"Señalar que todo esto es un simple chisme. Mi confianza en el primer ministro es absoluta. Él es un simple colaborador que busca apoyar en este comité consultivo de la Presidencia", indicó la mandataria.

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Distintas fuentes habían señalado que José Chlimper era uno de los voceados para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros en el futuro. Al respecto, Fujimori indicó que el exministro de Agricultura y actual integrante de la comisión consultiva ya había descartado la posibilidad de formar parte del Consejo de Ministros. "El mismo señor Chlimper ha salido en una entrevista a detallar que no tiene ninguna intención de ser ministro de Estado", dijo la presidenta.

La mandataria cumple el tercer día de su viaje por El Salvador. Durante su estancia en el país centroamericano, Fujimori se ha reunido con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y algunos de sus ministros. Además, ha visitado el Centro contra el Terrorismo (CECOT) y distintas instituciones educativas.

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Galarreta también niega que vaya a dejar el cargo

El propio Galarreta se pronunció sobre los trascendidos que lo situaban fuera del cargo de primer ministro. Durante una visita a Tumbes, acompañado por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinellí, el presidente del Consejo de Ministros calificó de “chismes” las versiones sobre una eventual salida del cargo.

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"Los ministros siempre van a estar en evaluación, todos los ministros, pero ahorita todos estamos abocados a luchar contra la criminalidad, a enfrentar el fenómeno de El Niño y varios ministerios más a sus sectores. Así que yo no comento sobre chismes, digamos, pero sí sobre el tema de fondo. El tema de fondo es que nuestra capacidad de reacción tiene que ser diferente a otros momentos", señaló el jefe del gabinete ministerial a RPP.

Días atrás, José Chlimper, uno de los voceados para asumir el cargo, había asegurado que no reemplazaría a Galarreta al frente del gabinete ministerial. "Lucho no solo es primer vicepresidente, es secretario general de nuestro partido y Lucho está totalmente a cargo del premierato", declaró en Canal N.

Consultado directamente si se sentía seguro, aceptó que no ha disminuido el crimen. “Yo no me siento seguro ni yo ni mis hijos, ni los transportistas ni los emprendedores nadie se siente seguro. Hoy hay una percepción de inseguridad tremenda en el país, todos los días muertes”, declaró.

Al preguntarle por los privilegios de los políticos, como la seguridad del Estado en sus visitas a regiones, Barragán optó por minimizar ese resguardo. “No es una seguridad, es un acompañamiento”, dijo. Sin embargo, entre las funciones de esa dirección de la PNP está justamente resguardar y proteger a los parlamentarios.

En esa misma línea, días atrás, la diputada Amalia Palomino de Juntos por el Perú también dijo en Arequipa que se siente insegura en el país, aunque la acompañaba personal de la Policía de Seguridad del Estado. Es decir, ambos parlamentarios con resguardo policial en regiones admiten no sentirse protegidos.

Sobre el viaje de la presidenta a San Salvador, Palomino no vio en él una respuesta a la crisis que ella misma dice sufrir. “No creo que haya pedido ayuda. Creo que ha ido a escuchar y a aprender las experiencias de otros países, todo puede ser mejorable”, mencionó.

“¿Para qué viajó Keiko Fujimori a El Salvador? Voté en contra de ese viaje y hoy el propio Bukele nos da la razón: copiar su modelo de seguridad en el Perú «no tendría sentido». Mientras la presidenta viaja, las extorsiones y asesinatos continúan ¿Qué resultados trajo? ¿Cuánto nos costó? La inseguridad no se combate con fotografías ni turismo presidencial. Se combate con una reforma policial profunda, inteligencia y resultados”, escribió.

Bukele fue más explícito ante la prensa. Dijo que “la idiosincrasia de la delincuencia del Perú es distinta” a la salvadoreña y que la inseguridad peruana “es real, pero no es comparable” a la que enfrentó su país. “La medicina no tiene que ser tan fuerte para una enfermedad más pequeña”, manifestó.

Fujimori, en cambio, había calificado el sistema salvadoreño como modelo exitoso, el modelo Bukele durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Sin embargo, no detalló qué medidas concretas aplicaría en el Perú. Lo que sí anunció fue la construcción de dos cárceles, una para internos de alta peligrosidad, inspirada en aspectos del Cecot, y otra para presos de menor riesgo.

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El costo y el voto en el Senado

La comitiva de siete personas, incluida la presidenta, representó un gasto de US$19.616,15, de los cuales US$12.686,15 fueron pasajes y US$6.930 viáticos, según la resolución publicada en El Peruano. A ese monto se suman los pasajes y viáticos del canciller Carlos Espá y del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, que pagaron sus propios sectores. Solo el pasaje de Espá costó US$1.031,80, más US$472,50 de viáticos.

El Senado autorizó el viaje el 7 de octubre con 38 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Los votos en contra provinieron de Juntos por el Perú y de un sector de Ahora Nación. En el debate, Luque sostuvo que la seguridad requiere una estrategia propia, con reformas en la Policía, inteligencia e investigación criminal.

Del lado del oficialismo, el presidente del Congreso, Miguel Torres, calificó el viaje como fundamental y un acierto para conocer las lecciones aprendidas de El Salvador. La presidenta retorna el 31 de octubre y viajará a Madrid el 2 de noviembre, para la Cumbre Iberoamericana.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

Las primeras audiencias de proclamación, todas en el ámbito distrital, iniciaron el último 28 de octubre en los JEE de Jaén, Tumbes, Bagua y Oxapampa. Luego, el 29, hicieron lo propio los JEE de Lima Oeste 1, Lima Oeste 3, Jaén, Huamanga y Huaraz. Este viernes 30 se ha programado audiencia de proclamación el JEE de Moyobamba y Trujillo.

Las proclamaciones de resultados de las ERM se realizarán de manera progresiva en los próximos días, y se estima que concluirán hacia la segunda semana de noviembre.

Los JEE realizan la programación de sus respectivas audiencias públicas tras recibir de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) el reporte del cómputo al 100 por ciento de las actas contabilizadas.

Demoras en proclamación de resultados

Las elecciones regionales y municipales se realizaron el último 4 de octubre. La segunda vuelta está programada para el 6 de diciembre.

Es decir, casi un mes después de que los ciudadanos acudieran a las urnas, recién se conocen los resultados oficiales. Las reglas del JNE de impugnar votos y actas, solicitar recuentos y presentar apelaciones ante distintas instancias electorales garantiza el respeto al voto popular, sin embargo, también implica demoras.

El especialista en derecho electoral, Jorge Jáuregui, explicó a La República que la demora en la proclamación de resultados se debe al sistema de votación convencional que se utiliza, basado en el sufragio presencial y el registro manual de los resultados.

Si bien ello ofrece garantías de seguridad, también genera demoras en el procesamiento de las actas electorales. Los errores materiales durante el llenado de estos documentos y la necesidad de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan las observaciones son algunos de los factores que prolongan la proclamación de las autoridades electas, anotó.

El procedimiento también está expuesto a errores materiales durante el llenado de las actas. Por ello, enfatizó que la falta de firmas, la omisión de datos u otras inconsistencias pueden impedir que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) procesen determinados documentos y los incorporen al cómputo oficial.

Cuando esto ocurre, las actas deben ser remitidas a los JEE para que resuelvan las observaciones. El procedimiento puede incluir audiencias y decisiones jurisdiccionales, lo que extiende los plazos del procesamiento electoral.

