En una entrevista para el programa 'Beto a saber', la abogada detalló que García consultó directamente a los entonces candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Ollanta Humala, sobre su disposición frente a esta medida.

“Lo que voy a contar a continuación me lo contó Alan García, y no deja bien a mi buena amiga Keiko, pero dice que les preguntó a Keiko y a Humala finales de su gobierno, o sea, finales del 2011, si antes de irme yo indulto”, relató en referencia al etnocacerista y al exdictador Alberto Fujimori.

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Flores Nano sostuvo que habría una consideración política, ya que Alan García necesitaba el respaldo de los candidatos que pasaban a segunda vuelta en ese momento. Tras la revelación, el conductor Beto Ortiz respaldó la versión. “Yo también he escuchado ese chisme y no es de peluquería. Tengo fuentes que me han contado”, expresó.

La abogada continuó con su relato y mencionó que las respuestas fueron distintas. “Ollanta dijo sí, y mi buena amiga Keiko dijo no”.

El exmandatario salió de prisión en diciembre de 2023. Ello ocurrió tras un fallo del Tribunal Constitucional que validó el indulto concedido originalmente en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. La orden de libertad se cumplió pese a los cuestionamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se oponía a la salida del exdictador.

La conversación surgió a raíz de un debate sobre los rumores del indulto a Pedro Castillo. Flores calificó como una coincidencia la designación de Leslie González Cabanillas, abogada de origen chotano e hija de amigos cercanos a Castillo, en la Comisión de Gracias Presidenciales.

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Para la abogada, un eventual indulto sería una "clarísima intromisión en un proceso que está en curso" y un acto de "politiquería" para favorecer a un aliado. Además, también opinó sobre la renuncia de Álvaro Hensler de Transparencia, organización que promueve la observación electoral. “Me da la impresión que ha caído un poco en la ideologización de sus miembros”, señaló.

El pitazo inicial lo realizó el Jurado Electoral Lima Centro 1 ayer al mediodía. En una audiencia pública se leyeron los resultados correspondientes a los distritos de Breña, Jesús María y Lince.

En esas tres jurisdicciones se contabilizaron 1.816 mesas, 1.755 actas contabilizadas y 61 actas observadas. En total, 417 mil electores votaron en esos distritos y todas las mesas se instalaron.

En Breña, Rafael López Aliaga obtuvo 18.411 votos, seguido por Jorge Nieto con 13.683 y Keiko Fujimori con 11.518. La situación en Jesús María y Lince no fue muy distinta: López Aliaga alcanzó 30.684 y 19.656, respectivamente; Nieto, 19.926 y 11.966; y Fujimori, 9.662 y 7.694.

Tras la lectura de la resolución, se concluyó la sesión y los miembros del Jurado Electoral Especial (JEE) firmaron el acta para dar conformidad al veredicto. Cabe precisar que los personeros de los partidos políticos también debían suscribir este documento, pero no había ninguno presente.

De igual forma, el JEE de Lambayeque informó que concluyó el conteo de votos en las provincias de Trujillo y Virú. En estas dos jurisdicciones se instalaron 1.392 y 283 mesas, respectivamente. Y se registraron en total 1.525 actas contabilizadas y 150 observadas (31 de ellas fueron sometidas al recuento de votos).

Avance del conteo al 100%

Hasta el momento, en lo que respecta a Lima, 29 de los 43 distritos ya han completado el conteo del 100% de sus actas. Se espera que hoy los Jurados Electorales Especiales realicen la proclamación de resultados.

Asimismo, a nivel de regiones, 11 de las 25, según la web de la ONPE, ya culminaron el conteo. De las restantes, en su mayoría, han sobrepasado el 99%. Solo San Martín (98,4%), Piura (98,3%), Ucayali (98%) y Madre de Dios (97,4%) van con cierto retraso.

El resultado en los distritos limeños confirma el apoyo mayoritario a la candidatura de Rafael López Aliaga. En 26 de ellos, el candidato de Renovación Popular aparece en primer lugar, mientras que en los otros 17 las preferencias van para Keiko Fujimori. Entre ambos se reparten la totalidad de estas jurisdicciones y en ninguna aparece Roberto Sánchez entre los tres primeros.

Sin embargo, la mirada a nivel regional es muy distinta. El líder de Juntos por el Perú obtuvo el primer lugar en 11 regiones (tres de ellas ya con el 100% de actas contabilizadas). Igual número ostenta Fujimori (siete de ellas ya con el 100% de actas contabilizadas).

Por su parte, Belmont gana en Tacna y Nieto en Arequipa. Rafael López Aliaga solo aparece entre los tres primeros lugares en Arequipa (tercera posición) y Callao (segunda posición).

Intentos por retrasar resultados

De esta forma, la proclamación oficial de los resultados continúa, pese a los intentos y pedidos de un sector liderado por el candidato Rafael López Aliaga de alargar la contienda en primera vuelta.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo —que presentó, a nombre de la Municipalidad de Lima, un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la decisión del JNE de declarar inviables unas elecciones complementarias— instó al TC a pronunciarse sobre su medida cautelar, antes de que se anuncien los resultados del 12 de abril.

“En tanto esos vecinos no voten, desde mi modesta opinión, es un resultado ilegítimo. El derecho a votar tiene que resarcirse y es por eso que invocamos al Tribunal Constitucional para que emita una opinión en estas horas, porque no vaya a ser que lo haga luego de que el Jurado Nacional de Elecciones de sus resultados oficiales”, sostuvo.

El burgomaestre insistió en que “cientos de miles” de limeños no pudieron votar. Alegó que si su pedido es resuelto luego de que el JNE emita sus resoluciones, el Tribunal Constitucional le dirá que “actuó fuera de plazo”.

Resultados de los peruanos en el extranjero

El JEE Lima Centro 2 proclamó los resultados de la elección presidencial correspondiente al distrito electoral de peruanos en el extranjero. Esta jurisdicción registró 2.543 mesas de sufragio instaladas, distribuidas en los cinco continentes. 48 mesas no lograron ser instaladas.

En total, 411.007 ciudadanos en el extranjero emitieron su voto, de un total de 1.192.224 electores hábiles, según informó el JEE. Los votos nulos fueron el 6,9% y los blancos alcanzaron el 18,2%. Aquí Rafael López Aliaga obtuvo el primer lugar con el 24,9%, seguido de Keiko Fujimori con 17% y Carlos Álvarez con 11,8%.

La agenda consiste en el debate de cuatro predictámenes. Tres de estos documentos recomiendan el archivo de las iniciativas, mientras que uno sugiere la inhibición por falta de competencia, debido a que las propuestas coinciden con leyes ya vigentes o presentan dificultades de implementación jurídica.

El primer punto de la agenda es el Proyecto de Ley 13678, de autoría de la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani. La propuesta plantea crear un módulo público dentro del Registro Único de Víctimas y Personas Agredidas (RUVA) para exhibir datos y fotos de agresores sexuales sentenciados. Sin embargo, el predictamen negativo señala que la medida contraviene el artículo 139 de la Constitución sobre la resocialización del penado y la Ley de Protección de Datos Personales. El informe también catalogó el proyecto como innecesario, pues el intercambio de esta información ya se realiza entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional.

“Constituye una medida redundante que no aporta un valor agregado sustancial al sistema de prevención vigente, por lo que no supera el análisis de necesidad exigido por la racionalidad normativa, quedando desvirtuado el principal sustento de la propuesta legislativa”, se lee en el documento.

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Al respecto, en diálogo con La República, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advirtió que la Comisión de la Mujer insiste en medidas que no atacan la raíz del problema. "Hay que fortalecer los mecanismos ya existentes y dotar de presupuesto a las políticas de prevención de la violencia sexual, en lugar de normalizar la violencia o buscar soluciones que no terminan solucionando un problema que es estructural", señaló.

Asimismo, se analizará el Proyecto de Ley 13891, presentado por la parlamentaria Nieves Limachi Quispe. Esta iniciativa busca prohibir la exposición de menores de cinco años a situaciones de riesgo o hechos delictivos. El predictamen negativo concluye que la propuesta es reiterativa, ya que el ordenamiento jurídico actual, a través de la Ley 30364 y el Código de los Niños y Adolescentes, ya establece mecanismos de protección y sanciones para estas situaciones.

Según el documento, el proyecto solo expresa un buen deseo o una intención, pero no establece mandatos claros ni soluciones prácticas para la ciudadanía. Por otro lado, la iniciativa viola la Constitución al proponer medidas que generarían gastos públicos, una facultad que los congresistas no tienen, ya que solo el Poder Ejecutivo puede decidir sobre el uso del presupuesto nacional. Además, se calificó a la propuesta como 'inoficiosa'.

“La norma declarativa está constituida por una afirmación pura y simple que constituye un mandato, sin requisitos ni supuestos previos; y tienen la particularidad excepcional de carecer de un supuesto explícito (…) Conforme al artículo 79 de la Constitución, los congresistas no están facultados para ello [generar gasto], toda vez que es competencia del Ejecutivo, en el marco de la atribución establecida en el numeral 17 del artículo 118 de la Constitución, la presentación de iniciativas que generen gasto”.

Para la especialista, este proyecto carece de una revisión profunda sobre la realidad social. "Al no distinguir entre un acto delictivo y una situación de precariedad, la ley permitiría intervenciones desproporcionadas contra familias pobres, muchas veces indígenas o migrantes, que trabajan en las calles por falta de oportunidades, criminalizando la pobreza en lugar de ofrecer soluciones", explicó Pariona a este medio.

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Por otro lado, la comisión evaluará el Proyecto de Ley 13924, impulsado por el congresista Esdras Medina Minaya, de Renovación Popular. El proyecto propone modificaciones para supervisar el régimen de visitas y fortalecer la tenencia compartida. Sin embargo, el informe de los expertos recomienda su archivo al considerar que la iniciativa es repetitiva respecto a la Ley 31595. El predictamen sostiene que la supervisión ya forma parte de las atribuciones actuales de los jueces de familia, por lo que la norma no modificaría la situación jurídica existente.

“Esta Comisión concluye que si bien el problema que expresa el proyecto de ley es real y el derecho de los niños y adolescentes al vínculo con ambos progenitores merece plena tutela estatal, la solución planteada resulta inoficiosa porque duplica funciones que el ordenamiento jurídico ya atribuye a los Equipos Multidisciplinarios del Poder Judicial, vulnera la distribución orgánica de competencias al asignar al Congreso una atribución reservada al Poder Ejecutivo en materia de organización ministerial, e interfiere en la fase ejecutiva de los procesos judiciales de familia, invadiendo la esfera exclusiva del Juez especializado”.

Pariona coincidió en que el Parlamento suele legislar sobre funciones que ya están vigentes. "El problema rebasa a iniciativas que duplican normas. Las políticas de infancia terminan siendo la última rueda del coche: no tienen presupuesto ni personal suficiente, y las soluciones no pasan por crear más leyes inoficiosas, sino por una política integral de protección social real", enfatizó.

El último tema en agenda es la evaluación del Proyecto de Ley 3679 de la congresista Katy Ugarte, el cual busca declarar de interés nacional la protección de datos personales de menores en entornos digitales. En este caso, el predictamen recomienda derivar el Proyecto de Ley a la Comisión de Justicia, ya que la propuesta está vinculada a la protección de datos personales y entornos digitales. Además, según el documento, la iniciativa de la congresista Ugarte “tienen la particularidad excepcional de carecer de un supuesto explícito y, por lo tanto, no se adecúan a la fórmula general y son dictadas como afirmaciones válidas por sí mismas”.

Sobre la falta de sustento en estas propuestas, la experta cuestionó las prioridades de la agenda legislativa liderada por Milagros Jáuregui. "Mientras otras formas de violencia contra la infancia están invisibilizadas, nos gustaría ver que la Comisión se preocupe por temas reales, como las niñas de la Amazonía que esperan justicia o la educación sexual integral para evitar embarazos forzados", sentenció.

La sesión de este 12 de mayo determinará si estos proyectos pasan al archivo o si los congresistas sustentan cambios que reviertan lo dicho en los informes.

En el documento, los rectores calificaron como "sumamente grave" que el Congreso haya intentado acelerar la aprobación de esta norma mediante mecanismos que evitan un análisis profundo. Según el registro oficial del portal legislativo, el proyecto fue exonerado de dictamen por acuerdo de la Junta de Portavoces, lo que permitió que la propuesta pasara directamente al Pleno sin pasar por la Comisión de Educación.

Para la Junta Nacional de Rectores, es inaceptable, ya que se ha impedido el debate sobre una materia que "compromete la autonomía y la estabilidad democrática de las universidades públicas". Los rectores advirtieron que esta forma de legislar vulnera la gobernabilidad universitaria y genera una incertidumbre innecesaria en el sistema educativo nacional.

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Durante la sesión del Pleno del pasado 7 de mayo, se presentó una cuestión previa para que el proyecto se evalúe en la Comisión de Educación. Sin embargo, el pedido fue rechazado con 47 votos en contra, provenientes mayoritariamente de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso. Tras este rechazo, el proyecto pasó a cuarto intermedio, lo que indica que la votación se retomará más adelante.

Cabe resaltar que los voceros de las bancadas de Juntos por el Perú y la Bancada Socialista oficializaron el retiro de sus firmas del proyecto. Asimismo, la organización señaló que, mientras se intenta alterar con urgencia las reglas electorales, existen temas críticos que el Congreso debería atender con prioridad. Entre ellos mencionaron la crisis presupuestal que atraviesan las casas de estudio, la implementación de las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), la mejora del bienestar estudiantil y el financiamiento de programas como Beca 18, además de la actualización de la remuneración docente.

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El comunicado también rechaza el argumento de que esta medida busque el "fortalecimiento del sistema universitario". Por el contrario, los rectores sostienen que la propuesta debilita la institucionalidad. Recalcaron que cualquier cambio en la reelección debe ser consensuado de manera transparente con docentes, estudiantes y trabajadores administrativos.

La Junta Nacional de Rectores reafirmó su compromiso con la defensa de la autonomía universitaria reconocida en la Constitución y advirtió que cualquier alteración sin consenso académico podría afectar directamente a miles de estudiantes y trabajadores a nivel nacional. Por ello, instó a los parlamentarios a actuar con responsabilidad y respeto por la democracia universitaria.

“Lo que ha hecho el Congreso contra Delia Espinoza es un acto condenable de persecución política por parte de una mayoría parlametnaria abusiva, vengativa y autoritaria. (…) Ahora pretenden impedir que Delia Espinoza continúe en el cargo de decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), función que asumió legitimamente tras ser elegida hace menos de dos meses en un proceso electoral limpio. (…) Lo que buscan, en realidad, es aislar progresivamente y eliminar a sus adversarios políticos”, apuntó.

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El exlíder de la Diviac expresó su solidaridad con Espinoza. Además, aseguró que estos hechos contribuyen a la imagen negativa del actual Parlamento.

“La Dra. Espinoza fue destituida como fiscal suprema a través de una cuestioanda e injusta decisión adoptada por una Junta Nacional de Justicia que hoy opera en función de los intereses del Congreso. Por ello, expreso mi profunda solidaridad con la Dra. Delia Espinoza por el hostigamiento político que viene recibiendo por parte de este Congreso saliente que, lejos de intentar redimir su imagen ante el país, insiste en pasar a la historia de la manera más infame y autoritaria posible”, señaló.

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Delia Espinoza: colectivos rechazan nueva inhabilitación de la exfiscal de la Nación

Tras la aprobación en el Congreso de una nueva inhabilitación contra Delia Espinoza, actual decana del CAL, distintos colectivos ciudadanos anunciaron una movilización en su respaldo. Mediante publicaciones y afiches difundidos en redes sociales, convocaron a la población a concentrarse este martes 12 de mayo a las 5.00 p. m. en el jirón Junín 480, en el Cercado de Lima, a pocos metros del Parlamento.

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La protesta es promovida por organizaciones como Colectivo Mujeres Unidas, Justicia y Democracia y Derechos Humanos Perú. Desde estos grupos cuestionaron la actuación del Congreso y sostuvieron que la sanción impuesta contra Espinoza constituye un acto de abuso de poder y una forma de presión contra representantes del sistema de justicia.

En los mensajes compartidos por las agrupaciones se insiste en que ninguna autoridad debería ser perseguida por cumplir sus funciones. Además, las piezas gráficas incluyen frases como “No es justicia, es abuso de poder”, “La dignidad no tiene precio” y “Hoy la atacan a ella, mañana pueden ir por ti”. Los colectivos también convocaron a un “acto de mujeres en desagravio” y exhortaron a la ciudadanía a no normalizar “el abuso, el desgobierno, la intimidación y la corrupción”.

