En el documento, Arroyo pide disponer que el Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS) de cada ministerio, así como los órganos competentes, “adopten las acciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proceso de transferencia de gestión, brindando las facilidades para la acreditación del ETTE, así como para la revisión y verificación de la información y documentación correspondiente".

La misma indicación se da "a los viceministerios, la secretaría general, los órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales, organismos públicos adscritos y demás entidades comprendidas", por intermedio de los ministerios.

El objetivo, se lee, es disponer “las acciones necesarias para asegurar la disponibilidad y entrega oportuna de la información y documentación prevista en la citada Directiva, en observancia de los principios de transparencia, colaboración institucional y continuidad de la prestación de los servicios públicos".

Marco Vinelli liderará equipos de transferencia desde Fuerza Popular

También se precisa que Marco Vinelli es el responsable "de la coordinación del proceso de Transferencia del Titular Entrante del Poder Ejecutivo". En consecuencia, será el representante para la conformación, acreditación y coordinación de los Equipos de Transferencia del Titular Entrante (ETTE) ante los ministerios y demás entidades de gobierno.

Mientras tanto, Fujimori también dispuso la “Oficina de la Presidenta Electa”, equipo que iniciará el diagnóstico técnico de cada sector.

El argumento, en lo narrativo, resulta interesante. Una periodista recibe el testimonio del exagente Josué Souza, quien le relata la verdadera historia de lo que realmente pasó en esa madrugada de julio de 1992. Lo dicho por Souza está inspirado en el libro Sueños de justicia. La verdad del llamado Grupo Colina (2014) del exagente Jesús Antonio Sosa Saavedra, conocido como Kerosene. Obviamente, se trata de una película de ficción forjada desde la visión de la derecha, cuyo propósito es ofrecer otra perspectiva de las acciones cometidas por los comandados por Santiago Martín Rivas. Pero el problema no es su ideología (ninguna obra de arte debe ser juzgada bajo el prisma ideológico), sino su tratamiento. Se nota el apuro, del mismo modo la improvisación que podemos apreciar en toda su magnitud en la configuración formal de los diálogos, básicos y apofánticos. Ni hablar de las actuaciones, menos de la pésima fotografía. Al lado de Cantuta: la orden secreta, Chavín de Huántar: el rescate del siglo (2025) es El imperio contraataca (1980).

El documental sobre La Cantuta

En la plataforma Prime Video podemos encontrar el documental La Cantuta en la boca del diablo (2011) de Amanda Gonzales Córdova. Antes de abordarlo, no podemos dejar de subrayar que un documental peruano se encuentre en la programación de una de las plataformas de películas, series y documentales más vistas del mundo. No es un hecho menor. Su presencia en Prime Video responde a su importancia como proyecto de no ficción, no a su ideología. Eso es indudable.

Tenemos al experiodista Edmundo Cruz como protagonista del relato de La Cantuta en la boca del diablo.  Cruz es uno de los referentes del periodismo de investigación del país. Este caso para él, por decirlo de alguna manera, es uno de sus grandes hits. Fue uno de los primeros en seguirle la ruta al Grupo Colina, primero desde la revista Sí y luego en La República desde 1997.

Como señalamos líneas atrás, los proyectos no deben ser juzgados desde su ideología. La Cantuta en la boca del diablo tiene una ideología de izquierda, pero su valor no radica en ello, sino en la forma como Gonzales sigue al periodista en sus indagaciones sobre lo que pasó con los estudiantes de La Cantuta y el accionar del Grupo Colina.

Las tomas a nuestro personaje rara vez son directas; lo que hace la cámara, principalmente, es seguirlo. Bajo esa estrategia, vemos a Edmundo Cruz yendo al Congreso para entrevistarse con parlamentarios, cruzando información con otros colegas y dirigiéndose al lugar de los hechos, tanto a La Cantuta como a la Quebrada de Chavilca, en Cieneguilla, en donde se encontraron las fosas de los restos calcinados de algunas de las víctimas. Igualmente, se cuenta con los testimonios de los activistas Raida Cóndor, Francisco Soberón y Gisela Ortiz Perea; y del periodista de investigación Ricardo Uceda, autor de Muerte en El Pentagonito (2004).

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en el año 2009. Uno de los puntos de la sentencia estaba relacionado con el caso La Cantuta. En este sentido, este documental es un ejemplo de rigor periodístico, es decir, se ampara en hechos comprobados más allá de consignas ideológicas. En cuanto a Edmundo Cruz, pues nos brinda una clase magistral, tanto en su metodología de investigación como en la actitud que se debe tener ante lo que se investiga. La noticia es la noticia, no el periodista. Maestro.

"Hoy esta democracia no nos representa. Hemos tenido todo en contra y, aun así, levantamos un proyecto democrático popular. (…) En el Perú, desde Tumbes hasta Tacna, están los más de 1.500 distritos, más de 150 provincias y 16 de las 24 regiones se han pintado de verde por esta convicción. Este resultado nace con ilegitimidad, desconfianza y rechazo por la mayoría de los territorios del Perú", apuntó.

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Asimismo, Sánchez indicó que continuará con su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se apruebe una medida cautelar contra la proclamación de resultados que da como ganadora a Keiko Fujimori. El líder de Juntos por el Perú sostuvo que las presuntas irregularidades registradas constituyen vulneraciones de sus derechos políticos.

"Hay un rechazo por parte de la mayoría de los territorios del Perú. Si bien es cierto que el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia, cuando existe una afectación a los derechos políticos, cualquier peruano puede acudir a una instancia internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si bien ese proceso puede demorar, tarde o temprano las razones dirán que la democracia que tenemos no debió avanzar por un camino de ilegalidad", indicó.

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Otras figuras también rechazan gobierno de Fujimori

Las críticas a Fujimori no solo provienen de las filas de Juntos por el Perú. Otras figuras, como Ruth Luque, electa senadora por Ahora Nación, señalaron que Fujimori no cuenta con una legitimidad amplia que respalde su gobierno.

“La legitimidad es un concepto mucho más amplio y, para mí, el gobierno de Keiko no es legítimo. Hemos llegado a un proceso con más de 30 partidos, donde las dos fuerzas que han pasado no expresan lo que la mayoría de la población quiere, y a un resultado en el que, territorialmente, gran parte del Perú no ha votado por Keiko Fujimori”, apuntó.

En la misma línea, López Chau, líder de Ahora Nación, también sostuvo que Fujimori llegará al gobierno con un amplio sector de la población que aún la rechaza. “Ha habido una votación de 9 millones de peruanos que están molestos, con indignación. Es un país dividido. (…) Hay 9 millones de ciudadanos que están reclamando atención y sus necesidades son muy concretas (…)”, afirmó.

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Volviendo a Juntos por el Perú, la senadora Silvana Robles también sostuvo que el fujimorismo no cuenta con un respaldo pleno. “Ningún acto formal puede otorgar legitimidad democrática a un proyecto que reivindica la corrupción, el autoritarismo y las graves violaciones a los derechos humanos. (…) Gobernar exige mucho más que una proclamación oficial: exige construir legitimidad mediante el respeto irrestricto a la democracia, a los derechos humanos y a las instituciones de la República”.

Por último, Mesías Guevara, excandidato presidencial por el Partido Morado, señaló que corresponde ejercer una oposición frente al nuevo gobierno fujimorista. “Nos toca pasar a la oposición; una oposición seria y responsable, que no llegue al obstruccionismo, pero que sí vigile que se respete la transparencia. Ese es el mundo democrático”.

En el Perú, la prisión perpetua está reservada para los delitos más graves, según lo establece el Código Penal.

Aunque su naturaleza es de por vida, la ley peruana establece que estas condenas son revisables cuando los reclusos cumplen 35 años de pena efectiva.

Los principales delitos sancionados con la pena máxima en el país incluyen: criminalidad sistemática y organizada. Es aplicable a miembros de organizaciones criminales que utilizan armas de fuego, explosivos o municiones para cometer extorsión, secuestro, sicariato, homicidio calificado o robo agravado. También alcanza a militares y policías vinculados a estas redes.

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Comprende, además, delitos como violación sexual a menores de 14 años y atentados graves, entre ellos terrorismo, feminicidio agravado y parricidio.

Según el último censo penitenciario realizado en marzo de este año, de los 65.838 sentenciados que hay en Perú, 2.752 personas están condenadas a carcelería perpetua (4,17%). En tanto, otros 2.549 individuos purgan de 30 a 35 años de prisión (3,87%).

Registro de excarcelados en el país

La gran mayoría, 22.292 reclusos, cumple de 5 a 10 años de pena (33,85%), seguida por otros 16.180 condenados de 10 a 15 años (24,57%). Una cifra a resaltar son los 6.457 presos que cumplen menos de 5 años de cárcel (9,80%). Estas cifras reflejan la aplicación estricta de la cadena perpetua en el país y la baja probabilidad de que los condenados recuperen la libertad.

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), el gobierno del presidente José María Balcázar liberó a 1.562 presos en marzo de este año, una medida destinada a reducir el hacinamiento masivo en las cárceles del país, pero que probablemente solo servirá como una solución temporal. Otras 2.222 personas ingresaron a los establecimientos donde hay más internos que camas.

Los distintos tipos de libertad que se aplican en el ámbito judicial y penitenciario benefician a los presos que cumplen con determinadas condiciones e hicieron una petición de libertad anticipada.

Para ser elegibles, los presos deben haber cumplido las tres quintas partes de su condena, haber demostrado un buen comportamiento y tener fuertes lazos familiares y sociales. Aunque la mayoría de los liberados fueron encarcelados por delitos como robo, posesión de drogas y violencia doméstica, por lo menos un asesino convicto también salió de la cárcel.

En marzo se registraron, con estos tipos de excarcelación, 749 liberados, que representan el 48% de egresos por libertad en todo el país.

La población penitenciaria intramuros que egresó en marzo lo hizo por distintos tipos de libertad que están en el ámbito judicial y penitenciario. Por conversión de pena abandonaron los presidios 304 internos; por comparecencia restringida, 168; por pena suspendida en su ejecución, 87; por absolución, 74; y por cumplimiento del plazo de prisión preventiva, 65 internos.

Además, por nulidad de sentencia, 35 internos obtuvieron su liberación; por libertad inmediata salieron 11; por revocatoria de pena suspendida, 10; por prescripción de la acción penal, nueve; y por otros tipos de libertad, 50 internos.

Un dato importante es que, del total de las libertades, el 5% (74 internos) lo consiguió por la causal de absolución.

Finalmente, por pena cumplida, dejaron la prisión 471; por pena cumplida con redención, 180; por excarcelación condicional, 49; y por semilibertad, 49 reclusos. Otra información importante es que, del total de egresados en marzo, el 80,3% era primario y el 19,7% contaba con dos o más ingresos anteriores.

Se han registrado casos de internos que tenían como antecedente hasta siete ingresos anteriores, pero, igualmente, se les concedió la libertad.

Los nuevos “inquilinos”

Pero también hay análisis de la población penitenciaria según la variable de ingreso en marzo de 2026.

En esta línea, el Inpe informó que en marzo de este año ingresaron un total de 2.222 internos, de los cuales el 80% son primarios y 20% son reingresantes.

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De la población penitenciaria ingresante, entraron en condición de procesados 1.702 (77%) y 520 (23%) como sentenciados.

Una información destacable es que el departamento de Lima tuvo un mayor ingreso con 763 internos, y el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro (San Juan de Lurigancho) fue el que recibió la mayor cantidad: 211 personas con orden de carcelería.

Sigue el penal Castro Castro, el establecimiento penitenciario de Trujillo, con 121 internos; el presidio de Ica, con 104; y el penal de Piura, con 103 ingresantes.

También, de los 2.222 internos que ingresaron en marzo, la mayoría fue por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria (18,3%), seguido por el delito de robo agravado (8,3%), tráfico ilícito de drogas (7,7%), violación sexual de menor de edad (4,7%) y fabricación, comercialización, uso o porte de armas (4,1%).

No hay sitio para nadie

De los 69 establecimientos que hay en el país, 52 están sobrepoblados. Hay 105.156 (49%) presos por mandato de detención judicial o prisión preventiva, o por sentencia con pena privativa de libertad efectiva.

Mientras que otras 108.927 (50,8%) personas deben asistir a los reclusorios en cumplimiento de penas limitativas de derechos, medidas alternativas de internamiento o liberados con beneficio penitenciario de semilibertad o liberación condicional.

Las libertades son otorgadas con la participación de dos entidades: Poder Judicial (52%) y Inpe (48%); este último solo interviene administrativamente en la formación de los expedientes de beneficios penitenciarios.

Cabe señalar que en 16 casos de personas privadas de libertad, estas fueron reconducidas al sistema penal juvenil especial, tras declararse la inconstitucionalidad de la Ley 32330. Esta medida no implica, en ningún caso, la excarcelación de los implicados.

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El Inpe interviene en el ámbito de la ejecución penal, ya que es el ente que se encarga de realizar las evaluaciones de los internos para proponer a la autoridad judicial el otorgamiento de libertad por beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional; también ejecuta las libertades cuando se trata de tiempo cumplido y tiempo cumplido por redención.

