“Sostener que un senador proclamado puede simplemente rechazar su incorporación para que asuma el accesitario equivaldría a admitir que la voluntad personal del elegido prevalece sobre la voluntad soberana del electorado, lo que resulta incompatible con los principios democráticos”, explicó.

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Uno de los principales argumentos en los que basa Heresi es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no tendría un fundamento válido para disponer que un accesitario asuma el escaño en reemplazo de López Aliaga y, sobre todo, que la institución debe hacer respetar la decisión de quienes lo eligieron.

La proclamación de un senador electo genera una realidad jurídica sustentada en la voluntad popular, explicó. “El cargo de Senador no le pertenece a RLA sino a la representación política otorgada por el electorado conforme a la Constitución”, mencionó.

En ese sentido, “una vez producida la proclamación, el senador electo no puede crear por decisión unilateral o capricho, una causal de no incorporación que la Constitución y el Reglamento del Congreso no contemplan”.

“Nadie puede invocar una causal inexistente “

Ello se debe a que el reemplazo por el accesitario solo procede en los supuestos previstos por el Reglamento del Congreso. Por lo tanto, “nadie puede invocar una causal inexistente para alterar la representación surgida del voto popular”.

“La Constitución y la Ley no pueden ser interpretadas para crear excepciones que no se establecen en su texto. La ley señala la incorporación del proclamado y no reconoce ningún derecho a declinar en favor del accesitario”, agregó.

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En consecuencia, concluye el exministro, “siendo su cargo de senador irrenunciable no puede postular como regidor o alcalde”.

Si ello llegara a suceder, “cualquier ciudadano podría usar los mecanismos constitucionales correspondientes para exigir el cumplimiento del mandato legal y preservar la integridad de la representación política emanada de las urnas”, aseguró.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

De acuerdo con la ANC, la decisión responde a hechos relacionados con una presunta manipulación de un expediente de colaboración eficaz que fue difundido en los últimos días. El organismo no precisó mayores detalles sobre el contenido del caso, pero confirmó que la investigación ya se encuentra en marcha.

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La entidad de control señaló que esta etapa preliminar tiene como objetivo reunir los elementos de prueba necesarios para evaluar la existencia de posibles responsabilidades funcionales. La revisión de la información permitirá determinar si corresponde avanzar hacia un proceso disciplinario formal.

Asimismo, la ANC indicó que el procedimiento se desarrollará conforme a las normas vigentes y con respeto a las garantías del debido proceso. El organismo agregó que, si la evaluación lo justifica, también podrá disponer medidas cautelares previstas en la legislación aplicable.

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ANC evaluará si corresponde abrir un proceso disciplinario

Según el comunicado difundido este 19 de junio, la Dirección de Investigación Preliminar de la ANC estará a cargo de las diligencias iniciales. Esta dependencia deberá recopilar documentación, verificar los hechos reportados y analizar la información disponible antes de emitir una conclusión sobre el caso.

La institución explicó que la apertura de una investigación preliminar no implica una sanción ni una determinación de responsabilidad. Su finalidad consiste en verificar si existen elementos suficientes que justifiquen el inicio de un procedimiento disciplinario contra el magistrado investigado.

En esa línea, la ANC remarcó que todas las actuaciones respetarán las garantías procesales establecidas por ley. También recordó que cualquier decisión posterior dependerá de los resultados obtenidos durante esta primera fase de indagación.

De esta manera, el Mininter evadirá la aplicación de la Ley General de Contrataciones Públicas, que obliga a la entidad a comparar la calidad y el precio de otras ofertas, y contratará con Industrias de Armas de Israel (IWI), con la que FAME tiene vigente un convenio.

El ministro del Interior, José Zapata Morante, confirmó que su despacho ha encargado a FAME la compra de 31.045 pistolas del modelo Jericho. FAME no produce ni un solo componente del Jericho.

En entrevista con radio Exitosa, el ministro Zapata reconoció que, luego de la frustrada licitación internacional, decidió aplicar la Ley 31684, del 15 de febrero de 2023, también conocida como 'Ley FAME', para la contratación de pistolas de puño.

El dispositivo señala que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben consultar a FAME si cuenta con el equipamiento que requieren, pero militares y policías interpretan erróneamente que están “obligados” a contratar con la empresa estatal. De esta manera, se han realizado compras sin la participación de varios postores, como señala la ley, por lo que la Contraloría se ha pronunciado cuestionando esta modalidad.

El ministro Zapata también repitió el argumento de que la 'Ley FAME' supuestamente “obliga” a contratar con la empresa estatal.

UN SOBREPRECIO DE 100 DÓLARES

Como informó La República, en la licitación internacional que sería anulada por irregularidades, IAI ofertó al Mininter US$949 por cada pistola Jericho, el 7 de noviembre de 2025. Cinco meses después, el 18 de abril de este año, FAME informó al Mininter que contaba con la misma arma israelí por US$1.049 la unidad. Un poco más de US$100 de lo que proponía la misma fábrica israelí.

Esto es, IAI solicita US$29.481.705 por las 31.045 pistolas, mientras que la cifra de FAME alcanza los US$31.566.205.

De concretarse la adquisición por intermedio de FAME, como ha señalado el ministro Zapata, la sobrevaloración llegaría a US$3.104.500. Con esta suma podrían adquirirse más de 4.000 pistolas Jericho.

De acuerdo con el titular del sector, su despacho se ha propuesto conseguir que FAME venda los Jericho al precio que ofreció en noviembre de 2025.

Zapata argumenta que la compra a FAME permitirá una “transferencia tecnológica” en la producción de pistolas. Pero la realidad es otra. FAME no produce ningún componente del modelo Jericho. A lo más, podría instalar una línea de montaje, como ha sucedido recientemente.

UNA PRODUCCIÓN INEXISTENTE

El Mininter cerró un contrato anterior con FAME. En 2025, durante el mandato de Juan Santiváñez, en el gobierno de Dina Boluarte, se compró un lote de 7.323 fusiles Arad 5 fabricados por IWI, mediante la intermediación de FAME.

El 19 de enero de este año, FAME informó que había completado la entrega de los fusiles Arad 5 a la Policía Nacional.

“FAME cuenta con una planta moderna de ensamblaje de fusiles, equipada con tecnología actualizada para la producción de distintos sistemas de armas”, reportó la empresa estatal. Pese a la promesa de “transferencia tecnológica”, nunca sucedió.

Santiváñez contrató a IWI por intermedio de FAME cuando uno de los representantes de la empresa israelí era Diego Alfaro Di Natale, un empresario muy relacionado con Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta.

En el gobierno de Dina Boluarte, el Ejército anuló una licitación internacional y adquirió a FAME 10.000 fusiles Arad 7 de IWI por US$27,3 millones.

"Los pedidos de indulto que se van a presentar en adelante. Toda solicitud de indulto humanitario tiene que llevarse a cabo de acuerdo a ley. En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios. Cualquier pedido tiene que evaluarse respetando la dignidad de la persona y evaluarse caso a caso", indicó.

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Durante las últimas semanas de su campaña presidencial, Fujimori no descartó el indulto al expresidente Castillo, quien se encuentra preso tras ser hallado culpable de conspiración por su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.

Fujimori se encuentra por encima de su rival Roberto Sánchez en el conteo oficial de la ONPE. Al 99,57%, la candidata de Fuerza Popular tiene el 50,11% de los votos.

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Eliane Karp pide por indulto de Alejandro Toledo

La exprimera dama Eliane Karp pidió un indulto humanitario para su esposo, el exmandatario Alejandro Toledo. De acuerdo con Karp, el estado de salud de Toledo ha empeorado durante su reclusión y advirtió que podría morir en prisión si no accede a atención médica inmediata.

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"(…) A cualquiera que gane, yo les pediría que sean seres humanos, que tengan misericordia, que escuchen al Papa y que por favor puedan tener clemencia con mi esposo, lo manden a su casa y a la clínica que necesita", expresó la exprimera dama vía Panamericana.

Como se recuerda, Toledo cumple una condena de 20 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos. En octubre de 2024, el Poder Judicial lo encontró responsable de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, vía que une Perú y Brasil.

Inicialmente, la proclamación de resultados estaba prevista para antes de la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, ello no fue posible por la “complejidad procesal y operativa”, según indicó Roberto Burneo, presidente del JNE.

El último 12 de junio, Burneo ya había anunciado la pronta proclamación de resultados. “El pleno del JNE que presido, los acumula y se hace una declaración de cada una de las elecciones y se determina quiénes son las futuras autoridades, senadores, diputados y parlamentarios andinos, que van a representar a los peruanos”, dijo.

Conformación del próximo Congreso Bicameral

Fuerza Popular contará con 41 diputados. Por su parte, Juntos por el Perú se posiciona como la segunda fuerza con mayor representación, con 32 curules.

El Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular y Obras también tendrán una presencia importante en la Cámara. La agrupación liderada por Jorge Nieto contará con 18 diputados; Renovación Popular, con 15 escaños; y el partido de Ricardo Belmont, con 14 curules.

Ahora Nación tendrá 10 representantes en la Cámara de Diputados. En este partido, Harvey Colchado es la figura más destacada. El exjefe de la Diviac tendrá su primera experiencia legislativa acompañado por Indira Huilca, quien regresa al Congreso tras haber integrado ese poder del Estado entre 2016 y 2019.

El Senado estará conformado por 60 integrantes. 30 de ellos fueron elegidos mediante un distrito electoral único de alcance nacional. Los escaños restantes se asignaron de forma descentralizada en 27 circunscripciones. Corresponde un senador a cada una, con excepción de Lima Metropolitana, que designó cuatro representantes.

En este caso, Fuerza Popular también registra mayoría con 22 senadores, seguido de Juntos por el Perú con 14 representantes.

Renovación Popular tendrá ocho senadores; el Partido del Buen Gobierno, siete; el Partido Cívico Obras, cinco; y la organización Ahora Nación, cuatro.

El objetivo de la carta notarial, explicó en Canal N, es que luego "el JNE no diga que no la han recibido". Al ser consultado sobre si el Senado quedaría con un miembro menos, respondió que, antes de tomar su decisión de no aceptar su cargo como senador, se ha asesorado "bastante".

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López Aliaga asegura que liderará la bancada de Renovación Popular de forma externa

“Comunicar mi desistimiento irrevocable a ser proclamado y asumir el cargo de Senador de la República por el período 2026-2031; debiéndose proclamar al candidato de mi lista que de acuerdo con la votación obtenida le corresponde”, se lee en la carta notarial.

Asimismo, López Aliaga sostiene que su declinación formal al Senado no lo desvincula en absoluto de la responsabilidad partidaria que tiene con su bancada en el Congreso.

“Desde el Congreso podamos impulsar nuestras iniciativas partidarias y las del pueblo peruano, así como nuestro programa político y de gobierno, nuestros ideales y sobre todo las expectativas políticas de nuestros representados”, indicó.

Explicó que su decisión se justifica en las denuncias que he interpuesto por los sucesos del 12 de abril, “las cuales no podría seguir impulsando desde un escaño” e insistió con su narrativa de fraude. “Tengo la firme decisión de conseguir justicia en nombre de los cientos de miles de peruanos que nos dieron su voto”, refirió.

López Aliaga pide que se entreguen credenciales a Absalón Vásquez

En la misiva también menciona que espera que se tramite su declinación a fin de que en lugar se proclame y entregue la credencial de senador al candidato de su partido que de acuerdo con la votación obtenida le corresponde asumir.

Durante la entrevista a Canal N, el excandidato presidencial relató que se trataría del ingeniero Absalón Vásquez, exministro de Desarrollo Agrario, quien es una persona que tiene su "mayor respeto" y que "ha estado en la campaña rompiéndose el lomo". "Creo que es una cuota importantísima para la política agraria durante los próximos cinco años", dijo.

Decisión queda en el JNE

El abogado constitucionalista Heber Joel Campos explica que la Constitución solo prohíbe renunciar al cargo de congresista, pero no aceptar o rechazar dicho cargo. Es decir, es posible que López Aliaga desista de jurar como senador.

“Renovación Popular, no pierde la curul. En ese supuesto, se llamaría a su accesitario para que asuma el cargo. En ningún caso la curul quedaría vacía. De hecho, ese supuesto sí seria contrario al marco legal y constitucional vigente, pues este solo opera en circunstancias especificas. Ninguna de las cuales se relaciona con el de la renuencia a juramentar por parte de un candidato ya electo”, fundamentó.

Detalló que la entrega de las credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) implica que el destinatario de estas las acepte. “Sus credenciales van a estar, pero si el señor López mantiene su postura, simplemente no las va a recibir. Y en ese supuesto, el JNE tendría que convocar a su accesitario”, sostuvo.

Aclaró que el escenario de no aceptar las credenciales no está regulado, por lo que correspondería que el JNE “realice una interpretación de las normas constitucionales y legales que rigen la conformación del Congreso”.

También precisó que probablemente no se necesite una justificación formal por parte de López Aliaga, sino que bastaría con que diga que no va a juramentar.

Dos días después, Alfredo Rengifo Ramos fue asesinado a balazos durante un campeonato deportivo en la urbanización El Trapecio, en Chimbote, Áncash.

Hasta el 15 de junio de este año se habían registrado 959 homicidios a nivel nacional en el Perú, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Sin embargo, para el analista de datos Juan Carbajal, tal cantidad es aún mayor (por encima de mil), ya que hay alrededor de 130 registros de muertes violentas ocasionadas por proyectil de arma de fuego que han sido clasificadas como ‘ignoradas’, las cuales, de sincerarse o actualizarse, incrementarían la cifra de asesinatos.

El martes 9 de junio fue un día fatal. Se registraron 12 homicidios, la segunda cifra más alta del año 2026.

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Pese a que a diario se reportan crímenes en el país, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, aseguró hace unos días que los homicidios han disminuido a nivel nacional, con caídas que oscilan entre el 8% y el 21,77% en comparación con el año anterior.

Podría decirse que los números, aún preliminares, sobre la denominada violencia altamente lesiva en distintas ciudades del país, principalmente en Lima Metropolitana, ofrecen para 2026 una suerte de sube y baja.

No está de más recordar que estos datos conservan su carácter preliminar por varias razones, entre ellas que las investigaciones de muchos casos siguen abiertas, no solo en busca de los homicidas, sino también para determinar los móviles y otras circunstancias.

Los medios utilizados para matar también ofrecen datos sobre los tipos de violencia que se ejercen. Mientras no hubo cambios en la cantidad de hechos con armas blancas, se redujeron los casos de personas asesinadas con armas de fuego, por golpes o por asfixia.

Otro aspecto que puede dar cuenta de la violencia que se ejerce en las calles limeñas tiene que ver con la cantidad de hechos en los que matan a más de una persona. En líneas generales, en los últimos años solía tratarse de balaceras perpetradas como “mensajes” en el marco de conflictos territoriales entre grupos criminales antagónicos.

NO BAJAN LAS EXTORSIONES

Ese tipo de violencia, usualmente asociado a las economías delictivas, también tiene otros motivos, como la extorsión, “un delito que no está disminuyendo, tal como lo ha venido informando la PNP y el Ministerio del Interior”, advierte Juan Carbajal.

Asegura que persiste el desfase en los registros de denuncias por extorsión. Los registros oficiales del Ministerio Público han reportado más de 10.000 denuncias por extorsión en los cinco primeros meses del año 2026, con una tendencia creciente. Mayo fue el mes con mayor cantidad, afirma el especialista.

