Beingolea también negó que exista un enfrentamiento entre ambos ministros por el futuro del LUM y sostuvo que el planteamiento de Álvarez corresponde únicamente a una opinión personal.

"En la última reunión de ministros se bromeó mucho al respecto sobre la supuesta fisura entre ambos, pero de ninguna manera. (…) El ministro Álvarez ha dado su opinión (…). Yo no trabajo sobre opiniones, trabajo sobre hechos. El LUM es un museo de la nación, los museos están bajo el sector del viceministro de Patrimonio Cultural, a su vez del Ministerio de Cultura", señaló.

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Cabe recordar que el ministro de Justicia planteó públicamente que el LUM debería depender de su cartera. En una entrevista con Correo, Álvarez afirmó que "el LUM debería estar en el sector Justicia" y sostuvo que el espacio aborda un periodo relacionado con la lucha contra el terrorismo, por lo que consideró que su administración debería corresponder al Minjusdh.

La posición del ministro no quedó únicamente en esa declaración. Posteriormente, Álvarez difundió una carta ciudadana que respaldaba el traslado del museo al Ministerio de Justicia. El documento contó con 21 firmas, entre ellas las de excongresistas y exministros.

Además, en la misma entrevista, Álvarez cuestionó el contenido y el enfoque del museo y sostuvo que requiere una reorganización integral. "Hay que reorganizarlo todo, desde el inicio hasta el final", afirmó.

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Carta pide a Fujimori trasladar el LUM al Ministerio de Justicia

El pasado 17 de agosto, Ernesto Álvarez compartió en su cuenta de X una carta firmada por juristas y figuras políticas que solicitaron a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, evaluar el traslado del Lugar de la Memoria al Ministerio de Justicia. Los firmantes calificaron la iniciativa como muy interesante y cuestionaron que el enfoque pedagógico del museo esté condicionado por elementos que, a su juicio, presentan rasgos ideologizados.

Las personas que avalan la carta también reclamaron una mayor pluralidad en el contenido del LUM y plantearon que se reconozca a las personas que defendieron la democracia durante el periodo de violencia, en lugar de otorgar protagonismo a quienes cometieron atentados contra la vida. El documento exhortó finalmente al Ejecutivo y al Minjusdh a tomar una decisión que contribuya, según su planteamiento, a un proceso de reconciliación nacional.

Creo que sí, sobre todo si lo contrastamos con todo lo que vino después. Por supuesto que de eso somos plenamente conscientes ahora, por contraste, y también porque durante esos años esa especie de consenso reformista nunca fue explícito. Siempre fue implícito, siempre fue a regañadientes, nunca hubo demasiado entusiasmo. Pero si es que uno lo mira retrospectivamente, creo que uno puede ver que había ciertas características y consensos alrededor del mantenimiento del modelo económico, pero también alrededor de hacer reformas institucionales, combatir la corrupción, mejorar la representación política, generar ciertos acuerdos y consensos mínimos, que después, como vemos, buena parte se ha ido perdiendo.

Usted recuerda en la introducción del libro que Keiko Fujimori trató de desligarse de la figura de su padre, sobre todo en las elecciones de 2011 y 2016. En esta última hizo todo lo contrario, reivindicó el papel de su padre. Incluso dijo: Voy a gobernar como él. ¿Por qué cree que lo hizo?

Bueno, ella ha tenido una relación muy difícil con su padre, y a lo largo de los años ha ido marcando cercanías y distancias, pero en el último tiempo yo creo que, con la enfermedad, la agonía y después el fallecimiento del padre, ella tiene ahora una libertad que no tenía antes, creo que puede jugar el papel de buena hija, puede jugar el papel de reivindicar ciertos aspectos del legado del gobierno de su padre, y al mismo tiempo ella es la que manda porque el padre ya no está. Mientras el padre estaba activo en política, era un motivo de conflicto, porque el padre quería imponerle cosas.

Eso termina siendo una ironía. Reivindica a su padre cuando ya no está.

Exacto, en general creo que pasa en muchas familias, la relación mejora cuando hay distancia.

En el 2005 lanzó el ensayo Democracia sin partidos, en el que hablaba de un país en el que no es que no hubiera partidos, sino que, en sus palabras, eran muy débiles, personalistas y volátiles. En este nuevo libro dice que, incluso en esa situación, los líderes políticos podían imponer una especie de disciplina dentro de sus grupos. ¿Eso en la actualidad se ha perdido?

Sí, en el pasado, cuando uno miraba el Perú y lo comparaba con los demás países de América Latina, uno decía: en Perú no hay partidos, la diferencia es gigantesca con respecto de los demás países. Ahora, comparando el Perú actual o el del Congreso anterior, con el del 2005 uno dice: Caramba, siempre se puede estar peor. Ese es un aprendizaje que hacemos. Los del 2005 eran partidos muy débiles comparados con sus pares regionales, pero algunas funciones mínimas podían cumplir y una de esas funciones era por lo menos filtrar y mínimamente disciplinar a sus bancadas y a sus militantes. Pero en los últimos congresos lo que hemos visto es que esa capacidad se perdió, ya los comandos centrales no controlaban lo que pasaba dentro de sus filas.

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Algo que me llamó la atención de lo que usted dice es que en la época que estamos analizando (2000-2016) hubo pequeñas islas de eficiencia en el Estado, eso es una cosa que vista desde este tiempo parece casi una broma.

Nuevamente, si retrocedemos hacia el 2014, nos quejábamos con razón de que no había un ímpetu reformista. Eduardo Dargent, mi colega y amigo, publicó un libro bajo el título 'El páramo reformista', que creo que es una publicación que refleja cierto sentido común de ese momento: hay oportunidad de hacer cosas y no las hacemos con la convicción suficiente. Pero visto retrospectivamente, uno dice, bueno, pero sí pasaban cosas, y precisamente ahora, como las estamos perdiendo, las extrañamos más, y estos espacios de reforma se dieron porque grupos que no eran los partidos políticos eran los que empujaban las reformas. Había grupos de especialistas, de tecnócratas, redes de expertos, la cooperación internacional, tenían iniciativas, y los políticos por lo menos tenían la inteligencia, la sagacidad de darse cuenta de que podía funcionar. Decían: Esto no me estorba, entonces voy a dejar que esto avance. Así es como avanzaron reformas de la educación, intentos de reforma del transporte, lucha contra la corrupción, y una serie de cosas. Y es en el tiempo reciente que más bien se empieza a generalizar un sentido común según el cual, eso que se hizo son argollas, son mafias, son consultores que tienen intereses particulares. Y ahora dicen: Nosotros vamos a decidir cómo se hace.

Me decía que en el periodo 2000-2016 había un afán reformista, ¿qué es lo que hay ahora? ¿No sientes que hay un desmontaje de todo lo que se avanzó? Y no solo se está desmontando la capacidad del Estado, sino lo que los grupos que están en el poder consideran que hicieron sus enemigos.

A partir del 2016, claramente empieza a cambiar el asunto. Creo que el impacto de lo que ahora llamamos judicialización de la política ayuda a entender esto. Es decir, las denuncias de corrupción, a partir del caso Lava Jato y del caso Cuellos Blancos, involucraron a buena parte de la élite política que manejaba las cosas durante el periodo anterior. Y eso, el sentirse atacados, generó en muchos sectores, no solo en el fujimorismo, también en otros sectores de derecha y de izquierda, este sentido común de que se fue demasiado lejos en algunos intentos de reforma, vinculados por ejemplo a la lucha contra la corrupción.

¿Y el ánimo de hoy cuál es? ¿Es corregir o tomar venganza?

No, yo creo que es totalmente defensivo, y defender prerrogativas, y defender privilegios, y defender espacios de poder por parte de los parlamentarios de los congresos anteriores. Esto que hemos discutido mucho, las famosas leyes pro crimen, es un muy buen ejemplo. Yo estoy de acuerdo con alguna gente que dice que esas leyes entre comillas pro crimen no es que busquen favorecer necesariamente a los criminales, pero claramente su énfasis está puesto en velar por los derechos de los inculpados.

Que es más sutil.

Esa es la prioridad: velemos por el derecho de los inculpados, porque se cometen algunos excesos judiciales, se cometen algunas arbitrariedades. Y ya el énfasis no está puesto en cómo combatimos la corrupción, el énfasis está puesto en defender los derechos de los inculpados, y al hacerlo se termina favoreciendo también a los criminales. Ese cambio de énfasis es muy claro. Ya no estamos pensando en cómo mejorar la gobernabilidad del país, ahora estamos pensando, hasta el tiempo reciente, en defender al Parlamento y blindarlo frente a sus supuestos enemigos.

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Ahora, que hablamos de este desmontaje, ¿hay hechos que reflejan eso? Por ejemplo, el hecho de que el ministro de Justicia pida que el LUM pase a su jurisdicción, ¿es parte de esta dinámica?

Es parte de la dinámica de los últimos años, efectivamente. Es expresión también de cómo diferentes grupos se han organizado y quieren tener mucha más vocería para combatir lo que ellos consideran excesos del periodo anterior y desmontar avances que se dieron en ese momento. Pero veamos cómo se resuelve eso, porque no necesariamente la posición del ministro de Justicia es la posición del gobierno.

Usted escribió una última columna sobre eso. Le molestaba el hecho de que el ministro hubiera dicho que el LUM respondía a un relato de la Comisión de la Verdad que trataba de salvar a la izquierda de su compromiso y complicidad con el terrorismo. Pero está claro, cuando uno entra al LUM, que eso no es lo que propone el Lugar de la Memoria. ¿Por qué tanta gente pone en duda el trabajo real de este espacio?

Ese es un tema muy grande y que se vincula al papel de los gobiernos, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, en su trato con la represión. Esta discusión termina siendo como la punta del iceberg de una discusión mucho más grandota en donde me parece que algunos sectores tienen el sentido común que dice: Bueno, si las Fuerzas Armadas y la Policía son las que nos defienden frente a la delincuencia y nos defendieron frente al terrorismo, hay que defenderlos y blindarlos y cerrar los ojos a cualquier exceso o problema que hayan tenido. Y esto no es una discusión respecto de eventos que pasaron hace 30 o 40 años. Son discusiones que tienen que ver con qué hacemos con las matanzas del 2022 y 2023, y qué hacemos frente a la eventualidad de que haya protestas en el tiempo inmediato. Entonces, creo que hay sectores que manejan ese sentido común. Dicen: Si queremos que la Fuerza Armada y la Policía reprima, contenga, tenemos que darle un respaldo 100%, un cheque en blanco.

Tengo una pregunta personal. Usted es un académico, una persona bastante sobria. ¿Por qué de pronto decide responderle al ministro de Justicia por este asunto?

Creo que esto va mucho más allá de una discusión académica, de qué dice el informe de la Comisión de la Verdad. Creo que efectivamente nos estamos jugando el papel que cumplen las fuerzas del orden en un orden democrático. Nos estamos jugando, cómo decirlo, la posibilidad de que haya más eventos como los que sucedieron en el 22-23. Y creo que es una discusión importante que dar. Y creo que, si uno intenta aproximarse a estos temas con más cabeza fría, creo que las áreas de consenso existen.

Una pregunta más sobre el tema. Cuando uno entra al Lugar de la Memoria, este atribuye puntualmente la responsabilidad del inicio de la guerra a Sendero Luminoso y además admite que fueron los que más causaron muertes. ¿Por qué desde el conservadurismo no se reconoce eso?

Dice eso, efectivamente. Pero también documenta masacres, violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, que efectivamente ocurrieron. Eso no se puede negar, no se puede minimizar tampoco. Entonces, yo creo que detrás de esto, de que supuestamente no se está reconociendo el papel de Sendero Luminoso, el subtexto que debemos leer es que debería decir solo eso y no debería decirse nada más. Y eso es negarse a ver la evidencia.

Según explicó Fujimori, las multas de tránsito consideradas abusivas no se cobrarán en su totalidad. "Las multas abusivas no se van a cobrar, solo el 10% del valor", precisó. A esto se suma otro beneficio: los puntos de las infracciones tampoco se contabilizarán, al menos por un tiempo determinado que el Gobierno aún no detalló con precisión.

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La reunión con los gremios no fue la única mesa de trabajo instalada esa semana. Fujimori anunció una segunda mesa, esta vez con el Ministerio del Interior, enfocada en la seguridad ciudadana, el otro reclamo central detrás de la convocatoria al paro. "La segunda mesa de trabajo se ha establecido con el ministro del Interior de cara a todo el proceso de seguir consiguiendo el orden en nuestro país", indicó la presidenta.

La mandataria cerró sus declaraciones con un mensaje de agradecimiento hacia el gremio. Según dijo, los propios transportistas ya se pronunciaron sobre los acuerdos alcanzados. "Agradezco las declaraciones de los propios transportistas, que están viendo sobre todo la intención y las decisiones que estamos tomando en nuestro gobierno", afirmó Fujimori.

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El paro del 25 de agosto quedó levantado tras la reunión

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, confirmó que el paro previsto para el 25 de agosto quedó sin efecto. Los nueve gremios que firmaron la convocatoria original decidieron levantar la medida luego de conocer los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo. "Ya se cumplió el sentido del pedido, cumplido el objetivo, levantamos la medida, porque esa era la única razón", declaró el dirigente.

La decisión llegó después de la reunión que representantes de distintos gremios sostuvieron el sábado 22 de agosto con Fujimori y miembros del Ejecutivo. Vargas explicó que su organización no participó directamente del encuentro, pero conoció los compromisos asumidos y los consideró suficientes para desactivar la paralización. Entre los acuerdos figuran el reforzamiento del Plan Escudo y una mayor coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas y otras instituciones.

No todos los gremios respaldan el desenlace. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), cuestionó que la reunión con Fujimori se realizara con organizaciones ajenas a la convocatoria original del paro. El dirigente exigió medidas concretas contra las extorsiones, los atentados y los asesinatos de conductores, además de la instalación de cámaras de vigilancia en los buses y una indemnización para las familias de choferes asesinados.

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Luis Candia, diputado y presidente de la comisión de Transporte: "Eso es muy grave. Evidentemente favorece al bolsillo del infractor"

El diputado de Buen Gobierno y presidente de la comisión de Transporte, Luis Candia, cuestionó la rebaja del 10% en las multas de tránsito anunciada por el ministro Rafael Rey. Sus declaraciones las brindó en una entrevista con el programa Punto Final. "Eso es muy grave. Evidentemente favorece al bolsillo del infractor y el que pagó la multa", afirmó el congresista.

Para Candia, la medida no ataca el problema estructural del transporte en el país. El legislador reconoció que la rebaja alivia la economía de quienes cometen infracciones, pero remarcó que no soluciona la falta de organización del sistema. "No estamos solucionando el problema de fondo (...) el problema de fondo es que no tenemos un sistema integrado de transporte", sostuvo.

Candia adelantó que citarán al ministro Rey para que explique los alcances de la reducción de multas ante los legisladores. La comparecencia buscará conocer los criterios técnicos detrás de la medida.

