“Una vez recibidas (las actas observadas) nuestro personal procederá con su procesamiento e incorporación inmediata al cómputo oficial con lo cual se completaría el 100% de actas contabilizadas”, se lee en el comunicado.

Este pronunciamiento llega tan solo días después de que Keiko Fujimori, quien ocupa el primer lugar en el conteo, exigiera celeridad en la proclamación de resultados.

“Cada día de retraso de no reconocer los resultados es un día que se pierde para un proceso de transición. En un proceso de transición no solamente hay temas políticos, sino anuncios importantes y medidas que se pueden ir comunicando con el tiempo correspondiente, nombrar los equipos, sobretodo porque los problemas de los ciudadanos siguen empeorando”, dijo a la prensa.

En tanto, Roberto Sánchez insiste en presentar pedidos de nulidad, pese al rechazo de los anteriores.

"Hemos tenido reunión con nuestro equipo de abogados y en los próximos minutos u horas se va a presentar el documento", declaró Sánchez. Luego precisó el objetivo de la acción legal: "Es la solicitud de nulidad de oficio de las elecciones llevadas adelante en las oficinas consulares", declaró a la prensa el último lunes 22 de junio.

El anuncio se conoció después de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara infundadas las apelaciones de Juntos por el Perú que buscaban anular 1.751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana y otras 647 mesas instaladas en Estados Unidos. Con esa decisión, dichos votos permanecen dentro del cómputo oficial de la segunda vuelta electoral.

El secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) en Puno, Alexander Pilco, anunció que el sindicato de maestros no reconocerá la legitimidad de Keiko Fujimori si llega a ser proclamada presidenta de la República.

"Por la cantidad de votos que ha obtenido en Puno, la señora Fujimori sería ilegítima. Puno no la va a reconocer como gobierno", señaló Pilco para el medio.

Además, la postura del gremio se alinea con los reclamos del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien denunció presuntas irregularidades en el conteo de los votos del exterior.

"En el exterior, a última hora las autoridades del sistema electoral han cambiado la situación, las reglas de juego, el cual prácticamente perjudicó [el proceso], debió de darse pues como antes. (…) Nosotros vemos claramente que en el Perú ganó Roberto Sánchez".

El peso del voto en Puno

Para el dirigente, el ajustado resultado nacional contrasta drásticamente con la realidad de su región, donde Juntos por el Perú obtuvo aproximadamente el 84% de los votos frente al 14% de Fuerza Popular.

Según Pilco, esta diferencia deja a la lideresa del fujimorismo sin respaldo popular en el sur. "Con la cantidad de votos que tiene Keiko Fujimori no pinta en Puno".

El magisterio puneño restó importancia a los llamados a la reconciliación hechos desde el partido naranja y señaló que se debe respetar el voto en el territorio nacional.

Próximas medidas y anuncio de paros

El sindicato aclaró que sus reclamos van más allá de la coyuntura electoral y apuntan a defender reformas de fondo, como el cambio de Constitución y sus beneficios laborales.

"Nuestro camino es la lucha, buscar la nueva Constitución y mejoras en educación. Mientras no se den las mínimas condiciones de garantía de nuestros derechos económicos conquistados, no vamos a reconocer [al gobierno]", manifestó el dirigente.

Para definir las próximas acciones, el gremio convocó a una convención nacional el sábado 4 de julio en Puno. El dirigente adelantó que la plataforma de lucha incluirá protestas civiles para el próximo mes.

"No se descarta la paralización de los días 26, 27 y 28 de julio, porque creemos que un gobierno debe responder a las expectativas del pueblo", concluyó.

Roberto Sánchez sostuvo que el organismo electoral cometió una falta al publicar una resolución de último momento que alteró el conteo de los votos en el exterior.

“La prueba determinante es la existencia de dicha norma modificatoria que se expidió en pleno proceso electoral y no requiere necesariamente prueba fáctica complementaria”. indicó.

El candidato de Juntos por el Perú denunció que se modificaran los procedimientos habituales en plena segunda vuelta, tras eliminarse la digitalización y el envío de las actas de votación mediante escaneo, un método que sí se había utilizado sin problemas durante la primera vuelta.

“Una cosa es tardanzas, objeciones, impugnaciones a una mesa y otra cosa es cambiar la normativa. En la primera vuelta se respetó la normativa, en la segunda vuelta no".

Además, cuestionó que el traslado físico no se haya realizado en valija diplomática y responsabilizó a la Cancillería de las irregularidades en el exterior. “Quien ha viciado el voto al haber cambiado la norma ilegalmente es la Cancillería con la acepatación de la ONPE".

Tras este escenario, Roberto Sánchez señaló que “de puro derecho el JNE debe declarar la nulidad de las elecciones del 7 de junio efectuadas en las oficinas consulares para peruanos en el extranjero”.

Sánchez cuestiona rechazo al recuento de votos y advierte “fraude en desarrollo”

El candidato presidencial de Juntos por el Perú cuestionó que las autoridades electorales rechazaran los pedidos para el recuento de los votos en las mesas donde existen dudas y reclamos.

Según Sánchez, no hay razones válidas para negarse a transparentar las cifras."Si no quieren considerar el recuento de votos, ¿qué esconde?, ¿acaso no ganaría la democracia?, ¿no tendría mayor confianza, mayor certeza?", cuestionó durante la conferencia.

El candidato presidencial advirtió que si el JNE no actúa respetando las leyes, “se habrá consumado el fraude”. En ese sentido, señaló que su partido presentó formalmente otro recurso de nulidad para los votos de peruanos en el exterior el 22 de junio.

“Advertimos que contabilizar dichos votos como hasta hoy lo viene haciendo la ONPE, que es la misma autora de la ilegal modificación normativa, deviene un beneficio fraudulento a favor del partido político fuerza popular representado por Keiko Fujimori. (…) Por ello, solicitamos [al JNE] corregir esta transgreción al sistema electoral y a la democracia”, señaló el candidato por medio de su cuenta de X.

Además, manifestó que acudirá tanto a las leyes peruanas como a organismos internacionales para defender los derechos de sus votantes. En esa misma línea, el candidato de Juntos por el Perú, hizo un llamado a los ciudadanos, sindicatos y movimientos sociales de todas las regiones del país para iniciar una "resistencia patriótica".

Este sábado 27 de junio en Lima convocó a una movilización en la que —según detalló— también marcharán en contra de la persecución política y para exigir la libertad del expresidente Pedro Castillo.

No reconocer los resultados: Sánchez apela al mismo discurso de Fujimori en 2021

Este rechazo anticipado a los resultados presidenciales bajo la narrativa de un "fraude" recuerda la estrategia que Keiko Fujimori utilizó en las elecciones de 2021.

Hace cinco años, la lideresa de Fuerza Popular adoptó el mismo discurso al afirmar que no aceptaría una posible proclamación de Pedro Castillo.

Por medio de acusaciones similares de manipulación de reglas para justificar que no reconocería al ganador, se recuerda que Fujimori acusó a las autoridades electorales de querer "consumar el fraude en mesa" de manera apresurada. Incluso acusó al entonces presidente Francisco Sagasti de tomar partido.

Hoy, la historia parece repetirse a la inversa: Sánchez recurre a la misma narrativa de fraude que en su momento usó el fujimorismo.

Esto ha provocado, conforme lo habíamos advertido, la salida de muchos magistrados y el ingreso de nuevos titulares, por lo que se puede hablar de la conformación de una nueva Corte Penal Nacional. Entre los jueces de investigación preparatoria que en los últimos años han llevado los casos más emblemáticos aún se mantienen los jueces Richard Concepción Carhuancho (suspendido), Leodán Cristóbal Ayala y Jorge Chávez Tamariz.

La reorganización ha generado un desencuentro entre el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que dirige el presidente encargado del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, y el presidente de la Corte, el juez superior Jhonny Has Contreras Cuzcano, sobre la conformación de las salas superiores. El 22 de junio, el Consejo Ejecutivo aprobó una determinada conformación de las salas y, la mañana del 23 de junio, Contreras aprobó otra, alterando la prelación y las presidencias de los tribunales.

La presidencia

En principio, hay que recordar que la Corte Superior de Justicia Penal Especializada es una jurisdicción ad hoc cuya organización ha estado bajo la jurisdicción del Consejo Ejecutivo, como máximo organismo administrativo del Poder Judicial. Legalmente, esta situación se mantiene hasta que la Corte tenga un tercio de magistrados titulares. A partir de ese momento, la Corte se independiza y tiene vida institucional propia: elige a sus autoridades y estas se encargan de la conformación de los juzgados y salas.

A partir de esta situación, el 22 de junio, el Consejo Ejecutivo tomó dos decisiones. En la primera, mediante la Resolución Administrativa N.° 000219-2026-CE-PJ, acordó de manera excepcional prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2026 la designación del juez superior Jhonny Contreras como presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Tomó esta decisión, dice la mencionada resolución, teniendo en cuenta las características de este tribunal especializado y la necesidad de mantener el trabajo estable de sus magistrados: “La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada tramita procesos de alta complejidad (crimen organizado, corrupción de funcionarios) de evidente repercusión nacional e internacional. Esta naturaleza especializada exige, de manera indispensable, un entorno de estabilidad, predictibilidad y seguridad jurídica. La gestión de estos mega procesos requiere una conducción administrativa sin alteraciones intempestivas que puedan desestabilizar la operatividad de los equipos de trabajo o comprometer las metas de descarga procesal ya establecidas”.

Por lo cual, “ante el reciente nombramiento de magistrados titulares realizado por la Junta Nacional de Justicia, resulta de vital importancia asegurar la continuidad de la gestión administrativa en el cargo de Presidente de Corte, ello hasta el cierre natural del periodo bianual (2025-2026). Esta prórroga excepcional se justifica como una medida de alta dirección destinada a garantizar una transición ordenada, evitando que la gestión interna sufra giros drásticos que debiliten la continuidad operativa de los subsistemas especializados durante el tramo final del presente año judicial”.

La Ley Orgánica y el Estatuto de la Corte establecen que, desde el momento en que tenga el número suficiente de jueces titulares, procederá a nombrar a su presidente y demás órganos de gobierno, lo cual supone que los nuevos titulares se reúnan en Sala Plena y elijan a su presidente para lo que queda del mandato, esto es seis meses. Cada dos años, el primer jueves de diciembre, los jueces eligen a sus nuevas autoridades. En diciembre, tendrían que volver a elegir a un nuevo presidente.

El Consejo Ejecutivo consideró que esto solo podría generar inestabilidad, por lo que prorrogó el mandato del doctor Contreras y le recordó que en diciembre deberá convocar la primera Sala Plena de la Corte Superior Especializada para que elija, entre sus integrantes, a su nuevo presidente para el periodo de enero del 2027 hasta diciembre del 2028.

Composición de las salas

Definida la presidencia de la Corte, el Consejo Ejecutivo procedió a recomponer las salas superiores para incluir a los jueces recién nombrados. En esta parte no hubo acuerdo y esto ha generado confusión. Hasta hace algunos años, el Consejo Ejecutivo elegía a los jueces de esta corte y disponía su ubicación, pero en la gestión del doctor Javier Arévalo Vela se dispuso que el Consejo solo designa y que es el presidente de la Corte quien define las ubicaciones.

Así, en la noche del 22 de junio hubo una nueva conformación de salas y, a la mañana del 23 de junio, el doctor Jhonny Lescano realizó una nueva composición. Conforme a esta última resolución, las salas quedaron conformadas de la siguiente manera:

Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional

Porfiria Edita Condori Fernández - Rómulo Juan Carcausto Calla - Luis Ángel Noé Javiel Valverde

Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional

Octavio César Sahuanay Calsín - Arturo Mosqueira Cornejo - Josué Wagner Córdova Pintado

Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional

Víctor Joe Manuel Enríquez Sumerinde - Yeny Sandra Magallanes Rodríguez - Jony Antonio Peña Suasnabar

Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional

Javier Santiago Sologuren Anchante - Luis Enrique López Pinto - Nahyhon González Agui

Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional

Marco Antonio Angulo Morales - Daniel Ernesto Cerna Salazar - Wilfredo Iván Ayala Valen

Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria

Pilar Luisa Carbonel Vílchez - María Esther Felices Mendoza - Richard Llacsahuanga Chávez

Segunda Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria

Alfredo José Sedano Nuñez - Andrés Arturo Churampi Garibaldi - Ricardo Arturo Manrique Laura

Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria

Iván Alberto Quispe Aucca - Reli Jacinto Callata Vega - Helbert Iván Llerena Lezama (P)

En los juzgados

El 22 de junio también se realizaron cambios en los juzgados de investigación preparatoria. Se dieron por concluidas las designaciones de las juezas Soledad Barrueto Guerrero y Margarita Salcedo Guevara, así como la del juez Víctor Alcocer Acosta, en el tercer, cuarto y quinto juzgado de investigación preparatoria, respectivamente. En su lugar, fueron nombrados Erick Jhonatan Saavedra Montellanos, Eiser Alexander Jiménez Coronel y María del Carmen Lauya Méndez.

Las resoluciones que oficializan estos cambios advierten que la salida e ingreso de nuevos magistrados no deben afectar los procesos jurisdiccionales en curso. Los jueces salientes deberán seguir atendiendo los casos y audiencias en los que su salida pueda generar una perturbación grave, como el reinicio de un juicio público o frustrar la conclusión de algún requerimiento o solicitud que se encuentre en trámite.

En ese sentido, el juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, programó para el jueves 2 de julio a las 9.30 a. m. la audiencia de evaluación del pedido fiscal.

El Ministerio Público solicitó que se levante el secreto de comunicación 'en tiempo histórico' desde el 1 de octubre del 2021 al 18 de noviembre del 2022.

Según la hipótesis fiscal, la indagación se centra en las presuntas contrataciones de familiares de Abel Sotelo, entonces pareja de Chávez, en entidades públicas como Cofopri, Essalud y el Congreso de la República.

En enero de este año, la Fiscalía logró formalizar la investigación preparatoria contra Chávez luego de que el Congreso, en octubre de 2025, aprobara haber lugar a la causa penal contra la exministra por los delitos antes mencionados.

Cabe recordar que, en abril de 2023, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Parlamento, mediante la cual solicitó el levantamiento de la inmunidad de la entonces congresista para poder iniciar una investigación penal en su contra.

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El caso

Uno de los principales hechos investigados es la contratación de Marco Sotelo Villa, hermano de Abel Sotelo, como asistente nivel 2 en el despacho congresal de Chávez. Según la tesis del Ministerio Público, la entonces legisladora habría mostrado interés en su incorporación. La Fiscalía sostiene que, al presentar su documentación ante el Congreso en octubre de 2021, Marco Sotelo omitió consignar su vínculo familiar con Abel Sotelo, presuntamente para evitar que se relacionara su contratación con la parlamentaria. Permaneció en el cargo hasta marzo de 2022 y durante ese periodo recibió una remuneración total de S/42.464,48.

La indagación también abarca su posterior contratación como personal de apoyo administrativo en Essalud, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo cuando Chávez se desempeñaba como titular de dicho sector.

Asimismo, el Ministerio Público investiga la contratación de Flor Sotelo Villa, hermana de Abel Sotelo, quien fue incorporada en septiembre de 2022 como auxiliar nivel 2 del despacho congresal de Chávez. Su permanencia en el cargo culminó en noviembre de 2023, luego de que un reportaje periodístico revelara las contrataciones de familiares de la expareja de la entonces ministra.

Por otro lado, la Fiscalía atribuye a Chávez un presunto interés en la designación de Antonio Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo, en diversos cargos públicos. Entre ellos figuran su nombramiento como intendente regional de la Sunafil en Puno, en diciembre de 2021; como representante del Ministerio de Trabajo ante el Senati, en enero de 2022; y como jefe de la Oficina Zonal de Tacna de Cofopri, en marzo de 2022.

Susel Paredes, congresista del Bloque Democrático Popular y candidata a alcaldesa de Lima, señaló que esta ley es una antesala de lo que se viene con un nuevo gobierno de Keiko Fujimori.

“El fujimorismo y sus aliados preparan la cancha para el nuevo fujimorato. Con trampas, a la fuerza, sin espacio para el disenso: esa es la Fuerza Popular que nos va a gobernar. Con las leyes aprobadas esta mañana se inicia una época de abusos y una tragedia para el país”

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Flor Pablo, congresista independiente, indicó que esta ley se une a la historia de actuaciones criticables de este Parlamento. Aseguró que esta iniciativa se suma a la lista de las denominadas “leyes procrimen”.

