La iniciativa fue formalizada por el senador Andrés Ramos, representante de Apurímac. El documento señala que los hechos más graves se concentraron en Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna durante las movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso.

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Dicha propuesta también toma como referencia información de la Defensoría del Pueblo sobre las víctimas de la crisis política. Incluso la moción cita un informe de la Defensoría del Pueblo que da un balance de 66 personas fallecidas, entre civiles y miembros de las fuerzas del orden.

La comisión tendría entre sus principales tareas establecer qué fue lo que ocurrió durante las protestas, revisar cómo actuaron las entidades públicas y las fuerzas del orden, y examinar las circunstancias de las muertes, las lesiones y otros daños.

Además, la moción plantea determinar responsabilidades por las vías correspondientes y que se formulen medidas de reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición.

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¿Qué busca investigar la comisión propuesta por Juntos por el Perú?

La propuesta plantea evaluar la actuación del Poder Ejecutivo, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como de otras entidades públicas que estuvieron vinculadas con los hechos.

También contempla estudiar el uso de la fuerza, conocer el estado de las investigaciones fiscales y procesos judiciales relacionados con las muertes y lesiones, y evaluar las condiciones de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.

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Otro de los puntos comprende las denuncias sobre posibles detenciones irregulares, afectaciones al debido proceso o criminalización indebida de la protesta. La comisión también podría revisar la conservación, trazabilidad y gestión de documentos y evidencias que las instituciones pongan a su disposición.

La moción pone como prioridad los fallecimientos y lesiones registrados en Andahuaylas y Chincheros. Según el documento, Apurímac registró siete personas fallecidas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Seis de esas muertes corresponden a hechos ocurridos entre el 11 y el 14 de diciembre de 2022 en Andahuaylas y Chincheros. La relación incorporada en la moción incluye a dos adolescentes de 15 y 16 años, además de jóvenes de entre 18 y 19 años. El séptimo fallecimiento corresponde a un hecho posterior ocurrido en la provincia de Aymaraes.

De acuerdo con la agenda de la sesión del Consejo de Ministros, al mediodía se debatirá en Palacio de Gobierno el proyecto de ley que facultará al Gobierno de Keiko Fujimori a legislar por un periodo de 120 días en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributaria, simplificación administrativa y otras materias, propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A pesar de que en cinco oportunidades el Ejecutivo retrasó el pedido de facultades legislativas, la misma Fujimori aseguró que esta semana se enviaría el documento al Legislativo. "Será más rápido que en gobiernos anteriores", dijo durante su transmisión en TikTok.

Incluso, la presidenta tomó como referencia el menor plazo registrado hasta ahora por una administración anterior: 44 días. A partir de ese antecedente, aseguró que su gobierno reducirá ese tiempo y realizará el envío en un periodo inferior a un mes. "Nosotros lo vamos a hacer en menos de 30 días", afirmó, aunque no especificó qué gestión logró anteriormente ese plazo.

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Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, adelantó que la fusión de ministerios no formará parte del pedido. En vez de ello, informó en una entrevista a RPP, se contemplará incorporar herramientas tecnológicas para agilizar la atención a los ciudadanos en las diversas instituciones.

"En el pedido de facultades hay un tema que es grande: que es mejorar la eficiencia del Estado. (...) (La fusión de ministerios) no lo dice expresamente el documento. Lo que dice es mejorar los procesos, incorporar la tecnología para que la atención al ciudadano sea mucho más rápida", declaró.

Durante la sesión de hoy en la PCM, también se discutirá sobre el Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2027, propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Gobierno cambió hasta cinco veces la fecha del pedido de facultades

Durante su mensaje a la Nación del 28 de julio, Fujimori anunció que su gobierno solicitaría facultades legislativas para hacer frente a la crisis de inseguridad y al fenómeno El Niño. Sin embargo, a casi un mes de aquel anuncio, el panorama sigue sin definirse: se han registrado más de cien homicidios, continúan las lluvias intensas y todavía no se ha establecido una fecha concreta para presentar oficialmente la solicitud.

La mandataria es quien más ha insistido públicamente en este tema. Desde su anuncio del 28 de julio, lo ha mencionado hasta en cinco oportunidades, asegurando que el proceso estaba en marcha, aunque nunca llegó a establecer una fecha concreta. En sus declaraciones, recurrió a expresiones generales como “la próxima semana” o “los próximos días”.

El primer ministro, Luis Galarreta, mantuvo la misma línea y tampoco precisó una fecha para presentar la solicitud, pese a que fue el primero en anunciar que el Gobierno recurriría a esta medida. Posteriormente, aseguró que “estaban a tiempo” y que era evidente que se estaban “apurando” para concretarla.

"Te digo algo de manera cruda: si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos su popularidad. No voy a alentar eso, pero tal cual está el Estado, que si bien como país crecemos por inercia; (...) pero si no hacemos reformas estructurales, seguiremos en lo mismo", indicó en entrevista en Exitosa.

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Gutiérrez aseguró que las próximas reformas deben darse con "decisiones extraordinarias", aunque no detalló qué soluciones deberían adoptarse. El defensor del Pueblo señaló que la infraestructura estatal afronta una crisis total.

"El Estado peruano está hecho una desgracia, está en crisis institucional por donde se le mire. Por más que vayas a visitar cada comisaría, escuela u hospital, si no hay una decisión firme de mover todo esto en democracia, es muy difícil. (…) El Congreso debe ser consciente de que el Estado se hace agua por donde se mire; tienen que trabajar conjuntamente", apuntó.

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Gutiérrez justificó a Cerrón

Al término de la entrevista, Gutiérrez fue consultado sobre si ya había mantenido comunicación con Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien recientemente fue absuelto de sus penas por el Tribunal Constitucional.

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Al respecto, el defensor del Pueblo señaló que no ha tenido oportunidad de comunicarse con él y que "lo puede saludar sin ningún problema, como a cualquier otro peruano".

Días atrás, Gutiérrez calificó la decisión del TC como "estrictamente ajustada a la ley" y aseguró que una persona con una sentencia injusta tiene derecho a escapar: "Si la imputación de un tipo penal no lo es, y te encausan indebidamente y te sentencian con pena efectiva solo para perseguirte, tienes que escaparte, pues, porque estás sufriendo una persecución", apuntó en entrevista con RPP.

"Es natural en un Congreso que se estrena y quiere tener a los ministros dando explicaciones. (...) Alguno podría decir que es poco tiempo para pedirles cuentas por problemas que no pueden resolver en el corto plazo. Al mismo tiempo, se han generado dudas por temas que merecen ser aclarados. No es lo que corresponde en este momento, pero tal vez en otras circunstancias sí amerita más o menos. Finalmente, son herramientas previstas en la Constitución", indicó en RPP.

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Oposición todavía no tiene una posición firme con respecto a mociones de interpelación

Jaime Delgado no es el único congresista del bloque de oposición que ha expresado sus dudas sobre estas mociones de interpelación. Luis Quispe Candia, diputado del Partido del Buen Gobierno, señaló que su agrupación se considera una fuerza de oposición, pero cuestionó que se planteen interpelaciones en este momento.

“El Partido del Buen Gobierno es un partido conformado por personas, creo yo, serias, sensatas. Nos confesamos que somos de oposición, porque eso ha elegido la población, pero no somos irracionales, de ninguna manera. De modo que esas propuestas de algunos congresistas nos parecen fuera de lugar. No es el momento de interpelar a los ministros; llegará el momento”, expresó en RPP.

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Por su parte, Víctor Piñán, diputado y vocero de Obras, aseguró que la agrupación de Ricardo Belmont todavía no ha debatido la posibilidad de respaldar las mociones. El diputado fue consultado respecto a la moción pensada para ser interpuesta contra Astudillo.

"Por el momento, la bancada Obras no ha discutido la posibilidad de apoyar o no la moción de JP, toda vez que nos hemos enterado el día de ayer. Sin embargo, es parte del control político que ejercen los colegas de JP. Nosotros esperamos leer los argumentos de la moción y, de acuerdo con eso, tomaremos una decisión", señaló a La República.

Indira Huilca, diputada de Ahora Nación, señaló que la interpelación contra Astudillo tendría que analizarse y que el gobierno, hasta el momento, no responde a la altura del reto: "Es verdad que se ha planteado. Hay que analizar el pliego cuando se presente. Realmente si hay una preocupación para que haya respuestas claras de cual es el plan para enfrentar la criminalidad en este nuevo gobierno. La respuesta todavía no es satisfactoria frente a lo que vivimos como país”, apuntó.

La resolución ministerial fue publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, en la que se detallan las funciones que asumirá Boluarte Chávez, quien actualmente ocupa el cargo de ministro consejero en el Servicio Diplomático de la República.

Dentro de sus funciones estarán las de gestionar las actividades, reuniones, eventos preparatorios y conexos, declarados de interés nacional durante la estadía del sumo pontífice.

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Asimismo, deberá "suscribir convenios de gestión, colaboración, cooperación y/o auspicio o similares, y de ser el caso, sus respectivas adendas, con entidades o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y con organizaciones y organismos internacionales, relativos a la realización de la visita de Su Santidad el Papa León XIV al Perú, y sus actividades, reuniones y eventos preparatorios y conexos que tendrán lugar en el presente año; así como, de ser el caso, la facultad de resolver los convenios antes mencionados".

Además, representará a la Cancillería ante las demás entidades u organizaciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras, con la finalidad de gestionar procedimientos, trámites, solicitudes u oficios "de carácter administrativo relativos a la realización de la visita de Su Santidad el Papa León XIV al Perú".

La resolución ministerial cuenta con la firma del titular de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Papa León XIV estará en Perú hasta el 16 de noviembre: no hay itinerario oficial de las actividades

La visita del papa León XIV al Perú se extenderá hasta el 16 de noviembre, pese a las versiones iniciales que apuntaban a una reducción de un día en su permanencia. El pontífice dejará territorio peruano después del mediodía de esa fecha y arribará a Roma el 17 de noviembre, debido a la diferencia horaria entre ambos países. Esta información coincide con los datos difundidos públicamente sobre la planificación de su viaje.

El itinerario de actividades es otro de los aspectos que aún permanece pendiente de confirmación. Si bien han surgido versiones sobre una posible agenda que incluiría Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco, la Santa Sede todavía no ha oficializado el programa de la visita. Mientras tanto, las coordinaciones continúan entre las autoridades peruanas, la Iglesia y los representantes del Vaticano.

El primer ministro Luis Galarrea propuso como medida para deshacinar los penales usar los cuarteles del ejército que estén en desuso. ¿Qué tan viable ve esta propuesta?

No estoy familiarizado con esos cuarteles que están en desuso. No sé si las Fuerzas Armadas la van a servir para este propósito. Y si lo van a hacer, tienen que adaptarla porque un cuartel del Ejército, como es normal, no tiene las barreras de seguridad, los sistemas de ingreso y egreso y vigilancia al entrar, etcétera, todas las cosas que tiene que tener una cárcel.

No es un proceso fácil…

No es que te entreguen el cuartel del Ejército y ya y mandas 500 personas ahí. Es un proceso que toma su tiempo, demora mucho en hacerse. Todo el procedimiento que se tiene que hacer para construir una cárcel, hay que hacerlo para adaptar un cuartel.

También se propuso que los militares puedan participar en el resguardo de estos centros penitenciarios que estarían en los cuarteles. ¿Esto cuenta con marco constitucional?

No sé si es inconstitucional, no soy abogado, pero creo que en el gobierno tienen una visión equivocada y fantasiosa del número de militares disponibles. Los militares tienen funciones que ya están realizando en todo el país; en el VRAEM, por ejemplo, en la defensa nacional, o ¿qué cosa cree que los tanques se mantienen solos? Hay que arreglarlos. Hay un montón de trabajo que los militares tienen que hacer para sus funciones reales. ¿Se cree que hay como militares guardados y que van a salir a hacer estas funciones? Es una fantasía. El ministro de Defensa ha dicho que van a cuidar los perímetros de los penales. ¡Hay 69 penales en el Perú! No tenemos un problema importante de fugas. Ese no es un problema importante. Son muy marginales las fugas.

Es una fantasía…

Se están autoengañando.

Entonces, ¿qué medidas se podrían tomar para frenar esto? Porque la presidenta sale a decir que no puede dar resultados en 15 días y el ministro del Interior asegura que no se puede eliminar la inseguridad en una semana…

Es evidente que en 15 días no se puede solucionar el problema, pero lo que no están diciendo es que ellos anunciaron que sí lo iban a hacer... Hay un plan de escudo que lanzó el propio ministro del Interior hace una semana, que ha sido un desastre, un desastre. O sea, no nos digan que nosotros estamos pidiendo que haya resultados en 15 días. Son ellos los que han ofrecido esos resultados para los transportistas, que es el sector más afectado. Y siguen fantaseando con esas cosas: que van a poner militares en todo, en los penales, que los drones y los militares van a hacer esto y el otro, que van a vigilar todas las fronteras. Todas son cosas que ellos han anunciado. Que no digan que los ciudadanos y los periodistas y las personas que opinan están pidiéndole algo. Es imposible, pero ellos lo ofrecieron.

Fue amigo de Fernando Rospigliosi.

Fui amigo de una persona que ya no existe; al actual lo desconozco.

Disculpe mi indiscreción, pero ¿por qué llegó a romperse la amistad?

Mi amigo murió; a este individuo no lo conozco. Ahí me quedo por ahora.

Usted ha calificado al señor Rospigliosi como "el matón del barrio". ¿Por qué llamarlo así?

Es el matón del barrio, es un personaje, un individuo que ha sufrido un proceso de conversión, allá él. Y se ha vuelto una especie de cowboy que quiere que se dispare a todo lo que se mueva. Aparte de regalar la plata de los ciudadanos para aumentar más el sueldo en el Congreso, ha impulsado una norma que manda a los policías y militares al fuero militar cuando cometan un delito, cosa que es una barbaridad y va en contra de la Constitución y va a ser contraproducente en la lucha contra el crimen. Es una barbaridad, es un matón del barrio, por supuesto. Y, como todo matón de barrio, cuando pase algo, se va a poner atrás.

¿Cómo calificaría el cambio que tuvo Rospigliosi? En su momento hacía frente al fujimorismo, pero ahora está en sus filas.

Yo lo que le respondería es que es un hombre anciano y creo que hay dos tipos de personas que llegan a la ancianidad, y él es el más anciano del Congreso: unos que se vuelven sabios, que son los que necesitamos, y otros son los que se pudren.

Cuando los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia se pronunciaron contra los políticos por una serie de denuncias, usted dijo: "Sabemos muy bien a qué siniestro personaje se refieren". Tiene fuertes calificativos contra su exjefe...

Es una persona que trata de poner de rodillas al Poder Judicial, que denuncia a todos los jueces que actúan en el contexto de la Constitución aplicando el control difuso, y él los denuncia ante la JNJ, donde tiene sus amigotes. Tiene toda la razón el Poder Judicial de mostrar su indignación frente a este individuo.

Me llama la atención los adjetivos que usa contra Rospigliosi.

Se deben usar para las personas que están haciendo mucho daño y él es el prototipo de las personas que están haciendo mucho daño. Tengo también calificativos muy fuertes para el señor López Aliaga. No me interesan las opciones ideológicas; si le hacen un daño a la sociedad, me parece que deberían ser tratadas con firmeza y fuerza y no con medias tintas.

De acuerdo con el documento presentado por Fujimori, sus ingresos mensuales como mandataria ascienden a S/35.568. Esta remuneración proviene del sector público luego de que la exjefa de Estado, Dina Boluarte, decidió aumentar el sueldo.

Por otro lado, sus bienes están valorizados en S/115.998 y el rubro de otros en S/1.016.123,31.

