Indicó que si bien no vivimos una guerra externa como Grau, existe una “guerra que está matando a los peruanos”.

“¿Seremos capaces de bajar nuestras banderas partidarias para levantar la bandera blanca de la paz que nos exigen todos los peruanos? ¿Podremos dejar de lado las viejas rencillas políticas para priorizar un presente y futuro de seguridad y tranquilidad para nuestro pueblo?”, dijo.

Finalmente, aseguró que "confía en que en “el Congreso prevalezca el ejemplo de Grau sobre la confrontación y el resentimiento”.

Luis Galarreta considera que facultades aprobadas no son suficientes

Las declaraciones de la mandataria se producen después de que la noche del último 6 de octubre la Cámara de Diputados aprobó el pedido de facultades únicamente en materia de seguridad y Fenómeno El Niño.

Al respecto, la Presidencia del Consejo de Ministros señaló: “Quedaron fuera medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana: no se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las FF. AA. En materia de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, también no incluye varios puntos. Tampoco se han incluido acciones para formalizar las Mype, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos en menos tiempo para los ciudadanos. Cada recorte deja fuera acciones que los peruanos están esperando”.

Por eso, sostuvo, espera que la Cámara de Senadores pueda mejorar la propuesta, para que el Ejecutivo cuente con las herramientas suficientes para enfrentar la criminalidad, el FEN y demás.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, expuso las razones este miércoles ante el Pleno ampliado del JNE. Llegó con el equipo directivo de la entidad y presentó el cronograma de actividades logísticas previsto para la segunda vuelta regional. Explicó que varios de esos procedimientos tienen plazos que deben respetarse.

"Nosotros, con la experiencia y la base de datos históricas, en las conversaciones permanentes que tenemos con el jurado en los comités de coordinación, hemos planteado el 6 de diciembre", sostuvo Pachas para RPP.

"El jurado ha sacado un pronunciamiento que lo ha hecho público ayer, proponiendo su fecha, 29. Nosotros desde un principio hemos dicho que no, que la íbamos a revisar, porque nuestro problema es la parte logística. Usted vio ayer los camiones saliendo de Lurín, que a simple vista parece fácil, Pero al interior hay unas cajas que contienen la cédula, el acta padrón, las bolsas, los lapiceros, otros materiales que toman sus plazos de contratación y de fabricación. Entonces no podemos correr contra los plazos porque corremos el riesgo que se le estropee la máquina al impresor de las cédulas", agregó.

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La ONPE precisó que los tiempos están ajustados incluso con el 6 de diciembre como referencia. Entre los procedimientos que mencionó figuran las contrataciones por montos superiores a ocho unidades impositivas tributarias (UIT), que deben cumplir etapas administrativas antes de ejecutarse.

Adelantar la jornada implicaría reducir el tiempo para completar esas actividades, señaló el organismo. Por eso considera el 6 de diciembre la fecha más próxima posible.

#ONPEinforma | El jefe interino de nuestra institución, Bernardo Pachas Serrano, expuso ante el Pleno ampliado del @JNE_Peru las razones por las cuales la Segunda Elección Regional 2026 no podría llevarse a cabo antes del domingo 6 de diciembre. https://t.co/M11pwwtD5e

— ONPE (@ONPE_oficial) October 7, 2026

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JNE fijó el 29 de noviembre

El Pleno del JNE estableció el domingo 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual segunda elección regional. Solo se realizaría en las regiones donde ninguna fórmula a gobernador y vicegobernador alcance al menos el 30% de los votos válidos.

El JNE solicitará a la presidenta de la República la convocatoria en las regiones donde sea necesaria. La posición de la ONPE ubica la fecha mínima siete días después de la que fijó el Pleno.

El organismo electoral también pidió a la ONPE entregar a los Jurados Electorales Especiales las actas observadas de las elecciones regionales hasta el domingo 11 de octubre.

"Le hago mi pedido a Keiko Fujimori. Así como su papá murió en sus brazos, en su casa, no quiero que le pase algo malo a mi esposo. Pido a la Corte Suprema que dé la carta de casación para que resuelvan el tema de mi esposo urgentemente. Tiene que ir a la clínica y de la clínica a mi casa", indicó Karp desde Israel a RPP.

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Karp ya ha realizado apariciones públicas para pedir la libertad de su cónyuge. Como se sabe, Toledo purga una pena de más de 20 años de prisión en el penal de Barbadillo, tras ser hallado culpable de los delitos de colusión y lavado de activos vinculados a actos de corrupción. En los últimos meses, distintos reportes han señalado que el estado de salud del exmandatario es grave.

"Esta es una continuación de fenómenos muy complejos. (En el penal) no hay las máquinas necesarias para cuidarlo. Él tiene problemas cognitivos que tienen que ser tratados por médicos especializados. Temo mucho por su vida. Temo por la vida del único ser amado que me queda en la Tierra", señaló.

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Señala persecución judicial

Además, Karp criticó al sistema de justicia peruano y alegó que se estaría perpetrando una persecución política contra su esposo. La ex primera dama cuestionó la actuación de instituciones como el Ministerio Público y la Corte Suprema.

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"El sistema judicial lo está haciendo a propósito. No quieren respetar las leyes que el mismo Congreso produce y firma. Ningún ser humano, ninguno de nosotros, está hecho para vivir en soledad", indicó.

Cabe mencionar que, en declaraciones a la prensa realizadas en agosto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, señaló que no se podría indultar a Alejandro Toledo en estos momentos. "Si estamos pensando en que una persona que por lo menos se ha apropiado de más de 38 millones de dólares del Perú (...) por cumplir los 80 años ya pide ser liberado para vivir en su casa, entonces le estamos diciendo a los jóvenes que sí es válido, es legítimo robar lo más que se pueda para luego pensar en un indulto", declaró entonces.

La convocatoria corresponde a la propuesta que busca otorgar al Gobierno facultades legislativas para dictar medidas relacionadas con seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. El dictamen aprobado por los diputados será revisado por los senadores antes de continuar con su trámite en el Congreso.

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Además de Galarreta, fueron convocados Ernesto Álvarez, ministro de Justicia y Derechos Humanos; César Astudillo, ministro del Interior; Rafael Belaunde, ministro de Defensa; Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego; Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción; y Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La sesión permitirá que los integrantes de la Comisión de Constitución conozcan de primera mano los argumentos del Ejecutivo. Cada ministro expondrá sobre las materias que corresponden a su sector y responderá las consultas de los senadores sobre el alcance de la solicitud.

“Tengo la impresión política de que Keiko se parece cada vez más a Dina. Dina Boluarte cada vez que habían problemas urgentes en el país viajaba y ella se amparaba en su ley de tele gobierno que, además, es inconstitucional”, dijo en entrevista a Exitosa.

Resaltó, además, que Fujimori toma “decisiones políticas a través de Tik Tok”.

“Esquiva, en mi opinión, asumir y responder políticamente por temas que creo debería dar la cara a la prensa, por lo menos, tanto ella o el premier”, anotó.

Añadió que la estrategia de Fujimori para combatir la inseguridad no es clara en referencia a la creación de un comando unificado entre la PNP y las Fuerzas Armadas. “No sé qué representa ese comando unificado. ¿Qué es lo distinto? Si normalmente la Policía tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas? En declaratorias de emergencia han trabajado así y la gente siguió muriendo”, explicó.

Por ello, dijo, se debería priorizar una reforma policial y una revisión exhaustiva de las leyes denominadas pro crimen.

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En ese sentido, cuestionó la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, pues considera que excede las competencias que Fujimori tiene.

“Yo he presentado una moción de orden del día para que venga el canciller. En otros países hay una clara posición sobre el tema de los recursos, los mineras, cuestiones críticas. ¿Cómo quieren garantizar la seguridad? ¿Van a militarizar? ¿Cómo se va a ponderar los niveles de debido proceso? Para mí la única estrategia que tienen es de autoritarismo”, señaló.

Además, consideró que no resultaría una sorpresa que el Gobierno decida salirse de la Corte IDH, pues desde el Congreso anterior el Fujimorismo promovió ese discurso.

“Su alineamiento político con Milei, Bukele dan esa orientación. Es una en la que los derechos humanos solo le sirven en la medida que representen cierto nivel de afirmación a las políticas que ellos quieren lograr. En el tema de las cárceles, no hay necesidad de viajar a El Salvador por eso. El problema en Perú es de hacinamiento”, manifestó.

La muerte de Guardamino se produjo en venganza porque denunció a los autores de la venta fraudulenta de un terreno de 10 mil hectáreas de la comunidad, a la empresa Industrias Argüelles y Servicios, dedicada al recojo y disposición de desperdicios en varios distritos limeños. En el mencionado predio usurpado, esta compañía construyó un relleno sanitario.

La primera llamada se registró a las 7.41 a. m., 17 horas antes del asesinato. La segunda, a las 3.23 p. m., aproximadamente 9 horas previas al homicidio. Y la tercera fue a las 11.56 p. m., muy poco antes del crimen.

Al determinar que los números corresponden al efectivo policial Elar Minchán Sánchez y al ciudadano Rony Mosquera Sánchez, el fiscal Ronny Chamorro Yalico los citó para que expliquen las circunstancias de las comunicaciones con la víctima.

Santiago Guardamino Gonzáles ejercía como presidente de la comunidad campesina de Quipán y fue asesinado en el momento en que llegaba a su casa en Carabayllo, luego de haber sostenido una reunión en su pueblo.

Al asumir funciones, Guardamino descubrió que su antecesor en el cargo, Abel Mosquera Ortiz, en complicidad con Aniceto Argüelles Loayza, propietario de la compañía Industrias Argüelles y Servicios Generales, fraguaron la compra-venta de 10 mil hectáreas de la comunidad de Quipán.

Guardamino inició acciones penales y civiles y consiguió demostrar que Abel Mosquera y la gerente de la empresa de Argüelles, Karen Pasco Flores, falsificaron las actas de los comuneros para autorizar la transacción por S/600 mil.

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El trasfondo del asesinato

El presidente de la comunidad campesina fue ejecutado cuando encaminaba los procesos judiciales para que el predio adquirido fraudulentamente por Argüelles retornara a sus verdaderos propietarios.

Las dos personas que se contactaron telefónicamente con Guardamino, horas y minutos antes del asesinato, están relacionadas con la disputa judicial de la comunidad de Quipán con la empresa de Argüelles.

El efectivo policial Elar Minchán Sánchez es hermano de Jaime Minchán Sánchez, quien fue abogado de la comunidad de Quipán. Su declaración cobra relevancia por un antecedente que involucra a su hermano Jaime Minchán Sánchez.

En 2025, un año después del crimen, La República informó que la División de Homicidios investigaba la presunta disputa entre Santiago Guardamino y el abogado Jaime Minchán. El dirigente acusaba a este de presuntos tratos clandestinos con la empresa de Aniceto Argüelles, la que compró mediante fraude el terreno de Quipán.

Guardamino sospechaba que el abogado Minchán filtraba información a Argüelles. Jaime Minchán en una entrevista con este medio, negó la versión y sostuvo que se había alejado por razones de seguridad.

Hay otro nexo.

En 2023, el hermano de Jaime y Elar Minchán, Elthon Minchán Sánchez, fue detenido por contratar a un sicario y participar en un homicidio, en medio de una disputa por el control de centros clandestinos para prácticas abortivas, en Los Olivos.

Otro de los hermanos, Daigoro Minchán Sánchez, fue detenido en 2023 por actuar falsamente como funcionario público y solicitar dinero bajo la amenaza de clausurar negocios.