“He votado en contra porque creo firmemente que los delitos ordinarios deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria, no por el fuero militar policial. Incluso, presentamos una reconsideración para frenar esta medida, pero fue rechazada. Como ya ocurrió con otras leyes pro crimen y pro impunidad, el pacto congresal se ha impuesto con sus votos, con el fujimorismo a la cabeza. Que la ciudadanía sepa quiénes son los responsables de este atropello a la justicia y a los derechos de los peruanos”

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Roberto Sánchez, todavía candidato presidencial de Juntos por el Perú, calificó la ley de “lamentable” y aseguró que no existe respaldo para esta iniciativa.

“Estan garantizando la cancha. Keiko Fujimori ya esta gobernando, este es el Gobierno parlamentario de la señora K. Realmente es una verguenza”, indicó.

Jaime Quito, también congresista y electo senador por Juntos por el Perú, mantuvo críticas al proyecto y señaló que es parte de una constante del Congreso por criminalizar la protesta ciudadana.

“Tenemos una mayoría congresal en contra de los derechos humanos. Les han dado la ley del gatillo fácil, esto beneficia unicamente a quienes tienen las armas, para resguardar la vida de los ciudadanos, para que sigan en contra de la ciudadanía. Rechazamos este accionar del Congreso, que amplía la legislatura solo para estas leyes nefastas. Creen que tendrán un gobierno con dictadura perfecta e intervención de todas las instituciones. Pero aquí, se equivocan, porque hay un pueblo que determina y decide”, indicó.

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Excongresistas también rechazaron medida

Fuera del Parlamento, distintas figuras políticas también expresaron críticas tras la aprobación de la iniciativa. Indira Huilca, virtual diputada por Ahora Nación, afirmó que la norma abriría la puerta a la impunidad frente a casos de abuso policial.

"Ahora podrán agredir, matar y cometer cualquier delito, y serán protegidos por el fuero militar y policial. Responsabilizo a Keiko Fujimori por esta medida inconstitucional y por las consecuencias nefastas que originará. Invoco a fiscales, jueces y a todo funcionario honesto a desconocer esta norma espuria. Quien pisotea el Estado de derecho para ejercer el poder no tiene ninguna legitimidad para gobernar, y ese es el caso de la heredera de la dictadura, Keiko Fujimori", afirmó.

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Asimismo, la excongresista Marisa Glave cuestionó la propuesta al señalar que no cuenta con un respaldo institucional sólido.

"Esta decisión es gravísima, además de inconstitucional. El Tribunal Constitucional ya ha señalado en sentencias previas que delitos como el asesinato no pueden ser procesados en el fuero militar o policial debido a la magnitud del daño que ocasionan. Este Congreso prepara el terreno para un nuevo autoritarismo fujimorista", apuntó.

Tello Gilardi emitió este comunicado días después de que una publicación periodística pretendiera vincularla al fujimorismo por aparecer en una foto protocolar con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que tuvo como objetivo promover el debate en el Pleno para la aprobación de la nueva escala remunerativa para los trabajadores del Poder Judicial. La norma era de interés para los trabajadores y, para las autoridades del PJ, buscaba evitar una paralización de labores que afectara la administración de justicia.

A lo largo de mi vida profesional y personal “he sostenido de manera constante, pública y sin ambages -a través de actuaciones de gobierno y de representación del Poder Judicial- que la impartición de justicia no se somete a intereses políticos, partidarios, económicos ni de cualquier otra naturaleza que impidan cumplir esta función con objetividad, imparcialidad y absoluto respeto a la Constitución, las leyes y las obligaciones internacionales”, señala en el comunicado.

Janet Tello fue una de las magistradas que durante los años 90 del siglo XX fundó e impulsó la creación de la Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia - JUSDEM para defender la independencia y autonomía judicial frente al sometimiento del sistema a los intereses del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Una posición que ha defendido en los años siguientes en la Corte Superior de Justicia de Lima, luego en la Corte Suprema y en los muchos casos en los que ha intervenido a lo largo de estos años.

“Esto no es un discurso. Es un compromiso que se ha materializado en i) posiciones y actuaciones firmes ante proyectos de ley y reformas legales  cuyo contenido afectaba o amenazaba la independencia judicial; ii) requerimientos de acompañamiento a organismos internacionales especializados, como la Comisión de Venecia o la Relatoría Especial de Naciones Unidas, sobre la Independencia para Magistrados y Abogados, logrando contar con opiniones técnicas que fortalecen la autonomía y la integridad de la judicatura; iii) defensa de la competencia constitucional de la judicatura para garantizar derechos fundamentales en procesos de amparo contra decisiones que afectan los derechos de justicia de jueces y juezas”, enumera la magistrada.

Respaldo a los jueces víctimas de persecución

Agrega que “desde la certeza de que la política institucional en este Poder del Estado tiene que fundarse en la irrestricta defensa de la judicatura, hoy, reafirmo, el respaldo institucional a las juezas y jueces que soportan amenazas, injerencia y agravios que buscan debilitar la independencia de la institución judicial”.

En este sentido y fiel a sus principios, “alerta a la ciudadanía sobre el riesgo de aprobación de proyectos de ley con tintes claramente punitivos dirigidos a doblegar la libertad de los jueces al momento de adoptar sus decisiones”. En tal sentido, dice, exhorta “al pleno del Congreso de la República a rechazar estas propuestas contenidas en el Texto Sustitutorio del proyecto de Ley que modifica la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial y el Código Penal, entre las cuales, plantea agravar el delito de prevaricato. Sin jueces independientes e imparciales no existe verdadera justicia ni democracia sólida”.

Por último, subraya: “que nadie puede ni debe interferir con los procesos jurisdiccionales en trámite siempre orientados a salvaguardar los derechos de defensa de las partes. Ello exige la abstención de cualquier expresión que pueda interpretarse como una injerencia en casos concretos. Lo contrario resulta contraproducente con  la legitimidad y eficacia de las garantías constitucionales que también asisten a cada juez y jueza en la defensa de sus propios derechos”.

“La ciudadanía debe tener la total seguridad de que mientras ejerza la Presidencia del Poder Judicial y mi función como jueza de la República, mi compromiso con una justicia independiente e imparcial y fiel únicamente a la Constitución y la ley, es y será inquebrantable”, concluye la presidenta del Poder Judicial.

Tenía 22 años, estudiaba medicina, era bombero y decidió asistir a una marcha convocada para protestar por las muertes de David Atequipa y Beckham Quispe, en Apurímac, durante las primeras protestas contra la expresidenta Dina Boluarte.

Renato Murillo se sumó a sus compañeros para aportar sus conocimientos en primeros auxilios. "Siempre he tratado de brindar apoyo dentro de mis posibilidades", recuerda.

Alrededor de las 8.30 de la noche, en el Pasaje Belén, a unos metros de la Plaza San Martín, una bomba lacrimógena disparada a corta distancia le impactó entre los ojos. Perdió el conocimiento y fue trasladado al Hospital Loayza, en la avenida Alfonso Ugarte, donde permaneció 12 días en coma. Los manifestantes que lo auxiliaron lo "velaron" en el lugar donde cayó, convencidos de que había muerto por la cantidad de sangre que dejó en el lugar.

"Al despertar no sabía qué ocurría. Me enteré de que intentaron amedrentar a mi familia", relata.

Dina Boluarte llegó al hospital con la intención de tomarse una fotografía. Su madre se opuso. "La ministra de Salud (Rosa Gutiérrez Palomino) le dijo que le convenía, porque si no, no podrían ayudarme", afirma.

Ese 12 de diciembre, Renato Murillo no pudo auxiliar a nadie y, probablemente, nunca más lo haga. Sufrió traumatismos y fracturas en el cráneo, desprendimiento de retina y trastorno ansioso-depresivo.

"Tengo 80% de pérdida de visión en el ojo derecho, pérdida ósea en el rostro e hiposmia: perdí la capacidad de reconocer olores", detalla.

De la vida que tenía antes, no queda mucho.

"Practicaba atletismo, jugaba básquet y nadaba. Tenía una vida muy sana. Por eso ingresé a la Compañía de Bomberos", describe con nostalgia. Actualmente tiene 26 años, está a poco de graduarse como abogado y espera, desde hace varios años, ser repuesto como bombero.

Renato Murillo recuerda que los primeros meses fueron los más difíciles: "Estaba molesto con el mundo. Pensaba: ¿Qué pasa si me quedo ciego? ¿Y si nunca recupero el olfato?".

EL AUTOR DEL DISPARO

La Fiscalía atribuye al entonces teniente PNP Luis Bazán Campos, quien cumplía funciones de escopetero, o lanzador de proyectiles de bombas lacrimógenas, la autoría material de las lesiones graves sufridas por Renato Murillo Reyes.

Pese a las pruebas audiovisuales y periciales, Bazán negó su responsabilidad. Al ser confrontado por la Fiscalía con el video que registra el instante en que Renato Murillo cae herido, el oficial arguyó: "Lo que veo es agresión a los policías, no veo una bomba, puede ser cualquier objeto".

Durante el proceso, el suboficial también señaló no recordar los momentos en los que activó el lanzagranadas. Luego, en la reconstrucción de los hechos, optó por guardar silencio.

La abogada Mar Pérez Aguilera, defensora legal de Renato Murillo, señala que la acusación por lesiones graves resulta insuficiente. "Un policía que a una distancia menor de la reglamentaria te dispara una bomba lacrimógena en una zona vital como la cabeza, es perfectamente consciente de que te puede matar", explica, y sostiene que el delito debió ser tentativa de homicidio.

Renato Murillo afirma que durante meses su familia recibió llamadas y mensajes para "llegar a un acuerdo" y evitar que el caso continuara. Recuerda que, en una de esas ofertas, enterados de su anhelo por volver a su compañía, le plantearon "reincorporarse al Cuerpo de Bomberos si abandonaba la denuncia". También informó sobre el seguimiento de vehículos del Ministerio del Interior.

LA CADENA DE MANDO

La Fiscalía exige penas de entre 5 y 7 años de prisión para los mandos policiales. Entre ellos, el excomandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, quien en diciembre de 2022 era jefe de la Región Policial Lima, y el general Frank Chang Campos, entonces jefe de la División de Servicios Especiales.

También fueron acusados los policías Jorge Celadita Fuentes y Luis Ávila Ortiz, integrantes de la cadena de mando, por omisión de funciones. Para el teniente Luis Bazán Campos, señalado como autor directo del disparo que impactó a Renato Murillo, la Fiscalía solicita la pena más alta del grupo: 7 años y 2 meses de prisión.

Según el requerimiento acusatorio, la falta de control, supervisión y adecuada comunicación de la cadena de mando permitió que el teniente Bazán actuara fuera de los parámetros legales.

Sin embargo, en lugar de ser apartado de sus funciones, Bazán fue ascendido al grado de capitán, en enero de 2023, un mes después de disparar en la cabeza a Renato Murillo. Además, fue felicitado por “servicio policial destacado”, primero en julio de 2023, durante la gestión del Comandante General PNP Jorge Angulo Tejada, y luego en diciembre de 2025, por el actual jefe policial, Óscar Arriola Delgado.

Hoy Bazán cumple funciones como comisario en Huancavelica.

"Esta es la manera en la que la Policía aborda los casos de quienes vulneran a la población", cuestiona la abogada Mar Pérez.

EL OTRO AGRAVIADO

La Fiscalía incluye un segundo hecho ocurrido el mismo día en que fue atacado Renato Murillo. Benedicto Huaccachi Cayampi, costurero de oficio, recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la zona pélvica, mientras transitaba por los jirones Lampa y Lino Cornejo, en el Centro de Lima. En este caso se señala la responsabilidad del suboficial Dino Tarrillo Ramos como autor directo. También fueron incluidos el mayor PNP José Solari Chilcce y el suboficial Elver Tasayco Lavalle.

"Sentí el impacto e inmediatamente caí. Sentí una quemazón intensa", declaró ante la Fiscalía. Tras el golpe, perdió el conocimiento por unos minutos y, al despertar, se retiró el cinturón ortopédico que usaba por lumbalgia. Las enfermeras del hospital le dijeron que eso le "había salvado la vida".

EL RIESGO DE IMPUNIDAD

El expediente se encuentra en etapa intermedia, en control de acusación, ante el juez Richard Concepción Carhuancho. Solo queda revisar los medios probatorios para pasar a juicio oral. Pero el magistrado fue suspendido por la Junta Nacional de Justicia el último 10 de junio.

"Una justicia que tarda no es justicia", dice Mar Pérez. Por eso, insiste en que el proceso avance no solo para Renato Murillo, sino también para las demás víctimas de las protestas.

Pérez también cuestiona la norma respaldada por el partido fujimorista Fuerza Popular aprobada en primera votación por el Congreso el 12 de junio. La iniciativa busca abrir paso a la justicia militar-policial en casos en los que los uniformados cometan delitos en el ejercicio de sus funciones.

El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, advierte que las iniciativas para favorecer a las fuerzas del orden forman parte de "una estrategia clarísima de perturbar u obstruir la acción de la justicia para lograr impunidad".

El Congreso ya había tomado posición sobre las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas. El 18 de julio de 2024, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó el informe que admitía a trámite la denuncia constitucional por homicidio calificado y lesiones graves contra la expresidenta Dina Boluarte y sus ministros, que incluía los casos de Renato Murillo y Benedicto Huaccachi.

ABOGADO DE VÍCTIMAS

Renato Murillo, mientras tanto, cambió su forma de entender su profesión. Luego de recuperarse del disparo, trabajó en casos de derechos humanos y empezó a mirar el sistema desde la perspectiva de las víctimas.

"El Estado no debería darte miedo. El Estado debería darte seguridad", afirma.

Ahora, como abogado, presta especial atención al caso de Víctor Santisteban Yasavilca. Poco más de un mes después de lo que le sucedió a Renato Murillo, en la noche del 28 de enero de 2023, también en Lima, Santisteban murió por un hecho similar: el impacto de una lacrimógena en la cabeza.

Las principales observaciones que detectó el ente electoral fueron que los candidatos a regidores no nacieron en Lima y no acreditaron que viven en la capital desde hace dos años. De acuerdo con la ley electoral, para postular a esta circunscripción es necesario cumplir con uno de esos dos requisitos. Asimismo, los postulantes no adjuntaron sus licencias sin goce de haber de las instituciones en las que trabajan o llenaron mal sus declaraciones juradas.

En ese contexto, el JEE otorgó dos días hábiles a los partidos para subsanar los errores, bajo apercibimiento de declarar improcedentes las candidaturas. Algunos ya presentaron sus descargos, mientras que otros aún no.

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Juntos por el Perú

La entidad electoral observó que 13 candidatos de izquierda no cumplen con el requisito de haber nacido en Lima y no adjuntaron la documentación que acredite que están domiciliados en la capital durante los últimos dos años.

Asimismo, el candidato a regidor Heinrich Pumacayo Sánchez no cumplió con consignar la fecha de suscripción del anexo uno de su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV). Además, seis candidatos no presentaron su licencia sin goce de haber para postular al cargo.

En tanto, el postulante a regidor Juan Sánchez Gutiérrez declaró tener una sentencia por omisión a la asistencia familiar de noviembre del 2021. Afirmó que se encuentra rehabilitado, pero no adjuntó documentación que acredite dicha condición ni el pago de la reparación civil.

Fuerza Popular

El JEE alertó que el candidato a regidor Alonso Sulca Díaz adjuntó un documento distinto al comprobante de pago de postulación y que no corresponde a un voucher emitido por la plataforma Págalo.pe ni por el Banco de la Nación.

Por otro lado, 12 candidatos a regidores no acreditaron que nacieron en Lima ni haber vivido en la capital en los últimos dos años. Asimismo, 38 declaraciones juradas no fueron firmadas correctamente en la fecha indicada por el ente electoral.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Renovación Popular

La lista de Renovación Popular fue declarada inadmisible debido a que su candidato a regidor, Rafael López Aliaga, fue proclamado por el JNE como senador electo para el periodo 2026-2031. Ello, pese a que públicamente se informó que había renunciado o desistido de asumir dicho cargo. En ese contexto, el JEE requirió a la organización política que informe y acredite la situación jurídica de su líder.

Asimismo, el órgano electoral advirtió que 12 candidatos no cumplen con el requisito de haber nacido en Lima y tampoco adjuntaron la documentación que acredite su domicilio continuo en la capital durante los dos últimos años.

De igual forma, se observó que la candidata a regidora Johanna Martínez Gómez, de nacionalidad chilena, no presentó el documento de acreditación electoral emitido por Reniec. Además, otros cinco candidatos no cumplieron con presentar las licencias sin goce de haber correspondientes a las entidades públicas en las que laboran.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Ahora Nación

Según el ente electoral, 18 candidatos a regidores no acreditaron haber nacido en Lima ni residir en la capital en los últimos dos años. Además, 5 postulantes firmaron sus declaraciones juradas en una fecha anterior a la que se realizó y 4 no presentaron licencia sin goce de haber.