Resultados

JEE de Tumbes

JEE de Jaén (Cajamarca)

JEE de San Pablo (Cajamarca)

JEE de Bagua

JEE de Oxapampa

JEE de Huamanga

JEE de Lima Norte 1

JEE de Lima Norte 2

JEE de Lima Oeste 1

JEE de Lima Oeste 3

"El partido falló en sus filtros. Gavidia le mintió a Jorge Nieto y se fue. Y ahí queda. Ya me resulta irrelevante hablar de alguien que necesita justificarse con alguien que ni siquiera lo está entrevistando. De repente, el fujimorismo va a ser un buen lugar para él”, dijo la diputada del Partido del Buen Gobierno en una entrevista con Pedro Salinas en La Mula.

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Respecto a los presuntos acercamientos de Gavidia a Fuerza Popular, que surgieron a raíz de las declaraciones de representantes de la bancada naranja, Alayza señaló que no tiene mayores inconvenientes con esa posibilidad. La legisladora no negó que la renuncia representa un revés para la agrupación, pero consideró que lo mejor es "dar vuelta a la página".

“Si Patricia Juárez lo quiere, que se lo lleve. No es lo ideal ser un partido nuevo y que se haya ido alguien. Pero ya está, ya se fue. No pretendo invertir mis horas de entrevista para hablar de alguien que ni siquiera tiene la decencia de renunciar frente al líder del partido y sale por la puerta falsa”, indicó.

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Susana Matute también cuestionó salida de Gavidia

Sin embargo, Rossana Alayza no fue la única integrante del Partido del Buen Gobierno que se pronunció sobre la salida de Gavidia. Susana Matute, otra de las figuras de la agrupación, señaló que el senador debió exponer sus motivos ante sus compañeros antes de tomar la decisión de renunciar.

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“No hemos tenido oportunidad de hablar con él y nos hubiera gustado escuchar sus argumentos y que hablara con nosotros. Cosa que hacía en la campaña y al empezar la gestión. Sabemos de él por sus redes y por las publicaciones que hace, pero no porque se aproxime a nosotros. Somos adultos y cada quien tiene que hacerse responsable de las decisiones que toma”, declaró a RPP.

Matute también cuestionó que Gavidia no haya considerado el impacto de su decisión en los electores que le confiaron su voto. “Esta es una experiencia que les pasa a otros. Esta vez nos tocó a nosotros y nos ayuda a entender cómo funciona la política. Lamento las decisiones que toma Jorge (Gavidia), probablemente él hubiera tenido la oportunidad de ejercer su voto si exponía ante la bancada sus argumentos. Él no ha pensado que hay colectivos en torno a él que tienen que ver con su presencia dentro del Congreso. Él es parte de una bancada y tiene líderes que lo representan. Todo eso debió pesar también en la toma de su decisión”, indicó.

Frente a la ola delincuencial que azota al país y tras abogar por la comprensión y solidaridad de la población hacia las demandas actuales de los transportistas, el experto recomendó trabajar en una agenda de necesarias reformas en instituciones como la Policía, con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía.

"La Policía debe dar una respuesta mucho más efectiva a las preocupaciones de la ciudadanía. Para eso se necesita tener un brazo de inteligencia más afiatado y desarrollado que el actual. Además, se deben mejorar los mecanismos de lucha anticorrupción al interior de la institución policial", planteó.

También recomendó hacer una evaluación de las últimas leyes que el Congreso de la República ha aprobado sobre el tema y que han generado, según refirió, "una serie de zonas grises para enfrentar a las economías ilegales". Aclaró que esa labor debe trabajarse y enfrentarse desde el espacio del Legislativo.

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Finalmente, el catedrático sanmarquino hizo un llamado a superar lo que consideró un permanente enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Fiscalía. "Los fiscales vienen siendo cuestionados y si bien hay que trabajar en mejorar la labor de la fiscalía, es necesario avanzar en un trabajo articulado, si no es muy difícil combatir a las economías delictivas", concluyó.

CONTROL MIGRATORIO EN 222 HOTELES

Mientras tanto, las autoridades ejecutan masivos operativos de búsqueda y captura de delincuentes en todo el país, bajo la coordinación del denominado Comando Unificado, conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El último miércoles se desplegó una movilización simultánea en 222 hoteles de 17 regiones del país, con el objetivo de verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros y fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre el registro de huéspedes.

Las intervenciones estuvieron a cargo de equipos de las 17 jefaturas zonales de la Superintendencia Nacional de Migraciones, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Durante las acciones, los inspectores de Migraciones verificaron la identidad y documentación de los ciudadanos extranjeros alojados, así como su situación migratoria en el país. También se supervisó que los establecimientos cumplieran con la obligación de registrar a sus huéspedes, a fin de detectar posibles irregularidades y fortalecer el control migratorio.

Al respecto, el superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, señaló: "Seguimos trabajando en costa, sierra y selva, por la seguridad nacional y el orden interno. Hoy estamos en los establecimientos de hospedaje de 17 regiones, haciendo cumplir la normativa migratoria".

Por su parte, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Víctor Meza Farfán, resaltó la articulación entre todas entidades que conforman el sector Interior para fortalecer las acciones de control e intervenir a ciudadanos extranjeros que habrían ingresado irregularmente al país.

"Continuaremos realizando estos operativos de manera permanente", remarcó el general. Asimismo, indicó que, en el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana, las intervenciones se intensifican para reforzar las labores de control y alcanzar mayores resultados.

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A su turno, el superintendente nacional de Sucamec, Eswin Manay, destacó que la entidad contribuye a la lucha frontal contra el crimen organizado mediante acciones destinadas a retirar de circulación municiones, armas y explosivos en posesión de personas no autorizadas y de empresas de seguridad privada que incumplen la normativa vigente.

Jorge Duárez advierte que "las bandas delincuenciales han logrado controlar sectores sensibles de la economía, como la construcción y el transporte, y, a partir de ahí, tejer una serie de redes de control territorial sobre la base de la extorsión; pero hay que entender a su vez que esas acciones delictivas tienen muchas ramas, de ahí su complejidad", advierte el especialista.

Duárez Mendoza considera, además, que las acciones fallidas y desarticuladas entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado en la lucha contra la delincuencia han suscitado la desconfianza y el descrédito ciudadano en sus instituciones, como la Policía Nacional del Perú (PNP).

El profesor Duárez cuestionó, además, el rol del Congreso de la República en ese aspecto pues dijo que ha venido "aprobando leyes que en vez de castigar o enfrentar el avance de la inseguridad han generado, paradójicamente, situaciones que la han acentuado".

En su lugar, anunciaron que el Pleno revisará de oficio de las proclamaciones realizadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) sobre “aspectos numérico y de orden general respecto a las autoridades elegidas y proclamadas”.

Según explicaron, la revisión busca “asegurar la coherencia y uniformidad” de los pronunciamientos. Esto debido a que se trata de 91 JEE y que durante el proceso electoral se han presentado “diversas situaciones que demandan criterios uniformes de actuación”.

“Resulta necesario establecer un mecanismo que permita asegurar la coherencia y uniformidad de los pronunciamientos jurisdiccionales, a fin de garantizar la aplicación homogénea de los criterios correspondientes”, se lee.

El 23 de diciembre es la fecha límite para recuento de votos

Por otro lado, el Pleno del JNE estableció el 23 de diciembre como fecha límite para que los JEE realicen audiencias públicas de recuento de votos.

“Resulta necesario establecer hitos temporales máximos para la realización de las audiencias de recuento, que permitan concluir oportunamente el cómputo electoral”, indicaron.

JNE continua sin pronunciarse sobre los casos de reelecciones encubiertas

Si bien los lineamientos permitirán continuar y finalizar con el proceso electoral, no se refieren directamente a los casos de reelecciones encubiertas. A nivel nacional son 21 casos (14 alcaldías distritales y 7 provinciales).

