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Con Álbum de familia, cierra la trilogía en la que abordó dos décadas de violencia desde diferentes perspectivas: la subversión, las víctimas del terrorismo y del Estado, y las secuelas. “En este momento hay un clima de polarización donde se busca la descalificación del otro”, comenta Calero y señala que volvería a debatir si lo acusan de romantizar el terrorismo. “Si hay algo que nos diferencia de las hordas y del salvajismo es el ejercicio de la palabra y la inteligencia. Si alguien dice que hago apología, que lo argumente. Tenemos la necesidad de replicar”.

En el filme, uno de los personajes prefiere ocultar la evidencia y seguir adelante. Calero considera que esto se puede trasladar a otros escenarios. "Me lleva a pensar en lo que dice el canciller Espá. Él quiere atacar el LUM (El Lugar de la Memoria), quiere destruirlo, sin duda. Quiere que desaparezca. Y entonces se están utilizando argumentos falsos, además, se dice que no va a nadie, pero se está mintiendo para lograr tu objetivo, que puede ser la supresión de la memoria".

Por coincidencias del cine, estrenas esta película en un momento complejo para el arte y, digamos, para la memoria en Perú. ¿Te imaginabas aportar a la conversación con este escenario?

Estoy de acuerdo contigo, pero la película, claro, tendría que haberse estrenado el año pasado. Se estrena ahora por una cuestión burocrática. No dejo de pensar que ahora esta película cobra una vitalidad particular. Primero, porque ha habido una ley de amnistía a los militares y policías asesinos. Es el momento en que, de manera coordinada y orquestada, el ministro de Cultura de Beingolea y el canciller Espá hacen declaraciones que apuntan a cuestionar el LUM. Es decir, un lugar que preserva la memoria objetiva del horror. Mi película tiene escenas filmadas ahí.

Esta trilogía inicia con La última tarde (2016), porque querías aportar a la memoria sobre el conflicto armado interno. ¿Qué te pareció el retorno del fujimorismo?

Yo, como ciudadano peruano, tengo clarísimo que el fujimorismo fue una etapa nefasta para el país porque se acentuó una cierta degradación moral. Sus propios delitos quedaron grabados por uno de sus propios delincuentes, Montesinos. Y si uno podría haber tenido un margen de ‘vamos a ver qué ocurre’, este primer mes de gobierno, lo que te muestra es la improvisación. Había una apetencia por llegar al poder, pero al parecer sin que existiera una cualificación. Entonces, a mí me produce ganas de refugiarme en el cine, en la literatura, en la música.

Te digo esto porque La piel más temida generó un debate. Ahora, en 'Álbum de familia', te centras en la idea de que un hijo tiene que cuestionar a su padre. ¿Has querido revisar a una generación que se repite?

La película surge de una reflexión sobre eso: sobre cómo los hijos podemos y debemos diferenciarnos de nuestros padres y elegir nuestro propio camino, nuestros propios valores. Trasladando eso al aspecto político, Keiko Fujimori tiene el derecho de ser presidenta, pero no tiene por qué ser como su padre. Vemos que hay una estela de hijos de políticos, entre los cuales está, seguramente, la excongresista Tudela, la hija de Alan García y el hijo de Acuña. Estamos viendo unos sujetos políticos que son epígonos de sus padres, sus defensores. Pienso en las enseñanzas desde el cine, como el documental del hijo de Pablo Escobar. Por supuesto que habla de su padre con afecto, pero no deja de reconocer que era un asesino ni deja de pedir perdón a las víctimas. Eso es madurez.

Hay una escena violenta para recuperar la evidencia. ¿Quisiste representar a una suerte de villano que no dejó de serlo o al producto de un país?

Para mí, no es un villano. Estamos haciendo spoilers, pero si la hija le tiene lealtad, es porque su padre se encargó de protegerlos. Le tienen devoción, es un padre empático. No creo que sea ni remotamente un villano, es un personaje que está respondiendo al discurso de una época. Yo tenía un profesor que fue militar y decía algo que para él tenía lógica: sus compañeros estaban caminando y unos campesinos se alzaron los ponchos y los balearon. Por eso decía: "Ahora, si veo a unos campesinos que están cerca, primero los baleo y luego los reviso".

¿Crees que estaba normalizada la violencia contra los campesinos?

Sí, estaba normalizada y los militares eran sujetos conducidos por el miedo y el racismo: no estaban matando gente como ellos, sino campesinos. Y eso no cambia. En el gobierno de Boluarte, la mayoría de las víctimas son de Puno y de Ayacucho. En provincias, es decir, donde la marronidad es predominante, se mata con más soltura, es menos ominoso matar.

En cuanto al cine y las artes en general, ¿eres de los que piensan que peligra el Ministerio de Cultura?

Por supuesto, como está ocurriendo con esos otros países en los que, claro, se pretende eliminar la cultura, como si un país solamente fuera economía. Ahora estamos ante un panorama nefasto, hay una idea ridícula de colegiar a los artistas y hay una cosa concreta que es la censura. Todavía eso no se ha convertido en reglamento. Entonces, parece ser que hay una ofensiva contra la cultura y la memoria. Lo que queda es defenderla, por supuesto.❖

• Trilogía. La película en blanco y negro. Actúan Lucho Cáceres, Emanuel Soriano, María Fernanda Valera y Natalia Torres Vilar. Paulina Tacac en un personaje que habla de la violencia del Estado.
• Estreno. Álbum de familia, protagonizada por Emanuel Soriano, ingresa a la cartelera este jueves 17. La película ganó el premio DAFO (del Ministerio de Cultura) en 2018 y se estrenó en el Festival de Cine de Lima en la edición 2024.

“Los protocolos de necropsia contienen información clave para determinar el perfil de los asesinos. Por ejemplo, por la trayectoria de los disparos y por la ubicación de los impactos de los proyectiles, se puede establecer si los autores son profesionales e incluso qué tipo de armas usaron”, añadieron.

La República tuvo acceso a los protocolos de necropsia de las cuatro víctimas del ataque atribuido a miembros de la organización criminal “Los Pulpos”. Los documentos aportan información reveladora sobre cómo actuaron los homicidas. Y, eventualmente, explicarían por qué los criminales decidieron ejecutar a los cuatro acompañantes de Jenss Lara Tantaquilla.

El chofer de la camioneta, Christopher García Álvarez, de 33 años, es el que presenta más heridas de bala: 7. Sigue, Nadia Urtecho Rodríguez, de 28 años, quien estaba detrás del conductor García. Recibió 4 impactos. Luego, Luis Rojas Ramos De Rosas, de 38 años, quien estaba sentado detrás del copiloto, registra dos impactos de bala. Andrea Monzón Lingán, de 20 años, ubicada en el asiento de copiloto, solo recibió un impacto de proyectil.

Las cuatro víctimas presentan heridas de bala en la cabeza, por lo que los asesinos acordaron que ninguno de los ocupantes de la camioneta, a excepción de Jenss Lara, quedara con vida.

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Heridas de necesidad mortal

Según el video que registró la acción de los homicidas, cuando intervienen el vehículo hacen una primera ronda de disparos, extraen al empresario Lara y continuaron percutando sus armas. Para las fuentes policiales consultadas, todos fueron rematados, lo que explicaría los balazos en la cabeza.

Pero, ¿por qué el chofer Christopher García Álvarez registra más heridas de proyectil en comparación con los otros tres fallecidos?

“El conductor del vehículo constituye el candidato más razonable de haber sido uno de los primeros blancos de los delincuentes. Presenta el mayor número de lesiones documentadas —doce heridas numeradas—, varias de ellas necesariamente mortales. Los disparos provinieron desde el lado izquierdo de la víctima”, indicaron las fuentes.

De los siete disparos, el más devastador que recibió Christopher García produjo un orifico de entrada en la región parietal izquierdo, lo que ocasionó la exposición de masa encefálica, según el protocolo de necropsia.

“Desde el punto de vista de la dinámica criminal, al disparar primero al conductor se impide el escape del vehículo y se facilita la extracción de Lara”, explicaron las fuentes relacionadas con la investigación policial: “Esta sería la razón por la que el conductor recibió la mayor cantidad de disparos”.

Nadia Urtecho Rodríguez recibió cuatro heridas de entrada, incluyendo lesiones craneoencefálicas y torácicas.

Luis Rojas Ramos de Rosas presenta un solo impacto en la parte cervical posterior, que penetró en la cavidad craneana y produjo la lesión mortal.

En el caso de Andrea Monzón Lingán, recibió un único disparo en la parte occipital, penetrante, necesariamente mortal, cuyo proyectil atravesó el encéfalo.

“Los protocolos de necropsia aclaran que no se trató simplemente de disparos aleatorios contra un vehículo. El patrón demuestra impactos dirigidos a regiones anatómicas altamente vulnerables —cabeza, cuello y tórax— capaces de producir la muerte de manera inmediata o muy rápida. Es decir, fue un secuestro con supresión de testigos”, afirmaron las fuentes.

“Además, las diferentes trayectorias permiten reconstruir la posición relativa de víctimas y tiradores. Particularmente significativos son los impactos posteriores u occipito-cervicales de Andrea Monzón y Luis Rojas, que indican que en el momento de esos disparos la superficie posterior de sus cuerpos se encontraba expuesta hacia el origen del fuego”, anotaron los expertos.

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El origen de los proyectiles

Aparte de los protocolos de necropsia, los informes de los peritos balísticos de la División de Criminalística de Trujillo contienen información trascendental para identificar a los homicidas de la madrugada del domingo 30 de agosto. Los peritos recogieron 9 casquillos de proyectiles: 8 marca “Águila” calibre 9x19 mm Luger, hallados dentro del vehículo. Y un solo casquillo de proyectil de 5.7x28 mm, ubicado dentro de la camioneta.

Esto significaría que se usaron dos tipos de armas.

El calibre 9x19 mm. “Parabellum” es una munición frecuente de las pistolas.

Y la de 5.7x28 mm, sí es algo mucho menos común. Según las fuentes consultadas, este tipo de proyectil es de uso exclusivo para el subfusil FN P90 y de la pistola FN Five-seveN, ambas de la compañía belga Fabrique Nationale (FN).

En el país, este tipo de armamento lo tienen las Fuerzas Especiales de los institutos castrenses, no la Policía Nacional. Probablemente su origen sea el mercado negro.

“En el cuerpo de Andrea Monzón se encontró una camisa de proyectil compatible con el calibre 9 mm, por lo que comienza a existir asociación entre determinadas lesiones y el armamento empleado”, señalaron las fuentes de La República.

