La cita giró en torno a la solicitud de delegación de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará ante el Congreso. La mandataria explicó que la norma busca tres objetivos: medidas urgentes contra la criminalidad, atención a los efectos del fenómeno El Niño y el fortalecimiento de las instituciones del Estado.

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"Lo más importante es que todos podamos escucharnos. Y aquí quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión. Para eso es fundamental articular entre todas las instituciones", afirmó Keiko Fujimori durante la reunión.

La presidenta añadió un mensaje directo al sistema de justicia. "Yo quiero que sepa el sistema de administración de justicia que el gobierno será un aliado para poder ayudarlos, para empoderarlos, para darles los recursos que ellos necesiten", dijo. Precisó que lo central es velar por la seguridad de los ciudadanos, y anunció mesas de diálogo y técnicas para "resolver, agilizar y para que la justicia se vea, se sienta y sea más rápida".

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En sus declaraciones, la mandataria no mencionó ninguna revisión de las leyes procrimen. Tampoco se refirió a una posible modificación del Código Procesal Penal ni a cambios en las leyes que regulan la actuación policial y fiscal frente al crimen organizado, puntos que distintos sectores han pedido revisar.

La jefa de Estado anunció, además, que en los próximos días sostendrá una reunión con la presidenta del Poder Judicial. Precisó que ese encuentro respetará la autonomía e independencia de los poderes del Estado, un punto que remarcó de forma explícita ante los presentes.

Tomás Gálvez tomó la palabra y expuso un diagnóstico sobre la situación actual del Ministerio Público. El fiscal de la nación insistió en la necesidad de fortalecer la institución y de trabajar de forma conjunta con la Policía Nacional frente a la inseguridad. Al cierre, Gálvez agradeció la convocatoria y mostró disposición para impulsar un trabajo coordinado con el Ejecutivo.

Los nueve registros corresponden a seis personas. César Muriche Astorayme quien ingresó al Despacho en dos ocasiones: de 12:10 p.m. a 1:07 p.m. y luego de 2:35 a 5:42 de la tarde. Marissa Palomino Bonilla también figura dos veces, de 8:14 de la mañana hasta las 1:41 de la tarde; volvió a ingresar desde las 2:35 hasta las 5:41 de la tarde. Por su parte Edwin Lévano Gamarra ingresó a las 9:12 de la mañana hasta las 12:48 del día. Reingresó desde la 1:36 hasta las 5:41 de la tarde. Tras estos “encuentros” con Fujimori, Muriche, Palomino y Lévano fueron contratados en puestos dentro del Despacho Presidencial.

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Completan la lista Edgardo Mosqueira Medina (10:21 a 11:43 de la mañana), Jennifer Contreras Álvarez (10:11 de la mañana hasta las 12:25 de la tarde)y Shirley Montenegro Flores (9:21 de la mañana hasta las 6:02 de la tarde). Todos, según el sistema, se reunieron con la presidenta.

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La agenda oficial de Presidencia muestra algo distinto. Ese viernes, Keiko Fujimori salió del Grupo Aéreo N.º 8 del Callao a las 8:35 de la mañana rumbo a Junín. Llegó al aeropuerto Francisco Carlé de Jauja a las 9:05 y, media hora después, arribó en helicóptero al distrito de Chongos Bajo. Ahí se quedó hasta las 3:00 de la tarde: recorrió el albergue de Chupuro, visitó el almacén del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y llegó hasta Pumpunya, una de las zonas más golpeadas por el sismo del 18 de julio.

Fujimori inició el regreso a Lima a las 4:03 de la tarde desde Jauja y aterrizó en el Callao a las 4:43. Es decir, durante todo el tiempo en que el sistema de Presidencia registra reuniones con ella, la mandataria estaba, según su propia agenda, a varias horas de viaje de Palacio de Gobierno.

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La agenda y las transmisiones en vivo contradicen los registros de visitas al Despacho Presidencial

La cuenta oficial de Facebook de Presidencia del Perú transmitió en vivo buena parte de la jornada en Junín. A las 9:57 de la mañana, un video mostraba a la mandataria llegando a Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, para supervisar el envío de ayuda humanitaria. A las 10:24, otra transmisión la ubicaba dentro del albergue temporal de Chupuro, conversando con una familia damnificada. Minutos después, a las 10:43, seguía en el mismo lugar, rodeada de vecinos que se acercaban a grabarla con sus celulares.

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Las transmisiones siguieron durante toda la mañana y la tarde. A las 11:55, Presidencia difundió un video de la mandataria en el local comunal de Chongos Bajo, en una reunión con autoridades regionales y distritales para coordinar la respuesta a la emergencia. A las 12:20, otro video la mostraba recorriendo el almacén del Indeci en la misma zona. 

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Y pasada la 1 de la tarde, un último registro en vivo la ubicaba en el albergue Cinco Esquinas, todavía en Chupuro. Ninguna de estas transmisiones muestra a la presidenta en Lima ni cerca de Palacio de Gobierno.

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El registro de visitas del Despacho Presidencial no distingue entre una reunión presencial con la mandataria y una gestión atendida por otro funcionario en su nombre. El sistema solo anota "Fujimori Higuchi Keiko Sofía" como la persona con la que se reunió cada visitante, sin precisar si fue ella quien los recibió o si alguien más lo hizo en su representación. Eso deja la duda sobre quién estuvo realmente detrás de esas ocho reuniones.

La República pidió los descargos correspondientes al área de prensa del Despacho Presidencial. Asimismo, se intentó establecer comunicación por canales de mensajería. Al cierre de esta nota, no tuvimos respuestas.

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Al menos tres personas fueron contratadas en el Despacho Presidencial tras su visita

César Muriche Astorayme ingresó dos veces a Palacio de Gobierno ese 31 de julio, según el registro de visitas. Cinco días después, el 5 de agosto de 2026, asumió como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.

El nombramiento llegó apenas una semana después de las reuniones registradas a su nombre con Keiko Fujimori y ha sido cuestionado por no cumplir con los requisitos de dicho puesto. Muriche formó parte del equipo de transferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros liderado por Marco Antonio Vinelli.

Marissa Palomino Bonilla también aparece dos veces en el registro del 31 de julio, y en uno de los ingresos permaneció más de cinco horas. El 1 de agosto, el Diario Oficial El Peruano publicó la resolución que la nombró Secretaria General del Despacho Presidencial.

Edwin Lévano Gamarra figura en el registro con dos ingresos ese mismo viernes. El 1 de agosto, fue nombrado secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial. Como en los casos anteriores, el nombramiento llegó justo después de su paso en Palacio de Gobierno.

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Exministros de Dina Boluarte y Alberto Fujimori también figuran en la lista

Jennifer Contreras Álvarez ya tiene trayectoria en el Estado. Fue ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en 2023 durante el gobierno de Dina Boluarte. Antes fue directora general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Midagri, y consultora del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Empresa Nacional de Puertos.

Edgardo Mosqueira Medina ingresó a Palacio de Gobierno entre las 10:21 y las 11:43 de la mañana, según el registro. Fue ministro de la Presidencia en la última etapa del segundo gobierno de Alberto Fujimori, entre 1995 y 2000. Su nombre estuvo entre los tres perfiles que Keiko Fujimori evaluó para primer ministro tras ganar la segunda vuelta, junto a Luis Galarreta y Luis Carranza.

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Shirley Montenegro Flores tuvo el ingreso más largo del día: casi nueve horas dentro de Palacio, de 9:21 de la mañana a 6:02 de la tarde. Su nombre no es nuevo en el entorno de Keiko Fujimori. En 2019, el extesorero de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, declaró ante fiscales que la llevó a la casa de Ana Herz de Vega, colaboradora cercana de la lideresa fujimorista, en busca de documentos incriminatorios.

Según el testimonio de otra colaboradora presente, en esa vivienda se quemaron talonarios de una rifa de 2010 que, según la hipótesis del Equipo Especial Lava Jato, estarían ligados al ingreso de dos millones de soles de Odebrecht a la campaña presidencial de 2011.

Montenegro admitió ante los fiscales haber estado en esa casa ese día, pero se reservó su derecho a explicar el motivo, amparada en el secreto profesional. Pese a esta investigación, en septiembre de 2024 fue nombrada jefa del Departamento de Comisiones del Congreso. También formó parte del equipo de transferencia de la PCM este año.

Tras el anuncio del presentador del evento —"Vamos a tener las palabras del señor ministro en la cartera de Cultura Alberto Beingolea, a quien vamos a brindarle un fuerte voto de aplausos"—, el funcionario se acercó al estrado en medio de abucheos.

"Soy portador también del saludo de la presidenta de la República, señora Keiko Fujimori, quien acaba de estar hace unos días en las tierras que han sufrido el terremoto", mientras pifiadas resonaban con mayor fuerzas tras mencionar a la mandataria durante su discurso.

A la ceremonia también acudieron el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje; el alcalde provincial, Elio Zevallos Meza; autoridades civiles y militares, oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de los invitados y ciudadanía en general.

Visita presidencial por nuevo sismo en Junín

El 7 de julio, Keiko Fujimori arribó al distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, localidad impactada por un nuevo movimiento telúrico registrado el último jueves.

Un día antes, un sismo de magnitud 5,0 sacudió la provincia y dejó 15 personas afectadas y más de 100 viviendas en estado inhabitable.

Además, se reportó otro sismo el viernes 7 de julio de magnitud 4,4 y el epicentro estuvo en la misma localidad de Chupaca, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus canales oficiales. Este último sería el tercer sismo que sufre la región.

Se recuerda que el 18 de julio se registró el primer movimiento telúrico en Junín, el cual tuvo una magnitud de 5,1, acompañada de una réplica de 3,7 durante la noche, según reportó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Los primeros informes detallaron 6 fallecidos, más de 21 heridos y cerca de 300 damnificados, además de múltiples construcciones colapsadas, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Pero durante la audiencia ante la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, todos hicieron uso de la palabra para justificar su actuación alegando que abrieron fuego con sus fusiles en legítima defensa, una versión sin sustento porque los peritajes concluyeron que los fallecidos no contaban con armamento.

Sin embargo, el tribunal compuesto por los magistrados Walter Chipana Guillén, Roberto Meza Reyes y Julio Lagones Espinoza concedió la apelación que interpusieron los efectivos del Ejército contra el mandato judicial que dispuso doce meses de prisión preventiva para garantizar las investigaciones.