Sin embargo, añade, la PNP y el Mininter han reportado registros mucho menores mes a mes, con lo que se visibiliza una diferencia de más de 2.700 denuncias no registradas con respecto al Ministerio Público en lo que va del año.

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De acuerdo con la PNP, las denuncias por extorsión han registrado una reducción significativa durante el primer semestre de 2026. La Policía reporta disminuciones que varían entre el 28% y el 47% en comparación con el mismo periodo del año anterior, dependiendo de la región.

Estas diferencias son notables y saltan claramente a la vista. Además, conllevan una tendencia de disminución errónea por parte de la PNP y el Mininter, sostiene Carbajal.

Explica que este desfase de registros, sumado a la alta tasa de ‘cifra negra’ (delitos no denunciados), tiene implicancias muy críticas que van más allá de un simple error estadístico, afectando directamente la capacidad del Estado para frenar el avance de la extorsión.

CORRUPCIÓN POLICIAL

Otro hecho que menoscaba la confianza en la Policía es la corrupción por parte de algunos malos efectivos.

Hace una semana, el Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva contra nueve agentes de la comisaría PNP Vitarte, incluido el comisario de dicha dependencia, por los presuntos delitos de banda criminal y cohecho pasivo propio, debido a que habrían exigido pagos indebidos a conductores en la carretera Central para evitar imponerles papeletas de tránsito.

En ese sentido, el comando de la PNP se pronunció asegurando que “la confianza de la ciudadanía se construye con hechos, no con discursos”.

Indicaron que los malos policías han sido sometidos a una suspensión temporal del servicio, conforme a la normativa disciplinaria vigente.

“Ninguna conducta que vulnere los principios de integridad, honor y vocación de servicio será tolerada, venga de quien venga”, indicaron en un comunicado.

Aseguran que la Policía Nacional no protege intereses particulares ni ampara a quienes hayan cruzado la línea de la legalidad. Por el contrario, brinda todas las facilidades para el esclarecimiento de los hechos y mantiene una colaboración permanente con las autoridades competentes para que las investigaciones avancen con total transparencia.

Cada medida adoptada responde a una política institucional clara: tolerancia cero frente a la corrupción y actuación inmediata ante cualquier indicio de inconducta funcional.

Miles de hombres y mujeres policías sirven diariamente con honor y sacrificio al país. Precisamente para proteger ese esfuerzo legítimo y preservar la credibilidad de la institución, actuamos con determinación frente a quienes traicionan el uniforme, la confianza ciudadana y los valores que juraron defender, subrayaron finalmente.

El cine de Panahi es, principalmente, un cine de denuncia que, por ser tal, no descuida en nada los alcances expresivos a nivel formal. Sin depender de grandes locaciones y presupuestos, ha hecho de la sencillez de recursos, como la cámara en mano que sigue a sus actores, toda una clase maestra de cómo contar historias. Ejemplo de lo dicho lo podemos ver en sus películas Taxi Teherán (2015) y El círculo (2000).  Pensemos en el segundo trabajo consignado, en donde el cineasta pone en bandeja la situación de las mujeres en Irán. Es una película que sorprende al espectador, porque dentro de las limitaciones que las mujeres tienen para expresarse y desarrollarse, se muestra cómo han hecho del disimulo y del ingenio cotidianos un modo de vida en contraste con las restricciones.

Con lo hecho, Panahi podría estar enfocado en otros temas. Ya dejó un valioso documento visual sobre la situación de su país y un legado para los jóvenes cineastas que quieren hacer cine sin necesidad de depender de grandes presupuestos. Panahi dice cómo hacer cine si lo que quieres es hacer cine. Panahi podría estar filmando en cualquier parte del mundo proyectos tanto de denuncia como de búsqueda estética a razón de que es un personaje muy incómodo para el gobierno de Irán. Pero él prefiere regresar a Irán porque no puede hacer cine sin ese contexto que lo alimenta.

En la primera semana de junio, el Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán confirmó la sentencia contra Panahi por el delito de propaganda contra la República Islámica de Irán. Este tribunal rechazó la apelación presentada por la defensa del cineasta. La sentencia consta de un año de prisión, dos años de prohibición para salir de Irán y se le prohíbe afiliarse a organizaciones políticas y sociales. Panahi, por cierto, ya ha estado en prisión. En el 2022 fue condenado a seis años de prisión por conspiración contra el gobierno. Fue liberado siete meses después tras hacer una huelga de hambre y pagar una fianza.

A Panahi no le sirve de mucho su prestigio internacional en su país, en donde existe el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, que es el organismo que regula la producción artística y cultural.

Regulación del arte y la cultura en Perú

El sábado 13 de junio, en el diario oficial El Peruano, se dio a conocer la Ley 32645, la cual crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Este colegio tendrá como misión ordenar y supervisar el ejercicio profesional de las disciplinas artísticas, como las artes plásticas y visuales, música, danza, artes escénicas y afines. En otras palabras, es la oficialización de la censura, la cual, en este quinquenio, hemos visto en todo su esplendor mediante cancelaciones y leyes que atentan contra el sentido común, como la nueva ley de cine.

Este colegio de artistas no es un hecho aislado, no es una ocurrencia local. Es parte de una ola cancelatoria a nivel global que busca avasallar el espíritu crítico del arte. Sin duda, habrá creadores que se mantendrán independientes e igualmente habrá otros que buscarán beneficiarse de este organismo.

Lo sucedido con Panahi es el extremo de la cancelación, pero por ahí van estos despropósitos que nos obsequia el actual Congreso. Estaremos muy atentos.

…

Situación del cineasta. Si bien Jafar Panahi ha sido condenado, aún no ha sido detenido. Se desconoce su paradero exacto.

La ley del Congreso. Esta medida fue impulsada por la Comisión de Educación, cuyo presidente es Segundo Montalvo (PL). Tuvo 83 votos a favor. Contó con el apoyo de las bancadas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

Según los cálculos realizados sobre las mesas incluidas en el pedido, Fuerza Popular perdería 97.227 votos si la nulidad es aprobada, mientras que Juntos por el Perú dejaría de contabilizar 53.650 sufragios. La diferencia entre ambos bloques alcanza los 43.577 votos, una cifra superior a la ventaja que mantiene actualmente el partido naranja.

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Con los resultados contabilizados hasta el momento, Fuerza Popular registra alrededor de 9 millones 162 mil 057 votos y Juntos por el Perú suma 9 millones 121 mil 455 en lo que las actas observadas se van resolviendo. La distancia entre ambas organizaciones es de 40.602 votos. Sin embargo, ese escenario podría modificarse si el máximo organismo electoral acepta la solicitud presentada contra las mesas observadas.

En esta audiencia se evaluarán los argumentos de las partes involucradas antes de que el pleno del Jurado deje el caso al voto, pero los magistrados tendrán hasta tres días hábiles para emitir una resolución. Además, el organismo electoral también revisará una solicitud relacionada con los votos emitidos en Estados Unidos, expediente que podría influir en el resultado definitivo de la contienda.

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¿Qué mesas están incluidas en el pedido de nulidad electoral?

Algunas de las actas incorporadas en la solicitud corresponden a locales de votación ubicados en distritos como Ate, Comas, Carabayllo, Chorrillos, La Molina, Miraflores, Los Olivos, Lurigancho y otros sectores de Lima Metropolitana. Entre las observaciones registradas aparecen actas con errores aritméticos y documentos sin firmas, casos que fueron remitidos a los órganos electorales competentes para su evaluación.

Juntos por el Perú sostiene que existen presuntas irregularidades en 1.751 mesas de sufragio distribuidas en 225 locales de votación y 36 distritos de Lima Metropolitana. Según la organización política, se identificaron 584 casos con patrones de resultados idénticos entre distintas mesas, situación que considera estadísticamente improbable y que, a su juicio, amerita una revisión por parte de las autoridades electorales.

La agrupación liderada por Roberto Sánchez también argumenta que estas mesas habrían generado un presunto beneficio electoral para Fuerza Popular. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones será el encargado de determinar si los argumentos presentados cuentan con sustento suficiente para declarar la nulidad o mantener la validez de los resultados cuestionados.

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¿Cómo cambiarían los resultados si el JNE acepta la solicitud?

Si el Jurado declara fundada la nulidad de todas las mesas cuestionadas, Fuerza Popular pasaría de 9.162.057 votos a 9.064.830. Por su parte, Juntos por el Perú descendería de 9.121.455 a 9.067.805 votos.

Ese escenario modificaría la correlación actual entre ambas organizaciones. La diferencia de 40.602 votos que hoy favorece a Fuerza Popular quedaría neutralizada por el mayor número de sufragios que perdería el partido naranja dentro de las mesas observadas.

De acuerdo con los cálculos realizados sobre las mesas incluidas en la solicitud, Fuerza Popular dejaría de contabilizar 97.227 votos, mientras que Juntos por el Perú perdería 53.650. La diferencia entre ambos recortes alcanza los 43.577 sufragios, una cifra superior a la ventaja actual que separa a ambas candidaturas.

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JNE también evaluará pedido sobre votos emitidos en el extranjero

Además del expediente referido a las mesas de Lima, el Jurado tiene programada la revisión de una solicitud vinculada a los votos emitidos por peruanos residentes en el exterior. El caso forma parte de la estrategia legal impulsada por Juntos por el Perú tras los resultados de la segunda vuelta presidencial.

La organización política presentó recursos para la nulidad de 647 mesas instaladas en Estados Unidos. En su solicitud, cuestiona presuntas irregularidades relacionadas con funcionarios consulares, miembros de mesa y el traslado del material electoral utilizado durante la jornada de votación.

La evaluación de estos recursos se desarrollará de manera independiente a la solicitud presentada para Lima Metropolitana. Las decisiones que adopte el Jurado Nacional de Elecciones sobre ambos expedientes serán determinantes para cerrar las controversias planteadas por la agrupación de Roberto Sánchez tras la jornada del 7 de junio.

Según la investigación del fiscal Chamorro, los implicados dispararon a corta distancia con sus armas largas contra los pasajeros que viajaban en una camioneta, sin darles oportunidad de reaccionar, bajo la creencia de que transportaban un cargamento de 500 kilos de droga.

El fiscal imputa a los efectivos del Ejército el presunto delito de homicidio calificado.

Los acusados son el jefe de la patrulla, el capitán Luis Montenegro Pardo; el teniente Brayan Fernández Dett; y los suboficiales Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Marcos Guerra, Andy Sánchez Ríos, Jorge Aguilar García, Américo Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano. Todos son acusados por el presunto delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

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Con todas las armas

La acusación sustancial del fiscal Jhoel Chamorro señala que los involucrados hicieron un uso excesivo de la fuerza y no cumplieron con los protocolos previstos para evitar daños irreversibles.

En la acusación contra los militares, Chamorro sostiene que usaron sus fusiles de asalto Scar-L contra personas que no llevaban armamento.

Los militares justifican su acción con el argumento de que el vehículo transportaba droga. Hasta el momento, dicha afirmación no ha sido probada.

Los fallecidos son el chofer colombiano Nilson Montenegro Valencia (25) y los peruanos Jaime Bendezú Paraguay (28), William Núñez Soto (19), Wilder Romero Sevipaucar (32) y Cristian Vilcatoma Águila (18).

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Disparos a matar

Las necropsias señalan que los jóvenes recibieron disparos mortales en la cabeza y en el tórax, un patrón que indicaría que existió el propósito de matar a todos los pasajeros de la camioneta.

El fiscal deberá fundamentar la gravedad del presunto delito y el peligro procesal, ya sea de fuga u obstaculización de la investigación por parte de los implicados.

Los militares deberán asistir obligatoriamente a la diligencia junto con su defensa técnica. También está prevista la participación de los agraviados y sobrevivientes del hecho.

La audiencia será determinante para definir si los militares afrontan el proceso en prisión preventiva o bajo medidas menos gravosas, mientras continúan las diligencias fiscales.

Desde hace más de 40 años, Doris exige justicia para las miles de víctimas y explicó que, pese a la existencia de sentencias y testimonios, el Estado aún no ha hallado los restos ni ha completado la reparación para las familias afectadas.

Caqui mencionó que hubo sentencias contra mandos militares, pero quedaron sin efecto por errores procesales, lo que significó para las familias un nuevo retroceso en la búsqueda de justicia. Además, contó episodios personales de hostigamiento y detenciones que sufrió por reclamar el paradero de su esposo.

Relato de torturas y testigos

Doris Caqui narró los testimonios que, según dijo, constatan las torturas que sufrió Teófilo durante su detención. A través de declaraciones de sobrevivientes, pudo conocer las agresiones contra su esposo. Además, señaló que lo forzaron a autoinculparse. Sin embargo, Teófilo se mantuvo firme: "Yo no soy terrorista, yo soy revolucionario", dijo antes de morir.

Doris indicó que la desaparición de su esposo dejó a su familia con un duelo durante cuatro décadas, sin posibilidad de despedida ni de ritos funerarios adecuados.

La demanda de una política pública con presupuesto

Doris reclamó una política pública nacional dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, dotada de presupuesto propio y con mecanismos técnicos que permitan localizar y devolver restos a las familias.

Expresó que sin fondos la búsqueda está casi paralizada, por lo que se vulneran los derechos de más de 22.000 desaparecidos y de sus familiares.

Además, advirtió sobre la preocupación entre víctimas y sobrevivientes ante cambios políticos que, en su lectura, podrían amenazar avances judiciales y programas de reparación, como la ley que busca que militares y policías sean juzgados ante el fuero castrense.

Doris Caqui sostuvo, además, que la conmemoración pública también es una forma de reivindicar la presencia de los fallecidos.

Anunció actividades de memoria —entre ellas, la visita al memorial El Ojo que llora— y pidió apoyo ciudadano para mantener viva la verdad y reclamar justicia.

"Me han mostrado toda la relación. Todo está siendo trasladado a la oficina de fiscalización. Nosotros no hemos hecho cócteles, no hay un banco que nos haya dado una maleta con dinero sacado del sistema financiero. (...) Ahí están las listas del pueblo cotidiano", indicó.

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Sánchez estuvo acompañado por buena parte de su equipo legal. El candidato afirmó que los abogados de Juntos por el Perú han identificado jurisprudencia que permitiría sustentar sus pedidos de nulidad ante las autoridades electorales.

"Una tasa administrativa no puede impedir el ejercicio de un derecho constitucional", señaló Sánchez para defender su posición.

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Los pedidos de nulidad de Juntos por el Perú

Juntos por el Perú desplegó una amplia estrategia legal para cuestionar los resultados de la segunda vuelta. La agrupación liderada por Roberto Sánchez presentó una serie de recursos para solicitar la nulidad de mesas en el extranjero y en Lima, territorios donde el fujimorismo obtuvo una importante votación.

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El frente más relevante se concentra en Lima Metropolitana. Juntos por el Perú sostiene que existen presuntas irregularidades en 1.751 mesas de sufragio distribuidas en 225 locales de votación y 36 distritos de la capital. La organización identificó 584 casos con patrones de resultados idénticos entre distintas mesas, una situación que considera estadísticamente improbable y que, a su juicio, amerita una revisión de las autoridades electorales.

De manera paralela, también presentó recursos para solicitar la nulidad de 647 mesas instaladas en Estados Unidos. En este caso, cuestiona presuntas irregularidades relacionadas con funcionarios consulares, miembros de mesa y el traslado del material electoral.

