La defensa de los efectivos policiales comprendidos en el caso alegó desde un primer momento que el peritaje en el que se sustentó el fiscal del caso, José Guevara Gilarmas, carecía de valor porque lo había elaborado una persona que no contaba con la autorización legal para dicha tarea. Se trataba de William Canario Santa Cruz.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque está compuesta por los magistrados Guillermo Piscoya, Raúl Solano Chambergo y Edwin Quispe Díaz.

El peritaje sirvió para dar inicio a una serie de acciones, como el allanamiento, la intervención y detención de los policías involucrados, entre otras, pese a que el fiscal José Guevara estaba informado de que William Canario era un servidor no calificado.

UN PERITO FANTASMAL

En efecto, en el acta del 28 de abril de 2020, el fiscal José Guevara consignó que participó en una diligencia en la sede policial de Chiclayo, en compañía de Willian Canario Santa Cruz en calidad de perito economista del Ministerio Público.

Luego, el 15 de mayo y el 3 de junio de 2020, William Canario Santa Cruz suscribió dos informes técnicos como perito economista del Equipo Forense en Contabilidad y Finanzas. En estos documentos, Canario sostiene que los policías implicados adquirieron lejía, alcohol en gel y mascarillas por un monto superior al 62% del valor de mercado.

La defensa de los imputados elevó un peritaje a cargo del contador colegiado Yolino Ortega Gonzales que demostraba que William Canario tomó como referencia precios en farmacias, supermercados, la plataforma Mercado Libre y las tiendas Makro, a las que no tiene acceso el Estado.

Además, los efectivos policiales hicieron las adquisiciones entre el 18 de marzo y el 11 de abril de 2020, en un contexto en el que la carencia de los productos requeridos se había disparado. Mientras que Canario recogió valores posteriores a dicha fecha mencionada, cuando los costos habían bajado.

El perito de parte Yolio Ortega demostró documentalmente que no existió la sobrevaloración.

Pero el fiscal José Guevara, con el propósito de que nadie cuestionara el sustento de la acusación contra los policías, desechó el peritaje de parte.

FORZANDO LA EVIDENCIA

Pese a las deficiencias mencionadas, el fiscal José Guevara formuló acusación contra los oficiales y subalternos de la Policía Nacional, dándole valor a los documentos “elaborados por el perito Willian Gabriel Canario Santa Cruz, de la oficina de peritajes del Ministerio Público”.

Sin embargo, desde octubre de 2021, la Oficina de Administración de Potencial Humano del Ministerio Público informó por escrito que en las fechas en las que William Canaro emitió sus informes, este no prestó servicios en la Oficina de Peritaje, en la fecha en consulta.

El contrato de servicios del Ministerio Público con Canario expiró el 31 de marzo de 2020, antes de las diligencias que dispuso el fiscal José Guevara.

En reiteradas ocasiones, la defensa solicitó interrogar al perito William Canario Santa Cruz, y fue citado, como corresponde, pero jamás se presentó.

El 12 de febrero del 2026, casi seis años después de la acusación del fiscal José Guevara, el Décimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque sentenció a los efectivos policiales.

Sin embargo, increíblemente, en el fallo no se tomó en cuenta el peritaje de William Canario porque hizo comparaciones de precios de forma errónea para argumentar la existencia de una sobrevaloración en la compra.

PRUEBAS BAJO SOSPECHA

Por esta razón, los imputados han apelado el fallo de febrero del 2026 porque durante la investigación fiscal se cometieron varias irregularidades que invalidan la acusación, en particular porque el mismo juzgado desestimó el peritaje que sirvió para sustentar la acusación.

Han apelado el encargado de las adquisiciones, el comandante PNP (r) Marcel Carbajal Tarazona, y el suboficial PNP Jean Yampufé Sánchez, quienes laboraban en la Dirección Territorial Policial de Chiclayo, Lambayeque.

Estos señalan que la fiscalía los acusa no solo con un peritaje cuestionado sino también con otras diligencias irregulares, como declaraciones de personas, grabaciones y deslacrado de equipos electrónicos.

La defensa de los efectivos señala que en las manifestaciones de los proveedores que se acogieron a la terminación anticipada existen inconsistencias y contradicciones.

El hecho ocurrió el 1 de septiembre, alrededor de las 2:30 p. m., en las inmediaciones de la avenida Pacasmayo. Portalatino conducía un vehículo blanco, marca Dongfeng, cuando se produjo el accidente que dejó al ciclista tendido sobre el pavimento.

El accidente en plena avenida

De acuerdo con el parte policial, un efectivo que realizaba patrullaje motorizado fue alertado sobre el accidente y llegó hasta el lugar, donde encontró a Espinoza Maurtua con aparentes lesiones físicas.

El hombre solicitó atención médica y, ante ello, se pidió apoyo a una unidad de rescate del serenazgo. El ciclista fue trasladado posteriormente a la Clínica Aviva para recibir atención.

La bicicleta eléctrica involucrada es de color negro, marca Monark.

PUEDES VER: El operador Fernando Cerimedo arribó a Lima durante la juramentación de Keiko Fujimori

La versión de Portalatino

Según el acta policial, Portalatino manifestó a los agentes que se desplazaba desde el jirón Guillermo Dansey hacia la avenida Pacasmayo. Durante el giro, aseguró haber sentido un pequeño roce en la llanta delantera derecha de su vehículo.

Tras detenerse y descender de la unidad, señaló que observó al ciclista tendido sobre la vía. El parte recoge esta versión como parte de las diligencias realizadas luego del accidente.

El ciclista permanece internado

Espinoza Maurtua continúa siendo atendido en la Clínica Aviva. De acuerdo con la información consignada en el documento policial, el diagnóstico corresponde a una fractura en la región sacra de la columna.

Debido a la lesión, los médicos dispusieron que permanezca internado para observaciones y evaluaciones correspondientes.

PUEDES VER: Gobierno de Keiko Fujimori rompe relacionales diplomáticas con Irán en medio de guerra con EE.UU.

Vehículo y bicicleta fueron llevados a la comisaría

Luego del accidente, los agentes trasladaron a Portalatino Ávalos, el vehículo y la bicicleta eléctrica hasta la Comisaría de Monserrat, donde continuaron las diligencias.

Entre los documentos y elementos entregados figuran el DNI, la licencia de conducir, el permiso de lunas polarizadas, el acta de situación vehicular y la llave de contacto del automóvil.

La investigación deberá establecer cómo ocurrió exactamente el accidente y determinar las responsabilidades que correspondan.

Antecedentes

Durante su gestión parlamentaria, Kelly Roxana Portalatino Ávalos fue sancionada el 10 de junio tras cometer una infracción vehicular por exceso de velocidad. La multa fue calificada con el código M20b tras sobrepasar el límite permitido por un margen de entre 10 y 30 km/h, lo que equivale a una sanción de S/ 1,320.00.

A pesar de tratarse de una falta clasificada como "muy grave", la multa continúa figurando con el estado de "pendiente de pago".

A la fecha, su licencia de categoría A I (vigente hasta noviembre de 2034) se mantiene activa y sin retención, habiéndose captado a la excongresista desplazándose nuevamente en la misma camioneta.

La pesquisa, desarrollada desde 2019 y que derivó en un megaoperativo en 2020, investigó cómo cargamentos de mineral extraído presuntamente de manera ilegal podían ingresar al circuito comercial mediante documentación de personas y empresas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Entre los documentos identificados durante las pesquisas figuraban los de Matwork, empresa vinculada a Lara Tantaquilla. De acuerdo con una investigación de Mongabay Latam, en marzo de 2019 se utilizaron documentos de esta compañía para sustentar el traslado de 17 toneladas de mineral aurífero.

El antecedente cobra relevancia tras el secuestro del empresario, quien fue interceptado por sujetos armados en la avenida Húsares de Junín. En el ataque fueron asesinadas cuatro personas que lo acompañaban. La Policía maneja, entre sus hipótesis, la posible participación de la organización criminal Los Pulpos, aunque las investigaciones continúan.

PUEDES VER: Las tres claves del falso comando PNP que secuestró a empresario minero y acribilló a 4 personas

El nombre de Lara apareció en el caso Los Topos del Frío

La investigación contra Los Topos del Frío permitió reconstruir una cadena que comenzaba con la extracción de mineral en zonas de Pataz y continuaba con su traslado hacia centros de almacenamiento y plantas de beneficio en distintas regiones.

El objetivo de las autoridades era determinar cómo el oro de procedencia cuestionada podía adquirir una apariencia de legalidad antes de ingresar al mercado formal y, eventualmente, ser exportado.

En ese contexto apareció Jenss Lara Tantaquilla, quien figuraba inscrito en el Reinfo con dos concesiones ubicadas en el distrito de Chillia, en Pataz. Su empresa Matwork también quedó mencionada en la documentación revisada por los investigadores.

Según la investigación de Mongabay Latam, una carga de 17 toneladas de mineral aurífero fue movilizada en marzo de 2019 utilizando documentos de Matwork. Sin embargo, las autoridades encontraron una diferencia entre las concesiones consignadas en los papeles y el lugar desde donde había partido el mineral.

Las verificaciones realizadas posteriormente en algunas de las concesiones declaradas no encontraron actividad minera que permitiera explicar la procedencia de los cargamentos investigados. La hipótesis fiscal era que inscripciones existentes en el Reinfo podían ser utilizadas para sustentar documentalmente el origen de mineral extraído de otros puntos.

Es importante precisar que la aparición de Lara Tantaquilla y de los documentos de Matwork en aquella investigación no demuestra por sí misma que el empresario haya integrado Los Topos del Frío ni que haya participado en la extracción ilegal del oro. Tampoco se señala que haya sido uno de los detenidos durante el megaoperativo de 2020.

PUEDES VER: PNP apunta a "Los Pulpos" tras matanza de cuatro personas y el secuestro de empresario minero en Trujillo

Una investigación que llegó hasta la devolución de barras de oro

El caso de Los Topos del Frío no terminó con las primeras intervenciones policiales. La investigación continuó alrededor del origen y la propiedad de varias barras de oro incautadas durante el operativo.

Las autoridades habían incautado nueve barras de oro con un peso conjunto de 121,2 kilogramos, mientras se investigaba si el metal formaba parte de una cadena de comercialización de oro extraído ilegalmente.

Posteriormente, parte del metal fue reclamada por empresas que sostuvieron que había sido adquirido a mineros en proceso de formalización y que contaba con documentación que respaldaba su comercialización.

El proceso de devolución del oro terminó convirtiéndose en otro capítulo de la investigación y alcanzó a personajes ajenos al sector minero.

PUEDES VER: Fenómeno El Niño cambia el pescado para el ceviche en Lima: nuevas especies llegan a los restaurantes

¿Qué tiene que ver Andrés Hurtado con el caso?

El expediente adquirió notoriedad nacional debido a las investigaciones que involucraron al conductor de televisión Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, en las gestiones relacionadas con la devolución de parte del oro incautado.

Hurtado fue señalado por investigaciones fiscales como presunto intermediario en gestiones destinadas a favorecer a empresarios vinculados al caso. Una de las líneas investigadas estuvo relacionada con un supuesto pago de US$1 millón para facilitar la devolución del metal a la familia Miu Lei.

El caso de la devolución del oro terminó formando parte de las investigaciones que involucraron a Hurtado por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

Sin embargo, no existe en la información conocida una vinculación directa entre Jenss Lara Tantaquilla y Andrés Hurtado por este episodio. La relación está en el expediente más amplio de Los Topos del Frío: Lara aparece mencionado por los documentos de Matwork utilizados en el traslado de mineral, mientras que Hurtado fue posteriormente relacionado con las gestiones alrededor de la devolución de parte del oro incautado.

PUEDES VER: Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales comerciales desde los S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y dónde participar

El secuestro vuelve a poner el foco en Pataz

Lara Tantaquilla, natural de Chillia, Pataz, fue secuestrado durante un ataque perpetrado por sujetos armados que interceptaron la camioneta en la que se movilizaba.

Los delincuentes asesinaron a Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. De acuerdo con la información preliminar, dos de las víctimas formaban parte del personal de seguridad del empresario.

La Policía investiga si el ataque estuvo relacionado con las actividades económicas de Lara Tantaquilla y si los responsables conocían previamente sus desplazamientos y su entorno.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que entre las hipótesis se encuentra la posible participación de Los Pulpos o La Jauría. Hasta el momento, ninguna de estas organizaciones ha sido confirmada como responsable del secuestro.

Otro antecedente que deberá ser considerado por los investigadores es que un familiar del empresario también habría sido secuestrado anteriormente y liberado tras el pago de una fuerte suma de dinero.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

La función de Orden Público y Seguridad sufrirá un recorte, pasando de S/15.857 millones en 2026 a S/15.338 millones en 2027. Esta reducción presupuestal de S/519 millones (3,3% menos) impacta directamente en el programa de Reducción de delitos y faltas, cuyos recursos caen de S/6.878 millones a S/6.494 millones. El ajuste se da justo cuando la ciudadanía exige mayor vigilancia y capacidad de respuesta frente a la delincuencia.

Así, el discurso de "mano dura" y combate al crimen del que se jacta el Ejecutivo choca con la reducción en el presupuesto asignado, lo que deja la promesa sin el respaldo financiero para su ejecución.

PUEDES VER: Presupuesto 2027: Gobierno propone S/266.506 millones, pero reduce recursos para salud, seguridad y saneamiento

La inversión militar casi se cuadruplica en 2027

La otra cara de la propuesta aparece en los proyectos de inversión de Defensa: los recursos pasarían de S/665 millones en 2026 a S/2.548 millones en 2027, un aumento de 283%.

La apuesta se concentra en recuperar proyectos considerados estratégicos para las Fuerzas Armadas. Entre los principales figuran la recuperación de la capacidad operativa de aeronaves de combate en La Joya, Arequipa, la recuperación de la fuerza de superficie de la Marina en el Callao y una nueva etapa del plan maestro de la Base Naval del Callao y la industria naval.