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Nuevos datos aparecen en investigación

• El otro personaje citado es Rony Mosquera Sánchez, hijo de Abel Mosquera Ortiz, quien presidió la comunidad de Quipán en 2016 y fue condenado por la venta fraudulenta del terreno a Aniceto Argüelles. La policía no descarta su involucramiento en el crimen por venganza.
• La fiscalía también ordenó identificar otros nueve números que mantuvieron contacto con los teléfonos de Elar Minchán y Rony Mosquera durante el primero de abril de 2024.
• El caso experimenta un avance después de que fuera archivado sin que siquiera se revisaran los teléfonos de la víctima, que son la clave para identificar a los asesinos, materiales e intelectuales.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Reto se pronunció después de la extensa sesión del Pleno y reconoció que durante el debate hubo “cierto desorden”. Sin embargo, sostuvo que el resultado mostró que las distintas bancadas pueden alcanzar acuerdos pese a sus diferencias políticas. “Debemos aprender a dialogar”, afirmó al referirse a la jornada que terminó con la aprobación del dictamen.

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El titular de Diputados también cuestionó la duración de la discusión. Según explicó, el oficialismo pudo haber respaldado desde el inicio el dictamen en mayoría y, con ello, se habrían evitado unas seis horas de debate. Su comentario apuntó a las discrepancias que extendieron la discusión sobre las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

Para Reto, la discusión también marcará la relación entre las dos cámaras durante este primer periodo del Congreso bicameral. El presidente de Diputados sostuvo que el Senado tiene la posibilidad de revisar lo aprobado, pero pidió que esa función no sea utilizada para cambiar de manera sustancial la propuesta. “No estamos en el Congreso anterior; somos dos cámaras y deben respetarse mutuamente”, afirmó.

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El parlamentario puso especial atención en la posibilidad de que los senadores incorporen asuntos que no fueron considerados por Diputados. “No le da derecho a incluir materias ajenas a la revisión ni a desnaturalizar la esencia de lo que ya hemos aprobado”, señaló. De esta manera, Reto planteó que la revisión del Senado debería mantenerse vinculada al contenido que recibió de la primera cámara.

Reto también dirigió su mensaje a los integrantes del oficialismo y a sus aliados en la Cámara de Senadores. Les pidió demostrar que la nueva estructura del Parlamento permitirá mantener un equilibrio entre ambas instancias. “Como nos comportemos hoy, definirá la forma de trabajar entre ambas durante los próximos cinco años de gestión”, sostuvo.

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Dictamen de facultades aprobado por Diputados ya está en manos del Senado

La Cámara de Diputados remitió al Senado el dictamen de delegación de facultades aprobado para que el Poder Ejecutivo legisle durante 90 días en materias vinculadas con seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. El documento será revisado ahora por la Cámara de Senadores.

El texto enviado contempla medidas sobre migración y nacionalidad, además de otras disposiciones relacionadas con la lucha contra la criminalidad y la atención de emergencias. La propuesta también establece límites para las facultades y excluye materias que no pueden ser delegadas por el Congreso.

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La Comisión de Constitución del Senado deberá revisar el documento antes de que llegue al Pleno de esa cámara. Los senadores podrán evaluar el contenido que aprobó Diputados y definir si corresponde aprobarlo, rechazarlo o plantear modificaciones.

El envío del dictamen abre ahora una nueva etapa de la discusión. Óscar Reto ya pidió a los senadores que no incorporen asuntos ajenos a la propuesta ni “desnaturalicen” lo aprobado por Diputados. La revisión será una de las primeras decisiones que pondrá a prueba la relación entre las dos cámaras del nuevo Congreso bicameral.

La denuncia señaló que Santos atribuyó a los habitantes del Cusco una supuesta incapacidad para tomar decisiones adecuadas y relacionó su comportamiento electoral con el llamado “síndrome de Estocolmo”. El documento consideró que estas expresiones afectaron a la población de una región de manera colectiva.

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Durante la entrevista que motivó la denuncia, Santos rechazó que sus comentarios fueran racistas o clasistas. Afirmó que se trataba de un asunto “físico” y “psicológico”. También sostuvo que la falta de oxígeno en las zonas de altura explicaba, según su argumento, la forma en que parte de la población votaba.

El exalcalde también mencionó a Puno y afirmó que otras regiones ubicadas en zonas altas presentaban el mismo supuesto problema. En sus declaraciones sostuvo que sus comentarios no tenían relación con el color de piel o la condición social, sino con la altura y el oxígeno disponible.

El caso también generó un pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. La ANGR, que reúne a los 25 gobernadores regionales del país, rechazó las expresiones que consideró racistas y discriminatorias y pidió que las autoridades competentes determinen las responsabilidades que correspondan.

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ANGR rechaza expresiones racistas y discriminatorias

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales expresó su rechazo a los discursos racistas y discriminatorios atribuidos a autoridades y comunicadores políticos tras los resultados preliminares de las elecciones regionales y municipales. El pronunciamiento fue emitido el 7 de octubre y llevó la representación de los 25 gobiernos regionales del país.

La ANGR sostuvo que este tipo de expresiones no afecta únicamente a una región. Señaló que discriminar a una persona por su origen, identidad, lengua o cultura constituye una agresión contra el país en su conjunto. Por ello, pidió al Ministerio de Cultura y a las autoridades de justicia que investiguen los hechos y determinen las sanciones que correspondan.

El organismo también recordó que las autoridades políticas deben defender la igualdad ante la ley. En su pronunciamiento señaló que la discriminación está considerada como delito en el Código Penal y cerró su mensaje con un llamado contra el racismo y la discriminación, además de una defensa de los pueblos andinos y amazónicos.

La Presidencia del Consejo de Ministros publicó un comunicado en el que planteó que el pedido de facultades incluya más materias. Galarreta aseguró que la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados era insuficiente para las acciones que busca llevar adelante el Gobierno.

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“(El primer ministro) señaló su expectativa de que la Cámara de Senadores pueda mejorar la propuesta, para que el Ejecutivo cuente con las herramientas suficientes para enfrentar la criminalidad, El FEN y atender las necesidades que millones de peruanos esperan resolver desde hace décadas”, indicó el comunicado.

El documento también hizo hincapié en las materias que el primer ministro considera que deberían ser tomadas en cuenta.

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“Lo aprobado no brinda al Ejecutivo las herramientas más importantes que el país necesita. Quedaron fuera medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana: no se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las FFAA. En materia de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, tampoco incluye varios puntos. Además, se han excluido acciones para formalizar las MYPE, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos en menos tiempo para los ciudadanos. Cada recorte deja fuera acciones que los peruanos están esperando”.

Álvarez y Astudillo también declararon

Ernesto Álvarez también se pronunció sobre el pedido de facultades que se debatirá en la Cámara de Senadores. Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, los senadores deben priorizar sus propios puntos de vista, aun cuando estos signifiquen modificar lo aprobado por la Cámara de Diputados.

“El Senado tiene una gran misión, diferente a la de Diputados. Ellos deben cautelar el bien común, ser el defensor de la Nación y de sus altos intereses. Por tanto, yo espero que no estén sujetos a la voluntad de algunos grupos de diputados. (...) Cada Cámara tiene una misión específica dentro de la Constitución”, indicó el ministro de Justicia.

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Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, no se pronunció sobre el futuro que tomará este pedido de facultades en la Cámara Alta. No obstante, aseguró que presentarían una serie de proyectos complementarios a lo aprobado por la Cámara de Diputados.

“Vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando con todo lo que tenemos. Cuando se den las leyes, las que se den, vamos a seguir trabajando, eso ténganlo por seguro. Yo soy testigo, de hecho, todos los días, de lo que se evita con las intervenciones de nuestros policías”, indicó el ministro del Interior.

Desde el Senado

En los próximos días, la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores tendrá que debatir el pedido de facultades enviado por la Cámara de Diputados. Carlos Mesía, presidente de este grupo de trabajo y senador de Fuerza Popular, declaró sobre los posibles cambios que podría sufrir el texto aprobado por la Cámara Baja.

De acuerdo con la Constitución y el Reglamento del Senado, los senadores no pueden desnaturalizar las propuestas que son enviadas desde la Cámara de Diputados. Sin embargo, el término utilizado todavía queda a interpretación de los congresistas. El propio Mesía, quien también es constitucionalista, señaló que no sabe a qué se refieren cuando hablan de desnaturalizar.

“No se sabe (qué es desnaturalizar). Esa es una interpretación que tiene que hacer del Reglamento de la Cámara de Senadores al momento de analizar lo que viene de Diputados. Yo no sé qué es desnaturalizar. (...) No puedo hablar en abstracto, sino que tengo que hablar en concreto. En lo concreto, veré si significa aterrizar la buena intención de la Cámara de Diputados”, declaró a la prensa.

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Los diputados han dejado en claro que su principal preocupación está en el respeto que muestren los senadores a lo aprobado por su Cámara. Una posición que, según se pudo conocer, no ha sido del agrado de senadoras como Lourdes Alcorta, representante de Renovación Popular.

“¿Quiénes son para pedirnos un gesto nosotros? ¿Qué creen? No podemos estar en este plan. Nosotros no vamos a dar ningún gesto, no lo vamos a hacer”, indicó Alcorta durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado.

Pero en la Cámara Alta también hay quienes quieren continuar con el texto aprobado por los diputados. En la oposición, Jaime Delgado, senador de Ahora Nación, señaló que añadir nuevos puntos al dictamen sería ir en contra de lo que estipula la normativa vigente.

“Si se aprobaron 20 temas en la Cámara de Diputados, no podemos aceptar luego las 66, como algunos dicen. (...) Hay una duda y desconfianza a partir de declaraciones infelices de algunos senadores, que dijeron que no importa lo que apruebe Diputados porque el Senado puede jalar los otros puntos no aprobados. Hay una duda de que se pueda incumplir el reglamento. Por eso se le pide a Fuerza Popular que haga un gesto y diga que va a cumplir el reglamento. Así todos estaríamos tranquilos”, continuó.

El texto que llega a la Cámara de Senadores

La delegación de facultades legislativas es mucho más acotada que la que pidió el Ejecutivo. El Gobierno de Keiko Fujimori había enviado, el 28 de agosto, un proyecto por 120 días que abarcaba seguridad ciudadana, micro y pequeñas empresas, empleo, régimen tributario, simplificación administrativa, minería, hidrocarburos, electricidad, pesca, agro, vivienda y reforma del Estado, entre otras materias. El texto aprobado se limita a seguridad ciudadana y al fenómeno El Niño, y reduce el plazo a 90 días calendario.

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Así, quedaron fuera por completo los bloques laboral, tributario y aduanero, MYPE, reforma del Estado y servicio civil, así como los cambios en minería, hidrocarburos, electricidad, pesca y régimen ambiental. También se cayeron la eliminación de los topes a las tasas de interés y la derogatoria de la ley que creaba el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

Los diputados excluyeron la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad externa y apoyo a penales, la modificación de las reglas del uso de la fuerza, la declaratoria de las organizaciones criminales como terroristas y la norma sobre legítima defensa. Tampoco pasaron la libertad vigilada postpenitenciaria ni las armas no letales para el personal de áreas naturales protegidas.

El anuncio se realizó durante la presentación de las Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado. La actividad contó con la participación del primer ministro Luis Galarreta, el ministro del Interior, César Astudillo, y el titular de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa. También estuvieron presentes los principales mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

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De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior, los 1.350 integrantes estarán distribuidos entre las instituciones militares y policiales. La Fuerza de este grupo estará compuesta por 500 miembros del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina de Guerra, 80 de las Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías de unidades especializadas.

Fujimori sostuvo que el Gobierno tomó "un gran cambio" en su estrategia contra el crimen. La mandataria afirmó que la población estaba "desesperada" por salir a trabajar con temor a ser víctima de una extorsión o una balacera. También cuestionó que, según su lectura, las autoridades no hayan hecho lo suficiente durante los últimos 26 años para enfrentar este problema.