—¿Alguna vez has visto al mundo tan convulsionado como ahora?

—Ha habido otros momentos históricos bastante convulsionados en el mundo. En los años 30, por ejemplo. Es importante poner este momento en perspectiva histórica. Desde la Segunda Guerra Mundial y la construcción del nuevo orden internacional, global, que dividió al mundo en dos bloques políticos e ideológicos, este es el periodo más turbulento. Este tipo de nuevo orden ya venía debilitándose. Ahora estamos viendo que están surgiendo muchas ideas radicales, con figuras políticas primitivas, lo cual está generando mucha incertidumbre y caos en el mundo. Como dijo Gramsci, estamos en un interregno al final de una época; pero la nueva época no ha sido construida todavía. Hacerlo toma tiempo y estamos viendo en ese ínterin movimientos fundamentalistas, muy radicales, muy antisistema. Esto se está viendo en todas partes.

—¿Por qué ocurrió esto? Hasta hace no muchos años estábamos en una aparente tranquilidad.

—Después de la Guerra Fría, en los años 90, con la caída del muro de Berlín, hubo otro ánimo, más esperanza en el mundo. Pero ya en este siglo, con las guerras en Afganistán e Irak y toda la ola de gobiernos, empezando con Chávez en Venezuela y también en otras partes del mundo, esas estructuras ya venían debilitándose, así como la incapacidad de los gobiernos nacionales e instituciones globales para resolver los problemas. Quedaron en la retórica, en promesas poco cumplidas, lo cual ha preparado el terreno para esos mensajes más demagógicos y populistas. Pero esto no pasó de golpe. Desde mi perspectiva, se está llegando a un punto más complejo.

—Las guerras siempre han sido económicas, pero ahora lo económico está definiendo todo. Nunca antes, de esta forma tan determinante, se ha visto.

—Tal vez esté relacionado con los cambios en China. China, como sabemos, tiene una proyección global, con actividades económicas muy relevantes para otros países. Esto está generando una competencia con modelos y experiencias de Occidente sobre quién puede ofrecer y producir resultados para ganar legitimidad frente a la gente. Esto se expresa netamente en términos económicos, como el nivel de vida, las condiciones de empleo, y el acceso a la salud y a la educación. A eso sumemos que ha habido una recesión democrática en el mundo. Samuel Huntington habló de una tercera ola de la democracia en los 70. Pero no terminó siendo exitosa, porque no generó legitimidad ni produjo resultados económicos y sociales para muchos países. Entonces, es lógico que se hayan presentado otros tipos de alternativas, otras formas políticas y otra clase de figuras que han ganado mucha fuerza en los últimos años.

—Hace unas semanas Trump y Xi Jinping sostuvieron una reunión comercial en Pekín. Aunque poco antes se estuvieron diciendo de todo. La población ve esto y se pregunta hacia dónde estamos yendo.

—Estamos yendo en muchas direcciones. No vamos en una sola dirección. No es lo más útil pensar hacia dónde va el mundo, porque estamos en un momento en el que hay muchas presiones muy contradictorias. Por ejemplo, si tomas solamente la política de Estados Unidos con respecto a China. Si ves la estrategia de seguridad nacional que salió a finales del año pasado, hay énfasis en el aspecto de competencia económica, pero también de cooperación. Sin embargo, en la parte sobre América Latina, Estados Unidos tiene una posición más dura con respecto a China, porque busca frenar su presencia e influencia en aspectos económicos en América Latina. Eso es evidentemente una contradicción. Con China hay que llevarse bien y hacer negocios, pero por el lado de América Latina hay una posición más dura que ha afectado a algunos países más que a otros. Si nos ponemos a buscar una sola dirección, vamos a salir decepcionados.

—Lo geopolítico es clave. ¿Cómo está América Latina en este escenario?

—Llevo cuatro décadas trabajando y escribiendo sobre la región y sobre su relación con Estados Unidos. En primer lugar, nunca he visto a la región tan fragmentada ni tan polarizada. Cada país anda por su cuenta. Hay poca colaboración entre ellos, poco ánimo para integrarse. Este es uno de los aspectos más decepcionantes de América Latina en los últimos tiempos. Tampoco he visto a Washington actuando en tantos frentes, con políticas de aranceles; pensemos en los ataques a las lanchas en el Caribe y el Pacífico; lo que pasó con Maduro, lo que pasó con México, y ahora con Brasil y Colombia, además de Panamá con respecto al canal. Si esto significa una estrategia, un plan coherente, no está muy claro. Como nunca antes, Estados Unidos está muy atento a América Latina. Me parece preocupante el poco interés en temas de democracia, derechos humanos y Estado de derecho. No recuerdo una administración en la que haya habido menos atención a esos temas, que para mí son importantes. Yo me acuerdo del golpe militar en Chile en 1973 y las críticas contra el presidente Nixon, pero Nixon es Gandhi comparado con Donald Trump. Trump está haciendo lo que le da la gana. Está aplicando sanciones y amenazas. Yo me temo que, si esto podría funcionar para Trump en el corto plazo, está sembrando las bases para un saldo muy negativo para Estados Unidos y, a largo plazo, sobre las economías de América Latina. Eso es lo que nos enseña la historia. Eso se puede repetir.

—Lo que estamos viviendo se define más en el segundo gobierno de Trump. Con las elecciones de noviembre de mitad de mandato, ¿se va a reforzar esta actitud de Trump o se va a moderar?

—Va a seguir igual. Incluso se puede acelerar más. Trump está muy golpeado y está pensando, más que nunca, en su legado, y hará cosas donde no hay resistencia. En estos momentos no hay resistencia porque su partido controla el Congreso. Si los demócratas ganan, Trump buscará reforzar su política exterior y dejar, como dije, su legado. El apetito de Trump por dominar no ha acabado y no acabará, aun siendo derrotado en noviembre. Le ha ido muy mal en Irán; con China y los países grandes también. Pero en América Latina es distinto: muchos países dependen de Estados Unidos. No me sorprendería que Trump concentre más poder para consolidar su dominio en la región. No sabemos lo que pasará con Cuba. Puede pasar algo en Nicaragua, también en Panamá. Con Trump no se puede descartar nada.

—¿Y después de enero de 2029, cuando Trump finalice su mandato, las cosas podrían cambiar?

—Yo creo que hasta enero de 2029 hay que apretarse los cinturones. Hay que estar preparados.

—¿Entonces hay esperanza: las cosas podrían cambiar?

—Sí, hay una esperanza. Hay una esperanza de otro tipo de relación, de otro tipo de tratamiento. No estoy diciendo que soy muy optimista sobre una nueva administración con gran comprensión y fuerte compromiso con América Latina. Por lo menos, habrá un cambio en la postura muy agresiva, muy dura, muy, digamos, de matón en América Latina. Si hay otro republicano como Marco Rubio o un demócrata como presidente, va a ser muy distinto.

—Keiko Fujimori y Roberto Sánchez están disputando voto a voto la presidencia. Entonces, por lo que dices, quien salga no va a afectar a Trump.

—No. Para Estados Unidos no hay tanto en juego. Básicamente, en Perú el poder está en el Congreso, que ha sido muy marcado en estos últimos años. Ha habido alianzas para algunas propuestas en el Congreso entre el partido de Sánchez y el partido de Keiko. El caso peruano es muy diferente y todo el tema del giro a la derecha no tiene tanto significado en Perú como en Chile, Colombia u otros países. Obviamente, el tema de China es el más sensible y esto para mí no está muy claro: hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a presionar sobre Chancay y otras inversiones chinas en Perú, y cómo reaccionaría un gobierno de Keiko o uno de Sánchez, porque China es fundamental, ha sido fundamental y sigue siendo fundamental para la economía peruana. Entonces, esto no se puede, digamos, cambiar y hay mucho apoyo. Por eso, no sé hasta qué punto esta administración está interesada en Perú por China o está dispuesta a enfocarse en eso. Tal vez ellos piensen que, como hay mucha cooperación en narcotráfico, no hace falta. Estoy especulando. La administración Trump lleva casi año y medio y parece que hubieran pasado 20 años.

“En sus primarias no habían logrado presentar 13 candidatos a gobernaciones regionales (…) es un requisito de presencia nacional, lo mínimo que puedes hacer es presentar candidaturas en la mitad de las regiones del páís”.

Palacios explicó que la modificación se introdujo en medio del proceso electoral y que, a su juicio, altera las reglas del juego que deberían regir desde un año antes de los comicios. Según la periodista, la reforma evita la pérdida de inscripción y del financiamiento público de un partido que, en sus primarias, no alcanzó a presentar listas en suficientes circunscripciones.

En esa línea, las agrupaciones ya no pueden presentar las candidaturas porque el plazo de las primarias terminó. Por ello, se optó por modificar la norma para reducir el número de candidatos que debe presentar.

Cuál fue la modificación y por qué es perjudicial

Palacios describió la modificación como una disposición que baja el mínimo que se exige para la presencia nacional de las agrupaciones políticas: de 13 gobernaciones requeridas pasó a ocho. Según la periodista, eso significa que partidos que no lograron conformar listas en la mitad de las regiones se verían beneficiados retroactivamente por la nueva regla.

De esta manera, se evitarían las sanciones previstas en la Ley de Organizaciones Políticas, incluidas la pérdida de inscripción y del financiamiento público.

La conductora sostuvo que no se trata de una valla electoral para ganar cargos, sino de un requisito de presentación. Señaló que la consecuencia es la protección del acceso a recursos públicos para partidos que, de no cumplirse el requisito original, habrían perdido el financiamiento directo: alrededor de 3 millones de soles al año, una cifra que, multiplicada por cinco años, implicaría millones en juego.

Un cambio inconstitucionalidad

Rosa María Palacios calificó el cambio como inconstitucional. Desde su punto de vista, existen varias vías de impugnación: un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, acciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para declarar la norma inaplicable en este proceso y demandas de amparo con legitimidad de actores interesados.

“Lo lógico es que un grupo de congresistas presente ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad. También lo puede hacer el fiscal de la Nación, lo puede hacer el defensor del pueblo, lo puede hacer el colegio de abogados de Lima. El problema es que el Tribunal Constitucional va a avalar esta barbaridad”.

Del mismo modo, Palacios cuestionó la ausencia de pronunciamientos públicos de otros partidos, de congresistas que tienen intereses en la materia, y del presidente quien aprobó la modificación antes de irse a su encuentro con el Papa, en Italia.

“El señor [Arturo] Alegría (FP), que es presidente de la Comisión de Constitución, que nos cuente la historia completa. (…) han pasado 24 horas y se mantienen callados”.

Implicaciones políticas y seguimiento

En el programa se sostuvo que, si la norma permanece, podría alterar la competitividad de las elecciones regionales y municipales de octubre y permitir a ciertas organizaciones mantener su inscripción y financiamiento pese a un déficit de presencia territorial demostrado en la etapa de primarias.

Palacios advirtió que esto plantea un precedente sobre la posibilidad de cambiar reglas electorales en pleno proceso y cuestionó la responsabilidad de instituciones como el JNE para interpretar la aplicabilidad de la norma.

“¿El jurado nacional de elecciones no tiene algo que decir? (…) no puede modificar la ley de partidos políticos en medio de la contienda para beneficiar con nombre propio aquellas candidaturas que no han presentado”, sostuvo.

La conductora concluyó apelando a la vigilancia ciudadana y al debate público. A su juicio, el desarrollo de los próximos días —reclamos judiciales, pronunciamientos del JNE y eventuales acciones ante el TC— será decisivo para saber si la modificación se consolida o si finalmente es declarada inaplicable en este proceso.

Además, Palacios agregó que en la próxima semana se verán efectos concretos en las listas presentadas y que la discusión seguirá en los tribunales.

Bruce sostuvo que la fórmula utilizada para incorporar a López Aliaga al plan de Renovación Popular constituye un supuesto fraude a la ley, pues vulnera la prohibición vigente que busca evitar que quienes ejercen cargos municipales aprovechen el aparato público para perpetuarse en el poder.

Bruce explicó que, aunque apoya la reelección en términos generales, esta modalidad de presentación constituye una forma de sacar ventaja indebida y socavar la finalidad de la norma.

Según Bruce, la restricción a la reelección de alcaldes y gobernadores se aprobó para evitar el uso del aparato público como herramienta electoral permanente. El exalcalde argumentó que la reelección atenta contra la igualdad entre competidores y la limpieza del proceso electoral. Para Bruce, permitir estas maniobras termina por legitimar prácticas que resultan inconstitucionales.

También aludió a que otros políticos han recurrido a métodos similares en el pasado, pero manifestó que esa reiteración no los convierte en legítimos. Además, señaló que la conducta pública del propio López Aliaga aumenta la preocupación sobre el uso de atajos legales para presentarse a cargos que la norma pretende impedir.

Implicaciones jurídicas y políticas

Si se considera que la inscripción contraviene la norma, el Jurado Nacional de Elecciones podría revisarla y, en caso de confirmarse irregularidades, abrir procedimientos sancionadores o incluso declarar nulidades.

Bruce también advirtió que, si tales acciones se mantienen, la percepción ciudadana sobre la transparencia electoral se deteriorará. Además, se reforzarían prácticas que la ley buscó eliminar. En su diagnóstico, la reparación debe ser institucional: aplicación rigurosa de la norma y sanción de maniobras que busquen la reelección de cualquier manera.

Rivera señaló que el inicio del control de acusación contra jefes policiales por los hechos de enero del 2023 coincide con el proyecto de ley que busca limitar la responsabilidad penal de miembros de las fuerzas del orden.

El abogado explicó que la ley aprobada introduce reglas procesales que derivan la competencia de ciertos casos hacia jurisdicciones militares o policiales en lugar de los fueros ordinarios.

“Esta es la quinta iniciativa que toma el Congreso para excluir de responsabilidades penales a quienes han violado derechos humanos”.

Rivera afirmó que, aunque la norma no es penal, su carácter procesal hace que pueda aplicarse de forma inmediata a causas en trámite y, por ello, afectar el curso de investigaciones ya avanzadas por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

Consecuencias para los procesos y la vía interamericana

Rivera detalló que el primer caso que ha entrado en control de acusación —el relacionado con la represión en Lima— muestra avances de la Fiscalía: investigación concluida, acusación presentada y acusados identificados.

No obstante, advirtió que, si el sistema interno modifica la competencia y traslada casos a fueros cerrados, las posibilidades de una condena efectiva disminuyen. Por ello, recomendó fortalecer las vías de supervisión supranacional, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El riesgo de impunidad

Rivera describió un conjunto de iniciativas legislativas —varias ya aprobadas o en trámite— que, a su juicio, conforman un paquete destinado a disminuir responsabilidades por violaciones a derechos humanos.

Dijo que ese bloque legal, sumado a la captación de órganos de control y a la presión política, incrementa la probabilidad de que muchos casos queden sin sanción efectiva, y que la única alternativa para las víctimas sería recurrir al sistema interamericano, un proceso que puede tardar años.

Del mismo modo, el especialista valoró el trabajo de los fiscales especializados que han avanzado en investigaciones complejas. Rivera concluyó señalando que la decisión que tomen los tribunales en los próximos meses será para saber si el Estado mantiene canales de acceso a la justicia para las víctimas o si se consolida un sistema de impunidad.

En su intervención, sostuvo que esos cambios representan una alteración de las reglas de juego electorales, por lo que no serían constitucionales.

