La carta ratifica dos cargos. El primero es por haberse apartado del acuerdo plenario de abstenerse en la votación del Pleno del Senado del 21 de octubre. El segundo es por haber hecho declaraciones que le quitaban importancia al reglamento del partido y que dejaban en duda que sea una organización democrática. Según Figallo, ambas conductas constituirían una infracción grave, por incumplir acuerdos del Plenario, y otra muy grave, por abandonar los principios y compromisos asumidos al incorporarse a la bancada.

Para sustentar la suspensión de su renuncia, Figallo citó el reglamento del Senado. La norma establece que la renuncia a un grupo parlamentario surte efectos a los cinco días hábiles de presentada, pero que esos efectos se suspenden si la bancada inicia un procedimiento de expulsión dentro de ese plazo y hasta que este termine.

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Gavidia sostiene que ya no puede ser sancionado

Gavidia oficializó el 28 de octubre ante el Jurado Nacional de Elecciones su renuncia irrevocable a la afiliación al partido. Ese día afirmó que la sanción ya no procedía. "¿Qué sometimiento puede haber si estoy desafiliado?", preguntó en declaraciones a la prensa. La carta de Figallo le responde señalando que una cosa es renunciar al partido y otra, a la bancada, y solo esta última es la que queda, por ahora, en suspenso.

El proceso disciplinario por el que ahora atraviesa Gavidia es debido al voto del 21 de octubre. Gavidia y Juver Flores fueron los únicos del Buen Gobierno que respaldaron las facultades, ya que el resto de la bancada se abstuvo. El diputado Fernando García anunció el 23 de octubre, en RPP, que ambos enfrentarían un proceso disciplinario, y Gavidia confirmó el 26 que dejaría el partido y la bancada.

Gavidia había dicho que pasaría al grupo mixto y que no entrará a otro partido. Si eso sucede, según el reglamento del Senado, Gavidia estaría impedido de integrar la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces, además de quedarse sin oficinas ni personal propio. Si optara por otra bancada, solo podría cambiar una vez en el periodo 2026-2031. Con la renuncia suspendida, ambos pasos quedan en espera hasta que el Buen Gobierno cierre su proceso.

Durante la sesión de proclamación de resultados de este 5 de noviembre, el ente electoral evitó pronunciarse sobre la reelección encubierta de la lista de Somos Perú, luego de que el candidato a burgomaestre, Liborio Soria, renunciara a su postulación.

De esta manera, según el acta, la plaza de alcalde para el próximo periodo quedó libre. En el rubro de "observaciones", el JEE no consignó ninguna información sobre el proceso electoral.

Como segunda regidora distrital fue proclamada Inés Pomajuscal Astete. Los demás regidores proclamados son Jesús Baldeón Llacsa, Luz Suasnabar Pacahuala, Gregorio Cotrina Becerra, Graciela Toledo Gomero y Edgar Oroncoy Asto, todos de Podemos Perú.

Los otros regidores proclamados fueron Aldo Ayala Martel (Alianza para el Progreso), Rene Aguilar (Avanza País), Horacio Espinoza Rivera (Renovación Popular) y Juan Juscamayta (Perú Primero).

La lista de Podemos Perú obtuvo el 31,505% de votos válidos (37.839), seguida por APP y Avanza País con 14,465% y 11,200%, respectivamente.

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Jeanette Alonzo, segunda regidora de Renovación Popular, podría convertirse en alcaldesa de Lima en lugar de López Aliaga

Jeanette Alonzo, segunda regidora de la lista de Renovación Popular, podría asumir la alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030 en reemplazo de Rafael López Aliaga. Esta posibilidad estaría en manos del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que tendría que evaluar esta alternativa para impedir que, en la práctica, se concrete una reelección encubierta de López Aliaga, prohibida por la Constitución.

Un antecedente de esta medida se registró el pasado 4 de noviembre, cuando el JEE de Ica proclamó como alcaldesa distrital de San Juan Bautista a Rita del Carmen Guerrero Cajo, quien ocupó el segundo lugar en la lista de regidores de Renovación Popular.

Entre los argumentos que sustentaron su decisión, el organismo electoral señaló que la prohibición constitucional "tiene por finalidad garantizar la alternancia democrática, impedir la permanencia inmediata de una misma persona en el ejercicio de la máxima autoridad municipal y preservar la igualdad de condiciones en la competencia electoral".

De acuerdo con la resolución del TC, la entidad levantó la observación que se detectó en su recurso el pasado 16 de octubre: no se había adjuntado el acuerdo del Consejo Directivo que autoriza la demanda y que delega la representación a su decano.

Por ese motivo y al no haber impedimentos, el máximo ente intérprete de la Constitución Política admitió, por unanimidad, a trámite la demanda y le otorgó 30 días al Congreso de la República para que brinde sus descargos sobre el recurso presentado.

"Admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Economistas de Lima contra la Ley 32581, “Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú”, y, por ende, correr traslado de esta al Congreso de la República para que se apersone al proceso y la conteste dentro de los 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución", se lee en el documento.

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Tras ordenar el traslado de la demanda al Congreso, el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma demoraría varios meses. Cuando el Legislativo presente sus descargos, el Pleno del TC deberá evaluar los argumentos de ambas partes antes de emitir una sentencia sobre la Ley 32581.

Colegio de Economistas cuestiona ley de pensiones de maestros

De acuerdo con la resolución, el Colegio de Economistas considera que la Ley 32581 afecta el principio de sostenibilidad financiera y la prohibición de nivelación pensionaria, así como el derecho a la igualdad ante la ley, la prohibición de iniciativa de gasto del Congreso, la separación de poderes y la competencia exclusiva del Ejecutivo en materia presupuestal.

Asimismo, resalta que la ley de pensiones de maestros afecta la igualdad entre la remuneración de un profesor cesante y uno en actividad. Es decir, en la práctica no habría una igualdad de remuneración entre un maestro en funciones y uno jubilado, dado que uno trabaja y otro no.

“La ley afecta el derecho a la igualdad, toda vez que ‘establece un trato manifiestamente diferenciado entre los pensionistas del mismo sistema sin ofrecer una justificación objetiva y proporcional, en tanto resalta que no contiene una relación razonable con el fin perseguido (mejorar las pensiones) en cuanto se coteja con el trato que, a pesar de encontrarse en situación idéntica, reciben los demás pensionistas de otras profesiones”, precisa la entidad.

Con esa misma crítica, recordó las cifras del impacto fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que advierte que la norma tiene consecuencias negativas en la estabilidad fiscal del Estado y en los regímenes previsionales. El motivo, dicen, es porque "crea un compromiso financiero de magnitudes alarmantes y carece de fuente de financiamiento identificada, [lo cual provocaría una] abierta tensión con los principios constitucionales de equilibrio presupuestario y sostenibilidad fiscal”.

"Es la tercera vez que me pasa (la inundación). No funciona nada; es una cosa que nos prometen y nunca cumplen, pero sí los políticos están que se pelean por llenarse los bolsillos, por estar en ese pleito", señaló.

Recordó que la segunda vez, cuando se inundó su domicilio, las autoridades acudieron a su localidad. "La primera nadie vino. La segunda vez vinieron todos los políticos, toditos; prometieron una cosa y otra cosa. Hasta Keiko vino. Dijo: 'Sí, no me voy a olvidar’, pero se olvidó", lamentó.

"Los perjudicados somos nosotros, el pueblo, que elegimos a nuestras autoridades y, al final, ni siquiera cumplen con nosotros. ¿Para qué vienen si no van a cumplir? ¿Para qué salen? Lo único que salen es para llenarse los bolsillos", acotó.

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Vecino de VES: "El drenaje nunca llegó"

Minutos después, otro de los vecinos afectados por los aniegos en su vivienda señaló que Fujimori se comprometió a instalar sistemas de drenaje en la zona; sin embargo, hasta la fecha, las obras no se han concretado.

"Desde la entrada de Villa El Salvador hasta Sedapal viene el huaico, con desagüe, lluvia, con todo, y esta es la esquina donde se empoza porque no tiene drenajes. Keiko, cuando vino, dijo: 'Vamos a hacer lo más rápido posible el drenaje'. El drenaje nunca llegó hasta el día de hoy", expresó.

En el primer caso, el JEE aún no ha fijado una fecha para la proclamación de resultados a pesar de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya culminó de procesar las actas. Según el conteo, la lista APP-La Cholita ganó en la localidad con 2.682 votos. El ente electoral deberá resolver si proclama al actual alcalde y candidato a primer regidor, Regis Pomalaya Godoy, como el nuevo burgomaestre. En esa lista, el candidato a alcalde José Mendoza renunció a su postulación.

En el distrito de Mejía, Islay (Arequipa), también ocurre lo mismo. El JEE ya subió el acta de resultados a la plataforma electoral; sin embargo, todavía no fija una fecha para la audiencia de proclamación de resultados. Según el documento, la lista de Ahora Nación ganó con 74,799% (532 votos).

La lista estuvo encabezada por la renunciante Nahimby Arias. La candidata a primera regidora es Diana Aspilcueta Cáceres, quien en 2022 ganó las elecciones para el periodo 2023-2026 con el partido Yo Arequipa.

En Nicolás de Piérola, provincia de Camaná (Arequipa), el JEE publicó el acta de resultados el pasado 28 de octubre; sin embargo, todavía no ha establecido una fecha para la proclamación. En esta circunscripción, Ahora Nación obtuvo la victoria con el 26,069% de los votos (1.122 votos). La lista estuvo encabezada por el actual alcalde, Nelson Tito Eguía, quien en las elecciones de 2022 fue elegido como primer regidor por el partido Fuerza Arequipeña.

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En la elección provincial de Islay (Arequipa), los resultados se publicaron el 29 de octubre. En esa localidad, ganó el partido Yo Arequipa con 21,213% (7.610 votos). Su lista estuvo encabezada por Kelly Salas Ramírez, pero renunció a su postulación. El candidato a primer regidor es el actual alcalde de Islay, Richard Ale Cruz. Según la Infobog, Ale Cruz fue elegido como alcalde distrital de Dean Valdivia por el partido Nacionalista Peruano; en 2010 fue reelegido por Juntos por el Sur; en 2014 fue electo como alcalde provincial de Islay con el partido Integración Islay; en 2018 volvió al distrito de Dean Valdivia con Juntos por el Sur; en 2022, retornó a Islay con Yo Arequipa.

En Catilluc, provincia de San Miguel (Cajamarca), el JEE publicó el acta de resultados; sin embargo, todavía no ha establecido una fecha para la proclamación de las autoridades electas. En esta circunscripción, Somos Perú obtuvo la victoria con el 39,448% de los votos (757 votos). La lista estuvo encabezada por Einstein Mondragón, quien renunció a su candidatura a la alcaldía. En su lugar, quedó como candidato a primer regidor el actual alcalde, Alejandro Arteaga Bustamante.

Otro caso es el que tendrá el JEE de Chiclayo sobre el futuro alcalde de Pimentel. En ese distrito ganó la lista de Alianza para el Progreso —con el 24,436% de votos válidos (5.189)—, que estuvo encabezada por el renunciante Pedro Yrigoyen. El candidato a primer regidor es el actual alcalde Enrique Navarro Cacho. La decisión se sabrá este 5 de noviembre a las 6.20 p. m.

En San Juan de Lurigancho, ganó la lista de Somos Perú con 264.727 votos. El JEE de Lima Este 2 deberá definir quién ocupará el sillón de la alcaldía. El postulante a burgomaestre César Usquiano renunció. El que le sigue es el actual alcalde y candidato a primer regidor, Jesús Maldonado Amao. Aún no hay fecha para la proclamación de resultados.

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En la elección provincial de Requena (Loreto) no hay nada dicho. La lista de Somos Perú se llevó la elección con 52,052% (16.510 votos). Su candidata a alcaldesa, Rita Flores, renunció. El primer regidor es el actual alcalde César Caballero. El JEE de Requena deberá convocar a una sesión para la proclamación de resultados.

En la elección provincial de Rioja (San Martín) se conocerá al nuevo alcalde el 10 de noviembre a las 10 a. m. La lista de Avanza País ganó la elección con 47,616% (35.296 votos). Su candidato a alcalde, Melbín Nicodemos, renunció. El primer regidor es el actual alcalde Jubinal Nicodemos. El JEE de Moyobamba resolverá el problema que el JNE no ha sabido solucionar.

En la elección provincial de Ferreñafe, la decisión se conocerá el viernes 6 de noviembre a las 9.40 a. m. La lista ganadora fue la de Somos Perú, que llevaba a Luis Gutiérrez como candidato a alcalde, pero renunció. El postulante a primer regidor es el actual alcalde Polanski Carmona.

El caso López Aliaga

En Lima, según la ONPE, faltan contabilizar 3 actas; sin embargo, la diferencia de votos entre la lista de Renovación Popular y Avanza País es de más de 40.000 votos. Hasta el momento, no hay certeza de si el JEE proclamará a López Aliaga como alcalde de Lima o a la segunda regidora Jeanette Alonzo.

Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se ha pronunciado sobre el caso.

El precedente ya lo generó el pasado 4 de noviembre el JEE de Ica luego de proclamar como alcaldesa distrital de San Juan Bautista a la segunda regidora de la lista del mismo partido, Rita del Carmen Guerrero Cajo.

Como uno de sus argumentos, el ente electoral afirmó que la prohibición constitucional "tiene por finalidad garantizar la alternancia democrática, impedir la permanencia inmediata de una misma persona en el ejercicio de la máxima autoridad municipal y preservar la igualdad de condiciones en la competencia electoral".

Asimismo, resaltó que si un alcalde elegido para el periodo 2023-2026 postula como regidor y recupera el cargo de alcalde de Lima a través de una renuncia de un candidato, "podría vaciar de contenido la prohibición constitucional de reelección inmediata".

