El titular del JNE precisó en RPP que la permanencia del excandidato presidencial en la lista no infringe ninguna norma. La ley vigente lo permite, por lo que el magistrado no calificó el caso como una irregularidad. Burneo planteó, además, un debate distinto: revisar si la prohibición de reelección inmediata, en su forma actual, debe mantenerse. Su cuestionamiento se dirige al diseño de la norma, no a un partido específico.

El presidente del JNE pidió también a los electores revisar la lista completa antes de votar. Explicó que no basta con conocer al candidato que encabeza la papeleta, porque cualquier otro integrante puede terminar en el cargo.

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¿Por qué el JNE pide un voto informado?

La recomendación de Burneo se apoya en una regla del sistema electoral: si el titular de una lista renuncia o es vacado, otro integrante ocupa su lugar. Cada nombre de la papeleta es, por tanto, un candidato con posibilidad real de gobernar.

"Ellos [los peruanos] tienen que conocer no solamente a la cabeza de lista, sino a todos sus integrantes, porque podría eventualmente ser uno de ellos el próximo alcalde, si es que el que eligen abandona el cargo o si es vacado por alguna razón o alguna causal de vacancia", señaló el magistrado.

Varias listas regionales y municipales de este año incluyen a exalcaldes, congresistas y otras figuras políticas en posiciones distintas a la que encabezan. Para el titular del JNE, conocer esas trayectorias es la herramienta más directa que tiene el elector ante este tipo de movimientos.

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La propuesta de Burneo para reformar la reelección

Burneo propuso una reforma constitucional que permita cierto grado de continuidad a las autoridades locales. Su argumento es de gestión: dirigir un distrito exige experiencia que la prohibición actual no permite acumular.

"Hemos visto que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario", afirmó Burneo.

Para el presidente del JNE, eliminar por completo la reelección de autoridades subnacionales fue un error. La normativa vigente no impide que un exalcalde postule en un distrito distinto o en un puesto diferente dentro de la misma lista. La decisión final, subrayó, corresponde al ciudadano al momento de votar.

La segunda bancada con mayor número de presidencias será Juntos por el Perú. El grupo liderado por Roberto Sánchez tendrá cuatro presidencias, además del mismo número de vicepresidencias y secretarías.

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Por su parte, las bancadas del Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular contarán, cada una, con dos presidencias, así como con dos vicepresidencias y dos secretarías. En tanto, Ahora Nación, al ser la bancada con menor representación, dispondrá de una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría.

Con esta distribución, aún queda una presidencia por asignar. Mientras continúan las negociaciones, el Congreso aprobó el número de integrantes que tendrá cada comisión. Así, siete estarán conformadas por 20 diputados: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

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Las nueve comisiones restantes estarán integradas por 19 diputados: Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Energía y Minas; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Salud; Trabajo y Seguridad Social; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

Vale recordar que las dos comisiones no legislativas son la Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo. Como su nombre lo sugiere, estas no producen dictámenes legislativos. Cada una de ellas estará compuesta por seis miembros. Uno por cada bancada.

¿Cuál es su primera impresión al haber salido en libertad después de estar 15 meses en prisión?

De indignación, por algo que nunca debíamos haber llegado a esa situación. Debió haberse resuelto una investigación preliminar, pero esto fue como una bola de nieve, hasta llegar a una situación en que ya hay un daño que no es reparable. Uno se pregunta si valió la pena todo esto.

Usted ha dicho que durante 10 años usted, su familia y su partido han sido perseguidos política y judicialmente. ¿Quiénes son los que han perseguido políticamente al Partido Nacionalista, a su esposa y a usted?

Para ser más precisos, diría que son aproximadamente 15 años. Empieza en el 2006-2007, con Alan García Pérez. Después del enfrentamiento político que tuvimos en el 2000 y en la campaña del 2006, él ya no nos mira como adversarios, sino como enemigos. Ahí empieza la campaña de que yo era un subordinado de Hugo Chávez. Es una campaña ideológica contra un gobierno de izquierda.

En el 2011 es lo mismo, con una acusación de apoyo económico de Lula (Da Silva) y el Partido de los Trabajadores. Es una persecución política para crear el imaginario de que estábamos recibiendo plata de gobiernos de izquierda; no nos acusaban de recibir de empresas, como a otros políticos.

Lo que no previeron García y los grupos económicos detrás de él es que, para que la fiscalía lo tradujera en delito, tenía que tocar algo transversal a todos los partidos: los aportes de campaña. En su ceguera, su odio y su miedo a que Nadine (Heredia) pudiera ser la candidata natural del nacionalismo para el 2016 —cuando llegó a tener entre 50 % y 60 % de aprobación hacia 2013-2014— comienza a trabajar el tema de la pareja presidencial y la reelección conyugal, y todas las baterías se van contra ella. Fue la primera vez que a una primera dama le pusieron impedimento de salida del país. Es una persecución que empieza con García y todos sus acólitos del linchamiento mediático.

Tenemos unas declaraciones de Jorge del Castillo este fin de semana diciendo que usted se está haciendo la víctima, cuando en realidad usted inició la megacomisión contra Alan García. Son declaraciones sorprendentes porque en realidad reconocen que usted fue perseguido por el APRA. Pero Alan García murió. Ustedes ya no tenían poder, perdieron las elecciones en 2021 y perdieron la inscripción. ¿Por qué continúa, o quiénes continúan, esa persecución política?

Parte de las acciones legales que vamos a tomar es pelear porque nos devuelvan la inscripción del Partido Nacionalista, porque el partido fue criminalizado ilegalmente y sus dirigentes —empezando por mi esposa, que tuvo que candidatear en el 2021 para tratar de salvar la inscripción— fueron acusados por el sistema de justicia de ser una organización criminal.

¿Políticamente, quiénes siguieron el legado de García?

Fueron, en general, los grupos económicos que apoyaban a los partidos de derecha —el APRA, el fujimorismo y los partidos que en el Congreso nos hacían oposición.

Sin embargo, su gobierno no fue uno que castigara a los grupos económicos, ni hubo estatizaciones ni le quitaron propiedad a nadie. Es decir, terminado su gobierno, ¿por qué hay una persecución política? Eso es lo difícil de entender. Yo entiendo el antes y el durante —ahí están las portadas de Perú 21 contra mi esposa todos los días—, pero terminado el gobierno, ¿quién quería verlo en la cárcel?

Terminamos en el 2016, hace 10 años. Quisieron eliminar políticamente a Nadine (Heredia) para que nunca fuera candidata, y lo lograron. Y después había que tomar en cuenta que Nadine era joven, no llegaba a 50 años: si no la destruían ahí, podía entrar en el 2021 o el 2026. Entonces había que eliminarla. Por eso continúa la persecución política y judicial, pero ya más centrada en Nadine. La han acusado de homicidio, usurpación de funciones, corrupción y cohecho, como si fuera funcionaria pública, cuando la primera dama es simplemente una distinción. Le pusieron prisión preventiva por 18 meses, que el TC corrigió por considerarla ilegal, y luego arresto domiciliario por casi 2 años, que también corrigió el TC.

Le prohibieron trabajar en la FAO…

Eso ya fue el Estado peruano, porque (Pedro Pablo) Kuczynski, cobarde, se arrugó ante el Congreso peruano y mandó una carta al presidente de Naciones Unidas y al director de la FAO amenazando con que el Perú se retiraría si no hacían renunciar a Nadine, que había entrado por concurso público internacional, no a dedo.

El Congreso aprobó por unanimidad una moción censurando a la FAO por contratarla. Y el Poder Judicial, con el sicario de Carhuancho, utilizó una audiencia que era para que ella hiciera el control biométrico en Ginebra para discutir una prisión preventiva. Ese día actuó también el otro forajido, (Germán) Juárez Atoche, porque se asustaron cuando la prensa empezó a hablar de un supuesto "plan de fuga" —cuando ella había avisado antes de viajar tanto a Carhuancho como a Juárez Atoche, y le dijeron que no había problema.

Usted sindica en primer término al partido aprista y luego a todos los partidos de derecha peruana que tuvieron presencia en el Congreso en el 2016.

Claro, todos los que defendían el sistema se fueron contra nosotros.

Pero usted en su gobierno no fue antisistema, usted es un gobierno de derecha.

No, no hemos sido un gobierno de derecha, hemos sido un gobierno para los de abajo. ¿Por qué nos van a recordar? Ahí está la creación del MIDIS, los programas sociales, Pensión 65, Beca 18, y no hemos descuidado la macroeconomía ni las obras. Escucho a la presidencia y me hace acordar a mi gobierno —la Línea 2 del metro, la Línea 4, el tren de cercanías—.

Lo que pasa es que la derecha ha estado acostumbrada a subordinar al presidente. El Banco de Crédito, desde el primer gobierno de García hasta la actualidad, solo ha tenido tres cabezas —Dionisio Romero padre, el hijo y ahora el sobrino—, mientras ha habido 10 u 11 gobiernos. Esto es porque a los grupos económicos les es más fácil lidiar con caudillos que con partidos sólidos que defiendan los intereses nacionales. Ahí se dieron cuenta de que el nacionalismo podía ser un partido sólido que no se iba a casar con ellos. Por ejemplo, cuando llegué al gobierno, un grupo de empresarios me dijo que con García tenían un almuerzo mensual en Palacio. Yo no acepté eso, y se quejaban porque no les hacía "cariñitos". Siempre defendí la legalidad.

Pero lo que parece raro es que se entiende que lo persigan siendo presidente, pero cuando usted ya no tiene ningún poder, cuando su partido está debilitado, cuando ya había pasado 10 meses en una prisión preventiva que el TC consideró indebida, ¿por qué lo siguieron persiguiendo? Eso es lo que no logro entender.

Creo que siempre nos vieron como una amenaza. No digo que yo pudiera volver a postular, pero Nadine sí era un activo.

García le tenía mucho miedo, es verdad. Pero entonces, García ya se había suicidado. En 2021 ustedes no sacaron nada en las elecciones. ¿Qué amenaza podían ser?

Bueno, nadie muere en política. Puede haber un vuelco.

Usted ha tenido 15 meses en la cárcel, tiempo muy largo para pensar, escribir, leer. Me imagino que tiene una lista muy clara de quiénes son los responsables de lo que le pasó, como hizo el Conde de Montecristo. ¿Se han sentado a hacer una lista? De políticos hoy vivos, ¿quiénes son los responsables?

Es una lista larga, pero preferiría primero enfrentar el tema judicial y después señalar. El que es claramente el líder, el cabecilla de todos estos políticos, ha sido Alan García, que al final terminó peor que yo.

También lo fueron a buscar y a detener.

Sí, porque al llevar la persecución política al ámbito judicial tuvieron que crear un equipo ad hoc, jueces ad hoc, y tipificarlo como delito. Podían haber dicho receptación, pero dijeron lavado de activos porque es más grave. Pensaron: "A este lo tenemos como a Edmundo Dantés, encerrado en la isla hasta 25 años". Así quisieron hacer, como con el Conde de Montecristo.

Una vez que uno entra al sistema procesal penal es muy difícil salir, porque uno se va a encontrar con fiscales y jueces corruptos o cobardes. Me hacen recordar a los militares nazis que, cuando estaban en Núremberg, les preguntaban por qué convertían a un judío en jabón, y ellos respondían: "bueno, en ese momento esa era la coyuntura jurisprudencial y, además, mi general me avaló".

Hoy están suspendidos Geovana Mori; José Domingo Pérez, destituido; Vela, suspendido; Juárez Atoche, en investigación; y Richard Concepción Carhuancho, suspendido. Todos han terminado bastante mal…

Y tienen que responder por lo que han hecho.

Nadie los ha acusado de corrupción, pero sí de falta de criterio.

No, no es falta de criterio, esto es dolo, es corrupción. Están investigando a Juárez Atoche por cobrar a colaboradores eficaces, y lo mismo con el caso de Belaunde y los hermanos Paredes en el Club de la Construcción. Es abominable lo que pasa en la justicia con la ley de colaboración eficaz: le quitan el requisito del arrepentimiento; son solo delincuentes tratando de negociar para no pisar la cárcel. Con la ley de Marisol Pérez Tello, la colaboración se convierte en un mercado persa donde los fiscales, cuando no tienen pruebas, se buscan un colaborador y lo meten a falta de pruebas para decir "acá está mi colaborador".

Parece que el caso Gasoducto lo van a archivar.

Ya han archivado una parte. Yo he denunciado a la fiscal por abuso de autoridad, por haber presionado a la Clínica Delgado para obtener la historia clínica de mi esposa y publicitarla sin autorización judicial. También voy a denunciar a la Clínica Delgado por lo mismo.

Pero ella está suspendida.

No, lo que ha hecho el Fiscal de la Nación es regresarla a su plaza original, el Callao. Los que están suspendidos son Juárez, involucrado en crear falsas colaboraciones, y Carhuancho, a quien también he denunciado por fraude procesal, por haber homologado la falsa colaboración de Martín Belaunde sin tener la ampliación de extradición de Bolivia —que la había rechazado en 2022 y en 2024 la incorporó igual, cuando ya se terminaba mi juicio.

Usted dice, con razón, que fue secuestrado, porque cuando le leyeron el fallo, este no existía, no se había redactado, y durante 15 días no hubo sentencia. Esto lo ha ratificado la Corte Suprema, que ha sancionado a esos jueces.

Sí, quien los sancionó fue la Autoridad Nacional de Control. Es grave porque en la audiencia oral las juezas Nayko Coronado y (Max) Vengoa Valdiglesias dijeron algo de terror: que lo de la Constitución es del año 91 y que hay que interpretarla a la luz del Código Procesal Penal más reciente, y que por lo tanto el código está sobre la Constitución. Eso es lo que dicen los dos jueces.

Además, Vengoa dejó ver la psiquis de este tipo de jueces: "¿Qué pasa si no lo meto preso y se escapa? Me sancionan a mí". Estos funcionarios cuidan más sus espaldas, su conveniencia y sus ascensos que cumplir con su trabajo.

Algo raro en un litigante es que usted ha denunciado a casi todos los jueces y fiscales que han visto su caso.

Pero con motivo. Dime uno y te digo por qué lo estoy denunciando y por qué le voy a ganar.

Después de esto vienen las reparaciones civiles. Usted ha estado preso siendo, al final, inocente. ¿Hay algún costo que quiera que el Estado asuma? Sus abogados no han planteado eso en este caso; en otros casos derivados de su presidencia sí, pero en este no. Y hay otras cosas más.

Lo estoy evaluando. Toda mi vida he trabajado para el Estado, le tengo cariño, entonces litigar contra él es un tema difícil para mí. Pero a mí me han metido preso más de dos años. Ese tiempo no me lo van a devolver. A mi esposa y a mis hijos he tenido que sacarlos del país; hoy mi familia es una diáspora. Mi hijo menor tuvo que irse para terminar la secundaria, y después de más de un año hablando solo por teléfono, lo encuentro más grande, con otras ideas, y las conversaciones por teléfono son frías. Debo denunciar al Estado y a todos los bribones que han actuado así, porque eso implica el reconocimiento de que actuaron mal. No puedo permitir que quede impune. Leo la sentencia del TC y está bien.

Pero la sentencia del TC no dice que sea inocente.

No le corresponde esa materia probatoria, pero siento como un tufillo a ley de amnistía, y aquí no hay ley de amnistía. Voy hasta las últimas consecuencias porque el Estado me tiene que pedir disculpas.

Yo no puedo criticar a Nadine Heredia por tomar a su hijo y salir del país, si en conciencia cree que es inocente. Pero la pregunta es: si usted sabía que era una persecución política, como sostiene hasta hoy, ¿por qué no se fue con ellos? ¿Le correspondía también el asilo político?

Claro que me correspondía, pero ¿quién iba a defender acá nuestro buen nombre, la familia, la gestión de gobierno, al partido? Si yo me iba, nadie lo iba a defender, porque aún hay gente que no cree que fue persecución política. Una prueba de que esto fue fundamentalmente contra Nadine, para que no fuera candidata ni en 2016 ni en 2021 ni en 2026 ni en 2031, es que no se metieron con ninguno de mis hermanos ni con mi papá; ha sido un ensañamiento contra los Heredia, sobre todo contra su madre y mi cuñado.

¿Y esa fue la razón por la que se quedó en la cárcel? ¿No era un tema de honor?

Fue un tema de honor de familia. Hubo también una recomendación de nuestro abogado en Brasil, que coordinó con el de acá: le dijeron a Nadine que se fuera a la embajada antes de la audiencia, y estuve de acuerdo.

Lo increíble es que no le pusieron ningún problema con el salvoconducto.

Ya hubiese sido muy sinvergüenza. Pero Nadine siempre da batalla.

Ella desapareció de los medios casi 5 años justamente para decir que no tenía interés en política.

Eso es lo que querían y lo lograron. Ella no quería hacer política, quería hacer una carrera profesional. Acá no conseguiría trabajo, ni yo tampoco.

¿De qué vive hoy Humala? Usted tiene dos hijas estudiando en Estados Unidos, en universidades privadas carísimas. ¿Con qué plata paga eso?

Nos han hecho una pericia contable de toda nuestra vida financiera, prácticamente hasta mi ropa interior, y esos jueces no han podido demostrar que tengamos desbalance patrimonial. El que quiera, que vaya al expediente y vea toda mi vida financiera y la de mi esposa: ella ganaba más que yo cuando nos casamos y ya tenía ahorros; yo era oficial superior, tenía un departamento en Miraflores, mi carro, etc. Además, hemos tenido que recurrir a préstamos de las propias familias para subsistir, y mis hijas han tenido que trabajar y sacar préstamos para pagar sus universidades, que ya casi hemos terminado de pagar entre todos. Pero el que hizo correr esa versión creo que fue Víctor Andrés García Belaunde, o quizás Aldo Mariátegui. Él me quiere mucho. No sé, pero salió en Expreso.

Insinúan que tiene algún dinero guardado, robado al Estado, aunque no se lo han podido probar en el juicio.

Siempre van a ser ese tipo de comentarios, es parte de la política. Yo no le he robado nada a nadie, no hemos cometido ningún delito; más bien han afectado nuestro patrimonio y nuestro buen nombre, y han hecho que mi familia hoy no esté reunida en Lima. ¿Qué daño le hemos hecho a alguien? Son intereses mezquinos y económicos de grupos de poder que pensaban que podían gobernar el país, como con García.

Usted tiene el caso Gasoducto, ¿tiene algún caso más?

Sí. Voy a solicitar el archivo de todos esos casos, porque parten de la misma sentencia de lavado de activos por aportes de campaña: el Club de la Construcción, Olmos, el Centro de Convenciones, todos con la teoría extrajudicial de la "precoima". En cada proceso penal de OAS u Odebrecht nos han puesto como parte del formato a Nadine y a mí. Ninguno de esos casos, pese al tiempo transcurrido, está en juicio oral ni siquiera en acusación —salvo Gasoducto, que está en etapa intermedia. Todos parten de que en la campaña del 2011 habríamos recibido aportes de Lula y el Partido de los Trabajadores a través de Odebrecht, comprometiéndonos a devolver el favor con contratos. Eso podrían decírselo a políticos que han recibido plata no por razones ideológicas, sino directamente por decisión de los directorios empresariales.

Si escuchas lo que dice (Jorge) Barata sobre el gobierno, dice que los tratamos con la punta del zapato y que por eso perdieron la Línea 2 del metro, pese a tener la experiencia de la Línea 1. Si la hubieran ganado, estarían bien denunciados ahí también, pero no me denuncian por la Línea 2 porque la ganó un consorcio europeo-español.

