De igual manera, se le comunicó formalmente al funcionario que, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, todo ciudadano peruano debe solicitar una autorización previa al Ministerio de Relaciones Exteriores para servir en las Fuerzas Armadas extranjeras.

El pedido fue realizado el último martes 28 de abril a través del director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares y el director general de Europa.

Asimismo, la Cancillería señaló que se le ha pedido al embajador del Perú en Moscú que redoble el contacto con las autoridades rusas para "abordar esta delicada problemática".

Cancillería crea grupo para atender denuncias de trata de personas

El documento emitido por la Cancillería también informó que se convocó a los funcionarios del Ministerio Público, Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio de Defensa y Ministerio del Trabajo para tomar acciones conjuntas por las denuncias que realizaron los familiares en el Perú.

De igual forma, adelantaron que se decidió crear un Grupo de Trabajo ad hoc para hacer seguimiento a las acciones de cada sector, dentro de sus funciones y competencias, para perseguir los presuntos delitos de trata de personas y tráfico de migrantes.

Por otro lado, la Cancillería indicó se promoverá una campaña comunicacional multisectorial para alertar sobre los peligros de prestar servicios en fuerzas armadas en zonas de conflicto.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que no es cierta la información sobre ciudadanos peruanos que, supuestamente, habrían sido retirados ed las instalaciones de la Embajada del Perú en Moscú.

En ese hipotético escenario, el porcentaje de votos blancos o nulos sería de 24%, mientras que 13% no precisó su respuesta.

Fujimori también resultaría derrotada si se enfrenta a Rafael López Aliaga. Este último obtendría 29%, mientras que ella, 20%. Aquí, los votos en blanco aumentan a 34%.

Votantes de Roberto Sánchez se concentran en el sur y centro del país

Los votantes de Roberto Sánchez se concentran en el Perú Rural (44%) y el Perú Urbano (34%), mientras que en Lima Metropolitana solo obtendría 22%.

Al dividir el país en macrozonas, los resultados serían los siguientes: Lima Metropolitana (22%), Norte (34%), Centro (40%), Sur (39%) y Oriente (37%).

También se distingue un mayor número de votantes hombres (40%) que mujeres (24%). De igual forma, hay preferencia por Sánchez en el sector adulto: de 50 a más años (37%), de 30 a 49 años (34%) y de 18 a 29 años (22%).

En el sector económico, 38% de los votantes pertenece al sector D/E, 28% al C y 20% al A/B. En tanto, 35% tiene educación básica y 28%, superior.

El 43% está muy interesado en política, mientras que 27% está algo interesado y 30%, poco o nada interesado.

Finalmente, 57% de los votantes de Sánchez se identifica con una ideología de izquierda y solo 15%, con una de derecha. El centro registra 30%.

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Keiko Fujimori concentraría votos en Lima Metropolitana

Por su parte, Keiko Fujimori, quien perdería con 31% ante Roberto Sánchez, concentraría la mayoría de sus votos en Lima Metropolitana (41%) y el Perú Urbano (29%). En cambio, solo registra 18% en el Perú Rural.

En las cinco macrozonas del país obtendría lo siguiente: Lima Metropolitana (41%), Norte (29%), Centro (26%), Sur (18%) y Oriente (29%).

A diferencia de Sánchez, Fujimori registra mayor número de votantes mujeres (34%) que hombres (27%). En el rango etario muestra resultados similares: de 50 a más años (31%), de 30 a 49 años (31%) y de 18 a 29 años (29%).

En el sector económico, obtiene una considerable mayoría en el sector A/B (51%), en el C (36%) y, en menor medida, en el D/E (22%). En tanto, 34% tiene educación superior y 28%, básica.

El 30% está muy interesado en política, mientras que 36% está algo interesado y 29%, poco o nada interesado.

Finalmente, en contraste con Sánchez, 52% de los votantes de Fujimori se identifica con una ideología de derecha y solo 12%, con una de izquierda. El centro registra 22%.

El 47% considera que el nuevo presidente no terminará su mandato

Por otro lado, el 47% de encuestados considera que el nuevo presidente no terminará su mandato, mientras que 31% cree que sí.

El 10% respondió que ello dependería de quién gane las elecciones de segunda vuelta. Un 13% se abstuvo de opinar.

Quienes consideran que el nuevo presidente no completará su mandato, por macrozonas, se dividen así: Lima Metropolitana (47%), Norte (40%), Centro (45%), Sur (58%) y Oriente (42%).

El 45% son hombres y 49%, mujeres. En las edades sí hay bastante diferencia porcentual: de 50 a más años (38%), de 30 a 49 años (46%) y resalta el grupo de 18 a 29 años (60%).

El 51% tiene educación superior, mientras que 43%, básica. Además, 50% se identifica con una ideología de izquierda y 55%, con una de centro.

Los resultados sobre interés en política son similares: muy interesado (48%), algo interesado (50%) y poco o nada interesado (45%).

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El 61% desaprueba la gestión de José Balcázar y el 90% el Congreso

Finalmente, la encuesta del IEP indica que 61% de encuestados desaprueba la gestión de José María Balcázar y solo 20% la aprueba. El 19% no sabe o no opina.

En marzo, los porcentajes no fueron tan diferentes. El 63% desaprobó su mandato y solo 24% se mostró conforme.

El Congreso registra un rechazo similar. El 90% desaprueba el desempeño del actual Parlamento y solo 5% lo aprueba.

El escenario ha sido el mismo en meses anteriores. Desde inicios de este 2026, el Legislativo reporta un rechazo que supera 87% y no llega ni a 10% de aprobación ciudadana.

La decisión de la JNJ tiene como objetivo restituir la conducción de la entidad electoral tras confirmarse la vacancia del puesto. A través de la Resolución n.º 283-2026-JNJ, el pleno de la entidad presidida por María Teresa Cabrera también aprobó el proyecto de bases del concurso y la Convocatoria n.º 001-2026-SN-JNJ.

De igual manera, la norma legal señala que se ha formulado el proyecto de bases y de convocatoria de selección y nombramiento del jefe de la ONPE. En ese sentido, en la sesión del pasado 24 de abril, se acordó su aprobación y se delegó a Cabrera suscribir dicha resolución.

El documento precisa que el proceso tiene como objetivo designar a la máxima autoridad electoral por un periodo de cuatro años, el cual puede ser renovado, tal como lo ordenan la Constitución Política y la Ley Orgánica de la JNJ.

Los detalles del concurso público de méritos

El concurso incluye cuatro etapas de evaluación con la siguiente ponderación: conocimientos (25 %), evaluación curricular (20 %), estudio de caso con presentación del plan de trabajo (20 %) y entrevista personal (35 %). Todas son eliminatorias y los postulantes deberán obtener al menos 70 puntos sobre 100 en cada una.

Para participar, los postulantes deberán pagar S/ 430 por derecho de inscripción en el Banco de la Nación o a través de la plataforma digital, en el que deben consignar su número de DNI. Luego, deberán completar la ficha de inscripción mediante la extranet de la JNJ.

JNJ busca el reemplazo de Piero Corvetto

La resolución indicó que la convocatoria se debe a la salida de Corvetto de la ONPE el pasado 21 de abril. En medio de los cuestionamientos por la legalidad de la dimisión, la JNJ aceptó la renuncia del exjefe de la entidad electoral. Por ese motivo, quedó la vacante abierta.

Los magistrados del JNE realizaron un análisis durante una sesión de varias horas y concluyeron que la figura de elecciones complementarias "no se encuentra prevista para este tipo de proceso electoral". El ente electoral recalcó que ese pedido está previsto únicamente para los procesos electorales municipales.

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Además, el JNE precisó que, según la Ley 26864, se pueden anular las elecciones municipales en uno o más distritos electorales siempre y cuando se comprueben graves irregularidades que afecten los resultados de los comicios, o cuando más del 50% de los votos nulos o blancos superen los dos tercios de los votos emitidos.

Pero hay más. El Pleno del ente electoral recordó que, según la Constitución Política, solo pueden actuar conforme a las leyes establecidas y que se debe respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

"No es jurídicamente atendible sostener la procedencia de elecciones complementarias en el marco de Elecciones Generales mediante la aplicación analógica de supuestos previstos para procesos municipales, en la medida en que ello implicaría una indebida extensión de figuras jurídicas a un ámbito no previsto por el legislador", resalta el JNE.

"Admitir lo contrario supone vulnerar el principio de legalidad y el principio de reserva de ley, así como afectar la seguridad jurídica y la predictibilidad del proceso electoral", acotó la entidad.

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Elecciones complementarias no garantizarían la paz social

En esa misma línea, el JNE explicó que la incorporación de un nuevo hito derivado del proceso electoral del 12 de abril, como las elecciones complementarias, significa la apertura de jornadas extraordinarias no previstas en la normativa vigente y que "no tienen un grado de continuidad razonable".

Por eso, una elección complementaria "alteraría sustancialmente la secuencia normativa y operativa del procedimiento regular". Para el JNE, organizar un nuevo proceso electoral implicaría una serie de acciones que desbordaría la fecha programada para la segunda vuelta y, por ende, la asunción del nuevo gobierno y la toma de mando del nuevo presidente.

Por otro lado, el JNE afirmó que las elecciones complementarias comprometen los principios de seguridad jurídica, igualdad de condiciones entre actores políticos y estabilidad electoral.

Esa situación, precisó la entidad, se vería gravemente afectada por las deficiencias que cometió la ONPE el 12 y 13 de abril.

Es más, el JNE alertó que el pedido de López Aliaga podría incidir en el voto popular porque los resultados están contabilizados en más del 90% y son de conocimiento público.

"Esta situación impactaría no solo las elecciones presidenciales, sino también las elecciones para elegir senadores, diputados y Parlamento Andino, en tanto la contabilización de los votos en dichas elecciones ya está por concluir", enfatizó.

En comparación con las elecciones del 13 de abril, el JNE mencionó que eso respondió a una situación inmediata y excepcional, y a un escaso nivel de avance del cómputo de los resultados.

Ausentismo no afectó a López Aliaga

Por otro lado, el acuerdo del JNE aseguró que, de acuerdo con el análisis realizado, el ausentismo poco tiene que ver con la hora en la que se instalaron las mesas de sufragio.

El documento precisó que el ausentismo electoral en Lima se debe a varios factores, como las condiciones socioeconómicas de los electores, el grado de motivación o desafección política, las dificultades de transporte, la distancia hacia los locales de votación, así como otros elementos contextuales propios de cada circunscripción.

"En consecuencia, la sola variación o ampliación del horario de votación no puede ser entendida, por sí misma, como una medida capaz de incidir decisivamente en los niveles de participación electoral, ni como un factor suficiente para explicar el ausentismo electoral", concluye el JNE.

Como parte de su sustento, el ente electoral informó que hizo un análisis estadístico de 24.812 mesas (lo que equivale al 92,7% del total a nivel nacional). De esa cifra, 15.910 (64,1%) fueron instaladas antes de las 8.00 a. m. y 8.902 (35,9%), después de ese horario.

Asimismo, se determinó que las mesas instaladas entre las 8.01 a. m. y las 12.00 m. presentaron una tasa de ausentismo ponderado de 20,9% en Lima Metropolitana, frente al 19,6% registrado en las mesas instaladas en el rango puntual de 7.00 a 8.00 a. m.

Según el informe técnico, 541.364 es la cifra de electores que no habrían asistido a votar en las mesas que se instalaron entre las 8.01 a. m. y las 12.00 m.

JNE publica en El Peruano acuerdo que rechaza elecciones complementarias de López Aliaga

"Hay conversaciones preliminares, claro que sí, hay conversaciones preliminares, pero no hay todavía el punto de partida que diga ‘este señor, esta señora tendrá esta vocería, tendrá este ministerio, tendrá aquello’. Este es el momento en que se está dialogando y él es una de las personas que ha sido invitada en esta previa, diríamos, a ir configurando equipos", afirmó sobre Pérez, quien hace poco asumió la defensa del expresidente condenado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo.

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Por otro lado, Sánchez mencionó que "han hecho varias invitaciones" a diferentes personas para los ministerios, pero les pidieron realizar una evaluación. Sobre la persona que lideraría el Ministerio de Salud, indicó que hay conversaciones con Hernando Cevallos.

"Yo de los nombres autorizados que te puedo decir, por ejemplo, está el doctor Hernando Cevallos para Salud, que además ya ha sido ministro, ha sido candidato también. En el tema de Energía está el sanmarquino Jorge Manco Zaconetti.

En el sector económico, el congresista dijo que están conversando con internacionalistas vinculados al Banco Mundial. "En el lado precisamente keynesiano, progresista, donde pensamos que pueden haber medidas importantes para democratizar y cambiar o por lo menos hacerlo más social este régimen económico".

"También en derechos humanos, cultura y agricultura hemos pensado; hay varios nombres ya, pero creo que en una siguiente sesión podría decirte los nombres completos", acotó.

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¿Deslinde de Antauro Humala?

Por otra parte, Sánchez fue consultado por el papel que cumpliría Antauro Humala en un eventual gobierno suyo. Al respecto, el líder de JPP calificó al etnocacerista como un "amigo" que solo fue invitado para la primera vuelta.

Además, señaló que dentro del partido no están de acuerdo con todas las propuestas y pensamientos de Humala.

"No, él es un compañero, un amigo y que ha sido invitado precisamente a este bloque en la primera vuelta y el trabajo que vamos haciendo, pero así con diferentes liderazgos. O sea, él, por ejemplo, a través de su partido tiene 20 propuestas y nosotros compartimos de ellas cuatro o cinco, donde hemos hecho un punto común, pero hay otras ideas donde nosotros no compartimos y respetamos, son sus ideas, no es de la propuesta del programa que estamos levantando, que tiene cuatro o cinco puntos claves. En eso eh somos respetuosos", dijo.

Dentro de las propuestas de Humala, Sánchez se opuso al fusilamiento de expresidentes corruptos, la pena de muerte para violadores y corruptos, la expropiación de canales de televisión y campos para refugiados venezolanos. "Soy provida, no puedo estar de acuerdo con la pena de muerte (...) Somos amigos de América Latina", expresó.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

De acuerdo con la resolución jefatural 0014-2026-JN/ONPE, JPP no emitió 86 recibos —cada uno por el valor de S/1.000— para justificar los aportes recibidos entre marzo y abril de ese año, tal como lo solicita la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Para la ONPE, esta omisión "pone de manifiesto la existencia de una pluralidad de actos" y "evidencia la renovada voluntad de incurrir en la misma actuación una y otra vez".

En esa misma línea, la ONPE recalcó la importancia de los recibos porque permiten conocer la identificación del aportante, el tipo de aporte, la fecha de emisión y los datos del tesorero.

Asimismo, el organismo precisó que los citados recibos no cuentan con la firma del aportante y que en ese lugar se observa la firma del tesorero de JPP.

En tanto, la ONPE informó que la organización política no presentó documentación que acredite la subsanación de la conducta infractora y tampoco aportó elementos de juicio que contradigan la infracción.

El ente electoral resaltó que los defectos de la organización política se manifestaron por medio de sus representantes, personal administrativo y dependientes en general. "Son de responsabilidad exclusiva de la propia OP, a la que se le hace un reproche directo de carácter subjetivo por la omisión de un precepto normativo", se lee en el documento.

"No existe duda respecto de la comisión de la conducta infractora que se le atribuye, pues la misma se encuentra debidamente acreditada", acotó la ONPE.

La sanción impuesta contra JPP lleva la firma del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano. El documento se emitió el pasado 24 de abril y rechaza la reconsideración presentada por la organización política.

Apelación rechazada

En febrero de este año, la ONPE multó a JPP con 16 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por no haber expedido los recibos de los aportes en la campaña electoral anterior.

El 15 de marzo, el personero legal de JPP, Carlos Zafra, presentó un recurso de reconsideración contra la sanción impuesta. En el documento, solicitó la nulidad de la sanción y el archivo del proceso administrativo sancionador.

De acuerdo con la organización política, "no se cometió infracción" porque se trata de 86 casos "sin confirmar" y que, por la naturaleza de los aportes, se trata de infracciones instantáneas. Además, sostuvo que la sanción habría prescrito porque pasaron 4 años y debe probarse fehacientemente la comisión de la infracción imputada.

"Lo único que afirma la ONPE es lo siguiente: que la OP no fue diligente, y se encuentra acreditado, como mínimo, la culpa en la comisión de la infracción", refutó JPP.

Sin embargo, la ONPE desestimó los argumentos. Señaló que la organización política insiste en afirmar que la conducta es de naturaleza instantánea, cuando no es así, y que los demás argumentos fueron presentados en los alegatos de abril del año pasado. Además, la entidad indicó que, si el procedimiento sancionador se inició antes de la fecha de prescripción, el proceso se mantiene vigente, tal como sucedió.

"Se trata de una conducta reiterada en el tiempo, en la que se verifica que la OP realizó una progresión unitaria de la misma conducta infractora –no expedir recibos conforme a la ley–, que se repitió hasta en 86 oportunidades", dijo.

"No hemos dado la partida suficiente (...) Entonces estamos andando, pidiendo un crédito suplementario para que nos financien este tipo de becas que son muy necesarias para que la gente que va al extranjero pueda estudiar ahí", indicó.

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Precisó, además, que ello se debe a que no se tomó en cuenta en el presupuesto aprobado por el Congreso.

Añadió que, como parlamentario, fue quien promovió la beca, por lo que tiene un interés genuino en su continuidad.

"Estamos empeñados en que tan pronto como el Congreso nos apruebe el crédito suplementario, vamos a tener esta necesidad que estamos padeciendo en este momento (...) yo mismo he apoyado eso, soy coautor del proyecto de que se implemente esa beca bicentenario", refirió.

Además, planteó reajustar algunas condiciones de la beca a fin de evitar la fuga de talento.

“El estudiante que va a Harvard, por ejemplo (...) tiene que firmar un compromiso a su vuelta, que vuelva al Perú, (que) dé sus conocimientos por determinado tiempo", anotó.

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Más de 300 afectados por la falta de presupuesto

Más de 300 profesionales se ven afectados por la paralización de la Beca Generación del Bicentenario 2026. El concurso, gestionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu), cubría desde hace 12 años estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo para peruanos con alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos. Sin embargo, este año no cuenta con los recursos necesarios para financiar las vacantes.

El caso ha desatado la preocupación de cientos de jóvenes que denuncian llevar meses y, en algunos casos, años preparándose para postular a esta beca con el fin de estudiar maestrías y doctorados. Afirman haber invertido miles de soles en mejorar su perfil profesional para cumplir con los exigentes requisitos del programa. Ellos alertaron a La República: “Ahora, puede que todo ese esfuerzo no haya servido de nada”.

En el pedido fiscal también se incluye evaluar la situación de los investigados José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE; y Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente general de Gálaga SAC.

Todos ellos están involucrados en la falta de material electoral que permitió que miles de ciudadanos de Lima Sur y Este no lograran sufragar el día de las elecciones por no instalarse las mesas de votación.

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La Fiscalía sostiene que existen fundamentos de derecho suficientes para revertir la decisión inicial. “Se han señalado los puntos de las impugnaciones sobre la base de una fundamentación fáctica y jurídica, teniendo como pretensión concreta alcanzar la revocatoria de la denegatoria de la detención preliminar y el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

En esa línea, el objetivo de la Fiscalía es lograr que una instancia superior revoque la denegatoria y permita tanto la detención de los implicados como el rastreo de sus movimientos para asegurar el desarrollo de las investigaciones.

Piero Corvetto entregó su pasaporte italiano a la Fiscalía; Tomás Gálvez confirmó que el trámite se realizó el último lunes

Durante el programa 'Contra Corriente', el periodista Augusto Thorndike advirtió que Piero Corvetto solo entregó su pasaporte peruano a la Fiscalía y que podría fugarse del país. “Esta noche él podría, con su pasaporte italiano y con el de sus hijos, volar a México sin que nadie lo detenga”. Sin embargo, el fiscal de la Nación se pronunció al respecto y aclaró que Corvetto sí entregó ambos pasaportes a la Fiscalía. Además, señaló que Migraciones tiene conocimiento de ello.

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“[Corvetto] Él reconoció que tenía pasaporte italiano y ambos pasaportes los puso a disposición de la Fiscalía”, señaló Gálvez por medio de las redes del Ministerio Público. De esta forma, desmintió la versión de Thorndike, quien también expresó que Corvetto “trató de engañar a la justicia”.

El 19 de abril, dos días antes de su renuncia, Corvetto manifestó a la Fiscalía su disposición para colaborar en las investigaciones en su contra, así como para entregar su pasaporte, levantar el secreto de sus comunicaciones y anular sus vacaciones a fin de precisar las deficiencias que se registraron durante el proceso electoral.

Ese mismo día, el Ministerio Público tomó conocimiento de su posición y el 21 de abril Corvetto fue citado a la Fiscalía Anticorrupción para la entrega del pasaporte y brindar información para avanzar en las investigaciones.

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El 21 de abril, el Ministerio Público solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto y otros implicados en las irregularidades ocurridas el 12 de abril. Tomás Gálvez comentó que “a las 11 de la noche, se presentó el requerimiento ante juez de turno para que se pronuncie sobre la detención preliminar de Corvetto y otros funcionarios”. Además, agregó que la decisión está en manos del juez, quien debe resolver a la brevedad posible.

Ante este escenario, el internacionalista Ramiro Escobar indicó que el Perú está en el centro de la pelea entre Estados Unidos y China, ya que ambos buscan una presencia mayoritaria en el territorio peruano. “Nos estamos convirtiendo en el epicentro de una disputa entre Estados Unidos y China. Eso es un asunto de fondo”, declaró para La República.

