Los casos incluyeron desde demandas millonarias hasta el uso de herramientas de inteligencia artificial para desprestigiar a un comunicador. El gremio calificó estos hechos como una amenaza directa contra el trabajo periodístico en el país.

PUEDES VER: Flavio Figallo, senador y vocero del Partido del Buen Gobierno, sobre ministro Astudillo: “Me parece bien que sea interpelado”

Entre los casos más resaltantes figura el del periodista Renzo Giner, de El Comercio, quien enfrentó una demanda de 10 millones de soles por parte del candidato de Somos Perú a la alcaldía de Chorrillos, Ricardo Vásquez.

La demanda fue declarada improcedente. Sin embargo, cuentas de redes sociales vinculadas al candidato difundieron una imagen del reportero generada con inteligencia artificial. Lo acusaron, sin pruebas, de haber recibido dinero a cambio de publicar una investigación periodística.

PUEDES VER: Oposición pide considerar derogación de leyes procrimen en pedido de facultades: "No se ajusta a la realidad"

El comunicador César Hildebrandt y el reportero Eloy Marchán, ambos de la revista Hildebrandt en sus trece, también fueron querellados por difamación agravada. El empresario argentino Damián Valenzuela los denunció luego de que el semanario publicara una investigación sobre sus antecedentes judiciales y sus vínculos con la presidenta Keiko Fujimori. Valenzuela exigió cárcel para ambos periodistas y una reparación civil de un millón de dólares.

La periodista Paola Ugaz sumó una nueva querella por difamación agravada a su ya extenso historial de procesos judiciales. La Asociación Civil San Juan Bautista la denunció y aseguró que sus publicaciones contienen "afirmaciones falsas, inexactitudes y acusaciones sin sustento". La comunicadora investiga desde 2018 presuntos abusos cometidos en organizaciones religiosas del país.

PUEDES VER: Diputada Analí Marquez presenta denuncia constitucional contra defensor del Pueblo por declarar sobre cierre del Congreso

Un proyecto de ley que también alarmó al gremio periodístico

El informe del CPP no solo recogió ataques directos contra periodistas. También analizó una iniciativa legislativa que, según el gremio, ponía en riesgo la libertad de expresión en el país. El diputado de Renovación Popular Aldo Bravo propuso una modificación al artículo 46 del Código Penal para agravar la pena por apología al delito durante crisis políticas o conflictos sociales.

La norma alcanzaba a cualquier persona que difundiera contenido "mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión". El proyecto fue retirado tras las críticas de distintas organizaciones, entre ellas el propio CPP.

PUEDES VER: Fiscal de la Nación denuncia que PNP no coordinó con la Fiscalía por caso Trujillo: “Hacían las cosas por su cuenta”

El gremio advirtió que la propuesta usaba términos demasiado amplios y ambiguos. Cuestionó, por ejemplo, si informar sobre el lugar y la fecha de una protesta podría considerarse apología al delito bajo esa norma.

También señaló que la referencia a "crisis política" carecía de una definición clara. El CPP remarcó que este tipo de vacíos legales resultan inaceptables cuando están en juego sanciones penales contra ciudadanos y periodistas.

PUEDES VER: Detienen a alcalde Magno Apaza cuando recibía S/30.000 de coima en municipalidad de Huacullani, Puno

El Consejo de la Prensa Peruana rechazó el uso del sistema penal para perseguir a comunicadores por su labor. El gremio calificó como desproporcionadas las multas y reparaciones civiles que enfrentan periodistas como Giner, Hildebrandt y Marchán.

Sobre el uso de inteligencia artificial contra Renzo Giner, la organización indicó que se trata de un delito que las autoridades deben investigar. Citó el artículo 6 de la Declaración de Salta II de la Sociedad Interamericana de Prensa, que obliga a los Estados a sancionar este tipo de ataques digitales.

Ayer en una entrevista para Exitosa, aseguró que la ley que impide de la destitución del general PNP Óscar Arriola es inconstitucional y que “la presidenta de la República (Keiko Fujimori) puede cambiar” al jefe de la Policía Nacional.

"Si entra un nuevo gobierno, tiene que tener un comandante general de la policía que sea de su confianza”, manifestó.

También cuestionó el liderazgo de Arriola al señalar que, en la actualidad, hay policías de “escritorio”.

“En lugar de enfocarse en la lucha contra la criminalidad, las organizaciones criminales grandes, ha priorizado tener a la Policía en su escritorio haciendo la investigación preliminar y esa es su bandera de lucha”, dijo.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

Falta de coordinación

Tomás Gálvez también se pronunció sobre el secuestro y crimen que se registró en Trujillo. Sobre el tema, dejó en evidencia que la PNP no coordinó con la Fiscalía.

PUEDES VER: Keiko Fujimori estuvo en Florida en gala con Damián Valenzuela y Fernando Cerimedo

Sostuvo que la investigación debe desarrollarse de manera conjunta entre ambas instituciones y no manejar una estrategia distinta.

"La norma dice que la disposición del inicio de investigación donde se diseña la estrategia jurídica y operativa lo dispone el fiscal. Pero acá cada uno estaba con su propia estrategia por los policías que fueron de Lima, los policías de allá y la fiscalía estaba con la estrategia correspondiente, pero la policía se resistía a coordinar", expresó.

“La investigación del delito la lleva a cabo del binomio indisoluble que es policía y fiscalía. Si lo hace solo la policía o la fiscalía no está completo. Pero ahora la ley que ha salido dice que la policía puede realizar la investigación preliminar y ese está siendo un problema grave especialmente en este caso de Trujillo”, expresó.

En esa crítica, comentó que la exposición de los detenidos está prohibido por la Constitución y el Código Penal.

“Lamentablemente, se ha hecho costumbre que la policía, buscando mostrar eficacia en su trabajo, presentan a los detenidos y eso no debería producirse. Está expresamente prohibido por las normas. Y obviamente, si se le da un tratamiento para impactar a la prensa, peor; el efecto es negativo y pernicioso, como se ha visto en estos días. Esto no debería hacerse”, expresó.

Presencia de Belaunde

El titular del Ministerio Público consideró que la participación del ministro Rafael Belaunde no es pertinente porque podría “entorpecer” la investigación.

Indicó que las autoridades deben preservar el adecuado desarrollo de las diligencias y actuar dentro de los límites que establecen las normas.

Además, refirió que en una declaración formal solo debe estar en fiscalía y la policía.

“Hay que hacer la precisión: el fiscal está en la declaración formal que se le toma y el fiscal dirige la declaración, va a interrogar en conjunto con el instructor policial. Pero, en una entrevista previa como esto no necesariamente puede estar el fiscal porque es una conversación. Que corresponda, que sea pertinente, no lo es, definitivamente, porque se puede entorpecer la propia secuela de la investigación”, sentenció.

En medio de la polémica por los detenidos en Trujillo, Fujimori rechazó haber ido malinformada sobre los implicados.

La función de Orden Público y Seguridad sufrirá un recorte, pasando de S/15.857 millones en 2026 a S/15.338 millones en 2027. Esta reducción presupuestal de S/519 millones (3,3% menos) impacta directamente en el programa de Reducción de delitos y faltas, cuyos recursos caen de S/6.878 millones a S/6.494 millones. El ajuste se da justo cuando la ciudadanía exige mayor vigilancia y capacidad de respuesta frente a la delincuencia.

Así, el discurso de "mano dura" y combate al crimen del que se jacta el Ejecutivo choca con la reducción en el presupuesto asignado, lo que deja la promesa sin el respaldo financiero para su ejecución.

PUEDES VER: Presupuesto 2027: Gobierno propone S/266.506 millones, pero reduce recursos para salud, seguridad y saneamiento

La inversión militar casi se cuadruplica en 2027

La otra cara de la propuesta aparece en los proyectos de inversión de Defensa: los recursos pasarían de S/665 millones en 2026 a S/2.548 millones en 2027, un aumento de 283%.

La apuesta se concentra en recuperar proyectos considerados estratégicos para las Fuerzas Armadas. Entre los principales figuran la recuperación de la capacidad operativa de aeronaves de combate en La Joya, Arequipa, la recuperación de la fuerza de superficie de la Marina en el Callao y una nueva etapa del plan maestro de la Base Naval del Callao y la industria naval.

A diferencia del gasto policial, orientado a frenar la delincuencia en las calles, estos proyectos apuntan a reconstruir capacidades militares que requieren inversiones de mayor plazo.

PUEDES VER: Diputado Edwin Espinoza pide a Galarreta reformular pedido de facultades y priorizar inseguridad y El Niño Costero

Si bien la modernización militar es necesaria, la seguridad ciudadana exige resultados inmediatos. Por eso, la decisión del Gobierno de acelerar millonarias inversiones militares al mismo tiempo que recorta el presupuesto para la Policía puede generar un debate dentro y fuera del Congreso.

Un presupuesto que contradice el discurso de "orden"

El Gobierno de Keiko Fujimori tendrá que explicar por qué, en un país donde la inseguridad es una demanda cotidiana, el mayor salto de inversión dentro del ámbito de seguridad está orientado a las capacidades militares y no a reforzar con igual intensidad la respuesta frente al crimen.

Para Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, esa decisión resulta contradictoria con el objetivo que el propio Gobierno se ha trazado.

“Me parece una contradicción afirmar que se enfrenta a la inseguridad y a su vez que se reduzca el presupuesto para el sector Interior y la Policía. Uno esperaba, en todo caso, que sea al revés, porque ¿de qué manera se va a cubrir la brecha para la compra de tecnología, de vehículos, el incremento de acciones de inteligencia a la Policía si su presupuesto va a ser menor?”, cuestionó.

PUEDES VER: Fiscalía pide autorización a Tomás Gálvez para investigar a jueces que encarcelaron a Humala sin sentencia

En la lectura del exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, la reducción del 3,3% en el presupuesto del sector Orden Público resulta una contradicción frente al incremento de la criminalidad y los propios compromisos asumidos por el oficialismo.

"Mi primera reacción es de sorpresa porque me parece una absoluta contradicción con respecto a lo mencionado tanto en el plan de gobierno de Fuerza Popular como en lo anunciado por la presidenta en su discurso del 28 de julio. Me sorprende esta decisión de reducir el presupuesto porque está afectando el patrullaje policial y los programas de seguridad ciudadana, que son indispensables para controlar la calle”, dijo para La República.

Acomodo político con las Fuerzas Armadas y gasto mal enfocado

Al analizar el incremento de 1.812 millones de soles destinados al sector Defensa, Valdés sostiene que la decisión responde a un cálculo político para congraciarse con las instituciones militares, mientras descuida las verdaderas prioridades de la ciudadanía.

PUEDES VER: Fiscalía pide autorización a Tomás Gálvez para investigar a jueces que encarcelaron a Humala sin sentencia

"Yo creo que esto responde al interés del gobierno de mantenerse en una buena disposición con las Fuerzas Armadas. Me parece que el ministro ha debido defender al menos el presupuesto del Ministerio del Interior; no hubiese permitido que se reduzcan los fondos para la seguridad ciudadana”.

En esa misma línea, cuestiona que los recursos del Estado se destinen a equipamiento militar de guerra, adquisiciones que bien podrían postergarse por no ser urgentes frente a la necesidad de combatir las extorsiones y el crimen.

"Se está yendo el dinero para aviones de caza F-16, para la modernización de la base naval del Callao y la industria naval. Esos no son gastos prioritarios para el cuidado de los ciudadanos en este momento. Yo puedo tener barcos muy modernos, pero esos no me sirven para nada en la lucha contra la criminalidad”.

PUEDES VER: ¿Quién es Jenss Lara? Empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

Sin presupuesto no hay voluntad política

Frente a la propuesta oficial de desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno, Valdés advierte que la medida será ineficaz sin inversión económica para inteligencia, laboratorios de criminalística y la renovación del parque automotor policial, del cual cerca del 40% se encuentra inoperativo.

Para el exviceministro, la partida presupuestal es la única prueba del compromiso del Ejecutivo. "El mensaje es tremendamente contradictorio. Nada de lo prometido se va a poder cumplir si no hay fondos. El dinero es la expresión de la voluntad política, y lo que me da a entender el Gobierno con este presupuesto es que la voluntad política no existe para poder combatir la inseguridad”.

Además, Valdés remarcó que al no haberse presentado un solo indicador de reducción del delito en las primeras semanas de gestión, este déficit de recursos provocará un incremento inevitable en los índices de sicariato, extorsión y economías ilegales a nivel nacional.

PUEDES VER: Ministro Sheput a favor de salida de Arriola de la PNP, mientras Vinelli y Belaúnde justifican su continuidad

Del mismo modo, el exministro de Defensa, José Luis Gavidia, también consideró un error reducir los recursos destinados a seguridad en medio del avance de la delincuencia y planteó una mayor coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas.

En medio del debate por el proyecto de Presupuesto Público 2027, Gavidia cuestionó que se recorten recursos para un sector que, a su juicio, debería ser una de las principales prioridades del Gobierno frente a la ola de criminalidad.

“Definitivamente yo creo que el haber reducido el presupuesto a sistemas de seguridad es un error. Es uno de los problemas más graves de nuestro país y definitivamente tenemos que priorizar los resultados”.

PUEDES VER: Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

Gavidia plantea trabajo conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas

El exministro también se refirió a la posibilidad de desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo de las labores de seguridad interna. En esa línea, planteó una colaboración entre las fuerzas del orden.

“Yo siempre he pensado que la Policía debe pasar a ser parte del Comando Conjunto y comenzar a trabajar en equipo, todo el mundo, así como la Policía tiene que estar de frente a estas bandas criminales”.

Gavidia añadió que también es necesario revisar la formación de los policías, tanto oficiales como mandos, y planteó tomar como referencia experiencias de cuerpos policiales extranjeros para fortalecer sus capacidades.

La visita busca, según el comunicado oficial, "fortalecer las asociaciones clave" de Washington en la región. Se trata de la primera vez que Rubio pisa territorio peruano desde que asumió el cargo.