A diferencia del gasto policial, orientado a frenar la delincuencia en las calles, estos proyectos apuntan a reconstruir capacidades militares que requieren inversiones de mayor plazo.

PUEDES VER: Diputado Edwin Espinoza pide a Galarreta reformular pedido de facultades y priorizar inseguridad y El Niño Costero

Si bien la modernización militar es necesaria, la seguridad ciudadana exige resultados inmediatos. Por eso, la decisión del Gobierno de acelerar millonarias inversiones militares al mismo tiempo que recorta el presupuesto para la Policía puede generar un debate dentro y fuera del Congreso.

Un presupuesto que contradice el discurso de "orden"

El Gobierno de Keiko Fujimori tendrá que explicar por qué, en un país donde la inseguridad es una demanda cotidiana, el mayor salto de inversión dentro del ámbito de seguridad está orientado a las capacidades militares y no a reforzar con igual intensidad la respuesta frente al crimen.

Para Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, esa decisión resulta contradictoria con el objetivo que el propio Gobierno se ha trazado.

“Me parece una contradicción afirmar que se enfrenta a la inseguridad y a su vez que se reduzca el presupuesto para el sector Interior y la Policía. Uno esperaba, en todo caso, que sea al revés, porque ¿de qué manera se va a cubrir la brecha para la compra de tecnología, de vehículos, el incremento de acciones de inteligencia a la Policía si su presupuesto va a ser menor?”, cuestionó.

PUEDES VER: Fiscalía pide autorización a Tomás Gálvez para investigar a jueces que encarcelaron a Humala sin sentencia

En la lectura del exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, la reducción del 3,3% en el presupuesto del sector Orden Público resulta una contradicción frente al incremento de la criminalidad y los propios compromisos asumidos por el oficialismo.

"Mi primera reacción es de sorpresa porque me parece una absoluta contradicción con respecto a lo mencionado tanto en el plan de gobierno de Fuerza Popular como en lo anunciado por la presidenta en su discurso del 28 de julio. Me sorprende esta decisión de reducir el presupuesto porque está afectando el patrullaje policial y los programas de seguridad ciudadana, que son indispensables para controlar la calle”, dijo para La República.

Acomodo político con las Fuerzas Armadas y gasto mal enfocado

Al analizar el incremento de 1.812 millones de soles destinados al sector Defensa, Valdés sostiene que la decisión responde a un cálculo político para congraciarse con las instituciones militares, mientras descuida las verdaderas prioridades de la ciudadanía.

PUEDES VER: Fiscalía pide autorización a Tomás Gálvez para investigar a jueces que encarcelaron a Humala sin sentencia

"Yo creo que esto responde al interés del gobierno de mantenerse en una buena disposición con las Fuerzas Armadas. Me parece que el ministro ha debido defender al menos el presupuesto del Ministerio del Interior; no hubiese permitido que se reduzcan los fondos para la seguridad ciudadana”.

En esa misma línea, cuestiona que los recursos del Estado se destinen a equipamiento militar de guerra, adquisiciones que bien podrían postergarse por no ser urgentes frente a la necesidad de combatir las extorsiones y el crimen.

"Se está yendo el dinero para aviones de caza F-16, para la modernización de la base naval del Callao y la industria naval. Esos no son gastos prioritarios para el cuidado de los ciudadanos en este momento. Yo puedo tener barcos muy modernos, pero esos no me sirven para nada en la lucha contra la criminalidad”.

PUEDES VER: ¿Quién es Jenss Lara? Empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

Sin presupuesto no hay voluntad política

Frente a la propuesta oficial de desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno, Valdés advierte que la medida será ineficaz sin inversión económica para inteligencia, laboratorios de criminalística y la renovación del parque automotor policial, del cual cerca del 40% se encuentra inoperativo.

Para el exviceministro, la partida presupuestal es la única prueba del compromiso del Ejecutivo. "El mensaje es tremendamente contradictorio. Nada de lo prometido se va a poder cumplir si no hay fondos. El dinero es la expresión de la voluntad política, y lo que me da a entender el Gobierno con este presupuesto es que la voluntad política no existe para poder combatir la inseguridad”.

Además, Valdés remarcó que al no haberse presentado un solo indicador de reducción del delito en las primeras semanas de gestión, este déficit de recursos provocará un incremento inevitable en los índices de sicariato, extorsión y economías ilegales a nivel nacional.

PUEDES VER: Ministro Sheput a favor de salida de Arriola de la PNP, mientras Vinelli y Belaúnde justifican su continuidad

Del mismo modo, el exministro de Defensa, José Luis Gavidia, también consideró un error reducir los recursos destinados a seguridad en medio del avance de la delincuencia y planteó una mayor coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas.

En medio del debate por el proyecto de Presupuesto Público 2027, Gavidia cuestionó que se recorten recursos para un sector que, a su juicio, debería ser una de las principales prioridades del Gobierno frente a la ola de criminalidad.

“Definitivamente yo creo que el haber reducido el presupuesto a sistemas de seguridad es un error. Es uno de los problemas más graves de nuestro país y definitivamente tenemos que priorizar los resultados”.

PUEDES VER: Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

Gavidia plantea trabajo conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas

El exministro también se refirió a la posibilidad de desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo de las labores de seguridad interna. En esa línea, planteó una colaboración entre las fuerzas del orden.

“Yo siempre he pensado que la Policía debe pasar a ser parte del Comando Conjunto y comenzar a trabajar en equipo, todo el mundo, así como la Policía tiene que estar de frente a estas bandas criminales”.

Gavidia añadió que también es necesario revisar la formación de los policías, tanto oficiales como mandos, y planteó tomar como referencia experiencias de cuerpos policiales extranjeros para fortalecer sus capacidades.

"El Perú ha venido observando con creciente consternación el deterioro de dicho valor en Irán, denunciado por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas, particularmente en lo relativo a la represión de manifestaciones pacíficas, la conculcación de la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas, y la persecución de opositores políticos", señala el comunicado de Cancillería.

PUEDES VER: El operador Fernando Cerimedo arribó a Lima durante la juramentación de Keiko Fujimori

Desde el conflicto entre Irán y Estados Unidos, el estrecho de Ormúz —zona marítima por donde se transporta el 20% de la producción de petróleo a nivel mundial— ha sido cerrado parcialmente en respuesta al conflicto. Al respecto, el gobierno catalogó esta acción como parte de un ataque a la libertad comercial.

“Contravienen principios como la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos utilizados para el tránsito marítimo internacional, que no pueden estar sujetos a condicionamientos unilaterales, en el marco de la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana en el mar, y la preservación del medio marino, sin perjuicio de las repercusiones sobre los precios de la energía y la estabilidad de las cadenas globales de suministro”, indicó.

PUEDES VER: Marlon Aguirre: el diputado de Juntos por el Perú que no descarta pasar a las filas de Fuerza Popular

La administración nacional también aseguró que Irán incita “a la violencia y a la escalada de conflictos en el Medio Oriente, así como su obstrucción a la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)”. La decisión de romper relaciones diplomáticas ha sido comunicada a Irán a través de una nota diplomática enviada por medio de la embajada de ese país en Ecuador.

Especialistas opinan sobre ruptura de relaciones diplomáticas con Irán

Tras conocerse el anuncio, el internacionalista Farid Kahhat señaló que la argumentación utilizada para sustentar la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán presenta contradicciones. Además, sostuvo que el actual titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, muestra un claro acercamiento a los intereses de Estados Unidos.

"Es una vergüenza. Ahora entendemos por qué tenemos de canciller a una persona que ha trabajado quince años en la Embajada de Estados Unidos. El comunicado dice algo que nunca fue una sorpresa para nadie: Irán no es una democracia, es una dictadura que viola sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. Poner eso como primer argumento para romper relaciones es francamente indigno de consideración. Ese fue siempre el caso y no impidió que tuviéramos relaciones con Irán, como tampoco lo impide con China. (…) China es una dictadura de partido único, ¿vamos a romper relaciones con nuestro primer socio comercial? Presumo que no", indicó al portal Epicentro.

PUEDES VER: ¿Quién es Jenss Lara? Empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

Además, Kahhat recordó que, si bien existe evidencia de que la administración iraní ha cometido violaciones a los derechos humanos, no existe una acusación formal contra sus principales autoridades, a diferencia de lo que ocurre con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

"Si de derechos humanos se trata, los líderes iraníes, a diferencia de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, no están acusados por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y de lesa humanidad —acusación que cabría hacer, pero que no se ha presentado—", apuntó.

PUEDES VER: Presupuesto 2027: Keiko Fujimori apuesta por modernizar las Fuerzas Armadas mientras reduce recursos para seguridad ciudadana

Por su parte, el internacionalista Óscar Vidarte, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señaló que la visión plasmada por el Gobierno en su comunicado deja entrever una posición parcializada.

"En términos generales, veo que la declaración expresa un gran desconocimiento sobre lo que viene ocurriendo en Medio Oriente. Creer que lo que pasa es solo responsabilidad de Irán o, incluso, que es principalmente responsabilidad de Irán, es tener un conocimiento limitado de lo que ocurre en la región. Mi repregunta inmediata sería: así como cuestionan a Irán, me imagino que también cuestionarán a Estados Unidos e Israel por atacar a Irán, violentando múltiples normas del derecho internacional", apuntó en declaraciones para La República.

Vidarte consideró que está claro que el camino tomado por el Gobierno fujimorista es seguir la línea norteamericana en materia de política exterior y advirtió que esto podría traer efectos adversos.

"Estamos destruyendo por completo esa política exterior que busca construir un equilibrio entre potencias. ¿Qué pensará China? Es un país que defiende a Irán. Al romper relaciones con Irán y hacerlo responsable de lo que pasa en Medio Oriente, nos acercamos mucho a la posición de Estados Unidos. Es muy difícil tener un equilibrio. En este caso, denota un alineamiento con Estados Unidos", sostuvo.

La Fiscalía señaló que Navas Sánchez, en su condición de coordinadora del proyecto de la Dircetur de Ucayali, permitió el desvío de los fondos para la compra de bienes que no estaban autorizados en el convenio firmado con el Plan Copesco.

Según la tesis fiscal, se compró un bus turístico de dos niveles por 399.000 soles; una camioneta 4x4 por 131.027 soles y cuatro motocicletas lineales, por 30.440 soles.

PUEDES VER: Gobierno de Keiko Fujimori rompe relacionales diplomáticas con Irán en medio de guerra con EE.UU.

En la audiencia del último lunes 31 de agosto, la jueza Ana Bedoya Maque cuestionó que la Fiscalía no haya fundamentado en qué consistió el daño al servicio que promovió Navas Sánchez.

A ello, la representante del Poder Judicial señaló que el propio perito de la Fiscalía tampoco precisó un perjuicio concreto ni afectación del plan Copesco tras la compra de los bienes, según su declaración.

En el adelanto de fallo, la magistrada dejó en claro que existió una falta administrativa al realizar la compra sin autorización de Plan Copesco y al registrar la operación con clasificadores de gasto presupuestarios erróneos.

PUEDES VER: El operador Fernando Cerimedo arribó a Lima durante la juramentación de Keiko Fujimori

No obstante, detalló que una falta administrativa no equivale automáticamente a la comisión de un delito. De esta manera, al no haberse acreditado la afectación al servicio, el juzgado determinó que la vía penal quedó descartada.

Reparación civil

Sobre la reparación civil, la jueza Bedoya Maque detalló que al verificarse que se dio una infracción por el desorden patrimonial se determina que existe responsabilidad civil, por lo que se impone el pago de S/150.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Al cierre de la audiencia, Bedoya también dispuso remitir copias a la Fiscalía Anticorrupción de Ucayali para que proceda a investigar a los funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali que participaron de la compra de bienes, pero que no fueron considerados en la investigación de la Fiscalía.

La expareja de Cerimedo, la abogada boliviana Nadia Beller, afirmó a La República que el pasado 28 de julio el consejero mediático le remitió desde el hotel Marriott en Miraflores, una fotografía junto a una mujer que actuaba como enlace con Fujimori. Para corroborar su afirmación, Beller desde su celular remitió la imagen a este diario.

“Yo te acabo de mandar ahí una foto de una persona que entiendo que es política de tu país. Esa foto me la mandó (Fernando Cerimedo) el día de la posesión de Keiko (Fujimori)”, dijo Nadia Beller en una conversación grabada por este periódico.

De acuerdo con lo manifestado por Beller, la relación con el equipo fujimorista no era reciente, sino que comenzó en 2025, el año que arrancó la cuarta campaña presidencial de Fuerza Popular.

“(Cerimedo) me comentó de que alguien del equipo con el que él trabajó allá, quería que se reúna con esta señora (no identificada). Entiendo que esta señora es política (la de la fotografía), que fue parte de la campaña de Keiko (Fujimori). Y él (Cerimedo) desayunó con ella el día de la posesión (el 28 de julio). Esto fue en un hotel (Marriot) del Perú”, indicó Nadia Beller.

PUEDES VER: Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

Tras los pasos del operador

El movimiento migratorio de Fernando Cerimedo obtenido por La República ratifica lo expresado por Beller.

Nacido el primero de mayo de 1981 (44 años), Fernando Cerimedo ingresó al país por primera vez, procedente de Argentina, el 28 de diciembre de 2025, y se retiró el 30 del mismo mes.

No demoró demasiado en volver.

El 30 de octubre de 2025, Keiko Fujimori anunció su cuarta candidatura presidencial. Pocas semanas después, retornó. El 9 de noviembre de 2025 llegó a Lima desde Bolivia y el mismo día salió con dirección a Colombia. Lo mismo ocurrió el 9 de diciembre: arribó desde Bolivia y el mismo día dio la vuelta al país altiplánico, donde asesoraba al entonces candidato de derecha Rodrigo Paz Pereira.

Su siguiente visita fue el 27 de julio (aterrizó procedente de Bolivia) y salió el 28 de julio con el mismo destino, tal como señaló Nadia Beller.

