La decisión fue anunciada por la congresista Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), presidenta de la comisión, y contó con el respaldo de 18 congresistas.

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Otro de los puntos que deberá explicar Shinno durante su próxima presentación ante el grupo de trabajo es el avance en la presentación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Del mismo modo, los congresistas solicitaron que el titular de la cartera de Energía y Minas informe sobre la situación de las comunidades afectadas por la actividad minera, así como sobre el estado de los recursos naturales que podrían verse afectados por la explotación minera.

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Comisión de Energía y Minas señala que pedido de facultades no es viable

Además de la invitación, la Comisión de Energía y Minas emitió una opinión sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. Respecto de las materias relacionadas con el sector, el grupo de trabajo acordó, por 11 votos a favor y 8 en contra, que no es viable otorgar las facultades en los términos solicitados.

Durante el debate, distintos congresistas manifestaron posiciones contrarias. El congresista Jaime Abensur (Fuerza Popular) indicó que no existe una respuesta adecuada a los argumentos que el Ejecutivo ha presentado para sustentar la aprobación del pedido de facultades.

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“El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo cumple en la parte formal. (…) El informe que ha realizado su presidencia no señala ninguno de los argumentos que están en la exposición de motivos (del Poder Ejecutivo). Este informe es un ‘no porque no’. Estamos evaluando presentar un informe en minoría”, apuntó.

Por otro lado, Marino Lavado (Juntos por el Perú) sostuvo que los pedidos planteados no pueden ser aprobados de manera unilateral y que requieren diálogo entre las partes involucradas.

“Esto se puede hacer con los actores, construir con los actores y resolver los grandes problemas de este país. Hay aspectos que necesitan un amplio debate y que necesitan de la participación ciudadana. No podemos hacer esto corriendo, y eso es lo que parece que pretende el Ejecutivo”, señaló.

El informe logró aprobarse con el apoyo decisivo de los bloques de derecha y de la parlamentaria Jeenny Samanez de Obras, sumando nueve votos a favor junto con Fuerza Popular y Renovación Popular. La oposición reunió también nueve votos en contra por parte de Juntos por el Perú, Partido de Buen Gobierno y Ahora Nación, mientras que la diputada Andrea Medina, del partido Obras, optó por la abstención.

La aprobación se dio a pesar de que especialistas y organizaciones ambientales advirtieron que las medidas propuestas por el Ejecutivo implican serios riesgos, inviabilidades constitucionales y un claro retroceso en los estándares de conservación.

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En el transcurso de la sesión, el parlamentario Harvey Colchado (Ahora Nación) alertó acerca del peligro de implementar la aprobación automática y el silencio administrativo positivo en la evaluación de trámites ambientales.

“La demora de una entidad no puede convertirse automáticamente en una autorización para desarrollar una actividad que podría afectar el agua, la salud y los bosques. No podemos presumir que un proyecto es ambientalmente viable; debemos certificarlo”, manifestó.

En esa misma línea, la legisladora Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú) indicó que reformar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) exige una revisión profunda, pues dicha estructura resguarda derechos vinculados a la salud, el entorno natural y las áreas protegidas, más allá de incentivar inversiones.

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Además, requirió recopilar las opiniones técnicas del Indecopi, el COES y el Ministerio de Energía y Minas sobre los eventuales ajustes en el sector eléctrico.

Asimismo, apuntó que toda intervención en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre tiene que respetar los derechos indígenas y la consulta previa que le dio origen.

Aunque la opinión aprobada por la comisión señala que supervisará los decretos promoviendo la sostenibilidad y la protección ambiental, especialistas advierten que los cambios propuestos debilitan los mecanismos de fiscalización.

Un informe técnico de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) también alertó que varias de las medidas del Ejecutivo presentan riesgos e inviabilidades constitucionales.

El documento de la SPDA puntualiza que recurrir a la aprobación automática o al silencio administrativo positivo en los instrumentos de gestión ambiental resulta “incompatible con la naturaleza preventiva» del SEIA y es una “medida regresiva que va en contra de la protección de recursos naturales”, lo que además “pone en riesgo los recursos hídricos” y los derechos fundamentales ligados a un ambiente sano.

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De igual modo, la institución advierte que restringir las opiniones técnicas vinculantes de entidades como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) o la Autoridad Nacional del Agua (ANA) vulneraría el control ambiental en zonas protegidas y fuentes de agua.

Además, el análisis advierte que dar prioridad a las concesiones forestales desconoce la posesión de los pueblos indígenas sobre sus territorios.

Se señala que buscar "flexibilizar las reglas aplicables al aprovechamiento de recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas (ANP)", permitir la extracción petrolera con el pretexto de "compatibilizar la protección” de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), o dar armas no letales a los guardaparques equiparando su rol al de "agentes de seguridad interna", son medidas que amenazan la conservación.

En una entrevista para Andina, Roberto Burneo señaló que se identificaron los puntos del país que tienen solo una mesa o un local de sufragio para reubicarlos a tiempo si ocurren emergencias o bloqueos de carreteras.

Además, el titular del organismo electoral también indicó que se encuentra coordinando con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar que el material electoral llegue a todas las regiones.

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"El Jurado y el Sistema Electoral no es ajeno a ello y por eso a través de nuestras comisiones multisectoriales que hemos promovido a nivel nacional, hemos creado un subgrupo que ya está y vamos trabajando, donde estamos convocando a las entidades vinculadas a la gestión de riesgo de desastres, hablamos de Indeci, Cenepred, también la PCM que están integrando estos grupos de trabajo a efecto de poder tener el asesoramiento, la información vinculada a los escenarios de riesgos y poder tomar decisiones".

Respecto a la labor de campo, el representante del organismo electoral precisó que la fiscalización preventiva abarca la identificación de problemas logísticos que puedan impedir la asistencia de los electores la fecha de los comicios.

"Es importante saber que estamos previendo, por ejemplo, qué zonas o qué mesas o qué locales de votación podrían tener algún riesgo porque sólo hay una mesa de sufragio o un solo local en ese espacio, ya los tenemos identificados, para ver qué alternativas tenemos frente a la intensificación de las lluvias".

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Sobre el traslado de las cédulas en el territorio nacional, la máxima autoridad del JNE detalló las acciones de supervisión que ejecutan antes y después de la jornada de sufragio.

"La prueba de color, la elaboración del material electoral, el despliegue del material electoral a cada uno de los lugares (...) tiene que llegar cada cédula a los rincones más lejanos del país".

En relación con el trabajo posterior a la votación, Burneo explicó el procedimiento para proteger el material utilizado y efectuar la revisión final de las actas procesadas en las mesas.

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"Ya terminada la jornada electoral, el repliegue del material mismo y todo el conteo de los votos, la administración de justicia electoral, el recuento de votos a través de los juzgados electorales especiales, es un proceso bastante complejo, bastante dinámico, que involucra todas las capacidades del sistema y específico del jurado, pero estamos totalmente preparados".

En cuanto a la coordinación interinstitucional, el funcionario mencionó el soporte que prestan las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad para proteger el desarrollo adecuado del proceso.

"Nosotros trabajamos con el apoyo logístico y seguridad ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, y en sí, con todas las entidades del Estado, a efecto de lograr que el 4 de octubre se desarrolle con total normalidad".

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El funcionario recordó que las labores de monitoreo del tribunal se mantendrán vigentes hasta el acto formal de cierre del calendario electoral.

"El proceso electoral termina con el día de las elecciones, termina hasta que nosotros proclamemos resultados, entreguemos credenciales, y finalmente sepamos quiénes son las nuevas autoridades, en este caso distritales, provinciales y regionales".

Desiderio Flores Ayambo, alcalde encargado de la comunidad, señaló que alrededor de 5.000 pobladores podrían verse perjudicados por esta situación. Todos ellos pertenecen a nueve comunidades anexas vinculadas al pueblo Ticuna.

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El representante de la comunidad indígena denuncia décadas de abandono, así como la falta de electricidad y servicios básicos insuficientes. Su principal pedido es que se ejecuten alternativas productivas que les permitan abandonar definitivamente los cultivos ilegales.

Además, la comunidad de Bellavista Callarú ha puesto terrenos a disposición del Ejército y la Policía para facilitar una presencia permanente del Estado. Flores Ayambo sostiene que entregaron nueve hectáreas para que el Ejército pueda operar cerca de la zona.

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Buscan convertirse oficialmente en distrito

Otro pedido realizado por la comunidad Bellavista Callarú es la formalización de su comunidad como distrito loretano. El fiscal Ronald Ramón Flores Ñáñez, fiscal adjunto supremo y coordinador de la Oficina Especializada en Justicia Intercultural del Ministerio Público, atribuyó la demora en procesar este pedido por la sensibilidad de las relaciones fronterizas con Colombia, particularmente después de la controversia en torno a Santa Rosa.

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Los ticuna argumentan que la distritalización permitiría acceder a mayor seguridad, servicios públicos, proyectos productivos y una presencia efectiva del Estado en una zona donde las organizaciones criminales encontraron espacio precisamente debido a su ausencia. De momento, la delegación permanece en Lima en busca de que el Gobierno escuche sus peticiones.

Cabe resaltar que, respecto de este último pedido, ya existe un antecedente por parte de este Gobierno en la creación de nuevas circunscripciones territoriales. En los primeros días de su mandato, la administración de Keiko Fujimori propuso la creación del distrito de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas.

"El Perú no puede darse el lujo de la improvisación, debemos conducirnos con estrategia. Es recomendable que nuestro Canciller escuche a los embajadores de carrera. Un embajador de carrera jamás rompería relaciones con un país así de repente. La ruptura de relaciones diplomáticas es el último paso luego de negociaciones, ¿qué estamos ganando nosotros en la ruptura de relaciones con Irán?", sostuvo.

"Nuestra tradición diplomática nos ha dado una brújula. Tenemos que apoyarnos en el profesionalismo de nuestros embajadores. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, no podemos alinearnos con Estados Unidos y estar a la cola de Estados Unidos. Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China y nosotros estamos al medio. No podemos tomar partido, es muy perjudicial", agregó.

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Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán

El Gobierno de Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá resolvió romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, en el marco del conflicto que enfrenta al país de Medio Oriente con Estados Unidos e Israel.

"El Perú ha venido observando con creciente consternación el deterioro de dicho valor en Irán, denunciado por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas, particularmente en lo relativo a la represión de manifestaciones pacíficas, la conculcación de la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas, y la persecución de opositores políticos", señala el comunicado de Cancillería.

"Contravienen principios como la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos utilizados para el tránsito marítimo internacional, que no pueden estar sujetos a condicionamientos unilaterales, en el marco de la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana en el mar, y la preservación del medio marino, sin perjuicio de las repercusiones sobre los precios de la energía y la estabilidad de las cadenas globales de suministro", señalaron.

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El internacionalista Farid Kahhat cuestionó los argumentos empleados para justificar la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y advirtió que existen contradicciones en dicha postura. Asimismo, afirmó que el canciller Carlos Espá evidencia un marcado alineamiento con los intereses de Estados Unidos.

"Es una vergüenza. Ahora entendemos por qué tenemos de canciller a una persona que ha trabajado 15 años en la Embajada de Estados Unidos. El comunicado dice algo que nunca fue una sorpresa para nadie: Irán no es una democracia, es una dictadura que viola sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. Poner eso como primer argumento para romper relaciones es francamente indigno de consideración. Ese fue siempre el caso y no impidió que tuviéramos relaciones con Irán, como tampoco lo impide con China. (…) China es una dictadura de partido único, ¿vamos a romper relaciones con nuestro primer socio comercial? Presumo que no", indicó al portal Epicentro.

Según indicó Rubio en su artículo, esta medida forma parte de un esfuerzo coordinado para hacer frente a las amenazas transnacionales, reforzar la seguridad pública y proteger el control soberano de cada país.

"En el Perú, tenemos gran expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori para proyectar nuestros 200 años de historia compartida hacia el futuro. Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú –que ahora es un importante aliado extra-OTAN– en el Escudo de las Américas", se lee.

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Sobre las operaciones contra las redes delictivas, el representante del gobierno estadounidense sostuvo que el trabajo conjunto busca restar financiamiento al crimen organizado.

"Cumplimos en materia de seguridad porque las organizaciones narcoterroristas no solo trafican drogas, sino que también propician la inmigración ilegal masiva y la trata de personas, corrompen a las instituciones públicas, (…). En conjunto, nuestros gobiernos trabajan hombro a hombro con las fuerzas de orden público para derrotar a los cárteles delictivos que han asolado nuestro hemisferio".

En el ámbito comercial, Rubio detalló acuerdos orientados a impulsar la economía nacional. El diplomático explicó que estos compromisos bilaterales buscan dinamizar la minería.

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“Tras la firma de nuestro Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos en febrero del 2026, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (DFC) de EE.UU. destinó US$5 millones de forma directa al sector minero del Perú, que generan ingresos fiscales y empleos locales en ese país”.

Asimismo, el funcionario advirtió sobre las consecuencias de permitir el ingreso de capitales provenientes de otros continentes “poco transparentes”, señalando directamente a China.

"Durante demasiado tiempo, actores ajenos al hemisferio respaldados por Estados extranjeros, específicamente de China, han ingresado a nuestra región con promesas que esconden sus prácticas predatorias. Muy a menudo, su participación adopta la forma de contratos poco transparentes, endeudamiento insostenible, explotación de trabajadores y destrucción ambiental".

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En esa línea, Rubio mencionó la diferencia entre las propuestas chinas y el modelo promovido por las empresas de su país.

"Mientras que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos, el sector privado de Estados Unidos está trayendo inversiones abiertas impulsadas por el mercado, que preservan la propiedad peruana y protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio".

"Creo que es momento de plantear una denuncia constitucional, tenemos fundamentos suficientes (…) son varias acciones que él ha ido promoviendo, incumpliendo y además haciendo visibles que no está en la línea del cumplimiento de sus deberes como defensor (…)", declaró la senadora para este medio.