Hay al menos 400 terroristas en prisión

La población penitenciaria por delitos de terrorismo representa aproximadamente el 0,3% del total de reclusos en el país. De acuerdo con el Inpe, la cantidad de internos por este delito oscila entre 350 y 400 personas en los 69 penales nacionales.

La gran mayoría de estos presidiarios son acusados de pertenencia a Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y el remanente del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Estos reclusos cumplen condenas por terrorismo agravado, apología y afiliación a organizaciones terroristas en los penales de Áncón I y II, Base Naval, Challapalca y Cochamarca (Pasco), según el Inpe.

—¿Alguna vez has visto al mundo tan convulsionado como ahora?

—Ha habido otros momentos históricos bastante convulsionados en el mundo. En los años 30, por ejemplo. Es importante poner este momento en perspectiva histórica. Desde la Segunda Guerra Mundial y la construcción del nuevo orden internacional, global, que dividió al mundo en dos bloques políticos e ideológicos, este es el periodo más turbulento. Este tipo de nuevo orden ya venía debilitándose. Ahora estamos viendo que están surgiendo muchas ideas radicales, con figuras políticas primitivas, lo cual está generando mucha incertidumbre y caos en el mundo. Como dijo Gramsci, estamos en un interregno al final de una época; pero la nueva época no ha sido construida todavía. Hacerlo toma tiempo y estamos viendo en ese ínterin movimientos fundamentalistas, muy radicales, muy antisistema. Esto se está viendo en todas partes.

—¿Por qué ocurrió esto? Hasta hace no muchos años estábamos en una aparente tranquilidad.

—Después de la Guerra Fría, en los años 90, con la caída del muro de Berlín, hubo otro ánimo, más esperanza en el mundo. Pero ya en este siglo, con las guerras en Afganistán e Irak y toda la ola de gobiernos, empezando con Chávez en Venezuela y también en otras partes del mundo, esas estructuras ya venían debilitándose, así como la incapacidad de los gobiernos nacionales e instituciones globales para resolver los problemas. Quedaron en la retórica, en promesas poco cumplidas, lo cual ha preparado el terreno para esos mensajes más demagógicos y populistas. Pero esto no pasó de golpe. Desde mi perspectiva, se está llegando a un punto más complejo.

—Las guerras siempre han sido económicas, pero ahora lo económico está definiendo todo. Nunca antes, de esta forma tan determinante, se ha visto.

—Tal vez esté relacionado con los cambios en China. China, como sabemos, tiene una proyección global, con actividades económicas muy relevantes para otros países. Esto está generando una competencia con modelos y experiencias de Occidente sobre quién puede ofrecer y producir resultados para ganar legitimidad frente a la gente. Esto se expresa netamente en términos económicos, como el nivel de vida, las condiciones de empleo, y el acceso a la salud y a la educación. A eso sumemos que ha habido una recesión democrática en el mundo. Samuel Huntington habló de una tercera ola de la democracia en los 70. Pero no terminó siendo exitosa, porque no generó legitimidad ni produjo resultados económicos y sociales para muchos países. Entonces, es lógico que se hayan presentado otros tipos de alternativas, otras formas políticas y otra clase de figuras que han ganado mucha fuerza en los últimos años.

—Hace unas semanas Trump y Xi Jinping sostuvieron una reunión comercial en Pekín. Aunque poco antes se estuvieron diciendo de todo. La población ve esto y se pregunta hacia dónde estamos yendo.

—Estamos yendo en muchas direcciones. No vamos en una sola dirección. No es lo más útil pensar hacia dónde va el mundo, porque estamos en un momento en el que hay muchas presiones muy contradictorias. Por ejemplo, si tomas solamente la política de Estados Unidos con respecto a China. Si ves la estrategia de seguridad nacional que salió a finales del año pasado, hay énfasis en el aspecto de competencia económica, pero también de cooperación. Sin embargo, en la parte sobre América Latina, Estados Unidos tiene una posición más dura con respecto a China, porque busca frenar su presencia e influencia en aspectos económicos en América Latina. Eso es evidentemente una contradicción. Con China hay que llevarse bien y hacer negocios, pero por el lado de América Latina hay una posición más dura que ha afectado a algunos países más que a otros. Si nos ponemos a buscar una sola dirección, vamos a salir decepcionados.

—Lo geopolítico es clave. ¿Cómo está América Latina en este escenario?

—Llevo cuatro décadas trabajando y escribiendo sobre la región y sobre su relación con Estados Unidos. En primer lugar, nunca he visto a la región tan fragmentada ni tan polarizada. Cada país anda por su cuenta. Hay poca colaboración entre ellos, poco ánimo para integrarse. Este es uno de los aspectos más decepcionantes de América Latina en los últimos tiempos. Tampoco he visto a Washington actuando en tantos frentes, con políticas de aranceles; pensemos en los ataques a las lanchas en el Caribe y el Pacífico; lo que pasó con Maduro, lo que pasó con México, y ahora con Brasil y Colombia, además de Panamá con respecto al canal. Si esto significa una estrategia, un plan coherente, no está muy claro. Como nunca antes, Estados Unidos está muy atento a América Latina. Me parece preocupante el poco interés en temas de democracia, derechos humanos y Estado de derecho. No recuerdo una administración en la que haya habido menos atención a esos temas, que para mí son importantes. Yo me acuerdo del golpe militar en Chile en 1973 y las críticas contra el presidente Nixon, pero Nixon es Gandhi comparado con Donald Trump. Trump está haciendo lo que le da la gana. Está aplicando sanciones y amenazas. Yo me temo que, si esto podría funcionar para Trump en el corto plazo, está sembrando las bases para un saldo muy negativo para Estados Unidos y, a largo plazo, sobre las economías de América Latina. Eso es lo que nos enseña la historia. Eso se puede repetir.

—Lo que estamos viviendo se define más en el segundo gobierno de Trump. Con las elecciones de noviembre de mitad de mandato, ¿se va a reforzar esta actitud de Trump o se va a moderar?

—Va a seguir igual. Incluso se puede acelerar más. Trump está muy golpeado y está pensando, más que nunca, en su legado, y hará cosas donde no hay resistencia. En estos momentos no hay resistencia porque su partido controla el Congreso. Si los demócratas ganan, Trump buscará reforzar su política exterior y dejar, como dije, su legado. El apetito de Trump por dominar no ha acabado y no acabará, aun siendo derrotado en noviembre. Le ha ido muy mal en Irán; con China y los países grandes también. Pero en América Latina es distinto: muchos países dependen de Estados Unidos. No me sorprendería que Trump concentre más poder para consolidar su dominio en la región. No sabemos lo que pasará con Cuba. Puede pasar algo en Nicaragua, también en Panamá. Con Trump no se puede descartar nada.

—¿Y después de enero de 2029, cuando Trump finalice su mandato, las cosas podrían cambiar?

—Yo creo que hasta enero de 2029 hay que apretarse los cinturones. Hay que estar preparados.

—¿Entonces hay esperanza: las cosas podrían cambiar?

—Sí, hay una esperanza. Hay una esperanza de otro tipo de relación, de otro tipo de tratamiento. No estoy diciendo que soy muy optimista sobre una nueva administración con gran comprensión y fuerte compromiso con América Latina. Por lo menos, habrá un cambio en la postura muy agresiva, muy dura, muy, digamos, de matón en América Latina. Si hay otro republicano como Marco Rubio o un demócrata como presidente, va a ser muy distinto.

—Keiko Fujimori y Roberto Sánchez están disputando voto a voto la presidencia. Entonces, por lo que dices, quien salga no va a afectar a Trump.

—No. Para Estados Unidos no hay tanto en juego. Básicamente, en Perú el poder está en el Congreso, que ha sido muy marcado en estos últimos años. Ha habido alianzas para algunas propuestas en el Congreso entre el partido de Sánchez y el partido de Keiko. El caso peruano es muy diferente y todo el tema del giro a la derecha no tiene tanto significado en Perú como en Chile, Colombia u otros países. Obviamente, el tema de China es el más sensible y esto para mí no está muy claro: hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a presionar sobre Chancay y otras inversiones chinas en Perú, y cómo reaccionaría un gobierno de Keiko o uno de Sánchez, porque China es fundamental, ha sido fundamental y sigue siendo fundamental para la economía peruana. Entonces, esto no se puede, digamos, cambiar y hay mucho apoyo. Por eso, no sé hasta qué punto esta administración está interesada en Perú por China o está dispuesta a enfocarse en eso. Tal vez ellos piensen que, como hay mucha cooperación en narcotráfico, no hace falta. Estoy especulando. La administración Trump lleva casi año y medio y parece que hubieran pasado 20 años.

En diálogo con La República, Rodas Ramírez explicó que el jefe de Estado buscaría ampararse en la criticada ley Soto con el fin de evadir toda responsabilidad en el proceso civil que se le sigue por supuestamente adueñarse de forma indebida de los fondos destinados al ICAL, que eran depositados en una cuenta bancaria personal. Se estima que el perjuicio económico superaría los 700.000 soles.

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"Si (José Balcázar) cree en la justicia y, como dice, no ha cogido un sol del ICAL, que se someta a la investigación del Ministerio Público. Él está haciendo uso de todos los mecanismos de defensa que le franquea la ley, pero esos mecanismos apoyan la corrupción", enfatizó Rodas Ramírez este domingo 5 de julio.

Seguidamente, agregó: "En manos del Ministerio Público está que sea perseverante en la acusación. Que el Poder Judicial asuma con convicción y certeza evitar actos de corrupción, y aquellos que roban dinero de las instituciones deben ir a la cárcel o devolver lo apropiado".

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Como se recuerda, tras el destape de estos aparentes actos ilegales, Balcázar Zelada fue denunciado y se le inició una investigación en el ámbito penal, la cual fue archivada en 2025. No obstante, el proceso continuó en el fuero civil. En el ámbito administrativo, el otrora decano fue sancionado con la expulsión, decisión que intenta revertir.

La decisión fue tomada por el juez Leodan Cristóbal Ayala y se debió a un recurso presentado por la defensa del exministro de Economía Luis Miguel Castilla el 19 de septiembre de 2025.

Se trató de una solicitud de excepción de improcedencia de acción para que se declare el “sobreseimiento” o “archivo” del supuesto delito de asociación ilícita en favor de su patrocinado. La defensa argumentó “atipicidad relativa por ausencia del elemento normativo. Delito fin (objetivo de la organización) sancionado con pena privativa de libertad mayor a 6 años”. Es decir, indicó que no se cumplía con todos los elementos para configurar el delito referido.

Argumento

En base a ello, el juez aplicó la Ley N.º 32108, que establece que los “delitos fines” en el delito de organización criminal deben tener una pena mínima superior a los seis años de privación de la libertad.

Sobre este punto, el magistrado concluyó que la imputación por el delito de asociación ilícita (organización criminal), cuyo delito fin era la colusión agravada, no cumplía con el requisito previsto en el artículo 317 del Código Penal, conforme a la Ley N.º 32108. Ello debido a que el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal establece para la colusión agravada una pena mínima de seis años, la cual no supera el umbral mínimo exigido por dicha norma.

Sin embargo, los investigados sí continuarán vinculados al proceso respecto del objeto civil, a fin de determinar el eventual pago de una reparación civil por los daños y perjuicios derivados del presunto delito de asociación ilícita en agravio del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 12.3 del Código Procesal Penal y la doctrina legal establecida en el Acuerdo Plenario N.º 4-2019.

La reanudación de la audiencia de control de la acusación fiscal del caso Gasoducto Sur Peruano se reprogramó para el lunes 6 de julio, a las 9.00 a. m. En esa sesión evaluará las excepciones de improcedencia de acción presentadas por los implicados, quienes solicitan el archivo del delito de colusión agravada que también les atribuye el Ministerio Público en este proceso penal.

En una resolución publicada el 2 de julio último, explicaron que, en un inicio, se había establecido como grupo prioritario para la aplicación del voto digital en las Elecciones Regionales y Municipales a los ciudadanos cuya dirección domiciliaria registrada ante el Reniec y estado civil corresponda al distrito de Cercado de Lima.

Sin embargo, posteriormente se identificaron una serie de “limitaciones críticas” para su implementación.

Una de ellas fue “la falta de información del padrón electoral correspondiente a los ciudadanos priorizados para el voto digital, considerando que el plazo legal para el registro voluntario estaba próximo a iniciar”.

A su vez, se identificó “el riesgo de incumplimiento del cronograma electoral, dado que el registro voluntario no podría ejecutarse dentro del plazo legal y ello limitaría la realización de pruebas técnicas, operativas y de seguridad del sistema, comprometiendo su confiabilidad, continuidad y transparencia”.

Finalmente, otra de las razones es la “superposición de actividades derivada de las Elecciones Primarias de las ERM 2026, que generó una alta concentración de tareas y limitó la capacidad de planificación, ejecución y supervisión adecuada de cada una de las etapas del proceso electoral”.