El 17 de agosto del 2026, la abogada Nadia Beller acudió a un hotel de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, para recibir información relacionada a un caso que estaba investigando. Cuando llegó al punto del encuentro, dos sicarios le dispararon para quitarle la vida. Quedó herida por tres impactos de bala.

Beller acusó directamente a su expareja, de quien estaba embarazada. El incidente produjo la detención del consultor argentino y el allanamiento de varios inmuebles, entre los cuales se encontró una granja de trolls, que se dedicaban a difundir “fake news” desde cuentas simuladas para intoxicar las redes o generar tendencias de opinión con datos fraudulentos.

Nadia Beller ha declarado que partidos políticos solían contratar o reclutar a Fernando Cerimedo para desatar campañas en beneficio de candidatos de derecha y que se jactaba de los triunfos electorales de Rodrigo Paz, en Bolivia; de Nasry Asfura, en Honduras; Santiago Peña, en Paraguay; Javier Milei, en Argentina; y José Kast, en Chile, entre otros.

Al estallar el escándalo del intento de asesinato protagonizado por Fernando Cerimedo en agravio de Nadia Beller, y al exponerse el papel del consejero argentino en las campañas presidenciales latinoamericanas de derecha, todos los mencionados negaron haber interactuado con este.

Cuando el viernes 21 de agosto la revista 'Hildebrandt en sus Trece' reveló que Keiko Fujimori tenía un asesor secreto, el financiero argentino Damián Valenzuela Mayer, La República le preguntó si conocía a Fernando Cerimedo y respondió negativamente.

PUEDES VER: Asesor argentino de Keiko Fujimori estuvo en Lima en 44 ocasiones

La punta de la madeja

Y respecto a otro de los consejeros de Fujimori, el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo, Valenzuela, por intermedio de su abogado David Torres Barreto contestó: “Carlos Díaz Rosillo y Damián Valenzuela se conocen desde hace tiempo, son amigos y mantienen entre ellos una relación de respeto profesional y académico. Ambos han coincidido y compartido distintos espacios con Keiko Fujimori, tanto en el ámbito de la amistad personal como durante su actividad académica”.

Pero resulta que Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, que le paga US$45 mil anuales a Keiko Fujimori por dictar conferencias, coincidió con Fernando Cerimedo y Damián Valenzuela en Lima para la juramentación de la nueva presidenta.

Los movimientos migratorios de Fernando Cerimedo, Carlos Díaz-Rosillo y Damián Valenzuela, así lo confirman. Los tres coincidieron en Lima. Y sí, se parece a la trama de una de las series de Netflix, como escribió Damián Valenzuela, solo que en este caso es una historia verdadera.

En este reparto de actores debe añadirse forzosamente al español Javier Negre, con quien Fernando Cerimedo fundó el periódico digital La Derecha Diario.

Durante la campaña presidencial, este medio publicó varios artículos a favor de la candidata Keiko Fujimori. Esto explicaría por qué Javier Negre fue uno de los invitados especiales de la juramentación presidencial, e incluso se tomó una fotografía con la mandataria.

Hay otro personaje que vincula a Fernando Cerimedo con el asesor de Keiko Fujimori, Carlos Díaz-Rosillo. El representante del Centro Adam Smith en Uruguay, que dirige Díaz-Rosillo, el argentino Andrés 'Andy' Rivas, es socio de Cerimedo.

Los vínculos son estrechos, evidentes y comprobados.

Con la confirmación del nexo entre Fernando Cerimedo y la campaña de Keiko Fujimori ya tenemos la punta de la madeja. Ahora sí.

"Por tales consideraciones, solicito formalmente que evalúe presentar una versión reformulada y focalizada de la iniciativa, circunscribiendo una primera solicitud exclusivamente a estas dos emergencias críticas para garantizar un trámite célere y de alto consenso parlamentario", señala Espinoza en el oficio enviado a Galarreta.

PUEDES VER: Ernesto Zunini tras declaraciones de Marlon Aguirre sobre su posible pase a Fuerza Popular: “Me parece irresponsable”

El diputado sostuvo que las demás materias incluidas en la propuesta del Ejecutivo pueden ser atendidas mediante un posterior pedido de delegación o a través de proyectos de ley específicos. Entre los temas que menciona figuran los mecanismos de desvinculación laboral voluntaria, la apertura de cuentas bancarias para menores de doce años y diversas reformas ambientales y laborales.

Espinoza precisó que su planteamiento no supone una negativa a otorgar facultades al Ejecutivo, sino una propuesta para concentrar la respuesta legislativa en las emergencias que, según su posición, requieren atención inmediata. En esa línea, consideró que dividir el pedido permitiría evitar la dispersión del debate y facilitar un trámite más rápido para las medidas vinculadas con seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño Costero.

La propuesta también encuentra coincidencias en otras bancadas. Pues el vocero de los diputados de Ahora Nación, César Holguin, consideró que el pedido del Ejecutivo no precisa medidas concretas frente a las dos problemáticas señaladas por Espinoza. “En el sentido común es que en esa solicitud de facultades no hay nada preciso, nada exacto, nada específico, respecto a la crisis de inseguridad del país ni a los embates del Fenómeno del Niño. Si algún alcance le haríamos al Ejecutivo sería que sí, se reformule centrándose en esos dos aspectos principales. Es una coincidencia que hay en varias bancadas”, declaró a La República.

Una posición similar expresó Pilar Sulca, diputada de Juntos por el Perú, quien consideró que la delegación debería concentrarse en las medidas urgentes frente a la inseguridad ciudadana. La parlamentaria cuestionó que el Ejecutivo incluya otras materias que, a su criterio, requieren un debate más amplio en el Congreso.

“El ciudadano de a pie requiere medidas urgentes en materia de seguridad ciudadana, y en ello se debería centrar el pedido de delegación de facultades. No hay ninguna urgencia en regular o revisar las normas laborales, que por lo visto, lo único que se pretende es recortar derechos, debilitar SUNAFIL, y elaborar una segunda versión de la Ley Pulpin. Tampoco hay ninguna urgencia para pretender eliminar los topes de tasas de interés. Tampoco es necesario flexibilizar la explotación de los recursos en la Amazonía”, puntualizó para este medio.

Además, Sulca sostuvo que estos asuntos deberían seguir el procedimiento legislativo ordinario o, si el Ejecutivo considera que existe urgencia, ser enviados como proyectos de ley con carácter de urgencia. “Estos temas requieren de mayor debate, y si el Ejecutivo tiene alguna propuesta, que remita vía proyectos de ley con carácter de urgencia. El reglamento prevé este tipo de procedimientos acelerados. Lo que se necesita es no rehuir al debate. Son medidas importantes para el país que requieren la participación de todos los sectores”, agregó.

En esa línea, la diputada de su misma bancada, Catherin Palomino, cuestionó que el Ejecutivo pretenda atribuir al Congreso la responsabilidad de enfrentar los problemas que, según sostuvo, ya puede atender con las herramientas que tiene a disposición. “No se trata de reformular ni de reducir los temas, eso es irrelevante. A estas alturas es claro que el Ejecutivo solo está meciendo a la población, sino que se confirma su ineptitud e improvisación”, afirmó.

Por su parte, el vocero de Buen Gobierno, Nery Hernández, precisó que la posición expresada por Espinoza corresponde a una postura personal y no representa al conjunto de la bancada. Señaló que el grupo parlamentario emitirá un pronunciamiento oficial después de concluir la evaluación del pedido. “Nos pronunciaremos oportunamente, luego de un estudio y evaluación que estamos trabajando”, refirió.

PUEDES VER: Ernesto Zunini tras declaraciones de Marlon Aguirre sobre su posible pase a Fuerza Popular: “Me parece irresponsable”

Pedido de facultades enfrenta observaciones en el Congreso

La propuesta de Espinoza se suma a los cuestionamientos que ocasionó el trámite del pedido de facultades en sus primeros días en el Parlamento. La Cámara de Diputados detectó que el Ejecutivo no había adjuntado inicialmente el acta del Consejo de Ministros que sustentaba el carácter de "muy urgente" de la solicitud. El documento era necesario para iniciar el cómputo de los plazos correspondientes.

Posteriormente, el Ejecutivo remitió al Congreso una copia certificada del acta de la sesión del Consejo de Ministros del 27 de agosto, con la aprobación por unanimidad del proyecto de ley y su tramitación con carácter de urgencia. Con esta subsanación, el Gobierno corrigió la observación formal detectada en la documentación inicial.

Cabe recordar que uno de los puntos que pide abordar el Ejecutivo mediante las facultades legislativas es la derogación de la ley que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP), como parte de las medidas de simplificación burocrática. La propuesta resulta curiosa porque la norma fue aprobada por el Congreso anterior con el respaldo de 13 parlamentarios de Fuerza Popular.

PUEDES VER: Tania Ramírez renuncia como representante del Minedu en Derrama Magisterial tras cuestionamientos

Asimismo, Zunini explicó que las decisiones dentro de la bancada de Juntos por el Perú se adoptan mediante consenso y, cuando este no se alcanza, se someten a votación. En esa línea, recordó que Aguirre fue elegido por la ciudadanía para ejercer sus funciones parlamentarias bajo las filas de JP y sostuvo que será responsable de las decisiones que adopte respecto de su futuro político.

“La bancada de Juntos por el Perú, todas las decisiones se toman por consenso; cuando no alcanzan consenso se someten a votación. Él ha sido electo por el pueblo para legislar por JP. Cada diputado es responsable de las decisiones que pueda tomar al respecto”, declaró.

PUEDES VER: Belaunde mintió ante ausencia de Astudillo: ministro no viajó a Trujillo por temas personales

El dirigente también evitó adelantar una posición sobre una eventual salida de Aguirre de la bancada y señaló que el caso deberá ser analizado internamente. “Nosotros lo vamos a evaluar colectivamente, me parece irresponsable que se hagan declaraciones públicas de este tipo”, sostuvo.

Además, Zunini deslizó que las discrepancias dentro de la agrupación podrían responder a intereses ajenos a la bancada. “Este tipo de diferencias son inducidas por fuerzas externas, que buscan generar lo que se ha generado en el Senado y que merecen explicaciones públicas”, afirmó, aunque evitó precisar a qué fuerzas externas se refería.

PUEDES VER: Ministro Sheput a favor de salida de Arriola de la PNP, mientras Vinelli y Belaúnde justifican su continuidad

Aguirre cuestionó a Zunini y no descarta irse a Fuerza Popular

Las declaraciones de Zunini se dan tras las declaraciones de Marlon Aguirre en las que cuestionó el funcionamiento de Juntos por el Perú y criticaró directamente al dirigente de la bancada. El diputado por Junín incluso calificó a Zunini como un “líder entre comillas” y cuestionó que, a su juicio, no existiría democracia interna.

Aguirre también reconoció que antes de postular por Juntos por el Perú tuvo acercamientos con Fuerza Popular y dejó abierta la posibilidad de incorporarse a la agrupación fujimorista. “Si yo me voy a ir a Fuerza Popular o no, todavía no está decidido”, señaló.

En la primera comisión, los ministros citados son Luis Dyer, titular del Ministerio de Salud; José Chang, del Ministerio de Educación; Alberto Beingolea, del Ministerio de Cultura; Mara Seminario, del Ministerio de la Mujer; y Maritza Canales, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

PUEDES VER: Ernesto Zunini tras declaraciones de Marlon Aguirre sobre su posible pase a Fuerza Popular: “Me parece irresponsable”

Por otro lado, la Comisión de Constitución citó al canciller Carlos Espá. El titular de la cartera de Relaciones Exteriores deberá informar ante la mencionada comisión de la Cámara Alta sobre los planes de trabajo de su sector.

Los acuerdos fueron tomados este martes durante las sesiones de ambos grupos de trabajo. Estas citaciones se producen a la par del reciente pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo ante el Congreso, que —debido al proceso legislativo correspondiente— todavía no ha llegado a la Cámara de Senadores.

PUEDES VER: Marlon Aguirre: el diputado de Juntos por el Perú que no descarta pasar a las filas de Fuerza Popular

“Emitir el informe correspondiente a la Fiscalía de la Nación, en el extremo de la imputación contra los magistrados Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa, en su condición de jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por el presunto delito de abuso de autoridad, formulado por los denunciantes Ollanta Moisés Humala Tasso y Mario Julio Torres Aliaga”, se lee en el documento.

La disposición fiscal archivó los otros tres delitos que también se les imputaba, omisión de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica, al considerar que no hay elementos que sustenten una responsabilidad penal en esos casos. Solo sigue el cuestionamiento por abuso de autoridad, que por ley requiere autorización expresa del fiscal de la Nación para formalizar una investigación preparatoria contra magistrados.

PUEDES VER: Trenes de Lima-Chosica podrían terminar en Puno y Tacna: MML en conversaciones por material de Caltrain

El día de la detención de Ollanta Humala

El 15 de abril de 2025, en una audiencia presencial de adelanto de fallo, la jueza Nayko Coronado expuso las razones de la decisión y condenó a Humala a 15 años de pena privativa de la libertad por lavado de activos agravado. En la misma sesión, se ordenó la ejecución provisional de la sentencia y la detención inmediata del expresidente, quien fue trasladado al penal de Barbadillo.

Además, ese mismo accionar se aplicó contra el otro denunciante del caso, Mario Torres, procesado como cómplice y que ese 15 de abril fue condenado a ocho años de pena privativa de la libertad y trasladado al establecimiento penitenciario de Ancón II.

En ambos casos, la orden de prisión se sustentó únicamente en el fallo dicho de forma oral. Sin embargo, el documento formal que debía contener los fundamentos de la decisión no existía todavía. La lectura de la sentencia se programó para el 29 de abril de 2025, pero según consta en el expediente, a esa fecha el documento tampoco estaba redactado ni firmado. Y recién se firmó el 2 de mayo de 2025 y se notificó a las partes esa misma noche.