Para los jueces Chipana, Meza y Lagones, los efectivos de la patrulla que dispararon entre 60 y 90 veces contra los ocho ocupantes de la camioneta, matando a cinco e hiriendo a tres, recurriendo a fusiles de guerra de largo alcance, no representan un peligro y dispusieron que salieran de inmediato en libertad.

La decisión fue adoptada no obstante que en la misma audiencia quedó claro que los acusados ni siquiera están dispuestos a esclarecer los hechos, porque no explicaron por qué razón decidieron usar sus fusiles de asalto contra personas desarmadas.

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Silencio y complicidad

Incluso el jefe de la patrulla, el capitán Luis Montenegro Pardo, llegó a decir que de él no partió la iniciativa de asesinar a los cinco civiles, de acuerdo con la resolución de la Sala de Apelaciones.

“El investigado Luis Montenegro Pardo menciona como capitán (de la patrulla), no dio la orden de disparar, todos han actuado de manera legítima”, afirmó conforme consta en la resolución judicial.

Como informó La República, el jefe inmediato superior del capitán Luis Montenegro, el mayor José Cayao Vásquez, negó haber dado luz verde a su subordinado para disparar a matar. 

El mayor Cayao también manifestó que el único responsable era el capitán Montenegro porque era el jefe de la patrulla, era el oficial superior y estaban en el lugar de los hechos. Pero Montenegro, increíblemente, sostiene que no ordenó disparar.

En la audiencia fue evidente que los uniformados no aceptaban la responsabilidad del quíntuple homicidio, y que no estaban dispuestos a esclarecer lo sucedido. Pero el tribunal les dio libertad.

El segundo oficial de la patrulla, el teniente Brayan Fernández Dett, arguyó que todos los acusados han sido adecuadamente entrenados y que en todo momento han contribuido a las indagaciones del caso. 

La versión del teniente Fernández contradice los reportes fiscales de que los acusados alteraron la escena del crimen, plantando casquillos de bala para aparentar que las víctimas también habían disparado. 

“Menciona que todos son personal profesional que tienen estudios castrenses y se colaboró en todo momento con la investigación”, consigna la resolución del tribunal sobre lo dicho por el teniente Fernández.

Todos respondieron con la misma consigna.

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Lo hicimos por la patria

“Los ocho militares son personas que están en constante entrenamiento, y como dice  la fiscalía, somos personas entrenadas para el combate, pero nuestros conocimientos no los utilizamos para escondernos o fugarnos. Además, tenemos familia y darán la vida por el Perú”, declaró el efectivo Douglas Villacorta Saboya.

“Los ocho procesados son personal entrenado para defender a la patria, sin embargo,  la fiscalía de derechos humanos considera que por nuestro alto entrenamiento podría haber peligro de fuga, lo cual es incorrecto porque tienen familia que mantener, además, se encuentran dentro de un penal donde pueden sufrir represalias”, señaló por su parte el efectivo Hedilberto Marcos Guerra.

El efectivo Andy Sánchez Ríos repitió el falso argumento de la legítima defensa: “Es lamentable lo que el Ministerio Público manifiesta acusándolos de abusar de su entrenamiento; encima, le quitan el derecho a su libertad injustamente, estando separados de su familia. Su actuación fue conforme a la legítima defensa”, expresó.

“Solicita que se haga justicia para ellos y se aplique correctamente (la ley), también son seres humanos que tienen sentimientos y familia, ninguno es delincuente”, apuntó por su lado el efectivo Américo Vásquez Rojas.

“Menciona que son profesionales y que actuaron respetando las reglas de conducta profesional, los derechos humanos, no son criminales, tienen familia”, señaló el efectivo Fernando Córdova Mariano.

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Disparar hasta matar

El efectivo Jorge Aguilar García no dio el nombre del superior que le ordenó disparar a civiles desprovistos de armas, pero expresó, según documento judicial: “Se siente indignado porque al Ejército ha dado toda su juventud desde los 18 años, tiene una esposa y estaba a punto de perder a su hijo, sin embargo, se encuentra en el penal y se presenta ante la justicia solicitando que se sepa la verdad”.

Los peritajes revelaron que los cinco civiles perdieron la vida a causa de disparos a corta distancia y que la mayoría presentaba impactos en la cabeza y en el tórax, lo que evidencia un patrón aplicado por los imputados.

El caso del colombiano Nilson Montenegro Valencia, quien conducía la camioneta 4x4, los peritajes determinaron que recibió 51 impactos de bala y que virtualmente le hicieron estallar el cráneo.

Wilder Romero Sevipaucar  recibió 12 disparos cuando el vehículo se precipitó hacia un barranco, para asegurarse de que no quedaran sobrevivientes.

Los testimonios recogidos por los fiscales coinciden en que los militares siguieron disparando para que nadie quedara vivo. 

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Decisión controvertida

Pero para los jueces del tribunal de apelaciones todo fue en defensa propia.

El copiloto, Cristian Vilcatoma Águila, recibió 16 balazos de fusiles de guerra.

Empero, para los jueces, los militares merecen seguir el juicio en sus cuarteles.

Otro de los pasajeros, Wilder Romero Sevipaucar, murió como resultado de 12 disparos.

Sin embargo, los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo desestimaron la prisión preventiva contra los militares porque la fiscalía no individualizó motivada y razonadamente quiénes de los ocho investigados realizaron acciones u omisiones que les permitieron alterar de un modo u otro la escena del crimen.

Pasaron por alto los magistrados que el capitán Luis Montenegro Pardo era quien impartía las órdenes en el lugar de los hechos, y que si los siete subordinados actuaron alterando la escena del crimen, fue porque este oficial fue quien dispuso dicha acción a sabiendas de que lo que había sucedido era de su expresa responsabilidad. 

Si la fiscalía no identifica a los autores de la manipulación del escenario de los asesinatos, es porque los militares nunca quisieron hablar durante los interrogatorios, protegiendo a los autores de este hecho, precisamente para afectar la investigación.

“La Aviación del Ejército mantiene un programa permanente de sostenimiento, mantenimiento, recuperación y preservación de su flota, orientado a garantizar la disponibilidad operacional necesaria para el cumplimiento de los roles estratégicos del instituto y para responder con oportunidad ante emergencias y desastres naturales”, informaron fuentes castrenses.

No existen aeronaves abandonadas y expuestas al deterioro, precisaron las fuentes: las aeronaves que no vuelan, se encuentran en proceso de recuperación o sostenimiento programado, a la espera de inspección, mantenimiento y repuestos, indicaron.

Como ha informado La República en diferentes reportajes de investigación, la guerra que la Federación Rusa ha emprendido contra Ucrania desde 2022 ha implicado problemas para todos los países que cuentan con helicópteros de fabricación rusa Mi, entre ellos el Perú. Las sanciones económicas de la Unión Europea y Estados Unidos han limitado las actividades comerciales de los rusos con bienes y servicios que producen, como las mencionadas aeronaves Mi y otras.

Sin embargo, pese a las limitaciones, la Aviación del Ejército ha logrado el despliegue de todo su potencial en escenarios estratégicos y de emergencia.

PARTE DE ACCIONES EMPRENDIDAS

Recientemente, la Aviación del Ejército cumplió con el mantenimiento de dos helicópteros Mi-8MTV, otros dos Mi-171Sh-P y un helicóptero italiano Agusta 109K.

Fueron parte del mismo proceso aeronaves de ala fija como un Beechcraft B350 y un Cessna Caravan C206, y se ha programado el mantenimiento de dos aviones de transporte Antonov AN-32B de fabricación ucraniana.

Esto explica por qué la Aviación del Ejército completó 1.097 horas de vuelo en apoyo a operaciones militares contra narcoterroristas y otras organizaciones criminales en las áreas del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y en el espacio que corresponde al Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (CUPUMA).

Gracias a estos vuelos se garantiza la ejecución de acciones tácticas y el sostenimiento logístico en zonas de acceso limitado.

En este caso se movilizó a 12.036 combatientes y se transportó 157 toneladas de armamento, municiones y explosivos, entre otros.

Además, se efectuaron otras 1.133 horas de vuelo de apoyo institucional, lo que comprende situaciones de emergencia por riesgo de desastre, lucha contra la minería ilegal y tráfico de combustibles o insumos químicos, entre otras misiones. Fueron trasladados 12.610 pasajeros y 392 toneladas de carga.

A estas acciones se debe sumar la intervención de fabricación rusa Mi-171Sh-P en la Operación Contraterrorista Quiñones que se cumplió en el Vraem. Pese al fuego graneado del enemigo narcoterrorista que impactó a una de las aeronaves, el personal cumplió con la operación de extracción de miembros de los Grupos de Operadores Especiales.

DESPLIEGUE EN TODO EL PAÍS

La aeronave afectada se encuentra en reparación, no ha sido abandonada, como señalan versiones sostenidas en información falsa.

“La capacidad operacional no depende únicamente de disponer de aeronaves, sino de sostenerlas durante todo su ciclo de vida”, explicaron las fuentes de la Aviación del Ejército.

“El personal de mantenimiento aeronáutico posee experiencia especializada para ejecutar trabajos de inspección, reparación y recuperación que permiten reincorporar aeronaves al servicio una vez cumplidos los requisitos técnicos y de seguridad”, añadieron.

“Por ejemplo, el helicóptero dañado durante la última operación está recibiendo trabajos de reparación y recuperación. Este tipo de intervención refleja la capacidad técnica de la Aviación del Ejército para preservar material sometido a condiciones operacionales exigentes y reducir el impacto de las restricciones logísticas externas”, informaron las fuentes.

“Por lo tanto, una aeronave sometida a mantenimiento no debe ser confundida con una aeronave abandonada. El mantenimiento es precisamente una de las condiciones indispensables para garantizar que el medio aéreo pueda recuperar o conservar su condición operacional con seguridad”, aseguraron las fuentes.

ANTE LA NUEVA EMERGENCIA

El mantenimiento mayor de los helicópteros responde a una programación técnicamente validada, y en esa línea se ha considerado la eventualidad de un fenómeno de El Niño de dimensiones catastróficas.

“El análisis debe partir de la totalidad de la capacidad operacional y no en función del registro parcial de imágenes de helicópteros que se encuentran en diferentes etapas de mantenimiento”, manifestaron las fuentes consultadas.

Las cifras mencionadas sobre las horas de vuelo en operaciones de combate y logísticas confirman una actividad sostenida mediante el uso de helicópteros de fabricación rusa.