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¿Quién es Jeanette Alonzo?

Jeanette Alonzo Contreras es contadora de profesión de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En 2001 obtuvo el grado de bachiller y en 2002 el grado de contadora pública. En 2024, realizó una maestría en finanzas corporativas en la Universidad Privada del Norte (UPN).

De acuerdo con su hoja de vida presentada ante el JEE Lima Centro, trabajó como contadora en la promotora de desarrollo en educación y cultura. Fue elegida como regidora en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el periodo 2023-2026.

En la estructura interna de Renovación Popular, Alonzo se desempeña como gerente central de Finanzas desde 2025. Asimismo, en su hoja de vida figura su designación como secretaria nacional de Economía del partido. Sin embargo, mediante un escrito presentado ante el JNE el 30 de mayo de 2026, solicitó corregir un error material en la fecha de inicio de dicha función, que inicialmente aparecía registrada el 16 de enero de 2025 y que fue rectificada al 16 de enero de 2026.

No cuenta con sentencias en su pasado.

El proyecto de ley destaca en sus objetivos que la medida busca "dotar de mayor representatividad política, legitimidad democrática y respaldo ciudadano a las autoridades electas" de la capital.

Asimismo, los autores argumentan que este mecanismo garantizará que la autoridad metropolitana cuente con una base electoral sólida para gobernar con mayor respaldo democrático y estabilidad.

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La propuesta exige modificar el artículo 23° de la Ley de Elecciones Municipales exclusivamente para la capital. De requerirse un balotaje, la ONPE lo organizará dentro de los 30 días calendario posteriores a los resultados oficiales. Además, el JNE y la ONPE dispondrán de 120 días para reglamentar "la distribución de escaños después de la segunda vuelta".

Para justificar la medida, el documento sostiene que "prácticamente uno de cada tres peruanos vive en Lima, y uno de cada tres peruanos vota en Lima". También argumenta que la capital posee competencias regionales exclusivas y que las autoridades electas en los últimos comicios llegaron al cargo con un reducido respaldo electoral. Finalmente, el texto precisa que la norma "no genera gasto inmediato al Tesoro Público" y que los costos de una eventual segunda vuelta se financiarán con el presupuesto electoral programado.

La proposición legislativa cuenta con la coautoría de los legisladores de Ahora Nación Ángel Meneses Crispín, José Miguel Marcelo Salazar, Marleny Arminta Valencia y Freshman Buitrón Martínez.

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Contexto electoral en Lima

Actualmente, la alcaldía de la capital atraviesa una definición voto a voto entre Renovación Popular con 27.685% y Avanza País con 26.810% al 99.989% de las actas contabilizadas por la ONPE.

Por el lado de Avanza País, la candidatura está encabezada por Francis Allison, mientras que la lista de Renovación Popular tiene como primer regidor a López Aliaga, candidato que busca la reelección tras la renuncia de Luis Rubio, candidato a la alcaldía de Lima.

La situación de López Aliaga ha generado controversia debido a que ejerció la alcaldía metropolitana en el periodo anterior y la normativa electoral prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes.

García atribuyó la idea al abogado Fernán Altuve, quien, según el diputado, "habló precisamente de huelga legislativa que se dio en el periodo del 43 al 46". Es importante recalcar que el artículo 25 del Reglamento del Congreso establece que senadores y diputados no pueden ejercer los derechos de sindicación y huelga.

En su entrevista con Canal N, el propio García admitió que lo sabe y dijo que por eso no planteaba la huelga. Sin embargo, en X el diputado había escrito otra cosa. "Planteo que los diputados evaluemos iniciar una huelga parlamentaria frente a la creciente desconfianza que nos genera el accionar del Senado y la falta de equilibrio entre ambas cámaras", se lee.

García también sugirió que la Cámara de Diputados podría abstenerse de tomar decisiones como medida de presión. "No sé si marchas, pero sí existe la posibilidad de protestar dentro de la misma Cámara", dijo. Al retroceder, calificó la huelga de inviable e improbable desde el punto de vista constitucional y reglamentario, y aclaró que no es una propuesta formal de la bancada del Buen Gobierno.

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Cuestionó al Gobierno de Fujimori por sus 100 días de gestión

El diputado afirmó que el Ejecutivo no ha promulgado los decretos legislativos para combatir la delincuencia tras recibir la delegación de facultades. Dijo que en el Callao y en Trujillo persisten los homicidios y la extorsión sin un cambio sustancial respecto de gobiernos anteriores.

Cuestionó además que no se haya bloqueado la señal en los penales desde el inicio de la gestión. Planteó reorganizar la Policía Nacional, fortalecer la Dirección de Inteligencia (Dirin) y rotar al personal del Depincri de Trujillo.

Una deuda coactiva es una deuda tributaria que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ya viene cobrando, sin necesidad de acudir a un juez. El proyecto no impediría contratar a cualquiera que deba algo a la Sunat, sino solo a quien ya llegó a esta etapa.

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La iniciativa plantea cuatro situaciones en las que, aunque la deuda supere las cinco UIT, la persona o empresa podría contratar con el Estado: la primera, cuando la deuda se encuentre válidamente suspendida por un reclamo del contribuyente; la segunda, cuando se apruebe un fraccionamiento o aplazamiento de la deuda; la tercera, cuando la exigibilidad coactiva haya cesado, es decir, cuando la deuda sea pagada, anulada o prescriba; y la cuarta, de aplicación solo temporal, cuando la entidad contratante considere que la participación de la persona o empresa con deuda registrada es indispensable dentro del proceso.

Además, el proyecto establece que los contratos suscritos antes de la entrada en vigor de la norma no se verían afectados. Del mismo modo, si la deuda en cobranza es pagada y queda por debajo del umbral de las cinco UIT, la persona o empresa podrá volver a contratar con el Estado.

El proyecto aún no ha sido derivado a la comisión correspondiente para su evaluación y la votación de un dictamen. De aprobarse, la fórmula legislativa dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas tendría 90 días para adecuar el reglamento correspondiente. La norma entraría en vigencia un día después de la aprobación de dicho reglamento.

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Vienes del París que ha estado envuelto en una serie de manifestaciones. ¿Cuál es tu relación con ellas? ¿Has sido testigo o protagonista?

Bueno, empiezo diciendo que yo soy parte de la educación nacional en Francia.

Porque trabajas en un liceo.

Sí. Mi esposa también. Y ese día fuimos con nuestros pequeños hijos, que tienen siete y cinco años, a su primera manifestación. La manifestación en París es una cultura. Y nosotros tratamos de llegar a la Plaza de la República, que es el lugar donde se hacen normalmente las manifestaciones, allí está la Marianne. Pero no se podía llegar porque había mucha gente, casi 800.000 personas se movilizaron en toda Francia, era general. Y lo que nosotros vimos era un ambiente de fiesta, de baile, y de protesta evidentemente. Era algo pacífico, pero en el fondo se veía como humo negro. Y cuando llegamos a casa, lo que empezó a estallar en las pantallas de TV y a exportarse al mundo fueron escenas de una violencia insoportable. Se vendió la idea de que los jóvenes eran extremadamente violentos.

¿Y quién es el responsable de esa violencia?

El gobierno

¿El gobierno?

Hubo policías infiltrados. Esto ha salido en varios lados. O sea, no es la primera vez que policías entran y comienzan a tirar piedras. Pero al mismo tiempo creo que el ministerio planificó mal la dimensión de lo que iba a ser esta manifestación. Por eso los sobrepasaron. Y eso no lo admitieron hasta después. Pero lo que intentaron presentar era como que los estudiantes son todos unos violentos. Con lo cual tapaban la dimensión de sus demandas, que son muy justas. ¿Y cuáles son estas demandas? Pues no hay profesores. Hay una diferencia entre los establecimientos de París y los de fuera de París. Y en todas las ciudades es un poco así. En Marsella hay racismo. No hay enfermeras. Y sobre todo hay un sistema que se llama Parcoursup, que excluye a ciertos estudiantes de llegar a los institutos y universidades superiores por notas. Y yo creo que esto es parte de una política de privatizar de alguna manera la escuela pública

Tú eres maestro y estás en contacto con los alumnos. ¿Cómo te afectó directamente la protesta?

Mi establecimiento fue bloqueado. Y el de mi mujer también. Es decir, se convocaban huelgas casi semanalmente y lo que ocurría en casi todos los establecimientos es que los mismos estudiantes bloqueaban las entradas. Es algo que ya hemos vivido antes.

¿Y qué sientes por París, por la ciudad que te ha adoptado?

Yo siento un profundo amor por París. Es la ciudad en la que he escrito y producido mi trilogía de la violencia política, excepto Bioy, que es la que se acaba de reeditar. Es una ciudad que me permite escribir. Aparte me permite vivir con comodidad. Es decir, mis hijos van a la educación pública, yo no tengo que gastar nada, probablemente hagan sus estudios superiores, y yo no voy a desembolsar nada porque mis impuestos lo hacen. Lo mismo con la salud. Yo me hago chequeos regularmente, no tengo problemas. Pero es verdad que hay un proceso de desmantelamiento y de precarización del estado de bienestar social que afecta principalmente a los que trabajan -a mí, por ejemplo- en la educación nacional o en la salud pública, y también, de alguna u otra manera, afecta a los pacientes porque no es tan eficiente como lo era antes. Al mismo tiempo, yo he tenido suerte. La mayoría de mis amigos tuvieron hijos y tuvieron que salir de París, porque es muy caro vivir ahí.

¿Y cómo haces?

Lo que pasó es que nosotros aplicamos a un programa de vivienda social y tuvimos la plaza. Eso fue una combinación de mucha suerte y de estar en el momento indicado. Y fue antes de la pandemia, ahora no se podría.

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Te pregunté por París, ¿qué sientes por Lima?

Es mi ciudad. Toda mi obra literaria está dedicada al Perú.

Aunque la ciudad es caótica, es complicada.

Sí, tengo una relación de amor y desamor con Lima, pero si Francia al nacionalizarme me hubiera dicho, como te dicen en Alemania: tienes que renunciar a tu nacionalidad, yo no me hubiera nacionalizado, yo soy peruano.

¿Eso hubieras respondido?

Sí, por supuesto. Lo primero es que, en Perú, bajo dictadura, yo decidí ser escritor. Yo descubrí mi vocación literaria aquí. Yo leía en las combis, cuando se podía leer en una combi y no quedarte en el tráfico cuatro horas. Vivía en Magdalena. Yo tenía que tomar la combi y demoraba hasta la Universidad de Lima unos 40 minutos. Entonces, comencé a escribir aquí, mi primer libro lo publiqué aquí, tengo una historia de vida aquí. Y no solamente es la educación sentimental, también es un proceso de pertenencia. Uno no deja de reivindicar de dónde viene.

Yo te preguntaba por tus lugares, por París y por Lima, porque quería saber si en tus libros son simples escenarios o también son protagonistas

En muchos casos depende de a qué llames protagonista, pero, por ejemplo, La procesión infinita, que ocurre en París y en otros países, tiene partes en Lima y habla, por ejemplo, del tráfico, habla de cosas que son síntoma de lo que es vivir en una ciudad que está saturada y una ciudad que ahora mismo expresa lo que es la segregación y el racismo interno. Es insoportable, es triste, es trágico lo que está ocurriendo con la extorsión, el sicariato y los asesinatos diarios de ciudadanos, muchos de clase trabajadora. Y es terrible no solamente que el gobierno no esté haciendo nada y no haya hecho nada y niegue su parte de responsabilidad desde que estaba en el Congreso. ¿Qué es lo que me indigna? Por ejemplo, nosotros estamos acá, en San Isidro, y sabemos que probablemente no nos pase nada. ¿Y en los conos? Tú tomas un bus y podrías recibir un balazo. Entonces, sí, las ciudades son parte y protagonistas de lo que escribo, principalmente porque siempre está presente en lo que escribo el medio en el que ocurre todo. Soy un escritor de alguna manera realista, me gusta caminar, soy observador. Por ejemplo, La lealtad de los caníbales es una anticipación que quedó chica a la violencia policial que está ocurriendo ahora mismo en el Perú.

Llegas a Lima para presentar esta nueva edición de Bioy, que ha tenido un camino exitoso e interesante, pero entiendo que al inicio no fue así. Lo que te reclamaban antes de editarla era que era muy violenta.

Yo la escribí en Estados Unidos, antes de irme a París. Y mi agente la presentó, sin decirme, a un concurso literario y ganó. Pero antes de que eso ocurriera, ya la había presentado por lo menos a tres o cuatro editoriales que le habían dicho: Nos encanta, pero cómo te publico esto. Decían que comercialmente no era viable, por la violencia. Estoy hablándote del año 2010 y 2011. Y el camino editorial de Bioy fue accidentado precisamente porque ya desde la primera hoja es impactante y aparte hay un señuelo que te dice: Cambia el libro, cambia el autor, si esto no es para ti, déjalo. Yo estaba un poco cansado de las novelas de la violencia política que edulcoraban un poco este proceso, que había sido cruento. Y por eso una de las primeras escenas habla de Putis. Mucha gente en el Perú no sabe que la gente que fue asesinada por los militares ahí, primero tuvo que cavar su tumba.

De hecho, mucha gente no sabe dónde está Putis.

Sí. Parece mentira. Los sacan de su casa, les dicen que van a cavar una piscifactoría. Luego los matan y los entierran allí mismo. No hay película de terror peor que esa. Yo quería hacer una pequeña novela y después se me desbordó, y comenzó a crecer y yo quería avanzar en el tiempo, a partir del conflicto interno, pasando por la dictadura, y llegando hasta el presente de entonces. La idea era que había un militar que terminaba convertido en delincuente. Había un aliento policial y ante todo había una mirada descarnada hacia lo que a veces es difícil soportar.