PUEDES VER: Ejecutivo no adjuntó acta que sustenta carácter "muy urgente" de pedido de facultades legislativas

Los jueces se defendieron alegando problemas técnicos y un feriado

Los tres magistrados atribuyeron la demora a dificultades informáticas para subir la sentencia al Sistema Integrado de Justicia (SIJ) del Poder Judicial. Según los descargos recogidos en la investigación, el documento sí fue cargado al sistema el 21 de abril de 2025, pero en los días siguientes se presentaron inconvenientes técnicos relacionados con la numeración de páginas, el desplazamiento de objetos y la aparición de espacios en blanco, que requirieron una edición y corrección formal antes de que este pueda firmarse.

Y a esto se sumó que la jueza Caballero no estaba en Lima, sino en un juzgado de Huaura, sin acceso a firma física ni digital hasta que se habilitaran los permisos correspondientes. También que el 1 de mayo fue feriado nacional y no hubo personal técnico disponible y que recién el 2 de mayo, día que era no laborable para el sector público, se autorizó que el personal fuera a la sede del Poder Judicial para concretar la firma.

Max Vengoa, el único de los tres jueces que no se acogió a su derecho a guardar silencio ante la Fiscalía, sostuvo que la ley permite diferir la redacción de una sentencia hasta ocho días después del adelanto de fallo en casos complejos, conforme al artículo 396.2 del Código Procesal Penal, y que ese plazo, aunque se extendió más del doble en este caso, no invalida la decisión adoptada oralmente el 15 de abril.

PUEDES VER: Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

Cabe señalar que el pedido de la Fiscalía Superior llega más de un mes después de que el Tribunal Constitucional declarara fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Humala y dispuso que anule todo el proceso penal seguido en su contra por los aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

No descartan pedir indemnización

En diálogo con La República, el abogado Edinson Huamán --representante judicial del expresidente Ollanta Humala-- señaló que además de las diligencias para el proceso penal contra los magistrados, se encuentra en camino también un pedido para solicitar una indemnización económica en favor del exmandatario y los afectados.

"Es un tema aparte. (…) Es un tema propiamente civil que está en trámite, en curso. Y se presentará contra el Estado y los jueces que están dentro del caso", sostuvo.

"Antes de postular por JP, he tenido líneas con Fuerza Popular. Yo no lo puedo mentir, no lo puedo negar. El que yo me vaya a Fuerza Popular o no, no lo puedo negar ni afirmar", señaló al programa Beto a Saber.

PUEDES VER: Diputado Edwin Espinoza pide a Galarreta reformular pedido de facultades y priorizar inseguridad y El Niño Costero

Días atrás, el diputado fue visto participando en un evento en su región junto a Keiko Fujimori. Recientemente, Rodríguez tuvo fuertes declaraciones en contra de Ernesto Zunini, diputado y vocero de Juntos por el Perú.

"No hay democracia. El señor Ernesto Zunini se cree una persona superpoderosa y que tiene la razón y no escucha otras razones. El señor Zunini se cree superdotado, y es algo en lo que está muy equivocado", indicó.

PUEDES VER: Ministro Sheput a favor de salida de Arriola de la PNP, mientras Vinelli y Belaúnde justifican su continuidad

Zunini responde

Ante las declaraciones de Marlon Aguirre, fue el propio Ernesto Zunini quien señaló que la bancada analizará de manera conjunta la situación del diputado. Zunini calificó las declaraciones del diputado como irresponsables.

PUEDES VER: Ernesto Zunini tras declaraciones de Marlon Aguirre sobre su posible pase a Fuerza Popular: “Me parece irresponsable”

El legislador explicó que las decisiones al interior de Juntos por el Perú se resuelven, en primer término, mediante consenso y, si este no es posible, a través de una votación. En ese sentido, recordó que Aguirre fue elegido por los ciudadanos como integrante de JP y sostuvo que cualquier determinación que tome sobre su futuro político será de su propia responsabilidad.

Zunini también sugirió que las diferencias surgidas dentro de la agrupación podrían estar relacionadas con la intervención de actores externos: "Buscan generar lo que se ha generado en el Senado y que merecen explicaciones públicas", afirmó, aunque evitó precisar a qué fuerzas externas se refería, indicó sin detallar qué fuerzas serían.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

Con ello se abrirá una investigación formal contra el diputado por un plazo de 15 días útiles a fin de determinar si cometió una infracción al Código de Ética, vinculada a presuntos actos de violencia contra su expareja.

El documento contó con el respaldo de los diputados Henry Albañil (presidente de la Comisión), Jessica Pérez, Harvey Colchado, Edwin Espinoza, Javier Cipriani y Mery Infantes.

PUEDES VER: Ernesto Zunini tras declaraciones de Marlon Aguirre sobre su posible pase a Fuerza Popular: “Me parece irresponsable”

Durante el tiempo de indagación se recopilarán diversos medios probatorios, así como se tomará testimonio de la presunta agraviada.

De acuerdo con el informe de calificación, la denuncia presentada por el diputado Christian Aranda, cumplió con los requisitos procedimentales.

Por ello se procederá con la notificación al diputado denunciado para que pueda ejercer su defensa.

PUEDES VER: Ministro Sheput a favor de salida de Arriola de la PNP, mientras Vinelli y Belaúnde justifican su continuidad

Luego de ello, los miembros de la comisión evaluarán los informes técnicos, declaraciones y descargos para emitir una decisión sobre si corresponde o no sancionar al diputado de Juntos por el Perú.

Confirman indagación preliminar contra Aranda

También se conoció que la Comisión de Ética iniciará una indagación preliminar contra el diputado Christian Aranda, de Renovación Popular, en el marco de la denuncia presentada por la congresista Luz Soto (Juntos por el Perú) en su contra, por haber expuesto datos sensibles de una ciudadana.

PUEDES VER: Belaunde mintió ante ausencia de Astudillo: ministro no viajó a Trujillo por temas personales

"Ya se inició con la indagación preliminar sobre el caso", confirmó el presidente de la comisión, Henry Albañil del Partido Cívico Obras.

La denuncia contra Aranda se remonta al 24 de agosto, cuando el diputado envió un oficio al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay para pedir información sobre la situación médica de una paciente. Según el documento presentado por Soto Ferrari, Aranda difundió en sus redes sociales información privada que permitió reconocer a la paciente.

La publicación original fue borrada y reemplazada por una versión modificada. Sin embargo, la denunciante sostiene que ese cambio no borra el problema de fondo: mientras el contenido estuvo disponible, pudo ser visto, capturado y compartido por terceros.

PUEDES VER: Tania Ramírez renuncia como representante del Minedu en Derrama Magisterial tras cuestionamientos

La legisladora de JP basó su denuncia en varios puntos de las propias declaraciones públicas de Aranda. Entre el 26 y el 27 de agosto, el diputado reconoció que en el oficio dirigido al hospital incluyó el nombre de la paciente porque, según dijo, lo consideraba necesario para identificarla dentro del establecimiento.

La denuncia pide a la comisión que determine si el diputado de Renovación Popular vulneró el principio de discreción que exige el Reglamento del Congreso, además de los deberes de respeto, responsabilidad e integridad que debe cumplir todo parlamentario.

Piden que caso Aranda sea reservado

La denuncia contra Aranda solicita que se investigue si hizo gestiones que no le correspondían como legislador, y que se comunique el caso a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Además, la diputada de Juntos por el Perú pidió que se declare la reserva del expediente para evitar que el proceso vuelva a exponer a la paciente.

El análisis de la senadora Ruth Luque en La República, al evocar al personaje hipócrita del “Sinchi”, de Pantaleón y las visitadoras, apunta a otra cuestión relevante: ¿por qué determinados sectores del periodismo de opinión religioso vinculado a la extrema derecha política, como Javier Tebas-Gabriel Ariza (Infovaticana-VOX), Luciano Revoredo (La Abeja) y Giuliana Caccia-Ignacio y Sebastián Blanco (Origen Xtream), han concentrado su atención en un gesto simbólico relacionado con la Pachamama, interpretándolo como una expresión de paganismo?

PUEDES VER: Cuando la pachamama importa más que las víctimas, por Ruth Luque

Un católico puede cuestionar una práctica cultural si considera que entra en contradicción con su fe. Lo que resulta mucho más problemático es convertir automáticamente una expresión de la cosmovisión andina en un acto de adoración pagana y, a partir de esa interpretación, descalificar a quienes participan de ella.

¿Realmente alguien puede sostener seriamente que dos obispos peruanos, Mons. Estrada y Mons. Cadenas, así como Mons. Bertomeu, funcionario de la Santa Sede, acudieron a ese encuentro para adorar una deidad pagana?

Las pocas imágenes o audios del acto, más allá de mostrar una participación respetuosa en el mismo, no permiten concluir la intencionalidad que algunos, incluso maliciosamente, atribuyen a ciertos participantes.

Lo mismo ocurre con una oración de un Papa en una mezquita: no lo transforma automáticamente en adorador de Alá. O con la asistencia de un católico a una corrida de toros, vista por muchos como una exaltación del sufrimiento innecesario de los animales, con raíces cultuales precristianas. Esa asistencia tampoco se transforma automáticamente en un acto inmoral (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2418).

Según publicó la Coordinadora de Derechos Humanos, los tres eclesiásticos fueron invitados como observadores a participar en un evento laico en Cusco en favor de las víctimas de la región, introducido por un acto simbólico del universo andino.

Para interpretar lo ocurrido con un mínimo rigor, es necesario conocer ese contexto antes de emitir un juicio y, mucho más aún, una condena. Porque asistir a los toros o realizar algún gesto relacionado con la Pachamama no tiene necesariamente un único significado.

Para algunos, esta última podría representar una dimensión religiosa incompatible con su comprensión del cristianismo. Pero para muchos católicos andinos forma parte de una tradición cultural que expresa respeto por la creación, por la tierra que alimenta y sostiene la vida, por los antepasados y por la comunidad. No es extraño que una persona pueda ser profundamente católica y, al mismo tiempo, ser fiel a su identidad cultural andina.

Y aquí aparece el problema de fondo.

Mientras la discusión pública se concentre en determinar si un gesto simbólico constituye o no un acto de culto, corremos el riesgo de olvidar a las personas que deberían estar en el centro de cualquier encuentro dedicado a la dignidad y los derechos humanos: las comunidades indígenas y sus víctimas.

PUEDES VER: Beingolea´s LUM. ¿Para qué lo quiere?, por Mirko Lauer

Pobreza, discriminación cultural, exclusión, distintas formas de abuso y vulnerabilidad, falta de acceso efectivo a la justicia y desigualdad histórica son problemas concretos. No desaparecen porque discutamos durante días sobre la interpretación religiosa de un símbolo.

La evangelización y la historia del catolicismo en los Andes forman parte también de esta compleja historia de encuentro, mestizaje y resistencia cultural que atraviesa los tiempos del virreinato y llega hasta la época republicana. El catolicismo andino, les guste o no en Lima o Madrid, es también una realidad histórica y cultural propia.

Es perfectamente posible discutir sobre teología sin insultar una cultura. Es posible cuestionar una práctica sin manipular lo ocurrido o deshumanizar a quienes la realizan. Y es posible defender la ortodoxia religiosa sin convertir a los pueblos andinos en el enemigo cultural de turno, acusando a su gente de “terroristas” o “comunistas”, “chamanes”, como hizo Luciano Revoredo.

En el Perú, el gran desafío hoy es escuchar a las comunidades indígenas y, especialmente, a quienes han sufrido abusos y vulneraciones de derechos. Como está haciendo la Iglesia tras descubrir los ilícitos cometidos por el Sodalicio y su holding empresarial.

La Pachamama podría ser objeto de debate teológico. Lo que no quieren debatir los especialistas en el ninguneo es algo mucho más concreto: el derecho de los pueblos andinos a la dignidad, vulnerado una y otra vez.

En rueda de prensa, el alcade instó a los parlamentarios a no “dilatar” el trámite y advirtió sobre la falta de acción para enfrentar la violencia criminal.

"Hay que actuar con firmeza, señores, y serán los congresistas —y se tendrá que saber en su momento— los que asuman su responsabilidad si siguen dilatando el aprobar facultades legislativas muy necesarias para, de una vez por todas, empezar a ganar espacio y terreno y, por qué no, reducir de forma significativa los índices de violencia criminal”.

PUEDES VER: Tania Ramírez renuncia como representante del Minedu en Derrama Magisterial tras cuestionamientos

Al referirse a las bancadas que “frenan” la iniciativa, Reggiardo criticó que los intereses partidarios se pongan por encima de la seguridad nacional.

"Responsabilizaremos los peruanos a aquellos congresistas que están bloqueando las facultades legislativas. Por cálculo político, es increíble esto, pretenden bloquear las facultades legislativas o dilatarlas. No podemos esperar más tiempo." Reggiardo sostuvo además que una prioridad urgente dentro de este marco normativo debe ser "combatir la enorme proliferación de armas de fuego".

Exige investigación tras atentado en el norte

Al ser consultado sobre la violencia en Trujillo, el alcalde expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió una acción inmediata de las autoridades para sancionar a los responsables.

"Enviar desde aquí, desde la MML, desde nuestra capital, un pésame y un sentido dolor por la muerte de cuatro compatriotas en el norte de nuestro país. Cuatro compatriotas que una vez más han sido víctimas de la violencia y la criminalidad. Cuatro compatriotas que representan lo que venimos sufriendo año a año, día a día. Es momento de actuar y generar una investigación exhaustiva para dar con el paradero de quienes habrían sido los autores de esta masacre".

PUEDES VER: "Liderazgo de las Fuerzas Armadas": la propuesta del Ejecutivo que contradice el pedido de facultades

Comisión de Constitución se declara en sesión permanente para evaluar pedido de facultades

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), aprobó con 18 votos a favor y dos en contra declararse en sesión permanente. Esta medida busca evaluar el proyecto del Poder Ejecutivo que solicita delegación de facultades legislativas.

