Junto al santo padre estarán distintas autoridades nacionales, relacionadas con instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú y otras más.

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La lista completa de autoridades que estarán presentes en el Gran Teatro Nacional es la siguiente.

- Presidenta de la República: Keiko Fujimori.

- Presidente del Congreso: Miguel Torres.

- Presidente de la Cámara de Diputados: Óscar Reto.

- Presidenta del Tribunal Constitucional (TC): Luz Pacheco.

- Fiscal de la Nación: Tomás Aladino Gálvez.

- Jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec): Carmen Velarde.

- Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): Bernardo Pachas.

- Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE): Roberto Burneo.

- Comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP): Fredy López Mendoza.

- Presidenta del Poder Judicial: Janet Tello.

- Defensor del Pueblo: Josué Gutiérrez.

- Presidente del Banco Central de Reserva (BCR): Julio Velarde.

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Además, la República pudo constatar que se encuentran en el teatro algunos senadores de Fuerza Popular. También están presentes los expresidentes José Jerí y José María Balcázar.

Papa León XIV: conoce el itinerario del papa León XIV en su visita al Perú

La Conferencia Episcopal del Perú recogió el itinerario del papa León XIV durante su visita al Perú. El horario que seguirá el santo padre fue recogido y difundido por fuentes oficiales del Gobierno peruano.

Miércoles 11 de noviembre: Buenos Aires – Lima

14.00 horas: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires.

17.30 horas: llegada a la Base Aérea del Callao.

Acogida oficial en Lima

18.15 horas: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

18.45 horas: visita a la presidenta de la república.

19.45 horas: encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre: Lima

09.30 horas: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

10.20 horas: celebración de la Hora Media con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

11.30 horas: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

18.00 horas: vigilia de oración con los jóvenes y los universitarios en el Estadio Nacional de Lima.

20.00 horas: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre: Lima – Chiclayo – Pimentel – Chiclayo

07.40 horas: salida en avión desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo.

09.10 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

10.30 horas: Santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. La actividad contempla la homilía del santo padre.

12.40 horas: visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, con saludo del santo padre.

16.30 horas: encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

17.45 horas: encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

19.00 horas: cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

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Sábado 14 de noviembre: Chiclayo – Santa Cruz de Succhabamba – Zaña – Chiclayo

08.00 horas: rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

09.10 horas: salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca).

09.50 horas: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.

11.00 horas: Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, con homilía del santo padre.

13.15 horas: salida en helicóptero desde el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba hacia Chiclayo.

14.00 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

17.30 horas: encuentro de oración con la comunidad católica en ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo 15 de noviembre: Chiclayo – Cusco – Pucallpa – Lima

07.50 horas: salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco.

10.00 horas: llegada al Aeropuerto Internacional de Cusco Alejandro Velasco Astete.

10.30 horas: encuentro con los fieles y los representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

11.45 horas: oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

13.05 horas: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Cusco hacia Pucallpa.

14.30 horas: llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo.

15.00 horas: encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

16.45 horas: Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, con homilía del santo padre.

19.05 horas: salida en avión desde el aeropuerto internacional de Pucallpa hacia Lima.

20.20 horas: llegada a la Base Aérea del Callao.

Lunes 16 de noviembre: Lima – Callao – Roma

La última jornada de la visita apostólica del papa León XIV al Perú se desarrollará en Lima y Callao.

08.30 horas: visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los adultos mayores Desamparados, con saludo del santo padre.

10.30 horas: Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del santo padre.

13.15 horas: ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao.

13.45 horas: salida en avión desde la Base Aérea del Callao hacia Roma.

Robert Prevost fue acogido por Fujimori en la zona del Grupo Aéreo n.º 8, en el Callao, donde hubo una alfombra roja, un estrado. A la cita, también acudió el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, el presidente del Senado, Miguel Torres; arzobispos y miembros de la Fuerza Aérea. También estuvieron presentes niños del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

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La mandataria encabezará la ceremonia oficial de bienvenida en Palacio de Gobierno, luego del arribo del pontífice al Grupo Aéreo n.º 8, en el Callao.

A las 6.15 p. m. está programada la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, mientras que, media hora después, León XIV sostendrá una reunión protocolar con Fujimori.

El cronograma de actividades del papa León XIV en el Perú

De acuerdo con el cronograma, a las 6.15 p. m. el papa León XIV participará en la ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de Gobierno. Media hora después, a las 6.45 p. m., realizará una visita a la presidenta de la República. Posteriormente, a las 7.45 p. m., el pontífice se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre: actividades en Lima

La segunda jornada de la visita apostólica del papa León XIV comenzará a las 9.30 a. m. con un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. A las 10.20 a. m., participará en la celebración de la Hora Media junto con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de consejos pastorales en la Basílica Catedral de Lima.

Posteriormente, a las 11.30 a. m., el pontífice participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral. Por la tarde, a las 6.00 p. m., encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. La jornada concluirá con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica, programada para las 8.00 p. m.

Viernes 13 de noviembre: visita a Chiclayo y Pimentel

El papa León XIV viajará a Chiclayo el viernes 13 de noviembre. Su salida desde la Base Aérea del Callao está prevista para las 7.40 a. m., mientras que su llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo se estima para las 9.10 a. m.

A las 10.30 a. m., celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, donde ofrecerá una homilía. Al mediodía, a las 12.40 p. m., realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero.

Durante la tarde, a las 4.30 p. m., sostendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Luego, a las 5.45 p. m., se reunirá con integrantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Finalmente, a las 7.00 p. m., compartirá una cena con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre: actividades en Cajamarca y Chiclayo

La agenda del sábado comenzará a las 8.00 a. m. con el rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Una hora después, el pontífice partirá en helicóptero desde Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde llegará aproximadamente a las 9.50 a. m.

A las 11.00 a. m., celebrará una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. Tras culminar la actividad, regresará en helicóptero a Chiclayo, con llegada prevista para las 2.00 p. m.

Por la tarde, a las 5.30 p. m., participará en un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, con motivo de la clausura del Año Jubilar dedicado a esta figura religiosa.

Domingo 15 de noviembre: visita a Cusco y Pucallpa

El domingo 15 de noviembre, León XIV partirá de Chiclayo a las 7.50 a. m. con destino a Cusco, donde llegará a las 10.00 a. m. Su primera actividad será un encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, programado para las 10.30 a. m.

A las 11.45 a. m., dirigirá la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Posteriormente, a las 1.05 p. m., viajará hacia Pucallpa, donde aterrizará a las 2.30 p. m.

En la región Ucayali, el pontífice se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, a las 3.00 p. m. Más tarde, a las 4.45 p. m., celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Concluidas sus actividades, partirá de Pucallpa a las 7.05 p. m. rumbo a Lima, donde tiene previsto llegar a las 8.20 p. m. a la Base Aérea del Callao.

Lunes 16 de noviembre: despedida del papa León XIV

El lunes 16 de noviembre marcará el último día de la visita apostólica del papa León XIV al Perú. La jornada comenzará a las 8.30 a. m. con una visita al personal y a los residentes de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Adultos Mayores Desamparados.

A las 10.30 a. m., el pontífice celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, donde ofrecerá una homilía. Posteriormente, a las 1.15 p. m., se realizará la ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao.

Finalmente, a las 1.45 p. m., León XIV abordará el avión que lo trasladará de regreso a Roma, con lo que concluirá su visita apostólica al Perú.

Pérez Sánchez fue elegido mediante votación secreta en una sesión de la Junta de Fiscales Supremos, tal como establece la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Tras la votación en la que su nombre logró la mayoría de votos, el acuerdo se oficializará mediante una resolución de la Junta de Fiscales Supremos, que comunicará la designación al JNE y a las instancias correspondientes.

Siguiendo el reglamento, Pérez permanecerá en el cargo por un periodo de cuatro años desde el 10 de diciembre, fecha en la que Martha Maisch dejará la representación debido a su cese por límite de edad.

Pérez Sánchez fue presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Cusco y fiscal superior coordinador de las fiscalías provinciales penales corporativas y mixtas.

Actualmente, no cuenta con ningún proceso o sanción disciplinaria en curso.

Fue mencionado en una investigación sobre el entorno de Patricia Benavides por el hallazgo de un voucher de un depósito de 250 dólares a favor suyo, en la casa de Abel Hurtado, entonces coordinador parlamentario del Ministerio Público. Al respecto, el magistrado indicó que se trató de un préstamo personal documentado, usado para la compra de boletos turísticos y que no tenía relación alguna con actos ilícitos ni investigación en curso.

En octubre 2023 la JNJ inició una investigación por una denuncia por de presunto abuso de autoridad y tráfico de influencias, sin embargo, fue archivada. No existe proceso ni sanción disciplinaria vigente en su contra por este hecho.

Proceso

Sobre el proceso de elección de representante del Ministerio Público ante el JNE, fuentes con conocimiento del caso explicaron a La República que si bien Alcides Chinchay es primer suplente, no podría asumir el cargo pues no cumple el requisito exigido por la constitución: ser fiscal supremo titular o provisional; en actividad o cesante. Actualmente, su cargo es de fiscal adjunto supremo.

Según las fuentes, para que se pueda realizar su designación, primero, el fiscal de la Nación (i), Tomás Gálvez, tendría que volver a designar como fiscal supremo provisional a Chinchay Castillo, solo para los efectos de ir al JNE.

Luego, la Junta de Fiscales Supremos tendría que, en votación secreta, elegir a Chinchay para el cargo ante el JNE.

Se desconoce si ambas instancias optarán por Alcides Chinchay, indicaron las fuentes.

La publicación del ministro se suma a las críticas de la bancada de Renovación Popular luego de que se hiciera pública la disposición que impide a los exalcaldes postulados como primeros regidores asumir la conducción del municipio ante vacancia, renuncia o tacha.

Esta medida dejó sin efecto la posibilidad de que López Aliaga retorne al sillón municipal y otorgó las credenciales de alcaldesa a Jeanette Alonzo, segunda regidora de la lista de Renovación Popular.

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En su pronunciamiento, el titular del sector Justicia tildó de “parcializado, indeficiente e impredecible” al sistema electoral. En esa línea, agregó que “debe ser íntegramente reformado”.

La postura del Ejecutivo coincide con la denuncia constitucional que presentó la bancada de Renovación Popular contra el presidente del JNE, Roberto Burneo.

El recurso parlamentario acusa al magistrado por los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, además de infracciones a la Constitución. Con esta medida, el grupo político pide a la Cámara de Diputados la destitución del titular del tribunal electoral y su inhabilitación de la función pública por 10 años.

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Decisión del JNE en contra de la reelección encubierta

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó por mayoría que postular o resultar electo como primer regidor no habilita a una autoridad para asumir la alcaldía si incurre en la prohibición del artículo 194 de la Constitución.

El tribunal aclaró que quien ejerció como alcalde en el periodo anterior no podrá ser proclamado burgomaestre en la misma jurisdicción para la gestión siguiente, ni tampoco asumir el sillón municipal por renuncia, tacha, exclusión o reemplazo del titular.

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Ante estos supuestos, el JNE determinó que la alcaldía recae en el primer regidor hábil que siga en el orden de la lista, libre de impedimentos legales o constitucionales.

La medida especifica que esta restricción no retira la credencial de regidor a la autoridad impedida. Durante la presentación del acuerdo en conferencia de prensa, la secretaria general del organismo electoral, Yessica Clavijo, confirmó que esta regla guía la revisión de oficio de las actas de proclamación en todo el país.

Adicionalmente, el tribunal examinó 427 actas de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y ordenó la emisión de nuevas credenciales en nueve jurisdicciones con irregularidades, ubicadas en Recuay, Huancayo, Trujillo, Moyobamba y Bagua.

La creación de este grupo de trabajo fue solicitada por la senadora Mirtha Vásquez, integrante de la bancada de Ahora Nación. Tras la aprobación, Vásquez agradeció el respaldo de los senadores de distintas bancadas que votaron a favor de la iniciativa.

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"Los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos necesitan este mecanismo formal hasta que se restituya una comisión ordinaria. Esperamos su pronta instalación para evaluar, fiscalizar y dar seguimiento a las decisiones que afecten sus derechos y la protección de sus territorios", señaló en su cuenta de X.

Anteriormente, una moción presentada por Mirtha Vásquez para crear esta comisión había sido archivada. En aquella oportunidad, la representante de Ahora Nación calificó la decisión como parte de un nuevo retroceso institucional.

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Congreso pasado eliminó Comisión de Pueblos Indígenas

Con la transición al Congreso bicameral, se eliminó la Comisión de Pueblos Indígenas. Esta decisión fue adoptada por el Parlamento anterior. Los entonces congresistas Alejandro Cavero y Luis Aragón señalaron que la medida respondía a criterios presupuestarios y que buscaba establecer un límite al gasto destinado al funcionamiento de las futuras cámaras.

En su momento, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) criticó duramente la eliminación de este grupo de trabajo. "Exigimos la inmediata restitución de la Comisión (...) Denunciamos que esta eliminación es parte de la nueva estrategia para aprobar de manera más acelerada normas que vulneran nuestros derechos (...) Exigimos el respeto de los sabios y sabias indígenas, quienes contribuyen al conocimiento científico en la medicina, biología, ingeniería, agricultura y otros campos", se lee en uno de sus pronunciamientos.

Así lo explicaron los agentes de la Dirección Antidrogas que participaron en el decomiso de quinientos cincuenta y seis paquetes que contenían 620 kilos de cocaína, valorizados en US$18.600.000, en Villa El Salvador.

Por ahora hay tres peruanos detenidos que son intensamente interrogados. Estos han sido identificados como: Rodolfo Benites Malpartida (43), Héctor Guevara Silva (43) y Wilson Campos Miraval (25). Uno de ellos registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas desde el 2014.

Los dos logos que identificaban a este cargamento son Lacoste y Hilux, figuras que no se suelen repetir. La hipótesis de los investigadores es que se trata de dos nuevas marcas impuestas por una mafia narco que controla parte del Huallaga.

Las dos figuras son noticia con el hallazgo de este cargamento puesto al descubierto en un taller de melamina, en la avenida Industrial, acondicionado como centro de acopio.

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No fue un operativo al azar. Se trataba de una investigación a cargo de la Dirandro y detectives de la Digimin. El decomiso y la captura de los sospechosos –cuya identidad, por ahora, es mantenida en reserva— fue el punto final de un seguimiento vigilado.

Dos de los presuntos mafiosos fueron sorprendidos dentro del local y otro en la Panamericana. A ellos se les confiscaron tres pistolas abastecidas, municiones y un silenciador, aparte de cinco vehículos utilizados para el transporte del estupefaciente.

También confiscaron un teléfono satelital utilizado para coordinar los envíos de la zona de producción, y nueve celulares.

Fredy López, comandante general de la PNP, indicó que la principal hipótesis apunta a un envío marítimo hacia México, desde el puerto del Callao.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, destacó el decomiso de los 620 kilos de clorhidrato de cocaína. "La intervención permitió desarticular la organización criminal Los Caleteros de Villa y detener a tres personas", confirmó.

Explicó que este importante resultado fue posible gracias a un paciente trabajo de inteligencia policial que permitió seguir el rastro de la droga desde el Huallaga hasta Lima Metropolitana.

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"La incautación de esta gran cantidad de clorhidrato de cocaína no es al azar. Detrás hay un equipo de inteligencia que ha realizado un seguimiento desde el Huallaga", manifestó el ministro Astudillo.

Al explicar la naturaleza del establecimiento intervenido, el titular del Interior precisó que no se trataba de un laboratorio clandestino ni de una poza de maceración, sino de un espacio utilizado para concentrar y almacenar la sustancia ilícita antes de su distribución.

