Los deudos aseguran que no había armas ni droga en la camioneta en la que viajaban. Ocho miembros del Ejército permanecen detenidos por disposición de los encargados de las investigaciones.

Entre las víctimas que han sido identificadas se encuentran Jaime Bendezú Paraguay, Cristian Vilcatoma Águila y Willian Núñez Soto. Otras dos personas se encuentran como NN en la morgue de Hualhuas, en la región Junín.

Jaime era un joven lleno de vida, de sueños y amor por sus raíces, dijo un familiar. Refiere que anhelaba ser danzante de tijeras, “llevando con orgullo nuestras tradiciones, nuestras costumbres y el alma de su pueblo en cada paso”.

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Como los otros dos jóvenes, amaba su tierra, participaba en la fiesta de cruces de Waychao, siempre con esa energía que contagiaba a todos. Soñaba con ver crecer a su pueblo, con que haya oportunidades para salir adelante sin tener que migrar.

“Te fuiste muy joven, pero tu pasión por nuestra cultura y tu amor por tu gente quedarán eternamente en nuestros corazones”, dijo un amigo de su infancia.

A William Núñez, de 19 años, lo conocían como Flaco y su pasión por el fútbol hizo que defendiera a varios equipos en la Copa Perú. Era arquero, admirada a Pedro Gallese, el guardameta de la Selección Nacional, y según se informó viajó a disputar un partido, sin embargo, a su retorno encontró la muerte.

El joven deportista era natural del centro poblado de Castilla Pata, en el distrito de Yauli- Huancavelica. Hoy sus familiares velan sus prendas deportivas en su humilde vivienda.

Cristian Viltatoma tenía solo 18 años y se desempeñaba como centrocampista en el Club Sport Juventud Buena Libra Vizcatán.

Era natural del caserío de Sanabamba, en el distrito de Pucacolpa- Huanta- Ayacucho y, según se informó, él junto a otros compañeros se desplazaba también a bordo de la camioneta intervenida tras disputar un partido por Copa Perú.

¿Qué sucedió en las alturas de Colcabamba, en plena zona del Vraem? Inicialmente se informó que se trató de un enfrentamiento con presuntos narcoterroristas.

Pero horas después, nuevos datos cambiaron todo: No se halló ni droga ni armamento en el vehículo intervenido. Entonces, un análisis preliminar apunta a un ataque unidireccional.

No hay evidencias de que las víctimas hayan disparado. Esto abrió una grave hipótesis: Un posible uso excesivo de la fuerza.

Según la versión del Ejército, bajo el mando del capitán EP Luis Montenegro Pardo, la camioneta no se detuvo y los ocupantes habrían amenazado con disparar. Por ello, se abrió fuego; sin embargo, esta versión ahora es cuestionada. El caso está hoy en manos de la Fiscalía Antidrogas y Penal

La investigación a cargo de autoridades en Huancayo y Huanta espera contar con el testimonio de Eber Soto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, los dos civiles que resultaron heridos y que fueron trasladados al hospital de Pampas.

Entre tanto, la población en Tayacaja ha reaccionado con protestas y bloqueos de pistas, exigiendo respuestas claras.

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¿Fue un enfrentamiento real como lo sostienen las Fuerzas Armadas? o ¿un caso de abuso de poder?

El hecho ocurrió alrededor de las 6.00 a. m. del sábado, en un operativo que incluso contó con presencia fiscal.

“Lo que parecía un golpe al crimen organizado hoy tiene dudas. Especialistas señalan que este tipo de situaciones debe ser investigado con total transparencia para evitar especulaciones y garantizar que la ciudadanía reciba información clara y verificada.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe más detallado sobre este supuesto enfrentamiento que ha vuelto a poner en debate la seguridad en zonas afectadas por el narcotráfico y el terrorismo.

 Los ocho militares, incluyendo al capitán Luis Montenegro, permanecen detenidos y puestos a disposición de la Divincri en Huanta-Ayacucho, bajo sospecha de presunto homicidio.

Las actas observadas incluyen errores materiales, aritméticos, inconsistencias numéricas o falta de firmas.

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“En el Jurado Electoral Especial Lima Centro II hemos priorizado resolver las observaciones y los procedimientos de recuento de votos de la lista de la fórmula presidencial. El lunes terminamos con todo el recuento de votos de la fórmula presidencial, con lo cual ya se estarían procesando la totalidad de las actas observadas para la fórmula”, indicó a RPP.

La funcionaria precisó que el procedimiento de recuento de votos es inapelable y todo lo decidido se remite a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

JNE fija el 7 de mayo como fecha límite para el recuento de votos

El último 20 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició con las audiencias de recuento de votos de las actas observadas, proceso que se desarrollará hasta el 7 de mayo, según el acuerdo emitido por esta institución.

Además, se presentaron algunas modificaciones a los lineamientos aprobados previamente el 1 de abril. Entre ellas, se dispone la eliminación de algunos formatos y procedimientos considerados innecesarios para agilizar el proceso, como el anexo de conformidad sobre sobres lacrados.

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También, se precisa que ya no será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en determinadas etapas del recuento, pues el proceso será registrado en video, permitiendo la supervisión simultánea.

Cada audiencia es pública y se difunde en las redes oficiales de la institución. El presidente del JEE correspondiente abre el sobre lacrado que contiene las cédulas de sufragio. Luego se realiza el nuevo conteo de los votos. El contenido de cada cédula se debe leer en voz alta por el presidente y, posteriormente, tiene que pasar la cédula a los otros miembros del JEE, quienes confirmarán el contenido.

Finalmente, los resultados serán firmados por los miembros del JEE, el secretario, el representante del Ministerio Público y los personeros de las organizaciones políticas.

De acuerdo con el portar Huanca York Times, el personal militar informó que el enfrentamiento se llevó a cabo en el marco de un operativo para incautar armamento y droga. Sin embargo, en el vehículo interceptado no se encontraron pruebas que evidencien el traslado de armamento ilegal o sustancias.

El personal militar se encuentra bajo detención y serán puestos a disposición de la DIVINCRI en Huanta para iniciar con las investigaciones. Sobre situación en la zona, la periodista Karla Ramirez detalló que la población ha iniciado protestas y bloqueos para exigir justicia frente a las versiones de un supuesto enfrentamiento. Además, informó que son 8 los militares que están detenidos por presunto homicidio o exceso de fuerza.

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La periodista también señaló, por medio de sus redes sociales, que el análisis preliminar apunta a que fue un ataque unidireccional y que no hay evidencia de que las víctimas hayan disparado. Sin embargo, los agentes militares, bajo el mando del capitán EP Luis Montenegro Pardo, manifiestan que abrieron fuego contra la camioneta porque los civiles que conducían el vehículo se negaron a parar e incluso los amenazaron con disparar.

Después del incidente, miembros de la policía llegaron al lugar y el reporte que recibieron de los militares es que en la camioneta siniestrada “no encontraron droga ni armamento”.

La investigación se desarrolla en el fuero común a cargo de la Fiscalía Antidrogas de Huancayo y la Fiscalía Penal. Además, según un primer reporte de la policía, participaron en la operación la fiscal Janeth Carillo Callahua, fiscal adjunta especializada en tráfico ilícito de drogas de Huancayo, y dos efectivos de inteligencia de la institución policial (DIVINES).

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También se registraron heridos

Además de las víctimas mortales, el incidente dejó heridos a los ciudadanos Eber Soto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, quienes recibieron atención médica en el hospital de Pampas. No se conoce hasta el momento la identidad de los fallecidos.

La intervención fue realizada por la 31ª Brigada de Infantería del Ejército Peruano en apoyo a la Policía Nacional y la Fiscalía.

Los primeros reportes sobre la situación informaban que una patrulla del Comando Especial Vraem había abatido a cinco presuntos narcoterroristas alrededor de las 06:00 a. m. Según esa versión inicial, un convoy de camionetas habría atacado a los militares, quienes repelieron la agresión durante varios minutos, dejando además a dos civiles heridos.

En aquel momento, surgió la versión de que los atacantes habrían intentado tomar una hidroeléctrica local. Sin embargo, aún no se han hallado indicios que vinculen a las víctimas con narcotraficantes.

Actualmente, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional mantienen una investigación para esclarecer los pormenores de lo ocurrido.

Roberto Sánchez busca ampliar su base electoral

De acuerdo con el IEP, Sánchez registra una mayor preferencia entre hombres que entre mujeres. Su electorado masculino alcanza el 58,9%, mientras que el femenino llega al 41,1%.

¿Qué factores podrían alejar a Sánchez de una parte del electorado femenino? Para el politólogo Jhimer Monzón, director académico de la Asociación de Estudios en Ciencias Sociales Leviatán, el candidato ha abordado de forma limitada la problemática de género: “Su estrategia en torno a este tema ha sido insuficiente: en el debate, no mencionó las condiciones laborales, psicológicas y culturales que enfrentan las mujeres en el Perú”, señala.

En cuanto a la edad de sus votantes, Sánchez registra uno de los porcentajes más bajos de apoyo juvenil entre los candidatos que integraron el grupo de los más votados. El congresista cuenta con un 13,5% de respaldo en este segmento.

Para Monzón, uno de los errores recurrentes de los candidatos es asumir que el voto joven es fácilmente influenciable. Considera que esto se evidenció en la estrategia de César Acuña, quien buscó acercarse a este sector mediante figuras del streaming peruano. En contraste, el analista sostiene que los jóvenes demandan propuestas concretas en áreas clave para su desarrollo, como educación y empleo.

“Si el candidato plantea ejes sólidos en educación y trabajo, podría captar este segmento, más aún en un contexto crítico como el actual, donde Beca 18 ha quedado desfinanciado”, indica.

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El factor geográfico también resulta determinante. Sánchez obtuvo victorias en varios departamentos del sur —con excepción de Arequipa, donde el candidato más votado fue Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)—. En el norte, en regiones como Piura y La Libertad, se ubica entre los primeros lugares, aunque por detrás de Keiko Fujimori.

La situación es más marcada en Lima, donde Sánchez ocupa el noveno lugar. Al tratarse del departamento con mayor peso demográfico, este resultado podría incidir en la segunda vuelta.

Ante este escenario, el candidato enfrenta el desafío de captar el voto urbano de centro y centroizquierda. Monzón señala que el candidato podría experimentar una “humalización”: “Sánchez podría moderar su discurso económico y tomar distancia de sectores que generan rechazo. Si mantiene ese giro y refuerza señales como el respeto a la autonomía del BCRP, podría atraer ese electorado”, comenta.

Keiko Fujimori y el peso del fujimorismo

Una parte significativa del respaldo a Keiko Fujimori proviene de la tradición fujimorista en el país. La figura del exdictador Alberto Fujimori ha sido reivindicada en su discurso político, lo que le permite consolidar una base electoral estable. Sin embargo, ese mismo factor también alimenta un alto nivel de rechazo.

En ese contexto, surge la pregunta: ¿qué tan gravitante será la tradición fujimorista para la lideresa de Fuerza Popular? Para Óscar Díaz Moscoso, consultor y asesor político, el partido ha logrado consolidar una base institucionalizada que, si bien enfrenta pasivos, no permite dar por descontada una derrota.

“Keiko Fujimori tiene a su favor que es el único actor político que cuenta con una herencia política. No existe otro partido o candidato con ese nivel de continuidad. Es difícil estimar si representa la mitad o un tercio de su votación, pero es un factor real”, sostiene Díaz Moscoso.

En efecto, Fujimori mantiene fortalezas claras: su discurso orientado al orden, su identificación con sectores conservadores y su cercanía con el establishment económico la posicionan como una opción competitiva dentro del espectro de derecha y centroderecha. Además, su partido ha logrado preservar un grado relevante de institucionalidad dentro del sistema político peruano.

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“El fujimorismo ha distribuido su apoyo a lo largo del país. Es un partido con estructura, con trayectoria, que ha ido aprendiendo en el tiempo. Sería un error subestimar la presencia de Keiko Fujimori y la maquinaria de su partido en esta segunda vuelta”, añadió.

No obstante, la candidata también enfrenta importantes limitaciones. Fujimori registra el mayor nivel de rechazo entre los postulantes. En febrero, un estudio del IEP indicó que alcanza un 54% de desaprobación a nivel nacional. El antifujimorismo se ha consolidado como una fuerza política relevante en los últimos años, lo que condiciona sus posibilidades electorales.

Una consecuencia directa de este alto rechazo es la dificultad para captar apoyos de otros sectores políticos. Figuras como Alfonso López Chau o Jorge Nieto, vinculadas a corrientes progresistas contrarias al fujimorismo, difícilmente respaldarían su candidatura.

A ello se suma la dificultad para consolidar apoyo en zonas rurales. En regiones como Ayacucho, la candidata aparece en cuarto lugar, mientras que en Puno ocupa posiciones más rezagadas. Este rechazo ha sido vinculado con el desempeño de la bancada fujimorista en el Congreso y su respaldo al gobierno de Dina Boluarte.

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Para Díaz Moscoso, la actuación reciente de la bancada naranja y su posicionamiento como fuerza mayoritaria en el Senado podrían sumarse a los factores que debiliten la candidatura de Fujimori: “El haber sido Gobierno en los últimos años, los cambios constitucionales y la aprobación de determinadas leyes pueden pasar factura electoral. Lo que para algunos representa estabilidad, para otros puede generar preocupación. La posibilidad de concentrar poder en distintas instituciones podría ser interpretada por sus críticos como un riesgo de deriva autoritaria, un argumento que probablemente será utilizado en la campaña de segunda vuelta”, advierte.

