"No hay nada en concreto. Existe la voluntad de (la empresa fabricante surcoreana) Hyundai Rotem de venderlos, pero no está presupuestado. Tampoco está en el presupuesto que hemos presentado (al Congreso) para el año entrante (2027)", explicó Belaúnde a La República.

En efecto, el cinco de octubre, al presentarse ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, Belaúnde sustentó el requerimiento de un crédito suplementario para cinco prioridades, pero ninguna correspondía a la adquisición de carros de combate principales en reemplazo de los T-55.

Ahora, si se presenta la oportunidad de contratar un nuevo modelo, no será mediante el mecanismo previsto por la Ley N.° 31684, que dispone que los institutos armados recurran a la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), indicó el ministro de Defensa. Belaúnde manifestó que en este caso se aplicará el mecanismo de licitación internacional.

Todo a su tiempo

"Hasta el momento no hay un programa (para la compra de tanques), no hay un proyecto de inversión sobre la mesa. Yo he ido a ver los tanques (‘K2 ‘Black Panther’, que llegaron al Perú en julio del 2026). Son tanques de grandes prestaciones, pero no hay un proyecto, como en el caso de los aviones de combate (F-16 Block 70)", señaló Belaúnde.

"Lo que hay es una alianza estratégica con el fabricante (Hyundai Rotem), lo que nos facilitaría la adquisición, pero yo creo que una compra tan seria como esta requeriría primero un concurso internacional", destacó el titular del Ministerio de Defensa.

"El Ejército no me ha planteado el proyecto de inversión (para la compra de los tanques K2 ‘Black Panther’", reiteró Belaúnde.

Durante el gobierno del expresidente José Jerí, el Ejército intentó adquirir los carros de combate principales K2 'Black Panther'. De hecho, el nueve de diciembre de 2025, en el Día del Ejército, el instituto armado firmó un "acuerdo estratégico" con Hyundai Rotem para la futura adquisición de tanques principales de batalla K2 y vehículos blindados a ruedas K808 (White Tiger), según la versión oficial.

Se estimó que serían 54 tanques K2 'Black Panther' y 141 blindados K808 'White Tiger' con una inversión proyectada de US$5.000 millones. En este esquema, FAME participaría como intermediaria.

La abrupta salida de José Jerí no detuvo el plan de adquisición sin licitación.

En la puerta del horno

En el gobierno del expresidente José María Balcázar, el exministro de Defensa, Amadeo Flores Caragno, pidió a su par de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, que intercediera ante Hyundai Rotem para que presentara su tanque K2 'Black Panther' en el desfile militar del 29 de julio.

Efectivamente, tres ejemplares arribaron al país, pero el nuevo gobierno de Keiko Fujimori no admitió que fueran exhibidos en la parada militar, como reveló La República.

Sin embargo, el 14 de septiembre de este año, en el campo de maniobras de FAME, los tres tanques coreanos hicieron una demostración de sus cualidades, pese a que el Ejército no ha convocado a licitación ni ha pedido a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas inicie un proceso internacional de compra.

El ministro Belaúnde reiteró que el Ejército no ha presentado el requerimiento, el proyecto de adquisición y no hay presupuesto para sustituir a los tanques soviéticos T-55.

"El requerimiento técnico tiene que nacer del Ejército, así como la estrategia de mediano y largo plazo para nuestra seguridad y soberanía nacional", ratificó Belaúnde.

Adiós a los helicópteros rusos

El gobierno más bien está preocupado por la flota de helicópteros de fabricación rusa. La guerra de la Federación Rusa contra Ucrania, que ha implicado duras sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin, dificulta que las empresas fabricantes de ese país cumplan con sus contratos de mantenimiento, "overhaul" (reparación total) o la provisión de repuestos.

Un caso reciente dejó en evidencia el grave problema.

En 2023, el Ejército contrató sin licitación por US$20,3 millones a la compañía estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC) para el "overhaul" de tres helicópteros que debió entregar en 300 días calendario. Pero tardó más de dos años en completar unos trabajos que se suponía que eran de carácter urgente. Incluso uno de los tres helicópteros, después de haber sido reparado, ha presentado fallas por deficiencias en el "overhaul", como informó La República.

Por si fuera poco, la compañía NASC informó al Ministerio de Defensa y al Ejército que solo puede contratar con la representación rusa y con nadie más para reparar o dar mantenimiento a los helicópteros Mi.

Nuevos modelos de la OTAN o de EEUU

Según el ministro Rafael Belaúnde, el gobierno busca salir de esa situación de dependencia de la Federación Rusa.

"Estamos preocupados porque tenemos que actualizar nuestro parque de helicópteros. Tenemos helicópteros prácticamente todos de procedencia rusa. Esto ha traído una serie de problemas por la guerra rusa con Ucrania. Hay una limitación en los repuestos, por ejemplo", resaltó el ministro.

"Las sanciones económicas que tiene la Federación Rusa dificultan el pago a los proveedores rusos. Entonces, queremos reducir no el número de helicópteros, sino la dependencia de Rusia. Y estamos viendo migrar también nuestros parques de helicópteros a la esfera de la OTAN, ya sean norteamericanos o europeos", precisó a La República el ministro de Defensa.

Rafael Belaúnde puso como ejemplo lo que acaba de hacer la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Planificó el cambio de la matriz de la flota de combate que está compuesta principalmente por aeronaves de fabricación rusa -los MiG-29 y los Sukhoi Su-25-, y seleccionó el caza F-16 Block 70 de la fábrica estadounidense Lockheed Martin. El Ejército debería aplicar el mismo criterio para la flota de helicópteros.

"Creo que es evidente que el Perú requiere más helicópteros en una circunstancia como la que el fenómeno del Niño deja claramente en evidencia. Necesitamos más helicópteros. Hay que hacer un esfuerzo para migrar a la esfera de la OTAN, ya sean helicópteros norteamericanos o europeos, y no depender solamente de un país (la Federación Rusa)", arguyó Rafael Belaúnde.

Sostiene que la Ley 32743, que delega facultades legislativas al Ejecutivo en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, se publicó sin las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y de su primera vicepresidenta, Analí Márquez.

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La denuncia incluye como ‘cómplice primario’ a Ricardo Montero, gerente de Publicaciones Oficiales de El Peruano, por publicar la norma este 22 de octubre en una edición extraordinaria. El abogado solicita que “previa llamada por celular” al director de la Policía Nacional, se ordene la detención en flagrancia de los cinco denunciados.

Adrianzen pide que la Fiscalía abra investigación, los acuse y logre una condena efectiva con reparación civil e inhabilitación para cargos públicos. Propone tomar la declaración de los cinco denunciados y de los dos agraviados, Reto y Márquez, y solicitar al Congreso copia certificada de los antecedentes de la ley.

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Cinco leyes de 1992 llevan la firma de ambas cámaras

El último Congreso bicameral del país funcionó hasta que Alberto Fujimori lo disolvió el 5 de abril de 1992. Cinco de sus leyes llevan las firmas del presidente del Senado, Felipe Osterling; del presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar; y de un senador y un diputado como primeros secretarios.

Esas normas dicen que "el Congreso de la República del Perú" dio la ley. La ley de facultades que acaba de ser promulgada señala que la dio "el Senado de la República".

“En este caso, yo tengo entendido que, por lo que ella me ha comentado a mí, ella iba a renunciar. Yo entiendo los motivos de ella. Es una técnica nata. No es política. Las personas que no están acostumbradas a una presión mediática también tienden a renunciar”, indicó a Canal N.

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María del Carmen Barragán fue nombrada asesora de EsSalud el pasado 17 de octubre. Su designación generó cuestionamientos debido a que su hermano, desde el Senado, respaldó al Gobierno en la aprobación de la delegación de facultades legislativas. María del Carmen Barragán prestó servicios durante cinco días para Elizabeth Zulema Tomás Gonzales, presidenta de EsSalud, quien fue designada por el ministro Juan Sheput y Keiko Fujimori.

“A mí me apena que mi hermana renuncie. No porque necesite trabajo, sino porque puede aportar al Estado. Sobre la pertinencia, hay una coincidencia en que yo tomo una decisión en bien del país y vienen suspicacias de diferentes espacios. Yo debo aclarar que jamás he referido a un familiar mío. Conozco a mi hermana y sé que ha tenido cargos muy altos en el Estado”, señaló.

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Barragán había justificado contratación de su hermana en EsSalud

En declaraciones a Canal N, el senador calificó a su hermana como una “profesional A1” con más de dos décadas de experiencia en diferentes puestos del Poder Ejecutivo, trayectoria que, según explicó, le ha permitido conocer a los presidentes de EsSalud.

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"Seguro ese es el motivo que ella conoce a los presidentes de EsSalud para que la nombren. No he cruzado palabra con el ministro de Trabajo desde que él ha estado en el cargo. Tampoco he cruzado palabra con la doctora Zulema", declaró Barragán.

En tanto, Ricardo Belmont, líder del Partido Cívico Obras, aseguró que fue él quien indicó a Barragán que acudiera a la Comisión de Constitución. Asimismo, admitió que no revisó en su totalidad el texto del pedido de facultades, aunque expresó su confianza en el senador.

En la formulación del proyecto el instituto castrense señala que el requerimiento busca la sustitución de las aeronaves que han cumplido cuatro décadas de operaciones, y que en el contexto de las actuales anomalías climatológicas, es indispensable iniciar la ejecución del programa con la adquisición de seis helicópteros tipo SAR para misiones de búsqueda y rescate en 2026, y otros seis en 2027.

La FAP estima en US$240 millones el monto necesario para la compra de los 12 helicópteros, proyecto que incluso cuenta con el Código Único de Inversión (CUI) n.º 2234933.

En 2021, el Comité de Estudio Definitivo de la FAP evaluó tres modelos de helicópteros: el Leonardo AW139, el Airbus H145M y el Bell 412EPX.

Decisión política

La FAP conoce muy bien el material italiano.

En mayo de este año, el instituto castrense anunció la compra de una quinta aeronave C-27J Spartan Next Generation (NG), como parte de su programa de modernización de sus aviones de transporte. Esta unidad fabricada por Leonardo es incluso de la más reciente tecnología, porque los anteriores C-27J Spartan son modelos estándar comprados entre 2013 y 2014, indicaron fuentes militares.

Como publicó en su momento La República, durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, se decidió la contratación de los helicópteros para operaciones SAR, pero luego varió de opinión y prefirió el overhaul (mantenimiento mayor) de helicópteros rusos Mi de la FAP y del Ejército. La invasión rusa de Ucrania causó dificultades para el cumplimiento del objetivo, debido a las restricciones que sufrieron los contratistas de la Federación Rusa.

Urgente ejecución

La amenaza de un episodio del Fenómeno El Niño de dimensiones catastróficas pone sobre el tapete la oportunidad del financiamiento del programa de la FAP, que por falta de decisión política lleva más de cinco años sin ejecutarse, limitando el alcance de las operaciones de búsqueda y rescate.

Los mandatos presidenciales de José Jerí y José María Balcázar tuvieron la oportunidad de iniciar el proceso de renovación de los helicópteros tipo SAR, pero no lo hicieron por distintas razones. Es más, el programa de la FAP ni siquiera fue tomado en cuenta, no obstante que su ejecución es crucial en el contexto del Fenómeno El Niño.

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori está en condiciones de recurrir a los más de US$2.000 millones del fondo contingente que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, con los que se financian las acciones de prevención, mitigación y respuesta inmediata ante los desastres.

Otra fórmula es el endeudamiento interno mediante la emisión de bonos soberanos, como se hizo para la compra de una flota de 24 cazas F-16 Block 70.

Ni en la ampliación del presupuesto 2026, ni en la propuesta para el ejercicio fiscal 2027, se ha considerado el financiamiento del programa de la FAP para contratar los helicópteros SAR, presuntamente para privilegiar la reparación de la flota de los Mi de fabricación rusa, indicaron las fuentes.

Recientemente, la fábrica italiana Leonardo ha propuesto a la FAP la entrega inmediata de tres helicópteros AW139 nuevos y de otros dos usados pero repotenciados por la misma compañía, para que se sumen a las acciones que despliega el instituto armado para atender las emergencias originadas por el fenómeno climatológico, informaron fuentes militares.