De acuerdo con información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Perú es el Estado con mayor cantidad de sentencias dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El país acumula más de 60 fallos y solo tres han sido archivados por cumplimiento total, es decir, menos del 5%. Asimismo, nueve casos permanecen actualmente en trámite ante la Corte IDH, aún sin sentencia.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que solo en 2025 recibió 233 peticiones relacionadas con el Perú. Además, ese mismo año remitió dos casos a la Corte IDH. El país mantiene una participación constante dentro del sistema interamericano y continúa entre los Estados con mayor cantidad de denuncias.

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A ello se suma que Fujimori no llega sola al poder. Detrás de la figura presidencial se encuentran dirigentes y congresistas cuestionados por su postura frente a los derechos humanos. Entre discursos centrados en el endurecimiento de la seguridad ciudadana e iniciativas que han sido observadas por contravenir estándares internacionales, Fuerza Popular arrastra un historial que ha generado cuestionamientos sobre su compromiso con la protección de los derechos fundamentales.

Para Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), el fujimorismo no mantiene una agenda saludable para el tratamiento de los derechos humanos en el país: "Estamos viviendo un momento político en el cual hay varios asuntos de derechos humanos que no están resueltos. No es admisible que alguien que haya llegado al poder no tenga una posición al respecto. Me refiero a su plan de gobierno y a su discurso en debates. Creo que el fujimorismo tiene un discurso práctico y quien la representa mejor es Rospigliosi."

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La Corte IDH: el laberinto de Fujimori

Entre los casos que permanecen en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia se encuentran procesos emblemáticos como los de La Cantuta y Barrios Altos. Ambos, originados durante la dictadura de Alberto Fujimori, figuran entre los expedientes más representativos del Perú ante el tribunal internacional.

En relación con ambas matanzas ocurridas en la década de 1990, la Corte IDH publicó el 3 de septiembre de 2025 una resolución en la que exhortó a jueces y autoridades peruanas a abstenerse de aplicar la ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa investigados o procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, con excepción de los casos de terrorismo y corrupción. Esta legislación —la Ley N.° 32419— contó con el respaldo de la bancada de Fuerza Popular.

Al igual que en este caso, durante 2025 la Corte IDH emitió más de 20 resoluciones relacionadas con la supervisión del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado peruano.

Además de los casos La Cantuta y Barrios Altos, la supervisión comprende procesos vinculados con las esterilizaciones forzadas de la década de 1990, como el caso Celia Ramos vs. Perú, así como casos sobre derechos de las personas LGBTI, entre ellos Azul Rojas Marín vs. Perú.

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Una salida complicada y poco efectiva

El principal antecedente para Keiko Fujimori sobre un intento de retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra en la dictadura de su padre. En 1999, Alberto Fujimori intentó retirar al país de la competencia de la Corte IDH con "efectos inmediatos". La decisión se produjo mientras el tribunal internacional evaluaba los casos La Cantuta y Barrios Altos, que ya comprometían seriamente a su régimen. Sin embargo, el intento fue cuestionado por diversos vicios legales y no prosperó.

¿Qué tendría que hacer un gobierno fujimorista para concretar la salida del Perú del Sistema Interamericano? El artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —también conocida como Pacto de San José— establece que la denuncia del tratado requiere un preaviso de un año.

Por otro lado, la Constitución peruana dispone que, cuando un tratado afecta disposiciones constitucionales, su aprobación debe seguir el mismo procedimiento previsto para una reforma constitucional. Si se opta por la vía que prescinde del referéndum, la reforma debe ser aprobada por cada cámara en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación superior a los dos tercios del número legal de sus integrantes en ambas oportunidades.

Fuerza Popular contará con 41 diputados de un total de 130 y 22 senadores de 60. En ambos casos, el partido de Fujimori necesitaría el respaldo de otras bancadas que, hasta el momento, no se han pronunciado a favor de una eventual salida del sistema interamericano. El escenario se presenta complejo. Además, aun cuando el Perú denunciara la Convención Americana, las sentencias emitidas previamente por la Corte IDH seguirían siendo obligatorias para el Estado. Del mismo modo, el tribunal conservaría competencia para conocer hechos ocurridos antes de la denuncia del tratado.

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Francesca Chocano, especialista legal de la Universidad de Palermo, anota que esta salida traería consecuencias negativas incluso fuera del terreno de los derechos humanos: "El mensaje es el de alinearse con estados que ya han roto el sistema: Venezuela y Nicaragua. Esto tiene un costo reputacional, inclusive más allá de los derechos humanos: afecta a la credibilidad del país en materia de seguridad jurídica frente a empresas, inversores y socios comerciales que pueden leer la salida del tribunal internacional como algo propio de un país impredecible."

Para Chocano, la tensión entre las iniciativas impulsadas por Fuerza Popular y la necesidad de preservar la legitimidad internacional del Perú podría traducirse en un dilema especialmente sensible para el gobierno entrante: "Fuerza Popular votó a favor de las leyes de amnistía y prescripción, y su plan de gobierno enfatiza el respaldo irrestricto a policías y FF.AA. Eso configura un incentivo objetivo, no una predicción. Fujimori también llega con interés en legitimidad internacional y estabilidad económica, que juegan en sentido contrario. A lo que debemos estar atentos hacia dónde se mueve esa tensión entre el incentivo familiar-partidario y el costo internacional-económico. Esperemos que se mueva hacia un lugar que genere predictibilidad jurídica y que proteja los derechos humanos de los peruanos y peruanas"

Por su parte, Rivera señala que los efectos perjudiciales serían mucho mayores ante esta eventual salida: "Puede que eso sirva para lograr cierta legitimidad en la base social y para que a nivel internacional parezca que se marca una pauta en medidas de esta índole. Pero de darse la iniciativa, se plantea un conjunto de escenarios que, en suma, son negativos para los derechos humanos en el Perú y la institucionalidad democrática".

El abogado recuerda que, si bien las sentencias seguirán siendo vinculantes, millones de ciudadanos perderían un fuero al que acudir en casos de total injusticia nacional: "El escenario más grave es que la gente no tendrá un mecanismo de protección de sus derechos y eso generará una situación de indefensión en millones de personas."

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Alfiles e iniciativas

En declaraciones a la prensa, Marco Miyashiro, virtual senador de Fuerza Popular y uno de los nombres mencionados para asumir el Ministerio del Interior en un gobierno de Keiko Fujimori, reveló que la presidenta le ha encargado trabajar junto con figuras como Fernando Rospigliosi.

Rospigliosi, actual presidente del Congreso, no solo comparte la posición de Fujimori respecto de una eventual salida del Perú de la Corte IDH. El virtual senador también ha sido uno de los principales impulsores de iniciativas cuestionadas por su posible impacto sobre los derechos humanos, entre ellas la ley de amnistía para policías y militares y la reciente norma que permite que efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no sean juzgados por la justicia ordinaria en determinados casos.

Como referente en materia de seguridad, Rospigliosi también ha promovido proyectos orientados a ampliar la protección legal de los agentes del orden. Figura entre los autores del Proyecto de Ley 13084, actualmente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que propone eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que hayan causado lesiones o muertes durante el ejercicio de sus funciones, siempre que se acredite que actuaban en servicio. Asimismo, la iniciativa plantea extender ese beneficio a los efectivos investigados por las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre 2022 y 2023.

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Otro de los nombres mencionados por Miyashiro fue el virtual senador Carlos Tubino, quien integró el Congreso entre 2011 y 2019 por Fuerza Popular. Más allá de su trayectoria en temas de seguridad, Tubino fue identificado como una de las figuras más conservadoras del Parlamento durante la década de 2010. En 2013 fue duramente cuestionado por difundir mensajes considerados ofensivos y discriminatorios contra la población LGBTI. Con su regreso al Congreso, la agenda conservadora en materia de diversidad vuelve a perfilarse como uno de los temas que marcarán el próximo quinquenio.

Rivera señala que la actuación de estas figuras se enmarca en un espiral de irrespeto a la memoria y a la justicia nacional: "Ha habido una estrategia de parte del fujimorismo. Es algo que ha tenido un desarrollo paulatino cuando en agosto de 2024 se dio la ley de prescripción, en agosto de 2025, la de amnistía y esto, junto a otras disposiciones, como la toma del Lugar de la Memoria (LUM), apunta de manera directa a disolver el asunto relacionado al tema de DD.HH. y sobre todo, al asunto de justicia. Me parece que eso es un tema sustancial en la agenda fujimorista."

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó la propuesta de crear la policía municipal a Keiko Fujimori, quien asumirá la presidencia el 28 de julio.

Tras una reunión entre ambos, Reggiardo comunicó que Fujimori tiene "la mejor predisposición" sobre este tema y van a trabajar en ello. "Ha visto con muy buenos ojos la propuesta de la creación de una guardia municipal, de una guardia metropolitana, una policía municipal", dijo a la prensa.

En tanto, el plan de gobierno municipal de Renovación Popular 2027-2030 menciona la creación de una "Unidad de Élite contra la Extorsión y el Sicariato".

Tal grupo de trabajo se implementará de forma coordinada con la Policía Nacional del Perú y el Serenazgo Municipal. "Esta unidad será reforzada con agentes de seguridad privada contratados por la Municipalidad de Lima y por empresas privadas (que cuentan con 90.000 agentes de seguridad en Lima) para unificar acciones", precisan.

A su vez, señalan que se incrementará el patrullaje integrado con la PNP.

Somos Perú plantea explícitamente la creación de la Policía Municipal

Quien sí menciona directamente el término "policía municipal" y profundiza en ello es el partido Somos Perú. Se trata, indican, de "una institución especializada en prevención, vigilancia, control del espacio público y atención de la criminalidad urbana de menor complejidad".

Su lista de funciones es larga: "patrullaje preventivo, la protección de parques, plazas y equipamientos públicos, el control del tránsito, la atención de emergencias urbanas, la fiscalización de normas de convivencia, la prevención de la violencia callejera y el vandalismo, la protección del comercio formal, la prevención de usurpaciones conflictivas y la intervención inmediata ante delitos flagrantes contra la propiedad, alteraciones del orden público, la violencia familiar y de género, infracciones de tránsito y otras conductas que afectan cotidianamente la seguridad de los vecinos".

La Policía Municipal Metropolitana "tendrá jurisdicción en toda la provincia de Lima, contará con un comando central metropolitano y jefaturas descentralizadas en cada distrito, operará bajo estándares profesionales de formación y equipamiento, y actuará de manera coordinada con la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los gobiernos distritales".

El objetivo es concentrar los esfuerzos de la PNP en la cobertura de delitos de alta complejidad, como el crimen organizado, la extorsión, el sicariato y otros.

Fuerza Popular busca reforzar el serenazgo

A diferencia de las otras agrupaciones, Fuerza Popular se centra en reforzar las competencias del serenazgo y no en crear un nuevo grupo de trabajo.

En su plan de gobierno municipal proponen fortalecer el equipamiento de la Escuela Municipal Metropolitana del Serenazgo a fin de lograr estándares homogéneos de actuación en materia de atención al ciudadano, derechos humanos y gestión de emergencias.

Además, buscan facilitar la atención a la ciudadanía por medio del programa "Justicia Vecinal Express", con el que se implementarán módulos metropolitanos de atención inmediata para la recepción y el seguimiento de denuncias. Se tratará de un trabajo articulado digitalmente con la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Tierra Verde propone el serenazgo homologado

Finalmente, la Coalición Transformadora Tierra Verde dirige su propuesta al serenazgo y a las rondas campesinas.

Propone la estandarización y homologación de la Escuela de Serenazgo Metropolitano para la capacitación en DD. HH., primeros auxilios y técnicas de intervención no letales.

A su vez, en las zonas periurbanas y de laderas (comunidades de Lima Este y Norte), plantea articular comités de vigilancia vecinal bajo supervisión e interconexión radial directa con la PNP.

También plantea la creación de un Puesto de Comando Unificado Metropolitano y la unificación tecnológica total de los sistemas de videovigilancia. "La pacificación de la ciudad requiere articular la fuerza policial, el serenazgo homologado y la vigilancia comunitaria vecinal", se lee en su plan de gobierno municipal.

Entre los brotes de desinhibida imaginación que nos regaló la segunda vuelta electoral, destaca la idea –medio en broma, medio en serio– de que el país debería dividirse en un Perú del Norte y un Perú del Sur. '¿Y si hacemos como en Corea?', le pregunta una mujer a su audiencia de Instagram, y no habla de K-pop sino de la división de ese país asiático, a mitad del siglo pasado, tras una guerra civil que mató a 3.5 millones de personas. En este presente apresurado, sobra tiempo para postear, pero no para entender cómo suceden las cosas. '¿Crees que Perú estaría mejor dividido?', concluye el post con frescura, invitando a la sana reflexión.

Comentada por muchos en las redes, la hipotética separación geopolítica del Perú en dos Estados es una respuesta a la aparente separación ideológica del electorado en ritmo de Guerra Fría: el del norte del Perú sería capitalista; el del sur, comunista. ¿Por qué no formalizarlo?

En ese futuro posible, dicen los comentarios, el Perú del Norte podría perfectamente ser un paraíso artificial, a lo Dubai; lo gobernaría gente bella, a lo Dinamarca; y los indios y cholos y negros y todo tipo de diversidades (menos las demoníacas LGTBIQ+, obvio) acatarían dócilmente su lugar: trabajarían felices 16 horas al día, aplaudirían las leyes procrimen y no tendrían necesidad de votar porque sabrían que es más productivo delegar este tipo de decisiones al Congreso.

