Este jueves 14 de mayo, a través de un comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el partido advirtió que "luchará firmemente desde el Congreso" contra una supuesta organización criminal que "pone en riesgo la democracia y la libertad".

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El comunicado fue difundido minutos después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el domingo 17 de este mes proclamará los resultados de la elección presidencial. De esta manera, y a pesar de que el líder del partido anunció que no juramentaría en el cargo de senador, dio a entender que acepta los resultados del ente electoral.

“El Partido se compromete a luchar firmemente desde el Congreso de la República para desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad”, se lee en el comunicado.

En esa misma línea, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) tendrán hasta el sábado 16 de este mes para proclamar los resultados de la elección presidencial de los departamentos de su circunscripción. Clavijo precisó que, hasta el momento, 47 de los 60 JEE ya realizaron ese proceso.

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Roberto Burneo brindó detalles de las elecciones

El presidente del JNE, Roberto Burneo, aseguró que su institución tuvo "semanas muy exigentes" en cuanto a las elecciones generales. Mencionó que el proceso electoral sigue en curso y se debe informar con transparencia a la ciudadanía. Asimismo, reconoció el trabajo de los JEE que resolvieron las actas observadas y tuvieron recuentos de votos.

"El JNE está trabajando sin pausa para dar cumplimiento a cada etapa del proceso electoral de manera oportuna, pero siempre con la serenidad y rigurosidad que el Perú exige", expresó.

En esa misma línea, Burneo afirmó que el domingo 17 en horas de la mañana se darán a conocer las planchas presidenciales que pasarán a segunda vuelta a través de una conferencia pública.

"Entendemos la preocupación que existe en la ciudadanía, por eso actuamos con transparencia para proclamar los resultados. El día de la proclamación anunciaremos la conformación del comité de expertos que acompañará a la evaluación de los sistemas del proceso electoral y todos los aspectos medulares", aseguró.

"Que la democracia peruana salga fortalecida de este proceso. No descansaremos hasta cumplir este mandato”, acotó.

Jefe de la ONPE se pronuncia

Durante su intervención, el titular de la ONPE mencionó que se iniciará con prueba de color e impresión del material electoral para la segunda vuelta, como las cédulas de sufragio, las actas del padrón y la distribución del material a las circunscripciones del extranjero.

"Vamos a tener más reuniones más seguidas con la finalidad de mejorar cada paso que hemos vivido el 12 de abril reciente y tener un trabajo en equipo para que la ciudadanía pueda tener un buen servicio público electoral el próximo 7 de junio", manifestó.

Reforzarán medidas para elecciones en el Perú y el extranjero

En tanto, el JNE también comunicó que se acordó reforzar la difusión de información sobre los locales de votación que se implementarán para la segunda vuelta a nivel nacional e internacional. Para los comicios en el extranjero, el ente electoral organizará una reunión de trabajo con la Cancillería para una retroalimentación luego de los hechos registrados el pasado 12 de abril.

Asimismo, el JNE precisó que, en el caso de las mesas de sufragio en el extranjero que no logren instalarse con miembros de mesa titulares, suplentes o electores de la fila de la misma mesa, estas podrán conformarse con miembros de mesa o electores pertenecientes a otra mesa de sufragio del mismo local de votación.

En caso de que, al momento del escrutinio, los miembros de mesa abandonen sus cargos, los cónsules, junto con una asistencia técnica, podrán asumir el cargo.

El objetivo era que Flores respondiera un pliego de 15 preguntas sobre la intervención militar realizada en Huancavelica.

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Alfredo Pariona, uno de los impulsores de la moción, fundamentó que se necesitaba aclarar lo ocurrido.

"El país ha escuchado versiones que no coinciden. Primero se habló de un enfrentamiento armado; sin embargo, han surgido testimonios y evidencias que cuestionan esa versión. No hubo heridos en las Fuerzas Armadas, pero sí cinco civiles muertos”, mencionó.

Y agregó: “Interpelar no es confrontar, es fiscalizar, es cumplir nuestro rol de fiscalización que nos encomienda el país, y aquí nadie está por encima de la ley”.

“A la fecha, los familiares de jóvenes fallecidos en dicho operativo militar vienen exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos, en tanto que resulta inadmisible la ejecución de intervenciones que no estén debidamente justificadas, ni que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de la actuación militar conforme a ley”, señalaba la exposición de motivos de la moción presentada, que contaba con el respaldo de parlamentarios como Jaime Quito (Bancada Socialista), Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Wilson Quispe, Flavio Cruz (Perú Libre), Victor Cutipa (Juntos por el Perú) y otros.

El pliego de preguntas para ministro Amadeo Flores

De acuerdo con la moción presentada, estas serían las preguntas que el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, tendría que responder ante el Congreso en caso de que se apruebe la solicitud.

¿Cuál es la versión oficial consolidada del Ministerio de Defensa sobre los hechos ocurridos el 25 de abril de 2026 en el distrito de Colcabamba, y por qué existen contradicciones entre los reportes iniciales y la información posterior difundida por las propias Fuerzas Armadas?

¿Bajo qué marco normativo, reglas de enfrentamiento y protocolos de uso de la fuerza se ejecutó el operativo, y cómo se garantiza que dichas actuaciones se ajustaron a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad?

¿Qué inteligencia previa sustentó la intervención militar, quién la validó y qué mecanismos de verificación se aplicaron para identificar a los supuestos objetivos vinculados al narcoterrorismo?

¿Cómo explica su sector que, tratándose de un presunto enfrentamiento armado, no se haya registrado ningún efectivo de las Fuerzas Armadas herido o fallecido, mientras que el saldo fue exclusivamente de civiles muertos y heridos?

¿Qué evidencia material, pericial y balística existe para sustentar la hipótesis de legítima defensa invocada en el Comunicado Conjunto N.° 001-2026-CCFFAA-PNP?

¿Qué información tiene el Ministerio de Defensa respecto al testimonio del sobreviviente Ricardo Jampier Acuña Quispe, quien ha señalado que su declaración inicial habría sido obtenida bajo amenaza, y qué acciones se han dispuesto para garantizar la legalidad de las diligencias y el respeto al debido proceso?

¿Qué acciones concretas se adoptaron para preservar la escena de los hechos, garantizar la cadena de custodia de las evidencias y evitar cualquier alteración que comprometa la investigación fiscal?

En esta nota se detallan los resultados finales en Tumbes, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE al 100%: así votó Tumbes en las Elecciones Presidenciales 2026 tras conteo oficial

• 632 actas procesadas
• 100% de los votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Tumbes

• Keiko Fujimori - 34,136%
• Carlos Álvarez - 14,814%
• Roberto Sánchez - 6,988%
• Rafael López Aliaga - 5,913%
• Jorge Nieto - 5,476%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota se detallan los resultados finales en Tacna, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Así votó Tacna: resultados de las Elecciones Presidenciales 2026, según conteo oficial ONPE al 100%

• 1.041 actas procesadas
• 100% de votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Tacna

• Ricardo Belmont - 14,632%
• Roberto Sánchez - 11,909%
• Jorge Nieto - 11,439%
• Alfonso López Chau - 9,933%
• Carlos Álvarez - 7,318%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota se detallan los resultados finales en Puno, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Así votó Puno en las Elecciones Presidenciales 2026: resultados oficiales ONPE al 100%

• 3.397 actas procesadas
• 100% de los votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Puno

• Roberto Sánchez - 24,959%
• Ricardo Belmont - 17,707%
• Alfonso López Chau - 11,338%
• Yonhy Lescano - 11,073%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

La situación no impide que OBRAS participe en las elecciones regionales y municipales 2026. El problema aparece después del proceso electoral. Según el especialista en materia electoral, José Tello, la agrupación perdería automáticamente su inscripción el 1 de enero de 2027 por incumplir los requisitos establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas.

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La eventual cancelación del partido tendría otra consecuencia importante. La organización también perdería el acceso al financiamiento público directo obtenido tras las elecciones generales. Al desaparecer jurídicamente del registro de partidos, ya no tendría una vía legal para recibir esos recursos económicos asignados por el Estado.

El caso de OBRAS revela además una debilidad en su estructura territorial. Aunque el partido logró representación parlamentaria en las elecciones generales, no alcanzó el despliegue regional y provincial que exige la normativa electoral. El escenario evidencia que la permanencia de una agrupación política no depende solo de votos o presencia mediática, sino también de organización en distintas zonas del país.

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José Tello: 'El partido sí puede postular, pero perderá la inscripción'

El exministro de Justicia y especialista en derecho electoral José Tello explicó que el incumplimiento de los requisitos territoriales no impide que OBRAS participe en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sin embargo, advirtió que la consecuencia llegará después del proceso electoral. “El hecho de que no presenten candidaturas completas no impide que puedan postular. Ellos van a correr, no hay problema”, señaló.

Tello detalló que la Ley de Organizaciones Políticas establece un mínimo de participación territorial para conservar la inscripción partidaria. “La ley exige presentar candidaturas en al menos la mitad de las regiones, es decir 13 de 25, o en el 20% de las provincias, que equivale a 40 de 196”, indicó. Según el visor del Instituto Aklla Perú, OBRAS solo registra participación en 12 regiones y 39 provincias.

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El especialista también explicó cuál sería el efecto legal inmediato para la agrupación vinculada a Richard Belmont. “Ellos van a perder la inscripción el primer día del mes de enero del año 2027”, afirmó. Además, sostuvo que la cancelación del registro afectaría directamente el acceso a recursos estatales. “Al desaparecer el partido, no tienen cómo cobrar ese financiamiento que han ganado en la elección general”, precisó.

Para Tello, el caso de OBRAS refleja un problema estructural dentro de algunas organizaciones políticas. El abogado sostuvo que tener representación parlamentaria no garantiza la permanencia de un partido si no existe una presencia territorial suficiente en regiones y provincias. La situación evidencia las dificultades que enfrentan varias agrupaciones para consolidar cuadros y candidaturas fuera de Lima.

En esta nota se detallan los resultados finales en Loreto, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Así votó Loreto en las Elecciones Presidenciales 2026: resultados oficiales ONPE al 100%

• 2.697 actas procesadas
• 100% de los votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Loreto

• Keiko Fujimori - 28,338%
• Carlos Álvarez - 11,838%
• Roberto Sánchez Palomino - 9,851%
• César Acuña - 6,695%
• George Forsyth - 6,930%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota se detallan los resultados finales en Lima Metropolitana, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Así votó Lima Metropolitana en las Elecciones Presidenciales 2026: resultados oficiales ONPE al 100%

• 26.368 actas procesadas
• 100% votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Lima Metropolitana

• Rafael López Aliaga - 20,990%
• Keiko Fujimori - 17,324%
• Jorge Nieto - 15,631%
• Ricardo Belmont - 8,907%
• Carlos Álvarez - 8,818%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota se detallan los resultados finales en Lambayeque, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Así votó Lambayeque en las Elecciones Presidenciales 2026: resultados oficiales ONPE al 100%

• 3590 actas procesadas
• 100% votos

Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Lambayeque

• Keiko Fujimori - 26,394%
• Roberto Sánchez - 10,738%
• Jorge Nieto - 10,328%
• Carlos Álvarez - 9,241%
• Rafael López Aliaga - 8,589%

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¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota se detallan los resultados finales en La Libertad, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Así votó La Libertad: resultados de las Elecciones Presidenciales 2026, según conteo oficial ONPE al 100%

• 5.302 actas procesadas
• 100% votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en La Libertad

• Keiko Fujimori - 20,250%
• Jorge Nieto - 9,811%
• Roberto Sánchez - 9,460%
• Rosario Fernández - 8,854%
• Rafael López Aliaga - 8,199%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota se detallan los resultados finales en Junín, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE al 100%: así votó Junín en las Elecciones Presidenciales 2026 tras conteo oficial

• 3.691 actas procesadas
• 100% votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Junín

• Keiko Fujimori - 17,085%
• Roberto Sánchez - 12,303%
• Ricardo Belmont - 11,164%
• Alfonso López Chau - 11%
• Jorge Nieto - 7,967%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota se detallan los resultados finales en Ica, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Ica al 100% por las Elecciones Presidenciales

• 2.443 actas procesadas
• 100% votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Ica

• Keiko Fujimori - 20,320%
• Carlos Álvarez - 11,591%
• Ricardo Belmont - 10,677%
• Jorge Nieto - 9,865%
• Rafael López Aliaga - 9,384%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota se detallan los resultados finales en Huánuco, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Huánuco con el conteo de ONPE al 100%

• 2.341 actas procesadas
• 100% votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Huánuco

• Roberto Sánchez - 29,851%
• Keiko Fujimori - 15,452%
• Ricardo Belmont - 14,102%
• Rafael López Aliaga - 5,885%
• Alfonso López Chau - 5,883%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota se detallan los resultados finales en Huancavelica, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Huancavelica: así votó en las Elecciones Presidenciales 2026

• 1.273 actas procesadas
• 100% votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Huancavelica

• Roberto Sánchez - 43,372%
• Ricardo Belmont - 13,540%
• Alfonso López Chau - 9,243%
• Keiko Fujimori - 7,071%
• Rafael López Aliaga - 2,356%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota se detallan los resultados finales en Cusco, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

PUEDES VER: Policía anticorrupción irrumpe programa de Beto Ortiz por cédulas halladas en Surquillo

Resultados ONPE 2026: así votó Cusco en las Elecciones Presidenciales

• 3.983 actas procesadas
• 100% votos

Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Cusco

• Roberto Sánchez - 22,832%
• Ricardo Belmont - 17,757%
• Alfonso López Chau - 14,734%
• Jorge Nieto - 8,881%
• Keiko Fujimori - 6,133%

PUEDES VER: Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota se detallan los resultados finales en Callao, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en el Callao al 100%: quién ganó en las Elecciones 2026

• 2.898 actas procesadas
• 100% votos

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Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en el Callao

• Keiko Fujimori - 20,678%
• Rafael López Aliaga - 15,020%
• Jorge Nieto - 14,988%
• Carlos Álvarez - 12,113%
• Ricardo Belmont - 8,153%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La ONPE es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota se detallan los resultados finales en Ayacucho, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Ayacucho en las Elecciones Presidenciales 2026

• 1.900 actas procesadas
• 100% votos

PUEDES VER: Policía anticorrupción irrumpe programa de Beto Ortiz por cédulas halladas en Surquillo

Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Ayacucho

• Roberto Sánchez - 31,409%
• Ricardo Belmont - 14,403%
• Alfonso López Chau - 14,422%
• Keiko Fujimori - 8,109%
• Jorge Nieto - 5,529%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota se detallan los resultados finales en Arequipa, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Arequipa EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

• 4.215 actas procesadas
• 100% votos

PUEDES VER: Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga y se perfila para la segunda vuelta

Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Arequipa

• Jorge Nieto - 18,642%
• Ricardo Belmont - 10,916%
• Rafael López Aliaga - 10,592%
• Roberto Sánchez - 10,085%
• Alfonso López Chau- 9,312%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

En esta nota se detallan los resultados finales en Áncash, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Áncash: así quedaron las Elecciones Presidenciales 2026

• 3.472 actas procesadas
• 100% de los votos

Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Áncash

• Keiko Fujimori - 17,987%
• Roberto Sánchez - 14,994%
• Ricardo Belmont - 10,055%
• Carlos Álvarez - 9,935%
• Alfonso López Chau - 8,836%

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¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

A fines de 2025, Mendoza ya había declarado públicamente su intención de participar en las elecciones regionales para ser gobernadora por Cusco. Durante el evento Tinkuy Allin Kaysaypaq, realizado en el distrito cusqueño de San Jerónimo, la excongresista ya hablaba de la posibilidad de postular con la alianza Venceremos.

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Como se sabe, la alianza electoral Venceremos está conformada por el Nuevo Perú para el Buen Vivir, organización política liderada por Mendoza. Además de esta agrupación, Venceremos también cuenta con el apoyo del partido Voces del Pueblo, liderado actualmente por Ronald Atencio y fundado por el excongresista Guillermo Bermejo.