Todos estos casos derivan del caso matriz de lavado y deben ser archivados, porque además han actuado de manera abusiva e ilegal algunos fiscales y jueces —por ejemplo, la fiscal Mori usó la historia clínica de mi esposa sin autorización del juez, y el juez Leodán Cristóbal permitió que se difundiera esa información.

Una vez que estos casos se archiven eventualmente, ¿cuáles son sus planes? Yo lo veo con muchas ganas de hacer política.

Tú me ves, como dicen los gringos, con muchas ganas de "patear traseros".

Es notable que durante 15 meses no le haya bajado ni un minuto la indignación. Normalmente uno se deprime en la cárcel, a usted no.

Hay un momento duro, pero hay que saber sobrellevar las cosas. He estado leyendo y escribiendo. Leí Yo, Julia, de un autor experto en Roma, (Santiago) Posteguillo. Muy bonito. También he hecho investigación sobre la Ruta de la Seda. Por ejemplo, cómo la toma de Constantinopla por el Imperio Otomano gatilló el descubrimiento de América: al interrumpirse esa ruta, el Imperio Español necesitó buscar nuevas rutas de comercio con Asia, y así llegaron a América.

Usted ha dedicado su tiempo a estudiar, leer y hacer deporte, y está en muy buena condición física. ¿La cárcel la sobrelleva mejor porque ha sido militar, por el rigor y la disciplina cuartelaria?

En parte sí, porque viví año y medio en la Cordillera del Cóndor durante el conflicto con Ecuador, en el 95, sin ciudad ni nada, con la tropa acuartelada; había que inventar actividades —cortar leña, ir a pescar al río— para evitar la depresión, y de noche estudiaba para la Escuela Superior de Guerra. En el 87 estuve un año en Chalhuapalca, sin nada, a -20 grados en la noche. Estoy acostumbrado a manejar la soledad.

Pero usted sabía que su esposa no iba a poder hacer lo mismo.

No. Ella sí. Creo que ella simplemente puso en un segundo plano la estabilidad de nuestro hijo, ya que las dos chicas estaban fuera del país. Fue una decisión de ella, dura pero correcta: si se hubiera quedado en Chorrillos, ¿con quién se hubiera quedado el niño? Su abuela materna también estaba procesada, y mi papá tiene 97 años. Me siento un poco como Jonás, el que se lo come la ballena: ya me han comido, estoy dentro de la ballena y desde ahí estoy golpeando. Haciendo justicia, no venganza.

Vienen muchos más procesos en su horizonte. Hay gente que dice "no quiero un proceso más".

Yo no le tengo miedo a los procesos. Si quieren conmigo, vamos a pelear.

¿Ha aprendido derecho en el camino?

He hecho un curso acelerado de derecho procesal penal. Mira lo que hicieron estos salvajes de los jueces: en la última audiencia, después de mi autodefensa, según el código procesal debía venir el periodo de deliberación, que son como máximo 4 días, y luego la redacción de la sentencia, con la opción de un adelanto de sentencia con hasta 8 días hábiles de plazo. Pero al término de mi autodefensa convocaron audiencia para la lectura del adelanto de sentencia al día siguiente. ¿En qué momento deliberaron? Ya me habían condenado de antemano. Por eso también merecen una sanción ejemplar.

Usted estuvo en la cárcel en un momento en que eran cuatro expresidentes. ¿Ha tenido contacto con ellos?

Sí, claro, hemos conversado. Les decía: "esto es como Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas", así que no se preocupen, no voy a salir a contar nada. Son situaciones difíciles y cada uno lo lleva a su manera.

Toledo ni siquiera puede alegar que no le dieron la plata, y ahora pide clemencia porque está muy enfermo. Castillo no logró el indulto que quería. Pero a Vizcarra lo condenan los mismos jueces que a usted.

Creo que es el mismo fiscal, Juárez Atoche.

Él alega igual que yo que jamás ha recibido nada y que no se lo han podido probar.

Pero son dos cosas distintas: a mí no me están juzgando por cohecho, sino por aportes de campaña.

Algún día contará qué pasó en esa "Las Vegas". Sería muy interesante.

(Musitando) Fue un mate de risa…

Al final, usted no tiene ningún rencor contra ninguno de los que estaban ahí.

No, es como esas películas de John Wick, donde hay un hotel donde nadie se puede tocar y todos se respetan. Tiene que ser así.

Es una cosa muy rara —el Papa lo dijo—: ¿qué país es este que mete a todos sus presidentes a la cárcel?

Como decía Mujica de los argentinos, lo que les falta es querernos más, acá nos odiamos.

Es verdad, pero no al punto de meter a alguien inocente a la cárcel.

Es que la política en el Perú se ha degradado. En los países desarrollados la economía se subordina a la política —el presidente Donald Trump puede sancionar a un país y las grandes empresas respetan eso—; en los subdesarrollados es al revés, y en los que están en decadencia o en vías de la anarquía, la economía y la política van por cuerdas separadas.

Por eso al elector no le interesa mucho el político, porque siente que no le va a resolver un problema. En esa situación, donde política y economía van por cuerdas separadas, a la economía le conviene tener un interlocutor débil, y por eso los primeros en atacar el fortalecimiento de los partidos son los grupos económicos. Imagínese usted que hubiera dos partidos sólidos, como el Demócrata y el Republicano en Estados Unidos: no se podrían lograr esas prácticas mercantilistas. Con partidos débiles y con caudillos es más fácil trabajar.

Hay quienes dicen que usted le debe su libertad a Keiko Fujimori, de manera indirecta, porque ella salió a celebrar su prisión diciendo que el Poder Judicial había actuado con independencia cuando lo metieron preso a usted. Recuerdo haber dicho entonces: si lo meten preso por aportes de campaña, tienen que meter presos a todos. No metieron preso a Kuczynski ni a Lourdes Flores ni a los apristas, pero sí a ella, y la procesaron hasta que empezaba el juicio oral; consiguió su libertad en octubre del año pasado. Y ahí todos empezamos a decir "esto no es delito", como yo he sostenido siempre desde el 2014. Recién me hicieron caso mis propios abogados.

Eso dice mucho de su formación académica, profesional y su coherencia.

Y vaya que me insultaron. Y yo soy recontraderecha, siempre lo he dicho, pero derecha liberal.

Por eso tienes enemigos en la derecha también. Mejor hazte nacionalista.

Ni muerta (risas). Vamos al asunto: ¿le debe su salida a Keiko Fujimori?

Nosotros éramos la cuota política, pero era una persecución para destruirnos. El fujimorismo y el APRA tenían una convivencia histórica, nadie pensó que iban a llegar a esta situación. Cuando transforman la persecución política en judicial, tienen que plasmarlo en el Código Procesal Penal, y el error fue meter los aportes de campaña como lavado de activos, porque todos estaban metidos en eso.

Pero lo que usted alegó durante todo el juicio oral es que ni siquiera reconocen haber recibido ese dinero.

No hemos recibido nada del Partido de los Trabajadores, ni de (Hugo) Chávez, ni de Lula, ni de nadie.

¿Y la famosa libreta de Nadine cuando habla de "los barbudos", que según ellos son los que tienen barba?

No, los barbudos era la comunidad judía, Salomón Lerner. Y lo que decía "caja fuerte" era lo que pensábamos recaudar de los Heredia, y "casa diseño" era un diseño en Cieneguilla de la casa Humala, que todos ofrecían. Todo eso eran aportes esperados, como cuando uno se casa y proyecta gastos; esas libretas fueron robadas y criminalizadas, y de eso se agarraron para hacer un circo mediático que al final no valió nada en el juicio.

Yo les dije que eso no valía nada. Pero por decirlo, me decían "bloguera patética".

Eso fue parte del hinchamiento mediático…

Creo que ustedes no se defendieron a tiempo.

Eso hay que decírselo a mis abogados también…

Pero mediáticamente tampoco se defendieron.

Era un cargamontón. Como dicen, échate a la cama y date cuenta quién te ama: la misma izquierda que estuvo con nosotros se puso de costado, hasta negaron sus aportes. El primer problema es que la fiscalía usurpó las funciones de la ONPE, que es la que controla los aportes de campaña. Por eso digo, es como un "grupo Colina" del sistema de justicia: agarraron eso, llamaron a los aportantes a la fiscalía sin investigarlos, y su palabra entró como prueba de cargo directa al juicio.

Parece un poco fuerte lo del "grupo Colina"….

No. El grupo Colina se formó en el ejército inicialmente para combatir a Sendero Luminoso con una nueva estrategia, pero sin control derivó en un grupo criminal, que incluso se alquilaba.

Acá también se formó un grupo especializado, asumiendo el modelo brasileño, y necesitaban su "juez Moro": ahí tenían a Carhuancho, que decía admirar a (Sergio) Moro. Les dieron la tarea de investigar el Lava Jato en el Perú, pero cometieron traición a la patria, porque para ellos era más remunerativo para sus carreras agarrar al expresidente y a la potencial candidata Nadine Heredia que defender los intereses nacionales, y permitieron que Odebrecht vendiera la hidroeléctrica de Chaglla —el propio Vela le pidió al presidente que lo autorizara para que con eso pagaran los daños al Perú—. Además, permitieron que Barata dispusiera de sus millones en el banco, y ningún brasileño de los que trabajaron acá pisó la cárcel.

Es la misma estrategia de Brasil, donde metieron preso a Marcelo Odebrecht. Y a cambio de su confesión lo exoneraron de responsabilidad penal; tiene que pagar millones, pero no cárcel, y a cambio da los nombres.

Ahí viene la corrupción: por ejemplo, a (Fernando) Migliaccio, del departamento de operaciones estructuradas, le preguntan si conocía a (Vladimir) Garreta —supuestamente el enlace nuestro— y dice que lo conoció recién en 2014, para la campaña de Villarán; pero en la declaración lo presionan varias veces, porque otro colaborador dijo algo distinto el día anterior, y termina acomodando su versión, tal como Belaunde reconoció en sus audios que hacía. Por eso estas colaboraciones deben revisarse, sobre todo donde metió mano Juárez y Taboada.

Hay una acusación de que el señor Juárez ha recibido dinero en el caso Salazar.

¿Y qué hay de las otras colaboraciones —los hermanos Paredes, Eduardo Roy, Barata, los empresarios del club? Si tú fueras empresaria con 100 millones de soles en juego, ¿cuánto estarías dispuesta a pagarle al fiscal para que no te ponga de acusada?

¿Cree que el caso de Vizcarra también se va a caer, porque es el mismo esquema?

No lo sé, quiero respetar el proceso, no voy a opinar de los ajenos. Pero mira, Belaunde hizo sus chanchullos en el norte, se fugó cuando le dictaron prisión preventiva, y yo tuve que extraditarlo —era mi obligación como presidente, aunque su papá vino a pedirme que no lo hiciera y su familia no me lo perdonó nunca, y lo cumplieron en el juicio. El colegiado no consideró ese tema subjetivo en la colaboración de Belaunde porque ya había voluntad de condenarnos. Todas esas colaboraciones no tienen rigor real, son arregladas: usan documentos que mi esposa presentó como descargo, y los usan como prueba de cargo. Belaunde es como una navaja suiza, dice que ha estado en todo, hasta en Venezuela; y estos tres jueces, o son muy ingenuos o muy avezados, porque no han cuestionado nada de eso.

Me queda poco tiempo y quería hablar sobre el futuro. Usted quiere volver a la política activa.

Me interesaría, pero algo de lo que me he dado cuenta es que los gobernantes no le hemos metido suficiente ojo a la justicia. Cuando quise hacer la reforma de justicia, hablamos con los supremos, aceptaron un aumento de salario a cambio, pero después las salas superiores bloquearon la reforma diciendo que "ellos mismos se tenían que reformar", y seguimos esperando.

Cada vez que iba a la inauguración del año judicial pensaba que algo no olía bien. Mucho poder tiene un juez, y hay que ver su preparación. Podemos tener las mejores leyes, pero si las aplica un ignorante o un malvado, es mejor tener leyes garantistas. No digo que todos sean malos, hay jueces y fiscales buenos, pero a mí no me ha tocado ninguno bueno.

Ni siquiera en la Corte Suprema: la sala de San Martín debía resolver el fondo hace tres o cuatro años y no tuvo el valor de hacerlo, fue amedrentada por el fiscal Vela.

Yo lo he conocido y pensaba que era un juez valiente. Pero no lo es. Vela, con una denuncia ante la junta, lo amedrentó, porque quería seguir trabajando hasta los 75 años. Por eso, la excepción de improcedencia de acción era evidente…

Es lo que resuelve el TC.

Y en buena hora el Tribunal Constitucional se lo hizo notar al ponente y a los jueces que firmaron esa casación. Le dieron a Keiko lo que a mí me correspondía. Eran casos con dos diferencias: nosotros no recibimos, ella (Keiko Fujimori) sí recibió, y además lo ha dicho; y en su caso, y el de otros partidos, se trataba de grupos empresariales, mientras que a nosotros nos acusan de recibir de partidos y gobiernos de izquierda, no de empresarios.

Bueno, no me va a contar cuáles son sus planes futuros, salvo litigar y esperar que su esposa regrese.

Ahorita me importa mucho la reunificación de la familia, y también batallar para que se archiven todos los casos abiertos por este equipo especial, porque todos derivan del mismo caso original —la propia sentencia del TC señala en un párrafo que es un error asumir que recibir un aporte de campaña implica luego cometer delitos favoreciendo a esas empresas. Es un error.

Ese invento del delito de "precoima" lo inventaron los periodistas. Y yo creo que el periodismo también tiene que hacer un mea culpa de todo lo que ha pasado.

Lo más peligroso es un periodista que, sin formación jurídica, habla como si fuera abogado. Eso es de temer. Es un periodismo singular incluso en América Latina.

"Es una llamada de atención al ponente y a los jueces que firmaron esa casación. En ese sentido, si le dieron a Keiko, tenían que dármelo a mí; como me metieron preso a mi, a ella también", señaló Humala durante una entrevista con Rosa María Palacios para “Sin Guión”.

Sobre la similitud de ambos procesos, Humala sostuvo que, aunque ambos casos involucran aportes de campaña, existen diferencias entre la situación de su agrupación y la del fujimorismo.

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El expresidente precisó dos aspectos que separan ambos casos. La primera, según detalló, radica en la veracidad de la recepción del dinero: "Nosotros no recibimos, ella sí recibió", argumentó.

Como segundo punto, Humala dijo que las imputaciones contra otros partidos se vinculan a financiamientos provenientes del sector corporativo, mientras que en su caso se trató de una maniobra política motivada por su ideología.

“En los otros partidos las acusaciones eran por grupos empresariales; en nuestro caso ha sido una persecución ideológica por nuestra gestión de gobierno. Nos acusan de haber recibido [fondos] de gobiernos de izquierda, no de empresarios”

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En esa línea, insistió en que las imputaciones en su contra carecen de sustento técnico y responden a un sesgo político sobre su entonces gestión presidencial.

El Poder Judicial recibió el documento el 24 de julio de 2026. El caso quedó en manos del 30° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. El pedido de la Fiscalía no solo involucra a Harvey Colchado. También acusa a Clara Elizabeth Ramírez Benites y a Víctor Elvis Ocmin Vargas, señalados como los responsables directos de la negociación incompatible. En los tres casos, la parte afectada es el Estado.

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Según la Fiscalía, el origen del segundo delito atribuido a Colchado se remonta a abril de 2021. Ese mes, el entonces coronel PNP habría declarado ante un notario que su ocupación era "independiente". El problema, sostiene el Ministerio Público, es que para esa fecha Colchado ya tenía el grado de coronel de la Policía Nacional en actividad. Estaba asignado a la Macro Región Policial (Macropol) Lambayeque.

La acusación por falsedad ideológica se sustenta en un documento notarial específico: un Poder Especial que Colchado otorgó a favor de una tercera persona para administrar un inmueble. La Fiscalía sostiene que la información falsa que habría consignado en ese documento configura el delito previsto en el artículo 428° del Código Penal.

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El poder especial y el inmueble en Comas

El caso de falsedad ideológica contra Colchado gira en torno a un inmueble ubicado en la Urbanización Los Viñedos de Carabayllo, en el distrito de Comas. Según el requerimiento fiscal, Colchado se convirtió en propietario de esa propiedad tras un proceso de sucesión intestada. El bien está identificado con dirección en la avenida Guillermo de la Fuente N° 1058.

El 30 de abril de 2021, Colchado acudió ante el notario público Paul Hinojosa Carrillo para otorgar un Poder Especial. El documento le daba a Martina Huamaní Ordóñez la facultad de administrar el inmueble, así como de realizar actos de compraventa y alquiler sobre la propiedad. En ese mismo testimonio notarial, Colchado se identificó como una persona "de ocupación independiente".

La Fiscalía cuestiona esa declaración. Según la Resolución Ministerial N° 227-2021-IN, emitida el 3 de abril de 2021 por el entonces ministro del Interior Alfonso Chavarry Estrada, Colchado ya ostentaba el grado de coronel de la Policía Nacional y se encontraba en actividad. El Ministerio Público remarca además que el Poder Especial se inscribió en la Sunarp el 18 de mayo de 2021, fecha en la que, según el documento oficial citado, Colchado mantenía esa condición policial.

La entidad alegó que la nómina no recibió ninguna tacha o impugnación de la ciudadanía dentro de los plazos previstos (tres días).

Ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 35 del reglamento sin que se haya formulado tacha contra la lista de candidatos ni contra alguno de sus integrantes, dice el expediente.

Pero eso no es todo. Este martes, que se venció el plazo para que los candidatos presenten su renuncia a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el mismo Jurado Electoral Especial de Lima aceptó la renuncia de Luis Rubio Idrogo como candidato a la Alcaldía de Lima.

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“Se verifica que Luis Rubio Idrogo ha presentado su solicitud dentro del plazo previsto en el cronograma electoral, cumpliendo con las formalidades y requisitos establecidos en el artículo 40 del Reglamento; por lo que corresponde aceptar la renuncia formulada”.

De esta manera, López Aliaga asume las riendas de la lista y podría convertirse nuevamente en burgomaestre si gana los comicios electorales el próximo 4 de octubre.

JNE reconoce estrategia

Al respecto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reconoció que sí existe una estrategia de las autoridades para poder continuar en el cargo ante la prohibición de la reelección inmediata.

“Hemos visto que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario”, afirmó Burneo.

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Sin mencionar a Rafael López Aliaga, Burneo señaló que el marco normativo del JNE permite que el candidato a primer regidor asuma el cargo de alcalde si el postulante a la alcaldía renuncia.

“No está prohibido que los que han tenido el cargo de alcalde puedan participar como candidato a regidor o que puedan postular a otro cargo por algún distrito. Hay un marco normativo que permite y, finalmente, es el elector el que elige, y nosotros lo que hacemos es cumplir ese marco normativo”, expresó.

Sobre el tema, el presidente del JNE pidió que la población conozca la lista completa de sus candidatos antes de emitir su voto. Según dijo, no basta solo conocer a la persona que lidera la lista, porque cualquier otro integrante puede ocupar el cargo.

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Reelección encubierta

El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, indicó a La República que López Aliaga está tratando de eludir la ley y aseguró que la estrategia de Renovación Popular para la candidatura a la Alcaldía de Lima fue colocar a una persona subordinada.

“Renovación Popular ha colocado a una persona subordinada como primero en la lista de regidores. Para cualquier eventualidad, en este caso ya sucedió, la cabeza salga, pues asume el alcalde en ejercicio, lo cual es darle la vuelta a la ley”, mencionó.

Tuesta añadió que darle la vuelta a la ley no es que sea ilegal, pero es una reelección encubierta que está siendo aprovechada para que las autoridades continúen en el cargo.

