El pasado 6 de julio, el pleno de la JNJ aprobó, en sesión extraordinaria, un nuevo cronograma de actividades para definir las últimas etapas del proceso.

Cronograma del concurso

El cronograma muestra que el proceso continúa con la entrevista personal a Loyola. El pleno de la JNJ la programó de manera presencial para este martes a las 11.00 a. m. en su sede central de San Isidro.

Los magistrados evaluarán las competencias y la trayectoria del candidato antes de proceder con la calificación final.

La JNJ publicará los resultados del concurso público durante el transcurso de este mismo día. Tras la entrevista, la institución difundirá las calificaciones del postulante, el cuadro de méritos definitivo y el resultado de la votación del pleno.

De alcanzar la aprobación de los magistrados, la juramentación oficial del nuevo jefe de la ONPE será este jueves 16 de julio.

El concurso estuvo a punto de cancelarse

El proceso fue declarado desierto, ya que la postulante Amparo Ortega Campana renunció por problemas de salud y la JNJ excluyó a Carlos Loyola Escajadillo por omitir la declaración de dos procesos judiciales en trámite.

Al quedar sin candidatos aptos, la institución decidió cerrar la convocatoria; sin embargo, Loyola interpuso un recurso de reconsideración por la vulneración de sus derechos.

El pleno de la JNJ evaluó el reclamo y resolvió el retorno de Loyola gracias a los votos a favor de los magistrados María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkóvic y Rafael Ruiz. En contra de la medida votaron el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví, Jaime de la Puente y Cayo Galindo. Con esta decisión por mayoría, la JNJ anuló la exclusión y restituyó al candidato en el proceso.

En función de ello, su defensa, Carlos Torres Caro, ingresó el pedido el último lunes 13 de julio a la Comisión de Gracias Presidenciales.

En diálogo con RPP, se dirigió al mandatario Balcázar y le recordó que él había indicado que los abogados podían solicitar los pedidos de gracia. “Estamos tomando el guante, señor presidente José María Balcázar.(Pedimos que) se sirva a admitir la solicitud tomando en consideración en este caso específico la de manera prioritaria por la edad y la relevante dimensión humanitaria que tiene Alejandro Toledo con sus patologías médicamente acreditadas”, dijo.

Añadió que Toledo Manrique también ha explicado los motivos de su pedido en la carta.

En su misiva, el expresidente señala que su proceso penal 'lleva más años de los que la ley permite' y que se trata de una investigación 'que ha extendido ampliamente los plazos razonables'.

Sobre su salud, refirió que esta se ha deteriorado en prisión y que los médicos le han advertido que un infarto o derrame podría ocurrir en cualquier momento.

A su vez, señaló que espera que se aplique a su favor la Ley 32181, la cual establece que personas mayores de 80 años, por razones humanitarias, puedan cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario.

“El tiempo corre contra mí. Pido que se me aplique un derecho que la ley ya contempla para que pueda vivir mis últimos días con dignidad. No es un acto de rendición, es un acto de justicia”, resaltó.

Abogado de Toledo busca que se aplique la Ley 32181

Anteriormente, Toledo ya había enviado una carta a su abogando indicando que le autoriza pedir el indulto. A inicios de julio, el letrado precisó que sí presentará el pedido de indulto, pero el 28 de julio, una vez que el país esté bajo el mando de Keiko Fujimori.

Indicó que desde noviembre del 2025 intentan que se aplique a Toledo una norma específica. “Venimos batallando para que la Ley 32181, que modificó el artículo 22 del Código Penal, en la que se establece que toda persona de más de 80 años por razones humanitarias debe cumplir su condena en su domicilio. Nosotros invocamos a ello”, dijo a Exitosa.

Sin embargo, este proceso tarda, mientras la salud del expresidente se deteriora. 'Por eso, es que el ha solicitado que se evalúe el tema del indulto. Yo pienso hacerlo, pero el 28 de julio, es decir, el día hábil en que la presidenta ya es Keiko Fujimori para que se evalúe', anotó.

Agregó que, a su parecer, “el indulto ha sido objeto de un montón de restricciones que tenían por objetivo de que Alberto Fujimori saliera de prisión”. Esto debido a que “se establecieron requisitos que la Constitución jamás previó como el tema de que una persona debe estar en estado prácticamente en estado agónico para concederle el indulto, hecho que la Constitución no prescribe”, señaló.

En ese sentido, explicó que debido a ello “ninguna ley inferior puede tener situaciones de restricción como lo ha tenido el instituto de derecho de gracia”.

Por eso el Congreso actual se apresura en dejar todo listo para que el Ejecutivo que nos gobernará a partir del 28 de julio tenga todo preparado para posicionarse sin que los peruanos podamos defendernos de sus abusos. Las leyes procrimen son la prueba más flagrante de ese régimen de manos libres. Libres para reprimir sin freno a quienquiera ose criticarlos, protestar u oponerse. Cualquier similitud con una dictadura es cualquier cosa menos casualidad. Ya lo ha dicho la futura presidenta: voy a seguir los pasos de mi padre. No añadió que también los de Vladimiro Montesinos, porque ese individuo es designado, en la novela familiar de los Fujimori, como el verdadero perpetrador de los crímenes por los que fue acusado y sentenciado su socio, Alberto Fujimori.

En alguno de sus editoriales, César Hildebrandt lo dijo más o menos así: es como si los españoles eligieran a la hija de Franco o los chilenos a la de Pinochet. Pudo agregar —no recuerdo si lo hizo— a la de Stalin o Hitler en Rusia y Alemania, respectivamente. A quienes votaron por Keiko Fujimori, por miedo al comunismo y el terrorismo que imaginaban vendría con el triunfo de Sánchez, habrá que recordarles que no le dieron carta blanca a la futura presidenta. Y que, si se descuidan, ellos también podrán ser víctimas de los innumerables abusos de poder que se pueden vislumbrar desde ya. Puede ser mediante esas leyes que dan rienda suelta a las pulsiones tanáticas de las fuerzas del orden —como si no lo vinieran demostrando— o mediante cualquiera de los organismos garantes de la convivencia social, que están bajo su control. A saber: prácticamente todos.

Esto es especialmente relevante para los grandes grupos de poder formal del país. El tener la mirada puesta únicamente en el crecimiento económico, como la panacea para resolver la desastrosa situación de tantos peruanos, sin importar sus derechos fundamentales, es de una ceguera angustiante. El Consejo Fiscal ha dado un gran contraejemplo, alertando contra la violenta irresponsabilidad en el gasto público. Las primeras medidas que se anuncian para combatir el cáncer de las extorsiones, por ejemplo, son una garantía de fracaso. Sacar a las Fuerzas Armadas a la calle nunca ha servido para enfrentar lo que corresponde al trabajo de inteligencia, exactamente ese que permitió capturar a Abimael Guzmán y acabar con Sendero Luminoso.

No es, pues, vulnerando la Constitución que se combate al mal. Lejos de ser un obstáculo, es nuestra guía grupal para conducirnos como una comunidad ligada por el bien común. Suena utópico, pero no lo es: todos los países desarrollados lo han logrado por ese medio. El bien común es diametralmente opuesto al mal uso de los recursos públicos o la libre disponibilidad de los mismos, sin cortapisa alguna. No nos cansaremos de repetirlo: la mitad del país no votó por esto. Y la otra mitad, la que votó por la opción ganadora, tampoco. No hay que mancillar el miedo con promesas falsas de mano dura, cuyos resultados nos hunden más en el abismo en el cual nos encontramos.

Esta no es una invocación, sobra decirlo, a quienes apuestan por un quinquenio autoritario. Es una llamada a todos los que prefieren vivir al amparo de la ley y no fuera de ella. Si piensan que nunca los afectará, más allá de que esta es una opción tan egoísta como cortoplacista, habrá que recordarles que los gobiernos autoritarios pueden ensañarse con cualquiera que se les antoje. Sin necesidad de haber cometido delito o incluso falta alguna. Te cruzaste en el camino de una autoridad corrupta, pequeña o grande, y no tendrás quién te proteja.

De esta situación de sumisión tenemos que defendernos unidos. En situaciones como esta, es indispensable iniciar de inmediato la resistencia, desde la tribuna, grande o pequeña, de cada cual. Recordemos que Sendero pudo avanzar durante una década, entre otras razones, por la indiferencia de los sectores urbanos más modernos de la costa. Como si las masacres que cometían tirios y troyanos, senderistas y miembros de las Fuerzas Armadas, en los Andes centrales, no nos concernieran o afectaran. Esa indiferencia, combinada con negación, es el terreno fértil para el crecimiento de violaciones indescriptibles de los derechos de las personas, en particular las más vulnerables.

Solo unirnos en búsqueda del bien común permitirá que el mal no siga avanzando como lo está haciendo, sin encontrar, por ahora, más que obstáculos aislados que no parecen afectarle. El gobierno de Fujimori y Montesinos se veía gobernando para siempre. Sabían que era eso, la cárcel o el destierro. Todos recordamos cómo terminaron. Esa es la historia que nos prometen, ignorando el final que conocemos.

Durante la audiencia, el abogado de Renovación Popular, Virgilio Hurtado, argumentó que el Jurado Electoral Especial (JEE) incurrió en un error al aplicar de forma “extensiva” e incorrecta los impedimentos contemplados en la ley.

“El JEE comete un grave error al considerar que los elegidos y proclamados (…) se encuentran en condición de autoridades [en funciones] y, por consiguiente, no pueden postular en las ERM. No han analizado correctamente la tipificación de ese impedimento”, sostuvo la defensa. En esa línea, Hurtado remarcó ante el colegiado que las restricciones a la participación política deben ser explícitas en la norma y no interpretarse por analogías para limitar derechos ciudadanos.

El debate con el tribunal

Durante la audiencia previa al fallo, el magistrado Gunter Gonzales planteó si la proclamación oficial del JNE perdía valor si el candidato aún no asumía funciones. “¿Entonces no produce ningún efecto la proclamación?”, cuestionó. Hurtado aclaró que sí tiene validez jurídica, pero precisó que esta condición es diferente a la de un parlamentario que está en ejercicio activo del cargo.

Por su parte, el magistrado Rubén Torres consultó si un postulante podía dejar sin efecto por voluntad propia una proclamación del sistema electoral. El abogado de Renovación Popular precisó que no busca desconocer la ley, sino delimitar sus alcances.

Hurtado indicó que la proclamación actúa como un "título" que faculta al ciudadano elegido a realizar los trámites correspondientes para, eventualmente, asumir su puesto, pero no lo convierte automáticamente en autoridad en funciones.

La postura de López Aliaga frente al Senado

El presidente del JNE, Roberto Burneo, solicitó precisiones sobre la situación de López Aliaga respecto de los trámites para incorporarse al Senado. Al respecto, Hurtado ratificó que su patrocinado declinó participar en el proceso de juramentación para la Cámara Alta y que los plazos para dichos actos protocolares ya vencieron.

"Mi patrocinado ha presentado una carta al presidente del Congreso señalando que el plazo para cumplir con el protocolo o esos actos protocolares ya ha vencido. En consecuencia, ratifica con la declaración de no participar en los actos de juramentación del cargo".

Al ser consultado sobre si estos argumentos también eran a favor del candidato Guillermo Valdivieso, ya que el JEE declaró improcedente su candidatura. Sobre este caso, la defensa apeló a un vacío normativo y argumentó que la ley no prohíbe postular a un representante (titular o suplente) del Parlamento Andino.

"El artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales no menciona que un representante suplente ni titular del Parlamento Andino esté impedido de postular. Hay un vacío normativo, inclusive es más notoria esta aplicación extensiva del impedimento hacia su persona”.

Con esta decisión del Pleno del JNE, queda confirmado que Rafael López Aliaga continuará en la carrera electoral por la Alcaldía de Lima.

Esta decisión preocupa, dado que se prevén obligaciones significativas, básicamente en remuneraciones y pensiones derivadas de la legislación reciente, sin una definición clara sobre su financiamiento. Cabe referir que los mayores ingresos fiscales actuales son temporales. No es una buena idea financiar gasto permanente con ingresos temporales, peor aún cuando se prevé el fenómeno de El Niño, sobre todo con efectos adversos a partir de octubre, que destruirá no solo parte de la producción actual, la agrícola, por ejemplo, sino también parte de la capacidad de producción potencial futura, porque destruirá parte de la infraestructura.

Todos estos efectos adversos del fenómeno de El Niño ya deberían estar incluidos en el próximo Marco Macroeconómico Multianual, que se presentará en agosto por parte del Poder Ejecutivo, el cual, si se trata de recuperar la credibilidad fiscal, debería comenzar por presentar las correspondientes demandas de inconstitucionalidad contra leyes promulgadas por el Congreso, sin financiamiento y sin iniciativa legal de gasto, si realmente importa preservar la estabilidad macrofiscal.

En suma, una indispensable sostenibilidad fiscal pasa por una importante proactividad de la administración entrante desde las primeras semanas, en línea con lo sugerido, más aún cuando a finales de agosto se presentan los proyectos relacionados con Presupuesto, Equilibrio y Endeudamiento 2027, junto con el actualizado Marco Macroeconómico Multianual.

Dice Zygmunt Bauman que vivimos bajo las reglas de la “modernidad líquida”, caracterizada por la inestabilidad, la falta de cohesión y la ausencia de formas definidas, a diferencia de la “modernidad sólida”, en la que se desarrollaron nuestros padres y abuelos, caracterizada por el orden, lo predecible y lo estable. ¿Qué provocó ese cambio? a) las empresas, que tienen más poder que los propios gobiernos y cambian leyes de forma rápida en respuesta al mercado; b) la tecnología y, sobre todo, internet, que hace que las formas de trabajar, transportarnos y relacionarnos cambien a una velocidad impresionante; y c) la migración humana, que también genera cambios rápidos en la cultura y en la economía de los países. Esto, ¿qué significa? Que, bajo esta modernidad líquida, la identidad es cambiante y nunca terminamos de definir nuestra religión ni nuestras creencias políticas. Hay inestabilidad y falta de solidez en las estructuras. Si esto lo trasladamos al ejercicio político, ello hace que la composición de los congresos no sea estable. Los grupos entran con promesas, luego se adaptan a las circunstancias y eso genera desconfianza en la ciudadanía. La sociedad líquida desestabiliza esas representaciones políticas; de ahí que la foto de la composición congresal no será la misma en 2031. Hay que mirarla bajo el escenario del juego político en el que se moverán.

El ajedrez político

En el ajedrez, se requiere tener claro, quien es quien, en ese tablero, para no confundir las jugadas y los movimientos inesperados.  El Rey, es la pieza más valiosa del tablero, yen el caso peruano, está representado por el poder económico.

Los peones son las piezas más numerosas, avanzan poco a poco, y pueden llegar al otro extremo del tablero y convertirse en una pieza más fuerte. Aunque no tengan poder inmediato, su acumulación y organización a largo plazo, puede cambiar el juego. Instituciones como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos, se posicionan como peones en el tablero. Es un escenario donde su rol queda reducido a seguir las directrices, sin autonomía real.

En la posición de alfil ubicamos a la Presidencia de la República, al igual que al Congreso. Ambos representan el poder, mas no lo detentan. El alfil se mueve en diagonal, así que su alcance es más limitado y, de hecho, actúa como un símbolo. Es decir, no tiene tanta fuerza directa como la reina o las torres, pero representa la institucionalidad, el rostro simbólico de la nación.

Las congregaciones religiosas también deben ser visibilizadas en este ejercicio político; podrían ser ubicadas como alfiles porque tienen una influencia simbólica fuerte, aunque no siempre directa. Se mueven de manera diagonal, como en espacios morales y de valores, y a veces pueden ser catalizadoras del cambio social. Su rol es estratégico, pero no siempre visible en el tablero. De igual forma, ocurre con los medios de comunicación. Si son independientes, pueden moverse con claridad, marcar la agenda y generar cambios. Pero, si están controlados, pueden quedar reducidos a peones, seguir órdenes y reproducir las narrativas del poder.

Los partidos políticos podrían ser posicionados como las torres. Son piezas fuertes, estructuradas, se mueven en línea recta y tienen una gran capacidad de control territorial. A través de ellas, se organizan las fuerzas políticas, se proyectan hacia el futuro y buscan influir en las reglas del juego; sin embargo, ante la ausencia de partidos sólidos, las torres estarían apuntaladas por las fuerzas militares y policiales. Estas tienen una presencia estable y pueden marcar el equilibrio del poder, a veces fuera de las reglas formales.

El caballo en ajedrez se mueve en forma de "L". Es la única pieza que puede saltar sobre otras. Pueden ser actores menos visibles, pero estratégicos: por ejemplo, ciertos grupos empresariales medianos, gremios profesionales o incluso algunos sectores regionales que, aunque no sean el foco del poder, tienen la capacidad de saltar barreras, conectar intereses y, a veces, desestabilizar las lógicas más tradicionales. Podemos ubicar aquí a la minería informal e ilegal y a las redes de narcotráfico. Esos actores suelen moverse por fuera del juego formal, pero tienen una enorme capacidad de influir, presionar y desestabilizar, aunque no aparezcan entre las piezas tradicionales.

En cambio, la reina es la pieza más poderosa, porque se puede mover a cualquier número de casillas en línea recta, ya sea horizontal, vertical o diagonal. En esta dinámica, se podría ubicar como la reina al sistema judicial, porque tiene un poder amplio cuando es independiente. Se mueve en todas las direcciones, puede frenar abusos y equilibrar fuerzas, siempre que conserve su autonomía. Si está capturada por el poder económico o político, pierde su fuerza. Pero, en su mejor versión, es la que realmente puede hacerle jaque al poder, si se mantiene firme.

Si el sistema judicial es realmente autónomo, puede ser un freno al poder desmedido. Es la pieza que, al moverse en cualquier dirección, tiene la capacidad de poner límites, hacer valer derechos y actuar como un verdadero contrapeso, siempre que conserve esa autonomía e independencia en su labor.

En el tablero del ajedrez político, el rey estaría representado por el poder económico. No perdamos de vista ello: una cosa es detentar el poder y otra ser representante de ese poder, como ocurre con el ejercicio de la Presidencia de la República o la representación congresal. Así que, en este esquema, cada pieza tiene su peso, que permitirá sostener el poder del Rey, o el juego terminará con un jaque mate al rey.

Los ciudadanos

Frente a estas piezas, en el tablero del ajedrez político, ¿dónde está el poder de los ciudadanos? Nos encontramos fuera de ese juego y nos convertimos en meros espectadores, invitados a cambiar periódicamente las piezas. Es una especie de participación simbólica, pero no transformadora. Y ahí es donde se genera esa frustración.

