En ese contexto, Beingolea declaró ante los medios de comunicación que la propuesta de su compañero de gabinete es una mera “opinión” y recalcó que el LUM y todos los museos del Perú están bajo la administración del Ministerio de Cultura.

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"Es la opinión del ministro, punto. El museo al que hace referencia (LUM) está dentro del sector cultura y no tengo nada que opinar al respecto. (...) No se trata de ceder, simplemente hay una opinión y respeto todas las opiniones. Lo único que tengo que decir es que los museos son parte de las funciones del Ministerio de Cultura y este ministerio va a asumir lo que le corresponde: los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura; lo demás son opiniones, todas respetables, no hay ninguna fisura", enfatizó durante un evento público este 18 de agosto.

Anteriormente, Álvarez planteó que el museo pase a ser parte de la organización del Minjus. Según indicó, el museo debe tener “la obligación de mantener un relato moderado al servicio de todo el país y no de un determinado grupo político”.

"No sé por qué el LUM está en el ámbito Cultura. Debería estar en Justicia porque la lucha antiterrorista no tuvo nada de cultural", declaró en una entrevista en Caretas.

El LUM es un museo que cuenta la historia de la época del conflicto armado interno en el Perú (1980-2000), la dictadura de Alberto Fujimori y el relato de los familiares de las víctimas.

Presiones al Gobierno para trasladar el LUM

El pasado 17 de agosto, el ministro de Justicia difundió en su cuenta de X (antes Twitter) una carta suscrita por diversos juristas y figuras políticas, quienes exhortaron a la presidenta Fujimori a disponer el traslado del LUM al Minjus. Los firmantes consideraron que la propuesta resulta "muy interesante", debido a que, según sostienen, el sentido pedagógico del museo se encuentra actualmente limitado por la presencia de elementos con "rasgos ideologizados".

Asimismo, plantearon la necesidad de reforzar la pluralidad y reconocer a quienes lucharon y se sacrificaron por la democracia, en lugar de quienes atentaron contra la vida de las personas. Finalmente, el documento instó al Gobierno y al Ministerio de Justicia a adoptar una decisión que, según los firmantes, permita avanzar hacia un verdadero proceso de reconciliación nacional.

Pero no solo eso. También plantearon una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como parte de sus argumentos, compararon la situación con la dictadura de Nicolás Maduro.

"Cuando se trata de mejorar las condiciones de los trabajadores o del pueblo… la caja fiscal no se puede, pero cuando se trata de dictar exoneraciones tributarias a grandes poderes económicos ahí sí no hablamos de la caja fiscal. Ahí sí nos quedamos callados. Ahí si no veo al ministro de Economía diciendo vamos a decirle al Congreso que pida por favor la exoneración de esas leyes de carácter tributario. Pido más coherencia", exclamó durante su presentación tras el discurso del primer ministro, Luis Galarreta, en la Cámara Baja.

García Huby hizo referencia a las declaraciones del titular de Economía, quien explicó que cuatro leyes aprobadas durante el Congreso 2021-2026 pueden alterar la trayectoria de las cuentas públicas por las obligaciones que trasladan al Estado.

Por eso, es que el Ejecutivo llevará las normas ante el Tribunal Constitucional (TC) para buscar su derogación.

Se trata de leyes que modifican las pensiones de maestros jubilados y cesantes y de militares y policías, la homologación del incentivo CAFAE para trabajadores del régimen 276 y la norma que reconoce gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS.

Para eso, Galarreta indicó que, "mientras estas nuevas instalaciones se hacen realidad", esos reclusos serán trasladados a los cuarteles en desuso de las Fuerzas Armadas previa coordinación y vía convenios.

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“Estos internos serán trasladados desde los actuales establecimientos penitenciarios, lo que permitirá reducir el hacinamiento, mejorar el control interno y recuperar progresivamente el principio de autoridad del Estado en las cárceles. El objetivo es claro: en los penales debe mandar el Estado, no las organizaciones criminales”, señaló Galarreta.

Asimismo, el excongresista aseguró que se instalarán arcos detectores de seguridad en los establecimientos penitenciarios con la finalidad de reforzar los controles y evitar el ingreso de objetos y dispositivos prohibidos. Sin embargo, no precisó cómo se financiarán estas herramientas de seguridad.

De igual forma, el primer ministro informó que se solicitó la participación excepcional de las FF.AA. para la seguridad externa y en el apoyo operativo en los establecimientos penitenciarios. Aseguró que los militares no reemplazarán a la Policía Nacional del Perú (PNP) ni a la autoridad penitenciaria, "pero aportan sus capacidades cuando la gravedad de la situación lo exija y la Constitución lo permita".

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En el video, Torres saludó la presentación del gabinete de Galarreta. "Como presidente del Senado y del Congreso de la República espero con expectativa este mensaje y hago un llamado a todos los diputados y senadores a asumir con responsabilidad este momento", señaló. Pidió a los congresistas "escuchar, evaluar y proponer" frente a la exposición del premier.

El presidente del Congreso planteó, además, que la fiscalización parlamentaria no debe estar reñida con el trabajo conjunto entre poderes del Estado. "El país necesita un Congreso que fiscalice, pero que también entienda que la colaboración entre poderes del Estado es fundamental para avanzar", afirmó. Mencionó tres frentes concretos —el fenómeno de El Niño, la inseguridad ciudadana y "los grandes desafíos que enfrenta el país"— y cerró su mensaje con un pedido directo: "unidad para actuar y responsabilidad para dar resultados".

La interrupción se dio en plena sesión del Pleno de Diputados, convocada para que el premier y su equipo de ministros expongan la política general del Gobierno, en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución. La cita se realizó desde las 10:00 a. m. de este jueves y contempló cuatro horas de debate parlamentario, repartidas de forma proporcional entre las bancadas. Se trató de la primera comparecencia de un gabinete ante la nueva Cámara de Diputados, tras el retorno al sistema bicameral.

Al concluir su presentación de la Política General del Gobierno ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República, el ministro del Interior, César Astudillo, anunció las medidas orientadas a combatir al crimen organizado y recuperar la seguridad y tranquilidad de las familias peruanas.

En primer término, aseguró que la estrategia del Ministerio del Interior contempla cinco objetivos principales: anticiparse al crimen, recuperar el control del territorio, quitarle al crimen sus herramientas, controlar las fronteras y lograr que todo el sistema de seguridad y justicia funcione de manera articulada.

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"Sabemos que el crimen ha cambiado. Hoy enfrentamos organizaciones criminales que extorsionan, asesinan, trafican armas, controlan territorios, utilizan tecnología, tienen capacidad económica y, en muchos casos, operan más allá de nuestras fronteras", sostuvo.

Al respecto, el vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán Mamani, cuestionó al ministro del Interior por las medidas que expuso en materia de seguridad.

Cuestionó que, pese al cambio de Gobierno, se mantengan estrategias que, a su juicio, no han dado resultados frente a la criminalidad. "Entre enero y julio se han registrado más de 1.200 homicidios, y en lo que va del gobierno de Keiko Fujimori hay más de 105 homicidios", señaló.

Como primer objetivo, Astudillo señaló que se fortalecerán las capacidades de la PNP con énfasis en la inteligencia policial, el análisis de información, la tecnología y la asignación de recursos, a fin de anticipar las amenazas antes de que generen víctimas.

El segundo punto apunta a recuperar el control territorial mediante estrategias diferenciadas según la realidad de cada región. En ese marco, se priorizará la lucha contra la extorsión, el sicariato y las economías criminales vinculadas con la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el tráfico de armas.

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Respecto del tercer objetivo, el titular del Interior explicó que se busca debilitar las capacidades de las organizaciones criminales, afectando sus principales herramientas de operación: dinero, armas, información y logística. Para ello, se fortalecerá el trabajo de inteligencia, así como el control, trazabilidad y fiscalización de armas y municiones.

Como cuarto objetivo, remarcó que se reforzará el control de las fronteras y el intercambio de información, así como la coordinación con Migraciones para enfrentar el ingreso y permanencia irregular de personas vinculadas a actividades delictivas.

Finalmente, el quinto objetivo plantea una mayor articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El ministro remarcó que la seguridad no termina con una captura, sino que requiere la continuidad del proceso en las distintas instancias del sistema de justicia.

Más tecnología y respaldo para la PNP

El ministro César Astudillo también destacó la necesidad de modernizar las capacidades de la Policía Nacional mediante herramientas de geolocalización, reconocimiento facial, cámaras inteligentes, sistemas de trazabilidad, analítica y drones. Para ello, sostuvo que se requiere garantizar los recursos necesarios para que estas capacidades lleguen hasta las unidades operativas y de inteligencia.

Asimismo, expresó su respaldo a los 140.000 policías desplegados en todo el país y resaltó la necesidad de mejorar sus condiciones de trabajo, equipamiento y recursos para el cumplimiento de su misión constitucional.

Como parte de su compromiso con una gestión transparente, Astudillo Salcedo informó que se ha solicitado la intervención de la Contraloría en entidades y procesos cuestionados, entre ellos el Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP, el Fondo de Vivienda Policial, la adquisición de más de 31.000 pistolas y el proceso de compra de cámaras corporales.

"No vengo a prometerles que el crimen desaparecerá la próxima semana, vengo a comprometerme al Estado hacer más fuerte y más rápido y emplear mejor la inteligencia contra quienes quieren destruir nuestra tranquilidad", expresó.

En ese sentido, Astudillo propuso 5 ejes para combatir la inseguridad: anticiparse al crimen y fortalecimiento de la tecnología, recuperar el control del territorio, quitarle las herramientas al crimen, controlar las fronteras y que el sistema judicial funcione conjuntamente.

"El Ejecutivo necesita del Congreso, leyes que permitan combatir eficazmente al crimen, herramientas para nuestras instituciones, recursos para tecnología dentro del marco jurídico que permita actuar con firmeza, pero siempre dentro del Estado de derecho", señaló.

"Detrás de cada indicador hay una persona, una familia, una madre que quiere que su hijo llegue seguro a casa, un comerciante que quiere trabajar sin pagar una extorsión, un joven que quiere salir de noche sin miedo, una familia que quiere vivir tranquila, ese es el verdadero indicador de nuestra gestión: que el ciudadano vuelva a sentir que Estado está de su lado", añadió.

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Un llamado de atención al Congreso

En esa misma línea, el ministro del Interior hizo un llamado a los congresistas a dejar de lado su posición política y los instó a trabajar conjuntamente para derrotar a la criminalidad.

"Para lograrlo necesitamos trabajar con ustedes. Necesitamos trabajar en unidad, sé que en este Congreso existen distintas posiciones políticas, yo soy parte de él y eso es parte de la democracia, podemos fiscalizar, exigir explicaciones, eso es sano. Pero hay algo en lo que no deberíamos discrepar: en la obligación de proteger la vida de los peruanos, esa gente que nos ha puesto en estas curules", dijo.

"El delincuente no pregunta de qué partido es su víctima, la extorsión no distingue colores políticos ni banderas, una bala no distingue oficialismo de oposición y una familia que pierde a uno de los suyos tampoco lo hará, el Estado no debe estar dividido", acotó.

La moción asegura que el informe final de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión para el Riesgo de Desastres, del periodo parlamentario 2021-2026, recomienda darle continuidad. Asimismo, plantea que la nueva comisión especial sea la encargada de estudiar, evaluar y dar seguimiento especial a las políticas, planes y programas adaptados por las instituciones.

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El informe sostiene que, en la actualidad, hay una serie de proyectos inconclusos, que no han sido fiscalizados y que no permiten que se afronte de manera correcta este fenómeno. Asimismo, resalta que las autoridades han presentado proyectos de mitigación, descolmatación y reconstrucción que no han sido atendidos correctamente.

El documento también menciona los efectos que genera el fenómeno El Niño, como daños materiales y económicos y el incremento de enfermedades. También añade los datos que causó este desastre natural en años anteriores: en 1982-1983 provocó 512 fallecidas y 1,3 millones de damnificados. En 1997-1998, dejó 340 fallecidas y más de 1 millón de peruanos afectados; y en 2017, 162 personas perdieron la vida y 141.000 fueron perjudicadas.

Por otro lado, la moción advierte que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) alertó que el fenómeno se extenderá hasta el verano del 2027, y que actuará con mayor magnitud en octubre de este año. Para diciembre y marzo del siguiente año actuará con magnitud fuerte o moderada.

"EI ENFEN recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres", se lee en el documento.

"La conformación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Prevención y Respuesta ante el Fenómeno El Niño y a la Gestión del Riesgo de Desastres, permitirá efectuar un seguimiento integral de las medidas de prevención y preparación, de los sistemas de alerta temprana, de la situación de ríos, quebradas, reservorios e infraestructura crítica, así como de la ejecución de los recursos destinados a la reducción del riesgo, atención de emergencias, rehabilitación y reconstrucción", añade.

La cifra fue confirmada por José Augusto Vásquez Loaiza, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, y se actualizó este miércoles con la llegada de 48 viviendas prefabricadas donadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que forman parte de 15 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a más de 2.000 familias afectadas por emergencias en el país. Estas se suman a los 48 módulos que ya habían sido trasladados e instalados en Pumpunya.

La demora ocurre mientras la magnitud de la emergencia se amplió tras el sismo de magnitud 5 registrado el 6 de agosto y sus posteriores réplicas. El balance actualizado de Defensa Civil reporta 20 distritos declarados en emergencia y alrededor de 3.500 viviendas destruidas o inhabitables. Además, unas 15.000 personas resultaron afectadas por los movimientos telúricos.

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Una adulta mayor murió en una carpa tras perder su casa

Las consecuencias de la falta de una solución habitacional ya tienen un rostro concreto. En Chongos Alto, Huancayo, Felisa Román de Chambergo, de 75 años, murió de neumonía después de pasar varios días en una carpa, luego de que su vivienda quedara inhabitable tras una de las decenas de réplicas del sismo de 5,2.

Su hijo, Rodrigo Chambergo Román, contó que pidió a las autoridades una carpa y colchones para proteger a sus padres tras un temblor de 5,0 ocurrido el 6 de agosto en Huancayo, pero que no recibió estos implementos. Ante la necesidad de encontrar un refugio, reunió S/150 de sus propios ahorros para comprar una carpa usada y plástico, que instaló frente a su vivienda.

"Mi mamá ha fallecido por neumonía, ya estaba delicada y debido al sismo tuvimos que dormir en una carpa y eso agravó su salud. La madrugada del lunes hizo un fuerte frío y mi mamá amaneció muerta", relató.

El caso ocurrió en medio de las bajas temperaturas de la zona y mientras familias damnificadas continúan utilizando carpas o refugios improvisados. Para el hijo de Felisa, la falta de un espacio adecuado agravó la situación de salud de su madre, quien terminó falleciendo dentro de la carpa que la propia familia tuvo que comprar.

Viviendas aún esperan validación

La brecha no solo está en la instalación de los módulos. Tras el primer sismo, el Gobierno Regional de Junín identificó 2.136 viviendas destruidas o inhabitables en siete distritos, pero hasta ahora el Ministerio de Vivienda habría validado alrededor de mil, según Vásquez.

Los alcaldes de las zonas afectadas acordaron solicitar una reunión con el ministro de Vivienda para conocer un cronograma que permita determinar cuándo terminará la validación de los inmuebles afectados y cuándo las familias podrán acceder al Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), subsidio de S/500 mensuales por un periodo de dos años.