La presidenta también anunció otras medidas. Entre ellas, la creación de un grupo especial integrado por policías y militares para ejecutar operaciones de búsqueda y captura. "Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y captura inmediata", afirmó.

Sin embargo, la definición final del resultado se mantiene a la espera de que el organismo electoral resuelva la totalidad de las actas pendientes.

En el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 98.856% de actas contabilizadas, la candidata de la Alianza Electoral Venceremos obtiene un 30.028% de los votos válidos, lo que equivale a 211.116 sufragios.

De forma paralela, el Jurado Electoral Especial tiene pendientes de resolver 45 actas observadas, las cuales representan el 1.144% del total de las mesas. Debido al ajustado margen, el fallo de la entidad electoral sobre estas actas podría mover las cifras y ajustar el porcentaje hacia abajo.

Como la Ley de Elecciones Regionales exige superar el 30% de los votos válidos para ganar en primera vuelta, la candidata supera este requisito por una diferencia mínima —de apenas unos 80 a 200 votos, en una región donde han votado más de 700 mil personas—. Por eso, cualquier ajuste que haga el jurado al resolver las actas pendientes podría hacer que su porcentaje se reduzca del 30%.

Por otro lado, por medio de una resolución se dispuso que los sufragios emitidos a favor de Progresemos deben ser considerados votos nulos tras la exclusión de su candidato a gobernador regional, Edy Edward Cuellar Margholt.

Al retirar esos votos, la base de cálculo disminuye y los porcentajes de las demás candidaturas se recalculan, lo que elevaría la preferencia a favor de Mendoza.

Motivo de la exclusión del candidato de Progresemos

La exclusión de Edy Edward Cuellar Margholt, candidato a la gobernación regional por Progresemos, responde a la aplicación del artículo 34-A de la Constitución Política del Perú, el cual prohíbe la postulación a cargos de elección popular a personas que cuenten con sentencia condenatoria por delito doloso.

El Jurado Electoral Especial acreditó la existencia de una sentencia emitida por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Paucartambo que condenó a Cuellar como autor del delito de difamación agravada, imponiéndole un año y ocho meses de pena privativa de la libertad suspendida.

Aunque la defensa legal interpuso un recurso de apelación, el tribunal electoral y posteriormente el Jurado Nacional de Elecciones determinaron que el impedimento constitucional se configura sin exigir que la sentencia sea firme o consentida.

Al confirmarse la exclusión del candidato, la fórmula regional perdió subsistencia y los votos pasaron a ser nulos.

Resultados de la ONPE al 98.856% en Cusco

Detrás de la Alianza Electoral Venceremos (30.028%), el conteo oficial de la ONPE ubica en el segundo lugar a Ahora Nación, que alcanza el 17.173% de los votos válidos.

Luego se encuentra el Partido Político PRIN en tercer lugar con el 16.034%, seguido por el Partido Político Perú Primero, que obtiene un 11.354% del respaldo en la región.

En el quinto lugar figura Progresemos con el 9.772% de las preferencias, votos que pasarán a ser nulos tras la exclusión de su candidato.

Las últimas posiciones registradas en el cómputo oficial las ocupan Acción Popular, con un 4.132% de los sufragios, y Avanza País – Partido de Integración Social, que acumula el 3.321% de los votos válidos contabilizados.

Álvarez expresó que cada cámara tiene atribuciones distintas y afirmó que los senadores deben tomar su propia decisión sobre la propuesta. "Yo espero que el Senado no esté sujeto a la voluntad de algunos grupos de diputados", declaró.

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Álvarez explicó que la Cámara de Diputados tiene entre sus funciones la iniciativa legislativa y el control y fiscalización del Poder Ejecutivo. Sobre el Senado, sostuvo que su tarea está relacionada con la defensa del interés nacional y el respeto de la Constitución. "El Senado tiene la misión de cautelar el bien común por encima de los criterios territoriales o de los electores", señaló.

El ministro también sostuvo que el Senado debe actuar con independencia frente a las posiciones que puedan surgir en la Cámara Baja. "Cada Cámara tiene una misión específica dentro de la Constitución", manifestó. Con ese argumento, el integrante del Ejecutivo defendió que los senadores revisen el contenido del proyecto sin asumir como propia la decisión adoptada por los diputados.

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La declaración ocurrió luego de que la Cámara de Diputados aprobara la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días. El Pleno aprobó el texto con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, después de que una primera votación no alcanzara los votos necesarios. La propuesta pasó al Senado para continuar su trámite.

El dictamen contempla 20 materias. Seis están relacionadas con seguridad ciudadana y 14 con acciones frente al fenómeno El Niño. Entre las medidas aparecen cambios sobre control migratorio, telecomunicaciones, sistema penitenciario, delitos informáticos, criminalidad organizada, infraestructura y atención ante emergencias.

Tenía 87 años y se apagó en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde estaba ingresada desde el día del desalojo. El Sindicato de Inquilinas, que la acompañó hasta el final, dio la noticia con un mensaje que termina con la promesa de seguir luchando por ella.

Setenta años en la misma casa

Maricarmen Abascal llegó a la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Retiro, en 1956. Ahí hizo su vida. En 2018 una sociedad llamada Urbagestión compró el edificio, sostuvo que su contrato ya había vencido y le planteó una salida imposible. Comprar el piso por unos 250.000 euros o pagar una renta de 1.650 euros al mes con una pensión que rondaba los 1.400.

Ella nunca fingió que podía. Lo dijo con su propia voz hace un par de años, "no tenía ese capital ni loca", y a su edad ningún banco iba a prestarle. Siguió pagando los 450 euros de siempre.

La Justicia le dio la razón solo al principio. Un juzgado de Madrid rechazó la demanda, pero la Audiencia Provincial y después el Tribunal Supremo respaldaron a la empresa. El desahucio, de hecho, era legal. Cuatro intentos después, la ONU pidió frenarlo y nadie lo frenó.

El día en que la sacaron en camilla

El 23 de septiembre la puerta del edificio cedió ante un ariete. Dentro quedaban familiares y cuatro integrantes del Sindicato. Maricarmen salió en camilla y terminó en el hospital. La foto recorrió el país antes de que anocheciera.

La protesta llegó antes que la noticia en los telediarios. Esa misma tarde el Sindicato convocó concentraciones urgentes en doce ciudades. En Madrid más de diez mil personas se plantaron frente al ático de Isabel Díaz Ayuso, y la Policía cargó contra un grupo. Al día siguiente se sumaron dieciséis ciudades más. El fin de semana trajo más de cincuenta movilizaciones bajo un lema que ya miraba lejos, "Hacia la huelga general". En la Puerta del Sol se instaló una acampada que sigue en pie.

"No he logrado defender mi casa"

Dos días después, el Sindicato difundió un vídeo en el que Maricarmen habla desde el Gregorio Marañón. Agradeció a quienes fueron a su desahucio, entre ellos a los niños, y sobre su derrota lamentó la situación en la que estaba: "No he logrado defender mi casa”, sentenció.

Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen. "Un día aquí en Madrid, nos fuimos a juntar a defender las casas que nos quieren robar. Maricarmen no estás sola, nada nos detendrá. El Sindicato es familia, lo vamos a luchar." https://t.co/jjFLmrIshx

— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 7, 2026

"El desahucio de Maricarmen de hoy es una tragedia que no podemos aceptar”, adivrtió Sánchez

El presidente del Gobierno habló desde Nueva York, donde participaba en la Asamblea General de la ONU. Dijo que las competencias en vivienda son de ayuntamientos y comunidades, y acusó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de estar más pendientes de comprar y vender áticos. Sobre el desahucio fue categórico y sostuvo que "el desahucio de Maricarmen de hoy es una tragedia que no podemos aceptar".

También afirmó que, si el Parlamento hubiera convalidado antes del verano su decreto de vivienda, Maricarmen seguiría en su casa.

Cuatro días después, en un mitin en Getafe, cambió el tono y le habló directamente. Había visto el vídeo en el que ella le pedía un decreto para aliviar la emergencia habitacional. "Maricarmen, tengo un mensaje para ti", dijo, y pidió a los grupos un último esfuerzo para aprobar la norma por ella y por los millones de españoles que sufren por la vivienda.

Maricarmen tiene un mensaje para todas: esto no puede volver a pasar. Necesitamos un decreto que impida cualquier desahucio sin alternativa habitacional, garantice contratos estables, congele los alquileres y acabe con las estafas de los rentistas. https://t.co/MfaY4ALDow

— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 26, 2026

"Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra”, la derecha responde

Al otro lado, las reacciones fueron más frías. Ayuso defendió el desahucio ante el Círculo de Empresarios, un día después de que ocurriera y aseveró que se había cumplido una ley que el Gobierno y sus socios tuvieron ocho años para cambiar, llamó "algaradas" a las protestas y acusó al Sindicato de acosarla. "Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra", agregó.

Alberto Núñez Feijóo tardó dos días en hablar. Calificó el caso de "descorazonador", dijo que no usaría a Maricarmen para hacer política y atribuyó al Gobierno la responsabilidad de agitar el tema. Cuca Gamarra, del PP, coincidió con Ayuso en que Maricarmen era uno más de los más de 25.000 desahucios anuales y defendió que Ayuntamiento y Comunidad no habían mirado hacia otro lado. Según el Ayuntamiento, a ella se le ofreció una plaza en una residencia pública que rechazó porque prefería alojarse con sus familiares.

Vox fue por otro carril. El perfil oficial del partido en la red X sugirió que ella tendría casa si fuera inmigrante. Santiago Abascal, su líder, trasladó el debate a la inmigración, acusó al Gobierno de dar "prioridad extranjera" en la vivienda social y definió así a quienes acampan en Sol.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida llegó después, con otra lectura. Presumió de la mediación del Ayuntamiento y aseguró que hay una forma distinta de encarar el problema de la vivienda. Exigió también el levantamiento inmediato de la acampada.

Un acuerdo que no vino de un juez

Ningún juez ordenó devolverle la casa. Lo que la haría volver fue una negociación. Cinco días de protestas y la presión de un Congreso a punto de votar un nuevo decreto movieron a la empresa inmobiliaria Urbagestión, que había rechazado ofertas hasta entonces, a sentarse en una mediación con la empresa municipal de vivienda. El acuerdo le permitía volver como inquilina y pagar como máximo el 30 por ciento de sus ingresos.

Su abogada fue clara sobre lo que cambió. La empresa, dijo, no quiso negociar hasta el día anterior, y atribuyó el giro a la presión popular. Maricarmen lo aceptó y el Sindicato lo llamó un acuerdo histórico. Sin embargo, la octogenaria murió sin poder usarlo.

El contragolpe que llegó al Congreso

La calle presionó y el Parlamento respondió con un portazo. El viernes 2 de octubre las derechas, incluido el PP, tumbaron los dos decretos de vivienda del Gobierno. El lunes 5, Sánchez anunció la disolución de las Cortes y elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. Las urnas estaban previstas para 2027.

Hay quien lee en esa jugada política una salida de emergencia. Sostienen que el presidente se adelantó a una moción de censura que ya tenía los números. Es una hipótesis que circula varios días en redes, pero aún no es un hecho confirmado. Lo que sí está claro es que la convocatoria le devolvió la iniciativa, y que el martes el Gobierno volvió a aprobar los decretos en el Consejo de Ministros.

🔴 La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apela a los grupos para el respaldo a las medidas de los decretos 🗣️ "El desahucio de Maricarmen ha agilizado acercar posturas. Hoy espero de este Parlamento que haya acuerdo para que no vuelva a haber un desahucio más en España" 🔊 En DIRECTO https://t.co/cgnoH15zBH

— Radio 5 (@radio5_rne) October 2, 2026

"No vamos a permitir ni un desahucio más como el de Maricarmen", una campaña con nombre propio

La vivienda será el gran tema hasta el día de los comicios adelantados el próximo 29 de noviembre. Las encuestas ponen al PP por delante del PSOE y Sánchez entra a la contienda con una causa social de enorme fuerza simbólica.

Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2026

Maricarmen se convirtió, sin quererlo, en el rostro de esa causa. Su caso movió la agenda, empujó al Gobierno y cambió el calendario electoral. El presidente puede presentarse como quien escuchó el reclamo. La derecha, en cambio, tendrá que explicar por qué tumbó los decretos y qué propone para que no haya otra Maricarmen.

El Sindicato le reprochó al Gobierno central que no frenara el desahucio. Hay una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre. Al despedirla, el colectivo calificó de "demasiado tarde" el acuerdo que habría permitido que volviera a su casa, y aseguró que las movilizaciones seguirán.

"Solicito con carácter de urgencia que la Coordinación a su cargo remita los actuados al despacho fiscal competente, a fin de que se inicie una investigación de oficio contra el señor Santos Normand por discriminación e incitación a la discriminación", se lee en el documento.

El pedido, remitido al coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, Daniel Alberto Jara Espinoza, responde a las declaraciones hechas por Santos durante una entrevista transmitida por streaming.

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En dicho espacio, al opinar sobre las inclinaciones electorales en Cusco, el exburgomaestre sostuvo que por la altura "el oxígeno es bastante menor" y que "la falta de oxígeno hace que muchos piensen de manera obtusa antes de tomar una decisión".

Asimismo, Santos añadió en la transmisión que los ciudadanos de la región deberían "bajar un poquito" para "abrir un poco más los ojos y la mente", comparando la preferencia del electorado cusqueño con un "síndrome de Estocolmo".

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En el documento fiscal, el legislador Manrique fundamenta que dichas expresiones no son una simple opinión política al atribuir a los habitantes de la sierra una presunta "menor capacidad para razonar por residir en zonas de altura", convirtiendo una condición geográfica en una supuesta inferioridad intelectual.

A través de sus redes sociales, el parlamentario sostuvo la necesidad de llevar el caso a la vía penal y manifestó que "el racismo y la discriminación no pueden quedar solo en una condena pública. Corresponde que las autoridades actúen y determinen responsabilidades para evitar que este tipo de expresiones se repitan".

Los votos en contra provinieron de Juntos por el Perú y de un sector de Ahora Nación. Por su parte, el respaldo llegó de la bancada oficialista, Renovación Popular, Obras y buena parte del Partido del Buen Gobierno. Nora Bonifáz, senadora del Partido del Buen Gobierno, fue la única legisladora que se abstuvo de votar.

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El primer viaje de Fujimori será a la nación centroamericana. La presidenta estará en El Salvador del 28 al 31 de octubre para reunirse con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

Por otro lado, su visita a España será del 2 al 6 de noviembre y tendrá como finalidad su participación en la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado, que se desarrollará en ese país.

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“No se sabe (qué es desnaturalizar). Esa es una interpretación que tiene que hacer del Reglamento de la Cámara de Senadores al momento de analizar lo que viene de Diputados. Yo no sé qué es desnaturalizar. (...) No puedo hablar en abstracto, sino que tengo que hablar en concreto. En lo concreto, veré si significa aterrizar la buena intención de la Cámara de Diputados”, indicó a RPP.

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el texto sustitutorio aprobado por la Cámara de Diputados brinda facultades legislativas al Ejecutivo solo en puntos relacionados con la lucha contra la inseguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno de El Niño. Lo aprobado por la Cámara Baja dista de lo presentado originalmente por el Gobierno de Keiko Fujimori.

Unas horas antes, Mesía había declarado que no era necesario que el Senado se comprometiera a no desnaturalizar el pedido de facultades: “Es una tautología, el reglamento y la Constitución dicen que no podemos desnaturalizar. No necesitamos pronunciarnos al respecto. La interpretación política es un ejercicio pragmático, se ejerce sobre el caso concreto, no en abstracto”, dijo a Epicentro.

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Senadores se pronuncian sobre proceso en la Cámara de Senadores

Tras la aprobación del pedido de facultades en la Cámara de Diputados, distintos senadores se pronunciaron sobre el proceso que seguirá ahora en la Cámara Alta. Para Lourdes Alcorta, el Senado no debe tener ningún gesto respecto de las pretensiones de la Cámara Baja.

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“¿Quiénes son para pedirnos un gesto a nosotros? ¿Qué creen? No podemos estar en este plan. Nosotros no vamos a dar ningún gesto, no lo vamos a hacer”, señaló Alcorta durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado.

Por su parte, Jaime Delgado señaló que la Cámara de Senadores no puede agregar puntos a lo aprobado por los diputados: “Si se aprobaron 20 temas en la Cámara de Diputados, no podemos aceptar luego las 66, como algunos dicen. (...) Hay una duda y desconfianza a partir de declaraciones infelices de algunos senadores, que dijeron que no importa lo que apruebe Diputados porque el Senado puede jalar los otros puntos no aprobados. Hay una duda de que se pueda incumplir el reglamento. Por eso se le pide a Fuerza Popular que haga un gesto y diga que va a cumplir el reglamento. Así todos estaríamos tranquilos”.

"¿Quiénes son para pedirnos un gesto nosotros? ¿Qué creen? No podemos estar en este plan. Nosotros no vamos a dar ningún gesto, no lo vamos a hacer”, indicó durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado.

En esa misma línea, en declaraciones a la prensa, Alcorta cuestionó que los diputados primero dieran opiniones a título personal antes de buscar un acuerdo en bloque. "A mí lo que me sorprende es que después de las declaraciones que han hecho una persona u otro congresista por ahí en forma aislada, (…) ¿por qué esas cuatro bancadas se han juntado después y han hecho esas propuestas?", dijo vía Epicentro.

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Respecto a la solicitud de los diputados de recibir un “gesto político” por parte del Senado para asegurar que el pedido aprobado no se altere, la senadora advirtió que no permitirán ser sometidos a condicionamientos.

"Es una majadería estar pidiendo algún gesto, ¿dónde se ha visto que nos van a condicionar cada vez, siempre, eternamente (…)”, indicó.

Sin embargo, Alcorta negó que el Senado reste importancia al trabajo de la Cámara Baja. ”Están equivocados, nadie ha dicho eso, vamos a respetarlo. Ahora, si mandan en cualquier otro momento una barbaridad, sí la tenemos que rechazar”.

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Las exigencias de la oposición en la Cámara Baja

Las declaraciones de Alcorta se producen tras el pronunciamiento de las bancadas de Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación en la Cámara de Diputados. Estos grupos advirtieron que no votarán a favor del paquete de facultades delegadas solicitado por el gobierno de Keiko Fujimori si el Senado no asegura que mantendrá la esencia de los dictámenes trabajados por los diputados.

El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, explicó que enviaron un documento formal a la Comisión de Constitución del Senado para que defina sus límites de modificación y advirtió sobre los riesgos de dar un respaldo sin garantías previas.

“Vamos a esperar que el Senado emita un pronunciamiento dando respuesta a lo que hemos solicitado, garantizando que se respeta el rol de la Cámara de Diputados. Caso contrario, en el caso de Juntos por el Perú, nosotros no estamos en condiciones de firmar un cheque en blanco porque consideramos que es un alto riesgo para la institucionalidad democrática del país y esto podría significar una alta conflictividad social y anomia que puede llevar hasta la violencia”, indicó.

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Por su parte, la diputada del Partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza, sostuvo que su bancada filtró y priorizó las materias urgentes, como la seguridad y la prevención ante desastres naturales. Alayza cuestionó que desde el Senado se incluyan temas que no corresponden a la emergencia.

“Queremos saber qué va a pasar con nuestro trabajo cuando el expediente llegue al Senado. Si hoy el Senado no se pronuncia y no da el gesto político que venimos pidiendo, no va a haber facultades. Y queremos que esto quede absolutamente claro. El gobierno de Keiko Fujimori tiene hoy la posibilidad de recibir las facultades y no tiene que convencer a la Cámara de Diputados de algo nuevo. Lo único que tiene que hacer es que su propia bancada en el Senado dé el compromiso político que estamos pidiendo”.

El vocero de la bancada de Ahora Nación, César Holguín, apeló a la historia y a la división de poderes para pedir que el Senado no desdibuje la función fiscalizadora de los diputados.

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“Recuérdense ustedes que José Faustino Sánchez Carrión, el padre del constitucionalismo peruano, dijo precisamente: ¿en qué se diferencia el Perú si quiere romper con la metrópoli virreinal? En que seamos una república con equilibrio de poderes, contrapeso de poderes y donde verdaderamente el gobernante responda a la necesidad de la gente”.

Asimismo, el legislador reiteró el pedido formal hacia la Cámara Alta para mantener un canal democrático y de respeto institucional.

“Reitero, desde la bancada de Ahora Nación, un llamado, una exhortación de cara al país, a la Cámara de Senadores, a comprometerse en un espíritu democrático y de principios republicanos, a respetar nuevamente el espíritu, el contenido de lo que dicte, apruebe o discuta la Cámara de Diputados”.

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Vacíos normativos y límites constitucionales

En diálogo con La República, el abogado constitucionalista Luciano López señaló que que la exigencia de un compromiso previo no forma parte del procedimiento legislativo.

"Jurídicamente no tiene cariz alguno; ha sido una expresión política de los diputados. Lo que demuestra este incidente es que, de ambos lados, no se conocen a cabalidad sus competencias", explicó.

La falta de definición sobre "desnaturalizar"

Al evaluar cuándo un cambio del Senado deja de ser una mejora técnica y se convierte en una modificación inconstitucional, López indicó que los reglamentos no detallan qué supuestos constituyen una "desnaturalización".

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"(…) podría terminar definiéndolo el Tribunal Constitucional si es que, aprobada la ley con modificaciones o adiciones por parte del Senado, se acusa que es una 'desnaturalización'. Y eso porque ni la Constitución ni los reglamentos del Senado y de Diputados han definido qué significaría 'desnaturalizar'", sostuvo.

El especialista indicó que esto se debe a que el Congreso anterior no fijó pautas específicas sobre el tema en la reforma ni en los reglamentos.

Asimismo, aclaró que presentar una demanda de inconstitucionalidad no frena la aplicación de la ley, aunque "siempre va a quedar en el imaginario colectivo de que la ley podría terminar siendo derogada si es que el tribunal da la razón".

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Límites del Senado sobre lo rechazado por la Cámara Baja

Con relación a las materias descartadas por la Cámara Baja, López precisó que el Senado no tiene la atribución de volver a incluirlos en el texto final.

"La competencia del Senado opera solo para revisar la materia y el contenido del proyecto de ley aprobado por diputados; no pueden ingresar a revisar lo desaprobado”, precisó.

Además, el experto detalló que se debe a dos razones: “la primera, porque ello excede su poder revisor de lo aprobado como lo manda la Constitución reformada; y, la segunda, porque ingresar a pronunciarse sobre lo no aprobado por diputados significaría asumir iniciativa legislativa que la Constitución no les ha conferido".

"No hay nada en concreto. Existe la voluntad de (la empresa fabricante surcoreana) Hyundai Rotem de venderlos, pero no está presupuestado. Tampoco está en el presupuesto que hemos presentado (al Congreso) para el año entrante (2027)", explicó Belaúnde a La República.

En efecto, el cinco de octubre, al presentarse ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, Belaúnde sustentó el requerimiento de un crédito suplementario para cinco prioridades, pero ninguna correspondía a la adquisición de carros de combate principales en reemplazo de los T-55.