La última comunicación sobre el tema vino de Ernesto Rosales, especialista legal del JNE, quien informó que se necesitaba el conteo de votos finalizado para que los JEE y JNE emitan una decisión.

“Tenemos que tener el caso concreto específicamente resuelto al 100% del procesamiento de votos para tener un ganador. Luego, que se identifique a todos los ganadores a nivel nacional (provincial y distrital), se evaluarán aquellos casos en los que no hubiese un candidato a la alcaldía y tuviese que asumir algunos de los regidores que han postulado con dicha lista. La evaluación depende del razonamiento que aplique el JEE y el Pleno del JNE. No podría señalar una fecha”, manifestó.

Sobre el caso específico de López Aliaga, Rosales indicó que es comprensible la preocupación de la ciudadanía, pero que “la justicia electoral no puede ponerse en supuestos”.

Agregó que no podía hablar de un caso particular porque estaría incumpliendo la labor que realizan los JEE y el Pleno.

”El sistema salvadoreño tendrá, por distintas razones, un sistema efectivo. Tendrá mucho que tomarse en cuenta, con elementos que tenga para uno u otro. Ahora, copiarlo idéntico no tendría sentido, ya que todo país tiene realidades distintas. El problema de inseguridad del Perú es real, pero no es comparable al que tenía El Salvador. La medicina no tiene que ser tan fuerte para una enfermedad más pequeña”, declaró Bukele.

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En las últimas semanas, el viaje de Fujimori a El Salvador fue promocionado, entre otros motivos, como una oportunidad para conocer las políticas de seguridad implementadas en ese país y evaluar su posible aplicación frente a la crisis nacional. Durante su intervención, Bukele también señaló que existen diferencias entre las características y las formas de operar del crimen organizado en ambos países.

“La idiosincrasia de la delincuencia del Perú es distinta a la idiosincrasia de la delincuencia que hay en El Salvador. Nosotros nunca hemos tratado de decir que este es el sistema para todos los países. Este es el sistema para El Salvador”, sostuvo.

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La visita de Keiko Fujimori a El Salvador

La presidenta Keiko Fujimori viajó a El Salvador para reunirse con su homólogo Nayib Bukele. La mandataria estuvo acompañada por los ministros Carlos Espá (Relaciones Exteriores), César Astudillo (Interior), Ernesto Álvarez (Justicia y Derechos Humanos) y Luis Dyer (Salud). La visita, que se prolongará hasta el 31 de octubre, tiene como objetivo abordar asuntos relacionados con la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, según informó el Estado peruano.

El desplazamiento se produce en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el país y será financiado íntegramente con recursos públicos. El viaje de la comitiva, incluida la mandataria, representa un desembolso de US$19.616,15 para el Estado peruano. De acuerdo con la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, US$12.686,15 se destinarán a cubrir los pasajes aéreos, mientras que los US$6.930 restantes corresponden a viáticos.

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Durante sus primeras horas en territorio salvadoreño, Fujimori visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde elogió la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Bukele. «El proceso que ha seguido El Salvador para conseguir la paz y la tranquilidad con este modelo exitoso, el modelo Bukele», manifestó.

Asimismo, sin presentar mayores elementos que respalden sus afirmaciones, la mandataria reiteró el discurso que expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostuvo que en el Perú se ha debilitado y desprotegido a las fuerzas del orden. «Lamentablemente, décadas siguientes, el Perú nuevamente debilitó sus instituciones y, lo que es peor, debilitó y persiguió a sus Fuerzas Armadas y a su Policía Nacional», afirmó.

"Los ministros siempre van a estar en evaluación, todos los ministros, pero ahorita todos estamos abocados a luchar contra la criminalidad, a enfrentar el fenómeno de El Niño y varios ministerios más a sus sectores. Así que yo no comento sobre chismes, digamos, pero sí sobre el tema de fondo. El tema de fondo es que nuestra capacidad de reacción tiene que ser diferente a otros momentos", señaló el jefe del gabinete ministerial a RPP.

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De acuerdo con fuentes de este diario, Galarreta ya no contaría con el respaldo suficiente para mantenerse en el cargo. Esta situación habría llevado a que la presidenta Keiko Fujimori evalúe la posibilidad de retirarle la confianza y colocar a otra figura cercana al Gobierno al frente de la PCM.

Las mismas fuentes señalan que los motivos que habrían llevado a evaluar su salida son la falta de medidas frente al Fenómeno de El Niño, la crisis de inseguridad ciudadana y el retraso en la aprobación de la delegación de facultades legislativas en el Congreso.

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José Chlimper niega que vaya a reemplazar a Luis Galarreta

José Chlimper descartó la posibilidad de asumir la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en reemplazo de Luis Galarreta y respaldó la permanencia del actual jefe del gabinete. Durante una entrevista con Canal N, el dirigente de Fuerza Popular rechazó los rumores sobre su eventual designación y sostuvo que Galarreta continúa ejerciendo sus funciones al frente de la PCM.

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"Lucho no solo es primer vicepresidente, es secretario general de nuestro partido y Lucho está totalmente a cargo del premierato", declaró en Canal N.

"Yo no tengo ningún afán político ulterior, ni aceptaré cargo público alguno en el futuro, por razones de edad y de salud", publicó en su momento el exministro tras unirse al Comité Consultivo de la presidenta Keiko Fujimori.

"El proceso que ha seguido El Salvador para conseguir la paz y la tranquilidad con este modelo exitoso, el modelo Bukele", manifestó Fujimori durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), al referirse a la estrategia del presidente salvadoreño. La jefa de Estado no detalló qué medidas concretas de ese modelo considera que deberían aplicarse en Perú ni cómo se adaptarían a la realidad nacional.

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Para respaldar su postura, recordó la lucha contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante las décadas de 1980 y comienzos de 1990. Según afirmó, la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la población organizada, a través de los comités de autodefensa y las rondas campesinas, permitió alcanzar la paz.

Sin embargo, Fujimori cuestionó el trato que recibieron las instituciones militares y policiales en los años posteriores. “Lamentablemente, décadas siguientes, el Perú nuevamente debilitó sus instituciones y lo que es peor, debilitó y persiguió a sus Fuerzas Armadas y a su Policía Nacional”, declaró. No precisó a qué gobiernos, medidas o decisiones se refería con esa acusación.

La excandidata presidencial también relacionó ese supuesto debilitamiento institucional con el avance de la criminalidad organizada internacional en Latinoamérica. A partir de ese diagnóstico, planteó que el país debe recuperar el orden, aunque reconoció que el escenario actual es distinto al de las décadas en las que operaban los grupos subversivos.

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Keiko Fujimori equipara a bandas criminales con grupos terroristas

En otro momento de su intervención, Fujimori comparó a las organizaciones criminales que operan actualmente en la región con los grupos terroristas que enfrentó Perú durante el conflicto armado interno. La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que estas bandas representan una amenaza que supera las fronteras nacionales y que requieren una respuesta firme del Estado.

“Pero ya no de grupos terroristas, sino de estas bandas criminales. Que no respetan fronteras, pero que son grupos terroristas”, afirmó durante su visita a El Salvador.

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La declaración plantea una equivalencia entre dos fenómenos de distinta naturaleza. Mientras Sendero Luminoso y el MRTA fueron organizaciones subversivas responsables de graves actos de violencia durante el conflicto armado interno, las bandas criminales actuales están vinculadas a delitos como la extorsión, el sicariato y el tráfico ilícito de drogas.

