Por Somos Perú, Andrés Tello alcanzó el 16,31% de los votos. Por su parte, Javier Alvarado González del Valle, de Renovación Popular-Toro, obtuvo el 16,04% de respaldo electoral. Detrás de ambas agrupaciones quedaron Alianza para el Progreso, en tercer lugar; Perú Primero, en cuarto puesto; y Fuerza Popular, en quinto lugar.

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Lima es la novena región en la que se confirma que habrá una segunda vuelta entre candidatos. Las otras son Amazonas, Arequipa, Junín, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Tumbes.

El balotaje en las regiones donde ningún candidato logró el 30% del respaldo electoral se celebrará el domingo 6 de diciembre. La fecha fue establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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La Guardia Suiza Pontificia participará del operativo de seguridad durante la visita del Santo Padre a Perú.

Los dispositivos de seguridad tendrán entre sus objetivos preservar el orden público, contribuir a la protección del papa León XIV, resguardar a las delegaciones oficiales y asistentes, prevenir delitos agravados y coordinar la respuesta frente a eventuales contingencias.

También deberán garantizar la seguridad de aeropuertos, terminales terrestres, corredores viales, sedes diplomáticas y eclesiásticas y otros puntos estratégicos vinculados con los desplazamientos del pontífice.

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Para el miércoles 11 de noviembre se tiene previsto el arribo al Grupo Aéreo Nº8 a las 17.30 horas y el encuentro protocolar con autoridades en el Palacio de Gobierno. Para el jueves 12 sostendrá una reunión con los obispos en el Palacio Arzobispal y visita a la Catedral de Lima. Además, habrá una vigilia de oración con jóvenes a las 18.00 horas.

Del viernes 13 al domingo 15 de noviembre el papa viajará a Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa y el lunes 16 de noviembre celebrará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas a las 10.30 horas. Finalmente, su salida rumbo a Roma está prevista para las 13.45 horas.

LA GUARDIA SUIZA Y LA PNP

Uno de los aspectos destacados es la confirmación de que durante la visita participará personal de la Guardia Suiza Pontificia, junto con otros organismos responsables de la seguridad de la Santa Sede.

Esos efectivos estarán encargados de la protección inmediata del pontífice de acuerdo con sus propias competencias. El Gobierno aclaró que su participación no implicará que sean incorporados a las fuerzas especiales peruanas ni que se modifiquen sus respectivas cadenas de mando.

Por parte de Perú participarán efectivos de la Policía Nacional con brigadas como la Sub Unidad de Acciones Tácticas, Operaciones Especiales, francotiradores, de Inteligencia, además de las fuerzas armadas.

Los comandos tendrán como misión coordinar las tareas necesarias para garantizar la seguridad del papa León XIV, las delegaciones oficiales y las personas que concurran a las diferentes actividades programadas.

El operativo abarcará también aeropuertos, terminales de transporte, corredores viales, sedes diplomáticas y eclesiásticas y otros lugares considerados estratégicos. Además, las autoridades deberán trabajar sobre prevención de delitos y eventuales situaciones de emergencia.

La decisión de conformar comandos especiales responde a la magnitud del acontecimiento y a la previsión de una importante concentración de personas durante las actividades del jefe de la Iglesia Católica.

UCAYALI: 150 MIL FIELES

Hace unos días, miembros de la comitiva oficial del Vaticano, Guardia Suiza Pontificia, Conferencia Episcopal Peruana y Relaciones Exteriores, encargados de las coordinaciones previas llegaron a Pucallpa para ultimar los detalles de la esperada visita del Sumo Pontífice a la ciudad.

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El recorrido incluyó puntos estratégicos como el Boulevard de Yarinacocha, donde el Santo Padre tendrá un encuentro con los representantes de diferentes pueblos indígenas de la región y, posteriormente, se dirigieron a La Videnita, donde se tiene previsto desarrollar la Santa Misa frente a más de 150.000 fieles provenientes de distintas ciudades del Perú y de diversos países.

CON PUEBLOS INDÍGENAS

Según se informó, los pueblos indígenas de Ucayali preparan sus principales demandas para el encuentro con el papa León XIV, previsto para el 15 de noviembre en Pucallpa.

Representantes shipibo-konibo, ashaninka y cocama expondrán sus preocupaciones por la tala y minería ilegal, la deforestación y la contaminación de los ríos.

La actividad se desarrollará en la zona de Yarinacocha e incluirá un espacio de diálogo con las comunidades y la siembra de un shihuahuaco. Los líderes indígenas esperan que la visita permita visibilizar las amenazas que enfrentan sus territorios y comunidades amazónicas.

LAS FUERZAS ARMADAS

Entre tanto, miembros del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú ya se preparan para la visita del papa León XIV a Pucallpa, prevista para el próximo 15 de noviembre.

El titular del sector Defensa, Rafael Belaunde, se reunió con los mandos de los tres institutos armados destacados en la ciudad amazónica para conocer el despliegue logístico y operativo que les corresponde durante la presencia del sumo pontífice en la Tierra Colorada.

Como parte de la supervisión, el ministro visitó el Ala Aérea N.° 4 y recorrió la laguna de Yarinacocha en una embarcación de la Fuerza Aérea, a fin de conocer la ruta que seguiría el líder de la Iglesia católica hasta el bulevar donde lo esperarían los fieles. La Marina de Guerra tiene preparada la patrullera que trasladaría al papa León XIV hasta dicho bulevar, donde se encontraría con la población.

El ministro de Defensa destacó el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas para garantizar las condiciones necesarias para la visita del sumo pontífice a la Amazonía peruana.

Los mandos militares esperan la llegada de la comitiva de avanzada del Vaticano, prevista para la última semana de octubre del 2026, con el propósito de ultimar los detalles de la visita papal a esta ciudad amazónica.

El domingo seis de septiembre, el teniente general Óscar Arriola anunció que daría paso al número dos de la institución, el teniente general Fredy López Mendoza, como nuevo comandante general de la PNP. Dimitió después de una intensa campaña mediática que lo responsabilizaba del incremento de los asesinatos por extorsión, y por presuntamente fabricar éxitos policiales, como la detención de cinco integrantes de Los Pulpos que secuestraron en Trujillo al empresario Jenss Lara Tantaquilla y asesinaron a cuatro acompañantes, el sábado 30 de agosto. Lo que llamó la atención fue que Arriola anunció que sería reemplazado por el número dos de la institución, el jefe del Estado Mayor, teniente general Fredy López Mendoza. Ahora se sabe por qué Arriola se tomó tal atribución, que correspondía al ministro del Interior, César Astudillo.

Pocos días antes de dimitir, Arriola descubrió que el número tres de la cúpula policial, el Inspector General, teniente general Augusto Ríos Tiravanti, entregaba información en su contra a algunos medios que lo atacaban y exigían su renuncia. También supo que el propósito de Ríos era la Comandancia General, pero se le interponía el número dos, el teniente general Fredy López. Por esta razón, sabiendo de las intrigas de Augusto Ríos, Arriola presentó a López como el nuevo comandante general de la PNP.

Sin embargo, el teniente general Augusto Ríos Tiravanti no canceló su plan por alcanzar el máximo cargo en la institución policial.

El lunes siete de septiembre, al día siguiente que Arriola hizo público que dejaría la Comandancia General de la PNP, en las redes sociales y en algunos medios se difundieron documentos personales del teniente general Fredy López que hacían referencia a que padecía una grave enfermedad.

El mensaje era evidente: López no estaba en condiciones de salud para ejercer como Comandante General de la Policía Nacional, por lo que el puesto debía ser ocupado por el número tres, el teniente general Augusto Ríos Tiravanti.

La infidencia que afectaba la integridad del teniente general Fredy López no fue de ninguna manera una casualidad. Buscaba su descalificación.

Según fuentes de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP consultadas por La República, en su hoja de vida el general Freddy López figura con la clasificación de aptitud psicosomática 2, como resultado de un tratamiento médico. Es decir, contaba con una discapacidad para el servicio policial y, según las normas, no está en condiciones de comandar unidades operativas.

El martes ocho de septiembre, agentes de la Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRIN) elevaron una nota informativa al despacho del Inspector General de la PNP, teniente general Augusto Ríos Tiravanti, informando de la publicación sobre el estado de salud del teniente general Freddy López Mendoza.

El mismo día, la Dirección de Comunicaciones e Imagen de la Policía Nacional emitió un comunicado para desmentir que Fredy López estaba discapacitado para asumir la Comandancia General de la PNP.

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La ficha bajo la manga

Precisaron que, si bien es cierto el general Fredy López Mendoza, en un momento de su carrera policial se le otorgó la clasificación de aptitud 2, en los últimos años no presentó dolencia o sintomatología relacionadas al diagnóstico.

La República encontró evidencia de la intervención del entonces inspector general, el teniente general Augusto Ríos, en el caso de Fredy López.

El miércoles nueve de septiembre, Augusto Ríos Tiravanti se comunicó telefónicamente con el jefe interino de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, coronel PNP Jhonny Silva Rodríguez. Le pidió el legajo del teniente general Fredy López Mendoza.

Además, el teniente general Augusto Ríos ordenó al jefe de la Dirección de Inspecciones de la Inspectoría General, general Olger Benavides Ponce de León, que se presentara en la Dirección de Recursos Humanos y en la Dirección de Sanidad, para que recogiera documentación sobre la salud y condición médica del teniente general Fredy López.

Según fuentes con conocimiento del caso, la supuesta intención de Augusto Ríos era verificar la información contra el teniente general Fredy López Mendoza en las redes sociales y los cambios que ocurrirían con la salida de Óscar Arriola.

En efecto, pronto pasarán al retiro por cumplir 40 años de servicio, el teniente general Luis Flores Solís, tercero en la línea de mando, y el general Colin Sim Galván, sexto en el escalafón. Así que el teniente general Augusto Ríos Tiravanti solicitó la información porque, al asumir como jefe de Estado Mayor -el segundo después del comandante general Fredy López-, tenía que encargarse de la reestructuración del cuadro de asignación de oficiales.

Eso dicen las fuentes relacionadas con el pensamiento del teniente general Augusto Ríos.

Sin embargo, el viernes 18 de septiembre, antes que Augusto Ríos Tiravanti asumiera como jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, fue suspendido temporalmente de sus funciones por la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior.

¿Qué había sucedido?

El lunes 14 de septiembre, dos días antes que Fredy López relevara a Óscar Arriola, este denunció a Augusto Ríos Tiravanti ante la Oficina de Asuntos Internos. Le atribuyó haber filtrado el legajo personal del teniente general Fredy López Mendoza con el presunto objetivo de buscar su descalificación para asumir la Comandancia General de la PNP, con la idea de que su lugar sea ocupado por el tercero en la jerarquía. Es decir, el mismo Augusto Ríos Tiravanti.

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Una vieja enemistad

Los tenientes generales Óscar Arriola y Augusto Ríos Tiravanti son de la Promoción Integración 1989. El primero perteneció a la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y el segundo a la Guardia Civil. Mientras que Fredy López es de la Promoción 1990.

Entre compañeros de promoción siempre existe cordialidad, pero este caso parece una excepción.

Según las fuentes, Arriola y Ríos comparten animadversiones, lo que recrudeció cuando el primero ejerció como Comandante General de la PNP. Ríos cuestionaba las decisiones de Arriola.

Por ejemplo, cuando Óscar Arriola trató de suspender el proceso de exámenes para el ascenso en la Policía Nacional debido a la crisis causada por el incremento del crimen en el país, Ríos se opuso y opinó que las evaluaciones debían cumplirse sí o sí.

Fuentes con conocimiento en el caso del teniente general Augusto Ríos Tiravanti afirman que la imputación de Óscar Arriola en su contra es falsa.

"Fue una venganza", señalaron.

Mientras que fuentes relacionadas con el pensamiento de Óscar Arriola, manifestaron que Augusto Ríos filtró información contra su compañero de armas el teniente general Fredy López “con el evidente objetivo de pretender ocupar la Comandancia General de la Policía Nacional”.

De acuerdo con la versión de las fuentes con conocimiento de la defensa de Augusto Ríos, haber solicitado el legajo personal del teniente general Fredy López Mendoza y de otros diez generales, es una acción amparada por el Reglamento de la Policía Nacional y corresponde a sus atribuciones como Inspector General, cargo que ejercía cuando hizo el requerimiento de la información. Precisaron que Ríos no filtró ninguna información a la prensa contra el teniente general Fredy López Mendoza.

"Como Inspector General estaba facultado para acceder a la información de los legajos y Riper (Reporte de Información Personal). Por lo tanto, no ha causado perjuicio alguno a nadie, ni mucho menos se afectó la imagen, la disciplina, la ética ni el servicio policial", explicaron las fuentes.

En su defensa ante la Oficina de Asuntos Internos, Augusto Ríos Tiravanti expresó que informó por escrito al excomandante general Óscar Arriola y al ministro del Interior, César Astudillo, sobre la solicitud de los legajos personales de los generales, entre ellos Fredy López Mendoza.

“Todo lo han tergiversado para dañar la imagen del general López Mendoza. Han utilizado al teniente general Augusto Ríos como chivo expiatorio”, señalaron las fuentes.

Las fuentes cercanas al suspendido jefe de Estado Mayor indican que la finalidad de las acusaciones contra Ríos es impedir que ejerza el cargo.

“Hay quienes no quieren que sea el jefe del Estado Mayor, no quieren que sea el número dos en la Policía Nacional. Esa es la verdad”, enfatizó.

La investigación está a cargo de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Augusto Ríos se ha resignado. Cree que lo van a acusar y que le van a dar de baja.

Le ha dicho a sus amigos: "No hay problema que me inviten al retiro. Soy abogado de profesión y cuando salga de este problema voy a cazar a la gente que me ha hecho daño. Porque mi imagen y mi reputación no tienen precio y las lágrimas de mi esposa y mis hijas tienen que ser resarcidas".

El teniente general Augusto Ríos Tiravanti está sin cargo. Solo forma parte de la Comisión Consultiva de la Comandancia General de la PNP. Es decir, en la congeladora.❖

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El teniente general Manuel Lozada Morales

Si la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior concluye que el teniente general Augusto Ríos Tiravanti es responsable por la filtración del legajo del teniente general Fredy López Mendoza, podría ser pasado al retiro.

De ser así, lo reemplazaría el teniente general Manuel Lozada Morales como jefe de Estado Mayor.

El general Samuel Peralta Campos podría ser designado Inspector General de la Policía Nacional, pero para ejercer dicho cargo primero debe ser ascendido al grado de teniente general. Solo así se convertiría en el número tres de la institución policial.

En el proceso disciplinario también son investigados el jefe de la Dirección de Recursos Humanos coronel PNP Jhonny Silva Rodríguez y la digitadora de la oficina de legajos, la técnica PNP Katherine Vizcarra Manrique.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

No hay pregunta ingenua.

