Pero el desgaste no se limita a la cifra de aprobación general, pues el mismo sondeo muestra que la mandataria es cuestionada por dos situaciones en específico, el manejo del Fenómeno del Niño y el control de la inseguridad ciudadana, además de una percepción mayoritaria de continuidad antes que de cambio.

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Solo el 36% de los encuestados considera que el gobierno está muy o algo preparado para responder al fenómeno, mientras que el 55%, más de la mitad, cree que está poco o nada preparado para enfrentarlo. El rechazo se ve especialmente en el centro y el sur del país, entre los hombres, en el nivel socioeconómico D y E, y entre quienes se identifican como de izquierda y los ciudadanos con mayor interés en política.

De esa cifra un 28.5% de los encuestados calificó al gobierno como "poco" preparado y un 26.6% como "nada" preparado, frente a un 25.9% que lo consideró "algo" preparado y apenas 10.3% que respondió "mucho". Un 8.7% no supo o no precisó su respuesta.

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Ahora, en cuanto a inseguridad ciudadana únicamente el 32% de los encuestados percibe al gobierno como muy o algo preparado para gestionar este problema, un respaldo que es mayor en Lima Metropolitana y el norte del país, entre las mujeres, los jóvenes de 18 a 29 años y los niveles socioeconómicos A, B y C.

Sin embargo, el 61% considera que el Ejecutivo está poco o nada preparado para enfrentar la inseguridad, una percepción que se agudiza en el centro, sur y oriente del país, entre los hombres y en el nivel socioeconómico D y E. La opción "nada preparado" fue la más marcada de toda la encuesta, con 37.9%, seguida de "algo" con 23.6% y "poco" con 23.0%; solo un 8.6% eligió "mucho".

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IEP también midió la percepción del gobierno de Fujimori en comparación con las últimas administraciones. El 52% de los encuestados considera que su gestión representa "más de lo mismo", mientras que solo el 33% cree que representa un "cambio" real frente a los gobiernos de los últimos cinco años. Un 16% no tuvo opinión.

La percepción de cambio, aunque minoritaria a nivel nacional, destaca especialmente en Lima Metropolitana, en el norte y oriente del país, así como en los niveles socioeconómicos A, B y C.

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El peor comienzo desde el retorno a elecciones directas

El IEP también situó la cifra de aprobación de Fujimori dentro de una serie histórica que compara la primera medición de aprobación presidencial de los últimos gobiernos, desde agosto de 2021 hasta la actualidad. Y en su primera medición, Pedro Castillo obtuvo 38% de aprobación y 46% de desaprobación; Dina Boluarte inició con apenas 19% de respaldo y un fuerte 71% de rechazo; José Jerí registró 39% de aprobación y 46% de desaprobación; y José Balcázar inició con solo 13% de aprobación frente a un 63% de desaprobación.

En ese contexto, la primera medición de Keiko Fujimori, con 37% de aprobación y 49% de desaprobación, se ubica en un punto intermedio; es decir, está mejor que los inicios de Boluarte y Balcázar, pero por debajo de las cifras iniciales de Castillo y Jerí.

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El Congreso tiene el peor resultado de la encuesta

Aunque el rechazo no es exclusivo al Ejecutivo. La misma encuesta del IEP midió la aprobación del Congreso y encontró el peor resultado de todo el sondeo, solo el 20% de los encuestados aprueba el desempeño del Parlamento, mientras que el 65% lo desaprueba y un 15% no tiene una opinión definida.

El respaldo al Congreso es mayor en Lima Metropolitana, en los niveles socioeconómicos A, B y C, y entre quienes se identifican como de derecha, mientras que el rechazo se intensifica en el sur, entre las personas de 18 a 49 años y entre quienes se identifican como de izquierda o centro.

La comparación entre ambos poderes del Estado deja un balance similar, ya que mientras la desaprobación a Fujimori llega al 49%, la del Congreso la supera ampliamente, con 65%, una diferencia de 16 puntos que confirma que el Parlamento concentra el mayor descontento ciudadano.

El pedido fue finalmente aprobado con el aval de 152 países. De esta manera, el presidente palestino, Mahmud Abbas, podrá intervenir ante la organización próximamente. Solo Paraguay, Israel y Estados Unidos votaron en contra. Además de Perú, también se abstuvieron Colombia, Honduras y Panamá.

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El voto peruano muestra cambios en el manejo de la política exterior nacional y, en particular, en la gestión de la situación de Palestina desde Torre Tagle. En diciembre de 2025, por ejemplo, Perú votó a favor de la resolución sobre el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, aprobada por 164 votos a favor, 8 en contra y 9 abstenciones.

Asimismo, Perú respaldó en diciembre de 2025 la resolución sobre asistencia a los refugiados palestinos, que obtuvo 151 votos a favor, 10 en contra y 14 abstenciones. Perú también había votado a favor, en diciembre de 2024, de una resolución que exigía un alto el fuego en Gaza, texto que fue aprobado por 158 votos a favor, 9 en contra y 13 abstenciones.

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"Es una barbaridad"

En diálogo con La República, Francisco Belaunde, internacionalista y profesor de la Universidad de Lima, consideró que esta votación del Perú en Naciones Unidas no es propia de un país que respeta el derecho internacional.

“Es una barbaridad. Acá es un tema de respeto del derecho internacional. El acuerdo que tiene Estados Unidos con la ONU no le permite prohibir que gobernantes se presenten en la Asamblea Internacional y llegar a Nueva York para pronunciarse. El Perú ha debido votar como los otros países, pidiendo que Estados Unidos reconsidere su postura. Además, Perú es un país que siempre ha mantenido una actitud equilibrada entre Israel y Palestina. (…) No hay ningún motivo para que se adopte una posición distinta”, indicó.

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Belaunde criticó el manejo reciente de la política exterior nacional y señaló que esto da argumentos a quienes sostienen que Espá está alineándose con el bloque estadounidense, más aún tras la incorporación del país al Escudo de las Américas y la ruptura de relaciones con la República de Irán.

“Israel hace un tiempo, desde que está con Netanyahu, busca debilitar a la autoridad nacional palestina e, incluso, desaparecerla. Esto de abstenerse es una barbaridad. Perú debió votar a favor, en línea con sus votaciones anteriores. Lamentablemente, parece que se está adoptando una política de ir abandonando posiciones tradicionales de la Cancillería del Perú para un alineamiento con Estados Unidos. Esto, además, con una administración como la de Donald Trump, la cual tiene fecha de caducidad. No tiene sentido que Perú se alinee con una postura que va contra el derecho internacional. Esto suma argumentos para quienes dicen que el canciller se está entregando a Estados Unidos. Es algo realmente complicado para la tradición diplomática del Perú”.

Núñez Matos, a cargo del Primer Juzgado Constitucional de Lima, notificó su decisión a la procuraduría de la JNJ dándole 10 días hábiles para responder la demanda, esto es, hasta este jueves, 24 de septiembre. Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron a este medio que el juez constitucional está próximo a dictar una medida cautelar, incluso antes de la contestación de la demanda.

Luego de lo sucedido con el juez constitucional Juan Torres Taso, destituido por amparar un reclamo de la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la JNJ, se podría suponer que ningún otro juez encontraría valor para resolver contra la Junta, pero este caso reúne ciertas peculiaridades. De acuerdo con las fuentes judiciales con conocimiento cercano del tema, el reclamo de Loyola Escajadillo contaría con el respaldo de, al menos, dos consejeros. Es decir, se trataría de un caso de la JNJ contra la JNJ.

Loyola Escajadillo participó en el frustrado concurso público de méritos convocado por la JNJ para elegir a un nuevo jefe de la ONPE, luego de la renuncia de Piero Corvetto, el 21 de abril de este año. El concurso avanzó sin mayores inconvenientes en las primeras etapas de la selección, hasta que quedaron solo dos postulantes: Carlos Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana.

El 23 de junio, Amparo Ortega renunció por motivos de salud. Aunque extraoficialmente se dice que lo hizo al tomar conocimiento de que el concurso estaba dirigido para nombrar a Loyola. Sin embargo, este personaje también fue excluido por no declarar sobre un proceso judicial en el que había estado excluido.

Demanda de amparo

Entonces, el concurso fue declarado desierto. Sin embargo, Carlos Loyola reclamó y el concurso fue reactivado y pasó a la última etapa: la entrevista personal y el balotaje que definiría su elección. Sin contrincantes, Loyola alcanzó el primer lugar del concurso y era previsible su nombramiento. Pero, entonces ocurrió lo que nadie preveía a estas alturas: el único postulante del concurso no alcanzó los cinco votos para ser nombrado.

Solo cuatro consejeros votaron a favor de su nombramiento, mientras que tres votaron en contra. La JNJ volvió a declarar desierto el concurso.

Así, en agosto, Carlos Loyola recurrió a la justicia constitucional demandando que las resoluciones de la JNJ del 14 de julio y 10 de agosto del 2026 vulneraron su derecho de acceso a la función pública, a una debida motivación y a los principios de legalidad y jerarquía normativa.

El juez acogió la demanda, otorgó a la JNJ el plazo de 10 días para contestar y convocó a audiencia única para el 26 de septiembre del año 2027 para resolver el fondo de la controversia. Sin embargo, queda listo para dictar una medida cautelar que ordene a la JNJ cumplir con volver a votar la elección de Carlos Escajadillo y lo nombre para dirigir el proceso electoral en curso. 

Antecedentes de la JNJ

El juez Núñez Matos ya ha emitido fallos que en teoría van contra la JNJ pero a favor de sus consejeros. El titular del primer juzgado constitucional anuló las resoluciones de la Junta que declaró la vacancia del consejero Rafael Ruiz Hidalgo y lo repuso en esta institución. En caso de una medida cautelar a favor de Loyola, Ruiz Hidalgo es uno de los que votará en el pleno en caso de una medida cautelar favorable.

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Con Álbum de familia, cierra la trilogía en la que abordó dos décadas de violencia desde diferentes perspectivas: la subversión, las víctimas del terrorismo y del Estado, y las secuelas. “En este momento hay un clima de polarización donde se busca la descalificación del otro”, comenta Calero y señala que volvería a debatir si lo acusan de romantizar el terrorismo. “Si hay algo que nos diferencia de las hordas y del salvajismo es el ejercicio de la palabra y la inteligencia. Si alguien dice que hago apología, que lo argumente. Tenemos la necesidad de replicar”.

En el filme, uno de los personajes prefiere ocultar la evidencia y seguir adelante. Calero considera que esto se puede trasladar a otros escenarios. "Me lleva a pensar en lo que dice el canciller Espá. Él quiere atacar el LUM (El Lugar de la Memoria), quiere destruirlo, sin duda. Quiere que desaparezca. Y entonces se están utilizando argumentos falsos, además, se dice que no va a nadie, pero se está mintiendo para lograr tu objetivo, que puede ser la supresión de la memoria".

Por coincidencias del cine, estrenas esta película en un momento complejo para el arte y, digamos, para la memoria en Perú. ¿Te imaginabas aportar a la conversación con este escenario?

Estoy de acuerdo contigo, pero la película, claro, tendría que haberse estrenado el año pasado. Se estrena ahora por una cuestión burocrática. No dejo de pensar que ahora esta película cobra una vitalidad particular. Primero, porque ha habido una ley de amnistía a los militares y policías asesinos. Es el momento en que, de manera coordinada y orquestada, el ministro de Cultura de Beingolea y el canciller Espá hacen declaraciones que apuntan a cuestionar el LUM. Es decir, un lugar que preserva la memoria objetiva del horror. Mi película tiene escenas filmadas ahí.

Esta trilogía inicia con La última tarde (2016), porque querías aportar a la memoria sobre el conflicto armado interno. ¿Qué te pareció el retorno del fujimorismo?

Yo, como ciudadano peruano, tengo clarísimo que el fujimorismo fue una etapa nefasta para el país porque se acentuó una cierta degradación moral. Sus propios delitos quedaron grabados por uno de sus propios delincuentes, Montesinos. Y si uno podría haber tenido un margen de ‘vamos a ver qué ocurre’, este primer mes de gobierno, lo que te muestra es la improvisación. Había una apetencia por llegar al poder, pero al parecer sin que existiera una cualificación. Entonces, a mí me produce ganas de refugiarme en el cine, en la literatura, en la música.

Te digo esto porque La piel más temida generó un debate. Ahora, en 'Álbum de familia', te centras en la idea de que un hijo tiene que cuestionar a su padre. ¿Has querido revisar a una generación que se repite?

La película surge de una reflexión sobre eso: sobre cómo los hijos podemos y debemos diferenciarnos de nuestros padres y elegir nuestro propio camino, nuestros propios valores. Trasladando eso al aspecto político, Keiko Fujimori tiene el derecho de ser presidenta, pero no tiene por qué ser como su padre. Vemos que hay una estela de hijos de políticos, entre los cuales está, seguramente, la excongresista Tudela, la hija de Alan García y el hijo de Acuña. Estamos viendo unos sujetos políticos que son epígonos de sus padres, sus defensores. Pienso en las enseñanzas desde el cine, como el documental del hijo de Pablo Escobar. Por supuesto que habla de su padre con afecto, pero no deja de reconocer que era un asesino ni deja de pedir perdón a las víctimas. Eso es madurez.

Hay una escena violenta para recuperar la evidencia. ¿Quisiste representar a una suerte de villano que no dejó de serlo o al producto de un país?

Para mí, no es un villano. Estamos haciendo spoilers, pero si la hija le tiene lealtad, es porque su padre se encargó de protegerlos. Le tienen devoción, es un padre empático. No creo que sea ni remotamente un villano, es un personaje que está respondiendo al discurso de una época. Yo tenía un profesor que fue militar y decía algo que para él tenía lógica: sus compañeros estaban caminando y unos campesinos se alzaron los ponchos y los balearon. Por eso decía: "Ahora, si veo a unos campesinos que están cerca, primero los baleo y luego los reviso".

¿Crees que estaba normalizada la violencia contra los campesinos?

Sí, estaba normalizada y los militares eran sujetos conducidos por el miedo y el racismo: no estaban matando gente como ellos, sino campesinos. Y eso no cambia. En el gobierno de Boluarte, la mayoría de las víctimas son de Puno y de Ayacucho. En provincias, es decir, donde la marronidad es predominante, se mata con más soltura, es menos ominoso matar.

En cuanto al cine y las artes en general, ¿eres de los que piensan que peligra el Ministerio de Cultura?

Por supuesto, como está ocurriendo con esos otros países en los que, claro, se pretende eliminar la cultura, como si un país solamente fuera economía. Ahora estamos ante un panorama nefasto, hay una idea ridícula de colegiar a los artistas y hay una cosa concreta que es la censura. Todavía eso no se ha convertido en reglamento. Entonces, parece ser que hay una ofensiva contra la cultura y la memoria. Lo que queda es defenderla, por supuesto.❖

• Trilogía. La película en blanco y negro. Actúan Lucho Cáceres, Emanuel Soriano, María Fernanda Valera y Natalia Torres Vilar. Paulina Tacac en un personaje que habla de la violencia del Estado.
• Estreno. Álbum de familia, protagonizada por Emanuel Soriano, ingresa a la cartelera este jueves 17. La película ganó el premio DAFO (del Ministerio de Cultura) en 2018 y se estrenó en el Festival de Cine de Lima en la edición 2024.

En el documento, el ahora exministro explicó que tomó la decisión porque su estado de salud le impedía continuar con las responsabilidades del cargo con la dedicación que este requería. No detalló la enfermedad o condición médica que motivó su salida.

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La dimisión convierte a Rafael Rey en el primer integrante del equipo ministerial de Keiko Fujimori que deja su puesto desde el inicio de la gestión. Su salida ocurre antes de que se cumplan dos meses de la conformación del gabinete encabezado por Luis Galarreta.

“Quedo a la orden para facilitar una transferencia ordenada y transparente de la gestión, poniendo a disposición la información necesaria para asegurar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios a cargo del Ministerio”, indicó. En su misiva señaló que pondría a disposición la información necesaria para garantizar la continuidad de las políticas, proyectos y servicios que dependen del MTC.

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Rafael Rey contó días antes que se había fracturado la muñeca

Días antes de presentar su renuncia, Rafael Rey había contado durante una entrevista en Panamericana que sufrió una caída que le provocó una fractura en la muñeca. Ante la pregunta sobre qué le había ocurrido en la mano, el entonces ministro respondió: “Ahora me caí en la tarde y me he roto uno de los ocho huesos de la muñeca”. Según explicó, el accidente ocurrió cuando se dirigía a una piscina.

