'Al crimen se le combate con un sistema de justicia limpio y transparente. Proponemos que los jueces supremos no sean elegidos por la componenda del sistema parlamentario, sino mediante elecciones abiertas. Que sea el voto soberano del pueblo el que reafirme la voluntad de los jueces, a fin de tener una justicia más empática con los ciudadanos', declaró, según informó el portal Infobae.

La elección de jueces mediante voto popular es una medida adoptada en otros países, como México o Estados Unidos —en algunos estados, como California o Pensilvania—.

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Sánchez promueve reforma del sistema de justicia: Domingo Pérez es voceado como eventual ministro de Justicia

Sánchez también se refirió a la posibilidad de impulsar cambios en el sistema de justicia. En las últimas semanas, ha mencionado en diversas entrevistas la posibilidad de designar a José Domingo Pérez como ministro de Justicia en un eventual gobierno suyo. El exfiscal del ahora extinto Equipo Especial Lava Jato ha asumido recientemente la defensa del expresidente Pedro Castillo, aliado de Sánchez. Para el candidato de Juntos por el Perú, cuenta con credenciales para liderar el sector a nivel nacional.

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'José Domingo Pérez tiene el reconocimiento del país por su lucha frontal contra la corrupción y por su participación en el emblemático caso Odebrecht. Esto le ha valido persecución y la pérdida de su cargo. (La derecha) se ha apropiado de los órganos jurisdiccionales gracias a su mayoría parlamentaria. Gobiernan quienes no ganaron las elecciones', señaló.

"Antauro Humala no es parte de ninguna campaña. Juntos por el Perú es una coalición, conjunto de movimientos y personas que se han sumado detrás de un programa. Antauro Humala tiene un partido (…) tienen una serie de puntos programáticos que defienden. En esos puntos programáticos hay uno o dos aspectos en los que sí coincidimos, como en el cambio de Constitución. Necesitamos convocar a una Asamblea Constituyente para que el pueblo defina los cambios que necesitamos", sostuvo.

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Cevallos también se refirió a las distintas alianzas o conversaciones que puede tener la organización con otros actores políticos para aglutinar votos en la contienda presidencial. El exministro de Salud dejó en claro que tener coincidencias con algunos no hará que sus banderas sean desplazadas, pues manejan un programa y lo seguirán. Sin embargo, también manifestó que uno de sus más importantes principios es el anti fujimorismo.

"Los niveles de acuerdo a los que se pueda llegar o de coincidencias más que de acuerdos con distintos sectores son diferentes. Por ejemplo, con alguno coincidiremos en que el fujimorismo no debe gobernar este país porque nos trajo miseria, atraso, copamiento de las instituciones, en eso coincidimos con Alfonso López Chau (…) Nadie bajará banderas pero se trata de llegar a niveles de consensos”, agregó.

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Roberto Sánchez intenta deslindarse de Humala: "Respeto sus ideas, pero no las comparto"

Asimismo, el propio Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, también optó por tomar distancia de Antauro Humala, pese a los vínculos políticos que ambos han mantenido durante la actual campaña presidencial.

Cabe recordar que Humala se ha presentado en diversos medios de comunicación, televisivos, radiales y virtuales, y se le ha visto dando su opinión y manifestando que Sánchez llegaría a ganar la presidencia de la República y daría libertad al expresidente Castillo cuando antes.

El también congresista señaló que no coincide con declaraciones previas de Humala, como aquella en la que calificó a la organización terrorista Sendero Luminoso como "lo mejor que ha dado la izquierda".

"Hay una voluntad de presentar esas expresiones como un 'cuco'. Yo no comparto ninguna de esas ideas. Soy cristiano católico y defiendo los derechos humanos. Si Antauro tiene esas posiciones, las respeto, pero no las comparto. El programa de Juntos por el Perú no recoge esos planteamientos", señaló en el programa 'Brutalidad política'.

"Creo que hay una exageración. Antauro Humala ha cumplido una condena de 18 o 20 años por rebelión. Quien ya pagó su deuda con la justicia tiene derecho a participar en política. Puede haber ideas radicales o maximalistas, pero la democracia implica tolerancia sin recurrir a la agresión", agregó.

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Roberto Sánchez evalúa como ministros de Justicia y Salud a Domingo Pérez y Cevallos

El candidato presidencial, Roberto Sánchez, aseveró que ya tiene como posibles alternativas para un eventual gabinete ministerial si es que pasa la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Alguno de estos nombres son el exintegrante del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez y Hernando Cevallos, en las carteras de Justicia y Derechos Humanos y Salud, respectivamente.

"Hay conversaciones preliminares, claro que sí, hay conversaciones preliminares, pero no hay todavía el punto de partida que diga ‘este señor, esta señora tendrá esta vocería, tendrá este ministerio, tendrá aquello’. Este es el momento en que se está dialogando y él es una de las personas que ha sido invitada en esta previa, diríamos, a ir configurando equipos", afirmó sobre Pérez, quien hace poco asumió la defensa del expresidente condenado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo.

"Yo de los nombres autorizados que te puedo decir, por ejemplo, está el doctor Hernando Cevallos para Salud, que además ya ha sido ministro, ha sido candidato también. En el tema de Energía está el sanmarquino Jorge Manco Zaconetti”, sostuvo en Brutalidad Política.

"No me retracto de eso en el sentido que este tipo de endeudamiento sea conocido por el nuevo gobierno porque nos falta poquísimo tiempo. Ese contrato ya estaba terminado, no se podía parar y se tenía que dar el adelanto correspondiente y en eso me parece que el contrato ya se selló entre el comprador y el vendedor", declaró en Exitosa.

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Además, aclaró el modelo de compra que se siguió. "Hay críticas en el sentido de por qué se compró bajo la forma secreta y se evitó que otros países puedan participar de una licitación abierta (Francia y Suecia). Aclaro que esos detalles no pertenecen a mi gobierno", dijo.

"Como era un asunto de Estado, la norma establece que el acuerdo se haga entre el comprador y el vendedor, es decir, las Fuerzas Armadas del Perú y Estados Unidos. Solo se ponía en evidencia ante el presidente y el Ministerio de Economía al realizar el pago", agregó.

Comisión de Defensa citará nuevamente a ministros para que respondan por aviones F-16

La Comisión de Defensa del Congreso volverá a citar al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, al titular del sector Defensa y al canciller para que respondan por la adquisición de aviones estadounidenses F-16, luego de que no asistieran a la sesión en la que estaban convocados. La presidenta de la comisión, Karol Paredes, mencionó que se citará a los integrantes del Gabinete el próximo 4 de mayo.

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La citación estaba prevista para este lunes 27 de abril a las 3.30 p. m. en el Congreso, donde los representantes de los ministerios debían informar sobre el estado de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate. Esto ocurrió tras las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien se negó a firmar la compra y trasladó la responsabilidad al siguiente gobierno.

A través de un oficio enviado a la presidenta de la comisión, Karol Paredes, el premier Luis Arroyo solicitó que se les excuse de participar en la convocatoria. En el documento se señala que la inasistencia responde a “razones de fuerza mayor” que se vienen registrando en distintas regiones del país, lo que hace indispensable la presencia de los titulares de los sectores en sus respectivas jurisdicciones.

En un comunicado, señaló que no existe ninguna 'celeridad indebida' en el proceso y que este se desarrolla en los plazos establecidos en el marco legal vigente.

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“La convocatoria n.º 001-2026-SN (JNJ) se ajusta estrictamente a lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Política del Perú, así como a la Ley n.º 30916 y a la Ley n.º 26487, normas que regulan la competencia de la Junta Nacional de Justicia para la selección y nombramiento del titular de la ONPE”, se lee.

De acuerdo con ello, aseguraron que se ha respetado el Reglamento de Concursos Públicos aprobado por el anterior Pleno de la JNJ, el cual 'regula las etapas, requisitos y condiciones del proceso, garantizando su legalidad y transparencia'.

Nuevo jefe de la ONPE jurará el 3 de julio, según el cronograma del JNJ

De acuerdo con el cronograma oficial publicado en la convocatoria de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) juramentará en el cargo el 3 de julio. De esta manera, Bernardo Pachas, jefe interino de la institución, continuaría al mando durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

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Según las bases del concurso, el procedimiento comprende varias etapas eliminatorias, entre ellas la evaluación de conocimientos, la revisión curricular, la presentación de un plan de trabajo y una entrevista personal.

El cronograma establece que las entrevistas personales se realizarán el 2 de julio, día en que también se publicarán las calificaciones finales, el cuadro de méritos y los resultados de la votación del Pleno de la JNJ. Solo el candidato que obtenga el respaldo requerido de los miembros de la Junta será finalmente nombrado jefe de la ONPE.

“Ya ese contrato estaba terminado, ya no se podía parar, y se tenía que dar el adelanto correspondiente, y en eso me parece que el contrato ya se selló entre el comprador y el vendedor”, señaló Balcázar en declaraciones esta mañana a radio Exitosa.

No es cierto lo que afirma el jefe de Estado y contradice sus propias declaraciones.

En la mañana del viernes 17 de abril, cuando se suponía que estaba programada la firma del contrato en la base aérea Las Palmas, entre la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la compañía estadounidense Lockheed Martin, Balcázar manifestó en una entrevista con Exitosa que había resuelto postergar la adquisición y que era mejor que el próximo gobierno asumiera la decisión porque el suyo solo era un régimen transitorio.

Incluso, el miércoles 22 de abril, en un mensaje a la Nación, reiteró su decisión de no suscribir el acuerdo comercial con Lockheed Martin: “Nosotros lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre es que la compra de los aviones F-16 se postergue para ser pagados en el próximo gobierno, la próxima administración que salga de las elecciones normales que están en curso”, señaló.

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Fallas de la memoria

Efectivamente, el viernes 17 de abril no se llegó a firmar el contrato.

Lo prueba un comunicado que publicó el embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, el mismo día del mensaje presidencial, el miércoles 22 de abril, en el que Balcázar volvió a decir que el próximo gobierno haría la adquisición.

Al celebrar que, finalmente, la FAP, representada por el coronel Carlos Rey Benavente, estampó la rúbrica correspondiente, Navarro escribió: “Se acordó para el 17 de abril una firma técnica a las 7.00 a. m. y una firma ceremonial a las 5.00 p. m. El equipo estadounidense, tanto funcionarios gubernamentales como ejecutivos de alto nivel de Lockheed Martin, estaban listos para presentarse en la Base Aérea Las Palmas y en el Palacio de Gobierno según lo solicitado. Estados Unidos se enteró de que la firma fue pospuesta a través de la radio nacional”.

Es falso que el contrato haya sido suscrito el viernes 17 de abril porque Navarro, en el mismo comunicado, señala que ocurrió recién el lunes 20 de abril, es decir, 48 horas después de que Balcázar salió por primera vez a informar la suspensión de la compra de los F-16 Block 70.

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Todo está consumado

“Hay una manera correcta de hacer negocios serios y creíbles con una de las empresas líderes del mundo. Una firma técnica entre las partes autorizadas tuvo lugar el 20 de abril de 2026, con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano”, señaló el embajador Navarro en la comunicación que publicó en la cuenta oficial de la legación diplomática.

Balcázar también explicó a radio Exitosa, este jueves 30 de abril: “En esa época, anterior a la mía (gobierno de José Jerí), se había normativizado, se había sacado normas en el sentido de que se declare secreta la compra con Estados Unidos y ya no se haga licitación abierta, y además, esa norma, como era un asunto de Estado, se haga solamente entre el comprador y el vendedor”.

Y añadió: “Y ahí, en esa norma, se excluía, por razones de seguridad, que no intervenga ni el presidente de la República ni el Ministerio de Economía y Finanzas, y solamente se pusiera a evidencia cuándo se tenía que ejecutar el primer pago”.

El 5 de marzo de este año, fue el propio presidente Balcázar, y no José Jerí, quien firmó el Decreto Supremo N.° 001-2026-DE, que declaró como “secreto militar” la compra de los aviones caza para la FAP.

Según la misma norma, se trata de una modalidad de contratación para facilitar que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) negocie directamente con la empresa seleccionada, luego de evaluar las propuestas presentadas. Pero eso nunca ocurrió.

Por decisión política, durante el gobierno de Jerí, la FAP no hizo estudios de las ofertas de la compañía francesa Dassault Aviation, que presentó el Rafale F4, ni de la sueca Saab, que propuso el Gripen E/F.

No se produjo una licitación o concurso internacional, como obligan las normas vigentes.

No se ha publicado ninguna disposición que indique que el presidente de la República está excluido del proceso de contratación de los aviones caza.

Lo más llamativo de la nueva versión de Balcázar es que sostiene que ni siquiera él conocía los detalles del proceso de compra, pese a que ejerce como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En dicha posición, reconocida por la Constitución, pudo haber intervenido o exigido a la FAP que acatara las órdenes. No pasó nada de eso.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

“A la fecha, los familiares de jóvenes fallecidos en dicho operativo militar vienen exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos, en tanto que resulta inadmisible la ejecución de intervenciones que no estén debidamente justificadas, ni que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de la actuación militar conforme a ley”, señala la exposición de motivos de la moción presentada.

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La moción de interpelación cuenta con más de 10 firmas de parte de legisladores de diversas bancadas. Destacan Jaime Quito (Bancada Socialista), Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Wilson Quispe, Flavio Cruz, (Perú Libre), Victor Cutipa (Juntos por el Perú) y otros más.

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El pliego de preguntas que respondería Amadeo Flores

De acuerdo con la moción presentada, estas serían las preguntas que el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, tendría que responder ante el Congreso en caso se apruebe la solicitud.

¿Cuál es la versión oficial consolidada del Ministerio de Defensa sobre los hechos ocurridos el 25 de abril de 2026 en el distrito de Colcabamba, y por qué existen contradicciones entre los reportes iniciales y la información posterior difundida por las propias Fuerzas Armadas?

