El argumento, en lo narrativo, resulta interesante. Una periodista recibe el testimonio del exagente Josué Souza, quien le relata la verdadera historia de lo que realmente pasó en esa madrugada de julio de 1992. Lo dicho por Souza está inspirado en el libro Sueños de justicia. La verdad del llamado Grupo Colina (2014) del exagente Jesús Antonio Sosa Saavedra, conocido como Kerosene. Obviamente, se trata de una película de ficción forjada desde la visión de la derecha, cuyo propósito es ofrecer otra perspectiva de las acciones cometidas por los comandados por Santiago Martín Rivas. Pero el problema no es su ideología (ninguna obra de arte debe ser juzgada bajo el prisma ideológico), sino su tratamiento. Se nota el apuro, del mismo modo la improvisación que podemos apreciar en toda su magnitud en la configuración formal de los diálogos, básicos y apofánticos. Ni hablar de las actuaciones, menos de la pésima fotografía. Al lado de Cantuta: la orden secreta, Chavín de Huántar: el rescate del siglo (2025) es El imperio contraataca (1980).

El documental sobre La Cantuta

En la plataforma Prime Video podemos encontrar el documental La Cantuta en la boca del diablo (2011) de Amanda Gonzales Córdova. Antes de abordarlo, no podemos dejar de subrayar que un documental peruano se encuentre en la programación de una de las plataformas de películas, series y documentales más vistas del mundo. No es un hecho menor. Su presencia en Prime Video responde a su importancia como proyecto de no ficción, no a su ideología. Eso es indudable.

Tenemos al experiodista Edmundo Cruz como protagonista del relato de La Cantuta en la boca del diablo.  Cruz es uno de los referentes del periodismo de investigación del país. Este caso para él, por decirlo de alguna manera, es uno de sus grandes hits. Fue uno de los primeros en seguirle la ruta al Grupo Colina, primero desde la revista Sí y luego en La República desde 1997.

Como señalamos líneas atrás, los proyectos no deben ser juzgados desde su ideología. La Cantuta en la boca del diablo tiene una ideología de izquierda, pero su valor no radica en ello, sino en la forma como Gonzales sigue al periodista en sus indagaciones sobre lo que pasó con los estudiantes de La Cantuta y el accionar del Grupo Colina.

Las tomas a nuestro personaje rara vez son directas; lo que hace la cámara, principalmente, es seguirlo. Bajo esa estrategia, vemos a Edmundo Cruz yendo al Congreso para entrevistarse con parlamentarios, cruzando información con otros colegas y dirigiéndose al lugar de los hechos, tanto a La Cantuta como a la Quebrada de Chavilca, en Cieneguilla, en donde se encontraron las fosas de los restos calcinados de algunas de las víctimas. Igualmente, se cuenta con los testimonios de los activistas Raida Cóndor, Francisco Soberón y Gisela Ortiz Perea; y del periodista de investigación Ricardo Uceda, autor de Muerte en El Pentagonito (2004).

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en el año 2009. Uno de los puntos de la sentencia estaba relacionado con el caso La Cantuta. En este sentido, este documental es un ejemplo de rigor periodístico, es decir, se ampara en hechos comprobados más allá de consignas ideológicas. En cuanto a Edmundo Cruz, pues nos brinda una clase magistral, tanto en su metodología de investigación como en la actitud que se debe tener ante lo que se investiga. La noticia es la noticia, no el periodista. Maestro.

'Si bien es una facultad presidencial, tengo que tener un sustento jurídico y constitucional. En esa virtud, esperaré para ver qué es lo que pide o no el señor expresidente de la República', señaló el mandatario en diálogo con Exitosa.

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El presidente fue consultado sobre si el tema fue abordado durante su reunión con integrantes de Juntos por el Perú, entre quienes se encontraban familiares de Castillo. Balcázar negó que el asunto hubiera formado parte de la agenda.

'No fue parte de la agenda, pero yo deslicé el tema de que había circunstancias en las que se reclamaba en las calles por el indulto presidencial. Les comenté que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna reclamación frente a la decisión de la Comisión de Indultos, que había declarado improcedente la solicitud', afirmó.

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José María Balcázar asegura que un indulto a Castillo ayudaría a 'pacificar' la nación

Semanas atrás, el presidente había señalado que un eventual indulto al exmandatario Pedro Castillo podría formar parte de un nuevo proceso para el país. Según Balcázar, una decisión de ese tipo contribuiría a la 'pacificación del país'.

'Tenemos que hacer un punto de quiebre, algo como hicieron los españoles tras la caída de Franco o los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los alemanes depusieron intereses personales y políticos, y se unieron para construir un país moderno y nuevo. Vean cómo se han desarrollado', sostuvo.

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Como se recuerda, Pedro Castillo se encuentra en prisión tras ser declarado culpable del delito de conspiración por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Al respecto, Balcázar consideró que un eventual gobierno de Keiko Fujimori podría respaldar una medida de ese tipo.

'En realidad, lo que necesita el país, si ganara, por ejemplo, la lideresa de Fuerza Popular, es llegar a consensos. No se puede gobernar un país dividido', manifestó.

En esa línea, Balcázar rechazó que haya existido alguna "omisión" de su parte, ante los cuestionamientos de quienes señalaban que no había saludado la victoria de la lideresa de Fuerza Popular.

“Yo la he felicitado a la presidenta el mismo día desde el Cusco (...) Hemos conversado y la he felicitado como corresponde”, aclaró.

Además, con el inicio del proceso de transición oficial este lunes 6 de julio, el jefe de Estado indicó que se están brindando todas las facilidades para que el nuevo equipo de gobierno pueda “tomar la posta sin ningún problema”.

Del mismo modo, señaló que las obras ejecutadas bajo su gestión se dieron bajo un “estado austero".

Polarización en el país tras los resultados

El jefe de Estado también reconoció la polarización y descontento que vive el país debido al estrecho margen de los resultados electorales.

“Lo que se necesita aquí en este momento es una especie de encuentro con el país. Ganar las elecciones tan ajustadamente y en la forma en que la otra parte se encuentra descontenta, la gente expresa eso. Yo creo que a la presidenta le conviene en este momento, como nunca, tender puentes; es la única forma de poder [gobernar]”, mencionó Balcázar.

Encuentro con Roberto Sánchez y las exigencias de la deuda social

Por otro lado, el mandatario se refirió a la agenda de reuniones que viene sosteniendo con diversos políticos, entre ellas, el encuentro con el excandidato presidencial Roberto Sánchez, quien cuestionó la forma en que se distribuiría el crédito suplementario.

Balcázar detalló que durante el encuentro revisaron las cifras presupuestales, tanto de los proyectos en marcha como de los fondos destinados a acciones pendientes con el Estado.

“[Roberto Sánchez] estaba muy preocupado por la deuda social y le hemos mostrado las cifras que hemos considerado. En ese sentido, ellos consideran que debió ser mucho más extensivo, por ejemplo, el pago inmediato y en un solo tramo para los maestros cesantes y jubilados, lo mismo para los profesores universitarios y los trabajadores CAS”, señaló el presidente.

"Esta ley amplía el concepto de delito de función y permite que las propias instituciones se autoinvestiguen (...). Terminamos repitiendo el patrón de impunidad. Ojalá sea observada y no se consolide, porque significaría la consolidación de un régimen de impunidad que viene desde el pasado", indicó.

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Pariona señaló que, desde la CNDDHH, buscan velar por las personas afectadas por este tipo de iniciativas. Asimismo, consideró que el acoso contra los jueces que deciden inaplicar estas leyes es un claro síntoma del deterioro democrático.

"Hay varias acciones que debemos emprender. Una de ellas es defender el Estado de derecho en nuestro país. Debemos recuperar el equilibrio de poderes, garantizar justicia para las víctimas e independencia para los jueces. (...) Los jueces no aplican estas leyes porque contravienen el marco jurídico de nuestro país; aquí se busca legalizar la impunidad", apuntó.

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Crítica al fujimorismo

Pariona también fue crítica con el fujimorismo. A pocos días de que Keiko Fujimori asuma la Presidencia del Perú, la exparlamentaria sostuvo que no ve señales de que Fuerza Popular vaya a modificar su postura respecto a los derechos humanos.

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"Si no han cambiado en décadas, no creo que eso ocurra de aquí en adelante. Lo que tenemos que entender los peruanos es por qué hemos llegado a este nivel", afirmó.

Además, expresó su preocupación por los espacios dedicados a preservar la memoria histórica del país. "No solo está el Lugar de la Memoria (LUM); también el memorial El Ojo que Llora, que ha sufrido al menos ocho ataques contra su infraestructura y ha enfrentado intentos de la Municipalidad de destruirlo. Esto es un ataque contra las víctimas, porque se les quita un espacio donde pueden recordar a sus familiares", manifestó.

La visita de esta delegación tiene como objetivo inspeccionar los lugares que servirán como escenarios para la llegada del papa León XIV a la ciudad norteña.

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Este miércoles, los integrantes de la comisión continuarán su recorrido con una inspección a la zona de Las Pampas de Reque. De acuerdo con RPP, este lugar ha sido propuesto por las autoridades como sede de la misa central que celebrará el papa León XIV durante su visita.

Además de Chiclayo, el presidente del Congreso, José María Balcázar, confirmó que el sumo pontífice también visitará las ciudades de Piura, Cusco, Pucallpa y Lima.

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En efecto, el 11 de junio, el Ministerio del Interior suscribió contrato con la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), que actuó como “socia” estratégica de IWI. No hubo licitación para seleccionar a la mejor oferta.

El lunes seis de julio, la Oficina de Control Institucional del Ministerio del Interior informó al titular del despacho, José Zapata, “el inicio del servicio relacionado con la recopilación respecto a la adquisición de pistolas de puño calibre 9x19 mm”, señala el documento de la Contraloría.

El contrato para la provisión de 31.045 pistolas “Jericho” por US$29.461.705, fue firmado por el jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Mininter, Ítalo Gerardini Panez, y por el gerente general de FAME, coronel EP (r) José Zapata Vargas.

La operación se consumó bajo el amparo de la llamada Ley FAME N° 31684, del 15 de febrero del 2023, que es utilizada arbitrariamente por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para contratar sin convocar a licitación internacional.

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Compra “delivery”

En realidad, es una forma encubierta de favorecer a las empresas que suscriben “convenios” con FAME, dejando de lado otras propuestas más ventajosas, como lo ha señalado la misma Contraloría.

Por ejemplo, en un anterior proceso de adquisición de pistolas de puño para la Policía Nacional, en 2025, la compañía IWI ofertó el modelo “Jericho” de calibre 9x9 mm. Pero no resultó seleccionada. Este año, FAME ofertó la misma arma a la OGAF del Ministerio del Interior y fue contratada.

