El argumento, en lo narrativo, resulta interesante. Una periodista recibe el testimonio del exagente Josué Souza, quien le relata la verdadera historia de lo que realmente pasó en esa madrugada de julio de 1992. Lo dicho por Souza está inspirado en el libro Sueños de justicia. La verdad del llamado Grupo Colina (2014) del exagente Jesús Antonio Sosa Saavedra, conocido como Kerosene. Obviamente, se trata de una película de ficción forjada desde la visión de la derecha, cuyo propósito es ofrecer otra perspectiva de las acciones cometidas por los comandados por Santiago Martín Rivas. Pero el problema no es su ideología (ninguna obra de arte debe ser juzgada bajo el prisma ideológico), sino su tratamiento. Se nota el apuro, del mismo modo la improvisación que podemos apreciar en toda su magnitud en la configuración formal de los diálogos, básicos y apofánticos. Ni hablar de las actuaciones, menos de la pésima fotografía. Al lado de Cantuta: la orden secreta, Chavín de Huántar: el rescate del siglo (2025) es El imperio contraataca (1980).

El documental sobre La Cantuta

En la plataforma Prime Video podemos encontrar el documental La Cantuta en la boca del diablo (2011) de Amanda Gonzales Córdova. Antes de abordarlo, no podemos dejar de subrayar que un documental peruano se encuentre en la programación de una de las plataformas de películas, series y documentales más vistas del mundo. No es un hecho menor. Su presencia en Prime Video responde a su importancia como proyecto de no ficción, no a su ideología. Eso es indudable.

Tenemos al experiodista Edmundo Cruz como protagonista del relato de La Cantuta en la boca del diablo.  Cruz es uno de los referentes del periodismo de investigación del país. Este caso para él, por decirlo de alguna manera, es uno de sus grandes hits. Fue uno de los primeros en seguirle la ruta al Grupo Colina, primero desde la revista Sí y luego en La República desde 1997.

Como señalamos líneas atrás, los proyectos no deben ser juzgados desde su ideología. La Cantuta en la boca del diablo tiene una ideología de izquierda, pero su valor no radica en ello, sino en la forma como Gonzales sigue al periodista en sus indagaciones sobre lo que pasó con los estudiantes de La Cantuta y el accionar del Grupo Colina.

Las tomas a nuestro personaje rara vez son directas; lo que hace la cámara, principalmente, es seguirlo. Bajo esa estrategia, vemos a Edmundo Cruz yendo al Congreso para entrevistarse con parlamentarios, cruzando información con otros colegas y dirigiéndose al lugar de los hechos, tanto a La Cantuta como a la Quebrada de Chavilca, en Cieneguilla, en donde se encontraron las fosas de los restos calcinados de algunas de las víctimas. Igualmente, se cuenta con los testimonios de los activistas Raida Cóndor, Francisco Soberón y Gisela Ortiz Perea; y del periodista de investigación Ricardo Uceda, autor de Muerte en El Pentagonito (2004).

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en el año 2009. Uno de los puntos de la sentencia estaba relacionado con el caso La Cantuta. En este sentido, este documental es un ejemplo de rigor periodístico, es decir, se ampara en hechos comprobados más allá de consignas ideológicas. En cuanto a Edmundo Cruz, pues nos brinda una clase magistral, tanto en su metodología de investigación como en la actitud que se debe tener ante lo que se investiga. La noticia es la noticia, no el periodista. Maestro.

Ante la gravedad de la situación, una comitiva que lidera la gobernadora regional, Gilia Gutiérrez, junto a alcaldes y dirigentes sociales, viajó a la capital para conversar con Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, debido a que el proyecto de ley permanece todavía en el fuero legislativo.

Además, la gobernadora regional señaló que el pasado viernes 26 sostuvo una reunión con el presidente de la República, José Balcázar, para solicitar que observe la ley. Sin embargo, el mandatario le informó que el Congreso aún no deriva el proyecto a su despacho, motivo por el cual no puede observar la ley.

“Este tema hay que tratarlo de inmediato. Necesitamos que se remita al Ejecutivo para que el presidente Balcázar pueda convocar nuevamente a las autoridades y pueda reunirse y escuchar los fundamento técnicos del por qué nos oponemos a que el presidente firme esta ley”.

El origen de la protesta

El conflicto se originó por la aprobación de un proyecto de ley que buscaba sanear y ordenar los límites internos dentro del departamento de Tacna. Esta propuesta ingresó al Parlamento el 16 de junio de 2025, durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y posteriormente el Pleno del Congreso aprobó el texto el 23 de junio.

Sin embargo, las autoridades y organizaciones sociales de Moquegua denunciaron un error en los mapas y las coordenadas aprobadas. Según Gutiérrez, la norma invade de forma directa el sector de Quebrada Honda, una zona ubicada en el distrito de Torata (provincia de Mariscal Nieto) que pertenece a Moquegua.

Según los representantes de la región afectada, el Ejecutivo elaboró esta propuesta sin un conocimiento real de la geografía de la zona y sin convocar a los líderes locales para las evaluaciones técnicas. “Esta Ley 11658 fue un mal trabajo que realizó la Presidencia de Consejo de Ministros de la Secretaría de Demarcación Territorial (…) pretenden cercenar territorio moqueguano”, señaló la gobernadora regional.

Asimismo, Gutiérrez cuestionó los procedimientos de la norma y alertó sobre la vulneración social que la norma genera. “Este proyecto de ley tiene irregularidades, nunca se convocó al gobierno de Moquegua. Nunca se le consultó a las familias de Quebrada Honda si querían pertenecer a Tacna o a Moquegua. Hay una clara vulneración a los derechos de identidad de la propia población”.

El factor económico: canon minero

Del mismo modo, la gobernadora regional de Moquegua también advierte que la norma responde a un interés económico. De acuerdo con Gutiérrez, la inclusión de Quebrada Honda a favor de Tacna alteraría el reparto del presupuesto minero, debido a la cercanía de este sector con operaciones mineras.

“Este proyecto de ley no solo habla de territorio, sino que los moqueguanos también presumimos que pretenden quedarse con nuestros productos naturales, producto de la ampliación de la minera Toquepala”.

De consolidarse los nuevos mapas, Tacna recibiría los derechos territoriales y las futuras asignaciones económicas por canon minero ante la ampliación de los proyectos mineros en la zona.

Reunión con el Congreso y situación actual de la protesta

Tras el reclamo de las autoridades locales para que el proyecto de ley sea observado por el presidente José María Balcázar, desde el Congreso se informó que el documento ya se encuentra en manos del Ejecutivo para que “tome la decisión correspondiente”.

Además, la gobernadora de Moquegua indicó que, según Rospigliosi, en el Congreso habían sido “sorprendidos ya que no tenía conocimiento que había disconformidad con el proyecto de ley”. Del mismo modo, el parlamentario se comprometió a archivar la norma apenas retorne al Legislativo.

Sobre la protesta en la región, los manifestantes mantienen bloqueados tres puntos: el puente Montalvo, el acceso a la carretera Binacional que conecta a Moquegua con Puno, y el kilómetro 1147 de la carretera Panamericana Sur, vía que une el ingreso de Tacna hacia Moquegua.

Esta interrupción del paso impide la entrada y salida de pasajeros o carga de Tacna hacia Arequipa, Cusco, Puno y Bolivia. Además, hasta el momento, se reportó el fallecimiento de una persona tras un accidente de tránsito en la carretera Panamericana Sur.

El asesinato del chofer Rutman Berríos Pajuelo, de 32 años, sacudió Lima Norte la noche del 27 de agosto del 2024. Fue acribillado por negarse a cancelar la “vacuna” (cupo) exigida mientras conducía una unidad de la empresa El Mandarino.

La noche del 16 de enero del 2025, dos delincuentes atacaron una combi de la empresa de transporte La Unidad de Villa y causaron la muerte del conductor, John Romero Melchor, de 27 años. También falleció un pasajero.

Otro ataque armado contra un vehículo de transporte público, que dejó un conductor muerto y una pasajera herida, ocurrió el 13 de mayo del 2026 en el Cercado de Lima. Edgar Deza Montañez, de 40 años, se había negado a abonar S/3 diarios, dinero que necesitaba para solventar los gastos de sus tres hijos menores.

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De acuerdo con datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, indicadores clave, como la extorsión, el homicidio, el sicariato y los ataques contra el transporte público, tuvieron un repunte que enciende las alarmas.

Sin embargo, de todas las cifras sobre la violencia en las calles, las más sensibles corresponden a las extorsiones.

Desde enero del 2022 hasta mayo del 2026 se registraron 40.114 denuncias por ese delito, solo en Lima Metropolitana y Callao. Esto es, aproximadamente, 771 casos por mes en dicho periodo.

El 2025 fue el año más violento, con 12.925 casos (alrededor de 1.077 mensuales), seguido del 2023, con un registro de 10.042 denuncias (837 mensuales).

Siempre según los datos del Ministerio Público, entre agosto del 2024 y mayo del 2026 se registraron 214 atentados contra unidades de transporte público en Lima y Callao (un promedio de 10 cada mes), que dejaron un saldo de 283 víctimas, entre fallecidos y heridos (13 al mes).

Este año, de enero a mayo, ocurrieron 126 atentados (25 cada mes), con un saldo de 87 víctimas, entre muertos y lesionados (un promedio de 17 al mes).

En este último grupo se advierte un incremento en el uso de artefactos incendiarios como modalidad de ataque, aunque las armas de fuego continúan siendo el principal medio empleado.

Los datos indican un notorio aumento de las acciones criminales de los extorsionadores.

“Reconocemos la preocupación de los ciudadanos frente a la inseguridad. Este Gobierno viene trabajando de manera sostenida para enfrentar este problema y proteger a la población”, dijo el ministro del Interior, José Zapata.

En los últimos 21 meses, el sector del transporte público se ha visto afectado de manera muy grave por el deterioro en materia de seguridad, que ya presenta consecuencias preocupantes.

La creciente ola de extorsiones, cobro de cupos, intimidaciones, atentados y asesinatos en las pistas de Lima y Callao genera un ambiente de temor y zozobra entre conductores, usuarios y empresarios.

La advertencia la hizo el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, quien cuestionó la falta de resultados del Gobierno frente al aumento de extorsiones, atentados y homicidios.

Aseguró que estos hechos ya ocasionan un incremento significativo en los costos operativos del transporte, dado que es necesario imponer restricciones en los horarios de tránsito y adoptar medidas adicionales para fortalecer la seguridad de conductores y pasajeros.

Es que los 214 atentados registrados entre agosto del 2024 y mayo del 2026, que afectaron al transporte público, dejaron 157 fallecidos y 131 heridos.

Es decir, en promedio, los extorsionadores matan 7 transportistas cada mes. Además, hubo 39 atentados que no dejaron víctimas.

En el 2024 (de agosto a diciembre) hubo 31 víctimas: 18 fallecidos y 13 lesionados; en el 2025 se registraron 140 víctimas (77 muertos y 63 afectados); y en el 2026, hasta mayo, hubo 112 víctimas (57 fallecidos y 55 lesionados).

Un dato adicional es que entre enero y mayo del 2026 el Ministerio Público registró 39 atentados sin víctimas mortales ni heridos.

De todos los atentados perpetrados desde agosto del 2024, al menos 202 ataques fueron contra vehículos de transporte público y 12 alrededor de estos. Según las denuncias, 51 fueron en bus, 20 en combi, 45 en mototaxi, 16 en auto colectivo, 15 en cúster, 20 en miniván colectivo, 5 en taxi, 10 en la vía pública, uno en patio de maniobras o cochera y uno en local comercial.

Además, 170 fueron bajo la modalidad de interceptación, 38 mediante falso pasajero, 2 por citación, 2 están en investigación y otros 2 fueron por incendio provocado.

Los medios utilizados por los delincuentes también varían. Así, 209 casos fueron con armas de fuego, 4 con artefacto explosivo y 2 con artefacto incendiario.

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De acuerdo con el análisis de datos, en 151 episodios los atacantes se movilizaron en vehículos y en 21 no lo hicieron. En 129 incidentes se empleó motocicleta, uno fue con motocicleta y auto, 14 con autos, 2 con motocicleta y mototaxi, 4 con mototaxi, 1 con bicicleta y en 42 casos se desconoce el tipo de unidad que emplearon. En cada vehículo se movilizaban al menos 2 individuos.

Por zonas, las cifras son alarmantes.

En Lima Norte hubo 70 ataques, con 41 fallecidos y 48 lesionados; y en Lima Sur fueron 44 atentados, con 33 muertos y 35 heridos.

En Lima Este se reportaron 43, con 30 fallecidos y 19 lesionados, mientras que en Lima Centro hubo 21 acciones criminales, con 19 fallecidos y 8 lesionados.

“Proteger la vida de los peruanos sigue siendo una prioridad para todo Gobierno”, afirmó el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el general Víctor Revoredo.

DATOS

Varones. Las cifras indican que del total de víctimas, 247 son hombres (142 fallecidos y 105 lesionados); y 36, mujeres (10 fallecidas y 26 lesionadas).

Peruanos. También se identificó a 237 peruanos (129 fallecidos y 108 heridos); y a 19 venezolanos (14 fallecidos y 5 lesionados).

Víctimas. Fallecidos: 125 eran choferes, 16 pasajeros, 6 cobradores, 4 jaladores, 1 vendedor y 1 gerente.

Mira, la idea del texto es poner énfasis en el proceso que hemos tenido en los últimos diez años. Esta larga crisis empieza en el 2016 y estamos entrando al año undécimo. Desarrollamos la idea del continuum crítico, en el sentido de que muchas de las cosas que están pasando tienen que ver con etapas no cerradas, transiciones truncas, procesos de unidad nacional cortados y libertades cercenadas. Pero sobre todo el continuum crítico alude a un permanente veto del cambio. La crisis política y social actual está muy vinculada, como en el pasado, a que el ideal de cambio, por más pequeño que sea, es permanentemente vetado. Y no solo hay veto, también hay deserción, porque hubo gobiernos como el de Humala, del 2011 al 2016, elegidos con la bandera del cambio y que desertaron de ese programa. Esa es la idea central del libro, que hace una recensión de esta crisis pero también señala las consecuencias si este veto del cambio continúa vigente.

Al momento de esta entrevista aún no ha terminado el conteo oficial de la ONPE, pero todo apunta a que la nueva presidenta sería Keiko Fujimori. Hablas de un agotamiento de la política y de las tradiciones políticas. ¿A qué te refieres?

Después de la caída del presidente Castillo tuvimos un gobierno que ejercía el poder sin programa, al punto de que había una oferta difusa de políticas públicas que terminaba en eventos caóticos: los cambios de ministros, los cambios de gabinete, la esterilidad de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Si no tienes programa ni política, lo que puedes tener es un gobierno depredador, que es lo que hemos tenido en los últimos años. Esto está ligado al agotamiento de las grandes tradiciones peruanas. Hemos tenido una tradición conservadora, una liberal, una socialista y una indigenista, pero todas se han agotado, incluida la última que se impuso en el país: el modelo neoliberal. No lo digo yo, lo dice el Consejo Fiscal, que critica la vulneración de las reglas fiscales desde dentro del propio modelo. Un gobierno de Fujimori sería distinto al del año 2000, porque entonces se discutía la reelección de un modelo y de una persona con un componente corrupto. Aquello fue neoliberalismo más corrupción; ahora sería mercantilismo más corrupción. Ejercer el poder sin programa y sin política nos lleva a la posibilidad de gobiernos depredadores.

¿En qué medida el fujimorismo ha logrado entender la precariedad de la realidad peruana para construir un poder real, uno que en los últimos diez años ha cobrado vitalidad, orden y estructura?