“La evidencia permite establecer la presencia de dos calibres distintos en la escena: 9x19 mm Luger y 5.7x28 mm. Además, dos proyectiles calibre aproximado 9 mm. recuperados y examinados fueron homologados entre sí con resultado positivo, determinando que fueron disparados por una misma arma de fuego”, indicaron las fuentes.

“El casquillo del proyectil 5.7x28 mm. fue hallado dentro del vehículo, lo que evidencia el disparo de un arma de ese calibre. Sin embargo, todavía no se ha individualizado cuál de las víctimas fue herida con esos proyectiles”, informaron.

“Por consiguiente, el cuadro es compatible con el empleo de al menos dos armas de fuego de diferente calibre. De momento, no se ha encontrado ningún adaptador, conversor o dispositivo acoplado a una pistola 9 mm.”, explicaron.

El 5.7x28 mm., es bueno saberlo, es capaz de atravesar chalecos antibalas.

A cinco de los detenidos, se les aplicó la prueba de absorción atómica, dando positivo para plomo, antimonio y bario en los casos de Frank Quezada Cruz, Ángel Bocanegra Linares, César Iván García Rivera y Julio Zavaleta Quezada. Empero, el hallazgo no implica forzosamente que los cuatro dispararon durante el atentado. Además, como indican los informes periciales, se han encontrado evidencias del uso de solo dos armas.

“Esto no significa que los cuatro positivos necesariamente hayan disparado, porque la prueba debe valorarse con los demás elementos del caso. Pero sí constituye evidencia convergente que fortalece considerablemente la hipótesis de intervención de más de un sujeto armado”, precisaron las fuentes que son parte de la investigación policial.

Los protocolos de necropsia, los peritajes balísticos y las pruebas de absorción atómica, son piezas claves del rompecabezas del espantoso crimen en Trujillo.

La información obtenida científicamente contribuye a seguir pistas más seguras sobre los asesinos: no son improvisados, tienen conocimiento y pericia en el manejo de armas, y saben dónde disparar para neutralizar rápidamente a sus víctimas. Son de extrema peligrosidad.

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Datos

Medición. Los cuatro ocupantes recibieron disparos de larga distancia, lo que implica que los tiradores usaron armas de precisión.

Perfil. No se descarta que algunos de los criminales hayan recibido instrucción militar, por el manejo del armamento, la precisión en los disparos mortales y por la forma de actuar el día de los hechos de sangre.

El último viernes, Fujimori adelantó la designación Zulema Tomás como presidenta de EsSalud y señaló que cumple con el perfil para el cargo durante una entrevista con RPP. "Es una persona que tiene experiencia en el sector, que ha sido ministra de Estado", afirmó la jefa de Estado.

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Con esta designación, Tomas asume el cargo que dejó Jaime Moreno Eustaquio, removido de la presidencia de EsSalud el 9 de agosto. Desde esa fecha, Hilda Sandoval Cornejo ocupó las funciones de manera interina. Su gestión al mando de la entidad duró poco más de un mes, hasta la llegada de la nueva titular.

Tomas Gonzáles es médica y, hasta antes de este nombramiento, dirigía el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Su nombre no es nuevo en el sector salud. Entre enero y noviembre de 2019 ocupó el Ministerio de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra, un cargo al que renunció en medio de cuestionamientos por la contratación de familiares en entidades del Estado.

La salida de Moreno de EsSalud se dio por lo que el Ejecutivo calificó como pérdida de confianza. Ese episodio dejó a la entidad, que atiende a millones de asegurados en todo el país, sin un titular estable por varias semanas. Con el nombramiento de Tomas, el Gobierno busca cerrar ese periodo de interinato.

La iniciativa llega tras una serie de casos de coimas, secuestros y extorsión que comprometieron a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los últimos meses. En el texto del proyecto, la congresista sostuvo que este tipo de conductas "quebrantan la legalidad" y "traicionan la Constitución", porque el agente pone al servicio del delito las herramientas que el Estado le confió.

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El proyecto no crea delitos nuevos. Modifica el artículo 46-A del Código Penal, que ya castiga con una pena mayor a los funcionarios que se aprovechan de su cargo para delinquir. Lo que cambia es la consecuencia para un grupo específico de delitos.

Si un policía, en ejercicio de sus funciones o que se exceda en ellas, comete homicidio, asesinato, feminicidio, sicariato, secuestro, extorsión o corrupción agravada, entre otros, la pena pasaría a ser cadena perpetua. Sin excepciones.

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La propuesta también alcanza otros escenarios. Uno es el de los policías que, desde un penal donde cumplen prisión, ordenan delitos como tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas o extorsión.

Otro apunta a quienes cometen delitos sexuales, homicidios o robos mientras se hacen pasar por choferes o cobradores de transporte público, o de mototaxis. En ambos casos, la pena podría subir hasta en un tercio sobre el máximo legal.

El proyecto se sustenta, además, en cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Según ese informe, citado en la exposición de motivos, la corrupción y la delincuencia son percibidas como los principales problemas del país, con 58,7% y 50% de respaldo, respectivamente. El dato que más pesa en el texto es otro: la desconfianza ciudadana en la PNP llega a 82,9%.

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Los casos mencionados en la propuesta

La exposición de motivos reúne varios episodios recientes para justificar el cambio. En junio de 2026, la Fiscalía detuvo a nueve policías de la comisaría de Vitarte, acusados de exigir coimas a conductores en la Carretera Central a cambio de no ponerles papeletas.

Según el documento, algunos de los intervenidos fueron obligados a sacar dinero de cajeros porque no llevaban efectivo encima. Ese mismo mes, otros cinco efectivos fueron detenidos en Ica por presuntamente cobrar dinero a cambio de permisos irregulares para faltar al servicio.

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El texto también cita el caso "Los Incorregibles de San Juan de Miraflores", de agosto de 2025. Nueve integrantes de la PNP, ocho de ellos en actividad, fueron investigados por sembrar drogas y armas a ciudadanos para luego cobrarles a cambio de dejarlos libres.

A ese caso se suma la condena confirmada, de siete años y seis meses, contra el suboficial Paul Galarza, quien integraba una banda dedicada a la extorsión y presionaba a las víctimas para que no denunciaran.

Otro episodio mencionado en el proyecto es el secuestro del empresario colombiano Juan Mauricio Padilla, ocurrido en agosto de 2025 en Lima. De acuerdo con el documento, en el caso participaron efectivos policiales que habrían usado recursos ligados a su función para exigir cerca de 400 mil dólares en criptomonedas.

A esa lista se agrega la red "Los Charlys de Pucallpa": dos policías en actividad recibieron dieciocho meses de prisión preventiva en junio de este año por secuestro y extorsión mediante intervenciones falsas.

La propuesta no es la primera en tocar este tema. El proyecto recuerda otras dos iniciativas previas: una de 2023, que buscaba elevar penas para policías y militares que colaboren con organizaciones criminales, y otra de octubre de 2025, sobre tenencia ilegal de armas.

También menciona una propuesta de agosto de este año, orientada a derogar la Ley 32735 para que los delitos de policías y militares regresen a la justicia ordinaria. Según el documento, el cambio al artículo 46-A no le quita competencias al Ministerio Público ni al Poder Judicial, y tampoco demandaría gasto adicional al Estado.

La mandataria confirmó la invitación durante una entrevista con RPP y explicó que la actividad forma parte de su agenda en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). "Espero tener la posibilidad de saludarlo", dijo la jefa de Estado sobre su eventual encuentro con el mandatario estadounidense.

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La cena, en realidad, es una recepción tradicional que el presidente Trump y su esposa Melania Trump ofrecen cada año a todos los jefes de delegación que participan en el Debate General de la Asamblea General.

Este año se realizará el martes 22 de setiembre, a las 7:00 de la noche, según el documento oficial de la agenda presidencial revisado por este medio. No se trata, entonces, de una cena privada ni bilateral, sino de un evento protocolar con la presencia de decenas de mandatarios.

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Para que Fujimori pueda viajar, el Senado debe aprobar primero el proyecto de resolución legislativa presentado esta semana por el Ejecutivo. El documento fue entregado por la propia presidenta junto al jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y todavía debe pasar por el pleno de la Cámara Alta. Si el permiso no llega a tiempo, la presidenta no podrá viajar y, por lo tanto, tampoco asistirá a la recepción de Trump.

El viaje está programado del 21 al 25 de setiembre. Durante esos días, la mandataria peruana tiene previsto participar en el Debate General de la ONU, sostener reuniones bilaterales con otras jefas y otros jefes de Estado y asistir a distintos foros empresariales en territorio estadounidense. Mientras dure su ausencia, el despacho presidencial quedará a cargo de Galarreta, quien también ejerce como primer vicepresidente de la República.

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Estos son los otros compromisos de la agenda internacional de Fujimori

Antes de la recepción con los Trump, la presidenta tiene programada una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas. El encuentro se realizará el mismo martes 22 de setiembre, a las 2:20 de la tarde, según el itinerario oficial. La cita busca reafirmar el compromiso de Perú con el sistema multilateral y abordar temas de interés nacional ante uno de los organismos internacionales más importantes.

Un día después, el miércoles 23 de setiembre, Fujimori presidirá un encuentro empresarial en Miami organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

A la cita asistirán cerca de 80 empresarios iberoamericanos. El objetivo, según el documento oficial, es presentar al Perú como una plataforma de inversión, gracias a su ubicación geográfica y a sus acuerdos comerciales con distintos mercados.

“En principio, el ingreso al Escudo de las Américas no va a impactar automáticamente en los resultados, es decir, en la reducción de la victimización asociada a la extorsión o en la baja de homicidios. Es un mecanismo de naturaleza internacional y multilateral, impulsado por Estados Unidos con sus propias reglas, orientado al fortalecimiento de capacidades y a la asistencia técnica y policial (…) Hay amenazas muy concretas, como el Tren de Aragua. El mecanismo está orientado a intercambiar información de inteligencia, entrenar a equipos específicos de la Policía Nacional —quizás con participación de algunos fiscales— y desarrollar operativos conjuntos para la desarticulación de organizaciones criminales. Habría que determinar los puntos del acuerdo. El convenio que ha desarrollado el FBI con la Policía Nacional todavía no es público, así que no conocemos sus puntos específicos. Pero, en teoría, este mecanismo funciona bajo un intercambio de beneficio conjunto: atiende aquellas amenazas que impactan a la vez a los dos países. Por lo tanto, sí puede ayudar a controlar ciertos casos de sicariato o extorsión, pero solo los que provengan de una organización criminal que afecte a ambos países o que ambos identifiquen como amenaza común, como nuevamente el Tren de Aragua”.