El caso: reducción del porcentaje exigido para inscripciones

Oxenford explicó que la norma exigía que los partidos presenten listas en el 50% de las regiones, 13 de 25, y en el 20% de las provincias para mantener su inscripción, pero que el Congreso aprobó un ajuste que reduce ese porcentaje a 30% para impedir la pérdida de financiamiento público.

Explicó que el financiamiento público permite a algunas organizaciones continuar operaciones y actividades aun cuando no presenten candidatos en la cantidad requerida. En ese sentido, los cambios normativos terminan siendo una protección para estructuras partidarias consolidadas.

Critica la legitimidad del proceso

La conductora sostuvo que cambiar las reglas en medio de un proceso electoral disminuye la confianza ciudadana y favorece la percepción de que el Poder Legislativo actúa por cálculo político y no por interés público.

Oxenford también denunció que el mismo Congreso ha aprobado otras normas que favorecen la impunidad de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía y que forman parte de un patrón legislativo que, en su opinión, busca blindar a determinados actores frente a investigaciones.

Toledo hizo esta revelación durante la última audiencia en el proceso de apelación a la condena de 20 años y seis meses que se le impuso en septiembre del 2025 por haber recibido presuntos sobornos de la constructora brasileña para ser favorecida con la licitación de los tramos 2 y 3 de la vía Interoceánica Sur. Adicionalmente, tiene otra condena de 13 años y cuatro meses por lavado de activos en el caso Ecoteva, referida al usufructo del dinero de los sobornos.

Desde que fue detenido y extraditado de EE. UU., Toledo niega haber recibido sobornos y acusa al fallecido Josef Maiman, quien se acogió a la colaboración eficaz, de estar detrás de las negociaciones con el superintendente de Odebrecht, Jorge Barata, y de las cuentas en las que se realizaron los pagos ilícitos. Toledo y su abogado han realizado pedidos similares durante el desarrollo del juicio público. Para la fiscalía, la ruta del dinero y el beneficiario final ya están determinados en innumerables pruebas.

El tribunal de apelaciones, presidido por el juez superior Rómulo Carcausto, le pidió a Toledo formalizar su pedido, a través de su abogado, a fin de que los magistrados puedan pronunciarse debidamente, pues sin una solicitud formal no podían debatir ni resolver nada.

La palabra de Toledo

Alejandro Toledo: "Señor magistrado, ¿puedo tener 3 minutos, por favor?"

Magistrado: "Sí, lo escuchamos, señor."

Alejandro Toledo: "Primero, no sé cuántos días más tengo de vida. Usted posiblemente ya sabe por los documentos que se han entregado a usted y a la Corte Suprema. Pero quiero decirle tres cosas. El presidente Toledo nunca se reunió, nunca compró inversiones. Sintetizo. no se reunía porque había un Consejo Consultivo y cuando figuran que ingresan a Palacio (de Gobierno), es cierto que ingresan, pero a la espalda del salón del Consejo de Ministros. Allí se reunían, aprovechaban los ministros para reunirse con los miembros de Pro Inversión. Ese es el punto número dos”, indicó

Sin pausas, agregó: Punto número tres, quiero pedirle de todo corazón, que hemos logrado en Europa, con un abogado del Tribunal Mundial Penal, obtener la información del origen del dinero de Odebrecth, sobre el cual estamos discutiendo, la ruta del dinero, el destino final del mismo. Y no son 25 ni 35, son 45 millones de dólares. Y tenemos el nombre de la persona a quien pertenece ese dinero.

“Está en el LGT Bank y tenemos el nombre de la persona encargada de la cuenta, el presidente del banco y necesitamos invitarlo para que venga a testificar , nosotros correríamos con todos los costos que eso implica. Hemos tenido acceso al documento en donde dice quién tiene el origen, la ruta y el destino final y el nombre de la persona a quienes son 42 millones en dólares y 3 millones en euros. Le pido por favor, señores jueces, les pido por favor que acepten mi pedido de pedir a través de la cooperación internacional de que venga la persona encargada de la cuenta que es el señor Urs Fidel Frick, del LGT Bank en Zúrich. Le pido por favor.", concluyó.

En tanto, desde Israel, la ex primera dama de la nación, Eliane Karp de Toledo, solicitó que se conceda indulto presidencial a Toledo por encontrarse en grave estado de salud por un cáncer. "(…) a cualquiera que gane, yo les pediría que sean seres humanos, que tengan misericordia, que escuchen al Papa y que por favor puedan tener clemencia con mi esposo, lo manden a su casa y a la clínica que necesita", expresó Karp

La periodista expuso que la diferencia que mostraba la página oficial de la entidad electoral —alrededor de 39.115 votos— colocaba a Keiko Fujimori en una ventaja casi irreversible.

Crítica a la narrativa del fraude

La periodista criticó que algunas personas celebren los resultados cuando les favorecen y denuncien fraude cuando pierden. Oxenford sostuvo que eso afecta la credibilidad del periodismo y debilita la defensa de la democracia.

Recordó que hubo demoras en la recepción de material electoral del extranjero por razones logísticas y rechazó la idea de que esa circunstancia equivalga a una adulteración del voto. “Es un asunto de vuelos que estén abiertos a la posibilidad de llevar como carga valijas que contienen las actas y las cédulas”.

Sobre recursos legales y su viabilidad

Juliana comentó expresamente la demanda de amparo presentada por Juntos por el Perú para anular el voto extranjero y anticipó que, en su opinión, ese recurso “no va a proceder”, porque anular el voto de peruanos que radican en otros países implicaría desconocer derechos ciudadanos sin evidencia de manipulación.

Asimismo, advirtió que el uso selectivo del fraude puede volverse una herramienta política para minar instituciones electorales cuando convenga, en lugar de fortalecer controles y transparencia. Oxenford sostuvo que se deben respetar las reglas de juego y exigir pruebas antes de desacreditar procesos electorales.

La inmensa mayoría de esta cámara será fujimorista. Fuerza Popular contará con 41 diputados. En la vereda contraria, Juntos por el Perú se posiciona como la segunda fuerza con mayor representación, con 32 curules aseguradas.

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El Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular y Obras también tendrán una presencia importante en la Cámara. La agrupación liderada por Jorge Nieto contará con 18 diputados; Renovación Popular, con 15 escaños; y el partido de Ricardo Belmont, con 14 curules.

Por último, Ahora Nación también logró ingresar al Parlamento. La agrupación identificada con el casco tendrá 10 representantes en la Cámara de Diputados.

Con los perfiles sobre la mesa y las agrupaciones listas para conformar alianzas, el nuevo escenario político abre un abanico de posibilidades para este quinquenio.

Juego político

Con 41 curules, Fuerza Popular ha asegurado una fuerte presencia en la Cámara Baja del Congreso de la República. Sin embargo, esto podría representar algunas dificultades para la tienda naranja. Por sí solo, el partido de Keiko Fujimori no puede aprobar iniciativas por mayoría simple si todos los legisladores se encuentran presentes.

Incluso con un eventual respaldo de Renovación Popular —apelando a las cercanías ideológicas— los números no alcanzan: el bloque conservador de la Cámara Baja apenas suma 56 diputados, lejos de los 66 necesarios para superar la mitad más uno de este espacio congresal.

Por ello, Fuerza Popular tendrá que buscar respaldo en agrupaciones como el Partido del Buen Gobierno. Predecir el futuro es una tarea imposible. Desde la organización liderada por Jorge Nieto, el mensaje ha sido que el apoyo a uno u otro bloque dependerá de los temas en debate.

Para conseguir esos votos, los diputados de Keiko Fujimori cuentan entre sus filas con figuras de amplia experiencia política. Rosangella Barbarán sumará su segundo periodo consecutivo en el Congreso. La diputada electa se ha convertido en una de las representantes más visibles del fujimorismo parlamentario.

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A Barbarán se suman otros nombres con trayectoria legislativa. Cecilia Chacón afrontará su cuarto periodo en el Congreso. En la hoja de vida de la representante fujimorista figura una condena de cuatro años de prisión suspendida por lavado de activos en complicidad con su padre, Walter Chacón, exministro del dictador Alberto Fujimori.

Los vecinos ideológicos de Fuerza Popular también cuentan con figuras de peso entre sus representantes. Es probable que Norma Yarrow asuma el liderazgo de la bancada de Rafael López Aliaga en la Cámara Baja, no solo por haber integrado la plancha presidencial del partido, sino también por haber sido la candidata más votada de esa agrupación.

Sin embargo, algunas incógnitas persisten en bancadas como Obras. Si bien Ricardo Belmont anunció que su partido formaría parte del bloque opositor ante un eventual gobierno fujimorista, aún se desconoce el perfil ideológico de buena parte de sus diputados electos.

En Obras, una de las figuras más conocidas es Jeenny Samanez, reconocida por su cercanía con el sector ciclista de Lima y por su trayectoria como gestora municipal. Además, fue la candidata más votada de la agrupación liderada por Belmont. Otra integrante destacada de la bancada es Dina Hancco, elegida por Puno. La nueva diputada formó parte de la plancha presidencial de Belmont y no ha estado exenta de controversias: de acuerdo con su hoja de vida, registra una condena por contrabando con pena suspendida.

Por otro lado, Juntos por el Perú y Ahora Nación —el bloque de izquierda en este Congreso— suman 42 curules. La situación en este sector del espectro ideológico es similar: incluso con el apoyo de Obras, este bloque alcanzaría, como máximo, 56 diputados. En ese escenario, el respaldo de los congresistas de centro se vuelve aún más codiciado en este nuevo quinquenio.

Nuevos rostros

En la izquierda parlamentaria también destacan algunos nombres. Yenifer Paredes, hija adoptiva de Pedro Castillo, fue la diputada más votada de toda la organización liderada por Roberto Sánchez. Con 30 años, es además una de las congresistas más jóvenes del nuevo quinquenio.

Ernesto Zunini, elegido por Juntos por el Perú para representar a Lambayeque, es otro de los nuevos rostros que tendrá presencia en el Parlamento. Zunini se hizo conocido tras asumir la vocería de la agrupación durante la campaña de segunda vuelta.

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Fuera de Juntos por el Perú, la bancada con menor representación cuenta entre sus filas con el diputado más votado. Harvey Colchado es la figura más destacada de Ahora Nación. El exjefe de la Diviac tendrá su primera experiencia legislativa acompañado por Indira Huilca, quien regresa al Congreso tras haber integrado ese poder del Estado entre 2016 y 2019.

Uno de los representantes más jóvenes del Congreso también pertenece al partido de Alfonso López Chau. Se trata de Jair Manrique Olivera, quien, con 29 años, ingresó a la Cámara Baja. Nathaly Molina Soto, del Partido del Buen Gobierno, tiene la misma edad.

Sin embargo, ninguno de ellos es el más joven de la Cámara de Diputados. Ese lugar le corresponde a Romina Uribe Sáenz, quien, con 28 años, será la congresista más joven de este periodo.

La estadía del pontífice en el Perú se prolongaría entre ocho y diez días y comprendería visitas a diversas regiones del país. Según adelantó el mandatario. Actualmente, se afinan los detalles del recorrido que formará parte de su agenda oficial.

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¿Qué ciudades visitará el papa León XIV durante su llegada al Perú?

De acuerdo con lo informado por el mandatario para el medio RPP, Lima será el punto de ingreso del pontífice al país. Posteriormente, tiene previsto trasladarse a Chiclayo, ciudad con la que mantiene un estrecho vínculo pastoral y donde desarrolló gran parte de su labor religiosa.

Asimismo, el Ejecutivo ha planteado la posibilidad de facilitar un traslado en helicóptero para que León XIV visite las localidades altoandinas de Incahuasi y Cañaris, en Lambayeque, conocidas por albergar importantes comunidades quechuahablantes.

El itinerario también contempla visitas a Piura, incluido un paso por Sullana, además de Cusco y Pucallpa. Según explicó Balcázar, todavía se evalúa incorporar a Puno e Iquitos dentro del recorrido oficial, una decisión que dependerá de los informes logísticos y de seguridad que elaboren los equipos especializados del Vaticano.

Por ahora, las coordinaciones continúan entre ambas partes con el objetivo de definir la agenda definitiva del primer viaje que realizará León XIV al Perú como máxima autoridad de la Iglesia católica.

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¿Cuál es el vínculo del papa León XIV con Perú?

Su conexión con el Perú comenzó en 1985, cuando llegó a la región Piura como parte de una misión agustiniana. Posteriormente, desempeñó labores pastorales en Trujillo e inició su camino dentro de la Iglesia peruana.

En 2014 fue nombrado administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo y luego obispo de esa jurisdicción eclesiástica, cargo que ocupó hasta su traslado al Vaticano en 2023.

Luego, en 2015, obtuvo la nacionalidad peruana y recibió su Documento Nacional de Identidad. Además de integrar la Conferencia Episcopal Peruana, León XIV mantuvo una estrecha cercanía con las comunidades del norte del país, especialmente en Lambayeque.

Tras ser elegido Papa, recordó públicamente a Chiclayo durante su primer mensaje desde el Vaticano, agradeciendo el apoyo y la fe de los fieles que lo acompañaron durante su ministerio.

Su labor en regiones como Piura, La Libertad y Lambayeque, así como su participación en la vida eclesial peruana durante varias décadas, han convertido al nuevo pontífice en una figura especialmente cercana para millones de peruanos.

“Él todavía no ha sido electo y nadie lo puede obligar a jurar. Ahora, constitucionalmente hablando, el problema es si se permitirá reemplazarlo con su accesitario. Es decir, ¿Cuál es la consecuencia jurídica de que él no asuma? Ni en el caso de Valle Riestra ni en el caso de Falconí aceptaron sus renuncias y, por ende, nunca llamaron a sus accesitarios”, explica la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez a este medio.

La letrada se refiere a los excongresistas Javier Valle-Riestra y Marco Falconí Picardo, quienes atravesaron una situación similar a la de López Aliaga.

En 2008, Valle-Riestra presentó su renuncia al cargo de congresista. Sin embargo, no fue aceptada. En vista de ello, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial. Tras una larga batalla legal, logró que se aceptara su dimisión en 2013, cuando ya había culminado el periodo parlamentario.

De igual forma, en 2014, Falconí presentó su renuncia al cargo de congresista con el objetivo de postular al Gobierno Regional de Arequipa. Una vez más, el Congreso no aceptó su pedido y debió acudir a la vía judicial. Finalmente, desistió de continuar luego de que se revocó la medida cautelar que lo habilitaba para postular como candidato en las Elecciones Regionales y Municipales.

Sobre esa base, Ramírez considera que la curul de López Aliaga quedaría desierta. “Por lógica, si este señor (López Aliaga) decide no asumir, pues no tendrías por qué llamar a un accesitario”, indica.

Además, sustentó su postura al indicar que, de convocar a un accesitario por el simple hecho de no querer asumir la candidatura, se estaría “creando un incentivo perverso”.

“Cualquiera puede postular, resulta electo y luego se va sin ninguna consecuencia para la organización política. Acá la organización política también tiene que pagar un costo, ¿no?”, manifestó.

Otro escenario: sí se convoca a un accesitario

En cambio, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos proyecta un escenario totalmente diferente: uno en el que la ausencia del exalcalde de Lima sí es suplida por su accesitario.

Campos explica que la Constitución solo prohíbe renunciar al cargo de congresista, pero no aceptar o rechazar dicho cargo. Es decir, es posible que López Aliaga desista de jurar como senador.

