“Son 83 casos que hemos podido reportar y tienen que ver con 21 regiones. Las regiones que mayormente registran los casos son Lima, La Libertad, Áncash, Cajamarca y Junín. Y esto coincide con el mapa de alta conflictividad en algunas regiones”, indicó la funcionaria.

De acuerdo con las estadísticas oficiales del JNE, la mayor concentración de casos se reporta en Lima con 21 incidencias y La Libertad con 16. A estas les siguen Áncash y Junín con 7 cada una, Cajamarca con 5 y Piura con 4.

Ica, Callao y Ayacucho registran 3 casos cada una; San Martín y Huánuco, 2; mientras que Huancavelica, Moquegua, Puno, Tumbes, Lambayeque, Ucayali, Apurímac, Arequipa y Amazonas contabilizan 1 caso cada una.

Desde el JNE manifestaron el rechazo ante cualquier manifestación de violencia en la actual contienda electoral de las ERM 2026. Además, la representante del organismo advirtió sobre la velocidad en el incremento de las agresiones.

"Lamentablemente, estos ataques se están incrementando día a día, de tal suerte que ha habido en 9 días alrededor de 23 acciones que tienen que ver con amenazas, extorsiones y ataques directos en esta contienda electoral".

Dentro de las indagaciones realizadas por el organismo electoral, la institución realiza un seguimiento al crimen de la periodista y candidata a gobernadora regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo.

“Estamos haciendo seguimiento y monitoreo de la atención que se le está dando en la investigación que se está siguiendo ya en la Fiscalía y esto va en avance porque nos interesa también que estos hechos no queden impunes. Preocupados también porque esto ha sido en un acto público y a la luz del día, las condiciones han sido realmente preocupantes”, declaró la funcionaria.

Recomendaciones de seguridad

Frente al panorama de riesgo que involucra a los aproximadamente 97 mil candidatos a nivel nacional, Zegarra señaló la necesidad de compartir orientaciones para que los eventos proselitistas y los cierres de campaña se desarrollen de la mejor manera para todos los actores políticos.

“Sí preocupa porque en realidad estos actos de carácter público, aun en ambientes cerrados, concurren varias personas; debieran prestarse con las garantías del caso. Por eso el Jurado Nacional de Elecciones, en su página web, está publicando y se ha precisado algunas pautas para solicitar las garantías de orden público en concentraciones de índole político”, sostuvo.

Precisó que las solicitudes de garantías institucionales deben ser presentadas por el representante legal o personero legal de cada organización política. En el caso específico de Lima Metropolitana y el Callao, los trámites se realizan ante la Dirección General de Gobierno del Interior, mientras que en provincias se gestionan ante las prefecturas y subprefecturas.

“¿Por qué interesa utilizar este mecanismo legal? Porque haciendo esta solicitud, que tiene valor de declaración jurada, lo que se logra es que la Policía Nacional pueda prestar las garantías de orden público que se necesitan para las presentaciones que darán los candidatos en lugares abiertos al público”, manifestó.

"(…) yo había visto parte de cómo se llevó a cabo el debate, (…) me pareció que se excedió en las expresiones que tuvo, en la posición que tuvo respecto al candidato López Aliaga, y entonces me pareció que lo correcto era decirle que le expresaba las disculpas a nombre del partido", sostuvo vía Canal N.

Además, indicó que su agrupación busca mantener “el respeto” y evitar “los agravios” personales durante procesos electorales.

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"(…) siempre nosotros hemos tratado en las campañas políticas de conservar digamos la ecuanimidad, de conservar la forma; creemos que, si bien es cierto, una campaña siempre tiene algunos matices, pero creo que nunca se debe perder el respeto ni llegar digamos a ese tipo de agravios que se dieron en ese momento".

Debate entre Daza y López Aliaga

Este cruce tuvo su origen en los intercambios protagonizados por Samuel Daza durante el debate municipal. En plena confrontación con el líder de Renovación Popular, el candidato de Fuerza Popular cuestionó el incumplimiento de sus promesas de campaña y su gestión como exalcalde.

"Nos mentiste cuando dijiste que no postulabas, pero nos volviste a mentir, nos mintió cuando dijo que no iba a ser senador y ahora con ese comunicado nos sigue mintiendo". A ello se sumaron los reclamos sobre los problemas de la capital e indicó que Lima se había convertido en una "potencia de tráfico, de extorsión y de sicariato".

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Por su parte, el líder de Renovación Popular defendió su administración y cuestionó los vínculos políticos del político de su rival, al recordarle la inseguridad ciudadana y los asesinatos que se cometen durante la gestión de Fujimori. "El gobierno que usted representa tiene 300 muertos desde el 28 de julio hasta la fecha”. Además, indicó que “sigue destinando dos mil millones de dólares a Petroperú".

Asimismo, sobre los cuestionamientos a sus listas, replicó que procedió a "suspender la militancia de esas 110 personas" y destacó el trabajo social de su gestión al remarcar que "la persona que más se ha preocupado, como alcalde, por llevar alimento a las ollitas comunes, a los comedores populares, a los vasos de leche, es mi gestión".

En otra parte del debate, Samuel Daza le cuestionó a López Aliaga el olvido de las zonas periféricas de la capital. "Nunca los viste, pero hoy día me llamaste diez veces y ayer también. Tengo todo lo que me has escrito".

A ello agregó críticas sobre la atención social a los sectores más vulnerables de la ciudad. "Cuando te olvidaste de los limeños que menos tenemos y nos dejaste abandonados, yo creí en ti, pero nos defraudaste a todos".

López Chau también explicó qué tendría que ocurrir, desde su perspectiva, para que una censura contra un ministro tenga sustento. Afirmó que la medida correspondería cuando un integrante del Ejecutivo reconozca “errores estructurales flagrantes, escandalosos”. A la vez, recordó que el Gobierno de Keiko Fujimori lleva tres meses de gestión.

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La postura del líder de Ahora Nación deja pendiente el respaldo de su bancada a la iniciativa contra el titular del Ministerio del Interior. La moción fue admitida a trámite luego de alcanzar las 33 firmas reglamentarias. El documento fue impulsado por parlamentarios que cuestionan la respuesta del sector frente a los problemas de seguridad.

Entre los argumentos expuestos figuran el incremento de homicidios y los cuestionamientos a las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior frente a la inseguridad ciudadana. El documento citó que hasta agosto de 2026 se registraron 1.499 homicidios.

Además, incluyó el caso de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como 'La China Polo', quien fue asesinada a balazos durante una actividad de campaña en Caraz, nueve días después de denunciar públicamente que había recibido amenazas de muerte.

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Integrantes de Ahora Nación cuestionan gestión de Astudillo y evalúan respaldo a la censura

La diputada Indira Huilca señaló que Ahora Nación todavía no había acordado una posición sobre la moción de censura contra César Astudillo. Explicó que los integrantes de la bancada no habían podido reunirse porque se encontraban en distintas regiones por la semana de representación. Sin embargo, afirmó que existe preocupación por la situación de la criminalidad y que algunas posiciones dentro del grupo “no necesariamente” son favorables a la política del Gobierno en esta materia.

Huilca también consideró legítima la iniciativa presentada por Juntos por el Perú y sostuvo que no debería retirarse ninguna de las firmas que permitieron presentar la moción. Para la diputada, el asesinato de Susy Aponte, conocida como “China Polo”, generó una preocupación que trasciende al Congreso. “Yo creo que sí amerita que tengamos una discusión seria, profunda, sobre cuál es la política de criminalidad de este Gobierno”, afirmó.

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En una posición más definida, la senadora Ruth Luque consideró que Astudillo debe dejar el cargo. Cuestionó que el Ejecutivo todavía no explique cuál es su estrategia frente al sicariato, la extorsión y el crimen organizado. También reclamó medidas de prevención e inteligencia para evitar que las autoridades actúen únicamente después de que ocurre un asesinato. “La seguridad también consiste en inteligencia, prevención, investigación y protección antes de que maten”, sostuvo.

Luque reconoció que el Gobierno de Keiko Fujimori lleva menos de dos meses y que no se puede exigir que una crisis acumulada durante años desaparezca en ese periodo. Sin embargo, afirmó que sí se puede exigir conducción y respuestas claras. A partir de ello, pidió una reforma profunda de la Policía y una estrategia verificable contra el crimen organizado.

Mirtha Vásquez también expresó una posición favorable a la censura, aunque aclaró que se trata de su opinión personal mientras la bancada no adopta un acuerdo. La senadora cuestionó la falta de liderazgo de Astudillo y afirmó que no observa un plan serio para enfrentar la inseguridad ciudadana. Mencionó el caso del secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo, así como la muerte de Aponte como razones para evaluar su salida. “Hay suficientes motivos para censurar”, sostuvo.

"Si se ha disparado sin haber consultado conmigo, ni con el secretario general Daniel Barragán, es una opinión seguramente de cada uno", manifestó Belmont. En ese sentido, indicó que el partido deberá conversar con sus aliados antes de fijar una posición sobre la censura al titular del Ministerio del Interior.

"Nosotros tenemos que tomar una decisión corporativa con nuestros aliados, con Ahora Nación, con Juntos por el Perú, con Buen Gobierno", señaló el candidato, en referencia a las agrupaciones con las que Obras mantiene coordinación política. Belmont reconoció, además, que Juntos por el Perú tiene una posición más definida a favor de la censura de Astudillo.

Consultado sobre el tema de la inseguridad ciudadana, Belmont pidió cautela frente al ministro del Interior. "Hay que tener muy buenas relaciones con el ministro del Interior", afirmó, antes de que se le preguntara por el respaldo de los parlamentarios de Obras a la moción.

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Obras ya había formalizado su respaldo a la censura

El respaldo de la bancada de Obras a la moción no es nuevo. El 23 de septiembre, el diputado y vocero de la agrupación, Víctor Piñán, anunció en sus redes oficiales la adhesión del partido a la iniciativa impulsada por Juntos por el Perú, debido a los cuestionamientos a Astudillo por el avance de la criminalidad y el reciente asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte más conocida como 'China Polo'.

"Desde la bancada OBRAS nos sumamos a la moción de censura para que responda políticamente por la conducción de su sector", escribió.

La moción, la primera contra un integrante del actual gabinete, deberá ser debatida y votada entre el cuarto y el décimo día calendario tras su presentación, y requiere al menos 66 votos para ser aprobada.

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¿Qué cuestionamientos plantea la moción contra César Astudillo?

El documento atribuyó al Ministerio del Interior responsabilidad política en la dirección de la Policía Nacional y en la implementación de las políticas de seguridad ciudadana. Bajo ese argumento, señaló que Astudillo debía asumir responsabilidad por las decisiones tomadas ante el incremento de la delincuencia y por los resultados obtenidos durante su gestión.

La moción recurrió también a datos del INEI para sustentar el nivel de preocupación de la ciudadanía. Según las cifras citadas, hasta julio, el 83,3% de la población urbana consideraba probable ser víctima de algún delito en los siguientes 12 meses, mientras que la tasa de victimización alcanzó el 24%. En Lima Metropolitana y el Callao, la percepción de inseguridad aumentó de 86% a 87%.

El documento dedicó además un apartado al caso de Susy Aponte. La periodista había denunciado el pasado 10 de septiembre haber recibido llamadas provenientes de tres centros penitenciarios, en las que, de acuerdo con su relato, fue advertida de un posible atentado contra su vida. La moción cuestionó que, durante los nueve días siguientes, no se hubiera comunicado el inicio de una investigación ni la adopción de medidas de protección o prevención antes de su asesinato.

Daza explicó que no podía precisar quién le hizo el llamado de atención. Según sostuvo, revelar la identidad de esa persona podría involucrar las reglas de neutralidad que rigen el proceso electoral. “No te puedo decir, Víctor, quién porque entiendes que está prohibido por norma que alguien del Ejecutivo intervenga en un proceso de neutralidad”, manifestó.

El candidato fujimorista también diferenció el cuestionamiento que recibió de la naturaleza del debate electoral. Para Daza, los cruces entre postulantes forman parte de este tipo de encuentros. “El debate es un debate de ideas y de pullas y de golpes y de lo que sea”, sostuvo. Así, defendió el carácter confrontacional de su intervención, aunque aceptó el llamado de atención posterior.

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Daza cuestionó disculpas de Patricia Juárez y respondió a nuevos ataques de López Aliaga

Daza cuestionó las disculpas que ofreció la senadora de Fuerza Popular Patricia Juárez a Rafael López Aliaga por sus expresiones durante el debate municipal. El candidato sostuvo que el comentario de su rival sobre los 300 muertos también resultó ofensivo. “Él me dijo que yo tengo la culpa de 300 muertos de Fuerza Popular. ¿Qué es más ofensivo?”, manifestó durante la entrevista en 'Brutalidad Política'.

El postulante de Fuerza Popular rechazó que él o su organización política tengan responsabilidad por las muertes provocadas por la delincuencia. “Yo, ¿qué tengo que ver o mi partido qué tiene que ver con las muertes si la delincuencia y los asesinatos no vienen desde que está mi partido? Viene desde hace rato”, respondió. Con ello, Daza cuestionó que el tema de las víctimas de la inseguridad se utilizara como parte del intercambio entre ambos candidatos.

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Consultado sobre si, después del debate, retiraría alguna de las expresiones que dirigió contra López Aliaga, Daza sostuvo que prefería dejar el enfrentamiento atrás. Comparó la situación con un partido de fútbol y afirmó que “todos los golpes quedan en la cancha”. Además, señaló que, tras recibir la llamada de atención, aceptó enfocarse en sus propuestas para Lima. “Está bien, perfecto, me voy a dedicar a hablar de las propuestas que tengo para Lima”, relató.