El helicóptero AW139 de Leonardo está diseñado para soportar operaciones a gran altitud, adecuado para la diversidad geográfica andina, con capacidad para 15 pasajeros y una carga de 2.715 kilogramos -que varía en función del acondicionamiento-, lo que lo diferencia de otros competidores.

A las 2.10 p. m., una camioneta perteneciente a la sociedad conyugal Toledo-Karp llegó hasta el centro penitenciario. Minutos después, Chantal descendió del vehículo junto a su tío Pedro Toledo, hermano del exmandatario. Ambos ingresaron al establecimiento sin brindar declaraciones a la prensa.

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La visita marca el primer encuentro de Chantal con su padre en prisión durante los tres años de reclusión del exmandatario. La mujer, de 44 años, reside en Estados Unidos y llegó al Perú el último viernes. Según las imágenes registradas, permaneció cerca de dos horas en el penal y salió pasadas las 4.00 p. m.

Visita coincide con pedido de indulto humanitario

La reaparición de la hija mayor de Toledo se produce en medio del pedido de indulto humanitario promovido por la defensa del expresidente, cuya eventual aprobación depende del Gobierno.

El exmandatario acumula dos condenas por lavado de activos. La primera es de 20 años y seis meses de prisión por los sobornos vinculados a Odebrecht en la construcción de la carretera Interoceánica. La segunda es de 13 años y cuatro meses por el caso Ecoteva, relacionado con operaciones inmobiliarias y fondos de origen ilícito.

Chantal y Zaraí Toledo visitaron a su padre por separado

Chantal Toledo acompañó a sus padres durante las marchas y campañas políticas del año 2000, cuando Alejandro Toledo se convirtió en una de las principales figuras de oposición al gobierno de Alberto Fujimori.

Su visita se suma a la que realizó Zaraí Toledo, hija del expresidente, a quien este se resistió durante años a reconocer públicamente, a inicios de 2026.

Ambos encuentros se produjeron por separado en el penal de Barbadillo, donde el exjefe de Estado permanece recluido mientras cumple sus condenas judiciales.

Alejandro Toledo fue trasladado a hospital

El expresidente Alejandro Toledo fue trasladado desde el penal de Barbadillo a un centro hospitalario de Ate tras presentar problemas de salud relacionados con la hipertensión y afecciones cardíacas. Posteriormente, según informó Canal N, el exmandatario retornó al penal de Barbadillo, donde cumple su condena bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La designación de Barragán Coloma había sido aprobada el 17 de octubre, a través de la Resolución N.° 001388-PE-ESSALUD-2026. El cargo correspondía al nivel Ejecutivo 3 y formaba parte de los puestos de confianza de la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud.

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El documento fue firmado por Elizabeth Zulema, presidenta ejecutiva de EsSalud. En la resolución, la institución señaló que consideraba pertinente dar por concluida la designación, pero no expuso una explicación específica sobre las razones de su salida.

También se dispuso que la exfuncionaria mantuviera la reserva sobre los asuntos y la información a los que tuvo acceso durante sus funciones. Además, estableció que debía respetar las prohibiciones contempladas en la Ley N.° 31564, cuyo incumplimiento puede derivar en una inhabilitación para prestar servicios al Estado, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades.

Por último, Barragán Coloma deberá presentar su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas dentro de los 15 días útiles posteriores al cese. También tendrá que entregar su declaración jurada de intereses ante la Contraloría General de la República dentro de los primeros 15 días hábiles desde la notificación de la resolución.

Las dragas, embarcaciones similares a pequeños buques, se encuentran distribuidas en distintos puntos del río, tanto aguas arriba como aguas abajo de Intuto, la capital del distrito loretano de Tigre. La mayor concentración se registra entre las comunidades de Santa Elena, Nueva Jerusalén y Paiche Playa, donde se identificaron cinco de estas embarcaciones. Otras cuatro dragas fueron detectadas en las inmediaciones del río Santa Bárbara y cerca de la comunidad nativa Nuevo Canaán.

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Cabe mencionar que, de acuerdo con el catastro minero del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), a través de su plataforma GEOCATMIN, y el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hasta la fecha no se ha otorgado ninguna concesión minera en el río Tigre. Esto genera que cualquier operación minera en esta zona constituya una actividad ilícita.

El río Tigre, afluente del Marañón, enfrenta así un impacto ambiental constante. Entre 2021 y 2025, la minería ilegal en la zona experimentó un incremento sustancial.

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Una fuerte contaminación

"Los sobrevuelos de monitoreo territorial que FCDS Perú realiza de manera sistemática constituyen una herramienta estratégica para generar información técnica, actualizada y basada en evidencia sobre las dinámicas de transformación del territorio amazónico y sus fronteras. Estos ejercicios prestan especial atención a la expansión de actividades ilegales, las presiones sobre los ecosistemas y los cambios en el uso y la ocupación del suelo", señaló Andrea Buitrago, directora de la organización, a La República. 

"A través de la observación directa, el registro georreferenciado y el análisis de información territorial, los sobrevuelos permiten identificar tendencias, documentar amenazas emergentes y reconocer áreas prioritarias de intervención y prevención. Su propósito es transformar la información obtenida en conocimiento estratégico y oportuno para la toma de decisiones, poniéndolo a disposición de instituciones públicas y otros actores clave. De esta manera, contribuyen a focalizar acciones, fortalecer las capacidades de prevención y respuesta del Estado y promover intervenciones articuladas en la Amazonía peruana", continuó.

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Según Martín Arana, líder de Gestión Territorial Amazónica de la FCDS, una sola draga similar a las presenciadas podría extraer hasta 100 gramos de oro al día. De acuerdo con la calculadora de impactos de la minería presentada por la organización Conservation Strategy Fund (CSF), la extracción de 100 gramos de oro genera un residuo de 3,72 gramos de mercurio, que podría ingresar en la cadena trófica y afectar tanto al ecosistema como a las personas que consumen recursos provenientes de este entorno.

"El sobrevuelo que hemos realizado hoy en el río Tigre corrobora lo que ya habíamos mapeado previamente. En la dinámica de la minería ilegal que viene ocurriendo en Loreto, el río Tigre era una ruta alterna a la minería en el río Nanay. Sin embargo, en el último año se ha venido consolidando como un nuevo frente de la minería ilegal. (…) De momento, la minería ilegal se concentra en el cauce mismo del río Tigre y utilizan las quebradas como escondites. Al menos, todavía no tenemos evidencia de que esto se esté extendiendo a bosques aledaños, como pasa en parte del Nanay y como ocurrió en el caso de Madre de Dios", indicó Arana a este medio.

Además, los efectos nocivos de la minería ilegal sobre el ambiente no se limitan a la contaminación del agua. La remoción del lecho fluvial para extraer oro también puede deformar el cauce del río. Esto incrementa el riesgo de inundaciones e interrumpe procesos ecológicos en los hábitats acuáticos, lo que afecta a la fauna que se reproduce en estos espacios.

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Población coaccionada

"Otra cosa que corrobora el proceso por el cual se vienen estableciendo estos nuevos frentes de minería ilegal es que siguen la misma dinámica que se ha dado en el río Nanay y el río Napo. Inicia con unas pocas dragas y luego aumentan a partir de una renegociación con la población, ya sea a través del acuerdo o la coacción con la propia gente", señaló Arana.

Mientras un sector de la población del distrito de Tigre demanda acciones efectivas del Gobierno, otro ha sido captado por la minería ilegal mediante ofrecimientos económicos. Frithman Salas, especialista en vigilancia y control de la Reserva Nacional Pucacuro del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), explicó a este medio el modus operandi de las organizaciones vinculadas a esta actividad ilícita.

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"Hay un tema de desplazamiento de su propia identidad cultural. Los comuneros ya no realizan sus actividades propias, como la cacería y la pesca; ahora trabajan en el campo usando las dragas, y eso les genera una gran rentabilidad. Si hacemos la comparación con una venta de carne del monte, por ejemplo, la actividad ilícita sigue generando más para ellos", señaló.

Salas añadió otros datos relevantes para analizar el avance de la minería ilegal en la zona. Según explicó, la comunidad nativa de Paiche Playa fue una de las primeras en involucrarse en esta actividad, cuyo crecimiento todavía es incipiente. Además, advirtió que, si bien durante el sobrevuelo se identificaron nueve dragas, otros reportes apuntan a que la cifra podría ser mayor y alcanzar las 15 maquinarias distribuidas a lo largo del río.

Acciones por tomar

El especialista del Sernanp indicó que se vienen desarrollando acciones para evitar que las comunidades queden sometidas al poder económico de las organizaciones criminales.

"Venimos coordinando con diferentes actores en el territorio, entre ellos la ONG DAR, un aliado clave, así como instituciones públicas, comunidades aliadas y asociaciones productivas, entre otras, que tienen injerencia en la gestión del área natural protegida. Buscamos fortalecer las capacidades de las personas que aprovechan los recursos naturales al interior de la reserva, la zona de amortiguamiento y el paisaje asociado. Entre estos recursos figuran la carne del monte, los frutos silvestres para la elaboración de harinas para panes, el aguaje y el camu camu, que son clave en la zona. Trabajamos en ello desde el año pasado", señaló.

Asimismo, Salas explicó que, bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, se viene implementando el proyecto ASL2, una iniciativa que busca impulsar actividades económicas como alternativa a la minería ilegal.

"Se ha propuesto un proyecto de manejo pesquero para el río Tigre, donde puedan acceder a un mercado y generar ingresos para sus familias. Asimismo, se viene trabajando en la recuperación de la taricaya, una especie cuyas poblaciones han ido mermando a lo largo del tiempo. La idea es que la especie se recupere y que, posteriormente, cuando sus poblaciones se hayan restablecido, la gente pueda aprovechar sus derivados, como los huevos y la carne", señaló.

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Desde el Ministerio Público, también se plantea la necesidad de continuar con las labores de investigación y prevención frente a esta situación. Félix Castro, fiscal especializado en materia ambiental de la sede de Nauta, en Loreto, señaló que la detención de ciudadanos vinculados a la minería ilegal contribuye a que la propia población adopte una posición de rechazo frente a esta actividad.

Castro relató que la detención de cuatro ciudadanos motivó a representantes de comunidades indígenas ubicadas al norte del río Tigre a expulsar a los mineros ilegales. El fiscal sostuvo que las distintas áreas de la institución deben encontrar mecanismos para combatir estos delitos, incluso cuando los hechos detectados no correspondan directamente a su ámbito de investigación.

"El trabajo estructurado y organizado es clave. Nosotros trabajamos con las fiscalías penales, no siempre habrá un caso 'perfecto'. Si alguien traslada un insumo, no corresponde dejarlo pasar, sino trasladarlo a otra fiscalía para que pueda investigarlo. Esa organización es clave: si no hay un caso por minería, pero sí por delito común, tenemos respuesta. Además, el trabajo debe articularse también con la Marina y la Policía", indicó.

Castro también señaló que es necesario que el Estado proporcione los recursos logísticos necesarios a las instituciones involucradas para que estas labores puedan desarrollarse con éxito.

"No hablamos solo de dinero. La distancia entre Iquitos para llegar a estas dragas, de manera aérea, ya es larga. Hacerlo por el río es demasiado lejos. En ese interín, personas ya pasan el dato y la intervención pierde fuerza. Necesitamos helicópteros y no los tenemos. No es porque no queramos, es porque no hay la logística necesaria", afirmó.

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Al finalizar la jornada, Martín Arana señaló que la situación en el río Tigre todavía es controlable. En regiones de la selva peruana, como Madre de Dios, las organizaciones dedicadas a estas actividades ilícitas han evolucionado hasta alcanzar un nivel de poder que limita la autonomía de las comunidades y favorece el avance de la minería ilegal y otras actividades relacionadas. Para Arana, es necesario actuar ahora para evitar que ese escenario se replique en Loreto.

"Una de las cosas que tendría que ser una lección aprendida es la acción temprana de manera preventiva. Ahora mismo, esto es incipiente y manejable, pero si no se interviene oportunamente será una situación difícil de controlar. El río Tigre tiene un único acceso fluvial que abastece y sostiene esta actividad. Establecer un control fluvial efectivo de combustible, insumos y personas es parte de lo que demanda la población. Estamos a tiempo, pero sin fiscalización continua, las operaciones del momento solo generarán un efecto momentáneo", señaló.