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“¿Qué pasaría si no gana? Si no gana, él tendría que incorporarse como regidor de Renovación Popular, porque entendemos que Renovación Popular va a ganar algunos asientos en el concejo. La pregunta es, ¿lo asumirá? Es válida la pregunta, en tanto que si no ha asumido ser senador, parece difícil que lo haga como regidor”, apuntó.

José Tello, abogado experto en temas electorales y presidente del Instituto Aklla, sostuvo que el uso de candidatos provisionales para luego ceder el paso al primer regidor impedido es una estrategia para burlar la restricción constitucional.

“Es una postulación encubierta, una reelección encubierta, sin lugar a dudas. La verdad es que esto está operando en diferentes lugares del país. Los alcaldes que están impedidos de reelegirse de manera inmediata están yéndose bajo esta modalidad”.

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Asimismo, el especialista señaló que esta práctica termina normalizando la evasión a la norma, pues la ciudadanía prefiere ignorar el impedimento legal con tal de favorecer al candidato de su preferencia.

“Estamos en una situación bastante controversial porque si este tipo de candidatos ganan, es porque la población quería reelegirlos. La gente vota por la persona a pesar de que esté impedida y termina normalizando esta reelección encubierta. Se produce un fenómeno muy particular a causa de la distorsión que genera el propio impedimento de reelección inmediata establecido en la reforma del 2015”.

Sobre los riesgos de impunidad y la necesidad de una propuesta de reforma constitucional, José Tello mencionó que existen consecuencias de no corregir estos vacíos normativos de cara a los próximos comicios e instó a restablecer la reelección por un solo periodo consecutivo para evitar el monopolio del poder y la elusión del reglamento. ❖

En reemplazo de Tito Rojas, la diputada Jessica Pérez fue designada como representante de Juntos por el Perú en la Comisión. La integran también Mery Infantes (Fuerza Popular), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación).

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De acuerdo con trascendidos periodísticos, Tito Rojas habría firmado planillones en 2011 para que el Movadef pudiera inscribirse como partido político. El ahora diputado ha rechazado cualquier vínculo con dicha organización. "No tengo nada que ver con el Movadef. En el 2012 me investigaron por el delito de apología al terrorismo cuando encabezaba movilizaciones de protesta en Puno; sin embargo, en el año 2017 archivaron el proceso judicial porque no encontraron pruebas", sostuvo.

Otro de los nombres que se barajó en la bancada de Juntos por el Perú para reemplazar a Tito Rojas fue el de la diputada Azucena Isla Rojas. No obstante, finalmente se optó por designar a Jessica Pérez para el cargo.

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En el sistema bicameral, solo los diputados pueden presentar proyectos de ley. Si una iniciativa se aprueba en la Cámara Baja, pasa al Senado para su revisión final. La Cámara Alta puede ratificarla, modificarla o archivarla, según el reglamento. Este mecanismo reemplaza al esquema unicameral que rigió el Congreso peruano durante más de dos décadas.

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César Holguín es diputado por Cusco y portavoz de la bancada Ahora Nación. Presentó dos propuestas. Una busca derogar las llamadas leyes procrimen, aprobadas en el Congreso anterior. La otra plantea eliminar la norma que traslada al fuero militar policial el juzgamiento de policías y militares que usan la fuerza en el cumplimiento de sus funciones. Indira Huilca, también de Ahora Nación, presentó la tercera iniciativa: modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para que las sesiones dejen de ser virtuales.

La composición de las comisiones se definió esta semana. La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados llegó a un acuerdo el 4 de agosto. El Pleno ratificó esa distribución este miércoles 5 de agosto. Desde esa fecha, cada comisión cuenta con un plazo para analizar y dictaminar los proyectos que le corresponden.

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Derogación de las leyes procrimen e impunidad para policías y militares: las dos propuestas de César Holguín

César Holguín, diputado por Cusco y vocero de Ahora Nación, presentó dos proyectos en los primeros días de la nueva legislatura. Uno busca derogar diez normas conocidas como las leyes procrimen. El otro plantea eliminar la Ley N.° 32735, llamada ley de impunidad militar policial. Ambas iniciativas comparten un mismo destino: la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El primer proyecto, presentado el 29 de julio, apunta contra un paquete de normas aprobadas entre 2023 y 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte. Entre ellas figura la llamada "Ley Soto", que redujo a un año el plazo de suspensión de la prescripción penal, y otra norma que recortó a ocho meses el plazo para los procesos de colaboración eficaz. El proyecto busca restituir el texto de esas leyes al que regía antes de esas modificaciones.

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El paquete también incluye cambios que, según el propio texto, debilitaron la persecución de la corrupción. Una de las normas eximió a los partidos políticos de sanciones como el cierre o la disolución, incluso si su estructura sirvió para encubrir delitos. Otra exigió sentencia firme antes de iniciar un proceso de extinción de dominio, lo que retrasa la incautación de bienes de origen ilícito. El Ministerio Público advirtió en enero de 2025 que estas reformas reducían las herramientas de investigación fiscal. El Poder Judicial calculó que el Estado dejó de recuperar cerca de 50 millones de dólares en 2025 solo por las restricciones a la extinción de dominio.

El segundo proyecto, presentado en agosto, ataca un problema distinto. La Ley N.° 32735 se publicó el 21 de julio, en medio de cuestionamientos, y amplió la definición de "delito de función" para policías y militares. Con esa definición más amplia, agentes que cometen delitos comunes pueden terminar juzgados en el fuero castrense en lugar de la justicia ordinaria. La norma también dispone que, ante un conflicto de competencia, debe preferirse la jurisdicción militar policial.

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El proyecto de Holguín describe los efectos prácticos de esa ley. Según el texto, permite el traslado automático de causas penales contra policías y militares hacia el fuero militar, incluso en procesos con condena de primera instancia. También contempla el archivo de investigaciones en trámite y la anulación de antecedentes judiciales, sin necesidad de audiencia previa. Amnistía Internacional advirtió que la norma "pone en grave riesgo la independencia judicial y la posibilidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia".

Los dos proyectos coinciden en un punto: ambos buscan revertir normas aprobadas por el Congreso anterior, en el tramo final del gobierno de Dina Boluarte. Holguín sostiene, en ambos casos, que esas leyes debilitaron al Estado frente al crimen organizado o generaron riesgos de impunidad para las fuerzas del orden.

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Trabajo presencial en el Congreso: el proyecto de Indira Huilca

La propuesta de Indira Huilca (Ahora Nación) modifica dos normas a la vez: el artículo 26 del Reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 27 del Reglamento del Congreso. El objetivo es que la presencialidad deje de ser una costumbre y se convierta en una obligación escrita. El texto, presentado el 3 de agosto, lleva la firma de Huilca junto a la de César Holguín, Marleny Arminta y otros congresistas.

El proyecto sustenta su pedido con cifras de ausentismo. Cita, por ejemplo, que el 25 de mayo de 2023 solo 85 legisladores estuvieron físicamente presentes en el hemiciclo desde el inicio de una sesión del Pleno. También recuerda que, en junio de 2026, hasta nueve comisiones —entre ellas Ciencia, Producción, Defensa y Ética— sesionaron casi vacías. Para Huilca, ese patrón se repite pese a que la emergencia sanitaria por la Covid-19 terminó en 2023.

La modificación no elimina la modalidad virtual por completo. El texto establece que la participación a distancia solo se permitirá cuando un diputado o senador tenga licencia por viaje fuera de Lima, por encontrarse en el extranjero o por enfermedad. Fuera de esos supuestos, la presencia física será obligatoria tanto en el Pleno como en las comisiones.

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Huilca adelantó que su bancada evalúa acelerar el trámite del proyecto. "Vamos a evaluar la posibilidad de poder exonerar lo del trámite de comisiones, dado que es un tema en el que hay un amplio consenso", explicó la diputada. Agregó que esa dinámica ya funcionaba antes en el Congreso y que varios congresistas coinciden en aplicarla desde el inicio del periodo bicameral. Si la exoneración se aprueba, el proyecto pasaría directo a votación en el Pleno, sin pasar antes por la comisión de Reglamento.

La diputada se mostró confiada en el respaldo a su propuesta. "Creo que hay una mayoría en todo caso que respalda esta propuesta, porque necesitamos volver a trabajar de forma presencial, garantizar que se disputan adecuadamente las leyes y queremos un mensaje de compromiso con la ciudadanía", afirmó.

Huilca adelantó también que integrará la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Esta última es la misma que revisará los dos proyectos presentados por César Holguín. "Ya estaría por confirmado, esas normas tendrían que pasar a la comisión de justicia y derechos humanos", indicó, al confirmar el destino de las iniciativas contra las leyes procrimen y el fuero militar policial.

El pedido, presentado el pasado 22 de julio, se convierte en el primer caso en el que un efectivo policial invoca la recién promulgada Ley 32735 para librarse de los tribunales ordinarios.

Esta solicitud escrito marca un precedente, pues se trata del primer intento formal de un miembro de las fuerzas del orden para acogerse a la Ley 32735, aprobada recientemente, para retirar del Poder Judicial una investigación contra un policía y clasificar su actuación durante las protestas como un "delito de función" bajo la justicia castrense.

En el recurso presentado ante el tribunal civil, la defensa del agente argumenta que los hechos ocurrieron mientras cumplía órdenes para desbloquear vías durante un estado de emergencia, por lo que exige la aplicación de la nueva norma.

“El recurrente viene siendo procesado por hechos que representan cumplimiento de función y estos se dieron bajo el marco jurídico del Estado de Emergencia”.

Bajo este marco legal, el abogado del imputado solicita al juez ordinario archivar la investigación penal iniciada por la Fiscalía común en un plazo no mayor a 30 días, anulando las medidas cautelares vigentes y transfiriendo las actuaciones al fuero castrense. "Se emita el Auto de Transferencia de Competencia al Juzgado Penal Militar Policial Competente".

Frente a esta solicitud, especialistas han advertido sobre el peligro que representa trasladar casos de violaciones a derechos humanos hacia tribunales integrados por los propios miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía.

Una herramienta para la impunidad

Al ser consultado sobre el alcance de este pedido y el uso de la nueva legislación por parte de la defensa, el abogado Carlos Rivera, especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL), cuestionó la solicitud al favorecer la impunidad en este tipo de casos.

"Este pedido busca sacar del fuero común una investigación por violaciones a los derechos humanos para llevarla a un fuero que no garantiza independencia. La Ley 32735 está siendo utilizada como una herramienta para generar impunidad en los casos de las protestas".

En esa línea, Rivera indicó que la norma amplió la figura del delito de función para abarcar cualquier operativo en estado de emergencia, hecho que perjudica encontrar la justicia a los familiares de las víctimas.

"La ley permite un pedido tan fuera de la norma e inconstitucional como el que se ha hecho. Esta legislación crea nuevos mecanismos que imposibilitan a los familiares obtener justicia pronta. Lo que quieren es un fuero complacente, como lo fue la justicia militar en el pasado en casos como Acomarca o del Grupo Colina, donde actuó como una pantalla de impunidad. La justicia no está para ser amiga de nadie. Lo único que le queda a las víctimas es que los jueces inapliquen esta norma por ser abiertamente inconstitucional".

Además, al evaluar los mecanismos de control que tiene el juez frente a este pedido y el alcance de la ley, el abogado Carlos Rivera advirtió sobre la falta de sustento técnico de la solicitud, pues no se tiene conocimiento de un proceso previo en la vía castrense.

"La defensa de este policía ha planteado una declinatoria de competencia para que el Poder Judicial entregue el proceso a la justicia militar. Pero ahí hay un problema, porque no tenemos conocimiento de que exista un proceso abierto en la vía militar que permita hacer un pedido de esa naturaleza".

Leyes "pro-impunidad" y ataque a la democracia

Por su parte, Julissa Mantilla, excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comparte la postura sobre la inconstitucionalidad de la medida y coincide en que este pedido era un escenario totalmente previsible tras la aprobación del marco legal.

"Esta ley sobre delito de función no debe verse de forma aislada, sino dentro de un paquete que yo llamo 'leyes pro-impunidad'. (…) Era evidente que esta norma se estaba dando para beneficiar a acusados por violaciones a los derechos humanos y pasarlos al fuero militar”.

Además, agregó que la Corte IDH ha establecido de forma reiterada que las afectaciones a civiles jamás pueden ser tratadas bajo la jurisdicción castrense.

La especialista señaló también que ordenar el archivo o traslado de investigaciones en plazos breves atenta contra las garantías del debido proceso y la independencia de poderes.

"Esta ley no solo amplía la noción de delito de función, sino que le da la potestad al Fuero Militar de ordenarle al Fuero Civil que le entregue las causas. Eso nos lleva a la destrucción de los rezagos democráticos (…) No puede ser que el Congreso, por iniciativa de Fuerza Popular, decida aprobar una norma inconstitucional y el juez deba aplicarla”.

Mantilla detalló que quien dispone cómo debe fallar la justicia son los jueces, quienes además tienen el deber de realizar un control de convencionalidad e inaplicar este tipo de solicitudes.

Sin embargo, para la experta, existen represalias y persecución de fiscales y jueces que han inaplicado este tipo de leyes inconstitucionales.

“Han hecho lo correcto y la represalia que están sufriendo es la denuncia ante la Junta Nacional de Justicia”.

Adicionalmente, Mantilla felicitó a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien en un discurso recordó que la justicia no puede depender del poder ni de las influencias.

Presentan proyecto para derogar "leyes pro crimen"

La bancada de Ahora Nación presentó un proyecto de ley, impulsada por el diputado César Augusto Holguín Loaiza, donde plantea la derogación integral del marco normativo catalogado por diversos sectores como "leyes pro crimen".

El proyecto de ley busca restablecer las capacidades operativas e investigativas del Estado en la persecución de la corrupción, la minería ilegal, las redes criminales y los abusos a los derechos humanos, restituyendo los textos originales del Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley contra el Crimen Organizado que regían antes de las recientes reformas aprobadas por el Congreso.

La resolución ministerial está firmada por Rogers Martín Valencia Espinoza, quien a su vez ocupa la cartera de Comercio en el nuevo gobierno fujimorista luego de haber tenido ya esta experiencia en otro gobierno. Valencia Espinoza también fue ministro de Comercio durante la gestión de Martín Vizcarra, ocupando el puesto entre abril y diciembre de 2018

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Otras figuras que también vienen de otros gobiernos

El Gobierno de Keiko Fujimori también designó a Erick Lahura como viceministro de Hacienda y a Miriam Ponce como viceministra de Gestión Pedagógica, cargos que ambos ya habían desempeñado durante la administración de la expresidenta Dina Boluarte. Las resoluciones que oficializan estos nombramientos fueron publicadas este martes en el Diario Oficial El Peruano. Lahura ocupó ese viceministerio entre noviembre de 2024 y julio de 2025.

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Por su parte, Miriam Ponce también integró el Ministerio de Educación como viceministra de Gestión Pedagógica y, posteriormente, ejerció como ministra entre septiembre de 2023 y abril de 2024, hasta ser reemplazada por Morgan Quero tras presentar su renuncia. Además, el Ejecutivo nombró a Rossella Leiblinger Carrasco como directora general de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Durante el gobierno de Boluarte, Leiblinger estuvo al frente de la Jefatura Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

Sin embargo, un día antes del límite legal, el médico renunció a la postulación. De este modo, si Renovación Popular gana las elecciones, López Aliaga asumiría la alcaldía de Lima, eludiendo así la norma que impide la reelección inmediata.

El JEE admitió la lista mediante una resolución emitida el 4 de agosto. La solicitud de inscripción fue presentada por Fernando Sandoval Ruiz, personero legal titular de la agrupación política.

El órgano electoral justificó la medida al confirmar que la nómina no recibió ninguna tacha o impugnación dentro de los plazos legales establecidos.

"Ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 35 del Reglamento sin que se haya formulado tacha contra la lista de candidatos ni contra alguno de sus integrantes".

La resolución emitida por el tribunal cuenta con las firmas de la presidenta Ysabel Dorotea Garro de la Peña, los miembros Marcos Villalta Infante y Vilma Escobar Honorio, y el secretario jurisdiccional Oscar Américo Liendo Álvarez.

Los magistrados dispusieron la publicación del fallo en el Portal Electrónico Institucional del JNE y la notificación formal al personero del partido para continuar el proceso electoral.

Quisiera que crezcan creyendo que votar, estudiar, elegir su camino y hacer oír su voz es lo más normal del mundo. Ojalá nunca tengan que preguntarse por qué hubo un tiempo en que las mujeres no podían hacerlo. Pero también tengo que recordarles que nada de eso fue un regalo.

Cada derecho que hoy parece obvio fue una conquista. Mujeres, antes que ustedes y antes que yo, desafiaron prejuicios, leyes injustas y un orden que les decía cuál era su lugar. Ocupábamos el hogar y hoy ocupamos el mundo.

Les escribo porque hay días en que me preocupan los silencios. Como cuando escucho un mensaje a la Nación en el que las mujeres simplemente no existimos. Entonces recuerdo que los derechos también pueden retroceder. No se pierden de un día para otro; se erosionan cuando dejamos de defenderlos o cuando creemos que ya están garantizados.

No les escribo para que vivan con miedo. Les escribo para que vivan con memoria. Pregunten. Conversen con su mamá, con sus abuelas, con las mujeres de su familia. Descubran qué obstáculos enfrentaron y qué puertas tuvieron que abrir para que ustedes pudieran atravesarlas.

Algún día les dirán que estas luchas ya pasaron, pero no es así. Mientras exista una sola mujer cuyos derechos puedan retroceder, habrá algo que proteger.

Y, cuando les toque estar al frente, recuerden que nada de lo conquistado se sostiene solo. Se sostiene porque hay mujeres que no olvidan de dónde vienen sus derechos y porque otras deciden defenderlos.

Con todo mi cariño y con la esperanza de que nunca olviden lo que nos costó llegar hasta aquí, les pido una sola cosa: honren nuestra lucha. Honren la memoria de quienes las precedieron. Y dejen el camino un poco más ancho para las mujeres que vendrán.

Con amor,

Su tía.

*Hoy teje: María Elena González Azurín, ciudadana activa.

Durante una entrevista con Rosa María Palacios en el programa 'Sin Guion', de La República, Humala responsabilizó directamente al entorno de Alan García y a los grupos de poder económico de impulsar un ensañamiento mediático y judicial para frenar su ascenso.

“En su ceguera, en su odio, en el 2011, en su miedo a que Nadine pudiera ser la candidata natural del Nacionalismo para el 2016, (…) comienza a trabajar el tema de la pareja presidencial, la relección conyugal y todas las baterías se van contra ella”, dijo.

Además, el expresidente reiteró que después de su gobierno continuó la persecusión política y judicial centrada en su esposa.

“Es una mujer joven, en ese momento no había llegado ni a 50 años. Si no la destruías ahí, podía entrar en el 2021 o en 2026, podía haber candidateado ahora. Entonces, había que eliminarla, y es por eso que continúa con la persecución política y judicial pero ya más centrada en Nadine", sostuvo Humala.

Además, cuestionó que la fiscalía haya tratado a su esposa como si hubiese sido funcionaria pública —imputándole cargos y dictándole medidas restrictivas—, a pesar de que el rol de primera dama no constituía un cargo ejecutivo en el Estado.

Asimismo, el líder nacionalista denunció que el proceso penal trascendió el ámbito judicial hasta convertirse en un "ensañamiento salvaje" contra su entorno más cercano, incluyendo a sus hermanos y a su madre. Al describir el impacto familiar y la dispersión de su familia tras años de investigación, mencionó: "Hoy día mi familia es una diáspora".