Un escenario distinto al de 2021

Para algunos electores, la contienda entre Sánchez y Fujimori puede recordar la segunda vuelta de 2021, en la que Pedro Castillo se impuso sobre la lideresa de Fuerza Popular. Sin embargo, existen diferencias relevantes entre ambos procesos.

En 2021, Fujimori obtuvo 1.930.762 votos a nivel nacional, mientras que Castillo alcanzó 2.724.752. En el actual proceso, al 95% del conteo, Fujimori supera los 2,7 millones de votos, lo que representa un crecimiento significativo.

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Díaz Moscoso sostuvo que este escenario es más positivo para Keiko Fujimori que el presentado en 2021. Sin embargo, apuntó que todavía existen factores que pueden decaer esta “ventaja inicial”: “Si los medios de comunicación repiten lo que pasó en 2021, apelando al terruqueo y atacando al candidato de izquierda, lo único que lograrán será beneficiar al supuesto atacado y perjudicar la candidatura de Fuerza Popular”, indicó el analista político.

Por su parte, Sánchez se ubica por debajo de la votación alcanzada por Castillo en ese año. Monzón advierte que equiparar ambas candidaturas resulta simplista:

“Hay diferencias claras. Castillo tenía una trayectoria consolidada en el gremio magisterial, lo que le permitió articular una base electoral sólida. Además, su origen le otorgaba una conexión directa con sectores rurales. En el caso de Sánchez, parte del electorado percibe menor identificación con esos espacios, lo que influye en su desempeño electoral”, explica.

Además, se presentaron algunas modificaciones a los lineamientos aprobados previamente el 1 de abril. Entre ellas, se dispone la eliminación de algunos formatos y procedimientos considerados innecesarios para agilizar el proceso, como el anexo de conformidad sobre sobres lacrados.

También, se precisa que ya no será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en determinadas etapas del recuento, pues el proceso será registrado en video, permitiendo la supervisión simultánea.

Cada audiencia es pública y se difunde en las redes oficiales de la institución. El presidente del JEE correspondiente abre el sobre lacrado que contiene las cédulas de sufragio. Luego se realiza el nuevo conteo de los votos. El contenido de cada cédula se debe leer en voz alta por el presidente y, posteriormente, tiene que pasar la cédula a los otros miembros del JEE, quienes confirmarán el contenido.

Finalmente, los resultados serán firmados por los miembros del JEE, el secretario, el representante del Ministerio Público y los personeros de las organizaciones políticas.

El conteo inició el lunes 20 de abril

Siguiendo ese proceso, el lunes 20 de abril se realizaron siete audiencias en Chanchamayo y Satipo, en Junín, y en Piura.

Seguidamente, el 21 y 22, se desarrollaron 15 audiencias de recuento de votos en Junín, Ica, Arequipa y Lima Norte.

Para la mañana del 21 de abril, la institución electoral precisó que hasta esa fecha recibieron 31.419 actas electorales observadas, correspondientes al 12 de abril. De ese total se ha procesado el 96,82% de tales actas (30.420), 4.977 tienen pronunciamientos generados y 824 han sido enviadas a recuento de votos.

Según el reporte denominado “Calificación de Actas Observadas EG 2026”, del total de actas procesadas el 17,55% (5.339) corresponde a la elección presidencial; 21,58% a senadores por distrito electoral único (6.564); 17,79% a senadores por distrito electoral múltiple (5.446); 23,49% a diputados (7.146); y 19,48% al Parlamento Andino (5.925).

Del mismo modo, reportaron que los JEE con mayor avance en el procesamiento de actas observadas son los de Cusco, Huancayo, Huaura, Pacasmayo, Chiclayo, San Román, Maynas, Huamanga, Piura 2, Arequipa 1, Chanchamayo, Lima Centro 2, Canchis, Huaraz, Tumbes, Piura 1, Cañete, Arequipa 2, entre otros.

Por otro lado, los JEE que han recibido mayor cantidad de actas observadas son Cusco, Huancayo y Pacasmayo, con 1.563, 1.371 y 1.169 cada uno.

Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de asesores del JNE, precisó que hay cinco tipos de observaciones: por error aritmético, cuando faltan firmas de los miembros de la mesa (en las actas de instalación, sufragio y escrutinio), cuando faltan datos de forma parcial o total, cuando están incompletas y en caso de ilegibilidad.

Casos en los que procede el recuento de votos

En ese sentido, las actas electorales con información incompleta o ilegible representan uno de los principales obstáculos para la validación de resultados. Se trata de documentos que carecen de firmas, presentan datos faltantes o contienen información imposible de descifrar, lo que impide su verificación mediante el proceso de cotejo.

También se aplica cuando las cifras no guardan coherencia. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la cantidad de votos emitidos —ya sea a favor de organizaciones políticas, en blanco o nulos— supera el total de votantes o incluso el número de electores hábiles. Estas discrepancias obligan a una revisión detallada, ya que ponen en duda la consistencia de los resultados consignados en el acta.

Las inconsistencias también pueden aparecer en el voto preferencial. Un indicio claro es cuando un candidato obtiene más votos que su propia organización política, lo que resulta estadísticamente improbable. Asimismo, se generan observaciones cuando la suma total de votos preferenciales de una lista excede el doble de los votos obtenidos por la agrupación política, lo que evidencia posibles errores en el registro o conteo.

Teniendo en cuenta eso, el proceso de conteo de votos se realiza cuando no se puede levantar la observación de un acta y es necesario que los Jurados Especiales Electorales ordenen el recuento de votos y comuniquen a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) correspondiente para que les remita el sobre lacrado que contiene las cédulas de votación en un plazo no mayor a las 24 horas.

Mientras tanto, el conteo oficial de la ONPE al 95% establece a Keiko Fujimori en el primer lugar con una amplia ventaja de 17% de votos frente al 12% de Roberto Sánchez, quien le antecede y gana a Rafael López Aliaga con más de 20.000 votos dejándolo en el tercer lugar.

En declaraciones a la prensa desde su local de campaña en el Centro de Lima, Sánchez adelantó que este lunes 27 se presentarán las denuncias constitucionales, al considerar que tanto la JNJ como el JNE habrían incurrido en acciones “fuera del marco legal” durante el proceso electoral.

De acuerdo con el aspirante a la segunda vuelta presidencial, su grupo parlamentario evaluó las acciones que realizarán dentro del marco constitucional y concluyó que "hay razones más que suficientes para una denuncia constitucional" contra ambos organismos.

"Es una denuncia que vaya en el debido proceso. Aquí se ha afectado al hacer acciones fuera del marco legal. Si no hubiera sido por las respuestas de las comunidades, el pueblo que se levanta, que se moviliza, los estudiantes que se movilizan por presupuesto, y la lucha de las universidades... Nuestra confianza está fehaciente en las actas porque el conteo de votos significa un ida y vuelta", advirtió.

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Sánchez sustentó su anuncio de denuncias constitucionales al recordar que la JNJ aceptó la renuncia del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. Según indicó, se cometieron negligencias en la organización de las elecciones y que las fallas deben investigarse y sancionarse. "No se debe pasar por alto. En esta segunda vuelta se deben tomar medidas para que no ocurra ninguna sola actividad de negligencia, de manera correcta, sin abuso de autoridad, ni peliculina", dijo.

En esa misma línea, el candidato dijo que las instituciones "actuaron mal" y que hubo "afectaciones". En ese sentido, agradeció a las autoridades internacionales y presidentes que se pronunciaron.

"Nosotros no estamos condenando, el debido proceso es denunciar. Lo que hacemos porque creemos que no han cumplido en ese grado, en base al derecho de sus competencias. Estamos en acción. Estaremos atentos para defender la democracia y el voto ciudadano", declaró.

Al ser consultado por el allanamiento contra Corvetto y el rechazo al pedido de detención preliminar, Sánchez mencionó que ello le corresponde al Poder Judicial. “Las propias acciones vinculadas se deben investigar en el momento oportuno, no después para hacer una peliculina. Las acciones del sistema de justicia, en el debido proceso, tienen que ser oportunas. Creemos que son responsables de cada acción que están haciendo y haremos la vigilia para que sea como corresponde. Las carpetas que sean autónomas, que no sean abusivas, que se tomen como corresponde”, enfatizó.

Roberto Sánchez le responde a López Aliaga: "Hay que acabar con esta pataleta"

Por otro lado, Sánchez le envió un mensaje a su contrincante Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien promueve la narrativa de fraude en los comicios electorales. El candidato de JPP mencionó que, si no existen pruebas de algo, "las palabras se las lleva el viento".

“Las palabras se las lleva el viento, si es que no están demostradas, es decir, en la mesa tal, el ciudadano tal, con el DNI tal, aquí está el acta. ¿Y así han sido las palabras fáciles, las denuncias supuestas que ha hecho el señor Rafael López Aliaga? No, no. Es un discurso, pues, literario. Más bien debiera ser prueba evidente y eso no ha ocurrido", manifestó Sánchez.

En esa misma línea, criticó a López Aliaga por hacer cuestionamientos a las actas de mesas 900.000 en adelante y decir que hubo "votos fantasmas". "Un millón de amigos", dijo el postulante de Renovación Popular en alusión a la canción del cantante Roberto Carlos.

“Y a mí me gustan mucho todas las canciones de Roberto Carlos, lo escucho desde niño, pero 'Amigos del aire’ es imposible; en todo caso, que se demuestre. Yo creo que a esta altura gente afín y gente discrepante con nosotros refiere, pues, que hay que acabar con esta pataleta. Ya basta ya de la caprichología. Así grandecito como está, ya, pues, ya, y llamemos al orden democrático”, expresó.

“El presidente dijo que no se iba a concretar la compra hasta el próximo gobierno antes de que se firmara el contrato. Lo que ha ocurrido es que la voluntad expresada por el presidente ha sido desobedecida por sus ministros. Eso, en términos políticos, ha sido un golpe administrativo. Nadie le ha hecho caso al presidente Balcázar. ¿Podemos acostumbrarnos a que los ministros decidan contra la voluntad del presidente? A mí me parece grave por las consecuencias que esto puede tener”, declaró en entrevista con RPP.

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Para Nieto, este hecho evidencia una pérdida de autoridad de la institución presidencial: “Nos estamos acostumbrando a que no se acate a quien ostenta la representación de la Nación”, agregó.

Asimismo, el líder del Partido del Buen Gobierno señaló que habría gestionado la compra de los cazas F-16 de manera distinta, optando por adquirir una escuadra en lugar de dos. Según explicó, esta decisión se basaría en la situación financiera que atraviesa el país.

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Jorge Nieto se ubica en cuarto lugar en las Elecciones 2026

Con el 95,88% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato Jorge Nieto se ubica en el cuarto lugar, con 1.775.675 votos, lo que representa el 11,01% del total.

Por delante de Nieto se encuentran Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Los dos primeros se perfilan como los protagonistas de la segunda vuelta electoral.

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FAP aceleró la compra de los F-16 ante el avance de Sánchez

La Unidad de Investigación de La República reveló que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) firmó el contrato con la empresa estadounidense Lockheed Martin para la adquisición de los aviones de combate F-16 Block 70 el lunes 20 de abril, ante la posibilidad de que Roberto Sánchez se consolidara como favorito en las Elecciones Generales 2026.

“Ante la posibilidad de que, en una eventual segunda vuelta, Roberto Sánchez venciera a Keiko Fujimori, lo más seguro era firmar por los F-16 Block 70. El contrato estaba previsto para el 17 de abril y no había que esperar hasta el resultado de la segunda vuelta del 7 de junio. Los norteamericanos tampoco estaban dispuestos”, explicó una fuente a este diario.

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Perú se realizará el 7 de junio de 2026 y estará organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada de garantizar el desarrollo transparente del proceso y la correcta difusión de los resultados.

¿Cuándo será la segunda vuelta en Perú 2026?

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 se realizará el domingo 7 de junio de 2026 en todo el país. En esta jornada, los ciudadanos volverán a acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Este proceso será determinante, ya que definirá al ganador entre los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta, en una elección que suele concentrar mayor atención política y mediática.

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¿Qué pasa si ningún candidato supera el 50% de votos?

Si en la primera vuelta ningún candidato alcanza más de la mitad de los votos válidos, se activa automáticamente la segunda vuelta electoral. Este sistema busca asegurar que el presidente electo cuente con un respaldo mayoritario de los votantes.

En esta etapa, solo participan los dos candidatos más votados, quienes continúan en campaña para captar el apoyo del electorado que respaldó a otras opciones políticas.

¿Qué cargos se eligen en las Elecciones Perú 2026?

Durante las elecciones generales 2026, los ciudadanos elegirán al Presidente de la República y a los vicepresidentes que integran la fórmula presidencial inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes asumirán la conducción del Ejecutivo por un periodo de cinco años.

Asimismo, se renovará por completo el Congreso bicameral, conformado por diputados y senadores, lo que representa el retorno de un modelo legislativo que no se aplicaba en el país desde hace varias décadas.

A estos cargos se suma la elección de los representantes del Perú ante el Parlamento Andino, quienes cumplen funciones de representación supranacional y forman parte del proceso electoral general, bajo las mismas reglas de fiscalización y control.