Ahora, si se presenta la oportunidad de contratar un nuevo modelo, no será mediante el mecanismo previsto por la Ley N.° 31684, que dispone que los institutos armados recurran a la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), indicó el ministro de Defensa. Belaúnde manifestó que en este caso se aplicará el mecanismo de licitación internacional.

Todo a su tiempo

"Hasta el momento no hay un programa (para la compra de tanques), no hay un proyecto de inversión sobre la mesa. Yo he ido a ver los tanques (‘K2 ‘Black Panther’, que llegaron al Perú en julio del 2026). Son tanques de grandes prestaciones, pero no hay un proyecto, como en el caso de los aviones de combate (F-16 Block 70)", señaló Belaúnde.

"Lo que hay es una alianza estratégica con el fabricante (Hyundai Rotem), lo que nos facilitaría la adquisición, pero yo creo que una compra tan seria como esta requeriría primero un concurso internacional", destacó el titular del Ministerio de Defensa.

"El Ejército no me ha planteado el proyecto de inversión (para la compra de los tanques K2 ‘Black Panther’", reiteró Belaúnde.

Durante el gobierno del expresidente José Jerí, el Ejército intentó adquirir los carros de combate principales K2 'Black Panther'. De hecho, el nueve de diciembre de 2025, en el Día del Ejército, el instituto armado firmó un "acuerdo estratégico" con Hyundai Rotem para la futura adquisición de tanques principales de batalla K2 y vehículos blindados a ruedas K808 (White Tiger), según la versión oficial.

Se estimó que serían 54 tanques K2 'Black Panther' y 141 blindados K808 'White Tiger' con una inversión proyectada de US$5.000 millones. En este esquema, FAME participaría como intermediaria.

La abrupta salida de José Jerí no detuvo el plan de adquisición sin licitación.

En la puerta del horno

En el gobierno del expresidente José María Balcázar, el exministro de Defensa, Amadeo Flores Caragno, pidió a su par de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, que intercediera ante Hyundai Rotem para que presentara su tanque K2 'Black Panther' en el desfile militar del 29 de julio.

Efectivamente, tres ejemplares arribaron al país, pero el nuevo gobierno de Keiko Fujimori no admitió que fueran exhibidos en la parada militar, como reveló La República.

Sin embargo, el 14 de septiembre de este año, en el campo de maniobras de FAME, los tres tanques coreanos hicieron una demostración de sus cualidades, pese a que el Ejército no ha convocado a licitación ni ha pedido a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas inicie un proceso internacional de compra.

El ministro Belaúnde reiteró que el Ejército no ha presentado el requerimiento, el proyecto de adquisición y no hay presupuesto para sustituir a los tanques soviéticos T-55.

"El requerimiento técnico tiene que nacer del Ejército, así como la estrategia de mediano y largo plazo para nuestra seguridad y soberanía nacional", ratificó Belaúnde.

Adiós a los helicópteros rusos

El gobierno más bien está preocupado por la flota de helicópteros de fabricación rusa. La guerra de la Federación Rusa contra Ucrania, que ha implicado duras sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin, dificulta que las empresas fabricantes de ese país cumplan con sus contratos de mantenimiento, "overhaul" (reparación total) o la provisión de repuestos.

Un caso reciente dejó en evidencia el grave problema.

En 2023, el Ejército contrató sin licitación por US$20,3 millones a la compañía estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC) para el "overhaul" de tres helicópteros que debió entregar en 300 días calendario. Pero tardó más de dos años en completar unos trabajos que se suponía que eran de carácter urgente. Incluso uno de los tres helicópteros, después de haber sido reparado, ha presentado fallas por deficiencias en el "overhaul", como informó La República.

Por si fuera poco, la compañía NASC informó al Ministerio de Defensa y al Ejército que solo puede contratar con la representación rusa y con nadie más para reparar o dar mantenimiento a los helicópteros Mi.

Nuevos modelos de la OTAN o de EEUU

Según el ministro Rafael Belaúnde, el gobierno busca salir de esa situación de dependencia de la Federación Rusa.

"Estamos preocupados porque tenemos que actualizar nuestro parque de helicópteros. Tenemos helicópteros prácticamente todos de procedencia rusa. Esto ha traído una serie de problemas por la guerra rusa con Ucrania. Hay una limitación en los repuestos, por ejemplo", resaltó el ministro.

"Las sanciones económicas que tiene la Federación Rusa dificultan el pago a los proveedores rusos. Entonces, queremos reducir no el número de helicópteros, sino la dependencia de Rusia. Y estamos viendo migrar también nuestros parques de helicópteros a la esfera de la OTAN, ya sean norteamericanos o europeos", precisó a La República el ministro de Defensa.

Rafael Belaúnde puso como ejemplo lo que acaba de hacer la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Planificó el cambio de la matriz de la flota de combate que está compuesta principalmente por aeronaves de fabricación rusa -los MiG-29 y los Sukhoi Su-25-, y seleccionó el caza F-16 Block 70 de la fábrica estadounidense Lockheed Martin. El Ejército debería aplicar el mismo criterio para la flota de helicópteros.

"Creo que es evidente que el Perú requiere más helicópteros en una circunstancia como la que el fenómeno del Niño deja claramente en evidencia. Necesitamos más helicópteros. Hay que hacer un esfuerzo para migrar a la esfera de la OTAN, ya sean helicópteros norteamericanos o europeos, y no depender solamente de un país (la Federación Rusa)", arguyó Rafael Belaúnde.

"El artículo 25 del Reglamento del Senado establece que la Cámara de Senadores puede aprobar, rechazar o modificar lo aprobado por los diputados. Lo que no puede hacer es incorporar materias que no hayan sido aprobadas por los diputados", indicó el senador en conversación con Canal N.

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Delgado calificó de 'infelices' las declaraciones de algunos senadores —como Martha Chávez— que señalaron que la Cámara Alta podría recuperar algunos puntos del pedido original cuando se debata el nuevo texto. Aseguró que un compromiso de Fuerza Popular podría contribuir a que el debate se desarrolle de manera más saludable.

"Si se aprobaron 20 temas en la Cámara de Diputados, no podemos aceptar luego las 66, como algunos dicen. (...) Hay una duda y desconfianza a partir de declaraciones infelices de algunos senadores, que dijeron que no importa lo que apruebe Diputados porque el Senado puede jalar los otros puntos no aprobados. Hay una duda de que se pueda incumplir el reglamento. Por eso se le pide a Fuerza Popular que haga un gesto y diga que va a cumplir el reglamento. Así todos estaríamos tranquilos", continuó.

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Lourdes Alcorta califica de 'majadería' pedido de diputados de respetar las facultades aprobadas

La senadora de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, rechazó el pedido de varias bancadas de la oposición para que el Senado dé un 'gesto político' que garantice que no modificará las facultades otorgadas al Ejecutivo por la Cámara de Diputados. Durante la Comisión de Constitución, sostuvo que la Cámara Alta evaluará el proyecto con autonomía y sin asumir compromisos previos.

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Alcorta cuestionó que los diputados pretendan condicionar la actuación del Senado y calificó esta solicitud como una 'majadería'. Además, criticó que algunos congresistas hayan emitido primero opiniones individuales para luego promover una posición conjunta entre cuatro bancadas. “¿Por qué esas cuatro bancadas se han juntado después y han hecho esas propuestas?”, cuestionó la legisladora.

No obstante, la senadora aclaró que su posición no implica desconocer las decisiones adoptadas por los diputados. Señaló que el Senado respetará lo aprobado por la Cámara Baja, aunque advirtió que también ejercerá su facultad de evaluar, modificar o rechazar aquellas propuestas que considere inconvenientes. “Si mandan en cualquier otro momento una barbaridad, si la tenemos que rechazar”, afirmó.

Para dicho municipio se registró se registró que los dos postulantes más votados alcanzaron 671 votos cada uno, lo que representa un 27.739% de respaldo ciudadano para ambos.

Se trata de los candidatos Salomino Mamani Quispe, de País para Todos, y Rubén Quispe Capajaña, del Partido Democrático Somos Perú. Según el reporte oficial de la ONPE, con las 14 actas contabilizadas al 100%, ninguno logró sacarle ventaja al otro.

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Ante este escenario, sería el Jurado Electoral Especial (JEE) el órgano encargado de resolver el resultado a través de una audiencia pública donde el ganador se determinará por sorteo, tal como lo establece la Ley Orgánica de Elecciones para los casos de igualdad de votos.

Sobre la forma en la que se da esta definición, Ernesto Rosales, especialista del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), explicó en los canales oficiales del organismo que, si bien la ley solo menciona un "sorteo" en términos generales, existe el procedimiento concreto de lanzar la moneda.

"La ley plantea solamente la situación de que en los casos en los cuales ocurre un empate, se proceda con un sorteo. Ahora, no se especifica de qué tipo es el sorteo, porque si bien podemos lanzar una moneda, también podremos encontrar otras formas de realizar un sorteo y dejar a la suerte la determinación del ganador. Pero ya por costumbre se ha institucionalizado que el procedimiento es a través de una moneda que se lanza, una moneda al aire", detalló el vocero.

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Asimismo, Rosales precisó que dicho acto cuenta con la presencia de personal electoral para garantizar la transparencia del procedimiento ante la ciudadanía y los partidos.

"Quien proclama a las autoridades en los casos distritales y provinciales son los jurados electorales especiales. En ese sentido, este acto público de lanzamiento de la moneda tendría que realizarse en presencia de los miembros del jurado electoral especial y con presencia también de los personeros y representantes de las organizaciones políticas, no? Para que pueda tener un nivel también de verificación y digamos en acto público para que no quede ninguna duda de la legalidad y la veracidad del acto realizado", sostuvo.

Hasta el momento, el JEE no ha precisado la fecha ni la hora para la realización del acto público.

“El primer ministro señaló su expectativa de que la Cámara de Senadores pueda mejorar la propuesta, para que el Ejecutivo cuente con las herramientas suficientes para enfrentar la criminalidad, el FEN y atender las necesidades que millones de peruanos esperan resolver desde hace décadas”, indica el comunicado.

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Como se sabe, el texto aprobado por la Cámara Baja corresponde a la propuesta consensuada por las bancadas de Renovación Popular, Obras, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación. El pedido fue aprobado por reconsideración con 66 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones. El texto aprobado dista del presentado por el Ejecutivo y solo otorga facultades en materias relacionadas con el fenómeno de El Niño y la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Lo aprobado no brinda al Ejecutivo las herramientas más importantes que el país necesita. Quedaron fuera medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana: no se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las FFAA. En materia de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, tampoco incluye varios puntos. Además, se han excluido acciones para formalizar las MYPE, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos en menos tiempo para los ciudadanos. Cada recorte deja fuera acciones que los peruanos están esperando”, señala el comunicado.

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Diputados aprobaron pedido de facultades con tropezones

Luego de varias horas de debate, votaciones y el rechazo de dos dictámenes en minoría, la Cámara de Diputados aprobó, en reconsideración, el proyecto que concede al Ejecutivo facultades en materia de seguridad ciudadana y acciones frente al Fenómeno El Niño.

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En una primera votación, el texto sustitutorio no consiguió ser aprobado debido a los votos en contra de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. El resultado fue de 73 votos en contra, 49 a favor y 2 abstenciones. Posteriormente, el dictamen en minoría presentado por el fujimorismo —que buscaba restituir buena parte de los puntos recortados— fue rechazado con 64 votos en contra, 3 abstenciones y ninguno a favor.

La sesión se extendió y requirió hasta tres cuartos intermedios antes de alcanzar un acuerdo. La propuesta será remitida ahora al Senado para que continúe con su trámite legislativo.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

La primera visita responde a una invitación del Gobierno salvadoreño e incluye actividades oficiales en San Salvador y Tecoluca. Entre ellas figura un encuentro con el presidente Nayib Bukele, además de reuniones y visitas relacionadas con las políticas que desarrolla ese país en materia de seguridad, salud y educación.