La ayuda internacional recibida este miércoles también incluye 100 carpas familiares y 1.080 lámparas solares, valorizadas en más de S/420.000. Los suministros serán distribuidos por Indeci .

El funcionario explicó que existe además un problema práctico: las municipalidades necesitan demoler las viviendas que representan un peligro y preparar los terrenos donde serán colocados los módulos, pero primero deben esperar la inspección y validación del Ministerio de Vivienda.

"Necesitamos que el Ministerio de Vivienda nos aclare y nos diga cuáles son los requisitos, filtros o criterios que están tomando para validar a una cantidad de viviendas y no considerar a otras", cuestionó Vásquez.

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El frío y las lluvias aumentan la preocupación

Mientras continúa la espera, algunas familias permanecen en carpas o construyen refugios improvisados con palos y calaminas junto a los restos de sus viviendas. La situación podría agravarse en los próximos meses debido al inicio de la temporada de lluvias.

Vásquez advirtió que las precipitaciones podrían comenzar entre octubre y noviembre y alertó que las carpas utilizadas actualmente por las familias no están preparadas para soportar lluvias intensas.

"Las carpas no van a soportar las lluvias intensas", advirtió el funcionario, quien consideró necesario acelerar la instalación de los módulos temporales durante los primeros 60 días de la emergencia. De no avanzar el proceso, incluso planteó evaluar una ampliación del estado de emergencia en los 20 distritos afectados.

El riesgo no es menor. En las zonas altoandinas, las familias que permanecen en carpas enfrentan además bajas temperaturas durante las noches. El fallecimiento de Felisa Román evidencia la vulnerabilidad de los adultos mayores que continúan sin una vivienda segura después del desastre.

Colegios también esperan aulas temporales

La emergencia también dejó daños en la infraestructura educativa. El Ministerio de Educación informó que se habilitarán 68 aulas temporales tipo domo para atender a los escolares de las zonas afectadas. Hasta el momento, 20 ya fueron instaladas y otras 48 llegaron como parte de una operación complementaria.

Estas últimas serán colocadas en 18 instituciones educativas de Huancayo y Chupaca y, según el Minedu, podrán atender hasta 2.880 escolares en dos turnos. La empresa encargada de la instalación asumió el compromiso de dejar las aulas habilitadas en un plazo de 15 días.

Sin embargo, la demanda total asciende a 83 aulas temporales tipo domo, por lo que todavía existe una brecha de 15 aulas para atender las necesidades identificadas en las zonas afectadas.

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Contraloría detectó fallas en la primera respuesta

La primera respuesta ante la emergencia también fue observada por la Contraloría General de la República. Cuatro informes identificaron deficiencias en la atención de los damnificados en Chongos Bajo, Huayucachi, Viques y Chupuro.

En Chongos Bajo, por ejemplo, la municipalidad no había concluido el padrón de damnificados ni contaba con usuario y contraseña para acceder al Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) cuando ocurrió el sismo.

En Viques, la Contraloría encontró que solo 100 de los 739 damnificados registrados habían recibido donaciones al momento de la inspección. También se reportaron retrasos en la gestión y distribución de ayuda humanitaria en Huayucachi y Chupuro.

El propio Gobierno Regional reconoció que hubo deficiencias en el empadronamiento y la distribución de ayuda. Ahora, superada la etapa de atención humanitaria inicial, el principal desafío es conseguir una solución para las familias que perdieron sus viviendas.

Una promesa que avanza lentamente

El Gobierno anunció que la emergencia sería atendida con módulos temporales, pero la entrega todavía está lejos de alcanzar la meta anunciada por la presidenta Keiko Fujimori. Solo 96 de los 500 módulos prometidos han sido instalados en Pumpunya, mientras miles de familias permanecen a la espera de una solución.

El caso de Felisa Román muestra el costo humano de esa espera: una mujer de 75 años que, después de perder la seguridad de su vivienda, terminó pasando sus últimos días en una carpa comprada por su propia familia y expuesta al frío.

Con las lluvias previstas para octubre y noviembre, las autoridades tienen poco margen de tiempo. La emergencia ya no se limita a entregar alimentos o ayuda inmediata: miles de familias necesitan un techo seguro antes de que las condiciones climáticas vuelvan aún más crítica su situación.

La decisión alcanza a: 1.- Eleodoro Octavio Mayorga Alba 2.- Edgar Bartolo Ramírez Cadenillas, 3.- María del Rosario Raquel Patiño Marca de Álvarez 4.- Guillermo Lecarnaque Molina, 5.- Elda Patricia Diaz Gazzolo, 6.- Percy Olivas Lazo, 7.- Omar Dueñas Cárdenas, 8.- Luis Miguel Castilla, 9.- Jorge Humberto Merino Tafur, 10.- Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, 11.- Luis Renato Sánchez Torino, 12.- Dicki Edwin Quintanilla Acosta, 13.- Erick Portuguez Echegaray, y 14.- Alfredo Juan Carlos Dammert Lira.

En julio, el juez ya había dispuesto el archivo de la acusación por delito de asociación ilícita u organización criminal, con lo cual el caso sigue muy debilitado. La resolución judicial señala que la fiscal a cargo, Geovana Mori, no precisó los hechos que habrían cometido los funcionarios acusados por el delito de colusión agravada, pese a una advertencia realizada desde enero.

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Los motivos del juez

En la acusación contra una pluralidad de acusados se utiliza un mismo patrón de imputación, esto es, la expresión genérica: "formó parte del acuerdo colusorio sostenido entre Ollanta Humala Tasso y Jorge Henrique Simoes Barata" más las presuntas irregularidades administrativas atribuidas a cada acusado, sin el desarrollo fáctico de la acción típica específica del acto de concertar, precisa el juez.

Subraya que "en la audiencia de excepción, la fiscalía intentó enmendar esa inconsistencia de estructura en la imputación oralmente, arguyendo que se trata de una acusación de "colusión por adhesión"; sin embargo, no existe ninguna mención al respecto en el texto acusatorio y mucho menos el desarrollo del elemento "hecho subjetivo" o "conocimiento previo de los acusados" sobre el presunto pacto acordado por Humala y Barata".

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Vicio en la acusación

El magistrado recuerda que "la ausencia de elementos estructurales" de la acusación penal "fue advertida desde la emisión de la Resolución N° 25 del 22 de enero de 2026", lo que motivó "la devolución de oficio para la corrección de la acusación respecto a todos los acusados; no obstante, la fiscalía reingresó la acusación conservando los mismos vicios de estructura en la imputación acusatoria".

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Añade que ante esta situación "mediante decisión de saneamiento contenida en la Resolución N° 34 de fecha 6 de mayo de 2026, se declaró insubsanable las acusaciones por el delito de colusión agravada contra Luis Miguel Castilla, Jorge Merino, María Patiño, Dicky Quintanilla, Elda y Percy Olivas". Anota el juez que posteriormente "la fiscalía ha intentado enmendar los defectos de imputación, ingresando a debate instituciones doctrinales como “autoría paralela”, “autoría continuada”, “realización típica sucesiva” y finalmente -en forma oral- colusión por adhesión”; sin embargo, no ha corregido la ausencia del relato de la acción típica, tampoco ha superado la inexistencia de la narración detallada de los hechos cometidos prohibidos del tipo penal.

Por todo lo cual se declara fenecida la causa penal contra los 14 acusados antes mencionados, se levanta cualquier medida restrictiva de libertad dispuesta contra dichas personas.

Continuidad del proceso

La acusación penal, bastante debilitada, continúa contra el expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia Alarcón, Jorge Simoes Barata, David San Frutos Tomé, Jesús Luis Saldaña Fernández y las personas jurídicas Odebrecht y Enagás Internacional.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

Por su parte, Juntos por el Perú (JP) contará con 7 representantes; Renovación Popular, 6; Partido del Buen Gobierno, 5; Ahora Nación, 3.

La comisión contará con 28 legisladores, entre diputados y senadores, y con los 8 miembros de las Mesas Directivas de ambas cámaras.

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Durante el receso del Senado y de la Cámara de Diputados, funciona una comisión presidida por el presidente del Congreso. Su composición busca mantener una representación proporcional de los distintos grupos parlamentarios y no puede superar el 20% del total de integrantes del Congreso.

Entre sus principales atribuciones está aprobar créditos suplementarios, transferencias y habilitaciones presupuestales durante el receso parlamentario. Asimismo, puede ejercer las facultades legislativas que le sean delegadas por el Congreso.

Sin embargo, la Comisión Permanente no puede recibir facultades para abordar asuntos relacionados con la reforma constitucional, la aprobación de tratados internacionales, las leyes orgánicas, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, la Ley de Presupuesto ni la Ley de la Cuenta General de la República.

Los integrantes de la Comisión Permanente

La Comisión Permanente quedó conformada de la siguiente manera:

Fuerza Popular: los senadores Miguel Torres, Nilza Chacón, Alejandro Aguinaga, Víctor Flores, Patricia Juárez, Martha Moyano y Carlos Mesía; y los diputados Arturo Alegría, Rosangella Barbarán, Karina Beteta y Cecilia Chacón.

Juntos por el Perú: los senadores Iber Maraví, Serafín Andrés y Víctor Cutipa Ccama; y los diputados Analí Márquez, Juan Villanueva, Gabriel Gonzales y Amalia Palomino.

Renovación Popular: los senadores Alejandro Muñante, Estanislao Mancha, Lourdes Alcorta y Milagros Jáuregui; y los diputados Aldo Bravo y Diego Bazán.

Partido del Buen Gobierno: los senadores Flavio Figallo y Nora Bonifaz; y los diputados Óscar Reto, Nery Fernández y Rossana Alayza.

Partido Cívico Obras: el senador Roger Astucuri; y los diputados José Yataco, Máximo Peralta y Andrea Medina.

Ahora Nación: la senadora Mirtha Vásquez; y los diputados Harvey Colchado y José Marcelo.

"¿En qué momento se ha reducido la extorsión? En ningún momento. No existe, lamentablemente para los ciudadanos, una estrategia adecuada. El señor general tiene que renunciar ya. Al ministro del Interior, decirle que no se deje engañar. Tiene que viajar y visitar la División de Investigación de Extorsiones, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho, donde hay el mayor número de asesinatos; la Depincri Comas, que tiene el mayor número de denuncias de extorsión", indicó.

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Colchado también indicó que la falta de implementación tecnológica y presupuestaria en la Policía es una muestra de la ineptitud de Arriola en el cargo.

"Yo le preguntaría al personal de suboficiales y de tenientes si tienen un sol para pagar informantes, si tienen vehículos que puedan hacer seguimiento, si cuentan con filmadoras para filmar a los delincuentes. No tienen. ¿De quién es la culpa de eso? Del comandante general, él tiene que dar las órdenes para realizar la compra de esos equipos. Ha fracasado, tiene que ser relevado ya", apuntó.

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Ahora Nación no descarta interpelar al ministro del Interior

El bloque parlamentario Ahora Nación evalúa promover una interpelación en contra del titular del Interior, César Astudillo, aunque por el momento ha optado por exigirle al Ejecutivo respuestas urgentes frente al aumento de la inseguridad. Así lo dio a conocer el vocero de la agrupación, César Holguín, quien advirtió que la posibilidad de citar al ministro ante el pleno dependerá de si se observan resultados concretos en la reducción de la criminalidad.

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Durante su intervención, el legislador precisó que la prioridad de su bancada no es, por ahora, plantear la interpelación, sino emplazar al Gobierno para que defina una estrategia clara en materia de seguridad. Solo si las medidas adoptadas resultan insuficientes, dijo, se pasará a evaluar formalmente ese mecanismo de control político.

La postura del parlamentario se dio luego de que el ministro Astudillo reafirmara su respaldo a Óscar Arriola al mando de la PNP y sostuviera que los homicidios vienen reduciéndose, comentarios emitidos poco después del crimen de un conductor de la empresa Vipusa. Frente a este panorama —y con representantes del gremio de transportistas presentes en la conferencia—, Holguín subrayó la urgencia de responder a las demandas de ese sector, señalando que se trata de una posición compartida por senadores y diputados de su agrupación.

"Espero que tengamos un debate alturado y respetuoso. Eso sí, el respeto no tiene que ser complacencia. Los congresistas tenemos la tarea de exigir respuestas. El Perú ha pasado años paralizado; no basta con que nos anuncien qué va a pasar o que lo están pensando, sino que deben darnos acciones concretas: cuánto cuestan y en qué plazos se van a medir", indicó a La República.

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Además, Alayza criticó que algunos actores del Gobierno ya tienen experiencia en gestiones que no lograron resultados positivos para el país.

"A mí me parece preocupante que el Ejecutivo insista en que encuentra un país en ruinas y que, por ello, pida facultades. Sin embargo, muchos de los escenarios que vivimos hoy son consecuencia de las decisiones políticas que tomaron muchos de los que hoy están en el gabinete. ¿Realmente vamos a ganar el partido con los mismos jugadores en la cancha? Tenemos en Justicia a alguien que ya fue premier, y un exministro de Defensa hoy está en Transportes. La ciudadanía no necesita que el Ejecutivo y el Legislativo se sigan culpando mutuamente; necesitamos resultados".

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"No se puede tapar el sol con un dedo"

La congresista Catherin Palomino (Juntos por el Perú) consideró que las acciones realizadas por el Gobierno fujimorista hasta el momento no responden a la gravedad de los problemas que vienen azotando al país.

"La democracia implica escuchar, y eso haremos. Pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Los peruanos vemos que las extorsiones y las muertes son incontrolables, que la canasta familiar aumenta de precio y que hay paros; mientras tanto, hay ministros con conflictos de interés que recién se enteran de que los hospitales son un caos, que se mantiene a los mismos funcionarios ineficientes y que las recetas son las mismas: subsidios temporales y estados de emergencia", indicó a este medio.

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Además, criticó el rol de la presidenta Keiko Fujimori, afirmando que, estando cerca de cumplirse el primer mes de gobierno, no se han visto planes articulados.

"No tenemos mayores expectativas y, más bien, confirmamos una evidencia: un gobierno improvisado, sin estrategia ni un plan de gobierno real. Lo peor es que parece no haber ánimo de enmienda, pues la señora Fujimori, quien ha tenido veinte años de preparación para gobernar —con financiamiento público incluido—, ahora dice que no le pueden pedir resultados en poco más de 15 días de gobierno. El panorama pinta muy mal".

Críticas también vienen desde la derecha

Frank Krklec (Renovación Popular) señaló a La República que las acciones presentadas hasta el momento por el Gobierno fujimorista ya se vieron en administraciones pasadas sin que lograran solucionar los problemas estructurales.

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"Me gustaría que aterrice y nos diga medidas claras y específicas sobre qué se piensa hacer en seguridad ciudadana. Hasta el momento, no se ve una estrategia integral sobre el tema. Veo que se ha sacado a algunos militares a patrullar las calles con fusiles, y se ha puesto a algunos militares y policías a subir a los buses; pero no se ve una estrategia integral, y eso nos preocupa mucho, porque ya es algo que se vio en administraciones anteriores sin resultados", apuntó.

El congresista consideró que el fenómeno de El Niño debe ser atendido con principal ahínco: "Por otro lado, la atención urgente al fenómeno de El Niño no muestra medidas de parte del Gobierno. Se necesita una reacción rápida para atender a los damnificados y acelerar la reestructuración".