El fujimorismo, en su primera etapa con Alberto Fujimori, comprendió el Perú a su manera: se necesitaba una política de shock, sin programas intermedios. Fujimori extrajo del programa de Mario Vargas Llosa la parte autoritaria, sin el componente democrático; ese es el sentido del golpe del 5 de abril de 1992. El país soportó ese modelo porque, aunque más del 80% no estuvo de acuerdo con el golpe, aguantó el ajuste, aunque los costos fueron terribles. Cuando Fujimori dejó el poder había 56% de pobres, cifra que bajó a 20% hacia el 2020, antes de la pandemia. Es pobreza monetaria, sí, pero es un dato significativo. Hoy tengo la sensación de que el fujimorismo no reconoce al Perú actual, y la sociedad tampoco reconoce al fujimorismo. Por eso esta sería una victoria agónica si se impone la señora Fujimori. Habrá más que un choque político, habrá un choque social, porque el programa del fujimorismo no necesariamente incluye políticas públicas complejas, como salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o recrear el PRONAA para la alimentación popular. El establecimiento político está preparado para un gobierno de Keiko Fujimori, pero no creo que la sociedad lo esté, sobre todo con los resultados que tenemos en primera y segunda vuelta.

¿A qué te refieres con que la sociedad no está preparada?

Si uno mira las cifras de la segunda vuelta encuentra doce regiones con una votación mayoritaria, por encima de los dos tercios, a favor de Sánchez; en Cusco, Puno y Apurímac, por encima del 70% y 80%. Luego hay otras siete regiones donde el fujimorismo gana con un volumen importante de votos, como en Lima, con 63 contra 33. Y otras siete donde el triunfo es matizado. Esto convierte al Perú en un país donde la centralidad de los territorios hace cada vez más difícil gobernar desde Lima o en nombre de Lima. No estamos como en las elecciones del 2011 o el 2021, porque esas doce regiones son bastante insumisas; en varias de ellas, los políticos de la derecha extrema no pudieron hacer campaña en primera vuelta, y hubo hostilidad hacia la señora Fujimori en la segunda. Esto debería implicar, si ganara Fujimori, un re-reconocimiento del Perú, que obligaría, por ejemplo, a pedir disculpas por los 50 o 60 muertos del sur, plantear una comisión investigadora y atender las demandas de igualdad e inclusión de esas regiones. Tengo la impresión de que el espacio que rodea a la señora Fujimori no estaría dispuesto a llevar esto adelante.

Esas son esperanzas que en el libro planteas como complicadas. ¿Qué te hace pensar que aún pueden tener algún calado?

Primero habría que desechar la posibilidad de que se imponga un gobierno no solo conservador sino oligárquico. En los últimos días de la segunda vuelta, el discurso del establecimiento político y económico desbordó a la señora Fujimori; desarrolló una campaña propia, radicalizó esa candidatura. Si ese ánimo termina gobernando, implicaría imponer un gobierno que represente más abiertamente los grandes intereses empresariales, centralista, limeño y con un ánimo excluyente. Ahí la señora Fujimori tendría la posibilidad de dirimir, pero no sé hasta qué punto sería capaz de resistir una investidura oligárquica que se apodere de su propio gobierno.

Tú planteas que es exagerada la tesis de la contradicción permanente entre liberales y conservadores; que en el balance general hay más influencia mutua que antagonismo. ¿Es una ficción esta pelea que vivimos?

La idea de que todo en el Perú es dual es riesgosa. Cuando Basadre estableció la diferencia entre el Perú oficial y el Perú profundo, hizo un análisis correcto. Pero cuando se extrema esa dualidad, se propone casi como un menú: lo oficial, lo costeño, lo capitalista, lo cosmopolita, lo patriótico. Y entonces se niega la diversidad y la fragmentación que es parte de ella. Cuando Vargas Llosa elabora el informe sobre las muertes de Uchuraccay y señala que el gran problema del Perú es que esa parte atrasada no ha sido incorporada a la modernidad, uno se pregunta si la modernidad implica la supresión de la pluralidad. Lo que tenemos es un Perú más diverso, más plural, más fragmentado. Ya lo decía Portocarrero: en esa síntesis han ganado los conservadores, porque el liberalismo ha traicionado permanentemente a la democracia. Cuando los aliados de Vargas Llosa saltan al barco fujimorista en 1992 y lo dejan solo, traicionan al liberalismo. Cuando en el 2021 los pocos liberales respaldan a Keiko Fujimori, es una traición al liberalismo. Y ahora, cuando Rafael Belaunde, candidato de Libertad Popular, se suma al equipo económico de Keiko Fujimori sin reconocer que en el Perú no existe democracia porque el Estado ha sido tomado, es otra traición liberal. Es curioso: el régimen peruano es liberal, pero traicionado permanentemente por el liberalismo. Pasó en el siglo XX, pasó en el XIX y está pasando ahora.

¿Qué le queda a los movimientos populares? ¿Cuáles son las rutas hacia la salida de esta república obscena?

Una primera ruta es producir un nuevo contrato, un pacto para recuperar la democracia. Si gana la señora Fujimori, no creo que se vaya a descapturar el Estado; la tendencia sería continuar esa ruta, porque todavía quedan organismos autónomos por capturar, entre ellos el Poder Judicial. Los movimientos sociales tienen el reto de persistir en la bandera democrática, en la recuperación de la democracia, que no es una bandera socialista sino liberal, como en cualquier otro país del mundo. En segundo lugar, se requiere reconstruir la política. Si Fujimori instala la antipolítica, que cubre a la derecha y a la izquierda, corremos el riesgo de transitar a un modelo aún más duro: la contrapolítica, una recusación de toda actividad política. Hay partidos con dueños, donde no hay expulsados sino despedidos, como en Alianza para el Progreso; ya no son partidos antipolíticos, son contrapolíticos. La sociedad también se ha hecho contrapolítica: el hecho de que el 40% en primera vuelta esperara los últimos siete días para definir su voto consagra la existencia de un país antielectoral. Y ese país antielectoral tiene razones para serlo: el cambio vetado, el cambio burlado, el hecho de que las elecciones no renuevan necesariamente el pacto democrático. Si continuamos con la antipolítica y la contrapolítica, y no reconstruimos el sistema, tendremos más de lo mismo. Creo que el horizonte de esta crisis es de diez o doce años más.

¿Cómo ves la tensión entre proteger lo individual y preocuparnos por lo público, sobre todo entre las nuevas generaciones?

Creo que hay que recuperar el concepto de la unidad nacional, antiguamente cívico y también militar, en el sentido de que necesitamos un mínimo de cohesión. Es curioso, pero las cosas que nos cohesionan no son cosas de la política: el deporte, la comida, el turismo, la diversidad climática del país. Hemos desarrollado en los últimos veinte años la idea de que la unidad nacional implica abrazarnos para no avanzar, como dos boxeadores que se abrazan para que ninguno golpee al otro. Necesitamos una unidad nacional que implique un nuevo pacto político para avanzar, para producir el cambio. El eje de los dramas del Perú está vinculado a cómo se procesa el cambio, con qué intensidad y con qué actores, pero el cambio existe al fin y al cabo. Cuando aparecen propuestas de cambios radicales e inmediatos, como una asamblea constituyente para que el 51% ajuste cuentas contra el 49%, lo cual no es constitucional, o cuando aparecen tesis de exclusión y de demolición de candidaturas, nos alejamos de la unidad nacional. Y esa unidad no es una idea centrista, es profundamente democrática. El problema es si la miramos con el prisma de detener el cambio o si la abrazamos con un ideal de cambio. Eso implica mucha madurez de las fuerzas políticas, pero confío en que parte de este futuro deseable está por esa vía. Por eso el libro pone el "in" entre paréntesis: porque se trata de un dilema, el de avanzar con la mayoría o producir un sistema regresivo. Por esa razón, esta prédica del orden sin libertad de los últimos días, de un gobierno mano dura, fuerte y excluyente, es bastante peligrosa.

El libro habla de un grupo plutocrático nacional, de clanes que se hacen de los activos críticos del país. ¿Cómo influye la minería ilegal en esta conformación de plutocracias?

Lo que tenemos es un Estado tomado desde arriba y desde abajo. El Congreso de estos años demuestra cómo se produce esta doble toma: los agroexportadores demoraron un año y medio en extraer del parlamento una ley con escandalosas facilidades fiscales, y los mineros informales demoraron seis meses, con un par de acampadas en la avenida Abancay. En el pasado las demandas de abajo demoraban en permear el sistema político, y era más fácil que permearan las de arriba; ahora la estructura política permite que penetren ambas, pero no necesariamente representan intereses legales o legítimos. Los primeros grupos que aceptaron a los mineros informales, que luego en gran medida se volvieron ilegales, fueron los de la derecha peruana. Repitiendo a Francisco Durand, las tres economías del Perú (la legal, la informal y la ilegal) se articulan en un solo poder político. En este parlamento hay bancadas y partidos que representan a los tres sectores al mismo tiempo. Ese Estado capturado por arriba y por abajo no es un Estado democrático, es un Estado botín, depredador, al servicio de los depredadores. Por eso era muy importante, durante la campaña, ponerse de acuerdo en un pacto distributivo y en un pacto fiscal para evitar que el Estado sea depredado. No creo que en un gobierno de Fuerza Popular se frene la farra fiscal, las leyes populistas, la creación de universidades por todo el país. Eso ya no es neoliberalismo, ha sido y será mercantilismo.

¿Cuál es el escenario que más te preocupa?

Que se establezca una política de mano dura que trascienda la seguridad ciudadana. En ese esquema, sospechosos son los criminales, pero también quienes piden democracia y libertades; se les trata como delincuentes sociales. Hay legislación que establece formas punitivas contra la protesta social, y al mismo tiempo aparece la militarización de la sociedad de modo intenso. La mano dura no es una promesa, ya la estamos viviendo con las leyes pro crimen y las leyes antiderechos. Un Estado como el que ha construido Bukele, o el que pretende construir Novoa, puede tener cierta legitimidad social, pero no ofrece resultados. Somos muy diferentes a El Salvador, que tiene un par de economías ilegales y es un Estado muy pequeño; nosotros tenemos doce economías ilegales, con integración vertical: narcotráfico, minería ilegal, minería no metálica, tala ilegal, trata de personas, contrabando, pesca ilegal, entre otras. Me parece correcto que las Fuerzas Armadas participen en la recuperación de territorios, pero la militarización de la sociedad entraña un doble peligro: el del orden sobre la libertad, y el de que no funcione, y pasen uno o dos años más sin resolver los problemas centrales de la inseguridad ciudadana. Además, se pretende combatir el crimen organizado con la lógica antiterrorista, y es un error, porque Sendero Luminoso era una estructura centralizada. Un ministro del Interior dijo hace dos años que en Lima existen unas 500 bandas dedicadas a la extorsión, muchas de ellas familiares. Tenemos una miríada de bandas, casi como pymes de la extorsión, que requieren una lógica de inteligencia distinta, capaz de encontrar no una raíz sino muchas. Poner el dinero en la militarización y no en la reforma policial es un riesgo muy importante para la propia política de seguridad ciudadana.

¿Cómo plantear una agenda que incorpore a los territorios que no logran que sus demandas sean atendidas?

Implica cambiar la lógica de la mirada. La tradicional es mirar el país desde Lima; ahora hay que mirarlo desde los territorios. Los primeros resultados del censo del año pasado muestran diez ciudades que ya pasan el millón de habitantes. La votación en regiones y provincias, frente a Lima, confirma que son territorios insumisos. Por eso llama la atención escuchar al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, o antes a Reggiardo, volver sobre la intangibilidad de Lima, el miedo a que la ciudad sea tomada. Es un miedo conservador, porque como Lima es el centro del poder, de la política y de la economía, su toma se vive como la vulneración de un espacio hasta estético, como si esta ciudad hermosa pudiera ser profanada por quienes vienen con sus costumbres a instalar ollas comunes en las calles, que es más o menos lo que decía la ordenanza de López Aliaga contra los manifestantes en el 2023. Cambiar la mirada hacia los territorios implica precisar qué problemas deben atenderse primero, y ahí se encuentra un territorio más disperso de pobreza y exclusión, que incluye a Lima, la primera zona de pobreza, pero más extendida en el resto del país. Necesitamos un poder que se sitúe no del centro a la periferia, sino que mire el centro desde la periferia. Ese cambio es cultural e ideológico. Hay estudios interesantes, como el de Martuccelli sobre el nuevo desborde popular, que hace énfasis en la gestación de una segmentación popular que no necesariamente es democrática, pero que debería serlo.

La decisión se tomaría debido a que ninguno de los dos postulantes finalistas, Carlos Loyola y Amparo Ortega, cumplía con las condiciones necesarias para asumir el cargo. En el caso de Ortega, ello se debió a que renunció a su postulación alegando problemas de salud.

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La situación de Loyola es distinta. En este caso, se presentó una demanda civil en su contra que pondría en duda su idoneidad para ejercer el cargo. Ante ello, la comisión encargada de la selección del titular de la ONPE habría optado por excluirlo del concurso, decisión que posteriormente fue respaldada por el pleno de la JNJ.

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Bernardo Pachas se pronuncia tras declararse desierto el concurso para elegir al titular de la ONPE

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, se pronunció luego de conocerse que el concurso para elegir al nuevo titular de la institución fue declarado desierto. Pachas aseguró que se enteró de la decisión durante una entrevista con el periodista Nicolás Lúcar y señaló que continuará desempeñando sus funciones.

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"Nosotros estamos trabajando con el equipo para realizar la entrega de resultados de la segunda vuelta y organizar las elecciones regionales y municipales de octubre. (…) Si esto es cierto, continuaremos hasta la llegada del nuevo titular, haciendo el trabajo como siempre lo hemos hecho: de manera transparente y diáfana", indicó en entrevista con Exitosa.

Pachas agregó que una de las prioridades de su gestión será fortalecer la comunicación de las actividades que realiza el organismo electoral.

—¿Alguna vez has visto al mundo tan convulsionado como ahora?

—Ha habido otros momentos históricos bastante convulsionados en el mundo. En los años 30, por ejemplo. Es importante poner este momento en perspectiva histórica. Desde la Segunda Guerra Mundial y la construcción del nuevo orden internacional, global, que dividió al mundo en dos bloques políticos e ideológicos, este es el periodo más turbulento. Este tipo de nuevo orden ya venía debilitándose. Ahora estamos viendo que están surgiendo muchas ideas radicales, con figuras políticas primitivas, lo cual está generando mucha incertidumbre y caos en el mundo. Como dijo Gramsci, estamos en un interregno al final de una época; pero la nueva época no ha sido construida todavía. Hacerlo toma tiempo y estamos viendo en ese ínterin movimientos fundamentalistas, muy radicales, muy antisistema. Esto se está viendo en todas partes.

—¿Por qué ocurrió esto? Hasta hace no muchos años estábamos en una aparente tranquilidad.

—Después de la Guerra Fría, en los años 90, con la caída del muro de Berlín, hubo otro ánimo, más esperanza en el mundo. Pero ya en este siglo, con las guerras en Afganistán e Irak y toda la ola de gobiernos, empezando con Chávez en Venezuela y también en otras partes del mundo, esas estructuras ya venían debilitándose, así como la incapacidad de los gobiernos nacionales e instituciones globales para resolver los problemas. Quedaron en la retórica, en promesas poco cumplidas, lo cual ha preparado el terreno para esos mensajes más demagógicos y populistas. Pero esto no pasó de golpe. Desde mi perspectiva, se está llegando a un punto más complejo.