Hace casi veinte años el Perú tomó una decisión trascendental para la educación: construir una carrera docente basada en la meritocracia. El ingreso por concurso público, las evaluaciones periódicas, los ascensos por desempeño y la formación continua marcaron un cambio profundo en la profesión docente y sentaron las bases de una de las reformas más importantes del Estado peruano.

Hoy esa política constituye uno de los principales consensos en educación. Sin embargo, toda reforma debe evaluarse no solo por aquello que logró, sino también por aquello que dejó pendiente. Y la reforma meritocrática del magisterio aún tiene una tarea inconclusa: la jubilación.

El vencimiento del plazo para reglamentar la Ley de Pensiones Dignas para el Magisterio, el pasado 15 de julio, evidenció que los avances alcanzados en la actualización del padrón de docentes cesantes y jubilados y en la coordinación técnica entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, la ONP y la SBS no estuvieron acompañados de la decisión política necesaria para culminar el proceso. Sin embargo, el vencimiento de ese plazo no extingue la obligación del Estado. Por el contrario, corresponde ahora al nuevo gobierno culminar la reglamentación e implementar una ley que continúa plenamente vigente.

En el debate público, el primer cuestionamiento a esta ley ha sido su costo fiscal. Pero esa mirada resulta insuficiente. Toda política pública importante exige recursos. La verdadera pregunta es qué debe hacer un Estado cuando enfrenta una política pública que supone un desafío fiscal: ¿declararla inviable o asumir la responsabilidad de construir una implementación sostenible?

Creo que esa es la verdadera discusión.

La política de meritocracia docente comenzó durante la primera gestión del ministro José Antonio Chang (2006–2011), en el segundo gobierno de Alan García. Durante el debate parlamentario la Ley de Carrera Pública Magisterial en 2007, recibió el respaldo de congresistas de distintas bancadas, entre ellos el hoy presidente del Consejo de Ministros, entonces congresista, Luis Galarreta, quien defendió una carrera docente sustentada en la meritocracia, con evaluación para el ingreso y la permanencia. Posteriormente, esta política fue consolidada con la Ley de Reforma Magisterial durante las gestiones de Patricia Salas y Jaime Saavedra (2011-2016), en el gobierno de Ollanta Humala, y sostenida por los gobiernos que les sucedieron. También ha resistido los intentos de contrarreforma impulsados durante el gobierno de Pedro Castillo y por un sector del Congreso en los últimos cinco años. Esa continuidad ha permitido que la carrera docente trascienda los cambios de gobierno y se consolide como una política de Estado. Hoy, más del 70% de los docentes de la escuela pública pertenece a la Carrera Pública Magisterial, una política que ha fortalecido el desarrollo profesional docente y constituye uno de los pilares para mejorar la calidad del sistema educativo.

Hoy cerca de 160 mil docentes cesantes y jubilados reciben, en muchos casos, pensiones que fluctúan entre S/ 400 y S/ 800 mensuales. Al mismo tiempo, más de la mitad de los docentes en actividad tiene entre 50 y 65 años, lo que anticipa una importante renovación generacional del magisterio y la necesidad de fortalecer la formación inicial de quienes ingresarán a la carrera docente. Pero esta transición también plantea un desafío ineludible para el Estado: responder con políticas públicas al creciente número de maestras y maestros que culminarán su vida laboral. Completar la reforma meritocrática supone asumir ambos desafíos de manera simultánea: preparar a las nuevas generaciones de docentes y garantizar que quienes dedicaron su vida a educar al país puedan culminar su trayectoria con una jubilación.

Un segundo cuestionamiento sostiene que reconocer una mejora en las pensiones del magisterio abriría un precedente para todos los trabajadores del Estado. Sin embargo, este argumento parte de una premisa equivocada: la Carrera Pública Magisterial es una carrera pública especial, basada en el mérito, y no puede equipararse a otros regímenes laborales del Estado. Precisamente por esa naturaleza, la respuesta previsional también debe ser coherente con la trayectoria profesional que el propio Estado exige a los docentes. Si durante 25 o 30 años se demanda ingreso por concurso, evaluaciones permanentes, ascensos por desempeño y formación continua, esa lógica no puede desaparecer cuando concluye la vida laboral. La jubilación no es un beneficio adicional: es la etapa final de la carrera docente.

Un tercer cuestionamiento sostiene que la ley pretende que los docentes se jubilen con la misma remuneración que percibían al finalizar su carrera. Esa afirmación tampoco corresponde al contenido de la norma. Por el contrario, la ley adopta un criterio de equilibrio entre mérito, justicia social y sostenibilidad fiscal al establecer como referencia únicamente la remuneración correspondiente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial. Se trata de un piso previsional, no de una equiparación de ingresos. Su propósito es garantizar que quienes dedicaron décadas al servicio de la educación concluyan su trayectoria con un nivel mínimo de protección, coherente con la carrera meritocrática que el propio Estado les exigió construir.

El propio Estado peruano ha demostrado que, cuando considera prioritaria una política pública, también encuentra mecanismos para financiarla. Este año se aprobó una reforma del régimen pensionario del personal militar y policial que permitirá que sus pensiones correspondan al 100% de la remuneración consolidada según el grado alcanzado en actividad. Se estima que esa decisión demandará una inversión cercana a S/ 14 mil millones, aproximadamente el triple de lo que requeriría garantizar una pensión equivalente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial para los docentes jubilados.

No se trata de cuestionar esa decisión. Quienes sirven al país desde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional merecen una protección previsional adecuada. En ese mismo sentido, el Estado debe asumir el compromiso de completar la reforma meritocrática del magisterio, garantizando una pensión mínima acorde con la carrera meritocrática.

Actualmente, el Estado destina alrededor de S/1.500 millones al pago de pensiones docentes. Además, cerca de 500 mil maestros en actividad aportan al sistema previsional y contribuyen al financiamiento del Estado mediante el impuesto a la renta de quinta categoría. Culminar esta política requerirá recursos adicionales, pero, sobre todo, la decisión política de asumirla como una prioridad de Estado.

Las alternativas existen y son técnicamente viables. Muchas de ellas han sido planteadas por las propias organizaciones de docentes cesantes y jubilados, quienes no solo han demandado el cumplimiento de la ley, sino que también han formulado propuestas para hacer viable su implementación. Entre ellas destacan la revisión de exoneraciones tributarias cuya eficacia ya no se justifica, el fortalecimiento de la recaudación y una mejor priorización del gasto público.

Al gobierno de la presidenta Keiko Fujimori le corresponde culminar la reglamentación e implementar una ley vigente, construyendo una ruta técnica y fiscalmente sostenible para hacerla realidad. Al Congreso de la República, especialmente a la Cámara de Diputados, le corresponde ejercer una fiscalización rigurosa y promover los acuerdos políticos necesarios para su implementación. Ambos poderes del Estado tienen hoy la responsabilidad de convertir una ley vigente en una política pública efectiva. Ese es el verdadero desafío de quienes gobiernan y de quienes legislan.

Hace casi veinte años el Perú apostó por una carrera docente basada en la meritocracia. Hoy el desafío no es iniciar una nueva reforma, sino culminar una política de Estado que quedó inconclusa. Solo así la carrera docente será coherente desde el ingreso hasta el retiro y el Perú habrá fortalecido una de las políticas públicas más importantes del sistema educativo.

En el extremo oriental de Ucayali hay una piedra que separa dos países. De un lado está la comunidad asháninka de Sawawo Hito 40, en el Perú. Del otro está Apiwtxa, en el estado brasileño de Acre. Para los mapas son dos jurisdicciones distintas. Para nosotros son la misma familia extendida, con los mismos abuelos, la misma lengua y los mismos muertos. La frontera nos dividió en el papel; nunca nos separó en la vida.

Empiezo por ahí porque casi toda discusión sobre esta frontera empieza mal cuando empieza por el mapa. Para nuestros pueblos el territorio no es una parcela ni una propiedad: es el espacio donde vive nuestra cosmovisión, donde se transmiten el idioma y el conocimiento de la medicina, donde están enterrados nuestros antepasados y donde rigen normas propias de convivencia. El territorio es un cuerpo y es una historia. Por eso, cuando se decide algo sobre él sin consultarnos, no sentimos un trámite incumplido: sentimos una rotura.

Y en esa rotura han crecido otras cosas. El puesto de control fronterizo del Hito 38 permaneció abandonado durante casi una década. En ese tiempo, el Comando Vermelho y las economías ilegales aprendieron el camino de los ríos y de las trochas mejor que cualquier funcionario. Nadie ocupa un vacío con discursos: lo ocupa quien llega. Si nosotros no lo ocupábamos con organización propia, iba a ocuparlo otro. Ya estaba ocurriendo.

Por eso, desde ORAU, junto con ACONADIYSH y AIDESEP, impulsamos la restauración del Hito 38 y la instalación de la Guardia Indígena Transfronteriza Perú–Brasil. Quiero decirlo sin adornos: no lo hicimos porque quisiéramos reemplazar al Estado. Lo hicimos porque el Estado no estaba, y porque los apus y monitores que enfrentan a la tala ilegal y al narcotráfico reciben amenazas de "plata o plomo", sufren atentados y, en varios casos, han sido asesinados, a varios días de navegación del puesto policial más cercano.

Ese acto de emergencia es parte de una propuesta política ordenada. Hoy la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa y Alto Tamaya reúne a 28 territorios indígenas de 13 pueblos de ambos países, con ORAU y ACONADIYSH del lado peruano y OPIRJ y APIWTXA del lado brasileño. No es un invento reciente ni la ocurrencia de una gestión: llevamos cinco años en esto, con asambleas comunitarias, congresos y encuentros binacionales. Lo que hicimos fue nombrar y ordenar un tejido territorial que ya existía antes de que existiera la línea de frontera.

Cada vez que presentamos esto nos preguntan lo mismo: si estamos reclamando un territorio fuera del control estatal. La respuesta es no, y conviene entenderla bien. Lo que estamos construyendo es una autonomía dentro del Estado: una autoridad territorial indígena que decida en asamblea qué se hace con el bosque, cómo se vigilan los ríos, cómo se resuelve la superposición de intereses entre pueblos distintos. Esas estructuras no sustituyen al Estado. Llenan el hueco que el Estado dejó y, al mismo tiempo, nos dan la fuerza organizada para exigirle que cumpla lo que firmó, empezando por el Convenio 169 de la OIT.

Lo digo con todas sus letras: la autonomía indígena es la garantía de la presencia del Estado, no su negación. Llevamos décadas pidiendo esa presencia con oficios y solo recibimos promesas. Hoy la pedimos con una plataforma binacional que puede recibir al Estado, coordinar con él y evaluarlo.