El enfrentamiento entre los representantes de ambas potencias inició con un tuit amenazante del embajador Bernie Navarro, el pasado 17 de abril, tras la negativa presidencial en la compra de los aviones F-16 Block 70.

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“Si negocian con mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la Administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, manifestó Navarro en un mensaje publicado en X.

Tras la publicación del tuit, el embajador chino, Zhu Jingyang, aprovechó el mensaje amenazante de Navarro en el contexto de la cuestionada adquisición de los F-16 para pronunciarse en contra de esta compra y compartió un artículo titulado: “EE.UU. advierte de represalias a Perú «si negocia con mala fe», en medio de la compra de aviones”, dando alusión a las declaraciones de Navarro. Además, sobre esta noticia mencionó que el lenguaje usado por Estados Unidos era “coercitivo directo, puro y crudo”.

El representante estadounidense no se quedó callado y cuestionó la carrera diplomática de Zhu Jingyang comparándola con el cuento de la Caperucita Roja. “¿Y tú aprendiste la diplomacia leyendo la Caperucita Roja?.

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Ante esta tensión, Escobar detalló que existe un mensaje detrás de esta discusión entre representantes de las dos más grandes potencias: el contexto en el que se dieron los tuits refleja que hubo una intencionalidad en resaltar los vínculos que los países tienen con Perú.

“No era simplemente una compra más, sino era una compra que implicaba fortalecer el vínculo con Estados Unidos, en un momento en el cual Estados Unidos está muy expectante e incluso incómodo por la excesiva presencia china en el Perú”, indicó Escobar.

El internacionalista también cuestionó la actitud de Bernie Navarro durante las gestiones de José Jerí y de Balcázar. Además, manifestó que “no vivimos en un virreinato” e hizo énfasis en el tuit donde amenazó al Perú y a la reciente presentación de los aviones F-16 del Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

“El embajador Navarro está protagonizando ya más de un episodio chirriante acá en el Perú. Lo primero es reunirse con Jerí. Lo segundo es el mensaje amenazante, insinuando que nosotros actuamos de mala fe y que puede haber represalias, porque prácticamente pondrían todo su poder en marcha si es que nos compramos los aviones, y lo más penoso es hay una presentación de aviones y el embajador va ahí. Esto no es un virreinato. Creo que el embajador Navarro se está excediendo”.

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Sobre la posibilidad de alguna respuesta de la Cancillería, el especialista indicó que la institución debió pronunciarse en el momento que el embajador Navarro amenazó al país en X. 

“La Cancillería debió pronunciarse en el momento que el embajador Navarro puso ese mensaje en X prácticamente amenazándonos si no comprábamos aviones F-16. (…) Mira lo que dice: tenga la certeza de que utilizaré todas las herramientas disponibles. Es prácticamente una amenaza. La Cancillería no puede estar tan inmóvil frente a este tipo de episodios”.

El internacionalista Oscar Vidarte también se pronunció sobre la discusión entre ambos embajadores y coincidió en que las declaraciones del embajador Zhu Jinyang demuestran las ganas de China por seguir siendo aliado de Perú. ”A pesar de los cuestionamientos por la compra de los aviones, el gobierno chino tiene la intención clara de seguir siendo un aliado sólido para los países de la región”.

El especialista también indicó que existe un desorden jerárquico que muestra al país con un perfil vulnerable tras la compra de las naves, ya que estas se realizaron sin la venia presidencial. En esa línea, se recuerda que el problema escaló con la oposición directa y pública del presidente frente a la compra de los F-16 Block 70.

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José María Balcázar dijo varias veces que no se comprarían los aviones en su gestión. La última vez que se pronunció sobre el tema, el miércoles 22 de abril, el actual jefe de Estado argumentó que su decisión se basaba en priorizar el dinero del Estado para reducir las desigualdades sociales en el país. Sin embargo, las negociaciones siguieron su curso igual.

Según el internacionalista Óscar Vidarte, a Balcázar le falta mando frente a sus propias instituciones. “A nivel internacional ven a un presidente sumamente débil. No es común que un mandatario, siendo el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, mande una orden y no se cumpla. Aunque su decisión de detener la compra un día antes de la firma pueda parecer descabellada, existe una jerarquía que se debe respetar”, señaló para La República.

La situación se agudizó con el tuit de Fernando Rospigliosi, quien señaló que el 22 de abril el Ministerio de Economía y Finanzas iba a pagar la primera parte del contrato inicial, monto que asciende a 462 millones de dólares. La transacción se concretó. Se ignoró la decisión presidencial y, una vez más, la voluntad del poder Legislativo primó.

Oscar Vidarte aseguró que este hecho nos perjudica como país, porque nadie quiere vincularse con gobiernos tan débiles. “Somos un país del cual otros se pueden aprovechar fácilmente. Si a la debilidad interna frente al Legislativo y las Fuerzas Armadas le sumas la presión evidente del gobierno de Estados Unidos, el resultado es que no se puede esperar mucho de una gestión así. Esto afectará también a las gestiones que vengan en el futuro", declaró para este diario.

No hemos trasladado nada de droga, ni armamento, es completamente falso”, manifestó Ricardo Acuña Quispe, natural de Yauli, Huancavelica. Acuña es uno de los tres sobrevivientes de la matanza de Colcabamba.

Una patrulla militar disparó a matar contra una camioneta 4x4 en la que viajaban ocho ocupantes, luego que el conductor hizo caso omiso a la voz de alto. Ricardo Acuña Quispe, Jhonatan Águila Gutiérrez y Eber Soto Quispe salvaron de morir. Los otros cinco recibieron múltiples impactos de bala de fusiles de asalto y sus cuerpos quedaron atrapados en el vehículo.

En un principio, circuló el acta de una declaración de Ricardo Acuña a la fiscal antidrogas Jannett Carrillo Callahua, sobre lo sucedido a las 4 y 30 de la mañana del sábado 25 de abril. El grupo de ocho regresaba de jugar futbol y se dirigían al distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica). Cuando en el trayecto se encontraron con una patrulla del Ejército, y se le hizo una seña de detenerse, el conductor colombiano, Nilson Montenegro Valencia, desobedeció y continuó camino. Es entonces que dispararon a la camioneta.

En su primera declaración ante la fiscal Carrillo, Ricardo Acuña reconoció que algunos miembros del grupo habían participado en el traslado de droga como “mochileros”, y que en su caso había recibido un pago de S/1.300 por haber trasladado 13 kilos de pasta básica de cocaína.

Pero Ricardo Acuña cambió de historia ante el fiscal Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, Zina Romero Chávez. Negó que alguno de los ocho viajeros estuviera relacionado con el narcotráfico.

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Una versión diferente

“Fuimos atacados por los militares cuando estábamos volviendo del distrito de Pucacolpa, provincia Tayacaja (Huancavelica). Nos han agarrado a balazos. Estábamos volviendo con mis primos (el herido Eber Soto Quispe y el fallecido William Núñez Soto). Los militares nos esperaron con ropa de civil, nosotros no pensábamos que eran militares, estaban encapuchados. Por eso el chofer (el colombiano Nilson Montenegro Valencia) quiso escapar, porque pensaba que eran rateros”, declaró Ricardo Acuña en un video grabado por su abogado Anthony Crespo Barrionuevo.

El abogado de las familias de las víctimas, consultado por La República, validó el testimonio de Ricardo Acuña Quispe. Señaló que fue coaccionado a declarar sin la presencia de su abogado, y ante efectivos armados del Ejército.

“Yo pensaba que eran rateros, por eso me escondí. Cuando vi que iba llegando una patrulla de militares, me sentí seguro, por eso me entregué a ellos. En esos momentos fui amenazado y obligado para hablar esas cosas (la primera declaración ante la fiscal Carillo), porque no han encontrado nada en el carro. Nosotros no hemos trasportado ni droga, ni armas, por eso motivo los militares me han amenazado con arma, diciéndome: ‘Te vamos a disparar, te vamos a meter bala’.

Nosotros somos inocentes. A mí me han querido utilizar como sustento, que yo llevaba droga”, explicó Ricardo Acuña, según el video.

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Dispararon a matar

Maribel Águila Gutiérrez informó a La República que su hermano Jhonatan Águila Gutiérrez (24 años, natural Ayahuanco, Huanta, Ayacucho), le dijo que los militares descargaron sus fusiles de asalto contra la camioneta sin motivo alguno,

Maribel Águila, quien también es madre del joven Christian Vilcatoma Águila, abatido en el confuso operativo antidrogas, aclaró que tío y sobrino salieron del distrito de Pucacolpa, ubicado en la provincia ayacuchana de Huanta con dirección a Colcabamba, para participar en un evento deportivo.

“Los del Ejército dispararon de frente a matar, cuando se desplazaban en la camioneta. Una de las balas impactó en la cabeza del conductor (el colombiano Nilson Montenegro Valencia), quien terminó estrellándose entre los arbustos”, relató Jhonatan Águila a su hermana.

El sobreviviente se encuentra internado en el hospital de Tayacaja.

Maribel Águila indicó a este diario que su hermano Jhonatan se hizo el muerto para que los militares no le remataran a balazos.

“Mi hermano Jhonatan se encontraba en la parte posterior de la camioneta y mi hijo Christian Vilcatoma Águila) se ubicó en el asiento del copiloto. Al ver que las balas habían matado al chofer y al resto de sus amigos, uno de los militares abrió la puerta posterior y empezó a gritar: ‘¡Mierda, no hay nada en el carro! Y empezaron a sacar los cuerpos del vehículo”, le relató Jhonatan Águila a su hermana Maribel Águila.

El abogado de los familiares, Anthony Crespo Barrionuevo, insistió en la invalidez de la primera declaración de Ricardo Acuña Quispe ante la fiscal Jeannette Carrillo.

“El acta de la entrevista a mi defendido Ricardo Acuña, que se difunde en las redes sociales, carece de validez porque el testigo fue abordado e intimidado por los militares”, aseguró Crespo.

“Los militares insistieron en que él dijera lo que querían escuchar. Que había transportado droga con el objetivo de justificar la operación militar”. indicó el abogado.

Por su parte, fuentes de Inteligencia de la Dirección Antidrogas señalaron a La República que la intervención militar en Colcabamba se sustenta en una carpeta fiscal que investiga a una organización criminal, dedicada al transporte y acopio de cocaína, procedente de la zona de producción del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

“Hay una carpeta fiscal que se está trabajando con la fiscalía antidrogas de Huancayo. Se trata del trasteo de cocaína en grandes cantidades que viene del VRAEM y que son trasladados por una red de ‘mochileros’”, señalaron las fuentes de la Dirandro.

La fuente explicó que un equipo especial de la Dirandro coordinaba con el Ejército para la intervención de un cargamento de droga, que iba a pasar precisamente por el sector Puente Mellizos, que limita con la provincia de Tayacaja, Huancavelica y Huanta en Ayacucho. En ese lugar ocurrió la matanza.

“Nosotros sabíamos que algunos de los ‘mochileros’ se habían subido a la camioneta para dirigirse a Colcabamba y otros a Huancayo”, informó la fuente de La República.

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Claves

• De acuerdo con el informe médico del Hospital de Tayacaja, Eber Soto Quispe presenta dos impactos de bala: en el cuello y tórax.
• En el caso de Jhonatan Águila Gutiérrez, fue alcanzado por tres proyectiles en el tórax y ambos glúteos.
• Respecto a la nueva declaración de Ricardo Acuña, las fuentes indicaron que este conocía en detalle cómo se acondicionaba y transportaba la droga.

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“Nosotros siempre hemos vivido abandonados por el Estado. Pero antes teníamos agua. La naturaleza nos daba una quebrada para consumir, pescar, bañarnos. Ahora es muy triste. Toda la población ha dejado eso. Hoy estamos concentrados en pedir apoyo, buscamos tener agua permanente, segura, como antes”, afirma Gil Huajuyat.

Esa forma de vida cambió el 19 de marzo de 2025. Según los testimonios recogidos y documentos de la comunidad, una ruptura en el Tramo II del Oleoducto Norperuano, operado por la empresa estatal Petroperú, provocó un derrame de crudo que alcanzó la quebrada que abastece a Pijuayal.

“El olor nos despertó. Cuando llegamos a la quebrada, vimos la mancha negra sobre el agua”, relata el apu Huajuyat, la máxima autoridad de este poblado.

Desde entonces, el acceso al agua se convirtió en el principal problema. La quebrada —única fuente de abastecimiento— quedó contaminada. La población empezó a depender de lluvias o de recorridos largos para conseguir agua.

“Una persona no puede vivir sin agua. Aquí hay niños, hay colegios. No hay cómo abastecer”, señala Huajuyat.

PROTESTAS, BLOQUEO Y ESCALAMIENTO

El conflicto se ha intensificado en las últimas semanas. De acuerdo con el pronunciamiento emitido por la comunidad el 28 de abril de este año, tras más de 20 días sin respuesta a compromisos asumidos por el Estado, los awajún decidieron reiniciar el bloqueo de la carretera Saramiriza–Bagua.

“Las comunidades acuerdan retomar el bloqueo por falta de agua segura, contaminación de la quebrada y ausencia de atención estatal”, señala el documento firmado por el apu Huajuyat.

Las medidas ya están en ejecución. Según los testimonios recogidos, las comunidades awajún llevan cinco días de marchas e interrupciones de la vía y han anunciado que el bloqueo será indefinido.

Días antes, el domingo 26 de abril, pobladores ingresaron a las instalaciones de Petroperú en la zona, en una primera acción directa. “Eso lo vamos a hacer permanentemente si no hay respuesta. La población ya no aguanta”, advierte el jefe Gil Huajuyat. No descartan tomar nuevamente la Estación 5 del Oleoducto Norperuano.

COMPROMISOS SIN CUMPLIR

La protesta estalló tras una serie de compromisos que, según la comunidad awajún, no se han ejecutado. El 23 de febrero de este año, en una reunión con participación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se dejó constancia de la necesidad de iniciar la limpieza de la quebrada contaminada. Sin embargo, los residuos petroleros continúan expuestos.

En su pronunciamiento del 28 de abril, la comunidad exige la instalación de agua segura y permanente, la limpieza integral de la quebrada, el retiro de residuos con presencia de hidrocarburos, el pago a trabajadores locales y atención médica.

“Han pasado más de seis meses y no hay pago al personal que trabajó en limpieza. Tampoco han retirado los residuos. Todo sigue ahí”, indican dirigentes.

'NOS PICA EL CUERPO'

La falta de agua segura ha obligado a la población a seguir utilizando fuentes contaminadas. Esto ha generado efectos en la salud que, según los propios pobladores, no han recibido tratamiento por la ausencia de servicios básicos.

“Los niños se bañan y toman esa agua. Después vienen las enfermedades, pero no tenemos cómo saber exactamente qué tienen”, señala el apu Huajuyat.

Yoli Borja, dirigente que sigue el caso desde la región Loreto, advierte que la afectación va más allá del acceso al agua. “Es una comunidad grande, con niños, adultos mayores, madres gestantes. Todos están expuestos porque consumen agua de quebradas contaminadas por el derrame”, afirma.

Según explica Borja, los síntomas ya son visibles en la población: “Los niños presentan diarreas, alergias en la piel. También hay problemas de salud que no se pueden detectar a tiempo porque no hay servicios adecuados”, señala.

A estos cuadros se suman los brotes cutáneos descritos por los propios comuneros. “Nos pica el cuerpo, salen granitos”, relatan.

El impacto también alcanza el entorno natural. En los meses posteriores al derrame, los pobladores reportaron peces muertos flotando en las quebradas, una imagen que alteró la vida cotidiana de la comunidad.

“Los peces ya no se pueden consumir. La pesca era parte de su vida diaria. Ahora todo está afectado por la contaminación”, añade Borja.

CONTAMINACIÓN DESATADA

A más de un año del derrame, tampoco existe claridad sobre posibles afectaciones más graves en la salud de la población. No se ha determinado si los habitantes han estado expuestos a metales pesados como plomo, mercurio u otros compuestos presentes en el crudo, debido a la ausencia de evaluaciones médicas especializadas en la zona.

Sin embargo, La República accedió a un informe técnico de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del 25 de julio de 2025 —cuatro meses después del derrame—, en el que ya se advertía la presencia de hidrocarburos y metales por encima de los estándares ambientales en varios puntos de monitoreo en Manseriche.

El documento, basado en muestras tomadas entre marzo y mayo de 2025, identificó concentraciones de plomo, cromo y compuestos altamente tóxicos como benzo(a)pireno y antraceno en niveles que exceden los estándares de calidad ambiental para ríos de la Amazonía.

Pese a estos resultados, la comunidad no cuenta con hospitales equipados ni se han desplegado brigadas con capacidad de análisis toxicológico que permitan determinar el impacto real de esta exposición en niños y adultos.

SILENCIO GUBERNAMENTAL

Las comunidades sostienen que no existe una intervención sostenida. “Si esto pasara en una ciudad, en días ya habría emergencia. Pero aquí estamos en la selva. Ya llevamos un año y un mes abandonados”, afirma el apu Gil Huajuyat.

Antes de llegar a las protestas, la comunidad envió múltiples solicitudes a distintas entidades del Estado. “No es que no hemos avisado. Hemos mandado documentos, hemos pedido reuniones. No hay respuesta”, indican.

Y parecen tener razón. La República solicitó descargos al Ejecutivo sobre las acciones que se adoptarán frente a la emergencia en Manseriche. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros solicitaron una prórroga para precisar su posición ante un problema que —parecía— desconocían.

Mientras tanto, las comunidades mantienen el bloqueo de la carretera y advierten que las medidas continuarán. “Nosotros también somos personas. Si ellos se pusieran en nuestro lugar, entenderían. Los awajún vamos a seguir luchando hasta tener una respuesta”, concluye el apu de Pijuayal, Gil Huajuyat.

EL DESCARGO DE LA PCM

Tras la publicación de este informe, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) envió su descargo a La República.

La entidad señaló que, a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, realizó coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Manseriche para el abastecimiento de agua mediante un camión cisterna del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Asimismo, indicó que se coordinó con el área de Relaciones Comunitarias de Petroperú para el pago a comuneros de Pijuayal y otras comunidades afectadas, y con la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas para su participación en una reunión con representantes de la comunidad programada para el 29 de abril.

Según la PCM, las entidades obligadas a intervenir en la atención del conflicto son Petroperú, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional de Loreto, la Municipalidad Provincial de Datem del Marañón y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

La denuncia 516, presentada por el legislador de Podemos Perú, no solo alcanzaba a la exmandataria, sino también a su expremier, Gustavo Adrianzén. A ambos se les acusa de infringir los artículos 28, 38 y 118 de la Constitución, relacionados con el respeto irrestricto a la Constitución y el ejercicio de la función presidencial.

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Por su parte, la denuncia constitucional 657, presentada por el congresista de Acción Popular, también alcanza al exministro de Economía y Transportes, Raúl Pérez-Reyes, y al exministro de Transportes, César Sandoval, a quienes se les acusa de haber cometido infracciones constitucionales y delitos de corrupción en agravio del Estado.

De acuerdo con la información trascendida, la sesión se realizó de manera virtual y el archivo se aprobó con nueve votos a favor y tres en contra.

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Dina Boluarte ha sido blindada por el Congreso múltiples veces

Antes de ser vacada por el Congreso de la República, Dina Boluarte fue blindada en más de una ocasión por las principales bancadas parlamentarias en la SAC. En mayo de 2025, con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, la subcomisión aprobó archivar una denuncia constitucional contra la exmandataria vinculada al denominado “caso Rolex”. El informe final de esa denuncia fue elaborado por la congresista fujimorista Nilza Chacón, quien indicó que no existían indicios suficientes para determinar que Boluarte había cometido delitos de corrupción.

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Ya en septiembre de ese mismo año, Boluarte volvió a ser blindada en la SAC. Con 12 votos a favor y 10 en contra, el grupo de trabajo decidió no proseguir con las investigaciones contra la mandataria por las más de 50 muertes registradas durante las protestas en rechazo a su gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

En ambos casos, los votos a favor del archivo provinieron principalmente de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular.

A través de un documento dirigido al presidente de dicho grupo de trabajo, el congresista Segundo Montalvo, el Ministerio de Educación señaló que la agenda de la ministra ya se encontraba previamente comprometida. Además, argumentó que la citación fue realizada con poco tiempo de anticipación.

La citación a la ministra se da en medio de la crisis que atraviesa el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), cuestionado por problemas de financiamiento, reducción en la cobertura y retrasos en los procesos que han afectado a miles de jóvenes beneficiarios.

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Ministerio de Educación justifica ausencia de María Esther Cuadros por invitación fuera de horario

El oficio enviado por el Ministerio de Educación sostuvo que la citación fue recibida fuera del horario habitual de atención, lo que complicó la posibilidad de coordinar la asistencia de la titular del sector al Congreso. El documento agradece la invitación a la sesión extraordinaria, pero descartó la participación de Cuadros.

“El documento fue presentado ante la mesa de partes del Ministerio de Educación el viernes 24 de abril a las 23:17 horas, lo que hace imposible reprogramar su agenda”, indicaron.

Pese a la inasistencia, el Ministerio de Educación informó que en las próximas horas remitirá un informe técnico que abordaría los temas incluidos en la agenda de la sesión. Dicho material contendría información sobre la situación actual de Pronabec, especialmente en lo referido a la cobertura de becas y las dificultades que enfrentan los beneficiarios.

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Segundo Montalvo plantea nueva citación a la ministra de Educación para el próximo 4 de mayo

Tras la sesión de la comisión de Educación, el congresista Segundo Montalvo se pronunció sobre la reprogramación para la citación a María Esther Cuadros, indicando que se buscaría realizar el próximo 4 de mayo. “Para el día lunes 4, 8 de la mañana, vamos a considerar esta sesión extraordinaria. La ministra asistiría porque entiendo que ella pidió la reprogramación”, comentó.