Mendoza cuenta con experiencia política. Además de ser candidata presidencial, en 2011 fue elegida legisladora por el partido Gana Perú, extinta coalición nacionalista que tenía como líder al expresidente Ollanta Humala. De sus cinco años en el Parlamento, solo estuvo uno en la bancada humalista; luego fue parte del bloque que conformó el Frente Amplio con legisladores de Acción Popular.

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En medio del conteo oficial y la expectativa por los resultados oficiales de la ONPE, miles de ciudadanos siguen atentos al calendario electoral, ya que esta etapa no solo definirá al próximo presidente, sino que también marcará el rumbo político del país en los próximos años. Hasta el momento, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se verán las caras en la siguiente instancia.

¿Cuándo será la segunda vuelta de las presidenciales en Perú 2026?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales se realizará el domingo 7 de junio de 2026 en todo el territorio nacional.

En esta jornada, los peruanos volverán a acudir a las urnas para elegir al jefe de Estado entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta. Este proceso suele concentrar mayor atención mediática y política, debido a que define de manera directa al ganador de la contienda electoral.

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¿Qué pasa si ningún candidato supera el 50% de los votos?

Cuando ningún postulante alcanza la mayoría absoluta en la primera vuelta, el sistema electoral peruano establece automáticamente una segunda elección.

En esta nueva etapa participan únicamente los dos candidatos con mayor votación, quienes continúan en campaña para captar el respaldo de los electores que apoyaron a otras agrupaciones políticas. Este mecanismo busca garantizar que el presidente electo cuente con legitimidad y un respaldo mayoritario.

¿Qué cargos se eligen en las Elecciones Perú 2026?

En las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos no solo eligen al presidente de la República, sino también a los integrantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Por un lado, se define la fórmula presidencial completa —presidente y vicepresidentes— inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Además, se renueva el Congreso bajo un sistema bicameral, con la elección de diputados y senadores, lo que marca el retorno de este modelo parlamentario tras varias décadas.

Asimismo, los votantes eligen a los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, quienes cumplen funciones de representación internacional dentro del sistema andino.

Segunda vuelta 2026: por qué es clave para el futuro político del Perú

La segunda vuelta no solo define al próximo presidente, sino que también reconfigura alianzas, estrategias de campaña y el comportamiento del electorado. En este escenario, los candidatos deberán ampliar su base de apoyo para alcanzar la mayoría necesaria.

Con el avance del conteo oficial y la cercanía de esta etapa decisiva, el país se encamina a una elección final que marcará el rumbo político, económico e institucional del Perú.

En esta nota se detallan los resultados finales en Amazonas, quién lideró la votación y cómo se comportó el electorado en esta región del país durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

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Resultados ONPE en Amazonas: quién va ganando las Elecciones 2026

• 1.278 actas procesadas
• 100% votos

Resultados ONPE 2026: así votó Amazonas en las Elecciones presidenciales

• Roberto Sánchez - 36,253%
• Keiko Fujimori - 17,363%
• Ricardo Belmont - 10,637%
• Alfonso López-Chau - 5,976%
• Rafael López Aliaga - 3,689%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

"Lamentamos que en esta decisión no nos acompañe nuestra excandidata presidencial, Marisol Pérez Tello, porque tenemos el mayor de los respetos y agradecimiento por su desempeño en la candidatura, pero en este punto disentimos", señaló.

El dirigente detalló que la decisión de apoyar a Juntos por el Perú fue respaldada por casi la totalidad de las bases a nivel nacional. Zevallos sostuvo que el partido no puede ser neutral frente a la crisis política en el país.

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“Estamos cansados del nivel de inestabilidad, en el cual fundamentalmente el congreso nos ha colocado. (…) Ningún país serio se puede permitir tener esos niveles de inestabilidad y el principal responsable de esto es el fujimorismo".

El riesgo del poder absoluto

La preocupación del partido es evitar que el fujimorismo logre un control total de las instituciones públicas a partir del 28 de julio. Zevallos cuestionó la posibilidad de que Fuerza Popular retorne al Ejecutivo.

“¿Cómo podríamos darle [al fujimorismo] esa fuerza siquiera un cachito de posibilidad para que tenga el control absoluto? Hay que plantarle cara y Primero La Gente va a cumplir con el resultado que la historia exige". Para el secretario general, el fujimorismo es el principal responsable de la inestabilidad política que ha llevado al país a tener múltiples presidentes en pocos años.

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La principal razón para el distanciamiento de la postura de su excandidata es el riesgo de que el fujimorismo logre el poder absoluto el próximo 28 de julio. Zevallos señaló que el fujimorismo ya controla gran parte de las instituciones a través del pacto mafioso dentro del Congreso. Por esta razón, el secretario afirmó que es necesario “construir una plataforma que saque al país de las garras de ese grupo político”.

Diálogos y posibles alianzas con Juntos por el Perú

Respecto a la cercanía con el partido Juntos por el Perú, Zevallos reveló que ya han existido contacto directo con la alta dirigencia del grupo político. "Hemos tenido una reunión con su vicepresidenta, con su secretaria general, con Ernesto Zunini, con Analí Márquez, con Anahí Durand; hemos tenido alguna comunicación en intercambio con Roberto Sánchez", detalló.

Además, indicó que buscan definir una reunión para abordar los temas planteados por Primero La Gente en su comunicado oficial. Sin embargo, el secretario general aclaró que aún es prematuro hablar de la inclusión de integrantes de Primero La Gente en el gabinete de Sánchez, si es que gana la presidencia.

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"Creo que esto es adelantar mucho el escenario. Sí, creemos en la necesidad nuevamente de ancha base, creemos en la necesidad de un gobierno que tenga ese nivel de amplitud", indicó. Hasta el momento, el enfoque principal de las coordinaciones ha estado centrado en la defensa del voto frente a las narrativas de fraude impulsadas por otros sectores.

Apoyo bajo condiciones

Se recuerda que en el comunicado del 12 de mayo, Primero La Gente rechazó la posibilidad de un gobierno de Fuerza Popular. "Rechazamos unánimemente al fujimorismo, heredero de la séptima dictadura más corrupta de la historia de la humanidad, y responsable del quiebre institucional, abuso de poder, violación de derechos, inestabilidad y aumento del crimen en la última década", se lee.

Para evitar dicho escenario, el partido brindó un "apoyo crítico" a Juntos por el Perú y señaló que, a pesar de sus diferencias, esta posible coalición representa una oportunidad para "unir a las fuerzas democráticas" y dejar atrás el legado del fujimorismo. Sin embargo, el apoyo se da bajo condiciones.

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Entre las exigencias figuran la derogatoria de las leyes que favorecen al crimen, el respeto estricto a la estabilidad fiscal y la restitución del equilibrio de poderes. Además, el vocero de Primero La Gente precisó que "es indispensable tener una política que respete la estabilidad fiscal, el equilibrio fiscal en el país" y aseguró que cualquier respaldo futuro será para garantizar la gobernabilidad que “el Perú demanda a gritos”.

Las cifras del delito de extorsión que revelan la Policía, el Ministerio Público y expertos en seguridad son simplemente desoladoras.

Entre enero y abril de este año, la PNP ha registrado, a nivel nacional, en el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol), 5.781 denuncias por extorsión.

Sin embargo, el Ministerio Público, en el mismo período, ha registrado 8.105 denuncias por ese delito. Hay una diferencia de 2.324 denuncias por extorsión no registradas por la PNP, lo que equivale a un desfase del 40%.

“Este desfase de registros, sumado a la alta tasa de cifra negra (delitos no denunciados) tienen implicancias muy críticas que van más allá de un simple error estadístico, afectando directamente la capacidad del Estado para frenar el avance de la lucha contra la extorsión”, advierte el analista de datos Juan Carbajal.

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Y agrega: “Más aún cuando la PNP viene informando (con sus registros) que las extorsiones ‘vienen disminuyendo considerablemente’ lo cual se desdice de la realidad e incluso sus mismos datos (y con el desfase de por medio) visibilizan un incremento mes a mes entre enero y abril del año 2026”.

En efecto, la PNP señala que en enero, febrero, marzo y abril se registraron 1.299, 1.241, 1.471 y 1.770 denuncias, respectivamente, mientras que el Ministerio Público registra 2.050, 1.989, 2.043 y 2.023 en los mismos meses.

Consultado al respecto por La República, un alto oficial de la Policía Nacional reveló que “la extorsión se desploma al 44.88% en el 2026 tras la ofensiva policial”.

Consideró que la ofensiva contra las organizaciones criminales continúa dando resultados a nivel nacional. “Con operativos permanentes, acciones de inteligencia y respuesta inmediata, la PNP viene golpeando duramente a las bandas dedicadas a la extorsión”, asegura.

Para la Policía, las cifras son contundentes: entre el 1 de enero y el 9 de mayo del 2025 se registraron 10.034 casos de extorsión; sin embargo, entre el 1 de enero y el 10 de mayo, a las 5.00 a. m., del 2026, la cifra descendió a 5.531 denuncias. Esto, a decir de las autoridades policiales, representa 4.503 casos menos y una reducción del 44,88%.

CONTINÚAN LOS CRÍMENES

Sin embargo, los crímenes relacionados con ese delito continúan. La noche del miércoles, Edgar Deza Montañez (40), padre de tres hijos menores, perdió la vida cuando sujetos en motocicletas persiguieron y atacaron la unidad en la que trabajaba en la ruta Cercado de Lima-Callao.

El transportista fue asesinado a balazos en plena avenida Argentina tras negarse a pagar cupos extorsivos. El ataque armado ocurrió frente a su esposa, quien era cobradora, y dejó una pasajera herida. El hecho fue perpetrado por miembros de la banda criminal La Federación, según reivindicaron a través de un mensaje por WhatsApp.

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No hay duda de que el transporte público continúa siendo víctima de las organizaciones criminales que se dedican a la extorsión y al sicariato. Delincuentes desconocidos también incendiaron una combi en Santa Anita, luego de que el dueño se negara al pago de cupos.

Ocurrió en la urbanización Las Praderas, en Santa Anita. Cerca de las 3 de la madrugada, delincuentes llegaron hasta este punto y prendieron fuego a la unidad, a pesar de que el chofer se encontraba descansando en el interior.

El hombre de 45 años logró salir de la combi, pero igualmente fue alcanzado por las llamas y sufrió quemaduras de consideración.

El dato es contundente. Deja claro que en Lima la extorsión goza de una impunidad superlativa.

CADA VEZ MÁS COMÚN

La extorsión se ha vuelto cada vez más común. Diversos estudios sobre este fenómeno han cobrado importancia desde el 2019 debido a su aumento y capacidad de adaptación, especialmente en Lima, Callao, La Libertad e Ica, entre otras ciudades importantes.

Según los investigadores, el crimen organizado en esas regiones ha demostrado gran capacidad de innovación, de amoldarse a los contextos y a las respuestas de la Policía. Además, la extorsión misma les ha dado la riqueza suficiente para seguir expandiendo su control territorial, en un círculo vicioso que parece, por ahora, inderrotable.

La extorsión tiene menos riesgos, como el anonimato, y mantiene la posibilidad de controlar barrios y territorios, indica un oficial de la Dirincri.

En Perú, la extorsión es un delito que, según el artículo 200 del Código Penal, implica el uso de violencia o amenaza para obligar a alguien a otorgar una ventaja económica indebida.

Las sanciones oscilan entre 6 y 12 años de prisión, pero pueden llegar a cadena perpetua en casos de criminalidad sistemática, sicariato o si se producen muertes, dice el abogado Mario Amoretti.

“Las organizaciones dedicadas a este delito, a partir de la amenaza y el amedrantamiento, logran ejercer control en los territorios donde operan. De hecho, están siempre en búsqueda de ampliar su espacio de influencia. Por eso consolidan una organización que les permite amenazar, realizar los cobros, hacer seguimiento de las víctimas y buscar nuevas formas de ampliar su control con riesgos ínfimos”, sostiene el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

NADIE ESTÁ A SALVO

Este tipo de organizaciones que se consolidan territorialmente utiliza modalidades habituales de extorsión, como el cobro de cupos. Cobran principalmente a comerciantes, transportistas, artistas y profesionales, pero la comunidad no se salva, ya que exigen cuotas para desarrollar actividades simples, como una modificación de la vivienda, e incluso para garantizar por sí mismos la seguridad.

Las organizaciones criminales han encontrado nuevas formas de operar sin contacto directo, a través de llamadas telefónicas, las redes sociales y el uso de internet.

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La llamada telefónica es una de las modalidades más intimidantes, puesto que, para esta forma de extorsión, el victimario debe tener información previa sobre la víctima, su familia y sus actividades económicas.

Con el uso frecuente de internet, hay nuevas formas de cometer delitos. El mayor uso de las tecnologías ha abierto una ventana de oportunidades para acceder a información privada, como las transacciones económicas o las claves de acceso a cuentas digitales.

Son nuevos métodos porque, al no requerir contacto directo, no necesitan control territorial ni una organización muy sólida. Se necesita apenas un delincuente con conocimientos tecnológicos para acceder a toda la información que se almacena en la red.

Ahora la extorsión es más peligrosa. Generalmente, no deja rastro ni evidencia, y eso dificulta la investigación y judicialización, sostiene el exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha.

Durante la madrugada de este miércoles, agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía y representantes del Ministerio Público allanaron 10 inmuebles en Lima y Ucayali por orden judicial. Según la tesis fiscal, la red obtuvo beneficios económicos mediante contrataciones vinculadas a vuelos médicos, ambulancias aéreas y designaciones irregulares de funcionarios.

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Las diligencias se realizaron en inmuebles ubicados en Barrios Altos, Jesús María y Santiago de Surco, en Lima, además de siete viviendas en Ucayali. Una de las viviendas allanadas pertenece a Rosa Paredes Castro, hermana de la parlamentaria. El operativo estuvo a cargo de la DIRCOCOR y contó con apoyo de agentes de inteligencia del Ministerio del Interior y efectivos policiales de ambas regiones.

La investigación comprende los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, cohecho activo propio y tráfico de influencias. De acuerdo con información policial, la presunta red habría logrado tomar control de oficinas descentralizadas del Poder Ejecutivo en Ucayali.

La Policía sostiene que la organización habría favorecido a determinadas empresas mediante contrataciones irregulares relacionadas con vuelos chárter y traslados aéreos de pacientes críticos. Las pesquisas incluyen servicios valorizados entre S/6 millones y S/10 millones, además de contratos cercanos a S/20 millones. Las autoridades estiman que la presunta organización obtuvo alrededor de S/2 millones en pagos ilícitos. Hasta el momento, no se reportan detenidos.

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Fiscalía investiga presunto copamiento de entidades públicas en Ucayali

La tesis fiscal señala que la presunta organización criminal colocó personas de confianza en puestos clave dentro de instituciones públicas de Ucayali. El objetivo, según las investigaciones, consistía en asegurar decisiones favorables en procesos de contratación pública y facilitar el acceso de determinadas empresas a licitaciones estatales.

Entre las entidades involucradas figura la Red Asistencial Ucayali de EsSalud. La Policía sostiene que desde esa institución se habrían direccionado contratos relacionados con ambulancias aéreas y vuelos médicos para traslado de pacientes. Las autoridades investigan si existieron concertaciones ilegales entre funcionarios y proveedores.

El caso se encuentra a cargo del fiscal Carlos Urday, integrante de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El Ministerio Público busca determinar el nivel de participación de cada investigado y esclarecer cómo operaba la presunta estructura dentro de entidades estatales.

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Megaoperativo incluyó allanamientos e incautación de equipos

El operativo “Los Operadores del Oriente” se ejecutó bajo la modalidad de allanamiento con descerraje y fines de incautación. Los agentes ingresaron a viviendas vinculadas a investigados y personas de interés para recoger documentos, celulares, computadoras y otros elementos relevantes para la investigación.

La intervención fue autorizada por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. En las diligencias participaron efectivos especializados de la División de Investigación de Delitos de Corrupción Vinculados al Crimen Organizado, además de personal de inteligencia del Ministerio del Interior y agentes de apoyo de la Región Policial Ucayali.