—Las guerras siempre han sido económicas, pero ahora lo económico está definiendo todo. Nunca antes, de esta forma tan determinante, se ha visto.

—Tal vez esté relacionado con los cambios en China. China, como sabemos, tiene una proyección global, con actividades económicas muy relevantes para otros países. Esto está generando una competencia con modelos y experiencias de Occidente sobre quién puede ofrecer y producir resultados para ganar legitimidad frente a la gente. Esto se expresa netamente en términos económicos, como el nivel de vida, las condiciones de empleo, y el acceso a la salud y a la educación. A eso sumemos que ha habido una recesión democrática en el mundo. Samuel Huntington habló de una tercera ola de la democracia en los 70. Pero no terminó siendo exitosa, porque no generó legitimidad ni produjo resultados económicos y sociales para muchos países. Entonces, es lógico que se hayan presentado otros tipos de alternativas, otras formas políticas y otra clase de figuras que han ganado mucha fuerza en los últimos años.

—Hace unas semanas Trump y Xi Jinping sostuvieron una reunión comercial en Pekín. Aunque poco antes se estuvieron diciendo de todo. La población ve esto y se pregunta hacia dónde estamos yendo.

—Estamos yendo en muchas direcciones. No vamos en una sola dirección. No es lo más útil pensar hacia dónde va el mundo, porque estamos en un momento en el que hay muchas presiones muy contradictorias. Por ejemplo, si tomas solamente la política de Estados Unidos con respecto a China. Si ves la estrategia de seguridad nacional que salió a finales del año pasado, hay énfasis en el aspecto de competencia económica, pero también de cooperación. Sin embargo, en la parte sobre América Latina, Estados Unidos tiene una posición más dura con respecto a China, porque busca frenar su presencia e influencia en aspectos económicos en América Latina. Eso es evidentemente una contradicción. Con China hay que llevarse bien y hacer negocios, pero por el lado de América Latina hay una posición más dura que ha afectado a algunos países más que a otros. Si nos ponemos a buscar una sola dirección, vamos a salir decepcionados.

—Lo geopolítico es clave. ¿Cómo está América Latina en este escenario?

—Llevo cuatro décadas trabajando y escribiendo sobre la región y sobre su relación con Estados Unidos. En primer lugar, nunca he visto a la región tan fragmentada ni tan polarizada. Cada país anda por su cuenta. Hay poca colaboración entre ellos, poco ánimo para integrarse. Este es uno de los aspectos más decepcionantes de América Latina en los últimos tiempos. Tampoco he visto a Washington actuando en tantos frentes, con políticas de aranceles; pensemos en los ataques a las lanchas en el Caribe y el Pacífico; lo que pasó con Maduro, lo que pasó con México, y ahora con Brasil y Colombia, además de Panamá con respecto al canal. Si esto significa una estrategia, un plan coherente, no está muy claro. Como nunca antes, Estados Unidos está muy atento a América Latina. Me parece preocupante el poco interés en temas de democracia, derechos humanos y Estado de derecho. No recuerdo una administración en la que haya habido menos atención a esos temas, que para mí son importantes. Yo me acuerdo del golpe militar en Chile en 1973 y las críticas contra el presidente Nixon, pero Nixon es Gandhi comparado con Donald Trump. Trump está haciendo lo que le da la gana. Está aplicando sanciones y amenazas. Yo me temo que, si esto podría funcionar para Trump en el corto plazo, está sembrando las bases para un saldo muy negativo para Estados Unidos y, a largo plazo, sobre las economías de América Latina. Eso es lo que nos enseña la historia. Eso se puede repetir.

—Lo que estamos viviendo se define más en el segundo gobierno de Trump. Con las elecciones de noviembre de mitad de mandato, ¿se va a reforzar esta actitud de Trump o se va a moderar?

—Va a seguir igual. Incluso se puede acelerar más. Trump está muy golpeado y está pensando, más que nunca, en su legado, y hará cosas donde no hay resistencia. En estos momentos no hay resistencia porque su partido controla el Congreso. Si los demócratas ganan, Trump buscará reforzar su política exterior y dejar, como dije, su legado. El apetito de Trump por dominar no ha acabado y no acabará, aun siendo derrotado en noviembre. Le ha ido muy mal en Irán; con China y los países grandes también. Pero en América Latina es distinto: muchos países dependen de Estados Unidos. No me sorprendería que Trump concentre más poder para consolidar su dominio en la región. No sabemos lo que pasará con Cuba. Puede pasar algo en Nicaragua, también en Panamá. Con Trump no se puede descartar nada.

—¿Y después de enero de 2029, cuando Trump finalice su mandato, las cosas podrían cambiar?

—Yo creo que hasta enero de 2029 hay que apretarse los cinturones. Hay que estar preparados.

—¿Entonces hay esperanza: las cosas podrían cambiar?

—Sí, hay una esperanza. Hay una esperanza de otro tipo de relación, de otro tipo de tratamiento. No estoy diciendo que soy muy optimista sobre una nueva administración con gran comprensión y fuerte compromiso con América Latina. Por lo menos, habrá un cambio en la postura muy agresiva, muy dura, muy, digamos, de matón en América Latina. Si hay otro republicano como Marco Rubio o un demócrata como presidente, va a ser muy distinto.

—Keiko Fujimori y Roberto Sánchez están disputando voto a voto la presidencia. Entonces, por lo que dices, quien salga no va a afectar a Trump.

—No. Para Estados Unidos no hay tanto en juego. Básicamente, en Perú el poder está en el Congreso, que ha sido muy marcado en estos últimos años. Ha habido alianzas para algunas propuestas en el Congreso entre el partido de Sánchez y el partido de Keiko. El caso peruano es muy diferente y todo el tema del giro a la derecha no tiene tanto significado en Perú como en Chile, Colombia u otros países. Obviamente, el tema de China es el más sensible y esto para mí no está muy claro: hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a presionar sobre Chancay y otras inversiones chinas en Perú, y cómo reaccionaría un gobierno de Keiko o uno de Sánchez, porque China es fundamental, ha sido fundamental y sigue siendo fundamental para la economía peruana. Entonces, esto no se puede, digamos, cambiar y hay mucho apoyo. Por eso, no sé hasta qué punto esta administración está interesada en Perú por China o está dispuesta a enfocarse en eso. Tal vez ellos piensen que, como hay mucha cooperación en narcotráfico, no hace falta. Estoy especulando. La administración Trump lleva casi año y medio y parece que hubieran pasado 20 años.

El cine de Panahi es, principalmente, un cine de denuncia que, por ser tal, no descuida en nada los alcances expresivos a nivel formal. Sin depender de grandes locaciones y presupuestos, ha hecho de la sencillez de recursos, como la cámara en mano que sigue a sus actores, toda una clase maestra de cómo contar historias. Ejemplo de lo dicho lo podemos ver en sus películas Taxi Teherán (2015) y El círculo (2000).  Pensemos en el segundo trabajo consignado, en donde el cineasta pone en bandeja la situación de las mujeres en Irán. Es una película que sorprende al espectador, porque dentro de las limitaciones que las mujeres tienen para expresarse y desarrollarse, se muestra cómo han hecho del disimulo y del ingenio cotidianos un modo de vida en contraste con las restricciones.

Con lo hecho, Panahi podría estar enfocado en otros temas. Ya dejó un valioso documento visual sobre la situación de su país y un legado para los jóvenes cineastas que quieren hacer cine sin necesidad de depender de grandes presupuestos. Panahi dice cómo hacer cine si lo que quieres es hacer cine. Panahi podría estar filmando en cualquier parte del mundo proyectos tanto de denuncia como de búsqueda estética a razón de que es un personaje muy incómodo para el gobierno de Irán. Pero él prefiere regresar a Irán porque no puede hacer cine sin ese contexto que lo alimenta.

En la primera semana de junio, el Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán confirmó la sentencia contra Panahi por el delito de propaganda contra la República Islámica de Irán. Este tribunal rechazó la apelación presentada por la defensa del cineasta. La sentencia consta de un año de prisión, dos años de prohibición para salir de Irán y se le prohíbe afiliarse a organizaciones políticas y sociales. Panahi, por cierto, ya ha estado en prisión. En el 2022 fue condenado a seis años de prisión por conspiración contra el gobierno. Fue liberado siete meses después tras hacer una huelga de hambre y pagar una fianza.

A Panahi no le sirve de mucho su prestigio internacional en su país, en donde existe el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, que es el organismo que regula la producción artística y cultural.

Regulación del arte y la cultura en Perú

El sábado 13 de junio, en el diario oficial El Peruano, se dio a conocer la Ley 32645, la cual crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Este colegio tendrá como misión ordenar y supervisar el ejercicio profesional de las disciplinas artísticas, como las artes plásticas y visuales, música, danza, artes escénicas y afines. En otras palabras, es la oficialización de la censura, la cual, en este quinquenio, hemos visto en todo su esplendor mediante cancelaciones y leyes que atentan contra el sentido común, como la nueva ley de cine.

Este colegio de artistas no es un hecho aislado, no es una ocurrencia local. Es parte de una ola cancelatoria a nivel global que busca avasallar el espíritu crítico del arte. Sin duda, habrá creadores que se mantendrán independientes e igualmente habrá otros que buscarán beneficiarse de este organismo.

Lo sucedido con Panahi es el extremo de la cancelación, pero por ahí van estos despropósitos que nos obsequia el actual Congreso. Estaremos muy atentos.

…

Situación del cineasta. Si bien Jafar Panahi ha sido condenado, aún no ha sido detenido. Se desconoce su paradero exacto.

La ley del Congreso. Esta medida fue impulsada por la Comisión de Educación, cuyo presidente es Segundo Montalvo (PL). Tuvo 83 votos a favor. Contó con el apoyo de las bancadas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

En su más reciente columna de opinión, Lauer resume esa idea con una frase contundente: "Lo regional-municipal va a ser anticlimático", en referencia a que la intensidad de la polarización vivida durante la elección presidencial difícilmente se trasladará a la disputa por gobiernos regionales y municipios.

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Mirko Lauer identifica tres factores que definirán las elecciones locales

Para el analista, existen al menos tres elementos que marcarán la competencia electoral en las regiones y municipios del país.

El primero es el predominio de los liderazgos locales. Según explica, el electorado suele favorecer a candidatos con arraigo territorial antes que a postulantes respaldados por partidos nacionales o por figuras políticas de Lima.

"Las próximas elecciones las va a ganar el arraigo geográfico", sostiene el periodista.

A su juicio, esta tendencia ha sido constante en procesos electorales anteriores y podría reforzarse después de la fuerte división política entre Lima y el interior del país observada durante la elección presidencial.

El posible efecto del nuevo gobierno

Un segundo factor será el llamado "efecto arrastre" del nuevo gobierno. Lauer considera posible que algunos candidatos locales intenten capitalizar la reciente victoria presidencial identificándose con el oficialismo.

Sin embargo, advierte que este fenómeno no tendría el mismo impacto en todas las regiones, especialmente en aquellas donde el respaldo electoral favoreció a otras fuerzas políticas durante la segunda vuelta.

El peso de las identidades regionales

El tercer elemento señalado por el columnista es el componente ideológico y comunitario presente en muchas localidades del país.

En determinadas zonas, explica, las decisiones electorales responden menos a la política nacional y más a proyectos locales, vínculos comunitarios y formas tradicionales de organización social, especialmente en comunidades andinas y amazónicas.

Un escenario distinto al de la elección presidencial

Lauer también señala que el contexto climático podría influir en el desarrollo de la campaña electoral. Advierte que un eventual Fenómeno de El Niño podría alterar las actividades proselitistas en algunas regiones e, incluso, mezclar la campaña con la atención de emergencias y la ayuda humanitaria.

No obstante, considera que ese factor no será el principal determinante del voto ciudadano.

Para el periodista, el verdadero desafío será que los electores distingan entre candidatos con propuestas sólidas y aquellos que buscan aprovechar coyunturas políticas para acceder al poder.

En ese sentido, concluye que el éxito en las próximas elecciones dependerá, sobre todo, de la capacidad de los candidatos para construir legitimidad en sus propios territorios, más que del respaldo de las principales figuras de la política nacional.

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Lauer señala que el planeta ha ingresado en un escenario marcado por fenómenos extremos cada vez más frecuentes. Como ejemplo menciona las temperaturas récord registradas este verano en varios países de Europa, especialmente en Francia, y el riesgo de que el Perú afronte un nuevo episodio de El Niño Costero, con consecuencias sobre el clima y la economía nacional.

Mirko Lauer: "El clima está volviéndose errático"

En su análisis, el periodista afirma que el calentamiento global ya produce cambios visibles en el comportamiento del clima.

"El clima está volviéndose errático, la temperatura está aumentando y los niveles del mar están subiendo", sostiene.

Para Lauer, estos procesos ocurren a una velocidad mayor de la prevista hace algunos años y amenazan con intensificarse en las próximas décadas si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

Perú enfrenta riesgos por un posible Niño Costero

El columnista advierte que el Perú podría experimentar un invierno menos frío de lo habitual, acompañado por lluvias intensas asociadas a un eventual Fenómeno de El Niño Costero.

Según explica, este escenario afectaría principalmente dos sectores estratégicos para la economía nacional:

• La agricultura, debido a las inundaciones y alteraciones climáticas.
• La pesca, por el aumento de la temperatura del mar y los cambios en los ecosistemas marinos.

A su juicio, ambos sectores podrían sufrir impactos que repercutan en el crecimiento económico del país.

Críticas a la respuesta internacional

Lauer también cuestiona la eficacia de las Conferencias de las Partes (COP) organizadas por las Naciones Unidas desde 1995.

En su opinión, los compromisos asumidos por los principales países emisores de gases contaminantes han sido insuficientes o, en muchos casos, simplemente incumplidos, lo que ha contribuido a agravar la crisis climática.

Asimismo, critica el avance del negacionismo frente al cambio climático y menciona especialmente la postura del actual gobierno de Estados Unidos, al que responsabiliza de debilitar los esfuerzos internacionales para enfrentar el calentamiento global.

Una advertencia sobre el futuro

Para Mirko Lauer, la discusión ya no gira únicamente en torno a prevenir el cambio climático, sino a responder a una emergencia cuyos efectos comienzan a sentirse en distintos continentes.

El periodista concluye que los intereses vinculados a los combustibles fósiles continúan frenando la transición hacia energías renovables, mientras los fenómenos extremos se vuelven cada vez más frecuentes y severos, afectando tanto a países desarrollados como a economías vulnerables como la peruana.

La Junta pretende sancionarlos por una decisión jurisdiccional: Inaplicar la Ley 32107 a un caso de violación de derechos humanos de acuerdo con los tratados firmados por el Perú y la jurisprudencia nacional e internacional en esta materia. Aparte están los procesos disciplinarios en curso contra los jueces nacionales de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez Tamariz. Concepción Carhuancho ya fue suspendido por seis meses. La ley y la jurisprudencia dicen que los temas jurisdiccionales no son parte de un proceso disciplinario. Si alguien no está de acuerdo con una decisión puede apelar y cuestionar dentro del proceso donde también existen mecanismos de corrección.

El Consejo Ejecutivo y la Corte

La situación ha llegado a tal extremo que la sola mención a la Junta empieza a ser utilizada para obligar a los magistrados a tomar decisiones, abstenerse o cambiar su decisión. La JNJ dejó de ser un organismo de control disciplinario, para convertirse en un instrumento de terror político. Esto último, se ha hecho evidente con la crisis que atraviesa la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, tras la juramentación de ocho nuevos jueces titulares y su despliegue en los tribunales de esta jurisdicción.

