En un inicio, el evento estaba previsto para las 7.30 a. m. en la sede del Escuadrón Verde, en Cercado de Lima. Contaba con la presencia del comandante general de la PNP, Oscar Arriola Delgado, y el jefe de la Región Policial Lima Centro, el general PNP Jorge Luis Castillo Vargas.

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Sin embargo, se pospuso la presentación para las 10.30 a. m. Mismo día, mismo lugar, pero esta vez quienes expondrían los resultados serían el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y Arriola Delgado.

Pese a ese cambio, una vez más, el evento fue cancelado. Consultados por La República, prensa de la PNP indicó que no habrá una fecha próxima.

Promedio de muertes por PAF es mayor a gobiernos anteriores

El hecho de que la PNP y el Mininter hayan decidido no presentar los resultados obtenidos hasta la quincena de agosto se da cuando las cifras actualizadas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) reportan 102 homicidios desde el 28 de julio al 14 de agosto; de acuerdo con el reporte realizado por el analista de datos, Juan Carbajal.

De ese total, 79 fueron causados por proyectil de arma de fuego (PAF), lo que representa una tendencia de 77.5%, la más alta de las últimas nueve gestiones presidenciales contando desde Pedro Pablo Kuczynski (PPK) hasta Keiko Fujimori.

El mandato de PPK reportó en total 841 homicidios, de los cuales 379 (45.1%) fueron por PAF. Martín Vizcarra cerró su gestión con 2762 asesinatos, siendo 1349 por PAF (48.8%).

En el caso de Manuel Merino, la relación es 6 (37.5%) de 16; Francisco Sagasti, de 529 (57.8%) de 915; Pedro Castillo, 1216 (58.2%) de 2091; Dina Boluarte, 3657 (67.1%) de 5452; José Jerí, 537 (71.3%) de 753; José María Balcázar 672 (71.3%) de 943 y, finalmente, Fujimori con 79 (77.5%) de 102.

Más de 100 asesinatos en 20 días

Sobre el total de homicidios, Carbajal mencionó que desde que Fujimori asumió el Ejecutivo (28 de julio) hasta el 14 de agosto se han reportado 102 homicidios.

Los lugares con más casos son Lima (34), La Libertad (12), Callao (8), Piura (7), Tumbes (6), Cusco e Ica, ambos con 5.

La cifra total podría variar, pues conforme el sistema actualice la base de datos, incluso los registros pendientes de días anteriores se van actualizando, explica Carbajal. Aún así, el promedio es de seis asesinatos diarios.

Teniendo en cuenta ello, a los más de cien homicidios registrados desde que asumió Fujimori hasta el 14 de agosto, se suman los casos del 15 y 16 del mismo mes.

El domingo 16, un ciudadano extranjero fue hallado sin vida en la playa Acllahuasi, en Villa El Salvador, tras recibir cuatro impactos de bala.

En la misma fecha, un hombre identificado como Sergio Senosaín, de 34 años, murió tras recibir impactos de bala en el interior de su vehículo en Los Olivos. Su acompañante resultó herida.

Antes de ello, la tarde del sábado 15, asesinaron a la abogada penalista Helen Silva en Pacasmayo (La Libertad).

Por lo tanto, la cifra estimada sería de 105 asesinatos hasta este 16 de agosto.

Tensión

Se trata de homicidios que la PNP, el Mininter y el Gobierno, tarde o temprano, deberán informar.

Sin embargo, ese reporte se da cuando no se descarta una eventual salida del comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

La presidenta ya fue consultada por la permanencia de Arriola. En lugar de confirmarla, se limitó a decir que se trata de una decisión que debe tomarse junto al Mininter.

“Esa decisión no va a depender solamente de mí, sino también del Ministerio del Interior, con el que estamos en constante comunicación”, declaró.

Después de ello, el último sábado 15, el alto mando de la PNP tuvo una reunión de coordinación de operaciones a nivel nacional para reforzar la seguridad.

También, ese mismo día, hubo una reunión entre el ministro del Interior, la senadora Patricia Juárez y Arriola Delgado, quienes escucharon las demandas de seguridad de los dirigentes de la Confederación Nacional de Mototaxistas.

Ante este escenario, el senador por Ayacucho, Humberto Morales Ramírez, envió un oficio formal a Keiko Fujimori. En el documento, el parlamentario exige que el gobierno tome medidas urgentes en beneficio de la ciudadanía.

"Ayacucho no necesita reuniones protocolares ni promesas. Necesita respuestas, decisiones y compromisos concretos. Exigimos que el Gobierno Nacional atienda estos problemas directamente en el territorio y actúe antes de que la crisis económica y la inseguridad se agraven”, se lee en el documento.

Noticia en desarrollo…

La mandataria explicó que los vecinos reportaron fallas en esa infraestructura durante casi diez años. Nadie atendió esos reclamos a tiempo. Por eso, dijo, ya existe una orden para cambiar la matriz dañada. Según la información que recibió, la obra tomaría entre uno y dos meses.

Fujimori señaló que "hay una falla de la estructura y hay una falla también de los equipos y de la organización" durante su recorrido por el sector 1 de Villa El Salvador. El Gobierno coordina ahora con la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Villa El Salvador las labores para retirar el agua y atender a los damnificados.

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Emergencia se extiende al sur y la sierra del país

El Ejecutivo declarará en emergencia varios distritos y regiones afectadas por las lluvias y la DANA Aníbal. Tres instituciones educativas también resultaron dañadas en Villa El Salvador, además de las viviendas. La cifra de familias afectadas podría crecer, ya que Fujimori advirtió que las precipitaciones continuarían entre dos y tres días más.

Varios ministros ya tienen tareas asignadas. El titular de Defensa, Rafael Belaúnde, viajará a Arequipa para monitorear la situación en esa región, además de Moquegua y Tacna. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se trasladará a zonas de la sierra. Los sectores Salud y Educación también participarán en la respuesta, con evaluaciones en los colegios afectados.

El Gobierno enviará alimentos a las familias damnificadas y pidió apoyo al sector privado, pues varios vecinos perdieron herramientas de trabajo: máquinas de coser, cocinas y refrigeradoras, entre otros bienes. Una vez que pasen las lluvias, se hará una fumigación para evitar enfermedades por la acumulación de agua y lodo. El Instituto Nacional de Defensa Civil evaluará después la estructura de las viviendas dañadas para determinar si hay riesgo ante un sismo; algunas familias podrían necesitar reubicación, según los resultados de esa revisión.

En ese contexto, Palacios calificó como una "necedad" que Fujimori haya brindado consejos de belleza y de skincare y afirmó que sus en vivos ya no forman parte de un "error de principiantes".

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"Keiko Fujimori dio de nuevo su mensaje a sus seguidores, no a los ciudadanos, a sus seguidores, y de nuevo enseñó las artesanías que le regalan y dijo que, a pesar de las críticas, ella lo hacía para promover a los artesanos. Pero luego nos dio consejos sobre su rutina de skincare... en serio. Ya se le dijo, ya se le explicó: una vez es un error de principiante, dos veces... ya en fin, tres veces ya es necedad", lamentó.

En esa misma línea, la periodista afirmó que existen asuntos más graves que tratar en el Perú y que la ciudadanía merece respeto de parte de sus autoridades. "Hasta vergüenza ajena me da", dijo.

"Esta ha sido una lluvia de 3,5 o 4 milimetros y esta es la situación. La preocupación que tenemos en Lima es que si esta es la situación con 4 milímetros, ¿cuál va a ser la situación cuando comienze a llover en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo? Yo espero que así como el ministro de Vivienda llevó 6 motobombas a la zona, tengamos una cantidad sustantiva de motobombas porque somos una ciuda sin drenaje", acotó.

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Durante su visita, la mandataria supervisó las viviendas afectadas por el agua y el lodo, además de dialogar con los vecinos y las autoridades locales. Al observar los daños, advirtió sobre la gravedad del problema ante la llegada de futuras precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

"Terrible la situación. imagínense lo terrible que será cuando lleguen las lluvias por el fenómeno de El Niño", señaló.

Además, para atender la emergencia, Fujimori indicó que mantuvo conversaciones con el primer ministro y adelantó que su administración oficializará la declaratoria de emergencia para los distritos y regiones afectados por las lluvias.

 “He hablado también con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectados. Por la noche debe estar declarándose en emergencia porque tenemos que hacer varios documentos, pero hoy por la noche se activa todo”, manifestó.

Durante su recorrido por las zonas inundadas, la mandataria también se refirió a los reclamos de la comunidad. “Los vecinos vienen denunciando esto hace 10 años. Hay una orden para que se haga el cambio de la matriz. Me han informado que en uno o dos meses van a concluir la obra. Hay una falla de la estructura de los equipos y de la organización. (…) Se ha debido tomar cartas en el asunto”.

Asimismo, hizo mención al impacto en la infraestructura educativa y las acciones de control. "Hay 3 colegios afectados. Le he pedido al ministro de Educación que venga un par de horas, quiero terminar de hacer el recorrido. Sé que INDECI ha hecho el empadronamiento de las familias afectadas. Voy a dirigirme a los colegios, el ministro vendrá más tarde y con él haremos los anuncios correspondientes”, indicó. Además, detalló que se realizarán labores de limpieza y de ahí vendrá un proceso de fumigación.

En el plano político, respecto a una eventual interpelación del ministro de Defensa, la presidenta manifestó su apoyo. “Para nosotros lo importante es seguir trabajando y mostrar resultados, el ministro Belaunde tiene todo nuestro respaldo, él ha sido bastante claro y acudirá [al Congreso] si esto se aprueba".

Mientras la mandataria comentaba su rutina de skincare, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores enfrentaban aniegos por el colapso de los desagües. Vecinos del sector 1, grupo 1 de Villa El Salvador reportaron el ingreso de aguas servidas a sus viviendas. Varios vehículos quedaron atascados bajo los puentes de la Línea 1 del Metro de Lima. La Municipalidad de Lima recién anunció el retiro de más de 45 mil galones de agua la madrugada de este lunes.

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En la misma transmisión, la presidenta respondió críticas por sus lives. Contó que colaboradores de su entorno le piden no hacer caso a los cuestionamientos. Ella los validó: dijo que sabe que no todo lo que haga le va a gustar a todos, pero que prefiere mantener un canal directo y transparente con la ciudadanía antes que dejar de comunicarse.

Otro momento de la transmisión giró en torno a Panchita, una mascota que la mandataria mantiene en Palacio de Gobierno. Fujimori explicó que el animal está "un poquito resfriadita" y que ya pidieron la visita de un veterinario, aunque aseguró que come bien y juega con normalidad.

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"No nos desesperemos, en todo el planeta hay lluvias y ocurre lo mismo. Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a lluvia, se inunda", dijo el ministro. Luego añadió: "Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas, así pasa".

Cuba también habló sobre las prioridades del Estado frente al fenómeno. Señaló que lo importante es salvar vidas y que nadie debería morir por un fenómeno de El Niño. Agregó que las personas tampoco deberían perder su casa por este motivo. Sin embargo, cerró su intervención con una frase que contradice ese mensaje: pidió no exagerar por, según él, "un poco de agua en las rodillas".

La semana pasada, el viernes 7 de agosto, el abogado Ricardo Franco de la Cuba sustentó su solicitud ante el tribunal, señalando que la causa ya cuenta con un fallo definitivo del fuero militar que sobreseyó el proceso. Por ello, asegura que se trata de una cosa juzgada.

La decisión que tome la Sala al respecto podría abrir o cerrar la puerta para otros casos de desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales cometidos por efectivos militares o policiales durante el conflicto armado interno, entre 1980 y 2000, que se procesaron en el fuero castrense. La mayoría culminó en el archivo o con penas benignas. Un ejemplo de ello son 13 de las 37 denuncias que presentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al Ministerio Público que involucran a miembros de las fuerzas del orden.

Los expedientes entregados a la Fiscalía —a los que La República tuvo acceso— contienen documentación de los procesos que se iniciaron en el fuero común, pero que pasaron a tribunales militares, por violaciones a derechos humanos contra 502 personas, de las que 44 eran menores de edad, tenían entre 8 meses de nacido y 17 años.

Todos terminaron en impunidad: 8 fueron sobreseídos, en uno concluyeron que no hubo mérito para abrir instrucción, un caso prescribió y en 3 hubo condenas, pero los sentenciados se beneficiaron poco después con las leyes de amnistía de 1995.

La masacre de Cayara

Desde un inicio, el fuero castrense intentó ocultar los crímenes perpetrados por efectivos del Ejército en el marco del Plan Operativo 'Persecución', organizado para buscar terroristas que el 13 de mayo de 1988 atacaron a un convoy militar en Erusco, asesinando a cuatro efectivos. Sin embargo, cuando las patrullas llegaron a Cayara el 14 de mayo, la operación de las fuerzas del orden se convirtió en una matanza, con el posterior asesinato de testigos.

El informe de la investigación que hizo Inspectoría de la Segunda Región Militar del Ejército N°27K1/SRM/20.04 señaló que la población participó en la emboscada al convoy militar por su cercanía a Erusco. Afirmó que recuperaron armas y frazadas de la patrulla atacada, propaganda, uniformes, un pasamontaña y una carta de un poblador indicando que eran terroristas, aunque nunca mostraron dichos elementos a las autoridades civiles.

El 23 de mayo de 1988, el Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército abrió instrucción contra los que resulten responsables por los delitos contra la vida, cuerpo y la salud y por abuso de autoridad de pobladores de Cayara.

El Plan Operativo 'Persecución' fue preparado y ordenado por el jefe político-militar de Ayacucho de ese entonces, el general José Valdivia Dueñas, e intervinieron 6 patrullas de la Compañía Lince y 4 de las bases contrasubversivas de Pampacangallo, Huancapi y San Pedro de Hualla. En total fueron 200 efectivos militares.

Según la versión de los jefes de patrulla que participaron en el operativo, al llegar encontraron los cuerpos de tres hombres y una mujer no identificados, y a la entrada de Cayara hallaron el cadáver de un presunto subversivo. Además, indicaron que unos niños les avisaron que en la Iglesia había cinco terroristas muertos y una columna se desplazaba por la quebrada de Cceschua, con la que se enfrentaron, muriendo ocho subversivos.

Sin embargo, testigos y autoridades de Cayara denunciaron ante la Fiscalía que tras la emboscada contra el convoy militar en Erusco, la mayor parte de la población se fue por temor a represalias. Refirieron que efectivos del Ejército ejecutaron a los pobladores que celebraban la fiesta de la Virgen de Fátima en la iglesia o en sus domicilios.

Añadieron que en Cceshua, los militares seleccionaron a 20 hombres a quienes acusaron de terroristas y delante de las mujeres los golpearon y apuntaron con sus armas para hacerlos confesar. Finalmente los asesinaron con machetes y hachas. Dos días después sus familiares los enterraron, pero culparon a los militares de llevarse los cadáveres días después para ocultar lo que pasó.

Posteriormente, indicaron que el 18 de mayo de 1988 efectivos del orden mataron a otros tres pobladores de Erusco que estaban en una “lista negra”. Asimismo, el 29 de junio detuvieron y desaparecieron a cinco comuneros de Cayara, entre ellos a Gregorio Ipurre Ramos, quien un mes antes dio su testimonio ante un oficial investigador del Ejército que llegó a la comunidad: relató que su casa había sido incendiada y que su esposa le dijo que los militares lo estaban buscando, por lo que se escondió en su chacra por temor.

Además, señalaron que el 14 de diciembre interceptaron y asesinaron a tres comuneros de Cayara que viajaban en un camión, entre ellos a Fernandina Palomino Quispe, una de las tres mujeres testigos de la masacre que hicieron la denuncia inicial ante la Fiscalía Superior de Ayacucho.

El fiscal Carlos Escobar, que estuvo a cargo del caso en el fuero ordinario, visitó Cayara seis días después de los primeros asesinatos y constató que en el interior y exterior de la iglesia había restos de sangre. El 27 de mayo de 1988 dirigió la exhumación de cinco fosas donde hallaron prendas manchadas de sangre, mechones de cabello y fragmentos de hueso; incluso se recuperó la piel de una mano como en forma de un guante. En su informe, detalló que en todas las fosas había un "olor fétido a cadáver".

Tras cinco meses de investigación, el fiscal consideró que había suficientes elementos para denunciar a los integrantes de la patrulla por el delito de homicidio con gran crueldad, entre otros, así como a los que dieron las órdenes, incluyendo al jefe político-militar de Ayacucho. Pero ante los cuestionamientos de las autoridades militares, el Ministerio Público nombró otro fiscal para ampliar las diligencias, quien archivó provisionalmente el caso.

Por su parte, la investigación militar concluyó que las muertes se produjeron durante un enfrentamiento con las patrullas. Precisó que las fuerzas del orden no incurrieron en actos de “saqueo a domicilios, violaciones a mujeres, quema de casas, ni detención de ciudadanos”. Por ello opinó que se exima penalmente a los militares que participaron, "debiendo disponerse el sobreseimiento de la presente causa y su archivamiento definitivo".

El 12 de mayo de 1989, el Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército sobreseyó el caso, lo que fue confirmado por el Consejo Supremo de Justicia Militar el 31 de enero de 1990.

No tienen competencia

Tras la entrega del informe de la CVR y en base al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 2001, señalando que los tribunales castrenses no tenían competencia para procesar masacres como las de Cayara y otros graves delitos contra la humanidad, el fuero ordinario investigó el caso y condenó por homicidio calificado a dos oficiales y 16 integrantes de una de las patrullas que participaron en los crímenes.

Se reservó el juicio contra ocho reos ausentes y contumaces, entre ellos el jefe político-militar de Ayacucho, José Valdivia Dueñas. El proceso actual es contra el oficial Alejandro Avendaño Dávila y el suboficial Gino Espejo Lamas, quienes estuvieron prófugos y fueron capturados con posterioridad.

Gloria Cano, abogada de las víctimas de la masacre de Cayara, remarcó que el Tribunal Constitucional ha establecido que no es idóneo para ver casos de derechos humanos y que solo tiene competencia para evaluar los delitos de función, es decir, lo que “tiene que ver con el quehacer de la vida militar”, y por ello no debió avocarse como lo hizo.

"El pedido debe ser declarado improcedente, ya que existe una obligación del Estado en investigar, juzgar y sancionar las violaciones a derechos humanos. Los Estados no pueden ampararse en obstáculos procesales, como lo han querido hacer al promulgar leyes para dejar en impunidad estos graves crímenes. De hacerlo, recaen en responsabilidad internacional", advirtió.

Los mismos patrones

Otros siete casos de violaciones a derechos humanos cometidos por miembros del orden en los años de violencia política, entregados por la CVR al Ministerio Público, fueron archivados en el fuero militar sin mayor investigación o atendiendo solo la información brindada por los acusados.

Uno de ellos es el expediente sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales contra 57 personas cometidas por efectivos de Marina entre junio y agosto de 1984, cuando el jefe del destacamento de la Infantería de Marina de Huanta y La Mar era el capitán de corbeta Álvaro Artaza Adrianzén, cuyo apelativo era 'comandante Camión'.

Se trataba del asesinato de seis evangélicos de la comunidad de Callqui, entre los que había dos jóvenes de 16 y 17 años, el 1 de agosto de 1984; la desaparición del corresponsal de La República, Jaime Ayala Sulca, ocurrida un día después; y la ejecución extrajudicial de 50 personas no identificadas, cuyos cadáveres fueron hallados en cuatro fosas en la zona de Pucayacu el 23 de agosto de 1984.