En un comunicado, indicaron que seguirán ese camino “frente a las decisiones que consideramos contrarias al orden constitucional adoptadas durante el tratamiento y aprobación de estas facultades en el Senado”.

Señalaron que “ni pacto de caballeros ni buena fe pueden estar por encima de la Constitución y el Reglamento” y que, por lo tanto, “sin respeto al orden constitucional y a las reglas del debate parlamentario, no hay respaldo ni acuerdo alguno”.

“Frente al autoritarismo fujimorista, Juntos por el Perú, junto con nuestro querido pueblo, patrióticamente defenderemos la democracia, los derechos humanos, los recursos naturales y nuestra soberanía nacional”, se lee.

Finalmente, exhortaron a la ciudadanía y a las “fuerzas democráticas” actuar solidariamente frente a “los embates del Fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana, exigiendo respuestas efectivas del Estado”.

Senador Carlos Mesía: “Nosotros pensamos que no nos hemos extralimitado”

Al ser consultado sobre lo sucedido en el Senado, el presidente de la Comisión de Constitución de esta cámara, consideró que no se han “extralimitado” de sus funciones.

“Las facultades ya han sido otorgadas y la ley ya está aprobada ya está en vigencia y nadie puede impugnar la ley si no solo el tribunal constitucional”, declaró.

Añadió que no opinará sobre el voto dividido en Buen Gobierno y Obras: “No me meto en casa ajena a ellos que resuelvan su propio problema cada cocinero que lave su olla”.

Por su parte, el diputado Diego Bazán de Renovación Popular informó que no comparte las críticas contra el accionar del Senado.

“Hay que entender y respetar cuando hay una mayoría en el senado así sea por un voto o dos votos”, dijo.

“Particularmente que esto pueda ser definitivamente una sentencia vinculante se tendría que presentar una demanda de inconstitucionalidad y lo primero que tendría que evaluar el TC si esta demanda está dentro de su competencia y lo cual creo que no va a ser así”, agregó.

De acuerdo con dichas fuentes, la decisión ya fue notificada a la presidenta de la Corte Superior de Lima, Miluska Cano López, por lo que la reincorporación del magistrado se daría en las próximas horas o, a más tardar, entre lunes y martes.

Existen fuertes presiones para que regrese a su despacho antes de que el nuevo magistrado a cargo revise las medidas cautelares y, eventualmente, las anule, como sucedió en el caso El Comercio.

¿Qué cambió? Según las fuentes, detrás de Varillas existe una red integrada por diversos magistrados, personal jurisdiccional y abogados que direccionan demandas y solicitudes de medidas cautelares hacia determinados jueces, donde reciben una atención especializada.

Este tipo de retrocesos ya ha ocurrido antes. Varillas ha sido suspendido entre los años 2016-2017 y 2024-2025. En octubre de 2024 incluso se llegó a solicitar su destitución, además de enfrentar un proceso penal; sin embargo, en cuanto el escándalo sale de la luz pública, todo queda en nada.

El pasado 20 de agosto, la ANC-PJ dispuso su suspensión por seis meses al considerar una falta muy grave que redactara sus resoluciones fuera del despacho judicial y en equipos informáticos no oficiales, lo que impedía su control posterior, tras comprobarse que almacenaba y trasladaba dichos fallos en un USB personal para entregárselo a su asistente e ingresarlo al sistema.

Los 614 motivos de control

Además, se le cuestionó por no entregar ese dispositivo personal a los jueces de control en la fecha que él mismo había señalado.

Cuando los peritos informáticos revisaron la computadora de su despacho, hallaron que de 618 medidas cautelares dictadas, solo existía el archivo de 4 resoluciones. Las otras 614 se encontraban, supuestamente, en el USB personal cuyo paradero se desconocía por lo que era imposible saber y confirmar dónde las redactó, cuánto tiempo dedicó a cada documento y si efectivamente él hizo esa labor.

Por otro lado, en el caso de El Comercio se estableció que el tiempo de edición del documento era de 00:00 minutos, a pesar de que el juez declaró haberlo revisado en su despacho varias veces antes de entregárselo a su asistente. Si se acepta su “varias veces” es de suponer en que cada revisión no cambió ni una letra, ni un número de artículo, ni un espacio, solo se dedicó a releerlos. En este caso, ¿por qué tenía que releerlo tanto?

Tras apelar la suspensión, la ANC-PJ le concedió una audiencia el 1 de octubre para que presentara sus descargos. Fue allí donde todo empezó a cambiar: Varillas habría convencido a los jueces de control de que su modalidad de trabajo solo constituye una falta leve y al contrario, es posible que debería concedérsele una condecoración por trabajar fuera del horario laboral y en equipos no oficiales.

Los peritajes

Las fuentes judiciales hablan de dos peritajes informáticos en el caso Varillas que se buscarían difuminar. El que no encontró los originales de 614 medidas cautelares y otro que probaría el ruleteo de las demandas y medidas cautelares. Habría 614 litigantes y grandes estudios de abogados que no quieren que se escudriñe en el procedimiento de esas demandas y medidas cautelares.

Además, se establecería que es posible que efectivamente, Varillas haya revisado varias veces la medida cautelar del caso El Comercio en su despacho, sin dejar rastro y que por eso la edición aparece en cero minutos. La ANC-PJ ha decidido creerle, de acuerdo con las fuentes judiciales.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

"La bancada tuvo una posición que adoptó por consenso. Dos compañeros por motivaciones distintas rompieron la disciplina del partido. En la Cámara de Senadores se aprobó antes de empezar a funcionar un reglamento de sanciones. Tendrá que haber un procedimiento. Hay que escuchar y habrá un procedimiento. (…) No hay una fisura, pero hay un reglamento que tiene que ser aplicado ante una indisciplina. Y ese voto fue una indisciplina. Las dos personas que votaron tenían información, habrá un espacio de escucha y diálogo, pero después de eso se aplicará el reglamento. Es lógico, somos un partido político, no un club de amigos", indicó en entrevista con Exitosa.

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Gavidia y Flores se sumaron a Daniel Barragán, Walter Gago y Roger Astacuri, senadores del Partido Cívico Obras, como los únicos miembros de la oposición que respaldaron el pedido de facultades. Los demás integrantes de la bancada del Partido del Buen Gobierno optaron por abstenerse durante la votación.

Nieto también señaló que propuso al Gobierno una vía alternativa para aprobar las siete materias incorporadas por el Senado. Según explicó, planteó a representantes del Ejecutivo que estas fueran tramitadas mediante proyectos de ley. Asimismo, cuestionó la actuación de Keiko Fujimori y sus ministros hasta el momento.

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"Al final, ya en la crisis. Yo tuve una reunión de alto nivel con el Gobierno. Propuse que aprobemos los 20 puntos y que, ya que teníamos una disputa para ver si el Senado podía sumar materias, que eso se proponga como proyectos de ley. (…) Pensé que desde el día uno iba a arrasar, si yo hubiera sido elegido desde el 28 de julio dejaba 25 proyectos de ley y lo anunciaba al país. Ella tiene la información. El problema es que hay complicidad. ¿De quién? De la corrupción policial. Ese problema, que es la reorganización de la PNP, no está en el pedido de facultades. No está en su agenda", señaló.

Dicha operación representa el 62.94% de la propiedad de la empresa. Tras el acuerdo, Inversiones Newscorp S.A.C. adquirió el 51% de las acciones comunes para convertirse en la dueña mayoritaria, mientras que César Emilio Rodríguez Larraín Salinas obtuvo el 11.94% restante del paquete transferido.

El fallo judicial que permitió la venta

La venta se concretó luego de que el juez Edwin Bautista Dipaz, del Séptimo Juzgado Comercial de Lima, anulara la medida cautelar que frenaba el proceso. El magistrado concluyó que dicha orden previa no era razonable, pues ignoró los perjuicios económicos y legales para los 79 accionistas vendedores y para los compradores.

El problema judicial empezó el 30 de julio, cuando el juez Juan Varillas Solano frenó la transacción a pedido de tres accionistas minoritarios (Hernández López de Romaña Dalmau, Alois Miró Quesada Koechlin y Arthur Do Nascimento Silva), quienes buscaban asegurar un arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima. Sin embargo, la empresa y los 79 accionistas apelaron la medida y consiguieron que el nuevo juez la dejara sin efecto.

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Actualmente, el juez Varillas Solano afronta una suspensión por parte de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ). La entidad halló que redactó su fallo fuera de su despacho, lo trasladó en un USB personal y actuó con una rapidez inusual.

Asimismo, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) investiga la posible alteración y direccionamiento de expedientes en la Mesa de Partes Única para favorecer a ciertos juzgados, caso en el que estarían implicados jueces, trabajadores judiciales y abogados.

Según explicó, la interpretación actual de la ley autoriza a las fuerzas policiales a tomar declaraciones solo en presencia del abogado defensor y sin convocar al fiscal, una práctica que deja sin valor el trabajo realizado al no contar con la participación del Ministerio Público desde el inicio del proceso.

“Ellos ya no convocan al Ministerio Público en una investigación, porque la ley misma les autoriza que pueden tomar la declaración solamente con el abogado y no con el fiscal. Pero esa investigación, ese avance, esas pruebas que puedan acopiarse, esas no sirven para el juicio oral”, manifestó el Fiscal de la Nación vía Exitosa.

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Gálvez sostuvo que esta situación ha deteriorado la labor conjunta entre ambas instituciones, recordando que, en el pasado, la acción coordinada entre la Fiscalía y la Policía demostró ser eficiente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Ante ello, señaló que esa dinámica de trabajo no debió perderse y mencionó que, bajo el esquema de la ley actual, resulta imposible enfrentar la delincuencia.

“Cuando yo he visto la acción conjunta de la Policía y del Ministerio Público contra, por ejemplo, narcotraficantes o en la lucha contra el terrorismo, los niveles de eficiencia han sido extraordinarios. Esa forma de trabajo nunca se debió perder (...) lamentablemente con esa ley no vamos a poder [enfrentar el delito]”.

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En ese contexto, el titular del Ministerio Público respaldó la decisión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que aprobó con 12 votos a favor y 7 en contra el dictamen para anular la Ley N° 32130, norma que otorgó a la PNP el control de las investigaciones iniciales y dejó a la Fiscalía en un rol secundario.

La iniciativa contó con el respaldo de bancadas opositoras como Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras, frente al rechazo de sectores oficialistas como Renovación Popular y Fuerza Popular. La decisión final quedará en manos del pleno para su ratificación.

"Para mí está mal porque nosotros hemos llevado en una locomotora llamada Obras a los vagones. Los vagones son los congresistas que están allá. El que no quiere cumplir con las políticas de Obras, que se vaya con otro partido. Es así", declaró Belmont.

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Para el líder de Obras, esta votación no lo convierte en parte de las bancadas oficialistas. El excandidato presidencial señaló que respaldaría todas las propuestas que le parezcan razonables, independientemente del sector político del que provengan.

"El problema es de ellos (por pensar eso), que interpreten eso a su manera. Para mí la patria es primero. No he votado por el fujimorismo, he votado por el que ganó. (…) Yo no soy obstruccionista, yo busco soluciones. Cuando el fujimorismo meta bala, marcharé en las calles", indicó.

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Además, se refirió a los rumores sobre un supuesto acercamiento del Gobierno a Daniel Barragán para ofrecerle una cartera ministerial. Belmont negó tener conocimiento de una eventual propuesta y señaló: "Si él quisiera ser ministro, yo le diría que puede hacer como ministro. Él solo me cuenta sobre hechos que vayan a ocurrir. Que yo sepa, no le han ofrecido. (...) Barragán es un hombre importante. Es mi segundo al mando".

Niega una alteración de la dinámica parlamentaria

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue si la votación a favor de las facultades legislativas relegaba a la Cámara de Diputados a un segundo plano. Esto, en medio del debate sobre los límites de las atribuciones del Senado, que se reavivó tras la incorporación de nuevas materias en el dictamen elaborado por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Representantes de Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú señalaron que esto podría abrir paso a que lo aprobado por la Cámara de Diputados sea alterado considerablemente en el Senado.