“Renovación Popular, no pierde la curul. En ese supuesto, se llamaría a su accesitario para que asuma el cargo. En ningún caso la curul quedaría vacía. De hecho, ese supuesto sí seria contrario al marco legal y constitucional vigente, pues este solo opera en circunstancias especificas. Ninguna de las cuales se relaciona con el de la renuencia a juramentar por parte de un candidato ya electo”, fundamentó.

Detalló que la entrega de las credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) implica que el destinatario de estas las acepte. “Sus credenciales van a estar, pero si el señor López mantiene su postura, simplemente no las va a recibir. Y en ese supuesto, el JNE tendría que convocar a su accesitario”, sostuvo.

Aclaró que el escenario de no aceptar las credenciales no está regulado, por lo que correspondería que el JNE “realice una interpretación de las normas constitucionales y legales que rigen la conformación del Congreso”.

También precisó que probablemente no se necesite una justificación formal por parte de López Aliaga, sino que bastaría con que diga que no va a juramentar.

Situación inédita

Campos anotó que se trata de una situación inédita y que va contra la decisión de quienes votaron por el candidato.

“El mensaje que se envía no es, en ese sentido, armónico con el espíritu democrático que anima una elección. Salvo situaciones extraordinarias, lo coherente es que quien solicitó el respaldo ciudadano para asumir una función pública relevante, honre ese compromiso con su dedicación y esfuerzo”, dijo.

La medida fue tomada por el fiscal de la Nación, quien dejó sin efecto el nombramiento de Juárez Atoche como coordinador de las fiscalías especializadas en lavado de activos. La conductora explicó que la acusación proviene de un colaborador eficaz, identificado en la grabación como Gustavo Salazar, vinculado con hechos en la región del Cusco.

En el programa se recordó el perfil de Juárez Atoche, un fiscal conocido por su actuación en investigaciones contra expresidentes. Palacios dijo que la imputación por cohecho —soborno— resulta especialmente grave debido al papel de coordinación que ocupaba en indagaciones complejas para la Fiscalía.

La conductora insistió en que, aunque espera que las imputaciones resulten falsas, la apertura de una investigación contra un coordinador de este tipo altera la percepción pública sobre la integridad del proceso y puede generar demoras o cuestionamientos a las decisiones adoptadas en etapas previas del caso Lava Jato.

Posibles consecuencias para los procesos

Palacios advirtió que la decisión de retirarlo puede generar retrasos procesales. También comentó que, de confirmarse irregularidades, el desprestigio sería enorme y podría afectar sentencias o pruebas vinculadas a casos emblemáticos.

Enfatizó que la gravedad del asunto obliga a una investigación rigurosa y rápida para esclarecer los hechos, a fin de proteger tanto la presunción de inocencia del fiscal como la integridad de los procedimientos en curso.

Palacios recordó episodios previos en los que Juárez Atoche tuvo apariciones públicas notorias y enfrentamientos mediáticos, y reclamó que la Fiscalía actúe con transparencia. Asimismo, resaltó la necesidad de evitar que la eventual polémica se convierta en un arma política para desacreditar procesos judiciales.

La conductora pidió que la investigación interna se resuelva con celeridad y que, en caso de que las acusaciones sean infundadas, se restituya a Juárez Atoche o se aclare públicamente su situación. Sin embargo, si hay indicios de que recibió sobornos, solicitó que se apliquen las sanciones correspondientes para preservar la lucha contra la corrupción.

La iniciativa también es suscrita por los congresistas Edgar Reymundo, Ruth Luque, Sigrid Bazán y Carlos Zevallos.

Alcance de la norma

Todo comenzó en octubre del 2025, cuando el congresista Segundo Montalvo propuso la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) como una institución de alcance nacional encargada de representar, organizar y supervisar el ejercicio profesional de los artistas en disciplinas como artes plásticas y visuales, música, danza, artes escénicas y otras especialidades afines.

La norma también establece los requisitos de colegiación solo para profesionales egresados de escuelas superiores, institutos y universidades.

En mayo de este año, durante su votación en el Congreso, se aprobó el dictamen con una adición incorporada a último momento: que las personas inhabilitadas para ejercer función pública no puedan integrar órganos de gobierno en colegios profesionales.

Evidentemente, la situación de los profesionales inhabilitados para la función pública no tenía relación con un colegio de artistas. Por ello, parlamentarias como Susel Paredes y Sigrid Bazán cuestionaron lo sucedido. Incluso, Delia Espinoza alertó que se trataba de un ataque en su contra y pidió al presidente Balcázar observar la autógrafa.

Pese a ello, la propuesta siguió su curso en el Legislativo y, finalmente, fue oficializada el 13 de junio. Se trata de la Ley 32645.

Norma excluye a artistas autodidactas

Ante esto, los legisladores que desde un inicio estuvieron en contra de su promulgación presentaron un proyecto de ley para derogarla.

Uno de los argumentos es que, al solo permitir la colegiatura de artistas profesionales, se excluye a miles de artistas peruanos que desarrollan su labor de manera autodidacta o mediante saberes ancestrales y populares que no necesariamente cuentan con títulos universitarios o superiores.

Para ello, sustentan su posición con información de RENTOCA, que señala que alrededor del 50% de los artistas ha aprendido su actividad cultural a través de la tradición familiar o comunal, y un 32%, de forma autodidacta. Solo un 20% ha acudido a una universidad para aprender su ocupación artística, "lo que refleja el elitismo que se formaría con la colegiatura de una mínima porción de los artistas".

En ese contexto, sostienen que "limitar la representación artística únicamente a profesionales titulados profundizaría la brecha entre el arte académico y el arte popular".

Asimismo, explican que la ley permite la "intromisión en la actividad artística al permitir una fiscalización o control institucional" de un área que, por su naturaleza, es "una expresión libre, subjetiva, diversa y creativa".

En ese sentido, alertan que pretender "ordenar y supervisar" el ejercicio artístico representa un riesgo para la libertad de creación y para la independencia cultural del país.

Vulneración a la independencia de los colegios profesionales

También mencionan que "la aprobación de la inclusión puesta inconsultamente en el texto sustitutorio de la segunda disposición complementaria final vulnera la independencia de todos los colegios profesionales bajo el pretexto de mantener en su directiva a personas 'idóneas'".

Espinoza también se pronunció contra este apartado de la norma, que podría perjudicarla. "Se acaba de publicar la Ley que crea el Colegio de Artistas Profesionales, no solo es una Ley discriminadora sino antidemocrática, pues su único objetivo es ir en contra Delia Espinoza. Estamos regresando a los 90 donde la persecución y la venganza era la forma de hacer política", escribió en su cuenta de X.

El mensaje fue difundido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional”, señaló la entidad en sus redes sociales. La advertencia se produce cuando el Congreso aún debe someter la iniciativa a una segunda votación para definir su futuro.

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La observación de Naciones Unidas se dirige a una propuesta legislativa aprobada en primera votación por el Parlamento el pasado 12 de junio. El texto modifica el Código Penal Militar Policial y establece que policías y militares no podrán enfrentar procesos paralelos por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar-policial. Además, dispone que determinados casos sean resueltos dentro de este último fuero.

La iniciativa recibió 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones. El proyecto contó con el respaldo de bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular. En contraste, legisladores de izquierda y organizaciones de derechos humanos alertaron sobre los riesgos que tendría la norma para la rendición de cuentas en casos que involucren a agentes del Estado.

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Organismos de derechos humanos cuestionan proyecto aprobado por el Congreso

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) alertó que la iniciativa representa el retorno de mecanismos que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), favorecieron la impunidad durante el conflicto armado interno. En un editorial, recordó que el Informe Final de la CVR concluyó que la actuación de la justicia militar en casos de violaciones de derechos humanos permitió que numerosos procesos terminaran sin sanciones efectivas para los responsables.

La institución también cuestionó que el proyecto amplíe la definición de delito de función y permita que hechos cometidos por policías y militares durante estados de emergencia sean conocidos por tribunales militares. A juicio del IDEHPUCP, la propuesta forma parte de una serie de medidas impulsadas en los últimos años que reducen los mecanismos de control sobre agentes estatales y debilitan la rendición de cuentas.

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Desde el Instituto de Defensa Legal (IDL), el abogado Carlos Rivera sostuvo que la norma es inconstitucional y contradice criterios establecidos por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordó que desde 2004 existe un precedente que determina que delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria.

Rivera advirtió que el proyecto modifica de manera sustancial el concepto de delito de función y abre la posibilidad de trasladar a la jurisdicción militar-policial hechos que actualmente corresponden al fuero común. Para el abogado, la propuesta se suma a otras iniciativas aprobadas por el Congreso que, según indicó, favorecen escenarios de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la aprobación del proyecto en primera votación y afirmó que la jurisdicción militar tiene un carácter excepcional que no debe extenderse a delitos comunes. En un pronunciamiento público, la organización señaló que la ampliación de competencias del fuero militar-policial contradice estándares reconocidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La CNDDHH sostuvo además que la medida debilita la rendición de cuentas y podría dificultar el acceso a la justicia para las víctimas. Según la organización, trasladar este tipo de casos fuera de la justicia ordinaria genera mayores riesgos de impunidad y afecta las garantías de protección de los derechos humanos.

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Roberto Sánchez rechaza ley y afirma que no responde a estándares democráticos

Por su parte, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, expresó su rechazo a la propuesta y cuestionó que policías y militares sean retirados de la jurisdicción civil para ser sometidos a tribunales militares. Consideró que una medida de esa naturaleza no corresponde a los estándares democráticos que deben regir en el país.

Sánchez afirmó que el Perú necesita fortalecer la protección de los derechos humanos y recuperar estándares democráticos en las instituciones públicas. "Que la Policía Nacional y el Ejército, en el marco de su actividad, sean hoy quitados del foro civil y sean sometidos al foro militar, eso no es un estándar de la democracia", declaró. Asimismo, sostuvo que la norma no contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho ni beneficia al país.

Según indicó, su partido continuará presentando recursos ante las autoridades competentes y mantendrá la vigilancia sobre el desarrollo del proceso hasta que se resuelvan todas las observaciones planteadas.

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El líder de Juntos por el Perú también respondió a las críticas por la convocatoria a las calles. Aseguró que la movilización no busca generar confrontación y remarcó que los participantes actuarán dentro del marco democrático. En ese sentido, indicó que su agrupación ha tomado previsiones para evitar hechos que puedan alterar el orden público.

Además, reiteró sus cuestionamientos al trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de la Cancillería respecto al manejo de las actas provenientes del extranjero. Sánchez sostuvo que existen dudas que deben ser aclaradas por las instituciones involucradas y afirmó que continuarán exigiendo explicaciones sobre el traslado y procesamiento de los documentos electorales.

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Roberto Sánchez asegura que la movilización será pacífica

Durante su pronunciamiento, Sánchez afirmó que la marcha convocada para este viernes tendrá un carácter pacífico y descartó cualquier llamado a la violencia. "Mañana nos estamos organizando para que no haya infiltrados", manifestó al explicar las coordinaciones que realiza su agrupación para el desarrollo de la protesta.

El candidato sostuvo que la movilización busca defender lo que considera la expresión legítima de los ciudadanos en las urnas. "Daremos lucha democrática para que se respete la voluntad de nuestro pueblo", señaló. También indicó que sus simpatizantes consideran que los resultados conocidos hasta el momento no reflejan plenamente la decisión popular.

En la misma línea, pidió que las autoridades electorales garanticen transparencia durante todo el proceso. "Nosotros exigimos respeto y transparencia" y "se respete todos los votos como corresponde, pero con cero controversias", declaró ante los medios de comunicación.

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Juntos por el Perú anuncia nulidades y cuestiona el manejo de actas del extranjero

El equipo legal de Juntos por el Perú informó que presentará solicitudes de nulidad sobre diversas mesas de votación. El abogado Roy Mendoza precisó que su organización ha decidido impugnar 1.751 mesas en Lima debido a presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de la documentación electoral.

Asimismo, anunció pedidos de nulidad para 647 mesas instaladas en Estados Unidos y otras 294 en Buenos Aires. Según explicó, una de las principales observaciones se relaciona con el tratamiento de las actas electorales en el exterior. "No digitalizando, no escaneando y no enviando las actas", afirmó al sustentar los cuestionamientos de su agrupación.

Por su parte, Marco Zeballos responsabilizó a la Cancillería y a los consulados por las presuntas deficiencias en el traslado de la documentación. "Los consulados tienen la obligación de remitir todas las actas mediante valija diplomática" y "lo que cuestionamos es el hecho de que la autoridad, Cancillería, consulado y ONPE no hayan cumplido con sus responsabilidades", declaró.

Se trata del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera; la ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza; y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate.

Para suplir esta ausencia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quedó a cargo del ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechan; el Ministerio de Vivienda fue asumido por el titular de Producción, César Manuel Quispe Luján; y el Ministerio de Educación estuvo a cargo de la ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo.

Además, acompañaron Alonso Tenorio Trigoso, secretario general de Palacio de Gobierno, y el general de brigada EP Julio Ulises Mori Rabanal, secretario de Seguridad, según la Resolución Ministerial N.° 360-2026-RE, modificada por la Resolución Ministerial N.° 368-2026-RE.

A su salida, el mandatario confirmó que el Santo Padre visitará Perú la primera quincena de noviembre. Irá a Chiclayo, Cusco, Piura y Pucallpa.

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“Le hemos ofrecido el helicóptero para cualquier zona que desee cubrir. Le he comentado que seria bueno que visite Incahuasi cuando esté en Lambayeque y que podría ir a Puno desde Cusco”, dijo.

No descartó la visita a otras regiones además de las confirmadas. “Ya estando en Perú podemos llevarlo a cualquier departamento o provincia. Está contentísimo”, manifestó.

Añadió que como regalos le entregó un king kong, dulce tradicional de Lambayeque, una chalina de baby alpaca y un rosario.

Papa León XIV se refirió a los resultados de segunda vuelta

También, mencionó que el Papa se refirió a los resultados de la segunda vuelta y que él espera que en un futuro la diferencia entre ambos candidatos sean más significativa.

“Él es consciente de que debemos integrar el país. Le he dicho que le dejaré un mensaje a Keiko, si gana, que debemos garantizar los servicios básicos a Puno, como agua y desagüe, que se continúe con los proyectos. ¿Por qué la gente protesta? Por eso. Los políticos mediáticos no sirven”, anotó.

“En el Perú lo que necesitamos es unirnos, no dividirnos más. En mi gobierno hemos iniciado una política de diálogo”, agregó.

El pago se efectuó por disposición de la Mesa Directiva y favoreció a aproximadamente 3.628 trabajadores. Hasta el momento no se ha hecho público el documento que respalda la decisión ni los criterios utilizados para aprobar el beneficio.

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La nueva bonificación se suma a otros incentivos económicos otorgados por el Congreso durante el presente año. En enero, los servidores parlamentarios recibieron pagos extraordinarios que incluyeron un bono equivalente a cinco UIT y otro concepto vinculado a uniformes. Ambos depósitos representaron cerca de S/30.000 adicionales para cada trabajador, según información difundida en ese momento.

La entrega también ocurre mientras otros sectores del Estado enfrentan restricciones presupuestarias. Según reportes previos, los trabajadores bajo el régimen CAS de distintas entidades públicas no pudieron acceder a una gratificación completa y recibieron montos reducidos por disposiciones de austeridad fiscal.