En los tres casos, el fuero común inició las investigaciones de inmediato contra Artaza y los que resulten responsables; posteriormente lo hizo el tribunal castrense y plantearon contiendas de competencia argumentando que se trataban de delitos de función. Estos últimos solo tomaron en cuenta las declaraciones de los militares investigados y poco o nada los testimonios de los familiares de las víctimas ni las evidencias de los delitos que sí destacó la Fiscalía en sus investigaciones.

En julio de 1985, sin tomar en cuenta las decenas de denuncias ante la Fiscalía por la detención de ciudadanos en Huanta y comunidades cercanas, el juez sustituto de Marina en Ayacucho consideró que no se había quedado acreditada la responsabilidad de Artaza y recomendó sobreseer el caso de las fosas de Pucayacu, cuyo expediente era el N.º 784-84. El Consejo Supremo de Justicia Militar lo confirmó el 7 de mayo de 1986.

Poco importó que los protocolos de necropsia señalaran que 35 de las 50 personas murieron por herida de bala en la cabeza y cuello, y 15 por traumatismo en el cráneo, tórax, estrangulamiento y heridas punzocortantes. Todos los cuerpos estaban desnudos y 40 tenían las manos atadas y los ojos vendados. Además, en 13 había huellas de hematomas, fracturas y otras lesiones que se habrían hecho en vida. 

Lo mismo ocurrió con el asesinato de los evangélicos de Callqui. El 3 de febrero de 1986, el Consejo de Guerra Permanente de la Marina archivó el expediente N.º 172-85 y diez días después lo confirmó el Consejo Supremo de Justicia Militar, acatando solo la versión de los infantes de Marina que afirmaron haber repelido el ataque de elementos subversivos.

Un rumbo diferente tomó el caso del periodista Jaime Ayala, desaparecido desde el 2 de agosto de 1984, tras haber ingresado a la base de la Marina ubicada en el estadio de Huanta. En 1986, la Corte Suprema dirimió la contienda de competencia a favor del fuero común, pero el proceso se cortó porque el director de Personal de la Marina informó el presunto secuestro de Artaza ocurrido nueve días después del fallo. En 1989 se declaró su muerte presunta, solicitada por el procurador público de la Marina.

LOS CASOS

Pero el 2015, el Equipo Especial Lava Jato, a través del fiscal Germán Juárez Atoche, consideró que esa actividad era un indicio razonable para considerar que colaboró con Ilan Heredia para "dificultar la identificación del dinero empleado en la campaña de 2011 mediante la legitimación de aportes falsos". Así, debió afrontar un proceso penal por lavado de activos agravado, es decir, como integrante de una organización criminal. Desde entonces se le dificultó conseguir trabajo.

Sin trabajo ni bancos

Julio Torres debe atender la manutención de una hija menor de edad, otro hijo con habilidades especiales y su anciana madre. “No podía conseguir trabajo ni de vigilante. Lo poco que conseguí fue rogando, un favor que duraba uno o dos meses pues en cuanto buscaban mi nombre en la web o se necesitaba el certificado judicial ya no renovaban el contrato”, dice. El otro problema es que se restringieron sus actividades bancarias.

Durante los últimos 11 años, Julio Torres solo pudo realizar transacciones vía el Banco de la Nación y en una cuenta en un banco privado, que la universidad, donde estudiaba su hijo mayor, abrió a su nombre para un reembolso. “Aun así, la cuenta estaba limitada a algunos movimientos, el banco nunca me dijo cuál era la limitación, pero se entiende que era por este caso”, señala.

 Pena doble Su situación mejoró un poco en diciembre de 2024 cuando logró ganar en concurso público una plaza como especialista administrativo en la Defensoría del Pueblo, en un contrato que se renovó cada mes hasta abril de 2025. El 1 de abril le renovaron el contrato hasta diciembre de 2025, pero 14 días después su situación empeoró. El 15 de abril, el Tercer Juzgado Penal Nacional Colegiado lo condenó a ocho años de cárcel como coautor, que días después modificó a cómplice, de lavado de activos agravado y decidió su ingreso inmediato a prisión.

“En la Defensoría se quedó mi lonchera, mis objetos personales, había pedido permiso por unas horas para participar en la audiencia con la idea de regresar a almorzar y seguir con mis actividades, pero ya no pude hacerlo”, recuerda.

De comparecencia a la prisión

Desde el 2015 en que se formalizó la investigación, Julio Torres solo enfrentó comparecencia con la obligación de reportar sus actividades cada mes. La fiscalía nunca pidió su detención, arresto domiciliario o incluso impedimento de salida del país y asistió a todas las audiencias del juicio, pero los jueces consideraron que había peligro de fuga.

“En el peor de los casos lo podía condenar a, pero nunca enviarlo a prisión. La fiscalía lo acusaba de ser cómplice y según la ley le correspondía una pena menor al autor”, precisa su abogado Edinsón Huamán. Sin embargo, Julio Torres recibió el doble de pena del autor. Por los supuestos actos del 2011, Ilan Heredia recibió cuatro años de cárcel.

Incluso, al expresidente Ollanta Humala y a Nadine Heredia que eran supuestamente los principales responsables, les pusieron 5 años de cárcel. Humala, Nadine e Ilan sumaron penas mayores, pero por los aportes del 2006, evento en el que Julio Torres no tuvo participación.

El grito de una niña

La situación fue peor en la cárcel al ser un condenado por lavado de activos. La policía, el personal del INPE y los demás reclusos lo consideraban un reo con muchísimo dinero. Así cada día tenía un alto costo económico en prisión. Torres debió pagar por respirar, dormir, bañarse y alimentarse. "Lo peor fueron las primeras horas y días, para el personal penitenciario ya no eres una persona, ni siquiera un objeto, eres nadie, sin derechos ni medicinas, te puedes morir y no les importa", dice con pesar. Julio sufre de diabetes. 

En septiembre del 2025, la Sala de Apelaciones le dio libertad al considerar que el Juzgado Penal Colegiado no había justificado el peligro de fuga para el adelanto del cumplimiento de la condena. Pero, el daño estaba hecho. Su hija menor creía que la había abandonado. La niña aún le reclama cuando este jueves lo ve salir de casa para cualquier actividad. "No me abandones", es su frase de despedida diaria. 

En busca de justicia

Julio Torres y su abogado Edinsón Huamán recibieron el último jueves la resolución de la Sala de Apelaciones que archiva el caso por lavado de activos de las campañas del 2006 y 2011. Se cierra el caso, pero las repercusiones personales y profesionales continuarán. Las deudas se han acumulado y solo la solidaridad familiar le permite seguir adelante.

El ex tesorero del Partido Nacionalista Peruano buscará que el Estado lo indemnice por la persecución de que ha sido víctima. En tanto, han denunciado a los jueces del Juzgado Colegiado, Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa, ante la fiscalía y la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.   

Durante el reportaje, el subgerente de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Macario de la Cruz, aseguró que no existe licencia de funcionamiento a nombre de la congresista. "No hay, no hay; no aparece, sino encantado (...) Tampoco hay ninguna licencia con esa dirección", expresó el funcionario.

De la Cruz afirmó que, de acuerdo a la ley y el marco de licencia de funcionamiento, ninguna textilería puede operar sin tener el permiso de la municipalidad de la localidad. Asimismo, resaltó que, al no haber un permiso, se estaría cometiendo una falta e "inmerso a una sanción económica, o en todo caso a una clausura".

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El dominical también mostró que, el pasado 10 de febrero, durante la campaña electoral, Palomino grabó una serie de videos en su domicilio donde se encuentra la textilería. "Conoce un poquito más de mi historia, vivo en el barrio de San Cristóbal y cuento con un pequeño emprendimiento; acompáñenme", dijo.

"Venimos con las manos limpias, sin deberle ningún favor a nadie. Por eso, en nuestro taller confeccionamos nuestro propio material de trabajo (…) Huancavelica necesita reivindicación; no nos temblará la mano para fiscalizar a aquellos que se creen intocables. La fiscalización no es una venganza, es un deber", acotó, mientras que probaba las casacas que fabricaban.

El dominical intentó comunicarse con la diputada para obtener sus descargos como parte del derecho a la defensa; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Habla la familia de la diputada

En diálogo con el dominical, la abuela de la diputada, Dionicia Fernández, fue consultada si el taller estaba a nombre de su nieta. Al respecto, respondió: "Claro, es de la familia; esa es la casa también donde ella vive".

Al ser interrogada si el negocio cuenta con permiso de la municipalidad de la localidad, indicó que "es un tema dentro. Eso nunca está abierto, en la casa adentro nomás se trabaja. ¿Por qué tendría? Cuando es autorización, tiene que estar abierto el taller".

Las plataformas del Estado revelan que tanto la madre como la abuela de la diputada cuentan con contratos para la fabricación de prendas de vestir con diversas instituciones.

La advertencia coincide con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, Grinia Ávalos Roldán, explicó a La República que las lluvias podrían ubicarse muy por encima de sus niveles normales en la costa norte y alcanzar su mayor intensidad a partir del último trimestre de 2026.

La situación preocupa porque las principales obras de prevención debieron ejecutarse tras el Niño Costero de 2017. Aquel desastre dejó pérdidas superiores a US$ 4.000 millones y motivó la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), entidad que luego fue absorbida por la ANIN con la promesa de acelerar los proyectos pendientes. Eso no sucedió.

PIURA, NUEVE AÑOS DESPUÉS

El 27 de marzo de 2017, tras 15 horas continuas de lluvia, el río Piura se desbordó e inundó Catacaos, Castilla, Cura Mori y el centro de la ciudad. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), más de 427 mil personas fueron afectadas y otras 97 mil quedaron damnificadas.

Casi una década después, el riesgo persiste. El arquitecto y urbanista Julio Gianella Silva sostuvo que el cauce del río acumula hoy cerca de cuatro metros adicionales de sedimentos, lo que convierte al puente Andrés Avelino Cáceres —declarado en mal estado por la Municipalidad Provincial de Piura— en un punto vulnerable si ocurre un desborde.

Para evitar una catástrofe similar, en 2021 se inició en Sullana uno de los principales proyectos de drenaje pluvial con una inversión de más de S/615 millones. Cinco años después, registra apenas un avance físico del 10,8%. ANIN requiere una inyección adicional de S/80 millones. La obra es ejecutada por la empresa argentina Benito Roggio e Hijos bajo la modalidad Gobierno a Gobierno y su culminación está prevista para noviembre de 2029.

En Talara, el drenaje pluvial precisa de otros S/70 millones. El proyecto, cifrado en más de S/300 millones y ejecutado por el Consorcio S&P, integrado por la china Sinohydro Buró & Co. y la peruana Proyecta, alcanza un avance del 35,4% y concluiría a fines de 2029. Se inició en mayo de 2023.

La situación es aún más crítica en Paita. La obra registra 0% de ejecución física, está en etapa de diseño y la fecha prevista de entrega es abril de 2030.

Para el especialista Julio Gianella, varias de estas intervenciones responden a un enfoque equivocado: "El Canal Vía de Sullana funcionó durante décadas, tras su construcción, pasado el Meganiño de 1982-1983. Lo que correspondía era mantenerlo, limpiarlo y ampliar algunos tramos, no reemplazarlo por una obra mucho más costosa", expresó.

Efectivamente, en Piura, la obra se ha convertido en un botadero de basura.

TRUJILLO Y EL MAYOR SOBRECOSTO

En marzo de 2017, la quebrada San Ildefonso se desbordó siete veces e inundó distritos como El Porvenir, Florencia de Mora y Víctor Larco, además del centro histórico de Trujillo, en La Libertad. Indeci reportó entonces más de 300 mil personas afectadas y otras 53 mil damnificadas.

Hoy, el proyecto destinado a controlar esa quebrada concentra el mayor sobrecosto de toda la cartera prioritaria de la ANIN. La obra, ejecutada por el Consorcio Besalco Stracon, fue diseñada con un presupuesto de S/222 millones. Actualmente la inversión supera los S/1.292 millones: un incremento cercano al 500%.

Aunque registra un avance físico del 70,8%, la propia ANIN advierte que necesita otros S/400 millones para evitar nuevas paralizaciones en varios frentes de trabajo.

La Contraloría también detectó un perjuicio económico de S/16,3 millones. Según un informe de auditoría, cinco funcionarios enfrentan presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas por aprobar acuerdos sin sustento técnico que redujeron multas, ampliaron plazos y autorizaron pagos adicionales. El caso fue remitido a la Procuraduría Anticorrupción.

UNA BRECHA DE S/ 2.255 MILLONES

El caso de Piura y Trujillo no es aislado. Las 12 obras priorizadas por la ANIN enfrentan el mismo problema: falta de presupuesto.

La ANIN reconoció a La República que esos recursos debían destinarse a ejecutar los trabajos programados entre agosto y diciembre de 2026, con el objetivo de reducir parcialmente los riesgos frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La entidad también confirmó que varias contratistas suspendieron actividades desde agosto de 2025 por falta de pago de valorizaciones.

Más aún, admitió que existe un "riesgo alto" de perder parte de la inversión ya ejecutada.

"Las obras se encuentran con varios tramos o ventanas sin culminar o tramos de diques sin el revestimiento de la cara húmeda, lo que dificulta que la estructura cumpla el objetivo planteado", respondió la entidad a este diario.

Para el arquitecto Julio Gianella, dejar esos diques inconclusos incrementa considerablemente el riesgo de falla.

"Las defensas de tierra compactada son vulnerables frente a las hechas con roca. Las estructuras de enrocado construidas hace cuarenta años en Poechos siguen funcionando; muchos de los diques actuales podrían ser rebasados", explicó.

El especialista también cuestionó la calidad de parte de las intervenciones ejecutadas tras el Niño Costero de 2017 y recordó que varias obras de descolmatación quedaron nuevamente cubiertas de sedimentos pocos meses después de culminadas.

EL NORTE SIGUE ESPERANDO

La situación se repite en Lambayeque. La protección del río Motupe requiere S/260 millones adicionales y permanece suspendida con apenas un avance del 42,5%. En el río Zaña se necesitan otros S/250 millones para una obra que apenas supera el 26% de ejecución, mientras que el proyecto del río Olmos demanda S/380 millones adicionales y reporta un avance del 51,6%.

Los tres proyectos deberían concluir a fines de 2028.

En Chiclayo, el drenaje pluvial continúa con 0% de ejecución física y su culminación está prevista para febrero de 2031.

En Trujillo, el panorama es aún más extremo. El drenaje pluvial también registra 0% de avance y el cronograma oficial fija su entrega para mayo de 2035. En Tumbes, el drenaje pluvial tampoco ha comenzado y culminaría en marzo de 2029.

Este desalentador panorama no mejora en el centro y sur del país, donde está previsto un duro impacto del Niño.

En Áncash, la protección del río Lacramarca presenta un avance superior al 86%, pero la obra permanece suspendida por problemas legales, mientras la ANIN advierte sobre el deterioro de las defensas y el riesgo para varios puentes. En este caso hacen falta S/60 millones.

En Ica, el proyecto de control de la quebrada Cansas registra un avance del 58% y demanda otros S/290 millones para su conclusión.

"NO SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS"

La ingeniera Leane Arias Rojas, especialista en Gestión del Riesgo de Desastres del Cenepred (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres), advierte que el escenario previsto para los próximos meses podría ser incluso más severo que el registrado en 2017.

"Ahora tenemos un Niño Costero en la zona norte y un Niño en el Pacífico Central ecuatorial. La combinación de ambos podría favorecer lluvias intensas en el norte", explicó.

La especialista añadió que Piura, Lambayeque y La Libertad concentran parte de la población más expuesta del país.

"No se han tomado las medidas preventivas necesarias. Tenemos más de siete millones 900 mil personas expuestas", señaló.

TRES AÑOS DESPUÉS

En julio de 2023, el Gobierno creó la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para reemplazar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), creada tras el Niño Costero de 2017.

El objetivo era acelerar la ejecución de las obras pendientes. Tres años después, el balance muestra un adverso resultado.

De las 194 intervenciones transferidas desde la ARCC, la ANIN reporta haber culminado únicamente 50 (el 26%). De ellas, 35 corresponden a instituciones educativas, seis a establecimientos de salud y apenas nueve a proyectos de protección frente a fenómenos climáticos.

Mientras tanto, las 12 obras que la propia entidad considera prioritarias para prevenir el próximo Fenómeno El Niño parece que serán parte de otra reconstrucción.

La diferencia entre ambos candidatos es de apenas tres puntos porcentuales. En el tercer lugar aparece Daniel Urresti, de Podemos Perú, con 9,5%, mientras que Francis Allison, de Avanza País, registra 9,3%. Ricardo Belmont, de Obras, completa este primer grupo con 8,3%.

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López Aliaga toma el primer lugar tras la renuncia de Luis Rubio

El resultado representa un cambio importante para Renovación Popular, luego de que Luis Rubio decidiera renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Lima. En julio, el médico registraba 7,5% de intención de voto y no se encontraba entre los principales candidatos de la contienda.

Tras su salida, López Aliaga pasó a encabezar la lista de Renovación Popular. El empresario, quien fue candidato presidencial y al Senado a comienzos de este año, fue elegido para integrar la Cámara Alta, pero posteriormente renunció a recoger su credencial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó su solicitud.

Para evitar la prohibición de una eventual reelección inmediata, López Aliaga se inscribió como candidato a teniente alcalde dentro de la fórmula municipal.

¿En qué zonas de Lima tienen mayor respaldo López Aliaga y Bruce?

La encuesta de Datum también muestra diferencias en el respaldo territorial de los dos primeros candidatos.

López Aliaga obtiene su mayor porcentaje de intención de voto en la denominada Lima moderna, donde alcanza 22,9%. Le sigue Lima sur, con 19,7%. En contraste, su menor respaldo se registra en Lima este, con 12,4%.

Carlos Bruce, actual alcalde de Surco, presenta su mayor respaldo también en Lima moderna, donde llega al 25%. En Lima centro alcanza 16,7% y en Lima sur obtiene 15,5%.

El exministro de Vivienda registra, en cambio, menores porcentajes de respaldo en Lima norte y Lima este, con 7,5% y 8,2%, respectivamente.

Susel Paredes y Alberto Tejada ocupan el siguiente bloque

Después de los cinco candidatos que concentran los mayores porcentajes, aparece Susel Paredes, de Ahora Nación, con 6,5% de intención de voto.

Le sigue Alberto Tejada, exministro de Salud y exalcalde de San Borja, quien postula por Acción Popular y registra 4%.

Más atrás se encuentran Samuel Daza, alcalde de Ancón y candidato de Fuerza Popular, con 1,8%, y Edgardo del Pomar, del Partido Popular Cristiano (PPC), con 1%.

Disminuyen los votos blancos y los indecisos

El estudio de Datum también revela una reducción en los electores que todavía no tienen una decisión tomada o que manifiestan su intención de votar en blanco o viciado.

El voto blanco y viciado alcanza el 11,8%, frente al 15,3% registrado en julio. En tanto, el porcentaje de indecisos se ubica en 13,5%, por debajo del 16,3% que registraba el mes anterior.

Estos porcentajes muestran que todavía existe un importante grupo de electores que podría modificar el escenario electoral durante las semanas que restan para los comicios.

¿Por qué creen que Luis Rubio renunció a su candidatura?

La encuesta también consultó a los ciudadanos sobre los motivos detrás de la renuncia de Luis Rubio a la candidatura municipal.