PUEDES VER: Fiscal de la Nación denuncia que PNP no coordinó con la Fiscalía por caso Trujillo: “Hacían las cosas por su cuenta”

El viaje no se limita al Perú. Rubio también estará en Colombia y Ecuador. En Bogotá se reunirá con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. En Quito lo recibirá el presidente Daniel Noboa, a quien ya conoció en un viaje anterior, en setiembre de 2025. En Lima, en cambio, sostendrá su primer encuentro con el gobierno de Keiko Fujimori desde que la mandataria llegó al poder.

La agenda de la gira toca tres temas centrales. El primero es el apoyo de Estados Unidos a Colombia tras el terremoto que golpeó el occidente del país en agosto. El segundo es el refuerzo de la cooperación contra el narcotráfico y lo que Washington llama narcoterrorismo.

PUEDES VER: Diputada Analí Marquez presenta denuncia constitucional contra defensor del Pueblo por declarar sobre cierre del Congreso

El tercero son los beneficios de relaciones comerciales más cercanas entre los tres países y Estados Unidos. El comunicado del Departamento de Estado no detalla, por ahora, la agenda específica que Rubio tendrá en la capital peruana.

Detrás de esta gira está el Escudo de las Américas, una alianza antinarcóticos que la Casa Blanca lanzó en marzo de este año. Colombia, de hecho, ya anunció su ingreso a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas tras la llegada de De la Espriella a la presidencia.

PUEDES VER: Keiko Fujimori condiciona al Congreso: sin facultades no podremos combatir el crimen

El viaje se da además en momentos en que tres gobiernos de la región —Bogotá, Quito y Lima— muestran una cercanía ideológica marcada con la administración de Donald Trump, algo que la propia gira busca consolidar.

En Lima, el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, se pronunció sobre la visita a través de su cuenta en la red social X. En el mensaje, elogió la gestión de Rubio dentro de la administración Trump y señaló que el Perú debe esperar anuncios sobre la cooperación bilateral. El diplomático, cercano al secretario de Estado, indicó además que espera recibirlo próximamente en el país.

De acuerdo a la hoja de vida que presentó Medina ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Generales de 2021, su experiencia laboral es de dos experiencias como administrador de la Institución Educativa Privada 'Belen Kids', de Arequipa. Además, cuenta con estudios de maestría en Gerencia de Gobiernos Regionales y Locales por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, de Juliaca.

PUEDES VER: Fiscal de la Nación denuncia que PNP no coordinó con la Fiscalía por caso Trujillo: “Hacían las cosas por su cuenta”

El Sineace es la institución que se encarga de evaluar y garantizar la calidad de las instituciones educativas y de sus programas, mediante procesos de evaluación y acreditación. Además, certifica las competencias de las personas que cuentan con conocimientos y habilidades adquiridos a través de la experiencia o la formación, con el objetivo de asegurar que cumplan determinados estándares de calidad.

Medina fue presidente de la Comisión de Educación del Congreso pasado. Bajo su titularidad, se aprobó el dictamen que luego derivó en la Ley N.° 31498, la cual permitió a grupos conservadores vetar el enfoque de género de la currícula escolar. Esta ley fue criticada por limitar el papel del Ministerio de Educación (Minedu) en la formulación de nuevos materiales educativos.

PUEDES VER: Keiko Fujimori condiciona al Congreso: sin facultades no podremos combatir el crimen

Una relación controvertida

El paso de Medina por el Parlamento también ha estado vinculado a posiciones cuestionadas en materia educativa y de control institucional.

PUEDES VER: Diputada Analí Marquez presenta denuncia constitucional contra defensor del Pueblo por declarar sobre cierre del Congreso

Medina fue uno de los congresistas de Renovación Popular que respaldó la modificación de la composición del consejo directivo de la Sunedu, una medida calificada por críticos como parte de la contrarreforma universitaria.

Años después, impulsó una reconsideración para insistir con una propuesta que permitía la reelección de rectores de universidades públicas, pese a la oposición de diversas universidades que advertían sobre una afectación a su autonomía.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

"El tema de seguridad está en el foco. Por lo tanto, en el foco tiene que estar el ministro del Interior. Tiene que haber respuestas muy inmediatas en el tema de la inseguridad. No hemos visto cambios importantes hasta ahora. Ciertamente ha pasado poco tiempo, pero no hay una estrategia clara o un discurso que haga pensar que se están juntando las piezas adecuadamente. (…) Me parece bien que sea interpelado. Es parte de la práctica democrática normal", indicó en Canal N.

PUEDES VER: Detienen a alcalde Magno Apaza cuando recibía S/30.000 de coima en municipalidad de Huacullani, Puno

Figallo también dio sus observaciones con respecto al manejo que ha mostrado el Gobierno de Keiko Fujimori hasta el momento. Para el senador del Partido del Buen Gobierno, el gabinete fujimorista no ha logrado consolidar un plan manejable de cara a la situación que azota al país.

"Creo que están sentándose en sus puestos y tratando de organizar las cosas. Esperábamos que esto ya lo tengan previamente, que llegaran con un plan listos para actuar. Pero, aparentemente, hay una especie de sorpresa respecto a lo que han encontrado. (…) Ciertamente, han debido llegar con mejor preparación para tomar acción desde el primer día, pero eso no ha ocurrido. Vamos a ver lo que sucede en los próximos días", señaló.

PUEDES VER: Senadora de Fuerza Popular minimiza pedido de piuranos ante Fenómeno del Niño: "Magia no se puede hacer"

La moción de interpelación contra Astudillo

La bancada de Juntos por el Perú promovió una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, debido a cuestionamientos por presuntas designaciones irregulares dentro de su sector y por la ausencia de resultados concretos ante el incremento de la delincuencia. La iniciativa fue presentada por la diputada de Juntos por el Perú y primera vicepresidenta de la Cámara Baja, Analí Márquez.

PUEDES VER: Diputada Analí Marquez presenta denuncia constitucional contra defensor del Pueblo por declarar sobre cierre del Congreso

El pedido contiene un pliego interpelatorio de 27 preguntas, distribuidas en cuatro temas, que Astudillo deberá responder ante el Pleno en caso de que la moción sea admitida. Entre los argumentos expuestos se encuentra el aumento de la tasa de homicidios.

La moción también cuestiona que el general Óscar Arriola continúe como comandante general de la Policía Nacional pese a acumular al menos 15 investigaciones fiscales en Lima, Lima Norte y Huánuco, por delitos como presunto prevaricato, abuso de autoridad y tráfico de influencias. También se menciona expedientes antiguos relacionados con su desempeño en Huánuco, que incluyen acusaciones por homicidio calificado y tortura, y solicitaron al ministro explicar por qué no se ha dispuesto su salida o suspensión, pese a los cuestionamientos sobre su conducción de la institución.

Aguirre fue más allá y cuestionó directamente el liderazgo de Zunini dentro de la agrupación. Aseguró que todas las decisiones de la bancada deberían someterse primero a votación entre sus integrantes, algo que, según él, no viene ocurriendo.

PUEDES VER: Fujimori se lava las manos por desempeño de Arriola en la PNP: "Esa respuesta se la dejo al ministro del Interior"

Días antes de las declaraciones del parlamentario, el Comité Regional de Junín de la agrupación emitió un pronunciamiento en el que pidió a la bancada iniciar acciones disciplinarias contra Aguirre por sus críticas públicas.

El diputado respondió cuestionando la legitimidad de los firmantes de ese documento y acusó a una de las dirigentes regionales de haber "indispuesto" a candidatos durante la segunda vuelta electoral.

PUEDES VER: El operador Fernando Cerimedo arribó a Lima durante la juramentación de Keiko Fujimori

Fuentes de La República señalaron que el caso de Aguirre no sería aislado. De acuerdo con esta información, hasta cuatro diputados de Juntos por el Perú tendrían decidido su pase a Fuerza Popular.

Las mismas fuentes indicaron que otros dos legisladores negocian su incorporación a Renovación Popular, en un movimiento que podría cambiar el mapa de fuerzas dentro del Congreso.

PUEDES VER: Renovación Popular presenta proyecto de ley para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos

Las acusaciones de Aguirre contra la conducción de la bancada

Aguirre no se guardó nada al hablar sobre el ambiente interno en Juntos por el Perú. En una entrevista con La República contó que el vocero Ernesto Zunini mantiene "actitudes negativas, matonescas" dentro del grupo y que existe un problema de fondo: las propuestas no se someten a votación conjunta antes de tomar una decisión, algo que para él es básico en cualquier bancada.

Según explicó, cuando algún congresista protesta por esta forma de manejar las cosas, la respuesta que recibe es de incomodidad, no de diálogo. "Es un tema de democracia", resumió el diputado.

PUEDES VER: Caso Manchay: Fuero militar investiga a policías solo por exceso de mando y no por homicidio

El reclamo más concreto de Aguirre tiene que ver con la vicepresidencia de la Comisión de Presupuesto. El legislador aseguró que Zunini se autodesignó en ese cargo sin que ningún colega lo propusiera.

Contó que un día antes de la entrevista la bancada sostuvo una reunión interna en la que varios diputados le hicieron el mismo reclamo, aunque Zunini negó la versión y la calificó de "totalmente falsa" en declaraciones a este medio.

PUEDES VER: Keiko Fujimori no habló nada en seis sesiones del Consejo de Ministros

El diputado por Junín también cuestionó la presidencia de la Comisión de Energía y Minas, a cargo de Jennifer Paredes. Para Aguirre, ese puesto exige preparación técnica específica —"un ingeniero o afines"— por la complejidad de temas como la situación de los mineros informales inscritos en el Reinfo.

El legislador no le atribuyó a Paredes ninguna falta concreta, pero dejó sembrada la duda sobre si está calificada para el cargo. "Ustedes saquen sus conclusiones", lanzó.

PUEDES VER: Pedro Hernández es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional

Aguirre también respondió al pronunciamiento del Comité Regional de Junín de su propio partido, que pidió a la bancada abrir un proceso disciplinario en su contra por sus declaraciones.

El diputado restó legitimidad a los firmantes del documento: dijo que uno de ellos, identificado como Osman Delfonso, "no tiene credibilidad ni registro jurídico" dentro de Juntos por el Perú. Apuntó también contra la dirigenta Anélia Bendaña, a quien acusó de haber "indispuesto" a los candidatos de la región durante la segunda vuelta electoral y de ser responsable de que Junín se quedara sin un candidato en la provincia de Tambo.

Luis Quispe Candia, diputado por el Partido del Buen Gobierno, criticó la omisión de la derogación de estas normas. Además, señaló que no está confirmado que su partido vaya a brindar un respaldo total al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo.

PUEDES VER: Diputada Analí Marquez presenta denuncia constitucional contra defensor del Pueblo por declarar sobre cierre del Congreso

"No se han tomado decisiones con el pedido de delegación de facultades. En relación con las normas que contravienen la lucha contra el crimen organizado y la debilitan, nosotros pediremos su derogación. Esa omisión está mal. Nosotros no vamos a promover normas que contravengan el cumplimiento de la ley. Es un momento crítico el que enfrenta el país", indicó a este medio.

Jair Manrique, diputado de Ahora Nación, también fue crítico con este pedido. El parlamentario señaló que no solo las leyes procrimen han sido obviadas, sino también otros temas. Bajo su análisis, el pedido debería ser reformulado.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

"Debería replantearse el pedido de delegación de facultades. Hay muchas cosas obviadas y otras agregadas de manera innecesaria. Creo que la presidenta debería reajustar su solicitud, ya que no se ajusta a la realidad. La realidad es que las leyes procrimen han incrementado la delincuencia. Yo ya he hecho un pedido público para que se reajuste este pedido", apuntó.

La omisión expresa no sorprende

Catherin Palomino, diputada de Juntos por el Perú, señaló que el Ejecutivo ya ha confirmado la creación de una comisión para revisar estas normas y que en el Congreso se empezarán a tramitar las proposiciones para derogarlas. Sin embargo, indicó que su omisión no debe ser pasada por alto.

"Creería que, si bien la omisión expresa no sorprende, porque el fujimorismo respaldó estas leyes, no quiere decir que no empecemos el debate desde los fueros competentes para proceder con la próxima derogación. En el Congreso, por ejemplo, seguiremos adelante con ello y no estamos condicionados a ninguna delegación de facultades legislativas", apuntó.

PUEDES VER: José Antonio Chang respalda a Tania Ramírez pese a su renuncia a la Derrama Magisterial: "Tiene todos los requisitos"

En el Senado también hay opiniones sobre el tema. Daniel Barragán, uno de los hombres fuertes de Obras, también fue crítico con las omisiones. Además del paquete legislativo, el senador señaló que se están dejando de lado medidas de prevención de cara al fenómeno de El Niño, previsto para el periodo 2026-2027.

"Las facultades las hemos discutido en la bancada. Hay varias cosas que no se han considerado. No solo las leyes procrimen, tampoco se precisa sobre el fenómeno de El Niño. Nosotros queremos apoyar las normas que traten temas urgentes para el país. Acá, desde el Congreso, igual estamos presentando proyectos de ley para lograr su derogación".

Opiniones también vinieron de la derecha

Desde la derecha, algunas voces también han opinado sobre esta omisión. Frank Krklec, diputado de Renovación Popular, aseguró a este medio que no es una prioridad que la derogación de estas normas sea considerada en el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno.

"El pedido de facultades del Ejecutivo se centra en medidas nuevas y urgentes contra el crimen organizado, como calificar a estas bandas como terroristas, reforzar el sistema penitenciario y la flagrancia. Eso me parece correcto. Respecto a las denominadas leyes procrimen, ya hay proyectos presentados en el Congreso y el Ministerio de Justicia ha conformado un grupo técnico para analizarlas. No existe consenso entre todas las bancadas sobre cuáles normas son leyes procrimen, si deben derogarse total o parcialmente, o si deben modificarse en aspectos puntuales. Por eso, considero que no corresponde incluirlas en una delegación de facultades. Deben tramitarse en las comisiones competentes, especialmente en la de Justicia, y en los plenos de ambas cámaras", indicó.

