A través de una columna de opinión en La República titulada "Caída libre", Palacios afirmó que la mudez de Fujimori es uno de sus principales motivos en el aumento de su desaprobación -44% y 48%, según Datum e Ipsos- en el último mes.

"Keiko Fujimori necesita ser espontánea, pero luce desorientada. Cada vez que da una declaración, tiene un ministro de mirada sombría parado al lado, como si temiera algo. Su mudez en los consejos de ministros es una señal aterradora. ¿En serio no tiene nada que decir? No le queda más que evaluar y corregir. Si no lo hace, su destino se lo puede contar Dina Boluarte", sostuvo.

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De acuerdo con Datum, Fujimori tuvo 60% de aprobación y 24% de desaprobación en agosto, mientras que Ipsos reveló que la mandataria tuvo 57% y 25% respectivamente. En septiembre, la desaprobación se duplicó.

"Lo que es inusual es que esta 'luna de miel' o periodo de gracia que otorga la población a un gobierno recién llegado se evapore en días, cuando debería durar meses", explicó Palacios.

Durante una entrevista en RPP, Gálvez detalló que hasta el momento se logró la captura del presunto financista del hecho y de quien habría transportado al asesino horas antes del ataque a Aponte. Cabe precisar que momentos después del asesinato se detuvo al presunto sicario. "Ya se tiene detenido al sicario, se ha detenido también a un supuesto financista", explicó.

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Gálvez explicó que las dos últimas capturas fueron posibles gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú. Sobre el presunto financista, el fiscal fue prudente. Dijo que esa fue la primera idea que apareció entre los investigadores, es decir, que por ahora es solo una sospecha.

Luego de esas declaraciones, la Fiscalía precisó que, por ahora, son solo dos los detenidos. Ambos son de nacionalidad venezolana: Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Artila. Toro Artila fue trasladado desde Lima hasta Caraz.

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“La China Polo”: nueve días antes, la candidata denunció amenazas y señaló al general PNP, Víctor Revoredo

El jueves 10 de setiembre, Aponte Polo publicó en redes sociales un video en el que denunció amenazas y hostigamiento. La candidata al GORE Áncash del movimiento regional Socios por Áncash señaló al general PNP Víctor Revoredo como responsable si algo le ocurría.

Tras lo ocurrido, Valentín Fernández, candidato a la alcaldía de Nuevo Chimbote por el mismo movimiento, escribió que estaba "consternado" y exigió una investigación "inmediata, independiente y rigurosa".

El Gobierno Regional de Áncash, por su parte, condenó el crimen y pidió a la Policía y al Ministerio del Interior un cerco policial para capturar a todos los responsables. También anunció la convocatoria urgente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y garantizar la seguridad de los postulantes.

Con esta medida, el comando de la PNP tratará de adaptar su labor a los desafíos actuales. La nueva normativa no solo redefine el perfil de la institución, sino que establece una reorganización operativa y administrativa.

El Ministerio del Interior aprobó así la reasignación en el cargo de 23 oficiales de la PNP por la "causal de necesidad del servicio" con costo y sin costo para el Estado.

Sobre el Revoredo, la resolución dispone su traslado desde la Dirincri hacia Dirección de Asuntos Internacionales (DIRASINT), órgano encargado de la cooperación policial internacional, entre otras tareas. Fuentes de la Comandancia General revelaron que se trata de una reasignación y no de un pase a retiro.

Revoredo fue designado jefe de la Dirincri el pasado 29 de diciembre, durante el gobierno de José María Balcázar, y asumió el cargo el 1 de enero de este año, tras prestar servicio como jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la PNP.

La referida resolución suprema publicada el domingo 20 de septiembre en el diario oficial El Peruano dispuso que el general Ricardo Espinoza Cuestas, quien fue jefe de la Región Policial La Libertad, pase a la dirección de la Dirincri. 

Destacó por sus investigaciones y capturas de miembros de las organizaciones criminales Tren de Aragua y Los Pulpos, sin embargo, en las últimas semanas fue cuestionado por el aumento de las extorsiones y homicidios.

Además, fue criticado por un aparente operativo erróneo en el marco de la captura de los presuntos responsables del secuestro de Jenss Lara Tantaquilla que terminó con el asesinato de cuatro personas, el 30 de agosto, en Trujillo.

Su remoción se da en medio del asesinato de la excandidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo” quien denunció un supuesto atentado contra su vida y responsabilizó al oficial.

No obstante, tras el crimen, la PNP capturó a quien sería el autor material Luis Iván Obispo Díaz, de nacionalidad venezolana, quien tendrá que confesarlo todo.

OTROS CAMBIOS

En la resolución figuran otros cambios fundamentales, como el del general Franco Moreno Panta, quien pasa de la Dirección de Asesoramiento Operativo del Estado Mayor General de la PNP a la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General de la Policía (Dirinv).

La del general Manuel Gustavo Vidarte Perrigo, quien pasa de la Dirección de Turismo a la Dirección de Administración; la del general Javier Edward Infante Revilla, quien pasa de la Dirección de Seguridad del Estado a la Dirección de Operaciones Especiales; así como la del general Julio César Becerra Cámara, quien deja la Dirección de Investigación para pasar a la Dirección de Investigación Criminalística.

Asimismo, el teniente general Luis Flores Solís deja la jefatura del Comando de Operaciones Policiales (Comoppol) para pasar a la Dirección de la Inspectoría General.

De igual manera, el general Manuel Elías Lozada Morales fue removido del cargo de director nacional de investigación criminal para pasar a la dirección del Comoppol.

Otro cambio relevante es el del general Víctor Hugo Meza Farfán, quien deja la Dirección Nacional de Operaciones Especiales para pasar a la jefatura de la Región Policial Lima Centro. 

También se dispuso que Olger Benavides Ponce de León pase de la Inspectoría General a la jefatura de la Región Policial Callao, mientras que Marco Antonio Conde Cuéllar, quien ocupaba ese último cargo, pasa a la Inspectoría General.

Asimismo, Leiby Antonio Huamán Daza fue reasignado de la Dirección de Administración de la Dirección Nacional de Investigación Criminalística a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos; mientras que Antonio Marcelino Loreño Beltrán pasa de la Dirección de Desarrollo Humano a la Dirección de Seguridad del Estado.

Como se recuerda, el 15 de septiembre, el Ejecutivo aceptó la renuncia del teniente general Óscar Arriola Delgado para pasar a la situación de retiro y dio por concluida su designación como comandante general de la Policía.

Ese mismo día se designó al teniente general Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la PNP.

López anunció que evaluaría el rendimiento y la productividad de los directores de las distintas dependencias policiales.

En total, son 20 generales de la Policía y tres tenientes generales los que han sido reasignados a otras dependencias policiales, "acorde a las especialidades funcionales, al Cuadro de Organización y al Cuadro de Personal, la misma que se ejecuta en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades del servicio, orientada al cumplimiento eficaz de la misión institucional".

DESPIECE

Separan al Inspector General

El general Augusto Ríos Tiravanti había quedado e como jefe del Estado Mayor General de la PNP, uno de los cargos más importantes dentro de la institución. Sin embargo, el comando de esa institución dispuso su separación temporal del cargo.

Ríos Tiravanti, era considerado uno de los oficiales de mayor rango de la institución. La decisión de separlo aparece en el Memorándum N.° 628-2026-CG PNP/SEC, fechado el 18 de septiembre y firmado por el comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza.

La medida fue adoptada luego de que la Oficina de Asuntos Internos comunicara el inicio de actuaciones vinculadas a un procedimiento administrativo disciplinario contra Ríos Tiravanti.

La PNP aplicó el artículo 74 de la Ley N.° 30714, que permite separar preventivamente a un efectivo cuando su permanencia en determinado cargo podría afectar el normal desarrollo de una investigación disciplinaria.

Sin embargo, hay un dato fundamental: El documento no especifica cuál es la conducta o el hecho concreto que dio origen al procedimiento contra el teniente general.

Por eso, no corresponde atribuir esta medida a alguno de los cuestionamientos anteriores que ha enfrentado Ríos Tiravanti mientras no exista información oficial que establezca esa relación.

Ríos Tiravanti fue enviado a prestar servicios en la Comisión Consultiva de la Policía Nacional mientras se formaliza la resolución correspondiente.

La separación es preventiva, no constituye todavía una sanción definitiva y tampoco implica la suspensión de su remuneración.

El caso será llevado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho),m dirigido por el fiscal Raúl Godos Sedán y la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate. Antes, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de esa provincia había abierto una investigación preliminar.

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Hasta el momento hay dos detenidos en flagrancia y ambos son de nacionalidad venezolana. Se trata de Luis Obispo Díaz y de Ronal Toro Artila. A Obispo Díaz le encontraron una pistola durante el registro personal. Toro Artila fue trasladado desde Lima hacia Caraz. Por ahora no hay más capturados.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de septiembre. Aponte recorría el mercado de Caraz con un grupo de simpatizantes, como parte de su campaña. Según los primeros reportes, sujetos armados la atacaron y una bala le impactó en la cabeza.

También hubo heridos entre quienes la acompañaban. Aponte y un hombre fueron llevados de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Caraz. Allí los médicos certificaron el fallecimiento de la periodista regional.

En el documento se propone cambiar el Código Penal para que lesionar a un profesor por su trabajo tenga un castigo específico. La protección alcanzaría a docentes, directores, auxiliares y personal de tutoría o convivencia, en colegios públicos y privados.

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El texto separa la sanción según la gravedad del daño. Si la lesión es grave, la pena sería de cuatro a ocho años. Si el docente muere a causa de esas lesiones, subiría a entre 15 y 20 años. Para lesiones leves, la cárcel sería de tres a seis años, con inhabilitación para el agresor. En ambos casos, el atacante debe saber que la víctima trabaja en un colegio y el ataque debe estar ligado a sus funciones.

El proyecto también toca el delito de coacción, que hoy tiene una pena máxima de dos años. Si alguien usa violencia o amenazas para obligar a un docente a cambiar una nota, anular una sanción o no avisar a los padres, la cárcel sería de dos a cuatro años. La misma pena alcanzaría a quien intente impedir que el profesor tome esas decisiones.

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La propuesta llegó días después de la denuncia de violación contra un estudiante de cuarto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja. Los investigados son alumnos de quinto y un juzgado ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes.

Tras el caso, profesores del colegio hablaron con la prensa. Uno dijo a Latina Noticias que algunos alumnos usaban los cargos de sus padres en la Marina de Guerra para presionar a docentes. También reclamó que no hubo sanciones tras un video en que un alumno amenazaba a un profesor por sus notas.

Creo que hay varias razones; yo diría que dos centrales. Una es que viene de un ministro fujimorista, de un tipo de gobierno con una ideología muy clara: la de crear una historia neutral que en la práctica no lo es, sino que sigue una línea compartida con la escuela naranja. No es algo nuevo, es algo que también han hecho gobiernos como el de Augusto Leguía, Juan Velasco Alvarado y el propio Alberto Fujimori. Es un intento muy burdo, bastante torpe, pero es parte de este proyecto ultraconservador que Keiko Fujimori avala con el ministro Chang.

El otro punto tiene que ver con una cuestión de manipulación. Extender la palabra ideología a todo lo que el Gobierno vea como malo es una estrategia. Es darle un uso retórico a la palabra, planteando que solo los otros tienen ideología y nosotros no, que somos neutros. Bajo esa línea dicen que hay que limpiar todo de ideología para que no se contaminen.

Esa estrategia ha calado muy bien. Buena parte de la población entiende la palabra ideología como una variable negativa: mientras más ideologizado esté alguien, peor. ¿Eso es así?

No realmente. El fujimorismo siempre ha querido crear una suerte de quiebre, mostrándose como un partido nuevo, tecnócrata, modernizador y, sobre todo, sin ideología; dando a entender que todo lo que hacen es por el bien del país. Pero, en verdad, cuando uno habla de ideología habla de una cosmovisión, de una manera de ver el mundo y de cambiarlo. La puede tener una persona de la calle que consume contenido de derecha, de izquierda o incluso de centro. No es un término cargado, sino neutro; hay que entender que todos tenemos una forma de ver el mundo y eso, por sí mismo, no está mal.

¿No existe entonces algo como una educación sin ideología?

No, porque incluso la investigación histórica está sometida a revisiones constantes. En nuestro gremio, la cuestión de la objetividad ya se asume como algo que no es puro. Se basa en la cantidad de debates que tenemos, y con ellos se busca afinar lo que sabemos. Lo que hace el ministro Chang no es una cuestión técnica, es algo más propagandístico.