La mandataria consignó información sobre su situación financiera en el apartado de otra información de su declaración fiscal. Allí señaló que tiene pendiente el pago correspondiente a vacaciones truncas generadas durante su anterior vínculo laboral con el partido Fuerza Popular.

La Ley 30161 establece la obligación de los funcionarios públicos en el Perú de presentar una declaración jurada sobre sus ingresos, bienes y rentas. La normativa dispone que este documento patrimonial debe ser presentado al inicio, durante el ejercicio y al finalizar el desempeño de sus funciones públicas.

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Patrimonio de Keiko Fujimori aumentó en dos años

Para las Elecciones Generales 2026, la presidenta presentó su declaración jurada correspondiente al 2024.

En esa DJ, Fujimori registró que sus ingresos del sector privado ascendían a S/271.853,45 y bienes por S/115.998. En total, su patrimonio declarado fue por S/387.851,45.

"La bancada de Obras y Ricardo Belmont, especialmente, es una persona que justo acaba de salir ayer a los medios a decir que va a apoyar y nos ha pedido apoyar al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori", expresó.

Al ser consultada si su partido se siente más cerca del Gobierno de Fujimori, Samanez indicó: "Si le va bien a ella y su Gobierno, entonces nos va a ir bien a todos los peruanos. La población está aburrida de tanta pelea, tanta agresividad que se ve; lo que tenemos que hacer es empujar el coche para que a ella le vaya bien", aseguró.

En esa línea, señaló que, aunque Cívico Obras firmó un acuerdo con los partidos de oposición -Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú (JP)- para alcanzar la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, su postura será de una “oposición constructiva al Gobierno, pero no al país”. “Tenemos que trabajar juntos”, sostuvo.

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Tras sus declaraciones, el periodista cuestionó a la legisladora. Le preguntó si su acuerdo con los otros dos partidos sirvió solo para tener a Óscar Retto como presidente de la Cámara de Diputados. Ante el cuestionamiento, la legisladora mencionó: "No, siguen juntos los partidos y, en realidad, los que conversan son los líderes del partido; nosotros lo que hacemos, los legisladores, es trabajar. Por parte mía, yo tengo el encargo de Ricardo Belmont de replicar a nivel nacional todo lo que él a través mío hizo en sus dos periodos".

"Ricardo Belmont es una persona muy demócrata, es una persona muy humana, es una persona que quiere al Perú, entonces él jamás nos va a poner un puñal en la espalda para votar, aunque no pensemos igual por algo que proponga por ejemplo del grupo del señor Roberto Sánchez", añadió y afirmó que respaldarán todas las acciones legislativas que pida el Gobierno para combatir el fenómeno El Niño.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

La primera vez que llegó a Lima fue en plena campaña presidencial, entre el 29 de marzo y el tres de abril de 2011. En ese momento, uno de los notorios integrantes del equipo de campaña de Fujimori era el abogado Alonso Rey Bustamante, fundador del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez (PRCP). Ese mismo año, Alonso Rey fundó la filial en el país de la compañía de inversiones Latin America Invest (LAI), del argentino Damián Valenzuela, el asesor o consejero de la jefa de Estado. En 2011, el argentino fue incorporado como miembro del directorio y luego fue apoderado.

Por lo tanto, los vínculos de Valenzuela con el fujimorismo no son de 2026, como han pretendido sostener Keiko Fujimori y sus defensores. Se inician en 2011 cuando Alonso Rey, del estudio PRCP, se asocia con Damián Valenzuela para instalar Latin America Invest (LAI) en Miraflores. Como se verá más adelante, el mencionado bufete de abogados reaparecerá relacionado con Keiko Fujimori en la campaña presidencial de 2021.

La mandataria solo dijo en referencia al financiero argentino: “En esta campaña y a lo largo de los últimos años yo he tenido varias amistades que me han ayudado, entre ellos por ejemplo el señor Carlos (Díaz-Rosillo), el señor Damián (Valenzuela Mayer), el señor Román (Cendoya), que son personas del extranjero que generosamente han querido ayudarme en este proceso”. Solo habló del año 2026.

Pero Damián Valenzuela estuvo en Lima en cuatro ocasiones en 2011: del 29 de marzo al tres de abril; del 6 al 8 de mayo; del 21 al 25 de julio; y del 8 al 12 de octubre.

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El 21 de junio de 2011, poco después de que Keiko Fujimori fuera derrotada por Ollanta Humala en la segunda vuelta, Alonso Rey inscribió en Registros Públicos a Latin America Invest. Desde entonces, el empresario argentino estuvo en el país en total en 44 oportunidades. No es que apareció de la nada en este año.

Además de fundador del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez (PRCP), Alonso Rey Bustamente ha sido director de varias compañías, entre ellas de la agroexportadora Sociedad Agrícola Saturno, un sector estrechamente relacionado con el fujimorismo. De hecho, Alonso Rey coincidió en el mismo equipo de Keiko Fujimori con otro empresario agroexportador, José Chlimper Ackerman. Este fue investigado por entregar US$476 mil en efectivo a los propietarios de Radioprogramas y CRP Medios y Entrenamiento, para el financiamiento de publicidad de la candidata Fujimori, en 2011. La suma no fue declarada.

Alonso Rey, socio del argentino Damián Valenzuela, ejerció como presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), entre 2024 y 2026. Este año Rey fue reemplazado, casualmente, por Enrique Gubbins Bovet. Por coincidencia, este empresario estuvo implicado en los aportes clandestinos a Keiko Fujimori. Gubbins confesó que en 2011 le dio a la entonces aspirante presidencial US$3.4 millones. Keiko Fujimori en compañía de su exesposo Mark Vito recogió parte del dinero.

En 2021, reapareció el estudio Payet Rey Cauvi Pérez (PRCP). Después que Keiko Fujimori se negó a aceptar su derrota ante el candidato Pedro Castillo, denunció un falso fraude electoral. Abogados del estudio de Alonso Rey, socio de Damián Valenzuela, fueron parte de una campaña para deslegitimar el resultado del balotaje.

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El abogado de dicho estudio, Julio Pérez Vargas, declaró que el fundador, José Antonio Payet, actuó como personero de Fuerza Popular. No fue el único del bufete: “Mi socio Juan José Cauvi me llamó por teléfono a mi número celular el 7 de junio del 2021 y me comentó que habría una reunión a las 3.00 p. m. en el local de Fuerza Popular, cuyo propósito era apoyar en la revisión de las actas (de la segunda vuelta)”, declaró Julio Pérez ante la fiscalía, según reportó el portal periodístico 'Sudaca'. Todos los implicados luego dirían que participaron a “título personal”. La República envió un cuestionario a Alonso Rey al estudio PRCP. Pero hasta el momento este diario no ha recibido respuesta.

Conforme al registro migratorio de Damián Valenzuela Mayer, después de 2011, acumula mayores visitas en 2025 (6 veces) y en 2026 (10 veces). Es decir, en 16 oportunidades, antes, durante y después de la última campaña presidencial. El mayor flujo de toda su historia migratoria en el Perú.

Curiosamente, quien ha intentado ofrecer más explicaciones sobre la presencia del argentino Valenzuela en el país durante la campaña electoral de Keiko Fujimori, es otro de sus asesores, el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo.

Después de haber ejercido como asesor del presidente Donald Trump, además de director de Políticas Públicas de la Casa Blanca en el primer mandato del republicano, fundó y asumió la conducción del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (EEUU). Esta institución recluta como profesores y expositores a políticos de derecha de la región, entre ellos, Keiko Fujimori.

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En declaraciones a Radioprogramas, Díaz-Rosillo se presentó como asesor informal de Keiko Fujimori.

“El señor (Valenzuela) es una de las diferentes personas, amistades que han venido. No ha regresado al Perú, tengo entendido, desde la toma de posesión”, explicó Díaz-Rosillo, sin referirse a las visitas anteriores del empresario argentino al país y al origen del vínculo con Keiko Fujimori.

“Así que (Damián Valenzuela) no tiene ninguna influencia en el gobierno como no la tengo yo, como no la tiene el señor Cendoya Así que cero influencia en el gobierno”, pero luego precisó: “Yo puedo hablar solamente de mi experiencia, he dado consejos”.

La República intentó varias veces comunicarse con Carlos Díaz-Rosillo para preguntarle si tiene relación con el exasesor del presidente Javier Milei, el argentino Fernando Cerimedo, protagonista de un escándalo en Bolivia. El supuesto consejero del mandatario boliviano Rodrigo Paz, detenido por intentar asesinar a su pareja, aparece en una fotografía con Carlos Díaz-Rosillo, el asesor de Keiko Fujimori.

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Valenzuela responderá sobre el caso

• El empresario Damián Valenzuela Mayer designó como su abogado en Lima a David Torres Barreto, a quien La República remitió cuestionarios sobre el origen de su amistad con Keiko Fujimori y el contenido de sus asesorías a la excandidata presidencial, entre 2025 y 2026.
• También le preguntó sobre su relación con el estudio de abogados Payet, Rey, Cauvi, Pérez (PRCP), y en particular con Alonso Rey Bustamante.
• También se le ha pedido información a David Torres sobre sus presuntas vinculaciones con Fernando Cerimedo y Damián Merlo, relacionados con campañas de desinformación para apuntalar a candidatos de la derecha y destruir a sus opositores.
• Este miércoles La República publicará extensamente la versión de Damián Valenzuela, ofrecida por intermedio de su representante legal, sobre sus relaciones con Cerimedo y Merlo, y sus contactos fujimoristas en el Perú.

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de su Primer Despacho, llegó este miércoles a las sedes centrales del Mincul y de la BNP. La fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo lideró el operativo. El objetivo fue recabar documentación sobre ambas contrataciones para determinar si revisten carácter penal.

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La intervención se dio después de que el portal Lima Gris revelara el caso. Según esa investigación, las dos mujeres habrían sido favorecidas por su cercanía política con el ministro Alberto Beingolea, también vinculado al PPC. El medio sostuvo que ninguna de las dos contaba con experiencia afín a los cargos que ocuparon.

Los tiempos de la designación llamaron la atención de los investigadores. Aguayo Morales asumió la gerencia general de la BNP el 6 de agosto. Ese nombramiento se dio apenas tres días después de que la funcionaria registrara una visita personal al despacho de Beingolea, en la sede de San Borja.

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Aguayo Morales gana S/15,600 al mes y tiene un proceso abierto por cohecho en la ATU

Aguayo Morales percibe un sueldo mensual de S/15,600 por su cargo en la Biblioteca Nacional. Su trayectoria profesional, sin embargo, se concentró en el sector inmobiliario. No registró experiencia previa en gestión bibliotecaria, de acuerdo con la información recogida por Lima Gris.

La funcionaria también mantiene un proceso abierto en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Se le investiga por presunto cohecho pasivo impropio y negociación incompatible. Ese caso proviene de su paso por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Renunció a esa entidad un día antes de asumir oficialmente su nuevo puesto en el sector Cultura.

Su madre, Morales Morote, ingresó al despacho ministerial bajo otro esquema de contrato. Lima Gris reportó que recibirá S/32,500 en total por 145 días de trabajo, monto equivalente a unos S/6,500 mensuales. El portal indicó, además, que la funcionaria no cuenta con grados académicos ni títulos profesionales registrados ante la Sunedu.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

En un inicio, el reclamo apuntó contra tres instituciones de salud: la propia clínica Delgado, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y el Hospital Nacional Dos de Mayo. Susalud archivó el caso contra estas dos últimas y mantuvo el procedimiento solo contra la clínica del grupo Auna.

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El órgano resolutor calificó la falta como una infracción leve, no grave, pese a que el denunciante pidió una sanción mayor. Susalud tampoco ordenó las medidas correctivas que solicitó León Flores, como la destrucción de las copias del documento médico. La clínica tiene ahora 15 días hábiles para pagar la multa, con un descuento del 20% si cancela dentro de ese plazo, o para presentar un recurso de apelación.

La historia clínica de Nadine Heredia contenía información médica de quince años de tratamiento. Susalud subrayó que ese tipo de dato tiene carácter reservado por ley y que solo puede entregarse en supuestos muy específicos, ninguno de los cuales se cumplió en este caso.

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Susalud rechazó el argumento de la clínica: la Fiscalía no podía exigir la historia clínica sin orden judicial

El área de Fiscalización de Susalud (IPROT) encontró indicios de que las tres instituciones de salud denunciadas habrían vulnerado el derecho a la salud de la exprimera dama. El expediente pasó luego a la Intendencia de Fiscalización y Sanción (IFIS), que en marzo de 2026 decidió abrir el procedimiento sancionador solo contra la clínica Delgado y archivar el caso respecto de las otras dos entidades.

El hecho concreto que investigó Susalud ocurrió los días 9 y 13 de noviembre de 2023. Ese fin de semana, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios envió dos oficios a la clínica Delgado.

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Le pidió la historia clínica completa de Nadine Heredia, un informe sobre si su tratamiento resultaba óptimo para atender un diagnóstico de hiperparatiroidismo y el sustento médico de una recomendación para realizarle una tomografía con emisión de positrones. La clínica respondió ambos requerimientos por correo electrónico, sin exigir una orden judicial ni el consentimiento de la paciente.

En sus descargos, la clínica se defendió con varios argumentos. Dijo que actuó en cumplimiento de un deber legal, porque la Ley de Protección de Datos Personales permite entregar información a entidades públicas sin consentimiento del titular cuando estas ejercen sus funciones.

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También alegó que el Ministerio Público la coaccionó, pues el oficio fiscal incluía un apercibimiento de denuncia por desobediencia a la autoridad. Como prueba adicional, presentó una disposición fiscal que archivó la investigación penal contra el trabajador de la clínica que atendió el pedido, por el presunto delito de violación a la intimidad agravada.

Susalud rechazó todos esos argumentos. Explicó que la ley de protección de datos no elimina las reglas específicas de la Ley General de Salud, que exige orden judicial o consentimiento del paciente para entregar una historia clínica, salvo casos de heridas por arma, accidente de tránsito u otro tipo de violencia.

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También precisó que el archivo de la investigación penal contra el trabajador no tiene relación con la responsabilidad administrativa de la clínica como empresa, porque se trata de análisis distintos.

La Defensoría del Pueblo, a pedido del propio denunciante, entregó un informe técnico legal que reforzó esta postura y remarcó que la reserva de la historia clínica no desaparece solo porque una autoridad la pida.

La mandataria pidió que el éxito de la gestión económica se traduzca en un beneficio tanto para quienes ya reciben una pensión como para quienes nunca accedieron al sistema. En ese punto mencionó de forma directa a Pensión 65, el programa que en julio prometió duplicar. Esta vez no dio una fecha, sino una expectativa: "auguramos", dijo, y no "cumpliremos".

La presidenta cerró su intervención con una promesa adicional: una pensión "garantizada", "más justa" y "más humana", con más facilidades de acceso. No precisó plazos ni la fuente de financiamiento para ese ofrecimiento, igual que tampoco lo hizo un mes atrás con la duplicación de Pensión 65.

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Keiko Fujimori en su discurso del 28 de julio: "Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65"

El 28 de julio, en su primer Mensaje a la Nación, Fujimori anunció ante el Congreso la duplicación del subsidio. "Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/350 bimestral a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema", dijo esa vez. El verbo "iniciaremos" no vino acompañado de ninguna fecha ni de ninguna mención a una posible limitación presupuestal.

Además indicó que dicha promesa sería el primer paso hacia una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza. Anunció además el despliegue de brigadas móviles de afiliación en zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas, como parte de la misma estrategia.

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La urgencia que el Gobierno no está atendiendo

Para Noelia Bernal, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, la demora tiene un costo que no es solo fiscal. Consultada sobre qué tan urgente es el aumento, fue directa: "Si me preguntas para quién es urgente, bueno, para los adultos que son los más avanzados en edad. Porque, digamos, ya les has postergado bastante el recibir una buena prestación." La frase apunta a un grupo que no tiene margen para esperar hasta el 2027: cada año de espera es, para ellos, un año menos de vida para beneficiarse del aumento.