Tras la juramentación de los nuevos jueces: Marco Angulo Morales, Javier Sologuren Anchante, Víctor Enríquez Sumerinde, Luis López Pinto, Nahyhon González Aguirre, Jony Peña Suasnabar y Wilfredo Ayala Valentín se les presionó para que tomen el control de la Corte que ve los casos más complejos del país. Les han dicho que para eso han sido nombrados y que si no asumen esa "responsabilidad patriótica" la JNJ les abrirá proceso por no defender sus derechos.

El cargamontón fue tal intensidad, que el presidente de la Corte, Jhonny Contreras se vio obligado a renunciar y rechazar la resolución del CEPJ que había ampliado su mandato hasta diciembre. La Corte tiene hoy un presidente que ha renunciado y no hay instancia que designe o elija a su sucesor.

Para que quede claro que no se trata de una simple amenaza, según fuentes de La República, este martes el pleno de la JNJ debatirá una propuesta para iniciar investigación a todos los integrantes del Consejo Ejecutivo, la máxima instancia administrativa de este poder del Estado. La medida responde a una denuncia presentada por el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante. Si la denuncia prospera, se descabezará al Poder Judicial, pues el Consejo es su máximo órgano de gobierno administrativo.

Denuncia política

La denuncia está dirigida contra el juez supremo decano Víctor Prado Saldarriaga, encargo de la presidencia del Poder Judicial y del CEPJ. Junto a él, se incluye a la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, Ramiro Bustamante Zegarra, Jhonny Cáceres Valencia y Carlos Zavaleta Grández por pretender proteger la buena marcha de los procesos. El congresista Alejandro Muñante pidió a la JNJ sancionar a los integrantes del CEPJ por supuesta falta grave al haber prolongado, el 22 de junio, el mandato del juez Jhonny Contreras como presidente de la Corte Penal Nacional hasta diciembre de 2026 pues supuestamente ya se ha instalado la primera Sala Plena de esta Corte.

Sin embargo, esto último todavía no se ha producido. De acuerdo con fuentes de La República, el jueves 25 de junio se realizaron reuniones preparatorias para la autoconvocatoria a Sala Plena. Pero, la denuncia presentada ese mismo, 25 de junio ante la JNJ, da por hecho que ya se instaló y que las decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo tres días antes, constituyen una falta grave.

La denuncia del congresista Muñante, lo sucedido en la Corte Penal Nacional y las acciones inmediatas de la Junta evidencias una serie de actos concertados para desestabilizar al sistema judicial, poner en la guillotina a las principales autoridades del Poder Judicial y asumir el control de sus decisiones. Someter a los jueces al miedo. Un libreto que el PJ ya vivió durante la dictadura de Fujimori-Montesinos y al que los jueces aprendieron a enfrentarse.

"Cualquier ciudadano puede recurrir a las instancias que la ley le franquea. El proceso electoral se rige por etapas que precluyen y no pueden retrotraerse. Una vez que se declara concluido el proceso, ya no es posible volver a etapas anteriores", indicó.

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Por su parte, Sánchez mantiene su postura a favor de la anulación de las elecciones. El candidato de Juntos por el Perú responsabilizó a la ONPE y al JNE por las presuntas irregularidades que, según afirma, se registraron durante el proceso.

“Solo en Perú se juega al ‘fútbol’ con dos reglas distintas: primer y segundo tiempo. Ni la FIFA se atrevería a tanto. Eso hizo la ONPE y el JNE lo ha blindado y dice: ‘No se cambió el procedimiento normativo, solo se varió la operatividad’. Apelaremos e iremos ante la CIDH”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

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Proclamación de resultados presidenciales sería este 3 de julio

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que la proclamación de los resultados de la segunda vuelta presidencial está prevista para el 3 de julio. No obstante, aclaró que la fecha dependerá de que concluyan las incidencias procesales que todavía permanecen pendientes de resolución en el sistema electoral.

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Del mismo modo, el JNE señaló que la entrega de la credencial presidencial para el candidato electo está prevista para el próximo 15 de julio, en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

Además, Burneo negó indicios de fraude: “Lo descartamos. No solamente ahora, sino en todo el proceso electoral. Ha habido incidencias como en todo proceso, complicaciones que han sido complejas, pero fuera de ello no hay ningún fraude que hemos podido detectar", sostuvo.

La organización Fuerza Popular obtuvo un total de 195,388 votos, lo que equivale al 63.208%. Por su parte, Juntos por el Perú alcanzó 113,733 votos, representando el 36.792%. En total, se registraron 309,121 votos válidos y 18,490 votos nulos (5.611%). Además, se registró un total de 1,941 votos en blanco (0.589%).

El continente de América concentró la mayor cantidad de votantes de la jornada. En este territorio, acudieron a las urnas 195,744 ciudadanos, de un total de 757,697 electores.

En el continente de Europa se registró la segunda mayor concurrencia de la votación en el exterior. Las mesas de sufragio de esta región recibieron un total de 122,033 votos emitidos sobre un padrón electoral que ascendía a los 403,388 ciudadanos.

Por su parte, la actividad electoral en el continente de Asia registró un total de asistencia de 9,411 ciudadanos frente al total de 41,413 electores que estaban registrados para votar.

En el continente de Oceanía, se registró un total de 2,312 votos emitidos. Sin embargo, en la región se registró estaban habilitados 7,918 electores.

Finalmente, en África se registró la menor cantidad de votantes debido al tamaño de su padrón. En este territorio, se contabilizaron exactamente 52 ciudadanos que asistieron a votar, extraídos de un total de 397 electores hábiles registrados.

La sesión contó con la presencia de los personeros legales acreditados: Alexander Iria por Fuerza Popular e Isaías Cutipa Galindo por Juntos por el Perú. No presentaron ninguna observación o reclamo. Además, el embajador Pedro Bravo también estuvo presente en la audiencia pública.

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Dejando de lado lo ridícula que tal pregunta puede ser (Sí tiene 66% y No, 34%), esta revela algunas cosas interesantes de las narrativas de esta campaña. La primera es que los "caviares" han sido vencidos. Aparentemente, siempre han gobernado y no lo harán más. ¿Quiénes son estos caviares? Les recomiendo la lectura del ensayo de Eduardo Dargent, 'Caviar, del pituco de izquierda al multiverso progre' (Lima, 2025), para tratar de encontrar una definición. En teoría, el caviar era originalmente un militante de izquierda, estatista, mercantilista y parásito del Estado, que tenía gustos caros y se daba una buena vida a costa de nuestros impuestos. En la práctica, el concepto incluye a los primeros, pero se expande hasta la derecha liberal, a quienes no trabajan para el Estado ni quieren hacerlo y a todos los que defienden el Estado de derecho, denunciando la corrupción en el poder y todos los atropellos a los derechos fundamentales. Es decir, quienes combaten proyectos políticos mercantilistas y autoritarios.

Lo interesante de este concepto de "caviares vencidos" es mirar cómo se organiza el Congreso electo usando esa ambigua categoría. Los seis partidos vencedores no dejan mucha duda. Cuatro partidos son caviares y dos no lo son o han usado el término para insultar. JPP, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno son recontra caviares para quienes usan la categoría. Fuerza Popular y Renovación, por oposición, son la Derecha Bruta y Achorada (DBA). Parece que los "caviares" fueron más populares entre los electores, pese a todos los insultos.

Por eso, tal vez la noticia más importante de esta semana es la de la alianza parlamentaria, anunciada por Roberto Sánchez, con Ricardo Belmont (candidato a la Municipalidad de Lima) y Alfonso López Chau (senador electo). El anuncio se realizó este jueves luego de la entrega de credenciales a los senadores electos. La noticia es aún confusa porque el senador por Obras, Daniel Barragán, en la ceremonia de entrega de credenciales, unas horas antes, señaló que la alianza con JPP solo había sido electoral. Sin embargo, Belmont, si quiere darle fuerza a su candidatura, está obligado a usar la plataforma que tiene su partido para hacer lo que ha hecho siempre en política: ser un gran opositor. Así, al menos de aquí a octubre, la Alianza Caviar en el Congreso puede darle muchos problemas a Fujimori en materia de derogatorias. Los cuatro partidos suman 74 votos en diputados, lo que, si mantienen unidad y compromiso con sus ofertas de campaña, significaría la rápida aprobación de las derogatorias de las leyes procrimen y proimpunidad policial-militar, auspiciadas por Fuerza Popular y Renovación, los únicos sobrevivientes anticaviares de #PorEstosNo.

Cierto es que la Alianza Caviar en Diputados puede servir de poco, en materia legislativa, si todo puede ser modificado en el Senado. Pero aquí viene el factor López Aliaga. A estas alturas queda claro que Fernando Rospigliosi, sentenciado por delito de difamación, no estará sujeto a la prohibición del artículo 34 A de la Constitución porque fue condenado el 15 de abril, tres días después del acto electoral en el que resultó elegido. Es decir, ya no era "postulante", sino senador electo, y la prohibición es para la postulación, en una lectura muy literal, al cargo. Si esto es así, si el acto electoral es constitutivo de la calidad de "elegido" —es decir, el 12 de abril dejas de ser candidato para vencer o ser vencido—, entonces Rafael López Aliaga es senador desde esa fecha. La suerte de uno está atada a la suerte del otro. La pregunta "¿hasta cuándo eres candidato y desde cuándo eres senador?" se resolvió en la sentencia del TC del 2015 en el caso Falconi. El día de las elecciones, dejas de ser candidato.

Entonces, no cabe renuncia porque el mandato parlamentario es irrenunciable. Si López Aliaga ya es senador, antes de juramentar, ¿cómo podría vacar en el cargo? La vacancia del cargo de senador solo se da por muerte, incapacidad física o mental permanente, inhabilitación superior al periodo parlamentario o destitución por acusación constitucional o antejuicio político (artículo 20 del reglamento del Senado). En ningún otro caso puede asumir el accesitario; por lo tanto, si López Aliaga se niega a formalizar su cargo, la silla queda vacante. La silla vacía de López Aliaga, quien está litigando para ser candidato a primer regidor en la Municipalidad de Lima (con nulas posibilidades), puede ser asumida cuando él quiera. Por ahora es un "no incorporado". Pero, mientras no lo desee, la Alianza Caviar tiene 30 votos y la DBA, solo 29 en el Senado.

En el artículo 89 del Reglamento del Senado se establece que el presidente de la Mesa Directiva dirime en caso de empate. La gran pelea no será el control de la mesa de la Cámara de Diputados. Esa es más que seguro que la tendrá la oposición. Pero, en el Senado, con votaciones tan parejas, el voto dirimente, que rara vez se ha usado en un pleno, será la norma. Por eso, la negociación de la Mesa Directiva del Senado es clave para el gobierno. Presentarse a fin de julio con solo 29 votos frente a 30 es suicida. Salvo que ya estén de compras.

Aquí es donde el futuro gabinete de Keiko Fujimori puede, para tristeza del diario Correo, llenarse de caviares. Si la presidenta quiere al menos el control del Senado, tiene que ofrecer mucho a muchos. Para empezar, tiene que ofrecerle a López Aliaga la presidencia del Senado y a otros, sitios en el gabinete. De lo que ella esté dispuesta a ofrecer y el resto a recibir depende su inicio de gobierno. Su triunfo no le da para soberbias: ha ganado con las justas y la correlación de fuerzas en el Congreso la obliga a pactar. ¿Cuál será el precio? Eso no lo sabemos, pero como bien se sabe, "quien nada da, nada tiene" (Camus).

Solo unas líneas finales para compartir el luto de millones de venezolanos. Sobrecogidos por la magnitud de la tragedia, es la hora de dar la mano a la migración más grande que ha recibido el Perú en su historia. Todo esfuerzo es pequeño ante la inmensidad de la tarea. Han sido 27 años de chavismo y dos cataclismos, demasiado para un solo pueblo. El Perú, en medio de esta desgracia, debe restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela para poder así ayudar, con representación diplomática in situ, a las enormes necesidades de información y canalización de auxilio inmediato. Toda América está sujeta al mismo riesgo de sismos. Prepararnos y ayudarnos entre todos es una tarea impostergable para la sobrevivencia mutua. Lo que ha pasado en La Guaira puede pasar, en un minuto, en cualquier punto de la costa del Perú. Aprendamos y corrijamos antes de la desgracia. ¡Fuerza, Venezuela!

La medida abarca las actas de proclamación de cada JEE, así como las resoluciones emitidas en procedimientos de recuento de votos, votos impugnados, apelaciones y otras incidencias que hayan influido en la determinación de los resultados. Este acuerdo lleva la firma de Roberto Burneo, presidente del jurado electoral y otros magistrados del JNE. Además, fue publicado en el diario oficial El Peruano.

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Según el acuerdo, esta revisión se realizará de oficio. De esta manera, el JNE hará la revisión incluso en los casos donde las actas de proclamación descentralizadas no hayan sido apeladas por las partes interesadas.

El acuerdo también deja constancia de la carga de trabajo que enfrentaron los JEE tras los comicios del pasado 7 de junio: cerca de 1600 actas observadas que requirieron resoluciones, audiencias de recuento de votos y audiencias de votos impugnados transmitidas en vivo.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se pronuncian tras conteo de resultados al 100%

Por su parte, ambos candidatos ofrecieron declaraciones luego de que la ONPE culminara el conteo oficial al 100%, el cual dio a Keiko Fujimori como la candidata más votada frente a Roberto Sánchez.

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La lideresa del fujimorismo aseguró que no se opone a dialogar con Sánchez y con otros sectores políticos. "Recibimos este resultado con gran responsabilidad, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos el deber de escuchar a ambos lados. (…) Las puertas del diálogo están abiertas para Roberto Sánchez y para todos los políticos que participaron en esta elección", afirmó.

Por su parte, el líder de Juntos por el Perú sostuvo que la virtual victoria de Fujimori aún no constituye una garantía de que encabezará un gobierno democrático. "Seguimos creyendo que esta voluntad simétrica de copamiento de las entidades no es una garantía de un proceso electoral que dé seguridad", manifestó.

Crear un colegio profesional de artistas que regule “las disciplinas artísticas” – como se plantea en el artículo 2 de dicha ley – es sumamente grave. Primero porque omite un elemento fundamental del trabajo artístico en el Perú: su diversidad. Muchos artistas no han salido de aulas formales o de institutos superiores, sino que han forjado su trabajo desde la experiencia o desde el legado tradicional que han recibido en sus familias y comunidades. En el Perú, el arte se presenta en distintos formatos, lenguajes y códigos, materiales e inmateriales. El arte es comunitario, popular, urbano, callejero, digital, tradicional. Reducir este oficio únicamente a lo académico es discriminatorio y antidemocrático.

Es grave también porque deja la puerta abierta a la censura. De hecho, ya se han presentado casos de censura a expresiones artísticas regionales durante el estallido social 2022-2023, cuando éstas protestaron contra los abusos del gobierno de Dina Boluarte. El trabajo artístico es también un ejercicio político y una herramienta para entender y transformar las realidades.

Los y las artistas del Perú no necesitan un colegio profesional. Necesitan mejores condiciones laborales. Un diagnóstico del Ministerio de Cultura y de la Unesco (2021), realizado a raíz de la pandemia, determinó que muchos artistas trabajan en la precariedad e informalidad: sin acceso a un seguro de salud y a un sistema de pensiones; muchos sin acceso a herramientas digitales y a programas de formación; con trabajos intermitentes y multifuncionales. Es, por tanto, un sector altamente vulnerable.

