Según el documento, el exalcalde de Lima comunicó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, su posición "expresa, voluntaria e irrevocable de no juramentar ni asumir el referido cargo".

Ante este hecho, el Congreso adjuntó los documentos presentados por López Aliaga junto con un informe que señala que no existe una regla clara en la normativa actual para el caso específico del líder de Renovación Popular.

En esa línea, se detalla en el oficio del Parlamento que “mientras el senador electo no se incorpore al Congreso”, es el JNE quien tiene la facultad de decidir cómo proceder.

Esta medida de López Aliaga responde a su intención de postular como regidor de Lima, luego de que su inscripción anterior fuera declarada improcedente al tener la condición de senador electo.

Pedido de López Aliaga al Congreso

El 1 de julio, el exalcalde de Lima formalizó mediante un oficio al Congreso su decisión de no integrar el próximo Parlamento bicameral y pidió que se comunique al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que no juramentará como senador.

El líder de Renovación Popular señaló que no presentó las declaraciones juradas de ingresos y bienes, además de otros documentos requeridos para su incorporación en la Cámara Alta.

El político explicó que, según el propio reglamento del Congreso, la entrega de estos documentos es un requisito para ejercer el cargo y al omitir este paso de forma voluntaria, la normativa le impide asumir funciones.

Además, manifestó que “carecía de sentido iniciar o continuar un procedimiento de acreditación destinado a culminar con una juramentación que, por decisión expresa y previamente comunicada, no llegará a producirse”.

Sean mayores o menores de edad, en la capital del país o en regiones, los casos de abuso policial persisten y podrían quedar impunes por la ley que establece que los policías y militares sean investigados en el fuero castrense y no en la justicia ordinaria.

El abogado especialista en derechos humanos Carlos Rivera, de IDL, explicó a este medio que la norma promovida por el fujimorismo crea una 'lista larga de circunstancias' que pueden ser incluidas dentro del delito de función y, de esa forma, que los militares y policías sean investigados por sus propios integrantes.

“En un tipo penal no puedes hacer un señalamiento de cuántas circunstancias se te ocurre porque siempre alguna va a quedar fuera. Esa técnica legislativa es pésima. Además, se amplía de manera indebida la definición de delito de función”, anotó.

Teniendo en cuenta ello, en el caso del abogado agredido en Puno, no le sorprendería que, de promulgarse la ley, lo sucedido sea considerado como un delito de función.

“Por lo tanto, si es que hubiese una causal penal abierta por abuso de autoridad en el Poder Judicial, entren a una contienda de competencia y ahí salta la siguiente norma, esta que modifica el Código Procesal Penal, que dice que la Corte Suprema preferentemente debe resolver a favor de la justicia militar. Ese es el escenario que se puede presentar”, alertó.

Resaltó que, más allá de las manifestaciones sociales, tiene la impresión de que la norma se ha hecho con la mira puesta en casos de abuso policial.

A esto se le suman los antecedentes: “El historial de la justicia militar es absolutamente intrusivo en asuntos que no les corresponden. La justicia militar ha servido más que como una instancia jurisdiccional como un instrumento político. Creo que los fujimoristas han pensado en eso”.

Con base en ello, considera que, de promulgarse la norma, el mismo destino podría tener el caso del adolescente de 17 años que falleció dentro de una comisaría en Pachacámac. Esto, a su vez, por la orden a la Corte Suprema de resolver a favor de la justicia militar.

“Se trata de una norma procesal que es automática a todo tipo de proceso sin importar el año”, indicó.

“Esto es muy grave dado que desde las autoridades militares o policiales a veces hay actos que se podrían considerar de encubrimiento. En el caso del joven de Manchay, el comandante ha dicho que ha sido un caso de suicidio y luego hubo un comunicado asegurando ello”, agregó.

El acto contó con la presencia del rector, Dr. Arturo Talledo Coronado; el vicerrector de Investigación, Dr. Jorge Butler Blacker; la decana de la FIIS, Dra. Mery Morales Cuellar; y la secretaria general, abog. Catterine Anco Alarcón. Durante su discurso, Sagasti agradeció a los académicos y a sus compañeros de estudios, que formaron parte de su formación profesional. Como se recuerda, el expresidente estudió Ingeniería Industrial en la UNI.

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"La UNI fue un lugar muy especial en los años 60. Atrajo talentos de todo el país. No cobraba matrícula, pero era muy exigente tanto en los exámenes de admisión como en los cursos dictados a lo largo de los cinco años de carrera. Teníamos estudiantes de todo el país. Convivían hijos de empresarios con hijos de ingenieros y comerciantes, pero también con hijos de campesinos y algunos extranjeros. Esto nos permitió conocer distintas maneras de pensar, historias y culturas. Fue un lugar de encuentro para todo el país, algo que desgraciadamente escasea en muchos lugares en la actualidad", recordó el expresidente.

Tras el discurso, el rector Arturo Talledo ofreció unas palabras sobre la situación del Perú y el compromiso de la universidad con la sociedad. Finalmente, las autoridades posaron para una fotografía junto al exmandatario durante la entrega de la distinción.

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—¿Alguna vez has visto al mundo tan convulsionado como ahora?

—Ha habido otros momentos históricos bastante convulsionados en el mundo. En los años 30, por ejemplo. Es importante poner este momento en perspectiva histórica. Desde la Segunda Guerra Mundial y la construcción del nuevo orden internacional, global, que dividió al mundo en dos bloques políticos e ideológicos, este es el periodo más turbulento. Este tipo de nuevo orden ya venía debilitándose. Ahora estamos viendo que están surgiendo muchas ideas radicales, con figuras políticas primitivas, lo cual está generando mucha incertidumbre y caos en el mundo. Como dijo Gramsci, estamos en un interregno al final de una época; pero la nueva época no ha sido construida todavía. Hacerlo toma tiempo y estamos viendo en ese ínterin movimientos fundamentalistas, muy radicales, muy antisistema. Esto se está viendo en todas partes.

—¿Por qué ocurrió esto? Hasta hace no muchos años estábamos en una aparente tranquilidad.

—Después de la Guerra Fría, en los años 90, con la caída del muro de Berlín, hubo otro ánimo, más esperanza en el mundo. Pero ya en este siglo, con las guerras en Afganistán e Irak y toda la ola de gobiernos, empezando con Chávez en Venezuela y también en otras partes del mundo, esas estructuras ya venían debilitándose, así como la incapacidad de los gobiernos nacionales e instituciones globales para resolver los problemas. Quedaron en la retórica, en promesas poco cumplidas, lo cual ha preparado el terreno para esos mensajes más demagógicos y populistas. Pero esto no pasó de golpe. Desde mi perspectiva, se está llegando a un punto más complejo.

—Las guerras siempre han sido económicas, pero ahora lo económico está definiendo todo. Nunca antes, de esta forma tan determinante, se ha visto.

—Tal vez esté relacionado con los cambios en China. China, como sabemos, tiene una proyección global, con actividades económicas muy relevantes para otros países. Esto está generando una competencia con modelos y experiencias de Occidente sobre quién puede ofrecer y producir resultados para ganar legitimidad frente a la gente. Esto se expresa netamente en términos económicos, como el nivel de vida, las condiciones de empleo, y el acceso a la salud y a la educación. A eso sumemos que ha habido una recesión democrática en el mundo. Samuel Huntington habló de una tercera ola de la democracia en los 70. Pero no terminó siendo exitosa, porque no generó legitimidad ni produjo resultados económicos y sociales para muchos países. Entonces, es lógico que se hayan presentado otros tipos de alternativas, otras formas políticas y otra clase de figuras que han ganado mucha fuerza en los últimos años.

—Hace unas semanas Trump y Xi Jinping sostuvieron una reunión comercial en Pekín. Aunque poco antes se estuvieron diciendo de todo. La población ve esto y se pregunta hacia dónde estamos yendo.

—Estamos yendo en muchas direcciones. No vamos en una sola dirección. No es lo más útil pensar hacia dónde va el mundo, porque estamos en un momento en el que hay muchas presiones muy contradictorias. Por ejemplo, si tomas solamente la política de Estados Unidos con respecto a China. Si ves la estrategia de seguridad nacional que salió a finales del año pasado, hay énfasis en el aspecto de competencia económica, pero también de cooperación. Sin embargo, en la parte sobre América Latina, Estados Unidos tiene una posición más dura con respecto a China, porque busca frenar su presencia e influencia en aspectos económicos en América Latina. Eso es evidentemente una contradicción. Con China hay que llevarse bien y hacer negocios, pero por el lado de América Latina hay una posición más dura que ha afectado a algunos países más que a otros. Si nos ponemos a buscar una sola dirección, vamos a salir decepcionados.

—Lo geopolítico es clave. ¿Cómo está América Latina en este escenario?

—Llevo cuatro décadas trabajando y escribiendo sobre la región y sobre su relación con Estados Unidos. En primer lugar, nunca he visto a la región tan fragmentada ni tan polarizada. Cada país anda por su cuenta. Hay poca colaboración entre ellos, poco ánimo para integrarse. Este es uno de los aspectos más decepcionantes de América Latina en los últimos tiempos. Tampoco he visto a Washington actuando en tantos frentes, con políticas de aranceles; pensemos en los ataques a las lanchas en el Caribe y el Pacífico; lo que pasó con Maduro, lo que pasó con México, y ahora con Brasil y Colombia, además de Panamá con respecto al canal. Si esto significa una estrategia, un plan coherente, no está muy claro. Como nunca antes, Estados Unidos está muy atento a América Latina. Me parece preocupante el poco interés en temas de democracia, derechos humanos y Estado de derecho. No recuerdo una administración en la que haya habido menos atención a esos temas, que para mí son importantes. Yo me acuerdo del golpe militar en Chile en 1973 y las críticas contra el presidente Nixon, pero Nixon es Gandhi comparado con Donald Trump. Trump está haciendo lo que le da la gana. Está aplicando sanciones y amenazas. Yo me temo que, si esto podría funcionar para Trump en el corto plazo, está sembrando las bases para un saldo muy negativo para Estados Unidos y, a largo plazo, sobre las economías de América Latina. Eso es lo que nos enseña la historia. Eso se puede repetir.

—Lo que estamos viviendo se define más en el segundo gobierno de Trump. Con las elecciones de noviembre de mitad de mandato, ¿se va a reforzar esta actitud de Trump o se va a moderar?

—Va a seguir igual. Incluso se puede acelerar más. Trump está muy golpeado y está pensando, más que nunca, en su legado, y hará cosas donde no hay resistencia. En estos momentos no hay resistencia porque su partido controla el Congreso. Si los demócratas ganan, Trump buscará reforzar su política exterior y dejar, como dije, su legado. El apetito de Trump por dominar no ha acabado y no acabará, aun siendo derrotado en noviembre. Le ha ido muy mal en Irán; con China y los países grandes también. Pero en América Latina es distinto: muchos países dependen de Estados Unidos. No me sorprendería que Trump concentre más poder para consolidar su dominio en la región. No sabemos lo que pasará con Cuba. Puede pasar algo en Nicaragua, también en Panamá. Con Trump no se puede descartar nada.

—¿Y después de enero de 2029, cuando Trump finalice su mandato, las cosas podrían cambiar?

—Yo creo que hasta enero de 2029 hay que apretarse los cinturones. Hay que estar preparados.

—¿Entonces hay esperanza: las cosas podrían cambiar?

—Sí, hay una esperanza. Hay una esperanza de otro tipo de relación, de otro tipo de tratamiento. No estoy diciendo que soy muy optimista sobre una nueva administración con gran comprensión y fuerte compromiso con América Latina. Por lo menos, habrá un cambio en la postura muy agresiva, muy dura, muy, digamos, de matón en América Latina. Si hay otro republicano como Marco Rubio o un demócrata como presidente, va a ser muy distinto.

—Keiko Fujimori y Roberto Sánchez están disputando voto a voto la presidencia. Entonces, por lo que dices, quien salga no va a afectar a Trump.

—No. Para Estados Unidos no hay tanto en juego. Básicamente, en Perú el poder está en el Congreso, que ha sido muy marcado en estos últimos años. Ha habido alianzas para algunas propuestas en el Congreso entre el partido de Sánchez y el partido de Keiko. El caso peruano es muy diferente y todo el tema del giro a la derecha no tiene tanto significado en Perú como en Chile, Colombia u otros países. Obviamente, el tema de China es el más sensible y esto para mí no está muy claro: hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a presionar sobre Chancay y otras inversiones chinas en Perú, y cómo reaccionaría un gobierno de Keiko o uno de Sánchez, porque China es fundamental, ha sido fundamental y sigue siendo fundamental para la economía peruana. Entonces, esto no se puede, digamos, cambiar y hay mucho apoyo. Por eso, no sé hasta qué punto esta administración está interesada en Perú por China o está dispuesta a enfocarse en eso. Tal vez ellos piensen que, como hay mucha cooperación en narcotráfico, no hace falta. Estoy especulando. La administración Trump lleva casi año y medio y parece que hubieran pasado 20 años.