Bioy ocurre en dos momentos históricos: 1986, año del mundial de México, que también es un año muy cruento en la guerra interna, y luego está la posguerra cuando el protagonista va por otro camino y se vuelve un delincuente. Es una crítica a la violencia que cometen los uniformados Y, frente a ello, me llama la atención que hayas contado que a ti leen policías. 

Sí, me conocieron y me escriben.

¿Ahora mismo te escriben?

Ahora mismo no. Pero cuando estaba escribiendo La lealtad de los caníbales sí. Y no sé sus nombres, pero sí sé que son policías.

¿Eran mensajes alentadores?

Era gente que me decía: Hola, soy tal, soy suboficial, me han gustado mucho tus libros. Incluso hay uno que dice su nombre y se toma fotos con mis libros.

Hay uno que incluso busca tu libro en la feria Amazonas y luego los distribuye.

Es el mismo, sí. Y no hay problema. Es un policía que lee. Ojalá que muchos policías leyeran, digo yo.

Igual es inesperado.

No me lo esperaba, de verdad. El caso es que yo tengo esta página de Facebook a la que me llegan mensajes de todo tipo.

Y además tienes una posición política conocida.

Yo creo que no eran policías que rechazaran de plano lo que yo decía sobre la violencia de parte del gobierno. Era gente a la que le interesaba que yo hablase y a la que le habían interesado mis libros. De hecho, en un momento, cuando estaba escribiendo La lealtad de los caníbales, les pedí ayuda para describir algunas cosas con la jerga policial, porque en esa novela hay un comando que vive de la delincuencia. Y esa novela anticipa lo que vemos hoy.

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En 2017 le diste una entrevista a Juan Carlos Fangacio, de El Comercio, y él te preguntó qué habrías sido si no hubieses sido escritor. Y tú le respondiste: “Una respuesta bonita sería policía, pero como detesto la violencia diría que hubiera sido político”.

Sí.

¿Y hasta ahora piensas así?

Sí, lo que se necesita acá es hacer política, gente que crea que las cosas pueden mejorar.

¿Te has acercado a movimientos o grupos que compartan un pensamiento similar al tuyo?

Yo he llegado un poco tarde a ese proceso, siempre me interesó la política, pero en términos de militancia nunca he tenido una. Y sí he apoyado a determinadas personas, y ellos se apoyan en mí también, porque, pese a que ciertos medios me invisibilizan, o sea no les importa lo que yo digo por razones que no tienen nada que ver con la literatura, hay gente que me lee, y yo hago un poco el papel de columnista, desde mi propio huequito cibernético.

La posición política que tienes que es conocida, ¿te trae problemas habituales? Por ponerlo de otra manera, ¿eres una persona que pierde amigos durante los procesos electorales?

No, más bien me da satisfacción, porque hay gente con la cual he aprendido a conocer y he aprendido a discrepar. Lo más natural es la discrepancia. Yo no tengo ningún problema en conversar con un fujimorista, pese a que mi posición siempre será antifujimorista. Eso no ha cambiado. Pero ahora muchos escritores se callan, cuando antes hacíamos cartas. Ahora ganó Keiko y muchos no dicen nada, eso me parece terrible. Pero entiendo que yo estoy en Francia, no soy ningún tonto, y ellos están acá y es más difícil. Lo tengo claro, tampoco puedo ir de lindo por la vida diciendo: yo hablo y tú no.

Tengo otra cita tuya. Dices: "Estoy un poco de acuerdo con Vargas Llosa cuando señala que es un error que la literatura debe decirle a la gente cómo pensar". ¿Cómo se condice eso con tu actividad en redes sociales, con tu abierta simpatía por el progresismo?

Pero ahí dice literatura. Yo no hago literatura cuando escribo de la actualidad.

¿Y el contenido de los libros es otra cosa?

El contenido de los libros habla de política, pero no todos. Pero si yo presento un libro como Bioy, evidentemente vamos a tocar la política, porque habla precisamente de algo que vivimos ahora, cuando están haciendo la tontería que quieren hacer con el Lugar de la Memoria. Cobra vigencia porque hay quienes apuestan por falsificar la historia, por hacer que la gente que sufre se olvide del pasado y de cómo llegamos hasta esto. Pero cuando yo decía eso, hablaba precisamente de que Vargas Llosa y los escritores que me enseñaron a escribir, todos tenían una posición política y tenían espacio y micrófono y contribuían al debate. Yo podía estar en desacuerdo con Vargas Llosa, pero adoraba esa férrea defensa que él tenía de aquello en lo que creía.

Haz una crítica a la izquierda. ¿Cuál es la experiencia de izquierda en el Perú que ha sido más dañina para sus expectativas electorales?

Oro o agua. Eso nos mató. Humala nos traicionó muy rápidamente. Acá, el verbo que deberíamos usar siempre es voltear. Llegas y te voltean. Y eso está normalizado. La gente ya como que se acostumbra, está esperando a que, si llega un presidente de izquierda, que va a ser difícil que llegue, van a volteárselo de una u otra manera, o lo van a sacar, o van a encontrar la manera de meterlo preso ilegalmente, como a Pedro Castillo.

¿Y los hechos de corrupción, el caso de Susana Villarán?

Terrible. En el Perú rara vez llega la izquierda al poder. Y por eso mismo fue una decepción. Castillo también tuvo errores garrafales. Castillo no mantuvo su primer gabinete, que le daba un peso político, y por eso terminó transando con todo aquel que le asegurara quedarse. Y mira cómo terminó, de la peor manera, sigue preso.

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A ver, vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar con tu yo músico. Cuando escuchas este verso: “Ella piensa en el silencio en el mundo, y en sus labios marchitados con el tiempo del placer. ¿Qué se te viene a la mente?

Plaza Cutervo. Y ese verso es del tema 'Ella puede morir'.

Efectivamente. En los 90 fuiste el frontman de Plaza Cutervo, una banda de rock, y también un cronista de la música, en la revista Caleta. Cuando vuelves a la ciudad, ¿todavía encuentras rastros de esa Lima?

Eran otras épocas. En esa época no existía internet como es ahora. Creo que empezaba Bandcamp, había forma de que tu música saliera, pero no había ese canal abierto para que todo el mundo, gratuitamente, pudiera escucharte. La radio tenía más poder para promover bandas. Y era una movida interesante. Y me encanta la música, pero no creo que yo haya sido músico.

Pero eras el vocalista de la banda.

Sí, y escribía las canciones, pero no me planteé con seriedad una carrera.

¿Te animarías a decir si hay un tema del rock nacional que resuma ese tiempo?

Hay varios. Pero en mi cabeza siempre va a estar, del rock subterráneo, el 'Púdrete pituco', de Sociedad de Mierda. Aunque ese tema era de los ochentas. Y en los 90 pondría 'Los días y las noches', de Voz Propia. Me encanta que preguntes por esto, la banda tuvo cinco años de vida, pero nunca lo vi como un proyecto serio, del que íbamos a sacar algo. Igual no hubiera ocurrido, porque la literatura era mi destino. O sea, ser político no era mi destino. Y te voy a contar algo. Después de las matanzas de Dina Boluarte, me quisieron ofrecer el ministerio de Cultura.

¿En serio?

Sí. Alguien cercano a Dina Boluarte tanteó y a mí me indignó. Cómo vas a poner la cara después de que han matado gente. Y me indignó también porque fue como si me hubieran lanzado eso para demostrar que yo no tenía palabra y que me interesaba el poder. Es como si el plan hubiera sido: Vamos a demostrar públicamente que no tienes palabra ni principios, que eres un farsante.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

El ente electoral realizó la sesión junto con el postulante de País para Todos, Salomino Mamani Quispe. Al 100% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ambos participantes empataron la elección del 4 de octubre con 671 votos cada uno.

Durante la audiencia, se realizó un sorteo para definir el orden de participación mediante dos boletas numeradas. El personero de Somos Perú, tras obtener el número uno, eligió una de las cinco monedas de un sol y seleccionó el lado "sello" para el sorteo. En tanto, el lado "cara" quedó para el personero de País para Todos.

Luego del sorteo, el miembro del Pleno del JEE lanzó la moneda al aire y cayó del lado del sello.

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Electo alcalde de Comina afirma que "llegó con toda la fe" al sorteo

En declaraciones a un medio local, Quispe Capajaña contó que llegó al sorteo "con toda la fe". Incluso, señaló que recomendó a su personero elegir el sello de la moneda que finalmente resultó ganadora.

"En la mañana ya me levanté y ya vine con toda fe a ganar, porque esto se iba a ganar más adelante, hace un mes, en elecciones, porque se ha demostrado que había buen respaldo. Es la primera vez que estoy presentándome como candidato", expresó.

La actividad culminó con la firma de las actas por parte de ambos personeros, bajo la supervisión del JEE, la ODPE, representantes de la Policía Nacional y el notario público de Huancané.

César Hugo Tito Rojas, al término de la sesión solemne realizada en el teatro municipal, aseguró que la lideresa política tiene que pedir disculpas por ser el soporte político de Dina Boluarte desde el Parlamento tras el asesinato de las 18 personas durante las protestas del 9 de enero de 2023.

"Si no pide disculpas por todo el daño que hizo el fujimorismo al país, imposible que llegue a nuestra región. Vendrá en helicóptero a las zonas más alejadas, pero nunca será recibida como presidenta", precisó.

Por su parte, Moisés Chipana aseguró que, si Keiko Fujimori persiste en llegar, generará más rechazo porque aún hay heridas abiertas.

“Todos los presidentes llegaron a Puno, pero a Keiko Fujimori se le hará imposible por todo lo que significa el fujimorismo. Peor aún, porque su gobierno está venido a menos. Peor aún, porque tuvo en su momento a   Mauricio Arnillas como mayor terruqueador de Puno”, recordó.

Chipana vio con buenos ojos que Arnillas  haya pedido un diálogo con los familiares de los deudos, pero aseguró que no habrá un diálogo sincero si es que no se pide perdón por todo lo que hizo el Estado durante el 2023.

Bladimir Soncco también se mostró de acuerdo en que Fujimori pida disculpas y recordó que esta región exige desagravios públicos por todo lo que pasó en el país. Precisó  que, si se apegó al gobierno, fue para conseguir obras para la región Puno.

El caso se originó tras los comicios del 4 de octubre de 2026, donde la organización política Renovación Popular Perú obtuvo el primer lugar en la votación distrital.

Inicialmente, la lista contaba con Juana del Socorro Quispe Quijaite como candidata a la alcaldía y a Jorge Luis Quispe Saavedra, actual alcalde del periodo 2023-2026, como primer regidor.

Sin embargo, tras la renuncia de la candidata a la alcaldía y su posterior aceptación formal, el actual alcalde quedó posicionado para asumir la titularidad del municipio.

Ante este escenario, el tribunal electoral evaluó si esta estrategia de postulaciones y renuncias vulneraba las normas constitucionales. Al respecto, el JEE advirtió que la prohibición establecida en la Constitución "tiene por finalidad garantizar la alternancia democrática, impedir la permanencia inmediata de una misma persona en el ejercicio de la máxima autoridad municipal y preservar la igualdad de condiciones en la competencia electoral".

El colegiado indicó que permitir que un burgomaestre en ejercicio postule como regidor y recupere la alcaldía por la vía de una dimisión previa "podría vaciar de contenido la prohibición constitucional de reelección inmediata".

Asimismo, agregó que "cuando se acredita que una determinada estructura de candidatura, acompañada de renuncias traen como consecuencia la continuidad inmediata de una autoridad municipal en el mismo cargo, corresponde examinar la operación electoral en su conjunto y no de manera fragmentada".

Reforzando este criterio, la decisión incorporó los argumentos del voto en minoría del magistrado del JNE Gunther Gonzales Barrón, quien señaló que las reglas constitucionales "cuyo cumplimiento no puede esquivarse mediante trampas, argucias o jugarretas", advirtiendo tajantemente que "una norma de tal relevancia no permite ni protege la trapacería".

Por estas razones, el JEE resolvió declarar inejecutable la proclamación de Jorge Luis Quispe Saavedra como alcalde, precisando que este mantendrá únicamente la condición y credencial correspondiente al cargo al que postuló en cédula, es decir, el de primer regidor.

Por ello, aplicando las reglas de sucesión de la lista ganadora, el tribunal resolvió: "Proclamar como alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a doña Rita del Carmen Guerrero Cajo, para el periodo de gobierno municipal 2027-2030, candidata que ocupó el segundo lugar en la lista de regidores presentada por la organización política Renovación Popular Perú".

El caso de Rafael López Aliaga

La decisión del JEE de Ica contrasta con la postura que fijó el Jurado Nacional de Elecciones. En septiembre, el Pleno del JNE ratificó la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima por Renovación Popular, dejándolo en posición de asumir la alcaldía tras la renuncia de Luis Rubio, quien encabe

En aquel momento, la mayoría del Pleno del JNE, encabezada por su presidente, Roberto Burneo, declinó evaluar si esta renuncia configuraba una reelección encubierta.

Además, tras alegar la falta de una prohibición explícita en la norma y señalar que los reclamos se presentaron fuera de plazo, el máximo organismo electoral evitó analizar el caso y emitir un pronunciamiento oficial sobre ello.

Frente a la postura mayoritaria del JNE, el magistrado Gunther Gonzales Barrón emitió en su momento un voto distinto. Su argumento indicó que la Carta Magna prohíbe la reelección en sí misma, sin importar la estrategia que se use para conseguirla.

