-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La presidenta explicó que el caso de Perú no se parece al de Ecuador. Con los ecuatorianos, dijo, México rompió relaciones porque su embajada fue invadida por la policía en Quito, en abril de 2024. Con Perú la situación fue al revés: fue el Gobierno peruano el que decidió cortar el vínculo diplomático con México, no al contrario.

El origen de esa ruptura tiene nombre y apellido: Pedro Castillo. Sheinbaum sostuvo que su Gobierno se pronunció desde un inicio en el sentido de que el expresidente peruano permanece preso de forma ilegal. Según ella, esa posición no nació de una simpatía política, sino de pruebas concretas: los votos necesarios para su vacancia, dijo, no se reunieron en el Congreso peruano.

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Una postura que Sheinbaum llama “solo declarativa”

La mandataria insistió en que la posición de México sobre el encarcelamiento de Castillo nunca pasó de lo verbal. No hubo, según ella, ninguna acción concreta contra el Gobierno peruano más allá de esa declaración pública. Aun así, fue Perú el que optó por romper relaciones con México a raíz de ese pronunciamiento.

“No he tenido comunicación con ella. Vamos a esperar”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina, al ser consultada sobre Keiko Fujimori. La frase resume, en pocas palabras, el estado actual del vínculo entre ambos países: sin diálogo directo entre las dos mandatarias y sin fecha para un posible acercamiento.

Un dato quedó al descubierto en la misma conferencia: todavía hay una persona resguardada dentro de la embajada mexicana en Lima. Se trata de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece bajo protección de Brasil desde que se rompieron las relaciones entre México y Perú. Brasil asumió la representación diplomática mexicana tras ese quiebre. Chávez, según explicó Sheinbaum, espera un salvoconducto para poder viajar a México.

De acuerdo con una publicación en su cuenta de X, Amado Enco señala que el congresista Raúl Doroteo Carbajo fue quien promovió su salida como procurador de la Contraloría.

“Un congresista de apellido Doroteo, guiado por su ignorancia, busca con la Procuradora General del Estado (María Caruajulca Quispe) cesarme en el cargo de Procurador de la Contraloría General de la República, puesto al que accedí por concurso público”, escribió Enco el 8 de julio, un día antes de la publicación del mandato que lo cesa en el cargo, firmado, precisamente, por Caruajulca.

“No le temo a las tropelías del poder. Sigan adelante”, señaló.

Después de que la Procuraduría difundió la decisión de apartar a Amado Enco, el exprocurador dio a entender que el motivo sería el desacuerdo con la procuradora María Caruajulca, muy cuestionada por su inacción ante graves casos de corrupción en los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.

"Vaya Procuradora General (María Caruajulca), así responde a los procuradores que nos atrevemos a cuestionar su pésima gestión. Espero que el gobierno entrante tome cartas en el asunto y reforme el sistema para concretar de una vez la tan ansiada autonomía funcional de los procuradores públicos.”, escribió Enco en X.

No es el primer caso.

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El 5 de septiembre de 2025, María Caruajulca destituyó a la procuradora del Caso Lava Jato, Susana Carrión, por presión del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y congresistas de dicho partido.

Fue Carrión quien solicitó al Poder Judicial la inclusión de Renovación Popular como tercero civilmente responsable por haber recibido fondos ilegales de constructoras brasileñas Odebrecht y OAS cuando se denominaba Solidaridad Nacional bajo el mando del exalcalde Luis Castañeda Lossio.

Durante el conflicto entre la concesionaria Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima, López Aliaga exigió a la procuradora Carrión que actuara conforme a la estrategia legal de los abogados extranjeros contratados por el exalcalde limeño. Pero Carrión se negó porque era incompatible con sus funciones.

Carrión difundió chats intercambiados con López Aliaga en los que este le exigía acciones que no le correspondían e incluso la amenazó con denunciarla. La procuradora María Caruajulca cedió a las demandas de López Aliaga y destituyó a Silvana Carrión.

Para justificar su decisión, María Caruajulca emitió un informe que evalúa las acciones de la Procuraduría de la Contraloría, en el que Amado Enco ejerció funciones desde el 6 de enero de 2023.

De acuerdo con el reporte, entre los años 2016 y 2025, la Procuraduría de la Contraloría formuló 2.565 denuncias civiles contra funcionarios públicos ante el sistema judicial y consiguió 194 resoluciones a favor en 10 años.

El documento no indica cuál sería la responsabilidad del exprocurador Enco, ya que estuvo en el cargo tres años.

Vinelli acumula una demanda civil por daños y perjuicios interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El proceso apunta a su gestión como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016. A eso se suma una investigación con acusación en la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito contra la administración pública. Ninguno de esos dos procesos fue abordado por Fujimori en su respuesta.

La presidenta electa optó por una defensa genérica. "Él ha aclarado estos procesos de investigación, pero yo aquí le ratifico mi confianza, porque es un profesional competente, que goza de integridad y sobre todo, que conoce el sector, sobre todo de la agricultura en la cancha", declaró ante la prensa. La frase no incluyó detalles sobre en qué consistió esa aclaración ni cuándo se produjo.

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El Niño obliga a Fujimori a definir prioridades

La consulta sobre Vinelli se dio en medio de una agenda marcada por la emergencia climática. El Comité Multisectorial para el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene activa la alerta por el Niño Costero. El organismo calcula que el evento puede extenderse hasta el verano de 2027, con 48% de probabilidad de alcanzar una magnitud fuerte en la temporada 2026-2027.

Fujimori recorrió obras de prevención junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Ahí reconoció que existen cientos de maquinarias paralizadas. Prometió un diagnóstico completo apenas asuma el poder, el 28 de julio, para definir cuántas máquinas se pueden reactivar y cuántas hay que comprar. También adelantó que evalúa ampliar los horarios de trabajo en las obras, con prioridad para el norte del país, la zona con mayor exposición histórica al fenómeno.

En Lima, la Municipalidad ya ejecuta labores de descolmatación en los ríos Lurín, Chillón y Rímac. Esos tres cauces representan el mayor riesgo de desborde para la capital ante lluvias intensas.

"Patricia Benavides pasa a colocarse en un terrible precedente al ser la primera fiscal que solicita que se aplique la amnistía a crímenes horrendos perpetrados por el Estado", advirtió Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos, en diálogo con La República.

Para Rivera, esta acción representa un retroceso constitucional, pues la fiscal ha preferido omitir la existencia de fallos recientes del propio Tribunal Constitucional —que cuestionan la validez de estas leyes— para alinearse con una agenda política de turno.

Durante la entrevista, el experto también señaló que el dictamen era "deficiente", ya que carece de sustento doctrinario y busca, de forma oportunista, alinearse con el gobierno entrante.

Asimismo, el letrado advirtió que si la Corte Suprema acepta el dictamen, "se abriría la puerta a la impunidad", lo que permitiría la liberación de personas con sentencias condenatorias por violaciones a los derechos humanos. En esa línea, sostuvo que el Ministerio Público tiene la responsabilidad constitucional de perseguir el delito, no de obstruir la justicia.

Además, Rivera detalló que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha consolidado una jurisprudencia clara y unánime que invalida las leyes de amnistía para crímenes de lesa humanidad. Por ende, ignorar estos estándares internacionales y los pronunciamientos recientes del Tribunal Constitucional sitúa al Ministerio Público en una posición de "repudio" frente a la comunidad jurídica internacional.

Respecto al impacto de esta medida, Rivera señaló que afecta directamente a las familias de las víctimas.

"Esto significa un desaire. a quienes han dedicado décadas a la búsqueda de la verdad. En un caso de desaparición forzada, un defensor de derechos humanos de Huancavelica logró una sentencia condenatoria contra un coronel que era el jefe político militar de la zona. Él está condenado, está en su casa, pero está condenado”, explicó.

Para el abogado, el aval de la fiscalía a esta norma, calificada por él como una 'ley pro-crimen', vulnera el derecho a la justicia en casos de delitos de lesa humanidad."

La fiscal fundamenta su petición en la Ley N.º 32419, publicada en agosto de 2025, la cual concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

El documento sostiene que, debido a que el caso de Paz Cárdenas se enmarca en ese periodo, la norma “resulta aplicable”.

Pero la justificación de Benavides no queda ahí, el documento precisa además que, pese a la existencia de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la citada ley y a los cuestionamientos sobre el tema en el Tribunal Constitucional, la norma "forma parte del ordenamiento jurídico" y se encuentra vigente.

Por tales consideraciones, Patricia Benavides Vargas sostiene que la Corte Suprema debe declarar "fundada la excepción de amnistía".

En entrevista con la República, el abogado del IDL Carlos Rivera, señaló que existe una "omisión de carácter constitucional" por parte de la fiscal, ya que, de acuerdo con la Cuarta Disposición Transitoria de la Constitución, todo operador de justicia está obligado a ejercer el "control de convencionalidad" y aplicar los estándares de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Sin embargo, para Benavides esta obligación internacional parece secundaria. El especialista calificó el dictamen como "absolutamente deficiente" y advirtió que la fiscal apenas utiliza dos páginas para sustentar su posición, consciente de que no encontrará un verdadero sustento que legitime para su pedido.

"[Patricia Benavides] decide simplemente poner un argumento estrictamente formalista sobre un tema que está repudiado en el derecho internacional, que es la aplicación de la ley de amnistía".

Además, Rivera cuestionó la gravedad del dictamen y advierte que el pedido de la fiscal marca un antes y un después en la historia del Ministerio Público, al convertir a la institución en un actor que, lejos de perseguir el delito, facilita la impunidad.

"Patricia Benavides pasa a colocarse en un terrible precedente de ser la primera fiscal que solicita que se aplique la amnistía a crímenes horrendos perpetrados por el Estado, colocándose en una zona de repudio, pues nunca antes un fiscal había pedido algo así", sostuvo el experto.

Para el abogado, este dictamen trasciende lo legal y apunta a un trasfondo político. "No se trata solo de ignorancia en el interés internacional, creo que es un acomodamiento, una suerte de oportunismo político para caer bien a quienes vienen a gobernar”.

Además, agregó que la fiscal estaría intentando generar un espacio de encuentro con la política, alineándose con una agenda que ataca al sistema de justicia.

El experto también alertó sobre el impacto para los familiares de las víctimas ante una posible aprobación en la Corte Suprema. "Si la Suprema acepta, esta ley promulgada por el Congreso —que es una norma pro-crimen— será la fuerza abierta hacia la impunidad. Lo que hace este dictamen es abrir las puertas de las cárceles a gente que debería estar pagando su responsabilidad penal".

Para los especialistas de Naciones Unidas, esta detención fue arbitraria debido a que vulneró los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos —derechos a la libertad, a no ser detenido arbitrariamente, a un tribunal independiente y a la presunción de inocencia— y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hacen énfasis en el derecho a la libertad y la igualdad ante los tribunales.

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Ante este escenario, los especialistas instaron al Estado peruano a disponer la liberación inmediata de Pedro Castillo y señalaron que el exmandatario tiene derecho a solicitar una reparación por los perjuicios ocasionados por su detención arbitraria.

Otro de los aspectos que aborda el documento es la evaluación sobre una posible discriminación contra el exmandatario debido a su origen campesino y su condición social por parte de grupos de poder. Tras analizar este punto, el Grupo de Trabajo concluyó que "no se presentaron los elementos suficientes para acreditar la existencia de discriminación".

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En ese sentido, los expertos señalaron que, según su evaluación, el escenario descrito evidencia "un continuo enfrentamiento entre grupos con distintas posiciones políticas", más que un caso de discriminación acreditada. Además, el Grupo de Trabajo señaló que solicitará información sobre las medidas de seguimiento adoptadas luego de darse sus recomendaciones.

“El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta susopinionesy, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado”, señala el documento en sus conclusiones.

Sobre el carácter vinculante de la resolución

Para conocer si esta decisión tendría carácter vinculante y, por tanto, debería cumplirse en el Perú, La República consultó al abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera. El especialista explicó que las opiniones del Grupo de Trabajo adquieren ese carácter debido a que el Estado peruano ha ratificado el tratado internacional que sustenta la existencia de estos órganos.

"Si bien es cierto que las opiniones de un Grupo de Trabajo no tienen la fuerza de una resolución jurisdiccional, estos órganos existen en virtud del mandato del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que el Perú ha ratificado. Por lo tanto, ello determina el carácter vinculante de sus decisiones", indicó Rivera a este medio.

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Posiciones encontradas por posible indulto a Pedro Castillo

La posible concesión de un indulto al expresidente Pedro Castillo para que recupere su libertad ha sido uno de los temas de debate en las últimas semanas. El presidente José María Balcázar se ha pronunciado sobre esta posibilidad y no ha descartado tramitar una gracia presidencial a favor del exmandatario. Según señaló, una medida de este tipo contribuiría al proceso de pacificación que, a su juicio, necesita el país.

"Yo podría o no podría dar indultos a cualquier condenado o procesado que la ley y la Constitución me pueden autorizar. De tal manera que no habría ninguna objeción que hacer, porque es una decisión presidencial, la Constitución me autoriza", declaró en entrevista con RPP.

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Sin embargo, desde Fuerza Popular han rechazado esta posibilidad. El senador electo Héctor Ventura calificó la eventual concesión del indulto como un tema "irrelevante" para el país y sostuvo que carece del sustento técnico necesario.

"Hay muchísimo que trabajar en la lucha contra la inseguridad ciudadana, darle estabilidad jurídica, social, política y económica al país, y no estar pretendiendo intereses personalísimos; el indulto a Castillo es un imposible jurídico", declaró a Perú21.

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El mes pasado, la Comisión de Gracias Presidenciales desestimó el pedido de indulto presentado por el expresidente Pedro Castillo. Tras evaluar la solicitud, el organismo determinó que esta no reunía las condiciones exigidas para acceder al beneficio, por lo que el exmandatario continuará privado de su libertad y bajo las disposiciones dictadas por las autoridades correspondientes.

