto supremo.

Fuentes de La República explicaron que para concretar su designación, primero, el fiscal de la Nación (i), Tomás Gálvez, tendría que volver a designarlo como fiscal supremo provisional. Luego, la Junta de Fiscales Supremos tendría que elegir a Chinchay para el cargo ante el JNE.

Cronología

Maisch Molin fue designada en el cargo el 22 de diciembre del 2023. El 3 de enero del 2024, se designa como primer y segundo suplente a Alcides Chinchay Castillo y Víctor Manuel Cubas Villanueva, respectivamente. En ese entonces, ambos tenían el cargo de fiscal supremo provisional.

Días después, el 24 del mismo mes, Cubas presentó su declinación al cargo tras los cuestionamientos que generó su designación por pasar el límite de edad (tenía 76 años).

En su reemplazo, esa misma fecha, se designó a Pablo Sánchez Velarde, quien ocupaba el cargo de fiscal supremo titular, como segundo suplente.

Sin embargo, a la fecha, tanto Alcides Chinchay como Pablo Sánchez no ostentan los cargos que tenían al momento de su designación. Hecho relevante al tener en cuenta que, de acuerdo a la Constitución, solo pueden ser designados los fiscales supremos titular o provisional; en actividad o cesante.

En el caso de Chinchay Castillo, actualmente es titular de fiscal adjunto supremo, cargo al que regresó tras una resolución del 13 de agosto del 2025.

Por su parte, en una resolución del 22 de enero de 202 de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Pablo Sánchez no fue ratificado como fiscal supremo. Si bien presentó una reconsideración, el 18 de marzo, el mismo organismo declaró infundado su recurso de reconsideración y dejó firme la no ratificación.

Proceso

Fuentes con conocimiento del caso explicaron a La República que si bien Alcides Chinchay es primer suplente, no podría asumir el cargo pues no cumple el requisito exigido por la constitución: ser fiscal supremo titular o provisional; en actividad o cesante. Actualmente, su cargo es de fiscal adjunto supremo.

Según las fuentes, para que se pueda realizar su designación, primero, el fiscal de la Nación (i), Tomás Gálvez, tendría que volver a designar como fiscal supremo provisional a Chinchay Castillo, solo para los efectos de ir al JNE.

Luego, la Junta de Fiscales Supremos tendría que, en votación secreta, elegir a Chinchay para el cargo ante el JNE.

Se desconoce si ambas instancias optarán por Alcides Chinchay, indicaron las fuentes.

Actualmente, el exmandatario Pedro Castillo, vinculado a Juntos por el Perú, se encuentra recluido en este centro penitenciario.

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Al ser consultada sobre si la contratación de Yulissa Lucero en su despacho obedecía a un intercambio de favores, la diputada Azucena Isla Rojas negó que fuera el caso. "Él (Pedro Castillo) no me ha dado el nombre para que la contrate. De ninguna manera", señaló al dominical. De acuerdo con la información recabada por el programa, Lucero no registra experiencia en trabajos similares.

El dominical también consultó a la técnica parlamentaria si existía alguna relación entre el cargo que ocupa su padre y su contratación en el despacho de la diputada. Sin embargo, Yulissa Lucero no respondió.

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Otros casos similares

El caso de Yulissa Lucero no sería el único de estas características. Alejandro Hurtado, hijo del agente de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) asignado al penal de Barbadillo, también trabaja como técnico para la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados. Su sueldo también supera los S/8.000.

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Hurtado fue consultado sobre si el puesto de su padre tenía alguna relación con su contratación en el grupo parlamentario. "En estos momentos, no (declararé). (Mi papá) no tiene nada que ver. No tengo nada que hablar", respondió a las preguntas del programa dominical.

Otro caso cuestionado por 'Cuarto Poder' es la contratación de Héctor Sandoval Moreno, exdirector del penal de Barbadillo, como asesor de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Este grupo de trabajo es presidido por la congresista Catherin Palomino, integrante de la bancada de Juntos por el Perú. Sandoval Moreno sostuvo que su contratación respondía a su formación profesional. "Yo no estoy trabajando en Barbadillo actualmente", señaló.