"Esto no es ningún laboratorio ni una poza de maceración, esto es un centro de acopio. Y seguimos dando duros golpes contra este delito", enfatizó.

Astudillo destacó el desempeño de los efectivos de la Dirandro y resaltó la capacidad operativa de la Policía Nacional para enfrentar las redes del narcotráfico. En tanto, las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades de los detenidos e identificar a otros posibles integrantes de esta presunta organización criminal.

La primera de estas mociones fue presentada en octubre por los congresistas de Obras Heber López y Víctor Piñán. La iniciativa propone investigar durante un plazo de ciento veinte días a Fernando Cerimedo, con el objetivo de determinar si el consultor argentino tuvo algún vínculo o intervención en la campaña presidencial de Keiko Fujimori durante los últimos comicios.

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Por su parte, Juntos por el Perú presentó una moción de orden del día para crear una comisión investigadora con objetivos similares el último 10 de noviembre. La solicitud tiene como autores a los congresistas Yenifer Paredes y Ernesto Zunini, integrantes del grupo parlamentario liderado por Roberto Sánchez. En el documento, solicitan la conformación de un grupo de trabajo multipartidario por un periodo de ciento ochenta días para esclarecer también los vínculos entre Cerimedo, la presidenta Fujimori y el entorno de Fuerza Popular. Además, mencionan hechos recientes que aportarían indicios sobre este presunto acercamiento, como la relación entre Carlos Díaz-Rosillo, asesor de Fujimori, y el propio Cerimedo.

Ambas mociones se sustentan en el artículo 97 de la Constitución Política del Perú, que establece que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre asuntos de interés público. Para que una moción de esta naturaleza sea admitida a debate, requiere el voto favorable de la mayoría de los diputados hábiles.

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¿Qué busca esclarecerse sobre el caso Cerimedo?

Las iniciativas parlamentarias coinciden en la necesidad de determinar si Fernando Cerimedo tuvo algún tipo de participación en la campaña presidencial de Keiko Fujimori y si existieron coordinaciones con integrantes de Fuerza Popular. Uno de los principales aspectos por esclarecer es la naturaleza de los vínculos que el consultor argentino habría establecido con personas cercanas a la actual mandataria.

Otro de los puntos que formarían parte de las indagaciones es el presunto uso de herramientas tecnológicas para intervenir en los comicios o monitorear su desarrollo. De acuerdo con una investigación publicada por el portal La Encerrona, el consultor argentino estaría vinculado a la plataforma 'Ojo de Cóndor', una iniciativa de conteo paralelo de votos desarrollada para las últimas elecciones generales.

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Las pesquisas también permitirían establecer si existieron acuerdos económicos o contrataciones vinculadas al entorno político de Fujimori.

De aprobarse alguna de las iniciativas, la comisión investigadora tendría la facultad de solicitar información a organismos públicos, convocar a funcionarios y citar a las personas involucradas para que brinden sus testimonios.

Cerimedo y su cercanía con el Perú

La cercanía del consultor argentino con el Perú viene siendo seguida de cerca. Tal como informó este medio, Cerimedo ingresó cuatro veces al país entre diciembre de 2024 y julio de 2026. Su última visita ocurrió entre el 27 y el 28 de julio, durante la juramentación de Fujimori. Nadia Beller, expareja del consultor y presunta víctima de un intento de feminicidio perpetrado por él, aseguró que Cerimedo le había contado que mantenía vínculos con el equipo fujimorista desde 2025.

Cerimedo también mantiene conexiones con asesores cercanos a la presidenta. La República informó que Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica y amigo y asesor de Fujimori, había coincidido con el consultor argentino y Damián Valenzuela en diferentes encuentros. Díaz-Rosillo reconoció que había visto a Cerimedo en tres o cuatro ocasiones, aunque evitó atribuirle un vínculo profesional.

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También se reveló que Fuerza Popular contrató al argentino Federico Falco, quien había trabajado con Cerimedo durante la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Según la rendición de cuentas presentada ante la ONPE, el partido fujimorista pagó S/32.765 a Falco por servicios de capacitación en el manejo de redes sociales.

Recientemente, se difundió una grabación atribuida a Cerimedo en la que conversa con el presidente boliviano Rodrigo Paz sobre los resultados de la segunda vuelta electoral peruana. En el audio, el consultor afirma que Fujimori ganó gracias a los votos del extranjero.

A través de su cuenta de X, Álvarez sostuvo que la inasistencia de la mandataria en los últimos días del sumo pontífice en el territorio peruano se debe a su viaje al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Además, afirmó que la participación de Fujimori en el evento económico "es esencial" para los peruanos.

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"Ningún líder político renunciaría voluntariamente a la poderosa imagen, despidiendo conmovido a un papa peruano; si Keiko Fujimori parte al APEC es porque es esencial para el bolsillo de los ciudadanos", señaló.

"Todos los reportes del extranjero advierten de un FEN desastroso para nuestra economía; un acto de responsabilidad es viajar al APEC aunque se pierda la despedida al Papa", acotó en su tuit publicado este 11 de noviembre.

Es importante resaltar que las declaraciones de Álvarez se dan luego de que el Senado aprobó el permiso para que Fujimori viaje a China y Japón del 15 al 21 de noviembre.

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La presidenta Keiko Fujimori partirá rumbo a China y Japón el próximo 15 de noviembre, motivo por el cual no asistirá a la misa de despedida del papa León XIV, programada para el lunes 16. El Senado autorizó el viaje de la mandataria para participar en las actividades de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), decisión que ha generado cuestionamientos debido a que coincide con los últimos días de visita del sumo pontífice.

Un día antes de la votación, Fujimori justificó su decisión y negó que buscara dejar de lado al papa León XIV. “Jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV. Soy católica, todo el mundo lo sabe, católica creyente y practicante”, manifestó en Canal N. Asimismo, indicó que buscó reprogramar las fechas y los horarios de su viaje, pero no logró concretarlo debido a que tiene previsto reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, el próximo 17 de noviembre.

El Senado aprobó la autorización para el viaje con 43 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. La única legisladora que votó en contra fue Silvana Robles, de Juntos por el Perú. Con este permiso, Fujimori podrá abandonar el país el 15 de noviembre para cumplir sus compromisos internacionales, pese a que el papa León XIV aún continuará su visita al Perú.

Este resultado proviene del último reporte de la consultora internacional CB Global Data, el cual midió el respaldo ciudadano a los jefes de Estado de la región durante noviembre de 2026.

El estudio indica que la desaprobación a la jefa de Estado peruana se divide entre un 38.5% de encuestados que califica su labor como "muy mala" y un 15.9% que la considera "mala".

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Por su parte, la aprobación del 43.8% se compone de un 19.8% que opina que su gestión es "muy buena" y un 24.0% que la califica como "buena". Solo un 1.8% de los consultados no precisó una postura.

En comparación con el informe de octubre de 2026, la imagen positiva de la mandataria registró una caída de 2.5 puntos, fecha en la que tenía un 46.3% de respaldo popular.

Con esta cifra, Fujimori queda en la mitad de la tabla regional, por debajo de líderes como Claudia Sheinbaum de México (69.8%) y Nayib Bukele de El Salvador (69.5%), pero por encima de mandatarios como Javier Milei de Argentina (37.4%) y José Antonio Kast de Chile (33.5%).

El trabajo de campo de CB Global Data se realizó del 4 al 9 de noviembre sobre una muestra de 3,089 casos en el Perú. La investigación cuenta con un margen de error de +/- 1.8% y una cobertura nacional sobre la población mayor de 18 años.

En octubre, el Congreso otorgó al Gobierno facultades legislativas por 90 días para emitir normas en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención frente al fenómeno El Niño.

El pedido inicial del Ejecutivo contemplaba 66 puntos, de los cuales la Cámara de Diputados solo aprobó 20. Posteriormente, el Senado incorporó siete materias adicionales, así que el texto final contempló 27 puntos.

Reacciones

En su momento, el senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, cuestionó que el Senado incorporara siete materias adicionales a las 20 aprobadas por la Cámara de Diputados. Consideró que esos puntos debieron tramitarse mediante proyectos de ley.

“Nosotros estábamos a favor de los 20 puntos y que los demás se vean en proyectos de ley. Creemos que es un error. Hubiera sido mejor que voten por proyectos de ley. Así habría menor división”, indicó.

Por su parte, Humberto Morales de Juntos por el Perú cuestionó que el Senado incorporara siete facultades que no habían sido aprobadas por Diputados y calificó el procedimiento como una vulneración constitucional.

“Se ha violentado la Constitución y el Reglamento y han (dado) un golpe de Estado, muy sutil, por supuesto”, dijo.

El 34% considera que el Congreso no facilita ni dificulta el trabajo de Fujimori

Por otro lado, respecto al impacto del Congreso en la gestión presidencial, el 34% de ciudadanos consideró que “ni facilita ni dificulta” el trabajo de Fujimori. El 33% estima que sí lo está dificultando y el 25% que, en realidad, lo facilita. Un 8% no sabe/no opina.

El mayor número de quienes consideran que el Parlamento no impacta en el gobierno se concentra en el ámbito urbano (38%) y en Lima Metropolitana (30%). Según el ámbito geográfico, este sentir reporta 44% en Lima Metropolitana y 29% en el centro.

Asimismo, dicha percepción se presenta en mayor medida en ciudadanos de entre 30 a 49 años (37%) y de 18 a 29 años (40%); y más en mujeres (37%) que hombres (30%).

En todos los niveles económicos la percepción de la relación Congreso-Ejecutivo es similar: A/B (36%), C (33%), D/E (33%). En el nivel educativo se registró una diferencia: educación básica (29%) y educación superior (38%).

Quienes se identifican con izquierda notan que el Legislativo no genera impacto en el Ejecutivo (35%) y centro (43%). Quienes están muy interesados en política percibieron lo mismo (37%).

"El foro APEC es el más importante del mundo. Tiene en sí mismo a los países que juntos hacen el 61% del PBI mundial. El 90% de las MYPE peruanas tienen como destino exportador a los países de APEC. Si la presidenta viaja a ese foro es porque no puede descuidar generar mayor empleo, atraer más inversión y preocuparse de las exportaciones peruanas que tienen en el Foro APEC uno de sus principales destinos", señaló.

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Sheput indicó que Fujimori estará presente para recibir al sumo pontífice, por lo que consideró que su posterior partida no constituiría un desplante. Asimismo, señaló que la mandataria sostendrá reuniones con líderes mundiales durante el evento, que se desarrollará en Shenzhen, China, del 18 al 19 de noviembre.

"Espero que esta semana se reflexione sobre la importancia del viaje en este foro. Nadie nos puede representar mejor que ella en las reuniones con el presidente Xi Jinping, con la primera ministra de Japón y otros líderes que estarán en el foro más importante económica y socialmente del mundo", manifestó.

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Senado aprueba viaje de Fujimori

El Senado aprobó la autorización para el viaje de Fujimori con 43 votos a favor, cinco abstenciones y uno en contra. La única legisladora que rechazó el permiso fue Silvana Robles, de Juntos por el Perú. Con esta decisión, la mandataria podrá salir del país el próximo 15 de noviembre para cumplir con su agenda internacional en China y Japón, mientras el papa León XIV todavía permanecerá en territorio peruano.

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Robles cuestionó la decisión de Fujimori de viajar durante la visita del papa León XIV. “Ha sido un vulgar continuismo frívolo de la señora Dina Boluarte por viajes insulsos y sin resultados concretos”, sostuvo. Hugo Ccahuana, también senador de Juntos por el Perú, se sumó a las críticas y cuestionó que no se hayan expuesto los objetivos concretos que se pretenden alcanzar con este viaje.

Horas antes, Fujimori había rechazado que su participación en el Foro APEC implique un desaire al sumo pontífice. “Jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV. Soy católica, todo el mundo lo sabe, católica creyente y practicante”, declaró a Canal N.

El 34% considera que el Congreso no facilita ni dificulta el trabajo de Fujimori

Respecto al impacto del Congreso en la gestión presidencial, el 34% de ciudadanos consideró que “ni facilita ni dificulta” el trabajo de Fujimori. El 33% estima que sí lo está dificultando y el 25% que, en realidad, lo facilita. Un 8% no sabe/no opina.

El mayor número de quienes consideran que el Parlamento no impacta en el gobierno se concentra en el ámbito urbano (38%) y en Lima Metropolitana (30%). Según el ámbito geográfico, este sentir reporta 44% en Lima Metropolitana y 29% en el centro.

Asimismo, dicha percepción se presenta en mayor medida en ciudadanos de entre 30 a 49 años (37%) y de 18 a 29 años (40%); y más en mujeres (37%) que hombres (30%).

En todos los niveles económicos la percepción de la relación Congreso-Ejecutivo es similar: A/B (36%), C (33%), D/E (33%). En el nivel educativo se registró una diferencia: educación básica (29%) y educación superior (38%).

Quienes se identifican con izquierda notan que el Legislativo no genera impacto en el Ejecutivo (35%) y centro (43%). Quienes están muy interesados en política percibieron lo mismo (37%).

El 33% de peruanos considera que el Congreso dificulta el trabajo de la presidenta

Sobre el 33% de peruanos que considera que el Legislativo está dificultando el trabajo de la presidenta, el 44% se concentra en Lima Metropolitana y en menos medida en el norte (28%) y centro (29%) del país.

Asimismo, se observa esta percepción en ciudadanos de 50 años a más (37%), y de nivel socioeconómico A/B (40%) y C (36%).

A su vez, se registra en mayor medida en encuestados que se identifican con la derecha (42%) y que están poco/nada interesados en política (35%).

El 25% considera que el Congreso facilita el trabajo de Fujimori

Finalmente, del grupo que considera que el Congreso facilita el trabajo de Fujimori (25%), el 34% se identifica con una ideología de izquierda, mientras que el 23%, con centro y el 24% con derecha.

El 33% y 30% manifestaron estar muy interesado y algo interesados en política, respectivamente.

Un día antes de la votación, Fujimori defendió su decisión y aseguró que no tenía intención de desairar al pontífice. “Jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV. Soy católica, todo el mundo lo sabe, católica creyente y practicante”, declaró en Canal N. También sostuvo que intentó modificar las fechas y los horarios de su viaje, pero que no fue posible debido a una reunión programada con el presidente chino, Xi Jinping, para el 17 de noviembre.

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La solicitud generó cuestionamientos desde sectores del Senado, principalmente por la falta de coordinación entre el Ejecutivo y la Cancillería para evitar que la salida de la presidenta coincidiera con el último día de la visita papal. Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación, planteó que la mandataria viajara después de la ceremonia de despedida, pero su propuesta no obtuvo los votos necesarios.

El Senado autorizó el desplazamiento con 43 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. Silvana Robles, de Juntos por el Perú, fue la única senadora que rechazó el permiso. La decisión permitirá que Fujimori salga del país el 15 de noviembre y cumpla con su agenda internacional, mientras el pontífice todavía permanecerá en territorio peruano.

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Senado rechazó cuestión previa de Mirtha Vásquez para modificar la fecha del viaje

Antes de la votación de la autorización, Mirtha Vásquez solicitó una cuestión previa para cuestionar la programación del viaje presidencial. La legisladora criticó que Cancillería no hubiera revisado el itinerario de la mandataria frente a las fechas de la visita de León XIV.

Su propuesta consistía en votar por separado el pedido de salida a China y Japón con el fin de que Fujimori saliera del país un día después de la ceremonia de despedida del papa.

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La iniciativa fue rechazada con 19 votos a favor, 28 en contra y una abstención. Durante el debate, Yamashiro, de Fuerza Popular, defendió la necesidad de que la presidenta representara al país en la cumbre internacional y cuestionó que se intentara modificar la solicitud.