Sin embargo, Daza cuestionó que López Aliaga retomara los ataques después de que el intercambio parecía haber terminado. Recordó que el candidato de Renovación Popular lo calificó de “piraña” en una entrevista posterior y consideró que esa expresión fue “clasista”. Por ello, ironizó con la invitación que recibió para comer ceviche en Ancón.

Mallma calificó el episodio de alarmante y confirmó que él ya cuenta con resguardo policial. Dentro del paquete también había fotografías de integrantes de su agrupación política, que el candidato dijo no haber revisado aún. "Es una bajeza, es ya algo alarmante. Es imposible vivir así", declaró.

Al hallar el paquete, Mallma y otras personas presentes temieron inicialmente que se tratara de un artefacto explosivo y solicitaron la intervención de la unidad policial de desactivación de explosivos, que descartó esa hipótesis.

La PNP ya inició las diligencias para identificar a los responsables. Mallma señaló que viviendas y locales cercanos cuentan con cámaras de seguridad que podrían aportar imágenes del momento en que dejaron el paquete.

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Amenaza se suma a asesinato de candidata en Áncash y escalada de extorsión

Este caso se suma al reciente asesinato a balazos de Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, quien fue atacada el 19 de septiembre en un mercado de Caraz mientras se encontraba en una de sus actividades de campaña electoral. Este ataque, que dejó además cinco heridos, llevó a que la Defensoría del Pueblo pidiera reforzar la protección a los candidatos ante el clima de violencia en el proceso electoral de este 4 de octubre.

Cabe mencionar que la tasa de denuncias por extorsión en el país pasó de 11,5 por cada 100 mil habitantes en 2019 a 77,8 en 2025, según el reporte conjunto de los ministerios de Justicia y del Interior. El Ministerio Público registró 26.585 denuncias por extorsión en 2025, 18,9% más que en 2024, y ya sumaba 13.892 casos entre enero y julio del 2026.

Mallma llamó a sus contendores a mantener la campaña "dentro de un marco democrático y sin amenazas" y anunció el refuerzo de su equipo de seguridad en los días previos a los comicios.

Ana Armijos relató que se presentó en el mercado La Explanada de Caraz, a pedido del candidato a la alcaldía provincial de Huaylas por el partido Socios por Áncash, Manuel Cocha Bonifacio. La invitó a sumarse al pasacalle en el que participaría Susy Aponte Polo.

“A las 11 de la mañana me constituí a la casa de Manuel Cocha para participar del pasacalle, junto a mis tres menores hijos. Nos reunimos con 40 simpatizantes. Al mediodía partimos al mercado, ubicado en el jirón La Mar, donde la ‘China Polo’ y Manuel Cocha comenzaron a repartir volantes a los comerciantes y a los peatones”, narró la testigo Ana Armijos.

“Yo estaba detrás de la ‘China Polo’, a una distancia aproximada de tres metros, frente a la puerta de ingreso del mercado. Luego de unos minutos observé a un sujeto que se acercó a donde estábamos nosotros. Me percaté que tenía un arma de fuego y de un momento a otro apuntó directamente hacia la ‘China Polo’”, explicó Ana Armijos a la Fiscalía, de acuerdo con la transcripción a la que tuvo acceso La República.

“El sujeto le disparó dos veces a la ‘China Polo’ por el ojo derecho, originando la caída de la periodista, y se dio a la fuga, realizando varios disparos por el jirón La Mar con dirección a la Caja Huancayo” recordó la testigo, quien presenció el asesinato de la periodista.

En realidad, según el protocolo de necropsia, Susy Aponte Polo recibió un solo impacto en la cabeza. El proyectil ingresó a la altura del ojo derecho de la víctima y salió por la región occipital inferior izquierdo.

“Me quedé en shock, cuando la periodista cayó al piso y de su cabeza salía sangre. Estaba con mis tres menores hijos que no paraban de llorar, porque los disparos fueron rápidos”, manifestó Ana Armijos.

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A solo tres metros de la muerte

Natural de Cajamarca, Armijos es una de las cinco personas que resultaron heridas durante el atentado contra 'China Polo'. Una bala le rozó el pie derecho, lesionándole la piel. Los médicos le hicieron cinco puntos.

Tras asesinar a Susy Aponte Polo, Obispo intercambió disparos con uno de los miembros de seguridad de la víctima. Como resultado, Noé Alegre Mendoza, de 48 años, recibió un balazo en la pierna izquierda; a Raúl Álva Mendoza, de 55 años, un proyectil lo hirió en el abdomen; y Olimpia Pachas Osorio, de 72 años, la impactó una bala en el tórax.

También resultaron afectados Carlos Chávez Linares, de 18 años, con un balazo en el omóplato, y Evaristo Chala García, de 45 años, que recibió un proyectil en la rodilla derecha.

Durante el interrogatorio, Ana Armijos precisó que el sujeto que mató a la 'China Polo' era de tez trigueña, alto y con barba, las mismas características del asesino Luis Obispo Díaz.

El sicario fue herido en el tiroteo con uno del resguardo personal de “China Polo”, pero pudo darse a la fuga en un mototaxi. Sin embargo, providencialmente, una policía que estaba de franco se le cruzó en el camino. Se trataba de la suboficial PNP Kimberlly Tanta Leiva.

Nacida el 8 de mayo de 1997 en el distrito de Caraz, en la provincia de Huaylas, Áncash, Kimberlly Tanta, de 29 años, egresó de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional con sede en Yungay, el 31 de agosto de 2017.

Con el grado de suboficial de segunda de la PNP y con nueve años de servicio, Kimberlly Tanta divisó al sicario Luis Obispo Díaz, cuando este con pistola en mano abordó un mototaxi para darse a la fuga. Eran las 12.55 p. m. del sábado 19 de septiembre.

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La providencial Kimberlly

“Me encontraba con mi vehículo (moto) lineal estacionada por la avenida Antonio Raymondi, cuando recibí una llamada telefónica por parte de una familia que me indicó que habían matado a una chica por el mercado. En esos momentos me percaté que una persona de sexo masculino que vestía una polera ploma, pantalón jean azul y zapatillas, estaba ensangrentado tratando de abordar un mototaxi de color azul. Y pensé que estaría implicado en el hecho violento y lo vigilé para dónde iba”, relató la suboficial Tanta.

“Escuché que el sujeto le decía al mototaxista que lo llevara al paradero de las combis de Huaraz - Caraz y empecé a seguirlo por la carretera cerca al grifo Palmira. Inmediatamente llamé por teléfono a la técnico Andrea Mejía Melgarejo de la comisaría de Caraz para que hicieran un cerco proporcionándole las calles por donde iba el sujeto. En esas circunstancias me percato que el sujeto se quitó la polera ploma y logré divisar que llevaba un armamento en la cintura. Estaba ensangrentado”, añadió.

Sin la intervención de la suboficial Kimberlly Tanta, es muy probable que el sicario Luis Obispo consiguiera escabullirse y así dificultar la investigación para identificar a los autores intelectuales del crimen, a quienes lo contrataron para matar a 'China Polo'.

“Luego de perseguirlo aproximadamente dos kilómetros, veo que el sujeto se baja de la mototaxi y se mete por un desvío de una empresa que realiza trabajos de construcción. Para evitar que me descubra me escondí a pocos metros y continué siguiéndolo a pie. Veo que él avanza y entra a una zona desolada de sembríos de maíz. En esas circunstancias aproveché para llamar nuevamente por teléfono a mis compañeros de la comisaría de Caraz”, dijo la policía.

Kimberlly Tanta declaró que los suboficiales de apellidos Flores, Arce y Romero, de la comisaría de Caraz, llegaron al lugar y redujeron a Luis Obispo Díaz. Al ver la presencia policial, arrojó un arma. Se trataba de un Glock color negro de 9x19mm., abastecida con siete municiones en la cacerina y una en la recámara.

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Los cuatro tenían acento venezolano

“Según su carnet de extranjería se trataba de Luis Obispo Díaz, de nacionalidad venezolana. No opuso resistencia y tenía sangre en la boca y en el pecho”, dijo la suboficial. El venezolano no pudo escapar de su destino.

La Fiscalía también pudo establecer que Luis Obispo Díaz no actuó solo. Que llegó a Caraz con otros tres venezolanos y que el plan criminal lo organizó, financió y monitoreó desde Lima su compatriota Ronald Toro Ardila, quien llegó al Perú en 2019 y vive en San Martín de Porres. El interrogatorio a las recepcionistas del hotel de Caraz donde Obispo y los otros tres se hospedaron contribuyó a dicha certeza.

Yanina Raymundo Baca declaró que los cuatro se quedaron tres noches y que todo fue pagado por Ronald Toro Ardila por el aplicativo Yape.

“El miércoles 16 de septiembre aproximadamente a las 3 y 50 de la tarde, llegaron tres hombres y una mujer. Y realizaron el pago a nombre de Ronald Toro Ardila. El sábado 19 de septiembre se retiraron a la 12 y 10 del mediodía”, indicó Raymundo. Es decir, se fueron del hotel a sabiendas de que Luis Obispo cometería el crimen.

La versión de Yanina Raymundo fue ratificada por Gloria Jaqui Chaicha, la segunda recepcionista del hotel de Caraz. La trabajadora declaró que las cuatro personas tenían acento venezolano y que durante su estadía en el hotel pagaban cada día la suma de 80 soles por noche por intermedio del aplicativo Yape a nombre de Ronald Toro Ardila. Ahora solo falta que Toro cante quién lo contrató para que ordenara a Obispo asesinar a 'China Polo'.

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Las evidencias documentales

• La Fiscalía de Caraz ha conseguido un importante avance en el caso del homicidio de 'China Polo'. Por ejemplo, los pantallazos de los pagos por el aplicativo Yape que hizo desde Lima el venezolano Ronald Toro Ardila para cubrir el hospedaje de Luis Obispo Díaz y sus tres cómplices.
• Es importante porque delata a una organización criminal que cumplía un plan criminal concebido en Lima, y que fue llevado a cabo por Ronald Toro Ardila. Ahora el objetivo es descubrir quién contrató y pagó a Toro.
• También se encontró el recibo de la compra de dos celulares que hizo Luis Obispo en Huaraz y que pagó con una cuenta de Ronald Toro, el lunes 15 de septiembre, antes del homicidio en Caraz.

Corvetto lideraba la ONPE desde agosto de 2020. Luego de su salida, asumió la jefatura de manera interina el entonces gerente general, Bernardo Pachas, conforme a la ley orgánica de la entidad, que designa al funcionario de mayor jerarquía administrativa cuando el cargo queda vacante en medio de un proceso electoral.

La JNJ convocó un primer concurso en abril para nombrar al sucesor de Corvetto, pero ese proceso terminó sin nombramiento. Carlos Loyola Escajadillo llegó como único postulante hasta la entrevista final y obtuvo 82.49 puntos en el cuadro de méritos, pero el pleno de la JNJ no reunió los votos requeridos para designarlo. Ante ese resultado, la JNJ abrió una segunda convocatoria que ahora suma 12 inscritos.

Los postulantes registrados son Víctor Álvarez Herrera, Ernesto Aranda Vergara, Jorge Balarezo Rengifo, Augusto Bernuy Alva, Teresa Durand Silva, David Espinoza Acosta, Marco Espinoza Rivera, CarlosLoyola Escajadillo, José Pérez Duharte, Luigino Pilotto Carreño, Sarita Piscoya Morales y Manuel Vásquez Flores. La JNJ debe publicar la relación de postulantes aptos el próximo 28 de setiembre.

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Cobros irregulares y un CV cuestionado marcan el historial de los dos repitentes

Loyola Escajadillo es ingeniero industrial y arrastra el historial más cuestionado de la lista. Según una investigación de El Comercio basada en informes de la Contraloría, como gerente de planificación y presupuesto en el Reniec, recibió durante cuatro años pagos por escolaridad, gratificaciones y bonificaciones ajenos a su régimen laboral. La Contraloría calculó un perjuicio al Estado de S/104.556,05 y Loyola reconoció la irregularidad en una carta de 2019, en la que se comprometió a devolver el dinero mediante un cronograma que se extendió hasta 2023.

El historial de Loyola incluye además dos episodios adicionales durante su paso por el Reniec. Según el mismo medio, en 2019 autorizó más de S/80.000 en viáticos para un viaje a Arequipa que incluyó tours turísticos y cenas de gala, registrado bajo el concepto de una olimpiada institucional; el caso derivó en un proceso administrativo disciplinario que terminó por prescribir. También autorizó S/78 mil para un sorteo de útiles escolares entre trabajadores, una práctica que la ley prohíbe. En primera instancia fue sancionado junto a otros funcionarios, pero el Tribunal del Servicio Civil revocó la sanción.

En el concurso anterior, la JNJ llegó a excluir a Loyola por omitir la declaración de dos procesos judiciales en trámite, uno de ellos vinculado justamente al caso Reniec. Un recurso de reconsideración lo reincorporó al proceso, en una votación dividida de cuatro contra tres. El postulante también acumula una denuncia de su expareja por violencia psicológica y abandono de hogar, presentada en 2018 y archivada por desistimiento.

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Pérez Duharte, comunicador de profesión, es actualmente director de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cargo que ocupa desde diciembre de 2024. Antes fue jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional del JNE y director de su Escuela Electoral y de Gobernabilidad. En el concurso de 2020 para la jefatura de la ONPE llegó a la etapa final con el puntaje más alto en la evaluación de conocimientos, pero un ciudadano lo denunció ante la JNJ por consignar en su currículum cargos sin sustento documentario y por alterar fechas de su trayectoria profesional.

La denuncia cuestionó también su plan de trabajo, al señalar párrafos tomados de una tesis doctoral sin citar la fuente. Pérez Duharte respondió con descargos y documentación de respaldo. En abril de este año, su nombre volvió a circular como posible sucesor directo de Corvetto, versión que la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, negó públicamente.