Si el Congreso quiere contribuir con los artistas y trabajadores de la cultura puede revisar y mejorar los presupuestos públicos que se destinan al sector, a través del Ministerio de Cultura; puede crear e impulsar espacios de diálogo descentralizados para conocer las verdaderas necesidades y urgencias de los y las artistas; puede impulsar leyes que mejoren sus condiciones labores, y que los artistas peruanos – hombres y mujeres en su diversidad- puedan desarrollar su creatividad en entornos justos, libres, igualitarios y seguros.

 Venezuela, además, como en ese poema de Vallejo acerca de haber nacido un día que Dios estuvo enfermo, grave, ha sufrido no uno sino dos terremotos devastadores. Los peruanos estamos bien ubicados para sentir empatía por su desgracia. Hay decenas de miles de venezolanos exilados de su país en el nuestro, de un lado, y del otro sabemos que nuestro destino sísmico es inexorable. Tarde o temprano deberemos sufrir la misma tragedia, con similar falta de preparación y medios para enfrentarla. Las atroces imágenes del sufrimiento causado por los movimientos telúricos, son un espejo en el que podemos vernos retratados.

 El resto del mundo no da muchos motivos para relajarse. La guerra en el medio Oriente o Ucrania, la atroz situación de los palestinos en la franja de Gaza o de los migrantes desesperados por cruzar en embarcaciones de fortuna el Mediterráneo o el Canal de la Mancha, nos hacen preguntarnos por lo peor de la condición humana. ¿Siempre fuimos tan carentes de empatía con el dolor ajeno? Europa, ese Eldorado al que esos pobres seres intentan llegar por cualquier medio, está en medio de una canícula irrespirable, mientras que los poderosos del orbe se empecinan en ignorar el cambio climático desde sus cómodas instalaciones con aire acondicionado.

 ¿Para qué seguir con esta lista de lavandería en donde se apila un monto inconmensurable de ropa sucia? ¿En estas condiciones es lícito darse un respiro? Mi respuesta simple es que no solo es lícito: es indispensable. Entiendo que hasta para las horas que se pueden destinar al ocio el mundo está injustamente dividido. Hay quienes se pueden dar vacaciones sin desequilibrar su presupuesto, y quienes carecen de ese privilegio. Incluso a nivel psíquico la distribución de la salud mental es desigual. Hay quiénes pese a sus privilegios materiales, no disponen de ese tiempo destinado a reposar la mente de los ajetreos del día a día. Y, son los más, hay quienes no tienen ni una cosa ni la otra. No tienen los recursos para detenerse ni el espacio mental o espiritual para descansar.

 No todo respiro consiste en viajar a una playa idílica a un hotel de muchas estrellas, por lo demás. Recuerdo haber visto en la avenida Paseo de La República, en Lima, desde mi bicicleta, un día de semana, a un grupo de personas en la calle. Era aproximadamente las cinco de la tarde. Por sus atuendos y el letrero del local frente al cual estaban sentados en cajones, se deducía que eran mecánicos. En el medio del círculo que habían formado tras lo que debe haber sido una jornada agotadora de trabajo, había botellas de cerveza. Al pasar a su lado escuche sus risas, causadas por alguna broma entre ellos. Se les notaba absortos en lo suyo, contentos por haber terminado un día de dura labor. Esto ocurrió hace años y desde entonces me arrepiento de carecer de los reflejos de los fotógrafos, pues me hubiese encantado retratar ese momento de alegría, a pesar de que sus vidas no debían ser fáciles.

 Lo recuerdo muchos años después y no estoy seguro de porqué. Recuerdo ahora una frase del escritor ruso Turgueniev: “Fue como pasar junto a una dicha ajena.” En las páginas de esa novela, me parece, se refería a una escena de amor. Lo que yo vi fue una de amistad y camaradería. El escritor narra un episodio de exclusión y dolor. Para mí hay algo de melancólico y fugaz en ese momento de solaz compartido. Algo me dice que esas escenas como la de los mecánicos en Surquillo, tienen los días contados. La “gentrificación” de Surquillo está transformando ese barrio insertado entre distritos pudientes. Una persona que vivió mucho tiempo fuera del Perú, me contaba lo asombrada que había quedado al ver la mutación de “Sullorqui”, un lugar que provocaba temor en la Lima clasista y racista. No podía creer que hubiera una panadería francesa y restaurantes de excelente calidad y precios altos. Lo cual no son necesariamente buenas noticias para los habitantes del mencionado distrito, pues los precios suben y la presión para sacarlos se intensifica.

 Se que me alejé con esta digresión. Mi punto es que hay diferentes maneras de darse un momento de solaz. Hay, por ejemplo, una excelente retrospectiva de Martín Chambi -quien no cometió el error que yo cometí al dejar pasar la ocasión de fotografiar un momento popular irrepetible- en el Centro Cultural del ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, hay una exposición de la obra del pintor Ramiro Llona en la sede central del mismo ministerio: “Ramiro Llona. Grandes formatos.”

 En julio no solo tendremos un nuevo Gobierno. También estará la Feria del Libro, está vez en el centro comercial del Jockey Plaza. Cuando todo parece perdido, la lectura de buenos libros jamás nos decepciona. No se preocupen: la realidad seguirá allí.

Precisó que ello se debe a que en Perú existe un “copamiento de instituciones”. Si ese no fuera el escenario, cree que el resultado habría sido distinto y Juntos por el Perú resultaba ganador.

“Seguimos creyendo que esta voluntad simétrica de copamiento de las entidades no es una garantía de un proceso electoral que dé seguridad", dijo.

En ese sentido, mencionó el traslado de actas a Perú, hecho que ya ha denunciado anteriormente. “En la primera vuelta hubo unas reglas de juego para todos. Fruto de esos resultados hemos llegado a la segunda vuelta. Y aquí ocurrió un asunto gravísimo para nosotros. Antes hubo la obligatoriedad de digitalizar el acta apenas concluya la elección. Para esta segunda vuelta se quitó ello para las oficinas consulares”, expresó.

Sánchez mencionó que “al quitar estándares hubo una afectación a la seguridad jurídica del proceso electoral”.

“(En los votos de peruanos en el exterior) ya no se usó valija diplomática, no se siguió la cadena de custodia, se quitó la obligatoriedad de la digitalización del acta que da la certeza jurídica de que se ha respeta esa voluntad. La intangibilidad normativa electoral que se ha afectado, para nosotros es grave y hemos invocado la nulidad de estas elecciones en las oficinas consulares”, agregó.

“En Perú ganamos por 26 mil votos”

Seguidamente resaltó que obtuvo la victoria en 16 de las 24 regiones y en más de 1500 distritos de 1800. “El Perú está de verde. “En el Perú en territorio nacional ganamos por 26 mil votos. Estrecho”, aseguró.

También resaltó el carácter pacífico de las movilizaciones que ha liderado. “La resistencia es con todas las acciones siempre en el marco de la democracia, la ley, el respeto a la vida en los derechos constitucionales. La protesta pacífica, la movilización pacífica es un derecho constitucional”, anotó.

Con el conteo oficial consolidado, el proceso electoral avanza hacia la etapa final. Roberto Burneo, presidente del JNE, estimó que la proclamación de los resultados se realizará el 3 de julio.

Resultados en Lima

La tendencia a favor de Fuerza Popular se consolidó con en las jurisdicciones de Lima. Según el JEE Lima Oeste 1 —que abarca Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Isidro y San Miguel—, la agrupación obtuvo 272,360 votos (75.44%) frente a los 88,649 de Juntos por el Perú.

Asimismo, el JEE Lima Norte 3 oficializó los resultados en los distritos de Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo, Ancón y Santa Rosa. En esta jurisdicción, de un total de 701,291 ciudadanos que acudieron a las urnas, Keiko Fujimori alcanzó 382,752 votos, superando a Roberto Sánchez, quien obtuvo 273,608.

Juntos por el Perú gana en regiones

Por otro lado, los Jurados Electorales Especiales en regiones confirmaron la victoria para el candidato de Juntos por el Perú. En Pasco, la agrupación logró 79,930 votos (56.658%), dejando a Fuerza Popular con 51,747 (36.681%). Del mismo modo, en Abancay, Juntos por el Perú se impuso con 94,537 votos, mientras que Fuerza Popular registró 25,351.

Situación en Ica

El JEE de Ica ratificó un resultado favorable para Fuerza Popular. Con un 51.938% de los votos válidos (282,464), la candidata superó a Roberto Sánchez, quien alcanzó el 48.062% (261,383 votos).

En declaraciones a los medios a la salida de su domicilio, la lideresa de Fuerza Popular reconoció que, al llegar al final de este proceso, el Perú se encuentra fragmentado.

"Recibimos este resultado con gran responsabilidad, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos el deber de escuchar a ambos lados", señaló.

Sobre los pasos a seguir, Fujimori indicó que esperará con calma la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), prevista para finales de esta semana. "Vamos a esperar unos días para la proclamación y la entrega de credenciales”.

Además, adelantó que ya tiene en mente a los integrantes de su equipo de trabajo para la transferencia, aunque prefirió mantener los nombres bajo reserva por ahora.

Del mismo modo, presentó como dos retos inmediatos a una eventual gestión: “recuperar el orden en el país y tomar medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño". Sobre este último punto, la candidata lamentó que el actual gobierno no realizará los trabajos de prevención correspondientes.

Fujimori también recordó que este año es su cuarta postulación presidencial. "A lo largo de la vida uno enfrenta retos y pruebas, pero con constancia se pueden alcanzar los objetivos", concluyó.

Cabe resaltar que Fujimori se pronunció inicialmente a través de sus redes sociales: "La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos".

Detalles del conteo final

Según la información oficial proporcionada por la ONPE, los resultados finales tras el conteo del 100% de las actas, Keiko Fujimori alcanzó un 50.135% de los votos, lo que equivale a un total de 9,223,396 sufragios.

Por su parte, Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú, obtuvo un 49.865% del respaldo popular, sumando un total de 9,173,755 votos en estos comicios presidenciales.

Del mismo modo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que la proclamación presidencial sería este viernes 3 de julio. Sin embargo, ya se hicieron públicos diversos saludos.

Desde el ámbito político, Renovación Popular felicitó a Keiko Fujimori por su victoria electoral. Asimismo, enviaron sus saludos Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

En todo los casos la justificación fue que el organismo no está atendiendo eficientemente uno de los principales problemas de la capital: la congestión vehicular.

Renovación Popular, cuya plancha a la alcaldía está conformada por Luis Rubio (alcalde) y Rafael López Aliaga (primer regidor), propone explícitamente su eliminación y que el sistema de transporte público sea gestionado directamente por la MML.

Tal propuesta, señalan, “busca devolver la capacidad de decisión y planificación a las autoridades locales” a fin de lograr “una gestión más cercana a la realidad y necesidades de los ciudadanos” y “una mejor articulación con los gobiernos distritales y operadores de transporte”.

Adicionalmente, en el cuarto eje, dedicado a Infraestructura Vial y Titulación de Predios, se menciona la eliminación del referido organismo y la “recuperación de facultades” bajo el título “ATU Nunca Más”.

En julio de 2024, López Aliaga ya anunciaba su postura a favor de eliminar el referido organismo. “Creo que ATU ya cumplió su ciclo, no soluciona nada. Está peor el sistema cada vez, creo que ATU debe desaparecer de una buena vez, porque es un mamarracho. No funciona, uno le quiere entregar las obras y no las acepta, quiere entregarla de a poquito”, declaró en conferencia de prensa el entonces alcalde.

OBRAS planea derogar la ATU

El mismo objetivo tiene el Partido Cívico OBRAS, aunque optando por la vía legislativa.

La organización, que incluye a Ricardo Belmont como candidato a alcalde, planea presentar un proyecto de ley que derogue a la ATU (Ley 30900) y restituya la gestión y las competencias a las municipalidades de Lima y Callao.

Argumentan que los principales problemas del transporte se deben a una “coalición de funciones”.

“La ATU regula los vehículos en movimiento (el transporte público), mientras que las municipalidades provinciales controlan las vías físicas y el tránsito (semáforos, giros y sentidos viales). Esta separación artificial rompe el principio de unidad de gestión y genera un conflicto de competencias”, aseguran.

Seguidamente, detallan las funciones que se contraponen. Explican que la ATU tiene la facultad de planificar rutas o corredores integrados, sin embargo, la construcción/modificación de las avenidas donde pasan esas rutas son competencia de la MML y la Municipalidad del Callao (MPC).

De igual forma, la fiscalización del transporte corresponde a los inspectores de la ATU, pero las fotopapeletas y semaforización dependen de las gerencias municipales de tránsito, lo que genera, según OBRAS, una “duplicidad de agentes en la calle”.

El mismo fenómeno ocurre al tener en cuenta que la ATU tiene la tarea de estructurar el Plan de Movilidad, pero el desarrollo integral y el uso del suelo urbano son competencias exclusivas de los alcaldes, por lo que “un cambio de zonificación municipal puede arruinar un plan de transporte de la ATU y viceversa”.

PPC planea que administración de la ATU para a la MML

Finalmente, el Partido Popular Cristiano (PPC) respetará la condición de organismo técnico especializado en materia de transporte de la ATU, pero “pasará a depender administrativamente/operativamente” de la comuna.

Con esta y otras medidas buscan “reducir en al menos un tercio el tiempo que los limeños pierden diariamente en el tráfico al 2030”.

Carlos Bruce:

El plan de a la alcaldía de Somos Perú propone la transferencia de las competencias que le corresponden a la Municipalidad de Lima en materia de transporte, salud, educación y otros sectores. Si bien no mencionan explícitamente tomar el liderazgo de la ATU, el candidato del partido, Carlos Bruce, sí adelantó ello.

“Lima es la única ciudad del Perú que no maneja el transporte público, lo maneja el ATU que pertenece al gobierno central. Nosotros vamos a pedir que el ATU pase a competencial municipal”, dijo.

Detalló que en el directorio de ATU también se encuentra representado Callao.

“Que Lima Metropolitana tenga la mayoría del directorio, que se mantenga la presencial del Callao obviamente, pero que de una vez el alcalde metropolitano maneje el tema de transporte”, agregó.

“Las obras públicas las ha hecho sin expediente, ha infringido el principio de la autoridad como él ha querido y el Jurado Nacional de Elecciones, luego infringió las reglas básicas de la del proceso electoral al al decir que hubo fraude sin ninguna prueba. Entonces hay ahí un patrón de infringir la norma tal como es el matriz de la ultraderecha”, dijo a este medio.

Esa conducta ya la demostraba en su gestión edil, anota Jáuregui, al comprar el lote de trenes Caltrain que Estados Unidos había descartado, pese a que esa no era su competencia directa.

También, resaltó que su decisión de postular como primer regidor siendo senador electo demuestra una “absoluta actitud de disruptiva respecto del orden jurídico”.

“El tiene un mandato representativo a nivel del Senado. Ahora, resulta que no quiere asumirlo como si fuese un niño que no quiere comer, ¿no?”, mencionó.

Permanencia en el poder

Sobre la postulación de López Aliaga como primer regidor, Jáuregui confirmó que es una forma de ‘sacarle la vuelta’ a la ley que impide la reelección inmediata.

Pese a ello, considera que resulta innecesario añadir una restricción o crear una nueva norma, pues “las personas que buscan cuotas de poder y decidir sobre la cosa pública” siempre encontrarán la forma de burlar la norma.

Mencionó que tanto López Aliaga como Keiko Fujimori, en su momento, lanzaron acusaciones de fraude sin pruebas y, pese a ello, nunca recibieron una sanción por parte del JNE. Incluso, López Aliaga amenazó a Roberto Burneo y este no hizo nada al respecto.