En la misma línea, Juárez calificó de “despropósito” el pedido de Vásquez y argumentó que el tiempo de traslado hasta China justificaba la partida del 15 de noviembre.

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El senador Segundo Tapia también respaldó el desplazamiento y sostuvo que la participación peruana en APEC permitiría fortalecer las relaciones con las 21 economías que integran el foro. Juan Carlos del Águila, también de la bancada de Fuerza Popular, agregó que Fujimori debía viajar con anticipación para llegar a su reunión con el presidente chino Xi Jinping, prevista para el 17 de noviembre.

Sin embargo, el cuestionamiento a la programación no se limitó a la oposición. Carlos Caballero, de Buen Gobierno, reconoció que la fecha elegida era inoportuna y responsabilizó a Cancillería por la falta de previsión.

Caballero sostuvo que el Gobierno debió organizar mejor la agenda para evitar que la presidenta tuviera que ausentarse durante las últimas actividades del pontífice. Pese a ello, anunció que el grupo parlamentario votaría a favor del permiso porque consideraba que rechazarlo podía generar un problema mayor para el país.

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Silvana Robles comparó a Fujimori con Boluarte y cuestionó su aunsencia en la despedida de León XIV

La senadora Silvana Robles, de Juntos por el Perú, cuestionó directamente la decisión de la presidenta. Durante su intervención, sostuvo que Fujimori no estaba preparada para representar al Perú en el extranjero y comparó su viaje con los desplazamientos realizados por Dina Boluarte durante su gobierno.

“Ha sido un vulgar continuismo frívolo de la señora dina boluarte por viajes insulsos y sin resultados concretos”, comentó. Además, consideró que la ausencia en la despedida del pontífice constituía una falta de respeto para los católicos peruanos.

Por su parte, el senador Hugo Ccahuana, también de Juntos por el Perú, cuestionó que los legisladores que defendían el viaje no explicaran qué resultados concretos esperaban obtener de la visita a China. Aunque respaldó la participación peruana en el foro, pidió que la presidenta aprovechara la agenda internacional para recoger experiencias sobre la protección de menores frente a los contenidos de las redes sociales.

Desde Fuerza Popular, Marta Chávez defendió la salida de Fujimori y sostuvo que el traslado hasta China podía tomar cerca de 36 horas. Aguinaga, de la misma agrupación, cuestionó las críticas contra el viaje y recordó que las fechas de APEC ya estaban establecidas por lo cual cambiarlas no era viable.

Tras conocerse el pedido de viaje de Keiko Fujimori a China en medio de la visita del papa, aumentaron las críticas por su eventual ausencia en la misa multitudinaria y a la despedida del líder de la Iglesia católica.

Frente a estos reclamos, el jefe del Gabinete explicó que intentaron coordinar los horarios con la Nunciatura y señaló que Fujimori sí participará en las primeras actividades oficiales.

Galarreta explicó que la coincidencia de fechas no fue una decisión de último momento, sino el resultado de compromisos internacionales en Asia. "No hay ningún repentino cambio, nosotros hemos estado (...) tratando de calzar las agendas porque evidentemente el regreso del Papa a su casa (...) es importante para todos los peruanos; la presidenta va a estar en las primeras fechas, ella lamentaba mucho no estar hasta el final", declaró el Premier, vía Canal N.

Frente a los cuestionamientos y las comparaciones con gestiones anteriores por las salidas del país, el titular del Consejo de Ministros indicó que los viajes responden a objetivos de trabajo. "Está yendo a conseguir donaciones para el COVID, está yendo a APEC (...) además a una reunión con el presidente chino", sostuvo.

El jefe del Gabinete también minimizó las críticas de los sectores opositores respecto a la oportunidad del viaje en plena visita papal. "Hay un sector que no va a estar de acuerdo con nada (...) nosotros sabemos que el hecho que en el gobierno exista Keiko Fujimori, eso va a ser oposición cerrada para un montón de personas", dijo.

La solicitud de Keiko Fujimori para viajar a China y Japón

La solicitud formal de viaje ingresó a través de un oficio dirigido al presidente del Congreso y del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, el pasado 9 de noviembre.

El documento solicita permiso para la salida del país de Keiko Fujimori del 15 al 21 de noviembre con el fin de acudir a la cumbre APEC y a Tokio.

Según el itinerario adjunto, la presidenta arribará a Shenzhen el 17 de noviembre para dialogar con el presidente de China, Xi Jinping. Entre el 18 y el 19 de noviembre participará en las actividades del foro APEC y en reuniones con delegaciones de Vietnam y Singapur.

El 19 por la tarde volará hacia Tokio. Durante el 20 de noviembre mantendrá encuentros con la gobernadora Yuriko Koike y la primera ministra Sanae Takaichi. El itinerario concluye con su vuelo de regreso a Lima la mañana del 21 de noviembre.

De septiembre a noviembre, la aprobación hacia la mandataria no se movió ni un solo punto. Se mantiene en 37%. Sin embargo, el rechazo que genera su gestión sigue en aumento: pasó de 49% a 53%.

El Congreso sigue el mismo camino. En el mismo lapso, pasó de registrar 65% de desaprobación a 72%. En contraparte, su aprobación disminuyó de 20% a 17%.

Mayor desaprobación hacia Fujimori viene del sur y del ámbito rural

La mayor disconformidad con la gestión presidencial se concentra en la macrozona sur (63%), seguida del norte (54%) y el centro (51%). Según el ámbito geográfico, el rechazo alcanza el 60% en zonas rurales, el 53% en áreas urbanas y el 50% en Lima Metropolitana.

Asimismo, la desaprobación se reporta en mayor medida en ciudadanos de entre 30 a 49 años (56%) y de 18 a 29 años (51%); y más en hombres (55%) que mujeres (50%).

En todos los niveles económicos el rechazo hacia Fujimori es similar: A/B (51%), C (53%), D/E (53%). En el nivel educativo se registró una ligera variación: educación básica (52%) y educación superior (54%).

Donde sí hubo diferencias fue en cuestiones ideológicas. Quienes se identifican con izquierda desaprueban el gobierno fujimorista en un 73% y los de centro en un 62%. La derecha, en cambio, solo la rechaza en un 35%.

A su vez, según el interés en política la desaprobación es: muy interesado (66%), algo interesado (55%) y poco/nada interesado (52%).

El 34% considera que el Congreso no facilita ni dificulta el trabajo de Fujimori

Por otro lado, respecto al impacto del Congreso en la gestión presidencial, el 34% de ciudadanos consideró que “ni facilita ni dificulta” el trabajo de Fujimori. El 33% estima que sí lo está dificultando y el 25% que, en realidad, lo facilita. Un 8% no sabe/no opina.

El mayor número de quienes consideran que el Parlamento no impacta en el gobierno se concentra en el ámbito urbano (38%) y en Lima Metropolitana (30%). Según el ámbito geográfico, este sentir reporta 44% en Lima Metropolitana y 29% en el centro.

Asimismo, dicha percepción se presenta en mayor medida en ciudadanos de entre 30 a 49 años (37%) y de 18 a 29 años (40%); y más en mujeres (37%) que hombres (30%).

En todos los niveles económicos la percepción de la relación Congreso-Ejecutivo es similar: A/B (36%), C (33%), D/E (33%). En el nivel educativo se registró una diferencia: educación básica (29%) y educación superior (38%).

Quienes se identifican con izquierda notan que el Legislativo no genera impacto en el Ejecutivo (35%) y centro (43%). Quienes están muy interesados en política percibieron lo mismo (37%).

El 51% está en contra de que el Congreso haya otorgado las facultades legislativas

Finalmente, el 51% de ciudadanos está en contra de que el Congreso haya otorgado las facultades legislativas al Gobierno. Solo el 34% se mostró a favor, mientras que un 15% no sabe/no opina.

Como se recuerda, el Congreso otorgó al Gobierno facultades legislativas por 90 días para emitir normas en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención frente al fenómeno El Niño.

Sin embargo, el pedido inicial del Ejecutivo contemplaba 66 puntos, de los cuales la Cámara de Diputados solo aprobó 20. Posteriormente, el Senado incorporó siete materias adicionales, por lo que el texto final contempló 27 puntos.

"Considero que es importante que se analice la normativa en su conjunto. Era de conocimiento público cuál es la prohibición. Lo han comunicado en medios de comunicación distintos especialistas. Y no es algo reciente: la prohibición de la reelección rige desde el 2015. La postulación es por lista y se sabe que había sucesión. Pero la sucesión debía ser válida. Es importante recordarle a la ciudadanía que lo que debe primar es la Constitución. No se puede alegar desconocimiento de la ley por quienes participan en procesos electorales. Son personas con experiencia en el campo político", indicó en entrevista en 'Canal N'.

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Ante la crítica de que esta decisión vulneró la voluntad popular, la secretaria general del JNE respondió que, desde el inicio, las reglas electorales establecen que el voto es por una lista en bloque. Por ende, los electores respaldaban los nombres presentes y daban su confianza para que el regidor correspondiente asumiera como alcalde, de ser el caso.

"Los organismos electorales no actuamos en relación con encuestas. El voto popular se va a respetar porque la votación es por lista. Uno vota en bloque: por alcaldes y regidores. Si no había un alcalde que lidere la lista, quien asume es el siguiente regidor que aparece como 'hábil'", señaló.

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Burneo: "nunca íbamos a avalar una reelección encubierta"

Roberto Burneo, presidente del JNE, también habló sobre el tema. Este martes diez de noviembre, declaró a la prensa que no se aceptará que un alcalde que postuló como primer regidor regrese a la alcaldía por sucesión.

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"Ya hemos indicado hace tiempo que íbamos a resolver las controversias en cada momento en que se presentaran. El tema de la participación de un alcalde en forma inmediata no es algo nuevo (...) Lo que sí determinamos es que nunca íbamos a avalar una reelección encubierta. Segundo, íbamos a actuar conforme a la Constitución, la ley y el ordenamiento electoral respectivo", explicó.

Burneo sostuvo, en la misma línea, que el pleno del organismo ya zanjó el tema de la reelección. No obstante, precisó que en los próximos días se definirán los casos que están en primera instancia ante diversos Jurados Electorales Especiales (JEE).

Mediante un oficio, la agrupación busca que las exautoridades inscritas en la lista de regidores mantengan el derecho de sucesión municipal durante el próximo periodo.

La impugnación se da tras la emisión de la Resolución N.° 4557-2026-JNE, mediante la cual el Pleno del tribunal electoral estableció por mayoría que un primer regidor con prohibición de reelección inmediata no puede asumir la alcaldía. Específicamente, el fallo del órgano electoral precisa:

"Quien ejerció el mandato de alcalde durante el periodo municipal inmediato anterior, aun cuando hubiera postulado como primer regidor, no podrá postular ni ser proclamado alcalde de la misma circunscripción para el periodo inmediato siguiente, ni asumir dicho cargo como consecuencia de la renuncia, exclusión o tacha del candidato a alcalde, o mediante sucesión o reemplazo durante ese periodo".

En el caso de Lima, este criterio frena el acceso de Rafael López Aliaga a la alcaldía y otorga la credencial para asumir la conducción de la capital a la segunda regidora de la lista, Jeanette Alonzo.

Frente a este escenario, la representación legal de Renovación Popular presentó un recurso de reconsideración para revocar el acuerdo del pleno. En su pedido, el partido solicitó al tribunal declarar que esta restricción no aplique para el proceso electoral de 2026, a fin de evitar afectaciones en la proclamación de autoridades en diversas provincias del país.

Acciones legales tras el fallo del JNE

Luego del pronunciamiento del organismo electoral, Rafael López Aliaga anunció que denunciaría penalmente al presidente del JNE, Roberto Burneo. Durante un acto en Carabayllo, el líder de Renovación Popular también cuestionó que la notificación del impedimento se haya realizado a través de la Secretaría General del jurado y exigió una explicación formal sobre la medida.

En su mensaje, el excandidato a primer regidor acusó al tribunal electoral de vulnerar la Constitución y “robar por segunda vez la voluntad de Lima Metropolitana”. En esa línea, López Aliaga indicó que la decisión del JNE constituye un exceso y genera un perjuicio a la representación ciudadana.

Por ello, el dirigente del partido celeste sostuvo que acudirá al Poder Judicial para procesar penalmente al titular del tribunal por el presunto delito de omisión dolosa de funciones.

Asimismo, insistió en que mantendrá las acciones legales correspondientes hasta revertir los efectos del acuerdo que frena su retorno al sillón municipal.

"Ya hemos indicado hace tiempo que íbamos a resolver las controversias en cada momento en que se presentaran. El tema de la participación de un alcalde en forma inmediata no es algo nuevo (...) Lo que sí determinamos es que nunca íbamos a avalar una reelección encubierta. Segundo, íbamos a actuar conforme a la Constitución, la ley y el ordenamiento electoral respectivo", explicó.

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En esa misma línea, Burneo afirmó que el tema de la reelección ya fue resuelto por el pleno de la institución. Sin embargo, indicó que durante los próximos días se resolverán los casos que se encuentran en primera instancia en distintos Jurados Electorales Especiales (JEE).

"Cada etapa de calificación se va desarrollando en la etapa de proclamación de resultados y hemos establecido un acuerdo para la proclamación de resultados y hemos determinado algo muy sencillo que no es nuevo: la Constitución en el artículo 194 es clara: un alcalde de forma inmediata no puede ser reelegido. Lo dice claramente", argumentó.

Asimismo, el titular del JNE señaló que, si bien no se habían establecido los caminos que podían llevar a la reelección encubierta —como la sucesión—, el pleno terminó por resolverlo. "Hemos dicho que cualquiera de los caminos que pueda llevar a la prohibición que establece la Constitución no puede ser reelegido inmediatamente. Eso es muy claro, no es nuevo", dijo.

"¿Un alcalde podría postular como primer regidor? Hemos dicho que sí desde 2018. Un alcalde, como primer regidor que sea elegido y que quiera por ese camino ser nuevamente alcalde o por sucesión quiera serlo, es un tema que hemos decidido indicando que eso quiebra la prohibición constitucional", expresó.

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Burneo precisó que se pronunció sobre el tema anteriormente debido a que no podía adelantar opinión y es parte de un colegiado. "Es el JNE el que ha determinado claramente eso", recalcó.

En el caso de la Ley Soto, el dictamen en mayoría, que incluye a las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras, busca modificar la suspensión del plazo de prescripción, a fin de establecer un límite proporcional. Esto debido a que la actual legislación limitó a un año como máximo el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal.

Ley Soto perjudicaba investigación de delitos mayores

Durante el debate, Indira Huilca (Ahora Nación) resaltó que la actual norma ha beneficiado a diversos políticos.

"Estamos hablando de leyes pro crimen porque se ha debilitado la capacidad del Estado para perseguir el crimen que azota el país. Ha establecido un plazo ciego, de un año máximo, que vale para la investigación de un delito de hurto como para el de una investigación criminal. El crimen que hoy azota nuestro país puede acogerse a este tipo de normas", indicó.

Por su parte, Ernesto Zunini resaltó que era muy necesario que la iniciativa se declare en carácter de urgencia, debido al contexto de inseguridad ciudadana.

“Fue una ley que nunca debió promulgarse, nunca debió existir, nunca fue consultada al pueblo peruano y que, además, estaba envuelta en un evidente conflicto de intereses”, exclamó.

Añadió que la norma da “un plazo perentorio de un año a un Ministerio Público que enfrenta una carga procesal”.

“Tiene serias limitaciones para poder tramitar con celeridad sus investigaciones y les otorga solamente un año para luchar contra la organización criminal, contra el hurto, colusión y demás. Todo prescribe en un año. Justamente se considera inconstitucional porque afecta la proporcionalidad de la prescripción en delitos que no pueden ser procesado en una manera estándar por su gravedad”, anotó.