El resto de la lista incluye a otros dos postulantes que ya compitieron por cargos similares. Balarezo y Bernuy postularon en 2020 a la jefatura del Reniec, donde obtuvieron 87.5 y 84.5 puntos respectivamente en el examen de conocimientos, por encima del propio Loyola. Espinoza y Durand, en tanto, integraron la lista de postulantes aptos al concurso de ONPE de ese mismo año.

La acusación no se limitó al actual Gobierno. También alcanzó a la expresidenta Dina Boluarte y a cuatro de sus ministros de Justicia, al expresidente José Jerí y a su ministro, y al expresidente José María Balcázar junto a su ministro. Todos ellos, según el denunciante, tuvieron en algún momento la posibilidad de cesar a Caruajulca y optaron por no hacerlo.

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Caruajulca Quispe fue restituida en el cargo en mayo de 2024, mediante una resolución suprema que ejecutó una sentencia de amparo. El problema, sostiene la denuncia, es que meses antes de esa restitución ya enfrentaba un proceso penal formalizado por el propio Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia como agraviado directo.

La denuncia se apoyó en una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que sostiene que "el error no genera derecho". Es decir, un acto administrativo basado en información falsa u oculta no se puede dar por válido, ni siquiera si ya se ejecutó. Con ese argumento, el denunciante sostuvo que la restitución de Caruajulca en el cargo estuvo viciada desde el inicio.

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El informe fiscal que reavivó el caso

La denuncia cobró fuerza a partir de un documento que ya existía dentro del propio Ministerio Público. El 16 de julio, el fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana firmó un informe en el que pidió autorización para investigar penalmente a Caruajulca. El documento señala que la procuradora habría ocultado, al momento de asumir nuevamente el cargo, que tenía un juicio pendiente por el mismo delito de omisión de actos funcionales.

Ese informe permaneció en reserva hasta que el diario Expreso lo dio a conocer el 17 de setiembre. La publicación reveló que la defensora legal del Estado escondió un proceso judicial activo en su contra. A raíz de esa revelación, el Senado citó al ministro Álvarez Miranda a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que explicara la situación.

La denuncia también recordó que el 26 de enero de este año, el Décimo Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte dictó una sentencia condenatoria de primera instancia contra Caruajulca. Es decir, cuando el actual Gobierno asumió funciones, la procuradora ya no solo tenía un proceso abierto, sino una condena judicial en su contra que, según el denunciante, agravó su situación y reforzó la obligación de cesarla.

El caso genera una pregunta sobre la situación jurídica de una presidenta que afronta una denuncia penal mientras ejerce el cargo. La Constitución no establece que una denuncia contra la jefa de Estado sea imposible, pero sí fija condiciones específicas para que pueda ser acusada durante su periodo.

El artículo 117 de la Constitución señala cuatro supuestos por los que el presidente de la República puede ser acusado mientras permanece en funciones. A ello se suman las reglas de los artículos 99 y 100, que regulan el antejuicio político y el procedimiento que corresponde cuando se atribuye un delito de función a un alto funcionario.

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¿Qué dice el artículo 117 de la Constitución sobre la presidenta?

La presentación de una denuncia penal contra una presidenta en funciones es distinta de la posibilidad de acusarla penalmente durante su mandato. En el caso de Keiko Fujimori, el recurso fue presentado ante la Fiscalía de la Nación, que deberá determinar qué corresponde hacer frente a los hechos denunciados.

El artículo 117 de la Constitución establece que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por determinados supuestos. La norma menciona la traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso fuera del supuesto constitucional y obstaculizar su funcionamiento o el de los organismos del sistema electoral.

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Por ello, una denuncia penal no equivale automáticamente a una acusación contra la presidenta. El Ministerio Público puede recibir y evaluar una denuncia, pero el eventual procesamiento de la mandataria por hechos vinculados con el ejercicio de sus funciones está sujeto a las reglas constitucionales sobre responsabilidad presidencial.

Para el politólogo Adrián Risco, las causales previstas en esta norma son específicas y, cuando corresponde una acusación constitucional contra la jefa de Estado, debe seguirse el procedimiento establecido en el Congreso. Según señaló para La República, esta figura es distinta de la denuncia penal presentada contra Fujimori ante la Fiscalía.

En ese sentido, la existencia de una denuncia penal no equivale por sí misma a que la presidenta haya sido acusada constitucionalmente ni a que pueda ser sometida de inmediato a un proceso penal ordinario.

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¿Qué diferencia hay entre una denuncia penal y una acusación constitucional?

La denuncia penal pone en conocimiento del Ministerio Público hechos que podrían constituir un delito. Este es el mecanismo utilizado en el caso de Keiko Fujimori, cuyo recurso fue presentado ante la Fiscalía de la Nación por una presunta omisión relacionada con la permanencia de la procuradora general del Estado.

La acusación constitucional, en cambio, es un procedimiento parlamentario que forma parte del antejuicio político de los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. En el actual Congreso bicameral, la Cámara de Diputados es la encargada de acusar ante el Senado al presidente de la República, entre otros altos funcionarios, por infracción de la Constitución y por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

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El politólogo Adrián Risco explicó que, cuando se trata de una acusación constitucional contra la presidenta, debe seguirse el procedimiento correspondiente en el Parlamento. "Eso solo procede mediante denuncia constitucional, es decir, tiene que darse el proceso de acusación constitucional en el Congreso de la República, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado", señaló.

El especialista agregó que se trata de un procedimiento más complejo debido a la participación de ambas cámaras. De acuerdo con la Constitución, si la Cámara de Diputados formula una acusación ante el Senado, corresponde a esta última cámara determinar si hay lugar a la formación de causa.

Por ello, no debe confundirse la denuncia penal presentada contra Keiko Fujimori ante la Fiscalía con una denuncia constitucional ante el Congreso. La primera busca que el Ministerio Público evalúe la presunta comisión de un delito; la segunda activa el procedimiento parlamentario de acusación constitucional previsto para los altos funcionarios.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La medida alcanzó al alférez F. H. H. y a los suboficiales E. S. C. y J. M. S., quienes integraron el Área Antidrogas (AREANT) de Tacna durante 2025.

La medida fue ejecutada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna con el apoyo de agentes del Departamento “F” de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas (DIVITID) de la Dirandro.

Desde el 28 de julio de este año, la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú ha elevado 260 expedientes en apelación para que sean resueltos por el Tribunal de Disciplina Policial, del sector Interior.

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Estos expedientes corresponden a procesos sancionadores de agentes policiales que fueron impugnados y pasaron a manos del tribunal para su resolución definitiva en segunda instancia. Entre los investigados hay oficiales y subalternos.

“No tenemos absolutamente ningún espíritu de cuerpo con el criminal, el miserable, el sinvergüenza que mancha el uniforme”, enfatizó el ministro del Interior, César Astudillo.

Y agregó: “espíritu de cuerpo tenemos con el compañero caído, herido, con la viuda, con los huérfanos, con los compañeros. Ese es el buen espíritu de cuerpo”.

Astudillo destacó que su gestión viene trabajando intensamente en el fortalecimiento de la PNP como parte de la estrategia de reforma y lucha contra la corrupción dentro de la institución.

En ese sentido, aseguró que no habrá tolerancia con los malos efectivos que crucen la línea y estén inmersos en actos que van en contra de las normas de la PNP o estén vinculados a hechos delictivos y sean parte de organizaciones criminales.

Recordó que el sector Interior ha planteado un proyecto para modificar el Código Penal que tiene por objetivo sancionar con la máxima pena a los agentes policiales que formen parte de organizaciones criminales o trafiquen con armas, municiones y explosivos.

“Hay una diputada que lo ha hecho suyo, pero ya lo habíamos dicho: modificar el Código Penal. Cadena perpetua para militares y policías que estén involucrados en organizaciones criminales o que trafiquen con armamento, munición y explosivos”, puntualizó.

Finalmente, Astudillo expresó su compromiso de impulsar esta reforma para tener policías íntegros y con vocación de servicio al país, a fin de enfrentar con convicción a la criminalidad organizada y la delincuencia común, en beneficio de la seguridad de todos los peruanos.

"Son procedimientos dentro de las facultades que tiene la Cámara de Diputados. Dentro de ello está el juego democrático. Espero que las bancadas sean reflexivas. Han pasado recién noventa días de mi gestión y comenzar con una interpelación o censura me parece bastante apresurado", indicó.

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Además, Chang volvió a referirse a sus declaraciones sobre la ideología en los textos escolares. Aseguró que lo ocurrido durante el conflicto armado interno debe ser abordado como un hecho histórico y correctamente interpretado. Sobre el pedido de facultades legislativas, sostuvo que debe ser debatido lo antes posible y señaló que la contrapropuesta presentada por Renovación Popular —que plantea otorgar facultades en cuatro puntos específicos— no le desagrada.

"Esperamos que apresuren este tema en la Cámara. Ya ha pasado tiempo desde esta solicitud y en otros gobiernos ha sido bastante rápido. (...) Sobre la contrapropuesta presentada por Renovación Popular, no tengo exactamente la opinión de todo el gabinete, pero, en mi opinión, es bastante amplia esa posibilidad", señaló.

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La moción de interpelación contra Chang

Las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras impulsaron una moción de interpelación contra el ministro José Antonio Chang. El documento, presentado el 21 de septiembre, contiene 44 preguntas que el titular del sector deberá responder ante el Pleno de la Cámara de Diputados sobre decisiones y actuaciones adoptadas desde el inicio de su gestión.

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Entre los principales temas figuran la crisis institucional de la Universidad Nacional de Ucayali y sus efectos en la continuidad de las actividades académicas, así como el archivo de una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra el superintendente de la SUNEDU, Vicente Paul Espinoza Santillán. También se solicitan explicaciones sobre los criterios de idoneidad e integridad utilizados para designar a funcionarios como Doris Lorena Gavilano, Pedro Elmer Morales y Esdras Ricardo Medina.

El pliego incluye, además, cuestionamientos por la incorporación de las exparlamentarias Tania Ramírez y Diana Gonzáles en entidades del sector Educación, así como por la situación de la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola. Los legisladores también preguntan por la actuación del Minedu frente a una orden judicial relacionada con Espinoza, la anulación de multas a la Universidad de San Martín de Porres, la reglamentación de una ley sobre pensiones del magisterio cesante y los cambios anunciados en la currícula escolar.

Nora Llaque, diputada del Partido del Buen Gobierno, consideró que la adhesión del Perú al Escudo de las Américas ha colocado al país en una situación en la que sus decisiones quedan supeditadas a poderes internacionales. La diputada del partido de Jorge Nieto no descartó que esta situación pueda escalar hasta una posible interpelación al ministro Carlos Espá.

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“Estoy en desacuerdo. Con esta firma, Perú se sujeta a intereses foráneos. No estoy de acuerdo. Desde mi punto de vista, la interpelación a Carlos Espá es una posibilidad. En el grupo parlamentario del Partido del Buen Gobierno estamos haciendo varias evaluaciones, entre ellas, esta”, indicó a La República la diputada.

En Obras, el vocero de la bancada, Víctor Piñan, aseguró que el proceso mediante el cual el Perú ingresó a la organización internacional ha sido poco transparente y que los nuevos compromisos en materia económica enturbian aún más este proceso. Al igual que Llaque, Piñan no descartó que desde Obras se proponga una interpelación contra Espá por esta razón.

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“Definitivamente, hemos dicho que no estábamos de acuerdo con que el Perú se adhiera al Escudo de las Américas. Primero, había cierto ocultismo. Debería haber total transparencia. No se sabía de qué trataba y se hablaba solo de estrategias militares. Ahora sabemos que implica otros aspectos. Se están confirmando las hipótesis que teníamos al respecto. Nosotros vamos a evaluar como bancada la posibilidad de presentar una interpelación contra el ministro Espá este día lunes”, señaló a este medio.

En el Senado también hay críticas

Para Ruth Luque, de la bancada de Ahora Nación en la Cámara Alta, el ingreso a la organización ha carecido de un proceso adecuado. En conversación con La República, la senadora consideró que el Ejecutivo ha tomado una decisión poco dialogada al unirse a esta iniciativa.

“Yo presenté una moción para que venga en su momento el canciller al Senado. El señor Espá no dijo absolutamente nada, solo dijo que esta responsabilidad recaía en la señora Keiko Fujimori. Preguntamos por presupuestos, límites y el documento sobre el cual se estaba escribiendo. Nada de eso se ha respondido. (…) Aquí el problema central es que se está abusando de una facultad que tiene el Ejecutivo, pasando por encima del Congreso. Y es un acuerdo multilateral que compromete al Perú”.

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Luque comparó esta situación con la que vive Chile, país que también se ha unido a la iniciativa internacional y que, en respuesta, ha llamado a la interpelación de su canciller. Consultada sobre si en la bancada se ha hablado de la posibilidad de interpelar a Espá, Luque aseguró que esto todavía no ha sido debatido, pero que, a título personal, convendría tomar en cuenta una eventual censura al ministro por tratarse, a su parecer, de hechos probados.

“La señora Keiko Fujimori ha tomado una decisión individual para incorporarnos a un espacio multilateral donde no le rendirá cuentas a nadie. En mi opinión, esta es una decisión arbitraria que ahora compromete recursos económicos”.

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Quien también opinó al respecto fue Flavio Figallo, senador del Partido del Buen Gobierno. Para Figallo, este viraje en la política exterior del Perú podría tener efectos negativos si no se produce luego de un diálogo extenso entre representantes nacionales.