Pese a presentar el modelo salvadoreño como una experiencia exitosa, la dirigente no explicó qué mecanismos de la política de Bukele propone trasladar al Perú ni qué garantías deberían acompañar su aplicación. Su discurso se concentró en reivindicar el papel de las fuerzas del orden y cuestionar el tratamiento que recibieron las instituciones peruanas en gobiernos anteriores.

"No les puedo decir quién asumirá el nuevo cargo de vocero. Yo no podría serlo, estoy en cuatro comisiones y soy segundo vicepresidente. El tiempo es muy poco. Si queremos hacer un buen trabajo, tenemos que hacer que otros de la bancada asuman la vocería", indicó a Epicentro.

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Sobre la salida de Holguín, Colchado expresó su respeto hacia su compañero de bancada. Señaló que la decisión es la correcta para que el trabajo de vocería pueda ser llevado de la mejor manera.

"Para mí Holguín merece mi mayor respeto. Es muy capaz y lo respetamos mucho. Pero no coincide con la mayoría. Lo mejor para un vocero que no coincide con la mayoría es dar un paso al costado. Se le respeta", señaló.

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Holguín renuncia a la vocería de Ahora Nación

El diputado César Holguín presentó su renuncia irrevocable a la vocería de Ahora Nación tras expresar su desacuerdo con la posición de su bancada frente a la delegación de facultades al Gobierno y la interpelación al ministro del Interior. En una carta dirigida a Alfonso López Chau, titular del grupo parlamentario, argumentó que sus discrepancias eran incompatibles con las responsabilidades de representación del cargo.

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No obstante, fuentes de la propia agrupación señalaron a La República que la salida de Holguín de la vocería habría sido una decisión de la bancada que lo tomó por sorpresa. Según estas versiones, el legislador se encontraba desconcertado ante lo ocurrido.

José Marcelo, presidente de la Comisión de Economía y cercano a López Chau, sería uno de los principales candidatos para ocupar el puesto. Holguín no asistió a la reunión que sus colegas sostuvieron ayer con el ministro de Energía y Minas. Al igual que él, otros miembros de Ahora Nación como Indira Huilca, Ruth Luque y Jaime Delgado tampoco lo hicieron.

Reynaga pasó a encabezar la lista de Somos Perú luego de que la candidata a la alcaldía, Felicita María Rodríguez Peña, renunciara justo en medio del proceso electoral.

Esa agrupación política ganó con 31.858 votos (25,7% de los válidos), por delante de Renovación Popular, con 27.871 (22,5%), y Podemos Perú, con 23.427 (18,9%).

Por ser la lista que más votos tuvo, Somos Perú se quedó con ocho de las once regidurías. Renovación Popular obtuvo dos y Podemos Perú una.

Cuando se instale el concejo, este deberá pedir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la credencial de alcalde para el primer regidor, es decir, para Reynaga. Si es que Burneo, presidente del JNE, se la entrega, extendería su mandato por otros cuatro años.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) exigió al Pleno del JNE fijar una posición expresa sobre 130 presuntos casos de reelección encubierta en las ERM 2026.

Qué pasará el 1 de enero en los municipios con reelección encubierta

Jorge Valdivia, asesor del gabinete del JNE, explicó a Ojo Público cómo se procederá. Los Jurados Electorales Especiales proclamarán primero a los primeros regidores. Como no habrá alcalde electo, aplicarán la Ley Orgánica de Municipalidades y pedirán al JNE las credenciales de quien asuma la alcaldía y de quien complete el número de regidores, mediante un expediente de convocatoria de candidato no proclamado.

"Tienen que realizar un expediente que se llama (convocatoria de) candidato no proclamado’ para solicitar las credenciales", dijo.

El primer regidor asume el viernes 1 de enero de 2027, feriado seguido de fin de semana, así que el pedido de credenciales recién se atenderá el lunes 4. Serán como mínimo cuatro días en los que el primer regidor ocupe la alcaldía, porque el artículo 24 de la ley municipal le encarga asumirla ante la ausencia del alcalde. Cuando ese primer regidor es el alcalde del periodo anterior, tendría un liderazgo temporal sin credencial oficial del JNE.

El politólogo Fernando Tuesta plantea que el JNE llamaría a quien sigue en la lista ganadora. En Lima sería Rafael López Aliaga como primer regidor; sin embargo, el especialista tuvo una opinión difernete.

"El JNE se encarga de entregar credenciales. Llama de la lista ganadora a quien postuló como alcalde. No está porque renunció entonces llama a quien sigue. Sería el señor López Aliaga como primer regidor. No se le puede entregar la credencial de alcalde porque está impedido por la Constitución. Se le entregará la credencial de regidor. ¿Quién asumirá la alcaldía? El regidor que sigue, el número 2", señaló.

La medida quedó sin efecto luego de que 7 diputados decidieran retirar sus firmas del documento. Entre los parlamentarios que retiraron su firma se encuentran cuatro integrantes de Obras: Juan César Cabrera Nieto, Arturo César Eusebio Padilla, Alejandro José Manay Pillaca y Andrea Dayna Medina Stein.

En el caso de Juntos por el Perú, los diputados en contra de la interpelación fueron Amalia Emilia Palomino Pacheco y Víctor Eduardo Piñán Mamani. Respecto de Ahora Nación, retiró su firma Helard Sonco Villanueva.

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La iniciativa fue impulsada por bancadas de oposición, contemplaba un pliego de 44 preguntas enfocado en evaluar la gestión del titular del sector Educación desde el inicio de su gestión el 28 de julio.

Además, abarcaba consultas sobre presuntas irregularidades administrativas detectadas en diversas instituciones del sector.

Las interrogantes estaban agrupadas en ocho bloques temáticos: uno enfocado en la crisis de la Universidad de Ucayali, cuatro centrados en la gestión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y un grupo de preguntas dirigido a revisar controversiales designaciones en el sector Educación, entre las que figuraban los excongresistas Esdras Medina, Tania Ramírez y Diana Gonzales.

La medida buscaba llevar al ministro al Pleno para responder por dichos cuestionamientos; sin embargo, el trámite quedó cancelado y la moción pasó al archivo tras no alcanzar el número mínimo de firmas requeridas por el reglamento.

Esta dimisión se suma a la del vocero titular, César Holguín, lo que evidencia tensiones internas por la línea política de la bancada y responde, en palabras del propio exvocero, a "diferencias incompatibles con el cargo".

Tras este panorama de dimisiones y discrepancias, se perfila que el diputado Ángel Meneses, hombre de confianza de López Chau, asuma la vocería titular en los próximos días con el fin de restablecer la coordinación interna del grupo.

Según fuentes internas, la salida de Huilca responde a la inconformidad de un sector de diputados militantes que cuestionaban el liderazgo de la vocería. Varios integrantes del bloque pidieron su renuncia, ya que consideraban que sus decisiones, al igual que las de Holguín, se tomaban sin consensuar con la bancada y al margen de la posición adoptada por la mayoría del grupo.

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Las diferencias se profundizaron durante el debate y posterior votación sobre la delegación de facultades solicitadas por el Ejecutivo.

Pese a que la mayoría de los diputados de Ahora Nación había acordado internamente votar a favor de la medida, los portavoces del grupo optaron por marcar una postura distinta sin haberla comunicado previamente al grupo, lo que agudizó la distancia entre la vocería y el bloque parlamentario.

A este escenario se suman los cuestionamientos por el manejo político y la toma de decisiones dentro de la organización. Fuentes de La República también señalan que las decisiones quedan concentradas en un entorno cerrado de asesores de confianza que ocupan despachos y comisiones principales.

Asimismo, se indica que López Chau mantiene reuniones de manera constante con figuras de Fuerza Popular como Patricia Juárez y Miguel Torres para abordar diversas negociaciones parlamentarias.