En Víctor Larco Herrera, Leydi Laura Verde, de 32 años, ocupará el sillón municipal. De acuerdo con la información pública de su candidatura, es ingeniera agroindustrial. Esta será su primera experiencia en un cargo político. Verde acredita alrededor de siete años de experiencia en el sector agroindustrial. El distrito de Víctor Larco Herrera enfrenta una serie de desafíos que deberán ser atendidos por la próxima gestión. Entre ellos se encuentra la erosión costera que afecta al balneario de Buenos Aires.

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En este distrito, Salvador Enrique León Clement postuló como primer regidor en la lista de Avanza País. León Clement, abogado de profesión, ya se había desempeñado como alcalde de la localidad desde 2022. Eduardo Muro Toribio, candidato del partido del tren a la alcaldía del distrito, renunció en agosto de este año, lo que dejó a León Clement al frente de la lista.

Por su parte, Cristhy Robles también tendrá su primera experiencia en un cargo político. La candidata a segunda regidora de La Esperanza por APP postuló en 2022 con la agrupación Trabajo Más Trabajo para ocupar una regiduría en el mismo distrito, pero no obtuvo los resultados esperados. La joven, de 27 años, es ingeniera industrial. Ha tenido órdenes de servicio en la Municipalidad de La Esperanza y, además, acredita experiencia en el ámbito artístico como cantante.

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En La Esperanza, el apepista Wilmer Sánchez Ruiz postuló como primer regidor en estas elecciones. Tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de proclamar como primeros regidores únicamente a los alcaldes en funciones que encabezaban las listas municipales, Sánchez Ruiz permanecerá en ese cargo y Robles asumirá la alcaldía de un distrito que busca soluciones frente al avance constante de la criminalidad organizada.

El JNE le cerró el paso a la reelección encubierta

El JNE dispuso que los candidatos que figuren como primeros regidores y hayan ocupado el cargo de alcalde durante el periodo municipal inmediatamente anterior no podrán volver a asumir dicha función. La secretaria general del organismo electoral, Jessica Clavijo, informó que estos postulantes no recibirán las credenciales que los habilitarían para ejercer la alcaldía. La disposición también comprende los casos observados por una presunta reelección encubierta.

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"Establecer que la condición de primer regidor no habilita asumir la alcaldía. El Jurado velando por lo que establece la Constitución, en aquellos casos en los cuales el primer o la primera regidora haya ejercido el cargo de alcalde o alcaldesa en el periodo inmediato anterior, no será proclamado ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión", señaló la funcionaria.

Entre tantos, uno de los afectados principales por esta decisión será Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tras la renuncia de Luis Rubio, López Aliaga quedó al frente de la lista. Como la agrupación obtuvo la victoria en los comicios municipales, la posibilidad de que recibiera las credenciales para asumir la alcaldía había generado controversia.

Se trata del DL N.° 1742, que permite la participación de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en la seguridad externa de penales declarados en estado de emergencia o que presenten situaciones que ameriten un resguardo adicional. Siempre en coordinación y respetando las competencias institucionales del INPE y de la PNP.

Entre las acciones que pueden realizar los miembros de las FF. AA. se encuentran: vigilancia, patrullaje y protección perimetral; control de tecnología y telecomunicaciones; y control de accesos y de identidad. En suma, se trata de 15 acciones.

En cuanto al primer aspecto, faculta a las FF. AA. para la vigilancia, patrullaje e inteligencia en zonas de influencia de los establecimientos penitenciarios y los puestos de observación de los mismos.

A su vez, cuando se realicen traslados de internos, podrán brindar apoyo de transporte aéreo y terrestre, así como la logística necesaria para el despliegue del personal.

Pueden también ejecutar acciones militares frente a ataques provenientes del exterior, intentos de rescate o fugas, y otras amenazas que comprometan la seguridad externa del establecimiento.

En materia de comunicación, las FF. AA. podrán apoyar a la PNP y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la detección y desmontaje de antenas, repetidores y equipos de comunicación no autorizados en las cercanías.

De igual forma, están facultados para ayudar a instalar y operar inhibidores y detectores de señales radioeléctricas de telecomunicaciones, destinados a prevenir comunicaciones no autorizadas.

Finalmente, las FF. AA. pueden brindar apoyo en el control, revisión y registro de ingresos de visitas, proveedores y personal penitenciario a los penales.

En las zonas de influencia penitenciaria están facultados para apoyar a la PNP en las acciones de control preventivo de identidad, verificación, intervención y registro de personas y vehículos.