De acuerdo con el reportaje periodístico, se trata de Tania Canchapoma Hilario, quien aportó S/5.000 a la campaña y trabaja dentro del programa; Jorge Campos Gavidia figura como aportante de S/10.000 para material publicitario de la campaña y consiguió 11 órdenes de servicio; Álvaro Pérez García aportó S/8.000 a favor de la candidatura de Tumi y también obtuvo 11 órdenes de servicio; Luis Lizano Caichihua consiguió 13 órdenes de servicio tras aportar S/4.500.

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Por su parte, Jean Ampudia Leguía dio S/8.000 en aportes entre el 3 y 5 de febrero, el 7 de ese mes sacó su Registro Nacional de Proveedores (RNP) y obtuvo contratos por S/12.000. "¿Qué tiene que ver eso? No te voy a decir eso (...) Yo he entrado a trabajar en febrero y he terminado en agosto. (...) Yo soy parte, bueno, era parte del equipo de campaña de César Acuña; Jessica es mi amiga, ese apoyo ha sido como Jean Piere, no tiene nada que ver con la orden de servicio", respondió ante la prensa.

Tumi, en las Elecciones Generales 2026, fue candidata a diputada y a la primera vicepresidencia en la fórmula del líder de APP, César Acuña. Llegó a la dirección de Llamkasun Perú en septiembre de 2023.

"Existen hechos objetivos que nos llevan a presumir una irregularidad en esas contrataciones porque vemos que hay aportantes de un partido político que, inmediatamente después de la formalización de este aporte, han obtenido una contratación directa con la entidad", sostuvo José Antonio Trelles, experto en contrataciones del Estado.

La palabra del ministro

Durante una entrevista con Canal N, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, descartó que los trabajadores hayan conseguido un contrato por sus aportes a campaña. Aseguró que 5 de ellos trabajan desde el 2024, 2 ya no están y uno nunca estuvo en Llamkasun Perú.

"Toda la información que aparece en el reportaje está en la ONPE. Si una persona quisiera cometer algún tipo de dolo, lo ocultaría (...) Estos aportantes vienen del 2024, no del 2026", sostuvo.

En esa misma línea, respaldó la gestión y continuidad de Jessica Tumi. Asimismo, indicó que Tumi renunció a su militancia en APP. No obstante, el medio de comunicación verificó que en la plataforma del JNE aún no figura su dimisión.

"Yo conozco los procesos. Ella puede haber mandado esa carta al partido y es una tortura para enviarlo al JNE. (Sobre la renuncia) de eso hemos hablado hace 3 días", explicó.

Sobre la razón de la renuncia de Luis Rubio a su candidatura para alcalde de Lima, la senadora indicó que hasta el momento no se le ha comunicado la razón por la que el candidato dio un paso al costado. "Yo en lo personal, no. Lo que han anunciado (…) los del partido es que hay un tema muy personal del doctor Rubio.

En esa línea, la legisladora sostuvo que el doctor Luis Rubio, anterior candidato a la alcaldía de Lima, tiene la obligación de dar explicaciones públicas a los militantes y a todo el electorado sobre las razones que impulsaron su salida de la lista.

"Yo sinceramente creo que, por un respeto, a los militantes, a los simpatizantes y a todos en general, porque ha sido un candidato para la alcaldía de Lima, no solamente para el partido, sino para todo el electorado. Entonces, él debería dar explicaciones del caso".

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Además de la controversia municipal, la parlamentaria abordó el avance del pedido de facultades legislativas. Ampuero advirtió sobre las demoras en la presentación formal del proyecto ante el Congreso y remarcó la urgencia de tomar medidas ante el incremento de la criminalidad.

"Hay temas en los que ya no podemos seguir esperando porque nos está costando seis vidas humanas diariamente el tema de la inseguridad ciudadana. (...) Para mí se está demorando mucho porque tiene que ver con la vida de los ciudadanos".

En relación con la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la titular de la Comisión de Justicia defendió el marco constitucional y señaló que existe corrupción dentro de las fuerzas del orden.

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"Tiene que ser la Policía [la que tenga la rectoría], porque si no estaríamos yendo en contra de la Constitución. (...) Lo que no se toca con la frontalidad que debiera tocarse y con la sinceridad que debiera tocarse es la corrupción policial. (...) Cuando nos descubrimos que en las bandas criminales hay policías, y que muchos de los extorsionados cuando van a denunciar a la policía, la policía está confabulada con algunas bandas de extorsionadores".

La senadora también se refirió a la permanencia del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y consideró que las autoridades deberían poner su cargo a disposición frente a la falta de resultados.

"Yo creo que no necesitas una ley para invitarle a una persona a renunciar si no hace bien su trabajo. (...) Yo creo que debería poner su cargo a disposición frente a los resultados que hemos tenido, sobre todo cuando hemos visto que para mí ha sido una burla muy grande ver a Cerrón y prácticamente burlarse de la actuación que han tenido las fuerzas policiales".

"Hace tiempo me inventan relaciones, cuatro o cinco relaciones, pero yo ya he señalado claramente que, a partir del 28 de julio de este año y por los próximos cinco años, mi compromiso es con el Perú", expresó.

En esa misma línea, la mandataria señaló que, durante su campaña presidencial, "el señor Carlos, el señor Damián y el señor Román", personas que -según dijo- son de nacionalidad extranjera, vinieron al Perú para colaborar con ella. "Valoro el conocimiento de todas estas personas que, de una manera generosa, han querido ayudarme en este proceso", dijo.

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Esta última declaración va en la misma línea de la versión que brindó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien confirmó que Valenzuela Mayer participó de la campaña presidencial y era uno de los que hablaba con la presidenta.

Además, Vinelli recordó que el empresario argentino estuvo presente en la asunción de mando en el Congreso el pasado 28 de julio.

"Esa foto (en la que se ve a Vinelli saludando al empresario) hace referencia al 28 de julio, en donde hemos estado en el Hemiciclo, en donde había en el centro unas personas y él presentó ahí a unas personas que fueron invitados. En la campaña ha habido muchos asesores (...) Yo no podría afirmar que sea un asesor. Lo que sí puedo decir es que la presidenta consulta a muchas personas", relató en una entrevista en RPP.

"Yo no sabría decir cuál es el grado de influencia que tiene. Yo lo he visto el 28 de julio y de ahí no he vuelto a conversar con él, por ejemplo, así que no sé qué grado de influencia tenga sobre la presidenta", agregó.

Damián Valenzuela Mayer: ¿Quién es el empresario argentino?

Damián Valenzuela Mayer es un empresario argentino (Tucumán) de 51 años que, de acuerdo con el reportaje de Hildebrandt en sus Trece, es abogado y CEO de Latin America Invest y se haría llamar como el "creador de riquezas".

De acuerdo con el portal de la empresa, contarían con 40 directores de inversión y trabajan con bancos de Mónaco, Luxemburgo y Suiza. Operan en 10 países y tienen más de 1.000 clientes.

En revistas como 'Negocios' o 'Bolivia Business', el empresario es catalogado como financista de vuelo internacional. Tiene fotos con el rey de España, diversos políticos de derecha y asegura que lo que más cuida es su reputación.

La mandataria se dirige a él como "Gerardo" en público. Valenzuela Mayer ha estado en Lima 11 veces; la última vez entre el 25 de julio y 1 de agosto y, anteriormente, entre el 10 y el 17 de julio.

Estuvo en la juramentación de Fujimori en el Congreso el 28 de julio. Se ubicó en el primer piso del hemiciclo junto con los parlamentarios andinos. Fue fotografiado por H13 mientras conversaba con el presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez, y con la ministra de Economía de El Salvador, María Hayem.

Por otro lado, de acuerdo con H13, el empresario contaría con resoluciones judiciales condenatorias en las cortes de Florida (Estados Unidos) y el BCR de Uruguay. Sin embargo, el ministro de Salud, Luis Dyer, afirmó que cuenta con una carta del empresario en la que este sostiene que no registra ninguna sentencia judicial.

Durante una entrevista con RPP, Vinelli aseguró que conoció a Valenzuela Mayer —quien, según el semanario Hildebrandt en sus Trece, acudía con Fujimori al spa Tomyko— “en el proceso de la campaña”. Asimismo, señaló que el empresario conversaba con la jefa de Estado durante la campaña; sin embargo, no afirmó que haya ejercido como asesor.

"Esa foto (en la que se ve a Vinelli saludando al empresario) hace referencia al 28 de julio, en donde hemos estado en el Hemiciclo, en donde había en el centro unas personas y él presentó ahí a unas personas que fueron invitados. En la campaña ha habido muchos asesores", contó. "¿Estaba el señor Valenzuela?", pregunta el periodista. "Está... parte también... digamos... de los que conversaban con la presidenta", respondió.

"Yo no podría afirmar que sea un asesor. Lo que sí puedo decir es que la presidenta consulta a muchas personas. Yo he apoyado en la parte técnica, en la parte del plan de gobierno y, en ese sentido, he dado mis aportes a la presidenta, pero la campaña ha sido dirigida por ella, por el vicepresidente Galarreta y Miki Torres”, agregó.

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Al ser consultado sobre el grado de influencia que tendría el empresario sobre Fujimori, el titular del Midagri señaló que desconoce dicha situación.

"Yo no sabría decir cuál es el grado de influencia que tiene. Yo lo he visto el 28 de julio y de ahí no he vuelto a conversar con él, por ejemplo, así que no sé qué grado de influencia tenga sobre la presidenta", dijo.

En esa misma línea, Vinelli fue cuestionado por los antecedentes judiciales de Valenzuela Mayer en distintos países por presuntas estafas. Al respecto, señaló que debe ser el mismo empresario el que deba aclarar sobre esos temas.

Pese a los cuestionamientos, el ministro resaltó que no le genera ningún tipo de preocupación que el Gobierno de Fujimori tenga cercanía con el empresario.

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La historia

El último viernes 21 de agosto, el semanario H13 reveló que el empresario argentino de 51 años y la presidenta Fujimori habrían acudido hasta en cuatro ocasiones al spa Tomyko, en Santa Catalina, lugar en el que se atiende desde que fue primera dama. E

El magnate ha estado 11 veces en Lima desde octubre del 2025, siendo la última vez entre el 25 de julio y el 1 de agosto y, anteriormente, entre el 10 y el 17 de julio. Precisamente, el 11 de ese mes, luego de que Fujimori fue proclamada como presidenta por el JNE, asistieron al salón de belleza. Se eligió el paquete para dos de S/580 que incluye tratamiento facial, masajes, sauna, champagne y chocolates. La lideresa fujimorista, según H13, lo llama "Gerardo" cuando están en público.

El reportaje mencionó que la jefa de Estado habría ingresado al local a las 3.10 p. m. por la puerta de servicio que dirige al segundo piso, en una zona reservada para "clientes especiales". Valenzuela hizo lo mismo 10 minutos después. La mandataria se retiró del lugar a las 5.03 p. m., mientras que su acompañante 15 minutos más tarde.

Por otro lado, H13 aseguró que Valenzuela Mayer, quien se haría llamar el "creador de las riquezas", estuvo presente durante la asunción de mando en el Congreso el 28 de julio y en Palacio de Gobierno en la juramentación del gabinete.

Es abogado y CEO en Latin America Invest, que cuenta con una sede en Perú creada en 2011 con un capital de S/1.000. Sin embargo, el semanario recogió documentos judiciales de Estados Unidos e informes del Banco Central de Reserva de Uruguay que señalan que Valenzuela tendría sentencias condenatorias.

El 28 de abril del 2025, la Corte de Florida sentenció a Latin America Invest y al empresario; fueron a pagar US$5 millones a la firma Chily Star Corp. En 2024, el BCR de Uruguay disolvió a Banfisol SA, empresa de asesoría financiera de Valenzuela, por presuntamente haber dado información falsa.

Sin embargo, el ministro de Salud, Luis Dyer, afirmó que cuenta con una carta del empresario en la que este sostiene que no registra ninguna sentencia judicial.

Keiko Fujimori acepta que fue a spa con empresario argentino Damián Valenzuela

A través de una transmisión en vivo por TikTok, la mandataria explicó que Valenzuela fue una de las personas que colaboró con ella durante la campaña, aunque no precisó si llegó a ocupar algún cargo formal.

"Quiero confirmar que el día 11 de julio, efectivamente, antes que yo asumiera la presidencia, acudí a la peluquería Tomiko”, dijo Fujimori.

La presidenta incluyó a Valenzuela entre un grupo de “amistades” extranjeras que la apoyaron durante la campaña, junto con otras dos personas a las que identificó únicamente como “el señor Carlos” y “el señor Román”. Asimismo, destacó el conocimiento y la disposición de quienes, según afirmó, se acercaron de manera desinteresada para colaborar con ella.

Fujimori explicó, además, que el vehículo que utilizó durante el periodo entre su elección y su juramentación fue facilitado por Fuerza Popular y no por el Estado. Asimismo, aseguró que la oficina de la presidenta electa tampoco generó gastos para el erario nacional. La precisión fue realizada de manera espontánea, sin que se le hubiera consultado directamente sobre ese aspecto.

El primer ministro Luis Galarrea propuso como medida para deshacinar los penales usar los cuarteles del ejército que estén en desuso. ¿Qué tan viable ve esta propuesta?

No estoy familiarizado con esos cuarteles que están en desuso. No sé si las Fuerzas Armadas la van a servir para este propósito. Y si lo van a hacer, tienen que adaptarla porque un cuartel del Ejército, como es normal, no tiene las barreras de seguridad, los sistemas de ingreso y egreso y vigilancia al entrar, etcétera, todas las cosas que tiene que tener una cárcel.

No es un proceso fácil…

No es que te entreguen el cuartel del Ejército y ya y mandas 500 personas ahí. Es un proceso que toma su tiempo, demora mucho en hacerse. Todo el procedimiento que se tiene que hacer para construir una cárcel, hay que hacerlo para adaptar un cuartel.

También se propuso que los militares puedan participar en el resguardo de estos centros penitenciarios que estarían en los cuarteles. ¿Esto cuenta con marco constitucional?

No sé si es inconstitucional, no soy abogado, pero creo que en el gobierno tienen una visión equivocada y fantasiosa del número de militares disponibles. Los militares tienen funciones que ya están realizando en todo el país; en el VRAEM, por ejemplo, en la defensa nacional, o ¿qué cosa cree que los tanques se mantienen solos? Hay que arreglarlos. Hay un montón de trabajo que los militares tienen que hacer para sus funciones reales. ¿Se cree que hay como militares guardados y que van a salir a hacer estas funciones? Es una fantasía. El ministro de Defensa ha dicho que van a cuidar los perímetros de los penales. ¡Hay 69 penales en el Perú! No tenemos un problema importante de fugas. Ese no es un problema importante. Son muy marginales las fugas.

Es una fantasía…

Se están autoengañando.