Hay una razón adicional para la urgencia. En esta misma franja está la Reserva Indígena Murunahua, de 470.305,89 hectáreas, creada para proteger a los pueblos Chitonahua y Mashco Piro en aislamiento y al pueblo Amahuaca en contacto inicial. Son los más vulnerables entre los vulnerables: un contacto no controlado, una epidemia o una invasión pueden significar su exterminio. Desde 2011 venimos sosteniendo ante el Estado la propuesta del Corredor Territorial Pano Arawak, en el marco de la Ley 28736, y seguimos esperando una implementación con fuerza real. Valoramos que en mayo de 2026 los ministerios de Salud del Perú y del Brasil se reunieran en Pucallpa con la OPS/OMS para avanzar en un plan de contingencia binacional; pero un plan sanitario para los PIACI que se diseña sin las organizaciones indígenas en la mesa nace incompleto.

El 28 de julio de 2026 asumió un nuevo gobierno en el Perú, y con él se abre una ventana que no deberíamos desperdiciar. La seguridad soberana en la Amazonía no se defiende con anuncios en Lima: se defiende con presencia efectiva en el Hito 38, en el Hito 40C y en cada punto donde hoy el crimen organizado transnacional entra y sale sin que nadie lo registre. Nosotros somos la primera información, la primera alerta, la única presencia y muchas veces la única muerte. Tratarnos como aliados estratégicos de la seguridad nacional, y no como una zona ingobernable que hay que administrar desde lejos, es exactamente la diferencia entre una frontera protegida y una frontera entregada.

Al Brasil le decimos lo mismo, porque el Comando Vermelho y otros grupos criminales cruzan la línea en ambos sentidos y ninguna estrategia unilateral va a funcionar. Hace falta coordinación binacional de inteligencia, patrullaje conjunto y persecución penal articulada, con las organizaciones indígenas fronterizas como socias reconocidas y no como observadoras invitadas.

Y hace falta entender que la ausencia de servicios no es un problema aparte del problema de seguridad: es su antesala. Donde no hay posta, ni escuela intercultural, ni energía, ni alternativa económica, la economía ilegal ofrece lo único que parece llegar rápido. Educación intercultural bilingüe con maestros formados en su propia cultura, salud itinerante que cruce la frontera sin condiciones, conectividad, transporte fluvial y economías indígenas sostenibles no son concesiones: son política de seguridad.

No pedimos privilegios. Pedimos que el Estado peruano y el Estado brasileño cumplan lo que les corresponde en un territorio donde, durante décadas, solo estuvimos nosotros. La Guardia Indígena Transfronteriza y la reapertura del Hito 38 ya demostraron que los pueblos indígenas sabemos organizarnos frente a la crisis. Falta que los gobiernos respondan con la misma determinación.  El Yurúa–Juruá–Alto Tamaya no es una frontera olvidada. Es un territorio vivo, binacional, defendido por sus propios pueblos. Lo único que esperamos es que deje de ser un territorio abandonado.

Mientras la delegación oficial cumplía con la actividad protocolar, varios damnificados esperaban ser escuchados.

"Solo nos han entregado las carpas. En mi familia somos diez personas y esas carpas son para cuatro o cinco. Queremos que la presidenta nos escuche. Nadie nos apoya", reclamó una vecina de Chongos Bajo.

Concluida la ceremonia, aunque no pudimos conversar con la presidenta Fujimori, quien sí nos respondió fue el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González: "Estamos trabajando. Vamos a entregar ahora 1.236 viviendas del programa Sitio Propio. Ya hemos firmado un convenio con la comunidad de Pumpunya y seguiremos trabajando a tiempo completo. Somos un gobierno de acción", afirmó.

Consultado por La República sobre los reclamos de familias que afirman no haber recibido ayuda y aseguraban que las comunidades más alejadas seguían esperando atención, respondió que él mismo acababa de recorrer la zona.

"Estoy viniendo de ahí. Hemos firmado un convenio con el presidente de la comunidad y estamos trabajando en el epicentro.", insistió.

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"NADIE NOS HACE CASO"

Apenas a diez minutos del lugar donde estuvo la presidenta, el panorama cambia. En la comunidad de Ánimas todavía se observan viviendas colapsadas, muros inclinados y familias que continúan viviendo entre escombros y carpas. Las familias ahora pernoctan en carpas que se utilizarían para los damnificados del próximo fenómeno de El Niño, pero que debieron ser trasladadas a Junín para atender la emergencia sísmica. Se alimentan gracias a las ollas comunes que conformaron.

Luis Romero Salazar, uno de los vecinos afectados, intentó acercarse a la presidenta durante la visita. "Nadie me hizo caso. Quise conversar con la presidenta y la Policía me sacó", cuenta. Según su relato, ni el Gobierno Regional de Junín ni la Municipalidad de Chupaca se preocupan por ellos.

Mientras tanto, personal de comunicaciones del Ministerio de Educación le pedía que grabara un mensaje de agradecimiento por los módulos educativos instalados en la zona. Su preocupación era otra.

"Solo les pedimos que traigan maquinaria para retirar los escombros. Déjenlo limpio y nosotros veremos cómo reconstruimos nuestras casas. Aunque sea, sacaremos préstamos. Las carpas las hemos tenido que exigir, casi pedir a la fuerza. No sabemos hasta cuándo viviremos así”.

Su vecina se llama María Gaspar Ríos y tiene 70 años. "¿A dónde más voy a ir?", se pregunta, mientras observa el lugar donde vivió durante cuatro décadas. Entre los escombros todavía permanecen las gallinas y los cuyes que cría para sostener su economía familiar. "Nadie nos apoya ni nos ha dicho nada. En la noche hay heladas. Hace mucho frío”, declara.

Otra vecina, la señora Juana, cuenta que ahora duerme en una carpa junto a tres hijos y un nieto. "Mis hijos se están enfermando por el frío. Ya no tenemos cómo sobrevivir. En el primer sismo se escaparon mis cuyes y otros murieron entre los escombros”, señala.

La situación también alcanza a la familia Navarra Castañeda. "No podemos dormir. El otro día quisieron entrar a robar mi criadero de cuyes. Tuvimos que salir todos de la comunidad. Esa es nuestra única forma de sobrevivir", relata Soledad.

Sus hijos asistirán ahora a clases en los módulos temporales. "No sé si serán suficientes. Han traído seis domos para unos doscientos estudiantes”, indica.

LA RESPUESTA DE SHEPUT

Los testimonios de los damnificados contrastaban con el mensaje que minutos antes habían dado los ministros.

Por eso, La República preguntó al ministro de Trabajo, Juan Sheput, que se encontraba revisando los daños en la iglesia de Chongos Bajo, por los reclamos de los vecinos que aseguraban que la ayuda todavía no llegaba a varias comunidades.

"Están equivocados", respondió: "Desde el primer día la presidenta ha estado presente. Ya hay avances en vivienda, educación, salud y programas sociales. Quien dice eso es malintencionado o tiene una posición perversa”.

Cuando se le precisó que las declaraciones correspondían a los propios damnificados y se le preguntó si también consideraba "equivocados" a los comuneros, respondió mirando al periodista: "Usted”.

Acto seguido se retiró acompañado por su equipo de seguridad.

EL COMPROMISO

Uno de sus acompañantes era el alcalde provincial de Chupaca, Luis Bastidas Vásquez, quien accedió a la entrevista y sostuvo que la atención aún se encuentra en proceso y pidió tiempo para completar la respuesta del Estado.

"Prometo visitar todos los lugares. Primero vino la emergencia y se entregaron carpas, camas, colchones y frazadas. Ahora corresponde la reconstrucción”, explica.

Según indicó, el objetivo es atender cerca de mil viviendas afectadas. "No se puede hacer en una semana. Yo calculo que durante este mes se debe llegar al cien por ciento. Se han traído módulos educativos y viviendas temporales. El compromiso es atender a toda la población. Si no se cumple, yo seré el primero en reclamar”, manifiesta.

Sin embargo, dicho compromiso está solo en palabras: "No hay documentos firmados, son acuerdos que se han tenido, son compromisos que se están cumpliendo. No puedo decir lo contrario".

El pronunciamiento reúne a más de cien académicos de universidades de España, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica e Italia. Entre los firmantes figuran nombres de peso en el derecho penal iberoamericano: Eugenio Raúl Zaffaroni, Baltasar Garzón y Luis Arroyo Zapatero. El documento lleva fecha del 6 de agosto y circula bajo el título "Profesoras y profesores de derecho penal y criminología de Iberoamérica ante el doctorado honoris causa concedido por la Universidad de San Martín de Porres de Lima al presidente argentino Milei".

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Los docentes de derecho penal no solo exigen la anulación del grado. También anunciaron que suspenden toda participación académica con la USMP mientras la distinción se mantenga. Eso incluye cursos, seminarios, jurados de tesis y comités editoriales de las publicaciones de la universidad. La medida busca presionar a la casa de estudios desde el frente académico internacional, no solo con un texto de protesta.

El caso de Zaffaroni tiene un peso simbólico particular en el comunicado. El propio jurista recibió el honoris causa de la USMP en 2009. Ahora anuncia que devuelve esa distinción como gesto de rechazo a la decisión de honrar a Milei. Los firmantes invitan a otras personas que recibieron títulos honoríficos de la misma universidad a evaluar un gesto similar.

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Los argumentos detrás del rechazo académico

El comunicado apela a la historia de la propia facultad para sostener su reclamo. Cita a dos referentes del derecho penal peruano que enseñaron ahí: Raúl Peña Cabrera y Felipe Villavicencio Terreros. Según los firmantes, ambos construyeron su obra sobre la idea de que el derecho penal debe limitar el poder del Estado, no ampliarlo. Por eso consideran que honrar a Milei rompe con esa tradición académica.

Los docentes también cuestionan políticas concretas del gobierno argentino. Mencionan el veto de Milei a una ley de financiamiento universitario, que el Congreso argentino terminó por ratificar pese al rechazo presidencial. Citan además datos sobre cierre de empresas, pérdida de empleo y aumento de suicidios en Argentina, atribuidos a medios locales como Crónica y Nueva Ciudad. Estas cifras forman parte de los argumentos del propio comunicado y no fueron verificadas de manera independiente por este medio.