Uno de los primeros puntos que Vásquez menciona está relacionado a las declaraciones que Gutiérrez ofreció el 27 de agosto sobre un eventual cierre del Congreso por parte de la presidenta Keiko Fujimori. "Si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos su popularidad", dijo.

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Vásquez señaló, además, que el artículo 134 de la Constitución establece que el presidente solo puede disolver la Cámara de Diputados bajo determinados supuestos, mientras que el Senado permanece en funciones.

Mirtha Vásquez cuestiona actuación de la Defensoría frente a víctimas de protestas

Otro de los puntos que menciona la senadora se refiere a la actuación de la Defensoría del Pueblo frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas de 2022-2023 y 2025.

La denuncia sostiene que durante la gestión de Gutiérrez no existió un seguimiento suficiente y sostenido de las investigaciones, de las responsabilidades individuales y de las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Vásquez también cuestiona actuaciones de la institución vinculadas con normas de amnistía y prescripción. Entre ellas, menciona la participación de la Defensoría en el proceso de hábeas corpus promovido por la defensa de Daniel Urresti. Según la denuncia, Gutiérrez cuestionó la calificación de los hechos por los que Urresti fue condenado como crimen de lesa humanidad y planteó argumentos relacionados con la prescripción.

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Otro de los cargos está relacionado con la demanda de inconstitucionalidad que Gutiérrez presentó contra el Decreto Legislativo 1373, referido al régimen de extinción de dominio. Vásquez sostiene que, cuando interpuso esa acción, existía un proceso de extinción de dominio que involucraba a una empresa cuya representante legal era Sara Gutiérrez Cóndor, hermana del defensor.

El cuarto cargo está relacionado con la Primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, organizada por la Defensoría en noviembre de 2024. La denuncia sostiene que organizaciones indígenas nacionales y regionales cuestionaron la representatividad de algunos participantes y advirtieron que la actividad podía generar una representación paralela y dividir al movimiento indígena.

Son ocho organizaciones políticas las que participarán en el debate. Sus candidatos expondrán sus planes de gobierno ante el electorado de Junín. La transmisión se realizará a través de cadena de televisión abierta en la región, del canal de YouTube JNE Media (https://www.youtube.com/@JNE_Media), del canal 552 de Movistar y de las redes sociales del JNE.

Asimismo, las personas que deseen revisar previamente el perfil y las propuestas de los candidatos pueden ingresar a la plataforma Voto Informado (votoinformado.jne.gob.pe).

El debate de Junín inicia el cronograma que se extenderá durante todo el mes de setiembre en las distintas regiones del país.

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Un cronograma de doce fechas hasta fin de mes

Luego de Junín, los debates continuarán el 9 de setiembre en Ica, Moquegua y Cusco, mientras que Piura tendrá su jornada el 9 y 10 de setiembre. El calendario sigue con Tumbes, Huancavelica y San Martín (10 de setiembre); Apurímac, La Libertad y Tacna (11 de setiembre); y Áncash, Ayacucho y Arequipa (14 de setiembre).

La segunda quincena del mes concentra la mayor cantidad de debates, en Loreto (15), Lambayeque y Madre de Dios (15 y 16), Callao y Ucayali (16), Huánuco (17), Lima Provincias (17 y 18), Cajamarca, Pasco y Puno (18), y Amazonas (19). Y culminará los días 21 y 22 de setiembre con el debate de Lima Metropolitana, la región con mayor cantidad de electores en el país.

Sánchez fue legislador durante el periodo 2021-2026 y postuló a la Presidencia de la República en las últimas elecciones generales, en las que quedó en segundo lugar, por detrás de la actual mandataria Keiko Fujimori.

De acuerdo con el registro de planillas del Congreso, Sánchez tiene una remuneración mensual de S/20.075,50.

Consultado por este medio, Sánchez explicó que fue convocado por el vocero titular de la Cámara de Senadores (José Castillo) al inicio de la organización parlamentaria de la bancada de Juntos por el Perú. Definió su función como de alta gestión en política parlamentaria y coordinación entre el grupo parlamentario senatorial, con el encargo de trazar la agenda pública técnica y social de la bancada.

Además, precisó que es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), egresado de la Maestría en Ciencias Sociales de la misma casa de estudios, exministro de Estado, exparlamentario y actual presidente de Juntos por el Perú.

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Sánchez no es el único exlegislador que aparece en la planilla del nuevo Congreso bicameral. El también excongresista Pasión Dávila, de Perú Libre, figura hoy como asesor de esa misma bancada en el Senado.

El diputado y vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, señaló que Sánchez preside actualmente ese partido y que su labor como asesor de la Cámara de Senadores se concentra en discutir la agenda política de la bancada "de cara a la ciudadanía".

Otros exparlamentarios también fueron colocados como asesores

Wilson Quispe Mamani, otro exlegislador, se desempeña como asesor principal del diputado de Juntos por el Perú Remigio Condori Flores. Por otro lado, el excongresista de Avanza País, Alejandro Cavero, ocupa el cargo de asesor de la presidencia del Senado, a cargo de Miguel Torres, de Fuerza Popular.

A ellos se suma la exparlamentaria de Avanza País Jessica Córdova, quien asesora la tercera vicepresidencia de la Cámara Alta, liderada por el senador Estanislao Mancha, de Renovación Popular. El excandidato presidencial Ronald Atencio, por su parte, figura como asesor de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados.

"¿Cómo hago para leer toda esa huev***?", se escuchó.

Un minuto antes de ese momento, Astudillo había pedido que la sesión pasara a la modalidad secreta para responder a las preguntas de los senadores. El pedido llegó justo después de que el titular del Mininter había sido muy cuestionado por la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país, marcada por el avance de la extorsión y el sicariato.

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La comisión, presidida por el senador Francisco Calisto (Renovación Popular), había citado también al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, para que ambos titulares informaran sobre las acciones de sus sectores frente a la inseguridad y los efectos del fenómeno El Niño.

El ministro del Interior admitió ante los senadores que la delincuencia ha mutado hacia delitos mucho más rentables como la extorsión y el sicariato, en reemplazo de los asaltos a bancos y secuestros de otras épocas. También reconoció que las organizaciones criminales usan cada vez más herramientas tecnológicas y satelitales, frente a lo cual admitió una brecha tecnológica bastante considerable de la Policía Nacional.

Astudillo planteó, además, que las Fuerzas Armadas asuman una mayor responsabilidad en la vigilancia de fronteras para liberar a más policías hacia labores de seguridad en las ciudades. Según indicó, el país cuenta actualmente con 1.346 comisarías. "Este sistema no está funcionando porque no fiscalizamos. Cada uno jala fuerza para tener más poder", afirmó, en referencia a la PNP, el Ministerio Público y el INPE.

Astudillo restó gravedad a las cifras de homicidios ante los senadores. "No es que los homicidios han ensombrecido el país", declaró, al insistir en que el problema es una "percepción mediática" instalada por la prensa antes que un aumento real de los crímenes.

Esto sucede apenas 24 horas después de que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, anunciara su renuncia presionado justamente por el registro de más de 160 homicidios durante agosto según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) y por el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario minero ocurrido en Trujillo.

La alerta surge porque la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. Sin embargo, varios exalcaldes postulan como primeros regidores para intentar asumir el sillón municipal mediante la sucesión, lo que configuraría una reelección encubierta.

En esa línea, las agrupaciones exigieron una aclaración por parte del Jurado Nacional de Elecciones para garantizar que la población vote de manera informada.

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"Conforme a art. 194 de la Constitución Política del Perú, el cual señala la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes; no obstante, existe un grave vacío interpretativo por parte del pleno del JNE, que genera una profunda incertidumbre jurídica respecto a la procedencia o improcedencia de la entrega de credenciales de alcalde metropolitano a aquellos candidatos que fueron elegidos como alcaldes en el proceso ERM 2022 y que por mecanismos de sucesión legal (primer regidor) pretenden asumir nuevamente la conducción de un municipio; lo que afectaría el derecho de la ciudadanía de emitir un voto plenamente informado", se lee en el documento.

Asimismo, la representación del APRA propuso incluir una precisión para que el pronunciamiento del tribunal sea la base sobre la cual continúe el diálogo del debate. En el documento se registra esta adición:

"Esto considerando la prohibición constitucional expresa de reelección inmediata de alcaldes, a fin de que, sobre la base de dicho pronunciamiento, se continúe con las negociaciones correspondientes a las reglas para el debate”.

Con esta justificación, las agrupaciones fijaron un plazo límite de tres días para que el organismo electoral tome una decisión oficial.

"Instamos al Pleno del JNE para que, en un plazo perentorio e impostergable de tres (03) días hábiles, emita un pronunciamiento vinculante y definitivo, que precise si resulta legalmente procedente que los alcaldes electos el año 2022 reciban credencial de alcalde en el presente proceso”.

El pedido obtuvo un respaldo mayoritario de catorce organizaciones que buscan una precisión sobre los candidatos elegibles. En el acta oficial del acuerdo se registra la lista de firmantes:

• Visión Perú
• Podemos Perú
• Pueblo Consciente
• Partido Patriótico del Perú
• Partido Popular Cristiano
• Somos Perú
• Demócrata Verde
• APRA
• FREPAP
• Batalla Perú
• Avanza País
• Alianza para el Progreso
• Venceremos
• Coalición Transformadora Tierra Verde

Renovación Popular denuncia “coacción”

Por el contrario, Renovación Popular fue la única agrupación que rechazó la medida al considerar que vulnera la autonomía del tribunal electoral.

"Los que no están de acuerdo: uno. El partido de Renovación Popular Perú señaló su objeción a la mencionada propuesta. Ya que considera la misma como una coacción ante el JNE”, se lee en el documento.

Asimismo, el documento también presenta la postura del partido de Rafael López Aliaga tras la exigencia del bloque mayoritario.

"Dejo constancia de nuestro rechazo a que un grupo de partidos políticos pretenda coaccionar al JNE bajo el pretexto de no continuar con el proceso de las coordinaciones del debate, si el JNE no resuelve lo que pretenden".

Fernando Tuesta: “Si se trata de regidores que son alcaldes elegidos en el último periodo, no pueden asumir”

En diálogo con La República, el politólogo y especialista en temas electorales Fernando Tuesta Soldevilla analizó el escenario tras la solicitud de diversos partidos para precisar si las autoridades electas en 2022 pueden asumir nuevamente la alcaldía.

Ante la consulta de si el ente electoral emitirá un pronunciamiento, el experto estimó que la práctica habitual del tribunal es abstenerse.

"La costumbre del jurado generalmente es no aclarar nada (...) El argumento es no podemos pronunciarnos sobre asuntos que no se han producido. Entonces, yo no creo que el jurado se pronuncie, no digo que no debiera hacerlo, digo que no creo que lo haga. Y lo que probablemente diga es que se pronunciarán cuando el hecho suceda, porque dirían, seguramente, 'no queremos adelantar opinión'".

Sin embargo, Tuesta señaló que el JNE sí tiene la facultad de actuar mediante la fiscalización si se incurre en publicidad engañosa al promocionar a un regidor como si fuera candidato a la alcaldía.

“[El JNE] lo que sí puede hacer es, a través de fiscalización, sí emitir un pronunciamiento en donde se puede sancionar la publicidad engañosa. Porque algunos partidos no tienen candidato a alcalde".

En esa línea, Tuesta explicó que las organizaciones políticas deberían actuar con transparencia respecto a las candidaturas que han quedado vacantes.

"En los casos en que ha renunciado el candidato a alcalde, sí es importante que la campaña muestre la claridad y los competidores también de señalar que no existe candidato a alcalde. Y por lo tanto, ningún otro candidato puede suplir ese vacío, vale decir, un regidor. (…) No puede aparecer en la propaganda regidores o candidatos a regidores como si fueran candidatos a alcaldes porque están engañando al elector".

En ese sentido, el politólogo advirtió sobre la estrategia empleada en las propagandas de campaña.

"No dice en la propaganda candidato a alcalde o alcalde tal, pero lo hacen de manera tramposa porque ponen su rostro como si fueran el candidato a alcalde y dicen vota por tal. (...) Deberían de precisar que hay listas que no tienen candidato a alcalde, y no pueden pasar propagandizando y haciendo publicidad como si lo fueran".

Debates electorales y la línea de sucesión municipal

Por otro lado, la controversia se traslada también a la organización de los debates electorales para Lima.

Ante la postura expuesta por Carlos Vilela, director nacional de Educación del JNE, quien declaró a RPP que las organizaciones políticas deciden si al debate asiste “el representante de una organización política o el primer candidato de la lista”, Tuesta cuestionó que se permita esta alternativa.

El especialista manifestó que la presencia de un regidor en sustitución del aspirante municipal rompe con la tradición de los debates electorales.

“(…) Ha hecho mal por lo menos un funcionario [del] Jurado al decir que en el debate pueden asistir representantes de los partidos. Allí se presentan los candidatos a alcaldes porque son quienes van a asumir el cargo. Y siempre ha sido así. Nunca ha habido un caso en que por alguna eventualidad, sea por exclusión, por renuncia, por lo que fuera, aparece alguien que no es el candidato de alcalde. Se queda incluso hasta la silla vacía. (...) Eso abriría la puerta a que estas personas que están tratando de darle vuelta a la ley puedan estar presentes en un evento como el debate".

Además, Tuesta explicó la vía legal en caso de que una lista sin candidato formal obtenga la victoria.

"En Lima, como en otros lugares, hay listas que no tienen candidato a alcalde (...) Eso se resuelve cuando, si supongamos en el hipotético caso, gana esa lista, llama a candidato a alcalde, este ha renunciado, le sigue en orden el regidor. Pero si se trata de regidores que son alcaldes elegidos en el último periodo, no pueden asumir. ¿Quién asumiría la alcaldía? El que le sigue en orden de regidores que sí lo puede hacer. Y así se cierra. Por lo tanto, no hay candidato a alcalde", apuntó.

—Alejandro Céspedes García: Señor Muñoz, ¿por qué quiere volver a ser alcalde de Miraflores?