PUEDES VER: Cuatro personas fueron asesinadas en un solo día en Piura durante visita de Keiko Fujimori

Krklec no descartó que las denominadas leyes procrimen puedan modificarse: "Personalmente, considero que ninguna norma está escrita en piedra: toda ley puede derogarse, modificarse o mejorarse. El Congreso debe hacerlo con debate y criterio técnico".

Por su parte, al ser consultada por el tema, la congresista de la bancada oficialista Cecilia Chacón indicó que el tema de las normas procrimen viene siendo analizado en el Poder Ejecutivo por una comisión del Ministerio de Justicia.

La presidenta dijo que estas facultades son indispensables para determinar a las organizaciones criminales como "grupos hostiles" y como "grupos terroristas", una calificación que endurecería el marco legal para perseguirlas.

PUEDES VER: Diputada Analí Marquez presenta denuncia constitucional contra defensor del Pueblo por declarar sobre cierre del Congreso

Uno de los puntos que más detalló fue el estado del sistema de inteligencia. "Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia porque desde hace unos años no tiene capacidad operativa", afirmó. Con esa frase, la presidenta reconoció una debilidad estructural que, según dijo, limita la capacidad del Estado para anticipar y desarticular bandas criminales antes de que actúen.

La mandataria también habló sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Pidió que la PNP y las FFAA actúen de manera conjunta y asuman mayor control de los penales del país. A esa lista sumó otro punto: una política para acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados, que forma parte del mismo paquete de seguridad.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

Un día antes, en Piura, ya había defendido el mismo pedido

La presidenta no habló del tema por primera vez en San Martín. Un día antes, durante una visita a Piura para supervisar los trabajos de descolmatación del río por el fenómeno de El Niño, ya había defendido el pedido de facultades ante una pregunta directa sobre las más de 13,000 denuncias de extorsión registradas en el país. Estas facultades nos van a permitir, entre otras cosas, fortalecer la inteligencia para obtener la información antes que sucedan los hechos, sostuvo en esa oportunidad.

En Piura, Fujimori usó casi los mismos términos que repitió luego en San Martín. Señaló que el Gobierno busca contar con herramientas para declarar como grupos hostiles no solo a organizaciones terroristas, sino también a bandas criminales. También mencionó, igual que un día después, la política de expulsión de migrantes indocumentados y la necesidad de que las Fuerzas Armadas tomen control de los penales.

La insistencia no es casual. Dos días antes de su paso por Piura, la presidenta había guardado silencio público durante varias jornadas, en medio de las críticas por el cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo durante el secuestro de un empresario minero. En esa misma visita a Piura, evitó adelantar conclusiones sobre el caso, pero aseguró que los detenidos habrían reconocido su participación y que existirían documentos firmados como parte de las diligencias.

PUEDES VER: José Antonio Chang respalda a Tania Ramírez pese a su renuncia a la Derrama Magisterial: "Tiene todos los requisitos"

Congreso pide que derogación de leyes procrimen sea incluída en el pedido de facultades

El pedido de facultades legislativas no solo despierta dudas sobre las medidas contra el crimen organizado. Un grupo de congresistas de la oposición cuestionó que el proyecto no contemple la derogación de las llamadas leyes procrimen, el paquete de normas aprobado en el Congreso anterior y señalado como uno de los factores que facilitó el avance de la delincuencia.

El diputado Luis Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno, calificó esa omisión como un error y advirtió que su bancada exigirá esa derogación por separado. Consideró, además, que su partido todavía no decidió si respaldará el proyecto de manera íntegra.

PUEDES VER: Presupuesto 2027: Keiko Fujimori apuesta por modernizar las Fuerzas Armadas mientras reduce recursos para seguridad ciudadana

Jair Manrique, diputado de Ahora Nación, fue más duro. Pidió que la presidenta reformule por completo su solicitud y afirmó que el texto no refleja lo que ocurre en el país, ya que las leyes procrimen habrían contribuido al aumento de la delincuencia.

Desde Juntos por el Perú, la diputada Catherin Palomino apuntó en la misma dirección, aunque con otro matiz: dijo que la omisión no la sorprendió, porque el fujimorismo respaldó esas normas cuando estuvo en el Congreso anterior, y remarcó que su bancada avanzará con proyectos para derogarlas sin depender de la delegación de facultades.

La crítica también llegó desde el Senado. Daniel Barragán, de Obras, señaló que su bancada discutió el pedido y encontró varios vacíos: no solo la falta de mención a las leyes procrimen, sino también la ausencia de precisiones sobre las medidas frente al fenómeno de El Niño, previsto para el periodo 2026-2027. Barragán insistió en que su partido quiere apoyar las normas urgentes para el país, pero adelantó que, mientras tanto, presentarán en el Congreso sus propios proyectos para derogar ese paquete de leyes.

Su dimisión se dio por cuestionamientos sobre viajes oficiales junto al titular del sector. Durante una entrevista para Exitosa, el ministro rechazó las críticas hacia la designación de la excongresista de Fuerza Popular.

“Tania Ramírez es una doctora en Economía, magíster en gestión pública, contadora, tiene todos los requisitos que es lo más importante para cubrir ese puesto”.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

El ministro también precisó que el origen de los recursos que percibía la funcionaria no provenían directamente del Estado.

“La Derrama Magisterial no irroga gastos al Estado. Las dietas que percibe la señora Tania Ramírez son expresamente pagadas por una institución privada supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros”.

Respecto a los comentarios sobre viajes compartidos, el funcionario indicó que respondieron a comitivas universitarias oficiales.

PUEDES VER: Keiko Fujimori estuvo en Florida en gala con Damián Valenzuela y Fernando Cerimedo

“Quieren generar una narrativa suspicaz a través de dos, tres viajes en el que coincidimos. Son delegaciones (…) en representación de la Universidad [San MartÍn de Porres]. Es obvio, yo fui como rector de la Universidad porque tenemos la Cátedra de las Américas desde el 2004. O sea, no de ahora. Y siempre van delegaciones”, dijo Chang Escobedo.

Asimismo, al hablar sobre la decisión de la profesional de dejar el cargo, el funcionario indicó que su salida respondió a la presión pública.

“Ella creo que ha hecho un sacrificio al dejar esto, porque ella no tenía por qué renunciar. Pero entiendo que hacía daño, seguramente mediáticamente, al sector, al gobierno, y a ella misma, que como mujer no merecía ese trato”.

PUEDES VER: Presupuesto 2027: Keiko Fujimori apuesta por modernizar las Fuerzas Armadas mientras reduce recursos para seguridad ciudadana

Además, Chang comparó esta situación con otros nombramientos de jóvenes profesionales en instituciones del Estado, como el caso de Diana González, excongresista que fue recientemente nombrada como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC).

“Si cuestionamos a jóvenes profesionales con todos los títulos, entonces acá solamente va a haber un círculo de los viejos que circulan por alrededor del sector público. Hay que darle oportunidad a los jóvenes que tienen talento, formación, o sea, ninguna de las dos personas [Tania Ramírez y Diana Gonzáles] (…) dejan de tener grados, doctorados, maestrías. La verdad es que me parece muy injusto el trato que le hacen a mujeres jóvenes que están saliendo adelante”.

Gálvez explicó que existen dos momentos distintos en este tipo de casos. Uno es la declaración formal, donde el fiscal dirige la diligencia e interroga junto al policía instructor. El otro es la entrevista previa, de carácter informal, en la que el representante del Ministerio Público no está obligado a estar presente. Fue justamente en ese segundo escenario donde se produjo el episodio con Belaúnde.

PUEDES VER: Detienen a alcalde Magno Apaza cuando recibía S/30.000 de coima en municipalidad de Huacullani, Puno

El fiscal de la Nación aclaró que no encuentra responsabilidad penal en la conducta del ministro. "No veo que configure delito, sea o propiamente ilegal", indicó, al referirse a la posibilidad de que una autoridad, en este caso un ministro, interrogue a los detenidos en presencia del comandante general o del instructor a cargo de la investigación.

Sin embargo, Gálvez fue enfático en un punto: esa conversación carece de todo valor dentro del proceso. "Eso no tiene ningún valor y además puede perturbar la propia secuela de la investigación", advirtió. Con esta declaración, el titular del Ministerio Público dejó en evidencia una contradicción de fondo: el hecho no sería ilegal, pero tampoco debió ocurrir, y lo obtenido no sirve como prueba.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

La postura del fiscal llega en un momento de alta exposición para el caso de Trujillo, uno de los crímenes que más atención mediática ha generado en las últimas semanas por la magnitud del hecho: cuatro personas asesinadas y un empresario minero secuestrado. El pronunciamiento de Gálvez pone sobre la mesa un debate sobre los límites de la actuación de las autoridades políticas frente a investigaciones en curso.

El fiscal insistió en que la irregularidad no está en la presencia del ministro junto a los detenidos, sino en la naturaleza informal del encuentro. Según explicó, cualquier diligencia que busque tener valor probatorio requiere la conducción del Ministerio Público. Sin ese requisito, lo dicho por los capturados durante ese momento queda fuera del expediente.

“Las declaraciones del denunciado midieron una decisión tan trascendental como la disolución parlamentaria por su hipotético "rendimiento en encuestas" y conveniencia como "negocio político", omitiendo deliberadamente evaluar si dicha medida resultaba lícita y constitucional dentro de un modelo bicameral”, señala en su denuncia Márquez.

PUEDES VER: Presupuesto 2027: Keiko Fujimori apuesta por modernizar las Fuerzas Armadas mientras reduce recursos para seguridad ciudadana

Además, Márquez recuerda que el defensor del Pueblo señaló que este respaldo ciudadano se daría tal como el que tuvo ‘su padre’, haciendo referencia al autogolpe de 1992 perpetrado bajo el régimen de Alberto Fujimori. Al respecto, la diputada indica que presentar este hecho de esta manera deja de lado el trasfondo político de tal acto y sus consecuencias para la democracia: “El denunciado presenta ante la ciudadanía el quiebre institucional de aquel año como un precedente políticamente exitoso y, por tanto, replicable”

Por estos hechos, la diputada de Juntos por el Perú señala que Gutierrez cometió una infracción al deber de respetar y defender la Constitución y al principio del Estado Democrático de Derecho y separación de poderes; además de un quiebre de las competencias de la Defensoría del Pueblo. Para Márquez, esto perpetraría una acción que va contra los artículo 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución.

PUEDES VER: Keiko Fujimori asegura que detenidos en Trujillo ya han confesado: ''Hay documentos firmados''

Declaraciones de Gutierrez rechazadas por el Senado

Cuatro bancadas del Senado expresaron su rechazo a las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sobre la posibilidad de una eventual disolución del Congreso. Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras suscribieron un pronunciamiento en el que calificaron sus expresiones como “incitaciones golpistas” y advirtieron que estas atentarían contra la Constitución y el equilibrio de poderes.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

El documento fue firmado por los senadores Flavio Figallo Rivadeneyra, Alfonso López Chau Nava, José Castillo Terrones y Daniel Barragán Coloma, en representación de sus respectivas agrupaciones. Las bancadas defendieron la legitimidad del Parlamento como expresión de la soberanía popular y consideraron antidemocrático cuestionar su funcionamiento o existencia al margen del marco constitucional.

Asimismo, los grupos parlamentarios señalaron que adoptarán las medidas que correspondan dentro de las atribuciones que les otorga la Constitución. La crítica se suma a la expresada previamente por Renovación Popular, bancada cercana al oficialismo, que también cuestionó a Gutiérrez por sus declaraciones sobre una eventual disolución del Legislativo.

La iniciativa fue impulsada por la diputada y primera vicepresidenta de la cámara baja, Analí Márquez. El texto incluye un pliego interpelatorio de 27 preguntas, agrupadas en cuatro ejes, que el ministro deberá responder ante el pleno si la moción es admitida.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

El documento presenta las cifras del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, citadas en el propio documento, la tasa de homicidios en el país pasó de 8.6 por cada 100 mil habitantes en 2022 a 10.7 en 2025.

Además usa de fundamento el incremento de las denuncias por extorsión, en el mismo periodo, las cuales subieron de 16,346 a 26,585 casos. Lima Metropolitana concentró la mayor parte, con 11,192 denuncias solo el año pasado. La moción advirtió, además, que el 81.5% de las víctimas de robo o hurto no denunció el hecho, porque consideró que acudir a una comisaría era una pérdida de tiempo.

PUEDES VER: Presupuesto 2027: Keiko Fujimori apuesta por modernizar las Fuerzas Armadas mientras reduce recursos para seguridad ciudadana

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la permanencia del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola Delgado, quien acumula al menos 15 procesos fiscales entre las sedes de Lima, Lima Norte y Huánuco. Las investigaciones incluyen presunto prevaricato, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

En procesos más antiguos, vinculados a su etapa en Huánuco, figuran incluso casos de homicidio calificado y tortura. Los diputados pidieron al ministro una explicación sobre la ausencia de una decisión formal para cesarlo o suspenderlo, pese al deterioro de su liderazgo dentro de la institución policial.

PUEDES VER: Keiko Fujimori estuvo en Florida en gala con Damián Valenzuela y Fernando Cerimedo

La moción también apuntó contra el nombramiento de Magali Meza como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior. La funcionaria arrastra una investigación fiscal por presuntas contrataciones irregulares de su gestión previa en el Ministerio de Educación.

En esa etapa, la Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro allanó 25 inmuebles en Lima, Callao y Huánuco, entre ellos su propia vivienda. Los legisladores pidieron que Astudillo revele quién la recomendó para el cargo y cómo garantiza que la Policía mantenga independencia frente a investigaciones que involucren a figuras cercanas al Gobierno.

"Disponer que se evalúe la inhibición del magistrado Roberto Burneo Bermejo por razones de imparcialidad objetiva y decoro, conforme a los mecanismos procesales aplicables. 4. De estimarse procedente la inhibición, disponer que el magistrado se aparte de la deliberación y votación del presente expediente", se lee.