Yo creo que no hay un jaque mate fácil, porque esos actores que mueven las piezas del ajedrez suelen operar al margen de las reglas. Pero, quizás, si se fortalecen la transparencia, la participación ciudadana real, la organización de colectivos sociales y el ataque a las estructuras de impunidad, ahí se podría empezar a reducir su poder. Es un proceso largo, pero es la única manera de cambiar las cosas.

El poder de los ciudadanos está en la capacidad de moverse colectivamente, como peones con potencial. Reitero, colectivamente. Es un símbolo, que, aunque se empiece pequeño, cuando se organizan, cuando se articulan, pueden cambiar las reglas del juego.

Si son independientes, pueden moverse con claridad, marcar la agenda y generar cambios. Pero, si están controlados, pueden quedar reducidos a peones, seguir órdenes y reproducir las narrativas del poder, algo de lo que ya tenemos en demasía en nuestro escenario nacional.

La República manifestó en dos ocasiones puntuales la inquietud sobre el futuro del Mincul. Más allá de preferencias políticas e ideológicas, hay algo que debe quedar muy claro: si el Perú existe en el mundo, existe por su cultura. Un país como Perú, sin importar su gobierno de turno, debe contar con un organismo institucional dedicado exclusivamente a su poliédrica riqueza cultural.  

En estos días se han estado barajando nombres para hacerse cargo del Ministerio de Cultura. Ergo: el Mincul no va a desaparecer. Entre los que más suenan tenemos a la historiadora Cecilia Bákula y al gestor cultural Miguel Molinari. Ambos, por cierto, son muy reconocidos en el circuito cultural peruano. Cuando se les ha mencionado, no han suscitado muchas críticas desde el sector.

No olvidemos que, desde el gobierno de Dina Boluarte, el Mincul se ha convertido en una máquina de censuras, en una apañadora de leyes sin pies ni cabeza (a saber, pensemos en la ley de cine impulsada por el Congreso) y en una entidad cómplice y silenciosa de despropósitos como el colegio de artistas del Perú. Estos atentados en contra de la cultura han estado avalados por la firma de los congresistas de Fuerza Popular. Entonces, antes de aceptar, los potenciales candidatos deberían preguntarle a Fujimori y compañía qué entienden en Fuerza Popular por cultura. Si este aspecto no queda despejado, quien acepte, y sin importar lo competente que sea, va a quedar con la reputación manchada.

Vichy nació de la derrota militar de 1940 y de una revancha ideológica. Pétain se presentó como salvador y obtuvo plenos poderes en julio de aquel año. La Asamblea liquidó así la Tercera República y la reemplazó por el Estado francés, que persiguió opositores y censuró la prensa.

Vichy conservó instituciones y policía propias, y las puso al servicio de la colaboración con Alemania. El apretón de manos entre Pétain y Hitler, en octubre de 1940, simbolizó esa alianza. La producción francesa sirvió al Reich, mientras la policía francesa reprimió a resistentes y judíos por decisión propia.

El primer Estatuto de los Judíos, de octubre de 1940, fue iniciativa francesa. Excluyó a los judíos de la función pública y numerosas profesiones. La redada del Velódromo de Invierno, en julio de 1942, mostró esa colaboración. Policías franceses arrestaron a más de 13.000 judíos, entre ellos miles de niños, deportados hacia Auschwitz.

Frente a esa Francia oficial resistió otra Francia. El llamado de Charles de Gaulle desde Londres, en junio de 1940, sostuvo que la lucha continuaba. Jean Moulin, torturado por la Gestapo, murió sin traicionar a sus compañeros.

La Liberación de 1944 trajo juicios y condenas. Pétain fue sentenciado a muerte por traición, pena luego conmutada. Jacques Chirac reconoció en 1995 la responsabilidad del Estado francés en la deportación de judíos, reafirmada por Macron en 2017.

Vichy demuestra que la legalidad formal sirve al crimen cuando se destruyen la democracia y la independencia institucional. Pétain simboliza la claudicación política. La Francia que honra hoy su historia es la que resistió y combatió por la libertad.

En diciembre de 2024, durante el mandato de la presidenta Dina Boluarte, el Ejército compró a FAME por US$60 millones un lote de 30 unidades de K808 “White Tiger” (Tigre Blanco), fabricados por Hyundai Rotem.

La adquisición se produjo en medio de la polémica porque, previamente, la Comisión de Estudio Técnico Operacional del Ejército (CETO) descalificó el modelo que ofertó Hyundai Rotem por tratarse de uno de los diseños más caros en comparación con otros que competían en la licitación de 2023.

Amparándose en la llamada “Ley FAME” N° 31684, publicada el 15 de febrero de 2023, que dispone que los institutos armados consulten con la empresa estatal si cuenta con el material bélico que necesita adquirir, el Ejército preguntó a FAME si disponía de blindados 8x8. Para entonces, FAME había suscrito un convenio de cooperación con la compañía coreana.

Mediante esta modalidad, el Ejército dejó de lado los estudios del CETO y la licitación, y compró directamente a FAME los blindados K808 “White Tiger”.

Los seis ejemplares que arribaron al puerto del Callao el 6 de julio son parte del lote de 30 unidades contratadas por el Ejército a FAME. Justamente, según el acuerdo comercial, para este mes estaba prevista la entrega de los primeros vehículos blindados.

Sin embargo, no sucede lo mismo en el caso de los tanques K2 “Black Panther” (Pantera Negra) que llegaron en la misma fecha al puerto del Callao.

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A diferencia de la adquisición de los blindados 8x8 “White Tiger”, que contaba con un plan de inversión pública aprobado y el correspondiente financiamiento presupuestado, en el caso del carro de combate “Black Panther” no existe un proyecto con tales características.

Solo se trataría de una exhibición, a solicitud del Ejército, de acuerdo con fuentes coreanas. Pero, ¿por qué el trato privilegiado a la empresa coreana Hyundai Rotem? ¿Por qué no se exponen otros modelos? ¿El “Black Panther” es el único carro de combate en el mundo? Por supuesto que no.

Más bien, la exhibición de los “Black Panther” tiene todas las características de un plan para consumar un contrato directo con Hyundai Rotem por intermedio de FAME, sin la participación de otros competidores y ofertas, como se hizo en los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí, y que continúa José María Balcázar.

El instituto castrense no ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque fuentes aduaneras indicaron que el Ministerio de Defensa y el propio Ejército participaron en la coordinación para la importación de los seis blindados y tres tanques coreanos. Es más, el instituto armado emitió los Certificados de Uso Final, para permitir a Hyundai Rotem la importación del material de guerra.

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Un viejo truco conocido

Todo parece un plan organizado por el Ejército y FAME —controlado por los altos mandos del instituto castrense— para que, en el marco de un eventual proceso de compra de un carro de combate en reemplazo de los soviéticos T-55, adquiridos en los años 70, aparezca el K2 ‘Black Panther’ como primera opción. Y así impedir la presencia de otros postores, como ha sucedido con la adjudicación directa a la estadounidense Lockheed Martin para la provisión de 24 cazas F-16 Block 70.

En realidad, el desfile de los “Black Panther” el 29 de julio ante la presencia de la presidenta electa Keiko Fujimori, deriva del acuerdo estratégico” suscrito entre el Ejército y Hyundai Rotem el 9 de diciembre de 2025, en el gobierno de José Jerí Oré. El mismo tiene como la finalidad la compra futura de carros de combate K2 “Black Panther”, además de más lotes de blindados K808 “White Tiger”.

Los expertos coinciden en que el K2 “Black Panther” es uno de los carros de combate más caros del mercado mundial.

Este “acuerdo estratégico” no fue precedido de estudios técnicos en el lugar de producción de los vehículos, tampoco de la evaluación de propuestas económicas, y mucho menos de evaluaciones de factibilidad de financiamiento público.

El mencionado “acuerdo estratégico” es, más bien, una prolongación del convenio que FAME firmó con STX Corporation y Hyundai Rotem el 20 de mayo de 2024, con el objetivo de construir vehículos blindados en el Perú.

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Una multimillonaria inversión

Poco después de este conveniente acuerdo, en noviembre de ese mismo año, el entonces comandante general del Ejército, César Briceño Valdivia, ordenó al Diplam (Dirección de Planeamiento del Ejército) que identificara el modelo de tanque para reemplazar al T-55. Fue un saludo a la bandera. ¿Para qué una evaluación técnica si ya consumó un acuerdo con Hyundai Rotem?

El “acuerdo estratégico” suscrito el 9 de diciembre de 2025, con la presencia del entonces comandante general César Briceño, comprende la producción de 54 tanques K2 ‘Black Panther’ y 141 blindados K808 ‘White Tiger’, vehículos que supuestamente serían ensamblados en los talleres de FAME.

De acuerdo con las fuentes, el plan arrancará con US$1.400 millones y culminaría en 2036 con una inversión total de US$5.000 millones. Este monto es incluso superior a los US$3.500 aprobados para la compra de los 24 cazas para la Fuerza Aérea del Perú.

En el contexto de intranquilidad por la dimensión que tendría el potencialmente devastador fenómeno El Niño entre 2026 y 2027, y los pronósticos del desastre que causará en la economía, comparable a los años 1982-1983 y 1997-1998, el proyecto de compra de tanques no parece una prioridad. Por decir lo menos.

Sin embargo, el proyecto contaría con el beneplácito del ministro de Defensa, el fujimorista Amadeo Flores Carcagno, quien ha autorizado al Ejército que el K2 “Black Panther” desfile en la parada militar del 29 de julio ante la presidenta electa Keiko Fujimori. Al cierre de edición, el plan continúa en marcha. Keiko Fujimori asistirá.

Quiénes son los socios coreanos de FAME

• No es la primera vez que Hyundai Rotem exhibe el tanque K2 “Black Panther” en Lima. Un ejemplar fue presentado en el X Salón de Tecnologías para la Defensa y Prevención de Desastres Naturales (SITDEF 2025), en el Cuartel General del Ejército, en abril de 2025.
• En esa época, Hyundai Rotem estaba asociada con la compañía exportadora coreana STX Corporation. Juntos vendieron los blindados K808 “White Tiger” al Ejército por intermedio de FAME, empresa con la que tenían un convenio.
• Pero la sociedad se rompió cuando STX Corporation se acogió al tribunal de quiebras de Corea del Sur. Desde entonces, Hyundai Rotem ha asumido todo el compromiso contractual, en diciembre de 2025.
• La idea era que los “White Tiger” fueran ensamblados en FAME, pero no ha sido así con los seis primeros.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La investigación también comprende a su adjunta, Lizet Aliaga Terreros. De acuerdo con la disposición de inicio de investigación, los hechos tienen que ver con la forma y las circunstancias en que Mori Gómez accedió al expediente médico de la ex primera dama de la nación, Nadine Heredia, y lo que hizo después.

Los documentos médicos de cualquier persona tienen una protección especial por la Ley General de Salud, la de protección de datos personales y otras normas que garantizan la confidencialidad de la información médica. Por este motivo, solo se puede acceder a ellos con autorización judicial debidamente justificada.

Así, de acuerdo con las indagaciones preliminares, no existe una autorización judicial que permita a los fiscales acceder a la información médica de Heredia. El despacho de Mori lo obtuvo de alguna otra manera. De acuerdo con información proporcionada por la Clínica Delgado Auna, el 13 de noviembre del 2023, la fiscal solicitó la historia clínica completa de Nadine Heredia y se la entregaron pese a no tener la autorización judicial. Supuestamente, la fiscal habría obtenido ese documento bajo presión.

Pero la historia no termina en ese detalle. Luego de obtener la historia clínica, Geovana Mori envió a su fiscal adjunta, Lisbeth Aliaga Terreros, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) para mostrar el historial médico al gerente general de dicha entidad, Edgardo Ardiles Chacón, y al director ejecutivo de Cuello y Cabeza, Giovanni Luna Sánchez.

Mostrado múltiples veces

Posteriormente, el documento médico reservado fue enviado y mostrado al director general del Hospital Nacional Dos de Mayo y a muchos otros médicos y centros hospitalarios. “La historia clínica habría estado circulando en diversos hospitales y fue revisado por múltiples personas sin que se respetara una cadena de custodia adecuada, y sin contar con una orden judicial que habilitara legalmente dicho acceso, permitiéndose la difusión y tratamiento indebido de un documento protegido por reserva legal y constitucional”, señala la resolución que da inicio a la indagación penal.

Por estos hechos se investiga a la fiscal Mori y su adjunta Lizet Aliaga por abuso de autoridad y prevaricato al acceder a un documento reservado sin autorización judicial, y por violación de la intimidad al compartir ese documento con terceros. La fiscal requirió el historial médico luego de que, en noviembre del 2023, Nadine Heredia solicitó autorización judicial para viajar a Colombia a recibir un tratamiento recomendado por sus médicos.

La fiscal superior Lina Balvín Álvarez citó a Geovana Mori para dar su declaración el próximo 5 de agosto, a fin de presentar sus descargos sobre los cargos que se le atribuyen. El 7 de agosto deberá hacer lo mismo la fiscal adjunta Lizet Aliaga. En tanto, Nadine Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil, declarará por videollamada el 22 de julio próximo.

Durante una audiencia, el abogado de Renovación Popular, Virgilio Hurtado, argumentó que el Jurado Electoral Especial (JEE) se equivocó al aplicar de forma “extensiva” e incorrecta la Ley de Elecciones Municipales.

“El JEE comete un grave error al considerar que los elegidos y proclamados (…) se encuentran en condición de autoridades [en funciones] y, por consiguiente, no pueden postular en las ERM. No han analizado correctamente la tipificación de ese impedimento que está en el literal A", señaló la defensa.

En esa línea, Hurtado señaló ante el tribunal que las restricciones de participación política deben ser específicas en la ley y no deducirse por analogías.

"El principio de que 'no hay que hacer distingo donde la ley no distingue' es solo para poder reconocer derechos, no para extender las prohibiciones. Si no, estaríamos inmersos en una ilegalidad (...) no se pueden limitar derechos aplicando la analogía o la interpretación extensiva de las normas que lo restringen", dijo durante la audiencia.

El cuestionamiento del tribunal

El magistrado Gunter Gonzales cuestionó si la proclamación del JNE carece de valor real antes de que la autoridad asuma funciones. "¿Entonces, no produce ningún efecto la proclamación?". El abogado Virgilio Hurtado indicó que sí, pero precisó que estos no equivalen a estar en ejercicio del cargo.

"Sí produce, señor magistrado, [pero] eso es diferente a ser un parlamentario en funciones. Porque el impedimento está previsto para el parlamentario en funciones, no para quien todavía no ejerce el cargo; de lo contrario, estaríamos en una situación irreal”, respondió.

El magistrado Rubén Torres también intervino y preguntó a la defensa si un candidato puede anular por cuenta propia una proclamación oficial del sistema electoral. Ante ello, Hurtado aclaró que no se busca desconocer la ley, sino detallar sus límites.

"Es evidente que una decisión unilateral de un candidato no puede revocar una decisión del JNE, pero lo que sí puede hacer es discutir los alcances de esa resolución y de la proclamación. La proclamación es el 'justo título' que ustedes confieren a quienes han sido elegidos para que se puedan apersonar ante los órganos correspondientes y poder seguir el procedimiento para asumir el cargo".

Intervención de Roberto Burneo

El presidente del JNE, Roberto Burneo, le pidió a la defensa que aclare la actual situación de López Aliaga con relación a la entrega de documentos obligatorios para juramentar como senador. Hurtado respondió que su patrocinado no tiene la intención de formar parte de la Cámara Alta.

"Mi patrocinado ha presentado una carta al presidente del Congreso señalando que el plazo para cumplir con el protocolo o esos actos protocolares ya ha vencido. En consecuencia, ratifica su declaración de no participar en los actos de juramentación del cargo".

A solicitud de Burneo para precisar si estos argumentos aplicaban a todos sus patrocinados, Hurtado hizo una mención sobre el candidato Guillermo Valdivieso. La defensa apeló a un vacío normativo y argumentó que la ley no prohíbe postular a un representante (titular o suplente) del Parlamento Andino.

"El artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales no menciona que un representante suplente ni titular del Parlamento Andino esté impedido de postular. Hay un vacío normativo, inclusive es más notoria esta aplicación extensiva del impedimento hacia su persona”.

Tras el debate técnico, el máximo tribunal electoral deberá emitir su pronunciamiento definitivo para determinar si acepta los descargos de López Aliaga o si confirma su exclusión de la carrera municipal.

Antes de participar en la inauguración del puente Virgen de Chapi, en la vía Arequipa-La Joya, el mandatario realizó una parada en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, en el centro histórico de la ciudad. Al ser consultado por la prensa local sobre un eventual beneficio para el exmandatario, Balcázar señaló que “está en estudio, no hay nada concreto todavía”.

Inauguración del puente Virgen de Chapi

El mandatario llegó a la inauguración del puente Virgen de Chapi en compañía de ministros de Estado y algunos gobernadores regionales. La actividad contó con personal policial que limitó el acceso de los periodistas al recinto. Pese a las restricciones, Balcázar declaró que, a pesar del poco tiempo que le queda a su gestión, su administración busca priorizar obras de infraestructura en el interior del país.

El jefe de Estado defendió el presupuesto asignado para la construcción de la vía y aseguró que su impacto será positivo para la conectividad de la región.

"Este puente es caro, pero va a tener multiplicidad de beneficios (…) Tenemos claro qué obras tenemos que hacer en cada región".

Además, el presidente indicó que dispuso la firma de las actas necesarias para garantizar que los trabajos continúen sin interrupciones y ratificó que su gobierno mantendrá la ejecución de proyectos en las regiones hasta el próximo 28 de julio.

Para sustentar la supuesta legítima defensa, los abogados de los militares señalaron que, durante el peritaje practicado tanto a los cinco fallecidos como a los tres sobrevivientes, se hallaron residuos de disparo de armas de fuego en los casos de Wilder Romero Sevipaucar y William Núñez Soto, fallecidos en el incidente, y Jhonatan Águila Gutiérrez, herido y sobreviviente.

Los tres dieron positivo para antimonio y bario, compatibles con residuos de disparos de armas de fuego, de acuerdo con el peritaje ordenado por el Ministerio Público.

En efecto, La República revisó los peritajes aplicados en los tres casos mencionados y estos concluyen que 'arrojaron resultados positivos para cationes metálicos de plomo, antimonio y bario, compatibles con residuos de disparo por arma de fuego', conforme se indica en los documentos.

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La versión de los militares

Ninguno de los ocho militares señalados como autores del crimen múltiple en Colcabamba, encabezados por el capitán EP Luis Montenegro Pardo, ha declarado ante las autoridades sobre las razones que los motivaron a utilizar sus fusiles contra los pasajeros de la camioneta.