Como comentó otra persona en redes, el Perú del Norte se convertiría en un hub continental de tecnología y agricultura sofisticada, una potencia mundial tipo California. La bandera de este estado bebé combinaría el naranja con celeste, pero no por alusiones partidarias sino como oda cromática a la competencia capitalista. Obvio, este Perú sí iría al próximo Mundial porque ¿acaso no has visto que los futbolistas profesionales son de derecha?

El Perú del Sur, por el contrario, perdería todos sus partidos de fútbol por goleada, en estadios vacíos que naturalmente se caerán a pedazos. En su territorio gris y estéril, se aglutinarían los desadaptados que siempre van a la contra: los indios terroristas, los izquierdistas que viven del Estado, las ONG, el LUM, la universidad de San Marcos, las facultades de Letras y Sociales de la PUCP. Allí serían debidamente deportados todos los caviares junto con los enemigos y traidores de clase, empezando por rojos y pelirrojos como Jaime Ferraro.

Básicamente, el Perú del Sur sería un gran campo de concentración y, debido a su alta peligrosidad, requeriría el debido bloqueo internacional para que sus fronteras no supuren subdesarrollo, solo 'quinoa', lana de vicuña y oro ilegal previamente legalizado. El idioma oficial de este país sería el quechua, y de consuelo se podrían quedar con el himno, la bandera rojiblanca y todos aquellos símbolos que producen complejo de inferioridad desde las escuelas. Lamentablemente, Machu Picchu seguiría aquí, pero bajo un modelo de administración externo y para uso exclusivo de extranjeros.

La idea central de este proyecto es que, separando aquí, mutilando allá, bloqueando más allá, menos Perú del Sur es más Perú del Norte. Como seguidor de la literatura peruana contemporánea, me sorprende que estas ideas, que combinan las ansiedades criollas con el delirio neoliberal, no hayan inspirado la imaginación novelística de forma más intensa. ¡Qué hermosas intrigas, distopías, horrores, fantasías, zombis, androides y otras atrocidades podrían nacer de este momento histórico e histérico! 

Sin ir tan lejos, en la Bolivia de los años de Evo Morales, el escritor Maximiliano Barrientos capturó las ansiedades de las clases criollas locales en su novela En el cuerpo una voz. En ella, tras la llegada al poder de un presidente indio, Bolivia se parte en dos: una criolla y otra india. La separación ocurre mediante una guerra y, en el proceso de masacrarse mutuamente en defensa de un ideal inútil, algunas personas del lado criollo aprenden a comerse a sus enemigos indios y –si no recuerdo mal– lo disfrutan.

Algo así podría perfectamente ocurrir en el hipotético Perú del Norte, considerando que ese nuevo país, debido a su potencial creativo, tendría que ser la incuestionable capital gastronómica del continente.

Las posibilidades de la ficción son infinitas. Sin embargo, es importante recordar que la idea de que el Perú es la unión forzada de dos países enemigos no es solo una tendencia efímera de las redes sociales. Se trata, más bien, del permanente estado mental de un tipo de sujeto criollo: aquellas personas 'decentes' que se sienten atrapadas en un inmenso país de bárbaros, y al que, trágicamente, están condenadas a mandar. Es un horror atávico, como el del gamonal que teme que al menor descuido los indios lo lincharán. Esta ansiedad no es un secreto. Por el contrario, aflora todo el tiempo de la boca de políticos, empresarios, operadores, pero también de gran parte de la población que se educa (nos educamos) en esas ideas.

El caso más patético es el del almirante Montoya, ese congresista que creía que las protestas de 2022-2023 estaban compuestas por indios que bajaban de los cerros a saquear la Lima de los Reyes. Desde ese estado de horror, la respuesta estatal lógica debía ser la defensa a balazos del último bastión.

Personas un tanto más articuladas que Montoya llevan la ansiedad criolla al punto de desear abiertamente la guerra civil, como niños que quieren que se apure la Navidad. 'Keiko debe rescatar la soberanía nacional interviniendo militarmente Puno y la macrorregión sur', escribe el periodista Hugo Guerra, quien parece atrapado poéticamente en el siglo XVIII, y no en el lado rebelde sino en el de los súbditos del virrey. 'Lean la historia y busquen las revoluciones sangrientas de Túpac Amaru y Katari (sic) en 1780; algo similar se está cocinando en la misma zona la pretendida supremacía aimara. En esa época, la pacificación costó más de cien mil muertos; hoy la tragedia podría ser mayor'. Frente a la magnitud gore de este delirio, las inocentes historias de Instagram parecen de pronto comentarios mesurados.

Finalmente, una pregunta. Si de verdad el Perú se dividiera, ¿en cuál de los dos quisieras vivir? Iba a cerrar este texto con esa interrogante, quizá ideal para pasar el rato en Facebook o en la sobremesa familiar. Pero, a pocos días del inicio del nuevo fujimorato, y leyendo las invocaciones de Guerra, la realidad pide otro tipo de respuesta. Acaso un llamado a la alerta máxima, ahora que las ansiedades criollas más violentas vuelven a sentirse cada vez más cerca del fusil.

Por eso, el título de esta columna lo tomo del conocido libro de Nuria Varela, quien hace un recorrido sobre el origen del movimiento feminista y su desarrollo, lo que podrá dar respuesta a este súbito interés.

Adicionalmente, me parece importante contribuir con algunos ejemplos que pueden ser de ayuda.

En Chile, Ingrid Olderock fue una de las torturadoras más crueles de la dictadura chilena, conocida por haber "entrenado" perros para violar prisioneros. En Nicaragua, Rosario Murillo mantiene la dictadura con su esposo, Daniel Ortega, que desde hace años niega derechos a la población.

¿Las feministas deberíamos celebrar y respaldar a estas mujeres que han violado derechos humanos y debilitado la democracia? Por supuesto que no. Porque lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres.

El feminismo logró el voto femenino y la posibilidad de que mujeres como Lourdes Flores, Verónica Mendoza y Keiko Fujimori, por ejemplo, tuvieran el derecho de postular a la Presidencia. Pero de la participación de las mujeres a la representación en la defensa de nuestros derechos hay un trecho enorme.

Recordemos que el feminismo cuestiona un sistema en el que las niñas son obligadas a ser madres luego de haber sido violadas, en el que a las mujeres se les asesina con total impunidad y en el que hay cientos de mujeres esterilizadas que no encuentran justicia. Y, si una mujer respalda este orden, promueve la desigualdad y no respeta nuestros derechos, las feministas nunca lo podremos celebrar.

Desde 2021, Fuerza Popular y Renovación Popular se dedicaron a alimentar la desconfianza en los resultados electorales. Esta vez los protagonistas fueron, de nuevo, Renovación Popular en primera vuelta y Juntos por el Perú en la segunda. Durante la campaña, Miki Torres, con su “sacar al señor Castillo no fue sencillo”, mostró que el fujimorismo no se quedó solo en acusaciones de fraude, sino que fue más allá; y este miércoles, diversos sectores de izquierda hablan de un futuro Ejecutivo sin legitimidad. Todas esas actitudes y comportamientos le han pasado factura al conjunto de la política. Pero para el Ejecutivo es más complicado porque es ahí donde se centran las expectativas iniciales.

Los primeros meses de un nuevo presidente solían comenzar con expectativas positivas y un nivel relativamente alto de aprobación. Al menos así fue hasta 2016. Ahora, las expectativas negativas conviven con las positivas en un clima de opinión donde convergen, en simultáneo, la fragmentación, la polarización, la desconfianza generalizada y una lista de reclamos. Y este nuevo gobierno no es tan nuevo que digamos. Para un conjunto de peruanos, el fujimorismo ya estaba gobernando e impulsando diversas iniciativas desde el Legislativo, con altos niveles de rechazo, incluidos los acomodos para obtener mejores resultados electorales. La lista es conocida.

Desde Toledo (2001) hasta PPK (2016), según las encuestas de Ipsos, el nivel de aprobación presidencial que se mostró al inicio del mandato estuvo alrededor del 60%. Algunos tuvieron altibajos y otros, francas caídas, pero, en general, alrededor del sexto mes la desaprobación fue mayor que la aprobación, aunque en los casos de García y Humala les fue mejor. Sin embargo, 2021 fue diferente. Si bien Castillo ganó con 47% de los votos emitidos en la segunda vuelta, en la primera encuesta de Ipsos, de agosto del 2021, solo 38% lo aprobó. El nivel de aprobación nunca fue mayor que el de desaprobación. El problema no solo fue la polarización de la segunda vuelta, los miedos hacia Castillo, una prensa hostil o los problemas con su gabinete, sino que, por primera vez desde 1980, los dos primeros candidatos de la primera vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, no sumaron ni el 30% del voto emitido. Este problema de representación se expresó también en un ausentismo que se asoció, en su momento, con la crisis de la COVID, pero ahora vemos que tenía otros componentes. Este 2026 ha sido algo semejante: los dos que pasaron a segunda vuelta, sumados, obtuvieron un porcentaje de votos emitidos incluso inferior al de los dos candidatos del 2021, Fujimori 14% y Sánchez 10%; y el nivel de ausentismo, si se resta el posible impacto de la COVID en la elección anterior, siguió creciendo.

El fujimorismo, para gobernar, no solo tiene el problema de un público que desconfía de la política y reparte su desánimo. Ha ejercido el poder no hace 26 años: lo ha hecho hasta hace pocas semanas. El Congreso, donde han marcado su dinámica, ha tenido un gran protagonismo en los últimos 10 años y un altísimo nivel de rechazo. Según el Latinobarómetro del 2025, el Parlamento peruano es el peor evaluado de la región. Solo 7% dice tener “mucha” o “algo” de confianza, por debajo de Paraguay (16%), Guatemala (15%) y Venezuela (14%). Y en ese desacreditado hemiciclo, quien marcó la pauta fue Fuerza Popular. En primera vuelta obtuvo más votos que en 2021, pero 14% de votos emitidos no es para confiarse. Mucho se escribe sobre las decisiones que Keiko Fujimori debe tomar desde el 29 de julio o antes. Una de las más complicadas será qué va a hacer para tratar de cambiar la desconfianza construida a punta de excesos en el Congreso.

Las 'lunas de miel' en el Perú hoy son periodos breves. La tregua ciudadana —entendida como el tiempo antes de que la desaprobación supere a la aprobación— se ha ido reduciendo hasta extinguirse. El desgaste, en algunos casos, se produjo por problemas en la economía, pero muchas veces el tema principal fueron los escándalos, las denuncias de corrupción o el mal manejo de conflictos sociales fuera de Lima.

La arraigada desconfianza de nuestra cultura política va de la mano con un pragmatismo que siempre está atento a ver resultados. Fuerza Popular tiene la posibilidad de armar un mejor gabinete que el de Castillo. Tendrá también el apoyo del empresariado y de un sector de la prensa, pero eso no es suficiente. La paciencia se ha ido acortando. Los conflictos pendientes de resolución o mal manejados en regiones donde tuvo baja votación podrían influir en bajos niveles de aprobación. ¿Le interesará eso al gobierno de Fuerza Popular? Puede que algunos sectores dentro del partido le den importancia, pero por las acciones del Congreso saliente, con Rospigliosi a la cabeza, parece que se estuvieran preparando para situaciones de este tipo, donde la respuesta será la dureza en la represión de protestas y movilizaciones. Si quieren dar mensajes de cambio, ahí tienen varias leyes por modificar.

Aunque la conducción económica es fundamental, muchos de los problemas de gobernabilidad en anteriores mandatos han surgido por dificultades fuera del ámbito económico. Será bueno que alguien en el gobierno mire todos los días el conjunto del mapa y asuma que, debido a todo lo actuado y con los bajos porcentajes obtenidos en la primera vuelta, la gente ya no está con ánimo para una sostenida luna de miel.

¿Con qué esperanza comenzaron sus labores? Ofrecieron reformas políticas y justicia como temas centrales. Todo lo que no se pudo hacer en el quinquenio anterior, y que nos había condenado a cuatro presidentes en un lustro, tenía que enmendarse. Justicia para los asesinados en las protestas contra Manuel Merino; justicia para los tremendos casos de corrupción en el Ministerio Público. Por supuesto, la catastrófica situación de la salud pública, que se encontró con una pandemia de COVID que mató a más de 200.000 peruanos, iba a generar un cambio profundo y estructural para nunca más estar tan mal atendidos.

Cinco años después, no queda ni la memoria de esas esperanzas. Otra vez, tuvimos cuatro presidentes en un quinquenio (se inventó una revocatoria del mandato presidencial sin más motivo que los votos suficientes) y se destruyó lo poco que quedaba de la reforma política (se eliminaron las PASO, el sistema realista de inscripción de partidos y el referéndum; se impuso una bicameralidad por el mero deseo de reelección prohibida; y, lo peor de todo, se abolió de facto la cuestión de confianza). En resumen, el Congreso consolidó una estructura de gobierno parlamentario que jamás existió en nuestra historia republicana y convirtió la figura del presidente de la República en un objeto de decoración, sometido a la mayoría parlamentaria.