En esa línea, advirtió que "la Constitución no protege la trapacería" ni valida esquemas donde autoridades postulan como regidores mientras los candidatos a alcaldes renuncien "por motivos personales" para permitir que los primeros se mantengan en el poder.

Precisamente, el JEE de Ica fundamentó su decisión en San Juan Bautista tras los argumentos de Gonzales Barrón. A diferencia de la sede central del JNE, el tribunal local indicó que “corresponde examinar la operación electoral en su conjunto y no de manera fragmentada”.

Fernando Tuesta cuestiona la falta de un criterio uniforme del JNE

El exjefe de la ONPE y especialista electoral Fernando Tuesta consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió establecer con anticipación un criterio sobre la prohibición de reelección inmediata de alcaldes, ante las distintas decisiones adoptadas por los Jurados Electorales Especiales. «Las reglas tienen que estar claras para candidatos, partidos y electores», señaló. En ese sentido, recordó que las resoluciones de los tribunales electorales pueden ser apeladas y que corresponde al máximo organismo electoral resolverlas en última instancia.

Tuesta advirtió que el JNE no puede mantener decisiones contradictorias sobre quién debe asumir una alcaldía. «No puede resolver algunas en un sentido y otras en otro sentido», manifestó. Asimismo, consideró poco probable que el organismo electoral deje estas controversias sin resolver y permita que los concejos municipales decidan quién ocupará el cargo. Sobre la demora en fijar una posición, planteó como posibilidad que todavía no exista una mayoría entre sus integrantes, aunque aclaró que se trataba de una especulación.

Respecto al principio jurídico que debe prevalecer en estos casos, el especialista sostuvo que la Constitución está por encima de las normas electorales y los reglamentos. «Lo que prima es la Constitución, la Constitución está por encima de todas las normas y si se quiere una reelección de alcalde pues hay que cambiar la Constitución», afirmó. Además, remarcó que la Carta Magna establece la prohibición de reelección inmediata y que esta no puede eludirse mediante mecanismos que permitan a una autoridad volver a ejercer consecutivamente el mismo cargo.

Finalmente, Tuesta señaló que las controversias sobre la proclamación de alcaldes no determinan por sí solas la gobernabilidad de las próximas gestiones municipales, pues esta depende de otras variables. Sin embargo, advirtió que permitir que burgomaestres que ya ejercieron el cargo vuelvan a asumirlo afectaría el orden constitucional y la legitimidad de las nuevas autoridades. «No es bueno en general para la legitimidad de las autoridades que inician su mandato el primero de enero del próximo año», concluyó.

El caso tiene como antecedente la resolución que anuló la destitución de Patricia Benavides y dispuso su inmediata reincorporación como fiscal suprema y fiscal de la Nación. La misma decisión dejó sin efecto las sanciones impuestas a la jueza superior Enma Benavides y a la fiscal Solari Escobedo. Sin embargo, al momento de emitir dicha orden, el cargo de fiscal de la Nación ya era ocupado por Espinoza.

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Durante la investigación preliminar, la exfiscal cuestionó la legitimidad de la denuncia y sostuvo que la notificación de la resolución presentaba defectos formales. Según sus descargos, el documento fue devuelto por el Ministerio Público debido a la falta del acta del Pleno y de todas las firmas correspondientes. También argumentó que sus pedidos de subsanación respondieron al ejercicio de sus competencias administrativas.

La JNJ rechazó estos argumentos y consideró que la resolución debía cumplirse mientras no fuera anulada por una autoridad competente. El organismo sostuvo que ningún funcionario podía decidir por cuenta propia si acataba una disposición de la institución. También cuestionó que la demora continuara pese a los apercibimientos y que se solicitara el apoyo de la fuerza pública, pese a que la Junta no tenía facultades para ordenar ese tipo de intervenciones.

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Gino Ríos habría concluido en su informe que correspondía imponer la máxima sanción disciplinaria. Esta recomendación será uno de los elementos que deberá evaluar el Pleno, aunque la decisión definitiva todavía está pendiente y Espinoza tendrá la oportunidad de presentar sus descargos durante la audiencia.

La nueva investigación se suma a otras medidas adoptadas contra la exfiscal de la Nación. Espinoza permanece fuera del Ministerio Público desde septiembre de 2025, cuando la JNJ dispuso su suspensión preventiva. Además, el Congreso le impuso dos inhabilitaciones, aunque el Poder Judicial dejó sin efecto una de ellas en primera instancia.

"No saben la nostalgia que me genera no poder estar allá. Pero el tiempo pasa y estamos en una época en la que se debe de resistir”, expresó.

En esa misma línea, la excongresista mencionó que no puede comunicarse como quisiera; sin embargo, dijo, no puede dejar pasar una fecha tan importante para una tierra que es el origen de su familia.

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La exfuncionaria recordó sus lazos con la región de Puno y destacó particularmente a la provincia de El Collao, cuya capital es Ilave, lugar donde viven sus familiares. Asimismo, expresó su saludo a la población de Juliaca, ciudad en la que se registraron protestas tras la caída del gobierno de Castillo.

"Creo y con justa razón que Puno representa los valores y los principios que debemos de llevar en todo momento, una tierra combativa, fuerte", dijo.

"El día de hoy que tengan una pausa para recordar, para estar en familia, con amigos, con nuestros paisanos, escuchar nuestra música a ritmo de quenas y charangos", agregó.

Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), entre el 28 y el 31 de julio se registraron 30 homicidios. En agosto, la cifra ascendió a 178; en septiembre, a 153 y en octubre, a 186. En lo que va de noviembre, se han registrado catorce homicidios por proyectil de arma de fuego. A estas cifras se suman las cinco muertes reportadas ayer, según información policial, así como 60 fallecimientos registrados como "muertes ignoradas", de los cuales más del 50% corresponden a Lima y Callao.

En conjunto, las cifras suman 621 homicidios, lo que representa un promedio de casi 6 asesinatos diarios. De acuerdo a la información que recogió La República, entre las regiones con mayor número de muertes figuran Lima, La Libertad, Callao, Piura, Madre de Dios, Ica, Tumbes y Ayacucho.

El analista Juan Carbajal alertó que ese número podría aumentar, pues la cifra de octubre (186) es preliminar e incompleta.

Esto se debe a que, según explicó, "históricamente transcurren entre dos y tres semanas para que las actas de defunción rezagadas terminen de ingresar al sistema del Sinadef".

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Teniendo en cuenta ello, señaló que basta que el sistema sume solo un caso más pendiente para que octubre se convierta en el mayor salto porcentual de todo el año. Es decir, de septiembre (153) a octubre (186) los homicidios se incrementaron de manera notoriamente abrupta.

Carbajal estima que a mediados de noviembre, cuando las cifras del Sinadef se hayan actualizado, el total de octubre podría igualarse o superar al registro de junio (196) o (202), los meses más violentos del año. "La realidad del subregistro nos dice que la situación al cierre de octubre es, lamentablemente, aún más grave de lo que la barra actual (del Sinadef) nos muestra", advirtió.

Al comparar los homicidios registrados durante los primeros cien días del gobierno de Fujimori con los reportados en el mismo periodo de las gestiones de sus antecesores, se observa que la cifra es mayor.

Durante los primeros cien días de José Balcázar se registraron 597 homicidios, mientras que en la gestión de José Jerise se contabilizaron 584 y en la de Dina Boluarte 375. Los dos primeros registraron un promedio cercano a seis homicidios diarios, mientras que durante el gobierno de Boluarte el promedio fue de casi cuatro.

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Homicidios continúan

A horas de que Keiko Fujimori cumpla los 100 días, una serie de ataques armados registrados en las últimas 24 horas en Lima Sur y el Callao dejó cinco personas fallecidas y dos heridas de bala, según reportes policiales. Uno de los hechos ocurrió en Villa El Salvador, donde Diego Leonardo Coquiz Llaiqui, de 18 años, murió tras ser atacado por barristas en el cruce de las avenidas Velasco Astete y Central. En Chorrillos, Josué Antonio Perdomo Estrada, de 41 años, conductor de la línea 91, fue asesinado a balazos por sicarios mientras circulaba por la avenida Guardia Civil.

En el Callao también se registraron hechos de violencia. Jeremmi Wilmar Ramos, de 25 años, fue asesinado cuando regresaba a su casa después de realizar unas compras.

Otro ataque ocurrió en la avenida Néstor Gambetta, donde dos personas que se desplazaban en una motocicleta fueron baleadas. Ambas fallecieron a causa de los impactos de bala. Fueron identificados como Franco Máximo Benjamín Nieto Tineo y Luis Anthony Villanueva Corguamán. A estos hechos se suma un ataque en la avenida Venezuela, donde un chofer de combi, identificado como Jesús Alexander Holguin Dueñas, y su pasajero, Orlando Barrios Aquije, resultaron heridos tras recibir disparos.

No hay respuesta

Pese al aumento de la criminalidad y a las facultades otorgadas por el Congreso, a la fecha, el Ejecutivo aún no ha presentado decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana. Ello, aun cuando el último 21 de octubre, Luis Galarreta anunció que dentro de 10 o 12 días el Ejecutivo tendrá listos los decretos legislativos.

El panorama es diferente cuando se trata de los decretos de urgencia. En total, el Gobierno ha presentado 10: cinco para mitigar el impacto del FEN, dos para brindar subsidios por el alza de combustibles, dos para la visita del Papa León XIV y uno para atender los daños causados por el sismo en Junín. También, el Ejecutivo presentó cinco proyectos de ley: la creación del distrito de Tuyankuwas, la solicitud de delegación de facultades, la Ley del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2027, el crédito suplementario y la Ley MAPE. De este grupo, a la fecha, solo ha sido aprobado el pedido de facultades.

Viajes y desaprobación

En medio de los cuestionamientos por el incremento de la criminalidad, Fujimori realizó dos viajes al exterior en estos 100 días.

El primero de ellos fue del 21 al 25 de septiembre a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU. En este espacio cuestionó públicamente el rol del Poder Judicial al asegurar que quienes vencieron al terrorismo seguían siendo juzgados a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido. En respuesta, Janet Tello, presidenta del PJ, la llamó a respetar la independencia de poderes.

El segundo viaje fue del 28 al 31 de octubre a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y realizar una visita al CECOT. Sin embargo, el mandatario aseguró que se trata de realidades distintas y su modelo no puede ser copiado idénticamente en Perú.

Fujimori también tenía programado un viaje a Madrid del 2 al 6 de noviembre, pero fue cancelado para atender el impacto de las lluvias del FEN. La cancelación del viaje también coincidió con su baja aprobación. Según la encuesta de Datum, publicada el 9 de agosto, Fujimori inició su gobierno con un 60% de aprobación y un 24% de desaprobación. Luego, los resultados de la misma encuestadora del 18 de septiembre bajaron a 42% y 44%, respectivamente. El 16 de octubre, cayó a 40% de aprobación, de acuerdo con los resultados de Ipsos. Finalmente, una encuesta de Datum reveló que el 47% de los peruanos considera que la mandataria ha realizado una gestión regular en sus primeros cien días de gobierno, mientras que el 38% la califica como mala y solo el 10% como buena.

Al respecto, el primer ministro, Luis Galarreta, consideró que no se "puede gobernar y tomar decisiones en base a encuestas" y anunció un balance del gobierno para hoy.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La Fiscalía solicitó 10 años de prisión efectiva para Beingolea y los exgerentes regionales Omar Romero Aquino y Carlos Palacios Meza. Para José Izquierdo Rodríguez, exencargado de Adquisiciones de Bienes y Servicios, pidió nueve años de cárcel.

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Según la investigación, Beingolea fue contratado entre febrero y marzo de 2019 para brindar asesoría legal a la Gerencia General Regional. La acusación sostuvo que recibió pagos por ese servicio, pese a que no habría realizado el trabajo. El caso correspondió al expediente 1462-2021-93.

El ministro rechazó los cargos y calificó el proceso de "patraña". Aseguró que cumplió con los requisitos de su contratación y que presentó informes para acreditar sus labores. También cuestionó que la Fiscalía atribuyera sus servicios a un periodo de 70 días, pues sostuvo que su vínculo con el GORE Callao se extendió durante dos años.

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Alberto Beingolea: ¿qué pruebas presentó la Fiscalía por la contratación en el GORE Callao?

La acusación fiscal se sustentó en 33 elementos de convicción. Entre ellos figuraron un informe de la Contraloría General de la República, declaraciones de consejeros regionales y una pericia contable. Estos documentos fueron presentados como parte de los elementos que debían ser evaluados durante el juicio oral.

Durante el control de acusación, la defensa de Beingolea solicitó el archivo del caso y presentó una excepción de improcedencia de acción. Alegó que no existían pruebas de una concertación con funcionarios y que las irregularidades correspondían a faltas administrativas, no a delitos. El juzgado y la Sala Penal de Apelaciones rechazaron ambos recursos al considerar que había indicios suficientes para llevar el caso a juicio.

Beingolea también defendió su preparación profesional y sostuvo que contaba con las condiciones necesarias para asesorar al gerente regional. Afirmó que los informes de su trabajo fueron entregados dentro de los plazos establecidos y tenían los sellos de recepción correspondientes. "¿Cómo se demuestra un trabajo con una orden de servicio? Con los informes", declaró a RPP. El ministro aseguró que cumplió "escrupulosamente" con los términos de referencia de la contratación.

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Beingolea se declara inocente y enfrentará interrogatorio de la Fiscalía

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, rechazó la posibilidad de acogerse a la conclusión anticipada del juicio oral. Esta alternativa le habría permitido aceptar los cargos fiscales y obtener una reducción de la pena. En cambio, se declaró inocente y decidió continuar con el proceso judicial.