Al respecto, Belmont fue consultado sobre si esta situación podría generar incomodidad entre los diputados de su partido. El líder de Obras sostuvo que, si alguno de ellos se sentía incómodo con la decisión, lo mejor sería que diera un paso al costado y abandonara la bancada.

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"Los que sientan eso, que se vayan. Prefiero quedarme solo que mal acompañado. Es como el hombre que decide divorciarse", señaló.

Además, habló también de sus reuniones previas con miembros del oficialismo: "Esto no es un pacto, yo no sé lo que es un pacto. Hablé con Chlimper y Galarreta antes de las elecciones. Y yo le dije que tengan éxito y que convoquen a la mejor gente. Él me dijo que había que trabajar por el Perú y yo le dije que estoy haciendo esto desde toda mi vida", indicó.

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Reuniones con representantes de Estados Unidos

En otro segmento de la entrevista, Ricardo Belmont señaló que había mantenido reuniones en la Embajada de Estados Unidos. El líder político precisó que no se había reunido con Bernie Navarro, sino con otro funcionario al que calificó como 'el segundo al mando', aunque no reveló su nombre.

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"Yo me he reunido con el segundo de la embajada, porque me invitó. Comimos una hamburguesa y chau. Dijo cómo me sentía, qué pensaba del país, me contó su vida y me dijo que había sido un placer conocerte. Me hizo dos preguntas sobre mi visión de país", indicó.

Belmont aseguró que este funcionario le había dado indicaciones sobre cómo desenvolverse políticamente. Sin embargo, pocos segundos después, el líder político cambió su versión y negó que hubiera recibido tales indicaciones. Según explicó, durante la reunión ambos intercambiaron puntos de vista y se presentaron mutuamente.

El CUPAZ fue creado por la expresidenta Dina Boluarte después de visitar las instalaciones de Poderosa en Pataz, el viernes 9 de mayo de 2025, y sus acciones son financiadas con presupuestos del Ejército y de la Policía Nacional por intermedio del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior.

Al menos, en el papel. Sin embargo, el primero de septiembre, el general Lizandro Córdova solicitó por escrito al superintendente de Seguridad Patrimonial de la minera Poderosa, general EP en retiro Carlos Romero Von Bancels, una movilidad para conducir de Pataz a Trujillo a un requisitoriado por el delito de tráfico ilícito de drogas, Anibal Chacón Layza, de 38 años.

Chacón fue detenido el primero de septiembre por efectivos del CUPAZ en la garita de control de Calquiche. Se encontraba en el interior de la camioneta negra Toyota Hilux, de placa BDP-796.

Fue apresado porque tenía una orden de captura vigente por el delito de narcotráfico, expedido por el Jugado de Investigación Preparatoria de Trujillo.

De acuerdo con el documento obtenido por La República, el general Lizandro Córdova pidió autorización a su excompañero del Ejército, Carlos Romero, para que la camioneta de la empresa minera Poderosa, identificada con la placa THE-913, conducida por Kevin Palomino Carrera, traslade a un detenido por narcotráfico desde la localidad de Chagual, en Pataz, hasta un juzgado de la ciudad de Trujillo.

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SERVICIO PERSONALIZADO

Fuentes familiarizadas con las actividades del CUPAZ afirmaron que es usual que el Ejército utilice la logística de Poderosa para cumplir con sus funciones, lo que explica por qué el general Córdova hizo el requerimiento con el número de placa y la identificación del chofer.

“La empresa Poderosa asignó una flota de camionetas 4x4 al CUPAZ con sus respectivos conductores para la ejecución de los operativos. Las autoridades del CUPAZ solo deben enviar una solicitud al Superintendente de Seguridad de Poderosa -que es un alto oficial del Ejército en retiro- para justificar el uso de los vehículos. Los dos documentos que tiene La República prueban dicha práctica”, indicaron las fuentes consultadas por este diario.

A los pocos días, el 24 de septiembre, el jefe del CUPAZ requirió nuevamente al general Carlos Romero Von Bancels el uso de una camioneta de la minera Poderosa.

Esta vez para movilizar al detenido Washington Miranda Cutipa, requisitoriado por el juzgado penal unipersonal de Arequipa por el delito de daños materiales. Washington Miranda fue intervenido por una patrulla mixta del CUPAZ integrada por efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (Dirores) y del Ejército cuando estaba a bordo de una camioneta 4x4 por el puesto de control de Calquiche, ubicado en los sectores de Chagual y Vijus, en el distrito de Pataz.

Como parte de las diligencias, Washington Miranda fue conducido a la comisaría de Chagual. Sin embargo, la unidad policial no contaba con un vehículo, por lo que general Lizandro Córdova demandó a la minera Poderosa la asignación de una camioneta. ¿Qué eficacia podrían conseguir las fuerzas del orden contra el crimen organizado en Pataz si ni siquiera cuenta con vehículos para transportar a los intervenidos?

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TODO ESTÁ DOCUMENTADO

No es la primera vez que La República documenta que el CUPAZ utiliza camionetas y personal de la aurífera Poderosa para ejecutar sus operaciones. Se supone que el  Ejecutivo asignó al Ejército y a la Policía Nacional recursos para que cumplan con su misión.

 Los documentos con la firma del jefe del CUPAZ, general EP Lizandro Córdova, confirman una vez más que el comando especial continúa utilizando los recursos logísticos de la empresa Poderosa, como reveló este diario con fotografías y videos.

En ambos casos mencionados en este reportaje de investigación, Poderosa, efectivamente, dio el visto bueno para que sus vehículos y conductores transporten a los detenidos. Estos hechos evidencian un conflicto de intereses: la presidenta del directorio de Poderosa, Evangelina Arias Vargas, realizó ocho aportes por S/1.480.000 a la campaña presidencial de Rafael Belaunde Llosa, quien ahora se desempeña como ministro de Defensa.

El despacho del Mindef está directamente relacionado con las acciones del CUPAZ. Tanto así que el ministro Belaunde ha visitado la zona de conflicto para evaluar las acciones del Ejército contra el crimen organizado y la minería ilegal. Belaunde ha recibido visitas guiadas del jefe del CUPAZ, el general Lizandro Córdova, en el terreno de combate.

La República ha difundido imágenes fotográficas y video que demuestran que los efectivos militares y policiales comparten sus alimentos con los trabajadores de Poderosa. Ante el desmentido de las autoridades y de la empresa, este periódico ha conseguido más evidencia de que los uniformados asignados al CUPAZ desayunan, almuerzan y cenan con alimentos y en las instalaciones de la compañía minera aurífera.

 Esto sucede pese a que el ministro Rafael Belaunde ha negado en repetidas ocasiones que exista algún trato preferencial con la minera Poderosa por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales que integran el Comando Unificado Pataz-

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UNA NECESARIA ACLARACIÓN

Fuentes ubicadas en la zona de conflicto señalaron a este periódico que el alto mando del CUPAZ focaliza sus operaciones en los alrededores de las concesiones de la empresa Poderosa, que colindan con los sectores de Pueblo Nuevo, Zarumilla, Cedros y Suyubamba, ubicados en el distrito de Pataz.

En esta zona, precisamente, las comunidades locales se dedican a la extracción de minerales. En nuevas imágenes se observa a efectivos del Ejército almorzando junto a los trabajadores de la compañía aurífera Poderosa, en una de las instalaciones clave del campamento minero de Hualanga, de propiedad de la mencionada empresa.

Las fotografías también confirman que los efectivos del CUPAZ, militares y policías, siguen utilizando los vehículos de propiedad de la compañía Poderosa.

La República solicitó al Ministerio de Defensa una versión sobre los hechos documentados en este reportaje de investigación, pero no respondió. Por su parte, la minera Poderosa expresó que no haría comentarios al respecto.

Las fuentes señalan que el pedido de Gonzales Barrón a Burneo es que el pleno establezca una interpretación sobre el artículo 194 de la Constitución. Este artículo señala en uno de sus párrafos que "no hay reelección inmediata para los alcaldes".

Este artículo ha sido burlado en distintas elecciones subnacionales por alcaldes del último periodo, quienes optaron por postular como primeros regidores para que, tras la renuncia de los candidatos a alcalde, queden como cabezas de lista y puedan volver a optar por el sillón municipal de sus jurisdicciones. Destaca el caso de Rafael López Aliaga, quien siguió ese proceder en esta elección.

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Resolución pasada

El pedido se ha intensificado desde el 22 de setiembre de 2026, cuando el Pleno del JNE declaró improcedente, por mayoría, la apelación de Lorenzo Humberto Álvarez Farro contra la resolución del JEE de Pacasmayo que rechazó excluir a Juan Alberto Castañeda Llanos, candidato a primer regidor de Guadalupe por Renovación Popular.

El recurrente sostenía que Castañeda, alcalde en la gestión en curso, podría terminar ocupando la alcaldía de forma consecutiva tras la renuncia del candidato a alcalde, lo que vulneraría la prohibición de reelección inmediata del artículo 194 de la Constitución.

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El JNE no entró al fondo de ese argumento. Concluyó que, según el artículo 41 del Reglamento de Inscripción, un ciudadano que denuncia no tiene legitimidad para ser parte del procedimiento de exclusión y, por tanto, tampoco puede apelar ni presentar queja. Además, recordó que el recurrente pudo usar la tacha y no lo hizo a tiempo, por lo que la exclusión no puede servir como vía residual para cuestionar candidaturas.

En esa resolución, fue justamente Gonzales Barrón quien votó en minoría por declarar fundada la apelación y excluir al candidato, al considerar que, con la renuncia del postulante a alcalde, se produce de forma sobrevenida la situación prohibida por el artículo 194, algo que, en su opinión, puede declararse en cualquier momento por tratarse de una cuestión de puro derecho.

Otro caso similar

El Pleno del JNE también revocó, con cuatro votos a favor y uno en contra, la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Morropón que excluía a Richard Baca Palacios de las elecciones. El actual alcalde provincial de Morropón, en Piura, podrá continuar en carrera como primer regidor de Alianza para el Progreso (APP), pese a ejercer el cargo desde 2023.

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Su ubicación en el primer puesto de la lista se produjo luego de que Ricardo Espinoza Nima, candidato de APP a la alcaldía, presentara su renuncia y esta fuera aceptada por el JEE. El organismo electoral consideró que Baca podría volver a asumir la alcaldía si la agrupación ganaba los comicios, debido a que el primer regidor reemplaza al burgomaestre en caso de ausencia o vacancia.

La única posición discrepante también vino del magistrado Gunther Gonzales Barrón, quien solicitó declarar infundada la apelación y mantener la exclusión. En cambio, los magistrados Burneo, Maisch, Torres y Oyarce respaldaron la continuidad de Baca en el proceso electoral.

"La bicameralidad debe contribuir a mejorar la calidad de las leyes y fortalecer la deliberación democrática", señaló la organización en el pronunciamiento.

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Transparencia formuló tres exhortaciones. La primera es "precisar el alcance de las competencias de cada cámara y los criterios para determinar cuándo una modificación es complementaria, incorpora materias distintas o desnaturaliza la propuesta original".

La segunda plantea "que se defina con claridad cómo se resuelven las discrepancias entre ambas cámaras, buscando un equilibrio que evite que una prevalezca sobre la otra debido a vacíos o ambigüedades normativas".

La tercera exhorta "a ambas cámaras a sustentar públicamente sus decisiones en materia de procedimiento, de modo que la ciudadanía pueda conocer los fundamentos con los que se aplican las reglas".

El Senado aprobó la delegación de facultades con 27 materias

El Pleno del Senado aprobó el texto de la Comisión de Constitución con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. El dictamen autoriza al Gobierno de Keiko Fujimori a legislar sobre el Fenómeno del Niño y la inseguridad en 27 materias, siete más que las 20 del texto de Diputados.

Votaron a favor Fuerza Popular, Renovación Popular y parte de la bancada de Obras (Daniel Barragán, Roger Astucuri y Walter Gago), mientras que Juana Ticona votó en contra. La presidenta tiene 15 días para firmar y publicar la norma.

Juntos por el Perú y Ahora Nación rechazaron el texto con todos sus integrantes. El Partido del Buen Gobierno se abstuvo con cinco senadores (Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Flavio Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute), pero Jorge Gavidia y Juver Flores votaron a favor.