Sin embargo, la defensa legal de los efectivos del Ejército alegó, durante la audiencia para resolver el pedido de prisión preventiva, que los sospechosos de la camioneta no se detuvieron ante la voz de alto y que dispararon a los militares desde el interior del vehículo.

Esta misma versión se la dio el jefe de la patrulla militar de Colcabamba, el capitán EP Luis Montenegro Pardo, a su superior inmediato, el mayor EP José Cayao Vásquez. Montenegro le indicó que los civiles dispararon para resistirse a la intervención, por lo que los efectivos respondieron al fuego con sus fusiles de largo alcance de fabricación belga Scar-L. Pero no registraron ni heridos ni muertos.

“(El capitán Montenegro) sí me comunicó que se habían producido disparos y habrían actuado ante ello. (...) Solo me mencionó que hubo contacto y que repelieron. Luego de calmada la situación, el jefe de patrulla me comunicó que de nuestra parte no hubo heridos ni fallecidos”, declaró el mayor José Cayao ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín, a cargo de Johel Chamorro Macukachi.

Durante las pesquisas policiales y fiscales en la escena del crimen, sin embargo, no se encontraron las armas que supuestamente utilizaron los civiles que viajaban en el vehículo. También se comprobó que ninguno de los militares resultó herido durante el operativo, como consecuencia del supuesto ataque con armas de fuego de los ocupantes de la camioneta.

Respecto del peritaje balístico que probaría que tres civiles dispararon con armas de fuego contra los militares, durante la audiencia judicial se desestimó esta versión de la defensa de los acusados por carecer de sustento y evidencia.

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Las armas fantasmas

“Desde el interior del vehículo intervenido (los pasajeros de la camioneta) habrían realizado disparos al personal militar investigado, encontrándose en el vehículo intervenido tanto en la caseta como en la tolva casquillos, munición de 9.19 mm., como también de calibre 38, que corresponden a pistolas semiautomáticas, municiones que no son de uso de los investigados (los militares)”, según la versión de la defensa que consta en la resolución judicial que dispuso el mandato de detención de los ocho efectivos del Ejército.

Durante el debate judicial se preguntó a la defensa de los efectivos del Ejército si era cierto que los civiles de la camioneta dispararon. ¿Por qué no fueron encontradas las armas que estos utilizaron? A lo que respondió: “Pudieron ser aventados (sic) fuera del vehículo durante la intervención”, sin aportar prueba alguna.

Por lo tanto, el juez José Matos Centeno desestimó los argumentos de la defensa de los acusados, empezando por la constatación de que en la camioneta, ni en los alrededores del escenario del crimen, fueron encontradas las armas atribuidas a los civiles.

Además, en cuanto al hallazgo de proyectiles de otras armas de fuego, el juez resaltó el testimonio del sobreviviente Jhonatan Águila Gutiérrez.

Según la declaración de Águila, luego de matar a los pasajeros del vehículo y comprobar que no había droga en la camioneta, los militares recibieron la orden de desperdigar munición de diferentes calibres en el interior del vehículo para aparentar falsamente que los ocupantes les habían disparado.

En resumen, no se ha comprobado que los civiles portaran armas ni que hayan disparado a los militares para impedir la intervención antidrogas. Estas comprobaciones sustentaron la decisión del juez de ordenar la detención preventiva de los ocho militares acusados de la matanza de Colcabamba.

Para reforzar su teoría de que los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra los militares, la defensa del Ejército afirmó que los peritos detectaron residuos de disparos en los ocho pasajeros: los cinco que fueron asesinados y los tres sobrevivientes. Pero los reportes periciales, como se ha indicado, no llegan a esa conclusión. Solo se refieren a tres casos.

Respecto de las partículas de antimonio y bario detectadas en Wilder Romero Sevipaucar, William Núñez y Jhonatan Águila Gutiérrez, no acreditan fehacientemente que estos dispararon armas de fuego en la noche del 25 de abril en Colcabamba, destacó en la audiencia el fiscal Johel Chamorro.

La explicación de los peritos es que, durante el periodo de custodia de los militares tanto de los cuerpos de las víctimas como de los sobrevivientes, hasta la toma de muestras, que se produjo varias horas después, los uniformados podrían haber diseminado y contaminado los residuos de los disparos en los civiles. Es lo más razonable. Lo que les queda a los imputados es romper su silencio y contar toda la verdad.

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• Explicación. Los residuos encontrados en tres civiles también se deberían a que “ha existido manipulación de la escena del crimen por parte de los investigados (los militares)”, señala la resolución judicial.
• Detalle. La contaminación también se debería a la enorme cantidad de disparos que recibió el vehículo de las víctimas. Según el Informe Pericial de Balística, la camioneta presenta 76 orificios de entrada de proyectil.

Entre 1998 y 2000, Calisto actuó como edecán del entonces presidente Alberto Fujimori y, en 2021, fue miembro del equipo de campaña de Fuerza Popular, además de uno de los organizadores de las movilizaciones fujimoristas contra el falso fraude electoral. Ha retornado a la política como senador por Renovación Popular, sin haber abandonado su fuerte vínculo con la familia Fujimori. Ahora se dedica a construir un bloque entre Fuerza Popular y Renovación Popular para controlar el Congreso y rechazar cualquier intento de perturbar el gobierno de Keiko Fujimori. Francisco Calisto Giampietri sabe cumplir órdenes.

Cuando fue interrogado por su participación en el robo de maletas repletas de evidencia incriminatoria que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos ocultaba en un departamento de su propiedad, Calisto arguyó que se limitó a 'acatar' el mandato de Alberto Fujimori.

Pocos recuerdan que, luego de haber sido extraditado de Chile, el primer caso de corrupción que Alberto Fujimori aceptó haber perpetrado fue, precisamente, la organización de la sustracción de las maletas con 'vladivideos' que acreditaban los actos de corrupción de su régimen. Para que las filmaciones no llegaran a manos de las autoridades, Fujimori las embarcó en el avión presidencial y, luego de una escala en Brunéi, donde asistió al encuentro de la APEC, se dirigió a Japón, donde las recibió su cuñado, el embajador Víctor Aritomi Shinto. Aritomi jamás retornó al Perú. En este operativo, que grafica la conducta delictiva de Alberto Fujimori, tuvieron participación decisiva Calisto y Tantaleán.

Durante la campaña presidencial, Keiko Fujimori afirmó que replicaría 'lo mejor' que había hecho su padre durante su mandato. La operación del robo de los 'vladivideos', en la que Alberto Fujimori utilizó a un falso fiscal para ingresar a la vivienda de Vladimiro Montesinos, no fue exactamente 'lo mejor' que hizo el exjefe de Estado. Sin embargo, Keiko Fujimori designó como integrante de la comisión de transferencia del Ministerio de Defensa al coronel FAP (r) José Tantaleán Alatrista, otro gran amigo incondicional de la familia.

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Servicio a domicilio

Tantaleán tuvo un rol protagónico en la operación de encubrimiento que diseñó Alberto Fujimori para esfumar las aproximadamente 70 maletas con evidencia incriminatoria de la casa de Montesinos. José Tantaleán Alatrista entonces también era el edecán del presidente Fujimori, al mismo tiempo que Francisco Calisto Giampietri. Durante el proceso judicial por este caso, quedó en evidencia que Calisto y Tantaleán actuaron como operadores de Alberto Fujimori. Más de un cuarto de siglo después, han reaparecido a las órdenes de Keiko Fujimori.

Según lo declarado por el propio José Tantaleán, el expresidente Fujimori le informó de la operación encubierta a las 10 de la noche del 6 de noviembre del 2000. La acción se cumpliría en las primeras horas del 7 de noviembre. Y el objetivo era la captura de Vladimiro Montesinos, quien, luego de un breve exilio arreglado en Panamá, regresó al Perú clandestinamente para intentar un golpe de Estado. Por tratarse del edecán presidencial más antiguo y mantener una relación de amistad, Fujimori designó a José Tantaleán como responsable de la operación, y este delegó su ejecución al entonces capitán de fragata AP Francisco Calisto Giampietri, el segundo edecán, otro amigo de la familia Fujimori.

El grupo que intervino los departamentos 501 y 1201 de Montesinos, ubicados en la avenida Javier Prado Oeste 1995, en San Isidro, contaba con un falso fiscal, nombrado por el propio Alberto Fujimori: el entonces director de Asesoría Jurídica de la Casa Militar, teniente coronel EP Manuel Ubillús Tolentino. Todos los implicados lo sabían.

En el proceso judicial, ni Calisto ni Tantaleán negaron el papel que desempeñaron el día del falso operativo en los departamentos de Montesinos. Incluso Fujimori estaba al tanto de la evolución de los hechos porque, según Tantaleán, hablaba con él cada cinco minutos para conocer lo que hacían sus edecanes, incluido Francisco Calisto.

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Por 'órdenes superiores'

En el departamento 1201 residía la esposa de Montesinos, Trinidad Becerra Ramírez, a quien se le mostró un falso documento de allanamiento. Al no encontrar lo que buscaban, el equipo se trasladó al departamento 501. La puerta fue violentada por Francisco Calisto por disposición de Fujimori. En ese lugar se encontraron las maletas y cajas con la evidencia incriminatoria, además de joyas y otros objetos personales del exasesor.

Conforme al expediente del caso, los edecanes presidenciales Calisto y Tantaleán testificaron que el 8 de noviembre del 2000 transportaron las maletas y cajas al Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao. Y que en el establecimiento castrense le entregaron todo personalmente a Alberto Fujimori, quien estaba en el lugar con su cuñado Víctor Aritomi. Este tuvo el encargo de llevarse a Tokio los presuntos 'vladivideos' que registraban las actividades criminales de Montesinos con conocimiento y aprobación del propio Fujimori.

Al día siguiente, el 9 de noviembre del 2000, el expresidente montó una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno para exhibir solo tres maletas, joyas y relojes de lujo de Montesinos. Luego, el 13 de noviembre, huyó a Japón.

Por estos hechos, el 11 de diciembre de 2007, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema sentenció a Alberto Fujimori a 6 años de prisión por los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y encubrimiento real. Fue el primer fallo histórico porque Fujimori se acogió a la terminación anticipada y admitió las imputaciones. Francisco Calisto Giampietri y José Tantaleán Alatrista arguyeron ante las autoridades que se limitaron a cumplir con las 'órdenes' de Fujimori, pese a que sabían del nombramiento del falso fiscal y que se trataba de una operación ilegal. Calisto dio su versión a La República (ver nota aparte), mientras que Tantaleán no respondió.

El 12 de enero de 2005, Francisco Calisto y José Tantaleán fueron condenados a cuatro años de prisión suspendida por delitos contra la libertad, allanamiento ilegal, contra la administración de justicia, encubrimiento real y usurpación de autoridad, títulos y honores. Pero el 12 de octubre de 2006 fueron absueltos por la Primera Sala Penal, presidida por el cuestionado exjuez supremo Robinson Gonzáles Campos. Más de 25 años después, Calisto y Tantaleán, los 'operadores' del expresidente Alberto Fujimori, regresan empoderados de la mano de Keiko Fujimori.

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'Fueron órdenes expresas del expresidente Fujimori'

El senador electo Francisco Calisto Giampietri recordó que el allanamiento fue una disposición de Alberto Fujimori, en noviembre del 2000.

“Fueron órdenes expresas del ex presidente Fujimori que se cumplieron y por esos hechos la fiscalia nos denunció por varios delitos que finalmente quedaron archivados”, señaló Francisco Calisto.

“Fui sometido junto con mis compañeros (los otros edecanes), a una investigación por la justicia y afronté ese proceso con absoluto respeto por las instituciones y el estado de derecho. Al final, la Corte Suprema me absolvió, ordenó el archivamiento definitivo del proceso y dispuso la anulación de los actuados y de cualquier antecedente generado con relación a ese caso”, apuntó.

La demanda la interpuso el abogado del exmandatario, Walter Ayala, y la dirigió contra cuatro entidades: el Despacho Presidencial, el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Gerencia General del Ministerio Público.

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Dentro de esos emplazamientos, la resolución identifica de forma puntual al presidente José María Balcázar Zelada, al ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Enrique Jiménez Borra, al presidente del Congreso, a los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al juez Juan Carlos Checkley Soria del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y al fiscal de la Nación.

El juzgado admitió la demanda sin posibilidad de rechazarla de plano. La propia resolución cita el artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional, que prohíbe el rechazo liminar en procesos de habeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. Esa regla obliga a cualquier juzgado constitucional a dar curso a este tipo de demandas y a correr traslado a la parte demandada, sin adelantar opinión sobre si el pedido prosperará.

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Los siete puntos que pide anular la defensa

La demanda de Ayala contiene siete pedidos concretos. El primero es la libertad inmediata del favorecido, al considerar que permanece detenido de forma arbitraria. El segundo apunta contra la vacancia presidencial contra Castillo el 7 de diciembre de 2022.

El tercer pedido busca dejar sin efecto la Resolución N° 002-2022-2023-CR, del 12 de diciembre de 2022, que levantó el fuero o antejuicio político, por, según la demanda, no haber seguido el procedimiento constitucional establecido por ley. El cuarto pedido va contra la Resolución Judicial N° 03, del 15 de diciembre de 2022, dictada en el Expediente N° 00039-2022-4-5001-JS-PE, que impuso 18 meses de prisión preventiva, junto con la resolución de la Sala Penal Permanente que la confirmó el 28 de diciembre de ese año mediante el auto de apelación N° 256-2022.

El quinto punto pide anular la ampliación de la prisión preventiva a 36 meses, más la resolución confirmatoria del Recurso de Apelación N° 068-2023, del 31 de marzo de 2023. El sexto pedido engloba toda resolución que haya prolongado la privación de libertad, incluida la del 27 de febrero de 2024, que prolongó la medida por 12 meses adicionales, la del 5 de julio de 2024, que la amplió otra vez, y la sentencia de primera instancia del 4 de diciembre de 2025, que condenó al expresidente por el delito de conspiración para la rebelión. El séptimo pedido solicita la reposición de las cosas a su estado anterior y una investigación contra los responsables de las presuntas violaciones a sus derechos.

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Los fundamentos que sostienen la demanda

La resolución resume los argumentos fácticos que la defensa de Pedro Castillo expuso. Sostiene que el expresidente fue detenido por su propia escolta policial cuando se dirigía a la embajada de México, sin orden judicial ni flagrancia, y que la orden habría partido de una llamada telefónica de un superior policial, no de un mandato judicial.

Sobre el antejuicio político, la demanda cuestiona que la detención ocurrió el 7 de diciembre de 2022, cinco días antes de que el Congreso levantara la inmunidad mediante la Resolución N° 002-2022-2023-CR. Alega además que ese procedimiento no cumplió el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que exige notificación al acusado, defensa con abogado de su elección y plazos formales.

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Sobre la tipicidad del delito, invoca el artículo 346 del Código Penal, que exige un alzamiento en armas para configurar rebelión, y afirma que el mensaje presidencial del 7 de diciembre fue una proclama política sin coordinación con las Fuerzas Armadas.

La demanda también cuestiona el número de votos con que se aprobó la vacancia: señala que se alcanzaron 101 votos y no los 104 que exige la Constitución, equivalentes a cuatro quintos del número legal de congresistas. A esto suma el reclamo de que la prisión preventiva se basó en criterios genéricos y no en un peligro procesal individualizado, y que la defensa no contó con tiempo ni medios suficientes durante el proceso de vacancia ni en la audiencia del 15 de diciembre de 2022, donde se le designó un defensor público sin su consentimiento.

Todo el petitorio se apoya en el informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobada el 14 de noviembre de 2025. Según la demanda, ese organismo calificó la privación de libertad como arbitraria bajo dos categorías: la I, por falta de base legal, y la III, por violación al debido proceso, con referencia a los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El grupo, siempre según lo citado en la demanda, pidió al Estado peruano su liberación inmediata, una indemnización y una investigación independiente sobre lo ocurrido.

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Qué ordena la resolución y qué sigue

La parte resolutiva dispone correr traslado a cinco procuradurías: la Procuraduría General del Estado, la del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la del Congreso de la República, la del Poder Judicial y la del Ministerio Público. El artículo 5 del Nuevo Código Procesal Constitucional exige emplazar al procurador correspondiente como representante procesal de los funcionarios demandados.

Cada procuraduría tiene un plazo de tres días calendario, contados desde la notificación, para presentar sus descargos y sustentarlos con la documentación que considere pertinente. La resolución advierte que, si no cumplen ese plazo, el juzgado emitirá pronunciamiento con lo que ya obre en el expediente.

Vencido ese término, y sin necesidad de audiencia, la jueza Osorio Sosa quedará en condiciones de resolver el fondo del pedido: si declara fundada la demanda, se ordenaría la libertad de Castillo y la nulidad de las resoluciones cuestionadas; si la declara infundada, el expresidente continuará su proceso judicial en los términos actuales.

Durante una conferencia de prensa, Sánchez rechazó la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) sobre el informe de la ONU, que declaró ilegal y arbitraria la detención de Pedro Castillo.

Desde la Cancillería se señaló que el pronunciamiento de las Naciones Unidas no representa una sentencia internacional ni tiene carácter obligatorio. Por ello, el ministerio remarcó que este tipo de informes "no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno y, por tanto, no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes".

Asimismo, la institución precisó que dicho Grupo de Trabajo no es un tribunal, sino una herramienta de supervisión pensada únicamente para fomentar la cooperación y el diálogo en derechos humanos.

Cuestionamientos a la Cancillería

Tras este pronunciamiento, el líder de Juntos por el Perú rechazó que no se tome en cuenta el informe de la ONU, el cual concluyó que la prisión del expresidente Castillo carece de sustento legal y en el que también se solicita su liberación inmediata, una reparación económica y que se investigue a los responsables de este arresto arbitrario.

Sánchez criticó al gobierno y a la Cancillería por intentar restar importancia a este fallo. Según el líder de Juntos por el Perú, las autoridades retrasaron la publicación del documento —fechado el 4 de junio— para evitar que influyera en el escenario electoral.

Además de acusar al sector de actuar con "sesgo" por presuntamente responder a intereses de partidos de oposición, Sánchez le recordó al ministro Carlos Pareja que la política exterior del país es dirigida por el presidente de la República, por lo que actuar en sentido contrario transgrede la Constitución.

“Denunciamos esta acción porque obra por odio político, por persecución política, por lo tanto, para nosotros, incurriría en una arbitrariedad más”, advirtió.

Una justicia sin autonomía

Roberto Sánchez también sostuvo que en el Perú la justicia ha perdido su independencia. Aseguró que instituciones como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación han sido copadas por la mayoría del Parlamento.

“Este conjunto de hechos nos a dos conclusiones. El pueblo que obra en función de los derechos humanos, la legalidad, los acuerdos internacionales, porque en el Perú, la justicia ya no es autónoma independiente. Se ha copado la JNJ, el TC, la Fiscalía de la Nación y otros poderes”, indicó.