Las FF. AA. también pueden apoyar en otras situaciones de emergencia

Sobre las circunstancias en las que las FF. AA. pueden participar de la seguridad exterior de los penales, el decreto precisa que también aplica para otras situaciones de emergencia penitenciaria.

Ello comprende situaciones provocadas por “desastres naturales, amenazas de fuga o rescate de internos (…) así como durante la conducción y traslado de internos de alta peligrosidad, mediante acciones de transporte terrestre, aéreo, fluvial o lacustre, evacuación, asistencia, comunicaciones y soporte logístico y tecnológico”.

Sin financiamiento adicional

De acuerdo con la resolución, la implementación del decreto legislativo "se financia con cargo al presupuesto de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público".

Al respecto, el abogado Carlos Caro resaltó, en sus redes sociales, que resulta preocupante que no se haya destinado un financiamiento adicional.

“El artículo 7 dispone que se cubra con el presupuesto de cada entidad, ‘sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público’, y la norma quedó fuera del análisis de impacto regulatorio previo. Su eficacia dependerá de lo que cada sector pueda reasignar", se lee.

Tal situación podría generar, principalmente, tres efectos para la empresa, según identificó el letrado.

“Los proveedores que ingresan a esos penales podrán pasar por control y registro con apoyo militar, volar drones sobre penales y sus zonas restringidas no se permite y se sanciona, salvo autorización excepcional (Ley 30740 modificada), si los inhibidores afectan las telecomunicaciones fuera del penal, quien los opera debe evitar y corregir la interferencia", indicó.

Cinco penales declarados en emergencia

Actualmente, cinco penales de alta peligrosidad han sido declarados en emergencia (Trujillo Varones, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Challapalca).

Sin embargo, este despliegue de infraestructura contrasta con la realidad del sistema penitenciario, que enfrenta desafíos económicos y operacionales importantes en los centros ya existentes. Un ejemplo son los cinco penales en diferentes regiones del país cuya ejecución está paralizada por el incremento exagerado de los costos y el abandono en inversiones, entre otras razones.

Esos son los proyectos penitenciarios en Ica, Chincha, Arequipa, Pucallpa y Cajamarca. Hace años que los trabajos no concluyen, pese al considerable presupuesto destinado.

Esto sucede en medio de una escalada criminal que en lo que va del año ha dejado 1.600 asesinatos, además de haber causado el cierre de negocios y un impacto en la economía que compromete cerca de S/20.000 millones.

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Actualmente el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) cuenta con 10.700 servidores en el territorio nacional: 7.052 pertenecen al área de seguridad, 1.930 a la administración y 1.719 al sector tratamiento.

Es decir, existe un agente de seguridad por cada 48 internos, según lo informó el propio presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Inpe, Abraham Lescano Salazar. Así lo dijo durante su presentación ante las Comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado.

Sesenta y nueve cárceles están encerrados alrededor de 107.172 presos, aunque la capacidad de albergue es de 41.764. La sobrepoblación en los penales alcanza el 157%, una cifra que configura una de las crisis más sensibles del sistema de seguridad.

Centros de corrupción

La Comisión Especial de Control Concurrente del anterior Congreso levantó información sobre graves irregularidades, millonarios incrementos de costos y abandono de la infraestructura destinada al encierro de sicarios y extorsionadores que hoy imponen el terror entre las familias peruanas.

El caso más alarmante es del penal de Ica, cuya inversión pasó de S/269.7 millones a S/877 millones, una obra congelada desde el 2020. Hay materiales deteriorados y estructuras corroídas por el abandono, recordó el excongresista José Luna Gálvez, quien presidió esa comisión.

Situaciones similares se registran en el penal de Chincha, cuyas obras de ampliación pasaron de costar S/53 millones a S/93 millones.Y, sin embargo, el proyecto no presenta un avance significativo en su ejecución.

Las labores de edificación en el centro penitenciario de Pucallpa se encuentran detenidas desde 2022. El valor inicial fue de más de S/102 millones. Hoy superaría los S/369 millones.

El problema no es el dinero sino la inacción de las autoridades de turno.

La misma situación se constató en el Complejo Penitenciario de Arequipa, que presenta un incremento de más de S/303 millones, pero no hay avances desde 2021.