Entonces, ¿qué medidas se podrían tomar para frenar esto? Porque la presidenta sale a decir que no puede dar resultados en 15 días y el ministro del Interior asegura que no se puede eliminar la inseguridad en una semana…

Es evidente que en 15 días no se puede solucionar el problema, pero lo que no están diciendo es que ellos anunciaron que sí lo iban a hacer... Hay un plan de escudo que lanzó el propio ministro del Interior hace una semana, que ha sido un desastre, un desastre. O sea, no nos digan que nosotros estamos pidiendo que haya resultados en 15 días. Son ellos los que han ofrecido esos resultados para los transportistas, que es el sector más afectado. Y siguen fantaseando con esas cosas: que van a poner militares en todo, en los penales, que los drones y los militares van a hacer esto y el otro, que van a vigilar todas las fronteras. Todas son cosas que ellos han anunciado. Que no digan que los ciudadanos y los periodistas y las personas que opinan están pidiéndole algo. Es imposible, pero ellos lo ofrecieron.

Fue amigo de Fernando Rospigliosi.

Fui amigo de una persona que ya no existe; al actual lo desconozco.

Disculpe mi indiscreción, pero ¿por qué llegó a romperse la amistad?

Mi amigo murió; a este individuo no lo conozco. Ahí me quedo por ahora.

Usted ha calificado al señor Rospigliosi como "el matón del barrio". ¿Por qué llamarlo así?

Es el matón del barrio, es un personaje, un individuo que ha sufrido un proceso de conversión, allá él. Y se ha vuelto una especie de cowboy que quiere que se dispare a todo lo que se mueva. Aparte de regalar la plata de los ciudadanos para aumentar más el sueldo en el Congreso, ha impulsado una norma que manda a los policías y militares al fuero militar cuando cometan un delito, cosa que es una barbaridad y va en contra de la Constitución y va a ser contraproducente en la lucha contra el crimen. Es una barbaridad, es un matón del barrio, por supuesto. Y, como todo matón de barrio, cuando pase algo, se va a poner atrás.

¿Cómo calificaría el cambio que tuvo Rospigliosi? En su momento hacía frente al fujimorismo, pero ahora está en sus filas.

Yo lo que le respondería es que es un hombre anciano y creo que hay dos tipos de personas que llegan a la ancianidad, y él es el más anciano del Congreso: unos que se vuelven sabios, que son los que necesitamos, y otros son los que se pudren.

Cuando los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia se pronunciaron contra los políticos por una serie de denuncias, usted dijo: "Sabemos muy bien a qué siniestro personaje se refieren". Tiene fuertes calificativos contra su exjefe...

Es una persona que trata de poner de rodillas al Poder Judicial, que denuncia a todos los jueces que actúan en el contexto de la Constitución aplicando el control difuso, y él los denuncia ante la JNJ, donde tiene sus amigotes. Tiene toda la razón el Poder Judicial de mostrar su indignación frente a este individuo.

Me llama la atención los adjetivos que usa contra Rospigliosi.

Se deben usar para las personas que están haciendo mucho daño y él es el prototipo de las personas que están haciendo mucho daño. Tengo también calificativos muy fuertes para el señor López Aliaga. No me interesan las opciones ideológicas; si le hacen un daño a la sociedad, me parece que deberían ser tratadas con firmeza y fuerza y no con medias tintas.

Mediante una columna de opinión en un medio local, Bravo sostuvo que su decisión será para evitar distracciones en la labor parlamentaria y concentrar los esfuerzos del país en las principales prioridades nacionales, entre ellas, reducir los efectos del fenómeno de El Niño y combatir la inseguridad ciudadana.

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El diputado explicó que tomó esta decisión después de que el presidente de su partido, Rafael López Aliaga, advirtiera que el país enfrenta problemas de mayor gravedad que demandan atención inmediata.

"Por esta razón, he decidido retirar el citado proyecto de ley para no distraer la actividad legislativa ni la agenda prioritaria del país", escribió.

Sin embargo, el congresista defendió su iniciativa y aseguró que recibió respaldo por redes sociales. "En la política, como en la vida, a veces toca cambiar el rumbo y apuntar todas las baterías hacia lo urgente, pensando en el país y dejando algunas batallas para después", dijo.

En esa misma línea, no descartó presentar nuevamente su cuestionada propuesta por los gremios de periodistas. "Se trata de ceder sin conceder. Es también una oportunidad para acrisolar esta propuesta, perfeccionarla y, cuando llegue el momento, volver a la carga", advirtió.

Gremio periodístico se pronuncia contra propuesta de Renovación Popular

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), cuestionó el proyecto de ley al considerar que contiene diversas deficiencias que podrían afectar negativamente el ejercicio de la labor periodística.

Lainez advirtió que la amplitud de los términos empleados para establecer las conductas sancionables podría ocasionar interpretaciones que restrinjan el trabajo de la prensa. Según explicó, ante la ausencia de una definición clara, incluso la transcripción de declaraciones de personas involucradas en una protesta social o política podría ser interpretada como difusión de los usos ilegales que la propuesta pretende sancionar.

“El proyecto tiene riesgos importantes para las libertades informativas y el ejercicio de la actividad periodística. Lo primero es que usa categorías muy abiertas. El proyecto habla, desde el título, de que lo propuesto entra en contextos de crisis política. Cualquier analista te diría que los últimos años han sido una crisis política. Eso abre la ventana a que lo cotidiano se convierta en una circunstancia para aplicar una ley de estas características. Hay regiones con conflictos sociales permanentes. Perseguir la incitación a la violencia no está mal, pero este proyecto incorpora una serie de agravantes y deja demasiado margen para que los fiscales, policías y jueces puedan interpretar como delito actividades periodísticas puntuales”, declaró.

Lainez advirtió que la nueva propuesta legislativa podría terminar criminalizando determinadas actividades que forman parte del ejercicio habitual del periodismo.

“Las categorías utilizadas son muy amplias. Si uno, como periodista, recoge declaraciones de un actor de la protesta política o social, ¿la recolección de esa declaración va a generar responsabilidades penales sobre el periodista? Eso va a ser muy peligroso”, argumentó.

Durante una entrevista en 'Sin rodeos' el último domingo 23 de agosto, Dyer aseguró que conoció a Valenzuela Mayer en la campaña presidencial y afirmó que este no cuenta con influencia en el Gobierno.

"Lo conocía, así como lo conocí también al señor Román Cendoya, Carlos Díaz. Quisiera expresar un tema muy importante más que asesores: me considero un asesor en el sentido de que sé la parte técnica, soy una persona de números. A mi punto de vista, eran unos consejeros; consejeros son personas que comparten experiencias (...) Y hago recalcar a la población: el señor Damián este no tiene ninguna influencia, por si acaso, en el Gobierno actual", sostuvo.

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En esa misma línea, el titular del Minsa señaló que los "consejeros", incluido el empresario argentino, colaboraron con la campaña fujimorista ad honorem. "Totalmente y siempre lo expresaron", dijo.

Asimismo, Dyer manifestó que "puede dar fe" de que Valenzuela Mayer ya no trabaja ni aconseja a Fujimori. "Hemos tenido reuniones de gabinete, hemos tenido reuniones en Palacio y yo no veo ni a Carlos Díaz, ni al señor Román Cendoya, ni al señor Damián. La presidenta toma sus decisiones sola", resaltó.

Por otro lado, Dyer mencionó que el carro que usó la presidenta para ir a la peluquería fue brindado por Fuerza Popular; sin embargo, la seguridad del Estado la escoltó hasta ese lugar.

En tanto, reveló que Valenzuela Mayer enviará una carta notarial al semanario Hildebrandt en sus Trece, debido a que, según indicó, nunca fue sentenciado en ningún juzgado del mundo. "Esto me lo ha mandado para que pueda yo también aclararlo".

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Luis Dyer sobre vínculos entre empresario y Fujimori: "Un chisme de peluquería"

Segundos después, el ministro de Salud calificó como un "chisme de peluquería" el reportaje entre la presidenta Fujimori y el empresario argentino en un spa de La Victoria.

"Pero de nuevo, seamos serios en esto. ¿Qué estamos viendo? Para mí, un chisme de peluquería. Eso es lo que yo creo. Está opacando lo que estamos trabajando", dijo.

Originalmente, el titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Víctor Zúñiga Urday, dispuso la medida el 14 de marzo y el 5 de abril de 2023.

El entonces fiscal del caso, Wilson Salazar Reque, solicitó el allanamiento y la incautación de los inmuebles con el argumento de que estos fueron presuntamente adquiridos con fondos de origen ilícito.

Según Salazar, durante la gestión del exrector y exgerente general de la casa de estudios, Fidel Ramírez Prado, este y miembros de su familia desfalcaron a la UAP y adquirieron varios inmuebles.

Pero la defensa de la universidad alegó que los Ramírez, durante el periodo en el que controlaron la UAP, cometieron fraude en beneficio propio y afectaron el patrimonio de la Cooperativa de Servicios Múltiples, propietaria de la universidad.

De acuerdo con la resolución del juez Eiser Jiménez, el fiscal Wilson Salazar no llegó a demostrar que, como consecuencia de los malos manejos del centro universitario cometidos durante la gestión de Ramírez, se favoreció la cooperativa. Por el contrario, resultó afectada.

Sin fundamento

“No solo la Universidad Alas Peruanas no ha obtenido ningún tipo de beneficio de los quince actos de fraude imputados (por la fiscalía), sino que resulta ser la principal afectada”, explica el magistrado.

“Por lo que, existe una manifiesta ilogicidad en este extremo de la hipótesis fáctica (del fiscal), toda vez que, si el patrimonio pertenece a la Universidad Alas Peruanas SA, y se describen conductas ejecutadas por Fidel Ramírez (gerente general junto a otros) no resulta razonable sostener que la persona jurídica intervino para defraudar su propio patrimonio”, señala el juez Eiser Jiménez en la resolución del 12 de agosto de este año.

Como ejemplo ilustrativo, el juez precisa que Fidel Ramírez ocultó a los socios de la cooperativa y a los auditores externos, cinco contratos para el alquiler de inmuebles a precios sobrevalorados que suscribió con las empresas de su sobrino Joaquín Ramírez Gamarra por S/8,2 millones.

En todos los casos, Fidel Ramírez usó los recursos asignados por la cooperativa a la UAP para consumar a espaldas de esta negocios con empresas manejadas por miembros de su familia.

Caso indefendible

“Teniendo en cuenta que la Universidad Alas Peruanas resulta ser sujeto pasivo del delito de fraude en la administración de persona jurídica, correspondía declarar improcedente este extremo del requerimiento (del fiscal)”, concluye el juez Eiser Jiménez.

Sorprendentemente, durante la audiencia de este caso, el juez Jiménez solicitó a la representante de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos que sustente los fundamentos del fiscal Wilson Salazar Reque para requerir la incautación de los inmuebles de la universidad.

Pero se abstuvo de hacerlo al considerar que Salazar no cumplió con sustentar debidamente la motivación para solicitar la incautación.

“No pasa inadvertido para el suscrito (el juez) lo señalado por la representante del Ministerio Público, quien manifestó en reiteradas oportunidades que no compartía los mismos argumentos del fiscal adjunto (Wilson Salazar Reque) que planteó la presente medida (la incautación)”, anota el magistrado en su resolución.

“Ante las preguntas aclaratorias del órgano jurisdiccional, (dijo que) no se encontraba en la capacidad de sustentar algunos extremos del requerimiento (del fiscal Salazar). Lo manifestado en audiencia llama poderosamente la atención del órgano jurisdiccional, en tanto la fiscal provincial pretende excusar la falta de diligencia en que no se encontraba a cargo del caso, dando a entender que quien se encontraba a cargo de la presente investigación era el fiscal adjunto (Salazar)”, argumenta el juez.

El fiscal Wilson Salazar Reque cometió un error central al señalar que todos los bienes de la UAP eran producto de actos de fraude, como señala el magistrado del caso. Existió un desfalco cometido por Fidel Ramírez en complicidad con su familia, pero no en beneficio de la cooperativa propietaria de la universidad sino de sus propios intereses, argumenta el juez.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

Sin embargo, de acuerdo con una base de datos elaborada por la ANA, 21 gobiernos regionales y 113 municipios distritales no pidieron al Fondo para las Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), los recursos asignados para la ejecución de acciones donde están ubicados los puntos críticos.

En las 21 regiones y 113 distritos (ver recuadro), la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), identificó 226 puntos críticos, en los que de manera urgente se necesita una serie de labores de protección ante el impacto del fenómeno El Niño.

La República hizo un análisis de la información y pudo identificar cuáles son las regiones y los distritos donde se encuentran los puntos críticos, que no han pedido los recursos del Fondes (ver la relación completa en la edición web).

La lista la encabeza la región Áncash, donde se han reportado 27 puntos críticos en cuatro distritos (Chimbote, Moro, Nepeña y Cáceres del Perú). No se ha pedido a Fondes ni un centavo de los S/21.8 millones que se necesitarían para afrontar situaciones de emergencia por desastres naturales.

Sigue Puno, con 26 puntos críticos ubicados en 16 distritos. Tampoco requirieron los S/21.6 millones que les deben corresponder para obras de prevención.

A continuación aparece Arequipa, con 24 puntos críticos desperdigados en seis distritos (Cháparra, Quicacha, Jaqui, Yauca, Cerro Colorado y Cayma): deben contar con S/23.1 millones. Este dinero no fue solicitado.

El mismo patrón

En el caso de Junín, son 23 puntos críticos referenciados en 18 distritos. Empero, el presupuesto de S/56.7 millones, que debieron demandar, sigue en espera.

En Pasco, se han reportado 21 puntos críticos en ocho distritos. Para estos se deben asignar S/44.6 millones.

En Piura, los distritos de Buenos Aires, Canchaque, Catacaos, Chulucanas, Querocotillo, San Miguel del Faique, Santa Catalina de Mossa, Sullana y Tambogrande abarcan 17 puntos críticos. Debieron pedir S/90 millones para ser gastados en medidas de prevención y protección, pero no lo hicieron.

Y en Lima, los 13 puntos críticos que se concentran en los distritos de Chilca, Lurigancho, Pachacamac y San Juan de Lurigancho, debió solicitarse un presupuesto de S/36.3 millones.

Un caso similar sucede en Ica, donde el gobierno regional y los municipios tuvieron que haber pedido más de S/31.7 millones para ejecutar obras y servicios en tres distritos con 12 puntos críticos, pero repitió el patrón.

En Huánuco, la ANA identificó 11 puntos críticos divididos en siete distritos. Los S/16 millones que se necesitan para la ejecución de obras siguen esperando a ser pedidos.

En la región de Amazonas el gobierno regional y los distritos comprometidos deben solicitar a Fondes los S/24.5 millones necesarios para atender diez puntos críticos.

También se identificó que el gobierno regional de Cusco no pidió al Fondes el presupuesto de S/71 millones, para sus cuatro distritos que cuentan con seis puntos críticos.