Rey relató que tropezó al subir un escalón porque no calculó bien el paso y terminó en el suelo. “Estaba con mucho dolor”, señaló al explicar cómo se encontraba tras la caída.

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Congreso reacciona a la salida de Rafael Rey y pide un perfil técnico para el MTC

Diputados y senadores de diferentes bancadas vienen pronunciándose sobre la renuncia de Rafael Rey. La diputada Romina Uribe, de Buen Gobierno, consideró que el reemplazo de Rafael Rey debe tener experiencia en el sector. La parlamentaria añadió que el sistema de transporte requiere mejoras porque “les quita horas de vida a las personas”.

Roxana Rocha, diputada de Renovación Popular, también se refirió al perfil que debería tener el próximo titular del MTC. Señaló que debe contar con “comprobada capacidad ejecutiva y de gestión” para sacar adelante los principales proyectos de la cartera. Rocha además planteó que el nuevo ministro tenga disposición para impulsar, a corto plazo, el Tren Lima-Chosica, proyecto promovido por Rafael López Aliaga. Según la diputada, esta iniciativa debería avanzar en coordinación con ProInversión y beneficiaría a más de 2 millones de personas.

Por su parte, el senador Jaime Delgado calificó a Rafael Rey como “una persona respetable” y sostuvo que, más allá de las diferencias ideológicas, su trayectoria merece reconocimiento.

Las reacciones también vinieron de parte de integrantes del Gabinete Galarreta. El ministro de Salud, Luis Dyer, destacó al exintegrante del gabinete ministerial y afirmó que Rey “es una persona, un amigo, ministro decente y honesto. Deja una valla muy alta”. Sobre una eventual designación de Rey como embajador del Perú en España, Dyer señaló que no tenía conocimiento de esa posibilidad.

Según la experta, el caso investigado ya había sido revisado y archivado por la Autoridad Nacional de Control del propio Poder Judicial, que no halló responsabilidad disciplinaria en su actuación.

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Satterthwaite señaló que no es la primera vez que la JNJ abre procesos contra jueces o fiscales por decisiones tomadas en el ejercicio normal de sus funciones, y recordó que en Perú ya se destituyó a un juez por sus declaraciones en una audiencia de la CIDH y a varios fiscales por actos que no constituían faltas graves según los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, advirtió que una eventual destitución de Concepción Carhuancho marcaría un punto de inflexión en el uso indebido de estos mecanismos y debilitaría la independencia judicial.

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Debido proceso y proporcionalidad cuestionados

La experta cuestionó además que estos procedimientos no garanticen un debido proceso pleno: los jueces y fiscales que enfrentan destitución o degradación deben tener derecho a una audiencia imparcial y a solicitar revisión judicial ante un tribunal independiente, recordó.

También observó que, en una serie de casos, las sanciones impuestas por la JNJ no respetaron el principio de proporcionalidad.

Satterthwaite reiteró su llamado a Perú para que garantice la independencia judicial y evite abrir nuevos procesos de este tipo, e instó a la JNJ a ajustarse a las normas internacionales que protegen a jueces y fiscales de sanciones por el ejercicio de sus funciones. La relatora indicó que se mantiene en contacto con el Estado peruano sobre este caso.

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Concepción Carhuancho tras suspensión de la JNJ: “Es injusta y desproporcionada”

El juez Richard Concepción Carhuancho cuestionó la suspensión preventiva de seis meses impuesta por la JNJ y calificó la medida de "Es injusta y desproporcionada". El magistrado sostuvo que los principales cargos que sustentaron la decisión ya habían sido archivados previamente por la Autoridad Nacional de Control.

Entre las imputaciones figura un presunto adelanto de opinión relacionado con una exposición académica sobre el caso Nicanor Boluarte, luego de que Carhuancho mostrara una imagen del investigado y posteriormente solicitara que fuera retirada del video. El juez sostuvo que la Sala Superior ya había descartado que la sola exhibición de la imagen constituyera adelanto de opinión.

Además, la JNJ abrió otro proceso disciplinario contra Carhuancho por la aplicación del control difuso para inaplicar dos normas aprobadas por el Congreso. El magistrado argumentó que no correspondía elevar sus resoluciones en consulta a la Corte Suprema porque las partes habían apelado sus decisiones, por lo que los casos pasaron directamente a la instancia superior.

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La norma antes mencionada da hasta 15 días hábiles para dictaminar los proyectos urgentes que envía la Presidencia. Dictaminar es preparar el informe con la recomendación de la comisión. Ese plazo no se puede ampliar. Según el documento, la regla busca que la Cámara responda a tiempo a esas iniciativas.

Los diputados también recordaron que la comisión en las últimas semanas realizó sesiones y recibió a representantes del Ejecutivo. Entre ellos estuvieron el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores involucrados.

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Rafael López Aliaga anunció que solo apoyará ciertas facultades solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, dijo que su partido solo respaldará el pedido de facultades en lo que sea de extrema urgencia. El candidato a primer regidor a la municipalidad de Lima explicó que las bancadas de su partido no apoyarán del todo algunas medidas del Gobierno. "Hay algunas normas que no nos gustan", indicó. Aun así, aseguró que lo urgente tiene todo su apoyo para pasar por Diputados y el Senado.

Cuestionó en especial la eliminación de la tasa de interés en los bancos. Preguntó qué tiene de urgente esa medida y qué hace una norma "tan rara" dentro del proyecto. Para él, los temas que sí preocupan al país son el Fenómeno de El Niño, el incremento de la inseguridad ciudadana y la reducción del Estado.

López Aliaga también sostuvo que Keiko Fujimori debió enviar un paquete de decretos de urgencia. Recordó que el presidente ya cuenta con esa vía y que pedir facultades al Congreso no es la única. Como ejemplo, mencionó los seis muertos por día y el asesinato de una dirigente. Le pidió a la mandataria, "con todo respeto", que use su equipo para dotar de equipos a la Policía de inteligencia.

- Bueno, yo creo que para este gobierno de Trump, de Trump 2.0, a diferencia del primer mandato, hay un cambio dramático. No se puede comparar el primero con el segundo. Está muy claro que la democracia no es un interés, un tema prioritario; ha pasado a segundo plano, o ha desaparecido. Si uno analiza la Estrategia de Seguridad Nacional que salió a fines del año pasado, hay una serie de temas de interés: narcotráfico, seguridad, migración, China. Pero no aparece democracia ni derechos humanos, que tradicionalmente han sido, por lo menos, temas de alguna importancia tanto para administraciones demócratas como republicanas. El impacto de esto es dar, de alguna manera, luz verde a regímenes y gobiernos más autoritarios para actuar sin ninguna presión, sin ninguna preocupación, por lo menos, de parte de esta administración de Estados Unidos.

- ¿Cómo describiría esta reanudación de la doctrina Monroe en Washington?

- No recuerdo un momento en el que haya habido tanta actividad de Estados Unidos en América Latina en los casi 50 años que llevo estudiando las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. La lista es muy larga: México, Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador. Lo que hemos visto en este último año y medio de esta administración plantea la pregunta de si hay una estrategia, un plan, una coherencia detrás de este conjunto de acciones. Obviamente hay un interés en proyectar fuerza, poder, dominación en la región; el uso de la coerción y de lo militar, algo nuevo con este gobierno. Pero si esto realmente significa una estrategia bien pensada, con consecuencias y objetivos de interés nacional claros —tanto para Estados Unidos como para América Latina— es otro tema. Ya llevamos varios años de gobierno de Trump y hemos visto muchas idas y vueltas; no queda clara la estrategia, ni siquiera para sus aliados temporales, porque también hemos visto que sus aliados pueden serlo por tres días y al cuarto ya no. Lo vemos, por ejemplo, en la relación de Estados Unidos con Israel, pero también en los vaivenes de los aranceles con Canadá, con México.

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- ¿Cómo afecta esta falta de coherencia a la estabilidad democrática de la región?

- Yo creo que con el presidente Trump no hay previsibilidad; no se puede predecir lo que va a pasar. Hay cambios muy bruscos, es muy impulsivo, reacciona ante las circunstancias. Si hay una persona que le dice "presidente, ¿por qué no haces esto?", es muy capaz de cambiar de posición, de cambiar de decisión. Entonces Estados Unidos no es un socio confiable en ese sentido. Alguien me preguntó si alguna vez lo ha sido, y mi respuesta es que sí, hay un espectro: ha sido más confiable que ahora. Siempre ha habido dudas sobre hasta qué punto Estados Unidos es totalmente confiable, pero con este presidente, con un gobierno muy personalista, muy arbitrario en sus decisiones —y los aranceles son un ejemplo muy claro de esto— no hay lealtad ni siquiera hacia los aliados más cercanos. Él es capaz de aplicar castigos, sanciones, aranceles, si le da la gana, sin respetar los límites ni las reglas. Está violando muchos de los tratados que se han hecho con Perú, con Colombia, con México, con todos. Con razón hay muchos gobiernos preguntándose hasta qué punto pueden confiar en Estados Unidos. Para el tema democrático, creo que va a ser cada país y sus fuerzas políticas las que determinen la fortaleza institucional democrática, porque Estados Unidos no es, en este momento, un socio muy confiable para fortalecer la democracia. Lo digo con mucha pena: parece que se ha prescindido de los valores democráticos para dar paso a una protección —ya veremos de qué manera y qué tan eficiente— de la seguridad interna y transnacional de los países de América Latina.

- ¿Por qué cree que América Latina ha ganado prioridad ahora para Washington?

- Uno se pregunta por qué, y creo que es porque la seguridad significa proteger el territorio de Estados Unidos, proteger la nación: es el "America First". Ese es el gran tema, y la seguridad entra en esa lógica. Pero la pregunta es con qué estrategia, cómo abordar el tema de seguridad.

- En el Perú ya se han aprobado nuevas bases, y algo similar ocurre en otros países de la región. ¿Puede esta militarización generar mayores problemas para la democracia?

— Me parece un tema preocupante. Ya sabemos que la historia de intervención militar unilateral por parte de Estados Unidos, sobre todo en Centroamérica y el Caribe —menos en Sudamérica— tiene una historia poco feliz. Creo que hay riesgos crecientes de violaciones de derechos humanos, con una tendencia a militarizar operaciones que en realidad son temas de law enforcement, temas que pertenecen a la policía. Hay mucha criminalidad en América Latina y también en Estados Unidos, pero hay distintas formas de abordar ese tema. La eficacia es muy importante, pero hay que combinarla con el respeto a las normas democráticas y a los estándares de derechos humanos. Ese es el riesgo, a mi juicio.

— ¿Podrían las guerras por proxy que hemos visto en Medio Oriente trasladarse a escenarios latinoamericanos?

— Yo creo que América Latina es muy distinta. Todo el fenómeno de Irán e Israel me parece muy particular de Medio Oriente. Pero sí creo que podría militarizarse todo y hacerse operaciones conjuntas con fuerzas estadounidenses y fuerzas de países latinoamericanos. Eso podría complicar mucho el escenario de estabilidad regional, no solamente en algunos países, sino cruzando fronteras, creando una dinámica preocupante.

— En el Perú, el puerto de Chancay reavivó la competencia con China. El entonces embajador Brian Nichols dijo que Estados Unidos demostraría ser el principal socio del Perú frente a China. ¿Cree que ese conflicto puede seguir escalando?

— Sí, claro. No se equivocó, a pesar de que ideológicamente no comparte la misma visión de Donald Trump. Yo creo que Perú es tal vez el país latinoamericano donde esa competencia entre las dos superpotencias, China y Estados Unidos, está más presente. En otros países existe el tema, pero en Perú está muy fuerte, por Chancay y por la presencia y el papel que ha jugado China en la economía peruana durante muchos años; esto no es algo reciente. Y claro, el puerto de Chancay genera ese gran interés. Creo que es un gran desafío para el gobierno peruano cómo va a manejar y navegar esa relación. Es posible, y ojalá se maneje bien: China es un socio fundamental para Perú y para otros países de la región, pero Estados Unidos también. Estados Unidos tiene mucho que ofrecer, está cooperando mucho en materia de seguridad, en narcotráfico; eso también es un tema para Perú, y la cooperación es importante, porque Perú no puede solucionar ese problema solo. Me parece bien que Estados Unidos esté apoyando y cooperando con Perú en esa materia, pero creo que hay roles y áreas que corresponden a distintos actores. Lamentablemente, Estados Unidos no ha mostrado, para mí, suficiente interés en invertir en grandes proyectos en América Latina. Y Perú necesita grandes proyectos, importantes para la economía peruana, y lo mismo otros países de Sudamérica, como Brasil y Ecuador. China tiene una estrategia, un interés, una disposición; entonces lo está haciendo, y eso es algo que Estados Unidos debería reconocer, entender y aceptar como la situación real de países como Perú. Creo que hay oportunidades tanto para Estados Unidos como para China, y espero que la administración Trump empiece a entender que no debería obligar a escoger entre uno u otro. Perú, junto con otros países de la región, quiere maximizar relaciones en distintas áreas con ambas superpotencias y también con otros socios: Japón, India, Europa. Vivimos en un mundo multipolar; esta es la nueva realidad. Estados Unidos y China son los dos grandes, pero hay otros poderes que están ganando fuerza y protagonismo en distintos temas económicos y comerciales en el mundo.

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— ¿Cree que Trump pueda moderarse si pierde el Congreso en las elecciones de medio término?

— Yo creo que va a perder, por lo menos la Cámara baja, y tal vez el Senado también. Él es muy impopular, ha perdido mucho apoyo en Estados Unidos, sobre todo por el costo de vida; la gente está muy frustrada, muy ansiosa, con mucha rabia. Y la guerra de Irán ha sido un fiasco para él, para Estados Unidos y para el mundo, para la posición y la reputación de Estados Unidos. Creo que ha perdido mucho con esa guerra, que fue un cálculo muy equivocado del presidente Trump en febrero. Ahora, si esto significa que Trump va a moderarse, no creo que él sea capaz de eso, pero sí podría empezar a tener ciertos límites y frenos sobre su actuación, al tener un Congreso que asuma el papel que le corresponde, como está en la Constitución: el primer artículo de la Constitución es del Congreso, no del Ejecutivo. Lamentablemente, a mi modo de ver, en estos primeros dos años de Trump el Congreso no ha cumplido su función. Creo que esto podría cambiar después de las elecciones de medio término en noviembre, por lo menos en una Cámara y tal vez en las dos, con investigaciones, audiencias, debates, porque el presidente Trump, en el caso de Irán por ejemplo, ha actuado sin consultar al Congreso, sin que este lo cuestione. Creo que esa dinámica podría cambiar, y sería muy saludable que cambiara a partir de noviembre.

— ¿Cómo describiría el estado actual de organismos multilaterales como la OEA frente a esta nueva dinámica de Washington?

— Con respecto a América Latina, en toda mi carrera, que lleva más de 40 años, nunca he visto la región más fragmentada. Cada país va por su cuenta, busca alianzas y socios propios, toma decisiones sobre cómo abordar los temas de su agenda nacional. Creo que el multilateralismo está en un momento muy difícil, muy complicado, precisamente porque multilateralismo significa actuar de manera coordinada, colectiva, trabajar conjuntamente. Lamentablemente, tanto en América Latina como en el mundo en general —en Europa un poco menos— hay mucha fractura, mucha fragmentación, a pesar de que en América Latina hay muchos gobiernos con una tendencia de derecha, como se ha visto en las últimas elecciones. Aun así, no veo gran consenso ni grandes oportunidades de acción colectiva coordinada. El multilateralismo sufre por eso. Ha habido pruebas de multilateralismo que no han estado a la altura de los desafíos; Venezuela es un ejemplo muy claro: hubo una crisis venezolana y, al final, Estados Unidos tomó las riendas, hubo una intervención en violación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional para sacar a Maduro del poder. Esto refleja la incapacidad y la falta de acción de mecanismos multilaterales como la OEA para actuar antes de que Estados Unidos interviniera. La crisis del multilateralismo no empezó con Trump; venía de antes, había un desgaste, un deterioro, pero se ha agravado y acelerado con Trump. Creo que hay que inventar algo nuevo: las estructuras creadas después de la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional, y la OEA también —que fue creada en 1948 en Bogotá, Colombia— tienen que crear nuevas formas de multilateralismo, de cooperación. Ese es el gran desafío; hay que ser muy creativo e imaginativo en este contexto, porque las actuales instituciones no están cumpliendo su función de manera adecuada.