Para lograr su cometido se necesitaban 87 votos para elegir al TC. Ahí nació el Fujicerronismo, el pacto de facto o el gobierno de las cuatro familias. Como lo quieran llamar, es real. La alianza parlamentaria incluyó a todos, menos a JPP y a pocos no agrupados. Desde el Tribunal Constitucional, la Defensoría y la Contraloría han dominado todo. Con esa plataforma validaron leyes aberrantes por inconstitucionales (desde la eliminación por ley de la cuestión de confianza hasta los viajes presidenciales de “despacho remoto”, pasando por la iniciativa de gasto parlamentaria) en un TC a la medida de sus deseos. Controlaron esos poderes, se abalanzaron sobre una honorable JNJ y no pararon hasta conseguir una a su medida para “barrer” (Rospigliosi dixit) todo el sistema de justicia. De la separación de poderes, de los contrapesos constitucionales, no nos dejaron ni el recuerdo.

Sobre esta demolición institucional, este Congreso ha construido el reino del servicio del interés particular. ¿De dónde salen todas las leyes procrimen? De la Comisión de Justicia, presidida por Perú Libre, a cuyo líder prófugo le caen muy bien. Y vaya que no es el único. La ley de prescripción rápida fue bautizada como Ley Soto, porque el expresidente del Congreso fue de los primeros en beneficiarse de ella. Desaparecer la recuperación del botín del delincuente, reducir la colaboración eficaz, restringir el tipo penal de criminalidad organizada a ciertos delitos y no a otros (tráfico de influencias, por ejemplo) beneficia a delincuentes, mientras los asesinatos se disparan. Encargo especial de Fernando Rospigliosi es conseguir impunidad para crímenes de lesa humanidad. Para los militares y policías que violaron derechos fundamentales antes del 2002, amnistía total. ¿Para los demás? El fuero militar y todos se salvan. Por supuesto, hay delitos muy apañados en este Congreso. Por ejemplo, la minería ilegal no solo no se toca, se promueve. Ahí están las sucesivas prórrogas del Reinfo para mostrarlo.

Pero no bastó con eso. Bajo el lema: “plata, hay”, han hecho un festival de gasto público que, para mi generación, los sobrevivientes del primer gobierno de Alan García, es aterrador. Las reiteradas advertencias del Consejo Fiscal y del presidente del BCR no han servido de nada. El rol del ministro de Economía y Finanzas es menor que el de un encargado de mesa de partes. El Congreso no para de gastar ni de exonerar tributos. Para ponerlo en números del Consejo Fiscal: son 109.000 millones de soles en gasto por leyes aprobadas. Enfrentamos el mayor déficit fiscal en 25 años. Se desglosa así: entre el 2021 y el 2026 son 268 leyes (hasta abril) con impacto fiscal adverso. Esto genera compromisos permanentes por 36.700 millones anuales (3% del PBI) y un costo fiscal total de 109.600 millones, equivalente al 9,1% del PBI. Eso es mucho más que el presupuesto anual de salud o educación. ¿Por qué ha sucedido este desastre? Porque el Congreso consiguió una autorización del TC para tener iniciativa de gasto y, desde ahí, no ha parado con la repartija. Creen que, repartiendo bonos, gratificaciones, pensiones, CTS y demás, van a comprometer el voto de millones de empleados públicos a su favor. Pues les fue pésimo con la idea en estas elecciones y le dejaron al futuro una deuda inmensa. Como despedida, el Congreso busca aprobar el crédito suplementario más alto de la historia del Perú. Casi 10.000 millones de soles donde hay plata como cancha, menos para la Beca Bicentenario. Hasta la Contraloría ha lanzado esta vez todas las advertencias y alertas posibles.

En materia de fiscalización, este Congreso ha aplicado el viejo aforismo “para los amigos todo, para los enemigos, la ley”. Un desfile de funcionarios “amigos” ha pasado invicto por la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Presidentes amigos son Merino y Boluarte; presidentes enemigos son Humala y Vizcarra. Fiscales amigos son Gálvez, Chávarry y Benavides; fiscales enemigos son Espinosa o Ávalos. Todo depende de quién eres en la agenda del pacto.

Hay que añadir el ensalzamiento de la frivolidad. Cientos de iniciativas para declarar de interés nacional cualquier cosa o el “día de” lo que sea. Decenas de universidades públicas creadas sin presupuesto (mientras se cargaron a la Sunedu y, con ella, la esperanza de tener calidad universitaria y no una estafa), bonos, semanas de “representación” para vacacionar, sesiones remotas y toda clase de gollerías insufribles. El 5% de aprobación popular se lo han ganado a pulso.

De los 10 partidos que pasaron la valla el 2021, siete fueron duramente castigados por el pueblo. Esperemos que los tres que quedan y los tres que llegan saquen alguna lección de estos cinco años. No queremos más de lo mismo, por si no les quedó claro el 12 de abril pasado.

Mediante un frenesí de contrarreformas, el fujimorismo y sus aliados (recordemos que el cerronismo aportó buena parte de los votos en esa alianza contranatural, a cambio de una tajada en la Mesa Directiva y de leyes para torpedear los procesos fiscales, y terminó firmando normas que alteraron la balanza de poderes) rompieron el equilibrio constitucional, reduciendo a su mínima expresión la cuestión de confianza y tratando al Ejecutivo casi como a una mesa de partes. Lo que nunca calcularon en la Plaza Bolívar es que el monstruo que procrearon está a punto de darle la bienvenida a uno de sus padres.

Este 28 de julio, cuando Keiko Fujimori reciba la banda presidencial, se abrirá una de las grandes ironías de nuestra historia política. Llegará al poder, sí, pero a un poder devaluado. Si no actúa con cautela extrema y prudencia, Fujimori terminará atrapada en la misma jaula institucional que su partido y sus aliados diseñaron desde 2016 para maniatar a sus adversarios políticos.

La paradoja se estrena en simultáneo con el nuevo Congreso bicameral, un sistema con la precisión de una guillotina. Al haber desarmado el "escudo nuclear" de la cuestión de confianza frente a leyes o reformas, convirtiéndola en un mecanismo casi impracticable, la mandataria ingresará a Palacio despojada de las armas políticas de respuesta de una presidencia que ella misma neutralizó a favor del Congreso. El procedimiento de ataque parlamentario ha quedado institucionalizado: la nueva Cámara de Diputados ostenta el monopolio de la interpelación y la censura ministerial. Podrán devorarse a sus ministros uno a uno, mediante un goteo constante, sin que la presidenta pueda amenazar con la disolución de las dos cámaras, porque las reformas de su propio partido le quitaron esa prerrogativa. Con solo 66 votos, las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados pueden decapitar a cualquier ministro individual o al gabinete entero.

Además, en este parlamentarismo de facto, el veto presidencial es una cortesía nominal. El rodillo de la insistencia legislativa pasará por encima de Palacio cada vez que las bancadas mercantilistas decidan imponer leyes con nombre propio o perforar la caja fiscal. Repito: si no hila fino, Fujimori no podrá oponer resistencia real. No la vacarán fácilmente —el laberinto procedimental y de votos entre Diputados y Senado hace que la destitución por incapacidad moral sea hoy un camino largo—, pero la podrían condenar a algo aún peor: una agonía de baja intensidad, donde cada ley y cada ministro tendrán que ser canjeados por prebendas.

Gobernar el Perú a partir de agosto significará someterse al chantaje de dos cámaras que ya aprendieron que el Ejecutivo es un rehén perpetuo de sus votos. Se legisló con el hígado y con un cálculo miope, asumiendo que el poder real siempre residiría en el Parlamento.

El mecanismo de funcionamiento de “Palpatine” recordó a los agentes de la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirección Antidrogas (Dirandro) la forma en la que actuaban los cárteles de Medellín y Cali en los años 80 y 90, cuando reinaron en el Alto Huallaga. Compraban pasta básica a las llamadas “firmas” peruanas de la época, monopolizaban la producción de cocaína en sus propios laboratorios y controlaban las redes de transporte hacia el exterior. “Palpatine” construyó un sistema muy parecido, con el respaldo de narcotraficantes peruanos con llamativos prontuarios.

Aprovechando el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en el departamento de Amazonas y la limitada presencia de las fuerzas antidrogas en la zona, “Palpatine”, con experiencia en el negocio de la droga, construyó un laboratorio de cocaína en el centro poblado de Chicais, ubicado en el distrito de Imaza, en Bagua (Amazonas). El colombiano compraba la pasta básica a los productores de las localidades aledañas, asegurándose el abastecimiento de la materia prima.

Según el último informe sobre crecimiento de cultivos de hoja publicado en 2025, Amazonas experimentó un importante aumento de los cocales de 44,6% entre 2023 y 2024. Arcesio Trujillo sabía dónde había puesto el ojo. La experiencia afinó su olfato.

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La ruta del emperador malvado

Nacido el 18 de junio de 1959 en el distrito de Ibagué, en el departamento colombiano de Tolima, Arcesio Trujillo, de 67 años, trabajó por más de tres décadas como ayudante en los laboratorios clandestinos del narcotráfico controlados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo con fuentes antinarcóticos de dicho país.

“‘Palpatine’ es un veterano en la producción y exportación de cocaína. Y en Amazonas encontró el terreno propicio para dirigir su propia organización. No dependía de los proveedores del Vraem (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) o del Ucayali. Eligió Amazonas también por razones logísticas, por su cercanía a los puertos del norte del país.

“No es un desconocido en el Perú. Ha venido varias veces para coordinar la producción y compra de droga. Llegaba como operador de las mafias colombianas. Hasta que se independizó”, indicaron las fuentes antinarcóticos.

Conforme al registro migratorio, Arcesio Trujillo ingresó al Perú con dicha identidad el 4 de diciembre de 2006. Desde entonces, en varias ocasiones, ha entrado y salido de nuestro territorio: 23 veces. Así se comprobó su intensa actividad en el narcotráfico. En los dos últimos años, además, incrementó sus entradas al Perú. “Señal de que estaba preparando algo grande. Y, efectivamente, asi fue, como luego comprobaríamos”, dijo otra fuente antinarcóticos.

En 2024, “Palpatine” entró en el país 6 veces y, en 2025, 7 veces. En este año, cruzó la frontera en dos ocasiones: el 13 de marzo y el 27 del mismo mes. Señal indubitable de que algo estaba tramando: la preparación de un cargamento de droga.

Las interceptaciones telefónicas judiciales a “Palpatine” y sus cómplices confirmaron que el capo colombiano estaba dedicado al acopio de un importante alijo de cocaína con fines de exportación. Las fuentes consultadas no descartaron que el colombiano estuviera respondiendo a un pedido para trasladar la droga a Estados Unidos o México, sedes del Mundial de fútbol.

“Se le escucha al colombiano reclamar a sus socios que tienen que apurar la elaboración de la droga, porque tienen un pedido que cumplir. Les indicaba que solo habían llegado a los 400 kilos y necesitaban 300 kilos en total”, indicaron las fuentes.

Como se verá más adelante, “Palpatine” consiguió el objetivo. A toda máquina, su laboratorio en Bagua pudo conseguir los 700 kilos que supuestamente irían al Mundial de fútbol.

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Sorprendido en la cama

“La concentración de multitudes, como en el evento futbolísitico, implica el aumento del consumo. Tiene lógica, porque en otras ocasiones se han intervenido cargamentos de droga con destino a ciudades que son sedes del mundial de fútbol”, indicaron las fuentes.

Con quien hablaba frecuentemente “Palpatine” era con el peruano Duberlí Rufasto Vargas, de 46 años, conocido como “Chotano”, encargado de las coordinaciones con otras organizaciones criminales para el transporte y la venta de la droga. También era el responsable de la adquisición de insumos químicos y el financiamiento de los sembríos de hoja de coca en Amazonas. Todo estaba listo para despachar la cocaína al cliente mundialista.

Cuando comprobaron que Arcesio Trujillo se disponía al traslado del alijo de droga, los agentes de la Divinesp planificaron la intervención a la mafia de “Palpatine”. El 12 de mayo de este año, un equipo de la Divinesp, en compañía del fiscal antidrogas de Piura, José Montero Zapata, ejecutó un megaoperativo en Amazonas, Chiclayo y Lima.

Poco o nada se ha sabido de este caso, pero confirma que las mafias colombianas han regresado con fuerza al mercado peruano del narcotráfico.

A las 6.30 a. m. de ese día, cuando “Palpatine” dormía con su pareja colombiana en el hotel Mochiks, en el centro de Chiclayo, le cayó la policía antidrogas. Según fuentes fiscales, Arcesio Trujillo se encontraba en la fase de traslado del cargamento de cocaína de Bagua a Piura, donde otros integrantes de la organización lo esperaban para entregar la mercancía en altamar, donde sería recogida por un navío de gran calado.

El 12 de mayo de 2026, en una operación helitransportada, agentes de la Dirandro y efectivos de Los Sinchis de Mazamari de la Policía Nacional asaltaron el laboratorio de “Palatine” en Imaza, en Amazonas, y hallaron los 700 kilos de droga. Los principales clientes del capo eran sus compatriotas colombianos.