Por su lado, el abogado de Castillo y exministro del Interior, Wilfredo Pedraza también se unió a los que consideran que el exmandatario podría acceder a un perdón presidencia. Según explicó Pedraza a este medio, Pedro Castillo cumpliría con las condiciones legales para acceder a una gracia presidencial, ya que no tiene una sentencia firme, mantiene la condición de procesado y ha permanecido detenido por un periodo que supera el doble del plazo previsto para el proceso. Además, precisó que las restricciones para este beneficio solo alcanzan a determinados delitos, como el sicariato, la extorsión y la violación de menores de edad.

La noticia cayó como un duro golpe en Petroperú.

Pocas semanas antes de conocer la decisión del Tribunal Fiscal, el 16 de febrero de este año, la compañía de hidrocarburos había presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sus estados financieros al 31 de diciembre de 2025. En ese momento reportó una pérdida neta de US$468 millones. Pero esta cifra ha aumentado debido a la deuda coactiva que debe pagar a la Sunat por mandato del Tribunal Fiscal.

Al tratarse de información relevante, conocida luego de que la petrolera entregó a la SMV sus estados financieros, el directorio de Petroperú, en coordinación con la compañía auditora de la empresa (Gaveglio, Aparicio y Asociados, PwC), aprobó una provisión de US$158 millones para atender principalmente la deuda coactiva, que alcanza los US$133 millones.

Por lo tanto, la pérdida neta actualizada del ejercicio de la empresa petrolera pasó de US$468 millones a US$601 millones en los estados financieros auditados, según las fuentes consultadas por La República.

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Origen de la deuda

De acuerdo con las resoluciones del Tribunal Fiscal del 20 de marzo de este año, Petroperú no pagó el Impuesto al Rodaje (IRO) cuando importó insumos para la elaboración de gasolinas en 2019 y 2020, que luego fueron vendidas en el mercado nacional.

Petroperú apeló y el caso pasó al Tribunal Fiscal para que resolviera la controversia.

La República consultó a la Sunat sobre los detalles de la deuda coactiva de la empresa petrolera estatal. Sin embargo, sus voceros se abstuvieron de responder “en aplicación del principio de reserva tributaria” porque se trata “de un contribuyente específico” y el caso “se encuentra en trámite”.

La defensa de Petroperú alegó que el IRO se aplica al valor de venta de gasolinas en el mercado nacional y no a la importación.

También afirmó que los productos importados por la petrolera no eran finales o listos para la comercialización y venta final, sino intermedios, ya que necesitaban ser procesados y mezclados para salir a la venta. Y añadió que la compañía pagó los IRO que correspondían.

Sin embargo, el Tribunal Fiscal confirmó las resoluciones de la Sunat que obligan a Petroperú a abonar el IRO de los años 2019 y 2020.

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Información oportuna

Es altamente probable que Petroperú recurra al Poder Judicial para contradecir la decisión del Tribunal Fiscal, pero, mientras tanto, debe pagar la deuda coactiva, indicaron las fuentes de la petrolera.

Este diario verificó documentalmente que, cuando la compañía petrolera nacional reportó sus estados financieros a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el 16 de febrero de este año, la empresa no había sido notificada sobre las resoluciones del Tribunal Fiscal que disponen el pago de la deuda coactiva por el IRO de 2019 y 2020.

Además, las resoluciones del Tribunal Fiscal están fechadas el 20 de marzo de este año, 32 días después de la entrega de los estados financieros a la SMV, el 16 de febrero. Las resoluciones del Tribunal Fiscal son las Nº 02803-A-2026 y Nº 02808-A-2026.

A la SMV se le entregó información actualizada a la fecha de presentación de los estados financieros. No se pasaron por alto las resoluciones del Tribunal Fiscal que respaldan los cobros coactivos del IRO a Petroperú.

Tras la ratificación, se presentó una reconsideración contra la segunda votación del dictamen. La moción buscaba revertir la aprobación ya consumada. El pedido no prosperó: obtuvo 11 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Para aprobarse, necesitaba 15 votos a favor. Al no alcanzar ese número, el resultado de la segunda votación quedó firme y la ley siguió su curso.

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Su primera votación se dio el 23 de junio en el Pleno del Congreso. En esa oportunidad obtuvo 63 votos a favor, 31 en contra y 15 abstenciones. Los congresistas Ruth Luque, Edgar Reymundo, Sigrid Bazán y Flor Pablo cuestionaron entonces el texto. Señalaron que su verdadero propósito no es ordenar la norma penal, sino levantar trabas para archivar investigaciones abiertas.

La ley crea el capítulo VI dentro del Título XIV-A del Código Penal, dedicado a los delitos contra la humanidad. Incorpora también el artículo 324-A, que define el delito. Según ese texto, cometerá lesa humanidad quien, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque, incurra en homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada o tortura. La pena va de 30 años de cárcel a cadena perpetua.

La norma se aplicará de forma inmediata. Alcanzará a los casos en trámite donde ya se haya invocado la figura de lesa humanidad. También llegará a los procesos con condena que aún estén en revisión, nulidad o algún otro recurso pendiente. Si un hecho no cumple los requisitos que exige la ley, será juzgado como delito común, con las penas ordinarias del Código Penal. Ahora queda en manos del Ejecutivo promulgar u observar la ley.

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Congresistas y organizaciones de derechos humanos rechazan la ley

La aprobación generó un rechazo inmediato entre congresistas y organizaciones de derechos humanos. A través de sus redes sociales, varias voces cuestionaron el contenido de la norma y pidieron al Poder Ejecutivo que la observe antes de su promulgación.

La congresista Ruth Luque sostuvo que el dictamen "desconfigura por completo" el delito de lesa humanidad. Acusó al fujimorismo y a sus aliados en el Congreso de ratificar su desprecio por las víctimas y los derechos humanos. Pidió a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a la Presidencia del Consejo de Ministros que observen la ley.

El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, calificó la aprobación como un caso de impunidad. Advirtió que la norma "solo servirá a los perpetradores" de los crímenes que busca regular. La consideró inconstitucional y pidió al Poder Judicial que ejerza control sobre ella.

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La congresista Flor Pablo Medina calificó la ley de "nefasta" y advirtió que, pese a su apariencia de avance, solo beneficia a violadores de derechos humanos. Según su cálculo, la norma permitiría revisar 150 condenas y más de 600 procesos en curso, entre ellos los casos Barrios Altos, La Cantuta y las esterilizaciones forzadas. Confió en que los jueces peruanos mantengan una línea de defensa constitucional frente a esta y otras normas que, a su juicio, desamparan a las víctimas.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló que la ley representa un grave retroceso para el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Explicó que, al restringir su aplicación en casos de desaparición forzada, tortura y secuestro, la norma vulnera obligaciones internacionales del Estado peruano y favorece la impunidad frente a crímenes que son imprescriptibles por naturaleza. La organización instó al presidente José Balcázar a observar la ley y a rechazar cualquier disposición que favorezca la impunidad.

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Más de 100 acusados ya buscaron beneficiarse con leyes similares, según OjoPúblico

Una investigación de OjoPúblico reveló que las leyes de prescripción y amnistía aprobadas antes por el Congreso ya generaron un efecto concreto. Hasta setiembre de 2025, 104 personas acusadas por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno solicitaron acogerse a esos beneficios. El 71% pidió la prescripción de sus procesos y el 29% buscó la amnistía. Con ambos pedidos intentaron enviar al archivo 47 investigaciones fiscales por homicidio calificado, desapariciones forzadas, torturas y abuso de autoridad. Más de la mitad de esas solicitudes fueron rechazadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El caso del Grupo Colina ilustra el patrón. En noviembre de 2024, la jueza Miluska Cano López inaplicó la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad, y condenó al exjefe de la Dinte, Juan Rivero Lazo, junto a los exintegrantes de ese destacamento Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue, por los crímenes de Pativilca y La Cantuta. Semanas después, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Rivero Lazo por exceso de carcelería. En agosto de 2025, la entonces presidenta Dina Boluarte lo recibió en Palacio de Gobierno, en la misma ceremonia donde promulgó la Ley 32419, que otorga amnistía a militares, policías y rondas campesinas acusados por el conflicto armado.

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Ese margen de maniobra para los procesados podría ampliarse. El 5 de diciembre de 2025, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Lima presentaron contra la ley de prescripción. Solo tres de los siete magistrados votaron a favor de declararla inconstitucional, cuando se necesitaban cinco. Tania Pariona, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que con ese fallo el TC ha legalizado la impunidad. La Corte IDH, por su parte, señaló en una resolución del 25 de octubre que el Estado peruano incurrió en un nuevo desacato al aprobar la ley de prescripción, y recordó que los jueces están facultados para inaplicar normas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos.

La presión no se limita a los casos ya resueltos. Solo entre agosto y setiembre de 2025, treinta acusados presentaron 21 pedidos de amnistía, entre ellos procesados por la masacre de Cayara, en Ayacucho. Gloria Cano, directora de Aprodeh, advirtió que el Estado peruano está en abierto incumplimiento frente a las medidas provisionales que la Corte IDH ordenó en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Según OjoPúblico, en el Congreso avanza además una iniciativa del parlamentario José Balcázar para que los jueces consulten al TC antes de inaplicar una ley que consideren inconstitucional, lo que para la CNDDHH busca limitar esa facultad de control difuso.

Sin embargo, la negociación no será sencilla para el bloque opositor. Es conocido que el Partido del Buen Gobierno mantiene conversaciones tanto con agrupaciones de derecha como de izquierda. No obstante, un episodio reciente podría inclinar la balanza en la Cámara de Diputados.

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Fuentes cercanas a las negociaciones confirmaron a La República que el exabrupto protagonizado por Norma Yarrow durante la entrega de credenciales, cuando arrebató el documento de las manos de Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y posó sola para la fotografía oficial, fue mal recibido por los diputados del Partido del Buen Gobierno provenientes de regiones.

El hecho cobra mayor relevancia en este contexto. Hasta el momento, este diario pudo conocer que Yarrow aparece como la principal carta para encabezar la lista oficialista a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la posibilidad de integrar una lista junto a la congresista no sería bien vista por los legisladores del Partido del Buen Gobierno, que reprobaron ese episodio.

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Este diario buscó contrastar esta información con integrantes del Partido del Buen Gobierno. Sin embargo, la reserva se mantiene al interior de la agrupación: ningún congresista confirmó o negó estos entredichos.

Como se sabe, el respaldo del Partido del Buen Gobierno será determinante para cualquier lista que aspire a imponerse. Sus 18 diputados y 7 senadores podrían inclinar la balanza durante la elección de las mesas directivas.

Sin el apoyo de esta bancada, el sector de derecha sumaría una mayoría de 74 votos, lo que dejaría sin posibilidades a la oposición. Pero, con ellos, la mayoría de 74 diputados sería favorable a ese sector. Un caso similar se da en la Cámara Alta. Sin Rafael López Aliaga en el Congreso, el bloque de derechas suma solo 29 votos. Si el Partido del Buen Gobierno le da la mano al bloque de izquierdas y no hay sorpresas, sus 30 votos le darían la victoria a la lista opositora.

Voces de la oposición

Jaime Quito, senador electo por Juntos por el Perú, señaló que esperan presentar una lista que haga contrapeso a las que impulsará el sector oficialista. Quito descarta completamente que su partido se siente en la misma mesa con el fujimorismo, tal como lo hace Perú Libre, que también fue oposición en su momento.

"Tenemos toda la intención de que la Mesa Directiva, tanto de Diputados como de Senadores, no tenga como presidente al fujimorismo. Por lo tanto, la conformación de la lista tiene que darse con otros sectores. De ninguna manera Juntos por el Perú participaría en una Mesa Directiva junto al fujimorismo. Más bien, buscamos impedir que el fujimorismo tenga alguna cercanía con la Mesa Directiva. Sabemos cuáles son sus prácticas", indicó.

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Además, Quito sostuvo que tampoco respaldaría una mesa directiva integrada por sectores cercanos al fujimorismo, en clara alusión a Renovación Popular: "Creo que son lo mismo", sentenció.

Su compañero de bancada, Víctor Cutipa, quien también integrará el próximo Senado, fue más reservado al declarar a este medio. El congresista indicó que será Roberto Sánchez quien brindará los alcances sobre las negociaciones en los próximos días.

Asimismo, cuestionó la eventual alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular: "Nosotros, desde nuestra bancada, tratamos de obtener una mayoría parlamentaria que nos permita trabajar a favor del Perú. Seguro ellos también. Sabemos que han legislado a favor del crimen organizado y han impulsado leyes que buscan la impunidad. Eso es algo que podemos cuestionar. Esperamos alcanzar la mayoría parlamentaria en el Senado", señaló.

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Mirtha Vásquez, senadora electa de Ahora Nación, también afirmó que es imposible que el bloque opositor conforme una lista multipartidaria junto a Fuerza Popular. Según indicó, ello sería perjudicial para la democracia.

"A nosotros nos parece que, en el marco de la democracia, es indispensable que el sector del fujimorismo, que ahora está en el Ejecutivo, dé paso a otras fuerzas que puedan ejercer un contrapeso político. En este momento necesitamos equilibrar el poder dentro del Estado. Por ello, no nos resulta viable conformar una lista multipartidaria con el fujimorismo, más aún considerando lo que representa para nuestro sector. El fujimorismo es una fuerza que no tiene vocación democrática", declaró a La República.

Otro de los trascendidos señalaba que Juntos por el Perú había propuesto al Partido del Buen Gobierno liderar una de las listas y quedarse con la presidencia de una de las cámaras. Consultada sobre esa posibilidad, Vásquez sostuvo que, a su juicio, lo más adecuado sería que la lista fuera encabezada por un integrante de una bancada con mayor respaldo ciudadano.

“A mí me parece que, en el marco de las discusiones, las fuerzas democráticas tienen que llegar a acuerdos. Pero el contexto también exige que quienes lideren la lista sean los partidos que obtuvieron una mayor votación. (...) Me parece que una lista encabezada por Juntos por el Perú sería una propuesta mejor recibida por la población", añadió.

