En esta sesión, convocada por el senador Carlos Mesía a las 11:00 horas, los parlamentarios discutirán el predictamen que contiene 27 medidas, entre las cuales figuran restituir la capacidad operativa a la DINI y clasificar a las organizaciones criminales como “grupos hostiles”.

El debate se retoma después de que en la cita anterior los legisladores de oposición abandonaron la sala y dejaron la reunión sin quórum, en protesta porque la mesa no respetó la cuestión de orden planteada por la parlamentaria del Buen Gobierno, Patricia Iturregui, para fijar los límites del Senado y evitar que se desnaturalice el proyecto de la Cámara Baja.

En la sesión también participan representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular. Estas bancadas, junto con Obras, reúnen a los legisladores necesarios para que la comisión pueda desarrollar la reunión.

Noticia en desarrollo…

El desacuerdo gira en torno a las 20 habilitaciones que Diputados aprobó para que el Senado las revise. Matute sostuvo que esa cámara ya discutió el contenido y definió los asuntos que debían pasar a la siguiente etapa. Por ello, consideró que los senadores deben respetar esa decisión durante la discusión del documento.

PUEDES VER: Kenji Fujimori anuncia su regreso a la política: "He decidido seguir un nuevo movimiento que representa al pueblo"

La legisladora explicó que el Senado sí puede introducir cambios en la redacción de las materias autorizadas. “Podemos modificarle, mejorar su redacción”, afirmó. Sin embargo, precisó que esa facultad no permite recuperar asuntos que Diputados rechazó durante el debate.

Matute también recordó que la propuesta original fue consensuada entre cuatro bancadas, sin la participación de Fuerza Popular ni de Juntos por el Perú. A su juicio, ese antecedente debe tomarse en cuenta en las conversaciones actuales, en lugar de exigir cambios que alteren lo acordado en la cámara de origen.

PUEDES VER: La captura del cabecilla ‘Chili’ es el objetivo N° 1 de la Policía

La senadora del partido de Jorge Nieto indicó que todavía existía la opción de alcanzar un acuerdo y avanzar con la discusión. La decisión dependería de las conversaciones entre las bancadas y de que la presidencia de la Comisión de Constitución cierre el debate para pasar a la aprobación del dictamen.

Al referirse a las exigencias de la oposición, la senadora apuntó directamente a Fuerza Popular. Según explicó, esa bancada reclama que se acepten sus planteamientos y cuestiona a quienes no los respaldan.

Matute rechazó esa postura y sostuvo que las diferencias deben resolverse mediante la discusión parlamentaria, sin presentar el desacuerdo como una falta de compromiso con el país.

"No asistiré a la sesión convocada hoy, pues la Comisión de Constitución del Senado ha sido convocada nuevamente con el mismo predictamen de la sesión anterior: los 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados y ocho habilitaciones adicionales”, señaló por medio de sus redes sociales.

Luque criticó además que la mesa directiva de la comisión, liderada por Carlos Mesía, aún no responde al pedido formal planteado por varias bancadas que abandonaron la sala en la última jornada. Sobre esta falta de respuesta institucional.

PUEDES VER: Kenji Fujimori anuncia su regreso a la política: "He decidido seguir un nuevo movimiento que representa al pueblo"

Ante las acusaciones de que la oposición bloquea las leyes de seguridad y el fenómeno El Niño, la parlamentaria rechazó los señalamientos y responsabilizó directamente a Fuerza Popular. “Ante la pregunte quién obstruye, claramente es el propio fujimorismo el que pretende no respetar las decisiones parlamentarias de la cámara de diputados”.

La representante de Ahora Nación también hizo un llamado a respetar las competencias de la Cámara Baja y frenar los excesos de la Cámara Alta. Para Luque, resulta indispensable garantizar la transparencia en el proceso de revisión. “El Senado debe ejercer su función de revisión con límites, transparencia y respeto al equilibrio entre ambas cámaras”.

Patricia Juárez a Ruth Luque: "Las razones mencionadas son excusas que planteas"

Tras el anuncio, la senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión de su colega y restarle validez a sus argumentos.

“Estimada Ruth no causa sorpresa tu decisión, las razones mencionadas son excusas que planteas; esa fue tu posición desde el primer día, es absoluto rechazo al gobierno de la Pdta Keiko Fujimori. Lamento de verdad porque los más vulnerables serán los afectados. Ellos te juzgarán".

PUEDES VER: La captura del cabecilla ‘Chili’ es el objetivo N° 1 de la Policía

La réplica de Ruth Luque: "¿Acaso pedir que se respeten las votaciones y el Reglamento es estar contra los más vulnerables?"

El intercambio de declaraciones continuó. Minutos después, Ruth Luque respondió a los cuestionamientos de Juárez, defendiendo la legitimidad de su postura y rechazando que su inasistencia responda a una oposición obstruccionista al Ejecutivo.

“Hola querida Patricia. Mi decisión de no asistir a la sesión es una posición frente al modo en que se busca decidir la delegación de facultades en la Comisión de Constitución. ¿Acaso pedir que se respeten las votaciones, el Reglamento y los límites constitucionales del Senado es estar contra los más vulnerables?”, indicó.

La senadora de Ahora Nación reiteró que su postura cuenta con fundamentos normativos y políticos y advirtió que la responsabilidad en el cumplimiento de las reglas le compete a todos los legisladores.

“Mi posición frente a esta delegación es pública y tiene fundamentos. La ciudadanía nos juzgará a todos, Patricia. También por cómo ejercemos el poder y cuánto respetamos las reglas cuando los resultados no nos favorecen”.

PUEDES VER: Jorge Nieto a Álvaro Vargas Llosa: "Su rol de comentarista político ya acabó, debería comportarse como un embajador"

El excongresista adelantó su decisión mediante un video relacionado con su pódcast Tampoco Tampodcast, espacio en el que ampliará la información este lunes 19 de octubre, a las 8.00 p. m. En el mensaje, explicó que tomó la decisión después de evaluar distintas propuestas y reflexionar sobre las necesidades del Perú.

“Después de pensarlo mucho, de escuchar distintas propuestas y de analizar qué es lo que realmente necesita nuestro queridísimo Perú, he decidido seguir un nuevo movimiento político que representa al pueblo”, declaró.

¿Qué dijo Kenji Fujimori sobre su regreso a la política?

En el anuncio, Kenji Fujimori sostuvo que la organización a la que decidió sumarse representa a la ciudadanía y no teme expresar sus posiciones. También afirmó que la agrupación cuenta con planteamientos para el futuro nacional, aunque todavía no detalló cuáles son sus principales propuestas.

"No tiene miedo de decir las cosas como son y que, sobre todo, tiene una propuesta clara para el futuro del país", sostuvo.

El mensaje marca un cambio respecto de sus declaraciones anteriores, cuando había manifestado que prefería mantenerse alejado de la política y de la exposición pública. En una entrevista difundida a comienzos de octubre, se había señalado que el exparlamentario había orientado sus actividades hacia los negocios y la producción de contenido digital.

Kenji Fujimori y su relación con Keiko Fujimori

El anuncio también vuelve a poner en el foco la relación política y familiar entre Kenji y Keiko Fujimori. La actual presidenta de la República llegó al Gobierno para el periodo 2026-2031, mientras que su hermano menor permaneció alejado de los cargos de elección popular desde su salida del Congreso.

Durante agosto de 2026, Kenji había expresado su deseo de que al país le fuera bien durante la gestión de su hermana. Sin embargo, su decisión de integrarse a un movimiento político abre interrogantes sobre el papel que tendrá en el escenario nacional y si su participación tendrá alguna relación con el partido liderado por la mandataria.

El antecedente judicial de Kenji Fujimori por los 'Mamanivideos'

La trayectoria política de Kenji Fujimori también estuvo marcada por el caso conocido como los 'Mamanivideos'. La investigación se originó a partir de grabaciones realizadas por el fallecido excongresista Moisés Mamani, en las que se registraron conversaciones relacionadas con gestiones para obtener respaldo parlamentario y evitar la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en 2017.

Por este caso, Kenji Fujimori recibió una condena por tráfico de influencias. Posteriormente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dispuso que realizara una obra de bien social o cumpliera diez horas de servicio comunitario como parte de las reglas de conducta impuestas.

Su anuncio de retorno a la política se produce, así, después de un periodo alejado de la actividad parlamentaria. La emisión de su pódcast de este lunes permitirá conocer si revela el nombre de la agrupación, sus objetivos y el papel que asumirá dentro de ella.

Las operaciones de inteligencia de alta prioridad se han intensificado al máximo. Pero, a pesar de que han sido allanados búnkeres, bares y hoteles en Puerto Maldonado, donde se reportaba su presencia con seguridad armada, “Chili” ha logrado evadir los cercos policiales inmediatos, por lo que sigue siendo el blanco número uno en Madre de Dios.

La minería ilegal en esa región es uno de los principales motores de financiación y disputa territorial entre Los guardianes de la trocha y Los sanguinarios de La Pampa, generando rentas criminales por más de S/6 millones al año.

La primera red criminal es liderada por Edinson Fernández Pérez, “Chili”, y la segunda, por su primo Eneyser Fernández Díaz, “Brayan”. Este fue capturado en mayo de este año y este sábado cumple 18 meses de prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad.

PUEDES VER: Detención de seis policías por presunto robo reaviva debate sobre reforma de la PNP

Según las autoridades, “Brayan” ha sido reemplazado por Aldo Sánchez Huamán, “Leo”, de 30 años. Pero el último 8 de octubre, “Leo” fue aprehendido por la policía, un día después de que se registrara un enfrentamiento en el que murieron tres civiles y un policía. 

“Leo”, como segundo al mando de la red criminal que dejó “Brayan”, intentó retomar la hegemonía y la supremacía en La Pampa. No pudo alcanzar la meta.

Los hombres de “Chili”

Los cabecillas “Chili” y “Leo” pelearon palmo a palmo por el dominio de La Pampa, con el propósito de ejercer el dominio total de la minería ilegal, el sicariato, la extorsión y el cobro de cupos.

Aunque “Chili” es el objetivo principal de las fuerzas especiales que han sido desplazadas a Madre de Dios, existen otros hombres alrededor de este sujeto que, según fuentes de Inteligencia, están identificados como “Benjamín”, Alver Carranza Fernández, su brazo derecho, y “Corona”.

El dominio de los guardianes

En estos momentos, el ejército de Chili es la estructura criminal con mayor control en la explotación y extorsión de oro ilegal en La Pampa. Los guardianes de la trocha imponen su dominio en esa zona. Al comienzo esta banda solo estaba integrada por un clan familiar que brindaba seguridad a mineros artesanales. Su poder creció hasta lograr establecer su propia ley. Empezaron a cobrar “peajes” a la maquinaria que era ingresada en la zona. Desde 2015 todos los mineros tenían que empadronarse para poder trabajar. Quienes se oponían eran asesinados.

“Chili” es sindicado como autor del homicidio de Juan Fernández Anco, dirigente ambiental de la Reserva Nacional Tambopata. También de Ana María García, dirigente en La Pampa que rechazaba a la mafia de este individuo por extorsionar a los mineros. No solo se enfrentó a ellos sino a su primo Eneyser Fernández Díaz, “Brayan”.

“Tony” fue el pionero

Esta historia comenzó cuando Yván Fernández Pérez, más conocido como “Tony”, uno de los iniciadores de Los guardianes de la trocha, empezó a dar seguridad a los mineros ilegales de La Pampa. “Tony” sentía mucho apego hacia Eneyser, su hermano paterno, nueve años menor.

Ellos nacieron en Chontalí, provincia cajamarquina de Jaén, pero abandonaron su pueblo y se trasladaron al distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres (San Martín).

En 2015, Yván Fernández recibió una llamada que hizo de su amigo Samuel Sánchez Irene. Ellos se conocieron en Campanilla. En 2011, atraído por la fiebre del oro, Samuel Sánchez se fue a Madre de Dios.

PUEDES VER: Jorge Nieto a Álvaro Vargas Llosa: "Su rol de comentarista político ya acabó, debería comportarse como un embajador"

A Samuel Sánchez lo llamaban “El Venado”.  Cuando llegó a La Pampa lo hizo pensando en robar a los mineros ilegales, pero alguien le dio la idea de que mejor era brindarles “protección” y cobrar cupos a cambio de que trabajaran tranquilos. Así fundó Los guardianes de la trocha.

El “Venado” convocó entonces a su gran amigo Yván Fernández Pérez que tenía experiencia liderando rondas. Cuando Fernández llegó a La Pampa hizo que lo llamaran “Tony”.