Podemos Perú

El JEE observó la candidatura de Daniel Urresti a la Alcaldía de Lima debido a que no adjuntó la documentación que acredite su domicilio en la capital durante los dos años previos a la elección. La misma observación fue formulada respecto de otros 13 candidatos a regidores.

Asimismo, el órgano electoral advirtió que Urresti consignó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) haber sido condenado por el delito de difamación agravada y encontrarse rehabilitado. Sin embargo, no presentó la documentación que sustente dicha condición. Por ello, se requirió a la organización que remita los documentos correspondientes, así como aquellos relacionados con el cumplimiento de la reparación civil.

Por otro lado, el JEE señaló que otros 11 candidatos no acreditaron adecuadamente haber laborado en entidades públicas ni presentaron las respectivas licencias sin goce de haber exigidas para postular a cargos de elección popular.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Somos Perú

El 20 de junio, el JEE advirtió que 13 candidatos a regidores no acreditaron haber residido en Lima de manera continua durante los dos últimos años.

Asimismo, observó la candidatura de Royser Huamán debido a que presentó una solicitud de licencia sin goce de haber para participar en el proceso electoral; sin embargo, en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) no precisó la entidad pública en la que trabaja. Por ello, el órgano electoral le requirió subsanar dicha observación.

De igual forma, otros siete candidatos a regidores no acreditaron haber prestado servicios en entidades públicas ni presentaron la correspondiente licencia sin goce de haber.

Cívico Obras

El JEE determinó que 14 aspirantes a regidores no nacieron en Lima y tampoco acreditaron estar domiciliados en la capital en los últimos dos años, mientras que tres no presentaron su licencia sin goce de haber para postular al cargo.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Avanza País

El JEE detectó que el partido consignó como "designados" a 12 candidatos; sin embargo, no presentó el acta de designación directa exigida por el Reglamento de Inscripción. Asimismo, reportó que el candidato a la alcaldía Francis Allison confirmó su registro de postulación el 19 de junio, pero firmó la declaración jurada un día antes. Esta última observación también se detectó en la inscripción de 11 aspirantes a regidores.

De igual forma, advirtió que 11 candidatos no sustentaron que viven en Lima durante los últimos dos años. Otros 13 no presentaron su DJHV para postular y seis no adjuntaron la tasa de pago.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Acción Popular

El JEE detectó que siete candidatos a regidores no nacieron en Lima y tampoco acreditaron estar domiciliados en la capital en los últimos dos años. Sumado a esas observaciones, tres candidatos no presentaron sus licencias sin goce de haber.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Batalla Perú

El ente electoral detectó que el partido no presentó su plan de gobierno en el sistema Declara+. Asimismo, señaló que 22 candidatos no acreditaron domicilio en Lima durante los últimos dos años, mientras que 15 presentaron sus DJHV incompletas o firmadas en otras fechas.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Visión Perú

Según el JEE, la organización política no presentó el acta que contiene la relación de candidatos designados ni la ubicación que cada uno ocupa en la lista de postulación. Asimismo, el órgano electoral advirtió que 11 candidatos no cumplen con el requisito de haber nacido en Lima y tampoco adjuntaron la documentación que acredite que viven o tienen domicilio en la capital durante los últimos dos años. Entre ellos se encuentra el candidato a la alcaldía, Santiago Abarca León.

Del mismo modo, el ente electoral señaló que dos postulantes a regidores no firmaron la declaración jurada correspondiente. Además, tres candidatos no presentaron su licencia sin goce de haber, incluido el aspirante a burgomaestre.

Frente de la Esperanza 2021

El JEE advirtió que 10 candidatos a regidores no presentaron la documentación que acredite su residencia continua en Lima durante los últimos dos años. Este requisito es indispensable para aquellos postulantes que no nacieron en la capital y, por tanto, deben demostrar su domicilio en la jurisdicción donde buscan ser elegidos.

Asimismo, el órgano electoral observó que tres candidatos no presentaron la documentación correspondiente relacionada con sus licencias sin goce de haber, el pase al retiro de las Fuerzas Armadas y los documentos que acrediten la rehabilitación y el pago de la reparación civil derivada de una sentencia emitida en el fuero militar.

Demócrata Verde

El JEE indicó que la candidata a alcaldesa de Lima, Flor de María Hurtado Valdéz, declaró que su lugar de nacimiento fue Loreto y no adjuntó el documento que acredite haber domiciliado en la capital durante los últimos dos años.

Además, 13 candidatos no adjuntaron su declaración jurada o la presentaron incompleta, otros ocho no sustentaron tener domicilio en Lima y tres no presentaron sus licencias sin goce de haber.

Pueblo Consciente

El partido no adjuntó el comprobante de pago de 19 candidatos a regidores, mientras que 23 postulantes no presentaron la documentación que acredite estar domiciliados en Lima en los últimos dos años y 19 dejaron en blanco sus declaraciones juradas. Otros dos postulantes no presentaron su licencia sin goce de haber.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Integridad Democrática

El partido no presentó el plan de gobierno en el sistema Declara+. Además, un candidato no llenó de manera adecuada su declaración jurada, nueve no presentaron su licencia sin goce de haber o sus renuncias a instituciones públicas y 15 no acreditaron que viven en Lima desde hace dos años.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Coalición Transformadora Tierra Verde

El JEE advirtió que 22 candidatos a regidores no cumplen con el requisito de haber nacido en Lima y tampoco adjuntaron la documentación que acredite su residencia continua en la capital durante los dos últimos años.

Asimismo, 40 candidatos, entre ellos el postulante a la Alcaldía de Lima, Yehude Simón Munaro, no presentaron correctamente sus declaraciones juradas. A ello se suma que otros seis candidatos no adjuntaron la licencia sin goce de haber exigida para participar en el proceso electoral.

Por otro lado, tres postulantes deberán presentar documentación adicional que permita esclarecer su situación judicial. De igual forma, otros tres candidatos están obligados a acreditar la autorización expresa de la organización política a la que pertenecen para poder postular por una agrupación distinta. Finalmente, seis candidatos no adjuntaron el comprobante de pago requerido por la normativa electoral.

Hasta el cierre de esta nota, el partido no presentó sus descargos.

Partido Morado

La candidata a la alcaldía de Lima, Victoria de la Cruz, no presentó el comprobante de pago para postular, mientras que 14 candidatos no adjuntaron la documentación que acredite que vivieron en Lima durante los dos últimos años. Otros 15 no presentaron su declaración jurada correctamente firmada o llenada.

Perú Libre

Se reportó que 14 candidatos no acreditaron que nacieron en Lima y que cuentan con domicilio en la capital en los últimos dos años, mientras que uno no presentó licencia sin goce de haber de las instituciones públicas en las que trabaja. Otros seis llenaron mal sus declaraciones juradas.

Fuerza Ciudadana

El JEE reportó que 33 candidatos a regidores presentaron un comprobante de pago incorrecto, mientras que 21 no acreditaron haber nacido en Lima ni estar domiciliados desde hace dos años. Otros 30 no llenaron correctamente su declaración jurada de consentimiento de participación.

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

El JEE detectó que 21 candidatos a regidores y a alcalde no cumplen con haber nacido en Lima y no adjuntaron documentación que acredite estar domiciliados en la capital en los últimos dos años. Mientras tanto, ocho postulantes no llenaron correctamente el anexo uno de su declaración jurada.

Partido Patriótico del Perú

El JEE detectó que el partido no consignó los DNI de los candidatos elegidos para la conformación de las listas y que 23 candidatos no acreditaron que nacieron en Lima y tampoco colocaron documentación que sustente que viven en la capital hace dos años.

Asimismo, el ente electoral señaló que 19 candidatos a regidores presentaron declaraciones juradas incompletas y 2 dos postulantes no presentaron sus licencias sin goce de haber.

Contar con una tipificación expresa de estos crímenes en el Código Penal podría parecer positivo, sin embargo, el proyecto de ley excluye conceptos de la tipificación de este tipo de delito en el derecho internacional.

Contra el derecho internacional

El Estatuto de Roma establece que “cualquier acto establecido en el artículo 7 numeral 1 (del estatuto) será un crimen de lesa humanidad, siempre que se cometa contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque y como parte de un ataque generalizado o ataque sistemático”.

La propuesta, promovida por el congresista Fernando Rospigliosi, en cambio, añade otras especificaciones. Menciona que se trata de un crimen de lesa humanidad siempre que se cometa contra una determinada población civil por temas de origen, raza, religión, cultura; así como a un “grupo humano que no es parte de un combate interno o externo”.

Además, el dictamen añade interpretaciones propias de “ataque generalizado” o “ataque sistemático”, pues pide que el delito sea parte de “una línea de conducta de comisión múltiple, masiva, frecuente y a mayor escala” cuando, en realidad, el Estatuto establece que se puede tratar de un único acto inhumano de magnitud extraordinaria sin exigir frecuencia ni multiplicidad.

Por otro lado, la propuesta de Rospigliosi pide que se compruebe que se trató de una “conducta planificada, mediante una logística previa, para promover ese ataque con aplicación metódica en la perpetración del delito” y que esté vinculada a una “política de gobierno” en alianza con las Fuerzas Armadas o la Policía.

Sin embargo, el Estatuto cuando se refiere a carácter “sistemático” hace alusión a la existencia de una política de Estado que demuestre que los actos no fueron arbitrarios y no pide acreditar la existencia de una estructura específica destinada a la comisión del delito.

Finalmente, el PL indica que “la población civil será un grupo humano que no sea parte de un combate interno o externo”, lo que evita que los integrantes de las FF.AA o la PNP sean considerados víctimas en un eventual delito de lesa humanidad internacional o no internacional.

Propuesta fujimorista distorsiona el Estatuto de Roma

Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos, resaltó en un artículo publicado en IDL que la propuesta “distorsiona” lo establecido en el Estatuto de Roma y, además, incluye “estándares abiertamente inconstitucionales”.

Por ello, considera que se trata de “otra puerta de impunidad para los militares y policías que están procesados o que han sido condenados por delitos que el Poder Judicial ha calificado como crímenes de lesa humanidad”.

Sobre las definiciones propias que da el proyecto de ley a los términos “generalizado” y “sistemático” del Estatuto de Roma, Rivera señala que “la colocación de estos elementos en la redacción de una norma penal puede terminar siendo utilizada como un elemento de restricción o eliminando la potestad interpretativa de los jueces del Poder Judicial”.

En tanto, sobre la exigencia de la acreditación de una estructura organizativa en el Gobierno, considera que “no pareciera un simple error de la redacción deficiente de la norma, sino la colocación ex profesa de una exigencia probatoria elevada dado que la comprobación de la existencia de la política del gobierno, el plan estratégico, el plan táctico, el plan de operaciones, la orden de operaciones, disposición de comando u otra orden”.

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Impulsada por la bancada de Perú Libre, la creación de este colegio parece invitar a la profesionalización de los artistas; sin embargo, no convocó a la comunidad artística y, al no ser debatida por sus integrantes, dejaría fuera a la mayoría con formación autodidacta o que, simplemente, cursó estudios, pero no obtuvo el grado de bachiller ni la licenciatura. Por ello, con un afiche que cuestiona quién decide quién es artista, actores, actrices, dramaturgos y cineastas han compartido en sus redes sociales el pedido de derogatoria de la Ley N.° 32645.

“No se consultó a la comunidad artística, a colectivos ni a saberes ancestrales. Excluye a la mayoría de artistas al exigir solo títulos universitarios. Atenta contra la libertad de creación al pretender ‘ordenar’ y ‘supervisar’ el arte. El arte peruano es libre, diverso y se construye también desde la calle, los talleres y las comunidades. Evitemos que la creación de este colegio sea utilizada como una herramienta de discriminación y censura contra los artistas”.

En ese sentido, también exigen una mesa de diálogo. “Para una ley de fomento y derechos laborales, no de control. ¡El arte no se colegia, se crea!”, se lee en las publicaciones de actrices como Mónica Sánchez y de espacios de formación como Diez Talentos de Bruno Odar.

Afecta a otros colegios profesionales

La creación del Colegio de Artistas va más allá del sector artístico. Entre sus disposiciones, impide que personas inhabilitadas para la función pública asuman cargos en colegios profesionales. “Se abre una puerta peligrosa que facilita el bloqueo de la participación de opositores políticos en funciones similares, usando una medida excluyente, centralista y contraria a la diversidad cultural”, sostiene el colectivo En Defensa del Cine Peruano.

Días antes de la segunda vuelta presidencial, la asociación encargada de proteger los derechos intelectuales de los artistas del sector audiovisual, Inter Artis, había hecho público que la ley impulsada por el actual Congreso no había contado con la participación del sector cultural.

La ley había sido aprobada por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, no por la Comisión de Cultura que preside Susel Paredes. Para la congresista, se trataba de un proyecto “excluyente”.

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Los cineastas que protestaron por la llamada ley anticine (impulsada por Adriana Tudela de Avanza País y Patricia Juárez de Fuerza Popular, entre otros) advirtieron que este tipo de ‘iniciativas’ dejaban la puerta abierta a la censura. “Se están yendo y están aprobando todo entre gallos y medianoche porque estamos distraídos con los debates y con la segunda vuelta”, nos decía en un informe la directora Rossana Díaz Costa. “Estamos hablando del cine, del teatro, del fomento del libro y de la música. En general, es el mismo fondo para todas las artes”.

Hay un sector de la comunidad artística que cree que podría tratarse de una represalia porque algunos artistas han sido ‘incómodos’ para los gobiernos de turno. De hecho, los artistas escénicos hicieron un plantón en el Congreso para defender su derecho al cobro de las regalías.

El grupo de Artistas contra la dictadura señala que es una ley antidemocrática y que va en contra de la libertad de expresión. Al cierre de esta edición, centros culturales y teatros de Lima emitieron pronunciamientos que exigen la derogatoria de la ley. 

Con 52 votos a favor, 43 en contra y 5 en abstención, la ley contó con la refrendación necesaria de parte del Congreso de la República. Ahora, de no ser observada por el presidente José María Balcázar, será promulgada en el diario oficial El Peruano. Bancadas como Fuerza Popular o Alianza para el Progreso fueron algunas de las que más votaron a favor de la medida.

Otro de los puntos señala que, si existe un proceso en el fuero militar-policial por alguno de estos delitos, los jueces ordinarios deberán ordenar el archivo inmediato de la investigación, dejando así sin efecto incluso condenas que aún no hayan quedado firmes.

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Debate en el Congreso

La iniciativa generó posiciones encontradas dentro del Congreso. Una de las parlamentarias que expresó su discrepancia fue Flor Pablo.

"Lo que hace esta ley es generar impunidad para ese mal policía que, confiado en el fuero militar y policial, va a disparar a mansalva y matar. Esta es una ley más en contra de la ciudadanía que aprueba este Congreso. Esta norma va a generar impunidad y hará que esos policías no respondan ante la ley", señaló la congresista.

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Por su parte, Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) sostuvo que la iniciativa socavaría la confianza de la ciudadanía y señaló al sector fujimorista en su rol de principal garante de esta ley.

"Ustedes, como fujimoristas, tienen la obligación de restaurar la confianza del pueblo. Adaptarse a las necesidades democráticas que la ciudadanía exige es una de esas obligaciones. Ustedes van a ser gobierno, pero sean gobierno eliminando las malas prácticas que tuvieron durante el gobierno de Alberto Fujimori. No se puede seguir consolidando la impunidad a favor de uniformados que, objetivamente, tienen que ser juzgados", manifestó.

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Otros congresistas sí se mostraron a favor de la iniciativa. Tal es el caso de Edwin Martínez (Acción Popular), quien acusó de "caviares" a los sectores que han expresado críticas contra el proyecto de ley.

"Tenemos un fuero militar y policial. Allí hay abogados expertos que sancionan las faltas disciplinarias y las irregularidades que puedan ocurrir dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas. El ensañamiento de los 'caviares' responde a que detestan al policía y al militar porque les encanta generar violencia", afirmó durante su intervención.

Críticas también llegan desde afuera del Congreso

Fuera del Congreso de la República, diversas figuras de la política nacional también cuestionaron la aprobación de esta iniciativa. Indira Huilca, virtual diputada por Ahora Nación, sostuvo que la ley generaría impunidad en casos de abuso policial.

"Ahora podrán agredir, matar y cometer cualquier delito, y serán protegidos por el fuero militar y policial. Responsabilizo a Keiko Fujimori por esta medida inconstitucional y por las consecuencias nefastas que originará. Invoco a fiscales, jueces y a todo funcionario honesto a desconocer esta norma espuria. Quien pisotea el Estado de derecho para ejercer el poder no tiene ninguna legitimidad para gobernar, y ese es el caso de la heredera de la dictadura, Keiko Fujimori", afirmó.