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Ahora, en su libro 'Las guerras de la historia', se señala que parte de esta ultraderecha regional ha utilizado eslóganes que, en la práctica, han resultado nocivos para grupos vulnerables. Una persona simpatizante de estos movimientos podría responder que buena parte de la izquierda ha tenido un control de la cultura tal que ha impuesto su matriz de valores por encima de la de otras personas conservadoras.

Es algo que no se ha debatido mucho y que en otras partes ha adoptado el nombre de batalla cultural: esta reacción de los sectores ultraconservadores o de derecha. Antonio Gramsci señalaba muy bien que existe una hegemonía que no es solo política, sino también cultural, que es donde se debaten las visiones del mundo. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha habido un giro en el cual elementos que venían de Mayo del 68 o de algunas reformas liberales se convirtieron en sentido común. Por ejemplo: está mal atacar a comunidades LGBT, está mal ser racista. Todo eso se volvió sentido común y políticas públicas.

Tanto que, como dice Pablo Stefanoni, la derecha aprovechó eso para mostrarse como rebelde. Lo que vemos ahora es una primera ola. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en otros países de la región, y siempre con categorías facilistas: ideología, caviar, el DEI utilizado por Elon Musk, Ceuta utilizada en España, la cuestión de los jubilados en Argentina. Entonces, no es algo aislado. En el libro queremos ampliar ese debate para mostrar cómo Perú ha sido parte de eso.

En estos momentos, los militares tienen la facultad de vetar los textos escolares…

Algo que investigamos acá es que, en las editoriales, los textos que abordan el periodo del conflicto armado interno tienen que pasar por el filtro de los militares. Es algo que me parece inconcebible.

¿Y quiénes han permitido eso?

En verdad, desde la academia debieron aparecer figuras que —desde las universidades y los centros culturales— impidieran esto, como la Academia Nacional de la Historia y los departamentos académicos de las universidades. Pero eso no ha ocurrido. Quizás sea porque están fragmentados y cumplen un rol mucho más senatorial en el debate nacional.

¿Les ha faltado carácter a los académicos?

Ha faltado presencia y carácter para plantarse ahí. Se entiende por las condiciones mismas de la academia. Es una academia precaria, donde muchas universidades se han despolitizado voluntariamente para evitar conflictos y donde el curso de historia cumple el rol de un curso de información y no de análisis. Incluso ha habido una suerte de retroceso en la enseñanza de la historia. Los debates se dan solo al inicio, cuando estos gobiernos y estos grupos conservadores deciden intervenir en estos textos para imponer una narrativa específica.

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Hay un pasaje en su libro sobre la gestión del Fondo Editorial del Congreso durante el periodo anterior, que tiene como protagonista a Karina Beteta, hoy diputada de Fuerza Popular. Durante esa gestión, ella publicó una historieta en la que se blanquea el autogolpe del 92. Es un revisionismo de algo que ni siquiera viene de siglos atrás, sino de hace pocas décadas. ¿Cómo se responde a ese gaslighting histórico?

Es un poco la hipocresía del ministro de Educación cuando dice que quiere retirar el contenido ideológico. Un punto que planteamos en el libro es que estos debates, que pueden parecer anecdóticos, son parte de una narrativa impuesta para erosionar el sentido democrático y favorecer la impunidad de aquellos agentes del Estado que puedan cometer actos en el futuro. Todo queda justificado con tal de defender el Estado, la Constitución, el modelo económico y demás.

¿Por qué es tan potente esa narrativa? Algo debe de haber hecho bien el fujimorismo de los noventa para imponer su narrativa.

Hay dos cosas ahí. En mi anterior libro 'Los años de Fujimori' repasé que Fujimori fue de los pocos presidentes que se dio el trabajo de ir. Belaúnde solo lo hizo en campaña, y Alan García también. El candidato usualmente recorre el país; el presidente, no. Para muchos, el recuerdo de ver al presidente recorrer tu localidad, estar en tu colegio o estrechar la mano de una persona es una imagen muy potente. Eso le ha servido para mantener bolsones importantes.

¿Y usted ve a Keiko con la posibilidad de hacer algo así?

No. Keiko no tiene el carisma de su padre. No es que el padre sea míster simpatía, pero a Keiko no le nace. Alberto Fujimori aprovechó una cultura de caos para solucionar, a su manera, las cosas. Tomó el proyecto económico de su contrincante e impuso una narrativa: el país fue pacificado. Es algo que no es del todo cierto. Pero Fujimori combinó esa narrativa con la presencialidad. De ahí que se expandiera esa estrategia.

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Si uno se pone más estricto con las revisiones históricas, también cabe la posibilidad de que la manipulación de textos escolares dé espacio a voces que han sido más románticas con otros elementos históricos. La corona española es vista con buenos ojos por influencers y youtubers que tienen cada vez más espacio en el debate público.

Totalmente. Además, creo que algo que manejan es que no hay una diferencia entre estas exposiciones narrativas del presente y lo que hay del pasado. Muchos youtubers aventureros que se creen historiadores apoyan a partidos —en España, por ejemplo, Vox o el PP—. En Perú también operan sin distinguir si son monarquistas o si son de ultraderecha. Lo que hacen es tergiversar la historia a partir de argumentos que no se sostienen en la investigación. Todo bajo la idea de esto no te lo enseñaron en el colegio o esto es la verdad oculta.

En el caso de la conquista, se sostiene esta idea de que hubo una suerte de transferencia pacífica. Además, junto con esto se da la idea de que los incas pensaban que la divinidad cristiana era el sol y que por eso fue más fácil dar paso a la transferencia religiosa. Es otra forma de hacer imperar la idea de que el cristianismo y el catolicismo son las únicas formas de religión en el Perú. Y es algo que vemos, por ejemplo, con Muñante, quien dice que el catolicismo es la religión única y que no exportaremos religiones del Medio Oriente.

Esta misma semana, luego del anuncio de Chang, Rosangella Barbarán visitó el LUM. ¿Qué opinión le merece su video?

Sería gracioso si no fuera algo patético o trágico. El LUM ha sido objeto de ataque predilecto. Y eso que el LUM ha sufrido la salida de dos directores, le han quitado financiamiento, le han quitado capacidad autónoma. Aun así, es tan poderosa la narrativa alrededor del LUM que no dejan de atacarlo. Barbarán no hace esto por ignorancia; su capital en el fujimorismo no viene de su preparación como política. Su rol viene de ser rival del comunismo, y ya lo hemos visto en las pintas en las marchas. Es una forma de seguir en el fujimorismo ante cualquier posible falta de talento político. Es algo peligroso, porque no es una persona a quien le interese debatir, sino que desinforma de manera deliberada para seguir estando en ese espacio.

Llega un punto en el que toda esta administración de la memoria genera un caldo de cultivo para que mañana aparezca un movimiento posfujimorista aún más radical…

Sí, creo que es un buen punto. Parte del éxito del fujimorismo está en marcar un bloque de derechas. El fujimorismo es un poco de todo y nada. Quiso ser democrático y no lo fue, quiso ser de las élites y no tiene quien pueda acogerlo ahí y, al final, quiere ser un movimiento más cercano a las calles. Es como un trumpismo antes de Trump. Pero no puede converger en esas tres líneas. Es muy difícil que surja algo más radical, pero eso no significa que no haya grupos que quieran radicalizarse para obtener beneficios —la resistencia, los combatientes o estos youtubers que piden auspicios y hacen cosas de historia—. Va a haber de todo, pero la cuestión es hasta qué punto el fujimorismo podrá controlar todo eso. Hemos visto que la campaña confrontacional de López Aliaga, la de insultar, tiene un público limeño potente.

¿Y qué respuesta viene a eso?

No puede venir del Gobierno; tiene que ver con la ciudadanía. Con las iglesias, las universidades, las organizaciones. Reconstruir tejido social con organizaciones barriales, con comités, con clubes de lectura. En la medida en que no tengamos una ciudadanía sana, no podremos tener un gobierno que sea positivo. Es una idea que vemos en lugares como la Nueva York de Mamdani, pero de todas las ideas que llegan al Perú, no he visto que esa llegue todavía. No es una labor muy sencilla y la verdad no depende solo de un alcalde o un presidente.

Aponte Polo, quien era candidata al Gobierno Regional de Áncash, fue baleada el pasado 19 de setiembre en Caraz durante un acto de campaña. Una semana antes había difundido un video en el que dijo: "Han ordenado un atentado contra mi persona". En ese material señaló a Revoredo y contó que recibió llamadas desde tres penales.

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Días antes de la resolución, el nuevo comandante general de la Policía, Fredy López, dijo que evaluaría el trabajo de los directores antes de decidir cambios. Ante preguntas sobre la permanencia de Revoredo en la Dirincri, explicó que revisaría el "rendimiento y productividad de cada director", sin dar nombres.

Su reemplazo será el general Ricardo Espinoza Cuestas, hasta ahora jefe de la Región Policial La Libertad, donde queda Trujillo. Revoredo pasará a la Dirección de Asuntos Internacionales, que se encarga, entre otras tareas, de la cooperación policial con otros países. La resolución cambia de puesto a más de 20 oficiales generales.

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"Han ordenado un atentado contra mi persona": el video de la China Polo que señala a Víctor Revoredo

Una semana antes de su muerte, la periodista y candidata Susy Aponte Polo, conocida como China Polo, difundió un video en su canal de YouTube. Dijo que la estaban "hostigando" y que había recibido tres llamadas desde tres penales distintos.

Según su relato, en esas llamadas le advirtieron de un ataque en su contra. Ella vinculó las llamadas con una supuesta orden del general Víctor Revoredo, entonces jefe de la Dirincri. "Han ordenado un atentado contra mi persona", afirmó. Contó que ya había presentado la denuncia ante las entidades correspondientes.

En el mismo video dijo que su celular estaba intervenido. Aseguró que las amenazas no la harían dejar su trabajo. Aponte era conocida por difundir denuncias de presunta corrupción de autoridades de la región.

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Los cuestionamientos a Víctor Revoredo durante su paso por la Dirincri

Víctor Revoredo asumió la Dirincri el 1 de enero de 2026 y estuvo poco más de ocho meses en el cargo. Las críticas más fuertes llegaron tras el ataque del 30 de agosto en Trujillo, donde murieron cuatro personas y fue secuestrado el empresario minero Jenss Lara. La Policía presentó a cinco detenidos ante la prensa, pero las pericias aún no estaban listas.

El 7 de setiembre, ante las preguntas de la periodista Alvina Ruiz sobre esa exposición, Revoredo dejó una entrevista en vivo y dijo que debía asumir un nuevo secuestro en Lima. Antes había admitido que las pruebas definitivas llegarían recién al cumplirse los 15 días de investigación preliminar.

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Desde el Ministerio Público también hubo reparos. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, sostuvo que el interrogatorio policial a los detenidos "no tiene ninguna validez". Gálvez cuestionó además que se expusiera a los intervenidos antes de que se determine su responsabilidad. Revoredo defendió lo hecho y dijo que esas preguntas forman parte de las "diligencias urgentes e inaplazables".

Sus respuestas a la prensa también generaron críticas. En Trujillo, los periodistas le preguntaron por la estatura y el aspecto de los detenidos frente a los autores que aparecen en los videos del ataque. Revoredo no respondió, fue captado sonriendo y solo dijo: "Que viva el Perú".

El senador Percy Osorio, de Juntos por el Perú, pidió al Mininter una evaluación psicológica y psiquiátrica para el general. Antes, Revoredo había dicho que la Policía no considera enemigos a Los Pulpos, sino personas a quienes se debe resocializar. Luego aclaró que hablaba de los adolescentes captados por la banda y afirmó que sus cabecillas "nunca han sido ni serán mis amigos".

La comunicadora caminaba en compañía de simpatizantes cuando un hombre armado le disparó en la cabeza, dejándola sin vida e hiriendo a otras personas. Horas después, la Policía Nacional detuvo a un ciudadano como presunto responsable del ataque. Sin embargo, se registraron videos publicados en sus redes sociales, donde señalaba que le habían alertado que el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), habría ordenado un plan para acabar con su vida.

Las amenazas previas y los señalamientos contra altos mandos

Nueve días antes del crimen, la comunicadora había advertido públicamente sobre un atentado en su contra. El pasado 10 de septiembre, Aponte sostuvo en sus redes sociales que había recibido llamadas desde tres centros penitenciarios donde le alertaban sobre un supuesto plan para matarla.