— ¿Cree posible una intervención de Estados Unidos en Cuba en los próximos meses?

— Con el presidente Trump cualquier cosa es posible; sería tonto descartar cualquier escenario. Dicho esto, no creo que sea lo más probable; a mí me sorprendería, porque sería muy riesgoso para Cuba y también para Estados Unidos. La administración piensa en sus propios intereses, y en Cuba no hay una figura equivalente a la oposición venezolana que pueda asumir el poder. ¿Quién gobernaría Cuba si Estados Unidos decidiera intervenir militarmente? ¿Quién asumiría esas funciones?

— ¿Marco Rubio?

— Pero ya tiene suficientes cargos; no va a ser presidente de Cuba. ¿Y con quién trabajaría? ¿Va a mandar a toda la diáspora cubana de Miami a tomar el país? Yo creo que esto es más complicado, más riesgoso, que lo de Venezuela. Venezuela fue una situación mucho más compleja: había una oposición con experiencia tratando con empresas internacionales, con China, con europeos, y Estados Unidos jugó con eso; hubo una preparación previa para una eventual transición tras Maduro. Ese escenario no se puede duplicar en el caso cubano.

— En el caso venezolano incluso hubo negociaciones en Catar.

— Así es. En el caso cubano no se ve nada parecido todavía.

— Muchos jóvenes sienten que la democracia no les ha traído beneficios tangibles. ¿Qué les diría usted? ¿Vale la pena seguir defendiéndola?

— Es cierto que en muchos países —el mío incluido, Estados Unidos, que ahora entra también en esa categoría más amplia— los gobiernos democráticos no han dado resultados, no han sido eficaces. Creo que todo el mundo, no solo los jóvenes, valora mucho los resultados: en materia de seguridad, económica, social. Entonces la democracia tal vez fue mal vendida: no es la solución mágica que va a resolver todos los problemas de la gente. Es un marco, un marco de valores, de límites al gobierno, de respeto por los derechos civiles y los derechos humanos, y dentro de ese marco hay que aplicar políticas públicas que resuelvan los problemas. Creo que a veces hay una confusión sobre lo que es y lo que no es la democracia en sí misma. El desafío es que hoy el líder más popular en América Latina es Nayib Bukele, y todos quieren ser otro Bukele, todos quieren "bukelizar" el país.

— En el Perú, usted sabe mejor que yo, hay mucha gente que habla en esos términos, constantemente.

— Pero eso presenta un enorme reto para los gobiernos que todavía son democráticos, donde hay contrapesos, donde hay Estado de derecho, para tener políticas públicas de seguridad más eficaces. El ejemplo de Bukele debería obligar a esos gobiernos a mejorar, porque lo que se ha documentado en El Salvador son muchas violaciones. Bukele tiene poder absoluto; es casi un dictador en El Salvador. Ya puede reelegirse indefinidamente, no hay contrapesos.

— ¿Cuál es la diferencia con Ortega en Nicaragua?

— En esos aspectos, objetivamente, no hay mucha diferencia. Obviamente está solucionando, o ha solucionado hasta ahora, un problema que preocupaba mucho a los salvadoreños: el homicidio y la inseguridad en el país. Ha mejorado, nadie lo niega. Se puede preguntar si eso es sostenible, si va a continuar. Pero la gran pregunta es a costa de qué, porque el costo ha sido enorme. Y ya sabemos, por la historia de América Latina y del mundo, que los regímenes no democráticos generan violaciones masivas de derechos humanos y represión contra la libertad. Creo que los jóvenes y la gente de América Latina siguen valorando y apreciando eso; no es que no lo aprecien, es que además quieren eficiencia y eficacia. El reto es cómo combinar ambas cosas. Creo que es posible, no es fácil, pero ese es el desafío que enfrenta la región, el mundo, y el propio Estados Unidos, porque un régimen autoritario de una sola persona —sea Bukele, Ortega, Trump o Hugo Chávez— no funciona en el mundo moderno. Hay que tener coordinación con otros actores democráticos: el Congreso, las cortes, la sociedad civil, los medios independientes, la prensa, como La República. Eso cumple una función fundamental en una democracia.

— El ministro de Justicia del Perú pidió a la presidenta reformar el sistema interamericano de derechos humanos, alegando un exceso de funciones de la justicia supranacional. ¿Le parece sensata esa medida?

— Para mí, el sistema interamericano de derechos humanos es muy importante, y hay que protegerlo, hay que defenderlo. Eso no significa que no tenga problemas, que no se haya equivocado; hay decisiones erradas, no acertadas. Pero es el único sistema de jurisprudencia que existe en las Américas, y dentro de la OEA ha sido su parte más valiosa. Si hay que hacer reformas, hay que hacerlas, y trabajar para que funcione mejor. Pero retirarse, debilitarlo o terminar con ese sistema sería un grave error, porque ha logrado muchas cosas muy importantes a lo largo de los años. He conocido en mi carrera a profesionales muy comprometidos con los derechos humanos, que toman su trabajo en serio, que no son políticos sino gente comprometida con valores. Me parece importante que tanto Perú como otros países de la región sigan formando parte del sistema, e intentar hacer correcciones y reformas si hay problemas. Se puede reformar, se puede mejorar siempre el sistema interamericano de derechos humanos. Pero la solución no es salir, retirarse, debilitarlo o terminarlo, porque su historial ha salvado muchas vidas en situaciones muy complejas a lo largo de muchos años, y eso es importante mantenerlo.

— Se celebraron 25 años de la Carta Democrática Interamericana, firmada aquí en Lima el 11 de septiembre de 2001, el mismo día de los atentados en Estados Unidos. Estuvieron presentes Colin Powell, el canciller Diego García Sayán y hasta Hugo Chávez, que la firmó. ¿Qué reflexión le merece ese aniversario en el contexto actual?

— Creo que en otras partes del mundo se ha leído ese documento, la Carta Democrática firmada en esta ciudad, en un día terrible para Estados Unidos y para el mundo por los atentados. Es importante recordarlo cuando se abren discusiones sobre retirarse de este sistema. Si hay problemas, hay problemas; hay que mejorar, hacer reformas, proponer y trabajar en eso. Pero no abandonar.

Meza señaló que el comunicado emitido por el colegio "deja que desear" y confirmó que las autoridades de la institución educativa serán convocadas para explicar las acciones adoptadas tras la denuncia. "De todas maneras lo vamos a hacer", dijo la diputada.

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Asimismo, la congresista indicó que su grupo de trabajo asumirá el seguimiento de este caso y de otros considerados prioritarios. Para ello, precisó que se gestionará un plan conjunto entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación y el Congreso.

La parlamentaria también anunció que se reforzará la fiscalización del cumplimiento de la Ley 29719, norma que establece medidas para prevenir y atender el acoso escolar y contempla la incorporación de profesionales de psicología en las instituciones educativas.

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Fiscalía abrió investigación por denuncia contra menor

El Ministerio Público informó que inició una investigación preliminar por la denuncia. Como parte de las diligencias, se dispuso que la víctima brinde su declaración mediante entrevista única en modalidad de cámara Gesell.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho y establecer las responsabilidades que correspondan. Al tratarse de una investigación en curso, la denuncia tiene carácter presunto.

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La Marina separó a directora, docente y entrenador

Tras conocerse la denuncia, la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval Almirante Guise.

La institución castrense expresó su rechazo a cualquier acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de los estudiantes.

La citación de las autoridades del colegio permitirá a la Comisión de Inclusión Social conocer las medidas adoptadas por la institución y el seguimiento que se realiza al caso mientras continúan las investigaciones fiscales.

Consultado por La República, el especialista considera que "es un hecho trágico que involucra al ambiente familiar y académico, donde ni padres ni profesores han podido advertir esta posibilidad y realizar intervenciones preventivas".

Bromley manifiesta que los adolescentes enfrentan esta etapa crítica de la vida viviendo en hogares vacíos con padres ausentes o violentos o consumidores de alcohol y otras drogas, que no cumplen con la responsabilidad de formarlos en valores y principios sanos, empáticos, con respeto y buen trato por el otro y con consideración por la vida de los demás.

Y los colegios, dice, no han asumido que, además de instrucción también son responsables de la formación en valores y principios de sus alumnos.

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"Toca implementar una política pública que inserte la salud mental en las instituciones educativas de manera decisiva y sin mayor miramiento, tanto a través de cursos de salud mental en la malla curricular como de intervenciones directas en la comunidad educativa brindando un acompañamiento psicológico sostenido a los estudiantes, talleres de habilidades socioemocionales para propiciar su integración y, evaluaciones para detectar estudiantes con probables problemas de salud mental para ser derivados para su atención en los establecimientos de salud del Minsa así como capacitar docentes y tutores en el manejo de conflictos", señala el destacado psiquiatra.

Y añade: "También resulta necesario activar las Escuelas de Padres para brindarles apoyo y capacitación en la mejora de la convivencia familiar a través de herramientas prácticas para la crianza de sus hijos".

En este contexto, finaliza Bromley, urge cumplir con la normativa de contar con psicólogos en los colegios para que, en el cumplimiento de sus competencias participen activamente en las tareas de promoción y prevención en salud mental y fomentar una cultura de paz necesaria para la armonía del país.

Crece la violencia en las escuelas

Entre tanto, en lo que va del año se produjeron 11.791 casos de violencia escolar en el país.

Los datos fueron arrojados por un informe realizado sobre violencia en las escuelas primarias y secundarias de Perú, desarrollado por SiseVe, una plataforma oficial del Ministerio de Educación (Minedu) para reportar casos de violencia escolar.

Los episodios ocurrieron en el periodo de enero a agosto del 2026. De ellos, 4.545 son de carácter psicológico, 5.187 de índole físico y 2.059 de tipo sexual en escuelas públicas y privadas.

"Las enfermedades mentales tales como la depresión, la ansiedad, los brotes psicóticos y la profunda falta de sueño entre los alumnos de seis a 18 años están haciendo estragos en la comunidad escolar”, dice la profesora Glenda Calderón.

En efecto, las agresiones escolares aumentaron 18,5% en 2026. El incremento volvió a poner el foco sobre los mecanismos de prevención dentro y fuera de las aulas, así como sobre la necesidad de una respuesta coordinada entre familias, estudiantes, docentes y autoridades educativas.

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Son 4.048 los actos de violencia reportados en Lima Metropolitana, 379 en Lima provincias, 73 en Tumbes, 692 en Piura, 490 en Lambayeque, 246 en Cajamarca, 530 en La Libertad y 199 en Amazonas.

Asimismo, 322 en San Martín, 353 en Huánuco, 100 en Pasco, 552 en Junín, 57 en Huancavelica, 414 en Ica, 197 en Ayacucho, 730 en Arequipa, 97 en Moquegua, 354 en Tacna, 109 en Puno, 411 en Cusco, 55 en Madre de Dios, 200 en Ucayali, 123 en Loreto, 540 en Áncash y 67 en Apurímac.

La violencia escolar es todo acto o conducta que atenta contra la integridad física y psicológica de las y los estudiantes, la cual puede ocurrir dentro o fuera de la IE, o en el trayecto de esta al hogar. Asimismo, puede darse a través de medios virtuales.

El acto de violencia puede ser ejercido por uno o más estudiantes o por el personal de la IE, en el contexto escolar presencial o a distancia. La agresión puede ser física, psicológica o sexual, esto genera daños emocionales en niñas, niños y adolescentes; inclusive puede provocar limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos de riesgos que ocasionan enfermedades, lesiones y problemas sociales.

Asimismo, afecta de manera negativa en los procesos de aprendizaje e incide en la interrupción de los estudios, lo que dificulta la continuidad educativa.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

En sentido contrario, la desaprobación hacia su gestión aumentó en 20 puntos porcentuales: pasó de 24% a 44% en el mismo periodo. Con estos resultados, quienes desaprueban su desempeño superan en dos puntos porcentuales a quienes lo respaldan.

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Aprobación de Keiko Fujimori registra diferencias entre regiones

El estudio muestra diferencias importantes según la zona del país. Lima y Callao concentran el mayor nivel de aprobación para Fujimori, con 51%, seguidos por el norte, con 40%, y el oriente, con 39%.

Las cifras más bajas se encuentran en el centro y sur del Perú, donde la aprobación presidencial se ubica en 32% y 33%, respectivamente. En agosto, el respaldo a la mandataria en el sur había alcanzado el 44%.

Por grupos de edad, la mayor aprobación se mantiene entre los ciudadanos de 18 a 24 años, con 50%. Sin embargo, también allí se produjo una reducción considerable respecto del mes anterior: en agosto alcanzaba el 71%, lo que representa una caída de 21 puntos porcentuales.

Galarreta y ministro de Economía también registran mayor desaprobación

La encuesta de Datum también evaluó el desempeño de integrantes del Ejecutivo. En el caso del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el 49% desaprueba su labor, frente a un 31% que la aprueba. Otro 20% señaló no saber qué responder.

Respecto del ministro de Economía, Elmer Cuba, el 43% desaprueba su gestión, mientras que el 31% la respalda.

El Congreso bicameral tampoco obtiene cifras mayoritariamente favorables. El 47% de los encuestados desaprueba la labor de la Cámara de Senadores, mientras que un 31% la aprueba. En la Cámara de Diputados, la desaprobación llega al 45% y la aprobación al 33%.

¿Qué revela la encuesta sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo?

Pese a la caída registrada en comparación con agosto, más de la mitad de los encuestados todavía respalda que el Congreso otorgue facultades legislativas al Gobierno.

El apoyo a esta medida pasó de 67% en agosto a 54% en septiembre, una reducción de 13 puntos porcentuales. Paralelamente, quienes consideran que el Parlamento no debería concederlas aumentaron de 24% a 36%.

El sondeo también señala que el 80% está de acuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa y en el apoyo operativo al personal penitenciario. El 16% está en desacuerdo y el 4% no sabe.

Asimismo, el 71% se mostró a favor de establecer reglas para que determinadas organizaciones criminales puedan ser consideradas organizaciones terroristas. Un 23% está en contra y un 6% no sabe.

La consulta se produce mientras el Ejecutivo solicita al Parlamento facultades para legislar durante 120 días en ocho materias. De las 12 comisiones de la Cámara de Diputados que evaluaron la propuesta, ocho votaron en contra. El pedido gubernamental comprende 66 medidas y cuenta con una exposición de motivos de 436 páginas.

La encuesta de Datum Internacional fue realizada a escala nacional entre el 11 y el 15 de septiembre.

Chacón había tomado la palabra para advertir a sus colegas que lo tratado en la sesión secreta previa al debate que se hizo de forma pública no podía revelarse bajo ninguna circunstancia.

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La diputada dijo que una pequeña filtración, incluso a través de preguntas o respuestas, podía tener como consecuencia sanciones para los congresistas y beneficiar a las organizaciones criminales que el Congreso busca combatir.

"Aquí creo que todos los señores diputados tienen que prestar atención. Lo tratado en sesión secreta no puede ser revelado bajo ninguna circunstancia, salvo el acuerdo final del Pleno, si se considera necesario. Señor Presidente, la sesión secreta no se puede revelar ni a través de las preguntas ni respuestas. Respeto su decisión de hacer la sesión pública pero quiero señalar que los diputados tienen que tener mucho cuidado, porque puede traer sanciones. Y más allá de eso puede dar información a personas que queremos combatir. Señor presidente, ponga orden", sostuvo Chacón.

Sin embargo, Reto defendió su manejo de la sesión frente al pedido de la fujimorista.

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¿Qué se discutía en la sesión reservada?

La Cámara de Diputados acordó que la exposición inicial de Astudillo se realizara en sesión secreta, aunque el debate político posterior sí fue público. El ministro debía responder un pliego interpelatorio de 27 preguntas sobre extorsión, sicariato, homicidios y la conducción de la Policía Nacional del Perú, por la moción impulsada por la bancada de Juntos por el Perútras el ataque criminal en Trujillo.

Durante la jornada, otros legisladores como Catherin Palomino (Juntos por el Perú) y Rossana Alayza (Buen Gobierno) también cuestionaron la gestión de Astudillo y reclamaron la ausencia de una reforma policial. Por un lado, Palomino cuestionó que la sesión inicial se mantuviera en reserva y planteó que el ministro debía dar la cara ante el país. La legisladora, además, consideró desde su posición personal que Astudillo no reúne las condiciones para el cargo y que corresponde evaluar su censura, tras alertar sobre el incremento de homicidios y casos de violación contra menores en su región.