La economista identificó un segundo grupo urgente, ausente hasta ahora del discurso presidencial: los adultos mayores en pobreza extrema que ni siquiera están inscritos en el programa. "Los que están ubicados en pobreza extrema y que aún no son beneficiarios de Pensión 65, habría que ahí buscarlos", dijo. Mientras el Gobierno posterga el aumento del monto, ese padrón pendiente de identificar tampoco figura entre las prioridades anunciadas por Fujimori ni el 28 de julio ni este 26 de agosto.

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Bernal remarcó que la decisión sobre cuándo y cómo aplicar el aumento depende, en última instancia, del Ministerio de Economía y Finanzas. "La decisión final va a venir fundamentalmente del Ministerio de Economía, para que evalúe este nuevo gasto y cómo afecta sus finanzas junto con todos los demás gastos", explicó.

Esa dependencia coincide con lo que dijo la propia presidenta este miércoles, cuando condicionó la mejora al desempeño futuro del titular del MEF, sin ofrecer ninguna fecha concreta ni explicar qué avances fiscales se necesitan para cumplir lo que prometió hace un mes.

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Alfredo Thorne, exministro de economía: "Se les ve muy descoordinados"

Alfredo Thorne, exministro de Economía, vinculó la demora en el aumento de Pensión 65 con la herencia fiscal que recibió el Gobierno. "Lo que creo que le está preocupando al Gobierno son las presiones fiscales que han heredado de los gobiernos anteriores", explicó.

El exministro relacionó además la espera hasta el 2027 con cuatro leyes que el Colegio de Economistas envió al Tribunal Constitucional. "Yo me imagino que lo que está tratando de hacer el ministro de Economía es asegurarse que esas leyes sean revocadas por el Tribunal Constitucional, y eso le daría un espacio el próximo año para poder aumentar la Pensión 65", señaló. Para Thorne, el aumento del subsidio debería enmarcarse, además, dentro de una reforma integral de pensiones que el propio MEF ya estaría evaluando a través de una comisión de formalización.

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Consultado directamente sobre la falta de una fecha concreta para el anuncio de julio, Thorne no evitó la crítica. "Lo que sí se les ve muy descoordinados en términos de lo que realmente quieren hacer", afirmó. Puso como ejemplo la seguidilla de anuncios sin ejecución: "Un día hablan de reducir los ministerios, otro día hablan de los días feriados, ahora hablan de la Pensión 65, pero en realidad no hay Pensión 65". Para el exministro, al Gobierno le falta "una ruta definida y un cronograma de qué es lo que se va a hacer en cada momento". "Yo creo que eso sí es una crítica válida", zanjó.

Sobre la urgencia del aumento, Thorne la calificó como una demanda justa, aunque advirtió que no puede resolverse de forma aislada. Mencionó que el Ejecutivo tiene sobre la mesa, al mismo tiempo, otras leyes relacionadas a la pensión de docentes, policías y militares. Además del debate sobre el aumento de la pensión de la ONP. "No puede aumentar Pensión 65 sin revocar la ley de pensiones de maestros y la ley de pensiones de los militares, porque si no, va a terminar pagándole a los militares pensiones más altas que a las personas que han contribuido veinte años para su pensión", advirtió.

"Hemos recibido el país con cifras y estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías", declaró la presidenta durante un evento por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor.

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La mandataria sostuvo que los avances de la economía deben reflejarse en mejoras concretas tanto para los pensionistas actuales como para aquellas personas que nunca pudieron acceder a una pensión. Al respecto, volvió a referirse a Pensión 65, programa cuya duplicación anunció en julio. Sin embargo, esta vez evitó establecer un plazo y se limitó a expresar una expectativa sobre su mejora en los próximos meses.

Sobre la creación de una nueva pensión, señaló que está a favor de una alternativa que facilite el acceso de los ciudadanos. No obstante, tampoco especificó cuándo se concretaría esta medida ni cómo sería financiada.

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"La solicitud de retiro del proyecto ‘Anti Ríos de Sangre’ se efectuó el pasado 24 de agosto con RU 8697-CD. Y quiero ser claro: el retiro no se efectúa por presión de nadie, sino por mi interés de reservar la propuesta para otro momento. No ahora, que el Perú nos necesita trabajando por las crisis, tarea que nos involucra a todos", señaló a través de su cuenta de X.

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El mensaje de Bravo llegó como respuesta luego de que la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtiera que, pese a que se había anunciado el retiro del proyecto, este todavía figuraba en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El retiro se hizo oficial minutos después de ese aviso.

El proyecto de ley buscaba establecer penas de entre cuatro y seis años de prisión para quienes, mediante medios de comunicación, plataformas digitales o manifestaciones, promovieran o justificaran el uso de explosivos u otros medios que afecten la vida o seguridad de las personas o del Estado. Además, modificaba el artículo 46 para agravar la pena cuando la conducta proviniera de comunicadores, influencers, funcionarios o dirigentes políticos. Aunque señalaba que no buscaba criminalizar la opinión, no definía con claridad qué debía entenderse por 'promoción', lo que dejaba margen a la interpretación de las autoridades.

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'El riesgo sigue latente'

Ante el anuncio de Bravo, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Laínez, señaló a La República que, frente a esta amenaza, buscarán mantenerse alertas a las acciones que tome el representante de Renovación Popular durante las próximas semanas en relación con la libertad de prensa.

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"El riesgo sigue latente. Si bien es cierto que ha retirado el proyecto de ley, el diputado deja la amenaza velada de que esto es una pausa y que, en cualquier momento, podría revivir esta iniciativa. Lo que queda es estar vigilantes a la actuación del diputado Bravo, para ver cuál será su posición sobre las libertades informativas. La advertencia queda y, en cualquier momento, podría presentar un proyecto contra las libertades como este o cualquiera similar", sostuvo.

Laínez también señaló que la coordinación con diversos gremios periodísticos se mantiene: "Hasta ahora, esto de ‘voy a presentar en cualquier momento’ puede ser hoy o en tres años. Siempre la ANP y otros gremios estamos presentes, atentos y articulados ante cualquier iniciativa que vaya contra las libertades informativas. Así que vamos a seguir vigilantes frente a cualquier proyecto que vaya en esa dirección".

Un proyecto rechazado por los gremios periodísticos

En diálogos anteriores con este medio, Laínez ya había señalado los peligros de este proyecto de ley para periodistas y comunicadores. A su juicio, los términos utilizados y la poca delimitación de la iniciativa evidencian sus riesgos.

"El proyecto tiene riesgos importantes para las libertades informativas y el ejercicio de la actividad periodística. Lo primero es que usa categorías muy abiertas. El proyecto habla, desde el título, de que lo propuesto entra en contextos de crisis política. Cualquier analista te diría que los últimos años han sido una crisis política. Eso abre la ventana a que lo cotidiano se convierta en una circunstancia para aplicar una ley de estas características. Hay regiones con conflictos sociales permanentes. Perseguir la incitación a la violencia no está mal, pero este proyecto incorpora una serie de agravantes y deja demasiado margen para que los fiscales, policías y jueces puedan interpretar como delito actividades periodísticas puntuales", indicó a La República.

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Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, también había indicado que la constante presentación de proyectos de ley de estas características mantiene en vilo el ejercicio periodístico.

"No es la primera vez que, bajo el argumento de preservar la seguridad interna, el Congreso propone alternativas que pueden terminar restringiendo la libertad de prensa y de expresión. La preocupación reaparece ahora con este proyecto, que propone que se penalice la ‘apología al delito’ como si el periodismo fuera motivador de estos delitos. Justamente en crisis y conflictos sociales, el periodismo tiene la tarea de informar a la ciudadanía sobre posibles delitos. Una norma tan arbitraria como esta podría llevar a que la difusión sea interpretada como una forma de apología", señaló a este medio.

Zunini precisó que, de las mociones impulsadas por su bancada, solo una queda vigente por ahora. "La única interpelación formal que ingresó la bancada es la del ministro de Defensa", dijo el legislador. Agregó que el pliego contra Shinno se retiró para revisar las preguntas con más calma, no para archivar el reclamo.

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El congresista insistió en que el retiro del documento no borra el fondo del problema. "Eso no significa que el problema no exista o que sea algo trivial", señaló. Zunini también valoró un ofrecimiento del primer ministro, quien dijo estar dispuesto a presentarse ante el Congreso las veces que haga falta para dar explicaciones. El vocero de Juntos por el Perú adelantó que tomarán esa palabra como compromiso.

La decisión llega después de que Juan Sheput calificara de exagerado el número de interpelaciones que promueve la bancada. La moción contra Rafael Belaúnde por el uso de las fuerzas del orden en Pataz sigue como el único proceso formal en curso.

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Alza en el precio de combustibles y paro de transportistas: los motivos de la interpelación contra Shinno

El cuestionario que Juntos por el Perú preparó contra Guillermo Shinno Huamaní apunta al alza en el precio de los combustibles. La bancada también exige explicaciones sobre las medidas que tomó el Ejecutivo frente a las protestas de los transportistas. Ese reclamo social se mantiene activo pese al retiro temporal del pliego.

La bancada opositora no descarta insistir con una nueva moción contra el ministro de Energía y Minas. Zunini dijo que el objetivo es lograr consenso con otras fuerzas antes de presentar un documento definitivo. Esa coordinación busca evitar que cada bancada actúe por separado con pedidos distintos hacia el mismo funcionario.

Juntos por el Perú había registrado además una tercera propuesta de interpelación, esta vez contra el titular del Interior. Con el retiro del pliego de Energía y Minas, la agrupación concentra su presión inmediata en dos frentes: Defensa, con proceso formal en marcha, y una futura moción conjunta contra Shinno.

El parlamentario precisó que tramitará el pedido el próximo martes durante la sesión ordinaria, donde deberá someter a aprobación su plan de trabajo para coordinar la asistencia del titular del sector.

“No es una interpelación, no es un cuestionamiento a su función, no. Solamente queremos que nos explique los alcances de esta medida”, dijo vía Exitosa.

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El legislador manifestó su desacuerdo con la norma que reduce en gran medida las sanciones. Sobre ello, Quispe calificó el acuerdo entre el Ejecutivo y los gremios de transporte como un retroceso en fiscalización vial y argumentó que reduce la exigencia hacia los conductores.

“La decisión que toma el gobierno después de una reunión con los transportistas es una decisión absolutamente política, nada técnica y nada ética (...). En el fondo, en realidad, lo que se está haciendo es premiar a quien comete infracción. Y eso no nos parece correcto”.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que el motivo principal de la medida fue evitar que los gremios acataran el paro anunciado, aunque reconoció que el decreto supremo final incluyó excepciones para no beneficiar a los infractores más graves. “Menos mal que en el decreto supremo ya se ha corregido”.

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Frente a las arbitrariedades policiales y el intento de los conductores por eludir los pagos mediante apelaciones extensas, Quispe propuso exigir al Poder Judicial la creación de juzgados administrativos de tránsito y seguridad vial para procesar las sanciones de manera imparcial.

“De tal forma que las papeletas de infracción sean de tránsito o transporte lleguen a este juez, que es un tercero imparcial. Ya no es la municipalidad o los otros órganos competentes quienes van a dirigir los reclamos”.

MTC oficializa la reducción del 90 % en multas de tránsito

El Gobierno aprobó un descuento del 90 % para pagar multas de tránsito para el transporte público y privado. Esta rebaja durará 90 días para las infracciones de tránsito —que sancionan las faltas a las reglas de circulación vial, como pasarse un semáforo— y 180 días para las de transporte, que castigan los incumplimientos en el servicio público o de carga, como circular sin autorización.

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Además, se pueden beneficiar todas las personas que tengan multas pendientes, acumuladas o en trámite de cobro, incluso si las reciben dentro de este plazo.

Sin embargo, las faltas más graves no reciben ningún descuento quedan fuera del beneficio, entre ellas se encuentran las multas por manejar borracho, prestar servicio informal, agredir a los inspectores de transporte o haber provocado accidentes de tránsito.

Para aprovechar la rebaja solo hay que pagar el monto con el descuento aplicado. Al hacerlo, la deuda se borra por completo, la cobranza se detiene y esa sanción no sumará puntos en el brevete ni contará como antecedente de reincidencia.

Según explicó Fujimori, las multas de tránsito consideradas abusivas no se cobrarán en su totalidad. "Las multas abusivas no se van a cobrar, solo el 10% del valor", precisó. A esto se suma otro beneficio: los puntos de las infracciones tampoco se contabilizarán, al menos por un tiempo determinado que el Gobierno aún no detalló con precisión.

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La reunión con los gremios no fue la única mesa de trabajo instalada esa semana. Fujimori anunció una segunda mesa, esta vez con el Ministerio del Interior, enfocada en la seguridad ciudadana, el otro reclamo central detrás de la convocatoria al paro. "La segunda mesa de trabajo se ha establecido con el ministro del Interior de cara a todo el proceso de seguir consiguiendo el orden en nuestro país", indicó la presidenta.

La mandataria cerró sus declaraciones con un mensaje de agradecimiento hacia el gremio. Según dijo, los propios transportistas ya se pronunciaron sobre los acuerdos alcanzados. "Agradezco las declaraciones de los propios transportistas, que están viendo sobre todo la intención y las decisiones que estamos tomando en nuestro gobierno", afirmó Fujimori.

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El paro del 25 de agosto quedó levantado tras la reunión

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, confirmó que el paro previsto para el 25 de agosto quedó sin efecto. Los nueve gremios que firmaron la convocatoria original decidieron levantar la medida luego de conocer los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo. "Ya se cumplió el sentido del pedido, cumplido el objetivo, levantamos la medida, porque esa era la única razón", declaró el dirigente.

La decisión llegó después de la reunión que representantes de distintos gremios sostuvieron el sábado 22 de agosto con Fujimori y miembros del Ejecutivo. Vargas explicó que su organización no participó directamente del encuentro, pero conoció los compromisos asumidos y los consideró suficientes para desactivar la paralización. Entre los acuerdos figuran el reforzamiento del Plan Escudo y una mayor coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas y otras instituciones.

No todos los gremios respaldan el desenlace. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), cuestionó que la reunión con Fujimori se realizara con organizaciones ajenas a la convocatoria original del paro. El dirigente exigió medidas concretas contra las extorsiones, los atentados y los asesinatos de conductores, además de la instalación de cámaras de vigilancia en los buses y una indemnización para las familias de choferes asesinados.

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Luis Quispe Candia: "Es un premio a los infractores"

El diputado Luis Quispe Candia, presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados, cuestionó los descuentos de hasta 90% que aprobó el Ejecutivo para las multas de tránsito. El legislador advirtió que la medida funciona como un premio para quienes incumplen las normas y señaló que puede debilitar el efecto disuasivo de las sanciones.

Los cuestionamientos del diputado llegan en un contexto de alto volumen de infracciones en la capital. Entre enero y junio, antes del nuevo régimen del Gobierno, el SAT de Lima registró 496.156 multas por más de S/201 millones. De ese total, se pagó el 69,8% de las sanciones, pero los descuentos ya vigentes en ese periodo redujeron en 72,5% el monto que debía cobrarse.

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Para Quispe Candia, el problema de fondo es la señal que envía la reducción. El legislador explicó que la medida beneficia a los infractores y no reconoce ningún incentivo a quienes sí pagaron sus papeletas a tiempo. Consideró, además, que el descuento no resolverá problemas estructurales como la congestión vehicular ni la inseguridad en el transporte público, aunque valoró que el Ejecutivo excluyera del beneficio a infracciones graves como conducir en estado de ebriedad o sin licencia.