En efecto, sin que supiera que estaba bajo vigilancia, el socio de “Palpatine”, Duberlí Rufasto Vargas, sostuvo un encuentro con dos narcotraficantes colombianos en el café Pancho Fierro, en pleno centro de Lima. Luego de dos horas de conversación, los extranjeros entregaron a “Chotano” US$2 millones en efectivo camuflados en una mochila por la compra de cocaína. Sin duda, según las fuentes, la cocaína bien podría haber sido despachada a los aficionados del Mundial de fútbol, si es que “Palpatine” conseguía burlar a la policía antidrogas. Pero no fue así. Ahora ve los partidos de su selección nacional en una celda penitenciaria.

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DATO

Antecedente. En 1982, el colombiano Waldo Vargas Arias, “El Ministro”, fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez cuando pretendía trasladar droga al Mundial de fútbol de Barcelona.

El Doc. Vladimiro Montesinos, entonces abogado de narcos, logró la excarcelación y fuga de Vargas, quien luego se sumó al cártel de Cali.

Una primera razón tiene que ver con el tema de la seguridad. La gente busca sentirse segura. Un ejemplo que me gusta ponerles a mis alumnos es el siguiente.

Imagínate a un señor de unos 45 años que se dedica a reparar un montón de cosas. Hace gasfitería, electricidad, albañilería. Y tiene su celular, que es al mismo tiempo el lugar donde lo contacta la gente y el lugar al cual le hacen los pagos. Si a esa persona le roban el celular, no solamente está en riesgo su integridad física, sino que también tiene un impacto económico muy directo. Entonces, al final el ciudadano va a exigir: Oye, dame seguridad para que no me roben, para que no me afecten el bolsillo y para que no me puedan afectar a mí directamente. Y es por eso es que hay demandas de mano dura, de castigar fuertemente el crimen. Y eso no solamente pasa en el Perú, pasa en varias partes de América Latina. Si no, no tendríamos a alguien como Bukele, que en base a las demandas de seguridad se ha hecho del poder casi absoluto en El Salvador.

Claro, con un régimen así tienes ciertas garantías de seguridad, pero a cambio sacrificas un montón de libertades.

Es el clásico dilema de seguridad que te plantea Thomas Hobbes cuando se crea el Estado moderno. La idea de que, efectivamente, necesitas un Estado que te garantice seguridad básica y tú, a cambio, resignas ciertos derechos. Y eso, básicamente, es un Estado autoritario.

Ahora, hablábamos de Bukele y tú dices en el libro que su modelo no se puede reproducir en otros países de la región, ¿por qué?

No se puede reproducir por varios motivos. En primer lugar, porque El Salvador es un país mucho más pequeño.

La población es más pequeña.

Sí, pero incluso en Ecuador, que también es un país relativamente pequeño, no se ha podido reproducir el modelo. Eso es porque el modelo de Bukele no solamente implica mano dura, sino también, y lo sabemos por tus colegas de El Faro, negociación directa con las pandillas, con las organizaciones criminales. Y eso es algo que cruza una línea que ningún gobierno está dispuesto a aceptar. Y hay un tercer factor, la complejidad de las organizaciones criminales. Una cosa muy distinta es hablar de bandas organizadas, armadas, en El Salvador, y otra cosa es la operación de ciertas organizaciones que tienen conexiones con el narcotráfico en Ecuador. Son cuestiones muy distintas. Tú no puedes replicar ese modelo en México, en donde el narco tiene tomado parte del Estado mexicano. Y tampoco lo puedes equiparar con el caso del Perú, donde lo que tú tienes son organizaciones criminales extorsivas dedicadas a custodiar economías ilegales.

Si no se puede aplicar, ¿por qué muchos políticos de derecha ofrecen ese modelo?

Bueno, no solamente es que no se puede aplicar, sino que el decir “yo voy a hacer como Bukele” tampoco te trae mucho rédito en términos de popularidad. Por ejemplo, Carlos Álvarez se vendía básicamente como un Bukele. Pero la bandera del orden se la terminó llevando Keiko Fujimori y ella en ningún momento habló de Bukele. José Williams, también daba la idea de venderse como alguien como Bukele. Y cuando Carlos Raffo lo estuvo asesorando, sus videos con inteligencia artificial iban un poco en esa línea. Ojo, sí te da réditos venderte como el candidato del orden o el candidato que va a combatir la delincuencia, pero no venderte como un nuevo Bukele. Es el caso de De la Espriella en Colombia.

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En el Perú, en esta última elección, pasaron a la segunda vuelta un proyecto que reivindicaba un gobierno nacido de un golpe de Estado, el de la señora Fujimori, y otro que defendía la réplica de un golpe de Estado, el de Roberto Sánchez. ¿Tienes alguna explicación para eso?

Eso pasa, primero, porque el sector, si tú quieres llamarlo democrático, se divide en un montón de candidaturas. Digamos, tú tenías dentro de la oferta a Jorge Nieto, Alfonso López Chau, Marisol Pérez Tello y otros que expresaban valores un poco más cívicos y que quedaron fuera de la segunda vuelta. Entonces, yo creo que una primera cuestión es que el sector democrático no logra aglutinarse en una sola candidatura fuerte. Y allí es donde aparecen candidaturas que tienen una raíz autoritaria pero que, además, y, esto es clave, tienen una organización fuerte. Porque finalmente el fujimorismo ha construido un partido, una organización política. Y en el caso de Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, hay como bases organizadas, pero alrededor de Pedro Castillo y alrededor de otros personajes, como Antauro Humala. Y eso es lo que genera que Sánchez pase ajustadamente a la segunda vuelta. Son identidades muy marcadas. Hoy, el mundo, en términos políticos, y eso aparece en el colofón de La Tentación Autocrática, está moviéndose hacia un estancamiento de la democracia o un declive de la democracia, y lo que hay en la región no son proyectos políticos de carácter democrático o plenamente democrático.  

Ahora, ¿cuánto tiene que ver el encumbramiento de Donald Trump, en Estados Unidos, con este estado de cosas, con este debilitamiento democrático en la región?

A ver, yo creo que es una cuestión mucho más indirecta. La gente de Juntos por el Perú ha querido ver en el embajador (Bernie) Navarro una injerencia mucho más directa, pero yo te diría que es mucho más indirecta, por lo menos en el caso del Perú. Es verdad que Trump sí ha hablado de respaldo a candidaturas en ciertos lados. Por ejemplo, la parlamentaria de Argentina, del año pasado, donde apoyó abiertamente el proyecto Milei. O la elección colombiana, donde apoyó a De la Espriella. Pero eso no necesariamente te garantiza que te vaya a ir bien. En Europa, el gobierno de Trump no solamente hizo campaña por Víktor Orbán, en Hungría, sino que mandó a J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, a ese país, y perdieron por más puntaje del que las encuestas preveían. O sea, no hay un efecto directo que el endoso de Trump te va a garantizar. De hecho, Keiko Fujimori no tuvo el endoso de Trump. Pero, a ver, ¿dónde sí creo que hay una influencia en todo esto? Trump es un presidente que tranquilamente encarnaría lo que en ciencia política llamamos democracia iliberal. Es decir, un demócrata que no cree en los valores liberales de la democracia y de alguna u otra manera arrincona a las instituciones. Trump creo que corresponde a ese tipo de líder. Y ya la democracia no es una prioridad en términos de política exterior para los Estados Unidos, el caso de Venezuela creo que es el más evidente.

Paremos allí, ¿cómo defines lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué hay en Venezuela? ¿Un protectorado amigo del petróleo?

Lo que hay hoy día en Venezuela es un gobierno autoritario, competitivo, tolerado por los Estados Unidos, en tanto y en cuanto brinde acceso a reservas petroleras. A Trump no le interesan, por ahora, algunos márgenes de restablecimiento del orden democrático. Hay ahí todo un conjunto de tensiones que hacen que ni siquiera podamos hablar de una transición plenamente dicha, sino más bien de una situación en la cual Delcy Rodríguez tiene la sartén por el mango y efectivamente puede seguir manejando Venezuela como se venía manejando antes.

Ahora, leyendo lo que cuentas sobre Bolivia con Evo Morales y Ecuador con Rafael Correa está claro que más allá de controlar las fuerzas en el Parlamento, los gobiernos autoritarios necesitan controlar también un organismo clave, que es el Tribunal Constitucional. ¿Qué ventajas concretas les da a los líderes autoritarios tener control sobre este organismo?

Para entender eso, primero hay que decir que hoy en día la política se ha judicializado, porque varias políticas públicas pasan por el Poder Judicial o por el Tribunal Constitucional. Y el destino de muchos líderes también se ha judicializado. Hay desde juicios por alimentos hasta procesos penales, y esto determina sus probables candidaturas, y el Tribunal Constitucional se vuelve clave en ese contexto de judicialización de la política, porque te permite evitar que la oposición pueda ir hacia la impugnación judicial de varias de tus decisiones o ganarlas y pelearlas en ese terreno.

Es una cosa de manual, para regímenes autoritarios, tomar control de los órganos de justicia y del TC.

Totalmente de manual. Además, normalmente es la arena judicial donde se disputan las cosas.

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Retomando lo de Bukele, dices que actualmente su aparato de propaganda busca a jóvenes influencers para que le hagan entrevistas complacientes y “humanas”. O sea, ya no importa solamente controlar los medios sino tener una narrativa sobre quién es el líder. ¿Eso es algo nuevo?

Una de las primeras dictaduras mediáticas muy fuertes en América Latina, en los años 90, fue la de Fujimori. Por eso es que compra la televisión, compra los medios sensacionalistas y además comienza a meterse también en el mundo de internet. No sé si tú te acuerdas de este personaje argentino, Héctor Faisal, que fabrica en la web lo que salía en la prensa chicha. En eso, Fujimori fue un pionero. Hugo Chávez era alguien que apelaba mucho más a la televisión, con sus cadenas nacionales, que luego fueron replicadas por Correa y también por López Obrador y Sheinbaum, sin ser estos dos últimos autoritarios, aunque tienen algunos rasgos populistas muy claros. Y en el caso de Bukele, es un poco la idea de: Oye, soy un presidente millennial, me tengo que meter a esto de las redes sociales.

¿Cómo te imaginas la relación de la señora Fujimori con los medios? Digamos, su primera entrevista como presidenta ha sido con un experto en coaching que le ha preguntado sobre sus secretos de belleza.

Bueno, ella normalmente no va a espacios donde le hagan preguntas incómodas. Probablemente, la última entrevista incómoda que se le hizo fue en la campaña del 2016, en El Comercio, cuando El Comercio tenía otro director, cuando había otra gente ahí. Pero después, por ejemplo, a La República nunca le ha dado una entrevista, y yo no creo que en

estos cinco años eso cambie, a pesar de que Camaná está bien cerca de Palacio de Gobierno.

Digamos que no se va a cansar si viene a pie.

No pues, es cosa de tres cuadras nada más, pero Keiko Fujimori siempre ha controlado sus apariciones públicas. Nunca ha sido una persona espontánea en ese sentido. Siempre le ha gustado el escenario más o menos controlado, la entrevista más o menos amable, que tenga algún tipo de cariz en el que no solamente se hable de política sino de su rostro humano. Yo te diría que esta entrevista con Ismael Cala básicamente ha sido una del tipo de control de daños familiar, porque básicamente está centrada en su hermano, su padre, su mamá, cosas de ese estilo, para de alguna u otra manera revertir la imagen de mala hermana o mala hija que le debe haber salido en algún Focus Group, y que es buena parte de las resistencias que ella debe haber tenido en esta campaña electoral.

Es un poco triste eso, guiar tus apariciones públicas por lo que dice un Focus Group.

Es que ya te digo, ella no da ningún paso sin antes pensarlo o decirlo. Ella calcula muy bien cada una de las cosas que quiere hacer y nunca ha tenido entrevistas fuertes.

Antes de acabar, hay una afirmación interesante en el libro. Dices que desde 2000 hasta julio del 2016, el Perú vivió el periodo democrático más pleno de su historia, ¿de verdad lo crees?

Bueno, no te estoy diciendo que haya sido el paraíso ni mucho menos, pero definitivamente entre 2000 y 2016 estuvimos en otro Perú. Era un país en el cual los presidentes duraban 5 años, en el cual había ciertas líneas que no se cruzaban, había un mejor trato entre los políticos, había ciertos modales democráticos: por ejemplo, saludar al ganador de una elección. Había cosas que efectivamente hoy ya no están y eso se vio incentivado porque había mucho mayor crecimiento económico. No estábamos en el mejor de los mundos, ese crecimiento no chorreaba, pero había algunos buenos servicios por parte del Estado o reconocimiento pleno de derechos. Era mucho más funcional que lo que tenemos ahora.

¿Y a partir del 2016 qué hay? ¿Hay un parlamentarismo autoritario?

Hay una discusión larga sobre cómo definimos al periodo. Yo creo que es la era de la inestabilidad y podríamos compararla con la década de 1840, cuando hay toda una sucesión de gobernantes muy breves.