Además, el excandidato presidencial solicitó que el Estado peruano actúe con soberanía y respete de forma irrestricta los tratados internacionales que el país ha firmado en materia de derechos humanos, dando cumplimiento a lo solicitado por la ONU.

En la resolución oficial, el despacho ordenó “disponer que la División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (DIVINHOM) continúe con el desarrollo de la presente investigación preliminar”.

Esta medida anula las decisiones fiscales previas que ordenaban que los interrogatorios a los testigos y la reconstrucción de los hechos ocurrieran directamente en los despachos del Ministerio Público.

A partir de este cambio, la unidad especializada de la PNP cuenta con un plazo de 45 días calendario para tomar las declaraciones de los implicados, una lista que incluye a los suboficiales de la comisaría de Manchay Christian Chávez Venegas, Cristian Cáceres Gutiérrez y Diego Gálvez Quispe.

La disposición de la Fiscalía responde a la aplicación de la Ley N.° 32130, una norma que aprobó el Congreso y que modificó el Código Procesal Penal.

Este cambio devuelve a la institución policial la facultad de conducir la investigación sobre el caso, lo que reduce el rol fiscal a un simple acompañamiento jurídico y les resta autonomía a los fiscales para dirigir las investigaciones desde sus propias sedes.

Una reforma que colisiona con los tratados internacionales

En diálogo con La República, Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos, señaló que el traslado de la investigación preliminar a manos de la Policía Nacional, por mandato de la Ley N.° 32130, debilita la búsqueda de la verdad.

Rivera advierte que la Policía Nacional ya había emitido pronunciamientos públicos institucionales sin evidencias, donde aseguraban que la causa de muerte fue un suicidio. Por ello, considera improbable que la División de Homicidios logre un accionar independiente cuando sus propios jefes y el comandante general ya fijaron una postura que no concuerda con lo que indica el certificado médico, el cual señala que la víctima registraba múltiples moretones y ‘lesiones traumáticas’.

“Es una situación improbable que la policía, la División de Homicidios me refiero, tenga un accionar independiente cuando el comandante general de la policía ha dado una versión de los hechos, y cuando la propia policía a nivel institucional ha emitido un pronunciamiento público que dice que el muchacho se suicidó", advierte Rivera.

El especialista detalla que la reforma del Parlamento choca de forma directa con el Protocolo de Minnesota, un tratado internacional de las Naciones Unidas que establece los estándares mínimos para investigar muertes bajo custodia del Estado.

"El Protocolo de Minnesota señala que bajo ninguna circunstancia un crimen cometido por policías debe terminar siendo investigado por sus compañeros de armas. Aquí, por lo tanto, estamos ante un caso en el que la fiscal, sabiendo perfectamente que la investigación ya está siendo malograda por la policía, no solamente toma esa decisión, sino que lo hace en contra de normas de derecho internacional", sostiene el abogado.

Rivera alerta, además, que esto no es un hecho aislado, sino que se está convirtiendo en el estándar de impunidad. El año pasado ocurrió un escenario idéntico con el homicidio del rapero ‘Truko’ y de su amigo Daniel Ríos, quien resultó herido de bala. En aquella ocasión, la Fiscalía también derivó las pesquisas a la interna policial. Hasta la fecha, los agentes no registran avances.

El abogado atribuye esta postura fiscal al temor y al acoso político actual, ya que los magistrados evitan realizar un control de convencionalidad por miedo a recibir denuncias ante la Junta Nacional de Justicia.

"La entrega de investigaciones de crímenes graves o homicidios o intentos de homicidios a la policía a pesar de que son casos de violaciones a derechos humanos, y el resultado es que la policía no va a hacer absolutamente nada. Ese va a ser el estándar", concluye Rivera.

"Se ha legislado para legalizar la impunidad"

Por su parte, la secretaria adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona, rechazó la decisión fiscal y advirtió sobre el conflicto de intereses que envuelve al caso.

Pariona calificó de inaceptable que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos delegue las funciones a la misma entidad cuyos agentes están bajo sospecha, vulnerando el deber de protección hacia un menor de edad. Asimismo, alertó sobre una presunta intención de forzar el marco legal vigente para asegurar que las denuncias contra personal castrense pasen a ser archivadas.

"Aquí se ha legislado para legalizar la impunidad, no solamente de hechos del pasado, sino también de hechos muy recientes, como la del caso de Manchay. Delegar estas diligencias a la propia institución cuyos miembros policiales están involucrados puede afectar sobremanera esta imparcialidad y debilita la confianza de las víctimas", denunció Pariona.

La representante de la CNDDHH coincidió en que la entrega de la investigación preliminar a la institución policial interfiere con las directrices del Protocolo de Minnesota, el cual exige independencia absoluta cuando ocurren decesos bajo custodia del Estado.

Además, sostuvo que los indicios médicos aportados por el legista y los testimonios de los padres apuntan a una posible violación de derechos humanos, por lo que la neutralidad queda anulada desde el inicio si la PNP actúa como juez y parte.

"No debería ser la misma entidad la que se autoinvestigue. La Fiscalía de Derechos Humanos termina derivando el caso a la dependencia policial cuando es la que debería asumir, la que tiene la especialidad y todo el marco normativo nacional e internacional. Aquí ya no hay una posición imparcial ni neutral. Aquí hay una posición para favorecer a quienes han incurrido presuntamente en un delito".

Pariona también sostuvo que el retroceso fiscal responde a la crisis de persecución a jueces y fiscales. Explicó que el hostigamiento político y el riesgo de censura generan temor entre los magistrados, quienes prefieren evitar la aplicación del control de convencionalidad por miedo a comprometer sus carreras judiciales. Por ende, este tipo de medidas dejan desprotegidas a las familias, quienes también se vuelven víctimas de la cuestionable justicia peruana.

"Lo que están enfrentando los familiares es una múltiple victimización, porque primero le asesinan a su hijo, pero también están siendo víctimas de todo este marco legal para la impunidad y de un abuso de poder. Quienes tienen el poder hoy son ellos mismos que van a autoinvestigar", concluyó la activista.

El retorno a la exclusividad fiscal

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señaló que está en desacuerdo con la norma del Congreso que deriva la investigación preliminar a la PNP, ya que reduce las garantías de neutralidad en las pesquisas.

"Yo soy partidario de que las investigaciones las lleve a cabo la fiscalía y no la policía. Con esta nueva ley ese control se ha mediatizado. Digamos que con toda legitimidad uno puede dudar de la imparcialidad", indicó Pedraza para La República.

El exministro detalló que el escenario ideal exige que el Ministerio Público mantenga el control legal y la fiscalización directa de las pesquisas, una garantía de neutralidad que hoy se encuentra debilitada por la reforma. Por ello, sostiene que en el futuro se debe corregir el rumbo normativo y devolverle al despacho fiscal la facultad del control de la investigación.

"Yo espero que más adelante no se introduzcan más excepciones, sino más bien se vuelva al esquema anterior de que las investigaciones las debía de llevar a cabo la fiscalía, y en todo caso, dependiendo de la complejidad, una investigación podía hacerse en ámbito de fiscalía o en ámbito de la policía, pero a decisión de la fiscalía. Creo que eso es lo más sano, lo más razonable", recalca el exministro.

El exministro también advirtió que la reforma obligó a trasladar miles de carpetas de investigación preliminar desde el Ministerio Público hacia las dependencias policiales. Sin embargo, este traspaso ocurrió sin aumentar el número de efectivos, sin dotar de presupuesto para computadoras, escritorios o logística adicional, lo que genera un retraso en los plazos de todos los casos a nivel nacional.

"Lo que ha pasado en los últimos meses es un atoro total, la Policía no puede manejar ni avanzar adecuadamente esas investigaciones por un tema de volumen. La Policía la tuvo que recibir sin que haya sido favorecida con incremento de personal o de equipos, y eso causa un retraso en las investigaciones preliminares", advierte el exministro.

Caso Manchay

El caso de Manchay inició a mediados de junio, cuando personal de serenazgo retuvo a un adolescente de 17 años y lo entregó a la policía. Los efectivos de la comisaría de Manchay lo retuvieron en los calabozos de la dependencia, en el distrito de Pachacámac. Horas después, el menor fue hallado muerto dentro de la celda.

La versión policial indicó de inmediato que se trató de un suicidio y detalló que el muchacho se colgó en los servicios higiénicos con un hilo extraído de su propia capucha. Sin embargo, la necropsia de Medicina Legal contradice esta postura oficial. El examen médico determinó que el cuerpo de la víctima presentaba diversos moretones (equimosis) en distintas partes antes de su fallecimiento, lo que desató las sospechas de la familia sobre presuntos maltratos físicos y extorsión dentro de la carceleta.

Las actas fiscales a las que La República tuvo acceso revelaron la cronología previa al deceso. Durante el domingo 14 de junio, la fiscal Micaela Guzmán Machado coordinó de forma virtual las diligencias por presunto hurto agravado y violación de domicilio.

A las 19:50 horas, el suboficial Diego Gálvez Quispe informó que el suboficial Camarena se haría cargo de la declaración del menor. Los padres de la víctima acudieron a la comisaría y recibieron un tiempo prudencial por parte del personal para dialogar con su hijo en la llamada "sala de meditación".

El desenlace fatal ocurrió a las 22:14 horas, cuando el padre del menor alertó al encargado del calabozo que no veía a su hijo desde las rejas. El policía ingresó al baño y encontró al adolescente colgado. Aunque el alférez Kelsey Gamarra Sipan y el teniente Agustín Vilcamich trasladaron al joven a la posta médica Portada 1 de Manchay con supuestos signos de vida, la doctora de turno diagnosticó que el menor llegó sin signos vitales.

Actualmente, debido a la ley del Parlamento, la misma institución policial que lo custodió tiene el control para esclarecer si fue un homicidio o un suicidio.

José Huanchi habría recibido golpes reiterados en la cabeza, el rostro y el estómago al momento de su captura, según la reconstrucción de los hechos que maneja el Ministerio Público. La familia sostiene que la violencia con la que fue reducido explica su muerte. La versión policial, en cambio, indica que el joven se autolesionó dentro del patrullero, al golpearse la cabeza contra la ventana hasta convulsionar. Ambas versiones son parte de la investigación fiscal en curso.

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Los señalados como presuntos responsables son los suboficiales Wimer Choquehuanca, Stewart Flores, Brayan Cáceres y Alex Cruz. Todos pertenecen a la comisaría de Santa Bárbara y participaron en el operativo de detención del joven. El requerimiento fiscal busca asegurar su presencia durante el proceso, ante el riesgo de que puedan entorpecer las diligencias o evadir la justicia mientras se esclarece lo ocurrido.

Este no es el único caso de presunta violencia policial que enfrenta la región. Días atrás, un abogado denunció haber sido agredido dentro de una comisaría puneña tras acudir a presentar una denuncia.

Hace más de dos años, cuando propusieron la llamada ‘ley anticine’ en el Congreso, me decías que no habría películas como Mujer de soldado. ¿El escenario actual es más complicado de lo que imaginabas?

Sí, la situación ha empeorado porque no creo que este gobierno derogue la ley de cine aprobada. No muchos cineastas se han podido presentar al concurso de estímulos de DAFO porque ahora te están pidiendo el 30% del aporte propio. Es complicadísimo para todos, sobre todo en el caso del cine regional y el documental, porque no entran en un circuito comercial. Como documentalistas, no podemos pensar en tener ganancias; esa palabra no existe. Entonces, ¿cómo recuperamos ese 30%? Hay un proyecto que presentó Susel Paredes, pero no fue discutido. Ahí se considera que el otorgamiento de estímulos debe ser del 100%, como con la ley anterior. En el caso del cine regional es peor, porque recortan el monto que daban al 50%.

Cuando el Congreso impulsa leyes como la que traslada los casos de policías y militares al fuero militar-policial, ¿un cineasta se animaría a postular con temas de denuncia?

Hay una censura implícita a ese tipo de temas. Está dentro de la ley, no se dice abiertamente, pero está contenida, y cuando se habla de defensa nacional, de seguridad nacional, y se usan ese tipo de términos dentro de la ley, afecta, sobre todo, al documental que toca temas muy controversiales. Tampoco creo que vayan a derogar la ley del Colegio de Artistas. Esa ley es un absurdo.

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Algunos creen que la censura podría darse por ese lado si les solicitan eso como requisito. ¿Podría suceder?

Sí. A mí lo que me genera esta ley es una serie de preguntas: ¿qué intereses hay detrás?, ¿por qué se busca colegiar a los artistas? Lo primero que se me viene a la mente es limitar y censurar. Yo supongo que tiene que ver con restringir el acceso de algunos artistas a los fondos públicos. Lo definiría como un texto estalinista, a pesar de que ya esto suena desfasado, pero es una categoría de artistas que ha estudiado solo en la universidad o en institutos. Es como una élite que se crea y que quizás, esa sea la que sí puede acceder a los estímulos públicos y se deja de lado al artista autodidacta.

Los documentalistas son comunicadores, sociólogos, etcétera, pero la mayoría no es bachiller en Arte.

Por supuesto. Entonces, ¿por qué se da terminando un gobierno? En segundo lugar, es un freno a la libertad de creación, choca con la esencia del arte y las consecuencias pueden ser tremendas también. Si juntas estas dos leyes (de cine y el Colegio de Artistas) son dos bombas de tiempo para la cultura. ¿A dónde va el arte en el Perú? ¿Hacia la extinción? Cuando ves quiénes las promulgaron, te das cuenta de que hay una orientación clarísima, además, está de acuerdo con todo lo que estamos viviendo a nivel regional. Lo mismo pasa en Argentina.

Es imposible no mencionar la fotografía de Keiko Fujimori con el actor y productor Eduardo Verástegui, quien quiso ser candidato en México y tiene un discurso conservador. ¿Qué opinión tienes?

La vi. Es terrible. Y no sabemos cuál será la posición del próximo ministro de Cultura frente a estas dos leyes. Está todo junto, es un paquete. ¿Si podemos enfrentar una batalla cultural? Yo veo que no hay la fuerza para enfrentar. Todo el mundo está ahora en shock, no hay una respuesta en este momento, más bien todos son ataques. Se necesitan muchos gremios fuertes y cada uno está en lo suyo en este momento. No veo una cohesión en torno a una respuesta más política que se necesitaría.

El “divide y vencerás” al sector.

Eso es lo que ha pasado en gran parte. Con la Film Commission (para promover producciones internacionales en Perú) ha habido una cosa ahí: ‘A estos les entrego esto por acá’. Entonces, a ellos ya no les interesa lo que pase con los otros, eso es lo que ha pasado. Que no te sorprenda que en los próximos meses haya gente que ya se empiece a colegiar, porque de alguna manera piensa que le va a convenir, cuando la posición debería ser: nadie se colegie.

Como documentalista, ¿este escenario es parecido a los años 90 o peor?

Yo creo que nunca hemos estado en una situación así porque, por lo menos, teníamos leyes que estimulaban, por eso es que se han podido hacer 600 películas a lo largo de una década. Desde el 2000 en adelante ya había una incipiente industria que estaba comenzando, pero ahora este es un golpe que todavía no vemos. En los próximos años se va a ver la disminución de la producción de cine nacional, sobre todo la de cine documental y cine regional.

Mujer de soldado acompaña una sentencia histórica como fue el caso de Manta y Vilca. A pesar del heroísmo de estas mujeres, ahora hay un revés, ¿no?

Sus violadores van a estar libres. Con las últimas leyes que han salido, ya estos señores están libres; no pasó nada. Es una cosa espantosa, ¡imagínate! Después de tanto esfuerzo, tanto dolor y sufrimiento en los juicios. Es terrible porque ya estaban sentenciados.

Y con tu último documental El Huaro, ganaste un premio en Argentina. ¿Tienes un proyecto en mente?

Teníamos uno, pero lo presentamos dos veces (a DAFO) y no salió. Pero no sé cómo podría poner 30% de aportes propios, no soy empresaria, no tengo capital de inversión. Además, estamos en un momento oscuro y ganar un premio internacional ya no implica nada. Estamos en modo sobrevivir, así tan grave como eso.

Hay pedidos para derogar otras leyes.

Claro, primero tienen que derogar las leyes procrimen y las leyes de amnistía a militares y policías, ¿no? Porque es dejarles la cancha libre para que hagan lo que quieran. Que torturen, que violen y que maten. Entonces, cuando hay que luchar por estas causas, la cultura va a estar relegada a la última fila. Quizás al final del periodo se acuerden de que existe una ley que está matando el cine nacional.

Mientras tanto, ¿la cultura se queda sin ‘altavoces’?

Sí, por eso, ahora va a haber silencio. Más bien, van a salir ese tipo de películas como las que ya están saliendo.

¿La Cantuta y Chavín de Huántar?

Claro, esas quizás los militares sí las van a ver y van a ver que el cine es importante para difundir sus ideas. Ya lo están haciendo. ❖

“Esta ley es polarización y mercantilismo”

La Ley N.° 32645, promulgada por insistencia por el Congreso de la República, crea oficialmente el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) e integra solo a quienes tengan el título profesional en Arte o en Educación Artística.

“Yo hice un taller con Alberto Ísola de un año y esa es mi formación teatral. Aprendí de mi maestro y luego entré a la universidad a estudiar Literatura”, nos comenta el actor y director David Carrillo, quien dirige el Teatro Racional.

Para él, esta ley golpea al teatro peruano, que aún no se recupera del cierre de salas por la pandemia. “Incluso, los que tenemos privilegios no nos recuperamos del todo. No entiendo esta reacción del Estado de ponerle el ojo a las artes, en general”.

Además, considera que esta ley también hará que algunos vuelvan a las aulas solo para colegiarse. “Esa gente que apostó por el negocio de la educación con sus universidades ‘bambas’, seguro dice: ‘Van a querer estudiar como sea’. No les importa la calidad. Esta ley es polarización y mercantilismo”.

• Los artistas escénicos, en general, han rechazado la creación del Colegio de Artistas. “Nos parece que se pretende regular contenidos. Esta ley invalida la condición profesional a muchísimos artistas. ¿Dónde queda el arte shipibo-konibo? ¿El arte andino?”, declaró a La República Mónica Sánchez.

Además, adelantó que realizarán modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal.

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Tanto el rastrillaje como la modificación en el Código Penal son tan solo dos de las propuestas que Fujimori mencionó durante la referida entrevista. Adicionalmente, precisó que planean “compartir información de inteligencia en Sudamérica y se implementarán juzgados de flagrancia en todo el país, donde el ratio de sentencia llega al 85-90%”.

Blindaje a la PNP y FF. AA.