De cara a la segunda vuelta presidencial, que se realizará el domingo 7 de junio de 2026, el tema vuelve a cobrar relevancia, ya que la votación seguirá siendo obligatoria para los electores habilitados. Por ello, es clave conocer cuánto se pagó en la primera jornada y qué ocurrirá en esta nueva etapa del proceso electoral.

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¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026?

El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito:

• En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).
• En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).
• En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).

Este cálculo se determina automáticamente con base en los datos del INEI y la dirección registrada en el DNI del ciudadano.

¿Se aplicará multa en la segunda vuelta del 7 de junio?

Sí. La segunda vuelta presidencial también contempla la obligatoriedad del voto, por lo que los ciudadanos que no acudan a sufragar y no presenten una justificación válida serán nuevamente sujetos a multa.

Esto significa que las sanciones económicas se mantendrán bajo el mismo esquema aplicado en la primera vuelta, salvo que las autoridades electorales dispongan alguna modificación.

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¿Qué pasa si no pagas la multa por no votar?

No pagar la multa electoral puede generar restricciones administrativas. Entre las principales consecuencias se encuentran:

• Impedimentos para realizar trámites en entidades públicas
• Dificultades para acceder a servicios del Estado
• Problemas en procesos administrativos oficiales

Por ello, las autoridades recomiendan regularizar la situación lo antes posible para evitar inconvenientes.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú?

La segunda vuelta electoral en Perú se realiza cuando ninguno de los candidatos a la presidencia alcanza más del 50% de los votos válidos en la primera votación. De acuerdo con el cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026, este proceso está previsto para llevarse a cabo semanas después de la jornada inicial, permitiendo que los dos candidatos más votados compitan directamente por la presidencia.

En ese sentido, la fecha para la segunda vuelta en Perú es el domingo 7 de junio de 2026, siguiendo el calendario habitual establecido por los organismos electorales. Durante este periodo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza una nueva jornada de votación a nivel nacional, en la que los ciudadanos vuelven a acudir a las urnas para definir al próximo presidente de la República.

La estimación también ubica a Renovación Popular en el tercer puesto con ocho escaños, seguida por el Partido del Buen Gobierno con siete representantes. Más atrás aparecen Partido Cívico OBRAS con cinco curules y Ahora Nación con cuatro. Estas seis agrupaciones serían las únicas que lograrían superar la valla electoral y asegurar presencia en el Senado, que volverá a funcionar tras el restablecimiento de la bicameralidad en el país.

El retorno del Senado representa uno de los principales cambios institucionales del proceso electoral 2026. Después de más de tres décadas, volveremos a contar con una Cámara Alta y una Cámara de Diputados. En el caso del Senado, estará conformado por 60 integrantes: 30 elegidos por distrito electoral único nacional y otros 30 por circunscripciones regionales.

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Así se repartirían los 60 escaños del Senado

De acuerdo con la simulación parlamentaria de Aklla, Fuerza Popular obtendría 22 senadores y se convertiría en la bancada más numerosa dentro de la Cámara Alta. Aunque no alcanzaría mayoría absoluta, sí tendría una posición clave para disputar la presidencia del Senado y el control de comisiones estratégicas como Constitución, Presupuesto y Fiscalización.

Juntos por el Perú alcanzaría 14 representantes y asumiría el rol de principal bloque opositor dentro del Senado. Renovación Popular sumaría ocho escaños, mientras el Partido del Buen Gobierno lograría siete curules. Partido Cívico OBRAS tendría cinco representantes y Ahora Nación cerraría la lista con cuatro senadores.

El Senado cumple la función de aprobar o rechazar reformas constitucionales, revisar leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, ratificar nombramientos de altas autoridades del Estado y participar en procesos de acusación constitucional contra altos funcionarios.

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¿Qué candidatos entrarían por Ahora Nación?

En el caso del partido Ahora Nación cuatro figuras lograrían ingresar al Senado. Se trata de Alfonso López Chau por Lima, Jaime Delgado también por Lima, Ruth Luque por Cusco y Mirtha Vásquez por Cajamarca. Cabe señalar que López Chau, también postuló a la presidencia de la República; sin embargo, no logró quedar para la segunda vuelta.

Alfonso López, una de las principales figuras del partido y recordado por haber sido el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), encabezaría la representación de la agrupación en la Cámara Alta. Su presencia lo convierte en una de las voces más visibles y conocidas de la bancada y en uno de los principales referentes políticos del partido dentro del nuevo Congreso.

Jaime Delgado también alcanzaría un escaño por Lima. Junto a él aparece Ruth Luque, quien mantendría representación desde Cusco y reforzaría la presencia política del sur andino en el Senado. Cabe resaltar que Luque es actual miembro del Parlamento y forma parte de la bancada Bloque Democrático Popular.

Mirtha Vásquez completaría la lista desde Cajamarca. La expresidenta del Consejo de Ministros volvería al Parlamento con experiencia previa en el Congreso y con un perfil de peso dentro de la futura bancada de Ahora Nación.

Fuerza Popular tendría ventaja en disputa de Mesa Directiva

Con 22 escaños, Fuerza Popular se consolidaría como la primera fuerza en la Cámara Alta y tendría ventaja en la disputa por la Mesa Directiva del Senado. Aunque no tendría mayoría absoluta, su condición de bancada más numerosa le permitiría negociar alianzas con otros bloques para definir la conducción política del Parlamento.

Entre los principales nombres figuran Miguel Torres, Martha Chávez, Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez, Martha Moyano, César Astudillo y Carlos Mesía en la lista nacional.

También ingresarían Marco Miyashiro por Lima, Alejandro Aguinaga por Lambayeque, David Jiménez por Junín, Jacques Rodrich por Callao, Jorge Velásquez por Ucayali, Nilza Chacón por Áncash, Elard Melgar por Lima Provincias, Víctor Flores por La Libertad, Karla Schaefer por Piura, Segundo Tapia por Cajamarca, Juan Carlos del Águila por Loreto, Víctor Noriega por San Martín, José Arista por Amazonas, Héctor Ventura por Tumbes y Rafael Yamashiro por Ica.

En este contexto, también se le abriría espacio para impulsar reformas legislativas clave y disputar el control de comisiones que suelen marcar la agenda nacional. La presidencia del Senado será uno de los principales puntos de negociación entre las agrupaciones que logren tener una representación.

Juntos por el Perú se consolida como segunda fuerza

Por su parte, la organización política de Juntos por el Perú buscaría consolidar una oposición sólida con 14 senadores y capacidad de incidencia en votaciones relevantes. Cabe señalar, que según el conteo ONPE, sería el candidato de esta misma organización, el actual congresista Roberto Sánchez, quien se disputaría la presidencia con Keiko Fujimori el próximo 7 de junio en las elecciones de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026.

Entre sus representantes nacionales aparecen José Castillo, Silvana Robles, Jaime Quito, Saúl Armacanqui e Iber Maraví.

A ellos se suman José Chipana por Puno, Joaquín Yauri por Huancavelica, Wilfredo Verano por Cusco, Andrés Ramos por Apurímac, Humberto Morales por Ayacucho, Serafín Andrés por Huánuco, Percy Osorio por Pasco, Víctor Cutipa por Moquegua y Hugo Ccahuana por Madre de Dios.

Renovación Popular mantiene presencia clave

Renovación Popular obtendría 8 curules y mantendría una presencia importante dentro de la correlación de fuerzas del Senado. El principal nombre es Rafael López Aliaga, acompañado por Alejandro Muñante, Katherine Ampuero, Lourdes Alcorta y Estanislao Mancha en la lista nacional.

También figuran Francisco Calisto y Milagros Jáuregui por Lima, además de Miguel Velásquez por la representación de peruanos en el exterior.

Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico OBRAS

El Partido del Buen Gobierno lograría 7 escaños con Flavio Figallo, Patricia Iturregui, Susana Matute, Carlos Caballero y Jorge Gavidia como principales figuras nacionales. A ellos se suman Nora Bonifaz por Lima y Juver Flores por Arequipa.

Por su parte, Partido Cívico OBRAS alcanzaría 5 curules con Daniel Barragán, María del Pilar Flores, Walter Gago, Roger Astucuri y Juana Ticona por Tacna.

En su mensaje, López Aliaga calificó a estas 4.703 mesas como 'mesas escondidas' puestas en los lugares más lejanos del país, 'sin policías, sin cámaras y sin nadie que cuide que el conteo sea honesto'. Según su denuncia, en estos lugares ocurrió algo irregular: 'Las mesas van en orden hasta la 88064. Pero de pronto, los números saltan de golpe hasta el 900001'. Además, sostuvo que se encontraron firmas inventadas y que los votos se metieron al sistema 'durante las madrugadas de toda una semana'.

Sin embargo, la ONPE explicó que las mesas que empiezan con el número 900 001 no son un invento reciente ni irregular. Estos números se usan exclusivamente para identificar a las mesas de sufragio en los centros poblados, comunidades que están muy lejos de las capitales distritales.

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Este sistema funciona en el Perú desde el año 2005 para evitar que los ciudadanos rurales tengan que viajar durante días para votar, garantizando así su derecho a la participación ciudadana mediante una logística probada.

Para desmentir que sean mesas nuevas, la institución presentó registros que muestran que ya en las Elecciones Generales del 2006 se atendieron 99 centros poblados con este mecanismo.

En ese año se instalaron 449 mesas bajo esta modalidad en 17 departamentos, incluyendo Lima, Huancavelica y Junín. Por ello, los códigos del 900 001 al 904 703 no fueron creados recientemente para este proceso electoral.

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Sobre la acusación de que los votos se metieron al sistema 'a escondidas', la ONPE aclaró que el retraso en el procesamiento se debe a que estas mesas al estar en lugares remotos, el material electoral físico tarda más tiempo en llegar a las oficinas de cómputo para ser escaneado.

En cuanto a las firmas y la transparencia, el organismo recordó que cualquier persona puede revisar las actas digitalizadas en su portal de resultados. En la web se pueden comparar las actas físicas con las fotos del documento real para que ciudadanos y personeros verifiquen la coincidencia de firmas y votos.

Según el pronunciamiento emitido en redes sociales, el incidente se registró mientras se desarrollaba uno de los eventos políticos más importantes de Estados Unidos, que reúne cada año a periodistas, autoridades y figuras públicas. En esta ocasión, entre los asistentes se encontraban el mandatario estadounidense, la primera dama Melania Trump y miembros del gabinete.

El Gobierno peruano informó que, tras lo ocurrido, se confirmó que todos los participantes en la actividad se encuentran fuera de peligro.

Asimismo, el Ejecutivo expresó su solidaridad con el gobierno y la ciudadanía de Estados Unidos de América frente a los hechos registrados. Además, la Cancillería recalcó que el Perú rechaza cualquier forma de violencia, especialmente aquella que pueda poner en riesgo la integridad de personas en espacios públicos o eventos oficiales.

“El Gobierno del Perú expresa su más enérgica condena ante el deplorable acto de violencia registrado esta noche en la ciudad de Washington D.C., durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, y acoge con satisfacción la confirmación de que todos los asistentes al evento se encuentran fuera de peligro”, se lee en el comunicado.

El pronunciamiento de la Cancillería fue emitido horas después de conocerse el incidente en territorio estadounidense.

Es importante detallar que la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es considerada un espacio clave de interacción entre la prensa y el poder político en Estados Unidos.

Con este pronunciamiento, el Perú se suma a los países que han expresado su rechazo frente a lo ocurrido y, al mismo tiempo, reafirma su compromiso con la paz y la seguridad internacional.

Sánchez cuestionó la adquisición de aeronaves estadounidenses F-16, señalando que abre interrogantes sobre el uso de recursos públicos. También deslizó que existirían intereses políticos detrás de estas decisiones, en referencia a sectores vinculados al fujimorismo.

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El candidato también se pronunció sobre las denuncias de fraude electoral promovidas por el entorno de Rafael López Aliaga. Señaló que no existen pruebas que sustenten esas acusaciones. Afirmó que este tipo de discursos debilita la confianza en las instituciones encargadas del proceso electoral.

Roberto Sánchez pidió respetar la voluntad popular. Llamó a reconocer los resultados oficiales sin generar más incertidumbre. “Lo que más daño le hace al sistema electoral es la información errada”, afirmó durante su intervención pública.

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Roberto Sánchez rechaza denuncias de fraude y marca posición rumbo a una eventual segunda vuelta

El también congresista descartó de forma categórica las acusaciones de fraude. Indicó que no existe evidencia que respalde esas versiones. “No tiene cómo demostrar fraude”, sostuvo en alusión a los cuestionamientos sobre los resultados, en especial en zonas rurales.

Defendió el voto de estas regiones. Señaló que poner en duda esos resultados afecta a miles de electores. “Se ha generado perturbación en el elector”, advirtió. También remarcó que, hasta el momento, no existen actas anuladas dentro del proceso.

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El líder de Juntos por el Perú también cuestionó el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones. Criticó la demora en resolver las actas observadas. Precisó que más de seis mil siguen en evaluación, mientras que una parte ya fue remitida a la ONPE. “Las actas observadas se van a aceptar”, aseguró.

En el plano político, Sánchez reforzó su posicionamiento de cara a una eventual segunda vuelta frente a Keiko Fujimori. Pidió “serenidad y respeto sagrado a la voluntad popular”. Además, denunció presiones sobre instituciones públicas para “ensuciar el proceso”, en medio de un escenario de alta tensión electoral.