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Posteriormente, Fujimori viajaría a España entre el 2 y el 6 de noviembre para representar al Perú en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. La reunión internacional se desarrollará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre y congregará a autoridades de países de Iberoamérica, España, Portugal y Andorra.

El Ejecutivo remitió la solicitud al Senado el último lunes 5 de octubre.

El primer viaje fue aprobado entre críticas

El Pleno del Senado autorizó el 16 de setiembre, con 34 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, el primer viaje de Fujimori como presidenta. Fue a Estados Unidos del 21 al 25 de setiembre, para la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Su agenda incluía una reunión con António Guterres y una visita a la Bolsa de Valores.

Durante el debate, la senadora Silvana Robles de Juntos por el Perú votó en contra y sostuvo que los viajes de la mandataria eran meramente protocolares. Su colega de bancada Moisés Chipana afirmó que no era momento de salir del país mientras se preparaba el enfrentamiento al Fenómeno El Niño y crecía la inseguridad ciudadana. Víctor Cutipa de la misma bancada JP planteó que, si la presidenta no podía resolver los problemas dentro del territorio, menos podría hacerlo desde el extranjero.

El dictamen incluía un total de 50 propuestas y había sido presentado por los diputados Arturo Alegría y Jaime Abensur, sin embargo, obtuvo cero votos a favor, 64 en contra y 3 abstenciones.

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Su votación, incluso, llegó cargada de controversia. Tras el rechazo del dictamen en mayoría, Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, dispuso que se votara el presentaron por Fuerza Popular.

Alegría anunció que ahora el texto solo incluía 30 propuestas.

Al escuchar ello, Zunini resaltó que si se trataba de una modificación al texto que se había presentado por la mañana se requería se cumpla el artículo 78 del reglamento de la Cámara de Diputados. Es decir, que la aprobación de una propuesta de un nuevo texto sustitutorio requiere de la firma de los voceros que representen por lo menos la mayoría simple de los diputados y debe ser presentado en el portal web institucional.

Reto suspendió la sesión y convocó a la Junta de Portavoces para resolver ese “vacío legal”. Tras ello, se dispuso que se sometería a debate el pedido inicial, es decir, el que incluía 50 propuestas.

Finalmente, tras varias horas de votación, discusiones y el rechazo de dos dictámenes en minoría, la Cámara de Diputados aprobó, en reconsideración, otorgar facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño al Ejecutivo. Ahora, la propuesta legislativa será emitida al Senado para continuar con el procedimiento.

Fueron 66 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones. Desde Juntos por el Perú votaron en bloque en contra del proyecto. También se sumaron los diputados de Ahora Nación Indira Huilca, César Holguín y Jair Manrique.

Fueron 66 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones. Desde Juntos por el Perú votaron en bloque en contra del proyecto. También se sumaron los diputados de Ahora Nación Indira Huilca, César Holguín y Jair Manrique.

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Desde el fujimorismo no todos votaron para aprobar la delegación de facultades. Las diputados fujimoristas Cecilia Chacón, Karina Beteta, Julio Abensur y Arturo Alegría se abstuvieron.

Inicialmente, el texto sustitutorio fue rechazado con la fuerza de votos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Fueron 73 votos en contra, 49 a favor y 2 en abstención.

Tras ello, se pasó a la votación de los dictámenes en minoría. El primero era un texto presentado por Fuerza Popular y el segundo uno que planteaba el archivo del pedido legislativo.

Pleno accidentado

Cuando Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, dispuso que la propuesta —presentada por los diputados Arturo Alegría y Jaime Abensur—sea debatida, el primero anunció que el dictamen planteaba 30 facultades legislativas y no las 50 presentadas inicialmente. Es decir, pretendía que se debata una nueva propuesta sin que esta haya seguido el debido proceso.

Esto fue alertado por el diputado Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, quien pidió esclarecer la situación.

Resaltó que si se trataba de una modificación al texto que se había presentado por la mañana se requería se cumpla el artículo 78 del reglamento de la Cámara de Diputados. Es decir, que la aprobación de una propuesta de un nuevo texto sustitutorio requiere de la firma de los voceros que representen por lo menos la mayoría simple de los diputados y debe ser presentado en el portal web institucional.

La sesión tuvo que pasar por hasta tres cuartos intermedios para llegar a un acuerdo. Sin embargo, ambas posiciones se mantenían irreductibles.

“No puede ser que haya una bancada que todo el tiempo insista, ya no solamente en pasar por las leyes del país, sino en el reglamento”, sostuvo la diputada Indira Huilca.

Desde el fujimorismo, la diputada Cecilia Chacón utilizó como argumento que durante el debate se ha “llegado a un texto consensuado” que es el que entró en polémica por ser irregular. Sin embargo, se habrían saltado los procedimientos necesarios.

Pese a ello, la Mesa Directiva presidida por Óscar Reto mandó a votación una cuestión previa para que se vote el dictamen en minoría del fujimorismo que planteaba otorgar 50 facultades al Ejecutivo, la misma que fue aprobada.

Tras la reunión de los portavoces se votaron los dictámenes en minoría de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú, que planteaba negar de plano toda las facultades.

Ambos textos fueron rechazados por la Cámara de Diputados.

Se trataba del documento elaborado en la Comisión de Constitución que contaba con el respaldo de las bancadas de Ahora Nación, El Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Renovación Popular.

A diferencia del pedido de del Ejecutivo, este texto reducía el plazo de 120 días a 90.

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Dictámen en minoría de Fuerza Popular

Tras el rechazo entró a debate el primer dictamen en minoría suscrito por Arturo Alegría y Jaime Abensur.

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, dispuso una hora para el debate de dicho dictamen, lo que generó cuestionamientos desde las bancadas de Juntos por el Perú y Ahora Nación.

Ernesto Zunini resaltó que ya se habían sustentado las tres mociones presentadas ante el Pleno y propuso ir a una cuestión previa para omitir el debate de la propuesta. “Ya hemos estado aquí tres horas. La población quiere un respuesta de nuestra parte”, indicó.

Por su parte, Alegría dijo que a las 12.51 pm de este martes 6 presentaron un texto que recoge 30 puntos de los 50 iniciales y pidió que se ponga a consideración a debate.

Al escuchar ello, Zunini resaltó que si se trataba de una modificación al texto que se había presentado por la mañana se requería se cumpla el artículo 78 del reglamento de la Cámara de Diputados. Es decir, que la aprobación de una propuesta de un nuevo texto sustitutorio requiere de la firma de los voceros que representen por lo menos la mayoría simple de los diputados y debe ser presentado en el portal web institucional.

Reto suspendió la sesión y convocó a la Junta de Portavoces para resolver ese “vacío legal”.

El dictamen formulado por Fuerza Popular propone ampliar el periodo de delegación a 120 días y no solo integra propuestas en materia de seguridad, sino también sobre micro y pequeñas empresas (Mypes), empleo, el desarrollo productivo y reformas al régimen tributario.

Sin embargo, cuando Alexandra Toro y Adrián Azuaje se dirigían hacia el estado de Portuguesa, donde tenían planeado ocultarse, el bus en el que viajaban colisionó en una carretera. Toro perdió la vida y Azuaje quedó gravemente herido. Se desconoce si sobrevivirá.

Alexandra Toro Montezuma era un personaje trascendente en la realización del homicidio de la candidata Susy Aponte Polo, como informó La República.

Era la conviviente de Adrián Azuaje Solís, de 23 años, quien dirigió al grupo de criminales que se alojó en un hotel de Caraz para vigilar, seguir y, finalmente, asesinar a la “China Polo”, el sábado 19 de septiembre.

Las cámaras del hotel de Caraz registraron la llegada y los movimientos de Adrián Azuaje, Alexandra Toro y el sicario Luis Obispo Díaz, además de un cuarto venezolano identificado solo con el apelativo de “Morocho”.

Alexandra Toro Montezuma es además hermanastra de Ronald Toro Solís, el sujeto que cubrió todos los gastos de los cuatro delincuentes que se hospedaron en Caraz con la finalidad de atentar contra la “China Polo”.

Como ha declarado a las autoridades Luis Obispo Díaz, la orden que recibió fue asesinar a la “China Polo” durante una manifestación política en Nuevo Chimbote, pero el plan se frustró porque la candidata contaba con una fuerte seguridad policial. Sintiéndose amenazada por diferentes llamadas y publicaciones, Susy Aponte Polo solicitó garantías a la Prefectura local.

Al enterarse de que el asesino Luis Obispo Díaz fue herido y capturado, y que había comenzado a delatar a sus cómplices, entre ellos al financista Ronald Toro Ardila, Alexandra Toro y su pareja Adrián Azuaje Solís escaparon con destino a Portuguesa, Venezuela.

Los acompañaba su hija de cuatro años de edad, quien también murió en el accidente de tránsito. Viajaban en un bus de la línea Ruteros de Venezuela.

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Muerte en la tierra natal

El vehículo impactó contra un separador vial y volcó en la autopista General José Antonio Páez, a la altura del caserío Tierra Buena, en el municipio Guanare (estado de Portuguesa).

En total fallecieron tres pasajeros y otros 15 quedaron heridos.

Según los reportes policiales y la prensa venezolana, Alexandra Toro y su hija murieron en el accidente, mientras que Adrián Azuaje sobrevivió con heridas de consideración.

Durante los interrogatorios, el sicario Luis Obispo confesó a la policía el crimen e identificó a Adrián Azuaje, Alexandra Toro y Ronald Toro como sus cómplices. Señaló que al no poder cumplir con la acción criminal en Nuevo Chimbote, Adrián Azuaje le ordenó que viaje a Huaraz, donde se iba a presentar la “China Polo”.

El sicario Luis Obispo se hospedó en el hotel “Las Vegas” de Huaraz, donde también se encontraban Adrián Azuaje, Alexandra Toro Montezuma y el sujeto apodado “Morocho”. Todos venezolanos.

Como tampoco fue posible cometer el homicidio en Huaraz, los cuatro extranjeros se trasladaron y se hospedaron en el mismo lugar en Caraz, para culminar con el proyecto criminal.

Durante la audiencia judicial en Caraz, el domingo cuatro de octubre, el fiscal Raúl Godo Sedán sustentó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Luis Obispo y Ronald Toro. El abogado del segundo acusado, Eduardo Medina Almonte, informó sobre la muerte de Alexandra Toro y de su hija, y del estado grave de Adrián Azuaje. Su cliente, Ronald Toro, le confirmó el fallecimiento de su hermanastra, Alexandra Toro, en una carretera de Portuguesa, Venezuela.

La Policía Nacional del Perú también corroboró la información con la Policía Bolivariana, de acuerdo con fuentes consultadas por este periódico. La policía venezolana remitió copia del documento de identidad de la fallecida, para establecer fehacientemente que se trataba de la misma persona que fue parte del asesinato de “China Polo”.

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La pista venezolana

La detención de Adrián Azuaje Solís será clave para desentrañar las identidades de quienes lo contrataron para asesinar a la “China Polo”.

Según los reportes de la Policía Bolivariana enviados a sus pares de Perú, Adrián Azuaje Solís, natural de Guárico, Venezuela, y Alexandra Toro, en compañía de su hija de cuatro años, partieron de la ciudad de San Cristóbal, capital del estado de Táchira, con destino a Maracay, en el estado de Aragua, ubicado al norte de Venezuela, según comprobó La República.

En el manifiesto de los 35 pasajeros del bus accidentado, Adrián Azuaje Solís figuraba como Adrián Solís, y Alexandra Toro Montezuma, como B’Angel Toro Montesinos. Sin embargo, poco después, se esclareció la verdadera identidad de los muertos y heridos.