“En el caso de las personas como el señor Rafael López o la señora Fujimori las previsiones legales no sirven porque esta gente se salta la ley y, lamentablemente, tienen el apoyo de de la mayor parte de los medios de comunicación. Entonces, con eso normalizan la situación. Es verdaderamente un escenario muy complicado, pero que persiste porque es funcional a que grupos de poder económico hagan sus negocios”, manifestó.

Control ciudadano

En ese sentido, Jáuregui explicó que el problema no encuentra su solución en el plano jurídico sino en el ciudadano.

“Más que previsiones legales hay que recomponer el contrato social que no implica una nueva Constitución, sino que implica repensar nuestra sociedad y determinar a dónde vamos en el largo plazo”, dijo.

Por ejemplo, una de las propuestas de cambio sería la existencia de mandatos más cortos, pues estos incrementan el control vertical de los ciudadanos. También, incentivar un espacio muy participativo, recuperar la comunidad y recuperar el diálogo intracomunitario.

Por último, alertó sobre el precedente que dejará el caso López Aliaga: “¿Qué implica que una persona desacate la ley electoral? Que establece un patrón de comportamiento que se va a saltar la Ley Orgánica de Municipalidades”.

Tras conocerse que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha llegado al 100% del conteo de votos, la lideresa de Fuerza Popular indicó que se encuentra “más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos".

De igual manera, al salir de su domicilio y dirigirse a los medios de comunicación, Fujimori reiteró que, aunque el proceso técnico ha concluido, se encuentra a la espera de la proclamación oficial.

Además, reconoció el escenario de división que vive el Perú tras la contienda. "Recibimos este resultado con gran responsabilidad, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos el deber de escuchar a ambos lados", señaló. En esa línea, no descartó dialogar con Roberto Sánchez u otras fuerzas políticas que participaron en la elección.

Sobre los pasos inmediatos a seguir, la lideresa del partido naranja mencionó que ya tiene los perfiles para su próximo gabinete, aunque prefirió mantener los nombres bajo reserva.

Fujimori también señaló que recuperaría el orden en el país y tomaría medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño.

Proclamación de resultados será el 3 de julio

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que la proclamación presidencial sería este viernes. "Estimamos que el próximo viernes 3 de julio proclamaríamos la segunda vuelta, conforme vienen desarrollándose todas las incidencias procesales", manifestó.

Burneo explicó que este anuncio llega antes de lo previsto, considerando la complejidad del proceso. Detalló que, entre el jueves 25 y el sábado 27 de junio, los Jurados Electorales Especiales (JEE) realizarán las proclamaciones correspondientes a nivel local.

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¿Cuántos votos obtuvo Keiko Fujimori y cuántos Roberto Sánchez?

De acuerdo con el reporte final de la ONPE, Keiko Fujimori obtuvo 9 millones 223 mil votos válidos, equivalentes al 50,135% del total . Por su parte, Roberto Sánchez alcanzó 9 millones 173 mil 755 votos, que representan el 49,865% de los sufragios contabilizados.

El margen se mantuvo ajustado durante gran parte del escrutinio y obligó a seguir con atención la resolución de las actas observadas que permanecían pendientes en distintos Jurados Electorales Especiales del país.

El resultado final confirmó la ventaja que Fujimori logró consolidar en la recta final del conteo. Los datos publicados por la autoridad electoral muestran cómo evolucionó la distancia entre ambos postulantes hasta llegar al cierre total de las actas procesadas y contabilizadas.

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¿Cuándo proclamará el JNE al nuevo presidente y entregará las credenciales?

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio.

Tras la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa. Burneo precisó que la ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional. Con ese acto protocolar, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán la conducción del país durante el periodo constitucional 2026-2031.

El titular del JNE también respondió a las denuncias de presunto fraude formuladas por algunos sectores políticos y aseguró que no existe evidencia que respalde esas acusaciones. Asimismo, recordó que cualquier pedido de nulidad debe cumplir los requisitos establecidos por la legislación electoral y estar sustentado con pruebas. En esa línea, exhortó a respetar la institucionalidad y las decisiones del máximo organismo electoral del país.

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Conteo ONPE al 100%: así votaron las regiones en la segunda vuelta

A continuación, revisa como votaron en esta segunda vuelta las regiones y los peruanos en el extranjero.

Durante la audiencia, los magistrados Alejandro Reynoso, Marco Antonio Yaipén y Francisco Villacorta, quienes integran el JEE Lima Norte 3, oficializaron los resultados de la segunda vuelta presidencial en cinco distritos, donde Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo 382,752 votos frente a los 273,608 de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). En estas circunscripciones, de un total de 877,354 electores hábiles, acudieron a las urnas 701,291 ciudadanos.

Los Olivos

Fuerza Popular registró 138,417 votos sobre Juntos por el Perú, agrupación política que obtuvo 84,175. Además, hubo un total de 222,592 votos válidos, 13,820 nulos y 1,064 en blanco.

Puente Piedra

Fuerza Popular alcanzó 110,210 votos frente a los 86,257 de Juntos por el Perú. De acuerdo con el JNE, se registraron 196,467 votos válidos, 12,344 nulos y 1,258 en blanco.

Carabayllo

Fuerza Popular obtuvo 105,787 votos y Juntos por el Perú 82,005. Del mismo modo, se contabilizaron 187,792 votos válidos, 12,153 nulos y 1,017 en blanco.

Ancón

Fuerza Popular sumó 20,336 votos contra los 14,841 de Juntos por el Perú, con 35,177 votos válidos, 2,114 nulos y 192 en blanco.

Santa Rosa

Fuerza Popular logró 8,002 votos frente a los 6,330 de Juntos por el Perú. El JEE señaló que hubo un total de 14,332 votos válidos, 880 nulos y 89 en blanco.

Resultados en Ica

Fuerza Popular ganó en Ica con el 51.938% de los votos, superando a Juntos por el Perú, que obtuvo el 48.062%. Los resultados fueron validados por el Jurado Electoral Especial Ica, presidido por el magistrado Luis Alberto Leguía Loayza.

De los 713,997 electores hábiles, votaron 576,326 personas. Fuerza Popular sumó 282,464 votos y Juntos por el Perú 261,383. Además, se registraron 29,110 votos nulos (5.051%) y 2,265 votos en blanco (0.584%).

Este Jurado, liderado por los magistrados Ricardo Moreno, María Benavides Díaz y Piero Rodríguez, dio a conocer los votos en cinco distritos, donde Fuerza Popular obtuvo un total de 272,360 votos (75.44%) frente a los 88,649 votos (24.556%) de Juntos por el Perú.

Lince

En este distrito se contabilizaron 62,269 votos válidos. Fuerza Popular alcanzó 44,236 votos, mientras que Juntos por el Perú obtuvo 18,033. Además, se registraron 3,818 votos nulos y 259 en blanco.

Magdalena

De los 75,975 ciudadanos habilitados para votar, 59,572 acudieron a las urnas. Los resultados fueron 42,197 votos para Fuerza Popular y 14,022 para Juntos por el Perú, con un total de 56,219 votos válidos, 3,166 nulos y 187 en blanco.

Pueblo Libre, San Isidro y San Miguel

En estos tres distritos, la tendencia se mantuvo a favor de Fuerza Popular: en Pueblo Libre lograron 53,134 votos (con 4,237 nulos), en San Isidro sumaron 49,670 votos y en San Miguel alcanzaron 83,123 votos.

Por su parte, Juntos por el Perú obtuvo 19,579 votos en Pueblo Libre, 9,301 en San Isidro y 27,714 en San Miguel.

Resultados en Pasco

El Jurado Electoral Especial de Pasco, presidido por David Ernesto Mapelli Palomino e integrado por Rossana Gregoria Ramírez Matos y Zoila Luz Colqui Quiroz, señalaron que la votación favoreció a Juntos por el Perú. Esta agrupación alcanzó 79,930 votos (56.658%), superando a Fuerza Popular, que obtuvo 51,747 votos (36.681%).

Resultados en Abancay

En esta región, el JEE presidido por Haydee Vargas Oviedo, junto a los magistrados Luciano Valderrama y Carmen Damián, informó que Juntos por el Perú obtuvo 94,537 votos, mientras que Fuerza Popular llegó a los 25,351 votos. En este conteo se validaron 11,988 votos, mientras que 6,775 fueron declarados nulos.

Resultados en Lima Este 1

El Jurado Electoral Especial de Lima Este 1, bajo la presidencia de Patricia Nakano Alva e integrado por las magistradas Ana María Cubas y María Rivera, junto al abogado Josué Montes, ha oficializado los resultados electorales en los distritos de:

Ate

Se registraron 22,797 votos para Fuerza Popular y 161,906 para Juntos por el Perú, sobre un total de 364,703 votos válidos. El distrito contó con 387,968 votos emitidos de 488,948 electores hábiles, además de 21,338 votos nulos y 1,927 en blanco.

Chaclacayo

Fuerza Popular obtuvo 18,623 votos y Juntos por el Perú 11,130. Se reportaron 29,753 votos válidos, 1,887 nulos y 138 en blanco, con una participación de 31,778 ciudadanos de 40,951 hábiles.

Lurigancho

Fuerza Popular sumó 61,521 votos frente a los 54,543 de Juntos por el Perú. Hubo 116,064 votos válidos, 7,117 nulos y 612 en blanco, con 123,793 votos emitidos de 161,300 electores.

Santa Anita

Fuerza Popular alcanzó 84,835 votos y Juntos por el Perú 60,096. Se contabilizaron 144,932 votos válidos, 8,412 nulos y 714 en blanco, sobre 154,058 votos emitidos de 188,098 hábiles.

En total, Fuerza Popular obtuvo 367,776 votos y Juntos por el Perú 287,676. El total de votos válidos fue de 655,452, con 38,754 votos nulos y 3,391 en blanco, sumando 697,597 votos emitidos de un padrón de 879,297 electores hábiles.

Resultados en Cusco

La audiencia de proclamación de resultados del JEE Cusco, integrado por los magistrados María Andrade, David Lazo y Jesús Valladares, oficializaron los resultados en su jurisdicción: Juntos por el Perú ganó con 368,727 (72,37%), mientras que Fuerza Popular obtuvo 140,723 votos (27,62%). En este conteo se registró un total de 509,450 votos válidos y 33,547 votos nulos.

Resultados en Tambopata

El Pleno del JEE Tambopata, presidido por el magistrado Mauro Mendoza e integrado por los abogados Humberto Hidalgo y Rodolfo Callo, proclamó como ganador a Roberto Sánchez, quien obtuvo 66,058 (69,2%), mientras que la lideresa de Fuerza Popular sumó 29,401 votos (30,8%). El total de votos nulos fue 4,567 y en blanco fueron 596.

En esta audiencia pública se encontró el personero legal alterno de Fuerza Popular, Aldo Rengifo.

Allison sostuvo que su compromiso responde a una experiencia personal. Recordó que hace varios años aceptó el cargo de ministro de Vivienda porque creyó que desde el Ejecutivo podría ayudar más al distrito de Magdalena que desde la alcaldía. Sin embargo, reconoció que esa decisión no dio los resultados que esperaba.

El aspirante al sillón municipal señaló que, tras dejar la comuna, encontró obstáculos políticos que le impidieron ejecutar el trabajo que había proyectado. "Me tocó disculparme, admitir que fue un error, disculparme con mis vecinos y prometer que nunca más volvería yo a dejar el cargo", expresó durante la entrevista.

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Allison reconoce que dejar la Alcaldía de Magdalena fue un error

El exalcalde de Magdalena explicó que aceptó el Ministerio de Vivienda, en el gobierno de Alan García, porque consideró que tendría mayores herramientas para impulsar proyectos en beneficio de su distrito. Sin embargo, afirmó que la realidad fue distinta.

Según relató, encontró dificultades dentro del Gobierno que limitaron su capacidad de gestión. Incluso habló de "celos políticos" y otros problemas que impidieron concretar los objetivos que había trazado cuando aceptó el ministerio.

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Francis Allison propone pagar hasta S/50.000 por información que permita capturar a sicarios

Durante la entrevista, Francis Allison presentó una de sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana para una eventual gestión en la Alcaldía de Lima. El candidato planteó ampliar a toda la capital el programa de recompensas que, según indicó, ya funciona en el distrito de Magdalena bajo el nombre "El que la hace, la paga".

Allison explicó que la iniciativa ofrecerá entre S/25.000 y S/50.000 a quienes entreguen información que permita identificar y capturar a sicarios. Precisó que el dinero será administrado por la Policía Nacional y solo se entregará cuando los datos proporcionados conduzcan a la detención del responsable.

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"Cada vez que alguien jale un gatillo, en ese mismo momento habrá una recompensa. Se paga solamente si obtenemos la información con la Policía que nos lleve a la identificación y captura del sicario", sostuvo.

El candidato también afirmó que el programa no solo buscará detener a los autores materiales de los asesinatos, sino también desarticular las organizaciones criminales que los reclutan. "¿De qué nos sirve apresar al sicario si dejamos la organización criminal? Al día siguiente aparecerá otro", señaló. Por ello, añadió que también habrá incentivos económicos para quienes entreguen información que permita ubicar y capturar a las bandas dedicadas al crimen organizado.

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“Se acabó el Congreso de inefables, el peor que tuvo el Perú y aunque este final no es el presagio de que llegue otro mejor, es el adiós a este Congreso espurio, servil y malhadado, que lo fue para todos los peruanos. Aunque con honrosas excepciones, este Congreso en su pobreza moral y ética, infirió para defenestrar a jueces y fiscales honestos que eran la esperanza de que en la justicia no todo estaba perdido”.

Baca también dirigió sus críticas al cuestionado congresista Fernando Rospigliosi. “Con sus nuevas banderas, el presidente del Congreso, un tránsfuga moral y acomodado”. Además, recordó la cercanía de algunas bancadas. “Revalidaron un pacto mafioso para sostener a Dina Boluarte, vacada por inmoral, alternada después por José Jerí, de la misma catadura, para dejarnos a un señor de espanto ‘vivito’ que funge de presidente, pero no existe”, escribió la exministra en su  cuenta de Instagram, donde cuenta con miles de seguidores alrededor del mundo.

Su suma al pedido para derogar ley

Esta última semana, artistas han pedido a título personal derogar la ley que crea el Colegio de Artistas del Perú, pero también colectivos de cineastas y asociaciones culturales se oponen a una ley que consideran excluyente. Es decir, deja fuera a cualquier artista que no cuente con título profesional.

“Se van sin derogar la nefasta ley que crea el Colegio de Artistas”, señaló Baca. “Con esta ley usurpadora de derechos nos obliga a todos los artistas de cualquier disciplina a ser colegiados si queremos ejercer nuestro oficio y profesión. Los artistas, los creadores, los libres pensadores, que somos casi los únicos referentes de esa utopía de pertenecer a un país, estamos amenazados”.

La cantante consideró que los premios internacionales que ha logrado Perú en el ámbito artístico son un contraste con la clase política, que ha sido decepcionante. Además, recordó que esta ley fue una iniciativa de la bancada de Perú Libre precisamente apoyada por Waldemar Cerrón. “Sin consensos, sin razón alguna, promovida por el hermano de un prófugo, pretenden controlar opresivamente a los artistas”.

Además, agregó que la Ley 32645 generará conflictos legales y culturales. “Todos los artistas cerramos filas para su derogatoria y les recordamos que nuestra fuerza es moral y ética”. El post sigue recibiendo cientos de interacciones en las redes sociales.

• Ley 32645. Fue impulsada por el Congreso y aprobada por insistencia. La ley que crea el Colegio de Artistas no fue debatida en la Comisión Educación, Juventud y Deporte y no en la Comisión de Cultura.
• Referente. Se solidarizó con los periodistas que “están amenazados en su libertad de expresión”.

