Los tres casos que siguen en trámite corresponden a malversación de fondos, delitos contra la administración pública y concusión. Ninguno cuenta todavía con archivo, sobreseimiento o sentencia. El nuevo titular del MTC marcó "Sí" en la casilla que le preguntaba si tenía o había tenido investigaciones fiscales o procesos judiciales notificados en calidad de imputado o cómplice.

La declaración también incluye otros tres procesos que ya fueron cerrados. Uno por omisión ilegal de actos a su cargo, otro por cohecho activo y un tercero por peculado. Los tres terminaron con archivo o sobreseimiento, según marcó el propio ministro en el formato oficial.

Tangherlini no solo reportó procesos penales. También reconoció haber sido sancionado administrativamente. Marcó "Sí" en la pregunta sobre si estuvo incurso en procedimientos administrativos sancionadores o disciplinarios, un antecedente que se suma a los tres casos fiscales todavía abiertos.

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Una amonestación durante su etapa en Agro Rural

La sanción con decisión firme es de su paso por Agro Rural, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. Según una Resolución Directoral, Tangherlini recibió una amonestación escrita por haber omitido la Carta N° 144-2016 de esa dependencia. El documento no detalla el contenido de esa carta, pero confirma que la falta ya tiene resolución definitiva.

El nuevo ministro también reportó otros dos procedimientos administrativos, ambos vinculados a presuntas irregularidades en obras públicas. Uno correspondió a la ejecución de un proyecto de mejoramiento de un sistema de riego. El otro, a la construcción de una micro represa. Los dos casos terminaron con archivo o sin lugar a sanción, de acuerdo a lo que él mismo consignó.

Tangherlini llegó al MTC luego de la salida de Rafael Rey, quien renunció, según su carta, por motivos de salud tras menos de dos meses en el cargo. Desde el Congreso, el diputado Víctor Piñán, de la bancada Obras, pidió que Rey explique los motivos reales de su renuncia y sugirió un vínculo con los trenes adquiridos durante la gestión de López Aliaga. La diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, calificó al gabinete como uno de "improvisados" que "solo saben hablar de justificaciones para tapar su incompetencia".

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¿Quién es Tangherlini?

El nuevo ministro estudió Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lleva dos décadas ligado a la gestión pública, con cargos de Alta Dirección en distintas entidades del Estado. Su trabajo se ha centrado en la regulación de servicios públicos, la infraestructura de transporte y las Asociaciones Público-Privadas, además de temas del sector agropecuario.

Tiene una maestría en Finanzas y un diplomado en Asociaciones Público Privadas. Antes de llegar al MTC, ocupó el viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, en el Ministerio de Agricultura.

También trabajó en Ositran, encargado de supervisar la infraestructura de transporte de uso público, y en Osiptel, regulador de las telecomunicaciones. También formó parte de Agroideas, el programa estatal de compensaciones para la competitividad agraria.

Con este fallo, la Sala no solo cierra el caso, sino que también ordena anular las medidas y los antecedentes que se habían generado contra Kuczynski a lo largo del proceso, o sea lo deja libre de esa investigación. Es uno de lo s procesos judiciales más antiguos que tenía el expresidente, abierto poco después de que estallara el escándalo de aportes irregulares por el caso Odebrecht.

El Ministerio Público sostenía que PPK y su entorno habrían usado hasta cuatro mecanismos para mover dinero de forma irregular hacia la campaña presidencial de 2016. El primero era el reclutamiento de "aportantes" falsos, una práctica conocida como pitufeo, que sirve para fraccionar el origen del dinero y esconder de dónde viene realmente. El segundo era la recaudación de fondos en eventos organizados por el propio partido. El tercero eran los préstamos que el mismo Kuczynski le habría hecho a su agrupación política. Y el cuarto era el traspaso de esos fondos entre los distintos administradores que manejaban las finanzas de la campaña.

A esa acusación, la Fiscalía le sumaba un agravante, sostenía que todas estas conductas se habrían cometido dentro de una organización criminal, lo que agravaba el caso y las penas que PPK podría haber enfrentado si el proceso hubiera avanzado a juicio.

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El argumento detrás del archivo

El punto central del fallo tiene que ver con un tema de tiempos legales. Porque el financiamiento irregular de organizaciones políticas; es decir, el delito que castiga específicamente mover dinero de forma indebida hacia un partido, recién quedó tipificado en el año 2019. Y los hechos que se le atribuían a PPK ocurrieron en 2016, tres años antes de que esa figura exista en la ley.

Los magistrados dijeron que si en el momento de los hechos no existía el delito de financiamiento prohibido, tampoco es posible aplicar la figura más grave de lavado de activos sobre esas mismas conductas, porque el lavado necesita un delito del cual provenga el dinero sucio. Al no haber ese delito previo tipificado, los jueces concluyeron que los hechos son atípicos, es decir, que no encajan en ninguna figura penal vigente en ese momento. Y como cayó la base del caso, también cayó el agravante de organización criminal que la Fiscalía sostenía.

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Una votación que no fue unánime

Los tres magistrados de la Sala (Mosqueira Cornejo, Enríquez Sumerinde y Magallanes Rodríguez) sí coincidieron sin ninguna discusión en que dos de los cuatro hechos imputados, el del pitufeo con aportantes falsos y el de la recaudación en eventos, no constituyen delito.

Pero estuvieron en desacuerdos en otros dos hechos, préstamos que PPK le hizo al partido y el traspaso de fondos entre los administradores de campaña. Ahí la decisión se tomó por mayoría, con los votos de Mosqueira Cornejo y Magallanes Rodríguez a favor del archivo.

El juez Enríquez Sumerinde emitió un voto en discordia parcial, porque consideró que, en ese extremo puntual, sí hacía falta continuar con la investigación, ya que todavía no queda claro de dónde salió exactamente ese dinero prestado ni a dónde terminó yendo después.

Ahora, con este archivo no se cierra la puerta a todos los procesos judiciales que enfrenta el expresidente. Kuczynski sigue teniendo otros procesos abiertos, como el caso por presunta colusión vinculado a Odebrecht, en el que su defensa cuestionó las pruebas presentadas en su contra, y el pedido fiscal de ocho años y medio de prisión por el caso IIRSA Norte.

Ninguno de esos dos procesos se ve afectado por la decisión del archivo, que se limita únicamente al extremo penal por lavado de activos relacionado con los aportes de campaña del año 2016.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

El nuevo titular del MTC es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con más de 20 años de experiencia profesional en puestos de Alta Dirección, administración y gestión de instituciones. Cuenta con experiencia en temas relacionados con investigación y estudios económicos en regulación de servicios públicos, regulación de infraestructura de transporte, Asociaciones Público-Privadas y en el sector agropecuario.

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Además, es Magister en Finanzas y Diplomado en Asociaciones PúblicoPrivadas. Tangherlini Casal ha sido viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, ha laborado en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, en el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones -OSIPTEL, en el Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS entre otros.

Rey pasa a ser el primer ministro del gobierno de Keiko Fujimori en salir de su cargo. Su gestión como titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones duró poco menos de dos meses.

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Congresistas se pronunciaron tras salida de Rey del cargo

Luego de que Rafael Rey anunciara su renuncia como ministro de Transportes y Comunicaciones, distintos congresistas se pronunciaron con opiniones mixtas respecto a la salida.

La diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, criticó el desempeño de Rafael Rey como titular de la cartera afirmó que su salida deja al sector “a la deriva”: “Este es el Gobierno de la señora K, el gobierno de los improvisados, de los que no hacen nada y solo saben hablar de justificaciones para tapar su incompetencia. Pésimo”

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En diálogo con La República, el diputado Víctor Piñán, vocero de la bancada Obras, pidió que el exministro Rafael Rey sincere los pormenores de su renuncia. Piñán aseguró que su salida podría estar relacionada con las gestiones vinculadas a los trenes adquiridos durante la gestión de López Aliaga.

"Pedimos al exministro Rafael Rey que se sincere respecto de los motivos de su renuncia. ¿No será debido a discrepancias con el Ejecutivo respecto del visto bueno que ha dado a los trenes reciclados de la gestión de López Aliaga? (En Obras) creemos que sí", indicó.

La carta la firmaron Astrid Puentes Riaño (ambiente sano), Elisa Morgera (cambio climático), Sofía Monsalve Suárez (alimentación) y Leopoldo Maldonado Gutiérrez (libertad de opinión y expresión). También la suscribieron Gina Romero (reunión pacífica y asociación), Andrea Bolaños Vargas (defensores de derechos humanos), Albert K. Barume (pueblos indígenas), Bethanie Margaret Carney Almroth (sustancias y desechos peligrosos) y Pedro Arrojo-Agudo (agua potable y saneamiento).

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Ninguno rechazó la idea de acelerar los trámites. Dijeron que la eficiencia y la simplificación son "objetivos legítimos de política pública". Pero pidieron que los cambios se hagan "sin que ello afecte negativamente los derechos humanos".

El documento planteó siete preguntas al Gobierno. Los relatores pidieron conocer qué estudios se hicieron antes de preparar el proyecto y cómo se protegerá la consulta a las comunidades. También preguntaron cómo se evitará que la norma frene el trabajo de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos.

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Permisos ambientales automáticos, militares en protestas y rastreo de celulares: lo que la ONU cuestiona del pedido de facultades

Uno de los puntos más criticados es el silencio administrativo positivo en las certificaciones ambientales (artículo 2.e.13 del proyecto). Se trata de la aprobación que un proyecto necesita para comprobar que se evaluó su efecto en el ambiente antes de empezar. Es decir, si la autoridad no responde dentro del plazo, la solicitud se da por aprobada. Los relatores explicaron que un proyecto con gran impacto podría recibir luz verde sin que nadie revise si prevé medidas contra el daño ambiental. Señalaron además que los vecinos afectados podrían no enterarse de la aprobación ni tener cómo impugnarla.

El proyecto también toca el régimen de bosques y fauna silvestre (artículo 2.e.2.iii). Según la carta, podría dar prioridad a los bosques de producción y a las concesiones forestales sobre otros derechos, sin precisar hasta dónde llega esa prioridad. Los relatores advirtieron que esto podría afectar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de una decisión que los involucre. Mencionaron además posibles cambios en las normas de agua, minería, hidrocarburos, pesca y áreas naturales protegidas, donde temen que los controles se aflojen. Recordaron también que el Estado debe reforzar a sus entidades ambientales, no debilitarlas.

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Otra parte del texto trata del uso de la fuerza. El artículo 2.a.10 modificaría el decreto legislativo 1095, que fija las reglas para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional. Los relatores recordaron las muertes de manifestantes en protestas anteriores y un informe de la ONU que registró el lanzamiento de proyectiles con agentes químicos desde helicópteros. Citaron al Comité de Derechos Humanos, que sostuvo que "no se debería utilizar a militares para vigilar las reuniones". También cuestionaron los artículos sobre rastreo y geolocalización de celulares, que podrían inhibir a quienes quieren reunirse sin ser vigilados.

El artículo 2.a.11 propone crear el marco legal para declarar terroristas a las organizaciones criminales. Los relatores advirtieron que una definición amplia o poco clara podría usarse para "estigmatizar la acción colectiva y el disenso". Mostraron inquietud, además, por el artículo 2.g.6, que fortalecería la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Sin controles estrictos, dijeron, esa entidad podría dar seguimiento a dirigentes sociales y sindicales, organizaciones no gubernamentales e incluso a la prensa.

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Con estas observaciones, los expertos de la ONU pidieron al Gobierno responder siete puntos:

1. Cualquier información o comentario adicional sobre lo denunciado en la carta.
2. Qué objetivos buscan las reformas y cómo se evaluó que cumplan con las obligaciones del Perú en derechos humanos y protección del ambiente.
3. Qué estudios técnicos, legales, ambientales y de derechos humanos se hicieron antes de redactar el proyecto. Incluye su posible efecto sobre la biodiversidad, los ecosistemas, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y otros grupos en situación de riesgo.
4. Cómo se asegurará que el silencio positivo no reemplace evaluaciones ambientales rigurosas, independientes y basadas en evidencia científica, ni debilite el principio de precaución.
5. Cómo se garantizarán el acceso a la información, la participación ciudadana, el acceso a la justicia y la consulta previa antes de aprobar proyectos con impacto ambiental.
6. Qué salvaguardas evitarán que la redacción amplia de la facultad del artículo 2 frene el trabajo legítimo de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos.
7. Cómo se evitará que las medidas del proyecto sumen daños a las libertades de reunión y asociación, y a los derechos a la participación y la privacidad.