¿Bajo qué marco normativo, reglas de enfrentamiento y protocolos de uso de la fuerza se ejecutó el operativo, y cómo se garantiza que dichas actuaciones se ajustaron a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad?

¿Qué inteligencia previa sustentó la intervención militar, quién la validó y qué mecanismos de verificación se aplicaron para identificar a los supuestos objetivos vinculados al narcoterrorismo?

¿Cómo explica su sector que, tratándose de un presunto enfrentamiento armado, no se haya registrado ningún efectivo de las Fuerzas Armadas herido o fallecido, mientras que el saldo fue exclusivamente de civiles muertos y heridos?

¿Qué evidencia material, pericial y balística existe para sustentar la hipótesis de legítima defensa invocada en el Comunicado Conjunto N.° 001-2026- CCFFAA-PNP?

¿Qué información tiene el Ministerio de Defensa respecto al testimonio del sobreviviente Ricardo Jampier Acuña Quispe, quien ha señalado que su declaración inicial habría sido obtenida bajo amenaza, y qué acciones se han dispuesto para garantizar la legalidad de las diligencias y el respeto al debido proceso?

¿Qué acciones concretas se adoptaron para preservar la escena de los hechos, garantizar la cadena de custodia de las evidencias y evitar cualquier alteración que comprometa la investigación fiscal?

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¿Se ha dispuesto la apertura de investigaciones administrativas, disciplinarias y/o penales contra los efectivos intervinientes y la cadena de mando? En caso afirmativo, precise responsables, plazos y estado actual de las mismas.

¿Qué responsabilidad política asume su sector frente a estos hechos y qué medidas correctivas inmediatas se han adoptado para evitar la repetición de situaciones similares?

En su calidad de máxima autoridad del Sector Defensa ¿Reconoce que hubo excesos en el uso de fuerza por parte del operativo militar en Colcabamba (Huancavelica)? ¿Se respetaron los derechos humanos?

Respecto a las declaraciones brindadas por un civil, difundidas el 28 de abril de 2026: ¿El personal militar estuvo debidamente uniformado durante el operativo? ¿Qué indumentaria vestían los militares involucrados durante el operativo?

¿Qué mecanismos de supervisión y control civil existen sobre las operaciones militares en el VRAEM y cómo se garantiza el respeto irrestricto de los derechos humanos en dichas intervenciones?

¿Qué acciones ha dispuesto el Ministerio de Defensa para garantizar la atención integral, reparación y acceso a la justicia de los familiares de las víctimas?

¿Qué medidas adoptará su sector para transparentar la información ante la ciudadanía y el Congreso, considerando la gravedad de los hechos y la desconfianza generada por las versiones contradictorias?

¿Qué medidas adoptaron para dar celeridad a las investigaciones que viene desarrollando el Ministerio Público?

Sánchez es secretario general de la sede de Cáritas —también conocida como la Asociación de las Bienaventuranzas—, organización no gubernamental perteneciente a la Iglesia católica, en el distrito de Lurín. Es en este espacio donde se habrían cometido los presuntos abusos. Además, el sacerdote es conocido por su presencia mediática en programas de streaming locales y por su posicionamiento político "en contra del comunismo".

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Sánchez habría abusado de joven en situación de vulnerabilidad

La denuncia afirma que el presunto agraviado padecía una adicción que habría sido fomentada por el propio sacerdote. Según la publicación del medio mencionado, el relato también ofrece numerosos detalles acerca de la participación de la familia de la víctima en los asuntos financieros del padre Sánchez.

"Desde que conocimos al Sacerdote P. Omar Alonso Sánchez Portillo nos hizo creer, que su mayor preocupación era recuperar a Rafael (nombre cambiado), sacarlo de su adicción, cuando en realidad estaba tejiendo una tela de araña alrededor de él, y de nosotros mismos, para satisfacer sus más bajos deseos libidinosos y para utilizarnos a todos en sus actos delictivos a nivel canónico. Todo era, y es, una farsa que le ha servido para abusar de una persona vulnerable y de sus familiares. Quiero evitar que cualquier otra persona vulnerable, ya sea menor o mayor de edad, pueda ser abusada y manipulada por él", señala un fragmento de la denuncia reproducido por Epicentro.

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Un familiar de la víctima sostuvo que uno de los motivos para presentar esta denuncia es evitar que el sacerdote pueda engañar a otras personas. El documento solicita que se imponga una pena canónica contra el padre Sánchez por transgredir el Sexto Mandamiento con personas vulnerables, así como por los delitos de abuso de poder y el incumplimiento de las obligaciones especiales establecidas en el canon 1392.

Hasta el momento, el padre Sánchez no se ha pronunciado sobre la acusación.

El hecho de sangre ocurrió pasada las 11 de la mañana del miércoles 29 de abril, en la prolongación Juan Pablo II, en el distrito de Víctor Larco.

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Cámaras captaron el ataque

Según las imágenes de las cámaras de la zona, la víctima recibió al menos cinco disparos tras salir del local partidario y subir a una camioneta blanca. Las balas le impactaron en la cabeza y lo dejaron gravemente herido. Los atacantes llegaron en un auto y, tras cometer el crimen, huyeron con rumbo desconocido.

Tras lo ocurrido, personal de Serenazgo y miembros de la Policía llegaron al lugar del crimen para trasladar al herido al Hospital Regional, donde lamentablemente llegó sin signos de vida.

Finalmente, los efectivos de Investigación Criminal iniciaron las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables del crimen.

“Cuando tengamos resultados oficiales definitivos, tomaremos un punto de vista. Nosotros vamos a esperar a que el JNE dé su veredicto (…) Mientras no se pronuncie, no tenemos resultados oficiales”, indicó.

La respuesta de Nieto se da en el contexto de las posibles alianzas que se formarían de cara a la segunda vuelta. Algunos candidatos ya muestran su respaldo al candidato presidencial Roberto Sánchez. Tal es el caso del excandidato Ronald Atencio, quien señaló que “sean los compañeros de Juntos por el Perú (JP) con Sánchez a la cabeza los que le disputen el voto a la señora Keiko”.

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Además, López-Chau, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara rechazaron alianzas con el fujimorismo, por lo que su respaldo quedaría dirigido al candidato que enfrente a la lideresa de Fuerza Popular. Hasta el momento, Roberto Sánchez sobrepasa a López Aliaga con más de 25.500 votos, al 96.822%, de acuerdo con la página oficial de la ONPE.

Nieto solicita auditoría del conteo de votos

Tras las fallas logísticas registradas durante los comicios, el líder del Partido del Buen Gobierno hizo el pedido de una auditoría técnica para conocer cómo se realiza el conteo de los votos. “Es una auditoría no a los votos, sino a la forma en la que se cuentan los votos”, sostuvo.

Nieto indicó que su pedido no cuestiona las elecciones. Por el contrario, el excandidato busca que los ciudadanos confíen en el proceso por medio de esta auditoría. “Necesitamos darle legitimidad al proceso. Necesitamos que la ciudadanía confíe en lo que está ocurriendo en los organismos electorales y la única forma de hacerlo es una auditoría técnica”.

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El exministro de Cultura dijo, además, que la medida no perjudica el cronograma del proceso, ya que la auditoría no tarda más de una semana.

El líder del Partido del Buen Gobierno sostiene que la renuncia de Piero Corvetto es ilegal

La renuncia de Piero Corvetto, el pasado 21 de abril, a raíz de la demora en la apertura de las mesas de sufragio, ha sido cuestionada porque va en contra de lo que se indica en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE.

“El cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es irrenunciable durante un proceso electoral, a menos que exista un impedimento debidamente fundamentado”. Sobre esta norma, el excandidato presidencial indicó que tanto la renuncia como su aprobación por la Junta Nacional de Justicia son ilegales.

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“La renuncia de Corvetto es ilegal y la aceptación de la renuncia por parte de la Junta Nacional de Justicia es ilegal. Por tanto, han actuado los dos con ilegalidad. (…) tanto la renuncia como la aceptación son ilegales”, sostuvo.

En esa línea, Jorge Jáuregui, experto en Derecho Constitucional y Electoral, señaló que Corvetto no debió haber renunciado porque hay una garantía en el Estado de derecho destinada a proteger la voluntad popular y asegurar la independencia de las autoridades encargadas de los comicios, según indicó el especialista vía RPP.

No descarta postular al gobierno regional de Arequipa

Sobre una posible postulación al gobierno regional de su ciudad natal, el candidato dijo que aún no lo tenía claro, pero que no descartaba evaluar esa opción. “En su momento, se decidirá. Ni encarto, ni descarto”. Además, el sociólogo también confirmó que su partido participaría en las elecciones nacionales en Arequipa. “Ya tenemos listas propuestas. Ya existen candidatos”, expresó.

De acuerdo con las bases, las inscripciones se realizarán del 2 al 8 de mayo. Coincidentemente, en medio de ese periodo —el 7 de mayo— culminará el recuento de votos a cargo de los Jurados Electorales Especiales (JEE). El 18 de mayo se publicará la lista de postulantes aptos para la siguiente etapa, correspondiente a la evaluación de conocimientos.

Los resultados de esa prueba se conocerán el 21 de mayo, tras lo cual se iniciará de inmediato la evaluación curricular. En esta fase, las personas candidatas deberán presentar su hoja de vida y las investigaciones que hayan realizado. No obstante, recién el 8 de junio se publicará la relación de quienes avancen a la evaluación del plan de trabajo.

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Esta última fecha es clave: es un día después de los comicios de la segunda vuelta y la ONPE estará en su segundo día de conteo de votos para definir al siguiente presidente del Perú. Posteriormente, el 16 de junio se conocerá qué postulantes accederán a la etapa final de entrevista personal. En esta parte, con el antecedente del 2021, la ONPE aún no habría llegado al 100% de actas contabilizadas y todavía habría impugnaciones de actas de escrutinio de las mesas de sufragio.

El 2 de julio se difundirán las calificaciones finales, el cuadro de méritos y los resultados de la votación del Pleno de la JNJ. Al día siguiente, el 3 de julio, se llevará a cabo la juramentación del nuevo jefe de la ONPE, quien reemplazará a Piero Corvetto y asumirá el cargo por un periodo de cuatro años.

En ese contexto, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, será el encargado de conducir la organización de la segunda vuelta electoral, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. La responsabilidad recaerá en el reemplazante temporal de Corvetto hasta que asuma el titular de la institución.

El proceso de selección estará a cargo de los miembros del Pleno de la JNJ: María Teresa Cabrera Vega (presidenta), Víctor Chanduví Cornejo (vicepresidente), Gino Ríos Patio, Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, Germán Serkovic González y Cayo Galindo Sandoval.

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Elección acelerada del nuevo jefe de la ONPE

A diferencia del 2020, la elección del nuevo jefe de la ONPE de este año se realizaría en casi la mitad de tiempo.

Si se comparan las fechas, en el 2020 el proceso se inició con la publicación de la convocatoria el 22 de mayo, mientras que la juramentación se llevó a cabo el 31 de agosto. En total, la designación de Piero Corvetto tomó 101 días.

En cambio, para el proceso actual, el plazo se ha reducido de manera significativa, en aproximadamente 35,64%. La convocatoria fue difundida este miércoles 29 de abril a través del diario oficial El Peruano, y la juramentación está prevista para el viernes 3 de julio. Es decir, la selección del reemplazo de Corvetto se concretaría en 65 días.

Es decir, la nueva selección tomará más de un mes menos (36 días).

Los plazos de selección se acortaron a diferencia del 2020

El acortamiento del proceso se debe a la reducción de los plazos en varias etapas del concurso.

En el 2020, el periodo de inscripción y presentación de documentos de aptitud duró 7 días, mientras que en el proceso actual se redujo a 6. La evaluación de conocimientos, que anteriormente se extendía durante tres días consecutivos, ahora se realizará en una sola jornada.

En la etapa de evaluación curricular, el plazo para la interposición de recursos de reconsideración pasó de 4 días en el 2020 a solo 2 días en la presente convocatoria. Asimismo, la publicación de resultados, que antes se realizaba 7 días después, ahora se efectuará en 5 días.

Respecto de la evaluación del plan de trabajo, la sustentación ordenada alfabéticamente tomó 5 días en el 2020, mientras que este año se concentrará en una sola fecha. De igual forma, las pruebas de confianza (psicológicas y psicométricas), que antes se desarrollaban en 4 días, ahora se aplicarán en un solo día.

Además, la JNJ fijó que las entrevistas personales, que en el 2020 se realizaron en tres días, este año se lleven a cabo en una sola jornada. Es más, la juramentación, que anteriormente se efectuaba seis días después de culminadas las entrevistas, ahora se realizará al día siguiente.

El Ministerio Público señaló que la Fiscalía Anticorrupción sustentaría su solicitud para prohibir a Piero Corvetto viajar fuera del Perú. En su mensaje, se indica que la medida también alcanza a José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores, investigados por un presunto direccionamiento en el contrato de la empresa encargada del despliegue de los materiales de sufragio.

En su pedido, la institución señaló que existe riesgo de fuga tras encontrar un tercer pasaporte durante el allanamiento del 24 de abril.

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“Si bien el investigado ha hecho entrega de dos pasaportes, debe precisarse que, en el marco de la diligencia de allanamiento, se incautó su pasaporte peruano con fecha de caducidad 10 de agosto de 2026, lo que evidencia que, al momento de la intervención, contaba con un documento de viaje formalmente vigente o potencialmente utilizable. En ese sentido, más allá de que la determinación sobre su validez para el tránsito internacional corresponda a la autoridad migratoria, lo cierto es que dicho documento constituye un medio idóneo para facilitar su salida del país”, se lee.