Durante la entrevista, Fernández sostuvo que, ante la ausencia de un partido con respaldo mayoritario, el camino es el consenso. La diputada precisó que Juntos por el Perú mantiene conversaciones con Ahora Nación y Obras, fuerzas aliadas desde la segunda vuelta, para formar un bloque de oposición que pueda responder a las necesidades de la población.

“Ninguna de las fuerzas políticas ha tenido un voto abrumador por parte de los peruanos, y eso nos da una lectura clara de que el pueblo pide que nos pongamos de acuerdo”, puntualizó Fernández.

Sobre los cuestionamientos al proceso electoral, Fernández señaló que hubo irregularidades y que desde el partido han “usado todas las estrategias institucionales, formales, legales para que se pueda esclarecer”.

La legisladora indicó que los pedidos se realizan para evitar cuestionamientos de ese tipo en futuras elecciones. También sostuvo que, a diferencia de otros partidos, Juntos por el Perú tendrá una postura democrática y acatará la proclamación del JNE.

“Nosotros no hemos boicoteado elecciones, no hemos obstruido gobiernos, no tenemos ese historial como para decir que Juntos por el Perú no va a reconocer el resultado. Nuestra postura democrática está garantizada”, mencionó la diputada.

Sobre la reunión con el presidente Balcázar

Durante el encuentro en Palacio de Gobierno, la bancada expuso la problemática de las más de tres mil obras paralizadas a nivel nacional. Fernández mencionó el caso específico de Tacna, donde temas como la crisis hídrica y la reducción de aranceles en la Zona Franca requieren gestión inmediata.

La diputada señaló que, pese a los pocos días que le quedan al actual gobierno, aún hay trámites pendientes que pueden resolverse.

“Se le comentó al presidente el tema de la Zona Franca de Tacna, que es un problema bastante álgido. Hay procesos de gestión documentaria que pueden resolverse en este último tramo de gobierno y esperamos que haya la voluntad política para ello”, expresó.

Libertad de Pedro Castillo como prioridad en la agenda

Fernández reiteró que su agrupación no abandonará el pedido de libertad para el expresidente Pedro Castillo.

Según la diputada, esta es una demanda constante en las zonas altoandinas y rurales que recorrió durante su campaña.

“Nosotros no vamos a abandonar la agenda de la libertad de Castillo. (…) La gente nos preguntaba si vamos a liberar al presidente Castillo; esa es nuestra consigna”, declaró la diputada.

Agregó que el respaldo que Castillo brindó a la candidatura de Roberto Sánchez también mantiene como prioridad la gracia presidencial para el expresidente.

Aclaración sobre el conflicto de límites territoriales

Respecto a la ley de límites interprovinciales entre Cándarave y Jorge Basadre, observada por el Ejecutivo, Fernández aclaró que esta norma no involucra a la región Moquegua.

La diputada pidió al Ejecutivo realizar una aclaración técnica sobre la ley para frenar lo que considera una tergiversación de la información que genera tensiones innecesarias.

“Esta autógrafa no tiene nada que ver con límites interregionales, sino con límites interdistritales de dos provincias de Tacna que llevan más de 20 años sin poder definirse”, explicó Fernández.

La diputada insistió en que las regiones del sur deben trabajar juntas y no permitir que las disputas afecten la convivencia.

Sobre los señalamientos acerca de personas en su bancada con posibles vínculos con el Movadef, Fernández rechazó que existan dentro del partido. Además, defendió la trayectoria de sus colegas como líderes sociales.

La parlamentaria indicó que, en este momento político, establecer consensos es la tarea principal y no debe ser obstaculizada por etiquetas que no corresponden a la realidad del partido.

La investigación planteaba que Benavides habría buscado el respaldo de Balcázar en la Subcomisión para frenar las denuncias constitucionales presentadas en su contra. Como contraparte, la Fiscalía señalaba que el entonces congresista recibió apoyo en el proceso que afrontaba por presunta apropiación ilícita y que también solicitó la designación de su nuera, Scarlett Gálvez Campos, como fiscal provisional.

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Según difundió Infobae, para sustentar el archivo, el informe aprobado por la Subcomisión concluyó que no correspondía continuar con la denuncia por patrocinio ilegal debido a que, según su análisis, no se configuró el delito base. En cuanto a la imputación por presunto cohecho, el documento recordó una disposición fiscal que calificó el nombramiento de la familiar de Balcázar como una actuación sin relevancia penal.

La posición del Congreso contrasta con la tesis planteada por la Fiscalía de la Nación. La denuncia constitucional reunía 110 elementos de convicción, entre declaraciones de testigos, registros de visitas al Parlamento, conversaciones de WhatsApp, resoluciones fiscales y otros documentos que, según el Ministerio Público, respaldaban la existencia de un presunto acuerdo entre ambos investigados.

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Fiscalía sostuvo que existían más de un centenar de elementos para sustentar la denuncia

El Ministerio Público no basó su acusación únicamente en la declaración del exasesor Jaime Villanueva. El expediente incorporó diversos medios probatorios que buscaban acreditar el presunto intercambio de favores entre Patricia Benavides y José María Balcázar.

Entre esos elementos figuraban testimonios, chats, documentos oficiales, registros de ingresos al Congreso y las votaciones realizadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Además, la fiscal superior que investigaba a Balcázar declaró que recibió comunicaciones de Jaime Villanueva y del fiscal Elmer Ríos cuando tenía a su cargo el expediente del hoy presidente.

Pese a esos elementos, la mayoría de integrantes de la Subcomisión respaldó el informe de calificación que recomendaba declarar improcedente la denuncia contra Benavides. Con esa decisión, el procedimiento quedó cerrado para la exfiscal de la Nación.

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Denuncia contra José María Balcázar continuará cuando deje la Presidencia

Aunque el expediente comprende tanto a Patricia Benavides como a José María Balcázar, la decisión adoptada por la Subcomisión fue distinta para cada uno. En el caso del jefe de Estado, el grupo de trabajo optó por suspender el trámite de la denuncia constitucional.

La medida responde a lo establecido en el artículo 117 de la Constitución, que limita los supuestos en los que un presidente en funciones puede ser acusado. El informe también citó el criterio fijado por el Tribunal Constitucional respecto a las investigaciones contra mandatarios durante el ejercicio del cargo.

Por ello, el procedimiento contra Balcázar no fue archivado. El expediente permanecerá en suspensión mientras continúe en la Presidencia y podrá reactivarse una vez que concluya su mandato, mientras que Patricia Benavides quedó fuera de este proceso tras la decisión de la Subcomisión.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

"Imagínate cómo mira a los policías que ingresan al penal cuando hay requisas. Ellos ya son más malviviente que policía”, revela un indignado agente penitenciario.

Hasta marzo de este año, la población penitenciaria intramuros en condición de empleabilidad como profesionales antes de su ingreso a un establecimiento penitenciario alcanzó la cifra de 2.247 personas. Pero, de ellas, 970 internos (43,2%) pertenecieron a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.

Hasta el primer trimestre de este año, unos 280 policías habían sido condenados por diversos actos de corrupción, mientras que otros 1.200 efectivos continúan bajo investigación penal. Esta crisis institucional ha contribuido a que la confianza ciudadana en la institución caiga a niveles históricos.

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Los efectivos son procesados por delitos de extorsión, cobro de cupos, capturas ilegales, manipulación de informes y, en los casos más graves, vínculos directos con organizaciones criminales, sicariato y bandas de extorsionadores.

Solo entre 2024 y 2025, la Inspectoría General de la PNP expulsó a más de 1.000 policías por haber cometido faltas muy graves, en una de las depuraciones internas más fuertes dentro de la institución.

DOS ESCÁNDALOS EN LA PNP

Para colmo, este miércoles, el suboficial PNP Alex Oblitas Chambi, miembro de las Águilas Negras que disparó contra el conductor Lizandro Arellano Quintana en el cruce de las avenidas Canevaro y Castro Iglesias, en San Juan de Miraflores, permanece detenido.

La persecución se habría originado ante la negativa del conductor a detenerse, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad tras recibir un disparo.

Sin embargo, el caso más emblemático de este año ocurrió en Ate, luego de que el Poder Judicial dictara 12 meses de prisión preventiva contra nueve policías de la Comisaría PNP Vitarte, incluido el comisario de dicha dependencia, a pedido de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este (Segundo Despacho).

Los efectivos son investigados por los presuntos delitos de banda criminal y cohecho pasivo propio, debido a que habrían exigido pagos indebidos a conductores en la carretera Central para evitar imponerles papeletas de tránsito.

Sobre estos y otros casos, el comando de la PNP precisó que la intervención en Ate formó parte de las acciones que impulsa la institución para enfrentar posibles actos irregulares dentro de sus propias filas. En ese sentido, señaló que estas labores buscan prevenir, detectar y combatir presuntos actos de corrupción que puedan afectar la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía.

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Aseguran que la lucha contra la corrupción no distingue grados, cargos ni funciones. Cuando existen indicios razonables y mandatos emitidos por las autoridades competentes, la Policía Nacional actúa con firmeza, objetividad y transparencia, y contribuye al fortalecimiento de una institución cada vez más íntegra, profesional y cercana a la población.

“Precisamente para proteger ese esfuerzo legítimo y preservar la credibilidad de la Institución, actuamos con determinación frente a quienes traicionan el uniforme, la confianza ciudadana y los valores que juraron defender”, asegura el comandante general, Óscar Arriola.

Ante los abusos de poder y los actos de corrupción, la ciudadanía exige que la PNP continúe investigando, corrigiendo y sancionando cuando corresponda, porque el honor institucional se fortalece al enfrentar los problemas con valentía, transparencia y decisión.

La ley se aplica a todos por igual. Sin excepciones. Sin privilegios. Sin espíritu de cuerpo frente a la corrupción.

ENSUCIARON EL UNIFORME

En algunos penales donde malos efectivos purgan prisión, el comentario es que a los penitenciarios no les gustan los policías delincuentes. "Eran policías y ensuciaron el uniforme", es el reproche que les hacen constantemente.

En la "política" carcelaria están prohibidos los abusos policiales. Además, quien se compromete con algo tiene que cumplir con su palabra. El que rompe esas normas es denunciado y podría ser expulsado o trasladado de pabellón o de prisión.

En ese sentido, el comando de la Policía Nacional informó que la institución mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de los principios de legalidad, ética, disciplina y vocación de servicio.

De acuerdo con la Fiscalía, Vargas Ccoya habría sido detenido irregularmente y agredido por agentes de la Policía Nacional cuando iba a interponer una denuncia.

El fiscal provincial Víctor Daniel Castillo Revilla está a cargo del caso y reúne documentación de la dependencia policial, como el registro de ingreso de detenidos y las actas de intervención. También ha tomado la declaración de la víctima y dispuso que se interrogue a los testigos y se visualicen los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia de la zona.

A su vez, estableció la aplicación del Protocolo de Estambul, una evaluación con estándares internacionales para presuntos casos de tortura, entre otras diligencias urgentes para esclarecer los hechos.

El referido protocolo tiene por objetivo determinar, mediante evaluaciones médicas, psicológicas y legales, si una persona presenta indicios compatibles con haber sido víctima de tortura o violencia durante una detención, interrogatorio, conflicto armado u otra situación de custodia.

Sobre el caso

El abogado Danilo Vargas Ccoya acudió a la comisaría Melgar-Ayaviri, en Puno, para denunciar que un tráiler impactó contra su casa. Lejos de recibir ayuda, resultó agredido por agentes de la PNP en el interior de la dependencia, denunció su abogada. Además, permaneció detenido desde el 29 de junio hasta la noche del 1 de julio por supuesta resistencia a la autoridad.

Los agentes señalados como presuntos responsables son los suboficiales César Vilca Palomino, Jacop Carrasco Carpio y Edson Franco Tagle. La defensa apunta sobre todo a este último, pues en su declaración indicó que el letrado llegó ensangrentado a la comisaría, lo cual, según sostiene, es falso.

“Él ha estado bien. Llegó a la comisaría en moto lineal. Vino por una denuncia y sale detenido y, sobre todo, agredido. Ni siquiera agredido… torturado, esa es la palabra. Está irreconocible. Las lesiones son muy graves e, incluso, el médico legista ha ordenado exámenes complementarios”, declaró la defensa.

Además de Tinco Luján, fueron detenidos Elionora Yntusca Janampa, Alexander Puma Valer, Marco Antonio Cerrón Trujillo y Mario Ramos Janampa. En las diligencias de allanamiento se aseguraron diversas pruebas y elementos de corroboración de los hechos bajo investigación.

De acuerdo con fuentes judiciales, Tinco Luján y su esposa Elionora Yntusca habían convertido a la Corte de Apurímac en un feudo personal, moviendo a los jueces de acuerdo con sus intereses particulares y solicitando donaciones económicas al personal administrativo y jurisdiccional.