Si bien esta vez el gabinete ministerial no necesitará el voto de confianza del Parlamento —producto de la modificación constitucional ocurrida durante el quinquenio pasado—, Galarreta decidió hacerse presente en línea con el artículo 130 de la Constitución Política del Perú. Este artículo indica que dentro de los 30 primeros días de gobierno, debe presentarse el Consejo de Ministros para exponer las acciones que tomarán desde el Ejecutivo.

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El primer ministro señaló que mantiene esperanzas de que se comunique adecuadamente su plan de trabajo: "Buscamos que cada peruano conozca con claridad los ejes de trabajo de este Gabinete. No se trata de un simple trámite, sino del compromiso de articular medidas que de verdad lleguen a los hogares y alivien su economía"

De cara a esta presentación, distintos movimientos se dan. Fuentes indicaron a este diario que en el transcurso del 19 de agosto, diputados de Fuerza Popular fueron vistos coordinando con el ministro de Trabajo, Juan Sheput. Al respecto, el ministro no se ha pronunciado.

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Polémicas y contradicciones

El Consejo de Ministros no llega impoluto ante las críticas. Tras más de 20 días de gobierno, las primeras polémicas han golpeado a las carteras de Cultura y Justicia. Los ministros Alberto Beingolea y Ernesto Álvarez Miranda han terminado enfrascados en una discusión por el control del Lugar de la Memoria (LUM), el museo que reproduce hechos históricos del Conflicto Armado Interno que azotó al Perú entre 1980 y el 2000.

Álvarez Miranda se pronunció asegurando que el LUM debería estar bajo el control de su cartera: "No sé por qué el LUM está en el ámbito Cultura. Debería estar en Justicia porque la lucha antiterrorista no tuvo nada de cultural", declaró en una entrevista en Caretas.

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En respuesta, Beingolea señaló que esta opinión no tiene porque ser tomada como una transferencia anunciada: "Es la opinión del ministro, punto. El museo al que hace referencia (LUM) está dentro del sector cultura y no tengo nada que opinar al respecto. (...) No se trata de ceder, simplemente hay una opinión y respeto todas las opiniones. Lo único que tengo que decir es que los museos son parte de las funciones del Ministerio de Cultura y este ministerio va a asumir lo que le corresponde: los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura; lo demás son opiniones, todas respetables, no hay ninguna fisura", apuntó.

De otro lado, el gabinete ministerial también se contradice entre sí. Elmer Cuba, ministro de Economía, afirmó recientemente que la fusión de ministerios no está descartada en el debate ministerial del nuevo gobierno fujimorista. Las declaraciones han sido polémicas para los parlamentarios: mientras Fuerza Popular y Renovación Popular se muestran a favor, representantes de Ahora Nación señalaron que no resultaría positivo.

Las declaraciones de Cuba parecen contradecir lo afirmado por Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego sobre el tema. Vinelli llegó a afirmar que, si bien se presentarán reformas pensadas en agilizar el Estado, no se tiene pensado llamar a la eliminación de ministerios.

Diputados piden acciones inmediatas al gobierno

La presentación no contará solo con la participación de los ministros. Los diputados también podrán intervenir. Se sabe que los minutos de participación serán distribuidos proporcionalmente al número de diputados presentes en cada bancada.

En Renovación Popular, una bancada que ha mostrado cierta cercanía al fujimorismo, el diputado Frank Krklec señaló a este medio que las acciones mostradas hasta el momento por el gobierno de Keiko Fujimori no han respondido a las expectativas. Krklec indicó que espera novedades sobre acciones a tomar relacionadas a materias como el Fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana.

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"Me gustaría que aterrice y nos diga medidas claras y específicas sobre que se piensa hacer en seguridad ciudadana. Hasta el momento, no se ve una estrategia integral sobre el tema. Veo que se ha sacado a algunos militares a patrullar en las calles con fusiles, se ha puesto a algunos militares y policias para subir a buses; pero no se ve una estrategia integral y eso nos preocupa mucho, porque ya es algo que se vio en administraciones anteriores sin resultados. Por otro lado, la atención urgente al Fenómeno de El Niño no muestra medidas de parte del Gobierno. Se necesita una reacción rápida para atender a los damnificados y acelerar la reestructuración", señaló.

El diputado César Holguín, vocero de la bancada de Ahora Nación, señaló que las prioridades del grupo parlamentario van alrededor de la presentación de acciones de respuesta rápidas para mitigar el efecto de la delincuencia organizada.

"En este momento lo fundamental es emplazar a atender con carácter de urgencia la petición del sector de Transporte por el tema de la inseguridad. Es una posición general que tenemos tanto en senadores como en diputados hasta el momento", indicó. Además, soslayó que, de no darse resultados en esta gestión, podrían considerar la interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo.

Juntos por el Perú, principal bancada opositora, también hizo llegar sus críticas. La diputada Catherin Palomino criticó las primeras acciones llevadas a cabo por el gobierno fujimorista.

“La democracia implica escuchar, y eso haremos. Pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Los peruanos vemos que las extorsiones y las muertes son incontrolables, que la canasta familiar aumenta de precio y que hay paros; mientras tanto, hay ministros con conflictos de intereses, que recién se enteran de que los hospitales son un caos, que se mantienen a los mismos funcionarios ineficientes y que las recetas son las mismas: subsidios temporales y estados de emergencia”, indicó.

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Además, tuvo críticas directas para la gestión gubernamental de Fujimori: “No tenemos mayores expectativas y, más bien, confirmamos una evidencia: un gobierno improvisado, sin estrategia ni un plan de gobierno real. Lo peor es que parece no haber ánimo de enmienda, pues la señora Fujimori, quien ha tenido 20 años de preparación para gobernar, con financiamiento público incluido, ahora dice que no le pueden pedir resultados en poco más de 15 días de gobierno. El panorama pinta muy mal”

En el Partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza señaló que espera respuestas concretas de parte del primer ministro y su equipo: "Espero que tengamos un debate alturado y respetuoso. Eso sí, el respeto no tiene que ser complacencia. Los congresistas tenemos la tarea de exigir respuestas. El Perú ha pasado años paralizado, no basta con que nos anuncien que va a pasar o que estan pensando; sino que deben darnos acciones concretas, cuanto cuestan y en que plazos de tiempo se van a medir"

Además, sentó responsabilidades entre los ministros presentes por la crisis política que viene azotando al país en los últimos años.

"A mi me parece preocupante que el Ejecutivo insiste en que encuentra un país en ruinas y por ello, pide facultades. Sin embargo, muchos de los escenarios que vivimos hoy son consecuencia de las decisiones políticas que tomaron muchos de los que hoy estan en el gabinete. ¿Realmente vamos a ganar el partido con los mismos jugadores en la cancha? Tenemos en Justicia a alguien que estuvo de premier, un exministro de Defensa hoy está en Transporte. La ciudadanía no necesita que el Ejecutivo y el Legislativo se sigan culpando mutuamente, necesitamos resultados"

Nora Llaque, también del Partido del Buen Gobierno, señaló que una de las prioridades en la intervención debe ser la educación: “Aunque la agenda de hoy en el Pleno estará concentrada en la seguridad ciudadana, la salud y la prevención frente al Fenómeno de El Niño —urgencias críticas en las que nos jugamos vidas humanas—, no podemos seguir atrapados en la dinámica de solo “apagar incendios”. La salida a esta crisis estructural es la educación. Si queremos un cambio real, es ahí donde debemos orientar nuestros recursos: mejores sueldos para los profesores, mejor infraestructura y mejor alimentación para nuestros niños, que van a la escuela sin desayunar. Un país no puede salir adelante sin resolver los problemas mencionados.Tenemos la esperanza de que el discurso del premier y de los ministros esté enfocado en lo fundamental”

Luque invocó el artículo 99 de la Constitución y el artículo 174 del Reglamento del Congreso para sustentar la denuncia. Los denunciados son Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera Vega, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González, Cayo César Galindo Sandoval, Jaime Pedro De la Puente Parodi y Rafael Ruiz Hidalgo.

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El escrito detalló hasta cinco hechos distintos por cada denunciado. Entre los artículos citados figuran el 39, el 139 (incisos 2 y 3), el 146 (incisos 1 y 3), el 158 y el 159 de la Constitución. Estos artículos regulan, entre otros temas, la función pública y la independencia judicial. La senadora sostiene que estas normas fueron vulneradas de forma reiterada.

Luque pidió que se declare procedente la denuncia. También solicitó que se formule la acusación constitucional contra los siete denunciados. Como consecuencia, pidió su destitución e inhabilitación para ejercer función pública.

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Los casos que sustentan la denuncia

El documento incluye como anexos varias resoluciones de la JNJ que, según Luque, prueban el uso indebido de sanciones. Una de ellas es la Resolución N° 019-2026-PLENO-JNJ, que impuso la destitución de Delia Milagros Espinoza Valenzuela como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Otra es la Resolución N° 333-2026-JNJ, que abrió una investigación preliminar contra el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada.

También se cita la Resolución N° 151-2026-JNJ, que dispuso no ratificar a Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara como vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima. A este listado se suma un pronunciamiento oficial de los presidentes y presidentas de las Cortes Superiores de Justicia del Perú, fechado el 11 de agosto de este año. Ese documento respalda la idea de que existe preocupación dentro del propio Poder Judicial por las decisiones de la JNJ.

Las declaraciones de Álvarez que motivaron la carta fueron publicadas en una entrevista del diario Perú21, el 16 de agosto. Según la CNDDHH, el ministro calificó al LUM como vocero de un "falso relato", el de la propia CVR, y afirmó que ese relato buscaría exculpar a sectores de izquierda de su relación con el terrorismo. La organización responde que la CVR estableció, sin ambigüedad, que Sendero Luminoso inició la violencia y fue el principal responsable de los asesinatos y las desapariciones del periodo.

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La carta también cuestiona una frase del ministro sobre las víctimas civiles del conflicto. Álvarez habría dicho que "el negocio era propiciar víctimas civiles para poner a la población contra el Estado". La CNDDHH calificó esa expresión como grave, porque deshumaniza a las víctimas y traslada hacia ellas la responsabilidad de las violaciones que sufrieron: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, entre otras.

Firman la carta la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Tania Pariona Tarqui, y la presidenta de Caminos de Memoria, Sofía Macher Batanero. Ambas piden que cualquier decisión sobre el futuro del LUM garantice la participación de las víctimas, sus familiares y los especialistas en derechos humanos.

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CNDDHH cuestiona además los dichos de Álvarez sobre las muertes en Puno

La organización también rechazó los comentarios del ministro sobre las protestas en Puno. Según la carta, Álvarez mezcló hechos distintos y atribuyó responsabilidades colectivas que no han sido establecidas por la justicia. La muerte del suboficial José Luis Soncco fue materia de una investigación penal individual, recuerda la CNDDHH, y ese hecho no permite responsabilizar a todos los que participaron en las movilizaciones.

La carta menciona también la muerte de seis soldados en Ilave, ocurrida cuando cruzaban un río por orden superior y con su equipo completo. Los soldados murieron ahogados, no a manos de los manifestantes, según precisa el documento. La CNDDHH recuerda, además, que pobladores de la zona participaron en las labores de auxilio y rescate durante ese episodio.

La CNDDHH pidió a Álvarez aclarar y rectificar en público sus declaraciones. Además, exigió que cualquier decisión sobre el LUM respete su autonomía técnica, su pluralidad y la centralidad de las víctimas. La organización sostiene que la memoria democrática no debilita al Estado, sino que lo fortalece cuando reconoce, sin ambigüedades, tanto la responsabilidad de los grupos subversivos como las violaciones cometidas por agentes estatales.

El presidente del grupo de trabajo, Henry Albañil (Cívico Obras), dio este anuncio en la sesión de instalación de la comisión este miércoles 19 de agosto.

"Se ha recibido la denuncia formulada por el diputado Cristian Aranda Vázquez en contra del diputado Julián Pérez Mallqui por la presunta agresión física y psicológica en contra de su expareja, lo que se da cuenta, así como se les hace saber que de manera inmediata esta le ha sido notificada al diputado denunciado y se ha dado inicio al procedimiento de indagación preliminar", informó Albañil.

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El oficio presentado por Aranda Vásquez pide suspender al legislador cusqueño del ejercicio de su cargo y aplicarle el descuento de sus haberes durante 120 días de legislatura.

Según el documento, la sanción tiene como objetivo castigar las presuntas faltas éticas y garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. En los fundamentos de hecho, el escrito señala que los acontecimientos se produjeron el 30 de julio de 2026, apenas cuatro días después de que el denunciado asumiera sus funciones, cuando acudió al domicilio de su expareja y exabogada defensora, Laura Bonilla Valerio, ubicado en el distrito de San Miguel.

De acuerdo con el oficio, el parlamentario habría realizado un “hostigamiento telefónico constante” desde las 5:58 a. m. y, ante la falta de respuesta, habría “ingresado sin autorización al domicilio”, aprovechando la ausencia del padre de la presunta agraviada. La denuncia sostiene que estos hechos estarían respaldados por registros de videovigilancia y el testimonio de Laura Bonilla Valerio.

El gerente de administración de la entidad regional, Jobito Flores Mariños, indicó a RPP que el pago no fue pedido directamente por Acuña. Precisó que se trata de un trámite que la ley aplica a todo trabajador que deja sus funciones, sin excepción. El funcionario descartó que exista alguna irregularidad en el proceso.

Acuña ejerció como gobernador regional durante 2 años, 9 meses y 12 días. Asumió el cargo el 1 de enero de 2023 y lo dejó el 13 de octubre de 2025, fecha en la que presentó su renuncia para participar en la contienda presidencial. Durante ese periodo, el exgobernador acumuló 85.41 días de vacaciones. Flores Mariños señaló que Acuña sí hizo uso de parte de ese descanso: un total de 62 días. Por esa razón, la entidad solo le pagó la diferencia, que equivale a 23.41 días no gozados.

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Acuña anunció que donará el dinero

Tras la difusión de la resolución, el exgobernador emitió un pronunciamiento a través de su página oficial. En el comunicado, informó su decisión de donar el íntegro del monto que le pagará el Gobierno Regional de La Libertad.

El exgobernador insistió en que la solicitud del pago no partió de él. Según su versión, el trámite se activó de forma automática como parte del procedimiento administrativo que sigue la entidad con cualquier funcionario que deja su puesto.

El caso se conoció luego de que RPP accediera a la resolución y consultara directamente con el área de administración del GORE La Libertad. La entidad regional remarcó que el pago de vacaciones truncas no constituye ningún tipo de irregularidad, pues está amparado en la normativa laboral vigente para el sector público.

El pedido fue realizado por el diputado de Renovación Popular, Javier Cipriani, quien sostuvo que la información permitirá evaluar la idoneidad de los integrantes de la mencionada comisión. Asimismo, señaló que otro de los objetivos es garantizar que quienes evalúan la conducta de los demás legisladores también actúen con el ejemplo.

"Quisiera precisar que los miembros de la Comisión de Ética debemos tener una conducta y unos antecedentes intachables. En tal sentido, el propio Reglamento del Congreso señala que no pueden integrar la Comisión de Ética los parlamentarios que tengan procesos penales o quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de sus funciones. Por ello, debemos evaluar quiénes integran esta comisión. La Comisión de Ética no solo debe actuar con imparcialidad, sino también transmitir confianza a los ciudadanos", argumentó durante la sesión de instalación del grupo de trabajo.