El congresista no se quedó solo en la crítica. Anunció que su comisión buscará una reunión con el ministro Rafael Rey para conocer los detalles del régimen excepcional y plantear observaciones, aunque descartó por ahora una interpelación. También adelantó que trabaja en una propuesta para crear juzgados administrativos especializados en tránsito, que permitan a los conductores impugnar papeletas ante una instancia independiente sin dejar de sancionar a quienes sí cometen infracciones.

Mediante un pronunciamiento, la ORAU aclaró cómo es que dio la información a las autoridades y a los medios, precisando que la alerta inicial se generó debido a la falta de comunicación con la zona y las constantes amenazas del narcotráfico y la tala ilegal en el territorio.

Fue su hijo, Wilson Pascual, quien recibió la comunicación de una comunera, manifestándole que a su padre lo habían asesinado.

El líder indígena había salido de cacería al monte y recién volvió hasta la tarde del martes, 25 de agosto.

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Su hermano, Laureano Pascual, confirmó ese día que estaba vivo y acudió a un pueblo cercano con acceso a Internet desde donde pudo aclarar el caso y tranquilizar a las organizaciones indígenas.

Este incidente de confusión se produjo en un contexto de expansión de las redes criminales en el territorio indígena.

Dirigentes indígenas, congresistas y entidades del Estado como el Ministerio Público y los ministerios de Justicia y de Cultura, replicaron la denuncia de los dirigentes indígenas basados en la información que compartieron los familiares de Américo Pascual.

"Es un tema muy complejo", dijo a La República el vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Miguel Guimaraes.

El dirigente cuestionó la falta de acciones concretas del Estado para proteger a los líderes indígenas y advirtió que las comunidades continúan expuestas a actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extracción ilegal de recursos naturales.

Indicó que las comunidades han denunciado amenazas contra dirigentes indígenas y lamentó que las medidas de protección implementadas por el Estado no se traduzcan en una presencia efectiva dentro de los territorios.

Explicó que una de las principales dificultades es la ubicación remota de las comunidades. En algunos casos, los dirigentes deben desplazarse durante uno, dos o hasta tres días para llegar a una comisaría y presentar una denuncia, sostuvo Guimaraes.

"Hace tiempo me inventan relaciones, cuatro o cinco relaciones, pero yo ya he señalado claramente que, a partir del 28 de julio de este año y por los próximos cinco años, mi compromiso es con el Perú", expresó.

En esa misma línea, la mandataria señaló que, durante su campaña presidencial, "el señor Carlos, el señor Damián y el señor Román", personas que -según dijo- son de nacionalidad extranjera, vinieron al Perú para colaborar con ella. "Valoro el conocimiento de todas estas personas que, de una manera generosa, han querido ayudarme en este proceso", dijo.

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Esta última declaración va en la misma línea de la versión que brindó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien confirmó que Valenzuela Mayer participó de la campaña presidencial y era uno de los que hablaba con la presidenta.

Además, Vinelli recordó que el empresario argentino estuvo presente en la asunción de mando en el Congreso el pasado 28 de julio.

"Esa foto (en la que se ve a Vinelli saludando al empresario) hace referencia al 28 de julio, en donde hemos estado en el Hemiciclo, en donde había en el centro unas personas y él presentó ahí a unas personas que fueron invitados. En la campaña ha habido muchos asesores (...) Yo no podría afirmar que sea un asesor. Lo que sí puedo decir es que la presidenta consulta a muchas personas", relató en una entrevista en RPP.

"Yo no sabría decir cuál es el grado de influencia que tiene. Yo lo he visto el 28 de julio y de ahí no he vuelto a conversar con él, por ejemplo, así que no sé qué grado de influencia tenga sobre la presidenta", agregó.

Damián Valenzuela Mayer: ¿Quién es el empresario argentino?

Damián Valenzuela Mayer es un empresario argentino (Tucumán) de 51 años que, de acuerdo con el reportaje de Hildebrandt en sus Trece, es abogado y CEO de Latin America Invest y se haría llamar como el "creador de riquezas".

De acuerdo con el portal de la empresa, contarían con 40 directores de inversión y trabajan con bancos de Mónaco, Luxemburgo y Suiza. Operan en 10 países y tienen más de 1.000 clientes.

En revistas como 'Negocios' o 'Bolivia Business', el empresario es catalogado como financista de vuelo internacional. Tiene fotos con el rey de España, diversos políticos de derecha y asegura que lo que más cuida es su reputación.

La mandataria se dirige a él como "Gerardo" en público. Valenzuela Mayer ha estado en Lima 11 veces; la última vez entre el 25 de julio y el 1 de agosto y, anteriormente, entre el 10 y el 17 de julio.

Estuvo en la juramentación de Fujimori en el Congreso el 28 de julio. Se ubicó en el primer piso del hemiciclo junto con los parlamentarios andinos. Fue fotografiado por H13 mientras conversaba con el presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez, y con la ministra de Economía de El Salvador, María Hayem.

"El ministro Beingolea acaba de indicar que el LUM se convirtió en un punto de desencuentro, de desunión y de permanente enfrentamiento entre peruanos. Le puedo asegurar, porque he sido su director, que es más bien todo lo contrario. Usted está mal informado. Su afirmación es tendenciosa, busca dividir a los peruanos y alejarnos de las regiones afectadas. Ayacucho, contrariamente, a través de sus rondas campesinas, enfrentó el terrorismo subversivo y ahora promueve, entre otras actividades, los pampachanakuy, ceremonias de confesión y perdón", indicó en su cuenta de X (antes Twitter).

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Además, Burga recordó que en el museo se han realizado actividades vinculadas con la reconciliación entre personas afectadas por el conflicto armado interno que azotó al país entre 1980 y 2000.

"En el LUM se han organizado ceremonias de perdón y reparación, así como encuentros, como el del escritor y antropólogo ayacuchano Lurgio Gavilán y el teniente Shogún, quien le salvó la vida cuando era un niño senderista. Ver Memorias de un soldado desconocido. También están las memorias de Rogger Cayllahua, de Chuschi, quien cuenta que, desde que una patrulla secuestró a su padre, Martín, en 1991, nunca descansó buscando saber dónde estaba. En ese trajín, incluso perdonó al oficial que lo secuestró y que ahora vive en el asentamiento Nuevo Amanecer", señaló.

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Las declaraciones de Beingolea sobre el LUM

El titular de la cartera de Cultura se pronunció sobre el museo. Beingolea, quien anteriormente había señalado que "el control de la cultura estuvo en manos de la izquierda", aseguró que este espacio no había contribuido a los procesos de reconciliación entre los peruanos.

"Uno de sus objetivos era lograr el perdón y la reunificación de los peruanos. Ha logrado precisamente lo contrario. Entonces, tenemos que hacer cambios para que logre sus objetivos. Hoy, más bien, es un punto de desencuentro, de desunión y de permanente enfrentamiento entre peruanos. Eso no puede seguir así", indicó en entrevista con RPP.

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Beingolea niega disputa por el LUM, pero Álvarez insiste

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, negó que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) vaya a ser transferido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). El titular de Cultura señaló que el Ejecutivo no ha iniciado ningún diálogo para concretar dicha medida y afirmó que "no hay ninguna conversación siquiera al respecto", durante una entrevista concedida este lunes a RPP.

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Sin embargo, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, planteó públicamente que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) debería pasar a estar bajo la administración de su cartera. En declaraciones a Correo, sostuvo que el espacio debería pertenecer al sector Justicia, al considerar que su contenido aborda un periodo vinculado con la lucha contra el terrorismo y que, por ello, su gestión debería estar a cargo del Minjusdh.

La postura del ministro no se limitó a sus declaraciones públicas. Posteriormente, Álvarez difundió una carta ciudadana que respaldaba el traslado del LUM al Ministerio de Justicia. El documento reunió 21 firmas, entre ellas las de excongresistas y exministros.

La decisión judicial respondió a un recurso interpuesto por la defensa del exlegislador el 18 de abril de 2026. Según El Comercio, la representación legal solicitó especificar las jornadas, debido a un reporte de la Subdirección de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitido el 1 de abril de 2026.

En dicho documento, la entidad penitenciaria advirtió que el sentenciado no podía iniciar sus labores comunitarias, debido a que no se precisó la cantidad de jornadas que le correspondería realizar. Por ello, la defensa del excongresista indicó que “impide dar inicio al cumplimiento efectivo de dicha regla de conducta en el medio libre".

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Frente a ello, el tribunal supremo estableció que la sanción contempla dos alternativas: una obra social junto con un informe detallado que deberá presentar ante el juez de investigación preparatoria o un servicio comunitario o comunal, equivalente a 10 horas, bajo la supervisión de la Oficina de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario de Lima.

Si el excongresista elige la segunda opción, deberá establecer un horario de trabajo ante el juzgado supremo. Con esta información, el tribunal notificará al INPE para que le asigne una entidad pública o servicio oficial donde complete las horas. Una vez concluidas las jornadas, la entidad penitenciaria enviará el reporte de confirmación al juez.

Caso Mamanivideos

El proceso contra Kenji Fujimori comenzó tras comprobarse su intervención para buscar votos en el Congreso que evitaran el primer proceso de vacancia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017.

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Meses después, en marzo de 2018, la bancada de Fuerza Popular difundió grabaciones hechas por el fallecido exlegislador Moisés Mamani. Los videos mostraban negociaciones que buscaban el indulto de Alberto Fujimori —otorgado el 24 de diciembre de 2017— a cambio de evitar la destitución presidencial, hecho que provocó la suspensión parlamentaria de Kenji Fujimori y de los excongresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.

En 2022, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictó para Kenji Fujimori cuatro años y seis meses de prisión suspendida. Posteriormente, en 2024, la Corte Suprema ratificó su condena, pero varió la pena a prisión suspendida.

Este hecho movilizó a las organizaciones locales hacia la zona de Yurúa para verificar la veracidad de lo reportado y la Guardia Indígena Fronteriza de ACONADIYSH se encargó de corroborar la versión que denunciaba la muerte del líder. La comisión llegó por río hasta el lugar de los hechos y comprobó que el comunero no sufrió ningún ataque. En esa línea, se reconoció el trabajo de los defensores comunales.

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"Esta acción evidencia la importancia de la labor que cumple la Guardia Indígena en nuestros territorios, mediante la vigilancia, protección, defensa territorial y respuesta oportuna ante situaciones que afectan a nuestras comunidades. Gracias a esta intervención directa, logramos llegar al lugar y constatar presencialmente que Américo se encuentra con vida".

Se mantienen las amenazas a los dirigentes

A pesar de que se descartó el asesinato de Tumisha, la organización alertó sobre el constante peligro en el territorio y advirtió que las intimidaciones se intensifican ante la ausencia del Estado.

"Esta situación evidencia el contexto de alta vulnerabilidad que enfrentan nuestras comunidades indígenas, especialmente en zonas donde existen limitaciones de comunicación, dificultades de acceso a servicios básicos y presencia de actividades ilegales que generan temor e inseguridad".

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Asimismo, la organización alertó que en las últimas semanas han aumentado las amenazas y los actos de intimidación contra los defensores en Ucayali, principalmente en sectores afectados por el narcotráfico. Según indicaron, las bandas criminales buscan atemorizar a las comunidades para evitar que protejan sus tierras.

"La presencia del crimen organizado y el incremento de actividades ilegales en nuestros territorios constituyen una amenaza creciente para los pueblos indígenas y para quienes ejercen la defensa de sus derechos colectivos".

Frente a este escenario, los representantes de los pueblos originarios solicitaron al Gobierno la implementación inmediata de un grupo de trabajo en Yurúa para reforzar la seguridad en la frontera y proteger la vida de quienes defienden la Amazonía.

"(…) esaltamos la importancia de implementar un GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL DEL DISTRITO DE YURÚA, como un espacio de articulación para fortalecer la protección territorial y atender los riesgos que enfrentan nuestros pueblos indígenas, especialmente en una zona fronteriza con limitada presencia estatal y creciente presencia de actividades ilegales".

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Pronunciamiento del Ministerio Público

Tras la divulgación inicial del supuesto hecho, el Ministerio Público inició de oficio una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio.

A través de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ucayali, la fiscal provincial Milagros Santibáñez Guillén gestionó —en coordinación con la Policía Nacional— el apoyo de un helicóptero para trasladar personal fiscal, policial y médico al distrito de Yurúa, provincia de Atalaya, con el fin de realizar las diligencias en el lugar donde se reportó el asesinato.

Pronunciamiento del Ministerio de Justicia

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) informó que venía coordinando con las instituciones del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos —herramienta que promueve el acceso a la justicia y protege a líderes en peligro— el envío de una comisión a la comunidad nativa Onconashari, en Ucayali, con el fin de investigar lo ocurrido.

"Acá ha ganado la criollada. (Rafael) López Aliaga es ríos de amor, pero más que ríos de amor es ríos de viveza, de la viveza criolla. Él le está sacando la vuelta a la ley. Es legal, pero es totalmente inmoral, es anticatólico, es anti todo lo que él pretende representar. Él dice que él representa la honestidad; es totalmente deshonesto lo que ha hecho. Dice que representa el amor; lo que ha hecho no tiene nada de amor", indicó en RPP.

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Además, Urresti criticó las medidas de seguridad propuestas desde Renovación Popular. Para el candidato de Podemos Perú, López Aliaga ofrece medidas que no se ajustan a la realidad limeña.

"Este señor es totalmente disperso. Él cree que todavía está postulando a la presidencia. Cree que pedir seguridad para Lima es pedir que salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y apliquemos la pena de muerte va a bajar la delincuencia. Eso es una grosería, cualquiera de esas dos cosas demorará dos años", apuntó.

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Ni Urresti ni López Aliaga firmaron pacto ético del JNE

Rafael López Aliaga y Daniel Urresti fueron dos de las figuras que no participaron en la suscripción del Pacto Ético Electoral para las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, pese a figurar entre los principales candidatos a la Alcaldía de Lima.

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La ausencia de López Aliaga no es un hecho aislado. En diciembre de 2025, Renovación Popular tampoco acudió a la ceremonia de adhesión a este compromiso de cara a las Elecciones Generales 2026, proceso en el que el exalcalde de Lima postuló a la presidencia. En esa oportunidad, Perú Libre también decidió no participar.

El Pacto Ético Electoral es impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y busca que los partidos y candidatos desarrollen una campaña basada en el respeto, sin recurrir a la violencia ni a la difusión de información falsa. Asimismo, establece el compromiso de reconocer los resultados oficiales de los comicios.

° Hay algo llamable la derecha tranquila, para la cual el triunfo de Keiko Fujimori es el equivalente del triunfo del padre Alberto contra el terrorismo en lo militar, y contra los mercantilistas en lo económico. Esta derecha es la más amplia y está segura de que la deriva de Fuerza Popular irá resolviendo las cosas.

° También hay la derecha que no se convence de haber ganado, o por lo menos no lo suficiente. Reclama que se arrincone a los perdedores de la izquierda, dentro y fuera del Congreso. Su modelo es la extrema derecha presidencial en América Latina y más allá. Sospechan que hay caviares infiltrados en el nuevo poder.

° Sobre lo anterior, una carta abierta promovida por el ministro de Justicia de José Jerí y de Fujimori, y un grupo de ultras, muestra que para ellos a este gobierno le falta moverse mucho más a la derecha. La idea es limpiar al Estado de todo lo que tenga un aroma a progresismo, y reemplazarlo por lo que tenga un tufo a reaccionarismo duro.

° Luego está la derecha conciliadora, que le reprocha a los parlamentarios de centro haberse ido con la izquierda en vez de haber hecho lo contrario. En otras palabras, se sentirían muy cómodos con, por ejemplo, Jorge Nieto a su lado. Pero no se sabe mucho sobre ofertas del oficialismo a los centristas del Congreso.