Y en cuanto al penal de Cajamarca que desde el inicio de la construcción hace nueve años, apenas alcanza un avance físico del 27.1%.

El sistema penitenciario está saturado y la construcción de nuevos penales y cárceles es una necesidad que se presenta hace tiempo. En este aspecto no hay discusión. Pero lo razonable sería destrabar y concluir con los proyectos que están pendientes de ejecución, como se ha mencionado. No obstante, el Ejecutivo prefiere edificar nuevos reclusorios al estilo salvadoreño.

Ausencia de personal

Además, no se trata sólo de levantar penales. También se requiere de trabajadores especializados. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Inpe, Ángel Llancari, informó que se registra un déficit de personal en los centros penitenciarios.

“Hay pabellones de reclusorios en donde una sola persona se encarga de hasta 400 internos”, señaló.

El dirigente advirtió que los servidores penitenciarios podrían ser los nuevos blancos de las organizaciones criminales que pululan en el interior de las cárceles.

Incluso algunos ya estarían siendo víctimas de extorsión, pues les han hecho saber la dirección de sus domicilios y datos sensibles de sus familiares.

El dirigente sindical afirmó  que los agentes penitenciarios sufren represalias por el cumplimiento de sus funciones. “Los reclusos se averiguan todo de los servidores penitenciarios, les hacen seguimiento, saben dónde viven, saben qué familias tienen, se averiguan todo, esa es su especialidad”, indicó.

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Ángel Llancari, quien también es psicólogo, admitió haber sido amenazado de muerte por parte de un interno, quien está sentenciado por homicidio y que estaba pidiendo la redención de su pena. Al haberlo desaprobado en el examen psicológico, el recluso le advirtió que acabaría con su vida.

Presos por terrorismo

La cifra oficial de internos en cárceles por el delito de terrorismo ronda los 150. El número exacto varía ligeramente mes a mes debido al cumplimiento de condenas, pero refleja una reducción drástica en comparación con las miles de recluidos durante las décadas de 1980 y 1990.

De acuerdo con el Poder Judicial, la exintegrante de la cúpula de Sendero Luminoso, Victoria Trujillo Agurto, cumple 35 años de prisión. Mientras que el ex abogado de Abimael Guzmán, Alfredo Crespo Bragayrac, tiene una condena de 16 años y 3 meses. Es la misma que recibieron Fernando Olórtegui Crispín, Atilio Cahuana Yuyali, Carlos Gamero Quispe, Olmer Apaca Vega y Zulma Peña Melgarejo, acusados del delito de terrorismo.

La población penal supera los 107.000 internos, lo que genera un hacinamiento crítico que sobrepasa el 150% de la capacidad del sistema de albergues. En este escenario, los presos por terrorismo representan menos del 0,15% de la población carcelaria total del país. Según el Inpe, para lo que resta del 2026, no existe un programa de excarcelación ni de amnistía para personas sentenciadas por terrorismo en el Perú.

"Esperamos establecer canales adecuados de comunicación con las autoridades rusas, que nos permitan conocer su situación y paradero, para atender a nuestros connacionales heridos y avanzar en las gestiones para la repatriación de los restos de quienes lamentablemente han fallecido", señaló Espá en un video publicado por la Cancillería.

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Además de Lavrov, Espá también se reunió con el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Shchetinin. El canciller permanecerá en territorio ruso hasta el 11 de noviembre.

Hasta el momento, se conoce que 450 compatriotas habrían sido enviados a Rusia mediante engaños y bajo la promesa de supuestos contratos laborales, para luego terminar integrando las filas del Ejército ruso. Sin embargo, el abogado Percy Salinas, representante de los familiares de los afectados, señaló que el número de víctimas podría ascender a 1.200. Por su parte, la Cancillería informó que 50 connacionales lograron ser repatriados. No obstante, también se ha reportado la muerte de otros 10 peruanos.

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Durante un pronunciamiento en vivo desde Carabayllo, el excandidato criticó que el jurado notificara la resolución a través de la Secretaría General y exigió explicaciones sobre la medida.

"Se va a dar una noticia de tanta magnitud (…) robar por segunda vez la voluntad de Lima Metropolitana en elecciones generales y en elecciones municipales, se va a robar por segunda vez. Dé la cara y no mande una secretaria. Sea más hombrecito, dé la cara (…)”, indicó.