¿Por qué es importante medir la percepción sobre la desigualdad en el país?

Mira, cuando empezamos a pensar este proyecto, hace tres años, durante la pandemia, nosotros desde Oxfam ya veníamos trabajando el problema y denunciando la desigualdad, pero sentíamos que nuestra manera de hablar del tema desencajaba un poco con cómo lo vivíamos las personas. La naturalización de la desigualdad hace que este tema deje de ser un problema. Por lo tanto, teníamos que entender cómo se vivía, cómo se percibe, qué cosa molesta y qué cosa no molesta tanto. Y esos resultados son los que nos ofrece esta tercera edición de Enades (Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades).

¿Y el hallazgo más importante de este último estudio es que somos más tolerantes con la desigualdad?

Sí. El centro es ese. Están conectadas dos cosas. En las tres ediciones, los peruanos identificamos la desigualdad mayoritariamente. El 72% dice que la desigualdad es alta o muy alta…

Pero solo el 37% dice que es injusta o inaceptable.

Exacto, la resistencia a la desigualdad se ha achicado. Cuando preguntamos si la desigualdad es aceptable, hemos pasado del 51% en el 2024 al 38% en el 2026. Y la pregunta es qué pasó. Y la Enades no nos va a dar las respuestas, pero ese es el reto de las ciencias sociales, de los líderes de opinión, de los analistas, tratar de entender qué se está naturalizando y qué implica para la construcción de ciudadanía que naturalicemos no la desigualdad, sino este nivel de desigualdad. Este nivel de concentración de la riqueza, de desigualdad, no es natural y está poniendo en jaque la capacidad de los estados a nivel global.

Igual es preocupante la tolerancia a la desigualdad. ¿No tienes una hipótesis de por qué esto es así?

Hay varias entradas. Hay desigualdades que nos duelen, pero que para la gente no son tan graves. Las desigualdades más difíciles para la gente son las desigualdades económicas y las territoriales, esas son identificadas como desigualdades graves. Pero las desigualdades entre hombres y mujeres, las desigualdades de género o por etnia las ponen en un segundo plano. Y nosotros hubiéramos querido encontrar cosas distintas, pero cuando la foto nos muestra esto, lo que hay es una naturalización de la desigualdad. Entonces, tenemos pendiente, para construir Estado, que haya mejores factores de igualdad entre la ciudadanía, y eso pasa por la conciencia política.

Claro, ustedes dicen en el resumen de sus hallazgos que la desigualdad económica es también un asunto político.

Nosotros trabajamos la desigualdad mirándola desde los niveles de concentración de la riqueza. E insisto, podemos decir que la desigualdad siempre ha existido, pero estos niveles de concentración de riqueza no tienen precedente. Solo en América Latina hay 109 milmillonarios. Esas 109 personas tienen el equivalente del PBI de Chile y Perú juntos. Esos señores tienen dos PBI completos y eso pone en jaque cualquier capacidad de gobernabilidad. Quien tiene tanto poder económico tiene capacidad para influir en las decisiones políticas y definir las reglas en su propio beneficio. Y ese es el dato que tiene la Enades, ocho de cada diez peruanos percibe que el Perú es gobernado por grupos que buscan su propio beneficio. Y entre los jóvenes la cifra es de nueve sobre diez. Y si la mirada para el futuro, de la juventud, es que unos se la llevan fácil, por encima de todos, una de nuestras conclusiones es que hay una especie de competencia para entrar en la estructura del privilegio y ejercer una desigualdad abusiva.

Si la mirada de los jóvenes es esa, ¿por qué no se indignan o por qué no se movilizan?

Allí viene el tema de la tolerancia. Una de las hipótesis es que la movilización sí se está dando, pero por fuera del Estado. Y no es por la exigencia de derechos desde los espacios institucionales, sino por fuera de la formalidad. El crecimiento de las economías ilegales es una dinámica de transformación del poder económico y del poder político brutal. Se están dando de facto procesos de migración, ya no del campo a la ciudad, sino de la ciudad al campo, buscando oportunidades en esas economías ilegales. Entonces, sí hay movilización, pero de otro tipo.

Esta es una migración nueva y a la vez preocupante.

Sí, y está siendo representada. Las discusiones sobre la minería ilegal o informal, las federaciones de mineros, las representaciones de estos grupos en el Congreso, hacen ver que la agenda política que se va a instalar es otra. Y, ojo, la dinámica de las economías ilegales lo que hace es usar la desigualdad para tratar de convertirse en ese 1% que la aprovecha. Son economías que exacerban desigualdades locales, basadas en la trata, en la expropiación de terrenos de pueblos indígenas. Se agudiza la desigualdad en fenómenos que hoy están dando dinero, son fenómenos que dan alternativas a quienes no las tienen en el espacio formal.

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Tengo una cifra del informe: Entre 2019 y 2025, el 1% más rico capturó el 42% de toda la nueva riqueza generada, mientras que el 50% más pobre apenas alcanzó el 1,4% de esta. ¿Esa es la prueba fehaciente de nuestra desigualdad?

Esos son los datos del World Inequality Lab, de (Thomas) Piketty, en Francia, y son datos muy duros. El primero es que el Perú es el segundo país desigual en ingresos, en donde el 0,1% concentra más.

Había otra cifra: La riqueza promedio de una persona perteneciente al 0,1% más rico es 4.800 veces mayor que la de una persona del 50% más pobre. Eso es brutal.

Y la pregunta es esta: ¿Es viable una sociedad con estos niveles de desigualdad? ¿Cuál es la ruta para que una persona del 50% más pobre llegue a ser parte del 0,1% más rico? Siempre hay una ficción, y acá ha calado mucho el mito del emprendedor, porque uno piensa que quizá si uno se saca la mugre puede obtener algo, pero lo que dicen los datos globales es otra cosa. América Latina es la región más desigual del mundo, tenemos el techo y el piso más separado. En ese escenario, ¿qué capacidad tenemos de construir una convivencia social mínima, sostenible en una democracia, si no tenemos elementos que nos permitan amalgamar hacia el centro?  

Y el peligro de discursos como el del emprendedor es que dejamos en manos de la gente salir de la pobreza, sin pensar en el rol de las instituciones y el Estado.

Sí. Mira, para no hablar de izquierdas y derechas, una cosa es tener un sistema liberal, competitivo, de mercado, y otra es tener un mercantilismo con oligopolios, en donde en la práctica, todo el mundo está buscando tener ventaja, llegar a esa oportunidad para sacarle la mugre. No hay viabilidad sostenible, en términos de sociedad, si seguimos en ese rumbo.

Hagamos una pregunta parafraseando al informe, ¿en el Perú una persona pobre, que se esfuerza mucho, que trabaja toda su vida, tiene  posibilidades de ser rica?

Tiene posibilidades de salir adelante, sí, pero con un nivel de esfuerzo que no le va a permitir construir la ruta al futuro que se imagina. Y mira, si esa persona nace fuera de Lima, es mujer, es indígena y su lengua materna no es el español, probablemente la ruta que tiene para volverse rica es la economía ilegal del oro.  Entonces, la pregunta no es solo económica, es cuáles son las soluciones para salir de la pobreza. Porque hay soluciones en la ilegalidad, podría ser raquetero, por ejemplo. Y yo tengo la sensación de que la urgencia por salir de esta precariedad nos ha sacado de la lógica de buscar trabajo a conseguir plata. Y esa diferencia no es cualquier cosa. Porque para conseguir plata haces cualquier cosa.

Pierdes escrúpulos.

Sí, y no es para ponerse moralista, pero perder valores, del pacto social y la convivencia republicana, hace que nos juguemos el futuro hacia adelante. E insisto, estos niveles de desigualdad no son naturales, son resultado de decisiones políticas. Y si la lógica de la solución ciudadana es conseguir plata como sea, pueden pensar en capturar el poder y hacer políticas a medida. Acuérdate de los datos del MEF del año pasado: 144 proyectos de ley de exoneraciones tributarias que equivalen al 35% del PBI.

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Hablemos de eso. Al inicio me decías que la población percibe que hay poderes ocultos que mueven hilos que los favorecen. Eso es en lo abstracto. En lo puntual, ¿la gente identifica a algún poder del Estado que maniobre para favorecer a unos pocos?

El dato es clarísimo. Los grupos políticos son los que tienen más poder para definir, y dentro de los grupos políticos que la encuesta identificó, el Congreso está bastante arriba. Y, claro, la encuesta se recogió durante la primera vuelta electoral, pero yo no creo que estos datos estén influidos por una campaña electoral que fue tan insulsa. Yo creo que es resultado de los tres años recientes en los que hemos vivido todos a salto de mata por las decisiones de un Congreso que  lo mismo jaqueaba a un presidente o metía un proyecto de ley que le iba a costar millones al Estado y que se lo iba a quedar un grupo económico. Es la política como representación del poder económico.

¿Y la gente lo tiene claro?

Yo creo que sí. 

Durante el trayecto, los manifestantes marcharon con banderas peruanas y pancartas en las que demandaron el fin de las extorsiones y mayor protección para las comunidades vulnerables. Asimismo, los ciudadanos expresaron rechazo hacia la gestión de Keiko Fujimori, al tiempo que exigieron frenar la delincuencia e implementar acciones efectivas ante los incendios forestales.

El contexto de la inseguridad en el país

Esta movilización ciudadana surgió en medio de una severa crisis de seguridad ciudadana. La violencia criminal golpea con fuerza al transporte público formal en Lima y Callao, donde el cobro de cupos deja más de 80 conductores asesinados y supera los 160 atentados en lo que va de 2026, según registros del Ministerio Público.

Las acciones de las organizaciones criminales afectan de forma directa a 21 empresas de transporte formal de las más de 250 que operan en la capital, mientras que la jurisdicción suma más de 13.000 denuncias por robo, extorsión y sicariato. Ante este escenario, especialistas señalan que la gestión municipal requiere liderar una estrategia coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP), con inversión en tecnología, logística e infraestructura para proteger los corredores viales y garantizar la seguridad de los pasajeros.

A este panorama se suman las cifras preliminares del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) analizadas por el ingeniero y analista de datos Juan Carbajal. Según sus registros, el país acumuló 480 homicidios entre el 28 de julio y el 22 de octubre de 2026. Del total reportado, el 72,9% (350 casos) correspondió a decesos por disparo de arma de fuego. Carbajal precisó que la base de datos continúa en actualización y que existen 55 muertes violentas clasificadas como "ignoradas", por lo que la cifra real proyectada para esos 87 días superó los 530 homicidios.

La crisis ambiental por los incendios forestales

A la problemática de la delincuencia se sumó el impacto de los incendios forestales que afectaron a 16 regiones del país. Reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) e Indeci contabilizaron 479 emergencias que dejaron un saldo de 12 personas fallecidas y 708 damnificadas.

La destrucción ambiental y material abarcó la pérdida de 1.299 hectáreas de cultivos y más de 13.800 hectáreas de cobertura natural, además de severas afectaciones a la fauna local y al ganado.

Las llamas alcanzaron zonas de la sierra y la selva central, como el distrito de Río Tambo en la provincia de Satipo (Junín), donde el fuego devastó miles de hectáreas de bosques primarios y dejó a decenas de familias asháninkas sin vivienda ni medios de subsistencia.

Asimismo, la emergencia amenazó áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Otishi y puso en riesgo a pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los Mashco Piro y comunidades del pueblo Asháninka.

Tras varias semanas de labores de combate terrestre y aéreo a cargo de las Fuerzas Armadas, brigadistas y la población civil, el Ministerio de Defensa y el COEN informaron que las lluvias recientes permitieron extinguir los focos activos y mantener bajo control los puntos críticos en regiones como Apurímac, Cusco y Junín.

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En un comunicado, indicaron que seguirán ese camino “frente a las decisiones que consideramos contrarias al orden constitucional adoptadas durante el tratamiento y aprobación de estas facultades en el Senado”.

Señalaron que “ni pacto de caballeros ni buena fe pueden estar por encima de la Constitución y el Reglamento” y que, por lo tanto, “sin respeto al orden constitucional y a las reglas del debate parlamentario, no hay respaldo ni acuerdo alguno”.

“Frente al autoritarismo fujimorista, Juntos por el Perú, junto con nuestro querido pueblo, patrióticamente defenderemos la democracia, los derechos humanos, los recursos naturales y nuestra soberanía nacional”, se lee.

Finalmente, exhortaron a la ciudadanía y a las “fuerzas democráticas” actuar solidariamente frente a “los embates del Fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana, exigiendo respuestas efectivas del Estado”.

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Senador Carlos Mesía: “Nosotros pensamos que no nos hemos extralimitado”

Al ser consultado sobre lo sucedido en el Senado, el presidente de la Comisión de Constitución de esta cámara, consideró que no se han “extralimitado” de sus funciones.

“Las facultades ya han sido otorgadas y la ley ya está aprobada ya está en vigencia y nadie puede impugnar la ley si no solo el tribunal constitucional”, declaró.

Añadió que no opinará sobre el voto dividido en Buen Gobierno y Obras: “No me meto en casa ajena a ellos que resuelvan su propio problema cada cocinero que lave su olla”.

Por su parte, el diputado Diego Bazán de Renovación Popular informó que no comparte las críticas contra el accionar del Senado.

“Hay que entender y respetar cuando hay una mayoría en el senado así sea por un voto o dos votos”, dijo.

“Particularmente que esto pueda ser definitivamente una sentencia vinculante se tendría que presentar una demanda de inconstitucionalidad y lo primero que tendría que evaluar el TC si esta demanda está dentro de su competencia y lo cual creo que no va a ser así”, agregó.

El comunicado sostiene que la ley fue aprobada por ambas cámaras y remitida conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado, pero no menciona las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y de la vicepresidenta Analí Márquez. Reto pidió a Torres, mediante un oficio, que ambas rúbricas figuren en la publicación de la ley.

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Torres había dicho que la autógrafa fue suscrita y remitida al Ejecutivo para su promulgación de acuerdo con la Constitución y el Reglamento del Senado, y que el procedimiento se encontraba dentro del marco normativo vigente. Para sustentarlo citó el artículo 105 de la Constitución y los artículos 37 y 148 del Reglamento del Senado.

Reto invocó el mismo artículo 105, junto con el 90, para sostener lo contrario, que la voluntad del Congreso reside en sus dos cámaras y que la atribución legislativa es compartida. Según el oficio, la tradición bicameral peruana indica que las autógrafas llevan las firmas de los presidentes y vicepresidentes de Diputados y del Senado.

"El Congreso no solamente lo conforma el Senado, sino también la Cámara de Diputados, tal como lo establece el artículo 90 de la Constitución. (…) En consecuencia, la voluntad del Congreso de la República reside en sus dos cámaras y, en el caso del procedimiento legislativo, esta atribución es compartida por cada cámara, tal como lo establece el artículo 105 de la Constitución", indicó.