Juntos por el Perú alista a sus voceros

Juntos por el Perú eligió como voceros principales al senador José Mercedes Castillo, representante nacional, y al diputado Ernesto Zunini, elegido por Lambayeque. Además de informar a la prensa y a otras organizaciones sobre las decisiones adoptadas por la bancada, ambos tendrán la responsabilidad de conducir las negociaciones para la conformación de las listas a las mesas directivas. Castillo ejercerá la vocería del grupo parlamentario en el Senado, mientras que Zunini hará lo propio en la Cámara de Diputados. El anuncio fue realizado por Roberto Sánchez, excandidato presidencial de la agrupación, a través de su cuenta en X.

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José Mercedes Castillo fue el senador más votado de Juntos por el Perú y el segundo con mayor votación a nivel nacional, solo por detrás de Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular. Además, es hermano del expresidente Pedro Castillo.

Por su parte, Ernesto Zunini fue el diputado más votado de Juntos por el Perú en Lambayeque y el segundo con mayor votación de toda la región. Durante la segunda vuelta electoral, ya se desempeñaba como vocero de la agrupación. Asimismo, integró el debate técnico en representación de Juntos por el Perú en el bloque de Juventud y Deporte, donde intercambió posiciones con Rossangella Barbarán, de Fuerza Popular.

Tras la alerta del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, sobre el riesgo de las ERM 2026 por falta de recursos, José Calderón, viceministro de Hacienda, informó que el presupuesto total asignado a los organismos electorales para el presente año fiscal asciende a S/2.271 millones, de los cuales se ha registrado una ejecución de S/1.187 millones, lo que deja un saldo disponible inmediato de S/1.084 millones.

De los S/1.084 millones, S/813 millones corresponden a la ONPE, según indicó.

Ante esto, el organismo publicó un comunicado en el que negó la disponibilidad de ese dinero. “Respecto a la información difundida por el MEF sobre el saldo de s/ 812.9 millones pendientes de ejecución que tendría la ONPE, precisamos que dicho monto no se encuentra disponible para atender necesidades del próximo proceso electoral”, se lee.

Para sustentar lo dicho, el organismo desglosó los conceptos en los que ya se ha usado esa cifra.

“Más de 430 millones de soles corresponden a "devengados", es decir, contratos ya ejecutados en las Elecciones Generales y la Segunda Elección Presidencial, cuyos pagos se encuentran en proceso. Luego, más de 50 millones corresponden a contratos en proceso de formalización, y alrededor de 330 millones están destinados a contrataciones indispensables para las ERM; entre ellas, el despliegue y repliegue de material electoral; y la habilitación, el acondicionamiento y la logística informática (SHALI)”, precisaron.

Añadieron que “un saldo registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) no significa que existan recursos libres para asumir nuevas obligaciones”, pues “los recursos comprometidos y devengados tienen un destino específico y no pueden utilizarse para fines distintos a los autorizados”.

ONPE: déficit de financiamiento asciende a S/433,21 millones

En ese sentido, el organismo electoral alertó que actualmente presenta un déficit de financiamiento que asciende a S/433,21 millones, los cuales son indispensables para cumplir con el cronograma electoral y garantizar su adecuada organización.

Aseguraron que no están pidiendo más dinero del planificado y que la ausencia de recursos fue sustentada ante el MEF desde julio del 2025 y ha sido reiterada en las diversas reuniones sostenidas con sus equipos técnicos.

A la fecha, a 87 días de las elecciones, permanecen pendientes de financiamiento actividades esenciales para el desarrollo del proceso electoral, las cuales son: “la contratación del personal encargado del trabajo de campo; la capacitación de actores electorales, la producción, ensamblaje y distribución del material electoral, la asistencia a electores y miembros de mesa durante la jornada electoral”.

Sumado a ello, “tampoco se cuenta con recursos para el traslado del material electoral desde las sedes de las ODPE hasta los locales de votación, ni para entregarles una compensación económica a los miembros de mesa”.

MEF espera que Congreso apruebe crédito suplementario

El 7 de julio último, el MEF emitió un comunicado luego de que Roberto Burneo advirtiera sobre el riesgo de las ERM 2026. La cartera aseguró que 'los recursos públicos destinados al proceso electoral continuarán asignándose conforme a criterios técnicos objetivos'.

Para ello, se considerarán 'los requerimientos debidamente sustentados por las entidades del Sistema Electoral, los niveles de ejecución de los recursos previamente asignados y los espacios presupuestales aún disponibles, en observancia de las normas de responsabilidad y sostenibilidad fiscal'.

Asimismo, la entidad mencionó que el proyecto de Ley de Crédito Suplementario remitido al Congreso de la República “propone incorporar recursos adicionales para complementar el financiamiento del proceso electoral”.

Se trata de S/325 millones adicionales para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir durante la organización de los comicios.

Con ello, según el comunicado, se reafirma el compromiso del Gobierno de atender oportunamente las necesidades que demande el adecuado desarrollo del proceso.

“El Ministerio de Economía y Finanzas ha mantenido una coordinación permanente con los organismos electorales y sus equipos técnicos, y continuará trabajando de manera conjunta para evaluar y atender los requerimientos que se encuentren debidamente sustentados y priorizados, utilizando los mecanismos previstos en la normativa presupuestaria vigente”, resaltó la cartera.

Burneo no emitió un nuevo pronunciamiento tras este comunicado del MEF. Lo último que señaló fue que, como sistema electoral, presentan un déficit de S/589 millones y que, “en pocas palabras, están en riesgo las elecciones regionales y municipales".

Aseguró que la afectación repercutirá en la representación democrática e impedirá que las nuevas autoridades cuenten con la legitimidad necesaria.

"Probablemente, si no nos asignan los recursos de manera inmediata, tengamos que tomar medidas, incluso prolongar el mandato de las actuales autoridades regionales y municipales, porque no vamos a poder organizar el proceso electoral que se nos viene", sostuvo.

"Lo que corresponde al acto solemne y protocolar de la entrega oficial de credenciales está programado para el 15 de julio", dijo Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), después de haber proclamado a Keiko Fujimori como ganadora del proceso electoral.

Luis Fernando Galarreta Velarde y Miguel Ángel Torres Morales también serán acreditados en sus cargos de primer y segundo vicepresidente.

José María Balcázar invita a Palacio a Keiko Fujimori

Tras sostener una reunión con el presidente saliente, José María Balcázar, la mandataria informó que ambos acordaron un nuevo encuentro en Palacio de Gobierno.

"Hemos quedado en principio el jueves en la mañana. (…) Yo estaría asistiendo a Palacio para seguir en esta conversación".

Fujimori indicó que sus equipos de transferencia ya laboran en la recolección de información en cada uno de los ministerios y en el despacho del primer ministro. Sobre este proceso, agradeció la disposición de los actuales ministros para otorgar los datos solicitados.

El presidente Balcázar ratificó la invitación y resaltó la importancia de mantener un "diálogo permanente entre todos los peruanos”. Asimismo, precisó que durante su reciente encuentro intercambiaron puntos de vista sobre "las inversiones que se han hecho y se deben hacer en la parte sur del país".

Además, el mandatario saliente expresó sus deseos de éxito para la gestión entrante, con el fin de que el futuro gobierno trabaje "en favor de todos los peruanos sin exclusión alguna".

La carta detalla que, el 8 de julio, un médico tuvo que atender una emergencia dentro de la sede diplomática. Según Noblecilla, el episodio no es un hecho aislado: responde al agravamiento de enfermedades que Chávez arrastra desde hace meses, sin acceso a exámenes especializados ni atención hospitalaria oportuna.

La defensa de Chávez sostiene que la falta de salvoconducto convierte la protección diplomática en un confinamiento material. "Cualquier traslado a una clínica implica, para Chávez, un riesgo inmediato de captura y pérdida de su libertad personal", señaló. Por eso, el documento pide garantías concretas para una salida segura, no solo la autorización formal del documento.

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Piden restablecer las relaciones diplomáticas con México

La carta de Noblecilla vincula el pedido humanitario con la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México. El texto sostiene que México no es un adversario, sino un pueblo hermano, y que mantener la fractura resulta innecesario y perjudicial para ambas naciones. Perú cortó vínculos con el país norteamericano tras el asilo otorgado a Chávez, en noviembre pasado.

El propio expresidente interino José Jerí había señalado, en diciembre, que el caso no era prioridad para su gobierno. Balcázar repitió esa postura en febrero, al asumir la Presidencia: dijo que el tema debía resolverse por la vía diplomática y que no lo consideraba urgente. Para Noblecilla, cumplir con el salvoconducto no depende de una decisión política, sino de una obligación jurídica del Estado peruano.

Se trata del segundo parlamentario que asume una cartera. Anteriormente, el 6 de junio, el legislador Jorge Alfonso Marticorena Mendoza juró como ministro de Educación tras la salida de María Esther Cuadros, quien presentó su renuncia irrevocable.

Renuncia de Freddy Solano

Solano resaltó que su dimisión no implica reconocimiento alguno de responsabilidad, sino que busca preservar la estabilidad institucional.

“Considero que corresponde presentar mi renuncia con el propósito de preservar la estabilidad institucional, evitar especulaciones o percepciones de injerencia en las actuaciones del aparato fiscal y jurisdiccional”, se lee en la misiva.

Añadió que, más allá de su posición firme frente a los cuestionamientos, estos han generado un escenario político y mediático que amenaza con desviar la atención de las prioridades que el país exige al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Asimismo, comunicó que confía en que las instancias correspondientes “esclarecerán objetivamente los hechos” y confirmarán que su “actuación se desarrolló dentro del marco de la ley y del ejercicio regular de la función pública”.

Sobre los hechos de los que se le señala, ratificó que ha presentado ningún documento supuestamente falso. “Reafirmo con absoluta convicción, que jamás he cometido acto alguno contrario a la ley, a la ética o a los deberes inherentes a la función que me fue confiada. Mi conducta ha estado siempre guiada por la integridad, el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico y la vocación de servicio al país”, anotó.

Finalmente, señaló: “Me retiro con la conciencia tranquila y con la serenidad de quien ha actuado conforme a sus convicciones y a los principios que han guiado toda su trayectoria en el servicio público. Mi compromiso con el Perú permanece inalterable y continuaré defendiendo mi honor y mi buen nombre por las vías que el Estado de derecho garantiza a todos los ciudadanos, con la certeza de que la verdad prevalecerá”.

El argumento, en lo narrativo, resulta interesante. Una periodista recibe el testimonio del exagente Josué Souza, quien le relata la verdadera historia de lo que realmente pasó en esa madrugada de julio de 1992. Lo dicho por Souza está inspirado en el libro Sueños de justicia. La verdad del llamado Grupo Colina (2014) del exagente Jesús Antonio Sosa Saavedra, conocido como Kerosene. Obviamente, se trata de una película de ficción forjada desde la visión de la derecha, cuyo propósito es ofrecer otra perspectiva de las acciones cometidas por los comandados por Santiago Martín Rivas. Pero el problema no es su ideología (ninguna obra de arte debe ser juzgada bajo el prisma ideológico), sino su tratamiento. Se nota el apuro, del mismo modo la improvisación que podemos apreciar en toda su magnitud en la configuración formal de los diálogos, básicos y apofánticos. Ni hablar de las actuaciones, menos de la pésima fotografía. Al lado de Cantuta: la orden secreta, Chavín de Huántar: el rescate del siglo (2025) es El imperio contraataca (1980).

El documental sobre La Cantuta

En la plataforma Prime Video podemos encontrar el documental La Cantuta en la boca del diablo (2011) de Amanda Gonzales Córdova. Antes de abordarlo, no podemos dejar de subrayar que un documental peruano se encuentre en la programación de una de las plataformas de películas, series y documentales más vistas del mundo. No es un hecho menor. Su presencia en Prime Video responde a su importancia como proyecto de no ficción, no a su ideología. Eso es indudable.

Tenemos al experiodista Edmundo Cruz como protagonista del relato de La Cantuta en la boca del diablo.  Cruz es uno de los referentes del periodismo de investigación del país. Este caso para él, por decirlo de alguna manera, es uno de sus grandes hits. Fue uno de los primeros en seguirle la ruta al Grupo Colina, primero desde la revista Sí y luego en La República desde 1997.

Como señalamos líneas atrás, los proyectos no deben ser juzgados desde su ideología. La Cantuta en la boca del diablo tiene una ideología de izquierda, pero su valor no radica en ello, sino en la forma como Gonzales sigue al periodista en sus indagaciones sobre lo que pasó con los estudiantes de La Cantuta y el accionar del Grupo Colina.

Las tomas a nuestro personaje rara vez son directas; lo que hace la cámara, principalmente, es seguirlo. Bajo esa estrategia, vemos a Edmundo Cruz yendo al Congreso para entrevistarse con parlamentarios, cruzando información con otros colegas y dirigiéndose al lugar de los hechos, tanto a La Cantuta como a la Quebrada de Chavilca, en Cieneguilla, en donde se encontraron las fosas de los restos calcinados de algunas de las víctimas. Igualmente, se cuenta con los testimonios de los activistas Raida Cóndor, Francisco Soberón y Gisela Ortiz Perea; y del periodista de investigación Ricardo Uceda, autor de Muerte en El Pentagonito (2004).

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en el año 2009. Uno de los puntos de la sentencia estaba relacionado con el caso La Cantuta. En este sentido, este documental es un ejemplo de rigor periodístico, es decir, se ampara en hechos comprobados más allá de consignas ideológicas. En cuanto a Edmundo Cruz, pues nos brinda una clase magistral, tanto en su metodología de investigación como en la actitud que se debe tener ante lo que se investiga. La noticia es la noticia, no el periodista. Maestro.

Mediante una carta dirigida a la jefa de Estado, Lescano publicó 21 pedidos orientados a atender las necesidades estructurales, sociales y políticas del país, además de exigir respeto a la autonomía de las instituciones del Estado.

En la misiva, el exparlamentario advirtió que la participación de la bancada naranja en las entidades públicas provocaría una "mayor crisis política, corrupción y descrédito ante la población". Asimismo, instó a Fujimori a cumplir con el orden prometido en campaña, en lugar de mantener una agenda legislativa que, según denunció, "ha impulsado leyes que han creado impunidad".

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En la carta también exige la indemnización de las víctimas del gobierno de Boluarte y de otras gestiones para reparar los daños de los peruanos que murieron o resultaron heridos.