El 60% de los encuestados considera que el médico dejó la contienda para permitir que Rafael López Aliaga encabece la lista municipal. En tanto, un 21% señaló que no sabe cuál fue la razón.

Solo el 19% cree que Rubio tomó la decisión por motivos personales, tal como el propio candidato sostuvo al anunciar su salida de la carrera electoral.

En entrevista con La República, la magistrada cuestionó que el Perú haya nominado como candidato por América Latina a un representante de Ecuador, pese a que su propia postulación fue presentada ante Naciones Unidas por México y Hungría tras la omisión del gobierno peruano. "Aquí hay que escoger entre el Perú o Ecuador", advirtió, y pidió a la Cancillería reactivar el respaldo diplomático antes de las elecciones del 6 de noviembre.

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Usted ha regresado al Perú para buscar que el nuevo gobierno respalde nuevamente su candidatura. ¿Qué espera concretamente de la Presidenta Keiko Fukumori y de la Cancillería?

Mire, hay una buena noticia: el Perú ya tiene candidata a jueza de la Corte Internacional de Justicia, presentada y nominada ante la ONU por México y Hungría. La omisión del Perú, que el mes pasado no inscribió mi candidatura a tiempo, la subsanaron esos dos países, en reconocimiento a mi trayectoria.

Yo soy ciudadana peruana, y una candidatura de esta naturaleza —que compite por un puesto de juez en el más alto órgano de justicia de la ONU y del mundo— representa un interés nacional altísimo. Coloca al Perú en lo más alto ante la comunidad de naciones, en el prestigio de sus juristas y como contribuyente a los procesos de paz, seguridad mundial y Estado de Derecho.

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Por eso he venido al Perú: para pedirle al Estado, al gobierno, a la presidenta Fujimori, que se sume a este esfuerzo. La campaña ya empezó y necesitamos llegar juntos a un éxito final. Porque si bien yo puedo esforzarme por mí misma, es la Cancillería la que tiene que consolidar los votos con notas diplomáticas. Como peruana, pido respaldo, pido apoyo.

El Perú se merece que se cuiden sus intereses nacionales. En la lista de nominados que publicó el Secretario General de la ONU el 1 de julio, el Perú aparece respaldando como candidato por América Latina a un representante de Ecuador. Es decir, no solo no presentaron mi candidatura, sino que además pusieron una competencia: un profesor de Derecho, cuando el puesto es para juez. Yo tengo 44 años de experiencia judicial.

Soy como una maratonista de Huancayo que corre una contienda mundial, y le pido al Perú que apoye.

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¿Ya ha tenido algún contacto con la presidenta o con el Canciller para solicitar formalmente que el Perú vuelva a respaldar su candidatura?

He solicitado audiencias con la Presidenta de la República, con el Canciller y con otros altos representantes del Estado. Fui recibida por el presidente de la Cámara de Diputados y su Junta Directiva, quienes me expresaron su total apoyo, por tratarse de una candidatura altísimamente representativa para los intereses del pueblo peruano.

La Presidenta de la República aún no me ha recibido, pero sí lo hizo el Canciller, poco antes de viajar a Colombia. Aparentemente no estaba informado del tema, pero ya se le explicó la importancia que reviste esta elección. Ahora esperamos también reuniones con el presidente del Senado y con el Premier, porque en esto tenemos que sumarnos todos.

Le pido a la presidenta Fujimori que respalde esta candidatura de una mujer que cumple con los objetivos de la agenda de la ONU al 2030: empoderar a más mujeres en los altos cargos jerárquicos, especialmente en los tribunales de justicia.

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¿El gobierno de Keiko Fujimori le ha dado alguna señal concreta de que está dispuesto a respaldar nuevamente su candidatura, considerando que están apostando ellos por un candidato ecuatoriano?

He percibido ciertas señales de simpatía hacia esta candidatura, no de ahora sino desde antes, por todo lo que significa para el Perú y porque se conoce mi trayectoria. Tengo 35 años de trabajo en el Perú y casi 9 años como jueza de la Corte Penal Internacional, incluido el megaproceso que llevó a la cadena perpetua para Abimael Guzmán y su cúpula dirigencial. Esa trayectoria la conoce todo el mundo, y por supuesto también la presidenta Fujimori.

Creo que ahí hay simpatía, y también por el hecho de ser mujer y saber lo difícil que nos resulta a las mujeres llegar a estas altas posiciones de justicia. Siempre estamos bajo sospecha, nunca somos suficientes para quienes deciden, y buscan cualquier motivo para descalificarnos o descontextualizar la información. Es un patriarcado que aún se resiste a cambiar, aunque el mundo ya lo esté haciendo.

He sido recibida con simpatía por el canciller, quien me expresó su reconocimiento personal, y estoy esperando noticias en los próximos días, pues debo regresar pronto a Europa para continuar mi campaña. En definitiva, sí he percibido señales positivas de parte del gobierno.

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¿Qué tendría que hacer el actual gobierno para reparar el retiro de su candidatura dispuesto por la administración anterior y recuperar el tiempo que se ha perdido en cuanto a la campaña de usted?

En primer lugar, el Perú ya no puede hacer nada respecto a la inscripción: la ONU ya no da derecho a poner ni retirar candidaturas, pero eso ya no importa, porque la mía está inscrita. Lo que sí debe hacer es retomar la campaña que quedó detenida el año pasado, cuando los gobiernos de transición decidieron no acatar la decisión de Estado que presentó mi candidatura a nivel mundial en marzo de 2025.

En resumen, la Cancillería tiene que reactivar la hoja de ruta y dar todos los pasos necesarios. Hay excelentes diplomáticos en el servicio peruano que saben perfectamente qué hacer, pero deben actuar rápido, porque las elecciones son el 6 de noviembre.

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Usted cuenta actualmente con el respaldo de México y de Hungría, ¿qué otros países están apoyando su candidatura y qué conversaciones viene sosteniendo con ellos?

Vengo sosteniendo conversaciones con países desde hace más de año y medio, y recibiendo adhesiones personales de Europa, África y Asia. El asunto ahora es consolidar ese respaldo a través de notas diplomáticas, que es el trabajo que le corresponde a la Cancillería.

Sobre el candidato ecuatoriano, no sé qué hará el gobierno, pero no le tengo miedo a ninguna competencia. El puesto de juez de la Corte Internacional de Justicia exige oficio, y yo tengo 44 años de experiencia. Él, aparentemente, es asesor y profesor de Derecho Internacional que compila leyes en la Comisión Internacional de Derecho: no hay punto de comparación.

Mi candidatura está muy bien auspiciada, según me han hecho saber diplomáticos de distintas naciones, porque se promueve la igualdad de género en la Corte —de 15 jueces, solo 5 son mujeres—. Si además es una mujer del hemisferio sur y con experiencia judicial, mejor aún. Creo que ahí no tengo competencia real. En el fondo, aquí hay que escoger entre el Perú o Ecuador.

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México acaba de restablecer sus relaciones diplomáticas con el Perú. ¿Ha conversado con autoridades mexicanas sobre la posibilidad de que su respaldo o su candidatura también contribuya a que Perú retome oficialmente su respaldo a la postulación que usted tiene actualmente?

No hago coordinaciones de ese nivel político, porque no soy política ni esa es mi función. Pero sin duda esta candidatura es un puente que fortalece la iniciativa de las presidentas Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori de restablecer relaciones y normalizar los lazos con un pueblo hermano, que siempre nos ha mirado con cariño y hermandad, al punto de postularme sin que mediara conversación alguna.

¿Considera que tal vez la cancillería o el gobierno vean esto como una puerta para estrechar lazos, sobre todo con México que recién se está restableciendo relaciones diplomáticas, considerando que prácticamente han hecho el favor de que una peruana pueda postular a la corte?

El hecho de que México me haya presentado, y de que yo sea peruana, contribuye a la construcción de mejores relaciones entre ambos países. Y con muchísimo gusto pondré mi granito de arena para ayudar a restablecer esa relación, que si no está dañada, sí un poco alterada.

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¿Considera que el restablecimiento de relaciones entre México y Perú puede facilitar que su campaña hacia su postulación hacia la Corte Internacional de Justicia crezca un poco más?

Creo que sí. Perú y México son dos países hermanos, con gran significación en el continente, uno en el hemisferio sur y el otro en el norte. Si ambos unen esfuerzos, esta candidatura, que ya está muy bien vista, será un éxito no solo de la presidenta Sheinbaum, sino también de la presidenta Fujimori, a menos que el actual gobierno prefiera que el logro sea solo de México.

Es importante fortalecer, también desde el hemisferio sur, la presencia de la mujer en las posiciones más altas. Y qué mejor que Sheinbaum y Fujimori unidas para promover esta candidatura, que las prestigia a ambas.

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¿A pesar de la ideología tan contradictoria que hay entre ambas?

Creo que en las causas más grandes la ideología deja de tener sentido, porque si ambas presidentas trabajan bien por sus países y sus pueblos, más allá de sus ideologías, son los pueblos los que se benefician. Yo, por ejemplo, he sido toda mi vida fiscal y jueza y nunca he tenido opiniones políticas; claro que uno puede tener sus preferencias, pero cuando se busca el triunfo en causas grandes, eso está más allá de las ideologías.

¿Estos países que han respaldado su candidatura le han pedido expresamente que el Perú vuelva a asumir o respalde en este caso su postulación oficialmente?

No hubo una conversación en ese sentido. El pedido es mío, porque soy peruana y tengo derecho, conforme al artículo 2, inciso 20 de la Constitución, a solicitar que mi país respalde esta iniciativa, como lo haría con cualquier peruano en un concurso: soy como una maratonista de Huancayo corriendo una competencia mundial, y hay que apoyar. Además, es un interés nacional que debe ser protegido por el Estado.

Creo que los gobiernos anteriores se equivocaron: pensaron que podían manipularme, correrme, desanimarme, pero se equivocaron. Yo no me rindo; soy peruana, trujillana, norteña, mochica chimú, y no me rindo, mucho menos sin pelear. El Perú está llamado a respaldar una candidatura nacional ante el mundo. Si no lo hacen y deciden apoyar al candidato ecuatoriano, tendrán que responder ante el pueblo peruano y ante la historia.

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Usted es actualmente jueza de la Corte Penal Internacional. ¿Qué experiencia de su trabajo en ese tribunal podría aportar a la Corte Internacional de Justicia?

Esta decisión de candidatear nace de los 23 años de mi carrera en derechos humanos y justicia internacional. La Corte Internacional de Justicia dirime tradicionalmente contiendas limítrofes entre estados, pero en los últimos 10 años esa competencia se ha transformado: ahora los países se demandan unos a otros por incumplimiento de tratados, como la Convención contra el Genocidio (el caso de Azerbaiyán con Lituania), el Tratado contra la Tortura, o convenios sobre discriminación racial y trato a migrantes.

Todo eso es parte de mi especialidad, y actualmente no hay nadie en la Corte con ese perfil, porque los demás jueces provienen de asesorías en Cancillería, trabajo administrativo o Derecho Público General.

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Creo que esa experiencia le dará riqueza a los fallos de la Corte, incluidos los temas de protección ambiental y ecología, que también hemos manejado en la Corte Penal Internacional. Será un gran aporte para la institución.

Mi experiencia en el Perú y mis casi nueve años en la Corte Penal Internacional me han llevado a una convicción: el derecho está para servir a la humanidad. Aunque los diferendos entre países parezcan resolver solo problemas entre estados, todo fallo debe prever su efecto en las sociedades humanas que los habitan. Por eso el lema de mi campaña es la humanización de la justicia internacional: tenemos que pensar más en el ser humano como componente vital de este mundo.

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José Luis Bustamante y Rivero fue el único peruano que llegó a la Corte Internacional de Justicia e incluso la presidió. ¿Qué significaría para el Perú volver a tener a un representante en ese tribunal después de casi seis décadas?

Estamos escribiendo historia. Hace 63 años, José Luis Bustamante y Rivero tuvo la oportunidad de ser electo y llegar a presidir esta corte; creo que fue un hito. Mi elección, y por qué no, llegar a la presidencia, sería otro hito histórico para el Perú, el continente y el mundo, porque una mujer del sur de América nunca ha llegado a esta corte. El solo hecho de que otros países hayan nominado a una candidata del sur global y de América Latina ya es histórico, y abriría un precedente para futuras juezas y estudiantes de derecho que puedan soñar con llegar a este puesto.

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Yo ya empecé a abrir camino cuando postulé a la Corte Penal Internacional: nadie creía en esa candidatura, algunos me dijeron que el Perú ya no tenía votos que ofrecer, pero yo no me rindo sin luchar. En dos meses de campaña fuimos electos en primera vuelta, y eso abrió el camino para que muchos juristas peruanos, hombres y mujeres, tuvieran el incentivo de que sí se puede. Hay que prepararse, hablar idiomas, tener empuje e iniciativa, y no tener miedo: lo peor que puede pasar es que no te elijan, pero ya vendrá otra oportunidad.

En la Corte Penal Internacional recibimos permanentemente estudiantes y profesores de México, Argentina, Uruguay, Colombia, pero del Perú, nunca nadie: cero iniciativa. Solo conozco a una peruana en la Sección de Fiscalía. Hay que dejar de tener miedo y tener vocación de servicio. Esta carrera, que empecé hace 44 años, ha significado solo eso: servicio, primero 35 años en mi país, y ahora casi 9 al servicio de la humanidad y del mundo. Espero continuar.

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Usted podría convertirse en la primera mujer peruana y latinoamericana en integrar la Corte Internacional de Justicia, ¿qué significado tendría esto para el país y para las mujeres en la justicia internacional?

Comienzo por el país. El Perú tiene la oportunidad de trascender y mostrarle al mundo que aquí hay juristas de talla mundial, porque todo lo que he aportado en la Corte Penal Internacional lo aprendí y lo construí en mi experiencia judicial en el Perú. Esto pondría en la vitrina mundial a los juristas de esta parte del planeta, y al Perú lo ubicaría entre el pequeño grupo de países que contribuyen, a través de sus jueces, a los procesos de paz, seguridad mundial y Estado de Derecho Internacional.

Si somos capaces de producir una jueza de la Corte Internacional de Justicia, también podemos aspirar a ser considerados para la OCDE, atraer nuevas inversiones y que se reconozca la estabilidad y la riqueza jurídica del Perú en el mundo. Ya ocurrió cuando una jueza peruana presidió el caso contra Duterte: cada vez que se habla de esa jueza, se habla del Perú. Espero seguir representándolo así en los procesos de la Corte Internacional.

En cuanto a las mujeres, me emociona pensar que ninguna latinoamericana ha llegado nunca a la Corte Internacional de Justicia, el tribunal más alto del mundo. Actualmente hay pocas juezas mujeres, y aunque ha habido vicepresidentas, como la jueza Sebutinde de Uganda, ninguna ha presidido la Corte. Yo ya fui vicepresidenta de la Corte Penal Internacional, y si llego a la Corte Internacional de Justicia, espero llegar a presidirla. Eso significaría un gran paso para romper estereotipos y demostrar que las mujeres estamos en igual pie de prestigio para ocupar estos cargos. Para lograrlo, necesito el apoyo y el respaldo de mi gobierno, del Perú.

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¿Qué posibilidades reales tiene hoy su candidatura de llegar a la Corte si el gobierno peruano todavía no confirma públicamente que volverá a respaldarla?

Las posibilidades reales se miden en la gestión, más allá de anuncios: es el trabajo el que respalda la elección. Hay mucha expectativa en los círculos diplomáticos mundiales —La Haya, Ginebra, Nueva York— por una candidatura de una mujer de América del Sur, no por la de un profesor. También hay expectativa por enriquecer la Corte con una experiencia judicial de 44 años, que solo se logra en los tribunales, y por conocer cómo una mujer del hemisferio sur desarrolla su pensamiento jurídico.

Ese pensamiento lo he plasmado en mis fallos y opiniones separadas en la Corte Penal Internacional, hoy estudiados en las más grandes universidades del mundo. Uno de los sellos de mi campaña es que la interpretación del derecho debe evolucionar con los tiempos y las sociedades: una interpretación de 1600, útil en su momento para la soberanía de los estados, no puede aplicarse igual hoy, cuando hay tantos derechos vigentes entre países.

Los destinatarios finales del derecho son las sociedades humanas, más allá del Estado como simple ente jurídico, y son ellas las afectadas por la alteración de la paz y la seguridad mundial. No me considero pionera en esta visión humanista del derecho; me antecedió el extinto juez Cançado Trindade, de Brasil, con quien conversaba mucho cuando trabajábamos en la misma área. Creo que ese enfoque también será mi gran aporte.

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Si el gobierno de Keiko Fujimori decide finalmente no respaldar su candidatura, ¿qué hará usted? ¿Continuará buscando votos por cuenta propia o considera que sin el respaldo oficial de Perú, su candidatura deja de ser viable?

No, la candidatura no va a dejar de ser viable porque alguien decida no respaldarla; para mí ese es un escenario imposible. Tengo la confianza de que el gobierno va a respaldar a esta candidata peruana y que la Cancillería se pondrá a trabajar de inmediato, porque es un interés nacional. Pero también es una candidatura mundial: el Perú es solo uno de 193 países, aunque su respaldo es muy importante.

Es mi derecho como peruana solicitar el apoyo, y es una obligación del Estado brindarlo. Más allá de malas interpretaciones, estamos en una contienda mundial donde lo que importa es la talla del pensamiento jurídico de quien se propone a esta corte. Estoy segura de que este gobierno va a apoyar la candidatura porque corresponde.

Creo que la presidenta Fujimori también respaldará la candidatura de una mujer, así como a ella le costó mucho llegar a la posición que hoy tiene. De la misma manera, a mí nadie me ha regalado nada: he construido mi carrera peldaño a peldaño, luchando contra todo tipo de discriminaciones. Confío en que ella lo pensará bien y en que ese apoyo se va a dar.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

El aumento del salario fue realizado a través de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Congreso y el sindicato de trabajadores de la propia institución (Sitracon). Este acuerdo, que alcanza a los colaboradores del Parlamento bicameral, fue suscrito el 24 de noviembre de 2025 y entró en vigencia en enero de 2026, con un periodo de aplicación hasta diciembre de 2027.

"El Congreso acuerda la actualización, durante la vigencia del presente convenio colectivo, de la escala remunerativa, en un quince por ciento (15,00%) de las remuneraciones actuales de los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Convención Colectiva de Trabajo, monto que será aplicado a partir del 1 de enero del 2026", se lee en el documento difundido por el reportaje.

El documento fue suscrito por el actual senador Fernando Rospigliosi y los representantes del Sitracon: Tulio Vizcarra Basto, secretario general; Jorge Pacheco Munayco, secretario de Organización; Percy Ayala Ávila, secretario de Defensa; Jaime Montoya Luna, secretario de Economía y Contabilidad; Julio Barrera Egoavil, secretario de Asuntos Internacionales; y Carlos Negrete Venegas, secretario de Actas.

Según el dominical, hasta mayo de 2026, el Congreso contaba con más de 3.900 trabajadores, lo que representaba un gasto de S/906,2 millones en planillas. Actualmente, este monto habría aumentado a S/1.134,8 millones.

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Aumento en bonificaciones

El documento antes mencionado también hace referencia a los bonos que emite el Congreso a sus trabajadores. Por ejemplo, el acuerdo establece que el Parlamento "otorgará una asignación extraordinaria por el Día del Trabajo (1 de mayo) y por el Día del Servidor Parlamentario (22 de septiembre), equivalente al 20% de la UIT". Es decir, se dará un bono de S/1.100.