Bajo el mismo formato, cuestionado repetidas veces por la Contraloría, FAME le vendió al Ejército 10.000 fusiles de asalto Arad 7 por US$27.3 millones y al Ministerio del Interior 7.323 fusiles de asalto Arad 5 por US$24 millones. IWI fabrica los fusiles Arad.

Según la “Ley FAME”, los convenios de esta empresa pública con otras compañías extranjeras fabricantes de armamento deben fomentar la transferencia tecnológica, pero no se cumple ese objetivo. En los talleres de FAME solo es posible hacer el montaje de las piezas de los fusiles

Lo cierto es que, con la “Ley FAME”, la empresa estatal pasa por alto olímpicamente las licitaciones y permite las contrataciones “a dedo”.

La OGAF del Mininter cuenta con graves antecedentes.

En el anterior proceso de contratación de pistolas de mano calibre 9x19 mm, la Contraloría emitió una auditoría que confirmaba que los encargados del proceso manipularon las bases del concurso para orientar la compra en beneficio de la propuesta de la firma estadounidense Sig Sauer. Incluso existe una investigación en curso de la fiscalía anticorrupción sobre este caso.

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FAME: mesa de partes

Lo que llama la atención es que, en la licitación del 2025, IWI ofertó por cada pistola “Jericho” US$949. Luego, FAME comunicó al Mininter que el costo de la misma arma era de US$1.049. Según el contrato firmado por el Mininter y FAME, el Estado peruano pagará el precio unitario de US$949 por pistola. Es decir, el mismo precio que ofertó IWI en 2025. Entonces, ¿qué gana FAME?

El Ministerio del Interior ha emitido un comunicado para asegurar que la contratación de las pistolas “Jericho2 se hizo “con estricto respeto al marco legal vigente y con las garantías necesarias para proteger los recursos del Estado”.

Y añade que, para llevar adelante el proceso, “se contó con las validaciones técnicas de la Policía Nacional del Perú y con el cumplimiento del procedimiento establecido para esta modalidad de adquisición”.

En efecto, se adjuntan, en el contrato respectivo, las actas de los “protocolos de prueba” que se hicieron del modelo ‘Jericho’ tanto en la fábrica de IWI, en Israel, como en la sede de FAME, en Lima. Pero no es otra cosa que una simulación. Solo participó IWI; no compitió con otro modelo. De hecho, La República consultó con representantes de empresas fabricantes extranjeras que presentaron sus ofertas en ocasiones anteriores, pero esta vez nadie las invitó a elevar sus propuestas.

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Ampliaron a 14 meses entrega de la “Jericho”

• En el proceso de 2025, empresas como Beretta, Smith Wesson y otras propusieron proveer las 31.045 pistolas en un plazo de 3 a 4 meses.
• Con la nueva contratación a “dedo”, el Mininter le ha dado facilidades a la empresa israeli IWI para internar el lote de las pistolas “Jericho” en 14 meses.
• El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) destituyó al funcionario de FAME, Paulo Zevallos, por reunirse clandestinamente con el representante de IWI en el Perú, Diego Alfaro Di Natale.

Una auditoría de la Contraloría ha determinado que Carlos Díaz no cumplía con el perfil profesional requerido, pero Rodolfo Acuña forzó los términos de referencia (TdR) del contrato para pagar S/15.600 mensuales a Díaz.

Recientemente, en abril de este año, Carlos Díaz, como ministro de Defensa, y Rodolfo Acuña, como titular del Ministerio de Economía y Finanzas, fueron protagonistas del controvertido contrato para la compra de 12 aviones de combate F-16 Block 70 de la compañía estadounidense Lockheed Martin.

Desoyendo la decisión del presidente José María Balcázar de postergar la compra hasta el próximo gobierno, el exministro de Defensa Carlos Díaz autorizó a la Fuerza Aérea del Perú la suscripción del contrato el 20 de abril de este año.

Pese a que Balcázar criticó la compra, y en contra de la decisión del jefe de Estado, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, autorizó el 22 de abril el primer pago de US$462 millones a favor de Lockheed Martin, fabricante de los cazas F-16 Block 70.

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Tendiendo la alfombra

De acuerdo con la auditoría, Rodolfo Acuña acondicionó el TdR para la contratación de un asesor al establecer requisitos que coincidían con el perfil profesional de Carlos Díaz Dañino.

Entre ellos, se incluyó la carrera de Ciencias Militares, especialidad que, según la Contraloría, no guardaba relación directa con las funciones requeridas ni figuraba en el Manual de Perfiles de Puestos del Viceministerio de Hacienda.

“Rodolfo Acuña Namihas, como viceministro de Hacienda, solicitó a Cynthia Ormeño Yori, jefa de la Oficina General de Administración, la contratación de un locador (...) proponiendo a Carlos Díaz Dañino, y para tal fin adjuntó los anexos y la documentación establecida en los lineamientos”, señala la Contraloría.

La Contraloría indica que las funciones descritas en los TdR excedían el carácter temporal y especializado requerido, pues correspondían a actividades permanentes propias de la administración pública.

La República consultó al titular del MEF sobre los resultados de la auditoría. La oficina de prensa respondió que su despacho ha sido riguroso con todas las contrataciones y precisó que “los viceministros no elaboran los Términos de Referencia (TdR)”.

Empero, la Contraloría remarca que los viceministros sí tenían dicha responsabilidad y que Rodolfo Acuña, como funcionario, era responsable tanto de la formulación del requerimiento como de la supervisión posterior del contrato.

Por su parte, Carlos Díaz Dañino rechazó lo señalado por la Contraloría y aseguró que su contratación se hizo de acuerdo con las normas vigentes.

“Fui contratado en atención a mi trayectoria profesional y experiencia en gestión pública, sin que haya solicitado o conocido la elaboración de los términos de referencia”, dijo a este diario.

“Tampoco he sido favorecido mediante ningún trato preferencial ni intervine en la elaboración o definición de los términos de referencia. Mi participación como locador respondió a un requerimiento de la entidad, dentro del marco legal aplicable”, señaló Díaz.

Otro de los hallazgos identificados por la Contraloría corresponde a una reunión sostenida entre Rodolfo Acuña y Carlos Díaz.

Según el informe, el 18 de agosto de 2025, un día antes de la suscripción del contrato, Rodolfo Acuña mantuvo un encuentro de aproximadamente una hora con Carlos Díaz en su despacho.

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Coincidente reunión

Consultado sobre esta cita, Carlos Díaz no negó la reunión, aunque descartó que estuviera relacionada con su contratación, que tuvo una vigencia de cuatro meses y 12 días, es decir, entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de 2025, por un monto total de S/62.400.

“No sostuve reuniones con el señor Rodolfo Acuña orientadas a gestionar o concertar mi contratación”, afirmó.

La auditoría también reconstruye las observaciones formuladas durante la revisión administrativa del expediente.

Conforme a la auditoría, la Contraloría identificó una secuencia de hechos que presuntamente orientaban la contratación específica de Carlos Díaz como asesor de su despacho.

Trump odia con especial fascinación al diario neoyorquino y a sus periodistas, pero no deseaba que en el libro de Haberman y Swan, sobre el primer año de su segundo mandato, se publicara sin su propia versión de los hechos. No les daría ese gusto a sus enemigos. Y procedió en consecuencia.

"Yo sé que tu libro será crítico, pero recuerda esto: la gente está harta de tus tonterías. Siempre estás criticando", le dijo Trump a Haberman.

Ni Haberman ni Swan eran desconocidos para el mandatario republicano.

La periodista escribió no solo uno de los mejores libros que destripó la historia y personalidad del mandatario estadounidense ('Camaleón: la invención de Donald Trump', 2024), sino que también es reconocida por contar con fuentes excepcionales en el círculo íntimo del presidente. Y, en cuanto a Jonathan Swan, como Haberman, ha firmado grandes destapes sobre la actuación depredadora del inquilino de la Casa Blanca.

Trump les atribuía ataques sin piedad durante su primera presidencia, y quería decirles que se habían equivocado, que no pudieron impedir que volviera al poder con un triunfo arrollador y que no les permitiría que dañaran su reputación durante el segundo gobierno en curso. Aceptó la entrevista porque pensó que sería una increíble oportunidad para castigar, como a niños malcriados, a Haberman y Swan. Ellos sabían que Trump hablaba en serio: en 2025 demandó por difamación al New York Times y a cuatro reporteros por un conjunto de artículos y un libro que exponían que había logrado una fortuna mediante el fraude sistemático ('Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success'; 'Perdedor afortunado: cómo Donald Trump despilfarró la fortuna de su padre e inventó la ilusión del éxito'; por Russ Buettner y Susanne Craig, 2024).  

"Me acusaron sin pruebas, me sometieron a juicio político, hicieron de todo. Incluso me dispararon. Supongo que así se podría decir. Pero gané las elecciones por goleada. Nadie más podría haberlo hecho", se quejó Trump ante los periodistas, según relatan Haberman y Swan en su libro 'Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump' ('Cambio de Régimen: La Presidencia Imperial de Donald Trump por dentro', 2026).

Al presidente no le importaba lo que los reporteros publicaran; solo quería decirles que había regresado al poder mejor que nunca y con mucho, muchísimo más poder, incluso en términos de la historia de la humanidad.

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El más grande de los grandes

“Solo hay una cosa que pueden decir de mí que quizás alguien creerá. ¿Y saben qué es? Básicamente, yo gané todas las malditas veces. ¡Estoy cansado de ganar y ganar y ganar y solo recibir mala prensa! Ya es hora de que digan la verdad. ¿De acuerdo?”, rezongó con voz altisonante Trump, haciendo el papel que tanto le place a él y a sus súbditos de la Casa Blanca: humillar al que no está en el poder.

El Donald Trump que con tanto esfuerzo retrató el reconocido reportero del Washington Post, Bob Woodward, en tres libros sobre el primer mandato del republicano ('Miedo', 2018; 'Rabia', 2020; y 'Peligro', 2021) corresponde a una persona muy diferente de la que consiguieron exponer Haberman y Swan en 'Cambio de Régimen' (2026). Trump es mucho peor de lo que pensaban sus detractores, y brutalmente “mejor” de lo que esperaban sus admiradores.

Trump no se siente el mejor presidente del siglo XXI, sino de toda la historia.

Ese convencimiento es el motor de sus actos, desde mentir descaradamente hasta romper las leyes en su propio beneficio. La base de ese pensamiento es una alucinación. Su convicción no se sustenta en los hechos. Aunque tampoco le importa mucho.

