Ante la consulta “¿Su país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado?”, el 67% de peruanos respondió que sí.

En primer lugar se ubica Chile, con 68%, seguido por Ecuador, con 60%, y Brasil, con 54%, que ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

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Por otro lado, ante la pregunta inversa, sobre si perciben que el país donde viven le está ganando la batalla al narcotráfico y el crimen organizado, tan solo el 6% de peruanos consideró que sí, situándose en el último lugar de Latinoamérica junto a Chile (6%).

El estudio también revela que el 90% de los peruanos considera que el crimen organizado tiene “mucho” o “bastante” poder en el país. Este porcentaje ubica al Perú en el segundo lugar de la región, después de Costa Rica.

“Más allá de los temas de victimización y el miedo a ser víctima, lo que se dispara en América Latina es la percepción de poder del crimen organizado, donde un 79% de los latinoamericanos cree que tiene “mucho/bastante” poder. El único país que no cree mayoritariamente en el poder del crimen organizado es El Salvador (28%)”, se lee en el informe.

Sobre el tema, el estudio añade que “en una buena parte de los países del Escudo de las Américas —Ecuador, Bolivia, Panamá, Perú, Paraguay, Honduras y República Dominicana— aumenta entre 2020 y 2026 la mención a la presencia de crimen organizado donde cada cual vive”.

Es en ese contexto, ante la demanda de seguridad que está incumplida, llega el Escudo de las Américas, indica el documento.

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Presencia de crimen organizado y temor por la inseguridad

Luego, ante la pregunta “Sabe usted o ha escuchado si donde vive hay presencia de alguno de los siguientes grupos o no hay?” El 38% de peruanos consideró que sí hay.

A su vez, otro de los temas abordados es la frecuencia con la que el ciudadano se preocupa de llegar a ser víctima de un delito.

El 66% de peruanos señaló que se preocupa “todo o casi todo el tiempo” o “algunas veces”, ocupando el quinto lugar por debajo de Chile, Ecuador, Brasil y México. Tan solo el 33% respondió “nunca” u “ocasionalmente”.

Víctimas de asalto o agresión

Sobre si fueron víctimas de un asalto o agresión o conocen de un pariente que lo haya sido, el 32% de peruanos respondió que sí, ocupando el segundo lugar. En contraparte, el 67% respondió que no, situándose en el puesto 15.

Se registran más de 250 homicidios en los primeros 50 días del gobierno de Keiko Fujimori

A casi dos meses del inicio del gobierno de Keiko Fujimori, el Perú registró 267 homicidios entre el 28 de julio y el 14 de septiembre. Sin embargo, la cifra real rozaría los 300 casos en todo el país, según un análisis realizado por el especialista e ingeniero de datos Juan Carbajal sobre la base de los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

El informe técnico detalla que la principal causa de estas muertes es el uso de armamento. Del total de víctimas en el país, 196 de 267 fallecieron por disparos, lo que representa un 73,4% del registro general.

Esta modalidad alcanza los porcentajes más altos en Piura con 90.5%, Ica con 90%, La Libertad con 89.7%, Callao con 83.3% y Lima con 81.1%.

Sobre un escenario ubicado en la avenida de la peruanidad, en Jesús María, López Aliaga aseguró que sus propuestas de gobierno para la presidencia de este 2026 provocó que quisieran “robarle” las elecciones.

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“¿Saben por qué me robaron las elecciones el 12 de abril? Fue porque empecé a hablar de tasas de interés. Ahí se han juntado varios millones de dólares y coimear a la ONPE, pero sí les digo algo …yo no voy a parar hasta meter en cárcel durante 20 años a Corvetto, a toda su mafia y a la ONPE”, exclamó.

Además, añadió que el próximo miércoles 7 de octubre se presentará ante el juez y llevará toda la evidencia sobre el supuesto fraude electoral.

Amenazas de López Aliaga contra Corvetto

No es la primera vez que López Aliaga amenaza a Corvetto.

Durante el proceso electoral para la presidencia, anunció acciones penales contra Corvetto, quien entonces se desempeñaba como jefe de la ONPE, exigió su detención y lo amenazó con prisión.

Antes de las votaciones de primera vuelta, el líder de Renovación Popular ya había atacado públicamente a Corvetto.

En una entrevista con Canal N, López Aliaga cuestionó a Corvetto por la entrega de copias físicas de las actas electorales de la segunda vuelta de 2021 a Fuerza Popular y por el cobro de S/17 millones establecido para acceder a ellas. “Si me hacen eso a mí, voy a ver las oficinas y no sé si quede vivo”, dijo.

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Cuando fue consultado por dicha expresión, Corvetto evitó la confrontación: “No le voy a contestar a ningún político que esté en campaña”.

Posteriormente, durante la jornada electoral, ante los problemas de distribución del material electoral y los retrasos en la instalación de mesas de sufragio, López Aliaga anunció acciones penales contra el jefe de la ONPE.

El mismo domingo 12 de abril presentó una denuncia ante el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, por presunta omisión de funciones y permanente estado de flagrancia. Además, solicitó expresamente “la detención inmediata” de Piero Corvetto.

Los siguientes días continuó con agresiones verbales. Durante una manifestación frente a las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), López Aliaga volvió a exigir la intervención de la Fiscalía y la Policía Nacional contra Corvetto.

Pidió al fiscal de la Nación y al entonces jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, que ordenaran su detención. Además, sostuvo que el exjefe de la ONPE debía terminar en prisión y “enmarrocado de una vez”.