La convocatoria es impulsada por agrupaciones como Colectivo Mujeres Unidas, Justicia y Democracia, y Derechos Humanos Perú. Los organizadores cuestionan la actuación del Congreso frente a Delia Espinoza y aseguran que la medida aprobada por el Parlamento representa un abuso de poder y un intento de intimidación contra autoridades del sistema de justicia.

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Los mensajes compartidos por los colectivos también remarcan que 'ninguna persona debe ser perseguida por hacer su trabajo'. En las piezas gráficas aparecen frases como 'No es justicia, es abuso de poder', 'La dignidad no tiene precio' y 'Hoy la atacan a ella, mañana pueden ir por ti'. Otra de las convocatorias plantea un 'acto de mujeres en desagravio' a la exfiscal de la Nación y resalta pedidos de respeto a la institucionalidad.

Colectivos expresaron públicamente su respaldo a Delia Espinoza e invitaron a los ciudadanos a sumarse a la movilización convocada cerca del Congreso. En uno de los mensajes difundidos en redes sociales, los organizadores señalaron que el país no debe 'normalizar el abuso, el desgobierno, la intimidación y la corrupción'.

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Delia Espinoza cuestiona permanencia del Congreso tras su inhabilitación

La exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, criticó duramente al Congreso luego de que el Parlamento aprobara una nueva inhabilitación en su contra por 10 años. En declaraciones difundidas por medios de comunicación, la abogada afirmó que los actuales legisladores "no se dan cuenta de que se van a ir tarde o temprano", en referencia al poder temporal que ejercen desde el Legislativo.

Espinoza también cuestionó las decisiones adoptadas por el Congreso contra autoridades del sistema de justicia. Según indicó, las medidas aprobadas por el Parlamento afectan la independencia de instituciones encargadas de investigar casos de corrupción y delitos de poder. La exfiscal sostuvo que las acciones tomadas en su contra responden a intereses políticos y no a criterios estrictamente jurídicos.

Las declaraciones de Delia Espinoza se difundieron pocas horas después de que el Congreso oficializara la segunda inhabilitación en su contra, sanción que le impide ejercer cargos públicos durante 10 años. La medida fue aprobada por el Pleno del Parlamento luego de que se redebatiera la primera votación que impidió sancionarla. Con esta decisión, la exfiscal de la Nación suma una nueva sanción impuesta por el Legislativo.

El abogado del exjefe de Estado señaló que todavía no recibe la notificación oficial con los fundamentos de la resolución administrativa. Según explicó, ese documento permitirá conocer si existieron observaciones formales que puedan corregirse o si será necesario iniciar un nuevo trámite desde cero.

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Ayala declaró a RPP que la inadmisibilidad del primer recurso no impide que la defensa vuelva a intentar obtener una gracia presidencial. Indicó que el nuevo pedido será elaborado luego de revisar el contenido de la resolución emitida por la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia. También sostuvo que hasta ahora solo conoce la decisión por información difundida públicamente.

La defensa legal del expresidente afirmó que el objetivo es replantear la estrategia jurídica para insistir en su liberación. El exmandatario afronta procesos judiciales tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, hecho que derivó en su vacancia presidencial y posterior detención.

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Gobierno de José María Balcázar descarta evaluar un indulto para Pedro Castillo

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, descartó que el Gobierno de José María Balcázar evalúe conceder un indulto a Pedro Castillo. Durante declaraciones a la prensa, el titular de la PCM afirmó que esa posibilidad nunca formó parte de la agenda del Ejecutivo.

“Quiero como presidente del Consejo de Ministros dar unas generalidades: este proceso de indulto en el gobierno de nuestro presidente nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda”, declaró Arroyo ante medios de comunicación este 11 de mayo.

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Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, señaló que actualmente no existe ningún trámite activo relacionado con un eventual beneficio penitenciario para el exmandatario. El titular del sector precisó que anteriormente se presentaron cuatro solicitudes impulsadas por terceros y una formulada por el propio Castillo, aunque esta última fue declarada inadmisible.

El ministro también recordó que la legislación peruana establece requisitos específicos para conceder un indulto. Entre ellos, indicó que no debe existir un proceso judicial pendiente y que la persona solicitante debe contar con una sentencia firme o consentida. Según remarcó el sector Justicia, hasta el momento no existe ninguna acción administrativa en curso vinculada a un eventual beneficio para el expresidente.

La investigación fiscal apunta a que parte del dinero destinado a actividades partidarias no ingresó a las cuentas oficiales de la agrupación política. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, más de S/204.000 fueron depositados en la cuenta bancaria de William Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial. El reportaje indica que una parte de esos fondos también terminó en cuentas personales del propio legislador.

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El dominical reveló, además, que la Fiscalía detectó presuntas inconsistencias en la declaración de aportes no monetarios valorizados en S/27.400. Dicho monto correspondía al supuesto préstamo de un local para actividades partidarias en 2020. Sin embargo, la persona consignada como aportante declaró ante las autoridades que nunca cedió el inmueble para la campaña política.

Otro de los cuestionamientos contra el líder de Juntos por el Perú corresponde a las sanciones impuestas por la ONPE. El organismo electoral ratificó recientemente una multa de S/88.000 contra el partido debido a la presentación de recibos sin las firmas de los presuntos donantes. A ello se suma el incremento patrimonial de Roberto Sánchez, quien pasó de declarar S/14.000 en 2021 a más de S/500.000 en 2025, según sus declaraciones juradas.

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Fiscalía acusa a Roberto Sánchez de ocultar aportes y presentar información falsa ante la ONPE

El Poder Judicial programó para el próximo 27 de mayo una audiencia virtual para evaluar el nuevo auto de enjuiciamiento contra Roberto Sánchez. En esa sesión, el juzgado determinará si el caso avanza oficialmente a juicio oral. La Fiscalía busca que el proceso entre a la etapa final para debatir las pruebas reunidas durante la investigación.

El caso se originó hace seis años tras las observaciones realizadas sobre los reportes financieros de Juntos por el Perú ante la ONPE. Las pesquisas fiscales señalan que el partido habría declarado aportes de campaña por S/0 pese a que sí existieron movimientos económicos relacionados con actividades políticas y recaudación de fondos.

Durante el reportaje emitido por Cuarto Poder, el candidato presidencial evitó responder preguntas sobre el origen del dinero que ingresó a sus cuentas personales. Un exdirigente de la agrupación, identificado como Leandro Cerna, afirmó además que nunca existió transparencia sobre los recursos obtenidos a nivel nacional por el partido político.

En medio del conteo oficial y la expectativa por los resultados oficiales de la ONPE, miles de ciudadanos siguen atentos al calendario electoral, ya que esta etapa no solo definirá al próximo presidente, sino que también marcará el rumbo político del país en los próximos años. Hasta el momento, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se verán las caras en la siguiente instancia.

¿Cuándo será la segunda vuelta de las presidenciales en Perú 2026?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales se realizará el domingo 7 de junio de 2026 en todo el territorio nacional.

En esta jornada, los peruanos volverán a acudir a las urnas para elegir al jefe de Estado entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta. Este proceso suele concentrar mayor atención mediática y política, debido a que define de manera directa al ganador de la contienda electoral.

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¿Qué pasa si ningún candidato supera el 50% de los votos?

Cuando ningún postulante alcanza la mayoría absoluta en la primera vuelta, el sistema electoral peruano establece automáticamente una segunda elección.

En esta nueva etapa participan únicamente los dos candidatos con mayor votación, quienes continúan en campaña para captar el respaldo de los electores que apoyaron a otras agrupaciones políticas. Este mecanismo busca garantizar que el presidente electo cuente con legitimidad y un respaldo mayoritario.

¿Qué cargos se eligen en las Elecciones Perú 2026?

En las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos no solo eligen al presidente de la República, sino también a los integrantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Por un lado, se define la fórmula presidencial completa —presidente y vicepresidentes— inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Además, se renueva el Congreso bajo un sistema bicameral, con la elección de diputados y senadores, lo que marca el retorno de este modelo parlamentario tras varias décadas.

Asimismo, los votantes eligen a los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, quienes cumplen funciones de representación internacional dentro del sistema andino.

Segunda vuelta 2026: por qué es clave para el futuro político del Perú

La segunda vuelta no solo define al próximo presidente, sino que también reconfigura alianzas, estrategias de campaña y el comportamiento del electorado. En este escenario, los candidatos deberán ampliar su base de apoyo para alcanzar la mayoría necesaria.

Con el avance del conteo oficial y la cercanía de esta etapa decisiva, el país se encamina a una elección final que marcará el rumbo político, económico e institucional del Perú.

Málaga ya se había posicionado internacionalmente sobre el tema meses antes. A fines de junio del 2022 participó en la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, en Lisboa, Portugal. Allí anunció un proyecto de ley para establecer una moratoria a la minería submarina en el Perú. La propuesta era relevante porque se trataba de una de las primeras iniciativas de este tipo en América Latina.

Tanto el viaje a Portugal como a Egipto fueron pagados con fondos públicos. Pero, cuatro años después, el proyecto nunca fue presentado ante el Congreso peruano.

El legislador Edward Málaga, que hoy pide la nulidad de las elecciones tras no lograr la reelección —obtuvo poco más de cinco mil votos con el partido País para Todos—, fue hace algunos años uno de los rostros más conocidos del Partido Morado vinculado con el discurso científico y tecnocrático. “Sin ciencia no hay futuro”, uno de los lemas que repetía el congresista elegido en 2021 con más de 67 mil votos.

Entonces, tenía lógica que se involucrara en temas relacionados con la ciencia y el medio ambiente.

EL REGISTRO DE LOS VIAJES

Según información oficial, Málaga y la congresista Heidy Juárez Calle viajaron a Lisboa en representación de la Comisión Especial de Cambio Climático. El evento se desarrolló entre el 27 de junio y el 1 de julio del 2022 y se centró en la protección de los océanos y los fondos marinos frente a las crecientes amenazas ambientales.

Entre pasajes, hospedaje, alimentación y viáticos, de acuerdo con información oficial del Congreso, el costo total del viaje ascendió a S/51.619.

Documentos revisados por La República consignan que Málaga sustentó parte de sus gastos en Portugal mediante una declaración jurada por US$756, bajo el concepto de "gastos varios". Durante su estadía en la capital portuguesa se hospedó en el hotel Santa Marta, ubicado en una de las zonas turísticas de la ciudad.

El propio informe de rendición de cuentas de los congresistas Málaga y Juárez señala: "En evento del Gobierno de Palau, WWF y Deep Sea Conservation Coalition, en el Altice Arena, varios países se reunieron para discutir el lanzamiento de la Moratoria a la Minería en Aguas Profundas por países del Pacífico (…) El congresista Málaga pronunció las últimas palabras al final del evento, lo que fue una excelente manera de concluir la discusión, posicionando al Perú en el centro del debate internacional sobre las medidas necesarias para la protección de los fondos marinos. (…) Hacia el final de su alocución, el congresista anunció el proyecto de ley de su iniciativa, con la finalidad de proteger los fondos marinos".

El documento agrega: "La discusión también arrojó luz sobre el proyecto de ley de protección de los fondos marinos que viene siendo trabajado por el despacho del congresista Málaga. El anuncio del proyecto de ley de protección de los fondos marinos fue un hito importante (…) Al final de la reunión, el congresista Málaga fue invitado por la legisladora francesa Marie Toussaint a formar parte de la Alianza Parlamentaria Global sobre Minería de Aguas Profundas".

LA VERSIÓN DE JUÁREZ

Consultada por La República sobre el proyecto, la congresista Heidy Juárez defendió el viaje a Lisboa y aseguró que "fue una misión oficial de representación debidamente autorizada por la Mesa Directiva del Congreso", lo que permitió "posicionar al Perú en el centro del debate internacional sobre la protección de fondos marinos".

También sostuvo que la participación peruana contribuyó a articular políticas relacionadas con la sostenibilidad pesquera y la cooperación internacional para la conservación oceánica.

Cuando se le preguntó sobre el proyecto de ley de moratoria de minería submarina, señaló que conocía del anuncio "porque trabajaban juntos", pero derivó a otro proyecto, presentado meses antes del viaje, sobre protección de ecosistemas marino-costeros frente a riesgos de la actividad petrolera.

Tras su viaje a Portugal hubo, por lo menos, un segundo desplazamiento vinculado al tema. Esta vez, Málaga viajó solo. De acuerdo con información oficial del Congreso, se dirigió dos veces a Egipto durante noviembre del 2022 para asistir a actividades de la COP27. Ambos desplazamientos sumaron S/11.543 adicionales.

Fue en dicho evento en el que Málaga, entonces pionero en la moratoria para las actividades extractivas de minerales en el océano, participó como ponente.

En total, el Congreso desembolsó más de S/63 mil en viajes relacionados con una iniciativa legislativa que nunca llegó a concretarse formalmente.

EL PROYECTO QUE NUNCA LLEGÓ

Consultado por La República sobre la ausencia del proyecto que anunció internacionalmente, Edward Málaga defendió su actuación y atribuyó la falta de presentación a su condición de congresista no agrupado.

"Un congresista no agrupado no tiene posibilidad de priorizar proyectos. Puede presentar los proyectos que quiera y muchas veces no son siquiera tomados en cuenta por las comisiones", argumentó.

Sin embargo, evitó explicar por qué anunció internacionalmente una propuesta legislativa que nunca ingresó al Parlamento. "Su medio es hostil con quienes no piensan como ustedes", respondió al principio.

Luego, cuando se le consultó por los más de S/51 mil destinados al viaje a Lisboa, señaló: "¿De dónde sabe usted que un viaje tiene que ver con la presentación de un proyecto?"

"¿DE DÓNDE SACA ESO?"

Cuando se le repreguntó recordándole que su propio informe de viaje señala que acudió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos para exponer el proyecto de moratoria, pidió que se le "envíen las preguntas por escrito".

Pero la Unidad de Investigación de La República ya lo había hecho antes. A inicios de abril se insistió vía WhatsApp para obtener sus descargos, pero nunca respondió.

Fuentes consultadas señalan que, cuando le recordaban que debía presentar el proyecto prometido, Málaga respondía que "primero debía bajarse a Pedro Castillo". Consultado al respecto, respondió: "¿De dónde saca eso?" y denunció una "persecución" en su contra.

Lo cierto es que, semanas después de su viaje a Egipto, Málaga sí presentó un documento ante el Congreso, pero nada sobre la protección de los fondos marinos: una moción de vacancia del expresidente Pedro Castillo por supuesta incapacidad moral permanente.

UN DEBATE PRIORITARIO

La minería submarina se dedica a la búsqueda de manganeso, níquel y cobalto en los fondos oceánicos profundos, para destinarlos a las baterías y tecnologías energéticas. Aunque todavía no existe explotación comercial a gran escala, la discusión internacional sobre sus riesgos y regulación se ha intensificado en los últimos años.

El director científico de Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, considera que discutir una moratoria era una propuesta razonable.

"Como promesa estuvo bien. Como país necesitamos poner una alerta en términos de una moratoria", señala.

Sin embargo, advierte que el Perú todavía conoce muy poco sobre sus fondos marinos y no tiene capacidad suficiente para supervisar actividades extractivas de este tipo.

"Literalmente, meterse a explotar un lugar donde no conocemos, es entrar a una cueva que puede estar llena de cristales en los cuales vamos a meterle un pico y un martillo", explica.

PRECAUCIÓN PARA EL FUTURO

El especialista Riveros sostiene, además, que ni siquiera se conocen con claridad los posibles impactos ecológicos de remover el fondo oceánico. "No sabemos realmente si, al sacar estos recursos del fondo marino, podría afectarse a especies comerciales como el jurel o la caballa", advierte.

El investigador de CooperAcción, Mauricio Pinzás, señala que el tema ya dejó de ser hipotético. Según sus evaluaciones, en el Perú ya existen 32 concesiones oceánicas vinculadas con minería submarina, además de más de 500 concesiones marino-costeras.

"Hemos identificado alrededor de 20 mil hectáreas de mar bajo concesiones oceánicas", afirma.

Pinzás agrega que el Perú enfrenta una situación de vulnerabilidad internacional porque no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), principal tratado que regula los océanos y los fondos marinos.

"No tenemos voz ni voto en las discusiones internacionales sobre cómo regular esta actividad", sostiene.

Mientras el Perú seguía sin discutir el proyecto anunciado por Edward Málaga, el debate internacional avanzaba. El representante en América Latina de Sustainable Ocean Alliance (SOA), Daniel Cáceres Bartra, participó como observador en las recientes sesiones del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, organismo que debate las reglas para una eventual explotación minera submarina a escala comercial.