Con una larga experiencia como corresponsales en la Casa Blanca, Haberman y Swan saben perfectamente cómo estimular a un megalómano: preguntándole cómo se veía en el espejo de la historia. ¿Sabe si hay alguna referencia en la historia sobre un presidente estadounidense tan poderoso como él? Fue como entregarle el dulce favorito a un niño goloso. Con falsa modestia, habló del estudio que hizo un supuesto gran historiador que, a su vez, era conocido de un amigo de los partidos de golf.

Trump respondió: “No puedes hablar de tu poder. ‘¡Oh, soy tan poderoso!’. No puedes hacer eso. No queda bien”, les dijo a los periodistas, al tiempo que les entregó una copia del trabajo del historiador que había mencionado. Como narran los reporteros en el libro, no se trataba de un académico, sino de un simple aficionado que afirmaba que Donald Trump supera incluso el poder que acumularon Adolf Hitler, José Stalin y Mao Zedong, ni más ni menos. Sí, los tres dictadores a quienes se les atribuye los mayores asesinatos en masa del siglo XX.

Trump creía que Hitler, Stalin y Mao solo alcanzaron un poder local, y no uno global, como él. Ni siquiera Napoleón le hacía sombra. Lo afirmaba a partir del “estudio histórico” de un fanático trumpista. Lo más sorprendente es que lo creía fervientemente, pero dejaba que otros lo dijeran (“No puedes hablar de tu poder. ‘¡Oh, soy tan poderoso!’. No puedes hacer eso. No queda bien”).

“Sentía un evidente placer estar en compañía de Mao, Hitler y Stalin, maestros del control estatal mediante el asesinato, la tortura y la detención, y Napoleón. Y demostraba una despreocupada facilidad con la que aceptaba un lugar entre hombres que habían transformado el mundo mediante la conquista y el miedo. No hacía distinción entre quienes construyeron y quienes destruyeron, entre quienes liberaron y quienes esclavizaron. Lo que importaba era que ellos habían tenido un poder inmenso, y que él tenía aún más”, escriben Haberman y Swan.

Trump queda en ridículo con sus propias palabras. Haberman y Swan no tuvieron que añadir nada.

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Negocios con sello de familia

Los reporteros reconocen que el periodista de investigación neoyorquino Wayne Barrett, quien expuso las trampas, estafas y delitos de Donald Trump como empresario inmobiliario en los años 80 y 90, advirtió que este se involucraba en la política únicamente por intereses financieros. En 2016, al presentar la nueva versión de su libro, 'Trump: The Deals and the Downfall' ('Los negocios y la caída de Trump'), publicado originalmente en 1992, Barrett reiteró su profecía.

“Donald Trump y su padre Fred forjaron carreras empresariales con fondos estatales, convirtiendo sus conexiones en un botín público. Por lo tanto, no debería sorprender que Donald ahora pretenda convertirse en el propio Estado: la gran culminación de un plan de negocios familiar mediante la fusión sin precedentes del poder político y privado con inquietantes consecuencias”, escribió Barrett algunos pocos días antes de que Trump juramentara como el presidente número 45 de los Estados Unidos. Con una minuciosa investigación sobre las decisiones de Trump en el primer año de su administración, Haberman y Swan confirmaron la advertencia de Wayne Barrett.

Los reporteros constataron que Trump y su familia son infinitamente más ricos como resultado de las decisiones presidenciales que favorecieron las inversiones del propio mandatario y de sus hijos en el primer año de su nuevo gobierno. Trump diluyó el concepto de conflictos de interés, burló la acción de las reguladoras y otorgó diferentes formas de indulto a socios y potenciales inversionistas para un negocio con sus hijos: las criptomonedas.

“Para Trump, construir una fortuna siempre ha sido sencillo: algo físico, algo que se pudiera ver y tocar. Los bienes raíces y la construcción le parecían intuitivos. Nunca había sido un experto en altas finanzas, y la mayoría de las élites de Wall Street siempre lo habían menospreciado. Ahora parecía desconcertado por las vastas riquezas que le llegaban gracias a las criptomonedas”, escriben Haberman y Swan.

Es increíble, porque en su primer gobierno no solo expresó que no le gustaba el negocio de las criptomonedas, sino que hablaba muy mal de quienes manejan e invierten en el rubro que ha cambiado la economía mundial. Cambió radicalmente de parecer cuando sus vástagos se interesaron y se involucraron en el asunto.

“Trump admitía que no sabía cómo funcionaban, pero sus hijos sí. Y eso le llamaba la atención. Seis meses después de comenzar su segundo mandato, Trump era más rico que nunca, gracias en gran parte a las inversiones en el negocio especulativo de las criptomonedas, una industria que su nueva administración era responsable de regular”, señalan los periodistas Haberman y Swan.

Un reciente reportaje del periódico The New York Times, publicado el 1 de julio, lo confirma. En el primer año de su administración, Trump y su familia han conseguido ingresos por US$1.400 millones de las criptomonedas. Aparte de otros US$800 millones por inversiones inmobiliarias y similares. Esto es, más de US$2.200 millones en 2025. Para tener una idea de lo que significa, en 2024 el “presidente con más poder en la historia” declaró ingresos por US$622 millones. Ha convertido la Casa Blanca en parte de su imperio.

'Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump', por Maggie Haberman y Jonathan Swan.

Simon & Schuster

New York, 2026.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Pese a ello, Keiko Fujimori planea tomar como referencia las acciones de Noboa Azín para enfrentar la inseguridad en Perú durante un eventual gobierno. Así lo mencionó en una entrevista con el medio ecuatoriano El Universo.

La lideresa de Fuerza Popular comentó que ha conversado con Noboa y considera que "existen muchas similitudes en la problemática" y, por lo tanto, espera compartir "muchas soluciones".

"Creo que el presidente Noboa ha tomado medidas importantes de enfrentar este flagelo, de construir cárceles de manera inmediata, de no darle ni un milímetro a la criminalidad organizada. Eso mismo haremos desde el Perú y, lo más importante, esperamos pues tener una cooperación constante en compartir la información, en cuidar nuestras fronteras sin que estas se vean afectadas en el comercio exterior. Pero sí somos muy conscientes que vamos a trabajar juntos", declaró.

También mencionó que planea convocar a las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia y de mayor necesidad, como las fronteras. "Que las FF.AA trabajen con la Policía Nacional en las cárceles, junto con el Instituto Penitenciario", dijo, aun cuando la militarización de la seguridad pública en Ecuador ha vulnerado los derechos humanos en dicho país durante la gestión del mandatario ecuatoriano, quien asumió funciones el 23 de noviembre del 2023.

Deterioro de los derechos humanos en Ecuador

Así lo alertaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

En enero de este año, la CIDH solicitó otorgar medidas cautelares para los presos en el Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 1, conocido como Penitenciaría del Litoral, pues identificó problemas estructurales en las instalaciones, acceso limitado a atención médica y severo hacinamiento. Sobre todo, casos de tuberculosis.

Antes de ello, el 22 de diciembre de 2025, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas condenó a 11 militares a 34 años y ocho meses de prisión tras la desaparición forzada de cuatro adolescentes afrodescendientes del barrio "Las Malvinas" en Guayaquil.

En enero de 2024, Noboa calificó a las organizaciones dedicadas al narcotráfico de "terroristas" y declaró la existencia de un "conflicto armado interno". Además, ha prorrogado constantemente los estados de excepción.

Sobre esto, Human Rights Watch envió una carta al presidente ecuatoriano en la que mencionó que la existencia de un conflicto armado, ya sea internacional o no internacional, "no depende de la declaración que haga un gobierno", sino que responde a criterios establecidos que, según consideran, no se cumplían.

La denominación, mencionaron, tiene "consecuencias en la vida de los ecuatorianos", pues cuando se trata de la existencia de un conflicto armado, el derecho internacional permite un uso más amplio de la fuerza, incluida en ocasiones la fuerza letal.

Además, la organización enfatizó que los resultados en materia de seguridad no han sido los mejores. "Como ha señalado su gobierno, el número de “muertes violentas” disminuyó un 27 % hasta abril de 2024. Sin embargo, el aumento en los niveles de extorsión y secuestro, así como los recientes asesinatos de tres alcaldes y del director de una prisión, muestran que la situación de seguridad sigue siendo grave", indicaron y añadieron que aumentaron las detenciones en flagrancia, las cuales responden a delitos menores y no a gran escala.

Por su parte, Amnistía Internacional alertó que "la militarización de la seguridad pública ha aumentado aún más los peligros y dificultades a los que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos".

Política represiva no sería eficiente en Perú

Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos e integrante del IDL, calificó de "desastroso" el escenario ecuatoriano y resaltó que no se han generado grandes resultados. En su lugar, indicó, se ha deteriorado la vigencia del Estado de derecho, se ha militarizado la seguridad pública y han disminuido las condiciones de gobernabilidad.

Por ello, emular las medidas de este país en Perú sería como "echarle leña al fuego" y no sería eficiente porque las características de la criminalidad son muy diferentes de las del país vecino.

"En Perú me parece que la criminalidad ha tomado otra dirección y es la de aproximarse a los grupos de poder. Por ejemplo, casos como la minería ilegal y organizaciones criminales que han sido vinculadas al poder", declaró a este medio.

Asimismo, mencionó la toma de TC Televisión por parte de un grupo armado en Guayaquil y explicó que considera que un hecho similar no podría ocurrir en Perú porque "el crimen organizado no tiene la necesidad de hacer un acto de de tal envergadura" debido a que "las prebendas y los beneficios los ha obtenido desde la política".

De igual forma, resaltó que en Perú ya se han tomado ciertas medidas "represivas"; sin embargo, no han dado resultados. "La tipificación de nuevos delitos, la militarización de zonas como Pataz, el debate constante que hay de permitir a las Fuerzas Armadas tener competencia sobre asuntos de seguridad pública y demás. ¿Han dado resultado? Yo diría que no", dijo.

En ese sentido, considera que las políticas de mano dura, en lugar de reducir la criminalidad, van a afectar a la ciudadanía en temas de derechos humanos. "Lamentablemente el fujimorismo siempre está bastante vinculado a expresiones o a reacciones de militarización del tema de la de la de la inseguridad", anotó.

Escenarios de Ecuador y Perú son diferentes

Por su parte, el internacionalista y docente de la PUCP Ramiro Escobar coincide en que Fujimori deberá evaluar si las estrategias de Noboa han tenido resultados, pues la criminalidad sigue "disparada" en Ecuador.

"La política de mano dura, de militarizar las cárceles o, de alguna manera, ‘bukelizar’ las políticas contra la criminalidad en Ecuador y en cualquier otro país no resultaría factible en Perú por una razón fundamental y es que cada país tiene una situación distinta", manifestó a este medio.