El texto suma otros dos frentes de crítica. Uno es la represión de protestas sociales en Argentina, con el caso del reportero gráfico Pablo Grillo como ejemplo central. El otro es el estilo del discurso presidencial: los firmantes cuestionan que Milei haya llamado a sus opositores "lo peor que existe sobre la Tierra" en declaraciones tras la ceremonia. Los académicos aclaran, eso sí, que su rechazo apunta a las autoridades que tomaron la decisión, no a los estudiantes ni al resto de la comunidad universitaria de la USMP.

"Yo le di una medida de gracia a Alberto Fujimori. Con malas consecuencias para mí, pero yo, en la campaña del 2016, ya hablaba de que no podía estar tanto tiempo en la cárcel con un cáncer. Eso fue una iniciativa mía. (…) Yo creo que Toledo no debe morir en la cárcel. Él podría irse a su casa en Camacho", indicó el expresidente en RPP.

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Como se sabe, PPK mantuvo una relación política con Alejandro Toledo. El exlíder del extinto partido Peruanos por el Kambio fue ministro de Economía durante el gobierno de Toledo.

Toledo ha presentado un pedido de gracia presidencial alegando que padece un cuadro de depresión y ansiedad. La decisión ahora corresponde al Gobierno de Keiko Fujimori y a la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

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Toledo envió mensaje a Fujimori

El último domingo, Alejandro Toledo envió un mensaje a la presidenta Keiko Fujimori para solicitarle que acelere el trámite de su pedido de gracia presidencial y pueda salir de prisión.

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"Le pido a la señora Keiko Fujimori que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que, por favor, acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel", declaró en el programa Sin Rodeos.

Además de la ansiedad y depresión que asegura padecer, el expresidente detalló que también tiene cáncer y serios problemas cardiacos. Toledo señaló que, de aprobarse su pedido de indulto, continuará su tratamiento médico en el centro correspondiente.

La condena se originó en noviembre del 2025. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional determinó que Vizcarra recibió sobornos por 2.3 millones de soles de parte de dos consorcios empresariales, Obrainsa e ICCGSA. A cambio, estas empresas obtuvieron la adjudicación de dos obras públicas en Moquegua: el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional. Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando el exmandatario era gobernador regional.

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Vizcarra permanece recluido desde entonces. El fallo incluyó, además de la pena de cárcel, nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 94,900 soles y una reparación civil de 2,336,000 soles. La sentencia no admite suspensión, así que el exgobernador ingresó de inmediato a prisión, pese a que su condena todavía no queda firme.

El expediente llega a esta nueva audiencia después de varios reveses para la defensa. El Tribunal Constitucional rechazó en junio un habeas corpus con el que Vizcarra buscaba anular todo el juicio oral. También falló en su contra la Primera Sala Constitucional de Lima, que declaró improcedente otro recurso destinado a suspender la ejecución de la pena mientras se resolvía la apelación. Ninguno de esos intentos logró frenar su permanencia en Barbadillo.

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¿Qué se espera para la audiencia del 20 de agosto?

La resolución que fija la fecha establece que la presencia de la parte apelante es obligatoria. Si la defensa de Vizcarra no asiste a la sesión virtual, el recurso puede declararse inadmisible, según lo dispone el artículo 423 del Código Procesal Penal. Esa exigencia deja poco margen de maniobra para dilatar el proceso.

El desenlace no solo puede confirmar o anular la sentencia. Existe también la posibilidad de un aumento de pena. El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, recordó que la Fiscalía pidió inicialmente 15 años de cárcel, un año más de los que finalmente impuso el juzgado. Esa diferencia queda ahora en manos de los jueces superiores.

El caso judicial de Martín Vizcarra no se limita a esta causa. La misma Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional archivó en diciembre del 2025 otro proceso en su contra, por colusión simple, al considerar que los hechos ya habían sido juzgados en el expediente de Lomas de Ilo. Ese antecedente muestra un tribunal que ya conoce a fondo los hechos que ahora debe volver a revisar, esta vez para decidir el futuro de la pena que el expresidente cumple en Barbadillo.

El titular del Senado sostuvo que los avances tecnológicos permiten un trabajo parlamentario más eficiente. Para él, el desempeño de un congresista no debería medirse por su presencia física en el hemiciclo, sino por los resultados de su gestión. Torres también aclaró un punto clave: la propuesta para volver a la presencialidad tendrá que pasar primero por comisiones y debatirse en el Pleno, antes de que ambas cámaras tomen una decisión final.

Quien impulsa el cambio es la diputada Indira Huilca, de la bancada Ahora Nación. Su proyecto lleva la firma de otros cinco congresistas de su agrupación y plantea modificar dos reglamentos: el del Congreso y el de la Cámara de Diputados. El objetivo es que la presencialidad se convierta en la regla y que la virtualidad quede reservada solo para casos puntuales y justificados.

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Otras bancadas coinciden: piden el retorno a la presencialidad

En Renovación Popular, el diputado Frank Krklec se mostró a favor del fondo de la propuesta, aunque a título personal. "En lo personal, estoy de acuerdo con el espíritu del proyecto, que es mejorar la imagen del Congreso", señaló a La República, y aclaró que su bancada todavía no lo discute: "En mi bancada aún no hemos visto ese tema. Estamos más enfocados en el tema de comisiones".

Por otro lado, Roxana Rocha, vocera de la misma bancada parlamentaria, entregó a este diario un documento técnico que recomienda archivar el proyecto, porque no modifica los artículos 87 y 90 de los reglamentos de Diputados y Senado, que hoy permiten el voto remoto, y solo cambia normas generales que no cierran esa puerta.

Desde Juntos por el Perú, la diputada Giannina Avendaño reconoció que su bancada tampoco tiene todavía una posición conjunta, pero adelantó que ella y la mayoría de sus colegas respaldan la iniciativa de Huilca. Avendaño sostuvo que "la participación directa en los debates" es clave tanto para aprobar leyes como para ejercer el control político sobre el Gobierno. La diputada fue más allá y cuestionó el formato actual: "no se puede permitir más el desarrollo de sesiones donde la ciudadanía no puede conocer quiénes participan, si lo hacen y cuál es la posición que defienden en cuestiones que incluso pueden significar un retroceso en derechos adquiridos".

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En Obras, el respaldo llegó sin rodeos. El diputado Víctor Piñán resumió la postura de su bancada en pocas palabras: "Estamos de acuerdo". Consultado sobre el fondo del proyecto, fue directo: "Creemos que las sesiones de comisiones y pleno deben ser 100% presenciales".

El Partido del Buen Gobierno también se sumó al respaldo. El diputado Fernando García afirmó que está "absolutamente de acuerdo" con que el Congreso funcione con presencialidad, tanto en comisiones como en el Pleno, y sostuvo que la virtualidad solo se justificó en su momento por la emergencia del COVID-19. "Yo considero que la virtualidad tiene que ser la excepción a la regla y no puede ser de ninguna manera utilizada (...) como una herramienta como para sacarle la vuelta al debate en la presencialidad", señaló. Señaló, además, que su bancada ya discutió el tema entre varios diputados y senadores, y que hay consenso interno: la presencialidad debe ser la regla, y la virtualidad solo cabe ante una licencia justificada.

Ahora Nación, la bancada de la propia autora del proyecto, ofreció la respuesta más extensa. El diputado César Holguín explicó que la iniciativa busca cerrar un vacío que, según dijo, ya generaba confusión desde el reglamento aprobado por el Congreso anterior. "En vista de que hay esa ambigüedad de interpretación, se ha preferido regular eso de una forma mucho más clara", indicó, en referencia directa a la postura híbrida que defiende Miguel Torres. Holguín remarcó, además, una contradicción dentro de la propia bancada de Fuerza Popular: el reglamento que restringe la virtualidad fue aprobado bajo la presidencia de Arturo Alegría, también de esa agrupación.

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Para el diputado, el llamado de fondo es a la responsabilidad: "nosotros no venimos de unas elecciones virtuales, venimos de unas elecciones presenciales y lo que la gente quiere es un parlamento debatiendo con transparencia". Holguín cerró con un compromiso explícito de su bancada: "vamos a insistir en eso, es un compromiso que tenemos como bancada, y vamos a darle todo el respaldo a la moción que ha presentado nuestra colega".

Otra congresista de Ahora Nación, Marleny Arminta, coincidió con su colega y sumó un argumento adicional. "La pandemia ya acabó. Los ciudadanos que votaron por sus diputados quieren verlos participar en los debates. El nuevo congreso bicameral debe dar una nueva imagen al Perú, con debates alturados, y leyes de calidad", afirmó. Arminta señaló que, tras cada sesión, el contacto directo con la prensa permite a los parlamentarios explicar el sentido de su voto, algo que la ciudadanía necesita conocer sobre el trabajo legislativo de sus representantes en todo el país.

La discrepancia con Torres no queda solo entre bancadas distintas. Dentro de su propio partido también hay voces que se apartan de su postura. El senador Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, contó que un dirigente histórico de su agrupación, Pier Figari, ya se pronunció a favor de la presencialidad, y adelantó que él comparte esa misma posición. Aguinaga explicó su razón con un argumento distinto al de sus colegas: para él, el debate cara a cara tiene un valor que la pantalla no reemplaza. "Te permite el debate ideológico, no es lo mismo cuando tú escuchas a través de internet, la gesticulación o los tonos de voz muchas veces son monocordes. No te permite conocer a la gente, cuando hay presencial te permite un buen debate ideológico, un buen debate de propuestas", señaló.

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"El problema no es la tecnología": la mirada de un exoficial mayor del Congreso

César Delgado, exoficial mayor del Congreso, planteó una lectura distinta del problema. Para él, la discusión no debería centrarse en prohibir la virtualidad, sino en el comportamiento de quienes la usan. "El problema no es que se prohíba la virtualidad o las sesiones remotas (...) el problema es que quienes han sido elegidos como representantes parecen no tener la suficiente disposición ética para comportarse de acuerdo a las oportunidades que genera la virtualidad", sostuvo.

Delgado comparó la virtualidad con otras tecnologías que llegaron para quedarse. "La virtualidad ha venido para no irse", afirmó, y puso como ejemplo la imprenta: así como esta transformó la manera de comunicarse por escrito, la conexión remota ya forma parte del funcionamiento del Estado. Para el exfuncionario, castigar el uso de la tecnología no resuelve nada: "lo que repudiamos no es que se use la virtualidad, lo que se repudia es el mal uso que hacen de ella quienes han sido elegidos como representantes".