Señala a Alan García y a sectores económicos

Respecto a la autoría de esta campaña, Humala señaló al fallecido expresidente Alan García. Indicó que se buscó utilizar al Partido Nacionalista como "chivo expiatorio" para desviar la atención de las investigación de corrupción de gestiones anteriores. "El cabecilla de todos estos políticos ha sido Alan García", dijo.

Por otro lado, adelantó que presentarán recursos para solicitar el archivo de las demás investigaciones y que darán la batalla legal para que el Jurado Nacional de Elecciones les devuelva la inscripción oficial del Partido Nacionalista Peruano.

Humala no descartó emprender acciones legales de reparación contra las instituciones estatales. "Debo denunciar al Estado que ha actuado de esta manera. Eso implica el reconocimiento de que acá actuaron mal, y yo no puedo permitir que esto quede impune. El Estado me tiene que pedir disculpas a mí y a mi familia", concluyó.

“Me complace informarle que, sobre la base del Acuerdo Marco para el sector terrestre suscrito el 9 de diciembre de 2025 entre el Ejército del Perú, FAME S.A.C. y Hyundai Rotem, el Ministerio de Defensa del Perú tiene programado suscribir el contrato del proyecto basado en el Tanque Principal de Batalla K2 (‘Black Panther’) a más tardar en junio de 2026”, escribió el exministro Amadeo Flores a su par coreano Ahn Gyu-back.

Fechada el 26 de mayo de este año, la misiva de Flores se refería a un acuerdo firmado durante el mandato del expresidente José Jerí, que comprende la venta, con la participación de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), de 54 tanques K2 “Black Panther” y 141 blindados K808 “White Tiger” por aproximadamente US$5.000 millones.

El exministro Amadeo Flores estaba tan seguro de la adquisición de los carros de combate que pidió al ministro Ahn Gyu-back que hiciera posible que la fábrica Hyundai Rotem trasladara a Lima modelos del K2 “Black Panther” para que participaran en la parada militar del 29 de julio, y le extendió la invitación para que él mismo asistiera a la ceremonia patriótica peruana.

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Ilusiones de papel

Amadeo Flores requirió, además, que se sumen al desfile ejemplares de los blindados de ocho ruedas K808 “White Tiger”, que el Ejército compró por intermedio de FAME a Hyundai Rotem en 2024.

“Bajo la premisa de la materialización del mencionado contrato, el Ministerio de Defensa del Perú solicita a Ud., formalmente, que se tramite ante la empresa Hyundai Rotem la participación del Tanque Principal de Batalla K2 y del Vehículo Blindado a Ruedas K808 en la Ceremonia Oficial por el Día de la Independencia del Perú, a llevarse a cabo el próximo 28 de julio de 2026. En este contexto, solicito amablemente el valioso interés y apoyo de Su Excelencia y del Ministerio de Defensa Nacional para facilitar la participación del Tanque K2 y del Vehículo Blindado K808 en dicha actividad”, escribió el exministro Amadeo Flores.

En pleno proceso de cambio de gobierno, desde el Ministerio de Defensa pretendieron forzar un multimillonario contrato cuando se sabía por información científica que el fenómeno El Niño tendría un impacto devastador. Gastar US$5.000 millones en tanques y blindados no estaba considerado.

Pero para el equipo del exministro Amadeo Flores, la prioridad era otra.

“Consideramos que la presentación de dichos sistemas de armas (los “Black Panther” y los “White Tiger”), en una fecha tan significativa, constituirá una oportunidad excepcional para mostrar directamente al pueblo peruano un ejemplo exitoso de la cooperación bilateral en defensa”, apuntó el exministro.

Sin embargo, el proceso ni siquiera había pasado a consideración de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), como ocurrió en el caso de la adquisición de la flota de cazas F-16 Block 70.

Empero, el extitular del Ministerio de Defensa, dejó fuera de toda duda la cristalización de la firma del contrato con Hyundai Rotem, la fábrica de los tanques y blindados. Por eso se atrevió a sugerirle a Ahn Gyu-back enviar a una autoridad de su país para que asista al desfile castrense y a un representante de Hyundai Rotem.

“A fin de garantizar el éxito de este magno evento, el cual reviste una gran trascendencia para la cooperación de defensa entre el Perú y Corea, solicitamos respetuosamente la presencia del Gobierno de la República de Corea y del Presidente de Hyundai Rotem (Lee Yong-bae), para que nos honren con su asistencia a este magno evento”, escribió el entusiasmado exministro de Defensa.

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Borrados del desfile

Efectivamente, el seis de julio arribaron al puerto del Callao tres tanques K2 “Black Panther” y seis blindados K808 “White Tiger”. Lo que siguió no estaba en los planes del Mindef.

Por el contenido de la comunicación escrita por Amadeo Flores, puede inferirse que daba por hecho la consumación del contrato: “Estamos firmemente convencidos de que este avance representa un hito fundamental cimentado en la confianza mutua y la cooperación bilateral. Asimismo, marcará el punto de partida para expandir y consolidar de manera estratégica las relaciones en el ámbito de la defensa terrestre entre el Perú y la República de Corea”.

Pero no sucedió lo programado.

El 29 de diciembre, los carros de combate fueron remolcados desde el Centro de Mantenimiento de Blindados (CEMABLIN), en el Fuerte “General de División Rafael Hoyos Rubio”, en el distrito del Rímac, hasta la avenida Brasil, pero no desfilaron, como reportó La República. Tampoco hubo firma del contrato, y mucho menos se presentó en Lima el ministro coreano Ahn Gyu-back.

Solo fueron parte de la parada militar los seis blindados K808 “White Tiger”.

Como informó este periódico, el Ministerio de Defensa decidió suspender el desfile de los carros de combate K2 “Black Panther” por falta de recursos para pagar el adelanto de US$1.500 millones, necesarios para la suscripción del contrato.

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El niño es primero

El propio Ministerio de Defensa comunicó por escrito a este diario que la decisión de cancelar la presentación de los tanques K2 “Black Panther” se debió a que no son parte del material bélico, ya que no se firmó el contrato de adquisición por falta de recursos públicos.

“Durante este año se han realizado gestiones administrativas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para incluir en la Ley de Endeudamiento una disposición que permita tener el espacio fiscal para una operación de endeudamiento a fin de financiar la adquisición de los tanques K2 ‘Black Panther’),, la que se materializaría en el 2027, con el procedimiento de concertación para la asignación de los recursos y se efectivice dicha adquisición”, reportó el Ministerio de Defensa a este periódico.

“Es preciso indicar que este año, durante la gestión del Presidente Balcázar, se evaluó la posibilidad de adelantar una parte de la adquisición de tanques, para lo cual se gestionaría los recursos ante el MEF, lo que motivó la solicitud de la participación para una muestra de sus capacidades en campo”, reconoció el despacho de Defensa.

“Sin embargo, debido a la repriorización de necesidades por el agravamiento de los escenarios del fenómeno El Niño, no se pudo continuar con el proceso planificado, no habiéndose suscrito contrato alguno. Lo que no hizo posible que los tanques participaran en el desfile cívico-militar del 29 de julio”, concluyó el Ministerio de Defensa.

En el borrador del proyecto de delegación de facultades legislativas del gobierno de Keiko Fujimori no aparece la adquisición de equipamiento militar, especialmente para los programas de Inversión para Batallones de Infantería Mecanizados (BIMEC) y Regimientos de Caballería Blindados (RCB), que incluye la compra de los K2 “Black Panther”.

Lo más probable es la postergación de la suscripción del contrato.

Será una buena oportunidad para que las nuevas autoridades gubernamentales, especialmente del Ministerio de Defensa, revisen el proceso que determinó la elección del carro de combate K2 “Black Panther” fabricado por Hyundai Rotem.

Según algunas fuentes castrenses, el convenio firmado el 9 de julio de 2025 entre el Ejército, FAME y Hyundai Rotem se pretende utilizar como pretexto para no convocar a una licitación internacional para que compitan varias fábricas por igual.

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• Anillo al dedo. Después de la firma del convenio entre el Ejército, FAME y Hyundai Rotem, la Comandancia General del instituto armado ordenó que un Comité Técnico Operativo (CETO) identifique un modelo de tanque.
• A pedir de boca. Para simular una competencia el CETO solicitó cotizaciones a algunas empresas. Al final decidió que el modelo que debe reemplazar al tanque soviético T-55 es el K2 “Black Panther” de Hyundai Rotem, empresa que firmó el convenio del 9 de diciembre de 2025 con el Ejército.

La iniciativa plantea modificar el Reglamento del Congreso y el de la Cámara de Diputados. El propósito central es "garantizar como regla general el trabajo parlamentario presencial y regular la virtualidad como modalidad excepcional en supuestos objetivamente justificados".

Con ello, los senadores y diputados deberán asistir de forma obligatoria a las sesiones del Pleno, en la Comisión Permanente y en las comisiones de trabajo a las que pertenezcan.

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De aprobarse este proyecto de ley, las conexiones virtuales quedarán limitadas a casos específicos. Según el texto, "la participación virtual solo será permitida cuando las y los diputados [y senadores] se encuentren de licencia por viaje fuera de Lima o en el extranjero, así como con licencia por enfermedad".

La legisladora señaló que el objetivo principal es acabar con la práctica de los "escaños vacíos" y las "votaciones fantasma" durante los debates, situaciones que han afectado la imagen del Parlamento ante la ciudadanía en los últimos años.

Con este cambio, se busca asegurar que las autoridades elegidas cumplan con debatir y votar de manera presencial en ambas cámaras.

Su renuncia se formalizó mediante un oficio presentado este 4 de agosto ante la Mesa de Partes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro. En el documento, Rubio señala que toma la decisión por "razones estrictamente personales", a pesar de que su candidatura ya había sido admitida por la autoridad electoral el pasado 26 de julio.

El documento —firmado por Rubio y presentado en 4 folios— se ampara en la Ley de Elecciones Municipales y pide la certificación de su firma ante el Secretario General del JEE para validar su salida formal del proceso electoral.

La renuncia de Rubio era previsible. A solo un día de que venza el plazo límite, 5 de agosto, el candidato dimitió “por motivos personales”. Sin embargo, su renuncia le deja el camino libre a López Aliaga, quien asumiría automáticamente la alcaldía por ser el primer regidor de la lista, en caso ganara las elecciones.

En diálogo con La República, el abogado experto en derecho electoral y constitucional, Kevin Advíncula, detalló el procedimiento y las implicancias jurídicas de la presentación de renuncia de un candidato al sillón municipal.

El especialista precisó que la sola presentación del documento por motivos personales no cierra el caso de inmediato. Aunque cumple con los requisitos formales y materiales, corresponde que el JEE emita un pronunciamiento. "La declaración de motivo en el escrito de renuncia es la justificación formal, pero no limita por sí sola la competencia del JEE para realizar el control de legalidad material", señaló Advíncula.

Aunque la renuncia no ha sido decidida por el JEE, si se aceptara, sería pasible de ser impugnada ante el pleno del JNE, que deberá tomar una decisión de acuerdo con la Constitución y determinar "si hay un vicio desde origen y si las normas han sido instrumentalizadas", señaló el experto.

La lista se mantiene en carrera

Respecto a si la salida del titular pone en riesgo la participación del partido, el abogado aclaró que la renuncia a la cabeza de la fórmula “no acarrea por sí sola la nulidad de la inscripción”. En esa línea, agregó que “el sistema electoral municipal opera bajo la lógica de una sucesión dentro de la propia lista". Por ello, si se admite dentro del plazo, el orden se reacomoda y “quien ocupa el primer lugar de regidores pasa a ser en los hechos el candidato remanente".

Sobre la legitimidad de que López Aliaga asuma el sillón municipal y su posible conflicto con la prohibición de la reelección inmediata, Advíncula indicó que, aunque la figura de postular a un cargo distinto es defendible en el papel, existe un riesgo jurídico.

"El JEE y el JNE tienen bases normativas suficientes para determinar si existen indicios objetivos de que la candidatura fue instrumentalizada para luego ceder el paso al primer regidor", explicó. Además, adviritó que de no evaluarse de fondo, se "estaría produciéndose una reelección encubierta".

El especialista también indicó que este caso pone en evidencia la necesidad de una reforma normativa integral en el país. "El sistema electoral peruano está disperso en cerca de 48 reglamentos y no en un código electoral sistematizado; eso hace que muchas veces se hagan parches y existan deficiencias", manifestó Advíncula. Y agregó que este tipo de maniobras buscan "ciertos vacíos legales para transgredir la Constitución y la ley, generando un fraude al ciudadano".

“Por supuesto existen vacíos, no solamente en este tipo de hechos... Existen temas que son sensibles que deberían verse con urgencia para que no exista el fraude al ciudadano. Porque lo que se está haciendo con esto es prácticamente buscando ciertos vacíos para transgredir con lo que dice la Constitución y la ley, generando un fraude al ciudadano”.

"Un acto írrito y nula legitimidad"

Por su parte, el abogado experto en temas electorales, Jorge Jáuregui, cuestionó la validez de todo el proceso, así como el rol de las autoridades electorales al permitir que López Aliaga integre la fórmula municipal manteniendo su condición de parlamentario electo.

En conversación con La República, Jáuregui señaló que el caso va más allá de un trámite administrativo y abre la puerta a reclamos legales más severos. "Esto podría acarrear un pedido de nulidad de la elección. El señor Rafael López no está habilitado constitucionalmente para participar en esta elección", sostuvo.

Según el especialista, el Jurado Nacional de Elecciones fue más allá de sus competencias al avalar la situación de López Aliaga. "El JNE ha ido más allá de sus capacidades legales, es absolutamente írita y carente de fundamento jurídico la decisión que tomaron. Una vez producida una elección, el JNE no tiene capacidad legal para decidir quiénes reciben credenciales o mover listas", agregó.

Jáuregui mencionó que, si López Aliaga llega al sillón municipal tras la renuncia del titular, carecerá por completo de respaldo ciudadano directo para el cargo. "¿Qué nivel de legitimidad tendría un alcalde que llega únicamente por sucesión? Ninguna, carece absolutamente de legitimidad". A su juicio, este tipo de maniobras reflejan una afán de poder donde la legitimidad ciudadana pasa a segundo plano.

"A liderazgos como estos les importa muy poco la legitimidad o lo que la gente piense. Hacen todo lo que tienen que hacer, se alían con quien tienen que aliarse para llegar al cargo, pagar los intereses, pagar con dinero público, pagar con beneficios a quienes los apoyaron y punto, y el sistema circula", señaló Jáuregui.

El especialista también advirtió que el caso de Lima Metropolitana es el reflejo de un deterioro profundo del sistema político e institucional en el país. "Lo que estamos viendo en estas elecciones generales y municipales de 2026 es el fin de la fe en que la democracia liberal pueda funcionar".

Jáuregui consideró que este tipo de estrategias dejan en evidencia una degradación de las reglas de juego democráticas y el aprovechamiento de tecnisismos legales para evadir la prohibición de la reelección. “Se utilizan vacíos y normas para transgredir el espíritu de la Constitución, afectando directamente la representación ciudadana", mencionó para el medio.

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Antes de conocerse el primer gabinete de Keiko Fujimori, la actriz nos comentó que su expectativa estaba en los liderazgos que puedan surgir de la oposición. “Hay una tendencia de derecha, una inclinación hacia el autoritarismo, hay un claro anuncio de recorte de libertades, y eso no es novedad para nadie; no tiene solo un color político. El conservadurismo diría que casi no tiene ideología. Perú Libre y el fujimorismo fueron los grandes socios de la temporada. Entonces, lo que toca es despertar, estar atentos”.

En cuanto al Colegio de Artistas, la excongresista Susel Paredes entregó un proyecto para la derogatoria de la ley a la diputada Indira Huilca.

Varios cineastas dicen que el panorama es más difícil que en los 90. ¿Coincides?

Lo que pasa es que el gran riesgo o lo que hemos tratado de evitar todos estos años, es que todo aquello oscuro, bajo la mesa, soterrado, informal, se institucionalice. Entonces, está pasando con lo que hacen con la policía, con las manifestaciones públicas, con los derechos humanos y ahora con la cultura.

Delia Espinoza les recomendó ser un grupo sólido. ¿Tienen planes de agruparse formalmente?

Somos un gremio atomizado porque somos una fuerza laboral precaria. El 5 o 10 por ciento de la fuerza laboral artística es la que tiene un trabajo estable, pero la mayoría son trabajadores informales, con una economía inestable, con las mismas incertidumbres que millones de peruanos que la están pasando mal. Entonces, en el medio de eso hay que lidiar con la frustración y encontrar una energía que nos hermane y nos permita sostener un mismo frente, a pesar de nuestras diversidades de ideología.

¿Han contemplado que algunos ya empiecen a colegiarse?

La idea es que la ley se derogue, pero hay precariedad y si no estamos informados y ofrecen algo de formalidad, un revestimiento de cobertura, de seguridad, habrá gente que va a decir: “Bueno, esto es mejor que nada”. Hay que explicar que el fondo de esto es un atentado contra la libertad: desde regular contenidos y no dar acceso a los espacios públicos. El deseo que hay de muchos de nosotros es generar un gremio sólido, tener un respaldo político y de, independientemente de nuestras diferencias, cerrar filas con los no negociables. Y uno de ellos es la libertad.

Es decir, aunque deroguen esta ley, ¿estos foros deben mantenerse en los próximos años?

Sí. Y tenemos que organizarnos. Somos un país donde los sindicatos están mal entendidos y también mal operados. Entonces, todavía no hemos logrado ese nivel de madurez, pero ese es también el gran pendiente y la batalla interna que tenemos. Entender que la representatividad gremial no tiene por qué hacernos sentir ni en falta, ni politizados, ni culpables. Es lo que toca. Ocurre en cualquier país del mundo. Y eso también tienen que entender no solamente los empleadores, sino el Estado y los servidores públicos.

También la ciudadanía, ¿no? Cuando los ven participando en marchas, no falta quien los cuestione y los acuse. ¿A qué responde esto?

Es que se ha instalado el miedo y esa es la mejor arma. La usan la política, la religión. El miedo y la culpa son las dos grandes armas que paralizan al ser humano. Han alimentado tanto la idea de un cuco que no existe, como el comunismo. Ahora el lobo se viste de cordero y te hace creer que te va a salvar de un cuco que no existe. Y estamos más preocupados por eso que por quienes están gobernando y están, cada vez más, recortando nuestros derechos en el mundo entero.

• Colegio de Artistas. La Ley 32645 es considerada “excluyente”. Debido a que no fue una iniciativa que surgió de un reclamo del sector, pero tuvo pocos votos en contra, la excongresista Susel Paredes expuso que era necesario recordar qué partidos avalaron este proyecto. "Esto tiene un contenido político. Votaron a favor de esta ley Perú Libre, Alianza para el Progreso, Acción Popular y, por supuesto, que el fujimorismo votó por la ley de Cerrón. Y no es la primera vez. Ellos han cogobernado desde el Congreso desde su ignorancia, desde su odio". Paredes presidió la Comisión de Cultura del Congreso, pero la ley que crea el Colegio de Artistas fue impulsada en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

De acuerdo con información obtenida por La República, la demanda se presentó al Séptimo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial en algún momento del martes, 21 de julio de 2026.

Si se presentó a primerísima hora, el juez la recibió de inmediato, tiene carga cero, es decir no hay otros casos previos, por lo que se pone en ese mismo momento a evaluar la solicitud de medida cautelar, el plazo en que resolvió es de tres días y medio.