En ese sentido, exhortó a las bancadas a dar una salida y rechazar la Ley Soto.

Por su parte, el diputado Javier José María Cipriani Thorne de Renovación Popular mencionó que en el país muchas veces la justicia no llega tarde, sino que simplemente no llega.

“No faltan delitos que investigar, sino que el tiempo terminar en convirtiéndose el mayor aliado de quienes buscan escapar de la justicia. Un año. ¿Acaso podemos investigar una red de lavado de activos, una organización criminal con las mismas condiciones que un delito sencillo?”, expresó.

Ley de Extinción de Dominio

En el caso de la Ley de extinción de dominio, se aprobó el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, sobre extinción de dominio, para restablecer la autonomía del proceso y fortalecer sus garantías.

La iniciativa establece que: “El proceso de extinción de dominio es independiente y autónomo del proceso penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral, por lo que no puede invocarse la previa emisión de sentencia o laudo en éstos para suspender o impedir la emisión de sentencia en aquél”.

Catherin Palomino Casavilca (Juntos Por el Perú), presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sostuvo que el Estado habría dejado de recuperar aproximadamente 50 millones de dólares por el efecto conjunto de esta ley, que ahora cambiarán.

“La presidenta del Poder Judicial advirtió que estas modificaciones reintrodujeron dilaciones y redujeron la eficacia de la recuperación de activos. Ante esta situación, nuestra comisión recibió opiniones del Ministerio Público, la Cámara de Comercio de Lima y especialistas, y realizó mesas técnicas para examinar las propuestas”, sostuvo.

El exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gonzales Posada, encontró “inexplicable e inoportuno” que la presidenta no haya podido modificar su visita a la APEC.

“¿La mandataria no podía retrasar sus viajes unas horas? ¿No despedirá al Sumo Pontífice como corresponde? . ¿Qué dicen la Cancillería, sus ministros y asesores? Todavía tiene tiempo para rectificar”, escribió en sus redes sociales.

De igual forma, el exministro del Interior Carlos Basombrío cuestionó la necesidad de que Fujimori viaje con antelación a un evento que empieza el 18 de noviembre.

“¿Por qué tiene que partir el 15? Eso hace todavía más cuestionable que no acompañe al Papa para despedirlo luego de su visita al Perú”, anotó.

Basombrío resaltó que la visita del Papa será vista por televisión a nivel internacional y que el impacto de ello parece no tenerse previsto.

En ese sentido, consideró que la situación es un “malcriado y calculado desaire”.

“Algunos lo verán como calculado desaire a quien, cuando obispo de Chiclayo, dijo que su padre debía pedir perdón sincero a las víctimas de los crímenes que lo llevaron a la cárcel”, enfatizó.

El politólogo Alejandro Godoy, por su parte, reconoció la importancia de la presencia de la jefa de Estado en la APEC, sin embargo, consideró que su viaje puede realizarse días después a fin de estar presente el 16.

“El adelanto de su viaje cuando está el peruano vivo más ilustre de visita oficial en el país es, cuando menos, un horror diplomático, sino una afrenta”, indicó.

Keiko Fujimori : “Jamás se me ocurriría desairar a nuestro Papa”

Al respecto, Fujimori aseguró que "jamás se le ocurriría desairar al Papa” y resaltó que es una persona “católica, creyente y practicante”.

Explicó que va días antes de la APEC porque el 17 de noviembre tiene una reunión con el presidente de China, Xi Jinping.

Asimismo, insistió en que han hecho “malabares” para cambiar horarios y fechas a fin de estar presentes, pero fue “imposible”.

“Las circunstancias que atravesamos en nuestro país y con el Fenómeno de El Niño hacen fundamental nuestra presencia en la APEC. Como presidenta tengo obligaciones de estado que cumplir y por supuesto que traeremos muchas donaciones”, expresó.

Finalmente, pidió que no se politice la visita del sumo pontífice. “Lo único que puedo decir es que estamos con mucha ilusión. El Papa será recibido por todos los peruanos, mi corazón se queda en el Perú”, dijo.

Luis Galarreta resalta que Fujimori sí estará en la primera fecha del Papa en Perú

Por su parte, Luis Galarreta aseguró que trató de mover la agenda para que la mandataria esté presente, pero no se logró.

“La presidenta va a estar en las primeras fechas. Ella lamentaba mucho no estar hasta el final. Pero para eso está el vicepresidente uno, el vicepresidente dos, el gobierno, pero en general los ministros”, indicó.

De acuerdo con el documento, leído por la Secretaría Técnica del grupo de trabajo que preside el diputado Henry Albañil (Partido Cívico Obras), la denuncia presentada por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho comprende tres presuntos hechos irregulares. Sin embargo, dos de ellos fueron desestimados por la comisión.

"Según la información expuesta, esta decisión responde a que se determinó que el parlamentario se encontraba realizando funciones constitucionalmente reconocidas, como atender las demandas y necesidades de la población, así como efectuar visitas de fiscalización junto con funcionarios de la Contraloría", informó la página de Comunicaciones del Congreso.

La comuna ha solicitado la suspensión del cargo y el descuento de haberes de hasta por 120 días de legislatura de Piñán.

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El caso

La denuncia fue presentada por el alcalde provisional de San Juan de Lurigancho, Víctor Zelada, quien sostiene que Piñán “utilizó su investidura y plataformas de difusión masiva (transmisiones en vivo en redes sociales)” para difundir cuestionamientos falsos contra la municipalidad. Asimismo, lo acusa de atribuirle presuntos delitos de corrupción de funcionarios y vulneraciones a la neutralidad electoral.

El primer hecho ocurrió el pasado 16 de septiembre, cuando, según la denuncia, “el diputado interceptó a un vehículo de fiscalización que ejecutaba el retiro forzoso de un panel electoral no autorizado en la Alameda Malecón Checa”. Durante una transmisión en vivo, Piñán afirmó que estaban “utilizando la camioneta del Estado para llevar paneles publicitarios del partido del señor Jesús Maldonado», señala el documento.

Zelada señaló que el personal de fiscalización presente en el lugar explicó al diputado que no se estaba colocando propaganda electoral, sino retirándola. Además, precisó que los paneles habían sido instalados por terceros.

La municipalidad difundió un comunicado en sus redes sociales ese mismo día, en el que sostuvo que los videos institucionales evidenciaban que el panel había sido instalado por un vehículo particular ajeno a la comuna y que posteriormente fue retirado por personal municipal conforme a ley. Ante ello, exigió que el diputado Piñán se rectificara públicamente.

En respuesta, el diputado remitió un oficio a Maldonado en el que solicitó documentación que acreditara que el personal municipal no había instalado propaganda política. “La transparencia no puede limitarse a un comunicado de prensa. Los hechos deben demostrarse con documentos, videos, actas y responsables identificados”, se lee en el oficio en el que resaltó que todo ello se realiza acorde a su función de control político y fiscalización parlamentaria.

Posteriormente, el 22 de septiembre, se produjo el presunto segundo hecho señalado por la municipalidad. Según el oficio, el diputado acudió a un predio descampado ubicado en la urbanización Inca Manco Cápac y afirmó, durante una transmisión en vivo en redes sociales, que el alcalde Maldonado pretendía “sacar provecho” de dicho espacio.

Al respecto, Zelada aclaró que el terreno es de dominio público y que la municipalidad tiene previsto construir allí un complejo recreativo y deportivo en beneficio de todos los vecinos. “El congresista jamás cursó oficio pidiendo información sobre la titularidad del inmueble; prefirió mentir y azuzar el conflicto vecinal en campaña”, señalan.

Finalmente, el tercer hecho denunciado ocurrió el 23 de septiembre. Según explicó el alcalde provisional, ese día el diputado realizó una inspección a los trabajos de mantenimiento de la avenida Fernando Wiesse y convocó al Órgano de Control Institucional (OCI). Durante la visita, Piñán utilizó una cinta métrica para medir el borde expuesto de la pista, junto a la berma de tierra, y sostuvo que la obra no cumplía con las especificaciones técnicas.

Al respecto, citando documentación de la obra, indicaron que sí se está cumpliendo con los requisitos. “El servicio contempla calzadas principales de 4 pulgadas de espesor y vías auxiliares de 2 pulgadas. El congresista midió una vía auxiliar y exigió públicamente los parámetros de la vía principal, falseando las condiciones del contrato. (…) El espesor no se determina con una huincha”, se lee.

Víctor Piñán da sus descargos

En conversación con La República, el diputado Piñán rechazó haber incurrido en difamación y sostuvo que sus acciones se realizaron dentro del marco legal de sus facultades de fiscalización.

“Yo estoy haciendo una fiscalización a la institución, que es a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Ellos me enviaron un documento pidiendo que me rectifique, cosa que no hice porque yo estoy cumpliendo mi deber constitucional, que es el de fiscalizar y de hacer control político. Yo en ningún momento me refiero a él (Jesús Maldonado) personalmente”, expresó.

En esa línea, aseguró que la denuncia presentada ante la Comisión de Ética no le genera preocupación, ya que ha consultado con diversos especialistas que le han señalado que no ha incurrido en ningún delito ni cometido alguna irregularidad.

“Me tiene sin cuidado esta denuncia en la Comisión de Ética. Imagínense si a mí me denuncian por difamación, por haber tratado de cumplir con mis funciones, podría pasarle eso a cualquier persona”, comentó.

Además, mencionó que cuenta con inmunidad parlamentaria: “Primero se me tiene que levantar el fuero y además que me protegen porque yo no estoy haciendo absolutamente nada que vaya contra el marco constitucional”.

"(El presupuesto) es el instrumento institucional que sostiene el trabajo de ambas cámaras", expresó.

En esa misma línea, el diputado cuestionó que el último viernes 6 de noviembre la Cámara Alta programara una sesión para evaluar el proyecto de más de 500 páginas, sin garantizar la participación plena de todos los integrantes de la cámara que dirige. Ante esta situación, solicitaron reprogramar la audiencia para que también puedan analizar la propuesta presentada por el Gobierno de Fujimori, la cual, según reveló, "fue elaborada sin consulta ni participación de la Cámara de Diputados".

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"Miren, para aprobar cualquier presupuesto, el requisito mínimo e indispensable es recabar las necesidades de los implicados, sus proyecciones de actividad y contar con el tiempo adecuado y necesario para revisarlo, analizarlo y debatirlo a fondo. No se trata de enviarlo al último momento para presionar una aprobación a ciegas, aduciendo premuras y fechas que se vencen", recalcó.

Las declaraciones de Reto se produjeron luego de que Torres anunciara que se proyecta reducir S/400 millones del presupuesto del Congreso para el próximo año. Asimismo, adelantó que devolverán S/300 millones correspondientes a este año para la lucha contra el fenómeno El Niño.

Por su parte, Torres responsabilizó a la ausencia de los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por no alcanzar el quórum necesario para desarrollar la sesión. Asimismo, señaló que, debido a la frustrada reunión, no pudieron anunciar la “buena noticia” sobre la reducción del presupuesto del Congreso. "Esta era una segunda parte de las medidas de austeridad que veníamos implementando dentro del Congreso", dijo.

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Cabe precisar que, si bien este año la presidencia del Congreso recae en el Senado, el próximo periodo estará a cargo de la Cámara de Diputados.

Al respecto, Reto volvió a cuestionar a Torres. "Nos resulta preocupante que se emitan declaraciones y se fijen cifras de manera unilateral, ignorando por completo la posición institucional de la Cámara de Diputados. Si bien la prudencia financiera y el ahorro son importantes, estos jamás deben traducirse en asfixiar el funcionamiento ni limitar las funciones constitucionales de las Cámaras del Congreso", señaló.

Asimismo, el diputado exigió respeto hacia la cámara que dirige. "La responsabilidad financiera y la transparencia comienzan por casa, lo cual se demuestra respetando el equilibrio de poderes y los procedimientos institucionales".

Reprograman sesión sobre el presupuesto 2027-2028

La sesión fue reprogramada oficialmente para este martes a la 1:00 p. m., con el objetivo de permitir la revisión de los acuerdos técnicos antes de la instalación del Pleno de la Cámara de Diputados. De esta manera, la directiva parlamentaria busca garantizar la asistencia de los legisladores convocados, previo al inicio de la sesión plenaria, prevista para las 3:00 p. m.

La actual alcaldesa y candidata a primera regidora, Diana Aspilcueta Cáceres, fue nombrada en el cargo al que postuló sin asumir nuevamente las riendas del municipio. De esta manera, el ente electoral siguió el criterio del JEE de Ica y lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JEE) para frenar la reelección encubierta de alcaldes.

De acuerdo con el acta de proclamación publicada en la plataforma electoral, Carmen Montalvo, Yerson Ccasa Choque y Alexia Santos, de Ahora Nación, fueron proclamados como regidores, así como William Bejarano Aguilar (Acción Popular).

Aspilcueta Cáceres intentó continuar como alcaldesa de Mejía a pesar de que la Constitución Política prohíbe la reelección de alcaldes y gobernadores. En el periodo 2023-2026 fue elegida como burgomaestre por el partido Yo Arequipa. Para estos comicios, Ahora Nación abrió sus puertas a la postulante para seguir en el cargo.

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Reelección encubierta: JEE de Camaná proclama como alcalde de Nicolás de Pierola a César Neira Huallpa

El JEE de Camaná también resolvió otro caso de reelección encubierta en el distrito de Nicolás de Pierola (Arequipa). Se trata del actual alcalde de la localidad, Nelson Tito Eguía, quien fue elegido como primer regidor para el periodo 2023-2026, pero debido a la renuncia del alcalde tuvo que asumir como burgomaestre.

Su candidatura como alcalde fue aceptada. Sin embargo, el ente electoral anunció que "es inejecutable" proclamarlo como titular del municipio, debido a la prohibición constitucional. En su lugar, nombró como alcalde del distrito al primer regidor de la lista de Ahora Nación, César Neira Huallpa, quien tiene 78 años de edad.

De acuerdo con el acta del JEE, se indica que, si bien se permitió su candidatura como alcalde, en los hechos no podría asumir porque contraviene el artículo 194 de la Constitución Política.

"El hecho de que el ciudadano haya participado en el proceso electoral anterior como candidato a primer regidor y que posteriormente haya asumido la alcaldía por la renuncia del alcalde inicialmente elegido no desvirtúa el impedimento constitucional, toda vez que lo determinante es que ejerció efectivamente dicho cargo durante el periodo municipal precedente", se lee en el documento.

JEE Camaná frena reelección encubierta en Islay

El mismo JEE de Camaná también frenó la reelección encubierta en la municipalidad provincial de Islay, Arequipa. El actual alcalde Richard Ale Cruz fue proclamado como primer regidor, cargo al que postuló con la intención de tomar las riendas del municipio a través de la sucesión.

En el cargo fue nombrada la segunda regidora de Yo Arequipa, Gladys Santos Turpo. La lista del partido obtuvo el respaldo de 7.610 votos (21,213%), seguida por Somos Perú y Acción Popular con 6.216 y 4.979 votos, respectivamente.

JEE de Requena también frenó reelección encubierta

El JEE de Requena también frenó la reelección encubierta en la elección provincial de esa circunscripción. El ente electoral aseguró que el candidato a primer regidor y actual alcalde, César Caballero Nashnate, no puede asumir como burgomaestre debido a la prohibición constitucional.

"La inscripción como regidor no autoriza su proclamación como alcalde provincial de Requena para el periodo 2027-2030. Su anterior mandato recae sobre el mismo cargo y la misma circunscripción; la licencia concedida durante el proceso electoral no elimina este impedimento. Corresponde conservar su ubicación como primer regidor", se lee en el documento.