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Por su parte, la excongresista Marisa Glave sostuvo que la ley carece de sustento institucional.

"Esta decisión es gravísima, además de inconstitucional. El Tribunal Constitucional ya ha señalado en sentencias previas que delitos como el asesinato no pueden ser procesados en el fuero militar o policial debido a la magnitud del daño que ocasionan. Este Congreso prepara el terreno para un nuevo autoritarismo fujimorista", apuntó.

"He presentado mi desafiliación a País para Todos. Agradezco a la agrupación porque me permitió postular a la Presidencia de la República. Existen desacuerdos e incongruencias dentro del partido. Lo mejor es dar un paso al costado y seguir nuestro camino como peruanos", indicó en una entrevista con Canal N.

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Al respecto, Álvarez fue consultado sobre si su renuncia estaba relacionada con la posición adoptada por País para Todos de cara a la segunda vuelta. Como se recuerda, el excandidato presidencial expresó gestos de respaldo hacia la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mientras que la agrupación optó por no respaldar oficialmente a ninguna candidatura.

Álvarez señaló que el comunicado original de la agrupación exhortaba a que cada militante tuviera libertad para elegir a su candidato, independientemente de su cargo dentro del partido. Por ello, aseguró que le sorprendieron las reacciones que generó su respaldo a Fujimori.

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País para Todos no pasó la valla electoral

Asimismo, Álvarez calificó de "injusto" que País para Todos no haya superado la valla electoral y, por ende, no pueda contar con representación en el próximo Congreso de la República.

Según el excandidato, debería realizarse una revisión del sistema de cifra repartidora a nivel nacional. Días antes, el partido publicó un comunicado en el que afirmó que le correspondía contar con representación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó que la agrupación no sobrepasó los mínimos necesarios y, por ende, no será partícipe del nuevo Congreso.

—¿Alguna vez has visto al mundo tan convulsionado como ahora?

—Ha habido otros momentos históricos bastante convulsionados en el mundo. En los años 30, por ejemplo. Es importante poner este momento en perspectiva histórica. Desde la Segunda Guerra Mundial y la construcción del nuevo orden internacional, global, que dividió al mundo en dos bloques políticos e ideológicos, este es el periodo más turbulento. Este tipo de nuevo orden ya venía debilitándose. Ahora estamos viendo que están surgiendo muchas ideas radicales, con figuras políticas primitivas, lo cual está generando mucha incertidumbre y caos en el mundo. Como dijo Gramsci, estamos en un interregno al final de una época; pero la nueva época no ha sido construida todavía. Hacerlo toma tiempo y estamos viendo en ese ínterin movimientos fundamentalistas, muy radicales, muy antisistema. Esto se está viendo en todas partes.

—¿Por qué ocurrió esto? Hasta hace no muchos años estábamos en una aparente tranquilidad.

—Después de la Guerra Fría, en los años 90, con la caída del muro de Berlín, hubo otro ánimo, más esperanza en el mundo. Pero ya en este siglo, con las guerras en Afganistán e Irak y toda la ola de gobiernos, empezando con Chávez en Venezuela y también en otras partes del mundo, esas estructuras ya venían debilitándose, así como la incapacidad de los gobiernos nacionales e instituciones globales para resolver los problemas. Quedaron en la retórica, en promesas poco cumplidas, lo cual ha preparado el terreno para esos mensajes más demagógicos y populistas. Pero esto no pasó de golpe. Desde mi perspectiva, se está llegando a un punto más complejo.

—Las guerras siempre han sido económicas, pero ahora lo económico está definiendo todo. Nunca antes, de esta forma tan determinante, se ha visto.

—Tal vez esté relacionado con los cambios en China. China, como sabemos, tiene una proyección global, con actividades económicas muy relevantes para otros países. Esto está generando una competencia con modelos y experiencias de Occidente sobre quién puede ofrecer y producir resultados para ganar legitimidad frente a la gente. Esto se expresa netamente en términos económicos, como el nivel de vida, las condiciones de empleo, y el acceso a la salud y a la educación. A eso sumemos que ha habido una recesión democrática en el mundo. Samuel Huntington habló de una tercera ola de la democracia en los 70. Pero no terminó siendo exitosa, porque no generó legitimidad ni produjo resultados económicos y sociales para muchos países. Entonces, es lógico que se hayan presentado otros tipos de alternativas, otras formas políticas y otra clase de figuras que han ganado mucha fuerza en los últimos años.

—Hace unas semanas Trump y Xi Jinping sostuvieron una reunión comercial en Pekín. Aunque poco antes se estuvieron diciendo de todo. La población ve esto y se pregunta hacia dónde estamos yendo.

—Estamos yendo en muchas direcciones. No vamos en una sola dirección. No es lo más útil pensar hacia dónde va el mundo, porque estamos en un momento en el que hay muchas presiones muy contradictorias. Por ejemplo, si tomas solamente la política de Estados Unidos con respecto a China. Si ves la estrategia de seguridad nacional que salió a finales del año pasado, hay énfasis en el aspecto de competencia económica, pero también de cooperación. Sin embargo, en la parte sobre América Latina, Estados Unidos tiene una posición más dura con respecto a China, porque busca frenar su presencia e influencia en aspectos económicos en América Latina. Eso es evidentemente una contradicción. Con China hay que llevarse bien y hacer negocios, pero por el lado de América Latina hay una posición más dura que ha afectado a algunos países más que a otros. Si nos ponemos a buscar una sola dirección, vamos a salir decepcionados.

—Lo geopolítico es clave. ¿Cómo está América Latina en este escenario?

—Llevo cuatro décadas trabajando y escribiendo sobre la región y sobre su relación con Estados Unidos. En primer lugar, nunca he visto a la región tan fragmentada ni tan polarizada. Cada país anda por su cuenta. Hay poca colaboración entre ellos, poco ánimo para integrarse. Este es uno de los aspectos más decepcionantes de América Latina en los últimos tiempos. Tampoco he visto a Washington actuando en tantos frentes, con políticas de aranceles; pensemos en los ataques a las lanchas en el Caribe y el Pacífico; lo que pasó con Maduro, lo que pasó con México, y ahora con Brasil y Colombia, además de Panamá con respecto al canal. Si esto significa una estrategia, un plan coherente, no está muy claro. Como nunca antes, Estados Unidos está muy atento a América Latina. Me parece preocupante el poco interés en temas de democracia, derechos humanos y Estado de derecho. No recuerdo una administración en la que haya habido menos atención a esos temas, que para mí son importantes. Yo me acuerdo del golpe militar en Chile en 1973 y las críticas contra el presidente Nixon, pero Nixon es Gandhi comparado con Donald Trump. Trump está haciendo lo que le da la gana. Está aplicando sanciones y amenazas. Yo me temo que, si esto podría funcionar para Trump en el corto plazo, está sembrando las bases para un saldo muy negativo para Estados Unidos y, a largo plazo, sobre las economías de América Latina. Eso es lo que nos enseña la historia. Eso se puede repetir.

—Lo que estamos viviendo se define más en el segundo gobierno de Trump. Con las elecciones de noviembre de mitad de mandato, ¿se va a reforzar esta actitud de Trump o se va a moderar?

—Va a seguir igual. Incluso se puede acelerar más. Trump está muy golpeado y está pensando, más que nunca, en su legado, y hará cosas donde no hay resistencia. En estos momentos no hay resistencia porque su partido controla el Congreso. Si los demócratas ganan, Trump buscará reforzar su política exterior y dejar, como dije, su legado. El apetito de Trump por dominar no ha acabado y no acabará, aun siendo derrotado en noviembre. Le ha ido muy mal en Irán; con China y los países grandes también. Pero en América Latina es distinto: muchos países dependen de Estados Unidos. No me sorprendería que Trump concentre más poder para consolidar su dominio en la región. No sabemos lo que pasará con Cuba. Puede pasar algo en Nicaragua, también en Panamá. Con Trump no se puede descartar nada.

—¿Y después de enero de 2029, cuando Trump finalice su mandato, las cosas podrían cambiar?

—Yo creo que hasta enero de 2029 hay que apretarse los cinturones. Hay que estar preparados.

—¿Entonces hay esperanza: las cosas podrían cambiar?

—Sí, hay una esperanza. Hay una esperanza de otro tipo de relación, de otro tipo de tratamiento. No estoy diciendo que soy muy optimista sobre una nueva administración con gran comprensión y fuerte compromiso con América Latina. Por lo menos, habrá un cambio en la postura muy agresiva, muy dura, muy, digamos, de matón en América Latina. Si hay otro republicano como Marco Rubio o un demócrata como presidente, va a ser muy distinto.

—Keiko Fujimori y Roberto Sánchez están disputando voto a voto la presidencia. Entonces, por lo que dices, quien salga no va a afectar a Trump.

—No. Para Estados Unidos no hay tanto en juego. Básicamente, en Perú el poder está en el Congreso, que ha sido muy marcado en estos últimos años. Ha habido alianzas para algunas propuestas en el Congreso entre el partido de Sánchez y el partido de Keiko. El caso peruano es muy diferente y todo el tema del giro a la derecha no tiene tanto significado en Perú como en Chile, Colombia u otros países. Obviamente, el tema de China es el más sensible y esto para mí no está muy claro: hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a presionar sobre Chancay y otras inversiones chinas en Perú, y cómo reaccionaría un gobierno de Keiko o uno de Sánchez, porque China es fundamental, ha sido fundamental y sigue siendo fundamental para la economía peruana. Entonces, esto no se puede, digamos, cambiar y hay mucho apoyo. Por eso, no sé hasta qué punto esta administración está interesada en Perú por China o está dispuesta a enfocarse en eso. Tal vez ellos piensen que, como hay mucha cooperación en narcotráfico, no hace falta. Estoy especulando. La administración Trump lleva casi año y medio y parece que hubieran pasado 20 años.

El cine de Panahi es, principalmente, un cine de denuncia que, por ser tal, no descuida en nada los alcances expresivos a nivel formal. Sin depender de grandes locaciones y presupuestos, ha hecho de la sencillez de recursos, como la cámara en mano que sigue a sus actores, toda una clase maestra de cómo contar historias. Ejemplo de lo dicho lo podemos ver en sus películas Taxi Teherán (2015) y El círculo (2000).  Pensemos en el segundo trabajo consignado, en donde el cineasta pone en bandeja la situación de las mujeres en Irán. Es una película que sorprende al espectador, porque dentro de las limitaciones que las mujeres tienen para expresarse y desarrollarse, se muestra cómo han hecho del disimulo y del ingenio cotidianos un modo de vida en contraste con las restricciones.

Con lo hecho, Panahi podría estar enfocado en otros temas. Ya dejó un valioso documento visual sobre la situación de su país y un legado para los jóvenes cineastas que quieren hacer cine sin necesidad de depender de grandes presupuestos. Panahi dice cómo hacer cine si lo que quieres es hacer cine. Panahi podría estar filmando en cualquier parte del mundo proyectos tanto de denuncia como de búsqueda estética a razón de que es un personaje muy incómodo para el gobierno de Irán. Pero él prefiere regresar a Irán porque no puede hacer cine sin ese contexto que lo alimenta.

En la primera semana de junio, el Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán confirmó la sentencia contra Panahi por el delito de propaganda contra la República Islámica de Irán. Este tribunal rechazó la apelación presentada por la defensa del cineasta. La sentencia consta de un año de prisión, dos años de prohibición para salir de Irán y se le prohíbe afiliarse a organizaciones políticas y sociales. Panahi, por cierto, ya ha estado en prisión. En el 2022 fue condenado a seis años de prisión por conspiración contra el gobierno. Fue liberado siete meses después tras hacer una huelga de hambre y pagar una fianza.

A Panahi no le sirve de mucho su prestigio internacional en su país, en donde existe el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, que es el organismo que regula la producción artística y cultural.

Regulación del arte y la cultura en Perú

El sábado 13 de junio, en el diario oficial El Peruano, se dio a conocer la Ley 32645, la cual crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Este colegio tendrá como misión ordenar y supervisar el ejercicio profesional de las disciplinas artísticas, como las artes plásticas y visuales, música, danza, artes escénicas y afines. En otras palabras, es la oficialización de la censura, la cual, en este quinquenio, hemos visto en todo su esplendor mediante cancelaciones y leyes que atentan contra el sentido común, como la nueva ley de cine.

Este colegio de artistas no es un hecho aislado, no es una ocurrencia local. Es parte de una ola cancelatoria a nivel global que busca avasallar el espíritu crítico del arte. Sin duda, habrá creadores que se mantendrán independientes e igualmente habrá otros que buscarán beneficiarse de este organismo.

Lo sucedido con Panahi es el extremo de la cancelación, pero por ahí van estos despropósitos que nos obsequia el actual Congreso. Estaremos muy atentos.

…

Situación del cineasta. Si bien Jafar Panahi ha sido condenado, aún no ha sido detenido. Se desconoce su paradero exacto.

La ley del Congreso. Esta medida fue impulsada por la Comisión de Educación, cuyo presidente es Segundo Montalvo (PL). Tuvo 83 votos a favor. Contó con el apoyo de las bancadas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

La mención al caso del ex alcalde de Lima se da en el apartado sobre los requisitos o impedimentos para el acceso a cargos de elección popular. El JEE menciona que es de público conocimiento que fue proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como senador electo y que ha expresado su renunciado a dicho cargo.

Por ello, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y la inexistencia de eventuales impedimentos previstos en la normativa electoral vigente, solicitan al partido informar y acreditar documentadamente la situación jurídica actual de López Aliaga respecto a esta proclamación, adjuntando la documentación sustentatoria pertinente.

El mismo requerimiento se lo hicieron a Guillermo Valdivieso Méndez, señalando que fue proclamado por el JNE como parlamentario andino electo de las Elecciones Generales 2026, habiéndose difundido además información referida a una presunta renuncia o desistimiento a dicho cargo.

“En tal sentido, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y la inexistencia de eventuales impedimentos previstos en la normativa electoral vigente, corresponde que la organización política informe y acredite documentadamente la situación jurídica actual del referido candidato respecto de dicha proclamación, adjuntando la documentación sustentatorio pertinente”, se lee.

12 candidatos de Renovación Popular no cumplen con el requisito de haber nacido en Lima

Otra de las observaciones del JEE es que 12 candidatos no cumplen con el requisito de haber nacido en la provincia de Lima y no adjuntaron documentación con fecha cierta que acredite haber domiciliado en la circunscripción electoral durante los dos años continuos previos a la fecha límite para la presentación de la solicitud de inscripción.

En ese sentido, solicitaron que los referidos candidatos presenten documentación que certifique que han domiciliado de manera continua en la circunscripción electoral durante los dos (2) años previos a la fecha límite para la presentación de la solicitud de inscripción.

Por ello, y demás observaciones el JEE de Lima Centro determinó que “corresponde declarar inadmisible la solicitud de inscripción y otorgar a la organización política el plazo de dos días calendario para subsanar las observaciones advertidas, bajo apercibimiento de declararse la improcedencia de la solicitud en caso de incumplimiento”.

"Rechazo categóricamente cualquier imputación que pretenda atribuirme actos de interferencia, manipulación. favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los peruanos en el exterior", informó en un comunicado publicado en las cuentas oficiales de la Cancillería.

Aseguró que siempre ha actuado "con respeto a la legalidad, a la neutralidad del Poder Ejecutivo, a la autonomía de los organismos electorales y a los deberes de responsabilidad, eficiencia y lealtad al Estado peruano".

Por ello, comunicó que espera con "serenidad" el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer su derecho de defensa ante las instancias respectivas.

"Deseo reiterar mi reconocimiento a los peruanos en el exterior que ejercieron su derecho al voto, así como a quienes participaron como miembros de mesa y personeros. Ellos son los verdaderos protagonistas de toda elección y merecen que cualquier cuestionamiento se tramite con responsabilidad, respeto a la verdad y sujeción a las instituciones competentes, sin permitir que se altere la voluntad popular expresada en las urnas", indicó.

Resaltó que el Ministerio de Relaciones Exteriores respetó "escrupulosamente la normativa electoral y garantizó en todo momento la cadena de custodia del material electoral".

También mencionó que ninguna entidad ha reportado indicios de presunta alteración de la cadena de custodia de los sufragios del exterior.

"Ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores del Jurado Nacional de Elecciones ni los propios personeros de los partidos políticos han encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral en el exterior que sustente la pretendida acusación constitucional", dijo.

Mientras dure la sanción, tiene estrictamente prohibido realizar cualquier otra actividad económica, ya sea pública o privada. Según Vela, esta es una estrategia para obligarlo a renunciar. "Tengo dos pedidos de destitución más nueve meses de suspensión; es como decir dos sillas eléctricas más cadena perpetua", señaló durante una entrevista con Rosa María Palacios.