"Lo que ha ingresado el 25 de junio es una solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales y que seguramente muy pronto ya tendrá una respuesta del ministerio", declaró.

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El ministro también marcó distancia entre este trámite y un eventual indulto. Explicó que el documento ingresado corresponde únicamente a una solicitud de gracia presidencial y que seguirá el procedimiento previsto por la legislación vigente. Añadió que la comisión especializada evalúa actualmente el contenido del expediente.

El nuevo recurso fue presentado por el abogado Tomás Soldevilla Guerra, quien solicita que el Poder Ejecutivo aplique la atribución prevista en el artículo 118, inciso 21, de la Constitución. Esa disposición permite al presidente ejercer el derecho de gracia en determinados casos establecidos por la norma.

En este evento participaron dirigentes de las comunidades, trabajadores y especialistas del sector minero.

El futuro de la minería en el Perú debe decidirse con las comunidades y los trabajadores, priorizando la protección de los ecosistemas, concluyeron durante la presentación de propuestas y demandas, que tiene como objetivo consolidar una cadena de minería legal, trazable y competitiva.

Algunos minerales, como el oro que se extrae en el país, tendrían origen informal o ilegal, una actividad que históricamente ha financiado grupos mafiosos, genera ingresos estimados en US$12.000 millones y constituye actualmente la economía ilegal más grande del país, por encima del narcotráfico, la trata de personas y la tala ilegal combinados.

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Esto equivale a más de 104 toneladas de oro de procedencia ilícita al año, igualando el volumen de las exportaciones formales.

NO ES SOLO UN PROBLEMA AMBIENTAL

La minería ilegal no es solo un problema ambiental, sino de seguridad nacional.

Así, los daños ambientales causados por la minería, la situación laboral de los mineros de las grandes empresas y una nueva mirada sobre el rol de la actividad minera en Perú se pusieron en debate durante el referido foro, que se realizó el 23 de junio en Lima.

La capital peruana fue la última semana escenario de otro foro: el Congreso Mundial de Minería, donde empresas del sector se reunieron en mesas y exposiciones sobre el futuro de la actividad.

El foro social Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de la Minería, en cambio, fue un evento paralelo que reunió a dirigentes sociales de Cusco, Apurímac, Puno, Junín, Áncash, Cajamarca y La Libertad, así como a representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP).

Allí, expertos, académicos y representantes de organizaciones civiles analizaron el futuro de la minería con la participación de las comunidades y los trabajadores de las operaciones mineras.

“Existe una gran brecha entre la minería que realmente existe en el territorio y la minería que regula la ley”, señala Gisselle V. Benites, investigadora de la Universidad de Cornell y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico.

Además, considera que “el marco legal peruano está desfasado para enfrentar los nuevos retos de la minería informal y el avance del crimen alrededor de la minería”.

En ese sentido, señaló la importancia de reconocer que la heterogeneidad de las prácticas productivas en el territorio —minería formal, informal e ilegal— ha desbordado esta mirada centrada en la gran minería. El escenario va mucho más allá y se complejiza.

LLAMADO A UN DIÁLOGO NACIONAL

Las conversaciones concluyeron con un llamado al diálogo para pensar una minería que coloque en el centro del debate la protección de los derechos de las personas, de los ecosistemas y el bienestar colectivo, además de una revisión de la legislación actual que considere los minerales estratégicos para la transición energética y la disputa geopolítica por el control de recursos.

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El Foro Social, organizado por CooperAcción y la Red Muqui, se realizó un día antes de que se iniciara el Congreso Mundial de Minería, del 24 al 26 de junio.

De esta forma, se hizo un llamado a un diálogo nacional sobre el rol de la minería en el país y a colocar en el centro del debate la protección de los derechos de las personas, de los ecosistemas y el bienestar colectivo.

Diversas organizaciones sociales y sindicales señalaron que no se puede planificar el futuro de la minería sin definir una nueva gobernanza minera, que implica la participación efectiva de las comunidades, los pueblos indígenas y los trabajadores de las operaciones mineras.

Abel Gilvonio, director de CooperAcción, señaló que existe la necesidad de iniciar un debate sobre la Ley General de Minería, que data de la década de 1990 y ya ha quedado desfasada frente a desafíos como la minería informal o los nuevos minerales estratégicos.

Por su parte, Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui, destacó que “este foro es una oportunidad para dialogar, compartir nuestras experiencias y generar propuestas colectivas” desde la población.

TRES PANELES TEMÁTICOS

En el evento se desarrollaron tres paneles temáticos en los que se abordaron: Los nuevos minerales estratégicos y la disputa geopolítica por el control de recursos; Los desafíos de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en el Perú; y Los desafíos para la gobernanza social y ambiental.

En la primera mesa, referida a los minerales estratégicos o críticos, el ingeniero Pavel Aquino señaló que nuevos metales estratégicos, como el indio, telurio, galio y germanio, son esenciales para fabricar baterías, paneles solares y semiconductores, y que estos son exportados como parte de los concentrados de cobre y zinc, pero no aparecen en ningún registro oficial del Estado peruano.

Los análisis químicos realizados en un estudio de CooperAcción permitieron identificar la presencia de diversos elementos asociados, entre ellos cobalto, níquel, selenio y otros minerales considerados críticos o estratégicos.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, si el Perú recuperara y valorizara adecuadamente estos elementos contenidos en los concentrados, podría generar ingresos adicionales de cientos de millones de dólares al año.

“La legislación minera ha quedado desfasada por la realidad”, señaló Pavel Aquino.

REALIDAD DE LA MAPE

Posteriormente, la siguiente mesa abordó los desafíos de la MAPE. La mesa contó con las exposiciones del Dr. Víctor Hugo Pachas, profesor de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y gerente del Laboratorio de Economías de Pequeña Escala de Earth First; la Dra. Gisselle V. Benites, investigadora de la Universidad de Cornell y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico; y Neider Zárate, economista de la Alianza por la Minería Responsable.

A lo largo de las intervenciones emergió una idea común: la realidad actual de la MAPE ha cambiado profundamente y las políticas públicas vigentes no han logrado adaptarse a esa transformación.

Uno de los temas que generó mayor consenso durante el debate fue la necesidad de revisar el régimen de concesiones mineras, pues miles de mineros de la MAPE desarrollan actividades en territorios donde los derechos pertenecen a terceros, situación que genera relaciones de dependencia, conflictos permanentes e incertidumbre jurídica.

Resulta difícil avanzar hacia una formalización sostenible mientras no se aborde este problema estructural.

Finalmente, en la tercera mesa se dio a conocer el pronunciamiento elaborado por los líderes sociales presentes a lo largo de la jornada.

Yolanda Zurita, de la Plataforma por la Salud Ambiental y Humana de Junín; Estela Rojas, del Comité de Salud del puerto de Huarmey (Áncash); y Teófilo Manzaneda, de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), leyeron el pronunciamiento público de las organizaciones sociales participantes en el Foro Social: Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de Minería.

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El pronunciamiento fue entregado a la diputada electa Gianina Avendaño, quien destacó las propuestas y demandas de las organizaciones y se comprometió a trabajar en esta agenda.

En el evento participaron también representantes de las organizaciones sociales y comunidades campesinas afectadas por la actividad minera de Cusco, Apurímac, Puno, Cajamarca y La Libertad.

El pronunciamiento de las organizaciones será entregado al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, entidad organizadora del Congreso Mundial de Minería; a instituciones del Estado; y a autoridades electas del próximo Congreso.

Estos hechos fueron descritos por Jhonatan Águila Gutiérrez, de 24 años, uno de los pasajeros heridos de bala en la cabeza, quien se hizo el muerto y pudo escuchar los diálogos del capitán Montenegro y de sus subordinados. Por suerte, no se dieron cuenta de que Águila, increíblemente, había sobrevivido. Ahora es un testigo clave para la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín.

Jhonatan Águila sostiene que es falso, como dicen los informes oficiales, que los militares ordenaron detenerse al conductor del vehículo. Tampoco es verdad que los pasajeros atacaron a balazos a los uniformados. Y mucho menos que todos portaban armamento.

Más bien, luego de comprobar que habían atacado el vehículo equivocado, los militares no auxiliaron de inmediato a los heridos. De acuerdo con el testimonio de Jhonatan Águila, uno de ellos ordenó conseguir balas y colocarlas en la escena para fabricar la versión de un supuesto ataque contra los militares y que estos lo repelieron, matando a los cinco civiles.

"¡Mi sup (superior), mi sup (superior), no hay carga (de droga)! ¿Qué hacemos?", preguntó uno de los efectivos.

La respuesta fue: "Traigan balas y láncenlo al carro", conforme al testimonio formal de Jhonathan Águila ante los fiscales y los abogados de las partes, incluidos los militares.

El sobreviviente afirmó que los efectivos cumplieron la orden.

"Ahí es donde lanzan encima de mí, y en el piloto y copiloto, lanzan balas", relató Águila.

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“Disparos fueron al parabrisas”

El orden de los acontecimientos descrito por el sobreviviente es preciso: primero, los militares atacaron la camioneta; después, revisaron a los pasajeros muertos y heridos; luego, comprobaron que no existía la carga de droga que buscaban (500 kilos); finalmente, ordenaron traer balas y arrojarlas en la escena del crimen.

Jhonatan Águila declaró que no observaron ningún control militar ni recibieron una orden para detenerse.

"Cuando nosotros (en la camioneta) nos acercamos a ellos (que estaban en la carretera), dispararon desde delante por el parabrisas. Esas personas estaban escondidas. Si nos hubieran puesto el alto, nos hubiéramos detenido. Nos dispararon de frente", manifestó.

El conductor, Nilson Montenegro, perdió el control. La camioneta avanzó unos metros, chocó contra una piedra, atravesó los matorrales y terminó empotrada fuera de la carretera.

Para entonces, Nilson Montenegro había muerto. Los demás pasajeros estaban heridos. Pero los disparos no se detuvieron luego de que el vehículo se detuviera bruscamente.

"Los disparos venían desde la parte de atrás. Dispararon como en tres tiempos: primero cuando estábamos en movimiento, luego cuando nos empotramos, luego se detuvieron un momento y dejaron de disparar, pero luego volvieron a disparar", explicó Jhonatan Águila, según el acta de su testimonio que sirvió al fiscal Jhoel Chamorro Macukachi, quien solicitó y logró la detención preventiva de los ocho militares por 12 meses, con la finalidad de asegurar las investigaciones.

Ninguno de los militares contestó a las preguntas de las autoridades. Todos se acogieron al silencio.

"Durante la intervención, ¿los militares indicaron si eran del Ejército u otra institución militar?", preguntaron a Jhonatan Águila Gutiérrez:

"En ningún momento ellos se han identificado ni han hecho un pare, porque si ellos hubieran hecho un pare, habiendo tantas maneras de intervenir al vehículo, en este caso no dijeron nada y nos intervinieron con balas’", contestó el testigo.

Después de las primeras ráfagas, aproximadamente cuatro hombres armados y vestidos de civil se acercaron a la camioneta.

Los militares se aproximaron a las cuatro ventanas del vehículo. Jhonatan Águila, herido en una mano y en un pie, decidió fingir que estaba muerto. Mantuvo abierto solamente uno de sus ojos para observar lo que ocurría.

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“Todos están fríos”

Uno de los hombres llevaba una gorra verde oscura, pasamontañas negro, chaleco verde oscuro, pantalón negro y botas. Abrió la puerta del conductor. Águila afirmó que fue en ese momento cuando comprendió que se trataba de militares. Uno de ellos revisó a los ocupantes y comunicó a su superior que todos se encontraban muertos.

"¡Mi sup (superior), todos están fríos!", le dijo gritando.

Pero no todos estaban muertos.

Jhonatan Águila permanecía consciente y rezaba en silencio mientras los militares retrocedían y se preparaban para disparar de nuevo. Antes de la segunda ráfaga escuchó que uno de los pasajeros se quejaba.

"Ah, ah", gemía el herido.

Los militares dispararon otra vez.

Una de las balas impactó a Jhonatan Águila en la cabeza y otra en el glúteo.

"Yo estaba orando, pidiendo a Dios que me ayude", declaró.

Antes de que los militares revisaran por segunda vez la camioneta, Cristhian Vilcatoma Águila, sobrino de Jhonatan Águila Gutiérrez, abrió la puerta del copiloto e intentó bajar.

El sobreviviente cree que fue atacado en ese momento, cuando descendía del vehículo.

"Cuando estaba bajando seguramente lo mataron. Ahí es donde empieza la balacera y ahí lo remataron", señaló.

Los militares se acercaron nuevamente. Esta vez, dos de ellos llegaron hasta la parte delantera del vehículo. Llevaban pasamontañas.

Los militares cerraron la puerta del copiloto y abrieron una de las puertas posteriores.

Luego sujetaron a Jhonatan Águila por el hombro y lo sacaron del vehículo.

Tenía heridas de bala y el rostro cubierto de sangre. Para evitar que descubrieran que seguía con vida, dejó caer el cuerpo y trató de no respirar.

Jhonatan Águila no señaló que alguno de los pasajeros portara armas.

Cuando la fiscalía le preguntó expresamente si llevaba un arma de fuego o si había realizado algún disparo, respondió que no.

"Nosotros en ningún momento portamos armas y no hemos realizado ningún disparo. Yo hablo porque vi que nadie de los que estaban dentro hizo disparos", manifestó.

Tampoco dijo haber escuchado disparos procedentes de la camioneta.

Águila sostuvo que los atacantes nunca se identificaron, nunca ordenaron detener el vehículo y nunca les dieron la oportunidad de explicar quiénes eran.

Dispararon primero.

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El dato

• Recuento. Del total de ocupantes de la camioneta, Jhonatan Águila solo conocía a su sobrino, Cristian Vilctoma, y a Nilsón Montenegro, ambos muertos durante el ataque.
• Futboleros. Al colombiano Nilson Montenegro, el conductor del vehículo, lo conoció en partidos de fútbol en la zona de Pucacolpa, en Ayacucho.
• Extraños. Respecto de los demás ocupantes de la camioneta, Jhonatan Águila dijo que no sabía de quiénes se trataba.

De acuerdo con el dominical, los fondos que recibió el partido naranja fueron incrementándose durante ese periodo. En 2022, Fuerza Popular obtuvo S/ 40.700 mediante cuatro transferencias. En 2023, la cifra ascendió a S/ 339.950 a través de 28 transferencias. En 2024, el monto aumentó a S/ 427.000 en 36 operaciones. Finalmente, en 2025, la suma superó el medio millón de soles, también mediante 36 transferencias.

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La encargada de recibir estas operaciones y llevar el control de los montos ingresados por este concepto fue Karina Beteta. Consultada por el programa, la virtual congresista señaló que ya no desempeña esa función y precisó que actualmente esa responsabilidad recae en Cecilia Chacón, también virtual congresista.

Consultado sobre esta modalidad de recortes salariales, el abogado laboralista Christian Sánchez cuestionó el esquema. "El trabajador ve afectada su remuneración para que este dinero sea trasladado a un partido político. Y se utilizan mecanismos de la oficina de Recursos Humanos para gestionar transferencias de dinero a partidos sin ninguna cobertura legal. La voluntariedad es dudosa. Si un trabajador no aporta, le quitan el trabajo", declaró al dominical.

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Perú Libre y Alianza para el Progreso también se beneficiaron del esquema

Sin embargo, Fuerza Popular no fue el único partido favorecido por estos recortes. El reportaje también expone que Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre también obtuvieron recursos mediante este mecanismo. Entre 2022 y 2025, el partido liderado por César Acuña recibió S/ 459.000, mientras que la agrupación encabezada por el prófugo Vladimir Cerrón obtuvo S/ 834.000.