En su lugar, la segunda regidora de Somos Perú, Cynthia Wagner Zagaceta, fue proclamada como alcaldesa provincial.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

“Yo ya dije mi verdad. Yo lo he visto a él (Íber Maraví Olarte). En ese momento (del ataque en Vilcashuamán) no lo conocía, pero él estaba parado en la puerta del puesto policial. Y fue quien incendió el local (comisaría) porque a él le gusta el fuego”, explicó Carlos Díaz Díaz a La República.

“Íber Maraví estaba uniformado. Llevaba una polaca de gala con el grado de mayor (de la policía) y con pantalón blue jean claro. Allí lo vi a Íber Maravi, dando órdenes. Estaba con el rostro descubierto, con poquita barba”, precisó Díaz.

No hay sustento

La República tuvo acceso al informe completo de la investigación del caso que hizo el entonces teniente de la Guardia Civil en retiro, Ricardo Franco de la Cuba. En el expediente de acusados no está Íber Maraví. Cuando ofreció su testimonio a Franco de la Cuba, Díaz Díaz tampoco lo mencionó. 

Entrevistado por este diario, Ricardo Franco de la Cuba confirmó que durante la indagación que hizo del brutal atentado senderista, Íber Maraví no fue referenciado por ninguno de los 13 policías que sobrevivieron. También contradijo la versión de Díaz Díaz sobre lo sucedido el 22 de agosto de 1982.

En un intento de justificar por qué el informe policial que Franco de la Cuba elaboró en 1982 sobre la acción terrorista en Vilcashuamán no coincide con lo que ahora manifiesta sobre lo ocurrido hace 44 años, Díaz Díaz alegó una supuesta inconducta del oficial que investigó el caso.

“(Ricardo) Franco de la Cuba nos conminó a decir lo que no era (sobre el atentado) para que el comando de la Guardia Civil no quedara mal, porque los terroristas nos habían tomado en rehenes después del ataque. Yo me entregué, porque nosotros no sabíamos a dónde ir”, añadió Carlos Díaz Díaz.

Consultado al respecto, Ricardo Franco de la Cuba rechazó las imputaciones de Díaz Díaz y argumentó que carecen de todo sustento.

“Díaz Díaz miente”, dijo Franco de la Cuba.

Pasamontañas y trapos rojos

La declaración de los otros 12 policías sobrevivientes de Vilcashuamán tampoco coincide con la nueva versión de Carlos Díaz Díaz.

Díaz Díaz no solo ofrece un relato diferente sobre cómo ocurrió el ataque terrorista. Lo que ahora narra también contradice lo que sostuvieron sus excompañeros: nadie pudo identificar a ninguno de los senderistas que intervinieron en el asalto a la comisaría.

En efecto, es lo que encontró La República en el expediente del caso.

El teniente GC Antero Gómez Sánchez declaró:

“Pese al esfuerzo realizado por tratar de identificar a algunos de los autores (del ataque terrorista), no fue posible en vista de que se encontraban cubiertos con pasamontañas de color rojo”.

El guardia GC Rodolfo Saboya Chumbe expresó:

“No he podido identificar a ninguno de los elementos (terroristas) participantes en el asalto a la (comisaría) de Vilcashuamán, por cuanto era imposible la observación por la oscuridad de la noche, y en el día, se recibía gran cantidad de explosivos, los mismos que no se permitía la visibilidad. Y algunos (terroristas) se encontraban parapetados en pequeños muros de la plaza de Armas y frente a (la comisaría) de Vilcashuamán”.

El guardia Luis Dávila Villena señaló:

“En cuanto a la identificación de los autores del ataque, no se ha podido identificar a los terroristas porque estaban cubiertos los rostros con unos pasamontañas color rojo”.

El guardia Jorge Chávez Cabrera anotó:

“No se logró la identificación de los autores del ataque, porque tenían los rostros cubiertos con trapos rojos”.

¿Franco de la Cuba dice que usted se escondió en el baño durante el ataque?

Eso no es cierto. Lo del baño fue porque el teniente nos ordenó ir a la parte trasera del local para tomar posición y repeler el ataque. Franco de la Cuba es un esquizofrénico. Debe estar en un manicomio.

Lo más llamativo es que cuando el teniente GC Ricardo Franco de la Cuba le pidió a Carlos Díaz Díaz que identificara a los presuntos atacantes, mencionó a otras personas, no a Íber Maraví Olarte.

Así consta en el informe policial:

“Se procedió a mostrar al guarda civil Carlos Díaz Díaz, el álbum fotográfico de personas detenidas con  anterioridad por delitos en ese entonces contra  la tranquilidad pública y otros, habiéndose identificado a las siguientes personas: Martha Cárdenas Rodríguez, Pelagia Ochoa Moreno, Mauro Castillo García,  Alberto Granados Bernuy, Félix Marcelo Ruiz”.

No consta el nombre de Íber Maraví Olarte.

La moción plantea que Cerimedo es uno de los principales operadores de campañas de la derecha sudamericana y que, de acuerdo con el texto, habría intervenido “con métodos delictivos” para lograr la elección de gobiernos aliados y luego participar en ellos. El documento señala que su empresa, NUMEN, habría trabajado en estrategias digitales en Argentina, Colombia, Brasil y Perú. En el caso peruano, sostiene que la beneficiaria de esa red sería la presidenta Keiko Fujimori, quien, con “una conducta de incapacidad moral”, habría permitido su actuación, tanto desde el cargo como antes, siendo candidata.

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Para justificar la creación de este grupo de trabajo, el texto cita hechos como la presencia de Cerimedo en la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta y el vínculo entre Carlos Díaz-Rosillo, asesor de la mandataria, y el propio Cerimedo. Otro de los hechos mencionados es la presencia de Fujimori en la primera Gala Hispana celebrada en Mar-a-Lago, donde también estuvo el consultor argentino.

Cerimedo fue detenido en Bolivia como presunto autor intelectual de un intento de asesinato contra su expareja, Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque a tiros. La moción indica que, durante esa intervención, se halló una “mini granja de bots”. También menciona una denuncia en Argentina por presuntos vínculos con narcotráfico y lavado de activos, así como su imputación en 2024 por la Policía Federal de Brasil en la investigación sobre el intento de golpe de Estado liderado por Jair Bolsonaro. Al consultor se le señala como parte de una red regional de desinformación y manipulación electoral.

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Audio vincula a Cerimedo con Keiko Fujimori

En un audio atribuido al argentino Fernando Cerimedo, señalado como operador de la ultraderecha latinoamericana, se le escucha dialogar con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sobre Keiko Fujimori y los resultados de la segunda vuelta electoral. Cerimedo se desempeñó como asesor del mandatario boliviano.

El audio transcrito es el siguiente:

–Paz: “Otra cosa, ¿cómo andan los del Perú? ¿Vos tienes allí datos?”.

–Cerimedo: “No. Ganó Keiko”.

–Paz: “¿Sí?”.

–Cerimedo: “Sí, ganó Keiko”.

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En la misma conversación, Cerimedo confesó a Paz que él facilitó un sistema para seguir el conteo paralelo de votos en tiempo real.

–Cerimedo: “Ganó Keiko ahora con los votos del extranjero. El tema es que los guachos estos, negocio que yo les alquilé, el sistema de votación. El conteo de voto, el que tenemos con inteligencia artificial y eso”.

Según el documento, el viaje de Fujimori tiene como finalidad participar en la Cumbre de Líderes Económicos de APEC, que se llevará a cabo en Shenzhen, República Popular China, los días 18 y 19 de noviembre. Asimismo, el escrito precisa que la mandataria visitará Japón durante el último día de su itinerario.

El viaje de la jefa de Estado cuenta con el respaldo del Consejo de Ministros, que en la sesión del 6 de noviembre votó a favor de la salida de Fujimori del país.

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El itinerario de Fujimori

De acuerdo con el acta, Fujimori tiene previsto viajar a China y Japón entre el domingo 15 y el sábado 21 de noviembre, de acuerdo con el itinerario presentado al Congreso como parte de su solicitud de autorización para salir del país.

Según el documento, Fujimori llegará a Shenzhen, China, el martes 17 de noviembre. Ese mismo día tiene programada una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, entre las 16.30 y las 16.55 horas, en el Kylin Villa Hotel.

Su agenda continuará el miércoles 18 con una reunión con el presidente de Vietnam, To Lam, y una visita a centros tecnológicos de Shenzhen. También sostendrá un encuentro con empresarios peruanos, en coordinación con Comex Perú y US-APEC Business Coalition, además de una reunión bilateral con representantes de Singapur. Por la noche, participará en la cena de bienvenida de los líderes económicos de APEC.

Para el jueves 19 de noviembre, la agenda contempla su participación en la Reunión de Líderes de APEC y una reunión bilateral con el presidente ejecutivo de Hong Kong, John Lee. Asimismo, tiene prevista una entrevista con el medio China Daily. Ese mismo día, por la tarde, se trasladará al aeropuerto de Shenzhen-Bao'an para viajar a Tokio, Japón.

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La segunda parte de su recorrido comenzará el viernes 20 de noviembre con una reunión con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike. Posteriormente, participará en el seminario de inversiones denominado "Peru Business Seminar: Discover New Opportunities" y en un almuerzo de trabajo organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Japón (JCCI).

Durante la tarde, Fujimori tiene programada una cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, así como una ceremonia de suscripción de instrumentos internacionales.

Su itinerario también contempla reuniones con el presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Peruano-Japonesa, Yasutoshi Nishimura; la presidenta de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón-América Latina, Yuko Obuchi; el ex primer ministro japonés Shigeru Ishiba y el presidente de la Federación Empresarial de Japón (Keidanren), Yoshinobu Tsutsui. Estas tres últimas reuniones figuran como pendientes de confirmación.

Finalmente, la presidenta tiene previsto trasladarse al aeropuerto durante la noche del viernes 20 para emprender su retorno al Perú. Su llegada a Lima está programada para la mañana del sábado 21 de noviembre.

Pese a que hubo más votos a favor que en contra, la denuncia se rechazó al no alcanzar el mínimo de 66 votos que exige el reglamento de la Cámara de Diputados para ser aprobada.

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Los votos a favor provinieron de bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular y Partido del Buen Gobierno. Las abstenciones fueron, en su mayoría, de los diputados de Ahora Nación. Por último, quienes se opusieron a la acusación constitucional fueron, en su mayoría, los de Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras.

Al exmandatario se le acusa de haber negociado, junto al exministro de Defensa Walter Ayala, el cobro de sobornos por US$ 40.000 para que miembros de las Fuerzas Armadas fueran ascendidos. Por este presunto hecho, la fiscal Patricia Benavides acusó a Castillo de haber cometido abuso de poder, aceptación de sobornos y patrocinio ilegal.

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Antes de la votación, los diputados Javier Cipriani (Renovación Popular) y Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) intervinieron para exponer las razones por las que votarían a favor del informe contra Castillo. Cipriani señaló que los puestos en las Fuerzas Armadas “se ganan” y que cobrar por ellos constituye una ofensa a la institución. Por su parte, Quispe Candia indicó que el informe debía aprobarse para que el proceso determinara con mayores garantías si existieron responsabilidades.

Castillo reapareció ante la Cámara de Diputados

Antes de la votación del informe de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, Castillo se presentó y afirmó que la acusación formulada en su contra carecía de fundamento. El expresidente sostuvo que no había pruebas suficientes que demostraran que hubiera solicitado sobornos para ascender a miembros de las FF. AA. Además, instó a los nuevos diputados a corregir lo que, a su juicio, hizo mal el Congreso anterior.

“Esta es una de las tantas acusaciones que he tenido y seguiré teniendo. El único delito que he cometido fue asumir una responsabilidad popular, un encargo de este pueblo que ansía tener justicia y derechos. En este recorrido he encontrado un camino bastante pedregoso. La práctica misma me ha enseñado que hoy el Perú no está para ser gobernado con el corazón, sino con la mente. Digna Cámara de Diputados, este es el momento de corregir lo que hizo el Congreso anterior”, manifestó.

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Castillo afirmó que en más de una ocasión se reunió con miembros de las FF. AA. y la Marina. Sin embargo, aseguró que esas reuniones nunca trataron sobre nombramientos ilícitos.

“Yo recibí varias veces a ministros y ellos me informaron cómo venían llevando a cabo el proceso de selección. Es más, recibí, una vez ascendidos, a quienes les correspondían esos ascensos. Recibí también al Ejército y a la Marina, y los felicité. Les pregunté si hubo algún inconveniente y los exhorté a servir a su país. Terminamos con un apretón de manos y un aplauso. ¿Dónde está el delito del que se me acusa? Lo rechazo tajantemente”, indicó.

Hugo Yataco, abogado del exmandatario, señaló que el trabajo llevado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recibió el informe había sido deficiente y que ello constituía una irregularidad en este proceso: "En ninguna parte se ha establecido que la Subcomisión anterior haya investigado. ¿Puede aprobarse un informe de la subcomisión anterior sin que haya hecho bien su tarea? Para esta defensa, esto no debería ser posible en un Estado de derecho. S ello se permite, estaríamos hablando de que esta noble institución sería solo una mesa de partes de la Fiscalía"

Acusación contra Walter Ayala también fue rechazada

Además de rechazarse la acusación contra el expresidente, también se rechazaron las mismas imputaciones contra el exministro Ayala, por presuntos delitos contra la administración pública. El extremo del informe que lo señalaba como presunto autor de estos delitos se rechazó con 52 votos a favor, 45 en contra y 9 abstenciones.

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Del mismo modo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el extremo del informe que recomendaba archivar la acusación contra Ayala por presuntamente pertenecer a una organización criminal vinculada a estos sobornos. Esta parte del informe contó con el apoyo de 92 diputados, miembros de bancadas como Fuerza Popular, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú. La única bancada que votó en contra fue Renovación Popular.

Durante su intervención en el pleno, Ayala señaló que esta acusación no tenía argumentos suficientes y que le había causado un daño: “Nunca existió pagos para ascensos en la PNP. Para que hayan ascensos, debe hacerse un comité. Nadie ha señalado que Pedro Castillo o mi persona haya recibido dinero por estos ascensos. Nunca han habido actos de estas características. Ahora, ¿quién me devuelve mi honor?”.

Castillo podría salir de prisión

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema habría detectado una irregularidad en el proceso judicial que terminó con la condena de Pedro Castillo a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Este defecto podría llevar a que se anule la sentencia dictada en noviembre de 2025 y se ordene un nuevo juicio.

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El cuestionamiento de los magistrados gira en torno al delito de conspiración para la rebelión, por el que finalmente fue condenado el exmandatario, pese a que la Fiscalía lo había acusado por rebelión. Los jueces advirtieron que no está claro qué ocurrió con la investigación por conspiración: si fue archivada, si continuó por separado o si recibió algún pronunciamiento judicial. Por ello, solicitaron al Ministerio Público y al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria documentación que permita esclarecer su situación procesal.

De acuerdo con fuentes consultadas por La República, esta omisión podría haber vulnerado el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados, lo que comprometería la validez del juicio. Si se confirma que el delito de conspiración no fue resuelto debidamente, una posible salida sería anular las actuaciones y convocar a nuevas audiencias para evaluar conjuntamente las acusaciones por rebelión y por conspiración para la rebelión. La decisión final será adoptada por la Sala Suprema tras la audiencia de apelación y la revisión de los informes solicitados.

La acusación señala que Castillo y el exministro de Defensa, Walter Ayala, habrían participado en el cobro de sobornos por US$ 40,000 para que cuadros de las FF.AA. puedan ascender.