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En aquella intervención, la candidata responsabilizó directamente al jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo Farfán, e indicó que ya había formalizado la denuncia ante las entidades correspondientes.

"Vengo siendo hostigada, amedrentada. Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona. (…) He recibido tres llamadas de diferentes penales. (…) Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes. A usted le digo, señor Revoredo: acá hay que parar el macho. Acá no hay que actuar como cobardes, como tienen ustedes la costumbre. ¿Cuál es el temor? ¿Que saque todas sus cochinadas?", sostuvo en el video.

Asimismo, la periodista lanzó acusaciones contra mandos policiales y fiscales, señalando que "cada vez que sacaba un Tik Tok es el terror de estos corruptos, de los altos mandos que tenemos. (…) Esta mafia que yo estoy visibilizando me quiere a mi silenciar. Es una realidad”.

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Además, también indicó que Óscar Arriola estaría detrás de la presunta organización criminal 'La Jauría' e incluso se dirigió a Keiko Fujimori para que se tomen las acciones correspondientes para proteger su vida. "Sepa usted, señora presidenta, el terror de 'San Arriola' es que 'La China Polo' siga visibilizando más de su presunta organización criminal que sería 'La Jauría'. Eres o te haces señora presidenta. Esta es una realidad, como ustedes están bien cuidados y nosotros expuestos, no les importa", indicó Aponte seis días antes de perder la vida.

Hasta el momento, las autoridades indagan si estas denuncias guardan relación directa con el crimen. Y, en esa misma línea, el equipo de prensa de su programa difundió un mensaje exigiendo justicia. "No queremos solo al que jaló el gatillo, queremos saber quién mandó asesinarla", se lee en el comunicado.

El jueves 12 de marzo de 2020 la policía por primera vez registró el rostro de Johnsson Cruz Torres, “Jhonsson Pulpo”, cometiendo un asesinato. Las cámaras de seguridad del Mercado El Progreso de Trujillo lo grabaron cuando le disparó un tiro en la cabeza a la comerciante Juliana Eustaquio Gonzáles, una mujer mayor de 60 años. Después de matarla, le arrancó un morral donde la mujer guardaba 20 mil soles.

Pocas horas después del espantoso homicidio, el mismo jueves 12 de marzo, 'Jhonsson Pulpo' fue filmado celebrando el robo y crimen, bebiendo alcohol y bailando como un desatado con una de sus convivientes. Tenía en manos el morral de Juliana Eustaquio, que en ese mismo momento era velada por sus afligidos parientes.

En esa ocasión la policía logró capturar a Jhonatan Quispe Orbegoso, “Yachi”, el cómplice de 'Jhonsson Pulpo' en el robo, quien confirmó la identidad del criminal. El caso llegó a los tribunales y fueron condenados a cadena perpetua ambos sujetos, solo que 'Jhonsson Pulpo' se encontraba en condición de prófugo de la justicia.

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Una familia con sello criminal

Luego de matar en la vía pública a Juliana Eustaquio por un puñado de 20 mil soles, 'Jhonsson Pulpo' no detuvo su carrera en el mundo del crimen. Para facilitar su movilidad sin despertar las sospechas de las autoridades, inscribió una falsa partida de defunción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en agosto de 2020. Oficialmente, 'Jhonsson Pulpo' era un hombre muerto.

“El sujeto siguió operando con falsas identidades, desde Chile o Bolivia, países a los que se desplazaba cuando preparaba un golpe importante. También se sometió a cirugías faciales para alterar sus principales características. Esto le permitió por un tiempo sortear a sus perseguidores”, explicó una fuente policial a cargo de la búsqueda y captura del delincuente.

“Fue en estas circunstancias que le permitían las ventajas del anonimato que se consolida como cabecilla y forma la organización Los Pulpos Nueva Generación, compuesta por jóvenes que manejan mucho las nuevas tecnologías aplicadas a las actividades criminales. Se especializan en la extorsión, el secuestro y el tráfico de terrenos en Trujillo, su tierra natal”, señaló la fuente. Según su DNI, Johnsson Cruz Torres nació en la capital liberteña el tres de junio de 1996.

Los antecedentes criminales de 'Jhonsson Pulpo' también son familiares.

Su abuelo Teófilo Cruz Álvarez, “Father”, y sus hijos Miller, Nilton, Eddy y Jhon Cruz Arce, este último padre de 'Jhonsson Pulpo', registran un amplio historial policial. Por eso, cuando este funda 'Los Pulpos Nueva Generación', asume como continuador de una tradición criminal. No tardó en demostrarlo.

El cuatro de enero de 2021, Luis Huamanchumo Salvatierra, de 61 años, un empresario dedicado a la construcción y al transporte, fue secuestrado cuando llegaba a su domicilio ubicado en el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo. Como su familia no aceptaba pagar nada, 'Johnsson Pulpo' le amputó el lóbulo de la oreja derecha con una navaja y despachó el video exigiendo el desembolso de US$270.000. Como tampoco hubo respuesta, Luis Huamanchumo fue ejecutado y enterrado clandestinamente.

El 13 de noviembre de ese mismo año, el hijo de la exregidora de la municipalidad de El Porvenir y empresaria avícola, Alan Ríos Guevara, de 25 años, fue secuestrado en su local comercial del Mercado siete de junio, en el distrito El Porvenir, Trujillo. 'Jhonsson Pulpo' reclamó un pago de 500.000 dólares. Para que soltara el dinero, le enviaron a la madre un video cuando le cercenan el lóbulo de la oreja izquierda. A los 14 días, y luego de abonar 300.000 soles, el delincuente dejó en libertad a Alan Ríos.

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El estilo que lo delató

El 15 de abril de 2022 se consumó el tercer plagio. Durante un falso operativo policial, tres supuestos efectivos que se desplazaban en una camioneta blanca con placas clonadas, interceptaron y secuestraron al estudiante universitario Marco Negreiros Castillo cuando conducía su vehículo en compañía de su enamorada, en el distrito de Huanchaco, en Trujillo. 'Johnsson Pulpo' exigió un millón de soles por su libertad. El hampón le cortó los lóbulos de la oreja a su víctima y mandó la grabación a su madre.

El 24 de junio de 2022, Manuel Rodríguez Cruzado, de 75 años, padre del exalcalde provincial de Julcán (La Libertad), fue intervenido por un grupo de delincuentes que se hizo pasar por policías al interior de su “car wash” en Trujillo. Los criminales reclamaron 2 millones de soles por su rescate. Sus seres queridos no tenían el dinero. Dos meses después, el cadáver de Rodríguz fue hallado enterrado en una fosa de un corralón del balneario Las Delicias, en el distrito de Moche. Lo habían estrangulado.

A 'Jhonsson Pulpo' nadie lo detenía.

El 15 de noviembre de 2022, la dueña de las tiendas “Tía”, Nilda Arrascue Espinoza, de 43 años, fue secuestrada por tres sujetos con chalecos de la PNP. Los delincuentes exigían un millón de soles. Pero un equipo especial de División Antisecuestros de la Dirincri, al mando del entonces coronel PNP Franco Moreno Panta, rescató a Nilda Arrascue y capturó a varios de los integrantes de 'Los Pulpos Nueva Generación'.

El 23 de octubre de 2023, el empresario Iván Diaz Garrido fue plagiado por un grupo de sujetos con chalecos de la PNP. Le amputaron tres dedos de la mano derecha porque su familia se resistió a pagar el millón de soles exigido. A los once días, y luego de abonar una parte, 'Johnsson Pulpo' lo liberó.

Ahora le faltarán los dedos de la mano para contar los años que purgará condena por sus crímenes.

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Hace una década lo dejaron libre

l 23 de octubre de 2016, 'Jhonsson Pulpo', fue detenido por primera vez debido a una requisitoria por el delito de asociación ilícita para delinquir. Al poco tiempo, salió libre.

La División Antisecuestros logró capturar a 35 integrantes de “Los Pulpos” en diferentes operativos. Entre ellos a Keysi Salvaterra Vigo, su conviviente y madre de su menor hija.

Los Pulpos tenían como centro de operaciones El Porvenir, Huanchaco, Alto Trujillo, Salaverry, Moche y en Trujillo, entre otras localidades de La Libertad.

El transporte ha sido uno de los talones de Aquiles en la gestión del líder de Renovación Popular. Los vagones y locomotoras que la empresa Caltrain operó hasta fines de 2024 permanecen almacenados en el Parque de la Muralla sin que se haya avanzado mucho en su puesta en marcha. Este proyecto solo contemplaba el tramo Lima–Chosica, no una extensión hasta el Callao, como prometió originalmente en su campaña municipal.

Para la especialista Diana Torres Obregón, socióloga urbana e investigadora del centro Urbes Lab, esta gestión pecó de desconocer los requisitos mínimos para que el proyecto fuera exitoso.

"Se confundió la capacidad de iniciativa política que debe tener la Municipalidad con la capacidad institucional para ejecutar un proyecto ferroviario. López Aliaga no entiende cuál es el rol de la Municipalidad de Lima, que no tiene los recursos propios ni el presupuesto para hacerse cargo de una obra de esta magnitud", indica.

La socióloga continúa: "Un tren no es simplemente un conjunto de vagones puestos en un espacio. Requiere infraestructura ferroviaria adecuada, estaciones, señalización, seguridad en los cruces, un operador, condiciones contractuales y, por supuesto, un esquema financiero que garantice la sostenibilidad del proyecto. Nada de eso existe y, con justa razón, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) observa el proyecto. El orden de las decisiones fue inadecuado: primero, López Aliaga consiguió los vagones, pero no tenía las condiciones institucionales, técnicas ni materiales para ponerlos en funcionamiento. Claramente, ha querido vender humo, porque nunca hubo una planificación adecuada para que el sistema funcione".

Otra propuesta problemática fueron las rutas del Metropolitano. Aquí, el problema estaba en el origen mismo de la idea: las competencias sobre el Metropolitano recaen en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), institución que depende del MTC y no de la Municipalidad de Lima.

Sin embargo, el discurso continuó por ese rubro. Hasta septiembre, algunas estaciones de la ampliación norte permanecen cerradas, mientras que la expansión hacia el sur solo se encuentra en fase de planificación.

Torres Obregón considera que el discurso del exalcalde continuó por esta vía, a pesar de que no ha dado frutos, porque la solución propuesta responde a un deseo legítimo de una población afectada.

"Lo que hace López Aliaga es una promesa de campaña, con la que moviliza a las personas que le creen. Lo que sí tiene claro es un equipo de marketing que evalúa qué discursos pueden ayudarle a aumentar su popularidad. Las personas que toman el Metropolitano en la zona norte se demoran al menos una hora en hacer cola en las horas de alta demanda. Él les ofrece cumplir un deseo legítimo, mejorar ese servicio, pero no tiene la competencia ni las habilidades técnicas para hacerlo. Es, en el fondo, una captación política", señaló.

Para la investigadora, la coordinación entre etapas ha sido deficiente y ha perjudicado a la población, que queda en el centro del problema. Así, al simple incumplimiento de la promesa se suma la inoperancia técnica.

"Es un problema de coordinación de la inversión pública, porque no es lo mismo construir infraestructura que poner en funcionamiento el sistema de transporte. La ampliación de Lima Norte tiene unas 17 estaciones, pero no se puede ampliar el servicio porque no hay buses suficientes para atender la demanda y existen pendientes contractuales y operacionales. Es decir, el Metropolitano hasta ahora no es un proyecto cerrado. Por eso no recibe subsidio del Estado y por eso la empresa aumenta el pasaje cuando quiere: porque el proyecto no está terminado, como se indica en su perfil de inversión pública", apunta.

En suma, Torres Obregón ve una gestión del transporte que no identifica bien los problemas y termina generando más dificultades que soluciones.

"Hoy tenemos un sistema desarticulado: la Línea 1 del Metro tiene su tarjeta, el Metropolitano tiene otra, no están interconectados, se quieren hacer ampliaciones por todos lados y luego viene López Aliaga y dice: el tren Lima–Chosica. ¿Con qué estudio de demanda? Yo creo que una línea de trenes es una buena opción, sobre todo los trenes de cercanías, ahora que el puerto de Chancay ya está operativo. Pero requiere que la línea esté concentrada donde hay demanda y donde será sostenible. En los sistemas de transporte siempre discutimos cuánto cuesta hacerlos y cuándo se harán, pero nadie ve que todo sistema de transporte, principalmente el ferroviario, necesita mucho dinero después de la construcción".