PUEDES VER: Diputada Analí Marquez presenta denuncia constitucional contra defensor del Pueblo por declarar sobre cierre del Congreso

El ciudadano Castillo había solicitado la exclusión de López Aliaga por presunta reelección encubierta, luego de que Luis Rubio renunciara a la candidatura a la alcaldía de Lima el 4 de agosto y dejara a López Aliaga como primer regidor en condiciones de asumir nuevamente el sillón municipal si Renovación Popular gana las elecciones de este 4 de octubre.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente el pedido, por lo que Castillo Rojas apeló y el expediente llegó al Pleno del JNE, instancia que resolverá en última instancia.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

Antecedente

El sustento de su solicitud se basa en las declaraciones públicas que dio Burneo el 4 y 5 de agosto, cuando afirmó que "personalmente" considera que debería permitirse la reelección en gobiernos locales y que quien administra un distrito "debe tener un perfil de permanencia".

El magistrado Gunther Gonzáles salió después a marcar distancia, precisando que esa posición era a título personal y no representaba al Pleno.

Pero el antecedente más contundente no está en declaraciones, sino en un voto que ya ha sido emitido. En una resolución sobre un caso del alcalde de Ponto (Áncash), Percy Villanera Figueroa, quien buscaba postular como primer regidor tras la salida de carrera del candidato de su lista a la alcaldía, el Pleno resolvió por mayoría que no existe reelección encubierta.

La decisión fue suscrita por Burneo junto con los magistrados Aarón Oyarce y Rubén Torres. El único voto en contra fue, otra vez, el de Gonzáles Barrón, quien sostuvo que la prohibición constitucional de reelección alcanza también los mecanismos indirectos que buscan eludirla.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

"De mi parte, estoy superando todo el tema de los conflictos y la controversia que se viene generando. Todavía no está del todo superado. Mi pensamiento sigue siendo Juntos por el Perú. No puedo hablar por otras personas, pero yo todavía me mantengo en JP", dijo el diputado.

Días antes, Marlon Aguirre no descartó la posibilidad de llegar a Fuerza Popular, luego de criticar al vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, y los acuerdos que tomaba la agrupación para la conformación de comisiones.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

"Antes de postular por Juntos por el Perú, he tenido líneas con Fuerza Popular. Yo no lo puedo mentir, no lo puedo negar. El que yo me vaya a Fuerza Popular o no, no lo puedo negar ni afirmar", reconoció en el programa Beto a Saber.

Responde

Al respecto, Ernesto Zunini calificó de irresponsable las declaraciones de su colega Aguirre y cuestionó que se difundan los problemas internos de la bancada, pese a que, según señaló, por cada decisión hay un consenso.

"La bancada de Juntos por el Perú, todas las decisiones se toman por consenso; cuando no alcanzan consenso se someten a votación. Él ha sido electo por el pueblo para legislar por JP. Cada diputado es responsable de las decisiones que pueda tomar al respecto", declaró.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

Fuentes de La República señalaron que el caso de Aguirre no sería aislado. De acuerdo con esta información, hasta cuatro diputados de Juntos por el Perú tendrían decidido su pase a Fuerza Popular.

Las mismas fuentes indicaron que otros dos legisladores negocian su incorporación a Renovación Popular, en un movimiento que podría cambiar el mapa de fuerzas dentro del Congreso.

De acuerdo con la información preliminar, la empresa Ferbicons Constructores S.A.C. obtuvo un contrato por S/349.000 para la instalación de grass sintético. El alcalde habría solicitado inicialmente el 10% del monto, equivalente a unos S/34.900, a cambio de agilizar el pago correspondiente. Posteriormente, el monto habría sido reducido a S/30.000.

El pedido de dinero habría quedado registrado en un audio, evidencia que fue entregada a las autoridades luego de que uno de los representantes de la empresa denunciara el hecho.

Tras la denuncia, el fiscal anticorrupción Wilima Otazú dispuso la intervención en la sede de la Municipalidad Distrital de Huacullani. La entrega del dinero se habría concretado dentro del local municipal.

PUEDES VER: Menor fallece tras ser mordida por una araña en su vivienda: ataque le habría provocado insuficiencia renal aguda

Dos trabajadoras también fueron detenidas

Durante el operativo también fueron intervenidas Marga Clared Mamani Chambilla, asistente de la unidad de Tesorería, y Rocío Ana Flores Maquera, tesorera de la comuna.

Según la información recogida en la diligencia, Mamani Chambilla tenía en su poder el dinero que presuntamente había sido solicitado por el alcalde. Además, los investigadores encontraron comunicaciones entre ella y Apaza Mamani a través de WhatsApp que serían materia de investigación.

Las dos trabajadoras habrían atribuido al alcalde la responsabilidad por el pedido de dinero, aunque no habrían brindado mayores detalles sobre cómo se habría coordinado la presunta entrega de la coima.

PUEDES VER: Asesinan a policía la misma noche del cuádruple asesinato en Trujillo: habría intentado denunciar corrupción

Alcalde y trabajadoras evalúan terminación anticipada

Fuentes del Ministerio Público señalaron que, ante las evidencias recogidas durante la intervención, los tres investigados habrían reconocido los cargos que se les atribuyen y estarían evaluando acogerse a la terminación anticipada.

Esta figura permite que un investigado acepte responsabilidad y llegue a un acuerdo con la Fiscalía sobre la pena y la reparación civil, a cambio de una reducción de la sanción. La eventual aplicación de este mecanismo deberá ser evaluada y aprobada por el Poder Judicial.

La investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los intervenidos y establecer las circunstancias en las que se habría solicitado y entregado el dinero.

Según refieren, el tribunal ordenó la detención inmediata de Humala solo con la lectura del adelanto del fallo en su contra, el 15 de abril de 2025. Posteriormente, precisaron que la lectura de la sentencia íntegra se dio el 29 de abril, pero alertaron que el documento con las firmas de los magistrados recién fue notificado de manera formal el 2 de mayo.

“Emitir el informe correspondiente a la Fiscalía de la Nación, en el extremo de la imputación contra los magistrados Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa, en su condición de jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por el presunto delito de abuso de autoridad, formulado por los denunciantes Ollanta Moisés Humala Tasso y Mario Julio Torres Aliaga”, dice el documento al que accedió La República.

La disposición emitida por la fiscal Lina Balvín Álvarez también señala que fue archivada la denuncia que la defensa de Humala presentó contra los jueces por los presuntos delitos de archivó los otros tres omisión de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica.

Balvín Álvarez consideró que no hay elementos que sustenten una responsabilidad directa de los jueces.

PUEDES VER: Trenes de Lima-Chosica podrían terminar en Puno y Tacna: MML en conversaciones por material de Caltrain

Se defiende

Ante la denuncia de abuso de autoridad, la jueza Nayko Coronado dijo que, tras culminar la lectura del adelanto de fallo, la defensa técnica de Humala no impugnó ni cuestionó la decisión de la prisión inmediata. Sobre la demora de la notificación de la sentencia, la magistrada explicó que el retraso en la firma y notificación no respondió a una omisión deliberada, sino a la complejidad de la sentencia, la cual consta de cerca de 600 folios con una estructura que incluye cuadros, gráficos e imágenes.

La jueza Juana Caballero afirmó que los hechos ilícitos denunciados en su contra carecen totalmente de sustento. En tanto, el juez Max Vengoa señaló que la técnica del “adelanto de fallo” es una práctica legal y que habilita la ejecución inmediata de la condena. Al igual que su colega Coronado, dijo que la demora de la notificación responde a la complejidad de la sentencia.

PUEDES VER: Ejecutivo no adjuntó acta que sustenta carácter "muy urgente" de pedido de facultades legislativas

Los jueces se defendieron alegando problemas técnicos y un feriado

Los tres magistrados atribuyeron la demora a dificultades informáticas para subir la sentencia al Sistema Integrado de Justicia (SIJ) del Poder Judicial. Según los descargos recogidos en la investigación, el documento sí fue cargado al sistema el 21 de abril de 2025, pero en los días siguientes se presentaron inconvenientes técnicos relacionados con la numeración de páginas, el desplazamiento de objetos y la aparición de espacios en blanco, que requirieron una edición y corrección formal antes de que este pueda firmarse.

Y a esto se sumó que la jueza Caballero no estaba en Lima, sino en un juzgado de Huaura, sin acceso a firma física ni digital hasta que se habilitaran los permisos correspondientes. También que el 1 de mayo fue feriado nacional y no hubo personal técnico disponible y que recién el 2 de mayo, día que era no laborable para el sector público, se autorizó que el personal fuera a la sede del Poder Judicial para concretar la firma.

Max Vengoa, el único de los tres jueces que no se acogió a su derecho a guardar silencio ante la Fiscalía, sostuvo que la ley permite diferir la redacción de una sentencia hasta ocho días después del adelanto de fallo en casos complejos, conforme al artículo 396.2 del Código Procesal Penal, y que ese plazo, aunque se extendió más del doble en este caso, no invalida la decisión adoptada oralmente el 15 de abril.

PUEDES VER: Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

Cabe señalar que el pedido de la Fiscalía Superior llega más de un mes después de que el Tribunal Constitucional declarara fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Humala y dispuso que anule todo el proceso penal seguido en su contra por los aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

No descartan pedir indemnización

En diálogo con La República, el abogado Edinson Huamán --representante judicial del expresidente Ollanta Humala-- señaló que además de las diligencias para el proceso penal contra los magistrados, se encuentra en camino también un pedido para solicitar una indemnización económica en favor del exmandatario y los afectados.

"Es un tema aparte. (…) Es un tema propiamente civil que está en trámite, en curso. Y se presentará contra el Estado y los jueces que están dentro del caso", sostuvo.

La ceremonia fue realizada en el Auditorio Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los nuevos defensores del Estado cumplirán una importante labor en distintas instituciones como el Ministerio de Cultura, la Autoridad Nacional de Infraestructura, el Gobierno Regional del Callao y diversas municipalidades provinciales y distritales.

PUEDES VER: Procuraduría General del Estado reúne a cerca de 300 juristas en proceso de selección

"Proteger jurídicamente al Estado y contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones es, sin duda, un honor, pero también es un deber que exige entrega, preparación permanente y una profunda vocación de servicio", sostuvo María Caruajulca, titular de la Procuraduría General del Estado.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda y de autoridades de las entidades que recibirán a los nuevos procuradores, así como a la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, y el alcalde de Breña, Luis Felipe de la Matta.

Con esta incorporación, la Procuraduría General del Estado refuerza el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho y la protección de los intereses del país.

"Esta colecta nos va a permitir ser también protagonistas, no sólo espectadores. El pequeño aporte de muchas personas expresará el amor al Santo Padre, creando además una solidaridad que pueda servir para quienes tienen menos recursos y no queden excluidos y participar en esta visita. Todos los católicos recordamos que el Papa es el sucesor de San Pedro y el vicario de Cristo en la tierra”, señaló Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana y vicario general del Obispado Castrense del Perú.

"Su visita por eso es una oportunidad para fortalecer la iglesia, la comunión y su misión evangelizadora. La colecta que hoy lanzará la Conferencia Episcopal puede entenderse entonces como una ofrenda de toda la iglesia en el Perú al Señor en la persona del Papa, su vicario. Queridos hermanos, hoy la Conferencia Episcopal Peruana lanza esta colecta nacional con ocasión de la venida del Papa León XIV, guiados por una bonita frase del apóstol San Pablo: "Cada uno de él, como haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, sino porque Dios ama al que da con alegría", agregó.

PUEDES VER: Diputada Analí Marquez presenta denuncia constitucional contra defensor del Pueblo por declarar sobre cierre del Congreso

La colecta tendrá como meta mínima recaudar S/4 millones, monto que permitirá atender parte de las necesidades logísticas y organizativas vinculadas con la llegada del pontífice. Desde la Conferencia Episcopal Peruana expresaron su expectativa de que la generosidad de los fieles permita superar dicha cifra.

De acuerdo con la convocatoria del Episcopado, la colecta constituye un acto de fraternidad en el que cada persona, parroquia y comunidad puede aportar según sus posibilidades. El objetivo también es que las personas con menos recursos no queden excluidas de las actividades previstas por la visita papal.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

Itinerario del Papa León XVI será anunciado el 15 de septiembre

Asimismo, la Conferencia Episcopal Peruana presentó el videoclip del Himno Oficial de la visita del Santo Padre, compuesto por Jaime Montoya, director del Coro Aguchita. La canción fue desarrollada en español, quechua y awajún como una forma de integrar a las tres regiones naturales del país.

La Iglesia peruana también informó que el itinerario de la visita contará con datos confirmados el próximo 15 de septiembre. La llegada de León XIV está prevista del 11 al 16 de noviembre, según la convocatoria difundida por la Conferencia Episcopal.

La feligresía y las personas que deseen colaborar podrán realizar sus aportes en las cuentas bancarias de la Conferencia Episcopal Peruana en el BCP: soles 191-7397175-0-37 y dólares 191-7397179-1-87.

Entre las víctimas figuran un taxista atacado frente a un hospital, un joven de 20 años y un padre junto a su hijo, quienes fueron encontrados sin vida dentro y fuera de su vivienda. La Policía investiga los móviles de cada uno de los homicidios y busca identificar a los responsables.

Los asesinatos ocurrieron el mismo día en que la presidenta Keiko Fujimori se encontraba en la región Piura, como parte de una visita oficial para supervisar acciones de prevención ante el fenómeno El Niño.

PUEDES VER: Asesinan a policía la misma noche del cuádruple asesinato en Trujillo: habría intentado denunciar corrupción

Taxista fue asesinado frente a hospital

Uno de los crímenes ocurrió en el distrito de Castilla. Líder Lizana Campos, quien trabajaba como taxista, se encontraba a bordo de su vehículo frente al Hospital Regional Cayetano Heredia de EsSalud cuando fue atacado.