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Constitucionalista Luciano López pide ley rectificatoria

El constitucionalista Luciano López cuestionó en X que la fe de erratas baste para corregir la ley. “Esto no se arregla con fe de erratas. Requiere ley rectificatoria. El error viene desde la autógrafa y, peor aún, con las declaraciones confesas y conscientes del presidente del Senado, no es un simple error, sino uno conceptual y muy grave que amerita censura”, escribió.

López citó el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución y el inciso a del artículo 32 del Reglamento del Congreso, que establecen que quien da la ley es el Congreso y no el Senado. Si Torres persiste en justificar el error, dijo, debe renunciar o ser censurado.

La senadora Mirtha Vásquez de Ahora Nación ya había pedido a Torres explicar y rectificar la fórmula “El Senado de la República ha dado la ley siguiente”. “Este grave defecto podría determinar la inconstitucionalidad por la forma de esta ley y comprometer la validez de los decretos que se emitan a su amparo. Más aún, pretender que el Senado, por sí solo, ‘de leyes’ contra lo dispuesto por la Constitución constituye una señal de autoritarismo”, señaló.

La solicitud del exmandatario se apoya en la Ley 32181. Esta norma permite que las personas mayores de 80 años afronten sus condenas bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.

Sin embargo, esta no es la primera vez que lo solicita. Dicho pedido para cambiar la prisión efectiva por detención en su casa fue rechazado en dos ocasiones. El 9 de mayo de 2025, el tribunal de primera instancia desestimó la solicitud. Posteriormente, el 2 de septiembre de 2025, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó esa decisión.

Ante estos fallos en contra, la defensa técnica del expresidente acudió a la máxima instancia judicial para revocar ambas resoluciones.

Al aceptar revisar el caso, los jueces supremos establecerán si una condena requiere estar confirmada de forma definitiva (firme) para que un adulto mayor de 80 años acceda al arresto domiciliario por razones humanitarias.

Asimismo, la Sala verificará si las instancias anteriores cometieron un error de motivación o si vulneraron el derecho a la libertad personal del exmandatario al aplicar el Código Penal.

Próximos pasos del proceso

El tribunal supremo dispuso que el expediente quede en la secretaría durante diez días para que tanto la defensa como la Fiscalía revisen el caso y entreguen sus argumentos adicionales si lo consideran necesario.

Una vez que termine este plazo, la Sala Penal Permanente programará la fecha de la audiencia virtual donde escuchará a ambas partes antes de tomar una decisión.

El caso Carretera Interoceánica Sur

Alejandro Toledo recibió una condena de 20 años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos en el proceso de la Carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).

Según las investigaciones fiscales y las admisiones de la propia constructora brasileña Odebrecht, el exmandatario favoreció a la empresa en la licitación del proyecto a cambio del pago de sobornos.

Control judicial

El proyecto también establece que cualquier procedimiento especial que restrinja derechos fundamentales "requiere autorización judicial previa". En situaciones de peligro grave e inminente, la solicitud se tramitará con carácter "urgente y preferente" ante el juez superior ad hoc, señalando que "ninguna autoridad administrativa puede sustituir la autorización judicial exigida".

Prohibiciones y canal de denuncia para los agentes

El texto incorpora el artículo 35-A para prohibir el uso de estas capacidades para obtener información de personas exclusivamente por sus "opiniones políticas, su actividad periodística, sus creencias religiosas, su afiliación sindical o su participación lícita en organizaciones políticas, sociales o civiles", o para "favorecer o perjudicar a organizaciones políticas, candidatos, autoridades o grupos de interés".

En esa línea, la propuesta aclara que una orden irregular "no genera deber de obediencia" y que reportarla no representa una infracción. La norma precisa que "la identidad del denunciante es reservada" y que "queda prohibida toda represalia derivada de una comunicación efectuada de buena fe".

Del mismo modo, las labores operativas solo podrán ser ejecutadas por personal que cuente con "formación especializada y certificación de la Escuela Nacional de Inteligencia".

La propuesta también cuenta con el respaldo de los parlamentarios Roxana Rocha, Jorge Zeballos Aponte, Paola Martínez Paitan, Aldo Bravo Quispe, Leo De Paz Lancho, Christian Aranda Vásquez, Javier Cipriani Thorne, Gustavo Segura Figueroa y José Baella Malca.

Facultades aprobadas al Ejecutivo también incluyen a la DINI

Esta iniciativa parlamentaria va en la misma línea del marco aprobado recientemente por el Senado dentro del paquete de delegación de facultades al Ejecutivo. Ese dictamen también contempla la modificación del Decreto Legislativo 1141 con el fin de optimizar la coordinación y el intercambio de información en el Sistema de Inteligencia, elevar los filtros de integridad del personal y reforzar la supervisión parlamentaria a través de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Alta.

Álvarez se incorporó a la comitiva por especial encargo de Fujimori, que le comunicó Cancillería por oficio. Según el documento oficial, su participación se vincula con la lucha contra el crimen organizado transnacional y le permitirá recoger información para combatir ese delito en el país, en particular en el ámbito penitenciario. Desde el 28 de octubre, Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción, quedará a cargo de Justicia.

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Espá viaja por una invitación del Gobierno salvadoreño, que su canciller, Alexandra Hill Tinoco, le transmitió el 18 de setiembre. La resolución indica que su presencia permitirá ampliar el diálogo político y la cooperación con El Salvador, con énfasis en seguridad y desarrollo social. El canciller viajará un día antes y uno después de la agenda presidencial. Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, asumirá Relaciones Exteriores.

El Senado autorizó previamente el viaje de la presidenta. Su agenda se concentra el 29 y 30 de octubre. El primer día tendrá un encuentro privado con Nayib Bukele y una reunión ampliada con ministros de ambos países. El segundo habrá reuniones con los ministros salvadoreños de Justicia y Seguridad Pública, de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Salud. La visita también incluye el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y el Hospital Rosales, sin día confirmado.

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Pasajes y viáticos

Cada ministerio pagará el viaje de su titular. Justicia asumirá US$1.962,21 en pasajes y US$472,50 en viáticos parciales por tres días para Álvarez. Cancillería cubrirá US$1.031,80 en pasajes y US$472,50 en viáticos parciales para Espá.

El alojamiento de ambos ministros lo asumirá el Gobierno de El Salvador. Fujimori ha señalado que el viaje se centra en temas de seguridad, e incluye la visita al CECOT, además de salud, educación y un futuro tratado de libre comercio entre ambos países.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

La baja representación se replica en todos los niveles: solo 95 de los 1.696 distritos serán liderados por alcaldesas y apenas 7 de las 196 provincias del país contarán con una alcaldesa provincial. A nivel macro, solo una mujer fue elegida como gobernadora regional, frente a las 25 jurisdicciones.

En lo que respecta a municipalidades distritales, la situación más crítica se registra en cuatro regiones donde no fue elegida ni una sola alcaldesa: Apurímac (79 alcaldías), Pasco (26 alcaldías), Ucayali (15 alcaldías) y Madre de Dios (8 alcaldías).

En el otro extremo, la concentración más alta de alcaldesas electas ocurrió en Lima, con 21 de 160 distritos, Amazonas con 10 de 78 y Arequipa con 8 de 101. Aun así, estas cifras demuestran que la brecha se mantiene prácticamente intacta, pues en ninguno de estos departamentos las mujeres llegan a ocupar ni el 15% de las alcaldías.

Las siete alcaldesas provinciales electas son: Marcelina Carbajal (Bolognesi, Ancash); Edna Juárez (Pallasca, Áncash); Patricia Hidalgo (Camaná, Arequipa); Miriam Huerta (Chincha, Ica); Zulema Belú (Huarochirí, Lima); Chenny Ramos (Mariscal Nieto, Moquegua) y Yessenia Pereda (Paita, Piura).

La selección de candidaturas

La baja representación de mujeres en los cargos subnacionales no ocurre al azar, sino que se origina en las etapas iniciales del proceso electoral. Según el monitoreo de la Red Micaelas, solo el 8,6% de las candidaturas nacionales para encabezar listas ejecutivas correspondieron a mujeres, lo que evidencia una barrera de acceso desde la fase de inscripción de candidaturas.

Mientras que las postulaciones femeninas para regidurías y consejos regionales alcanzaron la paridad gracias a la cuota legal de 50%, la historia fue muy distinta para los cargos municipales y regionales.

En el caso de las alcaldías provinciales, las candidaturas femeninas se ubicaron en un 9%, mientras que en los Gobiernos Regionales (GORE) 9 de las 25 jurisdicciones no presentan a ninguna mujer encabezando fórmulas y ninguna región alcanza la paridad.

Del mismo modo, en las alcaldías distritales la brecha es crítica, registrándose más de 1.170 distritos sin ninguna candidata mujer. Bajo este esquema, la mayoría de las postulaciones a las alcaldías siguen estando lideradas por hombres.

¿Por qué falla la Ley 31030 de Paridad y Alternancia?

Para analizar los factores detrás de estos resultados, la politóloga e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Anamilé Velazco señaló a La República que la Ley de Paridad obliga a los partidos a incluir igual cantidad de hombres y mujeres en las listas de regidores y consejeros, pero no exige lo mismo cuando se trata de elegir a un solo candidato para encabezar una alcaldía o gobernación. Por ello, la decisión de poner candidatos hombres a la cabeza sigue quedando a total criterio de las organizaciones políticas.

"Es un avance positivo definitivamente, pero aún queda espacio para asegurar la igualdad de oportunidades para las mujeres en la política. La paridad se exige en la conformación de las listas, pero no en quién las encabeza ni en las candidaturas a alcaldía y gobernación. Por eso los partidos cumplen con el 50% colocando a mujeres en las posiciones de regiduría o consejería, y reservan a los hombres las candidaturas ejecutivas", señaló Velazco.

Al ubicar a las candidatas en las partes bajas o secundarias de la lista, sus posibilidades reales de ganar la elección disminuyen drásticamente.

"Además, la alternancia se aplica a las listas, pero no obliga a que las mujeres las encabecen en una proporción determinada. Como resultado, la paridad en la postulación no se traduce en paridad en los resultados: al ocupar posiciones menos competitivas, las mujeres tienen menos probabilidades de ganar, y en cargos uniponderales no existe un arrastre de lista que compense esa desigualdad inicial”.

Trayectoria previa, herencia política y barreras para las mujeres

Como en las alcaldías gana una sola persona, los partidos tienden a recurrir a perfiles con experiencia previa o apellidos conocidos, espacios donde históricamente han predominado los hombres debido a las barreras del pasado.

“Los cargos de alcaldía y gobernación son uniponderales: gana una sola persona, por lo que no operan los mecanismos que sí ayudan en listas plurinominales como el Congreso. Esto empuja a los partidos a apostar por perfiles con trayectoria, que suelen ser hombres que ya han postulado antes o que han ocupado algún cargo electoral, o por perfiles con arrastre de apoyo, como familiares de autoridades conocidas. Un ejemplo es el de Manuel Vidal, virtual alcalde de Ate, padre de Franco Vidal, alcalde de Ate 2023 a 2026”.

Además de que las mujeres enfrentan un menor historial en cargos públicos, también tienen menos acceso a financiamiento para sus campañas.

“Las mujeres acceden menos a cargos previos (regidurías, gestión pública, dirigencia partidaria), que son la cantera habitual de los candidatos ejecutivos. También tienen menor acceso a financiamiento y a redes de aportantes, y los partidos invierten menos en sus campañas (…). Finalmente, pesan los estereotipos sobre el liderazgo y los controles internos de partidos dominados por hombres, que perciben a las candidatas como menos competitivas”.

Reformas para lograr una representación real

Las barreras no concluyen con la elección. Velazco señala que las pocas autoridades electas enfrentan un entorno machista durante el ejercicio de sus funciones.

"Una vez en el cargo, las autoridades mujeres enfrentan el acoso político, que se expresa en descalificaciones personales, rumores, ataques a su vida privada y amenazas orientadas a desacreditar su gestión por el hecho de ser mujeres. A ello se suma el cuestionamiento permanente de su capacidad, así como un mayor escrutinio y un menor margen de error que el de sus pares hombres, lo que las obliga a demostrar constantemente su legitimidad. Todo esto ocurre, además, en un contexto de doble jornada y escaso respaldo: cuentan con pocas redes de apoyo y poca protección de sus propios partidos”.

Para cambiar este panorama, Velazco sostiene que es indispensable obligar por ley a incluir mujeres en las candidaturas a alcaldes y darles un acceso justo al dinero de campaña.

Para revertir esta brecha, la politóloga considera indispensable reformar la ley para exigir que una proporción obligatoria de las candidaturas ejecutivas sea ocupada por mujeres o imponer fórmulas paritarias con sanciones efectivas. Asimismo, propone que la entrega de fondos públicos a los partidos esté condicionada a la inversión real en campañas femeninas y a un mayor acceso a la franja electoral.

Asimismo, la experta manifiesta que la formación política dentro de las agrupaciones debe ir acompañada de mecanismos efectivos para frenar la violencia política.

"A ello debe sumarse el fortalecimiento de las trayectorias políticas de las mujeres, mediante programas de formación y liderazgo desde los partidos y reglas de democracia interna que garanticen su participación en la designación de candidaturas. Asimismo, es fundamental reforzar la protección frente al acoso político, con protocolos claros de denuncia, sanciones efectivas y mayor difusión de la Ley 31155 [norma que previene, erradica y sanciona la violencia política contra las mujeres]”.

JNE: El fracaso de la paridad en los sillones municipales

De acuerdo con un informe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2022, la aplicación por primera vez de la paridad y alternancia evidenció que las normas cumplieron su propósito en las listas de regidores, pero mostraron limitaciones en las alcaldías.

Mientras los puestos de consejo regional alcanzaron cerca del 48% de participación femenina, las alcaldías provinciales registraron un 8.7% y las distritales un 8.1%.

Esto se alinea con los datos de la Red Micaelas, que advierten que las mujeres representaron apenas el 8,6% de las candidaturas a alcaldías y gobiernos regionales.

Ante este panorama, queda en evidencia que si bien la ley impulsó la presencia de mujeres en los cargos de regidurías y consejos, las agrupaciones políticas continuaron reservando los cargos ejecutivos principales exclusivamente para los hombres.

Así, la falta de reformas estructurales para exigir paridad en las cabezas de lista sitúa a las mujeres en una constante desventaja, prolongando proceso tras proceso el dominio masculino en los gobiernos subnacionales.

A las 2.10 p. m., una camioneta perteneciente a la sociedad conyugal Toledo-Karp llegó hasta el centro penitenciario. Minutos después, Chantal descendió del vehículo junto a su tío Pedro Toledo, hermano del exmandatario. Ambos ingresaron al establecimiento sin brindar declaraciones a la prensa.