Así, se indica que, de manera arbitraria, el presidente de la mencionada corte dejó sin efecto la designación de Andrés Abelino Flores Aguilar como juez superior provisional en la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Andahuaylas y Chincheros para designar como juez supernumerario al abogado Ronald Atahui Ramos, a pesar de que este no formaba parte del registro de abogados hábiles para ser designados como jueces supernumerarios, a cambio de un beneficio económico.

Además, habría presionado a Alexander Puma Valer, en ese entonces coordinador de Recursos Humanos de la CSJAP, para que se interesara indebidamente por la contratación de Lisbeth Gianella Torres Alvitres, Priscilla Noemi Rojas Terán y Heiner Oscar Jacinto Benites como servidores judiciales en la corte superior.

Luego, también se investiga que, por medio de su esposa Elionora Yntusca Janampa, habría inducido y presionado al personal de la Corte de Apurímac para depositar indebidamente diversas sumas de dinero en la cuenta bancaria de esta, bajo el pretexto de 'aportes voluntarios' por la festividad de la Virgen de las Cocharcas.

Además, a Tinco Luján se le atribuye liderar una organización criminal en el interior de la Corte con el propósito de direccionar o favorecer procesos judiciales con el fin de obtener ganancias ilícitas. Para ello, habría emitido resoluciones favorables a los intereses de los abogados Elionora Yntusca Janampa y Edwin Manuel Torres Espinoza y, además, habría direccionado o favorecido la contratación de personal judicial y administrativo relacionado con los integrantes de la referida organización, refieren las fuentes judiciales.

Esta medida cautelar, informó la ANC, se da en el marco de la investigación N.° 413-2026-ANC-MP-DGPA-DIP, iniciada contra Juárez Atoche por su actuación como como coordinador y fiscal superior provisional de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos por la presunta manipulación de un expediente de colaboración eficaz del corredor de seguros, Gustavo Salazar

En la misma disposición, también se dispuso abrir procedimiento administrativo disciplinario a la abogada Mayra Karina Melgar Gómez, en su actuación como fiscal provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por la presunta comisión de falta leve. La fiscal Mayra Melgar declaró que le prestó el referido expediente de colaboración a Juárez Atoche, pero cuando le devolvió el documento notó que este había sido adulterado, al introducirse la firma de un abogado en la solicitud de colaboración eficaz de Salazar.

Los hechos denunciados por la fiscal Melgar son los que está investigando la Autoridad de Control. Aparte hay una investigación en la fiscalía suprema para casos de corrupción donde se indaga un presunto pedido de un millón de dólares realizado a Gustavo Salazar para que su solicitud sea atendida de manera positiva. Dicha solicitud se habría realizado en Miami horas antes de una entrevista de Salazar con los fiscales, en la que también participó el intermediario.

“La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) mantiene firme su compromiso con la transparencia, la ética y el fortalecimiento del sistema de control disciplinario en el Ministerio Público y garantiza a los investigados el estricto respeto de las garantías del debido procedimiento”, refiere una nota de prensa de la institución de control.

Germán Juárez Atoche niega los cargos que se le atribuyen y señala que la solicitud de colaboración eficaz del corredor de seguros Gustavo Salazar cumplió con los trámites y diligencias previstos por la ley y fue rechazada por no aportar evidencia nueva en el proceso Lava Jato. Sobre las declaraciones de Mayra Salazar, Juárez Atoche habría señalado, según fuentes del Ministerio Público, una animadversión personal de la época en que trabajaron juntos.

En entrevista a Punto Final, Galarreta comentó que esperan la parte oficial porque con ello podrán contar con los equipos de transferencia que, estima, incluirá aproximadamente 70 personas.

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"(¿Y ya tienen los nombres? Por lo menos la mayoría, Marco Vinelli que es el coordinador del equipo de plan de gobierno está avanzando con los equipos de transferencia, pero necesitamos la información real para saber cómo nos encuentra”, comentó.

Vinelli se desempeñó como director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL). También, ha sido director general de Negocios Agrarios del MINAGRI y jefe del del Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS).

Galarreta añadió que los días de transferencia son independientes del plan para los primeros 100 días de gobierno. Señaló que los temas urgentes serán la delincuencia y el fenómeno de El Niño.

También refirió que están observando el crédito suplementario del actual gobierno por aproximadamente S/9 mil millones y que, explica, comprendería recursos hasta diciembre. “Yo personalmente me comuniqué con la PCM porque estamos en comité con Vinelli armando los equipos de transferencia”, dijo.

“Hay un crédito suplementario que quiero alertar porque están comprometiendo canon hasta diciembre. Lo razonable seria que lo vea el gobierno que entre”, agregó.

Los agentes señalados como presuntos responsables son los suboficiales César Vilca Palomino, Jacop Carrasco Carpio y Edson Franco Tagle. La defensa apunta sobre todo a este último, pues en su declaración indicó que el letrado llegó ensangrentado a la comisaría, lo cual, indica, es falso.

“Él ha estado bien. Llegó a la comisaría en moto lineal. Vino por una denuncia y sale detenido y, sobre todo, agredido. Ni siquiera agredido… torturado, esa es la palabra. Está irreconocible. Las lesiones son muy graves e, incluso, el médico legista ha ordenado exámenes complementarios”, declaró la defensa.

Además, añadió que ya se comprobó que Vargas Ccoya no se encontraba en estado etílico.

La República buscó la versión del suboficial Edson Tagle; sin embargo, no brindó declaraciones.

Danilo Vargas, fue liberado la noche del primero de julio por orden de la Fiscalía de Derechos Humanos, que investiga el caso, al no encontrar mayor evidencia de su responsabilidad.  El Colegio de Abogados se pronunció pidiendo que se adopten las medidas correctivas urgentes.

Ley que blinda a policías y militares

Como rechazo a lo sucedido, decenas de ciudadanos manifestaron frente a la comisaría para exigir el cambio de los agentes. “Que salgan”, exclamaron.

Además, uno de ellos mencionó el proyecto de ley promovido por el fujimorista Fernando Rospigliosi que propone que los policías y militares sean investigados en tribunales castrenses y ya no en la justicia ordinaria.

El dictamen, aprobado en segunda votación en el último día del Pleno del Congreso unicameral, amplía la definición de un delito de “función” e incluye a todos los hechos que se cometan en cumplimiento de sus deberes o en un estado de emergencia.

Al respecto, el abogado Carlos Rivera, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL), advirtió que, de promulgarse la norma, podrían verse afectados casos en los que estén involucrados policías o miembros de las Fuerzas Armadas, como la reciente matanza de Colcabamba, donde cinco jóvenes perdieron la vida.

Más casos de abuso policial

Masacre de Colcabamba

Tal como menciona Rivera, uno de los casos de abuso policial es lo sucedido en Colcabamba el 25 de abril de este 2026 donde cinco jóvenes murieron y otros tres resultaron heridos tras un ataque armado por parte de la PNP.

Los jóvenes regresaban de un partido de fútbol en una camioneta cuando los efectivos abrieron fuego. En su defensa los agentes señalaron que se trataba de un operativo antidrogas y que el vehículo no se detuvo cuando se lo ordenaron.

El fiscal especializado en Derechos Humanos, Johel Chamorro Makucachi, indicó que los efectivos del Ejército vulneraron las normas al comprobar 'el empleo arbitrario, innecesario y desproporcionado de la fuerza letal (armamento)' en agravio de los cinco fallecidos, por lo que les imputó el delito de homicidio calificado en el grado de tentativa, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Joven que falleció en comisaría de Manchay

A mediados de junio último, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín inició una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio tras la muerte de un adolescente de 17 años en el interior de la comisaría de Manchay, en Pachacámac, donde llevaba detenido dos días por supuesto robo.

Los padres del joven denunciaron presuntos maltratos físicos dentro de la dependencia policial contra su hijo.

Intervención de danzante de tijeras en Moquegua

El 30 de junio último, un danzante de tijeras fue intervenido por agentes PNP mientras realizaba una presentación en el sector de Santa Rosa, en el distrito de El Algarrobal, en Moquegua.

De acuerdo a los testigos, los efectivos y personal de seguridad intervinieron al artista cuando exponía su danza en la vía pública y le decomisaron el parlante. Seguidamente, fue reducido por los agentes PNP, en lo que consideraron un exceso de fuerza.

Los ciudadanos al ver la situación intentaron liberar al artista, sin embargo, fue llevado por las autoridades.

Hermanos fueron agredidos por agentes PNP en Chancay

El 14 de junio, en Chancay, dos agentes PNP agredieron y detuvieron a dos hermanos en Chancay. La agresión, registrada en video, evidencia como los efectivos redujeron a uno de los jóvenes y lo golpearon en el suelo.

La madre de las víctimas, explicó que sus hijos se encontraban conversando en el malecón de Chancay cuando los agentes les pidieron su identificación. También, le exigieron a uno de ellos entregar sus celulares y decirles la clave, a lo que este indica que realizaran ese procedimiento en la comisaría.

“Eso les habrá molestado. Mis hijos no tenían ni armas ni drogas”, anotó.

La exclusión de Loyola tuvo un efecto directo sobre el proceso. La Junta Nacional de Justicia declaró desierto el concurso porque el ingeniero era el único postulante que permanecía en carrera tras la renuncia de Amparo Ortega, quien dejó la competencia por motivos de salud antes de la entrevista final.

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El origen de la controversia radica en dos procesos judiciales que, según la JNJ, no fueron declarados por el postulante al momento de presentar su información. Loyola rechaza esa interpretación y sostiene que sí comunicó ambos casos cuando el concurso permitió actualizar los datos consignados inicialmente.

Con ese argumento, el aspirante busca que el organismo reevalúe el expediente completo y deje sin efecto su exclusión. A su juicio, la medida resulta excesiva porque los casos observados no constituyen un impedimento legal para ejercer la jefatura de la ONPE ni afectan su capacidad para asumir el cargo.

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Carlos Loyola sostiene que la JNJ aplicó una medida desproporcionada

En el recurso presentado ante la Junta Nacional de Justicia, Loyola afirma que nunca intentó ocultar información. Explica que la omisión ocurrió durante el registro inicial y que posteriormente incorporó los procesos judiciales cuando la propia convocatoria habilitó la etapa de actualización de datos.

El postulante también sostiene que ambos expedientes corresponden a asuntos de naturaleza civil y que ninguno cuestiona su probidad ni su trayectoria profesional. Por ello, considera que la decisión de excluirlo no guarda proporción con los hechos observados.

"No existió ocultamiento de mala fe, sino error con subsanación voluntaria antes del cierre de la evaluación; por ende, aplicar la exclusión automática ante una conducta de transparencia y colaboración con la administración resulta desproporcionada, irrazonable y punitiva", señala en el recurso dirigido al Pleno de la JNJ.

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Los dos procesos que motivaron su exclusión

Tras conocerse la decisión de la JNJ, Loyola explicó que uno de los expedientes está vinculado con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Según indicó, el caso deriva de una investigación relacionada con funciones que desempeñó cuando trabajaba en esa institución.

El segundo proceso corresponde a una demanda civil presentada por una cooperativa debido al retraso en el pago de una obligación económica durante la pandemia de la COVID-19. El ingeniero sostuvo que recién fue notificado formalmente en 2024 y que decidió apelar porque considera excesivos los intereses fijados en el caso.

A partir de esos antecedentes, el aspirante insiste en que ninguno de los casos limita su acceso al cargo. Incluso remarca que la propia resolución de exclusión no cuestiona su idoneidad profesional, sino únicamente la omisión detectada durante una de las etapas del concurso.

El dirigente magisterial en Puno, Alexander Pilco, anunció que el sindicato de maestros no reconocerá la legitimidad de Keiko Fujimori si llega a ser proclamada presidenta de la República. "Por la cantidad de votos que ha obtenido en Puno, la señora Fujimori sería ilegítima. Puno no la va a reconocer como gobierno", señaló Pilco para el medio.

Además, la postura del gremio se alinea con los reclamos del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien denunció presuntas irregularidades en el conteo de los votos del exterior.

"En el exterior, a última hora las autoridades del sistema electoral han cambiado la situación, las reglas de juego, el cual prácticamente perjudicó [el proceso], debió de darse pues como antes. (…) Nosotros vemos claramente que en el Perú ganó Roberto Sánchez".

El peso del voto en Puno

Para el dirigente, el ajustado resultado nacional contrasta drásticamente con la realidad de su región, donde Juntos por el Perú obtuvo aproximadamente el 84% de los votos frente al 14% de Fuerza Popular.

Según Pilco, esta diferencia deja a la lideresa del fujimorismo sin respaldo popular en el sur. "Con la cantidad de votos que tiene Keiko Fujimori no pinta en Puno".

El magisterio puneño restó importancia a los llamados a la reconciliación hechos desde el partido naranja y señaló que se debe respetar el voto en el territorio nacional.

Próximas medidas y anuncio de paros

El sindicato aclaró que sus reclamos van más allá de la coyuntura electoral y apuntan a defender reformas de fondo, como el cambio de Constitución y sus beneficios laborales.