Asimismo, se brindará una "Bonificación Especial Extraordinaria por cierre de pliego de dos UIT"; es decir, de S/11.000 adicionales.

Lo que dijo Rospigliosi

"Esa fue una decisión que tomó la comisión que negoció con el sindicato y que yo suscribí ciertamente", expresó ante las preguntas de Punto Final.

Al ser consultado si tuvo observaciones del documento o si simplemente lo leyó y lo firmó, Rospigliosi indicó: "Bueno, ahí conversamos con la Mesa Directiva y la decisión fue aprobar lo que había negociado la comisión, nada más".

El comunicado del Sindicato del Congreso

A través del comunicado 008-2026, el Sindicato de Trabajadores del Congreso indicó que desde el 2006, "los sueldos de los trabajadores legislativos perdieron poder adquisitivo, el mismo que se ha tratado de recuperar progresivamente con el convenio firmado".

"Los beneficios establecidos para todos los trabajadores legislativos en materia de condiciones de trabajo y empleo (...) han sido materia de un intenso debate con los representantes de nuestros empleados, circunscrito a lo dispuesto en las leyes vigentes y sin que ello signifique una carga exorbitante o beneficios más allá del marco presupuestal institucional", se lee en el documento.

Los documentos detallan que un juzgado dictó mandato de detención contra Pérez Malqui en julio de 2001. El entonces procesado permaneció recluido varios meses. Salió del penal el 14 de diciembre de ese año, después de que el Poder Judicial le impusiera una sentencia con ejecución suspendida. Es decir, no volvió a prisión, pero la condena quedó registrada.

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Ese antecedente no aparece en la declaración jurada que Pérez Malqui presentó para asumir su curul. La ausencia de este dato abre una duda legal: si el hoy legislador tenía o no la obligación de reportar esa sentencia al momento de postular. 'Panorama' planteó esa interrogante en su reportaje y buscó una respuesta del propio diputado.

Pérez Malqui evitó pronunciarse. Durante las consultas realizadas por el programa periodístico, el parlamentario no dio explicaciones sobre los documentos ni sobre su paso por el penal de Yanamilla. Tampoco se refirió a los otros señalamientos que pesan en su contra y que salieron a la luz junto con este caso.

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Otros antecedentes judiciales de Julián Pérez: lesiones culposas y violencia física y psicológica

El hurto agravado de 2001 no es el único proceso que enfrenta Pérez Malqui. Los documentos revelados por 'Panorama' incluyen un segundo ingreso al penal, esta vez en febrero de 2024, por el delito de lesiones culposas en agravio de un menor. Este caso es más reciente y ocurrió cuando el hoy diputado ya tenía una trayectoria política activa.

A esto se suma una denuncia vigente por presunta violencia física y psicológica contra su expareja. Ninguno de estos casos figura mencionado por el legislador en sus espacios públicos.

Un testigo consultado por el programa dijo haber compartido tiempo con Pérez Malqui dentro del penal de Yanamilla en 2001. Según ese relato, el hoy congresista participaba en actividades deportivas durante su reclusión. Ese testimonio refuerza la documentación judicial y confirma su permanencia en el establecimiento penitenciario aquel año.

De acuerdo con las distintas resoluciones del JEE, el 1 de agosto se desestimó la primera tacha contra Bruce. Según el documento, un ciudadano alegó que los candidatos de Somos Perú culminaron el llenado de la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) antes de la emisión del Acta de Conformación y Acta de Designación.

El tachante sostuvo que ese acto "evidenciaría una concertación previa y una vulneración de las reglas de democracia interna previstas en el Estatuto de la organización política".

Sin embargo, el ente electoral señaló que el caso al que hace referencia la tacha no afecta el principio de democracia interna ni es incompatible con la presentación del acta de conformación de la lista.

"Resulta totalmente válido la presentación de un Formato de DJHV con fecha anterior a la suscripción del Acta de Conformación o el Acta de Designación; pues la normativa electoral no condiciona a que dicho formato tenga que ser llenado en un tiempo igual o posterior a la suscripción de las actas señaladas", determinó el JEE y agregó que el partido cumplió con el límite de candidatos asignados de hasta 30% como establece la norma.

Tras el rechazo de la tacha, el ciudadano apeló la decisión del JEE y será el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el encargado de resolver el caso el martes 18 de agosto a las 3.30 p. m.

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El caso Daniel Urresti

El pasado 30 de julio, una ciudadana presentó una tacha contra el exministro Daniel Urresti, sustentada en tres argumentos: que el candidato fue sentenciado por difamación agravada y no cumpliría con los diez años de rehabilitación exigidos para postular; que el JEE debería aplicar control difuso y no considerar la sentencia del TC que anuló su condena por el caso Hugo Bustíos; y que Urresti habría omitido información al no consignar en su hoja de vida la sentencia de 12 años de prisión por dicho caso.

Sobre el primer punto, el JEE indicó que, si bien Urresti fue sentenciado por difamación en 2016, el Poder Judicial lo declaró rehabilitado en diciembre del 2019 luego de haber pagado la reparación civil y cumplir con la pena suspendida.

Asimismo, aseveró que ese delito no se encuentra dentro del catálogo de delitos graves —terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual y delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos— que requieran un plazo extendido de inhabilitación de 10 años.

Con respecto al fallo del TC, el ente electoral enfatizó que las decisiones del máximo intérprete de la Constitución Política son de cumplimiento obligatorio e incondicional para todas las autoridades administrativas y órganos jurisdiccionales del Estado.

"(Los Jurados Electorales Especiales) carecen de atribuciones de control constitucional sobre decisiones firmes expedidas por el Pleno del Tribunal Constitucional, pues quebrantaría la garantía del debido proceso, el principio de seguridad jurídica y la supremacía de la cosa juzgada constitucional", se lee en el documento.

Sobre la supuesta omisión de información en la hoja de vida de Urresti, el JEE indicó que el candidato declaró la existencia del TC que anuló la sentencia de 12 años por el caso Bustíos.

"Se concluye que no se ha configurado la infracción al deber de veracidad ni la causal de exclusión, ya que, al haber consignado el estado del proceso penal y el fallo del Tribunal Constitucional en el rubro IX, demuestra la voluntad del candidato de poner en conocimiento de la autoridad electoral y de la ciudadanía su situación jurídica real, descartando el ánimo de ocultamiento o engaño", dice el JEE.

Tachas contra López Aliaga y Francis Allison fueron rechazadas por extemporáneas

Sobre el caso de Rafael López Aliaga, el JEE indicó que el 31 de julio fue admitida su candidatura para la alcaldía de Lima. A partir de esa fecha, existe un plazo de 3 días calendarios para la interposición de tachas.

Sin embargo, el tachante lo hizo el 10 de agosto; "es decir, cuando el plazo previsto reglamentariamente para ejercer dicho mecanismo de control ciudadano había vencido".

"En consecuencia, la tacha presentada el 10 de agosto de 2026 no resulta jurídicamente viable, al haber sido formulada cuando ya había precluido el plazo previsto para su interposición".

En cuanto a Francis Allison, ocurre el mismo caso. El ente electoral indicó que la tacha fue presentada el 1 de agosto; sin embargo, la fecha en la que fue admitida a trámite la lista de Avanza País fue el 22 de julio.

"En consecuencia, al haber transcurrido en exceso el plazo normativo perentorio, ha operado la preclusión procesal. En tal sentido, carece de objeto efectuar el análisis de las pretensiones y fundamentos expuestos por el tachante, correspondiendo desestimar la tacha únicamente por su extemporaneidad".

La jueza Ana Osorio Sosa, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, desestimó los argumentos de la defensa de Castillo, que sustentó su pedido en la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU. Este organismo concluyó que la detención del exmandatario fue arbitraria y recomendó su liberación.

Sin embargo, para la magistrada, la opinión de la ONU “no constituye una decisión de carácter jurisdiccional que resulte vinculante al Estado peruano y que, por ende, incida de manera directa en los procesos o decisiones jurisdiccionales emitidas a nivel interno”.

Es decir, lo que indicó el Grupo de Trabajo de la ONU no tiene validez en la sentencia y procesos judiciales que se le siguen a Castillo.

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Otros argumentos del Poder Judicial para desestimar pedido de Pedro Castillo

En esa misma línea, el Poder Judicial determinó que la detención de Castillo no fue arbitraria, pues no se sustentó en un supuesto caso de flagrancia, sino que respondió a una decisión judicial de fondo vinculada al proceso por conspiración para rebelión.

Asimismo, también rechazó los argumentos para anular la vacancia y el levantamiento del fuero para que sea procesado penalmente. Al respecto, la jueza recalcó el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que afirmó que Castillo no dejó de ser presidente cuando el Congreso lo vacó, sino que brindó un mensaje a la Nación en el que intentó “quebrantar el orden constitucional con su declaración pública del 7 de diciembre de 2022 y su manifestación de voluntad de constituir un gobierno de facto”.

De igual forma, el TC mencionó que no se pudo seguir el procedimiento regular del levantamiento del fuero contra Castillo debido a que se trató de una "situación de emergencia".

En tanto, la jueza Osorio Sosa señaló que, debido a que el proceso penal contra Castillo aún se encuentra en curso, corresponde a la justicia ordinaria evaluar las consideraciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo de la ONU.

Ante la sorprendente revelación, las autoridades solicitaron al exmilitar, reclutado por la mafia para prestar seguridad a los mineros ilegales, que ofreciera más detalles sobre la presencia de dichos aparatos voladores usados como armas letales. Fuentes policiales que participaron en las recientes operaciones contra las organizaciones criminales de La Pampa, informaron a La República que desconocían que los delincuentes usaban nueva tecnología para sus actividades criminales a gran escala.

Acompañado por su abogado, Jhon Berrú declaró que lo había contratado Edison Fernández Pérez, 'Chilli', cabecilla de 'Los Guardianes de la Pampa'. 'Chili' pudo burlar el cerco policial y huir. El operativo en el que cayó Berrú se ejecutó el 6 de julio de este año. Estuvo a cargo de un equipo especial de inteligencia de la Dirección de Investigación de Medio Ambiente de la PNP en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima.

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Bajo fuego aéreo

“Hace un mes, un compañero que no recuerdo su nombre, pero a quien conocíamos como ‘Rico’, me llamó a mi teléfono celular y me dijo que había un trabajo de seguridad en Masuko (Madre de Dios). En esa oportunidad, ‘Rico’ me indicó que se trataba de una empresa que requería de vigilantes con experiencia, en especial licenciados de las Fuerzas Armadas”, relató Jhon Berrú,  nacido el 24 de julio de 2005 en el distrito de Moyobamba, en San Martín. Le ofrecieron un pago de 3 mil soles quincenales por sus servicios como seguridad y un bono de 3,500 soles por el alquiler de sus armas.

“Como tengo licencia para portar armas, acepté la propuesta, porque en esos momentos estaba sin trabajo. Contaba con un rifle semiautomático AM-15 (de la compañía estadounidense Anderson Manufacturing) y otra Kral (de origen turco), además de una pistola de 9 milímetros marca Canik (de fabricación turca). Todas con licencias”, precisó el licenciado Berrú.

Sin embargo, encontró otra realidad al arribar a La Pampa. Había una guerra entre organizaciones criminales. Nunca se imaginó que la banda rival usaba drones con explosivos que lanzaban a quienes se des“Una persona de tez morena con voz de mando se presentó y nos designó un puesto de vigilancia. Una de las consignas era que ninguna persona desconocida podía ingresar. No advirtió de la existencia de una banda criminal (Los Malditos del Oro) liderada por ‘Brayan’ (Eneyzer Fernández Díaz) y que tuviéramos cuidado. Nos explicaron que ese tal ‘Brayan’ era nuestro enemigo y que, si ellos se acercaban a la zona vigilada por nosotros, tendríamos que responder con disparos, porque estaban en juego nuestras vidas. El grupo estaba al mando de un sujeto llamado ‘Mexicano’”, manifestó Berrú.

La fecha del choque fue el 19 de junio de este año.

“Cuando estábamos todos reunidos descansando en la base, más o menos como 20 personas, uno de los compañeros se percató que unos drones estaban volando cerca de la casa en la que estábamos. Cuando de pronto empezaron a lanzar explosivos con dirección a nosotros”, expresó el licenciado Berrú.

etonaron en diferentes puntos de la casa. En esos momentos tratábamos de cubrirnos, pero fuimos emboscados con ráfagas de metralletas”, recordó Jhon Berrú.

No resultó difícil reconocer a los atacantes.

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Nueva tecnología, nuevo desafío

“Era la gente ‘Brayan’ con más de 30 sujetos que estaban alineados en tres grupos con sus respectivos vigías. Lo que llamaba la atención es que la mayoría de ellos estaban con chalecos de la Policía Nacional y de la Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales)”, detalló.

“El enfrentamiento se inició desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los enemigos tenían armamento de potencia y disparaban en ráfaga. Estaban bien equipados. Ante el avance del enemigo, yo y mis compañeros logramos escapar en medio de las explosiones y balas hacia el monte y recién al día siguiente salimos del monte y regresamos a la base”, señaló el exmilitar Jhon Berrú.

Los drones de uso civil, incluso en algunos casos en Colombia, han registrado ofensivas con ese tipo de ataques aéreos con explosivos improvisados. En otros países como Ecuador, las organizaciones criminales han usado los drones para vigilar presencia y el desplazamiento de las fuerzas del orden.

En Colombia, en 2018 se produjo un ataque con drones provistos de explosivos lanzados por la banda terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN), práctica que se ha extendido a las organizaciones del narcotráfico. En unos casos lanzan los artefactos explosivos o granadas, o son dirigidos para impactar hacia los blancos elegidos para que funcionen como kamikazes (los aviadores suicidas japoneses de la Segunda Guerra Mundial).

En el conflicto en desarrollo entre la Federación Rusa y Ucrania, ambas partes han recurrido a los drones para bombardear objetivos estratégicos e incluso para eliminar a blancos de alto perfil.

En México, cárteles de la droga como Jalisco Nueva Generación han protagonizado oleadas de ataques con drones cargados con explosivos y granadas, no solo para combatir a organizaciones rivales, sino también para atacar a las fuerzas de seguridad.

Para las fuentes policiales, la comprobación de que las organizaciones criminales han aprendido el uso de drones con material explosivo supone un desafío mayor en el combate a la minería ilegal a gran escala.

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El salario en La Pampa: S/ 6,500 mensuales

Jhon Berrú Rivadeneira mencionó que el pago mensual que le prometieron —y cumplieron— fue de S/3,000 al mes. Pero que por el alquiler de sus armas recibía otros S/3,500. Es decir, mensualmente S/ 6,500 cada mes.

Le pidieron una cuenta bancaria y Berrú recibió los pagos puntualmente como se comprometieron con él. Lo mismo sucedió con sus otros compañeros.

La mayoría de los reclutados eran licenciados de los institutos castrenses y contaban con su propio armamento. Prestaban seguridad a los mineros ilegales.

Durante una entrevista en RPP, los familiares aseguraron que las autoridades estadounidenses podrían abandonar a sus parientes en la frontera entre México y Estados Unidos.

Según la hermana de Ramírez Ávila, Sarita Ramírez, los detenidos se encuentran en las instalaciones del Centro Correccional Diamondback (Diamondback Correctional Facility), en Oklahoma. Asimismo, indicó que el último sábado tuvieron una última comunicación alrededor de las 7.30 p. m., en la que su hermano le explicó sobre su delicada situación. Precisó que la llamada se realizó tras 72 horas sin saber nada de sus familiares.

"Él habló directamente con su cuñada, dijo que por favor hagan algo porque lo iban a dejar a los dos en México, lo iban a deportar en la frontera con México. Desde el día 5 de agosto nos encontramos sumamente desesperados; solicitamos que el Consulado del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería o alguna entidad que nos pueda ayudar para que puedan acompañarlos en todo este proceso. Que no los dejen solos, por favor, para poder salvaguardar la integridad de mi hermano y de mi sobrino. Que nos garantice, por favor, su total seguridad durante todo este proceso como ciudadanos peruanos", narró.

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De igual manera, la Ramírez aseguró que sus parientes se encuentran en buen estado de salud; sin embargo, indicó que su sobrino cuenta con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

"Nosotros no nos hemos comunicado con mi hermano; yo me he comunicado con el Consulado, ya sea por WhatsApp o vía telefónica. Me indicaron que espere la respuesta por correo electrónico y lo que me dijeron es que habían conversado con mi hermano y él le había dicho que estaban bien", acotó a su relato Ramírez, quien reveló que sus familiares se encuentran en el país americano desde el 2022.

Por otro lado, Ramírez sostuvo que Daniel tenía una constancia que le daba acceso a poder trabajar. Sin embargo, explicó que tenía una cita para realizar un trámite el 3 de agosto, pero, por una desatención, creyó que esta estaba programada para fines de mes. Por ello, no acudió a la corte de inmigración.

"Es ahí donde, él regresando a su domicilio con mi sobrino, lo intervienen. Nuevamente solicito al consulado que nos puedan ayudar. El consulado de Perú en Dallas, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería. Queremos que ellos estén pendientes en la frontera, para que ellos puedan regresar a nuestro país", dijo.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Una secuencia similar se repite a diario en distintas ciudades del país. Los homicidios en manos de sicarios no son solo una postal de la ciudad. Tampoco son exclusivos de barrios vulnerables.

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De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público, son 722 los delitos de sicariato denunciados y registrados por esa entidad en el territorio nacional (según el distrito fiscal), entre enero y junio de 2022 hasta lo que va de 2026.

En ese período de 2022 se contabilizaron 100 crímenes por sicariato, en 2023 fueron 121, en 2024 y 2025 se registraron 185 cada año. Pero en 2026 se han reportado hasta el momento 131 asesinatos por encargo, lo que equivale a 22 por mes.

En los primeros siete meses de este año se registraron 1.241 homicidios, de ellos 873 fueron cometidos con armas de fuego, de acuerdo con los datos oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Hay una reducción del 5% con respecto a los 1.307 asesinatos investigados en el mismo periodo en 2025, sostiene el analista de datos, Juan Carbajal.

Pero, asegura, si todo sigue al mismo ritmo, este año el país volverá a fracasar en el empeño de reducir la violencia en las calles.

solo del 28 de julio al 10 de agosto, durante la gestión de la flamante presidenta de la República, Keiko Fujimori, han ocurrido 81 homicidios, de los cuales 62 (76,5%) fueron causados por proyectiles de armas de fuego.

Los deudos de las víctimas se quejan de que con frecuencia sólo capturan a los autores materiales y no llegan a quienes los contratan.

En los últimos seis meses la Policía Nacional informó sobre diferentes episodios en los que la investigación determinó que los autores de los asesinatos fueron personas que habían sido contratadas para dicho fin.

En varios casos se logró identificar y juzgar a los atacantes, muchos de ellos extranjeros.

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Un crimen en un 'car wash'

Uno de los hechos que más repercusión tuvo recientemente fue el asesinato del gerente general del 'car wash' (lavadero de vehículos) 'Aló Jhons',  Jonathan Santos Carrasco, de 48 años, en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con la tesis fiscal, se presume que Santos mantenía una relación clandestina con Paola Gamonal Quiliche. Al enterarse del vínculo de su pareja, Jair Maraví Inga, alias 'Farruco', ordenó la ejecución de Jonathan Santos.

Ocurrió el 5 de agosto del 2025. Ese día, el dueño del negocio estaba sentado sobre un sofá cuando entró una mujer y luego la siguió un venezolano que le disparó varias veces. Saúl Jiménez Rodríguez, el sicario, fue detenido y confesó el homicidio.