Sobre una posible inasistencia por parte de la integrante del Consejo de Ministros, Montalvo aclaró que, si Cuadros volvía a faltar, se vería en la obligación de presentar una interpelación en su contra.

El también presidente del grupo de trabajo parlamentario, indicó la importancia de considerar un crédito suplementario para darle una solución definitiva. “No podemos abandonar a los alumnos que han buscado seguir capacitándose en otras universidades del mundo”, indicó.

Desde el despacho de López argumentaron que la exclusión de Espinoza del padrón electoral constituye una vulneración grave de sus derechos al voto, a la igualdad y a la no discriminación, entre otros. "La inconstitucional inhabilitación que le impuso el Congreso no suspende su derecho a elegir; le impide el acceso a la función pública. Y esa decisión también está judicializada ante la justicia constitucional", declaró López a través de su cuenta de X (antes Twitter).

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La situación había sido advertida por la propia Espinoza días antes de la jornada electoral: "Hago un llamado respetuoso a los organismos internacionales para que, además de verificar los resultados de las elecciones, puedan tomar nota del desarrollo de este proceso electoral y de las arbitrariedades, como las que estoy comentando, que se están cometiendo. De pronto puede haber también otros peruanos afectados", señaló.

Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no se ha emitido una respuesta oficial tras la presentación de esta demanda.

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Jurado Nacional de Elecciones también ha sido denunciado por Roberto Sánchez

La bancada de Juntos por el Perú (JPP) ha presentado también una denuncia constitucional contra el JNE en el Congreso de la República. En este caso, la medida se sustenta en los incidentes ocurridos durante las Elecciones Generales del 12 y 13 de abril, entre los que destaca el retraso en la distribución del material electoral a los locales de votación.

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De acuerdo con las declaraciones de Sánchez, hechas desde su local de campaña, las denuncias constitucionales ya fueron presentadas el pasado 27 de abril, al considerar que el JNE habría actuado fuera del marco legal durante el proceso electoral. Las denuncias también alcanzan a la Junta Nacional de Justicia.

El candidato que aspira a pasar a la segunda vuelta señaló que su bancada evaluó las medidas que debía adoptar dentro del marco constitucional y concluyó que existen razones suficientes para interponer una denuncia constitucional contra ambas instituciones.

Desde noviembre de 2023 hasta el pasado 12 de abril ocurrieron muchas cosas. Destituyeron a dos expresidentes, se aprobaron las cuestionadas leyes procrimen y se incrementó el gasto público para la instalación de las dos cámaras.

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De los 93 congresistas que votaron por la bicameralidad, 64 postularon en las elecciones generales de 2026: 38 a la Cámara de Senadores, 23 a la de Diputados y dos al Parlamento Andino. José Luna, Roberto Chiabra y José Williams confiaron aún más en su suerte y se vieron, además, como posibles presidentes de la República.

Lo que para muchos congresistas era una opción para mantener por cinco años más el poder resultó un golpe de realidad y un castigo en las urnas.

Su gestión los perjudicó

No lograron beneficiarse de una medida que ellos mismos impulsaron congresistas como Ernesto Bustamante, Tania Ramírez, Patricia Chirinos, José Cueto, Eduardo Salhuana, Alejandro Cavero, Jorge Morante, entre otros. Se trata, además, de figuras cuestionadas durante su gestión parlamentaria.

El fujimorista Bustamante, por ejemplo, se ganó el rechazo de la Comisión de Ética y del Ministerio de la Mujer al decir que no existe una condición biológica que incentive a la mujer a participar en las ciencias.

Por su parte, las parlamentarias Magaly Ruiz, Rosio Torres y Katy Ugarte fueron señaladas por extrabajadores de sus respectivos despachos por presuntamente recortarles el sueldo.

Eduardo Salhuana, expresidente del Congreso, tampoco logró un escaño. Bajo su liderazgo se aprobó la reelección parlamentaria y fue vinculado con la minería ilegal.

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A su vez, Patricia Chirinos fue una figura confrontacional que no solo insultó durante sus participaciones parlamentarias, sino que, de acuerdo con el exjefe de la Diviac Harvey Colchado, tenía vínculos con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Jorge Montoya no solo respaldó la Ley 32108, conocida como “ley pro crimen”, sino que también protagonizó un altercado con dirigentes del gremio de transportes, a quienes dijo que no “acepta matonerías ni amenazas”, seguido de un insulto.

Alejandro Cavero y Adriana Tudela, en tanto, impulsaron la Ley de Cine que reducía el financiamiento estatal a las películas y obligaba a que los temas fueran más promocionales.

Dentro de los congresistas que recibieron menor respaldo en las urnas están Óscar Zea con 76 votos, Luis Kamiche con 917 votos, Magaly Ruiz con 963 votos y Juan Burgos con 995 votos.

La campaña #PorEstosNo

El 3 de marzo de 2024, la abogada Rosa María Palacios publicó una columna de opinión en La República titulada #PorEstosNo. En ella, exhortaba a la población a no votar en las elecciones generales por los partidos políticos que actualmente gozan de representación parlamentaria.

Sin saberlo, ese fue el inicio de una campaña masiva a nivel nacional. Dos años después, se vio el efecto: más del 70% de congresistas no logró su reelección.

Palacios considera que ello se debe, en parte, a que su campaña provocó la reflexión en una ciudadanía que ya estaba hastiada de sus representantes.

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“#PorEstosNo nace como una indignación por las cosas que ha hecho el Congreso. Lamentablemente, nosotros no tenemos renovación del Parlamento a la mitad de su mandato como tienen otras democracias. Al no tener ningún mecanismo de control, lo único que nos queda es el voto cada cinco años. Entonces, sí creo que un congresista que quiere ser reelegido tiene que entender que su conducta será evaluada al término de cinco años”, sostuvo.

Y da crédito a la ciudadanía. “Funcionó porque se hizo una campaña de la gente. Más allá de explicarlo en mis columnas, en mis redes y en mi programa, yo nunca he organizado nada ni liderado más que mi propia idea. Si el Congreso venía con una desaprobación bastante alta era natural que el movimiento funcione”, anotó.

Agrega que el “éxito más grande es que 10 de los partidos que se eligieron en el 2021, 7 no regresan al Congreso”.

El castigo de los electores

El especialista en derecho electoral Jorge Jauregui también considera que hubo un “voto castigo” e influencia de la campaña #PorEstosNo en las elecciones del 12 de abril.

Para muestra, menciona el caso de Fuerza Popular, un partido que concentra fuerza política y mueve grandes recursos económicos: logró poco más de 2 millones de votos en un universo de 27 millones de votantes. “Estamos hablando de votaciones que son auténticamente paupérrimas y exiguas, a comparación de los han obtenido en procesos anteriores”, declaró a este medio.

Añade, además, que ello se debe a la fragmentación de partidos y a que las organizaciones de oposición no concretaron una coalición. “Los enanos parecen gigantes porque, claro, han fragmentado a los otros”, precisó.

El sistema electoral no promueve la representación

A esto se suma que el sistema electoral, entendido como las reglas que transforman los votos en escaños, tiene dos efectos negativos en la representatividad.

“El primero es el efecto restrictivo. Es decir, los sistemas electorales, al establecer barreras legales, sacan a los partidos que tienen pocos votos. El segundo es el efecto distributivo, que hace alusión al modelo particular en que distribuirán los escaños”, explica.

Debido a ello, “vemos que Fuerza Popular tiene más escaños, pero no quiere decir que han sido premiados”, anota.

En realidad, debido a las barreras impuestas, varios partidos han quedado fuera y las primeras minorías resultan sobrerrepresentadas. “Entonces, no es que están boyantes, están débiles en la legitimidad, pero el sistema electoral asigna así”, lamenta.

Por lo tanto, la combinación del efecto restrictivo, las barreras y el efecto distributivo genera esa configuración y no funciona de forma representativa.

Así, explica que la forma como se asignan escaños es un sistema esencialmente de partidos, más que de candidatos.

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“Primero se seleccionan los votos válidos obtenidos por el partido. En segundo lugar, se determina cuánto es el 5%. En tercer lugar, qué partidos superan ese umbral (5%) y, por lo tanto, ingresan al procedimiento de distribución de escaños. En cuarto lugar, se establece cuántos escaños le va a tocar al partido. Se aplica el método cifra repartidora y, finalmente, se cuentan los votos preferenciales. Es decir, primero se establece si el partido pasó la barrera, luego cuántos escaños le tocan y, después, recién a quién le toca”, dijo.

Tras ese proceso, los partidos con grandes recursos y trayectoria han quedado golpeados, y agrupaciones como Ahora Nación o Buen Gobierno, que no tienen representación actualmente, no gozan de fondos ni burocracia y han estado en desventaja.

Congresistas que votaron por la reelección, pero no alcanzar un escaño

1. Ramírez García Tania Estefany
2. Zeta Chunga Cruz María
3. Bustamante Donayre Ernesto
4. Huamán Coronado Raúl
5. López Morales Jeny Luz
6. Ciccia Vásquez Miguel Angel
7. Medina Minaya Esdras Ricardo
8. Trigozo Reátegui Cheryl
9. Chirinos Venegas Patricia Rosa
10. Cueto Aservi José Ernesto
11. Echaíz Ramos vda de Núñez Gladys Margot
12. Julón Irigoín Elva Edhit
13. Camones Soriano Lady Mercedes
14. Elías Ávalos José Luis
15. Kamiche Morante Luis Roberto
16. Marticorena Mendoza Jorge Alfonso
17. Ruíz Rodríguez Magaly Rosmery
18. Salhuana Cavides Eduardo
19. Torres Salinas Rosio
20. Aragón Carreño Luis Ángel
21. Cavero Alva Alejandro Enrique
22. Gonzales Delgado Diana Carolina
23. Tudela Gutiérrez Adriana Josefina
24. Amuruz Dulanto Yessica Rosselli
25. Paredes Fonseca Karol Ivett
26. Williams Zapata José Daniel
27. Burgos Oliveros Juan Bartolomé
28. Juárez Calle Heidy Lisbeth
29. Arriola Tueros José Alberto
30. Luna Gálvez José León
31. Tello Montes Nivardo Edgar
32. Azurín Loayza Alfredo
33. Medina Hermosilla Elizabeth Sara
34. Morante Figari Jorge Alberto
35. Paredes Gonzales Alex Antonio
36. Valer Pinto Héctor
37. Montoya Manrique Jorge Carlos
38. Padilla Romero Javier Rommel
39. Zea Choquechambi Oscar
40. Ugarte Mamani Jhakeline Katy
41. Málaga Trillo George Edward
42. Limachi Quispe Nieves Esmeralda
43. Zeballos Madariaga Carlos Javier
44. Chiabra León Roberto Enrique

Según confirmaron autoridades del Ministerio Público, el caso excede el ámbito de la fiscalía provincial y es abordado de manera articulada por una fiscalía supraprovincial, en un esquema que busca reconstruir no solo el hecho en sí, sino también el entramado previo.

Uno de los ejes centrales de la investigación está puesto en los cuadernos de control de registros de ingreso y salida de vehículos y de personas en las inmediaciones de la localidad de Campo Armiño. También, en el análisis de los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia en garitas de control.

Pero también dispusieron la aplicación del Protocolo de Minnesota a los cuerpos de las víctimas. Esto será fundamental para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden.

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Este protocolo sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas es un conjunto de directrices internacionales de la ONU para investigar ejecuciones extrajudiciales, torturas o muertes sospechosas bajo custodia.

Su objetivo es proteger el derecho a la vida, garantizar investigaciones independientes, imparciales y efectivas, y asegurar la rendición de cuentas.

Se aplica a cualquier muerte sospechosa en la que el Estado pueda ser responsable, incluidas desapariciones forzadas, muertes bajo custodia o por uso excesivo de la fuerza.

La versión del 2016 actualiza el protocolo original de 1991, lo adapta a los estándares internacionales modernos de derechos humanos y debe iniciarse de inmediato para evitar la pérdida de pruebas.

La diligencia es exhaustiva en la recolección de pruebas, entrevistas y análisis forense. Establece pautas para la preservación de la escena del crimen, la exhumación de cadáveres, la realización de autopsias (siguiendo modelos estándar) y la cadena de custodia de evidencias.

En cuanto a la protección de testigos, incluye medidas para proteger tanto a los familiares de la víctima como a los propios investigadores.

Este instrumento es considerado una norma de buenas prácticas jurídicas y forenses, utilizada con frecuencia por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la actuación estatal.

“Invitar al Ministro de Defensa, señor Amadeo Javier Flores Carcagno, para que concurra, con carácter de urgencia, al Pleno del Congreso de la República, a fin de que informe detalladamente sobre los hechos ocurridos el 25 de abril de 2026 en el distrito de Colcabamba (…) en los que se produjo la muerte de cinco ciudadanos y lesiones a otras personas por intervención de efectivos de las Fuerzas Armadas; así como sobre las medidas adoptadas para el esclarecimiento de los hechos y las acciones implementadas para evitar la repetición de situaciones similares”, se lee en el documento.

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Según el Comando Operacional del Este, el hecho se produjo en un supuesto enfrentamiento con personas vinculadas al narcoterrorismo. Días después, un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía sostuvo que una patrulla fue atacada con armas de fuego. En esa línea, se indicó que los militares actuaron en legítima defensa. El operativo dejó cinco fallecidos, dos heridos y un detenido. No se reportaron bajas en el personal militar.

Sin embargo, versiones recogidas por medios de comunicación y familiares de las víctimas contradicen esa versión. Señalan que no hubo enfrentamiento y que se trató de un uso desproporcionado de la fuerza. Los deudos aseguran que los fallecidos eran jóvenes dedicados al sector agrícola y que regresaban de un partido de fútbol. La iniciativa parlamentaria también cuestiona la ausencia previa del ministro ante la Comisión de Defensa del Congreso, lo que refuerza el pedido para que acuda al Pleno y dé explicaciones públicas.

¿Cómo evalúa el desempeño de organismos como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones?
Organizar estas elecciones era una tarea grande. En general, a lo largo de la jornada electoral, observamos en el país un proceso con retrasos, pero tranquilo. Sin embargo, como se detalla en nuestra Declaración Preliminar y en la rueda de prensa del 14 de abril, no podemos negar que se produjeron fallas importantes —sobre todo en la logística de Lima— que el domingo temprano por la mañana no parecían tan serias y que, a medida que avanzó el día, se hicieron evidentes: algunos locales de votación de la capital abrieron muy tarde por el retraso en la llegada del material electoral y otros, simplemente, no lo recibieron. Por cierto, la misión hizo unas declaraciones a los medios de comunicación el domingo por la mañana que se referían a la situación de ese momento, pero que fueron divulgadas en la tarde o en los días siguientes y, a esa altura, quedaron fuera de contexto, ya que nuestras declaraciones se referían a las horas tempranas del domingo. La posición de nuestra Misión es la que se presentó en la conferencia de prensa.

¿Qué estándares internacionales utilizó la Unión Europea para evaluar elecciones?
Utilizamos una sólida metodología de observación, probada en más de 200 misiones en 75 países, de acuerdo con la 'Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional' de las Naciones Unidas del 2005. Analizamos el marco legal peruano conforme a los tratados internacionales firmados por Perú, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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¿En sus reuniones con cada organización política y sus líderes, se comprometieron todos a respetar los resultados? ¿Renovación Popular también?
En las semanas previas a las elecciones intentamos reunirnos con todos los candidatos presidenciales, pero, lamentablemente, debido a sus apretadas agendas o a sus deseos legítimos de no encontrarse con la Misión, no pudimos hablar con todos. Logramos reunirnos con 14 candidatos presidenciales y con representantes de 34 de las 37 organizaciones políticas en contienda. Sin embargo, las entrevistas fueron confidenciales, por lo que no podemos compartir su contenido con los medios.

Sobre los discursos de fraude, teniendo como base su informe: ¿pueden estas narrativas socavar la democracia?
Como lo comenté al principio, observamos algunas irregularidades durante la jornada electoral y en el transcurso de los días siguientes, como las demoras en la apertura de los locales de votación y mesas, la no apertura de 13 locales de votación en Lima, algún material electoral abandonado en la vía pública, entre otros hechos; pero no hemos observado irregularidades extendidas o sistemáticas, ni hechos que hagan pensar que hay mala fe detrás de estos episodios. Si alguien tiene pruebas concretas de conducta indebida en las elecciones, debe contactar a las autoridades competentes para que tomen las medidas pertinentes.

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¿Ha podido observar actitudes antidemocráticas durante el desarrollo de la jornada electoral? ¿Cuáles?
No hemos observado este tipo de actitud.

¿Tiene alguna observación sobre el hecho de que el JNE anunció que los resultados oficiales podrían estar recién listos para el 15 de mayo?
Revisar todas las actas observadas y hacer los recuentos es un proceso complejo. Confiamos en que la administración hará su trabajo de manera ordenada. Hacemos un llamado al pueblo peruano para que permita que la administración electoral haga su labor y espere con calma los resultados.

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¿Existen experiencias internacionales parecidas a la peruana?
Cada país es diferente debido a su marco legal y su contexto histórico, por lo que en nuestras declaraciones nunca compararemos los procesos electorales.

¿En estos momentos cuál es la labor de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea?
En estos momentos, la Misión observa el desarrollo de la situación postelectoral y debo decir que vemos con mucha preocupación el aumento de tensiones y de violencia mediática contra las instituciones electorales. Estas entidades tienen que operar con la máxima transparencia y serenidad para continuar con el proceso electoral, que todavía enfrenta muchos retos. Por lo tanto, es importante que las medidas que se adopten tras la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales prioricen la independencia e integridad de la institución y la continuidad del proceso electoral. Asimismo, hago un llamamiento a la moderación en el discurso político para evitar el lenguaje agresivo y violento.

La versión oficial difiere de lo que ha declarado uno de los ocupantes del vehículo 4x4, Ricardo Acuña Quispe, quien salvó su vida al escapar y ocultarse hasta que llegaron representantes de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, Huancavelica, quienes le tomaron la manifestación correspondiente.

Los hechos ocurrieron a las 4.30 del sábado 25 de abril, en el sector Puente Mellizo, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (Huancavelica). El área es considerada parte del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), conocido como centro de producción de cocaína.

La Fiscalía de Tayacaja imputa a 8 militares (dos oficiales y seis suboficiales) el presunto delito de homicidio calificado.

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“Hemos cargado droga”

“Mi primo Eber (Soto Quispe), el que ahora está en el centro de salud porque ha sufrido disparos de armas, me llamó a José Olaya (distrito de Vizcatán, Satipo, Junín, ubicado en el VRAEM), un lugar muy alejado de esta zona, donde nos contrataron para cargar droga”, aceptó ante la fiscalía Ricardo Acuña Quispe, el sobreviviente, según el acta de su declaración a la que tuvo acceso La República.

“Éramos aproximadamente unos 50 hombres, a quienes no los conozco. Entonces, el miércoles 22 de abril en la tarde comenzamos a caminar por dos días. Yo he cargado 13 kilos de droga en una mochila de costal. Luego, el 24 de abril aproximadamente a las 7 de la noche, llegamos a un terreno descampado que no conozco y me pagaron 1,300 soles”, dijo el testigo, reconociendo que actuaba como “mochilero”.

Esta actividad es muy difundida entre los jóvenes del VRAEM porque les permite obtener dinero fácil. Pero no todos los pasajeros de la camioneta eran “mochileros”.

También señaló el testigo que entre los fallecidos se encontraba el copiloto de la camioneta, a quien identificó como la persona relacionada con el cargamento de droga y que también alquiló el fatídico vehículo.

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Pase de coca

“Tengo conocimiento que el hombre que viste pantalón blanco y casaca ploma, que se encuentra tendido en el suelo al costado del copiloto de la camioneta, contrató el vehículo y (estaba) entre (las) 7 personas que habíamos cargado la droga”, añadió el testigo Ricardo Acuña Quispe.

“Aproximadamente a las 4 de la madrugada, vi por la carretera a unos uniformados que tenían armas largas. (Entonces), el chofer (el colombiano Nilson Montenegro Valencia) de la camioneta, comenzó acelerar y en ese momento escuché los disparos. Luego del susto me tiré al suelo. Yo viajaba en la tolva de la camioneta y me escondí. Luego, en el amanecer, decidí entregarme. En un primer momento pensé que se trataba de rateros vestidos con uniformes”, apuntó Acuña.

También aclaró que la droga se encontraba en otra camioneta y no en el vehículo acribillado por los militares.

Han sido identificados entre los fallecidos Ever Romero Sivipaucar (37), Jaime Bendezú Paraguay (28), William Nuñez Soto (19) y Christian Vilcatoma Águila (18). La quinta víctima es el colombiano Nilson Montenegro Valencia.

Los militares implicados en el caso estuvieron detenidos hasta la tarde de este lunes 27 de abril. Ellos son el capitán EP Jorge Montenegro Pardo, el teniente EP Brayan Fernández Dettt y los suboficiales EP Douglas Villacorta Saboya, Edilberto Marcos Guerra, Américo Vásquez Rojas, Jorge Aguilar García, Andy Sánchez Ríos y Fernando Córdova Mariana.

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“No son mochileros”

Anthony Crespo, el abogado de los familiares de cuatro de las víctimas mortales (sin contar al colombiano Nilson Montenegro Valencia), señaló a La República que no todos los pasajeros se conocían entre sí y rechazó que fueran “mochileros”.