Figallo explicó que la abstención responde al respeto a la Cámara de Diputados, y advirtió de "un problema grave para las leyes y para el país" si el Senado puede modificarlo todo. Dijo que el voto distinto de Gavidia y Flores se verá internamente y negó que haya un fraccionamiento.

Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, sostuvo que los puntos añadidos debieron tramitarse como proyectos de ley, y dijo que votó en contra por coherencia con lo que planteó en la Comisión de Constitución.

Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, afirmó que sin respeto al fuero de la cámara de origen no hay respaldo ni acuerdo alguno. Ambos cuestionaron cómo queda la relación entre las dos cámaras, el mismo punto que Transparencia pidió precisar en su comunicado.

De acuerdo a lo promulgado, el Ejecutivo podrá fijar límites a la terminación anticipada y a la conversión de penas, y reformar el sistema penitenciario y el INPE. También podrá precisar cuándo los militares pueden apoyar a la Policía frente a organizaciones criminales, regular su participación en la seguridad externa de los penales, y cambiar las reglas sobre migración, armas de fuego, telefonía móvil, delitos informáticos y el sistema de inteligencia. Incluye además la presunción de racionalidad en la legítima defensa y el internamiento de adolescentes condenados por delitos graves en una unidad diferenciada de un penal al cumplir la mayoría de edad.

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El segundo bloque va para la prevención ante el Fenómeno de El Niño, mezcla medidas de emergencia con reformas de mayor alcance. INDECI podrá entregar ayuda humanitaria de forma directa durante los primeros 15 días de una emergencia. En lo que respecta a vivienda, las facultades legislativas delegadas incluyen un régimen registral especial para proyectos de Vivienda de Interés Social, bonos para damnificados y otras medidas relacionadas.

La ley prohíbe crear nuevos delitos o reducir las garantías del debido proceso, la defensa y la presunción de inocencia, y aclara que las medidas sobre telefonía no autorizan el acceso masivo al contenido de las comunicaciones. Las medidas sobre armas no podrán ampliar las categorías de uso civil ni reducir los controles vigentes.

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Además, las disposiciones finales mantienen las materias delegadas bajo el Sistema Nacional de Control, descartan afectar las competencias del Congreso, los gobiernos regionales y locales y los organismos autónomos, y obligan a cada sector a informar por escrito a la Comisión de Constitución del Senado, dentro de los 60 días posteriores a la publicación de los decretos legislativos, sobre el avance de su implementación.

En su informe del 21 de octubre, el organismo identificó la amenaza denominada PHP2Shell y advirtió que los detalles técnicos de las vulnerabilidades se filtraron en internet antes de la divulgación coordinada y la publicación oficial de los parches.

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La alerta también alcanzó a otros países. Los equipos de seguridad digital de Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Japón y España pidieron a las organizaciones que utilizan PHP que instalaran las actualizaciones para reducir el riesgo de intrusiones.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) calificó las fallas con una puntuación de 9,2 sobre 10, dentro del nivel crítico. Según EFE, algunos servicios, páginas web, medios de comunicación y hospitales de determinados países optaron por desconectarse de forma preventiva.

El equipo de PHP publicó las correcciones el 21 de octubre. No obstante, el Centro Nacional de Seguridad Digital advirtió que ya se habían reportado intentos de explotación y que la difusión de pruebas técnicas podía facilitar nuevos ataques contra los sistemas que continuaran expuestos.

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¿Qué es PHP2Shell y qué riesgos representa para los servidores?

PHP es un lenguaje de programación muy utilizado para crear páginas web dinámicas y aplicaciones de internet. Permite que los sitios respondan a las acciones de los usuarios, procesen información y ejecuten distintas funciones. Por ello, las fallas que afectan a este sistema pueden comprometer los servicios que dependen de él.

Según el Centro Nacional de Seguridad Digital, las vulnerabilidades PHP2Shell podrían permitir que un atacante remoto ejecute código arbitrario en un servidor afectado. Esto significa que una persona podría dar instrucciones al sistema sin tener autorización, ejecutar comandos y comprometer su funcionamiento.

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El informe peruano precisó que la información pública disponible todavía no detallaba la causa exacta de ambos errores, los componentes afectados ni la ruta específica para explotarlos. Un reporte preliminar vinculó una de las fallas, identificada como CVE-2026-109618, con un error de memoria que ocurre cuando un programa intenta utilizar un espacio que ya fue liberado.

Las organizaciones que utilizan PHP deben comprobar qué versión tienen instalada y aplicar las correcciones correspondientes. Las versiones que solucionan las vulnerabilidades son PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 y 8.2.35.

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El riesgo también alcanza a las ramas PHP 8.1 y anteriores, que ya no reciben mantenimiento de seguridad del proyecto principal. Por ello, estos sistemas requieren especial atención, ya que no cuentan con nuevas correcciones de seguridad de ese equipo para sus versiones antiguas.

El Centro Nacional de Seguridad Digital también advirtió que ya se habían reportado intentos de explotación. La publicación de información técnica y pruebas de concepto aumentó la posibilidad de ataques masivos contra servidores que todavía no habían corregido las vulnerabilidades.

El juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundada la revisión de oficio de la medida y dispuso que continúe vigente hasta el 8 de marzo del 2027.

"Declarar infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva que fuera impuesta al imputado José Pedro Castillo Terrones, y en consecuencia, se declara la VIGENCIA de la medida de prisión preventiva", se lee en la resolución.

El magistrado mantuvo la prolongación de 12 meses que dictó el juzgado el pasado 27 de febrero de 2026 y que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó el 1 de junio, tras declarar infundada la apelación de la defensa de Castillo.

De esta manera, la revisión judicial no modificó el plazo de la prisión preventiva. Castillo continuará recluido en el penal de Barbadillo mientras afronta la investigación por los presuntos delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y colusión simple, en agravio del Estado.

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Fiscalía sostuvo que persisten los riesgos procesales

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que no aparecieron nuevos elementos que desvirtúen los fundamentos de la prisión preventiva.

Por el contrario, señaló que las declaraciones testimoniales, las diligencias periciales, los documentos incautados y las actas fiscales incorporadas a la investigación reforzarían la hipótesis fiscal sobre la presunta participación de Castillo en una organización criminal.

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Los casos de presunta corrupción que afronta Pedro Castillo

La investigación comprende presuntos actos ilícitos relacionados con tres ámbitos de la administración pública durante el Gobierno de Castillo.

En Petroperú, la Fiscalía atribuye al exmandatario una presunta intervención en nombramientos y decisiones vinculadas con la adquisición de biodiésel. En Provías Descentralizado, la investigación aborda la presunta manipulación de contrataciones públicas, entre ellas la licitación del Puente Tarata III. En el Ministerio de Vivienda, se examina el supuesto direccionamiento de proyectos de saneamiento y obras públicas.

Estas imputaciones forman parte de la tesis fiscal y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

Además de esta investigación, Castillo cumple una condena de primera instancia de 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, relacionado con su fallido intento de quebrar el orden constitucional el 7 de diciembre de 2022.

Con la nueva resolución, el Poder Judicial mantiene la prisión preventiva por el caso de presunta corrupción hasta el 8 de marzo de 2027, sin modificar el plazo que ya había establecido la Corte Suprema.

“Bueno, ya se han aprobado las facultades, las que se han aprobado, del modo en que se han aprobado, en nuestra opinión, rompiendo los reglamentos del Senado. Son clarísimas. No permiten que el Senado incorpore materias nuevas a la discusión”, declaró Nieto a Exitosa.

Nieto mencionó que el artículo 25A del reglamento del Senado establece límites para introducir nuevos temas durante la discusión de la delegación de facultades legislativas.

“El artículo 25A del reglamento del Senado es literalmente mandatorio sobre este tema, pero lo han hecho, rompiendo la legalidad. Ya está hecho. Que gobierne. Ya no hay excusas”, manifestó.

Aún así, Nieto consideró que el Ejecutivo debe asumir la responsabilidad de gobernar tras la aprobación del pedido.

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Fallas en el sistema bicameral

El líder de Buen Gobierno también cuestionó el diseño del sistema parlamentario y la falta de claridad sobre las competencias del Senado y la Cámara de Diputados.

“Hay constitucionalistas de primer nivel en el Perú que dicen que el Senado podía introducir materias nuevas. Hay otros constitucionalistas del mismo nivel en el Perú que dicen que el Senado no podía. Pero los dos y todos coinciden que tenemos un sistema parlamentario contrahecho, que no está bien resuelta la relación”, afirmó.

Nieto señaló que los problemas entre ambas cámaras no son nuevos y que su agrupación advirtió sobre los riesgos del diseño parlamentario meses atrás. “Nosotros lo hemos planteado hace cuatro meses. Cuatro meses. Hemos dicho: este sistema va a llevar a la parálisis. ¿Por qué? Porque está hecho para eso. Porque está hecho para que no haya una relación fluida entre las cámaras”, sostuvo.

El proyecto fue impulsado por las bancadas de Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras. Su aprobación se dio luego de un debate en el que distintas agrupaciones respaldaron la eliminación de la ley, que fue aprobada durante el Congreso anterior y generó cuestionamientos por su contenido.

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Durante la discusión, Arturo Alegría, diputado de Fuerza Popular, sostuvo que la norma fue promovida por bancadas de izquierda del Parlamento anterior. Sin embargo, el respaldo actual de su agrupación contrasta con la votación de ese periodo, cuando Fuerza Popular apoyó la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú.

Cabe recordar que en abril de este año se reportó la inclusión de un texto sustitutorio que tenía como objetivo retirar del cargo a Delia Espinoza, entonces decana del Colegio de Abogados de Lima. El caso generó cuestionamientos sobre el alcance de la ley y las disposiciones incorporadas durante su trámite legislativo. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Senadores, donde se definirá si la derogación recibe la aprobación definitiva.

Por cuatro votos contra uno, revocó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Morropón, que lo había excluido de la elección.

Baca quedó primero en la lista después de que Ricardo Espinoza Nima, candidato a alcalde de APP, renunciara y el JEE aceptara su renuncia.

Para el JEE, esa situación lo ponía en posición de asumir de nuevo la alcaldía si la lista ganaba, porque el primer regidor reemplaza al alcalde en caso de vacancia o ausencia.

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El JEE también puso en el expediente un informe sobre carteles de Baca con la frase "Este 4 de octubre marca así", su foto, su nombre y la palabra "Alcalde", junto a la indicación "Rumbo al 2027-2030". El JNE respondió que esa propaganda no cambia el cargo al que postula y que la responsabilidad por su difusión se evalúa en otro expediente.

El voto en minoría fue del magistrado Gunther Gonzales Barrón, quien pidió declarar infundada la apelación y excluir a Baca. Sostuvo que el caso es una reelección, porque la Constitución prohíbe volver a ser alcalde por cualquier vía, directa o indirecta. Los otros cuatro integrantes del Pleno (Burneo, Maisch, Torres y Oyarce) votaron por dejarlo postular.

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El JNE aún no define si López Aliaga puede asumir la alcaldía de Lima

Los mismos cuatro magistrados que dejaron en carrera a Baca votaron el 4 de setiembre por confirmar que era improcedente el pedido de excluir a Rafael López Aliaga como primer regidor de Renovación Popular, tras la renuncia del candidato a alcalde Luis Rubio. El Pleno resolvió que el plazo para presentar tachas había vencido y no analizó si el exalcalde podría volver a asumir el cargo. Gonzales Barrón también votó en minoría en ese caso.

La asociación Iniciativa Democrática denunció ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL) al presidente del JNE, Roberto Burneo, y a los magistrados Martha Maisch, Rubén Torres y Aarón Oyarce por esa decisión. Pidió abrirles un procedimiento disciplinario a los tres últimos y que se verifique si Burneo está colegiado en Lima.

La denuncia cuestiona su imparcialidad. El 5 de setiembre, un día después del fallo, Burneo dijo a El Peruano que "no hay en el Perú ninguna modalidad de reelección encubierta". Cuestiona también a su asesor Jorge Valdivia, quien declaró a Ojo Público que, si renuncia un candidato a alcalde, se aplica la Ley Orgánica de Municipalidades para definir quién asume.

Burneo anunció en setiembre que el Pleno debatiría si López Aliaga podrá recibir la credencial de alcalde si su lista gana, sin precisar fecha. Hasta ahora no hay decisión, y Renovación Popular es la virtual ganadora en Lima.