Vela confesó que después de 24 años de carrera como juez y fiscal, su futuro en el Estado ha terminado. Explicó que ya no tiene posibilidad de regresar a trabajar de forma normal y que sigue peleando en los tribunales para limpiar su apellido de las difamaciones y, más adelante, poder ejercer en el ámbito privado.

"Soy consciente de que no tengo ninguna posibilidad de seguir dentro de la carrera pública, pero tengo que defenderme".

Defiende actuación en el caso Keiko Fujimori

Durante la entrevista, Rosa María Palacios le dijo que la Fiscalía optó por una tipificación equivocada al procesar a la lideresa de Fuerza Popular por lavado de activos. "Cogieron tanto las formas equivocadas como el fondo equivocado. A Keiko Fujimori la pudieron haber procesado por enriquecimiento ilícito y de repente llegaban, pero corrían contra el plazo y se fueron por lavado".

Vela reconoció que la investigación no obtuvo los resultados esperados. Sin embargo, defendió el trabajo realizado por el equipo especial. "Nosotros teníamos la convicción de que estábamos haciendo lo que era legal", sostuvo.

Además, recordó que todas sus decisiones —como los pedidos de prisión preventiva— fueron revisadas, validadas y aprobadas en su momento por los jueces de la Corte Suprema.

Asimismo, rechazó que existieran irregularidades en el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht y destacó que este permitió recuperar cientos de millones de soles para el Estado peruano. "Es la reparación civil más grande de la historia del Perú", afirmó.

Investigación a Juárez Atoche

Respecto de la investigación abierta al fiscal Germán Juárez Atoche por una presunta alteración de un expediente, Vela consideró que se trata de un hecho grave que debe esclarecerse.

Juárez ha sido denunciado recientemente por su propia compañera de oficina (su fiscal adjunta) por haber cambiado de forma secreta un expediente oficial para meter firmas falsas y encubrir el presunto cobro de un soborno de un millón de dólares. "Es un hecho sumamente grave, que es un hecho que tiene que ser investigado", indicó Vela.

No obstante, advirtió que también debe evaluarse quién conduce las pesquisas debido al contexto de cuestionamientos y sanciones que afrontan integrantes del Equipo Especial Lava Jato.

A pesar de sospechar que detrás de esto pueda existir una venganza política —ya que Juárez fue el fiscal que evitó que se archive el caso Cocteles—, Vela cerró la entrevista pidiendo que la investigación sea totalmente limpia. Manifestó su tranquilidad de que el caso esté en manos del actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, al considerarlo un magistrado que garantiza un proceso justo.

La agenda incluye la revisión de 155 dictámenes, dos reformas constitucionales, 16 insistencias, un allanamiento, dos autógrafas observadas, cinco proyectos de ley, 16 proyectos de ley pendientes de segunda votación, 19 reconsideraciones, dos mociones de orden del día, dos comisiones especiales y dos informes finales.

Blindaje a policías y militares

Entre ellos se encuentra la segunda votación del proyecto de ley que blindará a militares y policías al establecer que los presuntos delitos que cometan en ejercicio de sus funciones sean vistos únicamente por fueros militares y policiales, lo que limita la actuación de la justicia ordinaria.

En la sesión del Pleno del 12 de junio, el proyecto se aprobó en primera votación con 60 votos a favor, 34 votos en contra y 10 abstenciones. Estuvieron a favor las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular.

Si en el Pleno de este martes 23 logra su segunda aprobación, la iniciativa pasará al Poder Ejecutivo para su eventual observación. Si no se formulan observaciones, será promulgada oficialmente.

Tan solo días antes, el 18 de junio último, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al Estado peruano no aprobar el proyecto porque “las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional”.

Creación de una lista de organizaciones terroristas

También se evaluará el proyecto de Ley 10176, que modifica el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo, para incorporar el delito de organizaciones terroristas y crear la lista de organizaciones criminales con enfoque terrorista.

Reformas constitucionales

Se propone la reforma constitucional del artículo 2 de la Constitución Política del Perú para ampliar el plazo máximo de detención en caso de flagrante delito.

A su vez, se propone la reforma constitucional del artículo 93 de la Constitución Política del Perú para restablecer la inmunidad parlamentaria. Fue aprobada en primera votación el 12 de junio del 2025 con 92 votos a favor, 24 votos en contra y una abstención.

Pendientes de segunda votación

Está pendiente de segunda votación la Ley 30607, Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), a fin de establecer nuevas disposiciones sobre el cargo de director.

De igual forma, están pendientes la iniciativa que busca declarar Día de la Identidad y Cultura Nacional el 24 de junio de cada año y el proyecto de ley que propone modificar la Ley Universitaria para incorporar la regulación de las universidades interculturales.

Fernando Rospigliosi no descarta nueva ampliación de la legislatura

Rospigliosi no descartó ampliar la legislatura más allá del 24 de junio por los temas pendientes.

“Depende, el documento que presentaron muchos congresistas decía hasta el 30, pero yo la amplié hasta el 24 pensando que se podían solucionar todas las cosas que tenemos; pero hay que ver lo del crédito suplementario que es muy importante”, señaló en entrevista a Canal N.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

“[Sobre su suspensión] Creo yo que por dictar clases no universitarias, por cantar y por el tema del presunto adelanto de opinión y borrado de la imagen, que ya está archivado, no es razonable, es injusta”, señaló en una entrevista para La República.

Cuáles son los cargos en su contra

El primer cargo, calificado como 'muy grave' por la JNJ, está vinculado a un presunto adelanto de opinión y la supuesta eliminación de pruebas en el caso de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte.

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La imputación sostiene que, durante una clase virtual para la institución Udeapolis, el magistrado compartió una diapositiva con la imagen del investigado y, poco después, solicitó que se eliminara esa parte del video.

“La Sala Superior cuando desestimó la recusación formulada en mi contra. Y ahí dijo textualmente que la sola puesta de esa imagen no constituía un adelanto de opinión, porque yo no había emitido ninguna palabra, frase ni comentario”, señaló en una entrevista para La República.

Posteriormente, también pidió que se borrara esa parte del video de su conferencia, lo cual fue interpretado como un posible adelanto de opinión. Sin embargo, precisó que la decisión fue tomada para evitar polémicas.

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"A ver el tema muy controversial que se había generado, yo mismo le pedí a la entidad Udeapolis que retire esa imagen. Eso fue todo".

El magistrado sostuvo que el órgano de control interno del Poder Judicial ya había archivado esos cargos en su contra en tres causas distintas, mediante los expedientes 3222-2024, 3068-2024 y 3000-2025, por lo que considera que esta nueva sanción vulnera sus derechos fundamentales.

El segundo y el tercer cargo que afronta tienen que ver con sus actividades fuera del juzgado: dictar clases en un instituto privado y cantar el clásico tema 'Triciclo Perú' en un evento cultural del portal LP Pasión por el Derecho. Frente a ello, el magistrado defendió su derecho a la docencia.

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“La Constitución y la Ley de la Carrera Judicial me facultan a ejercer la docencia, hasta un límite de ocho horas semanales. (…) Varios magistrados de diferentes niveles dictan. Sin embargo, a mí se me está procesando y a mí se me está suspendiendo del cargo”, indicó.

El nuevo proceso por frenar 'leyes procrimen'

Además de esta suspensión, la JNJ le abrió otro proceso disciplinario por 'falta muy grave'. Esta vez lo investigan por aplicar el control difuso, una herramienta constitucional que faculta a los magistrados a dejar sin efecto aquellas leyes que chocan con la Constitución. Carhuancho recurrió a esta figura para inaplicar dos normas del Congreso altamente cuestionadas por considerarse 'leyes procrimen'.

Específicamente, el magistrado suspendió la aplicación de la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, en el caso de un coronel procesado por ejecuciones de civiles, y la norma que recortó los alcances para perseguir el crimen organizado, en el caso 'Los Waykis en la Sombra'.

Sin embargo, para evitar cuestionamientos por interferir en la independencia del juez, la JNJ lo acusó de una supuesta falta al no haber enviado sus resoluciones en 'consulta' a la Corte Suprema para la revisión del caso.

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Por ley, un juez solo debe enviar su fallo en consulta a la máxima instancia si ninguna de las partes apela la decisión. Por eso, Concepción Carhuancho explicó que la acusación de la JNJ no tiene lógica, ya que en sus casos apelaron de inmediato para intentar revertir su decisión.

"Como fue apelada ya no elevé en consulta sino en apelación al Tribunal Superior. Y de hecho el Tribunal Superior se abocó al caso, convocó incluso a una audiencia y resolvió el caso (...), con lo cual esta imputación porque no elevé en consulta, no tendría sentido", argumentó el juez.

De acuerdo con el cronograma oficial del JNE, la primera ceremonia está destinada a los senadores (60 escaños) y a los representantes peruanos ante el Parlamento Andino (5 escaños), y se realizará este jueves 25 de junio a las 11.00 a. m. La segunda jornada, programada para el viernes 26 de junio a la misma hora, corresponde a los diputados (130 escaños), quienes conformarán la Cámara Baja del Congreso bicameral.

Este proceso es un paso previo indispensable para la instalación oficial del nuevo Parlamento, cuyos integrantes iniciarán sus funciones el 27 de julio. La entrega de credenciales acredita a los legisladores como representantes legítimos ante el país y les permite ejercer plenamente sus labores, incluida la participación en la elección de la nueva Mesa Directiva, que definirá la presidencia del Congreso para los próximos dos años.

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“El 26 de julio, se elegiran las mesas directivas, pero antes se instalará la Junta Preparatoria. El senador más votado del partido más votado, junto con el senador de mayor edad y el de menor edad conforman la Junta Preparatoria y se dedicaran a organizar la instalación del Congreso. Ellos convocaran a los parlamentarios para su juramentación el 26 de julio. Luego el 27 de julio se convocara una sesión para la instalción de las Cámaras”, señaló Aurelio Pastor, abogado constitucionalista, para Andina.

JNE proclamó a Rafael López Aliaga como senador

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó a Rafael López Aliaga como uno de los senadores por Renovación Popular para integrar el próximo Congreso bicameral. El exalcalde de Lima fue elegido como uno de los 60 senadores que conforman la Cámara Alta.

Además de López Aliaga, Renovación Popular también eligió a Alejandro Muñante, Katherine Ampuero, Lourdes Alcorta y Estanislao Mancha como los otros senadores escogidos por distrito único.

Pese a obtener un escaño en la Cámara Alta, Rafael López Aliaga indicó que no tomaría el puesto y, mediante una carta notarial ante el JNE, comunicó que no asumiría el cargo de senador de la República para el periodo 2026-2031.

El documento fue dirigido al presidente del organismo electoral, Roberto Burneo Bermejo, y solicita que la credencial sea entregada al siguiente candidato de su lista con mayor votación.

Entre los casos más llamativos están el Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras, que tendrán representación en el próximo Congreso, pero aun así quedarían fuera por no alcanzar el número mínimo de candidaturas. Juntos por el Perú y Fuerza Popular, en cambio, pasaron apenas con lo justo y lograron completar la valla mínima exigida por la ley.

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La normativa vigente exige a los partidos políticos presentar candidaturas en al menos ocho gobiernos regionales y 40 provincias para conservar su inscripción. Sin embargo, los registros preliminares de postulaciones muestran que decenas de agrupaciones quedaron por debajo de una o ambas vallas, pese a que el Congreso aprobó una flexibilización de los requisitos meses antes del cierre de inscripciones.

También figuran entre las organizaciones que no cumplieron con el requisito mínimo aquellas que ya habían tenido un desempeño débil en las elecciones generales y no lograron inscribir el número de candidatos exigido: Avanza País, el Partido Aprista Peruano, Progresemos y Primero la Gente. A ello se suman agrupaciones que solo presentaron una candidatura, como Salvemos al Perú, Fé en el Perú y el Partido Político ADP.

Por otro lado, Perú Libre, el partido que ganó las elecciones generales de 2021 ahora pasaría a perder su inscripción por no alcanzar las candidaturas requeridas. Según la información revisada tras el cierre del plazo de inscripción, la agrupación apenas alcanzó dos postulaciones regionales y diez provinciales.

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José Tello, abogado electoral: los partidos deben cumplir ambas exigencias para conservar su inscripción

El abogado especialista en derecho electoral José Tello explicó que la ley exige el cumplimiento simultáneo de los requisitos regionales y provinciales. No basta con superar una de las dos vallas. Las organizaciones políticas deben alcanzar ambas para evitar la cancelación de su inscripción.

"Para mantener la inscripción tienen que cumplir ambos", señaló Tello al ser consultado sobre la posibilidad de que un partido conserve su registro si supera una de las exigencias, pero no la otra. Con esa interpretación, las agrupaciones que no alcanzaron el mínimo requerido quedarían expuestas a perder su personería jurídica.

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El especialista también precisó que las alianzas electorales sí pueden contabilizarse para el cumplimiento de estos requisitos. Como ejemplo mencionó el caso de Juntos por el Perú, organización que logró completar el número mínimo de candidaturas regionales mediante una alianza. "Si un partido tiene candidaturas propias en siete regiones y una octava participa mediante alianza, se considera que cumple con el requisito para conservar su inscripción", afirmó.

Tello también se refirió a las postulaciones que aún aparecen en estado de borrador dentro de los sistemas electorales. Según indicó, estas candidaturas todavía deben ser procesadas por las autoridades electorales y podrían ser admitidas o rechazadas dependiendo de la evaluación correspondiente. Sin embargo, advirtió que las organizaciones no pueden asumir automáticamente que esas listas serán incorporadas al proceso.

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¿Qué pasará con el financiamiento público directo de los partidos?

La pérdida de inscripción no solo implica la desaparición legal de una organización política. También afecta el acceso a los recursos económicos que reciben los partidos mediante el financiamiento público directo. Sobre este punto, Tello sostuvo que los fondos asignados a una agrupación que pierde su inscripción no pueden seguir entregándose.

"Debería devolverse al Tesoro Público porque no se puede dar dinero a un partido que pierda la inscripción", explicó. El especialista añadió que esos recursos no se redistribuyen entre las organizaciones que sí permanecen vigentes.

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Congreso redujo los requisitos de participación antes de las ERM 2026

Meses antes del cierre de inscripciones para las ERM 2026, el Congreso aprobó modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas que redujeron las exigencias de representación territorial para los partidos. La medida fue impulsada con el argumento de facilitar la participación de agrupaciones que enfrentaban dificultades para presentar listas en todo el país.

La reforma estableció que del 40% de representatividad en las regiones (13) se pase a solicitar inscripción de fórmulas solo en el 30% (8). Diversos especialistas cuestionaron la decisión y advirtieron que el cambio beneficiaba principalmente a organizaciones con escasa estructura territorial y reducida presencia en regiones.

Pese a esa flexibilización, los registros de candidaturas muestran que 25 organizaciones políticas no alcanzaron los mínimos exigidos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La situación evidencia que varias agrupaciones no lograron consolidar una presencia nacional suficiente ni siquiera después de la reducción de las vallas aprobada por el Parlamento.

De acuerdo con los resultados, Fuerza Popular se convertirá en la principal fuerza política en la Cámara de Diputados al obtener 41 escaños. En segundo lugar se ubica Juntos por el Perú, con 32 representantes. Más atrás aparecen el Partido del Buen Gobierno, que alcanzó 18 curules, y Renovación Popular, con 15. El partido Obras logró 14 escaños, mientras que Ahora Nación obtuvo 10 representantes.

En el Senado también se impone Fuerza Popular, que encabezará la cámara alta con 22 senadores. Juntos por el Perú se consolida como la segunda bancada con 14 representantes. A diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, Renovación Popular tendrá una mayor presencia que el Partido del Buen Gobierno en el Senado. La agrupación de Rafael López Aliaga consiguió ocho escaños, mientras que la organización de Nieto obtuvo siete. Por su parte, la agrupación encabezada por Belmont alcanzó cinco senadores y Ahora Nación completó la representación con cuatro escaños.

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Los más votados

Al cierre del conteo, el coronel en retiro Harvey Colchado, de Ahora Nación, se convirtió en el candidato a diputado más votado del país al obtener el respaldo de 143.056 ciudadanos. Le siguieron Norma Yarrow, de Renovación Popular, con 126.251 votos; Indira Huilca, con 92.875; Cecilia Chacón, con 81.088; y José Baella, con 76.487 votos.

En la elección al Senado, el primer lugar fue para Miguel 'Miki' Torres, candidato vicepresidencial y mano derecha de Keiko Fujimori, quien alcanzó 342.400 votos. En segundo puesto se ubicó José Miguel Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo, con 332.859 votos. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien previamente anunció que no jurará al cargo de senador, ocupó el tercer lugar con 290.342 votos. Más atrás se situó el líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, con 234.340 votos. El quinto lugar correspondió a Alejandro Muñante Barrios, quien registró 216.987 votos.