Alayza, en tanto, cuestionó la falta de avances concretos en la reforma policial. "No va a haber orden en la calle", sostuvo la legisladora de Buen Gobierno, y agregó que ese objetivo no se alcanzará mientras no exista una reforma inteligente de la Policía Nacional. Precisó, además, que era la tercera vez que escuchaba al ministro sin que este expusiera medidas concretas sobre ese punto.

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El primer hecho tiene origen en una entrevista que Gutiérrez Cóndor brindó a Canal N el 27 de agosto. Ahí, el Defensor del Pueblo planteó que, si la presidenta Keiko Fujimori decidiera cerrar el Congreso, tendría un respaldo popular incluso mayor al que tuvo su padre en su momento.

También mencionó un ahorro presupuestal de 3 mil millones de soles al año si el Parlamento dejara de funcionar. Los cuatro grupos parlamentarios calificaron esas palabras como un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes, en un pronunciamiento conjunto que difundieron al día siguiente.

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El segundo motivo se apoya en un reportaje del programa Cuarto Poder, emitido el 6 de setiembre, que citó un informe de control de la Contraloría. Ese documento detalla cuatro casos de personas que sostuvieron reuniones o contacto previo con el despacho del Defensor del Pueblo antes de acceder a contratos y, después, a plazas dentro de la entidad. En algunos casos se habría validado experiencia laboral que no correspondía a los requisitos del puesto.

Gutiérrez ya había ofrecido disculpas por sus declaraciones sobre el Congreso el pasado 6 de setiembre, en una entrevista con RPP. Sin embargo, la solicitud de remoción considera que esa disculpa fue condicional, pues el funcionario la subordinó a que se asumiera una interpretación distinta de lo que dijo, sin reconocer el sentido original de sus palabras.

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Josué Gutiérrez: los detalles del procedimiento que deberá seguir el Senado

La solicitud deberá pasar primero por la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, que tiene un plazo máximo de treinta días hábiles para evaluar los cargos, pedir los descargos de Josué Gutiérrez y actuar las pruebas presentadas. Recién después de ese informe, el Pleno del Senado podrá debatir y votar la remoción.

Para que el Defensor del Pueblo sea removido, se necesitan los votos favorables de dos tercios del número legal de senadores, es decir, 40 de los 60 escaños que tiene la Cámara Alta.

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Los grupos parlamentarios denunciantes remarcaron que este procedimiento es distinto de la denuncia constitucional que la diputada Analí Márquez, de Juntos Por el Perú, ya había presentado ante la Cámara de Diputados por presunta infracción de los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución.

Según explicaron en su escrito, ambos cauces tienen fundamentos y consecuencias diferentes: mientras la acusación constitucional puede terminar en suspensión, inhabilitación o destitución, la remoción del Senado solo produce la separación del cargo, sin sanciones adicionales.

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A esa denuncia se suma una tercera vía abierta contra el mismo funcionario. La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, presentó el 8 de setiembre otra denuncia constitucional en la que pidió la destitución de Gutiérrez y su inhabilitación por 10 años para ejercer función pública.

Entre los cargos que presentó Vásquez se encuentra el poco seguimiento que la Defensoría dio a las víctimas de las protestas de 2022-2023 y 2025, a la participación de la entidad en el hábeas corpus a favor de Daniel Urresti y a una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373, presentada mientras una empresa vinculada a la hermana del propio Defensor del Pueblo enfrentaba un proceso de extinción de dominio.

Como parte de las pruebas ofrecidas en la solicitud de remoción, los cuatro grupos pidieron que la Comisión de Procedimientos Especiales solicite a la Contraloría el informe completo que sustenta las irregularidades en las contrataciones, y que la propia Defensoría del Pueblo remita los legajos, contratos y registros de visitas de las cuatro personas mencionadas en el reportaje de Cuarto Poder.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

López Aliaga hizo el anuncio en medio de su campaña como candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular. El excandidato presidencial resaltó que su partido cuenta con representación en el Congreso bicameral y usó este argumento como presión.

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Entre las propuestas que exige aprobar figura la cadena perpetua para violadores de menores, sicarios, secuestradores, extorsionadores y funcionarios públicos que cometan actos de corrupción. También planteó que los serenos de Lima porten armas de fuego. "Yo no voy a mandar un sereno acá que lo maten", sostuvo.

López Aliaga propuso además combatir el mercado de celulares robados. Pidió que las empresas operadoras bloqueen los equipos denunciados como sustraídos en un plazo de 24 horas, bajo sanción para las que incumplan la medida. "El celular tiene que ser muerto. Eliminar el celular de circulación para que no se revenda", dijo el líder de Renovación Popular, que ya presentó una iniciativa legislativa sobre el tema.

Pese al tono de presión, el dirigente evitó romper con Fujimori. La semana pasada calificó sus críticas de "constructivas" y negó que buscara perjudicar a la actual mandataria. Esta vez fue más lejos en el reclamo: "Estoy hablando muy claro en todo Lima y en todo el Perú. Y por eso me robaron las elecciones, porque no aguanta una persona decente", declaró, sin dejar de insistir en que "no le debo nada a nadie".

"Si el Legislativo no aprueba las facultades, lo que va a pasar es que va a demorar un poco más de tiempo porque las leyes las vamos a tener que aprobar en el Consejo de Ministros y después solicitarlas una por una al Legislativo”, señaló Vinelli vía RPP.

Durante la entrevista, el titular del sector explicó que el Gobierno realiza un esfuerzo para cumplir con los compromisos asumidos utilizando, por ahora, las herramientas disponibles, como los decretos de urgencia y decretos supremos.

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El funcionario también aclaró que el gobierno mantiene una postura de diálogo con las diferentes bancadas del Parlamento para conseguir el respaldo político que permita acelerar las reformas en diversos sectores y manifestó la necesidad que tiene de modificar leyes en su cartera. "Por ejemplo, en el sector de Agricultura queremos cambiar alrededor de 20 leyes”.

Asimismo, el miembro del gabinete respondió a los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del gobierno ante las emergencias y la ejecución de planes de desarrollo. Frente a estas críticas, indicó que las autoridades se mantienen atendiendo las demandas de la ciudadanía.

"Nosotros estamos trabajando 24 por 7, estamos en la cancha todos los días tratando y resolviendo los problemas de la gente”.

Además, para apoyar su argumento, el ministro detalló las visitas realizadas a nivel nacional y el despliegue de los recursos destinados a la prevención de desastres, así como la mejora de los servicios básicos.

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"Este Gobierno, este Ejecutivo que soy parte, la presidenta ya ha salido 13 veces de Lima en estos 40 o 50 días y hemos visitado las 25 regiones, todos los ministros”.

Adicionalmente, el titular de Desarrollo Agrario reiteró que el pedido de facultades legislativas busca simplificar los procesos del Estado, modernizar las instituciones y asegurar que los cambios propuestos durante la campaña presidencial se concreten.

“Por eso es el pedido de facultades, para hacerlo mucho más rápido, para que la presidenta y la población finalmente sientan los cambios (…)”.

Sobre esto, la investigación de la Contraloría señala que hubo un retraso en la organización que obligó a elegir al proveedor de manera acelerada usando la excusa de una emergencia, "pese a que el IPD tenía conocimiento anticipado de la necesidad de las prestaciones desde el 06 de marzo de 2025 con la instalación formal del comité organizador".

Además, las deficiencias en la documentación impidieron un control correcto de las tareas contratadas. Al respecto, el organismo de control señaló que en los términos de referencia se registró una “falta de mecanismos de verificación y validación de las prestaciones”, lo que impidió hacer un buen seguimiento del servicio, hecho que impidió fiscalizar el cumplimiento adecuado del servicio.

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En esa línea, las reglas del concurso se cambiaron de forma indebida para ayudar a ganar a una empresa que no estaba preparada. El informe explica que "se seleccionó y adjudicó el servicio a un consorcio sin experiencia en la totalidad de la prestación, pese a que se requería un proveedor con experiencia específica y capacidad acreditada para la atención conjunta y simultánea de los servicios de alojamiento, alimentación y alquiler de salas de reuniones".

Los problemas legales y de trabajo alcanzaron a varios funcionarios de la institución. El documento advierte que se encontraron involucrados un total de siete funcionarios y servidores públicos, “uno de los cuales continúa laborando en el IPD, organismo adscrito al Ministerio de Educación".

Los resultados ya se derivaron a las autoridades para que determinen las responsabilidades correspondientes a los culpables. En el informe se señala que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ya ha sido notificada para que inicie las acciones correspondientes contra cinco funcionarios y servidores.

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Además, se notificó al presidente del IPD para que también ordene una investigación interna y aplique las sanciones debidas a los involucrados.

El embajador indicó que la agenda incluye reuniones con estos gobernantes para tratar asuntos de interés bilateral como los avances en el sector educativo con Alexander Stubb, líder europeo, y asuntos comerciales con el representante asiático Anutin Charnvirakul.

"(…) Se han concretado, va a estar con el presidente de Finlandia, ahí tenemos muchos temas de educación”, comentó. Asimismo, Pareja reiteró la importancia de este vínculo debido a la presencia diplomática de dicho país en territorio peruano.

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"Finlandia es el único país de los países escandinavos que tiene embajada residente en el Perú y hay mucha combinación en los temas educativos, creo que eso es lo que más interesa a la presidenta en este momento con Finlandia”.

En la misma línea de trabajo internacional, la agenda contempla un espacio de diálogo con el representante del gobierno asiático. "(…) también hay, con el primer ministro de Tailandia, una reunión, como ustedes saben, hemos firmado hace poco un TLC con Tailandia, así que creo que va a ser uno de los temas relevantes de esa reunión”.

Adicionalmente, el diplomático mencionó que la programación oficial incluye otras actividades destinadas al fortalecimiento de los vínculos económicos e inversión extranjera. Al referirse a estas gestiones, el funcionario precisó que la presidenta se reunirá con “empresarios de la esfera internacional”.

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"Sí, efectivamente tiene algunas reuniones bilaterales y algunas reuniones sobre todo para la promoción de la inversión y hablar del contexto de la política económica, de la política de atracción de inversión”.

La Iniciativa de Santiago y la cooperación con Estados Unidos

El embajador Carlos Pareja también señaló que la Iniciativa de Santiago es complementaria con el Escudo de las Américas, ya que ambas organizaciones mantienen una buena relación para combatir la delincuencia trasnacional.

"La Iniciativa de Santiago está organizada y se está trabajando, o sea ya es algo que se está implementando, pero con el Escudo de las Américas pues lo importante es la inteligencia, digamos los elementos de inteligencia que nos pueda brindar Estados Unidos”.

Durante la entrevista, el funcionario mencionó el trabajo conjunto entre los bloques de seguridad y detalló que Estados Unidos puede manejar la información con mejor conocimiento debido a su estructura frente a las organizaciones delictivas.

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"Las organizaciones delincuenciales internacionales pues tienen todo un tinglado de organización que los Estados Unidos pueden manejarlo con mucho más conocimiento que los demás países, así que yo creo que entre las dos organizaciones pues va a haber una buena relación”.

Igualmente, Pareja explicó que la participación de Chile en el Escudo de las Américas es como observador y se ratificó su posición en la primera reunión que tuvieron, donde señaló que el presidente de Chile, José Antonio Kast, participó en dicho encuentro bajo esa misma condición.

“El presidente Kast fue a la primera reunión de los Escudos de las Américas en Florida, pero también fue en calidad observador y ahora pues (…) así va a permanecer”.

La prensa arequipeña estaba interesada en entrevistar al ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y al comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle Talledo, para preguntarles por qué no hubo helicópteros disponibles para socorrer a los centenares de pasajeros que quedaron varados durante varios días en la Panamericana Sur, en el tramo Ocoña-Atico, en agosto pasado.

El bloqueo de la carretera impidió que un paciente recibiera atención médica oportuna y falleció, y una gestante tuvo que alumbrar en el interior de un bus en condiciones deplorables.

La reparación total de los tres helicópteros de fabricación rusa que se encontraban en el CEMAE, y que el general Oswaldo Calle exhibió con bombos y platillos ante el ministro Rafael Belaunde, debieron haber estado listos hace dos años. Y todavía no lo están.

Por insistencia de los periodistas, habló en representación del general Oswaldo Calle, su abogado Arturo Dueñas Segura, en la sede del CEMAE.

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Los helicópteros “ya fueron entregados al Ejército y se encuentran al 100% operativos”, afirmó el letrado. Pero la afirmación no es cierta.

El 24 de agosto, dos días antes de finalizar el plazo de entrega, un equipo de la Contraloría ingresó en el CEMAE y comprobó que la contratista panameña Milenium Veladi Corp. estaba lejos de concluir con la reparación mayor (overhaul) de los tres helicópteros. Así consta en el informe de control que difundió La República.

Además, como ha informado este periódico, antes de la simulación de entrega de los helicópteros, los técnicos del CEMAE se negaban a dar la conformidad del servicio porque encontraron varios incumplimientos del contrato.

Por esta razón, las aeronaves todavía no son entregadas a la Aviación del Ejército, en Lima. Siguen en el CEMAE, Arequipa, desde que fueron expuestos el sábado 12 de septiembre.

El abogado Dueñas defendió a la contratista panameña Milenium Veladi Corp., representante de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC). Reconoció los retrasos en el cumplimiento del contrato, pero los atribuyó al conflicto que la Federación Rusa mantiene con Ucrania, y a los embargos que afronta el Estado ruso por la guerra.

Según el contrato suscrito el 10 de noviembre de 2023, los helicópteros tenían que entregarse el 13 de agosto de 2024. No sucedió.

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Luego de ampliaciones de plazo e intentos de conciliación, el 10 de diciembre de 2025 el CEMAE canceló el contrato con Milenium Veladi Corp. por incumplimiento.

Sin embargo, apenas cuatro meses después, el siete de abril de este año, el comandante general del Ejército desautoriza al CEMAE y le concede a la contratista “un periodo máximo de 135 días” para que concluya con el overhaul de los helicópteros Mi-8MTV-1, Mi-171Sh y Mi-171-Sh-P. Es decir, hasta el 26 de agosto de este año.

Tampoco ocurrió.

Lo más sorprendente es que el general Oswaldo Calle lanzó el salvavidas a Milenium Veladi Corp., encontrándose investigado por la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Arequipa, por haber participado en la contratación sin licitación y por un monto sobrevalorado, entre otras ventajas, a favor de la compañía panameña en 2024. En esa ocasión, el general Calle era el jefe del Comando Logístico del Ejército (Cologe).

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“No pueden contratar con otros”

• Arturo Dueñas entregó copia de una carta del siete de mayo de este año, dirigida al jefe del Comando Logístico del Ejército, general Enrique Garcés Solano, firmada por el vicedirector de NASC, Iván B. Serov
• Serov advierte que Milenium Veladi Corp. es la única autorizada para reparar helicópteros rusos Mi. Es decir, la compañía que incumple con el contrato de overhaul de las tres aeronaves que están en el CEMAE.

Tras exponer cifras sobre el aumento de homicidios en el país, el parlamentario le dijo al titular del Interior: "Señor ministro, estas cifras no son huev***s". La frase generó un abrupto retiro de Astudillo del hemiciclo, que regresó minutos después para continuar con el pliego interpelatorio.

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El incidente ocurrió cuando Jesús Pérez detalló el incremento de homicidios con armas de fuego entre el 28 de julio y la primera semana de setiembre. Según el legislador, la cifra superó las 250 víctimas y representa un alza de 77,5%, la más alta de las últimas nueve gestiones presidenciales. El congresista mencionó además aumentos específicos en varias regiones: 90,5% en Piura, 90% en Ica, 89,3% en La Libertad, 85,7% en el Callao y 78,7% en Lima.

El presidente de la Mesa Directiva, Óscar Reto, intervino de inmediato. Le pidió al diputado retirar la expresión por considerarla inadecuada para el recinto parlamentario. Pérez no accedió del todo. Continuó su intervención, esta vez en quechua, después de que se le advirtiera que debía expresarse "en los términos adecuados".

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La reacción no tardó en llegar desde la bancada fujimorista. La congresista Cecilia Chacón señaló que el problema no era el uso del idioma originario, sino los "improperios en español" que, según dijo, el legislador también podría haber repetido en quechua. Chacón pidió que se traduzca lo dicho por Pérez para determinar si correspondía una sanción conforme al reglamento del Congreso.

Astudillo regresó al hemiciclo minutos después de su retiro y respondió con dureza. Sostuvo que no se podía permitir que un diputado lo insultara de esa forma, y menos en quechua, aunque evitó responder en el mismo tono. Calificó lo ocurrido de "bajeza" y remarcó que no pensaba caer en ese nivel de confrontación, pese a estar en condiciones de replicar en el momento.