Del mismo modo, Lescano solicitó una reforma en la educación pública, incluida la reconstrucción de más de 25.000 colegios en mal estado. Además, destacó la urgencia de combatir la anemia. "Este mal afecta al 77% de niños en mi tierra Puno, permitir tal situación constituye un crimen de lesa humanidad".

El documento también propone medidas económicas y de infraestructura, como la industrialización del sector agrario, el mejoramiento de la red vial nacional —incluyendo las autopistas Tumbes-Tacna y Lima-Huancayo— y la negativa a privatizar PetroPerú.

Lescano también planteó la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología y la reforma del Indecopi para fortalecer la defensa del consumidor.

Tras el encuentro, Fujimori comunicó que intercambiaron varias ideas y que también recibió consejos del mandatario.

A su vez, agradeció a Balcázar por la disposición que ha demostrado su Gabinete de otorgar la información necesaria para el proceso de transición. “Ya los equipos de transferencia empezaron a hacer su trabajo. Están recabando información en cada uno de los ministerio y en el despacho del primer ministro”, informó la lideresa de Fuerza Popular.

Por su parte, el presidente precisó que la visita tuvo como fin reiterarle a Fujimori su felicitación por el cargo que asumirá el 28 de julio.

“Lo que necesita el país es diálogo permanente con todos los peruanos y también hemos conversado sobre varios puntos de vista en el caso de las inversiones que se han hecho y deben hacer en el sur del país”, declaró Balcázar.

Una auditoría de la Contraloría ha determinado que Carlos Díaz no cumplía con el perfil profesional requerido, pero Rodolfo Acuña forzó los términos de referencia (TdR) del contrato para pagar S/15.600 mensuales a Díaz.

Recientemente, en abril de este año, Carlos Díaz, como ministro de Defensa, y Rodolfo Acuña, como titular del Ministerio de Economía y Finanzas, fueron protagonistas del controvertido contrato para la compra de 12 aviones de combate F-16 Block 70 de la compañía estadounidense Lockheed Martin.

Desoyendo la decisión del presidente José María Balcázar de postergar la compra hasta el próximo gobierno, el exministro de Defensa Carlos Díaz autorizó a la Fuerza Aérea del Perú la suscripción del contrato el 20 de abril de este año.

Pese a que Balcázar criticó la compra, y en contra de la decisión del jefe de Estado, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, autorizó el 22 de abril el primer pago de US$462 millones a favor de Lockheed Martin, fabricante de los cazas F-16 Block 70.

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Tendiendo la alfombra

De acuerdo con la auditoría, Rodolfo Acuña acondicionó el TdR para la contratación de un asesor al establecer requisitos que coincidían con el perfil profesional de Carlos Díaz Dañino.

Entre ellos, se incluyó la carrera de Ciencias Militares, especialidad que, según la Contraloría, no guardaba relación directa con las funciones requeridas ni figuraba en el Manual de Perfiles de Puestos del Viceministerio de Hacienda.

“Rodolfo Acuña Namihas, como viceministro de Hacienda, solicitó a Cynthia Ormeño Yori, jefa de la Oficina General de Administración, la contratación de un locador (...) proponiendo a Carlos Díaz Dañino, y para tal fin adjuntó los anexos y la documentación establecida en los lineamientos”, señala la Contraloría.

La Contraloría indica que las funciones descritas en los TdR excedían el carácter temporal y especializado requerido, pues correspondían a actividades permanentes propias de la administración pública.

La República consultó al titular del MEF sobre los resultados de la auditoría. La oficina de prensa respondió que su despacho ha sido riguroso con todas las contrataciones y precisó que “los viceministros no elaboran los Términos de Referencia (TdR)”.

Empero, la Contraloría remarca que los viceministros sí tenían dicha responsabilidad y que Rodolfo Acuña, como funcionario, era responsable tanto de la formulación del requerimiento como de la supervisión posterior del contrato.

Por su parte, Carlos Díaz Dañino rechazó lo señalado por la Contraloría y aseguró que su contratación se hizo de acuerdo con las normas vigentes.

“Fui contratado en atención a mi trayectoria profesional y experiencia en gestión pública, sin que haya solicitado o conocido la elaboración de los términos de referencia”, dijo a este diario.

“Tampoco he sido favorecido mediante ningún trato preferencial ni intervine en la elaboración o definición de los términos de referencia. Mi participación como locador respondió a un requerimiento de la entidad, dentro del marco legal aplicable”, señaló Díaz.

Otro de los hallazgos identificados por la Contraloría corresponde a una reunión sostenida entre Rodolfo Acuña y Carlos Díaz.

Según el informe, el 18 de agosto de 2025, un día antes de la suscripción del contrato, Rodolfo Acuña mantuvo un encuentro de aproximadamente una hora con Carlos Díaz en su despacho.

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Coincidente reunión

Consultado sobre esta cita, Carlos Díaz no negó la reunión, aunque descartó que estuviera relacionada con su contratación, que tuvo una vigencia de cuatro meses y 12 días, es decir, entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de 2025, por un monto total de S/62.400.

“No sostuve reuniones con el señor Rodolfo Acuña orientadas a gestionar o concertar mi contratación”, afirmó.

La auditoría también reconstruye las observaciones formuladas durante la revisión administrativa del expediente.

Conforme a la auditoría, la Contraloría identificó una secuencia de hechos que presuntamente orientaban la contratación específica de Carlos Díaz como asesor de su despacho.

“Considero que corresponde presentar mi renuncia con el propósito de preservar la estabilidad institucional, evitar especulaciones o percepciones de injerencia en las actuaciones del aparato fiscal y jurisdiccional”, se lee en la misiva.

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Añadió que, más allá de su posición firme frente a los cuestionamientos, estos han generado un escenario político y mediático que amenaza con desviar la atención de las prioridades que el país exige al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Asimismo, comunicó que confía en que las instancias correspondientes “esclarecerán objetivamente los hechos” y confirmarán que su “actuación se desarrolló dentro del marco de la ley y del ejercicio regular de la función pública”.

Sobre los hechos de los que se le señala, ratificó que ha presentado ningún documento supuestamente falso. “Reafirmo con absoluta convicción, que jamás he cometido acto alguno contrario a la ley, a la ética o a los deberes inherentes a la función que me fue confiada. Mi conducta ha estado siempre guiada por la integridad, el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico y la vocación de servicio al país”, anotó.

Finalmente, señaló: “Me retiro con la conciencia tranquila y con la serenidad de quien ha actuado conforme a sus convicciones y a los principios que han guiado toda su trayectoria en el servicio público. Mi compromiso con el Perú permanece inalterable y continuaré defendiendo mi honor y mi buen nombre por las vías que el Estado de derecho garantiza a todos los ciudadanos, con la certeza de que la verdad prevalecerá”.

Contraloría inicio diligencias

La Contraloría inició un servicio de recopilación de información sobre el procedimiento administrativo disciplinario tramitado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) por la “presunta presentación de documentación para acreditar requisitos de acceso un cargo público”.

Asimismo, el partido designó a los voceros alternos de sus bancadas en ambas cámaras del Congreso. En el Senado, el cargo recaerá en Saúl Armacanqui, mientras que en la Cámara de Diputados será asumido por Yeniffer Paredes. Ambos tendrán la función de reemplazar al vocero titular cuando este no pueda ejercer sus funciones o cuando sea necesario distribuir las tareas de representación de la bancada.

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Respecto de los designados, José Mercedes Castillo fue el senador más votado de Juntos por el Perú y el segundo con mayor votación a nivel nacional, solo por detrás de Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular. Además, es conocido por ser hermano del expresidente Pedro Castillo.

Por su parte, Ernesto Zunini fue el diputado más votado de Juntos por el Perú en Lambayeque y el segundo con mayor votación en toda la región. Durante la segunda vuelta electoral ya se desempeñaba como vocero de la agrupación. Asimismo, integró el debate técnico en representación de Juntos por el Perú en el bloque de Juventud y Deporte, donde intercambió posiciones con Rossangella Barbarán, de Fuerza Popular.

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A través de un pronunciamiento, la organización política instó a los demás grupos parlamentarios retirar su apoyo a esta iniciativa, ya que consideran que el reconocimiento más alto del Congreso no debe entregarse a una “figura con un historial de actuación pública repugnante que resulta un agravio para el país”.

En el documento firmado por el vocero titular, Héctor Valer Pinto, la bancada señala que su oposición se sustenta en una serie de "inconductas de extrema gravedad ética".

Detallaron que estas acusaciones van desde su "comprobada evasión a la justicia al resistirse a mandatos judiciales de terapias en la investigación por violación sexual", hasta su rol de sabotaje como "topo" en la Comisión Investigadora de Empresas Chinas tras encubrir nexos y mantener reuniones clandestinas con proveedores del Estado.

Asimismo, denunciaron el uso indebido de la sede del Ejecutivo para actividades ajenas a su función, "menoscabando la investidura presidencial, afectando la dignidad del Congreso y de las mujeres, por haberlo convertido en un centro de selección para conseguir trabajo".

Ante este escenario, la bancada de Somos Perú hizo una invitación abierta a todos los grupos parlamentarios para que se unan a esta postura, "en especial a la bancada de gobierno Fuerza Popular".

Posición del presidente del Congreso

Fernando Rospigliosi, presidente del Parlamento, salió en defensa de otorgarle el reconocimiento a Jerí tras haber ocupado el cargo que ahora preside y señaló que las investigaciones que enfrenta el legislador no son motivo para frenar su condecoración.

"Puede tener cuestionamientos, pero es un expresidente del Congreso". El titular del Parlamento argumentó que "una investigación no descalifica" a José Jerí para recibir la distinción.

A su vez, para el presente año fiscal se destinó S/3.065 millones para la categoría presupuestal reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

Se le suma más de 2000 millones de dólares en fondos contingentes, disponibles para atender de manera oportuna posibles emergencias asociadas al Fenómeno El Niño.

Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados (PLIA) ejecuta como estrategia la limpieza y descolmatación de 735 kilómetros de ríos y quebradas, así como la protección de 118 kilómetros de riberas.

Además, obras de drenaje pluvial, protección de quebradas y construcción de defensas ribereñas a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

22 regiones en riesgos

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que los efectos del fenómeno El Niño podrían afectar a millones de peruanos.

22 departamentos y 209 distritos se encuentran en condición de riesgo muy alto ante posibles inundaciones y huaicos.

En total, 7.9 millones de personas y más de 2.4 millones de viviendas estarían expuestas. Las regiones en mayor nivel de vulnerabilidad son Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima.

"Todos los expresidentes del Congreso han tenido esa condecoración. Y todos los expresidentes de los periodos anteriores han tenido la condecoración. Puede tener cuestionamientos pero le corresponde como es una costumbre en el Congreso", indicó en entrevista con Canal N.

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Las críticas provienen de que Jerí viene siendo investigado por presuntos actos de corrupción. Estos escándalos provocaron que el expresidente fuera vacado de su cargo a finales del 2025. Al respecto, Rospigliosi restó importancia a las investigaciones en curso y afirmó que esas razones no justificarían que sea la excepción en la entrega del galardón.

"La señora Lady Camones no culminó y también recibió la condecoración. Creo que hay que mantener la norma que ha venido existiendo desde hace muchísimos años", apuntó.

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Somos Perú rechaza condecoración a José Jerí

Somos Perú, otrora partido de José Jerí, expresó su rechazo a la iniciativa que plantea entregar la Medalla de Honor del Congreso al parlamentario. Mediante un pronunciamiento oficial, la bancada exhortó a las demás fuerzas políticas, especialmente a Fuerza Popular, a retirar su respaldo a la propuesta, al considerar que la máxima distinción del Legislativo no puede recaer en un legislador cuestionado.

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En el documento, suscrito por el vocero titular Héctor Valer Pinto, el partido sostuvo que su posición responde a presuntas faltas de "extrema gravedad ética". Entre ellas, mencionó la investigación por violación sexual en la que, según indican, Jerí habría incumplido mandatos judiciales, así como su presunta actuación como "topo" en la comisión investigadora sobre empresas chinas, donde lo acusan de encubrir vínculos y sostener reuniones reservadas con proveedores del Estado.

Además, Somos Perú también denunció el presunto uso de la sede del Ejecutivo para actividades ajenas a la función pública, con el argumento de que ello perjudica la imagen de la Presidencia, del Congreso y de las mujeres.

El escenario ideal para el partido de Keiko Fujimori era obtener la presidencia de ambas cámaras. Sin embargo, fuentes allegadas a la dinámica parlamentaria señalaron que las negociaciones han dado un nuevo giro. Mientras Fuerza Popular conservaría la presidencia de la Cámara de Senadores, el partido de Rafael López Aliaga asumiría la conducción de la Cámara de Diputados.

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El acuerdo sería el siguiente: el partido naranja cedería la presidencia de la Cámara Baja a cambio del respaldo de la tienda celeste en la elección de la Mesa Directiva del Senado.

En la Cámara Baja, Fuerza Popular registra 41 diputados, mientras que Renovación Popular, 15. En la Cámara Alta, naranjas y celestes tienen 22 y 8 escaños, respectivamente. Con 56 votos en la Cámara de Diputados y 29 en la de Senadores, la coalición no tendría el apoyo suficiente para asegurarse la mayoría simple necesaria para lograr hacerse de la presidencia de alguna cámara congresal. Por ello, incluir a bancadas de centro o de la oposición dentro de sus listas se ve como un paso vital en esta conformación.

Las candidaturas que se barajan para la Cámara de Senadores

Las mismas fuentes señalaron que los nombres que el fujimorismo evaluaba para presidir ambas cámaras eran los de Cecilia Chacón y Miguel Ángel Torres para presidir las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente. Sin embargo, la única candidatura que habría cobrado fuerza es la de Torres. Aún se desconocen los nombres de los senadores que acompañarían a Miguel Ángel Torres como candidatos a las vicepresidencias del Senado.

Torres cuenta con un argumento para aspirar a la presidencia de la Cámara Alta: fue el senador más votado del país, con más de 340.000 votos. Este diario intentó comunicarse con el electo senador para consultarle sobre su interés en presidir esta cámara legislativa; sin embargo, no obtuvo respuesta.