En declaraciones ante el equipo especial de la División de Investigación de Homicidios de Huaraz y Lima, Luis Obispo confesó que Adrián Azuaje lo llamó por teléfono por intermedio de una ciudadana venezolana conocida como ‘Gocha’ para eliminar a la “China Polo” a cambio de S/15.000.

Azuaje conoce al que contrató a la banda venezolana para terminar con la existencia de Susy Aponte Polo, candidata al gobierno regional de Áncash.

El domingo cuatro de octubre, el juez de Caraz, Miguel Dueñas Arce, accedió a la solicitud de la fiscalía de aplicar 18 meses de prisión preventiva para Luis Obispo Díaz y Ronald Toro Ardila.

El fiscal Raúl Godo Sedán sustentó que el ejecutor material directo del ataque fue Luis Obispo, quien fue financiado por Ronald Toro para que consumara el objetivo criminal.

Para el fiscal, en el caso de Luis Obispo existe el peligro real de fuga porque este disparó a diestra y siniestra para evitar que lo detuvieran, luego de matar a Susy Aponte Polo.

Respecto a Ronald Toro, el fiscal Godo lo señaló como el encargado de cubrir todos los gastos del sicario Luis Obispo, como el traslado, hospedaje, alimentación, chips, entre otros. El fiscal consideró que Toro posee la capacidad económica y logística para facilitar su escape y la del sicario.

A diferencia de Luis Obispo, para el fiscal Raúl Godo, Ronald Toro Ardila tendría nexo directo con quien podría ser el autor intelectual de la muerte de la “China Polo”.

Además, la hermanastra de Ronald Toro, Alexandra Toro Montezuma, era pareja del sujeto que organizó el homicidio, Adrián Azuaje Solís. Este incluso viajó hasta Caraz para que Luis Obispo cumpliera con el encargo de ejecutar Susy Aponte Polo.

Es probable que Ronald Toro Solís, de 29 años, por el tiempo de permanencia en el Perú -llegó en 2018-, y por ser mayor que Adrián Azuaje Solís -, haya sido contactado para el asesinato de “China Polo”. Ahora es posible interrogarlo.

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Abogado de Ronald Toro: “Es un buen vecino”

• Eduardo Medina Almonte, abogado del financista del crimen de “China Polo”, Ronald Toro Ardila, afirmó durante la audiencia judicial que su defendido es una persona noble y honrada.
• Medina presentó un documento firmado por los vecinos de Toro señalando que era una buena persona y el sustento de su familia.
• Debe recordarse que el sicario Luis Obispo Díaz usó el aplicativo “Yape” a nombre de Ronald Toro Ardila para pagar la movilidad, el hospedaje y la compra de un celular, cuando se encontraba en Huaraz y Caraz.
• Ronald Toro dijo que su “único error” fue brindarle un apoyo a su hermanastra Alexandra Toro Montezuma. Además, indicó que desde su ingreso al país ha trabajado honradamente para mantener a su familia.

En entrevista con PBO, López Aliaga mantuvo sus críticas a las autoridades electorales y aseguró que podría producirse un cambio que, bajo su análisis, sería irregular.

"El gran tema son las observadas, pero la ONPE no tiene un mecanismo para resolverlas rápido. No existe la posibilidad de que volteen el resultado. (...) La única posibilidad es que la ONPE haga un anforazo y cambie el acta" agregó el representante del partido celeste durante la entrevista.

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Por su parte, Francis Allison aseguró que la elección todavía no está definida. En entrevista con Canal N, el candidato de Avanza País consideró que aún existe un número importante de votos por resolver en las instancias electorales y que estos podrían modificar el orden de las preferencias.

"Las cosas no están terminadas todavía. Rafael López Aliaga tiene 44.000 votos más que nosotros. Pero faltan votos por contabilizar luego de que se termine la labor en ONPE y, especialmente, en los jurados electorales y nacionales", indicó.

Sin cambios en el conteo

El conteo oficial de la ONPE no ha avanzado significativamente en las últimas horas. Este lunes, el 92,71% de las votaciones ya se encontraba contabilizado. Al cierre de esta nota, un día después, la cifra solo ha avanzado hasta el 92,725%.

La distancia entre la lista de Renovación Popular y la candidatura de Francis Allison se mantiene en alrededor de 44.948 votos. Mientras que el partido celeste registra 1.444.469 votos (27,70%), Avanza País se mantiene en la contienda con 1.399.511 votos (26,84%). La diferencia entre ambos se mantiene por debajo del 1%.

De un total de 26.351 actas, 24.434 ya han sido contabilizadas y ninguna se encuentra pendiente de contabilización. No obstante, el resultado todavía podría definirse a partir de las actas observadas: 1.917 serán enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), que deberán determinar su validez en los próximos días.

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De acuerdo con Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los resultados deberían ser oficializados en las próximas semanas.

"Se han establecido plazos concretos, máximo hasta el 28 de octubre se puede realizar recuentos y con ello estimamos que, los primeros días, como máximo, de noviembre ya tendríamos resultados a nivel de gobiernos regionales y quizás de gobiernos locales con independencia de qué tan complejo sea el proceso. Estamos mejorando los procesos, acelerando todo lo que podamos para justamente dar lo antes posible y oportunamente los resultados", indicó en conferencia de prensa.

Alcaldes municipales dan sus primeras declaraciones

En cuanto a los distritos de la capital, más de una zona urbana de Lima ya puede conocer a sus nuevos alcaldes. Tal es el caso de Magdalena. Carla Robbiano, candidata al cargo por Avanza País, señaló algunas de sus prioridades en una entrevista con Canal N, donde estuvo acompañada de su esposo, Francis Allison.

"El trabajo tiene que seguir siendo trabajado. Tengo otras propuestas que tienen que ver con el bienestar del vecino. La cuna municipal es una de las primeras cosas que pongo como misión urgente. Me importa que los padres puedan poner a sus hijos en un lugar donde puedan estar seguros. Quiero implementar el Consejo Deportivo en la Costa Verde para tener nuevas disciplinas, así como la Casa de la Mujer y un programa municipal para familias neurodivergentes", dijo.

Desde Miraflores, Jorge Muñoz tendrá su segundo periodo al mando de la comuna miraflorina. Para Muñoz, que López Aliaga asuma como nuevo alcalde de la capital no supondría un problema para las coordinaciones entre ambas municipalidades.

"Más allá de algunas claras diferencias, siempre he sido alguien que ha tratado de articular y coordinar", señaló el alcalde de Miraflores en entrevista con RPP.

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Pese a esta declaración, Muñoz fue enfático en señalar que López Aliaga no debería asumir un nuevo periodo al frente de la Municipalidad de Lima. "Yo diría que lo de López Aliaga es una reelección descubierta. Ahí, lo que debería hacer el JNE es integrar las normas. La Constitución es clarísima y no permite la reelección de alcaldes", continuó.

En Ate, la victoria fue para Manuel Vidal, candidato de Avanza País y padre de Franco Vidal, actual alcalde del distrito, por un amplio margen. Hasta el momento, el virtual alcalde no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, su hijo, quien ingresará como primer regidor del distrito, consideró que la victoria de su padre es histórica por el margen alcanzado.

"Quiero agradecer a los vecinos de Ate por el respaldo y el cariño. Hoy se refleja en las votaciones. Hay una jurisdicción de casi 80%. Avanza País, de 15 regidores en Ate, va a colocar 13. Esto nunca se ha visto", señaló.

Además, Vidal hijo se atribuyó cierta relevancia en el incremento de votos a favor de Allison. "Ate ha sido el bastión para que Allison pelee voto a voto con López Aliaga y podamos soñar con hacer bien las cosas también a nivel municipal", sostuvo.

En San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado tendrá un nuevo periodo como alcalde del distrito más poblado de Lima. En un video publicado en sus redes sociales, el candidato de Somos Perú agradeció a sus seguidores y aseguró que continuará con lo emprendido en su gestión anterior.

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"Nuestra propuesta nunca dejo de incluir a los jóvenes, madres de familia y a todos los que creen que este distrito puede seguir avanzando. (...) Hoy San Juan de Lurigancho contestó de manera contundente", señaló.

Hasta el cierre de esta nota, 18 distritos mostraban una preferencia por el partido de Rafael López Aliaga. Por su parte, distritos como Miraflores, Surquillo, Santa Anita, Magdalena y Los Olivos, entre otros, votaron mayoritariamente por Avanza País. Somos Perú, por otro lado, obtuvo la victoria no solo en San Juan de Lurigancho, sino también en otros distritos como Lince, La Molina, Jesús María e Independencia.

Otros partidos que no tuvieron mayor suerte en las elecciones generales lograron mejores resultados en estos comicios. El Frente de la Esperanza consiguió colocar a un alcalde en Pucusana. Perú Moderno, partido que quedó en último lugar en las elecciones presidenciales, logró la alcaldía de Punta Negra. En El Agustino, Podemos Perú también consiguió colocar a un alcalde.

Keiko Fujimori llevó a la Asamblea una declaración de guerra contra las organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó desde la tribuna de la ONU en Nueva York, han “impuesto el terror” en las poblaciones de América Latina. La presidenta del Perú las llamó por su nombre: terroristas. Y anunció que su gobierno las enfrentará como tales.

“Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son: enemigos del Estado democrático y de los ciudadanos de bien”, dijo Fujimori ante los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el debate de alto nivel.

“Agendas culturales generan divisiones”

«Vengo de un país que conoce el alto precio de la paz. Vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados, a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido».

Fujimori señaló que en su país existen «agendas culturales» que generan divisiones entre la población peruana y que su gobierno rechaza.

«Corresponde resaltar que una agenda ideológica cultural ajena a nuestra realidad ha generado una confusión y un desorden de tal magnitud que, actualmente, los profesores en los colegios no pueden imponer el orden ni la disciplina bajo la amenaza de ser denunciados».

La mandataria planteó, a partir de esa idea, la necesidad de un cambio en las aulas. «Necesitamos restablecer el principio de respeto a la seguridad. Los alumnos deben ir a aprender y los profesores, a enseñar sin miedo. Esa es nuestra propia agenda», apuntó.

“No vamos a retroceder”

“En el Perú vamos a perseguir el crimen, desde el hombre que ejecuta hasta el entramado que lo sostiene. No vamos a retroceder ante quienes pretenden imponer el terror sobre la ley.”

Fujimori que asumió el poder el 28 de julio eligió la Asamblea General para trazar las coordenadas de su política exterior y de seguridad. Su discurso, de tono firme y con referencias históricas al Imperio Inca como metáfora de integración regional, giró en torno a tres ejes: la lucha contra el crimen organizado, la reforma educativa y el fortalecimiento institucional.

La guerra sin fronteras ni uniformes

Fujimori describió el crimen organizado transnacional como una amenaza de naturaleza bélica que los Estados latinoamericanos han enfrentado de manera aislada y, por eso, con resultados insuficientes.

“En esta guerra no hay frentes de batalla ni fronteras definidas, no tienen reglas internacionales. El enemigo no tiene uniforme, se esconde entre nuestra propia gente”, señaló.

Enumeró los negocios ilegales que sostienen a esas redes —narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata de personas, extorsión y asesinato— y argumentó que tratarlos como un problema de cada país por separado es “una ventaja otorgada a los grupos criminales transnacionales para fortalecerse con enorme poderío bélico y económico”.

La solución que propuso tiene dos dimensiones. En el plano normativo, planteó que la definición explícita de estas organizaciones como grupos terroristas permitirá que las Fuerzas Armadas actúen “decididamente” en apoyo a la Policía Nacional ante la amenaza al orden interno.

La mandataria también advirtió que la represión no alcanza si no va acompañada de oportunidades. “Reprimir a estas organizaciones con toda la fuerza de la ley no es suficiente si es que a la vez no enfrentamos el reto de desarrollar un mejor sistema educativo”, sostuvo.