En Huancavelica pasa lo mismo, a pesar de contar con seis puntos críticos de alto peligro y predisposición a inundaciones y desgastes de suelo. El gobierno regional y los municipios relacionados todavía no solicitan los S/26 millones que le permitirían prevenir desastres provocados por el fenómeno El Niño.

Los departamentos de Tacna y La Libertad también cuentan con seis puntos críticos cada uno. Los gobiernos regionales y los distritos debieron requerir S/8 millones y S/3 millones respectivamente.

Los gobiernos regionales de Lambayeque y San Martín no se quedan atrás. Ambos cuentan con cinco puntos críticos que requieren de un presupuesto de S/22.8 millones y S/10.8 millones respectivamente para tratarlos.

Finalmente, se encuentran pendientes de solicitar presupuesto al Fondes las regiones de Madre de Dios con S/13 millones, Tumbes con S/5 millones, Ayacucho con S/4 millones, Moquegua con S/3 millones y Ucayali con S/885 mil, para obras que permitan afrontar el evento climático.

Emergencias que no esperan

Que los 21 gobiernos regionales y 113 municipios distritales no hayan requerido al Fondes los recursos, significa que los 226 puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua se encuentran en peligro de sufrir inundaciones, huaicos y debilitamiento de los suelos, porque no se están ejecutando obras como la limpieza y descolmatación de ríos que ayuden a enfrentar las consecuencias que traerá el fenómeno global de El Niño.

Como consecuencia de la inacción de los gobiernos regionales y los daños que ocasionan las lluvias, el gobierno se vio obligado a aprobar el decreto de emergencia N° 008-2026, destinando 179 millones para trabajos preventivos.

Mientras que de este presupuesto, S/50.5 millones serán destinados a la instalación de barreras dinámicas en quebradas vulnerables de Lima y Huarochirí.

Solo S/129.4 millones serán dirigidos a intervenir 70 puntos críticos de ríos y quebradas ubicadas en las regiones de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

De acuerdo con el decreto, la Autoridad Nacional del Agua deberá presentar reportes sobre las intervenciones y las entidades financiadas tendrán que informar sobre los avances físicos de las obras y los desembolsos.

Son 21 regiones que cuentan con puntos críticos de alto peligro, ¿qué pasará con los 192 puntos críticos restantes que fueron identificados por el ANA?

De acuerdo con el gobernador de Áncash, Fabián Noriega Brito, el problema de la región para intervenir los puntos críticos no es presupuestal sino la burocracia que tiene la ANA.

“Los gobiernos regionales, locales, queremos intervenir con limpieza, descolmatación, enrocado de los ríos, entre otros, pero tenemos que pedir permiso a la ANA (Autoridad Nacional del Agua)”, dijo el gobernador Fabián Noriega a La República.

“Entonces, eso es un cuello de botella porque las competencias las tienen ellos, y si es que ellos no nos autorizan, nosotros no podemos intervenir. Este problema es a nivel nacional”, destacó.

Además, señaló que la mandataria Keiko Fujimori no responde a las solicitudes del gobierno regional de Áncash para definir el plan de trabajo que permita a las regiones enfrentar el fenómeno de El Niño.

“Nosotros hemos pedido a la presidenta con documentos que convoque a una reunión de altísimo nivel. La presidenta (Keiko Fujimori) no entiende el trabajo articulado”, expresó el gobernador ancashino.

“No hay un plan definido en el Estado de cómo podemos enfrentar, ahora que se viene el fenómeno del niño. Ahora mismo van a hacer lo que puedan, sin ninguna visión, sin ningún criterio, y el resultado que tendremos podría ser inadecuado”, sostuvo Noriega.

La información consignada deja en evidencia que hay dejadez en la ejecución de los recursos del Fondes por autoridades regionales y locales. Los puntos críticos ya están identificados, los recursos públicos están disponibles, pero está faltando determinación.

El aporte se registró en febrero de este año. Para esa fecha, Torres Reyes ya tenía una sentencia condenatoria en primera instancia por su participación en la red que sustrajo dinero de la cuenta bancaria de una abogada secuestrada en 2022. El diputado, consultado sobre el tema en una entrevista previa, dijo no recordar los nombres de la lista de aportantes que él mismo firmó ante la autoridad electoral.

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El caso se suma a otro frente judicial que compromete a Zegarra. El legislador es mencionado en la carpeta fiscal que investiga el asesinato del periodista iqueño Gastón Medina, ocurrido en enero de 2025. Medina fue acribillado por un sicario en la puerta de su vivienda, luego de años de denunciar presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional de Ica.

Antes de llegar al Congreso, Zegarra trabajó como asesor del entonces gobernador regional Jorge Hurtado. Según La República informó el pasado 4 de agosto, la Fiscalía de Derechos Humanos mantiene abierta una investigación reservada para determinar quién ordenó el crimen del periodista. El nombre del diputado figura en ese expediente como uno de los presuntos autores intelectuales, aunque él niega cualquier participación y afirma que nunca fue citado a declarar.

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Aportante cobró dinero robado a una abogada secuestrada en Pisco

La fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, Rocío del Carmen Arástegui, confirmó que Torres Reyes permanece prófugo. Las investigaciones reconstruyeron la ruta del dinero sustraído a la abogada Flor María Palomino Manturano, secuestrada en junio de 2022 por una red liderada por Hipólito Jaques Taipe.

Mientras la víctima permanecía cautiva, Torres Reyes sostuvo 14 llamadas telefónicas con Jaques Taipe. Los captores retiraron de forma progresiva más de 75 mil soles de la cuenta de Palomino. El expediente judicial probó que Torres Reyes cobró personalmente 10 mil soles de ese dinero en la ventanilla de un banco.

Otra parte de los fondos fue derivada a cuentas de familiares y trabajadores cercanos al condenado. Pese a la sentencia y a la orden de captura vigente, las autoridades policiales no han logrado ubicarlo hasta el momento.

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Un audio grabado en 2023 vinculó a Zegarra con un plan para matar a Medina

Meses antes del crimen, Medina difundió en su programa de Cadena Sur TV un audio en el que, según denunció, se hablaba de un plan para asesinarlo. La grabación registraba la voz de Víctor Mere, un hombre del entorno regional, junto a otra voz que Mere atribuyó a Zegarra.

En el audio, uno de los interlocutores mencionó a la exvicegobernadora Luz Canales y al propio Medina como blancos de un posible ataque. La otra voz respondió que había que "avanzar sobre esa línea". Medina pidió públicamente a Zegarra que confirmara si esa era su voz, algo que nunca ocurrió.

El propio Mere llamó después al programa para advertir a Medina que corría peligro. Meses más tarde, en enero de 2025, Medina fue asesinado. Semanas después, cuando ya era considerado testigo clave del caso, Mere también fue ejecutado por sicarios.

El juez supremo Juan Carlos Checkley tomó su decisión de acuerdo con lo establecido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que en diciembre del año pasado condenó a Castillo, Chávez y los demás involucrados con el presunto delito de conspiración para rebelión. Asimismo, notificó a la Policía Internacional (INTERPOL) de la medida judicial.

La resolución emitida el pasado 14 de agosto también ordena notificar la decisión a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima para los fines pertinentes.

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"Cúmplase con la requisitoria periódica de la orden de ubicación y captura nacional e internacional impuesta a la sentenciada, girándose para tal efecto las órdenes respectivas, para su cumplimiento conforme a ley", resolvió el Poder Judicial. La medida se dictó con la finalidad de que no venza la orden de captura mientras continúe vigente la ejecución de la condena contra Chávez.

Reacciones

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, criticó la decisión del magistrado Checkley. Sostuvo que su patrocinada se encuentra asilada en México y las órdenes de búsqueda y captura no serían "posibles" en tal país.

"El tremendo juez Carlos Checkley ordena la ubicación y captura internacional de Betssy Chávez. Póngase al día, Checley, pues Betssy Chávez, como aislada política, está perfectamente ubicable en México", expresó.

"Lo que no será posible es su captura porque México, un país soberano, democrático y defensor de los derechos humanos, la protege de quienes, como usted, usan la justicia para cumplir los encargos de quienes pretenden eliminar a los líderes del pueblo. Hasta la vista, juez Checkley", acotó.

La República accedió a los gastos del evento. Se trata de 16 órdenes de servicios y de bienes emitidas entre el siete y el 14 de julio. Entre los montos más altos figuran el alquiler de equipos audiovisuales, que sumó más de S/69 mil en dos contratos distintos, y el servicio de seguridad para la ceremonia, valorizado en S/14.250.

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El resto del presupuesto se repartió en conceptos menores, pero igual de específicos. Hubo pagos por impresión de credenciales, servicio de acomodadores, embalaje y traslado de mobiliario, interpretación en lengua de señas y dos servicios distintos de coffee break. Cada uno de esos rubros aparece registrado con su propio número de orden, fecha y proveedor.

El pasado quince de julio, día del evento, se cuestionó en redes sociales los gastos que el JNE hizo para la producción. Esto, debido a que se instaló un estrado fuera del Gran Teatro Nacional en el cual Fujimori se dirigió a sus seguidores.

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La entidad electoral respondió e indicó que no pagó por el uso del teatro, pues el Ministerio de Cultura cedió el espacio de forma gratuita. El Jurado añadió que tampoco pagó por la participación del Coro Nacional de Niños, la Orquesta Sinfónica Nacional ni los intérpretes del Himno Nacional, quienes también participaron sin costo.

El comunicado del JNE fue más allá. La institución negó, además, haber colocado una pantalla o un estrado en los exteriores del teatro. Según su versión, solo asumió la organización de la ceremonia de entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa, sin precisar en ese momento qué gastos concretos cubrió con fondos propios.

Los documentos a los que accedió La República, semanas después de ese intercambio en redes, demuestran que, si bien es cierta la versión ofrecida por el JNE, sí se contemplaron otros gastos.

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Equipos audiovisuales y logística concentraron la mayor parte del gasto

El rubro audiovisual fue el que más recursos demandó dentro del presupuesto total. La empresa Divicam S.A.C. facturó S/30.532,50 por equipamiento y soluciones audiovisuales para la producción y transmisión multiplataforma de la ceremonia. A eso se sumó otro contrato con Perulatintv por S/39 mil para el mismo rubro, además de S/13.098 pagados a Live Studio Perú por la edición y creación de piezas gráficas y audiovisuales. La empresa Multivisión Eventos S.A.C., por su parte, recibió S/1.730,80 por el alquiler de una pantalla para el interior del auditorio.

La logística y el montaje también representaron una parte considerable del gasto. El JNE pagó S/8.500 por el embalaje, carga y traslado de mobiliario, y S/990 por el servicio de acomodadores encargados de la atención y orientación al público durante la ceremonia. A esto se sumaron S/2.081,96 destinados al seguro complementario de trabajo de riesgo para el personal que atendió el evento.

El resto del presupuesto se dividió en conceptos vinculados a la atención de invitados y la identificación de los electos. La entidad gastó S/9.700 en total por dos servicios distintos de coffee break, y S/3.398,40 en la compra de porta credenciales para la presidenta y los vicepresidentes electos. También destinó S/11.755,16 a la adquisición de componentes de conectividad audiovisual para completar el equipamiento de la ceremonia.

La denuncia sostuvo que, si la lista de Renovación Popular gana las elecciones del 4 de octubre, López Aliaga podría volver a la alcaldía para el periodo 2027-2030. A su criterio, eso configuraría una reelección inmediata, prohibida por el artículo 194 de la Constitución.

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Renovación Popular respondió que el pedido era en realidad una "tacha encubierta" presentada fuera de tiempo. El partido argumentó, además, que el ascenso de López Aliaga en la lista fue un hecho ajeno a su voluntad y que no implicaba automáticamente ni una candidatura a alcalde ni una reelección inmediata. El JEE terminó por darle la razón a esta posición.

El caso arrancó cuando Luis Rubio renunció a su candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, el 4 de agosto. Esa salida movió las piezas dentro de la lista: López Aliaga pasó a encabezar la lista candidata.

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El pedido fue rechazado por tratarse de una tacha presentada fuera de plazo

El JEE resolvió que el escrito de Ronald Wilder Castillo Rojas correspondía en realidad a una tacha, no a una solicitud de exclusión como él la planteó. La norma electoral fija un plazo de tres días calendario, contados desde la publicación de la candidatura, para presentar este tipo de cuestionamiento.

La lista de Renovación Popular fue admitida el 26 de julio. Castillo Rojas presentó su denuncia el 21 de agosto, casi un mes después del vencimiento del plazo. Por esa sola razón, el JEE ya tenía motivo suficiente para declarar improcedente el pedido.

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El colegiado también evaluó el caso bajo la figura de exclusión, aun sabiendo que el plazo había precluido. El artículo 41 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos establece cuatro causales taxativas para excluir a un candidato: condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de libertad, pena de inhabilitación, interdicción por resolución judicial firme, o inhabilitación conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Ninguna de estas causales figura entre los hechos que Castillo Rojas atribuyó a Rafael López Aliaga. El argumento sobre una eventual reelección inmediata, tras la renuncia de Luis Isael Rubio Idrogo a la candidatura a alcalde, no está contemplado como causal de exclusión en la norma vigente.

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Antes de emitir la resolución, el JEE remitió la denuncia al área de fiscalización de hojas de vida, instancia que revisa este tipo de cuestionamientos con mayor detalle. Esa área devolvió el expediente el mismo 21 de agosto y precisó que el asunto denunciado no correspondía a su competencia.

Renovación Popular en sus descargos calificó el pedido como una "tacha encubierta" fuera de plazo y sostuvo que el cambio de posición de López Aliaga en la lista fue un hecho ajeno a su voluntad, sin efecto automático sobre una futura candidatura a alcalde.

Con el plazo de tacha vencido y sin causal de exclusión acreditada, el JEE aplicó los principios de legalidad y preclusión que rigen el proceso electoral y declaró improcedente la solicitud contra López Aliaga. La resolución dispone el archivo del expediente una vez que quede consentida o ejecutoriada.

"Quiero confirmar que el día 11 de julio, efectivamente, antes que yo asumiera la presidencia, acudí a la peluquería Tomiko", dijo dando respuesta a los comentarios de los usuarios que le preguntaban por el reportaje del semanario.

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La presidenta ubicó a Valenzuela dentro de un grupo de "amistades" extranjeras que la ayudaron en ese proceso, junto a otras dos personas que identificó solo como "el señor Carlos" y "el señor Román". Dijo valorar el conocimiento de quienes, según ella, se acercaron de manera generosa a colaborar.

Fujimori explicó, además, que el vehículo que usó en el periodo entre su elección y la juramentación fue facilitado por Fuerza Popular, no por el Estado. Añadió que la oficina de la presidenta electa tampoco generó gasto para el erario nacional. La aclaración llegó sin que nadie le hubiera preguntado directamente por ese punto.