Durante la audiencia, el juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao consultó al funcionario si aceptaba los cargos. Beingolea negó haber cometido algún delito. Los otros dos acusados presentes también rechazaron las imputaciones, mientras que Carlos Palacios Meza no asistió por supuestos problemas de salud. El juzgado desestimó la justificación y ordenó su ubicación y captura tras declararlo reo contumaz.

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El ministro aceptó responder las preguntas de la Fiscalía en la próxima sesión del juzgamiento. El interrogatorio abordará la contratación de asesoría legal que suscribió con el GORE Callao en 2019, por la que recibió S/30.000. Según el Ministerio Público, los tres informes presentados eran genéricos o correspondían a funciones de otras áreas jurídicas de la entidad.

Durante sus alegatos de apertura, la Fiscalía redujo de 10 a ocho años su pedido de prisión para Beingolea, tras una sentencia del Tribunal Constitucional que precisó la configuración del delito de colusión. Además, solicitó su inhabilitación para ejercer cargos públicos y 550 días multa. La Procuraduría Anticorrupción, por su parte, pidió una reparación civil de S/50.000.

Sobre el ministro del Interior, dijo: "No conoce los problemas que realmente debe resolver... lo único que ha demostrado es su matonería en el congreso".

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El ministro de Energía y Minas fue otro criticado, por haber sido accionista de la minera Aruntani, empresa que está contaminando ríos y cuyo plan de descontaminación costará mucho dinero al Estado.

"El ministro de Energía y Minas está más preocupado por cómo resuelve sus empresas, cuando él ha sido accionista de Aruntani, que contamina a Arequipa y Puno. Han estado mal cerradas estas minas", señaló.

Para el senador, todos los ministros son ineficientes

Tras estos cien primeros días de gobierno, hizo un llamado a los diputados y senadores a hacer control político, es decir, a interpelar a los ministros. En el tema de salud indicó:

"Dijeron que iban a reducir el tema de las colas en los hospitales, solucionar el tema de los medicamentos; nada de eso se ha resuelto, ha empeorado. Ese ministro necesita ser botado, como todo el gabinete tiene que salir, son una tira de inútiles", finalizó el senador Jaime Quito.

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"Lo que no queremos es que los hospitales colapsen por temas menores, de acuerdo? Es decir, digamos por un tema de dengue... No es que sea menor el dengue, pero el tratamiento se puede hacer acá, o el tema de la epífisis o inclusive el golpe de calor también es otro tema", comentó.

Como ejemplo, Dyer mencionó el caso de un adolescente de 15 años con apendicitis que podría no encontrar una cama disponible si los hospitales estuvieran saturados. Por ello, insistió en que los pacientes acudan a los centros habilitados para recibir atención según sus necesidades.

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Aumentan los contagios y las muertes de niños por dengue en el norte del país

El Perú acumuló más de 83.000 casos de dengue hasta el 28 de octubre, según cifras del Ministerio de Salud. Los contagios aumentaron durante las últimas cuatro semanas y el mayor incremento se concentró en el norte del país. La Libertad encabezó el registro nacional, con más de 16.000 infecciones.

La emergencia también golpea a la población infantil. De acuerdo con la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Minsa, hasta el 24 de octubre fallecieron 23 niños de entre 0 y 11 años por dengue: siete más que en todo 2025 y cinco más que en 2024. En ese grupo etario se reportó 16.224 contagios, casi el doble de los registrados durante el año pasado.

El serotipo 3 del virus, que se ha extendido a casi todas las regiones, aumenta la preocupación de los especialistas porque gran parte de la población no tiene inmunidad frente a él. En Piura, el asesor del Colegio Médico señaló que el 99% de las muestras en las que se identificó el serotipo correspondió a esta variante. Las lluvias y el agua acumulada por el posible impacto de El Niño también favorecen los criaderos del mosquito transmisor.

Además, un informe de control de la entidad detectó contrataciones recurrentes a favor de Miguel Ruelas Quillatupa, quien, antes de convertirse en proveedor del Estado, postuló a una plaza de chofer de serenazgo en la municipalidad. Desde mayo de 2024, obtuvo órdenes de servicio por un total de S/918.725 para suministrar baños portátiles, arreglos florales, servicios de catering y alquilar estrados.

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Por este caso, la Contraloría reportó que no se acreditó la efectiva prestación de los servicios; no obstante, se realizó el desembolso de dinero. El dominical lo buscó para obtener sus descargos; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Por otro lado, en actividades como el aniversario de Huaycán y un desfile de exalumnos, la Contraloría detectó que se desembolsaron S/61.500 por ocho servicios que el contratista no llegó a prestar.

"No se prestaron ni se cumplieron las condiciones contratadas en las órdenes de servicio y sus adjuntos TDR, ocasionando pagos indebidos en perjuicio económico de la entidad por un total de S/61.500", se lee en el informe.

Asimismo, durante un evento deportivo realizado en el coliseo Ollantaytambo, la municipalidad pagó S/3.800 por el alquiler de baños portátiles y sillas, pese a que el recinto ya contaba con servicios higiénicos y graderías equipadas con butacas.

En este caso, se otorgó la conformidad del servicio sin adjuntar documentación que acreditara la verificación por parte del área usuaria. Es decir, no se presentaron pruebas del traslado de las sillas ni de los baños portátiles, pese a que el recinto ya contaba con servicios higiénicos y graderías. Aun así, se efectuó el pago.

Es preciso resaltar que la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Anticorrupción presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra los responsables de tramitar las órdenes de servicio.

Franco Vidal evitó responder sobre gasto millonario

El dominical Cuarto Poder le solicitó sus descargos al alcalde de Ate durante sus actividades como burgomaestre. Sin embargo, Vidal evitó responder ante los cuestionamientos.

"Por favor, sea respetuosa (...) me estás poniendo la mano", contestó a la reportera.

"Yo creo que el señor Castillo ha sido procesado, la verdad, con serias deficiencias en su proceso judicial; ustedes lo vieron, cómo se cambió la acusación penal que inicialmente tuvo. Yo creo que nadie podría decir que ese ha sido un proceso judicial ejemplar", expresó cuando fue consultada por la propuesta.

Sin embargo, la legisladora evitó adelantar su postura sobre la iniciativa. Aseguró que, primero, la bancada de Ahora Nación debatirá en su interna el proyecto y, luego, anunciarán su decisión.

"Nosotros, como bancada, primero vamos a discutir, como siempre, y luego de eso tomaremos una decisión", dijo.

Actualmente, el expresidente Castillo cumple una condena —emitida en primera instancia— de 11 años por conspiración para rebelión por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En un primer momento, se le acusó de rebelión; no obstante, la acusación se cambió por el delito de conspiración para rebelión. El exmandatario se encuentra en la espera de la evaluación de su apelación contra el fallo emitido.

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Es importante señalar que la congresista Huilca forma parte de la Comisión de Justicia, grupo de trabajo que evaluará el pedido de JP.

Reacciones

En diálogo con la prensa, el senador de Cívico Obras, Daniel Barragán, calificó a Castillo como un "preso que cometió un grave error". Sin embargo, evitó adelantar su postura sobre la propuesta de Juntos por el Perú.

"Para mí, Pedro Castillo es un preso que ha cometido un grave error político, que es dar un golpe de Estado. Pero también está, tengo entendido, tiene carpetas fiscales por corrupción. Eso (sobre el pedido) lo conversaremos en el Senado también", expresó.

Por su parte, el senador y hermano del expresidente, José Castillo Terrores, también se pronunció al respecto. "El proyecto de amnistía es un derecho que le corresponde al presidente Castillo, porque debe estar libre; no ha hecho nada contrario, quería trabajar por el pueblo, pero todo lo que han hecho es meterlo preso", comentó.

En tanto, el diputado de Renovación Popular, Diego Bazán, aseguró que el partido de JP puede presentar los pedidos sin problemas; sin embargo, afirmó que serán los votos los que servirán para aprobarlo.

"Todo responde a los votos; podrán, de repente en diputados, conseguir (los votos), pero no sé si en senadores será viable. No debería estar en agenda; hay prioridades que el Parlamento tiene que empezar a debatir", señaló.

Presentan proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo y procesados por protestas desde 2021

El proyecto de ley 00719-2026-2031-CD fue presentado ante la Cámara de Diputados el pasado viernes 30 de octubre. La iniciativa plantea otorgar amnistía por los hechos relacionados con el mensaje a la Nación que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, así como por las protestas registradas desde el 28 de julio de 2021 hasta el día previo a la entrada en vigor de la eventual norma. La medida contempla la extinción de la acción penal y de las penas, incluso en aquellos casos en los que exista una sentencia que aún no tenga carácter firme.

La propuesta fue impulsada por la bancada de Juntos por el Perú y tiene entre sus firmantes a su vocero, Ernesto Zunini. Además, cuenta con el respaldo de 13 diputados del Partido Cívico Obras y uno de Ahora Nación. Sus autores argumentan que el Estado mantiene una persecución penal con motivaciones políticas contra dos sectores: las personas involucradas en los hechos del 7 de diciembre de 2022 y los ciudadanos procesados por participar en las protestas.

Entre estos últimos mencionan principalmente a campesinos, indígenas, estudiantes, transportistas y dirigentes sociales del sur andino.

La suma total del servicio alcanzó los US$20.3 millones, de los cuales falta cancelar más de US$6 millones (alrededor de S/20 millones).

Durante el proceso de verificación de la conformidad y pago de la prestación de servicios por parte de Milenium Veladi Corp., los auditores del Órgano de Control Institucional del Ejército (OCI-EP) identificaron que los oficiales responsables de la recepción y conformidad de los tres helicópteros pasaron por alto varias fallas en la ejecución del contrato, conforme a la documentación a la que tuvo acceso La República.

Lo más grave es que, en el informe de la Contraloría, se especifica que esas carencias técnicas identificadas son potencialmente dañinas para la aeronavegabilidad de las máquinas de fabricación rusa, de cuya reparación mayor se encargó Milenium Veladi Corp.: las unidades de la Aviación del Ejército Mi-171-ShP, Mi-171-SH y Mi-8MTV-1.

En el mismo documento, fechado el 29 de octubre, remitido al comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle, se indica expresamente que oficiales de la institución dieron el visto bueno a los trabajos de reparación mayor de Milenium Veladi Corp., pese a que tenían conocimiento de graves incumplimientos. Por lo que no se le debe cancelar al contratista.

Sin embargo, el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), la entidad que contrató a la empresa panameña, demandó a la Oficina de Economía del Ejército (OEE) que hiciera el pago pendiente por el trabajo cumplido, como informó La República.

“Se viene tramitando el pago de la prestación del servicio con una conformidad otorgada por la mayoría de miembros de un comité de recepción, lo que no concuerda con lo establecido en el contrato y sus bases. Esta situación pone en riesgo el pago de un servicio cuyo cumplimiento no estaría debidamente acreditado, pudiendo afectar la seguridad operacional de las aeronaves”, se lee en el informe de control.

No solo un ingeniero aeronáutico contratado especialmente por la OCI del Ejército para evaluar el overhaul realizado por Milenium Veladi Corp. expuso el deplorable servicio del contratista. También lo hizo el comandante general de la Aviación del Ejército, general Vitorio Bossio Ballesteros, usuario de los tres helicópteros. Reportó al jefe del Servicio de Material de Guerra, “una relación de observaciones detectadas en los helicópteros con matrícula EP-666, EP-669 y EP-654, luego de su recepción”.

El general Bossio anotó hasta 29 “observaciones” las que evidencian una negligente y cuestionable reparación mayor de los tres helicópteros rusos a manos de Milenium Veladi. Ahora esta empresa reclama el pago de S/20 millones por el mal servicio y se perfila para el overhaul y extensión horaria de otros 15 helicópteros del Ejército.

Una muestra de las deficiencias detectadas

• Falta instalar las cañerías de combustible de los tanques suspendidos.
• Presenta fuga de aceite en el tren de aterrizaje principal.
• El número de serie del sistema hidráulico no coincide con la documentación.
• Las vigas portadoras del sistema de armamento cuentan con certificados con fechas modificadas.
• Falta conectar el cableado del sistema de armas, hay presencia de corrosión, lo que causa la inoperatividad del mismo.
• No se ha instalado la antena del nuevo equipo de comunicaciones.

Luque rechazó la postura del alcalde Güisa, quien cuestionó a las parlamentarias y desmereció su elección durante una jornada de fiscalización. En esa línea, la senadora sostuvo que la función pública exige disposición para rendir cuentas.

En su pronunciamiento, Luque cuestionó las descalificaciones lanzadas por la autoridad municipal y defendió el ejercicio del control político.

"Fiscalizar no es una falta de respeto. La senadora Juana Ticona y la diputada Svieta Fernández, quienes recibieron expresiones descalificadoras del alcalde de Tacna, Pascual Güisa, durante una visita de fiscalización debe ser repudiado. La representación política no se mide para decidir quién puede exigir transparencia. Todas las autoridades tenemos la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía", indicó mediante sus redes sociales.

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Asimismo, Luque exigió respuestas sobre las irregularidades señaladas en la gestión edil y resaltó la importancia del trabajo parlamentario. "Mi respaldo la labor fiscalizadora de mis colegas y exijo que se esclarezcan las observaciones al proyecto del Fundo Chololo. El poder se ejerce con responsabilidad, no para evitar el control ciudadano y parlamentario".

El origen del altercado en la Municipalidad de Tacna

El altercado ocurrió durante una visita de fiscalización al proyecto del mercado en el Fundo Chololo, en la que participaban la senadora Juana Ticona y el diputado Juan Cabrera, ambos de Obras, junto a la diputada Svieta Fernández.

Durante el desarrollo del encuentro, el alcalde Pascual Güisa interrumpió la reunión para desmerecer la representación de la delegación parlamentaria.