Mencionó que en el caso de El Salvador se trata de un país pequeño que, principalmente, se enfrenta a Las Maras. En cambio, en Ecuador y en Perú la criminalidad tiene varias expresiones: el narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas, por lo que "trasplantar" una experiencia como la de Bukele al Perú o al Ecuador sería un "desacierto, una falta de información y entendimiento".

Lo que sí tendría sentido, sostuvo, sería establecer una cooperación fronteriza con Ecuador porque, en algunos casos, ambos países tienen la presencia de las mismas redes criminales.

Sin embargo, no sería favorable incluir a las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas porque no están calificadas para esa labor.

"Yo creo que lo que más ha dado resultado en el Perú, incluso en la época del terrorismo y el conflicto armado que sostuvo el Estado contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, fue la inteligencia policial", expresó.

Por ello, enfatizó que "una política contra la criminalidad en el Perú debe tener un perfil propio. Se pueden recoger experiencias de otros países, pero no simplemente clonarlas o copiarlas".

Sobre todo, a fin de evitar a toda costa vulnerar inútilmente los derechos de las personas. "En el momento en que se cruza esa línea, ya es difícil volver", alertó.

En tanto, sobre la calificación de "terroristas" y "conflicto armado interno" que realizó Noboa, el abogado constitucionalista Rafael Rodríguez considera que a Keiko Fujimori no le conviene recurrir a ello, pues la ciudadanía recordaría lo sucedido durante la gestión de su padre.

"Ella, el fujimorismo y cierto sector del país siempre han sido renuentes a hablar de conflicto armado", anotó. Y agregó: "Creo que durante su discurso del 28 de julio ya podríamos conocer las estrategias concretas de carácter legislativo que el nuevo gobierno quiere implementar y, a partir de ello, estar atentos".

El nuevo cronograma

La etapa de la entrevista personal se trasladó para el próximo martes 14 de julio de 2026 a las 11:00 a.m. Esta fase se realizará de manera presencial en la sede de la Junta Nacional de Justicia, ubicada en la avenida Paseo de la República en San Isidro.

El mismo 14 de julio se publicarán las calificaciones de la entrevista, el cuadro de méritos definitivo y los resultados de la votación oficial. Además, la juramentación del nuevo jefe de la ONPE se llevará a cabo el jueves 16 de julio de 2026.

Un concurso que estuvo a punto de cancelarse

Es necesario recordar que el concurso estuvo a punto de ser declarado desierto. Inicialmente, la postulante Amparo Ortega Campana renunció a continuar en carrera por motivos de salud. Poco después, el único candidato que quedaba, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, fue excluido del proceso mediante una resolución de la JNJ tras “haberse verificado que el postulante omitió declarar dos procesos judiciales que se encuentran en trámite al momento de su postulación".

Al quedar el concurso sin ningún postulante apto, se decidió cerrar el proceso. Sin embargo, Loyola Escajadillo presentó un recurso de reconsideración y argumentó una vulneración del derecho al acceso a la función pública.

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia evaluó el reclamo y decidió, por mayoría, declarar fundado el recurso de reconsideración de Carlos Loyola. Los magistrados María Teresa Cabrera Vega, Gino Ríos Patio, Germán Serkóvic González y Rafael Ruiz Hidalgo votaron a favor de su retorno, mientras que el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví, junto con Jaime de la Puente y Cayo Galindo, votaron en contra.

Con esta votación, la JNJ dejó sin efecto la exclusión y restituyó a Carlos Loyola en el proceso de selección.

Mediante un oficio, la institución notificó el "inicio de Servicio Relacionado de Recopilación de Información", ordenando que se brinden todas las facilidades al equipo de especialistas para que revisen las cuentas de Palacio de Gobierno.

Tras la publicación de un reportaje de Cuarto Poder, se dio a conocer que el jefe de Estado gastó 1 millón 124 mil soles de fondos públicos en pasajes y viáticos durante sus primeros cuatro meses de gestión.

El dinero se utilizó para financiar un total de 19 viajes nacionales, pero lo resaltante es que 11 de esos desplazamientos tuvieron como único destino Lambayeque, región de origen del presidente.

De acuerdo con los registros oficiales de vuelo, la logística del Estado —que incluye vehículos del Ejército, helicópteros y hasta el propio avión presidencial Boeing 737-500— se activaba con frecuencia para cumplir con agendas que coincidían con fines de semana, feriados, como Semana Santa, o días en los que no se consignaba ninguna actividad pública u oficial.

Fuentes técnicas detallaron que solo el combustible del avión presidencial para ir al norte costó cerca de un cuarto de millón de soles. A esto se suman miles de soles perdidos en viajes que el mandatario cancelaba a última hora, cuando sus comitivas de seguridad ya estaban hospedadas en el lugar de destino.

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Además, esta situación provocó el reclamo del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, quien cuestionó que se derroche dinero público mientras la región sufre el recorte de sus obras más urgentes.

La autoridad cuestionó que el presupuesto para el drenaje pluvial de Chiclayo —que comprende red de tuberías, canales y rejillas subterráneas— se redujera de 103 millones de soles a solo 9,9 millones de soles, hecho que perjudica a la población frente al fenómeno de El Niño.

La cita se dio por iniciativa del propio Valderrama, quien acudió a saludar a Fujimori tras la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Durante la conversación, el aprista puso sobre la mesa dos temas puntuales: la ejecución del Gasoducto del Sur y un sistema de garantías para el crédito popular. Ambas propuestas, según explicó, están pensadas para los sectores D y E del país.

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Valderrama descartó de entrada cualquier lectura sobre una posible participación del APRA en el próximo gobierno. Explicó que Fuerza Popular ya cuenta con sus propios equipos listos, y que el partido de la estrella debe concentrarse en fortalecer su identidad y su base popular. Sobre la reunión en sí, dijo que Fujimori mostró interés en el sur del país. Prefirió, no obstante, esperar hechos concretos antes de celebrar esa promesa.

El encuentro se dio pocos días después de que los dirigentes apristas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo señalaran que ponían a disposición sus "ministros" para el nuevo gobierno. Consultado sobre el significado exacto de esa oferta, Valderrama evitó precisar detalles. Remitió la pregunta a sus propios compañeros de partido. Tampoco confirmó si ese ofrecimiento fue tema de conversación con la mandataria electa.

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El silencio de Valderrama frente a la propuesta de Mulder y Del Castillo

Días antes de la reunión, Mulder y Del Castillo hicieron pública su disposición a integrar el gabinete de Fujimori con cuadros apristas. La frase abrió la puerta a preguntas sobre un eventual pacto entre el aprismo y el fujimorismo, dos fuerzas que ya coincidieron en la Mesa Directiva del Congreso entre 2016 y 2020.

Valderrama optó por no comentar el fondo de esa oferta. Ante dos preguntas distintas sobre el tema, remitió la respuesta a sus propios compañeros y evitó identificar nombres para un eventual equipo ministerial. Su posición contrasta con la disposición abierta que mostraron otros dirigentes apristas frente al nuevo gobierno.

Para el excandidato, la prioridad del partido no pasa por ese frente. Insistió en que el APRA debe destinar sus energías a la reinscripción electoral y a construir un frente social amplio, no a negociar cargos en el Ejecutivo. Sobre un posible acuerdo político con Fuerza Popular, fue categórico al descartarlo. Argumentó que esa posibilidad ni siquiera es viable, pues el partido no cuenta con representación en el Parlamento.

El documento fija cuatro compromisos, cada uno con un objetivo distinto. El primero reconoce los resultados electorales, pero reserva el derecho de denunciar irregularidades del proceso. El segundo anuncia un control político "firme, vigilante y responsable" desde ambas cámaras. El tercero exige justicia para las víctimas de las protestas en el sur del país y rechaza cualquier impunidad para los delitos de corrupción de altos funcionarios. El cuarto detalla la agenda legislativa: derogar las leyes procrimen, recuperar el derecho al referéndum y buscar la libertad del expresidente Pedro Castillo.

Bajo esa etiqueta, la oposición agrupa normas puntuales. Entre ellas, la que exime de responsabilidad penal a los policías que usan armas de fuego en cumplimiento de su función, la ley de legítima defensa para civiles y el dictamen que traslada al fuero militar policial las investigaciones contra agentes de la PNP y las FF. AA.

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Roberto Sánchez reconoce los resultados del JNE, pero cuestiona el proceso

Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, reconoce en el comunicado la proclamación de Fujimori como presidenta electa. Sin embargo, el pronunciamiento no cierra el debate sobre el proceso. Los tres partidos advierten que acatar el resultado no implica renunciar al derecho de señalar irregularidades.

El documento sostiene que la paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que, a su juicio, merecen esclarecerse. Con eso, la alianza busca un equilibrio: evita el choque directo con el JNE, pero deja abierta la puerta a nuevos cuestionamientos desde la tribuna parlamentaria.

En esta etapa, un total de 287 abogados asistieron a la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, donde rindieron el examen escrito previsto en el cronograma del proceso. Como resultado de esta prueba de conocimientos, 82 postulantes fueron aprobados y continuarán en la siguiente fase del proceso de selección.

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Los postulantes aprobados continuarán con las pruebas de confianza, orientadas a identificar aspectos actitudinales, conductuales y de idoneidad vinculados al perfil de la plaza convocada.

Estas pruebas comprenden la evaluación patrimonial, que permite verificar la situación patrimonial y la información declarada por el postulante; la evaluación socioeconómica, dirigida a identificar posibles conflictos de intereses en el ámbito familiar, empresarial, laboral o político; y la evaluación psicológica, que analiza habilidades intelectuales, rasgos de personalidad, juicio y manejo emocional frente a las exigencias profesionales y éticas del cargo.

Para conocer los resultados de la evaluación y acceder a más información sobre el proceso de selección, se puede ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/es/i/8138915.

Como se recuerda el ahora titular del Minedu, Jorge Marticorena, se desempeña como congresista y llegó al Parlamento (2021-2026) junto a la bancada de Perú Libre. Actualmente es parte de Alianza para el Progreso (APP) y asume el cargo de la cartera de Educación en reemplazo de Maria Esther Cuasdros, extitular del Minedu, quien presentó su renuncia al cargo el 3 de este mes.

Renuncia de María Cuadros

En su carta de renuncia dirigida al presidente Balcázar, Cuadros evitó precisar los motivos de su salida y agradeció la confianza que se le otorgó durante su gestión. Además, reconoció a los funcionarios y a los docentes a nivel nacional.

Sin embargo, en el plano político, la dimisión de la ministra se registra a solo dos semanas de que el Congreso de la República presentara una moción de interpelación en su contra.

Un grupo de 22 parlamentarios la acusaba formalmente de intentar desestabilizar la gestión y la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

El conflicto por la SUNEDU

El cuestionamiento contra la ministra saliente se centra en la publicación de una resolución que pretendía remover a Vicente Espinoza Santillán del Consejo Directivo de la Sunedu.