La frase del diputado no fue casual. Hizo referencia directa a un episodio previo protagonizado por el propio ministro. Días antes, Astudillo había dejado abierto su micrófono durante una sesión en el Congreso y se le escuchó preguntar a un asistente cómo hacer para leer tanta documentación, con el mismo término que luego usó Pérez.

Carmen Chipana, secretaria de prensa de la central sindical en la región, afirmó que varios trabajadores fueron intervenidos y que al menos dos habrían resultado afectados durante estos hechos. "La Policía agredió a varios compañeros", sostuvo en diálogo con La República.

Según explicó, uno de los trabajadores, afiliado al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno Regional de Loreto (SUTRAGOREL), habría terminado con una lesión en la cabeza. La dirigente indicó que existe material audiovisual sobre otro caso, en el que un manifestante habría sido reducido y golpeado por un grupo de policías.

Chipana cuestionó que los trabajadores del Gobierno Regional hayan sido objeto de la intervención. "Los compañeros no son confrontacionales, son personas empleadas, empleados públicos", manifestó, al considerar que la actuación policial debe ser investigada independientemente del tipo de manifestante involucrado.

La CGTP Loreto anunció que exigirá una investigación pública y transparente de lo ocurrido, con revisión de los videos difundidos y determinación de las responsabilidades que correspondan.

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Cuatro demandas para el Gobierno

Pese a los incidentes registrados durante la jornada, la plataforma de lucha de la CGTP mantiene cuatro puntos principales. El primero es la rebaja del precio de los combustibles, debido al impacto que tiene en una región con dificultades de conectividad terrestre.

"Sube el combustible, sube todo", explicó Chipana. La dirigente sostuvo que Loreto depende especialmente del combustible debido a su aislamiento geográfico y a la ausencia de conexiones por carretera con otras regiones.

El segundo reclamo corresponde al sector energético. Los gremios demandan soluciones a los problemas del servicio eléctrico y plantean retomar el proyecto de la hidroeléctrica de Mazán como parte de las alternativas que consideran necesarias para la región.

El tercer punto está relacionado con la minería ilegal. Chipana pidió acciones concretas contra esta actividad y sostuvo que sus efectos, según las organizaciones sociales, no se limitan al impacto ambiental.

La dirigente denunció que en las zonas donde opera esta actividad también se presentarían casos de explotación laboral y sexual, además de participación de niñas, niños y adolescentes. Estas afirmaciones corresponden a la dirigencia sindical y requieren ser contrastadas con las autoridades competentes.

El cuarto pedido es la conformación de una Comisión de Alto Nivel integrada por ministros y con capacidad de decisión. La CGTP cuestiona que una viceministra haya acudido previamente a Iquitos sin facultades, según la organización, para asumir compromisos sobre sus demandas.

Esperan documento de compromiso

Chipana informó que, durante la noche del miércoles, representantes del Gobierno se comunicaron con Reinaldo Toanaba, dirigente de la CGTP Loreto, y se inició una coordinación para buscar una salida al conflicto.

Según la dirigente, los gremios esperan recibir este jueves un documento de compromiso que permita avanzar hacia una mesa técnica de alto nivel en Lima. "Nos tienen que emitir un documento de compromiso para que la comisión vaya a Lima a coordinar (...) una mesa técnica de alto nivel", explicó.

La dirigente precisó que la continuidad de la protesta dependerá de esos avances. Si el Ejecutivo formaliza este jueves los compromisos esperados, la CGTP contempla suspender la medida de fuerza.

"Suspendemos, no paramos", aclaró Chipana, al remarcar que la eventual decisión no implicaría dar por concluido el reclamo.

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CGTP cuestiona declaraciones de senador

La dirigente también anunció que evalúan presentar una queja ante la Comisión de Ética del Senado contra el senador Juan Carlos, a quien atribuyó declaraciones dirigidas contra las y los dirigentes que participan en el paro.

Según Chipana, el parlamentario habría señalado públicamente que las y los dirigentes estaban identificados por la Policía y habría advertido sobre eventuales consecuencias penales. La CGTP considera que estas declaraciones son especialmente preocupantes debido a las denuncias de intervención policial registradas durante la jornada.

Chipana indicó que evalúan canalizar la queja mediante la senadora Lucía Luque, quien, según dijo, se habría comunicado con quienes dirigían la protesta para conocer la situación.

Protesta continúa en provincias

Mientras se mantienen las coordinaciones con el Ejecutivo, el paro continúa en Iquitos y otras localidades de Loreto. La CGTP informó que la medida también es acatada en capitales de provincia como Contamana, Yurimaguas, Nauta, Requena, Ramón Castilla y localidades de la provincia de Putumayo, entre otras.

En Iquitos, trabajadores del SUTRAGOREL realizaron una movilización por la avenida Quiñones que llegó hasta el frontis del Mall Aventura. Durante la marcha, una trabajadora decidió quitarse la blusa y continuar la protesta con el torso descubierto, como una forma, según explicó, de llamar la atención de las autoridades nacionales. La jornada contó con presencia policial para resguardar el recorrido.

El paro regional comenzó el miércoles 16 y fue convocado por 72 horas, por lo que inicialmente está previsto que concluya este viernes 18 de septiembre. Sin embargo, la CGTP sostiene que podría suspenderse antes si el Gobierno formaliza los compromisos que las y los dirigentes esperan para iniciar una negociación de alto nivel.

Defensoría supervisa actuación policial durante el paro

La Defensoría del Pueblo informó que viene monitoreando las protestas en Loreto desde la madrugada del miércoles 16 de septiembre, con el objetivo de verificar que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y que se respeten los derechos de los participantes y de la ciudadanía.

Durante el primer día de la protesta, representantes de la institución supervisaron las comisarías de 9 de Octubre, Iquitos y Punchana, donde no encontraron personas detenidas. En la comisaría de Moronacocha, en cambio, verificaron la presencia de seis personas intervenidas —tres adultos y tres menores de edad— por presuntos disturbios y hechos contra la seguridad pública, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional.

La Defensoría señaló que constató que los intervenidos contaban con la documentación correspondiente y habían sido puestos a disposición de las fiscalías competentes. Asimismo, indicó que se realizaban procedimientos de identificación mediante el sistema AFIS de la PNP y que estaba previsto su traslado a la Unidad de Medicina Legal. La institución anunció que continuará supervisando la actuación de las autoridades durante los tres días de protesta.

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La verdadera historia es que los oficiales y técnicos del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), en cuya sede se exhibieron y volaron los Mi (en Cocachacra, Arequipa), se niegan a validar los trabajos de la contratista luego de haber identificado graves deficiencias, según consta en los informes que los especialistas suscribieron y a los que tuvo acceso La República.

Por esta razón, el CEMAE todavía no entrega los helicópteros a la unidad usuaria, la Aviación del Ejército, por lo que no pueden entrar en servicio.

Según la versión oficial de la visita del ministro de Defensa a las instalaciones del CEMAE, este "supervisó la capacidad operativa de los helicópteros del Ejército que podrán ser empleados para atender emergencias y apoyar las acciones de respuesta frente al fenómeno El Niño".

Durante la estancia de Belaunde en el CEMAE, incluso se hizo un vuelo de exhibición de las aeronaves Mi, cuyo overhaul (reparación total) se adjudicó por US$20,3 millones a Milenium Veladi Corp., el 10 de noviembre de 2023. Esta firma es representante de la estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC), y se ha tardado más de 2 años en cumplir con el servicio, pese a varias ampliaciones.

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El actual comandante general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo, tiene la intención de adjudicarle a esta proveedora un nuevo contrato para la reparación y extensión horaria de otros 15 helicópteros Mi. El general Calle es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa por adjudicar sin licitación el primer contrato a Milenium Veladi Corp. Si no consigue la validación del overhaul a los helicópteros, la firma panameña quedaría fuera de la próxima adjudicación.

Graves observaciones al servicio

Después de numerosos tropiezos, el 26 de agosto de este año la compañía reportó la entrega de las tres aeronaves. A partir de entonces, la Comisión de Recepción y Conformidad de Bienes y Servicios del CEMAE, debió evaluar los trabajos de “overhaul” y emitir un informe hasta el 10 de septiembre indicando el cumplimiento contractual. Hasta el cierre de edición, la comisión no ha elaborado ningún documento validando las labores de Milenium Veladi Corp.

Por el contrario, el 2 de septiembre, antes de expirar el plazo, la Comisión de Recepción y Conformidad de Bienes y Servicios, comunicó al jefe del CEMAE, coronel Elvis Velásquez Grández, sobre varias deficiencias en el servicio de “overhaul”. El proveedor ni siquiera proporcionó documentación actualizada de los componentes de los helicópteros para establecer su origen.

“Se observa que la mayoría de sus componentes vencen su recurso calendario, por lo que se necesita la resolución (definición) de la extensión de la vida útil de la aeronave de acuerdo con la normatividad vigente, y no como se pretende justificar, con una simple fotocopia o escaneo de documento para poder subsanar las observaciones) al servicio”, señala el informe.

Es más, la compañía presentó documentos no originales, por lo que “carece de legalidad en vista de que no cumple con los requisitos”, indica la comisión.

Por si fuera poco, cuando los técnicos del Departamento de Control de Calidad intentaron verificar los trabajos de subsanación a las observaciones en uno de los helicópteros dentro del CEMAE, “el representante de Milenium Veladi Corp., Felipe Naters Galarreta, no permitió el cumplimiento de las funciones (de los integrantes del comité)”.

Esto explica por qué los técnicos del CEMAE no quieren dar la conformidad a la entrega de los tres helicópteros Mi hasta el día de hoy, vencido el plazo el 10 de septiembre. Por eso, se armó una simulación el sábado 12 de septiembre.

Ejecución contractual incompleta

Por otro lado, como parte de sus obligaciones, Milenium Veladi Corp. también está obligada a instalar un Laboratorio Químico, un Taller de Galvanotecnia, un Laboratorio de Ensayos No Destructivos, un Laboratorio de Metrología y un Sistema RT Digital. Pero no cumplió, según los reportes técnicos de los especialistas.

En reportes del 24, 29 y 30 de julio, y del 10 de agosto de este año, el presidente del Comité de Recepción y Conformidad de los talleres y laboratorios mencionados, teniente SCYTE Enrique Pachas Ninamango, informó al jefe del CEMAE, coronel EP Elvis Velásquez Grández, el incumplimiento de varias exigencias contractuales:

-“De los 48 ítems verificados del Laboratorio Químico, 44 presentan por lo menos una observación. Las deficiencias se concentran en la falta o insuficiencia de certificados de calibración, certificados de conformidad, fichas técnicas, manuales y garantías, esto es, en la documentación destinada a acreditar características, calidad, seguridad y aptitud para el uso previsto”.

-“Este Comité no otorga la conformidad del Sistema RT Digital para inspección de misiles y/o soldaduras, debido a que no se encuentra acreditada su operatividad integral, interoperabilidad, seguridad, calidad de imagen ni el cumplimiento de las obligaciones de puesta en marcha, capacitación y entrega documentaria”.

-“De los 30 ítems (equipos) del Taller de Ensayos No Destructivos, todos presentan por lo menos una observación: las deficiencias se concentran en la falta o insuficiencia de certificados de calibración, certificados de conformidad, fichas técnicas, manuales y garantías”.

“(Se requiere de) una nueva evaluación del estado de la prestación y de la documentación presentada por la empresa Milenium Veladi Corp., a fin de determinar si las observaciones han sido subsanadas”.

Sin la información señalada, para los técnicos es difícil establecer si la contratista ha cumplido totalmente con las exigencias del servicio, por el que el Estado ya pagó más del 70%.

En lugar de exigir a Milenium Veladi Corp. subsanar todas estas observaciones, el 18 de agosto el titular del CEMAE, coronel Elvis Velásquez Grández, destituyó al teniente SCYRE Enrique Pachas Ninamango, el oficial que se negó a aceptar la conformidad del contrato.

Trece días después del relevo del teniente Pachas, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo, celebraron la entrega de los tres helicópteros rusos Mi overholeados por Milenium Veladi Corp.

“Creo que debió dar la cara y la sesión no debió ser secreta. Entiendo que la señora presidenta nos prometió a todos fuerza del orden, mano dura y todo desde los primeros días. ¿Qué estamos pensando? Tiene a su disposición el poder para hacer algo. Yo creo que no hay voluntad. Ha desestabilizado gobierno tras gobierno para ser presidenta, y ahora que lo es, no tiene plan estratégico. No confiamos en el ministro, la gente no es tonta. Estamos en conversaciones (para ver la censura), todavía no hay algo firme. Pero yo, individualmente, te puedo decir que estoy a favor de la censura. La presidenta tiene cuadros y debería ir por alguno que esté a la altura”, señaló a este medio la diputada.

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El partido de Roberto Sánchez prepara próximas reuniones para definir el movimiento a tomar con respecto a Astudillo. Voces fuera de la Cámara de Diputados también tendrán un papel en esta decisión. Jaime Quito, senador del partido opositor, señaló que, si bien la responsabilidad es totalmente de los diputados, considera que debe procederse con la censura al ministro fujimorista.

“El reglamento indica que después de la interpelación sigue la censura. Es mejor que venga a su curul a ejercer su responsabilidad. (…) El ministro del Interior ha mostrado una incapacidad para poder solucionar un problema de la población: la inseguridad ciudadana. ¿Creo que debe ser censurado? Personalmente te digo que sí, es una responsabilidad de los diputados. Pero tengo toda la claridad que este señor no debe ser ministro del Interior”, apuntó.

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Una sesión secreta

Apenas tras detallarse la primera pregunta del pliego interpelatorio, el ministro César Astudillo solicitó declarar como secreta la sesión de interpelación que se desarrollaría con él como protagonista. El pedido fue recibido y aceptado por el presidente de la Cámara Baja, Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno). Con esta decisión, la prensa no pudo acceder a las respuestas del titular del Interior.

De acuerdo con la explicación dada posteriormente por las autoridades, la decisión de llevar en secreto la interpelación respondía a la exposición de datos secretos sobre el manejo de la seguridad interna. Pese a esta declaración, fuentes dentro del hemiciclo afirmaron a este diario que la exposición del ministro no entró en detalles que, de hacerse públicos, podrían perjudicar la lucha contra la delincuencia.

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Tal afirmación parece ser compartida por congresistas como Indira Huilca, representante de Ahora Nación. Al abrirse el debate y hacerse pública la sesión, Huilca consideró que el carácter secreto de la sesión no estaba justificado.

“Señor ministro Astudillo, tras escuchar las respuestas que usted ha hecho y que, muchos pensamos aquí, no merecían carácter secreto porque se han dicho puras generalidades; se confirma que no existe ni rumbo claro ni plan concreto frente a la criminalidad. Está demostrada su incapacidad para tomar hasta las decisiones más obvias, como fue la decisión de mandar a su casa al general Arriola, a quien casi le han agradecido por ser responsable de una política que no ha tenido resultados”, señaló en el debate.

Lluvia de críticas a Astudillo

Las críticas a Astudillo provinieron de distintos sectores del Parlamento. Rossana Alayza, vocera del Partido del Buen Gobierno en la Cámara Baja, afirmó que el discurso de Astudillo careció de planes para atacar los problemas estructurales dentro de la institución policial.

“Sigo sin escuchar nada sobre la reforma policial. Hablar de reforma policial no es decir que todos nuestros policías no sirven. La reforma no es un castigo. La infiltración del crimen organizado no es problema de ahora. Hoy es el momento de acabar con la criminalidad. No basta y no es suficiente con ‘expulsar a los malos elementos’, ahí no puede quedar la cosa”.

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Heber López Letona, de la bancada de Obras, también fue claro al afirmar que Astudillo todavía no muestra una estrategia clara para combatir el avance criminal.

“Hoy subsisten dudas legítimas sobre la conducción de la PNP y algunas decisiones adoptadas dentro del sector. Comerciantes, familias y personas que viven con miedo necesitan acciones concretas: capturas, desarticulación de bandas criminales y calles más seguras. La seguridad ciudadana es primera responsabilidad del Estado”.

En Juntos por el Perú, siguiendo la línea de control político, Jesús Pérez Alccahuamán tuvo declaraciones —con un lenguaje poco depurado— y aseguró, tras leer las cifras de avance de la criminalidad a lo largo del país, que “esas cifras no son hue******”. Ante esto, Astudillo se retiró momentáneamente para luego volver y afirmar que era inadmisible que un diputado insultara de esa manera.