El exoficial mayor situó el origen del problema en los partidos políticos, no en el reglamento. Sostuvo que las agrupaciones no capacitan ni filtran a sus candidatos antes de proponerlos como representantes, y que eso explica el mal uso de la virtualidad en el Congreso. "Estamos equivocando el diagnóstico. El diagnóstico no es la tecnología, el diagnóstico es que los propios representantes no cumplen con las exigencias del puesto porque nos han propuesto a malos candidatos los simulacros de partidos políticos que tenemos", concluyó.

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¿Qué plantea el proyecto de Indira Huilca?

La iniciativa se llama Proyecto de Resolución Legislativa N.º 001-2026-2031-CD. Su nombre completo es "Proposición de resolución legislativa que modifica los reglamentos parlamentarios para garantizar el trabajo presencial". El texto busca que asistir en persona a las sesiones deje de ser una opción y se convierta en una obligación clara para todos los parlamentarios, sin excepciones de por medio salvo las que la propia norma detalla.

El proyecto no elimina la virtualidad por completo. Contempla tres situaciones en las que un congresista sí podría conectarse a distancia: cuando tenga licencia por viaje fuera de Lima, cuando esté de licencia por viaje al extranjero, o cuando cuente con licencia por enfermedad. Fuera de esos tres casos, tanto diputados como senadores tendrían que asistir de forma presencial al Pleno, a la Comisión Permanente y a las comisiones de las que formen parte.

Huilca defendió su propuesta con un argumento directo: la virtualidad fue útil durante la pandemia, pero esa etapa ya terminó. La diputada considera que mantener esta modalidad sin control abrió paso a un uso excesivo, con parlamentarios que participan de las sesiones sin estar realmente presentes en el debate. Para ella, el trabajo legislativo exige deliberación directa y no puede sostenerse solo a través de una pantalla.

A través de un oficio enviado a este medio, Gonzáles marcó distancia de las declaraciones del presidente del JNE. Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro oficializó la candidatura de Rafael López Aliaga al cargo de teniente alcalde de Lima Metropolitana. Tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la alcaldía de Lima, López Aliaga asumiría como candidato de Renovación Popular para dicho cargo.

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"Estamos viendo que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario", fueron las declaraciones de Roberto Burneo tras conocerse la oficialización de la candidatura de López Aliaga.

Hasta el momento, los demás miembros titulares del Pleno del JNE no se han pronunciado sobre la denominada reelección encubierta de López Aliaga.

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Durante una conferencia en el Ilustre Colegio de Abogados de Piura, Burneo fue consultado por los múltiples casos de reelección encubierta a nivel nacional.

Sobre esto, contextualizó el tema explicando que en el año 2015 se hizo una reforma a los artículos 191 y 194 de la Constitución y prohibió la reelección inmediata para gobernadores regionales y alcaldes.

"Nosotros cumplimos con esa regla, pero también el legislador que hizo esa reforma dejó algunas puertas, ventanas, como se le quiera llamar. En función de ello no estableció prohibiciones para que, a través de otros mecanismos, puedan participar los alcaldes que dejaban el ejercicio", dijo.

Mencionó que, tras ello, se observa en todo el país "que ciertos alcaldes participan como primer regidor, primer consejero o de pronto participan siendo alcaldes distritales, saltan a alcalde provincial y saltan luego a gobierno regional".

Consideró que, con un proceso electoral en curso, no es función del JNE establecer reglas que el legislador no haya querido o haya omitido.

Insistió en que el JNE actúa siguiendo el marco normativo existente. "Está prohibida la reelección. Lo que no está prohibido es que un candidato con la condición de alcalde pueda postular como regidor o consejero regional. Que eso genere que, finalmente, estas personas puedan acceder a uno de estos cargos es propio del marco normativo que el legislador ha dado. ¿Tenemos que ponerla en agenda? Sí, ver lo que queremos para el futuro", resaltó y exhortó a votar pensando en la lista completa.

Poner en agenda

En ese sentido, comentó que es necesario poner en agenda un debate integral del sistema electoral.

"Uno de los puntos que vamos a priorizar es, sobre la base de nuestra iniciativa legislativa, dar esas propuestas (legislativas) a efectos de fortalecer el sistema y poner en debate este tema (reelección encubierta) y otros más que han sido materia de reformas constitucionales que impactan en el sistema electoral y en el sentir de la población", anotó.

A su vez, recordó que la Constitución del 93 no prohibía la reelección de autoridades locales y ello se debía a que se percibía que cuatro años se quedaban cortos.

Luego, al analizar la situación actual consideró que "el legislador está de espaldas a la realidad".

"Si nosotros vemos, en algunas localidades, tenemos solo una lista en ciertos distritos. ¿Por qué? porque es complicado que alguien se anime a postular. Son temas que se deben debatir seriamente no desde la lógica de Lima que, a veces está de espaldas de las realidades a nivel nacional, sino de la lógica de Perú", resaltó y añadió que la crítica no solo debe limitarse a la prohibición sino a lo que se busca en el futuro.

“Ese es el debate que debemos tener. La realidad del país es más amplia de lo que vemos en Lima. Hay muchas particularidades. No debe ser agenda del año electoral, sino de ahorita. El próximo proceso no empieza en la próxima convocatoria, sino desde que el JNE proclamó el cierre de las Elecciones Generales y cuando cerremos las Elecciones Regionales y Municipales”, anotó.

En otro momento, Burneo fue consultado por casos en los que algún candidato presenta sentencias o antecedentes. Al respecto, indicó que el JNE se limita a seguir el marco normativo (para admitir o no una candidatura) y que en el proceso electoral en curso no se puede realizar ningún cambio, sin embargo, mencionó que debe poner en agenda.

"No en el tema penal, sino en el de idoneidad. Finalmente, quien mide la idoneidad es el ciudadano. Las personas deben dar un voto consciente y también tienen responsabilidad las organizaciones políticas para revisar las hojas de vida de sus candidatos", manifestó.

La declaración del titular del MEF llega luego de varias semanas en las que el Ejecutivo ha reiterado que la iniciativa se enviará al Parlamento, un trámite que debió concretarse tras la sesión del Consejo de Ministros del pasado domingo 2 de agosto para aprobar la versión definitiva, pero que continúa sin fecha fija.

Al profundizar en las razones del retraso, Cuba detalló que las trabas administrativas afectan incluso la oficialización de su propio equipo y que aún no hay una fecha definitiva para la presentación del pedido de facultades legislativas.

"Las fechas las estábamos manejando (…) hay burocracia que retrasa incluso el nombramiento de los viceministros. En mi caso en particular, el equipo estaba listo semanas antes, pero recién se ha puesto en la norma el lunes cuando ya veníamos trabajándolo hace varias semanas. Entonces, ese tipo de retrasos nos está llevando a esa fecha que todavía no está fija", señaló.

Keiko Fujimori indica que el pedido se presentará ante el Parlamento la próxima semana

Keiko Fujimori también se pronunció sobre el eventual envío del pedido al Parlamento tras haberse suspendido la reunión del Consejo de Ministros para aprobar el texto final. Indicó que el miércoles se juntaron para debatir sobre ello y que, según sus cálculos, "la semana siguiente estará el texto para ser presentado al Congreso de la República".

Asimismo, agregó que espera que el Congreso conozca con mayor profundidad la propuesta y que los ministros acudan a las comisiones para explicar el detalle.

"Lo que esperamos es un debate amplio. Como sabemos, también como es parte de la tradición, varios ministros van a ser invitados a las comisiones ordinarias que ya están establecidas, y acudirán y explicarán gran parte de cuál es la visión y lo que queremos de cara a este pedido de facultades".

La decisión fue adoptada por la Junta General de Accionistas —conformada por los ministros y viceministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas—, con lo cual se concreta el regreso de Stark a la presidencia del directorio, cargo al que renunció en 2024 junto a todo su equipo tras advertir la grave crisis financiera de la petrolera. Los cambios entran en vigencia este 7 de agosto.

Además de la designación de Oliver Stark, la Junta nombró como nuevos miembros del directorio a César Augusto Burga Rivera, Daniel Enrique Cabrera Ortega y Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez. Asimismo, se acordó que Carlos Adrián Linares Peñaloza continuará en el órgano de gobierno, mientras que en una próxima sesión se definirá la condición de independencia de los nuevos directores.

Elmer Cuba respalda nombramientos

El ministro de Economía, Elmer Cuba, defendió la elección del nuevo equipo y señaló que la empresa estatal debe volver a generar beneficios para el país.

“Entró a propiedad del Estado peruano como Petroperú, que, sin embargo, en los últimos años ha tenido malos manejos gerenciales.[Sobre gestiones anteriores] Es como si hubiese sido diseñado por un enemigo del Perú. En lugar de traer beneficios, ha traído más bien pérdidas, que cada año estaban incrementándose”, manifestó. Añadió además que han escogido a “directores muy competentes que cumplen los requisitos” y que cuentan con el máximo respaldo del gobierno para cambiar el rumbo, al punto de calificar al nuevo grupo como “uno de los mejores que hemos tenido en esa empresa en los últimos 20 años”.

Contradicción: del pedido de privatización al regreso estatal

A pesar de que Cuba defendió al nuevo grupo de trabajo bajo la premisa de “volver a tener una empresa como la que se pensó en sus momentos iniciales”, esta designación se contradice, ya que en mayo de 2024, cuando Stark lideraba el directorio, planteó formalmente la privatización de Petroperú. En ese entonces, su gestión calificó de "inmoral" pedir más rescates al Estado y sostuvo que la administración privada era la única salida viable.

“Habiendo transcurrido varios días sin que el gobierno se haya pronunciado, los directores designados por la JGA, de manera unánime, hemos presentado nuestra renuncia. Consideramos que hemos cumplido con la responsabilidad asignada, y en las condiciones actuales, resulta inviable continuar con el encargo recibido”, se lee en el documento.

Exigen garantías para evitar la privatización

Ante el conocimiento de la posición del nuevo presidente de PetroPerú, Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación, señaló que la nueva gestión debe respetar la naturaleza estatal de la empresa.

“La reorganización de Petroperú no puede significar su privatización. El nuevo directorio encabezado por Oliver Stark debe garantizar su sostenibilidad financiera, su continuidad operativa y la soberanía energética del país, respetando el marco jurídico constitucional y societario de la empresa estatal”. Agregó además que “debe quedar atrás cualquier participación privada en activos estratégicos o el desmembramiento de Petroperú”.