—¿Qué pasó ese día en el “car wash”?

“-No sé, jefe. Se me nubló la mente, me dejé llevar por la necesidad. Mi mujer estaba en el hospital, perdiendo líquido amniótico, parecía que iba a perder el bebé”, trató de explicar el asesino.

“-¿Cuántos tiros le diste?”, preguntó la policía.

“-Fueron varios”, contestó.

“-¿El arma, quién te la dio?”

“-El ‘gordo’”, dijo.

“-¿Cuánto te pagó?”.

“-Me dijo que me iba a ayudar, pero nunca me dio nada”, respondió.

Por este caso, la fiscalía obtuvo una prisión preventiva de 18 meses contra cinco personas por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato. Estos, de forma concertada y organizada, planearon acabar con la vida del empresario Jonathan Santos.

Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía por los homicidios van marcando una ruta que evidencia las líneas comunicantes entre el imperio criminal y la delincuencia organizada.

Las bandas criminales utilizan a los sicarios contra cualquiera que les resulte incómodo. Pero cuando sus blancos están en Lima Metropolitana, lo que hacen es recurrir a las denominadas “oficinas” (celdas en los penales) para contactar a “faites” que saben donde están los que venden sus servicios al mejor postor y no meditan sobre las consecuencias, sostiene el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el general PNP Víctor Revoredo.

“No me pagó una deuda”

Si algo ha quedado claro con el asesinato de Giancarlo Zegarra Cuadros, 'Careca', es el “boom” del sicariato. Fortalecidos por el incremento de la extorsión, el narcotráfico, la trata con fines de explotación sexual y el microtráfico desbordado, los delincuentes negocian a diario sobre la vida de cualquier persona que se interpone en sus planes, o son objeto de antipatía, competencia o furia.

En este caso, además de la captura del gatillero 'Dominick', sicario juvenil de 17 años, aún no hay pistas sólidas que apunten a quien ordenó la ejecución. Inicialmente el adolescente declaró que perpetró el ataque porque “Careca” no le había pagado una deuda económica.

'Dominick' fue intervenido por la policía el 10 de abril cuando conducía una camioneta en el Rímac. Entonces le encontraron una pistola Smith & Wesson y drogas.

Pero, había otro caso que llamó la atención. La policía lo vinculó con el robo de ocho lingotes de oro ocurrido el 22 de marzo en la Costa Verde.

Hijo de Diego Oré León, cabecilla de la banda criminal 'Los Charlies de Breña' que purga condena por robo agravado, el adolescente 'Dominick' arrastra un historial de presuntos delitos que incluye intervenciones por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y robo agravado. Por esos casos ya había sido capturado y liberado. Su madre dijo a un medio que “es un chico muy noble”.

Más de 3.400 presos por asesinatos

Pero, frente a los más de 1,200 homicidios de este año –muchos de ellos, si no la mayoría, a manos de sicarios– la justicia está lejos de funcionar con la celeridad que hemos visto en otros casos.

Al mes de mayo último, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), había 105.939 presos intramuro en las cárceles del país. De ellos, 39.330 están procesados y 66.609 sentenciados.

De este total, 3.411 reclusos, es decir el 3,22%, están por homicidio calificado (asesinato). De ellos 1.085 están procesados y 2.336 sentenciados. En cambio, de los 6.267 presos extranjeros, 169 están por homicidio calificado (asesinato) y 44 por sicariato.

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Marco Romero Silva, “Niche”, es un sicario de 23 años. Habla sin culpa ni arrepentimientos. Para él, la muerte era “el pan de cada día”: se convirtió en ese fantasma que pisaba los talones a sus víctimas. “Cobré S/1.000 por cada muerto”, confesó tras ser detenido en Trujillo.

Por un crimen en Lima se pagan entre S/200 y US$20.000. Al sicario que se desplaza en moto se le dice “gatillero” o “pato”, y al que conduce, “piloto”.

“Coronar la vuelta”, “traquetear”, “sapo”, “camellar” o “dar piso”, son expresiones que se escuchan a los delincuentes extranjeros. Algunas palabras son comunes modismos colombianos o venezolanos, y otras son frases acuñadas por sicarios al servicio de los extorsionadores, como la tristemente célebre: “plata o plomo”.

Uno de los últimos episodios ocurrió en Trujillo, donde cuatro piuranos fueron asesinados por no pagar cupo de S/80 semanales. Las víctimas eran trabajadores de construcción civil, naturales de Piura, y fueron atacados a balazos cuando se encontraban reunidos en los exteriores de una bodega, en el sector Alto Salaverry, en Trujillo. El sicariato, una pelea que están perdiendo los peruanos.

En la misma transmisión, la mandataria, quien visitó la planta embotelladora de Arca Continental Lindley (Coca Cola) para anunciar una millonaria inversión de esta empresa en el país, defendió a la corporación asegurando que tiene un gran programa de reciclaje y no perjudica el agua del lugar.

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Para el periodista y analista político Iván García Mayer, el objetivo de la presidenta al mencionar estos temas sería el de mostrarse afable, pero al no tener en cuenta las graves circunstancias en las que se encuentra el país termina generando una imagen frívola, desubicada y fuera de lugar.

“Demuestra un desencuentro entre una realidad con problemas sumamente complejos, urgentes, acuciantes, que tenemos no desde hace un mes o una semana atrás, sino desde hace mucho tiempo; y una presidenta que de pronto aparece en un streaming o en un live, contándonos de manera muy pintoresca sobre las calidades artesanales de una serie de sombreros”, declaró a La República.

García Mayer explicó que la jefa de Estado ha tomado distancia del estilo confrontacional que manejó durante su campaña electoral donde su eslogan fue “Fuerza y orden” y ahora busca proyectar la imagen de una presidenta convocante, tolerante, dialogante no solo pensando en la ciudadanía sino también en los actores políticos del Congreso.

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Señaló que si bien a nivel mundial otros presidentes también usan las transmisiones en vivo y redes sociales, ello debe ir a la par de resultados concretos.

Para esto mencionó el caso del presidente de El Salvador: “Sin resultados concretos, todo el aparato comunicacional de Nayib Bukele ya le estaría jugando en contra y comenzaría a ser olvidable y hasta cuestionable”.

Por eso, resaltó que en el caso de Keiko no bastará con solo comunicar ya sea “real o virtualmente”, sino que necesitará, y cada vez con mayor urgencia, resultados concretos con los cuales hablar.

La memoria del padre

Sin embargo, las transmisiones en vivo no son el único espacio de comunicación de Fujimori.

El 3 de agosto asistió a la limpieza y descolmatación del río Piura, se subió a un tractor y desde ahí saludó a los presentes. No es necesario contar con un bagaje histórico para identificar la similitud con la fotografía que su padre, el exdictador Alberto Fujimori, se tomó en los 90.

Se trata de un recurso que usó en las tres campañas electorales que le anteceden. En la última, de este año, varias veces evocó una paralelismo entre la crisis de inseguridad por el terrorismo de los noventa y la actual por la ola de extorsiones y sicariato.

“Son gestos iniciales de Keiko para la memoria del padre. Un simbolismo, un guiño de ojo al pasado paternal y político, pero por ahí no tiene mucho con lo cual sostener su imagen y aprobación a largo plazo. Más bien todo lo contrario. Alberto Fujimori también evoca en muchos sectores la corrupción, el autoritarismo, los vladivideos, ataques a la libertad de prensa y demás”, sostiene el analista político.

Con todo y el recurso de su padre como estrategia, la foto de Keiko en el tractor contrasta con su recomendación a las familias que viven en zonas con riesgo de derrumbe ante el Fenómeno del Niño: “Hacemos un llamado a la población, que vive en zonas de riesgo, en tratar de reubicarse”.

Para el especialista en comunicación política, Yeminson Flores Carhuachi, esa declaración se asemeja a la frase de María Antonieta “Si no hay pan, que coman pasteles”.

“Demuestra una desconexión con los problemas reales y con el día a día del ciudadano”, señaló a este medio.

¿Keiko, embajadora de Coca Cola?

Flores Carhuachi también menciona la fotografía de la presidenta junto a sus ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, y de la Producción, Juan Carlos Requejo, brindando con Coca Cola durante un evento de la misma empresa.

“No solo ha sido una foto sino que también ha defendido de manera categórica a la marca. Eso le puede generar cierta desacreditación porque han salido cuestionamientos hacia esa empresa y ella se comporta como una vocera y, naturalmente, eso no le compete a un gobernante. Recordemos que el gobernante debería ser neutro. Si quiere publicitar algo que sea la marca país. Lo que representa Coca-Cola es el capitalismo”, dijo.

También, vinculado a la fotografía y su presencia pública, mencionó que Fujimori ya no figura junto a sus hijas a diferencia de su periodo de campaña. “Keiko las presentaba en los mitines, les daba un espacio para que hablen, quería fortalecer su imagen como madre y cuidadora, pero ahora que ya llegó al poder su objetivo es conectar directamente con la población. Por eso, hace sus lives”, explicó.

Esto debido a que el live donde se probó los sombreros y defendió a Coca Cola no ha sido una excepción. Fujimori ha realizado transmisiones cada domingo desde que asumió y comunicó que su intención es continuar con esos espacios.

Prensa

El consultor político también resalta que el objetivo de sus lives es “tener el control del libreto” y “evitar preguntas incómodas”.

A la fecha, Fujimori no ha brindado una conferencia de prensa como mandataria y tampoco ha brindado una entrevista a un medio de comunicación. Se ha limitado a responder las preguntas de la prensa al asistir a los eventos.

“El hecho de no dar entrevistas podría deberse a dos cosas. Primero, para evitar cuestionamientos y, segundo, porque aún es muy pronto para tener resultados, así que, no tiene nada que comunicar más allá de contar qué está haciendo”, manifestó.

Por su parte, el politólogo y consultor político, Cristopher Añanca Bendezú, coincide en que Fujimori se limita a una comunicación más controlada para comunicar lo que hace y piensa, pero todo desde su punto de vista.

Como ejemplo, mencionó las transmisiones de José Jerí durante su mandato o las que realizó Martín Vizcarra durante la pandemia. “Se trata de un recurso que no solo debe realizarse para buscar presencia en redes, sino debe ir alineado con acciones concretas”, dijo.

“A mediano y largo plazo, al no haber, digamos, otros actores como, por ejemplo, periodistas, medios de comunicación, eso se percibirá como una falta de transparencia y falta de respuesta a las demandas. Eso puede generar la pérdida de la legitimidad de su comunicación”, anotó a este medio.

En cuestiones de plazos, Añanca Bendezú también menciona el acercamiento de Keiko a la figura de su padre. “Al corto tiempo eso le va a funcionar para afianzar el voto duro, pero es una imagen que se va a desgastar. Cada presidente necesita una narrativa propia y ella no puede seguir dependiendo de referencias pasadas”, indicó.

Finalmente, Iván García considera que la estrategia de comunicación de la mandataria, al menos en este periodo inicial, es cuidar la expectativa frente a su gestión. “Más que una aprobación positiva, porque solo obtuvo la mitad de votos, se trata de una expectativa o cierto optimismo sobre lo que hará. Creo que los estrategas y asesores del Ejecutivo no quieren correr riesgos con escrutinios a la presidencia que puedan desinflar ese optimismo ciudadano”, manifestó.

Una fuente del Congreso explicó a La República el trasfondo detrás del control de Fuerza Popular sobre la comisión de Constitución. Según esta fuente, el objetivo del oficialismo era no perder Constitución ni Justicia para blindarse frente a posibles reformas o revisiones sobre su gestión en el Congreso.

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Lograron su cometido en el Senado, pero en Diputados, ambas comisiones terminaron en manos de Juntos por el Perú y parte de la oposición.

La desazón se vio reflejada al momento de la votación. Según reveló el diputado César Holguín, vocero de Ahora Nación, Fuerza Popular fue la única bancada que votó en contra de la propuesta, sin presentar antes una opción alternativa de reparto.

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La otra bancada cercana al oficialismo, Renovación Popular (RP), también aspiraba a controlar comisiones distintas a las que terminaría presidiendo. Roxana Rocha, vocera de la bancada celeste, admitió que buscaban comisiones de mayor peso. "Definitivamente nos hubiera gustado presidir las comisiones de Constitución, Justicia y Presupuesto", reconoció.

RP terminó al mando de Defensa Nacional y Orden Interno, y de Modernización del Estado y Contraloría. Rocha las calificó como espacios clave para fortalecer instituciones y combatir la corrupción, y adelantó que las iniciativas legislativas de su bancada llegarán una vez instaladas las comisiones.

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Por lo demás, una vez resuelto el reparto, las bancadas que no lograron la comisión que buscaban optaron por no insistir. "Ya tengo mi comisión, para qué voy a seguir peleando", ese fue el razonamiento de los voceros, según nuestra fuente. Esto coincide con el ánimo de algunos representantes de bancadas que declararon para este medio.

Daniel Barragán, vocero de Obras en el Senado, calificó el reparto como resultado de un acuerdo institucional entre bancadas. Su grupo se quedó con la presidencia de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo. "Trabajaremos para que nuestros recursos energéticos y mineros se traduzcan en desarrollo y mejores servicios para los ciudadanos, en especial de las regiones, con responsabilidad ambiental y reglas claras", afirmó.

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En la Cámara Baja, Holguín concordó en que el reparto se aprobó con el respaldo de casi todas las bancadas. "La distribución la hemos aprobado en mayoría, con Renovación Popular, Ahora Nación, JPP, Obras y Buen Gobierno", indicó.

Víctor Piñán, diputado de Obras, también se mostró conforme. Su bancada se quedó con las comisiones de Desarrollo Agrario, Defensa del Consumidor y Ética Parlamentaria. Destacó el simbolismo de la primera: "La comisión agraria ha sido por mucho tiempo una comisión cuyo presidente siempre era del fujimorismo", señaló. Adelantó además que su bancada ya trabaja en la revisión de la Ley Chlimper y recoge opinión de los órganos competentes.

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Alejandro Mejía, politólogo: "El oficialismo obtiene una victoria pírrica"

Alejandro Mejía, politólogo y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analizó el reparto para La República. Sostiene que el oficialismo obtuvo una "victoria pírrica" al asumir el mayor número de comisiones ordinarias en ambas cámaras. El motivo, explica, no fue la fuerza política del oficialismo, sino la fragmentación que lo obligó a ceder espacios frente a otras bancadas.

"En ambas cámaras, el oficialismo obtiene una victoria pírrica asumiendo el mayor número de comisiones ordinarias. Sin embargo, pierde protagonismo en la Cámara de Diputados, donde es relegado a comisiones de menor peso político", señaló Mejía. Para el politólogo, esa pérdida de terreno no es casual. Responde al pacto que mantienen Juntos por el Perú, Cívico Obras y Ahora Nación, que le restó margen de negociación a Fuerza Popular en la cámara baja.

Sobre el pedido de facultades legislativas, Mejía advierte que Diputados será el verdadero campo de batalla política. "La Cámara de Diputados va a ser el espacio de negociación política más complejo, ya que el oficialismo tendrá que proponer una estrategia que le permita llegar a consensos mínimos, sobre todo con Juntos por el Perú", indicó. El politólogo descarta que el reparto responda a un intento de imponer una agenda única. Lo interpreta, más bien, como el resultado de la correlación de fuerzas en cada cámara y de la negociación que definió ambas Mesas Directivas.

Fueron cinco días de operaciones continuas que permitieron destruir infraestructura y maquinaria valorizada en más de S/26 millones.

Durante las intervenciones se neutralizaron 36 campamentos mineros rústicos, 37 pozas, 34 balsas, 82 motores, 35 tolvas, cinco dragas, que operaban sin autorización en el sector, generando graves consecuencias en los recursos naturales.

Cabe mencionar que la minería ilegal en esa región amazónica tiene un impacto devastador en las fuentes hídricas y el medio ambiente. La explotación desmedida de minerales provoca la deforestación de bosques nativos, altera los ecosistemas y contamina los cuerpos de agua con metales pesados y sustancias tóxicas.

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Además, estas actividades ilegales socavan la seguridad y el bienestar de las comunidades locales, generando conflictos y degradando la calidad de vida de los pobladores.

La intervención fue ejecutada mediante un esfuerzo articulado del Comando Operacional del Sur, a través de la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía y la Aviación del Ejército; las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

Miembros del CCFFAA explicaron que en el terreno, la dinámica operativa se ejecuta bajo una estricta complementariedad institucional: la FEMA otorga la legalidad y el marco procesal a las intervenciones; la Policía Nacional lidera la interdicción; mientras que el personal militar y las fuerzas especiales policiales brindan la seguridad perimétrica, control de accesos y cobertura táctica.

Esta ofensiva marca un punto de quiebre frente a las operaciones de años anteriores. Históricamente, las fuerzas del orden realizaban incursiones diurnas, dinamitaban el material localizado y abandonaban el área, lo que permitía a los extractores reingresar a las pocas horas para reactivar pozas o reemplazar motores.

Hoy, los efectivos del orden han implementado puestos de comando avanzados fijos, destacando la Base Fátima y posiciones tácticas en Balata y Delta 1, consolidando la presencia armada en el terreno de manera ininterrumpida.

PRESENCIA MILITAR PERMANENTE

La estrategia operacional incorpora puestos de comando avanzados, entre ellos la base Fátima y posiciones tácticas en Balata y Delta 1, que permiten mantener presencia permanente de las fuerzas del orden en sectores estratégicos y consolidar progresivamente las áreas intervenidas.

“Con el puesto de comando avanzado en Fátima estamos consolidando el control del territorio y fortaleciendo la presencia permanente del Estado mediante sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta capacidad nos permite sostener las operaciones, impedir la reactivación de los enclaves ilegales y reducir progresivamente el espacio de acción de quienes depredan nuestra Amazonía. Cada zona recuperada fortalece la seguridad de las comunidades y reafirma un principio fundamental: el territorio se controla, se protege y se preserva para todos los peruanos.” afirmó el general de brigada Víctor Manuel Cotrina Pérez, comandante general de la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía, del Ejército del Perú.

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Esta presencia sostenida fortalece el control territorial y dificulta la recuperación de maquinaria, la reactivación de pozas y el restablecimiento de las actividades ilegales después de las intervenciones.

CAPACIDAD AEROMÓVIL

El empleo de helicópteros de la Aviación del Ejército constituye, asimismo, un componente decisivo para ingresar a sectores de difícil acceso de la selva sur y preservar el factor sorpresa durante las operaciones.

Las inserciones helitransportadas permiten reducir los tiempos de desplazamiento de las patrullas y alcanzar los objetivos antes de que la maquinaria pueda ser retirada, desmontada u ocultada.

“El empleo de los helicópteros permite realizar estas operaciones de manera rápida y coordinada. No damos tiempo para retirar las maquinarias y, en coordinación con la Fiscalía y la Policía, se concreta la interdicción. La Aviación del Ejército está disponible las 24/7 para apoyar las operaciones.”, explicó el comandante EP Carlos Barrenechea Tito, piloto de una de las aeronaves empleadas en la misión.

La efectividad de las intervenciones también se sustenta en el trabajo previo de inteligencia desarrollado con participación del SERNANP y la Policía Nacional, identificando previamente las zonas de actividad ilícita para orientar el despliegue hacia objetivos determinados.