° Hay también una derecha local muy atenta a lo que hace la ultraderecha del exterior. En seguridad, Bukele; en economía, Milei; en diplomacia, Trump; y así sucesivamente. Fujimori se ha referido a algunos de ellos, pero no a todos. Su ubicación dentro de la derecha no es segura, y está en proceso de prueba y error.

° El actual gabinete tiene de todo en este campo. Desde el ultraderechista Álvarez, y ahora líder de una clique a la derecha de Fujimori, hasta el moderado Beingolea. Los firmantes de la carta abierta han intuido que se les abre una oportunidad.

Uno de sus presuntos verdugos, conocido con el alias de “Zorro”, ofreció 10 mil soles para quien la asesinara.

“Zorro”, cuya identidad se mantiene en reserva, es el cabecilla de una banda criminal que opera en Pacasmayo y Chepén, en la región de La Libertad. Amenzaba a la abogada por un supuesto “cierre de dinero” (incumplimiento de acuerdo monetario) y buscaba cobrárselo con la vida de la profesional.

El domingo 15 de agosto, Helenn Silva fue aejecutada en el restaurante “Pikeitos”, en Pacasmayo, a manos de un sicario que le disparó tres balazos en la cabeza.

Según las investigaciones, Helenn Silva recurrió a sus “amistades” del mundo del hampa en busca de protección. El intermediario era “Ronald”, primo de “Zorro”, quien le dijo a Silva que este la estaba vigilando.

“Ronald” le envió a Helenn Silva un pantallazo de la conversción que sostuvocon “Zorro”:

“-¡Paisa! Te hablo por Hellen. ¡Ella dice que no ha hecho nada!”, le escribió “Ronald” a “Zorro”.

“-¿Qué hay con la doctora, causa? Tú sabes a la firme que hay 10 palos. Es una cerradora”, respondió “Zorro”.

En todo momento, la abogada Helenn Silva trató de llegar a un acuerdo on “Zorro” por la tranquilidad de su familia y así le advirtió a “Ronald”. Al leer estos mensajes, Helenn Silva le expresó a “Ronald”:

“-Mira, cholo. Acá es muy simple. Háblale a tu primo que me suelte y no pasa nada, en serio. Porque la verdad que yo estoy desgastada y estresada por esta situación. Lo único que quiero es mi tranquilidad, tranquilidad para todos”.

Desde el día que Helenn Silva se enteró por boca de “Ronald” que detrás de las amenazas estaba “Zorro”, quien empezó a enviarle mensajes por WhatsApp y audios exigiendo la devolución del dinero, de lo contrario la mataría.

Incluso el 10 de julio de este año, la gente de “Zorro” la buscó en su casa, pero no la encontró.

“-Ya te has dado cuenta hasta dónde puede llegar, hasta la puerta de tu casa. Si estabas, te iba a volar la cabeza. Aquí me vas a pagar seis mil por ti y por tu hijo. Si me dices que no, normal, pero no te quedes con plata ajena. Te voy a enseñar a no cerrar”, le escribió el “Zorro” a Helenn Silva.

Pero, la abogada no se quedó callada. Le respondió enviándole un audio con el mismo lenguaje de su intimidador.

“-¡A quien chucha he cerrado? ¿Tú me vienes a mí a amenazar? Oye, tú no sabes con quién chucha te estas metiendo. Te estoy diciendo que me sueltes y no me vengas a mencionar a mí, ni a mi hijo, porque soy capaz de ir yo misma y arrancarte los sesos, la lengua y te corto dedo por dedo”, le advirtió Helenn.

“-Me gusta que me reten”, respondió “Zorro”.

“-No te reto. Tú estas que me buscas. He querido ser empática contigo. Ya te tengo localizado. Si quieres ir a la mala, ¡a la mala nos vamos! Porque botada (regalada) no estoy, huevón de mierda. Más te vale que me tengas como amiga, a que me tengas de enemiga, ¡mierda! Porque toda tu gente se va a cagar”, le dijo Helenn Silva.

La abogada continuó:

“-¡Mátame y te mueres tú, tu hijo y tu abuelo! No seas atrevido, mierda, porque el que fue atrevido está tres metros bajo tierra. Me sueltas, te suelto, ya te dije cuál es la situación”, le dijo Helenn Silva.

“Zorro” no se quedó callado:

“-La próxima te destapo la cabeza. No te voy a soltar, te voy a matar”.

Para el jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, el crimen de Helenn Silva, se debió a un “conflicto económico” dentro de su entorno laboral como abogada.

“Uno de sus clientes no estaba conforme con el resultado de su defensa y le exigió la devolución de dinero, originándose un conflicto con las partes y Hellen Silva” indicó el general Espinoza a La República. 

El parlamentario, quien preside la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados, sostuvo en RPP que el gabinete tiene menos de un mes en funciones y que aún no existen elementos suficientes para someter a los ministros a un proceso de interpelación.

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Hasta el momento, las bancadas han oficializado mociones contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y el titular de Energía y Minas, Guillermo Shinno. Queda pendiente la oficialización de la moción contra el ministro del Interior, César Astudillo, quien ya adelantó que una eventual censura le permitirá “demostrar el trabajo que viene haciendo la Policía”,

Además de pronunciarse sobre las interpelaciones, Quispe Candia abordó la situación de la seguridad ciudadana en el país y pidió fortalecer el trabajo de la Policía Nacional frente a los serenazgos municipales, a los que consideró carentes de autoridad legal para enfrentar el problema.

Interpelaciones fuera de lugar

Quispe insistió en que el rechazo de su bancada a las interpelaciones no responde a un alineamiento con el gobierno y subrayó que el PBG se asume como oposición, aunque de un tipo distinto al de otras bancadas que ya han presentado mociones formales.

"El partido del Buen Gobierno es un partido conformado por personas, creo yo, serias, sensatas. Nos confesamos que somos de oposición, porque eso ha elegido la población, pero no somos irracionales, de ninguna manera. De modo que esas propuestas de algunos congresistas nos parecen, fuera de lugar. No es el momento de interpelar a los ministros, llegará el momento", expresó en el programa Ampliación de Noticias de RPP el diputado del Partido del Buen Gobierno.

"(¿Son irracionales?) Bueno, evidentemente, si no actúa con cierto criterio, en un mes cómo voy a interpelar a un ministro tan fácilmente, si ni siquiera le estoy dando la opción de que demuestre contrario. Cada quien se hace responsable de sus actos y de sus palabras. De modo que habría que preguntarles a ver qué es lo que buscan (a las bancadas que buscan interpelar). Lo único que considero es que no es oportuno", enfatizó el diputado.

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"Cada uno se hace responsable de sus actos y palabras". "No es el momento de interpelar a los ministros, llegará el momento (...) Lo único que considero es que no es oportuno", agregó.

Con estas declaraciones, Quispe Candia se diferencia de las otras bancadas de oposición que sí decidieron impulsar las interpelaciones, entre ellas Juntos por el Perú, autora de las mociones contra Belaúnde Llosa y Shinno.

Congresista del Partido del Buen Gobierno señala que todavía no se debate al respecto

El diputado Fernando García Huby, del Partido del Buen Gobierno, señaló que desde el seno de la bancada todavía no se ha debatido la posibilidad de apoyar esta moción de interpelación.

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“Como bancada, aún no hemos debatido ni definido una postura institucional sobre este escenario. Debemos recordar que el procedimiento exige primero escuchar al ministro en el Pleno; tras el debate, existen dos caminos: si sus respuestas satisfacen las dudas y aclaran los cuestionamientos, la controversia se supera; caso contrario, la votación determinará si procede o no la censura. Por ahora, actuaremos con responsabilidad, esperando escuchar los descargos antes de tomar cualquier decisión”, indicó.

Además, sobre la posibilidad de que esto escale a una moción de censura, indicó que depende recien de los resultados de este primer proceso: “La posibilidad de plantear una censura es una atribución constitucional que ejerce el Parlamento, pero que responde a una etapa posterior y final tras el proceso de interpelación”

En línea con ello, el propio JEE de Morropón emplazó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a evaluar la necesidad de establecer criterios uniformes sobre los alcances de la prohibición de reelección inmediata cuando una autoridad municipal en ejercicio postula a un cargo distinto dentro del mismo concejo. El JEE de esta localidad piurana señala la necesidad de establecer este criterio debido a que esta estrategia viene siendo utilizada en distintas partes del país: de acuerdo con el portal Datapol, 135 alcaldes elegidos en 2022 postulan como tenientes alcaldes en estas elecciones.

El candidato originalmente inscrito a la alcaldía, Ricardo César Espinoza Nima, renunció el 27 de julio. Como la lista continúa participando sin candidato a alcalde, Baca Palacios quedó en posición de acceder automáticamente a la alcaldía si la lista gana, dada su condición de primer regidor hábil.

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Al respecto, el JEE de la localidad piurana indicó que, si esto llegara a consumarse, se transgrediría el artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de autoridades, así como el artículo 103, que señala que no está permitido abusar del derecho.

El Jurado Electoral consideró que, aunque individualmente es válido que un alcalde postule a regidor y que una lista subsista tras la renuncia del candidato a alcalde, la combinación de ambas circunstancias produce objetivamente el resultado que el artículo 194 prohíbe: la continuidad inmediata del mismo alcalde.

Además, respecto a la intención de abusar del derecho, indicaron que no hace falta demostrar que Baca Palacios planeó o quiso reelegirse deliberadamente. Basta con que el resultado objetivo —que él vuelva a ser alcalde si gana la lista— sea el mismo que la Constitución prohíbe, independientemente de las intenciones de los involucrados.

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¿Y el caso López Aliaga?

Naturalmente, el caso mantiene bastantes similitudes con el de Renovación Popular y su candidatura en Lima, liderada actualmente por Rafael López Aliaga luego de que Luis Rubio renunciara a encabezar la lista. De ganar el partido celeste las elecciones que se celebrarán este 4 de octubre en la capital, López Aliaga repetiría por segundo periodo consecutivo como alcalde de Lima.

A dos días de cerrarse el plazo para que el Jurado Nacional de Elecciones pudiera excluir alguna candidatura regional o municipal, dos ciudadanos presentaron recursos formales ante el JEE de Lima Centro 1 para solicitar que se retire la candidatura de Renovación Popular por permitir una reelección encubierta y dar paso al abuso del derecho, tal como ocurrió en el caso de Baca Palacios.

De hecho, uno de los antecedentes citados por los ciudadanos denunciantes es justamente la Resolución N.° 00576-2026-JEE-MORR/JNE, que determinó la exclusión de la candidatura de Baca Palacios a la alcaldía de Morropón.

Pese a las similitudes, el JEE de Lima Centro determinó que la lista de Renovación Popular continuará en carrera con López Aliaga a la cabeza. A través de una resolución, el Jurado Electoral resolvió mantener la candidatura de Rafael López Aliaga al declarar improcedente uno de los pedidos de exclusión y ordenar el archivo definitivo del caso una vez que se agoten los plazos de apelación.

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En sus descargos ante el pedido de exclusión, Renovación Popular señaló que lo solicitado se trataba de una "tacha encubierta". El Jurado Electoral les dio la razón. La resolución indica que, por ley, las tachas deben presentarse dentro de los tres días calendario siguientes a la publicación de la admisión de la candidatura. Dado que la postulación de López Aliaga fue admitida el 26 de julio de 2026 y la denuncia se presentó recién el 21 de agosto, el plazo ya había expirado y no se podía retrotraer el proceso.

Además, el JEE resolvió que la exclusión de un candidato solo puede darse por motivos muy específicos y estrictos señalados en la ley. Como los hechos denunciados por el ciudadano no se ajustaban a ninguna de estas causales de exclusión, no era legalmente posible apartar al candidato por esa vía.

Cabe señalar que el JEE de Lima Centro no entró a debatir el fondo del asunto —es decir, la reelección encubierta y el abuso del derecho planteados en el pedido de exclusión—, sino que desestimó la solicitud basándose en los argumentos anteriormente expuestos.

El plazo para presentar recursos contra candidaturas venció el 23 de agosto. Con ello, el camino queda libre para el partido celeste en su búsqueda de volver a ocupar el sillón municipal por otro periodo.

Burneo evita pronunciarse

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ha evitado pronunciarse sobre la decisión del Jurado Especial Electoral de Morropón. Señaló que ello sería adelantar opinión.

"Sobre el caso concreto, no nos podemos pronunciar dado que eventualmente podría ser materia de un recurso de apelación. Eso se evaluaría en el caso concreto entorno a ello", indicó.

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Constitucionalistas se pronuncian

La decisión tomada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ya genera discusiones entre la comunidad jurídica. Para el abogado Roy Mendoza, especialista en Derecho Constitucional y Electoral, la decisión de mantener a Rafael López Aliaga en carrera —teniendo en cuenta el antecedente de Morropón— constituye una clara falta ante la ley.

"Es incorrecto porque atenta directamente contra la seguridad jurídica. Podríamos decir que, por un lado, fue correcto y que, por otro, no. Lo que tiene que establecerse es un criterio único y eso debería hacerlo el Jurado Nacional de Elecciones. (...) No tengo ninguna duda de que un juez más valiente podría haber entrado a un examen constitucional más riguroso y habría concluido igual que en el caso de Morropón".

Mendoza indicó que esta decisión vulnera el cuidado de la Constitución: "Me parece que el Jurado Electoral Especial ha optado por la salida más formalista y ha desperdiciado una gran oportunidad para restablecer los fines constitucionales".

Gerardo Távara, abogado y analista político, calificó lo decidido por el JEE de Lima Centro como "equivocado" y señaló que el modo en el que Rafael López Aliaga podría acceder a un nuevo periodo como alcalde de Lima constituye una forma de ir contra la Constitución.

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"Me parece que la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima es absolutamente equivocada. Están cumpliendo con un formalismo, una aplicación literal de la norma que no es la que corresponde. La Constitución establece que no es posible que una persona que ya fue alcalde ejerza como alcalde en un mismo periodo inmediato. Lo que pretende hacer el señor López Aliaga es eso. La vía que ha utilizado es fraudulenta, pero el resultado va a ser el mismo si es que ganara la lista de Renovación Popular. Eso es lo que la Constitución prohíbe y es lo que ha debido interpretar el JEE de Lima Centro, tal como lo ha hecho el JEE de Morropón al excluir a una persona que hizo lo mismo que López Aliaga".

Távara señaló que el JNE podría zanjar la polémica dando una opinión oficial sobre el tema.

"Lo que ocurre es que los 69 Jurados Electorales Especiales del Perú actúan cada uno según su criterio. Lo que decida el de Morropón no obliga al de Lima, Tacna o ningún otro. Aquí hay un problema. Y también se da porque el Jurado Nacional de Elecciones no se atreve a dar una pauta que sigan todos los Jurados Electorales Especiales. (…) Ambos casos, el de Morropón y López Aliaga, pueden llegar al JNE en apelación. Ahí se encontrará con dos situaciones contradictorias. Yo creo que ahí el JNE hace mal al no emitir opinión. Se queda simplemente esperando a que el problema llegue a su mesa para decidir. Mientras tanto, el tiempo para la elección se acorta", indicó.

El otro punto que todavía no está cerrado es el itinerario de actividades. Aunque circulan versiones sobre una posible agenda en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco, el programa oficial todavía no ha sido anunciado por la Santa Sede. Las coordinaciones continúan entre las autoridades peruanas, la Iglesia y los representantes del Vaticano.

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La llegada de una segunda comisión de avanzada del Vaticano se debe a la necesidad de revisar las condiciones de seguridad, logística y los espacios contemplados en la agenda que se tiene de manera preliminar. La delegación evalúa los lugares propuestos antes de que se establezca el programa definitivo de la visita del papa.