Sobre su vínculo con Valenzuela, la mandataria fue tajante. Negó cualquier relación sentimental y dijo que desde hace tiempo le inventan "cuatro, cinco relaciones". Señaló que su compromiso, a partir del 28 de julio y por los próximos cinco años, es "con el Perú".

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Marco Antonio Vinelli sobre Damián Valenzuela: “No podría afirmar que sea un asesor"

Antes del pronunciamiento de Fujimori, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, ya había sido consultado por RPP sobre el vínculo entre la presidenta y Valenzuela. El titular del Midagri contó que conoció al empresario "en el proceso de la campaña" y explicó que una fotografía en la que ambos aparecen juntos corresponde al 28 de julio, día de la asunción de mando en el Hemiciclo del Congreso. Dijo que en esa ocasión Fujimori presentó a varias personas invitadas al evento.

Al ser consultado directamente sobre si Valenzuela cumplía funciones de asesoría, Vinelli no lo negó ni lo confirmó del todo. "Yo no podría afirmar que sea un asesor. Lo que sí puedo decir es que la presidenta consulta a muchas personas", respondió. El ministro añadió que su propio aporte a la campaña se limitó a la parte técnica del plan de gobierno, y que la dirección estuvo a cargo de Fujimori, el jefe del gabinete Luis Galarreta y el titular del Senado Miguel Torres.

Sobre el grado de influencia que Valenzuela tendría hoy sobre la mandataria, Vinelli dijo no saberlo, pues su último contacto con el empresario fue justamente ese 28 de julio. Consultado también por los antecedentes judiciales de Valenzuela en Estados Unidos y Uruguay, el ministro evitó pronunciarse y señaló que debe ser el propio empresario quien aclare esos casos.

Durante una entrevista con RPP, Vinelli adelantó que, en lugar de una fusión, el documento contempla incorporar herramientas tecnológicas para agilizar la atención a los ciudadanos en las distintas instituciones del Estado.

"En el pedido de facultades hay un tema que es grande: que es mejorar la eficiencia del Estado. Y esa eficiencia pasa por modificar algunos reglamentos, pasa por modificar algunos procesos, porque lo que planteamos es que si una solicitud de un ciudadano tiene 10 etapas u oficinas que atender, la tecnología puede entrar en ese proceso y puede reducirse de repente a dos o tres. (La fusión de ministerios) no lo dice expresamente el documento. Lo que dice es mejorar los procesos, incorporar la tecnología para que la atención al ciudadano sea mucho más rápida”, explicó.

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Al ser consultado cuándo se enviaría el pedido al Congreso, Vinelli aseguró que esta semana se colocará en la agenda del Consejo de Ministros para su evaluación y, luego, se trasladará al Parlamento. "Se verá en los siguientes días", sostuvo.

En tanto, Vinelli apuntó contra el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) como una de las instituciones que formarían parte del pedido de facultades legislativas para modificar su funcionamiento y brindar respuestas más rápidas ante situaciones de emergencia y ayuda humanitaria.

"Necesitamos una atención inmediata del Indeci y eso es cambio de ley. La ley señala que el gobierno local es el que prepara la ficha de emergencia y solicita la ayuda humanitaria al Indeci. Nos ha pasado eso en Junín; hemos llegado y estaba ahí toda la ayuda humanitaria en un almacén en Junín, en la zona del terremoto, pero los gobiernos locales no habían enviado la ficha a tiempo, entonces la ayuda estaba ahí. Entonces, ese cambio es un cambio de ley; vamos a pedir al Legislativo", comentó.

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Por otro lado, el titular del Midagri confirmó que el pedido de facultades legislativas no afectará los derechos ni beneficios laborales.

La decisión fue tomada por la fiscal Janet Bernal Loayza de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja. La entidad liderada por María Teresa Cabrera denunció al expresidente del Consejo de Ética, Carlos Ampuero Montes, y los consejeros María Vera Tudela, Féliz Vasi Zevallos y Fernando Castañeda Ipanaque por admitir la denuncia contra los miembros de la JNJ por supuestas infracciones al Código de Ética del Abogado.

La Procuraduría de la JNJ había presentado la denuncia penal contra los integrantes por emitir resoluciones mientras estaba en trámite la demanda de amparo interpuesta por Delia Espinoza, mediante la cual busca anular la resolución de la JNJ que dejó sin efecto la destitución de la exfiscal Patricia Benavides y dispuso su reposición como fiscal de la Nación.

La disposición establece que el caso deberá ser archivado de manera definitiva cuando quede consentida o, en caso de ser apelada, tras su confirmación por la Fiscalía Penal Superior, procedimiento que la JNJ ya habría realizado.

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Los argumentos del archivo

De acuerdo con Infobae, uno de los argumentos de la fiscal Bernal Loayza para rechazar la denuncia fue que los miembros del Consejo de Ética del CAL no tienen la condición de funcionarios públicos, motivo obligatorio para que puedan ser denunciados por el delito de avocamiento ilegal.

Asimismo, la fiscal sostuvo que existe una diferencia entre el procedimiento seguido ante el Consejo de Ética y la demanda de amparo presentada ante el Poder Judicial. Señaló que el proceso judicial busca determinar si la Resolución N.º 231-2025-JNJ fue emitida a favor de los derechos de Espinoza. En cambio, el procedimiento deontológico tiene como finalidad establecer si los miembros de la JNJ, en su condición de abogados, habrían incumplido sus deberes éticos profesionales.

En esa misma línea, rechazó que los integrantes del Consejo de Ética se hayan dedicado ilegalmente a un proceso judicial. Las resoluciones cuestionadas se limitaron a admitir a trámite una denuncia y una solicitud de medida cautelar, sin pronunciarse sobre la responsabilidad de los integrantes de la Junta.

A través del decreto supremo 117-2026-PCM, el Ejecutivo estableció que durante ese periodo se tomarán medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan para resarcir los daños causados por la naturaleza.

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Las acciones estarán a cargo de la Municipalidad de Lima, VES y VMT, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y otras instituciones públicas y privadas.

La declaratoria de estado de emergencia también se sustenta debido a que la capacidad de respuesta de la Municipalidad de Lima "ha sido sobrepasada". Por esa razón, "resalta necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional".

En ese periodo, INDECI llevará a cabo acciones de coordinación y seguimiento de las medidas que hayan sido adoptadas por los gobiernos regionales de los sectores involucrados.

"Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes", ordena la publicación en el diario El Peruano.

De igual forma, el Ejecutivo aseguró que se le facilitará a la población afectada el uso de materiales médicos, medicinas, alimentos, bebidas, productos de primera necesidad, entre otros.

La declaratoria de emergencia lleva la firma de Fujimori, el primer ministro Luis Galarreta, y los titulares del Minam, Mindef, Midis, MEF, Minedu, Minem, Mininter, MIMP, Minsa, MTPE, MTC y Vivienda.

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Respuestas con demora

La respuesta del Ejecutivo viene con retrasos. El pasado lunes 17 de agosto, la mandataria acudió a Villa El Salvador para evaluar los daños que causaron las lluvias. Durante su visita, Fujimori aseguró que se iban a coordinar acciones para atender la coyuntura y que esa misma noche se iba a "activar todo".

"He hablado con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas. Hoy por la noche debe estar declarándose en emergencia (…) hoy por la noche se activa todo", afirmó.

En ese sentido, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, expresó su respaldo a la medida orientada a agilizar las obras de reparación de las redes de desagüe dañadas. "Otra medida que está yendo paralela es declarar en emergencia estas zonas de este distrito (Villa El Salvador) para poder cambiar el colector principal porque está colapsado", dijo.

La mandataria salió al paso de los cuestionamientos que circularon en redes sociales sobre el retraso del pedido de facultades. Explicó que decidió esperar para presentar una solicitud "amplia, bien explicada, bien sustentada", en lugar de apurar el trámite.

Fujimori usó como referencia el plazo más corto registrado hasta ahora en un gobierno anterior: 44 días. Con esa comparación, prometió que su gestión hará el envío en menos tiempo. "Nosotros lo vamos a hacer en menos de 30 días", señaló, sin precisar qué gobierno alcanzó esa marca previa.

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El gobierno cambió hasta cinco veces la fecha del anuncio

Fujimori confirmó el pedido de facultades por primera vez el 28 de julio, durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. Desde ese día, según un recuento de La República, pasó casi un mes sin que el Ejecutivo entregue una fecha concreta al Congreso. En ese periodo, el país acumuló más de cien homicidios y enfrentó lluvias intensas que afectaron distintas zonas de Lima Sur.

La propia mandataria es quien más veces mencionó el tema, sin cumplir. En cinco ocasiones distintas aseguró que el trámite avanzaba, pero nunca precisó un día exacto. El primer ministro Luis Galarreta siguió el mismo patrón: fue el primero en anunciar el pedido, pero después solo repitió que el equipo estaba "a tiempo" y que se encontraban "apurando" el proceso.

El único funcionario que llegó a dar una fecha fue el ministro de Vivienda, Marco Vinelli. Adelantó que el pedido llegaría el 2 de agosto, día que pasó sin que se presente ningún documento. Consultado de nuevo, Vinelli se sumó al discurso de Fujimori y Galarreta y ofreció como nueva fecha "la próxima semana", una frase que se repitió en el gabinete durante todo el mes.

Los motivos de las citaciones son distintos entre sí. Uno de los ministros deberá explicar sus vínculos con una empresa minera. Otro tendrá que sustentar por qué el Ejecutivo busca declarar inconstitucional una ley que beneficia a maestros jubilados. Un tercer grupo, compuesto por cuatro ministros, fue convocado en conjunto por la crisis social que atraviesa la región Ucayali.

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Existe una diferencia importante entre los dos mecanismos que usó el Congreso. La interpelación, que solo puede activar la Cámara de Diputados, exige el voto de un tercio de los congresistas hábiles antes de que el ministro llegue al pleno. La invitación a informar, que usa el Senado, no pasa por ese filtro: se aprueba de forma directa con una moción de orden del día.

Fuera de esta lista de nueve, hay un caso adicional que todavía no se formalizó. La bancada Juntos por el Perú anunció que prepara una interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, aunque hasta el momento no presentó la moción ante el pleno. A continuación, el detalle de cada citación confirmada.

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Interpelación contra Belaúnde se votará en el Pleno, mientras que alista una contra Astudillo

La moción contra Rafael Belaúnde fue presentada el 14 de agosto por un grupo de diputados liderado por Marino Lavado Valdivia. El pliego, con 43 preguntas, apunta a los aportes de campaña que recibió de Evangelina Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, antes de asumir el Ministerio de Defensa. Los congresistas también piden que explique el uso de las Fuerzas Armadas en la provincia de Pataz, zona bajo sucesivos estados de emergencia por la minería ilegal.

Para que Belaúnde llegue al pleno, la moción primero necesita el respaldo de un tercio de los diputados hábiles. Solo después de esa votación se fija la fecha en la que el ministro deberá presentarse. El pliego interpelatorio incluye preguntas sobre posibles convenios entre el Ministerio de Defensa y la empresa minera, además del sustento técnico detrás del cambio en el esquema de seguridad en la zona, que pasó del control militar al Comando Unificado de Pataz (CUPAZ).

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Mientras Belaúnde espera esa votación, otro ministro quedó bajo la mira del Congreso por un motivo distinto. La diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú, anunció que su bancada prepara una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, por su negativa a remover al comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Fuentes de La República señalan que el documento correrá desde mañana lunes y hay un compromiso de las bancadas del bloque para apoyar la iniciativa por la crisis que vive el país ante el incremento de la criminalidad

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Vinelli tendrá que sustentar ante el Senado la reorganización del MIDAGRI

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli, fue invitado por el senador Andrés Ramos a informar sobre 32 interrogantes. La moción, presentada el 19 de agosto, agrupa seis ejes: agricultura familiar, seguridad hídrica, financiamiento, fertilizantes, prevención ante El Niño y la reorganización del propio ministerio.

Buena parte del pliego se centra en la región Apurímac, donde persisten brechas de riego y bajo acceso a créditos agrarios. Los senadores pidieron precisar el estado de proyectos hídricos estratégicos, como el Sistema Hidráulico del río Chicha, y el avance de obras paralizadas a nivel nacional. También exigieron cifras sobre el Fondo AGROPERÚ y la cobertura real del Seguro Agrícola Catastrófico.

El otro punto central es el Decreto Supremo N.º 008-2026-MIDAGRI, que dispuso reorganizar el ministerio por 120 días. Los legisladores piden conocer qué debilidades justificaron esa medida y qué organismos, como SENASA o AGRO RURAL, podrían sufrir fusiones o cambios. La moción exige, además, que la reorganización no afecte los servicios que reciben los agricultores familiares mientras dure el proceso.

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Elmer Cuba deberá responder por la pensión de los maestros

La invitación al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, tiene un origen distinto a las demás. La Ley N.º 32581 garantiza a los maestros jubilados y cesantes una pensión equivalente a la remuneración de la primera escala magisterial. El Poder Ejecutivo tenía 90 días para reglamentarla y ese plazo venció sin que el MEF cumpliera.

Mientras esa omisión seguía sin explicación, Cuba declaró públicamente que la norma forma parte de un grupo de cuatro leyes que el Ejecutivo pretende cuestionar ante el Tribunal Constitucional. Para los senadores, esa combinación resulta contradictoria: el mismo ministerio que no reglamentó la ley ahora busca anularla por la vía judicial. La moción, impulsada por Ramos Huillcas, exige que se sustente con informes técnicos y jurídicos, no solo con declaraciones a la prensa.

El pliego pide precisar, entre otros puntos, si existe un acuerdo del Consejo de Ministros para presentar la demanda y si el Ejecutivo evaluó alternativas de implementación gradual antes de descartar la norma. Los senadores también solicitaron el informe actuarial que sustenta el costo fiscal calculado por el MEF, dato que hasta ahora no fue difundido de forma pública.

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Carlos Espá tendrá que aclarar los alcances del Escudo de las Américas

La senadora Ruth Luque, de la bancada de Ahora Nación, impulsó la invitación al canciller Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear luego de que la propia presidenta Keiko Fujimori revelara que pidió al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, incorporar al Perú al mecanismo Escudo de las Américas. La coalición regional fue impulsada por la administración de Donald Trump con el objetivo declarado de combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

El problema, según la moción aprobada el 4 de agosto, es que ni la presidenta ni el canciller precisaron los alcances jurídicos de esa incorporación. El pliego de siete preguntas busca saber si el ingreso del Perú requerirá aprobación del Congreso mediante resolución legislativa, o si el Ejecutivo planea formalizarlo por otra vía. También se pide detallar si la adhesión implicará el ingreso de personal militar extranjero al territorio nacional.

Los senadores plantearon además una pregunta de fondo sobre la soberanía del país. La moción exige que Espá explique cómo el Perú garantizará que sus obligaciones internacionales, incluidas las asumidas ante la OEA y la Comunidad Andina, no entren en conflicto con los compromisos que exigiría este nuevo mecanismo militar liderado por Estados Unidos.