La seguridad es otra deuda pendiente

La seguridad fue una de las mayores demandas ciudadanas hacia la gestión de López Aliaga. Como respuesta, el entonces candidato de Renovación Popular planteó una serie de soluciones que, con el tiempo, no pudo cumplir. Durante su periodo como alcalde de Lima, no llegó a concretar el número de cámaras y de motos policiales que aseguró al inicio de su gestión.

Por el contrario, las cifras fueron variando y los avances quedaron muy lejos de lo prometido. En el caso de las cámaras interconectadas con inteligencia artificial, López Aliaga ofreció 12.000 unidades. Hacia fines de 2023 se habían instalado más de 4.000 cámaras con IA para reconocimiento facial, con una meta de llegar a 8.000 en toda Lima Metropolitana. No hay evidencia de que se llegara a 12.000.

Las motos destinadas al apoyo en materia de seguridad tampoco se concretaron. Luego de prometer 10.000 unidades, la cifra fue bajando progresivamente hasta una nueva meta de 4.000 para 2024. En agosto de ese año se habían entregado 1.000 motos para Serenazgo y 800 para la Policía Nacional del Perú (PNP), lejos de las 10.000 prometidas.

Para el politólogo Benjamín Durand, experto en seguridad, López Aliaga plantea estos discursos grandilocuentes pensando en un rédito político inmediato. La realidad muestra, en cambio, que su ejecución carece de un respaldo técnico a la altura.

"Son grandes anuncios de campaña que cumplen una función esencialmente discursiva. En su mayoría, carecen de estudios técnicos que sustenten su viabilidad, lo que evidencia que muchos partidos políticos conciben los planes de gobierno como un mero trámite administrativo para inscribir sus candidaturas, pese a que pueden destinar parte del financiamiento público que reciben a la elaboración de estudios e investigaciones", indicó a este medio.

Para Durand, ambas promesas pueden sonar como panaceas inmediatas; sin embargo, por sí solas no representan siquiera una mejora estructural mínima.

"Existe evidencia de que la inversión pública, cuando está adecuadamente planificada y orientada al fortalecimiento de las capacidades estatales, puede mejorar la respuesta del Estado frente a la criminalidad. Sin embargo, esto no significa que toda inversión sea eficiente ni que la adquisición de equipamiento garantice, por sí misma, una reducción del delito. Un caso ilustrativo es la adquisición de las 4.000 motos por parte de la MML, de las cuales una parte permanece almacenada, lo que termina configurándose como una falla en la administración. Asimismo, algunas investigaciones han advertido que la ubicación de las cámaras de videovigilancia no siempre coincide con los lugares de mayor concentración delictiva, lo que puede limitar su capacidad disuasiva", continuó.

Otras promesas que quedaron en el tintero

Otro anuncio que nunca se concretó fue el de colocar tanques de 30.000 soles y bombas de 10.000 soles en laderas de cerros. Una variante posterior, la de instalar 10.000 atrapanieblas, tampoco se cumplió: nunca se elaboró un plan de trabajo ni informes de seguimiento. De hecho, las pocas estructuras inauguradas en 2023 no fueron financiadas por la municipalidad, sino por organizaciones de la sociedad civil, como la ONG Peruanos Sin Agua.

López Aliaga también prometió que, bajo su gestión, se construirían teleféricos para distritos de Lima Norte. En marzo de 2025, la ATU declaró inviables los trazos de los teleféricos San Juan de Lurigancho (SJL)–Independencia y El Agustino, tras diez años de promesas heredadas de gestiones pasadas como la de Jorge Muñoz. Los estudios ya no avanzarán a expediente técnico ni a ejecución. Los obstáculos citados fueron la superposición con el proyecto del anillo vial periférico, los altos sobrecostos y que tres torres se ubicarían en terrenos del cuartel Los Barbones, catalogado como patrimonio nacional.

La recuperación de espacios públicos fue una promesa con resultados mixtos. Por un lado, se ejecutaron y entregaron varios parques nuevos o remodelados, como el Mateo Pumacahua (SJL), el Ignacio Cossio (La Victoria) y el Alameda Unión (Manchay), documentados en el sistema Infobras. Por otro, la llamada recuperación de espacios públicos para la Vía Expresa Sur derivó en la demolición de parques y losas deportivas ya existentes en distritos como Surco y Barranco, sin expediente técnico previo; basta ver el caso del parque Pléyades. Esto generó un fuerte rechazo de los vecinos y del entonces alcalde de Surco y hoy rival político, Carlos Bruce.

Para Alejandro Mejía, politólogo y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el principal problema de López Aliaga ha sido pensar que el manejo de una institución como la MML es similar al manejo de una empresa privada.

"No ha contemplado que para promover proyectos en una institución pública hay que buscar financiamiento, considerar los plazos, expedientes técnicos, etc. A esto se suma el que se ha enfrentado constantemente con otras instituciones que son parte de la gobernanza de la ciudad, reflejando su estilo más autoritario y sin capacidad de generar consensos mínimos para promover iniciativas metropolitanas", indicó.

Mejía considera que antes de tener en cuenta perfiles técnicos idóneos, se debe realizar un diagnóstico de la situación económica y orgánica de la Municipalidad, con la finalidad de saber qué proyectos son viables de ejecutarse en cuatro años y que pueden dejarse encaminados: "Toda gestión necesita de expertos políticos y tecnócratas que conozcan de gestión metropolitana y generen consensos mínimos en beneficio de la ciudad, pero esto debe venir acompañado de una liderazgo estratégico y articulador, que delegue las decisiones administrativas en personas competentes y no en círculos basados en lealtades políticas", apuntó.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

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Con Álbum de familia, cierra la trilogía en la que abordó dos décadas de violencia desde diferentes perspectivas: la subversión, las víctimas del terrorismo y del Estado, y las secuelas. “En este momento hay un clima de polarización donde se busca la descalificación del otro”, comenta Calero y señala que volvería a debatir si lo acusan de romantizar el terrorismo. “Si hay algo que nos diferencia de las hordas y del salvajismo es el ejercicio de la palabra y la inteligencia. Si alguien dice que hago apología, que lo argumente. Tenemos la necesidad de replicar”.

En el filme, uno de los personajes prefiere ocultar la evidencia y seguir adelante. Calero considera que esto se puede trasladar a otros escenarios. "Me lleva a pensar en lo que dice el canciller Espá. Él quiere atacar el LUM (El Lugar de la Memoria), quiere destruirlo, sin duda. Quiere que desaparezca. Y entonces se están utilizando argumentos falsos, además, se dice que no va a nadie, pero se está mintiendo para lograr tu objetivo, que puede ser la supresión de la memoria".

Por coincidencias del cine, estrenas esta película en un momento complejo para el arte y, digamos, para la memoria en Perú. ¿Te imaginabas aportar a la conversación con este escenario?

Estoy de acuerdo contigo, pero la película, claro, tendría que haberse estrenado el año pasado. Se estrena ahora por una cuestión burocrática. No dejo de pensar que ahora esta película cobra una vitalidad particular. Primero, porque ha habido una ley de amnistía a los militares y policías asesinos. Es el momento en que, de manera coordinada y orquestada, el ministro de Cultura de Beingolea y el canciller Espá hacen declaraciones que apuntan a cuestionar el LUM. Es decir, un lugar que preserva la memoria objetiva del horror. Mi película tiene escenas filmadas ahí.

Esta trilogía inicia con La última tarde (2016), porque querías aportar a la memoria sobre el conflicto armado interno. ¿Qué te pareció el retorno del fujimorismo?

Yo, como ciudadano peruano, tengo clarísimo que el fujimorismo fue una etapa nefasta para el país porque se acentuó una cierta degradación moral. Sus propios delitos quedaron grabados por uno de sus propios delincuentes, Montesinos. Y si uno podría haber tenido un margen de ‘vamos a ver qué ocurre’, este primer mes de gobierno, lo que te muestra es la improvisación. Había una apetencia por llegar al poder, pero al parecer sin que existiera una cualificación. Entonces, a mí me produce ganas de refugiarme en el cine, en la literatura, en la música.

Te digo esto porque La piel más temida generó un debate. Ahora, en 'Álbum de familia', te centras en la idea de que un hijo tiene que cuestionar a su padre. ¿Has querido revisar a una generación que se repite?

La película surge de una reflexión sobre eso: sobre cómo los hijos podemos y debemos diferenciarnos de nuestros padres y elegir nuestro propio camino, nuestros propios valores. Trasladando eso al aspecto político, Keiko Fujimori tiene el derecho de ser presidenta, pero no tiene por qué ser como su padre. Vemos que hay una estela de hijos de políticos, entre los cuales está, seguramente, la excongresista Tudela, la hija de Alan García y el hijo de Acuña. Estamos viendo unos sujetos políticos que son epígonos de sus padres, sus defensores. Pienso en las enseñanzas desde el cine, como el documental del hijo de Pablo Escobar. Por supuesto que habla de su padre con afecto, pero no deja de reconocer que era un asesino ni deja de pedir perdón a las víctimas. Eso es madurez.

Hay una escena violenta para recuperar la evidencia. ¿Quisiste representar a una suerte de villano que no dejó de serlo o al producto de un país?

Para mí, no es un villano. Estamos haciendo spoilers, pero si la hija le tiene lealtad, es porque su padre se encargó de protegerlos. Le tienen devoción, es un padre empático. No creo que sea ni remotamente un villano, es un personaje que está respondiendo al discurso de una época. Yo tenía un profesor que fue militar y decía algo que para él tenía lógica: sus compañeros estaban caminando y unos campesinos se alzaron los ponchos y los balearon. Por eso decía: "Ahora, si veo a unos campesinos que están cerca, primero los baleo y luego los reviso".

¿Crees que estaba normalizada la violencia contra los campesinos?

Sí, estaba normalizada y los militares eran sujetos conducidos por el miedo y el racismo: no estaban matando gente como ellos, sino campesinos. Y eso no cambia. En el gobierno de Boluarte, la mayoría de las víctimas son de Puno y de Ayacucho. En provincias, es decir, donde la marronidad es predominante, se mata con más soltura, es menos ominoso matar.

En cuanto al cine y las artes en general, ¿eres de los que piensan que peligra el Ministerio de Cultura?

Por supuesto, como está ocurriendo con esos otros países en los que, claro, se pretende eliminar la cultura, como si un país solamente fuera economía. Ahora estamos ante un panorama nefasto, hay una idea ridícula de colegiar a los artistas y hay una cosa concreta que es la censura. Todavía eso no se ha convertido en reglamento. Entonces, parece ser que hay una ofensiva contra la cultura y la memoria. Lo que queda es defenderla, por supuesto.❖

• Trilogía. La película en blanco y negro. Actúan Lucho Cáceres, Emanuel Soriano, María Fernanda Valera y Natalia Torres Vilar. Paulina Tacac en un personaje que habla de la violencia del Estado.
• Estreno. Álbum de familia, protagonizada por Emanuel Soriano, ingresa a la cartelera este jueves 17. La película ganó el premio DAFO (del Ministerio de Cultura) en 2018 y se estrenó en el Festival de Cine de Lima en la edición 2024.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

Por esta razón, parlamentarios de Obras, Renovación Popular y Ahora Nación expresaron su preocupación y rechazo ante la designación de Tangherlini y señalaron que habrían esperado la elección de una persona con una trayectoria completamente limpia.

Antecedentes y el perfil del nuevo ministro

Tangherlini asumió el puesto con tres investigaciones fiscales en trámite por delitos que incluyen malversación de fondos, concusión y otros ilícitos contra la administración pública. A esto se suma una amonestación administrativa dictada durante su etapa laboral en Agro Rural.

Pese a este historial de cuestionamientos, el economista pasó de ser viceministro de Agricultura a convertirse en ministro de Transportes y Comunicaciones.

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Postura desde la bancada Obras

Frente a esta situación, el diputado y vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán, cuestionó la permanencia de funcionarios con indagaciones pendientes en altos puestos del Estado. El legislador señaló para La República que el nombramiento "es bastante cuestionable" y añadió que en la gestión pública se debería buscar "que sean personas totalmente limpias, transparentes, y que no vengan con ningún tipo de antecedentes o investigaciones".