En el sistema de notificaciones electrónicas de la Corte Superior de Justicia de Lima, según los documentos trascendidos a la prensa, el juez resolvió la medida cautelar a las 12.19 p. m. del jueves, 30 de julio de 2026. El documento pasó ese mismo día al secretario del juzgado para su notificación, a las 12.23 p. m.

Los días feriados

Es decir, todo sucedió entre el 21 y 30 de julio, pero debe tenerse en cuenta que el 23 de julio fue feriado, luego 25 y 26 corresponden al sábado y domingo, el 27 de julio fue día libre compensable en la administración pública, 28 y 29 feriado.

Eso deja para el estudio del expediente y resolver el mismo 21 de julio que ingresa la demanda, el 22 y 24 de julio y las primeras horas del 30 de julio. Esos son tres días y medio. Ahora, si suponemos que se trata de un funcionario esforzado, que los hay en el país, y se llevó el trabajo a su casa, debemos suponer que lo mismo hizo con otros expedientes, por lo que el tiempo dedicado al tema de El Comercio no puede ser mucho mayor a lo ideal.

En este punto, sería interesante que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial realice una verificación en el sistema informático para establecer una variación en el rango de resoluciones resueltas por el Séptimo Juzgado Civil Comercial en días feriados con respecto a días naturales. 

Podría, a lo mejor, el juez Varillas Solano ser reivindicado y reconocido como un magistrado ejemplar. Pero, la realidad nos dice lo contrario, es imposible resolver un caso complejo, en un corto espacio de tiempo aun cuando el magistrado lo lleve a su casa. Nunca es un expediente. Hay un monto de expedientes por resolver. ¿Por qué este y no aquel?

Modalidad

Pero, más allá del caso El Comercio, en muchas indagaciones realizadas por la desaparecida Oficina de Control de la Magistratura y la actual Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, aparece ese mismo fenómeno: celeridad en la admisión y resoluciones de medidas cautelares que resultan controversiales.

El otro detalle, también observado en este caso, es la baja garantía o contra cautela que exige este juez. Este es un tema que la Procuraduría ha pedido investigar en múltiples ocasiones en los órganos de control y la fiscalía. Son estas decisiones céleres que luego Varillas Solano no ha podido justificar las que le han merecido sanciones de multa económica, suspensión en el ejercicio de la magistratura por dos años, procesos penales con restricciones y pedidos de destitución.

Juan Varillas Solano no es el único caso en los Juzgados Civiles de Derecho Comercial. Otros de sus colegas siguen el mismo patrón para dictar medidas cautelares a granel.

Fama internacional

El accionar del juez Juan Varillas Solano tiene fama internacional. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tenido que emitir diversos mandatos requiriendo al juez dejar sin efecto medidas cautelares que impedían la ejecución de cartas fianza de instituciones bancarias extranjeras vinculadas a normativas comunitarias.

El 12 de enero de 2022, Varillas otorgó una medida cautelar en favor de Colombiana Kimberly Colpapel Kimberly-Clark Ecuador contra el Banco Guayaquil para evitar el cobro de una millonaria carta fianza.

En el caso del Senado, las comisiones que tendrán 12 miembros son: Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo, Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor, Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital, Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría y Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

En cada una de estas comisiones, Fuerza Popular tendrá cuatro senadores; Juntos por el Perú, tres; Renovación Popular, dos; y el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico OBRAS y Ahora Nación, uno cada uno.

También se realizó la distribución de los integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Inteligencia.

El grupo de trabajo de Ética estará conformado por un senador de cada grupo parlamentario, es decir, tendrá seis integrantes.

La Comisión de Inteligencia estará conformada por cinco miembros titulares y permanentes durante todo el periodo parlamentario. De acuerdo con la distribución proporcional, Fuerza Popular contará con dos representantes, mientras que Juntos por el Perú, Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno tendrán un senador cada uno.

Cámara de Diputados

Por su parte, la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, liderada por Oscar Reto Otero, también definió la distribución de los grupos de trabajo.

Se trata de 16 de comisiones ordinarias legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Los grupos de trabajo que tendrán 26 integrantes son: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría, Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Educación, Cultura y Deporte, Justicia y Derechos Humanos, Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

Mientras que las comisiones que estarán integradas por 20 diputados son: Defensa Nacional y Orden Interno, Desarrollo Agrario, Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos, Energía y Minas, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

También se definió la distribución de las comisiones ordinarias no legislativas. La Comisión de Acusaciones Constitucionales tendrá 26 miembros; mientras que la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo, y la Comisión de Ética Parlamentaria tendrán seis integrantes cada una.

Conformación de la Comisión de Ética

El grupo de trabajo de Ética estará conformado por un integrante de cada bancada y tendrá este encargo por un periodo de dos años.

Los integrantes son: Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), César Tito Rojas (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Heber López Letona (Obras) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

Ruth Luque: “Nos correspondería una Comisión Especial”

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, comunicó que si su bancada no preside ni una comisión en el Senado, solicitarán liderar una comisión especial (Acusaciones Constitucionales, Ética o Control político)

“Nos han informado que, por el cálculo que aplicarían, no nos correspondería. Si por A o B aplicaran esa decisión, por un tema de equidad tendría que correspondernos una comisión especial”, declaró a la prensa.

El grupo de trabajo estará conformado por un integrante de cada bancada, es decir, seis en total.

Los integrantes son: Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), César Tito Rojas (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Heber López Letona (Obras) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

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Tendrán este encargo por un periodo de dos años.

Tras definir quiénes integrarán Ética, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez informó que el Pleno de la Cámara Baja se reunirá el 5 de agosto para ratificar lo acordado.

Harvey Colchado asegura que se investigará a Julián Pérez

Antes de que se conociera la conformación de Ética, el 31 de julio último, el diputado Harvey Colchado se refirió al caso del diputado Julián Pérez (Juntos por el Perú), quien fue denunciado por presunta violencia intrafamiliar y violencia psicológica contra su ex pareja, y aseguró que en la Cámara Baja investigarán el caso.

"Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética también haga la investigación correspondiente y, si es responsable, tiene que ser la sanción que corresponda, porque acá a nadie se va a proteger", dijo.

Y para ratificar su postura dijo que otorongo sí va a comer otorongo y adelantó que dicho tema sería uno de los primeros que se aborden.

"Yo pertenezco a la Mesa Directiva como segundo vicepresidente, estamos en la etapa de la constitución de las comisiones. Entonces, apenas se constituya la comisión, va a tomar el caso", mencionó a la prensa.

Mientras tanto, el parlamentario Christian Aranda Vásquez, integrante de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia formal por faltas éticas contra el diputado Pérez Mallqui.

El oficio solicita la suspensión del ejercicio del cargo y el descuento de haberes por 120 días de legislatura contra el legislador por Cusco. El documento se presentó ante la Mesa de Partes del Congreso y será derivado a la Comisión de Ética una vez que se haya instalado.

Comisión de Ética del Senado

La Junta de Portavoces del Senado, que preside Miguel Ángel Torres Morales, también definió que la Comisión de Ética estará integrada por un representante por cada partido, por lo tanto, serán seis los miembros de este grupo de trabajo.

En el caso del Senado, aún no se ha definido quiénes serán los integrantes.

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, comunicó que si su bancada no preside ni una comisión en el Senado, solicitarán liderar una comisión especial (Acusaciones Constitucionales, Ética o Control político).

"Nos han informado que, por el cálculo que aplicarían, no nos correspondería. Si por A o B aplicaran esa decisión, por un tema de equidad tendría que correspondernos una comisión especial", declaró a la prensa.

“La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para la sociedad porque sin ella queda eliminada la posibilidad de los ciudadanos de recurrir a un juez imparcial para proteger sus derechos. Quiero recordar que cuando se afecta la independencia judicial se pone en peligro la democracia y la vigencia de la constitución", sostuvo Tello.

Tello aprovechó la oportunidad para referirse a las tensiones que mantienen algunas autoridades con algunos jueces por las decisiones que se toman en algunos fallos.

Defendió el ejercicio del control difuso que aplican los jueces y señaló que las discrepancias con una sentencia abren la posibilidad de que la parte afectada interponga los recursos impugnatorios correspondientes. Sin embargo, enfatizó que tales diferencias nunca deben ser motivo para despojar a un magistrado de su cargo.

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“Si se llegara a destituir a un juez o a una jueza, únicamente porque una autoridad discrepa con el contenido de sus decisiones o con su criterio jurisdiccional, se eliminaría por completo la independencia judicial y ello resultaría arbitrario”, sostuvo.

"Mayor gravedad revisten estos ataques cuando provienen no de ciudadanos particulares, sino de actores políticos disconformes con determinadas decisiones judiciales. Más aún, y tengo que subrayar, cuando son parte o sujetos con interés en el resultado de algún proceso", subrayó.

Janet Tello rechaza que se persiga políticamente a militares y policías

Seguidamente, en el mismo sentido, Tello rechazó los señalamiento de que el Poder Judicial persiga políticamente a militares y policías. Aseguró que eso es totalmente falso.

Mencionó que cuando se investigan hechos contrarios a la ley, no configura una “persecución política” sino “buscar la verdad”.

“Enfatizo y reitero, en el Poder Judicial se imparte justicia a todos por igual, sin consignas y sin mirar nombres, cargos ni posiciones políticas, económicas, sociales o de cualquier otra índole. El derecho a la crítica es válido, pero no el insulto”, exclamó.

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Keiko Fujimori recordó decisiones judiciales en su contra

Al momento de su discurso, Keiko Fujimori aseguró que respetará la independencia de poderes y resaltó que cada ciudadano debe acatar las resoluciones así sean adversas.

"En lo personal he vivido en carne propia decisiones judiciales. Acaté las resoluciones que me fueron adversas, confiada en que finalmente se haría justicia. Hoy, como presidenta de la República, declaro ante ustedes y ante la ciudadanía el absoluto respeto de mi gobierno a la separación de poderes, independencia del Poder Judicial, al estado de derecho y a la institucionalidad”, dijo.

Resaltó que "cada decisión (judicial) puede transformar vida, definir destinos y libertades” y que “cada sentencia puede ser fuente de reconciliación y enmienda".

"Sabíamos que algo de esto iba a pasar. No nos agarra por sorpresa, pero nos molesta como si no lo hubiéramos sabido. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se ha preocupado por hacer respetar la ley que establece que los alcaldes no pueden reelegirse. Yo no estoy de acuerdo con eso; me hubiera gustado quedarme un periodo más en Lima, pero no puedo. Han encontrado mecanismos para violar la ley", declaró en el programa 'Que no se te olvide', conducido por Carlos Cornejo en el canal de YouTube de La República.

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El también exministro afirmó que esta situación sienta un precedente terrible y refleja la forma de actuar políticamente de Renovación Popular. Asimismo, cuestionó al JNE por, según dijo, permitir este tipo de mecanismos.

"Nosotros se lo advertimos al Jurado, pero ellos le han permitido renunciar a la candidatura al Senado, cargo para el que pidió el voto de la gente. Es realmente terrible", apuntó.

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Luis Rubio renunció a su candidatura a la alcaldía de Lima

Luis Isael Rubio Idrogo presentó este 4 de agosto su renuncia irrevocable a la candidatura para la Alcaldía Metropolitana de Lima por Renovación Popular, dentro del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El desistimiento fue ingresado ante la Mesa de Partes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro mediante un oficio en el que argumenta que su decisión responde a "razones estrictamente personales", pese a que su postulación había sido admitida el pasado 26 de julio.

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El escrito, suscrito por Rubio y sustentado en la Ley de Elecciones Municipales, solicita la certificación de su firma para formalizar su salida del proceso electoral. Su dimisión se produce a un día del vencimiento del plazo legal para renunciar a una candidatura y, de ser aceptada, permitiría que Rafael López Aliaga —inscrito como primer regidor y teniente alcalde en la misma lista— asuma automáticamente la postulación a la alcaldía.

Sobre el procedimiento, el abogado especialista en derecho electoral y constitucional Kevin Advíncula explicó a La República que la sola presentación de la renuncia no pone fin al trámite, ya que el JEE debe evaluar su legalidad antes de emitir un pronunciamiento. Añadió que, si la renuncia es aceptada, la decisión aún podría ser apelada ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que deberá determinar si existió algún vicio en el proceso o una eventual instrumentalización de las normas electorales.

"Nos gustaría presidir las comisiones de Justicia, Educación, Energía y Minas y Salud. Tenemos varios perfiles que podrían dirigir esas comisiones. Nuestra bancada cuenta con varios maestros, miembros del magisterio y también personas con experiencia en salud psicológica, como la diputada Svieta (Fernández). Pero es algo que todavía no se ha definido y es parte de un consenso al que tenemos que llegar", señaló a este medio.

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El vocero del partido de Roberto Sánchez indicó que Juntos por el Perú aspiraría a presidir cuatro comisiones en la Cámara de Diputados. De acuerdo con fuentes cercanas a este medio, las negociaciones entre las distintas bancadas continúan afinando los últimos detalles y podrían cerrarse en las próximas horas.

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Otras bancadas también definen sus preferencias

Jeeny Samanéz, diputada del Partido Cívico Obras, también confirmó su interés por integrar y eventualmente liderar comisiones vinculadas a su experiencia en materia deportiva. No obstante, precisó que el tema aún viene siendo debatido al interior de su agrupación.

"Vamos a ver ese tema. En lo que a mí respecta, he solicitado al presidente del movimiento Obras y al secretario general, Ricardo Belmont y Daniel Barragán, respectivamente, formar parte de las comisiones de Educación, Cultura y Deporte y de Infraestructura, Vivienda y Transportes. Son los temas que manejo y en los que tengo experiencia", indicó la parlamentaria.

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Desde la bancada oficialista, Diego Bazán, diputado de Renovación Popular, fue más cauto y evitó revelar qué comisiones buscará presidir su agrupación.

"Indiscutiblemente, el bloque que ganó la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tiene la primera opción. Confiamos en que ellos harán un reparto justo y equitativo. Hay algunas comisiones que Renovación Popular pretende, pero no puedo decir cuáles son por ahora", sostuvo.

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Tanto Samanéz como Bazán afirmaron a este medio que, debido al número de curules de sus respectivas bancadas, cada una aspiraría a presidir dos comisiones en la Cámara de Diputados.

Distribución en camino

Las dos fuerzas políticas con mayor representación en el Congreso tendrían el mayor número de presidencias de comisiones en la Cámara de Diputados. Si el reparto se realiza de manera proporcional, Fuerza Popular y Juntos por el Perú serían las bancadas que encabecen la mayor cantidad de grupos de trabajo.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, existirán 16 comisiones ordinarias en la Cámara Baja. De ellas, siete estarán integradas por 26 diputados: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

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Las nueve comisiones restantes estarán conformadas por 20 diputados: Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Energía y Minas; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Salud; Trabajo y Seguridad Social; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

En cuanto a las comisiones no ordinarias —como la Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo—, cada una estaría integrada por seis miembros: uno por cada grupo parlamentario.

 No faltan debates sobre el contenido de estos fallos. Haberse pronunciado sin esperar que lo haga el Poder Judicial es la crítica más seria contra el Tribunal Constitucional. Que baste poner los fondos a nombre propio en un banco para salir del ámbito de lo sancionable funda la crítica más dura contra la Corte Suprema. Ambas merecen ser tomadas en serio. Pero además las construcciones legales que usa cada una de estas sentencias no son, en el detalle, necesariamente compatibles entre sí y no todas parecen corresponder a los hechos ni a las normas aplicables a los tres casos en debate. Hay cosas forzadas en algunos de estos textos.

 Pero sin perjuicio de esto, encuentro fundamental notar que estas historias comparten un fondo común. Antes que se emitieran estos fallos, los casos de esta serie ya habían quedado descolocados.

 La fiscalía ofreció estos casos como una serie sobre lavado de activos en política. De hecho puede lavarse dinero en política como en cualquier otra actividad. Pero si de esto se trataba, la fiscalía tendría que haber comenzado por desarrollar un caso en forma sobre lavado de activos contra Odebrecht y no lo hizo. El convenio por colaboración eficaz aprobado en junio de 2019 no incluye cargos por lavado. Y jamás fue ampliado para incluir esos cargos.

 En contra puede sostenerse que los cargos por cada acto de lavado son autónomos de los hechos que originan los fondos que se lavan. Esto es cierto en parte, pero no alcanza para justificar que no existan registros, ninguno en absoluto, que muestren a la fiscalía investigando a Odebrecht por lavar activos. Puede perseguirse a terceros por lavar activos de otro. Pero es difícil probar que se trate de activos verdaderamente lavados si ese otro jamás ha sido emplazado por el hecho.

 Un caso fuerte contra Odebrecht o una ampliación del convenio por colaboración aprobado en junio de 2019 habría hecho mucho más difícil cerrar estos casos como se ha hecho. La ausencia de ese caso dejó el espacio abierto para construcciones de todo tipo, como la que pretende que los casos se cayeron porque el financiamiento ilegal de partidos no era lavado cuando ocurrieron los hechos. Una crítica como esa solo es posible porque la lavandería de Odebrecht se ha vuelto invisible. Y sin una lavandería, es obvio, no hay nada que discutir en esta materia.

 Sostener casos por lavado renunciando a probar la existencia de la lavandería que los explica es como construir un edificio suponiendo los cimientos, pero sin planos que los describan.

 Pero esta historia encierra más errores. Si la primera clave para construir estos casos está en identificar la lavandería de la que vienen los fondos, la segunda consiste en explicar por qué quien los recibe y los filtra en la economía debe ser responsable por el hecho. Cuando se ordenó la primera prisión preventiva de la señora Fujimori, en octubre de 2018, el juez Concepción Carhuancho sostuvo que la razón para justificar los cargos proviene de las circunstancias del hecho: los casos se referían a recepciones clandestinas de cantidades exorbitantes de dinero. La combinación de ambas cosas, dijo, conduce a que quien los entrega y quien los recibe, ambos, saben o no les interesa saber lo que están haciendo. Esta idea se sostuvo por un tiempo. Pero la defensa la horadó. A finales de 2019 quedó demostrado que solo dos personas ajenas a cualquier lavandería, Juan Rassmuss y Dionisio Romero, habían entregado a la organización de la señora Fujimori, en total, más de siete millones de dólares en efectivo. El problema no se refería a la cantidad de dinero entregado ni a la clandestinidad: lo que teníamos delante era una práctica generalizada y masiva de circulación de dinero en efectivo sin control. Pero la fiscalía no reaccionó al desafío. Nunca reacomodó el caso.

 En paralelo, el caso Humala también se movió. Jorge Barata terminó confirmando que ni él ofreció ni Humala le pidió los tres millones que reconoció haber destinado a la campaña del 2011. La idea de entregarlos vino del Partido de los Trabajadores del Brasil o del propio Lula da Silva, si agregamos a esta historia el testimonio de José Graña. Ni siquiera sabemos si algo parecido ocurrió en Venezuela. Imposible imputar a alguien saber que Odebrecht manejaba una lavandería en un caso en el que Barata aparecía como mensajero de un tercero. De nuevo quedamos ante prácticas clandestinas generalizadas y normalizadas de circulación de dinero con fines políticos.

 En octubre de 2019 el profesor Montoya había anticipado una ruta alterna. Si los números no cuadraban —no cuadran en ninguno de los dos casos— estas historias podían dar forma a un caso alternativo: el de la formación de fortunas clandestinas que se lavan en procesos complementarios posteriores a su recepción. Ahí el problema se trasladaba de la lavandería de Odebrecht a la forma en que esos excedentes no usados en las campañas fueron filtrados en la economía por quienes los recibieron. Pero la fiscalía no acogió la propuesta. Apostó por defender sus casos sin moverlos, a pesar de que todos los desafíos y comentarios sugerían que estos casos debían moverse para subsistir.