"Esta es una de las tantas acusaciones que he tenido y seguiré teniendo. El único delito que he cometido fue asumir una responsabilidad popular. Un encargo de este pueblo que ansía tener justicia y derechos. En este recorrido, he encontrado un camino bastante pedregoso. La práctica misma me ha enseñado que hoy el Perú no está para ser gobernado con el corazón, sino con la mente. Digna Cámara de Diputados, este es el momento de corregir lo que hizo el Congreso anterior", dijo.

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El informe, elaborado por el Congreso pasado, se originó en una denuncia constitucional presentada por la fiscal Patricia Benavides. A Castillo se le acusa de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo (aceptar sobornos). Según la denuncia, el expresidente habría utilizado su cargo para negociar ascensos y favorecer ilegítimamente a miembros de las Fuerzas Armadas, entre otras personas. Castillo afirmó que, en las reuniones que sostuvo con representantes de las instituciones castrenses, no se habló de ascensos irregulares.

"Yo recibí varias veces a ministros y ellos informaron cómo vienen realizando el proceso de selección. Es más, yo recibí, una vez ascendidos, a quienes les correspondían esos ascensos. Recibí a la par al Ejército, a la Marina y los felicité. Les pregunté si hubo algún inconveniente y los emplacé a servir por su país. Terminamos con un apretón de manos y un aplauso. ¿Dónde está el delito del que se me acusa? Lo rechazo tajantemente", manifestó.

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"El paso de los años no ha disminuido nuestro sufrimiento. Por el contrario, la incertidumbre, la distancia y la prolongación de los procedimientos judiciales han profundizado nuestras preocupaciones por su bienestar físico, emocional y espiritual", escribió Paredes.

El pedido coincide con la llegada de León XIV al Perú, prevista para este miércoles 11 de noviembre. El pontífice permanecerá en el país hasta el lunes 16, como parte de su viaje apostólico por Sudamérica, que también comprende Uruguay y Argentina.

Su agenda incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Pimentel, Cusco y Pucallpa, según el programa oficial de la Santa Sede.

En la misiva, Paredes aclaró que no pretende que el papa intervenga en el proceso judicial de su esposo ni que sustituya a las autoridades peruanas. Su solicitud, sostuvo, responde a razones humanitarias y a la necesidad de que la situación del exmandatario no quede al margen de la atención de la Iglesia.

"No pretendo, Santidad, trasladar a Su Santidad una controversia política ni solicitarle que sustituya a las autoridades judiciales. Mi petición nace de una necesidad mucho más sencilla y profundamente humana: que el sufrimiento de mi esposo y de nuestra familia no permanezca invisible", señaló.

Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo desde el 7 de diciembre de 2022, luego de su detención tras el mensaje con el que anunció la disolución del Congreso. En noviembre de 2025, fue condenado en primera instancia a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

Paredes también mencionó en su carta la opinión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, al que atribuyó cuestionamientos sobre las garantías de los derechos fundamentales de su esposo.

La misiva concluye con un pedido de oración por Castillo, sus hijos y su familia. Sin embargo, Paredes también pidió al pontífice que tenga presentes a las víctimas de las protestas sociales posteriores a la detención del exmandatario, así como a sus familiares.

El viernes 16 de octubre de este año, una brigada combinada de efectivos del Ejército y la Policía Nacional, al mando del mayor EP Alejandro Cochachi Villafuerte, incursionó en helicóptero en los sectores del Aguajal y Aguas Negras, a la altura del kilómetro 29 de la carretera Interoceánica, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata en Madre de Dios. El Comando Especial recibió la información de que en dicho lugar se encontraba operando Edinson Fernández Pérez, 'Chili', cabecilla de Los Guardianes de la Pampa, y un número importante de sus hombres provistos de armas largas. De cumplirse con la detención o neutralización de 'Chili', un objetivo de alto valor de las fuerzas del orden, el gobierno se anotaría una resonante victoria.

Cerca del mediodía de aquel viernes 16 de octubre, los hombres del Comando Especial descendieron de la aeronave del Ejército y tomaron posesión de la zona y de inmediato desataron una cacería. Capturaron a 13 personas. Una cifra destacada para una operación de esta naturaleza.

El jefe de la Segunda Brigada Selva de Protección a la Amazonia, general de brigada EP Manuel Cotrina Pérez, convocó a la prensa nacional para dar cuenta del espectacular operativo conjunto. La Presidencia de la República, los ministerios de Defensa y del Interior presentaron a los intervenidos como un duro golpe a la minería ilegal.

Sin embargo, cuarenta y ocho horas después, el domingo 18 de octubre, la jueza Joana Cornejo Valderrama, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata (Madre de Dios), ordenó la liberación de las 13 personas por falta de pruebas y dispuso que el proceso continúe con la comparecencia de los involucrados.

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Pero esta información no fue difundida.

Por el contrario, el lunes 19 de octubre, el lunes 19 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori, durante una visita al cuartel de la Segunda Brigada Selva de Protección a la Amazonía, con sede en Tambopata, destacó las acciones del Comando Unificado y la Policía Nacional.

“Al ver las acciones que ustedes están tomando, me llena de esperanza y de profundo orgullo de ver a este Comando Unificado que día a día viene ganando espacio, recuperando el orden, la paz y la tranquilidad”, resaltó Fujimori.

La jefa de Estado estuvo acompañada del general EP Manuel Cotrina y del jefe de la Región Policial de Madre de Dios, general PNP Michael Flores Alamo. Ambos sabían que los 13 detenidos habían sido liberados porque no había pruebas de que fueran parte de la organización criminal de 'Chili' o de cualquier otra red delictiva.

Aparentemente nadie le dijo a la presidenta Fujimori que entre los intervenidos había ingenieros, obreros y personal de resguardo quienes se encontraban dentro de los linderos de una concesión con la finalidad de expulsar de la zona a los mineros ilegales. No era la gente de 'Chili'.

El 11 de septiembre de 2026, el representante de la familia Chique Mamani, Víctor Valles Pacaya, denunció ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, que personas dedicadas a la explotación ilegal de oro incursionaron en una concesión de conservación de aguaje, ubicada en el sector de Aguas Negras. El caso también fue reportado a la Gerencia Forestal Regional y a la Policía Nacional. El concesionario solicitó una operación de interdicción en la zona, debido a que se había detectado actividades no autorizadas de exploración, extracción y procesamiento de minerales auríferos de manera intensiva.

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Víctor Valles Pacaya adjuntó videos e imágenes satelitales de la zona devastada, documentando los daños ocasionados por la minería ilegal. Lamentablemente, Valles no fue escuchado y la depredación de la concesión de aguaje continuó sin tropiezos.

Víctor Chique, titular de la concesión de 490 hectáreas uno de los detenidos en el operativo del 16 de octubre, semanas antes comunicó a las autoridades sobre la presencia masiva de mineros ilegales que destruían no solo las concesiones agrarias, sino también las zonas boscosas intangibles, sin que nadie se los impidiera.

Ante la inacción y silencio de las autoridades, el viernes 16 de octubre, Víctor Chique contrató a un grupo de personas, entre ingenieros, obreros y personal de seguridad, con la finalidad de hacer respetar los linderos de la concesión y retirar a los mineros ilegales de su propiedad.

“Al llegar a la concesión encontramos más de 20 motores de alta potencia que impulsaban las bombas de succión para remover el suelo, depredando los cultivos de aguaje”, relató Víctor Chique a La República.

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Chique explicó que cuando la comitiva se disponía a regresar a Puerto Maldonado, un helicóptero del Ejército sobrevoló la zona y aterrizó sorpresivamente, disparando contra sus trabajadores, obligándolos a tirarse al suelo. Todos los que se encontraban en la concesión fueron detenidos.

“Pensábamos que el Ejército y la Policía venían a interdictar la zona y sacar a los mineros ilegales. Creíamos que la denuncia había hecho efecto, pero no fue así. Más bien fuimos reducidos y maltratados por los militares como vulgares delincuentes”, relató un indignado Víctor Chique.

Durante la intervención Quiche pretendió mostrar toda la documentación que lo acreditaba como propietario de la concesión, así como los contratos, credenciales y licencias de las armas del personal de resguardo. Pero no se lo permitieron.

El testimonio de Víctor Chique fue ratificado por Edwin Huaraya Grey, otro de los doce detenidos, que acompañó a la comitiva al sector de Aguas Negras como resguardo personal.

“Los militares dispararon desde arriba y casi nos matan. Nos levantaron a todos y luego nos tomaron fotos que fueron repartidas a toda la prensa como si fuéramos delincuentes”, dijo Edwin Huaraya.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Madre de Dios, general PNP Michael Flores Alamo, justificó a este diario la detención de las 13 personas como parte de un trabajo de inteligencia.

”El operativo se organizó con información proporcionada por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), Estaban armados. Ahí se originó el error.

General Cotrina: La información sale así

“Nosotros hemos actuado como unidad de fuerza en apoyo a la Policía Nacional. Recibimos información de inteligencia”, explicó el jefe de la Segunda Brigada Selva de Protección a la Amazonia, general EP Manuel Cotrina.

“La operación se armó porque había una nota de inteligencia que decía que ‘Los Guardianes de la Pampa’ entraron a extorsionar a los mineros ilegales en la zona”, añadió.

“La información que recibimos es en general, no te dan los nombres”, dijo.

Entonces, ¿los detenidos no forman parte de ‘Los Guardianes de la Pampa’, como usted los presentó en conferencia de prensa?, se le preguntó.

“Es que la información sale así, por inteligencia”, fue su respuesta.

Según el documento, la primera infracción es por haber remitido al Ejecutivo la autógrafa con la fórmula “El Senado de la República; Ha dado la Ley siguiente”. Los diputados sostienen que esa frase atribuye a una cámara “la competencia de dar leyes y de delegar facultades legislativas que la Constitución reserva al Congreso de la República”. Añaden que el propio texto de la ley lo contradice, porque su artículo 2 dice que “el Congreso de la República delega facultades en el Poder Ejecutivo».

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La segunda imputación es que Torres mandó cambiar “Senado” por “Congreso” solo con una fe de erratas, “sin ley rectificatoria, como exige el marco normativo”, según menciona la denuncia. Palomino y Pérez sostienen que eso no era un error material, porque el cambio toca lo más importante de una ley; es decir, quién la da.

Los diputados reconocen que la fe de erratas corrige el texto publicado en El Peruano, pero advierten que no sustituye la autógrafa que firmó el denunciado y que recibió el Poder Ejecutivo. O sea, el documento original sigue diciendo lo mismo.

La tercera imputación es por la firma de Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, que permanece en la ley publicada. La denuncia afirma que no hay ninguna parte de la Constitución ni de los reglamentos del Senado o de la Cámara de Diputados que exijan o autoricen esa firma.

Torres admitió el error un día después de defender la ley

Torres admitió el error un día después de afirmar que la autógrafa se había remitido conforme a la Constitución. El 23 de octubre, en su cuenta de X, dijo que el procedimiento “se encuentra dentro del marco normativo vigente” y, para sustentarlo, citó el artículo 105 de la Constitución y los artículos 37 y 148 del Reglamento del Senado. Un día antes, en declaraciones a Canal N, había negado que hubiera un error. ”La Constitución es clarísima”, dijo, y atribuyó las críticas a una confusión.

El 24 de octubre cambió de tono, pero no de postura. En un comunicado reconoció que “se ha identificado un error material en el encabezado”, donde se consignó ‘Senado’’ en lugar de ‘Congreso’, y dijo que había “dispuesto que se tramite la fe de erratas correspondiente de inmediato”. En el mismo texto sostuvo que la Ley 32743 fue aprobada por ambas cámaras y remitida conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado.

La fe de erratas se publicó esa noche en la edición extraordinaria de El Peruano. Reemplazó el encabezado por “El Congreso de la República; Ha dado la Ley siguiente”, pero no modificó el bloque de firmas, según la denuncia. Por eso la ley publicada conserva la rúbrica de Alejandro Muñante como “Primer Vicepresidente del Senado de la República”.

A través de un comunicado, advirtieron que el plazo establecido para ejecutar los pagos venció el 22 de marzo de 2025 y, sin embargo, las 80 personas afectadas, incluyendo a los familiares de 6 víctimas que fallecieron durante el proceso, aún no han sido indemnizados.

En ese sentido, exigieron que el Ejecutivo “demuestre voluntad política y disponga de inmediato las acciones administrativas y presupuestales necesarias para ejecutar las indemnizaciones”, sobre todo, teniendo en cuenta “los saldos presupuestales usuales en esta época del año”.

“No estamos ante una ayuda ni una concesión del Gobierno, estamos ante una obligación internacional cuyo incumplimiento compromete y desprestigia a nuestro país ante su ciudadanía y la comunidad internacional”, se lee en el documento.

Asimismo, resaltaron que la demanda ha sido planteada en reiteradas ocasiones ante representantes del Ejecutivo, entre ellos el ministro del Ambiente, Vladimir Huaroc, y funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, indicaron que, pese a las reuniones sostenidas durante agosto, septiembre y noviembre de 2026, no hubo acciones.

“La justicia que no se cumple se convierte en una nueva forma de injusticia”

En su sentencia, la Corte IDH determinó que la población de La Oroya estuvo expuesta durante décadas a elevados niveles de plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre.

Entre las afectaciones identificadas figuran la presencia de metales pesados en la sangre, especialmente en niños, problemas respiratorios, daños neurológicos y del desarrollo, así como riesgos de enfermedades crónicas.

Por ello, el grupo parlamentario consideró que el caso debe convertirse en un precedente para evitar que otras poblaciones atraviesen situaciones similares de contaminación y abandono.

“La vida y la dignidad de las personas están por encima de cualquier interés económico. El Gobierno debe honrar la sentencia, reparar a las víctimas y garantizar que ninguna otra población tenga que atravesar una historia de contaminación, abandono e impunidad. La justicia que no se cumple se convierte en una nueva forma de injusticia, La Oroya no puede esperar más”, resaltaron.

Perú perdería credibilidad internacional si no acata fallo de la Corte IDH

Finalmente, advirtieron que el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) afectaría la credibilidad del país ante la comunidad internacional.

“El Perú busca incorporarse a la OCDE y ha asumido compromisos internacionales en materia de cambio climático, protección ambiental y desarrollo sostenible. No habrá desarrollo sostenible ni credibilidad nacional e internacional si el Estado no protege la salud de su población y repara a quienes han sufrido las consecuencias de la contaminación”, manifestaron.

Asimismo, mencionaron la pronta visita del papa León XIV al Perú, y resaltaron el llamado de la Iglesia a defender la dignidad humana y cuidar la casa común, expresado en la encíclica Laudato si’.

También destacaron el papel del cardenal Pedro Barreto, quien ha acompañado la lucha de las víctimas de La Oroya y ha insistido en que el Estado cumpla con el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte IDH.

Los miembros del grupo multipartidario incluye a las diputadas Rossana Alayza Maccera (Buen Gobierno), Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), Diego Bazán Calderón (Renovación Popular), Azucena Isla Rojas (Juntos por el Perú), Jair Manrique Olivera (Ahora Nación), Jeenny Samanez Gonzáles Vigil (OBRAS), Jacqueline Tapullima Insapillo (Juntos por el Perú) y Romina Uribe Saenz (Buen Gobierno); así como las senadoras Patricia Iturregui Byrne (Buen Gobierno), Ruth Luque Ibarra (Ahora Nación), Susana Matute Charún (Buen Gobierno) y Juana Ticona Cohaila (OBRAS)

El 22 de octubre último, la Corte Suprema admitió a trámite el recurso de apelación presentado por la fiscalía y la procuraduría del Estado contra dicha condena, que incluye además a los exministros Willy Huerta Olivas, Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez, entre otros.

