"Su mensaje político es amenazante y, en momentos en que la población no siente los resultados de la lucha contra la delincuencia, y a puertas de uno de los fenómenos climáticos más intensos de los últimos 50 años, corresponde que usted se concentre en atender las necesidades de la población y no malgaste su tiempo confrontando al Congreso", indicó mediante sus redes sociales.

Asimismo, el exrector de la UNI cuestionó a la mandataria frente a las advertencias dirigidas hacia el Congreso durante la inauguración de una obra preventiva.

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"¿Qué pasa señora presidenta? ¿Qué significa que usted diga que están 'poniendo a prueba su paciencia'? ¿Qué va a pasar cuando la pierda? Hable claro".

En ese sentido, el senador exigió a la jefa de Estado recordar su mandato constitucional y la necesidad de priorizar el orden por encima de la confrontación.

"Recuerde que usted ha sido elegida democráticamente y una de sus prioridades es mantener la estabilidad de nuestro país".

López Chau también precisó la postura de su agrupación frente al diálogo con el Ejecutivo y condicionó cualquier acercamiento al respeto estricto de la Constitución.

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"Nosotros siempre estaremos abiertos a conversar ¡pero siempre respetando el marco constitucional y teniendo claras las reglas del juego!".

Las declaraciones del líder de Ahora Nación se suman a la postura de diversos dirigentes de oposición. Entre ellos, el líder de Buen Gobierno, Jorge Nieto, el jefe de asesores de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y el vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán, quienes coincidieron en rechazar las exigencias del Ejecutivo hacia el Congreso.

Advertencias del Ejecutivo sobre la delegación de facultades

El pronunciamiento de López Chau se da tras el discurso del Ejecutivo donde exigía que el Congreso apruebe las facultades solicitadas. Durante una actividad pública en Ica, la presidenta Keiko Fujimori cuestionó al Parlamento por los plazos de evaluación de la medida.

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"Se ha presentado un pedido de facultades al Congreso de la República. Llevan cuatro semanas, y hasta ahora nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia (...) Nos otorguen o no nos otorguen facultades, tomaremos todo para enfrentar este flagelo", indicó.

En esa misma línea, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que la paciencia del Ejecutivo tiene un límite ante la postura del Congreso de condicionar la aprobación del pedido de facultades solo a seguridad y al Fenómeno El Niño.

"Ojalá puedan recapacitar, porque nosotros hemos mantenido paciencia democrática y una actitud republicana, hasta el momento", señaló.

El fallo de Núñez Matos fue emitido el 29 de enero de 2026, tras una demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú contra Ositrán y la Presidencia del Consejo de Ministros. El juez declaró fundada la demanda y ordenó al organismo regulador abstenerse de ejercer sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario.

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La decisión judicial limitó la intervención de Ositrán en el megapuerto. El fallo contempló como excepción la determinación de tarifas a usuarios finales, siempre que existiera una decisión previa de Indecopi sobre la falta de competencia en ese aspecto. La resolución generó una disputa sobre el alcance de las facultades del Estado frente a una infraestructura de propiedad privada y de uso público.

Sin embargo, esa sentencia no quedó vigente. La Segunda Sala Constitucional de Lima revocó el fallo de primera instancia y declaró improcedente la demanda de Cosco Shipping. El tribunal sostuvo que el puerto de Chancay es una infraestructura de transporte de uso público y que la empresa que lo opera está sujeta a las facultades de Ositrán.

El caso todavía tiene un nuevo capítulo. Cosco Shipping presentó un recurso de agravio constitucional para llevar la controversia al Tribunal Constitucional. La Segunda Sala Constitucional concedió el recurso en julio y ordenó elevar el expediente al TC, por lo que la disputa sobre las facultades de Ositrán todavía no tiene una decisión definitiva en esa instancia.

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Funcionarios de Bolivia, Ecuador y Colombia también recibieron restricciones de visa

El Departamento de Estado anunció que la medida también alcanzó a funcionarios y ciudadanos de Bolivia, Colombia y Ecuador también recibieron restricciones de visa, como parte de la misma política anunciada por la Administración de Donald Trump. Washington sostuvo que estas acciones buscan responder a casos que, según su evaluación, afectan la gobernabilidad democrática por corrupción o narcotráfico.

En Bolivia, Estados Unidos revocó las visas de 12 ciudadanos y sus familiares. La lista incluyó jueces, fiscales, un exministro de Justicia, un magistrado constitucional, un exfuncionario de la Aduana Nacional, un policía y un empresario. Además, otros nueve ciudadanos bolivianos quedaron impedidos de obtener una visa estadounidense, aunque no tenían una vigente. Entre los casos señalados por Washington también estuvo el fiscal general Roger Mariaca, a quien el Departamento de Estado acusó de participar en actos graves de corrupción.

En Colombia, las restricciones alcanzaron al empresario Euclides Antonio Torres Romero y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). En Ecuador, el Gobierno estadounidense informó que revocó las visas de dos ciudadanos y sus familiares, aunque no reveló sus nombres en el comunicado. Las medidas fueron anunciadas el mismo día y bajo la misma política aplicada al juez peruano.

A través de sus redes sociales, el político fustigó la propuesta e indicó que carece de sustento legal para continuar en debate. "Su mal hecho documento no se ajusta a la Constitución, corresponde ser archivado", se lee en su publicación.

Esta postura surgió en respuesta a las declaraciones del presidente del Congreso de la República, Miguel Torres, quien previamente acusó a la oposición de "darle la espalda al país" por rechazar la iniciativa.

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Según Torres, se negaron a negociar el contenido del dictamen pese a que existían temas de emergencia nacional pendientes.

"Durante 30 días dijeron que el pedido de facultades era demasiado amplio y debía concentrarse en seguridad y fenómeno de El Niño. Entonces correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo. Mañana la Comisión de Constitución tiene que mostrar prudencia y responsabilidad”.

Frente a ello, Sánchez tildó al Ejecutivo de "soberbio" y rechazó que la oposición se haya negado al diálogo sin plantear mejoras para el texto. Según explicó, desde su sector se propuso salidas técnicas para mantener el debate sin transgredir el marco legal, pero no hallaron disposición de parte de la bancada fujimorista ni de la Mesa Directiva.

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En esa línea, el dirigente recordó que se solicitó rehacer el texto inicial y buscar un pacto para aprobar únicamente un dictamen parcial enfocado en las emergencias del país.

"Se les ha pedido con documentos aclaración de su interpretación del reglamento para no desnaturalizar un eventual dictamen parcial; ¡no responden!", cuestionó Sánchez al calificar la propuesta original de "mamarracho".

Arturo Alegria cuestiona postura de la oposición

El congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría, cuestionó al representante de Juntos por el Perú, acusándolo a él y a su agrupación de ignorar las demandas de la ciudadanía ante la crisis actual.

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"Le está dando la espalda a millones de peruanos que le exigen a sus autoridades tomar decisiones y acciones frente a la emergencia que está viviendo nuestro país. Roberto Sánchez y Juntos por el Perú encarnan el revanchismo y la indolencia", señaló el legislador.

En ese sentido, Alegría rechazó la versión de la oposición sobre una supuesta falta de apertura y sosuvo que su bancada sí buscó el diálogo.

"Durante mucho tiempo hemos buscado acercamientos para poder conversar y ellos simplemente dicen no", apuntó el congresista.

La moción para destituir al ministro del Interior

Se recuerda que el pasado 24 de septiembre se presentó oficialmente la moción de censura contra el titular del sector Interior. El documento justifica la solicitud en la "manifiesta incapacidad en la conducción del sector y por el agravamiento de la violencia letal en el país", sustentado en que la permanencia de Astudillo resulta insostenible frente al avance continuo de la criminalidad organizada.

Frente a esta medida, el diputado Harvey Colchado difundió una carta abierta el 27 de septiembre para pedir a sus colegas que no apoyen la remoción inmediata del ministro.

En su pronunciamiento, Colchado sostuvo que una censura en este momento "puede abrirle las puertas del Mininter a quienes quieren enterrar cualquier reforma policial".

Por este motivo, planteó fiscalizar al sector mediante cinco indicadores técnicos y evaluar hasta el mes de diciembre la viabilidad de su salida.

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Frente a la sugerencia de postergar la votación, Zunini indicó que las demandas de la ciudadanía no permiten otorgar tiempos de espera al Gobierno. Zunini recordó que la inseguridad en las calles mantiene un impacto en la población, en un contexto donde "seguimos teniendo siete u ocho asesinatos diarios".

Bajo ese panorama de violencia cotidiana, cuestionó que se intente evitar la censura parlamentaria por causa de procesos internos que no han demostrado mejoras en la protección pública.

Postura de la bancada de Juntos por el Perú

Sobre la carta de Colchado, la diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, señaló que respetan las posturas individuales dentro de la oposición, pero remarcó que el foco debe estar en la seguridad del país.

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"Nosotros somos muy perseverantes en esta situación por el incremento de la criminalidad y estoy segura de que Ahora Nación va a formar parte de ello".

Además, Márquez sostuvo que su bancada busca sumar los 66 votos requeridos junto a Obras y Buen Gobierno para asegurar la censura. "(…) con Ahora Nación estamos completando estos días", indicó para la prensa.

Manrique explicó que no firmó la moción porque consideraba prudente dar un plazo razonable antes de juzgar una gestión. Sin embargo, sostuvo que la gestión de Astudillo no ha sido adecuada y que, ante la próxima votación sobre su continuidad en el cargo, votará a favor de su salida.

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“Si hoy corresponde evaluarla, mi balance es desaprobatorio y los motivos sobran. Por ello, votaré a favor de la censura del ministro Astudillo. Es una decisión compleja. Existen argumentos válidos de ambos lados, incluso dentro de mi propia bancada. Espero que, cualquiera sea el resultado, este sea un punto de partida para recuperar consensos y poner al país por delante”, indicó a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Al igual que Manrique, la diputada Indira Huilca, también de las filas de Ahora Nación, ha señalado que votará a favor de la censura del ministro del Interior. Huilca consideró que la labor desempeñada por Astudillo hasta el momento evidencia una manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo.

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Ahora Nación no apoyará moción contra Astudillo

La bancada de Ahora Nación decidió, por mayoría, no respaldar la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo. El diputado José Marcelo comunicó esta postura tras la reunión que sostuvo el grupo parlamentario con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y otros miembros del Ejecutivo.

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Marcelo explicó que la mayoría de la bancada considera que Astudillo lleva cerca de 2 meses al frente del sector y que, hasta el momento, no se ha evidenciado una conducta ética o moral que amerite respaldar su salida del cargo. Por ello, el grupo acordó no apoyar la iniciativa de censura.

El diputado calificó de respetuoso el encuentro con el Ejecutivo y aseguró que este expresó su disposición a acatar las decisiones de la bancada y de la Cámara de Diputados.

Meses después, el propio Alfaro ordenó que se emitiera una orden de captura contra el entonces mandatario, luego del intento de golpe de Estado perpetrado por Castillo el 7 de diciembre de 2022.

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Durante el juicio contra el exmandatario por conspiración, Alfaro declaró que el presidente Castillo había solicitado que se dispusiera el retiro del personal del Congreso. Según detalló el general durante el juicio, estos pedidos lo llevaron a considerar que la decisión del expresidente era errada. Alfaro señaló que correspondía ordenar su captura debido a que se encontraba en flagrancia.

"El presidente me dice: 'General, cierre el Congreso, saque a todos, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la Nación y dé seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, de la premier Chávez y al domicilio de sus padres'. Yo le respondí: '¿Cuál es el motivo?', y me dijo que esos detalles los daría el ministro (Willy Huerta)", indicó.

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Fue investigado por muertes en protestas

Asimismo, Alfaro fue investigado por las muertes ocurridas durante las protestas contra Dina Boluarte en los primeros meses de 2023. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo presentó en su momento una acusación contra Alfaro, debido a su rol como jefe policial, por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía en agravio de Denilson Huaraca.

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Por este delito, la Fiscalía solicitó 35 años de prisión efectiva para el entonces comandante general. Junto con él, la acusación también alcanzó al entonces teniente general PNP (r) Jorge Angulo.

Registros periodísticos señalan que Alfaro fue citado también ante el Ministerio Público para responder preguntas sobre los asesinatos cometidos durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023. Sin embargo, los mismos registros indican que Alfaro decidió no dar declaraciones.

Hemos insistido en que el reto de este periodo pasa por abandonar esa dinámica y abrir espacios formales de negociación. Espacios como esos siempre requieren mediaciones institucionales abiertas y alguna idea clara sobre cómo administrar el futuro inmediato. Otras dos cosas que nos siguen haciendo falta. Los temas llamados a abrir una mesa, que por ahora es apenas una aspiración teórica, siguen siendo el presupuesto del ejercicio 2027, en el que tenemos problemas de asignación que no estamos discutiendo, y el modo de resolver los enormes efectos colaterales que generan las economías de metales de origen incierto, especialmente la del oro. La seguridad y El Niño son asuntos de otra naturaleza. Por su urgencia, deberían haber permitido al gobierno exhibir una capacidad de reacción de la que claramente no está provisto.

Dos velocidades que deberían haberse diferenciado. La velocidad de la política, que requiere la construcción de canales de negociación abierta, y la de las urgencias, que requiere capacidad de reacción. En su primer abordaje de la escena, el gobierno no notó las diferencias entre estas dos velocidades. Mezcló los cuatro asuntos con otros más en un solo pedido de facultades delegadas, no diferenciadas por la urgencia ni por su alcance o necesidad.

Para reaccionar ante la urgencia casi no hacía falta pasar por el Congreso. Para abrir espacios de negociación no tenía sentido usar una solicitud escrita en el formato de un ómnibus que comienza a caerse a pedazos.

Pablo Moreyra está entre quienes se han tomado la molestia de mirar al detalle el paquete de 66 facultades solicitadas. Él ha encontrado 31 pedidos que tocan o pueden impactar sobre El Niño y la seguridad. De su lista me quedo sin duda con la ayuda directa del INDECI, obras por impuestos para desastres y bonos de vivienda para damnificados, tres asuntos que deberían haberse destrabado del paquete para tramitarse con verdadera urgencia. Si los tres asuntos necesitan respaldo legal, bien podrían haber sido propuestos usando el procedimiento especial para leyes de aprobación urgente, que también existe y es mucho más viable y menos problemático que el pedido de facultades delegadas.

Sobre seguridad, el paquete incluye pocas cosas útiles y casi ninguna que requiera una ley. Menos una ley urgente. Sobre minería ilegal, el gobierno pide facultades para legislar sobre la trazabilidad de los minerales que circulan en el país, pero se mantiene en relativo silencio sobre las condiciones que podrían evitar la prórroga del REINFO, el registro que hace posible circular esos metales sin trazabilidad alguna.

Volviendo al paquete, el mayor volumen de contenido aparece en la parte económica. Pero esta es, al mismo tiempo, la parte menos urgente de la solicitud. Ahí está el difícil debate sobre los topes a las tasas de la Ley 31143, las reformas al Código Tributario y los regímenes simplificados, la formalización laboral, el factoring para Mypes y la reforma del servicio civil. En esta parte, Moreyra reconoce asuntos que deberían haber sido tramitados por el procedimiento regular de iniciativas legislativas del gobierno: hidrocarburos, electricidad, turismo, asociaciones público-privadas, finanzas abiertas, feriados, colegiatura de los artistas. Y reconoce, además, un grupo de asuntos que ni siquiera requieren una ley para reformarse: estandarizar trámites, cobrar derechos según costos reales, reformar las reglas sobre la vigencia de los certificados de seguridad en edificaciones, dar un enfoque preventivo a la inspección laboral y reformar el procedimiento registral para vivienda social.