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Julio Corcuera, exviceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior

La cooperación siempre es positiva para el país. Contribuye directamente a las buenas prácticas y al equipamiento, en esta época en donde la tecnología cambia mucho y es vital para poder localizar, georreferenciar o simplemente cruzar bases de datos, algo realmente importante. Esto sí contribuye a la lucha contra todos los delitos en el tema de extorsión, sicariato y crimen organizado, toda vez que se hace prioritario; es valioso y positivo, sí contribuye. Pero, claro, ahí hay dos dimensiones que hay que mirar. Una primera es la que se menciona, la cooperación directa a Perú que se da desde los organismos y los operadores que tiene la embajada norteamericana en el país, que contribuyen con la policía, como el INL (la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley), que colabora con los organismos que hacen control. Y otra cosa es la cooperación que también se da a partir del Escudo de las Américas: la que tiene Estados Unidos en su territorio, que contribuye a la lucha contra el crimen y el sicariato, y la que se da en el marco del Escudo de las Américas, que tiene un acento mayor en el abordaje del crimen transnacional organizado.

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Andy Zeballos, politólogo y Magíster en Política Anticorrupción y Estado de Derecho

“Primero, como muestran el secuestro del expresidente venezolano y las amenazas arancelarias bajo el argumento del “narcoterrorismo”, Trump representa un retorno a una visión neocolonial e intervencionista de la Doctrina Monroe: “América para los americanos”. Segundo, China se ha consolidado como uno de los principales socios comerciales del Perú y la región, aumentando su influencia mediante inversiones estratégicas como el Puerto de Chancay. En ese contexto, cabe preguntarnos por qué esa “preocupación” por nuestra seguridad interna no se manifestó antes. Por ejemplo, cuando la embajada de EE. UU. en el Perú, con el respaldo de Keiko Fujimori y López Aliaga, presionó por la compra de 24 aviones F-16 por US$3.500 millones, pese a que, si la prioridad era fortalecer nuestra capacidad aérea, drones o helicópteros habrían resultado mucho más útiles. Así que, en mi opinión, la decisión del gobierno de Fujimori responde más a la búsqueda de titulares que presenten la alianza como un logro en materia de seguridad que a una verdadera estrategia para enfrentar la violencia. Más aún si recordamos que, históricamente, EE. UU. ha desempeñado un papel desestabilizador en América Latina, como ocurrió con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile”.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La Unión Internacional de Magistrados es la asociación internacional más grande de jueces. Actualmente tenemos 93 países representados. En la próxima reunión vamos a votar la solicitud de un país más.

¿Cuál?

Honduras. Y además tenemos como miembros no a jueces individuales, sino a las asociaciones nacionales de jueces o grupos regionales de jueces. Y nuestra principal finalidad es la defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho. Es decir, que un juez pueda decidir de manera imparcial, conforme a la ley, sin temor a presiones, sin temor a represalias, sin temor a que se vulnere su seguridad personal. Eso es lo que defendemos, es nuestra principal labor.

Entiendo que también son un órgano consultivo de Naciones Unidas.

Sí.

¿De qué manera funciona esa cooperación?

Nosotros participamos en varias actividades de Naciones Unidas, en temas jurídicos. Cuando podemos, presentamos nuestras manifestaciones, nuestras opiniones sobre el sistema judicial.

Debe ser un trabajo complejo, porque tienen presencia en cinco continentes. ¿Cómo se organizan para estar presentes en lugares que no comparten el mismo huso horario?

Realmente es complejo, no es fácil. Para intentar facilitar un poco el funcionamiento de la unión internacional, que es realmente grande, desde hace años tenemos una subdivisión en cuatro grupos regionales. Uno es el grupo Iberoamericano, que incluye Latinoamérica, Portugal y España. Después tenemos el grupo europeo, el grupo africano y el grupo ANAO, que es Estados Unidos, Canadá, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

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Usted fue elegido presidente de la UIM en octubre del año pasado. Hasta el momento, ¿cuál es el caso más complejo que ha revisado?

El caso más complejo, creo yo podría decir, es el caso del colega de Túnez (Anas Hmedi), que es el presidente mismo de su asociación.

Que fue encarcelado, me parece.

Fue condenado, no llegó a ser encarcelado. Encarcelado sí fue, y todavía está en esa situación, el presidente de la asociación de jueces de Turquía (Murat Arslan). Es otro problema grave que tenemos y con el cual tratamos. El presidente de la asociación de Turquía ya está una década en la cárcel. El caso de Túnez es más reciente, él fue condenado en abril. Y lo grave es que fue condenado por su actuación como presidente de la asociación, por el liderazgo en una protesta contra la destitución, que consideramos irregular, de más de 50 jueces. Y también por la disolución del Consejo de la Judicatura. Entonces, él fue procesado y condenado por su actuación. No se respetó la inmunidad que un presidente de la asociación debería tener. Él prefirió, para evitar la encarcelación, salir del país y actualmente está en el extranjero.

Usted me contaba al inicio de esta entrevista que el principal objetivo de la UIM es garantizar la libre actuación de los jueces. En ese escenario, ¿cuál es la principal amenaza que enfrentan los jueces?

Las presiones más importantes actualmente son los intentos de criminalización de la actividad de los jueces, es lo que más nos preocupa. O sea, criminalizarlos por lo que deciden, lo que no está bien. Incluso, hay en muchos países proyectos de ley que intentan agregar esa previsión. Dicen que la interpretación equivocada de la ley puede ser considerada un delito. Pero, ¿quién va a decidir cuándo fue equivocada una interpretación? Si hay algo que fue equivocado, hay que cambiar eso a través de las apelaciones.

A través de la misma vía judicial.

Exacto. Y muchas veces se utiliza la vía penal para intimidar a los jueces, con cargos criminales, por lo que decidieron, por sus resoluciones. Otra manera de intimidar a los jueces es el uso abusivo de los procedimientos disciplinarios. A raíz de sus resoluciones empiezan a responder a procesos disciplinarios, lo que tampoco debería pasar. La decisión jurisdiccional es la labor del juez y si eso no está bien, si la parte no está de acuerdo, puede apelar. Igualmente, hay campañas en las redes sociales de intimidación de jueces, en contra de su reputación.

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La parte regional de la UIM se llama IBA.

El grupo IBA, sí, por Iberoamericano.

Y, en el último año, el grupo Iberoamericano ha ido observando cuidadosamente lo que está pasando en el Perú. De hecho, ha tenido dos pronunciamientos, puntualmente por el caso del juez Oswaldo Ordóñez, al que se destituyó.

Sí, por una opinión que él había dado fuera de sus competencias jurídicas, en su calidad de presidente de la asociación de magistrados.

¿Cómo ve esa situación?

Nosotros vemos con mucha preocupación lo ocurrido, porque, primero, ya se discute mucho en el mundo ese sistema de ratificación de los jueces. En el mundo se ve si ese sistema puede servir, en teoría, como una posibilidad de intimidación o como una represalia. Entonces, el sistema ya es discutible. Los organismos internacionales en general consideran que la mejor solución, la mejor opción para el sistema judicial, es que los jueces sean nombrados por tiempo indeterminado, hasta su jubilación, hasta el tiempo de retiro y no estar sometidos a una ratificación periódica como pasa aquí.  Y en el caso específico del presidente Ordóñez la preocupación va más allá de lo teórico porque se dio a raíz de su actuación como presidente de la asociación, cuando defendía los intereses de la carrera judicial que representa. Hizo declaraciones, presentó críticas a proyectos de ley del Perú, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Eso es llamativo, porque ustedes defienden a los jueces por las decisiones que toman dentro de los tribunales, pero a él se le ha sancionado no por eso, sino por una opinión que dio en un evento gremial, de representación.

Sí. Él no fue ratificado por debilidades en el desempeño de su rol como juez, en sus funciones jurisdiccionales. Al contrario, reconocieron su idoneidad en este punto de la evaluación, pero consideraron ese hecho, lo que dijo en esa reunión, como motivación para no ratificarlo. Entonces, es algo que nos preocupa mucho. Es un hecho que pone en riesgo el desempeño de la función gremial.

En términos generales, ¿cómo ven la situación de los jueces en el Perú? La tensión es más o menos clara, el último episodio que hemos visto todos ha sido esta confrontación entre la presidenta del Poder Judicial y la presidenta Fujimori. La primera le pidió a la segunda que por favor cesen las presiones contra los jueces desde el Congreso.

Nosotros con respecto al Perú tenemos preocupación por la utilización de procedimientos disciplinarios en contra de jueces por sus resoluciones. Nos preocupa que se esté utilizando en el país ese tipo de herramienta como un método para intimidar a los jueces. Y la idea no es intimidar solo a ese juez, lo que se quiere es que lo vean los demás. Dicen: "Si usted decide así, va a sufrir los mismos problemas, las mismas penas". Entonces, eso pone en riesgo la independencia judicial.

En las horas que tiene en Lima, ¿le han mencionado el nombre de Fernando Rospigliosi? ¿Sabe quién es?

Es un senador.

Sí, del Partido Gobierno.

Bueno, no me comentaron, pero sí me acuerdo de noticias sobre sus críticas al Poder Judicial.

Él ha asumido como una responsabilidad personal la defensa de los militares y policías que están investigados por casos de violaciones a derechos humanos y en ese sentido ha hecho leyes para protegerlos. Pero ha ido un poco más allá y después de que salieron esas leyes ha ido persiguiendo a los jueces que no han hecho caso de las mismas. Y si no hacen lo que él quiere, los llama prevaricadores y además trata de destituirlos. No sé si hay una figura parecida en alguna parte del mundo.

En ese caso, nos preocupa justamente, como ya fue relatado, el caso de colegas que utilizaron el control difuso de constitucionalidad, o sea, decir que una ley no se puede aplicar porque está en contra de la Constitución. Eso es algo normal, que pasa en todos los países. Es un mecanismo que está disponible para el juez. Y el juez puede y debe hacerlo cuando sea el caso. Pero acá se está utilizando esa situación como motivo para dar inicio a un procedimiento disciplinario, a una investigación, en contra de jueces que utilizaron ese mecanismo. Pero una vez más, si una parte no está de acuerdo con la resolución del juez, porque el juez dijo que la ley no se aplica por una u otra razón, hay que apelar, y no ir en contra del juez en el ámbito disciplinario.

A ello se sumó la moción de interpelación aprobada en la Cámara de Diputados contra el ministro del Interior, César Astudillo, y se convirtió en el primer funcionario del Gabinete de Luis Galarreta que deberá responder directamente ante el Pleno.

La bancada de Juntos por el Perú cuestionó su "ineptitud en la conducción de la política de seguridad ciudadana". El titular del Mininter tendrá ahora que intentar convencer a la oposición —a través de las 27 preguntas que comprenden el pliego interpelatorio— si este proceso de control político no termina en una moción de censura.