El nuevo abogado de Corvetto, Julio Arbizu, explica el origen del tercer pasaporte encontrado

El nuevo abogado de Corvetto, Julio Arbizu, cuestionó el pedido de impedimento de salida del país, el cual será fundamentado por el fiscal Reynaldo Abia. “Me parece muy extraño que el fiscal Abia no sepa que el pasaporte que tenemos es el único documento válido para efectos migratorios. Eventualmente puede haber más pasaportes por nacionalidad, pero el pasaporte peruano es uno solo”, declaró Arbizu vía Epicentro.

Además, aclaró lo sucedido con el pasaporte que se encontró en la casa del exjefe de la ONPE. De acuerdo con Arbizu, Piero Corvetto fue a renovar su pasaporte peruano al ver que estaba a punto de vencer. En Migraciones le entregaron uno nuevo y le indicaron que el antiguo ya no tenía validez.

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“El pasaporte que va a pasar por la maquina de migraciones una vez que él sale del país es el nuevo. [El pasado] Es papel mojado en tinta. No tiene ninguna validez”, señaló.

Con relación a la audiencia, el abogado indicó que aceptarían el pedido fiscal de impedimento de salida del país, ya que así se coordinó con el exjefe de la ONPE.

“Nosotros hemos tomado la decisión, por supuesto invocada por Piero Corvetto, de allanarnos al impedimento de salida del país. En la diligencia de mañana lo vamos a expresar de manera explícita. No vamos a discutir el requerimiento de impedimento de salida del país propuesto por la Fiscalía”, declaró.

El Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah) fue creado mediante Decreto Supremo N.° 043-82-AG, de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Cooperación suscrito entre los Gobiernos de los Estados Unidos y del Perú, el 26 de setiembre de 1981.

Se resolvió que dependa administrativa y funcionalmente de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (Ofecod), ahora Dirección General contra el Crimen Organizado, dependiente del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior.

En diciembre de 1994, el ámbito de acción del proyecto especial se amplió a todo el territorio nacional, con enfoque en la reducción del espacio cocalero hasta los límites de consumo útil.

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El proyecto especial cuenta con el apoyo financiero otorgado por el Gobierno estadounidense, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

En 2025, uno de los temas que más generó debate fue la forma en la que las autoridades peruanas trabajan para evitar que sigan aumentando los cultivos ilegales de hoja de coca en distintas regiones del país.

En ese sentido, informaron que las operaciones de erradicación de cultivos ilegales de coca registran “importantes avances” en el primer trimestre del 2026 y mencionaron las acciones del Estado para reducir los sembríos al margen de la ley.

Así, aseguran que la Policía ha venido implementando una estrategia integral reflejada en operaciones sostenidas.

Desde la institución se mencionó que la Policía Nacional ha implementado estrategias de control, erradicación, sustitución y afectación de economías ilícitas que han dejado los siguientes resultados:

Como punto principal, se afirmó que las acciones ejecutadas en lo que va del año han permitido eliminar 1.261,92 hectáreas de cultivos ilícitos, evitando potencialmente la producción de 11,56 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína.

Los trabajos se concentran en el eje operacional de Aguaytía, en la región Ucayali, donde brigadas del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah) del Ministerio del Interior, con apoyo de la Policía Nacional, intensifican la reducción del espacio cocalero ilegal.

Solo el 8 de marzo se erradicaron 40,3 hectáreas distribuidas en 22 parcelas, además de 49 metros cuadrados de almácigos destinados a nuevas plantaciones.

Estas acciones forman parte del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal 2026, que establece una meta nacional de 19.000 hectáreas erradicadas durante el presente año. Hasta la fecha, el avance representa 6,64% de la meta anual, tras el inicio de las operaciones el 28 de enero.

Las operaciones continuarán este año en nuevos ejes operativos, como Putumayo, Caballococha, Constitución, Tingo María, Atalaya y Callería, en el marco de una estrategia integral que combina erradicación, control territorial y protección ambiental para frenar el avance del narcotráfico en el país.

Gobierno crea el PRECIP

Este miércoles, el Gobierno oficializó la creación del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP) mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-IN, publicado en el diario oficial El Peruano. Esta estrategia busca intensificar la respuesta del Estado frente a los cultivos ilícitos vinculados al narcotráfico.

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El PRECIP dependerá del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter) y tendrá como objetivo principal reducir y erradicar el espacio cocalero ilegal en las Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI), en el marco de la Política Nacional contra las Drogas al 2030.

Su implementación responde a la necesidad de enfrentar de manera más eficaz el tráfico ilícito de drogas, cuya cadena se inicia con el cultivo ilegal de hoja de coca destinada a la producción de drogas cocaínicas.

Corah será disuelto

El nuevo programa promoverá la reducción de cultivos ilegales con un enfoque integral que incorpora dimensiones ambientales, sociales, culturales y económicas en las zonas de intervención.

Entre sus principales funciones destacan la erradicación de cultivos ilegales, el desarrollo de campañas de sensibilización, la ejecución del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal y la articulación con entidades públicas, privadas y de cooperación internacional.

La creación del PRECIP permitirá integrar y fortalecer las acciones que anteriormente desarrollaba el Proyecto Especial Corah, el cual será disuelto progresivamente tras 43 años de funcionamiento.

El PRECIP contará con un director ejecutivo como máxima autoridad administrativa y tendrá una vigencia inicial de 5 años, periodo en el que se evaluará su impacto en la reducción del espacio cocalero ilegal.

Su financiamiento se realizará con recursos transferidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), el presupuesto del Mininter y aportes de la cooperación internacional, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público.

El documento fue presentado formalmente a Manuel Chuyo Zavaleta, juez de investigación preparatoria. “Por medio del presente escrito, renuncio a defensa técnica, debiéndose dejar sin efecto alguno el domicilio procesal y Casilla SINOE, así como medios alternativos de comunicación”.

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El 28 de abril, el Juzgado de Investigación Preparatoria resolvió comunicar al exjefe de la ONPE la renuncia de su abogado para que designe a otra defensa particular o se le asigne una de oficio. “Notificar al domicilio real del investigado Piero Alessandro Corvetto Salinas la renuncia de su abogado, a fin que en el plazo de 24 horas de notificado, cumpla con designar una defensa particular nueva, bajo apercibimiento, caso de no hacerlo le será designado la defensa pública”, se lee.

Esta renuncia se conoce tras la reciente solicitud de la Fiscalía para que se prohíba la salida del país de Corvetto, así como la apelación para que se detenga al extitular de la ONPE y a otros funcionarios vinculados con la investigación.

Sobre el pedido que prohíbe su salida del Perú, este fue realizado por el fiscal Raúl Martínez, quien forma parte de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El magistrado pidió al Poder Judicial impedir que Corvetto salga del país durante 18 meses. El Ministerio Público informó que los detalles y la justificación de la solicitud se sustentarán este jueves, a las 11.00 a. m., por el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción.

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La Fiscalía también presentó un recurso de apelación para que se detenga a Piero Corvetto junto con otros tres funcionarios de la ONPE que estuvieron involucrados en las fallas logísticas del 12 de abril. Estos son José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE; y el gerente de la empresa proveedora, Juan Charles Alvarado Pfuyo. Además, pidió que se levante el secreto de las comunicaciones, con el fin de continuar las investigaciones.

El estudio de abogados Arbizu y Gamarra asumirá la defensa de Piero Corvetto

Tras la renuncia del abogado Ricardo Sánchez Carranza a la protección legal de Piero Corvetto, el estudio jurídico Arbizu y Gamarra anunció que asumirían la defensa del extitular de la ONPE.

Mediante un comunicado, difundido a través de la red social X, el estudio de abogados manifestó que su decisión se da en aras de que se respete el proceso de la investigación de manera objetiva y con todas las garantías constitucionales.

“Ejerceremos una defensa técnica, rigurosa y garantista frente a cualquier intento de convertir una investigación en condena anticipada o de promover medidas desproporcionadas al margen de la objetividad que exige el Estado constitucional de Derecho”, se lee.

Los resultados también muestran otros hallazgos relevantes. Según la diferenciación ideológica de los encuestados, el 88% de quienes se identifican con valores asociados a la derecha está a favor de una hoja de ruta. Asimismo, el 86% de los encuestados de Lima Metropolitana respalda esta medida. A nivel de macrozonas, Lima y el norte del Perú concentran el mayor respaldo a la firma de este compromiso.

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La hoja de ruta también es bien valorada por los jóvenes. El 90% de los encuestados de entre 18 y 29 años se muestra a favor de que los candidatos en segunda vuelta asuman este compromiso. En cuanto a la diferenciación por género, las mujeres registran mayor aprobación: el 88% está a favor de la medida.

El interés en la política también influye. El mayor nivel de rechazo a la firma de una hoja de ruta se encuentra entre quienes declaran estar muy interesados en la política: el 14% de este grupo está en contra. En cambio, el 89% de quienes se consideran 'algo interesados' en temas políticos se muestra a favor del compromiso.

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Los sectores socioeconómicos A y B son los que presentan mayor respaldo a la firma de una hoja de ruta: el 89% de los encuestados de estos estratos se muestra a favor. Muy cerca, el sector C también respalda la medida con un 86%.

¿Qué es una hoja de ruta?

La 'hoja de ruta' es el nombre que reciben los documentos de planificación firmados por un candidato presidencial ante la eventual posibilidad de asumir la presidencia del Perú. Este compromiso busca asegurar que su accionar político se oriente hacia una línea no radical, con reformas que no alteren de forma significativa el funcionamiento de las instituciones.

La hoja de ruta suele plantearse cuando los candidatos presentan propuestas que rompen con los modelos vigentes, especialmente en materia económica. En su plan de gobierno, el candidato Roberto Sánchez ha planteado la reestructuración del modelo económico peruano, lo que ha generado preocupación en sectores cercanos al centro y la derecha.

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El término 'hoja de ruta' se popularizó tras la experiencia de 2011 con la candidatura de Ollanta Humala. Luego de que el candidato nacionalista pasara a segunda vuelta con Keiko Fujimori, diversos sectores criticaron su plan de gobierno —denominado 'La Gran Transformación'— por proponer el abandono del modelo económico vigente y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

En ese contexto, se elaboró el documento 'Lineamientos de política económica y social para un gobierno de concertación nacional', que reemplazó el planteamiento económico original. Este texto fue conocido mediáticamente como la 'hoja de ruta' y formó parte de la estrategia para presentar a Humala como una opción más moderada frente a otros sectores del electorado.

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El término volvió al debate público cuando Pedro Castillo pasó a segunda vuelta también frente a Keiko Fujimori en las Elecciones Generales de 2021. En ese contexto, la propuesta económica de Perú Libre también generó preocupación en sectores del centro y la derecha. El partido liderado por Vladimir Cerrón planteaba la reformulación del modelo económico y la redacción de una nueva Constitución.

A diferencia de Ollanta Humala, Castillo no firmó públicamente una hoja de ruta e, incluso, durante sus primeros meses de gobierno, llegó a afirmar que no lo haría. Sin embargo, en la práctica, el expresidente no logró concretar estas propuestas durante el año y medio que duró su mandato.

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La hoja de ruta no es una exigencia dirigida únicamente a candidatos de izquierda. En 2021, desde la vereda opuesta a la de Pedro Castillo, Keiko Fujimori firmó un compromiso en el que aseguró que respetaría la independencia institucional y la separación de poderes del Estado.

La candidata de Fuerza Popular también fue cuestionada entonces por algunos de sus técnicos en economía y salud, como Jorge Baca Campodónico y Ernesto Bustamante, respectivamente. Sin embargo, no realizó cambios al respecto.

“En general, la ciudadanía es proclive a contemplar un gobierno más moderado”

Para José Alejandro Godoy, politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), una hoja de ruta es percibida como una alternativa favorable ante candidatos con posturas más radicales.

“La hoja de ruta es atractiva porque, en general, la ciudadanía es proclive a contemplar un gobierno más moderado y que resuelva sus problemas, así como a limar aspectos polémicos de los programas de los candidatos”, señaló.

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Godoy precisó que este tipo de documento podría incluir aspectos más allá de la separación de poderes y el respeto a la autonomía institucional: “Podría incluir aspectos vinculados a la estabilidad macroeconómica, el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de tratados internacionales, la derogatoria de leyes procrimen y el compromiso con un periodo de gobierno estable”, indicó.

El especialista consideró además que es posible que los candidatos que pasen a segunda vuelta firmen una hoja de ruta, aunque advirtió que el principal problema no es la firma, sino el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Entre optimistas y pesimistas, el panorama es equilibrado: para el 29% de los encuestados, este Congreso entrante será mejor, mientras que otro 29% opina que será peor. Un 9% de los encuestados no expresó opinión al respecto.

Al analizar los datos en detalle, surgen algunos aspectos relevantes. Uno de los más llamativos es que la percepción de que no habrá cambios es considerablemente mayor entre los jóvenes. El 42% de los encuestados de entre 18 y 29 años considera que el Congreso entrante no presentará diferencias significativas respecto del actual Parlamento.

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A nivel socioeconómico, también se observan tendencias. Los sectores A y B, que agrupan a los mayores ingresos, muestran una alta percepción de continuidad: el 42% de los encuestados de estos estratos considera que nada cambiaría.

En cuanto a la ideología política, el 37% de los encuestados que se identifican con la derecha considera que el nuevo Parlamento será mejor. En contraste, entre quienes se identifican con la izquierda, el 35% opina que no habrá cambios.

Por nivel educativo, el 33% de quienes cuentan con educación básica considera que el Congreso entrante será mejor. En cambio, el 38% de quienes tienen educación superior cree que todo se mantendrá igual. Ambos son los porcentajes más altos dentro de sus respectivos grupos.

Las personas con mayor interés en la política tienden a ser más optimistas. El 34% de quienes afirman estar muy informados sobre la coyuntura nacional considera que el nuevo Congreso será mejor. En tanto, el 40% de quienes declaran tener un interés moderado en la política cree que todo seguirá igual.