El paquete estuvo sobrecargado desde el origen. Y el gobierno no lo ha gestionado más allá de blandirlo como si fuera un estandarte de guerra. Defendido con una lógica bastante infantil, un “quiero, entonces denme”, el pedido parece haber terminado siendo más un pretexto para instalar un dispositivo de beligerancia entre diputados y gobierno que para construir herramientas de salida a la crisis en que estamos. Y claro, en un ambiente cargado por la polarización, una reacción como la de Diputados, del tipo “exiges, entonces niego todo”, no hace más que convertir la secuencia en una profecía autocumplida.

Un gobierno que no parece interesado en crear un espacio de negociación con la mayoría de Diputados. Una mayoría en Diputados que no logra pasar por el Pleno una sola propuesta legislativa en sesenta días. Una mayoría a la que tampoco parece importarle construir escenarios que tiendan a abrir la negociación como procedimiento político. Si no cambiamos la ruta, podemos terminar en un proceso sostenido de desgaste en las relaciones entre el gobierno y la Cámara Baja. Uno que cancelaría la acción política institucional: un gobernar sin nuevas leyes que use al Senado como plataforma destinada a mantener a raya a Diputados. Poco menos que un país paralizado institucionalmente que confía en que el auge de los precios del oro se encargará automáticamente de mantener los números grandes de la economía en azul, y que con eso basta.

O Diputados aprende a legislar y el gobierno a hacer política, o la pasividad de ambos va a congelarnos.

Día sesenta. Donde debió haber un ejercicio de articulación institucional, hemos tenido una escena que simplemente reproduce un ciclo de polarización del que deberíamos estar saliendo.

Durante la inauguración de una obra preventiva frente al Fenómeno El Niño, la mandataria cuestionó que hayan transcurrido cuatro semanas sin una decisión y se alineó con el reclamo del jefe de Gabinete.

"Hemos escuchado también al primer ministro. Están poniendo a prueba su paciencia republicana".

En esa línea, Fujimori sostuvo que el Ejecutivo adoptará medidas contra la criminalidad organizada con o sin el respaldo del Parlamento.

"Esperamos tener noticias positivas (...). Nos otorguen o no nos otorguen facultades", indicó.

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Las advertencias previas de la PCM

El lunes 28 de septiembre, durante una anuncio en Palacio de Gobierno, Luis Galarreta, exigió a las bancadas parlamentarias frenar las mociones contra el Gabinete y aprobar las facultades presentadas por el Gobierno.

A su vez, el premier cuestionó la falta de respaldo político en el Parlamento y sostuvo que la tolerancia del oficialismo tiene un final.

"Ojalá se pueda recapacitar, porque nosotros hemos mantenido paciencia democrática y una actitud republicana, hasta el momento".

Roberto Sánchez sobre advertencias de Luis Galarreta

El jefe de asesores de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuestionó al premier y le exigió asumir la responsabilidad de su cargo o dar un paso al costado tras sus advertencias.

“Si el señor quiere amenazar al país, amenazar al sistema democrático, con sus momentos fugaces de emociones entonces que de un paso al costado y que diga no soy capaz y me voy. Esa sería la postura correcta si es que quiere asumir la responsabilidad de premier”.

Además, agregó que desde su bancada están en contra de toda medida que perjudique la democracia. “Rechazamos todo tipo de acción totalitaria”

Victor Piñán: “Sus palabras tienen un tufillo noventero”

Por su parte, el diputado y vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán, se sumó al rechazo contra la postura del Ejecutivo y respondió a la mandataria que no aceptarán presiones del Gobierno.

“No le vamos a permitir a la señora Keiko Fujimori que le dé órdenes al Congreso. Sus palabras tienen un tufillo noventero”, indicó por medio de sus redes sociales.

Jorge Nieto: "En vez de amenazar, gobierne"

A través de sus redes sociales, el exministro y líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, también respondió al discurso de la mandataria y rechazó las declaraciones del Ejecutivo.

“Ayer fue una frase similar. Ok. Se les chispoteó. Pero hoy es usted, presidenta Keiko Fujimori. Recuerde: toda repetición es una ofensa”, sostuvo en referencia al previo pronunciamiento del premier Luis Galarreta.

Asimismo, Nieto le pidió a Fujimori dejar de lado la presión sobre el Parlamento y centrar sus esfuerzos en la crisis de inseguridad que enfrenta el país. “¿Desde cuándo pasamos del diálogo a la amenaza? En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue. La presión externa somete. Por favor, ¡gobierne!”, indicó por medio de sus redes sociales.

El predictamen que recomienda no aprobar el pedido de facultades

Las exigencias del Ejecutivo chocan con las conclusiones del predictamen elaborado por la Comisión de Constitución, el cual recomienda no otorgar las facultades.

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El documento, de 205 páginas y elaborado por la mesa de trabajo que preside la bancada de Juntos por el Perú, concluye que el Gobierno no logró fundamentar la urgencia constitucional que justifique legislar de manera directa sin pasar por el debate parlamentario ordinario.

El informe técnico detalla que la solicitud del Ejecutivo abarca un paquete masivo de ocho áreas: seguridad, migración, micro y pequeñas empresas (pymes), empleo, impuestos y vivienda.

Sin embargo, los analistas de la comisión determinaron que las materias presentadas son demasiado amplias, carecen de precisión y no cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la Carta Magna.

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Previamente, otras cinco comisiones ordinarias emitieron opiniones desfavorables sobre la delegación de facultades en los temas correspondientes a sus sectores, coincidiendo en la falta de sustento del paquete normativo.

La Comisión de Constitución tiene programado sesionar entre este martes y miércoles para debatir y someter a votación el predictamen que plantea el archivo definitivo del pedido.

La decisión del grupo político se definió luego de dos jornadas de debate interno entre sus integrantes. Según Colchado, las discusiones parlamentarias concluyeron con un acuerdo en el cual entre siete y ocho legisladores optaron por marcar distancia de la iniciativa impulsada en la Cámara Baja.

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"A favor de la censura, tres. Máximo tres", precisó el parlamentario sobre el recuento de apoyos dentro de su bancada, vía RPP.

Además, Colchado detalló que solo dos legisladores, Indira Huilca y Jair Manrique, hicieron pública su posición de respaldar la salida de Astudillo a través de sus redes sociales.

“Ya se han pronunciado, me parece, dos. Es Jair Manrique, lo he visto en Twitter e Indira Huilca, los dos [están] a favor de la censura”.

El parlamentario explicó que su postura a favor de la permanencia del ministro responde a la reciente designación del teniente general Freddy López Mendoza como comandante general de la Policía Nacional.

Desde la perspectiva del legislador, la llegada de un nuevo mando en la institución policial requiere estabilidad política para ejecutar las medidas de inteligencia y los cambios del personal a fin de año.

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"Cuando ingresa un teniente general como Freddy López Mendoza, a quien Astudillo designa, nos da fe de que puede hacer un buen trabajo. Hay que esperar el plazo mínimo de tres meses para ver los resultados", sostuvo el diputado de Ahora Nación.

Colchado remarcó que López Mendoza cuenta con un perfil adecuado para conducir las operaciones contra la criminalidad, por lo que resulta un error descabezar el Ministerio del Interior en pleno proceso de pases a retiro y ascensos policiales. "No podemos, en un proceso de pases a retiro, cambios de colocación y ascensos, hacer un cambio de esta manera y descabezar cuando ha entrado un comandante general que nos da algo de fe por su trayectoria", agregó.

Pese a la resolución del bloque parlamentario, la bancada mantendrá el respeto a la postura individual de sus integrantes que insisten en la censura. "Un partido no significa que todos somos corderitos. Yo respeto a Indira Huilca y a Jair Manrique, pero los demás no están de acuerdo", concluyó Colchado sobre las discrepancias internas en Ahora Nación.

Ronald Toro también ratificó que 'Gocha' es peruana, radicada en Lima y que su nombre de pila es Geraldine, de acuerdo con su manifestación policial a la que tuvo acceso La República.

“Gocha es una mujer que se llama Geraldine”, a quien le hice dos carreras de (la avenida) Pacasmayo, en el Callao, hacia el cine Star, del Mall del Sur (San Juan de Miraflores). Me pareció que se dedicaba a trabajar como dama de compañía”, recordó Ronald Toro ante los agentes de la División de Investigación Criminal de Caraz, Áncash.

Acompañado de su abogado, Ronald Toro afirmó que desde hacía tres meses no veía a 'Gocha' y alegó que por su amistad con ella tuvo problemas con su conviviente.

Luis Obispo asesinó a 'China Polo' al mediodía del sábado 19 de septiembre y casi de inmediato fue detenido. Durante la intervención policial, los agentes descubrieron que el criminal pagó el hotel de Caraz donde se encontraba alojado, con una billetera digital de Yape a nombre de Ronald Toro Ardila. En la madrugada del domingo 20 de septiembre, la policía capturó a Toro cuando se encontraba haciendo taxi por aplicativo en el distrito de Santiago de Surco.

Nacido en el estado de Mérida, Venezuela, el 3 de octubre de 1996, Ronald Toro Ardila, de 29 años, declaró que desde que ingresó al país hace siete años se desempeñó como taxista y padre de un niño.

“Trabajo como taxista en la aplicación Yango, actividad que realizo en diferentes distritos de Lima a bordo de un automóvil Toyota modelo Etios color plata de placa CD0-157. (Dicho vehículo) vengo adquiriendo en la modalidad de alquiler-venta, habiendo realizado el contrato de manera informal de palabra con mi persona y mi compatriota Samuel Azuaje, no habiendo firmado ningún documento, cuyo segundo apellido no recuerdo”, relató.

Sin embargo, de acuerdo con Registros Públicos, el vehículo pertenece al venezolano Victerth Sequera Puentes y su pareja Mabel Félix Dávila.

Relaciones familiares

“Por el alquiler, venta, pago la suma de 500 soles semanales, teniendo una ganancia de 150 soles diarios, aproximadamente. Vivo en una casa alquilada en compañía de mi conviviente (venezolana) Solenny García Rivas, de 25 años, y su menor hijo”, señaló Ronald Toro.

El financista del homicidio de 'China Polo' pretendió desvincularse del sicario Luis Obispo Díaz. Cuando le preguntaron si conocía a su compatriota Obispo, el detenido Ronald Toro mintió. Dijo que no lo conocía.

Sin embargo, los agentes de la División de Investigación Criminal de Caraz le mostraron los yapes con su nombre con los que Luis Obispo Díaz pagó la adquisición de dos celulares en la ciudad de Huaraz, días previos al crimen de la periodista 'China Polo', así como el hospedaje en Caraz. La respuesta de Toro sorprendió a los agentes.

“Tengo una media hermana de nombre Alexandra Toro Moctezuma, de 18 años, de nacionalidad venezolana, que radica en el Perú desde hace dos años. Su permanencia en el territorio nacional es de carácter irregular debido a que no cuenta con documentación migratoria vigente y eso no le permite obtener determinados servicios financieros. Por tal motivo mi persona, que sí cuenta con la legalidad, mantiene cuentas en los bancos Scotiabank, BCP, Interbank y Mibanco”, explicó Ronald Toro.

El rompecabezas criminal

“Como titular de la cuenta en el Scotiabank, le di a mi media hermana Alexandra mi cuenta para que pueda realizar operaciones mediante el aplicativo plin principalmente para efectuar pagos y recibir transferencias de dinero”, se lavó las manos.

El sujeto también trató de no relacionarse con el homicidio de 'China Polo', afirmando falsamente que no sabía nada del crimen.

Sin embargo, cuando la policía le mostró las imágenes de las cámaras del hotel de Caraz, en el que se hospedó el sicario Luis Obispo junto con otros tres venezolanos (dos hombres y una mujer), dijo que uno de ellos es Adrián Azuaje, pareja de su media hermana Alexandra Toro.

“Es un chamo (venezolano) de nombre Adrián Azuaje, cuyo segundo apellido no recuerdo. Pero él trabaja como delivery. Rara vez me comunicaba con Adrián al igual que con mi media hermana”, declaró Ronald Toro.

Por su parte, el sicario Luis Obispo Díaz identificó que los dos sujetos que aparecen en el interior del hospedaje Caraz, junto con Alexandra Toro, son Adrián Azuaje y 'Morocho'. Ambos son de nacionalidad venezolana.

En efecto, la División de Investigación Criminal ha conseguido nuevas imágenes de los tres venezolanos que se hospedaron junto con el asesino Luis Obispo Díaz en Caraz. Los cuatro llegaron el miércoles 16 de septiembre al mismo hospedaje para ejecutar el plan de asesinato de 'China Polo'. Pese a los intentos de Ronald Toro Ardila de desvincularse del homicidio, está probado que él financió y monitoreó a sus compatriotas desde Lima para segar la vida de Susy Aponte Polo.

Dieron de alta al homicida Luis Obispo Díaz

• Ronald Toro Ardila admitió que se comunicaba con su hermana Alexandra Toro y su pareja Adrián Azuaje, quienes estuvieron con el asesino Luis Obispo en Caraz para ejecutar el plan criminal contra 'China Polo'.
• “¿Con qué frecuencia usted se comunica vía celular con su media hermana Alexandra Toro y Adrián Azuaje?”, le preguntó la policía. “Rara vez nos comunicábamos por el aplicativo de WhatsApp”, respondió.
• El fiscal Raúl Godo Sedán ha solicitado por vía judicial el levantamiento de las comunicaciones de los dos teléfonos celulares de Ronald Toro, lo que permitirá saber quiénes son sus contactos frecuentes y contribuirá a identificar a la mujer conocida como Geraldine o 'Gocha' que lo contrató para asesinar a 'China Polo'.
• Al cierre de edición, fuentes policiales informaron que el sicario Luis Obispo Díaz fue dado de alta por los médicos del hospital Víctor Romero Guardia de Huaraz, y que fue trasladado a la División de Investigación Criminal de Huaraz. Obispo recibió tres impactos de bala.

La primera llamada se registró a las 7.41 a. m., 17 horas antes del asesinato. La segunda, a las 3.23 p. m., aproximadamente 9 horas previas al homicidio. Y la tercera a las 11.56 p. m., mientras asesinaban a Santiago Guardamino, muy poco antes del crimen.

Al determinar que los números telefónicos corresponden al efectivo policial Elar Minchán Sánchez y al ciudadano Rony Mosquera Sánchez, el fiscal Ronny Chamorro Yalico los citó para que expliquen las razones y circunstancias de las comunicaciones con las víctimas

Santiago Guardamino Gonzáles ejercía como presidente de la comunidad campesina de Quipán cuando fue asesinado en el momento en que llegaba a su casa en Carabayllo, luego de haber sostenido una reunión en su pueblo.

Al asumir funciones, Guardamino descubrió que su antecesor en el cargo, Abel Mosquera Ortiz, en complicidad con el empresario Aniceto Argüelles Loayza, propietario de la compañía Industrias Argüelles y Servicios Generales, fraguaron la compra-venta de 10 mil hectáreas de la comunidad de Quipán.

Guardamino inició acciones penales y civiles y consiguió demostrar que Abel Mosquera y la gerente de la empresa de Argüelles, Karen Pasco Flores, falsificaron las actas de los comuneros para autorizar la transacción por S/600 mil.

EL TRASFONDO DEL ASESINATO

El presidente de la comunidad campesina fue asesinado cuando encaminaba los procesos judiciales para que el predio adquirido fraudulentamente por Argüelles retornara a sus verdaderos propietarios.

Mientras Guardamino conducía los procesos judiciales, Argüelles construyó en el terreno un relleno sanitario, lo que le permitió obtener millonarios contratos con municipios distritales de Lima para el servicio de recojo y disposición de desperdicios.