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La visita marca el primer encuentro de Chantal con su padre en prisión durante los tres años de reclusión del exmandatario. La mujer, de 44 años, reside en Estados Unidos y llegó al Perú el último viernes. Según las imágenes registradas, permaneció cerca de dos horas en el penal y salió pasadas las 4.00 p. m.

Visita coincide con pedido de indulto humanitario

La reaparición de la hija mayor de Toledo se produce en medio del pedido de indulto humanitario promovido por la defensa del expresidente, cuya eventual aprobación depende del Gobierno.

El exmandatario acumula dos condenas por lavado de activos. La primera es de 20 años y seis meses de prisión por los sobornos vinculados a Odebrecht en la construcción de la carretera Interoceánica. La segunda es de 13 años y cuatro meses por el caso Ecoteva, relacionado con operaciones inmobiliarias y fondos de origen ilícito.

Chantal y Zaraí Toledo visitaron a su padre por separado

Chantal Toledo acompañó a sus padres durante las marchas y campañas políticas del año 2000, cuando Alejandro Toledo se convirtió en una de las principales figuras de oposición al gobierno de Alberto Fujimori.

Su visita se suma a la que realizó Zaraí Toledo, hija del expresidente, a quien este se resistió durante años a reconocer públicamente, a inicios de 2026.

Ambos encuentros se produjeron por separado en el penal de Barbadillo, donde el exjefe de Estado permanece recluido mientras cumple sus condenas judiciales.

Alejandro Toledo fue trasladado a hospital

El expresidente Alejandro Toledo fue trasladado desde el penal de Barbadillo a un centro hospitalario de Ate tras presentar problemas de salud relacionados con la hipertensión y afecciones cardíacas. Posteriormente, según informó Canal N, el exmandatario retornó al penal de Barbadillo, donde cumple su condena bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

¿Cuántos hijos tuvo Alejandro Toledo?

El expresidente Alejandro Toledo tiene dos hijas: Chantal Toledo Karp, fruto de su matrimonio con Eliane Karp, y Zaraí Toledo Orozco, hija de su relación con Lucrecia Orozco. Toledo reconoció legalmente a Zaraí en octubre de 2002, cuando ella tenía 14 años, después de años de controversia y un proceso judicial por el reconocimiento de su paternidad.

¿Qué edad tiene Chantal Toledo?

Chantal Toledo Karp tiene 44 años. Es economista, reside en Estados Unidos y es hija mayor de Alejandro Toledo y Eliane Karp. Regresó al Perú en octubre de 2026, después de 15 años fuera del país, y visitó a su padre en el penal de Barbadillo.

No fue un asalto. Ortiz precisó que a Navea no le quitaron ninguna de sus pertenencias. El conductor recordó que su reportero "ha destapado casos de corrupción" en EsSalud y en el Ministerio de Salud, y calificó el hecho de "grave".

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Lo último que reveló Navea

Hace dos días, Navea informó que el Centro de Conciliación Barragán & Camba, presidido por María del Carmen Barragán Coloma, intervino en 20 conciliaciones de EsSalud. Según el reportero, Barragán fue además gerente del área jurídica de la institución, desde donde se derivaban esos procesos.

Barragán Coloma, hermana del senador Daniel Barragán del Partido Cívico Obras, había sido designada el 17 de octubre como Asesor III de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud. La resolución que difundió Navea da por concluida esa designación.

Hasta el momento, Navea no se ha pronunciado públicamente sobre la agresión.

Estas declaraciones se dan días después de que rompiera la orden de su bancada en la votación de las facultades legislativas. Gavidia votó a favor del pedido del Ejecutivo en el Pleno del Senado, mientras que Buen Gobierno había acordado abstenerse. "Que nos permita esa libertad, ¿por qué teníamos que votar en abstención?", sostuvo.

El legislador sostuvo que no está solo dentro del partido. "Yo estoy seguro que hay más gente de Buen Gobierno con mi posición y no es bueno para el partido", afirmó, y dijo que lo percibe cuando expone su opinión con más apertura dentro de su grupo.

Gavidia explicó que su permanencia en la organización le generó dudas desde el inicio. "Me cuestiono (la posibilidad de seguir en Buen Gobierno) desde que entré incluso", señaló. Se definió como un político tradicional y planteó que eso podría ser un problema para una agrupación que, según dijo, "maneja bien la parte política". "En ese sentido, podría pensar que lo mejor es alejarme del partido”, dijo.

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Votó a favor de las facultades

El Pleno del Senado aprobó el 21 de octubre la delegación de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori por 90 días, con 34 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, más el voto del presidente del Senado, Miguel Torres. Según la planilla de votación, de Buen Gobierno solo Gavidia y Juver Flores Suárez votaron a favor. Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Flavio Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute se abstuvieron.

Antes de la sesión, Gavidia había anunciado su voto en declaraciones a Exitosa. "Prefiero confiar antes que desconfiar", dijo, y agregó que escucharía la posición de su bancada, que evaluaba presentar un dictamen en minoría.

Sostiene que la Ley 32743, que delega facultades legislativas al Ejecutivo en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, se publicó sin las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y de su primera vicepresidenta, Analí Márquez.

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La denuncia incluye como ‘cómplice primario’ a Ricardo Montero, gerente de Publicaciones Oficiales de El Peruano, por publicar la norma este 22 de octubre en una edición extraordinaria. El abogado solicita que “previa llamada por celular” al director de la Policía Nacional, se ordene la detención en flagrancia de los cinco denunciados.

Adrianzen pide que la Fiscalía abra investigación, los acuse y logre una condena efectiva con reparación civil e inhabilitación para cargos públicos. Propone tomar la declaración de los cinco denunciados y de los dos agraviados, Reto y Márquez, y solicitar al Congreso copia certificada de los antecedentes de la ley.

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Cinco leyes de 1992 llevan la firma de ambas cámaras

El último Congreso bicameral del país funcionó hasta que Alberto Fujimori lo disolvió el 5 de abril de 1992. Cinco de sus leyes llevan las firmas del presidente del Senado, Felipe Osterling; del presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar; y de un senador y un diputado como primeros secretarios.

Esas normas dicen que "el Congreso de la República del Perú" dio la ley. La ley de facultades que acaba de ser promulgada señala que la dio "el Senado de la República".

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

El CUPAZ fue creado por la expresidenta Dina Boluarte después de visitar las instalaciones de Poderosa en Pataz, el viernes 9 de mayo de 2025, y sus acciones son financiadas con presupuestos del Ejército y de la Policía Nacional por intermedio del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior.

Al menos, en el papel. Sin embargo, el primero de septiembre, el general Lizandro Córdova solicitó por escrito al superintendente de Seguridad Patrimonial de la minera Poderosa, general EP en retiro Carlos Romero Von Bancels, una movilidad para conducir de Pataz a Trujillo a un requisitoriado por el delito de tráfico ilícito de drogas, Anibal Chacón Layza, de 38 años.

Chacón fue detenido el primero de septiembre por efectivos del CUPAZ en la garita de control de Calquiche. Se encontraba en el interior de la camioneta negra Toyota Hilux, de placa BDP-796.

Fue apresado porque tenía una orden de captura vigente por el delito de narcotráfico, expedido por el Jugado de Investigación Preparatoria de Trujillo.

De acuerdo con el documento obtenido por La República, el general Lizandro Córdova pidió autorización a su excompañero del Ejército, Carlos Romero, para que la camioneta de la empresa minera Poderosa, identificada con la placa THE-913, conducida por Kevin Palomino Carrera, traslade a un detenido por narcotráfico desde la localidad de Chagual, en Pataz, hasta un juzgado de la ciudad de Trujillo.

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Servicio personalizado

Fuentes familiarizadas con las actividades del CUPAZ afirmaron que es usual que el Ejército utilice la logística de Poderosa para cumplir con sus funciones, lo que explica por qué el general Córdova hizo el requerimiento con el número de placa y la identificación del chofer.

“La empresa Poderosa asignó una flota de camionetas 4x4 al CUPAZ con sus respectivos conductores para la ejecución de los operativos. Las autoridades del CUPAZ solo deben enviar una solicitud al Superintendente de Seguridad de Poderosa -que es un alto oficial del Ejército en retiro- para justificar el uso de los vehículos. Los dos documentos que tiene La República prueban dicha práctica”, indicaron las fuentes consultadas por este diario.

A los pocos días, el 24 de septiembre, el jefe del CUPAZ requirió nuevamente al general Carlos Romero Von Bancels el uso de una camioneta de la minera Poderosa.

Esta vez para movilizar al detenido Washington Miranda Cutipa, requisitoriado por el juzgado penal unipersonal de Arequipa por el delito de daños materiales. Washington Miranda fue intervenido por una patrulla mixta del CUPAZ integrada por efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (Dirores) y del Ejército cuando estaba a bordo de una camioneta 4x4 por el puesto de control de Calquiche, ubicado en los sectores de Chagual y Vijus, en el distrito de Pataz.

Como parte de las diligencias, Washington Miranda fue conducido a la comisaría de Chagual. Sin embargo, la unidad policial no contaba con un vehículo, por lo que general Lizandro Córdova demandó a la minera Poderosa la asignación de una camioneta. ¿Qué eficacia podrían conseguir las fuerzas del orden contra el crimen organizado en Pataz si ni siquiera cuenta con vehículos para transportar a los intervenidos?

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Todo está documentado

No es la primera vez que La República documenta que el CUPAZ utiliza camionetas y personal de la aurífera Poderosa para ejecutar sus operaciones. Se supone que el  Ejecutivo asignó al Ejército y a la Policía Nacional recursos para que cumplan con su misión.

 Los documentos con la firma del jefe del CUPAZ, general EP Lizandro Córdova, confirman una vez más que el comando especial continúa utilizando los recursos logísticos de la empresa Poderosa, como reveló este diario con fotografías y videos.

En ambos casos mencionados en este reportaje de investigación, Poderosa, efectivamente, dio el visto bueno para que sus vehículos y conductores transporten a los detenidos. Estos hechos evidencian un conflicto de intereses: la presidenta del directorio de Poderosa, Evangelina Arias Vargas, realizó ocho aportes por S/1.480.000 a la campaña presidencial de Rafael Belaunde Llosa, quien ahora se desempeña como ministro de Defensa.

El despacho del Mindef está directamente relacionado con las acciones del CUPAZ. Tanto así que el ministro Belaunde ha visitado la zona de conflicto para evaluar las acciones del Ejército contra el crimen organizado y la minería ilegal. Belaunde ha recibido visitas guiadas del jefe del CUPAZ, el general Lizandro Córdova, en el terreno de combate.

La República ha difundido imágenes fotográficas y video que demuestran que los efectivos militares y policiales comparten sus alimentos con los trabajadores de Poderosa. Ante el desmentido de las autoridades y de la empresa, este periódico ha conseguido más evidencia de que los uniformados asignados al CUPAZ desayunan, almuerzan y cenan con alimentos y en las instalaciones de la compañía minera aurífera.

 Esto sucede pese a que el ministro Rafael Belaunde ha negado en repetidas ocasiones que exista algún trato preferencial con la minera Poderosa por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales que integran el Comando Unificado Pataz.

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Una necesaria aclaración

Fuentes ubicadas en la zona de conflicto señalaron a este periódico que el alto mando del CUPAZ focaliza sus operaciones en los alrededores de las concesiones de la empresa Poderosa, que colindan con los sectores de Pueblo Nuevo, Zarumilla, Cedros y Suyubamba, ubicados en el distrito de Pataz.

En esta zona, precisamente, las comunidades locales se dedican a la extracción de minerales. En nuevas imágenes se observa a efectivos del Ejército almorzando junto a los trabajadores de la compañía aurífera Poderosa, en una de las instalaciones clave del campamento minero de Hualanga, de propiedad de la mencionada empresa.

Las fotografías también confirman que los efectivos del CUPAZ, militares y policías, siguen utilizando los vehículos de propiedad de la compañía Poderosa.

La República solicitó al Ministerio de Defensa una versión sobre los hechos documentados en este reportaje de investigación, pero no respondió. Por su parte, la minera Poderosa expresó que no haría comentarios al respecto.

La iniciativa fue presentada por el diputado César Holguín, integrante de la bancada de Ahora Nación. El documento ingresó a la Cámara de Diputados el 22 de octubre de 2026. El proyecto cuestiona que la ciudadanía no pueda impulsar directamente una consulta sobre cambios a la Constitución sin que antes se cumpla el trámite parlamentario previsto en el artículo 206 de la Carta Magna. Según la exposición de motivos, esta exigencia añade una restricción que no aparece entre las prohibiciones expresas del artículo 32 de la Constitución.

La propuesta también plantea devolver al organismo electoral la facultad de convocar a los referéndums dentro de un plazo máximo de cuatro meses desde la acreditación de las iniciativas. Con ello, busca eliminar la disposición que reserva al presidente de la República la convocatoria para reformas constitucionales por decisión del Congreso.

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¿Qué cambios plantea el proyecto para el referéndum?

El proyecto propone derogar la Ley 31399 y restituir la versión anterior de los artículos 40 y 44 de la Ley 26300. El primero volvería a establecer que no pueden someterse a referéndum las materias prohibidas por el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución, como la reducción de derechos fundamentales, las normas tributarias y presupuestales, y los tratados internacionales vigentes. Se eliminaría así la restricción adicional relacionada con el procedimiento de reforma constitucional.

En cuanto al artículo 44, la iniciativa busca que la autoridad electoral vuelva a encargarse de convocar a referéndum en un plazo no mayor de cuatro meses después de acreditar las iniciativas correspondientes. La redacción vigente de la Ley 31399 establece una excepción para las reformas constitucionales: la convocatoria corresponde al presidente de la República por disposición del Congreso. El proyecto pretende retirar esa condición y recuperar la regla anterior.

Como sustento, Holguín citó antecedentes legislativos y una sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con las restricciones al referéndum. También recordó que el Congreso derogó en 2001 la Ley 26592, que había condicionado este mecanismo de participación a una intervención previa del Parlamento. Sin embargo, la iniciativa no modifica por sí sola las reglas actuales. Primero deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente.

"El Congreso no solamente lo conforma el Senado, sino también la Cámara de Diputados, tal como lo establece el artículo 90 de la Constitución. (…) En consecuencia, la voluntad del Congreso de la República reside en sus dos cámaras y, en el caso del procedimiento legislativo, esta atribución es compartida por cada cámara, tal como lo establece el artículo 105 de la Constitución", indicó.

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Reto señaló que el próximo año la presidencia del Congreso recaerá en la Cámara Baja y que, entonces, las leyes expedidas llevarán las firmas de los representantes de ambas cámaras. Por otro lado, el titular de la Cámara de Diputados sostuvo que, históricamente, las dos firmas han estado presentes en la publicación de las leyes.