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Gobierno dijo a la ONU que no hay afectación "en esta etapa" y no respondió sus preguntas concretas

El Gobierno respondió a la ONU el 17 de septiembre, dos días después de la carta de los relatores. Lo hizo con una nota de la Representación Permanente del Perú en Ginebra, dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

El Estado sostuvo que las preocupaciones de los expertos son prematuras. Explicó que la iniciativa todavía no es ley y que su contenido final dependerá del debate parlamentario. Según el documento, los riesgos advertidos dependen de contenidos "aún no definidos" y no permiten afirmar "la existencia de alguna afectación" en esta etapa. Agregó que la Constitución obliga al Congreso a fijar las materias y el plazo de cualquier delegación.

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La nota describió el trámite en tres fases. La primera es la actual: las comisiones de la Cámara de Diputados deben emitir un dictamen, que puede recomendar aprobar el proyecto, con o sin cambios, archivarlo o inhibirse. Luego lo verá el Pleno de Diputados y, si lo aprueba, pasará al Senado. La ley solo se promulgará si el Congreso lo aprueba. En la segunda fase, el Ejecutivo podría dictar decretos legislativos dentro de los límites de esa ley. En la tercera, el Congreso los fiscalizaría y sería posible acudir al Tribunal Constitucional.

La respuesta no abordó una por una las siete preguntas de los relatores. No mencionó el silencio administrativo positivo, el uso de militares en protestas, el rastreo de celulares ni la calificación de organizaciones criminales como terroristas. Tampoco precisó si se hicieron estudios ambientales o de derechos humanos antes de redactar el proyecto. El Estado cerró el documento con una reafirmación de su compromiso con los derechos humanos y de su disposición al diálogo con los mecanismos internacionales.

El caso tiene su origen en noviembre de 2024. El magistrado dictó prisión preventiva contra el abogado Mateo Castañeda, investigado en el caso Los Waykis en la Sombra. Después, la Junta concluyó que el juez tardó en entregar la resolución por escrito y en enviar la apelación a la instancia superior.

El Tribunal Constitucional (TC) revisó un pedido de libertad presentado a favor de Castañeda. Determinó que el retraso le quitó la posibilidad de que otro juez revisara su caso y afectó su derecho a defenderse. Con esa sentencia, la JNJ abrió de oficio el proceso disciplinario contra Concepción Carhuancho.

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Richard Concepción Carhuancho: JNJ argumentó que incumplió plazo para entregar resolución contra un investigado por el caso 'Waykis en la Sombra'

Concepción Carhuancho dictó de forma oral el pasado 22 de noviembre de 2024 una resolución de prisión preventiva en contra de Mateo Castañeda. La ley da 24 horas para entregar por escrito lo decidido. El acta recién estuvo lista el 4 de diciembre, doce días después.

Luego venía un segundo plazo, también de 24 horas, para conceder la apelación y enviarla a la sala. El magistrado lo hizo el 16 de diciembre. Para la Junta, ambas demoras constituyeron una falta muy grave.

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La defensa del juez planteó varios argumentos. Dijo que el plazo para investigarlo había vencido y que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ya había archivado una queja por los mismos hechos. También habló de la carga de trabajo del juzgado y usó la frase «cada quien hace lo que puede». Cabrera respondió que el plazo era de dos años y no de seis meses. Explicó que el control judicial solo había revisado la demora en enviar la apelación, no la notificación tardía. Sobre la carga laboral, señaló que el juez tenía un deber de vigilancia que no podía delegar en su personal.

La Junta también consideró que una suspensión no bastaba. Castañeda recuperó su libertad después, cuando la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la prisión preventiva. Para la ponente, el perjuicio ya causado fue grave.

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La ONU cuestionó el proceso contra el juez

La relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresó su consternación por el proceso disciplinario contra Richard Concepción Carhuancho. Lo hizo antes de que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia votara su destitución. La experta explicó que el caso ya había sido revisado por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que lo archivó porque no encontró responsabilidad disciplinaria en su actuación.

Satterthwaite recordó que la JNJ ya había abierto procesos contra jueces y fiscales por decisiones propias de su trabajo. Dio dos ejemplos. Un juez fue destituido por sus declaraciones en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y varios fiscales fueron removidos por actos que no eran faltas graves según los estándares internacionales. Advirtió que destituir a Concepción Carhuancho sería un punto de inflexión en el uso indebido de estos mecanismos y debilitaría la independencia judicial.

La relatora también cuestionó el debido proceso. Dijo que los jueces y fiscales que enfrentan una destitución deben tener derecho a una audiencia imparcial y a pedir que un tribunal independiente revise la decisión. Observó que, en varios casos, las sanciones de la JNJ no fueron proporcionales a la falta. Pidió al Perú que garantice la independencia judicial y evite abrir nuevos procesos de este tipo, y exhortó a la Junta a seguir las normas internacionales que protegen a jueces y fiscales. Añadió que mantenía contacto con el Estado peruano sobre el caso.

Pero el desgaste no se limita a la cifra de aprobación general, pues el mismo sondeo muestra que la mandataria es cuestionada por dos situaciones en específico, el manejo del Fenómeno del Niño y el control de la inseguridad ciudadana, además de una percepción mayoritaria de continuidad antes que de cambio.

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Solo el 36% de los encuestados considera que el gobierno está muy o algo preparado para responder al fenómeno, mientras que el 55%, más de la mitad, cree que está poco o nada preparado para enfrentarlo. El rechazo se ve especialmente en el centro y el sur del país, entre los hombres, en el nivel socioeconómico D y E, y entre quienes se identifican como de izquierda y los ciudadanos con mayor interés en política.

De esa cifra un 28.5% de los encuestados calificó al gobierno como "poco" preparado y un 26.6% como "nada" preparado, frente a un 25.9% que lo consideró "algo" preparado y apenas 10.3% que respondió "mucho". Un 8.7% no supo o no precisó su respuesta.

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Ahora, en cuanto a inseguridad ciudadana únicamente el 32% de los encuestados percibe al gobierno como muy o algo preparado para gestionar este problema, un respaldo que es mayor en Lima Metropolitana y el norte del país, entre las mujeres, los jóvenes de 18 a 29 años y los niveles socioeconómicos A, B y C.

Sin embargo, el 61% considera que el Ejecutivo está poco o nada preparado para enfrentar la inseguridad, una percepción que se agudiza en el centro, sur y oriente del país, entre los hombres y en el nivel socioeconómico D y E. La opción "nada preparado" fue la más marcada de toda la encuesta, con 37.9%, seguida de "algo" con 23.6% y "poco" con 23.0%; solo un 8.6% eligió "mucho".

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IEP también midió la percepción del gobierno de Fujimori en comparación con las últimas administraciones. El 52% de los encuestados considera que su gestión representa "más de lo mismo", mientras que solo el 33% cree que representa un "cambio" real frente a los gobiernos de los últimos cinco años. Un 16% no tuvo opinión.

La percepción de cambio, aunque minoritaria a nivel nacional, destaca especialmente en Lima Metropolitana, en el norte y oriente del país, así como en los niveles socioeconómicos A, B y C.

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El peor comienzo desde el retorno a elecciones directas

El IEP también situó la cifra de aprobación de Fujimori dentro de una serie histórica que compara la primera medición de aprobación presidencial de los últimos gobiernos, desde agosto de 2021 hasta la actualidad. Y en su primera medición, Pedro Castillo obtuvo 38% de aprobación y 46% de desaprobación; Dina Boluarte inició con apenas 19% de respaldo y un fuerte 71% de rechazo; José Jerí registró 39% de aprobación y 46% de desaprobación; y José Balcázar inició con solo 13% de aprobación frente a un 63% de desaprobación.

En ese contexto, la primera medición de Keiko Fujimori, con 37% de aprobación y 49% de desaprobación, se ubica en un punto intermedio; es decir, está mejor que los inicios de Boluarte y Balcázar, pero por debajo de las cifras iniciales de Castillo y Jerí.

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El Congreso tiene el peor resultado de la encuesta

Aunque el rechazo no es exclusivo al Ejecutivo. La misma encuesta del IEP midió la aprobación del Congreso y encontró el peor resultado de todo el sondeo, solo el 20% de los encuestados aprueba el desempeño del Parlamento, mientras que el 65% lo desaprueba y un 15% no tiene una opinión definida.

El respaldo al Congreso es mayor en Lima Metropolitana, en los niveles socioeconómicos A, B y C, y entre quienes se identifican como de derecha, mientras que el rechazo se intensifica en el sur, entre las personas de 18 a 49 años y entre quienes se identifican como de izquierda o centro.

La comparación entre ambos poderes del Estado deja un balance similar, ya que mientras la desaprobación a Fujimori llega al 49%, la del Congreso la supera ampliamente, con 65%, una diferencia de 16 puntos que confirma que el Parlamento concentra el mayor descontento ciudadano.

El pedido fue finalmente aprobado con el aval de 152 países. De esta manera, el presidente palestino, Mahmud Abbas, podrá intervenir ante la organización próximamente. Solo Paraguay, Israel y Estados Unidos votaron en contra. Además de Perú, también se abstuvieron Colombia, Honduras y Panamá.

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El voto peruano muestra cambios en el manejo de la política exterior nacional y, en particular, en la gestión de la situación de Palestina desde Torre Tagle. En diciembre de 2025, por ejemplo, Perú votó a favor de la resolución sobre el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, aprobada por 164 votos a favor, 8 en contra y 9 abstenciones.

Asimismo, Perú respaldó en diciembre de 2025 la resolución sobre asistencia a los refugiados palestinos, que obtuvo 151 votos a favor, 10 en contra y 14 abstenciones. Perú también había votado a favor, en diciembre de 2024, de una resolución que exigía un alto el fuego en Gaza, texto que fue aprobado por 158 votos a favor, 9 en contra y 13 abstenciones.

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"Es una barbaridad"

En diálogo con La República, Francisco Belaunde, internacionalista y profesor de la Universidad de Lima, consideró que esta votación del Perú en Naciones Unidas no es propia de un país que respeta el derecho internacional.

“Es una barbaridad. Acá es un tema de respeto del derecho internacional. El acuerdo que tiene Estados Unidos con la ONU no le permite prohibir que gobernantes se presenten en la Asamblea Internacional y llegar a Nueva York para pronunciarse. El Perú ha debido votar como los otros países, pidiendo que Estados Unidos reconsidere su postura. Además, Perú es un país que siempre ha mantenido una actitud equilibrada entre Israel y Palestina. (…) No hay ningún motivo para que se adopte una posición distinta”, indicó.

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Belaunde criticó el manejo reciente de la política exterior nacional y señaló que esto da argumentos a quienes sostienen que Espá está alineándose con el bloque estadounidense, más aún tras la incorporación del país al Escudo de las Américas y la ruptura de relaciones con la República de Irán.

“Israel hace un tiempo, desde que está con Netanyahu, busca debilitar a la autoridad nacional palestina e, incluso, desaparecerla. Esto de abstenerse es una barbaridad. Perú debió votar a favor, en línea con sus votaciones anteriores. Lamentablemente, parece que se está adoptando una política de ir abandonando posiciones tradicionales de la Cancillería del Perú para un alineamiento con Estados Unidos. Esto, además, con una administración como la de Donald Trump, la cual tiene fecha de caducidad. No tiene sentido que Perú se alinee con una postura que va contra el derecho internacional. Esto suma argumentos para quienes dicen que el canciller se está entregando a Estados Unidos. Es algo realmente complicado para la tradición diplomática del Perú”.

Núñez Matos, a cargo del Primer Juzgado Constitucional de Lima, notificó su decisión a la procuraduría de la JNJ dándole 10 días hábiles para responder la demanda, esto es, hasta este jueves, 24 de septiembre. Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron a este medio que el juez constitucional está próximo a dictar una medida cautelar, incluso antes de la contestación de la demanda.

Luego de lo sucedido con el juez constitucional Juan Torres Taso, destituido por amparar un reclamo de la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la JNJ, se podría suponer que ningún otro juez encontraría valor para resolver contra la Junta, pero este caso reúne ciertas peculiaridades. De acuerdo con las fuentes judiciales con conocimiento cercano del tema, el reclamo de Loyola Escajadillo contaría con el respaldo de, al menos, dos consejeros. Es decir, se trataría de un caso de la JNJ contra la JNJ.

Loyola Escajadillo participó en el frustrado concurso público de méritos convocado por la JNJ para elegir a un nuevo jefe de la ONPE, luego de la renuncia de Piero Corvetto, el 21 de abril de este año. El concurso avanzó sin mayores inconvenientes en las primeras etapas de la selección, hasta que quedaron solo dos postulantes: Carlos Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana.

El 23 de junio, Amparo Ortega renunció por motivos de salud. Aunque extraoficialmente se dice que lo hizo al tomar conocimiento de que el concurso estaba dirigido para nombrar a Loyola. Sin embargo, este personaje también fue excluido por no declarar sobre un proceso judicial en el que había estado excluido.