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Entre Lima Metropolitana y el Perú urbano, la percepción sobre el nuevo Congreso es similar: en ambos casos predomina la idea de que no habrá cambios (33% y 32%, respectivamente). En las zonas rurales, en cambio, la opinión es ligeramente más positiva: el 31% considera que será mejor, frente a un 29% que cree que será igual y un 28% que estima que será peor.

Por macrozonas, los más optimistas se ubican en el norte del país: el 33% considera que el Congreso bicameral será mejor. En contraste, en el sur predomina una visión más crítica: el 36% opina que el nuevo Parlamento será peor.

En cuanto a las diferencias por sexo, no se observan brechas significativas. Tanto hombres como mujeres consideran mayoritariamente que el Congreso será similar al actual: el 33% de los hombres y el 31% de las mujeres comparten esta percepción.

Congresistas reelectos hablan del tema

La congresista Ruth Luque, integrante de la Bancada Democrática Popular y virtual senadora por Ahora Nación, sostuvo que esta percepción ciudadana responde, en gran medida, a la experiencia reciente con un Congreso que no ha estado a la altura de las demandas del país.

'Hemos visto una agenda muchas veces alejada de las principales preocupaciones de la población, así como prácticas que han debilitado la confianza en la institución, como el uso inadecuado del poder, la falta de transparencia y decisiones que han priorizado intereses particulares por encima del bien común. Un ejemplo de ello son las leyes procrimen. Además, la inestabilidad política constante y el rompimiento del equilibrio entre poderes del Estado han contribuido a generar una sensación de continuidad negativa, incluso de un parlamentarismo autoritario', señaló Luque a La República.

Luque agregó que la bicameralidad aún no responde a las demandas ciudadanas: 'Para muchas personas, no existen señales claras de que el nuevo Congreso vaya a marcar un cambio sustantivo en la forma de hacer política. La ciudadanía percibe que la bicameralidad, junto con las reformas electorales, ha sido diseñada por partidos como el fujimorismo para asegurar su continuidad. Sin embargo, este contexto también representa una oportunidad para reconstruir la confianza, apostar por una agenda centrada en derechos, en la lucha contra la corrupción y en responder de manera efectiva a las necesidades urgentes de la ciudadanía', apuntó.

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Indira Huilca, quien fue congresista durante el periodo 2016-2019 y ahora es virtual diputada por Ahora Nación, sostuvo que la percepción de que nada cambiará en el Parlamento se explica, en parte, por la eventual mayoría que alcanzarían bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular en conjunto dentro de la Cámara Alta.

'Mucha gente en el país es consciente de que el Congreso ha sido rediseñado a gusto de los partidos que hoy están en el poder. La bicameralidad se ha impuesto como parte de ese proceso. Se trata de una transformación institucional que profundiza el desequilibrio de poder existente. Además, la ciudadanía percibe que la presencia del fujimorismo y de la bancada vinculada a López Aliaga en el Senado seguirá generando inestabilidad. La gente intuye cuál será su rol y sabe que no estará orientado al respeto de las leyes', indicó Huilca a este medio.

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'Creo que el pesimismo y el optimismo estén igualados es una buena señal'

Para el politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Alonso Cárdenas, existen razones para una lectura más optimista de los resultados. Si bien las estadísticas muestran que una mayoría de peruanos considera que no habrá cambios entre el actual y el próximo Congreso, en un análisis más amplio estos datos pueden interpretarse de forma positiva.

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'Creo que el pesimismo y el optimismo estén igualados es una buena señal. Históricamente, en el Perú, la percepción sobre el Congreso ha sido mayoritariamente negativa. Que hoy exista un equilibrio entre expectativas positivas y negativas representa un avance. El hastío sigue siendo alto y las cifras pueden parecer desalentadoras, pero no lo son tanto como se esperaba. Desde mi perspectiva, se vislumbra una leve mejora'.

Cárdenas interpreta las cifras con cautela, pero también con optimismo: 'Muchos de los partidos más repudiados por la opinión pública, como APP, Perú Libre o Podemos Perú, no han superado la valla electoral. Esto ha generado alivio y satisfacción en la población. En el papel, se presume que varios de los nuevos diputados y senadores presentan un mejor perfil ético, especialmente los de Ahora Nación y Buen Gobierno', señaló.

Según confirmaron autoridades del Ministerio Público, el caso excede el ámbito de la fiscalía provincial y es abordado de manera articulada por una fiscalía supraprovincial, en un esquema que busca reconstruir no solo el hecho en sí, sino también el entramado previo.

Uno de los ejes centrales de la investigación está puesto en los cuadernos de control de registros de ingreso y salida de vehículos y de personas en las inmediaciones de la localidad de Campo Armiño. También, en el análisis de los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia en garitas de control.

Pero también dispusieron la aplicación del Protocolo de Minnesota a los cuerpos de las víctimas. Esto será fundamental para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden.

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Este protocolo sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas es un conjunto de directrices internacionales de la ONU para investigar ejecuciones extrajudiciales, torturas o muertes sospechosas bajo custodia.

Su objetivo es proteger el derecho a la vida, garantizar investigaciones independientes, imparciales y efectivas, y asegurar la rendición de cuentas.

Se aplica a cualquier muerte sospechosa en la que el Estado pueda ser responsable, incluidas desapariciones forzadas, muertes bajo custodia o por uso excesivo de la fuerza.

La versión del 2016 actualiza el protocolo original de 1991, lo adapta a los estándares internacionales modernos de derechos humanos y debe iniciarse de inmediato para evitar la pérdida de pruebas.

La diligencia es exhaustiva en la recolección de pruebas, entrevistas y análisis forense. Establece pautas para la preservación de la escena del crimen, la exhumación de cadáveres, la realización de autopsias (siguiendo modelos estándar) y la cadena de custodia de evidencias.

En cuanto a la protección de testigos, incluye medidas para proteger tanto a los familiares de la víctima como a los propios investigadores.

Este instrumento es considerado una norma de buenas prácticas jurídicas y forenses, utilizada con frecuencia por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la actuación estatal.

Fiscalía no presenta pedido de detención preliminar

Tras vencer la detención por flagrancia, el capitán Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova salieron en libertad, luego de que la Fiscalía Provincial Penal de Tayacaja no presentara el pedido de detención.

La fiscal Zina Romero Chávez inició una investigación preliminar contra ocho militares por el presunto delito de homicidio calificado; sin embargo, todos los involucrados afrontarán el proceso en comparecencia.

El testigo Ricardo Acuña Quispe, quien se retractó sobre el transporte de droga, también permanecerá en libertad junto con Eber Soto Quispe y Jhonatan Águila Gutiérrez, los otros jóvenes que estuvieron en la camioneta y resultaron heridos.

Las investigaciones siguen avanzando para esclarecer la ferocidad del ataque que ejecutaron las Fuerzas Armadas. El peritaje de absorción atómica practicado a las víctimas dio como resultado que ellas no realizaron ningún disparo con arma de fuego.

Por el contrario, la misma prueba a la que fueron sometidos los militares confirma el uso excesivo de sus armas, debido a que la camioneta en la que viajaban los jóvenes presenta 60 impactos de bala en diferentes ángulos, cuyos proyectiles provienen de fusiles de largo alcance.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) sostiene que la patrulla del Ejército intervino la camioneta Toyota 4x4 porque sus ocupantes estaban vinculados a redes del narcotráfico y que hicieron uso de sus armas "en legítima defensa".

El oficio se presentó el 28 de abril y está dirigido a la presidenta de la Comisión Karol Paredes Fonseca. El ministro también sostuvo que iría acompañado de su equipo del sector Defensa.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente, a fin de solicitar a su Presidencia concederme la oportunidad de asistir con el equipo del sector Defensa a la siguiente Sesión Ordinaria dela Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Droga”.

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En el documento también se detalla que Flores Carcagno informará sobre el accionar del Ejército y su relación con las muertes en Colcabamba. Además, precisó que reportará los avances y el desarrollo de las investigaciones del caso.

“Con el objeto de dar a conocer lo actuado por las Fuerzas Armadas respecto de los hechos acontecidos en el distrito de Colcabamba de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; así como, los avances preliminares en las investigaciones del caso”.

Cabe precisar que el ministro ya ha sido citado ante la Comisión de Defensa Nacional, pero para que responda por la compra de los aviones F-16 Block 70 junto con el canciller y el premier, Luis Arroyo. Sin embargo, el día de la sesión no se presentó ninguno. Esta ausencia fue cuestionada por la presidenta de la comisión, quien consideró que se debería tomar como prioridad la soberanía del país.

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“[Los 3 funcionarios] deberían haber asistido porque la población necesita respuestas concretas, respuestas claras. (…) El tema de nuestra soberanía es sumamente urgente”, señaló la parlamentaria.

La congresista también indicó que habría una reprogramación el lunes. “Nosotros estamos quedando que el lunes vamos a tener la sesión. Vamos a solicitar”, afirmó.

Controversias sobre lo sucedido en Colcabamba

El sábado 25 de abril, se registró la presencia de ocho militares en el sector Puente Mellizo, en el distrito de Colcabamba. Los agentes se trasladaron al lugar por un operativo que advertía sobre una camioneta vinculada con redes del narcotráfico. La versión de las Fuerzas Armadas indica que, al momento de interceptar el vehículo, tuvieron que abrir fuego al advertir que las personas dentro de la unidad usaron armas de fuego para evitar su detención. Este enfrentamiento acabó con la vida de cinco civiles.

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La versión del Ejército es distinta a la de Ricardo Acuña Quispe, persona que también estaba dentro del vehículo, pero que logró escapar y esconderse hasta que llegaran representantes de la Fiscalía. La víctima indicó que no se trasladaba droga ni armamento. Además, dijo que la patrulla militar disparó a matar contra la camioneta en la que viajaban ocho personas, luego de que el conductor no hiciera caso a la orden de alto. De los ocho pasajeros, tres se salvaron del fatídico destino, incluido él, según informó la Unidad de Investigación de La República.

En esa línea, la versión del Ejército aún está en investigación, al no hallarse droga ni armamento en el vehículo que interceptaron. Anthony Crespo, abogado de los familiares de las víctimas, también discrepó con la versión de los militares. Crespo sostuvo que se ha matado a cinco jóvenes inocentes y que los exámenes para identificar si las víctimas tuvieron contacto con clorhidrato de cocaína salieron negativos.

De acuerdo con el comunicado difundido en las redes sociales del Ministerio Público, los fiscales revisarán los contratos realizados con los proveedores de servicios vinculados a los comicios generales.

La acción fiscal se lleva a cabo junto con los agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La actividad fiscal forma parte de la investigación que realiza el Ministerio Público por el presunto delito de colusión agravada. La indagación alcanza al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a exfuncionarios del ente judicial como José Samamé y otros implicados.

Fiscalía realiza diligencias en la ONPE

La diligencia de la Fiscalía comenzó con el registro del equipo de fiscales —liderado por el fiscal provincial Reynaldo Abia— en el módulo de admisión de la ONPE.

El fiscal Abia solicitó hablar con el encargado del ente electoral, Bernardo Pachas, y explicó los motivos de la presencia del Ministerio Público en las instalaciones de la ONPE. En su intervención, Abia le comentó a Pachas la importancia de cuidar las instituciones del Estado.

Fiscalía pide 18 meses de impedimento de salida del país para exjefe de la ONPE

Las diligencias se realizaron minutos después de que la Fiscalía informó que el jueves 30 de abril sustentarán el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto.

La solicitud se hace por las investigaciones abiertas contra el exjefe de la ONPE por presuntos actos de corrupción relacionados con la conducción del proceso electoral del 12 de abril.

Según informó el Ministerio Público, la medida también involucra a otros exfuncionarios de la ONPE y a personas vinculadas al proceso electoral, entre ellos José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores. Todos son investigados por supuestas irregularidades en el contrato adjudicado a la empresa Gálaga, encargada de la distribución del material electoral.

La hipótesis fiscal plantea que la selección de dicha empresa habría sido direccionada. Esto, debido a cuestionamientos sobre la evaluación aplicada tanto a Gálaga como a las demás compañías participantes. De acuerdo con los investigadores, los criterios utilizados en el proceso habrían favorecido de manera directa a la empresa adjudicataria.

No hemos trasladado nada de droga, ni armamento, es completamente falso”, manifestó Ricardo Acuña Quispe, natural de Yauli, Huancavelica. Acuña es uno de los tres sobrevivientes de la matanza de Colcabamba.

Una patrulla militar disparó a matar contra una camioneta 4x4 en la que viajaban ocho ocupantes, luego que el conductor hizo caso omiso a la voz de alto. Ricardo Acuña Quispe, Jhonatan Águila Gutiérrez y Eber Soto Quispe salvaron de morir. Los otros cinco recibieron múltiples impactos de bala de fusiles de asalto y sus cuerpos quedaron atrapados en el vehículo.

En un principio, circuló el acta de una declaración de Ricardo Acuña a la fiscal antidrogas Jannett Carrillo Callahua, sobre lo sucedido a las 4 y 30 de la mañana del sábado 25 de abril. El grupo de ocho regresaba de jugar futbol y se dirigían al distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica). Cuando en el trayecto se encontraron con una patrulla del Ejército, y se le hizo una seña de detenerse, el conductor colombiano, Nilson Montenegro Valencia, desobedeció y continuó camino. Es entonces que dispararon a la camioneta.

En su primera declaración ante la fiscal Carrillo, Ricardo Acuña reconoció que algunos miembros del grupo habían participado en el traslado de droga como “mochileros”, y que en su caso había recibido un pago de S/1.300 por haber trasladado 13 kilos de pasta básica de cocaína.

Pero Ricardo Acuña cambió de historia ante el fiscal Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, Zina Romero Chávez. Negó que alguno de los ocho viajeros estuviera relacionado con el narcotráfico.