"En la tradición parlamentaria bicameral en el Perú se ha aplicado que las autógrafas de ley, independientemente de la cámara en la que culminó el proceso legislativo, lleven las firmas de los presidentes y vicepresidentes o secretarios de la Cámara de Diputados y del Senado", señaló. Además, detalló que en otros países con congresos bicamerales también se procede de esa manera.

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Senadores de Buen Gobierno rechazan omisión de firma de Óscar Reto en ley de facultades legislativas

La bancada del Partido del Buen Gobierno en el Senado expresó su rechazo a la publicación de la ley que delega facultades legislativas al Ejecutivo. En un comunicado, el grupo parlamentario sostiene que la ley presenta errores de forma. Al igual que Reto, miembro del partido, la bancada señala que debe incluirse la firma de los titulares de la Cámara de Diputados.

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El comunicado apela además al artículo 90 de la Carta Magna, que precisa que la función legislativa reside en el Congreso, conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. “Cuando el Congreso da una ley, se compromete la voluntad política de ambas cámaras, no solo la de una de ellas”, señala el texto.

La bancada exige al presidente del Senado que corrija lo que califica como un error. Advierte que no se puede tolerar un antecedente contrario no solo a la Constitución, sino también a los principios de separación de poderes, deliberación pública y lealtad constitucional.

Según contó Piminchumo, los delincuentes le enviaron mensajes extorsivos a su celular en los que le exigen S/30.000 y un pago de S/20.000 mensual para que pueda trabajar tranquilo como autoridad distrital.

Asimismo, los extorsionadores afirman pertenecer a una organización criminal muy peligrosa en el país y que, de no recibir una respuesta del futuro burgomaestre, acabarán con su vida, al igual que sucedió con la fallecida Susy Ysabel Aponte Polo de Tello, más conocida como la 'China Polo'.

"Hola, Jordan. Quien te habla es parte de la organización criminal más grande del Perú. A ti nadie te cuida. Nos vas a pagar la suma de 30 mil soles y 20 mil soles mensuales para que puedas trabajar tranquilo. No vaya a ser que termines frío como la China Polo", dice el mensaje.

Tras lo ocurrido, Jordan Piminchumo viajó a Lima y realizó un plantón en la Plaza de Armas de la capital para exigir al Gobierno central que tome las medidas necesarias para frenar la criminalidad en su jurisdicción y en Trujillo.

La presencia de la mandataria se anunció con motivo de la inauguración de un proyecto de agua potable para Juliaca y para participar en los actos protocolares por el 100 aniversario de la ciudad calcetera.

Los deudos y dirigentes se organizaron para abuchearla y correrla con tomates y huevos de la ciudad de los vientos, debido a que aún la rechazan.

"Esta señora no será bienvenida hasta que pida perdón, porque sus congresistas le dieron el respaldo a Dina Boluarte para hacer lo que hicieron. Sus congresistas promovieron leyes proimpunidad. Las Fuerzas Armadas a las que respaldan vinieron a matar a Juliaca y hasta la fecha nadie está sancionado. Simplemente la rechazamos, y una muestra de ello son los resultados de las elecciones", aseguró Mariela Irma Cayo, cuyo esposo, Manuel Quilla Ticona, perdió la vida tras ser torturado por la policía.

Los deudos se congregaron junto a otros dirigentes en la urbanización Tasa, salida a Cusco, lugar donde se programó la ceremonia de firma de contrato de la cuarta etapa del proyecto integral de agua y alcantarillado de Juliaca. Varios se mimetizaron entre el público para acercarse a la mandataria y pedirle que se retire, o por lo menos para expresar su descontento.

"Su padre fue uno de los presidentes más corruptos del país. Esta señora no envió ayuda a Puno durante los incendios forestales; hemos tenido que esperar las lluvias. No la queremos. La rechazamos. Podrán comprar a unos cuantos, pero no al pueblo en su conjunto", aseguró Juan Carlos Vargas.

Solo llegó a la ceremonia el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, quien alegó que el gobierno apoyará en todo lo que Puno necesite.

El alcalde de Juliaca, Óscar Cáceres, fue la única autoridad que pidió públicamente que Keiko arribara a la ciudad con el compromiso de que tendría todas las garantías de seguridad. El edil aseguró que, una vez pasadas las elecciones, lo mejor que se podía pedir al gobierno eran obras para Puno.

Si bien Keiko Fujimori no arribó a Juliaca, aún hay expectativa de que pueda hacerlo este sábado 24 de octubre durante las ceremonias protocolares de aniversario. Los dirigentes estarán a la expectativa. Podría llegar por tierra, procedente de Arequipa, donde también inauguró una obra de agua potable.

En la formulación del proyecto el instituto castrense señala que el requerimiento busca la sustitución de las aeronaves que han cumplido cuatro décadas de operaciones, y que en el contexto de las actuales anomalías climatológicas, es indispensable iniciar la ejecución del programa con la adquisición de seis helicópteros tipo SAR para misiones de búsqueda y rescate en 2026, y otros seis en 2027.

La FAP estima en US$240 millones el monto necesario para la compra de los 12 helicópteros, proyecto que incluso cuenta con el Código Único de Inversión (CUI) n.º 2234933.

En 2021, el Comité de Estudio Definitivo de la FAP evaluó tres modelos de helicópteros: el Leonardo AW139, el Airbus H145M y el Bell 412EPX.

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Decisión política

La FAP conoce muy bien el material italiano.

En mayo de este año, el instituto castrense anunció la compra de una quinta aeronave C-27J Spartan Next Generation (NG), como parte de su programa de modernización de sus aviones de transporte. Esta unidad fabricada por Leonardo es incluso de la más reciente tecnología, porque los anteriores C-27J Spartan son modelos estándar comprados entre 2013 y 2014, indicaron fuentes militares.

Como publicó en su momento La República, durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, se decidió la contratación de los helicópteros para operaciones SAR, pero luego varió de opinión y prefirió el overhaul (mantenimiento mayor) de helicópteros rusos Mi de la FAP y del Ejército. La invasión rusa de Ucrania causó dificultades para el cumplimiento del objetivo, debido a las restricciones que sufrieron los contratistas de la Federación Rusa.

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Urgente ejecución

La amenaza de un episodio del Fenómeno El Niño de dimensiones catastróficas pone sobre el tapete la oportunidad del financiamiento del programa de la FAP, que por falta de decisión política lleva más de cinco años sin ejecutarse, limitando el alcance de las operaciones de búsqueda y rescate.

Los mandatos presidenciales de José Jerí y José María Balcázar tuvieron la oportunidad de iniciar el proceso de renovación de los helicópteros tipo SAR, pero no lo hicieron por distintas razones. Es más, el programa de la FAP ni siquiera fue tomado en cuenta, no obstante que su ejecución es crucial en el contexto del Fenómeno El Niño.

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori está en condiciones de recurrir a los más de US$2.000 millones del fondo contingente que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, con los que se financian las acciones de prevención, mitigación y respuesta inmediata ante los desastres.

Otra fórmula es el endeudamiento interno mediante la emisión de bonos soberanos, como se hizo para la compra de una flota de 24 cazas F-16 Block 70.

Ni en la ampliación del presupuesto 2026, ni en la propuesta para el ejercicio fiscal 2027, se ha considerado el financiamiento del programa de la FAP para contratar los helicópteros SAR, presuntamente para privilegiar la reparación de la flota de los Mi de fabricación rusa, indicaron las fuentes.

Recientemente, la fábrica italiana Leonardo ha propuesto a la FAP la entrega inmediata de tres helicópteros AW139 nuevos y de otros dos usados pero repotenciados por la misma compañía, para que se sumen a las acciones que despliega el instituto armado para atender las emergencias originadas por el fenómeno climatológico, informaron fuentes militares.

El helicóptero AW139 de Leonardo está diseñado para soportar operaciones a gran altitud, adecuado para la diversidad geográfica andina, con capacidad para 15 pasajeros y una carga de 2.715 kilogramos -que varía en función del acondicionamiento-, lo que lo diferencia de otros competidores.

La decisión del Ejecutivo se anunció luego de que una investigación de La República evidenció que el 6 de agosto, el gobierno reasignó fondos para financiar acciones relacionadas con el Fenómeno El Niño: esta medida dejó a la FAP sin un fondo de US$1.676.379 para la compra de 10 helibaldes o “Bambi Bucket” que el instituto armado requiere con carácter de urgencia.

Los helicópteros pertenecen al Grupo Aéreo N°3, con cuartel en la Base Aérea Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias (Callao), y son parte de las operaciones contra incendios forestales. Empero, solo tiene 6 unidades provistas de los “Bambi Bucket”.

El 6 de julio, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), a la que la FAP encargó la adquisición de los helibaldes, otorgó la buena pro a la empresa fabricante de este equipo, SEI Industries, que ofertó US$1.560.491.

Sin embargo, una de las empresas que no obtuvo la calificación, JA2 Company -una distribuidora de equipos contra incendios con oficinas en Florida (Estados Unidos)-, impugnó el resultado alegando una supuesta deficiencia en la información técnica sobre el equipo.

Pese a las aclaraciones de la FAP, y a la urgencia de la compra de los helibaldes para ampliar la capacidad para sofocar los incendios forestales, la ACFFAA anuló la conformidad del contrato a favor de la empresa SEI Industries, dispuso el reinicio del proceso y una nueva convocatoria de ofertas.

Mientras se reiniciaban los trámites, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N°155-2026-EF que reconfiguró el presupuesto dirigido a las acciones frente al Fenómeno El Niño, transfiriendo para otros fines el fondo asignado a la adquisición de los helibaldes que necesita la FAP.

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Urgente destrabe

Ante las consultas de La República sobre cómo solucionar el grave problema detectado, el Ministerio de Defensa anunció que se restablecerá a la FAP el presupuesto para que prosiga con el proceso de contratación del sistema de helibaldes para sofocar los incendios forestales.

Precisó que la modalidad de adquisición será de forma directa para acortar los tiempos debido a las características de la emergencia que se requiere atender.

“Con el propósito de agilizar este proceso (de compra), se prevé realizar un nuevo procedimiento mediante la modalidad de contratación directa por situación de emergencia, mecanismo orientado a reducir los plazos administrativos y facilitar la incorporación oportuna de estos equipos”, informó el Ministerio de Defensa.

“El sector Defensa se encuentra coordinando y gestionando con el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación, en el breve plazo, de los recursos presupuestales necesarios que financien la compra de 10 helibaldes para el Grupo Aéreo N° 3”, reportó el despacho.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que existen 11 focos de incendios forestales en el país en este momento.

El Ministerio de Defensa adelantó que el Ejército por su parte contratará otros 15 sistemas de helibalde, 11 en lo que queda de 2026 y otros cuatro para 2027.

Los expertos advierten que los focos de fuego seguirán apareciendo por el incremento de los pastos secos, como consecuencia de las sequías surgidas por el Fenómeno El niño.

La agrupación política, a través de su personero legal, Aldo Borrero, solicitó que se utilice la misma regla que rige para las elecciones regionales. Esta establece que la fórmula ganadora debe alcanzar al menos el 30% de los votos válidos. Si ninguna lo consigue, corresponde una segunda elección entre las dos fórmulas con mayor respaldo.

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El pedido también buscaba frenar la proclamación de resultados hasta que las autoridades electorales resolvieran la solicitud. Sin embargo, el JEE desestimó esa pretensión y sostuvo que la presentación de un recurso no basta para detener las actuaciones electorales. En su resolución, precisó que una medida de ese tipo requiere sustento legal y una justificación concreta.

La decisión podría llegar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) si Avanza País presenta una apelación. Esa instancia tendría que resolver el caso si recibe el recurso. Por ahora, no se sabe si la organización política impugnará el pronunciamiento del JEE.

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JEE sostiene que la ley no contempla una segunda vuelta para la Alcaldía de Lima

El JEE de Lima Centro basó su decisión en la diferencia entre las normas que regulan las elecciones regionales y municipales. El artículo cinco de la Ley de Elecciones Regionales establece el umbral del 30% para elegir a gobernadores y vicegobernadores. En cambio, el artículo 23 de la Ley de Elecciones Municipales dispone que debe proclamarse alcalde al candidato de la lista que obtenga la mayor votación. Por ello, el organismo concluyó que no correspondía trasladar automáticamente una regla de un tipo de elección a otro.

Avanza País también argumentó que Lima Metropolitana tiene un régimen especial, con funciones y características distintas a las de otras municipalidades. A partir de esa diferencia, defendió que se aplicara el porcentaje mínimo previsto para las autoridades regionales. No obstante, el JEE respondió que las particularidades de la capital no modifican por sí solas las reglas electorales municipales.

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La resolución también abordó los principios de igualdad e interpretación de las normas invocados por la agrupación. El organismo consideró que estos argumentos no permitían crear una condición que la legislación municipal no contempla. Además, recordó que las reglas electorales deben ser conocidas con anticipación para garantizar la seguridad jurídica y evitar cambios en las condiciones de una elección después de su convocatoria.

Finalmente, el JEE declaró infundada la solicitud de Avanza País y dispuso que continúen las actuaciones electorales correspondientes. En el documento también dio cuenta de la oposición presentada por Renovación Popular Perú, cuyo personero legal pidió que se desestimara el intento de establecer una segunda vuelta para la elección municipal limeña.

La institución castrense previno que Fenómeno El Niño aumentaría el calor y la sequía, especialmente en el sur del país, condiciones que contribuyen a la propagación de los focos de fuego. En efecto, surgieron varios episodios en todo el país. Pero la compra nunca se hizo. La FAP no puede ampliar su capacidad de acción contra los incendios forestales.

De acuerdo con fuentes con conocimiento del caso, el Grupo Aéreo N°3 tiene seis kits contraincendios Bambi Bucket: dos de 3.430 litros para los helicópteros rusos y tres kits de 1.210 litros para los estadounidenses Bell 212.

Ante la insuficiente cantidad de kits contraincendios y la cercanía de un fenómeno climático con características catastróficas, la FAP encargó a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) convocar a licitación internacional dirigida a la contratación de 10 sistemas Bambi Bucket para el mismo número de helicópteros.

Con fecha de convocatoria el 14 de mayo de este año, la ACFFAA fijó el valor referencial en US$1.676.379. Se presentaron tres empresas: SEI Industries, AG-AIR Systems y JA2 Company. El 6 de julio, la ACFFAA otorgó y consintió la buena pro a SEI Industries, que ofertó US$1.560.491. Esto es, US$115.888 menos que el valor preferencial.

La ventaja de la firma canadiense SEI Industries radica en que es el diseñador y fabricante del Bambi Bucket, el sistema de helibalde flexible y plegable para combatir los incendios forestales, mientras que sus competidoras son distribuidoras.