Las constantes crisis políticas en que vive el país están relacionadas directamente con la inseguridad. La expresidenta Dina Boluarte fue vacada luego de que se presentaran cuatro mociones en el Congreso para acelerar su salida del cargo.

El principal argumento se centró en la causal de permanente incapacidad moral, sustentada en la falta de liderazgo, capacidad, coordinación y voluntad política por parte de la mandataria para enfrentar al crimen organizado.

Dos días antes, la agrupación musical Agua Marina había sufrido un atentado en Chorrillos que dejó cinco heridos, cuatro de ellos integrantes de la orquesta.

El rechazo frente a la inacción, en el último tramo de su gobierno, provino desde todas las bancadas del Congreso —incluso las que por meses la mantuvieron en el poder— y una fuerte presión mediática, impulsada por sectores artísticos y sociales.

El factor político de la inseguridad

¿Es la actual crisis por la inseguridad una espada de Damocles para el gobierno de Keiko Fujimori? Especialistas consultados por La República tienen opiniones divididas sobre el peligro latente a nivel político que representa para el Ejecutivo la falta de estrategia y resultados contra la criminalidad.
El exministro del Interior Wilfredo Pedraza consideró que si el gobierno de Fujimori no presenta resultados dentro de los cien días, enfrentaría un problema de credibilidad y gestión, significando un desgaste político para una gestión entrante.

“Hay un déficit enorme de resultados, Creo que si a los 100 días ella no tiene nada que anunciar y no se ve que tenga algo y si no hay un inicio de algunos proyectos de inversión vinculados a la seguridad, esa situación le va a significar un desgaste político bastante prematuro. Yo tengo claro que la ciudadanía busca resultados inmediatos (…) sin embargo cuando el político explica que ya comenzó a trabajar en proyectos de inversión vinculados a la seguridad. Entonces, la ciudadanía miraría con expectativa y sabría esperar mejores tiempos, pero esta situación no la estoy percibiendo para el país y eso le va a significar una afectación a la credibilidad y a la gestión de gobierno”, precisó.

Por su parte, el exviceministro de Orden Interno, Ricardo Valdés, estimó que aún es muy prematuro cuestionar al gobierno y en su reflexión espera que desde el Ejecutivo "no tomen decisiones equivocadas" pensando en el bienestar de la ciudadanía en general.

“Es muy pronto para cuestionar el mandato de Keiko Fujimori. Yo creo que ella se ha encontrado de lleno con lo que significa manejar un país […] Una oposición por oponerse no me parece la más adecuada ni lo más recomendable para los ciudadanos en general. Yo estoy pensando en los que votaron por Keiko Fujimori y en los que no votaron por ella. Me gustaría que no tomen decisiones equivocadas. Mi análisis nace de que ellos no tienen una brújula. Están intentando cosas a través de ensayo y error, no están recurriendo a toda la información y evidencias en las diversas unidades de investigación. Le hace falta muchísima humildad al gobierno para reconocer que no tienen la solución en sus manos, les hace falta humildad para solicitar el apoyo de terceros. Pero mientras esa humildad no se ponga en práctica, van a seguir persistiendo en razonamientos radicales del uso de la fuerza que en realidad va a terminar por complicar más las cosas que por favorecerlas”, subrayó.

Asimismo, Rubén Vargas, exministro del Interior, se refirió a la interpelación que atravesará el ministro César Astudillo. Indicó que este proceso será una prueba para demostrar si existe un plan de trabajo concreto que respalde los resultados prometidos en seguridad.

“El ministro del Interior tendría que aprovechar, en el marco de su interpelación, para presentar una estrategia y,  especialmente, cómo se van a conseguir esos objetivos”, expuso.

El exministro se mostró a favor de la interpelación del Congreso y señaló que es necesario al no haberse presentado un plan claro contra la criminalidad. “Creo que es importante que exista ese control y esa fiscalización del Congreso frente a un sector en el que hasta este momento no ha mostrado una estrategia ni un norte definido para enfrentar el principal problema que genera esa zozobra y miedo en la población”.

Adelantó que espera que el gobierno se rectifique de lo mostrado en el mes y dos semanas de gestión, ya que no hay evidencia de una estrategia contra el crimen organizado o las economías ilegales; sino modelos copiados de gobiernos anteriores.

“Lo que el gobierno nos ha presentado como el Plan Escudo es más o menos la repetición de lo que se ha venido haciendo en el gobierno de Boluarte, de Jerí. La naturaleza del problema es que tenemos estructuras criminales nacionales y transnacionales […] además de una ausencia absoluta de liderazgo en la conducción de la lucha contra el crimen”, sostuvo.

Frank Casas, experto en seguridad ciudadana y crimen organizado, indicó que aunque el Ejecutivo tiene mayor respaldo en el Congreso, la presión social por la inseguridad podría dibujarle un escenario complejo.

“A diferencia de los gobiernos de Dina Boluarte y de Jerí, este gobierno tiene mayor nivel de representación. Entonces, eso le da cierto nivel de margen de estabilidad. Lo que sí vamos a ver es que no hay ‘luna de miel’ en términos de inseguridad. Y a diferencia de lo que ocurrió hace cinco o siete años, hoy en día existe capacidad de organización de la población afectada por este problema”, precisó.

Frente a ello, cuestionó las declaraciones del ministro César Astudillo sobre que la crisis se debe solo a una “percepción mediática” y sostuvo que el principal problema del gobierno radica en la ausencia absoluta de un plan definido para frenar la violencia.

“Recién están acoplándose en su puesto, todavía no se afina la capacidad de organización y eso hace que la comunicación sea bastante desordenada. (…) No hay una estrategia clara aún, eso es lo que percibe la población mientras siguen matando, siguen asesinando, siguen extorsionando”, señaló.

Hablar de una percepción es subestimar

El exministro de Defensa José Luis Gavidia cuestionó las expresiones del ministro del Interior al calificar la ola delictiva como una "percepción mediática". Gavidia rechazó ese término y aclaró que se trata de un problema de larga data y que subestimar a las organizaciones criminales impide actuar con la fuerza necesaria.

“Los medios de comunicación son los que nos ayudan a enterarnos de lo que pasa. Pero esto no es una situación nueva, venimos hace varios meses y años con esta ola de criminalidad. Hablar de una percepción mediática es subestimar a estas organizaciones. Deberíamos estar más preocupados para poder actuar con mucha más fuerza”, expuso.

“Este no es un problema ni de la Administración de Justicia, ni de la Policía, ni del Ejecutivo. Y el gran ausente, que ya lo he manifestado en la Comisión de la Mujer, la Cámara de Diputados, es el gobierno regional de Amazonas”, dijo durante una entrevista vía RPP.

El pronunciamiento de Seminario ocurre tras la alerta internacional por la alta cifra de abusos sexuales y contagios de VIH contra menores awajún y wampís en residencias estudiantiles, donde la tolerancia social a la violencia alcanza el 90%, según la OEA.

La ministra también señaló que las denuncias son contra "los profesores que responden a las UGELES del gobierno regional de Amazonas". Y, pese a que la fiscalización educativa también involucra a las instancias nacionales, la funcionaria insistió en señalar a las autoridades regionales por la ausencia de acciones concretas tras los reportes de violencia.

"La primera responsabilidad, y no hemos tenido respuesta de eso, es del gobierno regional de Amazonas", reiteró Seminario.

Respecto a la presencia del Estado en la zona afectada, la titular del Ministerio de la Mujer detalló la infraestructura y los planes ante la crisis que sufren las víctimas awajún y wampís.

"El Ministerio de la Mujer ha tomado acciones técnicas. Tenemos dos, Atención Rural tenemos dos, y tenemos un Centro de Emergencia Mujer, cada uno en una de las provincias, de uno de los distritos de la provincia de Condorcanqui.

Además, indicó que el lunes siguiente se presentarían “las propuestas del sector para que haya un análisis técnico inmediato y se puedan aprobar".

Ruth Luque tras declaraciones de ministra de la Mujer: “Evidencian desconocimiento”

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, rechazó el deslinde de responsabilidades de la ministra y señaló que sus declaraciones solo “evidencian desconocimiento”. Además, señaló que “sostener que lo ocurrido no es un problema del Ejecutivo ni de los organismos de justicia revela precisamente una de las razones por las que esta situación lleva tantos años sin una respuesta suficiente".

La parlamentaria advirtió un trato diferenciado de las autoridades al momento de abordar el caso. "¿Por qué el Estado responde de esta manera cuando las víctimas son niñas indígenas?", cuestionó, para luego apuntar que "existe discriminación estructural cuando el lugar donde naciste, tu pertenencia indígena y tu situación económica determinan cuánto tiempo tienes que esperar para que el Estado te proteja de verdad".

En esa misma línea, Luque exhortó a las autoridades a coordinar esfuerzos para mostrar resultados en vez de atribuir faltas. "No necesitamos que el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional y los organismos de justicia se señalen unos a otros. Necesitamos responsabilidades compartidas, presupuesto y resultados".

Más atrás se ubican Francis Allison (Avanza País), con 4.7%, y Daniel Urresti (Podemos Perú), con 4.1%. El resto de aspirantes no supera el 2%. Susel Paredes (Ahora Nación) suma 1.8%, Alberto Tejada (Acción Popular) 1.7% y Ricardo Belmont (Partido Obras) 1.2%. Un bloque de seis candidatos, entre ellos Samuel Daza, Elio Riera y Alan Iparraguirre, se agrupa bajo la categoría de otros con 2.6%.

El porcentaje más alto de la medición corresponde a la ciudadanía que no decide su voto. El 42.8% de los entrevistados no precisa por quién votaría, 2.1% marcó blanco o nulo y 2% afirma que no irá a votar. En conjunto, el 47% de los limeños no elige a ningún candidato a menos de un mes de las elecciones regionales y municipales de 2026.

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El empate se sostiene en los intervalos de confianza

Si se observan los intervalos de confianza de cada candidato se respalda la lectura del empate, pues las barras de error de López Aliaga y Bruce se superponen, lo que impide afirmar que uno aventaja al otro. Allison y Urresti, por su parte, también muestran intervalos que se cruzan entre sí, por lo que compiten en un empate técnico propio por el tercer lugar, aunque sin acercarse a los dos punteros.

33% de peruanos tiene poco interés en las elecciones regionales y municipales

El 33% de los encuestados por el IEP dice tener “poco” interés en el proceso electoral de octubre y un 20% no tiene “nada” de interés, lo que suma 53% de la población con bajo o nulo interés en esta contienda. Solo 16% declara estar “muy” interesado y 30% “algo” interesado.