De aplicarse, el rastrillaje articulado entre las FF. AA. y la Policía se ejecutará, en caso de que sea promulgada, con el blindaje de la norma que ordena que el cuerpo policial y militar sea investigado en sus respectivos fueros, dejando de lado la justicia ordinaria.

En conversación con La República, el abogado Carlos Rivera, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL), alertó sobre el impacto del proyecto de ley: “La redacción de la modificatoria señala que el delito de función comprende toda conducta ilícita por acción u omisión. En realidad, se les está otorgando una amplitud que excede los límites establecidos para tipificar un hecho delictivo como delito de función. El objetivo es abarcar la mayor cantidad posible de hechos delictivos que, técnicamente, hoy no son considerados delitos de función, pero que a partir de esta norma podrían recibir esa denominación”.

Por otro lado, respecto a las posibles modificaciones al Código Procesal Penal, la última que se hizo fue mediante el Decreto Legislativo 1735 y el Decreto Legislativo 1708, que amplían los plazos de detención (hasta 15 días en crimen organizado) y autorizan el levantamiento del secreto de las comunicaciones en delitos de extorsión en menos de 24 horas.

Referencias de Trump, Bukele y Noboa

Sumado a ello, tomando como referencia los gobiernos de Donald Trump, Nayib Bukele y Daniel Noboa, Fujimori sumó algunas propuestas más.

Una de ellas es ser parte del Escudo de las Américas, una alianza regional de seguridad impulsada por el gobierno de Trump, orientada a combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la migración irregular.

A su vez, añadió que se permitirá el apoyo de EE. UU. “hasta donde la Constitución y la ley de nuestro país lo permitan”.

Tomando como ejemplo a Bukele, comunicó que proyectan la construcción de “al menos cuatro cárceles grandes y una cárcel para los criminales más avezados y peligrosos”. Para esto, convocarán a licitaciones internacionales. “En El Salvador se construyeron en ocho meses, acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido. Es algo en lo que vamos a pedir colaboración para que los países con mayor experiencia puedan ayudarnos”, dijo.

No basta con ‘bukelizar’ la seguridad, sino contextualizar las estrategias

Al respecto, el internacionalista y docente de la PUCP Ramiro Escobar coincide en que Fujimori deberá evaluar si las estrategias de Noboa han tenido resultados, pues la criminalidad sigue "disparada" en Ecuador.

"La política de mano dura, de militarizar las cárceles o, de alguna manera, ‘bukelizar’ las políticas contra la criminalidad en Ecuador y en cualquier otro país no resultaría factible en Perú por una razón fundamental y es que cada país tiene una situación distinta", manifestó a La República.

Mencionó que en el caso de El Salvador se trata de un país pequeño que, principalmente, se enfrenta a Las Maras. En cambio, en Ecuador y en Perú la criminalidad tiene varias expresiones: el narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas, por lo que "trasplantar" una experiencia como la de Bukele al Perú o al Ecuador sería un "desacierto, una falta de información y entendimiento".

Lo que sí tendría sentido, sostuvo, sería establecer una cooperación fronteriza con Ecuador porque, en algunos casos, ambos países tienen la presencia de las mismas redes criminales.

Entre las normas con mayor costo se encuentran el incremento de pensiones para el personal militar y policial, con S/14.851 millones, y la bonificación especial por preparación de clases para maestros, que exige S/40.561 millones. Los 20 congresistas de la bancada votaron a favor de ambas leyes pese a que el Consejo Fiscal advirtió que no existía respaldo financiero claro para cubrirlas a mediano plazo.

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Diez de los congresistas que respaldaron estas normas fueron reelegidos para el nuevo Congreso bicameral. Entre ellos están Patricia Juárez, Martha Moyano y Alejandro Aguinaga, quienes ahora ocuparán un escaño en el Senado. Los 10 votaron a favor de 35 de las 36 leyes observadas, según el conteo de OjoPúblico.

El debate sobre el gasto legislativo tomó un nuevo giro esta semana. El Tribunal Constitucional (TC) le quitó al Congreso la capacidad de promover leyes que generen gasto público sin coordinación previa con el MEF. La decisión revierte el criterio que el propio tribunal fijó en 2022, cuando abrió la puerta para que los parlamentarios aprobaran este tipo de iniciativas.

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Las leyes que más comprometen el presupuesto

La Ley 3234, conocida como Ley Chlimper 2.0, amplía por 10 años los beneficios tributarios de las grandes empresas agroexportadoras. Esa exoneración le costará al fisco S/1.888 millones cada año, de acuerdo con cifras del MEF. Fuerza Popular votó a favor de su aprobación.

Otra norma cuestionada es la Ley 31556, que redujo el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) para restaurantes y hoteles. Entre 2022 y 2024, esta ley le hizo perder al Estado más de S/1.409 millones en recaudación, según un informe previo de OjoPúblico.

Solo entre el 5 y el 19 de marzo de este año, en plena campaña electoral, los congresistas fujimoristas votaron ocho leyes adicionales con impacto fiscal. Cuatro de ellas —entre pensiones militares, CTS para trabajadores CAS y bonificaciones para veteranos— suman un costo de más de S/18.000 millones, según un reporte del Consejo Fiscal publicado el 26 de marzo.

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El giro del Tribunal Constitucional

El fallo del TC nació de una demanda de inconstitucionalidad que el Poder Ejecutivo de Dina Boluarte presentó en 2023 contra la Ley 31232. Esa norma declaraba en emergencia la reubicación de pobladores de la zona baja de Belén, en Loreto, y obligaba al Ministerio de Vivienda a construir casas y ejecutar obras sin que existiera presupuesto asignado para eso. La demanda quedó pendiente dos años y medio.

El pasado 10 de julio, el tribunal declaró fundada la demanda. A partir de ahora, cualquier proyecto de ley que implique un gasto adicional para el Estado deberá coordinarse con el MEF y señalar de forma expresa cuál será la fuente de financiamiento. La votación quedó en cinco contra dos: los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez respaldaron el cambio, mientras que Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez votaron en contra.

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Pacheco sostuvo que el artículo 79 de la Constitución ya prohibía sin excepciones la iniciativa de gasto de los congresistas, y que el problema real está en que el Ejecutivo no traduce sus políticas públicas en un presupuesto sólido. El fallo aplica hacia adelante, para el próximo Congreso bicameral, y también abre la puerta a que leyes ya vigentes sean cuestionadas por inconstitucionalidad.

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Especialistas señalan que el fallo llega en medio de un "tsunami" fiscal

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, también exministro de Economía y Finanzas, celebró la decisión del TC en declaraciones a La República. Dijo que el fallo mejora las condiciones para un manejo prudente de las finanzas públicas y que, de ahora en adelante, el Parlamento no podrá actuar de manera autónoma en materia de gasto.

Días antes, en entrevista con RPP, ya había advertido sobre un "tsunami" de gastos sin financiamiento que reducirá al mínimo el margen de maniobra del próximo gobierno. En esa misma entrevista cuestionó un crédito suplementario cercano a S/10.000 millones —casi el 1% del PBI— por ser el mayor incremento de gasto público de los últimos años.

El economista Armando Mendoza, uno de los especialistas que consultó OjoPúblico para su investigación sobre las 36 leyes, ya advertía sobre el riesgo de estas normas antes de que se conociera el fallo del TC. Según su lectura, el equilibrio fiscal del país quedó comprometido por normas que generan gasto recurrente —como sueldos y pensiones— que ningún gobierno puede recortar con facilidad sin generar conflictos políticos y legales.

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Las voces que cuestionan la coherencia del TC

La congresista Ruth Luque publicó en su cuenta de X que el tribunal validó la iniciativa de gasto del Congreso cuando el fujimorismo concentraba su poder en el Parlamento, y que ahora que ese poder pasó al Ejecutivo, el mismo TC sostiene el criterio contrario. Para Luque, la regla no responde a una lectura estable de la Constitución sino a la conveniencia política del momento.

El economista Pedro Francke, también en X, fue más allá en su cuestionamiento. Recordó que el mismo tribunal le dio la potestad de gasto al Congreso en 2022, cuando el fujimorismo tenía mayoría parlamentaria, y advirtió que si en 2031 el fujimorismo pierde la presidencia pero conserva una bancada fuerte en el Congreso, nada impediría que el TC vuelva a cambiar de posición. También anticipó que el Ejecutivo recurrirá a decretos de urgencia y delegaciones legislativas para gastar sin pasar por el Parlamento en lo que resta del año.

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La periodista y abogada Rosa María Palacios cuestionó en una columna de opinión el fondo jurídico del cambio de criterio. Citó el texto del artículo 79 de la Constitución, que establece que "los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto", y sostuvo que la interpretación de 2022 contradecía ese texto sin ambigüedad.

Palacios recordó que el propio equipo económico de Keiko Fujimori advirtió sobre el riesgo del gasto congresal antes de las elecciones. El economista Luis Carranza, uno de sus asesores, repitió en entrevistas que el Congreso no podía seguir el ritmo de aprobaciones sin control. Según la columnista, la candidata retomó ese discurso en campaña recién después de que su propia bancada respaldara buena parte de las leyes que generaron el hueco fiscal.

La columna también vincula el fallo con las iniciativas para exculpar a policías y militares por delitos cometidos en el pasado, y con el recorte al financiamiento para defensa legal gratuita conocido como Ley APCI. Palacios planteó que el nuevo Senado podría usar este viraje del TC como argumento para remover a sus magistrados, aunque para eso necesitaría reunir 40 votos antes de mayo del próximo año, cuando vence el mandato del tribunal actual.

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Lo que le espera al próximo gobierno

Según reveló OjoPúblico, el propio Congreso incrementó sus recursos durante esta gestión. Bajo la presidencia interina de Fernando Rospigliosi, cercano al entorno de Keiko Fujimori, el presupuesto de la institución superó el tope de 0,6% del presupuesto general que la propia reforma constitucional había fijado en 2024. Hoy equivale al 0,7%, una diferencia de S/223 millones.

La misma investigación recoge que Keiko Fujimori pidió durante su campaña que los magistrados del TC —elegidos con apoyo de su bancada— revisen la resolución de 2022 que permitió las leyes de gasto. El fallo reciente coincide con ese pedido, aunque ninguna de las dos investigaciones periodísticas revisadas confirma una relación directa entre ambos hechos.

El abogado constitucionalista Heber Joel Campos, consultado por OjoPúblico, explicó que revertir leyes ya aprobadas solo será posible mediante demandas de inconstitucionalidad, presentadas una por una. Hasta que el TC no las invalide o el Congreso no las derogue, las normas seguirán vigentes. En esa misma nota, el economista Mendoza advirtió que, si el próximo gobierno no corrige el rumbo, el país podría enfrentar una crisis fiscal similar a la de los años ochenta, cuando el Estado dejó de pagar incluso a quienes recaudaban los impuestos.

El último sábado, la medida fue oficializada mediante la Resolución N.° 2013-2026-MP-FN, publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma dispone que Rodríguez Monteza asuma el despacho que ocupa Zoraida Ávalos, quien pasará a dirigir la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal.

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Competencias y blindaje

Entre las competencias del despacho de Víctor Raúl Rodríguez se encuentra investigar los presuntos actos de corrupción cometidos por ministros, congresistas y altos funcionarios del Poder Ejecutivo.

Es decir, los supuestos casos de corrupción que se registren en un eventual futuro gabinete de Keiko Fujimori estarán en manos del referido fiscal supremo.

Si bien Víctor Monteza es allegado al APRA, días atrás la Comisión Permanente que dirige Fernando Rospigliosi lo blindó y mandó al archivo el informe final que recomendaba acusarlo por integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Esta vez, los votos de los congresistas fujimoristas reelectos fueron claves para rechazar la acusación. Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla y Patricia Juárez votaron a favor de Rodríguez Monteza.

También rechazó la acusación Alejandro Muñante, diputado electo por Renovación Popular.

Para el debate de la acusación, Rodríguez Monteza llegó acompañado por el aprista Javier Velásquez Quesquén, quien ejerció su defensa.

La denuncia contra Rodríguez fue presentada ante el Congreso por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ahora será su nueva compañera en la Junta de Fiscales Supremos.

Con ella también tiene un punto en común: un aprista, Jorge del Castillo, es su representante legal.

La Fiscalía Suprema de Rodríguez tendrá en sus manos la investigación contra el periodista Gustavo Gorriti, el fiscal Rafael Vela y José Domingo Pérez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, tras las declaraciones vertidas por Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides.

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, Vela y Pérez son investigados por supuestas maniobras en el caso 'Cócteles' y también por pasar información a Gorriti.

Asimismo, se investiga un presunto acuerdo entre Vela y Gorriti por el caso Odebrecht.

Cambios en la Fiscalía

Tras la designación de Zoraida Ávalos en la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, el fiscal Gilmer Jara Vergara, quien dirigía dicho despacho, fue nombrado en la Primera Fiscalía Suprema en Delitos de Funcionarios.

En tanto, Lourdes Téllez Pérez de Vargas, quien hasta el último martes se desempeñaba en la Fiscalía de Jara Vergara, asumirá funciones en la Primera Fiscalía Superior Nacional de Delitos de Funcionarios.

La resolución de Tomás Gálvez incorpora, además, a César Augusto Zanabria en la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y a Elma Sonia Vergara en la Segunda Fiscalía Superior Penal de Loreto.

JNJ ordenó su regreso tras decisión del TC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenó la reincorporación de Víctor Raúl Rodríguez Monteza al Ministerio Público, tras rehabilitar su título como fiscal supremo titular, que había sido anulado en noviembre del 2021, cuando fue destituido por presuntamente tener vínculos con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En junio último, el Tribunal Constitucional anuló el proceso disciplinario y su destitución al considerar que la JNJ tomó la decisión 24 horas después de vencer el plazo legal del procedimiento.

El colegiado consideró que dichas irregularidades derivaron en una decisión arbitraria de destitución.

"Ninguna. Es el momento para que cada gobierno ponga a las mejores personas. La gestión depende de los ministros y quien los designa es la presidenta", declaró ante la prensa.

Las declaraciones del líder de APP llegaron después del encuentro que mantuvo con Fujimori en su vivienda, como parte de la ronda de reuniones que la presidenta electa sostiene con representantes de distintas organizaciones políticas. Según explicó, la visita tuvo como propósito expresarle sus felicitaciones por el resultado electoral y conversar sobre los retos que enfrentará el próximo gobierno.

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Durante el diálogo con la prensa, Acuña aseguró que el país necesita estabilidad política luego de varios años marcados por la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. En esa línea, pidió que las fuerzas con representación parlamentaria prioricen el diálogo para que el próximo gobierno complete su mandato constitucional.

El también fundador de APP indicó que aprovechó la reunión para trasladar algunas recomendaciones a la presidenta electa. Entre ellas, mencionó la necesidad de mantener una coordinación permanente con alcaldes y gobernadores regionales, a quienes consideró aliados fundamentales para atender las demandas de la población y enfrentar problemas como la inseguridad ciudadana y un eventual fenómeno de El Niño.

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César Acuña pide estabilidad para el próximo gobierno

Acuña también hizo un llamado a las fuerzas políticas para respaldar la gobernabilidad durante el siguiente quinquenio. Consideró que el país necesita dejar atrás los constantes cambios de presidentes registrados en los últimos años.

"Con la presidencia de la señora Keiko debería haber un punto de quiebre. Ya no más muchos presidentes en cinco años. Invoco a todas las fuerzas políticas que hoy están en el Congreso a dialogar y pensar en el país, dejando de lado los intereses personales", manifestó.

Finalmente, expresó su expectativa de que el próximo Ejecutivo complete el periodo constitucional y permita recuperar la estabilidad política. "Me encantaría que este sea un gobierno de cinco años de gobernabilidad y estabilidad, y que al final el gran ganador sea el Perú", concluyó.

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Esposo de la sobrina de César Acuña integra equipo de transferencia de Keiko Fujimori

La visita de César Acuña a Keiko Fujimori también ocurre después de que se conocieran cuestionamientos por la presencia de personas cercanas a César Acuña, Dina Boluarte y otras gestiones anteriores. Uno de los casos es el de Juan Carlos González Hidalgo, esposo de una sobrina del líder de APP, quien actualmente integra el equipo encargado de la transferencia del Ministerio de Salud.

González no es un funcionario ajeno al círculo de Acuña. Fue militante de Alianza para el Progreso, cursó una maestría en la Universidad César Vallejo y ocupó un cargo directivo en la Universidad Señor de Sipán, ambas instituciones vinculadas a la familia del excandidato presidencial. En 2016 dejó el Viceministerio de Políticas Agrarias luego de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara nueve años de prisión en su contra por presuntos hechos ocurridos durante su paso por la Municipalidad de Tumbes. Aunque el proceso terminó archivado, el pedido fiscal quedó registrado.

Su nombre volvió a la atención pública cuando un reportaje de Latina reveló que el gobierno de Dina Boluarte había incorporado a varios allegados de Acuña en puestos de alto nivel. González fue uno de ellos, al asumir la Secretaría General de la Defensoría del Pueblo. Este año, además, se conoció que esa institución aprobó financiar su defensa legal en una investigación fiscal por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, expediente que permanece en trámite.

Esto favorece, sobra decirlo, a quienes están convirtiendo al Perú en un país gobernado por mafias, tanto ilegales como legales, por así decirlo. Todos los avances que habíamos logrado como comunidad nacional han sido progresivamente desmantelados, fomentando un entorno en donde retornan las universidades estafa, la minería ilegal, prolifera el narcotráfico y los extorsionadores que siguen asesinando conductores y cobradores de transporte público que no paguen sus cupos. Añádase el gasto público que se han atribuido los congresistas, generando un despilfarro descomunal del dinero de todos en beneficio de esos indignos representantes.

Cierto, estamos en un compás de espera, durante el cual la flamante presidenta deberá anunciar su gabinete y, el 28 de julio, las medidas que tomará para enfrentar los desafíos mencionados, en gran parte creados o agravados por su bancada y los demás miembros del pacto congresal. No hay, sin embargo, por lo menos en la mitad del país que no votó por ella, expectativas de un cambio de rumbo, ahora que ya logró su objetivo a la cuarta intentona.

Pero, desde el punto de vista de mi profesión, el tedio es un aliado poderoso de los regímenes autocráticos. La resignación que lo acompaña permite avasallar a la población, debilitando el vínculo social. Lo que estos gobiernos valoran es la sumisión, del mismo modo que temen —y por eso reprimen— las manifestaciones de protesta. El mensaje implícito es: dejen todo en nuestras manos, ustedes dedíquense a lo suyo. Esta infantilización de las personas viene aparejada con una orden —implícita— de no pensar. De ahí que requieran el control de todas las organizaciones encargadas de contener y sancionar el abuso de las autoridades. Como todos sabemos, ya lo tienen.