"Nuestro camino es la lucha, buscar la nueva Constitución y mejoras en educación. Mientras no se den las mínimas condiciones de garantía de nuestros derechos económicos conquistados, no vamos a reconocer [al gobierno]", manifestó el dirigente.

Para definir las próximas acciones, el gremio convocó a una convención nacional el sábado 4 de julio en Puno. El dirigente adelantó que la plataforma de lucha incluirá protestas civiles para el próximo mes.

"No se descarta la paralización de los días 26, 27 y 28 de julio, porque creemos que un gobierno debe responder a las expectativas del pueblo", concluyó.

El argumento, en lo narrativo, resulta interesante. Una periodista recibe el testimonio del exagente Josué Souza, quien le relata la verdadera historia de lo que realmente pasó en esa madrugada de julio de 1992. Lo dicho por Souza está inspirado en el libro Sueños de justicia. La verdad del llamado Grupo Colina (2014) del exagente Jesús Antonio Sosa Saavedra, conocido como Kerosene. Obviamente, se trata de una película de ficción forjada desde la visión de la derecha, cuyo propósito es ofrecer otra perspectiva de las acciones cometidas por los comandados por Santiago Martín Rivas. Pero el problema no es su ideología (ninguna obra de arte debe ser juzgada bajo el prisma ideológico), sino su tratamiento. Se nota el apuro, del mismo modo la improvisación que podemos apreciar en toda su magnitud en la configuración formal de los diálogos, básicos y apofánticos. Ni hablar de las actuaciones, menos de la pésima fotografía. Al lado de Cantuta: la orden secreta, Chavín de Huántar: el rescate del siglo (2025) es El imperio contraataca (1980).

El documental sobre La Cantuta

En la plataforma Prime Video podemos encontrar el documental La Cantuta en la boca del diablo (2011) de Amanda Gonzales Córdova. Antes de abordarlo, no podemos dejar de subrayar que un documental peruano se encuentre en la programación de una de las plataformas de películas, series y documentales más vistas del mundo. No es un hecho menor. Su presencia en Prime Video responde a su importancia como proyecto de no ficción, no a su ideología. Eso es indudable.

Tenemos al experiodista Edmundo Cruz como protagonista del relato de La Cantuta en la boca del diablo.  Cruz es uno de los referentes del periodismo de investigación del país. Este caso para él, por decirlo de alguna manera, es uno de sus grandes hits. Fue uno de los primeros en seguirle la ruta al Grupo Colina, primero desde la revista Sí y luego en La República desde 1997.

Como señalamos líneas atrás, los proyectos no deben ser juzgados desde su ideología. La Cantuta en la boca del diablo tiene una ideología de izquierda, pero su valor no radica en ello, sino en la forma como Gonzales sigue al periodista en sus indagaciones sobre lo que pasó con los estudiantes de La Cantuta y el accionar del Grupo Colina.

Las tomas a nuestro personaje rara vez son directas; lo que hace la cámara, principalmente, es seguirlo. Bajo esa estrategia, vemos a Edmundo Cruz yendo al Congreso para entrevistarse con parlamentarios, cruzando información con otros colegas y dirigiéndose al lugar de los hechos, tanto a La Cantuta como a la Quebrada de Chavilca, en Cieneguilla, en donde se encontraron las fosas de los restos calcinados de algunas de las víctimas. Igualmente, se cuenta con los testimonios de los activistas Raida Cóndor, Francisco Soberón y Gisela Ortiz Perea; y del periodista de investigación Ricardo Uceda, autor de Muerte en El Pentagonito (2004).

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en el año 2009. Uno de los puntos de la sentencia estaba relacionado con el caso La Cantuta. En este sentido, este documental es un ejemplo de rigor periodístico, es decir, se ampara en hechos comprobados más allá de consignas ideológicas. En cuanto a Edmundo Cruz, pues nos brinda una clase magistral, tanto en su metodología de investigación como en la actitud que se debe tener ante lo que se investiga. La noticia es la noticia, no el periodista. Maestro.

Los sobrevivientes no han dicho mucho sobre Montenegro, nacido el 3 de marzo de 2001, en Cali. Solo que lo conocían como jugador de algunos equipos locales del distrito de Pucacolpa (provincia de Huanta, Ayacucho) que participaban en los torneos de la Copa Perú. Pucacolpa es una zona conocida por donde transitan cargamentos de droga que salen del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

“Nilson era un jugador colombiano, un jale que lo había traído para un campeonato por el aniversario del pueblo de Huallhua (Tayacaja, Huancavelica). Él iba a jugar para mi equipo Sport Buena Libra. Lo contacté a través de un amigo que dijo que el colombiano era bueno con la pelota y cobraba 250 soles. Solo así lo conocía”, relató Jhonatan Águila Gutiérrez, uno de los pasajeros que resultó herido en la masacre de Colcabamba, el 25 de abril de este año.

Sin embargo, después del quíntuple homicidio, agentes de la División de Investigaciones Especiales (DIVINESP) de la Dirección Antidrogas (Dirandro) solicitaron información sobre Nilson Montenegro a sus pares colombianos de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN). La respuesta sorprendió a los agentes peruanos.

El expediente oculto

De acuerdo con los oficiales de la DIRAN colombiana, Nilson Montenegro Valencia fue detenido el 12 de noviembre de 2021, en Santiago de Cali, cuando se encontraba con un grupo de personas. Al ser intervenido por la Policía, Montenegro se deshizo de un arma que llevaba escondida y se dio a la fuga. Se trataba de una pistola de 9 mm prefabricada, provista de ocho balas.

Montenegro fue finalmente detenido y enjuiciado.

El 22 de febrero de 2023, el Juzgado 18.° Penal del Circuito de Cali condenó a nueve años de prisión a Nilson Montenegro. Pero este nunca se presentó a la audiencia y, más bien, abandonó Colombia, donde vivía con sus padres y dos de sus hermanos menores.

En su defensa, Nilson Montenegro alegó inocencia y arguyó que el arma no le pertenecía. Sin embargo, los policías que lo detuvieron, Jhon Izquierdo Peñaranda y Juan González Luján, lo reconocieron precisamente cuando arrojó el arma en plena vía pública. El colombiano se quedó sin explicaciones.

El 12 de diciembre de 2025, Nilson Montenegro ingresó al Perú escapando de la condena de nueve años de cárcel que le dictó la justicia de su país por el delito de tenencia ilegal de armas.

Pero Montenegro no escogió la mejor ruta. Se instaló en el Vraem y se vinculó al narcotráfico.

La coca nostra

De acuerdo con fuentes antidrogas, una vez en el Perú, más precisamente en el Vraem, el caleño Nilson Montenegro Valencia se relacionó con Wilder Caysahuana Estrada, un narcotraficante conocido como 'Jota', quien compraba droga en Canayre (provincia de Huanta, Ayacucho).

Entre Pucacolpa, donde jugaba fútbol Montenegro, y Canayre, donde operaba el narcotraficante 'Jota', solo hay una distancia de 11 horas en vehículo.

La Policía Antidrogas no se había dado cuenta de que Montenegro era uno de los allegados de 'Jota'.

Los agentes de la DIVINESP investigaban a la mafia del narcotraficante 'Jota' cuando, el 25 de abril, fue asesinado el colombiano Nilson Montenegro.

A los 27 días del crimen de Montenegro en Colcabamba, 'Jota' fue capturado en Santa Rosa de Quives, sierra de Lima, el 22 de mayo. Hasta ese momento, la DIVINESP no sabía quién era el colombiano.

Durante la vigilancia con video a 'Jota', los agentes de la DIVINESP detectaron a Nilson Montenegro visitando al narcotraficante en su guarida de Santa Rosa de Quives. Es decir, Montenegro se trasladaba desde Ayacucho hasta el centro de operaciones de 'Jota' para conversar, y no precisamente sobre el campeonato de la Copa Perú en Pucacolpa.

De acuerdo con los reportes de inteligencia de la Dirandro, Nilson Montenegro formaba parte de la red de proveedores de cocaína del Vraem y se encargaba de reclutar a los 'mochileros' que cargaban los alijos de droga desde la zona de producción hasta los centros de acopio, donde los camuflaban entre las estructuras de las camionetas 4x4 con destino a Lima.

Por estos hechos, la Policía antidrogas continúa con las indagaciones para establecer qué tipo de vínculo mantenía Nilson Montenegro, un prófugo de la justicia colombiana y hombre cercano al narcazo 'Jota', con los ocupantes de la camioneta acribillada por el Ejército.

'La reciente apertura de procedimientos disciplinarios contra jueces supremos que, en ejercicio de su independencia, aplicaron la Constitución y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos constituye un grave precedente para el Estado Constitucional de Derecho', señaló la organización.

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Entre las personas afectadas por estos procesos se encuentran los magistrados Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez, quienes inaplicaron la Ley 32107 en uno de los procesos judiciales relacionados con las esterilizaciones forzadas ocurridas durante la dictadura de Alberto Fujimori. Del mismo modo, se han presentado procesos contra jueces como Richard Concepción Carhuancho y Jorge Chávez Tamariz.

'Ningún juez puede ser investigado o sancionado por el contenido de sus decisiones cuando estas se sustentan en el ordenamiento jurídico nacional y en las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano', continúa el comunicado.

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Critican aprobación de nueva ley

Asimismo, la Coordinadora cuestionó la ley que dispone que policías y militares sean juzgados por el fuero militar-policial en determinados casos. Según la organización, esta legislación genera un escenario de impunidad que podría agravar futuras violaciones a los derechos humanos.

'Esta ofensiva se produce en paralelo con la aprobación de normas que amplían inconstitucionalmente la competencia del fuero militar-policial, desnaturalizando su carácter excepcional y permitiendo que hechos que deben ser conocidos por la justicia ordinaria, especialmente aquellos que involucran presuntas violaciones de derechos humanos, puedan ser desplazados hacia una jurisdicción que no ofrece las garantías de independencia e imparcialidad', apuntó la Coordinadora.

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Finalmente, la organización hizo un llamado a respetar la independencia judicial como un pilar fundamental de una sociedad democrática.

'Sin jueces libres de presiones políticas no hay tutela judicial efectiva, igualdad ante la ley ni democracia', concluyó la Coordinadora en su comunicado.

Este pedido se da luego de que el JEE de Lima Centro declarara improcedente su candidatura como regidor de Lima al mantener la condición de senador. En esa línea, el órgano electoral advirtió que su negativa al cargo "no puede entenderse alterada por la sola manifestación de voluntad del referido candidato".

Como medida para no integrar la Cámara Alta, López Aliaga decidió no presentar documentos obligatorios exigidos por el Congreso para la incorporación de los nuevos parlamentarios. La fecha límite para entregar las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas venció el 30 de junio.

"En mi caso, no he presentado ni presentaré ninguna de dichas declaraciones juradas (…) En consecuencia, carecía de sentido iniciar o continuar un procedimiento de acreditación destinado a culminar con una juramentación que, por decisión expresa y previamente comunicada, no llegará a producirse".

El líder de Renovación Popular indicó que, de acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso, la entrega del formulario de datos personales y las declaraciones juradas son requisitos indispensables para ejercer el cargo. Al no cumplir voluntariamente con estas exigencias, la propia normativa del Parlamento le impide, de forma automática, jurar o asumir funciones.

El vacío normativo y el pedido al Parlamento

En el oficio, López Aliaga señaló la existencia de un “vacío legal” respecto a la renuncia de senadores electos que aún no han tomado juramento.

Explicó que, si bien el artículo 18 del Reglamento del Congreso regula la "irrenunciabilidad" del cargo, esta regla solo está diseñada para quienes ya se incorporaron plenamente mediante la juramentación, pero "no contempla el supuesto excepcional de quien, habiendo resultado electo, comunica anticipadamente y de forma definitiva que no llegará a incorporarse".

Por esta razón, demandó a la Presidencia del Congreso comunicar su decisión al JNE para que se admita su postulación como regidor de Lima.

Mediante una carta, recibida por la JNJ el 23 de junio último, Ortega Campana presentó su renuncia a continuar con su postulación en el Concurso Público de Méritos para la Selección y Nombramiento del Jefe de la ONPE, pues se encuentra sobrellevando una situación personal de salud.

En atención a ello, el Pleno dispuso, por mayoría, aceptar su renuncia. No participaron de la votación María Teresa Cabrera, por estar en descanso físico vacacional, ni Gino Ríos Patio. Jaime de la Puente y Germán Serkovic votaron en contra.

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Fundamentos de la exclusión

Respecto a Carlos Loyola Escajadillo, la JNJ observó que en su Ficha de Inscripción, la cual tiene el valor de una declaración jurada, indicó que no se encontraba procesado “en el ámbito penal, administrativo, disciplinario o haber sido suspendido previamente del cargo o demandado en un proceso civil”.

Al revisar, la institución notó que al momento de su inscripción, Escajadillo mantenía dos procesos judiciales vigentes.

Se trata del expediente N.° 00322-2021-0-1825-JP-CI-02, sobre obligación de dar suma de dinero y expediente N.° 00704-2021-0-1801-JR-LA-10, sobre indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de normas laborales, según el documento.