Por ello, las actividades que circulan en redes sociales o que son presentadas como parte de una agenda definitiva todavía deben tomarse con cautela. La falta de un itinerario oficial implica que algunas propuestas podrían modificarse, descartarse o incorporar nuevos detalles antes del anuncio definitivo.

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La confusión sobre la duración de la visita surgió porque inicialmente se informó que León XIV permanecería en Perú hasta el 17 de noviembre. Sin embargo, el nuncio apostólico Paolo Rocco Gualtieri confirmó que el pontífice estará en el país del 11 al 16 de noviembre. El representante del Vaticano explicó que León XIV tiene compromisos en Roma y que el 17 tiene que estar allá.

Las actividades todavía están en evaluación

La visita de León XIV contempla cuatro ciudades: Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco. Sin embargo, todavía falta conocer el detalle de cada actividad y el orden definitivo del recorrido.

La información disponible hasta el momento permite establecer el marco general del viaje, pero no una agenda definitiva. Incluso la plataforma oficial de la visita señala que el programa detallado todavía no es público.

Uno de los actos que ya cuenta con información pública es la misa multitudinaria prevista para el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. El canciller Carlos Espá también confirmó que la segunda comisión de avanzada revisará los lugares contemplados en la agenda preliminar.

Por ahora, la fecha de salida del Perú se mantiene para el 16 de noviembre, mientras que el itinerario con las actividades específicas del papa León XIV deberá esperar el anuncio oficial correspondiente.

Gobierno evalúa declarar feriado durante la visita del papa León XIV

El Gobierno evalúa la posibilidad de declarar feriado en noviembre durante los días en que el papa León XIV se encuentre en las distintas regiones del país. Esto para que la ciudadanía pueda participar en las actividades que se programarán durante los días de estadía del sumo pontífice.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, confirmó que la posibilidad se encuentra en evaluación.

El titular de Trabajo, Juan Sheput, confirmó que esa posibilidad está en evaluación. Según la propuesta, los días que no sean laborables podrían aplicarse solo en las regiones en las que se encuentre el papa León XIV, y la posibilidad es de que sea al menos un feriado por cada ciudad incluida en su recorrido en nuestro país.

La evaluación se realizó durante una reunión de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel encargada de coordinar la visita del papa, encabezada por el canciller Espá y con participación de los ministros.

"Conociendo su estilo que no lo ayudó mucho en la campaña, no me sorprendió. Creo que es una opinión que no corresponde a la realidad. No se puede hacer como plantea", declaró.

"Yo prefiero seguir coordinando con los parlamentarios senadores y diputados de Renovación que he visto bastante voluntad de ser una oposición responsable", agregó Galarreta en entrevista con Milagros Leiva.

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Cabe recordar que López Aliaga dijo en una entrevista con el medio digital CTV que hay una falta de medidas inmediatas frente a la inseguridad ciudadana. El líder de Renovación Popular pidió a la mandataria aplicar un shock de seguridad y advirtió que no quiere que el Gobierno de Fujimori siga el mismo rumbo que la gestión de Dina Boluarte.

Por eso Galarreta optó por diferenciar al líder de Renovación Popular de los parlamentarios de su organización política.

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Galarreta intenta minimizar las diferencias dentro del gabinete

Durante la entrevista con Milagros Leiva, Galarreta también respondió a las versiones sobre supuestas diferencias dentro del gabinete de Keiko Fujimori. El premier sostuvo que las discrepancias entre los ministros no representan una crisis y aseguró que el Ejecutivo mantiene una agenda común, pese a las posiciones enfrentadas que han quedado expuestas en las últimas semanas.

"Yo hablo con todos los ministros permanentemente, cuando dicen 'oye hay discusión', no hay ninguna discusión, hay opiniones. El gabinete está absolutamente sólido. Pueden haber opiniones diferentes en un par de temas pero los temas de la agenda son enfrentar la criminalidad y el fenómeno de El Niño", refirió.

Galarreta también fue consultado por las versiones sobre una eventual distancia entre Keiko Fujimori y sus principales aliados políticos, luego de que llamara mucho la atención la ausencia de Miguel Torres en una presentación de la mandataria.

"Si quieren ir por ahí están yendo mal (...) Dicen que no estuvo Miki Torres en la presentación pero yo estuve con él. Hemos mostrado durante casi 10 años que los tres somos casi un triunvirato de amistad y tenemos la misma visión de país. No salgo a aclarar tonterías", puntualizó.

La señora María Teresa Cabrera ha emitido un informe en el caso de Alejandro Soto y dice que usted prolongó indebidamente la investigación al señor Alejandro Soto y que se reunió con él.

Oh, qué terrible.

Él, como presidente del Congreso, y usted como fiscal de la Nación. Yo lo sé, pero ahí está

Bueno, entonces, ¿qué hacen todos los fiscales y jueces ahí todavía trabajando? ¿Deberían destituirlos a todos? No, porque se demoran injustificadamente, algunos de ellos, no todos. En el caso mío no es que me he demorado. Además, el señor se va ante ellos cuando ya había sido denunciado constitucionalmente por mochar sueldo.

O sea, él quiso vengarse a través de su Junta Nacional de Justicia. Él debió antes haber agotado lo que se llama el control de plazo, es decir, ir ante el juez y decirle: "Esta señora se está demorando en mi investigación." Y con eso, normalmente se corregía, si es que se hubiera tenido que corregir. Pero él no, él nunca observó nada, nunca se quejó.

Años después se presenta ante la Junta Nacional de Justicia, ¿no?

Se presenta poco después del archivo que logró, obviamente blindado por sus compañeros del Congreso. Y para vengarse de mí, recurre de manera totalmente absurda ante la Junta Nacional de 'Injusticia', y ellos, muy solícitos, me abren la investigación y le agregan algo de haberme reunido con él.

Esa reunión, Rosa María, fue a pedido y por gestión de los sindicatos del Ministerio Público, para que yo vaya a ayudarlos a convencer al presidente de la comisión de presupuesto, para que puedan aprobar los dictámenes en favor de sus beneficios laborales. Yo fui prácticamente como invitada, podría decir, pero como cabeza de institución me apersoné, y de ahí se arma todo el tinglado y dice, y me difama, que yo le habría hablado de su carpeta por lo bajo.

¿Eso dice?

Sí, ahí está. Y lo recoge de manera muy tendenciosa la señora Cabrera. Pero no hay pruebas. ¿Por qué? Porque las testigos de que yo le habría hablado de su carpeta, como para presionarlo por el presupuesto, son las mismas a las que él mochó el sueldo, y son las agraviadas de ese caso que yo denuncié constitucionalmente. Es decir, las ha condicionado, a las tres señoritas que lo ayudaron a difamarme, y todo eso lo recoge la Junta Nacional de Injusticia. En esa reunión de los sindicatos estuvimos como dieciocho personas en un ambiente muy pequeño, más chico que este, y arman todo de una manera desproporcionada, injustificada, irracional, porque quieren la sinrazón.

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Luego viene el caso Tomás Aladino Gálvez, presentado por el señor Víctor Chanduvi. Usted retrasó su incorporación y requirió su suspensión ante el Poder Judicial.

Ese es un tema legal muy bonito. Rosa María, como abogada le consta que fiscales supremos están con graves denuncias a ese nivel; no hay antecedente de ese tipo. Y cuando pedimos, hacemos una proyección, un análisis a futuro sobre las circunstancias personales del caso. Y lo que se aplica es el artículo 297 del Código Procesal Penal, que dice que se hace ese análisis para que, en términos sencillos, se evite que la persona investigada vuelva a su trabajo y realice los mismos delitos u otros que perjudiquen, en este caso, al Ministerio Público.

Y el tiempo me dio la razón. Cuando yo apelo, el señor San Martín tuvo ahí los elementos de que Gálvez había dicho: "Voy a desactivar los equipos especiales, no hay cuellos blancos, no existen." Llega a ser fiscal de la nación, ¿y qué es lo primero que hace? Saca a los dos fiscales que veían su caso personal de cuellos blancos. Eso es aprovechamiento indebido del cargo, conflicto de interés personal, eso es delito. Y la Junta Nacional de Justicia a él no lo toca ni con el pétalo de una rosa; en cambio, sacó a los fiscales que estaban viendo su caso, destruyó los cuatro equipos especiales, y ahora está desarticulando totalmente lavado de activos.

Mi proyección estaba jurídicamente sostenida, con los elementos que se pusieron a la vista del señor San Martín, pero a él no le importó. No quiso desarrollar jurisprudencia. ¿Por qué será? ¿Acaso le vino a la memoria su audio? No lo sé. Pero lamento que el Poder Judicial, a través de ese señor y su sala, no haya impedido todo el daño que ahora estamos viendo en el Ministerio Público.

¿Cómo está el Ministerio Público? De cabeza. Me llaman muchos fiscales, excolegas, y me dicen: "Doctora, ¿qué podemos hacer?" Resistir. Trabajen, cuídense de las venganzas, porque hay chicos y chicas a los que han removido, adjuntos provisionales, por aparecer en una foto conmigo. Hasta con las chicas del fulbito. Qué ridículo.

Bueno, vamos a lo que está ganando. Hasta ahora usted ha ganado el caso de la inhabilitación: el Congreso la inhabilita por haber escrito un reglamento que usted prueba que no escribió.

No hice nada. Era para impedir que yo vuelva con la medida cautelar que me otorgó Torres Tasso, y ese, asustado, también me demoró semanas.

Pero además ha ganado el archivo, en la Corte Suprema, del delito que se le imputaba —prevaricato, falsedad genérica, usurpación de funciones—, todo archivado. Es decir, penalmente archivado. La primera acción de amparo dice que a usted no la pueden inhabilitar por haber escrito un reglamento que no escribió. Le ha ganado a Fernando Rospigliosi una demanda por difamación. No está mal. Le han rechazado su hábeas corpus. O sea, hasta ahora sus procesos siguen en pie; usted ha impugnado todo.

Sí, con mucho esfuerzo. Pero yo saludo las buenas decisiones, no porque me hayan favorecido, sino porque están arregladas a derecho. Y lo fatal, lo vergonzoso para la justicia peruana, es que los señores de la JNJ hayan abierto ya formalmente un procedimiento disciplinario contra los tres jueces de la tercera sala constitucional que me dieron la razón en el amparo por la primera inhabilitación.

Sandro Aguilar, Néstor Paredes y Daniel Suárez están bajo investigación, los tres jueces de la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Lima, por haber amparado, el 26 de mayo, a la señora Delia Espinosa. Los van a juzgar por eso. Lo cual es inconstitucional, ¿no?

Pero mire el doble rasero. ¿Por qué no hacen lo mismo con el señor Checkley? Si él también ha archivado la parte penal del mismo caso, ¿por qué no lo tocan a él?

Seguramente le tendrán más miedo, pero a ellos no les tienen miedo.

No, no, no, ahí no es miedo. Ahí hay algo. Recuerden que yo también tenía una investigación muy sustentada contra el señor Checkley. Siempre digo: a las pruebas me remito. Por eso, ¿por qué no lo tocan a uno y sí al otro?

¿Qué le dijo el Jurado Nacional de Elecciones sobre el caso Rospigliosi? Porque usted solicitó que el señor no juramentara, que no se le diera credencial.

Me respondieron... ya no recuerdo mucho, pero en buena cuenta dijeron que es legal, algo así. Pero después se supo que, en realidad, lo que estaban haciendo era una especie de interpretación reforzada, diciendo que, como no hay sentencia de segunda instancia...

La Constitución dice "sentencia en primera instancia". Lo que pasa es que la sentencia sale después del 12 de abril,

Pero él todavía era postulante, que es lo mismo que ser candidato. Claro. Uno postula y es candidato, y la candidatura termina con la proclamación, que es después de la sentencia de primera instancia. Conclusión: al señor había que aplicarle el artículo 34-A de la Constitución.

Luego vino la ley del artista —qué bárbaro, no termina nunca su historia—, la ley del Colegio de Artistas, que la van a derogar, que está muy bien, pero un abogado llegó a presentar una acción para que usted fuera destituida en aplicación de esa ley.

Sí, dos veces ya la ha presentado.

Sí, el señor Fernando Valdivia ya presentó esto ante el Poder Judicial para su destitución inmediata.

Bueno, yo creo que el señor ha dejado de estudiar derecho, porque si hubiera repasado bien se hubiera avergonzado de tener la intención de presentar eso. Ya debe estar desactualizado, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Hasta ahora no ha pasado nada y no va a pasar nada.

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Ante su destitución en la Junta Nacional de Justicia, usted ha presentado un amparo. Frente a la segunda inhabilitación, ¿también ha presentado un amparo?

No, no. A la destitución de enero llegué hasta la reconsideración y quedó administrativamente ahí. Lo que sucede es que hay que recordar que el Tribunal Constitucional tiene bloqueado cualquier amparo que se presente contra decisiones inconstitucionales de la Junta Nacional de Justicia.

¿Por qué?

Tiene una medida cautelar de diciembre del año pasado, por la demanda competencial que presentó para que el Poder Judicial no nos llame a acciones de amparo porque está invadiendo sus facultades disciplinarias. Y rapidito se la otorgaron. Eso era, nuevamente, para bloquear mi acción de amparo por la suspensión del año pasado.

O sea, ahorita usted no puede presentar una acción de amparo.

Tampoco el doctor Ordóñez, tampoco los demás doctores suspendidos que están siendo maniatados y perseguidos por pedido...

¿Y el Tribunal Constitucional le dio esa cautelar a la Junta Nacional de Justicia?

Sí, ya hubo la audiencia del caso principal, ya deberían resolverlo y no lo hacen; lo están demorando para permitir que la Junta siga en su festín de persecuciones no jurídicas, sino políticas, atendiendo órdenes —porque eso ya no son pedidos, son órdenes políticas del señor Rospigliosi.

Bueno, él ha dicho que va a barrer el Poder Judicial, ¿no?

Y lo está cumpliendo. Ya empezó.

Ahora, en esta historia interminable, ha surgido una nueva denuncia. Acusan a su hija, Melissa Albujar, de adquirir dos inmuebles —una oficina y un estacionamiento— por 213.800 soles, teniendo 22 años.

¿Qué hay de malo? Esos dos inmuebles, que algunos trolls dicen que son casas —cinco casas, ya no sé cuántas, 10 casas—, son un estacionamiento y una oficina, por el amor de Dios. La oficina está en el Cercado de Lima, Santa Beatriz. La compré en plano. Yo la compré. Mi hija recibe solamente su pensión alimenticia. La terminé de cancelar más o menos en 2022. Se firmó la minuta y la escritura pública recién se elevó el año pasado, 2025.

¿Y usted puso esos inmuebles a nombre de su hija porque es su única hija?

Usted es abogada, ayúdeme a explicarlo. Internamente en la empresa Albamar S.A., una muy buena constructora, pedí con un documento y me aceptaron. Antes de elevar la escritura pública se hizo la modificación de titularidad. A mí me dio el gusto —por no decir la gana— de pasarlo a nombre de mi hija, porque actualmente tanto esa oficina como la otra que sigo teniendo a mi nombre están alquiladas. Ella tiene su cuenta bancaria, yo tengo la mía, recibimos nuestras rentitas, pagamos impuestos, no como

Hoy día va la audiencia. Le han dicho que coincide con una audiencia de la Comisión de Ética del CAL, que usted no maneja, donde se va a discutir la inhabilitación de cinco miembros de la Junta Nacional de Justicia como miembros del gremio.

Hoy, la verdad, no sabía. Los señores tienen su propio cronograma, sus propias actividades. Ellos tienen toda la autonomía e independencia, en la que ni la decana ni los demás directores tenemos por qué interferir.