La Fiscalía continuará con la revisión del material incautado para establecer si la presunta organización criminal utilizó influencias políticas y cargos públicos para beneficiar irregularmente a proveedores vinculados a contratos millonarios en Ucayali.

Ernesto Zunini, secretario general del partido, mencionó que se respeta el debido proceso, pues no pueden expulsarla únicamente basándose en los señalamientos iniciales.

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“La denuncia es muy grave. De probarse estos indicios, nosotros estamos esperando una notificación formal, ameritaría una sanción drástica. No podemos de manera preliminar, por lo que se dice en las noticias, separarla porque cada militante tiene deberes y derechos”, mencionó.

Explicó que Carbonel milita en el comité de base de La Victoria y que, en coordinación con el comité de Lima Metropolitana, se canalizó su participación.

También indicó que desconoce si la candidata ha realizado aportes de campaña, pero que, si ese fuera el caso, la norma electoral responsabiliza de forma individual los aportes de cada candidato. “De ser el caso, ella deberá presentar su reporte de rendición de cuentas y ahí se observará los aportes y gastos”, dijo.

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“Se tiene que respetar el debido proceso. Estamos ante una noticia, pero no se ha procedido a hacer una notificación de los presuntos hechos que le imputan. Nosotros vamos a respetar el estatuto del partido y de comprobarse los indicios, seremos drásticos”, añadió.

“El Comité de Ética está evaluando si vamos a suspender la militancia”, agregó.

Hernando Cevallos pide no generalizar el caso

Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, exhortó a no generalizar ese caso a todos los candidatos del partido. “Una cosa es que una persona que postula de pronto se le investigue preliminarmente por cualquier delito y otra es extender este hecho aislado a todos”, comentó.

“Es una acusación preliminar. Tampoco podemos poner una cruz. Si hay un nivel de responsabilidad establecido por el Poder Judicial, pues no tiene nada que hacer en JP”, dijo.

Al ser consultado, en entrevista con Canal N, aseguró que desconocían el tema. “Nosotros hacemos un filtro y también el Jurado Nacional de Elecciones lo hace. Si hubiera algún tipo de acusación preliminar, pues que se profundice. Esta señora será investigada por ética. Nosotros no pasamos por agua tibia este tipo de procesos”, indicó.

El candidato con la votación más alta a nivel nacional es Harvey Colchado, del partido Ahora Nación, quien alcanzó 135.559 votos en el distrito de Lima. En segundo lugar se ubica Norma Yarrow, de Renovación Popular, con 120.174 votos preferenciales.

En el tercer puesto se encuentra Indira Huilca, también de Ahora Nación, con un total de 88.323 votos en la capital. Le sigue Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, quien obtuvo 76.219 votos en Lima Metropolitana. Esto demuestra que el electorado limeño concentra las votaciones más altas del proceso electoral para la Cámara de Diputados.

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El quinto lugar lo ocupa José Isidro Baella, de Renovación Popular, quien sumó 72.904 votos. También destaca Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, quien logró 63.528 votos en Cajamarca. Su presencia en esta lista resalta porque es la única candidata de una región distinta de la capital entre los primeros puestos.

En la séptima posición se encuentra Roxana Rocha, de Renovación Popular, con 51.328 votos. Muy cerca, en el octavo lugar, aparece Oscar Reto Otero, representante del Partido del Buen Gobierno, con 51.024 votos. Estos candidatos superaron la barrera de los 50.000 votos y aseguran una posición dentro de sus respectivas bancadas.

La lista se cierra con dos candidatos más de Renovación Popular en Lima: Javier Cipriani Thorne, con 38.208 votos, y Gustavo Segura Figueroa, con 37.707. Con estos resultados, Renovación Popular tiene a cinco de sus integrantes entre los 10 más votados del país.

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Los 10 candidatos más votados al 91.782% de actas contabilizadas:

En dicha lista figuran profesionales vinculados al derecho, la ingeniería, la economía y la gestión pública. Predominan los abogados con estudios de posgrado en derecho constitucional, penal económico y gobernabilidad. También aparecen ingenieros industriales, especialistas en sistemas, economistas y profesionales con experiencia en administración estatal y modernización pública. Algunos ya participaron antes en procesos similares.

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Entre los nombres incluidos figuran postulantes que ya participaron en concursos anteriores convocados por la JNJ. David César Espinoza Acosta, Teresa Giovanna Durand Silva, José Alfredo Pérez Duharte e Yvan Mao Vera Velarde postularon, en 2020, a la jefatura de la ONPE. Además, Augusto Ernesto Bernuy Alva, Carlos Martín Loyola Escajadillo y Jorge Félix Balarezo Rengifo intentaron acceder antes a la dirección del Reniec.

El cronograma aprobado por la JNJ establece que los postulantes deberán pasar por una evaluación curricular, una prueba de conocimientos y entrevistas personales. Además, el proceso incorpora mecanismos de control de confianza y revisión de antecedentes. La votación final para elegir al nuevo jefe de la ONPE está prevista para inicios de julio.

La elección del nuevo representante de la ONPE ocurre después de las críticas por las fallas logísticas registradas durante las Elecciones Generales 2026 y tras la salida de Piero Corvetto. El organismo electoral recibió cuestionamientos de diversos sectores políticos por retrasos y problemas operativos durante la jornada electoral del 12 de abril.

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¿Quiénes son los 21 postulantes que buscan dirigir la ONPE?

La relación provisional de la Junta Nacional de Justicia incluye abogados, ingenieros, economistas y especialistas en gestión pública que competirán por la jefatura de la ONPE. Estos son los candidatos inscritos en el concurso:

• David César Espinoza Acosta, ingeniero industrial.
• Teresa Giovanna Durand Silva, abogada.
• Augusto Ernesto Bernuy Alva, ingeniero de sistemas.
• Manuel Isidro Vásquez Flores, abogado.
• Amparo Ortega Campana, ingeniera de sistemas.
• Eric Franklin Paz Meléndez, abogado.
• Ernesto Antonio Aranda Vergara, ingeniero electrónico.
• Willy Ramírez Chavarry, abogado.
• José Francisco Gálvez Montero, abogado.
• José Alfredo Pérez Duharte, abogado.
• Arturo Luigi Ferrari Carrasco, abogado.
• Eber Humberto Cabañas López, abogado.
• Hialmer Saturnino Ordinola Calle, ingeniero industrial.
• Carlos Martín Loyola Escajadillo, ingeniero industrial.
• Jorge Félix Balarezo Rengifo, abogado.
• Daniel Alberto Juárez Fernández, abogado.
• Raúl Edmundo Caro Tumba, economista.
• Yvan Mao Vera Velarde, abogado.
• José Luis Contreras Zapata, ingeniero en Estadística e Informática.
• Boris Apagüeño Aspajo, economista.
• Marco William Ydrogo Bustamante, educador.

Pero las imágenes de “Miki” Torres en compañía de familias de escasos recursos en los alrededores de Lima contrastan con sus actividades privadas. Como un viaje a Viena, Austria, financiado con fondos públicos para asistir a “encuentros espirituales”, reportados falsamente por Fuerza Popular como “capacitaciones”.

Un informe de fiscalización suscrito por el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, señala que el viaje emprendido por “Miki” Torres Morales a Viena no califica como una actividad de formación política. Por lo tanto, el partido fujimorista, al usar el financiamiento público directo para pagar el periplo europeo del candidato Torres, infringió los objetivos de la Ley de Organizaciones Políticas.

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“Usted no califica, señor”

Lo sucedido con “Miky” Torres Morales, candidato a la primera vicepresidencia y senador virtualmente electo, es muy similar al caso de Keiko Fujimori, quien presentó como “actividades académicas y de capacitación” visitas protocolares a centros de enseñanza y paseos guiados por empresas tecnológicas en California.

Fuerza Popular justificó el desembolso de S/15.072 para la cobertura del viaje de “Miki” Torres a Viena para asistir al programa denominado “The Leaders Fellowship” (Beca para Líderes), dirigido “a políticos que comparten una fe común en Cristo y que están dispuestos y son capaces de unir esfuerzos para abordar los problemas actuales apremiantes que nos rodean”.

A primera vista, no parecía tratarse de una actividad de formación, sino más bien de un retiro de personas católicas relacionadas con la política en sus respectivos países.

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“Esto no es capacitación”

“Este encuentro discreto ofrecerá los elementos combinados de un retiro espiritual -dirigido entre otros por el cardenal Christoph Schonborn-, camaradería y educación. Planeamos ofrecer dos reuniones por año y cuando sea necesario surge en un lugar aislado e inspirador”, señala la invitación que recibió “Miki” Torres y que Fuerza Popular presentó a la ONPE.

Pero lo que llamó la atención de los fiscalizadores de la ONPE es que no solo los temas abordados no están vinculados con actividades de formación política, sino que también comprendió paseos turísticos.

“Se observa que de forma predominante se realizaron paseos a viñedos, cata de vinos, misas, reflexiones y sesiones matutinas con los temas ‘Salud Pública Internacional: Superar la captura’, ‘Persecución de los cristianos que se está intensificando en todo el mundo: ¿Qué se puede hacer hoy?’, ‘¿Qué es la responsabilidad política?’. Resulta manifiesto que este tipo de actividades no capacitan”, concluyeron los fiscalizadores de la ONPE.

Por estas consideraciones, los gastos personales que “Miki” Torres pretendió presentar como “capacitaciones” fueron desestimados por la ONPE.

“En atención a los fundamentos expuestos, resulta evidente y acreditado que el gasto efectuado por (Fuerza Popular) en la actividad denominada ‘The Leaders Fellowship’ no se subsume en los gastos permitidos según la normativa especial de la materia. Por tanto, esta acción sí forma parte de la conducta infractora de naturaleza continuada”, precisó el reporte de la ONPE.

Torres no se ha pronunciado respecto al reporte de la ONPE.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

"Esta decisión, profundamente difícil en el plano personal y profesional, no responde a incapacidad moral ni a compromisos políticos de ningún tipo. Responde a la hostilidad sistemática, el acoso mediático y la discriminación por origen que he enfrentado estos días", escribió.

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En esa misma línea, Gonzáles Cabanillas alertó sobre la presencia reiterada de medios de comunicación en su domicilio y afirmó que dichas acciones han vulnerado su tranquilidad personal y familiar.

La letrada aseguró que su trayectoria en el sector público no fue “regalada, ni heredada”. Mencionó que inició su etapa profesional como secigrista en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y que su carrera fue “construida a lo largo de los años en diversas instituciones públicas”.

“Soy una mujer orgullosamente chotana, hija de profesores, abogada y servidora pública de carrera. (Mi carrera) Ha sido consecuencia de mi esfuerzo, rigor técnico y vocación de servicio. Nací lejos de Lima y eso no me hace menor; ese origen es fuente de orgullo, no de vergüenza.”, dijo.

Abogada rechaza discriminación en su contra

Por otro lado, Gonzáles Cabanillas reconoció el control ciudadano a los funcionarios que ejercen un cargo en el Estado; sin embargo, rechazó que ese tipo de control no puede "traducirse en hostigamiento personal, afectación familiar o discriminación".

"Rechazo categóricamente que mi lugar de nacimiento o las opiniones de mis familiares sean utilizados para cuestionar mi idoneidad profesional. La discriminación por origen no es una opinión legítima, es un anacronismo que no merece mayor debate y un prejuicio que en el Perú, que queremos todos, se debe desterrar", expresó.

"Agradezco la oportunidad depositada en mi persona para integrar la Comisión de Gracias Presidenciales, a la cual renuncio de manera irrevocable por los motivos antes expuestos y con la tranquilidad de haber ejercido mis funciones con integridad, independencia de criterio y respeto al Estado de derecho", agregó.

Desde Morropón, Piura, Fujimori se juntó con un grupo de artesanos que le expusieron sus necesidades y le hicieron pedidos en caso de que llegue a la Presidencia. Anteriormente, estuvo en Tambo Grande, localidad en la que se reunió con agricultores y productores de frutas.

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Durante su intervención, la lideresa fujimorista intentó deslindar de los últimos presidentes, a los que calificó como "candidatos mentirosos", y afirmó que "en los últimos 25 años ha gobernado el antifujimorismo". Esta última declaración la dio a pesar de que su partido consiguió más de 70 congresistas en 2016 y contó con más de 20 parlamentarios en 2021. En ese periodo, Fuerza Popular apoyó las denominadas leyes que prescriben delitos de lesa humanidad, la Ley de Amnistía y otras normas que dificultan, según expertos, la lucha contra la delincuencia.

"Durante muchos años hemos pasado a escuchar a tantos candidatos mentirosos que luego se convertían en presidentes y les daba amnesia, se olvidaban de sus promesas, se olvidaban de su pueblo y miren dónde están. Yo no he sido presidenta todavía; durante los últimos años ha gobernado el antifujimorismo, ¿y qué han hecho en estos años?", dijo.

Precisamente, en el departamento del norte, la candidata naranja ganó con 28,018% (245.377 votos), seguida por Sánchez con 11,407% (99.901 votos). El equipo de prensa fujimorista indicó que Keiko estará en el norte hasta el fin de semana, cuando retorne a Lima.

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Respecto a Roberto Sánchez, su prensa aseguró que no cuenta con ninguna actividad programada para los próximos días. En sus últimas declaraciones a la prensa, el candidato de JP se refirió a la investigación que la Fiscalía sigue en su contra por una presunta falsa declaración ante la ONPE sobre los aportes en campaña.

Sánchez aseguró que acude a todas las citaciones que le hace el Poder Judicial y que estará presente el 27 en la audiencia que podría enviarlo a juicio oral.

"Lo que continúa es el delito supuesto de falsa declaración. Yo he rechazado eso y, como corresponde, es una investigación de 5 o 6 años. ¿Y qué he hecho? Ir a todas las diligencias que corresponden, no tengo por qué correrme, siempre doy la cara y siempre he ido. El control de acusación se está retomando y yo esperaré a apelar a todo lo que procede para decir que eso no corresponde", mencionó.

Por otro lado, defendió la candidatura y militancia de Jhuliana Carbonel, quien fue detenida el pasado 12 de mayo en un operativo en La Victoria. “Como es una investigación que recién empieza, ningún sistema y filtro ha referido sobre esos hechos. Nosotros no podemos decir: la expulsamos porque no nos representa. La militante ha cumplido con todas las exigencias de la ley para ser candidata y no tiene ningún impedimento. Si ahora hay una investigación, pues que se investigue”, dijo.

Conteo de la ONPE

Con el 99,947% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los candidatos que, hasta el momento, asegurarían su pase a la segunda vuelta son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En el primer lugar figura Fujimori con 17,178% de los votos válidos (2.876.058 votos), seguida por Sánchez con 12,024% (2.013.041 votos). En tercer lugar aparece Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,908% (1.993.664 votos).

Hasta el cierre de este reporte, la diferencia entre el candidato de Juntos por el Perú y López Aliaga es de 19.377 votos. Sin embargo, aún quedan 49 actas por procesar. Considerando que cada acta puede registrar como máximo 300 votos, el total de votos pendientes asciende a 14.700.

Bajo ese escenario, matemáticamente, los votos restantes no serían suficientes para que el exalcalde de Lima supere a Sánchez y acceda a la segunda vuelta.

Esas 49 actas se ubican en diferentes departamentos: Piura (33), Cajamarca (8), Apurímac (4), Madre de Dios (3) e Ica (1). En 3 de esas regiones gana Sánchez por amplia mayoría, mientras que en las otras dos ganó Fujimori. López Aliaga no aparece dentro de los tres primeros lugares en esos conteos.

Es más, en Lima, donde gana López Aliaga, el conteo de votos ya culminó. En tanto, Fujimori, al ser consultada sobre si podría saludar a Sánchez, quien sería su contrincante en segunda vuelta, indicó que esperará hasta el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones.

Situación en regiones

Al cierre del conteo en regiones, Roberto Sánchez se perfila como favorito en varias regiones del Perú. Lidera con más del 40 % de apoyo en Cajamarca, Apurímac y Huancavelica. También registra un fuerte respaldo en Amazonas y Ayacucho, donde supera el 30 % y mantiene posibilidades de crecer en una eventual segunda vuelta.

