Precisó que ello se debe a que en Perú existe un “copamiento de instituciones”. Si ese no fuera el escenario, cree que el resultado habría sido distinto y Juntos por el Perú resultaba ganador.

“Seguimos creyendo que esta voluntad simétrica de copamiento de las entidades no es una garantía de un proceso electoral que dé seguridad", dijo.

En ese sentido, mencionó el traslado de actas a Perú, hecho que ya ha denunciado anteriormente. “En la primera vuelta hubo unas reglas de juego para todos. Fruto de esos resultados hemos llegado a la segunda vuelta. Y aquí ocurrió un asunto gravísimo para nosotros. Antes hubo la obligatoriedad de digitalizar el acta apenas concluya la elección. Para esta segunda vuelta se quitó ello para las oficinas consulares”, expresó.

Sánchez mencionó que “al quitar estándares hubo una afectación a la seguridad jurídica del proceso electoral”.

“(En los votos de peruanos en el exterior) ya no se usó valija diplomática, no se siguió la cadena de custodia, se quitó la obligatoriedad de la digitalización del acta que da la certeza jurídica de que se ha respeta esa voluntad. La intangibilidad normativa electoral que se ha afectado, para nosotros es grave y hemos invocado la nulidad de estas elecciones en las oficinas consulares”, agregó.

“En Perú ganamos por 26 mil votos”

Seguidamente resaltó que obtuvo la victoria en 16 de las 24 regiones y en más de 1500 distritos de 1800. “El Perú está de verde. “En el Perú en territorio nacional ganamos por 26 mil votos. Estrecho”, aseguró.

También resaltó el carácter pacífico de las movilizaciones que ha liderado. “La resistencia es con todas las acciones siempre en el marco de la democracia, la ley, el respeto a la vida en los derechos constitucionales. La protesta pacífica, la movilización pacífica es un derecho constitucional”, anotó.

Con el conteo oficial consolidado, el proceso electoral avanza hacia la etapa final. Roberto Burneo, presidente del JNE, estimó que la proclamación de los resultados se realizará el 3 de julio.

Resultados en Lima

La tendencia a favor de Fuerza Popular se consolidó con en las jurisdicciones de Lima. Según el JEE Lima Oeste 1 —que abarca Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Isidro y San Miguel—, la agrupación obtuvo 272,360 votos (75.44%) frente a los 88,649 de Juntos por el Perú.

Asimismo, el JEE Lima Norte 3 oficializó los resultados en los distritos de Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo, Ancón y Santa Rosa. En esta jurisdicción, de un total de 701,291 ciudadanos que acudieron a las urnas, Keiko Fujimori alcanzó 382,752 votos, superando a Roberto Sánchez, quien obtuvo 273,608.

Juntos por el Perú gana en regiones

Por otro lado, los Jurados Electorales Especiales en regiones confirmaron la victoria para el candidato de Juntos por el Perú. En Pasco, la agrupación logró 79,930 votos (56.658%), dejando a Fuerza Popular con 51,747 (36.681%). Del mismo modo, en Abancay, Juntos por el Perú se impuso con 94,537 votos, mientras que Fuerza Popular registró 25,351.

Situación en Ica

El JEE de Ica ratificó un resultado favorable para Fuerza Popular. Con un 51.938% de los votos válidos (282,464), la candidata superó a Roberto Sánchez, quien alcanzó el 48.062% (261,383 votos).

—¿Alguna vez has visto al mundo tan convulsionado como ahora?

—Ha habido otros momentos históricos bastante convulsionados en el mundo. En los años 30, por ejemplo. Es importante poner este momento en perspectiva histórica. Desde la Segunda Guerra Mundial y la construcción del nuevo orden internacional, global, que dividió al mundo en dos bloques políticos e ideológicos, este es el periodo más turbulento. Este tipo de nuevo orden ya venía debilitándose. Ahora estamos viendo que están surgiendo muchas ideas radicales, con figuras políticas primitivas, lo cual está generando mucha incertidumbre y caos en el mundo. Como dijo Gramsci, estamos en un interregno al final de una época; pero la nueva época no ha sido construida todavía. Hacerlo toma tiempo y estamos viendo en ese ínterin movimientos fundamentalistas, muy radicales, muy antisistema. Esto se está viendo en todas partes.

—¿Por qué ocurrió esto? Hasta hace no muchos años estábamos en una aparente tranquilidad.

—Después de la Guerra Fría, en los años 90, con la caída del muro de Berlín, hubo otro ánimo, más esperanza en el mundo. Pero ya en este siglo, con las guerras en Afganistán e Irak y toda la ola de gobiernos, empezando con Chávez en Venezuela y también en otras partes del mundo, esas estructuras ya venían debilitándose, así como la incapacidad de los gobiernos nacionales e instituciones globales para resolver los problemas. Quedaron en la retórica, en promesas poco cumplidas, lo cual ha preparado el terreno para esos mensajes más demagógicos y populistas. Pero esto no pasó de golpe. Desde mi perspectiva, se está llegando a un punto más complejo.

—Las guerras siempre han sido económicas, pero ahora lo económico está definiendo todo. Nunca antes, de esta forma tan determinante, se ha visto.

—Tal vez esté relacionado con los cambios en China. China, como sabemos, tiene una proyección global, con actividades económicas muy relevantes para otros países. Esto está generando una competencia con modelos y experiencias de Occidente sobre quién puede ofrecer y producir resultados para ganar legitimidad frente a la gente. Esto se expresa netamente en términos económicos, como el nivel de vida, las condiciones de empleo, y el acceso a la salud y a la educación. A eso sumemos que ha habido una recesión democrática en el mundo. Samuel Huntington habló de una tercera ola de la democracia en los 70. Pero no terminó siendo exitosa, porque no generó legitimidad ni produjo resultados económicos y sociales para muchos países. Entonces, es lógico que se hayan presentado otros tipos de alternativas, otras formas políticas y otra clase de figuras que han ganado mucha fuerza en los últimos años.

—Hace unas semanas Trump y Xi Jinping sostuvieron una reunión comercial en Pekín. Aunque poco antes se estuvieron diciendo de todo. La población ve esto y se pregunta hacia dónde estamos yendo.

—Estamos yendo en muchas direcciones. No vamos en una sola dirección. No es lo más útil pensar hacia dónde va el mundo, porque estamos en un momento en el que hay muchas presiones muy contradictorias. Por ejemplo, si tomas solamente la política de Estados Unidos con respecto a China. Si ves la estrategia de seguridad nacional que salió a finales del año pasado, hay énfasis en el aspecto de competencia económica, pero también de cooperación. Sin embargo, en la parte sobre América Latina, Estados Unidos tiene una posición más dura con respecto a China, porque busca frenar su presencia e influencia en aspectos económicos en América Latina. Eso es evidentemente una contradicción. Con China hay que llevarse bien y hacer negocios, pero por el lado de América Latina hay una posición más dura que ha afectado a algunos países más que a otros. Si nos ponemos a buscar una sola dirección, vamos a salir decepcionados.

—Lo geopolítico es clave. ¿Cómo está América Latina en este escenario?

—Llevo cuatro décadas trabajando y escribiendo sobre la región y sobre su relación con Estados Unidos. En primer lugar, nunca he visto a la región tan fragmentada ni tan polarizada. Cada país anda por su cuenta. Hay poca colaboración entre ellos, poco ánimo para integrarse. Este es uno de los aspectos más decepcionantes de América Latina en los últimos tiempos. Tampoco he visto a Washington actuando en tantos frentes, con políticas de aranceles; pensemos en los ataques a las lanchas en el Caribe y el Pacífico; lo que pasó con Maduro, lo que pasó con México, y ahora con Brasil y Colombia, además de Panamá con respecto al canal. Si esto significa una estrategia, un plan coherente, no está muy claro. Como nunca antes, Estados Unidos está muy atento a América Latina. Me parece preocupante el poco interés en temas de democracia, derechos humanos y Estado de derecho. No recuerdo una administración en la que haya habido menos atención a esos temas, que para mí son importantes. Yo me acuerdo del golpe militar en Chile en 1973 y las críticas contra el presidente Nixon, pero Nixon es Gandhi comparado con Donald Trump. Trump está haciendo lo que le da la gana. Está aplicando sanciones y amenazas. Yo me temo que, si esto podría funcionar para Trump en el corto plazo, está sembrando las bases para un saldo muy negativo para Estados Unidos y, a largo plazo, sobre las economías de América Latina. Eso es lo que nos enseña la historia. Eso se puede repetir.

—Lo que estamos viviendo se define más en el segundo gobierno de Trump. Con las elecciones de noviembre de mitad de mandato, ¿se va a reforzar esta actitud de Trump o se va a moderar?

—Va a seguir igual. Incluso se puede acelerar más. Trump está muy golpeado y está pensando, más que nunca, en su legado, y hará cosas donde no hay resistencia. En estos momentos no hay resistencia porque su partido controla el Congreso. Si los demócratas ganan, Trump buscará reforzar su política exterior y dejar, como dije, su legado. El apetito de Trump por dominar no ha acabado y no acabará, aun siendo derrotado en noviembre. Le ha ido muy mal en Irán; con China y los países grandes también. Pero en América Latina es distinto: muchos países dependen de Estados Unidos. No me sorprendería que Trump concentre más poder para consolidar su dominio en la región. No sabemos lo que pasará con Cuba. Puede pasar algo en Nicaragua, también en Panamá. Con Trump no se puede descartar nada.

—¿Y después de enero de 2029, cuando Trump finalice su mandato, las cosas podrían cambiar?

—Yo creo que hasta enero de 2029 hay que apretarse los cinturones. Hay que estar preparados.

—¿Entonces hay esperanza: las cosas podrían cambiar?

—Sí, hay una esperanza. Hay una esperanza de otro tipo de relación, de otro tipo de tratamiento. No estoy diciendo que soy muy optimista sobre una nueva administración con gran comprensión y fuerte compromiso con América Latina. Por lo menos, habrá un cambio en la postura muy agresiva, muy dura, muy, digamos, de matón en América Latina. Si hay otro republicano como Marco Rubio o un demócrata como presidente, va a ser muy distinto.

—Keiko Fujimori y Roberto Sánchez están disputando voto a voto la presidencia. Entonces, por lo que dices, quien salga no va a afectar a Trump.

—No. Para Estados Unidos no hay tanto en juego. Básicamente, en Perú el poder está en el Congreso, que ha sido muy marcado en estos últimos años. Ha habido alianzas para algunas propuestas en el Congreso entre el partido de Sánchez y el partido de Keiko. El caso peruano es muy diferente y todo el tema del giro a la derecha no tiene tanto significado en Perú como en Chile, Colombia u otros países. Obviamente, el tema de China es el más sensible y esto para mí no está muy claro: hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a presionar sobre Chancay y otras inversiones chinas en Perú, y cómo reaccionaría un gobierno de Keiko o uno de Sánchez, porque China es fundamental, ha sido fundamental y sigue siendo fundamental para la economía peruana. Entonces, esto no se puede, digamos, cambiar y hay mucho apoyo. Por eso, no sé hasta qué punto esta administración está interesada en Perú por China o está dispuesta a enfocarse en eso. Tal vez ellos piensen que, como hay mucha cooperación en narcotráfico, no hace falta. Estoy especulando. La administración Trump lleva casi año y medio y parece que hubieran pasado 20 años.

En declaraciones a los medios a la salida de su domicilio, la lideresa de Fuerza Popular reconoció que, al llegar al final de este proceso, el Perú se encuentra fragmentado.

"Recibimos este resultado con gran responsabilidad, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos el deber de escuchar a ambos lados", señaló.

Sobre los pasos a seguir, Fujimori indicó que esperará con calma la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), prevista para finales de esta semana. "Vamos a esperar unos días para la proclamación y la entrega de credenciales”.

Además, adelantó que ya tiene en mente a los integrantes de su equipo de trabajo para la transferencia, aunque prefirió mantener los nombres bajo reserva por ahora.

Del mismo modo, presentó como dos retos inmediatos a una eventual gestión: “recuperar el orden en el país y tomar medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño". Sobre este último punto, la candidata lamentó que el actual gobierno no realizará los trabajos de prevención correspondientes.

Fujimori también recordó que este año es su cuarta postulación presidencial. "A lo largo de la vida uno enfrenta retos y pruebas, pero con constancia se pueden alcanzar los objetivos", concluyó.