La fuente castrense arguyó que la posibilidad de un próximo gobierno izquierdista de Roberto Sánchez hacía peligrar el proyecto de contar con una flota de aviones caza. Por eso, se desoyó la decisión del presidente José María Balcázar, quien el viernes 17 de abril anunció la postergación de la suscripción del contrato. Sin embargo, el lunes 20 de abril, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) de todas maneras firmó con la estadounidense Lockheed Martin, el mismo día que Balcázar reiteró que su gestión interina no lo haría.

Fue el miércoles 15 de abril, faltando dos días para la ceremonia del contrato, que el conteo de votos, al 89,46%, por primera vez reportaba que el candidato izquierdista había superado al ultraderechista Rafael López Aliaga.

“Ante la posibilidad que en segunda vuelta Roberto Sánchez ganara a Keiko Fujimori, lo más seguro era firmar por los F-16 Block 70. El contrato estaba pauteado para el 17 de abril, no había que esperar hasta el resultado de la segunda vuelta del 7 de junio. Los norteamericanos tampoco estaban dispuestos”, explicó la fuente militar a La República.

Un exministro de Defensa, que también tuvo participación en el proceso que derivó en la contratación directa de Lockheed Martin para la venta de los F-16 Block 70, confirmó que el temor de un eventual próximo gobierno izquierdista influyó decisivamente en la suscripción del acuerdo comercial con la empresa norteamericana.

“Aquí hay un tema de Estado, que es la seguridad nacional de nuestro país. En 2027, si no es antes, nos vamos a quedar sin ningún avión de combate disponible para volar. El Perú no puede quedar en esa situación de indefensión. Es inaceptable. Entonces, si está en curso un proceso, y hay una propuesta muy atractiva, y cuenta con el respaldo de nuestro aliado, los Estados Unidos, ¿por qué dejar para otra ocasión la compra? Con mayor razón si existe la posibilidad de un próximo gobierno izquierdista, en este caso Roberto Sánchez, que apoyó la postura del presidente Balcázar de postergar la adquisición”, señaló el extitular del sector Defensa.

Como el proceso de contratación es un “secreto militar”, las fuentes pidieron no ser identificadas.

Pero Roberto Sánchez no es un opositor a la compra de los cazas y cree en la necesidad de renovar la flota aérea de guerra. Solo que sus tiempos y prioridades son diferentes, aunque no concuerdan con los de Lockheed Martin y el gobierno de los Estados Unidos.

“El Perú tiene el derecho a modernizar sus Fuerzas Armadas porque hace más de 30 años no sirven nuestros aviones, no sirven nuestros helicópteros, esa es la verdad. Pero la lucha contra la pobreza por más hospitales, escuelas y carreteras, es una prioridad más relevante para nuestro pueblo”, dijo Roberto Sánchez el miércoles 22 de abril.

“Si este gobierno (Balcázar) ya planificó con las Fuerzas Armadas la compra de los aviones de guerra, se debe hacer respetando el procedimiento contractual, sin corrupción, sin comisión. A dos meses de la salida del gobierno, ¿cuál es el apuro en cerrar hoy día el contrato? (...) El siguiente gobierno que nace de las urnas, que tiene más legitimidad, es el que tiene que tomar la decisión. No vetamos a ninguna bandera tecnológica”, añadió.

No podría decirse que la posibilidad de un gobierno de Roberto Sánchez amenazaba la suscripción del contrato. Pero el conteo electoral fue usado como un pretexto para consumar un acuerdo que ya había sido armado por el gobierno de José Jerí para darle preferencia a la oferta estadounidense: una contratación directa, sin licitación, como establecen las normas.

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En la gestión de la exmandataria Dina Boluarte, el ministro de Defensa y el Comandante General de la FAP viajaron para dialogar con las autoridades de Francia, Suecia y Estados Unidos sobre la adquisición de los cazas que ofertaron y quedaron finalistas en la evaluación que hizo la Fuerza Aérea: Dassault Aviation (Rafale F4), Saab (Gripen E/F) y Lockheed Martin (F-16 Block 70). Pero con Jerí, se dejó de practicar ese trato con las tres empresas. Para fines de 2025, Dassault Aviation y Gripen comenzaron a preguntar sobre el desarrollo del proceso de evaluación. Creían que con el cambio de gobierno, la compra quedó suspendida.

“Preguntaban si continuaba el proceso. La respuesta estándar era que seguía la evaluación y que se les informaría ante cualquier novedad. Aunque lo cierto es que en este despacho se le dio prioridad a la propuesta de Lockheed Martin. No estoy rompiendo ningún secreto. La República ha publicado las visitas de los funcionarios de la empresa norteamericana al Ministerio de Defensa. Es evidente cuál era la decisión. Quizás debieron enviar cartas a Dassault Aviation y Saab diciendo que, muchas gracias, pero ya hicimos una selección: Lockheed Martin y sus F-16 Block 70. Nunca está de más ser amable, en particular con empresas de prestigio”, explicó una fuente del Ministerio de Defensa con conocimiento del proceso de contratación.

Las fuentes militares reconocieron que el Comité Evaluador Técnico-Operacional (CETO) de la FAP emitió un informe en el que indicaron que los modelos que encajaban con los requerimientos eran, en el siguiente orden: Rafale F4, Gripen y F-16 Block 70. Pero el gobierno de José Jerí excluyó al primero y al segundo, y se quedó con el tercero. Para diciembre de 2025, así había quedado establecido.

Pero había un problema: era público que había tres postores. Boluarte se había reunido con franceses, suecos y norteamericanos. Además, el 9 de enero de 2026, el Ministerio de Defensa aprobó el Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero, que señala que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) deben ser evaluadas todas las propuestas, lo que implicaba solicitar a los concursantes actualizar sus ofertas elevadas el año anterior. La solución de la gestión de Jerí fue declarar como “secreto militar” la contratación e incluir la figura de “proveedor único”, para negociar únicamente con Lockheed Martin.

El 3 de febrero, el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, presentó sus credenciales al expresidente Jerí, y rápidamente emprendió acciones para posicionar a Lockheed Martin. Logró que la compañía mejorara sustancialmente su propuesta de 12 a 24 cazas F-16 Block 70. Una oportunidad que no recibieron la francesa Dassault Aviation y la sueca Gripen.

Pocos días después, el 11 de febrero, el comandante general de la FAP, Mario Contreras León Carty, emitió la resolución N°064-2026, señalando que la institución castrense seleccionó el F-16 Block 70 por “razones geopolíticas y estratégicas”. Las otras empresas competidoras nunca fueron informadas de esta decisión, simplemente porque fueron excluidas de la licitación. Había prevalecido la influencia política. “Era ahora o nunca”, como dijeron las fuentes castrenses.

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Una rebaja para asegurar la compra

• El contrato firmado entre la FAP y Lockheed Martin el lunes 20 de abril es solo por 12 unidades de aviones caza F-16 Block 70. Queda pendiente otro acuerdo por 12 ejemplares. Por las 24 aeronaves, la empresa norteamericana aceptó US$3.500 millones.
• Con una diferencia de seis meses, de septiembre de 2025 a marzo de 2026, Lockheed Martin cambió radicalmente su oferta: de 12 cazas por US$3.420 millones a 24 unidades por US$3.500 millones. Una rebaja poco usual en el mercado internacional.
• Cuando compitió en Colombia, Lockheed Martin pidió por 24 F-16 Block 70, según los requerimientos de su Fuerza Aérea, US$4.202 millones. Es decir, US$702 millones más respecto a los US$3.500 millones que aceptó a la FAP.
• En el caso peruano, los primeros ejemplares de F-16 Block 70 está previsto que arribarán entre 2029 o 2030. En la propuesta presentada a Colombia, se garantizó la entrega de tres cazas en 2028.

Supongo que debe ser como cuando me llamaban directora, al principio, y yo me quedaba sorprendida. Pero después de algún tiempo ya me vine asumiendo. Es lo que voy a hacer.

Fue jefa de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural en el Ministerio de Cultura.

Sí, lo fui hasta que empezó la campaña.

Y uno de los trabajos en ese despacho es luchar contra lastres como la discriminación.

La dirección general tiene bajo su responsabilidad tres direcciones de línea. Una es de la que yo me encargo ahora, los pueblos afroperuanos; la otra es la de políticas para pueblos indígenas; y la tercera es la dirección de diversidad cultural y lucha contra la discriminación racial y el racismo.

¿Y esa última tarea es muy complicada en un país como el Perú?

Sumamente complicada, porque las prácticas de discriminación racial y de racismo suelen ser silentes, pero están en permanente actividad en el país. Y en estas últimas semanas hemos visto varias evidencias, por diferentes razones, no siempre tienen que ver con las cuestiones políticas. A veces ocurren porque en la convivencia lo primero que sale en la interpelación a otra persona suele ser lo racial.

Pero el contexto electoral sí ha exacerbado eso.

Sí, claro, por diferentes razones, por la apariencia de la gente, por la forma de hablar de la gente, por el lugar de procedencia de la gente, por todas las razones que la Constitución dice que no se debe discriminar a los demás. Y terminan aterrizando siempre en las cuestiones étnico-culturales.

Lo triste es que los que han protagonizado estos hechos son jóvenes, ligados a las redes sociales, lo que llaman streamers.

En general la tecnología, a pesar de ser tan útil para muchas cosas en la vida, suele también ser utilizada para exacerbar esto. No es sorprendente que los streamers, en espacios donde suelen ser considerados libres, manejados por ellos mismos y donde no hay un filtro externo, expresen, a su total albedrío, lo que en el fondo siente la gente. Hay mucho prejuicio en nuestro país, particularmente con las mujeres, por cómo se ven, por cómo hablan, hasta por cómo se llaman.

¿Y le sorprendió este tipo de hechos después de la primera vuelta o suponía que iban a ocurrir?

Los hechos de discriminación han ocurrido, estaban ocurriendo y seguirán pasando, incluso sin razones políticas.

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Alguna vez le escuché decir que la sociedad peruana es muy creativa, pero que usa esta creatividad para ocultar lo racistas que somos.

Sí, soy de esa opinión. Lo que pasa es que siempre estamos buscando una justificación para decir que no estamos siendo racistas, y es una trampa. Por ejemplo, cuando alguien está impresionado por la apariencia de alguien, siempre dice: “No, yo no soy racista. Es solo que no tiene las competencias, no tiene las habilidades, no califica”. Siempre estamos justificando que nuestra objeción por la apariencia de alguien no tiene que ver con que sea de tal o cual grupo cultural, sino que tiene que ver con sus habilidades. Pero uno se pone a pensar y dice: “¿Oye, un ratito, por qué con esta persona que se ve así pones en duda sus capacidades y por qué con esta otra persona, que no se ve así, ese tema no está en riesgo?”.

Y a veces puede pasar que ambas personas no tienen las competencias.

O que la que tú supones que no tiene, cumple con los requisitos y la otra no. Pasa todo el tiempo. Algunas personas en este país, por cómo se ven, siempre tienen que probar que saben, que tienen un contenido y que además tienen expertise en ese contenido. Mira, por cómo me veo, alguien puede pensar que no tengo otro contenido más que no sea bailar o jugar algún deporte.

¿Y hay alguna coartada que usemos siempre los peruanos para ocultar nuestro racismo?

Siempre hablamos del desempeño de la gente, decimos que no nos fijamos en su apariencia, pero no. Mira, hay una historia bien interesante que siempre suelo comentar. Hace 10 años hicieron un estudio en la Pacífico en el que probaban que una persona afrodescendiente tenía que insistir 16 veces antes de que fuera llamada para una entrevista de trabajo. Ni siquiera para que le dieran el trabajo, solo para la entrevista.

La veo, al exponer estos temas, muy sosegada, muy tranquila. ¿Nunca se indigna, nunca se molesta?

¡Todo el tiempo! Yo no he perdido la capacidad de indignarme por lo que pienso. Muy por el contrario. Pero he crecido, he madurado. Y he aprendido, después de muchas veces que he terminado en lágrimas o en sangre, que no puedo seguir canalizando esa violencia hacia mí misma. Tengo más bien que aprender a ser todo lo firme y clara contra el sujeto y objeto que genera esa violencia. O sea, me indigna siquiera pensar que una niña tenga que seguir siendo víctima de racismo, que una niña tenga que seguir postergando sus oportunidades, preocuparse por su cabello, preocuparse por su piel, solo porque alguien supone que está mal ser como ella es. Hasta ahora recuerdo muy vívidamente a mi hija menor llegando del colegio inicial y diciéndome: “Mamá, tienes que bañarme”. (Se queda en silencio unos segundos)

Caray.

Sí. Y entonces, el sosiego que tengo es resultado de la madurez, pero no es que haya perdido la capacidad de indignarme, de ninguna manera. Y cuando veo a la gente que trabaja en esto y que me dice: “Paciencia, va a pasar”. Yo digo: “No, no va a pasar”. La interculturalidad es el enfoque que creó la sociedad para enfrentar los problemas de discriminación y racismo, pero no es vista como una necesidad social. O sea, dime, ¿cuántas veces te sientas a discutir en tu mesa sobre estos temas?

Muy poco.

¿Y encuentras al sacerdote que cuestione estos temas? ¿Al médico que cuestione estos temas o al policía que esté listo para resolver estos temas? Mira, costó mucho trabajo que se resuelvan los temas de violencia de género. Y cuando ya estábamos empezando, de pronto está prohibido hacerlo. Porque ahora es ilegal reclamar los temas de género, porque se ha sacado una ley que prohíbe que hables de eso.