Aunque Harvey Colchado obtuvo la mayor votación individual en la elección de diputados, no presidirá la sesión de instalación ni participará en la toma de juramento de los legisladores elegidos. Según la normativa vigente, esa responsabilidad recae en los congresistas más votados pertenecientes al partido con mayor número de representantes en cada cámara. Por ello, 'Miki' Torres será el encargado de conducir la instalación del Senado y Cecilia Chacón hará lo propio en la Cámara de Diputados.

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Reelectos

El conteo de la ONPE también muestra la lista de los legisladores que lograron la reelección. Por el lado de los diputados, en Fuerza Popular seguirán Rosangella Barbarán, Eduardo Castillo Rivas, César Revilla y Arturo Alegría. También regresan antiguos congresistas como Cecilia Chacón (2006-2016), Karina Beteta (2019-2020), Diethell Columbus (2020-2021) y María Ramos Rosales (2018-2019).

En Renovación Popular están Norma Yarrow y Diego Bazán, que inició su vida política con Avanza País, pero durante su trayectoria parlamentaria cambió de camiseta. Con respecto al Senado, aparece Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso e impulsor de las leyes de impunidad. Patricia Juárez, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Héctor Ventura y Nilza Chacón completan la lista fujimorista. Otra parlamentaria que retorna a ocupar un escaño por el partido de Fujimori es Karla Schaefer (2011-2016).

En Juntos por el Perú se ubica Silvana Robles, que ingresó con el partido del prófugo Vladimir Cerrón. El exministro de Castillo, Iber Maraví, también es una de las sorpresas que tendrá el Senado. Ruth Luque, congresista de la bancada de Juntos por el Perú, representará a Ahora Nación. Mirtha Vásquez retoma su vida parlamentaria, esta vez integrando las filas del partido de López Chau.

En la verificación de votos, Fuerza Popular y Juntos por el Perú registran congresistas elegidos con menos de 1.500 votos.

El 94% de los efectivos acusados son suboficiales, aunque también se han reportado casos de oficiales.

En 2025, solo entre enero y octubre, 1.636 policías fueron denunciados en diferentes localidades del país por violencia de género. De este número, 196 (12%) fueron detenidos. Solo en Lima, 451 policías resultaron implicados en casos de violencía física, psicológica y sexual. De ellos, solo 42 fueron arrestados. Es decir, en los últimos siete años se han investigado a más de 3.875 policías.

Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 un total de 19 miembros de la PNP fueron imputados por distintos casos de violencia hacia las mujeres en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una zona de influencia del narcotráfico y el crimen organizado. Pese a las acusaciones, los agentes policiales continuaron cumpliendo su servicio como si no hubiera pasado nada.

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En 2023 se reportaron seis casos. De ellos, tres se encuentraban asignados al Frente Policial Vraem, y uno corresponde a la comisaría de Ventanilla, en el Callao.

Además, en 2024, siete policías denunciados fueron designados en el Frente Policial del Vraem, y uno, a la División de Investigación Criminal de Ica.

En 2025, dos efectivos policiales con acusaciones en su contra por violencia fueron designados al Frente Policial Vraem, y uno, a la Dirección de Seguridad Integral de Lima.

De acuerdo con el Ministerio Público, en los primeros 10 meses del año pasado, se dictaron 13.023 sentencias por delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

Sin embargo, entre los procesos abiertos contra miembros de la Policía por denuncias de feminicidio, tentativa de feminicidio, violencia sexual, física y psicológica, solo el 31% culminó con una sanción. El 69% de los casos fue archivado por absolución, retiro de la denuncia o por caducidad.

Lamentablemente, no existe un registro público que indique el número exacto de agentes de la Policía Nacional del Perú detenidos únicamente por el delito de feminicidio. Sin embargo, las cifras recientes revelan una alta incidencia de volencia de género dentro de la institución.

“La violencia de género atraviesa a todas las instituciones. Pero, ¿qué pasa cuando una de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres tiene esta situación interna? Además de la cultura policial machista, de que la institución funcione muchas veces como corporación, no hay protocolos efectivos y tampoco  voluntad de autodepuración”, afirma la presidenta de Familias Unidas por Justicia, Katherine Flores. La organización congrega a  familiares de víctimas de feminicidio en el Perú.

Y agrega Flores: “¿Cuántas mujeres ni siquiera denuncian a un violento cuando es policía? ¿Cuántas mujeres quieren denunciar, pero la misma fuerza policial las expulsa? Entonces, tenemos un hombre violento que se siente impune y que muchas veces está armado. La necesidad de un cambio es urgente”.

Un caso de perversa negligencia

Patricia Villafuerte Suárez era una joven activista. En diciembre de 2019 tuvo una crisis e intentó quitarse la vida en Miraflores. El serenazgo la auxilió y llamó a la policía para que interviniera. Sin embargo, los agentes de la comisaría miraflorina, en lugar de llamar a la familia de Villafuerte o trasladarla a un centro de salud, la condujo al establecimiento policial, sin comunicarse con sus seres queridos.  Posteriormente, dos policías la trasladaron en un patrullero con detino a su domicilio, en Ate. Pero no la cuidaron.

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Segun la acusación fiscal, durante una intervención de tránsito, ambos policías bajaron de la patrulla dejando un fusil AKM al alcance de Patricia Villafuerte, a pesar de saber del intento de suicidio previo. Ella aprovechó un descuido, tomó el arma y se disparó. El caso está en juicio oral por el delito de homicidio culposo.

El martes 12 de mayo hubo una audiencia judicial sobre el caso contra los policías Julio Marquina Sulca y Luis Sandoval Hoyos.

“Ellos son responsables de la muerte de mi hija Patricia. Tengo días tensos, angustiantes, pero, a la vez estoy llena de fe, que pronto la Justicia nos abrace.
Vivir con el alma rota es una constante.
Extraño muchísimo a mi hija, no hay instante que no esté presente. Mi pequeña Patricia no merecía partir así. No puedo comprender cómo a sus 24años le impidieron cumplir sus metas, sus logros, sus sueños, su carrera. Tenía tanto por hacer como activista profesional. A mi hija la asesinaron”, dice Haydée Suárez Herrera.

Más allá del personal denunciado, la PNP lleva a cabo constante capacitación, sensibilización y especialización para el personal policial, buscando fortalecer la atención, prevención y erradicación de la violencia de género.

Marleni, víctima de su colega

Algunos malos efectivos se encuentran con prisión preventiva. Como ocurrió con el suboficial José Villafán Arteaga (52), quien confesó el crimen de su colega, la suboficial de tercera PNP Marleni Rucana Silvestre, de 27 años.

Cerca de una semana después de haber sido reportada como desaparecida, el 21 de febrero fueron encontrados los restos de Marleni Rucana en el sector de Paltay, a un costado de la carretera que conecta Huaraz con Caraz .

El policía José Villafán se acogió a la confesión sincera y dijo que “estaban ‘jugando’ con un arma”, cuando se produjo la tageida. La defensa de la víctima, por supuesto, rechazó esa versión, señalando la falta de lógica y recordando su trayectoria profesional de Villafán como instructor de policías.

José Villafán esperó a su compañera Marleni Rucana, la llevó a cenar y, posteriormente, le disparó en la cabeza dentro de su vehículo.Luego de arrojar el cuerpo sin vida al río Santa (en el sector de Paltay, Huaraz), intentó ocultar evidencias y ordenó a su hermano desmantelar y alterar la camioneta donde ocurrió el asesinato. Una vez que un juez dictó nueve meses de prisión preventiva, el policía Villafán se quebró y confesó el crimen y la ubicación del cadáver.

El tiempo del olvido

Otro caso que estremeció ocurrió hace seis años, pero hoy la familia de la víctima pugna por encontrar justicia. Lesly Vicente Félix era una joven universitaria de 19 años que fue víctima de feminicidio, el 15 de julio de 2020, en Huánuco. Desde entonces, sus seres queridos han sostenido una larga lucha para que el crimen no quede impune y los responsables sean sancionados.

La Fiscalía ha investigado como autor al policía Erik Villogas Carhua y a Diófenes Villogas Tolentino y Yeslit Villogas como presuntos coautores. Terminada la etapa de investigación preparatoria, el caso ha avanzado para una eventual acusación y juicio.

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No obstante, los familiares del suboficial Villogas claman su inocencia. Desde octubre de 2025, el efectivo cumple prisión preventiva como presunto autor del feminicidio de Lesly Valeria. “El Fiscal ha investigado por más de cinco años y no ha podido acreditar con pruebas que se trasladó a Tingo María para matar a Lesly”, manifestaron sus familiares.

El crimen de Lizandra

Otro caso que investiga el Ministerio Público es contra el suboficial de tercera PNP Felipe Gutiérrez Arzapalo, quin es acusado del presunto feminicidio de su pareja, Lisandra Gonzales García. El trágico suceso ocurrió el 24 de marzo en una habitación alquilada en la urbanización Santa Rosa, en Santa Anita.

La víctima, quien también era suboficial de tercera de la Policía de Tránsito de Lima Este, murió tras recibir un disparo en la cabeza. Ese día, el presunto feminicida, integrante de la División de Los Halcones, llamó a la línea 105 para entregarse y confesar el crimen.

La pareja convivía dos meses juntos. Lisandra Gonzales García, de solo 20 años era natural de Amazonas.

Los efectos legales del feminicidio

“Cada feminicidio representa no solo una vida perdida o sensiblemente afectada, sino una familia destrozada y una sociedad que debe confrontar su dolorosa realidad”, señala la expresidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello,

Explica que el feminicidio está contemplado en  del Código Penal y puede llegar incluso a la cadena perpetua en caso la víctima sea menor de edad o adulta mayor.

"Hemos tenido reunión con nuestro equipo de abogados y en los próximos minutos u horas se va a presentar el documento", declaró Sánchez. Luego precisó el objetivo de la acción legal: "Es la solicitud de nulidad de oficio de las elecciones llevadas adelante en las oficinas consulares".

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El anuncio se conoció después de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara infundadas las apelaciones de Juntos por el Perú que buscaban anular 1.751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana y otras 647 mesas instaladas en Estados Unidos. Con esa decisión, dichos votos permanecen dentro del cómputo oficial de la segunda vuelta electoral.

A pesar de los resultados adversos obtenidos por su agrupación ante los organismos electorales, Sánchez sostuvo que el proceso todavía no está definido. "Todavía hay todo un tramo que falta", afirmó al ser consultado por la diferencia de votos que coloca a Keiko Fujimori como virtual ganadora de los comicios.

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JNE rechazó recursos por falta de pruebas

Las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú enfrentaron cuestionamientos durante las audiencias realizadas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Los magistrados solicitaron a la defensa explicar los elementos que sustentaban las denuncias de fraude electoral formuladas por la organización política.

En el debate, el abogado Roy Mendoza reconoció que la tesis del fraude constituía una hipótesis que requería mayores elementos para ser acreditada. La magistrada Martha Maisch consultó directamente si existían pruebas concretas que respaldaran la acusación. El representante legal respondió que no se había presentado ningún medio probatorio adicional y que únicamente contaban con un padrón estadístico.

Los magistrados también rechazaron los argumentos relacionados con las supuestas irregularidades en el voto en el extranjero. El presidente del JNE, Roberto Burneo, recordó que la Convención de Viena regula el uso de las valijas diplomáticas y señaló que no existe una forma específica establecida para su utilización en estos casos.

En tiempos electorales como el actual, cada vez que escuchamos a un candidato no solo recibimos propuestas: también se nos ofrece una forma de entender el país. El discurso político no solo busca generar confianza, sino también ordenar esa mirada.

Lo que está en disputa en la arena política es, entonces, cómo se describe y se proyecta nuestra realidad nacional. El pasado, el presente y el futuro convergen en el discurso para conectar con los votantes y alcanzar la presidencia.

Pero, ¿los peruanos logran captar toda la información expuesta? Los discursos como cuerpo de información requieren mucha atención, tiempo y análisis para lograr comprenderla a cabalidad, situación que no siempre está presente. Es en este escenario donde las Humanidades Digitales empiezan a cobrar relevancia, al abrir nuevas formas de analizar este tipo de contenido. En los últimos años, además, las herramientas de inteligencia artificial han comenzado a aplicarse con mayor fuerza en este campo.

Los mensajes presidenciales y los discursos políticos son una materia prima de información rica y diversa. Un ejemplo de aplicación en los mensajes nacionales se observa en una investigación realizada en la Universidad del Pacífico, donde se estudia el efecto que tuvo el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-1980) en la continuidad y ruptura discursiva del presidente Belaúnde Terry (1963-1968, 1980-1985), que estuvo justamente antes y después de este proceso. Encontramos un núcleo compartido que se mantiene en palabras como obras, plan, programa, desarrollo. No obstante, se nota la herencia del gobierno militar y las promesas de la nueva constitución: ley, vivienda, educación, fuerza.

El uso de las herramientas de IA, como el procesamiento de lenguaje natural, ha transformado radicalmente la labor del investigador. Lo que antes exigía un exhaustivo procesamiento manual de una inmensidad de datos textuales, hoy se resuelve mediante modelos avanzados capaces de digerir volúmenes masivos de información. Así, es posible mapear con precisión la carga emocional de una narrativa política: desde la construcción de esperanza y confianza hasta el uso estratégico del miedo o el drama que promueven movilizaciones sociales. Esto revela, en tiempo real, cómo evolucionan las prioridades de una nación y qué fibras emocionales intenta pulsar el poder para conectar con su audiencia.

En un contexto electoral como el actual, contar con herramientas que ayuden a comprender mejor lo que dicen los candidatos resulta cada vez más relevante. No se trata solo de un avance académico, sino de una oportunidad para fortalecer una ciudadanía más informada. Entender cómo se construyen estos discursos es, finalmente, una herramienta clave para tomar mejores decisiones como ciudadanía.

El arzobispo de Lima sostuvo que el país debe organizar una agenda clara antes de la llegada del pontífice. Esa agenda debe incluir los principales problemas sociales, además de las fortalezas culturales del Perú. También insistió en que el Papa ya conoce parte de la realidad local.

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Castillo remarcó la necesidad de visibilizar la diversidad del país. Cuestionó prácticas de discriminación cotidiana como “cholear”, “negrear” o “gringuear”. Señaló que estas conductas afectan la convivencia y debilitan la identidad nacional.

El cardenal también recordó que el Papa ha tenido contacto previo con el Perú y América Latina. Indicó que su experiencia misionera permitirá un diálogo más directo con la realidad del país durante la visita.

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“La visita no debe tener fines políticos”

El cardenal Carlos Castillo reiteró que la visita del papa León XIV al Perú debe mantenerse fuera de cualquier uso político. Sostuvo que el viaje pertenece al ámbito pastoral de la Iglesia.

En su mensaje desde Roma, insistió en que el encuentro con el papa León XIV busca fortalecer la fe y no responder a intereses externos. También pidió evitar interpretaciones partidarias del viaje.

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Perú debe presentar problemas y fortalezas

El arzobispo planteó que la Iglesia peruana debe preparar una agenda con los principales retos del país. Entre ellos mencionó las urgencias sociales y los temas que requieren corrección institucional.

También pidió incluir las “cosas bellas” del Perú en esa presentación. Señaló que el país cuenta con riqueza cultural y diversidad que deben ser expuestas al pontífice durante su visita.

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Diversidad y mirada del Papa

Castillo insistió en que la sociedad peruana debe valorar su diversidad sin exclusiones. Criticó expresiones de discriminación que, según dijo, aún persisten en la vida cotidiana.

Recordó además que el Papa ha recorrido distintos países y conoce parte de la realidad peruana. Añadió que su experiencia misionera permitirá un acercamiento directo a los temas sociales del país.

La escuché el lunes con César Hildebrandt. Dijo una frase interesante: Quiero convertir a Lima en la capital de la resistencia democrática. Es un buen eslogan…

No es un eslogan.

¿No le parece?

Es que no es un eslogan, es un deseo.

¿Y ese deseo le parece posible?

No.

¿Por qué?

Porque tenemos todo en contra, pero ese es mi deseo, que Lima sea la capital de la resistencia democrática del Perú, porque hay un partido que tiene todos los poderes en sus manos.

Y a eso habría que sumarle cómo ha ido votando Lima en estas elecciones, está claro que hay una preferencia por la derecha muy grande.

Sí, por eso mi deseo es que esa opinión cambie conforme vean cómo se comporta el nuevo Congreso. Por ejemplo, han cambiado una ley de elecciones municipales y regionales para que no pierdan su inscripción el fujimorismo y Obras. Obras va de cortina de humo, pero el objetivo es que no pierda su inscripción el fujimorismo.