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Al respecto, el congresista Edwin Espinoza (Buen Gobierno) señaló que la idoneidad de los integrantes de la Comisión de Ética debió ser evaluada previamente por las propias bancadas. Asimismo, recalcó que las únicas causales para retirar a un miembro de dicha comisión son que su bancada lo expulse o que este presente su renuncia.

En ese sentido, añadió que se generaría un precedente si se llega a solicitar el retiro de uno de los miembros. Por ese motivo, le pidió a la secretaría técnica una opinión.

Sobre el tema, la secretaria mencionó que el Reglamento del Congreso estipula que los integrantes de Ética cuentan con una protección especial. "Es responsabilidad del grupo parlamentario, cuando propone al diputado, verificar todos estos hechos para poder proponer qué persona puede permanecer. Fijar un acuerdo sería legislar sobre algo que ya está legislado y el Reglamento señala las dos causales; ya es decisión de ustedes someterlo a votación", explicó.

La votación

Los miembros de la Comisión de Ética que votaron a favor del pedido de Cipriani fueron el mismo representante de Renovación Popular, Harvey Colchado (Ahora Nación), Edwin Espinoza (Buen Gobierno), Henry Albañil Carmona (Cívico Obras), Jessica Pérez Quispe (Juntos por el Perú), Mery Infantes (Fuerza Popular).

El Ministerio del Interior (Mininter) informó a inicios de julio que los homicidios cayeron 24,6% en el primer semestre del 2026 frente al mismo periodo del 2025. La cifra bajó, según el reporte oficial, de 1.680 a 1.267 casos. Ese dato se convirtió en la principal defensa del Gobierno para sostener que la estrategia de seguridad funciona y que Arriola debe seguir al mando de la PNP.

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La base de datos de la PNP, sin embargo, tiene un problema serio en ese periodo. Entre abril y junio del 2025, la categoría "Otros objetos" —que agrupa homicidios cometidos sin arma de fuego ni arma blanca— se disparó sin ninguna explicación lógica. Ese salto infló artificialmente el número de homicidios del 2025 y, con ello, exageró la caída que el Gobierno atribuye al 2026.

La denuncia llega en un momento sensible. Keiko Fujimori anunció una evaluación de los altos mandos policiales apenas días antes de que Astudillo saliera a defender a Arriola con esta cifra. Mientras tanto, el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) reportó más de 80 homicidios solo en los primeros quince días del nuevo Gobierno, un dato que contrasta con el discurso oficial de mejora.

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Juan Carbajal: "Esa cifra de '500 muertos menos' que maneja el ministro es un espejismo estadístico"

El analista de datos Juan Carbajal reveló que la categoría "Otros objetos" del sistema DIVCOP de la PNP acumuló 494 registros en el primer semestre del 2025. Esa cifra casi cuadruplica los 125 casos del 2024 y los 120 del 2026 en el mismo periodo. El promedio histórico normal nunca superó los 35 casos por mes, pero solo entre abril y junio del 2025 se acumularon 416 registros bajo ese rubro.

El dato que más llamó la atención de Carbajal tiene que ver con las edades de las víctimas. Al desagregar la información, encontró que el sistema registró 133 homicidios de personas de 0 años en ese mismo trimestre: 49 en abril, 48 en mayo y 36 en junio. En 2024 y 2026, esa misma categoría marca entre 0 y 1 caso en todo el semestre.

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Para el analista, un supuesto asesinato masivo de bebés recién nacidos de esa magnitud habría generado una alarma humanitaria inmediata y una cobertura noticiosa masiva en su momento. Eso nunca pasó. Carbajal lo cruzó, además, con los registros de Sinadef, cuyos médicos legistas jamás certificaron ese pico de muertes de menores en esos tres meses.

Con esos datos, Carbajal hizo un cálculo alternativo. Si se reemplaza el trimestre con errores por el promedio histórico normal, el exceso ronda los 350 registros mal digitados. Bajo ese ajuste, el primer semestre del 2025 tendría cerca de 1.330 homicidios y no 1.680. La comparación con los 1.267 casos del 2026 arrojaría una reducción real de apenas 4,7%, muy lejos del 24,6% que anunció el Gobierno. El analista pidió que la PNP audite esos registros antes de seguir usándolos como referencia, algo que hasta el cierre de esta nota no ha ocurrido.

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Wilfredo Pedraza: "El cambio de gobierno no ha significado un cambio de estrategia policial"

El extitular del Interior Wilfredo Pedraza cuestionó, en diálogo con este diario, que exista una cifra oficial de reducción de homicidios sin que se conozca a fondo su origen. "Yo no conozco la cifra que el ministro ha señalado de una reducción del número de asesinados", indicó el exministro, quien remarcó que un cambio de gobierno no tiene, por sí solo, ninguna relación directa con la baja o el alza de la criminalidad.

Pedraza fue más allá y afirmó que la gestión actual no ha modificado en nada la forma en que la policía enfrenta el crimen organizado. "El cambio de gobierno no ha significado hasta ahora un cambio de estrategia en la intervención policial y por eso es que no se observa ningún cambio sustantivo", señaló. Para el exministro, el problema de fondo no está en atrapar al sicario que dispara, sino en identificar mediante inteligencia a quienes ordenan los ataques y las extorsiones.

Sobre el Plan Escudo, el operativo que despliega policías y militares para proteger a transportistas, Pedraza fue crítico. Explicó que ese esquema alcanza a 53 de las 500 empresas de transporte que operan en Lima, según cifras de un dirigente del gremio. "Ese plan podrá servir coyunturalmente a una parte muy reducida de los afectados, los transportistas, pero definitivamente no es una respuesta global al fenómeno que hoy tenemos", advirtió. El exministro insistió en que la solución pasa por invertir en tecnología para rastrear comunicaciones, ya que, según dijo, la mayoría de las extorsiones se coordinan por redes sociales y mensajes de texto.

Esta no es la primera vez que asume la jefatura del del IPD, pues ya dirigió la entidad entre diciembre de 2016 y agosto de 2018. Sin embargo, su retorno genera cuestionamientos por su antecedentes en el cargo.

A finales de agosto del 2018 tuvo que renunciar tras revelarse la contratación directa y sin respetar el concurso público de tres amigas de su esposa, Karina Flores Núñez.

Fernández nombró a Paula Abanto como analista, a Elizabeth López como secretaria administrativa y a Olga Breña como asistente bilingue. Todas accedieron a sueldos de entre 5 mil y 7 mil soles mensuales, según lo detalló un reportaje de Punto Final.

Frente a las denuncias, el propio funcionario admitió las contrataciones alegando que se trataba de "profesionales de su confianza".

"Son conocidas, son profesionales de mi confianza y el IPD necesitaba gente de confianza. Son conocidas nuestras", declaró en su momento sobre la contratación de las personas cercanas a su entorno familiar.

Renuncia de Ludeña por fumigación en la Videna

Este cambio en la dirección de la entidad ocurre tras la salida de Sergio Luis Ludeña, quien presentó su carta de renuncia en medio de cuestionamientos por el incidente ocurrido el pasado domingo 16 de agosto en el IPD.

Todo inició alrededor de las 6.00 p. m., hora en la que el Instituto Peruano del Deporte dispuso que se realizaran labores de fumigación en el albergue de la Villa Deportiva Nacional (Videna), pese a que la selección nacional de judo y su comando técnico permanecían dentro de las instalaciones. Este hecho expuso a aproximadamente 15 atletas a sustancias químicas perjudiciales para su salud.

Tras el incidente, Yuliana Bolívar, entrenadora del equipo nacional de Judo, cuestionó que desde el IPD no se haya manejado mejor la situación para garantizar el bienestar de los deportistas.

“[Sobre los deportistas afectados] Nos han reportado sangrado en la nariz, dolor en el pecho y en la espalda”, indicó vía RPP. Además, señaló que la súbita fumigación puso en riesgo la participación del equipo en un evento internacional programado para el martes 18 de agosto, dos días después del incidente.

Respuesta del IPD

Antes de dar un paso al costado, la gestión de Ludeña emitió un comunicado institucional, donde se calificó la fumigación en la Videna como "no programada".

Según el documento oficial, el entonces presidente dispuso "la separación de la institución de los responsables vinculados a la autorización, administración, supervisión y coordinación del servicio de saneamiento ambiental" del albergue.

Asimismo, la entidad precisó que coordinó con la Federación Deportiva Peruana de Judo para que los deportistas pasaran por las evaluaciones médicas correspondientes

Trayectoria académica y gestión pública

Respecto al perfil del nuevo titular del deporte peruano, Fernández es abogado egresado de la Universidad San Martín de Porres.

Su trayectoria académica incluye estudios de Especialización en Gestión Municipal en ESAN, además de sumar más de 25 años de experiencia en la administración pública y privada.

En el sector estatal, ocupó previamente el puesto de director de la Dirección Nacional de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación (Minedu).

En el ámbito deportivo, Fernández cuenta con un pasado como atleta de alto rendimiento en las décadas de 1980 y 1990. Entre 1986 y 1994 representó al país en competencias como el Mundial de Atletismo en Roma (1987), el Mundial Universitario en Alemania (1989) y citas juveniles internacionales. Años más tarde pasó a la dirigencia al presidir la Federación Peruana de Atletismo (2014-2016).

El lunes 17 de agosto, Fujimori llegó a Villa El Salvador para evaluar los daños por las lluvias que también afectaron a Chorrillos, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Durante su inspección en los puntos críticos, donde el Senamhi llegó a registrar acumulación de agua de hasta 4,2 mm, la mandataria dijo que el Ejecutivo ya coordinaba las acciones legales para atender la coyuntura.

"He hablado con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas. Hoy por noche debe estar declarándose en emergencia (…) hoy por la noche se activa todo ", dijo.

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En esa misma línea, el ministro de Vivienda respaldó la medida para acelerar las obras de reparación en las redes de desagüe afectadas. "(…) otra medida que está yendo paralela es declarar en emergencia estas zonas de este distrito [Villa El Salvador] para poder cambiar el colector principal porque está colapsado".

Zonas afectadas en la capital

Las lluvias del domingo causaron inundaciones y fallas en las redes de desagüe, principalmente en Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Uno de los puntos con mayores problemas estuvo en el sector 1 (Grupo 1) de Villa El Salvador, cerca de la estación del Metro de Lima. En ese lugar, la acumulación de agua cubrió varios tramos de la pista y dejó atrapados a autos y vehículos pequeños que intentaron cruzar la calle inundada.

Las lloviznas también generaron la acumulación de barro debajo de los puentes, lo que dificultó el tránsito. De acuerdo con el Senamhi, hasta las 10.00 p. m. se registraron lloviznas y lluvias que fueron de fuerte a extrema intensidad en la Costa.

Durante una conferencia de prensa, el ministro sostuvo que desde el Legislativo coinciden en dejar sin efecto dicha iniciativa que generó rechazo e indignación en la comunidad de artistas.

"Me da la impresión, por lo que yo he conversado con diferentes legisladores, que en esto va a haber unanimidad. En esto el gremio de artistas debería sentirse tranquilo. Cualquiera sea la fórmula final, hay unanimidad al respecto. Así que esta ley tiene los días contados. Seguramente va a ser derogada muy pronto", dijo Beingolea.

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Una norma cuestionada por la comunidad artística

La propuesta fue presentada en octubre de 2025 por el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, con la idea de crear el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). Esta entidad busca supervisar el desarrollo de las artes visuales, la música, la danza, las artes escénicas y otras disciplinas afines a nivel nacional.

Aunque la iniciativa nació bajo el argumento de “profesionalizar” el sector, se aprobó sin consultar ni debatir con la comunidad cultural. Además, el problema central está en las condiciones de afiliación: al requerir de forma obligatoria un título universitario o técnico para colegiarse, la ley margina a miles de creadores autodidactas o a quienes estudiaron la carrera pero no concluyeron el trámite de titulación.

Frente a esta exclusión, actores, dramaturgos, músicos y cineastas iniciaron protestas en las calles y en redes sociales luego de oficializarse la ley. Mediante afiches con la pregunta sobre quién decide quién es artista en el país, el gremio unió su voz para exigir la derogatoria definitiva de la Ley N.° 32645.

Los miembros del grupo parlamentario eligieron por unanimidad a Catherin Palomino, representante de Juntos por el Perú, para asumir la presidencia. A ella se suman el diputado Edgar Gonzáles, del Partido del Buen Gobierno, como vicepresidente, y la diputada Indira Huilca de Ahora Nación en la secretaría.

Tras su elección, la presidenta Palomino mencionó la urgencia de coordinar esfuerzos para mejorar el sistema judicial actual.

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“Esta es una comisión de la representación nacional y así será la orientación de nuestro trabajo. La labor legislativa en materia de justicia y derechos humanos, hoy más que nunca, exige respuestas viables y articuladas por parte de los órganos competentes”, señaló durante la sesión.

Del mismo modo, mencionó que el acceso a la justicia debe ser una garantía para todos los peruanos, independientemente del lugar donde vivan. “Ya sea que se encuentren en la capital o en cualquier región del país, merecen normas eficaces para fortalecer sus derechos sin desconocer los deberes ciudadanos”.

Propuestas para reformar el sistema judicial

Durante la sesión, la diputada Palomino detalló una lista de deficiencias técnicas que afectan la calidad del servicio de justicia y requieren la atención del Legislativo.

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“Hay problemas recurrentes que debemos observar: como la provisionalidad de los magistrados, la ratificación periódica judicial, la carga y demora procesal, la falta de consolidación de la justicia de paz, la falta de implementación plena de la interoperabilidad y el uso racional de la tecnología y la inteligencia artificial en el sistema de justicia”.

También advirtió sobre la situación que atraviesan los valores democráticos y la necesidad de proteger la independencia frente a cualquier interés personal.

“Hay problemas estructurales como la corrupción y la crisis de la ética profesional y la falta de cultura democrática que no respeta la autonomía y la independencia de los poderes públicos ni la autoridad de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos”.

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Se revisarán leyes pro impunidad

El vicepresidente Edgar Gonzáles coincidió con Palomino y manifestó además que se dedicarían a impulsar una reforma que fortalezca la independencia de las instituciones. Asimismo, adelantó que el equipo fiscalizará aquellos vacíos legales que en el pasado permitieron que grupos delictivos evadan la ley.

“Trabajaremos para revisar aquellas normas que puedan favorecer la impunidad y dificultar la investigación de los crímenes y organizaciones”. Además, Gonzales indicó que se defenderá “el debido proceso, la presunción de la inocencia y los derechos fundamentales del ser humano”.

Como parte del cronograma oficial, los legisladores acordaron que sus sesiones se realizarán cada martes a las 3.00 p. m. en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

Colchado explicó que los departamentos de investigación criminal a nivel distrital no cuentan con presupuesto para inteligencia ni para gastos básicos, mientras que a nivel central el Estado maneja un fondo de inteligencia de entre 80 y 120 millones que el actual jefe de la PNP, Óscar Arriola, no ha invertido en la tecnología necesaria para enfrentar a las bandas extorsionadoras.

Por Rosa María Palacios

—¿Cuál es la capacidad de presupuesto de la Policía hoy en el Perú para combatir la extorsión?

No tiene. Estoy visitando los departamentos de investigación criminal de cada distrito. Anoche estuve en el Cono Norte. Y no tiene ni un sol para gasto de inteligencia. No tiene ni para el internet, ni para las hojas. Hacen una colecta para reparar sus vehículos. Entonces, cómo vas a pagar al informante que integra una banda criminal y te dé la información si no tienes para pagarle.