“Parece que estamos transitando de una lógica de libre comercio global hacia otra de alineación geopolítica, donde vinculamos de forma exclusiva nuestro destino al de una sola potencia. Un giro estratégico de esta magnitud requiere absoluta claridad y un debate público profundo; por lo tanto, este acuerdo no puede pasar inadvertido: debe ser precisado, analizado y ratificado de manera obligatoria por la Cámara de Senadores”, indicó a este diario.

El documento presentado ante el Congreso cuenta con 35 firmas y se basa en registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef): hasta agosto de este año se contabilizaron 1.499 homicidios, un promedio de 6,16 casos diarios. La cifra supera los 6,07 homicidios diarios reportados en 2025 y los 5.6 de 2024, es decir, los indicadores de inseguridad se agravaron durante la actual gestión del sector Interior, de acuerdo con el mismo informe recogido por RPP.

Pese a eso, Galarreta argumentó que Astudillo lleva menos de dos meses en el cargo y que no corresponde responsabilizarlo por el incremento de la criminalidad organizada. Insistió en que "estar cambiando de ministros no es la solución" y llamó, sin dar nombres, a no usar políticamente las muertes de ciudadanos.

Asimismo, el premier citó el caso de Nayib Bukele en El Salvador, cuyos índices de homicidios bajaron recién después de seis meses de gestión, para justificar que los resultados en seguridad no son inmediatos. Cabe recordar que Astudillo ya fue sometido a una interpelación en el Congreso, donde respondió preguntas de los diputados, pero que, según ellos, no cubrieron sus expectativas y demostraron que no tiene una estrategia real frente a la lucha contra el crimen y sicariato.

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La moción ya fue presentada formalmente

La moción de censura, con las firmas necesarias ya reunidas, cuestiona a Astudillo por su falta de capacidad para conducir el sector Interior frente al aumento de la violencia letal y toma como argumento central las cifras de homicidios de este año, con un promedio de 6.16 homicidios diarios en los primeros ocho meses del año.

El pedido también cuestiona las respuestas que dio el ministro en su interpelación del 17 de septiembre, donde respondió un pliego de 27 preguntas sobre sicariato, extorsión y presupuesto para seguridad sin ofrecer resultados concretos, y señala el asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte, quien había denunciado amenazas contra su vida nueve días antes de ser asesinada en Caraz sin que se le brindara protección.

Fujimori indicó que el encuentro con Sheinbaum podría darse durante la próxima reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en Shenzhen, China, los días 18 y 19 de noviembre. La mandataria peruana precisó que, si no coinciden en dicho evento, existe la posibilidad de que viaje a México para recibir personalmente la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que actualmente está en manos del país norteamericano.

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"Nosotros vamos a ir a participar al foro de APEC, previo permiso del Congreso. Si la presidenta Sheinbaum va a participar en APEC, será un gusto saludarla. Si no, la presidencia pro tempore (de la Alianza del Pacífico), que está dejando México, será entregada al Perú. Lo que estamos pensando es que esta encargatura sea entregada personalmente por ella. Si no es en APEC, será en México donde tengamos ese primer encuentro", indicó a la emisora.

Como se sabe, Perú rompió relaciones diplomáticas con México el 3 de noviembre de 2025. Los vínculos fueron restablecidos el 7 de agosto de 2026, después de que el Gobierno peruano otorgara un salvoconducto a la ex primera ministra. En tanto, México suspendió en abril de 2024 la exención de visa para los ciudadanos peruanos con pasaporte ordinario que deseen ingresar a su territorio. La medida fue anunciada inicialmente como temporal.

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Perú y México vuelven a mantener relaciones diplomáticas

Después de más de nueve meses de ruptura, Perú y México retomaron sus relaciones diplomáticas. El canciller Carlos Espá informó que la normalización de los vínculos permitirá la reapertura de la embajada de México en el país y el restablecimiento de las relaciones al nivel de embajadores.

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El ministro sostuvo que la decisión responde al respeto del Gobierno peruano por el ordenamiento jurídico nacional e internacional y señaló que el salvoconducto fue concedido en cumplimiento de la Convención de Caracas de 1954. El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros calificó la medida como un avance para normalizar la política exterior y reafirmar el respeto al derecho internacional. A su vez, Javier González-Olaechea, quien también ocupó la cartera de Relaciones Exteriores, señaló que la situación del asilo político deberá ser revisada una vez que concluya el proceso judicial.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum también confirmó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Perú y reiteró su respaldo al expresidente Pedro Castillo, quien continúa recluido en el penal de Barbadillo. "El nuevo Gobierno de Perú lo sabe (de su respaldo a Castillo), pero es un paso. Bienvenida Betssy Chávez a México", declaró durante su conferencia matutina. Asimismo, agradeció la colaboración de la Embajada de Brasil durante el periodo en que permanecieron suspendidos los vínculos entre ambos países.

El documento estableció que ninguna autoridad puede interferir en la función de los jueces. "La independencia judicial es un principio esencial del Estado Constitucional de Derecho y una garantía de los ciudadanos", señalaron las presidencias de las cortes.

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Las autoridades judiciales también respaldaron a Tello "en la defensa institucional de la independencia del Poder Judicial, de los jueces y juezas y del ejercicio autónomo de la función jurisdiccional".

El respaldo ocurrió un día después de que la Sala Plena de la Corte Suprema expresara su “plena confianza” en las acciones de Tello para defender a los jueces y su independencia. La máxima instancia deliberativa del Poder Judicial adoptó esa posición tras la controversia generada por el discurso de Fujimori ante la ONU.

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Cortes Superiores remarcaron que los jueces deben resolver sin presiones

En su pronunciamiento, las presidencias de las Cortes Superiores remarcaron que corresponde exclusivamente a los magistrados conocer y resolver los procesos que están bajo su competencia. Añadieron que esa labor debe realizarse con libertad y sin presiones externas.

“Corresponde exclusivamente a los jueces y juezas, dentro de sus competencias constitucionales y legales, conocer y resolver los procesos sometidos a su jurisdicción”, indicaron. El documento agregó que esta tarea debe cumplirse “sin presiones ni interferencias externas”.

La declaración también vinculó la independencia de los jueces con la protección de los ciudadanos. Las autoridades sostuvieron que una justicia independiente permite que los procesos sean resueltos de acuerdo con la Constitución y las leyes, sin intervenciones ajenas a cada caso.

La actividad se realizó el pasado 17 de septiembre en Piura e incluyó una exposición de demandas. En ella participaron David Collazos, candidato por Acción Popular; Pedro Alama, de Perú Primero; Gerardo Cabrera, de Salvemos al Perú; Teresa Calva, candidata a vicegobernadora por Alianza para el Progreso; y Pablo Goicochea, candidato a consejero por el movimiento Fuerza Regional. De este grupo, los primeros cuatro postulantes al gobierno regional firmaron el documento.

Durante la semana siguiente, quienes no asistieron a la actividad pero posteriormente procedieron a firmar el acta fueron los candidatos regionales Santiago Paz, de Somos Perú, y Werner Wilhelm, del Partido Popular Cristiano.

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Por otro lado, las agrupaciones políticas que fueron contactadas pero que hasta la fecha no han firmado el acta son Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Visión Perú, APRA, Partido de los Trabajadores, País para Todos, Partido Patriótico, Frepap y el movimiento Fuerza Regional.

¿En qué consiste el Acta por la Igualdad?

Alex Núñez, presidente de Generación Orgullo, explicó que el acta consta de cuatro ejes: salud, educación, participación política y seguridad y justicia. Entre las medidas propuestas en los dos primeros apartados figuran la capacitación del personal de salud en buen trato y atención sin discriminación, el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral para docentes y acciones de prevención frente al acoso escolar por orientación sexual e identidad de género.

"En temas de participación política tenemos una demanda muy importante y que lleva siendo ignorada al menos por un periodo: que un representante de la comunidad ocupe la vacante que el reglamento del Consejo Regional por la Igualdad establece. Por temas de barreras burocráticas no se pudieron presentar, pero ahora las organizaciones ya cuentan con personería jurídica. Esperamos que la gerencia de desarrollo social pueda admitir nuestra postulación", detalló Núñez.

En esa línea, resaltó que desde este espacio buscarán impulsar la aprobación del Plan Regional de Igualdad de Género. "En este actual gobierno no se aprobó el plan por la exclusión del colectivo. Otros grupos fueron incluidos, pero pese a ello se vieron afectados porque se dio la aprobación", explicó el activista.

Por último, el presidente de Generación Orgullo detalló que en el apartado de seguridad y justicia se propuso la aprobación de una ordenanza regional contra la discriminación que establezca infracciones y sanciones, así como medidas de capacitación para el personal de serenazgo y un registro regional de casos de violencia y discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.

Según la comuna, tras casi cuatro años de proceso, el resultado del laudo le fue favorable en tres de las cinco pretensiones planteadas por Rutas de Lima, lo que representaría un ahorro de aproximadamente US$ 100 millones más intereses.

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En cuanto a la pretensión vinculada a la falta de entrega del tramo Ramiro Prialé, la Municipalidad asegura que el Tribunal Arbitral habría hallado responsabilidad conjunta entre el exconcesionario y la MML, con un voto disidente que sostiene que el municipio no debería pagar indemnización alguna dada la culpa compartida.

Respecto a la caducidad del Contrato de Concesión del año 2023, la Municipalidad afirma que el Tribunal Arbitral decidió por mayoría dejarla sin efecto, aunque remarca que el 4 de diciembre de 2025 Rutas de Lima abandonó las vías metropolitanas, lo que —a criterio de la comuna— justificó la resolución del contrato. Ante ese escenario, sostiene que el sistema financiero ejecutó válidamente la carta fianza por US$ 40 millones, lo cual reafirmaría, según la MML, la legalidad de sus acciones.

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MML podría pagar más de US$ 300 millones

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) podría afrontar un pago de entre US$339,5 millones y US$447,5 millones a Rutas de Lima, según una de las últimas decisiones del arbitraje internacional. La cifra, que equivale aproximadamente a entre S/1.150 millones y S/1.516 millones, está relacionada con el incumplimiento parcial de la comuna en la entrega de terrenos correspondientes al tramo Ramiro Prialé.

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La Cámara de Arbitraje Internacional de París determinó que la municipalidad deberá compensar parcialmente a la concesionaria por impedirle cobrar peajes en ese sector en los términos establecidos en el contrato. Sin embargo, rechazó de manera unánime otras pretensiones de Rutas de Lima vinculadas con el reajuste por inflación, los llamados “puntos de fuga” y el reequilibrio económico derivado de normas relacionadas con los peajes y la pandemia. Estas solicitudes representaban alrededor de US$97,6 millones.

El tribunal también cuestionó la decisión de la MML de poner fin unilateralmente a la concesión en enero de 2023, al considerar que no se ajustó al contrato ni a la legislación peruana. No obstante, estableció que la comuna deberá pagar de inmediato US$724.099,28, equivalentes a más de S/2 millones, por el 50% de los costos del arbitraje. Además, cada parte asumirá sus propios gastos legales.

"Ayer hemos escuchado a la señora Fujimori repitiendo un discurso que ya le hemos escuchado a la señora Boluarte. Creo que en este momento nos toca plantear cuestiones de fondo en la Cámara de Diputados", indicó.

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En su discurso en Nueva York, Fujimori planteó que los grupos criminales deberían ser catalogados como organizaciones terroristas, con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan participar en operativos contra la delincuencia. Al respecto, Flavio Figallo —senador del Partido del Buen Gobierno— consideró que una propuesta de este tipo podría generar afectaciones a personas inocentes.

"Nosotros no estamos de acuerdo con el tema de adherir como grupos terroristas a grupos criminales. Creo que eso puede llevar a mucha violencia en nuestro país. (…) Los daños colaterales que podrían causar para personas que no tienen nada que ver podrían ser mayores. Esto afecta a los derechos de terceras personas y podría hasta causar su muerte".

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También hay voces a favor

En Renovación Popular, partido cercano al Gobierno, el diputado Alex Segura también se pronunció sobre el discurso de Fujimori ante los representantes internacionales en la ONU. Como se sabe, otro de los puntos abordados por la presidenta fue que la justicia peruana había vulnerado los derechos de policías y militares procesados por violaciones de derechos humanos. Al respecto, el diputado del partido de Rafael López Aliaga coincidió con la mandataria.

"Yo estoy totalmente de acuerdo con la señora presidenta de la República. Es importantísimo dar el soporte legal a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Ellos han puesto el pecho en la lucha contra el terrorismo. No podemos ser desagradecidos", señaló.

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Críticas a Fujimori también vienen del Poder Judicial

A propósito de este último punto, sostenido por la mandataria en su discurso, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, consideró que tales declaraciones no son adecuadas y que representan acusaciones falsas contra las instituciones de justicia del país.

"Ante Naciones Unidas ha hecho unas afirmaciones que no las puedo permitir como presidenta del Poder Judicial. Las rechazo completamente. Ella no dijo Poder Judicial. Correcto. Pero, ¿quién juzga? ¿Quién juzga en una democracia? Ella dio su palabra de que iba a respetar la independencia de los jueces. Nadie persigue aquí ni a policías ni a militares", indicó.

Además, Quito señaló que se trata de una de las herramientas de control político que tienen los diputados y senadores. "Nada es prematuro, son herramientas que tienen diputados y senadores para poder hacer el control político, interpelar, censurar y la vacancia de Keiko", declaró.

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Respecto al pedido de facultades, indicó que habría otros intereses de fondo. "Lo que pretenden, sobre todo con la excusa de la seguridad ciudadana y el fenómeno de el Niño, es meter de contrabando todos los demás temas para que el Ejecutivo garantice privilegios a los que financiaron su campaña, entonces nosotros estamos planteando que no se les debería dar facultades", declaró.