"Hay mucha información en las redes sociales. Acá la única verdad es que han matado a cinco jóvenes inocentes. En el auto no han encontrado ni armamentos ni drogas. Incluso las únicas personas que han salido sobrevivientes del vehículo les han hecho el examen para ver si es que ellos han tenido contacto con algún tipo de droga. Estamos hablando específicamente de clorhidrato de cocaína. Y estos exámenes han salido negativos", afirmó el abogado.

"Toda versión que está circulando en las redes, que el Ejército se está encargando de divulgar, no es más que meras excusas para justificar este atentado, esta masacre que ellos han perpetrado contra estas cinco personas”, señaló Anthony Crespo.

-'El curso de la justicia' no es un libro únicamente para especialistas.

-Mi libro pretende dar una visión global sobre lo que todos debemos saber del sistema de justicia y la administración de justicia. Y tiene un punto de vista, que es el mío, el del autor. Ese punto de vista no es subjetivo. Yo, durante 30 años o más, he trabajado desde la sociedad civil temas de justicia. Y, además, he enseñado en ámbitos muy diferentes, como en la universidad, pero también a periodistas y policías, por ejemplo. Entonces, me baso también en esa experiencia y siempre sobre la base de ejemplos de la vida real. Yo trato sobre el Poder Judicial, la Corte Suprema, y pongo ejemplos y evalúo por lo que ha pasado históricamente en el Perú, o lo que está pasando hasta el momento que escribí el libro.

-De lo último que dices, se colige que hay muchos temas candentes que hablar.

-Siempre que enseño un curso, sea en la universidad o porque me convocan de un sector determinado, lo hago en base a la actualidad. Por ejemplo, si enseñara ahora el Ministerio Público, voy a explicar cómo se está tomando o se ha tomado la Fiscalía por el pacto del Congreso. En segundo lugar, cómo ahora la Junta de Fiscales Supremos es integrada por todos los fiscales que habían sido destituidos. Entonces, es una manera de ver la justicia en funcionamiento, porque si no, imagínense, uno enseña solamente lo que dice la Constitución. Siempre me baso en los ejemplos, y no solo de Perú, sino también de otras partes. Por ejemplo, yo menciono todo el tiempo lo que está pasando con Trump y cómo los jueces están poniéndole un pare a Trump.

-En el libro hay claridad de discurso. Pero cuando se nos habla de justicia, como que hay un oscurantismo discursivo. Como si a propósito se hablara en código para que la gente no entienda.

-Totalmente de acuerdo. Justamente, también yo trato que, con esta publicación virtual, 'El curso de la justicia', más gente pueda entender el mundo de la justicia. Es decir, los que ya saben puedan profundizar y los que no saben, que son la mayoría, puedan entender lo esencial. Siempre se trata de presentar la justicia como algo muy técnico, muy aburrido, muy difícil. Lo que pasa es que hay un objetivo de que la gente no pueda opinar sobre la justicia porque de esa manera no puedes fiscalizar, no puedes defender lo positivo y criticar lo negativo. Y ahora, además, estamos en una época terrible porque es la época de absoluta desinformación en los temas de justicia.

-En este escenario, el Tribunal Constitucional se ha vuelto intocable. ¿Eso es verdad o es una patraña?

-Se quiere hacer creer que lo que dice el Tribunal Constitucional es la última palabra. Eso es mentira. ¿Quién resuelve los amparos y los habeas corpus en las dos primeras instancias? El Poder Judicial. ¿Quién puede no aplicar una ley porque es inconstitucional? El Poder Judicial. Entonces, es muy importante que la gente sepa eso, que un Tribunal Constitucional que da una sentencia completamente contraria a la Constitución o a los convenios internacionales está excediendo totalmente de manera inequívoca sus funciones.

-Pero muchos medios de comunicación justifican las sentencias horrorosas del TC.

-Esos medios invitan a supuestos juristas que se presentan como académicos, pero en realidad son los abogados de los casos. Dicen que está bien la sentencia cuando no es cierto. Y por eso es que no quieren, por ejemplo, que jueces, fiscales como Domingo Pérez salgan en los medios de comunicación, porque rompen ese monopolio que normalmente tiene la gente que va a opinar solamente en un sentido, salvo evidentemente excepciones de medios de comunicación como La República.

-En este escenario, el Congreso es un elemento clave. Da las normas. ¿Qué opinas de este Congreso?

-El Congreso, siendo un poder del Estado, es parte del sistema de justicia en el sentido de que tiene una serie de funciones que se relacionan directamente con el sistema y la administración de justicia. Tú lo acabas de decir: da las normas que tienen que aplicar jueces, fiscales, abogados, procuradores a la hora de resolver los casos. Pero no solamente da las leyes, sino que, por ejemplo, nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, nombra al defensor del pueblo, al contralor. Este tema lo abordo en mi libro. Este Congreso lo que ha hecho es contribuir a capturar la mayoría de organismos que son parte del sistema de justicia.

-Capturar suena delincuencial.

-Han capturado el TC al punto que ahora todo el tiempo dan sentencias que les conviene, sentencias que son aberrantes, que son contra las leyes, leyes que ha dado el Congreso incluso. Hay hasta un caso que yo pongo que es el colmo. Los mismos miembros del Congreso que votaron a favor de una norma ponen una acción de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para que el TC se pronuncie a favor de la ley y de esa manera la constitucionalice. Entonces, por supuesto, veamos lo del defensor del pueblo. El Poder Judicial, en un amparo interpuesto por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo, dice que hay que parar este nombramiento del defensor del pueblo, no hay buenos candidatos, no se está cumpliendo con la meritocracia. Sin embargo, el TC le enmendó la plana y tenemos ahora este defensor del pueblo que más bien juega a favor de los Urresti, juega a favor de todas estas normas denominadas leyes procrimen. Todo el sistema interamericano está totalmente en contra de la sentencia del TC a favor de Urresti. Se han saltado todas las normas.

-¿Se está dando algún tipo de batalla ante esta situación?

-Hay muchos jueces y fiscales que están dando la batalla a favor de la institucionalidad democrática a través de pronunciamientos, a través de amparos ante incumplimiento de leyes y a través de su buen trabajo. Es la primera vez que tenemos un grupo de fiscales y de jueces que han decidido hacer cumplir la ley; no me importa que sean presidentes de la República. Acuérdate del Club de la Construcción. Todas las empresas del Club de la Construcción dijeron somos inocentes, totalmente inocentes. Y después se acogieron a la colaboración eficaz, cuyo primer requisito es reconocer que han cometido un delito. Por eso es que hay tanto abogado que se enriquece con estos casos y que sale a los medios de comunicación a atacar a los fiscales que investigan. No se tiene la transparencia de decir yo estoy llevando estos casos. No tiene nada de malo hacerlo, pero no son transparentes.

-La figura presidencial, específicamente con este Congreso, ha estado muy manoseada.

-El Congreso y el TC juegan en pared. El Congreso ha dado leyes por las cuales es muy fácil una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Prácticamente ha dado una ley que dice que basta con que tenga el número de votos suficiente. Y el TC ha dicho que está bien; pudiendo haberla declarado inconstitucional, no la ha declarado inconstitucional. Este juego de poder de vacar a cualquiera en cualquier momento obedece a medidas que se han dado con este Congreso, con este TC y con estos gobiernos, es decir, desde Boluarte. Tenemos presidentes nombrados por el Congreso. Yo tengo la esperanza de que esto sea modificado; estoy pensando en las leyes procrimen. También tengo la esperanza de que este domingo la población reaccione y diga la famosa frase “por estos no”, que son casi todos los candidatos del Congreso. Hay gente con trayectoria de sinvergüenzas, de violadores de derechos humanos, con fama de incapaces y que tienen investigaciones. El panorama no deja de ser difícil porque han dado muchas normas y muchas condiciones para poder manipular las elecciones y para poder, si pierden, nuevamente pretender gritar fraude.

-Hemos hablado de varias atrocidades. ¿Cuál le fastidia más?

-Son muchas, pero me parece increíble que, habiendo 50 muertes de las protestas del 2022 y 2023, la justicia y el Congreso hayan archivado ese caso. No pueden quedarse 50 muertos en el aire, como si no hubiera pasado nada.

-Una de las críticas recurrentes a los fiscales Vela y Pérez era que ellos no eran objetivos en sus acusaciones.

Decían que estos fiscales lo que quieren es que Vizcarra se quede en el poder y por eso quieren anular a todos los candidatos. Sin embargo, después también han acusado a Vizcarra. Ellos han acusado a gente de todos los sectores, como Susana Villarán, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, PPK. Lamentablemente, estamos viviendo épocas donde ya podemos adelantar que los siguientes presidentes también van a ser investigados por la Fiscalía, por las cosas que ya sabemos. Los fiscales y los jueces han decidido que ahora todos somos iguales ante la justicia. De Vela y Pérez se dicen muchas cosas, y claro, tengo críticas a lo que han hecho, pero los hechos están ahí. Han investigado a todos.

-¿Por qué se les critica tanto?

Han investigado a gente de muchísimo poder del ámbito político y empresarial. No es casualidad que los ataques vengan de los medios de comunicación con los que están vinculados muchos de los investigados. No ha habido una mirada fría con la labor que han hecho.

-¿Qué pasó en el caso de Keiko Fujimori?

-El gran problema fue abordar muchos casos. No se tenían los recursos para investigar a muchísimas personas. Lo que no se dice es que sus acusaciones también tenían respaldo. No es extraño que este equipo de fiscales haya sido desactivado. ¿Quién se beneficia con esa desactivación? Eso ya es muy revelador. En este país, enfrentarse a la corrupción es un choque directo contra los grandes intereses económicos. Mi balance sobre ellos es absolutamente positivo. He hecho un seguimiento de los casos que han abordado y mi impresión, como te dije, es muy positiva. En las prisiones preventivas contra Keiko Fujimori, estas fueron avaladas por más de una instancia del sistema judicial. Keiko y su defensa legal reconocieron todos los hechos, que habían recibido 4 millones de Dionisio Romero, por ejemplo.

-¿Y sobre Pedro Castillo?

-Soy muy crítico de su gobierno, pero él fue elegido presidente. Los que vinieron después los puso el Congreso.

-Ahora Pérez es abogado de Castillo.

-Gravísimo error de parte de él, porque Castillo dio un golpe de Estado, y está siendo investigado por contundentes casos de corrupción. Él mismo ha tirado por los suelos sus logros y prestigio, y le ha dado municiones a los enemigos de la lucha contra la corrupción.

…

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El también congresista afirmó que no comparte declaraciones previas de Humala, en las que calificó a la organización terrorista Sendero Luminoso como "lo mejor que ha dado la izquierda", así como su propuesta de fundar una "Iglesia Tahuantinsuyana".

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“Hay una voluntad de presentar esas expresiones como un ‘cuco’. Yo no comparto ninguna de esas ideas. Soy cristiano católico y defiendo los derechos humanos. Si Antauro tiene esas posiciones, las respeto, pero no las comparto. El programa de Juntos por el Perú no recoge esos planteamientos”, señaló el candidato en el programa 'Brutalidad política'.

Sánchez también sostuvo que dichas declaraciones no son recientes. Asimismo, expresó su respaldo a la participación de Humala en la vida política, pese a las condenas que cumplió por los delitos de homicidio, daños agravados, secuestro, sustracción de armas y rebelión en el caso conocido como el Andahuaylazo.

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“Creo que hay una exageración. Antauro Humala ha cumplido una condena de 18 o 20 años por rebelión. Quien ya pagó su deuda con la justicia tiene derecho a participar en política. Puede haber ideas radicales o maximalistas, pero la democracia implica tolerancia sin recurrir a la agresión”, agregó.

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Durante la entrevista, Sánchez también mencionó posibles nombres para integrar su eventual gabinete. En relación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el representante de Juntos por el Perú señaló que José Domingo Pérez, exfiscal del equipo especial Lava Jato y actual abogado del expresidente Pedro Castillo, figura entre las opciones evaluadas.

“Hay conversaciones preliminares, claro que sí, pero aún no hay una definición sobre quién asumirá cada cartera. Este es un momento de diálogo y él es una de las personas que ha sido invitada a participar en la conformación de equipos”, declaró sobre el exfiscal.

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Asimismo, Sánchez indicó que Hernando Cevallos, excandidato al Senado por Juntos por el Perú, es considerado para asumir el Ministerio de Salud. Cabe recordar que Cevallos ya ocupó dicho cargo durante el gobierno de Pedro Castillo.

“Entre los nombres que puedo mencionar está el doctor Hernando Cevallos para Salud, quien ya ha sido ministro. En el sector Energía también se evalúa al sanmarquino Jorge Manco Zaconetti”, agregó.

La citación estaba prevista para este lunes 27 de abril a las 3.30 p. m. en el Congreso, donde los representantes de los ministerios debían informar sobre el estado de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate. Esto ocurrió tras las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien se negó a firmar la compra y trasladó la responsabilidad al siguiente gobierno.

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A través de un oficio enviado a la presidenta de la comisión, Karol Paredes, el premier Luis Arroyo solicitó que se les excuse de participar en la convocatoria. En el documento se señala que la inasistencia responde a “razones de fuerza mayor” que se vienen registrando en distintas regiones del país, lo que hace indispensable la presencia de los titulares de los sectores en sus respectivas jurisdicciones.

Pese a la ausencia de los ministros, en horas de la mañana el congresista José Cueto indicó que la sesión se desarrollaría de forma normal. En tanto, el Ejecutivo manifestó que mantiene su disposición de acudir en una próxima oportunidad para brindar información sobre la adquisición de los aviones y atender los requerimientos del grupo de trabajo.

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Karol Paredes califica de irresponsable la inasistencia de ministros a la comisión y plantea reprogramar la cita para este 4 de mayo

Al término de la sesión, la presidenta de la comisión de Defensa, Karol Paredes, calificó de irresponsable y una falta de respeto la ausencia de los ministros en el grupo de trabajo. La congresista indicó que el tema de la compra de los aviones F-16 debe ser aclarado por los representantes de las carteras de Defensa, Relaciones Exteriores y del Consejo de Ministros, debido a que este “genera cierto ruido” entre la ciudadanía.

“Para mí no solamente es irresponsable, sino también una falta de respeto, porque consideramos que si hay un tema que está generando cierto ruido, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primera fila dar la cara y en segundo informar las cosas como son. Quizá no podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero lo importante es dar la información que corresponde”, indicó.

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Paredes enfatizó que la situación tras la polémica por la adquisición es una prioridad que se debe tomar en cuenta como prioridad por parte de los ministros. Además, dejó abierta la posibilidad de que la sesión se reprograme para el lunes 4 de mayo con la asistencia de los integrantes del Gabinete Ministerial.

“Yo sí considero que se debería tomar esto como una prioridad, así como se toma en cuenta a veces puntos, como el tema de la seguridad; el tema también de nuestra soberanía es sumamente urgente (…) El tema de la reprogramación se va a dar, nosotros consideramos que está siendo previsto para el día lunes, esperamos que para esa fecha no tengamos ningún problema”, mencionó.

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La legisladora considera que los cambios dentro de las entidades del Ejecutivo no eran pretextos para faltar a la reunión, insistiendo que el premier Luis Arroyo, al ser antecesor de la cartera de Defensa, conocía del tema, así como el canciller Carlos Pareja, de quien la congresista comentó haber escuchado en medios de comunicación opinando sobre el tema. Respecto al nuevo ministro de Defensa, Amadeo Flores, la parlamentaria hizo hincapié en que tuvo el fin de semana para prepararse para la reunión.

“Cuando alguien asume una responsabilidad, valga la redundancia, tiene que asumir los activos y los pasivos. A mí de verdad me sorprende mucho; el premier ha sido ministro de Defensa y conocía perfectamente la información sobre el tema de los aviones. Al canciller yo lo he escuchado unos días antes, si no me equivoco, opinando sobre este tema y tampoco puedo decir que es una persona que no conocía sobre el tema. En este caso, el ministro de Defensa, si bien es cierto que recién ha asumido el tema, ha tenido un fin de semana para poderse informar y estar en esta reunión”, dijo.

El fuerte intercambio de palabras entre los diplomáticos comenzó cuando Jingyang reaccionó a un tuit de Navarro, en el que advertía de represalias a Perú "si negociaba de mala fe" la compra de aviones. Esto ocurrió en medio de las idas y venidas del Ejecutivo por el contrato de las naves.

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"Si negocian de mala fe con EE. UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que, como representante de la Administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región", escribió el embajador el pasado 17 de abril.

Por ese motivo, un día después, Jingyang reaccionó y aseguró que dicho lenguaje "no es diplomático". "¡Es coercitivo directo, puro y crudo!", afirmó.

Estados Unidos le respondió a China: "¿Y tú aprendiste la diplomacia leyendo la Caperucita Roja?"

La respuesta de Estados Unidos tardó varios días en llegar. En horas de la mañana del 27 de abril, Navarro cuestionó a Jingyang por la forma en la que aprendió la diplomacia e hizo alusión al cuento de la Caperucita Roja.

"¿Y tú aprendiste la diplomacia leyendo la Caperucita Roja? ¡Abuelito chino, qué ojos tan grandes tienes! Son para verte mejor. ¡Abuelito chino, qué orejas tan grandes tienes! Son para oírte mejor. ¡Abuelito chino, qué dientes tan grandes tienes! ¡Son para comerte mejor!", narró.

China contraatacó

Tres horas más tarde, China contraatacó. Jingyang respondió calificando a su homólogo como un "estimado colega". No obstante, lo cuestionó por haber recordado el famoso cuento. "¿Cuando describes al lobo de Caperucita Roja, no te estás mirando al espejo?", preguntó.

En esa misma línea, el diplomático prosiguió: "Gritas “libre elección”, pero agitas el garrote de las sanciones; te haces el “país maduro”, pero usas burlas baratas… Con esto solo dejas clarísimo quién es el verdadero lobo".

Asimismo, mencionó que "China siempre apuesta por el respeto mutuo y la igualdad". Además, resaltó que "Perú es un país soberano y puede elegir a sus socios sin que nadie lo amenace". "Nuestra cooperación con Perú es limpia, abierta y mutuamente beneficiosa", dijo.

"El que de verdad es fuerte no necesita dientes de cuento de hadas, sino grandeza y cerebro. La amistad entre China y Perú es sólida como una roca. Ningún cuento infantil la va a parar. Gracias por la atención", sentenció.

El embajador chino terminó su respuesta colocando hashtags de "respeto mutuo", "No me vengan con cuentos", "Mírate al espejo" y "Caperucita roja diplomática".

Tras vencer la detención por flagrancia, el capitán Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova salieron en libertad este lunes por la mañana.

La fiscal Zina Romero Chávez inició una investigación preliminar contra ocho militares por el presunto delito de homicidio calificado; sin embargo, todos los involucrados afrontarán el proceso en comparecencia.

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El testigo Ricardo Acuña Quispe, quien confesó ante la Fiscalía que transportó droga antes del ataque militar, también permanecerá en libertad junto con Eber Soto Quispe y Jhonatan Águila Gutiérrez, los otros jóvenes que estuvieron en la camioneta y resultaron heridos.

Al respecto, el abogado Anthony Crespo, en declaraciones para Ojo Público, dijo que presentará una queja ante el órgano de control de la Fiscalía contra Zina Romero por la liberación de los investigados.

Diligencias de la Fiscalía

Las investigaciones siguen avanzando para esclarecer la ferocidad del ataque que ejecutaron las Fuerzas Armadas. El peritaje de absorción atómica practicado a las víctimas dio como resultado que ellas no realizaron ningún disparo con arma de fuego.

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Por el contrario, la misma prueba a la que fueron sometidos los militares confirma el uso excesivo de sus armas, debido a que la camioneta en la que viajaban los jóvenes presenta 60 impactos de bala en diferentes ángulos, cuyos proyectiles provienen de fusiles de largo alcance, como reveló la unidad de investigación de La República.

Según los peritos de criminalística, en la escena del crimen no hubo evidencia de intercambio de balas entre los ocupantes de la camioneta y la patrulla militar.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) sostiene que la patrulla del Ejército intervino la camioneta Toyota 4x4 porque sus ocupantes estaban vinculados a redes del narcotráfico y que hicieron uso de sus armas "en legítima defensa".

Los militares investigados, que se encuentran detenidos, son Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova, según precisó la Fiscalía.

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Las indagaciones estarán a cargo de la fiscal provincial Zina Romero Chávez.

El Ministerio Público informó que, según las indagaciones preliminares, el hecho ocurrió el 25 de abril durante un operativo por presunto tráfico ilícito de drogas en la carretera Colcabamba-Ayacucho. En ese contexto, efectivos militares habrían ordenado detenerse a una camioneta que circulaba por la vía y, al no acatar la indicación, abrieron fuego contra sus ocupantes.

Por ese motivo, con el objetivo de esclarecer los hechos, se ordenó —en coordinación con el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huanta-Ayacucho— realizar pericias balísticas y de absorción atómica a los investigados, incautar sus teléfonos móviles y el vehículo con impactos de bala, así como recoger los testimonios de los militares y de los heridos sobrevivientes, entre otras diligencias.

En tanto, el Ministerio Público permanece a la espera de los resultados periciales elaborados por la Depincri Huanta-Ayacucho para continuar con las acciones destinadas a determinar las responsabilidades penales en el menor plazo posible.

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Víctimas fueron reconocidas luego del ataque

Tres de las víctimas fueron reconocidas en la madrugada de este domingo, en medio del reclamo de sus familiares, quienes piden justicia y una investigación objetiva sobre lo ocurrido. Los fallecidos identificados son Jaime Bendezú Paraguay, Cristian Vilcatoma Águila y Willian Núñez Soto, mientras que otras dos personas permanecen como NN en la morgue de Hualhuas, en Junín.