—Jorge Muñoz Wells: La razón es regresar a Miraflores con la experiencia que se tiene para poder recuperar muchas de las cosas que hoy en día están deterioradas en el distrito. Yo soy un vecino más, y a mí me indigna encontrar cómo está Miraflores. Ha perdido liderazgo en seguridad, la limpieza no es la de antes, hay gente que duerme en los parques, tenemos una serie de bienes deteriorados, como por ejemplo el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla. Entonces, en esta oportunidad, la intención es poder regresar para servir y dar lo mejor de uno.

—Alejandro Céspedes García: ¿Qué es lo que haría primero?

—Jorge Muñoz Wells: Tú acabas de decir algo muy importante: casi siete de cada diez vecinos miraflorinos se sienten divorciados o alejados de la municipalidad. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es escucharlos, abrir las puertas e invitarlos a construir lo que debe ser una verdadera ciudad, una verdadera municipalidad, en conjunción con los vecinos. Por ejemplo, escucharlos todos los miércoles en las mañanas, retomando esa buena práctica que se llamó 'Gobernando con los Vecinos'. Pero, adicionalmente, tener audiencias trimestrales en los parques, con rendición de cuentas. En suma, lo que buscamos es recuperar el orgullo del miraflorino para, sobre esa base, no quedarnos en el pasado sino mirar hacia el futuro y hacia lo que necesita el distrito.

—Alejandro Céspedes García: Hablando del futuro: sabemos que Miraflores es un destino turístico para los extranjeros, pero también para el propio limeño. ¿Cuál es su visión sobre los espacios públicos?

—Jorge Muñoz Wells: El espacio público es, por naturaleza, el lugar donde se comienza a construir la ciudadanía. Es un espacio donde la gente debería poder disfrutar de una manera amplia y adecuada. Nuestra misión va a ser justamente utilizarlo bien, construir esa ciudadanía de la que hablamos. Son los lugares más democráticos que pueden existir en el distrito, y esa es la intención que tenemos: trabajar para tenerlos en muy buen nivel y que la gente pueda disfrutarlos.

—Alejandro Céspedes García: ¿Qué va a hacer con el Estadio Bonilla, que ahora mismo está venido a menos?

—Jorge Muñoz Wells: No solo está venido a menos, es lamentable su situación. Hoy en día es un hueco, y dentro de esa cancha de fútbol hay basura, desmonte y autos abandonados. El coliseo también está sumamente deteriorado. Pero lo más triste es encontrar, en el frontis del estadio, justo detrás de la tribuna principal, autos abandonados que ni siquiera son de la municipalidad. Algunos sí lo son, pero hay otros que son de terceros.

—Alejandro Céspedes García: ¿Y qué van a hacer al respecto?

—Jorge Muñoz Wells: Recuperar ese espacio. Hoy en día se le ha entregado a una empresa brasileña para hacer un centro de convenciones, y esa no es la naturaleza del bien. La naturaleza del bien es que sea un espacio deportivo: recuperar la cancha, recuperar el coliseo, hacer que los miraflorinos podamos utilizar correctamente ese lugar.

—Alejandro Céspedes García: ¿Eso quiere decir que se va a cumplir con el contrato que se tenía, por ejemplo, con Intercorp para la actualización del Estadio Bonilla?

—Jorge Muñoz Wells: Ese contrato que mencionas fue dado en otra gestión. La gestión que ya está terminando hizo un nuevo contrato y entregó ese espacio, como un centro de convenciones, a esta empresa brasileña. Entonces hay que desarmar lo que está mal hecho y buscar que finalmente sea un espacio deportivo.

—Alejandro Céspedes García: ¿Qué va a pasar con el Cuartel San Martín?

—Jorge Muñoz Wells: El Cuartel San Martín es un tema que corresponde a los privados; ahí la municipalidad no se puede meter. Ellos tenían un proyecto para desarrollar un complejo habitacional y comercial, muy bien estructurado, pero lo dejaron en el tiempo, después lo cambiaron, y sigue en manos de los privados.

—Alejandro Céspedes García: En este ciclo de discusión electoral con candidatos he hecho preguntas por TikTok a los vecinos. Una de ellas, que se identifica como Majo, preguntaba qué va a hacer con las playas, porque los surfistas —no solo de Miraflores, sino de distintos lugares de la ciudad— están preocupados porque el espacio está muy deteriorado y abandonado.

—Jorge Muñoz Wells: Es cierto. Todo el malecón de la parte baja está deteriorado, hay zonas carcomidas. Es verdad que, en principio, ese malecón corresponde a la autoridad del Proyecto Costa Verde, pero es la municipalidad distrital la que tiene que impulsar las mejoras ahí. Hay zonas donde había canchitas de fulbito tan deterioradas como el coliseo Niño Manuel Bonilla. Tenemos que recuperar esas canchas, recuperar el malecón, dar seguridad a las personas que van a hacer surf y facilitar que la gente disfrute de la playa. Somos privilegiados los limeños porque esta es la única capital del continente que mira hacia el mar, y tenemos un mar bellísimo que hay que disfrutar. El problema es que muchas veces no lo disfrutamos por falta de facilidades.

—Alejandro Céspedes García: La seguridad es otro de los temas que ha preocupado. ¿Cómo va a tratar el tema de la inseguridad en el distrito?

—Jorge Muñoz Wells: Con liderazgo. Eso es lo más importante. El alcalde no es el ministro del Interior ni el comisario del distrito, pero es quien tiene que impulsar todo esto para que haya efectivamente mejor seguridad. ¿De qué sirve tener cámaras si no hay liderazgo? Vamos a trabajar con las dos comisarías del distrito, con la división de investigación criminal —la Dincri adscrita a Miraflores—, con los fiscales, los jueces de paz, los bomberos, con todos los actores de la seguridad. Nos vamos a reunir semanalmente, viernes a viernes, para ponernos tareas. Ya lo hicimos antes y nos trajo buenos resultados; queremos hacerlo de nuevo.

Por ejemplo, teníamos en las calles una red de vecinos vigilantes que incorporaba a los lustrabotas, a los cambistas, a las personas que reparten delivery y periódicos. Esa red ayudaba a detectar situaciones y alimentaba nuestro mapa del delito. Hoy no existe nada de eso. Todo esto será parte de un plan de acción ambicioso que ya sabemos cómo ejecutar, porque ya lo hicimos, con un buen equipo de trabajo, para recuperar el liderazgo en seguridad ciudadana.

—Alejandro Céspedes García: Actualmente usted compite con dos personas que ya han estado en gestiones anteriores: el candidato de Somos Perú, que es el actual gerente del alcalde Canales, y el candidato de Renovación Popular, el señor Cantella, gerente de Deportes. ¿Qué lo diferencia de ellos? ¿Por qué los vecinos de Miraflores deberían apostar por su candidatura?

—Jorge Muñoz Wells: Por la experiencia y por la capacidad. He sido dos veces alcalde de Miraflores, alcalde metropolitano y también regidor, y hay una gran diferencia con relación a los otros dos candidatos. Además, nuestras propuestas están comprobadas: no somos un salto al vacío, pero tampoco somos el continuismo, porque la gestión actual es de Renovación Popular. Ellos van con un candidato formal, el señor Cantella, pero también con un candidato encubierto, que es el actual teniente alcalde de Canales. Lo curioso es que hay dos representantes —uno formal y otro encubierto— del continuismo, y nosotros no representamos eso. Representamos la experiencia, la capacidad, y además vamos a hacer auditorías muy importantes para poner sobre la mesa lo que se hizo bien y lo que no, y que haya las correcciones correspondientes.

—Alejandro Céspedes García: Hay muchas personas adultas mayores en Miraflores que temen el incremento de los impuestos. ¿Cómo va a dialogar con los adultos mayores?

—Jorge Muñoz Wells: Siempre con equilibrio. Yo tengo mucho respeto por el adulto mayor. En el distrito les hemos construido casas, hemos tenido actividades muy cercanas, hemos dado facilidades, y esta vez no va a ser la excepción. Hay que escuchar las necesidades y, como lo he dicho varias veces, darle a cada quien lo que le corresponde —no son palabras mías, sino de Santo Tomás de Aquino—. Hay que cumplir con esto sabiendo cuáles son las necesidades y buscando soluciones para ellas.

—Alejandro Céspedes García: ¿Cómo planea sortear las campañas que seguramente ocurrirán en las próximas semanas?

—Jorge Muñoz Wells: Ya vienen ocurriendo. Por ejemplo, nos han quitado paneles de las calles, hay una guerra sucia cotidiana en las redes, con mentiras y posverdad. Se han inventado cosas: fuimos a verificar el estado del estadio, el coliseo y todo el complejo Niño Manuel Bonilla, hicimos un sobrevuelo con dron y, tres horas después, inventaron que yo había agredido violentamente a una serena. Son mentiras. También tengo al representante principal de Renovación Popular insultándome, diciendo cosas que no son verdad. Con mentiras no se construyen las cosas. Aprovecho para decir que hay que presentar propuestas: la gente necesita propuestas, no mentiras ni agresiones. Que se revisen las mejores propuestas, que se vea quién tiene las mejores capacidades, y que sean los vecinos quienes elijan de la mejor forma a quien los pueda conducir a una mejor calidad de vida.

Hoy me indigna la situación de Miraflores, la falta de una verdadera calidad de vida. Yo soy una persona que ha transitado por temas municipales durante varios años, y el alcalde ni siquiera me escucha; he tratado de hablar con él varias veces y no he tenido la oportunidad. A nadie escucha, en realidad. Por eso quiero convertirme en una persona que pueda escuchar y transformar junto con todos los vecinos, respetando a todos por igual, porque, como dije, el eje central de nuestro accionar es el ciudadano, es el vecino.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

¿Cuándo te diste cuenta de que eras un exiliado?

Mira, fue un proceso lento, pero yo creo que el proceso de conciencia absoluta va llegando con los detalles de la vida. Cuando empezás a amueblar una casa, cuando firmas un contrato por un año en un departamento, cuando comprás fundas para tus almohadas. Pero el proceso real ocurre cuando nosotros descubrimos con evidencia que el régimen estaba esperándonos para capturarnos. Tiempo después de que nosotros cancelamos nuestro regreso a El Salvador, lo cual ocurrió el 7 de junio del año pasado, descubrimos un plan policial para implantarnos drogas en nuestras maletas a nuestro regreso de Costa Rica. Cuando supimos eso, entendimos que volver sería inviable. Y la pregunta no es cuándo lo entendimos, es cuándo lo asimilamos. Yo te diría que mi exilio lo asimilé este año, aunque yo sé que soy un exiliado desde mayo del año pasado.

¿A qué le llamaban salida preventiva en el Faro?

A ver, no solo durante la administración Bukele, que llegó en junio de 2019, esto ya nos había pasado antes. El Salvador es un país violento, sus cuerpos de seguridad son violentos, sus grupos criminales son violentos y ahora mismo la dictadura es represiva. Entonces nosotros lo que hacíamos, cuando íbamos a publicar un material que nos parecía explosivo, que acusaba a un personaje clave, que revelaba pactos con criminales, el periódico nos sacaba del país horas o días antes de publicar, para que encaráramos desde afuera las posibles amenazas y eso nos funcionó. En mi caso, por ejemplo, cuando descubrimos en 2015 que la policía había cometido una masacre de ocho personas, que había vendido como un enfrentamiento, mi salida preventiva sirvió para que, cuando los policías de civil que llegaron a mi casa a intentar matarme, no me encontraran a mí ni a mi hija.

Digamos que la suma de muchas salidas preventivas ha terminado siendo un exilio.

Sí. O sea, si volvemos al país, vamos a las cárceles de Bukele, tal como lo ha dicho públicamente el director del organismo de inteligencia del Estado, Peter Dumas, que nos ha acusado de ser traficantes de personas. Entonces, nosotros no tenemos ninguna duda de que utilizarían muchos de los delitos que tanto él como Bukele nos han adjudicado en público para acusarnos en las cortes de, por ejemplo, ser socios de las pandillas, lo cual es de un cinismo profundo, porque Bukele, y esto es un hecho comprobado, construyó su ascenso al poder como socio de esos asesinos.

¿Cómo era la relación del Faro con Bukele antes de que llegara al poder?

El Faro nunca ha sido amigo de los políticos, no creemos que debamos tener una cercanía más allá de la que establece la relación fuente periodista, pero Bukele, sobre todo allá por 2016, cuando empieza a quebrarse su relación con el partido al que pertenecía, que era la izquierda, porque el vestía de rojo, él estaba en la exguerrilla salvadoreña; cuando empieza a entender que ese partido no le iba a conceder la candidatura presidencial de 2019, Bukele empieza a retuitear muchas de las investigaciones de El Faro, a elogiarlas, a decir que revelaban cómo el gobierno de ese entonces era corrupto. Bukele con mucha alegría movía esas piezas en su cuenta de twitter, y también aceptó cuando lo invitamos en 2016 al foro centroamericano de periodismo que todavía hacíamos en El Salvador. Bukele accedió a llegar junto con unos expertos internacionales a hablar sobre la rehabilitación, sobre la inserción de los jóvenes. Y hablaba de darle oportunidades a aquellos muchachos que habían coqueteado con las pandillas, de enfrentar eso no simplemente con violencia. Aquel Bukele era otro Bukele. Yo digo en el libro Bukele el rey desnudo, que él nunca tuvo un proyecto de país, Bukele siempre tuvo un proyecto mesiánico y la única regla de ese proyecto es estar él en el poder.

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Tratemos de hacer un perfil de Bukele, ¿él podría tener el poder sin el uso de las redes sociales?

No, muy difícilmente, porque Bukele revolucionó la manera en la que, de forma muy precaria, se manejaban las redes sociales en El Salvador. Tampoco es que tuviera una competencia muy complicada. Cuando al presidente anterior a Bukele, que era el ex comandante guerrillero Salvador Sánchez, le preguntaron cuál era su cuenta de twitter dijo que era twitter.com.

No conocía nada.