En Huánuco y Puno alcanza cerca del 20 % de intención de voto. Mientras tanto, en Cusco y Moquegua conserva una ventaja más ajustada frente a Ricardo Belmont y Alfonso López Chau, quienes concentran parte del apoyo electoral en el sur del país.

Por otro lado, Keiko Fujimori mantiene una presencia limitada en el centro y sur del país. En regiones como San Martín y Pasco disputa estrechamente las preferencias con Roberto Sánchez, mientras que en gran parte del sur cae hasta el quinto lugar.

El principal bastión del fujimorismo está en el norte del país. En Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash supera el 20 % de respaldo, y en Loreto y Ucayali sobrepasa el 25 %, según reporte de la ONPE

La medida también alcanza a otras siete personas: Braulio Grajeda Bellido, Eddy Misari Conde, Rogelio Huamani Carbajal, Edgar Aranda Huincho, Carlos Pimentel Silva, Percy Rivera Ladera y Mercedes Carrión Romero. Con esta decisión, la Fiscalía podrá indagar a la exmandataria por un periodo de 36 meses.

En este caso, en octubre del año pasado, el juez Fernando Valdez Pimentel rechazó el pedido de la Fiscalía para dictar impedimento de salida del país contra la expresidenta. La decisión se basó en que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos por la ley.

El magistrado señaló que no existía peligro de fuga por parte de Boluarte y destacó que la exmandataria había mostrado un comportamiento adecuado durante el proceso judicial. Durante esa audiencia, el juez afirmó que no existen elementos sólidos que respalden la tesis de lavado de dinero planteada en este caso. Según Valdez, los aportes observados por la Fiscalía corresponden a montos 'mínimos', de entre S/100 y S/150, por lo que consideró inviable sostener la existencia de una organización criminal destinada a lavar solo S/15.000. Bajo esa premisa, descartó que haya un esquema financiero ilícito que amerite imponer una medida restrictiva.

Asimismo, en febrero de este año, el Poder Judicial rechazó en segunda instancia la apelación presentada por la Fiscalía para insistir con el impedimento de salida del país, en el marco de las investigaciones del caso Cirugías.

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El caso

La Fiscalía investiga a Boluarte por presuntamente haber promovido la creación de una cuenta mancomunada a nombre de Perú Libre, con el objetivo de recaudar aportes de los militantes del partido para cubrir la reparación civil impuesta al prófugo líder de la agrupación, Vladimir Cerrón.

“Son las decisiones de la Comisión Permanente. Se ha aprobado su informe final por mayoría de votos. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo mismo en la Comisión Permanente he votado en abstención, que el informe de calificación fue declarar procedente la investigación porque teníamos indicios de las posibles comisiones de delitos y que eso debería conllevar al levantamiento del antejuicio”, señaló.

El argumento principal para desestimar los cargos se basó en la falta de evidencias. Al respecto, el texto del informe concluye que “ante la ausencia de evidencia concreta y verificable no puede afirmarse que las conductas atribuidas configuren vulneración a los preceptos constitucionales señalados”.

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“En consecuencia, al no haberse acreditado pruebas que demuestren la comisión de los supuestos delitos de concusión ni infracción de los deberes constitucionales por parte de la congresista Ugarte, se recomienda el archivamiento definitivo de las denuncias constitucionales 362 y 464 acumuladas”, agrega el informe.

La congresista Gladys Echaíz también expresó su rechazo al cierre del caso y solicitó que se votara una cuestión previa para que las denuncias regresaran a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque existen pruebas iniciales para una investigación. Sin embargo, su pedido fue rechazado con 6 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.

“Nosotros no somos jueces ni fiscales para archivar definitivamente cuando existen indicios iniciales para abrir una investigación preliminar”, señaló la legisladora.

En la misma sesión, el Congreso otorgó quince días de plazo para avanzar en otras investigaciones similares. Entre ellas destaca el caso de la congresista Magaly Ruiz, también señalada por presuntos cobros ilegales a sus trabajadores, y la denuncia contra Dina Boluarte por el nombramiento supuestamente irregular de la presidencia de EsSalud.

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El caso

En abril de 2023, una investigación de ‘Cuarto Poder’ expuso que la congresista Katy Ugarte presuntamente solicitaba aportes a su equipo de trabajo en Cusco con el fin de mejorar su imagen pública. Según las denuncias, los empleados realizaban pagos de entre 200 y 400 soles a Wilber Felices Villafuerte, una persona de confianza de la legisladora. Sin embargo, Ugarte rechazó las acusaciones durante las diligencias en la Comisión de Ética.

A estas denuncias se sumó un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el cual detectó transferencias a la parlamentaria que superan los 35.000 soles provenientes de asesores del Congreso.

En el pronunciamiento, los especialistas sostuvieron que permitir operaciones industriales dentro de espacios protegidos reduce la efectividad real de la conservación. Además, alertaron que estas actividades afectan ecosistemas vulnerables y alteran procesos biológicos clave para diversas especies marinas. Entre ellos mencionaron la reproducción, la alimentación y la migración de peces y otras especies que habitan en reservas como Paracas, la Dorsal de Nasca y el Mar Tropical de Grau.

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Los firmantes también remarcaron que la medida tiene un impacto económico y social de largo plazo. Según explicaron, las áreas protegidas ayudan a recuperar recursos hidrobiológicos y benefician especialmente a la pesca artesanal. Añadieron que diversos estudios científicos muestran que las zonas con menor presión industrial registran mayor biomasa y poblaciones más resistentes frente a fenómenos climáticos extremos como El Niño.

El documento también cuestionó las contradicciones del Estado peruano en materia ambiental. Los científicos recordaron que el Perú mantiene compromisos internacionales para proteger ecosistemas marinos y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, consideraron que permitir pesca industrial dentro de áreas destinadas a la conservación debilita la credibilidad institucional y afecta la confianza ciudadana en el sistema de áreas naturales protegidas.

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¿De qué se trata el proyecto de ley que protege las áreas marinas de la pesca industrial?

El proyecto de ley propone incorporar el artículo 27-A a la Ley de Áreas Naturales Protegidas. La modificación establece la prohibición expresa de la pesca industrial o de mayor escala dentro de todas las áreas naturales protegidas marinas y marino-costeras del Perú, sin importar su categoría o zonificación. El objetivo es cerrar vacíos legales que actualmente permiten disputas judiciales y cuestionamientos sobre estas actividades.

La iniciativa reúne los proyectos de ley 5666/2023-CR, 6668/2023-CR y 7157/2023-CR. El dictamen recibió respaldo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso. Sin embargo, sectores vinculados a Fuerza Popular y parlamentarios cercanos a la industria pesquera cuestionaron la propuesta y plantearon archivar el texto sustitutorio. La discusión ganó atención pública después del fallo de la Corte Suprema que excluyó de manera definitiva la pesca industrial dentro de la Reserva Nacional de Paracas.

Diversas organizaciones ambientales respaldaron la propuesta legislativa. Estas organizaciones señalaron que la pesca de gran escala afecta la biodiversidad y perjudica a miles de familias que dependen de la actividad artesanal en las zonas costeras. También alertaron sobre el Decreto Supremo 006-2025-PRODUCE, norma que eliminó sanciones vinculadas a la pesca industrial en áreas protegidas.

La disposición también comprendió a otros investigados que habían sido señalados por presuntas coordinaciones con congresistas y funcionarios públicos. El documento revisó chats, declaraciones, designaciones internas y actuaciones fiscales relacionadas con la gestión de Benavides al frente del Ministerio Público.

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Entre las personas incluidas en el archivamiento figuran las congresistas Martha Moyano y Patricia Chirinos. Ambas fueron mencionadas en la investigación por supuestas coordinaciones políticas vinculadas a denuncias constitucionales y decisiones fiscales de alto impacto. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que esos elementos no permitían sostener la existencia de una organización criminal.

La decisión también alcanzó a Marco Huamán, Elmer Ríos, Marena Mendoza y Miguel Vegas Vaccaro, quienes fueron señalados durante las diligencias como presuntos integrantes de una red de coordinación dentro del Ministerio Público. Algunos ocuparon cargos de asesoría y otros mantenían cercanía con decisiones adoptadas durante la gestión de Benavides.

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Fiscalía descartó que existiera una estructura criminal permanente

La disposición fiscal concluyó que los actos investigados no permitían probar la existencia de una organización criminal con permanencia, jerarquía y reparto de funciones. Según el documento, la hipótesis presentada por la Fiscalía durante las primeras diligencias no logró sostenerse con los elementos obtenidos en la investigación preliminar.

Precisó que las reuniones, conversaciones y coordinaciones detectadas entre algunos investigados no bastaban para configurar el delito imputado. La Fiscalía evaluó si existieron acuerdos ilícitos para influir en decisiones fiscales, pero finalmente determinó que no había evidencia suficiente para afirmar que operaba una red criminal organizada desde la cúpula del Ministerio Público.

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Dentro de la investigación se revisaron actuaciones relacionadas con denuncias constitucionales presentadas en el Congreso y decisiones adoptadas por la Fiscalía de la Nación. La tesis fiscal apuntaba a que ciertos actores políticos habrían coordinado con el entorno de Benavides para obtener beneficios o afectar investigaciones fiscales contra determinadas autoridades.

La disposición también analizó las declaraciones de colaboradores eficaces que mencionaron presuntas coordinaciones entre asesores, congresistas y funcionarios fiscales. Sin embargo, concluyó que varios de esos testimonios no contaban con suficiente corroboración periférica para sostener la acusación por organización criminal.

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Investigación revisó chats, nombramientos y presuntas coordinaciones políticas

El documento fiscal detalló que una de las líneas de investigación estuvo relacionada con supuestas negociaciones políticas para impulsar denuncias constitucionales contra fiscales supremos y miembros de organismos autónomos. Entre los nombres evaluados apareció el ahora presidente José María Balcázar, además de legisladores que mantenían comunicación frecuente con el entorno de Benavides.

La Fiscalía revisó conversaciones y coordinaciones atribuidas a asesores y operadores cercanos a la exfiscal de la Nación. Parte de las diligencias se concentró en determinar si desde el Ministerio Público se ofrecían beneficios políticos o decisiones fiscales a cambio de respaldo en el Congreso.

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Otro de los puntos analizados fueron los cambios y designaciones internas dentro de la institución. La investigación evaluó si algunos nombramientos respondían a una estrategia de control interno para beneficiar determinados intereses. Pese a ello, la disposición señala que no se acreditó un esquema criminal organizado ni una estructura con funciones claramente definidas.

La resolución fiscal remarca que el archivamiento corresponde únicamente al delito de organización criminal. Eso significa que otras investigaciones relacionadas con la gestión de Patricia Benavides todavía pueden continuar en distintas fiscalías o instancias judiciales, dependiendo de los hechos evaluados en cada expediente.

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¿De qué se trata el caso Valkiria?

El caso Valkiria es una investigación fiscal que se abrió tras las declaraciones de asesores y colaboradores eficaces que señalaron presuntas coordinaciones irregulares dentro del Ministerio Público durante la gestión de Patricia Benavides. La hipótesis inicial apuntaba a una red que habría buscado influir en decisiones fiscales y obtener apoyo político en el Congreso.

Según la tesis fiscal, el grupo habría intervenido en denuncias constitucionales, cambios internos dentro del Ministerio Público y actuaciones relacionadas con fiscales supremos. La investigación también evaluó presuntas coordinaciones para remover o afectar a autoridades incómodas para determinados sectores políticos.

El caso incluyó allanamientos, revisión de celulares, análisis de chats y toma de declaraciones a funcionarios y congresistas. Las diligencias estuvieron a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Con la Disposición N.° 88, la Fiscalía archivó el extremo relacionado con organización criminal para varios de los investigados incluidos en la carpeta fiscal.

'Eso está pendiente. Depende de que presente la solicitud correspondiente', respondió Balcázar al ser consultado sobre el tema.

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Las declaraciones del mandatario van en línea con lo señalado previamente por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. En declaraciones a la prensa, Arroyo aseguró que dicha posibilidad nunca estuvo contemplada en la agenda del Ejecutivo.

'Quiero, como presidente del Consejo de Ministros, dar algunas precisiones: este proceso de indulto en el gobierno de nuestro presidente nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda', afirmó.

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Walter Ayala, abogado de Castillo, informó que volverá a presentar una solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, luego de que la Comisión de Gracias Presidenciales declarara inadmisible el pedido ingresado en febrero de este año. La defensa del exmandatario señaló que replanteará el recurso y lo sustentará con nuevos argumentos.

Balcázar además se pronunció sobre la toma de San Marcos

El presidente también se refirió en Iquitos a la toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizada por estudiantes de dicha casa de estudios durante el aniversario de la institución y en protesta contra las normas impulsadas desde el Congreso que permitirían la reelección de la rectora Jeri Ramón. Balcázar sostuvo que la manifestación refleja una demanda de cambio por parte de los jóvenes.

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'Si nos toca la mala suerte de un presidente sin sentido de gobernar, no lo podemos cambiar. ¿Qué democracia es esa? La nueva juventud nos ha puesto sobre aviso de que quiere un cambio. No hemos tenido hasta hoy un presidente que tenga visión de gobierno. Todo son peleas agudas y odios encontrados. No quiero eso, quiero el diálogo entre la gente', expresó.

Además, durante una minuciosa inspección, encontraron cámaras de videovigilancia inoperativas, deficiente iluminación y daños parciales en la infraestructura.

Así, el estado del campo de juego quedó bajo la lupa. Estas irregularidades del terreno dieron que hablar y hasta obligaron al cierre temporal del primer escenario deportivo del país. ¿A qué se debieron?

Ya se conoce el problema ocurrido durante los últimos eventos. Tras los conciertos, el césped del José Díaz quedó destruido.

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La Contraloría General advirtió que ese deterioro dificultó su uso para las prácticas deportivas y alertó que la falta de mantenimiento de las estructuras metálicas del techo de las tribunas y de las cámaras de videovigilancia podría poner en riesgo a los visitantes y al personal que labora en el recinto deportivo.

De acuerdo con el informe de control, la falta de mantenimiento y la continua realización de eventos no deportivos con presencia masiva de público no solo contribuyeron al alto grado de deterioro del campo deportivo, sino que impidieron adoptar medidas destinadas a su óptima recuperación al no permitir que se completen los procedimientos técnicos para obtener un césped de calidad, con la resistencia y el crecimiento adecuados para realizar competencias deportivas profesionales e internacionales en condiciones idóneas, de acuerdo con la normativa de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Cabe precisar que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) cuenta con un presupuesto aprobado de S/700.000 para contratar el servicio de mantenimiento del césped natural del Estadio Nacional.

El 15 de abril pasado, los auditores constataron que cerca del 90% del área del campo deportivo carecía de césped y que la mala hierba era extraída manualmente, mientras que el 22 de abril se verificó que una empresa contratada por una promotora de eventos —y no por el IPD— había sembrado bloques de césped en el 35% del área de la cancha de fútbol utilizando un método de sembrado (tipo bermuda de 50 cm por 50 cm), el cual no está contemplado en la normativa de la CONMEBOL.

Teniendo en cuenta que, entre mayo y octubre de 2026, el IPD tiene programado realizar cinco eventos no deportivos (tres de ellos tienen contrato suscrito), es necesario que la entidad planifique la gestión del mantenimiento del césped de la cancha de fútbol a fin de no afectar el desarrollo de los eventos deportivos y evitar que la inversión en el mantenimiento sea infructuosa.

Durante el servicio de control también se advirtió el deterioro de la pista atlética de seis carriles de material sintético (instalada como parte de la reinauguración del Estadio Nacional en 2011) debido al desgaste propio del tiempo, así como a la acción física de diversos elementos, como servicios higiénicos portátiles, protectores plásticos de césped y estructuras para el uso de stands de venta para la realización de eventos no deportivos, lo cual afecta su uso para la práctica deportiva.