Asimismo, Piñán indicó que era necesario convocar a personas con trayectoria y “con una hoja de vida impecable", ya que "eso es lo que la ciudadanía espera de los ministros mínimamente".

Por otro lado, advirtió que la salida repentina de Rafael Rey sin explicaciones claras sumada a este nuevo nombramiento deteriora la imagen del Ejecutivo ante la ciudadanía.

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"Eso genera que la ciudadanía vea a este gobierno con desconfianza. (...) Ha salido el señor Rafael Rey y no hay de por medio un argumento sólido para que el señor haya renunciado. Hay especulaciones, pero el Ejecutivo no ha salido a desmentir ni a aclarar algo. Entonces, genera muchas dudas, suspicacias dentro de la ciudadanía, al igual que este nombramiento del ministro de Transportes y Comunicaciones. Que también tiene ya investigaciones y lo más saludable para el Ejecutivo era, pues, tener personas idóneas, que estén limpias y que no tengan investigaciones de por medio", indicó para el medio.

Por otro lado, el vocero también abordó el plano legal sobre la presunción de inocencia, por lo que descartó juzgar sin una sentencia efectiva. "Mientras no haya una resolución judicial que señale que el señor efectivamente ha cometido una actividad ilegal o ha violado la ley, yo creo que no podríamos adelantarnos”. Sin embargo, precisó que mantiene su postura de rechazo por los antecedentes y dudas sobre su idoneidad. "Sí es cuestionable por el hecho de que esté inmerso en investigaciones, eso sí", agregó Piñán.

Renovación Popular exige ministros sin cuestionamientos

En representación de Renovación Popular, la legisladora Roxana Rocha sostuvo que las carteras ministeriales exigen tener funcionarios que mantengan un perfil apegado a la ética y moral.

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“Quien asume un ministerio debe responder a los más altos estándares de transparencia e idoneidad, sobre todo en una cartera que vela por el desarrollo y la interconectividad del país".

Asimismo, exigió que "si existen investigaciones fiscales abiertas, corresponde que el ministro las esclarezca públicamente desde el primer día". Además, indicó que "el país necesita autoridades que generen confianza y entiendan que el poder es, ante todo, servicio al ciudadano" debido a que "la presunción de inocencia se respeta, pero la transparencia se exige".

Ahora Nación cuestiona improvisación y falta de planificación en los ministerios

Por su parte, la representante de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, criticó la falta de cuadros capacitados y la persistencia de designaciones basadas en cuotas políticas.

La senadora señaló que esta situación evidencia la improvisación dentro del gabinete de Keiko Fujimori, tras indicar que al nuevo ministro "lo está moviendo de otra cartera que es el sector agricultura", y advirtió también que "no hay una mirada técnica seria para poner personas adecuadas".

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Del mismo modo, lamentó que el gobierno desatienda los reclamos de la población al mantener en el poder a funcionarios cuestionados. Al respecto, indicó que la mandataria está ignorando el pedido ciudadano sobre separar a personas señaladas por la justicia de cargos en el Estado.

“Preocupa que frente a estos sectores tan importantes, ella no valore algo que la ciudadanía le viene reclamando: que se desligue a personas que tienen investigaciones, que han sido conocidas por los antecedentes. Eso igual le va a seguir pasando factura, pero parece que a ella [Keiko Fujimori] no le interesa demostrar que quiere desmarcarse de temas que son incluso de corrupción. (…) yo creo que finalmente tanto Rafael Rey como este señor siguen expresando una falencia muy grande que es que no hay especialistas en la materia”.

En esa misma línea, Vásquez advirtió que el sector Transportes carece de un planeamiento claro para solucionar los problemas del país, a pesar de que "en este momento, es uno de los más importantes y estratégicos". Del mismo modo, agregó que "el problema no es cambiar de caras, cambiar de personas, sino de conocer qué tiene previsto el gobierno para responder a este sector".

La senadora también calificó de inadmisible el manejo ministerial como un sistema de repartija política y reiteró la necesidad de designar a personas realmente capacitadas para el cargo.

"En las diferentes carteras necesitamos gente que realmente sea técnica, que sepa qué va a hacer con esos sectores. (…) es inadmisible tener a personas ahí simplemente porque constituyen una cuota política o representan el pago de un favor, porque finalmente eso le cuesta al país".

"Estoy consternado por su asesinato", escribió Valentín Fernández, su compañero de movimiento político, quien lamentó el crimen y pidió a las autoridades una investigación inmediata, independiente y rigurosa que permita identificar y sancionar a los responsables de lo ocurrido.

Según el parte policial, el asesinato ocurrió alrededor de las 12:40 horas del último sábado 19 de septiembre, en la avenida Ramón Castilla, frente a la Caja Huancayo, en Caraz, en inmediaciones del mercado local. “La China Polo” caminaba por la zona junto a sus simpatizantes e integrantes de su agrupación entregando propaganda electoral, cuando fue interceptada por un sujeto. El individuo sacó un arma de fuego y realizó varios disparos contra ella.

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Tras el ataque, el sicario huyó con rumbo desconocido. La periodista y candidata resultó gravemente herida, al igual que cinco simpatizantes que se encontraban cerca de ella y que también fueron víctimas del atentado.

La Policía se constituyó al lugar de los hechos y trasladaron de emergencia a los heridos al Hospital San Juan de Dios de Caraz. “La China Polo” no soportó el ataque y falleció de inmediato, mientras que sus acompañantes permanecen hospitalizados.

Durante un operativo, la Policía capturó a un ciudadano venezolano, identificado como Luis Obispo Díaz, de 32 años. El sospechoso permanece detenido tras encontrarle una pistola, durante el registro personal.

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Fuentes con conocimiento del caso, no descartaron que se trate de un ajuste de cuentas por la ferocidad del ataque. La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició una investigación preliminar por el delito de feminicidio contra los que resulten responsables de la muerte de Aponte Polo.

La fiscal provincial Dina Raquel Ramos Jáuregui, junto con cuatro fiscales adjuntos, viene recabando las evidencias del caso en coordinación con la Policía Nacional. En las primeras diligencias, dispuso la revisión de los registros fílmicos captados por cámaras de videovigilancia de la zona para corroborar si el detenido estuvo en el ataque.

Voz crítica

Antes de convertirse en candidata, Susy Aponte o “La China Polo” como le decían en Ancash, había ganado relevancia por sus investigaciones sobre presuntos actos de corrupción que involucraba a la Policía Nacional, Ministerio Público y autoridades locales.

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Precisamente, el jueves 10 de setiembre, a través de sus redes sociales denunció públicamente amenazas en su contra. La periodista sindicó al jefe de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo Farfán, como el responsable si algo le pasaba.

“De tres penales he recibido llamadas advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona. Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes. A usted le digo, señor Revoredo: acá hay que parar el macho. Aquí no hay que actuar como cobardes, como tienen ustedes la costumbre. ¿Cuál es el temor? ¿Que saque todas sus cochinadas?”, dijo la periodista.

Hasta el cierre de esta edición, ni la PNP ni el general Revoredo se pronunciaron sobre el asesinato.

Un dato que sale a relucir responde a que ayer sábado, horas antes del crimen, Aponte Polo había anunciado un reportaje sobre el historial de Lalo Villa, candidato a la alcaldía de Huaraz por Alianza para el Progreso (APP). En el detalle, exponía el rol del partido en el manejo del agua en Áncash, y una investigación que, según sus propias palabras, se extendía hasta Ferreñafe y Chiclayo.

En agosto también había cuestionado presuntos favorecimientos en el Poder Judicial vinculados a procesos de la conductora Magaly Medina. Por este acto, recibió una carta notarial de Alfredo Zambrano, a quien Polo acusó de manejar una notaría cuestionada.

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Vida Política

El pasado 15 de septiembre, participó junto a los demás candidatos al Gobierno Regional de Áncash en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Aponte Polo registraba dos sentencias firmes con pena suspendida: una de 2013 por falsedad ideológica y otra de 2010 por falsificación de documentos, ambas con la pena cumplida.

Al respecto, el JNE condenó el asesinato de Susy Ysabel Aponte Polo y solicitó a las entidades correspondientes a identificar y sancionar a los responsables de este crimen.

Remarcó la importancia de velar por un proceso pacífico. “El JNE reafirma su compromiso con un proceso electoral pacífico, libre y democrático, en el que todas las organizaciones políticas y candidaturas puedan participar con plenas garantías y respeto irrestricto al Estado de derecho", dice el comunicado.

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Reacciones

La senadora Ruth Luque calificó el crimen como un hecho "gravísimo" que exige una investigación exhaustiva. Recordó que Aponte Polo realizaba investigaciones y denuncias periodísticas y que había decidido incursionar también en la política, por lo que instó a las autoridades a esclarecer no solo quiénes ejecutaron el ataque, sino quiénes lo habrían ordenado y cuál fue el móvil detrás del crimen.

La periodista Rosa María Palacios también se pronunció en la red social X, y señaló que se trata del quinto asesinato de un periodista en dos años en el país. Palacios recordó que Aponte Polo había denunciado previamente amenazas de muerte en su contra, y remarcó que todos los comunicadores asesinados en ese periodo habían denunciado casos de corrupción.

Dato

En abril de este año, Alejandro Callirgos, periodista de Panamericana denunció al consejero regional Pedro Alama de disparar contra él, cuando regresaba de sus labores. La Fiscalía dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el también candidato de Perú Primero por el presunto delito de tentativa de homicidio.

La investigación incluye a Moises Torres, seguridad personal del candidato. Alama declaró ante la Divincri que realizó un disparo al aire porque sintió que dos motos lineales lo seguían.

Al extranjero, nacido el 4 de mayo de 1996, se le encontró una licencia para portar armas de fuego a nombre de Christian James Arévalo Calderón. Portaba una pistola Glock calibre 9X19MM, de serie BTVG236.

Obispo Díaz es interrogado y enfrentará una orden de detención preliminar por el delito de homicidio calificado.

Personal de la comisaría de Caraz dio cuenta que, aproximadamente a las 12.40 horas, se produjo este hecho con arma de fuego en la Av. Ramón Castilla, frente a Caja Huancayo. Dos personas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Caraz con heridas de armas de fuego.

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Luego se confirmó el fallecimiento de Susy Ysabel Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash por el partido político Socios por Áncash. La otra persona, de sexo masculino, permanece herida y recibe atención médica.

Pero, ¿quiénes estarían detrás del atentado? La policía baraja tres hipótesis principales:

1. Sicariato por encargo / Crimen organizado: La modalidad del ataque en pleno mercado y a plena luz del día apunta a sicarios contratados por mafias organizadas que operan en la región.
2. Ajuste de cuentas por disputas y rencillas: Aponte Polo estuvo envuelta en sonadas investigaciones judiciales y denuncias vinculadas a la política regional. La PNP investiga si el crimen respondería a disputas internas, amedrentamiento o venganzas.
3. ​Móvil político: Dado su rol y nivel de figuración pública en la provincia de Huaylas y la región Áncash, no se descarta una motivación política destinada a silenciar su entorno.

Graves denuncias

A través de su programa 'China Polo Dominical', presentó investigaciones sobre autoridades, funcionarios, instituciones públicas y presuntos casos de corrupción. El espacio se definía como un programa periodístico de investigación independiente y utilizaba documentos, testimonios, audios y videos como parte de sus investigaciones.

Entre los casos que difundió estuvo una denuncia presentada en junio de 2025 contra los consejeros regionales Yover Montoya y Karen Lázaro por el presunto delito de peculado de uso. La denuncia cuestionaba el supuesto uso de un vehículo del Gobierno Regional de Áncash durante actividades realizadas en San Luis.

Su trabajo periodístico también abordó investigaciones relacionadas con presuntas organizaciones criminales, contrataciones públicas, instituciones de salud, gobiernos locales y regionales, además de casos vinculados a la Policía y al sistema de justicia.

En sus últimas publicaciones, “China Polo Dominical” difundía investigaciones que incluían presuntos vínculos de funcionarios con hechos de corrupción, cuestionamientos a obras públicas, denuncias dentro de la Policía Nacional y casos relacionados con instituciones judiciales.

PISTOLA FUE ROBADA

En la noche la Policía Nacional informó que, en el marco de las diligencias preliminares para esclarecer el crimen de una candidata al Gobierno Regional de Áncash, se verificó que el arma de fuego incautada al presunto autor de nacionalidad extranjera, registra una denuncia por delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto en Villa el Salvador - Lima, formulada en noviembre de 2023.