Cabe resaltar que Fujimori se pronunció inicialmente a través de sus redes sociales: "La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos".

Detalles del conteo final

Según la información oficial proporcionada por la ONPE, los resultados finales tras el conteo del 100% de las actas, Keiko Fujimori alcanzó un 50.135% de los votos, lo que equivale a un total de 9,223,396 sufragios.

Por su parte, Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú, obtuvo un 49.865% del respaldo popular, sumando un total de 9,173,755 votos en estos comicios presidenciales.

Del mismo modo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que la proclamación presidencial sería este viernes 3 de julio. Sin embargo, ya se hicieron públicos diversos saludos.

Desde el ámbito político, Renovación Popular felicitó a Keiko Fujimori por su victoria electoral. Asimismo, enviaron sus saludos Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

En todo los casos la justificación fue que el organismo no está atendiendo eficientemente uno de los principales problemas de la capital: la congestión vehicular.

Renovación Popular, cuya plancha a la alcaldía está conformada por Luis Rubio (alcalde) y Rafael López Aliaga (primer regidor), propone explícitamente su eliminación y que el sistema de transporte público sea gestionado directamente por la MML.

Tal propuesta, señalan, “busca devolver la capacidad de decisión y planificación a las autoridades locales” a fin de lograr “una gestión más cercana a la realidad y necesidades de los ciudadanos” y “una mejor articulación con los gobiernos distritales y operadores de transporte”.

Adicionalmente, en el cuarto eje, dedicado a Infraestructura Vial y Titulación de Predios, se menciona la eliminación del referido organismo y la “recuperación de facultades” bajo el título “ATU Nunca Más”.

En julio de 2024, López Aliaga ya anunciaba su postura a favor de eliminar el referido organismo. “Creo que ATU ya cumplió su ciclo, no soluciona nada. Está peor el sistema cada vez, creo que ATU debe desaparecer de una buena vez, porque es un mamarracho. No funciona, uno le quiere entregar las obras y no las acepta, quiere entregarla de a poquito”, declaró en conferencia de prensa el entonces alcalde.

OBRAS planea derogar la ATU

El mismo objetivo tiene el Partido Cívico OBRAS, aunque optando por la vía legislativa.

La organización, que incluye a Ricardo Belmont como candidato a alcalde, planea presentar un proyecto de ley que derogue a la ATU (Ley 30900) y restituya la gestión y las competencias a las municipalidades de Lima y Callao.

Argumentan que los principales problemas del transporte se deben a una “coalición de funciones”.

“La ATU regula los vehículos en movimiento (el transporte público), mientras que las municipalidades provinciales controlan las vías físicas y el tránsito (semáforos, giros y sentidos viales). Esta separación artificial rompe el principio de unidad de gestión y genera un conflicto de competencias”, aseguran.

Seguidamente, detallan las funciones que se contraponen. Explican que la ATU tiene la facultad de planificar rutas o corredores integrados, sin embargo, la construcción/modificación de las avenidas donde pasan esas rutas son competencia de la MML y la Municipalidad del Callao (MPC).

De igual forma, la fiscalización del transporte corresponde a los inspectores de la ATU, pero las fotopapeletas y semaforización dependen de las gerencias municipales de tránsito, lo que genera, según OBRAS, una “duplicidad de agentes en la calle”.

El mismo fenómeno ocurre al tener en cuenta que la ATU tiene la tarea de estructurar el Plan de Movilidad, pero el desarrollo integral y el uso del suelo urbano son competencias exclusivas de los alcaldes, por lo que “un cambio de zonificación municipal puede arruinar un plan de transporte de la ATU y viceversa”.

PPC planea que administración de la ATU para a la MML

Finalmente, el Partido Popular Cristiano (PPC) respetará la condición de organismo técnico especializado en materia de transporte de la ATU, pero “pasará a depender administrativamente/operativamente” de la comuna.

Con esta y otras medidas buscan “reducir en al menos un tercio el tiempo que los limeños pierden diariamente en el tráfico al 2030”.

Carlos Bruce:

El plan de a la alcaldía de Somos Perú propone la transferencia de las competencias que le corresponden a la Municipalidad de Lima en materia de transporte, salud, educación y otros sectores. Si bien no mencionan explícitamente tomar el liderazgo de la ATU, el candidato del partido, Carlos Bruce, sí adelantó ello.

“Lima es la única ciudad del Perú que no maneja el transporte público, lo maneja el ATU que pertenece al gobierno central. Nosotros vamos a pedir que el ATU pase a competencial municipal”, dijo.

Detalló que en el directorio de ATU también se encuentra representado Callao.

“Que Lima Metropolitana tenga la mayoría del directorio, que se mantenga la presencial del Callao obviamente, pero que de una vez el alcalde metropolitano maneje el tema de transporte”, agregó.

“Las obras públicas las ha hecho sin expediente, ha infringido el principio de la autoridad como él ha querido y el Jurado Nacional de Elecciones, luego infringió las reglas básicas de la del proceso electoral al al decir que hubo fraude sin ninguna prueba. Entonces hay ahí un patrón de infringir la norma tal como es el matriz de la ultraderecha”, dijo a este medio.

Esa conducta ya la demostraba en su gestión edil, anota Jáuregui, al comprar el lote de trenes Caltrain que Estados Unidos había descartado, pese a que esa no era su competencia directa.

También, resaltó que su decisión de postular como primer regidor siendo senador electo demuestra una “absoluta actitud de disruptiva respecto del orden jurídico”.

“El tiene un mandato representativo a nivel del Senado. Ahora, resulta que no quiere asumirlo como si fuese un niño que no quiere comer, ¿no?”, mencionó.

Permanencia en el poder

Sobre la postulación de López Aliaga como primer regidor, Jáuregui confirmó que es una forma de ‘sacarle la vuelta’ a la ley que impide la reelección inmediata.

Pese a ello, considera que resulta innecesario añadir una restricción o crear una nueva norma, pues “las personas que buscan cuotas de poder y decidir sobre la cosa pública” siempre encontrarán la forma de burlar la norma.

Mencionó que tanto López Aliaga como Keiko Fujimori, en su momento, lanzaron acusaciones de fraude sin pruebas y, pese a ello, nunca recibieron una sanción por parte del JNE. Incluso, López Aliaga amenazó a Roberto Burneo y este no hizo nada al respecto.

“En el caso de las personas como el señor Rafael López o la señora Fujimori las previsiones legales no sirven porque esta gente se salta la ley y, lamentablemente, tienen el apoyo de de la mayor parte de los medios de comunicación. Entonces, con eso normalizan la situación. Es verdaderamente un escenario muy complicado, pero que persiste porque es funcional a que grupos de poder económico hagan sus negocios”, manifestó.

Control ciudadano

En ese sentido, Jáuregui explicó que el problema no encuentra su solución en el plano jurídico sino en el ciudadano.

“Más que previsiones legales hay que recomponer el contrato social que no implica una nueva Constitución, sino que implica repensar nuestra sociedad y determinar a dónde vamos en el largo plazo”, dijo.

Por ejemplo, una de las propuestas de cambio sería la existencia de mandatos más cortos, pues estos incrementan el control vertical de los ciudadanos. También, incentivar un espacio muy participativo, recuperar la comunidad y recuperar el diálogo intracomunitario.

Por último, alertó sobre el precedente que dejará el caso López Aliaga: “¿Qué implica que una persona desacate la ley electoral? Que establece un patrón de comportamiento que se va a saltar la Ley Orgánica de Municipalidades”.

Tras conocerse que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha llegado al 100% del conteo de votos, la lideresa de Fuerza Popular indicó que se encuentra “más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos".

De igual manera, al salir de su domicilio y dirigirse a los medios de comunicación, Fujimori reiteró que, aunque el proceso técnico ha concluido, se encuentra a la espera de la proclamación oficial.

Además, reconoció el escenario de división que vive el Perú tras la contienda. "Recibimos este resultado con gran responsabilidad, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos el deber de escuchar a ambos lados", señaló. En esa línea, no descartó dialogar con Roberto Sánchez u otras fuerzas políticas que participaron en la elección.

Sobre los pasos inmediatos a seguir, la lideresa del partido naranja mencionó que ya tiene los perfiles para su próximo gabinete, aunque prefirió mantener los nombres bajo reserva.

Fujimori también señaló que recuperaría el orden en el país y tomaría medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño.

Proclamación de resultados será el 3 de julio

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que la proclamación presidencial sería este viernes. "Estimamos que el próximo viernes 3 de julio proclamaríamos la segunda vuelta, conforme vienen desarrollándose todas las incidencias procesales", manifestó.

Burneo explicó que este anuncio llega antes de lo previsto, considerando la complejidad del proceso. Detalló que, entre el jueves 25 y el sábado 27 de junio, los Jurados Electorales Especiales (JEE) realizarán las proclamaciones correspondientes a nivel local.

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¿Cuántos votos obtuvo Keiko Fujimori y cuántos Roberto Sánchez?

De acuerdo con el reporte final de la ONPE, Keiko Fujimori obtuvo 9 millones 223 mil votos válidos, equivalentes al 50,135% del total . Por su parte, Roberto Sánchez alcanzó 9 millones 173 mil 755 votos, que representan el 49,865% de los sufragios contabilizados.

El margen se mantuvo ajustado durante gran parte del escrutinio y obligó a seguir con atención la resolución de las actas observadas que permanecían pendientes en distintos Jurados Electorales Especiales del país.

El resultado final confirmó la ventaja que Fujimori logró consolidar en la recta final del conteo. Los datos publicados por la autoridad electoral muestran cómo evolucionó la distancia entre ambos postulantes hasta llegar al cierre total de las actas procesadas y contabilizadas.

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¿Cuándo proclamará el JNE al nuevo presidente y entregará las credenciales?

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio.

Tras la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa. Burneo precisó que la ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional. Con ese acto protocolar, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán la conducción del país durante el periodo constitucional 2026-2031.

El titular del JNE también respondió a las denuncias de presunto fraude formuladas por algunos sectores políticos y aseguró que no existe evidencia que respalde esas acusaciones. Asimismo, recordó que cualquier pedido de nulidad debe cumplir los requisitos establecidos por la legislación electoral y estar sustentado con pruebas. En esa línea, exhortó a respetar la institucionalidad y las decisiones del máximo organismo electoral del país.

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Conteo ONPE al 100%: así votaron las regiones en la segunda vuelta

A continuación, revisa como votaron en esta segunda vuelta las regiones y los peruanos en el extranjero.

Durante la audiencia, los magistrados Alejandro Reynoso, Marco Antonio Yaipén y Francisco Villacorta, quienes integran el JEE Lima Norte 3, oficializaron los resultados de la segunda vuelta presidencial en cinco distritos, donde Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo 382,752 votos frente a los 273,608 de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). En estas circunscripciones, de un total de 877,354 electores hábiles, acudieron a las urnas 701,291 ciudadanos.

Los Olivos

Fuerza Popular registró 138,417 votos sobre Juntos por el Perú, agrupación política que obtuvo 84,175. Además, hubo un total de 222,592 votos válidos, 13,820 nulos y 1,064 en blanco.

Puente Piedra

Fuerza Popular alcanzó 110,210 votos frente a los 86,257 de Juntos por el Perú. De acuerdo con el JNE, se registraron 196,467 votos válidos, 12,344 nulos y 1,258 en blanco.

Carabayllo

Fuerza Popular obtuvo 105,787 votos y Juntos por el Perú 82,005. Del mismo modo, se contabilizaron 187,792 votos válidos, 12,153 nulos y 1,017 en blanco.

Ancón

Fuerza Popular sumó 20,336 votos contra los 14,841 de Juntos por el Perú, con 35,177 votos válidos, 2,114 nulos y 192 en blanco.

Santa Rosa

Fuerza Popular logró 8,002 votos frente a los 6,330 de Juntos por el Perú. El JEE señaló que hubo un total de 14,332 votos válidos, 880 nulos y 89 en blanco.

Resultados en Ica

Fuerza Popular ganó en Ica con el 51.938% de los votos, superando a Juntos por el Perú, que obtuvo el 48.062%. Los resultados fueron validados por el Jurado Electoral Especial Ica, presidido por el magistrado Luis Alberto Leguía Loayza.

De los 713,997 electores hábiles, votaron 576,326 personas. Fuerza Popular sumó 282,464 votos y Juntos por el Perú 261,383. Además, se registraron 29,110 votos nulos (5.051%) y 2,265 votos en blanco (0.584%).