Sin embargo, en la resolución que admite el recurso de apelación también se dispone que "se solicite a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos del Ministerio Público, un informe expreso y documentado, con indicación de fecha y disposición fiscal correspondiente, en qué momento y bajo qué fundamento el delito de conspiración para la rebelión dejó de ser objeto de la investigación preparatoria...".

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Error de juicio

Además, los jueces supremos pidieron al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria si se ha emitido resolución alguna en etapa intermedia o en investigación preparatoria sobre el mencionado delito.

Durante los últimos días, periodistas de La República estuvieron indagando en la Corte Suprema sobre los motivos y las probables consecuencias de dicho requerimiento. La respuesta común de todas las fuentes consultadas es la nulidad del juicio realizado y, en la mejor posibilidad, que se realicen nuevas audiencias públicas para definir la responsabilidad penal de los implicados.

¿A qué se debe esta decisión? ¿Qué han encontrado los jueces? ¿Qué puede salvar el juicio inicial?

De la revisión del expediente judicial y su trámite, resulta que la fiscalía investigó a Pedro Castillo por delito de rebelión y conspiración para rebelión, en agravio del Estado, señalan las fuentes consultadas.

En diversos recursos de apelación, la Sala Penal de la Corte Suprema resolvió y definió la diferencia entre rebelión y conspiración para la rebelión.
Es decir, que se estableció que se trataba de dos delitos y dos hechos distintos. Luego, la fiscalía acusó al expresidente Castillo por delito de rebelión y solicitó que se le imponga 34 años de prisión.

Conspiración

En el expediente judicial no vuelve a aparecer el delito de conspiración para rebelión. ¿La fiscalía lo archivó, el juez aprobó el archivo? ¿La investigación continúa por ese delito?

Al revisar el expediente, los jueces supremos detectaron que, tras realizar el juicio público, la Sala Penal Especial  que condenó a Castillo decidió apartarse de la acusación por rebelión y acordó condenarlo solo por conspiración para rebelión.

Pero este delito ya estaba definido en el inicio de la investigación. De tal manera que, si la fiscalía ya había establecido que no existía conspiración para rebelión o hay un proceso aparte, los jueces de juicio no lo podían condenar por ese delito, en este caso.

Al dictar sentencia en un caso, los jueces detallan todo el procedimiento. En la sentencia escrita condenatoria a Castillo aparece que se le investigó por conspiración, pero no se detalla en qué terminó ese proceso, si efectivamente culminó. En todo caso, hay una posible afectación al debido proceso y el derecho de defensa.

Puede que la definición o conclusión de ese delito se haya llevado por separado, por eso los jueces supremos piden a la fiscalía y al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria informar si ese delito se llegó a definir, presentando las respectivas copias del expediente.

Nuevo juicio

Tanto si permanece en el limbo jurídico o se archivó, sin ser tratado en el nuevo, correspondería, como única salida, de acuerdo con las fuentes judiciales, que se realice un nuevo juicio que evalúe los delitos de rebelión y conspiración para rebelión en conjunto, pues no pueden haber pronunciamientos contradictorios que afecten la legítima defensa.

Todos estos temas serán evaluados en la audiencia de apelación. La fiscalía aún tiene la posibilidad de salvar el caso y la defensa, un argumento más para la nulidad de todo el proceso.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, integrada por los jueces Víctor Prado Saldarriaga, Manuel Luján Túpez, Paloma Altabás Kajatt, Sara Maita Dorregaray y Hans Contreras Cuszcano, se pronunciará luego de la audiencia y de recibir los informes de la fiscalía y el juzgado.

Durante una entrevista con La República, en el programa La Verdad a Fondo con Pedro Salinas, el político calificó este escenario como "un enredo originado por Rafael López Aliaga", a quien acusó de intentar una reelección encubierta pese a estar prohibido por la Constitución Política.

Según explicó el burgomaestre, este proceso electoral deja dos responsables directos: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), su presidente, Roberto Burneo, y Rafael López Aliaga.

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Allison cuestionó al organismo electoral por no precisar a tiempo que los candidatos con impedimento legal no podían asumir el cargo en caso de obtener la mayoría de los votos. A su juicio, la falta de una aclaración oportuna afectó la voluntad popular.

Por otro lado, el alcalde de Magdalena también cuestionó al líder de Renovación Popular tras indicar que buscó evadir la prohibición de la reelección. En palabras de Allison, el excandidato "se la dio de 'Pepe el vivo': fue por lana y salió trasquilado".

Crítica a las amenazas de demandas constitucionales

Allison se refirió también a los anuncios sobre posibles acciones legales contra el organismo electoral tras los resultados.

Al respecto, calificó de contradictoria cualquier demanda que pretenda sancionar al JNE por hacer cumplir la prohibición constitucional de la reelección.

"Ahora es curiosa una demanda constitucional que va a reclamar por qué el jurado no ha violado la Constitución que prohíbe la reelección. Eso es, ¿qué va a decirle al juez? Esto tiene que acabar: tiene que acabar ese tema de querer estar sobre la ley y sobre la gente, porque nadie está sobre la ley, menos los políticos".

Subordinación partidaria y gobernabilidad

Además, Allison criticó a los senadores y regidores electos por obedecer sin cuestionar a la dirigencia de Renovación Popular.

Del mismo modo, el alcalde de Magdalena rechazó que estar en una agrupación política implique someterse a la figura de un líder.

"Igual controlará la municipalidad por medio de su gente, igual que el Senado, porque claramente ahí están inclinados ante él. La verdad no entiendo por qué pertenecer a un partido significa inclinarte ante el líder del partido. Los políticos tenemos que estar inclinados ante el Perú y ante los peruanos, no ante el partido ni los líderes. Acá la gente manda, no tu partido ni tu candidato presidencial".

"Estados Unidos ha cambiado el modo de invertir, de hacer negocios. Vamos a invertir en puertos, en tecnología y en infraestructura. Vamos a invertir en proyectos donde estamos protegiendo al inversionista de Estados Unidos, avanzando las metas del país", declaró al ser consultado sobre los desafíos que deben afrontar ambos países.

En esa misma línea, indicó que el país americano está invirtiendo en cuatro grandes proyectos en el Perú. Sin embargo, evitó brindar información sobre los trabajos.

"Estamos entrando en una nueva era de cooperación, de hacer negocios. De ahí salió el lema "Perú is open for business" para darle confianza al empresario norteamericano y puse ese lema para asegurarnos. El sistema macro está bien, pero ahora el liderazgo está al mismo nivel, está ahí para apoyar, asegurarnos que vengan las inversiones en el país.

Navarro aseguró que la Embajada de Estados Unidos en el Perú apoyará a los emprendedores porque, según dijo, es un sector en el que se pueden hacer muchos cambios.

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El Escudo de las Américas

Por otro lado, el diplomático también se pronunció sobre el Escudo de las Américas como iniciativa para combatir la inseguridad ciudadana en el Perú. Indicó que el nivel de cooperación estará sujeto a los requerimientos del Perú y enfatizó que cualquier respaldo de Estados Unidos respetará la soberanía nacional.

"Sin seguridad no hay estabilidad, y sin estabilidad no hay prosperidad. Entonces, esa es una de las funciones del Escudo de las Américas. Nosotros vamos a respetar la soberanía del Perú, lo mínimo o lo máximo que quiere. Estamos aquí para apoyar al país. Sabemos lo que está pasando en el Perú... hay que acabar con él, porque si no los inversionistas no van a venir. La población lo demanda", comentó.

"De todas maneras, porque quien tiene la responsabilidad de dirigir la seguridad de un penal no puede estar mediatizado por una contratación de su propia hija por parte de gente vinculada al grupo político de quien custodia", respondió Álvarez al ser consultado si el comunicado del INPE —sobre remover al personal involucrado— alcanzaría a Calixto.

El titular del Minjus también señaló que al director de Barbadillo no se le podrá remover de la carrera. Explicó que ese proceso es objeto de un trámite interno dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). "Lo que se tiene que hacer de inmediato es el cambio de director", enfatizó.

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Por otro lado, el ministro de Justicia recordó que el director de Barbadillo fue nombrado en el cargo por otro gobierno. En ese sentido, añadió que Lucero Rodríguez no presentó una declaración jurada de interés para filtrar presuntos vínculos con políticos o empresarios debido a que es un funcionario de carrera.

"No había forma de advertir claramente cuáles eran los posibles vínculos. Lo que normalmente hacemos todos aquellos funcionarios que somos designados o los funcionarios de confianza (es presentar la declaración jurada)", declaró a El Comercio.

Álvarez consideró que "el problema no es solo ético" tras revelarse las designaciones en el Congreso. Ejemplificó que, si una persona es funcionaria de un penal y tiene la responsabilidad de custodiar a un grupo de internos, no puede recibir dádivas, regalos.

"Ni mis hijos o yo mismo o mi esposa podemos ser contratados por las empresas o por personas vinculadas a los internos a los cuales yo custodio. Ahí hay un tema ético y hay un tema de posible infracción laboral".

Es importante precisar que la diputada Isla descartó que la contratación de Lucero Chujutalli haya sido parte de un intercambio de favores. "Él (Pedro Castillo) no me ha dado el nombre para que la contrate. De ninguna manera", aclaró.

Sanciones

Al ser consultado si el Ministerio de Justicia o el INPE denunciará al personal involucrado, Álvarez precisó que el procedimiento sancionador contra los funcionarios se realizará cuando culminen las primeras investigaciones.

"Hay un ámbito interno que, por la autonomía relativa del INPE, hay que respetar, pero en principio las personas tienen que responsabilizarse por los actos que cometen", comentó.

El perfil del próximo director de Barbadillo

Por otra parte, el ministro deslizó las características del próximo director de Barbadillo. Detalló que, anteriormente, lo que hicieron desde el Gobierno fue designar como director del INPE a un coronel en retiro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) experto en inteligencia.

"Porque ellos son menos corruptibles. Ellos no están en el ambiente, no han hecho carrera dentro del ambiente penitenciario y pueden aportar el conocimiento para el cual han sido formados con dinero del Estado, con dinero de los peruanos, que es precisamente seguridad e inteligencia", dijo.

"Esta decisión responde a la gravedad de los hechos expuestos y constituye una medida inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario", se lee en el comunicado publicado en las redes sociales oficiales del INPE.

En esa misma línea, la entidad comunicó que adoptará las acciones administrativas y legales que correspondan tras la revelación del reportaje de Cuarto Poder. Asimismo, la institución exigió a sus funcionarios tener "una conducta íntegra y el estricto cumplimiento de sus responsabilidades".

"Ningún vínculo personal, interés particular o relación externa puede estar por encima de la función pública ni comprometer la seguridad y el orden penitenciario", resaltó el INPE.

"La actual gestión del INPE, en su compromiso con la lucha contra la corrupción, ha presentado, a través de la delegación de facultades, diversas propuestas normativas que no permitirán que intereses ajenos a la función penitenciaria comprometan la institucionalidad. El compromiso es actuar con firmeza, sin privilegios ni excepciones", agregó.

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El caso

El último domingo, el dominical antes citado reveló que Yulisa Lucero Chujutalli, hija del director de Barbadillo, Calixto Lucero Rodríguez, trabaja como técnica en la oficina de la diputada Azucena Isla Rojas con un sueldo de S/8.300.

Al ser consultada si la contratación de la hija del funcionario respondía a un intercambio de favores, la congresista descartó tal caso. Él (Pedro Castillo) no me ha dado el nombre para que la contrate. De ninguna manera", explicó.

Pero ese no es el único caso: también está el de Alejandro Hurtado Paz, hijo de un agente del INPE, quien es técnico de la bancada de JP con un sueldo de S/8.000.

También se suma a estos nombramientos el del exdirector del penal de Barbadillo, Héctor Sandoval Moreno, quien ingresó como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la congresista Catherine Palomino. Esta comisión es la encargada de revisar el pedido de amnistía para el sentenciado expresidente.

Sandoval descartó cualquier tipo de injerencia de Castillo con respecto a su contratación y resaltó sus méritos profesionales para ocupar el cargo.

Reacciones

La diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, calificó como una "vergüenza" la situación que atraviesa el INPE. A través de su cuenta de X, la parlamentaria indicó que "se necesita una investigación seria y célere que esclarezca si existió un intercambio de favores para beneficiar al expresidente".

" De confirmarse irregularidades, debe sancionarse sin contemplaciones y sentar un precedente. La institucionalidad del Congreso no puede quedar comprometida por estas prácticas totalmente cuestionables", expresó.

Por su parte, el diputado de Fuerza Popular, Jaime Abenzur, señaló que los hechos tendrán que investigarse, tras la decisión del vocero de JP, Ernesto Zunini, de retirar al trabajador de su bancada.

"Creo que debe investigarse (...) Me imagino que algún grado de responsabilidad habrá visto el señor Zunini en ello y esa es la razón por la cual han ordenado que retiren a la señorita de su puesto de trabajo", dijo.

En tanto, Iber Maraví (JP) aseguró que no existió ningún impedimento legal en las contrataciones del personal. "Los parlamentarios en nuestro despacho no contratamos al personal, lo hace el Congreso, los perfiles son filtrados (por ellos) y nosotros nos hacemos responsables de lo que proponemos", explicó.

En su reemplazo encargó la dirección al servidor Claudio Lino Andia Nina, mediante la Resolución Presidencial N.° 706-2026-INPE/P.

Indicaron que “la medida responde a los graves hechos ocurridos y constituye una acción inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento penitenciario”.

“El INPE reafirma su compromiso con una gestión segura y transparente, y continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de la ley en los establecimientos penitenciarios”, se lee en la publicación del INPE.

Antes de ello, la institución ya había anunciado que tomaría dicha medida.

"Esta decisión responde a la gravedad de los hechos expuestos y constituye una medida inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario", se lee en el comunicado.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, también consideró que lo más adecuado era la remoción del cargo.

"De todas maneras, porque quien tiene la responsabilidad de dirigir la seguridad de un penal no puede estar mediatizado por una contratación de su propia hija por parte de gente vinculada al grupo político de quien custodia", respondió Álvarez al ser consultado si el comunicado del INPE —sobre remover al personal involucrado— alcanzaría a Calixto.

El titular del Minjus también señaló que al director de Barbadillo no se le podrá remover de la carrera. Explicó que ese proceso es objeto de un trámite interno dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). "Lo que se tiene que hacer de inmediato es el cambio de director", enfatizó.

Por otro lado, el ministro de Justicia recordó que el director de Barbadillo fue nombrado en el cargo por otro gobierno. En ese sentido, añadió que Lucero Rodríguez no presentó una declaración jurada de interés para filtrar presuntos vínculos con políticos o empresarios debido a que es un funcionario de carrera.

Cuarenta y cuatro años después de los hechos, Carlos Díaz ha declarado públicamente que entre los terroristas que fueron parte de la violenta acometida en Vilcashuamán se encontraba el ahora senador Íber Maraví Olarte, de la bancada de Juntos por el Perú.

Empero, el teniente en retiro Ricardo Franco de la Cuba, a quien el alto mando policial designó como nuevo comisario de Vilcashuamán y le encargó la investigación de los hechos para identificar a los responsables, contradijo la versión de Díaz Díaz.

En el expediente de más de 200 folios que elaboró Ricardo Franco de la Cuba, cuya copia obtuvo La República, se consignan las declaraciones de los 13 policías que sobrevivieron; ninguno mencionó a Íber Maraví Olarte como presunto atacante de la comisaría. 

En el informe policial que emitió Franco de la Cuba, mencionó varios sospechosos de haber intervenido en el atentado terrorista, pero tampoco aparece Íber Maraví entre estos, según la copia del expediente completo al que tuvo acceso este periódico.