Digamos que no era tan difícil ganarle a un hombre de 80 y pico años que pensaba así. Entonces, Bukele encontró gente que creía que eso era bagatela, que creía todavía en las viejas formas, de hacer mítines masivos. Y Bukele construye una narrativa en redes sociales que a día de hoy asusta. Es decir, Bukele, cuando vos publicas algo que le molesta, su reacción puede llegar a ser, te digo, decenas de videos en YouTube, promocionados desde cuentas que están financiadas por el Estado, contraviniendo tu mensaje. Yo les lanzo ahorita mismo un reto y les pido que cuando esta entrevista se emita, ustedes noten esas redes, lean cómo se llaman las cuentas que nos van a insultar y que van a decir que yo soy un miembro de pandillas y que el exilio ha sido toda una farsa.

Sin embargo, las redes sociales también pueden mostrar sus contradicciones. Estaba viendo el video en el que él presenta Bitcoin City, con mucha pompa, con música de AC/DC. Pero a continuación de ese video, está otro de un pobre hombre que le creyó, que perdió todos sus ahorros en la farsa de Bitcoin City. Así que parece que las redes sociales también podrían serle desfavorables.

Sí, pero fíjate la amplitud que tiene el mensaje. Sí hay algunos videos que cuentan la historia de Keegan Corbin, que es el estadounidense que quiso ser el primer habitante de Bitcoin City y se fue a vivir a las faldas de un volcán, donde lo único que hay a día de hoy son las faldas de un volcán. Hay un par de medios que sacaron esa historia, sí. Pero, ¿cuántos medios dijeron que Bitcoin City iba a existir? Cientos de medios, en todos los idiomas. ¿Y cuántos medios dijeron que fue mentira? Decenas. Es decir, Bukele logra que el mensaje permanezca, Bukele logra hacer esos shows enormes. Recuerdo otro que puede servir ¿Cuántos medios replicaron la selfie de Bukele en Naciones Unidas? ¿Y cuántos medios lo convirtieron en un gran gesto de elocuencia? Pero era una tontería. ¡Se tomó una selfie y después no dijo nada! Escuchen el discurso posterior, es completamente vacío, le fue a informar a los señores de Naciones Unidas que sus plenarias no eran virales. ¿Y de cuándo acá han querido que sean virales? Si no son un show de un youtuber. Pero Bukele va poniendo esos gestos que el mundo le replica.

Hablando de su discurso, tú dices que el Salvador tiene 22 cárceles, pero Bukele solamente le presenta una al mundo, ¿por qué?

Porque él ha hecho una cárcel show. Es decir, Bukele ha reunido a todos los pandilleros tatuados de la cara, algunos de ellos ya retirados, que eran incluso pastores evangélicos, que estaban en la calle y habían cumplido sus condenas. No digo que la mayoría, pero algunos. Y lo que hace es volver a capturarlos y reunir de las demás cárceles a todos los que tenían tatuajes en la cara. Bukele los reúne ahí para que un montón de youtubers quisieran pasearse en la cárcel perfecta, llenos de malos perfectos, que parecen enemigos de una saga de Marvel; para que la exsecretaria de Trump, Kristi Noem, llegara y se tomara fotos; para que todo presidente conservador y represivo que quiera dar un mensaje a sus votantes en cualquier parte del mundo, creyera que era icónico tomarse una foto en el Cecot, rodeado de esa gente, y vendieran esa como la solución última a los problemas de un país.

¿Cómo describirías la personalidad de Bukele?

Creo que es un megalómano, creo que es mentiroso. Creo también, hay que decirlo, que es un hombre muy decidido. Va para adelante, soportó enfrentarse al gobierno estadounidense cuando lo criticaban. Y creo que también es un hombre que tiene una egolatría enorme. Es decir, Bukele honestamente piensa que él tiene la última idea, y sobre todo también creo que es un hombre cruel.

¿Por qué dices lo de cruel?

Mira, Bukele sabe, o debe saber, que el gran porcentaje de los reos que han caído presos en las cárceles del régimen son inocentes, que fueron capturados por cuota. Es muy fácil saberlo, está sobre diagnosticado. Bukele debe saber, porque hay evidencia, que más de 500 cuerpos han salido con señales de tortura de esas cárceles, muertos, que no estaban acusados de nada. Bukele debe saber que hay muchos juicios masivos donde a la gente le están acusando sin ninguna evidencia, y debe saber que dentro de esas cárceles están ocurriendo torturas masivas. Pero con tal de no dar su brazo a torcer, y con tal de no agrietar su discurso, ese hombre permite que a esa gente la torturen. Eso es crueldad.

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Ahora, en tu libro presentas también a un hombre contradictorio, sobre todo en sus tuits. Voy a leerte dos. Escribe Bukele (en 2013): “Si nuestra política es mala, imagínela si no existieran periodistas. ¿Vieron qué importantes son? Felicidades, periodistas”. Y hay otro más, sobre las elecciones en Estados Unidos (de 2012). Él dice: “Los que tengan familiares en Estados Unidos, por favor, llámenlos y pídanles que voten por Barack Obama”. Este es otro Bukele.

Sí, hay una crónica que a mí me parece muy interesante, que publicamos en El Faro, que se llama 'Bukele sin la L, sin la G, sin la B, sin la T, sin la I, sin la Q'. Bukele antes se vendía como un defensor de las comunidades de la diversidad sexual y se fue a tomar una foto con todos ellos, con todas ellas, con la bandera arcoíris en frente. Cuando le convenía eso, iba y decía: “Yo quiero estar del lado correcto de la historia”. Pero después, todo el bukelismo ha acusado a los movimientos feministas, ya no te digo a las comunidades de la diversidad sexual, de ser brujas, de estar haciendo rituales satánicos. Y Bukele ha llegado a decir, con toda la lucha por la posibilidad del aborto, que eso es un genocidio. Es decir, el hombre tiene un cinismo para cambiarse la cara que poca gente tiene. Y no olviden esto, el Bukele que ahora dice que es trumpista, que da discursos en Heritage Foundation, que dice que el globalismo murió en El Salvador, ese mismo hombre es el que hace no mucho felicitaba o recordaba al Che Guevara en su aniversario luctuoso.

Hoy me estás respondiendo desde México, has estado en Guatemala. Siempre tienen la necesidad de cambiar de centro de operaciones, supongo que por un tema de seguridad.

Sí, yo estoy radicado en Ciudad de México. Este país me dio refugio, lo cual quiere decir que este país, a través de su comisión de refugio, estudió mi caso, vio mi evidencia y concluyó que mi vida corría riesgo en El Salvador, como la de varios otros de mis colegas y de otros medios. Pero, te digo, no te dan refugio porque les dices que te persiguen. Te dan refugio si les demostrás que te persiguen. Entonces, sí, yo estoy radicado acá y aquí hay una buena comunidad de periodistas, ambientalistas, fiscales, exjueces perseguidos por el bukelismo. Y les digo algo, el mundo se va a seguir llenando de refugiados salvadoreños. Bukele tiene un plan para cerrar filas antes de que Trump salga del poder en 2028.

¿Llevan una cuenta de cuántos periodistas hay exiliados fuera de El Salvador?

La Asociación de Periodistas de El Salvador reveló hace unos meses que 53 periodistas salvadoreños están exiliados. Acuérdense de una cosa, nosotros somos un país súper pequeño, de 6 millones de habitantes, de 21 mil kilómetros cuadrados. 53 periodistas es una gran parte del grupo de periodistas críticos.

Hagamos memoria. ¿Recuerdas qué llevabas en la mochila la primera vez que tuviste que salir por seguridad de El Salvador?

Llevaba apenas cosas. Llevaba la computadora. Te puedo decir que como no pretendía ir a eventos públicos, sino a publicar, yo llevaba ocho camisetas muy informales, un par de camisas de botones, no llevaba ni siquiera un saco, ni abrigo, porque en aquel momento, donde estaba, no hacía frío. Pensé que iba a ser una semana, no llevaba más de siete prendas de ropa interior, ni más de ocho bolas de calcetines. Ninguno de nosotros pensó que se iba a quedar afuera para toda la vida. A día de hoy mis libros siguen sin estar conmigo, mis álbumes de fotos no están conmigo.

¿Y la familia?

Estamos desperdigados, tuvimos que salir todos del país. Estamos en diferentes países. Mi hermano Carlos, con quien gané el premio Gabo recientemente, sí está aquí en México, conmigo. No en mi propia casa, pero vivimos juntos en esta ciudad.

¿Y cómo llevan esta diáspora familiar?

Es difícil, también es caro, porque tenemos que viajar, pagar boletos, juntarnos, elegir lugares para juntarnos. Antes, la Navidad y el 31 de diciembre se pasaba en un lugar muy concreto. Mi familia siempre ha recibido a mucha gente, colegas periodistas y de otra naturaleza, gente querida. Entonces ya sabíamos a dónde íbamos. Ahora, sí te digo una cosa, yo no me puedo vender como alguien que materialmente ha tenido el peor exilio. Yo salí con una carrera más o menos hecha. El Faro sigue vivo, con las uñas, pero seguimos vivos, financieramente haciendo lo que podemos por sobrevivir y, bueno, yo sigo teniendo un salario. Pero yo he conocido gente del exilio salvadoreño, nicaragüense, que se han tenido que poner a vender tamales para sobrevivir. Periodistas con información muy valiosa, con experiencia en los juzgados. He conocido periodistas en Costa Rica durmiendo en el Parque de la Sabana y he conocido colegas aquí que se han tenido que meter de a cinco en un apartamento para poder pagarlo.

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¿Tienes temor de que el exilio deje de ser temporal y que más bien se convierta en tu manera de vivir?

Yo al exilio le temo de muchas maneras, le temo a que a mi país yo vaya a entrar con canas en la cabeza. Yo tengo 43 años, no sé por qué aún no tengo canas, pero supongo que cuando vuelva voy a tener el pelo poblado de canas. Bukele ya dijo, va a una reelección en 2027, él va a ganar, no hay para dónde. Ya modificó todas las reglas electorales, reformó todo para tener una votación mayor. Entonces, él va a elegirse, lo cual implica que debe estar hasta el 33, si solo se queda los seis años más que dice. Pero además el exilio trata de volverte a una cosa ante la que tenés que resistir si sos periodista. Te trata de convertir en un sujeto del pasado. Es decir, alguien que supo, alguien que ya fue expulsado del lugar original. Y un periodista no puede ser un sujeto del pasado, porque debe seguir publicando. Tu función es revelar, demostrar, explicar. Entonces, es muy cansado huirle a esa condena, a ser un sujeto del pasado. Yo no puedo permitir que esa sea mi característica, yo gobierno una redacción que debe publicar todas las semanas, revelaciones, información, crónicas. No puedo revelar los mecanismos mediante los cuales seguimos, pero sí te puedo decir que eso te obliga a un nivel de creatividad, de pensamiento, que es muy cansado. Yo no puedo decir que este ha sido un año miserable, pero sí ha sido el año más cansado de mi vida.

Recuerdo un fragmento de la crónica con la que ganaron el Gabo. La hija de uno de tus colegas, antes de que él escapara de El Salvador, le decía: “Papá, tengo la sensación de que, así como en los videojuegos, se te ha pagado una vida. Espero que la que viene ahora funcione mejor”. ¿Es una buena metáfora para los exiliados?

Sí, definitivamente se nos acabó de momento una vida, se nos acabó el país que conocíamos. O sea, cuando nosotros volvamos a ese país, sea con las condiciones que sea, estando Bukele o no, vamos a encontrar un país que tiene modificada toda su forma de habitar. ¿Cómo le enseñamos a los policías cuando Bukele salga que no pueden capturar a quien les dé la gana? ¿Cómo le explicás a los fiscales que tienen que reunir pruebas para acusar a la gente? ¿Cómo le explicás a los jueces que es un delito condenar sin evidencia? A ese país vamos a llegar, a un país que va a haber que construir otra vez.

Según el portal institucional del municipio y sus Declaraciones Juradas de Intereses presentadas ante la Contraloría, la funcionaria ejerce como regidora desde el 1 de enero de 2023. En esos mismos documentos públicos consta que también trabaja como asesora en el Parlamento desde agosto de 2021.

Diferencia legal entre dieta y remuneración

Ante la duda sobre si el cobro simultáneo en ambas entidades vulnera la Constitución, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi aclaró para La República la naturaleza de cada ingreso.

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"La doble prohibición de no recibir dos remuneraciones del Estado es clara. En el caso de un regidor, ellos reciben dietas, no remuneración. La dieta es una cantidad de dinero que se recibe por cada sesión que tienen en el mes. Y la remuneración es lo contrario, es un trabajo que se hace por ocho horas diarias. Uno está en planilla".

Bajo esta línea, Rospigliosi sostuvo que la recepción de ambos ingresos no rompe la regla constitucional contra la doble percepción de dinero estatal. "Acá son conceptos totalmente diferentes y sí es compatible recibir una remuneración y aparte una dieta".

No obstante, el problema principal radica en el cumplimiento real de la jornada de trabajo diaria. Sobre la posibilidad de cumplir ocho horas seguidas en el Parlamento y al mismo tiempo ejercer la función municipal, el especialista advierte sobre los límites del horario.

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"Si bien es cierto la Ley Orgánica de Municipalidades establece que se den facilidades a los regidores en general, yo considero que si la trabajadora del Congreso asiste a sus dietas, reuniones del Consejo Municipal, fuera el horario del Congreso, me parece compatible. Pero si ella durante el horario de trabajo del Congreso asiste a sesiones del Consejo Municipal u otras actividades como regidora, creo que sí habría una incompatibilidad".

Sobre el abandono temporal del puesto en el Parlamento para atender actividades en el municipio, el constitucionalista manifestó que si la funcionaria decide ausentarse de su jornada laboral "debería pedir licencia sin goce de haber para esos momentos que en horario de trabajo sale a hacer otras funciones ajenas al Congreso".

Conflicto de interés y ética pública

Asimismo, Rospigliosi detalló los hechos concretos que constituirían una falta grave a la ley y al Código de Ética de la Función Pública. "La incompatibilidad estaría, por ejemplo, en que el horario de trabajo del Congreso vaya a sesionar a la Municipalidad. Esa es la incompatibilidad. O que tenga que emitir dictámenes en proyectos de ley relacionados a la Municipalidad, donde ella trabaja. Eso sería un conflicto de interés, cuya violación sería el Código de Ética de la Función Pública".