Quito Sarmiento alertó que la ciudadanía no debe confundirse, pues, según sostuvo, tanto el tema de el Niño como el de seguridad pueden ser atendidos mediante decretos y otorgar las facultades estaría de más. Exigió que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no otorgue las facultades y que el pedido pase al archivo. Advirtió que, si bien en la Cámara de Diputados solo se aprueban los puntos de seguridad y el Niño, en la Cámara de Senadores podría modificarse el texto y terminar otorgándose la totalidad de las facultades, lo que calificó como un grave peligro para el país.

"De los 38,000 casos restituidos por Reniec han sido más o menos más de 31,000 y un poco más de 6,000 por parte del Jurado Nacional de Elecciones, producto de la fiscalización que ellos también efectuaron", detalló la funcionaria. Casi el 40% de esas restituciones se concentra en Áncash, seguida por Cusco, con 3,878 ciudadanos restituidos; Huánuco, con 3,435; y Arequipa, con 3,281. Entre estas cuatro regiones se agrupa cerca del 70% de los casos detectados a nivel nacional, de un total de 59 distritos donde el Reniec ejecutó las verificaciones domiciliarias.

Las verificaciones, reguladas por el Reglamento de Elaboración del Padrón Electoral y la Ley Orgánica del Reniec, se realizaron entre febrero y marzo de este año y abarcaron 59 distritos distribuidos en 18 provincias de 18 departamentos a nivel nacional. "Todas estas restituciones fueron publicadas hasta antes de la aprobación del padrón", que el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el 6 de junio precisó Suito Acuña, remarcando que el proceso de fiscalización concluyó antes de que el documento electoral quedara cerrado para las Elecciones Regionales y Municipales de este año.

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Canon minero y pobreza extrema, denominador común

La funcionaria explicó que existe una correlación entre los distritos donde se concentra el golondrinaje y aquellos que manejan un mayor presupuesto público, varios de ellos con presencia de actividad extractiva minera. Suito mencionó los casos de San Marcos, Pichari, La Valla, Yarabamba y Chavín de Huántar como algunos de los distritos donde coinciden un presupuesto alto, en parte vinculado al canon, y las verificaciones domiciliarias realizadas por la institución.

Suito Acuña añadió que, más allá del factor presupuestal, las verificaciones permitieron identificar un patrón demográfico común: al menos 28 de los 59 distritos analizados tienen una población que oscila entre 1,000 y 5,000 habitantes. A ello se suma una escasa presencia del Estado, poco acceso a servicios públicos y condiciones de extrema pobreza, factores que, según la funcionaria, facilitan que este tipo de prácticas se concentren en determinadas zonas del país antes de cada proceso electoral.

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Sin sanción penal efectiva

Pese a que el fenómeno se repite en procesos electorales anteriores, Suito Acuña admitió que "no existe una sanción en la vía penal que se haya dado de manera efectiva" contra quienes incurren en esta práctica. Por ello, consideró necesario "evaluar la precisión de la definición del delito de transhumancia", tipificado en el artículo 359 del Código Penal. La funcionaria dijo que debería revisarse ante la ausencia de condenas conocidas hasta la fecha.

Además, valoró como positiva la reducción del plazo de cierre del padrón electoral, medida aprobada por el Congreso de la República y aplicada por primera vez en las elecciones generales recientes. Sin embargo, adelantó que, tras una evaluación inicial de los resultados de esa reducción, el Reniec considera necesario presentar una iniciativa legislativa para ampliar ese mismo plazo, pero específicamente para las elecciones regionales.

"A diferencia de la elección general, en la elección regional se tienen que tomar este tipo de medidas de verificación de domicilio y ello supone un plazo operativo mucho mayor del que se ha contado para este proceso electoral", explicó.

Según detalló, una ampliación razonable del plazo permitiría no solo un mayor margen operativo para el sistema electoral, sino también que los ciudadanos puedan interponer oportunamente los medios impugnatorios que correspondan.

Luis Obispo también reconoció que su compatriota, Ronald Toro Ardila, fue quien le pagó los pasajes, la estadía, la alimentación y la compra de un teléfono celular en Huaraz para coordinar la ejecución del plan homicida.

Respecto a la persona que lo contrató, manifestó que mediante un aplicativo recibió la propuesta de ejecutar a 'China Polo'. Lo contactó una mujer venezolana, quien a su vez recibió el pedido de alguien con mucho poder, refirió Luis Obispo.

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Por razones de seguridad, el sicario venezolano Luis Obispo Díaz será trasladado a Lima, de acuerdo con fuentes relacionadas con el caso.

"(Luis Obispo Díaz) está mal, está muy mal. Se siente arrepentido. Dice que quien le ha mandado (a matar a ‘China Polo’) es alguien muy poderoso, alguien de arriba. Y ese alguien lo está viendo, lee las noticias, sigue lo que está sucediendo. Por eso lo van a trasladar", precisaron las fuentes cercanas al detenido Luis Obispo.

Después de consumar el atentado contra la vida de Susy Aponte Polo, Obispo huyó pero fue alcanzado por tres disparos de un miembro de seguridad de la candidata y periodista: impactó en la mandíbula, en el hombro izquierdo y en el antebrazo derecho.

Luis Obispo sabía que 'China Polo' usaba chaleco antibalas, por eso le disparó directamente a la cabeza.

"Él (Obispo) no conoce a su contratante. Dice que una compatriota lo contactó por un aplicativo común. Y es ella quien le dio la ‘chamba’ (asesinato). Es todo lo que sabe. Ha sido por encargo, pero él desconoce al contratante que está por encima de todos", refirieron las fuentes que tuvieron acceso a las declaraciones del sicario.

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Las mismas fuentes afirmaron que según la versión de Luis Obispo le pagaron S/2.000 para cometer el asesinato, una información que este diario somete a proceso de verificación.

"Recibió la información que la periodista tenía chaleco antibalas y que estaba custodiada. Por eso todo fue muy rápido. Había interés (del contratante) de que todo se hiciera de inmediato", señalaron las fuentes sobre la versión de Luis Obispo.

El sicario Luis Obispo registra como dirección el jirón El Anís, en Los Olivos, y el logístico Ronald Toro, en la calle Perú, Urbanización Señor de los Milagros, en San Martín de Porres, ambos en el Cono Norte.

El sicario Luis Obispo llegó primero a Nuevo Chimbote, donde en un primer momento planificó matar a 'China Polo', pero no encontró la oportunidad porque la periodista y candidata estaba con custodia policial. Entonces, Obispo recibió la orden de seguirla, primero a Huaraz y luego a Caraz, donde cumplió con el plan criminal.

"Obispo llegó a Caraz el miércoles 16 de septiembre y se hospedó con otras tres personas. Pero él estaba solo en el momento del disparo", apuntaron las fuentes. El homicidio se cometió el sábado 19 de septiembre.

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Dos cómplices usaron DNIs falsos

• De los tres venezolanos que llegaron junto con el sicario Luis Obispo Díaz al hotel de Caraz, dos dieron los siguientes datos: Valeria Torres se identificó con el DNI 32154282 y Edinson Corzo con el DNI 32154282. El Reniec reportó que el DNI que brindó Corzo pertenece a un menor de edad. El tercer personaje simplemente no se registró.
• Luis Obispo Díaz se dedicaba a hacer taxi por aplicativo. Una de sus clientas de su propio país usó dicha vía para contactarlo y proponerle el asesinato de 'China Polo', a solicitud de una persona cuya identidad no le revelaron, según ha confiado a su entorno más cercano, de acuerdo con las fuentes.

La moción, presentada formalmente ante la Cámara de Diputados por congresistas de Juntos por el Perú y respaldada también por Obras y el Buen Gobierno, cuestiona la conducción del Ministerio del Interior frente al aumento de homicidios y criminalidad. El documento señala que solo hasta agosto se registraron 1.499 asesinatos, un promedio de 6,16 homicidios diarios durante los primeros ocho meses del año.

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Entre sus principales argumentos, la iniciativa también cuestiona las respuestas que Astudillo ofreció durante su interpelación del 17 de septiembre, cuando respondió un pliego de 27 preguntas sobre sicariato, extorsión, homicidios y presupuesto para seguridad sin exponer resultados concretos frente al avance de la criminalidad. Asimismo, incorpora el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte, atacada a balazos en Caraz pese a haber denunciado amenazas contra su vida nueve días antes.

Uribe lamentó además el asesinato de una joven universitaria, atacada tras el robo de su celular cuando regresaba a su vivienda, y pidió que el caso sea investigado con prontitud. La legisladora planteó la necesidad de una estrategia definida contra la criminalidad, mayor presencia policial en las calles y una eventual reforma de la Policía Nacional. “El último miércoles falleció una joven universitaria, regresando a su casa le han robado el celular y la han matado (…) así como esa joven hay muchas personas que tienen miedo", afirmó.

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Descarta que la censura beneficie a los delincuentes

Acerca de los cuestionamientos de quienes sostienen que retirar a Astudillo generaría inestabilidad en el sector y favorecería a los delincuentes, Uribe rechazó esa lectura y remarcó que la ausencia de una estrategia clara es, precisamente, el problema que la censura busca corregir.

La diputada precisó, sin embargo, que la firma de la moción no significa que toda su bancada ya haya definido su voto para el Pleno. "Tenemos que reunirnos como grupo parlamentario", precisó, aunque remarcó que el Partido del Buen Gobierno está alineado con el reclamo ciudadano de medidas urgentes contra la inseguridad.

A través de un oficio, ambos parlamentarios remitieron la propuesta a la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, y solicitaron que sea incorporada en el dictamen que el grupo de trabajo debe elaborar sobre la delegación de facultades. En el oficio, los diputados solicitan que la Comisión de Constitución convoque una sesión para discutir el texto sustitutorio antes de aprobar el dictamen sobre las facultades.

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El pedido del Ejecutivo contempla 66 solicitudes de facultades legislativas. Frente a ello, Rocha y Krklec plantean priorizar y concentrar la delegación en determinadas materias, entre ellas la lucha contra la inseguridad ciudadana, la atención de fenómenos naturales como el Niño, la gestión del riesgo de desastres, la reactivación económica, la generación de empleo y la modernización y simplificación de la gestión del Estado.

Los diputados precisan en su oficio que su propuesta no plantea excluir todas las materias incluidas por el Ejecutivo, sino establecer una delimitación de aquellas que consideran que pueden ser objeto de delegación. Por ello, solicitaron que el texto sea discutido por la Comisión de Constitución antes de la elaboración del dictamen.

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¿Qué plantea el texto sustitutorio?

La propuesta modifica la fórmula legal de la Proposición Legislativa N. 00098-2026-2031-CD, mediante la cual el Ejecutivo solicitó facultades para legislar. En su artículo primero, establece como objetivo delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 120 días calendario, principalmente en materias vinculadas con seguridad ciudadana, riesgo de desastres, reactivación económica y simplificación administrativa.

El artículo segundo enumera las materias sobre las cuales se plantea otorgar las facultades. El primer bloque corresponde a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Dentro de este apartado se incluye la modificación de normas relacionadas con migraciones y nacionalidad. La propuesta contempla fortalecer los procedimientos de identificación, verificación documental y control y fiscalización migratoria, además de mejorar el intercambio de información entre Migraciones y otras entidades públicas.

Miguel Torres presiona desde el Senado

El presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores, el fujimorista Miguel Torres, salió a cuestionar públicamente la demora de la Cámara de Diputados. "Este martes vemos cómo Diputados está deteniendo la delegación de facultades, yo ya me he visto en la necesidad de reclamar", declaró y dijo que la Comisión de Constitución tenía 15 días para pronunciarse sobre la solicitud y que ese plazo ya venció.

Torres presionó al Congreso a llevar el dictamen al pleno para que sean los propios diputados quienes decidan si lo aprueban o lo rechazan. "Nadie dice que no lo debatan, nadie dice que no lo modifiquen; lo único que se pide es que cumplan con lo que dice la ley, que lo lleven al Pleno de Diputados y se vea si pasa o no al Senado", afirmó.

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La mayoría de comisiones están en contra del pedido de facultades

Es importante mencionar que la Comisión de Constitución tenía 15 días hábiles para dictaminar la proposición con la que el Gobierno busca legislar por decreto durante 120 días en 66 materias. El plazo venció el lunes 21 de setiembre y su presidenta, Giannina Avendaño de Juntos por el Perú, aún no convoca a una sesión oficial para votar el dictamen, mientras su equipo técnico dice estar consolidando los informes remitidos por las demás comisiones.

Esos informes ya han mostrado un panorama no favorable para el Ejecutivo. Ya que al menos 8 de las 12 comisiones consultadas, entre ellas Economía, Defensa del Consumidor, Energía y Minas, Trabajo y Producción, votaron en contra del pedido. En el caso de la Comisión de Justicia, esta no aceptó una propuesta que la diputada Rocha había presentado, por lo que la diputada lo calificó en redes como un "acto a todas luces autoritario".

"Creo en las instituciones fuertes, independientes, autónomas, pero también con esa capacidad de analizar lo bueno y también los errores del pasado", dijo Fujimori en una entrevista con RPP. La mandataria incluyó al Poder Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial dentro de las instituciones que, según señaló, deben tener la capacidad de revisar sus actuaciones anteriores.

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La jefa de Estado también respondió a la posición expresada por Tello, quien cuestionó sus declaraciones ante Naciones Unidas y pidió que explicara el sentido de sus palabras. Fujimori sostuvo que respeta la independencia de poderes, pero consideró que esta no impide cuestionar el desempeño de las instituciones. "Por supuesto con absoluto respeto a la independencia de poderes, pero esa independencia no significa callar", afirmó.