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En su mensaje, el líder de Renovación Popular sostuvo que la autoridad electoral sobrepasó los límites legales al bloquear su acceso al sillón municipal.

Ante ello, López Aliaga manifestó que responderá ante los tribunales. "El tema viene de fondo, usted está violando la Constitución y vamos a actuar, señor; aquí Porky no es manco, se lo digo acá en Carabayllo".

Asimismo, López Aliaga responsabilizó al titular del JNE, Roberto Burneo, por irregularidades en procesos electorales previos y anunció una demanda formal ante el Poder Judicial.

"A usted le daba el beneficio de la duda [...], pero usted, por lo que ha hecho el día de ayer, se ganó su denuncia penal, señor; usted se va a la cárcel por omisión de funciones dolosa".

Del mismo modo, el líder del partido celeste acusó al ente electoral de ocultar información y perjudicar el voto ciudadano en diversos sectores de la capital.

López Aliaga insistió en que el pronunciamiento del JNE afecta la voluntad popular y reiteró que iniciará el proceso legal en contra de las autoridades del organismo.

Respaldo de Renovación Popular

Integrantes de su agrupación política respaldaron la posición del excandidato. El senador de Renovación Popular, Edgar Mancha, expresó su solidaridad con López Aliaga y cuestionó la validez del fallo electoral.

El legislador mencionó la participación del líder político en los debates y las encuestas durante la campaña. "Por qué le han permitido en todo caso que participe, estuvo en los debates y en las encuestas", indicó.

Asimismo, Mancha dijo que la decisión del JNE representa "una especie de burla al electorado limeño", tras recordar que la acaldía constituye un cargo de elección popular.

En esa misma línea, el diputado de Renovación Popular, Frank Krklec, utilizó sus redes sociales para señalar que el ente electoral vulnera la Constitución y bloquea el voto de la ciudadanía.

El parlamentario tildó de "atropello" la negativa de otorgar las credenciales correspondientes a López Aliaga. Krklec argumentó que la Ley Orgánica de Municipalidades “es clara” al dictaminar que la sucesión le corresponde al primer regidor, y calificó la medida del organismo como una "leguleyada de última hora" orientada a frenar el mandato popular.

El precedente ya lo generó el pasado 4 de noviembre el JEE de Ica luego de proclamar como alcaldesa distrital de San Juan Bautista a la segunda regidora de la lista del mismo partido, Rita del Carmen Guerrero Cajo.

Como uno de sus argumentos, el ente electoral afirmó que la prohibición constitucional "tiene por finalidad garantizar la alternancia democrática, impedir la permanencia inmediata de una misma persona en el ejercicio de la máxima autoridad municipal y preservar la igualdad de condiciones en la competencia electoral".

Asimismo, resaltó que si un alcalde elegido para el periodo 2023-2026 postula como regidor y recupera el cargo de alcalde de Lima a través de una renuncia de un candidato, "podría vaciar de contenido la prohibición constitucional de reelección inmediata".

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¿Quién es Jeanette Alonzo?

Jeanette Alonzo Contreras es contadora de profesión de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En 2001 obtuvo el grado de bachiller y en 2002 el grado de contadora pública. En 2024, realizó una maestría en finanzas corporativas en la Universidad Privada del Norte (UPN).

De acuerdo con su hoja de vida presentada ante el JEE Lima Centro, trabajó como contadora en la promotora de desarrollo en educación y cultura. Fue elegida como regidora en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el periodo 2023-2026.

En la estructura interna de Renovación Popular, Alonzo se desempeña como gerente central de Finanzas desde 2025. Asimismo, en su hoja de vida figura su designación como secretaria nacional de Economía del partido. Sin embargo, mediante un escrito presentado ante el JNE el 30 de mayo de 2026, solicitó corregir un error material en la fecha de inicio de dicha función, que inicialmente aparecía registrada el 16 de enero de 2025 y que fue rectificada al 16 de enero de 2026.

No cuenta con sentencias en su pasado.

La secretaria general del organismo electoral, Jessica Clavijo, anunció que estos postulantes no serán proclamados como alcaldes ni recibirán las credenciales correspondientes para la nueva gestión municipal.