Las dos personas que se contactaron telefónicamente entre ellos, horas y minutos antes del asesinato de Santiago Guardamino, están relacionadas con la disputa judicial de la comunidad de Quipán con la empresa Argüelles.

El efectivo policial ST1 Elar Minchán Sánchez es hermano de Jaime Minchán Sánchez, quien fue abogado de la comunidad de Quipán.

Su declaración cobra relevancia por un antecedente que involucra a su hermano Jaime Minchán. Su nombre ya había aparecido en una de las primeras hipótesis policiales respecto a los autores del asesinato de Santiago Guardamino.

EN BUSCA DEL MÓVIL

En 2025, un año después del crimen, La República informó que la División de Homicidios investigaba la presunta disputa entre Santiago Guardamino y el abogado Jaime Minchán, al detectar presuntos tratos clandestinos con la empresa de Aniceto Argüelles, vinculada al conflicto por las tierras de Quipán.

La hipótesis policial señala que el dirigente Guardamino sospechaba que el abogado Minchán estaba filtrando información. Jaime Minchán en una entrevista con este medio, negó la versión y sostuvo que se había alejado del proceso por razones de seguridad.

De acuerdo con un informe periodístico publicado por La República en 2023, el hermano de Jaime y Elar Minchán, Elthon Minchán Sánchez, conocido como 'Viejo Elthon', fue detenido en ese año por contratar a un sicario y participar en un homicidio, en medio de una disputa por el control de centros clandestinos para prácticas abortivas, en Los Olivos.

Otro de los hermanos, Daigoro Minchán Sánchez, fue detenido en 2023 por actuar falsamente como funcionario público y solicitar dinero bajo la amenaza de clausurar negocios.

FALTAN MÁS NOMBRES

El otro personaje citado por la fiscalía es Rony Mosquera Sánchez, hijo de Abel Mosquera Ortiz, quien presidió la comunidad de Quipán en 2016 y fue condenado por la venta fraudulenta del terreno a Aniceto Argüelles.

Apenas cinco semanas después del asesinato de Santiago Guardamino, la Corte Suprema confirmó la condena a Abel Mosquera, padre de Rony Mosquera, dueño de una de las líneas telefónicas que llamó constantemente al líder comunal.

De acuerdo con fuentes fiscales, el efectivo policial ST1 Elar Minchán Sánchez no asistió al interrogatorio, mientras que Rony Mosquera Sánchez respondió a las preguntas del fiscal.

Las comunicaciones entre Santiago Guardamino y las líneas telefónicas atribuidas a Minchán y Mosquera no son el único elemento que la fiscalía busca esclarecer.

El Ministerio Público también ha ordenado identificar otros nueve y 11 números telefónicos que mantuvieron contacto con los teléfonos de Elar Minchán y Rony Mosquera durante el lunes primero de abril de 2024. También busca identificar a los propietarios de dichos números de celular.

No falta mucho para la identificación de los autores intelectuales del asesinato de Santiago Guardamino.

Según contó el aspirante al sillón municipal, quien postula por el partido de Fuerza Popular, los desconocidos le dejaron un artefacto explosivo y una carta amenazante en las afueras de su vivienda.

"Me extorsionan, pretenden callarnos e intimidarnos. No les tengo miedo. A quienes pretenden amenazarme, les respondo que los ciudadanos de bien somos más y que ya di cuenta a la Policía", dijo Nuñevero.

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Policía investiga el caso

Al respecto, el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Eric Ángeles Puente, informó que ya se viene investigando el caso y que también se está brindando seguridad.

"Hemos recibido la denuncia y, de inmediato, se constituyó personal policial en el inmueble a fin de neutralizar y realizar el recojo de evidencias. Además, se le viene brindando seguridad mediante patrullajes", dijo la autoridad policial.

Luna Victoria León, quien se desempeñó como ministro de Pesquería desde octubre de 1999 hasta julio de 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori, ocupaba el cargo de superintendente de la institución tributaria desde el 6 de agosto de 2026.

Su nombramiento cuenta con las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. La designación se realizó previo acuerdo del Consejo de Ministros. Luna Victoria León permanecería cinco años en el cargo durante este nuevo periodo.

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Hoja de vida

Luna Victoria es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde también se ha desempeñado como docente. Integra el Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y la International Fiscal Association (IFA). Además, ha ejercido como socio especializado en materia tributaria y aduanera en estudios jurídicos, entre ellos Rubio Leguía Normand y Rebaza Alcázar & De Las Casas.

El exministro ha estado vinculado a Fuerza Popular durante los últimos años. En 2011, formó parte del equipo técnico de Fuerza 2011, partido fujimorista que buscó llevar a Keiko Fujimori por primera vez a la Presidencia de la República.

"¿Desde cuándo pasamos del diálogo a la amenaza? En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue. La presión externa somete. Por favor, ¡gobierne!", señaló por medio de sus redes sociales.

Durante la inauguración de una obra preventiva frente al Fenómeno El Niño, Fujimori apeló al legado político de su padre, Alberto Fujimori, para justificar su experiencia de gobierno y cuestionó las cuatro semanas de demora para el debate y la decisión sobre el pedido de facultades.

"También le decimos a la población que tomaremos todo para enfrentar este flagelo, nos otorguen o no nos otorguen facultades", sostuvo la jefa de Estado. Con estas declaraciones se alineó con el mensaje previo de su premier, Luis Galarreta, quien un día antes sostuvo que el oficialismo mantuvo con el Congreso "paciencia democrática hasta el momento".

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A través de un mensaje público, Jorge Nieto rechazó la narrativa del Ejecutivo y cuestionó la insistencia en responsabilizar al Congreso por la falta de avances en seguridad y reactivación económica.

"Ayer fue una frase similar. Ok. Se les chispoteó. Pero hoy es usted, presidenta Keiko Fujimori. Recuerde: toda repetición es una ofensa", replicó el líder del Buen Gobierno en referencia a los dichos de Galarreta, quien también acusó al Legislativo de "darle la espalda al pueblo" si no autoriza las medidas pedidas por el Gabinete.

Su posición se conoce tras un predictamen que rechaza aprobar las facultades legislativas. Este miércoles, el Congreso continuará evaluando si otorgar o no el pedido del Ejecutivo.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La gerenta del Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía, Brenda Belleza, detalló que hasta la fecha identificaron 66 ocurrencias de relevancia penal relacionadas a los comicios de este domingo, de las cuales 39 están en seguimiento y sobre 12 ya se aperturó investigación.

“No necesariamente todas las ocurrencias tienen una investigación iniciada. En algunos casos ya se viene realizando el seguimiento y en algunos todavía no se ha presentado investigación, pero sobre todos ellos el fiscal viene realizando el acercamiento para poder ver en qué medida es necesario iniciar una investigación y realizar los procesos que correspondan”, señaló Belleza a La República.

La mayor cantidad de estas incidencias se han producido en La Libertad con 10 casos, seguida por Loreto y Lima Este con 5. Aparecen también Lambayeque e Ica con 4 casos; y Lima Centro, Junín y Cajamarca todos con 3 casos.

“Advertimos riesgos como el alto índice de criminalidad respecto de delitos violentos como la extorsión, sicariato, robo agravado. Tenemos candidatos que ahora mismo, por ejemplo, han sufrido robos, accidentes o atentados también en algunas circunstancias”, sostuvo la funcionaria.

Sus declaraciones van en línea de la marcada peligrosidad con la que se vienen desarrollando las elecciones regionales y municipales. El último 19 de setiembre fue asesinada Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, de un balazo durante una actividad proselitista.

Precisamente, el reporte del Observatorio Criminal del Ministerio Público registra dos casos de homicidios. Sumado al de Susy Aponte ocurrió otro en la región Apurímac. Un candidato a regidor distrital fue asesinado por arma blanca en medio de un enfrentamiento entre simpatizantes.

A ello se suman los casos de amenazas revelados. Hace apenas cuatro días el candidato al gobierno regional de Junín por Alianza para el Progreso, Arnoldo Mallma, denunció que recibió un paquete con una cabeza de perro, fotografías y una carta con amenazas de muerte en el exterior de su vivienda, en el sector San Carlos de Huancayo.

“No necesariamente todas las amenazas llegan al fiscal, lo que nosotros hemos hecho es coordinar en las mesas de trabajo interinstitucional que se han establecido para este proceso, que todos estos hechos que sean conocidos por las organizaciones del sistema electoral, sean comunicados al Ministerio Público para su debida investigación. Si hay un compromiso por parte de los jefes de los organismos y con ello esperamos mejorar el abordaje de esta situación”, indicó.

Despliegue de fiscales

La Fiscalía dispondrá 6.538 fiscales a nivel nacional para cubrir los 34 distritos fiscales este domingo 4 de octubre. La fiscal provincial de prevención del delito, María Rabines, adelantó que esperan designar a un fiscal por cada local de votación.

“Estamos principalmente enfocados en lo que son delitos electorales para que el ciudadano vaya con tranquilidad a votar y todo se desarrolle normalmente. Se supervisarán la prevención de delitos como inducción al voto, propaganda electoral y suplantación, que son los de más alta incidencia”, detalló.

Sin embargo, aclaró que también estarán preparados ante posibles incidencias relacionadas a lesiones, disturbios o ataques que podrían ocurrir. Para ello, el trabajo es articulado con las fiscalías penales y especializadas, debido al contexto local y regional.

“El trabajo es coordinado a nivel nacional, con la ONPE, JNE y la Policía [...] Si se dan otros delitos como lesiones, disturbios —que son aledaños— también en determinadas zonas se puede dar sicariato y extorsión relacionado a los políticos, porque las regionales o municipales no son diferentes a las presidenciales, son más locales. Eso también se trabaja”, agregó.

La Fiscalía también ha participado en la verificación de los equipos de cómputo electoral para las elecciones del domingo en las oficiales descentralizadas. Asimismo, según el protocolo electoral, los fiscales de prevención de delito han supervisado el arribo de material electoral a los distintos ODPE, junto a efectivos de la Policía, JNE y la ONPE. ❖

López Aliaga aseguró que el problema de la criminalidad requiere decisiones inmediatas. Según su propio balance, en los primeros 60 y pico días del actual Gobierno hubo “más de 200, casi 300 muertos”. El también exalcalde de Lima sostuvo que la situación también se refleja en los cobros de cupos que, según relató a partir de conversaciones con personas de barrios vulnerables, afectan a una parte importante de la población. “Ocho de diez pagan cupo”, afirmó.

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El líder de Renovación Popular consideró que el Ejecutivo no necesita esperar una delegación amplia del Congreso para actuar contra la delincuencia. Puso como ejemplo a Dina Boluarte y recordó que, durante su administración, el Ejecutivo emitía decretos de urgencia con frecuencia. “No necesitas tanta, tanta delegación de facultades”, manifestó. Luego agregó: “Dina Boluarte, que no era muy trabajadora que digamos, sacaba un decreto de urgencia cada semana”.

Para López Aliaga, el Gobierno de Keiko Fujimori puede presentar medidas específicas y pedir que sean discutidas con rapidez en el Parlamento. Entre sus propuestas mencionó que los sicarios y extorsionadores sean considerados “terroristas urbanos” y que sus casos pasen a tribunales militares. Reconoció que esa medida requiere cambios legislativos, pero sostuvo que el Ejecutivo puede presentar las iniciativas directamente ante la Cámara de Diputados sin esperar toda la delegación solicitada.

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López Aliaga asegura que su bancada no bloqueará al Gobierno de Fujimori

Pese a sus cuestionamientos, Rafael López Aliaga sostuvo que Renovación Popular no buscará obstaculizar al Ejecutivo desde el Congreso. Afirmó que su bancada no pretende “boicotear” al Gobierno de Keiko Fujimori ni utilizar las herramientas parlamentarias para frenar su gestión. “No vamos a boicotear ninguna delegación de facultades, no vamos a interpelar ministros”, declaró.

También planteó que algunas medidas pueden avanzar mediante el Congreso sin esperar que se apruebe todo el paquete solicitado por el Ejecutivo. Explicó que una propuesta puede recibir un dictamen favorable o uno en minoría y continuar su recorrido parlamentario. Su planteamiento fue que las iniciativas relacionadas con la seguridad tengan un trámite rápido entre la Cámara de Diputados y el Senado.

“En el transcurso del viaje de Huaraz a Caraz (en la mañana del sábado 19 de septiembre), llamé al candidato Manuel Cocha Bonifacio (quien postula a la alcaldía de Huaylas por el partido de ‘China Polo’, Socios por Áncash), quien nos esperaba con sus seguidores en el mercado de Caraz”, narró el viudo de la candidata y periodista ante la Policía que indaga el crimen.

“Yo estaba detrás de Susy (Aponte) y con el candidato Manuel Cocha comenzamos a repartir folletería y conversar con la gente. Estábamos avanzando cuando se presenta un periodista (Víctor Castillo Alva, conductor del programa ‘Rima Rima Noticias’). Y le pone la cámara (de su celular) a ella. Entonces yo me quedo un poco atrás para no salir en la cámara. Yo me pongo a repartir pulseritas. Ahí es que escucho como cuatro o cinco balazos. Escucho ‘¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!’”, relató Jorge Tello.

El esposo de Susy Aponte Polo actuaba como socio del programa 'China Polo Dominical' y es el padre de los cuatro hijos de la víctima.

“Yo salté. Di tres pasos. Y la he visto ahí en el suelo a Susy (Aponte), sangrando por la boca y por la nariz. Atiné a ponerla de costado para que expulse la sangre. Entonces la gente se aglomeró. Pero nadie nos quería auxiliar. Todos se corrían. Atiné a tomarle el pulso. Y veo a un serenazgo traer una camilla plástica. Con el serenazgo la subimos y la llevamos al hospital. A los cuatro o cinco minutos me dijeron que ya no podían hacer nada, que ya había fallecido”, explicó el viudo Jorge Tello.

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Estado de miedo

la 'China Polo' conducía desde hace cuatro años por su canal de YouTube, lo que le valió confrontaciones con autoridades y políticos. De hecho, pidió garantías a la prefectura de El Santa (Chimbote) antes de partir hacia Caraz. Mencionó al candidato para la municipalidad provincial del Santa, Walter Soto Campos, y al postulante a la alcaldía provincial de Huaraz, Ladislao Cruz Villachica, 'Lalo Villa'. Ambos de Alianza para el Progreso (APP).

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El presunto móvil político

La propia la 'China Polo' reconoció en su Hoja de Vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones que recibió dos condenas: una por falsedad ideológica y otra por falsificación de documentos.

El viudo Jorge Tello mencionó a la Policía el estado de miedo en el que vivía Susy Aponte Polo.

“El amedrentamiento era constantemente. Amedrentamiento y sustos. Cuando sacó el caso de la DIRIN (Dirección de Inteligencia de la PNP), la empezaron a seguir dos días. Por el mismo trabajo que ella realizaba, como investigaciones y destapes que siempre hacía, siempre estaba expuesta. Se hacían pasar por ella y le bloqueaban la línea telefónica. También recibía amenazas. Ella vivía con miedo todo el tiempo por las amenazas”, relató Jorge Tello.

En efecto, el 13 de julio de este año, 'China Polo Dominical' afirmó que durante la gestión del teniente general PNP Augusto Ríos Tiravanti, cuando ejercía como jefe de la DIRIN, entre octubre de 2024 y enero de 2026, supuestamente protegía mineros ilegales.

Según el viudo, en represalia por esta publicación, la 'China Polo' fue reglada por agentes policiales de inteligencia.

Jorge Tello mencionó que toda la atención de la 'China Polo' estaba concentrada a la divulgación de reportajes, en el programa del domingo del 20 de septiembre, sobre presuntos actos de corrupción de Walter Soto durante su gestión como alcalde de Nuevo Chimbote y de 'Lalo Villa' como burgomaestre del distrito de Independencia, en Huaraz.