Sin embargo, 72 horas después de la buena pro, sorpresivamente, el 9 de julio, cuando todo estaba listo para la firma del contrato, la ACFFAA declaró la nulidad del proceso y dispuso el reinicio del mismo a la etapa de convocatoria.

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Jugando con fuego

Sucedió que la empresa JA2 Company se quejó por la presunta existencia de una ambigüedad en el requerimiento técnico, lo que trabó la suscripción del contrato.

Sin embargo, el Comité de Selección de la ACFFAA determinó que la imputación carecía de sustento, por lo tanto, el reclamo era infundado.

En todo caso, el Grupo Aéreo N°3 reformuló el requerimiento técnico y lo entregó a la ACFFAA por intermedio del Servicio de Abastecimiento Técnico (SEBAT), a mitad de julio de este año. De esta forma se buscó reactivar el proceso de contratación.

Sin embargo, el 16 de julio, el gobierno de José María Balcázar hizo modificaciones presupuestales para el financiamiento de intervenciones relacionadas con el Fenómeno El Niño (Ley N°32732), y el 6 de agosto, durante el actual mandato de la presidenta Keiko Fujimori, se reencauzaron los recursos asignados, entre los que se encontraban los fondos para la compra de los Bambi Bucket (Decreto Supremo N°155-2026-EF, que autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 a favor de la Reserva de Contingencia).

Según las fuentes consultadas por La República, estas normas terminaron por dejar sin dinero a la FAP para la adquisición de los 10 Bambi Bucket.

La insuficiencia de los sistemas para apagar incendios forestales se registra coincidentemente en un periodo en el que se han presentado numerosos focos de fuego en el territorio nacional.

Conforme a información proporcionada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a La República, en lo que va de 2026 a la fecha se han reportado 437 incendios forestales con daños.

Y al lunes 19 de octubre, se contabilizaron 11 incendios activos y 13 controlados.

El impacto es terrible. Se han perdido 1.178 hectáreas de cultivos y 11.779 hectáreas de pastos, de acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

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Los efectos de la burocracia gubernamental

• El 15 de julio, la empresa SEI Industries presentó un reclamo ante la ACFFAA, que no obtuvo respuesta, por lo que el 16 de agosto recurrió al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).
• El 19 de agosto, el OECE declaró infundada la queja de SEI Industries, que intentó que se respetara la buena pro del contrato a su favor.
• En el interín burocrático, el MEF despojó a la FAP de los fondos que se le habían asignado para la compra de los Bambi Bucket contra incendios forestales para 10 helicópteros.

A pesar de que los gremios de transporte de Arequipa anunciaron horas antes protestas y bloqueos para exigir obras preventivas y mejorar la carretera, y ya protestaban con el no pago del peaje, la mandataria no atendió el pedido.

Los gremios pidieron una mesa de diálogo en Quebrada Honda y la instalación de mallas de contención, pero fueron ignorados.

Ministro y presidenta aparentemente no conocen el tema

El ministro de Vivienda y la presidenta Fujimori aparentemente no conocen el problema de la Panamericana Sur. Al ser cuestionada, con dificultad y en medio de empujones a la prensa, la presidenta escuchó el problema, pero se negó a responder si irá al lugar.

El ministro de Vivienda respondió "no sé" sobre el problema. Al ser consultado por la prensa, guardó silencio. Al preguntarle: "¿No irá la presidenta a Quebrada Honda? Ahí están en riesgo los pasajeros porque les están cayendo rocas", respondió: "Mira, ella irá a Moquegua porque tiene una actividad urgente". Al insistirle: "¿No es más importante ir allí?", respondió: "No sé, ella tiene su actividad programada". Tampoco respondió qué hará frente al alza de la canasta familiar.

No se acercó a la prensa ni a la población

La presidenta llegó bajo un gran contingente policial que no dejó que la población se acerque. Solo ingresaron algunos dirigentes. La prensa tampoco pudo acercarse y el contingente de seguridad empujó a una periodista de La República. Al ser consultada por el tema, la presidenta no respondió y se retiró raudamente del lugar.

Población rechaza a Keiko

La visita generó rechazo entre vecinos de Cono Norte. Una pobladora señaló: "Para mí no es presidenta, ella viene acá a mentirnos que vamos a tener pistas y veredas. ¿De aquí a cuántos años será? Además, ese proyecto es de años anteriores".

Otra vecina expresó: "Ni siquiera puede controlar los incendios que están pasando en todo el Perú, ellos felices en el Parlamento. Rechazamos. Su gente dirá bienvenida, nosotras rechazamos".

Cuestionan resguardo policial

Otro vecino cuestionó el fuerte resguardo: "Se ha traído una gran cantidad de policías y militares, nunca he visto así. Si una presidenta ha sido elegida por el pueblo no debería traer tanto resguardo, se ganó el antipueblo".

Asimismo, otra ciudadana reclamó: "Vaga ociosa viene aquí a prometer... Doy mi tiempo para defender a mi patria de tantos sobones. Yo no necesito sobornar, mi patria necesita cambiar".

Finalmente, otra pobladora pidió más sensibilidad: "Debería ser más humanitaria, parece que nos desprecia. Por respeto debería decir qué propuesta tiene".

La presidenta se retiró de Cerro Colorado sin declarar a la prensa local y sin responder por la situación de la Panamericana Sur.

El pedido de sobreseimiento corresponde a una investigación distinta de aquella por la que Bermejo permanece recluido en el penal de Ancón. Por ello, una eventual aprobación judicial del archivo no supondría su liberación. Así lo explicó a La República su abogado, Ronald Atencio, quien precisó que ambos expedientes tienen antecedentes y situaciones procesales diferentes.

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En el requerimiento fiscal, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo del Distrito Fiscal de Huánuco indicó que las observaciones de la Tercera Sala Penal de Apelaciones no pudieron subsanarse durante la investigación preparatoria. Entre las deficiencias mencionadas figuran la falta de precisión sobre el tiempo, el modo y el lugar de los hechos, así como la ausencia de episodios verificables que sustenten la imputación.

El documento también señaló que la declaración que vinculaba a Bermejo con la organización terrorista no contó con la corroboración de otros actos de investigación. Ante la falta de elementos suficientes para sostener la acusación, el Ministerio Público solicitó que se sobresea la causa. Bermejo difundió el requerimiento en sus redes sociales y afirmó que, después de varios años de investigación, la Fiscalía no pudo demostrar las imputaciones en su contra.

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Ronald Atencio explica por qué el pedido fiscal no liberará a Guillermo Bermejo

En diálogo con La República, el abogado de Bermejo, Ronald Atencio, explicó que su defendido afronta dos procesos distintos por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista. El primero es el caso por el que recibió una condena y permanece en prisión. El segundo corresponde a la investigación cuyo archivo solicitó la Fiscalía. "Él tiene dos procesos por afiliación a organización terrorista", precisó.

Según el abogado, el segundo expediente se abrió a partir de las declaraciones de Eddie Bobby Villarroel Medina, conocido como 'Sacha'. Atencio relató que este hombre afirmó que, durante uno de sus viajes a Vizcatán para visitar a los Quispe Palomino, se encontró con una persona identificada como camarada Olga y le preguntó por Bermejo, a quien también conocían como 'Che'. A partir de esa declaración, se inició otra investigación por afiliación a una organización terrorista.

Atencio sostuvo que, tras varios años de diligencias, la propia Fiscalía concluyó que no contaba con pruebas suficientes para sostener la imputación en ese segundo caso. Sin embargo, el pedido todavía debe ser evaluado por el juez, quien deberá decidir si corresponde archivar la causa.

Esa fórmula utilizada en la autógrafa contrasta con la que figura en otras normas, como la Ley 25410, 25411, 25413, 25414, 25416, publicadas en 1992, cuyos encabezados recogen la frase "El Congreso de la República ha dado la ley siguiente". Esas normas fueron promulgadas durante la vigencia de la Constitución de 1979, que establecía un Congreso bicameral, integrado por el Senado y la Cámara de Diputados. El sistema se mantuvo hasta el 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Parlamento.

El presidente del Senado, Miguel Torres, optó por defender la actuación de la Cámara Alta y afirmó que la Constitución le encarga remitir la autógrafa al Ejecutivo. “La Constitución es clarísima (…) El que tiene que remitirlo es el presidente del Senado. No firma el presidente de diputados”, dijo para Canal N.

En esa misma línea, su primer vicepresidente, Alejandro Muñante, también descartó que exista una irregularidad que impida la promulgación, aunque dejó abierta la posibilidad de subsanar el documento si es que corresponde. “Creo que esto forma parte más que nada de esas pataletas que se están haciendo de parte de esas bancadas, que como bien ha dicho el presidente del congreso todavía están en una resaca política”, señaló.

Cabe recordar que la Cámara Alta aprobó 27 materias, siete más que las 20 contempladas en el texto debatido previamente por Diputados.

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Constitucionalistas cuestionan que el Senado se atribuya la aprobación de la ley

El abogado constitucionalista Natale Amprimo sostuvo que la aprobación de una norma corresponde al Congreso de la República y no exclusivamente al Senado. En su cuenta de X, explicó la diferencia entre las competencias de ambas cámaras y el trámite de la autógrafa.

“En la Ley 32743, que delega las facultades, se indica que el Senado ha dado la ley. El Senado aprueba o modifica la propuesta que le envía Diputados, pero la ley no es suya, es del Congreso. Por eso, si hay observaciones, estas se envían al Pdte del Congreso, no al del Senado”, escribió.

Por su parte, el constitucionalista Aníbal Quiroga cuestionó la fórmula empleada en la norma y consideró que refleja problemas en la aplicación del sistema bicameral. Durante una entrevista con Canal N, calificó el caso como “un error primarioso, una constancia más de la mala ejecutoria en el congreso bicameral”.

“No se dan cuenta que el Senado es parte de un Congreso donde la Cámara de Diputados es la otra parte. Debió salir ''el congreso de la República ha aprobado en dos instancias en diputados y senados según el transito legislativo (…) Se ve que han estado muy apurados en publicar esta ley y ahí vemos el resultado”, agregó.

Quiroga también advirtió sobre las posibles consecuencias jurídicas de los defectos formales en la elaboración de una norma. “Si uno se pone exquisito, las leyes en el Tribunal Constitucional se pueden anular por defectos de forma”, advirtió.

Además, el constitucionalista Luciano López cuestionó que el problema pueda resolverse mediante una fe de erratas. En una publicación en X, sostuvo que el error se originó en la elaboración de la autógrafa y no en la publicación de la norma, por lo que consideró que la presidenta Fujimori no sería la autoridad encargada de solicitar esa corrección. “Un error (en realidad, "horror") deliberado no admite errata, ni dentro del plazo ni fuera de él”, escribió López, quien también planteó la posibilidad de censurar a Miguel Torres.

No obstante, López precisó que el cuestionamiento no radica en la falta de la firma del presidente de Diputados, sino en la fórmula utilizada en la autógrafa para atribuir al Senado la aprobación de la norma. “La falta de la firma del presidente de Diputados no es el problema. El Reglamento del Senado (arts. 37.f y 148) encarga al presidente del Senado firmar y remitir la autógrafa, y la Constitución (art. 105) dice que el Senado la remite”, escribió en X.

El abogado constitucionalista César Azabache advirtió, asimismo, que la fórmula empleada representa un problema para la relación entre las dos cámaras. Según escribió en X, la redacción utilizada antes del golpe de 1992, cuando existía un Congreso bicameral, era “El Congreso de la República ha dado la ley siguiente”.

En contraste, consideró que la fórmula de la Ley 32743 constituye “una afrenta para la Cámara de Diputados, que inevitablemente tendrá que reaccionar”. Azabache concluyó que la controversia evidencia una disputa institucional entre cámaras que debería dar paso a una solución centrada en los problemas del país.

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Diputados también cuestionan la fórmula de la autógrafa

El diputado Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, cuestionó que la norma atribuya al Senado la aprobación de la ley y pidió una rectificación. En su cuenta de X, sostuvo que el sistema bicameral exige respetar las atribuciones de ambas cámaras.

“El Congreso de la República está integrado por dos cámaras y las atribuciones de ambas deben respetarse. Pretender que solo el Senado hace las leyes es un golpe al orden constitucional. Ninguna mayoría puede borrar a la cámara baja ni convertir el bicameralismo en una fachada”, escribió.

Zunini rechazó que se desconozca su participación en el procedimiento legislativo. “Exigimos una rectificación: hemos sido elegidos de forma democrática por el pueblo y los representamos, pretender pasar por encima es ignorar el voto de millones de peruanos”, afirmó.

Este problema también escaló al ámbito penal, pues el abogado Javier Adrianzén Carreño presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Keiko Fujimori, el premier Luis Galarreta y los senadores Miguel Torres y Alejandro Muñante, por el presunto delito de abuso de autoridad. El recurso cuestiona la publicación de la Ley 32743 sin las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y de su primera vicepresidenta, Analí Márquez.

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Fuerza Popular defiende la firma de Miguel Torres

El senador de Fuerza Popular Segundo Tapia defendió la firma de Miguel Torres en la autógrafa de la ley de facultades y descartó que se haya cometido alguna irregularidad en el procedimiento. “Están en su derecho de presentar si lo creen conveniente, pero aquí no se ha infringido nada”, declaró al referirse a los cuestionamientos por la promulgación de la norma.

Tapia sostuvo que la firma de Torres era suficiente debido a que este año le corresponde presidir el Congreso. “Bastaba la firma de Miguel Torres, debía figurar la firma del presidente del Congreso, que este año le toca a Miguel Torres, el próximo año le va a tocar a Diputados. Me queda claro que su firma era la que debía estar”, manifestó.

Senadora Mirtha Vásquez pide a Torres explicar y rectificar la fórmula

La senadora Mirtha Vásquez remitió este 23 de octubre el Oficio 406-2026-2027/MVCH-SENADO-CR al presidente del Senado, Miguel Torres. Sostiene que la fórmula contraviene el artículo 102, numeral 1, de la Constitución, que atribuye al Congreso, integrado por el Senado y la Cámara de Diputados, la función de dar leyes. Le pide explicar por qué se usó y disponer su rectificación con carácter urgente.

En el documento, Vásquez advierte que atribuir al Senado una competencia del Congreso puede configurar una infracción constitucional, evaluable mediante la acusación constitucional (artículos 99 y 100). Agrega que la facultad del presidente del Senado de firmar y remitir la autógrafa, según el Reglamento del Senado, no justifica la fórmula. Recuerda además que desde el 27 de julio de 2027 la Presidencia del Congreso corresponderá al presidente de la Cámara de Diputados, y que esa alternancia evidencia la necesidad de distinguir las atribuciones de la Presidencia del Senado de las del Congreso en su conjunto.

En X, la senadora sostuvo que el defecto podría derivar en la inconstitucionalidad de la ley por la forma y comprometer la validez de los decretos que se emitan, y lo calificó de "señal de autoritarismo".