"Usted ha sido electa públicamente, mi representación es 10.000 veces mayor a la de usted. Ustedes tuvieron un voto por accidente. Ni sus partidarios votaron por usted. Si usted habla por representatividad, yo tengo más representatividad que ustedes. Propongan algo para que las próximas elecciones salgan electos no por voto de arrastre", sostuvo Güisa antes de retirarse del lugar.

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El pronunciamiento de los legisladores por Tacna

Tras lo sucedido, la diputada Svieta Fernández González, la senadora Juana Ticona Cohaíla y el diputado Juan Cabrera Nieto emitieron un pronunciamiento expresando su rechazo a los comentarios y la agresión del alcalde.

En el texto indicaron que, durante la inspección a su despacho, el burgomaestre "obstaculizó su desarrollo, se negó a brindar las explicaciones requeridas y mantuvo una manifiesta falta de respeto hacia nuestra investidura".

Además, calificaron lo ocurrido como una "afrenta a la representación democrática" e hicieron hincapié en que insistir en la firma de los contratos cuestionados del Fundo Chololo sin transparentar o aclarar el proyecto derivará consecuencias directas para la administración local.

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"Hacemos responsables legales y políticos al alcalde, funcionarios y servidores municipales involucrados, de los posibles perjuicios que ocasione a la población la eventual suscripción de un procedimiento y contrato ampliamente cuestionados respecto al Fundo Chololo".

El comunicado termina señalando que citarán al alcalde Güisa ante la Comisión de Modernización y Contraloría de la Cámara de Diputados y que ya formalizaron las denuncias correspondientes ante la Contraloría General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo.

Pese a los importantes golpes contra el crimen organizado y bandas criminales en Lima Metropolitana y en regiones como Callao, La Libertad, Piura, Ica, entre otras ciudades, los hechos violentos continúan al acecho, día y noche.

 El suboficial de tercera PNP José Antonio Castillo Rodríguez, de 24 años, murió tras recibir un balazo en la cabeza durante un enfrentamiento en Pataz (La Libertad). El agente participaba en un patrullaje de rutina junto a una brigada de la Dirección de Operaciones Especiales, cuando el grupo fue emboscado por delincuentes. Los atacantes dispararon desde la parte alta de un cerro con el objetivo de ejecutar el robo de material aurífero.

La violencia y los enfrentamientos vinculados a la minería ilegal en el Perú han dejado múltiples víctimas fatales durante 2026, concentrándose fuertemente en zonas como Pataz (La Libertad), La Pampa (Madre de Dios) Puerto Inca (Huánuco) y El Cenepa (Amazonas).

Según análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) difundidos a través del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, las denuncias vinculadas a la minería ilegal crecieron un 53% durante el primer semestre de 2026, consolidando a regiones como Madre de Dios, La Libertad y zonas de la Amazonía como focos críticos de violencia armada, extorsiones y enfrentamientos con fuerzas del orden.

De acuerdo al Colectivo País Seguro (PAS), en Pataz (La Libertad) se cometieron 294 homicidios, en Ananea (Puno) 159, en Inambari (Madre de Dios) 129 y en Puerto Inca (Huánuco) 54.

Tras la salida del cargo del polémico comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y las declaratorias de los estados de emergencia, hasta el momento se exhibe una ausencia de prevención en calles y barrios; justamente, es el reclamo de los referentes de la oposición en el Congreso de la República que subrayan la falta de un plan que contenga la violencia.

Las zonas sur, norte, este y oeste de Lima Metropolitana y Callao son los focos donde se repiten los enfrentamientos de bandas o de actos sicariales, que, sin medir consecuencias ni el blanco de sus víctimas, caen inocentes como el niño de cinco años que resultó herido por una bala perdida durante un ataque armado y balacera en el distrito de Mi Perú (Ventanilla / Callao), donde un hombre también perdió la vida.

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O la del pequeño Junior, de ocho años, quien falleció en julio tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante una intervención policial en Huacho.

De acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el comportamiento de registro de homicidios en el 2026, elaborado por el analista de datos, Juan Carbajal, demuestra el repunte de octubre tras la tregua de septiembre que registraba la cifra más baja del año con 153 casos.

En agosto, según el especialista, hubo 178 homicidios, julio 166, junio 196, mayo 175, abril 165, marzo 202, febrero 169 y enero 177.

"El análisis de los registros mensuales del Sinadef al 31 de octubre revela una realidad muy crítica sobre la evolución de la violencia criminal en el Perú. Los homicidios registrados de septiembre a octubre subieron de 153 a 182, marcando un incremento del +18.95%. Hay que precisar que los datos a esa fecha son aún preliminares”, advierte Carbajal.

Y agrega: "Esto evidencia que el descenso de septiembre no obedeció necesariamente a mejoras estructurales en seguridad, sino a un repliegue temporal o adaptación de las bandas criminales ante las medidas de emergencia focalizadas”.

La tendencia proyecta que octubre se acerque a lo registrado en junio (196). Esto lo sabremos aún a mediados de noviembre. La realidad del subregistro nos dice que la situación al cierre de octubre es, lamentablemente, aún más grave de lo que la barra (registros) actual nos muestra.

Según el Sinadef, del 28 de julio al 27 de octubre, hubo 517 homicidios, de los cuales 379 fueron por arms de fuego, 67 por arma blanca, 35 por agresión física, 17 por asfixia y 19 fueron registrados como otros.

Lima es la que concentra mayor cantidad de crímenes con 186 casos seguido de La Libertad (54), Callao (50), Piura (41), Madre de Dios (19), Ica (18), Tumbes (18), Ayacucho (14), Arequipa (12), sin registro (12), Cusco (11), Ucayali (11), Áncash, Cajamarca, Huánuco y Puno con 9 casos cada uno, Lambayeque (7), Loreto y San Martín con 5 cada uno, Junín y Pasco con 4 cada uno, Huancavelica (3), Moquegua y Tacna con 2 cada uno y cierra Apurímac con un homicidio.

MÁS DE 1.600 HOMICIDIOS

Ahora, es evidente que el Sinadef no consigna en todos los casos la causa de la muerte como ocurrió hace casi dos semanas en el Callao donde fueron asesinadas cinco personas, pero solo 3 figuraban en el sistema. Según advirtió Juan Carbajal, las otras dos no aparecían como victimadas.

Para Carbajal, el Sinadef es la fuente que mejor registra los datos, pero advierte que la omisión de la causa del fallecimiento trae una consecuencia, un subregistro de la situación criminal en el país.

En lo que va del año, el Sinadef ha registrado 1.612 asesinatos. Más del 72% al 80% de los homicidios se cometen mediante disparos (proyectil de arma de fuego), vinculados principalmente al sicariato y la extorsión urbana.

Las zonas más afectadas son: Lima Metropolitana (con distritos como San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres y Comas) y regiones del norte como La Libertad, Callao, Piura (Sullana) e Ica concentran la mayor cantidad de crímenes.

Octubre tuvo un promedio de 6,4 homicidios por día, uno de los meses más violentos del año después de junio.

IMPRECISIÓN DE DATOS

Sebastián Flores, especialistas en criminalística, señala que, pese a la imprecisión, los datos “sí sirven, pero no son exactos”, y advierte que esa inexactitud “puede jugar a favor o en contra de las personas encargadas de medir el delito”.

Hace unos días, el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, afirmó: "Nosotros en el país, en estos momentos, estamos con una tasa de homicidios de 14 por 100 mil habitantes", sin embargo, esa afirmación fue calificada como falsa por verificadores como PerúCheck y el mismo Juan Carbajal.

Las estadísticas del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) y los registros del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Mininter y el Sinadef sitúan la tasa real en 10,7 por cada 100.000 habitantes al cierre de 2025.

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"No existe ningún registro oficial ni técnico actual que respalde la cifra de 14 emitida por el Senador. El debate sobre la seguridad ciudadana es urgente, pero debe basarse en datos reales, no en especulaciones", opinó Carbajal.

MEDIDAS PARA FRENAR EL CRIMEN

Jaqueada por la violencia, la inseguridad y la ausencia de plan para enfrentar a las bandas, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, ha anunciado diversas medidas y el uso de la fuerza del Estado para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

Se formó un comando integrado por 1.350 efectivos de la PNP, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y las Fuerzas Especiales Conjuntas, operando desde un centro de control en el Cuartel General del Ejército en San Borja.

Este comando unificado ya ha realizado operativos contra bandas de extorsionadores de transportistas y redes de trata de personas.

Asimismo, tras una visita a El Salvador, la mandataria anunció el plan de destrabar seis cárceles paralizadas y construir dos megacárceles (una para delincuentes de alta peligrosidad y otra para delincuentes comunes con talleres de trabajo). Además, ordenó la reclasificación general de los internos a nivel nacional.

Por su parte, el Congreso aprobó poderes al Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas intervengan en el combate a bandas criminales cuando la policía sea superada, así como para crear un registro especial de organizaciones criminales con prácticas análogas al terrorismo.

También el Ejecutivo ha señalado que se aplicará la expulsión en tiempo récord a ciudadanos extranjeros que infrinjan la ley en el país, entre otras medidas.

Frente a este nuevo escenario en Washington, el parlamentario cuestionó la línea diplomática seguida por el Ejecutivo peruano y sostuvo que la pérdida de la mayoría oficialista en el Capitolio marca un nuevo rumbo para los países de la zona.

"Tras la derrota de Trump en ambas cámaras en las elecciones intermedias de Estados Unidos, el cambio de orientación política del Congreso debe abrir paso a un replanteamiento de las relaciones bilaterales con los países de Latinoamérica, sobre la base de la soberanía y el respeto mutuo", sostuvo Zunini por medio de sus redes oficiales.

En esa misma línea, el legislador indicó que las administraciones sudamericanas deben desmarcarse de lo que calificó como una posición de subordinación internacional.

"Los gobiernos de la región que se alinearon con la administración de Trump, incluido el nuestro, deben ejercer su soberanía y actuar sin tutelas extranjeras".

Zunini también mencionó la necesidad de que la diplomacia peruana priorice al país ante los cambios geopolíticos, concluyendo que "el Perú necesita una política exterior que defienda nuestros intereses y se haga respetar. La soberanía se ejerce con decisiones".

Derrota de la administración Trump: los demócratas toman el control del Congreso

Los comicios celebrados el 3 de noviembre marcaron un giro decisivo en Estados Unidos. La oposición demócrata logró una victoria histórica tras ganar el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes al Partido Republicano, un resultado que le quitó al oficialismo la mayoría que mantenía desde hace dos años.

En el Senado, los demócratas alcanzaron 52 escaños sobre 40 de los republicanos, superando las 51 necesarias para quedarse con la mayoría.

Este avance representó una ganancia de seis puestos para la oposición, impulsada por triunfos en bastiones históricamente conservadores como Texas, Kansas y Carolina del Sur, donde la fuerza opositora no ganaba representación desde hace décadas.

Entre los triunfos más destacados de la jornada figuraron las victorias de Roy Cooper en Carolina del Norte y de Annie Andrews en Carolina del Sur. Asimismo, Jon Ossoff logró retener su escaño en Georgia y Chris Pappas obtuvo el triunfo en Nuevo Hampshire.

A la par del plano legislativo, Keisha Lance Bottoms ganó la gobernación de Georgia, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en asumir el mando de dicha entidad estatal.

En la Cámara de Representantes, cadenas como CNN y NBC aseguraron que el Partido Demócrata sobrepasó el umbral de los 218 escaños que le permiten dominar la cámara.

Tras confirmarse los resultados, el mandatario Donald Trump reconoció públicamente la derrota. En declaraciones telefónicas ofrecidas a la cadena Fox News, el jefe de Estado sostuvo que "los demócratas hicieron un buen trabajo" y atribuyó parte del descontento del electorado al conflicto armado con Irán, aunque defendió la firmeza de sus decisiones internacionales.

No obstante, horas antes, a través de la plataforma Truth Social, el presidente se había distanciado del resultado al señalar que su nombre no figuraba directamente en las cédulas de votación.

En su pronunciamiento, Huilca mencionó la necesidad de garantizar las labores de los representantes políticos. "Mi solidaridad con mi colega Svieta Fernández ante los hechos ocurridos en la Municipalidad de Tacna. Ejercer el rol de fiscalización es fundamental para cumplir nuestro mandato", manifestó.

Asimismo, cuestionó la reacción de la autoridad edil frente a los reclamos presentados sobre la administración local. "Que un alcalde responda con agresividad ante cuestionamientos sustentados es una demostración de nula transparencia y una falta de respeto a la ciudadanía".

El origen del enfrentamiento en Tacna

El pronunciamiento de Huilca se dio tras una reunión de fiscalización enfocada en el proyecto del mercado en el Fundo Chololo, donde participaron la senadora Juana Ticona y el diputado Juan Cabrera, ambos de Obras, junto a la diputada Svieta Fernández de Juntos por el Perú.

Durante el encuentro, el alcalde Güisa interrumpió a Fernández y cuestionó la representatividad de los parlamentarios presentes.

"Usted ha sido electa públicamente, mi representación es 10.000 veces mayor a la de usted. Ustedes tuvieron un voto por accidente. Ni sus partidarios votaron por usted. Si usted habla por representatividad, yo tengo más representatividad que ustedes. Propongan algo para que las próximas elecciones salgan electos no por voto de arrastre", sostuvo el burgomaestre antes de abandonar la sala.

El pronunciamiento conjunto

Tras los hechos, la representación parlamentaria por Tacna emitió un pronunciamiento conjunto en el que condenaron la "intolerable conducta" del alcalde Pascual Güisa Bravo.

En el documento detallaron que, durante la visita inopinada de fiscalización a su despacho, el burgomaestre "obstaculizó su desarrollo, se negó a brindar las explicaciones requeridas y mantuvo una manifiesta falta de respeto hacia nuestra investidura".