TENDENCIA MUNDIAL

Cáceres sostiene que más de 34 países han solicitado formalmente una moratoria precautoria ante la falta de evidencia científica suficiente sobre los impactos ambientales de esta actividad.

"Sería la primera actividad comercial humana que podríamos regular antes de que empiece. La idea es no tener que lamentarnos después", señala.

En julio, la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos debatirá el denominado "Mining Code", el conjunto de reglas que definirá bajo qué condiciones se autorizaría la minería submarina a escala industrial.

Hoy, mientras el debate internacional sobre minería submarina evoluciona y decenas de países respaldan una moratoria precautoria, el proyecto anunciado por Edward Málaga, tras viajes pagados con el dinero de todos los peruanos, nunca llegó al Congreso.

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Para visualizar los resultados de la ONPE sobre el pase a la segunda vuelta entre Sánchez y López Aliaga, puedes hacer click AQUÍ.

La ONPE actualizará los últimos resultados cada 15 minutos. Hasta ahora, la distancia entre ambos candidatos es de 13.546 votos.

La entidad precisó que el pago se realiza según la modalidad elegida previamente por cada ciudadano, ya sea depósito en cuenta bancaria, billetera digital o cobro presencial. Además, quienes no registraron ninguna opción podrán acceder al dinero directamente en agencias del Banco de la Nación.

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¿Cómo cobrar los S/165 si fuiste miembro de mesa?

La ONPE informó a través de sus redes sociales las distintas modalidades de cobro de los 165 soles. Sigue estos pasos según tu caso:

Si elegiste depósito en cuenta o billetera digital

• El dinero está disponible desde el 28 de abril.
• Revisa tu cuenta en bancos como Banco de Crédito del Perú, BBVA o Scotiabank, o tu billetera digital.
• El pago puede aparecer con distintos nombres (por ejemplo: “movilidad” o “pagos varios”).
• Si el depósito fue rechazado, debes pasar al cobro presencial en el Banco de la Nación.

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Si elegiste cobro presencial

• Puedes cobrar desde el 29 de abril hasta el 31 de diciembre de 2026.
• Acércate a cualquier agencia del Banco de la Nación.
• Lleva tu DNI vigente.

Si no registraste ninguna modalidad o fuiste miembro de mesa de la cola

• También debes cobrar de forma presencial.
• Dirígete al Banco de la Nación con tu DNI.

Recuerda, el pago es solo para los miembros de mesa que sí ejercieron el cargo durante toda la jornada. Quienes no asistieron a cumplir su función recibirán una multa de 275 soles.

Frente a cientos de simpatizantes, el aspirante al sillón presidencial también cuestionó el rol de Keiko Fujimori en el escenario político actual. “Hoy más que nunca en el Perú se vive un gobierno parlamentario, donde la señora Keiko Fujimori gobierna”, declaró. Sus seguidores respondieron con arengas y aplausos mientras levantaban banderas y carteles.

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En otro momento de su intervención, Sánchez rechazó las denuncias de fraude electoral difundidas tras los resultados preliminares de la ONPE. El candidato afirmó que existe 'una voluntad que no quiere reconocer el voto popular' y criticó los intentos de anular votos provenientes de centros poblados alejados. 'Dicen fraude y quieren anular el voto de los centros poblados porque esos votos no les representa', expresó.

El legislador también aseguró que su agrupación mantiene coordinaciones con diferentes sectores para asegurar estabilidad política en caso de que llegue al Gobierno. 'Hemos confluido con diferentes fuerzas políticas y sociales para establecer un gobierno que nos dé gobernabilidad en estos cinco años', manifestó. Además, remarcó que defenderán los resultados electorales y dijo que 'esa voluntad ya ha dicho quién está en la segunda vuelta'.

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Roberto Sánchez pide identificar a responsables de muertes en protestas

Durante el mitin en Huaycán, Roberto Sánchez también se refirió a las protestas registradas durante el gobierno de Dina Boluarte y pidió sanciones para los responsables políticos de las muertes ocurridas en las movilizaciones del sur del país. 'No habrá nuevo comienzo si no identificamos a aquellos que autorizaron el uso de la fuerza', declaró ante sus simpatizantes.

El candidato cuestionó que, hasta el momento, no existan responsables sentenciados por las muertes reportadas durante las manifestaciones. 'Hoy en diferentes instancias se burlan y cubren con impunidad el asesinato de 50 hermanos', afirmó. Sus declaraciones provocaron la reacción inmediata del público presente en el evento político.

Roberto Sánchez insistió en que defenderá los votos obtenidos en las urnas y reiteró que el resultado electoral debe respetarse. 'Sabremos defender el voto popular, que es inminente', señaló. Luego añadió que la ciudadanía ya decidió quiénes participarán en la segunda vuelta presidencial.

La institución castrense detalló que el 9 de mayo, a las 21.00 horas, mediante información de inteligencia militar y una denuncia policial presentada por una ciudadana ante la comisaría de Alto Pataz, el Comando Unificado Pataz tomó conocimiento de la presencia de sujetos armados que habían tomado por asalto el nivel de labor minera 2820.

Ingresaron y realizaron disparos contra trabajadores y supervisores de dicha operación minera.

Sin embargo, mediante un planeamiento táctico-operativo y una intervención coordinada entre las FFAA y la PNP, una brigada especial logró sorprender a los delincuentes armados, quienes, al advertir la presencia militar y policial, hicieron disparos continuos y detonaron cargas explosivas, por lo que se produjo un enfrentamiento de fuego cruzado.

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La presión sostenida durante la operación obligó a los sujetos armados a emprender la fuga por el interior de la bocamina, al abandonar armamento de guerra, explosivos, municiones y pertrechos militares.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron un arsenal compuesto por tres fusiles automáticos ligeros (FAL) con series 53325, 55361 y uno con serie limada; asimismo, tres fusiles Galil sin número de serie, un fusil R15, serie MSA090540, tres escopetas sin número de serie, ocho cargadores de FAL, un cargador de R15, aproximadamente 1.000 cartuchos calibre 5.56 y 7.62, y 500 cartuchos de perdigón calibre 12.

Además, 25 cartuchos de explosivos, 10 paquetes de 20 unidades cada uno de fulminantes con cordón detonante, un rollo de cordón detonante eléctrico y un casco Kevlar.

Pese a un gran despliegue del Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (Cupaz), no se logró detener a ningún sospechoso de estas organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

Tampoco se ha determinado la procedencia del armamento. Expertos en seguridad consultados por La República dijeron que se requiere una investigación conjunta entre la Fiscalía, la Policía y la Contrainteligencia Militar para destapar una presunta red de corrupción.

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Según informes policiales, habría malos elementos uniformados que habrían vendido o alquilado armas y municiones a organizaciones criminales. El caso podría exponer la infiltración criminal en las Fuerzas Armadas.

“Nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional enfrentan operaciones complejas contra estructuras criminales que buscan sembrar violencia y mantener economías ilegales en la zona. El trabajo del Comando Unificado Pataz evidencia capacidad operativa, cohesión y firme decisión para proteger a la población, restableciendo el orden, el principio de autoridad con profesionalismo, valor y respeto al marco legal. Somos el Estado peruano presente y firme en defensa de la seguridad”, expresó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia.

Recalcó que el Comando Unificado Pataz continuará ejecutando operaciones integradas en el marco del estado de emergencia vigente, orientadas a preservar el orden interno, proteger a la población y combatir las actividades ilícitas vinculadas a la minería ilegal y las organizaciones criminales en la región.

Para el congresista fujimorista Eduardo Castillo Rivas, que siguió un camino similar y ahora tendrá a una de sus empleadas como colega en la Cámara de Diputados, esto forma parte de la “carrera política”.

“Eso es lo interesante de hacer vida partidaria”, señaló a La República.

Entre quienes fueron elegidos como diputados o senadores por el partido fujimorista Fuerza Popular, encontramos a algunos que ejercieron como congresistas, pero continuaron como empleados del aparato parlamentario tras perder sus escaños. Otros, menos conocidos, hicieron toda su vida laboral en el Poder Legislativo y ahora darán el salto a la representación nacional.

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LOS CUADROS DEL PARTIDO

Varios no nacieron ni residen en las regiones por las que postularon. Otros llegaron con votaciones reducidas, impulsados por el arrastre presidencial del fujimorismo.

Uno de los casos es el de Carmela Paucará Paxi. Militante fujimorista y exsecretaria personal de Keiko Fujimori, Paucará fue investigada por su implicación en el Caso Cócteles. Su experiencia laboral registrada empieza recién en 2020, como administrativa de Fuerza Popular. Luego pasó a ser coordinadora y, en 2023, ingresó al Congreso como técnica del despacho de la legisladora Rosangella Barbarán.

Su contratación fue cuestionada por falta de experiencia profesional, aunque Keiko Fujimori salió a defenderla públicamente. “Se cuestiona su legítimo derecho al trabajo y a sostener a su familia”, dijo. Paucará es un personaje clave en el caso de lavado del dinero de las donaciones clandestinas que recibió Keiko Fujimori de manos de poderosos empresarios.

Paucará no nació ni vive en Piura. Según su hoja de vida, su domicilio está en Villa El Salvador, Lima. Aun así, obtuvo una curul como diputada por esa región, favorecida por la alta votación del fujimorismo.

Su hermana, Jenny, también trabaja en el Parlamento desde 2018, rotando entre varias comisiones a cargo de Fuerza Popular.

Otro caso es el de Leticia Leiva Baylón. Según su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre 2018 y 2021 fue administradora de Fuerza Popular. Luego se incorporó al despacho del congresista Eduardo Castillo Rivas como técnica y asesora, puesto en el que continúa. Ahora ambos serán diputados.

Eduardo Castillo defendió esa dinámica en el Parlamento: “Me parece muy bien que la gente que se inmiscuya y conozca el tema congresal, también participe. Se comen el pleito en las elecciones y el pueblo les da la confianza”, afirmó.

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DE REGIONES AJENAS

Jaime Abensur Pinasco trabaja en el Congreso desde hace más de 20 años. Pasó por Relatoría y Agenda Parlamentaria hasta llegar a la Dirección General Parlamentaria.

Aunque reside en Lima desde hace años, postuló por la región Ucayali. Ya había intentado llegar al Congreso en 2021, pero por Lima, y sin éxito. Esta vez consiguió ingresar gracias al arrastre electoral de Fuerza Popular.

En octubre de 2025, Abensur fue identificado por el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo como responsable de facilitar la salida de una cámara institucional del Congreso, que luego apareció en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, en Trujillo.

Jaime Abensur pertenece a Fuerza Popular desde 2020 y, según la propia Keiko Fujimori, ambos se conocen desde la época en que ella fue congresista (2006-20011).

Otro caso similar es el de Rafael Celiz Castillo, elegido diputado por Tumbes, pese a que no vive allá, y toda su trayectoria personal y profesional transcurrió en Lima.

Ingresó al Congreso en 2008 como asesor de Luis Galarreta. Su contratación generó cuestionamientos porque se denunció que mantenía vínculos familiares y societarios con el entonces congresista (y actual candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular).

Rafael Celiz actualmente trabaja en el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso. Es un conocido participante de actividades del grupo conservador “Con Mis Hijos No Te Metas”, que promueve leyes que afectan los derechos de las mujeres.

LARGA VIDA CONGRESAL

Marco Antonio Pacheco Quispe ingresó al Congreso en agosto de 2016, a los 24 años, como técnico parlamentario. Ese mismo año, su hermana Lucía Pacheco Quispe también se incorporó al Legislativo.

Según su hoja de vida, la única experiencia laboral de Pacheco fuera del Congreso aparece recién en 2019, cuando trabajó como comunicador de Fuerza Popular. Luego retornó al aparato parlamentario y hoy ejerce como asesor de Rosangella Barbarán. A partir de julio de este año, ambos serán congresistas.

Mientras trabajaba en el Congreso, estudió Comunicación y Publicidad en la Universidad San Ignacio de Loyola. Los hermanos Marco y Lucía Pacheco son además militantes de Fuerza Popular desde 2010.

Flor Meza Rivera también desarrolló toda su trayectoria profesional en el Parlamento. Empezó en 2016, a los 22 años, como asistente de la congresista Úrsula Letona Pereyra.

Luego pasó por las comisiones parlamentarias y por la bancada de Fuerza Popular. En 2023 ingresó al cuestionado “Módulo de Personal de Confianza”, donde llegó a percibir más de 9 mil soles mensuales.

De ganar poco más de 1,200 soles en 2016 a superar los 10 mil soles al día de hoy, Flor Meza será diputada.

Cuando se le preguntó a Eduardo Castillo sobre trabajadores que hicieron toda su carrera dentro del Congreso, y sin experiencia previa fuera del aparato parlamentario, respondió: “Es muy bueno”.

“Soy el más claro ejemplo de que hay carrera política y carrera de trabajo acá en el Congreso”, añadió.

Y en efecto, lo es. Según su hoja de vida, Castillo registra experiencia laboral únicamente en el Congreso. Empezó en 2014 como coordinador de la excongresista Karla Schaefer y luego pasó por el despacho de Mártires Lizana, hasta convertirse él mismo en congresista.

EL MÓDULO DE CONFIANZA

Gilmer Trujillo Zegarra fue uno de los favorecidos por el denominado “Módulo de personal de confianza adicional”.

Este esquema fue creado en diciembre de 2022 mediante un acuerdo de la Mesa Directiva presidida por el general EP (r) José Williams Zapata. Permitía incorporar personal bajo criterios de confianza y sin exigencias equivalentes aplicados en los procesos regulares.

Trujillo fue incorporado a este régimen en enero de 2023 y percibió más de 9 mil soles mensuales. Luego se convirtió en asesor principal del congresista fujimorista Julio Jiménez Heredia.

Una investigación del programa periodístico “Cuarto Poder” reveló que este módulo costó millones de soles al Congreso. Solo durante la gestión de José Williams se destinaron más de S/2 millones a este personal adicional. Durante la presidencia de Alejandro Soto el gasto superó los S/3.1 millones. Y en la gestión de Eduardo Salhuana alcanzó los S/3.5 millones en apenas nueve meses.

Gilmer Trujillo ya había sido congresista entre 2016 y 2021. Durante ese periodo fue el artífice del archivo del Acuerdo de Escazú y respaldó iniciativas vinculadas a la contrarreforma universitaria.

LOS QUE NUNCA DEJARON EL PODER

La excongresista del Parlamento disuelto por el expresidente Martín Vizcarra, Karina Beteta Rubin, tampoco abandonó realmente el aparato legislativo tras perder su escaño.

Desde 2020 ocupó distintos cargos dentro del Congreso: asesora de Inteligencia, de Fiscalización, jefa de Participación Ciudadana, jefa del Fondo Editorial y asesora en comisiones controladas por Fuerza Popular.

Durante su gestión en el Fondo Editorial se publicó una historieta sobre la Constitución de 1993 que exalta la figura de Alberto Fujimori, borrando de la historia los crímenes del exdictador.

Cuando actuaba como legisladora, Beteta integró el grupo de chats de WhatsApp conocido como “La Botika”, en el que parlamentarios fujimoristas coordinaban ataques contra adversarios políticos.

Diethell Columbus Murata también volvió al aparato parlamentario, luego de haber ejercido en el periodo complementario 2020–2021. Desde entonces trabajó como asesor del grupo parlamentario Fuerza Popular, con ingresos de hasta 18 mil soles.

Durante su paso por el Congreso votó contra la ley que impedía postular a sentenciados en primera instancia y respaldó iniciativas vinculadas a la investigación parlamentaria contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el primer paso para la contrarreforma universitaria.

EXASESORES Y VIEJOS OPERADORES

Ángel Bobadilla Galindo trabajó entre 2017 y 2020 como asesor del congresista fujimorista Víctor Albrecht Rodríguez.

Durante ese periodo, Albrecht fue señalado por presuntos cobros ilegales cuando presidía la Comisión de Vivienda y Construcción. Según las investigaciones, exigía el 5% del presupuesto de obras para asegurar su aprobación.

En noviembre del 2023, Albrecht fue condenado a seis años de prisión tras hallarse armas y municiones sin licencia en su vivienda, durante un allanamiento relacionado con el caso Rich Port II, una trama de corrupción en el Callao que involucraba a la empresa de limpieza pública.

En 2025, Bobadilla volvió al Congreso, esta vez al Departamento de Comisiones. Ahora será diputado mientras su exjefe permanece prófugo.

VETERANOS EN NUEVOS ESCAÑOS

Miguel Torres Morales, además de candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, trabaja desde 2021 en el Parlamento. Pasó de asesor a jefe de gabinete con ingresos superiores a los 19 mil soles. Ya había sido congresista entre 2016 y 2019 y es uno de los dirigentes más cercanos a Keiko Fujimori.