El cine de Panahi es, principalmente, un cine de denuncia que, por ser tal, no descuida en nada los alcances expresivos a nivel formal. Sin depender de grandes locaciones y presupuestos, ha hecho de la sencillez de recursos, como la cámara en mano que sigue a sus actores, toda una clase maestra de cómo contar historias. Ejemplo de lo dicho lo podemos ver en sus películas Taxi Teherán (2015) y El círculo (2000).  Pensemos en el segundo trabajo consignado, en donde el cineasta pone en bandeja la situación de las mujeres en Irán. Es una película que sorprende al espectador, porque dentro de las limitaciones que las mujeres tienen para expresarse y desarrollarse, se muestra cómo han hecho del disimulo y del ingenio cotidianos un modo de vida en contraste con las restricciones.

Con lo hecho, Panahi podría estar enfocado en otros temas. Ya dejó un valioso documento visual sobre la situación de su país y un legado para los jóvenes cineastas que quieren hacer cine sin necesidad de depender de grandes presupuestos. Panahi dice cómo hacer cine si lo que quieres es hacer cine. Panahi podría estar filmando en cualquier parte del mundo proyectos tanto de denuncia como de búsqueda estética a razón de que es un personaje muy incómodo para el gobierno de Irán. Pero él prefiere regresar a Irán porque no puede hacer cine sin ese contexto que lo alimenta.

En la primera semana de junio, el Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán confirmó la sentencia contra Panahi por el delito de propaganda contra la República Islámica de Irán. Este tribunal rechazó la apelación presentada por la defensa del cineasta. La sentencia consta de un año de prisión, dos años de prohibición para salir de Irán y se le prohíbe afiliarse a organizaciones políticas y sociales. Panahi, por cierto, ya ha estado en prisión. En el 2022 fue condenado a seis años de prisión por conspiración contra el gobierno. Fue liberado siete meses después tras hacer una huelga de hambre y pagar una fianza.

A Panahi no le sirve de mucho su prestigio internacional en su país, en donde existe el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, que es el organismo que regula la producción artística y cultural.

Regulación del arte y la cultura en Perú

El sábado 13 de junio, en el diario oficial El Peruano, se dio a conocer la Ley 32645, la cual crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Este colegio tendrá como misión ordenar y supervisar el ejercicio profesional de las disciplinas artísticas, como las artes plásticas y visuales, música, danza, artes escénicas y afines. En otras palabras, es la oficialización de la censura, la cual, en este quinquenio, hemos visto en todo su esplendor mediante cancelaciones y leyes que atentan contra el sentido común, como la nueva ley de cine.

Este colegio de artistas no es un hecho aislado, no es una ocurrencia local. Es parte de una ola cancelatoria a nivel global que busca avasallar el espíritu crítico del arte. Sin duda, habrá creadores que se mantendrán independientes e igualmente habrá otros que buscarán beneficiarse de este organismo.

Lo sucedido con Panahi es el extremo de la cancelación, pero por ahí van estos despropósitos que nos obsequia el actual Congreso. Estaremos muy atentos.

…

Situación del cineasta. Si bien Jafar Panahi ha sido condenado, aún no ha sido detenido. Se desconoce su paradero exacto.

La ley del Congreso. Esta medida fue impulsada por la Comisión de Educación, cuyo presidente es Segundo Montalvo (PL). Tuvo 83 votos a favor. Contó con el apoyo de las bancadas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

Este Jurado, liderado por los magistrados Ricardo Moreno, María Benavides Díaz y Piero Rodríguez, dio a conocer los votos en cinco distritos, donde Fuerza Popular obtuvo un total de 272,360 votos (75.44%) frente a los 88,649 votos (24.556%) de Juntos por el Perú.

Lince

En este distrito se contabilizaron 62,269 votos válidos. Fuerza Popular alcanzó 44,236 votos, mientras que Juntos por el Perú obtuvo 18,033. Además, se registraron 3,818 votos nulos y 259 en blanco.

Magdalena

De los 75,975 ciudadanos habilitados para votar, 59,572 acudieron a las urnas. Los resultados fueron 42,197 votos para Fuerza Popular y 14,022 para Juntos por el Perú, con un total de 56,219 votos válidos, 3,166 nulos y 187 en blanco.

Pueblo Libre, San Isidro y San Miguel

En estos tres distritos, la tendencia se mantuvo a favor de Fuerza Popular: en Pueblo Libre lograron 53,134 votos (con 4,237 nulos), en San Isidro sumaron 49,670 votos y en San Miguel alcanzaron 83,123 votos.

Por su parte, Juntos por el Perú obtuvo 19,579 votos en Pueblo Libre, 9,301 en San Isidro y 27,714 en San Miguel.

Resultados en Pasco

El Jurado Electoral Especial de Pasco, presidido por David Ernesto Mapelli Palomino e integrado por Rossana Gregoria Ramírez Matos y Zoila Luz Colqui Quiroz, señalaron que la votación favoreció a Juntos por el Perú. Esta agrupación alcanzó 79,930 votos (56.658%), superando a Fuerza Popular, que obtuvo 51,747 votos (36.681%).

Resultados en Abancay

En esta región, el JEE presidido por Haydee Vargas Oviedo, junto a los magistrados Luciano Valderrama y Carmen Damián, informó que Juntos por el Perú obtuvo 94,537 votos, mientras que Fuerza Popular llegó a los 25,351 votos. En este conteo se validaron 11,988 votos, mientras que 6,775 fueron declarados nulos.

Resultados en Lima Este 1

El Jurado Electoral Especial de Lima Este 1, bajo la presidencia de Patricia Nakano Alva e integrado por las magistradas Ana María Cubas y María Rivera, junto al abogado Josué Montes, ha oficializado los resultados electorales en los distritos de:

Ate

Se registraron 22,797 votos para Fuerza Popular y 161,906 para Juntos por el Perú, sobre un total de 364,703 votos válidos. El distrito contó con 387,968 votos emitidos de 488,948 electores hábiles, además de 21,338 votos nulos y 1,927 en blanco.

Chaclacayo

Fuerza Popular obtuvo 18,623 votos y Juntos por el Perú 11,130. Se reportaron 29,753 votos válidos, 1,887 nulos y 138 en blanco, con una participación de 31,778 ciudadanos de 40,951 hábiles.

Lurigancho

Fuerza Popular sumó 61,521 votos frente a los 54,543 de Juntos por el Perú. Hubo 116,064 votos válidos, 7,117 nulos y 612 en blanco, con 123,793 votos emitidos de 161,300 electores.

Santa Anita

Fuerza Popular alcanzó 84,835 votos y Juntos por el Perú 60,096. Se contabilizaron 144,932 votos válidos, 8,412 nulos y 714 en blanco, sobre 154,058 votos emitidos de 188,098 hábiles.

En total, Fuerza Popular obtuvo 367,776 votos y Juntos por el Perú 287,676. El total de votos válidos fue de 655,452, con 38,754 votos nulos y 3,391 en blanco, sumando 697,597 votos emitidos de un padrón de 879,297 electores hábiles.

Resultados en Cusco

La audiencia de proclamación de resultados del JEE Cusco, integrado por los magistrados María Andrade, David Lazo y Jesús Valladares, oficializaron los resultados en su jurisdicción: Juntos por el Perú ganó con 368,727 (72,37%), mientras que Fuerza Popular obtuvo 140,723 votos (27,62%). En este conteo se registró un total de 509,450 votos válidos y 33,547 votos nulos.

Resultados en Tambopata

El Pleno del JEE Tambopata, presidido por el magistrado Mauro Mendoza e integrado por los abogados Humberto Hidalgo y Rodolfo Callo, proclamó como ganador a Roberto Sánchez, quien obtuvo 66,058 (69,2%), mientras que la lideresa de Fuerza Popular sumó 29,401 votos (30,8%). El total de votos nulos fue 4,567 y en blanco fueron 596.

En esta audiencia pública se encontró el personero legal alterno de Fuerza Popular, Aldo Rengifo.

Allison sostuvo que su compromiso responde a una experiencia personal. Recordó que hace varios años aceptó el cargo de ministro de Vivienda porque creyó que desde el Ejecutivo podría ayudar más al distrito de Magdalena que desde la alcaldía. Sin embargo, reconoció que esa decisión no dio los resultados que esperaba.

El aspirante al sillón municipal señaló que, tras dejar la comuna, encontró obstáculos políticos que le impidieron ejecutar el trabajo que había proyectado. "Me tocó disculparme, admitir que fue un error, disculparme con mis vecinos y prometer que nunca más volvería yo a dejar el cargo", expresó durante la entrevista.

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Allison reconoce que dejar la Alcaldía de Magdalena fue un error

El exalcalde de Magdalena explicó que aceptó el Ministerio de Vivienda, en el gobierno de Alan García, porque consideró que tendría mayores herramientas para impulsar proyectos en beneficio de su distrito. Sin embargo, afirmó que la realidad fue distinta.

Según relató, encontró dificultades dentro del Gobierno que limitaron su capacidad de gestión. Incluso habló de "celos políticos" y otros problemas que impidieron concretar los objetivos que había trazado cuando aceptó el ministerio.

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Francis Allison propone pagar hasta S/50.000 por información que permita capturar a sicarios

Durante la entrevista, Francis Allison presentó una de sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana para una eventual gestión en la Alcaldía de Lima. El candidato planteó ampliar a toda la capital el programa de recompensas que, según indicó, ya funciona en el distrito de Magdalena bajo el nombre "El que la hace, la paga".

Allison explicó que la iniciativa ofrecerá entre S/25.000 y S/50.000 a quienes entreguen información que permita identificar y capturar a sicarios. Precisó que el dinero será administrado por la Policía Nacional y solo se entregará cuando los datos proporcionados conduzcan a la detención del responsable.

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"Cada vez que alguien jale un gatillo, en ese mismo momento habrá una recompensa. Se paga solamente si obtenemos la información con la Policía que nos lleve a la identificación y captura del sicario", sostuvo.

El candidato también afirmó que el programa no solo buscará detener a los autores materiales de los asesinatos, sino también desarticular las organizaciones criminales que los reclutan. "¿De qué nos sirve apresar al sicario si dejamos la organización criminal? Al día siguiente aparecerá otro", señaló. Por ello, añadió que también habrá incentivos económicos para quienes entreguen información que permita ubicar y capturar a las bandas dedicadas al crimen organizado.

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“Se acabó el Congreso de inefables, el peor que tuvo el Perú y aunque este final no es el presagio de que llegue otro mejor, es el adiós a este Congreso espurio, servil y malhadado, que lo fue para todos los peruanos. Aunque con honrosas excepciones, este Congreso en su pobreza moral y ética, infirió para defenestrar a jueces y fiscales honestos que eran la esperanza de que en la justicia no todo estaba perdido”.

Baca también dirigió sus críticas al cuestionado congresista Fernando Rospigliosi. “Con sus nuevas banderas, el presidente del Congreso, un tránsfuga moral y acomodado”. Además, recordó la cercanía de algunas bancadas. “Revalidaron un pacto mafioso para sostener a Dina Boluarte, vacada por inmoral, alternada después por José Jerí, de la misma catadura, para dejarnos a un señor de espanto ‘vivito’ que funge de presidente, pero no existe”, escribió la exministra en su  cuenta de Instagram, donde cuenta con miles de seguidores alrededor del mundo.

Su suma al pedido para derogar ley

Esta última semana, artistas han pedido a título personal derogar la ley que crea el Colegio de Artistas del Perú, pero también colectivos de cineastas y asociaciones culturales se oponen a una ley que consideran excluyente. Es decir, deja fuera a cualquier artista que no cuente con título profesional.

“Se van sin derogar la nefasta ley que crea el Colegio de Artistas”, señaló Baca. “Con esta ley usurpadora de derechos nos obliga a todos los artistas de cualquier disciplina a ser colegiados si queremos ejercer nuestro oficio y profesión. Los artistas, los creadores, los libres pensadores, que somos casi los únicos referentes de esa utopía de pertenecer a un país, estamos amenazados”.

La cantante consideró que los premios internacionales que ha logrado Perú en el ámbito artístico son un contraste con la clase política, que ha sido decepcionante. Además, recordó que esta ley fue una iniciativa de la bancada de Perú Libre precisamente apoyada por Waldemar Cerrón. “Sin consensos, sin razón alguna, promovida por el hermano de un prófugo, pretenden controlar opresivamente a los artistas”.