Gobierno peruano (no el argentino) quiere eliminar tope para los intereses de 114% a pesar de tener inflación anual de 1.5% (2025). ¿Pretenden que suba más de 200%? ¿4 bancos con 85% del mercado ganarán más? También quieren cobrar impuestos a los intereses atentando contra el ahorro formal. ¿Qué intereses representa Elmer Cuba?, escribió.

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La Cámara de Diputados se encuentra revisando el pedido de facultades que el Gobierno de Keiko Fujimori envió el 28 de agosto. Entre las 66 materias incluidas en el proyecto de ley figura la eliminación de las disposiciones sobre topes a las tasas de interés establecidas por la Ley N 31143, norma aprobada en 2021 y conocida como la "ley antiusura".

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados ya acordó citar al propio Elmer Cuba y al jefe de la Sunat para que expliquen los alcances de la delegación de facultades.

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Qué cambiaría con la eliminación del tope

El proyecto de ley plantea modificar el artículo 6 de la Ley N 28587 (Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros) y el artículo 9 de la Ley N 26702 (Ley General del Sistema Financiero y de la SBS), con el objetivo declarado de "eliminar las disposiciones vinculadas con los topes a las tasas de interés introducidas por la Ley N. 31143".

Actualmente, ese límite está fijado semestralmente por el Banco Central de Reserva y se ubica en 114.13% anual para créditos en soles y en 99.84% para los otorgados en dólares, vigente para el periodo mayo-octubre de 2026.

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Comisión de Economía cita a Elmer Cuba y jefe de Sunat para explicar lo que plantea el Gobierno

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados acordó citar al ministro Elmer Cuba y al jefe de la Sunat para que expliquen los alcances del pedido de facultades legislativas, a pedido de la diputada Jacqueline Tapullima y con respaldo de Svieta Fernández.

Ambos deberán aclarar la propuesta de avanzar hacia un Impuesto a la Renta empresarial único con tasas marginales crecientes, ya que el documento presentado al Congreso no precisa aún los porcentajes ni los tramos de renta que aplicaría, lo que impide determinar por ahora qué empresas terminarían pagando más o menos.

El registro muestra una remuneración de S/8.470,08 asignada a su función dentro de la institución. Esta publicación confirma las versiones que señalaban su incorporación al Congreso semanas atrás.

El ingreso de Carrillo al despacho de la parlamentaria se hizo pública a finales de agosto, cuando el medio La Encerrona identificó el vínculo laboral tras revisar la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas presentada por la abogada ante el Parlamento.

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Antecedentes en el Midagri

Durante el primer semestre del año, Carrillo prestó servicios como consultora en el despacho del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Las planillas institucionales confirman que la abogada percibió un honorario mensual de S/ 15.600 entre enero y junio; sin embargo, en julio dejó de figurar en los registros de dicho ministerio.

Esta salida coincidió con la declaración jurada que presentó Luis Galarreta en julio al asumir la Presidencia del Consejo de Ministros, documento en el cual consignó que su cónyuge no laboraba en el Estado. A pesar de esa anotación, Carrillo emitió su propia declaración jurada para el Congreso correspondiente al periodo 2026.

A pesar de que el documento omitió la fecha exacta de su incorporación, el registro de pago emitido en agosto confirmó oficialmente el inicio de sus labores en el Parlamento, específicamente como “asesor II” en el despacho de Ana Patiño, parlamentaria que también trabajó en el Midagri durante ese mismo periodo.

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En el sector Agrario, Ana Patiño Urco se desempeñó como asesora de Alta Dirección desde el 29 de septiembre de 2025 y, durante la gestión del exministro Ángel Manero, asumió de forma temporal la jefatura del Gabinete de Asesores.

En el Despacho Ministerial, Carrillo prestaba servicios como consultora FAG, espacio donde ambas coincidieron antes de su posterior reencuentro en el Congreso.

La renuncia de Patiño al ministerio se formalizó el 23 de julio de 2026 mediante resolución ministerial, días antes de asumir su curul en el Parlamento y abrir una plaza en su despacho para la esposa del presidente del Consejo de Ministros.

Casos paralelos: Patricia Vinelli, hermana del ministro de Agricultura, es contratada como asesora de Fuerza Popular en el Senado

El de María Carrillo no es el único caso que evidencia esta dinámica de contrataciones en el Parlamento. De acuerdo con los registros de transparencia del Congreso, Patricia María Vinelli Ruiz, hermana del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, figura contratada como asesora del Grupo Parlamentario Fuerza Popular en el Senado, con una remuneración que asciende a S/ 14.210,11.

Al igual que ocurrió en la declaración de Galarreta, el puesto actual de Patricia Vinelli tampoco fue consignado con precisión en las declaraciones juradas de su hermano, Marco Vinelli. El ministro de Agricultura solo detalló que trabajaba como administradora en el programa Agroideas del sector Agrario. Esta omisión y posterior aparición en la planilla de la bancada oficialista siguen el mismo patrón de contratación.

Falta ética y tráfico de influencias en la gestión pública

En diálogo con el abogado especialista en contrataciones del Estado, Cristian Castillo, la incorporación de María Carrillo al Poder Legislativo no es ilegal, pero sí demuestra una falta de ética. Según explica, el caso expone una clara vulneración a los principios de ética y moral en la función pública al acomodar a una familiar directo en el poder encargado, precisamente, de fiscalizar al Ejecutivo.

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“¿Se puede trabajar en el Congreso? Sí. ¿No habría impedimento de carácter de la Ley de Contrataciones? Tampoco. Pero eso no significa que deba hacerse: existe un impedimento de carácter moral y sustancial que responde al 'deber ser y parecer'”, precisa Castillo.

Sobre el antecedente en el sector Agrario —donde Patiño fue asesora de Alta Dirección y Carrillo consultora FAG—, el especialista señala que haber compartido espacio laboral en el Ejecutivo ayuda a entender cómo se tejen estas contrataciones.

“Al tratarse de una plaza de confianza como Asesor II, la elección es directa de la parlamentaria. Para tipificar un tráfico de influencias habría que probar una comunicación o acuerdo previo entre las partes”, señaló para este diario.

Asimismo, Castillo adviertió que esta coincidencia previa y el posterior paso al Congreso responden a un patrón en la gestión pública para eludir la normativa de nepotismo mediante el cruce de recomendados entre distintos despachos.

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“Desde los años noventa se maneja la lógica de encargos: poner al familiar en el despacho de un colega para evitar el nepotismo. En esa época ya había una suerte de tráfico de influencias que no ha aminorado en lo absoluto en el Congreso; se repite el patrón totalmente”, mencionó el abogado.

Sobre el impacto en la labor parlamentaria, Castillo indicó que, aunque la contratación se deba a la cercanía con una misma bancada afín (Fuerza Popular), la permanencia de la esposa del primer ministro en la planilla del Congreso vulnera el principio de neutralidad e imparcialidad en la función de control político.

“Si la esposa del presidente del Consejo de Ministros trabajara con un parlamentario de oposición, se estaría neutralizando la labor fiscalizadora. Pero el oficialismo también puede fiscalizar al oficialismo. Por lo tanto, por una cuestión de decencia moral, la cónyuge de la máxima autoridad del Ejecutivo no debería aceptar un cargo en el espacio encargado de fiscalizarlo”.

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Cecilia Chacón justifica pago a esposa de Galarreta: "Se le paga por lo trabajado"

Tras darse a conocer la planilla de pago del mes de agosto, que confirma un abono de alrededor de 8.000 soles a María Luisa Carrillo como asesora de la diputada Ana Patiño, la vocera de la bancada de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, justificó la contratación y rechazó cualquier irregularidad.

"Bueno, es un trabajo que ella ha hecho y que como cualquier persona se le paga por el trabajo realizado", sostuvo para La República.

Además, la parlamentaria negó la existencía de algún problema por la relación entre Carrillo y Galarreta.

"No existe ningún vínculo laboral. El Premier “Lucho” Galarreta no está ejerciendo el cargo de parlamentario andino. Es más, su accesitario es el que está ejerciendo el cargo y al que se le paga por esa representación, no al señor Lucho Galarreta. Por lo tanto, no veo dónde estaría lo que no se debería hacer".

Alegría explicó que el proyecto llegó a la comisión el lunes 31 de julio, pero recién el jueves cerca del mediodía se remitió a las demás comisiones para que opinen. Para el legislador, ese tiempo resultó excesivo. "Si vamos a necesitar 4 días para enviar 12 documentos a las 12 comisiones (...) La verdad es que creo que es retrasar un poco más", afirmó durante la sesión.

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El congresista añadió que los integrantes del grupo de trabajo parlamentario esperaban una convocatoria más rápida. Según dijo, tras la sesión anterior, los integrantes de la comisión aguardaban que la presidencia los citara el viernes. La idea era conocer el cronograma y el procedimiento con el que se iba a trabajar el pedido de facultades. Esa convocatoria, indicó, no llegó a tiempo.

Krklec salió al frente para defender el trabajo de la comisión. El legislador de Renovación Popular sostuvo que el pedido de facultades llegó recién el lunes en la noche y con observaciones. Recordó que el documento no tenía adjunta el acta del Consejo de Ministros, un requisito que el propio presidente de la Cámara de Diputados advirtió como faltante.

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Ese vacío documentario, según el congresista, obligó a corregir el expediente antes de continuar con el trámite. "Yo creo que los plazos están correctos y está avanzando la comisión en el tema de la elaboración del dictamen y debate de la misma", señaló Krklec, quien pidió no generar polémica por el tema.

Alegría también salió al frente por otro flanco. Luego de que la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que él preside, enviara su opinión sobre el pedido de facultades, el congresista cuestionó a los diputados de Juntos por el Perú por el tiempo que tomaron para revisar ese mismo informe.

Según dijo, los legisladores de esa bancada alegaron que no pudieron leer un documento de ocho páginas durante el fin de semana. "Eso verdaderamente me resulta irresponsable ante la situación caótica que vive nuestro país", afirmó Alegría, quien calificó la postura de Juntos por el Perú como una muestra de la línea de acción de esa bancada.

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Doce comisiones deberán dar sus informes de opinión respecto al pedido de facultades

La Comisión de Constitución cursó 12 oficios a las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados. El objetivo es que cada una revise la propuesta de delegación de facultades y remita su opinión según la materia que le corresponde. Con esas respuestas, la comisión buscará armar una base técnica antes de discutir el tema a fondo.

Los oficios llegaron a las comisiones de Economía, Justicia, Energía y Minas, Desarrollo Agrario, Infraestructura, Vivienda y Transporte, Defensa, Producción, Trabajo, Ciencia, Medio Ambiente, Defensa del Consumidor, Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría. Cada una deberá pronunciarse solo sobre los puntos del proyecto que tocan su sector.

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Algunos grupos de trabajo indicaron que responderán este martes, otros pidieron plazo para remitir su respuesta hasta este miércoles. Con esas opiniones en mano, la Comisión de Constitución podrá elaborar el predictamen del pedido de facultades y pasarlo a debate para su votación final antes de ser enviado al Pleno de la Cámara de Diputados.

En paralelo, la comisión citó a dos ministros para el viernes. César Astudillo, ministro del Interior expondrá a las 2:00 p. m. y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, lo hará a las 4:00 p. m.

Manrique señala que la Comisión de Ética arrastra un problema de diseño desde el Congreso unicameral, ya que al estar compuesta solo por congresistas, sus integrantes están en un conflicto permanente entre sancionar a sus colegas de sus propias bancadas o tener cierto tipo de lealtad hacia sus partidos.

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Cabe recordar que hubo intentos previos de reformas parecidas. En el año 2020, el entonces congresista Alberto de Belaunde planteó una comisión integrada por un expresidente del Congreso, un excongresista, dos profesores de Derecho y un ciudadano elegido por la Defensoría del Pueblo. En el PL presentado por Manrique también se menciona a la bancada Peruanos por el Kambio que en el 2017 tuvo el mismo objetivo de romper la composición exclusivamente parlamentaria de la Comisión.

Manrique descartó ambos modelos de referencia en puntos específicos: dejó fuera a los exparlamentarios como posibles miembros, porque considera que muchos siguen ligados a los mismos partidos y acuerdos políticos, y también excluyó a la Defensoría del Pueblo como entidad designadora, al señalar que atraviesa un descrédito sostenido ante organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil. En su lugar, delegó la selección de los miembros externos en los tres organismos del sistema electoral.

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Cuatro sanciones confirmadas en 150 denuncias durante el último periodo

El proyecto de Manrique se sustenta con cifras del periodo parlamentario 2021-2026, calificado por el propio texto como el peor Congreso de la historia. Entre 2021 y 2023, la Comisión de Ética acumuló 119 casos, de los cuales solo cuatro llegaron con recomendación de suspensión de 120 días y apenas dos sanciones fueron confirmadas en el Pleno. Para 2024, el número de denuncias recibidas desde el inicio del periodo llegó a alrededor de 150, con solo cuatro congresistas suspendidos, lo que el proyecto atribuye a una percepción de blindaje corporativo.

El documento también recuerda que, entre 2016 y 2019, renunciaron dos presidentes de la Comisión de Ética en menos de un año: Segundo Tapia, en mayo de 2017, y Juan Carlos Gonzales, en abril de 2018, en medio de cuestionamientos similares sobre la eficacia del órgano.

La información detalla que Fujimori Higuchi figura como presidenta de la República y que su cargo pertenece a la Secretaría General del Despacho Presidencial. El registro también precisa que la remuneración fue de S/39.124,80.

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El documento no reportó pagos adicionales para la jefa de Estado. En las categorías de honorarios, incentivo, gratificación y otros ingresos aparece el monto de S/0,00.

De esta forma, el total registrado para la mandataria coincide con su remuneración: S/39.124,80. La cifra aparece en el apartado de ingresos del personal del Estado y permite conocer cuánto recibió Fujimori por su primer pago como presidenta.