Martha Chávez Cossío, una de las figuras históricas del fujimorismo y participante en la elaboración de la Constitución de 1993, también se mantuvo dentro del aparato parlamentario tras dejar su curul.

Desde 2021 ocupó cargos de asesoría vinculados a la primera vicepresidencia del Congreso, controlada sucesivamente por Fuerza Popular. El fujimorismo mantuvo ese espacio de poder mientras Chávez continuó como asesora y posteriormente se desempeñó como jefa de gabinete, con ingresos superiores a los 22 mil soles mensuales.

Marco Miyashiro Arashiro, excongresista fujimorista del periodo 2016–2019, trabaja desde agosto de 2021 como asesor de la Comisión de Inteligencia.

Carlos Mesía Ramírez, excongresista y exasesor de Renovación Popular, también logró un escaño en el Senado tras haberse desempeñado como coordinador general de asesores parlamentarios del partido.

De acuerdo con el portal de la ONPE, la lideresa fujimorista se ubica en el primer lugar con 17,173% (2.856.931 votos), Sánchez en segundo con 11,994% (2.001.700 votos) y, en tercer lugar, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con 11,917% (1.988.736 votos).

Hasta el momento, el congresista de JP se perfila para la segunda vuelta, mientras López Aliaga continúa con la narrativa de un supuesto fraude. La diferencia, por ahora, es de 12.964 votos. Sin embargo, la ONPE tiene pendiente enviar 406 actas observadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para que puedan resolverlas.

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Ahora bien, ¿en qué regiones se concentran las actas observadas pendientes de envío a los JEE? Lima encabeza la lista con 97 actas pendientes y, además, es la única circunscripción donde Rafael López Aliaga obtuvo la victoria.

En tanto, en las regiones donde lidera Roberto Sánchez, las actas pendientes se distribuyen de la siguiente manera: Cusco registra 51, San Martín suma 40, Cajamarca tiene 36, Madre de Dios reporta 13, Ayacucho cuenta con 11, Apurímac registra 10, Huancavelica tiene cuatro, mientras Moquegua y Puno presentan una cada una.

Es decir, en los departamentos donde ganó el congresista de izquierda, hay 167 actas pendientes por enviar a los JEE.

Por otro lado, en las regiones donde se impuso Fujimori, Piura concentra 101 actas pendientes, Ucayali registra 31, Áncash tiene cuatro y Callao suma cinco. No obstante, aunque Fujimori lideró en Piura, el segundo lugar en esa región fue para Sánchez, con más de 98.000 votos.

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En suma, en los departamentos donde ganó la candidata de Fuerza Popular, hay 141 actas pendientes por enviar a los JEE.

Roberto Sánchez se perfila como ganador en 11 regiones del Perú

En Amazonas, donde el conteo ya alcanzó el 100%, Sánchez se ubicó en el primer lugar con el 36,253% de la votación (59.932 votos). Más atrás quedaron Fujimori con el 17,363% (28.043) y Ricardo Belmont con el 10,637% (17.400). En tanto, López Aliaga obtuvo apenas el 3,689% (6.034).

En Apurímac, con el 99,241% de actas procesadas, Sánchez encabezó la votación con el 40,981% (91.764 votos). Lo siguieron Belmont con el 14,150% (28.232) y Alfonso López Chau con el 10,775% (21.498). Más abajo aparecen Fujimori y Charlie Carrasco, con el 6,890% y 4,352%, respectivamente.

Un panorama similar se registra en Ayacucho, donde, con el 99,421% de actas contabilizadas, el candidato de JP obtuvo el 31,334% (88.549 votos). Belmont quedó en segundo lugar con el 14,462% (40.871), apenas por encima de López Chau, quien alcanzó el 14,449% (40.833). Más relegados figuran Fujimori y Jorge Nieto con el 8,104% y 5,542%, respectivamente.

En Cajamarca, con el 99,151% de actas procesadas, Sánchez obtuvo un sólido respaldo del 41,628% (266.459 votos). Fujimori quedó en segundo lugar con el 13,860% (88.714), seguida por Belmont con el 10,984% (70.311). En cuarto lugar aparece Nieto con el 4,604% (29.469).

En Cusco, con el 98,720% de actas contabilizadas, Sánchez también mantiene una amplia ventaja con el 22,673% (155.795 votos). Belmont registra el 15,735% (108.119) y López Chau el 14,767% (101.469). Más atrás se ubican Nieto (8,941%), Fujimori (6,123%) y López Aliaga (4,752%, equivalente a 31.655 votos). En esta región aún quedan 51 actas por resolver en los JEE, por lo que la ventaja del candidato podría ampliarse.

En Huancavelica (99,686%), Sánchez volvió a marcar distancia con el 43,432% (75.013 votos). Detrás quedaron Belmont con el 13,536% (23.378), López Chau con el 9,237% (15.954), Fujimori con el 7,052% (12.180) y José Luna Gálvez con el 3,374% (5.828).

En Huánuco, donde ya se procesó el 100% de actas, Sánchez alcanzó 102.336 votos, casi duplicando la votación de Fujimori, quien obtuvo 52.987. Belmont se ubicó en tercer lugar con el 14,102% (48.360), mientras López Aliaga quedó cuarto con el 5,885% (20.181).

En Madre de Dios, con el 97,436% de actas procesadas, Sánchez lidera con el 23,360% (18.404 votos). Lo siguen Belmont con el 14,597% (11.500) y Fujimori con el 13,517% (10.649).

En Moquegua (99,827%), Sánchez obtuvo el primer lugar con el 12,870% (14.655 votos), superando por estrecho margen a Belmont, quien alcanzó el 12,191% (13.882). Aunque aún falta un acta por procesar, el resultado ya no alterará la posición de los primeros lugares.

En Puno, con el 99,971% de actas contabilizadas, Sánchez sumó el 24,962% (161.455 votos), por delante de Belmont, que obtuvo el 17,706% (115.230). A falta de una sola acta, la tendencia ya es irreversible. En tercer lugar quedó López Chau (11,339%), seguido por Yonhy Lescano (11,073%) y Ronald Atencio (5,241%).

En San Martín, con el 98,421% de actas procesadas, la disputa por el primer lugar sigue abierta. Sánchez lidera de momento con el 23,766% (91.314 votos), seguido muy de cerca por Fujimori con el 23,256% (89.354). Aún quedan 40 actas pendientes de resolución en los JEE.

En el primer caso, Amazonas ya registra el 100% de actas contabilizadas. En este departamento, Sánchez obtuvo el primer lugar con el 36,253% de los votos (59.932), seguido por Fujimori con el 17,363% (28.043) y Ricardo Belmont con el 10,637% (17.400). Por su parte, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, apenas alcanzó el 3,689% de los votos (6.034).

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En el caso de Apurímac (99,241% de actas contabilizadas), Sánchez se ubicó en primer puesto con 40,981% (91.764 votos), seguido Belmont con 14,150% (28.232 votos) y Alfonso López Chau con 10,775% (21.498 votos). Más abajo quedaron Fujimori y Charlie Carrasco con 6,890% y 4,352% respectivamente.

En Ayacucho (99,421% de actas contabilizadas), el candidato de Juntos por el Perú quedó primero con 31,334% (88.549 votos). En segundo lugar se ubicó Belmont con 14,462% (40.871 votos). Por un poco margen, López Chau quedó tercero con 14,449% (40.833 votos). Fujimori y Jorge Nieto quedaron desplazados con 8,104 y 5,542% cada uno.

Por su parte, Cajamarca (99,151% de actas contabilizadas) decidió darle el 41,628% de apoyo a Sánchez (266,459 votos). En segundo lugar quedó Fujimori con 13,860% (88.714 votos). Belmont se posicionó en tercer lugar con 10,984% (70.311 votos) y Nieto en cuarto con 4,604% (29.469 votos).

En Cusco (98,720%), Sánchez también gana por amplia mayoría con 22,673% (155.795 votos). Belmont quedó más abajo con 15,735% (108.119 votos) y López Chau con 14,767% (101.469 votos). Con menos respaldo quedaron Nieto con 8,941%, Fujimori con 6,123% y López Aliaga con 4,752% (31.655 votos). En esta región aún faltan resolverse 51 actas en los JEE y la diferencia que sacó el congresista podría aumentar.

En Huancavelica (99,686% de actas contabilizadas) se repite un escenario similar. Juntos por el Perú lidera con amplia ventaja al alcanzar el 43,432% de los votos (75.013). Más atrás aparece Belmont con el 13,536% (23.378), seguido por López Chau con el 9,237% (15.954). Luego se ubican Fujimori con el 7,052% (12.180) y José Luna Gálvez con el 3,374% (5.828). En esta región aún quedan cuatro actas pendientes de resolución en los Jurados Electorales Especiales (JEE).

En Huánuco terminó el conteo de actas al 100% y Sánchez obtuvo 102.336 votos, casi el doble de Fujimori (52.987 votos). El tercer lugar fue ocupado por Belmont con 14,102% (48.360 votos). En cuarta ubicación quedó López Aliaga con 5,885% (20.181 votos). Más abajo están López Chau, Carlos Álvarez, Nieto y Carlos Espá.

En Madre de Dios (97,436% de actas contabilizadas), Sánchez también quedó primero con 23,360% (18.404 votos), mientras que en segundo lugar se ubica Belmont con 14,597% (11.500 votos) y tercera Fujimori con 13,517% (10.649 votos). En otras ubicaciones aparecen López Chau, Álvarez y Nieto.

En Moquegua (99,827% de actas contabilizadas), Sánchez se quedó con el primer lugar con 12,870% (14.655 votos) y estuvo muy cerca de Belmont, quien obtuvo el 12,191% (13.882 votos). Aunque falte procesar un acta, el resultado es irreversible. En la tercera colocación está López Chau con 10,512%; en la cuarta casilla, Nieto con 10,440% y quinta, Fujimori con 6,637%.

En tanto, en Puno (99,971% de actas contabilizadas), Sánchez obtuvo el 24,962% (161.455 votos) y le ganó la disputa a Belmont, quien sacó el 17,706% (115.230 votos). Aunque falte procesar un acta, el resultado no alterará los primeros puestos. En la tercera colocación quedó López Chau con 11,339%; en la cuarta ubicación, Yonhy Lescano con 11,073% y quinto Ronald Atencio con 5,241%.

En San Martín (98,421% de actas contabilizadas), la pelea por el primer lugar está reñida. Por ahora, Sánchez lidera con 23,766% (91.314 votos), mientras que Fujimori cuenta con el 23,256% (89.354 votos). Aún faltan por procesarse 40 actas en los JEE. En tercer puesto quedó Belmont con 11,376%; cuarto López Aliaga con 5,884% y quinto Álvarez con 5,101%.

Votaciones en otras regiones

Al 100% de actas contabilizadas en Arequipa, Nieto quedó en el primer puesto con 18,642% (164.086 votos), seguido por Belmont con 10,916% y López Aliaga con 10,592%. En el cuarto puesto se ubicó Sánchez con 10,085% (88,766 votos).

En otras regiones como Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco y Tumbes también se llegó al 100% del conteo de actas. En estos departamentos, ganó Keiko Fujimori.

En Tacna (99,904% de actas contabilizadas) ganó Ricardo Belmont con 14,632%.

Durante la primera vuelta, las sanciones económicas fueron impuestas a quienes no acudieron a sufragar sin presentar una justificación válida, lo que generó múltiples consultas sobre los montos y los criterios establecidos por las autoridades electorales. Por ello, resulta importante conocer cuánto se pagó en la primera jornada y cuáles serán las reglas que se aplicarán en esta nueva etapa del proceso electoral.

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¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026?

El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito en el que vota cada ciudadano:

• En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).
• En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).
• En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).

Este cálculo se realiza de manera automática tomando como referencia la información del INEI y el domicilio consignado por el ciudadano en su documento de identidad.

¿Se aplicará multa en la segunda vuelta del 7 de junio?

Sí. En la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el voto también es obligatorio, por lo que los ciudadanos que no acudan a sufragar y no acrediten una causa justificada estarán sujetos al pago de una sanción económica.

Esto implica que las multas continuarán aplicándose bajo los mismos criterios establecidos para la primera vuelta, a menos que las autoridades electorales adopten algún cambio en la normativa.

¿Qué pasa si no pagas la multa por no votar?

No cancelar la multa electoral puede acarrear una serie de limitaciones administrativas. Entre las principales consecuencias figuran:

• Impedimentos para realizar trámites en entidades públicas
• Dificultades para acceder a servicios del Estado
• Problemas en procesos administrativos oficiales

Por esa razón, las autoridades aconsejan ponerse al día con esta obligación cuanto antes, a fin de evitar posibles contratiempos administrativos.

Según la resolución jefatural n.º 000075-2026-JN/ONPE emitida el pasado 8 de mayo, la información financiera que se deberá entregar comprenderá el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado.

Esta información forma parte del registro contable, estados financieros, así como de los ingresos y egresos de cada organización y que hayan sido aprobados por el Consejo Normativo de Contabilidad y el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

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De acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), los partidos deben presentar ante la ONPE, en un plazo de seis meses luego del cierre del ejercicio anual, un informe de la actividad económico-financiera de los aportes, ingresos y gastos, en el que se identifique a los aportantes y el monto de sus aportes.

La norma también establece que las organizaciones políticas que deben presentar este informe debieron tener la inscripción vigente durante el 2025. La medida también alcanza a las alianzas electorales.

Esta información es remitida al organismo electoral conforme a los formatos oficiales para la presentación de reportes financieros, los cuales fueron aprobados previamente por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios del ente electoral.

La decisión publicada con la firma del jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, contó con el visto bueno de la Gerencia General, de la Secretaría General, así como de las Gerencias de Supervisión de Fondos Partidarios y de Asesoría Jurídica.

En un comunicado público, ha recordado el valor que tiene para todo sistema democrático y para la defensa de los derechos ciudadanos la existencia de una justicia independiente de los poderes del Estado. Además, ha reiterado las opiniones y recomendaciones vertidas por la Comisión de Venecia de la Unión Europea sobre las diversas normas y proyectos legales que se evalúan en el Congreso para la reforma de la justicia.

“La independencia judicial es inseparable de la auténtica vida democrática de los países, por lo que resulta indispensable que todas las instituciones se comprometan con su protección y su defensa”, señala el primer punto del comunicado. Para terminar enfatizando que “la democracia no solo consiste en elegir cada cinco años a autoridades gubernamentales y legislativas. Su finalidad principal es la protección efectiva de los derechos de las personas. Y, en ausencia de juezas y jueces independientes, esta protección es, sencillamente, imposible”.

Los políticos y la JNJ

A las críticas de actores políticos, como el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, que habla de “barrer el sistema judicial”, se ha sumado en las últimas semanas la Junta Nacional de Justicia con la decisión de no ratificar al abogado y presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Oswaldo Ordóñez, como juez superior especializado de la Corte Superior de Lima.

Además, preocupa el inicio de procesos disciplinarios a jueces de primera instancia del área penal y constitucional de Lima, sin un pronunciamiento previo de la Autoridad Nacional de Control.
En medios judiciales existe el temor de que la Junta, presidida por la abogada y excongresista María Teresa Cabrera, esté utilizando sus prerrogativas constitucionales para intervenir en la vida institucional de la administración de justicia.

Ya lo ha hecho, dicen, con el Ministerio Público al sancionar a los fiscales supremos Delia Espinoza y Pablo Sánchez para alterar la composición de la Junta de Fiscales Supremos. Al no poder desestabilizar a la Corte Suprema, estaría concentrando sus ataques en los jueces de primera instancia.

La Comisión de Venecia

La Corte Suprema recuerda que, preocupada por las críticas constantes contra el sistema judicial, el año pasado solicitó a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de Europa (Comisión de Venecia) una opinión sobre la situación de la independencia judicial en nuestro país. El 10 de marzo último, la referida comisión emitió su informe, en el que resaltó principalmente dos aspectos:

Por un lado, observó que la multiplicación de “casos de críticas públicas, desinformación y retórica deslegitimadora contra el Poder Judicial y jueces concretos” constituye una “señal de alarma preocupante” en el Perú. Asimismo, la Comisión sostuvo que, cuando estos ataques “son perpetrados por actores políticos o amplificados por la desinformación”, pueden ser utilizados “para socavar la confianza y el apoyo del público en los tribunales y las instituciones independientes”.

En este particular contexto, en defensa de la independencia judicial, afirmó que cualquier “causa de responsabilidad disciplinaria o penal de los jueces debe estar definida con precisión en la ley y excluir la responsabilidad por decisiones judiciales, salvo en casos de dolo o negligencia grave conforme a los estándares internacionales”.