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De acuerdo con el estatuto de Perú Libre, citado por 'Punto Final', cada funcionario y representante del partido debe aportar el 10% de sus ingresos a la organización. Según el reportaje, la agrupación realiza estos cobros mediante cheques. Solo en 2025 se emitieron seis cheques que, en conjunto, representaron una recaudación superior a S/ 83.000.

En el caso de APP, el dominical señaló que el descuento aplicado a sus congresistas sería de S/ 1.000 mensuales.

De acuerdo con información del medio Exitosa, ciudadanos de la localidad advirtieron que la presencia de estos vehículos obedecería al traslado de material para instalar cercos en la zona. Esto ha generado una fuerte preocupación entre los habitantes, quienes, en respuesta, izaron una bandera de Moquegua.

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Moquegua acatará paro indefinido desde el martes 30 de junio por ley que modificaría su territorio

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, anunció que desde el martes 30 de junio la región iniciará un paro indefinido en rechazo al proyecto de ley N.° 11658. Según explicó, la norma pondría en riesgo la integridad territorial de Moquegua al reducir parte de su jurisdicción.

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Durante una entrevista con RPP, la autoridad regional aseguró que la población está dispuesta a movilizarse para defender su territorio e incluso advirtió que podría repetirse un escenario similar al denominado Moqueguazo. Asimismo, sostuvo que tanto las autoridades como los ciudadanos no permitirán que la región pierda "ni un solo centímetro" de su territorio ni los recursos que le corresponden.

Gutiérrez afirmó que la solución pasa por que el presidente Balcázar observe la ley y convoque a una mesa de trabajo para definir los límites entre Moquegua y Tacna. Además, informó que el martes los alcaldes de la región acudirán al Congreso con la expectativa de ser recibidos y reiteró que el mandatario tiene la oportunidad de evitar un conflicto social de mayor magnitud en el sur del país.

La ley que genera tensión en la frontera de Moquegua y Tacna

El Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE propone regularizar los límites territoriales de la provincia de Jorge Basadre y de parte de sus distritos. En concreto, la iniciativa contempla el saneamiento de dos sectores: el límite interprovincial entre Jorge Basadre y Candarave, y el límite interdistrital que comparten los distritos de Locumba e Ilabaya.

La propuesta fue aprobada durante la sesión del pleno del Congreso realizada el 23 de junio, donde obtuvo 78 votos a favor y quedó exonerada de una segunda votación. No obstante, hasta la fecha, el presidente Balcázar aún no ha suscrito la autógrafa de la ley aprobada.

“(¿Podríamos tener otro ‘Moqueguazo’?) Yo estoy segura que sí. Nuestra gente de Moquegua no va a ceder ni un solo centímetro. Nosotros como autoridades también tenemos esa agenda. Estamos defendiendo nuestra integridad territorial y los recursos que le corresponden a los moqueguanos”, declaró Gutiérrez en RPP.

La gobernadora resaltó que urge ponerle “fin” al tema y confía en que el presidente Balcázar observará la ley.

“Para tranquilidad de las dos regiones la solución está en primero observar la ley. Luego convocarnos a un grupo de trabajo para delimitar los límites entre Moquegua y Tacna. No nos oponemos a que Tacna se ordene internamente, pero creemos que esa no es la solución”, anotó.

Con el propósito de dialogar, informó que el martes todos los alcaldes de Moquegua se presentarán en el Congreso y esperan ser atendidos. Asimismo, confía en que Balcázar resolverá el problema.

“El presidente tiene la oportunidad de no dejar un conflicto social mayor en el sur del país”, manifestó.

Sobre la ley

El Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE plantea el saneamiento de tramos territoriales de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos. Específicamente, la iniciativa busca “sanear límites en dos ámbitos específicos: el tramo de colindancia interprovincial entre Jorge Basadre y Candarave, así como el tramo de colindancia interdistrital entre Locumba e Ilabaya”.

En el pleno del Congreso del pasado 23 de junio, la ley fue aprobada con 78 votos a favor y se le exoneró de segunda votación. Hasta el momento, el presidente Balcázar no ha colocado su firma sobre la fórmula aprobada por el Congreso.

Gobernador de Tacna rechaza supuesta afectación a territorio de Moquegua

Por su parte, el gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, rechazó la supuesta afectación al territorio de Moquegua y exhortó al mandatario a convocar una mesa de diálogo con las autoridades de Tacna.

“En ningún momento hemos tocado terrenos de Moquegua ni nada por el estilo. Son 135 km de la línea fronteriza, de límites entre los pueblos dentro de Tacna, no entre Moquegua. Alguien les ha informado mal a nuestros queridos hermanos de Moquegua”, relató.

Seguidamente, explicó que el objetivo es mejorar las condiciones para los ciudadanos.

“Hay cinco pueblos que pertenecían en la creación, los pusieron en Candarave. La provincia de Candarave (Tacna) no tiene recursos para atenderlos como tal. Los pueblos con su legítimo derecho dijeron ‘no queremos pertenecer a Candarave porque no tienen cómo ayudarnos. Queremos pertenecer a Ilabaya’, que ellos sí reciben una gruesa cantidad de dinero por el canon minero porque la mina de Toquepala queda en su territorio, en Ilabaya (Tacna). Entonces, lo que se está haciendo acá es darle conformidad al deseo de los pueblos que quieren pertenecer a Ilabaya”, dijo.

Los escenarios vuelven a protestar por lo que consideran que es "un golpe más contra los derechos culturales". Tras la segunda vuelta presidencial, el Congreso de la República se despide votando por leyes polémicas, entre ellas, una que evita que policías y militares sean procesados por la justicia y otra que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

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Impulsada por la bancada de Perú Libre, la creación de este colegio parece invitar a la profesionalización de los artistas; sin embargo, no convocó a la comunidad artística y, al no ser debatida por sus integrantes, dejaría fuera a la mayoría con formación autodidacta o que, simplemente, cursó estudios, pero no obtuvo el grado de bachiller ni la licenciatura. Por ello, con un afiche que cuestiona quién decide quién es artista, actores, actrices, dramaturgos y cineastas han compartido en sus redes sociales el pedido de derogatoria de la Ley N.° 32645.

“No se consultó a la comunidad artística, a colectivos ni a saberes ancestrales. Excluye a la mayoría de artistas al exigir solo títulos universitarios. Atenta contra la libertad de creación al pretender ‘ordenar’ y ‘supervisar’ el arte. El arte peruano es libre, diverso y se construye también desde la calle, los talleres y las comunidades. Evitemos que la creación de este colegio sea utilizada como una herramienta de discriminación y censura contra los artistas”.

En ese sentido, también exigen una mesa de diálogo. “Para una ley de fomento y derechos laborales, no de control. ¡El arte no se colegia, se crea!”, se lee en las publicaciones de actrices como Mónica Sánchez y de espacios de formación como Diez Talentos de Bruno Odar.

Afecta a otros colegios profesionales

La creación del Colegio de Artistas va más allá del sector artístico. Entre sus disposiciones, impide que personas inhabilitadas para la función pública asuman cargos en colegios profesionales. “Se abre una puerta peligrosa que facilita el bloqueo de la participación de opositores políticos en funciones similares, usando una medida excluyente, centralista y contraria a la diversidad cultural”, sostiene el colectivo En Defensa del Cine Peruano.

Días antes de la segunda vuelta presidencial, la asociación encargada de proteger los derechos intelectuales de los artistas del sector audiovisual, Inter Artis, había hecho público que la ley impulsada por el actual Congreso no había contado con la participación del sector cultural.

La ley había sido aprobada por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, no por la Comisión de Cultura que preside Susel Paredes. Para la congresista, se trataba de un proyecto “excluyente”.

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Los cineastas que protestaron por la llamada ley anticine (impulsada por Adriana Tudela de Avanza País y Patricia Juárez de Fuerza Popular, entre otros) advirtieron que este tipo de ‘iniciativas’ dejaban la puerta abierta a la censura. “Se están yendo y están aprobando todo entre gallos y medianoche porque estamos distraídos con los debates y con la segunda vuelta”, nos decía en un informe la directora Rossana Díaz Costa. “Estamos hablando del cine, del teatro, del fomento del libro y de la música. En general, es el mismo fondo para todas las artes”.

Hay un sector de la comunidad artística que cree que podría tratarse de una represalia porque algunos artistas han sido ‘incómodos’ para los gobiernos de turno. De hecho, los artistas escénicos hicieron un plantón en el Congreso para defender su derecho al cobro de las regalías.

El grupo de Artistas contra la dictadura señala que es una ley antidemocrática y que va en contra de la libertad de expresión. Al cierre de esta edición, centros culturales y teatros de Lima emitieron pronunciamientos que exigen la derogatoria de la ley. 

Un año después, nos comenta que negarle la calificación de espectáculo cultural y provocar la suspensión de un festival fue un acto de censura por homofobia. “Siento que se usó la obra y la religión para hacer política. El alcalde tocó la sensibilidad de la gente católica y en ese tiempo vino Juan Luis Cipriani y fue condecorado por la municipalidad. Una hipocresía”.

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Lo que sucedió parece ser un efecto búmeran y MM ha tenido éxito en el circuito alternativo. Es cierto que es una propuesta arriesgada y transgresora, pero Cárdenas ofrece una obra teatral con verdad y talento. Habla sobre su sexualidad, la religión, la homofobia y la política en una puesta en escena con representaciones del catolicismo, danzas en las que los hombres usan faldas y donde hay un cartel que dice: ‘El folclor es andrógino’. “En otros momentos se usaron los símbolos como en Madeinusa. Así que llegamos a la conclusión de que no les fastidia que se usen los símbolos, lo que les fastidia es que los use un homosexual”.

Uno de los problemas ha sido conseguir un teatro, señala. “La propuse a algunos y no aceptaron. Sala Quilla tuvo la valentía de ponerla en escena y arriesgarse. Incluso sabiendo que la Municipalidad de Barranco es del partido de ‘Porky’. No he visto mucho teatro LGBT en Perú porque no se arriesgan a estar censurados y ahora, mucho más van a observar las obras, ¿no? Con el nuevo gobierno”.

Entonces, ser visible ya es un acto de resistencia, comenta. “Ser homosexual en una sociedad católica y conservadora como es el Perú ya es una transgresión. Se nace así. ¿En verdad creen que uno decidiría ser homosexual sabiendo todo el contexto que conlleva? Que tengas miedo y que te puedan pegar en la calle. No, pues”.

“Vivimos en un país donde no tenemos ningún tipo de derecho”

Los miércoles de junio, cientos de mujeres asistieron a las funciones de Noche de Creadoras. El proyecto es dirigido por la dramaturga Jennifer Aguirre Woytkowski, pero esta vez elaboró una programación con temática LGBTI. Como parte de la comunidad, la artista defiende la visibilidad, sobre todo para las bisexuales y lesbianas, porque considera que están expuestas a dos tipos de discriminación. “Hay pocos contenidos LGBT porque vivimos en una ciudad conservadora y homofóbica. Entonces, si no tenemos la libertad de ser quienes somos, tampoco tenemos libertad de crear y exponer nuestros proyectos”.

Para la directora, el hecho de que el Congreso impulsara nombrar a junio el Mes de la Familia fue una agresión para la comunidad. “Me pareció una falta de respeto. Me genera también mucho dolor porque pareciera una venganza. (Milagros Jáuregui) se burla y piensa que somos una minoría en número, pero en realidad somos una minoría en cuanto a derechos”.

Ante este panorama, comenta que solo pueden responder generando más espacios. “Las chicas que asistieron nos decían que no hay lugares donde puedan ver este tipo de obras. Yo, como una mujer que es lesbiana y que lo dice porque para mí es un acto político, creo que es fundamental que existan porque la representación es muy importante. Yo crecí sin una referencia de que amar de esta forma estaba bien”.

Aunque es una sociedad violenta con las mujeres, considera que es necesario no ocultarse. “Vivimos en un país donde no tenemos ningún tipo de derecho. Quieren decir que no existimos, pero no nos van a quitar la voz”. También comenta que son tiempos en que debería haber más visibilidad desde los escenarios. “Como una persona que hace cultura, hay una coherencia entre lo que digo y lo que soy. Además, me siento responsable por las chicas que no se atreven a salir del clóset por sus familias. Si eres artista y tienes 50 años, ¿cómo se va a cambiar el país si no lo dices? Estás luchando por algo más grande”.

En medio de este contexto, Alejandro Clavier vuelve a poner en escena Cariño malo, una exitosa obra que ya está viajando fuera del Perú. Sin embargo, se define como “un tipo con mucha suerte” y al igual que sus colegas, subraya la importancia de la representación. “Hay un avance de un conservadurismo muy fuerte que está haciendo que las instituciones se pongan más conservadoras. Es importante poder crecer y tener referencias de expresiones artísticas queer para quienes somos queer. De alguna manera nos acompaña en nuestro desarrollo y también da cuenta de nuestra existencia”.

    Clavier considera que Cariño malo, una obra también sobre la masculinidad y que aborda con ironía la homofobia, es su mejor trabajo porque no tiene pretensiones más que ser él mismo. “Si una obra transforma al artista, ya con eso estaríamos protegiendo una cualidad muy genuina del arte que es hablar desde la verdad”. En cuanto a las políticas a favor de la igualdad, no es optimista con lo que viene en los próximos años. “Cada vez que tengo la oportunidad de acercar algún tema de la comunidad, es como dejar un documento de aquí estamos, ¿sabes? Por aquí pasé yo, por aquí pensé esto, ¿no? Esa memoria LGBT es importante para una siguiente generación”.

    Ante una clase política que censure el arte y retroceda en derechos humanos, los artistas señalan que les toca “resistir más que nunca” desde los escenarios.

• Colegio de Artistas. Los entrevistados tienen formación académica. Sin embargo, están en contra de una ley que consideran deja la puerta abierta a la censura.

"El Jurado Nacional de Elecciones tiene su procedimiento de ley; son sus responsabilidades y tendrán que asumirlas. (…) Yo creo que todos aquellos que toman medidas de esa naturaleza lo hacen sobre la base de presunciones en temas administrativos, civiles y penales. En el derecho, nos asiste la prerrogativa de acudir a la CIDH, porque hay razonabilidad y argumentos. Es lo que vamos a hacer", afirmó.

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Brígida Curo, candidata a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial de Sánchez, continuó con el discurso de Juntos por el Perú y aseguró que no reconocerá a Keiko Fujimori como presidenta del Perú.

"En el Perú el presidente es Roberto Sánchez. Si el Jurado Nacional de Elecciones quiere imponerse es porque ha habido fraude. Nosotros no vamos a reconocer a Keiko Fujimori", sostuvo.

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Roberto Sánchez lideró marcha ciudadana junto a sus seguidores

Desde su local de campaña, ubicado en Paseo Colón, Sánchez anunció el inicio de una jornada de movilizaciones a nivel nacional con el objetivo de defender el voto ciudadano y la voluntad popular expresada en las urnas.

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Una de sus principales demandas fue la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación para los deudos de las víctimas de las protestas ocurridas entre 2022 y 2023. "Nuestro pueblo exige justicia para el sur. Quienes mataron y asesinaron, que paguen en la cárcel. La sangre derramada jamás será olvidada", declaró el parlamentario.

Asimismo, Sánchez denunció que se habrían presentado obstáculos para el desarrollo de la manifestación. "Nuestros compañeros han querido venir y les han puesto obstáculos. (…) Es el pacto mafioso de la señora K y todos sus aliados. (…) Hermanos y compañeros, no nos han dado la autorización para el libre tránsito; nos han enviado un documento que nos dice que no podemos marchar por las calles", precisó.