Claro, han reducido la obligación de presentar candidaturas regionales.

Exactamente. Eso tiene nombre propio, se llama fujimorismo.

Ahora, esto es curioso porque está ocurriendo cuando la señora Fujimori todavía no ha sido proclamada como presidenta. Hay una serie de modificaciones que se están haciendo en el Congreso, apuradamente, para favorecer no solamente a ella, sino a sus aliados.

Solo un recuerdo, yo tengo 62 años, fui joven cuando Fujimori fue presidente. Entonces, lo que hizo Fujimori fue dar un golpe de Estado para cambiar toda la legislación, empezando por la Constitución. Lo que están haciendo los de la mayoría congresal, liderada por el fujimorismo, es cambiar todas las leyes para que, cuando Keiko entre, no tenga obstáculos y tenga la cancha plana para ella hacer lo que quiera. Es por eso el apuro de legislar a favor del fujimorismo.

O de sus aliados.

Bueno, pero sus aliados ya no existen. O sea, Acción Popular ha perdido la inscripción.

No, no le hablaba de partidos políticos.

Yo sí. Alianza para el Progreso ha perdido su inscripción. Lo mismo Avanza País y Somos Perú. El cerronismo, a través de Perú Libre, ha perdido su inscripción. Han votado muchas veces juntos. Por ejemplo, el Colegio de Artistas lo ha planteado el cerronismo.

Usted se ha opuesto a esa norma. ¿Por qué lo hace, solamente por el tema de los artistas o porque el otro componente involucra a la doctora Delia Espinoza, para que no pueda seguir como decana del Colegio de Abogados?

Por las dos cosas. Cosa uno, este Colegio de Artistas, propuesto por el cerronismo, lo que quiere es crear una costra burocrática para que los artistas pasen por un aro. El tema es que para ser miembro del Colegio de Artistas tú tienes que ser bachiller y licenciado. Y aquí viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer entonces con los zapateadores, con los músicos de cumbia, los mariachis, los criollos, las bordadoras, todos esos artistas que no han estudiado en ninguna parte? No van a poder inscribirse en ese colegio. Entonces la ley es discriminatoria y excluyente. Pero la segunda parte es que han puesto una disposición final o transitoria que dice aquellos que estén inhabilitados para ejercer cargo público no podrán ejercer en los colegios profesionales. Y es una locura, porque esa ley crea un colegio. ¡Y esta disposición se refiere a todos los colegios! Es decir, crean esta norma que excluye a los artistas y la utilizan e instrumentalizan para deshacerse de Delia Espinoza.

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Me he quedado con una duda. Si usted considera que va a ser tan difícil que Lima sea la capital de la resistencia democrática, ¿por qué postularía a la alcaldía?

A ver, ¿por qué me he casado en Estados Unidos y le he hecho un juicio al Estado Peruano que ya tiene 10 años?

¿Por qué?

Porque a mí me gustan las cosas difíciles. No es el primer juicio que me dura mucho tiempo. Tengo 62 años. O sea, imagínate. Hace 10 años que estoy en proceso contra el Estado Peruano. Probablemente, como le han quitado recursos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y mi caso recién está en la comisión, más o menos saldrá cuando tenga 72 o 75 años. Yo espero no separarme antes de que salga la resolución que reconoce mi matrimonio, o quede viuda, o me muera yo, pero más o menos la proyección es de 10 años de litigio que me falta.

Y ve en postular a la alcaldía de Lima un desafío parecido.

Todos los desafíos son importantes. Por ejemplo, la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaudí. Fueron 100 años.

En construcción.

Y me voy a otros ejemplos, otras catedrales que han demorado en construirse 200 años. Esos arquitectos nunca vieron sus catedrales. Y a mí no me importa morir sin verlo. Lo que me importa es luchar hasta el último día de mi vida por cambiar las cosas.

Ayer estaba viendo el clip que colgó en su cuenta de Instagram, anunciando que quería hacer esta Lima con la que usted sueña, y se usaban los mismos adjetivos que se usaron contra el señor Roberto Sánchez en Lima. Le decían: Roja, terruca, comunista. ¿Cómo se revierte eso?

No sé cómo se revierte, sé cómo se resiste. Yo estudié Derecho en San Marcos, entré el año 81. A los sanmarquinos no nos dejaban practicar en ninguna parte. Yo he tenido que practicar en el INPE dos años. Un año aquí, en el Parque Universitario, ya no existe esa cárcel, y un año en Lurigancho. Porque ni un estudio de abogados te dejaba hacer prácticas. Todos éramos terroristas para ellos. Para hacer mi primer viaje al interior del país tuve que esperar salir de la universidad. La primera vez que viajé al interior fue el año 94. Imagínate. Tuve que esperar 13 años. Porque yo sabía que, si iba a Ayacucho, lo más probable es que me detuvieran por joven y sanmarquina. O sea, que me terruqueen me llega altamente. He sido joven en la época donde todos los que pensaban distinto éramos terroristas y comunistas. Y la ignorancia cómo es, ¿no? Mire, el comunismo es un sistema político de partido único. ¡Cómo van a haber comunistas aquí si hay partidos distintos! Incluido el Partido Comunista, que no está inscrito, pero que existe como organización.

Con una pequeña militancia.

Pero, veamos. ¿Qué comunistas hay? China, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua en los hechos.

La China, con la que los representantes de los partidos de derecha se hacen fotos muy alegremente.

Es el colmo. Yo lo dije aquí, en el Congreso. Creo que fue al congresista Salhuana, que se fue con una delegación del Congreso a hacer un intercambio al Congreso chino. ¡Un congreso de un partido único! ¿Y esos por qué no le apestaron?

Es que son comunistas con plata.

Ya, por eso hay una contradicción. Por eso cuando dicen comunista, yo me muero de risa de la ignorancia de la gente.

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Me dijo antes de empezar la entrevista que no podía dar muchos detalles de su candidatura a la alcaldía de Lima.

No, porque arranca el 4 de agosto.

Lo tengo claro. Pero podemos hablar un poco de sus eventuales rivales. El señor López Aliaga tiene un esquema curioso. Ha dicho que él no postulará a la alcaldía porque, entre otras cosas, no puede, pero irá como primer regidor. ¿Qué piensa?

Bueno, eso lo han hecho varios. Es una sacada de vuelta a la ley. Pero a mí eso es lo que menos me preocupa de López Aliaga. A mí me preocupa su obsesión por el sexo.

Esas amenazas que lanza contra las autoridades.

Homosexualiza a todo el mundo. Dice, voy a violar a tal, voy a sodomizarlo. Y encima son referencias sexuales homosexuales. A mí lo que me preocupa es que tenga algo sin resolver. Y que eso haga daño a la sociedad. Igualito es Muñante. Tiene una obsesión sexual con los homosexuales. Se reúne con los exhomosexuales. Y la pastora también. Ahí lo que cabría es un estudio psicoanalítico sobre sus permanentes referencias sexuales respecto a una orientación sexual, que es la homosexual.

¿Habla en serio? ¿Piensa que se le debería hacer un examen a estos representantes?

O sea, yo creo que es un caso de estudio. Mira, si tú tienes a una congresista evangélica, que, en vez de preocuparse por la igualdad, por ir con los más vulnerables, como dijo Cristo, se ocupa de quienes tienen una orientación sexual o una identidad de género distinta, allí hay algo. ¿Por qué estas personas permanentemente están diciendo que solo existe un tipo de familia, se oponen al matrimonio igualitario, se oponen inclusive al proyecto de (Alejandro) Cavero de unión civil? ¿Por qué su obsesión con nuestra comunidad? ¿Qué les hemos hecho? ¿O qué les falta de nosotros a ellos?

¿Y usted tiene alguna respuesta?

No, solo una gran preocupación. Es como esas personas que siempre hacen chistes de homosexuales, yo siempre me pongo a pensar por qué. Y detrás del chiste, dice Freud, creo, hay una verdad. Entonces, a mí lo que me preocupa es que tengamos gobernantes que tengan animadversión por un sector de la sociedad. Y eso sí me parece grave, porque legislan no a favor de los peruanos, sino en contra de un grupo de peruanos.

Entiendo que le preocupe el tema, pero el señor López Aliaga deja una deuda millonaria en el municipio. Y eso va a ser bien difícil de resolver para el que venga.

Sí, va a ser muy difícil. Y además creo que tiene muchos pendientes con la justicia, porque él, por ejemplo, se ha atribuido una competencia que no le correspondía. A ver, los trenes y las concesiones de los rieles son del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, él ha hecho algo contra sus competencias. Y encima nos ha sacado plata a todos los peruanos para traer esos trenes que, según he leído —porque conseguimos los contratos por pedido de información pública, en San Francisco—, sirven para hacer cafés, centros culturales

Museos.

Sí. Porque son muy contaminantes. Entonces, tenemos ahora el Parque de la Muralla lleno de trenes. Y yo creo que esos trenes hay que entregárselos al ente competente. ¿Cuál es? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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Ahora, pensando en sus adversarios, no en su campaña…

Todos son hombres. Todos son blancos. Y todos son viejos, considerando que el viejo es mayor de 60.

Bueno, en esa categoría estaría…

Yo también, claro. Solo que yo soy mujer.

Ahora, ellos podrían decir: “Somos alcaldes y tenemos posibilidad de mostrar algunas obras. La señora Paredes, en cambio, sale de uno de los congresos más desprestigiados de los últimos tiempos”.

Bueno, es un Congreso en el que se han dado atrocidades legales, que ha consagrado una mayoría apoyada por Renovación Popular. Porque, ¿de qué partido es Muñante, la pastora, o Norma Yarrow?

Bueno, yo hablaba también de los señores Bruce o Allison.

Ya no tienen partido ellos dos. Somos Perú ha desaparecido y Avanza País también ha desaparecido. No tienen partido. Yo tengo partido. Se llama ahora Nación y su símbolo es el casco.

¿Y no le hace un poco de ruido que el señor López Chau tenga esta cierta amistad con López Aliaga? Él mismo lo dice.

¿Amigos? No sé. Yo tengo seis amigos. Te los puedo nombrar. Amigo es el que tú llamas a las 3 de la mañana a decirle: “Tengo roto el corazón, ¿puedes venir a verme?”. Ese es un amigo. Los demás son gente que conoces por la calle.

Cuando iniciamos esta conversación me dijo que es muy difícil que Lima sea lo que usted quiere, porque efectivamente la ciudad vota de una manera distinta. ¿A qué cree que se deba que Lima tenga este voto tan conservador? Quizás se deba al recuerdo de la señora Villarán.

No, yo creo que consideran a la señora Villarán como una alcaldesa… procesada por corrupción, porque todavía no está condenada. Yo creo que López Aliaga y Keiko han hecho un trabajo de populismo muy grande en las zonas populares.

Pero el limeño común y corriente dice: No queremos nada con la izquierda. ¿Por qué lo diría? No es necesariamente un eslogan que hayan usado el señor López Aliaga o la señora Fujimori.

Bueno, Norma Yarrow dice que su único objetivo es eliminar al comunismo. Y, para empezar, no hay comunistas. Este no es un país comunista. ¿Qué habrán estudiado en Letras pues?

Qué malvada es usted.

Pero es una verdad de Perogrullo saber que el comunismo es un pensamiento político que se basa en el control de los medios de producción y el partido único. Hablan sin saber lo que significan las palabras.

¿La decepcionó la señora Villarán?

No me decepcionó, me partió el corazón.

¿Era su amiga?

Claro, ella me dio la oportunidad de servir a Lima. Me partió el corazón. Porque mejor hubiera sido perder la revocatoria. Yo soy de Unión Huaral, no me molesta perder. Uno pierde y uno gana. ¿Cuál es el problema en perder? Nada. Aprendes de tus errores y vuelves a postular.

Pero aceptar el financiamiento de Odebrecht fue obviamente un error.

Claro, pero es un error que también cometió Keiko Fujimori. Y no solo de Odebrecht, del Banco de Crédito, millones de dólares. La diferencia es que Susana era alcaldesa. Y cuando tú eres funcionaria pública no debes recibir plata de nadie. Está mal lo que ha hecho. Y ella lo confesó y tendrá que pagar las consecuencias de haberlo hecho. Yo hubiera dicho: No tenemos plata, perdemos, no pasa nada.

Igual, durante la campaña la van a vincular con la señora Villarán, fue funcionaria de su administración.

Pero es innegable. Aunque ella no firma en mi resolución de gerente (en el municipio), la firma Hernán Núñez, al que conocí en el Partido Socialista, cuando él todavía era escolar, en el 2006.

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¿En cuántos partidos ha estado usted?

En varios, varios han desaparecido. Es como si fuera futbolista. Estás jugando en un equipo y lo sacan de la liga. ¿Qué haces? No juegas o te inscribes en otro equipo. O sea, si yo fuera tablista, correría sola. Pero la política es como el fútbol, tienes que tener equipo. Si no tienes equipo, no puedes jugar. Ya está. Desaparecieron Fuerza Social y el Partido Socialista. Además, hay un error en el tema del transfuguismo, porque el transfuguismo significa que a ti te pagan para que tú te cambies de partido.

¿Qué es lo que menos va a extrañar de este Congreso?

No, yo lo voy a extrañar mucho. Yo he sido muy feliz siendo congresista.

Pero escuché en una transmisión que hizo en su canal que, en algún momento, por todas las tensiones que hay en el Congreso, tuvo necesidad de una terapia. ¿Eso es correcto?

Sí, claro. Yo tengo terapia psicológica. Acá en el Congreso es que me surgió la necesidad. A mí me subió la presión. Me dio gastritis. Me subió la proteína que produce plaquetas en las arterias cercanas al corazón. O sea, he ido al médico a cada rato. Nunca había tenido que ir al médico tantas veces como ahora que he sido congresista. La mitad de esas me decían: Mire, le vamos a dar estas pastillas, pero si puede hacer psicoterapia, mejor. Y yo respondía: Pero es que mi trabajo es un poco complicado, porque soy congresista, y reniego las 24 horas. Entonces, ahora hago terapia una vez por semana. Porque, además, es algo que es necesario que todo el mundo sepa: La salud mental es un tema muy importante y no hay que tener vergüenza de acudir a los profesionales cuando tú sientes una presión extraordinaria por la actividad que realizas.

Una última curiosidad, ¿en este tiempo en el Congreso hizo alguna amistad con algún compañero de la otra orilla, de la derecha?

Bueno, yo tengo una amistad con Flor Pablo, es algo que va a durar siempre.

Piensan muy parecido, además.

Sí, pero no creas. Nos mechamos a veces. Y en la otra orilla tengo una relación cordial y de simpatía con Maricarmen Alva.

Vaya.

Sí. ¿Increíble no? Nuestros comentarios son sobre ropa. Yo le he dicho alguna vez: Ese vestido que llevas es Chanel. No porque sepa mucho sobre ropa, sino porque me gusta el personaje de Chanel. Y ella me ha respondido que porque uso unas chalinas que me llegan hasta las rodillas. Y nos reímos. Pensamos muy diferente, pero siempre tenemos una sonrisa. Y eso que me he mechado con su directiva.

Así que ha dejado un poco de espacio para la frivolidad en medio del trabajo.

Sí, para la frivolidad. Y, además, cada vez que Maricarmen se molesta, le digo: Tú eres una pituca achorada y sé cómo llevar eso.

Diversos informes elaborados por constitucionalistas y tributaristas han cuestionado aspectos jurídicos del Decreto Legislativo N.° 1644, ya que este tributo carece de elementos esenciales y, por lo tanto, lo convierten en ilegal e inconstitucional.

Precisamente, la Autógrafa del Proyecto de Ley N.° 9645/2024-CR busca corregir dichas observaciones y otorgar mayor seguridad jurídica al marco regulatorio aplicable a la actividad.

De no aprobarse la insistencia en el Pleno del Congreso este martes, podría iniciarse un proceso de revisión constitucional de la norma.

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Existe un antecedente relevante en la industria del juego: mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 009-2001-AI/TC se declararon inconstitucionales determinadas disposiciones tributarias aplicables a los juegos de casino y máquinas tragamonedas, lo que posteriormente dio lugar a procesos de reliquidación, compensación y devolución de los montos cobrados bajo dicho régimen.

Actualmente, las apuestas deportivas y juegos a distancia tributan 12% por concepto de Impuesto al Juego. A ello se suma un ISC de 1% aplicado sobre el monto apostado.

Diversos análisis especializados han señalado que, debido a la naturaleza de la actividad, la carga tributaria efectiva resultante puede ser significativamente superior a la tasa nominal, alcanzando niveles cercanos al 50% de los ingresos brutos del juego en determinados escenarios.