Demanda de amparo

Entonces, el concurso fue declarado desierto. Sin embargo, Carlos Loyola reclamó y el concurso fue reactivado y pasó a la última etapa: la entrevista personal y el balotaje que definiría su elección. Sin contrincantes, Loyola alcanzó el primer lugar del concurso y era previsible su nombramiento. Pero, entonces ocurrió lo que nadie preveía a estas alturas: el único postulante del concurso no alcanzó los cinco votos para ser nombrado.

Solo cuatro consejeros votaron a favor de su nombramiento, mientras que tres votaron en contra. La JNJ volvió a declarar desierto el concurso.

Así, en agosto, Carlos Loyola recurrió a la justicia constitucional demandando que las resoluciones de la JNJ del 14 de julio y 10 de agosto del 2026 vulneraron su derecho de acceso a la función pública, a una debida motivación y a los principios de legalidad y jerarquía normativa.

El juez acogió la demanda, otorgó a la JNJ el plazo de 10 días para contestar y convocó a audiencia única para el 26 de septiembre del año 2027 para resolver el fondo de la controversia. Sin embargo, queda listo para dictar una medida cautelar que ordene a la JNJ cumplir con volver a votar la elección de Carlos Escajadillo y lo nombre para dirigir el proceso electoral en curso. 

Antecedentes de la JNJ

El juez Núñez Matos ya ha emitido fallos que en teoría van contra la JNJ pero a favor de sus consejeros. El titular del primer juzgado constitucional anuló las resoluciones de la Junta que declaró la vacancia del consejero Rafael Ruiz Hidalgo y lo repuso en esta institución. En caso de una medida cautelar a favor de Loyola, Ruiz Hidalgo es uno de los que votará en el pleno en caso de una medida cautelar favorable.

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Con Álbum de familia, cierra la trilogía en la que abordó dos décadas de violencia desde diferentes perspectivas: la subversión, las víctimas del terrorismo y del Estado, y las secuelas. “En este momento hay un clima de polarización donde se busca la descalificación del otro”, comenta Calero y señala que volvería a debatir si lo acusan de romantizar el terrorismo. “Si hay algo que nos diferencia de las hordas y del salvajismo es el ejercicio de la palabra y la inteligencia. Si alguien dice que hago apología, que lo argumente. Tenemos la necesidad de replicar”.

En el filme, uno de los personajes prefiere ocultar la evidencia y seguir adelante. Calero considera que esto se puede trasladar a otros escenarios. "Me lleva a pensar en lo que dice el canciller Espá. Él quiere atacar el LUM (El Lugar de la Memoria), quiere destruirlo, sin duda. Quiere que desaparezca. Y entonces se están utilizando argumentos falsos, además, se dice que no va a nadie, pero se está mintiendo para lograr tu objetivo, que puede ser la supresión de la memoria".

Por coincidencias del cine, estrenas esta película en un momento complejo para el arte y, digamos, para la memoria en Perú. ¿Te imaginabas aportar a la conversación con este escenario?

Estoy de acuerdo contigo, pero la película, claro, tendría que haberse estrenado el año pasado. Se estrena ahora por una cuestión burocrática. No dejo de pensar que ahora esta película cobra una vitalidad particular. Primero, porque ha habido una ley de amnistía a los militares y policías asesinos. Es el momento en que, de manera coordinada y orquestada, el ministro de Cultura de Beingolea y el canciller Espá hacen declaraciones que apuntan a cuestionar el LUM. Es decir, un lugar que preserva la memoria objetiva del horror. Mi película tiene escenas filmadas ahí.

Esta trilogía inicia con La última tarde (2016), porque querías aportar a la memoria sobre el conflicto armado interno. ¿Qué te pareció el retorno del fujimorismo?

Yo, como ciudadano peruano, tengo clarísimo que el fujimorismo fue una etapa nefasta para el país porque se acentuó una cierta degradación moral. Sus propios delitos quedaron grabados por uno de sus propios delincuentes, Montesinos. Y si uno podría haber tenido un margen de ‘vamos a ver qué ocurre’, este primer mes de gobierno, lo que te muestra es la improvisación. Había una apetencia por llegar al poder, pero al parecer sin que existiera una cualificación. Entonces, a mí me produce ganas de refugiarme en el cine, en la literatura, en la música.

Te digo esto porque La piel más temida generó un debate. Ahora, en 'Álbum de familia', te centras en la idea de que un hijo tiene que cuestionar a su padre. ¿Has querido revisar a una generación que se repite?

La película surge de una reflexión sobre eso: sobre cómo los hijos podemos y debemos diferenciarnos de nuestros padres y elegir nuestro propio camino, nuestros propios valores. Trasladando eso al aspecto político, Keiko Fujimori tiene el derecho de ser presidenta, pero no tiene por qué ser como su padre. Vemos que hay una estela de hijos de políticos, entre los cuales está, seguramente, la excongresista Tudela, la hija de Alan García y el hijo de Acuña. Estamos viendo unos sujetos políticos que son epígonos de sus padres, sus defensores. Pienso en las enseñanzas desde el cine, como el documental del hijo de Pablo Escobar. Por supuesto que habla de su padre con afecto, pero no deja de reconocer que era un asesino ni deja de pedir perdón a las víctimas. Eso es madurez.

Hay una escena violenta para recuperar la evidencia. ¿Quisiste representar a una suerte de villano que no dejó de serlo o al producto de un país?

Para mí, no es un villano. Estamos haciendo spoilers, pero si la hija le tiene lealtad, es porque su padre se encargó de protegerlos. Le tienen devoción, es un padre empático. No creo que sea ni remotamente un villano, es un personaje que está respondiendo al discurso de una época. Yo tenía un profesor que fue militar y decía algo que para él tenía lógica: sus compañeros estaban caminando y unos campesinos se alzaron los ponchos y los balearon. Por eso decía: "Ahora, si veo a unos campesinos que están cerca, primero los baleo y luego los reviso".

¿Crees que estaba normalizada la violencia contra los campesinos?

Sí, estaba normalizada y los militares eran sujetos conducidos por el miedo y el racismo: no estaban matando gente como ellos, sino campesinos. Y eso no cambia. En el gobierno de Boluarte, la mayoría de las víctimas son de Puno y de Ayacucho. En provincias, es decir, donde la marronidad es predominante, se mata con más soltura, es menos ominoso matar.

En cuanto al cine y las artes en general, ¿eres de los que piensan que peligra el Ministerio de Cultura?

Por supuesto, como está ocurriendo con esos otros países en los que, claro, se pretende eliminar la cultura, como si un país solamente fuera economía. Ahora estamos ante un panorama nefasto, hay una idea ridícula de colegiar a los artistas y hay una cosa concreta que es la censura. Todavía eso no se ha convertido en reglamento. Entonces, parece ser que hay una ofensiva contra la cultura y la memoria. Lo que queda es defenderla, por supuesto.❖

• Trilogía. La película en blanco y negro. Actúan Lucho Cáceres, Emanuel Soriano, María Fernanda Valera y Natalia Torres Vilar. Paulina Tacac en un personaje que habla de la violencia del Estado.
• Estreno. Álbum de familia, protagonizada por Emanuel Soriano, ingresa a la cartelera este jueves 17. La película ganó el premio DAFO (del Ministerio de Cultura) en 2018 y se estrenó en el Festival de Cine de Lima en la edición 2024.

En el documento, el ahora exministro explicó que tomó la decisión porque su estado de salud le impedía continuar con las responsabilidades del cargo con la dedicación que este requería. No detalló la enfermedad o condición médica que motivó su salida.

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La dimisión convierte a Rafael Rey en el primer integrante del equipo ministerial de Keiko Fujimori que deja su puesto desde el inicio de la gestión. Su salida ocurre antes de que se cumplan dos meses de la conformación del gabinete encabezado por Luis Galarreta.

“Quedo a la orden para facilitar una transferencia ordenada y transparente de la gestión, poniendo a disposición la información necesaria para asegurar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios a cargo del Ministerio”, indicó. En su misiva señaló que pondría a disposición la información necesaria para garantizar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios que dependen del MTC.

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Rafael Rey contó días antes que se había fracturado la muñeca

Días antes de presentar su renuncia, Rafael Rey había contado durante una entrevista en Panamericana que sufrió una caída que le provocó una fractura en la muñeca. Ante la pregunta sobre qué le había ocurrido en la mano, el entonces ministro respondió: “Ahora me caí en la tarde y me he roto uno de los ocho huesos de la muñeca”. Según explicó, el accidente ocurrió cuando se dirigía a una piscina.

Rey relató que tropezó al subir un escalón porque no calculó bien el paso y terminó en el suelo. “Estaba con mucho dolor”, señaló al explicar cómo se encontraba tras la caída.

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Congreso reacciona a la salida de Rafael Rey y pide un perfil técnico para el MTC

Diputados y senadores de diferentes bancadas vienen pronunciándose sobre la renuncia de Rafael Rey. La diputada Romina Uribe, de Buen Gobierno, consideró que el reemplazo de Rafael Rey debe tener experiencia en el sector. La parlamentaria añadió que el sistema de transporte requiere mejoras porque “les quita horas de vida a las personas”.

Roxana Rocha, diputada de Renovación Popular, también se refirió al perfil que debería tener el próximo titular del MTC. Señaló que debe contar con “comprobada capacidad ejecutiva y de gestión” para sacar adelante los principales proyectos de la cartera. Rocha además planteó que el nuevo ministro tenga disposición para impulsar, a corto plazo, el Tren Lima-Chosica, proyecto promovido por Rafael López Aliaga. Según la diputada, esta iniciativa debería avanzar en coordinación con ProInversión y beneficiaría a más de 2 millones de personas.

Por su parte, el senador Jaime Delgado calificó a Rafael Rey como “una persona respetable” y sostuvo que, más allá de las diferencias ideológicas, su trayectoria merece reconocimiento.

Las reacciones también vinieron de parte de integrantes del Gabinete Galarreta. El ministro de Salud, Luis Dyer, destacó al exintegrante del gabinete ministerial y afirmó que Rey “es una persona, un amigo, ministro decente y honesto. Deja una valla muy alta”. Sobre una eventual designación de Rey como embajador del Perú en España, Dyer señaló que no tenía conocimiento de esa posibilidad.

Según la experta, el caso investigado ya había sido revisado y archivado por la Autoridad Nacional de Control del propio Poder Judicial, que no halló responsabilidad disciplinaria en su actuación.

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Satterthwaite señaló que no es la primera vez que la JNJ abre procesos contra jueces o fiscales por decisiones tomadas en el ejercicio normal de sus funciones, y recordó que en Perú ya se destituyó a un juez por sus declaraciones en una audiencia de la CIDH y a varios fiscales por actos que no constituían faltas graves según los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, advirtió que una eventual destitución de Concepción Carhuancho marcaría un punto de inflexión en el uso indebido de estos mecanismos y debilitaría la independencia judicial.

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Debido proceso y proporcionalidad cuestionados

La experta cuestionó además que estos procedimientos no garanticen un debido proceso pleno: los jueces y fiscales que enfrentan destitución o degradación deben tener derecho a una audiencia imparcial y a solicitar revisión judicial ante un tribunal independiente, recordó.

También observó que, en una serie de casos, las sanciones impuestas por la JNJ no respetaron el principio de proporcionalidad.

Satterthwaite reiteró su llamado a Perú para que garantice la independencia judicial y evite abrir nuevos procesos de este tipo, e instó a la JNJ a ajustarse a las normas internacionales que protegen a jueces y fiscales de sanciones por el ejercicio de sus funciones. La relatora indicó que se mantiene en contacto con el Estado peruano sobre este caso.

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Concepción Carhuancho tras suspensión de la JNJ: “Es injusta y desproporcionada”

El juez Richard Concepción Carhuancho cuestionó la suspensión preventiva de seis meses impuesta por la JNJ y calificó la medida de "Es injusta y desproporcionada". El magistrado sostuvo que los principales cargos que sustentaron la decisión ya habían sido archivados previamente por la Autoridad Nacional de Control.

Entre las imputaciones figura un presunto adelanto de opinión relacionado con una exposición académica sobre el caso Nicanor Boluarte, luego de que Carhuancho mostrara una imagen del investigado y posteriormente solicitara que fuera retirada del video. El juez sostuvo que la Sala Superior ya había descartado que la sola exhibición de la imagen constituyera adelanto de opinión.

Además, la JNJ abrió otro proceso disciplinario contra Carhuancho por la aplicación del control difuso para inaplicar dos normas aprobadas por el Congreso. El magistrado argumentó que no correspondía elevar sus resoluciones en consulta a la Corte Suprema porque las partes habían apelado sus decisiones, por lo que los casos pasaron directamente a la instancia superior.

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La norma antes mencionada da hasta 15 días hábiles para dictaminar los proyectos urgentes que envía la Presidencia. Dictaminar es preparar el informe con la recomendación de la comisión. Ese plazo no se puede ampliar. Según el documento, la regla busca que la Cámara responda a tiempo a esas iniciativas.