Cámaras de videovigilancia

La comisión de control constató en el centro de control que se encontraban inoperativas el 60% (28) de las 46 cámaras de videovigilancia instaladas en la infraestructura del Estadio Nacional para el control de las áreas de acceso al público, que deberían permitir la visualización del campo de fútbol, las tribunas, las rampas, los tijerales, los pasadizos y las escaleras, entre otros ambientes a los que accede el público durante la realización de los eventos deportivos y no deportivos, lo que genera una falsa sensación de seguridad en los asistentes y dificultaría la gestión de emergencias en situaciones críticas.

Además, esta situación podría afectar la recopilación de pruebas y evidencias ante cualquier incidente.

Adicionalmente, los equipos que se encuentran operativos y que fueron instalados en 2011 no permiten el reconocimiento facial ni están interconectados con el sistema de la Policía Nacional del Perú. Además, están desactualizados tecnológicamente porque el sistema no ha sido actualizado o reemplazado pese a los años transcurridos.

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A ello se suma la deficiente iluminación del campo de fútbol del Estadio Nacional debido a que el 40% (124) de las 308 luminarias instaladas en el techo de las tribunas está inoperativo, con mayor incidencia en los sectores oriente, sur, occidente y suroccidente.

Falta mantenimiento

Además, la comisión de control advirtió al IPD que la falta de mantenimiento de las estructuras metálicas del techo de las tribunas sur y occidente, que soportan además cargas provenientes de equipos de iluminación del campo deportivo, cámaras de videovigilancia, antenas de telecomunicaciones y sistemas de sonido, está generando signos de oxidación y corrosión progresiva, lo que afecta su capacidad máxima de carga y resistencia (comportamiento estructural), y podría poner en riesgo la integridad de los visitantes y del personal que opera en el recinto deportivo.

Finalmente, identificaron daños en la entrada principal del Estadio Nacional, la cual fue cerrada al público y cercada con vallas metálicas para prevenir accidentes luego de que una baldosa de gran tamaño se desprendiera desde una altura de tres metros.

Debido al riesgo de caída por nuevos desprendimientos, se ha cercado esta zona, lo que afecta la imagen del principal recinto deportivo del país.

La Contraloría General otorgó un plazo al titular del IPD para que adopte las medidas correctivas que permitan levantar las situaciones adversas a fin de asegurar el uso adecuado del Estadio Nacional.

La acusación fiscal, basada en pericias forenses, resultados de necropsia y registros audiovisuales, sostiene que Magallanes fue quien efectuó el disparo contra el rapero de 32 años.

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Semanas después del homicido de Ruiz Sanz. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, ratificó que el responsable fue Magallanes. Asimismo, indicó que el suboficial sería retirado de la institución policial. Luego de los sucesos, Magallanes fue internado en un hospital atentido por un politraumatismo.

Control de acusación se llevará a cabo a finales de julio

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La República, las partes involucradas —la defensa del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la de la familia de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz— fueron notificadas sobre la acusación fiscal.

El próximo 30 de julio se llevará a cabo una audiencia de control de acusación, etapa en la que el juez evaluará el requerimiento presentado por la Fiscalía antes de que el caso pase a juicio oral. Se prevé la participación de los abogados representantes de ambas partes.

La legisladora remarcó que su hermana “no es funcionaria pública ni ha trabajado para el Estado”. Por ello, calificó como “irresponsable” cualquier intento de relacionarla con presuntas irregularidades. Paredes también señaló que terceras personas habrían utilizado sus nombres “sin autorización para aparentar vínculos o influencias inexistentes”.

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La integrante de la bancada de Podemos Perú indicó que se pondrá “plenamente a disposición de las autoridades competentes” y que brindará toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos que forman parte de la investigación. En esa línea, reiteró su compromiso con “la verdad, la transparencia y el respeto irrestricto al debido proceso”.

Además, Francis Paredes defendió las relaciones que mantuvo con diversas personas e instituciones desde el inicio de su gestión parlamentaria. Según señaló, estos contactos ocurrieron dentro de su labor como congresista y “sin que ello implique vínculos indebidos ni beneficio económico alguno”. Finalmente, pidió a las autoridades actuar “con celeridad y objetividad”, al considerar que la denuncia pública afecta directamente a sus padres y a su menor hija.

De acuerdo con la Fiscalía, la organización criminal habría comenzado a operar durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo mediante la ocupación de cargos en entidades estatales de Ucayali. Además de ser investigados por el delito de organización criminal, los implicados también serían responsables de delitos de corrupción relacionados con sobornos y tráfico de influencias.

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Según las pesquisas fiscales, Paredes habría tenido un rol determinante dentro de esta presunta red criminal. La Fiscalía sostiene que la congresista sería la lideresa de la organización y que, dentro de este entorno, era conocida con el apelativo de 'Profesora'. Asimismo, habría sido la encargada de captar y designar a personas de confianza en las instituciones involucradas.

Entre las contrataciones bajo investigación figuran servicios valorizados en aproximadamente S/6’189,600 y S/10’669,648, además de contrataciones integrales por vuelos chárter y boletos aéreos cercanas a S/20 millones, operaciones que habrían ocasionado un presunto perjuicio económico al Estado.

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Hermana de Francis Paredes estaría involucrada

El organigrama de la presunta organización criminal elaborado por la Fiscalía, al que tuvo acceso La República, detalla que Paredes habría contado con cinco operadores para ejecutar estos presuntos delitos. Una de ellas sería su hermana, Rosa Paredes Castro, quien habría estado a cargo de captar personas de confianza.

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Durante los operativos fiscales, la vivienda de la hermana de la legisladora, ubicada en el Cercado de Lima, fue una de las allanadas.

Asimismo, también fueron allanadas las viviendas de Sandra Marleny Anticona Lara, ubicada en Jesús María, y la de Percy Enrique Tena Aguilar, ambos representantes de empresas presuntamente favorecidas por las operaciones de la red criminal.

Francis Paredes se pronuncia

A través de un comunicado, la congresista de Podemos Perú negó estar involucrada en los hechos que vienen siendo investigados por el Ministerio Público.

“Rechazo categóricamente cualquier imputación o señalamiento en mi contra o en contra de mi hermana. Mi hermana no es funcionaria pública ni ha trabajado para el Estado. (…)”, señala el comunicado difundido por la congresista.

“Me pongo plenamente a disposición de las autoridades competentes y brindaré toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Desde el inicio de mi gestión parlamentaria he mantenido relación con diversas personas e instituciones en el marco de mi labor como congresista, sin que ello implique vínculos indebidos ni beneficio económico alguno”, continúa el pronunciamiento.

"Esa investigación empezó en el año 2018. Se me acusó de haberme apropiado de los fondos del partido. El Poder Judicial después de cinco o seis años lo ha archivado. El fraude como delito en mi caso ha sido archivado. He demostrado mi actuación legal", indicó.

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Sánchez negó que se encuentre próximo a un juicio oral: "Es una audiencia más en control de acusación. Rechazo irregularidades o ilegalidades. Yo acudo a todas las diligencias porque soy el más interesado en que se sepa la verdad", apuntó.

El candidato de Juntos por el Perú calificó estas acusaciones como parte de una ‘guerra sucia’ en su contra: “Lo que estamos viendo no es justicia: es guerra sucia. Cada vez que una candidatura popular crece, aparecen ataques coordinados, titulares tendenciosos y operaciones políticas impulsadas por quienes tienen miedo de perder privilegios. La vieja derecha sabe que cuando el pueblo despierta, sus campañas de miedo ya no funcionan como antes”, dijo en sus redes sociales.

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La investigación contra Roberto Sánchez

El Ministerio Público investiga al congresista por presuntamente haber entregado datos falsos a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE cuando ejercía como representante de Juntos por el Perú. La pesquisa fiscal se centra en los reportes vinculados a los aportes de campaña de la agrupación política durante los procesos electorales de 2018 y 2020. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, parte de los fondos utilizados en actividades partidarias no habría sido registrada en las cuentas oficiales del partido y, además, Sánchez habría declarado que en la campaña de 2018 no se efectuaron gastos.

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La tesis fiscal también sostiene que S/204.951,36 habrían sido transferidos a la cuenta bancaria de William Sánchez Palomino, hermano del exaspirante presidencial y entonces presidente del Comité Nacional Electoral de la organización política. Según la investigación, una parte de ese dinero habría terminado igualmente en cuentas personales del propio parlamentario. Por ello, la Fiscalía le atribuye el presunto delito de falseamiento de información sobre aportaciones.

Por su parte, el abogado de Sánchez, Carlos García, indicó que su patrocinado ya había afrontado anteriormente una investigación por presunto fraude en la administración de personas jurídicas, la cual fue archivada. El letrado afirmó que las imputaciones actuales derivan de un mismo hecho relacionado con la presentación de informes financieros. Además, explicó que la diferencia en la tipificación responde a que en 2020 se consideró como falsa declaración, mientras que para 2021 se aplicó el delito de falseamiento de información sobre aportes, incorporado recién ese año.

El Ministerio Público también solicitó que Sánchez sea inhabilitado definitivamente para ejercer el cargo de presidente de JP.

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El caso

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María sostiene que el congresista, en su condición de apoderado o representante de Juntos por el Perú, habría presentado información falsa ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto de los aportes de campaña de la agrupación durante los procesos electorales de 2018 y 2020.

Según la investigación fiscal, parte de los recursos destinados a actividades partidarias no habría ingresado a las cuentas oficiales del partido. La hipótesis del Ministerio Público señala, además, que Roberto Sánchez habría declarado que durante la campaña electoral de 2018 no se realizaron gastos.

Sin embargo, de acuerdo con la tesis fiscal, S/204.951,36 fueron, presuntamente, depositados en la cuenta bancaria de William Sánchez Palomino, hermano del excandidato presidencial, quien en ese momento se desempeñaba como presidente del Comité Nacional Electoral de la agrupación. La investigación añade que una parte de esos recursos también habría terminado en cuentas personales del propio legislador.

Por estos hechos, la Fiscalía atribuye a Sánchez la presunta comisión del delito de falseamiento de información sobre aportaciones.

De otro lado, el Ministerio Público también lo acusa de haber consignado, presuntamente, información falsa en el informe financiero anual correspondiente a 2020 por un monto de S/27.400. Según la Fiscalía, Sánchez reportó que dicho aporte correspondía a una contribución en especie por el uso del local partidario durante ese año. No obstante, la ONPE remitió una carta al supuesto aportante, quien negó haber realizado dicho aporte en 2020.

La defensa de Sánchez

Según explicó el abogado del candidato, Carlos García, su defendido ya había sido investigado previamente por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas; sin embargo, ese caso fue archivado. Además, indicó que los dos cargos formulados contra Sánchez están vinculados a un mismo hecho: la entrega de informes financieros.

El letrado detalló que, en relación con el año 2020, la conducta fue tipificada como falsa declaración, mientras que en el caso de 2021 se consideró como falseamiento de información sobre aportes, debido a que este último delito recién fue incorporado en ese año. En ese sentido, García sostuvo que dichas imputaciones no corresponderían a su patrocinado, ya que los reportes financieros son preparados por el tesorero del partido, quien además era el encargado de presentarlos ante la ONPE.

Roberto Sánchez podría ir a juicio

El Poder Judicial fijó para el próximo 27 de mayo una audiencia virtual en la que se analizará el nuevo auto de enjuiciamiento contra Roberto Sánchez. Durante esa diligencia, el juzgado decidirá si el proceso pasa formalmente a la etapa de juicio oral. Por su parte, la Fiscalía busca que el caso ingrese a la fase final, en la que se discutirán las pruebas recopiladas a lo largo de la investigación.

La investigación se inició hace seis años, luego de observaciones detectadas en los informes financieros presentados por Juntos por el Perú ante la ONPE. De acuerdo con la tesis fiscal, la agrupación habría reportado aportes de campaña por S/0, pese a que sí se habrían registrado movimientos económicos vinculados a actividades proselitistas y mecanismos de recaudación de fondos.

Durante una entrevista con RPP, Arriola indicó que el resguardo policial solo le correspondía a Corvetto cuando lideraba la ONPE. Al ser consultado por la solicitud de garantías del exfuncionario ante la Prefectura, el miembro policial aseguró que no se le comunicó sobre el tema y que se consideró que Corvetto no requería protección luego de evaluarse el caso.

"No, dependiendo del riesgo y de la amenaza con la que se cuente y que esto a nivel del gobierno interior en las prefecturas y subprefecturas exigen un rigor también probatorio", explicó.

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Por otro lado, Arriola mencionó que el resguardo del presidente del JNE, Roberto Burneo, y el titular interino de la ONPE, Roberto Pachas, cuentan con una seguridad integral y con un 'énfasis particular por la coyuntura' de los comicios electorales.

En ese sentido, Arriola precisó que se investigaron los eventuales riesgos que correrían las autoridades electorales con la finalidad de tomar medidas preventivas. Además, el jefe policial señaló que se analizaron las amenazas de algunas personas que salen a declarar para hacer un seguimiento del caso.

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Candidatos presidenciales que no pasaron a segunda vuelta no tendrán resguardo policial

En tanto, Ariolla informó los candidatos presidenciales que no pasaron a segunda vuelta tampoco cuentan con medidas de seguridad policial. No obstante, el jefe de la PNP precisó que se tomaron medidas de precaución en caso de que ocurra algún acto contra otros postulantes.

Entre esos postulantes, se encuentran Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Jorge Nieto (Buen Gobierno) debido a que "están a la espera de la decisión de la proclamación" de resultados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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De acuerdo con la tesis fiscal, esta red habría comenzado a operar en 2023 dentro del área de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, donde presuntamente se coordinaban intervenciones para recuperar espacios públicos en zonas comerciales del Emporio Comercial de Gamarra. El objetivo era principalmente en los sectores Damero A y B, con el objetivo de liberar esos espacios, dividirlos y posteriormente volver a asignarlos a comerciantes ambulantes a cambio de dinero.

Según las indagaciones, los comerciantes que buscaban ocupar estos puestos informales debían desembolsar entre S/1.000 y S/5.000, además de realizar pagos semanales y aportes diarios que fluctuaban entre S/10 y S/20, según el tamaño del espacio utilizado. La Fiscalía calcula que esta presunta organización habría obtenido cerca de S/75 millones mediante este esquema ilícito.

En el caso del alcalde Rubén Cano, el Ministerio Público sostiene que habría facilitado el ingreso de determinadas personas al área de fiscalización del municipio en coordinación con funcionarios de su entorno de confianza. Sobre el burgomaestre, se rechazó la detención preliminar, pero se aprobó el allanamiento.

El fiscal adjunto provincial de Lima, Carlos Angelino Córdova, señaló que esta intervención corresponde a un operativo encabezado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú.

Candidata de Juntos por el Perú figura en la lista de detenidos

De acuerdo con el reporte de detenidos del Ministerio Público, en la lista se encuentra Jhuliana Carbonel Carbonel, quien fue candidata a diputada por el partido de Roberto Sánchez, Juntos por el Perú.

Según la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Carbonel Carbonel postuló al Congreso en representación de Lima Metropolitana. Sin embargo, no logró obtener una curul.

La ONPE informó a través del portal de resultados que, al 91,133% de actas contabilizadas, la candidata de Juntos por el Perú solo consiguió 482 votos.

Investigaciones apuntan a funcionarios de la municipalidad de La Victoria

Las indagaciones también involucran al gerente de Fiscalización, al subgerente de Fiscalización de Rentas y al responsable del Centro de Comunicaciones del municipio, quien habría estado encargado de recopilar y revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del distrito.

Al respecto, la Fiscalía alertó sobre la desaparición parcial de grabaciones de video luego de operativos policiales y denuncias presentadas por ciudadanos. Al revisar el centro de monitoreo municipal, se detectó que no existía el registro completo de determinados días y horarios en los que aparecían presuntos fiscalizadores vinculados al cobro de cupos.

De acuerdo con la tesis fiscal, la organización operaba bajo un esquema estructurado: primero se realizaban desalojos de vendedores ambulantes, luego se redistribuían los espacios recuperados y finalmente estos eran entregados nuevamente a comerciantes, quienes quedaban sujetos a pagos permanentes.