En septiembre de 2017, durante un enfrentamiento con la policía, la banda del “Venado” asesinó a un suboficial de la PNP. Un año después Samuel Sánchez fue capturado y “Tony” asumió el liderazgo de Los guardianes de la trocha.

La guerra de los primos

A “Tony” se sumaron su hermano menor Eneyser Fernández Díaz, “Brayan”, y su primo Edison Fernández Pérez, “Chili”, quien adoptó el apodo desde que llegó a La Pampa, en memoria de un colombiano, considerado el quinto hombre en importancia dentro de la organización de Pablo Escobar y jefe del ala militar o de los sicarios.

A “Tony” le atribuyen decenas de muertos y desaparecidos en La Pampa, pero jamás imaginó que tenía muy cerca a un traidor.

El 28 de marzo de 2024, integrantes de la banda “Los Flores”, lo emboscaron y lo acribillaron en un centro de hospedaje de Puerto Maldonado. Policías a cargo de las investigaciones sospecharon que “Chili” tuvo que ver con el crimen. Entonces la alianza de la banda se rompió.

“Brayan” juró vengar la muerte de su hermano y fundó Los sanguinarios de La Pampa, instalando un régimen de terror entre 2024 y 2025.

Cobraba a los mineros ilegales, a los “traqueros” -operadores de los motores que dan energía a la maquinaria que usan para extraer oro-, a los mecánicos que reparan los motores y a los locales de compra-venta de oro en la zona. También ajustaba a los restaurantes, bodegas, boticas, hoteles, bares, prostíbulos y mototaxistas.

“Chili” intentó recuperar con furia y violencia lo que había construido “Tony” y empezó a cobrar cupos a quienes pagaban a “Brayan”. Entonces se desató una pugna a muerte entre primos.

PUEDES VER: Keiko Fujimori coordinó con Delcy Rodríguez la expulsión de venezolanos indocumentados

Sin embargo, la suerte favoreció a “Chili”. El cuatro de mayo de este año, la Policía capturó en La Pampa a seis hombres de confianza de “Brayan”. El 18 de mayo, “Brayan” fue detenido en Lima.

“Chili” aprovechó esa circunstancia para recobrar zonas estratégicas que controlaba la facción de su primo “Brayan”.

La caída de “Leo”

El ocho de octubre último la Policía capturó a Aldo Sánchez Huamán, “Leo”, sindicado como segundo al mando de Los sanguinarios de La Pampa, tras la captura de “Brayan”.

Fue sorprendido en el kilómetro 108 de la carretera Interoceánica con 22 granadas de guerra, un lanzagranadas, una pistola calibre 45 y cientos de municiones. “Leo” arguyó que la pistola era para su defensa personal, que tiene licencia, y que los otros pertrechos pertenecen a un tal “Patricio”. Aseguró no estar implicado en actividades criminales y que no tiene relación con “Brayan”. “De repente antes como cualquier persona trabajamos con su ‘motor’”, apuntó.

La banda operaba bajo el liderazgo o en conexión con “Brayan”. En este caso está implicado el fiscal Américo Bautista Yama por presuntos nexos con esta red, además de cuatro policías y un exfiscal.

Prisión para Angler Trujillo, uno de los guardianes

El miércoles la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) consiguió que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra Angler Trujillo Barreno, presunto integrante de los guardianes de La Pampa.

Se le atribuye participación en una emboscada del 6 de octubre en la que fueron abatidos tres civiles y un policía.

Durante esa intervención conjunta de la fiscalía y policía se incautaron 15 fusiles de guerra, tres granadas, mercurio, municiones, celulares y documentos relevantes.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

La investigación académica, presentada en 2018 en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, lleva por título Clima escolar y la resolución de conflictos de estudiantes del 5.º grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Felipe Huamán Poma de Ayala del distrito de Lurigancho-Chosica.

PUEDES VER: Comisión de Constitución del Senado continuará debate de pedido de facultades este lunes 19

Eusebio la elaboró para obtener el grado de maestro en Ciencias de la Educación, con mención en Gestión Educacional.

De acuerdo con el reportaje, las coincidencias identificadas incluyen pasajes de tesis universitarias publicadas antes de la investigación del parlamentario e incluso partes de los agradecimientos.

Entre los trabajos señalados figuran estudios de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad de La Sabana, en Colombia, ambos publicados en 2012, además de una investigación académica elaborada en 2014 por Elizabeth Mejía, docente vinculada a La Cantuta.

Mejía reconoció las similitudes entre su trabajo y el documento del diputado, y cuestionó que no se identificara adecuadamente a las autoras de los fragmentos coincidentes. Por su parte, Héctor Aponte, investigador de la Universidad Científica del Sur, advirtió que la reproducción de textos sin referencias ni citas apropiadas podría constituir plagio.

Consultado por Cuarto Poder, el diputado evitó responder directamente sobre las observaciones a su tesis. El legislador manifestó que se encontraba agotado tras varios días de viajes por la semana de representación y sostuvo que la denuncia podría provenir de grupos de poder.

Posteriormente, el dominical intentó obtener más declaraciones, pero no consiguió una respuesta adicional.

En declaraciones a RPP, el excandidato presidencial sostuvo que Vargas Llosa debe adecuar sus intervenciones públicas a su nueva función como representante diplomático del Estado peruano.

“El hijo del premio Nobel tendría que considerar primero que es funcionario del Estado y que nos representa a todos y que su rol de comentarista político ya canceló, ya acabó; debería comportarse como un embajador”, manifestó.

Además, resaltó que su partido no está obstaculizando el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

En su lugar, dijo, su agrupación ha respaldado la posibilidad de otorgar atribuciones al Ejecutivo en los asuntos específicos del fenómeno de El Niño Costero y la seguridad ciudadana.

En tanto, las otras materias planteadas por el Ejecutivo pueden tramitarse mediante proyectos de ley.

“Queremos que esto funcione, que camine, que no se trabe, que no se paralice”, indicó Nieto.

Por otro lado, al referirse a la gestión de la presidenta Keiko Fujimori, Nieto evitó emitir una evaluación general, aunque señaló que percibe decepción en algunos sectores de la ciudadanía que esperaban un desempeño distinto del Gobierno al inicio de su mandato. Además, consideró que la delegación de facultades no debe ser la única vía para atender los problemas del país.

La recomendación figura en el informe final del expediente 001-2026-2027/CEP-CD, que concluyó la investigación parlamentaria sobre el caso.

PUEDES VER: Del TikTok al autoritarismo: Keiko Fujimori cambia de estrategia discursiva a poco de cumplir 100 días de gobierno

Según el documento, la conducta atribuida al diputado afectó la imagen institucional del Congreso y contravino las obligaciones que debía respetar en el ejercicio de sus funciones.

El informe técnico considera que la gravedad de los hechos justifica aplicar la sanción máxima prevista por el reglamento parlamentario. Para ello, se toman en cuenta los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

También se someterá a votación la aprobación de los informes de calificación del expediente 005-2026-2027/CEP-CD, abierto también contra el diputado Julián Pérez Mallqui, y del expediente 006-2026-2027/CEP-CD, tramitado contra la diputada Catherin Palomino Casavilca, perteneciente a la bancada de Juntos por el Perú.

La propuesta será debatida este lunes 19 de octubre. Una vez evaluada en el grupo de trabajo, el documento deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente antes de que pueda concretarse una eventual suspensión. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta una investigación por los mismos hechos.

Sobre el caso

La denuncia contra Mallqui se desarrolló el último 30 de julio, cuando fue detenido por presunta agresión contra su expareja, pocos días después de asumir el cargo de diputado. Tras la denuncia, el caso se atendió tanto en la esfera congresal como en la judicial.

Comisión de Ética también revisará otro caso

Otro de los casos en agenda corresponde al diputado Christian Aranda Vásquez, de Renovación Popular, a quien se le señala por la presunta difusión de documentos que habrían permitido identificar a una paciente del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay.

A través de una publicación en sus redes sociales, la mandataria informó que su Gobierno iniciará el apoyo al programa Vuelta a la Patria, iniciativa venezolana orientada al retorno de sus ciudadanos a su país de origen.

PUEDES VER: Debate de pedido de facultades sigue entrampado en el Senado por falta de consenso entre oficialismo y oposición

“Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados”, se lee en la publicación.

La jefa de Estado también precisó que los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países ya trabajan en los protocolos necesarios para ejecutar los traslados por vía aérea. Según indicó, el objetivo es que estos procedimientos se desarrollen de manera ordenada y segura.

A su vez, agradeció la disposición de la administración venezolana para colaborar con el Perú en la implementación de estas medidas migratorias.

Relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela se rompieron a finales de julio de 2024.

La ruptura se produjo luego de que el Perú reconociera a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, tras los comicios del 28 de julio de ese año. El Gobierno peruano cuestionó los resultados anunciados por las autoridades electorales venezolanas, que dieron la victoria a Nicolás Maduro.

No obstante, a inicios de octubre de 2026, el canciller peruano, Carlos Espá, informó que se habían restablecido las relaciones consulares con Venezuela desde las primeras semanas de su gestión.

Asimismo, señaló que mantenía una comunicación telefónica fluida con su homólogo venezolano, Félix Plasencia.

En declaraciones al medio colombiano NTN24, desde la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, Espá precisó que la normalización de los vínculos consulares no implicaba el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Según explicó, el Perú condiciona esta última medida a avances concretos en materia democrática en Venezuela.

“Estamos muy atentos al proceso de democratización, a la liberación total de todos los presos en Venezuela, a la libertad de expresión, de opinión, a elecciones libres, justas y transparentes, y cuando esas condiciones se den vamos a estar muy felices también de restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela”, sostuvo el canciller.

Según la denuncia fiscal, los seis policías habrían ingresado al local de un comerciante, ubicado en la avenida Antúnez de Mayolo, en el distrito de Los Olivos, para apoderarse de una importante suma de dinero. La intervención se produjo al día siguiente, cuando los efectivos volvieron al establecimiento, presuntamente con el propósito de sustraer también la mercadería.

PUEDES VER: Rosa Bartra asegura que la bicameralidad está mal estructurada: "No es viable, va a terminar en una implosión"

Durante el operativo, las autoridades hallaron un vehículo negro que no tenía placas de rodaje. En su interior encontraron billetes que dieron positivo a las pruebas con reactivos químicos, pues habían sido marcados previamente por la víctima. Asimismo, en los maleteros se encontraron dos placas vehiculares adicionales, cinco armas de fuego y un chaleco antibalas.

Los suboficiales intervenidos fueron identificados como Randy Scott Sánchez Tupia, Ánggelo Dorregaray Campos, Susan Gloria León Cerna, Kevin Brando Medina Tarrillo, Hans Jonel Zúñiga Huacho y David Alfredo Chaupis Castillos. Los seis efectivos, que permanecían en servicio activo al momento de los hechos, continúan bajo custodia de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR). El Ministerio Público, en coordinación con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), dirige las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las eventuales responsabilidades penales.

PUEDES VER: Daniel Barragán tras retirarse de la Comisión de Constitución: “El Perú está harto de autoritarismo”

El debate por el cambio en la PNP

Tal como señala el politólogo y analista en temas de seguridad Benjamín Durand, la PNP ha experimentado una drástica caída en la confianza que inspira en la población a raíz de este tipo de situaciones. Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señalan que solo el 13,4% de las personas mayores de 15 años confía en la institución policial.

"Es una situación que afecta directamente la seguridad, porque la población necesita confiar en la Policía para denunciar delitos, brindar información y colaborar con las investigaciones. Además, cuando algunos efectivos participan en actos de corrupción o facilitan las actividades de organizaciones criminales, se debilita la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia. Por eso, una reforma policial debe ir más allá de reorganizar direcciones y unidades o cambiar mandos. Debe abordar la integridad institucional, orientar la profesionalización y fortalecer los mecanismos de control interno", indica.

PUEDES VER: Jorge Nieto plantea aprobar las 20 facultades respaldadas por Diputados y tramitar las adicionales como proyectos de ley

No es el único caso

La necesidad de una reforma policial ha sido planteada de manera reiterada por sectores de la oposición y ha generado respuestas del oficialismo. La más reciente fue la del ministro César Astudillo, quien alzó la voz y protagonizó un conato de bronca con el senador Iber Maraví, luego de que la senadora Ruth Luque afirmara que tenía miedo de implementar una reforma en la PNP.

Este caso no es el único que ha colocado a la institución policial bajo la lupa pública por la presunta comisión de actos delictivos. Entre enero y agosto de este año, se registraron 134 denuncias por corrupción dentro de la PNP. Esta es la cifra más reciente disponible sobre este tipo de delitos en la institución. El analista de datos Juan Carbajal señala que agosto fue el mes con el mayor número de denuncias, con un total de 25.