De acuerdo con la denuncia registrada en el sistema policial en la Comisaría de Villa el Salvador, Lima, se trata de una pistola marca Glock, calibre 9 × 19 mm, color negro, serie N.° BTVG236, con cacerina, cuya sustracción fue comunicada formalmente a la autoridad policial el 15 de noviembre del 2023.

La PNP, en coordinación con el Ministerio Público, continuará realizando las diligencias necesarias para determinar la trazabilidad del arma y establecer las circunstancias en las que llegó a poder del intervenido hasta Ancash y esclarecer las responsabilidades que correspondan.

La Policía Nacional del Perú indicó que reafirma su compromiso con la transparencia, objetividad y estricto respeto a la ley, y continuará con las investigaciones hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos, con la finalidad de que la familia encuentre justicia.

Ante esta situación, el organismo electoral exigió a las autoridades encargadas del caso una respuesta para identificar y sancionar a los responsables del homicidio.

“El Jurado Nacional de Elecciones condena enérgicamente el asesinato de Susy Ysabel Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, y expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares y seres queridos”, señaló la institución por medio de sus redes sociales.

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Además, en el comunicado indicaron que se rechazaba cualquier acto de violencia “que atente contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas”. Por ello, el JNE invocó que se deben realizar las investigaciones con la mayor celeridad, a fin de conocer los detalles y las circunstancias en que se produjo el hecho.

Para garantizar que los comicios se desarrollen en un ambiente de orden y confianza ciudadana, la institución electoral manifestó la importancia de salvaguardar el proceso. "El JNE reafirma su compromiso con un proceso electoral pacífico, libre y democrático, en el que todas las organizaciones políticas y candidaturas puedan participar con plenas garantías y respeto irrestricto al Estado de derecho".

Detalles del atentado contra la candidata

El crimen contra Susy Aponte Polo ocurrió durante la tarde de este sábado en la ciudad de Caraz, provincia de Huaylas. La comunicadora participaba en una actividad proselitista de su campaña política cuando fue atacada a balazos en las inmediaciones de un mercado local ubicado en la avenida Ramón Castilla.

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Tras la balacera, ella y otra persona resultaron gravemente heridas y fueron llevadas de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Caraz, donde se confirmó su muerte.

Detienen al presunto implicado en el homicidio

Como parte de las primeras acciones operativas tras el atentado, los efectivos policiales intervinieron a un extranjero señalado como el autor del homicidio, a quien se le incautó un arma de fuego.

El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público para las indagaciones correspondientes, mientras altos mandos policiales y fiscales especializados llegaron a la zona para liderar las diligencias como el levantamiento de evidencias y la revisión de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

Según un parte de la DIVREINT-Áncash, el hecho ocurrió alrededor de las 12:40 horas del sábado dentro de un mercado en la Av. Ramón Castilla, frente a la Caja Huancayo, en Caraz, cuando la candidata se encontraba en una actividad proselitista de su campaña.

Dos personas fueron trasladadas heridas por proyectil de arma de fuego al Hospital San Juan de Dios de Caraz. Aponte Polo falleció a consecuencia de las heridas, mientras que el hombre permanece hospitalizado. Al detenido de iniciales L.I.O.D., de nacionalidad venezolana, se le incautó una pistola y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que lo viene interrogando. El general PNP Eduan Díaz Díaz, jefe de la Región Policial Áncash, se dirige hacia Huaraz junto a equipos especializados de Homicidios e Inteligencia para participar en las pesquisas.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de feminicidio en agravio de Aponte Polo.

La fiscal provincial Dina Ramos, junto con cuatro fiscales adjuntos, está recabando las evidencias del caso en conjunto con la PNP y dispuso el levantamiento del cadáver y la recolección de los videos de las cámaras de videovigilancia de la zona, entre otras diligencias urgentes para esclarecer los hechos.

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Valentín Fernández, compañero de movimiento político de la candidata, lamentó el crimen en sus redes sociales y pidió a las autoridades una investigación "inmediata, independiente y rigurosa" que permita identificar y sancionar a los responsables.

Denuncias periodísticas y una investigación pendiente

Aponte Polo se había hecho conocida por sus denuncias contra autoridades judiciales y figuras públicas. En agosto había cuestionado presuntos favorecimientos en el Poder Judicial vinculados a procesos de la conductora Magaly Medina, lo que le valió una carta notarial de Alfredo Zambrano, esposo de la conductora, a quien acusó de manejar una notaría cuestionada.

Horas antes del crimen, la periodista había anunciado la emisión dominical de su programa "China Polo Dominical", prevista para las 8:00 p.m. En el adelanto prometía revisar el historial de Lalo Villa, candidato a la alcaldía de Huaraz por APP, el papel de ese partido en el manejo del agua en Áncash, y una investigación que, según sus propias palabras, se extendía hasta Ferreñafe y Chiclayo.

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La decisión se aprobó por mayoría: tres votos a favor de la destitución, dos votos parciales que pedían sancionarla solo por un cargo, y un voto pidiendo la absolución total.

La ponencia a cargo del consejero Rafael Ruiz recibió el respaldo de los miembros Germán Serkovic y Gino Ríos. Los consejeros Jaime de la Puente y Cayo Galindo votaron a favor de destituirla únicamente por el retraso en la carpeta fiscal, pero pidieron absolverla del cargo sobre la reunión.

El miembro Víctor Chanduví, por su parte, fue el único que votó por absolver por completo a Delia Espinoza de ambas acusaciones, argumentando la alta carga laboral que tenía como fiscal de la Nación, la complejidad del caso contra el parlamentario y descartando que el encuentro buscara un beneficio irregular.

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El primer punto del expediente se centró en un proceso por "inactividad procesal, incurrir en presunta violación injustificada en el trámite de la carpeta fiscal número 247-2023, al advertirse un periodo de inactividad fiscal sustantiva de aproximadamente siete meses", según indicó Rafael Ruiz, uno de los miembros de la JNJ.

Sobre este retraso en las indagaciones al legislador Soto, la defensa de la exfuncionaria apeló a la carga laboral por diversos casos complejos, pero las autoridades señalaron que el proceso se detuvo por completo.

"Se constata que, tras emitirse la providencia número 89 de fecha 4 de febrero del año 2025, no se registró ninguna actuación fiscal sustantiva de impulso hasta la disposición número 8, de fecha 18 de septiembre del año 2025, configurando un periodo de inactividad injustificada de aproximadamente siete meses", se indica en el informe según lo narrado en la audiencia.

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El segundo punto abordó una reunión realizada en una oficina del Congreso con el parlamentario de Alianza para el Progreso, mientras la investigación seguía abierta.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuestionó este encuentro, ya que pudo afectar la neutralidad del cargo. En esa línea, la investigación determinó que se corroboró “mediante registros de ingresos e informes del Congreso que la reunión del 2 de septiembre de 2025 se realizó en el despacho parlamentario de Alejandro Soto Reyes en el jirón Azángaro, no en la sede oficial de la Comisión de Presupuestos”.

Durante las indagaciones sobre el caso, la defensa de Espinoza argumentó que el encuentro respondió a razones laborales. Además, presentó diversos registros visuales para respaldar su versión.

"La reunión fue de carácter estrictamente institucional y técnico para exponer la crisis presupuestal del Ministerio Público ante el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso (…) fue un acto público al que acudió con una comitiva técnica y representantes sindicales registrado en redes sociales y negó categóricamente haber hecho alusión de la carpeta fiscal ofreciendo como medio probatorio el vídeo completo del encuentro".

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Sin embargo, las declaraciones de los trabajadores del lugar fueron distintas. Los testimonios indicaron que ellos coincidieron en que "la investigada aludió a la existencia de la carpeta fiscal seguida contra el congresista durante la reunión".

Asimismo, las autoridades revisaron el material visual presentado por la defensa para respaldar a la exfuncionaria, pero señalaron que el registro no mostraba la secuencia completa. Al respecto, el análisis del video determinó que "el que esté presente es un corte deliberado sobrevenido en el tramo final del encuentro, momento de cierre, despedida y fotoprotocolar, (…) se califica dicho corte como un contraindicio o indicio de ocultamiento material".

Tras la discusión entre los miembros del organismo y la votación sobre el caso, la medida quedó aprobada. La resolución de la JNJ concluyó "declarar infundado el pedido de nulidad formulada por la investigada Delia Espinoza Valenzuela contra la resolución número 229-2026-JNJ" y, además, "tener por concluido el procedimiento disciplinario ordinario e imponer la sanción de destitución a la señora Delia Espinoza Valenzuela por su actuación como fiscal de la Nación".

Los tres casos que siguen en trámite corresponden a malversación de fondos, delitos contra la administración pública y concusión. Ninguno cuenta todavía con archivo, sobreseimiento o sentencia. El nuevo titular del MTC marcó "Sí" en la casilla que le preguntaba si tenía o había tenido investigaciones fiscales o procesos judiciales notificados en calidad de imputado o cómplice.

El caso de malversación de fondos se trata de la Carpeta Fiscal N. 506015505-2023-35-0, a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Las diligencias preliminares se abrieron el 17 de febrero de 2023, a raíz de un informe de la Contraloría General de la República.

La declaración también incluye otros tres procesos que ya fueron cerrados. Uno por omisión ilegal de actos a su cargo, otro por cohecho activo y un tercero por peculado. Los tres terminaron con archivo o sobreseimiento, según marcó el propio ministro en el formato oficial.

Tangherlini no solo reportó procesos penales. También reconoció haber sido sancionado administrativamente. Marcó "Sí" en la pregunta sobre si estuvo incurso en procedimientos administrativos sancionadores o disciplinarios, un antecedente que se suma a los tres casos fiscales todavía abiertos.

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Una amonestación durante su etapa en Agro Rural

La sanción con decisión firme es de su paso por Agro Rural, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. Según una Resolución Directoral, Tangherlini recibió una amonestación escrita por haber omitido la Carta N° 144-2016 de esa dependencia. El documento no detalla el contenido de esa carta, pero confirma que la falta ya tiene resolución definitiva.

El nuevo ministro también reportó otros dos procedimientos administrativos, ambos vinculados a presuntas irregularidades en obras públicas. Uno correspondió a la ejecución de un proyecto de mejoramiento de un sistema de riego. El otro, a la construcción de una micro represa. Los dos casos terminaron con archivo o sin lugar a sanción, de acuerdo a lo que él mismo consignó.

Tangherlini llegó al MTC luego de la salida de Rafael Rey, quien renunció, según su carta, por motivos de salud tras menos de dos meses en el cargo. Desde el Congreso, el diputado Víctor Piñán, de la bancada Obras, pidió que Rey explique los motivos reales de su renuncia y sugirió un vínculo con los trenes adquiridos durante la gestión de López Aliaga. La diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, calificó al gabinete como uno de "improvisados" que "solo saben hablar de justificaciones para tapar su incompetencia".

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¿Quién es Tangherlini?

El nuevo ministro estudió Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lleva dos décadas ligado a la gestión pública, con cargos de Alta Dirección en distintas entidades del Estado. Su trabajo se ha centrado en la regulación de servicios públicos, la infraestructura de transporte y las Asociaciones Público-Privadas, además de temas del sector agropecuario.

Tiene una maestría en Finanzas y un diplomado en Asociaciones Público Privadas. Antes de llegar al MTC, ocupó el viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, en el Ministerio de Agricultura.

También trabajó en Ositran, encargado de supervisar la infraestructura de transporte de uso público, y en Osiptel, regulador de las telecomunicaciones. También formó parte de Agroideas, el programa estatal de compensaciones para la competitividad agraria.

López Aliaga hizo el anuncio en medio de su campaña como candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular. El excandidato presidencial resaltó que su partido cuenta con representación en el Congreso bicameral y usó este argumento como presión.

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Entre las propuestas que exige aprobar figura la cadena perpetua para violadores de menores, sicarios, secuestradores, extorsionadores y funcionarios públicos que cometan actos de corrupción. También planteó que los serenos de Lima porten armas de fuego. "Yo no voy a mandar un sereno acá que lo maten", sostuvo.

López Aliaga propuso además combatir el mercado de celulares robados. Pidió que las empresas operadoras bloqueen los equipos denunciados como sustraídos en un plazo de 24 horas, bajo sanción para las que incumplan la medida. "El celular tiene que ser muerto. Eliminar el celular de circulación para que no se revenda", dijo el líder de Renovación Popular, que ya presentó una iniciativa legislativa sobre el tema.