—¿Qué impacto tiene esa falta de fondos?

Mira, un ejemplo, que me señala uno de los policías que he entrevistado en estos días: ya tenemos identificados a 5 que han participado en un homicidio, pero necesito filmarlos para hacer la petición topométrica. Entonces, el fiscal pide esa diligencia. Y no hay dinero para poner cámaras en sus domicilios, escondidas, con la técnica de videovigilancia autorizada por la fiscalía, para tener la imagen y hacer la homologación.

—¿Qué le diría usted al Ministro del Interior?

Por favor, señor Ministro del Interior, el general Arriola ha demostrado su incompetencia. Tienen que invertir los recursos de inteligencia y que lleguen hasta suboficial de tercera, al alférez, que es el que hace el trabajo de campo.

Cuando yo trabajaba en la Dirandro con la DEA, como lo hacía la policía de la Diviac que le hacían llegar el dinero el primero o segundo día del mes con el recurso de inteligencia. No esperemos que llegue el fin del mes y que vuelva a devolver lo que ha gastado.

Y a nivel central, esta capacidad de escucha, ¿qué tan amplia es?

Lamentablemente, no han comprado el software que intersecta las redes. ¿Sabes cuánto es el software que intersecta las redes sociales? Está a 30 millones.

—¿De dólares?

Sí y se maneja un promedio de 80 a 120 millones. (…) Se lo voy a decir el día jueves al ministro del Interior, para ver si sabe que sí hay recursos y la policía, que es administrada por el actual comandante general Óscar Arriola, no ha comprado.

—Es que si no compran las cosas que tienen que comprar y no hacen inteligencia, usted puede sacar una ley estupenda y no sirve de nada. Ese es el problema. Qué frustrante ser diputado

Claro ahora solo puedo legislar y fiscalizar. Les puedo decir: haz esto, haz lo otro. Pero no lo puedo subsanar porque no estamos en el Ejecutivo. Pero mi trabajo va a ser ese. Y muchos policías me agradecen. (…) La gente pide resultados. Nos batimos, nos sacamos el ancho. No tenemos francos, estamos detrás, pero no tenemos dinero, no tenemos recursos. ¿Qué podemos hacer? Hacemos lo que humanamente se pueda hacer.

El partido fundado por César Acuña estará seguido por Perú Libre, el Partido por el Entendimiento, Recuperación y Unificación del Perú, Salvemos al Perú, Juntos por el Perú (JP), Integridad Democrática, Frente de la Esperanza 2021, Acción Popular y Cooperación, Verdad y Honradez.

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Más abajo se ubican Cívico Obras, Todo con el Pueblo, Coalición Transformadora Tierra Verde, Renovación Popular, Fe en el Perú, Demócrata Verde, Alianza Regional por el Perú, PRIN, Un Camino Diferente y el PPC.

Mucho más rezagados en la lista están Visión Perú, Frepap, Fuerza Popular, Avanza País, Libertad Popular, PTE, Perú Primero, Demócrata Unido, PPP, Fuerza Ciudadana, Unidad y Paz, Batalla Perú, País para Todos y Ahora Nación.

En los últimos casilleros se encuentran Primero la Gente, Progresemos, Buen Gobierno, Pueblo Consciente, Perú Acción, Somos Perú, APRA, Podemos Perú, Venceremos, Partido Morado, Perú Moderno, Sí Creo y ADP.

En la elección por la alcaldía de Lima, Carlos Bruce está en el casillero 38; Rafael López Aliaga, en el 13; Francis Allison, en el 22; Ricardo Belmont, en el 10; Daniel Urresti, en el 40; y Susel Paredes, en el 34.

Por otro lado, el ente electoral determinó que el orden de los movimientos regionales se ubique debajo de los partidos políticos de la cédula de votación, según corresponda a cada circunscripción. Las alianzas electorales se ubican en uno u otro bloque de acuerdo con su ámbito de participación, ya sea nacional o regional.

Luego del sorteo para determinar la ubicación de los partidos políticos, el organismo electoral definió, mediante otro sorteo, la posición que ocuparán las fórmulas de candidatos en la cédula de sufragio ante una eventual Segunda Elección Regional 2026.

La fórmula que obtenga la segunda mayor votación será ubicada en el lado izquierdo de la cédula, mientras que la fórmula con la mayor votación ocupará el lado derecho.

Una vez definido el orden de ubicación, cualquier modificación posterior en las cédulas de sufragio dependerá de las decisiones que adopte el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como la no inscripción o exclusión de una candidatura.

Si una candidatura queda fuera del proceso electoral, no será incluida en la cédula y el espacio que tenía asignado será ocupado por la organización política ubicada inmediatamente después, de acuerdo con el orden establecido en el sorteo. Así, se evitará que queden espacios vacíos en la cédula de sufragio.

Es importante señalar que el 4 de octubre se elegirán 25 gobernadores y vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1724 regidores provinciales, 1696 alcaldes y 9118 regidores municipales. En total, 13.148 autoridades.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE aprobó 6 cédulas de votación para el domingo 4 de octubre

La ONPE aprobó 6 cédulas de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. A través de una resolución jefatural del 21 de julio, el ente electoral diseñó los modelos que recibirán los ciudadanos y dependerá de la circunscripción en la que se encuentren. Por ejemplo, una persona que vive en Cercado de Lima no recibirá la misma cédula que la de una que vive en Comas, Villa El Salvador o un distrito de otro departamento del país.

Cédula 1: Distritos que no son capital de una provincia realizarán cuatro elecciones.

Esta es la cédula de votación más amplia. En ella, los electores elegirán al gobernador y vicegobernador regional, al consejero regional, así como al alcalde provincial y al alcalde distrital. Este modelo, por ejemplo, será utilizado por los ciudadanos que viven en Cerro Colorado, distrito de la provincia de Arequipa, en la región Arequipa.

Cédula 2: Capitales de provincia realizarán 3 elecciones

Los ciudadanos que vivan en un distrito que sea la capital provincial, como el distrito de Arequipa, elegirán a su gobernador y vicegobernador regional, consejero regional y autoridades municipales provinciales. No elegirán a un alcalde distrital debido a que la municipalidad provincial asumirá esa función.

Cédula 3: Distritos de Lima Metropolitana harán dos elecciones.

Los distritos de Lima Metropolitana, a excepción de Cercado de Lima, harán dos elecciones: alcaldía de Lima y municipal. En estas circunscripciones no se elige a un gobernador regional.

Cédula 4: Electores de Cercado de Lima realizarán una sola elección

Los ciudadanos del Cercado de Lima recibirán una cédula para una sola sección, correspondiente a la elección municipal provincial de Lima (alcaldía de Lima), debido a que este ámbito no cuenta con un municipio distrital independiente.

Cédula 5: Diseño para elección de extranjeros

Su incorporación permitirá que, en las mesas de sufragio en que les corresponda votar a los extranjeros, se empleen dos cédulas: una para las Elecciones Regionales y otra para las Elecciones Municipales. Con ello, se garantiza que su voto se mantenga secreto y se evita que su participación altere los resultados de la votación regional, lo que habría ocurrido de mantenerse ambas elecciones en una misma cédula.

Cédula 6: Diseño para una segunda vuelta regional

Este tipo de cédula fue diseñado por la ONPE para una eventual segunda elección regional, que se realizará en aquellas regiones donde ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador alcance al menos el 30% de los votos válidos. En ese caso, la cédula incluirá únicamente a las dos organizaciones políticas que obtengan la mayor votación en la primera elección.

En sus primeras declaraciones en el cargo, Paredes señaló que buscará conciliar los puntos de vista de las empresas mineras, las comunidades y el medio ambiente. "Represento la voz de los pueblos de las regiones que no han tenido voz. Vamos a buscar un consenso entre la gran minería, la mediana y la pequeña minería", señaló.

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Entre los principales temas que se abordarán en este grupo de trabajo se encuentra la aprobación de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal —conocida como Ley MAPE—, que viene siendo diseñada por el Ejecutivo. Del mismo modo, esta comisión debatirá sobre el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), padrón administrativo para el registro de pequeños mineros y mineros artesanales.

Sobre el trabajo que realizará la comisión, la diputada afirmó que visitarán las regiones que son escenarios centrales de la actividad minera. Indicó que la provincia de Pataz, ubicada en La Libertad y señalada como uno de los territorios más afectados por la minería ilegal, está entre los lugares que visitarán.

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"Lo que en este momento exige mi bancada es que se atienda con carácter inmediato estos reclamos que tiene la sociedad civil afectada por la inseguridad. Será en su momento que evaluaremos una interpelación, pero el Gobierno tiene que tener una estrategia de seguridad. Lo que en este momento corresponde a nuestra bancada es emplazar al Gobierno a que tome acción. Será luego, en su momento, que nosotros, viendo las acciones, evaluaremos una interpelación", indicó.

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Recientemente, el ministro ratificó su confianza en Óscar Arriola como jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP) y afirmó que la cifra de homicidios está disminuyendo. Estas declaraciones se produjeron poco después del asesinato de un chofer de la empresa Vipusa. Al respecto, Holguín aseguró que es fundamental que se atiendan los pedidos del sector. Cabe señalar que en la conferencia de prensa estuvieron presentes representantes de los transportistas.

"En este momento, lo fundamental es emplazar a atender con carácter de urgencia la petición del sector de Transporte por el tema de la inseguridad. Es una posición general que tenemos tanto en senadores como en diputados hasta el momento", apuntó.

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Harvey Colchado critica a Óscar Arriola

Harvey Colchado, también diputado por Ahora Nación y exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), indicó que Óscar Arriola debe ser retirado de la jefatura de la Policía. El coronel en retiro señaló que Arriola no ha mostrado la aptitud suficiente para ocupar el cargo.

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"¿En qué momento se ha reducido la extorsión? En ningún momento. No tiene, lamentablemente para los ciudadanos, una estrategia adecuada. El señor general tiene que renunciar ya. El ministro del Interior no se debe dejar engañar", indicó.

Asimismo, señaló que en distintas subdivisiones de la PNP no hay presupuesto ni acciones claras. Colchado calificó de fracaso la gestión de Arriola al mando de la institución policial.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

En diálogo con La República, Óscar Vidarte, presidente de la APEI, sostuvo que el Perú debe mantener una política exterior equilibrada y evitar alinearse con alguna de las dos potencias.

El congreso reunió a académicos, especialistas, profesionales, egresados y estudiantes interesados en los asuntos internacionales. Según Vidarte, durante las jornadas se desarrollaron más de 22 mesas entre paneles y mesas redondas, con más de 95 presentaciones.

El encuentro también contó con la participación de académicos internacionales como Michael Shifter, de Georgetown University, y José Briceño, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, se realizó una mesa especial con representantes del recientemente creado Centro de Estudios Global y Estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para Vidarte, estos espacios son fundamentales en un contexto internacional caracterizado por guerras, crisis, vulneraciones de derechos humanos y, al mismo tiempo, oportunidades de cooperación entre los Estados.

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Perú debe mantener el equilibrio entre Estados Unidos y China

Uno de los principales desafíos para la política exterior peruana es definir su posición frente a la creciente competencia entre Estados Unidos y China. Para Vidarte, el país debería recuperar una estrategia basada en el equilibrio y evitar alinearse con alguna de las dos superpotencias.

El especialista recordó que la política exterior peruana durante años buscó mantener relaciones con ambos países y promover vínculos con diferentes actores internacionales. Esta estrategia, explicó, ha sido denominada de distintas maneras, como hedging, ambigüedad estratégica, no alineamiento activo o neutralidad activa.

"En todo caso hablamos de equilibrio, de no alineamiento a ninguna de las dos superpotencias", sostuvo Vidarte, quien consideró necesario recuperar ese camino debido a la posición de un país como el Perú dentro del escenario internacional.

El politólogo señaló que tanto Estados Unidos como China son socios importantes para el país y que la relación con Beijing no debe analizarse únicamente desde una perspectiva económica.

Chancay y la creciente presencia de China

La presencia económica y política de China en el Perú ha adquirido mayor relevancia en los últimos años, particularmente por proyectos como el megapuerto de Chancay.

Frente a ello, Vidarte sostuvo que el país debe fortalecer sus vínculos con China sin descuidar la relación estratégica que mantiene con Estados Unidos. A su juicio, el Perú tiene la posibilidad de mantener relaciones simultáneas con ambas potencias y, además, ampliar sus vínculos con otros países.

"Debemos tener una mano a Estados Unidos, otra en China y abrir más manos hacia más países", explicó.

El presidente de la APEI consideró que el futuro de la política exterior peruana dependerá, en parte, de cómo evolucione la competencia por la hegemonía mundial entre Washington y Beijing.

Asimismo, planteó que el reto para el Perú será aprovechar su posición dentro de un escenario que todavía considera multipolar y utilizarla para ampliar sus relaciones internacionales.

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Criminalidad transnacional, uno de los principales retos

Con el inicio de un nuevo gobierno, un nuevo gabinete y una nueva conducción de la Cancillería, Vidarte identificó varios desafíos para la diplomacia peruana. Entre ellos, destacó la necesidad de enfrentar la criminalidad transnacional mediante mecanismos de cooperación internacional.

El especialista señaló que ningún país puede combatir por sí solo este fenómeno y consideró necesario fortalecer la colaboración con otros Estados. En ese sentido, mencionó la propuesta del actual Gobierno de impulsar mecanismos de cooperación con los países de la región y Estados Unidos.

Sin embargo, expresó sus dudas respecto a que esta sea necesariamente la mejor alternativa y consideró que será necesario evaluar cómo se implementa.

Para Vidarte, la cooperación internacional también debe extenderse a otros asuntos que forman parte de la agenda global.

Cambio climático, Medio Oriente y Asia-Pacífico

La situación en Medio Oriente, las vulneraciones de derechos humanos y el cambio climático son otros de los temas que, según el politólogo, deben formar parte de las prioridades de la política exterior peruana.

Asimismo, planteó la necesidad de profundizar la inserción del Perú en el Asia-Pacífico, aprovechando los avances alcanzados mediante mecanismos como APEC y la Alianza del Pacífico, además de la infraestructura del puerto de Chancay.

El desafío, sostuvo, será lograr que Chancay trascienda su función como centro logístico regional y se convierta también en un polo de desarrollo para el país.

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Protección de los peruanos en el exterior

Otro de los retos señalados por Vidarte está relacionado con los aproximadamente cuatro millones de peruanos que viven fuera del país. Ante un escenario internacional cada vez más complejo para los migrantes, consideró que la protección de los connacionales debe ocupar un lugar importante dentro de la agenda de la Cancillería.

En ese sentido, sostuvo que la política exterior peruana tiene por delante una agenda amplia que requiere combinar la defensa de los intereses nacionales, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las relaciones con distintas potencias.

Para Vidarte, el desafío será mantener una política exterior equilibrada que permita al Perú desenvolverse en un mundo cada vez más competitivo y multipolar, sin quedar condicionado por la disputa entre las dos principales potencias mundiales.

Ocho años de hostigamiento

"Es un atropello continuo desde 2018 hasta el 2026 a mi trabajo como periodista", afirmó Ugaz a La República. La reportera sostiene que el Sodalicio, grupo suprimido por la Santa Sede en enero de 2025 por "comportamiento sectario", nunca figuró como querellante directo en su contra. Las acciones, precisa, fueron promovidas por personas vinculadas a la organización.