Los diputados también recordaron que la comisión en las últimas semanas realizó sesiones y recibió a representantes del Ejecutivo. Entre ellos estuvieron el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores involucrados.

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Rafael López Aliaga anunció que solo apoyará ciertas facultades solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, dijo que su partido solo respaldará el pedido de facultades en lo que sea de extrema urgencia. El candidato a primer regidor a la municipalidad de Lima explicó que las bancadas de su partido no apoyarán del todo algunas medidas del Gobierno. "Hay algunas normas que no nos gustan", indicó. Aun así, aseguró que lo urgente tiene todo su apoyo para pasar por Diputados y el Senado.

Cuestionó en especial la eliminación de la tasa de interés en los bancos. Preguntó qué tiene de urgente esa medida y qué hace una norma "tan rara" dentro del proyecto. Para él, los temas que sí preocupan al país son el Fenómeno de El Niño, el incremento de la inseguridad ciudadana y la reducción del Estado.

López Aliaga también sostuvo que Keiko Fujimori debió enviar un paquete de decretos de urgencia. Recordó que el presidente ya cuenta con esa vía y que pedir facultades al Congreso no es la única. Como ejemplo, mencionó los seis muertos por día y el asesinato de una dirigente. Le pidió a la mandataria, "con todo respeto", que use su equipo para dotar de equipos a la Policía de inteligencia.

- Bueno, yo creo que para este gobierno de Trump, de Trump 2.0, a diferencia del primer mandato, hay un cambio dramático. No se puede comparar el primero con el segundo. Está muy claro que la democracia no es un interés, un tema prioritario; ha pasado a segundo plano, o ha desaparecido. Si uno analiza la Estrategia de Seguridad Nacional que salió a fines del año pasado, hay una serie de temas de interés: narcotráfico, seguridad, migración, China. Pero no aparece democracia ni derechos humanos, que tradicionalmente han sido, por lo menos, temas de alguna importancia tanto para administraciones demócratas como republicanas. El impacto de esto es dar, de alguna manera, luz verde a regímenes y gobiernos más autoritarios para actuar sin ninguna presión, sin ninguna preocupación, por lo menos, de parte de esta administración de Estados Unidos.

- ¿Cómo describiría esta reanudación de la doctrina Monroe en Washington?

- No recuerdo un momento en el que haya habido tanta actividad de Estados Unidos en América Latina en los casi 50 años que llevo estudiando las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. La lista es muy larga: México, Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador. Lo que hemos visto en este último año y medio de esta administración plantea la pregunta de si hay una estrategia, un plan, una coherencia detrás de este conjunto de acciones. Obviamente hay un interés en proyectar fuerza, poder, dominación en la región; el uso de la coerción y de lo militar, algo nuevo con este gobierno. Pero si esto realmente significa una estrategia bien pensada, con consecuencias y objetivos de interés nacional claros —tanto para Estados Unidos como para América Latina— es otro tema. Ya llevamos varios años de gobierno de Trump y hemos visto muchas idas y vueltas; no queda clara la estrategia, ni siquiera para sus aliados temporales, porque también hemos visto que sus aliados pueden serlo por tres días y al cuarto ya no. Lo vemos, por ejemplo, en la relación de Estados Unidos con Israel, pero también en los vaivenes de los aranceles con Canadá, con México.

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- ¿Cómo afecta esta falta de coherencia a la estabilidad democrática de la región?

- Yo creo que con el presidente Trump no hay previsibilidad; no se puede predecir lo que va a pasar. Hay cambios muy bruscos, es muy impulsivo, reacciona ante las circunstancias. Si hay una persona que le dice "presidente, ¿por qué no haces esto?", es muy capaz de cambiar de posición, de cambiar de decisión. Entonces Estados Unidos no es un socio confiable en ese sentido. Alguien me preguntó si alguna vez lo ha sido, y mi respuesta es que sí, hay un espectro: ha sido más confiable que ahora. Siempre ha habido dudas sobre hasta qué punto Estados Unidos es totalmente confiable, pero con este presidente, con un gobierno muy personalista, muy arbitrario en sus decisiones —y los aranceles son un ejemplo muy claro de esto— no hay lealtad ni siquiera hacia los aliados más cercanos. Él es capaz de aplicar castigos, sanciones, aranceles, si le da la gana, sin respetar los límites ni las reglas. Está violando muchos de los tratados que se han hecho con Perú, con Colombia, con México, con todos. Con razón hay muchos gobiernos preguntándose hasta qué punto pueden confiar en Estados Unidos. Para el tema democrático, creo que va a ser cada país y sus fuerzas políticas las que determinen la fortaleza institucional democrática, porque Estados Unidos no es, en este momento, un socio muy confiable para fortalecer la democracia. Lo digo con mucha pena: parece que se ha prescindido de los valores democráticos para dar paso a una protección —ya veremos de qué manera y qué tan eficiente— de la seguridad interna y transnacional de los países de América Latina.

- ¿Por qué cree que América Latina ha ganado prioridad ahora para Washington?

- Uno se pregunta por qué, y creo que es porque la seguridad significa proteger el territorio de Estados Unidos, proteger la nación: es el "America First". Ese es el gran tema, y la seguridad entra en esa lógica. Pero la pregunta es con qué estrategia, cómo abordar el tema de seguridad.

- En el Perú ya se han aprobado nuevas bases, y algo similar ocurre en otros países de la región. ¿Puede esta militarización generar mayores problemas para la democracia?

— Me parece un tema preocupante. Ya sabemos que la historia de intervención militar unilateral por parte de Estados Unidos, sobre todo en Centroamérica y el Caribe —menos en Sudamérica— tiene una historia poco feliz. Creo que hay riesgos crecientes de violaciones de derechos humanos, con una tendencia a militarizar operaciones que en realidad son temas de law enforcement, temas que pertenecen a la policía. Hay mucha criminalidad en América Latina y también en Estados Unidos, pero hay distintas formas de abordar ese tema. La eficacia es muy importante, pero hay que combinarla con el respeto a las normas democráticas y a los estándares de derechos humanos. Ese es el riesgo, a mi juicio.

— ¿Podrían las guerras por proxy que hemos visto en Medio Oriente trasladarse a escenarios latinoamericanos?

— Yo creo que América Latina es muy distinta. Todo el fenómeno de Irán e Israel me parece muy particular de Medio Oriente. Pero sí creo que podría militarizarse todo y hacerse operaciones conjuntas con fuerzas estadounidenses y fuerzas de países latinoamericanos. Eso podría complicar mucho el escenario de estabilidad regional, no solamente en algunos países, sino cruzando fronteras, creando una dinámica preocupante.

— En el Perú, el puerto de Chancay reavivó la competencia con China. El entonces embajador Brian Nichols dijo que Estados Unidos demostraría ser el principal socio del Perú frente a China. ¿Cree que ese conflicto puede seguir escalando?

— Sí, claro. No se equivocó, a pesar de que ideológicamente no comparte la misma visión de Donald Trump. Yo creo que Perú es tal vez el país latinoamericano donde esa competencia entre las dos superpotencias, China y Estados Unidos, está más presente. En otros países existe el tema, pero en Perú está muy fuerte, por Chancay y por la presencia y el papel que ha jugado China en la economía peruana durante muchos años; esto no es algo reciente. Y claro, el puerto de Chancay genera ese gran interés. Creo que es un gran desafío para el gobierno peruano cómo va a manejar y navegar esa relación. Es posible, y ojalá se maneje bien: China es un socio fundamental para Perú y para otros países de la región, pero Estados Unidos también. Estados Unidos tiene mucho que ofrecer, está cooperando mucho en materia de seguridad, en narcotráfico; eso también es un tema para Perú, y la cooperación es importante, porque Perú no puede solucionar ese problema solo. Me parece bien que Estados Unidos esté apoyando y cooperando con Perú en esa materia, pero creo que hay roles y áreas que corresponden a distintos actores. Lamentablemente, Estados Unidos no ha mostrado, para mí, suficiente interés en invertir en grandes proyectos en América Latina. Y Perú necesita grandes proyectos, importantes para la economía peruana, y lo mismo otros países de Sudamérica, como Brasil y Ecuador. China tiene una estrategia, un interés, una disposición; entonces lo está haciendo, y eso es algo que Estados Unidos debería reconocer, entender y aceptar como la situación real de países como Perú. Creo que hay oportunidades tanto para Estados Unidos como para China, y espero que la administración Trump empiece a entender que no debería obligar a escoger entre uno u otro. Perú, junto con otros países de la región, quiere maximizar relaciones en distintas áreas con ambas superpotencias y también con otros socios: Japón, India, Europa. Vivimos en un mundo multipolar; esta es la nueva realidad. Estados Unidos y China son los dos grandes, pero hay otros poderes que están ganando fuerza y protagonismo en distintos temas económicos y comerciales en el mundo.

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— ¿Cree que Trump pueda moderarse si pierde el Congreso en las elecciones de medio término?

— Yo creo que va a perder, por lo menos la Cámara baja, y tal vez el Senado también. Él es muy impopular, ha perdido mucho apoyo en Estados Unidos, sobre todo por el costo de vida; la gente está muy frustrada, muy ansiosa, con mucha rabia. Y la guerra de Irán ha sido un fiasco para él, para Estados Unidos y para el mundo, para la posición y la reputación de Estados Unidos. Creo que ha perdido mucho con esa guerra, que fue un cálculo muy equivocado del presidente Trump en febrero. Ahora, si esto significa que Trump va a moderarse, no creo que él sea capaz de eso, pero sí podría empezar a tener ciertos límites y frenos sobre su actuación, al tener un Congreso que asuma el papel que le corresponde, como está en la Constitución: el primer artículo de la Constitución es del Congreso, no del Ejecutivo. Lamentablemente, a mi modo de ver, en estos primeros dos años de Trump el Congreso no ha cumplido su función. Creo que esto podría cambiar después de las elecciones de medio término en noviembre, por lo menos en una Cámara y tal vez en las dos, con investigaciones, audiencias, debates, porque el presidente Trump, en el caso de Irán por ejemplo, ha actuado sin consultar al Congreso, sin que este lo cuestione. Creo que esa dinámica podría cambiar, y sería muy saludable que cambiara a partir de noviembre.

— ¿Cómo describiría el estado actual de organismos multilaterales como la OEA frente a esta nueva dinámica de Washington?

— Con respecto a América Latina, en toda mi carrera, que lleva más de 40 años, nunca he visto la región más fragmentada. Cada país va por su cuenta, busca alianzas y socios propios, toma decisiones sobre cómo abordar los temas de su agenda nacional. Creo que el multilateralismo está en un momento muy difícil, muy complicado, precisamente porque multilateralismo significa actuar de manera coordinada, colectiva, trabajar conjuntamente. Lamentablemente, tanto en América Latina como en el mundo en general —en Europa un poco menos— hay mucha fractura, mucha fragmentación, a pesar de que en América Latina hay muchos gobiernos con una tendencia de derecha, como se ha visto en las últimas elecciones. Aun así, no veo gran consenso ni grandes oportunidades de acción colectiva coordinada. El multilateralismo sufre por eso. Ha habido pruebas de multilateralismo que no han estado a la altura de los desafíos; Venezuela es un ejemplo muy claro: hubo una crisis venezolana y, al final, Estados Unidos tomó las riendas, hubo una intervención en violación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional para sacar a Maduro del poder. Esto refleja la incapacidad y la falta de acción de mecanismos multilaterales como la OEA para actuar antes de que Estados Unidos interviniera. La crisis del multilateralismo no empezó con Trump; venía de antes, había un desgaste, un deterioro, pero se ha agravado y acelerado con Trump. Creo que hay que inventar algo nuevo: las estructuras creadas después de la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional, y la OEA también —que fue creada en 1948 en Bogotá, Colombia— tienen que crear nuevas formas de multilateralismo, de cooperación. Ese es el gran desafío; hay que ser muy creativo e imaginativo en este contexto, porque las actuales instituciones no están cumpliendo su función de manera adecuada.

— ¿Cree posible una intervención de Estados Unidos en Cuba en los próximos meses?

— Con el presidente Trump cualquier cosa es posible; sería tonto descartar cualquier escenario. Dicho esto, no creo que sea lo más probable; a mí me sorprendería, porque sería muy riesgoso para Cuba y también para Estados Unidos. La administración piensa en sus propios intereses, y en Cuba no hay una figura equivalente a la oposición venezolana que pueda asumir el poder. ¿Quién gobernaría Cuba si Estados Unidos decidiera intervenir militarmente? ¿Quién asumiría esas funciones?

— ¿Marco Rubio?