Preocupación por lo que sucede en el JNE

En la Corte Suprema también hay preocupación por los ataques personales al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el juez supremo titular Roberto Burneo Bermejo, con los que se busca desestabilizar y desacreditar su trabajo en el proceso electoral. El anterior titular del JNE, Jorge Salas Arenas, sufrió un ataque similar en 2021 solo por cumplir su trabajo y defender el pronunciamiento de los ciudadanos expresado en las ánforas.

En 2021 fue Fuerza Popular y hoy es Renovación Popular el que presiona al presidente del JNE para desconocer las elecciones, sin presentar pruebas concretas y verificables de un fraude electoral.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Se trata de 33 JEE que dispusieron declarar inadmisibles, improcedentes o archivar solicitudes por errores en su formulación.

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El JEE de Huarochirí declaró improcedentes 30 pedidos de nulidad. En su mayoría, se tomó dicha decisión porque las solicitudes se interpusieron fuera del término legal o no se pagaron las tasas establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones.

En otros casos, el pedido fue presentado por el abogado Wilber Medina, quien no ostenta la condición de personero legal titular ni alterno, debidamente acreditado y reconocido para el proceso electoral, por lo que no cumplía con legitimidad.

Gran parte de los pedidos fueron rechazados por falta de legitimidad o pago de la tasa electoral

De igual forma, el JEE de Puno, donde se declararon improcedentes tres pedidos, indicó que no se acredita el pago de la tasa correspondiente con la solicitud de nulidad, no se precisan las mesas de sufragio, locales de votación o hechos concretos y, en su lugar, solo se consignan datos “genéricos y ambiguos”; además, se limita a mencionar hechos ocurridos que no guardan relación con la regularidad del proceso electoral en la circunscripción territorial.

En el caso de Lima Oeste 3, donde se declaró improcedente una solicitud, el personero legal del partido había fundamentado un supuesto fraude al observar voto cruzado. Sin embargo, el JEE precisó que “las alegaciones sobre “anomalía cruzada” o supuesta inconsistencia entre votos presidenciales y congresales no acreditan causal de nulidad porque el elector puede e válidamente emitir votos diferenciados”.

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Además, sobre el supuesto fraude, advirtieron que el personero no identifica un acto concreto de cohecho, soborno, intimidación o violencia, ni tampoco el momento de esa irregularidad ni a los presuntos responsables.

Por su parte, el JEE de Chota declaró improcedentes dos pedidos por haber sido presentados fuera del plazo permitido.

Renovación Popular argumentó supuestas firmas falsas

En el JEE de Santa, el partido alegó la existencia de presuntas firmas falsas. Cuestionó la “nomenclatura disruptiva” en las actas que van desde la 900001 hasta la 904703, al señalar que “ha sido producto de una inserción extemporánea” y “de una nomenclatura ad hoc”, y que contienen una votación “atípica”. Por lo que consideran, conforme el perito mencionado que hay indicios suficientes para “establecer que fueron introducidas y procesadas bajo mecanismos irregulares.

Tales suposiciones no se comprobaron y las autoridades aseguraron que los fiscalizadores de los respectivos centros de votación hicieron el acompañamiento al material electoral, junto con el personal de la ODPE, en la etapa de repliegue de este, y que no constataron ninguna irregularidad.

Además, confirmaron que “en los centros de votación estuvieron presentes todas las autoridades electorales, significando que se materializaron todas las garantías necesarias para el buen y adecuado desarrollo del proceso electoral”.

En el JEE de Huamanga se determinó la improcedencia de dos pedidos. Uno de ellos fue presentado por el candidato López Aliaga, quien no se encuentra acreditado para esta acción.

La institución recordó que los recursos de nulidad solo pueden ser interpuestos por los personeros legales de los partidos, alianzas de partidos, agrupaciones o listas independientes.

Sobre el otro pedido, el JEE identificó que fue presentado 12 días después del vencimiento del plazo legal de tres días calendario, por lo que resulta extemporáneo.

Además: “Se evidenció un vicio adicional e independiente que también conduce a declarar la improcedencia, la manifiesta incompetencia por razón de materia de este órgano para conocer y pronunciarse sobre el pedido de nulidad total del denominado "Bloque 900,000" (4,703 actas electorales), que por su magnitud y pretensión equivale a un pedido de nulidad de la elección presidencial a nivel nacional”.

También, con razones similares, se rechazaron pedidos de nulidad presentados ante los Jurados Electorales de Tumbes, Puno, Maynas, Lucanas, Huánuco, Chota, Huaraz, Bagua, Arequipa, Andahuaylas, Alto Amazonas y Abancay.

El grupo de trabajo parlamentario solicitó que el titular del Ministerio de Justicia detalle cuáles fueron los criterios usados para designar a los nuevos integrantes de la comisión encargada de evaluar indultos y gracias presidenciales. Además, deberá explicar la idoneidad de los miembros nombrados y los procedimientos aplicados en el análisis de los expedientes que actualmente siguen en trámite.

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El congresista Ilich López, de la bancada de Acción Popular y tercer vicepresidente del Congreso, presentó el pedido legislativo. Durante la sesión de la comisión, López sostuvo que era necesario que el ministro acudiera ante este grupo de trabajo luego de la publicación de resoluciones vinculadas con la renovación de integrantes en la instancia adscrita al sector Justicia.

“El día de ayer hemos presentado a la comisión un documento para la invitación del ministro de Justicia. Han salido unas resoluciones respecto al cambio de la Comisión de Gracias Presidenciales. Considero, por tanto, que es importante y necesario que el ministro se presente al pleno de esta comisión”, señaló López durante su intervención ante el vicepresidente del grupo de trabajo, Carlos Zeballos.

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Ministerio de Justicia descarta pedido de indulto pendiente a favor de Pedro Castillo

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado este 8 de mayo para negar que exista una solicitud de indulto pendiente a favor del expresidente Pedro Castillo. Según indicó el sector, no hay actualmente ningún trámite activo relacionado con gracias presidenciales por razones humanitarias.

En el pronunciamiento, el Minjusdh precisó que la solicitud presentada por Castillo fue declarada inadmisible por la Comisión de Gracias Presidenciales durante una sesión ordinaria realizada el pasado 30 de abril de 2026. La entidad sostuvo que el pedido no cumplió con los requisitos establecidos en el reglamento vigente.

Además, el ministerio explicó que toda solicitud de gracias presidenciales debe reunir la documentación necesaria para ser admitida y pasar a evaluación. También recordó que una eventual recomendación favorable requiere el voto unánime de los integrantes de la comisión.

“La ley tiene que ir más allá de las tipificaciones. Evidentemente es triste y muy doloroso. Pero los escenarios son distintos y la ley tiene que ser universal para todos y aplicarse con la misma celeridad con la que tú las tipificas. (…) ¿Qué pasa si es un señor? ¿Qué pasa si es un anciano? Estadísticamente está pasando. Nosotros tenemos homicidios, feminicidios y lo que necesitamos es que la ley se aplique para todos”, señaló.

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Herrera consideró que la iniciativa no vulnera los derechos de las mujeres a nivel nacional. El proyecto está próximo a ser debatido en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y, de obtener los votos suficientes, podría pasar al pleno del Congreso de la República.

“No veo que este proyecto, tal cual está, atente contra los derechos de la mujer. Me parecería absolutamente irresponsable decir que atenta contra la libertad o integridad de las mujeres. No sería cierto y no se ajustaría a la verdad. Cuando llegue a la comisión y haya conclusiones claras, podremos pronunciarnos”, afirmó.

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Expertos critican proyecto de ley propuesto por Renovación Popular

El proyecto de ley presentado en 2025 por la congresista Milagros Jáuregui plantea eliminar el delito de feminicidio del Código Penal y reemplazarlo por la figura de 'asesinato de pareja'. En esa línea, la abogada de Manuela Ramos, Shely Cabrera, y la abogada de Proyecta Igualdad, Brenda Álvarez, criticaron la propuesta.

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Cabrera advirtió que eliminar el tipo penal de feminicidio impediría identificar patrones de violencia contra las mujeres, afectando la prevención y la asignación de recursos, ya que se perdería información clave. Además, cuestionó que el proyecto limite este delito al ámbito de las relaciones románticas, al recordar que también puede ser cometido por personas conocidas o desconocidas. Asimismo, rechazó el argumento de igualdad planteado en la propuesta y señaló que las respuestas legales deben considerar las desigualdades existentes.

Por su parte, Álvarez advirtió que eliminar la figura del feminicidio podría incrementar la impunidad al reducir estos crímenes a simples “asesinatos de pareja”, invisibilizando su carácter estructural y excluyendo otros contextos, como el familiar o institucional. Según explicó, la ausencia de una tipificación específica debilitaría las investigaciones y facilitaría que los casos sean tratados como delitos comunes. Además, alertó sobre el impacto simbólico de la medida, al considerar que invisibiliza las dinámicas de control y posesión detrás de esta violencia.

Roberto Sánchez no sale de la capital

El candidato de Juntos por el Perú no ha registrado actividades fuera de la capital. El hecho resulta llamativo, ya que gran parte del caudal electoral de Sánchez proviene de regiones como Cajamarca, Apurímac y Cusco, entre otras. Lejos de enfocarse en consolidar el respaldo obtenido en dichas zonas, el candidato ha optado por actividades más discretas.

El pasado 6 de mayo, el actual congresista brindó una entrevista al pódcast 'Pitucos Marrones'. Durante la conversación, Sánchez afirmó que 'entre el lunes y miércoles de la semana que viene' presentará a sus nuevos voceros en materia económica durante una conferencia de prensa. Además, señaló que busca priorizar el desarrollo humano dentro de sus planteamientos económicos.

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Sánchez también sostuvo una reunión con Hernando Cevallos y José Domingo Pérez, integrantes de su equipo técnico en materia de salud y justicia, respectivamente. Ambos aseguraron que las reuniones fueron fructíferas.

En cuanto a actividades proselitistas, el candidato participó en un mitin en Huaycán acompañado de figuras como Brígida Curo, candidata a la vicepresidencia en su plancha presidencial. Durante el evento, Sánchez criticó la narrativa de fraude impulsada por representantes como Rafael López Aliaga.

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'Hay una voluntad que no quiere reconocer el voto popular, hay una voluntad que dice fraude y quiere anular el voto de los centros poblados porque dicen que esos votos no les representan', declaró.

De acuerdo con fuentes de este diario, Sánchez no tiene programadas actividades de campaña para los próximos días.

Keiko Fujimori recorre Loreto y la selva

La candidata de Fuerza Popular ha intensificado sus recorridos fuera de Lima. En los últimos días, Fujimori visitó Loreto y otras zonas de la Amazonía peruana. Durante su estancia en la selva, la candidata fujimorista reivindicó la figura del dictador Alberto Fujimori y afirmó que, de ganar las elecciones, conduciría el país siguiendo sus enseñanzas. Asimismo, criticó la falta de acción del Estado durante gobiernos anteriores.

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Fujimori también ha apostado por un discurso de corte populista. Durante su visita a la selva, aseguró que 'presupuesto sobra' y sostuvo que priorizaría obras de infraestructura. Días antes, la lideresa de Fuerza Popular había visitado la comunidad de Ocollo, ubicada en la provincia de Huamanga, en Ayacucho.

Ya en Lima, la candidata encabezó un mitin en el distrito de San Juan de Lurigancho. Hasta el momento, Fujimori no ha brindado mayores entrevistas y sus interacciones con la prensa han sido escasas.

Son las Guardianas de la Tierra en la Amazonía peruana. Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), más de 120 mujeres indígenas ocupan ahora puestos de liderazgo en toda la región amazónica. Esta cifra sigue aumentando gracias a programas de formación, intercambios comunitarios e iniciativas de mentoría.

En los territorios amazónicos, las mujeres indígenas sostienen la vida, defienden los bosques y transmiten conocimientos ancestrales que hoy son clave para sus pueblos. Desde las comunidades, lideran procesos organizativos, protegen sus territorios frente a amenazas como la deforestación y las economías ilegales, y alzan su voz para exigir el respeto de los derechos colectivos.

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Tabea Casique Coronado, del pueblo Ashéninka (Ucayali); Teresita Antazú López, del pueblo Yanesha (Pasco); y Nelsith Sangama Sangama, del pueblo Kechwa (San Martín), afirman que “es muy difícil soñar con el futuro para una mujer cuando en el pasado fue violentada y en el presente luchan por sobrevivir”.

Las violencias contra las lideresas y defensoras de derechos humanos han aumentado en los últimos años, según Global Witness, en 2022.

Tabea: “Siempre hay limitaciones”

Tabea es una lideresa indígena del pueblo Ashéninka, de la provincia de Atalaya, región Ucayali. Desde joven se involucró en el servicio a su pueblo, desde su rol como dirigente y también desde su profesión como técnica en Enfermería.

Ha sido parte de la directiva de la Organización Indígena Regional de Atalaya (Oira) y, como directora del Área de la Mujer, trabajó por el fortalecimiento de las lideresas indígenas de Atalaya. Luego, fue directiva en la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas Aidesep Atalaya (Corpiaa).

Nació en el seno de una familia numerosa en el distrito de Yarinacocha, Ucayali, durante una época turbulenta en el país. El Estado peruano estaba bajo un régimen militar, una nueva Constitución estaba a punto de ser promulgada en 1979 y el grupo subversivo más violento del Perú, Sendero Luminoso, comenzaba a formarse.

Tabea creció en medio de asesinatos, reclutamientos forzados, desplazamientos forzados y violencia sexual que a menudo tenían como objetivo a los pueblos indígenas.

“Siempre hay limitaciones para una mujer que quiere participar en espacios de toma de decisiones, porque es asumir mayor responsabilidad como madre soltera, si las mujeres quieren ocupar puestos de alto nivel. También los hombres les cierran las puertas al principio. Ellos reconocen que las mujeres hacen un buen trabajo, pero ese trabajo es invisibilizado”, sostiene con preocupación.

Teresita, mujer histórica

Teresita Antazú López también es una lideresa indígena, aunque del pueblo Yanesha, de la Selva Central del Perú. Desde muy joven fue dirigente en la comunidad de Loma Linda y pasó gran parte de su vida trabajando en las comunidades y en diferentes organizaciones indígenas de la Selva Central.

En noviembre de 1999, durante el Congreso de Aidesep, fue elegida como vocal y encargada de la Secretaría de la Mujer. Fue la primera vez en la historia de las organizaciones indígenas y en Aidesep en que se elegía a una mujer para integrar el Consejo Directivo Nacional.

Con menos de 20 años, en una época en la que era casi impensable una mujer indígena lideresa, una joven Teresita Antazú inició una carrera dirigencial que la llevó a convertirse en la primera cornesha —máxima autoridad mujer en la Unión de Nacionalidades Asháninkas-Yanesha— y, años más tarde, en la primera dirigente mujer de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep).

Fueron su persistencia, coraje y compromiso los que la llevaron a ser una de las lideresas indígenas más respetadas del país.

Esto lo conoce bien Teresita Antazú, quien ha enfrentado la discriminación y las brechas en carne propia. Actualmente lidera el Programa Mujer de Aidesep, organización a la que regresó como dirigenta nacional con la convicción de impulsar la formación política de las mujeres indígenas y promover su participación en todos los espacios de toma de decisión.

“Hoy me siento orgullosa de haber tenido todo un proceso organizativo, de haber impulsado luchas incansables que hoy hasta los hombres me dicen ‘mujer histórica’ por decir que soy alguien que conoce, que ha estado. Eso me hace feliz, pero lo que más feliz me hace es ver que más mujeres participan. Estoy acá nuevamente trabajando, luchando, siempre viendo por el bienestar de las mujeres y territorios indígenas”, recalca Teresita.

Nelsith: Contaminan ríos y el aire

Nelsith Sangama Sangama, lideresa del pueblo Kechwa de la comunidad nativa Chunchiwi, ubicada en el distrito de San Roque, provincia de Lamas (región San Martín), dice que “las empresas deben respetar los derechos de los pueblos indígenas” y advirtió que determinadas actividades extractivas están generando graves problemas de contaminación.

Ella forma parte del Centro Étnico de los Pueblos Kichwas de la Amazonía (Cepka), que alberga 43 comunidades nativas de la provincia de Lamas, base de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam).

Actualmente es parte del Consejo Directivo de Aidesep y es responsable del Programa de Economía Indígena.

“Están contaminando el río, están contaminando el aire, y creo que eso nos va a conllevar a un problema serio, no solo al pueblo indígena, no solamente a nosotros, sino a toda una sociedad colectiva”, reflexiona.