La fiscalía terminó perdiendo. El proceso salió mal. Acaba en pleno ciclo de demolición. Y deja cabos sueltos que no van a atarse en mucho tiempo. Pero no se sale de todo lo que esto representa con una frase escrita para las galerías propias o contra las ajenas. Se sale con un equilibrio que tendremos que construir incluso en medio de los enormes sinsabores que esta historia nos deja.

 Desde entonces, diversos autores peruanos han cubierto la problemática del racismo desde sus entrañas. Cito de memoria algunos de los que he leído: Marco Avilés (De donde venimos los cholos), Gabriela Wiener (Huaco Retrato), Lurgio Gavilán (Shogún) y ahora Julio Arbizú. De hecho, tanto Avilés como Wiener hacen elogiosas recomendaciones de lectura del libro de Arbizú en la contratapa del mismo.

 Negro, además, si bien comparte la experiencia de la racialización y el desprecio que le es propio, lo hace desde una perspectiva distinta, en términos del Pantone que todos los peruanos llevamos inscrito en nuestro ADN. Mientras unos son discriminados por cholos, Arbizú, como su título lo grita, es agredido por ser negro. Asignaciones cromáticas y étnicas que provienen de la mirada del otro, por lo demás. Si estuviéramos en un país gobernado por personas conscientes de esta herida abierta en la sensibilidad de millones de peruanos, este texto, así como los anteriores, deberían ser lecturas obligatorias en las escuelas. Pero no se escuchó una sola referencia al respecto en el discurso presidencial (tampoco se esperaba). Por el contrario, la negación de estos ataques a la dignidad e integridad de una enorme cantidad de peruanos aumentó exponencialmente durante las elecciones, como siempre ocurre. Bajo el miedo al comunismo, se agazapa el temor al resentimiento de quienes han sido maltratados secularmente.

 Por eso el libro de Julio Arbizú es indispensable para que esa conversación, esos interrogantes, no sean ignorados. Julio lo dice con elegante y meridiana claridad en su introducción: “Porque la violencia no solo mata en las calles. También organiza los recuerdos, moldea las aspiraciones y decide quién puede imaginar un futuro sin pedir disculpas.” Como verán, no es tan solo un testimonio genuino y descarnado. Es un libro estupendamente escrito.

 Pese a los episodios dolorosos que narra una y otra vez, pese a la rabia con la que se defiende de las ofensas y agravios, al final te deja una contundente sensación de esperanza de cambio. Cierto: la serie de humillaciones que describe son apabullantes: en el colegio, en clubes privados, en un debate político en televisión, en su propia familia (“¿Mi nieto? ¿Un negro?”), una y otra vez recibió las injurias narcisistas propias de la racialización.

 El episodio del debate en televisión es particularmente abyecto y revelador. El encuentro había sido pactado para que Julio polemice con la exparlamentaria Rosa Bartra, pero ella canceló su participación. En su remplazo, la periodista que organizó el debate propuso a otro candidato de la misma lista, quien había sido narrador de noticias en un canal de cable, a quien Julio opta por no nombrar, así que yo tampoco lo haré. En el momento de las réplicas, “el ex presentador -con una sonrisa forzada- sacó algo que tenía escondido detrás del podio. En vez de ofrecerme la mano, intentó entregarme un paquete de jabones.” Esa alusión a la supuesta falta de higiene del contendor debido a su apariencia, es de una elocuencia letal. Como los lectores acaso recuerden, Julio Arbizú se acercó al siniestro personaje y, en voz baja, le lanzó una amenaza indignada que sumió al agresor en un estado de pavor. Más adelante Arbizú comenta: “Pocos entendieron lo que había ocurrido: que no era una anécdota, sino un espejo.”

 Una semana después, en un mercado popular del Cono Este, una señora se le acercó llorando y le dijo: “Gracias, papi. Defiéndenos.” Porque el libro demuestra, en lugares tan diversos como Migraciones en Buenos Aires o una pelea a la salida del colegio, que el autor cuenta con las armas físicas, psíquicas e intelectuales para defenderse y, como lo comprendió la señora del mercado, para defender a los que sufren los mismos ataques feroces de los racistas que pretenden consolidar sus privilegios mediante la humillación.

 Lo cual no significa que esos golpes no dejen huella. Por el contrario, son marcas indelebles. El trabajo personal que ha tenido que hacer Julio Arbizú es inagotable y nunca termina. Acaso nada lo refleja mejor que el relato de una pelea “a la salida” en el colegio, contra Gianfranco, un compañero que le había hecho bullying. La pelea estaba pactada en un lugar irónicamente llamado el “Ágora”. Salto hasta el final, cuando un compañero detiene a Julio y le dice: “Ya le sacaste la mierda, ¿por qué estás llorando?”

 Esa frase resume a la perfección el sufrimiento de las personas discriminadas. Incluso los pocos que, como el autor, disponen de los recursos para no dejarse pisar el poncho, lo hacen a costa de un trabajo agotador y penoso, interminable pero imprescindible.

Para un sector, la llegada de Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno significaba la posibilidad de una gran ruptura con el último quinquenio y, con ella, el regreso de los técnicos al Estado. Esa expectativa se alimentó, sobre todo, en el tramo final de la campaña, con las constantes referencias al legado del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, y con la presencia de Luis Carranza: exministro de Economía, protagonista del debate técnico y señalado como el gran favorito para el MEF o incluso para la PCM. Para sorpresa de muchos, lo que llegó fue un gabinete casi exclusivamente político. Sin Carranza, y en cambio, con varios ministros sin experiencia en los sectores que ahora conducen. Analicemos, entonces, no solo qué tipo de gabinete ha formado Keiko Fujimori, sino también qué administración pública recibe para gobernar.

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Es sabido que, durante el quinquenio anterior, la designación de puestos públicos no respondió a las capacidades o idoneidad de quienes los ocuparon, sino al patronazgo de los partidos que dominaron el Congreso, que se distribuyeron espacios en el Estado en proporción a los votos que podían aportar para contener la amenaza latente de una vacancia. Ese fue el terreno donde germinaron varias de las redes que se desplegaron en la administración pública y hoy reaparecen. Basta revisar las designaciones de los últimos días en la alta dirección del Estado, publicadas en El Peruano, para comprobar que las redes del último quinquenio se están reacomodando, más que desapareciendo, con el nuevo gabinete.

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Tampoco en el más alto nivel político puede hablarse de una ruptura definitiva. Ernesto Álvarez, quien fue presidente del Consejo de Ministros durante el breve gobierno de José Jerí, asume ahora el Ministerio de Justicia, mientras José Arista, extitular del MEF de Dina Boluarte, es hoy un cuadro de Fuerza Popular en el Congreso. Ambos dan cuenta de la participación fujimorista en la repartija del último quinquenio. Pero no es la única red que permanece. La de la Universidad de San Martín de Porres, históricamente vinculada al aprismo y que fue ganando protagonismo en el sistema de justicia durante esos años, consolida su presencia con el nombramiento de José Antonio Chang, rector de esa universidad y antiguo ministro de Educación de Alan García, quien regresa a la misma cartera. La otra red que creció durante el último lustro, y que todo indica que conservará espacios, es la de César Acuña, cuyo entramado tuvo una presencia importante en el sector Salud y alternó con Fuerza Popular posiciones en el MEF y, particularmente, en ProInversión. Si existe tanta continuidad, ¿qué distingue entonces a este gabinete de los que gobernaron durante los últimos cinco años?

El gabinete Galarreta es, ciertamente, un gabinete político, pero compuesto por un tipo particular de políticos. No son figuras que aporten nexos con otras bancadas parlamentarias, bases sociales, representación territorial o un electorado propio significativo. Entre sus integrantes aparecen, por ejemplo, excandidatos presidenciales como Carlos Espá y Rafael Belaúnde, quienes, pese a alcanzar cierta visibilidad durante la campaña, obtuvieron resultados electorales marginales. Algo similar puede decirse de Alberto Beingolea, expresidente del PPC, un partido histórico cuya presencia electoral se ha vuelto prácticamente irrelevante.

Fujimori ha incorporado, entonces, figuras ajenas a Fuerza Popular, pero esto no supone una ampliación sustantiva de su base política. Se trata más bien de una apertura conservadora hacia cuadros del mismo espectro ideológico. Su principal activo no está en aquello que representan electoralmente, sino en su oficio político: conocen las instituciones, tienen contactos en el sector privado, y manejo para encarar los medios y las distintas arenas en las que tendrán que defender las decisiones del gobierno.

Esa carencia de capital político ayuda también a explicar otro rasgo del gabinete: la incorporación de figuras anteriormente críticas de Keiko Fujimori, como Juan Sheput o Alberto Beingolea, que ante su intrascendencia política propia, han doblado la rodilla para convertirse en algunos de sus defensores más visibles. No llegan con votos suficientes para ensanchar la base política del fujimorismo, pero sí con oficio, exposición mediática y experiencia para dar la batalla pública. De hecho, uno de los contrastes más notorios de estos primeros días frente a los gabinetes del último quinquenio es la intensa presencia de los ministros en los medios de comunicación, aprovechando una todavía complaciente luna de miel. La apuesta, por tanto, no parece ser ampliar el círculo incorporando fuerzas con representación propia, sino ensancharlo de manera conservadora con políticos experimentados y dispuestos a defenderlo. Es el gabinete de los escuderos.

Si esperaban un Fujimorismo 2.0, el contraste con el gobierno de su padre puede resultar revelador. Alberto Fujimori llegó al poder en 1990 prácticamente sin partido, sin cuadros propios y sin una coalición organizada a la cual recompensar. A fin de cuentas, era un outsider. Esa debilidad política inicial le permitió, paradójicamente, incorporar tecnócratas relativamente independientes y construir un gobierno rupturista frente al establishment de entonces. Keiko llega en condiciones opuestas: después de 15 años construyendo un partido, acumulando operadores y formando un núcleo de confianza. Su primer gabinete no anuncia una ruptura con el establishment que recibe, sino una apuesta por administrarlo. Incluso cuando abre el círculo, lo hace hacia figuras políticamente cercanas y con escaso poder propio, que difícilmente amenazan los equilibrios internos del fujimorismo.

La persistencia de Keiko Fujimori le ha permitido construir lo que probablemente sea su principal fortaleza: un grupo político cohesionado y disciplinado que, en el último proceso electoral, demostró ser lo suficientemente amplio para llevarla finalmente a la Presidencia. Sin embargo, ya en el gobierno, esa misma fortaleza puede convertirse en su principal debilidad: puede también ponerle un techo a su capacidad de ampliar su legitimidad hacia otros sectores del electorado.

El título es 'Mario Vargas Llosa, A Life' (Bloomsbury). Con sus 848 páginas, se presenta como la obra definitiva sobre el tema. Martin invirtió 15 años en su producción, en parte por su prolijidad, en parte por el compás de espera que impusieron la edad y las últimas enfermedades. Quizás, cuando empezó la redacción, el género estaba más de moda.

Algunos consideran que la primera biografía fue 'Mario Vargas Llosa, la invención de una realidad' (Barcelona, Barral Editores, 1970), pero para muchos esa es más bien una temprana aproximación crítica. Acaso el derrotero biográfico más nutrido estuvo por decenios en la propia obra, y así fueron leídos muchos de sus tomos.

El tiempo va a decir si una figura tan publicitada a escala mundial necesitaba realmente una biografía, y además una tan voluminosa y prolija. Sin embargo, fue una vida que se comunicaba a través de anécdotas con diversa importancia y mensajes de variada profundidad. Acaso el autor siempre gana con una buena biografía.

Los primeros reseñadores están tomando el libro en serio. Pratinav Avil, en The Guardian, hace unos días la describe como una biografía habladora, pero a la vez fríamente analítica (...) El recorrido de un novelista que empezó diseccionando a la oligarquía con precisión quirúrgica y terminó cenando feliz entre ella.

Avil detecta más que historias de cambios de camiseta política, famosos puñetes literarios o romances condenados a convertirse en libros. Sobre esto último, una estupenda frase: Martin restaura a las mujeres que Vargas Llosa redujo a la condición de materia prima literaria. Lo menos que se espera de una biografía crítica.

En algún momento inicial de esos quince años, Martin me entrevistó largamente sobre su tema. Era de una gran acuciosidad y, frente a su polémico personaje, mostraba una notoria imparcialidad. Para lo que valga, Oviedo fue un amigo cercano en la clique limeña; allí donde Martin es un biógrafo.

"Hoy, con profunda tristeza, veo publicada la decisión de Lucho Rubio de no continuar. Especular sobre los motivos de una decisión tan importante no solo es absurdo, sino también infame. No tengo autorización para dar detalles, pero sí debo decir que Lucho lo intentó. Decidió dar la batalla por Lima, pero circunstancias muy personales le impiden continuar. No tengo más que decir. Solo expresar mi agradecimiento eterno por su compromiso y valentía", indica el comunicado.

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Con su renuncia, la lista de Renovación Popular pasaría a ser encabezada por Rafael López Aliaga. Anteriormente, el exalcalde de Lima había rechazado asumir su curul en la Cámara de Senadores. Tras ello, anunció su intención de postular como teniente alcalde en la lista liderada por Rubio.

Según explicó la abogada Silvia Guevara, especialista en derecho electoral, a Canal N, la renuncia de Rubio se presentó dentro del plazo establecido. Además, indicó que este tipo de situaciones es habitual desde que se prohibió la reelección inmediata de autoridades subnacionales a nivel constitucional.

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"Ya se evidenciaría la voluntad de una reelección encubierta. Efectivamente, de ganar la elección, la lista se va a mantener con todos los candidatos a regidores. De ganar, el señor López Aliaga juramentaría como alcalde", sostuvo.

¿Qué pasó? Da la impresión de que el poderoso partido de Fujimori no tiene acceso a los niveles de excelencia que se esperaba para seleccionar gente. Así, el desencanto con los ministros designados y con las carteras en las que han sido puestos es bastante grande. Como primer acto de gobierno deja mucho que desear y hace temer lo que podría ser el segundo acto.

Las propuestas de solución a diversos problemas que aparecen en el discurso inaugural de Fujimori son de un convencionalismo que conmueve. Militares combatiendo la criminalidad es algo que venimos oyendo desde que comenzó el problema. Unos pocos soles en los bolsillos de los peor pagados es una fórmula populista universal. Media docena de líneas de Metro es algo que ya hemos oído.

Lo que ha pasado es que, por haber candidateado tantas veces, Keiko Fujimori no ha logrado convertirse en una figura política formidable o, por lo menos, destacada. Sigue de la mano de los mismos perdedores que la acompañaron en todas las campañas y a algunos de sus mejores cuadros los ha perdido por el camino. Un grupo de campaña electoral no es un equipo de gobierno.

A un par de semanas de la victoria electoral, el gobierno ya debería tener, y estar en capacidad de comunicar a la ciudadanía, una idea clara de lo que significa el Niño para la población y qué se puede hacer al respecto, más allá de despachar a un ministro de gira. Hoy sabemos más sobre los incendios europeos de estos días.

En resumen: impedir la llegada al poder de políticos mal intencionados, poco inteligentes o mal formados no es garantía de buen gobierno, como empezamos a sospechar. Por lo pronto, como jefa suprema de recursos humanos, Fujimori está demostrando una falta de recursos. Lo malo es que eso se remedia a punta de errores cometidos por el personal.

En los tres casos, los postulantes a alcaldes presentaron su renuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sus listas tenían como primer regidor a los actuales burgomaestres de esos distritos: Eduardo Bless (San Miguel), Alfredo Reynaga (Independencia) y Juan Marticorena (Lurín).

Reelecciones encubiertas

Felícita Rodríguez Peña postulaba por Somos Perú en Independencia. El 30 de julio remitió al Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 un documento comunicando su decisión. Su argumento eran “motivos de índole estríctamente personal”. La misma fue aceptada por la autoridad electoral el 1 de agosto. El liderazgo de la lista recaerá ahora sobre Alfredo Reynaga, primer regidor y elegido alcalde por el periodo 2023-2026 en ese distrito.

En Lurín ocurrió un caso similar. Walter Valeriano se inscribió como candidato a la alcaldía por Alianza Para el Progreso. Sin embargo, el último 30 de julio presentó su solicitud de renuncia ante su partido, en ella señalaba que se trataba de “motivos de carácter estrictamente personales que le impiden continuar con su candidatura”. Al día siguiente, el JEE Lima Sur 1 aprobó el pedido al considerar que se cumplió con los requisitos necesarios.

El mayor beneficiado de este retiro es Juan Marticorena, que postulaba como teniente alcalde en ese distrito con APP, pero que también estuvo como burgomaestre hasta hace algunos meses. Si su lista logra ganar la alcaldía, estaríamos en un caso de reelección encubierta.

Cuestionan renuncia

En San Miguel, Karín García Juárez postulaba a la alcaldía por el partido Avanza País. Su intención de renunciar inició el 21 de julio, cuando envió un documento al Jurado Electoral Especial Lima Oeste 1. En esta no especifica los motivos de su renuncia, solo pedía que se “inscribiera su renuncia en la lista de candidatos”.

Frente a ello, un ciudadano identificado como Dillan Gonzales presentó un escrito ante la autoridad electoral pidiendo que antes de aceptar la renuncia se realice un control de legalidad material para verificar si la decisión de García Juárez respondía al ejercicio libre de un derecho o si constituye un mecanismo previamente diseñado para alterar el orden de la lista de candidatos inscrita.

"Es de conocimiento público que el actual alcalde distrital de San Miguel, Eduardo Bless, integra la lista de candidatos como primer regidor. La consecuencia inmediata de la aceptación de la renuncia sería que el citado ciudadano pase a ocupar la candidatura a la alcaldía", señala en su exposición.

En un segundo documento ingresado el 30 de julio pedía que se declare improcedente la solicitud de renuncia. Cuatro días después, el 4 de agosto, Karín García volvía a solicitar su renuncia a través de un nuevo escrito, pero esta vez señalaba que su decisión era de manera libre y voluntaria. El JEE Lima Oeste 1 aún deberá emitir un pronunciamiento sobre este caso.

De manera fulminante, el TC ha ordenado el cierre del proceso: clausura total. Lo ha hecho convirtiéndose en un juez penal, invadiendo competencias de los jueces ordinarios, convirtiéndose en una instancia ordinaria de revisión e interfiriendo en el ejercicio de las funciones de los jueces, en abierta contravención a las reglas de la Constitución, y ninguneando los criterios que la Corte Suprema ha establecido como guía para determinar si las donaciones a partidos políticos son delitos o no.

No es posible juzgar sin delito

Nadie puede ser sometido a un proceso penal si no hay un delito previamente tipificado en la Ley. La pregunta es ¿quién determina si los hechos son delito o no? Esa tarea de subsunción de los hechos a la norma les corresponde a los jueces penales del Poder Judicial, quienes a la luz de la actividad probatoria que desarrolla el Ministerio Público, determinarán la ilicitud de los actos que se incriminan.

El delito de lavado de activo ha existido en nuestra legislación con varias modalidades, desde el 2002. El caso Humala-Heredia fue el primer caso donde la Corte Suprema sostuvo, en la Casación N° 617-2021 NACIONAL, que para determinar si la donación de dinero a los partidos políticos es delito o no, es cuestión de la actividad probatoria que se debe desarrollar en el juzgamiento.

Dice la Casación: la donación a partidos políticos, como tal, no es delictiva, pero la situación cambia si esta camufla o esconde dinero maculado proveniente de alguna actividad criminal previa, acaecida a nivel nacional o internacional. En este último caso, es viable la formulación de cargos fiscales por lavado de activos y, a la postre, si los elementos de juicio lo sustentan, se justifica la condena penal. Esta es la regla que impuso la Corte Suprema y que ha guiado la actividad de los jueces en el juzgamiento del caso Humala-Heredia.