Su viaje al extranjero coincidió con la semana de representación realizada del 12 al 16 de octubre, días asignados para que cada parlamentario atienda las demandas de su región.

De acuerdo con el registro oficial, el congresista solicitó licencia solo del 12 al 16 de octubre, a pesar de haber salido del Perú el 9 y retornado el 17. Además, el viaje coincidió con la semana de su cumpleaños, celebrado apenas cuatro días después de su llegada de Europa.

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Tras su retorno a Lima el 17 de octubre, el parlamentario comenzó a difundir en sus redes sociales videos en los que se le observa realizando inspecciones de obras en Piura por el Fenómeno El Niño, pese a que las alertas iniciaron a finales de septiembre y requirieron la presencia de las autoridades regionales durante las semanas más críticas.

Sin embargo, en diálogo con La República, el diputado señaló que su viaje a España ya estaba programado por "motivos personales" y rechazó haber desatendido Piura durante las emergencias por lluvias. “El equipo ha estado trabajando y yo, ni bien he llegado, me he puesto también en el tema”, sostuvo.

Precisó que viajó el viernes 9 de octubre a las 11.00 p. m. y manifestó que no cobró los fondos de la semana de representación, argumentando que solicitó licencia sin goce de haber y que devolvió el bono correspondiente al Congreso.

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Ruth Luque asegura que tiene que haber transparencia

Frente a esta situación, la senadora Ruth Luque de Ahora Nación cuestionó la conducta del representante piurano y la falta de transparencia en la gestión de los viajes parlamentarios.

Al ser consultada sobre las razones del desplazamiento del congresista de Fuerza Popular al extranjero durante días laborales, Luque demandó explicaciones públicas.

Respecto al deber de los parlamentarios electos por regiones en situación de desastre, la senadora reiteró que se puede reflejar el verdadero compromiso con sus electores mediante la semana de representación.

"Yo creo que cada parlamentario prioriza (...). Creo que ahí tiene que haber una ponderación sobre cuáles son las prioridades reales que se perciben, especialmente cuando la población demanda que uno esté más presente en el territorio, especialmente si representas a una región, y el que ha sido electo por esa región, la población seguramente va a esperar mucho más probablemente de un congresista (...) sobre todo que Piura afronta en este momento temas de lluvia y requiere mayor atención”.

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Sobre la responsabilidad política de garantizar ayuda en desastres naturales, Luque destacó la importancia de la llegada y las coordinaciones de los representantes de las zonas afectadas.

"Creo que uno tiene que tratar siempre de estar en su territorio, especialmente si eres representante de esa zona, y en una situación de emergencia, asegurar que toda la ayuda y que todo el Estado en su conjunto funcione”.

Respecto a las publicaciones sobre Piura emitidas por Castillo días después de su viaje, la parlamentaria señaló que la comunicación no reemplaza a la rendición de cuentas.

"Cada uno maneja como quiere la comunicación, pero quizá aquí lo que hay que orientarse es por la transparencia (...). Si uno decide viajar en un contexto complejo, creo que lo primero es la transparencia (...) responder públicamente cuál ha sido el beneficio de viajar”.

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Alertas meteorológicas a inicios de octubre

La ausencia del parlamentario en su región cobró mayor gravedad frente a los avisos oficiales de los organismos técnicos. Desde el 23 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ya advertía sobre el ingreso de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones en la zona norte del país.

El escenario se tornó aún más complejo en pleno periodo de representación. El 16 de octubre, la Comisión Multisectorial del ENFEN mantuvo la 'Alerta de El Niño Costero', advirtiendo un incremento de lluvias por encima de los valores normales.

Dos días después, el 18 de octubre, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci emitió un reporte sobre precipitaciones capaces de activar quebradas en las provincias piuranas.

La dirigente representa a cerca de mil 500 mujeres de esta provincia cusqueña que aún esperan justicia por las intervenciones a las que fueron sometidas sin una decisión libre e informada, según sus testimonios.

Rojas tenía 24 años y dos hijos cuando fue sometida a la esterilización. Recuerda que, durante las campañas de planificación familiar, les ofrecían alimentos y otros apoyos, mientras las convencían de que no debían tener más hijos debido a las dificultades económicas. "Me han hecho asustar con engaños", relató.

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Según su testimonio, les decían que, por ser campesinas y no tener recursos suficientes, no podrían garantizar la educación de sus hijos si aumentaba el tamaño de sus familias.

La mujer asegura que nunca tuvo la intención de renunciar a la posibilidad de volver a ser madre. "Yo quería tener todavía hijos y yo no pensaba que era así", manifestó. También contó que las consecuencias de la intervención afectaron su vida familiar y su relación de pareja. Según dijo, terminó separándose de su esposo y tuvo que sacar adelante a sus hijas en medio de dificultades económicas y emocionales.

"Nosotros hemos llorado, tristes nos hemos puesto. ¿Por qué se va a archivar nuestro caso? Porque somos campesinos, diciendo nosotros", expresó Rojas al recordar cómo recibieron la noticia.

Para la dirigente, cerrar la investigación significaría prolongar el abandono que, asegura, han enfrentado durante años las mujeres que buscan esclarecer lo ocurrido. Por ello, anunció que continuarán exigiendo que el caso siga su curso y cuestionó que las víctimas no cuenten con suficiente respaldo legal.

Ley Rospigliosi amenaza el camino a la justicia

La abogada Yudith Conto, de Derechos Humanos Sin Fronteras, explicó que el proceso enfrenta obstáculos por la aplicación de la denominada ley Rospigliosi, que establece como punto de referencia el 9 de noviembre de 2003 para la vigencia de los delitos de lesa humanidad. Según la especialista, debido a que las esterilizaciones investigadas ocurrieron entre 1996 y 2000, la acción penal estaría prescrita bajo ese criterio, lo que pone en riesgo la continuidad de la investigación.

"Está a punto de archivarse porque está aplicando la ley Rospigliosi", sostuvo Conto. La abogada cuestionó que esta disposición se interponga en el camino de las víctimas y precisó que la defensa recurrirá a los mecanismos legales disponibles para impugnar la decisión. Entre las acciones previstas mencionó la elevación de actuados y la presentación de un recurso de amparo, antes de evaluar los siguientes pasos.

Más de 20.000 mujeres afectadas

Conto también dimensionó el alcance del caso en la región. Señaló que son más de 24.000 las mujeres esterilizadas en Cusco, mientras que en la investigación de mayor alcance se encontraban comprendidas más de 4.150 víctimas. En tanto, Rojas insistió en que las mujeres de las comunidades campesinas no dejarán de reclamar justicia. "Nosotros no queremos que se archive, vamos a seguir luchando", afirmó.

Sin embargo, fuentes del propio partido señalaron a La República que la decisión de sacar a Holguín de la vocería fue una sorpresa para él y que el diputado se encontraba desencajado.

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El relevo en la vocería debía caer sobre la diputada Indira Huilca como alterna, pero allegados a la bancada señalaron que también se ha solicitado a ella su renuncia. Esta decisión aún no ha sido oficializada por ninguna de las dos partes.

Ambos cambios dejarían como nuevo vocero de la bancada a José Marelo. El nombre del también presidente de la Comisión de Economía figura entre los que ocuparían el puesto de Holguín por su cercanía a López Chau.

César Holguín, Indira Huilca, Ruth Luque y Jaime Delgado no asistieron a la reunión de ayer con el ministro de Energía y Minas, donde sí participaron sus compañeros de bancada.

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La decisión de Holguín

Sobre el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo, Holguín afirmó que se mantuvo por ser un representante de Cusco. En el documento, vinculó su postura con el sentir de su región.