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Los partidos de oposición Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras estaría en conversaciones con los senadores del partido del Buen Gobierno para presentar una lista conjunta al Senado con posibilidades. Uno de los senadores más votados de la oposición es José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo, aunque es poco probable que él encabece la lista al senado por la oposición. Pese a ello, se pudo conocer que la oposición también prepara una lista, sin embargo, nombres no han sido detallados.

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La Cámara de Diputados también está en disputa

No obstante, desde Juntos por el Perú también se registran movimientos. Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que la bancada liderada por Roberto Sánchez ha planteado una alianza para presidir las cámaras de senadores y diputados. Juntos por el Perú encabezaría la lista en diputados y Buen Gobierno en el Senado. Los seguidores de Jorge Nieto aun no han respondido la propuesta.

Para exigir la versión del partido del sol sobre esta información, este diario se comunicó con miembros de la tienda nietista; sin embargo, hasta el cierre de esta nota ninguno respondió a las consultas. Lo cierto es que se espera que la oposición presente una lista para hacer frente a las listas presentadas por partidos más cercanos a la derecha.

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Por otro lado, como se adelantó líneas arriba, en Renovación Popular las negociaciones tendrían como objetivo asegurar la presidencia de la Cámara Baja. Dirigentes del partido de Rafael López Aliaga señalaron a este medio que su interés está centrado en la Cámara de Diputados y que el principal argumento para convencer a Fuerza Popular de desistir de esa candidatura fue que controlar ambas cámaras era percibido como "injusto" por congresistas ajenos a la bancada oficialista.

Este mismo argumento fue respaldado por el diputado electo Frank Krklec. En declaraciones a medios de comunicación evitó responder quién sería el candidato de Renovación Popular para presidir la Cámara Baja. No obstante, indicó que la figura que aparece como la opción más probable para integrar la Mesa Directiva de Diputados es Norma Yarrow.

Asimismo, fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que la lista de Renovación Popular incluiría representantes de Fuerza Popular y del Partido del Buen Gobierno. No obstante, esta información no pudo ser confirmada por las vocerías de ambas organizaciones al cierre de esta nota, pese a los intentos de este diario por obtener una versión oficial.

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Renovación Popular va por comisiones clave dentro del Congreso

Frank Krklec reveló, además, que la tienda celeste se encuentra detrás de la presidencia de comisiones clave dentro del Congreso de la República.

"Hemos tenido una reunión de bancada donde hemos expresado interés por diferentes comisiones entre ellas Defensa, Vivienda, Justicia y DDHH y Educación", indicó el congresista electo.

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El diputado electo adelantó a La República que impulsará la creación de una comisión investigadora durante los primeros meses del nuevo Congreso con el objetivo de evaluar el desarrollo de la primera vuelta electoral, luego de las denuncias por presuntas irregularidades formuladas por López Aliaga.

"A diferencia del 2021, en primera vuelta esta vez todos hemos sido testigos de la gran cantidad de irregularidades que había en el proceso electoral (…). Hay varios indicios, hechos objetivos que sí ameritarían en nuestra opinión la conformación de una comisión investigadora sobre estos casos", señaló el legislador.

Durante este encuentro, Ponce junto a su homólogo de San Román (Juliaca), Oscar Cáceres, dialogaron con la mandataria y señalaron que mostró apertura para que los parlamentarios de su partido impulsen un grupo de trabajo que investigue y determine las responsabilidades de la represión policial y militar.

"(…) La bancada [de Fuerza Popular] va a tomar acciones para que se conforme una Comisión de investigación para este caso. [Keiko Fujimori] nos ha recepcionado la preocupación. Esperemos que tome acciones".

Por su parte, el alcalde de Juliaca, Oscar Cáceres, respaldó la propuesta y se mostró a favor de la respuesta de la jefa de Estado. "Estamos satisfechos de que pueda materializarse esa Comisión".

Cuestionan centralismo e inestabilidad política

Al ser consultados sobre las fallas en el modelo de regionalización y la incapacidad del Estado para cerrar brechas, los burgomaestres explicaron que la crisis política paralizó la gestión pública en el sur del país.

"Para nosotros en este periodo ha sido muy complejo por la inestabilidad política porque hemos tenido 4 presidentes, 4 ministros de cada cartera, diferentes directores, por lo que la continuidad en los proyectos se ha visto vulnerada. No nos ha permitido desarrollar en nuestra máxima expresión la capacidad de gestión porque se ha limitado".

Además, el alcalde de Juliaca indicó que se debe reestructurar la forma en que funciona el Estado, pues la burocracia perjudica la atención al ciudadano.

Exigen reformas presupuestales para el sur

El alcalde de Puno señaló que es necesario un cambio en la distribución del dinero público para beneficiar a las localidades más alejadas.

"Tenemos que comenzar a descentralizar el presupuesto nacional y darles mayor confianza a los gobiernos regionales, provinciales y distritales", explicó la autoridad edil.

Asimismo, Ponce planteó que esta reforma económica debe incluir un beneficio directo para las comunidades rurales y fronterizas del país.

"Incluso se debe incluir a los centros poblados. De esa forma el gobierno puede llegar a los rincones más profundos del Perú, dándoles funciones ejecutivas y presupuestales directamente a ellos", agregó.

Ponce también advirtió que los problemas de Puno son diversos y demandó la presencia del gobierno central en la región fronteriza. "Se ha solicitado de que las instancias del gobierno nacional llegue a la población puneña, pero que no sea un saludo. Que llegue con hechos a las fronteras y a todos los distritos de la región de Puno".

El patrón se repite en carteras tan distintas como Vivienda, Interior, Ambiente, Educación o el MTC. En algunos casos, los cuestionamientos tienen que ver con procesos penales en curso. En otros, con salidas abruptas de cargos públicos tras denuncias periodísticas o auditorías. También hay quienes pasaron por dos o tres gobiernos distintos, sin que las denuncias en su contra frenen su llegada a nuevos puestos de confianza.

Esta nota reúne el detalle de cada uno de estos nombres, ministerio por ministerio, con la información disponible sobre sus procesos judiciales, administrativos o las circunstancias de sus renuncias. Al final se incluye, además, un repaso de otros fichajes revelados por La Encerrona, con nombres adicionales que también forman parte de este mapa de transferencia.

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José Manrique Salinas, del equipo del Ministerio de Vivienda

José Manrique Salinas fue designado en el equipo de transferencia del Ministerio de Vivienda. Su nombre es conocido en el ámbito judicial por haber presentado, en representación de Alberto Fujimori, varios recursos de hábeas corpus. El objetivo de esas acciones legales fue revertir la anulación del indulto humanitario que el expresidente recibió en 2017.

Ninguno de esos recursos prosperó. En 2018, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declaró improcedente uno de los pedidos. La sala argumentó entonces que el proceso todavía estaba en trámite en la vía ordinaria y que correspondía a la Corte Suprema resolverlo.

El segundo intento llegó en octubre de 2023. Manrique Salinas, junto al abogado Mauricio Arnillas, apeló ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta vez, el recurso buscaba dejar sin efecto las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigían la liberación inmediata de Fujimori. La sala también rechazó la apelación.

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Julio Salas Becerra, del equipo del Midis

Julio Salas Becerra integra el equipo de transferencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Su nombre apareció en la prensa en octubre de 2021, cuando ejercía el cargo de director general de la Oficina de Asesoría Jurídica de Palacio de Gobierno, durante la gestión de Pedro Castillo.

Según la información publicada por La República, Salas Becerra fue el primer funcionario en recibir al fiscal Juan Cajas cuando este llegó a Palacio a solicitar el registro de cámaras de seguridad y el cuaderno de visitas, como parte de una investigación en curso. El propio Castillo, según indicó el fiscal Cajas ante la congresista Norah Córdova, impidió el ingreso al despacho de la Secretaría de Palacio.

Salas Becerra recibió la disposición fiscal, se retiró y regresó dos horas más tarde. Le informó entonces a Cajas que la autorización correspondía a la Secretaría General del Despacho Presidencial, entonces a cargo de Claudia Mendoza. Años después, ya en Proinversión, Salas Becerra ocupó la jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica hasta octubre de 2025, cuando se aceptó su renuncia al cargo.

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José Vidal Fernández, del equipo del Ministerio de Ambiente

José Vidal Fernández fue nombrado en el equipo de transferencia del Ministerio del Ambiente. Su trayectoria en el sector público incluye pasos como viceministro en los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, además de la gestión de Boluarte más recientemente.

Como director del Plan Copesco Nacional, adscrito al Mincetur, su gestión fue cuestionada por las obras de ampliación del Complejo Turístico Baños del Inca, en Cajamarca. El 9 de febrero de 2018, un derrumbe en esa obra dejó 9 heridos, entre ellos Juan Mendoza Llico. La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca abrió una investigación en su contra por el presunto delito de lesiones culposas.

Su paso más reciente por el Estado terminó en junio de 2025, cuando renunció a la gerencia general del Instituto de Radio y Televisión del Perú. La salida se dio apenas dos días después de la renuncia de Ninoska Chandía a la jefatura institucional del IRTP, en medio del caso conocido como "el dominical para Dina Boluarte".

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Juan Padilla, Vicente Álvarez Moreno y Remigio Hernani Meloni, del equipo del Interior

El equipo de transferencia del Ministerio del Interior reúne tres perfiles con historiales distintos, pero todos vinculados a la gestión de la seguridad y el orden público. El primero es Juan Padilla, quien formó parte del equipo de seguridad durante la campaña electoral de Williams Zapata.

El segundo nombre es el de Vicente Álvarez Moreno, general PNP que en marzo de 2025 brindó un testimonio clave ante la Corte Suprema. Lo hizo en el juicio oral que investiga el presunto delito de rebelión cometido por Pedro Castillo. Álvarez declaró que, como jefe del Estado Mayor General y comandante general encargado de la PNP, recibió órdenes directas de Castillo para cerrar el Congreso y detener a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

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Según su propio relato, el alto mando policial se negó de manera unánime a acatar esas órdenes, por considerarlas contrarias a la Constitución. Álvarez también coordinó las acciones operativas que terminaron con la detención de Castillo, cuando este se dirigía hacia la embajada de México en Lima, el 7 de diciembre de 2022.

La trayectoria de Álvarez Moreno dentro de la PNP no está libre de cuestionamientos. El Ministerio Público lo investigó por su presunto vínculo con un grupo policial ilegal conocido como el "escuadrón de la muerte", señalado por ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes entre 2012 y 2015. También enfrentó un proceso penal por el presunto desvío y robo sistemático de combustible asignado a la Dirección Contra el Terrorismo, durante su gestión en 2014.

Esas investigaciones lo llevaron a pasar al retiro de manera temporal en 2016. Su reincorporación llegó después, por mandato legal. El tercer integrante del equipo, Remigio Hernani Meloni, ya ocupó el Ministerio del Interior entre 2008 y 2009, durante el segundo gobierno de Alan García. Su gestión estuvo marcada por la inestabilidad, choques constantes con la cúpula policial y cuestionamientos por irregularidades en pases al retiro y ascensos, hasta su salida por una crisis de liderazgo.

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Claudia Ato, del equipo del MTC

Claudia Ato Rodríguez integra el equipo de transferencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fue candidata a regidora de Lima en las elecciones de 2018, por la lista de Fuerza Popular.

Desde enero de 2024 ejerce el cargo de directora de Evaluación Ambiental en la Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC, ya en el gobierno de Dina Boluarte. Bajo su competencia directa quedó el análisis de expedientes y denuncias ambientales relacionados con el Terminal Portuario Multiboya de Chancay. La Contraloría General de la República detectó, en auditorías a esa dirección, presuntos vacíos en la fiscalización y celeridad indebida en la emisión de informes de viabilidad ambiental. El órgano de control recomendó derivar el caso a la Procuraduría Pública.

Ato Rodríguez también firmó pronunciamientos institucionales, como el Memorando N.° 0136-2025-MTC, en los que se negó el acceso a solicitudes de prensa y de la ciudadanía sobre las acciones ambientales aplicadas al megapuerto de Chancay. La justificación fue el "carácter confidencial" de las evaluaciones en curso, una postura que generó críticas de gremios civiles y de portales especializados en transparencia.

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Educación, Cancillería y Mincetur: otros tres nombres cuestionados

El resto de ministerios también suma perfiles con antecedentes. En Educación, el equipo de transferencia incluye a Doris Gavilano Iglesias, exsecretaria general del Minedu. Gavilano es investigada por presunta contratación indebida y direccionamiento de contratos, un caso que derivó en allanamientos a funcionarias del sector. Según reportes periodísticos, acreditó experiencia laboral con documentos firmados por su entonces esposo, correspondientes a una empresa que no tenía trabajadores registrados ante la Sunat.

En Cancillería, la designada es Carla Mares, excandidata al Senado por el partido SíCreo en los últimos comicios generales. A diferencia de otros nombres de esta lista, su cuestionamiento no está ligado a un cargo público previo, sino a su cercanía política con organizaciones que han anunciado su apoyo a Fuerza Popular públicamente.

En Mincetur figura Ernesto García Calderón, quien se desempeñó como asesor del Viceministerio de Turismo y luego como director general de Estrategia Turística, todo ello durante los gobiernos de PPK, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Portales especializados en el sector, como Turiweb, publicaron denuncias en su contra por presuntos actos de favoritismo, "tarjetazos" e influencias indebidas en procesos de contratación bajo la modalidad CAS, dentro del propio ministerio que ahora integra en la transferencia.

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Lo que reveló La Encerrona sobre los otros equipos de transferencia

El pódcast La Encerrona publicó, en un informe previo, otro grupo de nombres que también integran los equipos de transferencia de Keiko Fujimori. Entre ellos está Giulliana Loza Avalos, abogada de confianza de Fujimori, que pasó de la defensa legal personal a un puesto dentro del equipo de la PCM. La acompaña César Candela, también abogado personal de Keiko Fujimori y exasesor del fallecido expresidente Alan García.