Al estar en sesión permanente, el grupo de trabajo podrá reunirse las veces que sea necesario y convocar a los representantes del Ejecutivo involucrados en el tema para avanzar de forma acelerada.

La propuesta de declararse en sesión permanente fue presentada por el diputado Frank Krklec Torres (Renovación Popular) y respaldada por la diputada Cecilia Chacón de Vettori (Fuerza Popular).

"Que esta comisión se declare en sesión permanente a fin de evaluar y analizar el pedido de facultades y poder tener un dictamen y una votación lo más pronto posible, dado que la coyuntura en el país lo exige y la ciudadanía lo solicita”, indicó el diputado.

Diputada Rossana Alaysa a Renzo Reggiardo: “El documento remitido por la PCM aún tiene precisiones pendientes”

Tras las declaraciones de Reggiardo, la diputada por el Partido del Buen Gobierno indicó que aun hay correcciones que se deben hacer en el pedido de facultades.

"Es fácil llamar “obstruccionistas” a quienes tenemos la responsabilidad de revisar las facultades legislativas. Pero hay algo que la ciudadanía debe saber: el documento remitido por la PCM aún tiene precisiones pendientes”, sostuvo por medio de sus redes sociales. Además, agregó que falta la firma del Ministerio de Economía en el texto. “El propio documento evidencia que el Ejecutivo aún tiene aspectos por definir”.

En relación a la necesidad de cumplir con el marco legal y la disposición de su bancada para debatir la propuesta, Alaysa manifestó que es necesario subsanar las observaciones para proceder con el analísis.

"Los pedidos de facultades deben ser específicos por materia y por ley. No podemos obstruir algo que todavía está incompleto. En cambio, podemos aportar al debate para hacer leyes que realmente respondan a las necesidades de las personas”.

El 31 de agosto alrededor del mediodía, el Ministerio del Interior emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el ministro César Astudillo no viajó a Trujillo debido a "una situación familiar muy delicada". En el mismo documento, la institución indicó que el titular ordenó el traslado del Comandante General de la Policía, Óscar Arriola, y del general de la Dirincri, Víctor Revoredo, a la zona.

Sin embargo, horas más tarde, el ministro de Defensa justificó de forma distinta la ausencia de Astudillo. "El ministro ha estado involucrado y ha estado al tanto. Él no ha estado excluido de la operación, ni mucho menos. Ha sido simplemente una asignación de actividades. El ministro ha tenido otras responsabilidades en esta materia", sostuvo vía Canal N.

Al ser cuestionado sobre la eventual llegada del titular del Interior a La Libertad, Belaunde evitó precisar si viajaría o no. El ministro de Defensa solo se limitó a decir que su persona "sirve a discreción de la presidenta de la República". Además, agregó que Fujimori le dio instrucciones para desplazarse hacia Trujillo con el objetivo de gestionar la acciones de las Fuerzas Armadas.

PUEDES VER: Tania Ramírez renuncia como representante del Minedu en Derrama Magisterial tras cuestionamientos

"Yo me apoyo con el general Mao Córdova, quien está a cargo acá. Yo no participo de las operaciones policiales", señaló. Sin embargo, desde la cuenta oficial del Mindef, se publicaron imagenes donde Belaunde aparece junto al general Óscar Arriola en medio de diligencias con uno de los detenidos.

Ataque armado y secuestro en Trujillo

El caso ocurrió durante la madrugada del domingo en la avenida Húsares de Junín, en la ciudad de Trujillo. Sujetos armados vestían prendas similares a las de la Policía Nacional e interceptaron una camioneta blanca en la que viajaban las víctimas tras salir de una discoteca.

El ataque dejó cuatro muertos, quienes fueron identificados como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos y Christopher Eduardo García Álvarez.

Durante la misma intervención, los delincuentes secuestraron al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, quien horas después quedó a salvo junto a su familia, según reportaron las autoridades.

Arriola sostuvo que fue una liberación y el titular de Defensa lo interrumpió para decir que “aún hay una investigación en proceso”. Cabe resaltar que horas después, Belaunde confirmó que hubo un pago de por medio. “Estamos confirmando que ha habido una entrega de dinero”, respondió para Canal N.

Cinco personas vinculadas a esa organización fueron detenidas: Frank Junior Quesada Cruz ("Ñato"), Julio Zavaleta Quesada ("Juliacho"), César Iván García Rivera ("Bolacho", presunto chofer), Ángel Fabricio Bocanegra Linares ("Folo") y José Miguel Cherrepe Dávila ("Ares"). La versión fue corroborada por el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

PUEDES VER: Tania Ramírez renuncia como representante del Minedu en Derrama Magisterial tras cuestionamientos

Ministro de Defensa revela que la PNP acompañó entrega de dinero para liberar a empresario

Belaúnde, confirmó que la familia del empresario secuestrado en Trujillo realizó un pago para conseguir su liberación. Según explicó, la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo conocimiento de la entrega y realizó un seguimiento de la operación como parte de las acciones para identificar a los responsables del secuestro.

Belaúnde precisó que el dinero fue entregado como parte de la negociación con los secuestradores. Tras el pago y la posterior liberación del empresario, los agentes iniciaron el seguimiento de los movimientos del dinero para determinar quiénes participaron en la recepción y distribución del monto.

El titular del Ministerio de Defensa señaló que la PNP sigue la ruta del dinero. Además, indicó que la persona que habría recogido el pago no sería el cabecilla de la organización criminal, por lo que las diligencias buscan identificar a los demás integrantes y establecer quiénes ocuparon los distintos niveles dentro de la estructura delictiva.

El segundo grupo más numeroso corresponde a los votantes de 30 a 39 años, con 5.6 millones de electores. Le siguen los mayores de 60 años, con 5.32 millones, y los votantes de 40 a 49 años, con 4.8 millones. El grupo de 50 a 59 años, en tanto, quedó en el último lugar de la tabla, con 3.86 millones de electores. La diferencia entre el bloque joven y el resto de segmentos confirma que esta elección tendrá un componente generacional marcado.

PUEDES VER: Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

Parte de este peso joven responde a los casi 2.4 millones de nuevos votantes que se sumaron al padrón para este proceso. Manuel Chuquillanqui, subdirector de Procedimiento Electoral y Georreferenciación del RENIEC, explicó que dentro de este grupo hay un llamado puntual a quienes están por cumplir la mayoría de edad. "Ese es un llamado específico para los jóvenes que tienen 17 años en este momento, pero que van a cumplir 18 años hasta el día de la elección", indicó el funcionario.

El motivo de esa advertencia tiene que ver con la fotografía que figura en el documento de identidad de este grupo. Chuquillanqui detalló que muchos de estos jóvenes todavía cuentan con la imagen que se tomaron cuando eran menores de edad. "La foto anterior que tienen estos ciudadanos en su DNI es la foto de un niño, lo que puede generar distorsión y dificultades para el miembro de mesa para poder identificarlo fehacientemente", señaló. Por eso, RENIEC recomendó a este segmento tramitar su DNI de adulto antes de la fecha de la elección.

PUEDES VER: Ejecutivo no adjuntó acta que sustenta carácter "muy urgente" de pedido de facultades legislativas

El 7.31% del padrón tiene el DNI vencido, pero podrá votar igual

Según los datos que compartió Chuquillanqui, el 7.31% del padrón, cerca de 2 millones de personas, tiene el DNI vencido a la fecha de cierre del registro. Esta cifra no representa un obstáculo para ejercer el voto, ya que el RENIEC emitió una resolución que habilita el uso de documentos vencidos o por vencer el mismo día de la elección.

"RENIEC ha emitido una resolución jefatural hace unos días que permite el uso de los DNI vencidos y por vencer el día de la elección, el 4 de octubre", precisó el funcionario. La disposición aplica tanto para el DNI azul como para el electrónico, siempre que el documento se encuentre en condiciones legibles para que el miembro de mesa pueda verificar los datos del votante sin contratiempos.

El otro problema pendiente es distinto: hay más de medio millón de documentos que ya fueron impresos y que sus titulares nunca recogieron. Chuquillanqui pidió a la ciudadanía acercarse a las agencias antes de la elección. "Tenemos más de medio millón de DNI que ya están impresos y no han sido recogidos. Invitamos a los ciudadanos a que se acerquen a las agencias a recogerlos. No los abandonen", afirmó. El funcionario también recordó que, en caso de pérdida o robo del documento vigente, la ciudadanía puede votar con un DNI antiguo, siempre que esté en buen estado.

PUEDES VER: Perú presenta la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea para dirigir la Organización Internacional del Trabajo

RENIEC llegó a 404 distritos con listas físicas por falta de conectividad

La revisión del padrón no fue igual de accesible para todo el país. El proceso de publicación de la lista inicial del padrón, la versión borrador que permite a los ciudadanos verificar sus datos y presentar reclamos, se realiza normalmente a través de una página web. Sin embargo, esa vía no llega a las zonas donde no hay señal de internet.

Chuquillanqui reconoció que este es uno de los principales retos que enfrenta la institución. "Es un problema bastante más grande que el que podemos atender nosotros como institución", admitió el funcionario, en referencia a las brechas de conectividad que persisten en distintas regiones del país. Para reducir ese vacío, RENIEC desplegó equipos que llevaron el padrón en papel hasta los lugares más alejados.

El funcionario detalló que la institución llegó a 404 distritos con listas físicas impresas. "Hemos ido a aquellos lugares que no tienen conectividad con listas físicas. Nos hemos acercado hacia un distrito, hemos publicado la lista en un punto concurrido y hemos tenido publicadores desplegados brindando información a la ciudadanía", explicó. Según Chuquillanqui, ese trabajo permitió recoger consultas, reclamos y tachas directamente en campo, información que luego se incorporó al padrón final.

PUEDES VER: Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

Casi 2.4 millones de peruanos votarán por primera vez el 4 de octubre

El padrón electoral de este proceso también refleja otros movimientos que vale la pena mirar de cerca. Uno de ellos es el de las verificaciones domiciliarias: RENIEC realizó más de 66,000 visitas a nivel nacional en 59 distritos para confirmar que los electores viven en la dirección que figura en su documento. De ese total, 38,000 personas no fueron ubicadas y sus registros se trasladaron de vuelta a su domicilio anterior.

Chuquillanqui fue claro en que estos movimientos no equivalen, por sí solos, a un delito electoral. "Nosotros detectamos movimientos irregulares. No podemos decir necesariamente que son votos golondrinos, porque eso respondería a una investigación mayor que deben hacer otras autoridades", precisó. El funcionario recordó, además, que existe la obligación legal de actualizar el domicilio en el DNI dentro de los 30 días posteriores a una mudanza.

El registro también incluye a la comunidad extranjera residente en el país. Solo 76 ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos, se inscribieron para participar en la elección municipal, la única a la que tienen derecho según la norma vigente. La cifra se mantiene en línea con procesos anteriores, donde el máximo histórico de inscripciones extranjeras no superó las 130 personas.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

"Yo estoy dentro de aquellos que desde hace meses pido la salida de Arriola, no voy a retroceder en mi posición", afirmó Sheput en entrevista con El Comercio, en la que señaló que su planteamiento responde a las "situaciones controversiales" en las que estuvo involucrado el jefe policial. El ministro aclaró, sin embargo, que la decisión final sobre la continuidad de Arriola corresponde al titular del Ministerio del Interior, César Astudillo.

PUEDES VER: Ejecutivo no adjuntó acta que sustenta carácter "muy urgente" de pedido de facultades legislativas

Vinelli, por su parte, evitó respaldar o cuestionar directamente al comandante general al ser consultado sobre su situación. "Todos estamos en evaluación, desde el ministro hasta el funcionario del último rango", declaró para Canal N e insistió en que la decisión sobre la continuidad de los funcionarios corresponde al titular de cada sector.

Belaúnde, en tanto, defendió el plazo legal de dos años que blinda a los comandantes generales de la PNP en el cargo. "No tengo ninguna objeción con el mandato que tienen los comandantes generales para estar los dos años que la ley los blinda", sostuvo. Además, en Cuarto Poder admitió esta “satisfecho con los comandantes generales”.

PUEDES VER: Fiscalía pide autorización a Tomás Gálvez para investigar a jueces que encarcelaron a Humala sin sentencia

JP presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

La diputada Catherin Palomino de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 e incorpora una causal de "pérdida de idoneidad" que permitiría a Keiko Fujimori cesar al comandante general de la PNP antes de cumplir sus dos años en el cargo, actualmente protegido por la Ley 31570.

La iniciativa plantea cuatro supuestos objetivos, afectación grave de la eficacia operativa, incumplimiento reiterado de los planes de seguridad ciudadana, negligencia grave en el cargo y actos u omisiones que dañen la institucionalidad policial.

PUEDES VER: Diputado de Fuerza Popular acumula nueve sentencias firmes y suma nueva condena por difamación agravada

Ahora Nación se suma al pedido de renuncia

La bancada de Ahora Nación exigió también la salida de Arriola tras el crimen registrado en Trujillo, donde sicarios asesinaron a cuatro personas y secuestraron a un empresario minero. En un comunicado, la agrupación calificó de insostenible la continuidad del comandante general y afirmó que "las facultades legislativas no reemplazan el liderazgo, la estrategia ni las decisiones que el Ejecutivo puede y debe tomar hoy".

El partido instó al Poder Ejecutivo a asumir de manera directa la gestión del orden interno y sostuvo que el Gobierno no debe trasladar al Congreso la responsabilidad frente al incremento de la delincuencia común y organizada. "El Perú no puede seguir gobernado por el miedo. Desde el Congreso exigiremos los resultados que hoy nadie está dando", señaló la bancada, que además anunció que mantendrá una postura de fiscalización sobre las autoridades del sector seguridad.

Su renuncia se da tras un reportaje de Willax que reveló que coincidió en tres viajes al extranjero con el ministro de Educación, José Chang Escobedo, quien la había designado para el cargo poco después de asumir la cartera. La dimisión fue aceptada mediante Resolución Ministerial firmada por el propio Chang.