Tras comunicar su renuncia, el legislador planteó que Ahora Nación profundice el diálogo con las regiones y tome en cuenta sus perspectivas al definir sus decisiones. También agradeció la confianza recibida durante su gestión como vocero.

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Por su parte, López Chau negó que el pronunciamiento de Holguín represente un resquebrajamiento en la interna del partido y dio como ejemplo, votaciones del diputado Harvey Colchado, con las que, según él, no ha coincidido.

“Yo creo que él ha tomado una decisión sensata. Él sabe que no puede expresar. Qué hace él: ‘oye, yo soy vocero, pero tengo discrepancias con mi bancada’. Ha presentado por eso su renuncia”, sostuvo.

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Rossana Alayza cuestiona retiro de voceros de Ahora Nación y defiende el diálogo dentro de las bancadas

La parlamentaria Rossana Alayza cuestionó la decisión de Alfonso López Chau de retirar a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación dentro del bloque opositor. A través de una publicación en X, lamentó la medida y sostuvo que las diferencias políticas no deberían ser motivo de exclusión entre quienes integran una misma organización parlamentaria.

Alayza también se refirió a la semana difícil que atravesó el Partido del Buen Gobierno y al Pleno Bicameral, que calificó como complejo y frustrante. En ese contexto, destacó el trabajo que logró construir con otros colegas, entre ellos Nery Fernández, Ernesto Zúñiga, Indira Huilca, César Holguín y Yenifer Paredes. La legisladora expresó su gratitud hacia ellos por los acuerdos y el trabajo compartido.

La diputada defendió la convivencia entre parlamentarios con posiciones distintas y afirmó que el liderazgo exige capacidad para llegar a acuerdos. “Las diferencias no deberían ser motivo de exclusión, sino una oportunidad para demostrar madurez democrática”, escribió. También remarcó que, aunque la vocería pueda cambiar, mantiene su voluntad de seguir trabajando con sus colegas por el país.

Uno de los episodios abordados en el informe corresponde a las agresiones registradas durante la etapa preliminar de la primera vuelta de las elecciones generales. El documento señala que 60 periodistas fueron agredidos durante el primer trimestre del año, según información de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

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Asimismo, el informe indica que, durante los días 12 y 13 de abril, fechas en las que se desarrolló la primera vuelta electoral, ocho periodistas fueron agredidos en distintas zonas del país. Entre estos casos destaca el de Ysrael Rivera, reportero tacneño que fue detenido por un policía mientras cubría el retiro de propaganda electoral.

El documento también detalla las agresiones perpetradas contra periodistas como César Hildebrandt, Eloy Marchán, Paola Ugáz, Kenny Yucra, Paolo Benza y Susy Aponte, conocida como la 'China Polo'. Este último caso, al tratarse de un asesinato, es señalado en el informe como el hecho más violento contra la prensa registrado en lo que va del año.

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Agresiones desde el Congreso

El documento también recuerda las agresiones contra la prensa atribuidas al Congreso. El primer episodio data de junio de 2026, cuando el Parlamento saliente aprobó un informe que recomendaba acciones penales contra Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, acusándolo de una supuesta influencia indebida sobre fiscales. El documento, elaborado por una comisión presidida por el congresista Alejandro Muñante, atribuía al periodista los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

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Los siguientes casos incluidos en el informe involucran al nuevo Parlamento. En julio de este año, periodistas de diversos medios no pudieron ingresar a la Cámara de Senadores para cubrir la elección de su mesa directiva. Una situación similar se había producido días antes, durante la juramentación de los senadores. En esa ocasión, los reporteros solo pudieron seguir la ceremonia a través de un televisor instalado en una sala contigua. El CPP recuerda que no es la primera vez que el Parlamento impide el ingreso de periodistas a sus sesiones.

El segundo caso relacionado con el nuevo Congreso ocurrió en agosto y estuvo vinculado a una iniciativa legislativa. El diputado de Renovación Popular Aldo Bravo propuso modificar el Código Penal para agravar las penas por el delito de apología en contextos de crisis política o conflictos sociales. La agravante se aplicaría cuando el delito se cometiera a través de cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión, así como cuando el emisor fuera un líder de opinión, comunicador, creador de contenido digital o influencer con capacidad de convocatoria pública. El CPP sostuvo que la propuesta atentaba contra las libertades de expresión, prensa e información. El proyecto fue retirado poco después de que se publicara.

Según la denuncia, el expresidente del Congreso habría presentado hasta siete denuncias disciplinarias contra magistrados entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Entre los denunciados figuran Concepción Carhuancho, Chávez Tamariz y Cano López. Las infracciones atribuidas podrían derivar en su suspensión inmediata y en su inhabilitación por hasta 10 años para ejercer la función pública.

Cabe mencionar que la Junta Nacional de Justicia abrió un procedimiento disciplinario de destitución contra el juez Chávez Tamariz por inaplicar la ley que prescribe delitos de lesa humanidad. El magistrado Concepción Carhuancho fue suspendido seis meses en junio, tras las acusaciones de Rospigliosi y del congresista Montoya.

El documento también cita los mensajes del senador en redes sociales. El 30 de enero, Rospigliosi escribió en X que no basta con reformar el sistema judicial, sino que hay que barrerlo.

Lo hizo en alusión a la decisión de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria, que no aplicó la ley de prescripción en el proceso por la masacre de Cayara, en Ayacucho. Para los denunciantes, estas amenazas vulneran el artículo 43 de la Constitución, que establece la separación de poderes.

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Los artículos que habría infringido

El sustento de las denuncias disciplinarias de Rospigliosi, según el texto, es la aplicación del control de convencionalidad sobre normas de prescripción y amnistía de delitos de lesa humanidad. Los casos que enfrentaron los magistrados corresponden a violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000.

Los denunciantes sostienen que esa serie de denuncias ante la JNJ infringe los artículos 138, 139 y 146 de la Constitución. Estas normas protegen la potestad de los jueces de aplicar el control difuso, su independencia y las garantías de la función jurisdiccional.

Entre las normas citadas está el numeral 2 del artículo 139, que dice que ninguna autoridad puede meterse en el trabajo de los jueces ni quitarles causas que están en trámite. Es justo la regla que, para los denunciantes, Rospigliosi habría pasado por alto con sus reclamos contra los fallos de los magistrados.

Un patrón que, según la denuncia, no cesaría

Vásquez afirma que el amedrentamiento no alcanza a cualquier resolución. Se concentra “selectivamente”, dice, en decisiones que protegen el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

El texto advierte que el patrón de Rospigliosi “no se ha agotado” y que no existe elemento objetivo que permita prever su cese espontáneo. De no mediar una sanción institucional, sostiene, mantendrá la presión sobre el Poder Judicial cada vez que este falle en su contra.

La senadora vincula además la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad que impulsó Rospigliosi con otro caso. Según Vásquez, la Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos archivó hace poco la nueva investigación sobre las esterilizaciones forzadas. Pide revocar esa decisión y derogar las normas que, a su juicio, favorecen a violadores de derechos humanos.

Kanashiro Romero fue contratado durante la gestión del actual ministro, César Astudillo, bajo la modalidad de locación de servicios, en el marco del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) al Sector Público. En julio de 2024, Kanashiro fue contratado por el Ministerio del Interior como jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, bajo la gestión de Juan José Santiváñez. Sin embargo, renunció al cargo en octubre de 2025, luego de que la Contraloría General de la República identificara un presunto direccionamiento a favor de una empresa en los procesos de adquisición de un avión de pasajeros y carga, chalecos antibalas, pistolas para la Policía Nacional del Perú (PNP), entre otros bienes.