Consultada de manera directa sobre si su crítica estaba dirigida al Poder Judicial en general o a magistrados determinados, la mandataria precisó que se refería a "ciertos jueces". Fujimori añadió que su intención era mirar hacia adelante y planteó como parte de ese objetivo el reconocimiento a quienes participaron en la lucha contra el terrorismo. "Se trata de mirar hacia el futuro, de construir un mejor país, de tener un reconocimiento también a quienes nos han ayudado a conseguir la paz y a tener una mirada de reconciliación", manifestó.

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¿Por qué Janet Tello cuestionó a Keiko Fujimori?

La controversia comenzó después del discurso que Fujimori ofreció ante la Asamblea General de la ONU. La presidenta afirmó que el Perú había derrotado al terrorismo, pero cuestionó que, después de 34 años, algunos policías y militares que participaron en esa lucha todavía afrontaran procesos judiciales.

“Quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido”, sostuvo Fujimori durante su intervención ante Naciones Unidas. La frase generó una respuesta de la presidenta del Poder Judicial, quien consideró que esas afirmaciones afectaban la labor de los magistrados.

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Tello recordó que Fujimori había expresado su compromiso con la separación de poderes y la independencia judicial cuando asumió la Presidencia, el 28 de julio, y durante una ceremonia por el Día del Juez y de la Jueza, el 4 de agosto. Por ello, cuestionó que la mandataria haya formulado esas afirmaciones ante un foro internacional.

“Ante Naciones Unidas ha hecho unas afirmaciones que no las puedo permitir como presidenta del Poder Judicial. Las rechazo completamente”, manifestó Tello. También rechazó que exista una persecución contra policías o militares y sostuvo que cada denuncia debe ser investigada para determinar si existe o no responsabilidad.

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Ministro de Justicia respalda a Keiko Fujimori y cuestiona a Janet Tello

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, respaldó las declaraciones de Keiko Fujimori ante los cuestionamientos de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Durante una entrevista con RPP, sostuvo que criticar la actuación de jueces y fiscales no implica intervenir en las funciones que corresponden a otras instituciones.

“A nadie le debe llamar la atención el hecho de que se pueda criticar la actuación de algunos jueces o fiscales sin que esto signifique faltar el respeto o inmiscuirse en las obligaciones de otros órganos constitucionales”, afirmó Álvarez. De esta manera, el titular del Ministerio de Justicia defendió la posibilidad de cuestionar decisiones judiciales sin que ello represente una vulneración de la separación de poderes.

Álvarez también señaló que las críticas a resoluciones judiciales cuentan con respaldo en pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, consideró que el Poder Judicial debía concentrarse en resolver los expedientes que llevan años pendientes antes que cuestionar las críticas formuladas desde el Ejecutivo.

Uno de los responsables de ese atentado, Silverio Ugarte Dionicio (46), camarada 'Romel', acaba de ser sentenciado a 35 años de prisión por el delito de terrorismo por dos atentados.

Además, la Procuraduría General del Estado (PGE), a través de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, obtuvo que se fije el pago de S/500.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado, en el marco de una sentencia condenatoria por el delito de terrorismo.

La sentencia fue emitida el 21 de setiembre por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, tras una investigación fiscal que concluyó 19 años después de las emboscadas terroristas ocurridas en las regiones de Huánuco y San Martín.

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Camarada Romel formó parte de Sendero Luminoso en el Comité Regional Huallaga, y en calidad de combatiente al cual perteneció desde marzo del 2007.

Según la resolución judicial, 'Romel' habría operado bajo las órdenes directas de Juan Laguna Domínguez 'Camarada Piero', y para lo cual usaba uniforme del Ejército Guerrillero Popular (polo negro estampado de la hoz y martillo), pantalón negro, botas de jebe negro y portaba un fusil AKM.

Las autoridades concluyeron que el día del atentado contra el fiscal y los policías, Silverio Ugarte, así como los terroristas Andrés, Jaime, Franco y Deny dispararon contra el vehículo policial provocando la muerte de manera instantánea de los suboficiales Jhon Carrasco Rojas, José Colca Hidalgo y Billy Godoy Gonzáles.

También murió el fiscal de Tocache, Arturo Artemio Campos Vicente, mientras que los efectivos Juan Gonzáles Esquivel y César Bedoya Balvin resultaron heridos. Los senderistas se llevaron las armas de fuego, cacerinas, lanzas granadas, bombas lacrimógenas, entre otros pertrechos.

Según la acusación de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo Huánuco, el camarada Romel también participó en la emboscada al personal policial y del Corah en la zona conocida como Churuyacu, Santa Rosa de Alto Yanajanca en el Marañón.

En este caso fue el camarada 'Piero' quien dispuso el ataque a la patrulla dejando como saldo un muerto y cinco heridos. Edgar Norberto Ricopa Yahuarcani perdió la vida, mientras que los suboficiales Carlos Jeremías Meza, Arturo Silva Díaz, Javier Luna Díaz, Héctor Vega Aliaga y Orlando Durand Ávila resultaron heridos de bala.

Ocurrió el 12 de abril del 2007 y el lugar se convirtió en infierno después de una explosión.

La policía y fiscalía logró identificar a 'Romel' a través de dos colaboradores eficaces y a través del testigo del ataque Carlos Villarán Falcón, camarada ‘Andrés’, quien cumple una sentencia de 11 años de cárcel por el delito de terrorismo.

Durante el juicio oral, Silverio Ugarte negó la acusación fiscal argumentando que las fechas de las emboscadas estaban en Tingo María con su esposa e hija. Negó conocer los lugares donde ocurrieron las emboscadas terroristas, pero no presentó ningún documento que apoye su versión.

Durante el proceso, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo ejerció la defensa jurídica de los intereses del Estado. La decisión judicial determinó la responsabilidad del sentenciado por su participación como integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso y por hechos ocurridos en el año 2007.

Este ciudadano venezolano es considerado por los investigadores del caso como un sicario de alta peligrosidad.

Esta medida se ha tomado con especial rigor tras identificarse a otros extranjeros que habrían participado en la planificación y ejecución del crimen de la 'China Polo'.

Por eso, el comando PNP evaluó de manera estricta el nivel de peligrosidad del interno antes de autorizar cualquier traslado médico.

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Se han fortalecido las zonas de urgencias y hospitalización no solo con personal en puestos fijos sino con la modernización de los sistemas de videovigilancia.

Se han asignado anillos de seguridad policial adicionales alrededor del perímetro hospitalario. El paciente es de alto perfil delictivo.

Obispo Díaz cumple 15 días de detención preliminar por disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaylas. La medida también alcanza a Ronald José Toro Ardila. En tanto, la Fiscalía continúa las diligencias para determinar la participación de ambos y establecer la situación de otros implicados.

Seis efectivos permanecen directamente asignados a su custodia, las 24 horas, alternándose con personal del Grupo Terna, agentes de Inteligencia y de otras unidades.

El comisario de Huaraz, Óscar Sosa Ramírez, confirmó que la medida busca prevenir dos escenarios principalmente: un eventual intento de rescate por parte de alguna organización criminal o un posible ataque contra la vida del propio detenido.

El extranjero resultó herido tras el ataque que perpetró contra la 'China Polo'. Voceros del Hospital Víctor Ramos Guardia informaron que actualmente se encuentra estable, pero presenta una herida por proyectil de arma de fuego y una fractura de mandíbula.

Debido a esta última lesión, deberá ser trasladado a un establecimiento de mayor complejidad y no se descarta que sea referido a Lima.

Caso Rutas de Lima

La pretensión de la empresa concesionaria se hizo pública en uno de los últimos fallos del caso correspondiente al 12 de junio de este año. En la sentencia, emitida por la Cámara de Arbitraje Internacional de París, Rutas de Lima exige una indemnización por $447,5 millones o $339,5 millones de dólares.

Ese monto responde al presunto incumplimiento por parte de la MML de entregar los terrenos correspondientes al Tramo Ramiro Prialé y, en consecuencia, al impedimento para que Rutas pudiera cobrar el peaje en dicho sector a partir de la fecha establecida en el contrato.

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Al respecto, el Tribunal declaró por mayoría que la MML incumplió parcialmente sus obligaciones respecto a la entrega de los terrenos para el Tramo Ramiro Prialé y que existió negligencia por parte de los involucrados.

Por lo tanto, decidió que, según el Código Civil peruano, la municipalidad está obligada a compensar y/o indemnizar parcialmente a Rutas de Lima por un monto que se determinará en una etapa posterior de estas actuaciones arbitrales.

MML deberá pagar S/2 millones a Rutas de Lima

Lo que sí estableció es que la comuna limeña deberá reembolsar US$724.099,28, equivalente a más de S/2 millones. El monto corresponde al 50% de los costos del arbitraje incurridos hasta la fecha. Además, determinó por unanimidad que cada parte asumirá sus propios costos y gastos legales.

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Las pretensiones 2, 3 y 4 planteadas por Rutas de Lima fueron desestimadas por unanimidad. Se trataban del reajuste por inflación del peaje, los "puntos de fuga" en Huaylas y Villa, y el reequilibrio económico por la ley de suspensión de peajes y los decretos COVID. Sumaban un promedio de US$ 97.6 millones, equivalente a S/330,9 millones.

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La pretensión 5, planteada por Rutas de Lima, fijó que la municipalidad incumplió la cláusula 17.7 del contrato de concesión al declarar, en enero de 2023, la terminación unilateral por una supuesta afectación al interés público, y declaró, por mayoría, que dicha resolución no respetó el contrato de concesión ni la legislación peruana.

El fin del contrato, señala el Tribunal, se resolvió en pocos días, sin informe de la Comisión de Asuntos Legales, sin análisis costo-beneficio y sin buscar alternativas con Rutas de Lima.

Además, como antecedente, mencionan que el Tribunal Constitucional (TC), en el caso Pairazamán, solo suspendió el cobro en Puente Piedra y rechazó demoler la garita, una medida mucho menos drástica que terminar la concesión.

Comunicado de la MML

Sobre el caso, la MML emitió un comunicado indicando que “del resultado del laudo parcial de junio 2026 y, luego de casi 4 años, el municipio ha obtenido victoria en 3 de las 5 pretensiones indemnizatorias planteadas por Rutas de Lima, ahorrando a la comuna limeña casi US$ 100 millones más intereses”.

Y añade: “Respecto a la pretensión por falta de entrega del tramo Ramiro Prialé, se ha hallado responsabilidad conjunta, tanto del exconcesionario como de la MML con el voto disidente que reconoce que la MML no debe pagar indemnización ante la culpa de ambas partes”.

También mencionan que “sobre la caducidad del Contrato de Concesión del año 2023, el Tribunal Arbitral decidió por mayoría dejarlo sin efecto. El 4 de diciembre de 2025, Rutas de Lima abandonó las vías metropolitanas y por ello, se resolvió el contrato. Ante ello, por pedido de la MML, el sistema financiero ejecutó válidamente la carta fianza por US$ 40 millones de dólares reafirmándose las acciones del municipio.

Derrotas de la MML ante Rutas de Lima ya suma $200 millones

En el primer arbitraje entre Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el tribunal ordenó a la comuna pagar S/ 216,8 millones, aproximadamente, por la afectación de la recaudación del peaje Chillón entre 2016 y 2019. El monto incluía S/ 936.403 por el primer periodo, S/ 215,9 millones por el segundo y S/ 5,25 millones en intereses, además de otros conceptos y gastos arbitrales.

En un segundo arbitraje, relacionado con el reajuste de las tarifas de los peajes, Rutas de Lima también obtuvo un resultado favorable. El tribunal reconoció a la concesionaria aproximadamente US$7,2 millones, monto que se sumó a la obligación derivada del primer proceso.

Con los intereses acumulados y otros conceptos, las obligaciones correspondientes a estos dos primeros arbitrajes alcanzaron alrededor de US$200 millones, cifra que la Municipalidad de Lima debe pagar a Rutas de Lima.

Estos montos son distintos de los US$339,5 millones reclamados por la concesionaria en el arbitraje más reciente por el caso Ramiro Prialé, cuyo monto de compensación todavía debe ser determinado.

Caso Lima Expresa

Sin embargo, no es el único fallo que perjudica a la Municipalidad de Lima. El último 15 de septiembre el Tribunal de Apelación de Paris, ordenó a la comuna pagar 200 mil euros, equivalente a S/771 mil, a Lima Expresa.

Todo inició en el 2019 cuando, el reclamo ciudadano por el alza de peajes y los escándalos de corrupción de OAS y Odebrecht, motivó al entonces alcalde Jorge Muñoz (2019–2022) a iniciar un proceso legal para buscar la nulidad del contrato.

El ex burgomaestre convocó a las concesionarias a un proceso de negociación formal en el que condicionó la continuidad del contrato a que la empresa redujera la tarifa del peaje a S/ 4.40, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

En julio de 2019, tras este fracaso, Muñoz anunció que la municipalidad solicitaría la anulación total del contrato de concesión y sus adendas ante la Cámara de Arbitraje Internacional de París.

Al asumir el cargo, la gestión de López Aliaga mantuvo la estrategia de solicitar ante la Cámara de Arbitraje Internacional de París la nulidad total del contrato, argumentando que su origen estuvo viciado por corrupción institucional en las administraciones previas, pero no tuvo éxito.

En enero de 2024, la Cámara de Arbitraje Internacional de París impuso un pago de compensación inicial de más de 46 millones de dólares a favor de la concesionaria. La municipalidad no lo acató.

En septiembre de 2025, el Tribunal de París estableció que, para cubrir los incumplimientos contractuales de la MML, no se exigirá todo el dinero en efectivo, sino que se amplía de forma obligatoria la concesión a favor de LIMA EXPRESA por 6 años más. Es decir, hasta el 2055.

El 15 de septiembre de este 2026, el Tribunal de Apelaciones de París determinó que la MML no aportó “pruebas de indicios graves, precisos y concordantes de una violación” del orden público internacional que impida la ejecución del laudo arbitral parcial de enero de 2024, por lo que dicha decisión no será anulada.