Tras este escenario, se presentó una moción de interpelación desde el Congreso con el argumetno de que se estaría tratando de “desestabilizar la gestión institucional de la SUNEDU, vulnerando con ello la autonomía del organismo supervisor y amenazando de manera directa los avances alcanzadospor la reforma universitaria, lo cual pone en grave riesgo la garantía delcumplimiento de las condiciones básicas de calidad exigibles para todo elsistema de educación superior en beneficio de los estudiantes del país”, se lee en la moción.

Los legisladores denunciaron que esta medida ignoró los plazos legales y el principio de autonomía del organismo regulador. “Este acto constituye una flagrante e indebida injerencia del Poder Ejecutivo que colisiona de forma directa con lo dispuesto por la Ley N° 31520”.

A pesar de aceptar los resultados, los tres partidos políticos solicitan resolver los problemas e incidencias ocurridas en los comicios de la segunda vuelta presidencial. “La paz democrática no puede contruirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos. La historia ha demostrado que cuando la democracia retrocede, el silencio nuca es una opción”.

Coalición parlamentaria

Para fortalecer la supervición de las acciones y decisiones del gobierno entrante, Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont anunciaron que sus agrupaciones se han unido en un solo frente dentro del Congreso de la República.

El objetivo de esta alianza es realizar un “control Político firme, vigilante y responsable, para recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de los Poderes del Estado”.

Con esta unión, los partidos buscan formar un contrapeso en el Parlamento para vigilar las decisiones del nuevo gobierno y las altas autoridades.

Derogación de leyes pro crimen y pedido de liberación de Pedro Castillo

El pronunciamiento detalla que los parlamentarios buscarán impulsar “derogar las leyes que favorecen al crimen, recuperar el derecho a referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica”, en oposición a las normas aprobadas por el Congreso anterior.

Asimismo, mostraron su respaldo al expresidente de la República, Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo. En el texto, los líderes exigen su libertad como uno de los puntos principales en su agenda.

Justicia para las víctimas del sur

Además, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras reconocen a las familias de las regiones del sur del país que perdieron a sus seres queridos durante las manifestaciones sociales de los últimos años.

Los dirigentes señalaron que desde sus escaños trabajarán para alcanzar la “justicia y reparación para las víctimas de las protestas y de los deudos, rechazando todo tipo de impunidad por delitos de altos funcionarios del Estado por corrupción y violación de Derechos Humanos”.

De acuerdo con el dominical, el certificado tiene fecha del 30 de noviembre de 2017 y consigna que Solano trabajó como jefe legal de la empresa Service JCU S.R.L. entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017. Esa experiencia resultó determinante para cumplir con el perfil exigido por el Estado, que contemplaba 10 años de experiencia profesional, además de cinco años en funciones de jefatura.

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Sin embargo, el gerente general de la empresa, Carlos Ubillus Urbina, remitió en junio de 2024 una comunicación al Ministerio de Trabajo en la que afirmó que el certificado no fue emitido por su compañía. Además, indicó que el logotipo, el membrete y la firma habían sido adulterados. También precisó que el documento presenta un error en la denominación de la empresa, ya que figura como "Service JCV S.R.L." cuando el nombre correcto es "Service JCU S.R.L.".

La defensa del ministro rechazó las acusaciones. Su abogada, Sara Lozano, sostuvo que Freddy Solano sí prestó servicios para la empresa en Trujillo y negó que se haya presentado documentación falsa ante el Estado. Añadió que será el Ministerio Público el que determine la autenticidad del certificado dentro de la investigación correspondiente.

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Empresa negó haber emitido el certificado presentado por Freddy Solano

El reportaje detalló que las primeras alertas sobre la documentación aparecieron en julio de 2023, cuando el área de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo detectó presuntas irregularidades en el expediente del funcionario. Meses después, la entidad solicitó información a la empresa involucrada para verificar la autenticidad del certificado laboral.

En respuesta, Carlos Ubillus Urbina envió la carta N.° 0033-2024 al ministerio. En ese documento aseguró que Freddy Solano nunca trabajó para su empresa y reiteró que el certificado presentado no corresponde a un documento oficial emitido por Service JCU S.R.L. Esa respuesta pasó a formar parte de la documentación evaluada por la administración pública.

Especialistas consultados por Cuarto Poder señalaron que, sin esa experiencia como jefe legal en el sector privado, Solano no habría cumplido con los requisitos mínimos para acceder a la jefatura de Sunafil. Ese puesto exige experiencia específica en cargos de dirección, además de trayectoria profesional en el sector público.

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Ministerio de Trabajo archivó el procedimiento por prescripción

Tras recibir la respuesta de la empresa en junio de 2024, el Ministerio de Trabajo demoró cerca de un año en conformar una comisión ad hoc para evaluar un posible procedimiento administrativo disciplinario. El grupo estuvo integrado por los viceministros de Trabajo y de Promoción del Empleo, además de la jefa de Recursos Humanos.

El 27 de mayo de 2026, un informe técnico concluyó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso disciplinario por la presunta falsedad del certificado. Dos días después, Freddy Solano juró como ministro de Trabajo, por lo que pasó a ser superior jerárquico de los funcionarios que participaban en la investigación.

Finalmente, el 25 de junio de 2026, un informe de la Secretaría General del ministerio declaró prescrita la potestad disciplinaria de la entidad. La decisión determinó el archivo definitivo del procedimiento administrativo al considerar que habían vencido los plazos establecidos por la normativa vigente.

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Defensa del ministro niega irregularidades en el certificado laboral

La abogada Sara Lozano afirmó que su patrocinado sí prestó servicios para la empresa mencionada y rechazó que exista documentación apócrifa en los expedientes presentados ante el Estado. Según indicó, las diferencias advertidas sobre el certificado deberán ser evaluadas por la Fiscalía durante la investigación.

Antes de asumir el Ministerio de Trabajo, Freddy Solano ocupó diversos cargos en entidades públicas. Entre ellos figuran el programa Debebsar del Ministerio de Educación, la dirección ejecutiva del programa Contigo, la presidencia del directorio de Corpac y la gerencia general de Promperú.

El reportaje también recordó que esos nombramientos estuvieron acompañados de remuneraciones estatales que oscilaron entre los S/15.000 y S/19.000 mensuales. Ahora, la denuncia sobre el presunto certificado falso vuelve a colocar bajo escrutinio la documentación que presentó para acceder a esos cargos públicos.

A través de un oficio firmado por el titular del Órgano de Control Institucional (OCI), Javier Toribio Reyes, se notificó al ministro sobre el inicio de la recolección de información. La institución detalló que la fiscalización se centra en el procedimiento disciplinario "por la presunta presentación de documentación para acreditar requisitos de acceso a un cargo público", según se lee en el documento oficial.

La denuncia

El programa Cuarto Poder reveló irregularidades en el expediente que Solano presentó para asumir la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Para acceder a ese puesto, el Estado le exigía acreditar cinco años de experiencia en funciones de jefatura.

El ministro consignó un certificado que aseguraba que trabajó como jefe legal de la empresa Service JCU S.R.L. entre 2016 y 2017. Sin embargo, el gerente general de dicha compañía, Carlos Ubillus Urbina, envió una carta al Ministerio de Trabajo negando ese vínculo.

"El certificado no fue emitido por nuestra compañía. El logotipo, el membrete y la firma han sido adulterados", precisó el empresario.

Especialistas señalaron que, sin los años de experiencia que otorgaba ese documento, el hoy ministro no habría cumplido el perfil mínimo para ser contratado en Sunafil, puesto que le sirvió para ocupar otros cargos con sueldos de hasta S/19.000 mensuales en entidades como Corpac y Promperú.

Descargos de la defensa

Pese a las evidencias presentadas por la empresa privada, la defensa legal del ministro Freddy Solano rechazó las acusaciones. Su abogada, Sara Lozano, indicó que el ministro sí laboró en Service JCU S.R.L. en la ciudad de Trujillo y negó la existencia de papeles falsificados.

"Será el Ministerio Público el que determine la autenticidad del certificado dentro de la investigación correspondiente", manifestó la abogada.

Medina precisó que el vocero de su partido, Daniel Barragán, ya tuvo un primer acercamiento con representantes de Fuerza Popular. Esas conversaciones, indicó, serán comunicadas de forma oficial en los próximos días. La diputada no confirmó un respaldo cerrado a la bancada fujimorista, aunque tampoco lo descartó. Pero dejó en claro que la evaluación interna de su partido sigue en marcha.

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La parlamentaria también reveló un dato adicional: los acercamientos de Obras no se limitan a Fuerza Popular. Su bancada mantiene contacto con partidos que ejercerán oposición al gobierno una vez instalado el nuevo Congreso. Esto amplía el margen de maniobra de cara a la elección de la Mesa Directiva, programada para el 26 de julio.

Sobre los criterios que guiarán su decisión, Medina fue enfática: su partido no se moverá por afinidades políticas previas. "Vamos a buscar nosotros siempre lo mejor para el país", señaló. La definición del voto de su bancada dependerá, según remarcó, del contenido concreto de las políticas públicas que las distintas fuerzas pongan sobre la mesa antes de la votación.

"Hoy esta democracia no nos representa. Hemos tenido todo en contra y, aun así, levantamos un proyecto democrático popular. (…) En el Perú, desde Tumbes hasta Tacna, están los más de 1.500 distritos, más de 150 provincias y 16 de las 24 regiones se han pintado de verde por esta convicción. Este resultado nace con ilegitimidad, desconfianza y rechazo por la mayoría de los territorios del Perú", apuntó.

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Asimismo, Sánchez indicó que continuará con su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se apruebe una medida cautelar contra la proclamación de resultados que da como ganadora a Keiko Fujimori. El líder de Juntos por el Perú sostuvo que las presuntas irregularidades registradas constituyen vulneraciones de sus derechos políticos.

"Hay un rechazo por parte de la mayoría de los territorios del Perú. Si bien es cierto que el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia, cuando existe una afectación a los derechos políticos, cualquier peruano puede acudir a una instancia internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si bien ese proceso puede demorar, tarde o temprano las razones dirán que la democracia que tenemos no debió avanzar por un camino de ilegalidad", indicó.

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Otras figuras también rechazan gobierno de Fujimori

Las críticas a Fujimori no solo provienen de las filas de Juntos por el Perú. Otras figuras, como Ruth Luque, electa senadora por Ahora Nación, señalaron que Fujimori no cuenta con una legitimidad amplia que respalde su gobierno.