¿Cuántos años tiene como activista del pueblo afroperuano?

Un montón.

¿Cuarenta más o menos?

Sí.

¿No se agota?

No. De ninguna manera. Porque no se ha resuelto.

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Alguna vez escuché en una entrevista que hacía referencia a las personas desconocidas que consiguieron la abolición de la esclavitud en 1854. Y decía: “Si ellos no descansaron, ¿por qué tendría que hacerlo yo?”.

Así es. Estoy obligada. Cuando me quedó claro que quería hacer esto, que me quería reafirmar como una mujer negra, afroperuana, también me quedó claro que esto no iba a ser fácil. Mira, me ha gustado que identifiques que tengo un sosiego para abordar este tema, pero parte de eso tiene que ver con ser perseverante. Sí hay cosas posibles de hacer. Aunque la voz sea solitaria.

Usted ha sido maestra también. ¿Qué circunstancias dolorosas ha visto asociadas al racismo en las aulas?

Yo recibí un consejo interesante cuando terminé de estudiar educación. Alguien me dijo: “A partir de ahora usted es maestra de todo el mundo, no es maestra solo de los que son afroperuanos, sino de todo el mundo”. Y yo fui maestra en La Victoria. Y al aula la gente trae todas las cosas con las que convive. Y sí pues, hay relaciones racistas en la escuela. Hay acciones, un vocabulario, un lenguaje corporal que tiene que ver con eso.

¿La escuela como está concebida actualmente contribuye al racismo?

No lo combate. No genera una sociedad antirracista. Definitivamente no. Está el currículum. Y en el currículum están definidas las capacidades y las competencias que tenemos que desarrollar en la formación de ciudadanos. Pero no lo desarrollamos. No hay una implementación de un currículum que efectivamente promueva que la gente sea antirracista, o que la gente sea equitativa, o que la gente entienda qué cosa es la igualdad.

Hay otra frase suya. “Yo formo parte de aquel ejército de mujeres liberadas por Victoria Santa Cruz”. ¿Por qué lo dice?

Mi madre fue empleada del hogar. Entonces, mi mamá, como muchas otras mamás, fue parte de ese ejército de mujeres que contribuyeron a que esta sociedad viviera mejor. Y cuando Victoria Santa Cruz hace el poema Negra, nos permite encontrarnos a las mujeres que somos hijas de esas mujeres y que a su vez tenemos que construir una ciudadanía, un espacio. A mí me da gusto que mis hijas sean capaces de asumirse con mucho gusto por ser quienes son. Porque ser es importante. Cuando tienes libertad de ser, cuando tienes libertad de filmarte, de mostrarte, de expresarte, allí hay un valor agregado. Y mi historia me sirve de ejemplo, me sirve para entender mejor, para valorar más a las mamás, a las abuelas, y a las mujeres de las que venimos. Y me sirve también para educar a las hijas que he parido.

Ha contado que a veces, para ocultar su procedencia, las familias hacen cosas drásticas, como ocultar las fotos de los abuelos.

Las desaparecen, claro.

¿Ha pasado eso en su familia?

Sí, claro. Con mi abuelo chino, nos costó mucho trabajo encontrarlo. Es que se portó mal.

Quizá por eso desapareció.

Totalmente (sonríe). Fue por eso que desapareció. Pero lo encontramos. Era culí, fue a trabajar a Cañete, se casó con mi bisabuela, y de ahí venimos todos nosotros. Pero lo he visto también en otras familias, y no ocurre como el caso de mi abuelo porque se portó mal socialmente. A veces no hay fotos porque a nuestra gente no le gustaba tomarse fotos, no le gustaba cómo se veía, cómo los reflejaba la fotografía.

Cuando dice nuestra gente, ¿se refiere al pueblo afroperuano?

 Sí, estoy hablando de muchos abuelos, de las tías a las que no les enorgullece algún retrato, que les devuelve una imagen que no aprecian. Y esa es la imagen con la que la gente las va a recordar. Lo he visto. Pero también lo he visto en las señoras que viven en mi barrio y que dejaron de hablar quechua porque sentían que las ponía en una condición de inferioridad. Y eso pasa particularmente con las mujeres. Las mujeres se molestan cuando la descendencia quiere hablar quechua o habla quechua.

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Cuando se enumeran los aportes del pueblo afroperuano al país, los tópicos son conocidos: deporte, gastronomía, danza y música. Y allí nos detenemos. ¿Esa enumeración en sí misma no es un tema discriminatorio?

 Por supuesto. Yo siempre apelo a esto: nuestra presencia en ese territorio no se debe a una migración.

Fue un secuestro.

Fue secuestro, trata, esclavización. Y cuando tú te quedas solo en lo último que ha hecho una población, estás invisibilizando la razón de por qué llegó a un territorio. Y nosotros llegamos para trabajar, llegamos a producir, llegamos a hacer mano de obra gratuita.

Ahora, este viaje desde el África, con muertes terribles en el camino, no es una cosa que se recuerda en las aulas.

Y ahí se cruza la debilidad del diseño del currículum con cómo lo implementan. En el currículum ponen capacidades y competencias. Pero si no ponen cómo debes aterrizarlo, nunca se ven estos temas. No es normal. Y el contenido sigue siendo el medio para probar lo que se necesita que la gente aprenda. Y ese contenido es el medio para probar que no llegamos, que fuimos traídos. Que no es que nosotros cantamos y bailamos todo el tiempo. No. Eso es lo que ahora te permite hacer tu ciudadanía. Pero vinimos a ser agricultores, a ser mineros, a ser pescadores, a ser amas de leche. ¿Y eso? Se borró de la historia. Pero es peor. Incluso si solo me dedicara a cantar y bailar, nadie asocia la figura de los afrodescendientes con el trabajo. Y por eso es que cuando tú vas a cantar y bailar, la gente te da lo que queda, no eres el primero de la lista.

No los ven como profesionales de la música o de la danza, los ven como gente a la que le gusta dedicarse a eso.

Sí, y piensan: Si me entretienes, te doy una limosna, con eso resuelves tus problemas. Y no me gusta contar todo esto, porque pareciera que es una revictimización. ¡Pero no lo es! Estoy contando las cosas como pasaron. Te estoy diciendo que todo eso que la gente supone, a partir de que me ve, no es cierto, no tiene nada que ver con la realidad. Pero si lo enuncio como tal, alguien me dice: Te victimizas.

 ¿Le dicen mucho: Te estás victimizando Susana?

Sí, claro. Me dicen: Ya pasó. Pero, a ver, hay en este momento un movimiento mundial muy fuerte por las reparaciones para los afrodescendientes. Y la gente está pensando que eso es plata. No es plata. La reparación es solo reconocer que se hizo daño al colectivo. Eso sería un paso saludable para cambiar las cosas. Y después ya vemos, becas, cupos para el trabajo, cuotas. Y la gente dice: Yo no estoy de acuerdo con los cupos. Perfecto, pero entonces ayúdame a cerrar la brecha, porque sí hay brechas.

 Ha estado casi 9 años en el Ministerio de Cultura.

 En junio cumplo 10.

 ¿Y qué siente cuando algunos candidatos dicen que ese ministerio debería desaparecer?

Que no saben de qué están hablando. Esa es la evidencia más clara de que hay demagogia en la política y que los políticos hacen ofertas sin conocer el fondo de lo que están hablando.

El pretexto que usan es que, si retiramos el ministerio de Cultura, se va a ahorrar dinero que se puede emplear en otras prioridades.

 Mira, si combatimos la corrupción ahorramos dinero. Y la gente sabe que hay corrupción, pero como en el caso del racismo, nunca la ves de frente. Como en el caso del racismo, usamos muchos pretextos para enmascararla. Es así.

¿Cuál es su máxima aspiración en el Senado?

Quisiera hacer un montón de cosas. La primera es recuperar el orden que necesitamos para decir que somos una democracia. Y lo siguiente... Caray, es difícil expresar los deseos.

Pero usted se metió solita en esto.

Sí. Y todo el mundo me anda diciendo que ahora voy a tener más poder que nadie en este país.

Y muchos problemas.

También. Pero, a ver, creo que una aspiración a la que de verdad le voy a ofrecer todo mi empeño es a que se preste atención a personas vulnerables, como las que acabo de describir en esta conversación. Me preocupan las mujeres que son racializadas, que tienen una vida postergada. Me gustaría trabajar con esto, con mujeres racializadas, con jóvenes, con niñas, con población LGBTI. Que nos permitan trabajar en la implementación de un enfoque intercultural que contribuya a mejorar su salud.

Por lo que me está diciendo, es candidata para que la llamen caviar.

Yo no puedo ser caviar. Algunos requisitos no los cumplo (se ríe). Trabajo en el Estado, sí. Pero me falta todo para serlo. Me apellido Matute, Emilio. Cómo podría ser caviar.

Hacer política pasa también por defenderse de las expresiones de los rivales. Y lo último que se ha dicho de Jorge Nieto es que es muy tibio, que no ha sabido tener una posición clara sobre cómo debía resolverse el problema de las fallas logísticas en la elección. ¿Usted qué responde?

 (Sonríe) No lo conocen. Él no es tibio para nada. Que no haya dicho lo que los demás quieren escuchar, es otra cosa. Pero que no haya sido claro, eso es totalmente distinto. Él ha dicho con claridad que si alguien dice que hay fraude, que lo pruebe. ¿Qué quieren? ¿Que saque a la gente a la calle? ¿Para que los chicos paguen como siempre pasa? Porque los que peinamos canas siempre estamos detrás. Y, finalmente, si alguien tiene dudas sobre el sistema, que haga una auditoría técnica. ¿De qué tibieza hablan? Tibio es quedarse callado, ignorar a la gente, hacerse el desentendido. Y eso no ha pasado.

 La veo bastante preparada para responder a los adversarios.

 Gracias. Aunque yo quiero tomar las palabras de Jorge Nieto: Tenemos que abandonar la costumbre de hacer las cosas a empujones.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

De acuerdo con información oficial, la ONPE adjudicó a Gálaga un servicio de 434 vehículos por S/ 6,3 millones. Sin embargo, la propia compañía declaró contar con una flota aproximada de 200 unidades, por lo que el resto fue cubierto mediante el reclutamiento de terceros.

Parte de esa operación fue ejecutada por transportistas que, según testimonios recogidos por La República, no firmaron contratos y aún no perciben el pago por sus servicios.

Un proveedor que intervino en el despliegue con cuatro unidades señaló a este diario: “No ha habido ningún contrato, todo ha sido de manera verbal. Pero tenemos como pruebas conversaciones y acuerdos”.

Según su testimonio, los vehículos fueron convocados días antes del proceso electoral y se concentraron en el almacén de Lurín entre el 5 y 6 de abril, a la espera del inicio de operaciones.

SERVICIOS IMPROVISADOS SAC

El servicio contemplaba jornadas entre el 10 y el 13 de abril, pero en la práctica se extendió hasta el martes 14, debido a que algunas unidades no concluyeron con la descarga del material electoral.

El esquema de pago se estableció por día y por tipo de unidad: S/ 400 diarios para camiones pequeños; S/ 550 y S/ 750 para vehículos de mayor capacidad, incluyendo al conductor. Los días de espera se remuneraban al 50% de la tarifa.

“El acuerdo era que se pagaba al finalizar el servicio. Solo se nos dio el adelanto correspondiente a un día por cada unidad, al momento de entregar los vehículos”, indicó el proveedor.

UNA EMPRESA SIN VEHÍCULOS

Sin embargo, pese a haber culminado las labores, los pagos no se realizaron en el plazo ofrecido. “Ya estamos 9 días esperando”, afirmó.

Las comunicaciones internas de la propia empresa confirman el retraso. En un mensaje enviado a los proveedores el 15 de abril, Gálaga señaló: “Les ofrecemos disculpas por el retraso en los pagos” y solicitó coordinar las liquidaciones de manera individual.

En un mensaje posterior, un representante indicó que “sí se están realizando los pagos, pero de manera ordenada, por fechas, según el ingreso de la unidad de carga”, sin precisar un cronograma.

Además, los proveedores fueron agrupados en un chat que posteriormente fue restringido, ya que solo los administradores podían enviar mensajes, limitando la comunicación directa de los transportistas afectados, que suman varias decenas.

De acuerdo con la versión de los transportistas, quienes pidieron mantener su identidad en reserva por temor a no recuperar el dinero adeudado, la empresa viene cumpliendo pagos de manera parcial. Señalan que algunos proveedores han sido cancelados por presión, mientras que a otros se les está abonando montos menores a los acordados.

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A LO QUE SALGA

Durante la ejecución del servicio, los proveedores reportaron deficiencias operativas. En uno de los casos, una unidad permaneció varias horas sin carga en el almacén de Lurín y recién fue despachada en la madrugada del domingo 12 de abril, llegando a su destino la noche del mismo día, cuando el proceso electoral ya estaba en marcha.

Esto ocurrió pese a que se había acordado que el despliegue iniciaría a las 10 de la noche del viernes 10 de abril y culminaría el sábado 11, un día antes de la elección. El repliegue, según lo previsto, debía cumplirse desde la noche del domingo 12 de abril, una vez concluidos los comicios. Ninguno de estos plazos se cumplió. Según los transportistas, se les ofreció reconocer los servicios adicionales.