— Pero ya tiene suficientes cargos; no va a ser presidente de Cuba. ¿Y con quién trabajaría? ¿Va a mandar a toda la diáspora cubana de Miami a tomar el país? Yo creo que esto es más complicado, más riesgoso, que lo de Venezuela. Venezuela fue una situación mucho más compleja: había una oposición con experiencia tratando con empresas internacionales, con China, con europeos, y Estados Unidos jugó con eso; hubo una preparación previa para una eventual transición tras Maduro. Ese escenario no se puede duplicar en el caso cubano.

— En el caso venezolano incluso hubo negociaciones en Catar.

— Así es. En el caso cubano no se ve nada parecido todavía.

— Muchos jóvenes sienten que la democracia no les ha traído beneficios tangibles. ¿Qué les diría usted? ¿Vale la pena seguir defendiéndola?

— Es cierto que en muchos países —el mío incluido, Estados Unidos, que ahora entra también en esa categoría más amplia— los gobiernos democráticos no han dado resultados, no han sido eficaces. Creo que todo el mundo, no solo los jóvenes, valora mucho los resultados: en materia de seguridad, económica, social. Entonces la democracia tal vez fue mal vendida: no es la solución mágica que va a resolver todos los problemas de la gente. Es un marco, un marco de valores, de límites al gobierno, de respeto por los derechos civiles y los derechos humanos, y dentro de ese marco hay que aplicar políticas públicas que resuelvan los problemas. Creo que a veces hay una confusión sobre lo que es y lo que no es la democracia en sí misma. El desafío es que hoy el líder más popular en América Latina es Nayib Bukele, y todos quieren ser otro Bukele, todos quieren "bukelizar" el país.

— En el Perú, usted sabe mejor que yo, hay mucha gente que habla en esos términos, constantemente.

— Pero eso presenta un enorme reto para los gobiernos que todavía son democráticos, donde hay contrapesos, donde hay Estado de derecho, para tener políticas públicas de seguridad más eficaces. El ejemplo de Bukele debería obligar a esos gobiernos a mejorar, porque lo que se ha documentado en El Salvador son muchas violaciones. Bukele tiene poder absoluto; es casi un dictador en El Salvador. Ya puede reelegirse indefinidamente, no hay contrapesos.

— ¿Cuál es la diferencia con Ortega en Nicaragua?

— En esos aspectos, objetivamente, no hay mucha diferencia. Obviamente está solucionando, o ha solucionado hasta ahora, un problema que preocupaba mucho a los salvadoreños: el homicidio y la inseguridad en el país. Ha mejorado, nadie lo niega. Se puede preguntar si eso es sostenible, si va a continuar. Pero la gran pregunta es a costa de qué, porque el costo ha sido enorme. Y ya sabemos, por la historia de América Latina y del mundo, que los regímenes no democráticos generan violaciones masivas de derechos humanos y represión contra la libertad. Creo que los jóvenes y la gente de América Latina siguen valorando y apreciando eso; no es que no lo aprecien, es que además quieren eficiencia y eficacia. El reto es cómo combinar ambas cosas. Creo que es posible, no es fácil, pero ese es el desafío que enfrenta la región, el mundo, y el propio Estados Unidos, porque un régimen autoritario de una sola persona —sea Bukele, Ortega, Trump o Hugo Chávez— no funciona en el mundo moderno. Hay que tener coordinación con otros actores democráticos: el Congreso, las cortes, la sociedad civil, los medios independientes, la prensa, como La República. Eso cumple una función fundamental en una democracia.

— El ministro de Justicia del Perú pidió a la presidenta reformar el sistema interamericano de derechos humanos, alegando un exceso de funciones de la justicia supranacional. ¿Le parece sensata esa medida?

— Para mí, el sistema interamericano de derechos humanos es muy importante, y hay que protegerlo, hay que defenderlo. Eso no significa que no tenga problemas, que no se haya equivocado; hay decisiones erradas, no acertadas. Pero es el único sistema de jurisprudencia que existe en las Américas, y dentro de la OEA ha sido su parte más valiosa. Si hay que hacer reformas, hay que hacerlas, y trabajar para que funcione mejor. Pero retirarse, debilitarlo o terminar con ese sistema sería un grave error, porque ha logrado muchas cosas muy importantes a lo largo de los años. He conocido en mi carrera a profesionales muy comprometidos con los derechos humanos, que toman su trabajo en serio, que no son políticos sino gente comprometida con valores. Me parece importante que tanto Perú como otros países de la región sigan formando parte del sistema, e intentar hacer correcciones y reformas si hay problemas. Se puede reformar, se puede mejorar siempre el sistema interamericano de derechos humanos. Pero la solución no es salir, retirarse, debilitarlo o terminarlo, porque su historial ha salvado muchas vidas en situaciones muy complejas a lo largo de muchos años, y eso es importante mantenerlo.

— Se celebraron 25 años de la Carta Democrática Interamericana, firmada aquí en Lima el 11 de septiembre de 2001, el mismo día de los atentados en Estados Unidos. Estuvieron presentes Colin Powell, el canciller Diego García Sayán y hasta Hugo Chávez, que la firmó. ¿Qué reflexión le merece ese aniversario en el contexto actual?

— Creo que en otras partes del mundo se ha leído ese documento, la Carta Democrática firmada en esta ciudad, en un día terrible para Estados Unidos y para el mundo por los atentados. Es importante recordarlo cuando se abren discusiones sobre retirarse de este sistema. Si hay problemas, hay problemas; hay que mejorar, hacer reformas, proponer y trabajar en eso. Pero no abandonar.

Meza señaló que el comunicado emitido por el colegio "deja que desear" y confirmó que las autoridades de la institución educativa serán convocadas para explicar las acciones adoptadas tras la denuncia. "De todas maneras lo vamos a hacer", dijo la diputada.

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Asimismo, la congresista indicó que su grupo de trabajo asumirá el seguimiento de este caso y de otros considerados prioritarios. Para ello, precisó que se gestionará un plan conjunto entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación y el Congreso.

La parlamentaria también anunció que se reforzará la fiscalización del cumplimiento de la Ley 29719, norma que establece medidas para prevenir y atender el acoso escolar y contempla la incorporación de profesionales de psicología en las instituciones educativas.

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Fiscalía abrió investigación por denuncia contra menor

El Ministerio Público informó que inició una investigación preliminar por la denuncia. Como parte de las diligencias, se dispuso que la víctima brinde su declaración mediante entrevista única en modalidad de cámara Gesell.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho y establecer las responsabilidades que correspondan. Al tratarse de una investigación en curso, la denuncia tiene carácter presunto.

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La Marina separó a directora, docente y entrenador

Tras conocerse la denuncia, la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval Almirante Guise.

La institución castrense expresó su rechazo a cualquier acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de los estudiantes.

La citación de las autoridades del colegio permitirá a la Comisión de Inclusión Social conocer las medidas adoptadas por la institución y el seguimiento que se realiza al caso mientras continúan las investigaciones fiscales.

Consultado por La República, el especialista considera que "es un hecho trágico que involucra al ambiente familiar y académico, donde ni padres ni profesores han podido advertir esta posibilidad y realizar intervenciones preventivas".

Bromley manifiesta que los adolescentes enfrentan esta etapa crítica de la vida viviendo en hogares vacíos con padres ausentes o violentos o consumidores de alcohol y otras drogas, que no cumplen con la responsabilidad de formarlos en valores y principios sanos, empáticos, con respeto y buen trato por el otro y con consideración por la vida de los demás.

Y los colegios, dice, no han asumido que, además de instrucción también son responsables de la formación en valores y principios de sus alumnos.

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"Toca implementar una política pública que inserte la salud mental en las instituciones educativas de manera decisiva y sin mayor miramiento, tanto a través de cursos de salud mental en la malla curricular como de intervenciones directas en la comunidad educativa brindando un acompañamiento psicológico sostenido a los estudiantes, talleres de habilidades socioemocionales para propiciar su integración y, evaluaciones para detectar estudiantes con probables problemas de salud mental para ser derivados para su atención en los establecimientos de salud del Minsa así como capacitar docentes y tutores en el manejo de conflictos", señala el destacado psiquiatra.

Y añade: "También resulta necesario activar las Escuelas de Padres para brindarles apoyo y capacitación en la mejora de la convivencia familiar a través de herramientas prácticas para la crianza de sus hijos".

En este contexto, finaliza Bromley, urge cumplir con la normativa de contar con psicólogos en los colegios para que, en el cumplimiento de sus competencias participen activamente en las tareas de promoción y prevención en salud mental y fomentar una cultura de paz necesaria para la armonía del país.

Crece la violencia en las escuelas

Entre tanto, en lo que va del año se produjeron 11.791 casos de violencia escolar en el país.

Los datos fueron arrojados por un informe realizado sobre violencia en las escuelas primarias y secundarias de Perú, desarrollado por SiseVe, una plataforma oficial del Ministerio de Educación (Minedu) para reportar casos de violencia escolar.

Los episodios ocurrieron en el periodo de enero a agosto del 2026. De ellos, 4.545 son de carácter psicológico, 5.187 de índole físico y 2.059 de tipo sexual en escuelas públicas y privadas.

"Las enfermedades mentales tales como la depresión, la ansiedad, los brotes psicóticos y la profunda falta de sueño entre los alumnos de seis a 18 años están haciendo estragos en la comunidad escolar”, dice la profesora Glenda Calderón.

En efecto, las agresiones escolares aumentaron 18,5% en 2026. El incremento volvió a poner el foco sobre los mecanismos de prevención dentro y fuera de las aulas, así como sobre la necesidad de una respuesta coordinada entre familias, estudiantes, docentes y autoridades educativas.

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Son 4.048 los actos de violencia reportados en Lima Metropolitana, 379 en Lima provincias, 73 en Tumbes, 692 en Piura, 490 en Lambayeque, 246 en Cajamarca, 530 en La Libertad y 199 en Amazonas.

Asimismo, 322 en San Martín, 353 en Huánuco, 100 en Pasco, 552 en Junín, 57 en Huancavelica, 414 en Ica, 197 en Ayacucho, 730 en Arequipa, 97 en Moquegua, 354 en Tacna, 109 en Puno, 411 en Cusco, 55 en Madre de Dios, 200 en Ucayali, 123 en Loreto, 540 en Áncash y 67 en Apurímac.

La violencia escolar es todo acto o conducta que atenta contra la integridad física y psicológica de las y los estudiantes, la cual puede ocurrir dentro o fuera de la IE, o en el trayecto de esta al hogar. Asimismo, puede darse a través de medios virtuales.

El acto de violencia puede ser ejercido por uno o más estudiantes o por el personal de la IE, en el contexto escolar presencial o a distancia. La agresión puede ser física, psicológica o sexual, esto genera daños emocionales en niñas, niños y adolescentes; inclusive puede provocar limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos de riesgos que ocasionan enfermedades, lesiones y problemas sociales.

Asimismo, afecta de manera negativa en los procesos de aprendizaje e incide en la interrupción de los estudios, lo que dificulta la continuidad educativa.

En sentido contrario, la desaprobación hacia su gestión aumentó en 20 puntos porcentuales: pasó de 24% a 44% en el mismo periodo. Con estos resultados, quienes desaprueban su desempeño superan en dos puntos porcentuales a quienes lo respaldan.

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Aprobación de Keiko Fujimori registra diferencias entre regiones

El estudio muestra diferencias importantes según la zona del país. Lima y Callao concentran el mayor nivel de aprobación para Fujimori, con 51%, seguidos por el norte, con 40%, y el oriente, con 39%.

Las cifras más bajas se encuentran en el centro y sur del Perú, donde la aprobación presidencial se ubica en 32% y 33%, respectivamente. En agosto, el respaldo a la mandataria en el sur había alcanzado el 44%.

Por grupos de edad, la mayor aprobación se mantiene entre los ciudadanos de 18 a 24 años, con 50%. Sin embargo, también allí se produjo una reducción considerable respecto del mes anterior: en agosto alcanzaba el 71%, lo que representa una caída de 21 puntos porcentuales.

Galarreta y ministro de Economía también registran mayor desaprobación

La encuesta de Datum también evaluó el desempeño de integrantes del Ejecutivo. En el caso del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el 49% desaprueba su labor, frente a un 31% que la aprueba. Otro 20% señaló no saber qué responder.

Respecto del ministro de Economía, Elmer Cuba, el 43% desaprueba su gestión, mientras que el 31% la respalda.

El Congreso bicameral tampoco obtiene cifras mayoritariamente favorables. El 47% de los encuestados desaprueba la labor de la Cámara de Senadores, mientras que un 31% la aprueba. En la Cámara de Diputados, la desaprobación llega al 45% y la aprobación al 33%.

¿Qué revela la encuesta sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo?

Pese a la caída registrada en comparación con agosto, más de la mitad de los encuestados todavía respalda que el Congreso otorgue facultades legislativas al Gobierno.