“Disponer el cese por límite de edad de la señora Zoraida Ávalos Rivera, en el cargo de Fiscal Supremo, a partir del 14 de junio de 2026, fecha en la que cumplió setenta (70) años de edad", señala el documento.

En esa misma línea, el organismo dejó sin efecto un intento del Ministerio Público por mantener a la magistrada en funciones, al rechazar el uso de las reglas de jubilación creadas para los empleados públicos generales del Estado y aclarar que esas normas no aplican a los fiscales.

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“Declarar Improcedente lo resuelto por la Fiscalía de la Nación en la resolución N.° 1630-2026-MP-FN de 8 de junio de 2026, por cuanto a los fiscales no les resulta aplicable lo dispuesto en el inciso a) del artículo 35 del Decreto Legislativo N.° 276”, precisa el texto.

Asimismo, la JNJ señaló que la ley de la carrera fiscal es la única regla válida que ordena la salida obligatoria de los fiscales al llegar a esa edad.

"Toda vez que el cese por límite de edad se encuentra regulado de manera expresa y específica en el artículo 106 de la Ley N.° 30483, Ley de la Carrera Fiscal", añade el primer artículo.

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Como consecuencia de la salida, la institución dispuso retirar la credencial que le permitía ejercer el puesto.

Antecedente: El respaldo inicial de la Fiscalía de la Nación

Previo al pronunciamiento de la JNJ, la Fiscalía de la Nación había respaldado la permanencia de Ávalos hasta el 31 de diciembre de 2026 mediante la Resolución N.° 1630-2026-MP-FN.

La decisión atendió a la solicitud de la magistrada para acogerse a la Ley N.° 32199, norma que modifica el régimen público general (Decreto Legislativo N.° 276) y permite extender el servicio hasta el cierre del año fiscal para garantizar la continuidad administrativa.

Bajo este argumento, la Fiscalía determinó que su retiro formal y conclusión de funciones en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se realizarían recién a partir del 1 de enero de 2027.

Sin embargo, quedó sin efecto tras la declaración de improcedencia dictada por la Junta Nacional de Justicia.

—El concepto de plebiscito me parece que se aplica a esta elección por varias razones. La primera es que estamos discutiendo un fenómeno que trasciende la elección de un gestor local: es más bien una especie de plebiscito de aprobación o rechazo hacia un modelo de gestión de la ciudad, un modelo ideológico, conservador y, además, sui géneris, en el sentido de que prescinde de las formas, hiperpersonalista, centrado en la figura y en los caprichos personales del alcalde de Lima. Habría que recordar que él dijo que no iba a ser candidato presidencial, que iba a agotar su periodo; luego incumplió esa promesa, fue candidato presidencial, también candidato al Senado, senador electo, pero no quiso asumir esa senaduría y forzó su presencia como candidato a regidor. Ahora lo tenemos como candidato a alcalde encubierto.

Ese es un afán, un trasiego simbólico profundamente personalista. Por eso, en lugar de que haya un debate racional sobre soluciones técnicas, urbanas, vecinales, el voto empezó a funcionar como un juicio político masivo respecto de su gestión, en una lógica dicotómica. Por eso señalo que es una elección plebiscitaria.

—¿Cuáles serían las preguntas típicas de ese plebiscito, si tuviera que imaginarse la decisión que debe tomar el ciudadano el 4 de octubre?

—La primera pregunta se refiere a la legitimidad de esta gestión, en la lógica de premiar o sancionar. Un plebiscito evalúa la legitimidad del desempeño de quien ejerce el poder, y en este caso el grupo del señor López Aliaga está ejerciendo el poder. Lima concentra un tercio del electorado nacional, y por eso es imposible que una votación sea solo un asunto municipal. Podría ser que en ciudades de otro volumen esto sea estrictamente municipal, pero aquí la pregunta principal es si este modelo de gestión personalista, conservador, ideologizado, lleno de avances y retrocesos, debe continuar o no. Plebiscito en el sentido de la continuación: esa es la primera pregunta.

—¿Y la segunda?

—La segunda es el balance de las nuevas ofertas. Y las que nos está proponiendo el señor López Aliaga son más o menos las mismas: obras, obras, obras, sin que se sepa en qué sentido ni con qué dimensión. Me parece que se ha olvidado del asunto de los peajes, que están judicializados. No forma parte de su campaña el tema de los trenes, porque ha quedado claro, incluso desde el punto de vista del gobierno, que no se trata de una donación sino de una compra. Entonces aparece una continuidad difusa que, me parece, lastra su propia candidatura. No le veo, más allá de repetir lo que ha dicho en los últimos años, una oferta nueva. En cambio, los que lo desafían, principalmente el señor Bruce, tienen más ofertas. Si me preguntan cuál es la oferta del señor López Aliaga, no me quedaría ninguna: "continuaremos", "habrá más obras", "los candidatos de Odebrecht tal y cual", "tengo derecho a postular". Pero no creo que haya un mensaje político como el de su primera candidatura.

—¿Cree que en ese filtro plebiscitario debería existir también una pregunta sobre la visión de ciudad de cada candidato?

—En el debate municipal hay dos temas grandes sobre los que se mueven los candidatos: la seguridad ciudadana, sobre la que el señor López Aliaga tiene muy poco que decir porque ha incumplido las ofertas de su periodo —por ejemplo, las diez mil motocicletas—, y por eso ya no habla mucho de inseguridad. Además, su sucesor está planteando una medida muy peligrosa e inconstitucional, que es la Policía Metropolitana, y algunas de las ofertas que él ha lanzado en este tema resultan poco serias, como decir que si uno sufre extorsión llame inmediatamente al cómico Carlos Álvarez, como si esa fuera una salida.

También es cierto que los otros candidatos, en general, no salen de los lugares comunes: compra de cámaras, videovigilancia, vigilancia aérea con drones, patrullaje integrado. Pero todo eso es parte de un paquete sobre el que las municipalidades no tienen muchas competencias. Quizás deberíamos ser más honestos y decir "apoyaremos a la policía", porque la competencia en seguridad es básicamente policial. Por eso me parecía extraño que en el gobierno del señor López Aliaga se dijera que iban a entregarse diez mil motocicletas, de las que no se ha entregado ni la mitad, o el famoso botón de pánico para todos: muchas ofertas incumplidas.

El segundo paquete es transporte y movilidad urbana, y ahí también una propuesta de reforma integral. La mayoría de candidatos, con matices —quizá salvo el señor Bruce, que dijo "pásenme la ATU a la municipalidad"—, piden que la ATU desaparezca, pero no dicen con qué debe ser reemplazada. Yo diría que tanto en seguridad ciudadana como en transporte hay una especie de populismo bastante vacío, bastante anémico. Y esos dos temas están muy gastados, quizá porque hay otros de los que no se habla: la pobreza en Lima, la sanidad, el agua potable para las zonas periféricas, el crecimiento de la inseguridad y, seriamente, el medio ambiente, un asunto que tampoco se toca.

—¿Cómo formularía una oferta de seguridad que fuera ejecutable y viable?

—Hemos visto que lo de las diez mil motocicletas no funciona. Lo que podrían hacer las municipalidades, con las capacidades organizativas que tienen, es contribuir a la formación de núcleos humanos, comités vecinales, capaces de acompañar la acción de la policía en vigilancia, recuperación de espacios y, sobre todo, prevención. Una de las cosas abandonadas en el mundo y en el Perú como parte de la política criminal es justamente la prevención. El núcleo moral del liberalismo plantea que, para que una persona sea capaz de convivir en sociedad, debe tener determinados atributos que no se consiguen con una sanción, sino con una lógica de prevención. Pero en el Perú se ha abandonado la prevención, y si uno mira el pliego de facultades solicitado por los candidatos, no hay nada al respecto.

Lima tiene más de diez millones de habitantes y es muy probable que tenga un millón de "ninis", jóvenes que ni estudian ni trabajan. Las municipalidades pueden realizar programas de acompañamiento y prevención junto con la Policía Nacional. Hay experiencias en el norte del país, como el programa Barrio Seguro, que se intentó implementar durante el ministerio del señor Basombrío. Creo que hay un conjunto de medidas que las municipalidades pueden plantear para acompañar el trabajo de la policía, pero no reemplazarlo, no convertirse en el 'sheriff' de la ciudad, que es, por ejemplo, lo que ahora quiere hacer el alcalde accesitario de López Aliaga, el señor Reggiardo.

—¿Cómo pesa el sesgo ideológico del actual gobierno municipal en estas elecciones?

—Ha sido bastante perjudicial, muy dañino. Por ejemplo, se ha invisibilizado la violencia contra las mujeres —principales víctimas de la inseguridad ciudadana—, las mujeres desaparecidas, secuestradas, víctimas de feminicidio. Hay un debilitamiento de las estructuras municipales vinculadas a los derechos de la mujer, porque el enfoque de género no se ha tenido, y ahí están las consecuencias. También hay una invisibilización de otros problemas vinculados a educación, juventud y deporte. Si el alcalde de Lima cree que su principal labor es construir, o que es el 'sheriff' de la ciudad, pero solo en términos muy solemnes y "por lo alto", evidentemente la ciudad sufre. Creo que en estos años Lima se ha visto muy desprotegida en la atención de otros problemas que no son prioridad de la actual administración. Un sesgo ideológico como el que hemos tenido en estos cuatro años dificulta una mirada más diversa de una ciudad que es plural, diversa y fragmentada.

—¿Sigue vigente la apelación al "caviarismo" en esta elección, como lo fue en las anteriores?

—No, porque la primera vuelta electoral ya marcó el declive de los partidos que habían convertido el anticaviarismo en su primera bandera. De esos partidos, solo dos pasaron la valla electoral, y juntos no tienen ni siquiera el 20%; el resto no pasó la valla. El hecho de que tengamos un candidato presidencial que ahora vuelve a ser candidato a alcalde politiza la elección, así que esto no puede ser solo vecinal. El señor López Aliaga tiene 21%, un poco menos el candidato Bruce, que es su principal retador en un debate técnico, y hay un 42% de ciudadanía resistente —yo no diría indecisos—, algunos que probablemente ya tomaron una decisión y otros que están mirando cómo entregar un voto que le permita a la ciudad respirar de otro modo.

—¿Diría entonces que el escenario ha cambiado respecto de las últimas elecciones municipales?

—Sí, porque en esas elecciones había candidatos muy a la baja, con poca intención de voto. Por ejemplo, el señor Muñoz pasó del 3% al treinta y tantos por ciento en diez días: fue un candidato pequeño empoderado por la opinión pública. En esta oportunidad, si sumamos los votos de López Aliaga y Bruce, tenemos casi el 40%. El resto de candidatos no suma el 15%, y hay un 42% de electores que aún no ha dicho por quién votará. Esos tres bloques —el plebiscito entre López Aliaga y Bruce, el 15% de candidatos con campaña, pero sin poder trascender, y el 42% de ciudadanos a la expectativa— confirman la idea de que se va a producir un cambio en Lima, en el sentido de que el actual alcalde en reelección encubierta no puede obtener más del 20%.

—¿López Aliaga llegó a su techo?

—Ese es el techo.

—¿Qué falta para que el panorama electoral quede más claro?

—Que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla su promesa respecto a si les entregará o no la credencial a los candidatos a regidor que en realidad son candidatos encubiertos a la alcaldía. Si se emite una opinión que le dé seguridad jurídica al proceso, es muy probable que luego del debate tengamos un panorama más claro. Pero igual creo que sigue siendo un proceso electoral plebiscitario.

—¿Cree que esa definición del JNE debería darse antes o después de las elecciones? —El jurado se ha comprometido, frente al pedido de catorce partidos, a resolverlo en estos días. Tengo entendido que la opinión será emitida antes del debate, antes del día 21. Y creo que el jurado está retrocediendo poco a poco del error que cometió cuando, en varias de sus resoluciones, permitió que candidatos a regidor que habían sido alcaldes participen como candidatos encubiertos a la reelección.

No se ha hecho el control constitucional del artículo 194, que prohíbe la reelección. Si se hubiese hecho ese control constitucional en su momento —como lo hizo el voto de minoría del señor Gunther González, y como lo hicieron estos siete u ocho jurados electorales especiales, especialmente el de Morropón y el de Huari—, creo que se habría evitado la dificultad que ahora tenemos.

Pero en la sentencia sobre el expediente de Huari, el jurado dio un primer retroceso.

Hace dos sábados, el presidente Burneo dijo: "aún no hemos evaluado si se les entregarán las credenciales a los candidatos a regidor que sean alcaldes", es decir, a los candidatos encubiertos, "y eso lo evaluamos en su momento". Entonces, tres retrocesos sustantivos del jurado frente a una decisión que, a mi juicio, fue equivocada, nos colocan frente a la posibilidad de que el jurado efectivamente reponga la seguridad jurídica.

Y un elemento más: el último día se abrió un proceso indagatorio, sancionatorio, contra el Partido Renovación Popular y contra el señor López Aliaga, porque se ha detectado que está haciendo campaña como alcalde. Quienes se mueven por Lima han visto muchos afiches donde dice "López Aliaga, alcalde". ¿Cómo es posible entonces que una persona diga "yo no soy candidato a alcalde, soy candidato a regidor", y al mismo tiempo se muestren afiches suyos como candidato a alcalde?

—Hay otra trampa ahí. La respuesta que dan es: "no soy yo quien pone los carteles, son los afiliados, los simpatizantes. No tengo control sobre ello".

—Ya estamos bastante avanzados para decir "yo no he sido, son otros", y por eso se abre el proceso indagatorio, que es un proceso que puede llegar a mayores.

Lo que quiero decir es que ya estamos en un momento complicado, en general en el Perú y especialmente en Lima, que tiene diez millones de habitantes y casi siete millones de electores. Necesitamos seguridad jurídica, y eso no lo tenemos todavía, y deberíamos tenerlo.

"Ha sido muy productiva, hemos intercambiado opiniones, ellos tienen sus dudas y preocupaciones. Yo creo que hay ánimo, apertura e interés de intercambiar puntos de vista. Me ha parecido una reunión con ánimos muy receptivos e instructivos", declaró Belaunde tras el encuentro.

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El ministro sostuvo que el Ejecutivo está dispuesto a explicar los aspectos que más fueron cuestionados entre los parlamentarios y remarcó que el Gobierno necesita las facultades para avanzar con las medidas planteadas. "Nosotros estamos para aclarar los puntos de duda, preocupaciones. Nosotros necesitamos las facultades para poder avanzar. Ellos están evaluando, son 66 pedidos", indicó.

Belaunde reconoció que el Ejecutivo podría no recibir la totalidad de las facultades solicitadas, aunque sostuvo que no percibió una posición de rechazo absoluto por parte de la bancada. "Yo entiendo que quizá no nos darán todo lo que pedimos, pero tampoco veo ánimos de negar todo", afirmó.

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Juntos por el Perú cuestionó previamente pedido de facultades

La posición expresada por Belaunde contrasta con los cuestionamientos que Juntos por el Perú había planteado días antes sobre la solicitud del Ejecutivo. La bancada calificó el pedido de facultades como un intento encubierto de disolver la Cámara de Diputados, según una declaración de Ernesto Zunini.

JP también había advertido que en el pedido no había solicitudes específicas para luchar contra las consecuencias del Fenómeno del Niño o contra la inseguridad ciudadana.

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Belaunde sobre el comité consultivo de la presidenta

Durante sus declaraciones, Belaunde también fue consultado por el comité consultivo que asesora a la presidenta de la República y sobre la eventual presencia de personas vinculadas a Fuerza Popular.

"Es asesorar a la presidenta. Hay personas vinculadas, cercanas a la presidenta, que tienen conocimientos en ciertas materias", sostuvo el ministro.

Belaunde no precisó qué personas integrarían dicho grupo ni detalló las materias específicas en las que brindarían asesoramiento.

“No existe tal cosa. Se debe informar a la población, a través de ustedes, que todo presidente siempre ha tenido un grupo de asesores en el despacho presidencial. Ahora, se ha cambiado y el despacho presidencial tiene una comisión consultiva ad honorem, compuesta por personas con experiencia en el sector público y que van a brindar asesoramiento consultivo a la presidenta de la República”, indicó en entrevista con RPP.

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Vinelli también aseguró que la creación de esta nueva organización cercana al despacho presidencial no responde a errores por parte del gabinete ministerial.