PUEDES VER: Debate de pedido de facultades sigue entrampado en el Senado por falta de consenso entre oficialismo y oposición

Desde inicios de este año, este diario ha informado sobre casos y acusaciones relacionados con el cobro de coimas durante intervenciones policiales, la recepción de sobornos para facilitar actividades ilícitas, la manipulación de evidencias y otros presuntos actos de corrupción. Estos hechos se han registrado no solo en Lima, sino también en regiones como Ica y Junín, entre otras.

Ante esta situación, Durand señala que existen mecanismos e instituciones destinados a combatir las malas prácticas de los agentes policiales. Entre ellos figuran la Inspectoría General de la PNP, encargada de investigar las faltas disciplinarias; la Dirección contra la Corrupción, que investiga delitos de corrupción dentro de sus competencias; y el Ministerio Público, responsable de conducir las investigaciones penales. Sin embargo, el politólogo sostiene que estos mecanismos no son suficientes por sí solos.

"El problema es que estos mecanismos no siempre funcionan con la rapidez y eficacia necesarias: entre 2019 y 2023, la Inspectoría acumuló más de 28.000 expedientes por infracciones graves y muy graves, muchos de los cuales terminaron archivados por caducidad o prescripción. Entonces, no se trata solo de contar con mecanismos de control, sino de asegurar que puedan investigar a tiempo y que sus decisiones tengan consecuencias", indicó.

Reforma policial: ¿qué hacer?

Sin objetivos e implicancias claramente definidos, la reforma policial corre el riesgo de convertirse en una propuesta vacía. Para el politólogo, combatir la corrupción dentro de la institución debe ser una de las prioridades del proceso.

"La reforma debería comenzar por identificar dónde existen mayores riesgos de corrupción y actuar sobre ellos. Esto implica supervisar mejor las direcciones que investigan delitos de alto impacto, así como los procesos de compras y contrataciones. También se necesitan canales seguros para denunciar a efectivos involucrados en actos ilícitos, protección para quienes denuncian y un mejor intercambio de información entre la Policía, la Fiscalía y la Contraloría", indica.

El analista también señala otros aspectos que deben tenerse en cuenta: "Se necesita reducir la acumulación de expedientes, evitar que las investigaciones prescriban y asegurar que los responsables de investigarlas cuenten con personal, tiempo y recursos suficientes. Sería importante publicar información periódica sobre el número de denuncias recibidas, investigaciones iniciadas, casos archivados, sanciones impuestas y motivos de archivo, protegiendo los datos personales y la presunción de inocencia. Asimismo, se deberían identificar las unidades policiales con mayores riesgos de corrupción y reforzar la supervisión en esos espacios".

PUEDES VER: Fernando Cerimedo tenía operadores en las elecciones del Perú

Por otro lado, algunos sectores sostienen que otro de los objetivos de la reforma policial debería ser la renovación de los altos mandos para dar paso a nuevos cuadros al frente de la PNP. Para Durand, sin embargo, esta medida no constituye por sí sola una solución al problema.

"Cambiar a los altos mandos puede ser necesario cuando existen responsabilidades concretas, pero no resuelve por sí solo los problemas. Si las reglas, los procedimientos de investigación y los mecanismos de supervisión siguen funcionando de la misma manera, las mismas dificultades pueden repetirse con nuevos responsables. La evidencia muestra que incluso las investigaciones disciplinarias pierden efectividad cuando se acumulan expedientes y vencen los plazos. Por eso, además de determinar responsabilidades individuales, se necesita mejorar el funcionamiento de la Inspectoría, garantizar que las investigaciones no dependan de la voluntad de los mandos involucrados y fortalecer la supervisión externa. La reforma debe generar cambios duraderos en la forma en que la institución previene, investiga y sanciona las malas prácticas", señala.

La experiencia de Chile y Colombia

Al plantear reformas integrales, sus promotores suelen tomar como referencia las experiencias de países vecinos. Durand menciona los casos de Chile y Colombia, cuyos procesos de reforma policial ofrecen elementos para el debate peruano.

"En Chile, las reformas a Carabineros han puesto énfasis en la transparencia y el control civil, mientras que en Colombia los procesos de reforma policial han planteado la necesidad de fortalecer la supervisión externa y la rendición de cuentas", señala.

PUEDES VER: Comisión de Constitución del Senado continuará debate de pedido de facultades este lunes 19

Sin embargo, el politólogo advierte que el Perú debe tener en cuenta que los cambios normativos y organizacionales no siempre se traducen en un control civil efectivo ni eliminan las prácticas de corrupción.

"La principal lección sería evaluar la creación de un mecanismo externo con autonomía funcional, capacidad para investigar denuncias graves, acceso a información policial y obligación de publicar resultados, que complemente el trabajo de la Inspectoría y del Ministerio Público. La PNP no debería ser la única instancia con capacidad efectiva para examinar sus propias actuaciones".

Amazonas, Ayacucho, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna son las únicas que han alcanzado el máximo conteo tanto para las elecciones municipales como en las regionales. De este grupo, solo Ayacucho no irá a segunda vuelta para definir el sillón regional.

Si bien, el procesamiento de las actas llegó al 100% en estas regiones, la proclamación formal de los alcaldes electos corresponde a los organismos electorales competentes, tras resolver las actas observadas o impugnadas que pudieran estar pendientes.

Los comicios regionales se desarrollarán el próximo 6 de diciembre, mientras que para las alcaldías no se contempla una segunda votación.

6 regiones alcanzaron el 100% de votos

En Amazonas, Raúl Culqui, del movimiento regional Victoria Amazonense, es el virtual alcalde de Chachapoyas, capital de la región, tras obtener 10.461 votos, equivalentes al 33,862% del total. Sus contrincantes no superaron los 8.000 votos.

En el gobierno regional, sin embargo, la victoria no está definida. Los postulantes Amílcar Díaz, del Partido Democrático Somos Perú, y Segundo Hernández, del Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo, irán a segunda vuelta tras haber obtenido 25.905 % y 23.552 % de los votos, respectivamente.

Ayacucho registra como virtual alcalde provincial de Huamanga a Carlos Herencia de Libertad Popular con 31.169% de votos. El mismo partido obtuvo la victoria para el GORE con el candidato Pabel Nestor Bellido, quien obtuvo 35.117 % de votos, seguido de Renol Pichardo Ramos, de Podemos Perú, con 33.416 %; y Eduardo Huacoto Diaz, de APP, con 20.339 %.

En Moquegua, Jakelin Ninaraqui Pelaiza, de Acción Popular, lidera la elección para la alcaldía de la provincia de Mariscal Nieto, con 17.267 votos, equivalentes al 29,194%. Ninaraqui, exalcaldesa del centro poblado de Chen Chen, se convertirá en la segunda mujer en ocupar el sillón municipal provincial, después de Cristala Constantinides. Además, será la única mujer en ganar la alcaldía de la capital de una región en este proceso electoral.

Para el liderazgo del Gore, se enfrentarán el candidato Abraham Cárdenas (Acción Popular) con Juan Luis Herrera (Somos Perú), quienes alcanzaron 26.018 % y 25.155 %, respectivamente.

En Pasco, Rudy Callupe Gora (Podemos) se consolida como virtual alcalde de la provincia homónima con 20.334 votos (31.027%).

Mientras tanto, Lucio Rojas Vítor (Frente de la Esperanza 2021), con 28.574%, va a segunda vuelta con Luis Pomachagua Osorio (Podemos Perú) con 24.311%, para el Gobierno Regional.

En Puno, la alcaldía provincial de la capital homónima se quedó en manos de Jorge Antonio Zuñiga Pineda, candidato de la alianza ASI - Juntos por el Perú, al obtener 33.295 votos, equivalente al 25.369%.

Sin embargo, la victoria no se ha definido para el Gore, cargo por el que Jhomar Marcelino Tonconi Quispe (Así - Juntos por el Perú) y Eduardo Quispe Pandia (Ahora Nación) disputarán una segunda vuelta. Ellos lograron 22.477% y 21.201% de votos, respectivamente.

Tacna registra a Niel Zavala (Alianza para el Progreso) como el virtual alcalde de la capital provincial con 28% de votos.

Esta región también irá a segunda vuelta para el Gobierno Regional, cargo que será disputado por, Segundo Ruiz Rubio, de Alianza para el Progreso, con el 29.337% de los votos válidos, frente a Walter Anchapuri Zapata, de Ahora Nación, con el 17.6%.

Alcaldía provinciales al 100%

Por otro lado, hay siete regiones que ya han llegado al 100% en los votos para la provincia capital. A esta cifra se le suma la provincia del Callao.

En Áncash, Javico Robles de Podemos Perú es el virtual alcalde de Huaraz con 18.599% de votos después de ganar con poca diferencia al candidato de País Para Todos, quien se quedó con 18.489% votos

“Hoy nos toca unir a todo Huaraz, dejar atrás las diferencias y trabajar juntos por el desarrollo de nuestra”, expresó Robles al conocer los resultados.

Apurimac registra como virtual alcalde de Abancay a Elio Mauro Vidal Robles (Progresemos) con 31.822%.

En tanto, en Ayacucho se impuso el partido Libertad Popular con el candidato Carlos Herminio Herencia Gallegos, quien alcanzó 47.909 votos (31.169%). Los partidos Podemos Perú y la alianza APP-Trabaja Ayacucho se quedaron con 24% y 16%, respectivamente.

La misma victoria tuvo el partido Somos Perú en Cajamarca, región donde el candidato Sergio Sanchez Ibañez ganó con 30.812% de votos sobre el 20% y 19%, logrado por APP y el movimiento regional Cajamarca Renace, respectivamente.

En la provincia del Callao también se presentó una aplastante victoria. El candidato Cesar Perez Barriga (Renovación Popular) llegará al sillón municipal con 55.683% de votos sobre el 18% de Somos Perú y el 13% de Fuerza Popular.

Por el contrario, la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar en Huancavelica fue mínima. Jaime Ortiz Zuasnabar de APP ganó con 23.792 votos (32.984%) y Guillermo Quispe, candidato de Perú Primero perdió con 23.794 (32.889%).

En Junín, Huancayo obtuvo la victoria Emerson Nolasco Delgado de Podemos con 96.736 votos, lo que representa el 30.883%.

Finalmente, Segundo Herminio Vasquez Montenegro de APP será el próximo burgomaestre de Moyobamba (San Martín) con 45.962% de votos frente al 19.7% logrado por Avanza País y Renovación Popular.

Las regiones de Ucayali, Tumbes, Piura, Madre de Dios, Loreto, Lima, Lambayeque. La Libertad, Ica, Huánuco, Cusco y Arequipa no llegan aún al 100% de votos.

Distritos de Lima Metropolitana al 100%

En Lima Metropolitana, son siete los distritos que ya llegaron al 100%: Barranco, Breña, Jesús María, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Santa Rosa, de acuerdo con la información actualizada al domingo 18 de octubre.

En Barranco, Manuel Espinoza, de Renovación Popular, encabeza los resultados con el 28,751% de los votos, seguido de Somos Perú, que obtuvo el 28,194%.

Luego, en Breña, Iván Chang, de Avanza País, se posiciona como virtual alcalde con el 21,784%, mientras que Renovación Popular alcanzó el 20,872%.

En Jesús María, Luiz Reátegui, de Somos Perú, hizo lo propio con el 28,329%.

En Punta Negra, José Delgado Heredia, de Perú Moderno, obtiene el primer lugar con el 26,435%; mientras que en San Bartolo, Rufino Enciso Ríos, también de Somos Perú, alcanza el 38,549% de los votos.

En Santa María del Mar, Jorge Vásquez, del Partido Popular Cristiano (PPC), registra el mayor respaldo, con el 54,792%. En tanto, en Santa Rosa, Tanus Barraza, de Acción Popular, lidera la votación con el 27,426%, seguido de Renovación Popular, con el 26,299%.

La última sesión del grupo de trabajo se realizó este jueves 15 de octubre y concluyó sin la votación correspondiente, luego de que senadores de la oposición se retiraran de las instalaciones legislativas debido a discrepancias con el manejo de la mesa directiva.

El desacuerdo surgió a raíz de una moción de orden presentada por la senadora Patricia Iturregui para delimitar las facultades de los senadores para modificar los dictámenes aprobados por la Cámara de Diputados.

Para que la sesión pueda llevarse a cabo, se requiere la presencia de la mitad de los miembros de la comisión más uno, es decir, un mínimo de siete senadores. Los 12 miembros titulares de la Comisión de Constitución se dividen en dos bloques: seis representantes del sector oficialista, integrado por Fuerza Popular y Renovación Popular, y seis de la oposición, pertenecientes a Juntos por el Perú, Obras, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación. Hasta el momento, se desconoce si los senadores de oposición asistirán a la sesión convocada.