Es cierto que se han presentado algunas dificultades en el registro del voto de los peruanos residentes en el exterior. Son asuntos puntuales que merecen ser examinados con rigor y seriedad. Por ello, es perfectamente legítimo preguntarse qué pudo hacerse mejor y qué ajustes conviene introducir para el futuro. Lo que no resulta legítimo es convertir esas dificultades, por sí solas, en una imputación personal contra el canciller y el servicio exterior.

Dadas las sólidas y dinámicas interacciones con las comunidades peruanas en el resto del mundo, nada más lógico que hacer todo lo necesario para garantizar el ejercicio del derecho a la participación política, como lo establecen las leyes vigentes. La comunidad peruana en el exterior es parte dinámica del Perú. Así lo recoge la II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior, realizada por el INEI en 2022.

Por ejemplo, las remesas de la comunidad peruana en el exterior constituyen una viva expresión del sostenimiento del vínculo familiar. De acuerdo con la información disponible en el BCR, estas remesas crecen de manera sostenida y, en 2025, alcanzaron un nuevo máximo histórico: más de US$5.300 millones.

Esa articulación con el Perú es, si se quiere, una razón adicional para ir afinando y mejorando los sistemas de participación política en los eventos electorales, a fin de proporcionar, para este propósito, más recursos a las instituciones consulares.

Aumento de la participación

Una variable a considerar es el saludable ascenso gradual de la participación de votantes en el extranjero desde que este derecho se habilitó en 1980.

Pero en ello no se puede soslayar que la organización del sufragio fuera del país constituye una de las tareas más complejas que enfrenta el Estado. Intervienen diversas instituciones y competencias, y las dificultades logísticas no son pocas. Reducir toda esa complejidad es materia en la que se debe seguir trabajando, pero sabiendo, desde ya, que las grandes metas y procedimientos están claros.

Hasta donde se conoce, no existe hecho alguno que permita sostener que la Cancillería o el canciller hayan actuado con negligencia, impulsado o tolerado alguna irregularidad, o que hayan admitido conductas incompatibles con sus deberes. La Cancillería, en general, obra con profesionalismo, diligencia y sentido institucional, a pesar de las limitaciones en varios consulados dadas las restricciones presupuestales.

Perfeccionar procedimientos

Si existen procedimientos que perfeccionar, deberán perfeccionarse. Se puede preferir, por ejemplo, la transmisión electrónica de datos sobre las valijas diplomáticas. Pero mejorar un sistema exige identificar con precisión las causas de los problemas, no construir responsabilidades cuando no han sido demostradas.

Las democracias no se debilitan per se porque existan dificultades. Se debilitan cuando dejan de distinguir entre los problemas y las responsabilidades. La responsabilidad pública, así, no puede presumirse: debe demostrarse.

Y cuando no existen pruebas de una conducta reprochable, también forma parte del deber democrático reconocer el trabajo bien hecho. Todo indica que el canciller y su institución han cumplido con su deber. Lo responsable ahora es permitirle continuar desempeñando su función con la serenidad que el país necesita y estar atentos a la transición política que ha de ocurrir este mismo año.

A través de sus redes oficiales, la parlamentaria señaló que el proceso electoral no blinda a las autoridades de responder por sus antecedentes políticos.

"Ningún acto formal puede otorgar legitimidad democrática a un proyecto que reivindica la corrupción, el autoritarismo y las graves violaciones a los derechos humanos".

La legisladora también cuestionó a Keiko Fujimori por no deslindarse del legado de su padre, Alberto Fujimori. En esa línea, Robles indicó que la labor de gobernar trasciende los resultados electorales.

"Gobernar exige mucho más que una proclamación oficial: exige construir legitimidad mediante el respeto irrestricto a la democracia, a los derechos humanos y a las instituciones de la República".

Ante este escenario, la futura senadora anunció que su gestión parlamentaria se caracterizará por una oposición "firme, democrática y vigilante".

Robles se comprometió a fiscalizar las decisiones del nuevo gobierno y a proteger los derechos de los sectores más vulnerables, incluidas las mujeres y los pueblos indígenas.

Roberto Sánchez condiciona diálogo con Keiko Fujimori

Roberto Sánchez condicionó la posibilidad de diálogo con Keiko Fujimori al cumplimiento de tres demandas clave: la libertad del expresidente Pedro Castillo, una investigación sobre las muertes en las protestas del sur y la derogación de las leyes pro crimen.

Aunque Sánchez indicó que su organización mantiene una postura abierta al debate político, precisó que existe desconfianza hacia la gestión que iniciará Fujimori.

“Este gobierno nace con rechazo social en la mayoría del territorio patrio y con ilegitimidad”, señaló vía Latina.

Además, el líder de Juntos por el Perú también manifestó haber interpuesto una medida cautelar ante la CIDH por haber “causado la nulidad del proceso de elecciones en el exterior al cambiar la normativa”.

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara a Keiko Fujimori como presidenta electa, el líder de Ahora Nación indicó que reconoce el resultado sin olvidar a los peruanos que buscan ser escuchados.

“Hay 9 millones de ciudadanos que están reclamando atención y sus necesidades son muy concretas (…)”.

López Chau reiteró que su agrupación política ya se había declarado anteriormente como una fuerza de oposición al gobierno fujimorista. Además, precisó que tiene el objetivo de promover un gobierno que respete la democracia, las libertades y la separación de poderes del Estado.

"Nosotros nos pronunciamos antes de saber quién iba a ganar. Dijimos que íbamos a luchar por recuperar el Estado, por garantizar la división de poderes, por el derecho al referéndum y por derogar las leyes que favorecen al crimen", señaló el dirigente.

Del mismo modo, el exrector de la UNI sostuvo que es responsabilidad de la mandataria representar a toda la ciudadanía y que espera que atienda los reclamos de quienes tuvieron una decisión distinta en las urnas.

"Un presidente de la República, apenas se pone la banda presidencial, se supone que debe ser presidente de todos los peruanos. (…) Esperamos que sean escuchadas", concluyó.

Como se recuerda, Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta presidencial con una diferencia de 49.641 votos. Sin embargo, en el Perú, la lideresa de Fuerza Popular perdió en 16 regiones, en muchas de ellas con una diferencia notoria. En Puno, por ejemplo, obtuvo menos del 15% de los votos.

Hacia una oposición

Mirtha Vásquez, senadora electa por Ahora Nación, destacó la urgencia de coordinar con otros sectores políticos para establecer un contrapeso en el Legislativo.

"En estos momentos nos toca ser una oposición democrática. Por eso estamos haciendo el esfuerzo por vincularnos con otras fuerzas políticas", afirmó vía RPP.

Sobre el acercamiento con otros grupos políticos, dijo que ya existen conversaciones en curso con Juntos por el Perú y Obras. Sin embargo, aún espera formar una alianza con el Partido del Buen Gobierno.

"Si realmente creen en los contrapesos democráticos, ojalá puedan unirse a esta oposición que pretende ser responsable".

Además, indicó que es necesario que el actual gobierno respete la independencia de cada poder del Estado.

"Ojalá que el fujimorismo, que ahora tiene el Ejecutivo y las principales instituciones, no quiera copar también el Congreso. Necesitamos un contrapeso y esperamos que se configure desde el Parlamento".

Cuestionamientos a la legitimidad

En la misma línea, la senadora electa Ruth Luque sostuvo que la victoria electoral no garantiza automáticamente el respaldo ciudadano.

"La legitimidad es un concepto mucho más amplio y, para mí, el gobierno de Keiko no es legítimo", declaró vía RPP.

Además, Luque argumentó que los resultados no reflejan una representación real del país.

"Hemos llegado a un proceso con más de 30 partidos donde las dos fuerzas que pasaron no expresan lo que la mayoría de la población quiere, y es un resultado donde, territorialmente, gran parte del Perú no ha votado por Keiko Fujimori".

Rechazo a la nueva gestión

Para la diputada electa Indira Huilca, las expectativas sobre el gobierno son negativas, pues considera que se busca repetir el gobierno de su padre.

"Ahora nos toca enfrentarnos a un régimen que tiene una matriz autoritaria, un régimen que está reivindicando lo peor de la dictadura de los 90".

Sobre la relación del nuevo gobierno con las instituciones, la legisladora advirtió sobre el riesgo para la independencia de las entidades del Estado.

"Mucho del objetivo del fujimorismo en esta nueva etapa apunta justamente a intervenir a interferir en el equilibrio de este poder del Estado, en el funcionamiento independiente del sistema de justicia y yo creo que hay que pararse firme frente a eso", sostuvo.

Huilca llamó a todos los sectores a tomar una postura clara ante estos cambios y advirtió sobre las consecuencias del poder absoluto.

"Este es un momento en el que toca ponerse de ese lado, no ponerse del lado de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la legalidad y sobre todo porque este tipo de decisiones afectan a los ciudadanos más vulnerables".

En cuanto al comportamiento del Congreso actual, la diputada criticó la falta de disposición para derogar las leyes pro crimen. "Si realmente fuera otra la señora Fujimori, en este momento, sus congresistas en el Parlamento actual ya estarían intentando retroceder en las leyes más nefastas que han sido aprobadas en este último periodo (…) se sienten muy orgullosos de toda esta legislación que hemos denominado pro crimen, antiderechos, pro impunidad, antiderechos de las mujeres. Ese paquete lo han defendido hasta el final".

"Nos toca pasar a la oposición; una oposición seria y responsable, que no llegue al obstruccionismo, pero que sí vigile que se respete la transparencia. Ese es el mundo democrático", sostuvo vía Panamericana Televisión.

Más allá de las diferencias entre partidos, Guevara indicó que su oposición responde a la pérdida del equilibrio de poderes y la ausencia de una lucha real contra la corrupción en el país. "Yo siempre he dicho que ella, el fujimorismo y mi persona somos agua y aceite", agregó.

Al profundizar en la situación del Congreso, Guevara calificó el escenario actual como una dictadura parlamentaria. Según el excandidato, los partidos se han aliado no por ideología, sino para protegerse de la justicia.

"Lo que ha unido a todo ese pacto mafioso —a Fujimori, a López Aliaga, a Cerrón, a Acuña y a otros más— es la impunidad. Porque todos estaban siendo investigados como organizaciones criminales en la Fiscalía. Eso es lo que los ha unido", denunció.

El exdirigente también cuestionó el control sobre los organismos que deben proteger al ciudadano, argumentando que han sido puestos al servicio de grupos de poder.

"Hoy existen oligopolios y un Estado donde los reguladores, como Osinergmin o Sutran, han sido tomados. Por lo tanto, los ciudadanos estamos indefensos, a nuestra suerte", añadió.

Guevara rechazó los intentos del Congreso por concentrar poder y señaló que sus 130 integrantes actúan por beneficios personales. "Se han unido por intereses subalternos. Hemos pasado prácticamente a una democracia híbrida donde se ha cambiado el presidencialismo por un parlamentarismo que actúa contra el país", concluyó.

El recurso fue presentado luego de que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro declarara improcedente la inscripción de López Aliaga, al considerar que su proclamación como senador electo constituye una situación jurídica vigente que no ha sido modificada por ninguna autoridad competente. Para el JEE, las cartas mediante las que comunicó su decisión de no asumir el escaño no alteran los efectos de la proclamación.

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En respuesta, la defensa de Rafael López Aliaga sostiene que la resolución incurre en errores de hecho y de derecho. Afirma que el órgano electoral interpretó de forma incorrecta la Ley de Elecciones Municipales al extender un impedimento previsto para congresistas en funciones a una persona que aún no ha iniciado el ejercicio del cargo.

La apelación también solicita que el JNE admita a trámite la candidatura del exalcalde de Lima y continúe el procedimiento de inscripción. Además, cuestiona la motivación del JEE, señala una presunta afectación al derecho de participación política y sostiene que existió un trato desigual respecto de otros postulantes de la misma lista.

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La apelación sostiene que un senador electo no tiene el mismo estatus que un congresista en funciones

El principal argumento de Rafael López Aliaga parte de una diferencia jurídica. Según el recurso, la prohibición contenida en el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales alcanza únicamente a los congresistas que ya ejercen el mandato, condición que, afirma, solo se adquiere después de la juramentación y de la instalación del nuevo Congreso.

La defensa sostiene que un senador electo conserva únicamente el derecho a incorporarse al Parlamento, pero todavía no asume las obligaciones, incompatibilidades ni restricciones propias del cargo. Con ese razonamiento, asegura que la proclamación realizada por el JNE no basta para impedir una candidatura municipal, ya que el mandato parlamentario aún no ha comenzado.

El recurso añade que López Aliaga comunicó al JNE y al Congreso su decisión irrevocable de no recibir la credencial, no juramentar y no asumir el cargo de senador. Incluso, solicita que se convoque al candidato accesitario que corresponda para ocupar ese escaño. A juicio de la defensa, esos actos demuestran que nunca ejercerá funciones parlamentarias.

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López Aliaga cuestiona que el JEE haya aplicado un impedimento que, según su defensa, no existe

La apelación afirma que el JEE creó una restricción que la ley no contempla de manera expresa. Para la organización política, las limitaciones al derecho a ser elegido deben interpretarse de forma estricta y no pueden ampliarse mediante analogías o interpretaciones extensivas.