Según las primeras diligencias, un sujeto se acercó al automóvil y le disparó directamente. La víctima recibió cinco impactos de bala y murió en el lugar.

Tras cometer el ataque, el sicario corrió hacia un vehículo que lo esperaba a pocos metros y escapó. La Policía analiza las circunstancias del crimen para determinar si se trató de un ataque dirigido y establecer el móvil.

Entre las hipótesis se encuentra una posible extorsión, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

PUEDES VER: Audio revela interrogatorio de Óscar Arriola a implicado en secuestro de Trujillo: orden era asesinar al minero por pasarse a ‘La Jauría’

Joven de 20 años fue atacado cerca de su vivienda

Otro asesinato ocurrió en el asentamiento Jorge Basadre, en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana. La víctima fue Andy Silva Juárez, de 20 años, quien era padre de un niño pequeño.

De acuerdo con la información recogida en la zona, el joven se encontraba cerca de su vivienda cuando fue interceptado por sujetos que le dispararon a quemarropa.

Silva, quien trabajaba como repartidor de gaseosas para una empresa de bebidas y productos frutícolas, quedó gravemente herido. Fue trasladado al Hospital de Especialidades de Sullana, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

El crimen causó preocupación entre los vecinos de la zona, donde se han registrado otros hechos violentos.

PUEDES VER: Escritor Martín Caparrós minimiza reconocimiento internacional de la gastronomía peruana: “Perú solo es pescado frío”

Padre e hijo fueron asesinados en su vivienda

El otro doble homicidio ocurrió en el sector Villa Sol, ubicado en la carretera Piura-Chiclayo. Las víctimas fueron identificadas como Mauro Solano Chacón, de 64 años, y su hijo Hilton Mauro Solano Campos, de 38.

El ataque ocurrió minutos antes de las 9.00 a. m. Según el reporte del área de Homicidios de la Divincri Piura, los agentes encontraron a Mauro Solano tendido boca abajo en el frontis de la vivienda. Presentaba tres impactos de bala en el rostro.

Al ingresar al inmueble, los policías hallaron el cuerpo de su hijo. Hilton Solano había recibido cuatro disparos en la cabeza y la espalda.

La Policía informó que Hilton Solano registraba una denuncia por violencia familiar y afrontaba un proceso penal por el presunto delito de microcomercialización de drogas. Estos antecedentes son considerados como parte de las diligencias, pero no determinan por sí mismos el motivo del asesinato.

Los cuatro homicidios son investigados por la Policía, que busca identificar a los responsables y determinar si existe alguna conexión entre los ataques.

Fujimori no descartó, sin embargo, haberse cruzado en algún momento con Fernando Cerimedo, protagonista de un escándalo internacional: su expareja, la boliviana Nadia Beller, después de haber sido herida de bala por dos sicarios, lo acusó de haber sido el autor intelectual del atentado.

Desde entonces, Beller difundió información de que Cerimedo trabajó para varios candidatos latinoamericanos de derecha, y logró el triunfo de algunos, diseñando y dirigiendo campañas de desprestigio contra los opositores a sus clientes mediante la difusión de mentiras por las redes sociales.

"Su presencia en el Perú no sé a qué corresponde. Habría que preguntárselo a él. Seguro lo habré saludado en algún sitio, pero no tengo ninguna comunicación ni relación con él", apuntó Fujimori.

PUEDES VER: El operador Fernando Cerimedo arribó a Lima durante la juramentación de Keiko Fujimori

Muy probablemente esa ocasión pudo haber sido el martes 10 de febrero de este año, cuando fue una de las invitadas estrella de la Gala de la Prosperidad Hispana, que se celebró en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

En la velada Fernando Cerimedo recibió el premio 'Consultor Político Hispano del Año' y ofreció un breve discurso de agradecimiento.

Una fuente de La República que estuvo en la gala compartió una fotografía en la que aparece Keiko Fujimori en compañía de su amigo y asesor, el financiero argentino Damián Valenzuela Mayer. Como informó este periódico, Valenzuela viajó 16 veces a Lima durante la campaña presidencial de la excandidata Keiko Fujimori, entre 2025 y 2026.

Consultado por este diario, Damián Valenzuela confirmó que asistió a la Gala de la Prosperidad Hispana.

En la imagen también se aprecia al consultor argentino Adrián 'Andy' Rivas, amigo de Fernando Cerimedo, con quien asesoró al candidato presidencial Santiago Peña, quien ganó las elecciones en Paraguay.

En la misma toma se observa a una persona con las características físicas de Fernando Cerimedo. La fuente de este diario que compartió la foto señaló que sí era el operador argentino. Pero cuando se le consultó a Damián Valenzuela, este evitó confirmar la identidad del personaje.

PUEDES VER: Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

Aunque Keiko Fujimori asegura no haber mantenido contacto con Fernando Cerimedo, sí lo ha tenido con otros personajes cercanos al consultor argentino, preso en Bolivia por el presunto intento de asesinato de su expareja Nadia Beller.

Por ejemplo, el director del periódico digital La Derecha Diario, el periodista español Javier Negre, se fotografió con Keiko Fujimori en la gala de Mar-a-Lago. Y también llegó a Lima para la juramentación de la presidenta, ocasión en la que volvió a retratarse. Negre es socio comprobado de Fernando Cerimedo.

Como se mencionó, en la foto de Keiko Fujimori con Damián Valenzuela también se distingue al consultor argentino Andrés 'Andy' Rivas, extremadamente cercano a Fernando Cerimedo. Pero hay un detalle adicional. Rivas es representante en Uruguay del Centro de Estudios Adam Smith para la Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

El presidente del Centro Adam Smith es otro amigo de Fernando Cerimedo, el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo.

El exfuncionario del primer mandato del gobierno de Donald Trump, además de haber contratado a Keiko Fujimori para dictar clases en el Centro Adam Smith, por US$45 mil al año, es asesor y amigo de la jefa de Estado. Lo ha declarado públicamente.

El otro asesor de Keiko Fujimori, el argentino Damián Valenzuela, ratificó a este diario que no le une amistad con Fernando Cerimedo. Sin embargo, sí mantiene vínculo amical de varios años con Carlos Díaz-Rosillo, quien asesora a la presidenta.

Pero, a diferencia de Valenzuela, Díaz-Rosillo no ha explicado el vínculo estrecho con Fernando Cerimedo.

La República ha obtenido fotografías de Carlos Díaz-Rosillo en compañía del operador político argentino Fernando Cerimedo, imágenes que confirman un lazo muy íntimo que el asesor de Keiko Fujimori debería explicar.

PUEDES VER: Asesor argentino de Keiko Fujimori estuvo en Lima en 44 ocasiones

¿Quién es la mujer que aparece en la foto con Cerimedo?

.En comunicación con este diario, la consultora Giselle Giannotti Grados afirmó que una empresa para la que trabaja, requería adquirir unas licencias de Inteligencia Artificial (IA), por lo que buscó a Brad Parscale, a quien conoce desde 2024. El empresario estadounidense, conocido como consultor digital y ejecutivo de medios, le recomendó reunirse con Fernando Cerimedo, quien es uno de sus contactos en América Latina.

Giannotti buscó a Cerimedo y este la invitó a un café en el hotel Marriott, aprovechando que estaba en Lima en Fiestas Patrias, para conversar sobre el software que estaba buscando. Pero Cerimedo relató otra historia a su expareja,

La República contactó con Nadia Beller y declaró que Cerimedo, cuando se encontraba en Lima el 28 de julio -acompañando a la comitiva del presidente boliviano Rodrigo Paz-, le envió una fotografía en la que aparecía junto a una mujer que no identificó, quien supuestamente era una política y que estaba vinculada con Keiko Fujimori. Cerimedo nunca le dijo su nombre.

Según el registro presentado, la exparlamentaria se reunió con el titular de Educación por motivos relacionados con la comisión organizadora de los Juegos Panamericanos 2027 de Lima. El encuentro se habría desarrollado entre las 3.49 p. m. y las 5.02 p. m.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

Sin embargo, esta no sería la única reunión entre Chang y una persona vinculada a Gonzáles que ha sido puesta bajo la lupa. El congresista Eduardo Castillo —diputado de la bancada de Fuerza Popular— también se reunió con el ministro de Educación. Epicentro señala que Castillo y Gonzáles mantendrían una relación cercana.

El encuentro entre el diputado fujimorista y Chang ocurrió solo unas horas antes de la reunión entre Gonzáles y el ministro y tuvo una duración de poco menos de una hora. El propio Castillo compartió imágenes de la reunión en sus redes sociales y aseguró que durante el encuentro abordaron la culminación de un colegio emblemático de Sullana.

PUEDES VER: Keiko Fujimori asegura que detenidos en Trujillo ya han confesado: ''Hay documentos firmados''

"Dime, cómo haces magia... tú no vas a tirarnos la responsabilidad de haber trabajado desde hace un año para darle mayor capacidad. Se está haciendo todos los refuerzos y por eso se han convocado a ellos. El Ejecutivo en estos momentos está sin caja en todos los ministerios. Te acabo de decir del MTC, tengo la maquinaria arriba pero no hay plata. Se está haciendo los esfuerzos (...) La presidenta Fujimori está haciendo todo lo que se puede hacer. Magia no se puede hacer. Lo hemos dicho desde el primer día que asumió la presidencia", declaró la senadora.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

Cabe recordar que el ministro de Agricultura señaló este domingo en Latina que las intervenciones en el cauce del afluente piurano permitirán manejar un mayor volumen de agua y reducir el riesgo de inundaciones. El ingeniero César Alvarado, autor del Plan Integral del río Piura, sostuvo en Radio Cutivalú Piura que Vinelli miente al asegurar que la descolmatación permitirá alcanzar los 3.900 m³/s, pues según explicó, esa capacidad requiere además liberar el tapón ubicado en la zona de Chutuque para dar salida al agua hacia el mar. Alvarado precisó que el Plan Maestro fue diseñado para soportar cerca de 5.750 m³/s, muy por encima de la cifra que maneja el Ejecutivo.

Pese a este cuestionamiento técnico, Schaefer atribuyó las críticas a la falta de presupuesto y evitó referirse a las observaciones sobre la eficacia real de los trabajos que se ejecutan en el cauce del río.

PUEDES VER: Keiko Fujimori estuvo en Florida en gala con Damián Valenzuela y Fernando Cerimedo

Presupuesto 2027 deberá definir recursos para enfrentar los efectos del Fenómeno de El Niño

El proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para 2027 asciende a S/266.506 millones y será sustentado ante el Pleno del Congreso por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Ambos también expondrán los proyectos de Ley de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero.

Dentro de la propuesta figura una Reserva de Contingencia de S/9.601 millones, destinada a cubrir gastos imprevistos durante el próximo año. La nota señala que estos recursos tienen libre disponibilidad y no cuentan con un destino específico definido de antemano.

El presupuesto también contempla S/31.221 millones para el servicio de la deuda pública, equivalente al 11,7% del total, mientras que la función Salud recibirá S/32.208 millones y Orden Público y Seguridad contará con S/15.338 millones. Estos montos serán parte del debate sobre las prioridades de gasto para 2027.

"Tal como se puede evidenciar en los registros fotográficos, hemos llegado a una conciliación legal y justa. El paciente se encuentra estable, lúcido y, con plena voluntad y consciencia, firmó el acuerdo respectivo. Este proceso se ha desarrollado en un marco de diálogo, respeto mutuo y empatía", señaló la excongresista.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

De acuerdo con su comunicado, la exparlamentaria socorrió al ciclista y garantizó su traslado. Asimismo, aseguró que se encuentra colaborando con las pesquisas correspondientes relacionadas con el caso.

La víctima del choque, identificada como Frank Espinoza Maurtua, sufrió una fractura en la región sacra de la columna.

PUEDES VER: Keiko Fujimori estuvo en Miami en gala con Damián Valenzuela y Fernando Cerimedo

Fiscalía investiga a Portalatino

Tras registrarse el impacto, la Fiscalía anunció el inicio de las diligencias por el presunto delito de lesiones culposas. La investigación está a cargo de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, dirigida por la fiscal Berenice Romero Ohama.

PUEDES VER: Crimen en Trujillo desnudó las “mentiras” del Gobierno de Keiko Fujimori

Como parte de estas investigaciones, se dispuso recoger los testimonios de los policías que participaron en la intervención, practicarle un dosaje etílico a la exlegisladora y realizar el reconocimiento médico-legal del ciudadano afectado.

El Ministerio Público también ordenó acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de la avenida Pacasmayo con el jirón Guillermo Dansey. Estos registros serán evaluados para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las circunstancias del impacto.

La pesquisa, desarrollada desde 2019 y que derivó en un megaoperativo en 2020, investigó cómo cargamentos de mineral extraído presuntamente de manera ilegal podían ingresar al circuito comercial mediante documentación de personas y empresas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Entre los documentos identificados durante las pesquisas figuraban los de Matwork, empresa vinculada a Lara Tantaquilla. De acuerdo con una investigación de Mongabay Latam, en marzo de 2019 se utilizaron documentos de esta compañía para sustentar el traslado de 17 toneladas de mineral aurífero.

El antecedente cobra relevancia tras el secuestro del empresario, quien fue interceptado por sujetos armados en la avenida Húsares de Junín. En el ataque fueron asesinadas cuatro personas que lo acompañaban. La Policía maneja, entre sus hipótesis, la posible participación de la organización criminal Los Pulpos, aunque las investigaciones continúan.

PUEDES VER: Las tres claves del falso comando PNP que secuestró a empresario minero y acribilló a 4 personas

El nombre de Lara apareció en el caso Los Topos del Frío

La investigación contra Los Topos del Frío permitió reconstruir una cadena que comenzaba con la extracción de mineral en zonas de Pataz y continuaba con su traslado hacia centros de almacenamiento y plantas de beneficio en distintas regiones.

El objetivo de las autoridades era determinar cómo el oro de procedencia cuestionada podía adquirir una apariencia de legalidad antes de ingresar al mercado formal y, eventualmente, ser exportado.