“La legitimidad es un concepto mucho más amplio y, para mí, el gobierno de Keiko no es legítimo. Hemos llegado a un proceso con más de 30 partidos, donde las dos fuerzas que han pasado no expresan lo que la mayoría de la población quiere, y a un resultado en el que, territorialmente, gran parte del Perú no ha votado por Keiko Fujimori”, apuntó.

En la misma línea, López Chau, líder de Ahora Nación, también sostuvo que Fujimori llegará al gobierno con un amplio sector de la población que aún la rechaza. “Ha habido una votación de 9 millones de peruanos que están molestos, con indignación. Es un país dividido. (…) Hay 9 millones de ciudadanos que están reclamando atención y sus necesidades son muy concretas (…)”, afirmó.

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Volviendo a Juntos por el Perú, la senadora Silvana Robles también sostuvo que el fujimorismo no cuenta con un respaldo pleno. “Ningún acto formal puede otorgar legitimidad democrática a un proyecto que reivindica la corrupción, el autoritarismo y las graves violaciones a los derechos humanos. (…) Gobernar exige mucho más que una proclamación oficial: exige construir legitimidad mediante el respeto irrestricto a la democracia, a los derechos humanos y a las instituciones de la República”.

Por último, Mesías Guevara, excandidato presidencial por el Partido Morado, señaló que corresponde ejercer una oposición frente al nuevo gobierno fujimorista. “Nos toca pasar a la oposición; una oposición seria y responsable, que no llegue al obstruccionismo, pero que sí vigile que se respete la transparencia. Ese es el mundo democrático”.

Durante una conferencia de prensa en el local partidario de Juntos por el Perú, ubicado en el Cercado de Lima, Sánchez explicó que las marchas buscarán respaldar a ciudadanos y dirigentes de su organización que enfrentan investigaciones y denuncias penales por su participación en protestas anteriores. Según afirmó, el partido organizará una respuesta política y legal para acompañar esos procesos.

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El dirigente también cuestionó el proyecto de ley que plantea que policías y militares sean juzgados por el fuero militar en casos relacionados con actos realizados durante el ejercicio de sus funciones. A su juicio, esa medida impediría que los agentes que cometan delitos respondan ante la justicia ordinaria. Por ese motivo, pidió al Ejecutivo no promulgar la norma.

Finalmente, Sánchez reiteró que mantiene su rechazo a cualquier acercamiento político con Keiko Fujimori mientras no se atiendan los puntos que considera indispensables. Entre ellos mencionó la derogación de las denominadas "leyes procrimen", la conformación de una Comisión de la Verdad para investigar las muertes registradas durante las protestas sociales y la libertad del expresidente Pedro Castillo.

El anuncio ocurrió durante una actividad partidaria realizada en el distrito de El Rímac. Frente a militantes y dirigentes de Renovación Popular, López Aliaga felicitó a Fujimori por su victoria electoral y confirmó que intentará concretar el encuentro en los próximos días, luego de regresar de un viaje.

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El excandidato presidencial sostuvo que la inseguridad debe convertirse en la primera prioridad del nuevo Ejecutivo. En esa línea, afirmó que su agrupación cuenta con un equipo para abordar ese problema y señaló que desea ponerlo a disposición del futuro gobierno.

Sin embargo, no precisó qué tipo de participación tendrían sus representantes ni si ya existe una coordinación con el entorno de la mandataria electa.

El mecanismo de funcionamiento de “Palpatine” recordó a los agentes de la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirección Antidrogas (Dirandro) la forma en la que actuaban los cárteles de Medellín y Cali en los años 80 y 90, cuando reinaron en el Alto Huallaga. Compraban pasta básica a las llamadas “firmas” peruanas de la época, monopolizaban la producción de cocaína en sus propios laboratorios y controlaban las redes de transporte hacia el exterior. “Palpatine” construyó un sistema muy parecido, con el respaldo de narcotraficantes peruanos con llamativos prontuarios.

Aprovechando el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en el departamento de Amazonas y la limitada presencia de las fuerzas antidrogas en la zona, “Palpatine”, con experiencia en el negocio de la droga, construyó un laboratorio de cocaína en el centro poblado de Chicais, ubicado en el distrito de Imaza, en Bagua (Amazonas). El colombiano compraba la pasta básica a los productores de las localidades aledañas, asegurándose el abastecimiento de la materia prima.

Según el último informe sobre crecimiento de cultivos de hoja publicado en 2025, Amazonas experimentó un importante aumento de los cocales de 44,6% entre 2023 y 2024. Arcesio Trujillo sabía dónde había puesto el ojo. La experiencia afinó su olfato.

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La ruta del emperador malvado

Nacido el 18 de junio de 1959 en el distrito de Ibagué, en el departamento colombiano de Tolima, Arcesio Trujillo, de 67 años, trabajó por más de tres décadas como ayudante en los laboratorios clandestinos del narcotráfico controlados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo con fuentes antinarcóticos de dicho país.

“‘Palpatine’ es un veterano en la producción y exportación de cocaína. Y en Amazonas encontró el terreno propicio para dirigir su propia organización. No dependía de los proveedores del Vraem (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) o del Ucayali. Eligió Amazonas también por razones logísticas, por su cercanía a los puertos del norte del país.

“No es un desconocido en el Perú. Ha venido varias veces para coordinar la producción y compra de droga. Llegaba como operador de las mafias colombianas. Hasta que se independizó”, indicaron las fuentes antinarcóticos.

Conforme al registro migratorio, Arcesio Trujillo ingresó al Perú con dicha identidad el 4 de diciembre de 2006. Desde entonces, en varias ocasiones, ha entrado y salido de nuestro territorio: 23 veces. Así se comprobó su intensa actividad en el narcotráfico. En los dos últimos años, además, incrementó sus entradas al Perú. “Señal de que estaba preparando algo grande. Y, efectivamente, así fue, como luego comprobaríamos”, dijo otra fuente antinarcóticos.

En 2024, “Palpatine” entró en el país 6 veces y, en 2025, 7 veces. En este año, cruzó la frontera en dos ocasiones: el 13 de marzo y el 27 del mismo mes. Señal indubitable de que algo estaba tramando: la preparación de un cargamento de droga.

Las interceptaciones telefónicas judiciales a “Palpatine” y sus cómplices confirmaron que el capo colombiano estaba dedicado al acopio de un importante alijo de cocaína con fines de exportación. Las fuentes consultadas no descartaron que el colombiano estuviera respondiendo a un pedido para trasladar la droga a Estados Unidos o México, sedes del Mundial de fútbol.

“Se le escucha al colombiano reclamar a sus socios que tienen que apurar la elaboración de la droga, porque tienen un pedido que cumplir. Les indicaba que solo habían llegado a los 400 kilos y necesitaban 300 kilos en total”, indicaron las fuentes.

Como se verá más adelante, “Palpatine” consiguió el objetivo. A toda máquina, su laboratorio en Bagua pudo conseguir los 700 kilos que supuestamente irían al Mundial de fútbol.

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Sorprendido en la cama

“La concentración de multitudes, como en el evento futbolísitico, implica el aumento del consumo. Tiene lógica, porque en otras ocasiones se han intervenido cargamentos de droga con destino a ciudades que son sedes del mundial de fútbol”, indicaron las fuentes.

Con quien hablaba frecuentemente “Palpatine” era con el peruano Duberlí Rufasto Vargas, de 46 años, conocido como “Chotano”, encargado de las coordinaciones con otras organizaciones criminales para el transporte y la venta de la droga. También era el responsable de la adquisición de insumos químicos y el financiamiento de los sembríos de hoja de coca en Amazonas. Todo estaba listo para despachar la cocaína al cliente mundialista.

Cuando comprobaron que Arcesio Trujillo se disponía al traslado del alijo de droga, los agentes de la Divinesp planificaron la intervención a la mafia de “Palpatine”. El 12 de mayo de este año, un equipo de la Divinesp, en compañía del fiscal antidrogas de Piura, José Montero Zapata, ejecutó un megaoperativo en Amazonas, Chiclayo y Lima.

Poco o nada se ha sabido de este caso, pero confirma que las mafias colombianas han regresado con fuerza al mercado peruano del narcotráfico.

A las 6.30 a. m. de ese día, cuando “Palpatine” dormía con su pareja colombiana en el hotel Mochiks, en el centro de Chiclayo, le cayó la policía antidrogas. Según fuentes fiscales, Arcesio Trujillo se encontraba en la fase de traslado del cargamento de cocaína de Bagua a Piura, donde otros integrantes de la organización lo esperaban para entregar la mercancía en altamar, donde sería recogida por un navío de gran calado.

El 12 de mayo de 2026, en una operación helitransportada, agentes de la Dirandro y efectivos de Los Sinchis de Mazamari de la Policía Nacional asaltaron el laboratorio de “Palatine” en Imaza, en Amazonas, y hallaron los 700 kilos de droga. Los principales clientes del capo eran sus compatriotas colombianos.

En efecto, sin que supiera que estaba bajo vigilancia, el socio de “Palpatine”, Duberlí Rufasto Vargas, sostuvo un encuentro con dos narcotraficantes colombianos en el café Pancho Fierro, en pleno centro de Lima. Luego de dos horas de conversación, los extranjeros entregaron a “Chotano” US$2 millones en efectivo camuflados en una mochila por la compra de cocaína. Sin duda, según las fuentes, la cocaína bien podría haber sido despachada a los aficionados del Mundial de fútbol, si es que “Palpatine” conseguía burlar a la policía antidrogas. Pero no fue así. Ahora ve los partidos de su selección nacional en una celda penitenciaria.

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DATO

• Antecedente. En 1982, el colombiano Waldo Vargas Arias, “El Ministro”, fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez cuando pretendía trasladar droga al Mundial de fútbol de Barcelona.
• El Doc. Vladimiro Montesinos, entonces abogado de narcos, logró la excarcelación y fuga de Vargas, quien luego se sumó al cártel de Cali.

La decisión alcanza a los exministros Luis Miguel Castilla Rubio, Eleodoro Mayorga Alba, René Cornejo Díaz y Carlos Paredes Rodríguez. Anteriormente, el juez ya había excluido de la acusación al exministro Jorge Merino Tafur, con otros argumentos, por lo que no fue incluido en esta resolución judicial.

El proceso por el Gasoducto del Sur, que se encuentra en control de acusación, aún continúa por el delito de colusión agravada. En mayo último, el magistrado advirtió que la acusación presentada por la fiscal Geovana Mori Gómez adolece de una serie de vacíos que no habían sido subsanados y sobre los que se pronunciará más adelante. El juez ha convocado a una audiencia este lunes, 6 de julio, para evaluar el delito restante y otros aspectos.

La fiscalía señala que el expresidente Ollanta Humala habría formado una organización criminal para beneficiar a la constructora Odebrecht con la adjudicación de la concesión del Gasoducto Sur Peruano, un proyecto privado para transportar gas natural de Camisea a las regiones del sur del país. Dicha organización habría operado desde el 2011 hasta diciembre del 2015.