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Galarreta, Shinno, Rey Rey y Chang deberán responder por la crisis en Ucayali

Una sola moción, impulsada por la senadora Silvana Robles, invitó a cuatro autoridades a la vez: el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno; el titular de Transportes, Rafael Rey Rey; y el ministro de Educación, José Antonio Chang. El motivo es la ola de protestas y bloqueos en la carretera Federico Basadre, la vía que conecta Ucayali con el resto del país.

Cada cartera deberá responder por un frente distinto de la protesta. Shinno tendrá que explicar el alza en el precio de los combustibles en la región. Rey Rey deberá informar sobre el estado de la infraestructura vial, mientras Chang tendrá que dar cuenta de los reclamos contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali y de los episodios de violencia registrados en la Universidad Nacional de Ucayali desde mayo.

A Galarreta, como cabeza del gabinete, le corresponde explicar la respuesta articulada del Ejecutivo frente a un conflicto que, según la propia moción, tiene carácter multisectorial. Los senadores buscan conocer qué mecanismos de diálogo se activaron con las organizaciones sociales de la región y qué cronograma maneja el Gobierno para atender las demandas antes de que la protesta escale.

La mandataria es quien más veces ha mencionado el tema. En total, contando su anuncio del 28 de julio, hasta en cinco ocasiones aseguró que todo iba en marcha, sin embargo, nunca dijo un día concreto. Siempre optó por frases como “la próxima semana” y “los próximos días”.

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El primer ministro, Luis Galarreta, siguió su estilo. Tampoco ha brindado una fecha exacta, pese a que fue el primero en anunciar que se realizaría tal pedido. Después de ello, dijo que “estaban a tiempo” y que era claro que se estaban “apurando”.

Marco Vinelli, ministro de Vivienda, ha sido el único que dio una fecha. Indicó que sería el 2 de agosto. Llegó el día y ningún pedido fue presentado, por lo que cuando fue consultado de nuevo pasó a las filas de Fujimori y Galarreta y dijo que sería “la próxima semana”.

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Los ministros Rogers Valencia (Mincetur), Alberto Beingolea (Cultura), Elmer Cuba (Economía), Juan Sheput (Trabajo) y Rafael Belaunde (Defensa), cada uno en diferentes momentos, indicaron que el pedido se evaluaría en un Consejo de Ministros y que iba “avanzando”.

Lo cierto es que, de los cinco Consejos de Ministros, solo en el primero, desarrollado el 29 de julio, se trató el tema. Ese también fue el día en que se filtró el borrador de la solicitud y causó cuestionamientos.

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En la presentación del plan de Gobierno, Galarreta tampoco dio una fecha. Al día siguiente, Vinelli dijo que se estaban “afinando” detalles porque siguiendo lo establecido por el Tribunal Constitucional, deben ser específicos en que ley se va a plantear la modificación. Aseguró que “los próximos días” estaría saliendo”.

Lo que no tienen en cuenta es que cada día ocurre un promedio de seis homicidios y que, tras las lluvias, la Panamericana Sur quedó bloqueada y Lima Sur con aniegos en diversos sectores.

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Cálculo político

En función a ello, el analista político, Iván García Mayer, considera que hay un “mal cálculo político” de parte del Ejecutivo al no adelantar una solicitud de delegación de facultades con los dos temas más urgentes: inseguridad y Fenómenos El Niño.

“Deberían abordar ya los temas prioritarios. ¿Por qué esperan? Está faltando pericia y liderazgo porque cada día sin medidas concretas le cuesta la vida a los peruanos”, dijo en diálogo con La República.

Considera que la demora se debe a que el Ejecutivo podría estar negociando para obtener los votos necesarios en Diputados o que, debido al rechazo que generó el primer borrador, se realicen cambios.

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“Durante la presentación en la Cámara Baja, Norma Yarrow y Diego Bazán hicieron pública su molestia por la permanencia de Óscar Arriola frente a la PNP. Así que da la sensación de que desde Renovación Popular podrían buscar ciertas condiciones para otorgar las facultades legislativas”, indicó.

Añadió que la demora en la presentación del pedido que se presentó como “muy urgente” podría generar que la expectativa de la ciudadanía frente al Gobierno se empieza a “desgastar”.

“¿Dónde están las primeras acciones que marcan la diferencia respecto de lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos con relación a lucha contra el desborde criminal? O ¿qué medidas relevantes se han tomado con relación a los impactos climáticos? Ya nos vamos por el primer mes y no se ve nada de eso”, manifestó.

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Ejecutivo buscaría aprovecharse del pedido de facultades

La politóloga Paula Távara atribuye la demora en el pedido de facultades al rechazo masivo que obtuvo el primer borrador a nivel ciudadano.

“Discursivamente ellos (el Gobierno) dijeron que eran medidas urgentes, pero cuando se filtró el primer borrador de urgente no había nada. Lo que había era más un shock laboral, un alineamiento casi ideológico del Ejecutivo. Al ser criticados, la excusa de que se trataba de decisiones urgentes desaparece y parece que hay más un cálculo político en el que es más conveniente esperar para planear esos cambios de horizontes a nivel laboral y económico que quieren”, anotó a este medio.

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Explicó que debido a que se filtró un documento, “hay mucha más presión, ya no solamente para solamente sobre sí hay votos o no, sino qué solicitud realmente se puede presentar” a fin de evitar manifestaciones de sindicatos y gremios de trabajadores.

A su vez, Távara considera que el pedido de facultades legislativas es una excusa para introducir reformas a su conveniencia. “Si lo que el Ejecutivo quiere es cambiar las normas existentes puede presentar proyectos de ley, pero lo que ellos no quieren es tener que discutir esos temas en el Congreso a profundidad. Es muy impopular decir que no quieren pagar CTS a los trabajadores CAS, que quieren afectar los derechos laborales de los jóvenes, así que quieren aprovechar el pedido de facultades y colocar generalidades”, indicó.

Por ello, resalta que no es imprescindible solicitar facultades legislativas para combatir la inseguridad y ejecutar acciones para mitigar las consecuencias del Fenómeno El Niño.

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Expectativas desde el Congreso Bicameral

A la senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, le llama la atención que hasta el momento no se haya presentado el pedido de facultades respecto a temas que están generando graves problemas en el país como la criminalidad y las lluvias.

“Hasta el momento no hay nada. “En la presentación del Plan de Gobierno deslizaron que el pedido de facultades podría ser sobre temas tributarios, con lo cual nos sorprende todavía más, porque creo que hay urgencias en el país, pero parece que el Ejecutivo no las conoce”.

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Y agregó que lejos de dar luces, el discurso de Galarreta solo generó mayor confusión. “Lamentablemente, la presentación del Gabinete nos deja más bien una sensación de que no tienen idea sobre cuáles son las acciones urgentes que deben impulsar. Lo que han presentado más bien es un conjunto de cosas en diferentes sectores, bastante inconexos, ni siquiera son políticas y por tanto no se puede predecir qué es aquello que el gobierno considera eh lo más prioritario”, expresó.

Por su parte, Víctor Piñan, vocero del diputado de OBRAS, resaltó que existe “irresponsabilidad” de parte del Gobierno al haber dicho tantas veces que presentarán el pedido y hasta no haberlo hecho.

“Yo puedo destacar que hay un poco de irresponsabilidad de parte del gobierno, porque hay muchas expectativas de parte de la ciudadanía. Nosotros como bancada hemos dejado claro que vamos a priorizar las medidas que respondan a los principales problemas que golpean al país en este momento”, señaló a este medio.

Mediante sus redes sociales, el legislador remarcó que la ley perjudica directamente al presupuesto nacional y cuestionó la vigencia de estas normas que benefician al sector agroindustrial. "¡Basta de beneficios tributarios al gran empresariado!", se lee en el inicio de su mensaje. Holguín añadió que la presentación de esta iniciativa tiene como objetivo suprimir los privilegios económicos de estas corporaciones.

"Cumpliendo nuestro compromiso con el país, hoy presentamos un nuevo proyecto de ley para derogar los beneficios tributarios otorgados a las grandes agroindustrias", indicó.

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El congresista también precisó que el Estado peruano aún presenta deficiencias en diversos sectores fundamentales. Según su postura, el fisco deja de percibir montos millonarios que podrían destinarse a disminuir las brechas sociales.

"No es posible que, mientras al Estado le faltan recursos para atender la salud, la educación, la seguridad y las obras que el país necesita, se mantengan privilegios que permiten que la gran agroindustria deje de aportar S/1.170 millones al año".

La Ley Chlimper 2.0

La nueva Ley Agraria, también conocida como Ley Chlimper 2.0, se hizo oficial en septiembre del 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte. Esta norma establece que las grandes empresas agroexportadoras pagarán solo el 15% de Impuesto a la Renta entre los años 2026 y 2035. Pasado ese tiempo, a partir del 2036, volverán a pagar la tasa normal del 29,5% como cualquier otro negocio.

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Además de pagar menos impuestos, la ley permite que estas empresas recuperen más rápido el dinero que invierten. Pueden aplicar una rebaja anual del 20% en las obras de riego y agua que construyan o compren para sus cultivos entre 2026 y 2035.

La norma incluye un incentivo para las compañías que compran productos a los pequeños agricultores registrados. En esos casos, pueden descontar un 25% extra del valor de esas compras, pero ese descuento no puede pasar del 10% del total de los gastos registrados en su contabilidad.

Votación que llevó a la aprobación de la Ley Chlimper 2.0

El Pleno del Congreso aprobó la norma con un total de 43 votos a favor, 32 votos en contra, 17 abstenciones. El respaldo mayoritario provino de Fuerza Popular con 19 votos a favor, seguido por Alianza para el Progreso con 9 votos y Somos Perú con 7 respaldos.

En contraste, bancadas como Podemos Perú y Juntos por el Perú - Voces del Pueblo concentraron la mayor cantidad de votos en contra, mientras que Perú Libre y Renovación Popular optaron por las abstenciones.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

El uso de armas ilegales ya no es un elemento periférico del delito, sino el eje central de la violencia y los datos estadísticos confirman esta tendencia, afirman expertos consultados por La República.

 Según el exjefe de la División Antisecuestros, coronel PNP (r), Jorge Mejía Asanza, la correlación es inequívoca. "Si nosotros decimos que la cifra está en seis casos de homicidios diarios, la mayoría cometidos por arma de fuego, nos revela que el delito de contrabando de armas no es una cuestión ni una causa periférica, sino al contrario, se trata de un factor estructural dentro del ámbito de violencia letal", sostiene Mejía.

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"El mercado negro de armas siempre ha existido, y, lamentablemente, hay muchos malos militares y policías que facilitan a las bandas criminales. Ese mercado negro se mueve en distintos puntos del país y en Lima. En las zonas de Las Malvinas y en Tacora, de una manera muy reservada, por ejemplo. Estas mafias tienen un compartimentaje muy bien estructurado para evitar que las autoridades lleguen a los cabecillas", indica Mejía, con marcada preocupación.

A esta descripción se debe agregar la falta de fiscalización en las divisiones de control de armamento en fuerzas armadas y policiales. No solo de armas sino de explosivos, como granadas de guerra, apunta el especialista.

Con las armas, las organizaciones imponen el control territorial, cometen asesinatos selectivos y desafían al Estado.

El aprovisionamiento de las estructuras criminales combina la vulnerabilidad de las fronteras físicas con la inyección de armamento industrial e internacional, indica el exjefe antisecuestros a La República.

Esto habilita otros negocios violentos, fortalece a las bandas de crimen organizado, aumenta su poder de fuego y su capacidad de enfrentar al Estado.

Homicidios por armas de fuego

En el Perú, se calcula que existe más de 340.000 armas de fuego sin registro oficial que circulan activamente en el mercado negro o se encuentran en situación de ilegalidad.

Esta alarmante cifra, que se ha incrementado de forma sostenida frente a estimaciones de años anteriores, evidencia los graves problemas de control y el desvío de armamento hacia organizaciones criminales.

Este informe podría empezar de distintas maneras. Una es apelar a las cifras ya verificadas de esta tragedia. Durante la gestión de Keiko Fujimori (del 28 de julio al 16 de agosto) se registraron 110 asesinatos, de los cuales 84 fueron causados por bala.

Esta alta cifra refleja el impacto continuo del sicariato, la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos agravados en el país. Con la actual mandataria el promedio de homicidios subió a seis diarios.

Las cifras son muy alarmantes.

Desde el primero de enero de 2017, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la guerra criminal ha costado al país más de 13.875 vidas.

Una de las víctimas fue el mayor PNP Felipe Andrade Arroyo, quien fue asesinado el primero de marzo de 2017 con un balazo en la cabeza en el mercado Las Mercedarias, en Barrios Altos (Cercado de Lima), mientras perseguía a un delincuente prófugo.

Era conocido como El Cazador o El Sabueso por su destacada trayectoria e historial en la División de Homicidios de la Dirincri y como jefe de investigación criminal de la Comisaría de San Andrés.

El disparo fue efectuado por Paulo Sinchi Galarreta, alias El Mudo, integrante de la banda 'Los Malditos de Barrios Altos'.

Las armas de fuego, principalmente usadas por organizaciones criminales, causaron 379 (45,1%) homicidios de los 841 registrados en el periodo de Kuczynski; mientras que en la gestión de Martín Vizcarra ocasionaron el deceso de 1.349 (48,8%) personas de las 2.762 víctimas.

En el gobierno de Manuel Merino hubo 16 asesinatos y 6 (37,5%) de ellos fueron por bala. En la gestión de Francisco Sagasti murieron por bala 537 personas (57,8%) de los 915 casos registrados. En tanto que durante el régimen de Pedro Castillo, fueron 1.216 (58,2%) las personas víctimas por arma de fuego de las 2.091 asesinadas.

El crecimiento continuó con una tendencia de miedo durante la administración de Dina Boluarte. En este período murieron por bala 3.657 personas (67,1%) de las 5.452 víctimas de homicidios. Mientras que, en el gobierno de José Jerí, de los 753 crímenes, 537 (71,3%) fueron por arma de fuego.

En el período de José María Balcazar, 672 personas (71,3%) dejaron de existir por proyectiles, de los 943 casos registrados por el Sinadef.

¿Por qué no frenan los asesinatos?

Se puede empezar preguntando: si el incremento de los homicidios está asociado al crecimiento de uso de armas de fuego, ¿por qué no se detiene la proliferación ilegal de armas de fuego, muchas de alto calibre, en manos de asaltantes, secuestradores, extorsionadores, sicarios y homicidas? ¿Cuántas armas de fuego en posesión de civiles hay en el país?

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La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), cuenta con un registro histórico de unas 390.157 armas de fuego civiles en el Perú.

De este número mantiene un padrón activo y regularizado de aproximadamente 182.047 armas con licencia vigente, tras haber cancelado más de 200.000 licencias por motivos como decesos, falta de renovación o procesos judiciales. Son más de 182.995 registros dados de baja por no regularizar licencias y miles más por fallecimiento o reclusión de sus dueños.