“A nosotros nos decían que necesitaban a los choferes puntuales el viernes 10 de abril a las 8 de la noche. Que tenían que estar puntuales, que si demorábamos nos iban a descontar. Supuestamente, los camiones iban a esperar a los choferes con el material cargado, listo para salir”, relató.

“En el caso de mi flota, solo tres vehículos tenían carga. Uno estaba vacío. Consulté si lo iban a necesitar o ya no iba a ser parte de la operación. Dijeron que debía quedarse porque recién se iba a cargar. Nos informaron que faltaban, incluso, los custodios de la PNP. Solo salían un camión grande y uno pequeño, ambos hacia el mismo destino con toda la carga, pero escoltados por la PNP. En el pequeño iba el equipo de computación; en el grande, papelería y ánforas”, completó.

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MILLONARIO SERVICIO MAL HECHO

Las fuentes agregaron que los conductores asumieron funciones adicionales. “El chofer es el que ha hecho ya de cargador”, indicó un transportista, al referir que no se asignó personal de apoyo para la descarga del material electoral en los locales de votación.

Estas condiciones implicaron que el servicio se ejecutara fuera de lo previsto, tanto en tiempos como en funciones, sin que ello haya sido reconocido en los pagos pendientes. “Si no me pagan a mí por los vehículos, qué me van a reconocer el otro servicio. El personal que se ha contratado me pide, y les vamos a tener que dar un extra fuera de lo previsto”, señaló.

El servicio de estibadores, que debía considerar a tres personas por unidad, no se cumplió en todos los casos. Según los transportistas, algunos vehículos contaban, con suerte, con un solo apoyo para la carga y descarga.

De acuerdo con el documento, Castro atribuye a Corvetto la condición de autor de los hechos. A los integrantes de la Junta Nacional de Justicia los señala como cómplices primarios. La denuncia sostiene que ambos habrían vulnerado la normativa al permitir la salida del funcionario en un contexto en el que la ley exige continuidad en el cargo.

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La exfiscal argumenta que el puesto de jefe de la ONPE tiene carácter constitucional y permanente. En esa línea, afirma que no puede ser objeto de una renuncia unilateral, menos aún durante un proceso electoral en marcha. Según su interpretación, la única vía de salida es una remoción sustentada en falta grave o un impedimento debidamente acreditado.

El caso se produce en medio de cuestionamientos por el desarrollo de las elecciones generales del 12 de abril. La ONPE aún tenía responsabilidades pendientes, como la entrega de resultados finales. Además, Corvetto afrontaba un procedimiento disciplinario por presuntas irregularidades en la distribución de material electoral.

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Sandra Castro cuestiona la renuncia y la decisión de la JNJ

Castro enfatizó en el momento en que se aceptó la dimisión. “Se debe analizar el contexto. ¿Es el momento propicio para aceptar una renuncia y darle un trámite simple?”, señaló en declaraciones a RPP. Para la exfiscal, la rapidez con la que actuó la JNJ genera dudas sobre el cumplimiento de sus funciones.

También rechazó el argumento de que la renuncia buscaba dar legitimidad al proceso electoral. “No es suficiente porque la ley lo precisa. Durante el proceso electoral solo tiene que haber un motivo debidamente justificado”, afirmó. En su opinión, ese requisito no se cumple en este caso.

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La denuncia incluye como sustento la resolución de la JNJ que acepta la renuncia, así como actas del pleno, registros de votación y documentos de entrega de cargo en la ONPE. Castro sostiene que la salida de Corvetto interrumpió funciones en curso y debilitó el control disciplinario que debía continuar.

En paralelo, la exfiscal también cuestionó las diligencias fiscales realizadas días después, como los allanamientos vinculados al caso ONPE. “No sé qué se pudo haber recabado después de una semana. Me hace suponer que es puro show”, declaró. Además, criticó que se haya anunciado el operativo con anticipación, lo que —según dijo— eliminó el factor sorpresa.

Moreno Panta deja el cargo luego de permanecer cerca de cuatro meses al frente de la región policial. Su gestión inició en enero de 2026, en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad en Trujillo y otras provincias de La Libertad.

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Durante ese periodo, la región registró al menos 62 homicidios y más de 70 ataques con explosivos contra viviendas y negocios. Estos hechos generaron preocupación en la ciudadanía y presión sobre las autoridades para reforzar las acciones de seguridad.

El general saliente será trasladado a Lima. Asumirá funciones dentro del Estado Mayor General de la Policía. En su lugar, Espinoza Cuestas, quien se desempeñaba en el Callao, asumirá la conducción policial en una de las zonas más golpeadas por la violencia.

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PNP justifica cambio en La Libertad y anuncia continuidad de estrategia

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola Delgado, sostuvo que la salida de Moreno Panta no responde a cuestionamientos directos a su gestión. “Es una necesidad de servicio”, declaró al anunciar el relevo en la jefatura policial.

Arriola indicó que el nuevo jefe, Ricardo Espinoza, continuará con la estrategia operativa que se venía aplicando en la región. La institución busca mantener las intervenciones contra organizaciones criminales que operan en Trujillo y otras zonas de La Libertad.

El anuncio se produce en un escenario complejo. La región enfrenta extorsiones, atentados con explosivos y asesinatos vinculados a bandas delictivas. Las autoridades han intensificado operativos, aunque los resultados aún generan cuestionamientos desde distintos sectores.

El 7 de abril, el Poder Judicial resolvió condenar a Fernando Rospigliosi a nueve meses prisión suspendida por difamación agravada contra Delia Espinoza Valenzuela. Además, se le impuso la pena de 100 días multa y una reparación civil de S/200.000.

La abogada señala en el pedido que la notificación al JNE es indispensable dado que el proceso de las Elecciones Generales 2026 aún se encuentra en la etapa de cómputo de votos y no se han proclamado resultados finales, corresponde al ente rector revisar la idoneidad de las candidaturas.

“Es necesario que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, evalúe la condición actual de dicho candidato, conforme a las normas electorales vigentes", se lee.

En el documento indica que el objetivo de esta medida es asegurar el correcto desarrollo de los comicios. "(…) parte de ello es asegurarse que ningún candidato que ya no reúna los requisitos, o haya incurrido en algún impedimento, sea proclamado de forma ilegal".

La decana enmarca su pedido en el artículo 34-A de la Constitución. Esta norma establece que están impedidas de postular a cargos de elección popular aquellas personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.

“Conforme a las normas electorales vigentes y a la idoneidad que debe reunir el perfil de cada candidato, debiendo excluirse aquellos que han sido objeto de sentencia penal en primera instancia, conforme al mandato constitucional".

En el pedido también recuerda que el propio presidente del JNE, Roberto Burneo, ha expresado su voluntad de revisar cualquier incidencia del proceso electoral. “Considerando que como usted ha manifestado públicamente que (...) evaluarán todas las incidencias, y que incluso si se tienen que tomar decisiones, así sean las más drásticas, las implementará".

Detalles de la sentencia por difamación

El conflicto comenzó el año pasado tras una reunión oficial entre Delia Espinoza y un grupo de víctimas de las protestas de 2022. Rospigliosi criticó el encuentro en sus redes sociales calificando a la entonces fiscal de la Nación como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”.

Aunque Espinoza envió una carta notarial solicitando una rectificación, el congresista se reafirmó en sus ataques. Aseguró que el grupo de víctimas era una "fachada de subversivos" y acusó a la magistrada de apoyar a delincuentes mientras investigaba a las fuerzas del orden.

“Ella se reunió con la Organización nacional de mártires y víctimas 2022-2023 (típica fachada de subversivos) para apoyarlos y jactarse de que está procesando a cientos de policías y militares que evitaron que las violentas hordas terroristas y delincuenciales repusieran al golpista Pedro Castillo e instauraran una dictadura en el Perú”.

Posteriormente, tras la salida de Espinoza de la Fiscalía, el legislador volvió a arremeter en su cuenta de X, llamándola “desquiciada” y afirmó además que su permanencia en el cargo respondía a intereses de “la mafia caviar”.

La misión consular peruana en Nairobi, encargada de los asuntos consulares del Congo, recibió mediante declaraciones juradas el pedido expreso de los cuatro peruanos para gestionar su repatriación. En respuesta, funcionarios consulares empezaron el trámite de la emisión de salvoconductos que permitan su pronta salida del país africano y su posterior arribo al territorio nacional.

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Los familiares de algunos de los afectados denunciaron que fueron enviados a África sin previo aviso, pese a que inicialmente se encontraban detenidos en Estados Unidos por procesos migratorios.

Entre los casos difundidos públicamente figura el de Hillary Estrella Amanca, una peruana de veinte años cuya madre pidió ayuda urgente al Gobierno peruano tras conocer que su hija había sido enviada a la República Democrática del Congo. Según relató, la joven permanecía retenida en Arizona desde finales de 2024 y fue trasladada el pasado 15 de abril.

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Cancillería explica que el apoyo consular responde a pedido expreso

En su comunicado oficial, la Cancillería precisó que la asistencia de la misión consular peruana se brinda en atención al pedido expreso de los connacionales, debido a que cuando una persona mantiene en trámite una solicitud de asilo o refugio en Estados Unidos, obtiene una protección que limita la intervención de los funcionarios consulares peruanos.

“Cuando se encuentra en trámite una solicitud de asilo o refugio en EE.UU., el ciudadano obtiene una protección que limita la prestación de asistencia o apoyo por parte de los funcionarios consulares peruanos, salvo que manifieste la voluntad expresa de asistencia o de ser repatriado”, indicó.

En ese sentido, la institución remarcó que la ayuda desplegada responde justamente a la manifestación expresa de los cuatro peruanos trasladados al Congo, quienes solicitaron ser asistidos para retornar al país.

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Coordinación con la OIM y seguimiento desde Nairobi

Desde la llegada de los connacionales a la República Democrática del Congo, la sección consular peruana en Nairobi mantiene un seguimiento permanente de su situación y comunicación constante con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La Cancillería señaló que esta coordinación busca facilitar el proceso de salida de los peruanos y garantizar condiciones adecuadas para su retorno.

Además, reiteró que las oficinas consulares del Perú permanecen a disposición de todos los connacionales en el extranjero para brindar orientación y asistencia cuando sea requerida.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también aclaró que es potestad de las autoridades estadounidenses enviar a un tercer país a solicitantes de asilo o refugio que alegan que sus vidas corren peligro si regresan a su nación de origen.

Esto puede ocurrir tanto en casos donde exista una orden de deportación definitiva como cuando el migrante aún se encuentra a la espera de una resolución final sobre su solicitud migratoria.

La declaración llamó la atención porque en los últimos meses distintas autoridades peruanas y representantes de la Iglesia, como el entonces canciller Hugo de Zela y el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, habían señalado que la llegada del Santo Padre al país tenía altas probabilidades de concretarse este 2026.

El rumor de la visita tomó fuerza desde inicios de año, cuando el canciller Hugo de Zela informó que León XIV había expresado su deseo de venir al Perú y aseguró que existían “indicaciones” de que el viaje podía concretarse en los primeros meses del año. Más adelante, el Gobierno peruano formalizó la invitación ante la Santa Sede y reiteró su interés en recibir al pontífice.

La expectativa también creció luego de que el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, señalara que la visita estaba “asegurada en un 80%” y que el propio papa le expresó cuánto deseaba regresar al Perú.

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El origen de la versión sobre la visita papal

Las primeras versiones sobre una gira latinoamericana surgieron tras comentarios del cardenal uruguayo Daniel Sturla, quien sostuvo que León XIV tenía en mente una primera visita a América Latina que incluiría Argentina, Uruguay y posiblemente Perú.

León XIV mantiene una relación cercana con el Perú por su largo trabajo pastoral en el norte del país, especialmente en Chiclayo, en el que fue obispo antes de asumir mayores responsabilidades dentro de la Iglesia. Además, ha expresado públicamente su afecto por el país y recordó que allí compartió “alegrías y fatigas” junto a los fieles peruanos.

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Gobierno peruano ya había enviado invitación formal

El canciller Hugo de Zela confirmó que el Ejecutivo remitió una invitación oficial al Vaticano el pasado 7 de enero. Según explicó, el papa recibió formalmente la propuesta y el Gobierno reiteró que será bienvenido cuando decida concretar el viaje.

Además, desde la Conferencia Episcopal se iniciaron evaluaciones preliminares para una eventual llegada en noviembre, aunque siempre bajo la condición de esperar la confirmación final de la Santa Sede.

Por esta razón, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Raúl Martínez Huamán, encabezó una incursión policial bajo mandato judicial a las viviendas de Samamé y Phang a primera hora de la mañana del viernes, con el propósito de buscar e incautar información relacionada con la investigación.

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En busca de evidencias

También incluyó en el allanamiento la residencia del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien vincula en la contratación irregular de Galaga porque fue quien designó en los cargos a José Samamé y Juan Phang.

Las viviendas de otros tres funcionarios también fueron intervenidas: la subgerente de Logística, Hilda Otoya Alvarado; el especialista en contrataciones, Lilia Flores Bancho; y del asistente de Seguimiento y Monitoreo Presupuestal, William García Velásquez.

Además, el operativo incluyó el allanamiento de los inmuebles del gerente de Servicios Generales Galaga, Juan Alvaradon Pfuyo.