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Una versión diferente

“Fuimos atacados por los militares cuando estábamos volviendo del distrito de Pucacolpa, provincia Tayacaja (Huancavelica). Nos han agarrado a balazos. Estábamos volviendo con mis primos (el herido Eber Soto Quispe y el fallecido William Núñez Soto). Los militares nos esperaron con ropa de civil, nosotros no pensábamos que eran militares, estaban encapuchados. Por eso el chofer (el colombiano Nilson Montenegro Valencia) quiso escapar, porque pensaba que eran rateros”, declaró Ricardo Acuña en un video grabado por su abogado Anthony Crespo Barrionuevo.

El abogado de las familias de las víctimas, consultado por La República, validó el testimonio de Ricardo Acuña Quispe. Señaló que fue coaccionado a declarar sin la presencia de su abogado, y ante efectivos armados del Ejército.

“Yo pensaba que eran rateros, por eso me escondí. Cuando vi que iba llegando una patrulla de militares, me sentí seguro, por eso me entregué a ellos. En esos momentos fui amenazado y obligado para hablar esas cosas (la primera declaración ante la fiscal Carillo), porque no han encontrado nada en el carro. Nosotros no hemos trasportado ni droga, ni armas, por eso motivo los militares me han amenazado con arma, diciéndome: ‘Te vamos a disparar, te vamos a meter bala’.

Nosotros somos inocentes. A mí me han querido utilizar como sustento, que yo llevaba droga”, explicó Ricardo Acuña, según el video.

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Dispararon a matar

Maribel Águila Gutiérrez informó a La República que su hermano Jhonatan Águila Gutiérrez (24 años, natural Ayahuanco, Huanta, Ayacucho), le dijo que los militares descargaron sus fusiles de asalto contra la camioneta sin motivo alguno.

Maribel Águila, quien también es madre del joven Christian Vilcatoma Águila, abatido en el confuso operativo antidrogas, aclaró que tío y sobrino salieron del distrito de Pucacolpa, ubicado en la provincia ayacuchana de Huanta con dirección a Colcabamba, para participar en un evento deportivo.

“Los del Ejército dispararon de frente a matar, cuando se desplazaban en la camioneta. Una de las balas impactó en la cabeza del conductor (el colombiano Nilson Montenegro Valencia), quien terminó estrellándose entre los arbustos”, relató Jhonatan Águila a su hermana.

El sobreviviente se encuentra internado en el hospital de Tayacaja.

Maribel Águila indicó a este diario que su hermano Jhonatan se hizo el muerto para que los militares no le remataran a balazos.

“Mi hermano Jhonatan se encontraba en la parte posterior de la camioneta y mi hijo Christian Vilcatoma Águila) se ubicó en el asiento del copiloto. Al ver que las balas habían matado al chofer y al resto de sus amigos, uno de los militares abrió la puerta posterior y empezó a gritar: ‘¡Mierda, no hay nada en el carro! Y empezaron a sacar los cuerpos del vehículo”, le relató Jhonatan Águila a su hermana Maribel Águila.

El abogado de los familiares, Anthony Crespo Barrionuevo, insistió en la invalidez de la primera declaración de Ricardo Acuña Quispe ante la fiscal Jeannette Carrillo.

“El acta de la entrevista a mi defendido Ricardo Acuña, que se difunde en las redes sociales, carece de validez porque el testigo fue abordado e intimidado por los militares”, aseguró Crespo.

“Los militares insistieron en que él dijera lo que querían escuchar. Que había transportado droga con el objetivo de justificar la operación militar”. indicó el abogado.

Por su parte, fuentes de Inteligencia de la Dirección Antidrogas señalaron a La República que la intervención militar en Colcabamba se sustenta en una carpeta fiscal que investiga a una organización criminal, dedicada al transporte y acopio de cocaína, procedente de la zona de producción del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

“Hay una carpeta fiscal que se está trabajando con la fiscalía antidrogas de Huancayo. Se trata del trasteo de cocaína en grandes cantidades que viene del VRAEM y que son trasladados por una red de ‘mochileros’”, señalaron las fuentes de la Dirandro.

La fuente explicó que un equipo especial de la Dirandro coordinaba con el Ejército para la intervención de un cargamento de droga, que iba a pasar precisamente por el sector Puente Mellizos, que limita con la provincia de Tayacaja, Huancavelica y Huanta en Ayacucho. En ese lugar ocurrió la matanza.

“Nosotros sabíamos que algunos de los ‘mochileros’ se habían subido a la camioneta para dirigirse a Colcabamba y otros a Huancayo”, informó la fuente de La República.

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Claves

• De acuerdo con el informe médico del Hospital de Tayacaja, Eber Soto Quispe presenta dos impactos de bala: en el cuello y tórax.
• En el caso de Jhonatan Águila Gutiérrez, fue alcanzado por tres proyectiles en el tórax y ambos glúteos.
• Respecto a la nueva declaración de Ricardo Acuña, las fuentes indicaron que este conocía en detalle cómo se acondicionaba y transportaba la droga.

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Según las bases del concurso, el procedimiento comprende varias etapas eliminatorias, entre ellas la evaluación de conocimientos, la revisión curricular, la presentación de un plan de trabajo y una entrevista personal.

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Detalles del concurso público

El cronograma establece que las entrevistas personales se realizarán el 2 de julio, día en que también se publicarán las calificaciones finales, el cuadro de méritos y los resultados de la votación del pleno de la JNJ. Solo el candidato que obtenga el respaldo requerido de los miembros de la Junta será finalmente nombrado jefe de la ONPE.

La juramentación que formalizará la designación del nuevo titular de la ONPE se llevará a cabo en un acto público ante la JNJ.

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Este concurso fue convocado tras la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la institución electoral, motivada por los cuestionamientos a su gestión durante la jornada de votación del pasado 12 de abril.

Los magistrados del JNE realizaron un análisis durante una sesión de varias horas y concluyeron que la figura de elecciones complementarias "no se encuentra prevista para este tipo de proceso electoral". El ente electoral recalcó que ese pedido está previsto únicamente para los procesos electorales municipales.

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Además, el JNE precisó que, según la Ley 26864, se pueden anular las elecciones municipales en uno o más distritos electorales siempre y cuando se comprueben graves irregularidades que afecten los resultados de los comicios, o cuando más del 50% de los votos nulos o blancos superen los dos tercios de los votos emitidos.

Pero hay más. El Pleno del ente electoral recordó que, según la Constitución Política, solo pueden actuar conforme a las leyes establecidas y que se debe respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

"No es jurídicamente atendible sostener la procedencia de elecciones complementarias en el marco de Elecciones Generales mediante la aplicación analógica de supuestos previstos para procesos municipales, en la medida en que ello implicaría una indebida extensión de figuras jurídicas a un ámbito no previsto por el legislador", resalta el JNE.

"Admitir lo contrario supone vulnerar el principio de legalidad y el principio de reserva de ley, así como afectar la seguridad jurídica y la predictibilidad del proceso electoral", acotó la entidad.

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Elecciones complementarias no garantizarían la paz social

En esa misma línea, el JNE explicó que la incorporación de un nuevo hito derivado del proceso electoral del 12 de abril, como las elecciones complementarias, significa la apertura de jornadas extraordinarias no previstas en la normativa vigente y que "no tienen un grado de continuidad razonable".

Por eso, una elección complementaria "alteraría sustancialmente la secuencia normativa y operativa del procedimiento regular". Para el JNE, organizar un nuevo proceso electoral implicaría una serie de acciones que desbordaría la fecha programada para la segunda vuelta y, por ende, la asunción del nuevo gobierno y la toma de mando del nuevo presidente.

Por otro lado, el JNE afirmó que las elecciones complementarias comprometen los principios de seguridad jurídica, igualdad de condiciones entre actores políticos y estabilidad electoral.

Esa situación, precisó la entidad, se vería gravemente afectada por las deficiencias que cometió la ONPE el 12 y 13 de abril.

Es más, el JNE alertó que el pedido de López Aliaga podría incidir en el voto popular porque los resultados están contabilizados en más del 90% y son de conocimiento público.

"Esta situación impactaría no solo las elecciones presidenciales, sino también las elecciones para elegir senadores, diputados y Parlamento Andino, en tanto la contabilización de los votos en dichas elecciones ya está por concluir", enfatizó.

En comparación con las elecciones del 13 de abril, el JNE mencionó que eso respondió a una situación inmediata y excepcional, y a un escaso nivel de avance del cómputo de los resultados.

Ausentismo no afectó a López Aliaga

Por otro lado, el acuerdo del JNE aseguró que, de acuerdo con el análisis realizado, el ausentismo poco tiene que ver con la hora en la que se instalaron las mesas de sufragio.

El documento precisó que el ausentismo electoral en Lima se debe a varios factores, como las condiciones socioeconómicas de los electores, el grado de motivación o desafección política, las dificultades de transporte, la distancia hacia los locales de votación, así como otros elementos contextuales propios de cada circunscripción.

"En consecuencia, la sola variación o ampliación del horario de votación no puede ser entendida, por sí misma, como una medida capaz de incidir decisivamente en los niveles de participación electoral, ni como un factor suficiente para explicar el ausentismo electoral", concluye el JNE.

Como parte de su sustento, el ente electoral informó que hizo un análisis estadístico de 24.812 mesas (lo que equivale al 92,7% del total a nivel nacional). De esa cifra, 15.910 (64,1%) fueron instaladas antes de las 8.00 a. m. y 8.902 (35,9%), después de ese horario.

Asimismo, se determinó que las mesas instaladas entre las 8.01 a. m. y las 12.00 m. presentaron una tasa de ausentismo ponderado de 20,9% en Lima Metropolitana, frente al 19,6% registrado en las mesas instaladas en el rango puntual de 7.00 a 8.00 a. m.

Según el informe técnico, 541.364 es la cifra de electores que no habrían asistido a votar en las mesas que se instalaron entre las 8.01 a. m. y las 12.00 m.

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La decisión de la JNJ tiene como objetivo restituir la conducción de la entidad electoral tras confirmarse la vacancia del puesto. A través de la Resolución n.º 283-2026-JNJ, el pleno de la entidad presidida por María Teresa Cabrera también aprobó el proyecto de bases del concurso y la Convocatoria n.º 001-2026-SN-JNJ.

De igual manera, la norma legal señala que se ha formulado el proyecto de bases y de convocatoria de selección y nombramiento del jefe de la ONPE. En ese sentido, en la sesión del pasado 24 de abril, se acordó su aprobación y se delegó a Cabrera suscribir dicha resolución.

El documento precisa que el proceso tiene como objetivo designar a la máxima autoridad electoral por un periodo de cuatro años, el cual puede ser renovado, tal como lo ordenan la Constitución Política y la Ley Orgánica de la JNJ.

Los detalles del concurso público de méritos

El concurso incluye cuatro etapas de evaluación con la siguiente ponderación: conocimientos (25 %), evaluación curricular (20 %), estudio de caso con presentación del plan de trabajo (20 %) y entrevista personal (35 %). Todas son eliminatorias y los postulantes deberán obtener al menos 70 puntos sobre 100 en cada una. Todas las etapas son eliminatorias. El postulante debe obtener puntaje mínimo aprobatorio de 70 puntos en cada etapa.

El nuevo jefe de la ONPE deberá ser peruano de nacimiento y deberá tener entre 45 y 70 años. Debe contar con un título profesional o grado académico inscrito en Sunedu y experiencia en administración e informática.

No debe registrar antecedentes penales, judiciales y policiales, ni haber sido condenado, ni destituido de la administración pública, tampoco ser deudor moroso ni haber pertenecido a una organización política en los últimos 4 años.

Nuevo jefe de la ONPE jurará el 3 de julio

De acuerdo con el cronograma de la JNJ, el nuevo jefe de la ONPE juramentará el 3 de julio.

En detalle, la convocatoria de postulantes inicia este 29 de abril de 2026 con la publicación oficial, seguida del pago de derechos de inscripción entre el 30 de abril y el 7 de mayo. Los candidatos deberán inscribirse y presentar su documentación entre el 2 y el 8 de mayo, además de registrar su declaración jurada en el sistema correspondiente hasta el mismo 8 de mayo.

Posteriormente, la evaluación de requisitos estará a cargo de la JNJ los días 11 y 12 de mayo, mientras que la subsanación de observaciones se realizará entre el 13 y 14 de mayo. La lista de postulantes aptos se publicará el 18 de mayo.

La primera fase de evaluación de conocimientos está programada para el 21 de mayo, fecha en la que también se difundirán los resultados. Luego, entre el 22 y el 26 de mayo, se desarrollará la evaluación curricular, que incluye el envío digital del currículum vitae y la presentación de investigaciones. Los resultados de esta etapa se publicarán el 29 de mayo, con un periodo de reconsideración entre el 1 y el 3 de junio.

El proceso continúa con el estudio de caso del plan de trabajo entre el 9 y el 11 de junio, cuya sustentación será el 16 de junio. Ese mismo día se publicará la lista de aptos para la siguiente fase.

La entrevista personal se desarrollará tras la publicación del cronograma y verificación de documentación entre el 17 y 19 de junio. En paralelo, los postulantes deberán cumplir con las pruebas de confianza, que incluyen declaraciones juradas, autorización de levantamiento de secreto bancario y evaluaciones psicológicas y psicométricas entre el 22 y el 24 de junio.

Los resultados finales serán publicados el 2 de julio, fecha en la que también se difundirá el cuadro de méritos y la votación correspondiente. La juramentación del nuevo jefe de la ONPE está prevista para el 3 de julio de 2026.

JNJ busca el reemplazo de Piero Corvetto

La resolución indicó que la convocatoria se debe a la salida de Corvetto de la ONPE el pasado 21 de abril. En medio de los cuestionamientos por la legalidad de la dimisión, la JNJ aceptó la renuncia del exjefe de la entidad electoral. Por ese motivo, quedó la vacante abierta.