Por ello, en el caso Humala, el Ministerio Público ha puntualizado que el financiamiento de las campañas electorales 2006 y 2011 se efectuó con dinero proveniente de actos de corrupción acaecidos en el primer caso, en la República Bolivariana de Venezuela (de parte del gobierno venezolano) y, en el segundo supuesto, en la República Federativa de Brasil (del lado de las empresas OAS y Odebrecht, y del Partido de los Trabajadores).

En las sentencias condenatorias se detalla la conversión para la campaña 2006, sosteniendo que podía presumirse su origen ilícito, al dificultar la identificación de su origen, utilizando envíos dinerarios por valijas diplomáticas. En ese contexto, se señala que Heredia celebró contratos ficticios por prestación de servicios no realizados a una serie de empresas, realizó prepagos de un crédito hipotecario con dinero maculado y adquirió un vehículo; y en la campaña 2011, se simuló aportaciones dinerarias para dar apariencia de legalidad al dinero que finalmente ingresaba al tráfico económico; e incluso se utilizó el dinero y se convirtió para adquirir un inmueble en Surco.

En la sentencia que condenó a Humala-Heredia, y que hoy el TC ha anulado, los jueces analizaron que este estaba en la condición de presumir, en el financiamiento de las campañas de los años 2006 y 2011, que existían activos provenientes de un fondo pecuniario que, según se señala, se encontraba vinculado con delitos de corrupción, por lo que concluyó que este era responsable por la comisión del delito de lavado de activos. 

La puerta falsa que abre el TC

El TC interviene cuando existe una sentencia firme que vulnere los derechos del favorecido. El caso Humala está pendiente de apelación y es, en la Corte de apelaciones, donde se deben revisar los cuestionamientos que haga sobre el proceso. A ello se agrega el agravante que no se trata del control de una sentencia firme, sino que acoge un incidente en el camino del proceso (excepción de naturaleza de acción) que no tiene vinculación con la privación de la libertad de Humala para abrir las puertas del TC. Hay que recordar que su prisión proviene de la condena impuesta en una sentencia penal y no en el cuestionamiento de la excepción procesal, con la que el TC ha abierto la puerta para atender el caso Humala.

Trato selectivo del TC con los litigantes

Pero el TC no abre las puertas, así de generosa, para todos los litigantes; todo lo contrario, a ellos les aplica la reiterada jurisprudencia del TC, para afirmar que no le corresponde al TC verificar si una conducta es un delito, porque ello es tarea exclusiva del juez ordinario, que escapa a la competencia del juez constitucional, sin embargo, los casos Fujimori y Humala tienen otro trato. A manera de ejemplo, en la STC 04305-2022-H/TC, este mismo TC le dice ¡no! al resto de litigantes.

¿Quién dice lo que quiero escuchar?

Los grupos políticos cuando eligieron a los actuales integrantes del TC, colocaron un cartel que decía: se busca miembros del TC, que digan lo que siempre queremos escuchar: los aportes de campaña no son delito. La búsqueda fue exitosa. La sentencia del caso Cócteles, es un ejemplo potente de ello, por generar un efecto reflejo para todos los casos donde la clase política esté procesada por lavado de activos por haber recibido aportes para la campaña.

Preciso que no se trata de una sentencia por unanimidad. Hay dos integrantes con una posición disidente frente a lo que han decidido la mayoría (Pacheco y Monteagudo). El magistrado Monteagudo es categórico al afirmar los alcances de la justicia constitucional para revalorar actuaciones propias de la justicia ordinaria en el marco de una investigación por lavado de activos y cómo es que el Tribunal Constitucional debería evitar inmiscuirse en procesos penales que se encuentran en trámite. En todo caso, este análisis debería ser aún más exhaustivo y consistente con las competencias de la justicia constitucional cuando se evalúen cuestiones que podrían derivar en el archivo del proceso penal.

No hay lonche gratis

No es un sueño que la plata llegue sola. Es una realidad que el dinero llegue en grandes cantidades y de manera clandestina (sin bancarizar) para financiar campañas políticas, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿a cambio de qué?

Ningún beneficio es totalmente gratuito. Nadie entrega exorbitante sumas de dinero a cambio de nada. Esta es la segunda parte de la historia, que los beneficiados con esos aportes, buscarán evadir la respuesta; pero, mientras tengamos este TC, lo podrían lograr con éxito, porque siempre estarán prestos a decir, lo que quieren escuchar quienes los eligieron.

Otros colegios de abogados del país, entre ellos, el de Huaura, también presentarían demandas de inconstitucionalidad contra dicha polémica Ley que promovió y promulgó el mismo Rospigliosi, aprovechando el cargo de presidente del Congreso del 2025-2026. La Defensoría del Pueblo también ha anunciado una demanda similar.

La demanda de los abogados del Cusco, representados por su decano, Manuel Cáceres Núñez, cuestiona la constitucionalidad del artículo 1) en cuanto redefine el delito de función; 2) que modifica diversas normas de procedimiento penal y la Disposición Complementaria Final Única en su integridad.

De acuerdo con su denominación y sus antecedentes legislativos, la ley persigue tres finalidades declaradas: i) precisar el concepto de delito de función; ii) fortalecer la función y la jurisdicción militar policial; y iii) establecer sanciones más severas para militares y policías que colaboren con bandas u organizaciones criminales, para lo cual introduce modificaciones en el derecho penal militar policial, las reglas procesales destinadas a determinar qué jurisdicción debe conocer los hechos atribuidos a integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

En este sentido, anota, “las disposiciones impugnadas vulneran el artículo 139, inciso 1, de la Constitución Política del Perú, que reconoce el principio de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional y configura a la jurisdicción militar como una excepción” y “el artículo 173 de la Constitución Política del Perú, que delimita materialmente la competencia de la jurisdicción militar policial exclusivamente al conocimiento de delitos de función y establece qué es un delito de función”.

Igualmente, “el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, que reconoce los derechos al juez natural o jurisdicción predeterminada, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, dentro de la cual se encuentra comprendido el derecho de acceso a la justicia”

“El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley” y “el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a un recurso judicial efectivo ante los jueces o tribunales competentes”.

Subraya que los artículos de la Ley 32735 no pueden ser examinados como normas aisladas, sino deben ser leídas conjuntamente pues no se agotan en una definición abstracta del delito de función ni en una simple prohibición de doble persecución penal, sino que “establece un régimen integrado de delimitación, preferencia y desplazamiento jurisdiccional aplicable a los hechos atribuidos a integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”.

Según el documento, la sanción busca castigar faltas éticas y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En los fundamentos de hecho, el escrito precisa que los eventos ocurrieron el 30 de julio de 2026 —a solo cuatro días de que el denunciado asumiera sus funciones—, cuando acudió al domicilio de su expareja y exabogada defensora, Laura Bonilla Valerio, en el distrito de San Miguel.

El oficio detalla que el parlamentario ejecutó un "hostigamiento telefónico constante" a desde las 5:58 a.m. y que, al no recibir respuesta, "ingresó sin autorización al domicilio (aprovechando la ausencia del padre de la víctima)". La denuncia sostiene que existen registros de videovigilancia y el testimonio de la agraviada que respaldan estos hechos.

En el documento también señala que Pérez Mallqui registraba en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "sentencias previas por lesiones culposas, falsa declaración y violencia familiar".

Juntos por el Perú solicita suspensión de Pérez Mallqui

Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, señaló que está en curso una sanción en contra de Julián Pérez Mallqui, congresista acusado de agredir a su expareja. "Hemos solicitado inmediatamente el proceso disciplinario con medidas de suspensión", declaró para la prensa.

Sobre la postura inicial de la bancada, Zunini señaló que fue acelerada al no contar con la documentación completa, pues existían al menos dos partes policiales de la intervención y distintas versiones sobre lo ocurrido. "Quizás ha sido nuestro error apresurar un primer comentario sobre lo que teníamos a la mano, pero recién después de que hemos tenido conocimiento, hemos solicitado que se aperture el proceso disciplinario", indicó.

Al ser consultado sobre si respaldarán la iniciativa de Renovación Popular para suspenderlo por 120 días, el diputado se mostró a favor de actuar con la máxima sanción si se comprueban los hechos. "Están en su derecho, nosotros nos vamos a ceñir a lo que determinen las investigaciones y si hay un caso de violencia, por supuesto que vamos a sumarnos a la más alta sanción que amerite el reglamento, porque estamos condenando todo tipo de actos de violencia psicológica".

El congresista también indicó que sostuvo conversaciones con Pérez Mallqui y aclaró que la versión del acusado deberá ser contrastada en las instancias correspondientes. "Él evidentemente está defendiendo su inocencia, entonces tiene que explicar ante las autoridades y ante el Comité de Ética del Parlamento cómo es que han transcurrido los hechos según su orden", comentó.

Además, anunció que la posición de Juntos por el Perú condena la violencia. "Desde la bancada no vamos a avalar ningún tipo de acto de violencia ni física, ni psicológica, ni de cualquier índole, en eso hemos sido enérgicos desde un principio", concluyó.

Como preámbulo, Gastón Medina recordó ante cámaras una amenaza anterior en que explicaban cómo acabarían con su vida: "Iban a tocar la puerta, yo abriría y me iban a disparar". Tras esa advertencia previa, había dejado de encargarse de abrir la puerta del canal.

Una de las personas que grabó la conversación fue quien le entregó una copia. El audio involucraba al exasesor del Gobierno Regional de Ica, y hoy diputado por Fuerza Popular, Carlos Zegarra Sánchez.

En la grabación se escucha la voz de Víctor "El Chino" Mere Huamaní, un hombre vinculado al entorno de la gestión regional.

"Si hubiésemos matado a esa tía (la exvicegobernadora Luz Canales Trillo) y a Gastón (Medina), cambiaban las cosas", dice en el audio. La otra voz, que Víctor Mere atribuyó a Carlos Zegarra, responde: "Tienen que avanzar sobre esa línea. Yo solamente ejecuto".

Gastón Medina pidió a Carlos Zegarra que confirmara si esa era su voz. Nunca ocurrió.

Quien sí llamó al programa fue el propio Víctor “El Chino” Mere. Le dijo: "Gastón, si yo revelo esto es porque ese señor está ofreciendo dinero para que acaben con mi vida. (...) Pidió que se ejecute a Gastón porque nos iba a hacer mierda en su programa. Tú tienes que sacar garantías para tu vida. Si algún día te pasa algo, solamente es él".

Pese a las amenazas, Gastón Medina continuó denunciando presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional. Pero también cambió sus rutinas. Su pareja, Nathalie Caico Sánchez, recuerda que pasó a conducir el programa desde su vivienda. "Nadie lo sabía por seguridad. Presentaba denuncias ante las autoridades y pedía protección, pero no se hacía nada", cuenta.

Casi tres años después, en enero de 2025, Gastón Medina fue asesinado en la puerta de su vivienda. Semanas después del hecho, Víctor "El Chino" Mere también fue ejecutado, cuando ya era considerado testigo clave del caso.

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SALTO AL PODER

Carlos Zegarra Sánchez juró como diputado por Fuerza Popular y dejó atrás su trabajo de años en el Gobierno Regional de Ica, como el hombre de mayor confianza del gobernador Jorge 'Rocky' Hurtado Herrera.

Su llegada al Congreso coincide con un escenario que hasta ahora permanecía bajo reserva: según la carpeta fiscal del caso, Carlos Zegarra sería uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Gastón Medina.

El abogado de la familia del periodista, Wilmer Quispe Pacheco, explicó que la Fiscalía de Derechos Humanos desarrolla dos líneas paralelas. La primera está dirigida contra quienes ejecutaron materialmente el homicidio, ocurrido el 20 de enero de 2025. La segunda intenta responder una pregunta: ¿quién ordenó matar a Gastón Medina?

Aunque Zegarra no ha sido acusado formalmente, rechaza cualquier participación en el crimen.

"Hasta el día de hoy, a mí no me han citado. Desde el primer momento me puse a disposición. No tengo absolutamente nada que ver", declaró a La República tras juramentar como diputado.

EL PERFIL DEL DIPUTADO

Para comprender por qué Carlos Zegarra adquirió tanto peso en la política regional hay que retroceder algunos años. La reconocida periodista iqueña Rosario Huayanca Zapata recuerda que Zegarra, al convertirse en asesor del gobernador regional de Ica, Jorge 'Rocky' Hurtado, alcanzó notoriedad. Zegarra incluso llegó a reemplazar a Hurtado en algunas presentaciones oficiales.

“La percepción era que quien gobernaba no era solamente el gobernador, sino también Carlos Zegarra. Gastón Medina fue uno de los primeros periodistas que evidenció públicamente ese poder y cuestionó decisiones dentro de la gestión”, señala Huayanca.

“Esos son comentarios de personas que políticamente no nos tienen dentro de sus planes. Si hemos sido elegidos es porque la población nos ha dado esa responsabilidad”, responde el diputado Carlos Zegarra, elegido con poco menos de ocho mil votos preferenciales, favorecido por el arrastre electoral de Keiko Fujimori en Ica.

En el camino de Zegarra hay registros de actos violentos.

En septiembre de 2022, durante el cierre de campaña de 'Rocky' Hurtado, sicarios asesinaron a balazos a un integrante de su equipo de seguridad. Zegarra, quien entonces era jefe de campaña, asumió la vocería pública tras el atentado.

En 2023, poco después de que 'Rocky' Hurtado asumió como gobernador regional, el recién designado director de Salud de Ica, el médico César Valdivia Rosales, fue atacado a balazos en la puerta de una clínica. Valdivia señaló públicamente a Carlos Zegarra como la persona que “estaba ofreciendo dinero para atentar contra mi vida”.

Luego de algunos meses, el mismo Carlos Zegarra denunció que amenazaban con asesinarlo, y mencionó al médico César Valdivia, a la vicegobernadora Luz Canales, al periodista Gastón Medina y a Víctor “El Chino” Mere. En ese mismo periodo, “El Chino” reveló el audio en el que se hablaba de asesinar a Gastón Medina.

“Esa es toda una historia. Se pueden escuchar audios en los que se habla de que me quieren asesinar. No existe ninguna prueba, ningún indicio ni ningún elemento probatorio que me vincule”, explica Zegarra.

En enero de 2025, Gastón Medina fue asesinado frente a su vivienda. En marzo de ese mismo año, 'El Chino' Mere, que había cambiado su versión inicial y era considerado un testigo clave para la investigación, también fue ultimado por sicarios.

“Yo me hago una pregunta: ¿quién se benefició con esas muertes? Esa es una pregunta que la justicia debería resolver”, señala el diputado fujimorista Carlos Zegarra.

EL MIEDO SE IMPONE

Ahora, Carlos Zegarra ocupa un escaño en el Congreso por Fuerza Popular, mientras la Fiscalía mantiene abierta una investigación reservada para determinar quién ordenó el crimen contra el periodista.

En Ica, el homicidio de Gastón Medina sigue marcando el ejercicio del periodismo. Varios reporteros dejaron de realizar investigaciones. “Con la muerte de Gastón les pusieron una mordaza a muchos periodistas”, resume la propietaria de Cadena Sur TV, Pilar Hernández Huamán, donde laboraba Medina.

Esa preocupación también fue expresada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). Su presidenta, Zuliana Lainez Otero, señala: "Ha pasado un año y medio y el crimen continúa plenamente impune. A quien se indica como un potencial autor intelectual ni siquiera ha sido llamado a testificar ante la Fiscalía de Derechos Humanos. Es más, este personaje hoy ocupa un escaño en el Congreso como parte del partido oficialista".

Añadió que continúan exigiendo que “se investigue celeramente y se haga justicia”.

LA MUERTE DE GASTÓN MEDINA

Las amenazas contra Medina venían de tiempo atrás. En febrero de 2022 dejaron un arreglo floral con dos balas y un mensaje fuera del canal Cadena Sur TV: "Gastón, te vas a morir". Meses después arrojaron basura en la fachada, luego pintura roja y, más tarde, un perro muerto. La escalada culminó con un artefacto explosivo que destruyó la mampara del ingreso.

"Después de ese ataque tuvimos que convertir el canal prácticamente en un fortín. Cambiamos la mampara por una estructura metálica. Nunca pensé que fueran a llegar más lejos que eso, pero finalmente se atrevieron a mucho más", recuerda Pilar Hernández.

Las amenazas también alcanzaron a su familia. La viuda del periodista, Nathalie Caico, rememora una llamada que marcó un punto de quiebre: "Me dijo: 'China, me acaban de llamar. Saben dónde estudia nuestro hijo y conocen la ruta que tú utilizas'. Después de eso pasó prácticamente seis o siete meses sin salir. Sentía que en Ica nadie haría nada".

Para ella, el audio difundido nunca dejó de tener importancia. "Él creía que podía existir un riesgo real. Porque Carlos Zegarra era parte del Gobierno Regional y Gastón había denunciado muchos actos de corrupción vinculados a esa gestión".

La mañana del lunes 20 de enero de 2025, Gastón terminó su noticiero matutino y salió de su vivienda a una reunión en la Universidad San Luis Gonzaga.

"Voy y regreso", fueron sus últimas palabras.

Nathalie Caico se quedó preparando el estudio desde donde Gastón conduciría, al mediodía, su segundo programa. Pasadas las 11:30 de la mañana, escuchó varios disparos.

"Fueron apenas segundos. Cuando salí, Gastón ya estaba tendido en el piso", afirma.

Mientras caminaba desde un vehículo hacia la puerta de su vivienda, el periodista fue interceptado por un hombre que, a bordo de una motocicleta, disparó. Medina murió poco después, en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez.

La República llegó hasta la vivienda donde ocurrió el crimen. Un año y medio después, en la fachada todavía se observan las huellas de varios de los once impactos de bala.

La investigación permitió identificar como presunto autor material al ciudadano venezolano Pablo Echeverría Suárez, alias “Barrabás”, quien cumple prisión preventiva. Sin embargo, para la defensa de la familia, el caso nunca terminó en el sicario.

"Gastón no era un periodista policial ni investigaba organizaciones criminales comunes. Investigaba principalmente casos de corrupción en entidades públicas. Corresponde determinar quién pudo contratar o utilizar una estructura criminal para asesinarlo", explica el abogado de la familia, Wilmer Quispe Pacheco.

Dos semanas después del crimen apareció uno de los principales elementos de convicción. El 4 de febrero de 2025, durante una intervención policial en Puente Piedra, fue detenido el ciudadano venezolano Gilberson Díaz Díaz por robo agravado.

En su poder se encontró una pistola Glock, la que, según las pericias balísticas, era el arma utilizada para asesinar a Gastón Medina. Su propietario era el suboficial PNP Rogger Tadeo Rosales, quien declaró haber denunciado su hurto “mientras viajaba en un bus de transporte público en Lima”, un mes antes del atentado.

A partir de estos hallazgos, la Fiscalía profundizó la investigación sobre la posible existencia de una estructura organizada detrás del crimen y abrió una carpeta reservada para identificar a los presuntos autores intelectuales. Es en ese expediente donde figura el nombre de Carlos Zegarra. Pero el diputado señala que nunca lo han citado.

JUSTICIA QUE TARDA

Mientras tanto, la familia aún espera resultados. Cuando ocurrió el crimen, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, llegó a Ica y anunció el envío de un equipo especializado para investigar el caso.