“Aceptar la renuncia formulada por la señora Tania Estefany Ramírez García, como miembro representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial”, se lee.

PUEDES VER: Ejecutivo no adjuntó acta que sustenta carácter "muy urgente" de pedido de facultades legislativas

Tres viajes con fechas y destinos idénticos

Según lo difundido, el primer viaje compartido se registró entre el 21 de agosto y el 28 de agosto de 2025 con destino a Estados Unidos. El segundo, nuevamente a ese país, ocurrió entre el 26 de septiembre y el 22 de octubre de 2025. El tercero fue a Panamá, entre el 19 y el 23 de junio de este año. En los tres casos, las fechas de salida y retorno consignadas en Migraciones coincidieron para ambos funcionarios.

El diputado Víctor Piñán había solicitado a Chang informar y remitir documentación sobre las razones y criterios que sustentaron la designación de Ramírez, y buscó precisar quién propuso su nombre para el cargo.

PUEDES VER: Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

Gina Duarte pide citar a Chang a la Comisión de Educación

La diputada Gina Duarte, del partido del Buen Gobierno, solicitó que el ministro de Educación, José Antonio Chang, sea citado a la próxima sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados. El pedido fue dirigido al presidente de dicho grupo de trabajo, Segundo Juan Castrejón Fernández, mediante un oficio y fue dado a conocer por la propia parlamentaria a través de su cuenta en la red social X.

En el documento, Duarte consideró necesario que el ministro explique ante los integrantes de la comisión los motivos y alcances de la designación de Tania Ramírez como representante del Minedu ante el directorio de la Derrama Magisterial, en medio de los cuestionamientos surgidos tras revelarse los viajes coincidentes entre ambos.

En su mensaje a la Nación, Keiko Fujimori señaló la intención de otorgar un rol central a las instituciones armadas sobre la seguridad. “En estados de emergencia, las FFAA asumirán temporalmente el liderazgo en operaciones de seguridad y del control interno (…)”.

Esta postura la sostuvo también el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, quien el domingo pasado respaldó la propuesta realizada durante la campaña electoral.

PUEDES VER: Ejecutivo no adjuntó acta que sustenta carácter "muy urgente" de pedido de facultades legislativas

"La presidenta lo ha anunciado, está en el plan de gobierno en el cual yo he participado activamente, en donde queremos que las Fuerzas Armadas lideren este proceso. (….) Nuestra oferta de campaña desde el día 1, y está escrito en el plan de gobierno, es que la Fuerza Armada participe de manera directa en el control de la alta criminalidad en el país”, dijo para Latina.

Sin embargo, en el documento legislativo presentado al Parlamento no existe ningún apartado que contemple el liderazgo o la toma de control del orden interno por los militares.

Por el contrario, el texto limita la actuación de las Fuerzas Armadas únicamente a tareas operativas secundarias junto a la Policía Nacional, tal como lo señaló Luis Galarreta durante la presentación de la política general de Gobierno el pasado 20 de agosto.

PUEDES VER: Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

“Será una participación excepcional, delimitada y sujeta a reglas precisas. Las Fuerzas Armadas no reemplazan a la Policía ni a la autoridad penitenciaria (…)”.

En el pedido de facultades legislativas se lee que el accionar militar queda restringido a labores de vigilancia y asistencia.

"Regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa y apoyo operativo al personal de los establecimientos penitenciarios, conforme al marco constitucional vigente", se lee en el documento.

PUEDES VER: Fiscalía pide autorización a Tomás Gálvez para investigar a jueces que encarcelaron a Humala sin sentencia

Del mismo modo, el numeral 10 plantea "modificar el Decreto Legislativo N.º 1095 [...] a fin de fortalecer y optimizar el marco normativo para la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú frente amenazas que afecten el estado de derecho, seguridad ciudadana y orden interno, de conformidad con el marco constitucional vigente".

Asimismo, el documento también incluye en su numeral 11 la propuesta explícita para "establecer el marco legal que declare a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas".

La intervención militar en penales y la figura de "grupos hostiles"

En paralelo, el Ejecutivo pretende ampliar el accionar militar con el ingreso directo del personal castrense dentro de los penales.

Vinelli sostuvo que las normas actuales resultan insuficientes para controlar los delitos organizados dentro de las cárceles.

“Estamos pidiendo también para que la Fuerza Armada pueda entrar, por ejemplo, a los penales. (…) Nosotros queremos que las Fuerzas Armadas ingresen dentro de los penales. Por eso necesitamos una norma respecto a eso”, dijo el ministro de Desarrollo Agrario.

PUEDES VER: Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

El titular del Midragri precisó que la fiscalización abarcará tanto a los visitantes como al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

"Va a poder controlar a todas las personas que ingresen a los penales. No solamente hablamos de la visita, sino hablamos del personal que está en el interior del penal. (…) Eso se puede hacer con decreto supremo, no necesito cambiar una ley”.

Para justificar la intervención castrense en zonas urbanas sin la necesidad de modificar formalmente el marco constitucional, el Ejecutivo recurrió a catalogar a las bandas de crimen organizado, como "grupos hostiles".

Al asignarle este estatus a una organización criminal, el Estado habilita la capacidad de emplear a las FF. AA. para operaciones de neutralización en las calles. “(…) si yo empiezo a decir que tales bandas criminales son grupos hostiles, yo puedo rápidamente incorporar a las Fuerzas Armadas para poder trabajar en estos grupos hostiles”.

PUEDES VER: JEE excluye a Eduardo Bless por reelección encubierta, pero apelación queda en manos del JNE

Rafael Belaunde sobre ampliar el accionar militar

Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, argumentó la necesidad de aprobar los cambios normativos solicitados en el proyecto de ley enviando al Congreso.

“(…) Lo que nosotros estamos buscando en una de las medidas es ampliar el criterio que se utiliza para denominar a los grupos hostiles. Los grupos hostiles es la categoría que el ministerio necesita para que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra ellos como si fuesen como objetivos militares”.

Frente al incremento del poder ofensivo de estas bandas delictivas, el ministro indicó la necesidad de equiparar la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden.

"Entonces [frente a] organizaciones criminales que utilizan armamento de guerra contra la población, necesitamos que el Estado esté en condiciones de responder con esa misma capacidad de fuego y para eso necesitamos catalogarlos como grupos hostiles”.

PUEDES VER: Ahora Nación exige la renuncia de Arriola: "Las facultades legislativas no reemplazan decisiones del Ejecutivo"

En esa línea, explicó el tipo de tácticas y capacidades castrenses que se pretenden aplicar en las ciudades mediante esta tipificación.

"(…) Eso es lo que estamos buscando para que las Fuerzas Armadas en el área urbana, dentro del orden interno, poder desplegar inteligencia militar, conducir operaciones especiales, operaciones más quirúrgicas a partir de la inteligencia operativa, identificarlos y actuar con fuerza militar contra ellos”.

Ricardo Valdés: "Se está creando una expectativa que no corresponde con la formación de las Fuerzas Armadas"

En diálogo con La República, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, analizó las contradicciones del Ejecutivo y sostuvo que el discurso del “liderazgo de las Fuerzas Armadas” choca directamente con el marco legal e institucional del país.

Para el especialista, depositar la estrategia de seguridad en las instituciones militares demuestra una falta de planificación real.

“El Ejército no es garantía de nada, no es garantía de que tengas ahí un mejor control. El Ejército no controla penales, no tiene experiencia en eso. (…) No es precisamente un buen controlador”, señaló.

En cuanto a las funciones operativas reales que corresponden a las Fuerzas Armadas y su verdadero rol en el orden interno, el especialista precisó que las Fuerzas Armadas tienen un rol distinto.

“Las Fuerzas Armadas están en apoyo para hacer controles en las carreteras, para resguardar lugares importantes como aeropuertos, embajadas, estaciones hidroeléctricas. En fin, lugares importantes que hay que resguardar, para eso sirve la Fuerza Armada. Y eso es importantísimo porque libera a la policía de esa función. Pero no son la solución, es apoyo”.

PUEDES VER: Diputado de Fuerza Popular acumula nueve sentencias firmes y suma nueva condena por difamación agravada

Bajo esa misma línea, Valdés advirtió sobre el peligro de generar falsas esperanzas en la ciudadanía mediante un discurso de militarización.

"Las Fuerzas Armadas son una unidad de apoyo, no una unidad que va a liderar la lucha contra el crimen. No han sido formadas para eso. Entonces yo creo que [...] se está creando una expectativa que no corresponde con su formación".

Respecto al diseño de la política contra la delincuencia, el exviceministro criticó que se sostenga la estrategia nacional sobre el rol de los militares en lugar de apostar por inteligencia y recursos especializados.

"Los planes que están diseñando están soportados en el rol de las Fuerzas Armadas. Es un error. Deberían estar soportados los planes en grupos integrados, en grupos de tarea, en inversión en tecnología (...)".

Al analizar la falta de metas claras y el impacto de esta desorganización frente al crimen organizado, el analista indicó que es notoria la improvisación del Gobierno.

"(…) No veo plan y no veo indicadores, eso nos da la sensación de que están improvisando [...]. La criminalidad se da cuenta que tiene un gobierno débil, improvisado".

“Agradeceré se sirva comunicar dicha observación al Poder Ejecutivo a fin de que proceda a regularizar la presentación, cumpliendo con regularizar el requisito formal señalado, a efectos de que, una vez subsanada dicha observación, se pueda iniciar el cómputo de los plazos previstos reglamentariamente”, se lee en el documento enviado.

PUEDES VER: Ahora Nación exige la renuncia de Arriola: "Las facultades legislativas no reemplazan decisiones del Ejecutivo"

Cabe resaltar que el pedido de facultades ya fue derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento, pero el trámite recién iniciará cuando el Ejecutivo subsane la observación.

El pedido de delegación de facultades fue presentado el último 28 de agosto por el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, y contempla 66 solicitudes para legislar durante 120 días en materias como seguridad ciudadana, simplificación administrativa, promoción del empleo y desarrollo productivo. El premier Luis Galarreta había señalado que cada ministro sustentaría sus propuestas ante el Parlamento.

Pedido también busca eliminar el Colegio de Artistas, pese a que Fuerza Popular votó a favor

Uno de los puntos que menciona en las facultades legislativas es la derogación de la Ley N. 32645, que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). La norma había sido aprobada en el Congreso anterior con el respaldo de buena parte de la bancada de Fuerza Popular, agrupación que hoy conduce el propio gobierno de Keiko Fujimori.

La propuesta del Ejecutivo plantea la derogación como parte de una labor de simplificación burocrática y contempla, además, disposiciones para cerrar la Comisión Organizadora creada para poner en marcha ese colegio profesional. El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, ya había adelantado que la norma tenía "los días contados" y que existía consenso entre los legisladores para derogarla.

La ley enfrentó cuestionamientos desde su aprobación por exigir un título universitario o técnico para la colegiatura, requisito que dejaba fuera a artistas autodidactas o sin estudios concluidos. Entre los congresistas fujimoristas que en su momento votaron a favor de su creación figuran Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Patricia Juárez, entre otros.

PUEDES VER: Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

Gobierno remite al Congreso acta que acredita aprobación de pedido de facultades legislativas

El Poder Ejecutivo subsanó la omisión detectada en la documentación inicial y remitió al Congreso la copia certificada del Acta de la Sesión del Consejo de Ministros del 27 de agosto. En dicho documento consta la aprobación por unanimidad del proyecto de ley de delegación de facultades legislativas y su tramitación con carácter de urgencia.

Así actuó una organización criminal que secuestró al empresario Jenns Marty Lara Tantaquilla, tras acribillar a las cuatro personas que lo acompañaban en la camioneta en la que iban por la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.

Cámaras de seguridad grabaron la madrugada todo el plagio perpetrado por delincuentes que vestían unifoeme policial similar a la del grupo Grecco.  

El hecho se dio en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla. En las imágenes se observa cómo los sujetos detuvieron la camioneta blanca donde iba el empresario junto a Christopher Eduardo García Álvarez, Luis Alberto Rojas Ramos, Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Edith Urtecho Rodríguez.

PUEDES VER: Las tres claves del falso comando PNP que secuestró a empresario minero y acribilló a 4 personas

Tras identificar a quien debían secuestrar, los delincuentes sacaron a viva fuerza del vehículo a su víctima y luego disparan con armas con silenciador contra los demás ocupantes. pero esta no encendió.

Pero, ese no es el único caso se un secuestro perpetrado por falsos policías en Trujillo.

El lunes 23 de octubre del 2023, a plena luz del día, tres falsos policías ingresaron a un negocio en Trujillo, sacaron a rastras al empresario Iván Marcell Díaz Garrido y se lo llevaron secuestrado en un automóvil. Luego se comunicaron con la familia y les exigieron US$ 200.000 por su nrescate. La negociación se truncó y bajaron el monto a US$100.000.

Iván Díaz estuvo 11 días cautivo hasta que, finalmente, el hombre fue abandonado en la zona de Laredo, en medio de unos cañaverales. Estaba envuelto en bolsas de embalaje y presentaba signos de tortura: le habían amputado dos dedos de la mano derecha y una parte de un dedo de la mano izquierda.

Además, tenía quemaduras y excoriaciones en distintas partes del cuerpo. Cuando lo encontraron, estaba enmarrocado, tenía los pies atados y una toalla le cubría la cabeza. “Soy Iván Díaz”, dijo con el rostro demacrado y voz temblorosa a uno de los agentes de la Policía que le quitó las amarras.

Para los investigadores no hay dudas de que estos y otros secuestros fueron perpetrado por la banda criminal ‘Los Pulpos’.

Esta organización, según las autoridades, es liderada por el prófugo Jhonson Smith Cruz Torres, alias Pulpo Jhonson, por quien el Gobierno ofrece una recompense de medio millón de soles.