Elaine: chacras integrales

A través de su programa Mujer, Niñez, Juventud y Ancianidad, la organización Aidesep también apoya la formación y el desarrollo de lideresas indígenas. Una de ellas es Elaine Shajian Shawit, una mujer awajún de la región peruana de Loreto. En 2023, tras años de trabajo en defensa de derechos, Elaine se convirtió en la primera presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (Corpi SL), una de las nueve organizaciones regionales de Aidesep.

Gran parte del trabajo de Elaine se centra en restaurar y fortalecer chacras integrales. La palabra chacra procede del quechua chakra y hace referencia a una pequeña granja o huerto familiar utilizado para la agricultura y la subsistencia.

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“Una chacra integral es un sistema de cultivo sostenible que combina conocimientos ancestrales con prácticas agroecológicas. Las familias con chacras integrales cultivan diversos productos, crían animales y reciclan los recursos naturales de forma que protegen el suelo, el agua y la biodiversidad, al tiempo que reducen el uso de insumos químicos”, indica.

Más allá de la producción de alimentos, la chacra integral es también un espacio cultural y comunitario. Es un lugar donde las comunidades cultivan, protegen la biodiversidad, comparten semillas y plantas medicinales y transmiten conocimientos ancestrales.

“Minería y economías ilegales afectan a nuestros hijos”

“Cuando las mujeres defienden juntas su territorio, no solo protegen la tierra, sino que sostienen la vida misma”, afirma Deborah Sánchez, defensora de derechos humanos.

“Las mujeres cuidamos nuestros bosques, las mujeres no talamos”, sostiene por su parte Judith Nunta Guimaraes, lideresa shipibo-konibo. Y agrega: “Tenemos minería y economías ilegales que afectan en la educación a nuestros hijos, hay jóvenes que ya no quieren estudiar por irse a cosechar hoja de coca. También nos afecta directamente a las mujeres porque hay prostitución de nuestras hijas”, dice alarmada.

-'El curso de la justicia' no es un libro únicamente para especialistas.

-Mi libro pretende dar una visión global sobre lo que todos debemos saber del sistema de justicia y la administración de justicia. Y tiene un punto de vista, que es el mío, el del autor. Ese punto de vista no es subjetivo. Yo, durante 30 años o más, he trabajado desde la sociedad civil temas de justicia. Y, además, he enseñado en ámbitos muy diferentes, como en la universidad, pero también a periodistas y policías, por ejemplo. Entonces, me baso también en esa experiencia y siempre sobre la base de ejemplos de la vida real. Yo trato sobre el Poder Judicial, la Corte Suprema, y pongo ejemplos y evalúo por lo que ha pasado históricamente en el Perú, o lo que está pasando hasta el momento que escribí el libro.

-De lo último que dices, se colige que hay muchos temas candentes que hablar.

-Siempre que enseño un curso, sea en la universidad o porque me convocan de un sector determinado, lo hago en base a la actualidad. Por ejemplo, si enseñara ahora el Ministerio Público, voy a explicar cómo se está tomando o se ha tomado la Fiscalía por el pacto del Congreso. En segundo lugar, cómo ahora la Junta de Fiscales Supremos es integrada por todos los fiscales que habían sido destituidos. Entonces, es una manera de ver la justicia en funcionamiento, porque si no, imagínense, uno enseña solamente lo que dice la Constitución. Siempre me baso en los ejemplos, y no solo de Perú, sino también de otras partes. Por ejemplo, yo menciono todo el tiempo lo que está pasando con Trump y cómo los jueces están poniéndole un pare a Trump.

-En el libro hay claridad de discurso. Pero cuando se nos habla de justicia, como que hay un oscurantismo discursivo. Como si a propósito se hablara en código para que la gente no entienda.

-Totalmente de acuerdo. Justamente, también yo trato que, con esta publicación virtual, 'El curso de la justicia', más gente pueda entender el mundo de la justicia. Es decir, los que ya saben puedan profundizar y los que no saben, que son la mayoría, puedan entender lo esencial. Siempre se trata de presentar la justicia como algo muy técnico, muy aburrido, muy difícil. Lo que pasa es que hay un objetivo de que la gente no pueda opinar sobre la justicia porque de esa manera no puedes fiscalizar, no puedes defender lo positivo y criticar lo negativo. Y ahora, además, estamos en una época terrible porque es la época de absoluta desinformación en los temas de justicia.

-En este escenario, el Tribunal Constitucional se ha vuelto intocable. ¿Eso es verdad o es una patraña?

-Se quiere hacer creer que lo que dice el Tribunal Constitucional es la última palabra. Eso es mentira. ¿Quién resuelve los amparos y los habeas corpus en las dos primeras instancias? El Poder Judicial. ¿Quién puede no aplicar una ley porque es inconstitucional? El Poder Judicial. Entonces, es muy importante que la gente sepa eso, que un Tribunal Constitucional que da una sentencia completamente contraria a la Constitución o a los convenios internacionales está excediendo totalmente de manera inequívoca sus funciones.

-Pero muchos medios de comunicación justifican las sentencias horrorosas del TC.

-Esos medios invitan a supuestos juristas que se presentan como académicos, pero en realidad son los abogados de los casos. Dicen que está bien la sentencia cuando no es cierto. Y por eso es que no quieren, por ejemplo, que jueces, fiscales como Domingo Pérez salgan en los medios de comunicación, porque rompen ese monopolio que normalmente tiene la gente que va a opinar solamente en un sentido, salvo evidentemente excepciones de medios de comunicación como La República.

-En este escenario, el Congreso es un elemento clave. Da las normas. ¿Qué opinas de este Congreso?

-El Congreso, siendo un poder del Estado, es parte del sistema de justicia en el sentido de que tiene una serie de funciones que se relacionan directamente con el sistema y la administración de justicia. Tú lo acabas de decir: da las normas que tienen que aplicar jueces, fiscales, abogados, procuradores a la hora de resolver los casos. Pero no solamente da las leyes, sino que, por ejemplo, nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, nombra al defensor del pueblo, al contralor. Este tema lo abordo en mi libro. Este Congreso lo que ha hecho es contribuir a capturar la mayoría de organismos que son parte del sistema de justicia.

-Capturar suena delincuencial.

-Han capturado el TC al punto que ahora todo el tiempo dan sentencias que les conviene, sentencias que son aberrantes, que son contra las leyes, leyes que ha dado el Congreso incluso. Hay hasta un caso que yo pongo que es el colmo. Los mismos miembros del Congreso que votaron a favor de una norma ponen una acción de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para que el TC se pronuncie a favor de la ley y de esa manera la constitucionalice. Entonces, por supuesto, veamos lo del defensor del pueblo. El Poder Judicial, en un amparo interpuesto por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo, dice que hay que parar este nombramiento del defensor del pueblo, no hay buenos candidatos, no se está cumpliendo con la meritocracia. Sin embargo, el TC le enmendó la plana y tenemos ahora este defensor del pueblo que más bien juega a favor de los Urresti, juega a favor de todas estas normas denominadas leyes procrimen. Todo el sistema interamericano está totalmente en contra de la sentencia del TC a favor de Urresti. Se han saltado todas las normas.

-¿Se está dando algún tipo de batalla ante esta situación?

-Hay muchos jueces y fiscales que están dando la batalla a favor de la institucionalidad democrática a través de pronunciamientos, a través de amparos ante incumplimiento de leyes y a través de su buen trabajo. Es la primera vez que tenemos un grupo de fiscales y de jueces que han decidido hacer cumplir la ley; no me importa que sean presidentes de la República. Acuérdate del Club de la Construcción. Todas las empresas del Club de la Construcción dijeron somos inocentes, totalmente inocentes. Y después se acogieron a la colaboración eficaz, cuyo primer requisito es reconocer que han cometido un delito. Por eso es que hay tanto abogado que se enriquece con estos casos y que sale a los medios de comunicación a atacar a los fiscales que investigan. No se tiene la transparencia de decir yo estoy llevando estos casos. No tiene nada de malo hacerlo, pero no son transparentes.

-La figura presidencial, específicamente con este Congreso, ha estado muy manoseada.

-El Congreso y el TC juegan en pared. El Congreso ha dado leyes por las cuales es muy fácil una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Prácticamente ha dado una ley que dice que basta con que tenga el número de votos suficiente. Y el TC ha dicho que está bien; pudiendo haberla declarado inconstitucional, no la ha declarado inconstitucional. Este juego de poder de vacar a cualquiera en cualquier momento obedece a medidas que se han dado con este Congreso, con este TC y con estos gobiernos, es decir, desde Boluarte. Tenemos presidentes nombrados por el Congreso. Yo tengo la esperanza de que esto sea modificado; estoy pensando en las leyes procrimen. También tengo la esperanza de que este domingo la población reaccione y diga la famosa frase “por estos no”, que son casi todos los candidatos del Congreso. Hay gente con trayectoria de sinvergüenzas, de violadores de derechos humanos, con fama de incapaces y que tienen investigaciones. El panorama no deja de ser difícil porque han dado muchas normas y muchas condiciones para poder manipular las elecciones y para poder, si pierden, nuevamente pretender gritar fraude.

-Hemos hablado de varias atrocidades. ¿Cuál le fastidia más?

-Son muchas, pero me parece increíble que, habiendo 50 muertes de las protestas del 2022 y 2023, la justicia y el Congreso hayan archivado ese caso. No pueden quedarse 50 muertos en el aire, como si no hubiera pasado nada.

-Una de las críticas recurrentes a los fiscales Vela y Pérez era que ellos no eran objetivos en sus acusaciones.

Decían que estos fiscales lo que quieren es que Vizcarra se quede en el poder y por eso quieren anular a todos los candidatos. Sin embargo, después también han acusado a Vizcarra. Ellos han acusado a gente de todos los sectores, como Susana Villarán, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, PPK. Lamentablemente, estamos viviendo épocas donde ya podemos adelantar que los siguientes presidentes también van a ser investigados por la Fiscalía, por las cosas que ya sabemos. Los fiscales y los jueces han decidido que ahora todos somos iguales ante la justicia. De Vela y Pérez se dicen muchas cosas, y claro, tengo críticas a lo que han hecho, pero los hechos están ahí. Han investigado a todos.

-¿Por qué se les critica tanto?

Han investigado a gente de muchísimo poder del ámbito político y empresarial. No es casualidad que los ataques vengan de los medios de comunicación con los que están vinculados muchos de los investigados. No ha habido una mirada fría con la labor que han hecho.

-¿Qué pasó en el caso de Keiko Fujimori?

-El gran problema fue abordar muchos casos. No se tenían los recursos para investigar a muchísimas personas. Lo que no se dice es que sus acusaciones también tenían respaldo. No es extraño que este equipo de fiscales haya sido desactivado. ¿Quién se beneficia con esa desactivación? Eso ya es muy revelador. En este país, enfrentarse a la corrupción es un choque directo contra los grandes intereses económicos. Mi balance sobre ellos es absolutamente positivo. He hecho un seguimiento de los casos que han abordado y mi impresión, como te dije, es muy positiva. En las prisiones preventivas contra Keiko Fujimori, estas fueron avaladas por más de una instancia del sistema judicial. Keiko y su defensa legal reconocieron todos los hechos, que habían recibido 4 millones de Dionisio Romero, por ejemplo.

-¿Y sobre Pedro Castillo?

-Soy muy crítico de su gobierno, pero él fue elegido presidente. Los que vinieron después los puso el Congreso.

-Ahora Pérez es abogado de Castillo.

-Gravísimo error de parte de él, porque Castillo dio un golpe de Estado, y está siendo investigado por contundentes casos de corrupción. Él mismo ha tirado por los suelos sus logros y prestigio, y le ha dado municiones a los enemigos de la lucha contra la corrupción.

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“¿Qué está haciendo la ganadora de la primera vuelta, Keiko Fujimori, para saltar de ese 17 % de voto válido al 50 % + 1 que necesita para ganar? Aunque parezca increíble, ofrece un programa de expansión del gasto populista porque ‘presupuesto sobra’, como dijo esta semana en Loreto, para luego ofrecer una pensión universal para todos los adultos mayores, en un país donde el 80 % de la PEA no aporta a ningún sistema”, indicó.

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Palacios también cuestionó el plan económico del candidato Roberto Sánchez y señaló que ello debería facilitar una eventual victoria de Fujimori. Sin embargo, advirtió que en Fuerza Popular han mantenido prácticas que considera perjudiciales para la institucionalidad democrática, lo que podría restarle apoyos a la candidata fujimorista.

“Si tuvieran dos centímetros de frente, no le regalarían la elección a Roberto Sánchez. Aunque tengan la credibilidad quemada, un mínimo propósito de enmienda ayudaría. Pero la cabra tira para el monte. El abuso de poder es su consigna y su talón de Aquiles. No hay forma de aterrar a nadie con la economía —menos con un plan imposible de realizar— si no le garantizas siquiera su voto. Fujimori tampoco ha deslindado del fraudismo de manicomio de López Aliaga y sus trolls —¿le recordará el suyo de 2021?—, que niega la existencia misma de electores pobres en áreas rurales. ¿Así los va a convencer?”, apuntó.

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Rosa María Palacios criticó plan económico de Sánchez

La periodista calificó el plan económico de Sánchez como “desastroso”. Para Palacios, Sánchez plantea recetas económicas que no son positivas para el Perú actual.

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“El Perú no puede crecer, ni sacar al actual 25% de pobres de ese estado, sin inversión privada. Puede crecer mínimamente y retrasar el progreso por décadas, tal como pasa hoy. Este quinquenio, donde el precio del oro y el cobre están volando, ha sido una oportunidad perdida para recuperar el daño de la pandemia y continuar en la ruta de la eliminación de la pobreza y, sobre todo, extirpar la pobreza extrema. Eso es posible, pero no con el plan económico de Sánchez que, bajo el artificio de conceptos como “soberanía”, lo estatiza todo en perjuicio de todos. Desconocer contratos y propiedad privada es destruir la inversión, que, mal que bien, se viene recuperando tímidamente”, apuntó.

Palacios consideró que Juntos por el Perú no podría realizar sus reformas económicas y eso podría generar apoyos de parte de sectores centristas: “Sánchez tiene una curiosa ventaja. Todo lo catastrófico que propone para la economía no lo puede hacer. Con 13 senadores no haces una reforma constitucional para una asamblea constituyente que la mayoría del país no quiere. Su 10% de voto válido en primera vuelta así lo indica. Esa, aunque parezca contradictorio, es la razón por la que el voto de centro puede inclinarse por él”.

Claro, es un guiño a la película El Padrino 3, cuando el padrino le dice a su sucesor, luego de verlo bastante furioso contra un adversario: Nunca odies al enemigo, nubla tu juicio. Y a mí me parece que hay que analizar a la derecha con frialdad y no simplemente desde el odio y el rechazo, porque entonces tendríamos una visión del enemigo demasiado pequeña o una visión del enemigo distorsionada y hay que saber exactamente qué son para poder combatirlos.

¿Y tú ves a la derecha como un enemigo o para ti es simplemente un objeto de estudio?

Sí, la veo como un enemigo. Justo me estaba preguntando qué siento yo hacia la ultraderecha. Sin duda no siento odio. Tampoco es desprecio, el desprecio le quita valor a una persona, uno desprecia pensando como que son menos y no es así. Si no, no hubiera escrito un libro sobre ellos. Entonces estoy tratando de buscar cuál es la emoción exacta que siento hacia ellos.

Todavía no la has encontrado.

Quizá decir que los detesto puede estar más cerca de la verdad. Siento una frialdad un tanto agresiva hacia ellos y esa es quizás la mejor emoción que tenga.

Una de las ideas que sale del libro es que, durante muchos años, la izquierda tuvo como rival a lo neoliberal económico, a esta fe en que el libre mercado podía hacerlo todo. Pero parece que deberían cambiar de objetivo porque hay una ultraderecha que ha crecido significativamente y que muchas veces parece querer escapar de los linderos de la democracia.

No tanto, yo planteo ver esto como una variación de lo que fue la entrada del neoliberalismo en el mundo. Hemos visto que el neoliberalismo comienza con la dictadura en Chile, con Pinochet. Luego se traslada a Estados Unidos y el Reino Unido en los años 80 y siempre es una lucha contra el Estado asistencialista y, en el caso del Perú, una lucha contra los derechos de las comunidades rurales. Y ese movimiento para mí ya es antidemocrático y es antidemocrático en lo económico, porque no permite pensar otras maneras de dirigir la economía, sino que tiene esta visión totalmente proempresarial. Y lo que estamos viendo en el libro se suma a lo anterior.

Es un piso nuevo, digamos.

Sí, es un piso nuevo en el sentido de que es antidemocrático no solo en lo económico, sino con respecto a lo político-cultural.