Carlos Mesía señaló que no convocaría a una nueva sesión sin consenso

Carlos Mesía, senador de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución del Senado, había señalado que no convocaría a una nueva sesión del grupo de trabajo si no existía consenso entre las bancadas sobre los temas que se debatirían. El representante fujimorista pidió a los parlamentarios llegar a un punto medio.

“Yo no voy a citar a la Comisión para que vuelva a haber este caos. Si no hay consenso, no habrá facultades legislativas. Para que haya votación, se necesita cuórum. Sin ellos, no se puede votar. Si se quiere, no votemos, pero debatamos. Tenemos que llegar a un punto medio”, señaló en RPP.

PUEDES VER: Segunda vuelta para la Municipalidad de Lima no es viable, aseguran expertos

Entre las alternativas que planteó, Mesía consideró la posibilidad de que la comisión debata únicamente los puntos del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. Además, sostuvo que la oposición contaba con otras opciones para evitar que el proyecto quedara entrampado.

“Es factible debatir los 20 puntos del dictamen. La política es el arte de lo posible. El reglamento tiene sus instrumentos y palancas para sacar los puntos muertos. Si la oposición tiene buena fe, la salida es que presenten un dictamen en minoría. O la otra alternativa, hacer una votación distinguida: primero votar los 20 puntos y luego los otros”, indicó.

PUEDES VER: Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Jorge Nieto propone que solo se aprueben los 20 puntos aprobados por diputados

Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, planteó que el Senado dé luz verde a los 20 puntos del pedido de facultades legislativas que ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados. En tanto, propuso que los siete puntos adicionales incorporados por la Comisión de Constitución del Senado sean presentados posteriormente como proyectos de ley, a fin de destrabar el debate.

PUEDES VER: General vinculado a caso de corrupción, demandó al Ejército

El excandidato presidencial señaló que la iniciativa fue trasladada a representantes del Gobierno de Keiko Fujimori y recibió una respuesta favorable. Según explicó a RPP, existe un consenso sobre los 20 puntos iniciales, mientras que las propuestas adicionales podrían ser evaluadas por la Cámara de Diputados y recibir un trámite célere, con las modificaciones que correspondan.

Nieto también cuestionó la forma en que se desarrolla la relación entre ambas cámaras del Congreso y consideró necesario reformar el régimen parlamentario para establecer con mayor claridad las competencias de cada una. A su juicio, resolver las diferencias sobre la marcha evidencia deficiencias en el funcionamiento del sistema legislativo.

"Hemos propuesto dos cosas: tenemos un consenso de 20 puntos. Ustedes quieren siete puntos más. Creemos que eso no debe ser incluido, porque el reglamento no lo permite. Por tanto, aprobemos estos 20 puntos y hagamos llegar a la Cámara de Diputados esos siete puntos para que lleguen como proyectos de ley. Estoy seguro de que les darán un tratamiento célere. Corregirán, pondrán candados, pero se verá", señaló a RPP.

PUEDES VER: Fernando Cerimedo tenía operadores en las elecciones del Perú

De acuerdo con el excandidato presidencial, la respuesta de los representantes del Gobierno ha sido positiva. Además, el líder del Partido del Buen Gobierno sostuvo que es necesario modificar la dinámica entre las cámaras del Congreso para delimitar las atribuciones de cada una.

"La respuesta para mí fue muy buena. Hubo un preacuerdo. Como es lógico, uno tiene que consultar con quien lidera el Gobierno y con los propios senadores. (…) Necesitamos modificar el régimen parlamentario porque no está bien hecho. No cabe esto de ir resolviendo en el camino, es una forma 'chicha'. Es muy importante que nuestro régimen parlamentario funcione bien", indicó.

PUEDES VER: Del TikTok al autoritarismo: Keiko Fujimori cambia de estrategia discursiva a poco de cumplir 100 días de gobierno

Comisión de Constitución retoma debate por pedido de facultades este lunes 19 de octubre

La Comisión de Constitución del Senado retomará este lunes 19 de octubre la discusión del dictamen sobre las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno. Según la convocatoria remitida a los integrantes del grupo de trabajo, la sesión está programada para las 11.00 a. m. en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. El llamado fue realizado por el titular de la comisión, el senador fujimorista Carlos Mesía.

PUEDES VER: Keiko Fujimori sobre limpieza del río Piura ante el riesgo de un meganiño: “Más que eso no podemos hacer”

El debate quedó pendiente el jueves 15 de octubre, cuando la sesión terminó sin que se sometiera el dictamen a votación. Esto ocurrió después de que los representantes de la oposición abandonaran el recinto parlamentario en señal de desacuerdo con la conducción del grupo de trabajo.

La controversia se originó por una moción de orden planteada por la senadora Patricia Iturregui, que buscaba establecer límites a la capacidad de los senadores para introducir modificaciones en los dictámenes previamente aprobados por la Cámara de Diputados. Para desarrollar la sesión, se necesita un mínimo de siete integrantes, pero aún no se ha confirmado si los seis senadores de oposición asistirán. La comisión cuenta con 12 miembros titulares, distribuidos en partes iguales entre el oficialismo —Fuerza Popular y Renovación Popular— y la oposición —Juntos por el Perú, Obras, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación—.

"(Cerimedo) se sentía muy expuesto y como que le gustaba trabajar más bajo perfil en algunos casos… Puntualmente, en el caso de México, él prefería estar con perfil bajo. En el Perú, lo mismo. En Chile, no sé por qué situación, pero él prefería un perfil más bajo", explicó Beller a la periodista mexicana Claudia Martínez, el domingo 11 de octubre.

Beller, después de haber sido víctima de un atentado frustrado de un sicario, acusó a Fernando Cerimedo de ser el autor intelectual, por lo que está preso en el penal de Chonchocoro, en La Paz, Bolivia. Para defenderse, la abogada entregó a las autoridades de su país, y algunos medios latinoamericanos, entre ellos La República, información que compartió durante el tiempo que mantuvo relación con Cerimedo. El material dejó en evidencia la relación del consultor argentino directa o indirectamente con las campañas presidenciales de Argentina (Javier Milei), Nasri Asfura (Honduras), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile) y Daniel Noboa (Ecuador), entre otros.

En el caso peruano, Cerimedo relató a Nadia Beller desde Lima que había venido a la juramentación de Keiko Fujimori, lo que no se produjo por descoordinaciones con el protocolo, según dijo el argentino a la boliviana. Lo que comprobó La República es que Cerimedo no solo estuvo en la capital el 27 y 28 de julio de este año, sino también el 28 de diciembre de 2024, el 9 de noviembre de 2025 y el 9 de diciembre de 2025. Cuatro veces y en periodo electoral.

"Yo publiqué chats que él (Cerimedo) me pasó. capturas de pantalla, donde se veían conversaciones con gente de varios países. Él tenía operadores por todos lados, gente con la que coordinaba en casi todos los países. A mí me llama mucho la atención (...) (de que esos países no hayan) requerido una cooperación (judicial) para el desdoblamiento (judicial) del celular (de Cerimedo), para que ellos consigan esas comunicaciones", dijo Beller al Canal 14.

En el Perú, ninguna fiscalía ha iniciado una investigación.

"Debería hacerlo México, debería hacerlo Colombia. O sea, deberían pasar de lo mediático a lo real, a lo tangible, a lo jurídico. Y así dejar de especular, de pasar del testimonio a tener pruebas reales y tangibles. Lo puede hacer México, lo puede hacer Chile, lo puede hacer Perú, lo puede hacer Argentina", afirmó Nadia Beller.

"A mí me hicieron declarar en una causa en Argentina y le dije exactamente lo mismo al fiscal general, que debería pedir por cooperación (judicial) acceder a su teléfono (de Cerimedo), a su computadora (de Cerimedo)", añadió.

La abogada boliviana además dio otra pista destacable: "Otro de sus operadores (de Fernando Cerimedo) es Andy Rivas".

Andy Rivas es el consultor argentino Andrés José Rivas. Y estuvo presente junto con Fernando Cerimedo en la 'Gala de la Prosperidad Hispánica', celebrada en Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida, Estados Unidos), el 10 de febrero de 2026. En esa celebración de la ultraderecha latina que respalda al movimiento trumpista MAGA, en la que se premió a Cerimedo como El Consultor Político Hispano del Año, asistió la presidenta Keiko Fujimori.

Una fotografía del evento publicada por La República muestra a Keiko Fujimori junto con Fernando Cerimedo y Andy Rivas. También se observa a una tercera persona: el argentino Damián Valenzuela Mayer, el amigo y consultor de la jefa de Estado.

Este diario también difundió imágenes de Fernando Cerimedo y Andy Rivas con el exconsejero de la Casa Blanca en el primer gobierno de Donald Trump, Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, con sede en Florida. Díaz-Rosillo, quien contrató a la presidenta Fujimori para dictar clases en la mencionada institución, confirmó a La República que es amigo de Keiko Fujimori y que le ha ofrecido sus consejos durante la campaña presidencial.

Para confirmar que Fernando Cerimedo estaba al tanto de la candidatura de Keiko Fujimori, Nadia Beller difundió los chats que compartió con su expareja, en los que evidencia un seguimiento detallado del pasado proceso electoral, lo que demuestra que recibía la información desde Lima.

Por lo tanto, lo mencionado por Beller, que en el caso del Perú, Cerimedo tenía operadores, es una versión plausible. Hay varias pistas.

Según reportó Fuerza Popular en su rendición de cuentas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el apartado “Gastos de propaganda electoral efectuados en medios de comunicación”, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de marzo y el primero de agosto de 2026, el partido fujimorista reconoce haber pagado S/ 32.765 al argentino Federico Falco por los servicios de capacitación en manejo de redes sociales. Como se ha dicho, Falco, cercano a Fernando Cerimedo.

Durante la campaña presidencial de Javier Milei en 2023, la empresa consultora de Santiago Caputo, Move Group, reclutó a Fernando Cerimedo para que se encargara de la estrategia digital. Federico Falco trabajó en la misma empresa y en la campaña de Milei, según los periódicos 'La Nación' y 'elDiarioAR' de Buenos Aires.

Al ganar Milei la presidencia, designó a Santiago Caputo como su asesor. El vínculo con Cerimedo se mantuvo por un tiempo. De acuerdo con una investigación del mismo periódico 'elDiarioAR', entre diciembre de 2023 y junio de 2024, Fernando Cerimedo ingresó 13 veces a la sede presidencial argentina, la Casa Rosada. La última fue con autorización de Santiago Caputo, quien, como se indicó, laboró con Federico Falco, contratado por Fuerza Popular para la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Pero Falco no es el único argentino que trabajó para la campaña fujimorista.

Cerimedo y Falco coincidieron en Lima

• Federico Falco también visitó 17 veces la Casa Rosada, entre el 29 de noviembre de 2023 y el 4 de septiembre de 2025. Es decir, en el mismo tiempo que Cerimedo lo hizo.
• Federico Falco no respondió a las solicitudes de entrevista que le remitió La República por distintos canales.
• El movimiento migratorio de Federico Falco es revelador. Ingresó por primera vez al Perú el 3 de junio de 2024 y lo hizo por última vez el 6 de septiembre de 2026. En total, Falco vino al Perú en 22 ocasiones.
• Y lo más sorprendente: entre el 27 y 28 de julio de 2026, Fernando Cerimedo y Federico Falco coincidieron en el Perú.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las regiones que irán a segunda vuelta este 2026 son: Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

PUEDES VER: Ruth Luque sobre reacción de ministro Astudillo: "Hay un sector militar-policial que no quiere ser cuestionado"

Mientras tanto, las que vivieron ese mismo escenario en el último proceso de 2022 fueron: Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura.

Estas nueve regiones contrastaba con las 15 registradas en 2018 y las 14 de 2014. Se trataba de una cifra notablemente menor a lo usual.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, Darío Pedraglio del Observatorio Político del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en diálogo con este medio, considera que lo más atípico, por lo menos en estos últimos procesos, fue lo que pasó en el 2022, al tratarse de solo nueve regiones. No obstante, resaltó que existen diferencias entre ambos procesos que podrían ayudar a entender por qué más regiones deberán acudir nuevamente a las urnas este año.

Uno de los factores, indicó, es la mayor cantidad de candidatos en competencia. Al hacer aproximaciones, el promedio pasó de alrededor de ocho listas por región en 2022 a cerca de diez en 2026.