La web de la institución detalla que son 358 las candidaturas esperadas para la agrupación fujimorista. Esta proyección se determinó tras las elecciones primarias que realizó la ONPE.

Todas ellas aún aparecen en calidad de borrador, esto quiere decir que se empezó a llenar el formulario de inscripción, pero que no lo culminaron o completaron.

A modo de detalle se puede saber que una de las listas en borrador es para la municipalidad de Lima y siete para el Callao (regional, provincial y municipal).

El nulo porcentaje de inscripción que presenta Fuerza Popular ocurre a 48 horas de vencer el plazo establecido de manera excepcional por el JNE.

Situación en otros partidos

Pero Fuerza Popular no es la única en esta situación. Irónicamente, su contendiente en la segunda vuelta, Juntos por el Perú también presenta un bajo nivel de avance en inscripción.

En ese caso, el partido de Roberto Sánchez solo ha presenta Juntos por el Perú solo ha presentado 7 de las 315 candidaturas esperadas para el 4 de octubre. 308 de ellas se mantienen en borrador.

A su vez, el partido del Buen Gobierno también va relegado en este proceso. Apenas 6 las 134 postulaciones esperadas, lo que da un avance del 4,48%.

Otra de las agrupaciones críticas es el partido OBRAS de Ricardo Belmont. Su avance es del 0%, estando sus 158 candidaturas esperadas en borrador.

Cabe precisar que los cuatro partidos mencionados lograron pasar la valla electoral, tras las elecciones generales. A ellos se le suman también Renovación Popular y Ahora Nación, que sí han mostrado avances.

El partido de Rafael López Aliaga ya presentó 204 de las 660 candidaturas esperadas (30,91%) y la agrupación de López Chau, 284 de las 904 esperadas (30,91%).

Las agrupaciones que en la teoría deberían tener una mayor estructura organizativa, evidencian puntos flacos a nivel regional y local.

Partidos que no pasaron la valla

Distinta es la postura que han tomado los partidos que no pasaron la valla y cuyas inscripciones se mantienen en riesgo.

Uno de ellos, y que hasta el momento registra un elevado avance en el proceso de inscripción de candidaturas es Somos Perú con el 55,71%. De las 1.190 listas y formulas para las elecciones regionales y municipales proyectadas, ya han realizado la inscripción de 663.516 están en borrador y 11 por presentar.

También está el partido de César Acuña, Alianza Para el Progreso, con un avance del 55,63% (712 esperadas, 18 por presentar y 516 en borrador).

En el caso de APP, habría que añadir, que el partido también presenta postulaciones en alianzas con movimientos regionales. Por ejemplo, en Lima se unió con La Cholita para las candidaturas a gobierno regional, distrital y provincial.

Asimismo, hizo lo propio en Ayacucho con Trabaja Ayacucho.

Asimismo, registran un buen avance Podemos Perú (440 presentadas y 632 en borrador) y País Para Todos (204 presentadas y 241 en borrador).

Por otra parte, Perú Libre solo ha presentado 22 de las 103 candidaturas y Primero la Gente, todavía ninguna de las 94.

"Ahora estoy haciendo mi mayor esfuerzo para entregar la ciudad el 31 de diciembre de este año en las condiciones que yo quisiera entregarla y, sobre todo, como los limeños esperan, con servicios adecuados", dijo.

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Además, consideró que quienes insinuaron que sus acciones tenían como objetivo posterior llegar a un cargo deberían rectificarse. "Sería bueno que aquellos líderes de opinión que han venido diciendo sostenidamente que Renzo Reggiardo está calculando, que lo dijo para después participar, que se rectifiquen. Pedir disculpas no es muy complicado", anotó.

López Aliaga postulará como primer regidor

Días antes, Rafael López Aliaga anunció que postulará como primer regidor en la plancha a la alcaldía liderada por Luis Rubio.

Rubio Idrogo preside el Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), cargo al que fue designado por López Aliaga, en 2023.

El excandidato presidencial también confirmó que no asumirá como senador del partido Renovación Popular porque ello significaría avalar el sistema electoral que considera “corrupto” y “fraudista”.

“He decidido no asumir el rol de Senador. En estas condiciones no, sería avalar el fraude, sería avalar la corrupción. Va a quedar en la historia del Perú”, anotó.

En lugar de ello, como líder del partido, acompañará a la bancada de manera externa.

“Esto con este nuevo Congreso se acabó señores. Han querido matar a Porky. Se han empecinado en sacarme de carrera. Ya lo han hecho dos veces porque saben que no les debo nada. Yo he hecho mi vida sin ustedes, señores. En este Congreso sí voy a dedicarme como presidente de Renovación Popular en el estatuto tengo voz y voto tanto en la Cámara de Diputados como Senadores”, manifestó.

La invitada explicó que, a su juicio, ese tipo de proyectos no solo busca revertir avances culturales, sino que forma parte de un paquete legislativo más amplio dirigido a restringir derechos: restricción de abortos terapéuticos, eliminación de la educación sexual integral y límites a la protección de personas trans, entre otras medidas.

Una estrategia política y religiosa

Miró Quesada describió la iniciativa como parte de una estrategia mayor que mezcla religión y política para imponer un modelo de familia tradicional. Según ella, esa combinación busca justificar reformas legales bajo un discurso aparentemente laico —como el derecho a la vida o la familia—, pero con un trasfondo confesional que deja desprotegidas a las minorías.

En su intervención afirmó que la propuesta funciona como 'un intento más homofóbico, transfóbico', porque pretende eliminar la visibilidad de la disidencia sexual y de género en un momento en que, dijo, la mayoría de países occidentales reconocen y buscan proteger a la comunidad LGBTQ.

Impacto sobre derechos y diversidad

Para Miró Quesada, la iniciativa desconoce la complejidad de las familias actuales: familias homoparentales, familias monoparentales o parejas que eligen no reproducirse quedarían desplazadas por un ideal único de reproducción y roles de género. Advirtió que la narrativa biologicista que sustenta estas propuestas reduce el papel social de mujeres y hombres a funciones biológicas inmutables.

También subrayó que estas propuestas no actúan de forma aislada: se articulan con intentos de controlar la educación y el acceso a servicios de salud, y se apoyan en una retórica que busca criminalizar o deslegitimar a quienes defienden la diversidad.

Respuesta y llamado a la sociedad

Josefina Miró Quesada concluyó advirtiendo que las leyes no cambiarán la realidad de la diversidad humana y convocó a la ciudadanía a defender los avances en igualdad. Indicó que, frente a estas iniciativas, es necesario mantener los espacios de reivindicación y protección de derechos, y denunció el uso de herramientas jurídicas y discursivas para aparentar un carácter laico cuando el propósito es confesional.

En su diagnóstico, la propuesta para transformar el mes del orgullo en mes de la familia forma parte de un movimiento más amplio que, si prospera, puede revertir conquistas en derechos humanos y ampliar las desigualdades por razón de género y sexualidad.

Zunini explicó que la formación política no acusa de fraude sistemático, pero sí reclama explicaciones técnicas y administrativas sobre directivas emitidas en pleno desarrollo del proceso electoral. Mencionó, concretamente, una directiva del 29 de mayo que cambió la forma de procesar la información de las mesas en el extranjero y que, según él, generó dudas razonables sobre la cadena de custodia y la transparencia del conteo.

Qué cuestiona Juntos por el Perú

Ante la periodista Juliana Oxenford, el vocero detalló que el reclamo se centra en seis tensiones que, según Juntos por el Perú, confluyeron en irregularidades: la modificación de lineamientos para el funcionamiento de mesas en el exterior, la gestión de personal consular a cargo del proceso, la digitalización o la falta de ella de actas, los plazos de traslado del material electoral y eventuales fallas en la custodia del material en países como Argentina.

Zunini sostuvo que estos puntos deben ser aclarados técnicamente para que la ciudadanía del territorio nacional, que en su mayoría votó por su agrupación política, tenga la certeza de que la proclamación se basa en un cómputo correctamente administrado.

Actitud política: recursos legales, no violencia

En la entrevista, Zunini fue enfático en que la postura de Juntos por el Perú no busca promover la violencia ni la insurrección. Subrayó que la organización recurrirá a los mecanismos que permite el sistema electoral: impugnaciones, recursos y solicitudes de fiscalización, y que, si las revisiones confirman la legitimidad del resultado, acatarán la proclamación.

También resaltó la diferencia entre irregularidad y fraude: la primera amerita investigación administrativa y penal, donde corresponda; la segunda requiere pruebas de colusión generalizada entre autoridades electorales, partidos y operadores para desconocer la voluntad de los votantes, algo que la organización no está imputando en esos términos.

Expectativas y agenda parlamentaria

Zunini señaló que, más allá del litigio electoral, Juntos por el Perú aspira a ejercer una oposición responsable en la próxima composición bicameral del Parlamento. Mencionó prioridades como restituir controles institucionales, defender la independencia de los organismos de control y atender demandas de justicia y reparación frente a violaciones de derechos humanos.

Finalmente, insistió en un llamado a la calma y la transparencia: primero, aclarar las inquietudes sobre el procedimiento en el exterior y, luego, si corresponde, asumir la voluntad ciudadana proclamada por las autoridades competentes, todo dentro del cauce legal y constitucional.

Durante su intervención ante el periodista Carlos Cornejo, explicó que la combinación de designaciones políticas, cambios institucionales y acciones del Congreso ha favorecido la reaparición o el fortalecimiento de actores con evidentes cuestionamientos, lo que, según él, deja al sistema de justicia vulnerable frente a presiones políticas.

Movilidad de fiscales y juicios anulados

Pérez rememoró su propia trayectoria y señaló que, pese a concursos y sentencias, su actividad fue objeto de campañas y críticas. Más allá del caso personal, apuntó que procesos como la anulación de juicios —en referencia a decisiones que afectaron causas de alto perfil como el proceso del caso Cócteles— muestran la fragilidad de la institucionalidad ante injerencias externas.

En ese terreno, criticó el manejo de algunos organismos de control y la actuación de una parte del poder político que, según su lectura, ha intentado 'repeler' investigaciones contra la élite mediante maniobras de autoprotección e impunidad.

Alianzas políticas y autoprotección

El fiscal describió un fenómeno en el que diversas fuerzas políticas, aun con diferencias ideológicas, actúan de forma convergente cuando se trata de preservar intereses comunes frente a investigaciones que afectan a la élite. Dijo que esa convergencia explica por qué ciertos nombramientos se concretan pese a antecedentes cuestionados.

Sostuvo que la estrategia busca limitar el alcance de la justicia y que, como efecto práctico, se multiplica la sensación de impunidad y se erosiona la confianza ciudadana en los mecanismos de control.

Jueces sancionados y leyes que restringen derechos

En su diagnóstico incluyó ejemplos concretos: magistrados que fueron sancionados tras decisiones valientes, la aplicación de normas que trasladan casos al fuero militar o policial y la expectativa de que quienes protegen derechos —jueces y fiscales independientes— serán desplazados de sus cargos.

Para el exfiscal, la suma de estas acciones puede derivar en un retroceso de garantías y en un incremento del control institucional por actores afines a intereses políticos, con el riesgo adicional de que expedientes sensibles queden desprotegidos o inaccesibles para una investigación efectiva.

En el cierre de su intervención, llamó a la ciudadanía y a los actores democráticos a estar alertas: aseguró que lo que ocurre en la actualidad es el preludio de un escenario en el que la independencia judicial quedaría seriamente comprometida si no se adoptan medidas de contención política y social.

Recordó, además, que la defensa de la autonomía institucional no es patrimonio de una sola tendencia política y que protegerla es condición para la vigencia de derechos y el Estado de derecho.

Palacios relató los pormenores del archivo del expediente contra militantes vinculados a Fuerza Popular y, a partir de ese hecho, planteó interrogantes sobre la previsibilidad y la equidad del sistema penal cuando otros procesados permanecen presos pese a fundamentos jurídicos parecidos.

El archivo del caso Cócteles

La conductora explicó que el caso conocido como Cócteles —relacionado con la creación de eventos que ocultarían supuestas donaciones contrarias a la ley— fue archivado definitivamente porque, según la interpretación judicial, los hechos no constituían delito penal bajo la normativa vigente en las fechas en que ocurrieron.

Palacios recordó que la tipificación penal de recepción de fondos ilícitos para campañas empezó a existir a partir de agosto del 2019, por lo que actos anteriores no pudieron ser imputados con ese delito. Añadió que la Fiscalía, en su momento, intentó encuadrar los hechos como lavado de activos, pero esa calificación no se sostuvo.

Desigualdad en la aplicación de la justicia

Con dureza, Rosa María Palacios contrastó el archivo del expediente con la situación del expresidente Ollanta Humala, condenado en primera instancia y aún privado de libertad mientras sus apelaciones no se resuelven. Señaló que su caso —y el de su esposa, asilada en Brasil— refleja una falta de coherencia del sistema, pues a algunos se les archiva y a otros se les mantiene en prisión preventiva o condenados en instancia inicial.

Palacios advirtió que esta desigualdad genera la obligación del Estado de reparar a quienes resulten perjudicados por detenciones que luego la justicia declare improcedentes, y adelantó que, a su juicio, vendrán demandas de reparación civil encaminadas a obtener compensaciones.

El llamado a la previsibilidad

La presentadora subrayó la importancia de la predictibilidad y la igualdad ante la ley: afirmó que la administración de justicia debe ser coherente y rápida en las resoluciones de apelación para evitar que las personas permanezcan arbitrariamente privadas de su libertad.

Palacios también recordó que hechos comprobados en la investigación administrativa o civil no implican necesariamente la existencia de un delito penal en el marco de la legislación vigente, por lo que la actuación judicial requiere rigor técnico y tiempo, pero no debe dar lugar a arbitrariedades.

En el cierre, Rosa María Palacios instó a una revisión crítica y pública de las decisiones judiciales que generan desigualdades y reclamó que la justicia actúe con celeridad para resolver apelaciones pendientes, evitando así prolongar situaciones que ella calificó de injustas.

Vela explicó que ha sido objeto de acciones administrativas y penales que, según su lectura, forman parte de una estrategia más amplia para afectar la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, y dijo que los hechos que lo involucran se han usado como pretexto para apartarlo de sus funciones.

Persecución y dilación

Rafael Vela relató que existen antecedentes de remociones y procesos contra magistrados que investigaron casos de alto perfil y sostuvo que su situación actual es coherente con un patrón: "yo soy seguramente un episodio dentro de otros varios", afirmó.

El fiscal comentó que las decisiones que lo afectan provienen de instancias de control que, a su juicio, carecen de independencia, y mencionó la presencia de investigaciones abiertas contra personajes del órgano de control, lo que, para él, demuestra falta de imparcialidad.

Defensa de la actuación técnica y respeto a la judicialidad

Vela sostuvo que el trabajo del equipo especial se sometió siempre a la verificación judicial y que muchas medidas, incluida la prisión preventiva en ocasiones, fueron revisadas y confirmadas por instancias superiores como la Corte Suprema. Sin embargo, admitió errores y señaló que los procesos largos permitieron la recomposición de fuerzas políticas y mediáticas en su contra.

El fiscal afirmó que no pretende victimizarse, sino denunciar un mecanismo de acoso que incluye denuncias administrativas, campañas mediáticas y la reducción de recursos humanos y presupuestales para el sistema de justicia.