Asimismo, según el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 96,735% de actas procesadas, aún faltan enviar 3.029 actas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) con la finalidad de que resuelvan las observaciones detectadas el pasado 12 y 13 de abril.

Hasta el momento, Fujimori se ubica en el primer lugar con el 17,094% de intención de voto (2.778.193 votos); segundo, Sánchez cuenta con 12,040% (1.956.830 votos) y tercero, López Aliaga con 11,878% (1.930.499 votos).

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En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó en su sistema que los JEE han recibido 59.448 actas observadas, de las cuales ha resuelto y cuentan con pronunciamiento oficial 19.889.

Ahora bien, el portal detalla que, de la elección presidencial, el JEE recibió 5.792 actas observadas. Las que ya cuentan con pronunciamiento y fueron resueltas son 6.539. Sin embargo, la cantidad de actas resueltas es mayor que las que se recibieron.

En tanto, se enviaron 792 actas para que los distintos 60 jurados electorales puedan recontar los votos debido a que por errores aritméticos se observaron los documentos.

El JEE Lima Centro 2 fue el ente electoral que más actas observadas recibió (695) y las ha resuelto al 100%, según indica el portal.

No solo el JEE Lima Centro 2 presenta un avance del 100% de actas observadas resueltas. También lo hicieron Lima Centro 1, Huamalíes, Lucanas, Cangallo, Lima Este 2, Huarochirí, Huaraz, Leoncio Prado, Chiclayo, Mariscal Nieto, Caylloma, Huamanga, Chanchamayo, Huánuco, Huancayo, Arequipa 1 y 2, Andahuaylas, Jaén, Trujillo, Pasco, Tacna, Lima Oeste 2, Puno, Santa, Lima Norte 3, Cañete, Huaura, Chachapoyas, Alto Amazonas, Huancavelica, Abancay, Cajamarca, Lima Sur 2, Piura 2, Pacasmayo, Lambayeque, San Román, Huari, Tumbes, Coronel Portillo, Canchis, San Martín y Chota.

Avanza el recuento de votos

Hasta el cierre de esta edición, los JEE han programado 711 recuentos de votos, cada uno de ellos corresponde a una mesa sobre la elección presidencial.

Los recuentos de votos se han programado hasta el jueves 30 de abril. Más de 20 por día en las distintas jurisdicciones del Perú. Este proceso comenzó a realizarse el último 21 de abril.

En ese contexto, el JNE fijó el jueves 7 de mayo como la fecha límite para terminar con el recuento de votos de las actas observadas.

Asimismo, se introdujeron ajustes a los lineamientos aprobados el 1 de abril para el proceso de recuento. Entre los cambios, se establece la eliminación de ciertos formatos y procedimientos considerados innecesarios para acelerar el proceso, como el anexo de conformidad de sobres lacrados.

Además, se aclara que ya no será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en ciertas etapas del recuento, ya que el proceso será grabado en video, lo que permitirá una supervisión simultánea.

Cada audiencia es pública y se transmite a través de las redes oficiales de la institución. El presidente del JEE correspondiente procede a abrir el sobre lacrado que contiene las cédulas de votación y, acto seguido, se realiza un nuevo conteo. El contenido de cada cédula es leído en voz alta por el presidente y luego se entrega a los demás integrantes del JEE, quienes verifican la información.

Los partidos que tendrán representación en la Cámara de Diputados y Senadores

En la elección para la Cámara de Diputados, con el 88,926% de actas procesadas, Renovación Popular se mantiene en el primer lugar con 18,462% (819.162 votos). Le siguen Buen Gobierno con 14,628% (649.059 votos) y Fuerza Popular con 14,398% (638.859 votos). Más atrás aparecen Ahora Nación con 9,165% (406.637 votos), Cívico Obras con 7,730% (342.973 votos) y País para Todos con 6,281% (278.682 votos).

Respecto a la Cámara de Senadores por distrito único nacional, al 80,105% de actas procesadas, Fuerza Popular lidera con 14,729%. A continuación se ubican Juntos por el Perú con 11,782%, Renovación Popular con 11,457% y Buen Gobierno con 10,879%. Completan los resultados Cívico Obras (8,827%), Ahora Nación (8,360%) y País para Todos (5,812%).

Los partidos que pierden su inscripción

De esta forma, 31 partidos se quedarían sin representación en el Congreso y perderían su inscripción. Entre ellos figuran Somos Perú, Podemos Perú, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Alianza Electoral Venceremos, Perú Primero, Partido Morado, Avanza País, Libertad Popular, entre otros.

ONPE aclara situación de actas observadas

En sus redes sociales, la ONPE se pronunció sobre las actas que cuentan con información idéntica o el mismo conteo de votos.

Sobre ello, el ente electoral precisó que se han detectado 6 casos de esos. Los motivos son por tener los mismos resultados o fueron firmadas por los miembros de mesa de otra mesa. La ONPE calificó la observación como un "error humano" de los miembros de mesa debido a que, "ante la cercanía de la mesa contigua, confundieron el material electoral, llenando un acta errónea o, en otros casos, tomando como referencia el acta borrador de la mesa contigua".

Por ello, el jefe de la ONPE correspondiente se comunicó con el presidente del JEE de la circunscripción para que resuelvan el caso en el marco de sus competencias.

"Recordamos que los miembros de mesa llenan 4 copias del acta electoral y que, además, en última instancia, el JEE correspondiente puede determinar el reconteo de votos", comunicó la institución.

ONPE llama a convocatoria para material electoral

A través de sus redes sociales, la ONPE informó sobre la convocatoria para el material electoral para la segunda vuelta.

En su publicación, la entidad solicita la adquisición de sobres manilas, bolsas de polietileno, señalética para los locales de votación, cajas corrugadas, etiquetas autoadhesivas para la protección de resultados, tampones y etiquetas para impresoras de códigos de barras.

De acuerdo con la información que compartió la Fiscalía, la solicitud también alcanza a otros exfuncionarios de la ONPE y a personas vinculadas al proceso electoral, como José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores. Todos ellos están investigados por presuntos delitos de corrupción vinculados al contrato suscrito con la empresa Gálaga, que fue elegida para la entrega del material electoral.

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La tesis fiscal sostiene que el proceso de selección de la mencionada empresa fue direccionado. Esto se debe a que existen cuestionamientos sobre la evaluación realizada a Gálaga y a otras empresas competidoras para ser seleccionadas como acreedoras de la adjudicación del servicio. Los investigadores de la Fiscalía sostienen que los criterios de evaluación utilizados permitían beneficiar directamente a la empresa Gálaga.

Hasta el momento, Corvetto y los demás involucrados no han declarado sobre la medida tomada por la Fiscalía.

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Fiscalía ya había solicitado detención preliminar para Corvetto

El Ministerio Público ya había adoptado sus primeras acciones contra Piero Corvetto. De acuerdo con declaraciones del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en el programa de Milagros Leiva, la Fiscalía ya había presentado un pedido de detención preliminar ante el Poder Judicial contra el exjefe de la ONPE el pasado 21 de abril.

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“Hemos concluido, por el momento, que la conducta de Piero Corvetto es dolosa. Por ello, se ha solicitado el informe de la Policía para que la Fiscalía requiera al Poder Judicial la detención. Lo que se disponga dependerá del Poder Judicial”, declaró el fiscal de la Nación.

La solicitud fue rechazada por el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo, quien está a cargo del caso ONPE. Ni la Policía ni la Fiscalía lograron aportar elementos que acreditaran la existencia de peligro procesal, por lo que se determinó que, para obtener los medios de prueba necesarios, bastaba con la realización de allanamientos.

En ese hipotético escenario, el porcentaje de votos blancos o nulos sería de 24%, mientras que 13% no precisó su respuesta.

Fujimori también resultaría derrotada si se enfrenta a Rafael López Aliaga. Este último obtendría 29%, mientras que ella, 20%. Aquí, los votos en blanco aumentan a 34%.

Votantes de Roberto Sánchez se concentran en el sur y centro del país

Los votantes de Roberto Sánchez se concentran en el Perú rural (44%) y el Perú urbano (34%), mientras que en Lima Metropolitana solo obtendría 22%.

Al dividir el país en macrozonas, los resultados serían los siguientes: Lima Metropolitana (22%), Norte (34%), Centro (40%), Sur (39%) y Oriente (37%).

También se distingue un mayor número de votantes hombres (40%) que mujeres (24%). De igual forma, hay preferencia por Sánchez en el sector adulto: de 50 a más años (37%), de 30 a 49 años (34%) y de 18 a 29 años (22%).

En el sector económico, 38% de los votantes pertenece al sector D/E, 28% al C y 20% al A/B. En tanto, 35% tiene educación básica y 28%, superior.

El 43% está muy interesado en política, mientras que el 27% está algo interesado y el 30%, poco o nada interesado.

Finalmente, 57% de los votantes de Sánchez se identifica con una ideología de izquierda y solo 15%, con una de derecha. El centro registra 30%.

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Keiko Fujimori concentraría votos en Lima Metropolitana

Por su parte, Keiko Fujimori, quien perdería con 31% ante Roberto Sánchez, concentraría la mayoría de sus votos en Lima Metropolitana (41%) y el Perú Urbano (29%). En cambio, solo registra 18% en el Perú rural.

En las cinco macrozonas del país obtendría lo siguiente: Lima Metropolitana (41%), Norte (29%), Centro (26%), Sur (18%) y Oriente (29%).

A diferencia de Sánchez, Fujimori registra mayor número de votantes mujeres (34%) que hombres (27%). En el rango etario muestra resultados similares: de 50 a más años (31%), de 30 a 49 años (31%) y de 18 a 29 años (29%).

En el sector económico, obtiene una considerable mayoría en el sector A/B (51%), en el C (36%) y, en menor medida, en el D/E (22%). En tanto, 34% tiene educación superior y 28%, básica.

El 30% está muy interesado en política, mientras que el 36% está algo interesado y el 29%, poco o nada interesado.

Finalmente, en contraste con Sánchez, 52% de los votantes de Fujimori se identifica con una ideología de derecha y solo 12%, con una de izquierda. El centro registra 22%.

El 47% considera que el nuevo presidente no terminará su mandato

Por otro lado, el 47% de encuestados considera que el nuevo presidente no terminará su mandato, mientras que el 31% cree que sí.

El 10% respondió que ello dependería de quién gane las elecciones de segunda vuelta. Un 13% se abstuvo de opinar.

Quienes consideran que el nuevo presidente no completará su mandato, por macrozonas, se dividen así: Lima Metropolitana (47%), Norte (40%), Centro (45%), Sur (58%) y Oriente (42%).

El 45% son hombres y el 49%, mujeres. En las edades sí hay bastante diferencia porcentual: de 50 a más años (38%), de 30 a 49 años (46%) y resalta el grupo de 18 a 29 años (60%).

El 51% tiene educación superior, mientras que el 43%, básica. Además, 50% se identifica con una ideología de izquierda y 55%, con una de centro.

Los resultados sobre interés en política son similares: muy interesado (48%), algo interesado (50%) y poco o nada interesado (45%).

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El 61% desaprueba la gestión de José Balcázar y el 90% el Congreso

Finalmente, la encuesta del IEP indica que 61% de encuestados desaprueba la gestión de José María Balcázar y solo 20% la aprueba. El 19% no sabe o no opina.

En marzo, los porcentajes no fueron tan diferentes. El 63% desaprobó su mandato y solo el 24% se mostró conforme.

El Congreso registra un rechazo similar. El 90% desaprueba el desempeño del actual Parlamento y solo el 5% lo aprueba.

El escenario ha sido el mismo en meses anteriores. Desde inicios de este 2026, el Legislativo reporta un rechazo que supera 87% y no llega ni a 10% de aprobación ciudadana.

La denuncia 516, presentada por el legislador de Podemos Perú, no solo alcanzaba a la exmandataria, sino también a su expremier, Gustavo Adrianzén. A ambos se les acusa de infringir los artículos 28, 38 y 118 de la Constitución, relacionados con el respeto irrestricto a la Constitución y el ejercicio de la función presidencial.

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Por su parte, la denuncia constitucional 657, presentada por el congresista de Acción Popular, también alcanza al exministro de Economía y Transportes, Raúl Pérez-Reyes, y al exministro de Transportes, César Sandoval, a quienes se les acusa de haber cometido infracciones constitucionales y delitos de corrupción en agravio del Estado.

De acuerdo con la información trascendida, la sesión se realizó de manera virtual y el archivo se aprobó con nueve votos a favor y tres en contra.

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Dina Boluarte ha sido blindada por el Congreso múltiples veces

Antes de ser vacada por el Congreso de la República, Dina Boluarte fue blindada en más de una ocasión por las principales bancadas parlamentarias en la SAC. En mayo de 2025, con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, la subcomisión aprobó archivar una denuncia constitucional contra la exmandataria vinculada al denominado “caso Rolex”. El informe final de esa denuncia fue elaborado por la congresista fujimorista Nilza Chacón, quien indicó que no existían indicios suficientes para determinar que Boluarte había cometido delitos de corrupción.

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Ya en septiembre de ese mismo año, Boluarte volvió a ser blindada en la SAC. Con 12 votos a favor y 10 en contra, el grupo de trabajo decidió no proseguir con las investigaciones contra la mandataria por las más de 50 muertes registradas durante las protestas en rechazo a su gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

En ambos casos, los votos a favor del archivo provinieron principalmente de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular.

De igual manera, se le comunicó formalmente al funcionario que, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, todo ciudadano peruano debe solicitar una autorización previa al Ministerio de Relaciones Exteriores para servir en las Fuerzas Armadas extranjeras.

El pedido fue realizado el último martes 28 de abril a través del director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares y el director general de Europa.