Sin embargo, la Sucamec recuperó e ingresó a sus almacenes 5.290 armas de fuego irregulares o vinculadas a delitos solo entre enero y julio de 2026.

Además, canceló 21.801 licencias para el porte y uso de armas de fuego de uso civil entre 2025 y enero de 2026, como parte de las acciones de control. Las armas más usadas son las pistolas Glock y CZ, revólveres Taurus y Smith Wesson, fusiles, carabinas, así como 'hechizas' y 'tramperas'.

Fusiles AR-15 son desviados a la minería ilegal y a Ecuador

Tienen presencia en la minería ilegal y son contrabandeadas hacia las organizaciones criminales en Ecuador.

 La situación pone a prueba la eficacia de nuestras fuerzas de seguridad, pero también exige de una respuesta de la Sucamec en el ámbito de fiscalización e identificación temprana de adquisiciones anómalas. Solo en el caso de los fusiles AR-15 la importación pasó de unas cuantas decenas a casi 2.000 desde 2021 “para uso deportivo”.

“Es algo que va a gestarse desde mi despacho apenas retomemos de la semana de representación. Ayer hemos esclarecido que será por incumplimiento. El Perú necesita seguridad, ya basta de tantas muertes. Como coalición, somos un equipo y estoy segura de que estarán de acuerdo con ello. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que accionar”, declaró.

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Los cuestionamientos contra Astudillo han aumentado en los últimos días. Tras su negativa a remover al general Óscar Arriola de la jefatura de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ministro fue cuestionado por distintos diputados durante su presentación junto con el resto del gabinete ministerial.

Según la argumentación de Astudillo, la remoción de Arriola no puede concretarse debido a que una ley aprobada por el Congreso pasado lo impide mientras no haya cumplido al menos dos años en el cargo.

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Congresistas de otras bancadas se pronuncian sobre moción de interpelación

Para lograr que la moción de interpelación sea admitida, JP necesitará el apoyo de los congresistas para llegar a tener el voto de al menos un tercio de los diputados hábiles en Pleno. Por si solo, JP cuenta con 32 diputados. El apoyo de algunos miembros de la oposición, será indispensable. Victor Piñan, diputado y vocero de la bancada de Obras, señaló que el apoyo a esta iniciativa todavía no se ha discutido en su bancada.

“Por el momento la Bancada Obras no ha discutido la posibilidad de apoyar o no la moción de JP, toda vez que nos hemos enterado el día de ayer, sin embargo, es parte del control político que ejercen los colegas de JP. Nosotros esperamos leer los argumentos de la moción y de acuerdo a eso tomaremos una decisión”, indicó Piñan a La República

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Desde Renovación Popular, se ha mostrado una posición más cercana al gobierno fujimorista. Frank Krklec, diputado por el partido celeste, consideró que llamar a interpelar al ministro del Interior en estos momentos sería una acción irresponsable.

“Inaceptable la irresponsabilidad de la izquierda al sumar la interpelación del Ministro del Interior. Una oposición responsable fiscaliza; una oposición obstruccionista solo sabotea. Los ministros deben rendir cuentas al Congreso, pero los mecanismos de control político no pueden convertirse en represalias de los perdedores en elecciones. El país exige trabajo, no revanchismo”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter)

Zunini anuncia proyecto para modificar norma que permite que Arriola siga como comandante de la PNP

Respecto de dicha ley, el diputado Ernesto Zunini, también miembro de la bancada de Juntos por el Perú, indicó que en las próximas horas presentarán un proyecto de ley para modificarla.

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“Es una norma aprobada por la bancada fujimorista. Me parece que el gabinete no ha conversado con su propia bancada. Vamos a presentar en las próximas horas una iniciativa para modificar esa norma, para que quede expedito. Es un símbolo de que no tenemos ánimo de obstaculizar”, señaló.

La norma en cuestión —Ley 31570— establece que el comandante general será nombrado por el presidente de la República por un periodo de dos años, prorrogable excepcionalmente por uno más. Asimismo, señala que solo podrá ser separado antes de cumplir su mandato por causales determinadas, como fallecimiento, solicitud de pase al retiro, incapacidad física permanente, comisión de faltas muy graves o delitos. De esta manera, se restringe la posibilidad de una remoción discrecional durante su periodo.

Galarreta admite error en la ley aprobada por el fujimorismo que mantiene a Arriola como comandante general

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reconoció que podría haberse cometido un error al establecer un periodo fijo de dos años para el comandante general de la Policía Nacional.

En entrevista con RPP, Galarreta explicó que la norma fue impulsada durante el gobierno de Pedro Castillo para evitar cambios constantes. Sin embargo, consideró que esta regulación no necesariamente funciona para la PNP, debido a que la lucha contra la criminalidad requiere una respuesta rápida y la posibilidad de evaluar con mayor frecuencia el desempeño de sus mandos.

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Ante las dificultades legales para reemplazar a Arriola, el premier adelantó que el Gobierno buscará modificar este marco mediante las facultades legislativas que solicitará al Congreso. La propuesta, según indicó, ya es conocida por la presidenta Keiko Fujimori.

Desde que inicio el gobierno de Keiko Fujimori, las cifras alrededor de la delincuencia no le han sido favorables. Tan solo en sus primeros 18 días de gobierno, la nueva administración reportó un promedio estimado de seis asesinatos al día, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Además, el 77,5 % de los homicidios se comete con proyectiles de arma de fuego, lo que representa la proporción más alta registrada durante las últimas nueve gestiones presidenciales.

Esta fue la primera reunión entre representantes de ambos países desde el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. El comunicado indica que el vicecanciller Anderson señaló a Serur que el requisito de visa ha afectado el flujo de turistas peruanos hacia México.

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Además, Anderson señaló que, dentro de la Alianza del Pacífico, Perú es actualmente el único país cuyos ciudadanos necesitan visa para ingresar a México.

La reunión también abordó otros temas, como la posible reactivación de instancias de diálogo entre ambas naciones —como el Consejo de Asociación Estratégica, la Reunión Técnica del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEC), la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica y la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural—, así como el interés en fortalecer la cooperación bilateral de cara al Fenómeno de El Niño.

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México y Perú restablecen relaciones

Como se sabe, el país norteamericano volvió a exigir que los ciudadanos peruanos cuenten con visa en 2024. De acuerdo con su posición oficial, el Gobierno mexicano tomó esta decisión debido a los “flujos migratorios irregulares”. Un año más tarde, ambos países rompieron relaciones diplomáticas a raíz de la polémica generada por el pedido de asilo de Betssy Chávez.

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Ya bajo la administración de Keiko Fujimori, el canciller Carlos Espá decidió brindar el salvoconducto correspondiente a Chávez para que pudiera ser trasladada a México. A raíz de estos hechos, ambos países decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas.

Ambos pedidos —presentados por los ciudadanos Víctor Hugo Quijada y Ronald Castillo Rojas— comparten una misma tesis central: la candidatura de López Aliaga como primer regidor no era, en sí misma, incompatible con la Constitución.

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Tras la renuncia de Luis Rubio como candidato a alcalde, la lista quedó sin cabeza para ese cargo, y López Aliaga pasó a ocupar la posición desde la cual —si la lista gana— accedería nuevamente a la alcaldía, sin haber postulado formalmente a ella.

Esa combinación, señalan los denunciantes, produciría en los hechos la reelección inmediata que el artículo 194 de la Constitución prohíbe y abusaría del derecho, algo que —en su artículo 103— la Constitución también rechaza.

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El argumento está en Piura

Otro argumento para ambas peticiones de exclusión no tiene origen en Lima, sino en Morropón, provincia de Piura. Se trata de una resolución emitida por el JEE de esta ciudad el pasado 20 de agosto, donde se excluye del proceso a Richard Baca Palacios —último alcalde de la localidad— por seguir la misma táctica.

Baca Palacios postulaba como primer regidor por la lista de Alianza para el Progreso en estos comicios. Al igual que con Renovación Popular en Lima, el candidato a alcalde de su lista había renunciado, dejando a Baca Palacios en la posición desde la que, de ganar su partido, retomaría la alcaldía sin haber vuelto a postular a ese cargo.

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El JEE de Morropón concluyó que una prohibición constitucional no puede quedar sin efecto por la combinación de actos que, tomados por separado, son legales. Ambos denunciantes —Quijada y Castillo Rojas— citan ese antecedente como un caso similar al de López Aliaga y le exigen al JEE Lima Centro algo puntual: que si decide no seguir ese criterio, explique con claridad qué diferencia constitucionalmente relevante justifica un trato distinto entre ambos casos.

Lo que viene para López Aliaga y Renovación Popular

Hasta el momento, ni López Aliaga ni Renovación Popular se han pronunciado sobre el tema. Durante todo el 22 de agosto, la agrupación celeste puede dar sus descargos ante el Jurado Electoral. La resolución de este pedido tendría que llegar antes del 23 de agosto, fecha máxima estipulada por el JNE para resolver pedidos relacionados con candidaturas.

Las Elecciones Municipales y Regionales se celebrarán este 4 de octubre. De acuerdo con la última encuesta realizada por Ipsos este mes, López Aliaga presenta cierto favoritismo alrededor del electorado limeño, con una preferencia del 21%. Su exclusión podría cambiar el panorama de los comicios a pocas semanas de darse.

La denuncia penal fue presentada inicialmente por la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual acusaba a los consejeros Carlos Enrique Ampuero Montes, Félix Augusto Vasi Zevallos, María Catalina Vera Tudela Peña y Fernando Castañeda Ipanaque de haber cometido dicho delito de "avocamiento ilegal de proceso en trámite".

El conflicto legal comenzó cuando el Consejo de Ética admitió una denuncia presentada por el Instituto de Defensa Legal contra los magistrados de la JNJ María Teresa Cabrera Vega, Gino Augusto Ríos Patio, Jaime Pedro de la Puente Parodi, Germán Alejandro Julio Serkovic Gonzales y Cayo César Galindo Sandoval.

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Dicho proceso disciplinario buscaba indagar presuntas infracciones a los deberes de probidad, veracidad y diligencia previstos en el Código de Ética del Abogado, incorporando posteriormente un cuaderno cautelar para solicitar la suspensión temporal en el ejercicio profesional de los referidos magistrados.

La Procuraduría de la JNJ argumentaba que estas acciones constituían un delito porque paralelamente existía un proceso de amparo en trámite ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, promovido por Delia Milagros Espinoza Valenzuela para anular la Resolución N.° 231-2025-JNJ.

En esa línea, la JNJ señaló que el Consejo de Ética estaba interfiriendo en la labor del Poder Judicial al revisar hechos vinculados con dicha resolución. Sin embargo, los magistrados investigados aclararon durante sus declaraciones que actuaron dentro de sus competencias gremiales y que la admisión de una denuncia o de una solicitud cautelar no significaba una sanción definitiva ni una suspensión efectiva.

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En esa línea, la Fiscalía señaló que "no procede formalizar y continuar investigación preparatoria y dispone el archivo definitivo de la investigación". El despacho fiscal determinó que los miembros del Consejo de Ética "no ostentan la condición especial de funcionario público requerida para la autoría del delito especial propio previsto en el artículo 410° del Código Penal". Es decir, el delito de avocamiento ilegal del proceso en trámite.

El documento precisa que los colegios profesionales son personas jurídicas de derecho público no estatal con fines gremiales, por lo que sus autoridades internas no administran fondos estatales ni ejercen funciones administrativas públicas. Extender este tipo penal a consejeros gremiales vulneraría los principios de legalidad y tipicidad estricta.

"Ser autoridad dentro de la estructura interna del Colegio de Abogados de Lima no equivale, por sí mismo, a ostentar la condición de autoridad pública para efectos penales", se lee.

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La Fiscalía también señaló que existía una diferencia entre ambos procedimientos, ya que el Noveno Juzgado Constitucional evaluaba una garantía constitucional mientras que el Consejo de Ética analizaba las obligaciones éticas.

"Existe una conexión fáctica entre ambos procedimientos; sin embargo, la conexión no implica una identidad del objeto jurídico".

El organismo fiscal concluyó que las resoluciones administrativas cuestionadas "no sustituyeron ni desplazaron la competencia del órgano jurisdiccional", puesto que el Poder Judicial continuó ejerciendo sus funciones con total normalidad sin que el colegio profesional emitiera fallos que anularan decisiones judiciales.

“El ministro de Justicia, además del esfuerzo que están haciendo para terminar y cerrar la delegación de facultades. Espero ya a máximo este lunes”, señaló.

Cabe destacar que el pedido de facultades se filtró a finales de julio y, desde inicios de agosto, la presidenta sostuvo que el documento se presentaría en esa semana. Sin embargo, Galarreta señaló que el retraso en la presentación se debe a ajustes técnicos y coordinaciones internas entre los diferentes ministerios.

“Para cambiar un artículo, pasa por un procedimiento burocrático (…) es una cadena que por un párrafo te puede demorar una semana”, dijo el premier.

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Sobre la permanencia de Óscar Arriola

Galarreta se refirió a las restricciones legales que impiden remover al comandante general de la Policía Nacional. El premier admitió que la norma de permanencia de dos años, impulsada en su momento por el fujimorismo, pudo haber sido un error.

“Tal es así que en el caso de las Fuerzas Armadas, para nosotros nos parece prudente, pero en el caso de la policía sí se puede haber cometido un error, porque la dinámica de la criminalidad es tan rápida, cambia tanto, y la dinámica de la Policía Nacional tiene que ser así de rápida para estar al día”. Además, añadió que al fijar dos años el cargo de jefe de la PNP, no se podrá medir “si está fallando o no está fallando”.

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Asimismo, el titular de la PCM respondió a los cuestionamientos sobre la continuidad del general Arriola en el cargo y precisó que el Ejecutivo no puede incurrir en actos ilegales al removerlo sin sustento normativo.

“El señor Arriola (…) tendrá que adecuarse a este gobierno, evidentemente la confianza la puede perder en dos días”, manifestó.

Modificaciones en el sistema penal

La propuesta legislativa busca implementar cambios procesales frente al avance de la delincuencia. Entre los puntos principales, el gobierno apunta a corregir vacíos legales relacionados con la liberación de personas detenidas en flagrancia, un mecanismo conocido como puerta giratoria.

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Ante esta situación, el gobierno decidió incluir modificaciones en el pedido de facultades para fortalecer el trato procesal de los delincuentes. “Eso está yendo en el tema de facultades, esta puerta giratoria”.

Asimismo, el Ejecutivo mantiene reuniones con equipos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas para revisar la política fiscal. Las medidas contemplan la evaluación de regímenes vigentes con el objetivo de mejorar los recursos destinados a las regiones, así como presupuestos reales para las obras públicas.

"Ahora, permítame una digresión. Una desafortunada referencia mía al pasado en una entrevista periodística fue lamentablemente mal interpretada. No estoy enfrentado con nadie. Pese a la fama que probablemente me he ganado por mi propio temperamento, no tengo animadversión contra nadie. Por eso he preferido no responder a las menciones que se han hecho de mí en redes y en medios de comunicación en los días recientes”, dijo.