Perspectiva y próximos pasos

Vela anunció que presentará apelaciones y que agotará las vías judiciales para sostener su defensa. Reconoció el impacto personal y profesional de las medidas en su contra, pero aseguró que mantendrá su determinación: seguirá litigando hasta agotar recursos y preservar su derecho a la defensa.

En su intervención, el fiscal pidió a la ciudadanía y a los operadores de justicia que estén atentos a la defensa de la autonomía institucional y reclamó transparencia en las decisiones de remoción y sanción para evitar que el sistema se convierta en instrumento de venganza política.

En su análisis, Camacho señaló que el bono fue dispuesto sin explicación pública clara, que los acuerdos de mesa directiva no se publican desde mayo y que la medida se habría formalizado mediante un convenio colectivo impulsado por los sindicatos del Parlamento.

Un bono aprobado sin transparencia

La conductora comentó que, según fuentes citadas en el programa, el bono ya fue depositado y que la información no fue debidamente divulgada. Camacho criticó que no exista documentación pública accesible que justifique el desembolso y vinculó la decisión con la posibilidad de que la actual gestión parlamentaria 'se aproveche hasta la última gota' de los recursos públicos antes de dejar el cargo.

Camacho añadió que, en paralelo, se observan aprobaciones legislativas aceleradas que favorecen a partidos y actores políticos, lo que, para ella, refuerza la idea de un manejo orientado por beneficios partidarios y no por prioridades ciudadanas.

Impacto fiscal y prioridades públicas

La presentadora puso en contraste el desembolso al personal del Congreso con las restricciones presupuestales que afectan a programas sociales: mencionó becas, colegios y hospitales como áreas cuyas iniciativas de gasto han sido limitadas, mientras el Parlamento aprueba pagos extraordinarios para su plantilla. Para Camacho, esa discrepancia demuestra una asignación de recursos con criterios cuestionables.

También aludió a prácticas históricas en el Congreso —contratos trimestrales que se renuevan y bonos que coinciden con periodos electorales o de final de gestión— y afirmó que esas rutinas consolidan la percepción de que trabajar en el Parlamento representa una fuente de beneficios económicos por encima del servicio público.

Reclamo de rendición de cuentas

Manuela Camacho exigió claridad: pidió que se publiquen los acuerdos de mesa directiva y que se explique la fuente de financiamiento y la motivación para otorgar el bono. Señaló que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se usan sus impuestos y que los congresistas deben responder por decisiones que afectan el erario.

En su cierre, Camacho vinculó el episodio del bono con otras prácticas cuestionadas en la emisión —desde maniobras electorales hasta viajes oficiales con gasto público— y pidió vigilancia ciudadana y periodística para evitar que medidas de este tipo queden sin explicaciones.

La conductora concluyó al afirmar que la transparencia y la priorización del gasto público son indispensables para reconstruir la confianza y que la aprobación de bonos extraordinarios sin justificación pública debe ser investigada y fiscalizada.

“Mañana vamos a tener una conferencia de prensa. Juntos por el Perú tiene anuncios muy importantes para hacerle al país en este contexto electoral. Será mañana a las 9 de la mañana”, señaló el líder de la agrupación.

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En las últimas horas, Juntos por el Perú ha generado expectativa luego de que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 admitiera a trámite la apelación presentada por la organización para solicitar la nulidad de 1.751 mesas de sufragio instaladas en Lima. Asimismo, el partido interpuso una apelación respecto a su pedido de nulidad de votos emitidos en el extranjero.

“Confiamos en que el Jurado Nacional de Elecciones realizará una evaluación rigurosa de nuestro recurso, contribuyendo a fortalecer la legitimidad del proceso electoral y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”, señaló Juntos por el Perú en un comunicado.

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La segunda fuerza en el Senado será Juntos por el Perú. El partido liderado por Roberto Sánchez aseguró 14 escaños en la Cámara Alta.

Le siguen Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno. La agrupación encabezada por Rafael López Aliaga obtuvo ocho senadores, mientras que la plataforma política de Jorge Nieto logró colocar a siete representantes.

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Finalmente, Obras y Ahora Nación también consiguieron representación en el Senado. El primero contará con cinco senadores, mientras que el segundo tendrá cuatro, con lo que se convertirá en la bancada con menor presencia en la Cámara Alta.

Como se sabe, el Senado tendrá la última palabra en este Congreso. Las leyes aprobadas en la Cámara de Diputados tendrán que pasar por el visto bueno de los senadores para ser promulgadas. Ahí radica su importancia.

Ahora, los futuros senadores quedan a la espera de recibir sus credenciales. En su sesión de instalación, el nuevo Senado tendrá como primera tarea la conformación de su Mesa Directiva.

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El bloque conservador

Así las cosas, ningún partido podrá aprobar por sí solo un proyecto de ley contando únicamente con el respaldo de todos los integrantes de su bancada.

Por ello, es previsible que las agrupaciones con mayor afinidad política busquen unir esfuerzos para lograr la aprobación de sus iniciativas.

Con sus 22 senadores, Fuerza Popular podría encontrar un aliado importante en Renovación Popular. Entre ambas bancadas sumarían 30 votos, exactamente la mitad de los escaños del Senado.

La relación entre ambos partidos no ha sido la mejor en los últimos meses. En distintas apariciones públicas, Rafael López Aliaga ha formulado críticas tanto al desempeño del fujimorismo en el Congreso como a su lideresa, Keiko Fujimori.

Pese a que Renovación Popular dio su endoso a la agrupación fujimorista en el balotaje frente a Roberto Sánchez, López Aliaga ha anunciado en su más reciente conferencia de prensa que su bancada será una “oposición responsable” a un eventual gobierno fujimorista.

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En la práctica, las agrupaciones de Fujimori y López Aliaga comparten varios puntos de coincidencia. Marcadas por una agenda conservadora, ambas promueven políticas de mano dura frente a la delincuencia y se oponen a diversas iniciativas consideradas progresistas.

Fernando Rospigliosi, congresista reelecto y senador de Fuerza Popular, ha sido una de las voces más activas en defensa de una ampliación de las protecciones legales para miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas durante el ejercicio de sus funciones. Asimismo, defendió públicamente la actuación policial durante las protestas registradas entre 2022 y 2023. Además, presentó un proyecto de ley para eximir de responsabilidad penal a efectivos policiales y militares que, en cumplimiento de sus funciones y utilizando sus armas de manera reglamentaria, causen lesiones o la muerte.

Por su parte, Milagros Aguayo y Alejandro Muñante se perfilan como algunas de las voces más conservadoras del nuevo Congreso. Ambos se han manifestado en contra de la legalización del aborto, del enfoque de género y de leyes en favor de las mujeres y la comunidad LGBT.

La otra cara de la moneda

Frente al amplio bloque conformado por Fuerza Popular y Renovación Popular, surge un contrapeso integrado principalmente por Ahora Nación y Juntos por el Perú. Ambas fuerzas de izquierda suman 18 senadores.

Fuera de la izquierda, el respaldo de Ricardo Belmont permite suponer que Obras podría convertirse en un aliado de este sector.

Sin embargo, ese apoyo no sería suficiente. Para equiparar los 30 votos que sumarían Fuerza Popular y Renovación Popular, este bloque necesitaría también el respaldo del Partido del Buen Gobierno. Se trata de un apoyo que podría resultar tan probable como esquivo, dependiendo de las iniciativas que lleguen al debate parlamentario.

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Este sector, cuya principal función sería ejercer oposición a un eventual gobierno de Keiko Fujimori, cuenta tanto con figuras experimentadas como con rostros nuevos en la política nacional.

Ruth Luque, Silvana Robles y Jaime Quito repetirán presencia en el Congreso, aunque ahora desde la Cámara Alta.

Por su parte, Alfonso López Chau y José Mercedes Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo, tendrán su primera experiencia parlamentaria como senadores.

Además, este bloque contará con dos exministros del gobierno de Pedro Castillo: Daniel Barragán, extitular de Defensa, e Iber Maraví, exministro de Trabajo.

La modificación fue incorporada en la Ley N.° 32657, publicada en el diario oficial El Peruano. La norma cambió el literal f) del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas.

El cambio tiene un efecto inmediato sobre organizaciones políticas que no lograron cumplir con las exigencias establecidas para las ERM 2026. El abogado electoral, José Tello, en declaraciones para este diario, mencionó que el partido Obras presentó 12 listas regionales, cifra insuficiente bajo la legislación vigente hasta antes de la modificación. Con la nueva exigencia, el partido supera el umbral mínimo requerido y mantiene su inscripción electoral.

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Cambio legal reduce exigencia de 13 a 8 listas regionales

La modificación fue incorporada en un dictamen recaído sobre un proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo en 2024. La iniciativa estaba orientada a realizar cambios vinculados a las elecciones municipales. Sin embargo, dentro de las disposiciones complementarias se añadió una reforma al artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas.

La nueva ley estableció que la causal de cancelación de inscripción se aplicará cuando un partido no participe en las elecciones regionales en al menos el 30% de las regiones. La disposición fue promulgada por el presidente José María Balcázar y publicada este 15 de junio en El Peruano.

La cancelación del registro no solo implicaba quedar fuera del sistema de partidos. También suponía perder el financiamiento público directo y afrontar un nuevo proceso de inscripción ante las autoridades electorales. Este trámite fue endurecido en los últimos años mediante reformas respaldadas por las propias fuerzas políticas que ahora resultan beneficiadas por la reducción de requisitos.

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José Tello, abogado electoral: "Esta norma viola la Constitución y debería ser declarada inconstitucional"

El abogado electoral José Tello cuestionó la modificación aprobada por el Congreso y sostuvo que la norma vulnera el principio de intangibilidad normativa, una regla que impide alterar las reglas electorales dentro del proceso en curso. A su juicio, el cambio aprobado para las ERM 2026 afecta la seguridad jurídica y genera un precedente peligroso para futuras elecciones.

"Es una norma que viola el principio de intangibilidad normativa. Si ahora desconocemos ese principio, después van a venir normas para Acuña, normas para Luna y normas para todo el mundo", advirtió. Según explicó, la modificación abre la puerta a que otros partidos impulsen cambios legales para evitar sanciones o requisitos electorales que les resulten desfavorables.

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Tello señaló además que la reforma podría motivar iniciativas similares para beneficiar a organizaciones que no alcancen la valla electoral. Recordó que ya existen antecedentes de proyectos legislativos orientados a flexibilizar las condiciones de permanencia de los partidos políticos. "Podrían tratar de sacar un proyecto de ley para que la valla no se aplique en esta elección y así volver a tener a todos esos partidos con inscripción vigente", comentó.

Para el especialista, la disposición aprobada por el Parlamento contraviene el bloque de constitucionalidad debido a que afecta normas recogidas en el título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones. "Lo que está haciendo este Congreso es una norma que viola la Constitución y en su momento debería ser declarada inconstitucional. Al afectar el bloque de constitucionalidad, viola la Constitución", afirmó. Asimismo, citó el artículo 79 del Nuevo Código Procesal Constitucional como sustento de su posición.

La organización contaba con un infiltrado clave en Sedapal para iniciar el proceso de usurpación de un departamento, una casa o una galería comercial. ¿Qué tenía que ver un empleado de la empresa limeña de agua potable en la trama criminal? César Castillo Villanueva, de 28 años, tenía acceso a la información de los clientes que habían dejado de pagar el servicio por fallecimiento y cuyos domicilios estaban abandonados. Una vez que el cabecilla recibía los datos, el resto de la maquinaria criminal falsificaba documentos para quedarse con el inmueble y venderlo. El jefe era Luis Alberto Pérez Delgado, "Tío Luigi", un estafador de 54 años, y su mano derecha era Daniel Castillo Díaz, de 55 años, padre de César Castillo Villanueva, el servidor de Sedapal.

Un chat obtenido durante las indagaciones del fiscal Juan Orihuela Legonia sobre las comunicaciones cruzadas entre el padre Daniel Castillo y su hijo César Castillo dejó en evidencia el vínculo.

“Oe, César (Castillo). ¿Cuando vas a ir a ver el agua, así encuentras casas botadas que no tienen dueño? Que estén tiradas en sitios grandes. ¡Avísame, pues, huevón!”, le escribió Daniel Castillo a su hijo Césa Castillo, trabajador de Sedapal, el 28 de agosto de 2024.

“Huevón, trata de buscar propiedades que estén tiradas para empezar a chequearlas y en una de esas las ‘pintas’ y ganamos plata”, insistió Daniel Castillo.

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La sangre en el río

A continuación, Luis Alberto Pérez armaba la documentación fraguada para apropiarse de los inmuebles. Para consumar el plan, contaban con una red a sueldo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el Poder Judicial y el Archivo General de la Nación, entre otras entidades. La estrategia delictiva funcionó durante más de una década y, con la usurpación de 20 inmuebles, Pérez y su banda amasaron más de US$25 millones en ganancias ilícitas.

Era una maquinaria criminal que funcionaba perfectamente, hasta que el paranoico Luis Alberto Pérez, el "Tío Luigi", creyó que miembros de su organización pretendían arrebatarle uno de sus mejores negocios: una codiciada galería en el jirón Paruro, en Mesa Redonda, en el Centro de Lima. ¿Su valor? S/7 millones.

Aparentemente, dos brutales crímenes en San Isidro y Ate, en una Lima convulsionada por las ejecuciones cotidianas de los sicarios, no parecían tener conexión.

Lo primero que descubrió la Policía es que en el homicidio de Daniel Castillo Díaz, el 27 de septiembre de 2024, en el Centro Camino Real, en San Isidro, se usó la misma arma que en el asesinato de Julio Pacheco Pimentel, el 14 de octubre del mismo año, en el colegio Julio C. Tello de Ate, donde era profesor. Cuando el fiscal Juan Orihuela Legonia recibió los resultados del contenido de los teléfonos de ambas víctimas, encontró que entre los dos había comunicaciones.

Lo que siguió fue la revelación de cómo funcionan las organizaciones criminales dedicadas a la apropiación ilícita de inmuebles.

Los homicidios de Daniel Castillo Díaz y Julio Pacheco Pimentel están relacionados con uno de los golpes más importantes de la mafia del "Tío Luigi" para apoderarse de un viejo inmueble del jirón Paruro 1975.

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Dos muertes anunciadas

El "Tío Luigi" organizó un expediente que contenía una escritura pública falsa y lo insertó en el Archivo General de la Nación. Los documentos acreditaban falsamente que la congregación religiosa Seglares de Nuestra Señora de la O (fundada en 1588) vendió el inmueble a los esposos Alfredo Bulege Espinoza y Eufemia Pimentel Zegarra, coincidentemente, ya fallecidos. El supuesto contrato está fechado el 27 de marzo de 1974 y registrado en la notaría Cristóbal Ramírez Susanibar.

El mismo abogado que fabricó el falso contrato de compraventa, Pedro Huambachano Huamán, ejecutó la sucesión intestada del inmueble a favor de los hermanos Julio, Hilda y Luis Pacheco Pimentel, como herederos de Eufemia Pimentel Zegarra. Se incluyó a Magdalena Bulege Melgar, hija de Alfredo Bulege Espinoza.

Cuando el abogado Pedro Huambachano pidió al Archivo General de la Nación (AGN) una copia legalizada de la minuta de compraventa del inmueble del jirón Paruro, los trabajadores se percataron de que contenía firmas diferentes de las del notario Cristóbal Ramírez Susanibar.