Además, agregó que la Ley 32645 generará conflictos legales y culturales. “Todos los artistas cerramos filas para su derogatoria y les recordamos que nuestra fuerza es moral y ética”. El post sigue recibiendo cientos de interacciones en las redes sociales.

• Ley 32645. Fue impulsada por el Congreso y aprobada por insistencia. La ley que crea el Colegio de Artistas no fue debatida en la Comisión Educación, Juventud y Deporte y no en la Comisión de Cultura.
• Referente. Se solidarizó con los periodistas que “están amenazados en su libertad de expresión”.

"Lo que ha ingresado el 25 de junio es una solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales y que seguramente muy pronto ya tendrá una respuesta del ministerio", declaró.

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El ministro también marcó distancia entre este trámite y un eventual indulto. Explicó que el documento ingresado corresponde únicamente a una solicitud de gracia presidencial y que seguirá el procedimiento previsto por la legislación vigente. Añadió que la comisión especializada evalúa actualmente el contenido del expediente.

El nuevo recurso fue presentado por el abogado Tomás Soldevilla Guerra, quien solicita que el Poder Ejecutivo aplique la atribución prevista en el artículo 118, inciso 21, de la Constitución. Esa disposición permite al presidente ejercer el derecho de gracia en determinados casos establecidos por la norma.

El asesinato del chofer Rutman Berríos Pajuelo, de 32 años, sacudió Lima Norte la noche del 27 de agosto del 2024. Fue acribillado por negarse a cancelar la “vacuna” (cupo) exigida mientras conducía una unidad de la empresa El Mandarino.

La noche del 16 de enero del 2025, dos delincuentes atacaron una combi de la empresa de transporte La Unidad de Villa y causaron la muerte del conductor, John Romero Melchor, de 27 años. También falleció un pasajero.

Otro ataque armado contra un vehículo de transporte público, que dejó un conductor muerto y una pasajera herida, ocurrió el 13 de mayo del 2026 en el Cercado de Lima. Edgar Deza Montañez, de 40 años, se había negado a abonar S/3 diarios, dinero que necesitaba para solventar los gastos de sus tres hijos menores.

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De acuerdo con datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, indicadores clave, como la extorsión, el homicidio, el sicariato y los ataques contra el transporte público, tuvieron un repunte que enciende las alarmas.

Sin embargo, de todas las cifras sobre la violencia en las calles, las más sensibles corresponden a las extorsiones.

Desde enero del 2022 hasta mayo del 2026 se registraron 40.114 denuncias por ese delito, solo en Lima Metropolitana y Callao. Esto es, aproximadamente, 771 casos por mes en dicho periodo.

El 2025 fue el año más violento, con 12.925 casos (alrededor de 1.077 mensuales), seguido del 2023, con un registro de 10.042 denuncias (837 mensuales).

Siempre según los datos del Ministerio Público, entre agosto del 2024 y mayo del 2026 se registraron 214 atentados contra unidades de transporte público en Lima y Callao (un promedio de 10 cada mes), que dejaron un saldo de 283 víctimas, entre fallecidos y heridos (13 al mes).

Este año, de enero a mayo, ocurrieron 126 atentados (25 cada mes), con un saldo de 87 víctimas, entre muertos y lesionados (un promedio de 17 al mes).

En este último grupo se advierte un incremento en el uso de artefactos incendiarios como modalidad de ataque, aunque las armas de fuego continúan siendo el principal medio empleado.

Los datos indican un notorio aumento de las acciones criminales de los extorsionadores.

“Reconocemos la preocupación de los ciudadanos frente a la inseguridad. Este Gobierno viene trabajando de manera sostenida para enfrentar este problema y proteger a la población”, dijo el ministro del Interior, José Zapata.

En los últimos 21 meses, el sector del transporte público se ha visto afectado de manera muy grave por el deterioro en materia de seguridad, que ya presenta consecuencias preocupantes.

La creciente ola de extorsiones, cobro de cupos, intimidaciones, atentados y asesinatos en las pistas de Lima y Callao genera un ambiente de temor y zozobra entre conductores, usuarios y empresarios.

La advertencia la hizo el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, quien cuestionó la falta de resultados del Gobierno frente al aumento de extorsiones, atentados y homicidios.

Aseguró que estos hechos ya ocasionan un incremento significativo en los costos operativos del transporte, dado que es necesario imponer restricciones en los horarios de tránsito y adoptar medidas adicionales para fortalecer la seguridad de conductores y pasajeros.

Es que los 214 atentados registrados entre agosto del 2024 y mayo del 2026, que afectaron al transporte público, dejaron 157 fallecidos y 131 heridos.

Es decir, en promedio, los extorsionadores matan 7 transportistas cada mes. Además, hubo 39 atentados que no dejaron víctimas.

En el 2024 (de agosto a diciembre) hubo 31 víctimas: 18 fallecidos y 13 lesionados; en el 2025 se registraron 140 víctimas (77 muertos y 63 afectados); y en el 2026, hasta mayo, hubo 112 víctimas (57 fallecidos y 55 lesionados).

Un dato adicional es que entre enero y mayo del 2026 el Ministerio Público registró 39 atentados sin víctimas mortales ni heridos.

De todos los atentados perpetrados desde agosto del 2024, al menos 202 ataques fueron contra vehículos de transporte público y 12 alrededor de estos. Según las denuncias, 51 fueron en bus, 20 en combi, 45 en mototaxi, 16 en auto colectivo, 15 en cúster, 20 en miniván colectivo, 5 en taxi, 10 en la vía pública, uno en patio de maniobras o cochera y uno en local comercial.

Además, 170 fueron bajo la modalidad de interceptación, 38 mediante falso pasajero, 2 por citación, 2 están en investigación y otros 2 fueron por incendio provocado.

Los medios utilizados por los delincuentes también varían. Así, 209 casos fueron con armas de fuego, 4 con artefacto explosivo y 2 con artefacto incendiario.

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De acuerdo con el análisis de datos, en 151 episodios los atacantes se movilizaron en vehículos y en 21 no lo hicieron. En 129 incidentes se empleó motocicleta, uno fue con motocicleta y auto, 14 con autos, 2 con motocicleta y mototaxi, 4 con mototaxi, 1 con bicicleta y en 42 casos se desconoce el tipo de unidad que emplearon. En cada vehículo se movilizaban al menos 2 individuos.

Por zonas, las cifras son alarmantes.

En Lima Norte hubo 70 ataques, con 41 fallecidos y 48 lesionados; y en Lima Sur fueron 44 atentados, con 33 muertos y 35 heridos.

En Lima Este se reportaron 43, con 30 fallecidos y 19 lesionados, mientras que en Lima Centro hubo 21 acciones criminales, con 19 fallecidos y 8 lesionados.

“Proteger la vida de los peruanos sigue siendo una prioridad para todo Gobierno”, afirmó el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el general Víctor Revoredo.

DATOS

Varones. Las cifras indican que del total de víctimas, 247 son hombres (142 fallecidos y 105 lesionados); y 36, mujeres (10 fallecidas y 26 lesionadas).

Peruanos. También se identificó a 237 peruanos (129 fallecidos y 108 heridos); y a 19 venezolanos (14 fallecidos y 5 lesionados).

Víctimas. Fallecidos: 125 eran choferes, 16 pasajeros, 6 cobradores, 4 jaladores, 1 vendedor y 1 gerente.

En este evento participaron dirigentes de las comunidades, trabajadores y especialistas del sector minero.

El futuro de la minería en el Perú debe decidirse con las comunidades y los trabajadores, priorizando la protección de los ecosistemas, concluyeron durante la presentación de propuestas y demandas, que tiene como objetivo consolidar una cadena de minería legal, trazable y competitiva.

Algunos minerales, como el oro que se extrae en el país, tendrían origen informal o ilegal, una actividad que históricamente ha financiado grupos mafiosos, genera ingresos estimados en US$12.000 millones y constituye actualmente la economía ilegal más grande del país, por encima del narcotráfico, la trata de personas y la tala ilegal combinados.

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Esto equivale a más de 104 toneladas de oro de procedencia ilícita al año, igualando el volumen de las exportaciones formales.

NO ES SOLO UN PROBLEMA AMBIENTAL

La minería ilegal no es solo un problema ambiental, sino de seguridad nacional.

Así, los daños ambientales causados por la minería, la situación laboral de los mineros de las grandes empresas y una nueva mirada sobre el rol de la actividad minera en Perú se pusieron en debate durante el referido foro, que se realizó el 23 de junio en Lima.

La capital peruana fue la última semana escenario de otro foro: el Congreso Mundial de Minería, donde empresas del sector se reunieron en mesas y exposiciones sobre el futuro de la actividad.

El foro social Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de la Minería, en cambio, fue un evento paralelo que reunió a dirigentes sociales de Cusco, Apurímac, Puno, Junín, Áncash, Cajamarca y La Libertad, así como a representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP).

Allí, expertos, académicos y representantes de organizaciones civiles analizaron el futuro de la minería con la participación de las comunidades y los trabajadores de las operaciones mineras.

“Existe una gran brecha entre la minería que realmente existe en el territorio y la minería que regula la ley”, señala Gisselle V. Benites, investigadora de la Universidad de Cornell y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico.

Además, considera que “el marco legal peruano está desfasado para enfrentar los nuevos retos de la minería informal y el avance del crimen alrededor de la minería”.

En ese sentido, señaló la importancia de reconocer que la heterogeneidad de las prácticas productivas en el territorio —minería formal, informal e ilegal— ha desbordado esta mirada centrada en la gran minería. El escenario va mucho más allá y se complejiza.

LLAMADO A UN DIÁLOGO NACIONAL

Las conversaciones concluyeron con un llamado al diálogo para pensar una minería que coloque en el centro del debate la protección de los derechos de las personas, de los ecosistemas y el bienestar colectivo, además de una revisión de la legislación actual que considere los minerales estratégicos para la transición energética y la disputa geopolítica por el control de recursos.

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El Foro Social, organizado por CooperAcción y la Red Muqui, se realizó un día antes de que se iniciara el Congreso Mundial de Minería, del 24 al 26 de junio.

De esta forma, se hizo un llamado a un diálogo nacional sobre el rol de la minería en el país y a colocar en el centro del debate la protección de los derechos de las personas, de los ecosistemas y el bienestar colectivo.

Diversas organizaciones sociales y sindicales señalaron que no se puede planificar el futuro de la minería sin definir una nueva gobernanza minera, que implica la participación efectiva de las comunidades, los pueblos indígenas y los trabajadores de las operaciones mineras.

Abel Gilvonio, director de CooperAcción, señaló que existe la necesidad de iniciar un debate sobre la Ley General de Minería, que data de la década de 1990 y ya ha quedado desfasada frente a desafíos como la minería informal o los nuevos minerales estratégicos.

Por su parte, Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui, destacó que “este foro es una oportunidad para dialogar, compartir nuestras experiencias y generar propuestas colectivas” desde la población.

TRES PANELES TEMÁTICOS

En el evento se desarrollaron tres paneles temáticos en los que se abordaron: Los nuevos minerales estratégicos y la disputa geopolítica por el control de recursos; Los desafíos de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en el Perú; y Los desafíos para la gobernanza social y ambiental.

En la primera mesa, referida a los minerales estratégicos o críticos, el ingeniero Pavel Aquino señaló que nuevos metales estratégicos, como el indio, telurio, galio y germanio, son esenciales para fabricar baterías, paneles solares y semiconductores, y que estos son exportados como parte de los concentrados de cobre y zinc, pero no aparecen en ningún registro oficial del Estado peruano.

Los análisis químicos realizados en un estudio de CooperAcción permitieron identificar la presencia de diversos elementos asociados, entre ellos cobalto, níquel, selenio y otros minerales considerados críticos o estratégicos.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, si el Perú recuperara y valorizara adecuadamente estos elementos contenidos en los concentrados, podría generar ingresos adicionales de cientos de millones de dólares al año.

“La legislación minera ha quedado desfasada por la realidad”, señaló Pavel Aquino.

REALIDAD DE LA MAPE

Posteriormente, la siguiente mesa abordó los desafíos de la MAPE. La mesa contó con las exposiciones del Dr. Víctor Hugo Pachas, profesor de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y gerente del Laboratorio de Economías de Pequeña Escala de Earth First; la Dra. Gisselle V. Benites, investigadora de la Universidad de Cornell y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico; y Neider Zárate, economista de la Alianza por la Minería Responsable.