En el pronunciamiento, los parlamentarios señalaron que la actitud del burgomaestre atenta contra la democracia y advirtieron sobre las consecuencias legales del proyecto.

Específicamente, responsabilizaron al alcalde y a sus funcionarios de cualquier daño económico o social que sufra Tacna si deciden firmar los contratos cuestionados del Fundo Chololo.

"Hacemos responsables legales y políticos al alcalde, funcionarios y servidores municipales involucrados, de los posibles perjuicios que ocasione a la población la eventual suscripción de un procedimiento y contrato ampliamente cuestionados respecto al Fundo Chololo".

Además, anunciaron que citarán a Güisa ante la Comisión de Modernización y Contraloría de la Cámara de Diputados y confirmaron que ya pusieron los hechos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo.

"Reafirmamos que ninguna autoridad podrá intimidar, silenciar ni impedir que esta representación parlamentaria cumpla con su mandato", concluyeron.

Los consejeros consideraron que la referida representante del Ministerio Público cometió una falta grave al utilizar en dicha acusación la declaración de un colaborador eficaz que falleció antes de perfeccionar el acuerdo, es decir, cuando todavía no había sido aprobado por el Poder Judicial.

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De acuerdo con las normas procesales correspondía que esa declaración fuera dejada de lado. En sus descargos, Canchihuaman Castañeda argumentó que como la declaración se venía utilizando desde la investigación preparatoria continúo adelante. Lo cual, fue considerado falta grave.

La controversia surge, pues esa “prueba” pudo y debió ser eliminada en la etapa de control de acusación, con lo cual no generaba ninguna consecuencia legal y, por tanto, no había falta.

Pero la JNJ ha entrado a evaluar las decisiones jurisdiccionales como faltas graves para una destitución.

Si bien, López Chau aún tiene pendiente un recurso ante la Corte Suprema para desestimar este caso, los jueces consideran que eso no impide que deba enfrentar el juicio hasta que se tome una decisión.

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La fiscalía ha pedido que se le imponga una pena de cinco años de cárcel por designar supuestamente de manera irregular y sin cumplir los requisitos, a Sonia Anapan Ulloa como secretaria general de la UNI, en diciembre de 2021.

De acuerdo con la fiscal Norah Córdova dicha designación requería la aprobación previa del Consejo Universitario.

La solicitud fue presentada y sustentada en audiencia pública, este 3 de noviembre, por la fiscal suprema Teresa Wong Gutiérrez ante el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria, con participación de Hinostroza y la defensa de los demás implicados. En junio último, Wong fue promovida por el fiscal de la Nación de fiscal superior a fiscal suprema adjunta.

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Wong Gutiérrez remarcó que si bien existen una serie de indicios de los delitos atribuidos, no se encontraron pruebas de los presuntos vínculos ilícitos entre Hinostroza, Velásquez, el fallecido consejero Julio Gutiérrez Pebe y el fiscal supremo y actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas.

Por este motivo, argumentó, no se podía formular acusación para llevarlos a juicio por supuestamente favorecer a un rondero de Cajamarca, a un fiscal provincial y a la editorial Corefo, en diversos litigios.

En su turno de intervención, Hinostroza subrayó que no se trata de falta de pruebas, sino que los hechos no constituían delito y que por eso, tras años de investigación, la fiscalía no tenía elementos para ir a juicio.

Hinostroza insistió en que era víctima de una persecución política desde que el caso Cócteles llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema. “Mis perseguidores consideraron que por mis conocimientos del delito de lavado de activos podía descartar ese caso y por eso me persiguen, pero el Tribunal Constitucional fue el que archivó todo”.

Según la fiscalía, no se pudo corroborar el presunto intercambio de favores entre Hinostroza y Gálvez para favorecer al rondero Segundo Villalobos Zárate, pues su recurso de casación fue rechazado por la Corte Suprema.

Luego, tampoco se probó que se favoreciera judicialmente al ex fiscal Walter Delgado ni que se promoviera su ascenso, pues en el concurso público quedó como accesitario. Lo mismo sucedió con la editorial Corefo, pues la decisión ya se había tomado con anticipación a la llamada telefónica y estaba a cargo de otro fiscal. El juez Checkley Soria se mostró sorprendido por la solicitud fiscal. Informó que notificará su decisión a las partes próximamente.

Ex juez supremo no sería cabecilla

Ante el juez supremo, César Hinostroza indicó que recientemente fue notificado de otra resolución de la fiscalía en la que se descarta la existencia de la presunta organización “Los Cuellos Blancos del Puerto” desde el año 2013.

En esa época, Hinostroza se desempeñaba como presidente de la Corte Superior del Callao, antes de ascender a la máxima instancia judicial del país.

El caso “Cuellos Blancos del Puerto” atraviesa por un incierto proceso de “revisión” que pone en duda la investigación y los cargos contra los principales implicados.

“Para mí Pedro Castillo es un preso que ha cometido un grave error político, que es dar un golpe de Estado. Tengo entendido que tiene carpetas fiscales por corrupción y eso debe ser investigado”, declaró a la prensa.

Añadió que se debe diferenciar el caso de un tema político de uno judicial.

“Hay temas que son netamente político y otros que son judiciales. Yo dejo que la justicia haga lo suyo. Yo no quiero tener un criterio jurídico. Tampoco puedo dar opiniones personales como vocero”, indicó.

Al ser consultado, si considera que es un error político o un delito, respondió: “Bueno la Constitución dice que hay delitos… no es un delito. Lo llaman un tema netamente constitucional y eso lo ve el Congreso y los aspectos jurídicos y eso lo ve el Poder Judicial”.

Por otro lado, aseguró que la reorganización nacional de OBRAS es un tema “administrativo y partidario”.

“Nuestro partido es nuevo y está creciendo. No queremos que crezca de manera inorgánica. En realidad es un fortalecimiento de toda la organización. Hay lugares en todo el Perú donde se están sumando nuevos ciudadanos. Debemos estar listos para recibirlos”, explicó.

Precisó que es un “tema interno” y no implica conversaciones con otros partidos.

Sobre el proyecto de amnistía

El proyecto de ley 00719-2026-2031-CD ingresó a la Cámara de Diputados este viernes. El PL concede amnistía por los hechos vinculados al mensaje a la Nación de Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022 y por las protestas ocurridas desde el 28 de julio de 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigencia de la norma. La amnistía extingue la acción penal y la pena, incluso si la sentencia no es firme.

Sheput recordó que el propio Congreso otorgó un plazo legal de 90 días para dicho proceso, por lo que consideró contradictorio que se le exijan resultados a la gestión gubernamental en apenas “una semana” de iniciado el periodo.

Juan Sheput acusa de "mala fe" a parlamentarios

Durante sus declaraciones, el titular de Trabajo cuestionó la postura de ciertos legisladores y atribuyó sus críticas a un intento por desacreditar al Gobierno.

"No pasó ni una semana y ya quieren resultados, cuando ellos mismos están otorgando 90 días, yo no les entiendo. (...) Yo creo que ya están exagerando y eso no es política, eso es mala fe y eso hay que decirlo con toda su palabra".

Sheput dirigió su reclamo a los legisladores que acusan una inacción del Gabinete. "En lo que a mí respecta y me dirijo directamente a los señores diputados que están diciendo que no se ha hecho nada, que aclaren sus conceptos, que se documenten y que dejen de lado la mala fe, porque lo que hay en esos momentos es un interés específico en generar una narrativa de que no se ha hecho nada".

Defensa de la confianza presidencial y balance de inversión

En otro momento, Sheput defendió el desempeño del Ejecutivo al sostener que la actual administración ha logrado restaurar la estabilidad económica en comparación con gestiones pasadas.

"Algunos parlamentarios le niegan absolutamente todo mérito a la presidenta Keiko Fujimori y hay una serie de cosas que mostrar, la principal la recuperación en la confianza presidencial, la institución de la Presidencia de la República. Estamos viendo que un efecto de la recuperación de la confianza es este proyecto, que lo estamos haciendo en conjunto con la actividad privada".

Además, el ministro comparó las cifras de inversión actual con las registradas durante el mandato de Pedro Castillo.

"En los 100 primeros días del señor Pedro Castillo se habían ahuyentado como 20 mil millones de dólares, nadie quería invertir en el Perú, y con Keiko Fujimori ya superamos los 10 mil millones de dólares en inversión pública. (...) Toda la gente sabe perfectamente que este gobierno se diferencia radicalmente del desorden de los años anteriores".

El titular de Trabajo también precisó que la rendición de cuentas sobre los logros oficiales le corresponderá al presidente del Consejo de Ministros y a la jefa de Estado.

La polémica surgió tras el respaldo del titular del sector a la actividad extractiva en zonas de conservación, lo que provocó la reacción de la comunidad local y ambiental, quienes exigieron el cumplimiento estricto del marco legal protector.

El rechazo del Comité de Gestión de Paracas

En su pronunciamiento, las organizaciones cuestionaron al titular del sector al señalar que desconoce la legislación ambiental del país.

Bajo el título '¡Ministro Requejo, defienda a Paracas', los gremios difundieron un comunicado por sus redes oficiales.

En el texto, varias organizaciones criticaron que el titular del sector respalde la actividad extractiva a gran escala dentro del área protegida.

“Expresamos nuestro total rechazo a las lamentables declaraciones del Señor Juan Carlos Requejo (...). Nos llama poderosamente la atención que ocupe su tiempo en defender los intereses de empresarios codiciosos vinculados a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)”.

Del mismo modo, el pronunciamiento respondió a las descalificaciones del titular del sector hacia las organizaciones locales.

“Lo más grave es que el Señor Ministro se atrevió a cuestionar a quiénes defendemos la integridad de nuestra querida Reserva y sus más de 335 mil hectáreas, calificándonos como si estuviésemos 'desinformados', cuando evidentemente quien desconoce el marco legal vigente es el mismo”.

El marco legal vigente y el fallo judicial

Los dirigentes rechazaron que la pesca industrial sea compatible con la conservación marina, respaldando su postura en las leyes vigentes y en fallos del Poder Judicial.

Al respecto, el memorial precisa como primer argumento la prohibición legal en el sector.

“[La pesca industrial] desde el año 2001 no es permitida en Paracas y en el resto de reservas marinas del Perú tal como lo estableció el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en su artículo 112”.

A continuación, los firmantes recordaron la ratificación judicial sobre la intangibilidad del área protegida para exigir el fin de los intentos de explotación industrial.

“A inicios del 2026, la Corte Suprema de Justicia de la República RATIFICÓ la validez de esta prohibición que existe desde hace más de veinticinco años (…) ¡Basta de buscar afectar a Paracas y a nuestras áreas protegidas!”.

La crítica al respaldo del sector empresarial

El pronunciamiento cuestionó también los intereses que busca proteger el Ministerio de la Producción, por lo que las organizaciones pidieron que la autoridad deje de respaldar al sector pesquero industrial y priorice la conservación del ecosistema.

Del mismo modo, los dirigentes denunciaron la insistencia del gremio pesquero industrial por operar en la zona a pesar de la prohibición vigente, solicitando el respaldo de las autoridades.

“[Los empresarios vinculados a la Sociedad Nacional de Pesquería] siguen empeñados en pescar dentro de nuestra Reserva Nacional (...). Nos manifestamos, una vez más, para que nuestras autoridades electas nos brinden una solución definitiva a este grave problema y tomen las medidas que sean necesarias para que nuestra querida Reserva asegure su integridad de una vez por todas”.

Los argumentos del Ministerio de la Producción

Por su parte, en entrevista con un medio internacional, el ministro afirmó que la creación de áreas protegidas no anula los derechos previos de la flota industrial.

"Las areas naturales protegidas tienen su propio marco regulatorio, pero siempre todas esas áreas respetan los derechos persistentes. Se ha pesacado siempre antes de la determinación o la creación de las áreas naturales prtegidas. Lo que sí es que hay un tema, hemos tenido una colaboración con el MINAM y es consciente que la pesca no tiene por qué contraponerse a un área natural protegida simplemente tiene que manejarse".

Sin abordar la prohibición explícita del artículo 112, Requejo defendió la actividad, enfocándose en el prestigio internacional y la supervisión del El Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

"Toda la pesca del Perú se realiza sobre el paraguas del IMARPE y la pesca industrial de anchoveta que es uno de los que se ha querido identificar como la contraposición al área natural protegida, la pesca natural e indutrial de anchoveta es una pesquería industrial que ha sido reocnocida mundialmente por la FAO (...) Nosotros somos referentes mundiales en pesca. Si hay una pesquería por la que podemos sacar el pecho con orgullo es la pesca industrial de anchoveta."

Sobre la operatividad en la zona protegida, Requejo indicó que la presencia de la flota industrial en Paracas es mínima y no causa ningún daño al ecosistema.

"(...) Entiendo que haya desconocimiento y ciertos sectores que les preocupa, pero se respeta las áreas naturales protegidas y las partes en las que coexisten los derechos. Más que todo son los picos en Paracas no llega ni al 2% de la reserva natural de Paracas. Por la distancia es un área correspondiente a la pesca industrial, no hay ninguna afectación. Entonces, estamos ahí trabajando de manera permanente. El Perú tiene que apostar porque toda industria sea en pesca o cualquier otra industria sea sostenible. Todo quien venga a invertir en el Perú que lo venga a hacer en las mejores condiciones".

El pasado 2 de noviembre, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, a cargo de Hugo Rovira Zagal, dispuso el envío de la proposición legislativa a este grupo de trabajo para la emisión del informe técnico correspondiente. La iniciativa, presentada el 30 de octubre, lleva como principal autora a Palomino.