La muerte de la 'China Polo' frustró la difusión de los reportajes.

Tanto Walter Soto como 'Lalo Villa' condenaron el homicidio de Susy Aponte Polo y negaron cualquier vínculo con el hecho.

“Indique si durante los días previos al atentado se observó cambios en la rutina, estado de ánimo, seguridad o desplazamiento de la agraviada (Susy Aponte Polo). Explique cuándo se produjeron y por qué motivos fueron los cambios“, le pidió la Policía que aclarara a Jorge Tello.

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La última estación

“Los cambios siempre los daba ella. Siempre estaba un poco asustada. Ella misma manejaba su itinerario.

Como informó La República, la presunta motivación política de los asesinos planteada por la Policía se sustenta no solo en los anuncios que hizo la 'China Polo' sobre la información que publicaría sobre los candidatos Walter Soto y 'Lalo Villa', el domingo 20 de septiembre.

También porque el 12 de julio de 2026, Susy Aponte Polo denunció con nombre propio en la Prefectura del Santa a la persona que presuntamente preparaba su homicidio: Juan Calderón Altamirano, exasesor del candidato Walter Soto. Calderón estuvo preso por haber sido consultor del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, quien purga condena por corrupción y homicidio.

“Juan Calderón me ha mandado a matar a través de sicarios del Santa (Chimbote). El sicario ‘Cojo Giordano’ me llamó para decirme que Juan Calderón me quiere matar y les había pagado dándole mis datos y ubicaciones”, señaló Susy Aponte.

“A veces las amenazas llegaban por mensaje. Una vez a la semana, cada quince días. Muchas veces dependía del reportaje que salía o que iba a salir”, manifestó.

En la Policía también le preguntaron si conocía al sicario Luis Obispo Díaz, o al financista Ronald Toro Ardila, pero Jorge Tello Bardales respondió que nunca los había visto. Tampoco a los otros tres venezolanos que acompañaron a Obispo al mercado donde asesinó a la 'China Polo'.

En ese estado de miedo fue que el sicario Luis Obispo Díaz, por encargo de una persona residente en Lima, asesinó a Susy Aponte Polo, la 'China Polo'. A pocas horas de la difusión, el domingo 20 de septiembre, de revelaciones sobre los dos candidatos.

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Sicario estaba drogado al cometer el crimen

• Según el peritaje toxicológico del Instituto de Medicina Legal de Huaraz, Luis Obispo Díaz salió positivo al consumo de Ketamina y alcaloide (probablemente cocaína) en la sangre.
• La combinación de Ketamina con alcaloide produce la alteración de los sentidos y bloquea las señales del cerebro, de acuerdo con la información médica.
• Por otro lado, el peritaje balístico a Luis Obispo Díaz dio positivo para bario, plomo y antimonio. Señales que evidencian el uso de un arma de fuego. Queda acreditado científicamente que fue el asesino de la candidata y periodista la 'China Polo'.

Sin contar el caso de Susana Villarán, con el partido Fuerza Social, que no ganó ninguna alcaldía distrital, desde el 2014 la agrupación que se hizo de la MML no ha podido obtener más de 20 victorias distritales. Luis Castañeda con Solidaridad Nacional en 2014 ganó en 18 distritos (45,24%), Jorge Muñoz con Acción Popular en 2018 ganó en 14 distritos (35,71%) y Rafael López Aliaga con Renovación Popular en 2022 ganó en apenas 12 distritos (30,95%).

Para el abogado especialista en temas electorales y presidente del Instituto Aklla, José Tello, la tendencia del electorado limeño ha variado por el voto cruzado debido a las problemáticas y contextos diferenciados que tienen cada distrito.

“Yo considero que ahora el limeño está apostando más que todo a una opción diferenciada entre la metropolitana. Creo que en base a las necesidades y al performance que tiene el candidato a la distrital y el candidato a la metropolitana, se está haciendo una diferenciación, por ende está cruzando el voto y ya no está yendo hacia el famoso voto arrastre”, argumentó.

Asimismo, la figura del candidato a la alcaldía metropolitana de Lima, como un factor de arrastre y representativo del partido, ha sufrido un revés y no logra la capacidad de convocatoria que en años anteriores.

Ricardo Belmont, en su candidatura para la reelección en 1993, consiguió también la victoria en otros 22 distritos con su partido OBRAS. Por su parte, Alberto Andrade de Somos Perú en los comicios de 1995 ganó en otros 19 distritos y en su segundo periodo de 1998 sumó alcaldes en 22 distritos.

“Antes habían figuras que tenían mucha votación de arrastre. Ricardo Belmont ni siquiera presentó candidato a la alcaldía y ganó en Chaclacayo. O sea, mejor demostración del voto de arrastre no puede haber. Después viene Alberto Andrade con el voto de arrastre y también Castañeda Lossio. Susana Villarán como que corta esa tendencia y con ella empieza definitivamente el voto cruzado”, precisó Tello.

Para el especialista, lo ocurrido en el 2010 marcó un punto de inflexión. En el 2014 volvió a ganar Castañeda Lossio, pero sin la fuerza de arraste que caracterizó su postulación anterior. Desde la elección que ganó Villarán se evidenció también la presencia del endosé y el giro en los resultados que puede darse durante las dos semanas previas al día de los comicios.

“Considero que el voto arrastre no va a ser tan fuerte, salvo en algunos distritos que pueden sí tener una marcada tendencia a votar igual que la MML. Entre estos distritos están, por ejemplo, los de la Lima Moderna. Distritos tradicionales, por ejemplo, pueden tener una tendencia de arrastre. Me parece que ahí va a ganar una campaña más inteligente y más focalizada si el electorado mayoritario lo decide”, agregó el presidente del Instituto Aklla.

Los distritos con marcadas posiciones

Precisamente, el análisis del efecto arrastre desde el 2006 permite detectar los distritos que en las últimas cuatro elecciones (a excepción de la del 2010) votaron siempre en línea al candidato que ganó la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Estos son Jesús María, Lince y Pueblo Libre. Coinciden, además, en que son distritos que comparten límites territoriales y son colindantes a Lima Cercado.

“Lima Moderna siempre suele tener un voto arrastre con un candidato muy bien posicionado para la metropolitana. Son distritos que por naturaleza tienen un electorado que apuesta por una figura que sea del mismo partido que el candidato a la metropolitana de su preferencia”, señaló Tello.

Incluso en la elección de 2010, estos tres distritos votaron por el mismo partido que obtuvo la mayoría de victorias municipales, el PPC de Lourdes Flores Nano. Aquel año fue también uno en los que se repartió los distritos entre un mayor número de partidos: 13 agrupaciones distintas obtuvieron al menos una alcaldía. Algo similar ocurrió en 2018 cuando ganó Jorge Muñoz con Acción Popular.

En las elecciones de 2022 los 43 distritos se distriubuyeron entre siete partidos: Renovación Popular (13), Alianza Para el Progreso (9), Podemos Perú (8), Somos Perú (6), Avanza País (5), Acción Popular (1) y Juntos por el Perú (1).

Esta dispersión es la menor de los últimos 20 años. En 2018, el reparto fue entre 12 partidos; en 2014, entre 10 partidos; en 2010, entre 13 partidos y en 2006, entre 10.

Por otro lado, los distritos de Chorrillos, Los Olivos, Punta Negra, Santa María del Mar y Villa el Salvador han tenido siempre un voto distinto al que resultó ganador de la MML.

Para José Tello esto no es extraño. Según su análisis, en estas jurisdicciones predomina un voto caudillista y reeleccionista.

“Ellos creen en el caudillismo local, a ellos no les interesa la votación metropolitana, votan cruzado y votan por su líder local. Por ejemplo, Chorrillos hay que recordar que votó por Pablo Gutiérrez tres veces y por Miyashiro papá cinco veces. En el caso de Los Olivos, por Felipe Castillo papá se votó en cinco ocasiones también e incluso Felipe Castillo organizó su partido, La Mamacha, con el símbolo ‘Siempre Unidos’. Entonces, eso indica claramente que ahí hay una votación distinta, un tema de caudillismo local y hay que reconocer que esos distritos son reeleccionistas. También otro distrito reeleccionista y que tiene tendencia a votar cruzado es Lurigancho-Chosica”, añadió.

Sobre el caso de Punta Negra, precisó que en este distrito se vive también una dinámica distinta debido a los problemas por el voto golondrino.

Respecto a la lucha contra la inseguridad ciudadana, el partido propone delegar facultades en el ámbito migratorio y de nacionalidad a fin de promover una una migración ordenada, segura, con plena observancia del derecho al debido procedimiento.

También establece “modificar el marco normativo en materia de rastreo, localización, geolocalización, control, registro, trazabilidad, baja de líneas y bloqueo de equipos terminales móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico de comunicación utilizados ilícitamente”.

La misma medida debe extenderse, indican, “a las comunicaciones ilegales establecidas desde los establecimientos penitenciarios y/o centros juveniles”.

A su vez, plantean otorgan permiso para “legislar para combatir la delincuencia, criminalidad organizada y mercados ilícitos”. Ello “a través de medidas dirigidas a fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos, así como el tratamiento penitenciario y asistencia post penitenciaria”.

Modificación de normas en materia de seguridad

Para ello sugieren la modificación de una serie de normas y decretos. Entre ellos se encuentra la Ley N.º 32490, ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías; la Ley N.º 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional; y la Ley N.° 32332, ley que implementa la plataforma Denuncia Digital para el registro de denuncias digitales por delitos contra el patrimonio.

Fenómeno El Niño

Por otro lado, en cuanto a acciones para enfrentar el Fenómeno El Niño proponen que se faculte al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para disponer y ejecutar, de manera directa y excepcional, la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante lo primeros quince días calendario, contados desde la ocurrencia de una emergencia o desastre.

Además, se busca potenciar la economía agraria. Para ello plantea facilitar el acceso a créditos, garantías, seguros y otros instrumentos de financiamiento para la actividad agraria. Asimismo, brindar un ecosistema de emprendimiento innovador, mediante instrumentos de capital semilla, garantías, crédito productivo y otras modalidades de financiamiento dirigidos a emprendimientos innovadores, MYPE y bionegocios.

En función a ello, proponen: modificar la Ley N.° 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional (BFH); Ley N.° 30852, Ley que aprueba la exoneración de requisitos a familias damnificadas con viviendas colapsadas o inhabitables con el Bono Familiar Habitacional y con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos constituida por población damnificada con vivienda con daño recuperable; y Ley N.° 31526, Ley que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias.

Bruce considera que el JNE “está haciendo el juego de una manera vergonzosa e inconstitucional”, según indicó en entrevista a Exitosa.

Incluso, mencionó que antes del debate, diversas organizaciones políticas solicitaron al JNE que esclareciera la situación del ex candidato presidencial para así la ciudadanía pueda definir una postura.

"Lo mínimo que tiene que hacer el Jurado es decirle a la ciudadanía: escojan; si ustedes marcan este símbolo, este candidato será alcalde; si ustedes marcan este otro, esta otra persona será alcalde", anotó.

Todo ello, considera, es como si el JNE le dijera a la ciudadanía “ustedes voten no más que yo, luego voy a definir quién es el alcalde”.

Por eso, Bruce propone que la institución se pronuncie a más tardar este 30 de septiembre ante la cercanía de las elecciones.

Carlos Bruce: “El Municipio de Lima se puede convertir en el Petroperú 2 del Estado”

Sobre todo, mencionó que la decisión resulta urgente al tener en cuenta la gestión de López Aliaga en la comuna.

“La situación de deuda del Municipio, arbitrajes que ya están empezando a perder, los costos judiciales que vamos a tener que asumir sin contar la reparación a las empresas, lo que puede llegar a ser miles de millones de dólares. El Municipio de Lima se puede convertir en el Petroperú 2 del Estado”, anotó.

Resaltó que ese forado (económico) tiene nombre propio: “¿Quién concertó esa deuda?, ¿quién ilegalmente le quitó el contrato a estas empresas? Que yo no creo que sean unos santos, pero hay que respetar la ley. Eso tiene nombre propio y fue Rafael López Aliaga. Él va a tener que ser responsable y asumir por la situación del Municipio y todavía pretende reelegirse”.

Por eso, enfatizó en que “Lopez Aliaga ha sido un pésimo administrador de la ciudad, pero se vende como un gran administrador”.

“¿Expediente técnico? No, eso es para que los caviares ganen plata. Eso es una barbaridad. El expediente técnico es un documento básico por dos razones para técnicamente hacer bien la obra y para saber cómo se gastaba la plata”, explicó.

Este último punto, indicó, quizá incomodaba al ex candidato presidencial. “Lo han hecho todo sin concurso, sin licitación. Toda la vía Expresa Sur es a dedo. La hicieron por emergencia cuando no califica. Una obra se puede hacer por emergencia cuando hay un fenómeno climático que puede causar daño o hay pérdidas de vidas humanas”, resaltó.

Candidatos critican silencio del JNE

Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima con Ahora Nación, cuestionó que el JNE aún no resuelva si entregará las credencial a Rafael López Aliaga si la lista de Renovación Popular resulta ganadora.

Al tener en cuenta la ausencia de una respuesta de parte del organismo electoral a menos de una semana de los comicios, consideró que está jugando en los hechos a favor de López Aliaga y se preguntó si la institución presidida por Burneo le tiene miedo al excandidato presidencial.

“Cómo es posible que hoy lunes (ayer) no sepamos la opinión del Jurado Nacional de Elecciones. Eso al único que favorece es a López Aliaga (...) El Jurado se demora en sacar la resolución. Es una falta de respeto a los limeños y limeñas. ¿Qué pasa, tienen miedo a López Aliaga? No entiendo otra razón. Este señor (López Aliaga) se ha acostumbrado a usar frases incitadoras a la violencia y creo que el señor del Jurado se ha asustado y por eso que no saca la resolución”, dijo.

Por su parte, el candidato de Avanza País, Francis Allison consideró que el Jurado Nacional de Elecciones si acreditará a Rafael López Aliaga si su partido gana las elecciones este domingo, por los antecedentes que ha tenido la institución dirigida por Burneo.

“Estoy absolutamente convencido (que el JNE le entregará a López Aliaga las credenciales de alcalde) porque lo han dejado renunciar a un cargo irrenunciable por la Constitución, el cargo de senador es irrenunciable”, subrayó.

El candidato de Juntos por el Perú, Oswaldo Vargas, sostuvo que el JNE está cometiendo un error al no pronunciarse sobre la situación de Rafael López Aliaga y que la institución carga con el precedente de que legalizó su postulación al permitirlo participar del debate municipal.

“Era importante que las reglas del juego se puedan transparentar a tiempo. Para mí, el Jurado ha cometido un error de no transparentar los aspectos importantes como es la reelección encubierta. También pasó el debate y lo dejaron participar. Corresponde que el Jurado Nacional de Elecciones transparente y responda cuando antes sobre la situación”, expuso.

JNE no define situación de López Aliaga

Roberto Burneo, informó que será el Pleno del órgano electoral el que tomará la decisión de si se entregará las credenciales de alcalde a Rafael López Aliaga si es que la lista de Renovación Popular resulta elegida en las elecciones de este domingo 4 de octubre.

“Yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente, es el pleno el que va a tomar ya las decisiones”, anunció y agregó que se encuentran en sesión permanente.

Tampoco indicó una fecha exacta: “Ya hemos indicado que vamos a tomar las decisiones cuando el Pleno pueda hacerlo. Yo les daré la información cuando ya tengamos una decisión”.

Explicó que el tema ya ha sido “discutido y conversado” en la interna de la agrupación y se acordó que otorgarán las facultades en los referidos temas “siempre que estas sean precisas”, declaró a RPP.