El diputado Harvey Colchado, también de Ahora Nación, tampoco celebró el relevo: "No solamente Arriola, es un equipo que ha venido trabajando", advirtió, y pidió fiscalizar también a los demás generales de la institución.

El nuevo comandante general, Fredy López Mendoza, asumirá el cargo con la exigencia de mostrar resultados frente a la extorsión y el sicariato. Varios congresistas, entre ellos los de Juntos por el Perú, adelantaron que mantendrán la fiscalización sobre su gestión y sobre el rumbo que tome el Ejecutivo en las próximas semanas.

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Juntos por el Perú: La salida de Arriola no cierra los cuestionamientos al Gobierno

La diputada Catherin Palomino fue la más dura del bloque. Calificó de "inaceptable" que Arriola anunciara su salida recién después de una crisis prolongada, y criticó el tono del anuncio, hecho junto al premier Fernando Galarreta con palabras de agradecimiento de por medio. Para Palomino, ese gesto no exime de responsabilidades políticas al Gobierno.

El diputado Marlon Aguirre advirtió que, de no haber renunciado, su bancada habría impulsado directamente el retiro de Arriola. Sobre la interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, Aguirre no dio por perdida la moción: consideró que el ministro "ha demostrado incapacidad" y que eso debe evaluarse en el Congreso.

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Aguirre aclaró también que su bancada no exige que la derogatoria del paquete de leyes procrimen forme parte del pedido de facultades legislativas, a diferencia de lo planteado por Ahora Nación. Según explicó, Juntos por el Perú mantiene otras exigencias dentro de esa negociación con el Ejecutivo.

En un comunicado difundido tras conocerse la salida de Arriola, la bancada sostuvo que la continuidad del excomandante general de la Policía era "insostenible", pero advirtió que su reemplazo no resuelve los problemas de fondo de la institución. El grupo parlamentario remarcó que sus iniciativas legislativas y las mociones de interpelación contra los ministros de Defensa e Interior "siguen en pie", por lo que la salida de Arriola no supone el cierre de sus cuestionamientos al Gobierno.

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Ahora Nación exige una reforma de la Policía

La senadora Mirtha Vásquez cuestionó que un simple cambio de nombres en la PNP baste para resolver la inseguridad. Pidió una reforma integral del sistema de seguridad y justicia, con enfoque de derechos humanos y mayor coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La senadora Ruth Luque coincidió en que el país necesita una Policía fortalecida y profesional, alejada de intereses políticos. Remarcó que la crisis de seguridad exige mucho más que relevos en la conducción policial, y pidió fortalecer la investigación criminal como tarea prioritaria del actual gobierno.

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La diputada Marleny Arminta se atribuyó haber solicitado la salida de Arriola, y citó los asesinatos ocurridos en Trujillo como uno de los hechos que motivaron su pedido. Sostuvo que ningún cargo puede estar protegido por la ley cuando no hay resultados frente al avance del crimen organizado.

El diputado Jair Manrique fue más allá: calificó la salida como una "renuncia forzada por la presión ciudadana" y no como una rectificación del Gobierno, que según dijo respaldó a Arriola "hasta el último momento" pese al crecimiento de la criminalidad.

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El vocero César Holguín, por su parte, atribuyó el relevo a la presión de la opinión pública y a la falta de resultados, y rechazó de forma categórica que la designación de López responda a una negociación de votos con su bancada. Holguín exigió, además, que el pedido de facultades legislativas incluya la derogatoria del paquete de leyes procrimen.

El diputado Harvey Colchado, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, tampoco celebró la salida de Arriola: "No solamente Arriola, es un equipo que ha venido trabajando", señaló, y pidió fiscalizar también el desempeño de los demás generales de la institución. Sostuvo que la Policía "está llena de buenos policías" a los que no se les ha dado el respaldo necesario, y adelantó que fiscalizará a Fredy López con la misma exigencia con la que cuestionó a Arriola.

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Renovación Popular respalda el cambio, pero duda sobre su efecto político

El diputado José Baella respaldó el relevo, pero fue enfático en que la salida de Arriola no resolverá por sí sola la crisis de criminalidad. Calificó al excomandante como un "excelente detective" y defendió que Fredy López debe cumplir los dos años de mandato que establece la norma, sin que su llegada se interprete como un interinato.

El diputado Diego Paz centró su lectura en el efecto político del relevo. Consideró que la salida de Arriola le resta fuerza a la moción de interpelación contra Astudillo y previó que esa iniciativa pierda impulso en las próximas semanas, al haberle dado "mayor respiro" al ministro.

El diputado Aldo Bravo saludó lo que llamó un "acto de desprendimiento" de Arriola, y remarcó que su salida no debe leerse como una victoria política de ningún sector. Pidió al Gobierno plantear, de una vez, una estrategia integral contra el crimen organizado. El diputado Christian Aranda, en cambio, fue más crítico: sostuvo que el relevo resuelve la forma, no el fondo, y que el verdadero desafío sigue siendo recuperar la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado.

El diputado Christian Aranda, de Renovación Popular, señaló que el relevo "libera al Gobierno del estrangulamiento político" y desplaza el debate hacia el pedido de facultades legislativas, sin resolver el fondo del problema.

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Obras apoya la salida, pero pide investigar una posible negociación por votos para el pedido de facultades

El diputado Víctor Piñán respaldó el relevo y sostuvo que Arriola "ya había cumplido su rol". Para el legislador, las cifras de criminalidad, especialmente en el norte del país y en Lima Metropolitana, justificaban el cambio en la conducción policial. Rechazó que la decisión se explique solo por presión política y remarcó que el excomandante había mostrado incapacidad frente a la inseguridad.

Piñán respaldó, además, que el ministro Astudillo acuda al Congreso a responder un pliego interpelatorio, aunque descartó hablar todavía de censura, debido a que el Ejecutivo lleva poco más de un mes en funciones.

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El diputado Raúl Camargo celebró el relevo y pidió al Gobierno continuar con medidas similares. Planteó, sin embargo, una alerta que distingue a su bancada del resto: si la salida de Arriola respondió a una negociación de votos por el pedido de facultades, ese punto debe investigarse.

El diputado Máximo Peralta Jorpa consideró que la salida de Arriola abre una nueva etapa y pidió evaluar resultados concretos frente a la criminalidad, en línea con lo planteado por sus colegas de bancada, Víctor Piñán y Raúl Camargo.

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Fuerza Popular defiende el relevo y descarta presiones políticas

El senador Víctor Flores calificó, durante una entrevista en Radio Bethel, de "plausible" la decisión de Arriola y negó que respondiera a un pedido de Galarreta o de la propia Keiko Fujimori. Según Flores, la salida se dio por la presión de lo que llamó "prensa amarilla", y no descartó un eventual retorno del excomandante a la institución.

Por su parte, el senador Jorge Portocarrero lamentó no haber recibido una explicación directa de Arriola sobre su salida. Consultado sobre si la designación de López respondió a una negociación por el pedido de facultades, evitó confirmarlo y prefirió atribuirla al mérito propio del nuevo comandante general.

Ante esta situación, el grupo de trabajo solicitó informes a otras 13 comisiones legislativas y citó al premier, Luis Galarreta, para aclarar el alcance de las medidas propuestas.

"Son un total de 13 comisiones a las que se ha requerido la información, pues teniendo en cuenta que son 66 pedidos en ocho materias que ha hecho el Poder Ejecutivo. Es bien extenso el pedido", explicó Avendaño sobre la revisión del documento.

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En esa línea, la parlamentaria señaló que el Congreso espera recibir y debatir las opiniones de cada sector entre esta semana y la próxima antes de tomar una decisión final sobre el proyecto.

“He pedido opinión consultiva a distintas comisiones para este pedido de facultades. (…) Recién la Comisión de Defensa emitió el día de hoy su opinión. (…) Estamos a la espera de que entre esta semana y la próxima puedan enviarnos los informes correspondientes y que además deberían ser debatidos debidamente en cada comisión”, indicó.

Asimismo, manifestó que hacer cambios en esa norma sin consultar a las comunidades nativas puede generar un conflicto social, tras recordar que dicha ley nació como respuesta al Baguazo.

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"En el pedido de facultades legislativas se pretenden hacer modificaciones a la Ley Forestal y sabemos que fue la primera ley que se aprobó con la consulta previa, con la participación de regiones indígenas. (…) Hemos solicitado su presencia", sostuvo la congresista.

Al referirse al combate contra la delincuencia, Avendaño señaló que no se necesitaba la aprobación del pedido de facultades para iniciar con la lucha contra la inseguridad ciudadana. "Varios colegas me han advertido y también especialistas señalando que para la criminalidad el Ejecutivo tiene las herramientas económicas y presupuestales para poder hacer la intervención".

Además, la diputada añadió que esperan la asistencia del presidente del Consejo de Ministros a la comisión para que indique con mayor detalle los cambios normativos que necesita el Gobierno.

"[Sobre Luis Galarreta] lo hemos citado, estamos a la espera de la confirmación el día de hoy (…) tiene que explicarnos cuáles son las leyes que ellos pretenden modificar y que facilitaría el control de la inseguridad, eso no está claro en el pedido de facultades".

Las condenas registradas corresponden a delitos de diversa gravedad. Hay casos de faltas administrativas, pero también sentencias por peculado, falsificación, apropiación ilícita, violencia familiar, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y homicidio. La lista incluye postulantes a cargos de alto perfil, no solo candidaturas menores en distritos pequeños.

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Uno de los casos que más llamó la atención es el de Aldo Mariños, candidato de Somos Perú a la gobernación de La Libertad. Su nombre apareció en las indagaciones por una masacre y un secuestro ocurridos en Trujillo. Las contradicciones de Mariños con un testigo clave, quien trasladó al presunto sicario del caso, lo pusieron en la mira de los investigadores.

En la provincia de Pataz, el candidato a alcalde Santos Quispe Alvarado también figura en la lista de sentenciados. Quispe Alvarado fue condenado a 10 años de cárcel por secuestrar a un policía durante una protesta minera en 2004. Cumplió cinco años de prisión antes de recibir beneficios carcelarios. A esa condena se suma otra sentencia por lesiones leves.

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Los casos más graves: delitos sexuales contra menores y otros crímenes

Entre los 215 postulantes con sentencias, hay varios casos vinculados a delitos sexuales contra menores de edad. Asunción Torrejón Torres, candidato a regidor en Levanto, fue sentenciado por actos contra el pudor, tras cometer tocamientos indebidos contra una niña de 12 años. En Chachapoyas, el postulante Wilerman Muñoz del Castillo afronta una condena por violación sexual de una adolescente de 15 años.

La lista suma otros nombres con historiales delictivos serios. Darwin Baique Quevedo, candidato en San Ignacio, fue sentenciado por violencia familiar, luego de golpear e intentar ahorcar a su expareja. En Huaso, Edinson Zegarra Burgos postula pese a tener una condena por homicidio culposo: atropelló a un motociclista y huyó del lugar. En Manantay, Hernani Escobar del Águila fue condenado por chantajear a un alcalde, a quien exigió dinero a cambio de no difundir videos íntimos.

Frente a las denuncias, los voceros de Somos Perú respondieron con un mismo argumento. Según indicaron, las leyes vigentes permiten la participación política de ciudadanos que ya cumplieron su condena y fueron legalmente rehabilitados. El partido no anunció, hasta el momento, ningún retiro de candidaturas ni una revisión interna de su lista.

“En los próximos días me relevaré del cargo como comandante general de la PNP por el general Fredy López Mendoza. A mis hermanos policías les digo que pueden decir muchas cosas, pero les pido nunca desfallecer”, dijo Arriola. Cerró su mensaje agradeciendo a Keiko Fujimori y a los expresidentes José María Balcázar, José Jerí y Dina Boluarte. “Me voy con la conciencia absolutamente limpia y la frente muy en alto”, sentenció.

Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros del gabinete fujimorista, agradeció a Arriola y respaldó su gestión frente a las críticas por la falta de resultados. Señaló que contaba con una trayectoria “meritocrática”.

Horas antes de su dimisión, Óscar Arriola enfrentaba el mayor rechazo en lo que va de su gestión, tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario minero Jenss Lara en Trujillo.

Pese a ello, el oficial aún no mostraba intención de renunciar al cargo, siendo esta la única puerta para su salida, debido a la ley que impide su remoción antes de los dos años. Desde el fujimorismo recibió un respaldo mayoritario, salvo por el ministro Juan Sheput quien aseguró estar dentro de los que “desde hace meses pide su salida”.

Opiniones muy distintas tuvieron los ministros Vinelli, Beingolea y Astudillo, que no desmarcaron de su gestión. La propia Keiko Fujimori tampoco le pidió públicamente la renuncia como gesto político, sino que le cedió la responsabilidad a su ministro del Interior.

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PL planteaban posibilidad de removerlo

JP presentó hasta dos proyectos ley que buscan modificar el Decreto Legislativo N.º 1267, disposición que indica que el jefe de la Policía debe cumplir dos años de servicio en el cargo antes de ser retirado.

Ambas iniciativas sostienen que el régimen vigente es demasiado rígido. Según sus autoras, se ha convertido en una “inamovilidad” que impide remover al jefe de la PNP aunque haya perdido idoneidad, sin que medie necesariamente un delito, falta muy grave o incapacidad física.

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Gestores de su crisis

Andy Zeballos, magíster en Lucha Anticorrupción y Estado de Derecho, situó el caso Arriola dentro del escenario de inseguridad “más crítico en las últimas décadas”. “Hay responsables institucionales, el primero es la PNP, liderada por Arriola, quien ya cumple más de un año como general de la PNP, y que en lugar de mostrar resultados positivos en la población, está demostrando lo contrario”. El especialista fue más allá al señalar indicios de vínculos entre policías y estructuras criminales.

“Se ve una supuesta complicidad de la policía con grupos sicarios, narcoterroristas en Madre de Dios, el caso de supuestos policías extorsionando a comerciantes, eso da cuenta de un alto grado de corrupción”, señaló.