Funcionarios detenidos

Durante el operativo, la Policía intervino a funcionarios relacionados con el área de rentas y a personal encargado del centro de monitoreo de cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Victoria. Las primeras indagaciones habrían revelado presuntas anomalías en el sistema de videovigilancia, tras advertirse que parte del material registrado estaba incompleto.

Como resultado de las diligencias realizadas por el Ministerio Público y la PNP, un total de 14 trabajadores municipales fueron detenidos al detectarse un aparente desbalance patrimonial. Mientras continúan las pericias sobre la documentación y los equipos incautados para establecer posibles responsabilidades, entre los intervenidos figuran los exfiscalizadores Jhon Pajuelo (49), Óscar Carbonel (40), Anthony Quispe (29) y Wilson Mego.

Durante una entrevista con RPP, Arroyo reiteró la posición del Ejecutivo de no brindarle la gracia presidencial a Castillo. El premier explicó que una de las razones de esta negativa es porque el exjefe de Estado no cuenta con una sentencia firme por el delito de conspiración para rebelión.

En esa misma línea, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) afirmó que el Gobierno está al tanto de la situación de Castillo y que el mandatario tiene pleno conocimiento de ello. De igual forma, Arroyo recalcó que no se le otorgará el indulto al expresidente sentenciado.

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"Primero, quiero decirle que eso no existe para nada en este momento. En este Gobierno del presidente José María Balcázar nunca estuvo en agenda (el indulto) y, como lo dijo el ministro de Justicia: para que un indulto esté en agenda, definitivamente, tiene que tener una sentencia firme y no hay nada de eso. Sabemos cómo está la situación del expresidente Castillo", explicó.

"Consecuentemente, tampoco está en agenda. Eso es lo que podemos decir, eso sabe el señor presidente. Conversamos el último martes con el presidente sobre el tema y nos mantenemos en esas palabras que manifesté y lo reafirmo", añadió.

Anotó que en la nueva LOMP se rediseña la investigación del delito. “Hemos estado investigando a las personas, pero no a sus patrimonios. Por ello, debemos complementar la manera tradicional de investigación del delito con la recuperación de los activos generados a partir del delito. Es decir, una investigación patrimonial. Si logramos ello, esa será la manera disuasoria más efectiva contra la delincuencia”, subrayó Gálvez Villegas.

Policía se opone

El debate y la aprobación del proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público estaban previstos para realizarse este martes, 12 de mayo, en la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el congresista Arturo Alegría García, de la bancada de Fuerza Popular.
Sin embargo, pasó a cuarto intermedio para su revisión, luego de que surgieran voces discrepantes. Una de ellas fue la del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, a través de un comunicado.

A través de un comunicado público, el Ministerio del Interior expresó que el proyecto de Ley Orgánica del MP “resulta lesivo en la medida que pretende retirar a la PNP la facultad de realizar investigaciones preliminares”. Asimismo, dice, “se ha identificado que diversas disposiciones del referido proyecto buscan otorgar al Ministerio Público competencias en materia de investigación preliminar, prevención del delito, inteligencia y criminalística, funciones que de acuerdo con la Constitución y el marco legal vigente, corresponden de manera exclusiva a la PNP”.

“Advertimos que la creación de estructuras paralelas de investigación y ciencias forenses, así como la asignación de funciones preventivas al Ministerio Público generaría una duplicidad de gasto público”, subraya el comunicado.

Debate en el Congreso

Durante la sustentación del proyecto de ley, el congresista Wilson Soto (bancada AP) sostuvo la necesidad de actualizar una norma vigente desde hace más de cuatro décadas, por lo que resulta desfasada. La congresista Gladys Echaíz solicitó mayores precisiones sobre la facultad disciplinaria de la institución y otros aspectos del texto. Por ello, pidió que la propuesta sea evaluada con mayor detalle en nuevas sesiones.

En tanto, la congresista Ruth Luque cuestionó la propuesta de organización interna del Ministerio Público y el mecanismo de elección del fiscal de la Nación. Además, afirmó que la Junta de Fiscales le remitió un documento con 26 observaciones que, según señaló, no fueron incorporadas en el texto del predictamen. En ese sentido, pidió ampliar el debate sobre los más de 150 artículos que contiene la propuesta.

“La iniciativa representa una reforma necesaria y responsable para fortalecer el Ministerio Público frente a los desafíos actuales del país”, sostuvo la congresista Maricarmen Alva. Por su parte, el congresista Alfredo Azurín, de Somos Perú, planteó que la reforma también debía considerar un mayor fortalecimiento de la Policía Nacional. Sostuvo que la PNP viene reclamando desde hace cinco años mayores atribuciones. Así, el presidente de la comisión, Arturo Alegría, solicitó que el debate pase a cuarto intermedio para recoger los aportes de los legisladores y pidió a los integrantes del grupo de trabajo que remitan nuevas propuestas de modificación al texto.

Aniversario del Ministerio Público

El Ministerio Público realizó este martes una ceremonia por el 45.° aniversario de creación de la institución, en 1981. De esa misma época data la Ley Orgánica que se quiere actualizar en el Congreso. En su discurso, el fiscal Tomás Gálvez enfatizó las bondades de la nueva Ley Orgánica y los cambios para el desarrollo del trabajo fiscal que introduciría la nueva norma.

Otro tema que busca normar es la elección del nuevo fiscal de la Nación de manera imprevista, fuera de las rotaciones normales de la institución, al establecer un plazo entre el momento del cese y la elección por parte de la Junta de Fiscales Supremos. También se establece el voto dirimente del fiscal de la Nación cuando en la Junta de Fiscales Supremos se produzcan varias votaciones con empates sucesivos que traben la decisión.

“Yo soy inocente y confío en Dios, y que en la (Corte) Suprema esta situación se va a revertir. Si alguien está sumamente interesado en que todo esto se resuelva, señor magistrado, soy yo. No es un tema de solamente la sentencia a favor o en contra; es un tema de mi honor. Como político que he sido durante 30 años, siempre he dado la cara y ese va a ser mi compromiso”, declaró Bermejo y resaltó que el Poder Judicial reconoció en su sentencia que le dieron una pena baja por participar en las audiencias del juicio.

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En esa misma línea, el exparlamentario contó que, cuando se enteró del inicio del juicio, se encontraba en calidad de refugiado y protegido por las Naciones Unidas. En ese contexto, narró, decidió volver al Perú en coordinación con el consulado peruano y la PNP, a pesar de que la ONU le "rogó" que no retornara al país.

"Yo no sé cuántos casos conocen ustedes donde una persona acusada de delitos como estos retorne al país para sufrir la cacería como sufrí yo durante 4 meses y medio solamente por el hecho de querer resolver esta situación del juicio que me tenía dejado en mi patria", expresó.

Por otro lado, Bermejo aseguró que sufrió tortura psicológica y física y que, por esa razón, le otorgaron refugio en la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas.

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Guillermo Bermejo califica como "ejemplar" su actuación en el juicio

En otro momento de su intervención, Bermejo consideró que su actuación en el juicio oral fue "ejemplar" y que su compromiso con la justicia "es evidente". Sustentó que, mientras ejercía como congresista, no utilizó su poder para evadir la justicia.

En tanto, Bermejo mencionó que el día de la lectura de sentencia en su contra, acudió a la sede del Poder Judicial "puntual" y no pidió reprogramar la sesión. Según indicó, cuando se trata de una lectura de sentencia, se tiene como "costumbre" que sea una sentencia condenatoria.

"Les pido esta oportunidad a ustedes para poder resarcir, que la justicia pueda resarcir esto que yo considero injusto. Que Dios los bendiga a todos esta mañana. Muchas gracias", agregó.

Al ser consultado, en entrevista con Canal N, aseguró que desconocían el tema. “Nosotros hacemos un filtro y también el Jurado Nacional de Elecciones lo hace. Si hubiera algún tipo de acusación preliminar, pues que se profundice. Esta señora será investigada por ética. Nosotros no pasamos por agua tibia este tipo de procesos”, indicó.

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Exhortó a no generalizar ese caso a todos los candidatos del partido. “Una cosa es que una persona que postula de pronto se le investigue preliminarmente por cualquier delito y otra es extender este hecho aislado a todos”, comentó.

“Es una acusación preliminar. Tampoco podemos poner una cruz. Si hay un nivel de responsabilidad establecido por el Poder Judicial, pues no tiene nada que hacer en JP”, dijo.

Sobre el caso

De acuerdo con la tesis fiscal, esta red habría comenzado a operar en 2023 dentro del área de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, donde presuntamente se coordinaban intervenciones para recuperar espacios públicos en zonas comerciales del Emporio Comercial de Gamarra. El objetivo se centraba principalmente en los sectores Damero A y B, para liberar esos espacios, dividirlos y posteriormente volver a asignarlos a comerciantes ambulantes a cambio de dinero.

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Según las indagaciones, los comerciantes que buscaban ocupar estos puestos informales debían desembolsar entre S/1.000 y S/5.000, además de realizar pagos semanales y aportes diarios que fluctuaban entre S/10 y S/20, según el tamaño del espacio utilizado. La Fiscalía calcula que esta presunta organización habría obtenido cerca de S/75 millones mediante este esquema ilícito.

En el caso del alcalde Rubén Cano, el Ministerio Público sostiene que habría facilitado el ingreso de determinadas personas al área de fiscalización del municipio en coordinación con funcionarios de su entorno de confianza. Sobre el burgomaestre, se rechazó la detención preliminar, pero se aprobó el allanamiento.

El fiscal adjunto provincial de Lima, Carlos Angelino Córdova, señaló que esta intervención corresponde a un operativo encabezado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú.

Por medio de un comunicado, indicaron que los cuestionamientos “revelan algo más profundo que una simple discrepancia eclesial” y reflejan “la intolerancia” de ciertos sectores frente a un cambio de enfoque: colocar a las víctimas en el centro del proceso.

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Explicaron que durante años las víctimas del ex Sodalicio de Vida Cristiana fueron tratadas como un problema de imagen. “Se intentó reducir sus relatos a exageraciones, resentimientos o conflictos personales”, se lee. Y cuando esa estrategia perdió fuerza, se buscó “desacreditar a las personas quienes dentro de la Iglesia decidieron escucharlas y acompañarlas seriamente”.

Por ello, advierten que existe una “dificultad persistente de ciertos sectores para aceptar que las víctimas ya no ocupen un lugar decorativo o instrumental”.

“Bertomeu no actuó como mediador o negociador de intereses privados”

En ese contexto, la Asociación defiende el rol de Bertomeu como representante de una Iglesia que ha reconocido la gravedad de los abusos.

“No actuó como mediador entre partes equivalentes ni como negociador de intereses privados”, precisan. Por el contrario, su misión se enmarca en un proceso que “culminó incluso en la supresión definitiva del ex SCV, con sanciones específicas a algunos de sus miembros”. Reducir su labor a una disputa coyuntural, advierten, “distorsiona profundamente lo que realmente significó”.

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“Cuando la energía principal se dirige a atacar a quienes escucharon a las víctimas, en lugar de confrontar honestamente los abusos cometidos, el resultado práctico termina siendo siempre el mismo: volver a silenciar a quienes ya fueron silenciados”, advierten.

Finalmente, se cuestionan los argumentos legales esgrimidos contra la misión. “Se dice que Jordi Bertomeu actúa fuera de Vos Estis Lux Mundi. Esta aseveración es falsa”, subrayando que el Papa puede designar visitadores en casos extraordinarios.

Además, se recuerda que el fuero canónico tiene límites frente a estructuras civiles internacionales, pues “los tiempos de la justicia civil no los maneja un sacerdote”.

“Las víctimas no somos ‘capital reputacional’ de nadie. Somos personas con nombre, con vidas, familias y con deudas por cobrar por años de silencio”, anotan.

Los 10 candidatos menos votados al 81.95% en el distrito nacional y 91% en las regiones:

• Víctor Raúl Cutipa Ccama (JP): 1,994 votos
• Jessica Choque Vela (JP): 2,358 votos
• Héctor José Ventura Ángel (FP): 3,130 votos
• Percy Herbert Osorio Palpan (JP): 3,117 votos
• Juana Guisella Ticona Cohaila (Obras): 3,406 votos
• José Berley Arista Arbildo (FP): 3,877 votos
• Miguel Ángel Velásquez García (RP): 5,282 votos
• Segundo Leocadio Tapia Bernal (FP): 5,697 votos
• Juan Carlos Del Águila Cárdenas (FP): 7,935 votos
• Rafael Gustavo Yamashiro Oré (FP): 8,006 votos

Fuerza Popular es el partido que concentra la mayor cantidad de senadores con votación mínima. En el último lugar de toda la lista se encuentra Héctor José Ventura Ángel, electo por Tumbes con apenas 3,130 votos, seguido muy de cerca por José Berley Arista Arbildo, quien representa a Amazonas con 3,877 votos. Ambos obtendrían curules, a pesar de no contar con un fuerte respaldo ciudadano.

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El partido fujimorista también incorpora entre sus filas a Segundo Leocadio Tapia Bernal, electo por Cajamarca con 5,697 votos, y a Juan Carlos Del Águila Cárdenas, representante de Loreto, quien alcanzó los 7,935 votos. Este grupo de bajas votaciones en Fuerza Popular finaliza con Rafael Gustavo Yamashiro Oré por la región Ica, con un total de 8,006 votos.

Juntos por el Perú también presenta figuras que lograron su escaño en regiones con baja representatividad. El caso más notorio es el de Víctor Raúl Cutipa Ccama, quien ingresa por la región Moquegua con 1,994 votos. Le sigue Jessica Choque Vela, electa por Madre de Dios con 2,358 votos, y Percy Herbert Osorio Palpan, quien representará a Pasco tras obtener 3,117 votos.

En las otras agrupaciones, la situación se repite. Por el Partido Cívico Obras, la senadora con menor votación es Juana Guisella Ticona Cohaila, quien logró su escaño por Tacna con apenas 3,406 votos. Por su parte, en Renovación Popular, destaca el caso de Miguel Ángel Velásquez García, quien ingresa para representar a los Residentes en el Extranjero con un total de 5,282 votos, una cifra que contrasta fuertemente con los votos que obtuvieron otros candidatos de su misma agrupación.

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Contraste de votos

Estas proyecciones revelan una brecha en el respaldo ciudadano hacia algunos candidatos a la Cámara Alta, según las votaciones registradas. Tal es el caso de Alfonso López Chau, de Ahora Nación, quien logró captar 200,883 votos. Sin embargo, la presencia del partido es baja al tener solo cuatro escaños. En contraste, candidatos como Héctor Ventura o José Arista, de Fuerza Popular, han asegurado su ingreso con apenas 3,130 y 3,877 votos.

Este fenómeno, conocido como el “efecto arrastre”, permite que los partidos con mayor presencia logren escaños para sus candidatos menos populares. Al sumar la totalidad de votos de una lista, la agrupación obtiene una cantidad de asientos que luego se reparten internamente.

Estos cupos se llenan con los candidatos de su lista, permitiendo que figuras en regiones pequeñas o posiciones secundarias entren al Senado. Así, el voto de un senador elegido por 3,000 personas vale exactamente lo mismo que el de aquel elegido por más de 200,000.

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Esta situación refleja una crisis de representatividad interna en la cámara. Es difícil sostener que existe una igualdad de condiciones cuando senadores como Jaime Delgado (152,107 votos) o Ruth Luque (104,638 votos) obtienen un respaldo 10 o 20 veces mayor que el de sus colegas de las filas fujimoristas.

La distorsión es más notoria cuando se observa a los elegidos por el Distrito Nacional. El exmagistrado Carlos Mesía, por ejemplo, alcanzó su curul con 9,989 votos. Si se compara su caso con el de Mirtha Vásquez, quien entra con 94,733 votos, la diferencia es evidente.

"Candidatos que no responden a un electorado"

En diálogo con La República, Mirtha Vásquez, quien ingresa al Senado con un sólido respaldo, señaló que esta disparidad responde a problemas estructurales. Según explica, aunque el método sea "matemáticamente correcto", falla en la práctica.