“Esta mayor cantidad de oferta podría llevar a que haya una mayor dispersión del voto y eso hace que sea más complejo para los candidatos llegar a este 30% de umbral para ganar en primera vuelta”, sostuvo.

Pedraglio señaló que esta situación habría sido especialmente determinante en alrededor de siete regiones, donde los candidatos que ocuparon el primer lugar se quedaron cerca de alcanzar el umbral electoral, con porcentajes de entre 28% y 29%.

En dichos casos, una menor cantidad de competidores podría haber permitido que alguno superará el 30% y evitará la segunda vuelta. “La fragmentación del voto en esas regiones puede haber sido determinante”, resaltó.

También, otro de los factores a considerar es que en este proceso se ha observado menor presencia de movimientos regionales.

“Quizás el hecho de también participar en organizaciones nacionales, en muchos casos devaluadas en el ámbito subnacional, puede haber sido otro elemento que restara porcentaje a algunos políticos que quizás si hubieran compitiendo con un movimiento regional propio les hubiera ido mejor”, señaló Pedraglio.

Por otro lado, respecto al voto cruzado, sostuvo que, aunque se ha presentado en distintas regiones, continúa existiendo una relación entre el desempeño de las candidaturas distritales, provinciales y regionales.

Es decir, los postulantes con mayor respaldo territorial pueden contribuir a fortalecer otras candidaturas de su entorno político.

“Las candidaturas se alimentan unas de otras”, explicó. Por lo tanto, afirma, las alianzas entre candidatos competitivos pueden favorecer sus resultados, incluso cuando el partido que los agrupa funciona principalmente como un vehículo electoral y no necesariamente refleja una identidad partidaria consolidada.

Preferencia por el candidato antes que el partido

El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, también consideró que el hecho de que 15 regiones vayan a segunda vuelta está dentro del “margen de lo esperable”, pues en anteriores procesos la cifra ha sido similar.

Aún así planteó que uno de los factores que pudo influir este año es que la mayor dispersión de los votos y la presencia de listas competitivas en cada región, lo cual puede dificultar que un candidato alcance el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta.

Tuesta también advirtió que las elecciones regionales se caracterizan por el peso de los candidatos individuales por encima de las organizaciones políticas.

A diferencia de un partido organizado y disciplinado, que podría impulsar candidaturas competitivas en distintos niveles, la falta de articulación partidaria hace que los resultados regionales, provinciales y distritales no necesariamente coincidan. “Estamos delante de candidatos, básicamente personas; no estamos delante tanto de partidos”, anotó a La República.

En esa línea, explicó que el elector puede votar por un candidato a gobernador regional y, al mismo tiempo, elegir a otro postulante para el consejo provincial, debido a que las preferencias pueden responder a la cercanía con determinados candidatos.

Tal dinámica contribuye a que los resultados varíen entre los distintos niveles de gobierno y dificulta que una organización política concentre el respaldo suficiente para imponerse en primera vuelta.

Menor presencia de movimientos regionales

Por su lado, Alvaro Gálvez Pasco, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), indicó que este año hubo menor presencia de movimientos regionales.

Esta situación responde, en parte, a la incertidumbre que generaron las propuestas debatidas en el Congreso, señaló a este medio.

Gálvez explicó que el Parlamento impulsó dos iniciativas: una que buscaba prohibir que los movimientos regionales presentaran candidatos y otra que planteaba exigir una afiliación partidaria de al menos dos años para postular. Aunque estas medidas finalmente no prosperaron, su discusión llevó a dirigentes locales a buscar alternativas para no quedar fuera de la contienda electoral.

“Cuando luego dijeron: ‘Oye, los movimientos regionales no se van a prohibir’, los movimientos regionales ya no tenían candidatos”, señaló.

El investigador destacó que este cambio representa una diferencia importante frente a procesos anteriores.

Entre 2010 y 2022, los movimientos regionales representaron aproximadamente entre el 60% y el 74% de las organizaciones ganadoras en las elecciones regionales, considerando tanto a quienes vencieron en primera vuelta como a quienes pasaron a una segunda ronda.

En cambio, en los comicios de 2026, cerca del 90% de las candidaturas corresponde a partidos políticos nacionales, según el análisis del especialista.

Sin embargo, esta mayor presencia de partidos nacionales no implica necesariamente que los candidatos tengan una identidad partidaria consolidada. Gálvez Pasco sostuvo que, en las elecciones subnacionales, las decisiones de afiliación suelen responder a cálculos electorales y a las redes políticas disponibles en cada territorio. “No hay identidad partidaria. En realidad, esto es muy pragmático”, afirmó.

En ese sentido, explicó que los candidatos pueden elegir una organización política en función de las oportunidades que les ofrece para competir, de sus contactos y de las alianzas que consiguen establecer con otros postulantes. “Lo único que es (la afiliación) es como, a última hora, buscar quién más o menos, dónde me conviene más y quién me acepta para poder participar de la elección; no me quería quedar fuera”, indicó.

También advirtió que pertenecer al mismo partido no garantiza una coordinación política efectiva entre autoridades regionales, provinciales y distritales. Si bien pueden existir organizaciones que cuentan con redes territoriales consolidadas y una trayectoria compartida, considera que estos vínculos deben evaluarse caso por caso.

Por ello, la reducción de movimientos regionales no supone necesariamente una mayor cohesión partidaria ni asegura una gestión articulada entre los distintos niveles de gobierno.

Bueno, el asunto es el siguiente. Imagínate a un profesor de matemáticas al que le dicen: tú puedes trabajar con los alumnos, hacer tu programa, hacer tus clases, pero si el alumno está por repetir el año, tienes que consultar. Es decir, si confiamos en que el profesor va a hacer todo el proceso y si él llega a la conclusión de que el alumno no merece aprobar, entonces no aprueba.  ¿Pero por qué dar la oportunidad a que venga alguien a decir, sabes qué, no estoy de acuerdo, puede ser que el alumno merezca una reconsideración? La analogía con el colegio es esa. El director sigue el reglamento, cumple todo el proceso que tiene que cumplir y al final llega a la conclusión de que un alumno no puede seguir en el colegio. Pero el hecho de que pueda venir alguien de afuera a decirte ¿Sabes qué?, tienes que revisar tu decisión porque no estoy de acuerdo, le quita al director la posibilidad de usar realmente la expulsión como la medida extrema que se requiere cuando ha cumplido con todos los pasos previos. Ahora, hay que tomar en cuenta que las expulsiones corresponden a menos del 1% de los casos de indisciplina.

Ahora, ¿no le hace un poco de ruido que este reglamento se aplique directamente en los colegios públicos, pero se deje la puerta abierta para que los colegios privados se adecúen a él?

Bueno, en realidad deberían adecuarse todos. En general, a mí nunca me ha gustado esta diferenciación entre públicos y privados. Inclusive cuando presentan los resultados de las pruebas censales ponen los públicos por un lado y los privados por otro, como si fueran dos mundos distintos. Es un mismo ministerio para todos. El hecho de que el propietario de un colegio sea el Estado, en los públicos, o haya promotores en un privado no quiere decir que la acción rectora del Estado no deba ser igual para todos. Y entonces, yo creería que tiene que haber una capacidad de cada colegio de precisar los reglamentos a partir de las grandes generalidades que plantea el Ministerio de Educación. ¿Por qué no podría un colegio público adecuar, por ejemplo, su código de vestimenta, sus reglas de convivencia, su horario escolar y cosas por el estilo según las realidades de su propio contexto? Igual que lo hace un privado.

Además, que son los que conocen su propia realidad.

Claro. Y por eso es que me llamó la atención que, por ejemplo, se diga que el Estado define la presentación personal para los públicos, pero los privados que se definan por sí mismos. Cuando en realidad el concepto debería ser que cada colegio, cada comunidad educativa tiene que resolver cuál es el código de vestimenta o de presentación personal que es pertinente y adecuado para su realidad.

Además, que se abre la puerta una diferenciación innecesaria, que se vería en las calles. O sea, niños de escuelas públicas con el pelo recortado, y los chicos de colegios privados, de acuerdo a lo que decida su dirección.

Sí, mira, uno tiene que saber qué batallas va a pelear. Si yo voy a desgastar a los profesores en medirle el pelo a los alumnos, ver el tamaño de la falda, revisarle todos los días el maquillaje, encima tienen que ser los custodios del celular, ¿en qué momento se van a concentrar en perfeccionar su trabajo pedagógico? Entonces, yo tengo que plantear qué es lo central y qué es lo periférico. Y esta concepción de que si yo establezco reglas de conducta muy estrictas voy a lograr que el alumno sea autorregulado, disciplinado y todo lo demás, desde mi punto de vista es equivocada. Porque de hecho está evidenciado que no resuelve los problemas, no mejora la convivencia, genera más bien molestia de los alumnos, temor frente al castigo, una especie de desborde cuando nadie los está mirando. ¿Qué autorregulación se consigue con eso?

PUEDES VER: Fracasó estrategia del estudio de abogados al que López Aliaga pagó S/97.5 millones

Ahora, hablando de ese tema, ¿qué sintió cuando la presidenta, durante la presentación de estos reglamentos, le puso más énfasis al tema del maquillaje, al recorte del pelo?

Yo lo sentí un poco contradictorio. Primero porque es la oportunidad de permitir que los alumnos participen con sus opiniones en la construcción de las reglas de convivencia de su centro educativo.

Pero no se ha sentido eso. Se ha sentido como una imposición.

Por eso yo decía que se ha perdido esa oportunidad de decir: miren, respecto a la vestimenta, la presentación personal, los colegios van a resolver, conversando con los alumnos, con los padres y demás, cuál es la fórmula que les parece la más pertinente, reconociendo que un colegio no es una playa, no es una discoteca, no es una plaza pública, no es un mercado, el colegio es un centro formal que tiene ciertas reglas, pero defínanla entre ustedes. En lugar de apostar por la autonomía, confiar en el criterio de cada comunidad educativa de plantearse ciertas normas de convivencia, se les quiere imponer desde una perspectiva muy particular, porque obviamente la perspectiva de la presidenta Fujimori y del ministro Chang es una perspectiva particular, bastante conductista, sobre cómo hay que organizar la vida interna de un colegio.

Claro, además, en la exposición de la presidenta lo que llamó la atención es que pusieron un poco de su propia cosecha, porque el tema del pelo recortado no está dentro del texto que han presentado.

No está. Ninguna de esas normas de presentación personal está en los lineamientos. Eso fue parte de un intento de explicación de lo que decían los lineamientos, pero los lineamientos no hablan de eso, por lo menos no los que presentó el ministro Chang. Pero yo creo que aquí hay un tema con tener claridad respecto a cómo uno reconoce que la escuela, sea pública o privada, es el espacio en el que se encuentran los diferentes. Una cosa es la casa, que es un espacio privado, donde, por ejemplo, si los padres son católicos, quieren educar a sus hijos dentro de la doctrina católica. Si los padres son musulmanes, lo mismo. En la escuela se encuentran los diversos. Entonces, yo no puedo establecer las normas que yo aplicaría en mi casa, en el espacio público. En el espacio público yo tengo que decir qué cosa es lo inclusivo, qué cosa es lo que respeta la diversidad.

Ahora, se ha hecho también la clasificación de las faltas en las escuelas, son leves, graves, pero al hacer la redacción hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, cuando un estudiante falta tres veces sin ninguna justificación, es grave, pero a la vez es grave vender sustancias prohibidas. No parece que sean equivalentes ambas situaciones.

No lo son. Yo creo que en general establecer una aritmética de faltas para que automáticamente definan una sanción, atenta contra el criterio de quienes atienden las faltas. Es decir, ¿por qué la suspensión tiene que ser a los tres días? Puede ser a los dos días, a los cinco. Puede ser que a un chico se le diga: Mira, anda 15 días a tu casa, vas a revisar tu actitud, vas a revisar tu conducta, vas a conversar con tus padres, van a definir si quieres estar en este colegio, estas son las reglas. Es decir, esta parte de poner numeritos para definir la gravedad de una norma, es la que me parece que otra vez le quita la confianza a los colegios para que decidan si lo que ha ocurrido es relevante, leve o grave. ¿Y qué pasa si un alumno trae una sustancia prohibida? Tengo que tener la posibilidad de actuar de inmediato, pero para eso debo tener protección. En la normativa anterior yo no podía, por ejemplo, pedirle que abra su mochila, su casillero, etc. Había que llamar a los padres, porque se estaban atropellando los derechos de privacidad, de intimidad, o los estabas ofendiendo. Pero en realidad tú estás tomando medidas preventivas y tienes que tener un respaldo, una protección que te diga que si el equipo de convivencia ha considerado que es importante chequear el contenido de las mochilas, adelante. Y no es posible que eso sea motivo de que te acusen de abuso de autoridad.