Originalmente el fiscal Raúl Martínez solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto y otros funcionarios, pero el juez Manuel Chuyo desestimó el requerimiento. En la resolución judicial, se indica que se persigue a los siete implicados (seis de la ONPE y uno de Galaga), por la contratación del servicio de transporte de material electoral destinado al sufragio del domingo 12 de abril.

Se les atribuye el presunto delito de colusión y omisión de funciones. No hay referencia a un supuesto atentado contra la voluntad popular (fraude electoral).

Hasta donde han avanzado las indagaciones del fiscal Raúl Martínez, ha detectado que Servicios Generales Galaga no contaba con las condiciones para prestar el servicio que necesitaba ONPE para la ejecución del proceso electoral del 12 de abril.

Sin embargo, los implicados, en particular los que participaron en la evaluación y en la buena pro, acondicionaron los requisitos para sacar de la licitación a importantes empresas de seguridad para adjudicar el contrato por S/6,3 millones a Servicios Especiales Galaga, que ni siquiera contaba con las unidades móviles que se requerían.

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Conspiración a favor de Galaga

El fiscal también encontró que algunos de los involucrados que fueron parte del proceso de selección del proveedor, carecían de experiencia profesional en contrataciones del Estado.

“José Samame no cuenta con formación, ni experiencia funcional vinculada al área operativa de Gestión Electoral. Esto conllevó a una insuficiencia en la dimensión material, y bajo su dependencia se encontraba la subgerencia de Producción Electoral, a cargo de Juan Phang”, señala el fiscal

“Ambos (Samamé y Phang) formularon y suscribieron el pedido de servicio (de transporte de material electoral), incorporando condiciones técnicas no objetivas para favorecer a la empresa Servicios Generales Galaga, configurando indicios de direccionamiento”, precisa la resolución del fiscal.

José Samamé y Juan Phang armaron las condiciones técnicas para que Servicios Especiales Galaga se quedara con el contrato de S/6,3 millones, concluye el fiscal Martínez.

Respecto al caso del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, indica la imputación del fiscal del caso: “(Corvetto) intervino planteando nuevos lineamientos en enero de 2026, los que modificaron lo dispuesto en agosto de 2025 (...). Concertó con el proveedor para que esta empresa (Servicios Generales Galaga) se beneficiara con la buena pro”. Al respecto, no incluye la evidencia de la presunta relación entre Corvetto y Servicios Generales Galaga.

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Los fundamentos fiscales

El fiscal Martínez agrega: “Este funcionario (Corvetto), quien debería ser el primer interesado que la entidad cumpla sus metas, más aún ante un proceso electoral de gran transcendencia para el país, permitió que el TDR (términos de referencia) del servicio de transporte para el sufragio de abril de 2026, se flexibilizara en desmedro de los intereses del Estado”, se lee en el documento.

No se menciona si Corvetto presuntamente ordenó al exgerente de Gestión, José Samamé Blas, y al subgerente de Producción, Juan Phang Sánchez, adulterar el TDR para disminuir el porcentaje de vehículos hasta el 10%, y así beneficiar directamente a Servicios Generales Galaga, e incluso le autorizaron subcontratar hasta el 40%.

Pero ni siquiera con estas increíbles ventajas, el proveedor Galaga pudo cumplir con el contrato, afectando el proceso electoral en algunas mesas distritales de Lima.

De acuerdo con las investigaciones, la ONPE requirió 434 vehículos para Lima Metropolitana. Sin embargo, Servicios Generales Galaga ganó la buena pro con 40 unidades. Es decir, el 9% del total de la flota, debido a que el TDR alterado solo le exigía el 10% para la ejecución del servicio. Con este afán, los implicados tuvieron la osadía de descalificar a otros proveedores que sí calificaban y contaban con amplia experiencia en el rubro: una práctica muy común de corrupción de funcionarios públicos en contrataciones del Estado.

Para cumplir con el presunto plan, José Samamé y Juan Pfang recibieron el respaldo de la servidora Hilda Otoya Alvarado, quien elaboró el TDR; la subgerente de Logística, Lilia Flores Bancho y el asistente de seguimiento y monitoreo presupuestal, William García Velásquez.

Los servidores Flores y García aplicaron un criterio interpretativo al metraje y carga de los vehículos, con el objetivo de reducir el número de las unidades que no estaban considerados en el TDR. De este modo, Servicios Especiales Galaga ganó artificialmente ventaja a otros postores como Hernes, AFE y Prosegur, compañías conocidas en el mercado nacional.

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Contratista tenía trabajadores fantasmas

• El fiscal anticorrupción, sustentó que, durante la etapa de perfeccionamiento contractual, José Samamé y Juan Phang dieron el visto bueno a la documentación falsa que proporcionó Servicios Generales Galaga.
• En uno de estos documentos la contratista acreditó tener 70 trabajadores, lo que supuestamente demostraba su capacidad operativa.
• Sin embargo, de acuerdo con la Planilla Electrónica (PLAME) del Sistema de Administración Tributaria (SUNAT) del periodo 2026, Galaga solo contaba con 33 trabajadores.
• De ese total, 13 trabajadores estaban en planilla y 20 eran locadores de servicios. Y pese a estas circunstancias, le otorgaron la buena pro. En otras palabras, los otros 37 empleados eran “fantasmas”.

-'El curso de la justicia' no es un libro únicamente para especialistas.

-Mi libro pretende dar una visión global sobre lo que todos debemos saber del sistema de justicia y la administración de justicia. Y tiene un punto de vista, que es el mío, el del autor. Ese punto de vista no es subjetivo. Yo, durante 30 años o más, he trabajado desde la sociedad civil temas de justicia. Y, además, he enseñado en ámbitos muy diferentes, como en la universidad, pero también a periodistas y policías, por ejemplo. Entonces, me baso también en esa experiencia y siempre sobre la base de ejemplos de la vida real. Yo trato sobre el Poder Judicial, la Corte Suprema, y pongo ejemplos y evalúo por lo que ha pasado históricamente en el Perú, o lo que está pasando hasta el momento que escribí el libro.

-De lo último que dices, se colige que hay muchos temas candentes que hablar.

-Siempre que enseño un curso, sea en la universidad o porque me convocan de un sector determinado, lo hago en base a la actualidad. Por ejemplo, si enseñara ahora el Ministerio Público, voy a explicar cómo se está tomando o se ha tomado la Fiscalía por el pacto del Congreso. En segundo lugar, cómo ahora la Junta de Fiscales Supremos es integrada por todos los fiscales que habían sido destituidos. Entonces, es una manera de ver la justicia en funcionamiento, porque si no, imagínense, uno enseña solamente lo que dice la Constitución. Siempre me baso en los ejemplos, y no solo de Perú, sino también de otras partes. Por ejemplo, yo menciono todo el tiempo lo que está pasando con Trump y cómo los jueces están poniéndole un pare a Trump.

-En el libro hay claridad de discurso. Pero cuando se nos habla de justicia, como que hay un oscurantismo discursivo. Como si a propósito se hablara en código para que la gente no entienda.

-Totalmente de acuerdo. Justamente, también yo trato que, con esta publicación virtual, 'El curso de la justicia', más gente pueda entender el mundo de la justicia. Es decir, los que ya saben puedan profundizar y los que no saben, que son la mayoría, puedan entender lo esencial. Siempre se trata de presentar la justicia como algo muy técnico, muy aburrido, muy difícil. Lo que pasa es que hay un objetivo de que la gente no pueda opinar sobre la justicia porque de esa manera no puedes fiscalizar, no puedes defender lo positivo y criticar lo negativo. Y ahora, además, estamos en una época terrible porque es la época de absoluta desinformación en los temas de justicia.

-En este escenario, el Tribunal Constitucional se ha vuelto intocable. ¿Eso es verdad o es una patraña?

-Se quiere hacer creer que lo que dice el Tribunal Constitucional es la última palabra. Eso es mentira. ¿Quién resuelve los amparos y los habeas corpus en las dos primeras instancias? El Poder Judicial. ¿Quién puede no aplicar una ley porque es inconstitucional? El Poder Judicial. Entonces, es muy importante que la gente sepa eso, que un Tribunal Constitucional que da una sentencia completamente contraria a la Constitución o a los convenios internacionales está excediendo totalmente de manera inequívoca sus funciones.

-Pero muchos medios de comunicación justifican las sentencias horrorosas del TC.

-Esos medios invitan a supuestos juristas que se presentan como académicos, pero en realidad son los abogados de los casos. Dicen que está bien la sentencia cuando no es cierto. Y por eso es que no quieren, por ejemplo, que jueces, fiscales como Domingo Pérez salgan en los medios de comunicación, porque rompen ese monopolio que normalmente tiene la gente que va a opinar solamente en un sentido, salvo evidentemente excepciones de medios de comunicación como La República.

-En este escenario, el Congreso es un elemento clave. Da las normas. ¿Qué opinas de este Congreso?

-El Congreso, siendo un poder del Estado, es parte del sistema de justicia en el sentido de que tiene una serie de funciones que se relacionan directamente con el sistema y la administración de justicia. Tú lo acabas de decir: da las normas que tienen que aplicar jueces, fiscales, abogados, procuradores a la hora de resolver los casos. Pero no solamente da las leyes, sino que, por ejemplo, nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, nombra al defensor del pueblo, al contralor. Este tema lo abordo en mi libro. Este Congreso lo que ha hecho es contribuir a capturar la mayoría de organismos que son parte del sistema de justicia.

-Capturar suena delincuencial.

-Han capturado el TC al punto que ahora todo el tiempo dan sentencias que les conviene, sentencias que son aberrantes, que son contra las leyes, leyes que ha dado el Congreso incluso. Hay hasta un caso que yo pongo que es el colmo. Los mismos miembros del Congreso que votaron a favor de una norma ponen una acción de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para que el TC se pronuncie a favor de la ley y de esa manera la constitucionalice. Entonces, por supuesto, veamos lo del defensor del pueblo. El Poder Judicial, en un amparo interpuesto por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo, dice que hay que parar este nombramiento del defensor del pueblo, no hay buenos candidatos, no se está cumpliendo con la meritocracia. Sin embargo, el TC le enmendó la plana y tenemos ahora este defensor del pueblo que más bien juega a favor de los Urresti, juega a favor de todas estas normas denominadas leyes procrimen. Todo el sistema interamericano está totalmente en contra de la sentencia del TC a favor de Urresti. Se han saltado todas las normas.

-¿Se está dando algún tipo de batalla ante esta situación?

-Hay muchos jueces y fiscales que están dando la batalla a favor de la institucionalidad democrática a través de pronunciamientos, a través de amparos ante incumplimiento de leyes y a través de su buen trabajo. Es la primera vez que tenemos un grupo de fiscales y de jueces que han decidido hacer cumplir la ley; no me importa que sean presidentes de la República. Acuérdate del Club de la Construcción. Todas las empresas del Club de la Construcción dijeron somos inocentes, totalmente inocentes. Y después se acogieron a la colaboración eficaz, cuyo primer requisito es reconocer que han cometido un delito. Por eso es que hay tanto abogado que se enriquece con estos casos y que sale a los medios de comunicación a atacar a los fiscales que investigan. No se tiene la transparencia de decir yo estoy llevando estos casos. No tiene nada de malo hacerlo, pero no son transparentes.

-La figura presidencial, específicamente con este Congreso, ha estado muy manoseada.

-El Congreso y el TC juegan en pared. El Congreso ha dado leyes por las cuales es muy fácil una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Prácticamente ha dado una ley que dice que basta con que tenga el número de votos suficiente. Y el TC ha dicho que está bien; pudiendo haberla declarado inconstitucional, no la ha declarado inconstitucional. Este juego de poder de vacar a cualquiera en cualquier momento obedece a medidas que se han dado con este Congreso, con este TC y con estos gobiernos, es decir, desde Boluarte. Tenemos presidentes nombrados por el Congreso. Yo tengo la esperanza de que esto sea modificado; estoy pensando en las leyes procrimen. También tengo la esperanza de que este domingo la población reaccione y diga la famosa frase “por estos no”, que son casi todos los candidatos del Congreso. Hay gente con trayectoria de sinvergüenzas, de violadores de derechos humanos, con fama de incapaces y que tienen investigaciones. El panorama no deja de ser difícil porque han dado muchas normas y muchas condiciones para poder manipular las elecciones y para poder, si pierden, nuevamente pretender gritar fraude.

-Hemos hablado de varias atrocidades. ¿Cuál le fastidia más?

-Son muchas, pero me parece increíble que, habiendo 50 muertes de las protestas del 2022 y 2023, la justicia y el Congreso hayan archivado ese caso. No pueden quedarse 50 muertos en el aire, como si no hubiera pasado nada.

-Una de las críticas recurrentes a los fiscales Vela y Pérez era que ellos no eran objetivos en sus acusaciones.

Decían que estos fiscales lo que quieren es que Vizcarra se quede en el poder y por eso quieren anular a todos los candidatos. Sin embargo, después también han acusado a Vizcarra. Ellos han acusado a gente de todos los sectores, como Susana Villarán, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, PPK. Lamentablemente, estamos viviendo épocas donde ya podemos adelantar que los siguientes presidentes también van a ser investigados por la Fiscalía, por las cosas que ya sabemos. Los fiscales y los jueces han decidido que ahora todos somos iguales ante la justicia. De Vela y Pérez se dicen muchas cosas, y claro, tengo críticas a lo que han hecho, pero los hechos están ahí. Han investigado a todos.

-¿Por qué se les critica tanto?