Así, condenó a la Municipalidad Metropolitana de Lima a pagar a Lima Expresa S.A.C. la suma de doscientos mil euros y las costas.

Villanueva Oshiro declaró para el programa 'ContraCorriente' luego de que el medio la consultara por su aparición en el planillón y la firma que figura junto a sus datos. La candidata negó reconocer ese documento y rechazó haberlo suscrito. “Jamás he firmado, jamás. Deben haber adulterado mi nombre, habrán falsificado mi firma”, sostuvo.

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La candidata también afirmó que consultó su caso con el JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Fuerza Popular. Según explicó, buscó que se revise su aparición en el listado porque aseguró que nunca autorizó la inclusión de sus datos en un documento relacionado con el Movadef.

El caso adquiere relevancia porque Villanueva Oshiro no solo participa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, sino que además trabaja como técnica en el despacho de Kim Muñoz. De acuerdo con información sobre las remuneraciones del Congreso, recibió S/8.033,11 durante agosto del 2026.

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Candidato de Fuerza Popular a regidor de Nuevo Chimbote también figura en el planillón del Movadef

El nombre de Cecilia Villanueva no fue el único de Fuerza Popular que apareció en el listado difundido por 'ContraCorriente'. Lenin Tafur, quien también postuló al Congreso por el partido fujimorista y ahora participa como candidato a regidor en Nuevo Chimbote, figura en el mismo documento.

Tafur rechazó haber suscrito una ficha para respaldar al Movadef. “Rechazo contundentemente que no he firmado ninguna ficha de adhesión. No he autorizado el uso de mis datos personales”, declaró para ‘Contracorriente’. El candidato también cuestionó que su información haya aparecido en un documento relacionado con el denominado “Pensamiento Gonzalo”.

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La presencia de ambos nombres ya había sido reportada antes en investigaciones sobre el planillón que el Movadef presentó en 2011 para intentar su inscripción como organización política. En noviembre de 2025, Perú21 informó que Villanueva y Tafur estaban entre los entonces precandidatos al Congreso cuyos nombres aparecían en ese listado. Ambos negaron haberlo firmado.

El reporte más reciente amplió el caso a las elecciones municipales. Además de los dos postulantes de Fuerza Popular, el listado incluye a Juan de Dios Llosa, de Alianza para el Progreso, y Sonia Molero, de Juntos por el Perú. Todos los candidatos mencionados negaron tener relación con el Movadef o haber autorizado la utilización de sus datos.

El incidente se produjo cuando la aeronave piloteada por el mayor EP Jonathan Carrillo Berveño inició el ascenso como parte de un procedimiento de prueba y verificación, ya que el helicóptero es uno de los tres que la empresa panameña Milenium Veladi Corp. entregó al CEMAE dando por completado un contrato de reparación y mantenimiento total (‘overhaul’), el miércoles 26 de agosto.

Algunos días después, el sábado 12 de septiembre, el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo, pese a que fue informado de las deficiencias de los trabajos de la contratista Milenium Veladi Corp., organizó una exhibición de los tres helicópteros en la sede del CEMAE con la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa.

Como reveló una investigación de La República, hasta el momento de la ceremonia oficial las aeronaves no habían recibido la conformidad de los técnicos del CEMAE, por lo que se trató de una simulación.

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¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!

El grave incidente reportado en el helicóptero Mi-171Sh con matrícula EP-666, más conocido en el instituto castrense como “La Bestia”, confirma las reiteradas advertencias por escrito de los técnicos del CEMAE a las autoridades del Ejército sobre deficiencias en el servicio de ‘overhaul’ de la contratista panameña Milenium Veladi Corp., representante de la estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC).

Según el informe de la torre de control del CEMAE que monitoreaba las maniobras del piloto de ‘La Bestia’, el mayor Jonathan Carrillo, este recibió la orden de trasladar el helicóptero a la Aviación del Ejército, con sede en Lima.

Cuando Carrillo inició el ascenso, “el sistema hidráulico principal no presentó indicación de presión en los instrumentos”, no respondía a las acciones del piloto.

En ese mismo momento, el señalero o guía que estaba en la pista comenzó a darle indicaciones al mayor Jonathan Carrillo al percatarse del humo y desde la torre de control le avisaron que suspendiera el arranque de los motores, “por presentar fuego en el compartimento del APU A19 (unidad de potencia auxiliar)”. 

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El ejército confirma

La aparición del fuego activó “el sistema de contra incendios del compartimento del APU A19”, verificándose luego “la presencia de humo y fuerte olor a quemado”, conforme al reporte de la torre de control del CEMAE a la Comandancia General del Ejército

La República informó con anticipación que los altos mandos del instituto castrense relevaron de sus puestos a los técnicos encargados de verificar los trabajos de “overhaul” de Milenium Veladi Corp., en represalia porque rechazaban dar la conformidad de la empresa contratista.

Estos fueron reemplazados por otros técnicos que dieron el visto bueno, con los resultados que se evidencian en el incendio reportado en el helicóptero “La Bestia”.

Este diario consultó a fuentes del Ejército sobre la emergencia del lunes 21 de septiembre, a lo que respondieron que se había aplicado la garantía prevista en el contrato con Milenium Veladi Corp.

Fue una forma de admitir que, efectivamente, sucedió el grave incidente.

“El CEMAE activó el procedimiento para la aplicación de la garantía técnica con la empresa Milenium Veladi Corp.”, informaron las fuentes del Ejército.

“La compañía contratista indicó al CEMAE que ha realizado las coordinaciones con la NARZ (Planta de Reparación de Aeronaves de Novosibirsk, Rusia) y la empresa estatal NASC con la finalidad que un equipo de tres especialistas viaje al Perú procedente de Rusia, en un plazo máximo de cinco días con la finalidad de solucionar el incidente”, señalaron las fuentes castrenses.

En una visita de inspección por parte de servidores de la Contraloría a los talleres del CEMAE, el 24 de agosto, dos días antes de la fecha del último plazo de entrega de los tres helicópteros, reportaron que los trabajos estaban atrasados, además de detectar varias anomalías.

Sin embargo, nada detuvo el propósito de los altos mandos.

La Comandancia General del Ejército continuó con sus planes de presentar los tres helicópteros al ministro de Defensa, el sábado 12 de septiembre, a sabiendas de que Milenium Veladi Corp., no solo no había completado el contrato sino también que había indicios de una labor deficiente, de acuerdo con los informes de los comités de recepción y conformidad de los técnicos del CEMAE.

También llamó la atención que el comandante general de la Aviación del Ejército, general de brigada Vitorio Bossio Ballesteros, en tiempo récord, en un solo día, sin un verdadero esfuerzo de verificación, accedió a recibir los tres helicópteros “overholeados” por Milenium Veladi Corp., entre ellos “La Bestia” EP 666.

No es la primera vez que altos mandos del Ejército se implican en actos de presunto favorecimiento en beneficio de la contratista Milenium Veladi Corp.

El comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle Talledo, es investigado por el Ministerio Público por haber intervenido en la contratación sin licitación por un monto sobrevalorado a la empresa Milenium Veladi Corp., cuando estaba al frente del Comando Logístico del Ejército. Su involucramiento fue identificado por un informe de la Contraloría.

En diciembre de 2025, el CEMAE canceló el contrato con la firma panameña por el incumplimiento del contrato y las adendas, pero en abril de este año nuevamente el general Calle aparece para adoptar una decisión a la medida de Milenium Veladi Corp., esta vez como comandante general del Ejército.

En abril de este año, el general de división Oswaldo Calle dispuso “resucitar” el contrato con la compañía panameña y le otorgó un plazo extraordinario hasta el 26 de agosto de este año para que cumpla con la reparación mayor de tres helicópteros que debieron estar listos en 2024 para atender emergencias.

El incendio de “La Bestia” confirma que fue una mala decisión.

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No le informaron del incendio al senador Caballero

El senador Carlos Caballero León, del Partido del Buen Gobierno, llegó a la sede del CEMAE, Arequipa, pocas horas después del incidente del helicóptero “La Bestia” de matrícula EP-666, el lunes 21 de septiembre. Pero no le reportaron el incidente del incendio.

“Me informaron que los tres helicópteros materia del contrato con la empresa Milenium Veladi Corp., ya fueron recepcionados y asignados a su unidad de origen”, indicó a La República el senador Caballero, un mayor general de la FAP en retiro.

“Sin embargo, sobre el EP-666, que era el único que estaba en el hangar, me indicaron que regresó para una intervención bajo garantía, pero no me detallaron el motivo del reporte y no se mencionó ningún incidente con fuego. Al verlo en el hangar, no presentaba señales visibles de daño por fuego”, dijo. En efecto, el incendio fue en el interior de la aeronave.

“Como parte de mi labor solicitaré formalmente al Ministerio del Interior toda la documentación técnica para revisar el caso con detalle”, adelantó el senador Carlos Caballero.

Defendamos nuestras economías fortaleciendo la cooperación económica; explorando mecanismos de control de inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes de abastecimiento diversificadas y confiables; y promoviendo regulaciones para proveedores de confianza en infraestructura digital, aplicadas sin discriminación. Reconocemos que la seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para la población, y que la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que ingresa a nuestros países es transparente y verificable, señala el mensaje.

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Los otros dos pilares señalados por la organización son la seguridad y la coordinación multilateral. La declaración continúa indicando que los países miembros buscan fortalecer la cooperación mediante un mayor intercambio de inteligencia; facilitando el acceso, cuando proceda, a tecnologías y capacidades de seguridad; promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los recursos humanos; y ampliando el intercambio de mejores prácticas.

Asimismo, los Estados participantes se proponen profundizar la cooperación en materia de inversiones y economía, y fortalecer la consulta y la coordinación de posiciones comunes sobre cuestiones de interés compartido en foros regionales y multilaterales, continúa el pronunciamiento.

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‘No nos pueden prohibir hacer participar a empresas chinas en licitaciones’

Francisco Belaunde, internacionalista y docente de la Universidad de Lima, consideró que este pronunciamiento amerita una lectura que tenga en cuenta también a China como otro de los grandes actores en el Perú. Belaunde señaló que estas nuevas acciones se insertan dentro de la denominada doctrina Donroe, nombre que se le ha dado a la política exterior norteamericana en referencia a la antigua y conocida Doctrina Monroe, impulsada por la potencia norteamericana en el siglo XIX, cuyo objetivo era rechazar la intervención de otros actores extranjeros en el continente americano.

“De alguna manera, esto confirma lo que es el Escudo de las Américas, con su grave sesgo antichina. Esto tiene que ver con lo que ya se explicó anteriormente: Estados Unidos quiere evitar inversiones chinas en proyectos que son de carácter estratégico. Por tanto, esto podría llevar a que nos obliguen a vetar empresas chinas en determinadas licitaciones. Eso es un riesgo terrible, porque China no lo va a permitir. En muchos casos, a las empresas occidentales no les interesa. Cada empresa privada tiene su propia lógica”.

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Para Belaunde, colocar al Perú en una situación de apego total a Estados Unidos podría tener un efecto negativo. El internacionalista señala que el capital del gigante asiático en nuestro país no puede ser vetado debido a su participación en una serie de inversiones importantes para la nación.

“El puerto de Chancay fue ofrecido a empresas norteamericanas y europeas, pero no les interesó. Al final, fue una empresa china la que aceptó construir un puerto de Chancay. Tenemos el caso de una empresa de electricidad vendida por una empresa norteamericana a empresa estatal china. No nos pueden prohibir hacer participar a empresas chinas en licitaciones. Es algo que aparentemente busca Estados Unidos y es totalmente inaceptable”.

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Escudo de las Américas lista a Sendero Luminoso como parte de las organizaciones rechazadas

La declaración conjunta también señala que, ante una amenaza de seguridad compartida a nivel regional, deben realizarse esfuerzos conjuntos para impedir las operaciones de las bandas criminales identificadas. El comunicado señala que los miembros de 24 organizaciones pueden ser objeto del congelamiento de sus cuentas financieras o de la prohibición de entrada a los países miembros. Entre estas organizaciones se encuentra Sendero Luminoso.

Con el objetivo de impulsar estas acciones, la organización propone una reunión directa con Steve Ferrol, presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. El encuentro busca establecer un órgano de consulta relacionado con el Tratado de Río, acuerdo de defensa colectiva entre países del continente americano que busca establecer mecanismos de cooperación ante amenazas internas de un país que puedan tener consecuencias para países vecinos en materia de seguridad.

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La organización señala que realizará acciones que faciliten la cooperación en materia de seguridad, dentro del respeto a este marco internacional.

Además de Sendero Luminoso, se mencionan otras cuatro organizaciones que también han registrado actividades dentro del Perú. Tal es el caso del Tren de Aragua, banda criminal de origen venezolano vinculada a delitos de extorsión, entre otros; Los Choneros y el Comando Vermelho, ambos con actividades ilícitas registradas dentro de la selva peruana; y Los Tiguerones, que, según reportes del Ministerio Público, habría registrado avances en la frontera entre Perú y Ecuador.

‘Sendero Luminoso no es una organización activa como tal’

Para Benjamín Durand, politólogo por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y experto en seguridad, la inclusión de Sendero Luminoso omite que esta organización ya no está activa como tal. Para el politólogo, esto es especialmente preocupante, ya que puede ser un síntoma de la persistencia de un discurso antisubversivo en lugar de apuntalar el verdadero problema: la lucha contra el narcotráfico, donde los remanentes de Sendero Luminoso, constituidos dentro del Militarizado Partido Comunista del Perú, sí tienen presencia.