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Tú dices que este surgimiento de la ultraderecha es también una reacción a la expansión de ideas progresistas como el feminismo y el ecologismo.

Creo que hay diferentes sentimientos en la ultraderecha. Lo que digo en alguna parte del libro es que hay como una división. Por un lado, podría pensarse en ella como la reintroducción de la vieja ley paterna. O sea, no hay que ir demasiado rápido, no hay que darle el derecho de adopción a los gays, no hay que permitir que los chicos menores de edad practiquen cirugías en su cuerpo. Pero la manera como muchos de ellos se conducen en el mundo no es mediante una vieja ley paterna conservadora que quiere preservar algo del statu quo, sino que es bastante irascible, bastante incandescente, ven villanos a los que hay que destruir, son muy susceptibles a teorías conspirativas. Y en ese sentido ya hay una distorsión de la vieja ley del padre y más bien la vieja moral se convierte en una piedra candente que se puede utilizar para lanzar al enemigo.

¿Puedes ponerle una fecha de nacimiento a esta nueva ultraderecha? ¿Habrá sido el 2005, cuando en algunos países se opusieron a la Constitución europea?

Hay toda una cronología que hace Cas Mudde, este teórico político holandés, que dice que luego del fascismo hay una época donde existen los neonazis y luego una suerte de derecha que se ocupa de los derechos de la gente que ha sido dejada atrás por la modernización. Y más o menos en los 90 aparece la derecha radical populista. Y luego él va a ver que en el siglo XXI esto va a cobrar mucha más fuerza a través de tres cosas. La primera es el 11 de septiembre, lo que crea todo este nativismo, la sospecha de que el inmigrante islámico puede ser terrorista. En segundo lugar está la crisis económica del 2008. Y luego viene, en el 2015, la crisis de los refugiados. Y a partir de ahí crea una teoría para la derecha radical populista en Europa. Pero a eso yo creo que hay que añadir otras cosas, la aparición en el 2010 de Viktor Orbán (exprimer ministro de Hungría) y, lo que tú decías, el movimiento en 2005 contra la Unión Europea. Y está la elección de Trump. Y luego, más importante aún, su reelección.

¿Y la primera expresión en Latinoamérica de esta ultraderecha es Jair Bolsonaro?

Es la primera expresión triunfante, digamos. Antes hubo el caso de Fabrizio Alvarado en Costa Rica. Él convierte la elección en Costa Rica en un plebiscito sobre el matrimonio gay. Y lanza la idea de sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El eslogan que tiene toda la ultraderecha en la región.

Sí. Entonces, yo diría que la ultraderecha se va gestando en América Latina hace tiempo, pero empieza a correr con fuerza en torno al 2016.

Ahora, tú defines a los seguidores de ultraderecha de la siguiente manera: creen en el individualismo, el libre mercado, el emprendedurismo, pero también en la familia patriarcal, la heteronormatividad, el cristianismo y el nacionalismo conservador. ¿Solo si tienes todas estas boletas eres de la ultraderecha?

Yo creo que la ultraderecha es una constelación. Puede haber libertarios, ultralibertarios que creen en la anulación del Estado. O puede haber conservadores que no se ocupan demasiado de la parte económica, o puede haber estos soberanistas que quieren preservar el sentido de la nación en contra de las instituciones internacionales. Hay diferentes grupos en la ultraderecha.

Que se pueden contradecir entre ellos.

Sí.

Claro, si eres nacionalista y proteccionista a la vez, vas un poco en contra de los postulados del libre mercado, de abrir las fronteras a todo lo que venga.

Pueden contradecirse mucho entre ellos. Pero hay que diferenciar a aquellos que están abiertamente en contra de la democracia, como los neonazis, de otros que juegan en la democracia. Y, por otra parte, si bien son una constelación, que en un momento yo describo como un enjambre, han ido creando ciertos sentidos comunes. Yo diría que el movimiento general de la ultraderecha excluye al liberalismo progresista y avanza hacia un liberalismo bastante conservador.

Otra de las contradicciones que yo notaba es que pueden ser individualistas, pero a la vez se oponen a decisiones personalísimas como el aborto o la eutanasia, ¿cómo se entiende esto?

Todo eso lo consideran una cuestión de libertad. Pero allí hay que preguntarse, ¿cómo conciben ellos la libertad? La libertad no la conciben necesariamente como más derechos de la mujer, o más derechos de los homosexuales, sino que conciben libertad como la no intrusión del Estado en las decisiones de la familia o las decisiones del mercado. Esa es la definición de libertad para ellos. La idea es que, para los conservadores, por ejemplo, hay instituciones orgánicas, casi espontáneas, que son la familia y el mercado, o incluso la religión. Y entonces está mal que el Estado entre y trate de decirles a estas personas qué hacer.

Es una libertad entendida de una manera un poco engañosa, porque si te permiten acceder a cosas como la eutanasia no es que te estén obligando a pasar por ella, sino que tienes esa posibilidad abierta. El Estado no te obliga.

El Estado no te obliga a eso, eso es cierto. En el debate que hay entre Agustín Laje y Gloria Álvarez, dos de los intelectuales de la ultraderecha, sobre el aborto, hay un momento clave. Gloria Álvarez le dice a Laje que es un conservador y que ya no es libertario. ¿Y por qué? Porque los libertarios -dice Álvarez- pueden estar a favor del aborto, pero de ninguna manera podrían estar a favor de que el Estado impida que una mujer aborte. Y pasa que desde ese momento, Laje se define mejor como un conservador.

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Ahora, ¿cómo entender la manera de expresarse de estas personas? Volviendo al tema de la eutanasia, cuando a Rafael López Aliaga le preguntaron sobre el caso de Ana Estrada, esta señora que peleaba por el acceso a una muerte asistida, él se refirió a ella con desdén, casi con desprecio. Y eso me parece más performático, como si tuviera que actuar así para tener la aprobación de su grupo.

Es una estrategia, ¿no? Tienen que demostrar cierta virulencia. Tienen que demostrar un fuerte rechazo, porque de esa manera parecen individuos normales, que no son políticos, y que reaccionan visceralmente como si estuvieran en una reunión de amigos. Lo otro es que hay que escuchar lo que decía el obispo Castillo. Él hablaba en cierto momento de que no es cristiano decir: Vamos a matar a este, vamos a violar al presidente de JNE o al jefe de la ONPE. Y esto es una cosa más de la época y que se sale de la vieja ley paterna del conservadurismo. Se puede notar en la ultraderecha que la religión o las costumbres no están ahí para traer calma al mundo, sino que son piedras que se utilizan para golpear en la cabeza al enemigo.

Ellos han llamado batalla cultural a su discurso de combate contra el progresismo. Lo insólito es que ese es un concepto marxista. Son como vampiros usando como arma la luz del sol.

(Sonríe) Bueno, siempre uno se apropia de cosas de otras culturas o de otros bandos políticos. Eso me parece normal. Y en este caso utilizan la teoría de Antonio Gramsci de la hegemonía. Lo que él dice es que puede existir una revolución, se puede tomar en efecto el Estado, pero eso puede ser una victoria pírrica si es que eso no viene secundado con toda la construcción de una hegemonía. Es decir, un sentido común del pueblo que vaya acorde a las reformas que se quieran hacer dentro del nuevo Estado político.

Una segunda parte de la revolución.

Claro, para Gramsci eso es central. Realmente no basta con tomar el Estado, dice él. Si uno toma el Estado, uno puede perderlo el día de mañana. Lo que importa -dice- es que se tiene que concientizar a la gente, tiene que crearse un nuevo sentido común.

Y la ultraderecha está utilizando esta herramienta marxista

Sí, la utiliza contra la izquierda. Y no es la primera vez que la ultraderecha la utiliza. En los años 70 y 80 en Francia, ya habían utilizado a Gramsci. Se los llamaba comúnmente gramscianos de derecha, así como hay hegelianos de izquierda.

Ahora, ¿cuál es el rasgo principal de la ultraderecha en el Perú?

La ultraderecha es un grupo bastante amplio, quizá podemos hablar de la derecha radical populista en los partidos. Allí, por un lado, estaría Renovación Popular, que está bastante más cerca a todos los grupos conservadores religiosos que han aparecido desde el 2011.

¿El fujimorismo también está en esa categoría?

Lo que diría es que el ADN de Renovación Popular empata bastante bien con estos grupos conservadores. Y el fujimorismo estratégicamente ha querido capturar, o quiere capturar, a este electorado e incluso tiene personas dentro del partido que pertenecen a grupos evangélicos o grupos conservadores. Antes de la elección del 2016, cuando hizo su periplo por Harvard, por Estados Unidos, creo que Keiko, de alguna manera, parecía irse hacia una derecha un poco progresista en lo cultural. Pero luego, ya en el 2016, empiezan a adoptar el tema del género y finalmente van a inscribirse dentro de la Iberosfera de Vox. Entonces, diría que ellos, en parte por conveniencia, en parte porque lo sienten así, de alguna manera se han convertido en un partido de derecha radical populista, que no era el caso de Alberto Fujimori. Yo no lo vería a él como de una derecha radical populista. Hay este libro de Cecilia Blondet que habla sobre cómo algunas feministas colaboraron con Fujimori, y hubo un enfrentamiento con Cipriani, en algún momento, a partir de los anticonceptivos. Entonces, no lo vería definitivamente como parte de esta derecha.

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En el libro te haces una pregunta interesante: ¿la ultraderecha tiene influencers o tiene intelectuales? ¿Tienes una respuesta para eso?

Sí, eso fue al principio. Es una pregunta que contesto en el libro. Yo creo que sí tiene intelectuales. O sea, ¿qué es un intelectual? Un intelectual es aquel que interviene en el espacio público en nombre de una idea de lo que debe ser la sociedad y que considera que la política es la vía regia para lograr todo eso. De allí que a veces los intelectuales puedan ser políticos, como Vargas Llosa o como Lenin. Pero no necesitan serlo, no necesitan ser políticos. Agustín Laje dice, y me parece que puede tener razón, que el intelectual interviene en la cultura y en un segundo momento en la política. Claro, a veces se piensa menos de estos intelectuales por la manera como se expresan o porque están vendiendo cosas en las redes, o porque piden un like o suscripciones.

Digamos que responden a las dinámicas de este tiempo.

Claro. Yo creo que si Sartre viviera en este tiempo usaría X. O de repente podría usar el Facebook.

Lo interesante es que los tres personajes que analizas en el libro, Agustín Laje (Argentina), Axel Kaiser (Chile) y Gloria Álvarez (Nicaragua), han contribuido decididamente en campañas políticas

Sí, claro. O sea, Agustín Laje es amiguísimo de Milei, ha hecho un video sobre la otra memoria en la Casa Rosada, lo ha apoyado fuertemente, ahora parece que quiere ostentar un cargo en el Congreso. Axel Kaiser, por su parte, es el hermano de Johannes Kaiser, candidato a la presidencia de Chile que antes había apoyado a Kast.  Y, por otra parte, Gloria Álvarez ha expresado que quiere ser presidenta de Nicaragua.

¿Y cuánto pesan las redes en la difusión de estas ideas?

Me parece que las redes no funcionan para un lado o para el otro. En algún momento se asoció el internet a la izquierda y habría una democratización anárquica de la sociedad a través de ese lazo. Bien, eso ya pasó. Ahora nosotros identificamos el internet con la derecha, porque ellos han tenido bastante éxito en su supuesta lucha cultural a través de lo virtual.

Le dijiste a Pedro Salinas que, a pesar de todas las alertas que despierta la ultraderecha, igual puede ser débil o tener malos resultados. ¿Por qué?

Eso tiene que ver, me parece, con sus victorias y lo que puede venir después. Cuando Trump y Bolsonaro son elegidos, ellos se muestran como una alternativa viable para la derecha en el futuro, un espacio que se puede ocupar, una fórmula que puede tener éxito. Entonces, la derecha ve que esta es una forma viable y empieza a ser emulada. Pero luego viene Milei y surge un problema: la necesidad de tener éxito en los programas de gobierno. Y si eso falla, puede afectar a otros exponentes de la derecha radical populista.

El primer lugar lo ocupa Keiko Fujimori (17,173%) con 2.865.593 votos, muy por encima del candidato izquierdista de Juntos por el Perú, que al cierre de la edición alcanza los 2.000.769 votos.

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Los distritos electorales de Amazonas, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Tumbes y Peruanos en el Extranjero ya llegaron al 100% de sus actas contabilizadas.

En las jurisdicciones restantes falta menos del 1% para que se culmine el conteo.

Solo en las regiones de Madre de Dios (97,436%), Piura (98,087%), San Martín (98,421%) y Ucayali (98,017%) se registra un menor avance. Es aquí donde también se hallan la mayoría de las actas que están pendientes de revisar por los Jurados Electorales Especiales.

Cabe precisar que el mismo Jurado Nacional de Elecciones había programado como fecha límite para el recuento de votos el pasado 7 de mayo. Sin embargo, no lograron cumplir con su propio cronograma.

Mitín en Huaycán

En la recta final de la contienda por la primera vuelta, tanto Sánchez como López Aliaga aparecieron en manifestaciones públicas. El postulante al sillón presidencial por JP estuvo anoche en la plaza central de Huaycán junto a sus vicepresidentes y cientos de simpatizantes.

“Venimos aquí a empezar el tramo final de la victoria del pueblo al lado de Huaycán [...] hay una voluntad que no quiere reconocer el voto popular, hay una voluntad que dice fraude y quiere anular el voto de los centros poblados porque dicen que esos votos no les representan”, expresó Sánchez. Ya pensando en lo que sería la segunda vuelta, expresó que viene generando alianzas con otros partidos políticos para que en una posible victoria pueda tener gobernabilidad durante los próximos cinco años.

“Aquí la única hoja de ruta que habrá será con el pueblo, con los pueblos amazónicos, aimaras, quechuas, con el Perú profundo”, sostuvo.

Marcha en Jesús María

Por su parte, el candidato de Renovación Popular realizó su denominada “marcha por la democracia” en Jesús María. Apelando al mismo discurso fraudista, emplazó a Roberto Burneo y al pleno del JNE a no proclamar los resultados de la primera vuelta.

“Esto está hecho para que gane quien quiere la ONPE y la ONPE está llena de rojazos [...] usted se está ganando el repudio del Perú, el odio del Perú, usted se lo está buscando, señor Burneo”, dijo sin pruebas y con tono amenazante.

Insistió en que se anulen los votos de las mesas 900 mil, por las supuestas “irregularidades que encontró” y que se haga una auditoría internacional.

Senado en ascuas

El avance del conteo al Senado, está un poco más relegado. La elección por distrito único (nacional) va por el 83,2%. Aquí la agrupación de Fuerza Popular ha obtenido el 14,6%, Juntos por el Perú 11,9% y Renovación Popular 11,3%. Hay solo un acta pendiente de contabilizar y 15.573 observadas.

En el caso de los senadores por distrito múltiple (regionales) aún ninguna jurisdicción ha alcanzado el 100%. Las regiones más rezagadas son Ica (78%), Loreto (74,2%), Piura (79,8%), San Martín (78,7%), Tumbes (74,8%) y Ucayali (73,4%).

Avanza conteo para diputados y Parlamento Andino

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, pese al tiempo transcurrido, pocas regiones tienen un buen avance. Moquegua está al 97%; Tacna, Arequipa y Apurímac al 96%; y Lima Metropolitana al 90%.

Sin embargo, otras regiones como Ucayali y San Martín están muy por debajo, con 74%. También están Tumbes (77%), Piura (75%) y el caso más crítico: el de peruanos en el extranjero con solo 60%.

La elección para el Parlamento Andino se encuentra al 87,2% con 11,825 actas observadas. Aquí Fuerza Popular está primero con el 14,9% y le sigue el Partido del Buen Gobierno con 12,4%. En el tercer y cuarto lugar están Juntos por el Perú (12%) y Renovación Popular (11,8%), respectivamente.

Los virtuales parlamentarios andinos serían Betty del Pomar (RP), Luis Galarreta (FP), Percy Fernández (JP), José Ramos (AN) y Rosario Mori (JP).

'No puedo afirmarlo, pero no tengo ninguna incompatibilidad. (…) No he rehuido responsabilidades dentro de lo que ha sido mi desarrollo profesional como fiscal. Si se presenta la oportunidad de asumir otro cargo, seguramente lo aceptaré', declaró el exfiscal en entrevista con RPP.

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El exfiscal también indicó que las instituciones que forman parte del sistema de justicia deben ser reformadas. Según señaló, estas entidades no están respondiendo a los estándares de probidad que exigen las normativas que las rigen.