La medida busca la liberación del exmandatario y el cierre de sus causas penales mediante la anulación de las investigaciones, condenas y medidas cautelares en su contra.

Alcances y exclusiones del proyecto de ley

El proyecto de ley establece que su objeto principal es "conceder amnistía [...] por los hechos vinculados a la crisis política y social ocurridos desde el 28 de julio de 2021".

De acuerdo con el proyecto, se busca proteger el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la participación política frente a sanciones penales.

En cuanto a sus efectos directos, el texto determina que la amnistía "extingue la acción penal y la pena, incluidas las penas accesorias, las medidas de seguridad y las demás consecuencias penales".

Respecto a la situación de Pedro Castillo y su entorno, la propuesta otorga amnistía por los actos "consistentes en los actos previos o preparatorios, la elaboración, redacción, lectura, difusión, refrendo, acompañamiento o ejecución administrativa del discurso emitido el 7 de diciembre de 2022".

En esa línea, el documento delimita esta medida "desde el 28 de julio de 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigencia de la presente ley".

Para los manifestantes investigados o condenados en protestas regionales, el proyecto abarca conductas calificadas como disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, resistencia a la autoridad, daños, usurpación, apología u organización criminal cuando se sustenten en la convocatoria de las marchas.

Asimismo, el texto abarca una regla general para cualquier otro delito menor, con penas máximas no mayores a cuatro años, que se haya cometido durante las manifestaciones.

La amnistía, sin embargo, no aplica para los casos más graves. El texto aclara que no habrá perdón para los delitos constitutivos de "genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, incluidos los homicidios dolosos, las lesiones graves dolosas, la violencia sexual, la tortura y la desaparición forzada".

Tampoco protege los "hechos cometidos por funcionarios, servidores públicos, miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú en el uso de la fuerza", cuyos juzgamientos continuarán su curso.

Por último, la iniciativa exige celeridad en su aplicación: dispone que la fiscalía o el juez competente resuelva cada caso "dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley o a la presentación de la solicitud", y ordena al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cumplir con "la excarcelación dentro de las veinticuatro horas siguientes" a la notificación.

Registros de visitas a Barbadillo

Sin embargo, la derivación del proyecto ocurre en medio de cuestionamientos a Palomino por sus nexos con el exmandatario.

Según los registros oficiales de Transparencia del Congreso, la actual diputada visitó a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo entre octubre de 2024 y febrero de 2026.

Durante ese periodo, Palomino trabajaba como personal técnico en los despachos de los congresistas Alfredo Pariona y Katy Ugarte, realizando visitas en horario de trabajo. Posteriormente, la legisladora postuló al Congreso en la lista de Juntos por el Perú.

Revelaciones de los chats y presuntas presiones

Ya en funciones como diputada, Palomino administraba un grupo de WhatsApp llamado 'Despacho CPC', que ella misma reconoció manejar en una entrevista periodística.

El material de ese chat fue entregado por Marco Paliza, exasesor de la legisladora, quien manifestó su disposición a declarar ante la Fiscalía sobre su contenido.

Según los mensajes difundidos por Panorama, el 27 de julio Palomino comunicó a su equipo que habría rotación de personal cada tres meses. Paliza relató que esa dinámica respondía a presiones para colocar a personas de confianza en el despacho. En uno de los chats citados, la propia legisladora escribió: "Ya el presi me ha exigido y me ha dado dos nombres. No sé ni cómo decirle que no", agregando que la hizo sentir descalificada al recordarle cómo llegó a su cargo.

La comisión es liderada por Galarreta y tiene por objetivo “articular acciones, eliminar trabas burocráticas y lograr que las intervenciones policiales se traduzcan en sanciones conforme a ley”, según se lee en el anuncio de la PCM.

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Posteriormente, se citará al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a las empresas de telefonía.

El fin será “sumar sus capacidades técnicas frente a la delincuencia”, indica el anuncio.

El último 21 de octubre, la PCM aprobó el reglamento interno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público.

Con ello, se “faculta a la comisión a convocar a especialistas y representantes de instituciones públicas y privadas para fortalecer las estrategias contra las extorsiones, seguir el rastro del dinero proveniente de actividades delictivas”.

"El proyecto de amnistía es el derecho que le corresponde. Pedro Castillo quería trabajar para el pueblo. Lo que han hecho ha sido para mantenerlo encarcelado", señaló el senador de Juntos por el Perú a Epicentro.

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Además, el senador Castillo criticó la gestión de Keiko Fujimori al frente del país. Señaló que, hasta el momento, no ha presentado acciones importantes para combatir los problemas que aquejan al país. Asimismo, al ser consultado sobre las presuntas falencias de la gestión de su hermano, lo justificó al señalar que su gobierno fue atosigado por sectores opositores.

"Acá es testigo el pueblo. Ustedes serán testigos de lo que ha hecho en Huacho. Tenemos el ejemplo del Fenómeno de El Niño, hasta la fecha no hemos visto nada. Que el pueblo evalúe esto, yo por mi parte no veo ningún avance todavía. (…) Ellos han gobernado desde que vacaron a Pedro Castillo y ahora se llenan la boca diciendo que no han hecho nada", apuntó.

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Según Reto, nadie le pidió esa firma a Muñante. "Al no existir una norma en la Constitución Política ni en los reglamentos del Senado o de la Cámara de Diputados que disponga de manera expresa, escrita o directa que el vicepresidente del Senado deba suscribir la autógrafa de ley, se habría configurado la causal de nulidad", señala en el oficio.

Lo curioso es que la nulidad no la inventó Reto, sino que la sacó del propio argumento de Torres. En su respuesta a Diputados, según cita Reto en el documento, el presidente del Senado dijo que cualquier firma no exigida por las normas violaría el artículo 45 de la Constitución, y que todo acto que se pase de las competencias del cargo "es nulo y puede acarrear responsabilidades de diversa índole".

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Reto señala que solo Torres puede firmar y enviar la autógrafa

Reto sostiene que la firma y el envío de la autógrafa al presidente de la República son tareas exclusivas del titular del Senado y no de su vicepresidente. En su documento cita el artículo 105 de la Constitución y los artículos 148 y 37 del Reglamento del Senado. Según estas disposiciones, el presidente debe remitir la autógrafa en un plazo máximo de 15 días hábiles y tiene entre sus funciones “firmar y remitir la autógrafa de ley”.

Torres había defendido la firma de Muñante al señalar que el artículo 37 también permite a los vicepresidentes “suscribir los documentos oficiales del Senado”. Sin embargo, Reto considera que esa atribución no puede aplicarse en este caso, porque la autógrafa no es un documento exclusivo del Senado, sino el resultado del trabajo de ambas cámaras; o sea, de todo el Congreso Además, dice que el vicepresidente solo podría firmarla si el titular está ausente.

El presidente de Diputados también plantea que, de ahora en adelante, Torres debe firmar tanto la autógrafa como el documento con el que se envía al Ejecutivo, sin una segunda firma. Reto sostiene que este debería ser el procedimiento para todas las leyes que restan de este periodo congresal.

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La fe de erratas no basta, según Reto

Asimismo, el oficio saluda que el despacho de Torres haya publicado una fe de erratas, donde habló de un "error material", y cambió Senado por Congreso en el encabezado.

Para Reto, eso confirma que la ley fue aprobada por el Congreso y no por solo una cámara. Pero, advierte que la corrección requiere aún de algún nivel de esclarecimiento, porque de eso depende cómo se relacionarán ambas cámaras al aprobar, enviar y promulgar las leyes.

Por eso pide que Torres informe qué acciones correctivas tomará para garantizar la seguridad jurídica de la delegación de facultades.

Cronología

El 31 de agosto, Reto le mandó a Torres el Oficio 038-2026-2027-ADP-P/CD. Ahí le avisaba que el pedido de facultades del Ejecutivo no traía el acta del Consejo de Ministros que aprobaba su carácter “muy urgente”. El pedido se fue a la Comisión de Constitución y Reglamento, y el Gobierno después mandó el acta.

El 6 de octubre, el Pleno de Diputados tenía cuatro textos sobre la mesa para debatir las facultades. Dos semanas después, el 21 de octubre, el Pleno del Senado vio el proyecto de ley, con el dictamen de la Comisión de Constitución al que se le habían incorporado siete puntos.

Un día después, la ley estaba en El Peruano. Y recién con la ley publicada empezó el cruce de oficios sobre quién debía firmarla.

Por ejemplo, el JEE de Bagua proclamó como alcalde provincial de Condorcanqui (Amazonas) a Hermógenes Lozano Trigoso, quien fue elegido para ese mismo cargo durante el periodo 2023-2026 por Renovación Popular. Sin embargo, en estas elecciones Lozano Trigoso postuló como primer regidor en la lista de Somos Perú, luego de que Eudes Chanchari Pérez renunciara a su candidatura a la alcaldía provincial.

De acuerdo con el acta de proclamación, la lista de Somos Perú obtuvo 6.804 votos, equivalentes al 30,785% de los votos válidos. En segundo lugar quedó el Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo, con 3.226 votos, seguido de Alianza para el Progreso, que alcanzó 2.891 votos.

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Un caso similar es el de Carlos Hidalgo Reátegui, actual alcalde distrital de Zapatero (San Martín) y candidato como primer regidor de la localidad por Renovación Popular. El JEE de Moyobamba decidió proclamarlo como alcalde distrital, luego de que Víctor Flores Hidalgo decidió renunciar a su candidatura como burgomaestre.

La lista ganadora obtuvo 1.502 votos (44,099% de votos válidos), seguida por Avanza País y Alianza para el Progreso con 809 y 749 votos, respectivamente.

De acuerdo con el acta de proclamación del JEE de Bagua, "no hubo observaciones" al momento de nombrar a las autoridades elegidas el pasado 4 de octubre para el periodo 2027-2030.

JEE deciden proclamar como regidores a actuales alcaldes

Un escenario distinto se presentó en Áncash. El JEE de Recuay decidió no proclamar como alcalde distrital de Marca a José Corpus Méndez, quien fue elegido burgomaestre de esa localidad para el periodo 2023-2026 por el Movimiento Regional El Maicito.

En estos comicios, Corpus Méndez postuló como primer regidor en la lista de Acción Popular, encabezada por Eusebio Romero Trujillo. Sin embargo, este último renunció a su candidatura a la alcaldía distrital el pasado 5 de agosto.

En ese contexto, el ente electoral se limitó a proclamar a Corpus Méndez como primer regidor, mientras que el cargo de alcalde quedó vacío. De acuerdo con el acta de proclamación, se registró como única observación la dimisión de Romero Trujillo a su candidatura.

La lista ganadora obtuvo 466 votos (51,322% de votos válidos), seguida por APP y Podemos Perú con 415 y 27 votos, respectivamente.

El mismo caso ocurre en el distrito de La Esperanza. El JEE de Trujillo decidió no proclamar como alcalde de la localidad al actual burgomaestre Wilmer Sánchez Ruiz, quien postuló como candidato a primer regidor con Alianza para el Progreso.

La lista estuvo encabezada por Anderson Castillo Rosas; sin embargo, renunció a su postulación. El ente electoral proclamó a Sánchez Ruiz como primer regidor, pero la plaza de alcalde distrital la dejó libre. De acuerdo con el acta de proclamación, "no hubo observaciones" durante el acto electoral.

La lista ganadora obtuvo 21.063 votos (23,792% de votos válidos), seguida por Podemos Perú y Fuerza Popular con 16.380 y 14.268 votos, respectivamente.

El mismo escenario se presenta en el distrito de Víctor Larco Herrera. El JEE de Trujillo decidió no proclamar como alcalde al actual burgomaestre Salvador León Clement, quien postuló a la reelección como candidato a primer regidor por Avanza País.

La lista estuvo encabezada por Eduardo Muro Toribio; sin embargo, este renunció a su candidatura. Ante ello, el organismo electoral proclamó a León Clement únicamente como primer regidor y dejó vacante el cargo de alcalde distrital. Según el acta de proclamación, durante el proceso electoral «no hubo observaciones».

La lista de Avanza País obtuvo 15.816 votos, equivalentes al 38,809% de los votos válidos. En segundo y tercer lugar quedaron Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP), con 7.232 y 3.814 votos, respectivamente.

Una situación similar se registró en el distrito limeño de Independencia. El JEE de Lima Norte 2 optó por no proclamar como burgomaestre al actual alcalde Alfredo Reynaga Ramírez, quien participó en los comicios como candidato a primer regidor por Somos Perú.

La candidatura municipal fue liderada inicialmente por Felicita Rodríguez Peña, pero su renuncia modificó el escenario. Pese a ello, la autoridad electoral solo reconoció a Reynaga Ramírez como primer regidor electo y no le otorgó la alcaldía distrital. El acta de proclamación señala que «no hubo observaciones» durante el acto electoral.

En los resultados, Somos Perú ocupó el primer lugar con 31.858 votos, que representaron el 25,675% de los votos válidos. Le siguieron Renovación Popular, con 27.871 sufragios, y Podemos Perú, con 23.427.

JEE de Huancayo rechaza reelección encubierta de alcalde en San Jerónimo de Tunán

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo detectó un posible caso de reelección encubierta del actual alcalde de San Jerónimo de Tunán, Stany Aguilar Rojas. En consecuencia, resolvió proclamarlo solo como primer regidor de la lista de Batalla Perú y no como burgomaestre, aunque la candidatura a la alcaldía quedó vacante tras la renuncia de Edmundo Veliz.

La decisión se adoptó durante la proclamación de resultados del último viernes 30 de octubre. En esa instancia, el organismo electoral advirtió una posible vulneración del artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

Asimismo, precisó que corresponderá al nuevo concejo municipal y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinar si Aguilar Rojas puede asumir finalmente el cargo de alcalde.