“SE ESCONDIÓ EN EL BAÑO”

Este diario buscó y entrevistó al excomisario de Vilcashuamán, el teniente en retiro Ricardo Franco de la Cuba, quien actualmente ejerce como abogado, y confirmó que los policías que sobrevivieron a la embestida senderista, entre ellos el guardia Carlos Díaz Díaz, no identificaron a los senderistas. La mayoría dijo que los terroristas estaban encapuchados.

“Cuando ocurrió el ataque a Vilcashuamán, el guardia Carlos Díaz Díaz se metió al baño porque no quería pelear. Los terroristas, entre 40 y 50, atacaron el puesto policial, porque en esa unidad estaban ‘Los Sinchis’ (unidad de élite antiterrorista), pero estos lograron escapar. Dejaron a los policías (de la comisaría), que eran un promedio de 20 (6 fallecidos y 13 sobrevivientes), al mando del alférez Alberto Molero Miranda (fallecido), (compañero de) mi promoción de Escuela (de la Guardia Civil)”, recordó Ricardo Franco de la Cuba.

En el caso específico del guardia Carlos Díaz Díaz, Ricardo Franco de la Cuba expresó que su contribución a la investigación fue limitada porque no confrontó a los terroristas, ya que se ocultó en los servicios higiénicos de la comisaría.

“En su declaración, Carlos Díaz Díaz dijo que no vio a nadie. No identificó a nadie. Y  así lo dice en su manifestación. Entonces, ¿cómo puede cambiar su versión después de 44 años?”.

“LO VI CON MIS PROPIOS OJOS”

En declaraciones a medios digitales, Carlos Díaz Díaz aseguró: "Estos ojos vieron la cara (de Iber Maraví Olarte). Yo lo he visto. Él (Iber Maraví) estaba uniformado con la polaca del uniforme de gala de la policía, con el grado de mayor, un pantalón blue jean claro y botas negras”, señaló.

La versión de Carlos Díaz Díaz colisiona con lo que declaró ante el teniente Ricardo Franco de la Cuba a dos días del ataque terrorista a la comisaría de Vilcashuamán. Tampoco los sobrevivientes mencionaron que alguno de los terroristas se acercó a la comisaría disfrazado de policía, como sostiene Díaz Díaz.

De acuerdo con el teniente Ricardo Franco de la Cuba, Díaz Díaz no ofreció ninguna característica de la fisonomía de Iber Maraví.

“Ninguna. Al menos hubiera dado alguna característica de Maraví. O de los que atacaron la comisaría. Pero Díaz Díaz no dijo nada. Porque él mismo declaró que corrió al baño, mientras atacaban a sus compañeros de armas. Entonces, ¿cómo pudo haber visto algo si estaba escondido en el baño?”, relató Ricardo Franco de la Cuba.

En la relación de presuntos terroristas que participaron en el ataque a la comisaría de Vilcashuamán, Ricardo Franco de la Cuba reportó la detención de dos sospechosos: César Prado Chávez y Alejandro Salvatierra Pomasoncco. También identificó a otras 21 personas, pero ninguna de estas responde a Íber Maraví Olarte.

El testimonio del guardia Carlos Díaz Díaz empezó a circular bajo el patrocinio del coronel PNP (r) Max Anhuamán Centeno, designado como jefe de la Dirección Antiterrorista (Dircote) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), durante el gobierno de Dina Boluarte. En el primer cargo estuvo dos meses y 22 días, y en el segundo, tres meses y 9 días.

“Para mí es una versión muy coherente (la de Díaz Díaz), muy sujeta a la verdad”, dijo Anhuamán a los medios.

LA PRIMERA VERSIÓN

El 27 de octubre, Anhuamán entregó una grabación con las declaraciones de Carlos Díaz Díaz al procurador especializado en delitos de terrorismo, Mirko Ruiz Mendoza, para que inicie una investigación contra el senador Iber Maraví Olarte. También proporcionó una copia del mismo material al jefe de la Dircote, general Carlos Zapata Fernández.

Sin embargo, en el interrogatorio que le hizo el alférez Ricardo Franco de la Cuba al guardia Carlos Díaz Díaz, uno de los 13 sobrevivientes del ataque terrorista a la comisaría de Vilcashuamán, afirmó que no reconoció a ninguno de los autores de la acción.

Aquí está la transcripción:

“-¿Diga, usted si pudo identificar a alguno de los elementos terroristas que participaron durante el ataque?”, preguntó Ricardo Franco de la Cuba, según la copia del informe original del expediente que posee La República.

“-Que, no he podido identificar a ninguno de los elementos terroristas que participaron en el ataque a la Jefatura de Línea GC (Guardia Civil) de Vilcashuamán, que  era imposible la observación, debido a la oscuridad reinante de la noche y por los explosivos que se lanzaban contra el local GC, levantando gran cantidad de polvo y tierra. Además, los facciosos se encontraban parapetados en pequeños muros ubicados en las inmediaciones de la plaza de Armas, así como frente al local GC”, respondió Díaz Díaz.

En ninguna parte dijo haber visto a ningún terrorista. Mucho menos a Iber Maraví Olarte.

Cuarenta y cuatro años después, el exguardia civil Carlos Díaz Díaz asegura que lo vi con mis propios ojos.

Se trata del DL N° 1743 y el DL N°1744. El primero, sanciona con hasta 15 años de prisión a quienes faciliten sus cuentas bancarias o billeteras digitales para recibir dinero proveniente de extorsiones, mientras que el segundo presume que quien defiende su integridad, la de terceros o sus bienes frente a una agresión actúa de manera racional en legítima defensa.

Pena de hasta 15 años por facilitar cuentas para recibir dinero de extorsiones

El Decreto Legislativo N.° 1744 modifica el Código Penal para ampliar las conductas sancionadas por extorsión.

La norma establece que también serán castigadas, con penas de entre 10 y 15 años, las personas que proporcionen, cedan o presten sus cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros servicios financieros para recibir o canalizar el dinero obtenido mediante este delito.

Otra de las modificaciones es que se eleva la sanción de entre 5 y 8 años a un rango de 10 a 12 años de prisión a quienes participen en actos de conspiración y ofrecimiento para cometer sicariato.

Cuando estas conductas se realicen con la intervención de un menor de edad u otra persona inimputable, la pena pasará de 6 a 10 años a entre 12 y 15 años. Además, se incorpora como supuesto agravado que los actos se realicen desde el interior de un establecimiento penitenciario.

A su vez, las penas para quienes constituyan o integren una banda criminal que antes iban de entre 4 y 8 años pasan a un periodo de 6 a 12 años de cárcel. Se mantiene, además, la multa de 180 a 365 días.

Otras modificaciones al Código Penal

Otro de los cambios es que se sancionará a quienes prestan, alquilan o facilitar armas o bienes relacionados para fines ilícitos.

Si las armas o bienes facilitados son propiedad del Estado, la pena será de entre 10 y 15 años de prisión. Si se trata de armas con números de serie, marcas o códigos de identificación suprimidos, sustituidos o alterados, la sanción será de entre 12 y 14 años.

Asimismo, se incorpora el delito de falsedad en la declaración de pérdida o sustracción de armas de fuego. Los titulares de licencias que consignen información falsa en documentos o registros oficiales sobre la pérdida o robo de armas, municiones, accesorios o materiales relacionados podrán recibir entre 4 y 8 años de cárcel.

Si el responsable es un integrante de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas o un funcionario penitenciario, la pena se elevará a entre 6 y 10 años.

Otro de los nuevos delitos sanciona, con entre 4 a 6 años de prisión, la suplantación de identidad para adquirir, registrar o transferir armas de fuego, municiones y accesorios, así como para obtener autorizaciones de porte o tenencia.

También se castiga con entre 2 y 5 años de prisión a quienes vuelvan al país pese a contar con una sentencia condenatoria firme o una sanción administrativa firme.

Cambios en delitos informáticos y detenciones

Los cambios también endurecen las sanciones por delitos informáticos. La pena por ingresar sin autorización a sistemas protegidos pasa de un rango de 1 a 4 años a uno de 3 a 6 años.

Además, se consideran agravantes el uso de inteligencia artificial, la afectación de servicios esenciales y la participación de empresas. Si el delito es cometido por una organización criminal, la condena puede aumentar hasta en la mitad.

Por otro lado, se establecen detenciones de hasta 10 días para casos de reingreso ilegal al país y de hasta 15 días para investigaciones por extorsión, sicariato, secuestro y delitos vinculados al crimen organizado.

También se fijan nuevas reglas para la incautación de armas y explosivos, y se amplían los casos en los que la Policía puede solicitar la ubicación y el rastreo de celulares y otros dispositivos electrónicos durante las investigaciones.

Modificación en la norma de legítima defensa

Respecto al segundo decreto, N.° 1743, se modificó el Código Penal para presumir que quien defiende su integridad, la de terceros o sus bienes frente a una agresión actúa de manera racional. Es decir, desde un inicio se presumirá que actuó en legítima defensa.

Anteriormente, el ciudadano debía demostrar que su reacción ante un ataque fue proporcional. Sin embargo, la modificación asume ello y será el Ministerio Público quien deba demostrar lo contrario.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma, toda resolución que descarte la presunción de racionalidad deberá ser fundamentada bajo sanción de nulidad (aplicable incluso a casos en trámite). Antes de este decreto, los jueces podían desestimar la legítima defensa con argumentos generales.

A su vez, se obliga al fiscal a emitir un pronunciamiento definitivo y archivar de inmediato si se cumplen los requisitos que prueban que hubo legítima defensa. Esto a fin de extender investigaciones preliminares o formalizar denuncias pese a indicios de defensa propia.

La diputada Indira Huilca (Ahora Nación) indicó que, si bien aún no ha revisado a detalle el decreto legislativo, recordó que cuando se debatió lo presentado en el pedido de facultades se identificó que el mecanismo de legítima defensa en el país no protegía realmente a quienes tuvieran que usarlo frente a una situación de riesgo.

“Lo que siento es que al revés, mas bien se ha usado de forma distorsionada ese mecanismo de legítima defensa para avalar situaciones de impunidad sobre todo cuando se trata de población que no tiene capacidad para defenderse a la justicia”, declaró a la prensa.

Como ejemplo mencionó que se ha usado para cometer abusos, represión, facilitar violaciones a los derechos humanos.

“Sinceramente yo del actual gobierno creo que hemos escuchado muchos intentos de flexibilizar normas que protegen mas bien los derechos de los ciudadanos en desmedro de, por ejemplo, la actuación policial”, indicó.

El pedido fue presentado y dirigido al presidente del Senado, Miguel Torres. La solicitud comprende siete días fuera del territorio nacional, del 15 al 21 de noviembre, y cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

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La coincidencia de fechas adquiere relevancia porque León XIV permanecerá en el país hasta el 16 de noviembre. Ese último día, el pontífice visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, a las 8.30 a. m. Luego, celebrará una misa a las 10.30 a. m. en Las Palmas. Finalmente, tendrá una ceremonia de despedida a la 1.15 p. m. en la Base Aérea del Callao, antes de partir rumbo a Roma a las 1.45 p. m.

La salida de Fujimori también coincidirá con la última jornada del recorrido pastoral del papa por el país. El domingo 15 de noviembre, León XIV tendrá actividades en Cusco y Pucallpa. En esta última ciudad celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, antes de regresar a Lima por la noche.

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Viaje de Keiko Fujimori a China y Japón: ¿qué actividades tiene previstas?

La solicitud de Keiko Fujimori contempla una visita a China del 17 al 19 de noviembre para participar en la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos de APEC, en Shenzhen. El documento remitido al Senado también incluye reuniones con representantes de otras economías participantes.

Durante su estadía están previstas reuniones bilaterales con autoridades de Vietnam, Filipinas y Singapur, además de encuentros con empresarios. Sin embargo, el oficio no detalla acuerdos concretos que la mandataria tenga previsto suscribir durante estas actividades.

El 20 de noviembre, Fujimori viajará a Japón para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi. La agenda contempla un encuentro en la sede del Gobierno japonés y actividades con representantes empresariales. Su retorno al Perú está previsto para el 21 de noviembre.

El tribunal estableció que los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada cometidos en 1988 constituyen graves violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, exigen justicia.

Control de convencionalidad e inaplicación de leyes

En el fallo, el tribunal justificó la negativa a aplicar la Ley 32107, sobre prescripción de delitos de lesa humanidad, y la Ley 32419, de amnistía militar, mediante el principio de control de convencionalidad.

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Este mecanismo prohíbe dejar impunes los crímenes de lesa humanidad y obliga al Estado peruano a cumplir sus compromisos internacionales.

"Los órganos jurisdiccionales no deben aplicar las normas internas que establezcan prescripción o amnistía respecto de hechos susceptibles de constituir graves violaciones a los derechos humanos, en su vertiente de delitos de lesa humanidad, cuando su aplicación resulte incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano".

Apreciación de la prueba y condenas

Asimismo, el tribunal invalidó la sentencia absolutoria previa emitida por la sala inferior al considerar que carecía de una evaluación integral de las pruebas presentadas en el proceso.

"La sentencia absolutoria, sustentada en una valoración fragmentaria o insuficiente del acervo probatorio, vulnera el deber de motivación y debe declararse nula. En cambio, la sentencia condenatoria, sustentada en una valoración conjunta, razonada y suficiente de la prueba, debe ser confirmada".

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Reajuste de penas y exclusión de beneficios

Al evaluar los recursos presentados por los abogados de los militares para archivar el proceso, la Corte Suprema declaró infundadas las excepciones de prescripción presentadas por la defensa.

En las sanciones específicas, el tribunal confirmó 15 años de cárcel para los oficiales Marco Antonio Llontop Jesús y Luis Alberto Castañeda Marín por homicidio calificado, tras probarse su rol como jefes de las unidades operativas.

Asimismo, ratificó 8 años de prisión para 16 miembros de la tropa de las patrullas Grass y Huayacán por las incursiones en Cayara y las matanzas en los parajes de Erusco y Ccheua.

En cuanto al intento de acogerse a la gracia aprobada por el Legislativo, la resolución confirmó la improcedencia de la amnistía:

"INFUNDADAS las excepciones de amnistía (...) en el proceso que se les sigue por homicidio calificado y desaparición forzada en agravio de Máximo Asto Palomino, Indalecio Palomino Tueros, Teodosio Noa Pariona y otros".

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De igual manera, al reevaluar los años de cárcel aplicados a los integrantes de la tropa, la Corte Suprema fijó 9 años de cárcel.

"En consecuencia, este Tribunal de la Corte Suprema considera que las penas de los referidos encausados deben fijarse en nueve años de privación de libertad, manteniendo la reducción correspondiente a la afectación del plazo razonable y excluyendo únicamente el factor de responsabilidad restringida indebidamente aplicado".

Postura de la CNDDHH ante la resolución judicial

Tras conocerse el fallo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) valoró la ratificación de las penas a los responsables y la anulación de las absoluciones fijadas a favor de los procesados por desaparición forzada.

El organismo civil manifestó que las matanzas perpetradas en 1988 en Cayara, Erusco y Mayopampa constituyen crímenes de lesa humanidad que no prescriben y exigen verdad, memoria y justicia para las familias de las víctimas.

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Caso Cayara

Los hechos ocurrieron en mayo de 1988 en la comunidad de Cayara, Ayacucho. En respuesta a una emboscada de Sendero Luminoso contra un convoy del Ejército, las fuerzas armadas desplegaron un operativo en la zona.

Durante la incursión, los militares ejecutaron a comuneros e incurrieron en la desaparición forzada de varios pobladores que se encontraban en la localidad.

En los meses siguientes a la matanza, las patrullas militares implementaron un plan para encubrir los crímenes y frenar las investigaciones judiciales.

Este esquema incluyó la eliminación de testigos, la manipulación de escenas y ocultar los restos de las víctimas para evitar la identificación de los responsables.