El pasado 21 de octubre, el pleno del Senado aprobó la delegación de facultades para legislar durante 90 días en 27 materias relacionadas con la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. El dictamen obtuvo 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones. La aprobación reunió los votos de Fuerza Popular, Renovación Popular y tres integrantes de Obras, además de Jorge Gavidia y Juver Flores, de Buen Gobierno.

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Durante su intervención en el pleno, la senadora Juana Ticona, de la bancada Obras, explicó que su decisión respondía a una reflexión propia y no a un capricho. "A pesar de que mi bancada tiene una propuesta, no puedo cerrar tampoco mis oídos", manifestó. Ticona añadió que seguía analizando los argumentos expuestos durante el debate y pidió comprensión a la ciudadanía.

Además de ella, la senadora Agripina Flores no asistió a la sesión por motivos de salud. "Prefiero quedarme solo que mal acompañado", afirmaría luego Belmont en entrevista para La República. Sus declaraciones expusieron la tensión entre la autonomía de los parlamentarios para decidir su voto y la exigencia de la dirigencia de mantener una línea común dentro de Obras.

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Buen Gobierno: Jorge Nieto anuncia sanciones contra Jorge Gavidia y Juver Flores

Las diferencias en Buen Gobierno tuvieron una consecuencia directa. Jorge Nieto, líder del partido, anunció que evaluará sanciones contra Jorge Gavidia y Juver Flores por votar a favor de las facultades legislativas. Ambos se apartaron del acuerdo de la bancada, que había definido la abstención como posición común. Los otros cinco senadores del grupo siguieron ese acuerdo.

Nieto afirmó que los dos parlamentarios conocían la decisión colectiva antes de la votación. "Hay que escuchar, hay que hacer un procedimiento y hay que sancionar de acuerdo al reglamento", señaló. El dirigente precisó que ambos tendrán la oportunidad de explicar sus razones antes de que se determine si corresponde aplicar una medida disciplinaria.

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Gavidia, por su parte, descartó que su decisión implique una ruptura con el partido. "Tengo muy buena comunicación todavía", declaró. El senador sostuvo que las diferencias de criterio pueden existir dentro de una organización de centro y señaló que su posición debía discutirse internamente. También reconoció que Nieto le había explicado sus razones, aunque eso no cambió su decisión.

La senadora Patricia Iturregui defendió la abstención de la bancada y cuestionó que el Senado incorporara cambios al acuerdo alcanzado en Diputados. "Nosotros no nos abstenemos de quebrar la Constitución, nos abstenemos de quebrar la legalidad", manifestó. Según explicó, su grupo había participado en un consenso con Renovación Popular, Obras y Ahora Nación para aprobar los 20 puntos iniciales y consideró que el nuevo texto debía respetar ese entendimiento.

Susana Matute también cuestionó a sus compañeros por apartarse del acuerdo interno. "Nosotros hemos consensuado la firma en que iba a ser la votación y un par de nuestros compañeros han decidido romper ese acuerdo", declaró. La senadora añadió que ambos merecían una sanción y calificó lo ocurrido como "un acto de indisciplina".

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Ahora Nación: diferencias fueron marcadas en la Cámara de Diputados

En Ahora Nación, la votación del pedido de facultades en Diputados evidenció diferencias entre sus integrantes. Cinco parlamentarios respaldaron el dictamen propuesto por Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras en Diputados que delegaba facultades al Ejecutivo en 20 puntos sobre seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. Entre este grupo de parlamentarios se encontraba Harvey Colchado, mientras otros cuatro votaron en contra, como Indira Huilca. Las posiciones contrapuestas mostraron que la bancada no mantuvo un criterio común frente a las atribuciones solicitadas por el Gobierno.

El debate por el pedido de facultades también estuvo marcado por el enfrentamiento entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, durante la sesión de la Comisión de Constitución en el Senado el pasado 10 de octubre. El cruce comenzó cuando la senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, cuestionó a Astudillo por no plantear una reforma policial profunda. El ministro la interrumpió y Maraví intervino para reclamar que la dejara hablar, lo que elevó la tensión y obligó a suspender la sesión durante unos diez minutos.

Tras el enfrentamiento, Alfonso López Chau cuestionó la actuación de César Astudillo y señaló que estaba tentado de solicitar su interpelación. El líder de Ahora Nación también defendió que el Senado respetara las 20 facultades aprobadas por Diputados y sostuvo que las siete materias adicionales debían tramitarse mediante proyectos de ley de urgencia. "Hasta ahora sí", respondió cuando le preguntaron si su bancada respaldaría únicamente los puntos aprobados por la Cámara de Diputados. Finalmente, los cuatro senadores de Ahora Nación votaron en contra del dictamen el 21 de octubre, en rechazo a la incorporación de las nuevas materias.

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Juntos por el Perú: Marlon Aguirre se apartó de la posición de su bancada

Juntos por el Perú también registró una diferencia en Diputados. Marlon Aguirre votó a favor del pedido de facultades, pese a que la posición de su bancada era rechazarlo. Su decisión lo apartó del voto institucional del grupo parlamentario y mostró que los desacuerdos no se limitaron a Obras, Buen Gobierno y Ahora Nación.

En el Senado, en cambio, los 14 integrantes de Juntos por el Perú votaron en contra del dictamen aprobado por la Comisión de Constitución. La bancada mantuvo una posición conjunta en la Cámara Alta, aunque el voto de Aguirre impidió afirmar que el grupo actuó de forma uniforme en ambas cámaras durante todo el proceso.

El momento de mayor tensión ocurrió durante la intervención de Carlos Mesía, presidente de la comisión, quien recordó las votaciones anteriores para elegir a magistrados del TC. El senador mencionó el respaldo que recibieron candidatos como Luis Gustavo Gutiérrez, César Ochoa, Luz Pacheco y Helder Domínguez por parte de Perú Libre, al que calificó como "el partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia". Sus declaraciones provocaron reclamos de integrantes de Juntos por el Perú, que lo interrumpieron en varias ocasiones.

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Mesía sostuvo que algunos legisladores que llegaron al Congreso con posiciones de izquierda terminaron por respaldar a candidatos que él identificó con la derecha. «Los que llegaron como izquierdistas terminaron aburguesándose, votando por magistrado de la derecha», afirmó al cierre de su intervención. Los senadores de Juntos por el Perú respondieron con frases como «aliados» y «al lado de ustedes».

Durante la discusión, Martha Chávez también intervino con comentarios dirigidos a sus adversarios políticos. «No renieguen de su pasado», expresó. Más adelante, añadió: «Paren de sufrir. Asuman su condición, su pasado». Las frases se escucharon mientras continuaban las interrupciones y los cuestionamientos a la conducción de la sesión.

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Ante el desorden, Roger Astocuri, senador de Obras, pidió a los presentes que respetaran los turnos de intervención. «Mantengamos el orden y el respeto», manifestó. Por su parte, Susana Matute, de Buen Gobierno, solicitó que la comisión retomara los puntos previstos en la agenda. Los senadores de Juntos por el Perú también pidieron a Mesía que dejara temporalmente la presidencia para que otro legislador dirigiera la sesión.

El intercambio continuó cuando Víctor Cutipa cuestionó la conducción de la comisión. «Cuando no estás en la presidencia es más democrática la comisión», le dijo a Mesía y pidió que se mantuviera fuera de la conducción de la sesión para continuar con el debate. El presidente respondió con una frase dirigida al próximo debate parlamentario: «En el Pleno, en el Pleno. Vamos a vernos».

Los incendios dejaron marcas profundas en 16 regiones del país, aunque sus dimensiones no pueden medirse con una sola vara. Algunos se extendieron sobre miles de hectáreas; otros ocuparon superficies mucho menores, pero provocaron una enorme cantidad de pérdidas. Compararlos exige distinguir la extensión quemada, la destrucción material y el costo humano.

También es necesario diferenciar las causas. Un rayo puede iniciar un incendio rural, mientras que una quema negligente o una acción deliberada pueden desencadenar otros. La sequía, el calor y el viento favorecieron la propagación, pero no explican por sí solos cómo comenzó cada foco.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se reportaron 479 emergencias con daños aprobados que dejaron 12 personas fallecidas y a otras 708 afectadas.

También se perdieron 88 animales de distintas especies y 832 quedaron afectados. Asimismo, hubo 1.299 hectáreas de cultivos perdidas y 81 afectadas, mientras que de cobertura natural se perdieron 13.838 hectáreas y otras 8.737 quedaron afectadas.

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Este jueves, el Ministerio de Defensa informó que, tras varias semanas luchando contra los incendios forestales en distintas regiones, por fin se reporta cero incendios activos.

Indicaron que las lluvias registradas en las últimas horas terminaron de extinguir el fuego propagado y contribuyeron al esfuerzo desplegado por brigadistas y población civil.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), cinco incendios forestales se encuentran bajo control, pero no activos en las regiones de Apurímac, Cusco y Junín.

En estos departamentos, el Ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, continúa combatiendo el fuego con su capacidad terrestre y aérea.

En Apurímac, el esfuerzo se concentra en San Antonio de Matibamba, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay. En Cusco, en la comunidad de Callapiñayoc, distrito de Yanatilé, provincia de Calca. En Junín, batallones del Ejército buscan extinguir el fuego en comunidades nativas de los distritos de Río Tambo y Pangoa, ambos ubicados en la provincia de Satipo.

Amenaza para indígenas

Los incendios forestales han amenazado a comunidades nativas y territorios indígenas, impactando de forma directa tanto a sus viviendas y cultivos como a su salud.

Uno de esos riesgos se cernió sobre el Parque Nacional Otishi (ubicado entre las regiones de Junín y Cusco), donde habitan grupos de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

Los Mashco Piro, uno de los pueblos indígenas seminómadas en situación de aislamiento más numerosos del mundo, también podían correr peligro si las llamas alcanzaban los bosques donde habitan en la selva amazónica, específicamente entre las regiones de Madre de Dios y Ucayali.

El impacto de los incendios forestales ha desnudado la falta de una política integral de manejo del fuego.

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Las extensas llamas y la densa humareda no solo destruyeron miles de hectáreas de cobertura natural y sino que mantuvieron a muchas comunidades de la selva y la sierra bajo niveles de contaminación atmosférica calificados como muy insalubres.

Las comunidades Asháninkas de la selva central enfrentaron una grave emergencia por un incendio que se inició el 4 de octubre en la comunidad nativa de Tsyapo, devastando el distrito de Río Tambo, en la provincia de Satipo, región Junín. Las llamas han destruido 2500 hectáreas de bosques primarios y cultivos agrícolas y avanzaron rápidamente favorecidas por las altas temperaturas, el viento y la falta de lluvias.

Allí, al menos 85 familias Asháninkas de diversas comunidades nativas han resultado afectadas, perdiendo sus viviendas y sus principales medios de subsistencia. Las comunidades Tincareni, Alto Coveja y Cutivireni se encuentran entre las zonas más afectadas.

Alerta de peligro

El general Julio César Gálvez, director ejecutivo del Indeci Junín, advirtió que, si no se lograba controlar el incendio forestal, podía avanzar hacia el Parque Nacional Otishi. Además, dentro del área natural protegida existen familias indígenas que viven en situación de aislamiento voluntario o sin contacto regular con la sociedad.

 Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene, dijo: "necesitamos impulsar una Ley de Manejo Integral del Fuego en el Perú, que reconozca conocimientos de los pueblos indígenas y fortalecer la preparación y respuesta desde el territorio".

Lamentablemente no son los únicos pobladores en aislamiento que están en peligro. Julio Cusurichi Palacios, líder Indígena de la Amazonía Peruana de la Comunidad Nativa el Pilar y actualmente presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes y tesorero de Aidesep sostuvo que los Mashco Piro también se encuentran en peligro de extenderse estos incendios hacia los bosques donde habitan.

"No hay nada en concreto. Existe la voluntad de (la empresa fabricante surcoreana) Hyundai Rotem de venderlos, pero no está presupuestado. Tampoco está en el presupuesto que hemos presentado (al Congreso) para el año entrante (2027)", explicó Belaúnde a La República.

En efecto, el cinco de octubre, al presentarse ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, Belaúnde sustentó el requerimiento de un crédito suplementario para cinco prioridades, pero ninguna correspondía a la adquisición de carros de combate principales en reemplazo de los T-55.

Ahora, si se presenta la oportunidad de contratar un nuevo modelo, no será mediante el mecanismo previsto por la Ley N.° 31684, que dispone que los institutos armados recurran a la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), indicó el ministro de Defensa. Belaúnde manifestó que en este caso se aplicará el mecanismo de licitación internacional.

Todo a su tiempo

"Hasta el momento no hay un programa (para la compra de tanques), no hay un proyecto de inversión sobre la mesa. Yo he ido a ver los tanques (‘K2 ‘Black Panther’, que llegaron al Perú en julio del 2026). Son tanques de grandes prestaciones, pero no hay un proyecto, como en el caso de los aviones de combate (F-16 Block 70)", señaló Belaúnde.

"Lo que hay es una alianza estratégica con el fabricante (Hyundai Rotem), lo que nos facilitaría la adquisición, pero yo creo que una compra tan seria como esta requeriría primero un concurso internacional", destacó el titular del Ministerio de Defensa.

"El Ejército no me ha planteado el proyecto de inversión (para la compra de los tanques K2 ‘Black Panther’", reiteró Belaúnde.

Durante el gobierno del expresidente José Jerí, el Ejército intentó adquirir los carros de combate principales K2 'Black Panther'. De hecho, el nueve de diciembre de 2025, en el Día del Ejército, el instituto armado firmó un "acuerdo estratégico" con Hyundai Rotem para la futura adquisición de tanques principales de batalla K2 y vehículos blindados a ruedas K808 (White Tiger), según la versión oficial.

Se estimó que serían 54 tanques K2 'Black Panther' y 141 blindados K808 'White Tiger' con una inversión proyectada de US$5.000 millones. En este esquema, FAME participaría como intermediaria.

La abrupta salida de José Jerí no detuvo el plan de adquisición sin licitación.

En la puerta del horno

En el gobierno del expresidente José María Balcázar, el exministro de Defensa, Amadeo Flores Caragno, pidió a su par de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, que intercediera ante Hyundai Rotem para que presentara su tanque K2 'Black Panther' en el desfile militar del 29 de julio.

Efectivamente, tres ejemplares arribaron al país, pero el nuevo gobierno de Keiko Fujimori no admitió que fueran exhibidos en la parada militar, como reveló La República.

Sin embargo, el 14 de septiembre de este año, en el campo de maniobras de FAME, los tres tanques coreanos hicieron una demostración de sus cualidades, pese a que el Ejército no ha convocado a licitación ni ha pedido a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas inicie un proceso internacional de compra.