“Nos falta tiempo, es la verdad”, admitió el titular del sector Salud al referirse a los preparativos frente a las lluvias y posibles inundaciones. Aunque aseguró que las autoridades realizan trabajos durante las 24 horas, no detalló cuánto falta para completar las intervenciones pendientes ni qué medidas adicionales permitirán reducir los daños.

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Durante la entrevista, Dyer sostuvo que el fenómeno podría extenderse desde noviembre hasta abril, con su mayor intensidad entre noviembre y enero. Ante ese pronóstico, pidió a las personas que viven cerca de los ríos que se retiren de esas zonas. “Todos los pobladores que tienen, digamos, están cerca de los ríos, preferible en este momento tomar decisión y retirarse”, manifestó.

El ministro también alertó sobre las consecuencias que podría dejar la emergencia. “Seguramente las áreas de cultivo se van a destruir, seguramente la infraestructura vivienda se va a destruir, seguramente vamos a tener hospitales que van a colapsar”, declaró. Sin embargo, no precisó qué establecimientos de salud podrían quedar afectados ni cómo se garantizará la atención médica si alguno queda fuera de servicio.

Dyer aseguró que el Gobierno preparó 30.000 albergues de emergencia y dispuso el traslado de hospitales de campaña al norte del país, en particular a Tumbes, Piura y Lambayeque. También mencionó la disponibilidad de cinco toneladas de alimentos. No obstante, durante el diálogo no detalló dónde se ubican todos los albergues ni qué asistencia recibirán las familias que deban abandonar sus viviendas.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Las declaraciones se dieron luego de que se le preguntara por los cuestionamientos del senador Sigal, quien sostuvo que existía un acuerdo para que la bancada mantuviera una sola posición durante la votación. Gavidia fue consultado por su decisión de no seguir ese entendimiento.

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Ante las preguntas sobre un posible distanciamiento, el parlamentario negó que su voto haya generado una ruptura. Afirmó que las diferencias de opinión no tienen por qué afectar al partido y rechazó la posibilidad de alejarse de la bancada.

Gavidia también se refirió a la conversación con Nieto, líder de su agrupación, quien le explicó sus razones sobre el tema. El senador calificó esos argumentos de serios y reconoció que su interlocutor tiene mayor experiencia en política.

El legislador defendió su derecho a mantener una posición propia y sostuvo que los acuerdos no necesariamente implican que todos compartan las mismas ideas. Además, justificó las discrepancias al señalar que, por tratarse de un partido de centro, pueden surgir situaciones complejas entre sus integrantes.

La decisión del Ejecutivo se anunció luego de que una investigación de La República evidenció que el 6 de agosto, el gobierno reasignó fondos para financiar acciones relacionadas con el Fenómeno El Niño, medida que dejó a la FAP sin un fondo de US$1.676.379 para la compra de 10 helibaldes.

Los helicópteros corresponden al Grupo Aéreo N°3, con cuartel en la Base Aérea Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, a un lado del aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao.

El 6 de julio, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), a la que la FAP encargó la adquisición de los helibaldes tipo Bambi Bucket, otorgó la buena pro a la empresa fabricante de este equipo, SEI Industries, que ofertó US$1.560.491.

Sin embargo, una de las compañías que no obtuvo la calificación, JA2 Company, una distribuidora de equipos contra incendios con oficinas en Florida (Estados Unidos), impugnó el resultado alegando una supuesta deficiencia. 

ENTRAMPAMIENTO BUROCRÁTICO

Pese a las aclaraciones de la FAP, y a la urgencia de la compra de los helibaldes para ampliar la capacidad de la FAP para combatir los incendios forestales, la ACFFAA anuló la conformidad del contrato a favor de la empresa SEI Industries y dispuso el reinicio del proceso y una nueva convocatoria de ofertas.

Mientras se reiniciaban los trámites, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N°155-2026-EF que reconfiguró el presupuesto dirigido a las acciones frente al Fenómeno El Niño, transfiriendo para otros fines el fondo asignado a la adquisición de los helibaldes que requiere la FAP.

El recorte del presupuesto para la compra del sistema contra incendios forestales Bambi Bucket afecta la capacidad de la FAP para sofocar el fuego porque solo cuenta con seis helicópteros con dicho equipamiento, ante el crecimiento exponencial en el país del devastador fuego alentado por condiciones climáticas derivadas del Fenómeno El Niño.

Ante las consultas de La República sobre cómo solucionar el problema detectado, el Ministerio de Defensa anunció que se le restablecerá a la FAP el presupuesto para que prosiga con el proceso de contratación del sistema de helibaldes para sofocar los incendios forestales y que será de forma directa para acortar los tiempos debido a las características de la emergencia que se requiere atender.

URGENTE DESTRABE

“Con el propósito de agilizar este proceso (de compra), se prevé realizar un nuevo procedimiento mediante la modalidad de contratación directa por situación de emergencia, mecanismo orientado a reducir los plazos administrativos y facilitar la incorporación oportuna de estos equipos”, informó el Ministerio de Defensa.

“El sector Defensa se encuentra coordinando y gestionando con el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación, en el breve plazo, de los recursos presupuestales necesarios que financien la compra de 10 helibaldes para el Grupo Aéreo N° 3”, reportó el despacho.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que existen 11 focos de incendios forestales en el país en este momento.

El Ministerio de Defensa adelantó que el Ejército por su parte contratará otros 15 sistemas de helibalde, 11 en lo que queda de 2026 y otros cuatro para 2027.

El 13 de abril de 2026, el Servicio de Material de Guerra del Ejército firmó contrato con la empresa JA2 Company para la compra de nueve equipos helibalde por US$1.425.000, los que llegarían en noviembre próximo. El proceso lo hizo la ACFFAA.

Justamente, la firma proveedora JA2 Company fue la que impugnó la adjudicación del contrato de 10 equipos Bambi Bucket que hizo la ACFFAA a la empresa SEI Industries, motivando la anulación del proceso.

Esta emergencia ocurrió un día después de un reencuentro familiar. El último domingo, su hija mayor, Chantal Toledo, acudió por primera vez al penal para visitarlo tras 15 años de ausencia.

La mujer de 44 años, quien reside en Estados Unidos y llegó al país el último viernes, ingresó al establecimiento junto a su tío Pedro Toledo en una camioneta de la sociedad conyugal Toledo-Karp. Ambos permanecieron cerca de dos horas en el recinto y se retiraron sin brindar declaraciones a la prensa.

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La reaparición de la hija de Toledo coincide con el pedido de indulto humanitario promovido por su defensa legal ante el Gobierno. Cabe señalar que la visita de Chantal se suma a la que realizó a inicios de 2026 su otra hija, Zaraí Toledo, aunque ambas acudieron por separado.

En la actualidad, el exmandatario acumula dos condenas por lavado de activos: una de 20 años y seis meses de prisión por los sobornos de Odebrecht en la carretera Interoceánica, y otra de 13 años y cuatro meses por el caso Ecoteva.

Eliane Karp pidió a Keiko Fujimori revisar indulto a favor de Alejandro Toledo: "Temo mucho por su vida"

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A inicios de octubre, Eliane Karp volvió a pronunciarse sobre la situación penitenciaria de su esposo y criticó las condiciones del penal de Barbadillo, alegando que no hay atención médica adecuada para las enfermedades que padece el exmandatario.

La ex primera dama solicitó a la presidenta Keiko Fujimori que tome en consideración la posibilidad de evaluar una gracia presidencial a favor de Toledo, debido a su agravado estado de salud.

"Le hago mi pedido a Keiko Fujimori. Así como su papá murió en sus brazos, en su casa, no quiero que le pase algo malo a mi esposo. Pido a la Corte Suprema que dé la carta de casación para que resuelvan el tema de mi esposo urgentemente. Tiene que ir a la clínica y de la clínica a mi casa", indicó Karp desde Israel a RPP.

En sus declaraciones, advirtió que en el recinto penal se carece del equipamiento necesario para atender las dolencias de Toledo. "Esta es una continuación de fenómenos muy complejos. (En el penal) no hay las máquinas necesarias para cuidarlo. Él tiene problemas cognitivos que tienen que ser tratados por médicos especializados. Temo mucho por su vida. Temo por la vida del único ser amado que me queda en la Tierra", señaló.

De los puntos añadidos en el grupo de trabajo de la Cámara Alta, seis están relacionadas con la seguridad ciudadana y una con la prevención y atención de los efectos del fenómeno El Niño. La decisión amplió el alcance del texto que había recibido la Cámara de Diputados.

La ampliación generó cuestionamientos de senadores de oposición, quienes defendieron los 20 puntos acordados en Diputados y objetaron que se sumaran nuevas propuestas durante la revisión en el Senado. Entre las críticas estuvo el pedido de que las materias adicionales se tramitaran por separado.

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¿Cuáles son los siete puntos adicionales incorporados al dictamen de facultades legislativas?

Fuerzas Armadas en los exteriores de los penales. La propuesta autoriza la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios de mayor peligrosidad. Los militares no reemplazarán a las autoridades penitenciarias ni asumirán sus funciones.

Libertad vigilada después de cumplir una condena. Se plantea establecer mecanismos de vigilancia para personas que cumplieron penas por sicariato, extorsión y determinados delitos vinculados con organizaciones criminales. La iniciativa también contempla un registro para prevenir la reincidencia y hacer seguimiento a estos casos después de la salida de prisión.

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Intervención militar frente a organizaciones criminales. El dictamen propone modificar el Decreto Legislativo 1095 para precisar cuándo las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía Nacional. Esto se aplicaría en situaciones excepcionales, cuando la capacidad operativa policial haya sido superada o exista un riesgo cierto de que ocurra.

Organizaciones criminales que emplean métodos de violencia terrorista. La propuesta modifica la Ley contra el Crimen Organizado para establecer criterios de clasificación y registro de grupos que utilicen explosivos o armas para generar temor en la población. También incluye medidas especiales de investigación y otras consecuencias jurídicas, sin cambiar la definición legal del delito de terrorismo.

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Cambios en las reglas de legítima defensa. Se propone modificar el Código Penal para establecer una presunción de actuación racional y válida de quien ejerza legítima defensa. Esta presunción admitirá pruebas en contrario. Además, las resoluciones judiciales que descarten esa figura deberán explicar de manera reforzada los motivos de su decisión.

Fortalecimiento del sistema de inteligencia y de la DINI. La iniciativa plantea modificar el Decreto Legislativo 1141 para mejorar la coordinación, el intercambio y el análisis de información del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El propósito es reforzar la respuesta ante amenazas a la seguridad nacional y el crimen organizado.

Simplificación administrativa para obras de infraestructura. La última propuesta busca agilizar los procedimientos relacionados con proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y otras obras complementarias. La medida está vinculada con la prevención y atención de los efectos del fenómeno El Niño, con el fin de facilitar la ejecución de intervenciones necesarias ante sus posibles consecuencias.

"Hoy se han dado a conocer los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de las pruebas de biología molecular realizados sobre el material extirpado durante la intervención quirúrgica al Santo Padre. Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional", señala la Oficina de Prensa del Vaticano.

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El aviso fue secundado por el médico del papa, el Dr. Luigi Carbone, y el profesor Stefano Margaritora, quien fue el encargado de liderar al equipo detrás de la cirugía que se realizó al sumo pontífice.

León XIV dirigió este miércoles la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro. El sumo pontífice retomó su ciclo de catequesis: “Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”, señaló a sus fieles durante ese encuentro, señaló la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

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Viaje del papa León XIV a Perú continúa en pie, señala nuncio apostólico

El nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, ratificó que la visita del papa León XIV al Perú se realizará del 11 al 16 de noviembre de 2026.

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Durante el Desayuno Nacional de Oración 2026, celebrado en Lima, el representante del Vaticano expresó su entusiasmo por la llegada del pontífice y destacó que este retomó sus actividades públicas tras ser operado por un adenocarcinoma pulmonar. “El viaje está confirmado. Lo esperamos con tanta alegría”, declaró a EWTN News Español.

El nuncio también resaltó el propósito pastoral del viaje y la relación del pontífice con el Perú. Según indicó, León XIV llegará para fortalecer la fe de los creyentes, por lo que invitó a la población a prepararse espiritualmente y recibir su mensaje con apertura. La agenda prevista contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Se espera la participación de miles de sus fieles.