Este es un hecho inédito en nuestra historia. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos obraron en la sombra, con rumas de billetes de por medio, durante buena parte de la década de los noventa, para lograrlo. La hija del dictador se sentará en el sillón presidencial con el trabajo sucio terminado, o casi. No le hará falta la salita del SIN. Esto es lo que Orwell, en '1984', denominó la policía del pensamiento. Es por eso que los magistrados que aún persisten en respetar y hacer valer la Constitución deben ser “barridos”. No barrer la corrupción, sino a quienes pretenden atajarla.

En su 'Libro del desasosiego', el inmenso poeta portugués Fernando Pessoa lo describe así: “Sí, el tedio es eso: la pérdida, por parte del alma, de su capacidad de ilusionarse, la ausencia, en el pensamiento, de la escalera inexistente que le permite subir sólido hasta la verdad”. Este párrafo nos advierte que ese tedio trae aparejada la renuncia a pensar, a la búsqueda de la verdad. De ahí que la proliferación de falsedades y posverdades sea un instrumento de este progresivo desarme de nuestras capacidades mentales.

El deprimente panorama esbozado incluye, sin embargo, su antídoto. Si somos capaces de resistir a esa aplanadora del pensamiento y la verdad, rebelándonos, vinculándonos, simbolizando, pensando, mantendremos viva la esperanza de construir una comunidad nacional más justa y respetuosa de los derechos de todos, sobre todo de quienes piensan diferente. No olvidemos que los resultados electorales indican con claridad que quien ha ganado es, sobre todo, el miedo. La mitad del país, es evidente, no es fujimorista. Ni siquiera las tres cuartas partes, por lo demás.

Pero sí es un grupo enorme de gente asustada por lo que imaginaban sería la inminencia del comunismo, además de la continuación de la inestabilidad que ha caracterizado estos años… debido a la alianza de congresistas de todo pelaje. Hay, entre quienes votaron por ese miedo, un legítimo anhelo de seguridad económica y estabilidad política. Estos grupos de personas están dispuestos a renunciar a sus derechos con tal de sentirse protegidos. Cualquier semejanza con los métodos extorsivos no es coincidencia.

Como siempre ocurre en el Perú cuando las tensiones internas son afiebradas, irrumpen el racismo y el clasismo. Con estos antiguos flagelos de nuestra escindida sociedad, reaparecen los velados fantasmas de excluir a quienes son considerados incapaces de elegir bien. Esas divisiones infectadas serán otro gran reto para el nuevo gobierno. Hasta ahora no han mostrado esa capacidad de escucha y diálogo, indispensable para entender y procurar achicar esas brechas ancestrales, que se vieron reflejadas en los mapas de los resultados electorales. Baste recordar que los votos que le permitieron, finalmente, ganarle al “panetón” fueron, para Keiko Fujimori, los de los peruanos en el extranjero.

El desaliento provocado por este resultado en la mitad del país es lo que Pessoa describía así: “Hay un aislamiento de nosotros en nosotros mismos, pero un aislamiento donde lo que separa está estancado como nosotros mismos, agua sucia rodeando nuestro desentendimiento”. También a ese estancamiento nos enfrentamos.

La recuperación de los restos representa un avance para el esclarecimiento de los hechos y para las familias que durante años esperaron conocer el paradero de sus seres queridos.

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El Ministerio Público señaló que el crimen ocurrió el 12 de septiembre de 1984, cuando un contingente de entre 50 y 60 integrantes de Sendero Luminoso atacó la comunidad de Pillo, ubicada en el distrito de San Miguel, provincia de La Mar, en Ayacucho, como represalia contra las rondas campesinas de la zona.

Las diligencias de recuperación contaron con la participación del Equipo Forense Especializado (EFE) del Ministerio Público. Los trabajos se desarrollaron tras reunir información sobre el desplazamiento de los cuerpos, lo que permitió ubicar los puntos donde se ejecutó la intervención. Además de la exhumación, los especialistas documentaron evidencias que formarán parte de la investigación fiscal.

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¿Quiénes serían las víctimas recuperadas por la Fiscalía?

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, los restos recuperados corresponderían preliminarmente a:

• Lucio Escarza
• Sofía Andía
• Francisco Lázaro
• Genaro Andía
• Rufina Solís

La entidad precisó que, junto con los restos óseos, se encontraron prendas de vestir y otros objetos personales que contribuirán a las pericias de identificación y a la reconstrucción de los hechos.

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¿Cómo ocurrió el ataque de Sendero Luminoso en Pillo?

La Fiscalía indicó que el ataque ocurrió el 12 de septiembre de 1984 en la comunidad de Pillo. Según la investigación, entre 50 y 60 integrantes de Sendero Luminoso irrumpieron en la zona con armas de fuego, granadas y explosivos artesanales.

El Ministerio Público sostiene que la acción fue una represalia contra los pobladores que integraban rondas campesinas y colaboraban con las Fuerzas Armadas en la lucha contra la organización subversiva. El caso forma parte de las investigaciones por hechos ocurridos durante el periodo de violencia que afectó al país entre 1980 y 2000.

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Exhumaciones se realizaron en tres cementerios de Ayacucho

Las labores forenses se concentraron en los cementerios de Pillo, Tarapata y Uras, ubicados en el distrito de San Miguel, provincia de La Mar. El Equipo Forense Especializado ejecutó la recuperación de los restos con el acompañamiento de la fiscalía especializada.

El Ministerio Público explicó que la intervención se sustentó en información recopilada sobre el traslado de los cuerpos tras el ataque. Esa documentación permitió ubicar los lugares de búsqueda y recuperar evidencias relevantes para el proceso de identificación y para el avance de las investigaciones.

Hemos llegado a la inmensa universidad de los señores, desde los cerros y los ríos, desde las chacras y los conos, hemos venido aquí sus sujetos de estudio: los cholos y las cholas, los chunchos, lxs migrantes, cargando las sangres y las historias de nuestros padres y madres, abuelos y abuelas, tildados de analfabetos e ignorantes.

Entramos a esta carrera con muchas dudas, y creo que nos vamos con muchísimas más. Venimos a estudiar al Estado desde lugares donde históricamente nunca ha llegado. Llevábamos cursos sobre regímenes políticos mientras vacaban a 7 presidentes. Asistíamos a conversatorios sobre derechos humanos, mientras se callaban frente al genocidio en Palestina y, mientras aquí se declaraban leyes de amnistía y se archivaban casos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. Leíamos sobre movimientos sociales mientras nuestrxs compañerxs eran reprimidxs en las marchas en el centro de Lima o en las tomas de pista en la puerta principal de esta universidad o, recientemente, en la histórica toma del rectorado, y estamos acá 'celebrando' mientras nuestrxs compañerxs de la Universidad Nacional de Ucayali están siendo violentadxs y reprimidxs por las fuerzas del orden.

En este camino, comprendimos que hacer ciencia política es actuar desde adentro para beneficio de quienes quedan afuera, entendiendo que el único progreso es el colectivo, haciendo ciencia política en comunidad. Como cuando mujeres y diversidades le abrimos el camino a nuestras hermanas. Como cuando migrantes andinxs y amazónicxs le abrimos el camino a nuestrxs paisanxs. Como cuando politólogxs escribimos para que nos entienda nuestra gente y no para una academia extractivista. Como cuando, al diseñar políticas públicas, pensamos en nuestras clases populares y no en los monopolios empresariales.

Como cuando entendemos que el progreso económico no puede costar que nuestras infancias vivan con plomo en la sangre, ni que comunidades indígenas sean desplazadas de sus territorios, ni costar que madres vean llegar a la Presidencia a la hija del dictador que mandó a asesinar y desaparecer a sus hijxs.

Como cuando entendemos que la ciencia política no se ve desde un escritorio, que no hacemos cambios para ver cómo fluctúan cifras, porque, frente a este futuro desesperanzador, nosotrxs somos quienes nos hemos formado con las herramientas necesarias para dejar un ratito descansar los análisis en los papers y salir a la calle a hacer algo por este país.

Así, comprendemos que esta ciencia social no se limita a las aulas. Es también la que está en las calles, en los barrios empobrecidos, en la ruralidad, en las comunidades indígenas y de migrantes en las ciudades. Es ahí donde nace el pensamiento crítico y donde desemboca el propósito de nuestra carrera.

Y así finalizamos esta etapa.

Gracias a la lucha de nuestras familias y cuidadores, por su esfuerzo inmenso por ajustarse ciclo a ciclo a una escala de pensión que se vuelve cada vez más excluyente. Gracias al esfuerzo propio de conseguir becas estatales que durante estos meses han sufrido recortes históricos.

Gracias por la facultad que hemos podido construir con docentes, personal administrativo, de biblioteca, de limpieza y compañerxs de distintas carreras.

Gracias también a nuestrxs jefxs de prácticas que educan sin compensaciones económicas justas, gracias a lxs trabajadorxs que coexisten con trabas para sindicalizarse, gracias a lxs jubiladxs que hasta hoy luchan semana a semana por ver cumplir las promesas que esta universidad les niega por sus años de trabajo.

Y gracias también a la lucha estudiantil, que a pesar de la persecución y la censura por parte de nuestras autoridades universitarias, siguen acuerpando por una pensión accesible, alimentación digna, aulas libres de violencia basada en género y todo lo que abarca nuestro derecho a la educación.

Agradecemos por la facultad que construimos desde la amistad, porque además de colegas, podemos decirnos amigas y amigos. Estas amistades de quienes aprendimos de cuidados, de rebeldía y de sensibilidad. De quienes nos llevamos los abrazos después de cada examen y después de cada gol y canasta del Zoon Ethilikon. De quienes nos enseñaron sobre el aprendizaje colectivo y nos sujetaron la mano, porque además de ser estudiantes, y lejos de ser clientes, somos personas con aspiraciones, problemas y familias.

Somos una promoción diversa que abraza esta diversidad y se enuncia como cientistas políticos desde esas diferencias.

Esta promoción hoy culmina su etapa universitaria, pero no estamos todxs, faltan quienes no pudieron costear un aumento de boletas, faltan quienes deciden no venir más porque en el campus, o incluso en esta misma graduación, se encuentran con su docente o compañero agresor.

Nos faltan los 60 peruanos y peruanas asesinadxs por los gobiernos de Manuel Merino, Dina Boluarte y José Jerí. Nos falta la justicia por los 800 casos de niñas awajún y wampís abusadas sexualmente por sus docentes en sus entornos educativos. Nos faltan las 67 mujeres víctimas de feminicidio en solo lo que va del año 2026.

Nos falta nuestra compañera Solsiret Rodríguez y nuestro compañero Ernesto Castillo, desaparecido por la Policía Nacional del Perú durante el gobierno de Fujimori.

Hoy nos graduamos en la inmensa universidad de los señores, con memoria, dignidad y justicia, para que la educación no vuelva a ser un privilegio de las élites, para que la ciencia política y el poder sean del pueblo y para el pueblo, y no vamos a retroceder, porque después de nosotrxs seguirán llegando millones.

La organizadora de la gala, Gabriela Berrosspie, contó a Panorama que la iniciativa partió de la entonces candidata. "Nosotros recibimos una llamada y nos dijeron: Keiko quiere venir a la gala", relató. Según su versión, varios asistentes se acercaron a la mesa de Fujimori durante la noche y la felicitaron.

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Entre los presentes figuraron nombres de peso del entorno de Trump: Rudy Giuliani, Roger Stone, Michael Flynn y el estratega digital Alex Bruesewitz. También estuvo Mercedes Schlapp, presidenta del Comité de Acción Política Conservadora (CPAC) y exsecretaria de prensa durante el primer gobierno de Trump.

Días antes del evento, Fujimori confirmó que su gobierno buscará incorporar al Perú al Escudo de las Américas, la iniciativa que Washington promueve para coordinar acciones contra el narcotráfico, la migración irregular y el crimen organizado transnacional en la región.

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"Nos interesa también formar parte del Escudo de las Américas. Creemos que hay ahí muchas oportunidades de cara a recuperar la paz y luchar contra el crimen organizado", declaró la mandataria electa. Sobre el momento de esa incorporación, prefirió no dar fechas: "Esa es una decisión que la vamos a anunciar más adelante".

Fujimori también reveló que ya conversó el tema con otros mandatarios de la región. Mencionó en concreto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien —según dijo— evalúa organizar actividades vinculadas al Escudo de las Américas. "Le he hecho saber que el Perú va a estar muy interesado en poder participar en las próximas reuniones", afirmó.

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La agenda con Washington no se limitó a temas de seguridad. La presidenta electa habló también de migración y propuso lo que llamó un corredor de doble función: uno humanitario para casos que lo requieran y otro orientado a combatir la delincuencia. Puso como ejemplo un eventual retorno de migrantes venezolanos a su país, en caso de que Venezuela recupere condiciones democráticas.

En el plano económico, Fujimori apuntó a atraer inversión estadounidense. Citó el caso del puerto de Chancay, financiado con capital chino, y aseguró que Perú buscó apoyo de Estados Unidos para esa iniciativa sin obtener respuesta en su momento. "Los americanos brillaron por su ausencia. Hoy se han dado cuenta que el Perú es un país en el que pueden invertir", señaló.

El reportaje de Panorama incluyó además una fotografía de Fujimori junto al periodista español Javier Negre, quien luego la publicó en sus redes y sostuvo que la candidata buscaba acercarse al círculo político de Trump antes de las elecciones.

Decía entonces que la historia nos enseñaba algo muy claro: que en los 20 años entre 1996 y 2016 el Perú más que duplicó su producto por habitante. Eso contrastaba con los 20 años anteriores, cuando el producto por habitante había caído en un quinto. Podía entonces plantearse dos preguntas retóricas. ¿Quiere que sus hijos vivan más del doble de bien que usted? ¿O prefiere que sean un quinto más pobres?  

Nos sorprendía mucho que hubiera quienes quisieran volver las cosas a cómo eran antes de la transformación de la economía peruana en la década de los noventa. Por supuesto que siempre hay espacio para mejoras, pero, vista en su conjunto, la nueva economía funcionó significativamente mejor, sobre todo si se recuerda lo malos que fueron los años anteriores. Que alguien hubiera preferido el pasado fracasado se explica en buena parte por el tiempo transcurrido. El tiempo abre las puertas a la mala memoria, el desconocimiento de los (no tan) jóvenes y, por supuesto, a la narrativa que niega los magníficos logros alcanzados. Esa negación es falsa de cabo a rabo.

Dicha narrativa es falsa porque no solo aumentó el producto por habitante, sino que todas las medidas de progreso económico mostraron un avance notable. La pobreza y la pobreza extrema se redujeron dramáticamente, más que en cualquier país del mundo y, por primera vez, la clase media se volvió la principal en el Perú. La narrativa falsa también dice que la desigualdad aumentó cuando, en realidad, esta disminuyó significativamente en todo el país. A raíz de estos logros nos sucedió algo inesperado: al pasar de ser un país pobre a uno de ingresos medios, la ayuda de entidades internacionales para el Perú se contrajo fuertemente. Esos son los costos del éxito.

La explicación de por qué salió todo tan bien en términos económicos entre 1996 y 2016 es bastante sencilla. Primero, se creó un entorno mucho más favorable para hacer negocios como producto de la liberalización del mercado, lo que atrajo una gran cantidad de inversiones. Esas inversiones crearon muchos nuevos puestos de trabajo con mejores remuneraciones. El aumento de ingresos por más y mejor empleo explicó casi el 90% de la disminución de la pobreza en el Perú. En otras palabras: la inversión genera empleos de calidad; el empleo genera ingresos; y los ingresos disminuyen la pobreza.

Hace más de dos años, cuando escribía sobre este tema, solo podía hablar del pasado porque hasta entonces no habíamos tenido un crecimiento significativo de la inversión privada desde el 2013 (salvo por el rebote post pandemia). La situación empezó a cambiar en el cuarto trimestre del 2024, cuando la inversión privada creció 6%, y desde entonces ha tenido un ritmo cada vez mayor, hasta alcanzar aproximadamente 15% en el segundo trimestre del 2026. ¡En total siete trimestres continuos con tasas de inversión privada significativas! La última vez que esto ocurrió, como dijimos, fue en el junio del 2013. Esto significa que por primera vez en más de diez años vamos a ver lo que sucede cuando la inversión privada crece de manera sostenida.

El resultado, como era de esperar, es que el empleo formal a nivel nacional ha estado creciendo a un ritmo muy superior al aumento de la fuerza laboral. Así, durante estos siete trimestres, el número de empleados formales ha crecido, en promedio, 280.000 al año. La fuerza laboral en este mismo periodo aumentó en un promedio de 150.000 anuales. Es decir, se han creado casi el doble de empleos formales que los que se necesitarían para darle trabajo a todos los que ingresan al mercado laboral. ¡Ya en Lima se ha alcanzado la tasa de desempleo más baja desde que se tiene registro hace 25 años!

Pero se pone mejor. Como los salarios en el sector formal más que duplican a los del sector informal, la mayor creación de puestos formales indica un fuerte aumento en los ingresos por trabajo. Además, los trabajadores empiezan a escasear en algunos sectores y este es otro factor que impulsa los salarios. Este doble efecto de aumento en empleo y aumento en ingresos explica gran parte de la reciente reducción de la pobreza en 2025: casi dos puntos. Y lo más importante es que recién se ha empezado a notar, porque las cifras del 2026 son bastante mejores que las del 2025. La tendencia actual es muy favorable.

Entonces, ¿estamos ya para coser y cantarle a nuestro éxito? En realidad, no, si bien se ha comenzado a mejorar mucho. Esta mejora no se debe, por supuesto, a este desastroso gobierno de Perú Libre. Se debe a la extraordinariamente favorable situación de los precios mundiales de nuestros productos de exportación. Al valer mucho más, los productos que exportamos generan más ingresos para las empresas y sus trabajadores, más impuestos, mayores compras a terceros y, así, un círculo virtuoso. El mayor gasto se va extendiendo por los canales que conectan al aparato productivo del Perú con su sector minero, lo cual es otra cosa que la falsa narrativa niega. Para muestra, basta notar que Apurímac, que hace menos de 15 años era la segunda región más pobre del Perú, hoy tiene menos pobreza que la ciudad de Lima. Todo gracias a la puesta en marcha del proyecto minero Las Bambas.

Pero este bienestar depende hoy, en gran parte, de los precios de nuestros minerales, sobre los cuales no tenemos ningún control. Cuando los precios detengan su tendencia alcista, que esperemos no sea en el futuro cercano, debemos asegurarnos de que ya no dependamos principalmente de ellos.