A lo largo de las intervenciones emergió una idea común: la realidad actual de la MAPE ha cambiado profundamente y las políticas públicas vigentes no han logrado adaptarse a esa transformación.

Uno de los temas que generó mayor consenso durante el debate fue la necesidad de revisar el régimen de concesiones mineras, pues miles de mineros de la MAPE desarrollan actividades en territorios donde los derechos pertenecen a terceros, situación que genera relaciones de dependencia, conflictos permanentes e incertidumbre jurídica.

Resulta difícil avanzar hacia una formalización sostenible mientras no se aborde este problema estructural.

Finalmente, en la tercera mesa se dio a conocer el pronunciamiento elaborado por los líderes sociales presentes a lo largo de la jornada.

Yolanda Zurita, de la Plataforma por la Salud Ambiental y Humana de Junín; Estela Rojas, del Comité de Salud del puerto de Huarmey (Áncash); y Teófilo Manzaneda, de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), leyeron el pronunciamiento público de las organizaciones sociales participantes en el Foro Social: Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de Minería.

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El pronunciamiento fue entregado a la diputada electa Gianina Avendaño, quien destacó las propuestas y demandas de las organizaciones y se comprometió a trabajar en esta agenda.

En el evento participaron también representantes de las organizaciones sociales y comunidades campesinas afectadas por la actividad minera de Cusco, Apurímac, Puno, Cajamarca y La Libertad.

El pronunciamiento de las organizaciones será entregado al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, entidad organizadora del Congreso Mundial de Minería; a instituciones del Estado; y a autoridades electas del próximo Congreso.

El argumento, en lo narrativo, resulta interesante. Una periodista recibe el testimonio del exagente Josué Souza, quien le relata la verdadera historia de lo que realmente pasó en esa madrugada de julio de 1992. Lo dicho por Souza está inspirado en el libro Sueños de justicia. La verdad del llamado Grupo Colina (2014) del exagente Jesús Antonio Sosa Saavedra, conocido como Kerosene. Obviamente, se trata de una película de ficción forjada desde la visión de la derecha, cuyo propósito es ofrecer otra perspectiva de las acciones cometidas por los comandados por Santiago Martín Rivas. Pero el problema no es su ideología (ninguna obra de arte debe ser juzgada bajo el prisma ideológico), sino su tratamiento. Se nota el apuro, del mismo modo la improvisación que podemos apreciar en toda su magnitud en la configuración formal de los diálogos, básicos y apofánticos. Ni hablar de las actuaciones, menos de la pésima fotografía. Al lado de Cantuta: la orden secreta, Chavín de Huántar: el rescate del siglo (2025) es El imperio contraataca (1980).

El documental sobre La Cantuta

En la plataforma Prime Video podemos encontrar el documental La Cantuta en la boca del diablo (2011) de Amanda Gonzales Córdova. Antes de abordarlo, no podemos dejar de subrayar que un documental peruano se encuentre en la programación de una de las plataformas de películas, series y documentales más vistas del mundo. No es un hecho menor. Su presencia en Prime Video responde a su importancia como proyecto de no ficción, no a su ideología. Eso es indudable.

Tenemos al experiodista Edmundo Cruz como protagonista del relato de La Cantuta en la boca del diablo.  Cruz es uno de los referentes del periodismo de investigación del país. Este caso para él, por decirlo de alguna manera, es uno de sus grandes hits. Fue uno de los primeros en seguirle la ruta al Grupo Colina, primero desde la revista Sí y luego en La República desde 1997.

Como señalamos líneas atrás, los proyectos no deben ser juzgados desde su ideología. La Cantuta en la boca del diablo tiene una ideología de izquierda, pero su valor no radica en ello, sino en la forma como Gonzales sigue al periodista en sus indagaciones sobre lo que pasó con los estudiantes de La Cantuta y el accionar del Grupo Colina.

Las tomas a nuestro personaje rara vez son directas; lo que hace la cámara, principalmente, es seguirlo. Bajo esa estrategia, vemos a Edmundo Cruz yendo al Congreso para entrevistarse con parlamentarios, cruzando información con otros colegas y dirigiéndose al lugar de los hechos, tanto a La Cantuta como a la Quebrada de Chavilca, en Cieneguilla, en donde se encontraron las fosas de los restos calcinados de algunas de las víctimas. Igualmente, se cuenta con los testimonios de los activistas Raida Cóndor, Francisco Soberón y Gisela Ortiz Perea; y del periodista de investigación Ricardo Uceda, autor de Muerte en El Pentagonito (2004).

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en el año 2009. Uno de los puntos de la sentencia estaba relacionado con el caso La Cantuta. En este sentido, este documental es un ejemplo de rigor periodístico, es decir, se ampara en hechos comprobados más allá de consignas ideológicas. En cuanto a Edmundo Cruz, pues nos brinda una clase magistral, tanto en su metodología de investigación como en la actitud que se debe tener ante lo que se investiga. La noticia es la noticia, no el periodista. Maestro.

Estos hechos fueron descritos por Jhonatan Águila Gutiérrez, de 24 años, uno de los pasajeros heridos de bala en la cabeza, quien se hizo el muerto y pudo escuchar los diálogos del capitán Montenegro y de sus subordinados. Por suerte, no se dieron cuenta de que Águila, increíblemente, había sobrevivido. Ahora es un testigo clave para la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín.

Jhonatan Águila sostiene que es falso, como dicen los informes oficiales, que los militares ordenaron detenerse al conductor del vehículo. Tampoco es verdad que los pasajeros atacaron a balazos a los uniformados. Y mucho menos que todos portaban armamento.

Más bien, luego de comprobar que habían atacado el vehículo equivocado, los militares no auxiliaron de inmediato a los heridos. De acuerdo con el testimonio de Jhonatan Águila, uno de ellos ordenó conseguir balas y colocarlas en la escena para fabricar la versión de un supuesto ataque contra los militares y que estos lo repelieron, matando a los cinco civiles.

"¡Mi sup (superior), mi sup (superior), no hay carga (de droga)! ¿Qué hacemos?", preguntó uno de los efectivos.

La respuesta fue: "Traigan balas y láncenlo al carro", conforme al testimonio formal de Jhonathan Águila ante los fiscales y los abogados de las partes, incluidos los militares.

El sobreviviente afirmó que los efectivos cumplieron la orden.

"Ahí es donde lanzan encima de mí, y en el piloto y copiloto, lanzan balas", relató Águila.

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“Disparos fueron al parabrisas”

El orden de los acontecimientos descrito por el sobreviviente es preciso: primero, los militares atacaron la camioneta; después, revisaron a los pasajeros muertos y heridos; luego, comprobaron que no existía la carga de droga que buscaban (500 kilos); finalmente, ordenaron traer balas y arrojarlas en la escena del crimen.

Jhonatan Águila declaró que no observaron ningún control militar ni recibieron una orden para detenerse.

"Cuando nosotros (en la camioneta) nos acercamos a ellos (que estaban en la carretera), dispararon desde delante por el parabrisas. Esas personas estaban escondidas. Si nos hubieran puesto el alto, nos hubiéramos detenido. Nos dispararon de frente", manifestó.

El conductor, Nilson Montenegro, perdió el control. La camioneta avanzó unos metros, chocó contra una piedra, atravesó los matorrales y terminó empotrada fuera de la carretera.

Para entonces, Nilson Montenegro había muerto. Los demás pasajeros estaban heridos. Pero los disparos no se detuvieron luego de que el vehículo se detuviera bruscamente.

"Los disparos venían desde la parte de atrás. Dispararon como en tres tiempos: primero cuando estábamos en movimiento, luego cuando nos empotramos, luego se detuvieron un momento y dejaron de disparar, pero luego volvieron a disparar", explicó Jhonatan Águila, según el acta de su testimonio que sirvió al fiscal Jhoel Chamorro Macukachi, quien solicitó y logró la detención preventiva de los ocho militares por 12 meses, con la finalidad de asegurar las investigaciones.

Ninguno de los militares contestó a las preguntas de las autoridades. Todos se acogieron al silencio.

"Durante la intervención, ¿los militares indicaron si eran del Ejército u otra institución militar?", preguntaron a Jhonatan Águila Gutiérrez:

"En ningún momento ellos se han identificado ni han hecho un pare, porque si ellos hubieran hecho un pare, habiendo tantas maneras de intervenir al vehículo, en este caso no dijeron nada y nos intervinieron con balas’", contestó el testigo.

Después de las primeras ráfagas, aproximadamente cuatro hombres armados y vestidos de civil se acercaron a la camioneta.

Los militares se aproximaron a las cuatro ventanas del vehículo. Jhonatan Águila, herido en una mano y en un pie, decidió fingir que estaba muerto. Mantuvo abierto solamente uno de sus ojos para observar lo que ocurría.

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“Todos están fríos”

Uno de los hombres llevaba una gorra verde oscura, pasamontañas negro, chaleco verde oscuro, pantalón negro y botas. Abrió la puerta del conductor. Águila afirmó que fue en ese momento cuando comprendió que se trataba de militares. Uno de ellos revisó a los ocupantes y comunicó a su superior que todos se encontraban muertos.

"¡Mi sup (superior), todos están fríos!", le dijo gritando.

Pero no todos estaban muertos.

Jhonatan Águila permanecía consciente y rezaba en silencio mientras los militares retrocedían y se preparaban para disparar de nuevo. Antes de la segunda ráfaga escuchó que uno de los pasajeros se quejaba.

"Ah, ah", gemía el herido.

Los militares dispararon otra vez.

Una de las balas impactó a Jhonatan Águila en la cabeza y otra en el glúteo.

"Yo estaba orando, pidiendo a Dios que me ayude", declaró.

Antes de que los militares revisaran por segunda vez la camioneta, Cristhian Vilcatoma Águila, sobrino de Jhonatan Águila Gutiérrez, abrió la puerta del copiloto e intentó bajar.

El sobreviviente cree que fue atacado en ese momento, cuando descendía del vehículo.

"Cuando estaba bajando seguramente lo mataron. Ahí es donde empieza la balacera y ahí lo remataron", señaló.

Los militares se acercaron nuevamente. Esta vez, dos de ellos llegaron hasta la parte delantera del vehículo. Llevaban pasamontañas.

Los militares cerraron la puerta del copiloto y abrieron una de las puertas posteriores.

Luego sujetaron a Jhonatan Águila por el hombro y lo sacaron del vehículo.

Tenía heridas de bala y el rostro cubierto de sangre. Para evitar que descubrieran que seguía con vida, dejó caer el cuerpo y trató de no respirar.

Jhonatan Águila no señaló que alguno de los pasajeros portara armas.

Cuando la fiscalía le preguntó expresamente si llevaba un arma de fuego o si había realizado algún disparo, respondió que no.

"Nosotros en ningún momento portamos armas y no hemos realizado ningún disparo. Yo hablo porque vi que nadie de los que estaban dentro hizo disparos", manifestó.

Tampoco dijo haber escuchado disparos procedentes de la camioneta.

Águila sostuvo que los atacantes nunca se identificaron, nunca ordenaron detener el vehículo y nunca les dieron la oportunidad de explicar quiénes eran.

Dispararon primero.

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El dato

• Recuento. Del total de ocupantes de la camioneta, Jhonatan Águila solo conocía a su sobrino, Cristian Vilctoma, y a Nilsón Montenegro, ambos muertos durante el ataque.
• Futboleros. Al colombiano Nilson Montenegro, el conductor del vehículo, lo conoció en partidos de fútbol en la zona de Pucacolpa, en Ayacucho.
• Extraños. Respecto de los demás ocupantes de la camioneta, Jhonatan Águila dijo que no sabía de quiénes se trataba.

De acuerdo con el dominical, los fondos que recibió el partido naranja fueron incrementándose durante ese periodo. En 2022, Fuerza Popular obtuvo S/ 40.700 mediante cuatro transferencias. En 2023, la cifra ascendió a S/ 339.950 a través de 28 transferencias. En 2024, el monto aumentó a S/ 427.000 en 36 operaciones. Finalmente, en 2025, la suma superó el medio millón de soles, también mediante 36 transferencias.

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La encargada de recibir estas operaciones y llevar el control de los montos ingresados por este concepto fue Karina Beteta. Consultada por el programa, la virtual congresista señaló que ya no desempeña esa función y precisó que actualmente esa responsabilidad recae en Cecilia Chacón, también virtual congresista.