Las últimas intervenciones forman parte de una estrategia sostenida del Estado peruano, mediante las fuerzas del orden contra la minería ilegal en Madre de Dios. Desde enero de 2026, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han ejecutado más de 172 acciones militares y de interdicción, generando una afectación económica acumulada superior a S/1.000 millones a las redes dedicadas a esta actividad ilícita.

LA PAMPA: HALLAN DOS CADÁVERES

Entre tanto, un equipo especial contra el crimen organizado de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, que desarrollaba operaciones y técnicas, como videovigilancia, contra una banda criminal vinculada a la minería ilegal, sicariato, extorsión y otros delitos, fue interceptado, cercado y atacado por unos 15 sujetos que emplearon fusiles y explosivos.

Ante ese peligro real para sus vidas, los policías repelieron el ataque. La superioridad numérica y el poder de fuego de los agresores obligaron a dos efectivos a internarse temporalmente en la espesura de la selva para ponerse a buen recaudo.

Paralelamente, otros tres policías que desarrollaban labores de contención en un vehículo particular, también fueron atacados a balazos. Varios de los proyectiles impactaron en la carrocería. Los tres efectivos, según se informó, tenían chalecos antibalas y resultaron ilesos. Ellos de inmediato participaron en la búsqueda de sus dos compañeros.

Estos dos efectivos permanecieron resguardados en la zona hasta que retornaron con diversas lesiones en la cabeza. Fueron atendidos en un centro de salud y están fuera de peligro.

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Frente a esta situación la PNP reforzó el cerco operacional en el sector. A las 6.00 a. m. del 15 de agosto personal de la División de Extorsiones de la Dirincri, de la Dirección de Operaciones Especiales y de la Dirección de Inteligencia intervinieron un inmueble en el kilómetro 115 de la Interoceánica, en La Pampa.

Ahí fueron detenidos tres presuntos integrantes de la red criminal, se incautó una motocicleta, ocho celulares, cartuchos de explosivos y municiones.

Pero, a inmediaciones de dicho inmueble fueron hallados dos cadáveres en proceso de identificación.

La PNP informó que como parte del avance de la investigación y luego de actos de reconocimiento físico y fotográfico, existen elementos que permiten establecer preliminarmente que dichos sujetos habrían integrado el grupo armado que atacó horas antes a los efectivos de la Dirección de Medio Ambiente.

Precisaron que la identidad definitiva de estas personas, las causas de sus fallecimientos y las circunstancias en que se produjeron serán establecidas. “No corresponde adelantar conclusiones mientras estas investigaciones continúen”, aseguraron a través de un comunicado.

Recordaron que el 6 de julio se produjo otro enfrentamiento armado entre policías y la misma organización criminal, resultando dos delincuentes abatidos y 21 capturados a quienes se les incautó 19 fusiles, seis minas antipersonales y otras evidencias incriminatorias.

Probablemente haya sido elaborado a medio camino o al alimón entre un think tank neoliberal peruano y un estudio de abogados.

Sin la participación del gabinete.

Sin la participación de lo que luego sería el gabinete. El propio documento señala que estuvo listo el 26 de julio y el gabinete juramenta el 28, pero extrañamente, en esas 72 horas, se produce un tránsito y este documento pasa a ser un documento oficial porque es presentado en una reunión inusual, también del gabinete, el día 29 de julio. No tengo registro de un momento en la historia del Perú, de los últimos 100 años, donde el gabinete se reúne el 29 de julio a pocas horas del desfile militar, porque el procedimiento que en este caso importa es que se instale el gabinete, haya un secretario general del despacho presidencial, y también se instale el aparato adjunto del gabinete que es, por ejemplo, el consejo de viceministros que se supone que es el que filtra estas cosas, las empaqueta, las tamiza y las eleva al gabinete. Aquí se produjo una cosa bastante irregular. A mí me parece que es como un acto de conspiración contra el Estado, porque alguien, de algún modo, suelta al gabinete en paracaídas un documento y los ministros reaccionan preocupados porque no están dispuestos a avalar un documento presentado en bloque, sin discusión, y que está por fuera de sus propias prioridades. Entonces, los primeros en reaccionar son ellos, la mayoría de ellos. Reacciona la propia presidenta, que se da cuenta de que esto es un misil envuelto en papel caramelo, y en las siguientes horas, cuando la prensa empieza a hablar de esto, los parlamentarios oficialistas también sienten que hay el riesgo de que el gobierno les entregue una papa caliente que ellos no puedan administrar.

Una de las primeras reacciones a la existencia de este documento es negarlo. Cuando le preguntan a la presidenta por lo que dice el borrador sobre los feriados, ella responde que esos son inventos de la izquierda. Pero el documento dice eso, en blanco y negro, no era un invento. Y acá hay que preguntarse otra cosa, ¿quién lo filtró a la prensa?

Sí, y más allá del hecho mismo, de lo que implica como procedimiento al interior del gobierno, preocupa el hecho de que pueda llegarse al primer nivel del poder con un documento que programáticamente e ideológicamente es tan agresivo, tan antidemocrático, tan limitador de derechos. Eso muestra la precariedad del gobierno.

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¿Qué piensas del rol de la señora Fujimori como influencer, como modelo de sombreros? Parece que está copiando un poco la relación que tiene Bukele con la gente a través de las redes sociales.

Bueno, esa es una discusión muy interesante porque tiene que ver con cómo organizas tu gobierno. Si en tu gobierno tú cumples el papel que antes se llamaba cesarista, o sea te colocas por encima, y otros hacen la política, y tú eres casi como una especie de símbolo, de figura, entonces podría entenderse que ella esté lejos del mundanal ruido. Pero ella tiene incursiones. La he visto en los últimos días salir a blindar a ministros en dificultades, en temas de seguridad, en el asunto de los combustibles. Lo que sí no parece funcional es que ella aparece dentro del gobierno con una característica muy especial, que es una presidenta frívola. Y el concepto de frivolidad es un concepto más político que estético, porque, claro, no la vemos bailando. Alan García sí bailaba, cantaba, tomaba su chela, pero a él no se le decía frívolo. Lo frívolo en el sentido político es alejarse del poder y aparecer como que el poder no tiene mucho que ver con ella. Entonces aparece el sombrerito, la frazadita, la muñequita, es una especie de negación de la política en un país que quiere hoy política, respuestas políticas, agenda política, compromisos políticos.

Otra manera de ver este asunto de las transmisiones de la señora Fujimori, es que su relación con la prensa convencional está bastante debilitada. No hay espacios para preguntarle sobre las contradicciones en su discurso. Por ejemplo, lo último que ha ocurrido es que Rafael Rey ha reconocido que los tramos del metro que ha prometido en Lima no se van a poder ejecutar. Sin embargo, eso fue ofrecido el 28 de julio.

Bueno, eso es parte, creo, de un estilo que me parece que es definitivo, bastante distinto al estilo más a cara descubierta con el que hablaba Alberto Fujimori. Y quizá tienen razón los que señalan que más que fujimorista, la presidenta es keikista. Es decir, su papel es distinto.

Así que hasta el momento no ha estado gobernando como su padre.

O de repente no puede gobernar como el padre porque las condiciones del país han cambiado. Pero si uno suma varias cosas, las indefiniciones, los retrocesos, el hecho de que su gabinete en su conjunto pese más que ella, la llamada frivolidad, todo eso implicaría que el mensaje que tuvimos antes de la primera y segunda vuelta, de que “regresa Fujimori”, no es tan exacto. Y entonces lo que tenemos es un nuevo producto político. Y esto ha pasado porque probablemente ha encontrado una realidad distinta a la que ella esperaba. Tiene una mayoría precaria en el Senado, es minoría en la Cámara de Diputados. Sus votos no son suyos porque en realidad la gente no es que le dé luna de miel. Entonces, legitimar un proyecto como el de Fujimori, que era un proyecto bastante legítimo en una parte de la sociedad, con un 80% de respaldo después del golpe de Estado, es más difícil en estas condiciones.

¿Y no será más simple la respuesta? De repente, la señora Fujimori no tiene muchas respuestas, no tiene mucho que decir. Y el problema es que hay temas sobre los que sí habría que consultarle. Esta contradicción, por ejemplo, con el MEF, que ahora quiere desarticular las leyes que el fujimorismo aprobó y que generan gasto excesivo. No hay un espacio en el que se le pueda consultar eso. Es como esquiva.

Sí, quizás lo que tenemos es un espacio de gobierno y no un espacio de poder. Porque el fujimorismo ha tenido cuatro campañas electorales, ha tenido espacio para tener un gabinete en la sombra y un gran equipo de gobierno. No con especialidades, sino con subespecialidades. Y eso no lo tiene. Entonces, sí, es un gobierno, pero probablemente no es un esquema, no es un ejercicio de poder. Y yo creo que la diferencia es sustantiva, porque en un espacio de gobierno tú sobrevives, no tienes proyecto, vas viendo el día a día cómo viene. Tienes corto plazo quizás, no tienes mediano y largo plazo, pero un proyecto de poder es una cosa más completa y tengo la impresión que eso no hay ahora.

¿Me estás diciendo que Keiko Fujimori está de alguna manera sobreviviendo a lo que viene más que ejerciendo el poder?

Yo creo que es un gobierno precario, es un gobierno bastante débil y un gobierno improvisado, que tiene la suerte además de tener al frente una oposición también improvisada, bastante inexperta y débil, de modo que no se nota mucho. En ese contexto, el fujimorismo y sus aliados le han ganado la mesa directiva y la mayoría de comisiones a la oposición en el Senado. Mira, pongámoslo así, todos esperaban, partidarios y detractores, que Keiko fuera feroz, y no lo es. Y también se esperaba una oposición dura y feroz, que tampoco lo es. Nos habíamos preparado para eso y nos han decepcionado (sonríe).

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¿Te sorprendió que el fujimorismo termine llamando a funcionarios que ya habían estado en el gobierno de Boluarte o de Jerí? ¿Eso habla de su precariedad?

Sí, pero también habla de este esquema de reciclaje que existe en la cosa pública en el Perú. Porque importa mucho el reciclador y el reciclado. Y en el caso del reciclado, tú podrías decir, son gente que siempre ha estado en el Estado y van a estar. Pero si el reciclador no tiene proyecto, obviamente tiene que reciclar. Pero también es cierto que hay un interés de poderes fácticos de seguir colocando personas claves para sus intereses en áreas básicas. Yo diría en el BCR, diría en el Ministerio de Economía y Finanzas, en los ministerios productivos. No me imagino que el equipo técnico del Ministerio de Energía y Minas sea un equipo adversario y desconfiado de la gran minería. Entonces, el reciclaje también tiene parte de seguir manteniendo determinadas preferencias de poder.

Rafael Rey ha dicho que los trenes de los que se envanecía Rafael López Aliaga cuando era alcalde no fueron donados al Perú, sino que son una compra. El fujimorismo y Renovación tienen un pacto en el Congreso. ¿Esta bronca va a socavar esa alianza?

Yo creo que sí la va a socavar, tiene efectos. Desde el punto de vista de las formas de la política, lo que ha hecho Rafael Rey es una impertinencia porque ha colocado una bomba de efecto retardado en las relaciones entre Fuerza Popular y Renovación. Porque además esto va dirigido al jefe del partido con el cual el fujimorismo logra hacer mayoría en la Cámara de Senadores.

Ahora, esto tampoco es una sorpresa. Rey ya había criticado en muchas ocasiones a López Aliaga.

Eso también es cierto, pero eso es en relación a las formas de la política. Pero quizá esto pone sobre la mesa otro problema, ¿qué tipo de relación tienen Fuerza Popular y Renovación? Yo me demoraría en decir que es una alianza. Podría ser una sociedad, podría ser un pacto relativo, un acercamiento, un reiterado choque y fuga para determinadas cosas, pero en nuestra cabeza hay un concepto de alianza, donde tú estás en las buenas y también en las malas y compartes cosas.

Ahora, cuando López Aliaga ha comentado lo que ha dicho Rey, ha señalado algo que suena muy exagerado, que lo de los trenes pone en riesgo nuestra relación diplomática con Estados Unidos. ¿Eso tiene algún asidero?

En absoluto. Es imposible que eso pase. Eso significa que él ya no tiene argumentos. Y allí hay otro problema. En la ultraderecha peruana hay una disputa. Y hace ocho meses, la persona más reconocida en la ultraderecha peruana no era Keiko Fujimori. Acuérdate, Keiko Fujimori era la eterna perdedora. El hombre que garantizaba el poder de la ultraderecha era el señor López Aliaga. Y de allí hemos caído a lo que tenemos ahora. Me parece que estamos en los prolegómenos de una dura caída política de López Aliaga. Porque además de haber hecho desarreglos en la primera vuelta, con todo este comportamiento fraudista, esta manera de entrar por la ventana a ser candidato a regidor, yo creo que incluso está dejando a su partido un poco abandonado en el Parlamento. Su caída política puede ser resonante. Peor todavía si es que no gana la alcaldía. 

Luego de ser proclamada presidenta, el 15 de julio, Keiko Fujimori utilizó las redes sociales para presentar a los equipos de transferencia y adelantar algunos balances y propuestas. Luego vino, casi en un solo acto, el nombramiento del gabinete, el discurso presidencial y la difusión de un borrador de pedido de facultades legislativas. El gabinete fue un mensaje a quienes votaron por ella en la segunda vuelta. El ofrecimiento de una suerte de frente amplio de derecha en el Ejecutivo (y, eventualmente, un intento de recuperar un liderazgo mellado en ese sector). El discurso en el Congreso estuvo dirigido a todos, los que votaron y los que no lo hicieron por ella, ofreciendo muchas cosas (aumento del sueldo mínimo y Pensión 65, entre otros). Pero, sobre los temas anunciados, solo se ven avances en la salida de las FF. AA. para patrullajes (cosa ya conocida y ejecutada por gobiernos recientes). En otros asuntos, se ha cambiado de posición en pocos días o prima el silencio. El borrador del pedido de facultades da toda la impresión de haber sido un ejercicio para ver reacciones iniciales y/o un intento de presionar por una agenda que claramente no tenía el respaldo del conjunto del gabinete. Considerando las fechas del trabajo de campo, el impacto de la faceta de “influencer” presidencial no se ha registrado en la encuesta.

Lo que se ha visto, por parte de la candidata que afirmó que orden y reconciliación son compatibles, es un cierto desorden y poca reconciliación. Desorden porque una cosa fue el discurso presidencial y otra el borrador de pedido de facultades legislativas. Desorden porque se ofrecieron aumentos de remuneración del sueldo mínimo y de Pensión 65 que ahora no está claro cuándo serán. Desorden, o incoherencia, mejor dicho, porque se anunció un gobierno que contaría los días de gestión (1826) y ahora dice que, por favor, le tengan un poco de paciencia porque “no podemos dar resultados en 15 días”. Se suponía que era un equipo muy preparado.

Se podría pensar que parte de estas demoras tienen que ver con el cuidado del impacto político que puedan tener las medidas solicitadas en un país donde la mitad no votó por ellos (más allá de las discusiones y debates en el Parlamento), pero no estoy tan seguro. Y esto tiene que ver con el interés por la reconciliación. Es cierto que en el mensaje presidencial habló de un Estado al servicio del ciudadano y que, en general, se busca un Estado que funcione. Hace pocos días ha anunciado que viajará al sur para recuperar la confianza de ese sector del electorado, pero la reconciliación no pasa por ahí. O no solo por ahí. El ministro de Justicia pide ahora que el Lugar de la Memoria (LUM) debe estar en el sector Justicia y Fernando Rospigliosi sigue en su cruzada (con el apoyo de la Junta Nacional de Justicia) para que los jueces actúen según su parecer. Difícil reconciliarse en esos términos. Hay que ser coherente entre lo que se dice y hace.

El 60% de aprobación está dentro del rango de nivel de aprobación de los presidentes elegidos por la población del 2001 en adelante. Ni más ni menos. Pero hay que destacar el nivel de aprobación mostrado entre los jóvenes (71%). Es algo que otras encuestas ya habían mostrado durante el proceso electoral y que vale la pena monitorear. El grueso de este segmento, que nació luego de los diez años de gobierno fujimorista, ha votado por primera vez y lo ha hecho respaldando a una candidata que algo expresa o representa para ellos. ¿El agotamiento de la izquierda? ¿La mala experiencia con Castillo en particular? Un tema para profundizar.

La cifra se diferencia de la mala evaluación inicial de Pedro Castillo (39%) porque el candidato de Perú Libre asumió luego de una intensa campaña de fraude (promovida por Fuerza Popular), una mala relación con los medios y una fragilidad política que se expresó en tensiones con su misma agrupación y un gabinete muy cuestionado. La situación acá es diferente. Si bien en la segunda vuelta Juntos por el Perú habló de fraude y en el sur se escucharon comentarios similares, ese discurso no fue respaldado ni siquiera por sus actuales aliados en el Congreso. La relación con la prensa es más amable e incluso una parte de ella ha actuado casi como vocero partidario. Y, finalmente, Fuerza Popular es un partido más estructurado y con más experiencia en el manejo del poder que Perú Libre. Ya hemos visto cómo han logrado mover varias fichas a su favor en el estratégico Senado.

Lo que se ha destacado poco es que, también en términos comparativos, sin tomar en cuenta el frágil gobierno de Castillo, este es el que tiene el mayor nivel de desaprobación inicial (24%) en comparación con los gobiernos del 2001 en adelante. El fujimorismo está en plan de recuperar confianza por parte de la derecha y del país en su conjunto. Todavía tiene varios temas que resolver en su mismo gabinete. La encuesta de Datum indica que las mayores expectativas están en la reactivación económica y en la lucha contra la inseguridad ciudadana. La presencia de las elecciones municipales y regionales puede que le dé al gobierno algún respiro, pero las demandas en estos dos temas serán importantes en las futuras evaluaciones.

Este monto representa un incremento considerable frente al quinquenio pasado, cuando se destinaron S/ 77 millones 980 mil. Ahora, la ONPE desembolsará casi 3 veces más que el periodo anterior.

Distribución

Luis Camino Palomino, subgerente de Verificación y Control de la ONPE, detalló vía RPP el reparto de estos fondos. El 40 % de los S/ 222.1 millones se entregará en partes iguales entre las seis agrupaciones, mientras que el 60 % restante se asignará de manera proporcional a los votos que obtuvo cada una.

Las organizaciones que accedieron a este beneficio son Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación-AN.

Cambios se dan por el sistema bicameral

El incremento responde a la nueva fórmula legal tras el regreso del Senado y la Cámara de Diputados. En elecciones anteriores, la cifra tomaba en cuenta únicamente los votos para la elección de congresistas.

Para el periodo 2026-2031, la norma exige considerar la suma de los votos emitidos tanto para senadores como para diputados. La fórmula toma como base el equivalente al 0.1 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente —que para 2026 asciende a S/ 5,500— multiplicado por el total de votos de ambas cámaras.

"Ahora prácticamente se está triplicando porque se están aumentando los votos. Se está considerando de acuerdo a la ley, aumentando los votos de diputados y los de senadores", señaló Camino para RPP.

Reglas para el uso de los fondos

El dinero asignado por el Estado no es de libre disponibilidad para las agrupaciones. La Ley de Organizaciones Políticas establece que hasta un 50 % puede cubrir gastos operativos de funcionamiento ordinario, como contratación de personal, alquileres, compra de bienes muebles o inmuebles y pago de servicios.

El otro 50 % o más se destina de forma obligatoria a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de la propuesta política.

Además, la ONPE fiscalizará la ejecución del presupuesto mediante un equipo reforzado de auditores que realiza inspecciones preventivas y mensuales de control.