“Establecer que la condición de primer regidor no habilita la alcaldía o asumir la alcaldía. Esto qué quiere decir, que en aquellos casos que el primer regidor haya ejercido el cargo de alcalde o alcaldesa en el periodo inmediato anterior no será proclamado ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión”, señaló Clavijo.

Con esta precisión, el JNE establece que la inscripción como primer regidor no permite eludir la prohibición constitucional de reelección inmediata de autoridades municipales.

El pronunciamiento recae directamente en Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima y Luis Rubio, de su misma lista, renunciara a su candidatura a la alcaldía.

La agrupación obtuvo la victoria en los comicios municipales, por lo que López Aliaga quedó como el primer regidor de la lista ganadora. Sin embargo, su condición de exalcalde le impide recibir las credenciales para volver a dirigir la Municipalidad de Lima.

En ese escenario, Jeanette Alonzo, segunda regidora de la agrupación, aparece como una posible sucesora en la Alcaldía de Lima.

Jeanette Alonzo asumirá la Alcaldía de Lima en lugar de Rafael López Aliaga

Jeanette Alonzo, segunda regidora de la lista de Renovación Popular, será la próxima alcaldesa de Lima para el periodo 2027-2030, en reemplazo de Rafael López Aliaga.

Alonzo Contreras es contadora pública por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo el grado de bachiller en 2001 y su título profesional en 2002. En 2024, cursó una maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad Privada del Norte (UPN).

Según la hoja de vida que presentó ante el JEE Lima Centro, trabajó como contadora en la Promotora de Desarrollo en Educación y Cultura. Además, fue elegida regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el periodo 2023-2026.

En Renovación Popular, Alonzo ocupa desde 2025 el cargo de gerente central de Finanzas. También aparece registrada como secretaria nacional de Economía de la agrupación. No obstante, el 30 de mayo de 2026 presentó un escrito ante el JNE para solicitar la rectificación de un error material en la fecha de inicio de esa función, el documento consignaba inicialmente el 16 de enero de 2025, pero la fecha fue corregida al 16 de enero de 2026.

A través de sus redes sociales, el líder de Renovación Popular exigió transparencia, igualdad ante las normas y respeto al voto popular expresado en las urnas.

En su mensaje, sostuvo que "la voluntad de los limeños merece respeto". Asimismo, indicó que las decisiones del organismo electoral no pueden ser arbitrarias y “deben responder a criterios claros y uniformes”.

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El respaldo de Edgar Mancha

A la postura del exburgomaestre se sumaron integrantes de su agrupación política. El senador de Renovación Popular, Edgar Mancha, se solidarizó públicamente con López Aliaga y puso en duda la legitimidad de la medida.

El legislador recordó que la ciudadanía votó por él en un proceso donde participó en debates y encuestas.

“Por qué le han permitido en todo caso que participe, estuvo en los debates y en las encuestas”, indicó.

Además, Mancha advirtió que la decisión del JNE representa "una especie de burla al electorado limeño", tras recalcar que la alcaldía es un cargo de elección popular y no un puesto de confianza.

La postura de Frank Krklec

Por su parte, el diputado de Renovación Popular, Frank Krklec, publicó en sus redes sociales que el JNE intenta vulnerar la Constitución y la ley para bloquear la voluntad de los votantes. En ese sentido, Krklec tildó de "atropello" la negativa de entregar credenciales a López Aliaga.

En su pronunciamiento, el parlamentario sostuvo que la Ley Orgánica de Municipalidades “es clara” y establece de forma obligatoria que la sucesión del cargo le corresponde al primer regidor.

Del mismo modo, calificó la disposición del organismo electoral como una "leguleyada de última hora" que busca frenar el mandato otorgado por los votos en Lima.

El pronunciamiento del JNE y la sucesión municipal

Estos pronunciamientos responden a las declaraciones de la secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, quien precisó que los primeros regidores que ejercieron como alcaldes en el periodo inmediato anterior no recibirán credenciales para volver a asumir la alcaldía.

Según el JNE, la postulación como primer regidor no permite eludir la prohibición constitucional de reelección inmediata.

A pesar de que López Aliaga integraba la lista ganadora de Renovación Popular tras la renuncia del candidato a alcalde Luis Rubio, el criterio del JNE bloquea su retorno a la gestión municipal.

En este escenario, la alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030 quedará en manos de la contadora pública y segunda regidora de la lista, Jeanette Alonzo Contreras.