Argumentos del archivo

Por este hecho, la fiscalía acusa al expresidente Humala, su esposa Nadine Heredia y los referidos exministros de los delitos de asociación ilícita, en la figura legal de organización criminal, y colusión agravada, y solicitó penas de hasta 35 años de cárcel.

La defensa del exministro Luis Miguel Castilla solicitó al juez evaluar cuál es la ley penal más benigna aplicable a este caso, pues entre el 2011 y la actualidad se han dictado diferentes normas que delimitan la asociación ilícita. Así, están el DL 1244 del 29 de octubre del 2016, el DL 1611 del 21 de diciembre del 2023, la Ley 32108 del 9 de agosto del 2024 y la Ley 32138 del 19 de octubre del 2024.

La jurisprudencia ha establecido la regla de la "combinación de leyes penales", que consiste en la posibilidad del juzgador de escoger lo más favorable al procesado de entre dos o más leyes o normas que se suceden en el tiempo. El Acuerdo Plenario N.° 2–2006/CJ116 de las Salas Penales Permanente y Transitorias estableció que “es posible que se pueda elegir de entre dos leyes penales sucesivas en el tiempo los preceptos más favorables, en virtud al principio de combinación que permite al juzgador poder establecer una mayor benignidad penal a favor del reo”.

Así, se indica que la norma vigente al momento en que ocurrieron los hechos, la Ley 30077, del 20 de agosto del 2013, definía el delito de asociación ilícita (organización criminal) como: "El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años ...".

En tanto, la Ley N.° 32108, publicada el 9 de agosto del 2024 y vigente hasta el 19 de octubre del 2024, presentó la definición legal del delito de organización criminal de la siguiente manera: "Se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesto por tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados entre sí, para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años, con el fin de obtener, directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico […]"

A su vez, esta norma fue modificada, dos meses y días después, por el artículo 1 de la Ley N.° 32138, publicada el 19 de octubre del 2024, que presentó un texto similar, aunque con el umbral de la pena mínima del delito fin disminuido. La nueva definición es:
"Se considera organización criminal (...), para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de libertad igual o mayor de cinco años en su extremo mínimo, (...).  

Si bien, ante las críticas públicas, la Ley N.° 32108 fue modificada al poco tiempo, esta es la norma que el juez decide aplicar a los procesados en el caso del Gasoducto al ser más beneficiosa para ellos. El juez concluye que ya no se puede hablar de una asociación ilícita, pues el delito objetivo, colusión agravada, tiene una pena mínima de 6 años, y la Ley 32108 habla de una pena mayor a 6 años. El detalle es que dicha ley no dice igual o mayor, sino mayor, y seis no es mayor: es igual. La nueva ley actualmente vigente sí dice igual o mayor de cinco años, pero, de esta manera, ya no es la más favorable a los procesados.

Los parlamentarios mencionados votaron en contra de una comisión investigadora para determinar las causas que generaban una crisis organizativa dentro del centro de estudios. Asimismo, este grupo tenía como fin acordar acciones para reorganizar su funcionamiento.

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La Secretaría General del Ministerio Público hizo llegar el oficio sobre este caso a Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación, por encargo del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

Hasta el momento, ninguno de los cuatro congresistas ha dado sus descargos sobre la investigación iniciada. Cabe indicar que, en los casos de Medina, Tello y Bellido, ya se encuentran abiertas investigaciones por presuntos actos de corrupción.

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Raúl Samillán, presidente de la asociación de víctimas del 9 de enero de 2023, que agrupa a deudos de las protestas en Juliaca, aseguró que el arribo de la mandataria sería una provocación y que podría desencadenar un hecho similar al que vivió Phillip Butters.

“Las heridas están abiertas. Los dos alcaldes en vez de invitar a Keiko Fujimori deberían de ver cómo se encuentran la ciudad que gobiernan. Son autoridades deslegitimadas. Sus electores no lo quieren”, precisó.

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Recordó que el alcalde de Puno, Javier Ponce, tras los sucesos de 2023, mandó construir un monumento en memoria de las víctimas y, durante la inauguración, fustigó al fujimorismo que, desde el Congreso, avaló al gobierno de Dina Boluarte. Lamentó que ahora exprese apoyo a la mandataria electa.

“Ese tipo de personas que no tiene convicción no deberían llegar al poder. Sobre todo porque no tienen principios y se acomodan según el momento. Ahora de Oscar Cáceres, no nos sorprende porque él fue parte del gobierno fujimorista y personal de seguridad de Vladimir Montesinos”, precisó.

Raúl Samillán, quien perdió a su hermano Marco Antonio Samillán, aseguró que no es “resentimiento” lo que los lleva a sentar posición contra Fujimori, sino la necesidad de alcanzar justicia y rechazar a quien, desde el Congreso, avaló al gobierno de Dina Boluarte.

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“Dina Boluarte hizo lo que hizo porque tuvo el aval desde el Congreso del fujimorismo. Fue el fujimorismo que avaló las leyes sobre la Apcì, que deja sin defensa a decenas de personas que no tienen recursos para defenderse de procesos de violaciones a los derechos humanos, entre otros”, aseguró.

Indicó que viajarán a Lima para que el presidente José Balcázar observe la ley que permite que los delitos cometidos durante actos de función por policías y militares se investiguen en el fuero policial militar.

El presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno (FOP) aseguró que todos los que auspician la llegada de Keiko Fujimori al altiplano solo están soliviantando una mayor confrontación y resentimiento, porque el fujimorismo nunca fue una opción en esta parte del país.

“Están generando mayor polarización. Mayor confrontación. Los 96 mil votos que sacaron no significaron nada porque contra Fujimori votaron más de 600 mil electores. Hay operadores que, por intereses, están provocando más desazón y descontento político”, señaló.

En el documento, Arroyo pide disponer que el Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS) de cada ministerio, así como los órganos competentes, “adopten las acciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proceso de transferencia de gestión, brindando las facilidades para la acreditación del ETTE, así como para la revisión y verificación de la información y documentación correspondiente".

La misma indicación se da "a los viceministerios, la secretaría general, los órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales, organismos públicos adscritos y demás entidades comprendidas", por intermedio de los ministerios.

El objetivo, se lee, es disponer “las acciones necesarias para asegurar la disponibilidad y entrega oportuna de la información y documentación prevista en la citada Directiva, en observancia de los principios de transparencia, colaboración institucional y continuidad de la prestación de los servicios públicos".

Marco Vinelli liderará equipos de transferencia desde Fuerza Popular

También se precisa que Marco Vinelli es el responsable "de la coordinación del proceso de Transferencia del Titular Entrante del Poder Ejecutivo". En consecuencia, será el representante para la conformación, acreditación y coordinación de los Equipos de Transferencia del Titular Entrante (ETTE) ante los ministerios y demás entidades de gobierno.

Mientras tanto, Fujimori también dispuso la “Oficina de la Presidenta Electa”, equipo que iniciará el diagnóstico técnico de cada sector.

En el Perú, la prisión perpetua está reservada para los delitos más graves, según lo establece el Código Penal.

Aunque su naturaleza es de por vida, la ley peruana establece que estas condenas son revisables cuando los reclusos cumplen 35 años de pena efectiva.

Los principales delitos sancionados con la pena máxima en el país incluyen: criminalidad sistemática y organizada. Es aplicable a miembros de organizaciones criminales que utilizan armas de fuego, explosivos o municiones para cometer extorsión, secuestro, sicariato, homicidio calificado o robo agravado. También alcanza a militares y policías vinculados a estas redes.

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Comprende, además, delitos como violación sexual a menores de 14 años y atentados graves, entre ellos terrorismo, feminicidio agravado y parricidio.

Según el último censo penitenciario realizado en marzo de este año, de los 65.838 sentenciados que hay en Perú, 2.752 personas están condenadas a carcelería perpetua (4,17%). En tanto, otros 2.549 individuos purgan de 30 a 35 años de prisión (3,87%).

Registro de excarcelados en el país

La gran mayoría, 22.292 reclusos, cumple de 5 a 10 años de pena (33,85%), seguida por otros 16.180 condenados de 10 a 15 años (24,57%). Una cifra a resaltar son los 6.457 presos que cumplen menos de 5 años de cárcel (9,80%). Estas cifras reflejan la aplicación estricta de la cadena perpetua en el país y la baja probabilidad de que los condenados recuperen la libertad.

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), el gobierno del presidente José María Balcázar liberó a 1.562 presos en marzo de este año, una medida destinada a reducir el hacinamiento masivo en las cárceles del país, pero que probablemente solo servirá como una solución temporal. Otras 2.222 personas ingresaron a los establecimientos donde hay más internos que camas.

Los distintos tipos de libertad que se aplican en el ámbito judicial y penitenciario benefician a los presos que cumplen con determinadas condiciones e hicieron una petición de libertad anticipada.

Para ser elegibles, los presos deben haber cumplido las tres quintas partes de su condena, haber demostrado un buen comportamiento y tener fuertes lazos familiares y sociales. Aunque la mayoría de los liberados fueron encarcelados por delitos como robo, posesión de drogas y violencia doméstica, por lo menos un asesino convicto también salió de la cárcel.

En marzo se registraron, con estos tipos de excarcelación, 749 liberados, que representan el 48% de egresos por libertad en todo el país.

La población penitenciaria intramuros que egresó en marzo lo hizo por distintos tipos de libertad que están en el ámbito judicial y penitenciario. Por conversión de pena abandonaron los presidios 304 internos; por comparecencia restringida, 168; por pena suspendida en su ejecución, 87; por absolución, 74; y por cumplimiento del plazo de prisión preventiva, 65 internos.

Además, por nulidad de sentencia, 35 internos obtuvieron su liberación; por libertad inmediata salieron 11; por revocatoria de pena suspendida, 10; por prescripción de la acción penal, nueve; y por otros tipos de libertad, 50 internos.

Un dato importante es que, del total de las libertades, el 5% (74 internos) lo consiguió por la causal de absolución.

Finalmente, por pena cumplida, dejaron la prisión 471; por pena cumplida con redención, 180; por excarcelación condicional, 49; y por semilibertad, 49 reclusos. Otra información importante es que, del total de egresados en marzo, el 80,3% era primario y el 19,7% contaba con dos o más ingresos anteriores.

Se han registrado casos de internos que tenían como antecedente hasta siete ingresos anteriores, pero, igualmente, se les concedió la libertad.

Los nuevos “inquilinos”

Pero también hay análisis de la población penitenciaria según la variable de ingreso en marzo de 2026.