"Entran candidatos por este arrastre del símbolo y finalmente no van a responder a ni siquiera un electorado. Hay candidatos con menos de mil votos que no le responden a nadie. Esto es peligroso porque se deja librada la voluntad de estos representantes a una posición personal; no sienten que representan a ningún grupo importante de la población".

Vásquez señala que la falta de elecciones PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) fomenta que los partidos se conviertan en "vientres de alquiler". Según su visión, los políticos no buscan partidos por programas, sino por símbolos que garanticen una votación segura, como ocurre con Fuerza Popular.

Además, propone eliminar el voto preferencial, ya que genera enfrentamientos entre los miembros de una misma organización política.

"El voto preferencial genera una competencia incluso dentro de los mismos partidos. No hay una apuesta por lo programático, sino por competir entre los mismos postulantes. Siempre sale ganando el que tiene más recursos o mayor exposición".

Posibles alianzas en el Senado

Tras los resultados, el Senado queda dividido y la gran pregunta es cómo lograrán concensos. Para la senadora electa, el camino no es sencillo. Ella cree que, aunque en política lo natural es buscar consensos, no se puede pactar con aquellos que, según ella, buscan "capturar" el poder.

Vásquez marca una distancia clara con el fujimorismo y la ultraderecha e indica que la prioridad debe ser defender la democracia. "La preocupación es con estos partidos de ultraderecha, el fujimorismo, en donde no hay principios compartidos y donde no sentimos que hay necesariamente esa intención de construir... tienen por tradición más bien capturar espacios".

Ante este panorama, su propuesta se basa en formar alianzas con los que comparten ideales ligados a la democracia. "Se genera consensos con los que comparten ciertos principios. Realmente estamos en una línea democrática y creo que con las diferencias se puede llegar a consensos".

¿Representación por personas o por partidos?

Para entender esta diferencia, es necesario volver a las reglas del modelo electoral peruano. Según el experto en derecho electoral José Villalobos, la validez de una curul no depende de la popularidad del candidato, sino del peso del partido político.

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“El escaño no lo gana el candidato, lo gana el partido con la votación”, explica Villalobos. Desde esta perspectiva, el bajo número de votos preferenciales de algunos senadores electos no constituye una falta de representatividad, sino que es una consecuencia del diseño del sistema.

“Si tú votas por el partido al Senado, es que el elector quiere que alguien de ese partido lo represente”, afirma el especialista. Villalobos añade que, bajo la ley vigente, “los senadores no se eligen por quién es el más votado como senador. Los senadores se eligen por qué partido ha sido más votado”.

La barrera electoral

El sistema también establece filtros que pueden dejar fuera a candidatos con alto respaldo si su agrupación no logra pasar la valla. Villalobos menciona que el éxito personal es insuficiente si no va de la mano con el éxito del grupo: “Por más que tu candidato individualmente esté entre los más votadas, pero el partido en su conjunto no es el más votado, no entra”.

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Esto quiere decir que el sistema electoral peruano prioriza la votación del partido en conjunto sobre el voto preferencial. Como señala Villalobos, “la curul no la gana el candidato, la gana el partido con los votos por el partido”. Este diseño está enfocado en que los partidos con mayoría de votos tengan una mayor representación, aunque ello signifique que, internamente, ingresen candidatos con votaciones menores por arrastre.

Por su parte, Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, sostuvo que existe un problema estructural de escasa legitimidad política de los partidos que han alcanzado escaños en esta elección. Según dijo, los votos nulos y blancos han sido un número importante.

“Las votaciones son bien pobres. Por ejemplo, el partido que ha logrado la mayor votación, en el caso presidencial, está en un 17% de los votos válidamente emitidos. Es poquito. Igual en el ámbito parlamentario son pocos votos”, mencionó para La República.

Jáuregui indicó que la fragmentación finalmente jugó a favor de los partidos porque, con poco respaldo, mantendrán representación congresal. “Los partidos políticos han perdido las elecciones desde el 2011 en adelante, sobre todo Fuerza Popular. Han atacado al Ejecutivo, han roto la Constitucional, se han producido golpes de Estado, y finalmente han cambiado las reglas de juego para fragmentar”, sentenció.

En el comunicado, Primero La Gente rechaza la posibilidad de un gobierno de Fuerza Popular. "Rechazamos unánimemente al fujimorismo, heredero de la séptima dictadura más corrupta de la historia de la humanidad, y responsable del quiebre institucional, abuso de poder, violación de derechos, inestabilidad y aumento del crimen en la última década", se lee. Según el partido, otorgar el poder absoluto a Fuerza Popular permitiría garantizar impunidad y perpetuarse en el poder.

Para evitar dicho escenario, Primero La Gente ofreció un acuerdo político a Juntos por el Perú. El comunicado destaca que, pese a las diferencias que los separan, el partido liderado por Roberto Sánchez ha demostrado una conducta distinta en el actual Parlamento.

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"Reconocemos, así, que la ejecutoria de JP en el actual Congreso ha tenido importantes diferencias con las del fujimorismo. Por ejemplo, en los reiterados pedidos de vacancia de JP contra Dina Boluarte, desde que se dieron las matanzas en el Sur del país, mientras que el fujimorismo la blindaba".

El apoyo a Juntos por el Perú se plantea como un "apoyo crítico" sujeto a compromisos. Entre los puntos exigidos por Primero La Gente figuran la derogatoria de las leyes procrimen, el fortalecimiento de la separación de poderes, la estabilidad fiscal, el crecimiento económico sostenible y la defensa irrestricta de los derechos humanos.

A nivel porcentual, Keiko Fujimori figura en el primer lugar en las Elecciones Generales 2026 con 17,178%. En segundo lugar permanece Sánchez con 12,019% y, un poco más atrás, López Aliaga alcanza 11,909%. Al cierre de la nota, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha contabilizado 99,904% de actas.

Con la tendencia de los resultados y el inminente cruce entre Fujimori y Sánchez por el balotaje, ambos candidatos continúan con sus actividades de campaña.

La lideresa de Fuerza Popular estuvo en Puerto Pizarro, en la región Tumbes, junto a pescadores artesanales en su denominada “ruta del diálogo”.

Al ser increpada sobre la multa impuesta a su partido por mal uso del financiamiento público directo, señaló que sus viajes pagados a California fueron de “carácter académico” y que apelarán la sanción.

Además, se refirió al pedido de prisión de la Fiscalía contra Roberto Sánchez por presuntos delitos de falsa declaración y falseamiento de información ante la ONPE.

“Lo que todos exigimos es que un proceso judicial tiene que ser transparente, de respeto absoluto al debido proceso, porque aquí quienes ponen en riesgo su prestigio es el propio Ministerio Público”, aseveró.

Por su parte, el postulante de JP participó la tarde de ayer —en su calidad de congresista— en el aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

“Desde Juntos por el Perú reafirmamos nuestro compromiso con una educación pública gratuita, científica y de calidad, que abra oportunidades para nuestra juventud y construya una patria con justicia social, dignidad y desarrollo para todos”, dijo con motivo de esta celebración.

Asimismo, sobre la acusación del MP, se defendió y señaló que el caso ya había sido archivado por el Poder Judicial. “No se puede construir una condena sobre hechos que ya fueron descartados por la propia justicia”, acotó.

Aclaró que participará en la audiencia programada y descartó que su partido haya recibido ingresos de fondos públicos entre los años 2018 y 2020.

JEE continúan proclamación de resultados

Mientras el conteo llega a su desenlace, los Jurados Electorales Especiales (JEE) realizan la proclamación de resultados en sus respectivas jurisdicciones. De los 60 a nivel nacional, 16 ya han concluido este procedimiento.

A nivel regional, se trata de los JEE de Cangallo, Chanchamayo, Huancayo, Huaraz, Huaura, Jaén, Lambayeque, Leoncio Prado, Santa y Trujillo. Estos 10 representan la conclusión de 39 provincias a nivel nacional.

Son, además, ocho departamentos cuyos resultados parciales ya se vienen oficializando: Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque y Lima.

En el caso de Lima, los JEE de Lima Centro 1, Centro 2, Oeste 1, Oeste 3, Sur 1 y Sur 2 también proclamaron sus resultados, según el registro oficial en la plataforma del JNE.

Solo en el caso de Lima Sur 2, que agrupa a los distritos de Villa el Salvador y Villa María del Triunfo, se suspendió momentáneamente la audiencia de lectura de resultados debido a un recurso de nulidad presentado por Renovación Popular. Esta solicitud ya fue declarada improcedente por el JNE y solo está pendiente la publicación de la resolución en El Peruano.

ONPE defiende contratación de empresa auditora

La ONPE brindó una conferencia para responder a los cuestionamientos sobre la contratación de la empresa que auditó el proceso de la primera vuelta.

Al respecto, se defendió y señaló que realizó hasta tres convocatorias y que las dos primeras fueron declaradas desiertas. Luego de ello, invitó a 11 empresas internacionales para que ofrecieran su servicio de auditoría, pero solo dos se presentaron.

“El 4 de noviembre, se dio la contratación con la empresa y para ese entonces no se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado”, sostuvieron respecto a la sanción de 11 meses que tuvo M&T Corporation en 2016 por presentar información inexacta.

Roberto Montenegro Vega, gerente de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, precisó que la auditoría fue por 168 días y comprendía la revisión del código fuente, la seguridad informática y la funcionalidad de las plataformas.

La ONPE aseguró que la auditoría determinó que, a nivel funcional y para la suma de votos, los sistemas de cómputo que se iban a utilizar en la primera vuelta se encontraban “aptos”.

Se trataba del cuestionado Sistema STAE, del Sistema de Cómputo Electoral (SCE) y de la Presentación de Resultados. Sobre ellos, indicó, no se encontraron problemas de vulneración.

"El santo pueblo ya habló. El primer tiempo ha acabado y ahora vamos al segundo tiempo; las lecciones de nuestra sociedad nos dicen que a nadie se le ha dado la mayoría absoluta", señaló con confianza.

Durante su intervención, Sánchez atribuyó este resultado a una respuesta directa de los sectores más vulnerables del país. "Yo lo tomo con bastante serenidad, porque ese pueblo profundo, excluido, el más pobre del Perú, es el que después de 30 años no siente la estabilidad macroeconómica", afirmó el candidato.

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De cara a lo que sería una segunda vuelta contra Keiko Fujimori, Sánchez precisó la importancia de la descentralización, así como de unir fuerzas para que prevalezca la democracia. "Este miércoles necesitamos entonces un esfuerzo grande, para alinear un mensaje de paz, de desarrollo humano, de justicia social, de democratización de la riqueza de nuestra patria, de la hora de los pueblos olvidados, también a construir su propia historia y defender sus significados".

Sánchez ganó en Amazonas (36%), Cusco (22,8%), Huancavelica (43,3%), Huánuco (29,8%) y Puno (24,9%). Por su parte, Keiko Fujimori hizo lo propio en Callao (20,6%), Ica (20%), Junín (17%), La Libertad (20%), Lambayeque (26%), Loreto (28%) y Tumbes (34%).

Jorge Nieto obtuvo mayoría en Arequipa, su ciudad natal, con 18,6%, y Belmont en Tacna, con 14%.

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Mientras tanto, 10 regiones aún no alcanzan el conteo al 100%. Sin embargo, a nivel general, los dos primeros lugares los ocupan Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

A la fecha, la lideresa de Fuerza Popular ha recorrido localidades como Loreto y Ocollo, mientras que Sánchez ha priorizado entrevistas, reuniones con su equipo técnico y otras actividades sin salir de Lima.

El candidato de Juntos por el Perú no ha registrado actividades fuera de la capital. También sostuvo una reunión con Hernando Cevallos y José Domingo Pérez, integrantes de su equipo técnico en materia de salud y justicia, respectivamente.

En cuanto a actividades proselitistas, el candidato participó en un mitin en Huaycán, acompañado de figuras como Brígida Curo, candidata a la vicepresidencia en su plancha presidencial. Durante el evento, Sánchez criticó la narrativa de fraude impulsada por representantes como Rafael López Aliaga.

Por su parte, Fujimori visitó Loreto y otras zonas de la Amazonía peruana. Durante su estancia en la selva, la candidata fujimorista reivindicó la figura del dictador Alberto Fujimori y afirmó que, de ganar las elecciones, conduciría el país siguiendo sus enseñanzas. Asimismo, criticó la falta de acción del Estado durante gobiernos anteriores.

14 regiones que llegaron al 100% en el conteo oficial

Uno. Amazonas

• Roberto Sánchez (36%)
• Keiko Fujimori (17%)

Dos. Arequipa 

• Jorge Nieto (18,6%)
• Ricardo Belmont (10%)

Tres. Callao 

• Keiko Fujimori (20,6%)
• Rafael López Aliaga (15%)

Cuatro. Cusco

• Roberto Sánchez (22,8%)
• Ricardo Belmont (15,7%)

Cinco. Huancavelica

• Roberto Sánchez (43,3%)
• Ricardo Belmont (13,5%)

Seis. Huánuco 

• Roberto Sánchez (29,8%)
• Keiko Fujimori (15%)

Siete. Ica

• Keiko Fujimori (20%)
• Carlos Álvarez (11,5%)

Ocho. Junín

• Keiko Fujimori (17%)
• Roberto Sánchez (12%)

Nueve. La Libertad

• Keiko Fujimori (20%)
• Jorge Nieto (9,8%)

10. Lambayeque 

• Keiko Fujimori (26%)
• Roberto Sánchez (10%)

11. Loreto 

Keiko Fujimori (28%)

Carlos Álvarez (11%)

12. Puno 

• Roberto Sánchez (24,9%)
• Ricardo Belmont (17,7%)

13. Tacna 

Ricardo Belmont (14%)

Roberto Sánchez (11,9%)

14. Tumbes

Keiko Fujimori (34%)

Carlos Álvarez (14,8%)

La iniciativa, que promueve el congresista Fernando Rospigliosi y que reforma el artículo 324-A del Código Penal, busca blindar a los investigados por crímenes de lesa humanidad; así como a las personas involucradas en violaciones de derechos humanos.

De esta manera, el delito de lesa humanidad se tipificara en los ciudadanos que realicen un ataque generalizado contra una población civil por temas de origen, raza, religión, cultura; así como a un “grupo humano que no es parte de un combate interno o externo”.

Dicho delito también recaerá en la persona que realice un ataque planificado contra una política de gobierno o una colusión con un grupo armado para cometer referidos atentados.

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Al respecto, Julissa Mantilla, excomisionada Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló a este medio que la definición de lesa humanidad que promueve el Congreso no va de acuerdo a lo establecido por el Estatuto de Roma.

Según dijo, esta ley deja la puerta abierta para que los miembros de las fuerzas armadas, policía nacional y MRTA no puedan ser condenados por dichos crímenes.

“Cuando el proyecto dice que el ataque será con la población civil que no sea parte de un combate externo o interno. Esta parte busca excluir a todas las personas que están involucradas en violaciones de derechos humanos durante un conflicto armado interno”, sostuvo.

Mantilla indicó que Víctor Polay y el propio Quispe Palomino “camarada José” fueron sentenciados por crímenes de lesa humanidad, por lo que las condenas no solo recaen en integrantes de la policía y fuerzas armadas como lo expuso el congresista Rospigliosi durante el debate.

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Añadió, además, que el Estatuto de Roma no habla de una determinada población civil porque eso podría ser excluyente (beneficiosa para investigados).

“Este proyecto de ley tiene una serie de requisitos que no están contemplados en el Estatuto de Roma. Incluso en las discusiones previas se quitó ese elemento porque implicaba establecer diferenciaciones que podían llevar a confusión y ser muy ambiguo”, apuntó.

Carlos Rivera, representante de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, expuso que el fujimorismo pretende introducir esta nueva ley, porque las anteriores —la de prescripción y la de amnistía— simplemente no se han aplicado.

“Los jueces decidieron inaplicar la ley de prescripción justamente por considerarla una norma contraria al derecho internacional y, en aplicación del control de convencionalidad, optaron por no aplicarla. El fujimorismo se encuentra ahora ante una situación en la que hizo una oferta a sus aliados, los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, prometiéndoles que los iba a liberar”, manifestó.