Esta situación ha tenido un impacto relevante sobre la industria formal. Entre 2025 y 2026 han salido del mercado peruano 40 operadores de apuestas y se han cerrado 1.500 puntos de venta, según información oficial del sector.

Asimismo, los patrocinios deportivos provenientes de empresas de apuestas han disminuido significativamente, al pasar de estar presentes en 18 clubes de fútbol profesional en 2024 a solo cinco durante 2026.

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Adicionalmente, representantes de la industria han advertido que una mayor carga tributaria incentiva la migración de jugadores hacia plataformas ilegales que operan fuera del alcance de la regulación peruana y que suelen ofrecer mejores cuotas, promociones y premios al no estar sujetas a las mismas obligaciones tributarias y regulatorias.

La aprobación por insistencia de la Autógrafa del Proyecto de Ley N.° 9645/2024-CR permitiría corregir las observaciones formuladas respecto del Decreto Legislativo N.° 1644 y otorgar mayor predictibilidad al marco regulatorio y tributario aplicable a las apuestas deportivas y juegos a distancia.

La decisión será debatida este martes en el Pleno del Congreso, instancia que tiene la oportunidad de definir el futuro del esquema tributario del sector, preservar la seguridad jurídica, proteger la recaudación fiscal y fortalecer la lucha contra la informalidad y las plataformas ilegales que operan al margen de la regulación peruana.

La defensa de Boluarte sostuvo que durante el procedimiento parlamentario se vulneraron derechos fundamentales, como el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad ante la ley, el honor y la buena reputación. Por ello, presentó una demanda de amparo con el objetivo de revertir la decisión que puso fin a su mandato presidencial.

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Sin embargo, el tribunal consideró que los argumentos expuestos por la expresidenta requieren un análisis de fondo y no pueden resolverse mediante una medida cautelar. Entre los puntos observados figuran la interpretación de la causal de incapacidad moral permanente y la evaluación de las garantías constitucionales dentro de los procesos desarrollados por el Congreso.

La resolución también recuerda que la demanda principal continuará su trámite judicial. En esa etapa se evaluarán los cuestionamientos planteados por la defensa de Boluarte respecto a la legalidad del procedimiento que culminó con su salida de Palacio de Gobierno.

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Poder Judicial descarta suspender efectos de la vacancia

La Primera Sala Constitucional concluyó que el pedido de la exmandataria no tenía como finalidad conservar una situación jurídica existente, sino modificar los efectos de una decisión adoptada por el Parlamento en ejercicio de una facultad reconocida por la Constitución.

De acuerdo con el fallo, acceder a la solicitud habría significado alterar de manera directa una resolución que ya produjo consecuencias jurídicas. Por esa razón, los magistrados consideraron que la medida cautelar no cumplía con los requisitos necesarios para su aprobación.

El colegiado precisó, además, que corresponde al proceso principal determinar si existieron o no vulneraciones constitucionales durante el procedimiento de vacancia por incapacidad moral. Esa evaluación demandará una revisión más amplia de los hechos y los argumentos presentados por ambas partes.

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La defensa de Boluarte alegó vulneración del debido proceso

Uno de los principales cuestionamientos formulados por la defensa de la expresidenta está relacionado con el tiempo otorgado para ejercer su derecho de defensa. Según su versión, fue notificada con menos de una hora de anticipación para responder a las mociones de vacancia debatidas en el Congreso.

Los abogados de Boluarte sostienen que ese plazo resultó insuficiente para preparar una respuesta adecuada frente a los cargos planteados por los legisladores. A su criterio, esa situación afectó garantías básicas reconocidas por la Constitución.

Sin embargo, la sala indicó que, en esta etapa del proceso, no existe un nivel suficiente de verosimilitud que permita concluir que el Congreso impidió materialmente el ejercicio de su defensa. También señaló que la ausencia de la exmandataria durante la citación parlamentaria no puede atribuirse, por ahora, a una actuación irregular del Poder Legislativo.

Según la denuncia, la joven cumplía labores de animación cuando el alcalde presuntamente realizó tocamientos indebidos. La víctima relató que el hecho ocurrió delante de varias personas que asistían al evento. De acuerdo con su testimonio, el funcionario la sorprendió por la espalda y le tocó una parte íntima de su cuerpo sin su consentimiento.

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La denunciante también afirmó que, pese a su reacción inicial, el alcalde habría insistido con la conducta denunciada. La joven indicó que reclamó por lo ocurrido y respondió con una bofetada. Después de ello, aseguró que fue atacada físicamente por el burgomaestre y por una mujer que se encontraba junto a él durante la actividad.

El caso quedó a cargo de las autoridades de investigación de Tacna. El Ministerio Público informó que se realizan diligencias para esclarecer lo sucedido. Entre las acciones dispuestas figuran la toma de declaraciones, la recopilación de pruebas y las evaluaciones médico-legales correspondientes para determinar responsabilidades.

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¿Qué denunció la animadora contra el alcalde de La Yarada Los Palos?

La joven sostuvo que el primer incidente ocurrió mientras desarrollaba su trabajo frente a los asistentes de la reunión. En declaraciones difundidas por medios locales, señaló que el alcalde la tocó de manera indebida por detrás y que varios presentes reaccionaron con risas, situación que la dejó desconcertada.

La denunciante aseguró que el comportamiento no terminó allí. Según su versión, el alcalde volvió a acercarse e insistió con los presuntos tocamientos. Ante ello, decidió encararlo públicamente y exigir respeto durante el evento.

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Denuncia también incluye presuntas agresiones físicas

Además de la presunta agresión sexual, la joven afirmó que sufrió ataques físicos después de reclamar por lo ocurrido. Según relató, una mujer que acompañaba al alcalde participó en la agresión.

La denunciante indicó que ambas personas la sujetaron del cabello, la lanzaron al suelo y le propinaron golpes. Estas acusaciones también forman parte de la carpeta fiscal abierta tras la intervención policial.

Las autoridades evalúan testimonios de asistentes y otros elementos probatorios para establecer cómo se desarrollaron los hechos. Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente el vínculo de la mujer involucrada con el alcalde o con la municipalidad distrital.

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Alcalde permanece detenido mientras avanzan las diligencias

La intervención de Samuel Cueva Huisa ocurrió la noche del viernes, luego de que la denuncia fuera presentada ante las autoridades. La Fiscalía de Tacna solicitó medidas inmediatas debido a la gravedad de la denuncia.

Durante las investigaciones también se reportaron daños a equipos de sonido y a parte de la infraestructura del local donde se realizó la actividad. Estos hechos son materia de evaluación por parte de los agentes encargados del caso.

Hasta el cierre de esta nota, el alcalde de La Yarada Los Palos no había emitido un pronunciamiento público sobre las acusaciones. La identidad de la denunciante permanece en reserva, mientras continúan las diligencias fiscales y policiales.

En la misma audiencia también se requirió 18 meses de prisión preventiva contra William Hernán Tesen Gonza (43), alias Pochola. Los imputados rechazaron los cargos en su contra, pero el tribunal decretó la medida de aseguramiento en un centro carcelario.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia Delictiva de Piura culminó así el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público contra los investigados.

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La decisión judicial se sustenta en la existencia de graves y fundados elementos de convicción obtenidos durante la investigación criminal especializada desarrollada por personal de la División de Homicidios de la Dirincri PNP, en coordinación con el Ministerio Público. Estos elementos vincularían a los investigados con la planificación, coordinación y ejecución de los actos criminales que culminaron con el homicidio del alcalde, Víctor Hugo Febre, así como con el homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Jorge Chau.

Asimismo, el órgano jurisdiccional consideró acreditados, en esta etapa procesal, los presupuestos de peligro de fuga y de obstaculización de la actividad probatoria, por lo que dispuso el inmediato internamiento de los investigados en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras continúan las investigaciones y actuaciones procesales correspondientes.

Cabe señalar que la medida coercitiva impuesta constituye un importante resultado de la labor investigativa desarrollada por la Divinhom PNP y el Ministerio Público, al haberse logrado incorporar nuevos elementos de convicción que permitieron establecer la presunta participación de los referidos investigados dentro de la estructura criminal involucrada en los hechos investigados.

De acuerdo con la publicación, los jueces que enfrenta el proceso son Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez. Los cinco integraron la sala que emitió la resolución que permitió la continuidad del proceso penal al considerar que los hechos investigados constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

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La actuación de la JNJ tiene como punto de partida una denuncia presentada el 16 de marzo de este año por el abogado José Anderson Tuesta López. Tras recibir el caso, la institución lo derivó al consejero Víctor Chanduví Cornejo, quien asumió la etapa de indagaciones preliminares y notificó a los magistrados para que presenten sus descargos.

Según fuentes citadas por Lima Times, los jueces ya respondieron a los requerimientos de la JNJ. Ahora corresponde que Chanduví elabore un informe con una recomendación. Entre las opciones figura archivar el expediente o disponer la apertura de una investigación preliminar que, eventualmente, podría dar paso a un procedimiento disciplinario.

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¿Por qué los jueces rechazaron aplicar la Ley 32107?

La decisión cuestionada por la denuncia se remonta a diciembre de 2025. En esa oportunidad, la Sala Penal Transitoria evaluó un pedido de prescripción presentado por la defensa de Edgar Raimundo Ortiz Huamán, investigado en uno de los casos vinculados a las esterilizaciones forzadas.

Los magistrados concluyeron que la Ley 32107 no podía aplicarse en este proceso. En su resolución señalaron que los hechos investigados constituyen graves vulneraciones a los derechos humanos y, por tanto, no están sujetos a las reglas ordinarias de prescripción previstas para delitos comunes.

La sala sostuvo, además, que estos casos se encuentran bajo los principios del derecho internacional y del ius cogens. Por ese motivo, consideró que la norma aprobada por el Congreso resultaba incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos.

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JNJ decidirá si archiva el caso o abre una investigación

Con los descargos ya incorporados al expediente, la decisión inmediata se encuentra en manos del consejero Víctor Chanduví Cornejo. El funcionario deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una nueva etapa del procedimiento.

Si recomienda el archivo, la denuncia quedará sin efecto. Sin embargo, si considera que existen indicios que ameritan una evaluación más profunda, la Junta Nacional de Justicia podría abrir una investigación preliminar contra los magistrados supremos.

Según la propuesta del organismo electoral, las cédulas estarán diferenciadas por colores.

El color amarillo identificará la elección de gobernador y vicegobernador regional; el verde claro será utilizado para la elección de consejeros regionales, mientras que el rosado corresponderá a la elección de autoridades municipales provinciales.

La ONPE explicó que los modelos han sido elaborados para facilitar la identificación de las opciones electorales por parte de la ciudadanía durante la jornada de votación. Asimismo, los documentos incluirán espacios destinados a las organizaciones políticas que participarán en el proceso electoral.

La presentación de los diseños se realizó luego de que el organismo electoral definiera el orden de ubicación de los bloques de organizaciones políticas en la cédula.

A inicios de junio, por medio de un sorteo público, se determinó que los partidos políticos aparecerán en la parte superior del documento electoral, mientras que los movimientos regionales se ubicarán en la parte inferior.

Las Elecciones Regionales y Municipales se desarrollarán el 4 de octubre del 2026 y permitirán elegir gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales y regidores en todo el país.

En el petitorio solicitan el inicio de juicio político por supuestamente “haber desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios de los peruanos en el exterior durante las Elecciones Generales 2026, quebrando los principios de neutralidad estatal, legalidad e intangibilidad normativa”.

Sustentan además el pedido de antejuicio político por la “presunta comisión de los delitos contra el derecho de sufragio, específicamente fraude electoral y perturbación de acto electorales”.

Como argumento, el partido sostiene que en la segunda vuelta las actas no fueron digitalizadas.

“Es una afectación grave al proceso electoral el haber cambiado las normas en la segunda vuelta por petición de la Cancillería. Han roto la cadena de custodia. Nosotros solo queremos que nos demuestren qué ha pasado”, se lee.

Cancillería rechaza supuesta manipulación de votos del exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores ya ha rechazado la supuesta comisión de irregularidades.

Por medio de un comunicado negaron “cualquier afirmación que atribuya a sus funcionarios consulares actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral”.

Precisaron que en la primera vuelta, por solicitud de la ONPE, se aplicó el mecanismo de escaneo de actas en solo 108 de las 180 oficinas consulares y ello no reemplazo la remisión física de las actas.

“La no utilización del aplicativo en la segunda vuelta tampoco produjo un vacío en la cadena de custodia ni un período sin control sobre el material electoral”, se lee.

Una vez que ingresaron los votos del extranjero y Fujimori pudo superar a Sánchez, la lideresa empezó a sostener una postura conciliadora. Luego, con el conteo oficial de la ONPE acercándose al 100% y el rechazo de los pedidos de nulidad presentados por Juntos por el Perú, ya se presenta como ganadora.

"Hoy podemos decir, y nos faltan pocos días, sí se pudo", exclamó en Villa El Salvador, el 20 de junio último, frente a decenas de militantes que corearon "Sí se pudo, sí se pudo". Previamente, aseguró que "se vienen cinco años de grandes retos".

Incluso, anunció el legado que espera de Fuerza Popular. "Los peruanos hemos demostrado al mundo que siempre podemos, que hemos derrotado al terrorismo, que derrotamos la hiperinflación y que ahora vamos a derrotar la delincuencia", mencionó.

El 19 de junio último también adelantó su postura frente a posibles pedidos de indultos presidenciales.

"Los pedidos de indulto que se van a presentar en adelante. Toda solicitud de indulto humanitario tiene que llevarse a cabo de acuerdo a ley. En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios. Cualquier pedido tiene que evaluarse respetando la dignidad de la persona y evaluarse caso a caso", dijo.

Su equipo técnico mantiene el mismo ánimo de triunfo. Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, anunció que el partido no apelará el fallo del JEE que declaró improcedente el pedido para anular votos en la región de Puno.

Dyer explicó que, si bien existieron fuertes discrepancias iniciales sobre el conteo de los votos en Puno, la posición final de la agrupación es acatar lo dispuesto por la ley. "Si ya los argumentos que dimos al final no fueron suficientemente válidos para poder poner nuestra posición clara, simplemente hay que respetarlo", anotó.

Se trataba de siete recursos de nulidad, cinco referidos a actas y dos a centros de votación, los cuales representaban más de 7.000 votos. En todos los casos, el argumento fue que los personeros no pudieron ingresar al momento de instalación de mesas.

Juntos por el Perú insiste en pedidos de nulidad

Ese es el escenario de Juntos por el Perú. Roberto Sánchez y su equipo técnico no han cedido en los intentos de nulidad de votos.

La organización presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dos pedidos de nulidad. Uno de ellos tenía por objetivo 1.751 mesas instaladas en la capital y otras 647 ubicadas en territorio estadounidense; sin embargo, ambos fueron declarados improcedentes.

Pese a ello, durante su discurso en la manifestación que convocó para el 19 de junio último, Sánchez anunció una nueva solicitud en el mismo sentido.

"En las próximas horas, nuestro equipo legal presentará un recurso. ¿Y qué es lo que dice el recurso? El reglamento cuando se incumple la seguridad jurídica, cuando se incumple la cadena de historia, la valija diplomática, la seguridad y la convicción que se ha respetado el voto, dice que lo que corresponde es la nulidad de elecciones", expresó.

También resaltó que en territorio peruano él resulta vencedor de la contienda electoral. "En más de 1.600 distritos, el pueblo ha elegido su gobierno. Si se trata de las 197 provincias, más de 160 provincias han elegido ya a su gobierno popular. Si se trata de las regiones, 16 regiones han escogido ya a su gobierno popular y han pintado de esperanza todo nuestra patria, de verde, de ver de esperanza, de verde el color de nuestro medio ambiente", dijo.

A título personal, Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, que establece los lineamientos para las actividades electorales en el extranjero para la segunda vuelta presidencial 2026.

"La señora Boluarte convoca a elecciones en el año 2025. Desde ese momento hasta ahora no debió salir ninguna norma que cambie las reglas del juego", dijo.

Anteriormente, el partido había solicitado a Fuerza Popular pedir de manera conjunta un recuento de votos ante la instancia electoral.

Sánchez aseguró estar convencido de que una "acción conjunta" dejaría un "legado de transparencia y cero controversia". "Indistintamente quién gane producto de este proceso de cero controversia, inobjetable, seamos capaces de darle al Perú certeza y confianza total", anotó.

La propuesta fue rechazada por el partido naranja. "El mejor pacto de transparencia es cumplir las normas, los compromisos que ambos partidos han firmado al comienzo de este proceso electoral. Hay un pacto ético, hay normas, hay procedimiento", mencionó Luis Galarreta.