Consultado sobre esta modalidad de recortes salariales, el abogado laboralista Christian Sánchez cuestionó el esquema. "El trabajador ve afectada su remuneración para que este dinero sea trasladado a un partido político. Y se utilizan mecanismos de la oficina de Recursos Humanos para gestionar transferencias de dinero a partidos sin ninguna cobertura legal. La voluntariedad es dudosa. Si un trabajador no aporta, le quitan el trabajo", declaró al dominical.

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Perú Libre y Alianza para el Progreso también se beneficiaron del esquema

Sin embargo, Fuerza Popular no fue el único partido favorecido por estos recortes. El reportaje también expone que Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre también obtuvieron recursos mediante este mecanismo. Entre 2022 y 2025, el partido liderado por César Acuña recibió S/ 459.000, mientras que la agrupación encabezada por el prófugo Vladimir Cerrón obtuvo S/ 834.000.

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De acuerdo con el estatuto de Perú Libre, citado por 'Punto Final', cada funcionario y representante del partido debe aportar el 10% de sus ingresos a la organización. Según el reportaje, la agrupación realiza estos cobros mediante cheques. Solo en 2025 se emitieron seis cheques que, en conjunto, representaron una recaudación superior a S/ 83.000.

En el caso de APP, el dominical señaló que el descuento aplicado a sus congresistas sería de S/ 1.000 mensuales.

De acuerdo con información del medio Exitosa, ciudadanos de la localidad advirtieron que la presencia de estos vehículos obedecería al traslado de material para instalar cercos en la zona. Esto ha generado una fuerte preocupación entre los habitantes, quienes, en respuesta, izaron una bandera de Moquegua.

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Moquegua acatará paro indefinido desde el martes 30 de junio por ley que modificaría su territorio

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, anunció que desde el martes 30 de junio la región iniciará un paro indefinido en rechazo al proyecto de ley N.° 11658. Según explicó, la norma pondría en riesgo la integridad territorial de Moquegua al reducir parte de su jurisdicción.

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Durante una entrevista con RPP, la autoridad regional aseguró que la población está dispuesta a movilizarse para defender su territorio e incluso advirtió que podría repetirse un escenario similar al denominado Moqueguazo. Asimismo, sostuvo que tanto las autoridades como los ciudadanos no permitirán que la región pierda "ni un solo centímetro" de su territorio ni los recursos que le corresponden.

Gutiérrez afirmó que la solución pasa por que el presidente Balcázar observe la ley y convoque a una mesa de trabajo para definir los límites entre Moquegua y Tacna. Además, informó que el martes los alcaldes de la región acudirán al Congreso con la expectativa de ser recibidos y reiteró que el mandatario tiene la oportunidad de evitar un conflicto social de mayor magnitud en el sur del país.

La ley que genera tensión en la frontera de Moquegua y Tacna

El Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE propone regularizar los límites territoriales de la provincia de Jorge Basadre y de parte de sus distritos. En concreto, la iniciativa contempla el saneamiento de dos sectores: el límite interprovincial entre Jorge Basadre y Candarave, y el límite interdistrital que comparten los distritos de Locumba e Ilabaya.

La propuesta fue aprobada durante la sesión del pleno del Congreso realizada el 23 de junio, donde obtuvo 78 votos a favor y quedó exonerada de una segunda votación. No obstante, hasta la fecha, el presidente Balcázar aún no ha suscrito la autógrafa de la ley aprobada.

“(¿Podríamos tener otro ‘Moqueguazo’?) Yo estoy segura que sí. Nuestra gente de Moquegua no va a ceder ni un solo centímetro. Nosotros como autoridades también tenemos esa agenda. Estamos defendiendo nuestra integridad territorial y los recursos que le corresponden a los moqueguanos”, declaró Gutiérrez en RPP.

La gobernadora resaltó que urge ponerle “fin” al tema y confía en que el presidente Balcázar observará la ley.

“Para tranquilidad de las dos regiones la solución está en primero observar la ley. Luego convocarnos a un grupo de trabajo para delimitar los límites entre Moquegua y Tacna. No nos oponemos a que Tacna se ordene internamente, pero creemos que esa no es la solución”, anotó.

Con el propósito de dialogar, informó que el martes todos los alcaldes de Moquegua se presentarán en el Congreso y esperan ser atendidos. Asimismo, confía en que Balcázar resolverá el problema.

“El presidente tiene la oportunidad de no dejar un conflicto social mayor en el sur del país”, manifestó.

Sobre la ley

El Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE plantea el saneamiento de tramos territoriales de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos. Específicamente, la iniciativa busca “sanear límites en dos ámbitos específicos: el tramo de colindancia interprovincial entre Jorge Basadre y Candarave, así como el tramo de colindancia interdistrital entre Locumba e Ilabaya”.

En el pleno del Congreso del pasado 23 de junio, la ley fue aprobada con 78 votos a favor y se le exoneró de segunda votación. Hasta el momento, el presidente Balcázar no ha colocado su firma sobre la fórmula aprobada por el Congreso.

Gobernador de Tacna rechaza supuesta afectación a territorio de Moquegua

Por su parte, el gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, rechazó la supuesta afectación al territorio de Moquegua y exhortó al mandatario a convocar una mesa de diálogo con las autoridades de Tacna.

“En ningún momento hemos tocado terrenos de Moquegua ni nada por el estilo. Son 135 km de la línea fronteriza, de límites entre los pueblos dentro de Tacna, no entre Moquegua. Alguien les ha informado mal a nuestros queridos hermanos de Moquegua”, relató.

Seguidamente, explicó que el objetivo es mejorar las condiciones para los ciudadanos.

“Hay cinco pueblos que pertenecían en la creación, los pusieron en Candarave. La provincia de Candarave (Tacna) no tiene recursos para atenderlos como tal. Los pueblos con su legítimo derecho dijeron ‘no queremos pertenecer a Candarave porque no tienen cómo ayudarnos. Queremos pertenecer a Ilabaya’, que ellos sí reciben una gruesa cantidad de dinero por el canon minero porque la mina de Toquepala queda en su territorio, en Ilabaya (Tacna). Entonces, lo que se está haciendo acá es darle conformidad al deseo de los pueblos que quieren pertenecer a Ilabaya”, dijo.

Los escenarios vuelven a protestar por lo que consideran que es "un golpe más contra los derechos culturales". Tras la segunda vuelta presidencial, el Congreso de la República se despide votando por leyes polémicas, entre ellas, una que evita que policías y militares sean procesados por la justicia y otra que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

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Impulsada por la bancada de Perú Libre, la creación de este colegio parece invitar a la profesionalización de los artistas; sin embargo, no convocó a la comunidad artística y, al no ser debatida por sus integrantes, dejaría fuera a la mayoría con formación autodidacta o que, simplemente, cursó estudios, pero no obtuvo el grado de bachiller ni la licenciatura. Por ello, con un afiche que cuestiona quién decide quién es artista, actores, actrices, dramaturgos y cineastas han compartido en sus redes sociales el pedido de derogatoria de la Ley N.° 32645.

“No se consultó a la comunidad artística, a colectivos ni a saberes ancestrales. Excluye a la mayoría de artistas al exigir solo títulos universitarios. Atenta contra la libertad de creación al pretender ‘ordenar’ y ‘supervisar’ el arte. El arte peruano es libre, diverso y se construye también desde la calle, los talleres y las comunidades. Evitemos que la creación de este colegio sea utilizada como una herramienta de discriminación y censura contra los artistas”.

En ese sentido, también exigen una mesa de diálogo. “Para una ley de fomento y derechos laborales, no de control. ¡El arte no se colegia, se crea!”, se lee en las publicaciones de actrices como Mónica Sánchez y de espacios de formación como Diez Talentos de Bruno Odar.

Afecta a otros colegios profesionales

La creación del Colegio de Artistas va más allá del sector artístico. Entre sus disposiciones, impide que personas inhabilitadas para la función pública asuman cargos en colegios profesionales. “Se abre una puerta peligrosa que facilita el bloqueo de la participación de opositores políticos en funciones similares, usando una medida excluyente, centralista y contraria a la diversidad cultural”, sostiene el colectivo En Defensa del Cine Peruano.

Días antes de la segunda vuelta presidencial, la asociación encargada de proteger los derechos intelectuales de los artistas del sector audiovisual, Inter Artis, había hecho público que la ley impulsada por el actual Congreso no había contado con la participación del sector cultural.

La ley había sido aprobada por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, no por la Comisión de Cultura que preside Susel Paredes. Para la congresista, se trataba de un proyecto “excluyente”.

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Los cineastas que protestaron por la llamada ley anticine (impulsada por Adriana Tudela de Avanza País y Patricia Juárez de Fuerza Popular, entre otros) advirtieron que este tipo de ‘iniciativas’ dejaban la puerta abierta a la censura. “Se están yendo y están aprobando todo entre gallos y medianoche porque estamos distraídos con los debates y con la segunda vuelta”, nos decía en un informe la directora Rossana Díaz Costa. “Estamos hablando del cine, del teatro, del fomento del libro y de la música. En general, es el mismo fondo para todas las artes”.

Hay un sector de la comunidad artística que cree que podría tratarse de una represalia porque algunos artistas han sido ‘incómodos’ para los gobiernos de turno. De hecho, los artistas escénicos hicieron un plantón en el Congreso para defender su derecho al cobro de las regalías.

El grupo de Artistas contra la dictadura señala que es una ley antidemocrática y que va en contra de la libertad de expresión. Al cierre de esta edición, centros culturales y teatros de Lima emitieron pronunciamientos que exigen la derogatoria de la ley. 

Un año después, nos comenta que negarle la calificación de espectáculo cultural y provocar la suspensión de un festival fue un acto de censura por homofobia. “Siento que se usó la obra y la religión para hacer política. El alcalde tocó la sensibilidad de la gente católica y en ese tiempo vino Juan Luis Cipriani y fue condecorado por la municipalidad. Una hipocresía”.

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Lo que sucedió parece ser un efecto búmeran y MM ha tenido éxito en el circuito alternativo. Es cierto que es una propuesta arriesgada y transgresora, pero Cárdenas ofrece una obra teatral con verdad y talento. Habla sobre su sexualidad, la religión, la homofobia y la política en una puesta en escena con representaciones del catolicismo, danzas en las que los hombres usan faldas y donde hay un cartel que dice: ‘El folclor es andrógino’. “En otros momentos se usaron los símbolos como en Madeinusa. Así que llegamos a la conclusión de que no les fastidia que se usen los símbolos, lo que les fastidia es que los use un homosexual”.

Uno de los problemas ha sido conseguir un teatro, señala. “La propuse a algunos y no aceptaron. Sala Quilla tuvo la valentía de ponerla en escena y arriesgarse. Incluso sabiendo que la Municipalidad de Barranco es del partido de ‘Porky’. No he visto mucho teatro LGBT en Perú porque no se arriesgan a estar censurados y ahora, mucho más van a observar las obras, ¿no? Con el nuevo gobierno”.

Entonces, ser visible ya es un acto de resistencia, comenta. “Ser homosexual en una sociedad católica y conservadora como es el Perú ya es una transgresión. Se nace así. ¿En verdad creen que uno decidiría ser homosexual sabiendo todo el contexto que conlleva? Que tengas miedo y que te puedan pegar en la calle. No, pues”.

“Vivimos en un país donde no tenemos ningún tipo de derecho”

Los miércoles de junio, cientos de mujeres asistieron a las funciones de Noche de Creadoras. El proyecto es dirigido por la dramaturga Jennifer Aguirre Woytkowski, pero esta vez elaboró una programación con temática LGBTI. Como parte de la comunidad, la artista defiende la visibilidad, sobre todo para las bisexuales y lesbianas, porque considera que están expuestas a dos tipos de discriminación. “Hay pocos contenidos LGBT porque vivimos en una ciudad conservadora y homofóbica. Entonces, si no tenemos la libertad de ser quienes somos, tampoco tenemos libertad de crear y exponer nuestros proyectos”.

Para la directora, el hecho de que el Congreso impulsara nombrar a junio el Mes de la Familia fue una agresión para la comunidad. “Me pareció una falta de respeto. Me genera también mucho dolor porque pareciera una venganza. (Milagros Jáuregui) se burla y piensa que somos una minoría en número, pero en realidad somos una minoría en cuanto a derechos”.