Pilar Hernández recuerda que el equipo permaneció en Ica hasta el 28 de febrero de 2025. Cinco días más tarde, el tres de marzo, fue asesinado Víctor "El Chino" Mere, el mismo hombre que tres años antes había llamado en vivo al programa de Gastón Medina para advertirle que existía un plan para matarlo y mencionar el nombre de Carlos Zegarra.

Tras el ataque armado en una fiesta, los sicarios se llevaron el teléfono celular del 'Chino" Mere, una pieza clave en las pesquisas por las alertas e información que guardaba.

La investigación sobre los autores intelectuales toma en cuenta el trabajo periodístico que Gastón Medina desarrolló durante años.

"Entre sus investigaciones más profundas estaban las relacionadas con el Gobierno Regional y con Carlos Zegarra", sostiene el abogado Wilmer Quispe. Es la pista más segura.

Se ha iniciado una nueva etapa de gobierno y Fujimori hija ha dirigido su mensaje a la nación, en la que ha omitido pronunciarse como jefe de Estado, sobre las cincuenta personas asesinadas en el sur del país, a raíz de las protestas sociales. El ejercicio del poder debe partir del reconocimiento del ser humano como el centro de toda decisión pública. Es un tema pendiente por abordar, y no es el único, pues en esa lista están los casos de Inti Sotelo, Jack Bryan Pintado y Eduardo Mauricio Ruiz (Trvko), casos que buscan que el Estado cumpla con su deber de investigar de manera seria, célere, imparcial y efectiva.

Hay un mandato constitucional, con el que inicia la Constitución Política, que señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

 La dignidad que humaniza el poder

En el lenguaje común se asocia la palabra dignidad con el comportamiento, con el orgullo o el amor propio, pero, la Constitución Política no se refiere al comportamiento de una persona, sino a su valor como ser humano. Dicho en otras palabras, dignidad implica que una persona vale por el simple hecho de existir, no porque sea buena, inteligente, rica o porque siempre haga las cosas bien.

El Tribunal Constitucional sostiene que la dignidad humaniza el ejercicio del poder porque exige que las decisiones del Estado mantengan siempre visible al ser humano concreto sobre el cual producen efectos. (Exp. N.º 02273-2005-PHC/TC)

La dignidad humana no solo exige respetar la vida de las personas cuando están vivas; también exige tratar con respeto a quienes han perdido a un ser querido. La empatía de un presidente es una forma de reconocer que cada vida tenía un valor y que el dolor de las familias merece ser escuchado y atendido; sin embargo, nada de ello ha ocurrido. Con ese pasivo latente se pretende construir la reconciliación sin hacer ningún gesto que revierta esa indiferencia desde el Estado. La dignidad humana no solo fundamenta los derechos fundamentales; también constituye un principio de humanización del poder público, en virtud del cual toda actuación estatal debe reconocer al ser humano como el centro y la razón de ser del Estado. 

Hay que ver el rostro del otro

Si la persona es el fin supremo, una reacción de indiferencia frente a la pérdida de vidas sería difícil de conciliar con ese mandato constitucional; no se puede continuar con indiferencia frente al sufrimiento de las víctimas. Ser empáticos no significa aceptar responsabilidades jurídicas antes de una investigación. Significa reconocer que unas familias han perdido a sus seres queridos y que su dolor merece respeto y consideración. En una democracia, el liderazgo no solo consiste en tomar decisiones; también implica acompañar a la población en momentos de tragedia, mostrar humanidad y contribuir a la reconciliación social.

Cuando muere una persona en un conflicto social, no desaparece únicamente un cuerpo. Desaparece: una madre, un hijo, un músico, un médico, un estudiante, un proyecto de vida, una historia irrepetible. Eso es precisamente lo que la dignidad obliga a reconocer. Lévinas decía frente a ello, que la ética comienza cuando vemos el rostro del otro. ¿Qué significa? Que antes de ver un número, un expediente o un enemigo, debemos ver un ser humano. El pensamiento de Levinas dialoga con lo que dice el artículo 1 de la Constitución. Por ello, tiene sentido que el eje central de toda la organización sea la persona, y corresponde al Estado crear las condiciones para que desarrollen plenamente sus capacidades humanas.

No se trata de cerrar un ciclo político, de cerrar el paréntesis abierto hace 26 años, con esta nueva gestión; se trata de cerrar un ciclo institucional en el que las víctimas de la violencia no han recibido el reconocimiento, la verdad y la empatía que exige el principio de dignidad humana, ciclo que aparentemente no será tarea ni preocupación de esta gestión.

El mejor gobernante no solo hace crecer la economía o mantiene el orden público, es el que nunca pierde de vista que detrás de cada decisión hay personas concretas, con nombre, historia y familias que requieren una respuesta del Estado.

Quizá el mayor desafío del Perú no sea únicamente mejorar sus instituciones, sino recuperar el real sentido del artículo 1 de la Constitución, esto es, comprender que el Estado existe para la persona y no la persona para el Estado.

Cuando un gobierno es incapaz de reconocer el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos, la promesa constitucional de la dignidad humana queda incompleta. Por el contrario, cuando un líder coloca a la persona en el centro de sus decisiones, escucha a las víctimas y reconoce su sufrimiento, la Constitución deja de ser un texto y comienza a convertirse en una realidad vivida. Ese es el horizonte al que debería aspirar toda democracia constitucional.

Asimismo, este lunes reiteró su intención de implementar la propuesta y declaró a los medios sobre el avance en la formalización de la medida. “De cara a la emergencia para recuperar el orden, trabajarán las FF. AA. y la PNP. Esto se va a presentar en las próximas semanas”.

Sin embargo, en el borrador inicial del pedido de facultades legislativas, el alcance militar se enfocaba de manera "temporal y excepcional" al ámbito penitenciario —para el control y seguridad de los penales—, sin incluir patrullajes de orden interno en las calles o en el sistema de transporte público.

El anuncio de estas propuestas —enfocadas principalmente en mayor presencia militar— se da en un contexto crítico de inseguridad a nivel nacional. De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, sobre la base de los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) al 31 de julio de 2026, la gestión de Keiko Fujimori arrancó con 25 homicidios confirmados en tan solo sus primeros cuatro días, un promedio diario de 6.25 asesinatos a nivel nacional.

El mismo 28 de julio con 5 muertes, escaló a 9 el 29 de julio, registró 8 casos el 30 de julio y sumó otros 3 el 31 de julio, cifras que incluso podrían incrementarse a medida que la base de datos oficial procese los reportes pendientes de diversas regiones.

Además, entre enero y julio de 2026, los asesinatos de adolescentes en el Perú alcanzaron su pico más alto desde el año 2017. La principal causa de esta crisis sigue siendo el uso de proyectiles de arma de fuego (PAF). El analista señaló que “de seguir esta tendencia, lamentablemente el 2026 podría terminar como el año con la mayor cantidad de homicidios de adolescentes en la última década”.

Frente a esta situación, el exministro del Interior Rubén Vargas advirtió que el gobierno incurre en un error al recurrir a las tropas como solución rápida. "Pretenden convertir a las Fuerzas Armadas en la varita mágica que va a resolver el desborde criminal", señaló para La República. Además, indicó que los estados de emergencia pasados han sido un absoluto fracaso. A su criterio, la medida demuestra un desconocimiento del problema.

“¿Qué hacemos con las bodegas que también están siendo extorsionadas? ¿Vamos a llenar las bodegas de militares? ¿Qué hacemos con las barberías? ¿También vamos a ponerles un militar en cada tienda? Sacar los militares a las calles y ponerlos en los buses, ¿es una solución? Desde mi punto de vista, no", señaló Vargas

Para el exministro, el combate a las bandas subterráneas exige recuperar a la policía de la corrupción y equiparla con tecnología. Además, indicó que hacen falta estrategias contra el robo de celulares, el crimen organizado y las economías ilegales.

"En la parte de los penales sí estoy de acuerdo en que tengan un papel importante, así como en la interdicción marítima, aérea y el control de la minería ilegal. Pero en la investigación e inteligencia contra el crimen, eso es responsabilidad exclusiva de la policía", precisó.

Por su parte, Ricardo Valdés, viceministro de Orden Interno y de Seguridad Pública, calificó el anuncio como un “mensaje político” antes que un plan técnico de gestión. "Está dando un mensaje político a la población diciendo que se está haciendo cargo del problema, pero en realidad aquí veo un inconveniente (…) lo que tiene que hacer es tomar esto como un problema de gestión. Antes que nada hacer un diagnóstico correcto de los tipos de extorsión de los lugares más complicados y poner a los expertos en temas de criminalidad", sostuvo Valdés para La República.

Además, alertó sobre los severos riesgos de desplegar armamento de guerra en el transporte público."Un soldado con armamento largo es absolutamente peligroso; la capacidad de fuego de un fusil FAL o Galil es de un kilómetro, con lo cual atravesaría todo lo que hay en el camino".

Expulsión de extranjeros y retorno de connacionales

Respecto al trabajo en materia de seguridad ciudadana, el domingo pasado la mandataria detalló sostuvo reuniones de coordinación con las carteras de Cancillería, Defensa, Interior y Justicia. Producto de ello, se deportaron a 3 ciudadanos venezolanos, miembros del Tren de Aragua.

Asimismo, este lunes, precisó que la aeronave enviada a territorio venezolano sirvió como asistencia humanitaria para evacuar a un grupo de connacionales, quienes retornaron a Perú tras verse afectados por el terremoto ocurrido en Venezuela.

Según la resolución dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento —un recurso legal que pone fin al proceso penal por falta de responsabilidad o pruebas— solicitado por el Ministerio Público. Con ello, se ordenó el archivo definitivo del caso y la anulación de cualquier antecedente policial o judicial generado durante las pesquisas.

Al respecto, Astudillo dio a conocer la decisión del juzgado a su favor por medio de sus redes oficiales. "Hace ya buen tiempo que la denuncia sobre mi persona, por una presunta apropiación de combustible, he sido sobreseído del caso por no encontrarse ningún tipo de responsabilidad”. Además, el excomandante general del Ejército, agregó que el caso había sido archivado por el juez Concepción Carhuancho.

El origen de las investigaciones

Las indagaciones fiscales comenzaron en 2018 tras la detección de una presunta red criminal dentro del Ejército dedicada al desvío de combustible. Denominados inicialmente como "Los capos del diésel", los implicados utilizaban vehículos condicionados con tanques especiales para retirar petróleo desde los grifos del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE) y venderlo ilegalmente en estaciones de servicio privadas. Esta modalidad operó entre 2013 y 2018, generando un daño económico estimado en S/ 3 millones.

Para diciembre de 2019, un megaoperativo derivó en la detención preliminar de 21 militares y el allanamiento de 25 escuelas de formación del Ejército en Lima, Arequipa, Tarapoto y Cajamarca. Posteriormente, las declaraciones de colaboradores eficaces ayudaron a conocer que los altos mandos militares también estaban involucrados.

En el caso específico de Astudillo Salcedo, la Fiscalía indagaba presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y peculado doloso. Las hipótesis iniciales señalaban que el alto oficial habría omitido tomar acciones tras conocer reportes sobre ventas irregulares de diésel en el COEDE en 2018, además de supuestos malos usos en la gasolina de 95 y 97 octanos asignada a la Comandancia General entre 2017 y 2018.

Sin embargo, al terminar la etapa de investigación preliminar, el Ministerio Público concluyó que no existían pruebas suficientes para formular acusación penal.

En el caso de Lahura, repite el cargo que desempeñó durante la gestión de Boluarte, entre noviembre de 2024 y julio de 2025. En ese periodo trabajó bajo las administraciones de los ministros José Arista, José Salardi y Raúl Pérez-Reyes. El primero es actualmente senador por Fuerza Popular. De acuerdo con su experiencia declarada, Lahura se desempeñó como investigador del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en temas macroeconómicos desde 2016, año en el que Elmer Cuba —actual titular del Ministerio de Economía— era director de la institución.

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Miriam Ponce también fue viceministra de Gestión Pedagógica durante el gobierno de Boluarte. Posteriormente, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, asumió la conducción del Ministerio de Educación. Tras anunciar su renuncia al cargo, fue sucedida por el exministro Morgan Quero.

Fuera de los viceministerios, el Gobierno también nombró a Rossella Leiblinger Carrasco como directora general de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Durante la gestión de Boluarte, Leiblinger Carrasco ocupó la Jefatura Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

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La idea principal es que las políticas por aplicar se basen en evidencia y que el Plan por aplicar ya como gobierno, incorporen estrategias y acciones que, de implementarse, realmente contribuyan a mejorar el bienestar de todos los peruanos. Necesitamos discutir lo realmente importante hoy, anotando que las políticas públicas son acciones del Estado para   resolver o tratar problemas de la sociedad. Estando definidos estos cuando la    situación presente difiere de la situación ideal deseada.

Qué duda cabe que un problema principal por enfrentar, es la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, también el desarrollo de políticas para lograr un crecimiento económico con responsabilidad fiscal considerando actuar proactivamente frente al fenómeno del Niño global y costero cuya intensidad aumentará en los siguientes meses.  También, se debe definir cómo debe posicionarse el país ante las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Importa saber cómo adoptar con eficiencia los Desarrollos tecnológicos correspondientes a la denominada 4ª Revolución industrial  (IA, Biotecnología, Nanotecnología, etc.) adicionalmente cómo recuperar la vigencia de la institucionalidad, reducir la informalidad, reducir la pobreza, promoción de las Pymes entre otros retos.  ¿Nos hemos puesto a pensar en las magnitudes y tipología normativa requerida (Ley, DS, RM) (no sujeta al control del Poder Ejecutivo) para enfrentar estos desafíos? ¿Qué sabemos sobre la indispensable coherencia interna que debe existir en la normatividad a desarrollar?

Está claro que las políticas por aplicar son mucho más que un listado de buenas intenciones, de su implementación y efectividad, dependerá la credibilidad de la administración entrante y la gobernabilidad del país también.

El texto normativo dispone en su primer artículo: "Designar al señor Juan Teodoro Falconi Gálvez en el puesto de viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". El documento lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y de Marco Antonio Vinelli Ruiz, ministro de Desarrollo Agrario y Riego encargado del despacho de Justicia.

Trayectoria en el sector público

Falconi Gálvez ha ocupado diversos cargos de confianza en el Estado y no es la primera vez que asume este despacho. En 2017 ejerció esta misma función viceministerial durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, periodo en el que Enrique Mendoza se desempeñaba como ministro de Justicia.

También presidió la Comisión de Gracias Presidenciales del MINJUS. El grupo de trabajo a su cargo evaluó y aprobó el expediente del indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori. La tramitación se concretó en un periodo de solo 13 días: la solicitud se presentó el 11 de diciembre de 2017 y Kuczynski otorgó el beneficio el 24 del mismo mes. El propio Falconí reconoció en su momento: "El indulto a Alberto Fujimori fue uno de los más rápidos".

Sin embargo, una investigación del portal OjoPúblicoreveló que la junta médica evaluadora del indulto incorporó al médico de cabecera de Fujimori. El informe también documentó visitas fuera del registro oficial al penal Barbadillo y una celeridad inusual en el trámite del beneficio. Frente a las críticas, Falconi defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo en su momento que la comisión actuó "conforme a los procedimientos normativos".

Posteriormente, en 2025, el funcionario asumió la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En febrero del año siguiente, José Jerí lo nombró como jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional.

Defensa electoral de Fuerza Popular

El nuevo viceministro también ejerció la defensa legal de candidatos de Fuerza Popular. Durante las elecciones generales de 2016, el entonces personero legal y tesorero del partido naranja, Luis Mejía Lecca, acreditó a Falconi Gálvez como abogado de la agrupación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Jurado Especial Electoral de Lima Centro.

En dicho proceso electoral, el partido lo contrató para defender al candidato a la reelección Gian Carlo Vacchelli, quien afrontaba un pedido de exclusión por regalar dinero en el programa de televisión “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Sobre esta labor, Falconi declaró en su momento: "Me tocó defenderlo y se logró que no lo retiren de las elecciones". Asimismo, asumió la defensa técnica del candidato fujimorista Israel Lazo Julca, denunciado por entregar una silla de ruedas en plena campaña.

El funcionario confirmó que el partido requirió sus servicios para esos casos específicos, aunque aclaró que no mantenía un vínculo de amistad con Mejía Lecca y sostuvo que en su trayectoria también defendió a políticos de otras bancadas, entre ellos a Julio Guzmán y a la excongresista Janet Sánchez.

Primera suspensión

Por este mismo caso, Varillas Solano estuvo suspendido por un año en el ejercicio de sus funciones. El magistrado David Fernando Correa Castro, en su condición de Juez Superior Titular de la Unidad de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, mediante la Resolución N° 001 de fecha 7 de marzo del 2024, le impuso seis meses de suspensión a partir del 10 de marzo de 2024. La suspensión se amplió por otros seis meses, hasta marzo de 2025. En ese momento, cuando ya había un pedido de destitución en su contra, fue reincorporado en el séptimo juzgado Civil de Derecho Comercial.

Esto ya es habitual en el juez de las medidas cautelares extremas. Lo suspenden por un año, hasta que la opinión pública se olvida de sus tropelías y, luego, regresa a su despacho para continuar con su práctica habitual, que todos conocen y miran, sin decir nada.

Segunda suspensión

De acuerdo con antiguos expedientes judiciales, entre marzo de 2016 hasta mayo de 2017 también estuvo suspendido por decisión de la desactivada Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). El procedimiento disciplinario debió terminar con un pedido de destitución ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Pero, de ese expediente no hay noticia hasta hoy. "No se ha perdido, está traspapelado en alguna oficina", dicen las fuentes oficiales.

La suspensión del 2016-2017 respondió a una denuncia presentada por la Procuraduría del Gobierno Regional de Tacna por otorgar una medida cautelar al Consorcio Salud Tacna que impidió al Estado cobrar las cartas fianzas por los retrasos en la construcción de un hospital.

La resolución de suspensión argumentó "que en la resolución que otorgó la medida cautelar al Consorcio Salud Tacna se observa una motivación aparente, puesto que no habría realizado un análisis suficiente de los elementos que se deben acreditar (verosimilitud del derecho, peligro en la demora y razonabilidad de la medida cautelar)"

Asimismo, "señala que no es razonable que el juez denunciado haya aceptado el monto irrisorio de la caución juratoria pues sería insuficiente para reparar los daños que la ejecución de la cautelar produce al Estado".

Investigación en la JNJ

En junio de 2023, la ex instructora de la JNJ, María Zavala Valladares, inició una investigación disciplinaria contra Varillas Solano al tomar conocimiento por denuncias públicas de su accionar en el Séptimo Juzgado Civil-Comercial que hoy, con el cambio de Colegiado en la Junta, permanece encarpetado. El actual colegiado de la Junta ha preferido los casos políticos contra jueces y fiscales, antes que el combate a la real corrupción judicial.

De acuerdo con las fuentes judiciales, la Unidad de Sanciones solicita la destitución de Varillas por las medidas cautelares que de manera célere emitió en los casos de Gol Perú, la disputa por el hotel Meliá, el peaje del puente Chillón y sus vínculos con el prófugo juez César Hinostroza, que denotaban un presunto tráfico de influencias.

Procesos penales

Este procedimiento disciplinario es paralelo a los procesos judiciales en trámite. Varillas está incluido en un proceso por presunta corrupción con embargo cautelar de sus bienes a fin de garantizar el pago de una reparación civil al Estado. Además, otro proceso por cohecho por presunta complicidad con el destituido Juan Ulises Salazar Laynes, juez del Décimo Juzgado Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el caso Oncoserv. Salazar Laynes habría solicitado hasta 30 mil dólares por resolución cautelar.