El apoyo a esta medida pasó de 67% en agosto a 54% en septiembre, una reducción de 13 puntos porcentuales. Paralelamente, quienes consideran que el Parlamento no debería concederlas aumentaron de 24% a 36%.

El sondeo también señala que el 80% está de acuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa y en el apoyo operativo al personal penitenciario. El 16% está en desacuerdo y el 4% no sabe.

Asimismo, el 71% se mostró a favor de establecer reglas para que determinadas organizaciones criminales puedan ser consideradas organizaciones terroristas. Un 23% está en contra y un 6% no sabe.

La consulta se produce mientras el Ejecutivo solicita al Parlamento facultades para legislar durante 120 días en ocho materias. De las 12 comisiones de la Cámara de Diputados que evaluaron la propuesta, ocho votaron en contra. El pedido gubernamental comprende 66 medidas y cuenta con una exposición de motivos de 436 páginas.

La encuesta de Datum Internacional fue realizada a escala nacional entre el 11 y el 15 de septiembre.

Chacón había tomado la palabra para advertir a sus colegas que lo tratado en la sesión secreta previa al debate que se hizo de forma pública no podía revelarse bajo ninguna circunstancia.

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La diputada dijo que una pequeña filtración, incluso a través de preguntas o respuestas, podía tener como consecuencia sanciones para los congresistas y beneficiar a las organizaciones criminales que el Congreso busca combatir.

"Aquí creo que todos los señores diputados tienen que prestar atención. Lo tratado en sesión secreta no puede ser revelado bajo ninguna circunstancia, salvo el acuerdo final del Pleno, si se considera necesario. Señor Presidente, la sesión secreta no se puede revelar ni a través de las preguntas ni respuestas. Respeto su decisión de hacer la sesión pública pero quiero señalar que los diputados tienen que tener mucho cuidado, porque puede traer sanciones. Y más allá de eso puede dar información a personas que queremos combatir. Señor presidente, ponga orden", sostuvo Chacón.

Sin embargo, Reto defendió su manejo de la sesión frente al pedido de la fujimorista.

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¿Qué se discutía en la sesión reservada?

La Cámara de Diputados acordó que la exposición inicial de Astudillo se realizara en sesión secreta, aunque el debate político posterior sí fue público. El ministro debía responder un pliego interpelatorio de 27 preguntas sobre extorsión, sicariato, homicidios y la conducción de la Policía Nacional del Perú, por la moción impulsada por la bancada de Juntos por el Perútras el ataque criminal en Trujillo.

Durante la jornada, otros legisladores como Catherin Palomino (Juntos por el Perú) y Rossana Alayza (Buen Gobierno) también cuestionaron la gestión de Astudillo y reclamaron la ausencia de una reforma policial. Por un lado, Palomino cuestionó que la sesión inicial se mantuviera en reserva y planteó que el ministro debía dar la cara ante el país. La legisladora, además, consideró desde su posición personal que Astudillo no reúne las condiciones para el cargo y que corresponde evaluar su censura, tras alertar sobre el incremento de homicidios y casos de violación contra menores en su región.

Alayza, en tanto, cuestionó la falta de avances concretos en la reforma policial. "No va a haber orden en la calle", sostuvo la legisladora de Buen Gobierno, y agregó que ese objetivo no se alcanzará mientras no exista una reforma inteligente de la Policía Nacional. Precisó, además, que era la tercera vez que escuchaba al ministro sin que este expusiera medidas concretas sobre ese punto.

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El primer hecho tiene origen en una entrevista que Gutiérrez Cóndor brindó a Canal N el 27 de agosto. Ahí, el Defensor del Pueblo planteó que, si la presidenta Keiko Fujimori decidiera cerrar el Congreso, tendría un respaldo popular incluso mayor al que tuvo su padre en su momento.

También mencionó un ahorro presupuestal de 3 mil millones de soles al año si el Parlamento dejara de funcionar. Los cuatro grupos parlamentarios calificaron esas palabras como un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes, en un pronunciamiento conjunto que difundieron al día siguiente.

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El segundo motivo se apoya en un reportaje del programa Cuarto Poder, emitido el 6 de setiembre, que citó un informe de control de la Contraloría. Ese documento detalla cuatro casos de personas que sostuvieron reuniones o contacto previo con el despacho del Defensor del Pueblo antes de acceder a contratos y, después, a plazas dentro de la entidad. En algunos casos se habría validado experiencia laboral que no correspondía a los requisitos del puesto.

Gutiérrez ya había ofrecido disculpas por sus declaraciones sobre el Congreso el pasado 6 de setiembre, en una entrevista con RPP. Sin embargo, la solicitud de remoción considera que esa disculpa fue condicional, pues el funcionario la subordinó a que se asumiera una interpretación distinta de lo que dijo, sin reconocer el sentido original de sus palabras.

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Josué Gutiérrez: los detalles del procedimiento que deberá seguir el Senado

La solicitud deberá pasar primero por la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, que tiene un plazo máximo de treinta días hábiles para evaluar los cargos, pedir los descargos de Josué Gutiérrez y actuar las pruebas presentadas. Recién después de ese informe, el Pleno del Senado podrá debatir y votar la remoción.

Para que el Defensor del Pueblo sea removido, se necesitan los votos favorables de dos tercios del número legal de senadores, es decir, 40 de los 60 escaños que tiene la Cámara Alta.

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Los grupos parlamentarios denunciantes remarcaron que este procedimiento es distinto de la denuncia constitucional que la diputada Analí Márquez, de Juntos Por el Perú, ya había presentado ante la Cámara de Diputados por presunta infracción de los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución.

Según explicaron en su escrito, ambos cauces tienen fundamentos y consecuencias diferentes: mientras la acusación constitucional puede terminar en suspensión, inhabilitación o destitución, la remoción del Senado solo produce la separación del cargo, sin sanciones adicionales.

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A esa denuncia se suma una tercera vía abierta contra el mismo funcionario. La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, presentó el 8 de setiembre otra denuncia constitucional en la que pidió la destitución de Gutiérrez y su inhabilitación por 10 años para ejercer función pública.

Entre los cargos que presentó Vásquez se encuentra el poco seguimiento que la Defensoría dio a las víctimas de las protestas de 2022-2023 y 2025, a la participación de la entidad en el hábeas corpus a favor de Daniel Urresti y a una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373, presentada mientras una empresa vinculada a la hermana del propio Defensor del Pueblo enfrentaba un proceso de extinción de dominio.

Como parte de las pruebas ofrecidas en la solicitud de remoción, los cuatro grupos pidieron que la Comisión de Procedimientos Especiales solicite a la Contraloría el informe completo que sustenta las irregularidades en las contrataciones, y que la propia Defensoría del Pueblo remita los legajos, contratos y registros de visitas de las cuatro personas mencionadas en el reportaje de Cuarto Poder.

López Aliaga hizo el anuncio en medio de su campaña como candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular. El excandidato presidencial resaltó que su partido cuenta con representación en el Congreso bicameral y usó este argumento como presión.

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Entre las propuestas que exige aprobar figura la cadena perpetua para violadores de menores, sicarios, secuestradores, extorsionadores y funcionarios públicos que cometan actos de corrupción. También planteó que los serenos de Lima porten armas de fuego. "Yo no voy a mandar un sereno acá que lo maten", sostuvo.

López Aliaga propuso además combatir el mercado de celulares robados. Pidió que las empresas operadoras bloqueen los equipos denunciados como sustraídos en un plazo de 24 horas, bajo sanción para las que incumplan la medida. "El celular tiene que ser muerto. Eliminar el celular de circulación para que no se revenda", dijo el líder de Renovación Popular, que ya presentó una iniciativa legislativa sobre el tema.

Pese al tono de presión, el dirigente evitó romper con Fujimori. La semana pasada calificó sus críticas de "constructivas" y negó que buscara perjudicar a la actual mandataria. Esta vez fue más lejos en el reclamo: "Estoy hablando muy claro en todo Lima y en todo el Perú. Y por eso me robaron las elecciones, porque no aguanta una persona decente", declaró, sin dejar de insistir en que "no le debo nada a nadie".

"Si el Legislativo no aprueba las facultades, lo que va a pasar es que va a demorar un poco más de tiempo porque las leyes las vamos a tener que aprobar en el Consejo de Ministros y después solicitarlas una por una al Legislativo”, señaló Vinelli vía RPP.

Durante la entrevista, el titular del sector explicó que el Gobierno realiza un esfuerzo para cumplir con los compromisos asumidos utilizando, por ahora, las herramientas disponibles, como los decretos de urgencia y decretos supremos.

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El funcionario también aclaró que el gobierno mantiene una postura de diálogo con las diferentes bancadas del Parlamento para conseguir el respaldo político que permita acelerar las reformas en diversos sectores y manifestó la necesidad que tiene de modificar leyes en su cartera. "Por ejemplo, en el sector de Agricultura queremos cambiar alrededor de 20 leyes”.

Asimismo, el miembro del gabinete respondió a los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del gobierno ante las emergencias y la ejecución de planes de desarrollo. Frente a estas críticas, indicó que las autoridades se mantienen atendiendo las demandas de la ciudadanía.

"Nosotros estamos trabajando 24 por 7, estamos en la cancha todos los días tratando y resolviendo los problemas de la gente”.

Además, para apoyar su argumento, el ministro detalló las visitas realizadas a nivel nacional y el despliegue de los recursos destinados a la prevención de desastres, así como la mejora de los servicios básicos.

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"Este Gobierno, este Ejecutivo que soy parte, la presidenta ya ha salido 13 veces de Lima en estos 40 o 50 días y hemos visitado las 25 regiones, todos los ministros”.

Adicionalmente, el titular de Desarrollo Agrario reiteró que el pedido de facultades legislativas busca simplificar los procesos del Estado, modernizar las instituciones y asegurar que los cambios propuestos durante la campaña presidencial se concreten.

“Por eso es el pedido de facultades, para hacerlo mucho más rápido, para que la presidenta y la población finalmente sientan los cambios (…)”.

Sobre esto, la investigación de la Contraloría señala que hubo un retraso en la organización que obligó a elegir al proveedor de manera acelerada usando la excusa de una emergencia, "pese a que el IPD tenía conocimiento anticipado de la necesidad de las prestaciones desde el 06 de marzo de 2025 con la instalación formal del comité organizador".

Además, las deficiencias en la documentación impidieron un control correcto de las tareas contratadas. Al respecto, el organismo de control señaló que en los términos de referencia se registró una “falta de mecanismos de verificación y validación de las prestaciones”, lo que impidió hacer un buen seguimiento del servicio, hecho que impidió fiscalizar el cumplimiento adecuado del servicio.

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En esa línea, las reglas del concurso se cambiaron de forma indebida para ayudar a ganar a una empresa que no estaba preparada. El informe explica que "se seleccionó y adjudicó el servicio a un consorcio sin experiencia en la totalidad de la prestación, pese a que se requería un proveedor con experiencia específica y capacidad acreditada para la atención conjunta y simultánea de los servicios de alojamiento, alimentación y alquiler de salas de reuniones".

Los problemas legales y de trabajo alcanzaron a varios funcionarios de la institución. El documento advierte que se encontraron involucrados un total de siete funcionarios y servidores públicos, “uno de los cuales continúa laborando en el IPD, organismo adscrito al Ministerio de Educación".

Los resultados ya se derivaron a las autoridades para que determinen las responsabilidades correspondientes a los culpables. En el informe se señala que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ya ha sido notificada para que inicie las acciones correspondientes contra cinco funcionarios y servidores.

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Además, se notificó al presidente del IPD para que también ordene una investigación interna y aplique las sanciones debidas a los involucrados.

El embajador indicó que la agenda incluye reuniones con estos gobernantes para tratar asuntos de interés bilateral como los avances en el sector educativo con Alexander Stubb, líder europeo, y asuntos comerciales con el representante asiático Anutin Charnvirakul.

"(…) Se han concretado, va a estar con el presidente de Finlandia, ahí tenemos muchos temas de educación”, comentó. Asimismo, Pareja reiteró la importancia de este vínculo debido a la presencia diplomática de dicho país en territorio peruano.

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"Finlandia es el único país de los países escandinavos que tiene embajada residente en el Perú y hay mucha combinación en los temas educativos, creo que eso es lo que más interesa a la presidenta en este momento con Finlandia”.

En la misma línea de trabajo internacional, la agenda contempla un espacio de diálogo con el representante del gobierno asiático. "(…) también hay, con el primer ministro de Tailandia, una reunión, como ustedes saben, hemos firmado hace poco un TLC con Tailandia, así que creo que va a ser uno de los temas relevantes de esa reunión”.

Adicionalmente, el diplomático mencionó que la programación oficial incluye otras actividades destinadas al fortalecimiento de los vínculos económicos e inversión extranjera. Al referirse a estas gestiones, el funcionario precisó que la presidenta se reunirá con “empresarios de la esfera internacional”.