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Respecto a la posible elaboración de “una propuesta de predictamen distinta”, ello dependerá de “cómo va el escenario” y la eventual decisión será comunicada por el vocero de bancada.

"Tenemos que, primero, escuchar cuál es la propuesta que trae el predictamen, debatirlo y en función de eso tomaremos las decisiones correspondientes. Al final existen muchas posibilidades. En caso de que se niegue o se rechace este informe, se pueden presentar informes como bancada. Lo ha hecho Renovación Popular", expresó.

También, dejó claro que si “se aprueba el dictamen, definitivamente, se archiva el pedido de facultades, son dos escenarios". "Nosotros dejamos abierta esa posibilidad, estamos trabajando esa posibilidad de plantearlo”, dijo.

En este último caso, remarcó que la única condición para ello es que el Senado se comprometa a no modificar lo que se apruebe en la Cámara de Diputados.

“Ahora, lo que sí está absolutamente claro es que nosotros estamos poniendo un condicionante: que el Senado tenga la suficiente madurez política para decir que se compromete a no modificar lo que nosotros le enviemos. Ese es el tema. ¿Dónde se entrampó esta situación? Esta situación se entrampó con las declaraciones que hizo el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, que salió a decir que ‘bueno, hagan lo que hagan en diputados, nosotros acá lo vamos a modificar y si podemos la vamos a restituir’", mencionó.

El diputado José Marcelo declaró ante la prensa que aunque la reunión del grupo se centró en el pedido de facultades, la bancada alcanzó la mayoría para no respaldar la iniciativa que busca la salida de Astudillo.

“(…) en relación al tema de la censura hemos llegado a un acuerdo por mayoría en bancada que no vamos a apoyar dicha moción”, indicó el parlamentario.

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Marcelo precisó que se trata de un acuerdo que se definió al haber pasado dos meses de gestión y no registrar faltas éticas en su gestión.

“Es un acuerdo por mayoría y es algo que respetamos en la medida que efectivamente ha pasado dos meses de la gestión del ministro y que no consideramos que haya alguna falta ética”, añadió ante los medios.

Sin embargo, la diputada Indira Huilca hizo pública su postura en contra del acuerdo y confirmó que votará a favor de la censura a César Astudillo.

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Huilca sostuvo que lo expresado en la moción resume el desempeño del titular del Interior al evidenciar una “manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”.

Además, señaló que las decisiones del sector no apuntan a la reducción de la violencia armada ni a reprimir a las bandas criminales. Asimismo, Huilca cuestionó las razones de sus colegas de bancada para no apoyar la moción.

Frente a quienes sostienen que es pronto para exigir resultados o mantienen expectativas respecto a los próximos ascensos policiales como recambio institucional, la representante sostuvo que "con el fujimorismo, no caben tales expectativas".

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Del mismo modo, añadió que solo se puede otorgar un plazo cuando se confía en los planes y la estrategia del Ejecutivo, lo cual no ocurre en este caso, e instó a ejercer un rol de oposición firme en beneficio del interés nacional.

“Si otorgamos un plazo para esperar resultados, debe ser porque confiamos en que la ruta trazada nos llevará a esos resultados. No es el caso”.

Los parlamentarios acusan a la legisladora de una "falta de transparencia" y un "deficiente manejo de la Mesa Directiva" que afecta la programación de las sesiones y la atención oportuna de los temas en agenda.

El documento, firmado por los legisladores Jaime Abensur, Pier Figari, Marco Pacheco y Arturo Alegría, sostiene que la conducción de Avendaño ha perjudicado el trabajo de la comisión.

Sin embargo, al presentarse el pedido durante la sesión, la titular de la mesa se negó a darle curso apoyándose en un informe técnico.

"Habiendo leído el artículo noventa y nueve del reglamento, no es aplicable esta moción; por lo tanto, tenemos que continuar con esta sesión convocada", declaró Avendaño.

La decisión de la presidenta provocó el reclamo inmediato del diputado Jaime Abensur, quien le exigió dejar el puesto para que el vicepresidente asuma la conducción.

"Señora presidenta, se ha presentado una moción de censura. Tenga usted la amabilidad de tramitarla. Usted tiene que dejar la mesa y tiene que asumir la presidencia el señor García porque su presidencia ha sido cuestionada […], el reglamento así lo ampara", sostuvo el legislador.

El anuncio vino de Daniel Barragán, senador de Obras, quien aseguró que aún no se ha tomado una decisión en su grupo parlamentario.

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“Todavía no se ha decidido, realmente. El mismo partido cívico Obras si bien es cierto, en la cámara de diputados, hemos apoyado que se presente una moción de censura, nosotros en la bancada lo vamos a evaluar”, dijo a la prensa.

Horas antes, el diputado de Ahora Nación, José Marcelo, informó que su bancada acordó por mayoría no respaldar la moción de censura contra el ministro del Interior. Al ser consultado por ello, Barragán insistió en que las “van a conversar” y luego brindarán una posición final.

Anteriormente, el diputado y vocero de la agrupación, Víctor Piñán, había informado que la bancada Obras se sumaba a la moción de censura a fin de que Astudillo “responda políticamente por la conducción de su sector”.

El vocero demandó acciones concretas ante el avance de la violencia y señaló que el país requiere un cambio frente a la crisis de delincuencia.

"La ciudadanía exige seguridad, respuestas y resultados. No podemos permanecer indiferentes mientras la criminalidad sigue cobrando vidas en nuestro país".

Ahora Nación no respaldará censura contra César Astudillo

Por otor lado, hasta este 29 de septiembre, se desconocía la posición de Ahora Nación al respecto. Sin embargo, el diputado José Marcelo, anunció que, por mayoría, la agrupación no respaldará la censura.

"En relación con el tema de la censura hemos llegado a un acuerdo por mayoría en bancada de que no vamos a apoyar dicha moción".

Marcelo también señaló que podría existir algún voto en disidencia dentro de la agrupación

"En relación con el tema de la censura hemos llegado a un acuerdo por mayoría en bancada de que no vamos a apoyar dicha moción", declaró Marcelo a la prensa. El parlamentario precisó que, para la mayoría de la agrupación, Astudillo lleva aproximadamente dos meses en el cargo y no se ha presentado una falta ética o moral que justifique respaldar su salida.

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Marcelo también señaló que podría existir algún voto en disidencia dentro de la agrupación. De esta manera, la posición comunicada corresponde al acuerdo mayoritario de la bancada, aunque no implica necesariamente que todos sus integrantes voten de la misma manera cuando la moción llegue al Pleno.

Además, calificó el encuentro como respetuoso e indicó que el Ejecutivo manifestó su disposición a respetar las decisiones que adopte la bancada y la Cámara de Diputados.

Moción de censura cuestiona gestión frente a la inseguridad ciudadana

La moción de censura contra Astudillo fue presentada el 24 de setiembre con 35 firmas de diputados de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno. El documento cuestiona la conducción del Ministerio del Interior frente al incremento de los homicidios y otros hechos de violencia registrados en el país.

Las tres bancadas que respaldan la iniciativa suman 64 votos, para aprobar una censura en la Cámara de Diputados se necesitan 66 votos, por lo que la posición de los 10 integrantes de Ahora Nación era clave para la votación.

Con el acuerdo anunciado este martes, Ahora Nación no se suma al bloque que respalda la censura. La moción, sin embargo, todavía debe ser debatida y votada por la Cámara de Diputados.

"Les pido dar la batalla política, porque más allá de los extremos y los radicales que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades, yo creo que hay bancadas que van a estar a la altura (...), ojalá puedan recapacitar, porque nosotros hemos mantenido paciencia democrática y una actitud republicana hasta el momento".

Además, el primer ministro sostuvo que el rechazo a la delegación de facultades no representa una negativa a la gestión de Keiko Fujimori, sino un perjuicio a la ciudadanía.

Predictamen que rechaza pedido de facultades

El documento de 205 páginas elaborado por la Comisión de Constitución —presidida por Juntos por el Perú— recomienda no otorgar las facultades para dictar normas con rango de ley durante un periodo de 120 días calendario.

El análisis concluye que el Ejecutivo no logró fundamentar la urgencia constitucional para legislar de manera directa.

El pedido gubernamental abarca un paquete de ocho áreas: seguridad, migración, micro y pequeñas empresas (pymes), empleo, impuestos y vivienda.

No obstante, la mesa de trabajo parlamentaria consideró que las materias presentadas son demasiado amplias, carecen de precisión y no cumplen con los requisitos de la Carta Magna, sumándose así a la postura de otras cinco comisiones de la Cámara de Diputados que previamente emitieron pronunciamientos en contra.

Se tiene previsto que la Comisión de Constitución sesione entre este martes y miércoles para debatir y someter a votación el predictamen de archivo.

La medida responde a una presunta intimidación contra una inspectora municipal durante un operativo de fiscalización en Huaral y a las amenazas dirigidas a los periodistas que cubrieron el hecho.

La sesión estuvo conducida por el presidente del grupo de trabajo, el diputado Henry Albañil del Partido Cívico Obras.

Además, el grupo de trabajo aprobó el ingreso de denuncias de oficio contra los legisladores Julián Pérez y Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, además de declarar reservada la audiencia contra Pérez por una investigación anterior vinculada a su expareja, quien denunció haber sufrido violencia física y psicológica.

Investigación por el caso en Huaral

Respecto a Milagros Santana, la comisión evaluó que existen elementos suficientes para pasar a la fase probatoria tras la difusión de imágenes en redes sociales y medios de comunicación.

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Durante la lectura del informe de calificación, la secretaria técnica del grupo parlamentario detalló que el hecho se origina en una infracción de tránsito y la posterior reacción de la parlamentaria.

"Como ustedes podrán advertir del análisis preliminar de los hechos, estos están referidos a una presunta acción realizada por la diputada denunciada con relación a una intimidación personal que habría dirigido a una fiscalizadora municipal en la ciudad de Huaral".

Asimismo, el documento expuesto en la sesión citó el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), que condena la postura adoptada por la legisladora frente a los medios que cubrieron el suceso.

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"La Asociación Nacional del Periodista del Perú, ANP, expresa su enérgico rechazo a la actuación del estudio jurídico Santana Vera vinculado a la diputada Milaros Karina Santana Vera, con el evidente fin de intimidar a periodistas que difundieron una actuación cuando menos reprochable de su parte, siendo una alta funcionaria del Estado".

Justificación sin reconocimiento de falta

El informe incluyó además una entrevista emitida en el programa 'Panorama', en la que la legisladora admitió haberle advertido a la inspectora municipal que perdería su trabajo.

Al ser cuestionada sobre si esto constituía un abuso de autoridad, Santana lo negó bajo el argumento de que el personal municipal no tenía competencias de tránsito.

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"No es un abuso de autoridad porque ellos estaban usurpando su trabajo. Ellos son fiscalizadores y la única persona en este caso que podría ponerme una multa es un policía de tránsito", señaló.

Sin embargo, el grupo parlamentario precisó que esta postura demuestra que la legisladora no reconoce la gravedad de su conducta ni la vulneración al reglamento de ética.

"Sin embargo, con respecto a la suposición asumida por la diputada, se advierte que no asume ni precisa que dicha acción pueda haberse suscitado una falta al reglamento de ética […], siendo que los hechos se encuentran relacionados con una posible emisión de frases que resultan incompatibles con el orden público y las buenas costumbres que merman la investidura parlamentaria y la imagen del Congreso de la República".

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Por estas razones, la comisión concluyó que la conducta de Santana justifica el inicio de la investigación por presunta infracción a los artículos 115, 117 y 118 del Reglamento de Ética Parlamentaria, relacionados con el orden público y la investidura del cargo.

Denuncias de oficio y sesión privada para Pérez Mallqui

En la misma jornada, los integrantes de la comisión aprobaron admitir dos nuevas denuncias de oficio contra Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino Casavilca.

Tras la aprobación de estas medidas, se dio inicio a una audiencia correspondiente a un expediente anterior que involucra al diputado Pérez Mallqui. A pedido del presidente de la mesa, Henry Albañil Carmona, la sesión pasó a ser privada para salvaguardar los derechos de la expareja del legislador.

"Tratándose de hechos en los que se encuentra involucrada la expareja del diputado denunciado y en donde se tratarán aspectos íntimos a fin de no re-victimizarla, propongo, colegas, que de conformidad al artículo 50 del reglamento del Congreso pasar a sesión reservada".

Al término de la reunión, los miembros de Ahora Nación se retiraron sin brindar declaraciones a la prensa. La PCM tampoco precisó qué planteó cada parte, quiénes del gabinete asistieron ni si la bancada fijó una posición sobre el pedido.

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Desde las 2.00 p. m., la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inicia la revisión del pedido en la Sala Grau. El predictamen de 205 páginas, al que accedió La República, recomienda enviarlo al archivo porque el Ejecutivo no demostró la urgencia de legislar por su cuenta. Hasta el momento, cinco comisiones ya se habían pronunciado en contra.

Cabe recordar que el Ejecutivo solicita legislar durante 120 días calendario en ocho áreas, entre ellas seguridad, migración, micro y pequeñas empresas, empleo, impuestos y vivienda. Su exposición de motivos tiene 436 páginas y, según el predictamen, toca a los 19 sectores del Ejecutivo. Por esa amplitud, la comisión dividió la sustentación en dos jornadas, las primeras cuatro materias se ven hoy y las cuatro restantes, mañana miércoles 30, desde las 9 de la mañana.

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El predictamen cuestiona la amplitud del pedido y la confianza en el Ejecutivo

En seguridad, el predictamen observa algunos puntos, como que se permitiría que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía ante amenazas al orden interno, algo que la Constitución solo prevé en estado de emergencia.

Otra declararía terroristas a las organizaciones criminales, lo que César Landa, del equipo consultor de la comisión, calificó de fraude a la Constitución porque el terrorismo exige un fin político.

Sobre el Fenómeno del Niño, el texto señala que 18,453 centros poblados en riesgo muy alto, con más de 1.1 millones de personas. Aun así, solo considera urgente una medida, que INDECI entregue ayuda humanitaria de forma directa durante los primeros 15 días de una emergencia.

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En lo laboral y financiero, el predictamen calificó de genérica la propuesta de un régimen único y progresivo que reemplace al general y al de las mypes, y recordó la derogada Ley Pulpín.

También observó una contradicción en el intento de eliminar los topes a las tasas de interés, el pedido dice modificar dos artículos, pero admite que después habría que cambiar otras normas. El texto sostiene además que delegar es una potestad del Congreso y no una obligación, que el Ejecutivo no acreditó que no pueda actuar con las normas vigentes y que advierte que el Senado podría ampliar lo que Diputados recorte.

Asimismo, señaló que la agenda principal estará enfocada en la seguridad ciudadana y en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

"Estamos seguros que en ese afán de luchar contra organizaciones criminales transnacionales que no respetan la soberanía de los países, que no respetan las fronteras, el presidente Bukele va a poder compartir muchas lecciones aprendidas con la presidenta Fujimori”, indicó.

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Del mismo modo, agregó que también se abordaría el rol del Estado en el conflicto armado interno. "La presidenta Fujimori también va a poder contarle al presidente Bukele lo que es la victoria que tuvo el Perú frente a organizaciones terroristas como Sendero y el MRTA”.

Por otro lado, durante una transmisión en vivo por TikTok junto a Keiko Fujimori, el canciller manifestó que tiene expectativas del encuentro. "Yo también estoy muy ilusionado por ese encuentro que va a tener usted con el presidente Bukele”.

Además, Espá sostuvo que esperan aprender del modelo salvadoreño en materia de seguridad. "Él tiene muchas lecciones aprendidas que contarnos, de compartir con nosotros. Estoy seguro que esas lecciones aprendidas también van a servir para que nosotros podamos responder efectivamente a las justas demandas del pueblo peruano por mayor seguridad, mayor seguridad ciudadana”.