Asimismo, la Cancillería señaló que se le ha pedido al embajador del Perú en Moscú que redoble el contacto con las autoridades rusas para "abordar esta delicada problemática".

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Cancillería crea grupo para atender denuncias de trata de personas

El documento emitido por la Cancillería también informó que se convocó a los funcionarios del Ministerio Público, Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio de Defensa y Ministerio del Trabajo para tomar acciones conjuntas por las denuncias que realizaron los familiares en el Perú.

De igual forma, adelantaron que se decidió crear un Grupo de Trabajo ad hoc para hacer seguimiento a las acciones de cada sector, dentro de sus funciones y competencias, para perseguir los presuntos delitos de trata de personas y tráfico de migrantes.

Por otro lado, la Cancillería indicó que se promoverá una campaña comunicacional multisectorial para alertar sobre los peligros de prestar servicios en fuerzas armadas en zonas de conflicto.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que no es cierta la información sobre ciudadanos peruanos que, supuestamente, habrían sido retirados de las instalaciones de la Embajada del Perú en Moscú.

"La Cancillería y la Sección Consular de Perú en la Federación Rusa se encuentran atentas a cualquier comunicación o solicitud de nuestros connacionales, para lo cual se ponen a disposición los datos de contacto en dicha misión: Sección Consular de la Embajada del Perú en Rusia (celular de emergencia): +78 985 389 06 60. Correo electrónico: sconsularperu@mail.ru", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Hay conversaciones preliminares, claro que sí, hay conversaciones preliminares, pero no hay todavía el punto de partida que diga ‘este señor, esta señora tendrá esta vocería, tendrá este ministerio, tendrá aquello’. Este es el momento en que se está dialogando y él es una de las personas que ha sido invitada en esta previa, diríamos, a ir configurando equipos", afirmó sobre Pérez, quien hace poco asumió la defensa del expresidente condenado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo.

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Por otro lado, Sánchez mencionó que "han hecho varias invitaciones" a diferentes personas para los ministerios, pero les pidieron realizar una evaluación. Sobre la persona que lideraría el Ministerio de Salud, indicó que hay conversaciones con Hernando Cevallos.

"Yo de los nombres autorizados que te puedo decir, por ejemplo, está el doctor Hernando Cevallos para Salud, que además ya ha sido ministro, ha sido candidato también. En el tema de Energía está el sanmarquino Jorge Manco Zaconetti.

En el sector económico, el congresista dijo que están conversando con internacionalistas vinculados al Banco Mundial. "En el lado precisamente keynesiano, progresista, donde pensamos que pueden haber medidas importantes para democratizar y cambiar o por lo menos hacerlo más social este régimen económico".

"También en derechos humanos, cultura y agricultura hemos pensado; hay varios nombres ya, pero creo que en una siguiente sesión podría decirte los nombres completos", acotó.

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¿Deslinde de Antauro Humala?

Por otra parte, Sánchez fue consultado por el papel que cumpliría Antauro Humala en un eventual gobierno suyo. Al respecto, el líder de JPP calificó al etnocacerista como un "amigo" que solo fue invitado para la primera vuelta.

Además, señaló que dentro del partido no están de acuerdo con todas las propuestas y pensamientos de Humala.

"No, él es un compañero, un amigo y que ha sido invitado precisamente a este bloque en la primera vuelta y el trabajo que vamos haciendo, pero así con diferentes liderazgos. O sea, él, por ejemplo, a través de su partido tiene 20 propuestas y nosotros compartimos de ellas cuatro o cinco, donde hemos hecho un punto común, pero hay otras ideas donde nosotros no compartimos y respetamos, son sus ideas, no es de la propuesta del programa que estamos levantando, que tiene cuatro o cinco puntos claves. En eso eh somos respetuosos", dijo.

Dentro de las propuestas de Humala, Sánchez se opuso al fusilamiento de expresidentes corruptos, la pena de muerte para violadores y corruptos, la expropiación de canales de televisión y campos para refugiados venezolanos. "Soy provida, no puedo estar de acuerdo con la pena de muerte (...) Somos amigos de América Latina", expresó.

De acuerdo con la resolución jefatural 0014-2026-JN/ONPE, JPP no emitió 86 recibos —cada uno por el valor de S/1.000— para justificar los aportes recibidos entre marzo y abril de ese año, tal como lo solicita la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Para la ONPE, esta omisión "pone de manifiesto la existencia de una pluralidad de actos" y "evidencia la renovada voluntad de incurrir en la misma actuación una y otra vez".

En esa misma línea, la ONPE recalcó la importancia de los recibos porque permiten conocer la identificación del aportante, el tipo de aporte, la fecha de emisión y los datos del tesorero.

Asimismo, el organismo precisó que los citados recibos no cuentan con la firma del aportante y que en ese lugar se observa la firma del tesorero de JPP.

En tanto, la ONPE informó que la organización política no presentó documentación que acredite la subsanación de la conducta infractora y tampoco aportó elementos de juicio que contradigan la infracción.

El ente electoral resaltó que los defectos de la organización política se manifestaron por medio de sus representantes, personal administrativo y dependientes en general. "Son de responsabilidad exclusiva de la propia OP, a la que se le hace un reproche directo de carácter subjetivo por la omisión de un precepto normativo", se lee en el documento.

"No existe duda respecto de la comisión de la conducta infractora que se le atribuye, pues la misma se encuentra debidamente acreditada", acotó la ONPE.

La sanción impuesta contra JPP lleva la firma del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano. El documento se emitió el pasado 24 de abril y rechaza la reconsideración presentada por la organización política.

Apelación rechazada

En febrero de este año, la ONPE multó a JPP con 16 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por no haber expedido los recibos de los aportes en la campaña electoral anterior.

El 15 de marzo, el personero legal de JPP, Carlos Zafra, presentó un recurso de reconsideración contra la sanción impuesta. En el documento, solicitó la nulidad de la sanción y el archivo del proceso administrativo sancionador.

De acuerdo con la organización política, "no se cometió infracción" porque se trata de 86 casos "sin confirmar" y que, por la naturaleza de los aportes, se trata de infracciones instantáneas. Además, sostuvo que la sanción habría prescrito porque pasaron 4 años y debe probarse fehacientemente la comisión de la infracción imputada.

"Lo único que afirma la ONPE es lo siguiente: que la OP no fue diligente, y se encuentra acreditado, como mínimo, la culpa en la comisión de la infracción", refutó JPP.

Sin embargo, la ONPE desestimó los argumentos. Señaló que la organización política insiste en afirmar que la conducta es de naturaleza instantánea, cuando no es así, y que los demás argumentos fueron presentados en los alegatos de abril del año pasado. Además, la entidad indicó que, si el procedimiento sancionador se inició antes de la fecha de prescripción, el proceso se mantiene vigente, tal como sucedió.

"Se trata de una conducta reiterada en el tiempo, en la que se verifica que la OP realizó una progresión unitaria de la misma conducta infractora –no expedir recibos conforme a la ley–, que se repitió hasta en 86 oportunidades", dijo.

"No hemos dado la partida suficiente (...) Entonces estamos andando, pidiendo un crédito suplementario para que nos financien este tipo de becas que son muy necesarias para que la gente que va al extranjero pueda estudiar ahí", indicó.

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Precisó, además, que ello se debe a que no se tomó en cuenta en el presupuesto aprobado por el Congreso.

Añadió que, como parlamentario, fue quien promovió la beca, por lo que tiene un interés genuino en su continuidad.

"Estamos empeñados en que tan pronto como el Congreso nos apruebe el crédito suplementario, vamos a tener esta necesidad que estamos padeciendo en este momento (...) yo mismo he apoyado eso, soy coautor del proyecto de que se implemente esa beca bicentenario", refirió.

Además, planteó reajustar algunas condiciones de la beca a fin de evitar la fuga de talento.

“El estudiante que va a Harvard, por ejemplo (...) tiene que firmar un compromiso a su vuelta, que vuelva al Perú, (que) dé sus conocimientos por determinado tiempo", anotó.

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Más de 300 afectados por la falta de presupuesto

Más de 300 profesionales se ven afectados por la paralización de la Beca Generación del Bicentenario 2026. El concurso, gestionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu), cubría desde hace 12 años estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo para peruanos con alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos. Sin embargo, este año no cuenta con los recursos necesarios para financiar las vacantes.

El caso ha desatado la preocupación de cientos de jóvenes que denuncian llevar meses y, en algunos casos, años preparándose para postular a esta beca con el fin de estudiar maestrías y doctorados. Afirman haber invertido miles de soles en mejorar su perfil profesional para cumplir con los exigentes requisitos del programa. Ellos alertaron a La República: “Ahora, puede que todo ese esfuerzo no haya servido de nada”.

En el pedido fiscal también se incluye evaluar la situación de los investigados José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE; y Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente general de Gálaga SAC.

Todos ellos están involucrados en la falta de material electoral que permitió que miles de ciudadanos de Lima Sur y Este no lograran sufragar el día de las elecciones por no instalarse las mesas de votación.

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La Fiscalía sostiene que existen fundamentos de derecho suficientes para revertir la decisión inicial. “Se han señalado los puntos de las impugnaciones sobre la base de una fundamentación fáctica y jurídica, teniendo como pretensión concreta alcanzar la revocatoria de la denegatoria de la detención preliminar y el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

En esa línea, el objetivo de la Fiscalía es lograr que una instancia superior revoque la denegatoria y permita tanto la detención de los implicados como el rastreo de sus movimientos para asegurar el desarrollo de las investigaciones.

Piero Corvetto entregó su pasaporte italiano a la Fiscalía; Tomás Gálvez confirmó que el trámite se realizó el último lunes

Durante el programa 'Contra Corriente', el periodista Augusto Thorndike advirtió que Piero Corvetto solo entregó su pasaporte peruano a la Fiscalía y que podría fugarse del país. “Esta noche él podría, con su pasaporte italiano y con el de sus hijos, volar a México sin que nadie lo detenga”. Sin embargo, el fiscal de la Nación se pronunció al respecto y aclaró que Corvetto sí entregó ambos pasaportes a la Fiscalía. Además, señaló que Migraciones tiene conocimiento de ello.

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“[Corvetto] Él reconoció que tenía pasaporte italiano y ambos pasaportes los puso a disposición de la Fiscalía”, señaló Gálvez por medio de las redes del Ministerio Público. De esta forma, desmintió la versión de Thorndike, quien también expresó que Corvetto “trató de engañar a la justicia”.

El 19 de abril, dos días antes de su renuncia, Corvetto manifestó a la Fiscalía su disposición para colaborar en las investigaciones en su contra, así como para entregar su pasaporte, levantar el secreto de sus comunicaciones y anular sus vacaciones a fin de precisar las deficiencias que se registraron durante el proceso electoral.

Ese mismo día, el Ministerio Público tomó conocimiento de su posición y el 21 de abril Corvetto fue citado a la Fiscalía Anticorrupción para la entrega del pasaporte y brindar información para avanzar en las investigaciones.

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El 21 de abril, el Ministerio Público solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto y otros implicados en las irregularidades ocurridas el 12 de abril. Tomás Gálvez comentó que “a las 11 de la noche, se presentó el requerimiento ante juez de turno para que se pronuncie sobre la detención preliminar de Corvetto y otros funcionarios”. Además, agregó que la decisión está en manos del juez, quien debe resolver a la brevedad posible.

Ante este escenario, el internacionalista Ramiro Escobar indicó que el Perú está en el centro de la pelea entre Estados Unidos y China, ya que ambos buscan una presencia mayoritaria en el territorio peruano. “Nos estamos convirtiendo en el epicentro de una disputa entre Estados Unidos y China. Eso es un asunto de fondo”, declaró para La República.

El enfrentamiento entre los representantes de ambas potencias inició con un tuit amenazante del embajador Bernie Navarro, el pasado 17 de abril, tras la negativa presidencial en la compra de los aviones F-16 Block 70.

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“Si negocian con mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la Administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, manifestó Navarro en un mensaje publicado en X.

Tras la publicación del tuit, el embajador chino, Zhu Jingyang, aprovechó el mensaje amenazante de Navarro en el contexto de la cuestionada adquisición de los F-16 para pronunciarse en contra de esta compra y compartió un artículo titulado: “EE.UU. advierte de represalias a Perú «si negocia con mala fe», en medio de la compra de aviones”, dando alusión a las declaraciones de Navarro. Además, sobre esta noticia mencionó que el lenguaje usado por Estados Unidos era “coercitivo directo, puro y crudo”.

El representante estadounidense no se quedó callado y cuestionó la carrera diplomática de Zhu Jingyang comparándola con el cuento de la Caperucita Roja. “¿Y tú aprendiste la diplomacia leyendo la Caperucita Roja?.

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Ante esta tensión, Escobar detalló que existe un mensaje detrás de esta discusión entre representantes de las dos más grandes potencias: el contexto en el que se dieron los tuits refleja que hubo una intencionalidad en resaltar los vínculos que los países tienen con Perú.

“No era simplemente una compra más, sino era una compra que implicaba fortalecer el vínculo con Estados Unidos, en un momento en el cual Estados Unidos está muy expectante e incluso incómodo por la excesiva presencia china en el Perú”, indicó Escobar.

El internacionalista también cuestionó la actitud de Bernie Navarro durante las gestiones de José Jerí y de Balcázar. Además, manifestó que “no vivimos en un virreinato” e hizo énfasis en el tuit donde amenazó al Perú y a la reciente presentación de los aviones F-16 del Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

“El embajador Navarro está protagonizando ya más de un episodio chirriante acá en el Perú. Lo primero es reunirse con Jerí. Lo segundo es el mensaje amenazante, insinuando que nosotros actuamos de mala fe y que puede haber represalias, porque prácticamente pondrían todo su poder en marcha si es que nos compramos los aviones, y lo más penoso es hay una presentación de aviones y el embajador va ahí. Esto no es un virreinato. Creo que el embajador Navarro se está excediendo”.