Para Zeballos, sostener a Arriola en el cargo “es un error político, un error de imagen, un error a nivel de gestión de la policía por los resultados”.

En esa misma crítica, el politólogo Alejandro Mejía, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, apuntó a la falta de autocrítica del fujimorismo frente a una ley que ellos mismos impulsaron. “El problema principal reside en que Fujimori y Fuerza Popular no reconocen su responsabilidad política al haber promovido y respaldado iniciativas de este tipo durante el gobierno de Castillo, que ahora se presentan como candados legales que les impide reorganizar la cúpula de la PNP”, sostuvo.

Colchado también se refirió a la salida de Óscar Arriola, quien anunció el domingo su decisión de dejar el cargo y pasar al retiro. El legislador fue claro al respecto. "No lo celebro", manifestó. Explicó que no hay motivo de satisfacción mientras la institución siga enfrentando al crimen organizado con carencias que, según dijo, comprobó de forma directa.

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El congresista puso el foco en los problemas estructurales de la Policía. Mencionó policías sin tecnología suficiente, unidades de investigación sin recursos y un presupuesto casi nulo para labores de inteligencia. "Me duele ver a mi Policía así", indicó. Para Colchado, el problema no está en el personal policial, sino en la falta de herramientas y de un liderazgo a la altura.

La salida de Arriola no fue un hecho aislado. Se dio después de una semana marcada por hechos violentos, entre ellos el cuádruple asesinato y secuestro de un empresario minero en Trujillo, atribuido a la banda criminal Los Pulpos. A esto se sumó el registro de 169 homicidios solo en el mes de agosto, cifra que intensificó los cuestionamientos contra la gestión policial.

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El anuncio de la salida de Arriola se hizo el domingo por la noche desde Palacio de Gobierno. Estuvo acompañado por el primer ministro, Luis Galarreta, y el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo. Ambos confirmaron que Fredy López Mendoza, hasta entonces jefe del Estado Mayor General de la PNP, asumirá la conducción de la institución en los próximos días.

Colchado había mencionado a López Mendoza como una alternativa para el cargo días antes del anuncio oficial. En declaraciones a RPP, lo describió como una persona honesta, metódica y responsable. Recordó además que el nuevo comandante general fue jefe de la Policía contra la Corrupción y participó en varios megaoperativos calificados por el legislador como impecables.

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Para Colchado, el cambio de mando no puede quedar ahí. Sostuvo que reemplazar a un comandante general no basta si no viene acompañado de una reforma policial de fondo. Insistió en que la institución necesita recuperar capacidad operativa, dignidad para sus efectivos y la confianza de la ciudadanía.

El congresista cerró su mensaje con una precisión sobre sus críticas previas a la gestión de Arriola. Aseguró que no actuó por revanchismo, sino por convicción, y remarcó que su lealtad no es con ningún comandante en particular, sino con la institución policial y con los peruanos que esperan vivir con menos temor a la delincuencia.

La presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, confirmó la convocatoria y precisó que el objetivo es que Galarreta explique la urgencia real de cada uno de los puntos solicitados.

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Avendaño insistió en que la delegación de facultades es un mecanismo excepcional, mediante el cual el Congreso cede temporalmente su función legislativa al Ejecutivo, pero únicamente sobre materias puntuales.

La funcionaria adelantó, además, que la comisión sostiene conversaciones con especialistas en temas ambientales, energéticos y laborales, así como con sindicatos y organizaciones indígenas, cuyas opiniones serán tomadas en cuenta antes de emitir el dictamen.

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Debido a la extensión del pedido, la revisión no recae únicamente en la Comisión de Constitución: esta remitió los puntos correspondientes a otras trece comisiones ordinarias del Congreso, entre ellas la de Defensa Nacional y Orden Interno, para que emitan opinión sobre las materias de su especialidad antes del debate final.

La Comisión de Defensa Nacional ya entregó su informe, en el que concluye que la delegación es viable en los extremos vinculados a su competencia —migración y nacionalidad, rastreo y bloqueo de equipos de comunicación en penales, armas y explosivos, participación excepcional de las Fuerzas Armadas en establecimientos penitenciarios, lucha contra la criminalidad organizada, modificación del Decreto Legislativo 1095, clasificación de organizaciones criminales como terroristas, gestión de riesgo de desastres y entrega de ayuda humanitaria por INDECI—, siempre que se respete el plazo de 120 días calendario planteado, se circunscriba a las materias específicas autorizadas y no se invadan competencias constitucionalmente indelegables.

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El plazo que ordena todo el proceso

Toda esta actividad —la citación a Galarreta, las opiniones de las comisiones, las conversaciones con especialistas— ocurre bajo la presión de un plazo concreto. El pedido ingresó formalmente a la Comisión de Constitución el 31 de agosto, lo que fija el vencimiento de los 15 días hábiles reglamentarios para dictaminar en el 18 de setiembre.

Es ese plazo el que explica por qué el trámite se ha acelerado esta semana: quedan poco más de diez días útiles para que la comisión resuelva si el pedido pasa —tal como fue planteado, con modificaciones o de forma parcial— al Pleno de la Cámara de Diputados.

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El plazo reducido responde a que el Gobierno invocó el artículo 105 de la Constitución para acogerse al procedimiento de urgencia, lo que recorta los tiempos frente a los que tendría un proyecto de ley ordinario.

Bajo este mecanismo, el pedido cuenta con preferencia en el debate: el reglamento establece que no puede discutirse ningún otro asunto en el Pleno mientras no se haya tratado primero la proposición calificada de urgencia, y se requiere el voto favorable de la mitad más uno de los congresistas presentes para su aprobación.

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La ruta que debe seguir el pedido es más larga de lo que algunos asumen. Superada la etapa de comisión, el texto no le otorga automáticamente facultades al Ejecutivo: debe pasar primero por el Pleno de la Cámara de Diputados, donde se debate y vota.

Solo si es aprobado allí, el expediente se traslada al Senado, donde primero lo revisa una comisión —con un plazo de hasta 7 días hábiles para dictaminar— y luego se somete a votación en el Pleno de esa cámara.

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Comisión de Constitución: agenda de la sesión ordinaria no contempla el pedido

Pese a que el plazo ya corre, la agenda de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Constitución, programada para este lunes 7 de setiembre en la Sala Miguel Grau Seminario, no incluyó una discusión formal sobre el pedido de facultades.

El documento de convocatoria contempla la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria, la sumilla de documentos recibidos entre el 28 de agosto y el 4 de setiembre, y solo dos puntos en el orden del día: el Plan de Trabajo de la comisión para el periodo 2026-2027 y el Reglamento de las Ligas Parlamentarias de Amistad.

Esto no descarta que el tema sea abordado de manera informal durante la sesión, pero sí evidenciaba que, hasta el momento, la comisión aún no había fijado una fecha específica para el debate central.

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Cómo llegó el pedido a la comisión

La propia presidenta Avendaño había reconocido, el 31 de agosto, horas antes de que el pedido ingresara formalmente, que el documento todavía no había llegado a la comisión. Mientras tanto, el grupo de trabajo optó por declararse en sesión permanente, una salida procedimental impulsada por el diputado Frank Krklec Torres, de Renovación Popular, quien defendió la necesidad de contar con un dictamen a la brevedad dado el contexto del país.

Krklec ha remarcado que las facultades delegadas permiten al Ejecutivo legislar con rapidez sobre materias específicas sin pasar por el procedimiento legislativo ordinario, pero que esa misma característica exige una revisión minuciosa: a su juicio, la comisión debe establecer con claridad qué se delega y cuáles son sus límites, sin que el Parlamento renuncie a su labor de fiscalización.

La propuesta de sesión permanente fue respaldada por la diputada Cecilia Chacón de Vettori, de Fuerza Popular, quien señaló que esta modalidad permitirá convocar tanto a los miembros de la comisión como a los ministros en el momento que se considere necesario. Durante ese debate, los integrantes coincidieron en la necesidad de un análisis técnico y parlamentario que determine qué materias corresponde evaluar a la comisión.

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Cuestionamientos desde distintas bancadas

El vicepresidente de la comisión, Fernando García, de Buen Gobierno, cuestionó la amplitud del pedido del Ejecutivo. Señaló que ninguna de las decisiones vinculadas a la lucha contra la inseguridad requiere de una delegación legislativa, ya que el Gobierno puede recurrir a decretos de urgencia, y cuestionó que no exista un planteamiento específico frente al fenómeno de El Niño pese a que sí se incluyen cambios de mayor alcance, como la modificación del sistema de tasas de interés o una reforma amplia del sistema de justicia penal.

En la misma línea, la diputada de Buen Gobierno Rossana Alayza cuestionó la forma en que fue presentado el pedido. En sus redes sociales sostuvo que "no es obstruccionismo exigir que un pedido de facultades cumpla con los requisitos", y señaló que el documento llegó sin elementos esenciales, como el informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

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Desde Renovación Popular, la diputada Roxana Rocha puso el foco en un punto específico del pedido: la eliminación de la denominada "ley antiusura". El vocero de Ahora Nación, César Holguín, pidió mayor precisión al Ejecutivo en los puntos vinculados a la inseguridad ciudadana y al fenómeno de El Niño, y cuestionó que el pedido no contemple una salida legal para remover a los altos mandos de la Policía Nacional, en medio de los cuestionamientos que enfrenta el comandante general Óscar Arriola.

No todas las posiciones apuntan a extender el debate. Congresistas cercanos a la bancada oficialista, como Karina Beteta, de Fuerza Popular, defendieron el plazo actual y cuestionaron los pedidos de ampliarlo, como el planteado por la senadora Mirta Vázquez. Para Beteta, extender los plazos "simplemente es dilatar" el trámite.

“Era el correlato de un análisis y esto causó incomodidad. Yo no estoy en contra de la declaración de muchos diputados y senadores que salieron rápidamente a decir que eran palabras desafortunadas o desliz o lo que sea. Yo no me sentí mal porque es lo más natural en un demócrata criticar. Naturalmente, yo dije 'un momentito, yo no quise decir eso y menos lo dije'; pero si lo van a llevar a esa interpretación, yo expreso mis disculpas", señaló en entrevista en RPP.

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El titular de la Defensoría del Pueblo señaló que existen otros temas que deben estar siendo debatidos en este momento y que debe pasarse la página con respecto a estas declaraciones.

“Esto nos lleva a discusiones insulsas, debemos estar hablando de temas elementales, como por ejemplo, cómo hacemos una mesa conjunta para enfrentar estos problemas que ya resultan siendo endémicos para nuestro país, porque el tema de la inseguridad ciudadana, si hacemos un recuento histórico, no es que haya nacido hace un mes atrás o un año atrás, lo venimos arrastrando décadas”, indicó.

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Rechazo por sus declaraciones

Luego de que Gutiérrez indicó que la popularidad de Keiko Fujimori subiría 20 o 30 puntos de manera automática si cerrara el Congreso, espacios del Parlamento y de la propia Defensoría del Pueblo rechazaron sus declaraciones y las catalogaron como antidemocráticas.

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En la Cámara Alta, los voceros y senadores Flavio Figallo Rivadeneyra, del Partido del Buen Gobierno; Alfonso López Chau Nava, de Ahora Nación; José Castillo Terrones, de Juntos por el Perú; y Daniel Barragán Coloma firmaron un comunicado compartido en el cual se pronunciaban en contra de lo expresado por el defensor del Pueblo. En el texto, se puede ver cómo los firmantes señalan que cuestionar la existencia del Parlamento es una actitud antidemocrática.

El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (SITRADP) solicitó al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, que se retracte públicamente de sus declaraciones: “Medir esa decisión por lo que rinde en encuestas y no por si es lícita es el mismo razonamiento que en 1992 le costó al país su democracia”, indicaron.

La iniciativa legislativa busca modificar el artículo 8 de la mencionada ley para establecer que el jefe de la PNP pueda ser cesado en caso de incumplir sus funciones o mostrar graves deficiencias en su eficacia como máxima autoridad policial.

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Este es el tercer proyecto de ley presentado con el objetivo de modificar la norma para que Arriola pueda ser retirado de su cargo como jefe de la Policía. Anteriormente, las diputadas Catherin Palomino y Analí Márquez —ambas de Juntos por el Perú— presentaron iniciativas que plantean modificaciones similares a la misma ley, con el propósito de que cualquier jefe policial pueda ser cesado si no demuestra la efectividad necesaria en el cargo.

En el Congreso de la República, grupos como Ahora Nación y Renovación Popular han pedido expresamente que el general Arriola dé un paso al costado. Esta demanda se ha intensificado desde el ataque ocurrido en Trujillo, que dejó cuatro personas asesinadas.

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Harvey Colchado critica a Arriola: "Ha fracasado, tiene que ser relevado ya"

El diputado Colchado ya había hecho públicas sus críticas a la gestión policial de Óscar Arriola. El exjefe de la Diviac sostuvo que Arriola no ha podido mostrar indicios de un plan aceptable para combatir la delincuencia a nivel nacional.

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“¿En qué momento se ha reducido la extorsión? En ningún momento. No existe, lamentablemente para los ciudadanos, una estrategia adecuada. El señor general tiene que renunciar ya. Al ministro del Interior, decirle que no se deje engañar. Tiene que viajar y visitar la División de Investigación de Extorsiones, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho, donde hay el mayor número de asesinatos; la Depincri Comas, que tiene el mayor número de denuncias de extorsión”, indicó.

Colchado también señaló que la PNP carece de implementación logística y atribuyó esta situación a la gestión de Arriola: “Yo le preguntaría al personal de suboficiales y de tenientes si tienen un sol para pagar informantes, si tienen vehículos que puedan hacer seguimiento, si cuentan con filmadoras para filmar a los delincuentes. No tienen. ¿De quién es la culpa de eso? Del comandante general. Él tiene que dar las órdenes para realizar la compra de esos equipos. Ha fracasado, tiene que ser relevado ya”, apuntó.