PUEDES VER: Rescatan a empresario colombiano secuestrado y capturan a miembros de Los Injertos del Mal en El Agustino

Desde la clandestinidad (probablemente en Chile) dirige esta banda que adoptó tácticas más perversas, dedicándose a la extorsión, el sicariato y a los secuestros con tortura.

En enero de 2021, fue secuestrado del empresario Luis Huamanchumo Salvatierra y del estudiante universitario Marco Antonio Negreiros Castillo.

La noche del 15 de noviembre de 2022, la empresaria Nilda Arrascue Espinoza fue secuestrada por cuatro sujetos vestidos con falsos chalecos de la Policía. Antes, el 24 de junio, Manuel Rodríguez Cruzado, padre del exalcalde de Julcán Jhon Rodríguez, fue secuestrado y pese a que familia pagó por su rescate, fue asesinado.

El 22 de julio del 2023, ‘Los Pulpos’ también secuestraron al empresario minero Marcos Baltazar Ventura en la zona de El Porvenir. Los delincuentes exigieron 200.000 dólares, pero fue rescatado sano y salvo por las autoridades que detuvieron a tres hampones, entre ellos, a un policía.

A través de un comunicado oficial, el grupo político rechazó el suceso criminal y señaló que la continuidad de Arriola en el mando policial resulta insostenible. Para la organización, este caso evidencia fallas en la conducción actual de la institución de seguridad.

La agrupación instó al Poder Ejecutivo a asumir de manera directa la gestión del orden interno. En esa línea, el pronunciamiento afirma que "las facultades legislativas no reemplazan el liderazgo, la estrategia ni las decisiones que el Ejecutivo puede y debe tomar hoy".

PUEDES VER: Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

El partido político sostuvo además que el Gobierno no debe trasladar al Parlamento la responsabilidad frente al incremento de los delitos de la delincuencia común y organizada.

“El Perú no puede seguir gobernado por el miedo. Desde el Congreso exigiremos los resultados que hoy nadie está dando”, señaló la agrupación.

Además, el partido de Ahora Nación indicó que mantendrá una postura de fiscalización sobre el trabajo de las autoridades para exigir resultados contra el crimen.

PUEDES VER: Diputado de Fuerza Popular acumula nueve sentencias firmes y suma nueva condena por difamación agravada

Mirtha Vásquez: "El Gobierno utiliza el pedido de facultades como excusa para esconder su incompetencia"

En diálogo con La República, la senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, señaló que la bancada tomará acciones de control político en el Congreso si el Poder Ejecutivo no adopta las medidas exigidas tras el atentado en Trujillo.

"En ese caso, las fuerzas de oposición debemos unirnos para impulsar mecanismos firmes de control político contra el ministro del Interior, incluyendo una moción de interpelación y, eventualmente, un pedido de censura", manifestó.

En esa misma línea, la senadora sostuvo que desde el Senado se está evaluando invitar a César Astudillo para que esclarezca la situación dentro de la Policía, así como las acciones que se van a tomar frente a la criminalidad.

“Desde el Senado, estamos evaluando presentar una moción para que el ministro rinda cuentas ante la comisión competente en materia de orden interno".

PUEDES VER: Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

Asimismo, sobre la falta de propuestas formales para modificar la Ley de la Policía Nacional dentro del paquete de delegación de facultades legislativas —pese a que el ministro del Interior lo había anunciado—, la legisladora cuestionó la falta de voluntad política del Gobierno para remover al alto mando policial.

"Es evidente que el Gobierno está protegiendo al señor Arriola, ya sea mediante respaldos explícitos, como el que brindó el ministro en una conferencia hace dos semanas, o manteniendo una prohibición legal que es muy fácil de sortear si realmente existe voluntad política, pues bastaría con solicitarle directamente su renuncia", sostuvo.

La parlamentaria también cuestionó el uso político del pedido de delegación de facultades para justificar la inacción del Ejecutivo. "El pedido de delegación de facultades incluye una amplia gama de medidas en materia de seguridad ciudadana, pero omite deliberadamente una reforma que el propio ministro anunció como necesaria: modificar las reglas para la salida del comandante general de la PNP. Eso demuestra que no existe una voluntad política real de hacer esa reforma".

PUEDES VER: Transmisiones de Keiko Fujimori pierden 70 % de likes en menos de un mes

Además, la senadora indicó que "Por otro lado, nos queda claro que el Gobierno está utilizando este pedido de facultades como una excusa para esconder su propia incompetencia frente a la inseguridad ciudadana", sentenció.

"Nos queda claro que el Gobierno está utilizando este pedido de facultades como una excusa para esconder su propia incompetencia frente a la inseguridad ciudadana", sentenció.

La moción fue presentada este 31 de agosto y exige que las autoridades expliquen con sustento técnico los resultados de las medidas ejecutadas hasta ahora, las causas de su insuficiencia y las responsabilidades políticas dentro del Ejecutivo. La parlamentaria también solicitó una sesión plenaria extraordinaria de carácter inmediato para la concurrencia de los funcionarios.

“Esta escalada criminal se refleja en hechos recientes como el ocurrido el 30 de agosto en Trujillo, región La Libertad, donde sujetos armados que habrían utilizado prendas similares a las policiales asesinaron a cuatro personas y secuestraron a un empresario dedicado a la actividad minera cerca de la sede de la Dirección de Investigación Criminal; así como en el asesinato de Betsy Rosa Mallma Sarmiento, dirigente de la olla común “Virgen de Guadalupe”, quien fue atacada a balazos frente a sus hijas en San Juan de Miraflores y quien, según denunciaron otras dirigentes, habría sido víctima de extorsiones”, se lee en las razones que expone en el documento.

“La pasividad de Keiko Fujimori y el Ejecutivo para establecer y controlar el orden interno y la seguridad demuestra que no tienen ninguna estrategia ante el avance de la criminalidad”, señaló Palomino en X.

PUEDES VER: Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

Asesinato de cuatro personas y secuestro de un empresario minero en Trujillo

La iniciativa de Palomino se da tras que un grupo de sicarios disfrazados de policías del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) interceptara, la madrugada del domingo 30 de agosto, una camioneta Ford en la avenida Húsares de Junín, a pocas cuadras de la Plaza de Armas de Trujillo. Los atacantes abrieron fuego contra los cuatro ocupantes que se encontraban en la parte posterior del vehículo y secuestraron al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, natural de Chillia, en la provincia de Pataz.

Los cuatro asesinados fueron identificados como Farhad Monzón, Nadith Utecho, Luis Rojas y Christopher García, estos dos últimos eran la seguridad del empresario. Todos ellos fueron ejecutados con un arma con silenciador por uno de los agresores que subió al vehículo e intentó encenderlo pero no lo logró. Lara Tantaquilla, vinculado a la extracción de oro en Pataz a través de empresas como Consorcio Minero JyJ E.I.R.L., permanece desaparecido.

El jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, señaló que una de las hipótesis apunta a la organización criminal Los Pulpos, banda con presencia en Trujillo cuyo principal cabecilla, Johnson Cruz Torres, tiene una recompensa de S/500.000 por su captura. El jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza, indicó que labores de inteligencia venían alertando desde hace unos tres meses sobre la planificación de un secuestro, aunque la Policía no había identificado a los responsables.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó este lunes que ya existen conversaciones preliminares con los gobernadores regionales de ambas jurisdicciones para analizar la alternativa. La propuesta todavía no está aprobada y, de concretarse, tendría que modificarse el acuerdo original que estableció el uso del material ferroviario en Lima Metropolitana.

“Hay la posibilidad de que se le pueda llevar un servicio de primer nivel a la ciudad de Puno y a la ciudad de Tacna”, señaló Reggiardo, quien indicó que las coordinaciones con las autoridades regionales se encuentran en una etapa inicial.

El anuncio se produce luego de que el gobernador de Tacna, Luis Torres, solicitara formalmente a la MML evaluar la entrega de 10 coches de pasajeros y dos locomotoras EMD F40PH-2 para reforzar el servicio ferroviario entre Tacna y Arica, en Chile.

PUEDES VER: Identifican a las 4 víctimas asesinadas durante el brutal secuestro del empresario minero Jans Lara en Trujillo

Tacna plantea recibir 10 vagones y dos locomotoras

El Gobierno Regional de Tacna formalizó su pedido mediante el Oficio N.° 532-2026-GR/GOB.REG.TACNA, enviado el 18 de agosto al alcalde de Lima. La propuesta contempla que parte del material ferroviario actualmente bajo administración de la MML pueda ser utilizado en la conexión internacional Tacna-Arica.

La iniciativa se vincula con los trabajos que Tacna ya viene impulsando para recuperar su infraestructura ferroviaria. La región autorizó la elaboración del expediente técnico para la renovación y restauración integral de la vía férrea y del sistema de drenaje del ferrocarril Tacna-Arica.

Reggiardo señaló que la eventual transferencia no depende únicamente de la Municipalidad de Lima. El acuerdo suscrito con Caltrain establece condiciones sobre el destino del material, por lo que sería necesario coordinar con la empresa estadounidense cualquier modificación.

“Hay que hablar con la empresa Caltrain de los Estados Unidos”, explicó el alcalde, quien adelantó que también se buscaría coordinar el tema con representantes diplomáticos de Estados Unidos. Por ahora, no existe una transferencia aprobada de los coches ni de las locomotoras a Tacna.

PUEDES VER: Las tres claves del falso comando PNP que secuestró a empresario minero y acribilló a 4 personas

Puno también aparece como posible destino

La alternativa no se limita a Tacna. Reggiardo confirmó que la MML también conversa preliminarmente con el gobernador de Puno para evaluar si parte de la flota puede ser utilizada en esa región.

El planteamiento abre un nuevo escenario para los trenes que llegaron a Lima originalmente con el objetivo de implementar el servicio ferroviario hacia Chosica. Sin embargo, cualquier decisión deberá compatibilizarse con el proyecto Lima-Chosica y con las condiciones bajo las cuales el material ferroviario fue transferido desde Estados Unidos.

El alcalde sostuvo que los coches se encuentran en buenas condiciones y cuentan con equipamiento como butacas, aire acondicionado y servicios higiénicos.

PUEDES VER: PNP apunta a "Los Pulpos" tras matanza de cuatro personas y el secuestro de empresario minero en Trujillo

¿Qué pasó con los trenes de Lima-Chosica?

El material ferroviario llegó al Perú para implementar un servicio de pasajeros entre Lima y Lurigancho-Chosica, con una ruta proyectada de aproximadamente 40 kilómetros que atraviesa Cercado de Lima, El Agustino, Ate, Chaclacayo y Lurigancho-Chosica.

El lote inicialmente comprometido por Caltrain estaba compuesto por 93 coches y 20 locomotoras. Sin embargo, la MML finalmente aceptó 90 coches y 19 locomotoras, luego de excluir tres coches de dos niveles y una locomotora debido a problemas mecánicos cuyo costo de reparación era considerado elevado.

Caltrain informó en noviembre de 2024 que transferiría a Lima 90 coches de pasajeros y 19 locomotoras diésel, y precisó que recibiría un reembolso superior a US$6 millones por los vehículos retirados de su flota. La Municipalidad de Lima, por su parte, oficializó posteriormente la incorporación del material restante a su patrimonio.

¿Y el costo? Tras la exclusión de los vehículos que presentaban fallas, la MML estableció que los 90 coches y 19 locomotoras incorporados al patrimonio municipal tenían un valor aproximado de US$219,8 millones, equivalente entonces a unos S/804,5 millones. Este monto no representa lo que pagó la comuna por los trenes. Se trata de la valorización patrimonial del material recibido.

Caltrain señaló que Lima reembolsó más de US$6 millones por los vehículos, mientras que la MML calculó posteriormente alrededor de US$7,95 millones para el traslado y la logística del material desde Estados Unidos hasta el Perú. El acuerdo permitió que la antigua flota diésel de la empresa continuara su vida útil en el servicio ferroviario peruano.

PUEDES VER: Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

MML asegura que los trenes continuarán trasladándose a Chosica

Pese a la posibilidad de enviar parte de la flota a otras regiones, Reggiardo aseguró que el proyecto Lima-Chosica continuará. El alcalde informó que sostuvo reuniones con representantes de ProInversión y que el Gobierno central derivará a dicha entidad los asuntos relacionados con el contrato y los procedimientos pendientes para la movilización de los coches.

“Hay temas que hay que ajustar, que hay que mejorar, que hay que implementar para que se haga de la mejor manera y podamos tener el servicio lo más pronto posible”, afirmó.

La MML prevé continuar trasladando los coches hacia el patio de maniobras y mantenimiento de Chosica. La discusión sobre una eventual transferencia a Puno o Tacna deberá determinar, por tanto, cuántas unidades podrían salir del proyecto original sin afectar la flota necesaria para el servicio en Lima.

¿En qué estado se encuentran actualmente los trenes?

La flota todavía no brinda servicio comercial de pasajeros entre Lima y Chosica. Aunque las autoridades han realizado movimientos y pruebas del material rodante, esto no significa que el sistema ferroviario haya comenzado a operar para el público. En diciembre de 2025 se realizó una primera marcha en vacío de los trenes, mientras la MML avanzaba con trabajos de mantenimiento preventivo sobre los 90 coches y 19 locomotoras.

Más recientemente, la Municipalidad de Lima informó que cinco coches y una locomotora ya fueron trasladados al patio de maniobras y mantenimiento de Chosica. Según Reggiardo, esta operación permitió comprobar que las unidades pueden recorrer la ruta y pasar por los túneles y rieles existentes.

El alcalde anunció que el traslado del resto de los coches continuará progresivamente hacia Chosica, donde se realizarán las labores de mantenimiento y preparación necesarias. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha advertido que mover los trenes no equivale a poner en marcha el servicio.

¿Qué falta para que funcione el tren Lima-Chosica?