La declaración llega horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmara la entrega del salvoconducto a favor de Chávez Chino. La Cancillería explicó que el documento se otorgó conforme a los artículos V y XII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, tratado que vincula a Perú y México desde hace más de siete décadas. El anuncio se dio a través del Comunicado de Prensa 032-26, difundido la mañana de este 7 de agosto.

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El propio comunicado detalla que Chávez Chino fue sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado, en la modalidad de conspiración para una rebelión, según el artículo 349 del Código Penal. Además, la exministra sigue bajo investigación del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Esa información fue trasladada de forma directa al gobierno mexicano junto con la entrega del documento.

El texto de Cancillería precisa, en su punto cinco, que el salvoconducto no cierra la puerta a una futura solicitud de extradición. El Estado peruano se reserva ese derecho "de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados", en caso de que las autoridades judiciales del país lo pidan más adelante. Esa cláusula es, justamente, la que respalda la frase de Fujimori sobre mantener la opción abierta.

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¿Qué otros puntos aborda el comunicado de Cancillería?

El documento también responde a las dudas sobre una posible persecución política contra Chávez. El Gobierno peruano rechazó de forma enfática esa idea y sostuvo que en el país rige el Estado de derecho, con separación de poderes y respeto al debido proceso. Según la Cancillería, no existen motivos políticos detrás del proceso judicial que enfrenta la exministra.

Perú también informó que impulsa un proceso de consultas dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objetivo, según el comunicado, es evitar que otros países usen la figura del asilo diplomático de manera distinta a su propósito original. La Cancillería busca que ese mecanismo conserve su naturaleza y no se aplique para eludir procesos judiciales legítimos.

El comunicado cierra con un mensaje sobre la relación bilateral. La Cancillería destacó los lazos históricos de amistad entre Perú y México y reafirmó su apuesta por el diálogo diplomático. El texto menciona además el compromiso de ambos países con la libre circulación de personas y bienes, principios que forman parte de la Alianza del Pacífico.

El canciller Carlos Espá anunció que la reactivación de vínculos diplomáticos implica que se reabrirá la embajada de México en Perú, se restablecerán las relaciones a nivel de embajadores y "regresaremos a la normalidad".

“Somos un gobierno institucional, un gobierno de respeto a las leyes, de imperio de la ley, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional”, declaró a la prensa. Además, resaltó que el salvoconducto a Betssy Chávez se otorgó “en fiel cumplimiento a la Convención de Caracas del año 54”.

Al respecto, el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, consideró que “la cancillería ha dado un paso sustantivo en la normalización de las relaciones externas del país y en una conducta de respeto al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, Javier González Olaechea, también ex canciller, precisó que una vez terminado el proceso judicial se tendrá que reconsiderar la situación de asilo político.

Claudia Sheinbaum ratifica su postura sobre Pedro Castillo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó, en su conferencia de prensa matutina, que se restablecieron las relaciones diplomáticas con Perú.

Además, ratificó que postura de defensa al expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo.

“El nuevo Gobierno de Perú lo sabe (de su respaldo a Castillo), pero es un paso. Bienvenida Betssy Chávez a México”, dijo.

También agradeció el apoyo de la Embajada de Brasil durante los meses que se rompieron los lazos con Perú.

“Somos un gobierno institucional, un gobierno de respeto a las leyes, de imperio de la ley, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Y en ese sentido, en fiel cumplimiento a la Convención de Caracas del año 54, hemos procedido con el salvoconducto de la señora Betsy Chávez. Y me siento tan feliz de poder anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con México”, declaró Espá a la prensa.

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Aseguró que se reabrirá la embajada de México en Perú, se restablecerá las relaciones a nivel de embajadores y “regresaremos a la normalidad”.

Según indicó, Chávez salió de la embajada al promediar la medianoche y se dirigió al Grupo Aéreo Nro 8 de la FAP. Una vez allí, abordó un avión enviado por México.

“Hicimos todas las coordinaciones con la mayor confidencialidad posible para garantizar su tranquilidad y para que el traslado se realice con todas las garantías del caso”, resaltó.

Sobre los cuestionamientos que esta decisión puede generar, explicó que el Gobierno siguió lo establecido en la Convención de Caracas del año 54, que señala que los Estados tienen el derecho soberano de otorgar asilo y que que el Estado asilante es quien califica si se trata de un delito común o una situación política.

Cancillería: “El Estado peruano puede solicitar una eventual extradición”

Por medio de un comunicado, la Cancillería resaltó que “la entrega del referido salvoconducto se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez Chino, de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados, en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran”.

Además, precisaron que informaron al Gobierno mexicano sobre “ha sido sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, prevista en el articulo 349 del Código Penal del Perú, y está siendo investigada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, se refirió a la situación de Betssy y aseguró “que en el país no existen perseguidos políticos”.

“Fue otorgado el salvoconducto para Betssy. Está en unos minutos aterrizando en nuestro país”, informó Sheinbaum durante su conferencia matutina. La gobernante explicó que la salida fue resultado de un diálogo que su administración sostuvo durante varias semanas con el nuevo Ejecutivo peruano. “Esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es una acción de buena voluntad del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México”, afirmó.

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Sheinbaum mantiene respaldo a Pedro Castillo

A pesar del gesto que permitió la reanudación diplomática, la jefa del Ejecutivo mexicano dejó claro que su postura sobre el expresidente peruano no sufrirá modificaciones. Castillo cumple una condena de más de once años de cárcel tras su intento de disolver el Congreso a finales de 2022, sentencia que el gobierno de México considera ilegal.

“Nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero es un paso”, declaró Sheinbaum. La mandataria agradeció además el apoyo de Brasil, país que asumió la representación diplomática de México en Perú y brindó protección a Chávez durante una etapa de su refugio diplomático.

La ex primera ministra fue condenada por la justicia peruana a once años y cinco meses de prisión como coautora de conspiración para una rebelión. Sin embargo, el gobierno mexicano le concedió asilo político al considerar que enfrentaba persecución. Desde Perú se otorgó el salvoconducto en cumplimiento de la Convención de Caracas, aunque enfatizó que no reconoce a Chávez como una perseguida política. La Cancillería peruana sostuvo que en el país “no existe persecución política” y anunció que promoverá ante la Organización de Estados Americanos una revisión de los tratados internacionales sobre asilo.

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Perú y México reanudan relaciones diplomáticas

Las cancillerías de ambos países informaron la decisión mediante un comunicado conjunto, en el que hicieron referencia a “los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú”. El documento no entró en detalles sobre las diferencias que mantuvieron rotos los vínculos durante meses.

Las tensiones se remontan a diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el encarcelamiento de Castillo y cuestionó la legitimidad de su sucesora, Dina Boluarte. Su gestión respondió con la expulsión del embajador mexicano y el retiro del suyo, lo que dejó las relaciones en manos de encargados de negocios. El asilo concedido a la esposa e hijos del exmandatario profundizó el deterioro hasta la ruptura total en noviembre de 2025.

El juez Juan Varillas acogió una medida cautelar solicitada por la empresa Oncoserv Arequipa, lo que le permitió confiscar S/7 millones 192 mil a las cuentas del Gobierno Regional de Arequipa, como pago por un supuesto incumplimiento de contrato. Según el colaborador eficaz, Oncoserv Arequipa era cliente de Rodolfo Orellana y este abonó la coima al juez Varillas para que otorgara la cautelar que facilitó el millonario embargo.

El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, autorizó iniciar acción penal por cohecho pasivo específico contra el magistrado Juan Varillas Solano, ya que sin su concurso la organización criminal de Rodolfo Orellana no podría haber consumado el robo de S/7 millones 192 mil al Gobierno Regional de Arequipa.

Buena parte de los implicados en el caso han sido juzgados y han recibido severas condenas, pero el magistrado Juan Varillas Solano sigue despachando en el Séptimo Juzgado Comercial de Lima.

De acuerdo con la resolución del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la imputación específica contra el juez Juan Varillas es la siguiente: "(Varillas) habría recibido la suma de US$30.000 de parte de la organización criminal liderada por Rodolfo Orellana para favorecer a Oncoserv Arequipa (...) contra el Gobierno Regional de Arequipa, mediante la expedición de una resolución judicial que ejecuta una medida cautelar de embargo en forma de retención, otorgada a favor de la aludida empresa, en un proceso arbitral seguido contra el referido Gobierno Regional".

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Una cautelar a pedir de boca

¿Cómo contactó el representante de la empresa Oncoserv Arequipa, Eddy Manfreda Geraldino, con la mafia de Rodolfo Orellana? Manfreda era amigo del exdirigente de Alianza Lima, Guillermo Alarcón Menéndez, quien a su vez mantenía un vínculo fraternal con Orellana. El juez Juan Varillas era parte de la red de vínculos de los abogados del estudio de Rodolfo Orellana.

Un exmiembro de la organización de Orellana relató los hechos ante las autoridades: "Rodolfo Orellana le comunicó a Eddy Manfreda Geraldino (gerente general de Oncoserv Arequipa), que para la ejecución de dicha medida (de embargo) le había dado la suma de 30 mil dólares al referido juez (Juan Varillas Solano) por intermedio de los abogados Karina Vizcarra Llapa y Omar Blas, quienes en ese momento eran los intermediarios entre el estudio jurídico de Orellana y los jueces comerciales"

El colaborador eficaz fue incluso más preciso en una nueva declaración cuando sostiene que el empresario Eddy Manfreda llegó a tener contacto con el juez Juan Varillas.

"(El colaborador eficaz) conoció al denunciado (Juan) Varillas Solano en su condición de juez del Séptimo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima, que tiene entendido que Eddy Manfreda conoció al juez Varillas Solano por intermedio de Jorge Saavedra Reátegui (amigo del magistrado), pero que ello fue después de la ejecución del embargo ordenado por el citado juez en el caso Oncoserv Arequipa. Y este había recibido por parte de Rodolfo Orellana la suma de US$30 mil para que ordenara la ejecución de la medida cautelar en contra del Gobierno Regional de Arequipa , por lo cual se cobró S/ 7.192.000", cita el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la resolución contra el magistrado Juan Varillas Solano.

Durante las investigaciones el programa dominical 'Cuarto Poder' difundió un video registrado en el departamento de Ludith Orellana Rengifo, hermana de Rodolfo Orellana Rengifo. En las imágenes se observa la repartición de los S/7 millones 192 mil que la organización criminal consiguió embargar al Gobierno Regional de Arequipa mediante la medida cautelar dictada por el juez Juan Varillas.