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Erick Caso Giraldo también desempeñó funciones durante la gestión de Santiváñez a cargo del Ministerio del Interior. En ese periodo, se desempeñó como jefe del Gabinete de Asesores y secretario general de la cartera. Posteriormente, fue designado por Santiváñez y la entonces presidenta Dina Boluarte como director del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial en representación del Ministerio del Interior. Caso Giraldo sigue en el puesto hasta la actualidad.

Yosilú Bazán López también ocupó cargos en el Ministerio del Interior durante la gestión de Santiváñez. La funcionaria se desempeñó como secretaria del entonces ministro desde 2023 y trabajó junto al exministro durante todo su periodo. Con Astudillo al mando, Bazán López continúa como secretaria del despacho ministerial.

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Actualmente, la funcionaria es investigada por la Contraloría General de la República por presuntamente haber permitido el ingreso irregular de Santiváñez a las instalaciones del Ministerio del Interior el 9 de junio de 2026. Según la investigación, el exministro habría llegado hasta la oficina del entonces comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, sin registrarse en la puerta de ingreso.

Casos son mencionados en denuncia constitucional contra Astudillo

El ministro César Astudillo enfrenta una denuncia constitucional por presuntas irregularidades en las contrataciones y designaciones de personal en el Mininter. La acusación señala posibles delitos de corrupción y nombramientos ilegales. En la denuncia contra el titular del sector del Interior, se detallan los tres casos mencionados anteriormente.

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En lo penal, el documento solicita que se autorice abrir un proceso contra Astudillo por los presuntos delitos de negociación incompatible, nombramiento o contratación ilegal y omisión o demora de actos funcionales, que sustenta en los artículos 399, 381 y 377 del Código Penal, respectivamente.

En lo político, la denuncia pide que el ministro sea destituido y quede inhabilitado para ejercer la función pública hasta por diez años, al considerar que habría vulnerado los artículos 38, 39 y 128 de la Constitución, referidos al cumplimiento de las leyes, el servicio a la Nación y la responsabilidad individual de los ministros.

A través de sus redes sociales, el legislador defendió la autonomía de las posturas dentro de los grupos políticos. "La democracia también se practica dentro de los partidos. El voto de conciencia, con argumentos públicos y sin acuerdos bajo la mesa, merece respeto; por ello brindo mi respaldo a César Holguín".

En su pronunciamiento, Zunini también resaltó que los cargos dentro de las bancadas no deberían estar sobre la responsabilidad que tienen los congresistas con sus electores y la ciudadanía en general.

"Los cargos pasan, lo realmente importante es terminar el mandato con la frente en alto y responder ante el pueblo que nos eligió por las decisiones que tomamos".

El diputado César Holguín dejó la vocería de Ahora Nación por diferencias con su bancada

El parlamentario representante de Cusco, César Holguín, oficializó su renuncia irrevocable a la vocería del grupo parlamentario Ahora Nación. Mediante una carta remitida a Alfonso López Chau, presidente de la agrupación, el legislador renunció y señaló que sus discrepancias políticas con la mayoría de la bancada resultan incompatibles con el cargo de la vocería.

El quiebre se originó principalmente por dos temas de la agenda legislativa. En primer lugar, Holguín rechazó la concesión de facultades legislativas al Ejecutivo, postura que adoptó en sintonía con las demandas de la región Cusco.

En segundo lugar, el parlamentario apoyó abiertamente la censura al ministro del Interior, una posición contraria a la línea adoptada por la mayoría de su grupo parlamentario.

Tras formalizar su salida de la vocería, el legislador instó a la dirigencia de Ahora Nación a considerar las demandas de las regiones. Asimismo, expresó su agradecimiento por la confianza otorgada durante el periodo en el que ejerció el cargo.

La reforma solo se activaría si la vacancia se sustenta en hechos directamente vinculados con una grave y manifiesta deficiencia en la gestión del Gobierno, según lo que menciona el proyecto. La fórmula legal fija un plazo de seis meses para realizar los comicios.

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El proyecto cambia además la disolución. Hoy el artículo 134 permite al presidente disolver solo la Cámara de Diputados si esta censura o niega la confianza a dos Consejos de Ministros, y el Senado sigue en funciones, pero con el proyecto de Ahora Nación se disolvería todo el Congreso.

Holguín sostiene que la medida desincentivaría el uso de ambos mecanismos al hacer que sus costos recaigan sobre los dos poderes. Plantea que la vacancia opera por dos causales: indicios graves de corrupción o ingobernabilidad persistente.

Nueve presidentes en diez años

El PL sostiene que el país tuvo nueve presidentes entre 2016 y 2026, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí, José María Balcázar y, desde el 28 de julio, Keiko Fujimori.

Según Holguín, esa sucesión debilitó la gobernabilidad y alteró las prioridades de los gabinetes y de las entidades públicas. Para sustentarlo, el proyecto cita a la OCDE que menciona que el país tuvo 16 ministros de Educación entre 2016 y 2025, y el 46% de los funcionarios públicos trabaja con contratos de corta duración. El texto agrega que la rotación de autoridades llega a los equipos técnicos y que eso implica pérdida de experiencia en los ministerios.

Ella estuvo vinculada en el 2018 a otra investigación relacionada con la salida del país del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, involucrado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Rujel Sullón fue detenida el martes durante un operativo ejecutado en Lima, Callao, Tumbes, Puno y Lambayeque. La intervención, autorizada judicialmente, terminó con la detención de 12 personas, entre ellas trabajadores y antiguos funcionarios de Migraciones, además de efectivos policiales investigados por su presunta participación en actividades ilícitas vinculadas al tránsito de extranjeros.

La investigación apunta a una supuesta manipulación de registros migratorios y a la omisión de procedimientos de control para permitir movimientos irregulares a través del país, principalmente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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De acuerdo con la hipótesis fiscal, los involucrados habrían recibido pagos de entre 200 y 300 dólares por cada persona beneficiada. Durante las diligencias se incautaron 10 mil dólares, equipos electrónicos, tarjetas migratorias y documentación que será evaluada por las autoridades.

La pesquisa se originó tras una denuncia de la Superintendencia Nacional de Migraciones por presuntas irregularidades registradas entre 2022 y 2025.

De acuerdo con la información fiscal, los investigados habrían facilitado la salida del país de menores de edad sin las autorizaciones correspondientes.

Otro de los aspectos centrales es la supuesta incorporación de información falsa en el Registro de Información Migratoria, mediante la consignación de movimientos de ciudadanos extranjeros que no habrían estado físicamente en los puestos de control.

Los investigados afrontan sospechas por presuntos delitos de tráfico ilícito de migrantes agravado, atentado contra la integridad de datos informáticos, falsedad genérica y banda criminal.

Durante los allanamientos se incautaron equipos electrónicos y documentos que serán analizados por las autoridades.

El nombre de Yojani Rujel Sullón ya había sido mencionado públicamente en octubre de 2018, cuando se investigó la fuga del exjuez supremo César Hinostroza hacia Ecuador, pese a las investigaciones que afrontaba en el Perú.

Entonces Rujel se desempeñaba como supervisora de Migraciones en Tumbes y era identificada como la jefa de la trabajadora Yhenifferd Bustamante Moretti, quien intervino directamente en los procedimientos migratorios relacionados con la salida de Hinostroza.

Rujel Sullón es esposa del excongresista por Tumbes Juan Carlo Yuyes Meza, quien integró la bancada de Fuerza Popular durante el periodo parlamentario 2016-2019.

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El nuevo operativo abre interrogantes sobre la presunta existencia de irregularidades en los sistemas de control migratorio y sobre la posible participación de servidores públicos en actividades ilícitas.