En el mismo equipo aparece Shirley Montenegro, señalada en su momento por el equipo especial del caso Lava Jato como la persona que habría incinerado pruebas vinculadas al presunto lavado de activos de Fujimori. A ellos se suma José Luis Tantaleán Vallejo, conocido como "Pepe" Tantaleán, exedecán de Alberto Fujimori. Según archivos de la Procuraduría, Tantaleán participó en 2000 en el allanamiento irregular a la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, en el operativo que permitió a Fujimori llevarse los llamados vladivideos. Ese caso derivó en la primera sentencia judicial en contra del expresidente.

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La Encerrona identificó también a varios funcionarios provenientes del gobierno de Dina Boluarte. Entre ellos, Iván Pereira Villanueva, exgerente general de Salud, despedido tras ser acusado de tres presuntos casos de corrupción. Según su entonces jefa, Rosa Gutiérrez, Pereira la amenazó tras su salida. También figuran Sergio González, extitular del Ministerio de la Producción durante la gestión de Boluarte, y Tabata Vibanco, quien fue secretaria general del Ministerio del Interior y luego jefa de Proinversión, pese a una gestión cuestionada por la creación de una agencia de compras interna considerada irregular.

Un último nombre destacado por el pódcast es Juan Carlos González Hidalgo, esposo de una sobrina de César Acuña. González fue viceministro de Políticas Agrarias en 2016 y tuvo que renunciar luego de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera nueve años de prisión en su contra, por un caso vinculado a su gestión como funcionario de la Municipalidad de Tumbes. El caso fue archivado con el tiempo. Años después, ya como secretario general de la Defensoría del Pueblo, esa misma institución aprobó financiar su defensa legal en una nueva investigación fiscal, esta vez por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

El Parlamento contrató a la empresa DirecTV por un monto total de S/310.392,00. Por su parte, la Contraloría General de la República hizo lo mismo mediante concurso público y entregó el servicio a la misma empresa por la suma de S/256.932,00 para abastecer a sus oficinas, gerencias y subgerencias. Entre ambas instituciones, el gasto final supera los 500 mil soles.

Distribución por edificios

De acuerdo con los Términos de Referencia (TDR) de la institución, no se trata de una simple renovación de canales para unas cuantas oficinas del Palacio Legislativo, sino que el plan contempla el cableado masivo de hasta 479 puntos de televisión por cable distribuidos estratégicamente en 10 edificios distintos del Cercado de Lima.

Para sustentar este gasto, el Congreso justificó el proceso con el argumento de la necesidad de "mantener un flujo permanente de información, a través de diferentes medios de televisión por cable que provean de señales privadas y/o abiertas de índole noticioso tanto locales como internacionales”.

Además, en el documento institucional se añade que este servicio también es indispensable para la "difusión de las diferentes actividades que se realizan dentro de la institución para conocimiento de la ciudadanía".

Asimismo, el documento indica que el servicio también servirá para la difusión de las diferentes actividades que se realizan dentro de la institución para conocimiento de la ciudadanía, lo que obliga legalmente al proveedor a incluir de forma mandatoria y sin excepciones el canal Congreso TV dentro de la parrilla que se va a contratar.

Exigencias del contrato

El Congreso contrató el servicio por un plazo de "setecientos treinta días calendario", lo que equivale a dos años de un servicio que deberá operar de manera "ininterrumpida las 24 horas del día".

Además, lejos de solicitar un paquete básico, el Parlamento exigió a las empresas postulantes garantizar una grilla de canales especializada que incluya contenidos de corte "político, económico, social, tecnológico, de investigación y cultural".

Posición del Congreso

El presidente del Congreso y senador electo de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, evitó explicar los motivos de esta contratación bajo su gestión y trasladó toda la responsabilidad al área técnica. “Eso pregúntenle a la administración”, declaró para la prensa antes de abordar su vehículo y retirarse del Parlamento.

Pronunciamiento de la Contraloría

La Contraloría General de la República precisó que “no se trata de una contratación extraordinaria ni de un servicio contratado con ocasión de un evento deportivo”, sino de un servicio que se viene contratando de manera continua desde el año 2021 como una "herramienta de apoyo" para el seguimiento de asuntos de interés público.

Asimismo, la entidad indicó que el monto adjudicado de S/ 256,932.00 abastecerá a un total de 117 locales en todo el país. De igual manera, detallaron que el contrato firmado el pasado 15 de junio de 2026, tiene una vigencia a largo plazo de 1,095 días calendario, lo que equivale a tres años de cobertura.

Respecto al proceso de selección, la Contraloría argumentó que lanzó una nueva convocatoria en mayo de 2026 para garantizar la continuidad del servicio, debido a que el postor que ganó el concurso previo no llegó a firmar el contrato dentro del plazo de ley.

El pedido se apoya en dos argumentos distintos. Uno son las fallas logísticas del 12 de abril, que impidieron votar a miles de personas, sobre todo en Lima. El otro son las denuncias de corrupción contra funcionarios de la ONPE, que el propio procurador del Jurado Nacional de Elecciones puso en conocimiento público, aunque hasta ahora no existe una conclusión judicial sobre el tema.

Pero la comisión investigadora es apenas una parte de lo que Renovación Popular planea para los próximos meses. Krklec, quien trabajó cinco años como asesor principal del almirante José Cueto en temas de seguridad y justicia, adelantó una agenda que incluye la revisión de leyes ya aprobadas, la disputa por comisiones dentro del Congreso y proyectos que él mismo redactó antes de asumir el cargo.

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Renovación Popular busca priorizar la seguridad ciudadana, la reactivación económica y el fenómeno de El Niño en la agenda parlamentaria

La bancada aún no cierra su agenda legislativa de forma oficial, pero Krklec adelantó los ejes que, a su criterio, marcarán el trabajo de los próximos meses. El primero es la seguridad ciudadana. El segundo, la reactivación económica. A ellos se suma un tercer punto que el diputado calificó como urgente: la atención al fenómeno de El Niño, que según proyecciones podría ser uno de los más intensos en varias décadas y afectar con fuerza a las regiones del norte del país.

En temas de justicia, Krklec defendió la ley que precisa las funciones del Fuero Militar Policial, aprobada por el Congreso saliente y aún sin promulgar. Para el diputado, la norma no promueve impunidad. "Lo que la ley simplemente establece es lo que está en la mayoría de países del mundo", explicó, en referencia a que delitos propios de la función militar o policial se juzguen en el fuero respectivo, mientras que los casos de corrupción o de afectación grave a civiles vayan al fuero civil.

Sobre el paquete de leyes procrimen, el diputado fue más cauto. Dijo que su bancada aún no discute el tema de forma colectiva, pero adelantó su postura personal: pide un debate técnico, ley por ley, con la participación de titulares del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y juristas especializados en derecho penal. "Si se ve que alguna de estas leyes es desfavorable a la lucha contra la criminalidad, creo que habría consenso en modificarlas o derogarlas", afirmó.

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Negociaciones por comisiones y Mesa Directiva se encuentran en marcha

Renovación Popular también viene trabajando otro frente: la repartición de comisiones y la conformación de la Mesa Directiva del nuevo Congreso. En una reunión de bancada, los diputados electos expresaron su interés por liderar cuatro comisiones puntuales: Defensa Nacional, Educación, Justicia y Derechos Humanos, y Vivienda, Transporte e Infraestructura.

La asignación final todavía no está decidida. Krklec explicó que las negociaciones con otras fuerzas políticas continúan, aunque remarcó que, para su bancada, esas conversaciones deben partir de una agenda común centrada en la recuperación económica, la seguridad ciudadana y la atención al fenómeno de El Niño.

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Frank Krklec buscará dar facilidades a micro y pequeña empresa

Al margen de la agenda de bancada, Krklec llega al Congreso con dos proyectos de ley redactados de forma personal. El primero busca reducir el tiempo para formalizar una micro o pequeña empresa a un máximo de 48 o 72 horas. La propuesta plantea integrar en un solo sistema web a las entidades que hoy piden requisitos por separado: Registros Públicos, Indecopi y Sunat, entre otras.

Según el diputado, ese trámite conjunto reemplazaría un proceso que hoy puede tomar meses y que, a su juicio, termina por desincentivar la formalización de miles de negocios pequeños en el país. El proyecto no cuenta todavía con un cronograma para su presentación ante el pleno.

El segundo proyecto amplía el modelo de obras por impuestos hacia lo que Krklec llama servicios por impuestos. La idea es que empresas privadas no solo construyan hospitales o colegios, como ocurre ahora, sino que también se encarguen de administrarlos. Eso permitiría, según el diputado, que la gestión de esos servicios de salud y educación llegue de forma más directa a la ciudadanía, sin depender únicamente de la administración estatal.

En esa línea, Krklec señaló que al interior del grupo político todavía se encuentran evaluando cuáles serán las comisiones que considerarán prioritarias. Además, indicó que buscan reunirse con la lideresa de Fuerza Popular. "Imagino que será pronto, esta semana o la siguiente máximo".

El diputado electo también anunció para La República la intención de promover una comisión investigadora en los primeros meses de gestión para revisar los resultados de la primera vuelta electoral, tras las denuncias de presuntas irregularidades hechas por el líder de su partido, Rafael López Aliaga.

"A diferencia del 2021, en primera vuelta esta vez todos hemos sido testigos de la gran cantidad de irregularidades que había en el proceso electoral (...). Hay varios indicios, hechos objetivos que sí ameritarían en nuestra opinión la conformación de una comisión investigadora sobre estos casos", señaló el legislador.

Candidatura a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

En paralelo a las negociaciones por los grupos de trabajo, las bancadas aún estarían definiendo la conformación de las listas para la Mesa Directiva.

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Para la Cámara de Diputados, Krklec indicó que la legisladora Norma Yarrow se perfila para integrar la lista de candidatos que se someterá a votación el próximo 26 de julio. Sin embargo, al ser consultado sobre si Yarrow suena para ocupar la presidencia de dicha cámara, Krklec precisó "aún no se determina en qué posición iría".

Sobre los pedidos de facultades del Ejecutivo

Respecto a las facultades que el gobierno central planea solicitar al Parlamento en materia de seguridad ciudadana y prevención del fenómeno de El Niño, el diputado descartó adelantar un voto de confianza o una posición de la bancada sin contar previamente con los sustentos técnicos de las propuestas del Ejecutivo.

"Sería irresponsable responderte sin saber cuáles son las facultades que van a pedir. El Ejecutivo tiene que enviar sus solicitudes de facultades delegadas y estas tienen que ser evaluadas en las comisiones especializadas", afirmó Krklec.

La tarde del martes fue arrestado Pedro Agapito Tineo Cruz (56), también en Ica, con más de 40 kilos de clorhidrato de cocaína. La carga, cotizada en US$1.200.000, estaba oculta en el vehículo Hyundai Z5A-380, informaron agentes del Área Antidrogas (Areandro) de la Región Policial Ica.

Pero ¿qué tienen en común esas dos incautaciones? Peritos de la Dirección Antidrogas (Dirandro) detectaron la similitud: los ‘ladrillos’ de estos dos cargamentos no solo habían salido del Vraem, sino que tenían impreso el mismo logotipo: un delfín.

Este sello del delfín es uno de los principales y más característicos que sale del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y, según fuentes de la Dirandro y del Frente Policial Vraem, hay evidencias sobre su alta demanda en Europa.

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Fuentes oficiales de la unidad antidrogas señalan que hasta fines del 2019 era asociada al ‘Cartel del Golfo’, la organización criminal más antigua de México.

En la mayoría de los casos de incautaciones realizadas en Perú corresponde a una cocaína de “altísima pureza”. El kilo de esta droga en el Vraem varía entre US$1.200 y US$1.500; sin embargo, puesta en Europa multiplica su valor 10 veces.

“Existen ‘muchas marcas’ de cocaína y en algunos casos también identifican a la persona que la elaboró, que es como otro sello respecto a la supuesta calidad”, refieren los mismos informantes de La República.

Como el delfín, existe una variedad de ‘marcas’ que salen del Perú con miras al mercado europeo. Tal como ya lo ha informado La República en ediciones anteriores, los investigadores han identificado entre 120 y 140 logotipos con sellos mafiosos.

Este es un secreto del negocio del narcotráfico, donde existe una pugna por el dominio del territorio. Las marcas en los ‘ladrillos’ de cocaína se sostienen en esa lógica.

Existen las siluetas de un puma, escorpión, caballo, hoja de trébol, tigre, mono, esvástica, las letras AG, Z, T, L, XM, XA, una tortuga, estrella, llama, la marca Perú, un oso, Coca Cola. Los narcos usan todo tipo de dibujos o combinaciones de letras y números para marcar sus embarques.

Y, como si fuera un juego del gato y el ratón, los expertos antidrogas tratan de seguirles la pista y descubrir sus rutas a través de estos sellos.

Para los narcos, estos logotipos son un arma de doble filo. Por un lado, les sirven para identificar la mercadería, pero a la vez los incriminan en los procesos judiciales tras decomisos.

“Para evitar ser atrapados, han multiplicado los logos, siempre de manera aleatoria. Pueden elegir la silueta de un animal o la marca de una bebida. El logo no sigue una lógica”, sostiene un agente antidrogas del Frente Policial Vraem.

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En Perú, los sellos impresos en los paquetes de cocaína funcionan como una huella de control logístico y de garantía de calidad para las organizaciones criminales internacionales. Estos distintivos no sirven para ocultar la droga, sino para asegurar que el cargamento llegó intacto a su destinatario final o a los centros de acopio.

Así, un delfín, conejo playboy, un sol y hasta el nombre de Messi aparecen en los paquetes, sobre todo, de clorhidrato de cocaína. Esto ya no sorprende a los policías antinarcóticos porque es una práctica “habitual” del narcotráfico, pero el motivo ha variado.

En la Dirandro refieren que esta dinámica fue iniciada por los narcotraficantes hace varios años con el fin de identificar a la organización y la calidad del producto. Esto fue replicado en Perú y Colombia al pasar el tiempo.
Antes la Dirandro tenía un catálogo de más de 200 sellos. “Anteriormente, sí se hacía eso, pero después (los narcos) se percataron que nosotros nos hemos dado cuenta de los sellos y los cambian contantemente. Entonces, ahora sólo lo hacen para marcar su droga”, dijo un agente de esa estratégica unidad.