“Siempre pensando en la institucionalidad, en el amor a la Policía Nacional de todos los peruanos y, como ciudadano, en la gobernabilidad del país (…). En los próximos días me relevaré del cargo como comandante general de la PNP por el general Fredy López Mendoza. A mis hermanos policías les digo que pueden decir muchas cosas, pero les pido nunca desfallecer. (…) Me voy con la conciencia absolutamente limpia y la frente muy en alto”, indicó.

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Arriola agradeció a la actual presidenta, Keiko Fujimori, así como a los exmandatarios Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar. El todavía comandante general de la PNP deja el cargo luego de que se registraran más de 160 homicidios en el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) durante agosto.

Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros del gabinete fujimorista, agradeció a Arriola y respaldó su gestión frente a las críticas por la falta de resultados, al señalar que contaba con una trayectoria “meritocrática”. Además de Galarreta, otro ministro presente en el acto de despedida fue César Astudillo, titular del Ministerio del Interior. Cabe recordar que fuentes indicaron a este diario la salida de Arriola venía siendo acordada por el Ejecutivo al menos desde mediados de agosto.

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Fredy López Mendoza, el sucesor de Arriola

Tanto Arriola como Galarreta señalaron que el puesto de comandante general de la PNP será asumido por Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la institución. López Mendoza también estuvo presente en la conferencia.

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La designación de López Mendoza como jefe de la PNP ya venía siendo comentada. El diputado Harvey Colchado, representante de Ahora Nación, consideró que podría ser una buena opción para reemplazar a Arriola en el cargo.

“He conversado con varios suboficiales superiores que han trabajado con él en diferentes unidades, me dicen que es una persona honesta, metódica, responsable y yo, cuando estudié en la Diviac, he tenido con él algunas coordinaciones. Él fue jefe de la policía contra la corrupción como general, hizo varios megaoperativos también impecables. Y también estuvo como jefe de la policía aérea. En los operativos que hicimos, nunca me puso reparos. (…) En lo que he preguntado a varios, parece ser un policía honesto que representaría bien. Habría que darle la oportunidad, pero ya depende del Ejecutivo”, señaló a RPP.

Arriola ha sido ampliamente criticado

El jefe de la PNP venía siendo altamente cuestionado debido al elevado número de homicidios registrados desde el inicio del nuevo gobierno. De acuerdo con datos recopilados por Juan Carbajal, analista de datos, a partir de las cifras registradas por el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), solo entre el 28 de julio y finales de agosto se registraron 151 homicidios a nivel nacional. Según Carbajal y otros analistas, estas cifras serían incluso mayores.

El ataque registrado en Trujillo —presuntamente perpetrado por la banda criminal ‘Los Pulpos’— también generó un aluvión de críticas contra el manejo de la institución policial. A raíz de este hecho, bancadas de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, como Ahora Nación y Renovación Popular, pidieron que Arriola diera un paso al costado.

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Al ser consultados sobre la salida de Arriola, figuras del Gobierno, como César Astudillo, señalaron que esto era imposible debido al Decreto Legislativo N.° 1267, conocido como Ley de la Policía Nacional del Perú. La norma establece que el comandante general de la PNP debe permanecer dos años en el cargo. Luego de que Astudillo anunciara esta situación ante el Congreso, aseguró que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley para modificar la norma. Sin embargo, dicha iniciativa no ha sido presentada y la modificación tampoco fue incluida en el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

Quienes sí plantearon modificar la norma para permitir la salida de Arriola fueron los diputados. Tres proyectos de ley —presentados por Catherin Palomino y Analí Márquez, de Juntos por el Perú, y Harvey Colchado, de Ahora Nación— proponían modificar el artículo de la ley que impedía la salida de Arriola debido al plazo establecido para su permanencia en el cargo.

"Acá no hay ningún tipo de favorecimiento, sino buscar lo mejor para el país. En mi caso, yo he sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Además, he sido agregado naval en Argentina por dos años. Yo, humildemente, puedo decir que no soy un improvisado para estos temas", señaló.

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Tubino aseguró que no tuvo alguna injerencia en el destino donde fue designado.

"No he tenido ninguna participación en esta decisión que ha tomado el Gobierno, agradezco a Keiko Fujimori darme esa confianza, pero no he tenido ningún tipo de injerencia en la decisión. (…) Es un país con el cual me compenetre muchísimo. Conozco muy bien el tema. (…) Soy una persona profesional, que sabe cumplir disposiciones y vela por los santos intereses del Perú. Asumo con muchísima humildad esta posibilidad de mejorar las relaciones con un país muy hermano del Perú, que es Argentina", indicó.

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Nuevas designaciones diplomáticas

El Gobierno también hizo otros nombramientos diplomáticos. Aurelio Pastor Valdivieso, exministro de Justicia y antiguo dirigente del Partido Aprista Peruano, fue nombrado como nuevo representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya sede se encuentra en Washington D. C.

Asimismo, Carlos Pareja Ríos, embajador en retiro y quien ocupó el cargo de canciller durante el gobierno de José María Balcázar, fue designado como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York.

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Por otro lado, también, se oficializó el nombramiento como representante permanente del Perú ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Confederación Suiza a José Francisco Recoba, quien anteriormente fue parte del equipo técnico de Fuerza Popular.

"Ha sido número dos de su promoción. Cuando he conversado con suboficiales superiores que han trabajado con él en diferentes unidades me dicen que es una persona metódica, honesta y responsable. Cuando estuve en la Diviac, he tenido coordinaciones con él. Él (López Mendoza) fue jefe de la Policía contra la corrupción, hizo varios operativos impecables", indicó en RPP.

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Colchado aseguró que darle una oportunidad a López Mendoza sería positivo. El exjefe de la Diviac se ha mostrado en varias ocasiones bastante crítico con el todavía comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

"Según lo que he preguntado a varios es un representante honesto, alguien que si representaría a la Policía Nacional del Perú muy bien. Pero esto ya es cuestión del Ejecutivo. Es una opinión personal", indicó

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Fredy López Mendoza niega injerencia política en trabajo policial

El jefe mayor de la PNP y próximo comandante general de la institución, Fredy López Mendoza, declaró en el programa 'Punto Final' tras revelarse que sería el relevo de Óscar Arriola. En sus primeras declaraciones, López Mendoza señaló que no existe injerencia política dentro de la institución policial.

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"La PNP es una institución que pertenece al Poder Ejecutivo, pero realiza un poder muy especial. El trabajo que realiza es aislado de la parte política. Nosotros tenemos una dependencia estructural del Poder Ejecutivo, eso siempre va a existir. Pero cuando tenga que desarrollarse el trabajo netamente institucional, no podría haber injerencia política"

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos en la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), la Dirección Nacional de Investigación Criminal, la Dirección de Aviación Policial y la Secretaría Ejecutiva de la PNP. También fue agregado policial adjunto en la Embajada del Perú en España y jefe policial en Madre de Dios.

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En cuanto a su formación académica, es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su investigación de posgrado estuvo relacionada con el uso de agentes encubiertos para combatir el crimen organizado.

En sus primeras declaraciones tras ser anunciado como relevo de Arriola, López Mendoza señaló que la PNP no estaría sujeta a intereses políticos: "La PNP es una institución que pertenece al Poder Ejecutivo, pero realiza un poder muy especial. El trabajo que realiza es aislado de la parte política. Nosotros tenemos una dependencia estructural del Poder Ejecutivo, eso siempre va a existir. Pero cuando tenga que desarrollarse el trabajo netamente institucional, no podría haber injerencia política", señaló en Latina.

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Harvey Colchado consideró que era una buena opción

Harvey Colchado, coronel en retiro de la PNP y actual diputado de Ahora Nación, señaló que López Mendoza sería una buena opción para reemplazar a Arriola como jefe de la institución policial.

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"Ha sido número dos de su promoción. Cuando he conversado con suboficiales superiores que han trabajado con él en diferentes unidades, me dicen que es una persona metódica, honesta y responsable. Cuando estuve en la Diviac, he tenido coordinaciones con él. Él (López Mendoza) fue jefe de la Policía contra la corrupción e hizo varios operativos impecables. Según lo que he preguntado a varios, es un representante honesto, alguien que sí representaría muy bien a la Policía Nacional del Perú. Pero esto ya es cuestión del Ejecutivo. Es una opinión personal", dijo en RPP.

“Queremos informar que se designará al general de la Policía Nacional Fredy López Mendoza para que reemplace en el cargo correspondiente al general Arriola. Esta designación también atiende una transferencia, repito, institucional”, señaló Galarreta.

En el anuncio participo el excomandante Óscar Arriola, junto al primer ministro y el titular del Interior, César Astudillo. La decisión fue tomada luego de una sesión de Consejo de Ministros con la presidenta Keiko Fujimori.

“Siempre pensando en la institucionalidad, en el amor de la Policía Nacional de todos los peruanos y, como ciudadano, en la gobernabilidad del país (…). En los próximos días me relevaré del cargo como comandante general de la PNP con el general Fredy López Mendoza. A mis hermanos policías, les digo que pueden decir muchas cosas, pero les pido nunca desfallecer. (…) Me voy con la consciencia absolutamente limpia y la frente muy en alto”, agregó el exjefe de la PNP.

Cabe precisar que el relevo se hará efectivo en los “próximos días”, según palabras del propio Arriola, cuando haga oficial su carta de pase al retiro. Esta es la única opción para su salida del cargo, debido a que la ley actual no permite que sea removido en los primeros dos años.

¿Quién es Fredy López Mendoza?

Fredy López Mendoza venía ocupando el cargo de Jefe de Estado Mayor de la Policía y era parte del directorio del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú desde el 27 de diciembre de 2015. En 2021 también se desempeñó como asesor de la Comisión Consultiva de la Comandancia General de la PNP.

“Con la cantidad de años que tenemos —yo tengo 36 y voy a cumplir 37 años de servicio— un oficial de larga carrera tiene sus pasos por las diferentes direcciones y diferentes unidades tanto administrativas como operativas. No es tanto que yo venga solo de la parte administrativa”, señaló al ser consultado por si su perfil era más administrativo que técnico.

Sin embargo, el diputado Harvey Colchado señaló tener buenas referencias del nuevo comandante general de la PNP. “Suboficiales superiores que han trabajado con él en diferentes unidades, me dicen que es una persona honesta, metódica, responsable y yo, cuando estudié en la Diviac, he tenido con él algunas coordinaciones. Él fue jefe de la policía contra la corrupción como general, hizo varios megaoperativos también impecables”, sostuvo.

“La policía va a dar tranquilidad en algún momento”

En su primera entrevista, el nuevo comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza —quien asumirá tras el pase al retiro de Óscar Arriola— señaló que espera que en algún momento la Policía les dé a la población tranquilidad que esperan.

“¿Usted cree que la ciudadanía se siente más tranquila hoy?”, preguntó la periodista Mónica Delata al nuevo jefe de la Policía. La respuesta de López Mendoza no auguró resultados inmediatos, pese a la crisis por inseguridad que azota al país.

“Yo lo que creo en realidad, es que la Policía Nacional le va a dar una tranquilidad en algún momento. En algún momento el Estado peruano con sus autoridades: Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, que somos los que estamos combatiendo todos los días esa criminalidad, le va a dar la tranquilidad que todos deseamos”, señaló.

“¿Usted cree que la ciudadanía se siente más tranquila hoy?”, preguntó la periodista Mónica Delata al nuevo jefe de la Policía. La respuesta de López Mendoza no auguró resultados inmediatos, pese a la crisis por inseguridad que azota al país.

“Yo lo que creo en realidad, es que la Policía Nacional le va a dar una tranquilidad en algún momento. En algún momento el Estado peruano con sus autoridades: Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, que somos los que estamos combatiendo todos los días esa criminalidad, le va a dar la tranquilidad que todos deseamos”, señaló.

¿Quién es Fredy López Mendoza?

Fredy López Mendoza venía ocupando el cargo de Jefe de Estado Mayor de la Policía y era parte del directorio del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú desde el 27 de diciembre de 2015. En 2021 también se desempeñó como asesor de la Comisión Consultiva de la Comandancia General de la PNP.

“Suboficiales superiores que han trabajado con él en diferentes unidades, me dicen que es una persona honesta, metódica, responsable y yo, cuando estudié en la Diviac, he tenido con él algunas coordinaciones. Él fue jefe de la policía contra la corrupción como general, hizo varios megaoperativos también impecables”, señaló sobre López Mendoza el diputado Harvey Colchado.

Osorio remitió un oficio al Ministerio del Interior (Mininter) solicitando, además, información sobre las acciones preventivas de inteligencia antes del secuestro de un empresario minero y la masacre de cuatro personas en Trujillo.

¡Que viva el Perú! exclamó el jefe de la Dirección de Investigación Criminal y esbozó una leve sonrisa cuando salió de la sede central del Gobierno Regional de La Libertad y un grupo de periodistas le preguntó sobre el aspecto físico de los cinco detenidos tras la liberación de Jenss Lara y sobre la captura de 'Jhonsson Pulpo' en Bolivia.

"Jamás estuve ebrio y menos drogado. Llevaba casi tres días sin dormir en una jornada que ameritaba intensificar una investigación prolija y honesta para atrapar a los criminales", indicó Revoredo.

El alto oficial dijo que la evaluación psicológica para el ingreso y el seguimiento en la Policía Nacional es un proceso obligatorio y de carácter eliminatorio diseñado para medir la aptitud mental, emocional y conductual de los efectivos.

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Explicó que las pruebas psicotécnicas y psicométricas se realizan en cuestionarios escritos o digitales y que evalúan la personalidad, la tolerancia al estrés, la toma de decisiones, las habilidades sociales y el razonamiento (lógico, numérico y abstracto).

Señaló que la entrevista psicológica es una conversación profunda con un profesional en psicología para validar rasgos de personalidad, vocación, motivación, valores cívicos y manejo de emociones.

Revoredo envió un mensaje: "Al que se atrevió a capturar a ´Los pulpos’ hay que investigar, hay examinar, no importa, si tengo que pagar por esa soberbia, acá estoy, no le tengo miedo a nadie, yo he representado al Perú he sido número uno".

Dijo que hasta no ser sometido a una evaluación psicosomática, no hará más apariciones ante la prensa.