En el video aparecen Ludith Orellana, el exdirigente aliancista Guillermo Alarcón, el gerente de Oncoserv Arequipa, Eddy Manfreda, así como dos integrantes del tribunal arbitral que se pronunció a favor de la empresa: el presidente, Hernando Talavera Díaz, y el integrante, Pablo Iglesias Palza.

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El juez sigue en su despacho

En sus descargos, el juez Juan Varillas aseguró que emitió la medida cautelar conforme a las normas y negó haber recibido algún dinero.

Sin embargo, el video confirma que la organización criminal, para cumplir con su cometido de apropiarse de los S/7 millones 192 mil del Gobierno Regional de Arequipa, tuvo bajo su control al tribunal arbitral, ya que emitió una medida de embargo a favor de Oncoserv Arequipa, que luego fue acogida por el juez Juan Varillas. La operación ilícita no podría haber tenido éxito sin la participación de este magistrado.

Cuando fue interrogado por el caso, el exintegrante del tribunal arbitral, Pablo Iglesias Plaza, confirmó que la organización criminal de Rodolfo Orellana le pagó una coima al magistrado Juan Varillas Solano para que ejecutara el embargo millonario en beneficio de Oncoserv Arequipa, de Eddy Manfreda.

"Fui elegido árbitro por Oncoserv Arequipa para integrar el Tribunal Arbitral sobre la controversia contra el Gobierno Regional de Arequipa. En dicho proceso arbitral se concedieron dos medidas cautelares a favor de la aludida empresa.

Al ser preguntado si se ofreció dinero al juez Juan Varillas Solano para favorecer a Oncoserv Arequipa en la admisión y ejecución de la primera medida cautelar en vía de cooperación judicial, precisó lo siguiente:

"La abogada Karina Vizcarra Llapa se encargó de coordinar la ejecución de las medidas cautelares en los juzgados comerciales, lo cual incluyó un pago para los jueces que iban a viabilizar la ejecución de las medidas. Y tiene entendido que junto con Rodolfo Orellana le pidieron el dinero a Eddy Manfreda Geraldino", relató Pablo Iglesias.

Por si quedaba alguna duda, el mismo empresario Eddy Manfreda Geraldino, de Oncoserv Arequipa, confirmó que el juez Juan Varillas Solano fue parte de la conspiración.

"Las gestiones del embargo de la primera medida cautelar, que se realizó ante el Séptimo Juzgado Comercial de Lima (Juan Varillas Solano), las realizaron directamente del Estudio del señor Rodolfo Orellana, y los encargados fueron los señores Rodolfo Reyna Salinas, Karina Vizcarra Llapa, (y los miembros del tribunal arbitral) Pablo Iglesias Palza y Hernando Talavera Díaz", señaló Eddy Manfreda.

Por este caso, Rodolfo Orellana fue condenado a 20 años de prisión, su hermana Ludith Orellana a 13 años, y la misma medida carcelaria para el exdirigente aliancista Guillermo Alarcón.

El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso la formalización de la investigación preparatoria para el enjuiciamiento del juez Juan Varillas Solano, porque "existen indicios razonables y suficientes que indican que el denunciado, durante su actuación como juez, habría recibido la suma de US$30.000". Pero el juez sigue, normal, en su despacho.

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Así fue la repartija de la mafia de Orellana

En el video difundido por 'Cuarto Poder' se observa que Ludith Orellana Rengifo recibe las maletas con el dinero embargado al Gobierno Regional de Arequipa.

El empresario Eddy Manfreda Geraldino recibió S/3,5 millones. Su amigo Guillermo Alarcón, intermediario de Rodolfo Orellana, se quedó con S/300 mil.

Al presidente del tribunal arbitral, Hernando Talavera, y al integrante de la misma, Pablo Iglesias les correspondió S/300 mil a cada uno.

Los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo conservaron S/2,6 millones.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Aklla, hasta el cierre de la edición, se registraron 53 renuncias de candidatos a la alcaldía que en sus listas incluyen como postulante a primer regidor al alcalde.

En este grupo se identifica en Lima a siete alcaldes distritales (Lurín, San Miguel, Independencia, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Los Olivos y Santa Rosa) y al exalcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga. Cabe precisar que en algunos, como el de San Miguel, San Juan de Lurigancho y El Agustino, aún falta el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial.

A nivel nacional, los partidos que presentan más casos de reelección encubierta son: Somos Perú (12), Alianza para el Progreso (10), Renovación Popular y Avanza País-Partido de Integración Social, ambas con 6. Le siguen luego otros partidos como Podemos Perú (4), Acción Popular (2), Fuerza Popular (2), País Para Todos (2), Perú Primero (2) y Ahora Nación (1).

De todos, el caso más sonado es el de Rafael López Aliaga, quien fue alcalde de Lima desde 1 de enero de 2023 hasta el 13 de octubre de 2025, cuando dejó el cargo para tentar la presidencia y el Senado.

Tras las Elecciones Generales de 2026, perdió en primera vuelta y denunció un supuesto fraude electoral. En coherencia con ello, dijo, no aceptó el cargo de senador y postuló como primer regidor en la lista de Renovación Popular para Lima Metropolitana, encabezada por Luis Rubio. Sin embargo, este renunció a su candidatura, lo que dejó expedito el camino para que López Aliaga pudiera regresar al sillón municipal.

Al ser consultado por esta maniobra, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, consideró que se están generando “estrategias para fraguar la ley” y “gatillarse a los cargos”. También, exhortó a la ciudadanía a votar por la lista completa y no solo pensando en el candidato a la alcaldía, pues en caso de renuncia o vacancia siempre asumirá el cargo quien le sigue.

Situación generalizada

Los 53 casos alertados evidencian que se trata de una práctica normalizada no solo a nivel distrital, sino también en los municipios provinciales de todo el país. Esto a pesar de que la advertencia de la reelección encubierta era un tema de discusión desde que se oficializaron las listas de candidaturas.

A nivel regional, Lima concentra la mayoría de casos con 11 (2 de ellos alcaldías provinciales); San Martín con 9, La Libertad con 7; Ancash con 5; Arequipa e Ica con 3; y Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Junín y Lambayeque con 2 (ver cuadro).

“En todos estos casos (los alcaldes) se están yendo a la reeleción y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Tenemos un supuesto en el cual la realidad supera a la legalidad, cuando debería ser al revés, la legalidad debería estar a la par con la realidad para que realmente puedan responder a la necesidad que tiene la sociedad”, señaló José Tello, presidente del Instituto Aklla.

Frente a estos casos, el también especialista en temas electorales consideró que es necesario realizar una reforma constitucional y que se permita una sola reelección.

“¿Y por qué una? Porque una reelección permite que un mandato de 4 años, al convertirse en un mandato de 8, brinda mayor estabilidad a un gobierno municipal o un gobierno regional. ¿Y por qué no más? Porque puede generar un problema de corrupción. Mucho tiempo en el poder, manejando recursos públicos provoca corrupción”, explicó a La República.

Además, consideró necesario impedir que, después de culminado el mandado, el exalcalde o gobernador regional postule a cualquier otro cargo en el Consejo.

Adicionalmente, estimó conveniente crear impedimentos para el nepotismo y evitar que postulen familiares directos del alcalde saliente. Esto por casos como el de San Juan de Lurigancho donde postuló a la alcaldía el sobrino del actual alcalde, Jesús Maldonado; y el de Magdalena donde postula Carla Robbiano, esposa del burgomaestre Francis Allison.

Tello resaltó que el JNE tiene iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley para evitar el nepotismo.

Buscan impedir reelección encubierta

En tanto, Víctor Piñán, diputado del Partido Cívico OBRAS, presentó un proyecto de ley para impedir la reelección encubierta en los próximos procesos electorales.

La propuesta tiene por objetivo precisar los alcances de la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes, prevista en el artículo 194 de la Constitución, “estableciendo de manera expresa que dicha prohibición comprende también el impedimento de integrar, en cualquier posición, la lista de candidatos al Concejo Municipal de la misma provincia o distrito”.

De esta forma, sostiene el proyecto, se disminuye el incentivo a estructurar listas de candidatos con el propósito de eludir la prohibición constitucional.

También se precisa que la propuesta no introduce una restricción nueva, sino que desarrolla legislativamente el alcance de la norma existente (artículo 194 de la Constitución).

“La candidatura a regidor del alcalde impedido de reelegirse, seguida de la eventual asunción del cargo de alcalde por vacancia o renuncia del titular electo, en su condición de teniente alcalde, permite alcanzar, por una vía distinta a la elección directa para dicho cargo, un resultado sustancialmente equivalente al que la prohibición constitucional busca impedir”, señala el proyecto.

"Acá nadie está desobedeciendo la norma. Allá el Jurado, que se deja sacar la vuelta. Acá hay un vacío legal. Él renunció hace un año y medio. Personalmente, yo creo que debe haber una reelección por única vez y que no puedan ser familiares quienes sucedan en el cargo", declaró a RPP.

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Yarrow sostuvo que este es uno de los muchos casos que evidencian la existencia de vacíos legales en la normativa peruana. En ese sentido, afirmó que esa situación ha propiciado que, de manera constante, se busque sacarle la vuelta a la ley, aunque consideró que ello no es positivo. Asimismo, indicó que será el propio Rubio quien explique los motivos que lo llevaron a renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Lima.

"Yo me enteré de la renuncia de Lucho (Luis Rubio) el último jueves por los medios de comunicación. Él, el 9 de agosto, vendrá a dar explicaciones. Esperemos las explicaciones que tiene que dar", apuntó.

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Roberto Burneo se pronuncia sobre renuncia de López Aliaga

El presidente del JNE, Roberto Burneo, afirmó que la permanencia de Rafael López Aliaga en la lista de candidatos de Renovación Popular para la Municipalidad de Lima no vulnera la normativa electoral, luego de la renuncia de Luis Rubio un día antes del cierre del plazo de inscripción. En declaraciones a RPP, el titular del organismo electoral señaló que la legislación vigente permite esta situación, por lo que descartó que se trate de una irregularidad.

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"Hemos visto que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario", afirmó Burneo.

Burneo sostuvo que la eliminación total de la reelección de autoridades subnacionales fue una decisión equivocada. Explicó que la legislación actual no prohíbe que un exalcalde postule por un distrito diferente o aspire a otro cargo dentro de la misma lista electoral. En ese sentido, remarcó que la decisión sobre quién debe ocupar un cargo público recae finalmente en los ciudadanos a través del voto.