La última acción llegó esta semana. La Asociación Civil San Juan Bautista presentó una querella por difamación agravada contra Ugaz, a la que acusa de difundir afirmaciones falsas sobre la institución. Esta denuncia se suma a un proceso por presunto enriquecimiento ilícito abierto en 2023 por Luciano Revoredo, director del portal La Abeja, y a otras causas penales que la periodista arrastra desde hace años.

Ugaz atribuye el hostigamiento judicial al Sodalicio, aunque la orden religiosa no figura como querellante formal en ninguno de los procesos. Las denuncias provienen de personas vinculadas al grupo, que la Santa Sede suprimió en 2025 por comportamiento sectario.

Vale destacar que la mujer de prensa ha obtenido el apoyo del Papa Francisco y ahora el de León XIV.

Tres nombres y un patrón

A partir de un reportaje de Al Jazeera en el que Ugaz no tuvo injerencia editorial, tres personas ligadas al Sodalicio iniciaron procesos contra ella. Las denuncias de Carlos Gómez de la Torre, de la Asociación Civil San Juan Bautista, terminaron archivadas. José Antonio Eguren, entonces arzobispo de Piura y Tumbes, desistió tras la intervención vaticana. Luciano Revoredo, del portal La Abeja, mantiene abierto un proceso por enriquecimiento ilícito. Se suma ahora Edgardo Palomino Martínez, excandidato al Congreso por Renovación Popular.

El secreto de las comunicaciones

Un episodio en particular preocupa a la SIP. El Primer Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dispuso en 2023 el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Ugaz y ordenó a las telefónicas entregar información sobre sus contactos entre 2013 y 2020. La razón de los magistrados era un presunto enriquecimiento ilícito que jamás se ha podido comprobar.

La medida se mantuvo en reserva y la periodista solo tomó conocimiento de ella en 2024, lo que compromete directamente la confidencialidad de sus fuentes periodísticas.

Una pregunta abierta

Para Ugaz, la sucesión de procesos plantea una interrogante vigente pese a la extinción formal del Sodalicio. "Resulta más necesario que nunca investigar si existen vínculos o coordinaciones que expliquen la sucesión de procesos contra periodistas que investigan esta millonaria organización", señaló. Confía en que la justicia peruana colabore con la Santa Sede contra la corrupción económica internacional.

Una herramienta de control

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, sostuvo además que la litigación estratégica se convierte en una herramienta de control cuando las demandas y las leyes de difamación penal se usan para silenciar el escrutinio periodístico en lugar de garantizar justicia. La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Martha Ramos, coincidió en que el caso expone los riesgos que corre el periodismo de investigación frente al poder económico y religioso.

La SIP pidió a las autoridades peruanas frenar el uso del sistema judicial contra periodistas y exigió que cualquier medida que afecte la confidencialidad de las fuentes cumpla con criterios estrictos de legalidad y proporcionalidad. Una misión de la organización que visitó Perú en 2025 ya había alertado sobre la hostilidad creciente hacia los medios independientes y la persecución judicial a periodistas críticos.

En la disposición se autoriza a la Autoridad Nacionaldel Agua (ANA) a realizar in-tervenciones inmediatas de limpieza, descolmatación y conformación de bordes en cauces de ríos y quebradas, identificados como puntos críticos.

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Sobre ello, se aprueba que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que dirige Elmer Cuba, destine a la ANA un total de 179 mi-llones de soles, de los cuales 129 millones 400 mil soles se ejecutarán en actividades de limpieza y descolmatación a favor de las regiones de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. El otro monto restante, de 50 millones 59 mil soles, se repartirá en la instalación de barreras dinámicas en quebradas vulnerables de las provincias de Lima y Huarochirí.

El decreto, firmado por la presidenta Keiko Fujimori, Luis Galarreta y los ministros Marco Vinelli y Elmer Cuba tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, según la publicación oficial en El Peruano. En el documento, al que accedió La República, se detalla 70 intervenciones en las cuencias de los ríos Piura, Tumbes, Santa, Rímac, Motupe, La Leche y Chancay-Lambayeque. A ello, se suma la instalación de barreras en las quebradas de los distritos de Lurigancho-Chosica, Santa Eulalia, Ricardo Palma, Cieneguilla y Chaclacayo.

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Contradicciones

Si bien se oficializado un total de 179 millones de soles con la intervención de 70 puntos críticos, el último lunes, el ministro Marco Vinelli adelantó—en una entrevista para El Peruano— que el Ejecutivo alistaba un primer paquete de 800 millones de soles para mitigar impactos del fenómeno El Niño y apoyar a los pequeños productores.

Agregó que, en la primera etapa, se atenderá 540 puntos críticos de 1900 que se registran en el país. “En el país hay alrededor de 1,900 puntos críticos. En esta primera etapa atenderemos 540 y vamos a convocar también al sector privado para intervenir aquellos puntos que el Estado no pueda atender directamente. Para este primer paquete se ha previsto aproximadamente 800 millones de soles. No se ha considerado un límite predeterminado porque se trata de una situación excepcional”, sostuvo.

Se señalan responsabilidades para la ANA

Además, el decreto establece que el jefe de la ANA será responsable de que los recursos destinados por este decreto se utilicen correctamente y para los fines previstos. Sin embargo, los funcionarios no serán responsables por actos de fraude o corrupción cometidos por terceros si pueden demostrar que actuaron con la debida diligencia y que esos hechos escaparon de su control.

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Además, la ANA tendrá que rendir cuentas sobre cómo gastó el dinero. Deberá publicar informes trimestrales y uno final, detallando qué puntos críticos fueron atendidos, dónde se encuentran y qué contratos se realizaron. También tendrá que garantizar que el gasto sea eficiente y evitar que el Gobierno, las regiones y las municipalidades financien dos veces la misma intervención para enfrentar los riesgos asociados al Fenómeno El Niño.

'Cholo Dolmos' participó, como presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción Civil (Conatracc), en los encuentros con el ministro Arnillas. 

Consultado por La República, Augusto Ramos Dolmos confirmó las entrevistas en la oficina del ministro Arnillas. En cambio, los encargados de prensa del titular de Vivienda y Construcción no respondieron a las preguntas de este diario, como la siguiente: ¿Cómo explica que en plena lucha contra la extorsión, reciba en su despacho ministerial a un imputado por dicho delito?

El registro de visitas del ministro de Vivienda consigna que 'Cholo Dolmos' se reunió con Mauricio Arnillas.

El sábado 1 de agosto, apenas cuatro días después de asumir como titular de Vivienda, Arnillas recibió a Augusto Ramos Dolmos.

Una simple búsqueda en la web permite encontrar información sobre los antecedentes de 'Cholo Dolmos'.

El encuentro duró una hora y 42 minutos. 

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Citas sin registro

Según dijo 'Cholo Dolmos' a este periódico, durante la entrevista se abordaron diferentes situaciones que se presentan en las obras de saneamiento y construcción, especialmente de obras públicas.

“El primero de agosto nos hemos reunido con el ministro de Vivienda y también con su equipo. Le hicimos llegar nuestra preocupación como trabajadores, por ejemplo, en Sedapal, el programa de agua segura para Lima y Callao, el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y otros. Es que están poniendo trabas a los consorcios empresariales, penalizándolos sin razón”, declaró Ramos.

Pero el encuentro del sábado 1 de agosto no fue el único.

El 'Cholo Dolmos' indicó a La República que al día siguiente, el domingo 2 de agosto, volvió a encontrarse con el ministro Arnillas. Pero esta segunda reunión no figura en el reporte de visitas del Ministerio de Vivienda.

Según el dirigente, la cita se produjo alrededor de las 10.00 a. m. y participaron dirigentes de Conatracc y representantes de Villa María del Triunfo y Chorrillos.

“El domingo dos de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, nos reunimos nuevamente la Conatracc, el presidente gestor, Carlos Chávez, y el compañero Cajas de Chorrillos. Se conversaron ahí (con el ministro Mauricio Arnillas) todos estos temas (porque) los funcionarios de Sedapal y del PAS ponen 50 mil trabas y lo que buscan es paralizar las obras y no sabemos por qué razón”, arguyó “Cholo Dolmos”.

El tercer encuentro ocurrió el jueves 13 de agosto. Ese día, Augusto Ramos Dolmos publicó en Facebook una fotografía junto al ministro Arnillas después de participar en una conferencia de prensa en la Cámara de Comercio de la Región Arequipa.

En menos de dos semanas, desde el inicio de la gestión de Arnillas, ambos tuvieron dos reuniones que el dirigente describe como encuentros de trabajo y una aparición conjunta en Arequipa.

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Una historia sombría

El 15 de febrero de 1997, el dirigente condenado por extorsión fue ingresado en el penal de Lurigancho tras ser sentenciado por el Juzgado Penal de Lima, para cumplir una condena de ocho años de prisión.

Al 'Cholo Dolmos' se le atribuyó exigir presuntamente a nombre del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) la suma de US$100 mil para dejar en libertad al exembajador Morita Aoki, cuando este se encontraba secuestrado en la residencia japonesa, en 1997.

Augusto Ramos estuvo en la cárcel dos años y 37 días. 

Una reciente búsqueda de antecedentes policiales detectó que el 'Cholo Dolmos' cuenta con dos denuncias.

La primera corresponde al 5 de agosto de 2018 y está relacionada con una imputación por violación de la libertad del trabajo.

Según el atestado policial, tres trabajadores de una obra en Independencia denunciaron que fueron obligados a pertenecer al Comité de Obra San Juan Bautista, asociado a la Fenatracc (Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil del Perú), una organización sindical vinculada con la Conatracc que preside el 'Cholo Dolmos'.

El propósito era descontar a los trabajadores S/ 10 semanales por laborar en la obra. Era un “cupo” encubierto.

“Los imputados (Augusto Ramos y Brayan Hermoza) presentaron documentación fraudulenta sobre la conformación del comité de obra San Juan Bautista para lograr un acuerdo en cuanto al descuento de S/10 semanales pese a no pertenecer a ningún sindicato y no han firmado autorización alguna para que les descuenten parte de sus remuneraciones", se lee en la denuncia.

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'Campaña comunista'

El dirigente sindical en Lima Norte, Alan Otárola Maldonado, fue quien formuló la imputación contra 'Cholo Dolmos' en la Comisaría La Pascana, en Comas.

"Una persona había tocado la puerta fuerte de su domicilio que al momento de salir se percató que había un arreglo floral con una nota con la descripción: 'Loco Alan, vas a 

terminar como otros seudos dirigentes, renuncia hijo de puta o tu familia pagará los platos rotos'”, relató Alan Otárola a la policía.

Otárola mencionó directamente a Alfonso Ramos Dolmos.

Consultado sobre las denuncias y sus antecedentes, 'Cholo Dolmos' rechazó las imputaciones.

“Yo no tengo ninguna denuncia por extorsión ni por nada. Yo tengo mis certificados de antecedentes policiales, penales, judiciales, y todos están limpios. Por eso soy dirigente, si no, no podría hacerlo. No sé qué más quiere saber, pero yo ya no le voy a responder más”, señaló el “Cholo Dolmos” a La República.

El dirigente calificó las acusaciones como parte de una campaña en su contra y señaló a sectores de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y al Partido Comunista Peruano (PCP-Unidad) como sus adversarios.

En 2015, 'Cholo Dolmos' pretendió obtener licencia para portar armas. Pero la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), rechazó la petición por sus antecedentes criminales.

“El 28 de enero de 2015, el Jefe del Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial informa a la SUCAMEC que en la base de datos del aludido registro aparece una sentencia a nombre de Augusto Antonio Ramos Dolmos, por la comisión del delito de Extorsión, seguido ante el Cuarto Juzgado Penal de Lima, imponiéndosele Ocho Años de Pena Privativa de la Libertad Efectiva”, señala el documento de SUCAMEC que le negó la petición.

El proyecto afirma que no pretende criminalizar las opiniones, críticas políticas ni las manifestaciones legítimas, y que la intervención penal debería considerar elementos como el contexto, la finalidad, la capacidad de influencia y la existencia de un riesgo concreto. Sin embargo, la propuesta no delimita qué acciones supondrían la difusión o promoción señalada, dejándolo a interpretación de las autoridades.

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Los medios masivos serían justamente quienes asuman mayores sanciones. Y es que la propuesta plantea modificar el artículo 46 del Código Penal para considerar como circunstancia agravante que determinadas conductas sean realizadas a través de medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones o actos de difusión.

El agravante también se aplicaría si la declaración proviene de líderes de opinión, comunicadores, creadores de contenido, influencers y personas con capacidad de convocatoria pública. También se incluye a funcionarios públicos, servidores públicos, representantes y dirigentes políticos, sociales o gremiales.

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El texto también señala que la iniciativa busca intervenir antes de que se concrete un acto violento. La fórmula legislativa cuenta con las firmas de los miembros de la bancada del partido celeste en la Cámara Baja.

Los argumentos del proyecto de ley y la crítica legal

El proyecto de ley sostiene que, en el Perú, no existe una norma que sancione a quienes difundan mensajes públicos que apoyen o justifiquen el uso de la violencia antes de que se cometa un delito. Según la iniciativa, este tipo de mensajes puede resultar especialmente peligroso en contextos de crisis política o conflictos sociales, pues podría contribuir a normalizar la violencia y motivar acciones violentas por parte de determinados grupos.

Para respaldar esta argumentación, el proyecto utiliza cifras sobre criminalidad y hace referencia a hechos como las protestas de 2020 y las movilizaciones de 2022-2023. También menciona lo ocurrido con el comunicador Phillip Butters, quien, tras realizar declaraciones sobre las protestas sociales registradas en el país, fue rechazado por ciudadanos de Juliaca durante una visita a esta ciudad como parte de su campaña política.

“Estos hechos permiten constatar que en tiempo de crisis política los mensajes públicos que proponen, justifican o legitiman el uso de medios violentos pueden tornarse en factores de riesgo a partir de su capacidad de convocatoria o de influencia sobre grupos determinados”, se lee en la exposición de motivos.

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En diálogo con La República, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, señaló que el proyecto de ley vulneraría la libertad de expresión protegida por la Constitución. Además, sostuvo que la iniciativa carece de marcos claros que permitan una aplicación efectiva de la norma.

“Acá es difícil saber cuál es el delito al que se está haciendo apología. En términos concretos, lo que se está criminalizando es el traslado de informaciones. Eso es peligroso y abiertamente inconstitucional. (…) La forma en la que se está presentando muestra una muy deficiente técnica legislativa que termina por sobredimensionar el ataque que puede tener sobre la libertad de expresión”, apuntó.

Rivera señaló que el proyecto presenta una clara deficiencia al equiparar la comunicación sobre lo ocurrido durante una protesta o manifestación ciudadana con la comisión de un delito. El abogado advirtió que esto podría afectar la labor de los periodistas y el derecho a informar.

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“La concepción que tiene el proyecto es absolutamente equivocada. Busca vincular, en términos penales, lo sucedido con la comunicación. Esa es una posición que distorsiona el rol de los medios de comunicación. Su interpretación de los acontecimientos políticos es el mayor problema, porque el proyecto considera que el traslado de información sobre el hecho delictivo es parte del hecho delictivo. Esa posición es absolutamente peligrosa para la vigencia de una democracia. El argumento de que se tiene que limitar la libertad de información pretende generar, a través de normas penales, cortapisas para que no se informe sobre ciertos acontecimientos”, sostuvo.