Los familiares sostienen que en la camioneta en la que se trasladaban no había armas ni drogas. En tanto, ocho efectivos del Ejército se encuentran detenidos por orden de las autoridades a cargo de las investigaciones.

PNP y Fuerzas Armadas se pronuncian

A través de un comunicado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú dieron su versión de los hechos.

Según el documento, en el lugar de los hechos, una patrulla militar habría sido atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico. En ese sentido, los militares actuaron en su legítima defensa "ante el riesgo real e inminente".

Por otro lado, indicaron que las instituciones brindarán las facilidades del caso al Ministerio Público y las unidades especializadas de la PNP para garantizar el debido proceso, la transparencia y el esclarecimiento de los hechos.

"Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú reconocen la preocupación de la ciudadanía, ratificando que toda actuación será evaluada dentro del marco legal vigente, con responsabilidad, rigor técnico y control institucional; en estricto respeto de los DD. HH. y el Derecho Internacional Humanitario. Se informará oportunamente del desarrollo de las investigaciones de la ley", se lee en el documento.

¿Qué ocurrió en Colcabamba?

En un primer momento se informó que el hecho correspondía a un enfrentamiento con presuntos narcoterroristas. Sin embargo, horas más tarde se revelaron nuevos detalles del caso. En el vehículo intervenido no se encontraron armas ni droga. Además, un análisis preliminar apunta a que se habría tratado de un ataque en una sola dirección.

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Hasta ahora no existen indicios de que las víctimas montadas en el vehículo hayan efectuado disparos.

De acuerdo con la versión del Ejército, bajo el mando del capitán EP Luis Montenegro Pardo, la camioneta no acató la orden de detenerse y sus ocupantes habrían amenazado con disparar, motivo por el cual se hizo uso de las armas. Sin embargo, la Fiscalía duda de esa versión y abrió una investigación preliminar sobre lo ocurrido.

La indagación, dirigida por autoridades de Huancayo y Huanta, busca recoger el testimonio de Eber Soto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, dos de los tres civiles heridos que fueron trasladados al hospital de Pampas.

En paralelo, en Tayacaja se han registrado protestas y bloqueos de vías por parte de la población. Ciudadanos y familiares exigen las sanciones del caso.

Así lo confirmó la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Tercer Despacho), a cargo de la fiscal Janny Sánchez Porturas.

Sánchez Padilla prestó servicios como general PNP en el Alto Huallaga, Vraem, Junín y Madre de Dios.

En 2019, cuando la delincuencia crecía y hacían falta policías en las calles, el ahora sentenciado oficial, entonces jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), utilizó a 15 subalternos PNP y ordenó que colocaran y pintaran su nombre en lo alto de un cerro ubicado al interior de esa base policial, en Ate.

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Según informó el Ministerio Público, la fiscal adjunta provincial Katerin Ramírez demostró durante el juicio que, entre 2010 y 2015, el exoficial incrementó ilícitamente su patrimonio en S/250.190,56, mientras ejercía altos cargos de mando en zonas estratégicas como el Vraem y el Huallaga, así como en la dirección de la Región Policial Junín.

El ocultamiento deliberado de activos fue comprobado mediante una pericia financiera que demostró que el imputado realizaba depósitos masivos en cuentas a plazo fijo que alcanzaban los 400 mil soles. No obstante, en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República, el general PNP afirmaba bajo juramento no poseer ahorros ni inversiones para intentar evadir el control estatal sobre su fortuna real.

Cabe precisar que el exalto mando policial no pudo justificar la legalidad de los fondos ni acreditar que dicho dinero correspondía a ahorros familiares o a un estilo de vida austero.

Por esta razón, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un año y también se le impuso el pago de una reparación civil de S/300.190,56, que incluye la devolución del monto defraudado al patrimonio público y una indemnización por el daño causado a la imagen del Estado.

Con este fallo de primera instancia, el Ministerio Público ratificó su compromiso con la persecución estratégica de la corrupción en los más altos niveles de la función pública.

Estas instituciones enfocan su trabajo en la justicia social, la dignidad humana, la paz y el apoyo a las personas vulnerables. Anoche, el vicepresidente de esta institución, Alfredo Vizcarra Mori, arzobispo de Trujillo, emitió en sus redes sociales el siguiente comunicado:

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"Queridos hermanos y hermanas del Perú: en medio de la confusión y del cansancio social, les escribo como pastor para pedirles que no se dejen robar la esperanza".

"Estamos llamados a cerrar filas para preservar el bien, la verdad y la misericordia, recurriendo a lo mejor de nuestra condición humana: la grandeza de espíritu, la generosidad y el desinterés, el respeto por el otro y la búsqueda sincera del bien común", agregó.

El religioso recordó, además, las siguientes palabras del Papa Francisco: "Aun cuando parezca que todo se apaga, donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable".

"Vemos con dolor el deterioro moral de muchos de nuestros políticos y dirigentes: centrados en sus intereses y en asegurarse en el poder, algunos parecen dispuestos a toda clase de arbitrariedad. Se pretende justificar lo injustificable; se tuerce la ley como si fuera instrumento de conveniencia; se hiere la dignidad de personas honorables con acusaciones, insultos o campañas de descrédito; se debilita la democracia cuando se normaliza el abuso; y se derriban, piedra a piedra, la legalidad y la institucionalidad que sostienen la vida del país", señaló monseñor Vizcarra Mori.

El actual arzobispo metropolitano de Trujillo también precisó lo siguiente: "En todas esas vocaciones se juega una misma pregunta: ¿a quién seguimos?, ¿qué voz dejamos entrar?, ¿qué "puerta" elegimos? Porque cuando se acepta la arbitrariedad como regla y la dignidad se vuelve moneda de cambio, todos quedamos expuestos".

Y añadió: "El Evangelio nos recuerda que el Pastor es verdaderamente bueno, auténtico y creíble: no hay doble estándar entre lo que dice y lo que hace. Esa coherencia es hoy un testimonio urgente. Cuando quienes deberían servir se sirven del pueblo, cuando la autoridad se usa para humillar, cuando se instrumentaliza la fe o se invoca la ley para violarla, el rebaño queda expuesto".

Esta reflexión viene a cuento por todo lo que ha vivido el país luego de las elecciones de primera vuelta del 12 de abril. La forma de comunicar de algunos candidatos parecía guiada más por intereses personales que por lo que le resultaba conveniente al país.

El pasado 13 de marzo, en declaraciones para La República, Vizcarra manifestó su preocupación por el uso de la religión en la política, factor muy presente en las elecciones pasadas. "La Iglesia no tiene partidos políticos. Ningún partido político la representa. Y nadie puede, por lo tanto, atribuirse una representación de la Iglesia católica o de los católicos desde su partido político. Es pretender ganar la adhesión de los católicos diciendo que es un partido católico o que él es católico. Esa no es una argumentación para mostrar qué es lo que quiere hacer".

'No puede ser que se busque justificar bajo la legítima defensa y se muestre un relato sin garantizar una investigación rigurosa', escribió en sus redes sociales.

Insistió en que 'se intenta justificar un hecho donde claramente hubo una serie de irregularidades'. Como muestra, indicó que tanto los heridos como los fallecidos fueron trasladados a Junín y, lamentablemente, hubo demoras en la entrega de los cuerpos y poca información para los familiares.

'Son familias pobres, hay jóvenes cuyo futuro ha sido destruido. No puede ser que se busque justificar bajo la legítima defensa y se muestre un relato sin garantizar una investigación rigurosa', anotó.

Y agregó que 'lo que existe es indignación en las familias, en la comunidad', por lo que 'este lunes se requiere autoridades comprometidas con la justicia y la verdad'.

Tras vencer la detención por flagrancia, el capitán Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova salieron en libertad este lunes por la mañana.

Fiscalía no pide detención preliminar y libera a los ocho militares involucrados en la muerte de cinco jóvenes

A la fecha, la fiscal Zina Romero Chávez inició una investigación preliminar contra ocho militares por el presunto delito de homicidio calificado; sin embargo, todos los involucrados afrontarán el proceso en comparecencia.

El testigo Ricardo Acuña Quispe, quien confesó ante la Fiscalía que transportó droga antes del ataque militar, también permanecerá en libertad junto con Eber Soto Quispe y Jhonatan Águila Gutiérrez, los otros jóvenes que estuvieron en la camioneta y resultaron heridos.

Al respecto, el abogado Anthony Crespo, en declaraciones para Ojo Público, dijo que presentará una queja ante el órgano de control de la Fiscalía contra Zina Romero por la liberación de los investigados.

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—Acabamos de pasar unas elecciones complicadas y de caer nuevamente en el discurso del fraude, ¿en qué escenario nos encontramos?

—Yo creo que todavía estamos en un momento muy difícil. Este es un proceso que no ha terminado con la primera vuelta. Las reacciones frente a los resultados siguen siendo muy distintas y hay quienes insisten, como lo habían hecho antes de la elección, en que acá hay fraude. Creo, pero con matices, que se está reproduciendo el escenario del 2021. Una derecha que algunos -y creo que con razón- han calificado como bruta y achorada, que no ha aprendido nada en estos 5 años y que quiere negar otra vez los resultados solo porque perdieron.

—Pese a todas las evidencias que desmienten esta narrativa

—Los únicos verdaderamente calificados y no parcializados -porque cualquiera que es candidato o que está apoyando a determinado partido no es imparcial- son, para mí, las misiones de observación electoral, que ya tienen décadas en esta tarea, como la OEA o la Unión Europea, y al lado tenemos en el Perú a la Asociación Civil Transparencia. En todos los casos, tanto en 2021 como ahora, han sido muy claros con que no hay nada que permita hablar de fraude. Han querido utilizar los problemas de la deficiencia en la organización de estas elecciones, que pueden tener varias causas y que son evidentes, pero de ninguna manera eso se puede atribuir a una voluntad de fraude. Solo cuando no se conoce cómo funciona el sistema electoral y cómo está regulado un proceso se puede pretender, por error o una mala percepción de la realidad, sostener eso.

—Venimos cargando cinco años de no aceptar una derrota

—Hay una línea de continuidad desde el 2021. Fracasó el golpe de Castillo, pero no se ha querido reparar en que ha habido un golpe del Congreso. El día en que decidieron, con Dina Boluarte, concertar para no convocar a elecciones generales y quedarse hasta el 2026 a como dé lugar, lo que costó la muerte de decenas de peruanos, se instaló lo que ahora se califica, y yo lo he sostenido también, como un pacto mafioso que le vende al país la idea de que acá están representadas organizaciones que son de izquierda, derecha, caviares, progresistas, comunistas y hasta terroristas, dicen. Quieren vendernos la idea de que esto es un pleito político e ideológico, lo cual es absolutamente falso. Todo lo importante que se ha resuelto y de manera muy autoritaria desde el Congreso de la República lo han suscrito Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Perú Libre y sus desprendimientos. Desde ahí han tenido tiempo más que suficiente para hacer y deshacer a su antojo. Lo peor que ha ocurrido, además de las leyes procrimen y cómo esto ha profundizado los niveles de inseguridad, tiene que ver con el sistema electoral y con el control de las instituciones.

—¿Hemos perdido ya la institucionalidad?

—En el Perú ya no está funcionando un sistema de derecho, por eso es que la ley la pisotean sin mayor problema. Capturaron el Tribunal Constitucional, capturaron la Defensoría del Pueblo -y a través de eso también al Ministerio Público- y capturaron a la Junta Nacional de Justicia. Estas instituciones, constitucionalmente autónomas según la Carta Magna, no están funcionando así. Obedecen a lo que el pacto mafioso les dice que tienen que hacer y la prueba es que la gente que está convocada para asumir estos roles está como en la época de Fujimori-Montesinos. (José) Portillo en la ONPE, Blanca Nélida Colán en el Ministerio Público, su gente en el Tribunal Constitucional y el doctor Rodríguez Medrano en el Poder Judicial. Estamos, de alguna manera, reproduciendo ese esquema, salvo en porciones del Poder Judicial, que todavía están encarnadas en la presidenta, que es una persona muy respetable.

—¿Y este panorama cómo benefició o perjudicó a los actores políticos?

—Estamos en una situación en la cual cosechamos lo que han venido haciendo. La gran idea, y que por suerte no les ha funcionado tal cual, ha sido básicamente del fujimorismo, y no de Keiko ciertamente […] han apostado a fraccionar la votación, fraccionar la oferta, confundir al electorado de tal manera que, sabiendo que no van a llegar en ningún caso a porcentajes mínimamente decorosos, puedan entrar a segunda vuelta. El fujimorismo sabe que, aunque ha decrecido en popularidad y no tiene el respaldo que en su momento tuvo cuando incluso acababa de renunciar Alberto Fujimori, sí mantiene una organización articulada con conexiones con sectores poderosos en el país.

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—¿Ese es el voto que quiso sostener el fujimorismo?

—Ahí hay un punto que lo planteo como hipótesis. En el Perú tenemos una informalidad extrema. Estamos hablando de un 80% de la economía metida en la informalidad, pero tenemos una economía ilegal que se camufla en la informalidad. Los que se dedican a la minería ilegal, al narcotráfico, al tráfico de terrenos y, en fin, a todas las actividades de la economía ilícita y que consiguen ingentes recursos, no todo el mundo se aprovecha de eso. Hay gente que vive así, vive el día a día trabajando en este tipo de actividad y no le interesa la formalidad, porque la formalidad más bien los castiga y excluye, yo creo que el fujimorismo tiene ahí su nicho […] no es que crean que hay un plan o un programa de políticas públicas. Es simplemente un pacto de conveniencia o de lealtad en función de que me dejan hacer y me dejan pasa. De hecho, el fujimorismo no ha tenido ningún reparo en vincularse con actividades ilegales, de la misma manera que ha favorecido a las grandes empresas con compromisos que le han generado ingentes aportes dinerarios para sus campañas.

—Este fraccionamiento del voto se ha reflejado en las urnas, varios partidos se han quedado fuera

—Han eliminado lo único que era importante en la reforma política, que eran las elecciones primarias. En el 2021 el anterior Congreso lo dejó fuera so pretexto de la pandemia, pero tenían terror a las PASO. Si en este momento, vamos a suponer, hubiéramos tenido las elecciones primarias el domingo, estaríamos preparándonos recién para la elección, para la cual habría probablemente 8 partidos para participar, no más. Las elecciones hubieran sido totalmente distintas. Levantaron un poquito la valla y ahí es donde algunos no se dieron cuenta de que con una valla así no pudieran quedarse. Mucho ha influido también el rechazo de la gente a esta mafia dentro del Congreso. Arengas como Por estos no, que algunos quieren decir que fracasó. No, no fracasó. Yo creo que en parte el resultado que hemos obtenido se debe a eso.

—Y este mismo fraccionamiento benefició también a que Sánchez llegue a la segunda vuelta

—Sánchez no le dice nada al común de la gente que ha votado por él y creo que más bien si lo conocieran más no lo hubieran votado. Es Castillo. Hace menos de un año se hizo una encuesta a nivel nacional sobre quién dio el golpe, si Castillo o el Congreso. El 60% respondió que el Congreso y eso es muy indicativo. Muchísima gente en este país siente que el voto que hicieron por Castillo no fue respetado, más bien les negaron y le quitaron a su presidente. Yo, como muchos que más o menos nos hemos estado informados, sí creo que tuvo sus corruptelas evidentes y sí dio un golpe […] pero para el común de la gente que respaldó a Castillo en esa oportunidad, el golpe lo dio el Congreso y la conducta del Congreso los ha convencido de que no se equivocan. Por otro lado, toda la difusión de las corruptelas y sus amarres con exministros, no lo creen y nunca creyeron porque no les creen a estos medios. Por qué iban a creer ahora que Sánchez no es un buen candidato si Castillo ha salido y le ha dado su sombrero. Han votado por Castillo, han reivindicado su voto y eso quieren que se respete.

—Retomando la posición de las instituciones frente a la narrativa del fraude, ¿cómo califica la postura de la JNJ?

—Son una suerte de felipillos del Congreso. Desde el primer día la señora Cabrera (presidenta de la JNJ) sacó un comunicado anunciando que revisaría el proceso de ratificación de Corvetto, lo que indica que es una ignorante o de muy mala fe quería llevar al extremo una situación ilegal. La ley en derecho administrativo sí permite que la propia institución que dictó una norma pueda revisarla y dejarla sin efecto hasta dos años después, pero en el caso de Corvetto fue ratificado en un proceso que fue hace más de dos años. La obsesión y cargamontón contra Corvetto se ha producido en el contexto en el que López Aliaga gritaba fraude y, por supuesto, esta persona, que no podía renunciar porque la ley se lo impedía en medio de un proceso electoral, sacarlo era una manera de alimentar la hoguera profraude y desbaratar a la institución que tiene que llevar adelante un proceso. En la medida que la podemos liquidar o dejar en el suelo de credibilidad diciendo que todo está funcionando mal ahí, eso les favorecía en su proyecto fraudista.

—¿Y cómo ve el rol que ha tenido la Defensoría en este contexto político y electoral?

—Por el momento la Defensoría está capturada. Hubiera sido mejor que la pongan, digamos, entre paréntesis, que no funciones durante ese tiempo, pero la han instrumentalizado. Por eso es que tenemos a esa gente en la JNJ y por eso este señor (Josué Gutiérrez) ha presentado la acción de inconstitucionalidad casi jugando en pimpón con el TC para bajarse la ley de extinción de dominio y luego los amicus curae.

—Es la gestión que está dejando Gutiérrez

—Es una pena, una situación que el Perú no merecía. Costó construir esa institución, pero yo creo que el Perú tiene reserva moral y es por eso que este país sí tiene posibilidad de superar una crisis como la que estamos atravesando. Creo que el resultado de las elecciones no es el óptimo, pero nos permite comenzar a tener una base para poder recuperar la institucionalidad. El daño que ha hecho Josué Gutiérrez es enorme, pero más grande es esa reserva ética y el compromiso de la gente que ha estado siempre alrededor de la Defensoría.

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“Es vergonzoso haber cedido al chantaje de EE.UU.”

—La figura presidencial ya venida a menos ha quedado peor en estos días

—Así como creíamos que un Congreso no podría ser peor que el anterior, creíamos que las presidencias no iban a llegar tan bajo, pero no. El Congreso se ha encargado de que quien esté al frente de la presidencia sea alguien como ellos. Primero fue con Dina Boluarte, que estoy seguro de que no tienen el menor aprecio por ella, pero con Jerí. Jerí era, digamos, un fusible que había que colocar ahí para que nadie se sienta incómodo dentro y lo dejaban hacer

—De ahí que tengamos a Balcázar en la presidencia

—Querían a alguien que podían tener contra la pared y el monigote aceptó con tal de tener la banda presidencial. En algún momento ha creído que era presidente y ha tratado de hacer algo que me imagino es lo único bueno que le conozco, no solo como presidente, sino en su trayectoria como congresista, que fue decir esta es una decisión de tal calibre que correspondiera que el nuevo gobierno se haga cargo. En cualquier otra circunstancia, esto hubiera sido visto como una cuestión lógica y prudente.

—Estamos hablando de la compra de los cazas F-16

—Recordemos que en la época de Fujimori buena parte de la plata sucia fue conseguida a través de la compra de armamento y todo era secreto, de manera que un cambio importante para la democracia, para la política en general y sobre todo para la ciudadanía, fue decir que estas operaciones no tienen nada de secreto, porque además no lo tienen. Hoy en día la información que circula sobre esto quien quiere tenerla la tiene, de manera que no hay ninguna necesidad, salvo hacer todo tras bambalinas y proteger quién sabe qué intereses.

—Y todo esto, ¿marca un precedente negativo?

Me parece bien dramático, y habrá que tomar este asunto más a fondo cuando las cabezas se enfríen del problema electoral, pero que un gobierno como el de EE.UU. le ponga el pie en el cuello al Estado peruano y que no haya habido concurso público. Yo creo que hasta Balcázar se dio cuenta de que esto podía tener otros bemoles y por eso prefirió ponerse a un lado y ponerse a decir que esto lo resuelvan otros.

—Sirvió además para evidenciar a los que verdaderamente gobiernan

—Rospigliosi demostró quien tiene el poder en el país, así que el salió a sacar, digamos, las castañas del fuego a todo el Gobierno y dándole las garantías del caso. Esto algún día se estudiará. Históricamente es una vergüenza impresionante haber aceptado el chantaje de un gobierno como el de EE.UU. y como el de Trump. No lo sé, yo sé que hay mucho que explorar a futuro.

Se registró que, mientras Balcázar se encarga de las funciones de jefe de Estado, su oficina legislativa mantuvo un equipo cuyo costo asciende a S/38.000. A la cabeza del despacho figura su asesor principal, Odar Jimmy Cornejo Custodio, con una remuneración de S/1.470,01. Le sigue la asesora II, Lizett Jhanira Taype Ccoicca, con un sueldo mensual de S/12.213,11.

La lista de pagos en el despacho congresal continúa con el personal técnico y de apoyo. Boris Espinoza y Keyla Caballero registran ingresos de S/8.310,11, mientras que la asistente Marcia Chávez obtuvo S/4.205,11. Finalmente, se registra como parte de su equipo a la coordinadora Hilda Gallardo, con un sueldo de S/3.641,11. Si se suman todos los salarios, la tabla de costos de su despacho congresal revela un gasto total de S/38.149,56, pese a la ausencia del titular.

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Al revisar el perfil profesional de su equipo, se encontró que su asesor principal, Odar Cornejo, es abogado formado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la misma casa de estudios donde Balcázar obtuvo su doctorado y donde, además, promovió una ley que permitió que su hijo accediera a una plaza como docente nombrado.