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Respaldos en el Congreso y el Gabinete

La confirmación del viaje internacional generó reacciones a favor dentro de la bancada oficialista y el Ejecutivo. La senadora de Fuerza Popular, Nilza Chacón, respaldó la iniciativa.

"Esperemos que sí, sería importante de que intercambias esas estrategias entre esos lazos de coordinaciones entre El Salvador y Perú. Eso es bueno”, indicó para la prensa. En esa línea, también señaló que ambos poderes del Estado deben cumplir con sus responsabilidades sin interferir.

"Creo que el Ejecutivo tiene que hacer su trabajo y el Congreso también tiene que hacer lo suyo. Estamos viendo que está muy lenta la respuesta por parte del Congreso y yo creo que no tenemos por qué obstaculizar también el trabajo del Ejecutivo”. Asimismo, la senadora también sugirió tomar como modelo el sistema penitenciario salvadoreño. "Los intercambios, la modalidad de trabajo que ha tenido el señor Nayib Bukele en su país, es bueno que aquí en el Perú, en su momento, se pueda replicar con el tema de las cárceles. Yo creo que el acercamiento entre países es muy importante”.

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Por su parte, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, defendió la decisión institucional. "Es pertinente. En el Estado todos tienen diferentes funciones y se hace el trabajo que se requiere y tiene la conducción de las relaciones internacionales. Si ella lo considera conveniente, por supuesto que sí".

En esa misma línea, el senador Daniel Barragán del partido OBRAS destacó los beneficios de la experiencia internacional. "Yo creo que los intercambios que tienen con otros países siempre nutren para ver qué podemos implementar en nuestro país. Ellos han tenido una experiencia muy positiva en el área de seguridad ciudadana”.

Cuestionamientos sobre el viaje

Sin embargo, otros sectores legislativos expresaron cuestionamientos a la pertinencia del encuentro ante la urgencia de los problemas locales. El diputado y vocero del partido OBRAS, Víctor Piñán, se mostró en desacuerdo con el viaje.

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"Ahorita estamos viendo la delegación de facultades. Yo creo que ahora no es conveniente que viaje. Todavía tenemos que tomar una decisión porque ahora tenemos otros temas mucho más relevantes: Fenómeno El Niño, la criminalidad, asesinatos diarios. (…) Yo creo que deberían implementar políticas urgentes, (...) tiene que estar acá la presidenta, [debe] demostrar su liderazgo”.

Asimismo, la diputada Analí Márquez de Juntos por el Perú también apuntó que el momento elegido para la visita no era el más oportuno. "Por momento es prioridad el pedido de facultades legislativas. ¿No cree que se debe resolver todo este punto que es álgido?”, cuestionó.

Sin embargo, otra facción de la agrupación, liderada por las senadoras Ruth Luque y Mirtha Vásquez, exige la remoción inmediata del funcionario ante la falta de estrategias eficaces contra la inseguridad ciudadana.

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Rechazo a la censura inmediata y fiscalización con plazos

Desde la dirigencia del partido, Alfonso López Chau rechazó un apoyo automático a la moción parlamentaria y argumentó que las medidas extremas de control político deben responder a causales de mayor gravedad.

"Desde Ahora Nación no se ha tomado una decisión en ese sentido. Hay que pensar en el país; solo cuando un ministro cometa errores estructurales flagrantes escandalosos se debe aplicar una medida así", indicó para la prensa.

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En esa misma línea, el domingo pasado, el diputado Harvey Colchado hizo pública una carta abierta a la militancia en la que planteó una oposición firme pero técnica y advirtió que censurar al ministro en esta coyuntura —previa al proceso de ascensos en la PNP— podría perjudicar la reforma policial al beneficiar a sectores cuestionados.

Colchado precisó, además, que evaluará al sector mediante cinco indicadores concretos: depuración de oficiales, incremento de investigadores, asignación de fondos de inteligencia a las Depincri, equipamiento y ascensos por mérito.

"Si a mediados de diciembre no se cumplen estas metas, apoyaré la censura. Y si antes un hecho grave revela negligencia o complicidad del mando, no esperaré", se lee en su carta.

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Sectores que exigen la salida inmediata de Astudillo

En contraste, desde la facción parlamentaria que impulsa un mayor control político, la congresista Ruth Luque demandó que el ministro del Interior dé un paso al costado al considerar que la gestión actual carece de una conducción clara y de mecanismos de prevención frente al sicariato y la extorsión.

Luque sostuvo que el país exige respuestas concretas y una reforma en la Policía Nacional antes de nuevas promesas o estados de emergencia.

"El sector necesita una conducción que presente una estrategia verificable frente al crimen organizado, fortalezca la inteligencia y emprenda una reforma seria de la Policía", señaló mediante sus redes sociales.

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A esta posición se sumó la senadora Mirtha Vásquez, quien sostuvo que existen razones suficientes para proceder con la censura como un llamado de atención urgente al Gobierno.

Vásquez cuestionó que, tras citar al ministro al Congreso para exponer sus lineamientos en sesión reservada, no se presentaran avances concretos sobre la materia.

Asimismo, advirtió sobre la falta de perfil técnico del titular del sector. "El señor Astudillo es un militar, no es alguien experto en seguridad ciudadana y me parece que ahí el gobierno erró", manifestó vía Canal N.

Por su parte, la diputada Indira Huilca señaló que Ahora Nación todavía no acuerda una posición unificada sobre la moción de censura contra César Astudillo y explicó que los integrantes de la bancada no han podido reunirse por encontrarse en distintas regiones cumpliendo la semana de representación.

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No obstante, sostuvo que existe inquietud en la agrupación sobre el rumbo del sector y que algunas posiciones internas “no necesariamente” respaldan la política del Ejecutivo frente a la criminalidad.

En ese sentido, Huilca consideró legítima la iniciativa promovida por Juntos por el Perú y sostuvo que no deberían retirarse las firmas que permitieron su presentación.

Para la legisladora, hechos como el reciente asesinato de Susy Aponte, periodista y candidata al GORE de Áncash, generan una alarma en la población.

"Yo creo que sí amerita que tengamos una discusión seria, profunda, sobre cuál es la política de criminalidad de este Gobierno", manifestó.

Respecto a si la remoción del ministro terminaría favoreciendo a los delincuentes, Huilca rechazó esa postura. “Los criminales ya están celebrando en nuestro país mucho (...), lo que la gente siente es que la criminalidad hace de las suyas y cuenta con la complicidad institucional del Estado, sea por acción o por omisión”, señaló para la prensa.

"En Obras tenemos una filosofía: nosotros somos un partido distinto. El que traiciona se va, aunque me quede con uno", mencionó vía RPP.

Criterios de evaluación en el Mininter

El exalcalde de Lima argumentó que el Parlamento comete un error al intentar retirar a un ministro de manera apresurada, pues considera que interrumpir una gestión al poco tiempo de asumir el cargo destruye cualquier plan de seguridad.

Belmont argumentó su posición en su propia experiencia en la administración pública y sostuvo que la toma de decisiones exige un periodo mínimo de adaptación antes de aplicar el control político.

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"Se necesitan seis meses para sacar un ministro. Tú no puedes sacar un ministro al mes; destruyes un plan cualquiera. Yo fui alcalde y yo como alcalde pido seis meses, porque recién a los seis meses tienes la mirada del escenario y cambias de estrategia", explicó.

Frente a las diferencias en el interior del partido, el dirigente indicó que citó a la totalidad de parlamentarios de Obras para exigir explicaciones y definir una posición institucional uniforme. Belmont mencionó que los senadores y diputados de la agrupación alcanzaron sus curules bajo un compromiso firmado, por lo que desobedecer la línea representa un quiebre de lealtad con el electorado.

En ese sentido, reiteró que prefiere perder la representación en el Congreso antes que tolerar indisciplinas internas. "Ellos están sentados en los vagones representando la camiseta peruana. Nos ven como un club, pero no se puede cambiar de camiseta en el medio tiempo. Yo prefiero perder con honra que ganar sin ella. La política se ha maleado porque no hay lealtad a la locomotora que arrastra los vagones".

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Desde Obras señalan que el tema fue aclarado

En respuesta a las declaraciones de Belmont, el vocero de la Cámara de Diputados de Obras, Víctor Piñán, indicó que ya coordinaron con el fundador del partido. "Eso ya se aclaró con el señor Belmont. El vocero del Senado, el señor Daniel Barragán, ha conversado con Ricardo Belmont y ha tomado una posición, y obviamente está en la misma línea de la decisión que hemos tomado como bancada", sostuvo.

Además, Piñán agregó que explicaron sus razones al dirigente. "Ya se ha conversado con él, se le han dado los argumentos y eso ha quedado claro con el señor Belmont".

Por su parte, el vocero de la Cámara de Senadores de Obras, Daniel Barragán, descartó que exista un acto de deslealtad e indicó que el respaldo a la moción recoge la demanda de la ciudadanía frente a la inseguridad.

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"Para empezar, no ha dicho que ha sido traicionado. Lo que ha dicho es que se hacen cosas contrarias. En ningún momento ha dicho que ha sido traicionado. Lo que pasa es que los diputados reflejan lo que pide la población. Entonces, ellos están firmando un documento donde refleja eso", explicó.

Barragán señaló que la firma del documento no cierra la posición final de la bancada y confirmó un encuentro con la dirigencia del partido. "En realidad, si hay censura o no hay censura todavía no se ha definido. (…) Hoy va a haber una reunión con nuestro líder Ricardo Belmont".

El candidato de Renovación Popular obtuvo 25% en el estudio de Ipsos y 29,6% de los votos válidos en el simulacro de Datum. Carlos Bruce y Francis Allison ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

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La medición de Ipsos, realizada entre el 24 y 25 de septiembre, ubicó a Bruce, de Somos Perú, con 14% y a Allison, de Avanza País, con 13%. Más atrás aparecieron Daniel Urresti, de Podemos Perú, con 8%, y Samuel Daza, de Fuerza Popular, con 6%.

En el caso de Datum, el simulacro realizado entre el 23 y 25 de septiembre mostró una diferencia mayor entre los dos primeros candidatos. López Aliaga alcanzó 29,6% de los votos válidos y Bruce llegó a 17,2%. Allison quedó tercero con 13%, seguido por Podemos Perú con 7,1% y Fuerza Popular con 6,3%.

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¿Qué diferencias muestran las encuestas de Ipsos y Datum?

En la encuesta de intención de voto de Ipsos, López Aliaga registró 25%, Bruce 14% y Allison 13%. El estudio recogió las respuestas directas de los electores ante los nombres de los candidatos y sus respectivas agrupaciones políticas.

Ipsos también realizó un simulacro de votación. En esa medición, López Aliaga alcanzó 30% de los votos válidos, Bruce obtuvo 15,6% y Allison llegó a 15,1%. La encuestadora explicó que esta modalidad busca reproducir las condiciones de una votación mediante una réplica de la cédula electoral.

Datum, por su parte, registró 29,6% para López Aliaga, 17,2% para Bruce y 13% para Allison en votos válidos. En su medición anterior, realizada entre el 15 y 17 de septiembre, los resultados habían sido 28,4%, 18,2% y 11,3%, respectivamente. Así, la distancia entre López Aliaga y Bruce pasó de 10,2 a 12,4 puntos porcentuales.

El pedido abarca ocho áreas, entre ellas seguridad, migración, micro y pequeñas empresas, empleo, impuestos y vivienda. Según el predictamen, el Ejecutivo no cumplió lo que exige la Constitución para este tipo de solicitudes. La comisión consideró que las materias son demasiadas, poco precisas y sin urgencia demostrada.

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El texto precisó que el Congreso puede delegar asuntos concretos, no temas generales ni sectores completos. Añadió que el Legislativo no puede aprobar una ley en blanco que, en manos del Ejecutivo, termine en normas contrarias al interés de la población.

La exposición de motivos del Gobierno tiene 436 páginas y la fórmula de ley suma más de 20 adicionales. El predictamen advirtió que el pedido toca a los 19 sectores del Ejecutivo y que casi no deja aspecto de gobierno fuera. En esa lectura, el Ejecutivo pasaría a ser el legislador principal.

El documento todavía está incompleto. En la primera página, la fecha de la sesión y los nombres de los diputados que votaron a favor aparecen en blanco. Lleva la firma de la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño Vilca.

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Fuerzas Armadas, El Niño, empleo juvenil y topes de interés: lo que el predictamen observa del pedido

En seguridad ciudadana, el predictamen observó tres medidas. La primera permitiría que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía ante amenazas al orden interno. Según el texto, la Constitución solo les da el control del orden interno en un estado de emergencia. Agregó que el Ejecutivo buscaría revertir, sin debate en el Congreso, un cambio que el Legislativo aprobó en 2022. La segunda declararía terroristas a las organizaciones criminales.

César Landa miembro del equipo consultor del grupo de trabajo parlamentario, advirtió que eso sería un fraude a la Constitución, porque el terrorismo exige un fin político. La tercera, sobre la legítima defensa, invertiría la carga de la prueba, ya que el presunto agresor tendría que demostrar que la reacción fue excesiva

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Sobre El Niño, el predictamen reconoció el riesgo. Citó que 18,453 centros poblados tienen riesgo muy alto, con más de 1.1 millones de personas. Aun así, observó que el pedido no plantea una delegación específica para enfrentarlo. De las medidas ligadas a desastres, solo una le pareció urgente: que Defensa Civil (INDECI) entregue ayuda humanitaria de forma directa durante los primeros 15 días de una emergencia.

Sobre esa, el texto dijo que el Congreso podría dar facultades si el Ejecutivo precisa qué quiere cambiar. Las demás, como agilizar obras de emergencia o ampliar el pago de obras con impuestos, ya tendrían base en las normas actuales. El bono de vivienda para damnificados quedó descartado porque su redacción es muy general.

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En lo laboral, el Ejecutivo propuso un régimen único y progresivo que reemplace al general y al de las mypes. En ese esquema, derechos como la CTS, las gratificaciones y las vacaciones llegarían de forma gradual, según la capacidad de cada empresa. El predictamen respondió que la fórmula es genérica y no dice qué normas cambiaría. Recordó la Ley Pulpín, derogada tras dos semanas de vigencia y protestas. También citó datos del especialista Fernando Cuadros: la informalidad en las mypes bajó de 91.7% en 2005 a solo 88.5% en 2025, pese a los recortes de derechos desde 2003. El Ejecutivo, según el texto, no hizo un balance de esa experiencia.

En banca, el Gobierno quería eliminar los topes a las tasas de interés que puso la ley contra la usura (Ley 31143) para créditos de consumo y de mypes. Sostuvo que esos límites dejaron fuera del sistema financiero a quienes tienen menos ingresos o no tienen historial de crédito. El predictamen observó una contradicción, ya que el pedido dice modificar solo dos artículos, pero admite que para quitar el régimen completo habría que cambiar otras normas después.

Citó al Consejo Nacional de Usuarios (CONUC), que advirtió que una tasa más alta no mejora los ingresos ni la capacidad de pago del cliente. Preguntó por qué partir la reforma en pedazos y no debatirla completa en el Congreso. También observó, con la Comisión de Economía, que las cuentas de ahorro para menores desde los 12 años y el acceso de los bancos a datos de RENIEC necesitan reglas previas de consentimiento y protección de datos.

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El predictamen duda de la confianza en el Gobierno y advierte que el Senado podría ampliar el pedido

El documento dedica un tramo a la confianza entre poderes y la califica como uno de los aspectos más frágiles del pedido. Recuerda que la fuerza política en el Gobierno estuvo vinculada al golpe de abril de 1992. Menciona además el comportamiento de su bancada en el Congreso anterior y el discurso de la presidenta en la Asamblea de la ONU, en el que, según el texto, no mostró intención de diálogo con el Congreso.