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Sobre la posibilidad de alguna respuesta de la Cancillería, el especialista indicó que la institución debió pronunciarse en el momento que el embajador Navarro amenazó al país en X. 

“La Cancillería debió pronunciarse en el momento que el embajador Navarro puso ese mensaje en X prácticamente amenazándonos si no comprábamos aviones F-16. (…) Mira lo que dice: tenga la certeza de que utilizaré todas las herramientas disponibles. Es prácticamente una amenaza. La Cancillería no puede estar tan inmóvil frente a este tipo de episodios”.

El internacionalista Oscar Vidarte también se pronunció sobre la discusión entre ambos embajadores y coincidió en que las declaraciones del embajador Zhu Jinyang demuestran las ganas de China por seguir siendo aliado de Perú. ”A pesar de los cuestionamientos por la compra de los aviones, el gobierno chino tiene la intención clara de seguir siendo un aliado sólido para los países de la región”.

El especialista también indicó que existe un desorden jerárquico que muestra al país con un perfil vulnerable tras la compra de las naves, ya que estas se realizaron sin la venia presidencial. En esa línea, se recuerda que el problema escaló con la oposición directa y pública del presidente frente a la compra de los F-16 Block 70.

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José María Balcázar dijo varias veces que no se comprarían los aviones en su gestión. La última vez que se pronunció sobre el tema, el miércoles 22 de abril, el actual jefe de Estado argumentó que su decisión se basaba en priorizar el dinero del Estado para reducir las desigualdades sociales en el país. Sin embargo, las negociaciones siguieron su curso igual.

Según el internacionalista Óscar Vidarte, a Balcázar le falta mando frente a sus propias instituciones. “A nivel internacional ven a un presidente sumamente débil. No es común que un mandatario, siendo el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, mande una orden y no se cumpla. Aunque su decisión de detener la compra un día antes de la firma pueda parecer descabellada, existe una jerarquía que se debe respetar”, señaló para La República.

La situación se agudizó con el tuit de Fernando Rospigliosi, quien señaló que el 22 de abril el Ministerio de Economía y Finanzas iba a pagar la primera parte del contrato inicial, monto que asciende a 462 millones de dólares. La transacción se concretó. Se ignoró la decisión presidencial y, una vez más, la voluntad del poder Legislativo primó.

Oscar Vidarte aseguró que este hecho nos perjudica como país, porque nadie quiere vincularse con gobiernos tan débiles. “Somos un país del cual otros se pueden aprovechar fácilmente. Si a la debilidad interna frente al Legislativo y las Fuerzas Armadas le sumas la presión evidente del gobierno de Estados Unidos, el resultado es que no se puede esperar mucho de una gestión así. Esto afectará también a las gestiones que vengan en el futuro", declaró para este diario.

“Nosotros siempre hemos vivido abandonados por el Estado. Pero antes teníamos agua. La naturaleza nos daba una quebrada para consumir, pescar, bañarnos. Ahora es muy triste. Toda la población ha dejado eso. Hoy estamos concentrados en pedir apoyo, buscamos tener agua permanente, segura, como antes”, afirma Gil Huajuyat.

Esa forma de vida cambió el 19 de marzo de 2025. Según los testimonios recogidos y documentos de la comunidad, una ruptura en el Tramo II del Oleoducto Norperuano, operado por la empresa estatal Petroperú, provocó un derrame de crudo que alcanzó la quebrada que abastece a Pijuayal.

“El olor nos despertó. Cuando llegamos a la quebrada, vimos la mancha negra sobre el agua”, relata el apu Huajuyat, la máxima autoridad de este poblado.

Desde entonces, el acceso al agua se convirtió en el principal problema. La quebrada —única fuente de abastecimiento— quedó contaminada. La población empezó a depender de lluvias o de recorridos largos para conseguir agua.

“Una persona no puede vivir sin agua. Aquí hay niños, hay colegios. No hay cómo abastecer”, señala Huajuyat.

PROTESTAS, BLOQUEO Y ESCALAMIENTO

El conflicto se ha intensificado en las últimas semanas. De acuerdo con el pronunciamiento emitido por la comunidad el 28 de abril de este año, tras más de 20 días sin respuesta a compromisos asumidos por el Estado, los awajún decidieron reiniciar el bloqueo de la carretera Saramiriza–Bagua.

“Las comunidades acuerdan retomar el bloqueo por falta de agua segura, contaminación de la quebrada y ausencia de atención estatal”, señala el documento firmado por el apu Huajuyat.

Las medidas ya están en ejecución. Según los testimonios recogidos, las comunidades awajún llevan cinco días de marchas e interrupciones de la vía y han anunciado que el bloqueo será indefinido.

Días antes, el domingo 26 de abril, pobladores ingresaron a las instalaciones de Petroperú en la zona, en una primera acción directa. “Eso lo vamos a hacer permanentemente si no hay respuesta. La población ya no aguanta”, advierte el jefe Gil Huajuyat. No descartan tomar nuevamente la Estación 5 del Oleoducto Norperuano.

COMPROMISOS SIN CUMPLIR

La protesta estalló tras una serie de compromisos que, según la comunidad awajún, no se han ejecutado. El 23 de febrero de este año, en una reunión con participación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se dejó constancia de la necesidad de iniciar la limpieza de la quebrada contaminada. Sin embargo, los residuos petroleros continúan expuestos.

En su pronunciamiento del 28 de abril, la comunidad exige la instalación de agua segura y permanente, la limpieza integral de la quebrada, el retiro de residuos con presencia de hidrocarburos, el pago a trabajadores locales y atención médica.

“Han pasado más de seis meses y no hay pago al personal que trabajó en limpieza. Tampoco han retirado los residuos. Todo sigue ahí”, indican dirigentes.

'NOS PICA EL CUERPO'

La falta de agua segura ha obligado a la población a seguir utilizando fuentes contaminadas. Esto ha generado efectos en la salud que, según los propios pobladores, no han recibido tratamiento por la ausencia de servicios básicos.

“Los niños se bañan y toman esa agua. Después vienen las enfermedades, pero no tenemos cómo saber exactamente qué tienen”, señala el apu Huajuyat.

Yoli Borja, dirigente que sigue el caso desde la región Loreto, advierte que la afectación va más allá del acceso al agua. “Es una comunidad grande, con niños, adultos mayores, madres gestantes. Todos están expuestos porque consumen agua de quebradas contaminadas por el derrame”, afirma.

Según explica Borja, los síntomas ya son visibles en la población: “Los niños presentan diarreas, alergias en la piel. También hay problemas de salud que no se pueden detectar a tiempo porque no hay servicios adecuados”, señala.

A estos cuadros se suman los brotes cutáneos descritos por los propios comuneros. “Nos pica el cuerpo, salen granitos”, relatan.

El impacto también alcanza el entorno natural. En los meses posteriores al derrame, los pobladores reportaron peces muertos flotando en las quebradas, una imagen que alteró la vida cotidiana de la comunidad.

“Los peces ya no se pueden consumir. La pesca era parte de su vida diaria. Ahora todo está afectado por la contaminación”, añade Borja.

CONTAMINACIÓN DESATADA

A más de un año del derrame, tampoco existe claridad sobre posibles afectaciones más graves en la salud de la población. No se ha determinado si los habitantes han estado expuestos a metales pesados como plomo, mercurio u otros compuestos presentes en el crudo, debido a la ausencia de evaluaciones médicas especializadas en la zona.

Sin embargo, La República accedió a un informe técnico de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del 25 de julio de 2025 —cuatro meses después del derrame—, en el que ya se advertía la presencia de hidrocarburos y metales por encima de los estándares ambientales en varios puntos de monitoreo en Manseriche.

El documento, basado en muestras tomadas entre marzo y mayo de 2025, identificó concentraciones de plomo, cromo y compuestos altamente tóxicos como benzo(a)pireno y antraceno en niveles que exceden los estándares de calidad ambiental para ríos de la Amazonía.

Pese a estos resultados, la comunidad no cuenta con hospitales equipados ni se han desplegado brigadas con capacidad de análisis toxicológico que permitan determinar el impacto real de esta exposición en niños y adultos.

SILENCIO GUBERNAMENTAL

Las comunidades sostienen que no existe una intervención sostenida. “Si esto pasara en una ciudad, en días ya habría emergencia. Pero aquí estamos en la selva. Ya llevamos un año y un mes abandonados”, afirma el apu Gil Huajuyat.

Antes de llegar a las protestas, la comunidad envió múltiples solicitudes a distintas entidades del Estado. “No es que no hemos avisado. Hemos mandado documentos, hemos pedido reuniones. No hay respuesta”, indican.

Y parecen tener razón. La República solicitó descargos al Ejecutivo sobre las acciones que se adoptarán frente a la emergencia en Manseriche. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros solicitaron una prórroga para precisar su posición ante un problema que —parecía— desconocían.

Mientras tanto, las comunidades mantienen el bloqueo de la carretera y advierten que las medidas continuarán. “Nosotros también somos personas. Si ellos se pusieran en nuestro lugar, entenderían. Los awajún vamos a seguir luchando hasta tener una respuesta”, concluye el apu de Pijuayal, Gil Huajuyat.

EL DESCARGO DE LA PCM

Tras la publicación de este informe, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) envió su descargo a La República.

La entidad señaló que, a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, realizó coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Manseriche para el abastecimiento de agua mediante un camión cisterna del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Asimismo, indicó que se coordinó con el área de Relaciones Comunitarias de Petroperú para el pago a comuneros de Pijuayal y otras comunidades afectadas, y con la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas para su participación en una reunión con representantes de la comunidad programada para el 29 de abril.

Según la PCM, las entidades obligadas a intervenir en la atención del conflicto son Petroperú, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional de Loreto, la Municipalidad Provincial de Datem del Marañón y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

A través de un documento dirigido al presidente de dicho grupo de trabajo, el congresista Segundo Montalvo, el Ministerio de Educación señaló que la agenda de la ministra ya se encontraba previamente comprometida. Además, argumentó que la citación fue realizada con poco tiempo de anticipación.

La citación a la ministra se da en medio de la crisis que atraviesa el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), cuestionado por problemas de financiamiento, reducción en la cobertura y retrasos en los procesos que han afectado a miles de jóvenes beneficiarios.

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Ministerio de Educación justifica ausencia de María Esther Cuadros por invitación fuera de horario

El oficio enviado por el Ministerio de Educación sostuvo que la citación fue recibida fuera del horario habitual de atención, lo que complicó la posibilidad de coordinar la asistencia de la titular del sector al Congreso. El documento agradece la invitación a la sesión extraordinaria, pero descartó la participación de Cuadros.

“El documento fue presentado ante la mesa de partes del Ministerio de Educación el viernes 24 de abril a las 23:17 horas, lo que hace imposible reprogramar su agenda”, indicaron.

Pese a la inasistencia, el Ministerio de Educación informó que en las próximas horas remitirá un informe técnico que abordaría los temas incluidos en la agenda de la sesión. Dicho material contendría información sobre la situación actual de Pronabec, especialmente en lo referido a la cobertura de becas y las dificultades que enfrentan los beneficiarios.

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Segundo Montalvo plantea nueva citación a la ministra de Educación para el próximo 4 de mayo

Tras la sesión de la comisión de Educación, el congresista Segundo Montalvo se pronunció sobre la reprogramación para la citación a María Esther Cuadros, indicando que se buscaría realizar el próximo 4 de mayo. “Para el día lunes 4, 8 de la mañana, vamos a considerar esta sesión extraordinaria. La ministra asistiría porque entiendo que ella pidió la reprogramación”, comentó.

Sobre una posible inasistencia por parte de la integrante del Consejo de Ministros, Montalvo aclaró que, si Cuadros volvía a faltar, se vería en la obligación de presentar una interpelación en su contra.

El también presidente del grupo de trabajo parlamentario, indicó la importancia de considerar un crédito suplementario para darle una solución definitiva. “No podemos abandonar a los alumnos que han buscado seguir capacitándose en otras universidades del mundo”, indicó.

Desde el despacho de López argumentaron que la exclusión de Espinoza del padrón electoral constituye una vulneración grave de sus derechos al voto, a la igualdad y a la no discriminación, entre otros. "La inconstitucional inhabilitación que le impuso el Congreso no suspende su derecho a elegir; le impide el acceso a la función pública. Y esa decisión también está judicializada ante la justicia constitucional", declaró López a través de su cuenta de X (antes Twitter).

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La situación había sido advertida por la propia Espinoza días antes de la jornada electoral: "Hago un llamado respetuoso a los organismos internacionales para que, además de verificar los resultados de las elecciones, puedan tomar nota del desarrollo de este proceso electoral y de las arbitrariedades, como las que estoy comentando, que se están cometiendo. De pronto puede haber también otros peruanos afectados", señaló.

Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no se ha emitido una respuesta oficial tras la presentación de esta demanda.

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Jurado Nacional de Elecciones también ha sido denunciado por Roberto Sánchez

La bancada de Juntos por el Perú (JPP) ha presentado también una denuncia constitucional contra el JNE en el Congreso de la República. En este caso, la medida se sustenta en los incidentes ocurridos durante las Elecciones Generales del 12 y 13 de abril, entre los que destaca el retraso en la distribución del material electoral a los locales de votación.

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De acuerdo con las declaraciones de Sánchez, hechas desde su local de campaña, las denuncias constitucionales ya fueron presentadas el pasado 27 de abril, al considerar que el JNE habría actuado fuera del marco legal durante el proceso electoral. Las denuncias también alcanzan a la Junta Nacional de Justicia.

El candidato que aspira a pasar a la segunda vuelta señaló que su bancada evaluó las medidas que debía adoptar dentro del marco constitucional y concluyó que existen razones suficientes para interponer una denuncia constitucional contra ambas instituciones.