Agrega que en el mundo del narcotráfico todo tiene una señal, que puede servir como pista para una investigación que ayude a identificar a la organización o a definir la ruta que ha seguido el producto.

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Pese a ello, Keiko Fujimori planea tomar como referencia las acciones de Noboa Azín para enfrentar la inseguridad en Perú durante un eventual gobierno. Así lo mencionó en una entrevista con el medio ecuatoriano El Universo.

La lideresa de Fuerza Popular comentó que ha conversado con Noboa y considera que "existen muchas similitudes en la problemática" y, por lo tanto, espera compartir "muchas soluciones".

"Creo que el presidente Noboa ha tomado medidas importantes de enfrentar este flagelo, de construir cárceles de manera inmediata, de no darle ni un milímetro a la criminalidad organizada. Eso mismo haremos desde el Perú y, lo más importante, esperamos pues tener una cooperación constante en compartir la información, en cuidar nuestras fronteras sin que estas se vean afectadas en el comercio exterior. Pero sí somos muy conscientes que vamos a trabajar juntos", declaró.

También mencionó que planea convocar a las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia y de mayor necesidad, como las fronteras. "Que las FF.AA trabajen con la Policía Nacional en las cárceles, junto con el Instituto Penitenciario", dijo, aun cuando la militarización de la seguridad pública en Ecuador ha vulnerado los derechos humanos en dicho país durante la gestión del mandatario ecuatoriano, quien asumió funciones el 23 de noviembre del 2023.

Deterioro de los derechos humanos en Ecuador

Así lo alertaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

En enero de este año, la CIDH solicitó otorgar medidas cautelares para los presos en el Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 1, conocido como Penitenciaría del Litoral, pues identificó problemas estructurales en las instalaciones, acceso limitado a atención médica y severo hacinamiento. Sobre todo, casos de tuberculosis.

Antes de ello, el 22 de diciembre de 2025, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas condenó a 11 militares a 34 años y ocho meses de prisión tras la desaparición forzada de cuatro adolescentes afrodescendientes del barrio "Las Malvinas" en Guayaquil.

En enero de 2024, Noboa calificó a las organizaciones dedicadas al narcotráfico de "terroristas" y declaró la existencia de un "conflicto armado interno". Además, ha prorrogado constantemente los estados de excepción.

Sobre esto, Human Rights Watch envió una carta al presidente ecuatoriano en la que mencionó que la existencia de un conflicto armado, ya sea internacional o no internacional, "no depende de la declaración que haga un gobierno", sino que responde a criterios establecidos que, según consideran, no se cumplían.

La denominación, mencionaron, tiene "consecuencias en la vida de los ecuatorianos", pues cuando se trata de la existencia de un conflicto armado, el derecho internacional permite un uso más amplio de la fuerza, incluida en ocasiones la fuerza letal.

Además, la organización enfatizó que los resultados en materia de seguridad no han sido los mejores. "Como ha señalado su gobierno, el número de “muertes violentas” disminuyó un 27 % hasta abril de 2024. Sin embargo, el aumento en los niveles de extorsión y secuestro, así como los recientes asesinatos de tres alcaldes y del director de una prisión, muestran que la situación de seguridad sigue siendo grave", indicaron y añadieron que aumentaron las detenciones en flagrancia, las cuales responden a delitos menores y no a gran escala.

Por su parte, Amnistía Internacional alertó que "la militarización de la seguridad pública ha aumentado aún más los peligros y dificultades a los que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos".

Política represiva no sería eficiente en Perú

Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos e integrante del IDL, calificó de "desastroso" el escenario ecuatoriano y resaltó que no se han generado grandes resultados. En su lugar, indicó, se ha deteriorado la vigencia del Estado de derecho, se ha militarizado la seguridad pública y han disminuido las condiciones de gobernabilidad.

Por ello, emular las medidas de este país en Perú sería como "echarle leña al fuego" y no sería eficiente porque las características de la criminalidad son muy diferentes de las del país vecino.

"En Perú me parece que la criminalidad ha tomado otra dirección y es la de aproximarse a los grupos de poder. Por ejemplo, casos como la minería ilegal y organizaciones criminales que han sido vinculadas al poder", declaró a este medio.

Asimismo, mencionó la toma de TC Televisión por parte de un grupo armado en Guayaquil y explicó que considera que un hecho similar no podría ocurrir en Perú porque "el crimen organizado no tiene la necesidad de hacer un acto de de tal envergadura" debido a que "las prebendas y los beneficios los ha obtenido desde la política".

De igual forma, resaltó que en Perú ya se han tomado ciertas medidas "represivas"; sin embargo, no han dado resultados. "La tipificación de nuevos delitos, la militarización de zonas como Pataz, el debate constante que hay de permitir a las Fuerzas Armadas tener competencia sobre asuntos de seguridad pública y demás. ¿Han dado resultado? Yo diría que no", dijo.

En ese sentido, considera que las políticas de mano dura, en lugar de reducir la criminalidad, van a afectar a la ciudadanía en temas de derechos humanos. "Lamentablemente el fujimorismo siempre está bastante vinculado a expresiones o a reacciones de militarización del tema de la de la de la inseguridad", anotó.

Escenarios de Ecuador y Perú son diferentes

Por su parte, el internacionalista y docente de la PUCP Ramiro Escobar coincide en que Fujimori deberá evaluar si las estrategias de Noboa han tenido resultados, pues la criminalidad sigue "disparada" en Ecuador.

"La política de mano dura, de militarizar las cárceles o, de alguna manera, ‘bukelizar’ las políticas contra la criminalidad en Ecuador y en cualquier otro país no resultaría factible en Perú por una razón fundamental y es que cada país tiene una situación distinta", manifestó a este medio.

Mencionó que en el caso de El Salvador se trata de un país pequeño que, principalmente, se enfrenta a Las Maras. En cambio, en Ecuador y en Perú la criminalidad tiene varias expresiones: el narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas, por lo que "trasplantar" una experiencia como la de Bukele al Perú o al Ecuador sería un "desacierto, una falta de información y entendimiento".

Lo que sí tendría sentido, sostuvo, sería establecer una cooperación fronteriza con Ecuador porque, en algunos casos, ambos países tienen la presencia de las mismas redes criminales.

Sin embargo, no sería favorable incluir a las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas porque no están calificadas para esa labor.

"Yo creo que lo que más ha dado resultado en el Perú, incluso en la época del terrorismo y el conflicto armado que sostuvo el Estado contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, fue la inteligencia policial", expresó.

Por ello, enfatizó que "una política contra la criminalidad en el Perú debe tener un perfil propio. Se pueden recoger experiencias de otros países, pero no simplemente clonarlas o copiarlas".

Sobre todo, a fin de evitar a toda costa vulnerar inútilmente los derechos de las personas. "En el momento en que se cruza esa línea, ya es difícil volver", alertó.

En tanto, sobre la calificación de "terroristas" y "conflicto armado interno" que realizó Noboa, el abogado constitucionalista Rafael Rodríguez precisó: "No creo que la señora Keiko Fujimori se anime a hablar de conflicto armado interno cuando, durante muchos años, lo que ella ha sostenido en el caso específico sobre los grupos de Sendero Luminoso y el MRTA, es que el país vivió una lucha contra el terrorismo”.

Y agregó que durante el discurso del 28 de julio ya se podría conocer las estrategias concretas de carácter legislativo que el nuevo gobierno quiere implementar. “Según mi proyección, entre agosto y septiembre, seguro el nuevo gobierno solicitará una delegación de facultades. Probablemente solicitará legislar en materia de orden y seguridad ciudadana. Con ello podríamos analizar a la luz de lo que establece nuestro marco constitucional y el ordenamiento convencional latinoamericano”, dijo.

Tras operaciones de inteligencia realizadas de manera conjunta entre las fuerzas de seguridad, fueron capturados 20 miembros de esa red mafiosa, que mantiene una rivalidad a muerte con Los Brayans, otra de las bandas que pugnan por el control territorial.

Ambos grupos han desatado en esa región amazónica una crisis de seguridad marcada por extorsiones, secuestros, asesinatos, masacres y narcotráfico, además de un conflicto que aún persiste.

"La información obtenida permitió establecer la presencia de individuos armados que estarían intimidando a los mineros ilegales, a empresarios y comerciantes", precisó uno de los oficiales de la PNP que llevó a cabo el operativo que terminó con la confiscación de un arsenal de guerra conformado por 19 fusiles, ocho pistolas, 10 granadas y abundante munición, valorizado en más de S/329.600.

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La operación fue ejecutada por agentes de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb), con apoyo de efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Diroes), en el marco del Plan de Operaciones Restauración 2026.

Durante tres horas hubo un intercambio de disparos en los kilómetros 111 y 115 del sector La Pampa, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, una de las zonas más afectadas por la minería ilegal en el país.

Los efectivos policiales fueron atacados con armas de fuego por sujetos que custodiaban la zona. Entonces, se originó un enfrentamiento.

Luego de controlar la situación, se logró reducir y detener a 21 personas que presuntamente integrarían la organización criminal liderada por Edinson Fernández Pérez, conocido con el alias de El Chili, y dedicada a la minería ilegal, así como a delitos de extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas de fuego.

Hace un año, este grupo fue responsabilizado por secuestros y asesinatos. Según las investigaciones policiales y fiscales, alias El Chili, cabecilla de Los Guardianes de la Trocha, no solo estaría detrás del asesinato de Ana Garcia Solsol, dirigente vecinal de La Pampa, sino también de otras víctimas enterradas en fosas comunes y de personas desaparecidas.

Tal como quedó registrado por cámaras de seguridad, el 8 de enero del año pasado, la lideresa vecinal regresaba a su hogar en la comunidad de Sarayaku, ubicada en La Pampa, tras realizar compras.

Viajaba en una mototaxi, acompañada por otra mujer, cuando una camioneta apareció de repente con cinco ocupantes que ocultaban sus rostros. Tres de ellos vestían chalecos y gorras policiales. Le dispararon y huyeron.

Para ese entonces, la Fiscalía de Madre de Dios ya había solicitado prisión preventiva para El Chili por su presunta autoría en el asesinato de Juan Julio Fernández Ancco, el defensor de la Reserva Nacional de Tambopata, asesinado en 2022 por sicarios contratados por mafias integradas por mineros ilegales que amenazaban a su familia. Las autoridades estiman que habría eliminado a otras 20 personas.

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El imperio delictivo de alias El Chili comenzó hace aproximadamente una década brindando seguridad a mineros ilegales. Tras ganar poder e influencia, adoptó su alias en honor a un sicario del Cartel de Medellín.

Además, alias El Chili y su primo Albert Carranza Fernández fueron identificados por las autoridades como los presuntos responsables de realizar amenazas telefónicas de muerte contra el periodista Manuel Calloquispe, quien investiga los estragos de la minería ilegal en la selva de Madre de Dios.

ESTOS SON LOS DETENIDOS:

1. NEYDER JARA REQUEJO

2. TERESA MILAGROS MORENO HERRERA

3. JOSE ANDRES CLARO ALBORNOZ

4. GERAL ADRIAN GONZALES PISURI

5. SEGUNDO JUAN SANTA CRUZ MENDOZA

6. ELSI RODRIGO JULCA LUIS

7. KELNER TEDDY WONG VELA

8. NEYDER JARA REQUEJO

9. SEGUNDO FLORENCIO TRONCOS GARCIA

10. FELIPE JOSE DIAZ MONTALVAN

11. JACK ALEXIS TROYES CORDOVA

12. REDY GUILLEN BALDERRAMA

13. ALAN ALEX GARCIA NEVADO

14. BRANDY GIOVANNI CHUNG SAN MARTIN

15. EDWIN ALBERTO CENTENO QUISPE

16. JHONATHAN ALBERT CONDE MILLA

17. EDGAR PERCY CARI CALCINA

18. FELIX ENRIQUE VIVANCO CHAVEZ

19. CLEISON RONALDO LIVIA JULCA

20. JHON WALTER BERRU RIVADENEYRA

21. CELESTINO YEFERSON BERMEO HURTADO - HERIDO POR IMPACTO DE BALA -

22. NN - FALLECIDO

23. NN – FALLECIDO

Solicitan ampliar investigación

 Entre tanto, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios (Cuarto Despacho), a cargo del fiscal provincial William Salas Herrera, solicitó la convalidación de la detención en flagrancia por siete días adicionales para 20 investigados por los delitos de minería ilegal agravada y tenencia ilegal de armas y municiones.

De acuerdo con las primeras indagaciones, las intervenciones se efectuaron por parte de la Dirección de Medio Ambiente en La Pampa, situada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Allí se logró incautar no solo armamento de guerra sino botellas con mercurio.

Según la fiscalía, se identificó tres campamentos dedicados presuntamente a actividades ilícitas de extracción aurífera y el cobro de cupos en dicha zona. Con el requerimiento de la convalidación se busca asegurar la presencia de los implicados y continuar las diligencias para esclarecer los hechos.

La Coordinación Nacional de las FEMA se ha sumado al equipo de investigación del Cuarto Despacho de la fiscalía especializada que opera en Madre de Dios para agilizar las investigaciones y asesor permanentemente la continuidad de las diligencias en ese caso.

La lista no se limita a un par de nombres sueltos. En la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Keiko colocó a su abogada personal, Juliana Losa, y a otro abogado de su entorno cercano, César Candela, exasesor del fallecido Alan García. A ellos se suma Shirley Montenegro, señalada por el equipo especial Lava Jato como la persona que habría incinerado pruebas de lavado de activos vinculadas a la propia Keiko Fujimori.

El alcance de estos nombramientos llega a por lo menos siete carteras: Defensa, Cultura, Salud, Energía, Producción, Mujer e Interior figuran entre los ministerios donde La Encerrona identificó a operadores con historiales cuestionados. El común denominador es la reincidencia: personas que ya pasaron por el Estado en gestiones marcadas por denuncias, ceses cuestionados o investigaciones fiscales regresan ahora con la etiqueta de "transferencia".