Gremio periodístico se pronuncia

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), indicó que el proyecto de ley presenta múltiples falencias que podrían generar consecuencias negativas para el ejercicio del periodismo.

Lainez señaló que el uso de términos demasiado amplios para definir las conductas que serían penalizadas podría generar diversas consecuencias. Ante la falta de una delimitación precisa, acciones como la transcripción de declaraciones de personas involucradas en una protesta social o política podrían ser consideradas como “difusión” de los usos ilegales que la iniciativa busca perseguir.

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“El proyecto tiene riesgos importantes para las libertades informativas y el ejercicio de la actividad periodística. Lo primero es que usa categorías muy abiertas. El proyecto habla, desde el título, de que lo propuesto entra en contextos de crisis política. Cualquier analista te diría que los últimos años han sido una crisis política. Eso abre la ventana a que lo cotidiano se convierta en una circunstancia para aplicar una ley de estas características. Hay regiones con conflictos sociales permanentes. Perseguir la incitación a la violencia no está mal, pero este proyecto incorpora una serie de agravantes y deja demasiado margen para que los fiscales, policías y jueces puedan interpretar como delito actividades periodísticas puntuales”, indicó a La República.

Lainez sostuvo que determinadas actividades propias del ejercicio periodístico podrían ser criminalizadas a partir de esta nueva fórmula legislativa.

“Las categorías utilizadas son muy amplias. Si uno, como periodista, recoge declaraciones de un actor de la protesta política o social, ¿la recolección de esa declaración va a generar responsabilidades penales sobre el periodista? Eso va a ser muy peligroso. Además, pone el foco del agravante en el comunicador social y el periodista. El proyecto incorpora la capacidad de influencia —característica que obviamente tiene un periodista— como un factor agravante”, señaló.

Según información de Mongabay Latam, Soria Flores fue intervenido en su vivienda del distrito de Manantay, Coronel Portillo, durante un operativo en el que participaron un capitán y ocho suboficiales, de acuerdo con datos preliminares proporcionados por fuentes de la Policía Nacional del Perú.

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Sobre el sentenciado pesaba una orden de búsqueda y captura a nivel internacional. Asimismo, el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) ofrecía S/50.000 por información que dé con su paradero.

En agosto del 2025, el Poder Judicial sentenció a Soria Flores a 28 años y 3 meses de pena privativa de la libertad por el delito de homicidio en su calidad de autoría mediata. En mayo de este año, la PNP también capturó a José Estrada Huayta en Campoverde. Ambos empresarios fueron procesados por haber dado la orden de ejecutar a los líderes indígenas. De esta manera, el caso emblemático cuenta con dos sentenciados capturados por las fuerzas del orden.

El caso Saweto

Soria Flores fue condenado como autor mediato del homicidio calificado de los cuatro dirigentes indígenas asesinados en septiembre de 2014. En agosto de 2025, la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó la condena de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra Soria y José Estrada Huayta, mientras que los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix fueron condenados como coautores. 

El caso se refiere al asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, miembros de la comunidad Alto Tamaya-Saweto y reconocidos defensores de la Amazonía.

Los cuatro líderes fueron asesinados en septiembre de 2014 en una emboscada en un viaje a Brasil, mientras se trasladaban hacia la comunidad nativa de Apiwtxa, ubicada en el estado brasileño de Acre, luego de haber realizado denuncias vinculadas con la defensa de su territorio frente a actividades de tala ilegal.

Según la resolución de la sentencia del sistema judicial, los defensores ambientales fueron asesinados con escopetas, información que fue confirmada por un testigo protegido.

Durante una entrevista en Canal N el último 17 de agosto, el postulante de Renovación Popular afirmó que, si uno de sus contrincantes, Carlos Bruce (Somos Perú) o Francis Allison (Avanza País), resulta ganador, será totalmente de oposición desde su cargo.

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"Asumiré como regidor, pues. Yo he estado dentro, ya. Yo soy regidor con bancada y tiene mucho rol: fiscaliza al alcalde. (...) Sí me interesa para verificar que no se roben la plata. Es la segunda vez que estoy: primero fue con Lucho Castañeda, regidor, y ahora he estado hasta hace poco. Entonces, sería la tercera vez. Conozco perfectamente el rol de un regidor y todo lo que puede hacer en favor de lo que es el presupuesto metropolitano. A mí no me interesa quién gane, me interesa la ciudad de Lima", manifestó.

Por otro lado, el excandidato presidencial y a senador —que decidió no asumir— indicó que una de sus propuestas será aumentar las rentas de Lima. "Pelear, como soy el único que tiene bancada y ya no están los Luna Gálvez, los Acuña, Acción Popular, ya no están esos partidos que están difuntos, voy a pelear que el 2% que recibe aduanas el Callao, lo reciba Lima", añadió.

La reelección encubierta

Al ser consultado si su candidatura se trata de una reelección encubierta, López Aliaga indicó que "es candidato a teniente alcalde y punto". "Hay que ser brujo, pues, discutamos eso cuando salga como alcalde o no salga", explicó.

Durante un evento público este 18 de agosto, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, rechazó la propuesta del titular de Justicia, Ernesto Álvarez, de que el LUM pase a formar parte de su cartera. Beingolea afirmó que la iniciativa de su colega no es más que "una opinión". Asimismo, recalcó que todos los museos del Perú forman parte del Mincul.

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"Es la opinión del ministro, punto. El museo al que hace referencia (LUM) está dentro del sector cultura y no tengo nada que opinar al respecto. (...) No se trata de ceder, simplemente hay una opinión y respeto todas las opiniones. Lo único que tengo que decir es que los museos son parte de las funciones del Ministerio de Cultura y este ministerio va a asumir lo que le corresponde: los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura; lo demás son opiniones, todas respetables, no hay ninguna fisura", resaltó.

Álvarez había planteado esa iniciativa bajo el argumento de que "el LUM tiene la obligación de mantener un relato moderado al servicio de todo el país y no de un determinado grupo político". En esa misma línea, dijo desconocer los motivos por los cuales el LUM pertenece al Mincul. "Debería estar en Justicia porque la lucha antiterrorista no tuvo nada de cultural", dijo en una entrevista en Caretas.

Además, el ministro publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una carta firmada por diversos juristas y figuras políticas en la que presionan a la presidenta Fujimori para que el LUM sea trasladado al Minjus. Los firmantes sustentaron que la propuesta “es muy interesante porque hoy el sentido pedagógico está completamente restringido por acción de elementos con rasgos ideologizados”.

En esa misma línea, señalaron que "es necesario más bien afirmar la pluralidad y el reconocimiento a los que se sacrificaron por la democracia y no a los que atentaron contra la vida de las personas". El documento culmina presionando al Gobierno Central y al Ministerio de Justicia a tomar una decisión que podrá conducir a un verdadero proceso de reconciliación nacional.

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La propuesta de Álvarez fue blanco de críticas. La senadora Ruth Luqe (Ahora Nación) expresó su rechazo y alertó que la iniciativa es una "amenaza a la autonomía de una institución clave para preservar la memoria histórica, la verdad, la justicia y la reparación".

"El LUM no debe convertirse en un espacio de disputa ideológica ni estar sujeto a decisiones políticas que comprometan su independencia. Exijo respeto a su labor educativa y de reflexión sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de violencia en el Perú", exhortó.

Fujimori y el jalón de orejas al ministro de Economía por minimizar El Niño

El último 17 de agosto, la presidenta Fujimori le llamó la atención al ministro de Economía, Elmer Cuba, por minimizar el impacto de las lluvias e inundaciones registradas en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, así como los efectos del fenómeno El Niño.

Durante una entrevista en Exitosa, Cuba señaló que los ciudadanos no deben desesperarse por las lluvias porque "en todo el planeta ocurre lo mismo". En esa misma línea, dijo que "no se puede morir por un fenómeno El Niño".

"Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a la lluvia, se inunda. Lo importante es salvar las vidas; la gente no se puede morir por un fenómeno El Niño, no puede perder su casa por un fenómeno El Niño; las obras públicas se arreglan. Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas, así pasa", declaró.

Sin embargo, desde la zona de desastres, la jefa de Estado lamentó que su ministro haya tenido ese tipo de declaraciones y cuestionó que no vea la magnitud de los daños y el dolor de las familias perjudicadas por los estragos de la naturaleza.

"Yo creo que el ministro de Economía no está viendo la magnitud de los daños, de las pérdidas y del dolor de las familias que están teniendo esta tristeza tan grande porque, en muchos casos, han perdido todo. Mi solidaridad con ellos. Acá lo importante, además de atender la emergencia, es corregir las fallas estructurales que hay", lamentó ante los medios de comunicación.

Minutos más tarde, Cuba se disculpó por sus expresiones. "Es una expresión coloquial. (...) Me refiero a que en nuestro país todo el tiempo hay lluvias y hay que ver su verdadera magnitud y enfrentarla. Fue una expresión de verdad poco feliz; doy la página por cerrada".

Al respecto, la senadora Mirtha Vásquez cuestionó a Cuba y afirmó que su respuesta es "desubicada" y "falta de empatía". "Es una declaración que expresa que este gobierno no tiene ni idea de lo que está enfrentando (...) Se acabó el tiempo de la preparación o prevención, estamos ante el fenómeno El Niño", criticó.

Los trenes Caltrain

Durante una entrevista, el pasado 12 de agosto, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey, afirmó que la adquisición de los trenes —93 vagones y 19 locomotoras Caltrain— para la ruta Lima-Chosica se trató de una compra y no de una donación, como se sostuvo en su momento desde la Municipalidad de Lima en la gestión de López Aliaga.

"Hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación, ha sido una compra. (...) Que el valor de los 93 vagones y 19 o 20 locomotoras sea más de lo que se pagó, eso es diferente; pero no fue una donación, fue una compra (...) Lo que yo sí le puedo decir, lo que afirmo, es que no se trató de una donación, se trató de una adquisición autorizada por el propio municipio”, reveló.

Pese a ello, Fujimori declaró que se utilizarán los trenes para la ruta Lima-Chosica. "El tren tiene que ir, ya lo hemos dicho. Por supuesto que se van a hacer. Los trenes en este momento se encuentran en ProInversión”, señaló ante la prensa el último 17 de este mes.

Ley de Colegio de Artistas “tiene los días contados”

Beingolea no solo contradijo a Álvarez respecto al traslado del LUM, sino que también se pronunció en contra de la Ley del Colegio de Artistas, una norma impulsada por el último Congreso con votos del fujimorismo, promulgada por Fernando Rospigliosi y que tuvo como propósito separar a la exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, de su cargo.

“Esta ley tiene los días contados. Seguramente va a ser derogada muy pronto”, expresó el titular de Cultura luego de escuchar los cuestionamientos y opiniones de diversos artistas.

Según la entidad, una de las principales observaciones es la adquisición de un terreno destinado a convertirse en la sede institucional de la ONPE. El informe señala que esta operación fue presentada como un logro de la gestión de Corvetto durante el proceso de ratificación, pese a que no se evidenciaban resultados materiales concretos.

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Además, el documento señala que desde 2022 ya existían denuncias públicas relacionadas con la compra y la falta de avances del proyecto.

La institución liderada por María Teresa Cabrera también cuestionó que hubo reconocimientos entregados a la ONPE como institución y que fueron considerados como méritos personales de Corvetto. Entre ellos figuran reconocimientos relacionados con asistencias técnicas realizadas por el organismo electoral en el ejercicio de sus funciones.

Otro aspecto observado está relacionado con publicaciones de la Editorial ONPE que fueron incluidas como mérito personal de su exjefe. El informe sostiene que el anterior Pleno de la JNJ debió determinar con mayor rigor cuál fue el nivel de participación institucional en la elaboración, edición y difusión de estas publicaciones, así como si se utilizaron recursos humanos, materiales o logísticos de la entidad en beneficio del evaluado.

Más observaciones

La revisión también alertó observaciones en el proceso mediante el cual Corvetto finalmente fue ratificado. La Resolución n.º 090-2024-PLENO-JNJ estableció inicialmente que no había alcanzado la votación exigida legalmente para su ratificación. Sin embargo, tras la reposición judicial de dos integrantes de la JNJ, el recurso de reconsideración presentado por Corvetto fue aprobado y se dispuso su ratificación. El informe cuestiona que esta decisión se haya adoptado sin una mayor valoración y análisis.

La JNJ señala que, pese a que en el expediente ya figuraban cuestionamientos sobre la gestión de Corvetto, como los niveles de confianza ciudadana en la ONPE, informes de control, publicaciones, reconocimientos y la adquisición del terreno, no se observa una argumentación suficientemente rigurosa que explique el cambio entre la decisión inicial y la posterior ratificación.

"El Pleno de la Junta Nacional de Justicia aprobó por unanimidad remitir copia certificada de los actuados al Ministerio Público para que evalúe la eventual comisión de los delitos de peculado de uso, aprovechamiento indebido del cargo y otros que pudieran corresponder", se lee en el documento.

Agentes de la Región Policial Ucayali lo ubicaron en el distrito de Manantay. Él figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior y el gobierno ofrecía S/50.000, por su captura.

Soria Flores fue condenado a 28 años y tres meses de prisión en agosto de 2025 por la Corte Superior de Justicia de Ucayali por el delito de homicidio calificado, en la modalidad de autoría mediata contra los integrantes de la comunidad asháninka Alto Tamaya-Saweto y reconocidos defensores de la Amazonía.

Esta detención representa un avance crucial en la ejecución de los mandatos judiciales vinculados al emblemático caso. En mayo fue detenido José Carlos Estrada Huayta. Ambos empresarios son sindicados de haber dado la orden para ejecutar el asesinato.

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En la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia se detalla que el uno de setiembre de 2014 los cuatro defensores ambientales fueron asesinados a balazos por órdenes de Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta. En el proceso judicial esta información fue corroborada por un testigo protegido.

Hugo Soria Flores (52) fue detenido este martes, tras un operativo de inteligencia en el que participaron un oficial y 8 suboficiales. Tras la captura fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Por este caso aún hay tres prófugos: Eurico Mapes Gomes y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, quienes fueron los ejecutores materiales.

Los hermanos Atachi Félix fueron sentenciados a 28 años y tres meses de cárcel efectiva. Nadie da razón de sus paraderos. En tanto, Eurico Mapes Gomes, quien es señalado también como autor material nunca compareció ante la justicia peruana.

Saweto, como se sabe, es el primer caso que culmina con una sentencia judicial por crímenes cometidos contra defensores ambientales de nuestra Amazonía.

“La justicia se abre paso” sostienen Lita Rojas, Ergilia Rengifo, Julia Pérez y Lina Rojas Ruiz, las viudas de Saweto, que son un símbolo de resistencia en la Amazonía peruana. Ellas lideran una larga lucha por justicia, reparación y defensa de su territorio ancestral.

La captura de Hugo Soria abre ahora una nueva etapa en un caso que durante más de una década estuvo atravesado por la exigencia de justicia de las familias de Saweto y de las organizaciones indígenas.

"Hijita, mi Helita, lo único que ruego a papá Dios, que te tenga en su Gloria, hijita. Cuánto dolor, velaré mucho por tus hijitos Maximito y Karlita. Para Dios no hay nada imposible, hijita de mi corazón", escribió luego Carla Padilla Saldaña en su cuenta de Facebook.

Carla recordó con dolor aquellas tardes junto a Helenn y su hermano Marco. Siempre les decía a sus hijos que, si algo les pasaba, ella iba a buscarlos. Nunca imaginó vivir esta pesadilla. "Pido justicia, que paguen por lo que le hicieron", expresó antes de la misa.