¿Y eso sí se ha corregido en esta propuesta?

Es que esto es una propuesta, yo no he visto el reglamento. Pero daría la impresión que quieren ir en esa línea.

PUEDES VER: Alejandro Aguinaga viajó a Argentina el martes 13 de octubre y todavía no regresa pese a debate por facultades

¿Cómo interpreta el anuncio de la presidenta de que van a limpiar de ideologías los textos escolares? Mucha gente no entiende a qué se refiere.

Yo personalmente tampoco entiendo bien. Yo creo que lo que están diciendo en el fondo, usando esos términos, es que hay dos cosas que les preocupan. Uno, cómo se maneja el tema del terrorismo y la participación de las fuerzas armadas y cómo se llama a esos hechos: conflicto interno, guerra contra el terrorismo, etc. Y en el tema de género, les preocupa lo que llaman ideología de género versus lo que se plantea taxativamente: que sólo hay hombre, mujer y matrimonio y el resto es anormal o no existe, o no debería tener un lugar en la escuela o lo que fuera. Ahora, no hay forma de escribir un libro si no hay ideología. Por ejemplo, economía. El autor va a transmitir su preferencia por una economía liberal o una economía planificada o estatizada, y cuál es la verdad aséptica, cuál es la verdad pura que permite que uno limpie la ideología para que uno aprenda economía o uno lea un texto de economía, o en literatura o en historia. Otro ejemplo, vamos a decir que tenemos que estudiar el conflicto de la Guerra del Pacífico. Uno agarra los mismos hechos. Los libros de Perú dicen una cosa, los libros de Chile dicen otra cosa. Cuál es la verdad aséptica, pura, científicamente demostrada. Todo depende de quién es el autor, cómo interpreta, cómo plantea sus puntos de vista y todo lo demás.

De hecho, que la presidenta proponga limpiar ideologías de los textos ya es un hecho ideológico.

Claro. Desde su ideología y su visión de cómo es la disciplina o cómo es el pensamiento del adolescente o del niño, plantea que hay que quitar de los libros todo aquello que se opone a esa, vamos a llamarle verdad oficial o lo que fuera. Pero también eso es contradictorio, ¿por qué? Porque si queremos que haya pensamiento crítico, uno tiene que confrontarse con aquellas cosas que de alguna manera explican un problema que puede ser polémico, pero si yo quiero pensamiento crítico tengo que crear la oportunidad para confrontar puntos de vista y por eso es que en los colegios modernos lo que se hace es utilizar distintas fuentes cuando uno trata un problema determinado: qué dice la derecha, qué dice la izquierda, qué dicen los conservadores, qué dicen los progresistas, qué dicen los liberales. Es decir, uno confronta fuentes diversas y entonces el alumno de verdad desarrolla su pensamiento crítico. 

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior

Devolver a la DINI la función de producir información de inteligencia es una opción política. Cuando en 2013 se decidió que la DINI no produjera su propia inteligencia, la medida buscaba evitar la presunción de un uso inadecuado del sistema y, así, dar tranquilidad a la clase política. Ello no significó que el país se quedara sin un sistema de inteligencia, pues, tanto antes como después de 2013, la DINI básicamente procesaba la información que producían la Dirin (PNP), la Digimin (Mininter) y los órganos de inteligencia del Ejército del Perú, la Fuerza Aérea y la Marina.

En tal sentido, la DINI se constituyó en el organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional, con la función principal de dirigir y coordinar el sistema, además de integrar y procesar la información proveniente de las agencias antes citadas. Desde mi perspectiva, el marco normativo que regula a las entidades de inteligencia no impide buscar información sobre temas relacionados con el crimen organizado en todas sus expresiones.

Por ello, permitir que la DINI produzca su propia información de inteligencia será siempre una opción política, porque depende del presidente del Consejo de Ministros y su información tiene como destinatario principal a la Presidencia de la República.

Sebastián Flores-Martín, criminólogo experto en seguridad pública

Otorgarle a la DINI la capacidad de realizar inteligencia operativa genera cuestionamientos por diversas razones. La primera es que ya existen órganos que se encargan de la inteligencia operativa, especialmente en el Mininter: la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), las unidades de inteligencia de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal de la Policía) y, en general, los órganos de inteligencia de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Por eso, parece redundante y hasta cierto punto innecesario incorporar a la DINI como un organismo más encargado de la inteligencia operativa, cuando ya contamos con unidades encargadas de cumplir esa función, más aún cuando la Policía y las Fuerzas Armadas, en teoría, se están integrando dentro de un comando unificado para realizar labores tácticas y operativas.

Ante la incorporación de otro ente encargado de ese tema, se plantean dos lecturas. O bien se está cometiendo un error por la redundancia de funciones, que terminará generando más burocracia, dispersión de datos y desarticulación entre las entidades; o bien, evidentemente, puede generar sospechas de que este organismo sea utilizado como un instrumento político para fines que no respondan estrictamente al orden interno. 

Más allá de que se haga o no la modificación, la DINI ya produce y ordena inteligencia que le llega de diversas fuentes, incluso propias, y que tiene que ver con elementos políticos, con temas de terrorismo y otros. Eso está claro y lo hacen siempre; no necesitan una delegación de facultades para ello. Mi cuestionamiento va más por el lado de que esta medida puede resultar innecesaria, pues, como he explicado, ya existen organismos y unidades operativas que pueden y deben realizar esa labor, porque se contempla dentro del marco de sus funciones. Además, lo que se necesita es optimizar el trabajo de inteligencia: si se involucra a la DINI, a las Fuerzas Armadas, y a la Policía al final, el que mucho abarca poco aprieta.

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL)

El Poder Ejecutivo pretende un cambio sustancial del sistema de inteligencia nacional bajo el argumento de que este no funciona. Por ello, postula un cambio del modelo que se sostiene en el decreto legislativo 1141, y la propuesta de otro modelo de inteligencia en el que se dotaría de acciones de inteligencia operativa a la Dirección Nacional de Inteligencia. 

El problema de esta propuesta es que luego de la caída del SIN de Montesinos (Set2000), el Estado ha construido un sistema de inteligencia de carácter democrático que se sustenta en el desarrollo de acciones de inteligencia por los órganos de inteligencias de la PNP, Mininter y de las FFAA y a la DINI le corresponde la elaboración de la inteligencia estratégica para la presidencia de la República, ello bajo controles legales y políticos.

Si bien la propuesta sostiene como prioridades de trabajo el combate al crimen organizado transnacional y la minería ilegal y los delitos ambientales, también está pidiendo atribuciones para desplegar acciones de inteligencia sobre "las amenazas a la estabilidad democrática y el orden constitucional". Ese asunto conlleva un elevado riesgo de que un aparato de inteligencia que depende de la presidenta de la República termine persiguiendo a opositores al régimen, como en los noventa.

Alejandro Mejía, politólogo y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Hay que prestar atención al poder que le está otorgando este gobierno a las FFAA en competencias respecto a la seguridad pública. La narrativa del fujimorismo es pretender tipificar a la criminalidad organizada como organizaciones terroristas con el fin de endurecer la respuesta estatal; sin embargo, este intento sostenido de militarizar la lucha contra la inseguridad ciudadana demuestra que hay poca voluntad de abordar lo que verdaderamente se necesita: una reforma policial y judicial.

La DINI puede fortalecerse y modernizarse sin necesidad de solicitar facultades, pero la insistencia del oficialismo con incluir ciertos cambios debe ser objeto de debate público, sobre todo sobre los mecanismos de control civil sobre dicha institución y la protección de las libertades civiles. No olvidemos los riesgos del excesivo poder sobre la inteligencia que tuvo el SIN en los 90, que actuó sin ningún contrapeso y en el camino se distorsionaron sus funciones de la seguridad nacional para terminar siendo un instrumento político del régimen de turno.

“Si uno revisa el discurso del 28 de julio, ve a una presidenta dialogante. En este mes, el cambio se ha visto en el tono del mensaje. Mi impresión es que está tratando de definir los términos del debate público. Lo que está tratando de comunicar es que hay un lado 'a favor de la pacificación' y otro en contra del país. Lo que ella busca es que no se pierda lo que prometió en su mensaje: el orden. Es una respuesta a la falta de resultados”, señala José Salazar, experto en comunicación política y profesor de la Universidad del Pacífico.

PUEDES VER: Debate de pedido de facultades sigue entrampado en el Senado por falta de consenso entre oficialismo y oposición

Pero no solo la escasez de resultados tempranos puede jugar en contra del Gobierno, sino también sus efectos. En el reporte de septiembre de LatamPulse, elaborado por Bloomberg junto a AtlasIntel, Fujimori ya registra una caída en su popularidad, que se sitúa en 28,3%, un descenso de 14,5 puntos porcentuales. Estas son las razones que marcan el cambio en el tono del discurso oficialista.

Para Salazar, el punto de quiebre en la forma en que Fujimori se refiere a los ciudadanos se produjo durante la presentación de Fujimori ante las Naciones Unidas. La cercanía con otras figuras políticas da paso a esta metamorfosis discursiva.

PUEDES VER: Solicitan la destitución de Roberto Burneo por avalar candidatura de Rafael López Aliaga

Dejando de lado el TikTok

En TikTok, Keiko Fujimori encontró un primer nicho comunicacional al inicio de su mandato. Las transmisiones en vivo la mostraban en una faceta más desenfadada, en la que comentaba las reuniones del día y otros detalles, aunque sin generar mayor cercanía con la población. Para Salazar, el objetivo y la idea no eran negativos, pero carecían de un respaldo en los intereses reales de la ciudadanía.

“Esta estrategia obedece a la imagen inicial que presentó: la de una persona que busca acercarse a la gente. El problema no es el TikTok, el problema es el contenido. Otros mandatarios apelan a las redes sociales para acercarse a la población. Pero el detalle está en que ese contenido debe coincidir con las demandas de la ciudadanía. No basta con decir 'he hecho esto…'; la población busca escuchar lo que se está haciendo en materia de políticas públicas. Si ella hubiera apostado por decir lo que directamente va a hacer y con qué objetivos, tendría un efecto más certero”.

PUEDES VER: Fracasó estrategia del estudio de abogados al que López Aliaga pagó S/97.5 millones

La participación de la mandataria en esta red social continúa, pero ha perdido la regularidad en la publicación de sus videos semanales. La etapa en la que Keiko Fujimori se presentaba cada semana en una transmisión en vivo de TikTok para contar detalles de su día duró poco menos de dos meses. Para el analista en comunicación, este hecho también revela una de las debilidades de la nueva gobernante.

“La forma de comunicar en redes sociales no obedece a una estrategia comunicacional. A la presidenta Claudia Sheinbaum y a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, los criticaban por presentarse cada mañana en una conferencia de prensa. Sin embargo, ellos continuaron porque esa acción obedecía a una estrategia comunicacional. Ante las críticas, Keiko Fujimori retrocede, y lo ha demostrado también en otros ámbitos fuera de la comunicación. Sin constancia, no pueden lograrse resultados duraderos”, indicó.

“¿Tú crees que tu papá actuaría así?”

Fuentes señalan a este diario que, en la interna más íntima del fujimorismo, la figura de Alberto Fujimori es invocada periódicamente. El discurso conciliador de la mandataria hizo que más de un asesor le recordara las muestras de autoritarismo de su padre durante la dictadura que dirigió en la década de los noventa.

La mandataria anunció que crearía una comisión consultiva para el Poder Ejecutivo, integrada por asesores ad honorem que estarían cerca de lo que ocurre dentro y fuera de Palacio de Gobierno. Jaime Yoshiyama y José Chlimper, exministros durante el decenio fujimorista, forman parte de este grupo consultivo.

“Es algo que coincide con el incremento de ese tono. En septiembre, su discurso ya es más altisonante. Sin duda, en todo este caso hay una relación con la memoria histórica vinculada a su padre. Hablar junto a militares y demás es una referencia a las luchas del pasado. El mensaje es potente para trabajar en la psicología de buena parte de la población”, indica Salazar.

Volver a la tradición fujimorista es el camino que ha tomado la mandataria en medio de la caída de su popularidad. “Terrorismo es a Alberto Fujimori lo que inseguridad ciudadana es a Keiko Fujimori. En su momento, el padre enfrentó el terrorismo de una manera militar. Ahora creo que Keiko está buscando recordar ese momento con los mismos gestos. Hay guiños claros: cuando la presidenta defiende a Astudillo, dice que es un 'héroe de Chavín de Huántar'. Solo hacer eso es apelar a la memoria de la lucha contra el terrorismo. No es una referencia neutral. Ella lo hace buscando evocar el miedo, la violencia y el heroísmo. Es un elemento que le sirve para retomar su discurso de 'buenos contra malos'”, señala.