Ante este panorama, comenta que solo pueden responder generando más espacios. “Las chicas que asistieron nos decían que no hay lugares donde puedan ver este tipo de obras. Yo, como una mujer que es lesbiana y que lo dice porque para mí es un acto político, creo que es fundamental que existan porque la representación es muy importante. Yo crecí sin una referencia de que amar de esta forma estaba bien”.

Aunque es una sociedad violenta con las mujeres, considera que es necesario no ocultarse. “Vivimos en un país donde no tenemos ningún tipo de derecho. Quieren decir que no existimos, pero no nos van a quitar la voz”. También comenta que son tiempos en que debería haber más visibilidad desde los escenarios. “Como una persona que hace cultura, hay una coherencia entre lo que digo y lo que soy. Además, me siento responsable por las chicas que no se atreven a salir del clóset por sus familias. Si eres artista y tienes 50 años, ¿cómo se va a cambiar el país si no lo dices? Estás luchando por algo más grande”.

En medio de este contexto, Alejandro Clavier vuelve a poner en escena Cariño malo, una exitosa obra que ya está viajando fuera del Perú. Sin embargo, se define como “un tipo con mucha suerte” y al igual que sus colegas, subraya la importancia de la representación. “Hay un avance de un conservadurismo muy fuerte que está haciendo que las instituciones se pongan más conservadoras. Es importante poder crecer y tener referencias de expresiones artísticas queer para quienes somos queer. De alguna manera nos acompaña en nuestro desarrollo y también da cuenta de nuestra existencia”.

    Clavier considera que Cariño malo, una obra también sobre la masculinidad y que aborda con ironía la homofobia, es su mejor trabajo porque no tiene pretensiones más que ser él mismo. “Si una obra transforma al artista, ya con eso estaríamos protegiendo una cualidad muy genuina del arte que es hablar desde la verdad”. En cuanto a las políticas a favor de la igualdad, no es optimista con lo que viene en los próximos años. “Cada vez que tengo la oportunidad de acercar algún tema de la comunidad, es como dejar un documento de aquí estamos, ¿sabes? Por aquí pasé yo, por aquí pensé esto, ¿no? Esa memoria LGBT es importante para una siguiente generación”.

    Ante una clase política que censure el arte y retroceda en derechos humanos, los artistas señalan que les toca “resistir más que nunca” desde los escenarios.

• Colegio de Artistas. Los entrevistados tienen formación académica. Sin embargo, están en contra de una ley que consideran deja la puerta abierta a la censura.

"El Jurado Nacional de Elecciones tiene su procedimiento de ley; son sus responsabilidades y tendrán que asumirlas. (…) Yo creo que todos aquellos que toman medidas de esa naturaleza lo hacen sobre la base de presunciones en temas administrativos, civiles y penales. En el derecho, nos asiste la prerrogativa de acudir a la CIDH, porque hay razonabilidad y argumentos. Es lo que vamos a hacer", afirmó.

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Brígida Curo, candidata a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial de Sánchez, continuó con el discurso de Juntos por el Perú y aseguró que no reconocerá a Keiko Fujimori como presidenta del Perú.

"En el Perú el presidente es Roberto Sánchez. Si el Jurado Nacional de Elecciones quiere imponerse es porque ha habido fraude. Nosotros no vamos a reconocer a Keiko Fujimori", sostuvo.

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Roberto Sánchez lideró marcha ciudadana junto a sus seguidores

Desde su local de campaña, ubicado en Paseo Colón, Sánchez anunció el inicio de una jornada de movilizaciones a nivel nacional con el objetivo de defender el voto ciudadano y la voluntad popular expresada en las urnas.

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Una de sus principales demandas fue la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación para los deudos de las víctimas de las protestas ocurridas entre 2022 y 2023. "Nuestro pueblo exige justicia para el sur. Quienes mataron y asesinaron, que paguen en la cárcel. La sangre derramada jamás será olvidada", declaró el parlamentario.

Asimismo, Sánchez denunció que se habrían presentado obstáculos para el desarrollo de la manifestación. "Nuestros compañeros han querido venir y les han puesto obstáculos. (…) Es el pacto mafioso de la señora K y todos sus aliados. (…) Hermanos y compañeros, no nos han dado la autorización para el libre tránsito; nos han enviado un documento que nos dice que no podemos marchar por las calles", precisó.

'La legitimidad es un concepto mucho más amplio y para mí el gobierno de Keiko no es legítimo. Hemos llegado a un proceso de más de 30 partidos donde las dos fuerzas que han pasado no expresan lo que la mayoría de la población quiere y un resultado donde territorialmente dentro del Perú no han votado por Keiko Fujimori', dijo en entrevista a RPP.

En ese sentido, resaltó que no hubo fraude, pero que sí considera que hubo 'muchas reglas electorales que se han cambiado y se ha vulnerado sistemáticamente el principio de intangibilidad electoral'.

'La Cancillería hubiera hecho bien si para la segunda vuelta anunciaban con mayor claridad el tema de traslado de votos', ejemplificó.

Además, señaló que hubo temas de estigmatización y etiquetas que se han colocado a la izquierda y a la centroizquierda. A su vez, sostuvo que la población del sur no va a aceptar a Keiko Fujimori y que, además, Fuerza Popular 'nunca se ha comprometido con el tema de justicia, se encargaron de blindar a Dina Boluarte'.

Por todo ello, resaltó que sí reconoce la legalidad de los resultados, pero eso no impide que tenga una crítica.

'Una cosa es que se acepten los resultados legales y otra el debate de la legitimidad. En mi evaluación política, más allá de las impugnaciones, hay un resultado y una victoria legal que va a inclinar hacia Fuerza Popular. Ese reconocimiento legal no significa que no tengamos crítica sobre todo el desarrollo del proceso legal', anotó.

Próximo Parlamento

En otro momento, Luque se refirió a la conformación del próximo Congreso Bicameral y consideró que no sería ideal que lo presida Fuerza Popular.

Explicó que la dirección del Congreso bajo este partido con Fernando Rospigliosi no fue la mejor.

"Creo que ha instaurado un parlamentarismo de facto, ha instaurado autoritarismo, ha instaurado la aprobación exprés de normas sumamente cuestionadas, ha eliminado la deliberación como fondo de varios de estos temas; las deliberaciones se sumergieron a casi un minuto los que éramos minoría, y ha funcionado de manera virtual los cinco años", anotó.

Este nuevo escándalo en la PNP ha causado indignación en el comando de esa institución, pues a ello se suma la sentencia contra otros cinco policías y un inspector que intervinieron, torturaron y causaron la muerte de un civil en la provincia limeña de Barranca.

Según se informó, la Inspectoría General, a cargo del teniente general PNP Augusto Ríos, lidera una estrategia institucional de tolerancia cero a la corrupción. Entre sus acciones clave destaca la reciente aprobación de la Directiva N.° 180-2026-CG PNP/IG, que implementa un Equipo Especial Anticorrupción para intervenir directamente en faltas disciplinarias y delitos graves dentro de la institución.

El último jueves, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica (Segundo Despacho) confirmó la condena al comandante PNP Jorge Antonio Sánchez Ponce, así como a otros seis suboficiales de la PNP, por el delito de cohecho pasivo propio.

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Como se sabe, los hechos se remontan al 2 de octubre del 2020, cuando el investigado comandante PNP, en su condición de director de la Escuela Superior Técnico Policial de Huancavelica y miembro del Comité del Proceso de Evaluación del Examen, habría solicitado directamente a la suboficial PNP Gabriela Salazar Aylas, e indirectamente a otros subalternos, un beneficio económico a cambio de entregarles el examen que él previamente había elaborado para la especialidad de orden público y seguridad, para la obtención del título profesional técnico en ciencias administrativas y policiales de suboficiales PNP, que se realizó el 3 de octubre del 2020.

La investigación logró obtener los reportes bancarios que confirmaron los depósitos realizados por seis suboficiales para acceder al beneficio ilícito. También se halló en poder de la facilitadora el cuestionario con las respuestas marcadas en negrita, durante la intervención al inicio del caso.

Los seis suboficiales que pagaron para obtener el material y asegurar su titulación técnica de manera fraudulenta recibieron cuatro años de prisión suspendida.

Se trata de Andiela Aguilar, Jhislend Auquilla, Lisbett Huamán, Fernando Yaringaño, Junior Díaz y Luis Nestares.

La pena contra el exjefe policial, el comandante Jorge Sánchez, es de cinco años de prisión suspendida, con un periodo de prueba de tres años bajo reglas de conducta.

Además, se le inhabilitó por cinco años para ejercer cualquier cargo público. Los siete condenados deberán pagar en conjunto una reparación civil de S/40.000 a favor del Estado peruano.

Según los hechos demostrados por el fiscal adjunto provincial Christian Huamán Ramos, Sánchez filtró el banco de preguntas resuelto de un examen de suficiencia profesional a cambio de pagos ilícitos. Exigió, a través de una intermediaria, S/100 a cambio de entregar "las fijas" de la prueba mediante grupos de WhatsApp.

Asimismo, los suboficiales de la institución pagaron por obtener el material para asegurar su titulación técnica de manera fraudulenta.

La fiscalía presentó pruebas contundentes, como informes de análisis digital forense que recuperaron mensajes de audio en los que se mencionaba explícitamente que el exdirector requería un monto económico por el apoyo en la evaluación.

Asimismo, presentó los reportes bancarios que confirmaron los depósitos de los suboficiales, así como el cuestionario con las respuestas marcadas en negrita, hallado en poder de la facilitadora durante la intervención realizada al inicio de la investigación.

ABUSO POLICIAL Y MUERTE

De otro lado, el Poder Judicial también emitió sentencia contra cinco efectivos policiales y un civil por su responsabilidad en la muerte de Adolfo Suárez Valerio (40), ocurrida tras una intervención policial registrada en Barranca hace más de un año.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Huaura, que concluyó que durante la intervención se produjo un uso excesivo de la fuerza, además de otras irregularidades.

Se valoraron imágenes de cámaras de seguridad, testimonios de testigos presenciales y diversos elementos probatorios que confirmaron la brutalidad policial.

Las sentencias dictadas por el juzgado, en adelanto de fallo, son de 20 años de prisión para Alan Rentería y el suboficial Rogero Salas. También de 13 años de cárcel para Guillermo Huamán, Marlón Huamán y Gelvan Hinojosa. Asimismo, se impusieron 8 meses de pena para Joel García por omisión funcional.

Todos los sentenciados deberán asumir de manera solidaria el pago de S/136.000 por concepto de reparación civil.

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Según la necropsia, la causa de muerte fue asfixia mecánica por compresión externa del cuello, resultado que fue considerado dentro de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

EL CASO DE MANCHAY

Finalmente, la Fiscalía Superior de Lima Sur dispuso el último jueves que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo de la fiscal provincial Marcelita Gutiérrez, asuma la investigación contra quienes resulten responsables del delito de homicidio en agravio de un menor de 17 años de edad, quien permanecía detenido en la Comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac.

La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín (Tercer Despacho) derivará el caso y los avances de sus diligencias tras determinarse que los hechos habrían ocurrido en circunstancias que corresponde investigar a un subsistema especializado, puesto que involucra una muerte en custodia por agentes del Estado.

Fuentes oficiales aseguraron que se trata de los primeros peruanos en salir hacia la zona afectada con equipos nacionales con capacidad de asistencia humanitaria.

Informaron que, como parte de las acciones de apoyo y solidaridad del Gobierno peruano, un avión Hércules de la Fuerza Aérea partió desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, hacia la ciudad de Caracas, llevando 14,5 toneladas de ayuda humanitaria para las personas damnificadas por los terremotos.

Se trata de ayuda alimentaria y no alimentaria donada a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), como arroz, fideos, aceite y agua, así como carpas, ropa de abrigo, enseres y menaje, esenciales para las familias afectadas por la emergencia.

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El jefe del Indeci, Luis Vásquez Guerrero, destacó que esta ayuda refleja la solidaridad del pueblo peruano y el compromiso del Gobierno con la asistencia humanitaria internacional para atender una emergencia que ha dejado centenares de fallecidos.

“Son 50 carpas que se están enviando, cada carpa es para 5 personas. La ayuda que se está enviando es de acuerdo a un procedimiento, donde se pone a disposición de Cancillería para que se informe del apoyo brindado para Venezuela. Estamos en plena disposición de poner todos nuestros recursos para poder ayudar”, subrayó.