En ese contexto apareció Jenss Lara Tantaquilla, quien figuraba inscrito en el Reinfo con dos concesiones ubicadas en el distrito de Chillia, en Pataz. Su empresa Matwork también quedó mencionada en la documentación revisada por los investigadores.

Según la investigación de Mongabay Latam, una carga de 17 toneladas de mineral aurífero fue movilizada en marzo de 2019 utilizando documentos de Matwork. Sin embargo, las autoridades encontraron una diferencia entre las concesiones consignadas en los papeles y el lugar desde donde había partido el mineral.

Las verificaciones realizadas posteriormente en algunas de las concesiones declaradas no encontraron actividad minera que permitiera explicar la procedencia de los cargamentos investigados. La hipótesis fiscal era que inscripciones existentes en el Reinfo podían ser utilizadas para sustentar documentalmente el origen de mineral extraído de otros puntos.

Es importante precisar que la aparición de Lara Tantaquilla y de los documentos de Matwork en aquella investigación no demuestra por sí misma que el empresario haya integrado Los Topos del Frío ni que haya participado en la extracción ilegal del oro. Tampoco se señala que haya sido uno de los detenidos durante el megaoperativo de 2020.

PUEDES VER: PNP apunta a "Los Pulpos" tras matanza de cuatro personas y el secuestro de empresario minero en Trujillo

Una investigación que llegó hasta la devolución de barras de oro

El caso de Los Topos del Frío no terminó con las primeras intervenciones policiales. La investigación continuó alrededor del origen y la propiedad de varias barras de oro incautadas durante el operativo.

Las autoridades habían incautado nueve barras de oro con un peso conjunto de 121,2 kilogramos, mientras se investigaba si el metal formaba parte de una cadena de comercialización de oro extraído ilegalmente.

Posteriormente, parte del metal fue reclamada por empresas que sostuvieron que había sido adquirido a mineros en proceso de formalización y que contaba con documentación que respaldaba su comercialización.

El proceso de devolución del oro terminó convirtiéndose en otro capítulo de la investigación y alcanzó a personajes ajenos al sector minero.

PUEDES VER: Fenómeno El Niño cambia el pescado para el ceviche en Lima: nuevas especies llegan a los restaurantes

¿Qué tiene que ver Andrés Hurtado con el caso?

El expediente adquirió notoriedad nacional debido a las investigaciones que involucraron al conductor de televisión Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, en las gestiones relacionadas con la devolución de parte del oro incautado.

Hurtado fue señalado por investigaciones fiscales como presunto intermediario en gestiones destinadas a favorecer a empresarios vinculados al caso. Una de las líneas investigadas estuvo relacionada con un supuesto pago de US$1 millón para facilitar la devolución del metal a la familia Miu Lei.

El caso de la devolución del oro terminó formando parte de las investigaciones que involucraron a Hurtado por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

Sin embargo, no existe en la información conocida una vinculación directa entre Jenss Lara Tantaquilla y Andrés Hurtado por este episodio. La relación está en el expediente más amplio de Los Topos del Frío: Lara aparece mencionado por los documentos de Matwork utilizados en el traslado de mineral, mientras que Hurtado fue posteriormente relacionado con las gestiones alrededor de la devolución de parte del oro incautado.

PUEDES VER: Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales comerciales desde los S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y dónde participar

El secuestro vuelve a poner el foco en Pataz

Lara Tantaquilla, natural de Chillia, Pataz, fue secuestrado durante un ataque perpetrado por sujetos armados que interceptaron la camioneta en la que se movilizaba.

Los delincuentes asesinaron a Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. De acuerdo con la información preliminar, dos de las víctimas formaban parte del personal de seguridad del empresario.

La Policía investiga si el ataque estuvo relacionado con las actividades económicas de Lara Tantaquilla y si los responsables conocían previamente sus desplazamientos y su entorno.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que entre las hipótesis se encuentra la posible participación de Los Pulpos o La Jauría. Hasta el momento, ninguna de estas organizaciones ha sido confirmada como responsable del secuestro.

Otro antecedente que deberá ser considerado por los investigadores es que un familiar del empresario también habría sido secuestrado anteriormente y liberado tras el pago de una fuerte suma de dinero.

La expareja de Cerimedo, la abogada boliviana Nadia Beller, afirmó a La República que el pasado 28 de julio el consejero mediático le remitió desde el hotel Marriott en Miraflores, una fotografía junto a una mujer que actuaba como enlace con Fujimori. Para corroborar su afirmación, Beller desde su celular remitió la imagen a este diario.

“Yo te acabo de mandar ahí una foto de una persona que entiendo que es política de tu país. Esa foto me la mandó (Fernando Cerimedo) el día de la posesión de Keiko (Fujimori)”, dijo Nadia Beller en una conversación grabada por este periódico.

De acuerdo con lo manifestado por Beller, la relación con el equipo fujimorista no era reciente, sino que comenzó en 2025, el año que arrancó la cuarta campaña presidencial de Fuerza Popular.

“(Cerimedo) me comentó de que alguien del equipo con el que él trabajó allá, quería que se reúna con esta señora (no identificada). Entiendo que esta señora es política (la de la fotografía), que fue parte de la campaña de Keiko (Fujimori). Y él (Cerimedo) desayunó con ella el día de la posesión (el 28 de julio). Esto fue en un hotel (Marriot) del Perú”, indicó Nadia Beller.

PUEDES VER: Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

Tras los pasos del operador

El movimiento migratorio de Fernando Cerimedo obtenido por La República ratifica lo expresado por Beller.

Nacido el primero de mayo de 1981 (44 años), Fernando Cerimedo ingresó al país por primera vez, procedente de Argentina, el 28 de diciembre de 2025, y se retiró el 30 del mismo mes.

No demoró demasiado en volver.

El 30 de octubre de 2025, Keiko Fujimori anunció su cuarta candidatura presidencial. Pocas semanas después, retornó. El 9 de noviembre de 2025 llegó a Lima desde Bolivia y el mismo día salió con dirección a Colombia. Lo mismo ocurrió el 9 de diciembre: arribó desde Bolivia y el mismo día dio la vuelta al país altiplánico, donde asesoraba al entonces candidato de derecha Rodrigo Paz Pereira.

Su siguiente visita fue el 27 de julio (aterrizó procedente de Bolivia) y salió el 28 de julio con el mismo destino, tal como señaló Nadia Beller.

El 17 de agosto del 2026, la abogada Nadia Beller acudió a un hotel de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, para recibir información relacionada a un caso que estaba investigando. Cuando llegó al punto del encuentro, dos sicarios le dispararon para quitarle la vida. Quedó herida por tres impactos de bala.

Beller acusó directamente a su expareja, de quien estaba embarazada. El incidente produjo la detención del consultor argentino y el allanamiento de varios inmuebles, entre los cuales se encontró una granja de trolls, que se dedicaban a difundir “fake news” desde cuentas simuladas para intoxicar las redes o generar tendencias de opinión con datos fraudulentos.

Nadia Beller ha declarado que partidos políticos solían contratar o reclutar a Fernando Cerimedo para desatar campañas en beneficio de candidatos de derecha y que se jactaba de los triunfos electorales de Rodrigo Paz, en Bolivia; de Nasry Asfura, en Honduras; Santiago Peña, en Paraguay; Javier Milei, en Argentina; y José Kast, en Chile, entre otros.

Al estallar el escándalo del intento de asesinato protagonizado por Fernando Cerimedo en agravio de Nadia Beller, y al exponerse el papel del consejero argentino en las campañas presidenciales latinoamericanas de derecha, todos los mencionados negaron haber interactuado con este.

Cuando el viernes 21 de agosto la revista 'Hildebrandt en sus Trece' reveló que Keiko Fujimori tenía un asesor secreto, el financiero argentino Damián Valenzuela Mayer, La República le preguntó si conocía a Fernando Cerimedo y respondió negativamente.

PUEDES VER: Asesor argentino de Keiko Fujimori estuvo en Lima en 44 ocasiones

La punta de la madeja

Y respecto a otro de los consejeros de Fujimori, el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo, Valenzuela, por intermedio de su abogado David Torres Barreto contestó: “Carlos Díaz Rosillo y Damián Valenzuela se conocen desde hace tiempo, son amigos y mantienen entre ellos una relación de respeto profesional y académico. Ambos han coincidido y compartido distintos espacios con Keiko Fujimori, tanto en el ámbito de la amistad personal como durante su actividad académica”.

Pero resulta que Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, que le paga US$45 mil anuales a Keiko Fujimori por dictar conferencias, coincidió con Fernando Cerimedo y Damián Valenzuela en Lima para la juramentación de la nueva presidenta.

Los movimientos migratorios de Fernando Cerimedo, Carlos Díaz-Rosillo y Damián Valenzuela, así lo confirman. Los tres coincidieron en Lima. Y sí, se parece a la trama de una de las series de Netflix, como escribió Damián Valenzuela, solo que en este caso es una historia verdadera.

En este reparto de actores debe añadirse forzosamente al español Javier Negre, con quien Fernando Cerimedo fundó el periódico digital La Derecha Diario.

Durante la campaña presidencial, este medio publicó varios artículos a favor de la candidata Keiko Fujimori. Esto explicaría por qué Javier Negre fue uno de los invitados especiales de la juramentación presidencial, e incluso se tomó una fotografía con la mandataria.

Hay otro personaje que vincula a Fernando Cerimedo con el asesor de Keiko Fujimori, Carlos Díaz-Rosillo. El representante del Centro Adam Smith en Uruguay, que dirige Díaz-Rosillo, el argentino Andrés 'Andy' Rivas, es socio de Cerimedo.

Los vínculos son estrechos, evidentes y comprobados.

Con la confirmación del nexo entre Fernando Cerimedo y la campaña de Keiko Fujimori ya tenemos la punta de la madeja. Ahora sí.

La propia presidenta contribuyó al cruce de versiones. Este miércoles, Fujimori aseguró que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, no interrogó a los intervenidos. "El ministro Belaúnde no ha participado en ningún interrogatorio. Lo ha llevado la Policía", sostuvo, pese a las fotografías en las que aparece junto al comandante general Óscar Arriola durante las diligencias.

Sobre la ausencia del ministro del Interior, César Astudillo, en Trujillo, la mandataria explicó que se debió a un asunto personal. Dijo que fue ella quien autorizó que Belaúnde viajara a La Libertad.

PUEDES VER: Detenido por masacre en Trujillo estaba en su casa el día del cuádruple asesinato, asegura su abogado: "Estaba descansando"

Versiones enfrentadas

Uno de los principales puntos de controversia es cómo terminó el secuestro. Belaúnde afirmó que los familiares de Lara entregaron dinero y que la Policía monitoreó esa operación para seguir la ruta monetaria y ubicar a los responsables.

El ministro del Interior, sin embargo, evitó confirmar que se haya pagado un rescate. Señaló que se trató de una liberación que pudo producirse por un pago o porque los secuestradores se sintieron cercados. El general Víctor Revoredo dijo desconocer si hubo pago y señaló que se respetaban las declaraciones de la familia. El padre de Jenss Lara, Eleuterio Lara, sostuvo que su hijo fue liberado mediante gestiones realizadas por la propia familia y sus contactos, pese a versiones de que habría pagado US$1 millón a captores. El hermano del empresario afirmó que ‘‘la Policía no hizo nada’’.

PUEDES VER: Bosque de 24.000 árboles del parque Sinchi Roca en Comas desapareció tras cederse terreno al Metropolitano

Una investigación abierta

La PNP presentó a cinco personas como presuntos integrantes de la organización criminal Los Pulpos y vinculados al secuestro y homicidio. Según la hipótesis, cuatro habrían participado directamente en el ataque y otro habría cumplido funciones logísticas.

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina señaló que no hay elementos suficientes para afirmar que los detenidos sean los autores. La investigación tiene un plazo de 15 días.

Un perito antropólogo deberá comparar los rostros, contextura y estatura de los intervenidos con las imágenes captadas. También se busca determinar la ubicación de los sospechosos y establecer si las armas incautadas fueron utilizadas en el crimen.

El penalista Mario Amoretti sostuvo que, si se acredita su participación, podrían responder como coautores o partícipes de los delitos y enfrentar penas severas.

Mientras tanto, los familiares de los detenidos niegan su participación. Aseguraron que ellos estaban en sus viviendas al momento de los hechos y denunciaron presuntos abusos durante las detenciones.

PUEDES VER: UPC se pronuncia tras caída de estudiante desde techo de edificio en Monterrico: "Recibe atención especializada"

Una operación que imitó a la Policía

Videos muestran que la camioneta Ford Bronco Raptor en la que iba Lara era seguida por una Toyota Hilux. Posteriormente, los delincuentes habrían usado uniformes similares a los policiales para el secuestro.

A ello se suma la controversia por la placa EPF-176. La denuncia inicial apuntó a que la camioneta utilizada por los criminales estaba registrada a nombre del Ministerio del Interior. La PNP negó que el vehículo perteneciera a la institución y explicó que se trataba de una placa clonada.

El caso abrió otra arista: cómo una organización criminal pudo acceder a estos elementos. El ministro Astudillo no descartó que se determine si hubo algún tipo de facilitación desde adentro.

PUEDES VER: Audio revela interrogatorio de Óscar Arriola a implicado en secuestro de Trujillo: orden era asesinar al minero por pasarse a ‘La Jauría’

Gobierno pide facultades y Trujillo se desangra

La presidenta Keiko Fujimori ha defendido la necesidad de recibir facultades legislativas para fortalecer la inteligencia, declarar como “grupos hostiles” a organizaciones criminales, reforzar el control de los penales y endurecer las medidas contra la criminalidad.

El problema es que ciudades como Trujillo ya están pidiendo resultados sobre capacidades que el Estado dice tener.

La gobernadora regional Joana Cabrera sostuvo que la región necesita mucho más del Gobierno central: mayor presencia policial, tecnología, inteligencia y acciones dentro de los penales.