Además, indicó que su intención principal es a favor del desarrollo del país. “Solo un irresponsable o un ministro miserable podría oponerse a un proyecto que beneficie a la población por supuestas o reales discrepancias con algún otro político".

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Asimismo, manifestó que rechaza cualquier cuestionamiento a su labor frente al sector. "Tengo muchos defectos, pero no soy ni miserable ni irresponsable. Quiero dejar muy claro que no me opongo de ninguna manera a que implementen sistemas de transporte masivo como son los trenes. Todo lo contrario. Lima y el Perú necesitan de muchos".

Respecto a la iniciativa para el traslado de pasajeros entre Chosica y Lima, el titular precisó que su administración la evaluará ProInversión.

"Respecto al tren de Caltrain, permítame puntualizar y su utilización para el transporte entre Chosica y Lima. He decidido delegar todos los análisis, estudios y decisiones a ProInversión para que ahí se decida lo que sea viable y lo que convenga a la población. Espero que con esta decisión se entienda la rectitud con la que vengo actuando".

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El ministro del MTC sobre trenes de la MML: “No fue una donación, fue una compra”

Por otro lado, se recuerda que el pasado 12 de agosto, el ministro de Transportes y Comunicaciones desmintió las versiones que señalaban que los trenes llegaron como una donación para la capital y explicó que la Municipalidad Metropolitana de Lima sí realizó una transacción.

“Primero, y hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación. Ha sido una compra. Una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain”, señaló el ministro durante una entrevista vía RPP. Además, con relación al costo indicó que “se pagó a Caltrain una cantidad de millones de dólares”.

Rey explicó que la posibilidad de que estas unidades trasladen pasajeros entre Lima y Chosica implica una inversión técnica bastante alta. “La infraestructura que se necesita para que haya un transporte eficiente y seguro de un tren de pasajeros entre Chosica y Lima, es una cantidad de, según he escuchado las cifras (...) es alrededor de 500 millones de dólares”.

La resolución judicial respondió a una demanda que Rospigliosi dirigió contra el propio Poder Judicial. El excongresista alegó una vulneración a su libertad individual y al derecho al juez natural. Pidió que el juzgado declarara fundada su demanda y ordenara dos cosas: la nulidad de la resolución inicial del proceso de querella en su contra, y el reenvío del caso a otro órgano judicial.

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Rospigliosi también solicitó, como pretensión adicional, la nulidad de la sentencia que lo condenó. Esa sentencia salió del Segundo Juzgado Supremo Unipersonal de la Corte Suprema, a cargo de la jueza Norma Beatriz Carbajal Chávez, el 15 de abril de 2026. En ese fallo, el excongresista fue declarado autor del delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada, en perjuicio de Delia Espinoza, fiscal suprema y hoy titular del Ministerio Público.

El argumento central de Rospigliosi giró en torno a una supuesta afectación a sus garantías del debido proceso. Sostuvo que hubo una indebida motivación en las resoluciones judiciales que lo condenaron. También invocó la vulneración de su derecho a la tutela procesal efectiva. Ninguno de esos argumentos, sin embargo, logró convencer al juzgado constitucional.

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Rospigliosi pidió nulidad total del proceso; el juzgado no le dio la razón

El juzgado sustentó su decisión en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Esa norma establece las causales de improcedencia para este tipo de demandas. El juez aplicó también, en sentido contrario, lo dispuesto en el artículo 1 del mismo cuerpo legal para fundamentar el rechazo.

Uno de los puntos que pesó en la decisión fue el estatus procesal de la resolución cuestionada por Rospigliosi. El juzgado señaló que dicha resolución no tiene, todavía, la calidad de firme. Por esa razón, consideró que no correspondía realizar un control de constitucionalidad sobre su motivación ni sobre los fundamentos de la impugnación presentada por el excongresista.

El fallo calificó además como debatible el tema de los privilegios parlamentarios que Rospigliosi puso sobre la mesa en su demanda. El juzgado ordenó notificar la resolución a las partes. Una vez que quede consentida o ejecutoriada, se dispondrá el archivo definitivo del expediente.

La acusación partió de un hecho concreto: Luis Rubio Idrogo, quien encabezaba la lista de Renovación Popular como candidato a alcalde, renunció a su postulación. Con esa salida, López Aliaga quedó como la cabeza visible de la plancha. El escrito sostuvo que ese cambio generó una situación que no estaba prevista al momento de inscribir la candidatura.

El pedido central se apoyó en el artículo 194 de la Constitución. El documento pidió que se examine si la nueva configuración de la lista constituye una incompatibilidad constitucional sobreviniente. También solicitó que se evalúe si existe un abuso del derecho, según el artículo 103 de la Carta Magna, y que, de comprobarse la incompatibilidad, se disponga la exclusión de su candidatura con las garantías del debido proceso.

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La denuncia precisó que no busca impedir la participación política de López Aliaga

El propio documento marcó un límite a su pedido. Ahí se leyó que la denuncia "no pretende impedir que Rafael López Aliaga participe en la vida política ni desconocer sus derechos políticos". Lo que exigió, según su propio texto, fue que la candidatura sea revisada en su configuración actual, después de la renuncia de Rubio Idrogo.

El planteamiento de fondo fue más allá de si López Aliaga puede o no ser regidor. La pregunta que formuló el escrito fue si puede permanecer como primer regidor de una lista cuyo candidato a alcalde renunció, cuando esa posición le permitiría asumir de forma inmediata la Alcaldía Metropolitana en el periodo 2027-2030. Se trata del mismo cargo que ejerció durante la gestión anterior.

El documento pidió, además, que se mantenga la continuidad de los demás integrantes de la lista si la exclusión se concreta. Y planteó un escenario alternativo: si el JEE Lima Centro no considera pertinente excluir a López Aliaga, solicitó que emita un pronunciamiento expreso y motivado sobre los puntos constitucionales que la denuncia expone.

El reclamo más repetido apuntó al ministro del Interior, César Astudillo, por mantener en el cargo al comandante general Óscar Arriola. Diputados de bancadas tan distintas como Obras, Renovación Popular y Ahora Nación coincidieron en pedir su salida. El diputado Víctor Piñán, de Obras, citó el caso de un chofer de transportes asesinado por negarse a pagar cupos extorsivos, y exigió respuestas inmediatas al Ejecutivo.

Otro bloque de críticas se centró en el fenómeno El Niño y en la posible flexibilización laboral que buscaría el Gobierno. La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, advirtió que su bancada no cederá facultades legislativas en materia de trabajo. Congresistas de Juntos por el Perú fueron más allá y responsabilizaron directamente al fujimorismo por la crisis institucional que hoy dicen enfrentar, en referencia a su rol en el Congreso anterior.

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Arriola, el nombre que unió a la oposición y a un aliado

El diputado Víctor Piñán, de Obras, saludó la presencia del premier y del gabinete completo en el hemiciclo, pero pidió respuestas inmediatas frente a las urgencias y las demandas ciudadanas. Piñán relató el caso de Mauro Garrizo Flores, chofer de la empresa de transportes Vipusa, asesinado tras negarse la empresa a pagar cupos a extorsionadores. Citó cifras del SINADEF: más de 100 desde que empezó el gobierno de Keiko Fujimori han sido asesinados.

Piñán cuestionó directamente al ministro del Interior por mantener a Arriola en el cargo. "El pueblo peruano exige resultados, señor ministro del Interior. Sin embargo, usted sigue ratificando al comandante general de la PNP, al señor Arriola, el cual yo lamento", dijo el diputado de Obras.

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La crítica no vino solo de la oposición. Norma Yarrow, diputada de Renovación Popular, aliado del oficialismo, también cuestionó al ministro por mantener a Arriola. "Ministro del Interior, no sé qué hace usted con el general Arriola, un general que ha sido cuestionado y es cuestionado por el mismo grupo de militares y policías. Reflexione usted", señaló Yarrow. Su compañera de bancada, Roxana Rocha, pidió además esclarecer una presunta filtración de información policial y datos personales. "Es inadmisible que la información destinada a combatir el delito favorezca a los criminales. Exigimos sanciones inmediatas", indicó.

Desde Ahora Nación, el diputado Harvey Colchado fue más directo y vinculó el aumento de la criminalidad a dos nombres puntuales. "El incremento del crimen tiene un nombre: comandante general Óscar Arriola, y un padre, el exministro del Interior, Santiváñez Antúnez", afirmó. La senadora Ruth Luque, de la misma bancada, pidió una reforma policial y recordó que el Estado tiene una deuda pendiente con las víctimas del gobierno de Dina Boluarte. "La señora Fujimori habla de reconciliación, pero no ha tenido ni un gesto", dijo Luque.

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Fenómeno de El Niño y flexibilización laboral, los otros focos de crítica

La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, cuestionó que el fujimorismo se presente sin autocrítica ante una crisis de la que, según dijo, es corresponsable. "Sería ingenuo esperar del fujimorismo una autocrítica por su papel en ese desorden del Estado, cuando son directamente responsables del mismo, junto a los gobiernos a los que avaló y a los que respaldó desde el anterior Congreso", señaló.

Huilca calificó de insuficientes las medidas anunciadas frente al fenómeno de El Niño. Indicó que el discurso de Galarreta no mencionó inversiones esenciales, como el Proyecto Integral de la Cuenca del Piura ni los drenajes de Trujillo y Piura. También advirtió sobre las intenciones del Ejecutivo en materia laboral. "Lo único que parece motivar al gobierno es la flexibilización laboral. Pero desde ya les decimos que no cederemos facultades para legislar en materia laboral. No más recorte de derechos a las y los trabajadores", afirmó la diputada de Ahora Nación.

El diputado Leo de Paz Lancho, de Renovación Popular, cuestionó que el plan de obras de drenaje anunciado no incluya a Lima. "El gobierno presenta hoy su plan drena más para provincias como Cusco, pero ¿Villa El Salvador está en ese plan? ¿Cono sur y mis hermanos de los cerros de Lima están en ese plan?", preguntó.

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"Gabinete de reciclados": las críticas más duras vinieron de Juntos por el Perú

Los cuestionamientos más frontales llegaron desde la bancada de Juntos por el Perú. El senador Jaime Quito calificó al equipo ministerial como un "gabinete de reciclados" y lo vinculó con gobiernos anteriores. "Los responsables directos están aquí, son precisamente este gabinete de reciclados que vienen del gobierno de García, Ollanta. Lamentamos que se haya quitado el voto de confianza. No nos traen absolutamente nada", dijo Quito. El senador también responsabilizó a sectores cercanos al Ejecutivo por la salida de Pedro Castillo.

La diputada Svieta Fernández, de la misma bancada, cuestionó el relato de "herencia recibida" que usó el premier en su discurso. "El gobierno nos dice que recibió un país en total desorden. La pregunta es: ¿de quién lo recibió? Porque quienes hoy gobiernan formaron parte del pacto político que sostuvo los últimos gobiernos y convivió con el deterioro de nuestras instituciones", señaló Fernández. Su compañera de bancada, Graciela Chicana, fue tajante: "Estamos frente a un gobierno que no le interesan los derechos humanos, y no le va a interesar atender el fenómeno El Niño ni la inseguridad ciudadana", afirmó.

Desde el Partido del Buen Gobierno, el diputado Fernando García puso en duda la capacidad política del gabinete, más allá de su perfil técnico. "¿Cómo podemos nosotros creerles si tenemos ministros que definitivamente no están dando la talla política en estos momentos?", cuestionó. Su colega de bancada, Jessica Benítez, dejó abierta la puerta al diálogo, aunque con condiciones. "Estamos dispuestos a trabajar juntos y a construir consensos, pero no va a significar que vamos a renunciar a nuestra responsabilidad de fiscalizar y exigir resultados", indicó la diputada.

Tres fusiles SZ Scorpion, un fusil R-15, una escopeta, cuatro pistolas y 52 explosivos, además de gran cantidad de munición de diversos calibres y cargadores abastecidos, forman parte del arsenal incautado a una red criminal de minería ilegal en esa zona de la región La Libertad.

La operación que, además, permitió capturar a dos individuos presuntamente involucrados en el delito de tenencia ilegal de armamento, munición y explosivos, fue ejecutada en el centro poblado Yalen, por miembros del Ejército y la Policía que también confiscaron cinco chalecos antibalas, cuatro placas y otros implementos tácticos

A medida que los precios del oro se han disparado, los grupos criminales que antes se dedicaban exclusivamente al tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y otros delitos gravados han incursionado en la minería ilegal en esa región del país.

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La actividad se ha convertido en una de las economías criminales más lucrativas y para ello las bandas vienen traficando armamento de todo calibre a esa zona.

En esta nueva operación contra la criminalidad organizada en Pataz, el Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ejecutó la Operación 'Sol Naciente'.

La intervención se inició a las 5.00 a. m. del 21 de agosto, luego de labores de inteligencia militar que permitieron identificar la presencia de personas armadas en las inmediaciones de dos bocaminas ubicadas en los sectores La Porfía y Pueblo Nuevo, distrito y provincia de Pataz.

Con esta información, operadores de la Fuerza Especial Conjunta (FEC), el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECCO-PNP) desplegaron una intervención simultánea en ambos sectores, fortaleciendo la capacidad de respuesta conjunta frente a las organizaciones criminales.

Según informaron las autoridades, desde la creación del Comando Unificado Pataz, el 9 de mayo de 2025, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han afectado en más de S/259 millones las economías criminales en la zona, se mantienen operaciones y acciones articuladas, inteligencia y acción conjunta sostienen la misión del Estado en Pataz, orientada a recuperar espacios afectados por la criminalidad y fortalecer la presencia efectiva del Estado en Pataz.

OTRAS INTERVENCIONES

El 8 de junio, en dos intervenciones consecutivas en contra de la minería ilegal, el Comando Unificado Pataz (Cupaz) incautó una importante cantidad de armamento e intervino a 26 personas presuntamente vinculadas a la organización criminal 'La Nueva Alianza'.

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En la primera intervención se detuvo a 17 personas presuntamente vinculadas a esa banda criminal y se incautaron dos fusiles AKM calibre 7.62, dos fusiles R15, una pistola con cargadores abastecidos, además de miles de municiones de distintos calibres, cacerinas y chalecos.

La segunda operación se ejecutó luego de que sujetos armados ingresaran en una camioneta por la garita de la carretera Pueblo Nuevo–Yalen. Estos se dirigieron hasta una vivienda rústica cerca de la bocamina de Camilo Villalva.

Los presuntos delincuentes intentaron huir al advertir la presencia de un dron de vigilancia, pero fueron neutralizados. El resultado fue la detención de 9 personas presuntamente vinculadas a la referida organización criminal, así como la incautación de dos fusiles tipo AR-15 y una subametralladora Mini Uzi modificada, junto a armamento y municiones de diverso calibre.