Otro de los cuestionamientos apunta a la valoración de la documentación presentada durante la etapa de subsanación. El escrito sostiene que las comunicaciones enviadas por el líder de Renovación Popular sí acreditan su situación jurídica actual y permiten verificar que no ejercerá el cargo parlamentario. Por esa razón, considera que el JEE exigió requisitos que no aparecen en la legislación electoral.

La defensa agrega que la resolución tampoco explica por qué la condición de senador electo debe recibir el mismo tratamiento que la de un congresista en funciones. A su juicio, esa falta de motivación vulnera garantías constitucionales y restringe injustificadamente el derecho de participación política del candidato.

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El recurso también denuncia un trato desigual frente a otros candidatos de la lista

Además del fondo jurídico, la apelación sostiene que el JEE incurrió en una contradicción dentro de la misma resolución. El documento señala que el órgano electoral admitió las candidaturas de otros integrantes de la lista de Renovación Popular que también habían sido proclamados como autoridades electas en las elecciones generales.

Para la defensa del excandidato presidencial, esa diferencia de criterio vulnera el principio de igualdad ante la ley. El recurso sostiene que el mismo colegiado emitió decisiones distintas respecto de personas que, según su interpretación, se encontraban en una situación jurídica equivalente, sin ofrecer una justificación suficiente para ese tratamiento diferenciado.

Finalmente, la organización política solicita que el Pleno del JNE revoque la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, admita la candidatura de López Aliaga como regidor metropolitano y continúe el procedimiento de inscripción. También pide que el máximo órgano electoral priorice el derecho fundamental a ser elegido y aplique una interpretación favorable al ejercicio de los derechos políticos.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La resolución judicial precisa que la suspensión alcanza todos los actos vinculados con la autógrafa de la iniciativa. Entre ellos figuran la suscripción, el refrendo y la remisión del documento al diario oficial El Peruano para su publicación. El mandato tendrá vigencia hasta que exista un pronunciamiento definitivo sobre la demanda de amparo presentada por la región Moquegua.

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El juez también estableció consecuencias en caso de desacato. Si alguna autoridad incumple la orden, podrá recibir una multa equivalente a diez Unidades de Referencia Procesal (URP). Además, se remitirán copias al Ministerio Público para que evalúe las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones.

La decisión judicial se conoce pocos días después de que el Ejecutivo observara la autógrafa de la norma que redefine los límites entre ambas regiones. El conflicto ha provocado un enfrentamiento entre las autoridades de Tacna y Moquegua, que sostienen posiciones distintas sobre la delimitación territorial y los efectos que tendría la aprobación definitiva de la ley.

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PJ ordena paralizar el trámite de la autógrafa mientras resuelve demanda de amparo

La medida cautelar fue solicitada por el procurador público del Gobierno Regional de Moquegua. En su resolución, la Corte Superior de Justicia de esa región concluyó que corresponde suspender cualquier trámite de promulgación de la autógrafa hasta que el proceso de amparo tenga una decisión final.

El mandato alcanza tanto al Congreso de la República como a la Presidencia del Consejo de Ministros. Ninguna de estas entidades podrá continuar con el procedimiento de promulgación, refrendo o envío de la norma al diario oficial mientras la orden judicial permanezca vigente.

Para el Gobierno Regional de Moquegua, esta decisión evita que la ley entre en vigor antes de que el Poder Judicial determine si durante su aprobación se afectaron derechos constitucionales. Esa será la materia de análisis dentro del proceso de amparo.

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Gobernadora de Moquegua afirma que el fallo respalda la posición de la región

Tras conocerse la resolución, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, sostuvo que el Poder Judicial respaldó la posición de su administración. A través de sus redes sociales, señaló que el Congreso y la PCM deberán respetar la medida mientras continúe el proceso judicial.

La autoridad regional afirmó que la resolución paraliza cualquier gestión destinada a promulgar la ley. También aseguró que su administración continuará defendiendo los intereses de Moquegua mediante las vías legales disponibles.

Gutiérrez reiteró que el objetivo de su gestión es resolver la controversia dentro del marco constitucional. En ese sentido, insistió en que el proceso de amparo permitirá esclarecer la legalidad de la iniciativa aprobada por el Parlamento.

"Instalemos la comisión que investigue los crímenes del sur. Instalemos esa voluntad política para derogar las leyes procrimen y, como sienten muchos peruanos, una demanda ética: la libertad del presidente Pedro Castillo. Cuando esos estándares se pongan adelante estaremos dispuestos a dialogar siempre", declaró.

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Sánchez también dejó en claro que mantiene una posición crítica frente a la presidenta electa. "Nosotros somos dialogantes, construimos siempre, pero a la señora Keiko Fujimori yo no le creo nada", expresó. Con esa afirmación descartó, por ahora, sumarse a la convocatoria que la futura mandataria busca realizar con distintas fuerzas políticas.

Además, adelantó que promoverá un bloque político para ejercer oposición durante el próximo quinquenio. A su juicio, el país necesita una alternativa que responda a lo que considera una concentración de poder entre el Ejecutivo y el Congreso. "Levantaremos un proyecto, una coalición democrática que le haga contraparte a esa vocación autoritaria que hoy gobierna en el Perú desde el Parlamento con el pacto mafioso", afirmó.

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Roberto Sánchez insiste en investigar las muertes durante las protestas sociales

Uno de los principales pedidos del dirigente de Juntos por el Perú fue la instalación de una comisión que investigue las muertes registradas durante las protestas sociales que siguieron al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. El exministro sostuvo que ese proceso es indispensable para determinar responsabilidades y atender el reclamo de los familiares de las víctimas.

En ese sentido, remarcó que no basta con una convocatoria al diálogo si antes no existe un compromiso para esclarecer esos hechos. Para Sánchez, la investigación de los fallecidos constituye una demanda pendiente que el Estado debe atender antes de abrir una nueva etapa política.

El excandidato presidencial vinculó ese pedido con la necesidad de revisar el paquete de normas que calificó como leyes procrimen, al considerar que afectan la lucha contra la impunidad y debilitan el sistema de justicia.

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Sánchez cuestionó la proclamación de Keiko Fujimori por parte del JNE

Horas antes de sus declaraciones en Lima, Roberto Sánchez criticó desde Juliaca la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa. El dirigente aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados cuando aún estaba pendiente una apelación presentada por Juntos por el Perú respecto a las actas de votación del extranjero.

Según explicó, el reglamento electoral establece un plazo para resolver ese tipo de recursos antes de concluir el proceso. Por ello, afirmó que la proclamación no respetó el procedimiento previsto y cuestionó la actuación de las autoridades electorales.

"¿Cómo van a proclamar si el reglamento dice que hay un tema por resolver? Eso no es seguridad jurídica, eso no es respetar la ley", declaró. Asimismo, sostuvo que el próximo gobierno "nace ilegítimo" y consideró que no cuenta con respaldo en buena parte del país.

Valderrama explicó que, según la información que recibió, el encuentro fue un saludo protocolar impulsado por dirigentes históricos del partido. Precisó que la delegación estuvo encabezada por Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, quienes coordinaron la visita al local de Fuerza Popular.

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El exaspirante a la Presidencia marcó distancia respecto a la posibilidad de interpretar la reunión como una señal de que el APRA participará en el próximo Gobierno. A su juicio, el partido atraviesa una etapa distinta y debe concentrar sus esfuerzos en fortalecer su organización interna.

Durante el diálogo con este diario, Valderrama sostuvo que la principal tarea del aprismo es recuperar su inscripción electoral y volver a conectar con la ciudadanía mediante propuestas de cambio social. En ese sentido, indicó que todas las energías de la organización deberían dirigirse hacia ese objetivo antes que a otras iniciativas políticas.

Loyola vuelve a ser postulante luego de que el Pleno de la JNJ aceptara el recurso de reconsideración que presentó. El aspirante al cargo argumentó que se vulneró su derecho a acceder a la función pública en igualdad de condiciones y bajo criterios de mérito.

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De acuerdo con la nota de prensa difundida por la propia JNJ, la presidenta María Teresa Cabrera Vega, así como Gino Augusto Tomás Ríos Patio, Germán Alejandro Julio Serkóvic González y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo votaron a favor de la reconsideración. En contra se pronunciaron el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví Cornejo y los miembros Jaime Pedro de la Puente Parodi y Cayó César Galindo Sandoval.

Además, se informó que el Pleno decidió reestructurar el cronograma de las actividades pendientes del concurso para continuar con la evaluación del postulante. 'La reprogramación del cronograma permitirá continuar con el desarrollo del concurso público conforme a las disposiciones que apruebe el Pleno, garantizando el normal desarrollo del proceso de selección del futuro jefe de la ONPE', señaló la nota de prensa.

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Los procesos que habían alejado a Loyola y el pedido que lo trajo de vuelta

Como se sabe, la JNJ advirtió que, en su Ficha de Inscripción —documento que tiene carácter de declaración jurada—, Loyola consignó que no afrontaba procesos en los ámbitos penal, administrativo o disciplinario, ni había sido suspendido del cargo o demandado en la vía civil. Sin embargo, tras verificar la información, detectó que al momento de presentar su inscripción mantenía dos procesos judiciales en trámite.

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Uno de estos procesos esta relacionado con su etapa laboral en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ya que se originó a partir de una investigación sobre las funciones que desempeñó en esa entidad. El otro corresponde a una demanda civil presentada por una cooperativa debido al incumplimiento oportuno de un pago durante la pandemia de la COVID-19. Según explicó el ingeniero, recién fue notificado oficialmente de este último caso en 2024 y optó por apelarlo al considerar que los intereses establecidos son desproporcionados.

Loyola, en su recurso, señaló que la omisión ocurrió durante el registro inicial y no hubo mala fe en ella: “Fue un error con subsanación voluntaria antes del cierre de la evaluación; por ende, aplicar la exclusión automática ante una conducta de transparencia y colaboración con la administración resulta desproporcionada, irrazonable y punitiva".

ONPE continúa con problemas

Pese a que el concurso público para elegir a un nuevo jefe se reestableció, la situación en la ONPE se mantiene considerablemente endeble. En la última semana, Elar Bolaños Llanos, quien se desempeñaba como secretario general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), denunció presuntas irregularidades en la entidad. Según afirmó, sus equipos informáticos fueron intervenidos y se modificó información vinculada a solicitudes registradas en el Sistema de Gestión Documentario.

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"Hay factores graves vinculados a la manipulación de mis equipos de cómputo con información que yo no he generado, ni redactado. El ingreso constante de solicitudes por el Sistema de Gestión Documentario, vulnerada y con grave afectación de datos personales, que ha afectado la adecuada tramitación y gestión de las mismas", alertó en su carta de renuncia.

Bernardo Pachas, actual jefe de la ONPE, rechazó tal acusación: “Rechazamos (la denuncia) completamente en nombre ONPE. Hemos sido vigilados por Contraloría en todos los procesos de compra y adquisición. No hay ni un solo proceso de compra que no se haya rechazado. (…) Lamento lo que ha escrito”

Fujimori señaló que todo su equipo concentrará sus esfuerzos en el proceso de transferencia del mando. "Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más, porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones", declaró. En esa línea, anunció la puesta en marcha de la Oficina de la Presidenta Electa, espacio que encabezará junto con integrantes de su plancha presidencial y su equipo técnico.

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La lideresa de Fuerza Popular informó que el congresista Miguel Torres participará en representación de la fórmula presidencial, mientras que Marco Vinelli asumirá la jefatura del equipo de transferencia del próximo gobierno. Explicó que este grupo tendrá la responsabilidad de organizar la transición y establecer cuáles serán las prioridades inmediatas de la nueva administración. "La misión será ordenar el proceso de transición para que cuando asumamos el gobierno sepamos dónde actuar primero, cuáles son las prioridades y cómo responder con rapidez y responsabilidad", indicó.

La futura mandataria también adelantó que el trabajo no se limitará a revisar documentos y balances administrativos. Anunció que el equipo realizará reuniones con autoridades regionales y locales, representantes del sector privado, trabajadores y otros actores con el objetivo de recoger información sobre las principales necesidades del país antes del inicio oficial de su mandato.

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Diagnóstico técnico en cada ministerio para conocer la situación del Estado

Durante su pronunciamiento, Keiko Fujimori explicó que el equipo de transferencia elaborará un diagnóstico técnico en cada ministerio para evaluar las condiciones en las que recibirá la administración pública. Precisó que la revisión abarcará programas sociales, proyectos de inversión, obras en ejecución, disponibilidad de recursos y los problemas más urgentes que enfrenta cada sector.

La presidenta electa sostuvo que este proceso permitirá establecer prioridades desde el primer día de gobierno. "Realizaremos un diagnóstico técnico, ministerio por ministerio, para conocer el estado de los programas, los proyectos, las obras, los recursos disponibles y los desafíos más urgentes", afirmó durante la conferencia.

Además, señaló que esta evaluación también incluirá un componente social. Indicó que el Ejecutivo buscará escuchar a distintos sectores del país para obtener una visión más amplia sobre las necesidades de la población antes del inicio de su gestión.