Rivera mencionó que la nueva ley incorpora reglas probatorias que vulnera el Código Penal cuando refiere que los delitos van a ser cometidos a través de directivas, planes de operaciones y órdenes. Sostuvo que la razón de esta modificatoria tiene como objetivo interferir en la autonomía de los jueces.

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"Eso es prueba y es incorrecto establecer en un tipo penal. Tú lees el Código Penal y en ninguna norma penal existen reglas de prueba porque las reglas de prueba son las que se tienen que desarrollar en una actividad de investigación o una actividad judicial. La razón por la cual se incorporan estas reglas de prueba es que es una violación de la autonomía jurisdiccional que tienen los magistrados".

Durante el debate, casi nadie se opuso a la ley fujimorista, solo la congresista Ruth Luque alzó su voz de protesta y especificó que la propuesta busca evitar que los jueces generen la posibilidad de aplicar el control de convencionalidad.

Opiniones sobre el proyecto

Sobre la nueva ley de lesa humanidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recomendó que se debe suprimir la mención expresa a temas de raza, origen, religión porque no está señalado así en el Estatuto de Roma. Advirtió que los delitos de lesa humanidad sean desarrollados en una ley especial.

El Ministerio de Defensa informó que la norma debe ser coherente con los tratados internacionales. Expresó que una norma penal adecuada y coherente permitirá la paz social.

La Procuraduría General del Estado consideró los requisitos de la ley debería ir en línea de la jurisprudencial del la Corte Penal Internacional para definir los elementos constitutivos del delito.

La Defensoría del Pueblo dijo que la norma está incluyendo requisitos adicionales no señalados en el Estatuto de Roma.

“Debe incluirse un enfoque de derechos humanos para tomar en cuenta el impacto diferenciado en poblaciones especialmente vulnerables e históricamente postergada”, indicó.

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En su opinión, la propuesta toma como pretexto el conveniente pedido del Tribunal Constitucional del Pacto para desarrollar la figura de lesa humanidad, pero restringe los supuestos de su aplicación, a diferencia del Estatuto de Roma.

"En realidad, su objetivo es extender la impunidad a los nuevos casos de violaciones a derechos humanos perpetrados como los del Gobierno de Dina Boluarte", escribió en sus redes sociales.

Durante el debate en la sesión, Luque también mostró su negativa a la propuesta y aseguró que las sentencias de organizaciones terroristas sí consideran sus actos como graves violaciones a los derechos humanos.

Ruth Luque sostiene que dictamen debió ser revisado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Asimismo, alertó que el dictamen se ha revisado con una inusual celeridad y que debió ser revisado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

"Entiendo que hay una agenda pro impunidad por parte del autor de esta iniciativa, pues no es la primera. (…) Para mí esto configura impunidad. Es una iniciativa que se ha presentado el 30 de marzo de 2026, ha sido derivada únicamente a esta Comisión y, al tratarse de una reforma del Código Legal, debió ser derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos."

Esto se debe a que la mayoría de parlamentarios argumentó que el delito de lesa humanidad no está contemplado en el Código Penal y que únicamente se ha aplicado a militares y policías, mas no a terroristas. Además, se acogieron a una supuesta persecución política.

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Debate en el Congreso

La congresista Adriana Tudela alegó que cuando un delito no prescribe durante varios años se trata de persecución.

"Este delito siempre se ha aplicado con una motivación política detrás. Es importante que identifiquemos quién es el sujeto activo del delito. En Perú se acusa únicamente a autores estatales de delitos de lesa humanidad. A miembros de organizaciones terroristas nunca se les aplica la figura", dijo.

Consideró que, si ello no se modifica, sería un instrumento para "mantener juicios abiertos hasta el infinito sin ningún tipo de seguridad jurídica para las personas".

Estos argumentos fueron similares a los de los parlamentarios Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez y Gladys Echaíz.

"En primer lugar, este proyecto de ley responde a una explicita recomendación del TC cuando declararon constitucional la Ley 30107 y dijeron que solo podía aplicarse a partir del año 2002. Ellos señalaron que se venía aplicando de manera irregular. Todos los delitos de lesa humanidad son para militares y policías", refirió Rospigliosi, asegurando que esa figura nunca se aplicó a quienes "dañaron al país" y que se trata de un "delito que no existe en el Código Penal".

Dictamen fue aprobado por mayoría

Con 16 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por el congresista Arturo Alegría García (Fuerza Popular), aprobó modificar el Código Penal para incorporar una regulación específica sobre los delitos de lesa humanidad.

Según el texto aprobado, incurre en delito de lesa humanidad quien, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y siendo consciente de ello, cometa actos como homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada o tortura.

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Asimismo, la propuesta establece penas que van desde los 30 años de prisión hasta la cadena perpetua, siempre que se cumplan condiciones como la existencia de un ataque de carácter generalizado o sistemático, que las víctimas sean civiles y que el autor actúe con conocimiento de ese contexto.

El dictamen añade que, si un hecho no reúne estos elementos, deberá ser procesado como un delito común, con las sanciones correspondientes previstas en el Código Penal.

Una de las metas más importantes del mencionado pacto es que cada país asegure la conservación efectiva del 30% de sus áreas marinas. En el caso del Perú, lamentablemente, solo se ha alcanzado el 8%. Lo más alarmante es que no existe una prohibición aplicada de manera efectiva a actividades pesqueras de gran escala en parte de ellas. El plazo para alcanzar la meta es el 2030.

El dictamen aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAE), que se encuentra pendiente de debate y aprobación en el Congreso, podría representar un paso significativo hacia el fortalecimiento de las Áreas Naturales Protegidas, en particular para impedir el acoso de las pesqueras industriales.

Sin embargo, el tiempo se acaba. Al finalizar la presente legislatura, el dictamen se archivaría y se perdería una oportunidad única para proteger nuestras Áreas Marinas Protegidas.

Al mismo tiempo que se han reportado incursiones de embarcaciones industriales en zonas protegidas, como la bahía de Paracas, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) ha presentado iniciativas legales y judiciales para que se le permita emprender extracciones de especies en tales áreas.

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Una acción urgente

Ese esfuerzo empresarial ha colisionado con una reciente decisión de la Corte Suprema, en enero de este año, que rechazó el pedido de la SNP para pescar en Paracas y reafirmó la prohibición de la extracción industrial en dichas zonas.

De acuerdo con los fundamentos del dictamen, “las áreas naturales protegidas juegan un rol clave en la conservación de la biodiversidad, así como en la mitigación y adaptación al cambio climático”.

Y añade que, “para lograr sus objetivos y generar los beneficios socioeconómicos esperados, es imperativo que las actividades de aprovechamiento de recursos naturales en su interior sean compatibles con las mismas”.

Esa es la tendencia mundial, y Perú se ha sumado a pactos y compromisos en ese sentido. Sin embargo, cuando la CPAAAE consultó a la Sociedad Nacional de Pesquería su punto de vista, esta opinión fue contra la corriente del empeño por fortalecer las áreas naturales.

De no discutirse ni aprobarse el dictamen de la CPAAAE en el periodo legislativo que concluye, sería un punto a favor de los intereses de la SNP.

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Lo que dicen los privados

“La SNP estima que la iniciativa es inconstitucional y carece de sustento técnico de adecuada motivación”, señala el informe de la CPAAAE.

Para la SNP, “el Proyecto de Ley propone una prohibición absoluta de pesca de mayor escala sin tomar en cuenta la existencia de usos y zonas diferentes de áreas naturales protegidas y sin permitir que sea la autoridad competente, en cada caso concreto, la que determine las zonas y las restricciones que puedan imponerse”.

Pero también reclama que “el Proyecto de Ley desconoce los derechos adquiridos y plantea una prohibición absoluta que desconoce el principio constitucional de proporcionalidad”, argumentos cuestionados por la Corte Suprema.

El proyecto de ley de la CPAAAE propone que el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos “no debe perjudicar el cumplimiento de los fines para los cuales se ha establecido el área, quedando prohibida la pesca de mayor escala al interior de las áreas naturales protegidas, marinas o continentales, cualquiera sea su categoría o zonificación”.

Empero, sectores interesados en el Congreso boicotean el debate de un dictamen que garantizará la seguridad de las áreas protegidas, como ocurre en otros países.

En Ecuador, la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Provincia de Galápagos prohíbe la pesca industrial. En Colombia, la Resolución N.° 1908 del 2017 también restringe la pesca industrial dentro del Santuario de Flora y Fauna Malpelo. Chile prohíbe la pesca de mayor escala en los parques marinos, conforme a la Ley General de Pesca y Acuicultura. El Perú no puede darse el lujo de no seguir esta tendencia.

“Si hay desorden, no podemos encontrar celulares, no podemos encontrar droga, no podemos encontrar armas punzantes. La idea es que las condiciones en los penales permitan mejorar el trabajo de control y de seguridad”, sostuvo.

Además, precisó que la estrategia no se limita a construir más cárceles. “Tenemos que tomar medidas de corto y mediano plazo, y eso es lo que estamos haciendo aquí”, dijo tras supervisar el traslado de 48 internas del penal de Mujeres de Chorrillos al establecimiento penitenciario Virgen de Fátima.

La operación se realizó este miércoles por la mañana con el apoyo de más de 50 agentes del Inpe.

El titular del sector Justicia señaló que la medida busca identificar establecimientos con sobrepoblación y redistribuir a internas en unidades con capacidad disponible. “El penal de Fátima tenía unidades de albergue disponibles. Sin embargo, hay que seguir trabajando porque esto no es suficiente”, afirmó Jiménez Borra.

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En esa línea, el ministro alertó que algunos penales, como Bagua, Tacna y el Callao, presentan sobrepoblación crítica. "Este es un tema que impide que podamos garantizar el orden y la seguridad de los penales y su manejo”, explicó.

Además, detalló que las 48 internas pertenecen al régimen de mínima seguridad, el mismo que predomina en el penal de destino. “Las de máxima y mediana seguridad no pueden ir para ese establecimiento. Solo el universo de las que tienen menor rigurosidad son las que han sido seleccionadas”, aclaró.

El ministro Jiménez Borra anunció que en los próximos días verificará las condiciones del penal en su totalidad. “Personalmente voy a estar en pocos días para verificar las condiciones en las que se encuentra todo el penal, no solamente las nuevas internas”, explicó.

Finalmente, subrayó que, además de mejorar el control, la medida busca ofrecer mejores condiciones de internamiento para las internas, muchas de las cuales se encuentran en situaciones poco razonables por la sobrepoblación.

El ministro estuvo acompañado por el director de la Oficina Regional Lima del Inpe, Milton Guevara Mendoza. La acción fue ejecutada por personal de seguridad penitenciaria del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Así, el Minjusdh destacó que estas medidas buscan redistribuir a la población penitenciaria femenina hacia establecimientos que cuentan con capacidad disponible.

Por su parte, el presidente del Inpe, Henry Cotos Ochoa, señaló que el personal penitenciario de tratamiento y seguridad trabaja intensamente en la coordinación y evaluación de los centros penitenciarios y de la población penal que será trasladada para cumplir con los objetivos trazados.

Antes de su reubicación, las internas fueron sometidas a evaluaciones médicas y controles establecidos en los protocolos de seguridad penitenciaria.

Actualmente, el penal Mujeres de Chorrillos alberga a 806 internas, pese a tener una capacidad de 450, situación que evidencia el nivel de sobrepoblación existente.

Frente a ello, el Inpe continúa ejecutando acciones orientadas a mejorar las condiciones de internamiento, garantizar una adecuada administración penitenciaria y reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.

Este procedimiento, que busca fortalecer la eficiencia y la transparencia del sistema de justicia, comprende la evaluación de 256 jueces y 234 fiscales a nivel nacional. La evaluación parcial de desempeño es un mecanismo obligatorio aplicado a los magistrados titulares cada tres años y seis meses. A diferencia de los procesos de ratificación, esta evaluación es preventiva.

De acuerdo con la guía metodológica del procedimiento, el objetivo es “conocer el rendimiento y méritos de los jueces, así como detectar las necesidades de capacitación o recomendar la incorporación de mejores prácticas para optimizar la impartición de justicia".

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¿Qué se evalúa?

Según las indicaciones para esta convocatoria, la JNJ calificará dos ejes:

1. Integridad: Se analiza la conducta ética y el compromiso con los valores institucionales. Esto incluye dimensiones como la transparencia, la independencia y la responsabilidad.

2. Medición de conocimientos: Se evalúa la actualización jurídica y la capacidad analítica de los magistrados. Además, se consideran criterios como:

• Razonamiento jurídico: lógica y coherencia en la aplicación de normas.
• Argumentación: capacidad de sustentar decisiones basadas en doctrina y jurisprudencia.
• Redacción: uso preciso del lenguaje jurídico y claridad estructural.

Calendario del proceso de evaluación

El periodo de apersonamiento para los magistrados, encabezados por Burneo Bermejo, se realizará del 12 de mayo al 10 de junio. Posteriormente, entre el 11 de junio y el 12 de octubre del 2026, la Comisión, junto a un equipo multidisciplinario, medirá los conocimientos y la integridad en los distintos distritos judiciales y fiscales del país.

La etapa final del proceso se desarrollará entre octubre y noviembre con la formulación de los informes individuales, los cuales serán llevados al Pleno de la JNJ para su aprobación. La guía señala que el informe final contendrá una "evaluación integral de los logros, aportes, competencias, potencialidades, limitaciones y oportunidades de mejora". Los resultados serán notificados entre el 1 y el 7 de diciembre del 2026.

Este proceso tiene consecuencias en la carrera del magistrado. Si se identifican debilidades, la JNJ dispondrá la participación obligatoria en programas de la Academia de la Magistratura (AMAG). Como señala el documento, estas recomendaciones buscan "favorecer el desarrollo personal y profesional del magistrado" y garantizar que el sistema de justicia peruano cuente con autoridades capacitadas y competentes en su materia.

tras los reclamos sobre retrasos en la entrega de material electoral durante la jornada del 12 de abril. El undécimo Juzgado Constitucional Permanente de Lima se declaró incompetente para tramitar dicha demanda y la derivó al Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional.

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Falta de argumentos constitucionales

Tras evaluar el caso, la referida Sala identificó “falta de claridad en la condición jurídica del demandante y sus pretensiones constitucionales”, lo cual incurre en las omisiones previstas en el artículo 121 del Código Procesal Civil.

En Poder Judicial explicó que el recurso solicita la nulidad de una decisión del JNE, lo que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puede ser evaluado siempre que se acredite una vulneración constitucional.

Sin embargo, el juzgado señala que la demanda no precisa de qué manera se habría producido dicha afectación ni qué tipo de control constitucional se busca aplicar.

Además, mencionan que el pedido de convocar a elecciones complementarias, al considerar que no se encuentra respaldado en una norma expresa y que la convocatoria de un nuevo proceso electoral le corresponde al presidente, quien no ha sido incluido en la demanda.

Según el análisis, el accionante se presenta como ciudadano individual —lo que implicaría la defensa de su derecho al voto—, pero al mismo tiempo invoca normas que lo habilitarían a actuar en representación de los vecinos de Lima.

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Imprecisión en la legitimidad: ¿Reggiardo demanda como ciudadano o como alcalde de Lima?

Otra de las razones de la inadmisibilidad es que el juzgado identificó una “dualidad incompatible”, pues no queda claro si la demanda se presenta como persona natural o como autoridad.

En el caso de hacerlo como alcalde de Lima, quien debería figurar como demandante es la Municipalidad Metropolitana de Lima como entidad pública; mientras que, si actúa como ciudadano, se trataría de una demanda a título personal.

“El accionante se presenta con sus generales de ley como ciudadano individual, lo cual remitiría a una defensa de su derecho al sufragio. Sin embargo, invoca el artículo 20, inciso 1, de la Ley Orgánica de Municipalidades para justificar su intervención en defensa de los vecinos de Lima”, se lee.

Asimismo, indican que no se ha acreditado una afectación directa ni se ha presentado un documento formal que autorice al funcionario a intervenir en calidad de autoridad.

Reggiardo tiene 3 días para subsanar lo observado, de lo contrario se archivará el expediente.