PUEDES VER: Rosa Bartra asegura que la bicameralidad está mal estructurada: "No es viable, va a terminar en una implosión"

Memoria naranja

La principal promesa del Gobierno entrante fue la seguridad. Fujimori construye su capital político a partir de la promesa de aplicar mano dura contra las organizaciones criminales. A pocos días de cumplirse los primeros cien días de su Gobierno, las promesas parecen haber quedado atrás. Las cifras del Sistema Nacional de Defunciones correspondientes a agosto registran al menos 195 homicidios. La delincuencia viene ganando la partida.

Fujimori vuelve a poner en la conversación pública, a través de sus redes sociales, a viejos antagonistas nacionales. “Es momento de dejar claro de qué lado estamos: de la violencia o de la paz; de los agresores o de las víctimas; del Movadef y Sendero Luminoso o de nuestras Fuerzas Armadas y de Chavín de Huántar”, escribió en su cuenta de X, junto a un videomontaje en el que se la ve acompañada de soldados.

Para Pavel Aguilar, sociólogo político por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el fujimorismo busca recurrir a una narrativa que explota elementos históricos para presentarse como una opción positiva y ubicar a sus opositores del lado de los grupos que marcaron la violencia política de la década de los noventa. Este artificio discursivo, señala, ha servido tanto para esquivar las acusaciones por los crímenes cometidos durante el fujimorato como para construir nuevos discursos a partir de ella.

PUEDES VER: Keiko Fujimori sobre limpieza del río Piura ante el riesgo de un meganiño: “Más que eso no podemos hacer”

“El uso de las categorías del conflicto armado interno en el debate político no tiene otro fin que polarizar aún más a la opinión pública. Este Gobierno apela a ese recurso precisamente porque está intentando recrear el modelo autoritario, pero 'eficiente', para recuperar con ello algo de su mermada popularidad. (…) El Gobierno de la señora Fujimori pretende instalar la idea de que quienes obstruyen su gestión son terroristas y que, por lo tanto, necesitamos acabar con estos 'agresores'. Son 'ellos' o 'nosotros'”, indica.

Tal como señala el sociólogo, el Perú se presenta como una sociedad de posguerra. El analista sugiere que los avances alcanzados en el proceso de reconciliación nacional corren peligro bajo un Gobierno que mantiene un discurso como este.

“Nuestras heridas del período de violencia nunca cerraron. Y los pocos logros de justicia para las víctimas hoy enfrentan el peligro de un revisionismo conservador y autoritario auspiciado por las Fuerzas Armadas y los partidos de derecha y extrema derecha. Digo esto porque el mensaje de la señora Fujimori es un terruqueo oficial, pues es la primera ciudadana de la nación quien simplifica burdamente la historia reciente y apela a un lenguaje de guerra en un contexto en el que los principales problemas del país son de una índole completamente diferente”, señala.

PUEDES VER: ''Evacúen sus casas desde ya'': Keiko Fujimori pide a población que vive cerca a ríos que ''alisten su mochila'' ante El Niño

Como parte de las nuevas derechas

Cuando Fujimori fue elegida, el análisis internacional hizo hincapié en un hecho: la derecha conservadora volvía a cobrar fuerza en la región. Fiel a esa tradición, los elementos que exhibe ahora la presidenta también son propios de esta corriente política. Entre Nayib Bukele, Donald Trump, José Antonio Kast y Javier Milei, la mandataria busca componer su propio collage identitario.

De las figuras representativas de este movimiento, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha terminado siendo la más valorada por la mandataria. Razones no le faltan: la encuesta de CID Gallup publicada en septiembre le atribuye un 92% de aprobación al mandatario centroamericano.

“Hay bastantes similitudes. El llamado a la disciplina de los escolares es similar al que aplicó Bukele en su momento. Fujimori también ha anunciado medidas sobre las cárceles y busca reencauzar la lucha contra la inseguridad como su principal bandera. Es algo muy propio de Bukele”, señala el analista internacional Francisco Belaunde, docente de la Universidad de Lima.

Otras figuras de la nueva derecha con las que Fujimori ha mostrado cercanía son Milei y Trump. Con el mandatario argentino existen acercamientos, pero también diferencias. Fujimori conversó con él apenas resultó elegida; sin embargo, su discurso no puede equipararse al de Milei por razones históricas.

“Milei insiste en su posición liberal en la agenda económica porque Argentina viene de una economía manejada por el kirchnerismo, que tuvo bastante intervención estatal y gasto público. El caso peruano no es igual: Perú tiene desde hace 30 años una política económica completamente distinta. Además, ella no llega al insulto eufórico de Milei. Se refiere a ideologías y a las izquierdas, pero no llega a mostrar ese nivel de agresión”.

PUEDES VER: Alejandro Aguinaga viajó a Argentina el martes 13 de octubre y todavía no regresa pese a debate por facultades

Entre los movimientos conservadores, un argumento recurrente consiste en reprochar a sus contrincantes que el progresismo —o la agenda woke, como suelen decir— está conformado por discursos importados que no guardan relación con la realidad del país. El detalle es que, dentro de los límites de la denominada ‘batalla cultural’ —el enfretamiento entre conservadores y progresistas—, este fenómeno también puede manifestarse en la propia derecha.

“Acá hay también un pedido de orden. Por eso lo ha incorporado a su discurso, sobre todo en la lucha contra el crimen. Es la mayor demanda de los peruanos. Pero acá también se pide luchar contra la polarización política. Incluso se habla de reconciliación entre peruanos. Un discurso como el de Milei o Trump no tendría tanto efecto en el Perú, justamente porque acá lo que se busca es reducir la polarización constante”, indica Belaunde.

¿Puede un discurso así mantenerse en el tiempo y producir efectos positivos? José Salazar advierte sobre los riesgos: “Yo siento que después de esto no hay marcha atrás. Ella empezó con un tono suave y ahora endureció el mensaje. Creo que terminará siendo como quiso ser: con la vena autoritaria a la que hizo referencia hace poco Moyano. Este es un momento muy delicado para el Gobierno. Está en negociación con el Congreso. Lo único que está haciendo es reducir ese espacio, que será constante en este período. Sin resultados positivos, la confrontación también afectará el capital político del Gobierno y mermará la capacidad que tenemos para enfrentar los principales problemas del país”.

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, confirmó que, hasta este sábado 17, no había recibido una convocatoria para una nueva sesión por ningún medio. "Lo que sí existe es el documento que enviamos ayer en el cual hemos recordado al presidente de la Comisión de Constitución que el debate tiene que iniciar con los 20 puntos del pedido de facultades porque no nos hemos puesto de acuerdo de cuáles son los límites del Senado", explicó.

En la misma línea, el senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, respaldó el texto aprobado por la Cámara de Diputados y pidió que la discusión se centre en esos 20 puntos, sin incorporar las modificaciones que plantea el predictamen del Senado. "Vamos por los 20. Eso es lo que ha acordado Diputados y yo respeto a mi Cámara de Diputados, si otro grupo político plantea otra cosa eso no es iniciativa nuestra", sostuvo.

Por su parte, el senador Jaime Quito, de Juntos por el Perú, consideró que el pedido debería quedar archivado si el Senado no lo debate dentro del plazo establecido. En declaraciones a Exitosa, responsabilizó a Fuerza Popular por las dificultades que se están presentando hasta el momento, e impiden avanzar con la propuesta. "Yo creo que esto ya debe pasar al archivo, si dentro del plazo no lo quieren tocar simplemente es un tema que no se debe tocar más. Es el fujimorismo quien pone sus propias obstrucciones", declaró.

Cabe precisar que, según el Reglamento, la Comisión de Constitución del Senado tenía siete días hábiles para pronunciarse sobre el pedido de facultades. El plazo corría desde el 7 de octubre, cuando el pedido ingresó, y venció este viernes 16.

Desde Fuerza Popular, el senador Juan Carlos del Águila aseguró que su bancada acatará lo que se decida cuando se realice la discusión, aunque la conducción de Carlos Mesía, también de Fuerza Popular, ha sido rechazada por toda la oposición. "Lo que resulte de ahí será lo que finalmente Fuerza Popular tendrá que aceptar", manifestó para Canal N.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, defendió la necesidad de aprobar medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana y cuestionó la demora del debate. "En este momento, la población está reclamando que se actúe con mayor rapidez y mayor potencia para combatir la criminalidad. En el pedido de facultades hay elementos que nos permiten ejecutar eso. Pero se están oponiendo a que se ejecute esa política", señaló.

Por otra parte, el senador Flavio Figallo, de Buen Gobierno, consideró que las facultades aprobadas por Diputados son suficientes, aunque expresó reparos sobre algunas de las siete medidas propuestas que se quieren aumentar. "Creo que las facultades que están siendo aprobadas son suficientes para que haya mejores condiciones (…) Hay cosas que no nos parece que puedan hacer, porque generarían caos, por ejemplo, que el Ejército entre directamente a manejar a los presos, no estamos a favor. Se podría discutir en otro proceso más largo", declaró a Exitosa.

PUEDES VER: Debate de pedido de facultades sigue entrampado en el Senado por falta de consenso entre oficialismo y oposición

¿Qué ocurre si el Senado no debate las facultades hasta el lunes?

Si el Senado no se pronuncia hasta el lunes 19 de octubre, correspondería remitir a la presidenta Keiko Fujimori la autógrafa aprobada por la Cámara de Diputados para su promulgación, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución. "Vencido el plazo para su revisión en el Senado, el Presidente del Congreso remite al presidente de la República la autógrafa de ley aprobada por la Cámara de Diputados", establece la norma.

De cumplirse este escenario, Miguel Torres, titular del Senado, tendría que remitir la autógrafa a la mandataria para su promulgación, sin que prosperen los siete temas que plantea aumentar el predictamen de la Comisión de Constitución.

Cabe recordar que la última sesión de la comisión, el jueves 15 de octubre, quedó suspendida por falta de quórum, luego de que cuatro bancadas opositoras: Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido de Buen Gobierno y Cívico Obras se retiraran en protesta por la conducción del fujimorista Carlos Mesía. Al día siguiente, el presidente de la comisión descartó convocar a una nueva sesión hasta alcanzar un acuerdo con la oposición sobre los puntos que se debatirán.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, fuentes con conocimiento del caso señalaron que ningún asesor de las bancadas de oposición asistió al encuentro. De acuerdo con la información que recogió La República, Mesía buscaba un consenso en la sala José Abelardo Quiñones Gonzales del Palacio Legislativo.

La invitación estuvo dirigida a los asesores de los despachos de los senadores titulares y accesitarios de la comisión, así como a los asesores de los grupos parlamentarios. “Recoger opiniones técnicas y aportes sobre el predictamen de la Proposición Legislativa N.º 0013-2026-2031-S, referida a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno del Niño”, decía la citación.

No obstante, dicha invitación no habría sido del agrado de los senadores de Obras, Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú. Según las fuentes, los legisladores ya tienen una posición definida sobre el pedido de facultades y no discutirán con el oficialismo hasta que se someta a debate la cuestión de orden planteada por Patricia Iturregui, quien solicitó que se precisen los límites del Senado respecto al texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Bajo ese argumento, los senadores prohibieron a sus asesores y al personal de confianza a asistir a la reunión promovida por Carlos Mesía.

La otra posibilidad que plantea la oposición para entablar un diálogo con el oficialismo es que se deje de lado el predictamen impulsado por Mesía, el mismo que incorpora siete puntos adicionales al pedido de facultades en materia de seguridad e infraestructura. En su último oficio, dirigido al presidente de la Comisión de Constitución, los legisladores señalan que solo debe someterse a debate el pedido de facultades aprobado por la Cámara de Diputados.

“En concordancia con nuestra posición de respeto a los límites establecidos en el artículo 25 del Reglamento del Senado, solicitamos que se someta a debate la proposición remitida por la Cámara de Diputados, considerando únicamente las materias contenidas en dicha propuesta”, precisan.

Los legisladores añaden, además, que debe respetarse el debate realizado en la Cámara de Diputados y advierten que el funcionamiento del sistema bicameral debe regirse por el principio de legalidad.

PUEDES VER: Alejandro Aguinaga viajó a Argentina el martes 13 de octubre y todavía no regresa pese a debate por facultades

Contra el reloj

Según el reglamento, la Comisión de Constitución del Senado tiene hasta 7 días hábiles, improrrogables, para dictaminar el pedido de facultades legislativas. El pedido ingresó al Senado el 7 de octubre; es decir, hasta ayer la comisión tenía plazo para sacar adelante el debate.