El principal problema pendiente no está únicamente en los trenes, sino en la infraestructura necesaria para operar un servicio de pasajeros de manera segura. Según el MTC, para implementar el servicio se requiere acondicionar estaciones y paraderos, instalar un sistema de recaudo, implementar señalización automática, colocar barreras o dispositivos de seguridad en los cruces a nivel y contar con una vía segregada que impida la invasión del derecho de vía ferroviario.

Además, la vía férrea Lima-Chosica se encuentra bajo la concesión de Ferrovías Central Andina, por lo que las modificaciones necesarias en la infraestructura requieren cambios en el contrato de concesión.

Por esa razón, el MTC y ProInversión vienen participando en el proceso para determinar las modificaciones contractuales y las condiciones necesarias para implementar el servicio. El MTC precisó en marzo de 2026 que la autorización para movilizar una locomotora y cinco coches entre Chosica y Monserrate correspondía a labores de mantenimiento.

Un proyecto que acumula cambios desde su llegada al Perú

La llegada de los trenes de Caltrain fue anunciada en 2024 como una oportunidad para implementar un sistema ferroviario destinado a atender a la población del este de Lima. La flota debía permitir un servicio de pasajeros entre Chosica y Lima y, posteriormente, una eventual ampliación hacia el Callao.

En 2025 comenzaron a llegar al país los primeros lotes de coches y locomotoras. La MML anunció inicialmente que las unidades se encontraban en condiciones óptimas y habían recibido mantenimiento especializado antes de su traslado. Sin embargo, los vagones se encontraban en mal estado y la puesta en operación del servicio no se concretó en los plazos inicialmente anunciados. El proyecto pasó a requerir la intervención coordinada del MTC, ProInversión, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Ositrán, la MML y el concesionario ferroviario.

Ahora, mientras Lima continúa preparando la flota para el proyecto ferroviario del este, Tacna y Puno aparecen como posibles nuevos destinos para una parte de los coches. La propuesta aún debe superar las evaluaciones técnicas, legales y administrativas correspondientes. En el caso de Tacna, además, se requiere definir cómo se financiaría y acondicionaría la infraestructura de la ruta Tacna-Arica antes de que el material pueda incorporarse efectivamente al servicio.

Por ahora, la reunión entre el alcalde de Lima y el gobernador de Tacna prevista para este 1 de septiembre será uno de los primeros pasos para determinar si la propuesta puede avanzar.

La denuncia contra Aranda tiene un origen concreto. El 24 de agosto, el diputado envió un oficio al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay para pedir información sobre la situación médica de una paciente. Días después, según el documento presentado por Soto Ferrari, Aranda difundió esa documentación en sus redes sociales de una forma que permitió reconocer a la paciente y vincularla con su embarazo.

PUEDES VER: Transmisiones de Keiko Fujimori pierden 70 % de likes en menos de un mes

La publicación original fue borrada y reemplazada por una versión modificada. Sin embargo, la denunciante sostiene que ese cambio no borra el problema de fondo: mientras el contenido estuvo disponible, pudo ser visto, capturado y compartido por terceros. Para la parlamentaria, el daño ya estaba hecho desde el primer momento en que la información salió a la luz.

La misma sesión de la comisión abordará otro expediente pendiente, el de Julián Pérez. Albañil informó que hoy también se dictará el informe final sobre este diputado, un plazo que la comisión cumplió pese a la semana de representación: "Hemos cumplido con el plazo establecido a pesar de que hemos estado en semana de representación. Ya se tiene el informe listo y eso es lo que vamos a dictar", señaló.

PUEDES VER: Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

Denuncia con Christian Aranda señala que el diputado habría vulnerado el principio de discreción

La legisladora Luz Soto basó su denuncia en varios puntos de las propias declaraciones públicas de Aranda. Entre el 26 y el 27 de agosto, el diputado reconoció que en el oficio dirigido al hospital incluyó el nombre de la paciente porque, según dijo, lo consideraba necesario para identificarla dentro del establecimiento.

El diputado también afirmó que la difusión del nombre se debió a una filtración posterior del documento oficial, y no a una decisión suya. Para la denunciante, ese argumento no lo libra de responsabilidad: el oficio salió de su despacho, llevaba su firma y su sello, y era su deber cuidarlo antes de que llegara a manos ajenas.

PUEDES VER: Diputado de Fuerza Popular acumula nueve sentencias firmes y suma nueva condena por difamación agravada

Un tercer punto resultó clave para la denuncia. Aranda dijo públicamente que su intervención logró el objetivo que buscaba. Para Soto Ferrari, esa frase muestra que el diputado no solo pidió información para fiscalizar al hospital, sino que buscó influir directamente sobre una decisión médica que le correspondía tomar al centro de salud, no al Congreso.

La denuncia pide a la comisión que determine si Aranda vulneró el principio de discreción que exige el Reglamento del Congreso, además de los deberes de respeto, responsabilidad e integridad que debe cumplir todo parlamentario. También solicita que se investigue si el diputado hizo gestiones que no le correspondían como legislador, y que se comunique el caso a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Soto Ferrari planteó, además, que se declare la reserva del expediente para evitar que el propio proceso vuelva a exponer a la paciente.

PUEDES VER: Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

Julián Pérez: comisión revisará el informe tras denuncias por presunta agresión física y psicológica a su expareja

El caso contra Julián Pérez, diputado de Juntos por el Perú por Cusco, lo abrió el propio Christian Aranda Vásquez el 4 de agosto, cuando presentó una denuncia formal por presunta agresión física y psicológica contra su expareja y exabogada defensora, Laura Bonilla Valerio. El escrito pedía la suspensión del cargo y el descuento de haberes por 120 días de legislatura, y fue derivado a la Comisión de Ética apenas esta quedó instalada, el 19 de agosto.

Según el oficio de Aranda, los hechos ocurrieron el 30 de julio, solo cuatro días después de que Pérez Mallqui asumiera funciones. El documento detalla que el diputado habría llamado de forma insistente a su expareja desde las 5:58 de la mañana y, al no recibir respuesta, habría ingresado sin autorización al domicilio de ella, en el distrito de San Miguel, aprovechando que el padre de la mujer no se encontraba.

PUEDES VER: Migraciones rechaza archivo del caso contra ejecutivo de empresa Securitas

La denuncia sostiene que existen cámaras de videovigilancia y el testimonio de Bonilla Valerio que respaldan esa versión. El expediente también recuerda que la hoja de vida de Pérez Mallqui, presentada ante el JNE, registraba sentencias previas por lesiones culposas, falsa declaración y violencia familiar.

Tras conocerse el caso, la propia bancada de Juntos por el Perú pidió abrir el proceso disciplinario contra su colega. El diputado y vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, declaró en su momento que la bancada respaldaría la sanción más alta si se comprobaban los hechos: "Si hay un caso de violencia, por supuesto que vamos a sumarnos a la más alta sanción que amerite el reglamento". Ahora, más de tres semanas después, la comisión que preside Albañil tiene listo el informe final que definirá si Pérez Mallqui es sancionado.

En El Gatopardo, Lampedusa puso en boca de Tancredi la frase que terminó por nombrar un fenómeno político mucho más amplio que la novela: “para que todo siga igual, es necesario que todo cambie”. La aristocracia siciliana no resistía la revolución, la absorbía, cambiaba de forma para no cambiar de fondo. Algo parecido ocurre en la manera en que los sucesivos gobiernos vienen tramitando las delegaciones de facultades legislativas. Los gobiernos cambian y los decretos legislativos cambian, pero al mirar de cerca qué materias se delegan aparece algo preocupante: varias vuelven a delegarse sobre las mismas normas, con fórmulas casi idénticas, sin que el problema se resuelva.

El artículo 104 de la Constitución no le pide mucho al Ejecutivo para obtener del Congreso lo que es su función más relevante, la potestad de legislar. Solo exige que la materia cuya delegación se solicita sea “específica” y que se otorgue por “plazo determinado”. Son condiciones que parecen exigentes en el papel, pero que en la práctica quedan abiertas a la interpretación y dependen más de la buena fe del Ejecutivo que las redacta y del Congreso que las aprueba que de alguna ciencia jurídica capaz de acotarlas con rigor. Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha precisado los contornos de esa apertura, pero la cuestión medular de toda delegación es qué es lo que pretende hacer el Ejecutivo con dicha delegación y si lo logrará.

“Materia específica”, generalidad e incertidumbre

Empecemos por los párrafos que no logran superar el test de la “materia específica”. El ejemplo más nítido está en el bloque tributario, donde se solicita delegar la facultad de “modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios y las obligaciones formales de las empresas… a fin de adecuarlas a las modificaciones planteadas”, una fórmula tautológica que no fija ningún fin claro y que deja en el aire la pregunta de qué puede hacer y qué no el Ejecutivo.

Vale la pena contrastar esto con el pasado, porque no es cierto que la imprecisión sea inevitable. El proyecto que dio origen a la Ley 30506, de 2016, bajo el gobierno de PPK, llegó a un dictamen en el Congreso que dominaba el fujimorismo, con acotaciones y precisiones adicionales a la propuesta del Ejecutivo, lo que permitió un debate más informado sobre el alcance real de cada materia. Es prueba de que la Comisión de Constitución puede operar como filtro de precisión antes de que el pedido llegue al Pleno, en vez de convalidar la fórmula amplia que trae el Ejecutivo.

La “especificidad” está también ausente en la reforma que, al parecer, afectaría de manera estructural a la legislación penal en su conjunto. Genéricamente se señala que el objetivo sería “fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción”. En otro extremo del proyecto se mencionan decisiones políticas ya tomadas en el Ejecutivo que no requieren delegación alguna. Es el caso de la derogación de la Ley del Colegio Profesional de Artistas, la eliminación de los topes a la usura o la fijación de la edad mínima para cuentas de ahorro. Otros casos lindan con prohibiciones explícitas, pues se trata de limitaciones a derechos fundamentales laborales o de la reforma de estructuras orgánicas de los poderes del Estado, que requieren un amplio debate en el recién estrenado Congreso bicameral.

“Plazo determinado”, la renovación indefinida

La Constitución no fija un tope temporal a la delegación, pero la práctica peruana ha construido, de facto, un límite de sentido común. No hemos tenido delegación que exceda, ni de lejos, el plazo de una legislatura, porque la delegación existe precisamente para resolver problemas urgentes que el Congreso no puede tramitar a tiempo dentro de su propio calendario ordinario.

Aquí aparece el dato que anima el título de esta columna. Si uno rastrea algunos de sus puntos específicos, el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles (DL 1338), la Ley de Delitos Informáticos, el Decreto Legislativo de Migraciones, el Fondo de Garantía para el Campo, encuentra que la misma materia, sobre las mismas normas, ha sido solicitada en delegación durante los gobiernos de Boluarte, en 2023, y de Jerí, en 2025, y ahora se vuelve a pedir en términos similares. No es un caso aislado: son al menos cuatro ítems del proyecto que, sumados los plazos de las tres delegaciones sucesivas, superan más de tres legislaturas y cada uno se presenta, formalmente, como si fuera la primera vez que el Estado aborda el problema.

Aquí se esconde la versión legislativa del “gatopardismo”: cambia el gobierno, cambia el número de la ley, cambia incluso el decreto legislativo resultante, pero la materia de fondo, el comercio ilegal de celulares, el fraude informático, el control migratorio, sigue exactamente igual. Si un decreto emitido en 2023 debía resolver el problema y en 2025 se vuelve a delegar la misma facultad, y en 2026 se pide por tercera vez, solo caben dos lecturas, y ninguna es alentadora. O las delegaciones anteriores no cumplieron su finalidad y el Congreso está a punto de repetir un instrumento que ya demostró su fracaso. O el problema nunca estuvo bien enfocado desde el diagnóstico y la solución no es delegar de nuevo, sino preguntarse por qué la fórmula sigue siendo insuficiente.

Al Congreso corresponde no solo acotar las generalidades para poder luego controlar lo que está delegando, sino, sobre todo, bloquear la política del gatopardismo y exigir que el Ejecutivo realice un diagnóstico serio de las políticas que desea implementar. De otro modo, se está ampliando más allá de lo razonable un pedido de facultades que tiene límites en la Constitución.

La solicitud se tramitó a través de la Representación Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra. De acuerdo con el procedimiento oficial, las elecciones se llevarán a cabo mediante votación secreta y la nueva gestión asumirá el cargo a partir del 1 de octubre de 2027.

Golzáles-Olaechea cuenta con trayectoria en el sector público y en organismos internacionales. El excanciller se desempeñó anteriormente como alto funcionario en la OIT y como asesor de Javier Pérez de Cuéllar, diplomático peruano y exsecretario general de las Naciones Unidas.

PUEDES VER: Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

En el ámbito nacional, ocupó cargos en la Cancillería, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas.

Para este proceso electoral, el candidato presentó un plan de trabajo enfocado en los problemas actuales del mercado laboral. Su propuesta lleva por título "Una vida digna en la Era Disruptiva". De acuerdo con la información transmitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), este plan busca modernizar la OIT.

"[La propuesta] ofrece una visión holística del presente y de los retos futuros, conocimiento de la OIT, experiencia de Estado, comprensión del mundo del trabajo y capacidad de negociación para conducir a dicho organismo internacional compartiendo sus valores y principios para una vida digna. Su compromiso es: renovar sin dividir, reformar sin debilitar y anticipar para proteger".

PUEDES VER: Diputado de Fuerza Popular acumula nueve sentencias firmes y suma nueva condena por difamación agravada

Antes de la fecha de votación, el proceso establece una etapa de presentación pública de los planes de gobierno de los aspirantes. El próximo 23 de septiembre, los candidatos sustentarán sus propuestas en Ginebra ante el pleno del Consejo de Administración de la OIT y los representantes de los 187 países miembros que integran dicha entidad.

Las reuniones oficiales de exposición de propuestas estarán a cargo del actual presidente del referido consejo, Matthew Wilson. Para garantizar el acceso público a estas exposiciones, las sesiones se transmitirá en vivo mediante las plataformas y canales oficiales de la organización internacional.