Han investigado a gente de muchísimo poder del ámbito político y empresarial. No es casualidad que los ataques vengan de los medios de comunicación con los que están vinculados muchos de los investigados. No ha habido una mirada fría con la labor que han hecho.

-¿Qué pasó en el caso de Keiko Fujimori?

-El gran problema fue abordar muchos casos. No se tenían los recursos para investigar a muchísimas personas. Lo que no se dice es que sus acusaciones también tenían respaldo. No es extraño que este equipo de fiscales haya sido desactivado. ¿Quién se beneficia con esa desactivación? Eso ya es muy revelador. En este país, enfrentarse a la corrupción es un choque directo contra los grandes intereses económicos. Mi balance sobre ellos es absolutamente positivo. He hecho un seguimiento de los casos que han abordado y mi impresión, como te dije, es muy positiva. En las prisiones preventivas contra Keiko Fujimori, estas fueron avaladas por más de una instancia del sistema judicial. Keiko y su defensa legal reconocieron todos los hechos, que habían recibido 4 millones de Dionisio Romero, por ejemplo.

-¿Y sobre Pedro Castillo?

-Soy muy crítico de su gobierno, pero él fue elegido presidente. Los que vinieron después los puso el Congreso.

-Ahora Pérez es abogado de Castillo.

-Gravísimo error de parte de él, porque Castillo dio un golpe de Estado, y está siendo investigado por contundentes casos de corrupción. Él mismo ha tirado por los suelos sus logros y prestigio, y le ha dado municiones a los enemigos de la lucha contra la corrupción.

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El argumento central de la moción de censura se enfoca en responsabilizar a José María Balcázar por una operación que no dependió exclusivamente de su despacho. Este punto ha generado cuestionamientos sobre la solidez del proceso, ya que la decisión se ejecutó en medio de tensiones internas y presión política.

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En paralelo, el escenario político ha cambiado en las últimas semanas. Bancadas del Congreso han intensificado su presión sobre el Ejecutivo, en un contexto marcado por la cercanía del calendario electoral y la disputa por espacios de poder dentro del gobierno.

La eventual salida de José María Balcázar abriría una reconfiguración del gabinete. Este escenario explica el interés de distintos sectores políticos en impulsar la moción de censura, más allá del caso específico que la origina.

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Andy Zeballos, politólogo: “Se busca mayor control del gabinete, no sancionar una responsabilidad”

El politólogo Andy Zeballos cuestionó la base de la moción de censura contra José María Balcázar y señaló que no responde a criterios claros de responsabilidad política. Explicó que este tipo de mecanismos debería aplicarse en casos donde existan faltas graves y verificables, lo que —según indicó— no ocurre en este caso.

“En ningún caso se justifica esta vacancia por incapacidad moral. Esta figura se debería usar para temas de conducta muy claros, de mucha dudosa reputación ética, y esto no se cumple”, expresó.

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Zeballos sostuvo que el uso de la moción de censura se ha distorsionado en el Congreso. Indicó que, en la práctica, se emplea como herramienta de presión política frente a decisiones que no se alinean con determinados intereses. “El problema es que para esta mayoría congresal, cualquier cosa que no se ajuste a sus prioridades o intereses es motivo de una censura o de una vacancia”, comentó.

El especialista también vinculó este proceso con una disputa por espacios dentro del Ejecutivo. Señaló que la presión sobre José María Balcázar no se limita a cuestionamientos técnicos, sino que responde a una lógica de control político.

“Lo que buscan es tener más control, más espacio dentro del gabinete. Esto confirma quiénes realmente mandan en el país en este momento”, dijo.

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Martín Ueda, politólogo de la UNT: “La decisión no dependió de Balcázar, el Congreso terminó imponiéndose”

El politólogo Martín Ueda coincidió en que la moción de censura contra José María Balcázar no se sostiene en una responsabilidad directa del ministro. Explicó que la compra de los aviones F-16 siguió su curso independientemente de la posición del Ejecutivo.

“La compra se afectó independientemente de la posición del presidente. La decisión política y la presión la terminó tomando el Congreso”, expresó.

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Ueda señaló que este caso refleja un cambio en la dinámica de poder en el país. Indicó que el Congreso ha incrementado su capacidad de influencia sobre decisiones del Ejecutivo, incluso en temas estratégicos como la defensa. “El país está en un parlamentarismo de facto. El Congreso es el que termina imponiendo decisiones”, aclaró.

El especialista también advirtió que el contexto electoral influye en la ofensiva contra José María Balcázar. Señaló que algunas bancadas buscan capitalizar políticamente este tipo de medidas en una etapa clave del calendario político. “La coyuntura electoral ha caído a pelo. Buscan algún rédito político en estos meses”.

Ueda consideró que la moción de censura podría no prosperar. Indicó que, pese a la presión existente, no están dadas todas las condiciones para que se concrete. “No niego que pueda existir una vacancia, pero está más complicado que se consolide”, comentó.

La medida aplicará principalmente en Lima y Callao, en los que el sistema había sido implementado como parte de una prueba de modernización del proceso de escrutinio. Sin embargo, diversos reportes sobre errores en el uso del STAE, así como observaciones de partidos políticos y personeros, llevaron a la ONPE a dejar sin efecto su aplicación para el balotaje entre los dos candidatos que disputarán la Presidencia de la República.

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La decisión fue comunicada oficialmente por la ONPE, que señaló que el objetivo es evitar nuevos cuestionamientos en una etapa decisiva del proceso electoral. El organismo electoral sostuvo que el retorno al sistema tradicional permitirá reducir incidencias durante el cierre de mesa y facilitará la labor de los miembros de mesa, quienes ya están más familiarizados con el llenado manual de actas.

¿Qué es el sistema STAE?

El Sistema de Transmisión de Actas Electorales fue implementado por la ONPE como una herramienta destinada a agilizar el registro de resultados desde las mesas de sufragio. A través de este mecanismo, los miembros de mesa debían ingresar digitalmente los datos contenidos en las actas antes de su traslado físico.

La propuesta buscaba reducir tiempos en el procesamiento de resultados y disminuir errores de digitación posteriores. No obstante, durante la primera vuelta varios miembros de mesa reportaron dificultades para utilizar el sistema, especialmente por falta de capacitación, fallas técnicas y problemas en la conectividad.

Además, partidos políticos cuestionaron que la herramienta no había sido suficientemente socializada y advirtieron que su aplicación generaba desconfianza en una elección especialmente sensible. Esto provocó que la continuidad del STAE para una eventual segunda vuelta quedara en revisión desde los días posteriores al 12 de abril.

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Segunda vuelta será el 7 de junio

La segunda vuelta presidencial definirá al próximo jefe de Estado entre los dos candidatos más votados de la primera vuelta. El proceso se desarrollará el 7 de junio y la contienda será entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga

En este contexto, la eliminación del STAE representa uno de los principales cambios logísticos adoptados por la ONPE para esta etapa final. El organismo busca reforzar la confianza ciudadana y evitar que aspectos técnicos interfieran en la legitimidad del resultado electoral.

“La Misión observa con preocupación la mediatización de estos procesos e investigaciones y su posible uso como herramientas de polarización política. Es fundamental que se garantice el debido proceso a los funcionarios bajo investigación, asegurando que cualquier señalamiento se sustente en pruebas materiales y se resuelva en las instancias legales correspondientes, evitando juicios sumarios en la opinión pública o redes sociales”, indicaron en el comunicado.

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El organismo internacional consideró fundamental garantizar el debido proceso a los funcionarios investigados, “con prudencia y apego a la institucionalidad”. Además, se refirieron a la decisión del JNE de no realizar elecciones complementarias, resaltando que se está garantizando la integridad del proceso en curso y la voluntad expresada en las urnas.

Asimismo, anunciaron que regresarán al país para observar el desarrollo de la segunda vuelta electoral. La misión precisó que contará con un equipo de más de 90 observadores y especialistas desplegados en todo el territorio nacional.

En otra parte del comunicado, informaron que dieron seguimiento al desarrollo en las oficinas descentralizadas de la ONPE y de los Jurados Electoral Especiales, en lo que respecta al repliegue del material electoral, cómputo de actas y audiencias públicas de recuento de votos.

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Allanan vivienda de Piero Corvetto: PJ denegó solicitud para su detención preliminar

La Fiscalía Anticorrupción, liderada por el fiscal Raúl Martínez, junto con agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, ingresó a la vivienda del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien es investigado por las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril.

La intervención se realizó luego de que el Ministerio Público solicitara órdenes de allanamiento y detención preliminar en el marco de las investigaciones por las fallas logísticas que complicaron el desarrollo de las elecciones y obligaron a reprogramar la votación en diversos locales de Lima.

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El juez Manuel Chuyo Zavaleta decidió no aprobar la detención preliminar del exjefe de la ONPE ni de los demás implicados, al considerar que no se acreditó la existencia de un riesgo procesal con elementos suficientes.

En ese sentido, determinó que los allanamientos constituían medidas adecuadas y suficientes para la recolección de las pruebas necesarias.

Hijo del exministro de Salud en el segundo gobierno de Belaunde Terry (1980-1985), y antiguo correligionario, el doctor Carlos Bazán Zender, Paco Bazán participa en las elecciones internas del partido de la lampa para definir al candidato a la alcaldía de Lima.

Acción Popular se propone retornar al Palacio Municipal por la puerta grande, como lo hizo el recordado Eduardo Orrego Villacorta al convertirse en el primer alcalde metropolitano elegido luego de la recuperación de la democracia, en 1981.

El reto no es fácil. Bazán compite contra otras dos listas de precandidatos del partido que buscan la elección de la militancia de Acción Popular para ir a la alcaldía de Lima.

La lista de Bazán está integrada por conocidos militantes acciopopulistas, como la exteniente alcalde de Lima, Jheydi Quiroz Palacios; el exalcalde del Rímac; Jorge Valencia Jaramillo; y el expresidente del Tribunal de Disciplina del partido, Eduardo Biondi Fernald, quien expulsó al grupo de congresistas conocido como “Los Niños”.

La propuesta de este equipo busca conectar la experiencia en gestión pública municipal, la renovación y la identidad partidaria con las demandas reales de Lima Metropolitana.

De acuerdo con la directiva del partido, el proceso interno se cumplirá mediante la modalidad de la elección de delegados el 17 de mayo.

Los ejes principales del programa municipal de Bazán son la seguridad ciudadana, los programas sociales, el desarrollo económico y el empleo. El plan de gobierno se presentará en agosto próximo junto con el equipo de la campaña municipal.

A través de su cuenta oficial de X, mediante la iniciativa ONPEChequea, la entidad precisó que verificó la situación de todo su personal en la sede central y en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), concluyendo que los 16.757 trabajadores registrados son de nacionalidad peruana. La ONPE detalló además las modalidades de contratación y el número de servidores en cada una de ellas.

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Según el cuadro difundido por la ONPE, 9.042 trabajadores corresponden a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales bajo la modalidad de locación de servicio; 5.995 pertenecen a la sede central bajo la misma modalidad; 1.352 laboran mediante órdenes de servicio por terceros; y 368 trabajadores están bajo los Decretos Legislativos 728 y 1057, todos con nacionalidad peruana.

El recurso de la contratación de ciudadanos extranjeros en la ONPE fue sostenido en redes sociales para aumentar la falsa narrativa del fraude. Sin embargo, en atención a estos pedidos, la JNJ hizo formal el requerimiento de esta información a la institución.

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JNJ otorgó cinco días a la ONPE para informar sobre personal extranjero y expediente de nueva sede

La Junta Nacional de Justicia le había pedido la información a la Oficina Nacional de Procesos Electorales mediante el Oficio N. 127-2026-P/JNJ, dirigido al jefe interino Bernardo Pachas Serrano, para conocer si existían ciudadanos extranjeros prestando servicios bajo cualquier modalidad dentro de la institución electoral.

El requerimiento incluía el número total de personas extranjeras, su nacionalidad, identificación completa, tipo de documento de identidad, modalidad laboral y el área donde desempeñaban funciones. Además, la JNJ solicitó la copia íntegra del expediente técnico relacionado con la adquisición del nuevo inmueble de la sede central en La Victoria y otorgó un plazo máximo de cinco días hábiles para la entrega de toda la documentación.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales, en su carta de respuesta dirigida a la Junta Nacional de Justicia, precisó que la Gerencia de Recursos Humanos efectuó la búsqueda, verificación y consolidación de la información correspondiente al personal que presta servicios a nivel nacional lo que incluye modalidades de locación de servicios, servicios de terceros y trabajadores bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos 728 y 1057.

“La Gerencia de Recursos Humanos mediante Informe n. 00068-2026-GRH/ONPE ha efectuado la búsqueda, verificación y consolidación de la información correspondiente al personal que presta servicios a nivel nacional, bajo las modalidades de locación de servicios, servicios de terceros (órdenes de servicio), así como del personal sujeto a los regímenes laborales de los Decretos Legislativos n.° 728 y n.° 1057”.

Asimismo, la ONPE concluyó, tras la información consolidada remitida por las ODPE y la sede central, que no existen trabajadores extranjeros prestando servicios en la entidad bajo ninguna de las modalidades contractuales evaluadas.

Según precisa el informe, “se concluye que la totalidad del personal que presta servicios en la Entidad, bajo las distintas modalidades contractuales (locación de servicios y regímenes laborales de los Decretos Legislativos N. 728 y N.° 1057), es de nacionalidad peruana”.