Por otro lado, dentro de su equipo también figura Lizett Taype Ccoicca, licenciada en obstetricia con maestría en gestión de salud por la Universidad César Vallejo, quien ocupa una plaza de asesora técnica en el despacho, a pesar de que la especialidad de Balcázar es estrictamente jurídica y política.

En total, entre su sueldo como presidente y el mantenimiento de su oficina en el Legislativo, el Estado peruano desembolsó más de S/89.000 para sostener la administración de Balcázar durante marzo.

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Sobre el salario del actual presidente, este asciende a S/50.980,8 y se sostiene que los pagos están ajustados al sistema Servir. Sin embargo, esta cifra contrasta con la de su antecesor José Jerí, quien mantuvo su sueldo de congresista. Además, el sueldo del actual mandatario se presenta como el más alto registrado, pues excede los S/35.568 mensuales que recibía la expresidenta Dina Boluarte tras la publicación de un decreto supremo que oficializó el aumento de su salario durante su gestión.

Este 27 de abril del 2026, el juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, decidirá en audiencia pública si devuelve por segunda vez la acusación a la fiscal Mori para que realice las aclaraciones necesarias. En enero del 2026, el magistrado le advirtió a la fiscal que solo le devolvería la acusación en una oportunidad para que la subsane.

Las autoridades de control les han recomendado a los jueces penales que no devuelvan las acusaciones múltiples veces, pues eso afecta el debido proceso y el derecho de defensa. Este tema fue observado por el Tribunal Constitucional en el caso Cócteles, con un pedido de sanción al juez Víctor Zúñiga Urday, quien le devolvió la acusación al hoy exfiscal José Domingo Pérez hasta en 19 ocasiones.

Solo una devolución

En febrero de este año, el juez Cristóbal Ayala le devolvió la acusación del caso Gasoducto del Sur a la fiscal Mori para que la subsane en el plazo de 20 días. La fiscal cumplió con el pedido, pero los abogados del expresidente Ollanta Humala y los otros 22 acusados señalan que se ha realizado una subsanación parcial, por lo que es necesario que el documento regrese a la Fiscalía.

En la última audiencia, del 20 de abril último, el juez explicó que, de devolver la acusación por segunda vez, podría exponerse a una sanción disciplinaria. Los abogados le han pedido que lo haga de manera excepcional, en virtud de un acuerdo plenario en el que se exhorta a los jueces a garantizar el derecho de igualdad y la debida defensa.

Para la fiscal Mori no hay nada más que subsanar. Sin embargo, si el juez considera que hay vacíos, podría terminar rechazando la acusación o aprobar solo los puntos en los que exista claridad. El control de acusación tiene como objetivo precisar con claridad los hechos y delitos que se discutirán en el juicio público.

Los jueces de los juzgados penales colegiados encargados del juicio también les han requerido a los jueces de control que no den pase a acusaciones con vacíos en la descripción de los hechos, en la precisión del tiempo en que se habrían cometido los delitos, en la ley penal vigente en ese momento y en la descripción de la participación individual de cada acusado en el delito que se va a juzgar.

La acusación

La fiscal Geovanna Mori sostiene la existencia de los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de la concesión para la construcción del Gasoducto del Sur bajo la modalidad de Asociación Pública Privada.

Hasta allí, los hechos parecen claros y simples. Sin embargo, la fiscal sostiene que la concesión del Gasoducto del Sur es la continuación del proyecto Kuntur, también conocido como Gasoducto Andino del Sur, promovido en asociación con Petroperú, en las postrimerías del gobierno del fallecido expresidente Alan García.

Con ello, la situación se empieza a complicar, porque la fiscalía sitúa el inicio de la asociación ilícita y la comisión de la colusión agravada a inicios del 2011, cuando Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros acusados no eran funcionarios públicos y, por tanto, no podían cometer el delito de colusión agravada.

La fiscalía sitúa los hechos al inicio del 2011 para poder argumentar que el beneficio por el pacto ilícito era el aporte económico que Odebrecht habría realizado a la candidatura presidencial de Humala. Pero ¿cómo podrían participar otros acusados en un delito de colusión si para entonces no eran funcionarios públicos y no conocían a Humala?

Para mayor complicación, la acusación se sostiene únicamente en la declaración, en colaboración eficaz, de los exdirectivos de la desaparecida constructora Graña y Montero José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña. Ellos declaran que el exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata les dijo que tendrían ayuda de Humala y Nadine Heredia.

Por cierto, el exfuncionario de la constructora brasileña niega que en el proyecto del Gasoducto se hubieran realizado tratos, acuerdos o pagos ilícitos. Pero, en este caso, la fiscalía les cree a los Graña y no a Barata. En muchos otros casos, los fiscales le creen a Barata, pero no a terceros.

Asociación privada

El otro punto controversial es que la fiscalía acogió el criterio político de que el Estado peruano iba a invertir más de US$7.000 millones para construir el Gasoducto. Esa cifra es el valor total del proyecto a pleno funcionamiento, pues, al tratarse de una Asociación Pública Privada Autosostenible, era Odebrecht la que corría con todo el gasto.

El Perú no gastaba un sol en construir los ductos, solo garantizaba la existencia de usuarios. Precisamente, el proyecto se paralizó por el escándalo Lava Jato, porque la constructora brasileña no logró obtener financiamiento. Este es el punto del reclamo de Odebrecht ante el CIADI: que el Perú le reconozca y devuelva lo que gastó en construir el 33% del tramo.

Pero, a partir de ese relato, los abogados cuestionan la acusación. Explican que la ley penal establece que la colusión agravada es un acto que comete un funcionario cuando, directa o indirectamente, concierta con un tercero para defraudar al Estado.

En tanto, dicen, la fiscal sostiene que en el caso del Gasoducto se dio una seguidilla de actos colusorios, conforme los funcionarios públicos iban interviniendo o teniendo participación en los diversos actos o pasos que siguió el proyecto hasta la firma del contrato.

Pero ocurre que algunos de los acusados tuvieron participación o intervinieron como ministros de Estado o miembros de Proinversión. Por eso, le piden a la fiscalía precisar en qué momento o de qué manera participaron en el presunto acto colusorio. Además, hay casos en los que ellos no se relacionaron con nadie de Odebrecht.

Asimismo, como se ve en otros casos, la fiscalía presentó las pruebas en bloque sin especificar qué hecho prueba cada una y respecto de qué acusados. Para la fiscalía, una misma prueba demuestra múltiples hechos cometidos por varias personas.

De Kuntur a Gasoducto

Así, por ejemplo, la defensa establece que el proyecto Kuntur, que data del 2008, es diferente del Gasoducto del Sur en sus objetivos y trayectorias. Kuntur fue planteado como una iniciativa privada bajo la modalidad de solicitud de parte, con un único ducto de transporte de gas. En su última fase contempló incluir a Petroperú como socio.

El Gasoducto del Sur surge como Asociación Pública Privada Autosostenible en respuesta a la política de seguridad energética nacional de la Ley 29970, de diciembre del 2012, por lo que contempla ductos redundantes, incluido el transporte de gas y líquidos, con un trazado distinto al que contemplaba Kuntur.

El juez Leodan Cristóbal deberá evaluar todos estos aspectos para determinar si la subsanación que realizó la fiscal es suficiente para aclarar la acusación o si, como dicen los abogados, advierte que se necesita una nueva subsanación y devolverle otra vez el expediente a la Fiscalía.

Luego de superar esta etapa, el juez deberá evaluar los pedidos de prescripción y sobreseimiento de la acusación. La fiscalía sostiene la acusación por asociación ilícita bajo la Ley 30077 de julio del 2014, pero los hechos del Gasoducto concluyeron un mes antes. Lo que resuelva el juez definirá el caso para bien o para mal.

Los deudos aseguran que no había armas ni droga en la camioneta en la que viajaban. Ocho miembros del Ejército permanecen detenidos por disposición de los encargados de las investigaciones.

Entre las víctimas que han sido identificadas se encuentran Jaime Bendezú Paraguay, Cristian Vilcatoma Águila y Willian Núñez Soto. Otras dos personas se encuentran como NN en la morgue de Hualhuas, en la región Junín.

Jaime era un joven lleno de vida, de sueños y amor por sus raíces, dijo un familiar. Refiere que anhelaba ser danzante de tijeras, “llevando con orgullo nuestras tradiciones, nuestras costumbres y el alma de su pueblo en cada paso”.

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Como los otros dos jóvenes, amaba su tierra, participaba en la fiesta de cruces de Waychao, siempre con esa energía que contagiaba a todos. Soñaba con ver crecer a su pueblo, con que haya oportunidades para salir adelante sin tener que migrar.

“Te fuiste muy joven, pero tu pasión por nuestra cultura y tu amor por tu gente quedarán eternamente en nuestros corazones”, dijo un amigo de su infancia.

A William Núñez, de 19 años, lo conocían como Flaco y su pasión por el fútbol hizo que defendiera a varios equipos en la Copa Perú. Era arquero, admirada a Pedro Gallese, el guardameta de la Selección Nacional, y según se informó viajó a disputar un partido, sin embargo, a su retorno encontró la muerte.

El joven deportista era natural del centro poblado de Castilla Pata, en el distrito de Yauli- Huancavelica. Hoy sus familiares velan sus prendas deportivas en su humilde vivienda.

Cristian Viltatoma tenía solo 18 años y se desempeñaba como centrocampista en el Club Sport Juventud Buena Libra Vizcatán.

Era natural del caserío de Sanabamba, en el distrito de Pucacolpa- Huanta- Ayacucho y, según se informó, él junto a otros compañeros se desplazaba también a bordo de la camioneta intervenida tras disputar un partido por Copa Perú.

¿Qué sucedió en las alturas de Colcabamba, en plena zona del Vraem? Inicialmente se informó que se trató de un enfrentamiento con presuntos narcoterroristas.

Pero horas después, nuevos datos cambiaron todo: No se halló ni droga ni armamento en el vehículo intervenido. Entonces, un análisis preliminar apunta a un ataque unidireccional.

No hay evidencias de que las víctimas hayan disparado. Esto abrió una grave hipótesis: Un posible uso excesivo de la fuerza.

Según la versión del Ejército, bajo el mando del capitán EP Luis Montenegro Pardo, la camioneta no se detuvo y los ocupantes habrían amenazado con disparar. Por ello, se abrió fuego; sin embargo, esta versión ahora es cuestionada. El caso está hoy en manos de la Fiscalía Antidrogas y Penal

La investigación a cargo de autoridades en Huancayo y Huanta espera contar con el testimonio de Eber Soto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, los dos civiles que resultaron heridos y que fueron trasladados al hospital de Pampas.

Entre tanto, la población en Tayacaja ha reaccionado con protestas y bloqueos de pistas, exigiendo respuestas claras.

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¿Fue un enfrentamiento real como lo sostienen las Fuerzas Armadas? o ¿un caso de abuso de poder?

El hecho ocurrió alrededor de las 6.00 a. m. del sábado, en un operativo que incluso contó con presencia fiscal.

“Lo que parecía un golpe al crimen organizado hoy tiene dudas. Especialistas señalan que este tipo de situaciones debe ser investigado con total transparencia para evitar especulaciones y garantizar que la ciudadanía reciba información clara y verificada.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe más detallado sobre este supuesto enfrentamiento que ha vuelto a poner en debate la seguridad en zonas afectadas por el narcotráfico y el terrorismo.

 Los ocho militares, incluyendo al capitán Luis Montenegro, permanecen detenidos y puestos a disposición de la Divincri en Huanta-Ayacucho, bajo sospecha de presunto homicidio.

Según el reportaje de Cuarto Poder, el documento fue dirigido al jefe de la entidad, Piero Corvetto. La alerta advertía que ciertas decisiones en logística electoral podían favorecer a un proveedor. A pesar de ello, la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C. continuó participando y obtuvo la buena pro en un proceso posterior.

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El contrato observado corresponde al servicio de despliegue de material electoral e informática. La adjudicación alcanzó S/2,3 millones. Lo que llamó la atención es que Gálaga ganó con la propuesta más cara. Superó por casi medio millón de soles a otro postor. Especialistas en contrataciones públicas calificaron el proceso como 'atípico'.

Este caso antecede al contrato de S/6 millones que hoy investiga el Ministerio Público. Ambos procesos se dieron en el mismo contexto electoral. Las decisiones adoptadas dentro de la ONPE han sido cuestionadas por el impacto que tuvieron en la organización de las elecciones 2026.

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Proceso bajo cuestionamientos y consecuencias en la jornada electoral

La investigación periodística señala que las reglas del concurso habrían sido modificadas para reducir la competencia. A otros postores se les exigieron condiciones técnicas más estrictas. En el caso de Gálaga, algunos requisitos se habrían flexibilizado. Esto permitió que la empresa se acercara al monto máximo previsto por la entidad.

El Ministerio Público involucra en su investigación a funcionarios del área de contrataciones. Entre ellos figura Lilia Flores Bancho, vinculada a los procesos logísticos. La hipótesis fiscal apunta a que se habrían facilitado condiciones para asegurar la adjudicación. El abogado penalista Walter Palomino sostuvo en el reportaje que este tipo de patrones puede ser indicio de colusión.

Las consecuencias se reflejaron el día de la votación. Se registraron retrasos en la apertura de mesas y problemas en la distribución de material electoral, por lo que miles de ciudadanos se vieron afectados.

La actriz se conecta por Zoom cuando estamos a la espera de los resultados de las elecciones 2026. Evidentemente, la coyuntura revela las fracturas actuales. “Y en ese terreno cada quien cosecha según le conviene. Es el terreno fértil para que cada uno especule lo que quiera. Si no hay Estado, si no hay límites y si no hay responsabilidad, no hay nada”.

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Las cosas que sé que son verdad puede tener varias lecturas sobre la familia, pero también es un respiro de la coyuntura. ¿Qué significa hacer teatro en este momento?

Definitivamente, es un oasis donde todavía hay espacio para la humanidad en toda su dimensión, ¿no? El teatro sigue siendo un espacio donde sostener la mirada e incluso el corazón ante todo lo que significa la condición humana. Muchas de las cosas que en la vida nos hacen salir corriendo, preferimos no mirar o simplemente rechazamos, en el teatro las podemos sostener. Y podemos empatizar, abrir una conversación e incluso cuestionarlas. Es un oasis y es muy valioso.

Tu personaje es una madre sobreprotectora y ha luchado por la estabilidad. ¿Qué impresión te dio esta familia cuando leíste el guion?

Lo primero que a mí me convocó fueron los vínculos, ese tejido que está por debajo de todo encuentro y desencuentro en la vida. Es decir, la intimidad de un hogar es muy reveladora, muy poderosa y, además, te marca. Por otro lado, está la supervivencia. No solo en términos económicos, sino la supervivencia emocional. Mi personaje es una enfermera; toda su vida ha cuidado de otros. Eso le da una especie de resistencia interna porque es una mujer que lidia con la vida y con la muerte todos los días. Entonces, eso le ha forjado un temple de acero. Y deja pendientes cosas, deja pendientes a sí misma.

Esta es una obra australiana, pero puede suceder en Perú, ¿no? Si esta familia es un país, digamos, no todos los hijos piensan igual. Hay un hijo que rechaza, incluso, sus orígenes. ¿Qué paralelismos has hecho con la actualidad?

Somos una familia mestiza. Podríamos ser de provincia o descendientes de provincianos. Y sí, finalmente es interesante cómo, teniendo el mismo origen, podemos vivir tan separados. Estamos en tiempos en los que nos separan mucho unos de otros, en los que el otro es una amenaza, un peligro; no es un compañero de ruta en general. Y ahondando un poco más, creo que el mayor daño que nos han hecho a nivel global es separarnos de nosotros mismos. O sea, mucha gente ha disociado su propia identidad, sus impulsos vitales, sus propios sueños porque estamos ocupados en sobrevivir. Entonces, un humano que se atreve a decir: “ok, ¿Quién quiero ser?”, está cuestionando el sistema que te enseñó que las cosas deben ser de una manera. Eso requiere un fuego interno, un atrevimiento y una certeza de que hay una búsqueda. 

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¿Es difícil que un país pueda reconciliarse?

Corresponde, se necesita. Los humanos nos parecemos más de lo que queremos admitir. Y yo creo que los peruanos deseamos más cosas en común de las que nos separan. Nos han instalado el miedo como norte, como brújula. Y más bien tendría que ser la posibilidad de construir de la mano, a pesar de nuestras diferencias, un futuro distinto. Pero el miedo nos atomiza, separa y enemista.

"Me parece desolador que todavía estemos en un país con tanto racismo o desprecio por nosotros mismos”.

Después de mucho, en octubre, los artistas protestaron como colectivo. Ahora varios apoyaron la iniciativa ‘Por estos no’. ¿A qué reflexión te lleva lo que ha pasado con las elecciones 2026?

Es el caos absoluto que viene de una negligencia profunda del sistema y del Estado en muchísimos niveles. Claramente, requiere respuestas, sanciones, todo. Hay un problema sistémico que nos pasó ya factura con la pandemia y con la salud. Si el Estado o el gobernante de turno fueran los padres, en este caso de la patria, son los que ejercen una violencia emocional, están ausentes, no proveen de manera equitativa, ni inteligente, ni amorosa, trafican en intereses personales, y a los hijos los golpean todo el tiempo haciéndoles sentir que no son la prioridad. Y claro, hay unos que tienen privilegios y otros que no tienen nada. Me parece bien interesante cómo todavía Lima, si fuera uno de los hijos, siente que es el único o el que tiene más derechos.

Con respecto a los reclamos del sur, por ejemplo.

Sí, claramente. Y los están mirando a sus hermanos, que están viviendo realidades diferentes, que nacieron en épocas distintas o tienen geográficamente otra ubicación. Entonces, cuando a Lima le pasa algo, es como si le pasara al Perú entero. Y cuando a Lima no le pasa, es como si no le pasara a nadie y no importa. Ese es un momento bien interesante para distinguir el filtro a través del cual qué cosa es violenta, dependiendo de quién lo dice y desde qué lugar hay una demanda para ver si es más lícita o no. Estamos en un momento en que la vida nos pone una y otra vez un espejo de un país que no queremos ver. Ya no es un tema de candidatos o de ideologías; hay una porción del Perú a la que no se le quiere validar, a la que no se le quiere permitir existir con los mismos derechos que otros.

¿Te ha sorprendido el nivel de racismo y clasismo en estos meses de campaña?

La verdad, hasta acá lo estamos respirando y es interesante cómo las elecciones nos traen de vuelta a ese lugar. Ponen muy en evidencia el “¿quién merece y quién no?”. No me sorprende, pero sí me parece desolador el manifiesto que tiene, casi como un vómito, que todavía estemos en un país con tanto racismo o con tanto desprecio por nosotros mismos. En otros países como México, Chile, Argentina y Colombia ya se han hecho cargo de cuál es su identidad como nación que no quiere decir que la tengan resuelta, pero ya pueden decir incluso en sus ficciones: esto somos, un narcoestado o hemos sido una dictadura. ¿Tú te imaginas la cantidad de historias fascinantes que tendríamos?

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De acuerdo, pero ¿no es difícil cuando algunos políticos quieren prescindir del Ministerio de Cultura, por ejemplo?

Eso es un horror porque la cultura pone al ser humano como el epicentro de muchas cosas. El arte nos permite sostener la mirada frente a todo lo que somos: bueno, malo, luminoso, claro, oscuro y asumirlo. Pero hay autoridades que necesitan solo gente con miedo, no les conviene una persona sensible, pensante y que lea. Hay una responsabilidad muy grande que ojalá las nuevas generaciones de políticos que empiezan a asomar ahora empiecen a poner en agenda otro tipo de mirada, de conversación.

Una verdad es que varios políticos no fueron reelegidos.

Eso ya es una conquista. Es muy interesante, ya es un avance el que empecemos a discernir que hay personas a las que ya no les corresponde ese lugar. Es un avance que haya nuevas generaciones que ejercen liderazgos y ayudan a comunicar. Siempre vamos a pensar distinto, izquierda y derecha, pero es momento de que, si no cerramos filas en algunos no negociables básicos, eso va a ser cada vez peor. Y si no miramos al otro peruano como un par, va a ser difícil avanzar. Habrá una presencia en el Senado de otro tipo de mentalidad respecto a la política, pero no podemos evitar lo malo; todo esto no es más que la consecuencia de intereses subalternos modificando una y otra vez leyes y un proceso electoral atomizado, con una cantidad absurda de candidatos y con un Estado inepto, porque también hay que decirlo.

En los registros se muestra cómo un agente de seguridad trasladaba a la joven en diversas ocasiones.

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Se trata de Grecia Dávila Albitres, quien trabaja en la Oficina de Enlace del Congreso. Antes de ello, ocupó el cargo de técnico en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres, que hasta noviembre del 2025 era precedida por Doroteo.

“Es un abuso de poder. Yo creo que los miembros de la PNP están sujetos a presiones y, alguno de ellos, contravienen a las normas que se establecen para el custodio y resguardo de los parlamentarios. Por lo tanto, el responsable es el congresista”, señala José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso.

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Los lineamientos para brindar seguridad a funcionarios establecen que el resguardo es personal e intransferible. Está prohibido que conduzcan vehículos particulares y protejan a personas que no les corresponde la seguridad y protección.

“No solamente es no conducir el vehículo particular del congresista, sino también realizar servicios a terceros desnaturalizando la función que tiene la PNP”, agregó Cevasco.

Pronto le van a decir senadora Matute, ¿llegará a acostumbrarse a eso?

Supongo que debe ser como cuando me llamaban directora, al principio, y yo me quedaba sorprendida. Pero después de algún tiempo ya me vine asumiendo. Es lo que voy a hacer.

Fue jefa de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural en el Ministerio de Cultura.

Sí, lo fui hasta que empezó la campaña.