Señaló que siempre quiso lo mejor para su hija y luchó para conseguirlo. En el velorio de Hellen estuvieron sus familiares, amigos, amigas y vecinos que la habían conocido desde hacía años. Pero, pese al acompañamiento, la dolida madre señaló que no encuentra consuelo y, al llegar la noche, el silencio se vuelve insoportable.

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"No la traje al mundo y no la críe para esto, es lo que más me duele. Hoy yo no puedo tener a mi hija ahí, en el cementerio, es una pesadilla.  "Estoy destruida", revela.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Entre tanto, la Policía continúa evaluando diversas líneas de investigación para determinar las causas exactas que motivaron el homicidio contra la abogada litigante.

El jefe de la Policía en La Libertad, general Ricardo Espinoza, reveló que la principal teoría sobre el crimen de la abogada apunta a conflictos con un cliente al que defendió. Según la PNP, la víctima habría recibido amenazas de muerte y ya estarían identificados los presuntos participantes del homicidio.

Los agentes encargados del caso vienen analizando el entorno laboral de la víctima para identificar posibles amenazas vinculadas a los procesos que gestionaba.

Los investigadores han analizado el teléfono celular de la víctima para recolectar evidencias. En el dispositivo móvil, los detectives hallaron mensajes amenazantes que fueron incorporados al expediente del caso. Estos elementos tecnológicos son analizados por personal especializado para rastrear el origen de las comunicaciones de texto recibidas antes del crimen.

Aparte de las declaraciones de los testigos, las autoridades buscan grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del restaurante para reconstruir la ruta de escape del sicario.

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La información obtenida permitirá avanzar en la identificación formal del autor material del atentado armado.

ABOGADOS AMENAZADOS

Entre tanto, Mario Deza, el decano del Colegio de Abogados de La Libertad, expresó su preocupación institucional por los constantes actos de inseguridad en la región.

Advirtió que diversos profesionales del derecho han sido víctimas de distintos hechos de violencia en los últimos años.

Pidió que las instituciones encargadas de la seguridad pública refuercen las acciones de protección para los abogados en el ejercicio de sus funciones.

Representar no es repetir lo que piensa nuestra propia tribu. Sin embargo, con frecuencia esperamos eso: que nuestros representantes confirmen nuestros sesgos, que no cedan, que no se sienten con quienes rechazamos. Y cuando lo hacen, nos puede incomodar incluso que se sienten a conversar.

La democracia vive de una tensión. Durante la campaña, los candidatos compiten para ganar. Terminada la elección, unos deben gobernar y otros ejercer la oposición. Daniel Innerarity advierte sobre el peligro de prolongar la lógica electoral: gobernar exige una cooperación que la campaña electoral permanente dificulta.

También la oposición debe cambiar de escenario. Saber perder es parte de la democracia y del camino para volver a ganar. Perder no obliga a abandonar convicciones, sino a asumir un papel distinto. Una oposición puede —y a veces debe— ser durísima frente a abusos de poder, retrocesos institucionales o vulneraciones de derechos. La cuestión es no confundir firmeza con incapacidad para reconocer la legitimidad democrática del adversario.

Eso exige distinguir al rival del enemigo. Podemos discrepar de quienes gobiernan y querer que pierdan la próxima elección. Pero, mientras respeten las reglas democráticas, corresponde reconocer su derecho a gobernar. A la oposición le corresponde dialogar y construir acuerdos cuando lo exija el interés común.

Hace más de dos mil años, Aristóteles vinculaba la vida política con nuestra capacidad de discernir lo justo y lo conveniente. No todo acuerdo es conveniente ni toda concesión es justa: importa qué se cede, qué se obtiene y qué principios son irrenunciables.

Como ciudadanos, debemos entender que saber perder no es resignarse ante el poder. Es reconocer el derecho del otro a gobernar hoy, mientras preservamos nuestro derecho a disputarle democráticamente el poder mañana.

El proyecto estaría a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Bajo la administración fujimorista, esta cartera está liderada por Marco Antonio Vinelli. Cabe señalar que las acciones llegan tras más de 20 días de que Fuerza Popular asumiera el gobierno.

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Horas atrás, la presidenta Keiko Fujimori estuvo en Villa El Salvador, distrito limeño afectado por las fuertes lluvias ocurridas el último fin de semana. Fujimori habló sobre la magnitud de la problemática ante la posibilidad de nuevas precipitaciones vinculadas al fenómeno meteorológico.

“Imagínense lo terrible que será cuando lleguen las lluvias por el fenómeno de El Niño. He hablado también con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas. Por la noche debe estar declarándose en emergencia porque tenemos que hacer varios documentos, pero hoy por la noche se activa todo”, indicó.

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"Van a continuar mientras tengan esa misión de trabajar y obtener los resultados que tenemos hasta ahora. Este vector de inteligencia nos está dando muy buenos resultados. Claro, la gente puede decir que hoy han matado a una persona. No es que quiera ser triunfalista, pero la tendencia es a bajar. Los números no engañan: si comparamos con el año pasado, estamos bien lejos. El año pasado, a estas alturas, había 500 muertos más", indicó.

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Las declaraciones de Astudillo llegan luego de que el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) señalara que hubo más de 80 homicidios durante los primeros quince días del nuevo gobierno fujimorista. El ministro señaló que, en los próximos meses, las acciones de seguridad serían reevaluadas y se implementarían nuevas herramientas.

"Hay varias bandas que se han desarticulado antes. Desarmarlas con inteligencia no es un trabajo fácil. Vamos a actuar mejor, con mejor tecnología. Esto no es perfecto. Vamos a salir a reevaluar los planes con todos los generales. Hay tecnología viniendo, apoyo de la DINI y de las FF. AA.", apuntó.

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Por medio de un comunicado, el Sindicato resaltó que tanto Lima y Callao no están diseñadas para afrontar los efectos de lluvias como la del último domingo 16.

Asimismo, se refirieron al anuncio de restructuración de la empresa que adelantó la mandataria, y precisaron que lo sucedido evidencia la “falta de planificación urbana en la capital” mas no un “problema de gestión (de Sedapal)”.

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“A diferencia de otras provincias, Lima y Callao no cuentan con sistemas de canaletas de desfogue. En distritos con alta pendiente como Villa María del Triunfo (VMT), el agua de lluvia se empoza en las zonas bajas, lo que obliga a los ciudadanos a abrir los buzones de desagüe. Esta acción hace que las tuberías colapsen al llenarse de lodo, arena y basura”, se lee en el comunicado.

Precisaron, además, que el by-pass de VMT no cuenta con sistema de drenaje pluvial en los puentes.

Para rechazar la intención de restructuración que planteó la presidenta, el Sindicato recordó que “el personal siempre está en primera línea de defensa frente a emergencias como aniegos, incendios, huaycos y terremotos, brindando auxilio rápido no solo en Lima, sino en como Pisco, tras el sismo de 2007, y el norte del país”.

A su vez, pidieron a la alta dirección de Sedapal que se pronuncien y deslinden responsabilidad técnica de los aniegos.

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Al respecto, la cartera de Rafael Rey señaló que el bypass es una vía metropolitana, por lo que no es competencia del MTC. “El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene a su cargo la atención de vías nacionales, a través de Provias Nacional”, indicaron.

Keiko Fujimori dio consejos de belleza mientras Lima Sur se inundaba

“La Municipalidad de Lima, de VMT, el propio equipo de Sedapal, pero vamos a tener que hacer una restructuración. (¿De Sedapal incluido?) De Sedapal incluido porque los vecinos vienen denunciando estos desde hace diez años y no se ha hecho nada. Aquí hay una falla de la organización también”, dijo Fujimori al ser consultada por las aguas servidas en VMT.

Sin embargo, mientras llovía en Lima, Fujimori realizó sus transmisiones en vivo en redes sociales programadas para cada domingo.

Incluso, compartió su rutina de belleza ante la pregunta de una seguidora sobre su "secreto" para verse bien.

La presidenta respondió: "Tampoco tengo colágeno por si acaso, pero cuido mi piel echándome bloqueador en la mañana y en la noche antes de dormir sí me saco el maquillaje y me echo humectante".

Helenn Silva ejercía la defensa de Junior Monzón Vásquez y Jacinto Sánchez Saucedo, imputados como presuntos autores intelectuales del asesinato del dirigente deportivo Robert Becerra Alcalde, ocurrido el viernes 10 de julio de este año.

Mientras observaba un campeonato de fútbol en la loza deportiva de la urbanización San Sebastián, en la localidad de Chepén (La Libertad), el dirigente del Club Defensor El Óvalo, Robert Becerra, fue ejecutado por un sicario que huyó en la motocicleta de un cómplice.

Las cámaras de videovigilancia de la urbanización San Sebastián registraron el momento cuando Junior Monzón  fugaba a bordo de una motocicleta negra, acompañado del sicario que disparó a Robert Becerra.

Dos días después del homicidio, durante un operativo, la policía capturó a Junior Monzón Vásquez, sindicado como el chofer de la moto lineal que participó en el crimen del dirigente deportivo. La detención de Monzón contribuyó a la intervención de otros sujetos, entre ellos Jacinto Sánchez Saucedo. 

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ARCHIVOS DEL CRIMEN

De acuerdo con fuentes policiales, Junior Monzón Vásquez y Jacinto Sánchez Saucedo fueron señalados como presuntos autores de la muerte de Robert Becerra, por lo que la fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva.

Según el testimonio de Junior Monzón, horas antes del crimen de Robert Becerra, se encontraba en la casa de Jacinto Sánchez Saucedo y que este le habría entregado las llaves de una motocicleta para trasladar a un sujeto conocido como “chato”, quien disparó contra el dirigente deportivo.

Monzón y Sánchez contrataron a la abogada Helenn Silva para que los defendiera y evitara que los recluyeran en prisión, por lo que le abonaron por adelantado una suma no revelada. 

Sin embargo, la letrada Helenn Silva, pese a la promesa de que lograría la libertad de sus patrocinados, no pudo evitar que el Poder Judicial dispusiera la prisión preventiva de Junior Monzón y Jacinto Sánchez.

El magistrado Wilson Manayalle Sánchez, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chepén, ordenó el internamiento de los imputados por el homicidio del dirigente deportivo.

Los audios, videos y mensajes del celular indican que los reclusos reclamaban a Helenn Silva la devolución del dinero que le habían abonado, ya que fracasó en el objetivo de lograr la excarcelación de ambos.

Según las fuentes policiales, los reclusos amenazaban constantemente con matar a la letrada Helenn Silva si no devolvía lo que se le había dado como adelanto.

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MENSAJES MORTALES

Es probable que el sicario que ejecutó a la abogada en Pacasmayo sea parte de la organización criminal de Chepén a la que pertenecen Junior Monzón Vásquez y Jacinto Sánchez Saucedo.

Nacida en Pacasmayo, Helenn Silva cumplió 44 años el 6 de agosto, apenas diez días antes de que un sicario le quitara la vida mientras compartía una reunión en el restaurante  Pikeitos, ubicado en la avenida Panamericana 639, en el distrito de San José.

Eran las 5.55 p. m., cuando un sujeto con el rostro cubierto por un casco de motocicleta, le disparó tres veces en la cabeza por la rendija del cerco del local, aprovechando que la abogada se encontraba sentada de espaldas. 

La víctima estaba acompañada de su pareja, César Cáceda Muñoz, y sus amigos Erick Cabanillas Rodríguez y Leydi Grace Ramírez.

Del pachamamismo al papanatismo

El Encuentro Macrorregional Sur 'Entrelazando Voces por la Dignidad', celebrado los días 13 y 14 de agosto por iniciativa de la Coordinadora Nacional para los Derechos Humanos, en colaboración con CEAS-Perú, reunió a representantes de diversos pueblos originarios andinos para abordar problemas que no son precisamente folclóricos: racismo, pobreza, discriminación cultural, represión política, contaminación del hábitat y, de manera particularmente relevante, las distintas formas de abuso y vulnerabilidad que afectan a los pueblos indígenas del sur andino.

Entre los observadores invitados estuvieron Mons. Jordi Bertomeu, Comisario Pontificio para la liquidación del Sodalicio, junto a Mons. Lizardo Estrada, presidente del CELAM y Mons. Miguel Ángel Cadenas, obispo de Iquitos.

En ese contexto se produjo un gesto simbólico introductorio relacionado con la expresión cultural andina de la Pachamama, cuyo significado admite interpretaciones diversas y no puede reducirse automáticamente a un acto de culto pagano.

La gratitud por la tierra y sus frutos, el sentido comunitario, el respeto por la creación y la responsabilidad ante el mundo recibido no son patrimonio exclusivo de ninguna cosmovisión pagana. También pueden ser comprendidos desde la propia tradición cristiana.

Convertir la Pachamama en la protagonista del encuentro significa relegar a un segundo plano asuntos bastante menos fotogénicos y más dolorosos: las personas que han sufrido y siguen sufriendo abusos de todo tipo.

Las víctimas no pueden ser una nota al pie

Este debería ser el punto de partida de cualquier discusión moral. Las víctimas no pueden convertirse una vez más en material secundario de una batalla ideológica. Su sufrimiento no debería aparecer solamente cuando sirve para construir un argumento contra alguien. Tampoco debería desaparecer cuando deja de resultar útil para la polémica.

Si en Cusco se habló precisamente de abusos y de la situación de quienes los han sufrido, la pregunta elemental es otra: ¿qué debería ocupar el centro de nuestra atención?

¿Una fotografía o un gesto simbólico de respeto cuya interpretación admite discusión? ¿O las personas cuyo sufrimiento real llevó a que ese encuentro tuviera lugar?

No se trata de prohibir la discusión doctrinal. Todo lo contrario. El problema aparece cuando la indignación selectiva termina produciendo una curiosa inversión de prioridades: aquello que admite una discusión simbólica ocupa titulares y columnas; aquello que exige escucha, reparación y acompañamiento queda relegado.

El escándalo también necesita discernimiento

Primero Luciano Revoredo, desde La Abeja, en la órbita del fallecido sodálite, Jurgen Daum Vetter. Ahora Javier Tebas, desde Infovaticana. Ambos han encontrado en la Pachamama un motivo suficientemente atractivo para alimentar su batalla cultural alrededor de la fe.

Los dos parecen olvidar que la defensa de la fe no se mide por la cantidad de personas a las que uno consigue escandalizar. Tampoco por la rapidez con que se encuentra un enemigo. Ni por la facilidad con que una imagen se convierte en una acusación.

Si existiera un problema doctrinal, debería ser examinado con rigor. Pero precisamente por eso no debería sustituirse el discernimiento por el escándalo.

De hecho, el celo cristiano debería incluir también la capacidad de distinguir entre un problema doctrinal real y una provocación mediática; entre una preocupación legítima y una indignación fabricada; entre lo que merece una investigación serena y aquello que simplemente proporciona una nueva oportunidad para disparar contra el adversario.

Porque en Cusco, los pasados 13 y 14 de agosto, quedó en evidencia un escándalo mucho más grave que cualquier fotografía. Que una víctima de abuso descubra que su dolor vuelve a importar menos que la guerra ideológica de quienes dicen defender la verdad. Eso sí debería provocar indignación.

Quizá, después de todo, no estamos ante una manifestación extraordinaria de celo moral. Quizá estamos simplemente ante otros Sinchis detrás de un micrófono.