Ahora, estos miembros de la Junta Nacional de Justicia se presentaron ante el CAL a pedir que los desafilien, y no se les permitió; han conseguido un amparo, una medida cautelar, para ser desafiliados. Pero la medida dice que sí pueden ser examinados éticamente

Por los hechos que probablemente hayan cometido contra la ética durante el tiempo en que sí estaban afiliados. Es decir, que se les deje ir. Perfecto, cumplimos nosotros.

Patricia Benavides está suspendida en el ejercicio de la profesión hace meses y sigue actuando como profesional del derecho.

Por eso el director de defensa gremial ya tomó las acciones que corresponden a su función —porque por ahí alguien dijo que yo se lo he ordenado; yo no ordeno a nadie— y ha procedido a presentar la denuncia penal por ejercicio ilegal de la profesión. Bueno, es lo que corresponde, ¿no?, porque no ha obedecido un mandato de su colegio, de su gremio, en el ámbito ético.

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Han dicho que estas sanciones son exageradas. Los que los defienden dicen que ha sido absolutamente exagerado, desproporcionado, porque te pueden quitar la fuente de trabajo de manera arbitraria.

Lo que sucede, Rosa María, es que a los que dicen eso no les importa la ética. Estamos en una crisis de moral social. Hay mucha gente que ya tolera la indecencia, la corrupción, tolera todo, hasta la delincuencia; no pasa nada, esconden, justifican. Estamos en una grave crisis de ética profesional, y por eso ya no importa. ¿Cómo va a ser exagerado, si la ética es la base de todo comportamiento profesional? El profesional que no es ético va a traicionar su juramento cuando se colegió, va a traicionar a cualquier cliente, a cualquier usuario público que se le acerque. Eso no es normal en un país civilizado; estamos cayendo a un pozo sin fondo, la moral ya no interesa, hasta es motivo de risa. Y la palabra "ética" la utilizan ciertas autoridades solo para el discurso, pero cuando actúan, cuando toman decisiones, son absolutamente contrarios a la ética. Ahí están las denuncias.

La ética sí o sí es base de lo que también puede constituir delito, pero no siempre es delito; por ejemplo, un abogado que, habiendo sido bien pagado por su cliente, no lo defiende puntualmente, es negligente: no es delito, pero está faltando a la probidad, veracidad, lealtad, buena fe y honradez —las cinco bases del comportamiento de todo abogado. Y el código ahora es nacional. Porque la ética es nacional: si se sanciona a alguien en Lima, ¿cómo va a ejercer una persona antiética o inmoral en Loreto o en Huancayo? Ese es el problema, que se está prestigiando la ética profesional. Desde el Colegio de Abogados no lo vamos a permitir, y espero que el Consejo de Ética actúe conforme a sus atribuciones, sin miedo al poder, sin miedo a nadie. Y si se le sanciona por cuestiones éticas, eso trae como consecuencia que ya no pueda seguir en la función pública, porque un antiético en función pública sería una locura.

¿Y el Colegio de Abogados la ha respaldado? ¿Usted se sintió respaldada por la profesión?

Totalmente. Yo no necesito llamar a nadie para que hagan manifestaciones, pero en redes sociales y en las visitas constantes al colegio —donde muchos van con horario extendido, les estamos mejorando los servicios, procurando mayores beneficios— todos me dan su respaldo. Me traen su problemática y, en la medida que puedo, según mi agenda, los atiendo, o los atienden nuestros directores. Estamos dando el servicio que se merecen, trabajando con mucha dedicación y mucho cariño para nuestro gremio.

El Colegio de Abogados de Lima tenía una presencia importante, por ejemplo, en opiniones jurídicas respecto de proyectos de ley ¿Ustedes han recuperado esa función?

La hemos tenido siempre. Estamos a poco más de 4 meses de gestión, hemos tenido muchas cosas por hacer, y estamos preparando —van a salir próximamente, uno tras otro— proyectos de ley para atacar las llamadas leyes procrimen, que yo llamo pro impunidad. Ya hemos presentado, el 31 de julio, con motivo de nuestro 222 aniversario, el proyecto de ley para derogar la ley APCI.

¿Por qué primero esa? Porque es la defensa legal de los más pobres, de los más vulnerables, de los más necesitados: de las niñas de Condorcanqui, de los niños de Cajamarca, de las víctimas de las protestas sociales.

Tal vez la gente no lo sabe, pero esa ley les prohíbe a las ONG que reciben financiamiento del exterior defender a los más pobres, porque si litigan contra el Estado pierden el financiamiento. Entonces le quitas a la gente más pobre del país su defensa. Es una crueldad, es una maldad. Y lo he dicho al aire el primer día.

Frente a la legislación que existe para que el Estado les pague los abogados a altos funcionarios —me incluyo, lo cual está bien—, los que han legislado así se ven beneficiados con montos muy altos, pagan a abogados de grandes estudios para que los defiendan contra el Estado. Y a las personas más pobres, más necesitadas, más violentadas en sus derechos, a ellos no. Y lo más chistoso es que no es plata del Estado, son egoístas, porque es dinero del extranjero, de aportes generosos que vienen de afuera y que las ONG usan para atender necesidades sociales, como darles abogados a los más pobres o vulnerables.

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Usted ha dicho que no le interesa la política.

No, yo estoy muy abocada al Colegio de Abogados y a mis casos, que son numerosos y no me dejan tiempo para eso. Felizmente tengo mi rentita, como ya lo he dicho, y no tengo nada que ocultar; pago impuestos, y eso me permite solventarme. Yo sé vivir con muy poco, porque vengo de una familia humilde, así que a mí no me desesperan los lujos ni el dinero, pero ahí estamos. No me interesa, pero nunca hay que decir nunca. Eso es verdad, no lo sé. Yo solamente quiero rescatar mi carrera, mi profesión. Vamos a ver qué pasa, Dios dirá.

¿Cuántos años ha servido usted en el Estado?

Más de 29.

Más de 29. Es raro, ¿no? Porque a los 29 años uno sale con algo.

No, ninguna. Siempre mi hoja de servicios ha sido impecable, porque siempre he respetado la ley, los derechos humanos, los derechos de los justiciables, tanto de los denunciados, acusados, procesados y sentenciados, de todos. Nunca he favorecido a nadie torciendo o manipulando la ley. Y eso me ha permitido caminar siempre con la frente en alto, en el Ministerio Público y fuera de él.

Muy bien, muchísima suerte. Hoy vamos a seguir viendo este caso que ya se ha vuelto algo casi cómico, de verdad. Discúlpenme, pero ya es ridículo que a una persona la destituyan tres veces, la inhabiliten dos, y no la dejen votar.

Así es. Es ridículo. Yo sé la razón, ¿no? Quieren demoler, deprimirme, entristecerme; quieren acabar conmigo, destruirme psicológica y emocionalmente. Pero, como lo he dicho en otros espacios, tengo más de 29 años de haber trabajado con las peores mentes, contra las peores mentes criminales de todas las calañas. Por lo tanto, a mí la delincuencia no me asusta; sé enfrentarla y la voy a seguir enfrentando con toda la fortaleza que me ha dado la experiencia profesional, el apoyo de mi familia y el apoyo de muchas personas decentes que en la calle me saludan: "Doctora, una foto, estamos con usted." Y bueno, no voy a decir lo que dicen de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y también del ex Congreso; dicen cosas terribles. El pueblo es sabio, y la voz del pueblo es la voz de Dios.

"Me considero todavía joven, no relativamente joven. Así que siento que todavía no tengo límites en lo que quiera hacer", indicó. A pesar de ello, Humala señaló que su prioridad es cerrar sus temas legales y reunificar a su familia. Como se sabe, Nadine Heredia —ex primera dama y también sentenciada en su momento por lavado de activos— se encuentra asilada en Brasil junto a su menor hijo.

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Además, Humala aseguró que demandará al Estado peruano al considerar que se cometieron perjuicios en su contra durante el proceso que se le abrió por el caso Lava Jato.

"No es posible aceptar que la resolución del TC es una ley de amnistía, que nos archivó el caso y todo terminó ahí, porque para mucha gente en el país y en el extranjero puede creer que efectivamente esta la acusación era legítima. Creo que una demanda al Estado es necesaria para reparar nuestro buen nombre"

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Crítica al Equipo Especial Lava Jato

El exmandatario fue bastante crítico con los fiscales del Equipo Especial Lava Jato. Humala se sumó a otros grupos políticos que también han sido bastante duros con este despliegue fiscal.

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"Me hacen recordar al grupo Colina, que fue creado para una finalidad que luego se pervirtió. Cada uno cometió sus asesinatos por encargo, unos con la pluma pervirtieron el código procesal penal y los otros con los fusiles y armas que le dio el Estado", indicó.

Humala aseguró que fue víctima de una ‘cacería hacia los políticos’ impulsada por los fiscales especiales: "El trato ha sido distinto para las empresas y directivos de Odebrecht, OAS y otras empresas. Los fiscales han sido desleales y traidores al país, ya que pervirtieron la función para la que fueron creados, que fue seguir las ramificaciones de Lava Jato en Perú, y se fueron a por los políticos para perseguir fama"

"Quiero confirmar que el día 11 de julio, efectivamente, antes que yo asumiera la presidencia, acudí a la peluquería Tomiko", dijo dando respuesta a los comentarios de los usuarios que le preguntaban por el reportaje del semanario.

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La presidenta ubicó a Valenzuela dentro de un grupo de "amistades" extranjeras que la ayudaron en ese proceso, junto a otras dos personas que identificó solo como "el señor Carlos" y "el señor Román". Dijo valorar el conocimiento de quienes, según ella, se acercaron de manera generosa a colaborar.

Fujimori explicó, además, que el vehículo que usó en el periodo entre su elección y la juramentación fue facilitado por Fuerza Popular, no por el Estado. Añadió que la oficina de la presidenta electa tampoco generó gasto para el erario nacional. La aclaración llegó sin que nadie le hubiera preguntado directamente por ese punto.

Sobre su vínculo con Valenzuela, la mandataria fue tajante. Negó cualquier relación sentimental y dijo que desde hace tiempo le inventan "cuatro, cinco relaciones". Señaló que su compromiso, a partir del 28 de julio y por los próximos cinco años, es "con el Perú".

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Marco Antonio Vinelli sobre Damián Valenzuela: “No podría afirmar que sea un asesor"

Antes del pronunciamiento de Fujimori, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, ya había sido consultado por RPP sobre el vínculo entre la presidenta y Valenzuela. El titular del Midagri contó que conoció al empresario "en el proceso de la campaña" y explicó que una fotografía en la que ambos aparecen juntos corresponde al 28 de julio, día de la asunción de mando en el Hemiciclo del Congreso. Dijo que en esa ocasión Fujimori presentó a varias personas invitadas al evento.

Al ser consultado directamente sobre si Valenzuela cumplía funciones de asesoría, Vinelli no lo negó ni lo confirmó del todo. "Yo no podría afirmar que sea un asesor. Lo que sí puedo decir es que la presidenta consulta a muchas personas", respondió. El ministro añadió que su propio aporte a la campaña se limitó a la parte técnica del plan de gobierno, y que la dirección estuvo a cargo de Fujimori, el jefe del gabinete Luis Galarreta y el titular del Senado Miguel Torres.

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Sobre el grado de influencia que Valenzuela tendría hoy sobre la mandataria, Vinelli dijo no saberlo, pues su último contacto con el empresario fue justamente ese 28 de julio. Consultado también por los antecedentes judiciales de Valenzuela en Estados Unidos y Uruguay, el ministro evitó pronunciarse y señaló que debe ser el propio empresario quien aclare esos casos.

Por su parte, el abogado del empresario, David Torres, compartió una carta en su cuenta de X (antes Twitter) en la que afirma que su patrocinado no fue sentenciado en ningún país. “No tengo condenas penales por estafa, fraude ni delito patrimonial equivalente. No he sido condenado penalmente por estafa en Argentina, Estados Unidos, España, Uruguay, Perú ni en otra jurisdicción. Ninguno de los procedimientos judiciales citados en el semanario corresponde a un proceso de naturaleza penal”, se lee en el documento en la que el empresario dio sus descargos.

El periodista admitió que la naturaleza del proceso no es penal, pero defendió la relevancia del caso. "Es cierto que el caso no debe ser presentado como una condena penal, se trata de un proceso de naturaleza civil, la magnitud económica del fallo constituye uno de los principales elementos que justifican el seguimiento periodístico. La obligación judicial y los elementos posteriores muestran que el acreedor solicitó la emisión de mecanismos de embargo sobre determinados activos para procurar el cumplimiento de la sentencia", sostuvo.

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Hildebrandt apuntó directamente contra el entorno del empresario. "Señor Valenzuela, adelante con sus amenazas, vaya usted al Poder Judicial, el señor Fernando Rospigliosi, con el que usted debe haber hablado en más de una ocasión, tiene bajo custodia y extorsión y plantee la millonaria indemnización que está esperando. Quizá un argentino prepotente, como los que vimos agrediendo a los jugadores españoles en la final del mundial, logre lo que muchos han querido", señaló.

“Quizá usted le haga otro gran favor aparte de su valiosa asesoría a la señora Fujimori. Quizá usted obtenga en el Poder Judicial lo que el señor Alberto Fujimori quiso lograr con sus planes macabros elaborados en el SIN, los que le costaron la vida a María Barreto. Mientras eso suceda aquí estaremos pisando callos, visitando spas y descubriendo relaciones comprometedoras”, agregó.

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El spa Tomiko y el rol de Valenzuela en la campaña

El semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que la mandataria y Valenzuela habrían coincidido al menos en cuatro ocasiones en el spa Tomiko, en la urbanización Santa Catalina (La Victoria), y que el empresario habría sido uno de los principales consejeros de Fujimori durante la última campaña presidencial.

Valenzuela Mayer es un empresario argentino de 51 años, oriundo de Tucumán, que se presenta como abogado y CEO de una firma de inversiones que dice operar con bancos europeos en varios países. Según ese mismo reportaje, ha estado en Lima once veces, la más reciente entre el 25 de julio y el 1 de agosto, y estuvo presente en la juramentación de Fujimori en el Congreso el 28 de julio.

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La mandataria Fujimori confirmó, a través de un en vivo en TikTok, que acudió el 11 de julio a la peluquería Tomiko, antes de asumir la Presidencia, y ubicó a Valenzuela dentro de un grupo de "amistades" extranjeras que la ayudaron en su campaña, junto a otras dos personas. Por su parte, el ministro Marco Vinelli admitió haber conocido a Valenzuela durante la campaña y que era "parte de los que conversaba con la presidenta", aunque evitó precisar si ejerció funciones formales de asesor.

A través de la convocatoria 006-2026-SN/JNJ, el pleno de la entidad presidida por María Teresa Cabrera también aprobó las bases del concurso. De esta manera y por segunda vez, la JNJ tendrá como objetivo nombrar al reemplazo de Bernardo Pachas, quien asumió el cargo tras la renuncia de Piero Corvetto.

Los participantes deberán pagar un derecho de inscripción de S/430 y completar su ficha a través de la extranet de la JNJ. Posteriormente, afrontarán cuatro etapas de evaluación: conocimientos, evaluación curricular, plan de trabajo y entrevista personal. La primera etapa tendrá un peso del 25% en la calificación final; la segunda y tercera, del 20% cada una; y la entrevista personal, del 35%. Para continuar en el proceso, los postulantes deberán obtener un mínimo de 70 puntos sobre 100 en cada etapa.

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JNJ publica un cronograma a medias

A diferencia de los procesos anteriores para elegir al jefe de la ONPE, que se extendieron durante 101 días en 2020 y 65 días en 2026, la JNJ no publicó en esta ocasión un cronograma completo. En ambos procesos previos, la institución informó sobre el calendario que establecía los plazos de cada etapa, desde la convocatoria hasta la juramentación del nuevo titular.