Papa León XIV fue operado durante 90 minutos y permaneció cinco días hospitalizado

El pontífice fue intervenido el 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma. Durante la cirugía torácica, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida, con el objetivo de retirar por completo la lesión cancerosa.

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La operación duró aproximadamente 90 minutos y, según el equipo médico, concluyó sin complicaciones. Tras la intervención, León XIV permaneció hospitalizado durante cinco días, periodo en el que fue sometido a controles clínicos, análisis de sangre y una radiografía de tórax antes de recibir el alta médica.

Durante su recuperación, el papa también realizó fisioterapia respiratoria y comenzó a caminar por su habitación. Los médicos ya venían reportando una evolución posoperatoria favorable.

Visita del papa León XIV a Chiclayo: preparan misa para un millón de fieles

La ciudad de Chiclayo será uno de los puntos centrales del recorrido de León XIV por el Perú, debido al vínculo del pontífice con esta región, donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023. Durante su visita, prevista para el 13 y 14 de noviembre, el papa participará en actividades religiosas, entre ellas una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel.

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La organización del evento contempla la asistencia de hasta un millón de fieles. Por ello, una delegación de la Cancillería inspeccionó los espacios previstos para las actividades papales y coordinó con las autoridades regionales aspectos relacionados con la seguridad y el acceso de los asistentes.

Los preparativos también buscan garantizar las condiciones necesarias para recibir a los peregrinos que llegarán a la región. Se estima que turistas provenientes de otras regiones y países podrían ingresar a la ciudad norteña para seguir el recorrido del sumo pontifice.

Ante las afectaciones, los legisladores fujimoristas señalaron que el actual Gobierno lleva pocos meses en funciones y que la falta de prevención responde a administraciones pasadas.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, la parlamentaria Karla Schaefer habló en representación de su región para respaldar el trabajo del Ejecutivo y cuestionar la inacción de las autoridades subnacionales.

“Hoy les hablo como piurana, la región más golpeada por el Fenómeno El Niño. Acaba de decir una excongresista que la señora Fujimori tiene exactamente ochenta y pico días en el Gobierno (...). Ayer hemos tenido lluvias, he tenido exactamente 38 llamadas de diferentes personas que lamentablemente los gobiernos del Estado en el gobierno regional y municipal no han hecho nada”.

Los cuestionamientos a la ARCC y al presupuesto invertido

Schaefer ya había manifestado esta misma postura anteriormente, donde cuestionó la gestión de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) aprobada en 2017 y las administraciones pasadas.

La congresista señaló que se asignaron 26 mil millones de soles para obras de prevención en los ríos y quebradas de Tumbes, Piura, Lambayeque y Trujillo, pero ese dinero no se refleja hoy en obras reales que protejan a la gente.

Asimismo, argumentó que la gestión de Keiko Fujimori tiene poco menos de tres meses, periodo en el cual los organismos como Indeci y Cenepred informaron periódicamente a los gobiernos locales.

Según la congresista, eran los municipios y la región los encargados de ejecutar los presupuestos de prevención a través de la Partida 068.

Eduardo Castillo señala el déficit de infraestructura

Por su parte, el congresista Eduardo Castillo se pronunció desde la ciudad de Piura, en las instalaciones del radar meteorológico, para atribuir los daños a las autoridades locales tras registrarse acumulaciones de agua por lluvias intensas.

"Nos encontramos hoy en las instalaciones del radar meteorológico recibiendo información sobre los siete milímetros de agua que hemos recibido desde las siete hasta las diez de la mañana, una situación que ha ocasionado graves daños en la ciudad debido a la falta de infraestructura, responsabilidad de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales de Piura y sobre todo de los gobiernos anteriores que no se han sabido preparar para soportar el mínimo impacto pluvial", indicó.

Keiko Fujimori: "Más que eso no podemos hacer"

El discurso de los legisladores coincide con las declaraciones dadas días atrás por la propia presidenta Keiko Fujimori al ser consultada sobre las acciones preventivas ante el FEN.

En esa oportunidad, la mandataria indicó que los trabajos de limpieza en el río Piura se ejecutaron. Sin embargo, señaló que "más no se puede hacer" y advirtió que el evento climático podría superar las previsiones del Ejecutivo.

Ante los reclamos por obras abandonadas en el centro de Piura, Fujimori, al igual que los miembros de su bancada, atribuyó la situación a la falta de coordinación de la gestión anterior con las autoridades regionales y municipales.

Adicionalmente, no precisó qué medidas adicionales adoptará el Estado frente a un escenario que el propio Ejecutivo reconoce que podría ser superior a lo planificado.

La defensa solicitó que el exconductor de televisión afrontara el proceso bajo comparecencia con restricciones, con alternativas como el arresto domiciliario y la obligación de presentarse ante las autoridades cada 15 días. Sin embargo, el magistrado concluyó que los argumentos presentados no justificaban el cambio de la medida.

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Uno de los puntos centrales de la decisión fue que la legislación procesal penal contempla el cese de la prisión preventiva, pero no una figura independiente para dejar sin efecto su prolongación. El juez precisó que la evaluación debía centrarse en los motivos que sustentaron la prisión preventiva original y en la existencia de nuevos elementos que los desvirtúen.

Hurtado afronta una acusación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. La Fiscalía solicitó para él una pena de 30 años de cárcel. Aunque el Ministerio Público pidió el sobreseimiento de algunos hechos de la investigación, mantuvo la acusación por otros, por lo que el proceso penal continúa.

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PJ cuestionó los arraigos de Andrés Hurtado y consideró vigente el peligro de obstaculización

Para sustentar el pedido de libertad, la defensa presentó documentos sobre el domicilio de Hurtado, su relación con su hija menor de edad y una promesa de contrato laboral con la empresa Riflo Junior S.A.C. El abogado sostuvo que estos elementos demostraban que el acusado tenía vínculos familiares, domiciliarios y laborales en el país.

El juez Checkley descartó que el contrato de alquiler y las declaraciones juradas acreditaran un domicilio estable. Según la resolución, los documentos tenían más de un año y no demostraban que Hurtado permaneciera de forma habitual en ese inmueble. El magistrado recordó que, durante su declaración, el acusado había manifestado que solía pernoctar en hoteles.

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Sobre el arraigo laboral, el juzgado consideró insuficiente la promesa de trabajo que ofreció la defensa. El documento contemplaba una remuneración de S/4.000 y un puesto relacionado con la producción, el marketing y la publicidad de espectáculos.

Sin embargo, la Fiscalía cuestionó la actividad de la empresa y los antecedentes de su representante. El magistrado también tomó en cuenta que Hurtado ya no mantenía un vínculo laboral acreditado con su anterior programa de televisión.

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Finalmente, el juzgado consideró que persistía el peligro de obstaculización porque, si el caso llega a juicio oral, deberán declarar testigos que tuvieron una relación personal o amical con el acusado.

La defensa cuestionó que no se identificaran actos concretos de interferencia en las pruebas, pero el juez concluyó que los nuevos elementos presentados no desvirtuaban los fundamentos que justificaron la prisión preventiva.

Desde OBRAS votaron a favor Roger Astucuri, Daniel Barragán y Walter Gago; mientras que Juana Ticona lo hizo en abstención. Agripina Flores, también integrante de esta bancada, no asistió al pleno por temas de salud.

En Buen Gobierno, cinco de los siete senadores se abstuvieron, mientras que los dos restantes, Juver Flores y Jorge Gavidia, dieron su voto a favor.

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La postura del oficialismo durante el debate en el Pleno

Los votos a favor de parte de Renovación Popular y Fuerza Popular eran un hecho y debate no hizo más que confirmar ello.

En la mayoría de disertaciones, los senadores del oficialismo se dedicaron a increpar y cuestionar el papel desempeñado por sus pares de oposición. Les recordaron que no se presentaron en la Comisión de Constitución y manejaron la narrativa fujimorista señalándolos de estar de espaldas al país por no querer la aprobación de los puntos adicionales.

La fujimorista Patricia Juárez señaló que las bancadas contrarias continuaban representando “sillas vacías”.

Cruce entre Karla Schaefer y Ruth Luque

Su colega de bancada, Karla Schaefer increpó en medio del pleno a Ruth Luque cuestionando por qué no está en Piura tras las intensas lluvias en dicha región.

Luque le respondió que deberían “dejar de chillar” y que ella ya conoce Piura. "No necesito lecciones sobre si se conoce o no el país. Conozco Piura y muchas otras regiones. No necesito de helicópteros del Gobierno para que me estén llevando a los territorios del país”, dijo.

Además recordó que en el anterior periodo se planteó una disposición complementaria durante los cinco años para plantear el presupuesto necesario para los temas de gestión y riesgo, sin embargo, nunca se abordó.

“Que sepa el país. Que las bancadas mayoritarias no quisieron incorporar en el pliego presupuestal. ¿Dónde estaba su enfoque? En sus pequeñas obras, en sus migajas. Cuando hoy frente a esta situación de desastre se debieron dar recursos... Así que dejen de chillar", finalizó.

Bancadas de oposición resaltaron que no se necesita de facultades para gobernar un país

Del otro lado, Carlos Caballero de Buen Gobierno indicó que como ex integrante de las Fuerzas Armadas reconoce que no se requiere de un pedido de facultades para trabajar.

"La pregunta no es si las FF.AA pueden prestar apoyo adicional a la PNP. Nuestro ordenamiento contempla supuestos para ello. La pregunta fundamental es otra: ¿Están suficientemente definidos los límites de intervención, la cadena de mando, los mecanismos de control y la responsbailidad de cada autoridad? Sin respuestas satiscafactorias corremos el riesgo de trasladar problemas institucionales a quienes cumplen ordenes en el terreno", dijo.

Alfonso López Chau de Ahora Nación sustentó que la Constitución otorga facultades legislativas a la Presidencia y a Diputados. Por lo tanto, si se pretendía desconocer ello, se tendría que cambiar el reglamento.

Por su parte, Silvana Robles de Juntos por el Perú advirtió que es falso decir que sin facultades no se podría enfrentar los problemas del país. "Es una falacia y una burda forma de mentirle al Perú decirle que si no se aprueban las facultades no se podrá hacer nada frente al crimen organizado y FEN", exclamó.

Asimismo, los senadores de Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú advirtieron que aprobar un dictamen modificado por el Senado “desmerecería” lo realizado por Diputados y sentaría un mal precedente.

Así votaron las bancadas

Ya era conocido que Fuerza Popular y Renovación Popular se movería en bloque y votaría a favor. Sin embargo, se esperaba que la fuerza de votos de la oposición detenga el dictamen aprobado en la Comisión del Senado, que sumó 7 puntos adicionales a los 20 aprobados en Diputados.

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No fue así. El fujimorismo y el partido de López Aliaga sumaron 30 votos. Los cinco restantes, que definieron la victoria del oficialismo, vinieron de los senadores: Juver Flores y Jorge Gavidia, de Buen Gobierno, y Roger Astucuri, Daniel Barragán y Walter Gago, de OBRAS.

Los 14 senadores de Juntos por el Perú votaron en contra al igual que los cuatro de Ahora Nación. En Buen Gobierno el voto se dividió, cinco se abstuvieron y los dos antes mencionados se sumaron a favor de lo aprobado en la Comisión de Constitución del Senado.

La senadora Juan Ticona de OBRAS también se abstuvo, mientras que su colega de bancada, Agripina Flores, faltó al pleno por temas de salud.

Ya se anticipaba que OBRAS vote a favor

El voto a favor de OBRAS se anticipó el día lunes 19 cuando la Comisión de Constitución del Senado logró del quórum con la asistencia del senador Roger Astucuri. Su presencia permitió que se apruebe el dictamen que añadía 7 puntos a los 20 aprobado por la Cámara de Diputados.

Luego, tan solo horas antes del debate en el Pleno del Senado, Daniel Barragán, anunció ante la prensa que su colega Flores no asistiría por temas de salud y que los cuatro senadores de su bancada votarían a favor. Su declaración se cumplió en parte, pues Ticona optó por la abstención.

Durante el debate lo adelantado por Barragán se hizo evidente.

En su alocución, el senador defendió su respaldo al pedido de facultades alegando que el país necesitaba.