La comparación con setiembre de 2022 muestra que el interés no ha mejorado. La categoría de "mucho" interés cayó de 18% a 16%, mientras que "poco" interés subió de 30% a 33%. El desinterés total (poco + nada) pasó de 51% a 53% en cuatro años, una diferencia menor pero que podría confirmar una tendencia,.

El dato más marcado aparece al cruzar la variable con el nivel socioeconómico. En el sector A/B, 57% se declara "muy" o "algo" interesado en las elecciones, proporción que cae a 50% en el sector C y a 38% en el D/E. En el otro extremo, el desinterés ("poco" o "nada") alcanza 57% en el sector D/E, frente a 43% en el A/B. Es decir, el sector socioeconómico más numeroso del país es también el menos interesado en decidir quién lo gobernará, un patrón que coincide con el alto porcentaje de indecisión que ya registra la elección por la alcaldía de Lima.

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El JNE avaló candidatura de López Aliaga pese a la sospecha de reelección encubierta

Cabe señalar que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ratificó la candidatura de Rafael López Aliaga a primer regidor de Lima por Renovación Popular. La particularidad del caso es que el candidato a la alcaldía de su lista, Luis Rubio, renunció poco antes del cierre del plazo legal, lo que deja a López Aliaga en condición de asumir el sillón municipal si su lista gana el 4 de octubre, pese a ser un exalcalde de la ciudad.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, defendió la decisión y dijo que no existe una prohibición expresa en la Constitución ni en otras normas para que un exalcalde postule para ser regidor. Sin embargo, el organismo evitó pronunciarse sobre si esa renuncia constituye una maniobra para eludir la prohibición constitucional de reelección, ya que declaró infundada la apelación en su contra por un argumento de plazos, sin entrar al fondo del asunto.

El PL plantea que la pensión se suspenda en la parte que, sumada al sueldo del cargo público, supere el tope remunerativo fijado por el Decreto de Urgencia 038-2006. Si la remuneración ya alcanza ese máximo, la pensión se suspende en su totalidad mientras dure el mandato.

“Presenté el proyecto de ley que acaba con el privilegio del “doble sueldo” para militares y policías en retiro que llegan a cargos por voto popular. Sí, a mí también me alcanza. No le quitamos a nadie la pensión ganada con años de servicio. Mientras ejerzan el cargo, se suspende lo necesario para respetar el tope legal. Al terminar, la recuperan completamente. Aplica a diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, consejeros y regidores. Servir al país es un HONOR, no un privilegio”, escribió Colchado en X.

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Colchado sostiene que la ley vigente desde mayo de 2022 desnaturalizó el objetivo de incorporar a militares y policías retirados a labores técnicas o administrativas del Estado. Según el diputado, extender ese beneficio a los cargos de elección popular carece de sustento, porque un congresista, alcalde o gobernador regional no es seleccionado por un perfil técnico sino por el voto popular, y su función no genera una relación de subordinación con el Estado.

El proyecto también apela al desgaste de la imagen del Congreso, pues cita una encuesta de Ipsos que en julio de 2026 midió una desaprobación del 89% a los congresistas y del 96% a la presidenta de la República, y sugiere que el cobro simultáneo de sueldo y pensión alimenta esa percepción de manejo poco transparente de los recursos públicos.

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El antecedente: la ley que ya benefició a congresistas

El problema que Colchado busca corregir no es nuevo. La Ley 31473 se originó en un proyecto presentado en 2021 por la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y fue perfeccionada en la Comisión de Defensa Nacional, presidida en ese momento por José Williams. Una investigación de IDL Reporteros documentó que la norma terminó hecha a la medida de un grupo de legisladores retirados de las Fuerzas Armadas y la PNP, José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín, quienes desde 2022 reciben de forma simultánea su sueldo congresal y su pensión militar o policial, sin restricciones ni topes.

Ese beneficio motivó una denuncia constitucional. En enero de 2025, la Fiscalía de la Nación denunció ante el Congreso a 11 legisladores integrantes de la Comisión de Defensa del periodo 2021-2022 por el presunto delito de negociación incompatible, al considerar que impulsaron el dictamen que permitió a cinco de sus colegas cobrar ambos ingresos sin límite. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del propio Congreso declaró improcedente la denuncia en marzo de 2025, y el entonces congresista José Cueto defendió la norma.

El propio Congreso ya había recibido una propuesta similar a la de Colchado. En 2025, el congresista Héctor Valer presentó un proyecto para eliminar la excepción de la Ley 31473 que permite a los pensionistas de las fuerzas del orden superar el tope de seis Unidades de Ingreso del Sector Público. La iniciativa fue rechazada por legisladores beneficiados. Alfredo Azurín calificó los ingresos de los pensionistas como "intocables" y acusó al Ministerio Público de cometer un "atropello" contra el Congreso.

La demanda principal señala que la norma debilita los derechos ciudadanos al apartar los procesos del Poder Judicial. El gremio profesional sostiene también que la ley trasgrede los principios del sistema de justicia.

"El artículo 173 de la Constitución limita materialmente la competencia de la jurisdicción militar policial exclusivamente al ámbito de los delitos de función. De este modo, a su juicio, el nuevo primer párrafo del artículo II del Título Preliminar del Código Penal Militar Policial desvirtúa este concepto al introducir componentes como 'las acciones militares, la acción de armas y la consecuencia del servicio', expresiones que 'describen las circunstancias de comisión, pero no identifican la naturaleza del deber infringido ni el carácter propio, particular y preponderantemente militar o policial del bien jurídico lesionado'".

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De igual forma, la observación legal apunta a situaciones particulares como la declaración de estados de emergencia en el país y cómo esto afecta la distribución de competencias entre los diferentes poderes del Estado.

"El artículo 1 considera delito de función a toda conducta ilícita cometida durante un estado de emergencia. Según el demandante, esta disposición contiene un sentido interpretativo manifiestamente inconstitucional, pues 'la declaración de un estado de emergencia puede habilitar que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno, pero no modifica la distribución constitucional de competencias jurisdiccionales'".

Además, también se refiere al archivo de las investigaciones en curso dentro del sistema común y las consecuencias que esto genera para las víctimas.

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"Por otro lado, aduce que las reglas contenidas en el artículo 2 y en la Disposición Complementaria Final Única ordenan preferir al fuero militar policial y obligan al juez ordinario a archivar investigaciones 'sin necesidad de audiencia previa y mediante decisión inimpugnable', lo cual vulnera los derechos de las víctimas y, además, dejaría 'sin efecto las sentencias condenatorias que todavía no sean firmes [...] y [excluiría sus respectivos] pagos de la reparación civil'".

Tras admitir formalmente el recurso, el Tribunal Constitucional notificó al Congreso de la República para que se apersone al proceso y presente sus descargos formales en un plazo de 30 días hábiles, conforme a los procedimientos establecidos.

Alcorta sostuvo que el Gobierno "se fue de más" al incluir en un mismo pedido una serie de materias que pudieron canalizarse a través de comisiones ordinarias o decretos de urgencia. A su juicio, esa mezcla "abarató" la propuesta y le restó respeto al contenido de fondo, mientras que las medidas de emergencia, de haberse enviado por separado, habrían sido aprobadas de inmediato.

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La senadora se pronunció luego de que Marta Chávez planteara que, si la Cámara de Diputados aprueba solo un paquete de las facultades, el Senado podría rectificar y aprobar el total de las 66 medidas. Alcorta precisó no poder compartir esa lectura porque no maneja con certeza si la Cámara Alta cuenta con dicha atribución constitucional, y evitó pronunciarse sobre un eventual choque entre ambas cámaras.

La legisladora indicó que buscará conversar con Chávez y con representantes de Diputados para explorar una fórmula de conciliación, aunque descartó tomar postura en un enfrentamiento entre ambas bancadas: "No voy a hablar ni a dar una opinión ni voy a confrontar una Cámara con la otra", señaló.

Voceros de Diputados piden al Ejecutivo separar el pedido de facultades

Un oficio de los voceros César Holguín (Ahora Nación), Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) y Víctor Piñán (Obras) pidieron al premier Luis Galarreta que el Ejecutivo presente un nuevo proyecto de delegación de facultades acotado únicamente a seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres, incluida la atención al fenómeno de El Niño, informó La República el 11 de septiembre.

Los que firmaron advirtieron que existe el riesgo de que el Senado "distorsione el trámite bicameral": si Diputados aprueba solo una parte de las materias del proyecto original, la Cámara Alta podría restituir las que quedaron fuera, algo que atribuyeron a declaraciones públicas de los senadores Martha Chávez Cossío y Carlos Mesía. Los voceros sustentaron su pedido en los artículos 104 de la Constitución, 108 del Reglamento del Congreso y 25-a del Reglamento del Senado, que —sostuvieron— limita al Senado a modificar lo aprobado por Diputados sin incorporar materias distintas.

Ese primer corte de cuentas abarca todo el dinero recibido, aportes e ingresos, y todos los gastos entre el 7 de enero, día en que se convocó el proceso electoral, y el 5 de septiembre, fecha que marca el cierre del primer tercio de la campaña, treinta días antes de los comicios.

La entidad precisó que la ampliación rige para las dos vías de entrega habilitadas; es decir, el registro digital mediante el sistema CLARIDAD y la entrega presencial, que exige una carta con los formatos correspondientes y sus anexos, ya sea en la sede central de la ONPE, en alguna Oficina Regional de Coordinación o en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales habilitadas para esta elección subnacional. El organismo también recalcó que el propio candidato o su responsable de campaña puede encargarse de este trámite y que una sola persona puede asumir ese rol para más de un postulante.

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Qué formato le toca a cada quien

La ONPE detalló el esquema de formularios que corresponde llenar según el tipo de organización o candidatura:

• Partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales: formato 5 para aportes e ingresos, formato 6 para gastos.
• Candidatos: formato 7 para aportes e ingresos, formato 8 para gastos.
• Si el candidato cuenta con un responsable de campaña, debe formalizar esa designación con el formato 14.

Como presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Loreto), James Pérez sabe que su cabeza tiene precio, por lo que debe andar con un chaleco antibalas, incluso cuando acude a representar a su pueblo en diálogos con representantes del Estado.

James Pérez Pacaya es uno de los 43 defensores y defensoras en situación de peligro, según los registros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Un estudio exhaustivo de esa organización ha identificado las principales amenazas que afectan a los pueblos indígenas y a quienes ejercen la defensa territorial, evidenciando la estrecha relación entre el avance de las economías ilegales y la vulneración de derechos colectivos.

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Entre las principales amenazas identificadas se encuentran la tala y minería ilegal, el narcotráfico y los cultivos ilícitos, la explotación de hidrocarburos, el tráfico de tierras, la pesca ilegal y los impactos asociados a proyectos de infraestructura. Además de la presencia de grupos armados y los conflictos derivados de la superposición de derechos sobre territorios indígenas.