'Hay consenso en el bloque democrático de que deben realizarse reformas en el sistema de justicia y en la forma en que los cargos están siendo ocupados por personas con serios cuestionamientos. (…)', sostuvo.

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Además, indicó que está a favor de derogar el bloque de iniciativas legislativas denominado 'leyes procrimen', aprobado por el actual Congreso de la República. Pérez afirmó que la eliminación de dichas normas forma parte del plan de gobierno de Juntos por el Perú.

Roberto Sánchez anunció la incorporación de José Domingo Pérez a su equipo técnico

José Domingo Pérez oficializó su vínculo con Juntos por el Perú. El exfiscal se integró al equipo técnico del partido liderado por Roberto Sánchez. En sus primeras declaraciones tras el anuncio, el candidato presidencial afirmó que la incorporación de Pérez fortalecerá las iniciativas orientadas a reformar el sistema de justicia.

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'Por una mayoría política y social. Para impulsar un amplio proceso democrático de reforma integral del sistema de justicia y una lucha implacable contra la corrupción, bienvenido, Dr. José Domingo Pérez', escribió Sánchez.

El candidato presidencial consideró además que el exfiscal ha sido víctima de ataques mediáticos: 'José Domingo Pérez tiene el reconocimiento del país por su lucha frontal contra la corrupción y por su participación en el emblemático caso Odebrecht. Esto le ha valido persecución y la pérdida de su cargo. Las fuerzas de derecha se han apropiado de los órganos jurisdiccionales gracias a su mayoría parlamentaria. Gobiernan quienes no ganaron las elecciones', afirmó.

De acuerdo con la información compartida por la ONPE, el material que comenzó a imprimirse es la primera parte de la denominada 'acta padrón', que es la lista y relación de electores que corresponden a cada una de las 92.766 mesas de sufragio que deben instalarse el día de los comicios electorales.

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Esta actividad se realizó en la sede industrial de la ONPE, ubicada en el distrito de Independencia. La entidad precisó que, una vez concluido el proceso de impresión, el material será trasladado a sus almacenes de Lurín, donde será ensamblado junto con otros insumos electorales que se utilizarán en la segunda vuelta. Posteriormente, todo el material será distribuido a los distintos locales de votación.

Durante la jornada de impresión, Manuel Casas, supervisor de la Unidad de Almacenamiento de Microformas e Impresiones de la ONPE, señaló que este proceso se ejecuta bajo rigurosos protocolos de seguridad y controles de calidad, con el objetivo de asegurar la integridad y confiabilidad del material electoral.

La jornada de impresión se desarrolló con la presencia de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Lista de electores será la misma de la primera vuelta

En tanto, la ONPE decidió avanzar con la elaboración de materiales que contienen la misma información que se usó en los comicios del pasado domingo 12 de abril.

El ente electoral informó que la lista de electores se genera sobre la base del padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y que, posteriormente, es aprobado por JNE.

Además, precisó que la información consignada se mantiene igual a la utilizada en la primera vuelta. El padrón contiene datos como el número de mesa de sufragio, el distrito, la provincia y el departamento correspondientes. También incluye información personal de cada elector, entre ella, sus apellidos y nombres, número de DNI, fotografía, nivel de instrucción y número de orden asignado en la mesa de votación.

En conversación con La República, el politólogo Benjamín Durand consideró que las diferencias entre los representantes vinculados a las fuerzas del orden en el próximo Congreso y el actual dependerán, en gran medida, de la articulación que logren quienes integren el Senado.

'Las nuevas figuras con trayectoria en el Ejército y la PNP tendrán un comportamiento similar, con la diferencia sustancial de que en el próximo Parlamento el Senado concentrará una cuota importante del poder legislativo. Esto les dará un capital político más sólido a quienes ingresen a esta cámara. Esta nueva estructura podría permitirles capitalizar propuestas que les otorguen una influencia más extendida dentro de los sectores militares y policiales', señaló.

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Durand sostuvo que los representantes de las fuerzas del orden en el actual Congreso —Roberto Chiabra (Independiente), Alfredo Azurín (Somos Perú), José Cueto (Honor y Democracia), Jorge Montoya (Honor y Democracia) y José Williams (Avanza País)— no han logrado consolidarse como un bloque con agenda propia y capacidad política articulada.

'En el actual Congreso, estos representantes han tenido cierta cuota de influencia, pero no han logrado consolidar un grupo orgánico que represente, sobre todo, a los exmilitares. Esto se debe a que existen diferencias sustanciales entre los ‘nuevos políticos’ provenientes del Ejército y aquellos que vienen de la PNP, ya que ambas instituciones poseen culturas distintas. Más allá de ello, tampoco han logrado sostener una línea partidaria estable; por el contrario, han mostrado diferencias políticas visibles con las agrupaciones que los llevaron al Congreso. No se han convertido en grandes figuras políticas, sino que más bien se han asimilado a las lógicas parlamentarias: transfuguismo, negociación individual del voto, participación en lobbies, entre otras prácticas', apuntó.

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Uno de los episodios que más deterioró la imagen de los exuniformados en el actual Congreso fue la modificación de la Ley N.º 19846. Con esta reforma, militares y policías en retiro podían percibir simultáneamente una remuneración como congresistas y una pensión por sus años de servicio en las fuerzas del orden. El respaldo que brindaron a esta iniciativa derivó en una denuncia por el presunto delito de negociación incompatible presentada por el Ministerio Público.

La falta de consolidación política también quedó reflejada en las aspiraciones presidenciales de figuras como José Williams y Roberto Chiabra. Ambos intentaron proyectarse hacia la contienda electoral de 2026; sin embargo, no lograron posicionarse como candidaturas competitivas. Chiabra, con Unidad Nacional, apenas alcanzó el 0,4% de los votos a nivel nacional. Por su parte, Williams, bajo la plataforma de Avanza País, solo obtuvo un 0,2% de respaldo electoral.

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Los nuevos hombres de armas que llegarán al Congreso

Las proyecciones indican que los militares y policías elegidos para integrar el Congreso provienen de tres partidos políticos. Cuatro de ellos llegarían al Senado: Marco Miyashiro, César Astudillo (Fuerza Popular), Francisco Calisto Giampietri (Renovación Popular) y Daniel Barragán (Obras). En tanto, dos integrarían la Cámara de Diputados: Gustavo Segura (Renovación Popular) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

Algunos de ellos figuran entre los candidatos más votados. Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y coronel en retiro de la PNP, se posicionó como el diputado con mayor votación a nivel nacional. Por su parte, Francisco Calisto Giampietri, vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú, fue el senador más votado de Lima. Al menos un mensaje parece claro: dos de las principales figuras respaldadas por el electorado limeño están vinculadas al ámbito de la seguridad nacional.

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Sin embargo, el hecho de que Colchado y Giampietri se encuentren entre los más votados no significa que compartan posiciones ideológicas similares. Durand considera que ambas figuras terminan representando intereses políticos distintos y que su capital electoral responde más a las coyunturas que atravesaron que a una identificación doctrinaria definida.

'No es que Colchado se haya asumido como representante de una izquierda progresista. Más bien, a partir de los problemas que atravesó durante el gobierno de Dina Boluarte, terminó construyendo un capital político que responde indirectamente a los intereses de ese sector. En cambio, Giampietri tiene el perfil que resulta útil para partidos como Renovación Popular, sobre todo para captar o fidelizar votantes en Lima Metropolitana. Responde a la lógica de que en un partido no puede faltar el ‘militar’ o ‘policía’ que represente la cuota de especialista en seguridad. En ese sentido, se trata más de un intercambio de favores que de una representación ideológica sólida', explicó.

Fernando Rospigliosi: civil y operador de los grupos castrenses

Sin embargo, los militares, policías y marinos en retiro no son los únicos actores que representan los intereses del sector castrense. Fernando Rospigliosi, sociólogo y exministro del Interior, ha construido un discurso alineado con los sectores más conservadores vinculados a este bloque.

Como legislador de Fuerza Popular, fue uno de los principales impulsores de la ley de amnistía. La medida buscaba eximir de responsabilidad a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos —entre otros delitos— cometidos durante el Conflicto Armado Interno.

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Con más de 27.000 votos, Rospigliosi fue reelegido para el nuevo Congreso. Sin embargo, ahora asumirá un escaño en el Senado, lo que ampliará significativamente su capacidad de influencia parlamentaria.

Para Durand, el actual presidente del Congreso ha sido mucho más hábil para canalizar los intereses del sector castrense que los propios militares y policías en retiro que participaron en el Legislativo saliente.

'Los sectores castrenses han encontrado un buen agente de intereses, con poder y respaldo dentro de uno de los partidos con mayor representación. Saben que se trata de una figura con influencia y capacidad de decisión. Eso no lo encontraron en sus propios representantes que dieron el salto a la política', sostuvo.

Juan José Santiváñez, el que no alcanzó

Mantener un discurso abiertamente favorable a la Policía no garantiza respaldo electoral. Un caso representativo es el de Juan José Santiváñez, candidato al Senado por Alianza para el Progreso (APP). El exministro del Interior centró buena parte de su discurso en la defensa de la institución policial, pero no logró obtener una curul.

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Para Durand, un candidato que apueste únicamente por una agenda 'propolicía' no necesariamente consigue ventajas competitivas: 'La PNP atraviesa una crisis de confianza que se ha profundizado en los últimos cinco años. En 2025 se registró el nivel de confianza más bajo de la última década: apenas 13,4%, según el INEI. En ese contexto, un candidato únicamente identificado con una agenda propolicía no responde a las exigencias del electorado'.

El politólogo consideró además que la plataforma política desde la cual postuló Santiváñez también terminó perjudicándolo: 'Como ministro, Santiváñez supo ganarse ciertos respaldos políticos, pero eso no necesariamente resulta útil para convencer al electorado en una campaña. Además, postulaba por APP, un partido que ha cogobernado en los últimos periodos y que ha estado involucrado en diversos escándalos políticos. Eso no configura una fórmula electoral efectiva'.

Los familiares de Jolvi Rodríguez relataron que los pistoleros vestían uniforme de camuflaje y viajaban en dos camionetas 4x4. Sospechaban de militares al servicio de otros mineros ilegales. Pensaban así por el ensañamiento de los homicidas contra Jolvi Rodríguez. Después de acribillarlo en el estómago y los pulmones, dinamitaron un camión, una compresora y dos motocicletas de la familia. Por si fuera poco, colocaron explosivos en la casa de Jolvi Rodríguez y la volaron. No era un simple acto de sicariato.

El fiscal mixto de Pataz, Limber Mallqui Acosta, abrió una investigación y remitió el caso a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo. Un equipo al mando del mayor PNP Roger Sánchez Chávarry se trasladó de inmediato al lugar de los hechos para buscar a los homicidas de Jolvi Rodríguez.

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La pista de los criminales

Durante el trabajo de campo, los agentes de la Divincri de Trujillo detectaron que la ruta que tomaron los asesinos conducía a la única garita de control de la mina Porfía. Las cámaras de vigilancia de la zona identificaron a una patrulla mixta compuesta por efectivos del Ejército y de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). El grupo, al mando del capitán Edwar Diaz Cieza, pasó por la garita antes y después del asesinato de Jolvi Rodríguez.

Los agentes de la Divincri de Trujillo no descartan que miembros del Ejército y de la Diroes de la PNP estén vinculados con el asesinato de Jolvi Rodríguez. La investigación sigue en curso. El fiscal Limber Mallqui ha programado el interrogatorio a los militares y policías que fueron captados por las cámaras en un lapso en el que fue ejecutado Jolvi Rodríguez.

El miércoles 7 de abril, el equipo especial de la Divincri de Trujillo, dirigido por el mayor PNP Robinson Sánchez Chávarry, arribó a Pataz. Después de recoger una serie de evidencias y testimonios de testigos en la zona, los agentes determinaron que algunos miembros del CUPAZ, entre militares y policías, presuntamente protegían, a cambio de dinero, a familias dedicadas a la minería ilegal.

El sábado 11 de abril, el equipo del mayor PNP Robinson Sánchez recibió información de inteligencia sobre el acopio de una gran cantidad de material explosivo destinado a la minería ilegal, que era transportado en camionetas 4x4 por una carretera cercana a la localidad de Zarumilla, en Pataz.

Ese mismo 11 de abril, el equipo especial enrumbó a Zarumilla. Al llegar al sector conocido como Las Lomas de los Chanchos, ubicado entre los centros poblados Pueblo Nuevo y Zarumilla, se percataron de que cuatro sujetos trataban de subir dos costales a la tolva de una camioneta blanca 4x4, mientras otra camioneta roja aguardaba a pocos metros de la carretera. Eran aproximadamente las 6.30 de la tarde.

Al ver que la Policía se acercaba, los desconocidos se dieron a la fuga y abandonaron los costales en plena carretera. En el interior, los policías encontraron 600 cartuchos de dinamita para la minería ilegal.

En tanto, el chofer de la camioneta roja, identificado como Geraldo Guzmán Marquina (28), y su acompañante, Carmen Villalobos Huamán, fueron intervenidos. Durante el registro, la Policía halló 40.000 soles escondidos en la consola del vehículo. Guzmán y Villalobos negaron conocer la procedencia del cargamento de explosivos. La mujer confirmó que el dinero era de su propiedad; sin embargo, no supo explicar su origen, por lo que ambos fueron conducidos a la División Policial de Pataz.

Como parte de sus labores, el mayor Robinson Sánchez ordenó la búsqueda de los fugitivos. A las 10 de la noche del mismo sábado 11 de abril, ya de regreso a Pataz, el equipo de la Divincri de Trujillo fue interceptado violentamente por una patrulla del Ejército al mando del mayor EP Víctor Andrade Segura. Sin motivo alguno, y pese a que se identificaron como policías, los militares los encañonaron, los sometieron en el piso y los despojaron de sus armas de reglamento. Los acusaban de haber “secuestrado” a Geraldo Guzmán y Carmen Villalobos para arrebatarles los 40.000 soles.

“¡Dónde está el dinero! ¡Queremos el dinero!”, gritaba el mayor Andrade, mientras que sus subordinados apuntaban con sus fusiles las cabezas de los policías.

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Una sorprendente captura

Según fuentes del Ejército instaladas en Pataz, habían sido alertadas por las rondas campesinas, que afirmaban que la hermana de uno de los pobladores había sido secuestrada por una banda de delincuentes, quienes le exigían una fuerte cantidad de dinero.

Al día siguiente, domingo 12 de abril, los cuatro policías fueron trasladados en un helicóptero del Ejército a Trujillo y puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de cohecho y tenencia ilegal de armas.

Este diario se comunicó con el jefe operativo del Comando Unificado Pataz, coronel EP José Avellaneda Díaz, para que explicara la detención de los agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo, pero no quiso dar detalles de la intervención.

“Todo está en investigación” respondió a La República.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, confirmó que el equipo especial de la Divincri de Trujillo viajó a Pataz para el esclarecimiento del crimen de Jolvi Rodríguez y otras personas.

Pocos días después, el martes 21 de abril, ocurrió un hecho que vinculó a los militares con el crimen de Jolvi Rodríguez Calderón, ocurrido el 20 de marzo. Cuatro sujetos fueron detenidos por su relación con el asesinato del minero.

Ese día, 21 de abril, efectivos de la Comisaría de Chagual, ubicada en el distrito de Pataz, intervinieron a Ko Hook Ortíz Vásquez (24), Roiser Vásquez Mauricio (25), Ejavín Ramos Arce (23) y Jeyser Otiniano Vásquez (30). Los sujetos ocultaban la placa de rodaje 4763-9T, que pertenecía a la motocicleta de Jolvi Rodríguez.

Uno de los detenidos, Jeyser Otiniano, según confirmó el fiscal Leonel Altamirano Yovera, trabajaba como chofer personal del comandante del Ejército de apellido Silva, integrante del Comando Unificado Pataz (CUPAZ).

Según las fuentes, el comandante Silva, cuya verdadera identidad se encuentra en proceso de verificación, presionaba a los efectivos de la Comisaría de Chagual para que dejaran en libertad a Jeyser Otiniano. Incluso se elaboró un informe policial por tráfico de influencias contra el oficial del Ejército. Ahora la pista se dirige hacia esa institución.

Increíblemente, el jueves 22 de abril, cuando los cuatro detenidos eran conducidos de la Comisaría de Chagual a Trujillo, un grupo de ronderos detuvo el vehículo policial y liberó a todos, incluido Jeyser Otiniano Vásquez, chofer del comandante Silva. ❖

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Conexiones

• Cuando la Policía interrogó a Jeyser Otiniano Vásquez, este afirmó que trabajaba como conductor del vehículo del comandante Silva y del mayor Andrade Segura, ambos oficiales del Comando Unificado de Pataz (CUPAZ).