“Estamos haciendo visitas preventivas y también visitas de ejecución durante todos los meses a las organizaciones políticas, con la finalidad de controlar y verificar el correcto uso del financiamiento público”, manifestó Camino.

De esta manera, el organismo electoral también informó que evaluará las rendiciones de cuentas enviadas por 10 partidos políticos sobre el periodo de enero a julio de 2026, con el fin de determinar si los informes cumplen con la ley.

Que se parecen mucho a la chatarra es un decir, pues en verdad son chatarra. De otro modo, esas unidades no serían donadas. El negocio de los chatarreros es regalar los vehículos y luego mantenerlos abastecidos de los ingentes stocks de repuestos que van a necesitar. Habitualmente, estas provisiones de repuestos son monopólicas.

La oferta de Rafael López Aliaga fue demasiado buena para ser cierta, y así es, en efecto: la Municipalidad de Lima obtiene un tren donado, o casi, que llega hasta los rieles y empieza a transportar a la sufrida población ubicada entre Callao y Chosica. Al poco tiempo, intentaba fletarle el tren al MTC, con quien hoy polemiza.

Cuando el ministro Rafael Rey cuestiona que los vagones de Caltrain hayan sido un donativo, está cuestionando el sentido de toda la operación y negándose a avalar una promesa trucha del exalcalde. Ahora López Aliaga hace una campaña, obviamente electoral, contra Rey entre los engañados de Ate, Chaclacayo y Chosica.

Porky ha intentado asordinar el problema en que se ha metido con la amenaza de un “grave incidente diplomático”, pues los papeles del tren fueron firmados por un tal Anthony Blinken, entonces secretario de Estado de los EE.UU. Pero cada día aparecen más pagos por la famosa donación, creciente sugerencia de una compra.

Adonde voltea López Aliaga encuentra un desmentido de su plan ferroviario y, mientras tanto, la chatarra californiana se va deteriorando cada vez más (más repuestos). Tal vez el MTC debería mover una parte de su investigación hacia el Estado de California, donde debe estar esperando importante información legal.

¿Todo esto afecta las posibilidades de López Aliaga en octubre? Lo entenderemos mejor con la próxima encuesta. Pero a la población le gustan los vivarachos, los pendexos, los engañadores. Así es como se van formando Congresos y municipios. Un país donde lo deshonesto suele reclamar el primer puesto.

Hoy, la historia parece repetirse con la persecución que a diario sufren los jueces y juezas que deciden inaplicar “el marco normativo de la impunidad” que incluye -por ahora- la ley de prescripción de los crímenes de lesa humanidad, la ley de amnistía para violadores de derechos humanos y la ley que amplía la noción de delito de función para que el fuero militar policial asuma competencia ante posibles violaciones de derechos humanos.

 Correctamente, el Poder Judicial está aplicando la doctrina del control de convencionalidad establecida en la jurisprudencia interamericana, la cual fue empleada en 1995 por la jueza Antonia Saquicuray para impedir la aplicación de las leyes de amnistía que el Congreso aprobó para proteger a los violadores de derechos humanos. En la sentencia Barrios Altos vs. Perú (2001), la Corte IDH le dio la razón a la valiente jueza.

 Por ello, es muy importante que la Dra. Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, haya reiterado que la destitución de los jueces porque una autoridad discrepa de sus decisiones y su criterio jurisdiccional, eliminaría la independencia judicial, poniendo en riesgo la democracia y la Constitución.

 Hoy numerosos jueces y juezas ponen su carrera en riesgo para cumplir con su rol, en un acto de dignidad y decencia encomiable, algo difícil de comprender para quienes, hace tiempo, decidieron subordinar los principios a sus intereses y acomodos políticos.

La cuestión adquiere especial gravedad en un contexto internacional en el que se multiplican las tendencias autoritarias, las redes transnacionales de crimen organizado y los mecanismos de captura o debilitamiento de las instituciones. Una justicia sometida “es lo que toca” en esos casos. Por eso, la independencia judicial no es un privilegio de los jueces: es una garantía. Un derecho fundamental de los ciudadanos. Sin jueces independientes, los derechos pueden seguir existiendo en el papel, pero quedan sin un tercero imparcial capaz de hacerlos valer frente al poder.

Tello ha insistido en esa idea durante su gestión. En julio de 2026 señaló que la independencia judicial y la separación de poderes son asuntos absolutamente vigentes, y el propio Poder Judicial dedicó parte de las actividades por el Día del Juez y la Jueza a la defensa de ella frente al crimen organizado, a la reforma judicial y al examen de los estándares de la Comisión de Venecia. No es, pues, una reacción episódica. Es la respuesta institucional a un problema que se ha vuelto persistente.

En el Perú, una de las expresiones más preocupantes de ese problema han sido los ataques reiterados de Fernando Rospigliosi, como presidente del Congreso, contra magistrados que han adoptado decisiones que él considera contrarias a leyes aprobadas por el Parlamento. El problema no es que un congresista critique una sentencia. En democracia, las resoluciones judiciales pueden y deben ser discutidas. El límite se cruza cuando desde la cúspide de otro poder del Estado se descalifica personalmente a los jueces y, sobre todo, se anuncian procedimientos disciplinarios, denuncias penales o destituciones como consecuencia del contenido de sus decisiones jurisdiccionales.

Las “perlas” de una ofensiva

“Barrer” el sistema judicial. Ese ha sido el ostensible y sostenido objetivo del locuaz —y hasta ahora impune— Rospigliosi. El 30 de enero de 2026, después de que magistrados decidieran no aplicar la Ley 32107 en el caso Cayara, Rospigliosi sostuvo que no bastaba con reformar el sistema judicial y que había que “barrerlo”, reclamando “soluciones radicales”. La expresión no cuestiona una resolución determinada: proyecta la descalificación sobre el sistema de justicia en su conjunto.

Amenaza de sanción y denuncia por prevaricato. El 8 de enero de 2026, al defender la aplicación obligatoria de la Ley 32107 luego del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, Rospigliosi advirtió que el juez que no la aplicara podría ser sancionado y denunciado por prevaricato. Una cosa es sostener jurídicamente que una ley debe aplicarse; otra, muy distinta, convertir la discrepancia interpretativa de un juez en anuncio anticipado de castigo. Es una grosera amenaza desde el poder político.

“Politizados” y “prevaricadores”. La reiteración de esos calificativos contra magistrados que adoptan decisiones contrarias a la posición política de ese vocinglero congresista transforma la crítica en estigmatización. Un juez puede equivocarse y su decisión puede ser revocada, pero solo mediante los recursos previstos por el ordenamiento. Lo que corresponde es procesar esas discrepancias por las vías institucionales, no sustituirlas por la intimidación pública.

Destitución por ejercer control jurisdiccional. El 26 de agosto de 2025, Rospigliosi anunció, en su desbordante incontinencia, que había solicitado a la Junta Nacional de Justicia la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho, a quien acusó de prevaricato por inaplicar la Ley 32107. Sostuvo, además, que el magistrado “no está capacitado para aplicar el control difuso”. La gravedad institucional reside precisamente en que la reacción política no se limitó a cuestionar el razonamiento del juez, sino que buscó su separación del cargo.

“Magistrados ‘politizados’ que se niegan a cumplir” las leyes. El 3 de febrero de 2026, ya como circunstancial presidente encargado del Congreso, Rospigliosi afirmó que seguiría defendiendo las leyes aprobadas por el Parlamento frente a magistrados a los que calificó de “politizados”. En la misma línea, sostuvo que el Poder Judicial debe aplicar las leyes y calificó la conducta contraria como un desacato. Esa formulación omite un dato decisivo: en un Estado constitucional, la función judicial no consiste en una obediencia mecánica al legislador.

El punto jurídico medular: el juez no es un autómata

La Constitución peruana no diseñó jueces convertidos en simples ejecutores de la voluntad parlamentaria. Por el contrario, les reconoce capacidad de razonamiento y análisis.

El artículo 138 establece que, cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Ese es el llamado control difuso de constitucionalidad: una herramienta esencial del Estado constitucional, no una extravagancia ni un acto de “rebelión” frente al Congreso.

A ello se añade el artículo 55 de la Constitución: los tratados celebrados por el Estado y en vigor “forman parte del derecho nacional”. En materia de derechos humanos, esto obliga a que la interpretación judicial incorpore y dialogue también con las obligaciones internacionales asumidas por el Perú. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana forman parte de ese marco que los órganos jurisdiccionales no pueden simplemente ignorar.

Precisión importante. Que el Tribunal Constitucional haya declarado constitucional una ley es un dato jurídico de enorme relevancia y vincula en los términos que establece el ordenamiento. Pero ello no convierte al juez en un funcionario sometido a instrucciones políticas sobre cómo resolver cada proceso concreto. Tampoco habilita a otro poder del Estado para anticiparle sanciones por el contenido de una resolución. Los desacuerdos jurídicos se procesan con recursos, precedentes, control constitucional y argumentación; no mediante amenazas.

El control de convencionalidad refuerza esta idea. Los jueces nacionales, dentro de sus competencias y de las reglas procesales correspondientes, deben interpretar y aplicar el derecho interno teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado. Esto es especialmente relevante cuando están en discusión graves violaciones de derechos humanos, prescripción, amnistías o reglas que puedan producir impunidad. El Estado peruano no deja de estar obligado internacionalmente porque una mayoría parlamentaria o un locuaz cabecilla aprueben una ley.

Por eso es institucionalmente delicado —y democráticamente peligroso— que desde la Presidencia del Congreso se anuncien destituciones o denuncias penales contra jueces precisamente a raíz del contenido de decisiones adoptadas en procesos concretos. El mensaje no llega solamente al magistrado amenazado. Llega a todos: "si resuelven de esta manera, puede haber consecuencias personales". Ese efecto intimidatorio es incompatible con la independencia que debe acompañar a la función jurisdiccional.

Independencia no significa impunidad judicial

Defender la independencia judicial no significa sostener que los jueces sean infalibles ni que estén exentos de responsabilidad. Deben motivar sus decisiones, respetar el debido proceso y responder disciplinaria o penalmente cuando incurran realmente en faltas o delitos. Pero existe una diferencia decisiva entre sancionar una conducta ilícita y castigar —o amenazar— a un juez por la interpretación jurídica que adopta de buena fe en un caso sometido a su conocimiento.

Si cada decisión incómoda para la mayoría política pudiera desencadenar una amenaza de destitución o una denuncia penal desde el Congreso, el control judicial del poder perdería sentido. La separación de poderes no exige poderes mudos; exige poderes que respeten las competencias de los otros. El Congreso legisla. Los jueces juzgan. Y cuando juzgan deben hacerlo libres de presiones externas, incluso —y especialmente— cuando la controversia enfrenta al ciudadano con el poder del Estado.

De allí la importancia de la posición expresada por Janet Tello. La presidenta del Poder Judicial no está defendiendo a una persona o una sentencia particular. Está defendiendo una frontera constitucional. La justicia no puede convertirse en prolongación del gobierno, del Congreso, de un partido político ni de ninguna mayoría circunstancial.

Una frontera que el Congreso debe respetar

Fernando Rospigliosi tiene todo el derecho a discrepar de una resolución judicial y a defender las leyes que el Congreso aprueba. Lo que no puede hacer —ni él ni ningún presidente del Congreso— es considerar que tiene potestad para convertir esa discrepancia en una campaña de intimidación contra quienes administran justicia. Mucho menos para presentar la destitución o el proceso penal como respuesta normal frente al juez que interpreta el derecho de manera diferente.

El deterioro democrático rara vez comienza con la desaparición formal de los tribunales. Suele empezar antes: cuando se desacredita sistemáticamente a los jueces, se les divide entre “buenos” y “politizados” según el sentido de sus decisiones y se les hace saber que su estabilidad profesional puede depender de no incomodar al poder. Allí empieza la justicia condicionada y sometida.

Por eso la defensa formulada por Janet Tello merece respaldo. No porque los jueces deban quedar al margen de la crítica, sino precisamente porque la democracia necesita jueces capaces de soportar la crítica sin tener que temer represalias. Esa es la diferencia entre control democrático e intimidación.

En eso estamos.

Y corresponde también al propio Congreso decidir si tolerará que su Presidencia utilice el peso institucional del cargo para hostilizar a magistrados por el contenido de sus decisiones. Defender la Constitución no consiste solamente en citarla. Consiste, sobre todo, en aceptar los límites que ella impone al poder propio.

La independencia judicial no es desacato. Es exactamente lo contrario: es obediencia a la Constitución y al Estado de derecho. Y cuando un juez, dentro de sus competencias, controla la compatibilidad de una norma con la Constitución y con las obligaciones internacionales del Perú, no está usurpando la función legislativa. Está cumpliendo la suya.

El encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, se centró en el fortalecimiento del Sistema de Flagrancia, mecanismo que permite actuar de inmediato cuando alguien es registrado cometiendo un delito.

Tello destacó que la mandataria respaldó a las unidades de flagrancia y valoró que se hayan abordado temas relacionados al Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

La jueza suprema también reiteró la importancia de mantener una colaboración permanente entre los poderes del Estado, sobre todo en el actual contexto de lucha contra la inseguridad.

En la reunión también participaron el premier Luis Galarreta, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; el ministro del Interior, César Astudillo; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

Janet Tello le pide a Fujimori respetar la independencia judicial

El pasado 4 de agosto, durante la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, Tello le solicitó a la mandataria ser consecuente con lo dicho durante su juramentación sobre el respeto a la independencia judicial.

"Nos preocupa, sin embargo, que su juramento solemne, es decir, su palabra, contraste frontalmente con voces recientes que, desde el ataque y la diatriba hacia la judicatura, alientan peligrosas formas de intervención del Poder Judicial, las cuales son inadmisibles en un estado democrático", mencionó Tello.

La titular del Poder Judicial agregó además que “un juez y una jueza son independientes cuando pueden resolver los procesos a su cargo libres de presiones políticas o de cualquier otra índole", señaló.

Rospigliosi sigue denunciando jueces por aplicar control difuso en contra de leyes procrimen

El senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, pidió ante la JNJ la destitución de tres magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria: Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama. Según Rospigliosi, inaplicaron la Ley de Lesa Humanidad y la Ley de Amnistía en un caso vinculado a la Masacre de Castro Castro.

El pasado 10 de julio, los magistrados condenaron a 15 años de prisión a cuatro efectivos de la PNP por el homicidio y las lesiones causadas durante ese hecho.

Rospigliosi sostuvo que la decisión desconoce lo resuelto por el Tribunal Constitucional, que declaró constitucionales ambas leyes. En su denuncia, calificó la sentencia como "un hecho muy grave en el ejercicio de la función jurisdiccional" cometida por los tres jueces.

Esta no es la primera vez que Rospigliosi denuncia a magistrados por no aplicar las normas que él mismo impulsó cuando fue congresista.

Lo que ocurre allí no es una emergencia circunstancial: es el resumen de las desigualdades del país concentradas en un solo ubigeo. Servicios de salud que no llegan o no hablan la lengua de quien los necesita. Residencias estudiantiles que, creadas para acercar la educación, terminaron exponiendo a las estudiantes que debían proteger. Defensoras comunitarias que sostienen con su trabajo voluntario y precario lo que le corresponde al Estado. Y, encima, minería ilegal, narcotráfico y trata operando donde la institucionalidad se ausenta. Una niña que nace en Condorcanqui no debería cargar en su partida de nacimiento una condena; pero hoy su ubigeo predice, con una precisión que avergüenza, qué servicios no tendrá, en qué lengua no será atendida y ante qué violencias quedará sola. Esa predictibilidad no es destino ni geografía: es una decisión política sostenida en el tiempo.

El nuevo gobierno tiene, formalmente, quince días. Pero la bancada que hoy asume el Ejecutivo no llega de un país que no gobernaba: desde diciembre de 2022, Fuerza Popular ha legislado, sostenido gestiones, colocado y blindado funcionarios y definido prioridades presupuestales. Tuvo la mayoría y con ella el poder de mirar hacia Condorcanqui. No lo hizo. No puede ahora reclamar la inocencia del recién llegado sobre un territorio que llevaba años en su campo de visión. Los quince días de cortesía no borran los años de omisión.

Hay además una razón que va más allá de la urgencia: el Estado tiene que funcionar de forma sistémica. La protección de las niñeces, las adolescencias y los pueblos indígenas no se logra con intervenciones aisladas de un ministerio que llega, hace su parte y se va. Cuando salud, educación, justicia, cultura y los tres niveles de gobierno actúan por separado, el impacto se diluye, los plazos se alargan y cada intervención cuesta más de lo que costaría articulada. Lo aislado no solo es insuficiente: es más caro, más lento y, al final, más injusto.

Ver el bosque no exime de atender el árbol. Se puede —se debe— pensar la reforma del Estado en su conjunto y, a la vez, reconocer que hay deudas que no resisten cronogramas extensos. Condorcanqui es una de ellas, y cada día de demora tiene nombre: es una niña más atendida tarde, trasladada tarde, escuchada tarde o nunca. El silencio y la demora también producen impunidad. Frente a eso, la única respuesta digna de una república es dejar de pedir plazos y empezar a rendir cuentas.

Sin embargo, parece que la aparición del gran estilo presidencial 2026 está siendo movida para más adelante. Mientras tanto, el estilo Fujimori se viene concretando en una imagen doméstica (en casa, no en Palacio) y de intensa presencia al lado de los militares en las situaciones de emergencia lejos de Lima.

Para ponerlo en otras palabras, la presidenta no parece muy contenta con su nuevo cargo, que tanto persiguió. Está haciendo esfuerzos por lograr una imagen más cercana al pueblo, un clásico consejo de algún asesor venido de fuera. Los periodistas no la escudriñaban tanto cuando era candidata presidencial.

En términos generales, los mensajes hablados de Fujimori son formalmente correctos, pero no entusiasman a nadie. Tampoco ella exuda mucho entusiasmo al lanzarlos. Es mucho mejor ejerciendo un poder silencioso, casi secreto, a través de la estructura personal-partidaria que la rodea. Como una eminencia gris de sí misma.

Sobre el 60% de aprobación en Datum. La cifra es simpática, pero es probable que empiece a bajar con el obvio desgaste de la gestión. A eso habrá que restarle la performance de los candidatos de Fuerza Popular en octubre. Luego están las quejas de la población en las zonas damnificadas por el Niño Godzilla.

Lo que puede mantener ese 60% en su sitio, o casi, es un populismo suave, como el aumento del salario mínimo. Pero al otro lado de la balanza va a haber —ya se sabe— medidas liberales de austeridad. Si ella quiere una buena aprobación, la va a tener que trabajar.

Pero ya sabemos que nada desgasta a un gobierno tanto como la imposibilidad de reducir las cifras de criminalidad en el país. A los presidentes y parlamentarios de 2021-2026 ese factor les tiró al piso la popularidad. A los altos mandos policiales los llenó de vergüenza y eso se contagió a sus jefes políticos.

La propuesta plantea retirar el control a los partidos políticos en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias cometidas por los legisladores, sumando a profesionales con trayectoria académica y anticorrupción para fomentar la imparcialidad en los procesos.

"Cada comisión de ética parlamentaria está integrada por un representante de cada grupo parlamentario constituido en la respectiva cámara y por cuatro personas de reconocida trayectoria que no ejercen la función parlamentaria, según establezcan los reglamentos de cada cámara", se lee en el proyecto.