Esta situación tiene impactos directos sobre la seguridad de las comunidades y de sus autoridades, dirigentes, vigilantes y defensores.

Dirigentes como Graciela Álava, Miguel Guimaraes, Arthur Cruz, Zoila Ochoa, Martha Negrete, Edith Huanio, Carmen Macahuachi, Juana Guatica, Ramón Tenteis, Percy Nanchijam, Ronildo Gushi, Rafael Canchari, Gil Inoach, Marcelo Odicio, Elías Mozombite, Herlim Odicio y Grimaldo Villacorta, figuran en la lista de defensores amenazados (ver recuadro). Viven con temor por la intimidación permanente que reciben de los grupos criminales, según la AIDESEP.

Una historia de crímenes

El panorama para los defensores ambientales en el Perú empezó muy mal en 2013. El jefe de la comunidad nativa Nuevo Amanecer Hawai, Mauro Pio Peña, fue asesinado cuando iba a ingresar a su domicilio en Satipo, región Junín. Ocurrió la noche del lunes 27 de mayo. Sicarios al servicio de traficantes de tierras le dispararon dos tiros.

Desde entonces, 37 líderes indígenas han sido ejecutados en el país. Sin embargo, los mecanismos de protección siguen siendo insuficientes, manifiestan los dirigentes de diversas organizaciones indígenas.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha registrado más de 600 situaciones de riesgo contra personas defensoras desde 2019.  Según este organismo, alrededor del 70% de estos casos está vinculado a actividades ilícitas como la tala ilegal, el narcotráfico o la minería ilegal.

Las regiones más afectadas son Ucayali (18.6%), Loreto (11.4%), San Martín (11%) y Madre de Dios (9.3%), que concentran la mayor cantidad de casos.

"La amenaza no solo está vinculada a las economías ilícitas como minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico, sino con las estructuras criminales que están detrás", advirtió Julio Cusuriche Palacios, destacado ambientalista de la región de Madre de Dios y uno de los ganadores del Premio Ambiental Goldman 2007.

 "El crimen organizado está ganando terreno porque no solo actúa quien dispara, sino también quienes permiten su entrada al territorio y facilitan sus actividades", añadió Cusuriche.

El exviceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Franco Salinas, informó que, desde su creación, el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, coordinado por el MINJUSDH e integrado por nueve entidades del Poder Ejecutivo,  atendió más de 600 situaciones de riesgo, que involucran a más de 900 personas defensoras de derechos humanos.

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Resaltó que la intervención oportuna de este mecanismo ha contribuido a salvaguardar la vida e integridad personal de los defensores y, en muchos casos, también la de sus familiares, especialmente en contextos vinculados a la defensa del ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía.

Un Estado con pies de plomo

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Miguel Guimaraes, cuestionó la falta de acciones concretas del Estado para proteger a los líderes indígenas.

Advirtió que las comunidades continúan expuestas a actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extracción ilegal de recursos naturales.

Guimaraes aseguró a La República que las comunidades han denunciado amenazas contra dirigentes indígenas, pero criticó  que las medidas de protección implementadas por el Estado no se traduzcan en una presencia efectiva dentro de los territorios.

“El papel no aguanta la bala”, afirmó el dirigente, al señalar que los documentos que reconocen una situación de riesgo no son suficientes para proteger a quienes enfrentan directamente a organizaciones criminales.

Miguel Guimaraes explicó que una de las principales dificultades es la ubicación remota de las comunidades. En algunos casos, los dirigentes deben desplazarse durante uno, dos o hasta tres días para llegar a una comisaría y presentar una denuncia.

Señaló que los comités indígenas de monitoreo territorial realizan patrullajes sin armamento y, en muchos casos, con recursos limitados, lo que los coloca en una situación de evidente vulnerabilidad frente a grupos criminales.

El dirigente también afirmó que varias comunidades carecen de señal telefónica e internet, lo que impide comunicar oportunamente situaciones de riesgo a las autoridades. Ante esta situación, AIDESEP habilita módulos de comunicación con internet y paneles solares en comunidades consideradas de mayor riesgo.

Según Guimaraes, ya se han instalado más de 300 módulos, aunque reconoció que todavía resulta insuficiente frente a las más de 2.400 comunidades que forman parte de la estructura organizativa indígena.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

Afirma que se debe fortalecer la prevención, la investigación criminal y la inteligencia operativa dentro de la Policía Nacional.

"Los militares no solucionan la inseguridad ciudadana porque su preparación responde a funciones distintas a las de la Policía Nacional", indicó el exoficial. Y añadió que el combate al crimen debe mantenerse en manos de personal especializado.

Hernani señala que la presencia de militares en las calles puede generar un efecto disuasivo mientras permanecen en una zona. Sin embargo, advirtió que ese impacto es temporal.

También alertó que ubicar soldados dentro de unidades de transporte público los expondría a riesgos.

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Según explicó, podrían ser desarmados o atacados por delincuentes.

"La Fuerza Armada no va a solucionar el problema de la inseguridad, los militares nunca han solucionado el problema de seguridad ciudadana ni lo van a solucionar. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque no es su función", afirmó.

La noche del miércoles, el ministro del Interior, César Astudillo, reafirmó la decisión del Gobierno de recuperar el orden en las calles y destacó los resultados obtenidos por la Policía Nacional tras la ejecución de diversos operativos de rastrillaje durante las últimas horas en Lima Metropolitana.

"El compromiso del Gobierno es claro: retornar el orden", afirmó el titular del Interior, al reconocer el trabajo desplegado por los efectivos de la Región Policial Lima Centro, cuyas acciones permitieron desarticular siete bandas criminales, detener a 50 personas y capturar a nueve requisitoriados por la justicia.

Astudillo Salcedo resaltó la importancia de fortalecer la capacidad operativa de la PNP para hacer frente al crimen organizado. "Con tecnología, inteligencia y más logística para nuestra Policía Nacional, seguiremos trabajando con mayor ahínco, mayor esfuerzo y mucho más compromiso", enfatizó.

Lo cierto es que la indignación pública aumentó significativamente debido a controvertidas declaraciones oficiales y a cambios en los altos mandos policiales.

César Astudillo desató un rechazo generalizado de la población tras afirmar ante el Congreso que las cifras de homicidios no se han desbordado y atribuir la sensación de peligro a una percepción mediática.

La ciudadanía criticó duramente que el ministro esté alejado de la realidad frente a las matanzas y asaltos diarios. Posteriormente, Astudillo tuvo que rectificarse públicamente admitiendo que se expresó mal y reconociendo el temor real de los peruanos.

Debido a la falta de liderazgo percibido ante la delincuencia, el Parlamento aprobó una moción de interpelación contra el ministro Astudillo, quien deberá responder un pliego de 27 preguntas ante el Pleno este 17 de septiembre.

En medio de esta crisis, el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, presentó su renuncia presionada por las fuertes críticas a su gestión. Será reemplazado oficialmente el 16 de septiembre por el general Fredy López.

Entre tanto, el 7 Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia reveló que el 85% de los peruanos ha limitado sus salidas o cambiado sus hábitos cotidianos ante el temor de sufrir atentados o extorsiones, especialmente en el transporte público. El 42% evita salir después de las 10.00 p. m.

Diputados de estas dos organizaciones políticas han votado a favor del oficialismo. En la Comisión de Defensa, donde se aprobó un informe que declara viable otorgar facultades al Ejecutivo, Luis Quispe Candia y Edwin Espinoza votaron a favor del documento. Ambos integrantes del Partido del Buen Gobierno tuvieron esta posición disidente, al igual que los diputados de Obras Máximo Peralta y Andrea Medina, quienes optaron por abstenerse en lugar de votar en contra del informe.

En el partido de Ricardo Belmont, el apoyo también terminó favoreciendo al oficialismo. En la Comisión de Medio Ambiente, Medina decidió abstenerse y Jeeny Samanez votó a favor del informe que declaraba viable otorgar las facultades. Ante el empate en la votación, el presidente de la comisión, el fujimorista Arturo Alegría, decidió aprobar el informe.

Con los 52 votos concentrados momentáneamente en la oposición, el panorama comienza a aclararse. Para que el pedido presentado por el Ejecutivo sea rechazado, se necesitan al menos 66 votos. Es decir, hacen falta 14 votos.

De ese número, ocho le corresponden a diputados de Ahora Nación y Juntos por el Perú, grupos que han su definido su rechazo a las facultades.

Los seis votos restantes deberían venir de Obras y Buen Gobierno, partidos que no se han sumado al 100% a la desaprobación del pedido del Ejecutivo.

En comisiones

De aprobarse el pedido de facultades en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, el Pleno de Diputados tendrá que decidir el futuro de esta solicitud. De los 130 congresistas de la Cámara Baja, 32 pertenecen al Partido del Buen Gobierno y Obras. Sin su apoyo, los 42 congresistas del bloque de izquierdas —Ahora Nación y Juntos por el Perú— no podrían hacer frente al bloque de derechas —Renovación Popular y Fuerza Popular— que suma 56 votos.

Con ocho comisiones que ya emitieron su pronunciamiento sobre el tema, quedan cuatro grupos de trabajo que todavía deberán definir su posición respecto al pedido del Poder Ejecutivo. Se trata de las comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; y Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.

Cada uno de estos grupos de trabajo deberá definir sus agendas para abordar el pedido en los próximos días. En la Comisión de Economía, está programado que la sesión en la que se debatirá el informe se realice este lunes 14. Esta comisión es la única presidida por Ahora Nación, uno de los principales partidos opositores. En su mesa directiva también participan Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, y Juan Cabrera Nieto, de Obras.

La Comisión de Economía concentra algunos de los puntos clave del pedido. La propuesta de facultades contempla modificar el marco aduanero. Desde el Ejecutivo argumentan que con ello se reducirían los tiempos y costos del comercio exterior. Asimismo, buscan modificar la Ley de Obras por Impuestos para incluir proyectos de gestión de riesgo de desastres, infraestructura de defensa civil y simplificar las inversiones de emergencia.

De las otras tres comisiones restantes, ninguna es presidida por el partido oficialista. La excepción más cercana es la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría, liderada por Paola Martínez Paitán, diputada de Renovación Popular. Los otros grupos de trabajo todavía no han acordado cuándo debatirán sus respectivos informes.

Idas y venidas en Buen Gobierno

La posición de Jorge Nieto respecto al pedido de facultades realizado por el Ejecutivo ha tenido algunos cambios. Inicialmente, Nieto señaló que respaldaría la solicitud. Sin embargo, recientemente el líder del Partido del Buen Gobierno indicó que su bancada evalúa no apoyarla.