Pese al tono de presión, el dirigente evitó romper con Fujimori. La semana pasada calificó sus críticas de "constructivas" y negó que buscara perjudicar a la actual mandataria. Esta vez fue más lejos en el reclamo: "Estoy hablando muy claro en todo Lima y en todo el Perú. Y por eso me robaron las elecciones, porque no aguanta una persona decente", declaró, sin dejar de insistir en que "no le debo nada a nadie".

Con este fallo, la Sala no solo cierra el caso, sino que también ordena anular las medidas y los antecedentes que se habían generado contra Kuczynski a lo largo del proceso, o sea lo deja libre de esa investigación. Es uno de lo s procesos judiciales más antiguos que tenía el expresidente, abierto poco después de que estallara el escándalo de aportes irregulares por el caso Odebrecht.

El Ministerio Público sostenía que PPK y su entorno habrían usado hasta cuatro mecanismos para mover dinero de forma irregular hacia la campaña presidencial de 2016. El primero era el reclutamiento de "aportantes" falsos, una práctica conocida como pitufeo, que sirve para fraccionar el origen del dinero y esconder de dónde viene realmente. El segundo era la recaudación de fondos en eventos organizados por el propio partido. El tercero eran los préstamos que el mismo Kuczynski le habría hecho a su agrupación política. Y el cuarto era el traspaso de esos fondos entre los distintos administradores que manejaban las finanzas de la campaña.

A esa acusación, la Fiscalía le sumaba un agravante, sostenía que todas estas conductas se habrían cometido dentro de una organización criminal, lo que agravaba el caso y las penas que PPK podría haber enfrentado si el proceso hubiera avanzado a juicio.

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El argumento detrás del archivo

El punto central del fallo tiene que ver con un tema de tiempos legales. Porque el financiamiento irregular de organizaciones políticas; es decir, el delito que castiga específicamente mover dinero de forma indebida hacia un partido, recién quedó tipificado en el año 2019. Y los hechos que se le atribuían a PPK ocurrieron en 2016, tres años antes de que esa figura exista en la ley.

Los magistrados dijeron que si en el momento de los hechos no existía el delito de financiamiento prohibido, tampoco es posible aplicar la figura más grave de lavado de activos sobre esas mismas conductas, porque el lavado necesita un delito del cual provenga el dinero sucio. Al no haber ese delito previo tipificado, los jueces concluyeron que los hechos son atípicos, es decir, que no encajan en ninguna figura penal vigente en ese momento. Y como cayó la base del caso, también cayó el agravante de organización criminal que la Fiscalía sostenía.

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Una votación que no fue unánime

Los tres magistrados de la Sala (Mosqueira Cornejo, Enríquez Sumerinde y Magallanes Rodríguez) sí coincidieron sin ninguna discusión en que dos de los cuatro hechos imputados, el del pitufeo con aportantes falsos y el de la recaudación en eventos, no constituyen delito.

Pero estuvieron en desacuerdos en otros dos hechos, préstamos que PPK le hizo al partido y el traspaso de fondos entre los administradores de campaña. Ahí la decisión se tomó por mayoría, con los votos de Mosqueira Cornejo y Magallanes Rodríguez a favor del archivo.

El juez Enríquez Sumerinde emitió un voto en discordia parcial, porque consideró que, en ese extremo puntual, sí hacía falta continuar con la investigación, ya que todavía no queda claro de dónde salió exactamente ese dinero prestado ni a dónde terminó yendo después.

Ahora, con este archivo no se cierra la puerta a todos los procesos judiciales que enfrenta el expresidente. Kuczynski sigue teniendo otros procesos abiertos, como el caso por presunta colusión vinculado a Odebrecht, en el que su defensa cuestionó las pruebas presentadas en su contra, y el pedido fiscal de ocho años y medio de prisión por el caso IIRSA Norte.

Ninguno de esos dos procesos se ve afectado por la decisión del archivo, que se limita únicamente al extremo penal por lavado de activos relacionado con los aportes de campaña del año 2016.

El nuevo titular del MTC es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con más de 20 años de experiencia profesional en puestos de Alta Dirección, administración y gestión de instituciones. Cuenta con experiencia en temas relacionados con investigación y estudios económicos en regulación de servicios públicos, regulación de infraestructura de transporte, Asociaciones Público-Privadas y en el sector agropecuario.

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Además, es Magister en Finanzas y Diplomado en Asociaciones PúblicoPrivadas. Tangherlini Casal ha sido viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, ha laborado en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, en el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones -OSIPTEL, en el Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS entre otros.

Rey pasa a ser el primer ministro del gobierno de Keiko Fujimori en salir de su cargo. Su gestión como titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones duró poco menos de dos meses.

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Congresistas se pronunciaron tras salida de Rey del cargo

Luego de que Rafael Rey anunciara su renuncia como ministro de Transportes y Comunicaciones, distintos congresistas se pronunciaron con opiniones mixtas respecto a la salida.

La diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, criticó el desempeño de Rafael Rey como titular de la cartera afirmó que su salida deja al sector “a la deriva”: “Este es el Gobierno de la señora K, el gobierno de los improvisados, de los que no hacen nada y solo saben hablar de justificaciones para tapar su incompetencia. Pésimo”

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En diálogo con La República, el diputado Víctor Piñán, vocero de la bancada Obras, pidió que el exministro Rafael Rey sincere los pormenores de su renuncia. Piñán aseguró que su salida podría estar relacionada con las gestiones vinculadas a los trenes adquiridos durante la gestión de López Aliaga.

"Pedimos al exministro Rafael Rey que se sincere respecto de los motivos de su renuncia. ¿No será debido a discrepancias con el Ejecutivo respecto del visto bueno que ha dado a los trenes reciclados de la gestión de López Aliaga? (En Obras) creemos que sí", indicó.

La carta la firmaron Astrid Puentes Riaño (ambiente sano), Elisa Morgera (cambio climático), Sofía Monsalve Suárez (alimentación) y Leopoldo Maldonado Gutiérrez (libertad de opinión y expresión). También la suscribieron Gina Romero (reunión pacífica y asociación), Andrea Bolaños Vargas (defensores de derechos humanos), Albert K. Barume (pueblos indígenas), Bethanie Margaret Carney Almroth (sustancias y desechos peligrosos) y Pedro Arrojo-Agudo (agua potable y saneamiento).

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Ninguno rechazó la idea de acelerar los trámites. Dijeron que la eficiencia y la simplificación son "objetivos legítimos de política pública". Pero pidieron que los cambios se hagan "sin que ello afecte negativamente los derechos humanos".

El documento planteó siete preguntas al Gobierno. Los relatores pidieron conocer qué estudios se hicieron antes de preparar el proyecto y cómo se protegerá la consulta a las comunidades. También preguntaron cómo se evitará que la norma frene el trabajo de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos.

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Permisos ambientales automáticos, militares en protestas y rastreo de celulares: lo que la ONU cuestiona del pedido de facultades

Uno de los puntos más criticados es el silencio administrativo positivo en las certificaciones ambientales (artículo 2.e.13 del proyecto). Se trata de la aprobación que un proyecto necesita para comprobar que se evaluó su efecto en el ambiente antes de empezar. Es decir, si la autoridad no responde dentro del plazo, la solicitud se da por aprobada. Los relatores explicaron que un proyecto con gran impacto podría recibir luz verde sin que nadie revise si prevé medidas contra el daño ambiental. Señalaron además que los vecinos afectados podrían no enterarse de la aprobación ni tener cómo impugnarla.

El proyecto también toca el régimen de bosques y fauna silvestre (artículo 2.e.2.iii). Según la carta, podría dar prioridad a los bosques de producción y a las concesiones forestales sobre otros derechos, sin precisar hasta dónde llega esa prioridad. Los relatores advirtieron que esto podría afectar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de una decisión que los involucre. Mencionaron además posibles cambios en las normas de agua, minería, hidrocarburos, pesca y áreas naturales protegidas, donde temen que los controles se aflojen. Recordaron también que el Estado debe reforzar a sus entidades ambientales, no debilitarlas.

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Otra parte del texto trata del uso de la fuerza. El artículo 2.a.10 modificaría el decreto legislativo 1095, que fija las reglas para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional. Los relatores recordaron las muertes de manifestantes en protestas anteriores y un informe de la ONU que registró el lanzamiento de proyectiles con agentes químicos desde helicópteros. Citaron al Comité de Derechos Humanos, que sostuvo que "no se debería utilizar a militares para vigilar las reuniones". También cuestionaron los artículos sobre rastreo y geolocalización de celulares, que podrían inhibir a quienes quieren reunirse sin ser vigilados.

El artículo 2.a.11 propone crear el marco legal para declarar terroristas a las organizaciones criminales. Los relatores advirtieron que una definición amplia o poco clara podría usarse para "estigmatizar la acción colectiva y el disenso". Mostraron inquietud, además, por el artículo 2.g.6, que fortalecería la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Sin controles estrictos, dijeron, esa entidad podría dar seguimiento a dirigentes sociales y sindicales, organizaciones no gubernamentales e incluso a la prensa.

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Con estas observaciones, los expertos de la ONU pidieron al Gobierno responder siete puntos:

1. Cualquier información o comentario adicional sobre lo denunciado en la carta.
2. Qué objetivos buscan las reformas y cómo se evaluó que cumplan con las obligaciones del Perú en derechos humanos y protección del ambiente.
3. Qué estudios técnicos, legales, ambientales y de derechos humanos se hicieron antes de redactar el proyecto. Incluye su posible efecto sobre la biodiversidad, los ecosistemas, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y otros grupos en situación de riesgo.
4. Cómo se asegurará que el silencio positivo no reemplace evaluaciones ambientales rigurosas, independientes y basadas en evidencia científica, ni debilite el principio de precaución.
5. Cómo se garantizarán el acceso a la información, la participación ciudadana, el acceso a la justicia y la consulta previa antes de aprobar proyectos con impacto ambiental.
6. Qué salvaguardas evitarán que la redacción amplia de la facultad del artículo 2 frene el trabajo legítimo de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos.
7. Cómo se evitará que las medidas del proyecto sumen daños a las libertades de reunión y asociación, y a los derechos a la participación y la privacidad.

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Gobierno dijo a la ONU que no hay afectación "en esta etapa" y no respondió sus preguntas concretas

El Gobierno respondió a la ONU el 17 de septiembre, dos días después de la carta de los relatores. Lo hizo con una nota de la Representación Permanente del Perú en Ginebra, dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

El Estado sostuvo que las preocupaciones de los expertos son prematuras. Explicó que la iniciativa todavía no es ley y que su contenido final dependerá del debate parlamentario. Según el documento, los riesgos advertidos dependen de contenidos "aún no definidos" y no permiten afirmar "la existencia de alguna afectación" en esta etapa. Agregó que la Constitución obliga al Congreso a fijar las materias y el plazo de cualquier delegación.

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La nota describió el trámite en tres fases. La primera es la actual: las comisiones de la Cámara de Diputados deben emitir un dictamen, que puede recomendar aprobar el proyecto, con o sin cambios, archivarlo o inhibirse. Luego lo verá el Pleno de Diputados y, si lo aprueba, pasará al Senado. La ley solo se promulgará si el Congreso lo aprueba. En la segunda fase, el Ejecutivo podría dictar decretos legislativos dentro de los límites de esa ley. En la tercera, el Congreso los fiscalizaría y sería posible acudir al Tribunal Constitucional.

La respuesta no abordó una por una las siete preguntas de los relatores. No mencionó el silencio administrativo positivo, el uso de militares en protestas, el rastreo de celulares ni la calificación de organizaciones criminales como terroristas. Tampoco precisó si se hicieron estudios ambientales o de derechos humanos antes de redactar el proyecto. El Estado cerró el documento con una reafirmación de su compromiso con los derechos humanos y de su disposición al diálogo con los mecanismos internacionales.

El caso tiene su origen en noviembre de 2024. El magistrado dictó prisión preventiva contra el abogado Mateo Castañeda, investigado en el caso Los Waykis en la Sombra. Después, la Junta concluyó que el juez tardó en entregar la resolución por escrito y en enviar la apelación a la instancia superior.

El Tribunal Constitucional (TC) revisó un pedido de libertad presentado a favor de Castañeda. Determinó que el retraso le quitó la posibilidad de que otro juez revisara su caso y afectó su derecho a defenderse. Con esa sentencia, la JNJ abrió de oficio el proceso disciplinario contra Concepción Carhuancho.