En paralelo a esta iniciativa, Luque también propone frenar la aprobación de ‘leyes exprés’ mediante la modificación del artículo 58, que prohíbe someter a votación textos sustitutorios si su versión final no ha sido previamente distribuida.

"No podrá someterse a votación un texto sustitutorio cuya versión final no haya sido previamente distribuida y puesta a disposición de los congresistas con la anticipación razonable correspondiente, considerando a la extensión y complejidad de la materia objeto de legislación, ello con la finalidad de garantizar un debido estudio del asunto”.

Asimismo, la norma establece que todas las sesiones y votaciones parlamentarias deben ser presenciales y exige sustentar cada actuación legislativa con evidencia técnica.

Reforma del Reglamento del Senado

En cuanto a la Cámara Alta, el proyecto busca modificar 17 artículos del Reglamento del Senado. La propuesta busca prohibir la exoneración de dictámenes para que todas las iniciativas pasen obligatoriamente por el debate y análisis técnico en comisión antes de ser votadas en el Pleno.

"Esta regla [la exoneración] no se aplica a iniciativas de reforma constitucional, de leyes orgánicas, del presente reglamento, del Reglamento del Congreso de la República ni de iniciativas que propongan normas sobre materia presupuestal y tributaria."

También establece de forma obligatoria la consulta previa a los pueblos indígenas cuando una medida legislativa afecte sus derechos colectivos, de conformidad con lo que señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"En todo proyecto de ley que afecte los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, el Senado debe asegurar que se realice el proceso de consulta previa, conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Propuestas para una mejor fiscalización al Ejecutivo

El proyecto establece mecanismos más estrictos para que la Cámara Alta supervise el accionar y las decisiones que son tomadas desde el Poder Ejecutivo.

Entre las medidas orientadas a fortalecer el control político se encuentra la modificación del procedimiento de acusación constitucional. La propuesta establece que, como base para su deliberación, el Pleno del Senado debe considerar lo señalado en el informe final de la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados.

"Para tal efecto, para la aprobación o rechazo de la acusación constitucional por la comisión de un delito, el Pleno del Senado considera los elementos actuados contenidos en el informe final de la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados, así como el carácter progresivo del conocimiento propio de las etapas iniciales del proceso penal”.

También se plantean ajustes en los requisitos para la destitución de autoridades. "La fórmula legal plantea sustituir dicha mayoría calificada por el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Senado en los tres supuestos”.

Para ordenar el trabajo parlamentario, se busca crear comisiones más especializadas en el Senado y separar materias concentradas, proponiendo nuevas comisiones como Economía, Salud y Defensa del Consumidor, Mujer, Familia, Inclusión y Desarrollo Social, Educación y Cultura, y Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Cambio Climático.

"Fomentar comisiones del Senado más especializadas. Se propone separar materias que actualmente se encuentran concentradas en pocas comisiones (lo que invisibiliza ciertos temas como ambiente, derechos de la mujer y pueblos indígenas)".

Solo el gremio de transporte —carga pesada, transporte fluvial y algunos mototaxistas— levantó la medida tras la firma del acta. El Frente de Defensa de los Intereses de Ucayali (FREDEU) y el resto de organizaciones sociales rechazaron el acuerdo. Señalaron que no fueron tomados en cuenta en los términos finales, pese a haber participado en la reunión de la noche anterior.

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El gobernador regional, Manuel Gambini, a quien se le atribuyen vínculos con el fujimorismo, sostuvo que la huelga ya había sido levantada de forma oficial. Bajo esa premisa, afirmó que la Policía Nacional tenía la potestad de dispersar a quienes continuaran con los bloqueos. La postura del gobernador convirtió un conflicto social en un problema de orden público, justo en momentos en que una parte de la población seguía en las calles por demandas que consideraba ignoradas.

Mientras los gremios que rechazaron el acuerdo se concentraban en Pucallpa, la población de Campo Verde mantuvo bloqueada la vía. Sus reclamos —hospital paralizado, agua potable pendiente, predios sin saneamiento— no figuraban en el arreglo alcanzado con el Gobierno. Fue en ese punto donde se produjo el enfrentamiento con la Policía que dejó un saldo de alrededor de 38 heridos, entre civiles y efectivos policiales, además de un patrullero del Escuadrón de Emergencia incendiado.

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Lo que revela el acta de la Defensoría del Pueblo sobre las demandas de Ucayali

El 12 de agosto, un día antes de la reunión decisiva con el Gobierno, la Oficina Defensorial de Ucayali ya había reunido a representantes del Frente de Defensa, gremios de transporte y organizaciones de salud y educación. En ese primer encuentro, la plataforma de lucha original constaba de 11 puntos. El objetivo fue ordenar esas demandas y trasladarlas a las entidades competentes. Un día después, en la mesa de diálogo del 13 de agosto, el pliego se amplió a 15 puntos, con precisiones y nuevas demandas de cada sector.

El sector transporte puso en la mesa un dato técnico que preocupa a la población: el combustible que circula en la región tendría 3,030 partículas de azufre por millón. La norma permite solo 50. Los transportistas advirtieron que ese nivel de contaminación daña sus unidades vehiculares y afecta la salud de los usuarios. Por eso pidieron un decreto supremo que declare la región en emergencia.

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Campo Verde presentó uno de los reclamos más duros del acta. El hospital del distrito lleva años sin funcionar pese a una inversión de S/ 36 millones en infraestructura y S/ 18 millones en equipamiento médico. Parte de ese equipo ya se deterioró por el tiempo transcurrido sin uso. A eso se suma un proyecto de agua potable que, según los representantes, está ejecutado desde hace una década pero nunca fue entregado. Sectores de la población recolectan agua de lluvia porque no tienen otra opción.

El acta también recoge un problema que golpea la vida diaria de miles de familias: más del 85% de los predios rurales de Campo Verde no cuenta con documentación que acredite su situación legal. Esa falta de saneamiento físico-legal no solo genera inseguridad para los propietarios. También bloquea la ejecución de obras públicas en salud y educación, porque el Estado no puede invertir en terrenos sin título.

En educación, los representantes denunciaron presuntos actos de corrupción en la UGEL Coronel Portillo y pidieron evaluar la permanencia de la directora. Mencionaron además el caso de la Universidad Nacional de Ucayali, que en ese momento acumulaba más de 78 días de protesta interna. La comunidad universitaria exige la destitución del rector y del vicerrector académico, pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

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El enfrentamiento en Campo Verde deja 38 heridos y un patrullero incendiado

El bloqueo en Campo Verde no cedió pese al anuncio del fin del paro. La población de ese distrito mantuvo la vía tomada porque ninguna de sus demandas —hospital, agua potable, saneamiento de predios— quedó resuelta en el acuerdo firmado por el gobernador con los gremios de transporte. Esa resistencia se topó con la decisión de la Policía Nacional de despejar la carretera, bajo el argumento de que la huelga ya había sido levantada oficialmente.

El choque entre manifestantes y agentes dejó un saldo de alrededor de 38 heridos, entre civiles y policías. Un patrullero perteneciente al Escuadrón de Emergencia terminó incendiado durante los disturbios. La Defensoría del Pueblo hizo seguimiento paralelo a la situación de las personas intervenidas: reportó, en un primer momento, 11 personas trasladadas a la Dirincri de Pucallpa, cifra que horas después actualizó a 13 detenidos, entre ellos un menor de edad.

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La institución tomó contacto con la jefa de la Micro Red de Salud de Campo Verde, Liz García, y con el jefe de la comisaría del distrito, para conocer el estado de los heridos y el avance de las diligencias. Familiares de los detenidos exigieron garantías para el respeto del debido procedimiento. La Defensoría anunció que continuará supervisando la intervención policial y las condiciones de las personas detenidas.

El episodio expone la fractura de fondo del conflicto: un acuerdo firmado con un solo sector no bastó para apagar una protesta que nació con demandas mucho más amplias. Mientras el Gobierno regional daba por resuelto el paro, una parte de la población seguía exigiendo respuestas que nunca llegaron a la mesa de negociación.

La parlamentaria justificó su pedido en los "evidentes problemas logísticos" que, según ella, vienen afectando el ejercicio de la labor parlamentaria en la nueva sede bicameral. Invocó su función de fiscalización y el derecho de acceso a la información que le corresponde como legisladora.

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El oficio no se queda en generalidades. Vásquez pide el monto total de recursos asignados a la Unidad Ejecutora Senado, con el desglose entre presupuesto de apertura y presupuesto modificado. También solicita la fuente de financiamiento, la genérica y específica de gasto, y los montos certificados, comprometidos, devengados y pagados.

Pide, además, el saldo presupuestal disponible y un listado completo de los inmuebles usados por el Senado, con su condición jurídica, el número de oficinas habilitadas y el costo de cada adecuación.

El reclamo llega después de que la propia senadora expusiera públicamente las condiciones de su despacho. No es un pedido aislado: se suma a las quejas de otras bancadas sobre el reparto de espacios en la nueva sede del Congreso. Ese es el trasfondo que explica el tono del oficio y que desarrollamos a continuación.

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Oficinas sin baño, techos con moho y despachos vacíos sin asignar

La denuncia de Vásquez sobre su propio despacho antecede al oficio y ayuda a explicar por qué lo envió. La senadora reveló que su oficina funciona en una azotea del edificio del Congreso, una zona que, según contó, había sido declarada inhabitable durante el periodo en que ella presidió el Parlamento. El espacio fue acondicionado con paneles de drywall y tiene tres ambientes reducidos.

Uno de esos ambientes debe albergar a todo el personal de su despacho, pero el tamaño no alcanza para el equipo completo. Otro funciona como sala de reuniones. El tercero, el despacho principal, está pegado a una pared antigua con presencia de moho. Ninguno de los tres cuenta con baño propio: para llegar al servicio higiénico más cercano, el personal debe cruzar un patio y recorrer varios pasadizos alrededor del edificio.

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Vásquez cuestionó además la explicación que recibió de la Oficialía Mayor. Forno le dijo que el edificio principal, ubicado en la avenida Abancay, solo tenía capacidad para doce despachos, un número insuficiente para los senadores que debían instalarse ahí. Sin embargo, cuando la propia senadora recorrió las instalaciones, encontró varios despachos vacíos. Al plantear la contradicción a Forno, la respuesta fue que la disponibilidad de un espacio no garantiza su asignación.

El problema no es exclusivo del Senado. Distintas bancadas de oposición en la Cámara de Diputados denunciaron también oficinas mal acondicionadas en un edificio nuevo de la avenida Abancay con jirón Junín. Cada despacho cuenta con apenas 60 metros cuadrados para albergar a un diputado y siete trabajadores.

Durante la reunión se coordinaron operaciones de control territorial, recuperación de espacios públicos y prevención de delitos. También articularon el despliegue de las unidades policiales en todas las regiones del país.

Algunos interpretaron la reunión del alto mando policial como señal política o estratégica dentro del contexto de la seguridad ciudadana y la relación con el Poder Ejecutivo. Otros la consideraron como respaldo a presuntas tensiones entre las directrices del Gobierno y la cúpula policial.

En la víspera, la mandataria manifestó que la continuidad de Arriola en el cargo está relacionada con el trabajo coordinado con el Ministerio del Interior, César Astudillo, y con el cumplimiento de los objetivos trazados en materia de seguridad ciudadana.

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“Esa decisión no va a depender solamente de mí, sino también del Ministerio del Interior con el que estamos en constante comunicación”, declaró Fujimori.

La reunión de coordinación con el comando operativo a nivel nacional para fortalecer la respuesta policial frente a la delincuencia fue liderada esta mañana por el mismo comandante general y participaron integrantes del alto mando institucional como el teniente general PNP Fredy López Mendoza, jefe del Estado Mayor General; y el teniente general PNP Augusto Javier Ríos Tiravanti, inspector general.

También el teniente general PNP Luis Jesús Flores Solís, jefe del Comando de Operaciones Policiales; y el teniente general PNP Manuel Elías Lozada Morales, Director Nacional de Investigación Criminal; entre otros generales.

A través de sus cuentas oficiales, la PNP señaló que “cada decisión tomada en esta sala (Sala de Crisis de la Comandancia General) tiene un propósito que va más allá de un mapa o una estrategia: que nuestros ciudadanos puedan caminar por sus calles, regresar a casa y encontrarse nuevamente con sus familias con mayor tranquilidad”.

La reunión generó una serie de críticas y comentarios como “por dignidad renuncie”, “lo que se necesita son resultados reales”, “la limpieza, el orden y la seguridad empieza por casa”, etc.

Horas antes, delincuentes armados habían atacado un vehículo de servicio interprovincial de la empresa Z Buss en la Panamericana Norte.

No obstante, en su cuenta de Facebook, escribieron “la Policía Nacional de todos los peruanos mantiene firme su compromiso de trabajar día y noche, anticipándose al delito, fortaleciendo la presencia policial y llevando seguridad allí donde la ciudadanía más la necesita”.

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Los usuarios siguieron arreciando con sus comentarios: “se siguen burlando de los peruanos”, “como se ríen del pueblo”, “adiós Arriola”, entre otras frases.

La reunión del alto mando se dio justo luego de que la jefa de Estado vinculara la permanencia de la actual conducción policial con el cumplimiento de objetivos operativos y con la capacidad de las fuerzas del orden para producir resultados concretos contra la delincuencia.

Fujimori afirmó que el Ejecutivo continuará respaldando a las unidades policiales que destaquen por sus acciones contra la delincuencia, con la expectativa de que estos esfuerzos contribuyan a mejorar los resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Asimismo, destacó la necesidad de brindar respaldo público a las comisarías y al personal policial que trabaja en primera línea, con el objetivo de fortalecer la moral institucional frente a la criminalidad.

En la mesa directiva lo acompañan la diputada Jessica Pérez Quispe de Juntos por el Perú como vicepresidenta y Harvey Colchado Huamaní de Ahora Nación como secretario. Los parlamentarios sesionarán los lunes a las 4.00 p. m.

En su discurso, el titular del grupo de trabajo señaló que la denuncia sobre el caso del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, será el primer tema en la agenda.

"Es el primer caso que vamos a ver, ya está presentada formalmente esa denuncia. Vamos a pasar a lo que es la etapa de la investigación", indicó el parlamentario.

Ante las consultas sobre la transparencia en las investigaciones, Albañil reiteró que actuarían con neutralidad al abordar los temas. "Por supuesto, la imparcialidad va a ser nuestro trabajo como Comisión de Ética. No va a haber ningún blindaje de ningún caso, respetando siempre lo que siga el Reglamento del Congreso y de la Cámara de Diputados".

Julián Pérez Mallqui rechaza los cargos

Tras ser denunciado por su expareja, Laura Bonilla Valerio, por presunta agresión física y psicológica en una comisaría del distrito de San Miguel, el diputado Julián Pérez Mallqui rechazó las imputaciones y actualmente se encuentra enfrentando el proceso en libertad.

"Rechazo profundamente todo lo que se me ha imputado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría", indicó el diputado tras salir de la comisaría. Además, durante una entrevista vía RPP, señaló que la denuncia se originó por un "tema de cólera" y volvió a negar haberla agredido. "Yo rechazo tajantemente la agresión física hacia la mujer", manifestó.

Se recuerda también que a raíz de la denuncia de la expareja de Pérez Mallqui, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, integrante de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal ante el Congreso por faltas éticas. El documento solicita la suspensión del ejercicio del cargo y el descuento de haberes por 120 días.

Asimismo, Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, señaló que desde su propia bancada ya se ha solicitado la suspensión del legislador a la espera de que el caso sea visto formalmente por la Comisión de Ética.

La comisión tendría un integrante por cada bancada del Congreso. El texto de la moción exige respetar los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en su conformación. Su periodo de funciones cubriría el año legislativo 2026-2027, contado desde el momento de su instalación. La moción aún debe pasar por el pleno de la Cámara de Diputados antes de convertirse en comisión formal.

La diputada Jaqueline Tapullima, de la región San Martín, respaldó la iniciativa y mencionó el caso de Quinto Inuma Alvarado, líder indígena asesinado en 2023. Según Tapullima, hubo amenazas y alertas previas al crimen que el Estado no atendió. La parlamentaria calificó la comisión como "un paso esencial para otorgar justicia" a las comunidades afectadas por este tipo de violencia en su región.

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¿Qué investigará la comisión y con qué herramientas?

Avendaño explicó a La República que las responsabilidades que busca establecer la comisión investigadora recaen en general sobre el Estado, porque distintas entidades tienen competencia en la protección de defensores ambientales. La diputada citó como antecedente el Decreto Supremo 004-2021-JUS, la norma del Ministerio de Justicia que creó un mecanismo de protección para este grupo, tras la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso anterior.

La lista de víctimas que abordará la comisión todavía no está cerrada. Avendaño señaló que el grupo de trabajo irá construyendo esa relación durante la investigación. Además del caso de Quinto Inuma Alvarado, la parlamentaria mencionó los asesinatos de defensores del territorio ashaninka como parte de los hechos que la comisión debe revisar.

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La parlamentaria aseguró que la participación de comunidades y familiares de víctimas estará garantizada por la composición regional de su bancada. Juntos por el Perú tiene representación mayoritaria de las regiones del país, según Avendaño, lo que la bancada usará como canal directo con organizaciones sociales y con los afectados por estos casos, en lugar de limitar el proceso a expertos o funcionarios en Lima.

Sobre las facultades del grupo de trabajo, la diputada precisó que una comisión investigadora puede citar tanto a funcionarios públicos y servidores del Estado como a entidades privadas. El objetivo, dijo, es reunir información sobre las acciones que tomaron las autoridades ante los conflictos territoriales que terminaron en violencia contra defensores ambientales.

Avendaño indicó que ya sostuvo conversaciones con otras bancadas de oposición y que existe coincidencia sobre la necesidad de mecanismos de protección para estas comunidades. La moción se presentó la semana pasada, según precisó, y su bancada espera respaldo cuando el texto llegue al pleno. La parlamentaria no detalló si hubo acercamientos con Fuerza Popular, bancada con mayoría en el actual Congreso.

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El antecedente del Acuerdo de Escazú

El Congreso peruano archivó el Acuerdo de Escazú en más de una ocasión desde 2020. Ese tratado regional, vigente desde 2021 para los países que lo ratificaron, establece estándares de protección más altos para defensores del ambiente y del territorio. Perú no forma parte de ese marco normativo, pese a las alertas de organismos internacionales sobre el riesgo que enfrentan estos líderes en el país.

Consultada sobre ese antecedente, Avendaño respondió que el tema "puede ser nuevamente abierto" desde la Comisión de Constitución y Relaciones Exteriores, instancia que rechazó el acuerdo en su momento. La diputada planteó ese debate como un espacio paralelo a la comisión investigadora, aunque no precisó qué gestiones concretas impulsará su bancada para reabrir esa discusión.

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La parlamentaria también respondió a quienes cuestionan la utilidad de crear un grupo nuevo, en lugar de fiscalizar desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que ya existe. Avendaño argumentó que esa comisión ordinaria ahora reúne temas como inclusión social, mujer y familia, además de pueblos indígenas, lo que a su juicio reduce el tiempo disponible para profundizar en los casos de defensores ambientales.

Sobre las fallas del mecanismo de protección del Ministerio de Justicia, la diputada mencionó quejas por falta de presupuesto registradas hace más de un año, que incluso afectaron servicios básicos de la entidad encargada. Avendaño afirmó que organizaciones de derechos humanos solicitaron información sobre los avances de ese mecanismo y no obtuvieron respuesta, lo que interpretó como una señal de desatención estatal frente al problema.