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“La omisión de declarar los procesos judiciales que se encuentran en trámite al momento de la postulación, constituye la omisión de información relevante que el postulante estaba obligado a poner en conocimiento de la Junta”, determinaron.

Tal omisión, alertan, “no constituye una mera irregularidad formal, sino el incumplimiento de un deber expreso de información”.

En función a ello, el Pleno, en mayoría, decidió excluir al candidato Loyola. No participaron de la votación María Teresa Cabrera ni Gino Ríos Patio. Germán Serkovic y Rafael Ruiz votaron en contra.

"No hemos ganado nada, debemos empezar a trabajar en delimitar nuestras fronteras con Arequipa, Puno y Tacna", indicó Coayla, según rescató el medio moqueguano Radio Americana.

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Durante los últimos días, Coayla y otras autoridades moqueguanas se reunieron con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. De acuerdo con sus declaraciones, la reunión llegó a buen puerto.

El alcalde de Mariscal Castilla señaló que el titular del Parlamento acordó llevar adelante un nuevo proceso para delimitar la frontera de Quebrada Honda, zona afectada por esta ley: "Nos ha dado su palabra de archivar la Ley y nos dijo que no es política del Congreso generar discrepancias entre regiones", agregó.

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Paro en Moquegua se levanta tras observación a ley

La población de Moquegua puso fin al paro regional después de que el Poder Ejecutivo observara la ley que modificaba los límites con Tacna, normativa que había generado el rechazo de autoridades y organizaciones sociales moqueguanas. Como consecuencia de esta decisión, los manifestantes desbloquearon el tránsito en el kilómetro 1146 de la Panamericana Sur, uno de los puntos donde se concentraron las protestas.

Los dirigentes de la sociedad civil indicaron que continuarán vigilando las medidas que adopte el Gobierno respecto a este tema. Asimismo, reiteraron que exigen que cualquier cambio vinculado a la delimitación territorial se realice conforme a criterios técnicos y sin afectar la jurisdicción que, según afirman, pertenece a Moquegua.

En consecuencia, se declara nula la absolución de Vladimiro Montesinos, los mandos castrenses Nicolás Hermoza Ríos, Julio Rolando Salazar Monroe, Juan Nolberto Rivero Lazo y Federico Navarro Pérez, como autores mediatos; y de los integrantes del Destacamento de Operaciones Especiales Grupo Colina, Santiago Enrique Martín Rivas, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Nelson Rogelio Carbajal García y Wilmer Yarlequé Ordinola, como autores directos, de homicidio calificado-asesinato, cometido en un contexto de lesa humanidad.

Los jueces indican que el crimen de Pedro Huilca ocurrió en momentos en que el gobierno implementó una nueva estrategia de lucha contra la subversión, mediante la cual se otorgaron prerrogativas especiales al sistema de inteligencia nacional. “En este ínterin se creó el denominado Grupo Colina (agosto de 1991) compuesto por miembros del Ejército, que actúo como un escuadrón de eliminación al servicio del Estado”.

En este sentido, el fallo de la Corte Suprema recuerda las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso La Cantuta y Barrios Altos. “Los pronunciamientos expuestos denotan el reconocimiento jurídico de la existencia del Destacamento de Inteligencia Colina, como brazo militar de ejecución de la política ilegal de la época, a modo de “escuadrón de eliminación” que poseía su propia agenda antisubversiva, por la cual no solo desplegaron acciones de represalia contra sujetos presuntamente identificados como integrantes subversivos, sino que también afectaron a plurales ciudadanos que eran señalados como contrarios al gobierno”, subrayan los jueces.

CADE y Fujimori

En dicho marco, la fiscalía “postula que el asesinato del agraviado Huilca Tecse formó parte de la respuesta represiva del Estado, de forma que su deceso trascendió a su aspecto individual y se habría constituido en una expresión del patrón de violencia sistemática y selectiva de la época, debido al posicionamiento de la víctima como líder sindical (secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú-CGTP) y acérrimo opositor al régimen, factores que lo habrían ubicado como una amenaza que debía ser eliminada, dada la fuerte presión que presuntamente ejercía contra el Gobierno, que en ese momento buscaba reconocimiento internacional. De conformidad con ello, se postuló su calificación como un crimen de lesa humanidad”.

Al respecto, la Corte Suprema indica que la Sala de juzgamiento señaló que no se encontraría probado el móvil del asesinato sin tener en cuenta lo sucedido en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), que se realizó del 3 al 6 de diciembre de 1992, donde el agraviado coincidió con el exmandatario Alberto Fujimori. En ese evento, Huilca Tecse, secretario general de la CGTP, expuso un discurso crítico frente a la política estatal de flexibilidad laboral del gobierno.

En tanto, Fujimori respondió: “Este ya no es el país donde mandan las cúpulas de la CGTP o el SUTEP, o las huestes de Sendero Luminoso y el MRTA, o los caciques de los partidos tradicionales”. Al respecto, el tribunal en mayoría consideró que el discurso de la víctima denota un contenido conciliador, abiertamente contrario a la línea de Sendero Luminoso. En tanto, la respuesta de Fujimori no reviste carácter amenazante, pues para tener relevancia penal debe contener un significado directo, concreto e individualizado.

Sesgo valorativo

“De lo expuesto se advierten sesgos en el razonamiento valorativo expuesto por el Tribunal Superior en mayoría”, al analizar las circunstancias del CADE 92 y la movilización del 22 de julio de 1992 como eventos aislados, para concluir que la posición de la víctima lo ponía como blanco de la organización terrorista. Además, anota que se valoran las declaraciones de los testigos Humberto Jara y Ricardo Parodi Buendía, que solo se sustentan en relatos de opiniones sin sustento objetivo en otra prueba.

Los jueces supremos subrayan que se encuentran ”falencias medulares en el análisis valorativo efectuado por la Sala Superior y que impiden confirmar el tenor de la sentencia impugnada, la misma que se orientó a desacreditar la participación global de los acusados sin referencia específica alguna, limitándose a descartar la intervención del Grupo Colina de forma genérica. Además, el razonamiento desplegado omitió la valoración de plurales medios de prueba, frente a lo cual no cabe saneamiento ni convalidación ante esta instancia, toda vez que no existe fundamento alguno esgrimido, y, como tal constituye la inobservancia de las garantías de la norma procesal”.

Con estos argumentos, se anula la sentencia absolutoria sobre el asesinato de Pedro Huilca y se ordena que un colegiado distinto del que emitió dicho veredicto realice un nuevo juicio que tome en cuenta las observaciones planteadas por la Corte Suprema.

“(…) tengo el deber ético e institucional de alzar la voz con absoluta firmeza técnica frente a contrarreformas legislativas. Me refiero de manera directa a la Ley 32326. Esta modificación normativa, lejos de dotar al Estado de mejores herramientas para combatir los activos criminales, representa un severo retroceso estructural que debilita el núcleo del sistema de recuperación de activos”, señaló.

Tello expresó que esta ley obliga a los jueces a esperar una condena penal firme antes de poder retener los bienes ilícitos a sospechosos. Explicó que condicionar la extinción de dominio —mecanismo para incautar dinero y bienes a las mafias— a juicios que pueden extenderse indefinidamente significa un retroceso para el Poder Judicial.

El impacto real: impunidad y pérdidas millonarias

Además, la jueza explicó que exigir una sentencia penal previa va en contra de los tratados internacionales de la ONU y de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Advirtió que esta ley no es un debate teórico, sino que ya causó un daño económico al país durante el año pasado.

“Debido a estas modificaciones que truncan la celeridad del proceso (…) ha disminuido la eficacia en la desarticulación financiera del crimen, afectando la extinción de fortunas ilícitas, cuya afectación se estima en alrededor de 50 millones de dólares en el año 2025”, detalló.

Un llamado a la presidenta electa

Ante esta situación, Tello Gilardi se dirigió directamente a la próxima mandataria para que intervenga apenas asuma el gobierno y advirtió que condicionar los procesos penales solo beneficia a las redes criminales.

“Las modificaciones de la ley de extinción de dominio (…) favorecen la impunidad económica y significa otorgar una tregua temporal para que los testaferros licúen, transfieran y oculten el dinero mal habido”, manifestó.

La magistrada también anunció que el Poder Judicial evalúa usar mecanismos constitucionales junto a otras instituciones para defender las leyes del país y preservar el buen funcionamiento del sistema jurídico.

“Este Poder Judicial no permanecerá silente. En estricta coordinación con las instituciones que defienden la legalidad democrática, nos mantenemos firmes en la evaluación de los mecanismos constitucionales pertinentes para preservar la integridad, la autonomía y la eficacia de nuestro ordenamiento jurídico”, enfatizó.

Resultados a pesar de las trabas

La titular del Poder Judicial destacó que, a pesar de estas trabas legales, el subsistema de extinción de dominio ha logrado recuperar más de US$215 millones (más de S/735 millones) . Estos recursos, que incluyen activos líquidos, así como bienes muebles e inmuebles de gran envergadura, antes servían para financiar al narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción.

“Hoy, gracias a la firmeza de este subsistema, estos activos ilícitos son reconvertidos a favor del Estado para ser invertidos en beneficio del país en forma de escuelas, hospitales, infraestructura y herramientas que fortalezcan la seguridad de nuestra ciudadanía”, concluyó Tello Gilardi.

Por su parte, el coordinador nacional del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio,el juez supremo Manuel Luján Túpez, destacó que el Perú se ha convertido en un referente mundial en la recuperación de bienes ilícitos y agradeció el apoyo de los expresidentes del Poder Judicial desde su creación hasta ahora.

Además, reconoció el respaldo de Tello para consolidar 24 juzgados especializados en todo el país, con miras a expandirse a zonas críticas como Pataz, en La Libertad.

Con esta resolución, firmada por la presidenta del Consejo Ejecutivo y del Poder Judicial, Janet Tello, se ratifica que cuenta con las prerrogativas legales exclusivas para designar a un presidente de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada; que, hasta el momento, no existen jueces titulares suficientes para que se constituya una Sala Plena de dicha jurisdicción; y que, al no existir una Sala Plena de la Corte Nacional, será el CEPJ el que designe a su presidente.

En este sentido, designa como nuevo presidente de la Corte Nacional al juez superior titular Wilfredo Iván Ayala Valentín, conforme a una propuesta consensuada con los recién nombrados jueces de esta jurisdicción especializada. Cumplirá funciones hasta que se instale la Sala Plena Nacional y esta elija a su primer presidente.

El CEPJ emitió esta resolución en momentos en que la Junta Nacional de Justicia, a pedido del congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante, discutía iniciar un proceso disciplinario contra los integrantes del Consejo, por supuestas faltas graves que se habrían producido el 22 de junio, al prorrogar la designación del juez superior Jhonny Contreras Cuzcano como presidente de la Corte Nacional. Muñante señaló que, tras la juramentación de 8 jueces titulares de la Corte Nacional, ya se había constituido la Sala Plena y, por tanto, se había transgredido la ley.

Según fuentes judiciales, la denuncia de Muñante, las presiones extrajurídicas a los nuevos magistrados y las movidas en la JNJ obligaron al doctor Contreras Cuzcano a declinar su designación como presidente de la Corte. Al respecto, el CEPJ recuerda que en diciembre de 2024 nombró a Contreras como presidente de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, “precisándose que dicha designación se mantendría hasta que la Junta Nacional de Justicia nombre por lo menos a las dos terceras partes de los jueces superiores titulares que integrarán la referida Corte Superior o al término del referido periodo”.

Además, precisa que, de acuerdo con el estatuto de creación de la Corte Nacional, “la primera elección del Presidente de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada se producirá cuando se nombre a la totalidad o, por lo menos, a las dos terceras partes de los Jueces Superiores que la integran. Se llevará a cabo en la primera Sala Plena que se realice”.

Igualmente, indica que un informe de la Gerencia de Recursos Humanos señala que las plazas de jueces superiores asignadas a la Corte Nacional son 16, que comprenden a la presidencia y 15 plazas distribuidas en cinco salas, con tres magistrados cada una. Por lo cual, las dos terceras partes exigidas por el estatuto equivalen a 11 jueces superiores incorporados y en funciones. Al 22 de junio, cuando se prorrogó el mandato de Contreras Cuzcano, solo había 10 jueces superiores titulares incorporados.

Estos son: Luis Ángel Noé Javiel Valverde, Arturo Mosqueira Cornejo, Daniel Ernesto Cerna Salazar, Javier Santiago Sologuren Anchante, Víctor Joe Manuel Enríquez Sumerinde, Luis Enrique López Pinto, Nahyhon González Aguirre, Wilfredo Iván Ayala Valentín, Marco Antonio Angulo Morales y Jony Antonio Peña Suasnabar. Si bien la JNJ también ha nombrado como juez superior de esta corte a Héctor Bejarano Lira, con lo cual se completaría el quórum de 11, este magistrado todavía no ha juramentado ni se ha incorporado.