Sobre el tema, el diputado de Fuerza Popular Arturo Alegría sostuvo que no existe una sanción por incumplir el plazo de siete días hábiles. “No hay una sanción, los plazos son un ejercicio de responsabilidad”, dijo. Además, el fujimorista no tuvo mejor idea que defender la actuación de la comisión y el trabajo técnico realizado sobre la propuesta, pese a los reclamos de las bancadas de oposición.

“Lo que resalto es que se tiene un trabajo técnico bien hecho”, agregó. Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo de Renovación Popular aseguró que el lunes 19 de octubre la comisión ya debe emitir un dictamen. “Tenemos que pensar en el país”, dijo la legisdora tras ser consultada sobre la falta de consenso.

Por su parte, Carlos Mesía, anunció que solo habrá una nueva sesión del grupo de trabajo cuando se llegue a un consenso entre bancadas sobre los pedidos de facultades a debatir. “Todavía no (se puede convocar), porque no hay consenso. ¿Para qué voy a citar a una comisión donde no se va a votar”, declaró a RPP.

En tanto, Patricia Iturregui volvió a cuestionar el manejo del proceso parlamentario y responsabilizó a Fuerza Popular por el entrampamiento del debate. “El autoritarismo de Fuerza Popular se ha filtrado por todos los procedimientos y por toda la organización de este proceso en el Senado”,expresó.

Alejandro Aguinaga viajó a Argentina En medio de las discusiones, se conoció que el senador de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga viajó a Argentina el último martes 13 de octubre, según el reporte de Migraciones al que accedió este medio. Hasta el momento, el legislador fujimorista e integrante de la Comisión de Constitución, permanece fuera del país, pese a que el debate sobre el pedido de delegación de facultades comenzó el jueves 15.

“Estaba en un Congreso, estaba exponiendo en ese momento (del debate). Acá hubo un Congreso de Consenso Salud, han estado varios ministros. En la Sheraton Tower en Buenos Aires”, declaró Aguinaga para el portal La Pista Clave. Al ser consultado sobre por qué no postergó su participación en la conferencia, Aguinaga señaló que “es una eventualidad”. “Yo tenía que venir sí o sí”, agregó.

Precisamente, el jueves, Aguinaga participó de forma remota en la sesión de la Comisión de Constitución. Durante el debate, Patricia Iturregui planteó una cuestión de orden para conocer los límites del Senado respecto de las modificaciones que podía realizar a las facultades aprobadas por la Cámara de Diputados.

Su propuesta obtuvo seis votos a favor y cinco en contra. Fue entonces cuando surgieron los problemas. Carlos Mesía cerró la votación al considerar que la iniciativa había sido rechazada, sin percatarse de que el voto de Aguinaga no se había registrado debido a problemas de conexión. Desde el lado de la oposición pidieron que se respete la propuesta por obtener la mayoría.

La respuesta del fujimorista apoyado por Renovación Popular fue desconocer dicha votación y volver a efectuarla. El desencuentro motivó a que los senadores de oposición abandonaran la sesión y ya no participen acusando al fujimorismo de autoritarismo. “El fujimorismo está desconociendo esa votación y ahora, como han perdido, están aplicando el artículo noventa y uno, pidiendo una rectificación de la votación”, dijo Luque.

La senadora fujimorista Patricia Juárez respondió y señaló que el artículo 91 del Reglamento del Congreso contempla la figura de la rectificación cuando se producen errores en una votación.

La exparlamentaria explicó que el problema principal radica en haberle quitado poder de propuesta al Senado. Indicó que el Reglamento del Congreso (artículo 25A) le prohíbe a los senadores agregar temas nuevos que no hayan sido incluidos antes por los diputados. A su juicio, esta restricción reduce al Senado a una "mesa de partes" y genera enfrentamientos constantes entre ambas cámaras.

"El Senado no tiene iniciativa legislativa por mandato de la Constitución, y ellos sienten que se ha recortado y se sienten mesa de partes", sostuvo.

PUEDES VER: Debate de pedido de facultades sigue entrampado en el Senado por falta de consenso entre oficialismo y oposición

Además, Bartra responsabilizó a las fuerzas políticas que aprobaron el texto sin escuchar las advertencias. "Creo que ese es el resultado de cuando Fuerza Popular y Perú Libre y todos los demás se ponen de acuerdo para sacar la bicameralidad en los términos en la que ha salido. Está mal el diseño y hay que reconocerlo", señaló. Además, agregó que "se hizo entre gallos y medianoche, se improvisó, asumámoslo, y que se corrija".

Asimismo, señaló que la oposición descubrió el valor del quórum para frenar el voto dirimente de la mayoría que integran Fuerza Popular y Renovación Popular, pues sin quórum no se pueden instalar ni votar las comisiones.

Cuestionamientos al pedido de facultades en inteligencia y Fuerzas Armadas

Bartra expresó su preocupación por la solicitud del Ejecutivo para legislaciones vinculadas a la SINA y la DINI, al señalar que no cumplen las exigencias del artículo 104 de la Constitución. "No cumple con los requisitos (…) no está delimitado fortalecer. Ok, lo que la Constitución te exige es (…) cuál es la fórmula que tú pretendes implementar para que el problema se resuelva. No puede ser genérico”.

Sobre la intervención de las Fuerzas Armadas y el concepto de "grupos hostiles", la excongresista cuestionó la necesidad de una ley adicional estando en estado de emergencia. "Yo no sé en qué momento desconocemos que el Ejército puede intervenir en situaciones de emergencia. Lima vive en emergencia desde hace casi tres años. ¿Qué impide? ¿Necesitan una ley que le diga al Ejército cómo actuar en situaciones extraordinarias?".

Gálvez sostuvo que el incremento de 16% que se plantea desde el Poder Ejecutivo para el presupuesto 2027 es insuficiente. Recordó que el Ministerio Público sufre recortes cada año y que su institución necesita que el presupuesto no solo aumente, sino que se duplique, algo que ya sustentó ante el Parlamento. "Con este aumento ni siquiera equipara lo que debíamos tener como presupuesto normal", afirmó.

El déficit también afecta la operación diaria. Gálvez reveló que el Ministerio Público unificó los turnos de las unidades de flagrancia a nivel nacional porque no tiene fiscales ni logística para cubrir ambos turnos. Dijo que el problema de personal se resolvió con una directiva interna, pero que se necesita presupuesto adicional para bienes y servicios, movilidad y peritos.

"Requerimos de un presupuesto adicional, sobre todo para la logística, para los bienes y servicios, especialmente para la movilidad y para la implementación de peritos que tenga que hacer su trabajo de inmediato en los casos de flagrancia", agregó.

PUEDES VER: Alejandro Aguinaga viajó a Argentina el martes 13 de octubre y todavía no regresa pese a debate por facultades

Los reclamos por falta de presupuesto en el Ministerio Público vienen desde marzo

En marzo, cuando aún José María Balcázar era presidente interino, Gálvez ya advertía una crisis en el Ministerio Público. Pidió una reunión con el mandatario porque el Gobierno no asignó ni la cuarta parte del presupuesto que la institución había solicitado para el año. El fiscal dijo entonces que la institución que encabeza ya gastaba lo que se tenía planificado para el mes de julio y advirtió para Expreso que "en abril no habría sueldo para 4.700 funcionarios".

El 31 de marzo, tras sustentar en la Comisión de Constitución su proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Gálvez dijo que el Ejecutivo le había ofrecido conceder la demanda adicional, pero que, "hasta ahora no ha sucedido nada". Explicó que el presupuesto lo otorga el Ejecutivo, que luego remite la norma al Legislativo. Añadió que, por falta de partida para terceros, despidió a casi dos tercios de ese personal, sobre todo de limpieza, y que los propios fiscales dedicaban parte de su tiempo a asear sus despachos.

"La cuestión es que, si no tenemos el presupuesto necesario, la autonomía del Ministerio Público simplemente es un cuento. ¿Por qué? Porque todo se hace a base de presupuesto, y si no tenemos los medios para realizar nuestro trabajo, simplemente no vamos a realizarlo. Y ese es el gran problema. En primer lugar, un desprestigio sería para nosotros y también un fracaso del Estado como institución", remarcó.

En el Congreso, el expresidente del Parlamento Eduardo Salhuana planteó entonces que, si no había fondos en la reserva de contingencia, se pidiera un crédito suplementario. Él aseguró que en el Congreso estaban "siempre dispuestos a atender al Ministerio Público". Ese justamente es el mecanismo que Gálvez pide ahora, más de siete meses después, ya ante el Congreso bicameral.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, la denuncia también está dirigida contra la fiscal suprema provisional integrante del Pleno del JNE, Martha Maisch, por respaldar la decisión de Burneo.

El documento fue firmado por Rudecindo Vega Carreazo, representante legal de la asociación, y solicita que la JNJ abra una investigación preliminar y que, tras el procedimiento correspondiente, evalúe la destitución de ambos magistrados y que de comprobarse las presuntas faltas disciplinarias muy graves, evalúe su destitución.

Además, pide que sean suspendidos provisionalmente mientras se desarrolla la investigación.

PUEDES VER: Fracasó estrategia del estudio de abogados al que López Aliaga pagó S/97.5 millones

Argumento

El principal cuestionamiento de la Asociación Civil responde a que el JNE declaró infundada la apelación de una tacha que buscaba excluir a López Aliaga de su candidatura a primer regidor del Concejo Metropolitano de Lima, tras la renuncia de Luis Rubio, quien era candidato a alcalde de Lima por Renovación Popular.

La entidad que lidera Burneo determinó que la iniciativa se presentó fuera del plazo. Con esta decisión, mantuvo la candidatura de López Aliaga y dejó abierta la posibilidad de que asumiera la alcaldía de Lima si su agrupación gana las elecciones del 4 de octubre, tal como ocurre hasta el momento.

La asociación denunciante sostiene que el JNE no debió limitar su evaluación al plazo para presentar tachas, sino que también debió evaluar las consecuencias constitucionales de una eventual llegada de López Aliaga al cargo.

No toma posición

El coordinador del gabinete de asesores del JNE, Jorge Valdivia, indicó a Ojo Público que, si Renovación Popular gana las elecciones municipales y Lima queda sin alcalde proclamado, el Concejo Municipal deberá aplicar la Ley Orgánica de Municipalidades para determinar quién asumirá el cargo.

Según explicó, el concejo tendría que tramitar un expediente de 'candidato no proclamado' y solicitar al JNE la entrega de las credenciales correspondientes.

Sobre el tema, el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, consideró que el organismo electoral estaría postergando una decisión que le corresponde. Advirtió que dejar el asunto en manos del concejo podría facilitar el retorno de López Aliaga a la Alcaldía de Lima, pese a la prohibición de reelección inmediata. “Se instala el concejo y debido a que no tiene alcalde, lo ocuparía el primer regidor. Yo creo que de todas formas hay una reelección”, sentenció.

“El río lo hemos limpiado en su máxima capacidad. Pero el meganiño puede ser más grande de lo que hemos planificado por eso todos debemos estar alertas”, señaló.

Al ser consultada sobre lo que sucede en el centro de Piura por obras inconclusas o abandonadas, lejos de asumir alguna responsabilidad optó por señalar a gobiernos que la antecedieron.

“Ha faltado una mayor coordinación previa de parte del gobierno central anterior con los gobiernos regionales y con las propias alcaldías, esperemos que estas semanas que nos quedan sigan haciendo los trabajos de limpieza. Y aquí pedimos a los ciudadanos y a la empresa privada, hemos visto que una gran parte de esta limpieza se ha debido gracias a la Fundación Romero y eso ha permitido que se pueda trabajar en dos turnos”, sostuvo.

PUEDES VER: Alejandro Aguinaga viajó a Argentina el martes 13 de octubre y todavía no regresa pese a debate por facultades

Fujimori pide evacuar viviendas mientras admite que las obras podrían ser insuficientes

Las limitaciones que reconoce la presidenta en Piura coinciden con lo que señaló durante una presentación realizada este miércoles desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Ahí la presidenta exhortó a las personas que viven cerca de ríos y en zonas vulnerables a preparar sus mochilas de emergencia e identificar rutas de evacuación ante la llegada del fenómeno El Niño. “Evacúen sus casas desde ya”, dijo.

Así, mientras el Ejecutivo pide a las familias que se preparen para abandonar sus viviendas, la mandataria no descarta un escenario que podría superar los trabajos realizados desde su gobierno. Fujimori anunció la instalación de albergues temporales para atender alrededor de 30.000 personas; sin embargo, no da las garantías suficientes para proteger a todas las personas que viven en zonas de riesgo o no cuenten con un hogar seguro al cual se puedan trasladar.