El cambio de posición se produjo luego de que Martha Chávez declarara en una entrevista que el Senado podría aprobar todo el pedido de facultades sin los recortes realizados por la Cámara de Diputados. Según Nieto, no respaldarán una propuesta que implique desconocer el Reglamento del Senado o los límites establecidos por la Constitución. El excandidato presidencial cuestionó que se pretenda aprobar el pedido sin considerar las modificaciones que eventualmente realice la Cámara de Diputados.

Nieto también sostuvo que el Gobierno de Keiko Fujimori cuenta con otras herramientas para implementar sus medidas y descartó que dependa exclusivamente de la delegación de facultades. Recordó que durante el Fenómeno de El Niño tuvo que afrontar una situación de emergencia sin contar con estas atribuciones y mencionó los decretos de urgencia como una alternativa.

“Ahora lo estamos pensando. Después de la intervención de Martha Chávez y de otro importante senador, diciendo que no van a reconocer el reglamento del Senado y no van a aplicar los candados que ahí señalan. (…) Así como está, no nos pueden invitar a romper el artículo 104 que claramente establece como debe ser el pedido de facultades del Ejecutivo”, declaró en RPP.

“Cuando la señora Fujimori estaba en campaña dijo ‘desde el primer minuto’. Ahora es ‘desde el primer minuto, siempre que nos den las facultades legislativas’. A mí me tocó enfrentar el Fenómeno de El Niño sin facultades legislativas”, agregó.

Tras las declaraciones del líder del Partido del Buen Gobierno, la senadora fujimorista Martha Chávez respondió a través de sus redes sociales. Aseguró que Nieto está “buscando excusas”.

“Nieto no tiene el valor de admitir de qué lado está y busca excusas y miente. Jamás he dicho que Fuerza Popular no va a reconocer el reglamento del Senado. Pero si mañana el rojerío decide incautar la propiedad, ¿el Senado debe acatar?”, escribió Chávez

El pedido, con carácter urgente, plantea que ese nuevo proyecto contenga solo dos materias: seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres, incluida la atención al fenómeno de El Niño. En el oficio, los diputados advirtieron sobre un riesgo concreto: que el Senado "distorsione el trámite bicameral" del proyecto de facultades que ya está en debate.

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El oficio no es un simple pedido de prioridades. Detrás hay una alerta institucional. Los voceros señalaron que existen declaraciones públicas de senadores de la bancada de gobierno que apuntan a un plan específico.

Si la Cámara de Diputados aprueba solo una parte de las materias del proyecto de facultades original, el Senado restituiría las materias que quedaron fuera. Según los firmantes, esa maniobra "desconoce el alcance limitado" del rol revisor que la Constitución le asigna al Senado.

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Los diputados atribuyeron esa postura a dos senadores en concreto: Martha Chávez Cossio y Carlos Mesía. Ambos, junto a otros legisladores de la bancada oficialista, habrían sostenido en público la intención de recomponer el proyecto en el Senado, aun cuando la Cámara de Diputados decida recortarlo.

Para los voceros, ese plan contraviene el diseño constitucional vigente y abre la puerta a que la delegación de facultades termine viciada de inconstitucionalidad.

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El respaldo legal del pedido se apoya en tres normas. El artículo 104 de la Constitución establece que la delegación de facultades para legislar debe recaer sobre materia específica, con aprobación expresa y diferenciada por cada tema.

El artículo 108 del Reglamento del Congreso señala que las iniciativas del presidente de la República sobre delegación de facultades son competencia exclusiva de la Cámara de Diputados.

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El artículo 25, literal a, del Reglamento del Senado, permite a los senadores modificar lo aprobado por Diputados, pero les prohíbe expresamente incorporar materias distintas a las que la Cámara de origen envió.

Con esas tres normas como base, los voceros plantearon una lectura clara. Si la Cámara de Diputados aprueba solo algunas materias del proyecto, el Senado no tendría facultad para restituir las que quedaron excluidas. Hacerlo, sostuvieron, equivaldría a incorporar materias que la Cámara de origen nunca aprobó. Eso, advirtieron, vulneraría el principio bicameral y el procedimiento legislativo que la propia Constitución establece.

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Un pedido para blindar dos materias puntuales

El oficio no busca frenar el proyecto de facultades en trámite. Busca separarlo. Los voceros pidieron que el Ejecutivo presente una solicitud aparte, acotada solo a seguridad ciudadana y a la gestión de riesgos de desastres. La razón que dieron es doble.

Por un lado, aseguraron que esas dos materias concentran el mayor consenso ciudadano y la mayor urgencia nacional. Por otro, buscan que ese pedido puntual quede fuera del conflicto que ya rodea al proyecto más amplio, el que incluye la presunción de legítima defensa, la eliminación de la ley antiusura y modificaciones a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Los firmantes calificaron su solicitud como una respuesta a "una necesidad objetiva de priorización temática". Pero también dejaron clara la preocupación de fondo. En el oficio hablaron de una "grave preocupación institucional" respecto al trámite legislativo actual.

El mensaje de Vargas Llosa llegó horas después que Fujimori confirmara la propuesta en una entrevista con RPP. "Se le ha hecho la consulta. Él ha aceptado esta invitación", dijo la mandataria. La jefa de Estado agregó que consideraba a Vargas Llosa como un profesional con mucha experiencia para fortalecer el vínculo diplomático entre Lima y Washington.

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En su publicación, Vargas Llosa se comprometió a usar su experiencia al servicio del cargo si la designación se ratifica. También prometió actuar según la línea que trace la propia Fujimori. El escritor mencionó además que trabajará en estrecha coordinación con el canciller Carlos Espá. Ambos mantienen una relación de amistad desde hace varios años.

El hijo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa señaló que, mientras no llegue la confirmación oficial, no hará declaraciones adicionales sobre el tema. El escritor ya reside habitualmente en Washington. Vargas Llosa apoyó públicamente a Fujimori en campañas presidenciales anteriores, tal como lo había hecho su padre antes de morir.

"Se le ha hecho la consulta, él aceptó esta invitación. Considero que será un gran embajador del Perú en Estados Unidos. Estamos a la espera de procedimientos y protocolos formales", declaró Fujimori en RPP.

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La presidenta evitó precisar qué trámites quedan pendientes para oficializar la designación, aunque destacó la experiencia del hijo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y sostuvo que su eventual llegada a Washington contribuiría a fortalecer el vínculo bilateral.

"Prefiero no entrar en esos detalles, pero se le hizo la consulta y me dio la grata sorpresa de que fue afirmativa. Lo considero con mucha experiencia y elevará más las relaciones entre ambos países", añadió.

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Cabe recordar que Perú mantiene una Embajada en Estados Unidos, con sede en Washington D. C., y la Cancillería registra actualmente esa misión diplomática en su plataforma oficial. La sede está ubicada en 1700 Massachusetts Avenue.

Vargas Llosa respaldó a Keiko Fujimori durante la campaña

La eventual designación también se produce después de que Álvaro Vargas Llosa expresara públicamente su respaldo a Keiko Fujimori durante la campaña presidencial de 2026. En junio pasado, el escritor defendió su apoyo a la entonces candidata de Fuerza Popular.

El vínculo político entre ambos no es reciente. Álvaro Vargas Llosa también respaldó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de 2021, cuando la candidata de Fuerza Popular se enfrentó a Pedro Castillo. Su padre, el Nobel Mario Vargas Llosa, también pidió votar por Fujimori y calificó su candidatura como el mal menor.

La propuesta de Vargas Llosa para Washington se conoce después de la visita a Lima del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunió con Fujimori y anunció junto a la presidenta el ingreso del Perú al denominado Escudo de las Américas.

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Álvaro Vargas Llosa agradece a Fujimori por proponerlo como embajador en EE. UU.

Álvaro Vargas Llosa agradeció a la presidenta Keiko Fujimori por la confianza depositada en él al proponerlo como embajador del Perú ante Estados Unidos, con sede en Washington D. C. El también hijo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa señaló que, de concretarse su designación, pondrá su experiencia al servicio de los intereses del país y trabajará en coordinación con la mandataria y el canciller Carlos Espá.

“De ser ratificada esta designación conforme a los procedimientos constitucionales y legales vigentes en ambos países, pondré al servicio de la misión encomendada mi experiencia y conocimientos, y mi mayor esfuerzo, para velar por los intereses permanentes del Perú y contribuir a esta nueva fase de la relación bicentenaria entre nuestro país y la patria de Washington, Adams y Jefferson, de acuerdo con la línea trazada por la Presidenta y en estrecha colaboración con el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Como es natural, me abstendré de hacer cualquier otra declaración mientras no se produzca la debida confirmación”, escribió en X.

Fujimori consideró que las declaraciones de su ministro debieron plantearse de otra manera. "Creo que es una frase desafortunada la del ministro, pero lo importante es que el debate se empiece", manifestó.

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La presidenta también se pronunció sobre el pedido de facultades y su avance en la Cámara de Diputados. Sostuvo que la discusión tendrá que pasar por el Congreso de la República. Explicó que su Gobierno pretende solicitar facultades legislativas para modificar normas vinculadas con la lucha contra la criminalidad.

Entre las medidas mencionó la ampliación del periodo de flagrancia y una política para expulsar a migrantes indocumentados. "Todo este debate se va a generar y lo que tiene que hacer es el Congreso de la República en sus dos cámaras analizar tanto el pedido de facultades como la evaluación de estas normas", señaló.

Pese a marcar una diferencia con su ministro, Keiko Fujimori evitó cuestionar su capacidad profesional. "El ministro Álvarez es un gran abogado", afirmó. También recordó que fue presidente del Tribunal Constitucional y sostuvo que cuenta con "esa serenidad, esa preparación académica para poder consensuar y poder buscar las mejoras en las normas que se requieran". La mandataria añadió que cualquier revisión o modificación necesaria tendría el respaldo del Ejecutivo.

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Ernesto Álvarez cuestionó el Código Procesal Penal y desató críticas de reconocidos abogados

Las declaraciones de Ernesto Álvarez ocurrieron durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso. El ministro sostuvo que el Código Procesal Penal fue elaborado por “abogados litigantes” que pensaron en sus clientes.

Además, afirmó que algunos abogados podían formar parte de la “banda criminal” a la que representaban. Sus expresiones generaron cuestionamientos de reconocidos penalistas.

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Uno de los principales cruces ocurrió con el abogado Humberto Abanto. Después de que el penalista cuestionara las afirmaciones del titular de Justicia, Álvarez respondió que el Código Procesal Penal “ha fracasado en su propósito esencial”.

También sostuvo que defender la norma implicaba confirmar que esta “sirve a los abogados de los delincuentes, no a los ciudadanos que son víctimas de la criminalidad”.