¿Cómo lograrlo? Creando nuevas oportunidades de inversión además de la minería. El agro moderno, por ejemplo, tiene la ventaja de generar abundante empleo directo cuando invierte y de contar con muchos proyectos casi listos para desarrollar. Y así existen muchísimas oportunidades, algunas absolutamente desconocidas, esperando a un emprendedor que las descubra.

El nuevo gobierno tendrá retos inmediatos, como El Niño y la seguridad pública. Pero para la posteridad será el crecimiento económico lo que hará que su gestión sea considerada un éxito o un fracaso. Afortunadamente, tiene una actitud favorable a la inversión, y eso cuenta por mucho.

Su labor será dejar que el pueblo peruano pueda poner todo su esfuerzo en la construcción de un futuro mejor, algo que el gobierno de los últimos años le negó. No le resultará nada difícil superar la valla dejada por el gobierno saliente, profundamente incompetente y que brilla por su ausencia. La oportunidad existe. Esperemos que el nuevo gobierno pueda aprovechar la mayor ventaja que tiene el Perú, su gente trabajadora, y nos deje a los peruanos, ahora sí, trabajar.

En ese juego, lo más urgente y lo más importante va a ser su manejo de la catástrofe climática que ya asoma en el horizonte peruano. La ayuda y las soluciones, la presencia. Es un problema que está allí para ser aliviado, imposible de resolver al 100%, y la conducta de K y su equipo va a ser decisiva en el juego de los méritos y las culpas a partir de allí.

Si sumamos el Niño costero con los niveles de criminalidad, veremos que la tarea central de K por una buena temporada va a ser el control del daño. Esto en realidades sociogeográficas donde no cabe esperar respuestas rápidas. En el caso del Niño costero, no sabemos en qué momento llegará su punto crítico. En verdad, el nuevo gobierno ya debería estar en el partidor.

Además, está el espectáculo del poder como merienda internacional. A menos de tres semanas de la juramentación, ya deberíamos saber qué jefes de Estado concurrirán y cuáles no. Castillo libre antes del cambio de mando sería una locura; después, menos, pero tampoco sería un dato neutro.

En este tema hay una sola pregunta: ¿viene Donald Trump o no? Nuestro hombre en Washington ya la ha contestado, a su manera. Algo así como que ya vendrá, pero julio del 2026 aún no es el momento. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, tampoco ha garantizado nada. Está bien, pero alguna lista ya debería estar circulando. Aunque ya sospechamos que Javier Milei no basta.

Si K pasa todas estas pruebas, que incluyen evitar grandes protestas de opositores en importantes provincias, entonces estará lista para recibir el balance de los primeros 100 días de gobierno. Quizá antes de eso se verá cuántos candidatos de Fuerza Popular ganan en las elecciones locales. En todo esto, la compostura de K ante el país va a ser un elemento clave.

Desde ahora se advierte que el Senado va a ser su espacio de maniobras privilegiado. Los opositores esperan ponerlo a su favor, o casi, en una suerte de empate que deberá dirimirse en el día a día político. Una situación desgastante, pero inevitable.

Carlos Bruce. Tiene una simpatía natural y, por lo tanto, posibilidades. Va primero en la encuesta de Ipsos y su campaña todavía no ha comenzado. Pero su ventaja es solo de cuatro puntos y sus dos rivales más cercanos vienen de partidos con billete. ¿Cuánto puede pesar en las urnas su opción LGBT? No lo ha hecho en otros casos.

Pedro Castillo. Puede decir: 'Mi sombrero me lo quito y me lo pongo', según cómo le va en su pugna por la inocencia. Existen abogados a su favor, pero ninguno con poder de decisión. Además, el golpista no tiene cara de inocente, por más que busque ponerla. ¿Lo hubiera indultado un Sánchez ganador? Nos permitimos dudarlo.

Keiko Fujimori. Ya está diciendo cosas presidenciales, pero con moderación. Como que todavía no puede creer que ha ganado. Un poco en la misma línea, su gente está bastante silenciosa. Quien más habla es el ex, convertido en payaso casi profesional. El país está esperando su primera decisión de verdadera fuerza.

Verónika Mendoza. Quiere ser gobernadora de la región Cusco y es posible que lo logre. Si la izquierda y/o el antifujimorismo necesitan una victoria, una en Cusco y otra en Puno serían por demás emblemáticas. Mendoza ha sabido esperar y ahora quizás es el momento de cosechar votos furiosos, que los hay. ¿Irá al CADE de la Ciudad Imperial?

Roberto Sánchez. Como en el título del famoso cuento de Fernando Iwasaki, está activísimo en el 'Derby de los penúltimos', quizás preparándose para el 2031. Pero, para todo fin práctico, deja las grandes ligas de la política al mismo tiempo que Balcázar. ¿Por qué no quiso candidatear al Senado? Hoy estaría mucho menos débil.

Julio Velarde. Su permanencia simboliza que Fujimori por sí sola no garantiza la supervivencia del archipiélago de las islas de excelencia en la economía. Fuera del BCR no ha aparecido aún una decisión convincente. Hay buenos nombres en la liza, pero a la vez muchas más dudas. Mientras tanto, Sánchez sueña con controlar el próximo Congreso.

Entre los nombres que aparecen en el informe están Milagros Jáuregui, Judith Laura Rojas, María del Carmen Alva, José Cueto, Milagros Santisteban, Edgar Tello y Eduardo Salhuana, entre otros. Sus destinos incluyeron Estados Unidos, Francia, Chile, Turquía, Paraguay y Uruguay.

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Consultado sobre estos viajes, el congresista Cueto explicó que sirven para “estrechar relaciones” con instituciones del exterior y sostener la diplomacia parlamentaria. Las legisladoras Margot Palacios y Ruth Luque, en cambio, cuestionaron que la Mesa Directiva apruebe estos permisos.

Uno de los casos que resalta en el reportaje es el de Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso. Viajó junto con su asesora hasta Ginebra, Suiza, para participar en el Foro Parlamentario Global. Su estadía en esa ciudad europea se extendió del 18 al 23 de mayo, con gastos también cubiertos por el Parlamento.

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A los pasajes y viáticos se suma otro gasto que 'Punto Final' puso sobre la mesa: las membresías internacionales. El Congreso destina casi 118.000 dólares al año a este rubro. Al Parlatino paga 60.000 dólares anuales. A Parlaméricas, 13.000 dólares. A la Unión Interparlamentaria, 35.700 francos suizos, cerca de 44.155 dólares. Y a la Asociación de Secretarios Generales Parlamentarios, 440 francos suizos, alrededor de 544 dólares.

El número de viajeros varía cada año

La cifra de congresistas que sale del país no es fija. Según el reportaje, 69 parlamentarios viajaron al extranjero en 2025, 36 en 2024, 43 en 2023 y 62 en 2022. En 2021, año en que arrancó el actual periodo legislativo, la cifra fue de apenas 22 legisladores.

La misión, indica, es detectar y perseguir a los uniformados que utilizan su cargo para dañar a la sociedad (las llamadas 'manzanas podridas'). A su juicio, la clave para que la ciudadanía recupere la confianza en la Policía Nacional es la transparencia radical, la depuración activa de malos elementos y el fortalecimiento de la ética institucional.

El teniente general Augusto Ríos confirmó a La República que, en lo que va del año, se han formulado 595 notas de contrainteligencia. Estas acciones fueron ejecutadas por la Inspectoría General y han permitido identificar y sancionar drásticamente a 530 efectivos que hicieron un uso inadecuado de las redes sociales.

Las notas de contrainteligencia buscan frenar la exposición de la imagen institucional en plataformas digitales, afirma el oficial. La Inspectoría General de la PNP aplica esta medida como parte de un 'control activo' para detectar infracciones disciplinarias y actos de corrupción, evitando que se presenten denuncias formales por parte de la ciudadanía.

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Uno de estos casos fue el de los 9 policías capturados en Vitarte. “Desarrollamos acciones de contrainteligencia, detectamos conducta disfuncional, por parte de un oficial y 8 efectivos de la comisaria de Vitarte que hacían operaciones policiales prohibidas”, explica.

“Con el apoyo de drones y cámaras registramos las actitudes criminales de estos malos policías, y como nosotros estamos preocupados por limpiar la casa, actuamos. Aquí la Policía Nacional deslinda con cualquier acto de corrupción y cualquier posible delito y con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) iniciamos los respectivos expedientes”, precisa.

El caso más reciente lo protagonizó el alférez PNP Diego García Cueto, señalado como presunto líder, así como los suboficiales Vidal Guardamino, Johanny Vera, Jorge Meneses, Víctor Romero, Lishner Huamán, Giovani Cruz, Fredy Flores y Carlos López.

También está comprendido el comisario de Vitarte, el comandante José Velásquez.

Se les ha iniciado un proceso por infracción muy grave luego de una investigación que podría derivar en el pase al retiro de los implicados. Este miércoles, los 9 policías cumplen una orden de 12 meses de prisión preventiva por exigir coimas a choferes en la Carretera Central para no imponerles papeletas de tránsito.

Los operativos en todo el país

Hasta 2025 había expedientes dispersos, hojas de cálculo, retraso y mucho trabajo manual. Recién este año la Inspectoría General ha modernizado el procedimiento administrativo disciplinario con expedientes 100% digitalizados, trazabilidad completa, alertas automáticas y control en tiempo real.

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“El mensaje es claro para quienes usan el uniforme para delinquir, traicionan a la institución, a sus compañeros y al país. No habrá protección, no habrá privilegios, no habrá impunidad parece ser la consigna”, señala el inspector general de la PNP.

“La Policía no defiende a corruptos, los investiga, los captura y los pone ante la justicia”, afirma la autoridad.

Este año, la PNP ha desplegado inspecciones, operativos y acciones de control en diferentes lugares del país.

“Una institución fuerte no es la que oculta sus problemas, sino la que las enfrenta con decisión. Así como actuamos contra quienes manchan el uniforme también reconocemos a policías que cumplen su deber con honor, disciplina y vocación”, añade el alto oficial. “Seguiremos en esa senda y por esa línea”, enfatizó.

Hace una semana, el Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva para cuatro policías involucrados en un presunto acto de concusión en Lima. El juzgado consideró que existían graves y fundados elementos de convicción respecto a la actuación de los agentes, quienes, según la investigación, intervinieron arbitrariamente a un conductor el 23 de junio de 2026. Le exigieron un pago de S/50 para no iniciar acciones policiales en su contra.

La víctima hizo la transferencia del dinero requerido a una cuenta vinculada con un presunto nexo financiero de la organización, lo que motivó la denuncia formal.

El año pasado, 4.188 policías fueron sancionados por faltas y delitos, incluidos 570 por corrupción.

Además, a 594 efectivos se les aplicaron medidas preventivas —como separación temporal del cargo— y otros 27 fueron apartados definitivamente de la institución.

Actualmente, la Inspectoría General tiene 22.000 procesos de investigación contra malos policías. En agosto del año pasado, nueve efectivos, entre ellos el exjefe del Escuadrón Verde, coronel Walter Palomino, fueron detenidos por presuntamente integrar una red criminal que operaba dentro de la institución policial. Según la investigación fiscal, el grupo denominado 'Los Incorregibles de San Juan de Miraflores' sembraba drogas, armas y simulaba operativos para extorsionar a personas inocentes.

Para mantener la disciplina, la iniciativa de la Inspectoría General se suma a otras acciones de control, como la búsqueda constante de señales de inconducta funcional y corrupción en todos los grados.

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Y se aplica en todos los campos la tolerancia cero al llamado 'espíritu de cuerpo', que no debe confundirse con la complicidad, para procesar a quienes vulneran la ética policial.

Sanciones son drásticas e inmediatas

La política de 'tolerancia cero' contra los policías corruptos ha sido endurecida radicalmente este año por el Alto Mando de la PNP y el propio ministerio, con la aplicación de controles disciplinarios estrictos, sanciones drásticas a oficiales y suboficiales implicados en actos de corrupción y el pase al retiro para renovar la institución.

El ministro del Interior, José Zapata, ha explicado que, ante los últimos casos de corrupción, el comando de la PNP ordenó que los generales refuercen el control disciplinario sobre los subordinados, con sanciones inmediatas para no tolerar conductas que afecten el honor institucional.

La medida se enmarca en la reorganización institucional del sector, orientada a separar a los malos elementos y fortalecer la confianza de la ciudadanía.

Cuarenta y tres años después, Levy vuelve a mirar el mismo océano y encuentra una señal que le resulta familiar. Las temperaturas del Pacífico central alcanzan este miércoles sus valores más altos desde que existen registros satelitales confiables, y la forma en que el calentamiento se está desarrollando le recuerda al Niño de 1997.

Alejandro Céspedes García: ¿Cómo le explicaría a cualquier peruano qué es El Niño?

Cada ciudadano está acostumbrado a tener, en un mes del año, una condición climática determinada. En Tacna las noches son frías en julio, es lo normal. En Juliaca las madrugadas bajan bajo cero y en febrero llueve con tormentas eléctricas y granizo. Con el mar sucede lo mismo. La comunidad científica ha estudiado qué temperatura le corresponde a cada porción del océano en cada día del año, en función de observaciones satelitales que tienen décadas.

¿Qué es El Niño? Es una alteración de esas temperaturas del mar a lo largo de una porción muy grande del océano Pacífico. Ese calentamiento altera el viento, que es el que nos trae nuestro clima. En Piura deberíamos tener 16 o 17 grados en las noches y estamos con 21 o 22, porque el mar está caliente y la brisa marina entra en contacto con ese calor, como una hornilla que calienta una sartén.

Hoy tenemos un océano Pacífico muy caliente en relación a lo que debería ser en julio, y lo sabemos porque hemos alimentado modelos de computación con inteligencia artificial durante décadas de estudio. Para los peruanos hay dos tipos de Niño. El Niño global se produce en el centro del océano Pacífico y, cuando llega con fuerza a nuestra temporada de lluvias, entre octubre y mayo, una extensa porción del país recibe menos lluvia que lo habitual. Eso significa menos agua para la agricultura, la energía eléctrica, la población y la ganadería.

Ese Niño puede producir una sequía que ocupe la mitad del país, fundamentalmente la mitad sur. Si donde llueve 100 me va a llover 30, ahí sí voy a estar en problemas. En 1983 un episodio importante nos trajo una sequía y murió mucho ganado en el altiplano. Eso es lo que puede pasar en la próxima temporada de lluvias si El Niño global alcanza esa intensidad.

Existe otro Niño, el costero, en una región pequeña del océano frente a la costa norte, desde Trujillo hasta la línea ecuatorial, que llamamos la región Niño 1+2. Como lo indica su nombre, afecta solo a la costa. No afecta a Madre de Dios, Iquitos, Cusco ni Huancayo.

Alejandro Céspedes García: ¿Solo la costa norte?

No, toda la costa. Lima es costa central, ni siquiera está cerca de la región Niño 1+2, pero no tenemos un invierno como es habitual: las temperaturas están más altas. Lo notamos en Ica, en Pisco y en Lima, con mucho más claridad en el norte del Perú. Ese Niño en época seca calienta el aire y afecta a la anchoveta, nuestra principal pesquería, con impacto en toda la cadena de producción de harina de pescado. También afecta la producción de frutas, hortalizas y tubérculos que necesitan frío en invierno. Ahora estamos en el corazón del invierno y el aeropuerto marca 20 grados en vez de los 13 o 14 habituales.

Una vez que empieza la época húmeda, en diciembre, El Niño costero puede producir lluvias importantes en Tumbes, Piura y Lambayeque. Nadie puede predecir cuán fuertes serán. El otro riesgo es que el aire cálido y húmedo del mar, al chocar con los Andes en los valles de la costa, produce huaicos, como pasó en Arequipa en febrero. En 1987 un huaico en Chosica, con solo dos horas y media de precipitación, sepultó a la población y fue el desastre más importante en número de vidas que hemos vivido los limeños por un fenómeno climático. Los modelos con inteligencia artificial sugieren que en el verano podría llover fuerte en la costa norte, pero no sabemos cuánto.

Alejandro Céspedes García: ¿No tendría precedentes por su escala y fuerza?

En este momento las temperaturas en el centro del océano Pacífico son las mayores observadas para junio y julio desde que tenemos datos confiables, desde 1950 aproximadamente. Es menos de un grado de diferencia, pero ahí un grado pesa.

Hemos encontrado una correlación muy alta entre la temperatura del mar en el centro del océano en febrero, marzo y abril y la baja de los caudales de los ríos Rímac y Mantaro, que producen nuestra energía eléctrica. Ese es el riesgo de sequía por El Niño global.

¿La costa peruana está más caliente hoy que hace 200 años? La respuesta es no, estamos en la época más fría del año. Pero según la Marina de Guerra, en la isla Lobos de Afuera, frente al límite entre Lambayeque y Piura, la temperatura del mar está un poco más de 6 grados por encima de sus valores normales. En La Punta está entre 4 y 5 grados por encima.

Alejandro Céspedes García: ¿Ya se ha vivido antes?

En función de las vivencias anteriores vamos reconstruyendo esos datos y aprendiendo a hacer modelos de predicción. Lo que se parece por la estacionalidad en que se genera el calentamiento, al hablar de todo el océano Pacífico, es a 1997. Empezó en la misma época, con una cantidad de agua caliente en la superficie parecida.

Desde 1950 solo hemos tenido tres Niños grandes en el centro del océano: 82-83, 97-98 y 2015-2016. El de los 80 dejó más de un millón de damnificados y fue particularmente extraño porque el periodo lluvioso de abril, mayo y junio fue más fuerte que el de enero a marzo. En mayo de 1983 hubo 30 grados en Lima, algo que no se ha vuelto a vivir. Como me dice siempre el doctor Antonio Mabres, físico y exrector de la Universidad de Piura, lo que algún día puede pasar va a pasar. Por eso es importante el monitoreo, la educación y llevar estos temas a la currícula escolar y a la gestión pública.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué regiones le preocupan más y qué recomendaciones daría a las autoridades?

En 1983 el río La Leche se salió en Lambayeque sin ninguna obra de encauzamiento y en una sola jornada se acumularon decenas de miles de damnificados en Jayanca, Mochumí, Illimo, Pácora y Túcume. En 2017 se salió el río Piura en la ciudad. Tenemos que hacer las obras necesarias para evitar que un solo evento genere 30 mil, 50 mil o 100 mil damnificados, como la desviación de quebradas que ya está avanzada en Trujillo.

En Lima se van a afectar Chosica y Chaclacayo. Las mallas de protección que retienen las piedras están abandonadas y rotas; hay que ponerlas. Hay que proteger a los grandes centros poblacionales, esa es la prioridad: la vida de las personas. El puente lo podemos reponer, la vida no. En Piura o Sullana hacen falta bombas para desaguar rápido las zonas inundadas, no solo por las inundaciones, sino porque el agua empozada genera dengue.