El ministro Belaúnde reiteró que el Ejército no ha presentado el requerimiento, el proyecto de adquisición y no hay presupuesto para sustituir a los tanques soviéticos T-55.

"El requerimiento técnico tiene que nacer del Ejército, así como la estrategia de mediano y largo plazo para nuestra seguridad y soberanía nacional", ratificó Belaúnde.

Adiós a los helicópteros rusos

El gobierno más bien está preocupado por la flota de helicópteros de fabricación rusa. La guerra de la Federación Rusa contra Ucrania, que ha implicado duras sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin, dificulta que las empresas fabricantes de ese país cumplan con sus contratos de mantenimiento, "overhaul" (reparación total) o la provisión de repuestos.

Un caso reciente dejó en evidencia el grave problema.

En 2023, el Ejército contrató sin licitación por US$20,3 millones a la compañía estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC) para el "overhaul" de tres helicópteros que debió entregar en 300 días calendario. Pero tardó más de dos años en completar unos trabajos que se suponía que eran de carácter urgente. Incluso uno de los tres helicópteros, después de haber sido reparado, ha presentado fallas por deficiencias en el "overhaul", como informó La República.

Por si fuera poco, la compañía NASC informó al Ministerio de Defensa y al Ejército que solo puede contratar con la representación rusa y con nadie más para reparar o dar mantenimiento a los helicópteros Mi.

Nuevos modelos de la OTAN o de EEUU

Según el ministro Rafael Belaúnde, el gobierno busca salir de esa situación de dependencia de la Federación Rusa.

"Estamos preocupados porque tenemos que actualizar nuestro parque de helicópteros. Tenemos helicópteros prácticamente todos de procedencia rusa. Esto ha traído una serie de problemas por la guerra rusa con Ucrania. Hay una limitación en los repuestos, por ejemplo", resaltó el ministro.

"Las sanciones económicas que tiene la Federación Rusa dificultan el pago a los proveedores rusos. Entonces, queremos reducir no el número de helicópteros, sino la dependencia de Rusia. Y estamos viendo migrar también nuestros parques de helicópteros a la esfera de la OTAN, ya sean norteamericanos o europeos", precisó a La República el ministro de Defensa.

Rafael Belaúnde puso como ejemplo lo que acaba de hacer la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Planificó el cambio de la matriz de la flota de combate que está compuesta principalmente por aeronaves de fabricación rusa -los MiG-29 y los Sukhoi Su-25-, y seleccionó el caza F-16 Block 70 de la fábrica estadounidense Lockheed Martin. El Ejército debería aplicar el mismo criterio para la flota de helicópteros.

"Creo que es evidente que el Perú requiere más helicópteros en una circunstancia como la que el fenómeno del Niño deja claramente en evidencia. Necesitamos más helicópteros. Hay que hacer un esfuerzo para migrar a la esfera de la OTAN, ya sean helicópteros norteamericanos o europeos, y no depender solamente de un país (la Federación Rusa)", arguyó Rafael Belaúnde.

“En este caso, yo tengo entendido que, por lo que ella me ha comentado a mí, ella iba a renunciar. Yo entiendo los motivos de ella. Es una técnica nata. No es política. Las personas que no están acostumbradas a una presión mediática también tienden a renunciar”, indicó a Canal N.

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María del Carmen Barragán fue nombrada asesora de EsSalud el pasado 17 de octubre. Su designación generó cuestionamientos debido a que su hermano, desde el Senado, respaldó al Gobierno en la aprobación de la delegación de facultades legislativas. María del Carmen Barragán prestó servicios durante cinco días para Elizabeth Zulema Tomás Gonzales, presidenta de EsSalud, quien fue designada por el ministro Juan Sheput y Keiko Fujimori.

“A mí me apena que mi hermana renuncie. No porque necesite trabajo, sino porque puede aportar al Estado. Sobre la pertinencia, hay una coincidencia en que yo tomo una decisión en bien del país y vienen suspicacias de diferentes espacios. Yo debo aclarar que jamás he referido a un familiar mío. Conozco a mi hermana y sé que ha tenido cargos muy altos en el Estado”, señaló.

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Barragán había justificado contratación de su hermana en EsSalud

En declaraciones a Canal N, el senador calificó a su hermana como una “profesional A1” con más de dos décadas de experiencia en diferentes puestos del Poder Ejecutivo, trayectoria que, según explicó, le ha permitido conocer a los presidentes de EsSalud.

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"Seguro ese es el motivo que ella conoce a los presidentes de EsSalud para que la nombren. No he cruzado palabra con el ministro de Trabajo desde que él ha estado en el cargo. Tampoco he cruzado palabra con la doctora Zulema", declaró Barragán.

En tanto, Ricardo Belmont, líder del Partido Cívico Obras, aseguró que fue él quien indicó a Barragán que acudiera a la Comisión de Constitución. Asimismo, admitió que no revisó en su totalidad el texto del pedido de facultades, aunque expresó su confianza en el senador.

La designación de Barragán Coloma había sido aprobada el 17 de octubre, a través de la Resolución N.° 001388-PE-ESSALUD-2026. El cargo correspondía al nivel Ejecutivo 3 y formaba parte de los puestos de confianza de la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud.

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El documento fue firmado por Elizabeth Zulema, presidenta ejecutiva de EsSalud. En la resolución, la institución señaló que consideraba pertinente dar por concluida la designación, pero no expuso una explicación específica sobre las razones de su salida.

También se dispuso que la exfuncionaria mantuviera la reserva sobre los asuntos y la información a los que tuvo acceso durante sus funciones. Además, estableció que debía respetar las prohibiciones contempladas en la Ley N.° 31564, cuyo incumplimiento puede derivar en una inhabilitación para prestar servicios al Estado, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades.

Por último, Barragán Coloma deberá presentar su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas dentro de los 15 días útiles posteriores al cese. También tendrá que entregar su declaración jurada de intereses ante la Contraloría General de la República dentro de los primeros 15 días hábiles desde la notificación de la resolución.

Las dragas, embarcaciones similares a pequeños buques, se encuentran distribuidas en distintos puntos del río, tanto aguas arriba como aguas abajo de Intuto, la capital del distrito loretano de Tigre. La mayor concentración se registra entre las comunidades de Santa Elena, Nueva Jerusalén y Paiche Playa, donde se identificaron cinco de estas embarcaciones. Otras cuatro dragas fueron detectadas en las inmediaciones del río Santa Bárbara y cerca de la comunidad nativa Nuevo Canaán.

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Cabe mencionar que, de acuerdo con el catastro minero del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), a través de su plataforma GEOCATMIN, y el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hasta la fecha no se ha otorgado ninguna concesión minera en el río Tigre. Esto genera que cualquier operación minera en esta zona constituya una actividad ilícita.

El río Tigre, afluente del Marañón, enfrenta así un impacto ambiental constante. Entre 2021 y 2025, la minería ilegal en la zona experimentó un incremento sustancial.

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Una fuerte contaminación

"Los sobrevuelos de monitoreo territorial que FCDS Perú realiza de manera sistemática constituyen una herramienta estratégica para generar información técnica, actualizada y basada en evidencia sobre las dinámicas de transformación del territorio amazónico y sus fronteras. Estos ejercicios prestan especial atención a la expansión de actividades ilegales, las presiones sobre los ecosistemas y los cambios en el uso y la ocupación del suelo", señaló Andrea Buitrago, directora de la organización, a La República. 

"A través de la observación directa, el registro georreferenciado y el análisis de información territorial, los sobrevuelos permiten identificar tendencias, documentar amenazas emergentes y reconocer áreas prioritarias de intervención y prevención. Su propósito es transformar la información obtenida en conocimiento estratégico y oportuno para la toma de decisiones, poniéndolo a disposición de instituciones públicas y otros actores clave. De esta manera, contribuyen a focalizar acciones, fortalecer las capacidades de prevención y respuesta del Estado y promover intervenciones articuladas en la Amazonía peruana", continuó.

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Según Martín Arana, líder de Gestión Territorial Amazónica de la FCDS, una sola draga similar a las presenciadas podría extraer hasta 100 gramos de oro al día. De acuerdo con la calculadora de impactos de la minería presentada por la organización Conservation Strategy Fund (CSF), la extracción de 100 gramos de oro genera un residuo de 3,72 gramos de mercurio, que podría ingresar en la cadena trófica y afectar tanto al ecosistema como a las personas que consumen recursos provenientes de este entorno.

"El sobrevuelo que hemos realizado hoy en el río Tigre corrobora lo que ya habíamos mapeado previamente. En la dinámica de la minería ilegal que viene ocurriendo en Loreto, el río Tigre era una ruta alterna a la minería en el río Nanay. Sin embargo, en el último año se ha venido consolidando como un nuevo frente de la minería ilegal. (…) De momento, la minería ilegal se concentra en el cauce mismo del río Tigre y utilizan las quebradas como escondites. Al menos, todavía no tenemos evidencia de que esto se esté extendiendo a bosques aledaños, como pasa en parte del Nanay y como ocurrió en el caso de Madre de Dios", indicó Arana a este medio.

Además, los efectos nocivos de la minería ilegal sobre el ambiente no se limitan a la contaminación del agua. La remoción del lecho fluvial para extraer oro también puede deformar el cauce del río. Esto incrementa el riesgo de inundaciones e interrumpe procesos ecológicos en los hábitats acuáticos, lo que afecta a la fauna que se reproduce en estos espacios.

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Población coaccionada

"Otra cosa que corrobora el proceso por el cual se vienen estableciendo estos nuevos frentes de minería ilegal es que siguen la misma dinámica que se ha dado en el río Nanay y el río Napo. Inicia con unas pocas dragas y luego aumentan a partir de una renegociación con la población, ya sea a través del acuerdo o la coacción con la propia gente", señaló Arana.

Mientras un sector de la población del distrito de Tigre demanda acciones efectivas del Gobierno, otro ha sido captado por la minería ilegal mediante ofrecimientos económicos. Frithman Salas, especialista en vigilancia y control de la Reserva Nacional Pucacuro del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), explicó a este medio el modus operandi de las organizaciones vinculadas a esta actividad ilícita.

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"Hay un tema de desplazamiento de su propia identidad cultural. Los comuneros ya no realizan sus actividades propias, como la cacería y la pesca; ahora trabajan en el campo usando las dragas, y eso les genera una gran rentabilidad. Si hacemos la comparación con una venta de carne del monte, por ejemplo, la actividad ilícita sigue generando más para ellos", señaló.

Salas añadió otros datos relevantes para analizar el avance de la minería ilegal en la zona. Según explicó, la comunidad nativa de Paiche Playa fue una de las primeras en involucrarse en esta actividad, cuyo crecimiento todavía es incipiente. Además, advirtió que, si bien durante el sobrevuelo se identificaron nueve dragas, otros reportes apuntan a que la cifra podría ser mayor y alcanzar las 15 maquinarias distribuidas a lo largo del río.

Acciones por tomar

El especialista del Sernanp indicó que se vienen desarrollando acciones para evitar que las comunidades queden sometidas al poder económico de las organizaciones criminales.

"Venimos coordinando con diferentes actores en el territorio, entre ellos la ONG DAR, un aliado clave, así como instituciones públicas, comunidades aliadas y asociaciones productivas, entre otras, que tienen injerencia en la gestión del área natural protegida. Buscamos fortalecer las capacidades de las personas que aprovechan los recursos naturales al interior de la reserva, la zona de amortiguamiento y el paisaje asociado. Entre estos recursos figuran la carne del monte, los frutos silvestres para la elaboración de harinas para panes, el aguaje y el camu camu, que son clave en la zona. Trabajamos en ello desde el año pasado", señaló.

Asimismo, Salas explicó que, bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, se viene implementando el proyecto ASL2, una iniciativa que busca impulsar actividades económicas como alternativa a la minería ilegal.

"Se ha propuesto un proyecto de manejo pesquero para el río Tigre, donde puedan acceder a un mercado y generar ingresos para sus familias. Asimismo, se viene trabajando en la recuperación de la taricaya, una especie cuyas poblaciones han ido mermando a lo largo del tiempo. La idea es que la especie se recupere y que, posteriormente, cuando sus poblaciones se hayan restablecido, la gente pueda aprovechar sus derivados, como los huevos y la carne", señaló.

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Desde el Ministerio Público, también se plantea la necesidad de continuar con las labores de investigación y prevención frente a esta situación. Félix Castro, fiscal especializado en materia ambiental de la sede de Nauta, en Loreto, señaló que la detención de ciudadanos vinculados a la minería ilegal contribuye a que la propia población adopte una posición de rechazo frente a esta actividad.

Castro relató que la detención de cuatro ciudadanos motivó a representantes de comunidades indígenas ubicadas al norte del río Tigre a expulsar a los mineros ilegales. El fiscal sostuvo que las distintas áreas de la institución deben encontrar mecanismos para combatir estos delitos, incluso cuando los hechos detectados no correspondan directamente a su ámbito de investigación.

"El trabajo estructurado y organizado es clave. Nosotros trabajamos con las fiscalías penales, no siempre habrá un caso 'perfecto'. Si alguien traslada un insumo, no corresponde dejarlo pasar, sino trasladarlo a otra fiscalía para que pueda investigarlo. Esa organización es clave: si no hay un caso por minería, pero sí por delito común, tenemos respuesta. Además, el trabajo debe articularse también con la Marina y la Policía", indicó.

Castro también señaló que es necesario que el Estado proporcione los recursos logísticos necesarios a las instituciones involucradas para que estas labores puedan desarrollarse con éxito.

"No hablamos solo de dinero. La distancia entre Iquitos para llegar a estas dragas, de manera aérea, ya es larga. Hacerlo por el río es demasiado lejos. En ese interín, personas ya pasan el dato y la intervención pierde fuerza. Necesitamos helicópteros y no los tenemos. No es porque no queramos, es porque no hay la logística necesaria", afirmó.

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Al finalizar la jornada, Martín Arana señaló que la situación en el río Tigre todavía es controlable. En regiones de la selva peruana, como Madre de Dios, las organizaciones dedicadas a estas actividades ilícitas han evolucionado hasta alcanzar un nivel de poder que limita la autonomía de las comunidades y favorece el avance de la minería ilegal y otras actividades relacionadas. Para Arana, es necesario actuar ahora para evitar que ese escenario se replique en Loreto.

"Una de las cosas que tendría que ser una lección aprendida es la acción temprana de manera preventiva. Ahora mismo, esto es incipiente y manejable, pero si no se interviene oportunamente será una situación difícil de controlar. El río Tigre tiene un único acceso fluvial que abastece y sostiene esta actividad. Establecer un control fluvial efectivo de combustible, insumos y personas es parte de lo que demanda la población. Estamos a tiempo, pero sin fiscalización continua, las operaciones del momento solo generarán un efecto momentáneo", señaló.