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"Sí, efectivamente tiene algunas reuniones bilaterales y algunas reuniones sobre todo para la promoción de la inversión y hablar del contexto de la política económica, de la política de atracción de inversión”.

La Iniciativa de Santiago y la cooperación con Estados Unidos

El embajador Carlos Pareja también señaló que la Iniciativa de Santiago es complementaria con el Escudo de las Américas, ya que ambas organizaciones mantienen una buena relación para combatir la delincuencia trasnacional.

"La Iniciativa de Santiago está organizada y se está trabajando, o sea ya es algo que se está implementando, pero con el Escudo de las Américas pues lo importante es la inteligencia, digamos los elementos de inteligencia que nos pueda brindar Estados Unidos”.

Durante la entrevista, el funcionario mencionó el trabajo conjunto entre los bloques de seguridad y detalló que Estados Unidos puede manejar la información con mejor conocimiento debido a su estructura frente a las organizaciones delictivas.

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"Las organizaciones delincuenciales internacionales pues tienen todo un tinglado de organización que los Estados Unidos pueden manejarlo con mucho más conocimiento que los demás países, así que yo creo que entre las dos organizaciones pues va a haber una buena relación”.

Igualmente, Pareja explicó que la participación de Chile en el Escudo de las Américas es como observador y se ratificó su posición en la primera reunión que tuvieron, donde señaló que el presidente de Chile, José Antonio Kast, participó en dicho encuentro bajo esa misma condición.

“El presidente Kast fue a la primera reunión de los Escudos de las Américas en Florida, pero también fue en calidad observador y ahora pues (…) así va a permanecer”.

La prensa arequipeña estaba interesada en entrevistar al ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y al comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle Talledo, para preguntarles por qué no hubo helicópteros disponibles para socorrer a los centenares de pasajeros que quedaron varados durante varios días en la Panamericana Sur, en el tramo Ocoña-Atico, en agosto pasado.

El bloqueo de la carretera impidió que un paciente recibiera atención médica oportuna y falleció, y una gestante tuvo que alumbrar en el interior de un bus en condiciones deplorables.

La reparación total de los tres helicópteros de fabricación rusa que se encontraban en el CEMAE, y que el general Oswaldo Calle exhibió con bombos y platillos ante el ministro Rafael Belaunde, debieron haber estado listos hace dos años. Y todavía no lo están.

Por insistencia de los periodistas, habló en representación del general Oswaldo Calle, su abogado Arturo Dueñas Segura, en la sede del CEMAE.

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Los helicópteros “ya fueron entregados al Ejército y se encuentran al 100% operativos”, afirmó el letrado. Pero la afirmación no es cierta.

El 24 de agosto, dos días antes de finalizar el plazo de entrega, un equipo de la Contraloría ingresó en el CEMAE y comprobó que la contratista panameña Milenium Veladi Corp. estaba lejos de concluir con la reparación mayor (overhaul) de los tres helicópteros. Así consta en el informe de control que difundió La República.

Además, como ha informado este periódico, antes de la simulación de entrega de los helicópteros, los técnicos del CEMAE se negaban a dar la conformidad del servicio porque encontraron varios incumplimientos del contrato.

Por esta razón, las aeronaves todavía no son entregadas a la Aviación del Ejército, en Lima. Siguen en el CEMAE, Arequipa, desde que fueron expuestos el sábado 12 de septiembre.

El abogado Dueñas defendió a la contratista panameña Milenium Veladi Corp., representante de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC). Reconoció los retrasos en el cumplimiento del contrato, pero los atribuyó al conflicto que la Federación Rusa mantiene con Ucrania, y a los embargos que afronta el Estado ruso por la guerra.

Según el contrato suscrito el 10 de noviembre de 2023, los helicópteros tenían que entregarse el 13 de agosto de 2024. No sucedió.

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Luego de ampliaciones de plazo e intentos de conciliación, el 10 de diciembre de 2025 el CEMAE canceló el contrato con Milenium Veladi Corp. por incumplimiento.

Sin embargo, apenas cuatro meses después, el siete de abril de este año, el comandante general del Ejército desautoriza al CEMAE y le concede a la contratista “un periodo máximo de 135 días” para que concluya con el overhaul de los helicópteros Mi-8MTV-1, Mi-171Sh y Mi-171-Sh-P. Es decir, hasta el 26 de agosto de este año.

Tampoco ocurrió.

Lo más sorprendente es que el general Oswaldo Calle lanzó el salvavidas a Milenium Veladi Corp., encontrándose investigado por la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Arequipa, por haber participado en la contratación sin licitación y por un monto sobrevalorado, entre otras ventajas, a favor de la compañía panameña en 2024. En esa ocasión, el general Calle era el jefe del Comando Logístico del Ejército (Cologe).

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“No pueden contratar con otros”

• Arturo Dueñas entregó copia de una carta del siete de mayo de este año, dirigida al jefe del Comando Logístico del Ejército, general Enrique Garcés Solano, firmada por el vicedirector de NASC, Iván B. Serov
• Serov advierte que Milenium Veladi Corp. es la única autorizada para reparar helicópteros rusos Mi. Es decir, la compañía que incumple con el contrato de overhaul de las tres aeronaves que están en el CEMAE.

Tras exponer cifras sobre el aumento de homicidios en el país, el parlamentario le dijo al titular del Interior: "Señor ministro, estas cifras no son huev***s". La frase generó un abrupto retiro de Astudillo del hemiciclo, que regresó minutos después para continuar con el pliego interpelatorio.

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El incidente ocurrió cuando Jesús Pérez detalló el incremento de homicidios con armas de fuego entre el 28 de julio y la primera semana de setiembre. Según el legislador, la cifra superó las 250 víctimas y representa un alza de 77,5%, la más alta de las últimas nueve gestiones presidenciales. El congresista mencionó además aumentos específicos en varias regiones: 90,5% en Piura, 90% en Ica, 89,3% en La Libertad, 85,7% en el Callao y 78,7% en Lima.

El presidente de la Mesa Directiva, Óscar Reto, intervino de inmediato. Le pidió al diputado retirar la expresión por considerarla inadecuada para el recinto parlamentario. Pérez no accedió del todo. Continuó su intervención, esta vez en quechua, después de que se le advirtiera que debía expresarse "en los términos adecuados".

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La reacción no tardó en llegar desde la bancada fujimorista. La congresista Cecilia Chacón señaló que el problema no era el uso del idioma originario, sino los "improperios en español" que, según dijo, el legislador también podría haber repetido en quechua. Chacón pidió que se traduzca lo dicho por Pérez para determinar si correspondía una sanción conforme al reglamento del Congreso.

Astudillo regresó al hemiciclo minutos después de su retiro y respondió con dureza. Sostuvo que no se podía permitir que un diputado lo insultara de esa forma, y menos en quechua, aunque evitó responder en el mismo tono. Calificó lo ocurrido de "bajeza" y remarcó que no pensaba caer en ese nivel de confrontación, pese a estar en condiciones de replicar en el momento.

La frase del diputado no fue casual. Hizo referencia directa a un episodio previo protagonizado por el propio ministro. Días antes, Astudillo había dejado abierto su micrófono durante una sesión en el Congreso y se le escuchó preguntar a un asistente cómo hacer para leer tanta documentación, con el mismo término que luego usó Pérez.

Carmen Chipana, secretaria de prensa de la central sindical en la región, afirmó que varios trabajadores fueron intervenidos y que al menos dos habrían resultado afectados durante estos hechos. "La Policía agredió a varios compañeros", sostuvo en diálogo con La República.

Según explicó, uno de los trabajadores, afiliado al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno Regional de Loreto (SUTRAGOREL), habría terminado con una lesión en la cabeza. La dirigente indicó que existe material audiovisual sobre otro caso, en el que un manifestante habría sido reducido y golpeado por un grupo de policías.

Chipana cuestionó que los trabajadores del Gobierno Regional hayan sido objeto de la intervención. "Los compañeros no son confrontacionales, son personas empleadas, empleados públicos", manifestó, al considerar que la actuación policial debe ser investigada independientemente del tipo de manifestante involucrado.

La CGTP Loreto anunció que exigirá una investigación pública y transparente de lo ocurrido, con revisión de los videos difundidos y determinación de las responsabilidades que correspondan.

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Cuatro demandas para el Gobierno

Pese a los incidentes registrados durante la jornada, la plataforma de lucha de la CGTP mantiene cuatro puntos principales. El primero es la rebaja del precio de los combustibles, debido al impacto que tiene en una región con dificultades de conectividad terrestre.

"Sube el combustible, sube todo", explicó Chipana. La dirigente sostuvo que Loreto depende especialmente del combustible debido a su aislamiento geográfico y a la ausencia de conexiones por carretera con otras regiones.

El segundo reclamo corresponde al sector energético. Los gremios demandan soluciones a los problemas del servicio eléctrico y plantean retomar el proyecto de la hidroeléctrica de Mazán como parte de las alternativas que consideran necesarias para la región.

El tercer punto está relacionado con la minería ilegal. Chipana pidió acciones concretas contra esta actividad y sostuvo que sus efectos, según las organizaciones sociales, no se limitan al impacto ambiental.

La dirigente denunció que en las zonas donde opera esta actividad también se presentarían casos de explotación laboral y sexual, además de participación de niñas, niños y adolescentes. Estas afirmaciones corresponden a la dirigencia sindical y requieren ser contrastadas con las autoridades competentes.

El cuarto pedido es la conformación de una Comisión de Alto Nivel integrada por ministros y con capacidad de decisión. La CGTP cuestiona que una viceministra haya acudido previamente a Iquitos sin facultades, según la organización, para asumir compromisos sobre sus demandas.

Esperan documento de compromiso

Chipana informó que, durante la noche del miércoles, representantes del Gobierno se comunicaron con Reinaldo Toanaba, dirigente de la CGTP Loreto, y se inició una coordinación para buscar una salida al conflicto.

Según la dirigente, los gremios esperan recibir este jueves un documento de compromiso que permita avanzar hacia una mesa técnica de alto nivel en Lima. "Nos tienen que emitir un documento de compromiso para que la comisión vaya a Lima a coordinar (...) una mesa técnica de alto nivel", explicó.

La dirigente precisó que la continuidad de la protesta dependerá de esos avances. Si el Ejecutivo formaliza este jueves los compromisos esperados, la CGTP contempla suspender la medida de fuerza.

"Suspendemos, no paramos", aclaró Chipana, al remarcar que la eventual decisión no implicaría dar por concluido el reclamo.

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CGTP cuestiona declaraciones de senador

La dirigente también anunció que evalúan presentar una queja ante la Comisión de Ética del Senado contra el senador Juan Carlos, a quien atribuyó declaraciones dirigidas contra las y los dirigentes que participan en el paro.

Según Chipana, el parlamentario habría señalado públicamente que las y los dirigentes estaban identificados por la Policía y habría advertido sobre eventuales consecuencias penales. La CGTP considera que estas declaraciones son especialmente preocupantes debido a las denuncias de intervención policial registradas durante la jornada.

Chipana indicó que evalúan canalizar la queja mediante la senadora Lucía Luque, quien, según dijo, se habría comunicado con quienes dirigían la protesta para conocer la situación.

Protesta continúa en provincias

Mientras se mantienen las coordinaciones con el Ejecutivo, el paro continúa en Iquitos y otras localidades de Loreto. La CGTP informó que la medida también es acatada en capitales de provincia como Contamana, Yurimaguas, Nauta, Requena, Ramón Castilla y localidades de la provincia de Putumayo, entre otras.

En Iquitos, trabajadores del SUTRAGOREL realizaron una movilización por la avenida Quiñones que llegó hasta el frontis del Mall Aventura. Durante la marcha, una trabajadora decidió quitarse la blusa y continuar la protesta con el torso descubierto, como una forma, según explicó, de llamar la atención de las autoridades nacionales. La jornada contó con presencia policial para resguardar el recorrido.

El paro regional comenzó el miércoles 16 y fue convocado por 72 horas, por lo que inicialmente está previsto que concluya este viernes 18 de septiembre. Sin embargo, la CGTP sostiene que podría suspenderse antes si el Gobierno formaliza los compromisos que las y los dirigentes esperan para iniciar una negociación de alto nivel.

Defensoría supervisa actuación policial durante el paro

La Defensoría del Pueblo informó que viene monitoreando las protestas en Loreto desde la madrugada del miércoles 16 de septiembre, con el objetivo de verificar que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y que se respeten los derechos de los participantes y de la ciudadanía.

Durante el primer día de la protesta, representantes de la institución supervisaron las comisarías de 9 de Octubre, Iquitos y Punchana, donde no encontraron personas detenidas. En la comisaría de Moronacocha, en cambio, verificaron la presencia de seis personas intervenidas —tres adultos y tres menores de edad— por presuntos disturbios y hechos contra la seguridad pública, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional.