“Es una medida política y no responde a un criterio técnico. Sendero Luminoso no es una organización activa como tal y ya no funciona de la manera en que lo hacía en los años 80 u 90. Sus remanentes se han dedicado esencialmente al narcotráfico. En esa línea, la organización narcoterrorista activa es el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). (…) Durante la última década, el Perú no ha tenido grandes avances en la lucha contra el narcotráfico. Prueba de ello es que, según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), aunque los cultivos de coca disminuyeron por tercer año consecutivo desde el máximo histórico alcanzado en 2022, el nivel registrado en 2025 (84.546 hectáreas) sigue siendo muy alto en términos históricos”, indicó.

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Durand considera que la inclusión de otras bandas criminales que operan en territorio nacional dentro de las organizaciones identificadas por el Escudo de las Américas como hostiles es positiva. Sin embargo, el analista recordó que no basta con nombrar a las organizaciones.

“Todo esfuerzo de cooperación internacional en materia de seguridad es positivo, pero debe materializarse en acciones concretas. En el marco de este listado, lo importante es la identificación de las organizaciones criminales. En ese sentido, elaborar un índice de organizaciones criminales resulta útil porque permite concentrar esfuerzos. Debería generarse una colaboración activa entre las fuerzas policiales de cada país, especialmente en materia de inteligencia e investigación, además de impulsar operaciones conjuntas a nivel regional. Por otro lado, un aspecto en el que se han producido avances, pero que debería fortalecerse, es la mejora de las capacidades de los operadores de justicia. En ese sentido, el intercambio de experiencias y el desarrollo de cursos de capacitación que puedan ser brindados por Estados Unidos constituirían medidas concretas para fortalecer las capacidades del Perú en la lucha contra las economías ilegales”, señaló.

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Por su parte, Julio Corcuera, abogado y experto en Crimen Organizado de GPS Agencia, indicó que existen organizaciones de mayor peligrosidad a las que tiene que enfrentarse el Perú.

“"En estos momentos, Los Pulpos, La Jauría y otras organizaciones criminales representan un mayor riesgo para la sociedad que Sendero Luminoso. Hay una pregunta importante: ¿Cuántas organizaciones criminales amenazan al Perú? Yo creo que es imperativo para el Estado Peruano tener claramente mapeado las organizaciones que afectan al país. Es sobre ellas que debemos aplicar métodos especiales para combatirlas y desarticularlas. Mientras no tengamos claro eso, son peleas 'con palo de ciego'"

Reacciones en Chile

Ayer, la bancada de oposición del Congreso de Chile anunció que interpelará al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, tras la adhesión del país al ‘Escudo de las Américas’. El diputado del Partido Socialista Nelson Venegas, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, anunció la iniciativa.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer, en castellano, lo que el día de ayer suscribieron todos los países miembros del Escudo de las Américas, incluyendo Chile. Por supuesto este será uno de los temas que trataremos en la interpelación del día lunes”, escribió el parlamentario socialista en su cuenta de X

"Mi recurso de apelación contra la condena de 11 años permanece en la Corte Suprema desde el 7 de enero de 2026 y, tras más de ocho meses de espera, el mismo día previsto para su calificación (23 de septiembre de 2026), esta fue dejada sin efecto a raíz de una inhibición, lo que vuelve a paralizar la revisión de mi condena mientras permanezco privado de libertad desde el 7 de diciembre de 2022. Por ello, exijo que la Corte Suprema me conceda el uso de la palabra el 1 de octubre de 2026, antes de resolver la inhibición, pues no pido privilegios ni pretendo dilatar el proceso, sino ejercer mi derecho de defensa y a ser oído", indicó a través de su cuenta de X (antes Twitter).

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En su argumentación para solicitar intervenir antes de que la Corte Suprema adopte una decisión, Castillo citó el informe de opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dicho informe concluyó que el expresidente no contó con las debidas garantías procesales tras ser detenido luego de anunciar el cierre del Congreso.

Como se sabe, Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo. Su esposa, Lilia Paredes, y sus hijos se encuentran asilados en México bajo la protección del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

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Poder Judicial rechazó habeas corpus de Pedro Castillo

El Poder Judicial desestimó en agosto un pedido de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo. El expresidente buscaba dejar sin efecto la condena de 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para rebelión. El pedido también pretendía anular la vacancia presidencial, el levantamiento de su fuero y la prisión preventiva dictada durante el proceso.

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La jueza Ana Osorio Sosa, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, consideró que los argumentos de la defensa no eran suficientes para atender su solicitud. Entre ellos se encontraba la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU, que calificó de arbitraria la detención de Castillo y recomendó su liberación. Sin embargo, la magistrada sostuvo que dicho pronunciamiento no tiene carácter jurisdiccional ni es vinculante para el Estado peruano, por lo que no puede modificar directamente las decisiones adoptadas por la justicia nacional.

Asimismo, el juzgado señaló que la detención del exmandatario no fue arbitraria y estuvo relacionada con una decisión judicial dentro del proceso penal. Sobre la vacancia y el levantamiento del fuero, Osorio Sosa tomó en cuenta lo establecido previamente por el Tribunal Constitucional, que sostuvo que Castillo intentó quebrantar el orden constitucional con su mensaje del 7 de diciembre de 2022 y que, debido a la situación de emergencia, no correspondía aplicar el procedimiento ordinario para el levantamiento del fuero.

La iniciativa tomó como uno de sus principales argumentos las cifras de homicidios registradas durante 2026. Según los datos citados en el documento, hasta agosto se contabilizaron 1.499 asesinatos. El promedio llegó a 6,16 homicidios diarios durante los primeros ocho meses del año.

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Los diputados también cuestionaron las respuestas que Astudillo ofreció durante su interpelación del 17 de septiembre. En esa sesión respondió un pliego de 27 preguntas sobre sicariato, extorsión, homicidios, presupuesto para seguridad, coordinación entre entidades y designaciones dentro del sector. La moción sostuvo que sus explicaciones no permitieron conocer resultados concretos frente al avance de la criminalidad.

Otro de los principales puntos fue el asesinato de Susy Aponte, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash. La moción señaló que ella había denunciado amenazas contra su vida nueve días antes de ser asesinada a balazos en Caraz. Los autores del pedido cuestionaron que, pese a esa advertencia, no se adoptaran medidas de protección antes del ataque.

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¿Qué cuestionamientos plantea la moción contra César Astudillo?

El documento sostuvo que el Ministerio del Interior tiene responsabilidad directa en la conducción política de la Policía Nacional y en las políticas de seguridad ciudadana. Por ello, consideró que Astudillo debía responder políticamente por las decisiones adoptadas frente al avance de la delincuencia y por la falta de resultados concretos.

La moción también citó cifras del INEI para mostrar la preocupación de la población. Hasta julio, el 83,3 % de los habitantes de zonas urbanas consideraba que podía ser víctima de un delito durante los siguientes 12 meses. Además, la victimización llegó al 24 %. En Lima Metropolitana y el Callao, la percepción de inseguridad pasó de 86 % a 87 %.

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El caso de Susy Aponte recibió un apartado específico. La periodista había denunciado el 10 de septiembre que recibió llamadas desde tres establecimientos penitenciarios y que, según su versión, en esas comunicaciones se le advirtió sobre un supuesto atentado contra su vida. La moción cuestionó que durante los nueve días posteriores no se informara de una investigación, una medida de protección o una acción preventiva antes de su asesinato.

La moción concluyó que Astudillo no reunía las condiciones de idoneidad, eficacia y confianza política necesarias para permanecer en el cargo. Por ello, pidió que la Cámara de Diputados haga efectiva su responsabilidad política mediante la censura.

El representante del Ministerio Público confirmó que el venezolano Luis Iván Obispo Díaz aún no ha rendido ninguna declaración ante las autoridades debido a las severas lesiones que presenta en la mandíbula.

​Precisó que los rumores difundidos en internet sobre un supuesto interrogatorio sobre la ruta de la muerte o señalamientos directos hacia una persona llamada 'el uno' son falsos y carecen de sustento legal.

​“Obispo Díaz permanece bajo custodia policial en proceso de recuperación médica. Tan pronto como su estado de salud lo permita, la Fiscalía y la Policía ejecutarán el interrogatorio formal”, enfatizó.

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​Dijo que el Ministerio Público reafirmó que la búsqueda de la verdad y la identificación de los autores intelectuales del crimen continúan de manera rigurosa y reservada conforme a ley.

SOLO HAY UN CELULAR

-Doctor, ¿hay políticos investigados sobre el asesinato de 'La China Polo'?

Aún no.

-¿Se dice que fue por orden del Uno?

Eso es falso. El detenido (Luis Obispo) está en estado de lesión y el juez ha dejado constancia que no puede hablar

-¿El arma de fuego habría sido usada en otros 5 delitos?

Eso es materia de investigación.

-¿El o los celulares de la víctima se están analizando?

Comprenderán que la familia ha estado de duelo. Vamos a solicitar al esposo los celulares para recibirlos en cadena de custodia.

El Fiscal señaló que solo se ha incautado el celular de Ronald Toro (el otro venezolano detenido), y que se va a determinar con el análisis de las cámaras los puntos clave antes, durante y después del  hecho. “Esto aún no se esclarece”, indicó.

Sobre el depósito de 80 soles por Plin que Ronald Toro hizo a Luis Obispo, aclaró que no fue para el pago de un celular sino para la estadía del hostal.

Indicó que los empleados del centro de hospedaje cometieron un error administrativo “por no registrar a cuatro personas”, y que “eso lo tiene que ver el área de fiscalización de la municipalidad. “Es el hostal Caraz y se asoljaban en la habitación 303, la mujer se registró con otro nombre, eso está corroborado y al parecer serían extranjeros”, manifestó.

LLAMARÁN A TESTIGOS

El fiscal confirmó que Ronald José Toro Ardila declaró con un abogado público, pero ahora ambos han presentado abogados defensores particulares de Lima.

“Con la ampliación de la declaración se va a programar la reconstrucción. Es la primera vez que ocurre un hecho violento de esa naturaleza en Caraz. La comunidad se encuentra sorprendida por un acto así que se ha cometido a plena luz del día y con cantidad de gente”, sostuvo.

-¿Han declarado otros testigos?

Conforme se va visualizando las cámaras se va a solicitar testigos.

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-Sobre video donde se menciona al general (Víctor) Revoredo ¿se le va a citar?

Vamos a ver todos los elementos de convicción que se van a recoger, el celular (de la víctima) no ha sido puesto a disposición. En estos días se coordinará citar al esposo para reunir mayores elementos, por ahora no tenemos a disposición el o los celulares de la señora. Conforme a eso, se citará al oficial.

-El guardaespalda está herido, ¿ya declaró?

Él está (internado) en Huaraz. Este martes estará declarando.

Anoche se confirmó que la seguridad de Luis Obispo, en el hospital Víctor Ramos Guardia, en Huaraz, está a cargo de seis policías en puestos fijos. Estos, además, alternan con otros agentes que realizan patrullaje permanente y de inteligencia. El investigado cumple 15 días de detención preliminar por disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaylas, medida que también alcanza a Ronald José Toro Ardila.

Las autoridades reforzaron la vigilancia tanto en el interior como en el exterior del hospital para prevenir un eventual intento de rescate por parte de alguna organización criminal o un posible ataque contra la vida del detenido. Debido a estas dos posibilidades es probable que en cualquier momento sea trasladado a Lima bajo estrictas medidas de seguridad.

LA RUTA DEL ARMA HOMICIDA

La pistola Glock y la versión del sicario detenido serán claves en la búsqueda de los cerebros del atentado contra la ‘China Polo’.

Por ahora las pericias balísticas y de criminalística han determinado que la misma arma utilizada para asesinar a la periodista fue empleada el 12 de julio en el ataque al bus de la orquesta Las Estrellas de la Cumbia en la Panamericana Norte, a la altura de la avenida Los Platinos en el distrito de Los Olivos. Sujetos a bordo de una motocicleta dispararon más de doce veces directamente contra el parabrisas y la cabina del conductor.

La agrupación venía de dar un concierto en Lima e hizo una parada para desayunar mientras se dirigía a una gira hacia Trujillo.

Los peritos han establecido que esa misma arma fue utilizada en el asesinato de un trabajador de una concesionaria de vehículos de alta gama, en el distrito de San Borja. Claudio Humberto Pardo Chacayma, quien fue atacado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta cuando se disponía a abordar una camioneta perteneciente a la empresa.

Un día antes la pistola, robada a un suboficial PNP en el 2023, también se usó en el asesinato de Nelson José Contreras García, un ciudadano venezolano de 31 años, cuyo cuerpo fue hallado en una avenida descampada, en Chorrillos.

Asimismo, el 2 de mayo esta arma fue empleada para atentar contra Guillermo Sánchez Pimienta, en Cañete. Se trata de un colombiano que fue llevado grave al Hospital Regional de Cañete.

EL PRIMER REGISTRO

Pero, el primer registro del uso de esta arma de fuego fue el 8 de marzo por un sicariato registrado en Surco.

Ese día, las cámaras de seguridad captaron el momento cuando un hombre que se dedicaba al alquiler de tarjetas en la estación Jorge Chávez de la Línea 1 del Metro de Lima es atacado.

Carlos Enrique Caycho de la Torre, de 48 años, trabajaba como tarjetero en dicha estación. En el video se ve a la víctima con un polo blanco y una mochila cuando, de pronto, aparece una persona con casco y mascarilla a bordo de una motocicleta, que se estaciona con dirección a la avenida Tomás Marsano.

Minutos después, ingresa a la escena otro sujeto cubierto con una capucha celeste y mascarilla, observa a su objetivo, lo identifica y aprovecha que Carlos Caycho estaba distraído porque atendía a un usuario, para dispararle en tres oportunidades.

El sicario sale corriendo, salta la baranda y sube a la moto que lo esperaba para emprender la huida.