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Las críticas también llegaron de Julio Espinoza Goyena, César Nakazaki y Carlos Rivera Paz. Espinoza recordó que participó como secretario técnico en la comisión que elaboró el código de 2004 y explicó que participaron más de 12 integrantes, entre fiscales, policías y jueces. Nakazaki, por su parte, recordó que uno de los principales redactores fue el magistrado César San Martín. Los abogados cuestionaron así la versión de Álvarez sobre el origen de la norma y rechazaron que su elaboración pudiera atribuirse únicamente a litigantes.

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Rosa María Palacios a Ernesto Álvarez: “El ministro despreció una excepcional oportunidad de quedarse callado”

La periodista y abogada Rosa María Palacios cuestionó duramente al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, por sus afirmaciones sobre el Código Procesal Penal. En su programa Sin Guion, sostuvo que el titular de Justicia presentó como una regla general una situación que, según explicó, corresponde a casos excepcionales.

“Si hay abogados que integran organizaciones criminales, lo que tendría que probar el señor ministro, se trata de una minoría en la profesión”, afirmó.

Palacios también rechazó que el actual Código Procesal Penal pueda ser presentado como una norma creada para favorecer a delincuentes. Recordó que la reforma implicó un cambio profundo del sistema de justicia y que su implementación tomó más de una década.

A su juicio, existen problemas de lentitud y plazos, pero estos no convierten al modelo en un fracaso. “Tú no puedes decir que el Código Procesal Penal es un fracaso, pues es un cambio, una modernización del proceso”, sostuvo.

Otro de los puntos que cuestionó fue la respuesta posterior de Álvarez al abogado Humberto Abanto. Palacios consideró inaceptable que el ministro haya atacado al penalista tras sus críticas. “El ministro despreció una excepcional oportunidad de quedarse callado”, afirmó.

Además, recordó que las garantías constitucionales forman parte de los conocimientos básicos que debería manejar un abogado y, con mayor razón, quien presidió el Tribunal Constitucional.

La periodista vinculó las declaraciones del ministro con el pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori. Palacios advirtió que Álvarez había calificado el Código Procesal Penal como un fracaso, mientras el Ejecutivo busca modificar esta norma sin haber precisado todavía todos los cambios que pretende realizar. “Lo que está anunciando, si es un fracaso, es que el Gobierno pretende derogar el Código Procesal Penal”, cuestionó.

La Aviación del Ejército informó a la Comandancia General del Ejército de la necesidad de requerir presupuesto adicional al Ministerio de Defensa para ampliar el recurso calendario de los helicópteros de fabricación rusa Mi.

Sin embargo, pese a las alertas sobre la dimensión del impacto del evento climático El Niño, que se ha iniciado este año y se prolongará hasta el próximo, los fondos no han sido transferidos para la contratación de los servicios necesarios. Cada día que pasa afecta la disponibilidad de los helicópteros, de crucial importancia en contextos de desastres.

De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso el equipo de auditores de la Contraloría, las autoridades de la Aviación del Ejército comunicaron a la Comandancia General del Ejército y a la Oficina de Presupuesto, la urgente disponibilidad presupuestal para la ampliación del recurso calendario para no interrumpir la operatividad de helicópteros.

La suma solicitada alcanza los S/ 61.050.000, pero no ha habido respuesta.

El cinco de mayo de este año, la Aviación del Ejército advirtió que son de especial atención los helicópteros (rusos) Mi-171-SHP, cuya vida útil vence entre el 15 de octubre de 2026 y el 9 de junio de 2027, pasarán al estado de inoperatividad vencido dicho plazo.

Esto es, de no recibir la ampliación de horas, no podrían intervenir en acciones de emergencia.

La Oficina de Presupuesto contestó que el Ejército del Perú no cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar dicha intervención con cargo a su Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2026, ni mediante modificaciones presupuestarias internas.

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Cada vez peor

La dependencia también informó a la Comandancia General del Ejército sobre las consecuencias de la carencia de fondos: "La no ejecución de la ampliación del recurso calendario de las referidas aeronaves ocasionaría una afectación directa en la capacidad de respuesta inmediata del Estado, limitando la ejecución de misiones críticas en zonas de difícil acceso, incrementando los tiempos de atención de emergencias y elevando el riesgo de afectación a la vida, salud e integridad a la población”.

El Ministerio de Defensa fue informado de que el Ejército del Perú no cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar lo solicitado (...), (por lo que) tenga a bien disponer a quien corresponda gestionar la transferencia financiera de recursos presupuestarios para financiar la demanda adicional para la ampliación del recurso calendario de Helicópteros Mi-171-SHP de la Aviación del Ejército, a fin de garantizar la continuidad de la capacidad operativa aérea para la atención de emergencias, desastres naturales y otras intervenciones de apoyo al Estado.

El reclamo no surtió efecto.

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Cero fondos

El 19 de junio de este año, la Aviación del Ejército presentó una nueva solicitud, esta vez para el financiamiento de 966 horas de vuelo de helicópteros Mi y aviones por S/ 27.502.191 “para atender los requerimientos (necesarios para atender) los estragos de los desastres naturales y así evitar pérdidas humanas, materiales, logísticas y presupuestales”.

De esas 966 horas, 700 horas (72%) son para emergencias de El Niño, 150 para incendios forestales y 116 horas para el friaje.

El Ministerio de Defensa tampoco dio el visto bueno a ninguno de los dos pedidos.

“Ambas demandas (que hacen un total de S/88.852.191) fueron consolidadas por la Secretaría de la Comandancia General del Ejército y remitidas al Secretario General del Ministerio de Defensa el 7 de julio de 2026, para continuar con su trámite”, señalan en su informe los inspectores de la Contraloría.

Al 28 de agosto de 2026, según lo informado por el jefe de la Oficina de Presupuesto del Ejército a la Comisión de Control, las mencionadas demandas adicionales seguían en trámite, reportaron.

Más de un mes después de iniciado el gobierno de Keiko Fujimori, lo solicitado por la Aviación del Ejército con carácter de urgencia todavía no recibe la atención necesaria.

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Herencia onerosa

Si bien es de extrema importancia la habilitación del presupuesto adicional para mantener la operatividad de los helicópteros de fabricación rusa, también es cierto que el Ejército arrastra una mala experiencia.

En 2023, el instituto armado adjudicó los servicios de la empresa panameña Milenium Veladi Corp., representante de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC), para la reparación mayor de tres helicópteros Mi, por US$20,3 millones. Pese a que el contrato venció hace más de dos años, el proveedor tampoco cumplió con el plazo adicional que le otorgó el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE).

“A dos días para vencer el plazo previsto (26 de agosto) para la culminación de la prestación de servicio de ‘overhaul’ (reparación mayor) de helicópteros MI, en cumplimiento conciliatorio entre el Ejército y Milenium Veladi Corp., no se evidencia la ejecución de las prestaciones accesorias relacionadas con capacitación sobre modernización de aviónica, proceso de ‘overhaul’ y sistemas digitales, situación que pondría en riesgo la adecuada operatividad” de las aeronave, señala el informe de la Contraloría.

Debe recordarse que el Ejército contrató sin licitación a la empresa panameña Milenium Veladi Corp., a sabiendas de que los rusos enfrentaban dificultades para cumplir los acuerdos comerciales con otros países debido a la guerra con Ucrania.

Es más, sobre la base de un informe anterior de la Contraloría sobre este caso, la Fiscalía Anticorrupción denunció a los responsables. Entre los investigados se encuentra el actual comandante general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo.

Como ha informado La República, oficiales del CEMAE han reportado deficiencias en los trabajos de Milenium Veladi Corp., pero se está organizando una ceremonia oficial para la reposición al servicio de dichas aeronaves.

El partido de Alfonso López Chau negó cualquier motivación religiosa detrás de las críticas hacia la parlamentaria y calificó la reacción de la senadora como un intento de instrumentalizar políticamente la protección infantil.

Este lunes 7 de setiembre se dio la creación de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del Senado, con 31 votos a favor por iniciativa de Renovación Popular y sustentada en el Pleno por el senador Alejandro Muñante. Susana Matute del Partido del Buen Gobierno y presidenta de la Comisión de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital, cuestionó la medida por duplicar funciones que ya cumple su comisión, cuyo plan de trabajo 2026-2027 —aprobado dos días antes, el mismo lunes— ya contempla la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual y física.

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A esta observación se sumó la senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, quien también cuestionó la iniciativa y la enmarcó en un patrón más amplio de retrocesos en derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género. Ella señaló que llama la atención que sea justamente Jáuregui quien impulse una comisión de protección integral de la infancia, "cuando fue ella quien expuso a niñas y adolescentes víctimas de violación sexual". Vásquez añadió que mientras el fujimorismo y sus aliados se niegan a crear una comisión especializada de Pueblos Indígenas, ahora buscan conformar comisiones para temas ya regulados en grupos de trabajo ordinarios, y exigió un trato igualitario en los criterios para habilitar nuevas comisiones.

Cabe señalar que desde el 2021, existe la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria, ampliada en junio de 2025 con 104 votos hasta el cierre del periodo 2025-2026, por lo que continúa vigente. Es decir, la nueva comisión impulsada por Renovación Popular y Fuerza Popular convive con otras dos instancias que atienden la misma materia.

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Rechazamos que se instrumentalicen nuestros cuestionamientos

La bancada de Ahora Nación afirmó que los cuestionamientos son políticos. "Rechazamos que se pretenda presentar nuestros cuestionamientos políticos como actos de discriminación religiosa", y añadió que respeta "plenamente la libertad de credo". La agrupación puntualizó en que sus observaciones se limitan a las actuaciones públicas de los congresistas y a la idoneidad que debe exigirse a quienes conduzcan una comisión enfocada en niñas, niños y adolescentes.

"Ahora Nación propuso una comisión especial para hacer seguimiento a la grave situación de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual y afectadas por VIH en Amazonas (…) No aceptaremos que esta causa sea instrumentalizada políticamente ni utilizada para imponer agendas particulares, especialmente a quienes enfrentan violencia, abandono y discriminación", finalizan.

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El documento precisa que la agenda presidencial se desarrollará principalmente entre el 21 y el 24 de septiembre. Fujimori tiene previsto intervenir en el Debate General de Naciones Unidas.

También participará en reuniones y eventos de alto nivel organizados por instituciones como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

El pedido también contempla reuniones bilaterales con jefes de Estado, jefes de Gobierno y otras autoridades internacionales. El canciller Carlos Espá había adelantado que la delegación peruana buscaría presentar la posición del país sobre la seguridad y promover la llegada de inversión extranjera. La salida de Keiko Fujimori todavía requiere la aprobación del Senado.