Por todo ello, el Consejo Ejecutivo del PJ acepta la renuncia de Jhonny Contreras, le agradece los servicios prestados y designa provisionalmente como presidente de la Corte Nacional al juez superior Wilfredo Iván Ayala Valentín, hasta la incorporación de Bejarano Lira. En ese momento, el doctor Ayala procederá a convocar a la primera Sala Plena de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada para que elija a su primer presidente y cumpla el mandato restante, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026.

"En esta oportunidad no podré postular porque las mafias y las malas personas vendieron mi candidatura. No me inscribieron ante el Jurado Nacional de Elecciones. No inscribieron listas para poder concursar y competir. La elección pasada nos quisieron sacar de carrera y, en esta elección, no nos dejaron participar. Me cortaron las alas", señaló en el video difundido en sus redes sociales.

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El exparlamentario no descartó continuar su carrera política en la región Callao. En 2018, García ya había intentado llegar a la Alcaldía Provincial del Callao; sin embargo, no resultó elegido.

Hasta el momento, ninguna de las personas presuntamente involucradas se ha pronunciado al respecto. Cabe recordar que, tras su paso por Acción Popular, milita actualmente en Avanza País.

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El líder del gremio señaló que existen derechos magisteriales que se deben respetar sin admitir recortes. 'La Compensación por Tiempo de Servicios que ya es una ley que se viene pagando al magisterio no tiene que ser derogada'.

Además, el líder del sindicato exigió que el dinero de la deuda social y el bono de 487 soles, aprobado en 2025, deben quedar asegurados dentro del crédito suplementario aprobado recientemente.

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Del mismo modo, el vocero del gremio explicó que también buscan proteger a los maestros. Desde el Sutep, presentarán un proyecto de ley al Ejecutivo para que se atiendan los reclamos de más de 200.000 profesores cesantes y jubilados. 'Hemos quedado en que vamos a conversar y hacer llegar nuestra propuesta'.

Según indicó, esta ayuda se coordinará de manera ordenada y por etapas con un eventual gobierno para asegurar que se le dé atención al sector magisterial.

Situación de la ley de pensiones dignas

La Ley 32581 fue aprobada por insistencia en el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 de abril del presente año.

Esta ley establece que la pensión de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial sea equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, la cual asciende a S/ 3,500.70 (para una jornada de 30 horas).

Dado que el Ejecutivo no volvió a bloquear la iniciativa, solo queda pendiente la aprobación del reglamento para su ejecución antes del 14 de julio.

“El dispositivo legal establece que el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento en un plazo máximo de 90 días calendario, a fin de definir los mecanismos para su aplicación”.

"Creo que ese es el siguiente paso para justificar sus decisiones. Ya lo quiso hacer en su momento Fujimori padre. Ha sido la Corte Interamericana la que ha frenado muchos temas que ellos han querido impulsar", indicó.

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Además, la expresidenta del TC sostuvo que el sistema democrático atraviesa un proceso de desgaste. En ese sentido, cuestionó algunas decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y afirmó que el deterioro institucional ha debilitado las garantías necesarias para el adecuado funcionamiento de la democracia.

"Me preocupa que tengamos una ficción de democracia. Todos se han sumido en la idea de que se elige a un representante y no se visibiliza cómo se controlará el poder que se le entrega dentro de una visión democrática. Esas posibilidades de control se han cortado", apuntó.

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Criticó nueva ley que amplía el fuero militar

En otro momento de la entrevista, Ledesma criticó la iniciativa aprobada por el Congreso que permite que policías y militares eviten la justicia ordinaria para ser juzgados solo por tribunales del fuero militar-policial. La expresidenta señaló que esta medida podría generar un clima de impunidad entre los efectivos policiales y militares que transgredan la ley fuera del ejercicio de sus funciones.

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"El futuro está en el pasado. Comenzando, si alguien ejerce su derecho a la protesta o cualquier policía nos interviene, pueden generar cualquier vejamen. Cuando uno quiere alcanzar justicia, vamos a ir a un fuero donde sus pares van a decidir si hay culpabilidad o no por parte de los agentes que nos han agredido", señaló.

Asimismo, Ledesma afirmó que este tipo de situaciones ya se vivieron en otros momentos de la historia peruana y derivaron en escenarios de impunidad que impidieron la reparación para las víctimas. "Esa situación ya la vivimos con el Grupo Colina. Las familias no encontraron justicia y tuvieron que acudir a la Corte IDH", agregó.

El también líder de Juntos por el Perú explicó que la inquietud de los parlamentarios electos radica en que el actual Congreso decida la distribución de un presupuesto extraordinario que será ejecutado cuando ya haya asumido funciones el nuevo Parlamento. A su juicio, se trata de una medida sin precedentes por el monto comprometido. "Realmente ni un año, en los cinco últimos años, se ha planteado un crédito suplementario de 9 mil millones de soles", afirmó.

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Sánchez indicó que, durante la reunión, revisaron la propuesta "región por región" para conocer los techos presupuestales y resolver las dudas planteadas por los futuros legisladores. Recordó que el predictamen recibió la aprobación de la Comisión de Presupuesto y ahora pasará a la Comisión Permanente, por lo que consideró necesario conocer los criterios utilizados para asignar los recursos. "Se ha ido al detalle en la parte técnica. Por qué esto, por qué lo otro. Yo creo que es una preocupación natural", sostuvo.

El proyecto de crédito suplementario de S/9 mil millones contempla recursos para inversiones públicas, infraestructura, salud, educación y prevención frente al fenómeno de El Niño, entre otros rubros. Sin embargo, el debate político se concentra en quién debe aprobar esa distribución presupuestal. Sánchez evitó adelantar si su bancada respaldará o rechazará la iniciativa. Además, señaló que ofrecerá un pronunciamiento más amplio respecto del escenario electoral este sábado.

La lectura de la proclamación estuvo a cargo del pleno integrado por los magistrados Elmer Ninaquispe, Manuel Cornejo y Ketty Tarazona.

Provincia de Huánuco

Juntos por el Perú logró 99.865 votos frente a 64.424 de Fuerza Popular. En esta zona se contabilizaron 164.289 votos válidos, 1.983 nulos y 1.038 en blanco, sumando un total de 176.310 votos emitidos.

Provincia de Ambo

En esta provincia también ganó Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 19.637 votos, mientras que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo 10.809. En esta zona se registraron 30.436 votos válidos, 1.984 nulos y 268 en blanco. Se contabilizaron 32.968 electores en total.

Provincia de Pachitea

En esta provincia la diferencia a favor de Sánchez fue bastante marcada, ya que Juntos por el Perú sumó 19.509 votos frente a 5.059 de Fuerza Popular. Los votos válidos fueron 24.568, acompañados por 1.505 votos nulos y 221 en blanco, acumulando un total de 26.294 votos emitidos.

Provincia de Yarowilca

En esta zona la victoria local se la llevó Fuerza Popular con 1.978 votos, mientras que Juntos por el Perú ocupó el segundo lugar con 1.265 votos. La diferencia fue de tan solo 713 sufragios. En esta localidad se registraron 14.043 votos válidos, 607 nulos y 124 en blanco, lo que sumó un total de 14.774 votos emitidos.

Provincia de Lauricocha

En esta provincia se consolidó el respaldo a Juntos por el Perú con 8.115 votos, mientras que Fuerza Popular consiguió 1.730 votos. El reporte de esta zona fue de 9.845 votos válidos, 332 nulos y 68 en blanco, registrando una asistencia total de 10.245 electores.

Los representantes de la sociedad civil señalaron que permanecerán atentos a las decisiones que adopten las autoridades nacionales. Afirmaron que su principal demanda es garantizar que cualquier modificación relacionada con los límites territoriales respete los procedimientos técnicos y no afecte la jurisdicción que, según sostienen, corresponde a Moquegua.

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¿Por qué comenzó el paro en Moquegua y qué cuestionan las autoridades sobre la ley de límites?

El paro en Moquegua tuvo como origen la aprobación del Proyecto de Ley N.° 11658 por parte del Congreso, una iniciativa que busca ordenar los límites internos del departamento de Tacna. Sin embargo, autoridades y organizaciones sociales de Moquegua sostienen que el texto incorpora mapas y coordenadas que afectan el sector de Quebrada Honda, ubicado en el distrito de Torata, lo que significaría una reducción del territorio moqueguano. En respuesta, desde el inicio de la protesta los manifestantes bloquearon el puente Montalvo y el kilómetro 1147 de la Panamericana Sur, una vía clave para el transporte de pasajeros y carga hacia Arequipa, Cusco, Puno y Bolivia.

La gobernadora regional, Gilia Gutiérrez, afirmó que la oposición a la norma no responde únicamente a un tema de límites territoriales. Según explicó, la región considera que detrás de la iniciativa existen intereses económicos vinculados a los recursos naturales de Moquegua. "Todos los moqueguanos coincidimos en que detrás de esto existen intereses políticos y económicos vinculados a los recursos naturales que posee Moquegua", declaró a La República. La autoridad advirtió que una eventual ampliación de la mina Toquepala podría ejecutarse en una zona que Moquegua considera parte de su jurisdicción, lo que pondría en riesgo futuros ingresos por canon minero.

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Las autoridades regionales también cuestionaron el procedimiento seguido para elaborar el proyecto de ley. Gutiérrez aseguró que ni el Gobierno Regional de Moquegua ni los pobladores de Quebrada Honda fueron convocados para participar en las evaluaciones técnicas previas. "Nunca se convocó al Gobierno Regional de Moquegua (...) Tampoco se consultó a la comunidad de Quebrada Honda", sostuvo. Frente a ello, pidió que el Ejecutivo observe la autógrafa y que la Presidencia del Consejo de Ministros instale una mesa técnica con participación de Moquegua y Tacna para definir los límites interdepartamentales antes de retomar cualquier proceso de ordenamiento territorial.

El alcalde provincial de Mariscal Nieto, John Larry Coayla, coincidió en que la salida al conflicto pasa por devolver la iniciativa al Congreso para una nueva evaluación técnica. Además, advirtió que la protesta podría agravarse si la ley llega a promulgarse. "Yo no considero probable que se promulgue la ley, porque eso sería echar más leña al fuego. Moquegua ya tiene antecedentes como el Moqueguazo, y la protesta se radicalizaría aún más", afirmó. El burgomaestre recordó que el bloqueo del puente Montalvo impidió la salida del cobre producido por Quellaveco y Southern, con consecuencias económicas para la región y para el país.

En paralelo, una delegación encabezada por la gobernadora y varios alcaldes sostuvo reuniones en Lima con el entonces presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Según relataron las autoridades moqueguanas, el titular del Parlamento se comprometió a que, si el Poder Ejecutivo observaba la autógrafa, el siguiente Congreso evaluaría ese pedido y abriría un nuevo debate. Ese compromiso, sumado a la decisión del Ejecutivo de observar la norma, permitió destrabar el conflicto y llevó a los manifestantes a levantar el paro y liberar el tránsito en la Panamericana Sur, aunque las organizaciones sociales anunciaron que permanecerán vigilantes hasta que el proyecto sea archivado de manera definitiva.

El sueño de un adolescente de 17 años de convertirse en arquitecto terminó entre los muros grises de una celda en Manchay, ese rincón de Lima donde el polvo parece cubrirlo todo, incluso la justicia. Ingresó a una comisaría bajo una acusación aún confusa y salió convertido en cadáver, como uno de esos personajes de Julio Ramón Ribeyro cuya dignidad sucumbe ante la burocracia y la indiferencia.

La Constitución reconoce el derecho a la vida, a la integridad y al libre desarrollo de toda persona, sin distinción alguna. Sin embargo, la realidad parece escribir otra norma: la ley suele ser más severa con quienes menos tienen y más indulgente con quienes deben responder desde las instituciones encargadas de hacerla cumplir.

La necropsia reveló signos de asfixia y múltiples lesiones que contradicen la versión oficial del suicidio en una supuesta sala de meditación. A ello se suma el último pedido del menor a su padre: "Papá, sácame, me van a matar". Una vez más, la Policía Nacional del Perú queda bajo cuestionamiento por la muerte de un adolescente mientras se encontraba bajo su custodia.

No es un hecho aislado. En 2020, Inti Sotelo y Bryan Pintado murieron por perdigones durante las protestas civiles; en 2023, la represión estatal cobró decenas de vidas en Puno y Ayacucho en medio de las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte; y, en 2026, el asesinato de jóvenes en Colcabamba, a manos de miembros del Ejército, evidenció la continuidad de esta violencia. Cambian los escenarios; el patrón permanece. Una cronología del dolor blindada en junio de 2026: la ley que transfiere los delitos de policías y militares al fuero militar-policial obliga a la justicia civil a archivar investigaciones en curso. Mientras sus defensores alegan evitar la doble persecución, la norma formaliza una impunidad en la que los decretos se escriben con tinta, pero sus vacíos se pagan con vidas truncas y laberintos de olvido.

En esta entrega: Yosselin Amaya Cabello, comunicadora social y docente.