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El operador de Alberto Fujimori: el hombre de los Vladivideos

El nombre con mayor peso histórico en esta lista es José Luis Tantaleán Ratri, conocido como "Pepe" Tantaleán. Fue edecán de Alberto Fujimori y hoy integra el equipo que recibirá información del Ministerio de Defensa. Su hoja de vida no es cualquiera: según archivos de la Procuraduría y versiones de testigos, participó en el operativo del año 2000 que Fujimori lideró bajo el pretexto de buscar a Vladimiro Montesinos, ya prófugo tras la difusión del primer Vladivideo.

Ese operativo terminó en el allanamiento irregular de la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos. Según la Procuraduría, una persona se hizo pasar por fiscal para ingresar a la propiedad y sustraer los videos que comprometían al régimen. Este episodio no quedó en la memoria colectiva como una simple anécdota: es el primer caso por el que Alberto Fujimori recibió una sentencia judicial firme.

Veinticinco años después, Tantaleán vuelve a tener acceso a información sensible del Estado, esta vez desde el equipo de transferencia de Keiko en el sector Defensa.

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El operador de César Acuña: el sobrino con pedido fiscal de nueve años

En el Ministerio de Salud aparece Juan Carlos González Hidalgo, esposo de una sobrina de César Acuña. Su nombre no es nuevo en la función pública. Fue viceministro de Políticas Agrarias en 2016 y tuvo que renunciar al cargo después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera nueve años de prisión en su contra, por hechos ocurridos cuando trabajaba en la municipalidad de Tumbes. El caso terminó archivado, pero el pedido fiscal quedó registrado.

Su cercanía con el clan Acuña no se limita al parentesco político. González fue militante de Alianza para el Progreso, estudió una maestría en la Universidad César Vallejo y ocupó el cargo de director de gestión del talento humano en la Universidad Señor de Sipán, ambas instituciones ligadas a la familia Acuña. Hace un par de años, un reportaje de Latina reveló que Boluarte había colocado a varios familiares de Acuña en cargos altos de su gobierno. González, nombrado entonces secretario general de la Defensoría del Pueblo, fue uno de esos casos.

El dato más reciente añade otra capa al historial: este año, la Defensoría del Pueblo, entidad en la que González ya no trabaja, aprobó financiarle la defensa legal en una investigación fiscal por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Los detalles de ese proceso todavía no se conocen públicamente. Con ese expediente abierto, González integra hoy el equipo que revisará la transferencia de uno de los ministerios más sensibles del país.

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El operador de Dina Boluarte: el funcionario despedido por corrupción

La herencia del gobierno de Dina Boluarte en los equipos de Keiko tiene varios nombres, pero uno destaca por la forma en que salió del cargo. Iván Pereira Villanueva fue gerente general de Salud y se hizo conocido no por su gestión, sino por su salida: fue despedido en medio de tres presuntos casos de corrupción. Hoy está a cargo, precisamente, de la transferencia del Ministerio de Cultura.

Quien lo cesó fue la entonces jefa del sector, Rosa Gutiérrez. Ella misma denunció que, tras el despido, Pereira la amenazó con una frase directa: "Usted se va antes de que yo me vaya." La amenaza se cumplió. Boluarte insistió en mantener a Pereira en el cargo y, al no lograr que Gutiérrez lo repusiera, terminó por sacar a su propia ministra. Pereira, por su parte, negó las acusaciones y anunció una querella por difamación contra Gutiérrez, además de pedir a varios medios que retiraran las notas publicadas sobre el caso.

El patrón se repite con otros dos nombres del entorno de Boluarte. Sergio González, quien fue ministro de Producción durante su gobierno, y Tabata Vivanco, exsecretaria general del Ministerio del Interior con una gestión marcada por la creación de una agencia de compras interna calificada como irregular, también integran comités de transferencia bajo el ala de Keiko. Vivanco terminó, además, ascendida por Boluarte hasta la jefatura de ProInversión antes de este nuevo nombramiento en el sector Energía.

Un activo de 6.000 millones de dólares, entregado en plena crisis

La Nueva Refinería de Talara costó al Estado peruano más de 5.000 millones de dólares y fue inaugurada recién en diciembre del 2023. Este miércoles, con pérdidas operativas que el propio MEF calcula en más de 1.700 millones de dólares entre 2022 y 2025, se prepara para ser el primer "bloque patrimonial" que ProInversión entregará a gestión privada, con concesiones que —según ha confirmado el propio presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio— podrían extenderse hasta por 60 años. El propio Del Carpio lo dijo sin rodeos: "el decreto de urgencia establece el nombre propio Refinería de Talara. Entonces mi respuesta sería que sí". El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) no ha dudado en llamar las cosas por su nombre: una privatización encubierta, disfrazada de "asociación público-privada" para evitar el desgaste político de la palabra prohibida.

Madrid: la opacidad que alimenta la sospecha

Entre el 4 y el 6 de junio del 2026, una delegación oficial peruana —encabezada por el MEF, con ProInversión a bordo— presentó en Madrid, ante empresas y fondos españoles, su cartera de Asociaciones Público-Privadas para 2026-2028, que en ediciones anteriores incluyó explícitamente paquetes de electricidad e hidrocarburos por miles de millones de dólares. España no es un destino cualquiera: es el principal socio inversionista europeo del Perú, y en hidrocarburos ninguna empresa tiene más historia —ni más controversia— en el país que Repsol. No hay registro público de una reunión bilateral confirmada entre funcionarios peruanos y Repsol sobre Talara en ese roadshow. Pero la pregunta sigue siendo legítima: cuando el Estado sale a vender en Madrid, ante el sector energético español, un activo que el propio gobierno admite que "saldrá a buscar capital privado", la opacidad sobre quién se sienta en esas mesas es en sí misma motivo de alarma social.

El fantasma de los noventa: Repsol ya estuvo aquí

No hace falta especular sobre el futuro: basta mirar el pasado. En la privatización de los noventa, bajo Alberto Fujimori, la Refinería de La Pampilla fue vendida a un consorcio liderado por Repsol España e YPF Argentina por apenas 272 millones de dólares. Desde entonces, ese activo ha generado más de 72.000 millones de dólares en ventas, según el economista Jorge Manco Zaconetti. El Estado se deshizo de un activo estratégico a precio de regalo. A esto se suma que Petroperú y Repsol se retiraron juntas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), dejando al Estado con 1.000 millones de soles en deuda frente a privados. No es un actor neutral entrando por primera vez: es un jugador con historial de salidas convenientes y de beneficiarse de activos estatales subvaluados.

Oligopolio, inflación y la canasta básica

Si Talara —con capacidad de hasta 95.000 barriles diarios— termina bajo un operador con presencia ya consolidada en el país como Repsol, el resultado no es competencia: es concentración. Sin un competidor estatal de tamaño real que sirva de contrapeso, no hay quién le ponga límite al precio del galón en el grifo. Y el combustible no es un producto más: es el insumo detrás del transporte, los alimentos, el gas y la electricidad. Cuando sube el diésel, sube el flete; cuando sube el flete, sube el precio de la papa, del pan, del pasaje. STAPP ya lo ha advertido: la privatización "puede afectar directamente al precio de los combustibles y la canasta básica familiar". No es retórica: es la consecuencia directa de entregar el control de la oferta a un actor cuyo incentivo legítimo es maximizar ganancia, no garantizar abastecimiento.

La crisis social que ya vivimos una vez

Quienes tienen memoria de los noventa saben cómo termina esta historia del lado laboral: miles de despidos, puestos estables desaparecidos y el colapso de decenas de contratistas que dependían de las operaciones en Talara y el norte del país. El esquema actual repite el patrón —concesiones largas, "racionalización" de planilla como condición del rescate financiero— y amenaza no solo a los trabajadores directos de Petroperú, sino a toda la cadena de mantenimiento, transporte y servicios auxiliares que hoy depende de Talara.

Lo que está realmente en disputa

Más allá del nombre que se le ponga —concesión, APP, bloque patrimonial—, lo que está en juego es si el Perú conserva una herramienta real de soberanía energética y control de precios, o si la entrega a un mercado donde unos pocos actores, ya beneficiados una vez con activos estatales subvaluados, deciden cuánto paga cada peruano por moverse, cocinar y producir. La transparencia sobre quién participa en estos procesos no es un capricho sindical: es la condición mínima para saber si lo que se vende como "modernización" es, otra vez, el mismo guion de los noventa, con otro nombre, pero con el mismo apellido: Fujimori.

La Declaración de Chapultepec, así como las declaraciones de Salta I y II, son parte de los instrumentos que se han ido desarrollando en América Latina como faros sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, tanto en entornos presenciales como digitales. Un gesto inicial del nuevo gobierno de Fuerza Popular es la adhesión a estos instrumentos.

Pero el gesto de adhesión debe ir acompañado de una línea de acción permanente de respeto irrestricto de dichas libertades y de un accionar gubernamental de defensa de la libertad de expresión. Resulta fundamental para la democracia la libertad de expresión, porque muchas veces otras personas no dicen lo que queremos oír, pero deben poder decirlo. Es decir, no debe haber ninguna forma de censura previa, ni censura directa ni fomento de la autocensura.

También es claro que el ejercicio de la libertad de expresión debe encontrarse en el marco de la regulación vigente, y que esta debe buscar alinearse con los planteamientos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto de San José de Costa Rica y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero ¿por qué se debe proteger la libertad de expresión? Al ser fundamento de la democracia, también es la base de la libertad de prensa, que tiene entre sus misiones permitir a la ciudadanía contar con instrumentos de veeduría, de observancia del gasto público, de denuncia de hechos de corrupción y de aquello que no ve el poder. También es un instrumento para enfrentarse al poder, en el marco de la Constitución.

Añadido a lo anterior, el reto de los medios digitales ha aumentado la dimensión de la libertad de expresión en la medida en que ha democratizado el acceso de toda persona a instrumentos que pueden tener más rating que un canal de televisión, más alcance que un diario impreso o mayor cantidad de escuchas que una radio. Pero también significa que la diversidad de voces se ha incrementado de toda forma; bajo ninguna circunstancia se debería dejar de reconocer los principios expresados en la política 35 del Acuerdo Nacional sobre los procesos de regulación basados en un internet libre, abierto, neutro y para todos.

El reto del gobierno no es solo el respeto de la libertad de expresión y de prensa, es impedir que dichas libertades sean coartadas aunque las voces que se oigan sean disonantes; es, precisamente, la diversidad la mayor riqueza de la democracia.

La sesión está programada para las 2:00 p.m. y la propuesta sobre Jerí será el primer punto a tratar. El Consejo lo preside Fernando Rospigliosi, actual titular del Congreso. Se trata de una de las últimas actividades del Parlamento saliente antes de que se instale el nuevo Congreso bicameral, elegido para el periodo 2026-2031.

La Medalla de Gran Cruz es el reconocimiento más alto que entrega el Legislativo peruano. Suele reservarse para jefes de Estado, titulares de otros poderes del Estado, cancilleres y altos mandos militares. Que Jerí figure entre los candidatos a recibirla reabre el debate sobre los criterios que usa el Congreso para premiar a sus propios integrantes.

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¿Qué fue el 'Chifagate' y cómo terminó en la censura de Jerí?

Todo comenzó la noche del 26 de diciembre de 2025. Jerí, entonces presidente encargado, llegó encapuchado a un restaurante chifa en San Borja para cenar con el empresario chino Zhihua Yang, conocido como 'Johnny'. El encuentro no figuraba en su agenda oficial. Días después, el 6 de enero, Jerí volvió a reunirse con Yang, esta vez en Market Capón, una tienda del centro de Lima que la Municipalidad había clausurado horas antes por operar con un giro distinto al autorizado.

El caso se complicó cuando se supo que a esas reuniones asistía también Ji Wu Xiaodong, otro empresario chino que en ese momento cumplía arresto domiciliario por una investigación de tráfico ilegal de madera. Xiaodong llegó a ingresar hasta en tres ocasiones al Palacio de Gobierno junto a Yang, pese a la medida judicial que pesaba en su contra. Jerí explicó las visitas alegando que se trataba de reuniones vinculadas a la organización del Día de la Amistad Perú-China, celebrado el 1 de febrero.

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En la Fiscalía se abrió una investigación preliminar contra Jerí por presunto patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias. En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso emitió un informe preliminar que detectó contradicciones en las explicaciones del entonces mandatario sobre el propósito real de esos encuentros. El mismo documento señaló indicios de que Zhihua Yang podría liderar una red dedicada a obtener beneficios económicos del Estado.

El 17 de febrero, el Congreso decidió censurarlo como titular del Parlamento, lo que automáticamente lo apartó también de la presidencia de la República, cargo que ocupaba por sucesión constitucional tras la vacancia de Dina Boluarte. José María Balcázar asumió en su reemplazo.

Además, la Primera Sala fijó como audiencia única, vía Google Meet, el 5 de octubre del 2026 a las 9.00 a. m. Se concede a los abogados cinco minutos para la presentación de su informe oral.

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También se determinó emplazar al procurador público del Congreso, a efectos de que conteste la demanda en un plazo de 10 días hábiles. Esto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 12 del Código Procesal Constitucional.

Asimismo, se precisó que el abogado o sujeto procesal que el día de la audiencia no registre sus datos antes de las 8.45 a. m. en el chat de Google Meet no podrá presentar su informe oral.

Sobre la inhabilitación

En mayo de 2026, la sanción impuesta por el Parlamento se aprobó con 70 votos, mientras que 18 congresistas votaron en contra y dos se abstuvieron.

Los votos a favor provinieron de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Avanza País y Podemos Perú.

En tanto, las bancadas que votaron a favor y también en contra fueron Bloque Democrático, Honor y Democracia, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Perú Libre, Somos Perú y los congresistas no agrupados.

La Bancada Socialista fue la única que se opuso totalmente a la sanción contra Espinoza.

Tras conocer la decisión, Espinoza cuestionó el comportamiento del Parlamento y sostuvo que muchas de sus acciones han significado una afectación al Estado de derecho. Además, insistió en que existe un clima de impunidad que favorece determinados intereses dentro de la política.

"El poder es efímero y los señores parece que todavía no se dan cuenta, no entran en razón, de que se van a ir tarde o temprano. El poder es así: cíclico; si las cosas no se hacen bien, tarde o temprano la historia los va a alcanzar", dijo para RPP.