“Si muchos creemos o pensamos que el Gobierno no está realizando las funciones conforme las tendría que realizar, pues otorguémosle las facultades. De aquí evaluemos si con las facultades le hemos brindado al Gobierno al oportunidad de rectificarse o avanzar”, exclamó.

Su colega, Astucuri sostuvo que pretender presentar el dictamen como “una desnaturalización de lo aprobado por Diputados era alejado de la realidad”. Aseguró, además, que la Comisión de Constitución había actuado conforme a ley.

Gago sostuvo que OBRAS no pensaba “en las próximos elecciones” ni en un “aplauso efímero”.

El voto dividido de Buen Gobierno

En tanto, desde Buen Gobierno, el senador Jorge Gavidia, al mismo estilo de Barragán, anunció su voto horas antes de que inicie el debate.

En diálogo con Exitosa, informó que si bien su partido podría tomar una posición como bancada, él votaría a favor porque prioriza el "análisis técnico" que el "jurídico y político".

Cuando se le comentó que parecía ser que "confía en el fujimorismo", respondió: "Yo confío en el país. Si el país ahorita lo dirige el oficialismo, prefiero hacer una crítica constructiva. Prefiero confiar antes que desconfiar y toda la vida estar entrampado. Total, al final, yo no soy ciego y podré reconocer en el análisis si nos hemos equivocado al darle facultades o no".

Los votos a favor provinieron de Fuerza Popular, Renovación Popular y una parte de la bancada de Obras. En el partido liderado por Ricardo Belmont, Daniel Barragán, Roger Astucuri y Walter Gago votaron a favor, mientras que Juana Ticona lo hizo en contra.

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En el Partido del Buen Gobierno, cinco senadores se abstuvieron: Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Flavio Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute. Jorge Gavidia, también integrante de la bancada del partido liderado por Jorge Nieto, había anunciado su voto a favor. A él se sumó Juver Flores Suárez, quien también respaldó el pedido de facultades.

Los votos en contra provinieron de Juntos por el Perú y Ahora Nación. En ambas bancadas, todos sus integrantes rechazaron el texto aprobado por la Comisión de Constitución.

#LOÚLTIMO Así votaron las bancadas del Senado el pedido de facultades legislativas: 35 a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. El dictamen suma 7 materias a las 20 que aprobó la Cámara de Diputados. https://t.co/AqorStUGyl

— Eva María (@evamariauvita) October 21, 2026

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Buen Gobierno se pronuncia

Luego de la votación en el Senado, los representantes del Partido del Buen Gobierno brindaron declaraciones a la prensa. Flavio Figallo aseguró que la abstención de su bancada responde a la necesidad de resolver las polémicas en torno a la dinámica de trabajo entre ambas cámaras del Congreso.

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“Nuestra votación tiene que ver con un respeto a la Cámara de Diputados. Nosotros hemos pedido que se forme una comisión para ver esta situación y que se resuelva. Si Diputados entiende que todo se puede cambiar en Senado y el Senado dice que todo se puede modificar, habrá un problema grave para las leyes y para el país”, indicó.

Además, Figallo se refirió a la decisión de los senadores Jorge Gavidia y Juver Flores Suárez de votar a favor del pedido de facultades. Al respecto, aseguró que no existe un fraccionamiento en la bancada. “El tema de los votos que no han coincidido con nosotros es un tema que tocaremos internamente. Lo que acordemos se lo comunicaremos a ustedes en su momento. No hay un fraccionamiento”, sostuvo.

López Chau, líder de Ahora Nación, habla de la votación en pedido de facultades

Alfonso López Chau, senador y líder de Ahora Nación, declaró sobre la votación en la Cámara Alta del pedido de facultades legislativas. El excandidato presidencial señaló que ya sabía que Jorge Gavidia votaría a favor. Además, confirmó que sostuvo una reunión con Lourdes Alcorta y otros representantes de bancadas para discutir el texto de la delegación de facultades.

"Él (Gavidia) me señaló hace tiempo que iba a votar así. Yo no he tomado ningún acuerdo con Jorge Nieto. Nosotros nos reunimos con Lourdes Alcorta, se planteó la iniciativa de incorporar siete facultades. En esa conversación, el señor Barragán estuvo de acuerdo. Tanto (Flavio) Figallo como yo no estuvimos a favor, por eso yo he votado en contra y él ha votado en abstención", declaró.

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López Chau, tal como señaló en su momento Jorge Nieto, estaba a favor que los puntos adicionados por la Comisión de Constitución del Senado debieron ser debatidos como proyectos de ley: "Nosotros hemos votado coherentemente en función de lo que dijimos antes, durante y después. Lo dijimos también en la reunión de la Comisión de Constitución del Senado. Nosotros estabamos a favor de los 20 puntos y que los demás se vean en proyectos de ley. Creemos que es un error. Hubiera sido mejor que voten por proyectos de ley. Así habría menor división".

Por último, López Chau señaló que el Gobierno ‘ya tiene todo’ y que debe demostrar resultados en las próximas semanas. Además, expreso preocupación por como queda la dinámica entre las cámaras del Congreso del Perú.

Roberto Sánchez critica aprobación de facultades legislativas

Otro líder político que cuestionó la aprobación de las facultades legislativas fue Roberto Sánchez. El excandidato presidencial y líder de Juntos por el Perú consideró que el trámite en la Cámara de Diputados ya carecía de las garantías necesarias para respaldar la delegación de facultades al Ejecutivo.

“Lo dijimos claramente: ni pacto de caballeros ni buena fe. Sin respeto al fuero parlamentario de la cámara de origen (Diputados), conforme a la Constitución, no hay respaldo ni acuerdo alguno. ¡La ausencia de liderazgo institucional del Gobierno fujimorista no se resuelve con facultades!”, señaló.

La resolución judicial argumenta que se deja sin efecto dicha medida pues no satisface la exigencia de razonabilidad prevista en el Código Civil al no haberse examinado, al momento de su emisión, los efectos económicos y jurídicos que tal decisión produce sobre los 79 accionistas vendedores y posiblemente también sobre los compradores.

El 30 de julio último, el hoy suspendido juez Juan Varillas Solano dictó una medida cautelar de no innovar a favor de los accionistas minoritarios Hernández López de Romaña Dalmau, Alois Miró Quesada Koechlin y Arthur Do Nascimento Silva para asegurar el cumplimiento de un futuro laudo arbitral ante la Cámara de Comercio de Lima.

Luego de ser notificados de esa decisión, El Comercio y 79 accionistas presentaron recursos de oposición y solicitaron al juzgado comercial reevaluar la decisión y sus alcances. Así, luego de evaluar el caso el juez Bautista Dipaz tomó la decisión de anular lo resuelto por el juez Varillas Solano. Una decisión que fue notificada en las últimas horas a las partes en el proceso.

El juez Varrillas Solano se encuentra actualmente suspendido por decisión de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial luego de detectar que habría actuado con inusual celeridad al emitir la medida cautelar contra la venta de El Comercio. Además, se detectó que no era posible determinar en qué lugar y en qué momento redactó la referida resolución pues el magistrado señaló que lo hizo fuera del horario y del despacho judicial y trasladó el documento en un USB de su propiedad.

Además, la ANC-PJ investiga un probable ruleteo y direccionamiento de expedientes desde la Mesa de Partes Única hacía los juzgados comerciales en que el estarían involucrados magistrados, personal jurisdiccional y abogados. Un sistema que permitía direccionar las demandas y pedidos de medidas cautelares a determinados juzgados.

De acuerdo con el reporte oficial de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Pataz, 3.664 de los 6.978 ciudadanos habilitados no participaron en la jornada. Esto representó el 52,508% del padrón electoral, por encima del límite establecido en la norma para una eventual anulación.

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La decisión afecta la elección de las autoridades municipales del distrito de Pataz, en la provincia del mismo nombre, región La Libertad. El JEE precisó que la nulidad no invalida los resultados de las elecciones provinciales ni regionales, cuyos cómputos deben resolverse por separado.

La resolución también aclaró que la solicitud de nulidad que presentó Alianza para el Progreso (APP) fue declarada improcedente por haberse presentado fuera del plazo legal. Sin embargo, el organismo electoral resolvió anular los comicios por iniciativa propia, luego de evaluar la cifra de ausentismo y la aplicación de la norma electoral.

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¿Por qué el JEE anuló las elecciones en Pataz?

Uno de los principales argumentos para la nulidad fue el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales, modificado por la Ley n.° 32657. La norma establece que el Jurado Nacional de Elecciones puede declarar nulos los comicios de uno o más distritos cuando la inasistencia de votantes supera el 50%. El JEE consideró que ese supuesto se cumplió en Pataz y concluyó que correspondía aplicar la disposición.

La decisión se tomó pese a que Podemos Perú obtuvo la mayor votación, con 1.464 votos, equivalentes al 67,59% de los votos válidos. Alianza para el Progreso alcanzó 702 votos, el 32,41%. Además, se registraron 1.039 votos en blanco y 109 nulos. Para el JEE, la ausencia de 3.664 electores impedía dar legitimidad a la elección, pese a la diferencia entre ambas listas.

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Podemos Perú sostuvo que la baja participación debía evaluarse a la luz de las dificultades que afronta la población. En su respuesta al pedido de Alianza para el Progreso, mencionó el estado de emergencia que rige en Pataz desde enero de 2023 por la violencia vinculada al crimen organizado, así como los derrumbes que afectaron una vía de acceso al distrito.

Sin embargo, el JEE indicó que los informes de la ODPE y de Fiscalización no registraron incidentes durante la jornada electoral y consideró que no se podía determinar una causa concreta para el ausentismo. Finalmente, declaró la nulidad de oficio por unanimidad.

"Nos hubiese gustado que nos dieran mayores facultades", expresó cuestionando que solo se hayan priorizado El Niño y la seguridad.

Frente al proceso legislativo que aún se desarrolla en la Cámara Alta, Fujimori manifestó que esperará el dictamen definitivo. En esa línea, señaló que a pesar del recorte en el dictamen sobre las atribuciones para el Ejecutivo apuntó que las acciones operativas no se han detenido y destacó los avances contra la delincuencia.

"A través del comando unificado estamos ya logrando capturas importantes, se está recuperando poco a poco el orden".

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Por otro lado, al abordar la emergencia climática y la paralización de infraestructura, atribuyó los retrasos a la falta de apoyo en gestiones pasadas. "Las obras debieron empezar mucho antes" y que "al gobierno anterior y los gobiernos regionales o algunas alcaldías (...) quizás les faltaron los recursos".

Además, confió en que el presupuesto complementario permitirá solucionar la burocracia para "poder finalizar, poner en marcha tantas obras que se quedaron trabadas".

Pleno del Senado aprueba delegación de facultades en 27 materias

El Pleno del Senado ratificó el dictamen enviado por la Comisión de Constitución y aprobó la delegación de facultades en 27 materias con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

Esta medida salió adelante principalmente con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras.

En lugar de enfocarse en las deficiencias de las obras de prevención que dejaron vulnerables a cientos de familias, el titular del sector centró su postura en que lo determinante es la velocidad de respuesta de las Fuerzas Armadas para controlar la emergencia una vez ocurridas las inundaciones.

Durante sus declaraciones, el ministro resaltó las acciones del personal militar en las zonas afectadas y manifestó que la presencia de las fuerzas del orden permitió tomar el control de la situación tras los estragos iniciales de las lluvias.

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“Pero lo que ha sido, digamos, satisfactorio a mi parecer es que rápidamente, una vez que las Fuerzas Armadas se han desplegado, la situación se ha podido empezar a controlar rápidamente”, sostuvo Belaunde.

“Igual va a llover, igual se van a inundar”

Sin embargo, al ser cuestionado por las severas pérdidas materiales que sufrieron las familias piuranas —quienes vieron sus viviendas inundadas y perdieron enseres conseguidos con años de esfuerzo—, el ministro descartó que las labores de ingeniería o descolmatación pudieran evitar el impacto del clima.

“Esto no es que se ha desbordado un río que hemos descolmatado. Está bien, igual va a venir un fenómeno climatológico, va a llover. Lo importante acá es la velocidad de la capacidad de respuesta, pero no podemos evitar que llueva”, apuntó el titular de Defensa.