Y uno de los trabajos en ese despacho es luchar contra lastres como la discriminación.

La dirección general tiene bajo su responsabilidad tres direcciones de línea. Una es de la que yo me encargo ahora, los pueblos afroperuanos; la otra es la de políticas para pueblos indígenas; y la tercera es la dirección de diversidad cultural y lucha contra la discriminación racial y el racismo.

¿Y esa última tarea es muy complicada en un país como el Perú?

Sumamente complicada, porque las prácticas de discriminación racial y de racismo suelen ser silentes, pero están en permanente actividad en el país. Y en estas últimas semanas hemos visto varias evidencias, por diferentes razones, no siempre tienen que ver con las cuestiones políticas. A veces ocurren porque en la convivencia lo primero que sale en la interpelación a otra persona suele ser lo racial.

Pero el contexto electoral sí ha exacerbado eso.

Sí, claro, por diferentes razones, por la apariencia de la gente, por la forma de hablar de la gente, por el lugar de procedencia de la gente, por todas las razones que la Constitución dice que no se debe discriminar a los demás. Y terminan aterrizando siempre en las cuestiones étnico-culturales.

Lo triste es que los que han protagonizado estos hechos son jóvenes, ligados a las redes sociales, lo que llaman streamers.

En general la tecnología, a pesar de ser tan útil para muchas cosas en la vida, suele también ser utilizada para exacerbar esto. No es sorprendente que los streamers, en espacios donde suelen ser considerados libres, manejados por ellos mismos y donde no hay un filtro externo, expresen, a su total albedrío, lo que en el fondo siente la gente. Hay mucho prejuicio en nuestro país, particularmente con las mujeres, por cómo se ven, por cómo hablan, hasta por cómo se llaman.

¿Y le sorprendió este tipo de hechos después de la primera vuelta o suponía que iban a ocurrir?

Los hechos de discriminación han ocurrido, estaban ocurriendo y seguirán pasando, incluso sin razones políticas.

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Alguna vez le escuché decir que la sociedad peruana es muy creativa, pero que usa esta creatividad para ocultar lo racistas que somos.

Sí, soy de esa opinión. Lo que pasa es que siempre estamos buscando una justificación para decir que no estamos siendo racistas, y es una trampa. Por ejemplo, cuando alguien está impresionado por la apariencia de alguien, siempre dice: “No, yo no soy racista. Es solo que no tiene las competencias, no tiene las habilidades, no califica”. Siempre estamos justificando que nuestra objeción por la apariencia de alguien no tiene que ver con que sea de tal o cual grupo cultural, sino que tiene que ver con sus habilidades. Pero uno se pone a pensar y dice: “¿Oye, un ratito, por qué con esta persona que se ve así pones en duda sus capacidades y por qué con esta otra persona, que no se ve así, ese tema no está en riesgo?”.

Y a veces puede pasar que ambas personas no tienen las competencias.

O que la que tú supones que no tiene, cumple con los requisitos y la otra no. Pasa todo el tiempo. Algunas personas en este país, por cómo se ven, siempre tienen que probar que saben, que tienen un contenido y que además tienen expertise en ese contenido. Mira, por cómo me veo, alguien puede pensar que no tengo otro contenido más que no sea bailar o jugar algún deporte.

¿Y hay alguna coartada que usemos siempre los peruanos para ocultar nuestro racismo?

Siempre hablamos del desempeño de la gente, decimos que no nos fijamos en su apariencia, pero no. Mira, hay una historia bien interesante que siempre suelo comentar. Hace 10 años hicieron un estudio en la Pacífico en el que probaban que una persona afrodescendiente tenía que insistir 16 veces antes de que fuera llamada para una entrevista de trabajo. Ni siquiera para que le dieran el trabajo, solo para la entrevista.

La veo, al exponer estos temas, muy sosegada, muy tranquila. ¿Nunca se indigna, nunca se molesta?

¡Todo el tiempo! Yo no he perdido la capacidad de indignarme por lo que pienso. Muy por el contrario. Pero he crecido, he madurado. Y he aprendido, después de muchas veces que he terminado en lágrimas o en sangre, que no puedo seguir canalizando esa violencia hacia mí misma. Tengo más bien que aprender a ser todo lo firme y clara contra el sujeto y objeto que genera esa violencia. O sea, me indigna siquiera pensar que una niña tenga que seguir siendo víctima de racismo, que una niña tenga que seguir postergando sus oportunidades, preocuparse por su cabello, preocuparse por su piel, solo porque alguien supone que está mal ser como ella es. Hasta ahora recuerdo muy vívidamente a mi hija menor llegando del colegio inicial y diciéndome: “Mamá, tienes que bañarme”. (Se queda en silencio unos segundos)

Caray.

Sí. Y entonces, el sosiego que tengo es resultado de la madurez, pero no es que haya perdido la capacidad de indignarme, de ninguna manera. Y cuando veo a la gente que trabaja en esto y que me dice: “Paciencia, va a pasar”. Yo digo: “No, no va a pasar”. La interculturalidad es el enfoque que creó la sociedad para enfrentar los problemas de discriminación y racismo, pero no es vista como una necesidad social. O sea, dime, ¿cuántas veces te sientas a discutir en tu mesa sobre estos temas?

Muy poco.

¿Y encuentras al sacerdote que cuestione estos temas? ¿Al médico que cuestione estos temas o al policía que esté listo para resolver estos temas? Mira, costó mucho trabajo que se resuelvan los temas de violencia de género. Y cuando ya estábamos empezando, de pronto está prohibido hacerlo. Porque ahora es ilegal reclamar los temas de género, porque se ha sacado una ley que prohíbe que hables de eso.

¿Cuántos años tiene como activista del pueblo afroperuano?

Un montón.

¿Cuarenta más o menos?

Sí.

¿No se agota?

No. De ninguna manera. Porque no se ha resuelto.

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Alguna vez escuché en una entrevista que hacía referencia a las personas desconocidas que consiguieron la abolición de la esclavitud en 1854. Y decía: “Si ellos no descansaron, ¿por qué tendría que hacerlo yo?”.

Así es. Estoy obligada. Cuando me quedó claro que quería hacer esto, que me quería reafirmar como una mujer negra, afroperuana, también me quedó claro que esto no iba a ser fácil. Mira, me ha gustado que identifiques que tengo un sosiego para abordar este tema, pero parte de eso tiene que ver con ser perseverante. Sí hay cosas posibles de hacer. Aunque la voz sea solitaria.

Usted ha sido maestra también. ¿Qué circunstancias dolorosas ha visto asociadas al racismo en las aulas?

Yo recibí un consejo interesante cuando terminé de estudiar educación. Alguien me dijo: “A partir de ahora usted es maestra de todo el mundo, no es maestra solo de los que son afroperuanos, sino de todo el mundo”. Y yo fui maestra en La Victoria. Y al aula la gente trae todas las cosas con las que convive. Y sí pues, hay relaciones racistas en la escuela. Hay acciones, un vocabulario, un lenguaje corporal que tiene que ver con eso.

¿La escuela como está concebida actualmente contribuye al racismo?

No lo combate. No genera una sociedad antirracista. Definitivamente no. Está el currículum. Y en el currículum están definidas las capacidades y las competencias que tenemos que desarrollar en la formación de ciudadanos. Pero no lo desarrollamos. No hay una implementación de un currículum que efectivamente promueva que la gente sea antirracista, o que la gente sea equitativa, o que la gente entienda qué cosa es la igualdad.

Hay otra frase suya. “Yo formo parte de aquel ejército de mujeres liberadas por Victoria Santa Cruz”. ¿Por qué lo dice?

Mi madre fue empleada del hogar. Entonces, mi mamá, como muchas otras mamás, fue parte de ese ejército de mujeres que contribuyeron a que esta sociedad viviera mejor. Y cuando Victoria Santa Cruz hace el poema Negra, nos permite encontrarnos a las mujeres que somos hijas de esas mujeres y que a su vez tenemos que construir una ciudadanía, un espacio. A mí me da gusto que mis hijas sean capaces de asumirse con mucho gusto por ser quienes son. Porque ser es importante. Cuando tienes libertad de ser, cuando tienes libertad de filmarte, de mostrarte, de expresarte, allí hay un valor agregado. Y mi historia me sirve de ejemplo, me sirve para entender mejor, para valorar más a las mamás, a las abuelas, y a las mujeres de las que venimos. Y me sirve también para educar a las hijas que he parido.

Ha contado que a veces, para ocultar su procedencia, las familias hacen cosas drásticas, como ocultar las fotos de los abuelos.

Las desaparecen, claro.

¿Ha pasado eso en su familia?

Sí, claro. Con mi abuelo chino, nos costó mucho trabajo encontrarlo. Es que se portó mal.

Quizá por eso desapareció.

Totalmente (sonríe). Fue por eso que desapareció. Pero lo encontramos. Era culí, fue a trabajar a Cañete, se casó con mi bisabuela, y de ahí venimos todos nosotros. Pero lo he visto también en otras familias, y no ocurre como el caso de mi abuelo porque se portó mal socialmente. A veces no hay fotos porque a nuestra gente no le gustaba tomarse fotos, no le gustaba cómo se veía, cómo los reflejaba la fotografía.

Cuando dice nuestra gente, ¿se refiere al pueblo afroperuano?

Sí, estoy hablando de muchos abuelos, de las tías a las que no les enorgullece algún retrato, que les devuelve una imagen que no aprecian. Y esa es la imagen con la que la gente las va a recordar. Lo he visto. Pero también lo he visto en las señoras que viven en mi barrio y que dejaron de hablar quechua porque sentían que las ponía en una condición de inferioridad. Y eso pasa particularmente con las mujeres. Las mujeres se molestan cuando la descendencia quiere hablar quechua o habla quechua.

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Cuando se enumeran los aportes del pueblo afroperuano al país, los tópicos son conocidos: deporte, gastronomía, danza y música. Y allí nos detenemos. ¿Esa enumeración en sí misma no es un tema discriminatorio?

Por supuesto. Yo siempre apelo a esto: nuestra presencia en ese territorio no se debe a una migración.

Fue un secuestro.

Fue secuestro, trata, esclavización. Y cuando tú te quedas solo en lo último que ha hecho una población, estás invisibilizando la razón de por qué llegó a un territorio. Y nosotros llegamos para trabajar, llegamos a producir, llegamos a hacer mano de obra gratuita.

Ahora, este viaje desde el África, con muertes terribles en el camino, no es una cosa que se recuerde en las aulas.

Y ahí se cruza la debilidad del diseño del currículum con cómo lo implementan. En el currículum ponen capacidades y competencias. Pero si no ponen cómo debes aterrizarlo, nunca se ven estos temas. No es normal. Y el contenido sigue siendo el medio para probar lo que se necesita que la gente aprenda. Y ese contenido es el medio para probar que no llegamos, que fuimos traídos. Que no es que nosotros cantamos y bailamos todo el tiempo. No. Eso es lo que ahora te permite hacer tu ciudadanía. Pero vinimos a ser agricultores, a ser mineros, a ser pescadores, a ser amas de leche. ¿Y eso? Se borró de la historia. Pero es peor. Incluso si solo me dedicara a cantar y bailar, nadie asocia la figura de los afrodescendientes con el trabajo. Y por eso es que cuando tú vas a cantar y bailar, la gente te da lo que queda, no eres el primero de la lista.

No los ven como profesionales de la música o de la danza, los ven como gente a la que le gusta dedicarse a eso.

Sí, y piensan: Si me entretienes, te doy una limosna, con eso resuelves tus problemas. Y no me gusta contar todo esto, porque pareciera que es una revictimización. ¡Pero no lo es! Estoy contando las cosas como pasaron. Te estoy diciendo que todo eso que la gente supone, a partir de que me ve, no es cierto, no tiene nada que ver con la realidad. Pero si lo enuncio como tal, alguien me dice: Te victimizas.

 ¿Le dicen mucho: Te estás victimizando Susana?

Sí, claro. Me dicen: Ya pasó. Pero, a ver, hay en este momento un movimiento mundial muy fuerte por las reparaciones para los afrodescendientes. Y la gente está pensando que eso es plata. No es plata. La reparación es solo reconocer que se hizo daño al colectivo. Eso sería un paso saludable para cambiar las cosas. Y después ya vemos, becas, cupos para el trabajo, cuotas. Y la gente dice: Yo no estoy de acuerdo con los cupos. Perfecto, pero entonces ayúdame a cerrar la brecha, porque sí hay brechas.

 Ha estado casi 9 años en el Ministerio de Cultura.

 En junio cumplo 10.

 ¿Y qué siente cuando algunos candidatos dicen que ese ministerio debería desaparecer?

Que no saben de qué están hablando. Esa es la evidencia más clara de que hay demagogia en la política y que los políticos hacen ofertas sin conocer el fondo de lo que están hablando.

El pretexto que usan es que, si retiramos el ministerio de Cultura, se va a ahorrar dinero que se puede emplear en otras prioridades.

Mira, si combatimos la corrupción ahorramos dinero. Y la gente sabe que hay corrupción, pero como en el caso del racismo, nunca la ves de frente. Como en el caso del racismo, usamos muchos pretextos para enmascararla. Es así.

¿Cuál es su máxima aspiración en el Senado?

Quisiera hacer un montón de cosas. La primera es recuperar el orden que necesitamos para decir que somos una democracia. Y lo siguiente... Caray, es difícil expresar los deseos.

Pero usted se metió solita en esto.

Sí. Y todo el mundo me anda diciendo que ahora voy a tener más poder que nadie en este país.

Y muchos problemas.

También. Pero, a ver, creo que una aspiración a la que de verdad le voy a ofrecer todo mi empeño es a que se preste atención a personas vulnerables, como las que acabo de describir en esta conversación. Me preocupan las mujeres que son racializadas, que tienen una vida postergada. Me gustaría trabajar con esto, con mujeres racializadas, con jóvenes, con niñas, con población LGBTI. Que nos permitan trabajar en la implementación de un enfoque intercultural que contribuya a mejorar su salud.

Por lo que me está diciendo, es candidata a que la llamen caviar.

Yo no puedo ser caviar. Algunos requisitos no los cumplo (se ríe). Trabajo en el Estado, sí. Pero me falta todo para serlo. Me apellido Matute, Emilio. Cómo podría ser caviar.

Hacer política pasa también por defenderse de las expresiones de los rivales. Y lo último que se ha dicho de Jorge Nieto es que es muy tibio, que no ha sabido tener una posición clara sobre cómo debía resolverse el problema de las fallas logísticas en la elección. ¿Usted qué responde?

(Sonríe) No lo conocen. Él no es tibio para nada. Que no haya dicho lo que los demás quieren escuchar, es otra cosa. Pero que no haya sido claro, eso es totalmente distinto. Él ha dicho con claridad que si alguien dice que hay fraude, que lo pruebe. ¿Qué quieren? ¿Que saque a la gente a la calle? ¿Para que los chicos paguen como siempre pasa? Porque los que peinamos canas siempre estamos detrás. Y, finalmente, si alguien tiene dudas sobre el sistema, que haga una auditoría técnica. ¿De qué tibieza hablan? Tibio es quedarse callado, ignorar a la gente, hacerse el desentendido. Y eso no ha pasado.

 La veo bastante preparada para responder a los adversarios.

 Gracias. Aunque yo quiero tomar las palabras de Jorge Nieto: Tenemos que abandonar la costumbre de hacer las cosas a empujones.

“El presidente dijo que no se iba a concretar la compra hasta el próximo gobierno antes de que se firmara el contrato. Lo que ha ocurrido es que la voluntad expresada por el presidente ha sido desobedecida por sus ministros. Eso, en términos políticos, ha sido un golpe administrativo. Nadie le ha hecho caso al presidente Balcázar. ¿Podemos acostumbrarnos a que los ministros decidan contra la voluntad del presidente? A mí me parece grave por las consecuencias que esto puede tener”, declaró en entrevista con RPP.

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Para Nieto, este hecho evidencia una pérdida de autoridad de la institución presidencial: “Nos estamos acostumbrando a que no se acate a quien ostenta la representación de la Nación”, agregó.

Asimismo, el líder del Partido del Buen Gobierno señaló que habría gestionado la compra de los cazas F-16 de manera distinta, optando por adquirir una escuadra en lugar de dos. Según explicó, esta decisión se basaría en la situación financiera que atraviesa el país.

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Jorge Nieto se ubica en cuarto lugar en las Elecciones 2026

Con el 95,88% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato Jorge Nieto se ubica en el cuarto lugar, con 1.775.675 votos, lo que representa el 11,01% del total.

Por delante de Nieto se encuentran Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Los dos primeros se perfilan como los protagonistas de la segunda vuelta electoral.

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FAP aceleró la compra de los F-16 ante el avance de Sánchez

La Unidad de Investigación de La República reveló que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) firmó el contrato con la empresa estadounidense Lockheed Martin para la adquisición de los aviones de combate F-16 Block 70 el lunes 20 de abril, ante la posibilidad de que Roberto Sánchez se consolidara como favorito en las Elecciones Generales 2026.

“Ante la posibilidad de que, en una eventual segunda vuelta, Roberto Sánchez venciera a Keiko Fujimori, lo más seguro era firmar por los F-16 Block 70. El contrato estaba previsto para el 17 de abril y no había que esperar hasta el resultado de la segunda vuelta del 7 de junio. Los norteamericanos tampoco estaban dispuestos”, explicó una fuente a este diario.

Con el 95,88% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), López Aliaga registra 1.917.559 votos a nivel nacional. De ese total, 1.165.274 provienen de Lima Metropolitana, lo que representa aproximadamente el 60% de su votación.

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En el sur del país, su presencia es marginal en comparación con los candidatos más votados, llegando incluso a registrar menos del 2% en algunos departamentos. Tal es el caso de Puno, donde se ubica en el décimo lugar, por detrás de candidaturas que no superaron la valla electoral, como las de Yohny Lescano (Cooperación Popular), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) o Carlos Espá (Partido SiCreo).

La tendencia se repite en otras regiones del sur: López Aliaga figura en el sexto lugar en Cusco; séptimo en Moquegua, Apurímac y Madre de Dios; octavo en Tacna; décimo en Puno; y tercero en Arequipa, donde obtiene su mayor porcentaje en esta zona, con 10,5%.

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“Existe una percepción negativa del centralismo limeño”

Para el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Hernán Chaparro, el hecho de que Rafael López Aliaga sea el candidato más votado en Lima Metropolitana no implica que el electorado limeño se identifique masivamente con él. El analista considera que la capital mantiene un voto fragmentado entre diversas opciones.

“Asumamos que por Renovación Popular votó entre el 22% y el 23%, considerando los problemas con las mesas. Es decir, no menos del 75% votó por otros candidatos. Si se revisa por distritos, en San Juan de Lurigancho —el más poblado de Lima— el 19% votó por Renovación Popular, el 18% por Keiko Fujimori y el 16% por Jorge Nieto. No hay una mayoría de López Aliaga”, señaló a este medio.

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Chaparro explicó que la percepción de López Aliaga como candidato predominante en Lima responde a factores comunicacionales: “Lo que sí hay es capacidad para hacer campaña en redes sociales, el apoyo de ciertos medios masivos y un activismo en calle que genera la sensación de respaldo ‘limeño’. El apoyo en distritos de mayores ingresos es más alto, pero los niveles socioeconómicos A y B representan alrededor del 21% de Lima. En el sector medio (nivel C), el voto está más dividido”, indicó.

Respecto al bajo respaldo en el sur del país, Chaparro sostiene que responde a factores estructurales y a decisiones del propio candidato: “Es un tema que precede a López Aliaga. Existe una percepción negativa del centralismo limeño. Además, el candidato adoptó posturas que reforzaron esa imagen asociada al abuso de poder. Durante la etapa final de la campaña, quienes rechazaban su llegada recordaban las restricciones impuestas cuando ciudadanos del sur viajaron a Lima a protestar por las muertes en Puno y Ayacucho. Lo que señalaban es que, si él fue hostil en ese contexto, no había razones para recibirlo de manera distinta. La animadversión ya estaba instalada y, en ese escenario, el discurso de fraude pierde credibilidad entre esos sectores”, explicó.

Un rechazo anticipado

Semanas antes de la primera vuelta, el candidato ya había enfrentado episodios de rechazo en regiones del sur. Durante la etapa final de su campaña, López Aliaga fue cuestionado por ciudadanos en Puno y Apurímac.

En Juliaca, el candidato fue advertido de que enfrentaría una respuesta adversa. Parte de este rechazo se vincula a su actuación política en el contexto de las protestas sociales de 2022 y 2023. Según manifestantes, el exalcalde no respaldó a los familiares de las víctimas de esos hechos.

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“Muy atrevido este señor. En Lima cerró las plazas cuando fuimos a protestar contra Dina Boluarte y ahora viene a pedir votos a Puno. (...) No lo queremos. Los puneños tenemos memoria”, declaró Claudio García, dirigente local, durante una manifestación.

En Abancay, el candidato realizó un mitin en un hotel cercano a la plaza principal. En los exteriores, decenas de personas se congregaron para exigir su retiro de la ciudad. Para abandonar el lugar, López Aliaga contó con resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que formó un cordón de seguridad alrededor de su vehículo.

Horas antes, en un evento público, el candidato se había referido a un grupo de manifestantes en términos despectivos, lo que provocó reacciones en su contra, incluido el lanzamiento de objetos.

La fuente castrense arguyó que la posibilidad de un próximo gobierno izquierdista de Roberto Sánchez hacía peligrar el proyecto de contar con una flota de aviones caza. Por eso, se desoyó la decisión del presidente José María Balcázar, quien el viernes 17 de abril anunció la postergación de la suscripción del contrato. Sin embargo, el lunes 20 de abril, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) de todas maneras firmó con la estadounidense Lockheed Martin, el mismo día que Balcázar reiteró que su gestión interina no lo haría.