“No se debe a ningún tipo de error. Se debe a que eso existía antes como grupo de asesores de la presidenta. Ahora tiene una nueva denominación y responde a otras funciones, como son atender las consultas de la presidenta”, apuntó.

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La comisión consultiva de Keiko Fujimori

La presidenta Keiko Fujimori oficializó a los primeros integrantes de la Comisión Consultiva de su Despacho Presidencial. Entre ellos figuran Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Arsenio Oré, tres personas que fueron investigadas en el caso 'Cócteles', relacionado con el presunto financiamiento irregular de las campañas de Fuerza Popular. Sus designaciones fueron formalizadas mediante una resolución publicada este 16 de septiembre en el diario oficial El Peruano.

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Yoshiyama y Chlimper ocuparon cargos relevantes durante el régimen de Alberto Fujimori y posteriormente fueron incluidos en las investigaciones fiscales sobre Fuerza Popular por presuntos financiamientos ilícitos. En el caso de Yoshiyama, la Fiscalía lo acusó por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, mientras que Chlimper fue investigado, además, por presunta falsedad y falsa declaración. La tesis fiscal vinculó a ambos con el manejo de recursos destinados a las campañas de Keiko Fujimori. El exdirectivo de Odebrecht Jorge Barata declaró que la constructora entregó US$1 millón para la campaña de 2011 a través de Yoshiyama.

Por su parte, Arsenio Oré fue investigado por una presunta obstrucción a la justicia relacionada con su labor como abogado de personas vinculadas a Fuerza Popular. Según la Fiscalía, habría intervenido junto con otros abogados para influir en las declaraciones de presuntos aportantes del partido. La resolución también incorpora a Josefina Takahashi y Milagros Álvarez como integrantes de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial.

Los cuatro congresistas del periodo pasado cuyos pasajes aéreos no fueron utilizados fueron Alejandro Cavero, Roselli Amuruz, Ernesto Bustamante y Luis Aragón. Por Cavero se gastaron S/13.437 en un pasaje de la ruta Lima-Baku-Lima; Amuruz tenía programado un viaje a Montevideo, que generó un desembolso de S/5.932; Bustamante, reelegido ahora como senador por Fuerza Popular, tenía previsto viajar a París, lo que implicó un gasto de S/8.595; y finalmente, Aragón tenía programado un viaje a Curazao, que fue cancelado luego de que se desembolsaran S/5.032.

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En el Parlamento Andino, Javier Arce tenía previsto realizar un viaje a Ciudad de México y Leslye Lazo, uno a Bruselas. El primero generó un desembolso de S/4.088, mientras que el segundo implicó un gasto de S/8.332.

Cabe señalar que el reportaje indica que, en junio de 2026, la Mesa Directiva del Congreso —presidida entonces por Fernando Rospigliosi— publicó un acuerdo mediante el cual se obligaba a los congresistas y parlamentarios andinos a devolver el dinero gastado en sus pasajes aéreos. Sin embargo, solo tres semanas después, un nuevo acuerdo de la Mesa Directiva dejó sin efecto dicha disposición.

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Cavero se excusa por deuda perdonada

Uno de los excongresistas a quienes se les dejó sin efecto el cobro por los pasajes que no utilizaron fue Alejandro Cavero, quien ahora se desempeña como asesor del presidente del Senado, Miguel Ángel Torres. Consultado por Latina Noticias, Cavero se excusó por el gasto realizado en un viaje que finalmente no se llevó a cabo.

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“No me corresponde a mí comentar. (...) Por una cuestión de fuerza mayor, yo simplemente no asistí al viaje. Ese viaje nunca lo hice. Pregúntale a los de la Mesa Directiva (porque tomaron esa decisión). Yo no lo sé”, indicó ante las preguntas del reportero.

El excongresista negó que haya realizado alguna gestión ante la Mesa Directiva para dejar sin efecto el cobro de esta deuda que mantenía inicialmente con el Congreso.

Jaime Yoshiyama Tanaka fue uno de los principales investigados del caso 'Cócteles' y estuvo comprendido en la acusación fiscal por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. La Fiscalía sostuvo, tras la declaración de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, que Yoshiyama habría cumplido un papel dentro de la estructura de Fuerza Popular vinculada con la recepción y el ocultamiento de aportes destinados a financiar las campañas electorales de Keiko Fujimori. El propio Barata aseguró que había entregado US$1.000.000 a través de Yoshiyama para beneficiar a la organización fujimorista para la campaña del 2011.

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José Chlimper Ackerman fue secretario general de Fuerza Popular. Este cargo lo llevó a ser investigado en el caso 'Cócteles' por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. La acusación fiscal lo vinculó con el manejo de fondos y la estructura partidaria investigada por el presunto financiamiento irregular de las campañas fujimoristas. Tanto Chlimper como Yoshiyama han sido ministros durante la dictadura de Alberto Fujimori.

A diferencia de Yoshiyama y Chlimper, Arsenio Oré fue incorporado al caso 'Cócteles' específicamente en el marco de una investigación por presunta obstrucción a la justicia, relacionada con su actuación como abogado. La Fiscalía sostuvo que, junto con otros abogados vinculados con la defensa de Fuerza Popular, habría intervenido para impedir o influir en las declaraciones de personas consideradas aportantes de las campañas del partido.

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Otros miembros de la Comisión Consultiva

Además de Yoshiyama, Chlimper y Oré, la resolución también nombra como integrantes de esta comisión a Josefina Takahashi y Milagros Álvarez.

La primera tiene una trayectoria vinculada con la academia y la investigación científica. Es rectora emérita de la Universidad Científica del Sur. También ha trabajado en el sector público, como jefa de la Unidad de Contratos Internacionales del Ministerio de Agricultura durante la dictadura fujimorista.

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La segunda es esposa de Fernando de Trazegnies, excanciller que se desempeñó también durante los últimos años del régimen de Alberto Fujimori.

De acuerdo con la mandataria, los integrantes de este nuevo cuerpo vinculado con el Despacho Presidencial desempeñarán sus funciones ad honorem.

Primer bloque

El primer bloque se denomina 'Seguridad Ciudadana y Medidas Efectivas contra la Criminalidad' y consta de las siguientes preguntas:

• ¿Qué medidas concretas ha implementado desde el inicio de su gestión para reducir los índices de criminalidad, especialmente, extorsión, sicariato y homicidios agravados?
• ¿Qué mecanismos de evaluación y control se están aplicando para medir la efectividad de las estrategias implementadas?
• ¿Cómo se está coordinando con otras instituciones del Estado para asegurar una respuesta integral y efectiva frente a la inseguridad?
• ¿Cuánto del presupuesto asignado al Ministerio del Interior en el presente año se ha destinado específicamente a programas y acciones de seguridad ciudadana?
• ¿Cómo se está promoviendo la participación de las juntas vecinales y otros actores comunitarios en la prevención del crimen?
• ¿Qué campañas de sensibilización y educación se están llevando a cabo para informar y proteger a la población contra la delincuencia? ¿Qué plan de trabajo y qué acciones ha implementado para dar protección a los vecinos ante el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana?
• ¿Cuáles son las medidas internas que está realizando la PNP, en el marco del Mecanismo Intersectorial de Derechos Humanos, para afianzar las labores de prevención y protección de los defensores de derechos humanos, dada la cifra de víctimas entre líderes indígenas y líderes sindicales asesinados por las mafias ilegales?
• ¿Qué acuerdos o convenios internacionales están vigentes y viene aplicando su sector para enfrentar el crimen organizado transnacional?
• ¿Cuáles han sido los resultados tangibles hasta la fecha en términos de reducción de la criminalidad y mejora de la seguridad pública, especialmente en extorsión, homicidio y crimen organizado?

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Segundo bloque

El segundo bloque está relacionado con el general Óscar Arriola y se denomina 'Cese en el cargo del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Óscar Arriola, quien es investigado por corrupción y ha ocupado dicho alto cargo durante tres gobiernos consecutivos'. Cabe señalar que este bloque fue propuesto antes de que Arriola renunciara a su cargo como jefe de la PNP y Fredy López Mendoza asumiera como nuevo comandante general. Las preguntas de esta sección son las siguientes:

• ¿Por qué motivo mantiene en el cargo al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Óscar Arriola, quien ha perdido totalmente el liderazgo sobre los miembros de la PNP, la confianza del propio Gobierno de turno y de la población?
• ¿Cree usted que el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Óscar Arriola, es una persona idónea para comandar la Policía Nacional del Perú, habiendo demostrado su ineptitud para lograr ubicar y capturar al prófugo Vladimir Cerrón, así como en el manejo del presupuesto destinado a la compra de equipamiento y modernización de la PNP, además de tener investigaciones de índole penal?
• ¿Cuál es la salida jurídica que tiene su despacho para cesar en el cargo al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Óscar Arriola?
• ¿Por qué no se le ha separado temporalmente del cargo al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Óscar Arriola, por su ineptitud en el manejo del presupuesto público destinado a gastos de logística y operatividad policial, causando agravio a la institución policial, al no haber ejecutado gran parte del presupuesto para la modernización de la Policía y haber devuelto dicho dinero al Ministerio de Economía para ser utilizado en el Fenómeno del Niño?

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Tercer bloque

El tercer segmento se titula 'Nombramiento de una investigada por corrupción durante el Gobierno de José Enrique Jerí Oré'. En este apartado se aborda el nombramiento de Magali Ella Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, cargo que asumió el pasado 10 de agosto. Estas son las preguntas:

• ¿Reconoce usted haber nombrado a la ciudadana Magali Ella Meza Mundaca como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, quien cuenta con investigaciones fiscales pendientes, entre ellas una investigación seguida en su contra y otros por corrupción de funcionarios cuando era jefa de Recursos Humanos del MINEDU, donde fue sindicada como responsable de contrataciones irregulares? En dicha investigación, la Fiscalía Anticorrupción del Centro, conjuntamente con la DIRCOCOR-PNP, allanó 25 inmuebles en Lima, Callao y Huánuco, entre ellos el domicilio de esta funcionaria.
• ¿Quién recomendó a la investigada Magali Ella Meza Mundaca para el cargo de directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior?
• ¿Cómo garantiza usted, como ministro del Interior, la independencia y autonomía de la Policía Nacional del Perú en la realización de investigaciones complejas, especialmente aquellas que involucran a figuras políticas o a personas cercanas al Gobierno?
• ¿Cómo se asegura que las investigaciones en curso, especialmente aquellas de alta complejidad, no sean interrumpidas o manipuladas por influencias políticas?

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Cuarto bloque

Finalmente, el último bloque se denomina 'Sobre las credenciales para ser ministro del Interior'. En este apartado se cuestiona su idoneidad para ocupar el cargo que el Gobierno de Keiko Fujimori le ha encargado.

• Dadas las cifras de asesinatos y heridos producto de la extorsión y el sicariato, que ahora también cobran relevancia en los ámbitos de la construcción y el transporte, poniendo en peligro a toda la ciudadanía, ¿usted considera que viene cumpliendo un rol significativo para luchar contra el hampa y el crimen organizado?
• ¿Considera que, al asumir la cartera de ministro del Interior siendo usted parlamentario, resulta “ilógico e incongruente” su designación como ministro, ya que rompe la separación de poderes y convierte su rol de fiscalizador en juez y parte?
• ¿Es verdad que usted, señor ministro General EP (r) César Astudillo Salcedo, ha decidido rodearse de excolegas del instituto castrense en el Ministerio del Interior, colocando en posiciones clave —Secretaría General, Dirección de Inteligencia y Dirección de Gobierno Interior— a oficiales del Ejército en retiro de extrema confianza, con quienes ha trabajado durante su prolongada carrera?
• Como oficial del Ejército, ¿usted considera que está preparado para asumir una cartera tan sensible como la del Interior, donde no tiene la especialización que requiere el cargo y desconoce totalmente la función policial?

El Foco identificó a los integrantes del chat a través de sus números telefónicos. Se trata de Mishell Muguerza Mego, Yuly Ramos Sánchez, Catherine Quispe Vidalón y Enver Thomas Zelada Rabanal, todos parte del equipo de Palomino. En los mensajes, los trabajadores se refieren a la diputada como "Cathy".

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Entre los pedidos aparecen tres cuadros para la oficina de la parlamentaria, con las figuras de Túpac Amaru, José Carlos Mariátegui y de la propia Palomino. También se menciona la impresión de tarjetas de presentación por cuenta propia, ante la demora del Congreso en entregarlas. Los mensajes incluso detallan la compra de charqui y bebidas para actividades de la diputada en Huancavelica.

Palomino, consultada por El Foco, negó haber pedido dinero a su personal. Afirmó que desconocía la existencia de ese grupo de WhatsApp y que su único pedido fue una cotización para los cuadros, no un cobro directo a sus trabajadores.

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Los detalles que complican la versión de la diputada

El caso se conoce apenas dos meses después de instalado el nuevo Congreso bicameral. Se trataría del primer episodio de presunto "mochasueldo" de esta nueva legislatura, un término usado en el Congreso peruano para describir la práctica de exigir a los trabajadores parte de su sueldo o gastos personales a cambio de mantener el puesto.

Los mensajes muestran que el pedido no fue una simple sugerencia. Mishell Muguerza, asistente del despacho, escribió el sábado 12 de septiembre que el tema de los tres cuadros debía resolverse esa misma semana y pidió que el aporte de cada trabajador fuera "proporcional a lo que percibimos mensualmente". Horas después, Yuly Ramos respondió que el equipo debía "solucionar todo lo que nos indica la diputada" antes del lunes siguiente.

La versión de Palomino contrasta con esos mensajes. La parlamentaria explicó que, antes de viajar a Huancavelica, anunció que colocaría los tres cuadros en su oficina y que solo pidió a Muguerza que buscara precios. Tras ser contactada por El Foco, la diputada dijo haber hablado con su trabajadora para pedirle explicaciones sobre el chat. También negó que la comida para sus actividades en la región haya sido pagada por su personal.

Si no lo hacen antes del viernes 18 de septiembre, el organismo electoral podría sancionarlas con multas que van de 31 a 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y con la pérdida del financiamiento público directo. La propia ONPE calificó el incumplimiento como "una infracción muy grave".

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El problema no es solo de los partidos. También afecta a miles de personas que buscan un cargo público. De los 10 623 ciudadanos que postulan a una Gobernación, Vicegobernación o Alcaldía, solo 6028 —el 56.74%— ya presentaron su información financiera hasta las 3:30 p. m. de este martes. Eso deja a más de 4500 candidatos sin cumplir todavía. Las regiones con más reportes entregados son Áncash, con 498; Lima Provincias, con 439; y Ayacucho, con 369.

La rendición de cuentas incluye el registro de todos los aportes e ingresos que recibió cada campaña, además de los gastos que hizo entre el 7 de enero y el 5 de setiembre de este año.

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Esta información se sube al portal de financiamiento CLARIDAD, la plataforma que la ONPE usa para transparentar el dinero que mueve la política. El plazo original ya se amplió una semana para facilitar esta primera entrega, la primera de dos que pide la ley.

La norma no hace excepciones. Los candidatos deben entregar sus dos informes financieros aunque hayan renunciado a su postulación, hayan sido excluidos del proceso o no logren los votos suficientes para llegar al cargo.

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Quien no cumpla con el plazo enfrenta una multa individual de entre 1 y 5 UIT. Para los partidos, movimientos regionales y alianzas electorales, la sanción es mayor: además de la multa de hasta 100 UIT, arriesgan quedarse sin el dinero que el Estado les da como financiamiento público directo.

La ONPE aseguró que, durante los últimos meses, brindó orientación y asistencia técnica a candidatos y organizaciones políticas para que conocieran el procedimiento de entrega en CLARIDAD.

El organismo insistió en que la transparencia de la gestión económica va más allá de una obligación legal: "es una forma de rendir cuentas y así generar confianza entre la ciudadanía", señaló en su comunicado.

"Solicitamos la entrega del texto íntegro y sus anexos, un informe constitucional motivado, reglas expresas de mando peruano y no unilateralidad", señaló el legislador.

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El pliego de exigencias no se detuvo ahí. Caballero pidió también salvaguardas de datos y derechos, indicadores de resultados medibles y una cláusula soberana de suspensión o retiro del acuerdo.

Esta última condición permitiría al Perú apartarse del pacto en caso de que las condiciones dejen de ajustarse al interés nacional. El senador fue claro en que el pedido busca fiscalización, no bloqueo de la cooperación con Washington.