El piloto del avión Lima 100 Hércules, que realizará este traslado, coronel FAP Juan Carlos Vásquez Acosta, también resaltó el trabajo articulado del sector Defensa para ejecutar esta misión. “Es un avión con capacidad de 20 toneladas, nos permite hacer el viaje a Caracas sin tener escalas, son 6 horas de vuelo”, informó.

Precisamente, el apoyo humanitario hacia Venezuela fue oficializado a través de la Resolución Suprema N.° 189-2026-PCM, que autoriza al Indeci a efectuar, en representación del Estado peruano, la donación de bienes de ayuda para atender a las personas damnificadas a consecuencia de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

El dispositivo fue publicado la noche del sábado y lleva las firmas del presidente de la república, José María Balcázar; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez; y los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, y de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno.

Entre ellas destacan la ilegal aceptación de la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, con el proceso en marcha; el cambio en el registro y envío de actas provenientes del extranjero entre la primera y segunda vuelta, y el inusual vuelco del conteo rápido de IPSOS, históricamente preciso y que solo tuvo un antecedente similar en las fraudulentas elecciones fujimoristas del año 2000.

El mapa electoral actual muestra un país en el que Keiko Fujimori no obtuvo la victoria: ganó en solo 9 regiones, mientras Roberto Sánchez lo hizo en 16. Así, la candidata que llegó a segunda vuelta con apenas el 16% de los votos (gracias al diseño electoral de su pacto) y arrastrando el mayor antivoto de la política peruana iniciará su gobierno con una legitimidad social muy precaria. En ese escenario, lo esperable de un partido demócrata sería empezar a tender puentes. Sin embargo, los hechos recientes muestran el camino elegido por el fujimorismo: la persecución política y la censura.

Los ataques se han concentrado contra tres sectores: periodistas de investigación y comunicadores independientes críticos; fiscales y jueces que han llevado adelante las investigaciones que la llevaron a la cárcel, así como magistrados que, bajo el amparo de la ley, se han negado a aplicar la inconstitucional ley de amnistía promovida por el fujimorismo; y dirigentes y opositores políticos, como el doctor Hernando Cevallos, por tan solo llamar a la ciudadanía a organizarse para defender el voto y exigir explicaciones frente a las irregularidades denunciadas.

La intensificación de la persecución política contra Gustavo Gorriti; los fiscales Vela y Pérez; la exfiscal de la Nación Espinoza; el juez Carhuancho; y, ahora último, la denuncia de la procuraduría contra voces críticas de la actividad partidaria y voces disidentes del activismo y el periodismo (denuncia en la que se me incluye) se suma a recientes leyes aprobadas por el fujimorismo, como la ley de censura contra los artistas (algunos muy vocales antifujimoristas en el Perú) y la ley de impunidad para policías y militares, que transmiten una señal muy preocupante sobre la forma en que el próximo régimen busca gestionar su precaria legitimidad social y las protestas en las calles: carta libre a las FFAA y policiales para transgredir derechos, censura de voces discordantes y persecución de quienes pueden investigarlos.

Estos ataques contra periodistas, fiscales, jueces, activistas y opositores, junto con las últimas iniciativas, advierten de un patrón orientado a la intolerancia política y contra los agentes fiscalizadores desde la prensa independiente y el sistema de justicia, lo que pone en riesgo desde ya derechos fundamentales como la libertad de expresión y la participación política.

Keiko Fujimori prometió gobernar como su padre. Hoy, rodeada de figuras históricas del régimen corrupto y asesino de Alberto Fujimori (Aguinaga, Salgado, Chávez, Moyano, entre otros), esa promesa adquiere un significado macabro: perseguiré como mi padre, aplastaré a la oposición política como mi padre.

Igual que su padre, el keikismo ha logrado capturar en los últimos 10 años el TC, DP, JNJ y parte del MP, y asegura la lealtad por impunidad a las FFAA y policiales. Pero el Perú de este miércoles ya no es el de los años noventa. Existen más medios independientes, más espacios digitales, una ciudadanía más vigilante y una oposición democrática firme que, a la luz de estas señales, se articula en defensa de derechos y libertades.

Si este gobierno decide inaugurar su mandato con persecución, censura y violencia de Estado, encontrará una sociedad dispuesta a defender la democracia y sus derechos. La historia demuestra que ningún poder es absoluto cuando existe una ciudadanía organizada y decidida a exigir que la Constitución y el Estado de derecho sean respetados. Pudimos contra el padre, que acabó en la cárcel por sus delitos junto con gran parte de su cúpula; podremos contra la hija y sus secuaces cada vez que sea necesario.

De acuerdo con la Resolución Suprema N.° 189-2026-PCM, el Ejecutivo permite la donación por medio del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para atender a los damnificados.

La ayuda humanitaria comprende alimentos como arroz, fideos y aceite, así como carpas, ropa de abrigo, enseres y menaje.

La resolución lleva la rúbrica del presidente Balcázar; del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo; del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja; y del ministro de Defensa, Amadeo Flores.

FAP inicia traslado de víveres

Tras la resolución, el Grupo Aéreo N°8, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), partió con 14 toneladas de bienes de ayuda alimentaria y no alimentaria.

"Son alrededor de 14 toneladas de bienes de ayuda alimentaria (arroz, azúcar, aceite, fideos, atún, etc.) y no alimentaria (carpas de loma, camas plegables, mesas plegables, mosquiteros, vajilla, bidones, etc.)", declaró el jefe de Indeci, general Luis Vázquez.

Por su parte, el coronel FAP Juan Carlos Vázquez Acosta comunicó que el equipo estuvo conformado por 10 especialistas, entre pilotos, ingenieros y maestros de carga. Detalló que el envío se realizó en una aeronave Lima 100 Hércules en un vuelo directo hacia Caracas.

"El tiempo de vuelo va a ser de seis horas en la aeronave de Lima 100 Hércules, con capacidad de 20 toneladas de traslado. Somos 10 tripulantes. 4 pilotos y 6 ingenieros y maestros de carga, estará liderado por mi persona. Al llegar directo a Caracas vamos a estar unas horas hasta que se descargue las toneladas para retornar al Perú", manifestó.

Presidente del Parlamento de Venezuela eleva la cifra de muertos a 1.430

"Estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas fallecieron, lamentablemente perdieron la vida", informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en un nuevo balance sobre las víctimas que han dejado los dos terremotos de 7,2 y 7,5 registrados el último miércoles. A esta cifra, transmitida por el legislador a través del canal estatal, se sumó el saldo de 3.328 heridos.

Horas antes de esta actualización, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, subrayó que la prioridad absoluta de su administración y de los cuerpos de seguridad era rescatar a los sobrevivientes atrapados bajo los escombros en las ciudades afectadas por el evento geológico. Durante la transmisión por Venezolana Televisión (VTV), confirmó que La Guaira es la zona más afectada.

Además, en lo que presentó como un avance en medio de la catástrofe, Rodríguez aseguró que la ciudad logró restaurar el 60% del suministro eléctrico, aunque advirtió que la localidad se mantendrá con acceso restringido y "militarizado". Tras ser consultada sobre las acciones del Estado ante el contexto crítico, enfatizó la presencia de un operativo que incluye patrullas permanentes.

Acción Popular es quien lleva más candidatos. A pesar de que no participó en las elecciones generales tras la anulación e sus elecciones primarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por denuncias de presunto fraude y vicios sustanciales, la agrupación busca posicionar a cinco integrantes de su bancada en los gobiernos regionales.

Las postulaciones también evidencian el reacomodo de figuras políticas que buscarán mantenerse en la escena pública desde los gobiernos regionales y municipales. En algunos casos, los congresistas mantienen la organización política con la que llegaron al Parlamento; en otros, optaron por competir bajo una nueva agrupación.

Seis congresistas buscan llegar a los gobiernos regionales

La mayor parte de las postulaciones corresponde a los gobiernos regionales. En total, seis congresistas intentarán llegar a los gobiernos subnacionales.

Por Acción Popular competirán Edwin Martínez por la Gobernación Regional de Arequipa; Silvia Monteza por Cajamarca; Luis Aragón por Cusco; e Hilda Portero por Lambayeque. A ellos se suman Luz López, quien postula a la Vicegobernación Regional de Ucayali por Fuerza Popular, y Elías Varas, candidato al Gobierno Regional de Áncash por Juntos por el Perú.

Martínez, Monteza, Aragón y Portero arrastran un antecedente común: fueron comprendidos en la investigación fiscal del caso "Los Niños", por el que el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional al atribuirles presuntos actos de organización criminal y tráfico de influencias durante el gobierno de Pedro Castillo. En el caso de Portero, además, afrontó una denuncia constitucional por presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho.

Lima concentra una de las principales disputas por las alcaldías provinciales

Tres congresistas optaron por competir por alcaldías provinciales. La candidatura de mayor visibilidad es la de Susel Paredes, quien buscará llegar a la Municipalidad Metropolitana de Lima por Ahora Nación, en una elección que definirá al sucesor de Renzo Reggiardo y que se perfila como una de las contiendas de mayor interés político en los comicios municipales de octubre.

Paredes llega a esta campaña luego de desempeñarse como una de las principales voces de oposición al gobierno de Dina Boluarte desde el Congreso. Durante el actual periodo parlamentario impulsó iniciativas como el adelanto de elecciones y presentó denuncias por las muertes ocurridas durante las protestas sociales. Antes de llegar al Parlamento, también ocupó cargos en las municipalidades de Lima, La Victoria y Magdalena del Mar, experiencia que ahora buscará capitalizar en su candidatura municipal.

La relación de postulantes a alcaldías provinciales la completan Raúl Felipe Doroteo Carbajo, quien tentará la Municipalidad Provincial de Ica por el Partido Popular Cristiano (PPC), y Carlos Enrique Alva Rojas, quien buscará una alcaldía provincial en La Libertad por Acción Popular. Ambos forman parte del grupo de congresistas que aspiran a continuar su carrera política desde los gobiernos locales una vez concluya el actual periodo legislativo.

Darwin Espinoza cambia de partido rumbo a una alcaldía distrital

Uno de los casos más llamativos es el de Darwin Espinoza Vargas. El parlamentario llegó al Congreso por Acción Popular y fue incluido por la Fiscalía en la investigación del caso "Los Niños", el presunto grupo de legisladores que habría respaldado al gobierno de Pedro Castillo a cambio de favorecer intereses particulares.

En 2024, además, un reportaje de Punto Final reveló que trabajadores de su despacho parlamentario habrían sido utilizados para recolectar firmas e impulsar la inscripción del movimiento regional Adelante Áncash, así como el uso de recursos del Congreso, entre ellos papel bond y el acceso al sistema del Reniec, para ese fin. Tras la difusión de esos hechos, Acción Popular inició un proceso disciplinario y posteriormente expulsó a Espinoza por considerar que incurrió en actos de traición al partido y por los cuestionamientos que pesaban en su contra.

Ahora, de cara a las elecciones regionales y municipales de 2026, Espinoza buscará llegar a la alcaldía de Nuevo Chimbote con Juntos por el Perú, dejando atrás la agrupación política con la que llegó al Parlamento.

Rosselli Amuruz buscará la alcaldía de Santa María del Mar tras una gestión marcada por cuestionamientos

La congresista Rosselli Amuruz, elegida por Avanza País, buscará llegar a la alcaldía distrital de Santa María del Mar en las elecciones municipales de 2026. Su candidatura se produce luego de un periodo parlamentario marcado por investigaciones éticas, una denuncia constitucional y diversas controversias relacionadas con su desempeño como tercera vicepresidenta del Congreso.

Uno de los episodios de mayor repercusión ocurrió en octubre de 2023, cuando Amuruz fue cuestionada por su presunta organización de una fiesta de cumpleaños del excongresista Paul García en el distrito de Lince, reunión que terminó con el asesinato del comunicador Christian Tirado. La Comisión de Ética concluyó que la legisladora infringió el Código de Ética Parlamentaria al sostener una versión que fue contradicha por testimonios y otros elementos recabados durante la investigación, por lo que recomendó sancionarla con una amonestación pública y una multa equivalente a 60 días de remuneración.

A estos cuestionamientos se sumó una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación en julio de 2024. El Ministerio Público la señaló como presunta instigadora del delito de negociación incompatible al considerar que habría intervenido para favorecer la contratación en el Congreso de personas allegadas a Paul García, entonces su pareja sentimental. El caso se originó tras una investigación periodística que reveló presuntas contrataciones irregulares de personas vinculadas a su entorno.