Fue el miércoles 15 de abril, faltando dos días para la ceremonia del contrato, que el conteo de votos, al 89,46%, por primera vez reportaba que el candidato izquierdista había superado al ultraderechista Rafael López Aliaga.

“Ante la posibilidad que en segunda vuelta Roberto Sánchez ganara a Keiko Fujimori, lo más seguro era firmar por los F-16 Block 70. El contrato estaba pauteado para el 17 de abril, no había que esperar hasta el resultado de la segunda vuelta del 7 de junio. Los norteamericanos tampoco estaban dispuestos”, explicó la fuente militar a La República.

Un exministro de Defensa, que también tuvo participación en el proceso que derivó en la contratación directa de Lockheed Martin para la venta de los F-16 Block 70, confirmó que el temor de un eventual próximo gobierno izquierdista influyó decisivamente en la suscripción del acuerdo comercial con la empresa norteamericana.

“Aquí hay un tema de Estado, que es la seguridad nacional de nuestro país. En 2027, si no es antes, nos vamos a quedar sin ningún avión de combate disponible para volar. El Perú no puede quedar en esa situación de indefensión. Es inaceptable. Entonces, si está en curso un proceso, y hay una propuesta muy atractiva, y cuenta con el respaldo de nuestro aliado, los Estados Unidos, ¿por qué dejar para otra ocasión la compra? Con mayor razón si existe la posibilidad de un próximo gobierno izquierdista, en este caso Roberto Sánchez, que apoyó la postura del presidente Balcázar de postergar la adquisición”, señaló el extitular del sector Defensa.

Como el proceso de contratación es un “secreto militar”, las fuentes pidieron no ser identificadas.

Pero Roberto Sánchez no es un opositor a la compra de los cazas y cree en la necesidad de renovar la flota aérea de guerra. Solo que sus tiempos y prioridades son diferentes, aunque no concuerdan con los de Lockheed Martin y el gobierno de los Estados Unidos.

“El Perú tiene el derecho a modernizar sus Fuerzas Armadas porque hace más de 30 años no sirven nuestros aviones, no sirven nuestros helicópteros, esa es la verdad. Pero la lucha contra la pobreza por más hospitales, escuelas y carreteras, es una prioridad más relevante para nuestro pueblo”, dijo Roberto Sánchez el miércoles 22 de abril.

“Si este gobierno (Balcázar) ya planificó con las Fuerzas Armadas la compra de los aviones de guerra, se debe hacer respetando el procedimiento contractual, sin corrupción, sin comisión. A dos meses de la salida del gobierno, ¿cuál es el apuro en cerrar hoy día el contrato? (...) El siguiente gobierno que nace de las urnas, que tiene más legitimidad, es el que tiene que tomar la decisión. No vetamos a ninguna bandera tecnológica”, añadió.

No podría decirse que la posibilidad de un gobierno de Roberto Sánchez amenazaba la suscripción del contrato. Pero el conteo electoral fue usado como un pretexto para consumar un acuerdo que ya había sido armado por el gobierno de José Jerí para darle preferencia a la oferta estadounidense: una contratación directa, sin licitación, como establecen las normas.

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En la gestión de la exmandataria Dina Boluarte, el ministro de Defensa y el Comandante General de la FAP viajaron para dialogar con las autoridades de Francia, Suecia y Estados Unidos sobre la adquisición de los cazas que ofertaron y quedaron finalistas en la evaluación que hizo la Fuerza Aérea: Dassault Aviation (Rafale F4), Saab (Gripen E/F) y Lockheed Martin (F-16 Block 70). Pero con Jerí, se dejó de practicar ese trato con las tres empresas. Para fines de 2025, Dassault Aviation y Gripen comenzaron a preguntar sobre el desarrollo del proceso de evaluación. Creían que con el cambio de gobierno, la compra quedó suspendida.

“Preguntaban si continuaba el proceso. La respuesta estándar era que seguía la evaluación y que se les informaría ante cualquier novedad. Aunque lo cierto es que en este despacho se le dio prioridad a la propuesta de Lockheed Martin. No estoy rompiendo ningún secreto. La República ha publicado las visitas de los funcionarios de la empresa norteamericana al Ministerio de Defensa. Es evidente cuál era la decisión. Quizás debieron enviar cartas a Dassault Aviation y Saab diciendo que, muchas gracias, pero ya hicimos una selección: Lockheed Martin y sus F-16 Block 70. Nunca está de más ser amable, en particular con empresas de prestigio”, explicó una fuente del Ministerio de Defensa con conocimiento del proceso de contratación.

Las fuentes militares reconocieron que el Comité Evaluador Técnico-Operacional (CETO) de la FAP emitió un informe en el que indicaron que los modelos que encajaban con los requerimientos eran, en el siguiente orden: Rafale F4, Gripen y F-16 Block 70. Pero el gobierno de José Jerí excluyó al primero y al segundo, y se quedó con el tercero. Para diciembre de 2025, así había quedado establecido.

Pero había un problema: era público que había tres postores. Boluarte se había reunido con franceses, suecos y norteamericanos. Además, el 9 de enero de 2026, el Ministerio de Defensa aprobó el Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero, que señala que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) deben ser evaluadas todas las propuestas, lo que implicaba solicitar a los concursantes actualizar sus ofertas elevadas el año anterior. La solución de la gestión de Jerí fue declarar como “secreto militar” la contratación e incluir la figura de “proveedor único”, para negociar únicamente con Lockheed Martin.

El 3 de febrero, el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, presentó sus credenciales al expresidente Jerí, y rápidamente emprendió acciones para posicionar a Lockheed Martin. Logró que la compañía mejorara sustancialmente su propuesta de 12 a 24 cazas F-16 Block 70. Una oportunidad que no recibieron la francesa Dassault Aviation y la sueca Gripen.

Pocos días después, el 11 de febrero, el comandante general de la FAP, Mario Contreras León Carty, emitió la resolución N°064-2026, señalando que la institución castrense seleccionó el F-16 Block 70 por “razones geopolíticas y estratégicas”. Las otras empresas competidoras nunca fueron informadas de esta decisión, simplemente porque fueron excluidas de la licitación. Había prevalecido la influencia política. “Era ahora o nunca”, como dijeron las fuentes castrenses.

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Una rebaja para asegurar la compra

• El contrato firmado entre la FAP y Lockheed Martin el lunes 20 de abril es solo por 12 unidades de aviones caza F-16 Block 70. Queda pendiente otro acuerdo por 12 ejemplares. Por las 24 aeronaves, la empresa norteamericana aceptó US$3.500 millones.
• Con una diferencia de seis meses, de septiembre de 2025 a marzo de 2026, Lockheed Martin cambió radicalmente su oferta: de 12 cazas por US$3.420 millones a 24 unidades por US$3.500 millones. Una rebaja poco usual en el mercado internacional.
• Cuando compitió en Colombia, Lockheed Martin pidió por 24 F-16 Block 70, según los requerimientos de su Fuerza Aérea, US$4.202 millones. Es decir, US$702 millones más respecto a los US$3.500 millones que aceptó a la FAP.
• En el caso peruano, los primeros ejemplares de F-16 Block 70 está previsto que arribarán entre 2029 o 2030. En la propuesta presentada a Colombia, se garantizó la entrega de tres cazas en 2028.

En declaraciones a la prensa desde su local de campaña en el Centro de Lima, Sánchez adelantó que este lunes 27 se presentarán las denuncias constitucionales, al considerar que tanto la JNJ como el JNE habrían incurrido en acciones “fuera del marco legal” durante el proceso electoral.

De acuerdo con el aspirante a la segunda vuelta presidencial, su grupo parlamentario evaluó las acciones que realizarán dentro del marco constitucional y concluyó que "hay razones más que suficientes para una denuncia constitucional" contra ambos organismos.

"Es una denuncia que vaya en el debido proceso. Aquí se ha afectado al hacer acciones fuera del marco legal. Si no hubiera sido por las respuestas de las comunidades, el pueblo que se levanta, que se moviliza, los estudiantes que se movilizan por presupuesto, y la lucha de las universidades... Nuestra confianza está fehaciente en las actas porque el conteo de votos significa un ida y vuelta", advirtió.

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Sánchez sustentó su anuncio de denuncias constitucionales al recordar que la JNJ aceptó la renuncia del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. Según indicó, se cometieron negligencias en la organización de las elecciones y que las fallas deben investigarse y sancionarse. "No se debe pasar por alto. En esta segunda vuelta se deben tomar medidas para que no ocurra ninguna sola actividad de negligencia, de manera correcta, sin abuso de autoridad, ni peliculina", dijo.

En esa misma línea, el candidato dijo que las instituciones "actuaron mal" y que hubo "afectaciones". En ese sentido, agradeció a las autoridades internacionales y presidentes que se pronunciaron.

"Nosotros no estamos condenando, el debido proceso es denunciar. Lo que hacemos porque creemos que no han cumplido en ese grado, en base al derecho de sus competencias. Estamos en acción. Estaremos atentos para defender la democracia y el voto ciudadano", declaró.

Al ser consultado por el allanamiento contra Corvetto y el rechazo al pedido de detención preliminar, Sánchez mencionó que ello le corresponde al Poder Judicial. “Las propias acciones vinculadas se deben investigar en el momento oportuno, no después para hacer una peliculina. Las acciones del sistema de justicia, en el debido proceso, tienen que ser oportunas. Creemos que son responsables de cada acción que están haciendo y haremos la vigilia para que sea como corresponde. Las carpetas que sean autónomas, que no sean abusivas, que se tomen como corresponde”, enfatizó.

Roberto Sánchez le responde a López Aliaga: "Hay que acabar con esta pataleta"

Por otro lado, Sánchez le envió un mensaje a su contrincante Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien promueve la narrativa de fraude en los comicios electorales. El candidato de JPP mencionó que, si no existen pruebas de algo, "las palabras se las lleva el viento".

“Las palabras se las lleva el viento, si es que no están demostradas, es decir, en la mesa tal, el ciudadano tal, con el DNI tal, aquí está el acta. ¿Y así han sido las palabras fáciles, las denuncias supuestas que ha hecho el señor Rafael López Aliaga? No, no. Es un discurso, pues, literario. Más bien debiera ser prueba evidente y eso no ha ocurrido", manifestó Sánchez.

En esa misma línea, criticó a López Aliaga por hacer cuestionamientos a las actas de mesas 900.000 en adelante y decir que hubo "votos fantasmas". "Un millón de amigos", dijo el postulante de Renovación Popular en alusión a la canción del cantante Roberto Carlos.

“Y a mí me gustan mucho todas las canciones de Roberto Carlos, lo escucho desde niño, pero 'Amigos del aire’ es imposible; en todo caso, que se demuestre. Yo creo que a esta altura gente afín y gente discrepante con nosotros refiere, pues, que hay que acabar con esta pataleta. Ya basta ya de la caprichología. Así grandecito como está, ya, pues, ya, y llamemos al orden democrático”, expresó.

Diferentes instancias del Poder Judicial rechazaron las pretensiones de los usurpadores del predio de 9,7 hectáreas, quienes alegaban falsamente que habitan en el sitio desde antes de que fuera adquirido por su actual propietario.

Sin embargo, ahora se han dirigido a la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali para intentar sorprender a los funcionarios.

Los representantes de los invasores solicitaron a la mencionada dependencia la reversión del terreno al Estado, a sabiendas de que el predio pertenece al empresario Ramón Miranda Eyzaguirre por mandato judicial y así consta en los Registros Públicos.

Bastaba revisar los archivos para comprobar que la pretensión de los dirigentes carecía de sustento legal, pero algunos funcionarios acogieron la solicitud y durante más de un año estudiaron el caso, hasta que finalmente el director regional de Agricultura resolvió no continuar con el trámite de reversión.

Complicidades y leguleyadas

Debe indicarse que los representantes legales de los usurpadores presentaron el pedido de reversión del terreno como una forma de evadir el mandato judicial de desalojo, ya que ha quedado plenamente comprobado que, cuando fue tomado por la fuerza, tenía propietario privado.

Sorprendentemente, luego de que el director regional de Agricultura finalizó el trámite de reversión, la Oficina de Asesoría Jurídica acogió un recurso de reconsideración basándose en falsedades y cuyo único propósito es desconocer la propiedad del predio de Ramón Miranda Eyzaguirre.

Desde que los desconocidos irrumpieron en el terreno de Ramón Miranda han transcurrido 15 años y hasta ahora él sigue enfrentando, en el ámbito legal, a autoridades que, desconociendo las normas vigentes e incluso cometiendo delitos, han pretendido reconocer como dueños a los usurpadores.

El auténtico propietario ha ganado en todas las instancias.

Un nuevo pretexto

Por ejemplo, los representantes legales de los invasores presentaron ante la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (Pucallpa) una solicitud de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio.

La ley señala que para que proceda dicho requerimiento, los solicitantes deben probar que viven en el predio desde hace 10 años de manera pública, pacífica y continua.

No cumplían ninguno de estos requisitos, empezando por la forma violenta en la que fue tomada la propiedad. Sin embargo, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo dieron trámite al pedido fraudulento de los usurpadores.

Para validar que habitaban en el terreno desde hacía más de 10 años, los invasores presentaron una constancia falsa expedida por el exalcalde del centro poblado San José de Yarinacocha, Egar Marín Zamora.

Marín fue denunciado penalmente y se le inició un proceso, pero se acogió a la sentencia anticipada y reconoció que fabricó la constancia falsa a favor de los usurpadores.

El 21 de noviembre de 2025, el juzgado dispuso el desalojo del terreno, quedando pendiente la fecha de ejecución del mandato. Pero fue entonces cuando los invasores iniciaron otro trámite fraudulento ante la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali, que ya fue desestimado. Increíblemente, el DSRAU aceptó revisar una reconsideración interpuesta por los invasores.

De acuerdo con información oficial, la ONPE adjudicó a Gálaga un servicio de 434 vehículos por S/ 6,3 millones. Sin embargo, la propia compañía declaró contar con una flota aproximada de 200 unidades, por lo que el resto fue cubierto mediante el reclutamiento de terceros.

Parte de esa operación fue ejecutada por transportistas que, según testimonios recogidos por La República, no firmaron contratos y aún no perciben el pago por sus servicios.

Un proveedor que intervino en el despliegue con cuatro unidades señaló a este diario: “No ha habido ningún contrato, todo ha sido de manera verbal. Pero tenemos como pruebas conversaciones y acuerdos”.

Según su testimonio, los vehículos fueron convocados días antes del proceso electoral y se concentraron en el almacén de Lurín entre el 5 y 6 de abril, a la espera del inicio de operaciones.

SERVICIOS IMPROVISADOS SAC

El servicio contemplaba jornadas entre el 10 y el 13 de abril, pero en la práctica se extendió hasta el martes 14, debido a que algunas unidades no concluyeron con la descarga del material electoral.

El esquema de pago se estableció por día y por tipo de unidad: S/ 400 diarios para camiones pequeños; S/ 550 y S/ 750 para vehículos de mayor capacidad, incluyendo al conductor. Los días de espera se remuneraban al 50% de la tarifa.

“El acuerdo era que se pagaba al finalizar el servicio. Solo se nos dio el adelanto correspondiente a un día por cada unidad, al momento de entregar los vehículos”, indicó el proveedor.

UNA EMPRESA SIN VEHÍCULOS

Sin embargo, pese a haber culminado las labores, los pagos no se realizaron en el plazo ofrecido. “Ya estamos 9 días esperando”, afirmó.

Las comunicaciones internas de la propia empresa confirman el retraso. En un mensaje enviado a los proveedores el 15 de abril, Gálaga señaló: “Les ofrecemos disculpas por el retraso en los pagos” y solicitó coordinar las liquidaciones de manera individual.

En un mensaje posterior, un representante indicó que “sí se están realizando los pagos, pero de manera ordenada, por fechas, según el ingreso de la unidad de carga”, sin precisar un cronograma.

Además, los proveedores fueron agrupados en un chat que posteriormente fue restringido, ya que solo los administradores podían enviar mensajes, limitando la comunicación directa de los transportistas afectados, que suman varias decenas.

De acuerdo con la versión de los transportistas, quienes pidieron mantener su identidad en reserva por temor a no recuperar el dinero adeudado, la empresa viene cumpliendo pagos de manera parcial. Señalan que algunos proveedores han sido cancelados por presión, mientras que a otros se les está abonando montos menores a los acordados.

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A LO QUE SALGA

Durante la ejecución del servicio, los proveedores reportaron deficiencias operativas. En uno de los casos, una unidad permaneció varias horas sin carga en el almacén de Lurín y recién fue despachada en la madrugada del domingo 12 de abril, llegando a su destino la noche del mismo día, cuando el proceso electoral ya estaba en marcha.

Esto ocurrió pese a que se había acordado que el despliegue iniciaría a las 10 de la noche del viernes 10 de abril y culminaría el sábado 11, un día antes de la elección. El repliegue, según lo previsto, debía cumplirse desde la noche del domingo 12 de abril, una vez concluidos los comicios. Ninguno de estos plazos se cumplió. Según los transportistas, se les ofreció reconocer los servicios adicionales.

“A nosotros nos decían que necesitaban a los choferes puntuales el viernes 10 de abril a las 8 de la noche. Que tenían que estar puntuales, que si demorábamos nos iban a descontar. Supuestamente, los camiones iban a esperar a los choferes con el material cargado, listo para salir”, relató.

“En el caso de mi flota, solo tres vehículos tenían carga. Uno estaba vacío. Consulté si lo iban a necesitar o ya no iba a ser parte de la operación. Dijeron que debía quedarse porque recién se iba a cargar. Nos informaron que faltaban, incluso, los custodios de la PNP. Solo salían un camión grande y uno pequeño, ambos hacia el mismo destino con toda la carga, pero escoltados por la PNP. En el pequeño iba el equipo de computación; en el grande, papelería y ánforas”, completó.

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MILLONARIO SERVICIO MAL HECHO

Las fuentes agregaron que los conductores asumieron funciones adicionales. “El chofer es el que ha hecho ya de cargador”, indicó un transportista, al referir que no se asignó personal de apoyo para la descarga del material electoral en los locales de votación.

Estas condiciones implicaron que el servicio se ejecutara fuera de lo previsto, tanto en tiempos como en funciones, sin que ello haya sido reconocido en los pagos pendientes. “Si no me pagan a mí por los vehículos, qué me van a reconocer el otro servicio. El personal que se ha contratado me pide, y les vamos a tener que dar un extra fuera de lo previsto”, señaló.

El servicio de estibadores, que debía considerar a tres personas por unidad, no se cumplió en todos los casos. Según los transportistas, algunos vehículos contaban, con suerte, con un solo apoyo para la carga y descarga.

La audiencia se desarrollará de forma semipresencial a las 3.00 p. m. en la Sala Miguel Grau.

El último 17 de abril, Balcázar anunció que su gobierno no suscribiría un contrato con la empresa estadounidense Lockheed Martin para de cazas F-16 Block 70 debido a que no querían comprometer los recursos actuales.

“Nosotros lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre es que la compra de los aviones F-16 se postergase para ser pagados en el próximo gobierno, en la próxima administración que salga de las elecciones normales que están en curso”, dijo.

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Luis Arroyo no siguió la decisión de José Balcázar

Sin embargo, esta postura no fue compartida por el primer ministro, Luis Arroyo, quien aseguró que el Ejecutivo debía cumplir con su palabra.

“El presidente del Consejo de Ministros hace de conocimiento que el proceso de contratación para la adquisición de aviones F-16, independientemente a los asuntos económicos y legales que involucran, obedece a compromisos preestablecidos que atañen a la defensa nacional y que exige el respeto a la figura presidencial, que, además, es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas”, se lee en un comunicado de la Cancillería.

Pese a ello, en diversas entrevistas, Balcázar negó que se hubiera concretado algún acuerdo y reafirmó su decisión de trasladar la responsabilidad al próximo gobierno que resulte electo en la segunda vuelta.

En tanto, de acuerdo con el presidente del Congreso, el Ministerio de Economía (MEF) ya desembolsó el primer pago de US$462 millones a la empresa Lockheed Martin, seleccionada para la venta, a través del Banco de la Nación.

“Esta decisión responde al cumplimiento de obligaciones contractuales válidamente asumidas por el Estado peruano, cuya inobservancia hubiera generado penalidades significativas, controversias internacionales y un serio deterioro de la credibilidad del país frente a sus socios estratégicos”, informó el MEF.

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De acuerdo con un informe de este medio, la posibilidad de un próximo gobierno izquierdista de Roberto Sánchez hacía peligrar el proyecto de contar con una flota de aviones caza, por lo que se decidió no seguir la decisión del mandatario.

“Era ahora o nunca. Si no se firmaba el contrato, tendríamos que haber esperado otros treinta años para que se presentara una oportunidad única como esta”, dijo una autoridad militar involucrada en la compra de los F-16.

De igual forma, un exministro de Defensa involucrado en el proceso confirmó que esa fue una de las motivaciones para seguir con la adquisición.

“Aquí hay un tema de Estado, que es la seguridad nacional de nuestro país. En 2027, si no es antes, nos vamos a quedar sin ningún avión de combate disponible para volar. El Perú no puede quedar en esa situación de indefensión. Es inaceptable. Entonces, si está en curso un proceso, y hay una propuesta muy atractiva, y cuenta con el respaldo de nuestro aliado, los Estados Unidos, ¿por qué dejar para otra ocasión la compra? Con mayor razón si existe la posibilidad de un próximo gobierno izquierdista, en este caso Roberto Sánchez, que apoyó la postura del presidente Balcázar de postergar la adquisición”, refirió.