Otro punto es el Senado, que revisa lo que aprueba Diputados. El texto recogió declaraciones de voceros oficialistas que sostuvieron que esa cámara podría revertir los recortes que hagan los diputados. Recordó que el reglamento del Senado prohíbe cambios que desnaturalicen lo aprobado por Diputados. Si eso ocurriera, agregó, sería una renuncia del Congreso a legislar.

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El predictamen también sostuvo que delegar es una potestad del Congreso y no una obligación. Según el texto, el Ejecutivo no acreditó que no pueda actuar con las normas actuales. Señaló que muchas medidas podrían aprobarse con decretos de urgencia o presentarse como proyectos de ley.

La comisión afirmó que las condiciones para otorgar la delegación no están dadas. Explicó que hace falta una voluntad de entendimiento entre ambas cámaras, algo que, según el texto, no se logró hasta ahora. Añadió que el Ejecutivo puede plantear la delegación, pero no tiene derecho a que se le otorgue.

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Comisión de Constitución revisará este 29 y 30 de septiembre el pedido de facultades

La Comisión de Constitución convocó a una sesión no ordinaria para revisar el pedido de facultades del Ejecutivo el martes 29 y el miércoles 30 de septiembre. La primera jornada será desde las 2 p. m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo, y en ella se verán las cuatro primeras materias de la solicitud. La segunda será el miércoles, desde las 9 a. m., en el mismo lugar, con las cuatro materias restantes.

La comisión explicó que dividió la sustentación en dos fechas por la amplitud del pedido. Así, sus integrantes podrán revisar cada grupo de materias por separado antes de seguir con el trámite del dictamen. Horas antes, Ernesto Zunini había anunciado que el predictamen se debatiría este 29 de septiembre.

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Pero la convocatoria generó reclamos dentro del propio grupo de trabajo. El diputado Ernesto Zunini anunció que la comisión se reuniría el martes 29 para debatir y votar el predictamen.

La vocera de Renovación Popular, Roxana Rocha, dijo a La República que se enteró por las declaraciones de Zunini y que esperaba la convocatoria formal. Horas antes, había cuestionado en redes sociales que, a las 9 a. m. del lunes 28, aún no habían citado a los miembros a la sesión ordinaria de ese día.

El diputado Frank Krklec, también de Renovación Popular y titular de la comisión, afirmó que no llegó ninguna citación formal, ni para el lunes ni para el martes, que describió como una sesión extraordinaria.

Cuestionó además que Zunini adelantara la fecha: sostuvo que esos anuncios le corresponden a la presidenta de la comisión. Aun así, consideró necesario que el predictamen se discuta esta semana.

“Yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente, es el pleno el que va a tomar ya las decisiones”, anunció y agregó que se encuentran en sesión permanente.

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Tampoco indicó una fecha exacta: “Ya hemos indicado que vamos a tomar las decisiones cuando el Pleno pueda hacerlo. Yo les daré la información cuando ya tengamos una decisión”.

Exhortó a los ciudadanos a monitorear los canales oficiales del organismo porque todas las decisiones son públicas.

Rafael López Aliaga asegura que puede asumir como alcalde

Al ser consultado por el tema, López Aliaga mencionó que por ley si es que no hay alcalde debe asumir el primer regidor de la lista.

“Piña pues. No hay ley que habilite al JNE a proclamar a otro regidor. Tú no puedes dar leyes a tu capricho”, dijo en entrevista a Canal N.

Si ellos quieren cambiar una norma tendrían que ir al Congreso y ya no sería para este periodo.

Anteriormente, a mediados de septiembre, el ex candidato presidencial mencionó que él no está postulando al cargo de alcalde sino al de primer regidor, por lo que no tiene ninguna prohibición legal.

"Lo que dice la Constitución es ‘prohibido candidatear -el verbo es muy importante en derecho- a ser alcalde de Lima'. Yo no he candidateado a alcalde de Lima. Yo estoy candidateando a teniente alcalde o primer regidor, y teniendo a Lucho Rubio como alcalde. Toda la panelería que tú ves, que se hizo hace 2 meses, está con Lucho Rubio y Rafael López Aliaga. Yo he estado fuera de Lima, inclusive, 21 días, hasta saber la decisión de Lucho Rubios", declaró a RPP.

Por ello dijo que es una “mentira” decir que está postulando a una "reelección”.

Finalmente, explicó que en el supuesto caso que Renovación Popular gane en Lima, se tendría que aplicar la norma.

“Allí tienen que aplicar la ley, en el artículo 24. Así de simple. El derecho es muy lógico, es muy articulado. Aquí no estamos con caprichos, con qué me provoca, qué deseo, qué siento. Tiene una articulación lógica", anotó.

Se trata de: Ernesto Antonio Aranda Vergara, Jorge Félix Balarezo Rengifo, Augusto Ernesto Bernuy Alva, Teresa Giovanna Durand Silva, Marco Aurelio Espinoza Rivera, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, José Alfredo Pérez Duharte, Sarita Piscoya Morales y Manuel Isidro Vásquez Flores.

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Por su parte, los tres postulantes que fueron declarados no aptos (Víctor Omar Álvarez Herrera, David César Espinoza Acosta y Luigino Pilotto Carreño) podrán presentar un recurso de reconsideración entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. El 6 de octubre se comunicará la decisión.

La razón por la que fueron declarados no aptos solo puede ser consultada de forma individual por los postulantes en el extranet de la JNJ.

La lista de postulantes aptos y no aptos fue establecida en la sesión del pleno de la JNJ del 28 de septiembre, como parte de la Convocatoria N.° 006-2026-SN/JNJ.

Cronograma

De acuerdo con el calendario, los postulantes que superen las fases iniciales deberán continuar con la presentación de su información y documentación sustentatoria.

La entrega del currículum vitae y de los documentos que acrediten la información declarada está prevista para el 12 y 13 de octubre. Luego, la JNJ publicará los resultados de la evaluación curricular el 23 de octubre, fecha en la que se conocerá qué candidatos avanzarán a la siguiente fase del proceso de selección.

La etapa posterior corresponderá a la evaluación del plan de trabajo. Los postulantes deberán presentar sus propuestas el 11 y 12 de noviembre y, posteriormente, sustentarlas ante el pleno de la JNJ el 16 de noviembre. Ese mismo día se difundirán las calificaciones obtenidas y la lista de candidatos que continúen en el concurso.

El proceso concluirá con la entrevista personal, programada para el 11 de diciembre. En esa misma jornada se prevé la publicación del cuadro de méritos y de los resultados de la votación realizada por el pleno de la JNJ. Finalmente, la juramentación del nuevo jefe de la ONPE se realizará en un acto público previsto para el 14 de diciembre de 2026.

De acuerdo con el presidente del JNE, Roberto Burneo, será el Pleno de la institución el que tome una decisión y será pública. Sin embargo, no precisó ninguna fecha para ello y tampoco si sería antes o después de las elecciones.

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“Yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente, es el Pleno el que va a tomar ya las decisiones. (¿Cuándo van a sesionar?) Nosotros estamos en sesión permanente”, declaró a la prensa.

Asimismo, durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, el titular del JNE dijo que su institución tiene plazo hasta el 3 de octubre para excluir candidatos y se excusó señalando que los plazos que los plazos que tienen para resolver tachas y exclusiones “no es nada” en comparación a los del Poder Judicial.

Esta no es la primera vez que Burneo evita aclarar este punto. El 9 de septiembre anunció por primera vez que el JNE debatirá si los alcaldes que postulan como primeros regidores pueden recibir la credencial; sin embargo, tampoco especificó una fecha en la que comunicarían su decisión.

Según indicó —ante la cercanía del debate— 14 organizaciones políticas le pidieron formalmente a la Presidencia del JNE que se esclarezca este tema.

“Lo que puedo yo decirles es que se ha puesto en conocimiento de la Presidencia del Jurado esto y ya hemos, con Secretaría, establecido, de acuerdo con nuestra agenda, poder poner en debate este tema”, dijo en ese entonces.

Candidatos critican silencio del JNE

Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima con Ahora Nación, cuestionó que el Jurado Nacional de Elecciones aún no resuelva si entregará las credencial a Rafael López Aliaga si la lista de Renovación Popular resulta ganadora.

Al tener en cuenta la ausencia de una respuesta de parte del organismo electoral a menos de una semana de los comicios, consideró que está “jugando en los hechos a favor de López Aliaga” y se preguntó si la institución presidida por Burneo le tiene miedo al excandidato presidencial.

“Cómo es posible que hoy lunes (ayer) no sepamos la opinión del Jurado Nacional de Elecciones. Eso al único que favorece es a López Aliaga [...] El Jurado se demora en sacar la resolución. Es una falta de respeto a los limeños y limeñas. ¿Qué pasa, tienen miedo a López Aliaga? No entiendo otra razón. Este señor (López Aliaga) se ha acostumbrado a usar frases incitadoras a la violencia y creo que el señor del Jurado se ha asustado y por eso que no saca la resolución”, dijo.

Por su parte, el candidato de Avanza País, Francis Allison consideró que el Jurado Nacional de Elecciones sí acreditará a Rafael López Aliaga si su partido gana las elecciones este domingo, por los antecedentes que ha tenido la institución dirigida por Burneo.

“Estoy absolutamente convencido (que el JNE le entregará a López Aliaga las credenciales de alcalde) porque lo han dejado renunciar a un cargo irrenunciable por la Constitución, el cargo de senador es irrenunciable”, subrayó.

El candidato de Juntos por el Perú, Oswaldo Vargas, sostuvo que el JNE está cometiendo un error al no pronunciarse sobre la situación de Rafael López Aliaga y que la institución carga con el precedente de que legalizó su postulación al permitirlo participar del debate municipal.

“Era importante que las reglas del juego se puedan transparentar a tiempo. Para mí, el Jurado ha cometido un error de no transparentar los aspectos importantes como es la reelección encubierta. También pasó el debate y lo dejaron participar. Corresponde que el Jurado Nacional de Elecciones transparente y responda cuando antes sobre la situación”, expuso.

La última vez que López Aliaga se refirió al Jurado Nacional de Elecciones dijo que por “ley” le correspondía asumir el cargo, al no contar su lista con un candidato a la alcaldía tras la renuncia de Luis Rubio.

“Piña pues. No hay ley que habilite al JNE a proclamar a otro regidor. Tú no puedes dar leyes a tu capricho. Si ellos quieren cambiar una norma tendrían que ir al Congreso y ya no sería para este periodo”, señaló.

El ex candidato presidencial utiliza como argucia que no está postulando al cargo de alcalde sino al de primer regidor, por lo que no existe prohibición legal a su candidatura.

Sin embargo, en primera instancia la autoridad judicial consideró que el peritaje no era idóneo para establecer que se produjo un perjuicio al Estado por dicha suma. Y determinó que el monto fue mucho menor: S/ 129.351. Se desconoce cómo se llegó a esa cifra, pero difiere radicalmente de la imputación del fiscal José Guevara.

En el mismo proceso, el fiscal Guevara no denunció al general Julio Díaz Zulueta, quien, como jefe inmediato superior de los acusados, autorizó la supuesta contratación sobrevalorada. Y el ex jefe de la Administración de la Dirección Territorial de Chiclayo, coronel Apolinar Díaz Linares, quien gestionó y cumplió con la adquisición, fue absuelto por los mismos hechos.

LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS

Sin la presencia en el proceso del general Julio Díaz Zulueta y del coronel Apolinar Díaz Linares, quedó sin fundamento la imputación fiscal de la existencia de una cadena de mando que derivó en la supuesta compra sobrevalorada. Sin embargo, sigue el caso contra otros efectivos que dependían funcionalmente de Díaz Zulueta y Díaz Linares.

Estas irregularidades observadas en la investigación fiscal son evaluadas por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque.

En efecto, en esta segunda instancia se evaluará si se acreditó correctamente el perjuicio patrimonial, la metodología del peritaje fiscal, la distribución formal de competencias y la individualización de responsabilidades.

Por ejemplo, el juez Carlos Larios Manay, quien absolvió al coronel Apolinar Díaz Linares, rechazó el peritaje del fiscal José Guevara, el cual no era suficiente para sustentar la acusación de sobrevaloración por el monto señalado. Pero también porque el perito no explicó el informe en la audiencia y porque usó como referencia precios que no correspondían al período de las adquisiciones cuestionadas.

PERSONAJE CLAVE ABSUELTO

El coronel Díaz era quien, según la acusación, en cumplimiento de su función en la cadena de mando, aprobó el pago por los artículos comprados a precio sobrevalorado y se consumó el delito de colusión. Pero, como se ha indicado, Díaz fue absuelto.

Además, para el magistrado de primera instancia, el peritaje inflaba la presunta sobrevaloración en 82,9%.

La propia sentencia señala que la prueba actuada no permitía concluir con suficiencia la existencia de perjuicio en los términos señalados por la fiscalía.

En la audiencia convocada por la Sala de Apelaciones, el 17 de septiembre de 2026, la Procuraduría manifestó que el perjuicio superaba los S/ 750 mil y que estaba respaldado por la pericia contable.

Sin embargo, durante el debate se acreditó que el juez de primera instancia concluyó que el mencionado peritaje no era aceptable debido a cuestionamientos relacionados con la ausencia del perito y las fuentes utilizadas para los precios.

OPORTUNIDAD DE RECTIFICACIÓN

De esta manera, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Lambayeque tiene en sus manos los elementos fundamentales para acoger la apelación de los acusados en primera instancia: el funcionario que recibió facultades contractuales delegadas (coronel Apolinar Díaz Linares) fue absuelto.

En efecto, el general Julio Díaz Zulueta delegó facultades al coronel Apolinar Díaz Linares para que ejecutara las contrataciones. Sus subordinados no podrían haber actuado sin su pleno conocimiento. Pero en primera instancia el juez no encontró responsabilidad en Díaz Linares.

La decisión de la Sala de Apelaciones será decisiva para dejar en evidencia un caso deficientemente investigado y sustentado por la fiscalía.

El comandante PNP (r) Marcel Carbajal Tarazona y el suboficial PNP Jean Yampufé Sánchez, quienes estaban asignados en la Dirección Territorial Policial de Chiclayo, Lambayeque, son los que han recurrido a la Sala de Apelaciones porque consideran que han sido imputados con diligencias irregulares, ya detectadas en la primera instancia.

Solo en los últimos cuatro años y medio, menores de edad cometieron 8.375 infracciones de violación de la libertad sexual en Lima Metropolitana y el Callao. La cifra resulta de las denuncias formuladas por las víctimas. Y se incrementa desde la perspectiva nacional: 28.809 casos, de acuerdo con lo reportado por cada registro fiscal del Ministerio Público, en el mismo período.

Sin embargo, fuentes de la Policía Nacional admiten que se trata del delito con el mayor porcentaje de víctimas que no denuncia los hechos: 7 de cada 10 damnificadas no  reportan lo sucedido.  Es por desconfianza en las autoridades y por un dato que condiciona comportamientos: ocho de cada 10 agresores son familiares o amigos cercanos de las víctimas.

Detrás del silencio institucional hay una realidad devastadora, alarmante, que ocurre de forma constante en el país.

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El adolescente de 16 años que fue abusado por sus compañeros del Liceo Naval de San Borja debió ser protegido, pero el sistema falló y la protección de las niñas, niños y adolescentes sigue siendo una deuda pendiente que se niegan a saldar.

El epicentro del delito

Y, pese a que no se denuncia la mayoría de casos, las estadísticas oficiales revelan que los episodios de abuso sexual crecen en forma acelerada y constante en el Perú.