Sin embargo, en esta ocasión, el cronograma fue presentado a medias. De acuerdo con las bases del concurso, el calendario publicado solo contempla las actividades hasta el 9 de octubre, fecha en la que se darán a conocer los resultados de la evaluación de conocimientos y la relación de postulantes aptos para pasar a la siguiente etapa. A partir de ese momento, no se detallan las fechas correspondientes a las demás fases del proceso.

"El cronograma de las demás etapas del concurso se dará a conocer oportunamente", justificó la JNJ.

El cronograma

De acuerdo con el cronograma, la convocatoria y las bases del concurso fueron publicadas el 25 de agosto de 2026. Los interesados deberán realizar el pago por derecho de inscripción desde el 1 de septiembre hasta las 7.00 p. m. del 7 de septiembre.

Asimismo, el llenado de la ficha de inscripción y la presentación de documentos a través de la extranet de la JNJ se realizará el 2 de septiembre hasta las 12.00 p. m. del 8 de septiembre.

La presentación de la declaración jurada de intereses de carácter preventivo en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses (SDJ) de la Contraloría será hasta las 11.59 p. m. del 8 de septiembre.

En el caso de quienes busquen acceder a la bonificación establecida por la Ley General de la Persona con Discapacidad, deberán presentar el certificado correspondiente. El plazo será de hasta tres días posteriores a la publicación de los resultados de los recursos de reconsideración contra la evaluación curricular a partir del 2 de ese mes.

Entre el 9 y el 18 de septiembre se realizará la calificación del cumplimiento de los requisitos de aptitud de los postulantes. Posteriormente, los días 21 y 22 de septiembre se llevará a cabo la subsanación de las observaciones advertidas en la documentación presentada.

La relación de postulantes aptos será publicada el 28 de septiembre de 2026. A partir de entonces, los candidatos que continúen en carrera pasarán a la primera etapa del concurso: la evaluación de conocimientos.

Esta prueba está programada para el 9 de octubre.

La exposición se dio en un oficio enviado al centro de salud en el que solicitó "información y verificación de cumplimiento de requisitos legales y médicos" sobre el procedimiento médico.

A pesar de que el congresista se pronunció y señaló que no ha publicado la identidad ni datos personales de la paciente, el periodista Cristian Rebosio compartió el documento, en el que se omiten los datos de la ciudadana, y contrastó con la versión del legislador.

"No mienta, congresista. Esta fue la imagen que subió y ahí, donde yo tapé, estaba el nombre de la mujer. Lo subió sabiendo que hay grupos de fanáticos religiosos que podrían acosarla. No deja de sorprender la maldad que tienen los de Renovación Popular", mencionó el comunicador.

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Tras los cuestionamientos, el representante de la Cámara de Diputados por Arequipa precisó que el propósito de su actuación no es acceder a información clínica confidencial ni intervenir en la decisión médica de una paciente. "Ante una denuncia que llegó a mi despacho, consideré necesario ejercer mi función de fiscalización y poner énfasis en que cualquier procedimiento debe realizarse cumpliendo estrictamente las condiciones establecidas por la legislación y los protocolos sanitarios vigentes", justificó.

"Fiscalizar es velar por el cumplimiento de la ley, respetando siempre la privacidad, las competencias de los profesionales de la salud y los derechos de las personas", dijo.

El oficio del congresista de Renovación Popular

En el cuestionado documento por diversas organizaciones y abogadas, el parlamentario mencionó que le llegó una denuncia a su despacho sobre una intervención programada a una mujer con 20 semanas de gestación. En ese contexto, Aranda sostuvo que "la gravedad de los hechos exige que cualquier actuación médica vinculada a la interrupción de embarazo sea sometida al más estricto cumplimiento del marco legal, los protocolos médicos aplicables y las garantías que correspondan tanto a la gestante como a la vida humana en gestación".

El congresista argumentó que "el procedimiento CIE 10:O04 contempla la interrupción del embarazo menor de 22 semanas únicamente bajo los supuestos establecidos y cuando constituya el medio necesario para salvar la vida de la gestante o evitar un daño grave".

Por ese motivo, dispuso que el hospital le informe documentadamente sobre la evaluación médica integral realizada a la paciente, incluyendo el diagnóstico objetivo que sustente la existencia de una condición que haga la interrupción del embarazo el único medio para salvar su vida o evitar un daño grave y permanente a su salud.

Además, pidió información sobre los informes, exámenes y demás elementos médicos que sustenten dicha conclusión, "dejando constancia de los criterios clínicos utilizados para determinar la procedencia del procedimiento".

Asimismo, solicitó información sobre la junta médica, sus integrantes, especialidades y participación efectiva en la evaluación del caso; la constancia de orientación y consejería a la paciente; la constancia de consentimiento informado y que haya sido otorgado de manera libre, expresa, voluntaria e informada; el registro completo y cronológico de todas las actuaciones realizadas en la historia clínica; el protocolo, guía o disposición normativa específica bajo la cual el establecimiento de salud pretende sustentar la eventual realización del procedimiento.

Por otro lado, Aranda advirtió con poner de conocimiento al Ministerio Público en caso de que se haya autorizado la intervención "sin contar con el debido sustento médico".

"Como diputado de la República, reafirmo mi deber de ejercer una fiscalización firme sobre cualquier actuación de los establecimientos públicos de salud que pueda comprometer derechos fundamentales y, particularmente, la protección de la vida humana desde la concepción", expresó en su oficio.

Abogadas y organizaciones cuestionan al congresista Aranda

En diálogo con La República, la directora de Proyecta Igualdad, Brenda Álvarez, explicó que la fiscalización parlamentaria no es ilimitada y que, si bien un congresista puede pedir información de cómo funciona un hospital, "lo que no puede hacer es convertir esa facultad en una vía para acceder a la historia clínica de una persona sin consentimiento de su titular".

Álvarez comentó que la obligación de responder un oficio parlamentario no obliga al centro de salud a entregar datos protegidos por la intimidad y el secreto médico. Por ello, el hospital debe actuar conforme al marco legal que protege el derecho a la confidencialidad en asuntos de salud.

Por otro lado, la letrada alertó sobre cómo el congresista obtuvo la información que le permitió identificar a la paciente. Destacó que en el Perú la información vinculada al acto médico es reservada y la violación del secreto profesional está tipificada como un delito. Además, precisó que a pesar de que el tuit fue borrado, no elimina el hecho de que la información ya habría sido revelada. Ese acto, según Álvarez, SUSALUD la considera como una infracción grave.

La abogada planteó que el Ministerio de Salud debe garantizar que no se entregue ninguna información médica e investigue sobre la filtración del hecho. "También debería emitir una instrucción clara a todos los establecimientos: un pedido parlamentario no levanta el secreto médico".

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A través de su cuenta de X, la abogada Josefina Miro Quesada afirmó que el aborto terapéutico es legal en el Perú. En esa línea, cuestionó al congresista por "creer estar por encima de la ley" y señaló que su pedido es "casi imposible".

"No es posible que cada procedimiento para preservar la vida/salud de una gestante tenga que ser obstruido así. Dejen de meterse con cuerpos ajenos (...) El pedido es ilegal. Los datos personales de la gestante son confidenciales y están protegidos por la Constitución y la ley. Los médicos están obligados a no revelar info clínica por el secreto profesional (violarlo es delito). El aborto terapéutico es un derecho. Infórmense", explicó.

Por su parte, la organización Las Tejedoras rechazó la intromisión política en las decisiones médicas y la vulneración de la confidencialidad de las pacientes.

"Aunque el nombre de la paciente haya sido posteriormente retirado, consideramos que el hecho no puede pasar inadvertido (...) La información sobre la salud de una persona es confidencial y debe ser protegida. Ninguna autoridad política puede utilizar su posición para exponer a una paciente, cuestionar públicamente decisiones que corresponden al ámbito médico o generar presiones sobre profesionales de salud en el ejercicio de sus funciones", manifestó.

En esa sintonía, la organización mostró su preocupación debido a que "representantes del Congreso pretendan convertir situaciones médicas individuales en escenarios de confrontación política". Alertó que este tipo de intervenciones "puede vulnerar derechos, afectar la autonomía profesional del personal de salud y generar temor en los servicios encargados de garantizar prestaciones reconocidas por la ley".

"La función parlamentaria no otorga autoridad para interferir en actos médicos ni para vulnerar la privacidad y dignidad de las personas".

En tanto, la congresista de Ahora Nación, Ruth Luque, confrontó a su colega por su accionar y recalcó que la fiscalización parlamentaria "no puede convertirse en un mecanismo de presión sobre los profesionales de la salud ni en un juicio anticipado sobre la situación de salud de una mujer".

"Toda intervención relacionada con la salud y la vida reproductiva de una mujer debe ser evaluada con estricto respeto a la Constitución, los protocolos médicos y los derechos fundamentales. La fiscalización no puede ser usada para desconocer los derechos de las mujeres, ni buscar estigmatizarlas, menos amedrentar la función de los profesionales de la salud", enfatizó.

“Es algo que va a gestarse desde mi despacho apenas retomemos de la semana de representación. Ayer hemos esclarecido que será por incumplimiento. El Perú necesita seguridad, ya basta de tantas muertes. Como coalición, somos un equipo y estoy segura de que estarán de acuerdo con ello. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que accionar”, declaró.

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Los cuestionamientos contra Astudillo han aumentado en los últimos días. Tras su negativa a remover al general Óscar Arriola de la jefatura de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ministro fue cuestionado por distintos diputados durante su presentación junto con el resto del gabinete ministerial.

Según la argumentación de Astudillo, la remoción de Arriola no puede concretarse debido a que una ley aprobada por el Congreso pasado lo impide mientras no haya cumplido al menos dos años en el cargo.

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Congresistas de otras bancadas se pronuncian sobre moción de interpelación

Para lograr que la moción de interpelación sea admitida, JP necesitará el apoyo de los congresistas para llegar a tener el voto de al menos un tercio de los diputados hábiles en Pleno. Por si solo, JP cuenta con 32 diputados. El apoyo de algunos miembros de la oposición, será indispensable. Victor Piñan, diputado y vocero de la bancada de Obras, señaló que el apoyo a esta iniciativa todavía no se ha discutido en su bancada.

“Por el momento la Bancada Obras no ha discutido la posibilidad de apoyar o no la moción de JP, toda vez que nos hemos enterado el día de ayer, sin embargo, es parte del control político que ejercen los colegas de JP. Nosotros esperamos leer los argumentos de la moción y de acuerdo a eso tomaremos una decisión”, indicó Piñan a La República

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Desde Renovación Popular, se ha mostrado una posición más cercana al gobierno fujimorista. Frank Krklec, diputado por el partido celeste, consideró que llamar a interpelar al ministro del Interior en estos momentos sería una acción irresponsable.

“Inaceptable la irresponsabilidad de la izquierda al sumar la interpelación del Ministro del Interior. Una oposición responsable fiscaliza; una oposición obstruccionista solo sabotea. Los ministros deben rendir cuentas al Congreso, pero los mecanismos de control político no pueden convertirse en represalias de los perdedores en elecciones. El país exige trabajo, no revanchismo”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter)

Zunini anuncia proyecto para modificar norma que permite que Arriola siga como comandante de la PNP

Respecto de dicha ley, el diputado Ernesto Zunini, también miembro de la bancada de Juntos por el Perú, indicó que en las próximas horas presentarán un proyecto de ley para modificarla.

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“Es una norma aprobada por la bancada fujimorista. Me parece que el gabinete no ha conversado con su propia bancada. Vamos a presentar en las próximas horas una iniciativa para modificar esa norma, para que quede expedito. Es un símbolo de que no tenemos ánimo de obstaculizar”, señaló.

La norma en cuestión —Ley 31570— establece que el comandante general será nombrado por el presidente de la República por un periodo de dos años, prorrogable excepcionalmente por uno más. Asimismo, señala que solo podrá ser separado antes de cumplir su mandato por causales determinadas, como fallecimiento, solicitud de pase al retiro, incapacidad física permanente, comisión de faltas muy graves o delitos. De esta manera, se restringe la posibilidad de una remoción discrecional durante su periodo.

Galarreta admite error en la ley aprobada por el fujimorismo que mantiene a Arriola como comandante general

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reconoció que podría haberse cometido un error al establecer un periodo fijo de dos años para el comandante general de la Policía Nacional.

En entrevista con RPP, Galarreta explicó que la norma fue impulsada durante el gobierno de Pedro Castillo para evitar cambios constantes. Sin embargo, consideró que esta regulación no necesariamente funciona para la PNP, debido a que la lucha contra la criminalidad requiere una respuesta rápida y la posibilidad de evaluar con mayor frecuencia el desempeño de sus mandos.

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Ante las dificultades legales para reemplazar a Arriola, el premier adelantó que el Gobierno buscará modificar este marco mediante las facultades legislativas que solicitará al Congreso. La propuesta, según indicó, ya es conocida por la presidenta Keiko Fujimori.

Desde que inicio el gobierno de Keiko Fujimori, las cifras alrededor de la delincuencia no le han sido favorables. Tan solo en sus primeros 18 días de gobierno, la nueva administración reportó un promedio estimado de seis asesinatos al día, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Además, el 77,5 % de los homicidios se comete con proyectiles de arma de fuego, lo que representa la proporción más alta registrada durante las últimas nueve gestiones presidenciales.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

En el caso de Lima, las jornadas para las diferentes alcaldías distritales se realizarán durante dos días consecutivos del próximo mes.

"En septiembre ya comienzan a darse los debates. (…) En las regiones va a haber diferentes fechas, pero en Lima Metropolitana va a ser una fecha específica: 21 y 22 de septiembre".

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Prevención ante el FEN

El sistema electoral trabaja en la prevención de riesgos frente al posible impacto del Fenómeno El Niño durante los comicios del 4 de octubre.

Para este fin, los organismos electorales crearon un grupo de trabajo junto a los ministerios de Defensa e Interior, además de sumar al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), con el objetivo de evaluar los locales de votación que presentan un riesgo ante emergencias naturales.

"Esto nos muestra un avance en cuanto a las acciones de prevención y mitigación en torno a la identificación de locales que pueden tener un riesgo sobre todo derivado del FEN", indicó Burneo.

De acuerdo con las evaluaciones, se registró un total de 518 distritos que solo tienen habilitado un único local de votación, situación que pone en riesgo el sufragio de 758.775 electores, cifra equivalente al 2,9% del padrón electoral.

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En esa línea, Burneo también reveló un alto nivel de vulnerabilidad en la población de cara a la jornada electoral. De acuerdo con Burneo, los informes señalan la afectación del 20% del padrón electoral.

“Hay un grupo identificado de muy alto riesgo, cerca de 800 mil personas, [así como] un grupo expuesto de cerca de 6 millones de personas que representan el 20% del padrón electoral".

Ante la posibilidad de que el clima se intensifique en las semanas previas a la votación, los organismos electorales preparan acciones directas para resguardar a la ciudadanía y asegurar el material de sufragio.

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"Hay que tomar algunas medidas en torno a la probabilidad que este 4 de octubre hayan fenómenos más intensos de los que se vienen dando. Tener una medida inmediata a efectos de que el proceso se lleve de la mejor forma".

Además de la prevención ante el FEN, las autoridades siguen con la organización del proceso. Los plazos se acercan y darán paso al trabajo conjunto para la creación de las fichas de votación.

"Solo faltan 4 o 5 semanas. No mucho. Y ya se vienen otros hitos electorales que ya lo vamos definiendo en torno a la lista final que va a ser este 5 de octubre. (…) Se va a programar con la ONPE la selección de color de las cédulas y la diagramación que ya se viene dando. Y son hitos que se vienen desarrollando"