La ejecución por fusilamiento, tanto de él como de sus compañeros, tuvo lugar luego de tres meses de un extenuante encarcelamiento y repetidas torturas. Todos ellos pertenecían a la resistencia y habían logrado sabotear la presencia del ejército alemán que ocupaba territorio francés desde su invasión en 1940. Sin embargo, en junio de 1944, los alemanes podían percibir que la guerra estaba tomando un giro inesperado: su aventura soviética había fracasado y el contingente aliado había desembarcado a inicios de mes en Normandía, con un avance imparable que solo terminaría con el suicidio del Führer y la rendición incondicional del Reich.

Para Marc Bloch, su ejecución puso fin a un trayecto de patriotismo que había comenzado 30 años antes, cuando se enlistó en el ejército para defender a su país de las fuerzas del káiser alemán en la Primera Guerra Mundial. Proveniente de una familia judía, Bloch no dudó en enlistarse en 1914 y en 1940, especialmente ahora que el enemigo tenía como propósito hostilizar y eliminar a los judíos de Europa, lo cual llevó a que Bloch perdiera su trabajo en la universidad y a que su vivienda fuese saqueada cuando Francia fue ocupada.

Su compromiso y posterior sacrificio han sido reconocidos por su país ocho décadas después de su ejecución. El pasado martes 23, Bloch se convirtió en el primer historiador en entrar al Panteón francés, el mausoleo nacional donde descansarán sus restos simbólicos junto con los de su esposa, Simonne Vidal (la familia no quiso que su cuerpo fuese trasladado y los restos de su esposa jamás fueron ubicados). El anuncio había sido hecho en noviembre del año pasado por el presidente Emmanuel Macron, quien destacó de Bloch su 'lucidez avasalladora' y la 'valentía de sus ideas'. Inicialmente programada para coincidir con la fecha de su fusilamiento, la ceremonia tuvo que posponerse debido a que Macron debió participar en la reunión del G7.

La elección de Bloch para ingresar al Panteón no fue al azar. Macron destacó el carácter laico del historiador, quien sufrió directamente las medidas antisemitas y que, aun así, no dudó en empuñar un arma para defender a sus conciudadanos, profesen o no su misma fe judía. La ceremonia fue, por encima de todo, un mensaje ante la actual presencia del fascismo, así como contra los ataques a la República y a sus fundamentos espirituales y de la razón. En palabras de Macron: “Marc Bloch une Francia e historia, República y ciencia, gobierno y razón”. No es casualidad, tampoco, que la familia de Bloch se haya opuesto a que miembros de la extrema derecha fuesen invitados a la ceremonia, para evitar que pudieran sacar provecho y buscar limpiarse políticamente.

La experiencia militar de Bloch iba de la mano con su formación profesional como historiador, y no es posible entender esta última sin la primera. Si bien es conocido por su trabajo como medievalista y por haber sido uno de los pioneros, junto con Lucien Febvre, del grupo de los Annales, Bloch no rehuyó establecer una reflexión entre el pasado y el presente, algo aún impensable hasta entonces. En realidad, dos de sus libros más inquietantes, La extraña derrota y El oficio del historiador, fueron escritos durante la Segunda Guerra Mundial y publicados de manera póstuma.

El oficio del historiador constituye un autoexamen como investigador del pasado, ciudadano y padre, ya que pensó el libro como una explicación sobre en qué consistía su profesión para su hijo Étienne, apenas un adolescente. Escrito durante su período de clandestinidad, Bloch fue dejando varios borradores a medida que se movía de un lugar a otro y tenía acceso a algunos libros de su biblioteca o a los que podía conseguir sobre la marcha. Aun en un escenario así, no permitió que la adversidad se filtrara en sus escritos y mantuvo un tono sereno mientras los redactaba.

Como decíamos, Bloch no distinguía (y menos en momentos como ese) una separación entre su labor militar y su labor como historiador. Su incorporación a la resistencia fue una sorpresa para sus integrantes, que no sabían muy bien qué hacer con aquel historiador mayor de 50 años. Pronto se dieron cuenta de su experiencia militar y su habilidad para labores de inteligencia. Bajo el seudónimo de 'Narbonne', Bloch destacó en actividades de organización y propaganda. Como lo señala la periodista Stéphanie Trouillard, la clandestinidad le inyectó nuevos bríos al viejo historiador y lo mantuvo activo hasta su captura en marzo de 1944.

Durante semanas, sus captores de la Gestapo lo torturaron, buscando sacarle información. Sabiendo que eso ponía en peligro a sus compañeros, no les dio ninguna que pudiese delatar sus nombres o ubicaciones. Las condiciones de su celda y el castigo reiterado le dejaron problemas respiratorios. Sus restos mortales no serían identificados sino hasta meses después. Con el Reich alemán desintegrándose rápidamente y Francia ya liberada, Bloch había cumplido con su misión.

Su entrada el pasado jueves en el Panteón y el homenaje de su país y de quienes compartimos su profesión y terquedad es solo una forma de recordarnos su compromiso y lo destructivo que puede ser (y es) el fascismo.

Pero las elecciones de más peso serán las que se den por todo el país. En las zonas donde influirá el Niño van a ser eventos atropellados y, en algunos casos, incluso se mezclarán la campaña y la ayuda humanitaria, una ventaja para los protegidos por el gobierno. Pero eso no va a decidir los resultados. Para eso hay al menos tres factores.

Uno es la tendencia a preferir candidaturas realmente locales frente a candidaturas patrocinadas desde Lima. Esto ha demostrado ser así en la suma total de votos en todas las elecciones. Esa tendencia se podría reforzar luego del match costa vs. interior que acabamos de presenciar y dejaría a los ganadores de junio mal colocados.

Otro factor es el arrastre que puede tener un ganador reciente. En otras palabras, podríamos ver candidatos locales que también se declaran keikistas, hasta más de uno por pueblo, ciudad o región. Esos serían los candidatos arrastrados hasta la victoria. Pero quizás no funcione en las zonas que han sido más sanchistas.

Un tercer factor podría ser el ideológico, con candidaturas y electorados enfrascados en algo que podemos llamar proyectos propios. Temas sociales o familiares, casi formas extendidas de las votaciones comunitarias en los ayllus andinos o en las tribus amazónicas. Algo vinculado al tema de la autonomía.

En cualquiera de los tres casos, lo regional-municipal va a ser anticlimático, luego de esta segunda 'elección del fin del mundo' que todavía estamos viviendo. Quizás algunas visitas de K y su equipo a capitales clave del país ayudarían mucho al gobierno que comienza. Pero eso significa soltar recursos para los necesitados.

Resumiendo, las próximas elecciones las va a ganar el arraigo geográfico, como ha solido ser siempre. Esto no es algo malo, siempre y cuando la población haya aprendido a reconocer a sus pillos. No hacerlo siempre es frustrante y costoso para la gente del común.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, extendió una felicitación a nombre de su nación y manifestó que las prioridades de la cooperación binacional se dividen en seguridad, inversión y comercio.

“Estados Unidos felicita a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por su importante victoria electoral. La Administración Trump espera con entusiasmo profundizar la colaboración con la Administración Fujimori para impulsar la cooperación en materia de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región”.

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Por su parte, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, expresó que también mantiene un compromiso con el país. El diplomático señaló que el gobierno norteamericano apuntarán al desarrollo económico mutuo y a la estabilidad del continente.

“Como representante de Donald Trump puedo afirmar que EE.UU. espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto entre nuestros países. Seguimos unidos en seguridad regional, comercio y la prosperidad de nuestros pueblos”, manifestó Navarro.

A este pronunciamiento se sumó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, la cual saludó el resultado y resaltó su expectativa por consolidar la alianza entre Lima y Washington.

Se trata de la primera entrevista que ofrece Fujimori tras finalizarse el conteo de la ONPE que la dio como virtual presidenta electa. Durante la conversación, respondió sobre el papel que desempeñó el fujimorismo en el Parlamento en los últimos 10 años, un periodo caracterizado por constantes enfrentamientos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

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La lideresa de Fuerza Popular también hizo una autocrítica sobre esa etapa. Reconoció que su partido participó en una dinámica de confrontación política que marcó aquellos años. "Es verdad también que en un momento caímos en el círculo vicioso de la confrontación", manifestó. A continuación, sostuvo que esa experiencia dejó enseñanzas para su agrupación: "Por supuesto, pero de eso aprendimos".

En otro momento de la entrevista, la futura mandataria afirmó que el país aún enfrenta un escenario de fuerte polarización. Según indicó, la última campaña electoral estuvo marcada por ataques personales y descalificaciones entre los distintos actores políticos. "Lamentablemente todavía en el Perú está muy polarizado y el odio y el insulto ha formado parte también de esta última campaña", declaró.

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Keiko Fujimori adelanta las prioridades de sus primeros 100 días de Gobierno

Durante la entrevista con el periodista Ismael Cala, Keiko Fujimori aseguró que sus primeros 100 días de gestión estarán enfocados en recuperar el orden, atender los riesgos del próximo fenómeno de El Niño e impulsar medidas para reactivar la economía. La presidenta electa afirmó que el inicio de su mandato buscará transmitir confianza tanto a la ciudadanía como al sector privado. "Tenemos muchos retos en el Perú y parte de devolverle la confianza es primero recuperar el orden", sostuvo.

Uno de los ejes que mencionó fue la prevención ante la llegada del fenómeno de El Niño, prevista para los próximos meses. Fujimori advirtió que las intensas lluvias podrían provocar inundaciones y afectar extensas zonas agrícolas, por lo que afirmó que las acciones comenzarán desde el primer día de su administración. "Tenemos que trabajar en un trabajo de prevención y de organización, sobre todo en las zonas que tienen mayores riesgos, que es en toda la costa norte", indicó. Entre las medidas que planteó mencionó la limpieza de ríos y el fortalecimiento de puentes para reducir el impacto de las precipitaciones.

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La seguridad ciudadana también figura entre las prioridades que anunció para el inicio de su gobierno. Aunque no detalló las acciones que implementará, la mandataria electa afirmó que su administración buscará restablecer el orden público. "Vamos a recuperar, por supuesto, la seguridad, la paz, la tranquilidad", expresó durante la entrevista.

En el plano económico, Keiko Fujimori afirmó que espera que su elección impulse la confianza de los inversionistas. Señaló que el crecimiento del país depende principalmente de la inversión privada y aseguró que buscará generar condiciones favorables para atraer capitales. "El motor de la economía del Perú, el 20% depende de la inversión pública, pero el 80% depende de la inversión privada. Es ahí donde vamos a ponerle mucho énfasis a que vengan a apostar por el Perú", manifestó.

La presidenta electa agregó que uno de los principales beneficiarios de sus primeras medidas será la micro y pequeña empresa. Según explicó, su propuesta contempla eliminar trabas burocráticas para facilitar la formalización de los negocios. Además, planteó que durante los tres primeros años estas unidades productivas no paguen impuestos. "Con una sola declaración jurada esto se puede hacer. Los tres primeros años, a la micro y pequeña empresa no se le va a cobrar impuestos porque el Estado tiene que acompañarlos en este proceso de crecimiento", afirmó. También sostuvo que espera que estas medidas generen "confianza, credibilidad y predictibilidad" para el sector privado.

El burgomaestre sostuvo que las diferencias políticas no deben interferir en la coordinación entre las autoridades y remarcó que mantener una posición de confrontación no beneficiaría a Puno. Por ello, consideró que el diálogo con el próximo Gobierno permitirá gestionar las principales demandas de la provincia.

"Con respecto a la nueva presidenta que ya se proclama, se tiene que conversar. Hay que dejar de lado las banderas políticas. Puno necesita tener desarrollo. Estar cohibidos y alejados, y comenzar a hacer una contra no nos conviene a nosotros como provincia. Tenemos que acercarnos por el bien de la provincia", declaró.

Presentará propuestas para Puno

Ponce indicó que, de recibir una invitación de Palacio de Gobierno, acudirá para exponer propuestas y necesidades de la provincia. Asimismo, remarcó que el diálogo entre ambas autoridades debe orientarse al desarrollo de Puno.

"Si llega la invitación de Palacio de Gobierno estaremos presentes llevando el paquete de propuestas y necesidades que tiene Puno. Nosotros tenemos que buscar el diálogo por el desarrollo de la provincia y la región de Puno", agregó.

Se trata del proyecto de ley N.° 11658 que, según señaló la gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, podría reducir su territorio.

La iniciativa plantea el saneamiento de tramos territoriales de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos. Específicamente, la iniciativa busca “sanear límites en dos ámbitos específicos: el tramo de colindancia interprovincial entre Jorge Basadre y Candarave, así como el tramo de colindancia interdistrital entre Locumba e Ilabaya”.

En el pleno del Congreso del pasado 23 de junio, la ley fue aprobada con 78 votos a favor y se le exoneró de segunda votación.

Fundamentos

Este 30 de junio, por medio de un oficio enviado a Fernando Rospigliosi, Balcázar observó la autógrafa.