Cabrera también pidió que Fujimori viaje a Trujillo y encabece una respuesta nacional frente a la inseguridad que ya cobra cientos de vidas.

PUEDES VER: Keiko Fujimori asegura que detenidos en Trujillo ya han confesado: ''Hay documentos firmados''

Se perdió la credibilidad

Para el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, el problema central fue la ausencia de un mando unificado y una comunicación basada en información todavía no confirmada. A su juicio, las contradicciones debilitaron la credibilidad de la Policía, los ministros y el Gobierno.

Carlos Basombrío fue más crítico. Consideró que la sucesión de versiones sobre el rescate, los detenidos y la actuación de los ministros refleja improvisación y desorden. También cuestionó que la presidenta haya presentado inicialmente la intervención policial como una operación exitosa cuando después surgieron versiones distintas.

El analista Luis Benavente ubicó el caso dentro de un problema más amplio: la pérdida de presencia y control territorial del Estado frente a organizaciones criminales que llevan años creciendo en Trujillo.

Así, se espera una investigación penal que debe demostrar quiénes ejecutaron el secuestro y los asesinatos, en medio de una crisis política en la que el Gobierno deberá explicar por qué sus autoridades dieron versiones diferentes sobre un mismo operativo.

EL DATO: 82% de la población urbana percibía inseguridad entre setiembre de 2025 y febrero de 2026, según el INEI.

La norma que busca derogar fue promulgada por Dina Boluarte en agosto de 2025. Lo hizo pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya le había ordenado abstenerse de aplicarla.

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

El tribunal internacional volvió a insistir en esa orden semanas después, en setiembre de 2025, dentro del proceso de supervisión de las sentencias por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

El texto del proyecto no se limita a la derogación. También propone que ningún delito de genocidio, tortura o desaparición forzada pueda beneficiarse con amnistía, indulto o conmutación de pena en el futuro. La idea, según planteó el propio diputado en la exposición de motivos, es cerrar un vacío legal que hasta ahora dependía solo de la interpretación de los jueces.

PUEDES VER: Pedro Hernández es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional

Los antecedentes del proyecto

La Ley 32419 nació de una propuesta que presentó en 2023 el entonces congresista Jorge Montoya. Esa norma benefició con amnistía a los procesados sin sentencia firme por delitos ligados a la lucha antiterrorista. También incluyó un beneficio para condenados de edad avanzada, siempre que no tuvieran sentencias por terrorismo o corrupción.

Distintos organismos rechazaron la ley desde su promulgación. El Ministerio Público la calificó como jurídicamente inviable. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que ese tipo de normas genera impunidad y afecta a las víctimas. Human Rights Watch y Amnistía Internacional se sumaron a los cuestionamientos y señalaron que la norma podía frenar procesos judiciales en marcha.

Dos instituciones ya presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la ley: el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, cada una por separado. Ambas demandas están pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional.

Las imputaciones contra Flores se dan en el marco del caso seguido tras la emboscada contra cuatro miembros del Ejército Peruano registrada en Tocache, en 1996. El fallo estuvo a cargo de los magistrados Máximo Francisco Maguiña Castro, Reli Jacinto Callata Vega y Helbert Iván Llerena Lezama.

PUEDES VER: Fujimori se lava las manos por desempeño de Arriola en la PNP: "Esa respuesta se la dejo al ministro del Interior"

Además de la cadena perpetua, se estableció que Flores deberá pagar una indemnización de S/20.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Flores se encuentra capturado desde 2012. El excabecilla terrorista fue detenido como parte de la Operación Crepúsculo. Flores integró la organización terrorista fundada por Abimael Guzmán desde la década de 1980.

PUEDES VER: Keiko Fujimori sobre su vínculo con Fernando Cerimedo: "No ha participado ni en la primera ni en la segunda vuelta"

PUEDES VER: Renovación Popular presenta proyecto de ley para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos

Fujimori insistió en que su gobierno respeta la norma que blinda a Arriola en el cargo por dos años. "La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen una norma que lo que hace es fortalecer la institucionalidad", dijo. Con estas declaraciones, Fujimori dejó entrever que no piensa mover una ficha que, según la propia ley, no depende solo de ella. El comandante general asumió el puesto en septiembre de 2025 y, por decreto, su periodo se extiende hasta septiembre de 2027.

La mandataria remató su intervención con un mensaje de respaldo institucional, aunque sin nombrar directamente a Arriola. "Quiero también resaltar que hoy tenemos una PNP y unas FFAA más fortalecidas que saben que tienen el respaldo del Gobierno", sostuvo. El comentario contrasta con el clima de cuestionamientos que se vive puertas adentro de su propia bancada, donde ya hay voces que piden evaluar la salida del jefe policial.

PUEDES VER: Keiko Fujimori sobre su vínculo con Fernando Cerimedo: "No ha participado ni en la primera ni en la segunda vuelta"

El Congreso no espera a Fujimori y busca sacar a Arriola por ley

Mientras la presidenta prefirió no pronunciarse sobre la continuidad de Óscar Arriola, el Congreso avanzó por su cuenta. Las congresistas de Juntos por el Perú Analí Márquez y Catherin Palomino presentaron dos proyectos de ley para derogar el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, la norma que blinda al comandante general en el cargo durante dos años y que la propia Fujimori invocó para justificar su silencio.

Palomino fue clara al sustentar la propuesta. "El crimen y las extorsiones aumentan día a día y seguimos sin cambios significativos de parte de quienes dirigen la institución policial", dijo. Ambas iniciativas ya fueron enviadas a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara Baja.

PUEDES VER: Keiko Fujimori asegura que detenidos en Trujillo ya han confesado: ''Hay documentos firmados''

El respaldo a la medida no se limita a la bancada que la impulsó. El diputado de Renovación Popular Diego Bazán confirmó que apoya la propuesta de Palomino y adelantó que tiene lista una iniciativa con el mismo objetivo. "Soy crítico del general Arriola", sostuvo.

A ese reclamo se sumaron directamente las bancadas de Ahora Nación y Renovación Popular, que exigieron la renuncia del comandante general tras el atentado en Trujillo. Ahora Nación lo planteó sin rodeos: "El Perú no puede seguir gobernado por el miedo. Desde el Congreso exigiremos los resultados que hoy nadie está dando".

Renovación Popular fue en la misma línea y cuestionó de forma directa la capacidad de Arriola para conducir a la Policía Nacional en medio de la crisis. "La Policía Nacional necesita un cambio en su conducción. Por ello, exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos", señaló el grupo parlamentario.

En la misma reunión, los siete magistrados definieron el resto de la nueva directiva. Luz Pacheco fue designada vicepresidenta. Francisco Morales Saravia quedó a cargo del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), el brazo académico del tribunal. Ambos cargos se eligieron con el mismo procedimiento que la presidencia.

PUEDES VER: Fujimori se lava las manos por desempeño de Arriola en la PNP: "Esa respuesta se la dejo al ministro del Interior"

La votación tuvo la participación de los siete integrantes del Pleno: Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y el propio Pedro Hernández Chávez.

Hernández Chávez no asumirá de inmediato. Las nuevas autoridades juramentarán el viernes 4 de setiembre, a las 10 de la mañana, en la sede de San Isidro. Desde ese momento, el nuevo presidente liderará el tribunal hasta mayo de 2027, fecha en la que vence el periodo de cinco años del actual colegiado.

PUEDES VER: Renovación Popular presenta proyecto de ley para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos

Cómo llegó Hernández Chávez a la presidencia del TC

El camino hasta la presidencia del Tribunal Constitucional empezó con una salida inesperada. Luz Pacheco Zerga renunció al cargo el 27 de mayo. En su comunicado, explicó que tomó esa decisión luego que la mayoría de sus colegas mantuviera su confianza en un funcionario de alta dirección al que ella había pedido remover. Aclaró, eso sí, que su renuncia solo alcanzaba a la presidencia. Se quedó como magistrada.

Tras esa salida, entró en funciones Helder Domínguez Haro, quien era vicepresidente en ese momento. Juramentó como titular del TC el 1 de junio. Su gestión duró poco más de tres meses. Ahora le toca dar un paso al costado para que Hernández Chávez tome la posta.

La elección se rigió por los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 28301). Esta norma exige un quórum mínimo de cinco magistrados para sesionar. También establece que, en primera vuelta, un candidato necesita al menos cinco votos para ganar. Si nadie llega a ese número, se pasa a una segunda votación, donde gana quien obtenga más apoyo. En caso de empate persistente, la presidencia recae en el magistrado con mayor antigüedad en el cargo.

El inicio de estas diligencias castrenses, amparadas en la Ley 32735 promovida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, quedó registrado en una notificación formal de la Fiscalía Militar Policial N° 06 del Centro. En el documento, la instancia militar citó al padre del adolescente, Javier Orlandini Cubas Silva, para rendir su declaración testimonial.

Los hechos se remontan al 14 de junio, cuando el adolescente falleció tras ser detenido por una denuncia de robo en la comisaría de Manchay.

PUEDES VER: Fujimori se lava las manos por desempeño de Arriola en la PNP: "Esa respuesta se la dejo al ministro del Interior"

La necropsia estableció como causa de muerte asfixia por ahorcamiento, un hecho que la Policía calificó como un posible suicidio. Sin embargo, el padre del menor rechazó esa versión y denunció que el cuerpo de su hijo tenía marcas de golpes, además de señalar que los agentes le pidieron dinero a cambio de liberarlo.

Ante el avance de la vía militar sobre este caso, el abogado y secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Germán Vargas, advirtió en diálogo con La República sobre las consecuencias del cruce de competencias bajo la Ley 32735, norma que prioriza al fuero militar para juzgar a policías y militares involucrados en hechos ocurridos durante operativos, patrullajes o estados de emergencia—. Según explicó el especialista, la vía castrense busca retirar el expediente de la fiscalía ordinaria.

"En principio no se pueden seguir dos investigaciones paralelas en fueros distintos sobre los mismos hechos. Esta otra investigación, que se hace sobre la base de esta 'Ley Rospigliosi', lo que puede provocar es que, abocándose a esta investigación, demanden o soliciten que la Fiscalía de Derechos Humanos entregue todo lo actuado".

PUEDES VER: El operador Fernando Cerimedo arribó a Lima durante la juramentación de Keiko Fujimori

Asimismo, Vargas sostuvo que esta tipificación aleja el caso del ámbito correspondiente y precisó que "el fuero militar policial solo puede investigar delitos de función" entonces, al aplicar esta norma, "se estaría sustrayendo a un presunto homicida para ser investigado por delitos que pueden ser considerados de función".

En ese sentido, el representante de la CNDDHH cuestionó la recalificación realizada por la autoridad militar, señalando que reducir los cargos resta gravedad a lo sucedido en la sede policial.

"Investigar solamente por “exceso en ejercicio del mando y desobediencia” en agravio del Estado y de la Policía Nacional es un disparate jurídico. Lo que se está haciendo es minimizar la gravedad de un hecho producido en una comisaría y que tiene todos los visos, todas las características de ser un homicidio".

PUEDES VER: Gobierno de Keiko Fujimori rompe relacionales diplomáticas con Irán en medio de guerra con EE.UU.

Vargas también lamentó el impacto de este proceso en la familia del menor, además de advertir sobre las presiones que enfrentan los jueces y fiscales del caso.

"Si es que la Fiscalía no entrega la investigación, lo que podría haber es un conflicto de competencia entre ambas jurisdicciones, y quien define en ese escenario es la Corte Suprema, lo que toma tiempo y significa un entorpecimiento de la acción de la justicia ordinaria".

Sobre la situación de los deudos, el especialista indicó que "son procesos que revictimizan, son iniciativas indolentes que no se detienen a considerar la afectación de las familias. Son procesos muy frustrantes y dolorosos que hacen perder la confianza en la administración de justicia".

PUEDES VER: Renovación Popular presenta proyecto de ley para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos

A este panorama, añadió la presión política ejercida sobre el sistema judicial y denunció que "hay una constante amenaza contra jueces y fiscales de parte del propio Fernando Rospigliosi". Según explicó Vargas, el legislador suele recordarles a las autoridades de la vía ordinaria que "hay investigaciones abiertas contra algunos jueces e incluso sancionados", lo que genera "una situación que atemoriza a cualquier fiscal o juez".

Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque (Ahora Nación) criticó, por medio de sus redes oficiales, la falta de medidas disciplinarias inmediatas contra los efectivos involucrados y cuestionó la pasividad institucional ante un hecho de extrema gravedad.

"Un adolescente fue torturado y luego ejecutado en la comisaría de Manchay. Su familia enfrenta una injusticia constante. ¿Por qué no se garantiza una investigación objetiva? ¿Por qué los policías implicados no han sido retirados en un caso tan grave?", se lee.

PUEDES VER: Keiko Fujimori no habló nada en seis sesiones del Consejo de Ministros

Asimismo, la legisladora sostuvo que el Ministerio Público debería llevar el caso para evitar sesgos en la investigación. "Cuando quienes deben investigar pertenecen a la misma institución involucrada, la imparcialidad debe ser una garantía. (…) por qué la Fiscalía no asume el liderazgo de la investigación que garantice independencia y evite espíritu de cuerpo".

Respecto al marco normativo que ampara las acciones de la justicia castrense, Luque manifestó la urgencia de anular la Ley 32735 en la Cámara de Diputados.

"La Ley Rospigliosi debe ser derogada, pues termina protegiendo la impunidad de quienes abusan de su poder. Hoy existen cinco proyectos de ley que plantean su derogatoria: PL 059-2026, PL 026-2026, PL 023-2026, PL 018-2026 y PL 004-2026. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados debería priorizar su dictamen".

La presidenta solo participó en los primeros tres de los nueve encuentros del Consejo de Ministros. El 29 de julio dio las gracias a sus ministros e instaló la sesión.