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Richard Concepción Carhuancho: JNJ argumentó que incumplió plazo para entregar resolución contra un investigado por el caso 'Waykis en la Sombra'

Concepción Carhuancho dictó de forma oral el pasado 22 de noviembre de 2024 una resolución de prisión preventiva en contra de Mateo Castañeda. La ley da 24 horas para entregar por escrito lo decidido. El acta recién estuvo lista el 4 de diciembre, doce días después.

Luego venía un segundo plazo, también de 24 horas, para conceder la apelación y enviarla a la sala. El magistrado lo hizo el 16 de diciembre. Para la Junta, ambas demoras constituyeron una falta muy grave.

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La defensa del juez planteó varios argumentos. Dijo que el plazo para investigarlo había vencido y que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ya había archivado una queja por los mismos hechos. También habló de la carga de trabajo del juzgado y usó la frase «cada quien hace lo que puede». Cabrera respondió que el plazo era de dos años y no de seis meses. Explicó que el control judicial solo había revisado la demora en enviar la apelación, no la notificación tardía. Sobre la carga laboral, señaló que el juez tenía un deber de vigilancia que no podía delegar en su personal.

La Junta también consideró que una suspensión no bastaba. Castañeda recuperó su libertad después, cuando la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la prisión preventiva. Para la ponente, el perjuicio ya causado fue grave.

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La ONU cuestionó el proceso contra el juez

La relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresó su consternación por el proceso disciplinario contra Richard Concepción Carhuancho. Lo hizo antes de que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia votara su destitución. La experta explicó que el caso ya había sido revisado por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que lo archivó porque no encontró responsabilidad disciplinaria en su actuación.

Satterthwaite recordó que la JNJ ya había abierto procesos contra jueces y fiscales por decisiones propias de su trabajo. Dio dos ejemplos. Un juez fue destituido por sus declaraciones en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y varios fiscales fueron removidos por actos que no eran faltas graves según los estándares internacionales. Advirtió que destituir a Concepción Carhuancho sería un punto de inflexión en el uso indebido de estos mecanismos y debilitaría la independencia judicial.

La relatora también cuestionó el debido proceso. Dijo que los jueces y fiscales que enfrentan una destitución deben tener derecho a una audiencia imparcial y a pedir que un tribunal independiente revise la decisión. Observó que, en varios casos, las sanciones de la JNJ no fueron proporcionales a la falta. Pidió al Perú que garantice la independencia judicial y evite abrir nuevos procesos de este tipo, y exhortó a la Junta a seguir las normas internacionales que protegen a jueces y fiscales. Añadió que mantenía contacto con el Estado peruano sobre el caso.

Pero el desgaste no se limita a la cifra de aprobación general, pues el mismo sondeo muestra que la mandataria es cuestionada por dos situaciones en específico, el manejo del Fenómeno del Niño y el control de la inseguridad ciudadana, además de una percepción mayoritaria de continuidad antes que de cambio.

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Solo el 36% de los encuestados considera que el gobierno está muy o algo preparado para responder al fenómeno, mientras que el 55%, más de la mitad, cree que está poco o nada preparado para enfrentarlo. El rechazo se ve especialmente en el centro y el sur del país, entre los hombres, en el nivel socioeconómico D y E, y entre quienes se identifican como de izquierda y los ciudadanos con mayor interés en política.

De esa cifra un 28.5% de los encuestados calificó al gobierno como "poco" preparado y un 26.6% como "nada" preparado, frente a un 25.9% que lo consideró "algo" preparado y apenas 10.3% que respondió "mucho". Un 8.7% no supo o no precisó su respuesta.

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Ahora, en cuanto a inseguridad ciudadana únicamente el 32% de los encuestados percibe al gobierno como muy o algo preparado para gestionar este problema, un respaldo que es mayor en Lima Metropolitana y el norte del país, entre las mujeres, los jóvenes de 18 a 29 años y los niveles socioeconómicos A, B y C.

Sin embargo, el 61% considera que el Ejecutivo está poco o nada preparado para enfrentar la inseguridad, una percepción que se agudiza en el centro, sur y oriente del país, entre los hombres y en el nivel socioeconómico D y E. La opción "nada preparado" fue la más marcada de toda la encuesta, con 37.9%, seguida de "algo" con 23.6% y "poco" con 23.0%; solo un 8.6% eligió "mucho".

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IEP también midió la percepción del gobierno de Fujimori en comparación con las últimas administraciones. El 52% de los encuestados considera que su gestión representa "más de lo mismo", mientras que solo el 33% cree que representa un "cambio" real frente a los gobiernos de los últimos cinco años. Un 16% no tuvo opinión.

La percepción de cambio, aunque minoritaria a nivel nacional, destaca especialmente en Lima Metropolitana, en el norte y oriente del país, así como en los niveles socioeconómicos A, B y C.

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El peor comienzo desde el retorno a elecciones directas

El IEP también situó la cifra de aprobación de Fujimori dentro de una serie histórica que compara la primera medición de aprobación presidencial de los últimos gobiernos, desde agosto de 2021 hasta la actualidad. Y en su primera medición, Pedro Castillo obtuvo 38% de aprobación y 46% de desaprobación; Dina Boluarte inició con apenas 19% de respaldo y un fuerte 71% de rechazo; José Jerí registró 39% de aprobación y 46% de desaprobación; y José Balcázar inició con solo 13% de aprobación frente a un 63% de desaprobación.

En ese contexto, la primera medición de Keiko Fujimori, con 37% de aprobación y 49% de desaprobación, se ubica en un punto intermedio; es decir, está mejor que los inicios de Boluarte y Balcázar, pero por debajo de las cifras iniciales de Castillo y Jerí.

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El Congreso tiene el peor resultado de la encuesta

Aunque el rechazo no es exclusivo al Ejecutivo. La misma encuesta del IEP midió la aprobación del Congreso y encontró el peor resultado de todo el sondeo, solo el 20% de los encuestados aprueba el desempeño del Parlamento, mientras que el 65% lo desaprueba y un 15% no tiene una opinión definida.

El respaldo al Congreso es mayor en Lima Metropolitana, en los niveles socioeconómicos A, B y C, y entre quienes se identifican como de derecha, mientras que el rechazo se intensifica en el sur, entre las personas de 18 a 49 años y entre quienes se identifican como de izquierda o centro.

La comparación entre ambos poderes del Estado deja un balance similar, ya que mientras la desaprobación a Fujimori llega al 49%, la del Congreso la supera ampliamente, con 65%, una diferencia de 16 puntos que confirma que el Parlamento concentra el mayor descontento ciudadano.

El pedido fue finalmente aprobado con el aval de 152 países. De esta manera, el presidente palestino, Mahmud Abbas, podrá intervenir ante la organización próximamente. Solo Paraguay, Israel y Estados Unidos votaron en contra. Además de Perú, también se abstuvieron Colombia, Honduras y Panamá.

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El voto peruano muestra cambios en el manejo de la política exterior nacional y, en particular, en la gestión de la situación de Palestina desde Torre Tagle. En diciembre de 2025, por ejemplo, Perú votó a favor de la resolución sobre el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, aprobada por 164 votos a favor, 8 en contra y 9 abstenciones.

Asimismo, Perú respaldó en diciembre de 2025 la resolución sobre asistencia a los refugiados palestinos, que obtuvo 151 votos a favor, 10 en contra y 14 abstenciones. Perú también había votado a favor, en diciembre de 2024, de una resolución que exigía un alto el fuego en Gaza, texto que fue aprobado por 158 votos a favor, 9 en contra y 13 abstenciones.

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"Es una barbaridad"

En diálogo con La República, Francisco Belaunde, internacionalista y profesor de la Universidad de Lima, consideró que esta votación del Perú en Naciones Unidas no es propia de un país que respeta el derecho internacional.

“Es una barbaridad. Acá es un tema de respeto del derecho internacional. El acuerdo que tiene Estados Unidos con la ONU no le permite prohibir que gobernantes se presenten en la Asamblea Internacional y llegar a Nueva York para pronunciarse. El Perú ha debido votar como los otros países, pidiendo que Estados Unidos reconsidere su postura. Además, Perú es un país que siempre ha mantenido una actitud equilibrada entre Israel y Palestina. (…) No hay ningún motivo para que se adopte una posición distinta”, indicó.

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Belaunde criticó el manejo reciente de la política exterior nacional y señaló que esto da argumentos a quienes sostienen que Espá está alineándose con el bloque estadounidense, más aún tras la incorporación del país al Escudo de las Américas y la ruptura de relaciones con la República de Irán.

“Israel hace un tiempo, desde que está con Netanyahu, busca debilitar a la autoridad nacional palestina e, incluso, desaparecerla. Esto de abstenerse es una barbaridad. Perú debió votar a favor, en línea con sus votaciones anteriores. Lamentablemente, parece que se está adoptando una política de ir abandonando posiciones tradicionales de la Cancillería del Perú para un alineamiento con Estados Unidos. Esto, además, con una administración como la de Donald Trump, la cual tiene fecha de caducidad. No tiene sentido que Perú se alinee con una postura que va contra el derecho internacional. Esto suma argumentos para quienes dicen que el canciller se está entregando a Estados Unidos. Es algo realmente complicado para la tradición diplomática del Perú”.

Núñez Matos, a cargo del Primer Juzgado Constitucional de Lima, notificó su decisión a la procuraduría de la JNJ dándole 10 días hábiles para responder la demanda, esto es, hasta este jueves, 24 de septiembre. Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron a este medio que el juez constitucional está próximo a dictar una medida cautelar, incluso antes de la contestación de la demanda.

Luego de lo sucedido con el juez constitucional Juan Torres Taso, destituido por amparar un reclamo de la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la JNJ, se podría suponer que ningún otro juez encontraría valor para resolver contra la Junta, pero este caso reúne ciertas peculiaridades. De acuerdo con las fuentes judiciales con conocimiento cercano del tema, el reclamo de Loyola Escajadillo contaría con el respaldo de, al menos, dos consejeros. Es decir, se trataría de un caso de la JNJ contra la JNJ.

Loyola Escajadillo participó en el frustrado concurso público de méritos convocado por la JNJ para elegir a un nuevo jefe de la ONPE, luego de la renuncia de Piero Corvetto, el 21 de abril de este año. El concurso avanzó sin mayores inconvenientes en las primeras etapas de la selección, hasta que quedaron solo dos postulantes: Carlos Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana.

El 23 de junio, Amparo Ortega renunció por motivos de salud. Aunque extraoficialmente se dice que lo hizo al tomar conocimiento de que el concurso estaba dirigido para nombrar a Loyola. Sin embargo, este personaje también fue excluido por no declarar sobre un proceso judicial en el que había estado excluido.

Demanda de amparo

Entonces, el concurso fue declarado desierto. Sin embargo, Carlos Loyola reclamó y el concurso fue reactivado y pasó a la última etapa: la entrevista personal y el balotaje que definiría su elección. Sin contrincantes, Loyola alcanzó el primer lugar del concurso y era previsible su nombramiento. Pero, entonces ocurrió lo que nadie preveía a estas alturas: el único postulante del concurso no alcanzó los cinco votos para ser nombrado.

Solo cuatro consejeros votaron a favor de su nombramiento, mientras que tres votaron en contra. La JNJ volvió a declarar desierto el concurso.

Así, en agosto, Carlos Loyola recurrió a la justicia constitucional demandando que las resoluciones de la JNJ del 14 de julio y 10 de agosto del 2026 vulneraron su derecho de acceso a la función pública, a una debida motivación y a los principios de legalidad y jerarquía normativa.

El juez acogió la demanda, otorgó a la JNJ el plazo de 10 días para contestar y convocó a audiencia única para el 26 de septiembre del año 2027 para resolver el fondo de la controversia. Sin embargo, queda listo para dictar una medida cautelar que ordene a la JNJ cumplir con volver a votar la elección de Carlos Escajadillo y lo nombre para dirigir el proceso electoral en curso. 

Antecedentes de la JNJ

El juez Núñez Matos ya ha emitido fallos que en teoría van contra la JNJ pero a favor de sus consejeros. El titular del primer juzgado constitucional anuló las resoluciones de la Junta que declaró la vacancia del consejero Rafael Ruiz Hidalgo y lo repuso en esta institución. En caso de una medida cautelar a favor de Loyola, Ruiz Hidalgo es uno de los que votará en el pleno en caso de una medida cautelar favorable.