Por el lado de la sequía, hay que tener miles de toneladas de chala y melaza distribuidas en el sur, y pequeñas piscinas para almacenar agua, para no tener una crisis con la ganadería. Son cosas que deberíamos implementar rápidamente. Primero están las vidas.

Alejandro Céspedes García: ¿La agricultura sería la más afectada?

Ya varios agricultores anuncian demoras o cosechas perdidas. La agricultura y la pesca sufren con los Niños importantes, porque las plantas son seres vivos acostumbrados a determinadas condiciones que no se producen. El Perú nunca va a tener en riesgo su seguridad alimentaria, pero sí pueden subir los precios de los alimentos. En 1992 tuvimos una de las peores sequías de nuestra historia moderna y se racionó el agua y la luz en Lima, no por los atentados de Sendero Luminoso, sino porque no había agua para generar energía hidroeléctrica.

Alejandro Céspedes García: ¿Cuál es la principal incertidumbre sobre lo que viene?

Estamos ante un evento importante y la incertidumbre es que no sabemos cuánto va a bajar la lluvia ni en qué porción del territorio, si será en el 20%, el 50% o el 60% del país. El impacto de las lluvias intensas para la costa norte, que es desierto, es tremendo.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué recomendación final daría?

Más que al gobierno central, la recomendación es para las municipalidades y los gobiernos regionales, porque cada uno conoce bien su circunstancia. Somos un país donde la gobernabilidad es disfuncional: un ministerio no habla con otro. Hay que asegurar que las obras de infraestructura para riego, transporte, energía o vivienda no se ubiquen en zonas expuestas a huaicos o avenidas de los ríos. A la ciudadanía, estar tranquila, esto es parte de lo que nos toca vivir.

Los cinco efectivos fueron intervenidos por agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP y del Ministerio Público. Ellos son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Las autoridades allanaron las viviendas de los investigados, así como la sede del Departamento de Protección de Carreteras de Nasca. En las diligencias se incautaron equipos electrónicos, documentos y otros elementos de interés para la indagación.

Trascendió que parte de un cargamento de whisky de contrabando intervenido por la Policía en marzo del 2026 iba en un vehículo que transportaba 400 cajas de licor, pero en el informe oficial únicamente se registró la incautación de 200 cajas.

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Así, la Dirección Contra la Corrupción intervino al capitán PNP Elmer Huamán Quispe, jefe de la POLCAR Nasca; al suboficial técnico de tercera Teófilo Martín Sedano Tisoc; a los suboficiales de primera Héctor Williams Spencer Campos Vera y Jesús Echegaray Cajamarca, y al suboficial de segunda Jhosep Salomón Fuentes.

La intervención se realizó en cumplimiento de las resoluciones judiciales N.° 01 y 02, emitidas por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca, y se desarrolló de manera simultánea en las ciudades de Nasca, Ica y Lima.

Uno de los magistrados confirmó a La República que, como parte de las diligencias, las autoridades ejecutaron allanamientos en la sede de la DESDPC Nasca y en un inmueble ubicado en el distrito de San José de Los Molinos, en Ica, con el fin de recabar elementos de convicción relacionados con la investigación.

El operativo fue dirigido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Ica, con el apoyo de unidades especializadas de la PNP. Los detenidos fueron trasladados a la sede de la DIRCOCOR PNP Ica, donde continuarán las diligencias correspondientes.

Las autoridades precisaron que la detención preliminar forma parte de una investigación en curso y que la responsabilidad penal de los intervenidos será determinada por las instancias judiciales competentes.

PRINCIPIO DE AUTORIDAD

Sobre la detención de una magistrada, el comando de la PNP informó que se intervino y detuvo a la fiscal adjunta provincial del Distrito Fiscal de Castilla-Piura, J. Y. L. F. (41), por su presunta participación en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, luego de que presuntamente obstaculizara una intervención policial realizada a un conductor que presentaba aparentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas.

De acuerdo con las diligencias preliminares, la intervenida habría desacatado las disposiciones impartidas por el personal policial e invocado su condición de fiscal para exigir el cese del procedimiento, profiriendo además expresiones intimidatorias contra los efectivos policiales.

Asimismo, durante las actuaciones desarrolladas en la dependencia policial, la investigada habría agredido físicamente al personal interviniente, hechos que fueron registrados conforme al procedimiento legal y que han sido ampliamente difundidos en diversos espacios públicos y redes sociales. Estos forman parte de las investigaciones correspondientes.

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La actuación policial se desarrolló en estricto cumplimiento de la Constitución, la normativa vigente y los protocolos institucionales, con garantía en todo momento del respeto de los derechos fundamentales y del debido proceso.

El comando de la PNP reafirmó que el principio de autoridad constituye uno de los pilares del Estado de Derecho. “Ningún cargo, función o investidura pública otorga privilegios para impedir una intervención legal ni justifica actos de violencia o agresión contra quienes cumplen con hacer respetar la ley”, aseguraron a través de un pronunciamiento.

DENUNCIAS

Si tienes información relacionada con hechos delictivos, comunícate de inmediato a la Línea 105 o denuncia de manera anónima a la Central Única de Denuncias 1818.

El pedido corresponde, en términos legales, a una gracia común y no a un indulto, la figura que suele mencionarse con más frecuencia en el debate público. La diferencia importa: mientras el indulto extingue la pena tras una condena firme, la gracia común puede aplicarse a un procesado que aún no tiene sentencia, siempre que su situación cumpla ciertos requisitos legales. El equipo de Castillo argumenta justamente eso: que no existe una sentencia firme y consentida en su contra hasta la fecha.

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El núcleo del pedido gira en torno a los plazos de la prisión preventiva contra Castillo. Según el escrito presentado por la defensa, el plazo de investigación compleja, fijado en ocho meses y prorrogado por un periodo similar, venció el 11 de abril de 2024. Con un cálculo adicional, que duplica ese parámetro como criterio garantista, los abogados sostienen que el límite máximo de la reclusión se cumplió el 16 de diciembre de 2024. Con esa base, piden al gobierno de Balcázar la conmutación de la medida y su posterior anulación.

Un informe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU respaldó el argumento de la defensa. El documento internacional concluye que la detención de Castillo, ejecutada tras el mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, vulneró sus derechos fundamentales. El documento describe ese mensaje como un acto de carácter simbólico, protegido por la libertad de expresión, y sostiene que no hubo una coordinación efectiva con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional para consumar el intento de disolución del Congreso. El proceso judicial contra el expresidente se encuentra actualmente en etapa de apelación ante la Corte Suprema.

Pachas explicó que la entidad solicitó un presupuesto total de S/2,108 millones para el periodo electoral 2026 al 2028. El monto respondía a la carga inusual del año: elecciones generales en el primer semestre y comicios regionales y municipales en el segundo. El MEF, sin embargo, aprobó solo S/1,060 millones en un primer momento. Tras un reclamo del organismo electoral, la cartera sumó S/588 millones adicionales al presupuesto inicial.

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El funcionario detalló que buena parte del dinero recibido hasta ahora, entre S/1,500 y S/1,600 millones, ya se usó en la primera y la segunda vuelta de las elecciones generales. Por ese motivo, la ONPE quedó con recursos insuficientes para organizar la siguiente etapa del proceso electoral, la de los comicios regionales y municipales.

El pedido de S/433 millones no es el único. El sistema electoral en su conjunto necesita S/585 millones para no comprometer el cronograma de las elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) requiere S/103.5 millones adicionales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) necesita S/52.8 millones más para cumplir con sus funciones dentro del proceso.

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Pachas fue directo al pedir una respuesta rápida del Gobierno. Señaló que el ministro de Economía debería instruir a su viceministro para activar el fondo de contingencia y emitir el decreto supremo que permita transferir el dinero a las tres entidades electorales. El funcionario no dio un plazo exacto, pero remarcó la urgencia del pedido.

La falta de presupuesto, advirtió, no es un tema solo administrativo. Las localidades con mayor dificultad de acceso corren el riesgo de quedar sin las condiciones logísticas necesarias para votar. Se trata, en su mayoría, de zonas rurales y alejadas de los centros urbanos, donde el traslado de material electoral y la instalación de mesas de votación demandan más tiempo y recursos.

Este proceso surge tras la apelación presentada luego de que el JEE de Lima Centro declarara improcedente su candidatura por tener la condición de senador electo.

La citación ha sido notificada formalmente a Fernando Sandoval Ruiz, personero legal del partido Renovación Popular.

Además, la sesión se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, a partir de las 3.00 p. m. Para que los abogados puedan participar en el informe oral, deberán registrarse en la Sala de Validación, la cual estará habilitada una hora antes del inicio de la audiencia y cerrará 20 minutos antes de que esta comience, según indica el documento.

El último 11 de julio, durante una actividad partidaria en Ate, López Aliaga se pronunció sobre la audiencia . Indicó que “no espera nada” y bromeó diciendo que si no le permiten postular como teniente alcalde, trabajará como portero municipal “a mucha honra”.

Además ratificó su decisión de no asumir el cargo de senador.

También anunció que tiene por objetivo reunirse con Jorge Nieto para plantear ser una "fuerza democrática" en el Congreso bicameral. Añadió que ya ha conversado con López Chau, de Ahora Nación.

"Voy a tener una reunión con el Buen Gobierno, ya tuve reunión con el señor López Chau, que es mi amigo, con Ricardo Belmont, que es mi amigo también. Estamos uniendo fuerzas con el señor Nieto Montesinos, quiero verlo, lo estoy invocando, me parece que el lunes tenemos ya una reunión pactada. Vamos a unir a las fuerzas democráticas", dijo.

Argumentos de la defensa de López Aliaga

Fernando Sandoval Ruiz, en calidad de personero legal de Renovación Popular, presentó un recurso de apelación en el que sostiene que no existe norma alguna que prohíba a un senador electo, que aún no ha juramentado, participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Sandoval argumentó que el impedimento legal establecido se refiere a los congresistas "en ejercicio de sus funciones", una condición que, según el personero, requiere la previa juramentación del cargo. En esa línea, señalan que la proclamación como senador electo no equivale a estar en ejercicio de sus funciones, ya que la juramentación es una "condición suspensiva para el ejercicio del cargo".

Asimismo, la defensa enfatiza que López Aliaga ha manifestado su voluntad de no jurar ni asumir el cargo de senador, y comunicó esta decisión tanto al JNE como al Congreso de la República.

Por otro lado, alegó una “afectación al principio de igualdad”, al señalar que el Jurado Electoral Especial (JEE) ha aplicado un trato diferenciado al permitir la participación de otros integrantes de la misma lista electoral que tienen la condición de diputados electos.

Las cartas de López Aliaga

Previo al recurso de apelación, López Aliaga había enviado cartas al JNE y Congreso, respectivamente, para informarles de su decisión de no asumir como senador.

Primero se dirigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con una carta notarial el 19 de junio, para notificar oficialmente que no aceptará las credenciales de senador y que estas tendrían que ser otorgadas a su accesitario, el ingeniero y exministro de Desarrollo Agrario Absalón Vásquez.

El objetivo de la carta notarial, explicó en Canal N, es que luego "el JNE no diga que no la han recibido". Al ser consultado sobre si el Senado quedaría con un miembro menos, respondió que, antes de tomar su decisión de no aceptar su cargo como senador, se ha asesorado "bastante".

Asimismo, López Aliaga sostiene que su declinación formal al Senado no lo desvincula en absoluto de la responsabilidad partidaria que tiene con su bancada en el Congreso.

“Desde el Congreso podamos impulsar nuestras iniciativas partidarias y las del pueblo peruano, así como nuestro programa político y de gobierno, nuestros ideales y sobre todo las expectativas políticas de nuestros representados”, indicó

Posteriormente, el 25 de junio, envió una carta a la Oficialía Mayor del Congreso.

En la misiva precisa que el 19 de junio formalizó su declinación ante el JNE y explicó que, tal como indicó en esa comunicación, su declinación al escaño senatorial no supone un alejamiento de sus responsabilidades con el país ni con los ciudadanos que depositaron su confianza en el partido. En su lugar, considera, que se trata de una “forma distinta de ejercer el liderazgo y la representación que me corresponde”.

Insistió en que su voluntad de no asumir el cargo parlamentario se mantiene inalterable y no será objeto de modificación.

En su publicación, Susel Paredes calificó a Ugarteche como un “gran economista e intelectual” que dejó huella en el pensamiento crítico sobre el desarrollo y la integración latinoamericana. La legisladora también resaltó su rol como cofundador del MHOL (Movimiento Homosexual de Lima), la organización LGBT más antigua en funcionamiento de América Latina. Paredes cerró su mensaje señalando que Ugarteche “nos inspiró en la vida”.

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Óscar Ugarteche nació en Lima el 14 de julio de 1949. Se formó en Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego estudió Finanzas en la Universidad de Fordham, en Nueva York. Completó una maestría en Finanzas Internacionales en la London Business School y un doctorado en Filosofía e Historia en la Universidad de Bergen, Noruega. Trabajó como investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde coordinó el Observatorio Económico Latinoamericano.

El economista también protagonizó una larga batalla legal por el reconocimiento de su matrimonio igualitario, celebrado en México en 2010 con su esposo Fidel Aroche. El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional peruano, que rechazó su pedido en noviembre de 2020. Ugarteche anunció entonces que llevaría el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su labor como cofundador del MHOL en 1982, junto a Roberto Miró Quesada, marcó un hito para la visibilidad de la comunidad LGBT en el Perú.

La convocatoria llegó horas después de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU calificara como arbitrario el arresto del exmandatario y recomendara su excarcelación inmediata.

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“Hoy desde Barbadillo, el pueblo del lado de la justicia exige la liberación del presidente Pedro Castillo Terrones”, escribió el dirigente en sus redes sociales.

La convocatoria llegó días después de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU calificara de arbitrario el arresto del exmandatario y recomendara su excarcelación inmediata.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ya fijó su posición sobre el informe de la ONU. A través de un comunicado, precisó que las opiniones del Grupo de Trabajo "no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional" ni constituyen "decisiones jurisdiccionales obligatorias". Según la Cancillería, ese pronunciamiento no modifica las decisiones que adopten las autoridades peruanas competentes.

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Balcázar señala que el informe del grupo de trabajo de la ONU podría beneficiar un pedido de indulto

El presidente José María Balcázar afirmó, en una entrevista con Radio Nacional, que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU podría favorecer un nuevo pedido de indulto para Pedro Castillo. Balcázar sostuvo que ese hallazgo obliga a revisar el escenario jurídico y constitucional bajo el cual se analiza cualquier solicitud de gracia presidencial a su favor.

El informe también pide al Estado peruano poner en libertad de Pedro Castillo de forma inmediata. Exige, además, que se le reconozca el derecho a una indemnización y a otras formas de reparación, conforme al derecho internacional.

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El mandatario precisó que espera que los abogados de Castillo formulen un nuevo pedido de indulto “fundamentado”, pues el anterior fue rechazado por no venir acompañado de pruebas suficientes. La evaluación final, dijo, recaerá en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que conoce a fondo las resoluciones internacionales en materia de derechos humanos.

Castillo, por su parte, respondió al informe de la ONU con un mensaje desde Barbadillo. Dijo que la detención “nunca tuvo justificación” y pidió que el Estado peruano “acate de inmediato” las conclusiones del Grupo de Trabajo. Agradeció, además, el trabajo de su equipo legal internacional durante el proceso ante Naciones Unidas.

Al generar cambios en la legislación penal, establece de 15 hasta 25 años de prisión por extorsión agravada desde penales y de 8 hasta 12 años por ingresar equipos de comunicación. Si lo hace una autoridad, abogado o servidor público, la pena es de 10 a 15 años, más inhabilitación.

En este sentido, la norma propone cerrar la 'puerta giratoria' que permite que personas condenadas 'sigan delinquiendo una y otra vez'.

Así, se elevaron mínimos y máximos en una amplia lista de delitos. 'La pena de los delitos tiene que ser acorde al daño causado', fundamentan las autoridades.

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Entre los casos más relevantes, desde el 2 de julio se endurecen las sanciones contra quienes ingresen y utilicen celulares u otros dispositivos dentro de las cárceles y centros juveniles.

La norma tipifica nuevas agravantes: los internos que porten o faciliten armas y explosivos, armas blancas o materiales tóxicos tendrán una condena de 8 a 15 años.

El endurecimiento también alcanza el uso indebido de telecomunicaciones por internos, con penas de 8 a 10 años, aunque transmitir voz o datos con servicios no autorizados, o cometer delitos que atenten contra la seguridad nacional o el orden público, se castiga con 12 a 15 años de prisión.

Además, la ley exige a las empresas operadoras brindar apoyo técnico para detectar y neutralizar las señales dentro de estos recintos.

Diversas instituciones del sistema de justicia advirtieron durante el debate parlamentario sobre algunos vacíos de técnica legislativa que podrían generar retos para su aplicación procesal. Uno de los puntos de mayor análisis es la posible afectación al principio del non bis in ídem (no ser sancionado dos veces por el mismo hecho).

Esto ocurre al endurecer el delito de extorsión agravada (art. 200.6) y, en paralelo, penalizar el uso de telecomunicaciones para delinquir (art. 368-D).

Asimismo, desde la dogmática penal se observó la equiparación del intento de ingresar un teléfono con el delito plenamente consumado (art. 368-A), lo que abre el debate sobre la proporcionalidad de la pena.

Por otro lado, la reforma incorpora disposiciones en el Decreto Legislativo 1688 y señala que las operadoras de telecomunicaciones deben brindar apoyo técnico para el bloqueo de señales penitenciarias.

Sobre este extremo, Osiptel y los gremios del sector expresaron sus reservas e indicaron que la medida traslada obligaciones operativas de seguridad estatal hacia el sector privado. Además, advirtieron sobre la viabilidad técnica y el riesgo de afectar la continuidad del servicio de telecomunicaciones para la ciudadanía que reside en las zonas urbanas colindantes a los penales.

El capítulo de omisión de denuncia por autoridades, es decir, no denunciar la existencia de equipos no autorizados, alcanza entre cuatro y 8 años, más inhabilitación.

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La posesión de celulares no autorizados, es decir, cuando un interno posea o trafique con un celular no autorizado, o si con el celular se comete o intenta cometer un delito, se sanciona con 3 a 8 años y con 10 a 15 años, respectivamente.

Actualmente, ¿cómo serán los procedimientos operativos? 'Durante los operativos, la PNP junto con el personal penitenciario, incautará los equipos sin acceder a su contenido', dice un funcionario del Inpe.

'No se accederá al contenido, mensajes ni información de los equipos incautados. El acceso a la información solo se realizará con autorización judicial', precisa a La República.

El objetivo es impedir que las organizaciones criminales operen desde prisión.