PUEDES VER: Fujimori se lava las manos por desempeño de Arriola en la PNP: "Esa respuesta se la dejo al ministro del Interior"

En la segunda sesión, del 5 de agosto, Fujimori tuvo su participación más prolongada: pidió a los titulares de cada cartera ministerial cerciorarse del uso de los registros públicos y expresó que quedaban pendientes acciones de prevención por el próximo fenómeno de El Niño.

Su última participación se dio el 12 de agosto cuando, al iniciar la sesión, volvió a agradecer a sus ministros por el compromiso mostrado.

PUEDES VER: Detienen a excongresista Kelly Portalatino tras accidente que dejó herido a ciclista en Cercado de Lima

Los temas que se tocaron en las reuniones donde Fujimori no participó

En la reunión del 14 de agosto se prorrogó por 90 días la emergencia sanitaria por el brote de sarampión que afecta a Puno y amenaza con propagarse a otras once regiones y al Callao. Al día siguiente, el gabinete aprobó un Decreto de Urgencia para subsidiar el transporte terrestre ante el alza del combustible. El 18 de agosto se tocó el tema de preparativos de cara al fenómeno de El Niño 2026-2027.

PUEDES VER: ¿Quién es Jenss Lara? Empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

El 22 de agosto el Consejo aprobó Estados de Emergencia de forma simultánea: Villa El Salvador y Villa María del Triunfo por aniegos de lluvia, tres distritos de Arequipa, Moquegua y Tacna por el paso de la DANA Aníbal. La misma medida se tomó en varios distritos de Ayacucho por los movimientos sísmicos. El 25 de agosto se aprobó destinar recursos a las zonas afectadas en Junín por recientes sismos.

En la sesión del 27 de agosto, el Consejo aprobó por unanimidad el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 y los tres proyectos de ley que lo acompañan (Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento) para el año fiscal 2027, enviados con carácter de urgencia al Congreso. También retomó y aprobó el proyecto que delega en el Ejecutivo facultades legislativas por 120 días en materias de seguridad, laboral, tributaria y de modernización del Estado. Estos temas no contaron con la intervención de Keiko Fujimori.

Presidenta no registro actividades un día después de atentado en Trujillo

Tras registrarse el ataque en Trujillo —que dejó un saldo de cuatro asesinatos y un secuestro—, la presidenta Keiko Fujimori no registró actividades oficiales el 31 de agosto. Según la agenda del Poder Ejecutivo, la mandataria no tuvo ninguna actividad pública al día siguiente de ocurrido el atentado.

PUEDES VER: Keiko Fujimori niega que ministro Belaunde haya interrogado a delincuentes capturados en Trujillo pese a fotografías

Fujimori convocó a una reunión de ministros 18 horas después de registrarse el ataque criminal para abordar la situación. La liberación del empresario minero se produjo, según declaraciones de sus familiares, tras negociaciones directas con los secuestradores.

La representante de la Fiscalía ordenó tomar la declaración de los policías intervinientes, realizar la pericia de dosaje etílico a la exlegisladora y realizar el reconocimiento médico-legal del herido.

Asimismo, dispuso la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en el cruce de la avenida Pacasmayo y el jirón Guillermo Dansey con el propósito de aclarar los hechos. Mientras avanzan estas diligencias iniciales, la investigada continúa bajo custodia policial en calidad de detenida en flagrancia.

PUEDES VER: Gobierno de Keiko Fujimori rompe relacionales diplomáticas con Irán en medio de guerra con EE.UU.

El incidente ocurrió el 1 de septiembre cerca de las 2:30 p. m., cuando Portalatino conducía un vehículo blanco de marca Dongfeng y chocó contra Frank Espinoza Maurtua, de 48 años en el cruce de la avenida Pacasmayo con el jirón Guillermo Dansey, en el Cercado de Lima.

Un agente policial que patrullaba la zona encontró al ciclista herido en la vía pública, por lo que solicitó la ayuda del serenazgo para trasladarlo a la Clínica Aviva. Espinoza Maurtua permanece internado en dicho centro médico debido a una fractura en la zona de la columna.

Por su parte, la bicicleta Monark de la víctima y la camioneta de la exparlamentaria quedaron en la Comisaría de Monserrat.

PUEDES VER: Presupuesto 2027: Keiko Fujimori apuesta por modernizar las Fuerzas Armadas mientras reduce recursos para seguridad ciudadana

Al dar su testimonio a la Policía, la exintegrante del Congreso dijo que realizaba un giro desde el jirón Guillermo Dansey hacia la avenida Pacasmayo cuando sintió un impacto en la rueda delantera derecha. Al bajar de su auto, encontró al hombre echado en la pista.

Tras el incidente, los agentes le retuvieron su documento de identidad, su brevete, el permiso de lunas polarizadas y las llaves de su vehículo. Las autoridades continuarán las pesquisas para esclarecer las responsabilidades del hecho.

Como antecedente, la excongresista por Perú Libre recibió una sanción el 10 de junio por manejar a una velocidad superior a la permitida. Esa falta, calificada como muy grave, conllevó a una multa de S/ 1,320.00 que todavía figura pendiente de pago.

Keiko Fujimori rechazó que el consultor y operador digital argentino Fernando Cerimedo haya tenido un papel en su contienda electoral. Ante las consultas sobre la presencia del operador en el país, la presidenta se deslindó y negó conocerlo.

"Yo puedo señalar con claridad que el señor Cerimedo no ha participado en nuestra campaña electoral, ni en primera ni en segunda vuelta". Asimismo, negó cualquier tipo de vínculo directo con el especialista en redes al señalar que no tiene una "relación ni personal ni laboral".

Respecto a los constantes viajes del consultor al territorio nacional, la presidenta prefirió desentenderse de los motivos de su llegada. "Su presencia en el Perú no sé a qué corresponde, habría que preguntárselo a él", sostuvo Fujimori a la prensa.

PUEDES VER: El operador Fernando Cerimedo arribó a Lima durante la juramentación de Keiko Fujimori

Sobre un posible encuentro con el consultor, la presidenta intentó minimizar cualquier contacto previo. "Seguro lo habré saludado en algún sitio, pero no tengo ninguna comunicación ni relación con él".

Sin embargo, los datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones y el testimonio de la abogada boliviana Nadia Beller, expareja de Cerimedo, a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de La República, contradicen la versión oficial.

Beller afirmó que el asesor mantuvo nexos con el equipo fujimorista desde fines de 2025. Además, confirmó que el propio Cerimedo le envió una fotografía desde un hotel en Miraflores el 28 de julio, donde aparecía en un desayuno con una intermediaria vinculada a Fujimori el mismo día de la juramentación.

PUEDES VER: Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

“(Cerimedo) me comentó de que alguien del equipo con el que él trabajó allá, quería que se reúna con esta señora (no identificada). Entiendo que esta señora es política (la de la fotografía), que fue parte de la campaña de Keiko (Fujimori). Y él (Cerimedo) desayunó con ella el día de la posesión (el 28 de julio). Esto fue en un hotel (Marriot) del Perú”, indicó Nadia Beller al medio.

Los registros de ingreso al país respaldan esta información. Cerimedo visitó el Perú en diciembre de 2025, así como en noviembre y diciembre del mismo año, fechas que coincidieron con el anuncio de la cuarta candidatura de Fujimori.

Su último viaje ocurrió entre el 27 y el 28 de julio, período en el que se realizó la toma de mando presidencial. A pesar del rechazo de la presidenta, su postura choca con las pruebas documentales y los movimientos migratorios del operador argentino.

La fórmula legal plantea reformar la Ley de Organizaciones Políticas para eliminar el financiamiento público destinado a los partidos. Para ello, deroga los artículos 29, 37 y 38, referidos al financiamiento público directo —el aporte estatal que reciben los partidos con representación parlamentaria— y a la franja electoral, el espacio publicitario en radio y televisión que el Estado contrata y cede a las organizaciones políticas durante los procesos electorales.

PUEDES VER: Detienen a excongresista Kelly Portalatino tras accidente que dejó herido a ciclista en Cercado de Lima

Al desaparecer la franja electoral, la propuesta también modifica el artículo 36-D. En concreto, elimina la sanción que actualmente existe para los medios de comunicación que difunden propaganda distinta de la contratada como parte de este espacio, una infracción que dejaría de tener sentido si la franja ya no existiera. En cambio, mantiene únicamente dos sanciones: una dirigida a las personas jurídicas que financien de forma indirecta a una organización política y otra aplicable a las entidades públicas o privadas que no entreguen la información requerida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La exposición de motivos sustenta la propuesta en reportes sobre el presunto mal uso de la franja electoral, mediante el cual se habrían destinado recursos a empresas de comunicación que tendrían vínculos con partidos políticos. Asimismo, el proyecto dispone que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las demás instituciones electorales adecuen su normativa a estos cambios.

PUEDES VER: El operador Fernando Cerimedo arribó a Lima durante la juramentación de Keiko Fujimori

Reformas a la Ley de Organizaciones Políticas en los últimos años

La Ley de Organizaciones Políticas ha sido reformada constantemente en los últimos años. La Ley N.° 30689, publicada en 2017, y la Ley N.° 31046, de 2020, forman parte de esta serie de modificaciones. La primera prohibió que las empresas aportantes a campañas políticas mantuvieran contratos con el Estado, mientras que la segunda reguló los fondos que el Estado otorga a las organizaciones políticas con representación parlamentaria.

PUEDES VER: Gobierno de Keiko Fujimori rompe relacionales diplomáticas con Irán en medio de guerra con EE.UU.

En 2022, la Ley N.° 31504 modificó las sanciones por infracciones en materia de financiamiento político, sin alterar el diseño del financiamiento público y privado propiamente dicho.

Durante el último Congreso se aprobó la Ley N.° 32254, que restituyó el financiamiento privado para los partidos políticos. Esta norma también permitió que la ONPE resguarde la confidencialidad de los aportantes individuales que realizan sus contribuciones a través del Banco de la Nación.

"El Perú ha venido observando con creciente consternación el deterioro de dicho valor en Irán, denunciado por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas, particularmente en lo relativo a la represión de manifestaciones pacíficas, la conculcación de la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas, y la persecución de opositores políticos", señala el comunicado de Cancillería.

PUEDES VER: El operador Fernando Cerimedo arribó a Lima durante la juramentación de Keiko Fujimori

Desde el conflicto entre Irán y Estados Unidos, el estrecho de Ormúz —zona marítima por donde se transporta el 20% de la producción de petróleo a nivel mundial— ha sido cerrado parcialmente en respuesta al conflicto. Al respecto, el gobierno catalogó esta acción como parte de un ataque a la libertad comercial.

“Contravienen principios como la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos utilizados para el tránsito marítimo internacional, que no pueden estar sujetos a condicionamientos unilaterales, en el marco de la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana en el mar, y la preservación del medio marino, sin perjuicio de las repercusiones sobre los precios de la energía y la estabilidad de las cadenas globales de suministro”, indicó.

PUEDES VER: Marlon Aguirre: el diputado de Juntos por el Perú que no descarta pasar a las filas de Fuerza Popular

La administración nacional también aseguró que Irán incita “a la violencia y a la escalada de conflictos en el Medio Oriente, así como su obstrucción a la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)”. La decisión de romper relaciones diplomáticas ha sido comunicada a Irán a través de una nota diplomática enviada por medio de la embajada de ese país en Ecuador.

Especialistas opinan sobre ruptura de relaciones diplomáticas con Irán

Tras conocerse el anuncio, el internacionalista Farid Kahhat señaló que la argumentación utilizada para sustentar la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán presenta contradicciones. Además, sostuvo que el actual titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, muestra un claro acercamiento a los intereses de Estados Unidos.

"Es una vergüenza. Ahora entendemos por qué tenemos de canciller a una persona que ha trabajado quince años en la Embajada de Estados Unidos. El comunicado dice algo que nunca fue una sorpresa para nadie: Irán no es una democracia, es una dictadura que viola sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. Poner eso como primer argumento para romper relaciones es francamente indigno de consideración. Ese fue siempre el caso y no impidió que tuviéramos relaciones con Irán, como tampoco lo impide con China. (…) China es una dictadura de partido único, ¿vamos a romper relaciones con nuestro primer socio comercial? Presumo que no", indicó al portal Epicentro.

PUEDES VER: ¿Quién es Jenss Lara? Empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación por oro ilegal

Además, Kahhat recordó que, si bien existe evidencia de que la administración iraní ha cometido violaciones a los derechos humanos, no existe una acusación formal contra sus principales autoridades, a diferencia de lo que ocurre con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

"Si de derechos humanos se trata, los líderes iraníes, a diferencia de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, no están acusados por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y de lesa humanidad —acusación que cabría hacer, pero que no se ha presentado—", apuntó.

PUEDES VER: Presupuesto 2027: Keiko Fujimori apuesta por modernizar las Fuerzas Armadas mientras reduce recursos para seguridad ciudadana

Por su parte, el internacionalista Óscar Vidarte, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señaló que la visión plasmada por el Gobierno en su comunicado deja entrever una posición parcializada.

"En términos generales, veo que la declaración expresa un gran desconocimiento sobre lo que viene ocurriendo en Medio Oriente. Creer que lo que pasa es solo responsabilidad de Irán o, incluso, que es principalmente responsabilidad de Irán, es tener un conocimiento limitado de lo que ocurre en la región. Mi repregunta inmediata sería: así como cuestionan a Irán, me imagino que también cuestionarán a Estados Unidos e Israel por atacar a Irán, violentando múltiples normas del derecho internacional", apuntó en declaraciones para La República.

Vidarte consideró que está claro que el camino tomado por el Gobierno fujimorista es seguir la línea norteamericana en materia de política exterior y advirtió que esto podría traer efectos adversos.

"Estamos destruyendo por completo esa política exterior que busca construir un equilibrio entre potencias. ¿Qué pensará China? Es un país que defiende a Irán. Al romper relaciones con Irán y hacerlo responsable de lo que pasa en Medio Oriente, nos acercamos mucho a la posición de Estados Unidos. Es muy difícil tener un equilibrio. En este caso, denota un alineamiento con Estados Unidos", sostuvo.