En esta línea, el Inpe informó que en marzo de este año ingresaron un total de 2.222 internos, de los cuales el 80% son primarios y 20% son reingresantes.

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De la población penitenciaria ingresante, entraron en condición de procesados 1.702 (77%) y 520 (23%) como sentenciados.

Una información destacable es que el departamento de Lima tuvo un mayor ingreso con 763 internos, y el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro (San Juan de Lurigancho) fue el que recibió la mayor cantidad: 211 personas con orden de carcelería.

Sigue el penal Castro Castro, el establecimiento penitenciario de Trujillo, con 121 internos; el presidio de Ica, con 104; y el penal de Piura, con 103 ingresantes.

También, de los 2.222 internos que ingresaron en marzo, la mayoría fue por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria (18,3%), seguido por el delito de robo agravado (8,3%), tráfico ilícito de drogas (7,7%), violación sexual de menor de edad (4,7%) y fabricación, comercialización, uso o porte de armas (4,1%).

No hay sitio para nadie

De los 69 establecimientos que hay en el país, 52 están sobrepoblados. Hay 105.156 (49%) presos por mandato de detención judicial o prisión preventiva, o por sentencia con pena privativa de libertad efectiva.

Mientras que otras 108.927 (50,8%) personas deben asistir a los reclusorios en cumplimiento de penas limitativas de derechos, medidas alternativas de internamiento o liberados con beneficio penitenciario de semilibertad o liberación condicional.

Las libertades son otorgadas con la participación de dos entidades: Poder Judicial (52%) y Inpe (48%); este último solo interviene administrativamente en la formación de los expedientes de beneficios penitenciarios.

Cabe señalar que en 16 casos de personas privadas de libertad, estas fueron reconducidas al sistema penal juvenil especial, tras declararse la inconstitucionalidad de la Ley 32330. Esta medida no implica, en ningún caso, la excarcelación de los implicados.

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El Inpe interviene en el ámbito de la ejecución penal, ya que es el ente que se encarga de realizar las evaluaciones de los internos para proponer a la autoridad judicial el otorgamiento de libertad por beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional; también ejecuta las libertades cuando se trata de tiempo cumplido y tiempo cumplido por redención.

Hay al menos 400 terroristas en prisión

La población penitenciaria por delitos de terrorismo representa aproximadamente el 0,3% del total de reclusos en el país. De acuerdo con el Inpe, la cantidad de internos por este delito oscila entre 350 y 400 personas en los 69 penales nacionales.

La gran mayoría de estos presidiarios son acusados de pertenencia a Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y el remanente del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Estos reclusos cumplen condenas por terrorismo agravado, apología y afiliación a organizaciones terroristas en los penales de Áncón I y II, Base Naval, Challapalca y Cochamarca (Pasco), según el Inpe.

—¿Alguna vez has visto al mundo tan convulsionado como ahora?

—Ha habido otros momentos históricos bastante convulsionados en el mundo. En los años 30, por ejemplo. Es importante poner este momento en perspectiva histórica. Desde la Segunda Guerra Mundial y la construcción del nuevo orden internacional, global, que dividió al mundo en dos bloques políticos e ideológicos, este es el periodo más turbulento. Este tipo de nuevo orden ya venía debilitándose. Ahora estamos viendo que están surgiendo muchas ideas radicales, con figuras políticas primitivas, lo cual está generando mucha incertidumbre y caos en el mundo. Como dijo Gramsci, estamos en un interregno al final de una época; pero la nueva época no ha sido construida todavía. Hacerlo toma tiempo y estamos viendo en ese ínterin movimientos fundamentalistas, muy radicales, muy antisistema. Esto se está viendo en todas partes.

—¿Por qué ocurrió esto? Hasta hace no muchos años estábamos en una aparente tranquilidad.

—Después de la Guerra Fría, en los años 90, con la caída del muro de Berlín, hubo otro ánimo, más esperanza en el mundo. Pero ya en este siglo, con las guerras en Afganistán e Irak y toda la ola de gobiernos, empezando con Chávez en Venezuela y también en otras partes del mundo, esas estructuras ya venían debilitándose, así como la incapacidad de los gobiernos nacionales e instituciones globales para resolver los problemas. Quedaron en la retórica, en promesas poco cumplidas, lo cual ha preparado el terreno para esos mensajes más demagógicos y populistas. Pero esto no pasó de golpe. Desde mi perspectiva, se está llegando a un punto más complejo.

—Las guerras siempre han sido económicas, pero ahora lo económico está definiendo todo. Nunca antes, de esta forma tan determinante, se ha visto.

—Tal vez esté relacionado con los cambios en China. China, como sabemos, tiene una proyección global, con actividades económicas muy relevantes para otros países. Esto está generando una competencia con modelos y experiencias de Occidente sobre quién puede ofrecer y producir resultados para ganar legitimidad frente a la gente. Esto se expresa netamente en términos económicos, como el nivel de vida, las condiciones de empleo, y el acceso a la salud y a la educación. A eso sumemos que ha habido una recesión democrática en el mundo. Samuel Huntington habló de una tercera ola de la democracia en los 70. Pero no terminó siendo exitosa, porque no generó legitimidad ni produjo resultados económicos y sociales para muchos países. Entonces, es lógico que se hayan presentado otros tipos de alternativas, otras formas políticas y otra clase de figuras que han ganado mucha fuerza en los últimos años.

—Hace unas semanas Trump y Xi Jinping sostuvieron una reunión comercial en Pekín. Aunque poco antes se estuvieron diciendo de todo. La población ve esto y se pregunta hacia dónde estamos yendo.

—Estamos yendo en muchas direcciones. No vamos en una sola dirección. No es lo más útil pensar hacia dónde va el mundo, porque estamos en un momento en el que hay muchas presiones muy contradictorias. Por ejemplo, si tomas solamente la política de Estados Unidos con respecto a China. Si ves la estrategia de seguridad nacional que salió a finales del año pasado, hay énfasis en el aspecto de competencia económica, pero también de cooperación. Sin embargo, en la parte sobre América Latina, Estados Unidos tiene una posición más dura con respecto a China, porque busca frenar su presencia e influencia en aspectos económicos en América Latina. Eso es evidentemente una contradicción. Con China hay que llevarse bien y hacer negocios, pero por el lado de América Latina hay una posición más dura que ha afectado a algunos países más que a otros. Si nos ponemos a buscar una sola dirección, vamos a salir decepcionados.

—Lo geopolítico es clave. ¿Cómo está América Latina en este escenario?

—Llevo cuatro décadas trabajando y escribiendo sobre la región y sobre su relación con Estados Unidos. En primer lugar, nunca he visto a la región tan fragmentada ni tan polarizada. Cada país anda por su cuenta. Hay poca colaboración entre ellos, poco ánimo para integrarse. Este es uno de los aspectos más decepcionantes de América Latina en los últimos tiempos. Tampoco he visto a Washington actuando en tantos frentes, con políticas de aranceles; pensemos en los ataques a las lanchas en el Caribe y el Pacífico; lo que pasó con Maduro, lo que pasó con México, y ahora con Brasil y Colombia, además de Panamá con respecto al canal. Si esto significa una estrategia, un plan coherente, no está muy claro. Como nunca antes, Estados Unidos está muy atento a América Latina. Me parece preocupante el poco interés en temas de democracia, derechos humanos y Estado de derecho. No recuerdo una administración en la que haya habido menos atención a esos temas, que para mí son importantes. Yo me acuerdo del golpe militar en Chile en 1973 y las críticas contra el presidente Nixon, pero Nixon es Gandhi comparado con Donald Trump. Trump está haciendo lo que le da la gana. Está aplicando sanciones y amenazas. Yo me temo que, si esto podría funcionar para Trump en el corto plazo, está sembrando las bases para un saldo muy negativo para Estados Unidos y, a largo plazo, sobre las economías de América Latina. Eso es lo que nos enseña la historia. Eso se puede repetir.

—Lo que estamos viviendo se define más en el segundo gobierno de Trump. Con las elecciones de noviembre de mitad de mandato, ¿se va a reforzar esta actitud de Trump o se va a moderar?

—Va a seguir igual. Incluso se puede acelerar más. Trump está muy golpeado y está pensando, más que nunca, en su legado, y hará cosas donde no hay resistencia. En estos momentos no hay resistencia porque su partido controla el Congreso. Si los demócratas ganan, Trump buscará reforzar su política exterior y dejar, como dije, su legado. El apetito de Trump por dominar no ha acabado y no acabará, aun siendo derrotado en noviembre. Le ha ido muy mal en Irán; con China y los países grandes también. Pero en América Latina es distinto: muchos países dependen de Estados Unidos. No me sorprendería que Trump concentre más poder para consolidar su dominio en la región. No sabemos lo que pasará con Cuba. Puede pasar algo en Nicaragua, también en Panamá. Con Trump no se puede descartar nada.

—¿Y después de enero de 2029, cuando Trump finalice su mandato, las cosas podrían cambiar?

—Yo creo que hasta enero de 2029 hay que apretarse los cinturones. Hay que estar preparados.

—¿Entonces hay esperanza: las cosas podrían cambiar?

—Sí, hay una esperanza. Hay una esperanza de otro tipo de relación, de otro tipo de tratamiento. No estoy diciendo que soy muy optimista sobre una nueva administración con gran comprensión y fuerte compromiso con América Latina. Por lo menos, habrá un cambio en la postura muy agresiva, muy dura, muy, digamos, de matón en América Latina. Si hay otro republicano como Marco Rubio o un demócrata como presidente, va a ser muy distinto.

—Keiko Fujimori y Roberto Sánchez están disputando voto a voto la presidencia. Entonces, por lo que dices, quien salga no va a afectar a Trump.

—No. Para Estados Unidos no hay tanto en juego. Básicamente, en Perú el poder está en el Congreso, que ha sido muy marcado en estos últimos años. Ha habido alianzas para algunas propuestas en el Congreso entre el partido de Sánchez y el partido de Keiko. El caso peruano es muy diferente y todo el tema del giro a la derecha no tiene tanto significado en Perú como en Chile, Colombia u otros países. Obviamente, el tema de China es el más sensible y esto para mí no está muy claro: hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a presionar sobre Chancay y otras inversiones chinas en Perú, y cómo reaccionaría un gobierno de Keiko o uno de Sánchez, porque China es fundamental, ha sido fundamental y sigue siendo fundamental para la economía peruana. Entonces, esto no se puede, digamos, cambiar y hay mucho apoyo. Por eso, no sé hasta qué punto esta administración está interesada en Perú por China o está dispuesta a enfocarse en eso. Tal vez ellos piensen que, como hay mucha cooperación en narcotráfico, no hace falta. Estoy especulando. La administración Trump lleva casi año y medio y parece que hubieran pasado 20 años.