La Defensoría señaló que constató que los intervenidos contaban con la documentación correspondiente y habían sido puestos a disposición de las fiscalías competentes. Asimismo, indicó que se realizaban procedimientos de identificación mediante el sistema AFIS de la PNP y que estaba previsto su traslado a la Unidad de Medicina Legal. La institución anunció que continuará supervisando la actuación de las autoridades durante los tres días de protesta.

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La verdadera historia es que los oficiales y técnicos del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), en cuya sede se exhibieron y volaron los Mi (en Cocachacra, Arequipa), se niegan a validar los trabajos de la contratista luego de haber identificado graves deficiencias, según consta en los informes que los especialistas suscribieron y a los que tuvo acceso La República.

Por esta razón, el CEMAE todavía no entrega los helicópteros a la unidad usuaria, la Aviación del Ejército, por lo que no pueden entrar en servicio.

Según la versión oficial de la visita del ministro de Defensa a las instalaciones del CEMAE, este "supervisó la capacidad operativa de los helicópteros del Ejército que podrán ser empleados para atender emergencias y apoyar las acciones de respuesta frente al fenómeno El Niño".

Durante la estancia de Belaunde en el CEMAE, incluso se hizo un vuelo de exhibición de las aeronaves Mi, cuyo overhaul (reparación total) se adjudicó por US$20,3 millones a Milenium Veladi Corp., el 10 de noviembre de 2023. Esta firma es representante de la estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC), y se ha tardado más de 2 años en cumplir con el servicio, pese a varias ampliaciones.

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El actual comandante general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo, tiene la intención de adjudicarle a esta proveedora un nuevo contrato para la reparación y extensión horaria de otros 15 helicópteros Mi. El general Calle es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa por adjudicar sin licitación el primer contrato a Milenium Veladi Corp. Si no consigue la validación del overhaul a los helicópteros, la firma panameña quedaría fuera de la próxima adjudicación.

Graves observaciones al servicio

Después de numerosos tropiezos, el 26 de agosto de este año la compañía reportó la entrega de las tres aeronaves. A partir de entonces, la Comisión de Recepción y Conformidad de Bienes y Servicios del CEMAE, debió evaluar los trabajos de “overhaul” y emitir un informe hasta el 10 de septiembre indicando el cumplimiento contractual. Hasta el cierre de edición, la comisión no ha elaborado ningún documento validando las labores de Milenium Veladi Corp.

Por el contrario, el 2 de septiembre, antes de expirar el plazo, la Comisión de Recepción y Conformidad de Bienes y Servicios, comunicó al jefe del CEMAE, coronel Elvis Velásquez Grández, sobre varias deficiencias en el servicio de “overhaul”. El proveedor ni siquiera proporcionó documentación actualizada de los componentes de los helicópteros para establecer su origen.

“Se observa que la mayoría de sus componentes vencen su recurso calendario, por lo que se necesita la resolución (definición) de la extensión de la vida útil de la aeronave de acuerdo con la normatividad vigente, y no como se pretende justificar, con una simple fotocopia o escaneo de documento para poder subsanar las observaciones) al servicio”, señala el informe.

Es más, la compañía presentó documentos no originales, por lo que “carece de legalidad en vista de que no cumple con los requisitos”, indica la comisión.

Por si fuera poco, cuando los técnicos del Departamento de Control de Calidad intentaron verificar los trabajos de subsanación a las observaciones en uno de los helicópteros dentro del CEMAE, “el representante de Milenium Veladi Corp., Felipe Naters Galarreta, no permitió el cumplimiento de las funciones (de los integrantes del comité)”.

Esto explica por qué los técnicos del CEMAE no quieren dar la conformidad a la entrega de los tres helicópteros Mi hasta el día de hoy, vencido el plazo el 10 de septiembre. Por eso, se armó una simulación el sábado 12 de septiembre.

Ejecución contractual incompleta

Por otro lado, como parte de sus obligaciones, Milenium Veladi Corp. también está obligada a instalar un Laboratorio Químico, un Taller de Galvanotecnia, un Laboratorio de Ensayos No Destructivos, un Laboratorio de Metrología y un Sistema RT Digital. Pero no cumplió, según los reportes técnicos de los especialistas.

En reportes del 24, 29 y 30 de julio, y del 10 de agosto de este año, el presidente del Comité de Recepción y Conformidad de los talleres y laboratorios mencionados, teniente SCYTE Enrique Pachas Ninamango, informó al jefe del CEMAE, coronel EP Elvis Velásquez Grández, el incumplimiento de varias exigencias contractuales:

-“De los 48 ítems verificados del Laboratorio Químico, 44 presentan por lo menos una observación. Las deficiencias se concentran en la falta o insuficiencia de certificados de calibración, certificados de conformidad, fichas técnicas, manuales y garantías, esto es, en la documentación destinada a acreditar características, calidad, seguridad y aptitud para el uso previsto”.

-“Este Comité no otorga la conformidad del Sistema RT Digital para inspección de misiles y/o soldaduras, debido a que no se encuentra acreditada su operatividad integral, interoperabilidad, seguridad, calidad de imagen ni el cumplimiento de las obligaciones de puesta en marcha, capacitación y entrega documentaria”.

-“De los 30 ítems (equipos) del Taller de Ensayos No Destructivos, todos presentan por lo menos una observación: las deficiencias se concentran en la falta o insuficiencia de certificados de calibración, certificados de conformidad, fichas técnicas, manuales y garantías”.

“(Se requiere de) una nueva evaluación del estado de la prestación y de la documentación presentada por la empresa Milenium Veladi Corp., a fin de determinar si las observaciones han sido subsanadas”.

Sin la información señalada, para los técnicos es difícil establecer si la contratista ha cumplido totalmente con las exigencias del servicio, por el que el Estado ya pagó más del 70%.

En lugar de exigir a Milenium Veladi Corp. subsanar todas estas observaciones, el 18 de agosto el titular del CEMAE, coronel Elvis Velásquez Grández, destituyó al teniente SCYRE Enrique Pachas Ninamango, el oficial que se negó a aceptar la conformidad del contrato.

Trece días después del relevo del teniente Pachas, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo, celebraron la entrega de los tres helicópteros rusos Mi overholeados por Milenium Veladi Corp.

“Creo que debió dar la cara y la sesión no debió ser secreta. Entiendo que la señora presidenta nos prometió a todos fuerza del orden, mano dura y todo desde los primeros días. ¿Qué estamos pensando? Tiene a su disposición el poder para hacer algo. Yo creo que no hay voluntad. Ha desestabilizado gobierno tras gobierno para ser presidenta, y ahora que lo es, no tiene plan estratégico. No confiamos en el ministro, la gente no es tonta. Estamos en conversaciones (para ver la censura), todavía no hay algo firme. Pero yo, individualmente, te puedo decir que estoy a favor de la censura. La presidenta tiene cuadros y debería ir por alguno que esté a la altura”, señaló a este medio la diputada.

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El partido de Roberto Sánchez prepara próximas reuniones para definir el movimiento a tomar con respecto a Astudillo. Voces fuera de la Cámara de Diputados también tendrán un papel en esta decisión. Jaime Quito, senador del partido opositor, señaló que, si bien la responsabilidad es totalmente de los diputados, considera que debe procederse con la censura al ministro fujimorista.

“El reglamento indica que después de la interpelación sigue la censura. Es mejor que venga a su curul a ejercer su responsabilidad. (…) El ministro del Interior ha mostrado una incapacidad para poder solucionar un problema de la población: la inseguridad ciudadana. ¿Creo que debe ser censurado? Personalmente te digo que sí, es una responsabilidad de los diputados. Pero tengo toda la claridad que este señor no debe ser ministro del Interior”, apuntó.

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Una sesión secreta

Apenas tras detallarse la primera pregunta del pliego interpelatorio, el ministro César Astudillo solicitó declarar como secreta la sesión de interpelación que se desarrollaría con él como protagonista. El pedido fue recibido y aceptado por el presidente de la Cámara Baja, Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno). Con esta decisión, la prensa no pudo acceder a las respuestas del titular del Interior.

De acuerdo con la explicación dada posteriormente por las autoridades, la decisión de llevar en secreto la interpelación respondía a la exposición de datos secretos sobre el manejo de la seguridad interna. Pese a esta declaración, fuentes dentro del hemiciclo afirmaron a este diario que la exposición del ministro no entró en detalles que, de hacerse públicos, podrían perjudicar la lucha contra la delincuencia.

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Tal afirmación parece ser compartida por congresistas como Indira Huilca, representante de Ahora Nación. Al abrirse el debate y hacerse pública la sesión, Huilca consideró que el carácter secreto de la sesión no estaba justificado.

“Señor ministro Astudillo, tras escuchar las respuestas que usted ha hecho y que, muchos pensamos aquí, no merecían carácter secreto porque se han dicho puras generalidades; se confirma que no existe ni rumbo claro ni plan concreto frente a la criminalidad. Está demostrada su incapacidad para tomar hasta las decisiones más obvias, como fue la decisión de mandar a su casa al general Arriola, a quien casi le han agradecido por ser responsable de una política que no ha tenido resultados”, señaló en el debate.

Lluvia de críticas a Astudillo

Las críticas a Astudillo provinieron de distintos sectores del Parlamento. Rossana Alayza, vocera del Partido del Buen Gobierno en la Cámara Baja, afirmó que el discurso de Astudillo careció de planes para atacar los problemas estructurales dentro de la institución policial.

“Sigo sin escuchar nada sobre la reforma policial. Hablar de reforma policial no es decir que todos nuestros policías no sirven. La reforma no es un castigo. La infiltración del crimen organizado no es problema de ahora. Hoy es el momento de acabar con la criminalidad. No basta y no es suficiente con ‘expulsar a los malos elementos’, ahí no puede quedar la cosa”.

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Heber López Letona, de la bancada de Obras, también fue claro al afirmar que Astudillo todavía no muestra una estrategia clara para combatir el avance criminal.

“Hoy subsisten dudas legítimas sobre la conducción de la PNP y algunas decisiones adoptadas dentro del sector. Comerciantes, familias y personas que viven con miedo necesitan acciones concretas: capturas, desarticulación de bandas criminales y calles más seguras. La seguridad ciudadana es primera responsabilidad del Estado”.

En Juntos por el Perú, siguiendo la línea de control político, Jesús Pérez Alccahuamán tuvo declaraciones —con un lenguaje poco depurado— y aseguró, tras leer las cifras de avance de la criminalidad a lo largo del país, que “esas cifras no son hue******”. Ante esto, Astudillo se retiró momentáneamente para luego volver y afirmar que era inadmisible que un diputado insultara de esa manera.

“Disponer el cese por límite de edad de la señora Zoraida Ávalos Rivera, en el cargo de Fiscal Supremo, a partir del 14 de junio de 2026, fecha en la que cumplió setenta (70) años de edad", señala el documento.

En esa misma línea, el organismo dejó sin efecto un intento del Ministerio Público por mantener a la magistrada en funciones, al rechazar el uso de las reglas de jubilación creadas para los empleados públicos generales del Estado y aclarar que esas normas no aplican a los fiscales.

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“Declarar Improcedente lo resuelto por la Fiscalía de la Nación en la resolución N.° 1630-2026-MP-FN de 8 de junio de 2026, por cuanto a los fiscales no les resulta aplicable lo dispuesto en el inciso a) del artículo 35 del Decreto Legislativo N.° 276”, precisa el texto.

Asimismo, la JNJ señaló que la ley de la carrera fiscal es la única regla válida que ordena la salida obligatoria de los fiscales al llegar a esa edad.

"Toda vez que el cese por límite de edad se encuentra regulado de manera expresa y específica en el artículo 106 de la Ley N.° 30483, Ley de la Carrera Fiscal", añade el primer artículo.

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Como consecuencia de la salida, la institución dispuso retirar la credencial que le permitía ejercer el puesto.

Antecedente: El respaldo inicial de la Fiscalía de la Nación

Previo al pronunciamiento de la JNJ, la Fiscalía de la Nación había respaldado la permanencia de Ávalos hasta el 31 de diciembre de 2026 mediante la Resolución N.° 1630-2026-MP-FN.

La decisión atendió a la solicitud de la magistrada para acogerse a la Ley N.° 32199, norma que modifica el régimen público general (Decreto Legislativo N.° 276) y permite extender el servicio hasta el cierre del año fiscal para garantizar la continuidad administrativa.

Bajo este argumento, la Fiscalía determinó que su retiro formal y conclusión de funciones en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se realizarían recién a partir del 1 de enero de 2027.

Sin embargo, quedó sin efecto tras la declaración de improcedencia dictada por la Junta Nacional de Justicia.