No obstante, la responsabilidad penal de Rujel Sullón y de los demás investigados deberá establecerse mediante las diligencias fiscales y las decisiones judiciales correspondientes.

Según la Policía Nacional del Perú, la banda criminal La Hermandad Fronteriza es investigada desde 2019 por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de migrantes y la manipulación de registros migratorios.

Aparte de las 12 personas con detención preliminar judicial por un plazo máximo de siete días, se incautaron US$10.000, doce equipos celulares y tres laptops.

También tarjetas migratorias, dispositivos electrónicos, documentos y otros elementos de interés para la investigación.
Para los investigadores, los integrantes de esta presunta organización habrían captado a ciudadanos nacionales y extranjeros a cambio de pagos, utilizando registros migratorios fraudulentos y omitiendo o falsificando información para facilitar movimientos migratorios irregulares.

Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en Perú informó que “la cooperación entre la Policía Nacional del Perú y la oficina Diplomatic Security Service desarticuló una presunta red de tráfico ilícito de migrantes. 12 detenidos en operativo en 15 puntos del país”.

Y agregó: 277 policías participaron en la intervención. La red habría alterado sistemas informáticos y bases de datos de migraciones para simular ingresos y salidas legales del Perú de personas que nunca pasaron por controles migratorios.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

Chlimper explicó que su participación en el Gobierno responde a su incorporación a una comisión consultiva creada mediante el Decreto Supremo 122. Según indicó, la presidenta Keiko Fujimori lo invitó a integrar este grupo, conformado por cinco miembros. Además, recordó que el 12 de septiembre publicó un mensaje en su cuenta de X en el que descartó tener otros intereses políticos.

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"Yo no tengo ningún afán político ulterior, ni aceptaré cargo público alguno en el futuro, por razones de edad y de salud", sostuvo el exdirigente de Fuerza Popular al recordar el contenido de aquella publicación. Con esta declaración, rechazó las versiones que lo colocaron como una posible alternativa para asumir la jefatura del gabinete ministerial.

Durante la entrevista, Chlimper también cuestionó las publicaciones sobre una eventual salida de Galarreta. Afirmó que algunos medios buscan debilitar al primer ministro porque no están de acuerdo con que el Gobierno tenga a un político al frente de la PCM. En esa línea, destacó la capacidad de su correligionario para dialogar con representantes de distintas posiciones políticas y alcanzar acuerdos.

El integrante de la comisión consultiva mencionó como ejemplo la delegación de 27 facultades legislativas aprobada por el Congreso. A su juicio, este resultado demuestra la capacidad de Galarreta para conseguir consensos. "Ni el señor Galarreta está en cuestionamiento", afirmó, tras insistir en que sus reuniones recientes con el premier le permitieron conocer de cerca su situación.

La propuesta de Fuerza Popular tuvo variaciones desde la presentación de su plan de gobierno. El documento inicial contemplaba la construcción de 3.000 colegios en cinco años, pero posteriormente la oferta electoral pasó a 5.000 instituciones educativas nuevas y recuperadas. Esta última cifra incluía tanto nuevas infraestructuras como locales que requerían recuperación. Cabe precisar que el anuncio sobre la construcción de 2 mil colegios fue comentado por la mandataria en septiembre de este año.

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En marzo de este año, durante una entrevista con Latina, Fujimori volvió a ofrecer la construcción de 3.000 colegios nuevos. Ante la pregunta de la periodista, Mónica Delta, sobre la viabilidad de cumplir ese compromiso, la entonces candidata respondió que sí era posible. Ahora, desde la Presidencia, su anuncio fija una cantidad menor para las nuevas infraestructuras.

Por otra parte, el Ejecutivo informó que renovará otros 3.000 establecimientos educativos en todo el país. La meta comprende locales existentes y se suma al programa de construcción anunciado por la mandataria.

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¿Cuáles son las otras propuesta del plan de gobierno de Keiko Fujimori para la educación escolar?

El plan de gobierno de Fuerza Popular también incluyó medidas para reducir las brechas tecnológicas en las escuelas públicas. Entre sus principales propuestas figuraron la entrega de 6 millones de laptops o tabletas con conexión a internet para estudiantes en edad escolar y la instalación de fibra óptica, radioenlaces e internet satelital para garantizar la conectividad del 100% de los colegios rurales.

Otra de las medidas estuvo dirigida a mejorar las condiciones de los docentes. El partido propuso garantizar el pago de la deuda social pendiente al magisterio, en cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional, además de crear un programa nacional de capacitación en herramientas digitales, inteligencia artificial y métodos pedagógicos.

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En materia de protección escolar, Fuerza Popular planteó el programa “Familia y Colegio Protegen”, que buscaría detectar casos de violencia sexual, abandono escolar, acoso y embarazo adolescente. La propuesta contemplaba un sistema de alerta temprana y la coordinación entre colegios, fiscalías, comisarías y centros de salud para atender estas situaciones.

El plan también incluyó medidas para ampliar la educación inicial en comunidades rurales y adaptar los materiales y la infraestructura para estudiantes con discapacidad y poblaciones vulnerables.

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El documento también propuso reforzar la preparación de los escolares para el empleo. A través de “Rumbo Técnico Joven”, planteó incorporar módulos de formación técnica desde tercero hasta quinto de secundaria, con certificaciones en oficios y competencias digitales.

Asimismo, propuso entregar uniformes a estudiantes de inicial, primaria y secundaria de zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, además de reformular la alimentación escolar mediante el programa “Desayuno para Aprender y Crecer”.

Esta es la cuarta suspensión que se le impone en el desempeño de la magistratura, la segunda en el presente año. Las dos primeras suspensiones se impusieron entre los años 2016-2017 y 2024-2025.

En agosto último, la ANC-PJ suspendió por seis meses a Varillas Solano tras descubrir que resuelve las causas a su cargo fuera del despacho, en equipos que no pertenecen al Poder Judicial y que archiva los documentos en un USB.

Además, por dar una inusual celeridad a la medida cautelar que impidió la compra-venta del Grupo El Comercio, pese tener pendientes de resolver otros procesos más antiguos, algunos con hasta seis meses de retraso.

Conflicto de intereses

De acuerdo con información obtenida por La República, en esta ocasión se dispone el inicio de una investigación disciplinaria y la suspensión de Varillas por presuntas irregularidades funcionales en el trámite de un proceso seguido por Carlos Ríos contra la empresa Naviera Curaray sobre nulidad de acuerdo societario.

En concreto, la Autoridad de Control considera que el juez Varillas incumplió su deber de administrar justicia con imparcialidad, razonabilidad, respeto al debido proceso y falta de motivación al designar como administrador judicial de Naviera Curaray al propio demandante, quien mantiene interés económico contrapuesto.

De acuerdo con el expediente, Ríos reclama que la naviera le pague la suma de US$23,4 millones; sin embargo, pese a ser evidente el conflicto, lo nombra administrador judicial con facultades de representación legal, disposición de patrimonio y de manejo de cuentas bancarias.

Además, habría incumplido con verificar y requerir oportunamente al demandado el pago o reintegro del arancel judicial aplicable al ampliar el monto de su pretensión económica.
La decisión ha sido notificada al magistrado para su cumplimiento inmediato.

Varillas puede apelar a las instancias superiores de la ANC-PJ donde en anteriores ocasiones han terminado dándole la razón recalificando los cargos en su contra. De acuerdo con fuentes judiciales, la suspensión de agosto ya habría sido revocada, aunque hasta ahora no fue notificada. En otras ocasiones, las investigaciones disciplinarias se alargan por años hasta cansar a los denunciantes o que los hechos desaparezcan de la atención pública.