Keiko Fujimori expuso los pilares de su reforma educativa, que incluyen el fortalecimiento de la infraestructura, la capacitación de docentes y la creación de una escuela de directores para restaurar el orden y la disciplina en las aulas.

La Junta de Portavoces del Senado acordó que este miércoles, 7 de octubre, se debatirá el pedido de autorización para poder viajar al extranjero hecho por la presidenta Keiko Fujimori.

En un comunicado, informó que el Pleno del Senado analizará la solicitud del Ejecutivo a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana). “Para tal efecto, acordó, por unanimidad, que los senadores podrán intervenir por un minuto cada uno, sin interrupciones”, detalló el Senado.

De acuerdo con el pedido gubernamental, Fujimori Higuchi saldrá del territorio nacional, del 28 al 31 de octubre, con el objeto de viajar a El Salvador; y del 2 al 6 de noviembre, a Madrid (España).

La sesión, conducida por la congresista Giannina Avendaño de Juntos por el Perú, busca que el canciller informe sobre los lineamientos generales de la política exterior, los alcances del acuerdo del Escudo de las Américas, las acciones de protección a los connacionales en el extranjero y el avance de los preparativos para la llegada del papa León XIV.

La diputada Graciela Chipana fundamentó la citación al señalar discrepancias sobre la posición oficial del Perú en el Escudo de las Américas.

“Como es de conocimiento, el 16 de septiembre el canciller dijo en el Senado que no hubo tratado, que no había obligaciones vinculantes y que las acciones estaban por definirse. Dos semanas después, el 2 de octubre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos difundió un comunicado a nombre de los países del Escudo, entre ellos el Perú, respaldando la detención del fiscal general de Bolivia (…) Necesitamos convocar a Carlos Espá para responder las interrogantes”, expuso.

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A esta iniciativa se sumaron los diputados Frank Krklec de Renovación Popular y Romina Uribe del Buen Gobierno para solicitar que el ministro aborde la política exterior de manera integral. “Aparte del punto que mencionó sobre el Escudo de las Américas que me parece relevante que lo exponga, considero que debería exponer de manera general sobre la política exterior de Perú. Es un tema que está pendiente”, argumentó Krklec, a lo que Uribe añadió que también apoyaba la iniciativa.

Durante la misma jornada de trabajo, el diputado Jorge Arturo Zeballos Aponte por Renovación Popular presentó una propuesta que plantea reforzar la asistencia consular a través de la creación del Centro de Respuesta Rápida (CRR).

“El objeto de esta iniciativa es establecer un servicio de atención remota, multicanal, accesible y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, bajo la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares”, señaló.

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La propuesta de Zeballos sumó el respaldo de diversas bancadas durante el debate. En esa línea, el diputado Jaime Abenzur de Fuerza Popular destacó que la propuesta cuenta con el respaldo de informes previos.

“Hay un estudio previo, informes de ida y vuelta de las instancias que han sido solicitadas, y eso facilita tremendamente el debate y, seguramente, algunos detalles que su equipo técnico impondrá en este nuevo dictamen, de repente una actualización que facilitaría, de pronto, el trabajo legislativo”, dijo.

Además, el grupo parlamentario aprobó el nuevo reglamento para las Ligas Parlamentarias de Amistad, un espacio para fortalecer las relaciones y la cooperación con los parlamentos de otros países. La norma establece que, para crear o reactivar una de estas ligas, se necesitará la firma de al menos cinco diputados de dos bancadas distintas.

Pese a ello, uno de los que mantiene cierta regularidad y quien, de hecho, marcó el gol del empate en el pasado encuentro de preparación ante México fue Jairo Vélez. El delantero de Alianza Lima salió al frente y tuvo autocrítica por la presentación peruana en lo que va de la gira.

“La verdad que cuesta un poco hablar de este partido, pero creo que al final estos duelos ayudan bastante”, dijo muy contrariado al inicio de su alocución con los medios de prensa.

“Es difícil, entendemos el momento que no es nada agradable. En lo futbolístico, tenemos que mejorar y sacando lo positivo es que nos ayuda para entender al nivel que debemos jugar. Estamos en un proceso, este nivel nos ayuda a mejorar. Creo que todos estos partidos nos van a ayudar para seguir creciendo. Debemos seguir encontrando el equipo”, añadió Vélez.

El organismo solicitó al Tribunal de Honor que se pronuncie sobre la dimensión ética de la reelección encubierta y que derive su denuncia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), institución a la que exhortaron a actuar conforme a la Constitución y a respetar la prohibición de reelección inmediata en la etapa de proclamación.

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La denuncia de Proética fue presentada el último 26 de septiembre. En ella la organización señaló que la reelección encubierta “vulnera el Compromiso 4 del Pacto Ético Electoral y constituye un abuso del derecho”.

Proética exhorta a respetar la finalidad de las reglas electorales

Sin embargo, el Tribunal de Honor la declaró improcedente porque considera que lo planteado corresponde únicamente a aspectos de naturaleza "técnica, electoral y jurídica".

“Si una candidatura es utilizada para presentar ante la ciudadanía una intención distinta de la que realmente se pretende ejecutar, estamos ante un problema de integridad, transparencia y respeto al electorado”, respondió Proética en un comunicado.

Asimismo, señalaron el mecanismo usado por los candidatos para concretar la reelección encubierta.

“Postular como alcalde a una persona que no tiene ninguna intención de ejercer la función si ganara, habiendo premeditado que, una vez lograda la inscripción de su candidatura, renunciará a la misma alegando motivos personales falsos, y que esta simulación sea producto de un contubernio con quien postulará como primer regidor para burlar lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución, no es un problema técnico-jurídico: es un engaño”, se lee en el documento.

Resaltaron que el objetivo de la norma es “prohibir dos mandatos continuos de alcalde por la misma persona”, por lo que “recurrir al engaño para burlar la prohibición no es un problema técnico: es una falta ética”.

“Resulta incomprensible e inaceptable que esta dimensión ética quede sin respuesta (…) Respetar las reglas electorales también significa respetar su finalidad. Y, sobre todo, respetar a la ciudadanía.”, finalizaron.

JNE aún no anuncia decisión

En tanto, al ser consultado por la situación legal y las controversias referidas al candidato Rafael López Aliaga y a diversas listas municipales de Lima Metropolitana, el presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que el organismo resolverá cada caso dentro de los márgenes de la ley y a través de los canales institucionales.

"Como hemos indicado, en esta etapa le corresponde a los Jurados Electorales Especiales resolver todas las incidencias que van a ser presentadas ante ellos. Puede llegar al Pleno del Jurado a través de diferentes mecanismos, vía apelación, observaciones o nulidades. Vamos a resolver dentro de los plazos legales que correspondan y conforme a derecho", indicó.

Además, rechazó los señalamientos o advertencias de denuncias por supuesto prevaricato por López Aliaga.

Esta calificación es la más baja de la región, igualando la desaprobación registrada entre los venezolanos. Además, se encuentra por debajo del promedio latinoamericano, que es de 4,7. En contraste, El Salvador y Costa Rica son los países que mejor califican la capacidad de su Estado, con notas de 6,8 y 5,7, respectivamente.

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En lo que respecta a la confianza en la democracia, el Perú ha experimentado un incremento en comparación con el último informe presentado por el Latinobarómetro en 2024. En aquel entonces, solo el 44% de los peruanos apoyaba el sistema democrático.

El Latinobarómetro indica que solo el 13% de los peruanos apoyaría un régimen autoritario, mientras que un 49% respaldaría un gobierno no democrático. Sobre las concepciones de los peruanos acerca de la democracia, un 42% considera que esta puede funcionar sin partidos políticos, mientras que un 48% cree que puede existir una democracia sin un Congreso nacional.

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Confianza en instituciones

Cabe mencionar que este último informe también evidencia la desconfianza de los peruanos hacia determinadas instituciones: solo el 9% confía en el Congreso y otro 9% en el Gobierno. Además, un 15% confía en el Poder Judicial. Las instituciones que generan mayor confianza entre los peruanos son la Iglesia, con un 66%; las Fuerzas Armadas, con un 43%; y la radio, con un 41%.

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Pese a que los peruanos afirman preferir un gobierno democrático antes que uno autoritario, la “mano dura” no es una característica que genere rechazo en el país. El Latinobarómetro indica que un 72% de los ciudadanos considera que “un poco de mano dura de parte del Gobierno no viene mal”, un porcentaje muy por encima del promedio latinoamericano, que alcanza el 63%.

Sobre la situación nacional, el informe del Latinobarómetro hace hincapié en que la extrema derecha logró un triunfo con el ascenso al poder de Keiko Fujimori en las pasadas elecciones generales. Asimismo, detalla la constante crisis política que enfrenta el país desde la caída de Pedro Castillo en 2022.

Cerca del 90% de los peruanos piensan que sus impuestos son mal utilizados

El 89% de los peruanos considera que el Estado no utiliza adecuadamente los impuestos que pagan. Según una encuesta realizada por Latinobarómetro, Perú registra el mayor nivel de desconfianza de la región respecto al uso que el Estado hace de los recursos tributarios.

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Panamá ocupa el segundo lugar, con 86%, seguido de Colombia y Guatemala, ambos con 84%. En el extremo opuesto se encuentra El Salvador, donde el 44% de los encuestados considera que los impuestos no son utilizados adecuadamente por el Estado.

La proporción registrada en Perú supera en 11 puntos porcentuales el promedio de América Latina. De acuerdo con Latinobarómetro, el 78% de los latinoamericanos, en promedio, considera que el Estado no utiliza adecuadamente los impuestos que recauda.

Entre estos puntos se encuentran la simplificación administrativa, la eliminación de barreras burocráticas, la calidad regulatoria y la transformación digital. Este nuevo texto busca modificar una serie de leyes, como la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, con el objetivo de simplificar y mejorar la prestación de servicios por las entidades públicas.

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El dictamen también desarrolla propuestas en materia tributaria, vivienda, reforma del Estado y asuntos ambientales. El pedido completo formulado por Chacón y la bancada naranja contempla seis ejes en total.

Este es el segundo dictamen en minoría que presenta Fuerza Popular. El anterior fue presentado por los diputados fujimoristas Arturo Alegría y Jaime Abensur, quienes se abstuvieron durante la aprobación del texto sustitutorio elaborado por la Comisión de Constitución a partir de este pedido de facultades.

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Juntos por el Perú también presentó un dictamen en minoría

Juntos por el Perú presentó este lunes 5 de octubre un dictamen en minoría en el que plantea desestimar y enviar al archivo la solicitud del Ejecutivo para obtener facultades legislativas. La bancada cuestionó que la iniciativa no establezca límites suficientemente claros y advirtió que podría afectar la protección del medio ambiente y los derechos colectivos de las comunidades originarias.

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El documento también recoge la posición de la bancada durante la sesión del 1 de octubre de la Comisión de Constitución. En aquella jornada, JP fue el único que votó en contra del texto sustitutorio elaborado por Buen Gobierno, Ahora Nación, Renovación Popular y Cívico Obras, que fue aprobado con 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Los cinco votos opositores correspondieron a los congresistas que suscribieron el dictamen en minoría.

Entre sus principales observaciones, la bancada alertó que las facultades solicitadas en el pedido original en materias como digitalización, contratación pública y ejecución acelerada de obras deben establecer límites frente a las obligaciones ambientales y a la evaluación de impacto ambiental. Asimismo, sostuvo que cualquier medida que pueda afectar directamente a pueblos indígenas debe respetar el derecho a la consulta previa, establecido por la Ley 29785 y el Convenio 169 de la OIT, por lo que una eventual delegación de facultades no podría utilizarse para evadir estas obligaciones.