La disposición complementaria final indica que la propuesta dice “La presente ley prevalece sobre el limite entre las provincias de Jorge Basadre y Candarave y el límite entre los distritos de Camilaca e Ilabaya establecidos en el artículo 3 de la Ley N° 24887”, pero debe decir “La presente ley prevalece sobre el limite entre las provincias de Jorge Basadre (que involucra al distrito de llabaya) y Candarave (que involucran a los distritos de Camilaca, Cairani y Huanuara) establecidos en el artículo 3 de la Ley N° 24887”.

El oficio lleva la firma de Balcázar y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

Gobernador de Tacna rechaza supuesta afectación a territorio de Moquegua

Por su parte, el gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, rechazó la supuesta afectación al territorio de Moquegua y exhortó al mandatario a convocar una mesa de diálogo con las autoridades de Tacna.

“En ningún momento hemos tocado terrenos de Moquegua ni nada por el estilo. Son 135 km de la línea fronteriza, de límites entre los pueblos dentro de Tacna, no entre Moquegua. Alguien les ha informado mal a nuestros queridos hermanos de Moquegua”, relató.

Seguidamente, explicó que el objetivo es mejorar las condiciones para los ciudadanos.

“Hay cinco pueblos que pertenecían en la creación, los pusieron en Candarave. La provincia de Candarave (Tacna) no tiene recursos para atenderlos como tal. Los pueblos con su legítimo derecho dijeron ‘no queremos pertenecer a Candarave porque no tienen cómo ayudarnos. Queremos pertenecer a Ilabaya’, que ellos sí reciben una gruesa cantidad de dinero por el canon minero porque la mina de Toquepala queda en su territorio, en Ilabaya (Tacna). Entonces, lo que se está haciendo acá es darle conformidad al deseo de los pueblos que quieren pertenecer a Ilabaya”, dijo.

De acuerdo con el documento del JEE, la decisión se debe que no se subsanaron las observaciones formuladas en la resolución previa que, en el caso de López Aliaga, solicitaban que aclare su situación jurídica como senador electo para el periodo parlamentario 2026-2031.

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JEE considera López Aliaga como senador electo y proclamado

En función a ello, el personero presentó el cargo del escrito de fecha 19 de junio de 2026, dirigido al Jurado Nacional de Elecciones, mediante el cual López Aliaga comunicó su desistimiento irrevocable a ser proclamado y su decisión de no recibir la credencial para asumir el cargo de Senador.

Además, presentó el escrito de fecha 22 de junio de 2026, dirigido al Oficial Mayor del Congreso de la República —sin constancia de recepción—, mediante el cual comunicó su decisión irrevocable de no jurar ni asumir el referido cargo.

El JEE precisó que la resolución publicada en el diario El Peruano que proclamó a los senadores electos, y que incluye a López Aliaga, “constituye un hecho objetivo, cierto y jurídicamente acreditado”.

En base a ello, determinado que el candidato “adquirió la condición de senador electo proclamado como consecuencia de un acto formal emitido por el órgano competente”. Por lo tanto, “dicha condición jurídica no puede entenderse alterada por la sola manifestación de voluntad del referido candidato”. En su lugar, es necesario que la autoridad revoque por las vías oficiales dicho cargo.

“Los documentos presentados por la referida organización política constituyen únicamente comunicaciones suscritas por el propio candidato, mediante las cuales expresa su voluntad de no recibir la credencial ni asumir el cargo de senador de la República; sin embargo, tales documentos no acreditan, por sí mismos, la modificación de la situación jurídica”, se lee.

De igual forma, el JEE rechazó la solicitud de candidatura de Guillermo Valdivieso.

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Al respecto, señalan que se trata de un “candidato electo y proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como representante peruano suplente ante el Parlamento Andino para el período 2026-2031”.

También, mencionaron que el 26 de junio de 2026 recibió la credencial expedida por el JNE, lo que acredita su condición de representante peruano suplente ante el Parlamento Andino para el citado período.

Pese a ello, Renovación Popular no ha acreditado la modificación de la situación jurídica vigente del candidato.

Falta de acreditación de domicilio

En el caso de Mario Luna, el JEE advierte que su DNI consigna como fecha de emisión el 09 de agosto de 2024 y como fecha de caducidad el 17 de abril de 2031; “por lo que dicho documento no acredita el cumplimiento del requisito de domicilio dentro del plazo correspondiente a la fecha límite de presentación de la solicitud (2 años continuos)”.

También precisaron que la organización política presentó un documento denominado “Certificado domiciliario”; sin embargo, “este únicamente acredita la autenticidad de la firma del declarante y la fecha de su suscripción”, mas no el periodo de dos años consecutivos de residencia efectiva.

El hallazgo se produjo en el sector conocido como Bellavista de Callarú, donde las autoridades interceptaron un centro de acopio equipado con elementos de vigilancia.

La droga incautada, según información del Comando Operacional de la Amazonía, estaría vinculada al grupo armado Comandos de Frontera, una organización delictiva que utiliza los corredores fluviales amazónicos para movilizar cargamentos ilícitos. La acción conjunta permitió frenar el avance de este cargamento, que tenía como destino la distribución en mercados regionales.

En el marco de la cooperación binacional, el Comando Unificado PUMA, integrado por la Armada Nacional de Colombia, así como el Ejército, Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fronteras de la PNP, articularon esfuerzos de inteligencia y vigilancia.

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El procedimiento se activó tras recibir información estratégica, lo que permitió desplegar unidades de reconocimiento y monitoreo en la zona, reforzando el seguimiento a las rutas utilizadas por el narcotráfico.

La cooperación entre ambos países fue decisiva para ubicar el cargamento de marihuana en el estratégico eje fluvial.

La incautación en Bellavista de Collarú es considerada una de las más relevantes en la zona durante el año, afectando la operatividad de grupos dedicados al narcotráfico y reforzando el control estatal en un área de permanente conflicto por economías ilícitas.

En efecto, de acuerdo al Comando Unificado Puma la intervención se realizó mediante un amplio despliegue fluvial en una de las zonas de mayor influencia de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, donde los cultivos de hoja de coca alcanzan actualmente cerca de 19 mil hectáreas.

“Este importante golpe debilita la cadena logística de las economías ilícitas y reafirma la ofensiva permanente del Estado frente a las redes criminales transnacionales”, indicaron mediante un comunicado.

El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias de ley, la cadena de custodia y los peritajes forenses que permitirán determinar con precisión su composición y procedencia, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

“Esta intervención en la línea de frontera fortalece la seguridad integral y la presencia efectiva del Estado en la Amazonía, al tiempo que ratifica el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con la defensa de la soberanía nacional, la protección de los recursos estratégicos y la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos”, indicaron.

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Asimismo, señalaron que en la frontera nororiental se mantienen operaciones permanentes de vigilancia y control mediante patrullajes terrestres y fluviales, orientados a impedir el accionar de las organizaciones criminales transnacionales y garantizar la seguridad de las comunidades asentadas en esta estratégica zona del país.

Estas acciones consolidan la presencia del Estado y fortalecen la gobernabilidad en los espacios fronterizos.

Las operaciones de dominio, control territorial e interdicción continuarán de manera sostenida como parte de la estrategia nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas, según aseguraron fuentes del Ministerio de Defensa.

"Debo decirlo con total contundencia: creo que todos los moqueguanos coincidimos en que detrás de esto existen intereses políticos y económicos vinculados a los recursos naturales que posee Moquegua. Todos sabemos que el mineral se encuentra inclinado hacia Moquegua y no hacia Tacna. Tenemos yacimientos importantes y también el caso de Toquepala, que hace muchos años pasó a Tacna. (...) Hoy ya se habla de una ampliación de Toquepala y estamos convencidos de que esa expansión se desarrollará en territorio moqueguano. Si hoy perdemos ese territorio, cuando esa ampliación se concrete, también perderemos el canon que por derecho nos corresponde. Sí, creemos que existen muchos intereses, pero hoy debemos mirar hacia adelante y plantear soluciones", indicó.

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Gutiérrez sostuvo que una eventual escalada del conflicto social por esta ley debe evitarse a toda costa. En ese sentido, consideró que lo más conveniente es observar la norma y reiniciar la discusión en una mesa técnica con la participación de todas las partes involucradas.

"Nos encontramos frente a un conflicto social que puede escalar en el sur del país. Por eso creemos que el presidente Balcázar tiene la oportunidad de ponerle fin observando esta norma. Con la observación de la ley, Tacna no perderá absolutamente nada y Moquegua tampoco. Luego, como corresponde, deberá convocar a ambas regiones, instalar una mesa técnica liderada por la PCM y definir primero los límites interdepartamentales entre Tacna y Moquegua, que aún no están claramente establecidos. Una vez resuelto ese tema, la región Tacna podrá replantear su ordenamiento territorial interno, algo a lo que tiene pleno derecho".

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Responsabilidad de Dina Boluarte

Asimismo, Gutiérrez recordó que esta ley fue impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Dina Boluarte, específicamente cuando Eduardo Arana encabezaba el gabinete ministerial. Para la gobernadora, la actual mandataria también tiene responsabilidad política en este proceso.

"Creo que, en algún momento, la presidenta Dina Boluarte y sus funcionarios tendrán que rendir cuentas a la población de Moquegua", afirmó.

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Reunión en el Congreso

Gutiérrez también informó que sostuvo una reunión con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la cual calificó como positiva.

"El presidente del Congreso nos dijo que el Congreso fue sorprendido por el mal trabajo realizado por la Secretaría de Demarcación Territorial de la PCM. Lo que todos debemos tener claro es que los proyectos de demarcación territorial solo pueden ser impulsados por la Presidencia del Consejo de Ministros. El trabajo técnico lo realiza la Secretaría de Demarcación Territorial", señaló.

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La gobernadora agregó que otro aspecto cuestionable del proceso fue que ninguna de las autoridades de las zonas afectadas fue convocada para participar en la elaboración o discusión del proyecto de ley.

"Nunca se convocó al Gobierno Regional de Moquegua, pese a que se estaban modificando los límites entre Tacna y Moquegua. Tampoco se consultó a la comunidad de Quebrada Honda, que es el sector que estaríamos perdiendo. Nunca se realizó una consulta para saber si sus habitantes querían pertenecer a Tacna", manifestó.

Los requisitos para ser candidato a una gracia presidencial es no contar con una sentencia firme, haber permanecido como procesado un tiempo equivalente al doble del plazo establecido para el proceso y acreditar buena conducta penitenciaria.

Adicionalmente, distintas leyes prohíben otorgar el derecho de gracia a los delitos de sicariato y extorsión, violación de menores de edad y sicariato.

En base a ello, Pedraza considera que el expresidente Castillo no tiene ningún impedimento legal para recibir el derecho de gracia, pues mantiene la condición de procesado y ya cumplió el doble del plazo previsto para el proceso.

Muy diferente sería el escenario si se trata de un indulto o indulto humanitario, precisó. “Un indulto no es viable porque requiere una condena firme y Castillo todavía no la tiene debido a que el proceso continúa. Tampoco procede un indulto humanitario, ya que este exige una enfermedad grave o terminal, condición que el expresidente no presenta”, dijo.

En ese sentido, para la gracia presidencial “una vez superados los requisitos legales, la decisión pasa a ser esencialmente política: si el Gobierno quiere otorgarlo o no”.

Ruta del pedido de gracia presidencial

De igual forma, dependerá de la voluntad política si el pedido de gracia se resuelve en el mandato de José Balcázar o si se aplaza hasta el de Keiko Fujimori, virtual presidenta.

Por lo pronto, la Comisión de Gracias Presidenciales elaborará un informe del caso incluyendo su recomendación y el mismo será elevado al presidente por medio del Ministerio de Justicia.

“Es importante precisar que la opinión de la Comisión de Gracias no es vinculante para el presidente. Incluso, el reglamento establece que el mandatario puede conceder un indulto, un derecho de gracia o una conmutación de pena por iniciativa propia, aun cuando no exista un informe favorable de la comisión”, manifestó Pedraza.

Respecto al tiempo que puede demorar el trámite, comentó que “no existe un plazo específico”, sino que depende de la carga de trabajo de la Comisión de Gracias, pero también de la voluntad política. “En un caso como este, el procedimiento puede acelerarse o demorarse”, dijo.

Sobre el informe de la Comisión, el extitular del Mininter especificó que el mandatario no está obligado a seguir el informe de la Comisión, sin embargo en la práctica nunca se ha dado. “En los cerca de 30 años que conozco estos temas, no recuerdo que un presidente haya concedido un beneficio sin contar previamente con un informe de la Comisión de Gracias”, expresó.

Añadió que lo recomendable es que exista ese informe porque permite al presidente conocer en profundidad el caso: quién es la persona, cuál ha sido su conducta en el penal y otros elementos que forman parte de una evaluación integral. Luego, el mandatario puede tomar en cuenta esa opinión o apartarse de ella.

Respaldo del ministro de Justicia será decisivo

Finalmente, resaltó que el presidente no puede conceder una gracia presidencial sin la firma del ministro de Justicia. Esa rúbrica es indispensable para que la decisión tenga validez.