De los 8.375 casos reportados en la capital de la República y en el Callao en los últimos cuatro años y medio, 878 fueron perpetrados en Lima. Siguen los distritos de San Juan de Lurigancho (465), Independencia (456), Callao (445), Ate (378), San Martin de Porres (344), Villa María del Triunfo (334), Ventanilla (323), Comas (320) y Puente Piedra (273).

Salvo Santa María del Mar donde no se reportó ninguna violación en todo ese tiempo bajo estudio, los demás sí reportaron las agresiones. Y, como se consignó, se trata de un problema que no solo es grave, sino que aumenta año a año. En forma permanente y veloz.

Por tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores, hubo 2.152 incidentes denunciados; por esa misma modalidad sin consentimiento: 1.281; violación sexual 1.044; acoso sexual 231; chantaje sexual 31; y violación de persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir: 13.

También se registraron casos por violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento 4; y violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave 2.

Además,  por violación de persona bajo autoridad o vigilancia; violación sexual mediante engaño; responsabilidad especial; formas agravadas; tratamiento terapéutico; y 293 casos sin registro de delito específico.

El hogar podría ser una barrera de contención, pero en algunos casos se convierten en una trampa, pues los especialistas señalan que la mayoría de las agresiones sexuales es cometida por personas cercanas a los agraviados. Lamentablemente, el miedo y la vergüenza silencian a las víctimas de violencia sexual.

Un sostenido incremento anual

La gerenta del Observatorio de Criminalidad, Brenda Belleza, precisó que entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público registró 17.326 infracciones a la ley penal atribuidas a adolescentes en todo el país.

De este total, el 25,4% corresponde a infracciones por violación de la libertad sexual, las cuales presentan una tasa de crecimiento anual de 3,3% al comparar las cifras de 2022 y 2025. 

Para el cierre de 2026 se proyectan 6.266 infracciones, equivalentes aproximadamente a 18 ingresos diarios.

Indicó que el 53,8% se concentra en diez distritos fiscales, principalmente Arequipa y los distritos fiscales de Lima Metropolitana. En el caso de Ucayali registra la mayor tasa de aumento de este grupo con 23,9%.

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Más de la mitad de estas infracciones (52,3%) corresponde a: tocamientos o actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores de edad, violación sexual de menor de edad y tocamientos o actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

Si bien algunas infracciones representan menos del 1% del total, manifiestan tasas de crecimiento relevantes, entre ellas chantaje sexual (39,2%), violación de persona en imposibilidad de resistir (25,1%) y acoso sexual (18,2%).

En paralelo, entre enero y agosto de 2026, se registraron 24.358 delitos denunciados por violación de la libertad sexual cometidos por adultos. Esto es el 2,9% del total de delitos denunciados y consignados en el Ministerio Público.

Esta cifra representa aproximadamente 100 delitos denunciados diariamente, o cuatro por hora, y registra una tasa de crecimiento anual de 3,2%. El 50,5% se concentra en nueve distritos fiscales, que, en su mayoría, coinciden con aquellos que registran el mayor número de infracciones atribuidas a adolescentes por violación de la libertad sexual.”

Bromley: 'Dejan traumas para toda la vida'

El médico psiquiatra Carlos Bromley calificó el caso del Liceo Naval de San Borja como 'un hecho trágico que involucra al ambiente familiar y escolar'. Asegura que la violencia en las aulas no es aislada, sino un reflejo de la crueldad, el machismo, la discriminación y la normalización de las agresiones presentes en la sociedad.

Bromley indicó que la violencia y los abusos de menores en entornos escolares reflejan una profunda crisis social y de salud mental que requiere una política pública inmediata en los colegios. Enfatizó que es imperativo implementar estrategias de salud mental dentro de las instituciones educativas para prevenir conductas infractoras y proteger a los sectores más vulnerables.

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El especialista anotó que el impacto del abuso sexual en menores es inmenso porque, por lo general, el delito es cometido por personas en las que depositan su confianza.

“Estos eventos dejan marcas y traumas para toda la vida, más aún cuando son cometidos por personas en quienes confían, generalmente familiares, profesores o personas en quienes los menores comienzan a depositar sus primeros afectos”, señaló.

“Las casas, los colegios, se convierten en lugares donde se sienten amparados, donde asumen que nada les va a pasar. Entonces cuando ocurren hechos traumáticos generan marcas fuertes”, añadió Bromley.

La seguridad ciudadana será una de las principales prioridades de su propuesta municipal. Núñez sostiene que el alcalde debe asumir activamente su responsabilidad dentro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) y encabezar la coordinación entre la municipalidad, el Serenazgo y la Policía Nacional.

"Voy a liderar personalmente la seguridad ciudadana. Este es un problema que necesita decisión, prevención y capacidad de respuesta. De la seguridad de mis vecinos me encargo yo. ¡No los voy a abandonar!", afirmó.

Su propuesta contempla descentralizar la seguridad en las siete zonas de Ate mediante la implementación de siete bases de Serenazgo y siete centros de monitoreo. También plantea fortalecer al personal de Serenazgo, incorporar nuevas cámaras de videovigilancia e integrar las existentes.

El plan incluye el uso de herramientas de inteligencia artificial para detectar incidencias y sistemas de GPS para monitorear las unidades de patrullaje y mejorar los tiempos de respuesta. Asimismo, propone trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional y gestionar ante las autoridades competentes dos nuevas comisarías para Ate.

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Actualmente, Núñez se desempeña como gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Santiago de Surco y anteriormente ha ocupado cargos técnicos, de especialista, subgerente y gerente en diferentes municipalidades.

En materia de infraestructura, Núñez plantea continuar las obras que encuentre en ejecución y trabajar para culminar aquellas que estén paralizadas. "Las obras no son de los alcaldes, son de los vecinos. No podemos abandonar una obra simplemente porque fue iniciada por otra gestión, porque los únicos perjudicados son nuestros vecinos", señaló.

Su propuesta urbana considera la construcción y recuperación de pistas y veredas, el mejoramiento de parques y espacios públicos, polideportivos y espacios recreativos, además de muros de contención y escaleras seguras en las zonas que lo requieran. También plantea mantener la infraestructura construida durante gestiones anteriores para evitar su deterioro.

Como ingeniero civil y funcionario especializado en desarrollo urbano, Núñez propone además hacer respetar la zonificación, los parámetros urbanísticos y la residencialidad. "Las edificaciones tienen que respetar las alturas permitidas, los estacionamientos correspondientes y los usos establecidos para cada zona", manifestó.

En el ámbito social, plantea crear la primera Casa del Adulto Mayor, fortalecer la OMAPED e implementar un centro de atención para personas con discapacidad y personas con discapacidad. Su propuesta también contempla descentralizar las actividades culturales y generar oportunidades para los jóvenes mediante becas de estudio, prácticas preprofesionales y bolsa de empleo.

"Las obras son importantes, pero más importantes que las obras son nuestros vecinos. Quiero poner mis más de diez años de experiencia en gestión municipal al servicio de Ate, con humanidad, vocación de servicio y respeto hacia todos. Esa es la nueva forma de hacer política que proponemos: primero los vecinos", concluyó Núñez.

Los ofuscados familiares de las víctimas impidieron que Luis Obispo recibiera rápida atención, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital Víctor Ramos Guardia en Huaraz, donde esperaba en una silla de ruedas en el pasadizo del nosocomio.

Es en ese momento en el que uno de los agentes de la División de Investigación Criminal de Huaraz le hizo algunas preguntas y grabó la conversación en video. Las respuestas del homicida, pese a que en algunos pasajes no se le comprende por tener la boca inflamada, ofrecen detalles sobre el encargo que recibió para ejecutar a 'China Polo'.

Obispo revela que el encargo criminal lo recibió de una mujer en Lima que prometió una gran recompensa si cumplía el cometido. Se hace llamar 'La Gocha'.

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Conociendo al objetivo

Luis Obispo Díaz todavía estaba aturdido por haber protagonizado el asesinato de Susy Aponte Polo y por haber fracasado en su intento de escapar, además de soportar el dolor de los tres balazos. A continuación, detalla cómo fue que se involucró en el plan criminal.

—Agente: “¿Cómo conoces a la ‘China Polo’?”

—Obispo: “Por teléfono”.

—Agente: “¿Te mostraron su foto?”

—Obispo: “Claro, por el teléfono que ya lo boté”.

—Agente: “¿Tenías tu teléfono cuando disparaste?”.

—Obispo: “No”.

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El reclutamiento

El asesino no es un improvisado. Vive en el Perú hace ocho años. Fuentes policiales indicaron que mantenía una doble vida: conductor de taxi por aplicativo e integrante de una organización criminal compuesta por personas de la misma nacionalidad. Tiene experiencia en el manejo de armas, lo que explica la certeza del disparo que hizo para apagar la vida de 'China Polo'.

En esta primera declaración grabada, Luis Obispo menciona que lo contactó una mujer en Lima a la que conocía como 'La Gocha'. Es curioso, porque se trata del venezolanismo que se refiere a los nacidos en localidades de la región andina, como en los estados de Táchira, Trujillo y Mérida.

—Agente: (...)

—Obispo: “Yo conversé con ella, la ‘Gocha’”.

—Agente: “¿’Gocha’ se llama la que te contacta a ti?”

—Obispo: “Le dicen…”.

—Agente: “¿Le dicen ‘Gocha’? ¿Es chama o peruana?”

—Obispo: “Peruana”.

—Agente: “Ah, peruana. ‘Gocha’. ¿Y es de Lima? ¿Te contacta en Lima? ¿Ella es la que te da el encargo para que vengas (a Caraz)?

—Obispo: “Me contacta por teléfono, nada más. Porque yo no la conozco”.

—Agente: “¿Solo por teléfono, nada más? ¿Pero sí la conoces?

—Obispo: “Solo por teléfono”.

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Una cliente conocida

El sicario aporta un dato importante. Afirma que la mujer, 'La Gocha', era una cliente que tenía en su aplicativo de taxis inDrive. Las fuentes policiales señalaron que estos se encuentran en la base de datos del aplicativo, lo que permitirá seguir la pista hacia la verdadera identidad de 'La Gocha'. Esta es la mujer que lo contrata, quien le “pone” a 'China Polo' en la mira.

—Agente: “¿Quién te la pone?”

—Obispo: “Me la pone… Yo trabajaba en el aplicativo (de taxis inDrive…)”

—Agente: “¿Quién?”

—Obispo: “Una persona que trabaja en inDrive”

—Agente: “¿Tú has trabajado en inDrive también? ¿Tú eres taxista en Lima? Entonces tú conoces a esa pata y ese pata te la pone a la ‘Gocha’”.

—Obispo: “Un cliente”.

—Agente: “¿Un cliente?”

—Obispo: “Sí”.

—Agente: “Ya, ¿qué más? Te contactan con él y te dan el número de esa flaca (‘La Gocha’). ¿Y ese contacto está en el celular que se te ha perdido?”

—Obispo: “No, yo lo borré”.

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La promesa del pago

El delincuente también hizo alusión al monto que le prometieron por matar a 'China Polo'. Le ofrecieron el mayor monto en el mercado del sicariato: S/15.000. La llamada feria.

—Agente: “¿Y ahí te vas a conseguir el ‘fierro’ (pistola)? ¿Allá en Villa María (del Triunfo) dices, no?”

—Obispo: “Sí”.

—Agente: “¿Cuánto has pagado por el fierro?”

—Obispo: “Me la vendieron por 500 lucas (soles)”.

—Agente: “¿500 soles has pagado por el ‘fierro’? Y le has dado el pago en la mano o en Yape?”

—Obispo: (...)

—Agente: “¿Y tú has ido a hacer la chamba (asesinato) sin que te paguen?”

—Obispo: “Me dijeron, pero después que (…) Estoy desesperado, chamo…”.

—Agente: “Ya. O sea, te dicen: ‘Mátala y te pagamos’”.

—Obispo: “Te vas a ganar una buena feria”.

—Agente: “¿Solamente te han dicho eso? Cuando te dicen que te iban a dar ‘una buena feria’, ¿qué significa eso?”

—Obispo: “Una ‘feria buena’ es más de 10.000, 15.000 soles, por eso lo hago”.

La Fiscalía de Caraz ha dispuesto una vigilancia extrema para Luis Obispo Díaz, quien se encuentra internado en el hospital Víctor Ramos Guardia, en Huaraz. Su testimonio es determinante para exponer a los que lo contrataron para ejecutar a 'China Polo'.

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Revelaciones del protocolo de necropsia

• Según la necropsia a la que tuvo acceso La República, Susy Aponte presenta un impacto de bala en la región supraorbitaria derecha, a la altura del ojo derecho, con salida en la región occipital izquierda de la cabeza, con pérdida de estructura ósea.
• De acuerdo con la trayectoria del proyectil, el disparo se ejecutó de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo.
• Para los peritos, el sicario Luis Obispo se posicionó a un costado de Susy Aponte Polo, por el lado derecho. Disparó tres veces a una distancia de aproximadamente tres metros. Una de las balas alcanzó la cabeza de 'China Polo'.

En entrevista a RPP resaltó que el JNE "se demora en sacar la resolución” y que ello representa “una falta de respeto a los limeños y las limeñas”.

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“¿Qué pasa, tienen miedo de López Aliaga?”, dijo.

Al tener en cuenta la ausencia de una respuesta de parte del organismo electoral, consideró que está "jugando en los hechos a favor de López Aliaga”.

“¿Cómo es posible que hoy lunes no sepamos la opinión del Jurado Nacional de Elecciones?”, exclamó.

JNE aún no decide si entregaría credenciales a RLA

Roberto Burneo, presidente del JNE, ya se ha pronunciado sobre el tema y comunicado que la decisión la tomará el Pleno.

“Yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente, es el pleno el que va a tomar ya las decisiones”, anunció y agregó que se encuentran en sesión permanente.

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Tampoco indicó una fecha exacta: “Ya hemos indicado que vamos a tomar las decisiones cuando el Pleno pueda hacerlo. Yo les daré la información cuando ya tengamos una decisión”.

Exhortó a los ciudadanos a monitorear los canales oficiales del organismo porque todas las decisiones son públicas.

Rafael López Aliaga al JNE: “Piña pues”

Al ser consultado por el tema, López Aliaga mencionó que por ley si es que no hay alcalde debe asumir el primer regidor de la lista.

“Piña pues. No hay ley que habilite al JNE a proclamar a otro regidor. Tú no puedes dar leyes a tu capricho”, dijo en entrevista a Canal N.

Si ellos quieren cambiar una norma tendrían que ir al Congreso y ya no sería para este periodo.

Anteriormente, a mediados de septiembre, el ex candidato presidencial, ha mencionado que él no está postulando al cargo de alcalde sino al de primer regidor, por lo que no tiene ninguna prohibición legal.

"Lo que dice la Constitución es ‘prohibido candidatear -el verbo es muy importante en derecho- a ser alcalde de Lima'. Yo no he candidateado a alcalde de Lima. Yo estoy candidateando a teniente alcalde o primer regidor, y teniendo a Lucho Rubio como alcalde. Toda la panelería que tú ves, que se hizo hace 2 meses, está con Lucho Rubio y Rafael López Aliaga. Yo he estado fuera de Lima, inclusive, 21 días, hasta saber la decisión de Lucho Rubios", declaró a RPP.

Por ello dijo que es una “mentira” decir que está postulando a una "reelección”.

Finalmente, explicó que en el supuesto caso que Renovación Popular gane en Lima, se tendría que aplicar la norma.

“Allí tienen que aplicar la ley, en el artículo 24. Así de simple. El derecho es muy lógico, es muy articulado. Aquí no estamos con caprichos, con qué me provoca, qué deseo, qué siento. Tiene una articulación lógica", anotó.