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El congresista situó el debate en un plano más amplio. Recordó que el Perú mantiene vínculos relevantes con varios socios internacionales, entre ellos Estados Unidos, China, Europa y los países vecinos. "El Perú no tiene que escoger entre Washington y Pekín, tiene que escoger en cada decisión el interés nacional del Perú", indicó.

La bancada también solicitó que el Senado ejerza fiscalización periódica sobre la implementación del acuerdo. Esta petición implica que el Congreso no se limite a aprobar el pacto una sola vez, sino que revise su cumplimiento de manera constante. Caballero remarcó que la cooperación internacional tiene límites que el Estado peruano debe fijar por sí mismo. "Cooperar no es obedecer, tener aliados no es tener tutores", afirmó.

Cano explicó que las amenazas no solo lo afectan a él. Según contó, sus funcionarios, empleados, testigos y fiscalizadores también reciben advertencias constantes. "Yo estoy también amenazado por teléfono todo el tiempo y también los funcionarios están amenazados. También los empleados, los testigos, los fiscalizadores, ellos están amenazados", indicó el alcalde durante la entrevista.

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El burgomaestre pidió la intervención directa de la presidenta y de la Policía Nacional. Advirtió que la próxima campaña navideña en el Emporio Comercial de Gamarra corre riesgo si no llegan refuerzos policiales. "Necesitamos más policías porque durante la campaña de Navidad va a ser una bomba de tiempo, es evitar una desgracia", manifestó.

El alcalde reconoció que el crimen organizado no es un problema nuevo en su distrito. Afirmó que las mafias llevan más de 40 años asentadas en la zona y que ahora buscan un salto distinto: meterse directamente en la política local a través del financiamiento de candidaturas.

Cano fue tajante al responder si existe el riesgo de que la criminalidad tenga complicidad desde una futura autoridad municipal: "Así es, porque son financiados, actualmente son financiados".

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Un distrito con pocos policías y poco dinero para seguridad

Cano detalló cifras que grafican la magnitud del problema. Según dijo, solo 25 policías resguardan a 200 mil residentes y a más de 500 mil visitantes que llegan a diario al distrito. La desproporción, remarcó, deja a La Victoria casi sin capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

El alcalde también cuestionó la distribución de recursos del Estado. Indicó que el distrito genera alrededor de 6,338 millones de soles al año en impuestos, pero solo recibe 14 millones de soles del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Esa cifra, dijo, no alcanza ni para cubrir la limpieza pública ni los servicios de seguridad que necesita la zona.

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Cano relató además hechos concretos de violencia reciente en el distrito. Contó que un fiscalizador municipal sufrió un ataque con cuchillo que le reventó un ojo durante un operativo.

Mencionó también el asesinato de un trabajador del Mercado de Frutas, luego de que este se negara a pagar cupo a extorsionadores. A esto se suman guerras internas entre bandas familiares que lotizan y alquilan de forma informal la vía pública, un conflicto que ya dejó incendios de vehículos y diez personas muertas.

El funcionario añadió que, según sus propios cálculos, medio millón de esos jóvenes tampoco busca hacerlo. "En el Perú hoy en día hay un millón y medio de 'ninis', jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero hay algo peor. En el Perú ya hay 'nininis': ni estudian, ni trabajan, ni quieren hacerlo", sostuvo.

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La intervención del ministro se dio ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República de la Cámara de Diputados. Ahí, Sheput expuso las medidas laborales para las que el Gobierno pide facultades y respondió a congresistas que cuestionan la relación entre esos cambios y la lucha contra la inseguridad.

A partir de esa cifra, Sheput hizo una asociación directa entre desempleo juvenil y delincuencia. "Ese medio millón de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni quieren hacerlo es el caldo de cultivo de la delincuencia", afirmó.

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Comisión de Trabajo rechazó el informe que respaldaba las facultades pedidas por el Ejecutivo

El pedido de facultades legislativas que Sheput defendió ante el Congreso no tuvo el respaldo de la Comisión de Trabajo. El grupo de trabajo rechazó, con 10 votos en contra y 8 a favor, el informe que calificaba como viable otorgar esas facultades al Poder Ejecutivo en el sector laboral.

El documento había sido elaborado por la presidencia de la comisión, a cargo del diputado fujimorista Eduardo Castillo. Durante la sesión se remarcó que el propio Sheput no asistió a sustentar el pedido.

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El texto que el Ejecutivo envió al Congreso incluía, entre otros puntos, la promoción del empleo juvenil —el mismo tema que Sheput expuso ante la Comisión de Presupuesto— sin precisar qué medidas concretas se aplicarían. También proponía modificar la regulación de los feriados no laborables con el argumento de optimizar la productividad.

La votación estuvo marcada por un problema de acreditación de diputados suplentes. Once votos se pronunciaron inicialmente en contra del informe, pero el de Heber López, de Obras, fue descartado porque el titular de su bancada, Arturo Eusebio, no formalizó su condición de suplente a tiempo. López cuestionó que no se le advirtiera desde el inicio de la sesión que su participación no sería válida.

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Un cuestionamiento similar surgió con Nora Llaque, del Partido del Buen Gobierno, cuya acreditación tampoco había sido remitida por su compañero de bancada, Fernando García Huby; en su caso, Llaque presentó el documento correspondiente y su voto sí fue contabilizado al cierre de la votación.

La diputada Jessica Guevara, de Juntos por el Perú, calificó como una "falta de respeto" que la comisión no informara a los legisladores no acreditados sobre esa situación desde el arranque de la sesión.

López Mendoza se desempeñaba desde el 1 de enero de 2026 como jefe del Estado Mayor General de la PNP, el segundo cargo de mayor jerarquía en la institución. A lo largo de su carrera ocupó puestos en la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), la Dirección de Aviación Policial y la jefatura policial de Madre de Dios, además de haber sido agregado policial adjunto en la Embajada del Perú en España. Es magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Gestión Pública por la PUCP, egresó de la Escuela de Oficiales en 1990 y acumula 36 años de servicio.

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El relevo se produce en medio de una ola de extorsión, sicariato y homicidios que ha marcado los últimos meses: solo desde julio se registraron más de 160 homicidios, según datos del Sinadef.

En la ceremonia de reconocimiento, realizada en Puente Piedra, López Mendoza señaló que "una policía moderna no debe esperar que el delito ocurra para reaccionar" y planteó la necesidad de anticiparse a las amenazas mediante el conocimiento del territorio.

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Los lineamientos de comando

De acuerdo con la información difundida tras asumir el cargo, López Mendoza planteó seis ejes de gestión:

1. Combate permanente contra la criminalidad organizada y transnacional, mediante inteligencia para actuar, investigación para conocer y operaciones para capturar.
2. Control territorial, prevención y cercanía con la comunidad, con mayor presencia policial en las calles.
3. Lucha frontal contra la corrupción dentro de la propia institución, con persecución y detención de efectivos que transgredan la ley.
4. Respeto, buen trato y respuesta inmediata al ciudadano en comisarías y dependencias policiales.
5. Dignificación y respaldo al policía y su familia, con mejoras en salud y defensa legal para quienes actúen en cumplimiento de su función.
6. Entrenamiento permanente y excelencia operacional, con énfasis en capacitación y reentrenamiento técnico-táctico.

El informe técnico detalla que la principal causa de estas muertes es el uso de armamento. Del total de víctimas en el país, 196 de 267 fallecieron por disparos, lo que representa un 73,4% del registro general.

Esta modalidad alcanza los porcentajes más altos en Piura con 90.5%, Ica con 90%, La Libertad con 89.7%, Callao con 83.3% y Lima con 81.1%.

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Falta de precisión en los datos de la capital

El incremento hacia los 300 casos se explica por vacíos en la plataforma oficial. Carbajal señala que existen al menos 29 muertes por impacto de bala sin registro definitivo o clasificadas como “ignoradas”.

La mayoría de estos decesos que no están tipificados se ubican en el Callao con 9 casos y Lima Metropolitana con 7 casos. Otros distritos afectados son Ventanilla con 5 casos y Comas con 3.

El analista precisa que estos datos podrían subir en los próximos días conforme el Sinadef actualice la base de datos.

Evolución del registro oficial

Las cifras muestran un aumento constante en los reportes del Sinadef. Un balance previo, con datos al 11 de septiembre, contabilizaba 248 homicidios y 181 muertes por arma de fuego.

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En esa misma fecha, el sistema contabilizaba 28 casos en condición no especificada. El especialista precisa que estos números suben de forma progresiva a medida que las regiones ingresan sus actas pendientes.

Análisis de la variación en solo tres días

La actualización de la base de datos entre el 11 y el 14 de septiembre muestra un aumento de 19 homicidios confirmados en solo 72 horas, al pasar de 248 a 267 muertes en el país.

En ese mismo lapso, los decesos causados por proyectil de arma de fuego subieron de 181 a 196 casos, lo que significó un incremento de 15 nuevos asesinatos por bala.

Esta tendencia al alza consolidó el nivel récord de violencia armada contra adolescentes en lo que va del periodo gubernamental.

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Récord histórico en crímenes contra adolescentes

En lo que va de 2026, el registro de homicidios de adolescentes ya superó la totalidad de casos reportados durante todo el 2024 y bordea el acumulado total de 2025.

Entre el 1 de enero y el 23 de agosto de este año, el Sinadef contabiliza 67 adolescentes asesinados en el país. El número rebasa los 62 crímenes ocurridos en todo el 2024 y se aproxima a las 88 muertes documentadas en los doce meses de 2025.

Las armas de fuego provocaron 46 de estas 67 muertes en menores. Este indicador supera los 43 casos reportados en el mismo periodo del año anterior y duplica los registros acumulados entre enero y agosto de los años 2022, 2023 y 2024.

La cifra real es mayor porque el sistema registra otros 10 fallecimientos de adolescentes por impacto de bala bajo la etiqueta de ignoradas, a la espera del reporte médico definitivo.

Perspectivas y fallas de gestión en el sector

Frente a este escenario, Frank Casas, experto en seguridad ciudadana y crimen organizado advirtió para La República sobre el deterioro de la seguridad y cuestionó el manejo de las cifras oficiales por parte del Ejecutivo.

“El crecimiento de los homicidios en el Perú ha venido creciendo de manera exponencial, y ahorita estamos en una tasa superior al 10%. Probablemente va a llegar al 11%, de acuerdo a las mismas datas del INEI. (…) La policía sigue utilizando datos medidos por ellos que lastimosamente tienen muchos problemas metodológicos. No son datos que nos permiten medir con certeza la situación de los homicidios en el Perú”.

El analista sostuvo que resulta inviable una reducción acelerada de los crímenes a corto plazo, por lo que indicó que es necesario un mensaje del gobierno apegado a la realidad.

“En esa situación en donde es muy complejo y estadísticamente difícil pensar que esto va a bajar de manera rápida o en el corto plazo, es que los ministros, el gobierno en general, tienen que ser consciente de que no hay espacio por el momento para un discurso positivo, ni menos aún un discurso que intente decirnos que estamos mucho mejor que antes, porque no es congruente con la realidad”.

“Es importante precisar que el pedido de facultades ingresó a la Comisión el uno de septiembre. Los 15 días se cumplen el lunes de la otra semana. (...) Las comisiones están terminando de elaborar sus informes de opinión sobre el pedido de facultades, hemos aceptado la ampliación. (...) El Perú merece un documento sustentado. Si nosotros damos la facultad a cualquier órgano del Estado, somos responsables por lo que se haga con esas facultades”, indicó.

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De esta manera, Avendaño zanjó la polémica luego de que, solo unas horas antes, afirmara que el pedido sería evaluado después de la semana de representación, que se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre. Ahora, la comisión sesionará durante la semana de representación para aprobar o desaprobar el pedido, según corresponda.

Dependerá de los votos en esta comisión si el pedido de facultades legislativas avanza tal como está hacia el Pleno de Diputados o si es rechazado. En caso se dé este segundo escenario, es probable que se solicite un nuevo pedido de facultades que incorpore las observaciones formuladas por las comisiones legislativas.

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Polémica por los plazos

“Habiendo la posibilidad de que algunos miembros no puedan participar y haya miembros habilitados. Es preferible que la sesión se realice el lunes siguiente a la semana de representación”, había señalado Avendaño durante la sesión de la Comisión de Constitución del pasado 14 de septiembre.

La declaración daba a entender que el informe de la Comisión de Constitución sería debatido recién el 28 de septiembre. Esta fecha excedería los 15 días hábiles que establece el reglamento de la Cámara de Diputados para atender proyectos de ley que tienen carácter de urgencia, como el presente pedido. Sin embargo, Avendaño posteriormente señaló que procederían con la sesión durante la semana de representación.

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El pedido de facultades fue presentado originalmente el 31 de agosto. No obstante, la Cámara de Diputados devolvió el proyecto debido a una razón fundamental: en su presentación no se adjuntó el acta de la sesión del Consejo de Ministros que aprobó el carácter de muy urgente del pedido de delegación de facultades legislativas.

La subsanación se realizó al día siguiente, el 1 de septiembre. Los 15 días hábiles comenzaron a contabilizarse desde el 2 de septiembre y tienen como fecha máxima el 22 de septiembre.

Las comisiones ya votaron sobre el pedido de facultades presentado

Desde la Cámara Baja, las distintas comisiones ya han presentado opiniones favorables y desfavorables sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori. En las comisiones presididas por Fuerza Popular o Renovación Popular, los informes fueron favorables, mientras que en los grupos de trabajo presididos por la oposición ocurrió lo contrario.

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Las comisiones que rechazaron informes a favor de otorgar el pedido de facultades o aprobaron informes que recomiendan no concederlas fueron las de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Justicia y Derechos Humanos; Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transportes; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Trabajo y Seguridad Social; Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital; y Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos.

Del lado contrario, las comisiones de Desarrollo Agrario; Defensa Nacional y Orden Interno; y Medio Ambiente y Sostenibilidad recomiendan otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Mientras que la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría recomienda concederlas de manera parcial.

Durante la sesión, la senadora Silvana Robles (Juntos por el Perú), adelantó su voto en contra y sostuvo que los viajes de la mandataria eran meramente protocolares. Pidió que, si Fujimori no estaba en capacidad de gobernar el país, presentara su renuncia.

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En contraste, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) defendió la autorización y recordó que el Congreso había aprobado viajes similares para Dina Boluarte y otros mandatarios anteriores, ya que se trata de un foro donde los jefes de Estado presentan propuestas del país y sostienen reuniones bilaterales.

Por su parte, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) calificó la discusión como innecesaria y afirmó que todos los presidentes asisten a ese tipo de eventos con normalidad. Agregó que el país no cambiaría, ni para bien ni para mal, por la ausencia de la mandataria.

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Otros congresistas cuestionaron el fondo del pedido. El senador Hugo Ccahuana señaló que el argumento de que "todos los presidentes viajan" contradecía después el planteamiento de que se trataba de un tema de seguridad. Consideró que el Perú necesitaba que sus grandes retos se resolvieran dentro del país y no mediante viajes al exterior, y afirmó que Fujimori no había demostrado tener el manejo del país.

La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, cuestionó puntualmente la agenda del viaje. Señaló que, lejos de exponer la política general del gobierno, la gira solo destacaría que el país es un socio estratégico de Estados Unidos, y expresó su deseo de que la presidenta se alineara con los objetivos de derechos humanos que defiende la ONU.

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La senadora Nora Bonifaz, de Buen Gobierno, recogió el planteamiento de Vásquez y pidió que se le hiciera llegar a la mandataria la necesidad de priorizar, en sus relaciones internacionales, la defensa de los derechos humanos.

El senador Víctor Cutipa (JP) coincidió con esa línea y planteó que, si la mandataria no podía resolver los problemas dentro del territorio nacional, menos podría hacerlo desde el extranjero, sobre todo en medio de la ola de inseguridad ciudadana.

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La bancada de Fuerza Popular, a través de Martha Chávez, respondió a las críticas y las calificó de mezquinas. Recordó que en 2021 y 2022 se había autorizado a Pedro Castillo a viajar al mismo evento sin ese nivel de cuestionamiento.

El senador Moisés Chipana (JP), por su parte, consideró que no era momento de viajar mientras el país se preparaba para enfrentar el Fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana, y sostuvo que el Ejecutivo contaba con todas las herramientas constitucionales para actuar sin necesidad de esperar la aprobación de las facultades legislativas.

En medio del cruce de posiciones, la senadora Juana Ticona, de Obras, cuestionó el nivel del debate. "He sido profesora de estudiantes de quinto y sexto grado y he visto mejores debates de los que estoy viendo aquí", dijo durante su intervención.