Sin embargo, pese a las observaciones, el servidor del AGN, Raúl Valdivia Hurtado, expidió el documento requerido por Pedro Huambachano y este lo elevó a la Sunarp. Todo estaba concertado.

La mafia captó a la registradora de control de documentos de la Sunarp, Carmen Martínez Galván, quien convalidó el expediente fraudulento que convierte a los hijos de Eufemia Pimentel y Alfredo Bulege en los nuevos dueños del inmueble del jirón Paruro 1075.

El paso siguiente fue que los "herederos" donaron la propiedad a Luis Alberto Pérez, "Tío Luigi", y Daniel Castillo Díaz, su brazo derecho. ¡El plan salió perfecto!

Eso parecía hasta que en junio de 2024 el vehículo de Hilda Pacheco Pimentel, una de las supuestas herederas, fue capturado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Le dijeron que debía S/30.000 en impuestos por la propiedad del inmueble del jirón Paruro. Ella ni sus hermanos sabían que eran los dueños. Pero pretendieron aprovecharse de la situación.

En representación de sus hermanos, el profesor Julio Pacheco Pimentel se contactó con Daniel Castillo y le propuso una "conciliación" de S/5 millones, a cambio de no acudir a las autoridades y revelar el fraude. Castillo se comunicó con su jefe, el "Tío Luigi", Luis Alberto Pérez, y recibió como respuesta que ofreciera US$10 mil. Ni un centavo más. Julio Pacheco rechazó la oferta e insistió en los S/5 millones. Fue tanta la insistencia de los hermanos Pacheco que, aparentemente, el "Tío Luigi" creyó que estos actuaban en contubernio con su socio Daniel Castillo.

Los chats encontrados por el fiscal Juan Orihuela Legonia consignan que el "Tío Luigi" decidió terminar el asunto ordenando el asesinato de Daniel Castillo y Julio Pacheco. Por desconfiado, el "Tío Luigi" y su mafia cayeron en manos de las autoridades.

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El último mensaje del socio asesinado, Daniel Castillo

En el celular hallado en el cuerpo de Daniel Castillo Díaz, asesinado por orden de su socio Luis Alberto Pérez, "Tío Luigi", se encontraron mensajes con el abogado de la mafia, Pedro Huambachano Huamán. Es un indicio de que seguía en actividades delictivas cuando fue ejecutado.

“Pedro (Huambachano), esa señora ha fallecido hace poquito. Hazte una minuta del 2013 para poder entrar a su casa. Sí, recién ha fallecido”, le escribió Daniel Castillo al Pedro Huambachano.

El 12 de mayo, agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP capturaron al "Tío Luigi", al hijo de Daniel Castillo, César Castillo Villanueva, y a Pedro Huambachano, entre otros.

Gustavo Salazar

Una de las principales diligencias en esa investigación que se ha dispuesto es “8. Solicitar a la Coordinación Superior Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavados de Activos, tengan a bien remitir a esta Fiscalía Superior, de manera reservada, copia de absolutamente todos los documentos que forman parte de la carpeta o las carpetas de colaboración eficaz que tengan como aspirante o como colaborador eficaz a la persona de Gustavo Salazar Delgado, y que hayan estado a cargo del ex equipo especial de fiscales a cargo del caso Odebrecht.”

Gustavo Salazar fue investigado por el Equipo Especial Lava Jato, luego de que se descubrió que una cuenta bancaria de su empresa Wilcer SA fue utilizada, entre los años 2013 y 2014, para recibir una transferencia de US$1’250.000 de la offshore Klienfeld Services Ltda. en el Credit Andorra de Panamá. Luego, el dinero fue retirado y entregado en efectivo a Acurio Tito por los contratos de construcción de la Vía de Evitamiento Cusco.

Ante un pedido de prisión preventiva, Salazar huyó a España, país al que se pidió su extradición. En tanto, desde el extranjero, el exejecutivo de seguros intentó acogerse a la colaboración eficaz. En ese contexto se habrían producido los presuntos actos de soborno que ahora son materia de investigación.

El caso Vizcarra

Como coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Germán Juárez asumió el manejo de los casos del Equipo Lava Jato. La semana pasada participó activamente en las audiencias realizadas por la Sala de Apelaciones Nacional para definir el caso Cócteles contra la candidata presidencial de Fuerza Popular y primera en el conteo de votos de ONPE, Keiko Fujimori. El tribunal de apelación dispuso el archivo definitivo de ese caso.

Germán Juárez estuvo a cargo de las investigaciones a los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala. Información recogida por La República en noviembre de 2020 indicó que la declaración de los aspirantes a colaboradores eficaces contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción en Moquegua no fue espontánea, sino “sugerida, condicionada y promovida por el Equipo Especial de Fiscales del Caso Lava Jato”.

Juárez Atoche seguirá desempeñándose como fiscal mientras avanzan las investigaciones, al tratarse de un fiscal titular. La fiscalía de la Nación lo destacó a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Nuevo coordinador

En tanto, el fiscal de la Nación designó al fiscal Juan Mendoza Abarca, fiscal provincial titular antidrogas, como fiscal superior provisional, a cargo de la Tercera Fiscalía Superior de Lavado de Activos y, como tal, nuevo coordinador de las fiscalías de esta especialidad. Mendoza Abarca fue el primer coordinador de las fiscalías de lavado de activos entre 2013 y 2014, cargo al que ahora regresa.

"(…) a cualquiera que gane, yo les pediría que sean seres humanos, que tengan misericordia, que escuchen al Papa y que por favor puedan tener clemencia con mi esposo, lo manden a su casa y a la clínica que necesita", expresó la exprimera dama vía Panamericana.

Karp aclaró que su familia no busca evadir el proceso judicial ni las acusaciones de corrupción, sino apelar a razones humanitarias para priorizar la vida de Toledo. "Acá no hay sitio para rabia ni para maldad", añadió.

Es necesario resaltar que el exmandatario cumple con una condena de 20 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos. En octubre del 2024, el Porder Judicial lo halló culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla con las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, que conecta al Perú con Brasil.

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Un informe médico alerta riesgos mortales

El sustento principal de este pedido es un informe médico del 30 de marzo de 2026. Según este documento presentado en Panamericana, el expresidente —quien lleva más de 3 años recluido tras su extradición— padece serios problemas que requieren una hospitalización inmediata y atención especializada en cardiología, psiquiatría, urología y otras áreas. El informe detalla que Toledo corre un alto riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (derrame), un infarto de miocardio o una arritmia cardíaca grave si continúa encerrado.

La defensa y el entorno familiar sostienen que el sistema judicial "lo está matando poco a poco" debido a las condiciones de su reclusión. Además, debido a la avanzada edad del exgobernante y a criterios humanitarios, Karp y sus abogados insisten en que se le permita cumplir lo que queda de su proceso y condena en su casa, bajo supervisión médica.

Milagros Jauregui sobre la solicitud de indulto a Alejandro Toledo

La congresista se mostró a favor de que se analicen los beneficios carcelarios cuando la salud de un interno se encuentra gravemente deteriorada. Explicó que, si bien cualquier persona que comete un delito tiene la obligación de cumplir la condena impuesta por la justicia, la situación debe cambiar cuando se detectan enfermedades graves.

"El indulto humanitario siempre se debe dar a una persona enferma (…) si existe un preso en esas condiciones, yo creo que se le debería dar el indulto", indicó.

Bruce señaló que escuchó recientemente a López Aliaga expresar públicamente su intención de continuar al frente de la Municipalidad de Lima. Según indicó, incluso cuenta con una grabación en la que el líder de Renovación Popular explica su estrategia electoral. "Yo escuché la semana pasada y tengo la grabación donde el señor López Aliaga anuncia que quiere volver a ser alcalde de Lima y después dijo: 'Por eso voy a postular a teniente alcalde'", afirmó.

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El exalcalde de Surco sostuvo que la figura planteada consistiría en integrar una lista encabezada por otra persona para luego asumir la conducción del municipio. En ese sentido, cuestionó que el candidato principal sea una persona de avanzada edad y planteó la posibilidad de una eventual renuncia. "Van a utilizar una figura para ingresar como teniente alcalde de un señor que ya es de avanzada edad, el señor Luis Rubio, para que Rubio renuncie y él asuma la alcaldía?", manifestó durante la entrevista.

Bruce recordó que la legislación peruana prohíbe actualmente la reelección inmediata de alcaldes, aunque precisó que personalmente no comparte dicha restricción. Sin embargo, remarcó que la norma se encuentra vigente y debe respetarse. "Estoy en contra, pero está vigente", señaló. Además, expresó su confianza en que los organismos electorales revisen cualquier candidatura que pueda interpretarse como un intento de eludir las reglas establecidas.

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Carlos Bruce advierte que un precedente podría extenderse a otros cargos de elección popular

Carlos Bruce afirmó que permitir una candidatura de estas características abriría la puerta para que otras autoridades utilicen mecanismos similares en futuros procesos electorales. Según explicó, el problema no se limita al ámbito municipal, sino que podría trasladarse a elecciones regionales o incluso presidenciales.

Para sustentar su posición, planteó un escenario hipotético en el que un líder político postule a un cargo secundario para luego asumir el principal tras la renuncia del titular elegido. A su juicio, ello vaciaría de contenido las restricciones establecidas por la legislación electoral peruana.

"Si esto se permite, dentro de cinco años Keiko dice: 'Voy a postular como vicepresidenta de Miki Torres' y después, a los meses, Miki Torres renuncia y ella asume la presidencia", indicó. Para Bruce, un caso de ese tipo demostraría que la prohibición de reelección puede ser burlada mediante acuerdos políticos previos.

La cronología del caso muestra que el pedido de nulidad fue presentado originalmente el 11 de junio por Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal de la agrupación. Sin embargo, el 12 de junio, el JEE declaró "improcedente" el reclamo.

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El motivo de ese rechazo inicial fue que el partido no adjuntó el voucher del pago de la tasa correspondiente a la solicitud de nulidad ni los medios probatorios por cada mesa de sufragio. Frente a esto, Juntos por el Perú presentó su recurso de apelación la noche del 14 de junio. Al revisar el documento, el tribunal electoral —integrado por Maruja Otilia Hermoza Castro, Teddy Edgardo Cortez Vargas y Gina Maria Delgado Reyes— verificó que el recurso se entregó dentro del término legal y que esta vez sí contaba con el pago de la tasa electoral por concepto de apelación.

El pedido de Juntos por el Perú busca invalidar los votos emitidos por los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero en diversas ciudades estadounidenses, incluyendo mesas de votación claves ubicadas en Nueva York, Carolina del Norte y Salt Lake City.

Se rechazan los pedidos de nulidad en Estados Unidos

El organismo electoral rechazó los pedidos de nulidad del partido en territorio estadounidense. Una de las solicitudes fue presentada por el representante Carlos Adeval Zafra Flores, quien pedía anular 647 mesas de sufragio distribuidas en varias ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York, Carolina del Norte y Salt Lake City. Al igual que los otros pedidos, este no cumplió con los plazos obligatorios del proceso.

De igual manera, también se rechazó un pedido de nulidad de 174 mesas en Chicago, New Jersey y Houston. La solicitud, presentada por Juntos por el Perú, aseguraba que en estos lugares existieron faltas que atentaban contra la validez de la elección.

Sin embargo, las autoridades señalaron que el reclamo no era válido, ya que el documento fue presentado por Pablo Salas Charca, un delegado local que solo tenía autorización para actuar en Arequipa. Asimismo, el tribunal advirtió que el partido político dejó pasar el tiempo límite. Además, los solicitantes tampoco pagaron el dinero de la tasa que se pide para iniciar este tipo de juicios electorales.

Descartan nulidad de mesas en Argentina

El segundo caso involucra a las 294 mesas que funcionaron en Argentina. El mismo representante del partido pidió anularlas al asegurar que algunos funcionarios de los consulados y miembros de mesa cometieron faltas para favorecer los votos del partido Fuerza Popular. Además, la organización protestó por demoras en el traslado de los maletines que contenían los votos desde Buenos Aires.

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Tras revisar los documentos, el tribunal electoral precisó que la queja ingresó formalmente la noche del 13 de junio. Sin embargo, el plazo máximo y definitivo para presentar estos reclamos había vencido tres días antes, el 10 de junio.

Debido a esto, las autoridades recordaron que el calendario electoral se debe respetar de forma estricta y sin prórrogas para nadie. De este modo, ratificaron que los votos de los peruanos en el exterior siguen siendo válidos.

JEE acepta recurso de apelación de JP para anular mesas en Lima

El JEE de Lima Centro 1 aceptó un recurso de apelación presentado por el partido Juntos por el Perú, el cual busca invalidar los resultados de 1.751 mesas de sufragio en Lima. A diferencia de otros reclamos que fueron descartados, la organización política sí cumplió con adjuntar el pago de la tasa correspondiente, por lo que la solicitud será enviada al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que resuelva el caso en una segunda instancia.

El 15 de junio, Juntos por el Perú presentó tres recursos de apelación tras recibir un rechazo inicial en primera instancia por parte de las autoridades electorales en Lima. Sin embargo, el JEE de Lima Centro 2 declaró improcedente dos de estas apelaciones, debido a que el partido olvidó pagar el derecho de trámite exigido por ley. En ese marco, solo queda pendiente el pronunciamiento sobre un último recurso que se encuentra en evaluación.

"Rafael López Aliaga es altamente irrespetuoso con los electores. Falta a su palabra, postula al Senado y luego dice que ya no quiere. Cuando su candidato a la alcaldía pierda, quiero saber a qué va a postular", indicó en Canal N.

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Como se sabe, López Aliaga fue elegido senador para el periodo 2026-2031 como parte de la bancada de Renovación Popular. Sin embargo, el propio exburgomaestre capitalino aseguró que no jurará al cargo para regresar a la política municipal.

Además, el alcalde de Magdalena sostuvo que la gestión de López Aliaga tampoco está exenta de cuestionamientos. Allison afirmó que las obras ejecutadas durante la administración de Renovación Popular muestran procesos de selección poco transparentes.

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"Si no los convalida, ¿por qué postula ahora a ser regidor? Si dice que tanto el JNE como la ONPE hacen trampa. Es inconsistente y contradictorio en lo que dice. Quisiera hacerle una pregunta a Rafael López Aliaga: él dice que está en política por amor. ¿Es amor al chancho o a los chicharrones? Es muy preocupante ver cómo, en sus años como alcalde, prácticamente todas las obras las ha hecho a dedo", apuntó.

Carlos Bruce también criticó a López Aliaga

Pero Allison no fue el único que cuestionó al exburgomaestre. Carlos Bruce, alcalde de Surco en licencia y también candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, señaló que la postulación de López Aliaga constituye una forma de eludir las normas electorales que, en principio, impedirían una candidatura directa de su parte.

"Eso se llama fraude a la ley, eso no se puede hacer. Es violar la norma que impide la reelección. ¿Van a utilizar la figura de ingresar como teniente alcalde de un señor de avanzada edad, como Luis Rubio, para que luego Rubio renuncie y él asuma la alcaldía?", señaló en una entrevista con Exitosa.

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Bruce agregó que esta situación podría sentar un precedente peligroso no solo para la política local, sino también para el ámbito nacional.

"Si esto se permite, dentro de cinco años Keiko dice: 'Voy a postular como vicepresidenta de Miki Torres' y después, a los pocos meses, Miki Torres renuncia y ella asume la Presidencia", indicó.