Después, el 23 de abril, dijo: “El señor Corvetto va a terminar veinte años en la cárcel y yo me voy a encargar de eso, voy a perseguirlo hasta que se muera”.

Incluso, Rafael López Aliaga, quien por varios años no se despegó de su slogan “Lima, potencia mundial”, durante su discurso de fin de campaña en la avenida Peruanidad, en Jesús María, prefirió dejar claro que “Lima será segura”.

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Afirmó que una de sus primeras acciones al llegar a la alcaldía será destinar 100 millones de soles para seguridad ciudadana con la creación de una central de inteligencia de mayor envergadura. Con ello, explicó, pretende atender un problema en el que el Gobierno “no avanza” y no da “un paso concreto”.

También prometió ordenar cadena perpetua para violadores de menores de edad, sicariato y volvió a mencionar el concepto de “terrorismo urbano”, algo que ya había comentado como una propuesta de campaña presidencial.

De igual forma, se comprometió a realizar juicios militares para los criminales para después enviarlos a la selva. “Allí tenemos bastante espacio para esta gente miserable. Su carpa, su machete, su agua y su yuca. Que se pudran allá. Animales salvajes con animales salvajes”, exclamó.

Resaltó que su partido, Renovación Popular, cuenta con integrantes en la Cámara de Diputados y Senadores, por lo que podrán impulsar proyectos de ley desde el Congreso.

“Voy a actuar como alcalde de lima, presidente de un partido y presidente de bancada de diputados y senadores para frenar la extorsión y sicariato”, afirmó.

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Por su parte, Daniel Urresti (Podemos), quien realizó su evento de fin de campaña en Los Olivos, propuso descentralizar la presencia policial en Lima mediante la construcción de cuatro mega complejos policiales en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Sostuvo que actualmente las unidades operativas y especializadas de la Policía Nacional se encuentran demasiado concentradas en la capital, por lo que consideró necesario ampliar su despliegue hacia los distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, descalificó las propuestas de lucha contra la inseguridad que han presentado otros candidatos.

Ejemplificó diciendo que López Aliaga propone como una de las medidas para combatir la inseguridad que “el cómico Carlos Álvarez conteste un teléfono al que van a llamar las personas que han sido víctimas de un delito de extorsión”. “¿Qué puede hacer Carlos Álvarez?”, cuestionó.

Continuó, esta vez sin mencionar un nombre en específico, señalando otras propuestas. “Los demás ofrecen policía municipal que es inconstitucional y no se podrá crear en los próximos años”, anotó.

Francis Allison de Avanza País desarrolló su cierre de campaña en Arena Monumental, en Ate.

Durante su discurso planteó priorizar la seguridad ciudadana y la formalización del transporte.

Además, entre sus propuestas mencionó incorporar a los colectiveros informales al sistema formal, siempre que cumplan con los requisitos de seguridad, y ordenar el comercio ambulatorio sin recurrir a medidas de violencia. También anunció que buscaría eliminar la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y construir parques recreacionales destinados a los niños.

Carlos Bruce insistió en señalar al Jurado Nacional de Elecciones por no aclarar la situación de López Aliaga a solo días de las elecciones.

Señaló que los electores deben apostar por autoridades capaces de administrar adecuadamente sus municipios y no por candidatos que, según cuestionó, ofrecen promesas que no se ajustan a la realidad. “Tenemos que emitir un voto que cambie nuestras ciudades, que ya no nos prometan potencia mundial y otras mentiras. Gente que tiene que manejar el municipio bien y no quebrarlo como ha hecho la anterior gestión”, manifestó.

Susel Paredes (Ahora Nación) aprovechó su discurso para asegurar que la seguridad es su prioridad. “Vamos a tener en serenazgo un grupo de inteligencia. Hay unos candidatos que dicen que van a tener una policía municipal. Eso no existe, no se puede. Otro que se cree ministro del Interior que va a poner 3 mil ternas, tampoco se puede. Lo que podemos hacer es tener este grupo de inteligencia que trabaje de la mano con el grupo terna. Vamos a tener serenazgo sin fronteras y serenazgo metropolitano en las vías para que en los paraderos y los puentes no los ataquen”, anunció.

A su vez, señaló las deficiencias que presenta Lima “Hay gente que va contra el tráfico y no le importa, que hace mal las obras y no le importa. Esos son los chanchos. Hacen obras, se endeudan y no las terminan”, dijo.

Esa posición coloca al país por encima de Ecuador, con un 88%; Guatemala, con un 83%; Colombia, con un 82%; Panamá, con un 81%; Chile y Paraguay, ambos con un 80%; y Honduras, con un 79% de no representación.

En el otro extremo, países como El Salvador, con un 49%, y Uruguay, con un 53%, presentan niveles de falta de representación significativamente más bajos. Además, a nivel regional, la desconfianza al Legislativo muestra una tendencia creciente al pasar del 70% en 2015 al 76% en 2026.

Partidos débiles y cambiantes

Esta distancia con el Congreso se debe, en el fondo, a lo frágiles y poco estables que son los partidos políticos en el Perú. Entre 2020 y 2026, la cantidad de agrupaciones que la gente recuerda o menciona ha cambiado notoriamente año tras año: mencionaron 19 en 2020, bajaron a 8 en 2023, subieron a 21 en 2024 y quedaron en 13 en 2026.

Esto demuestra que los partidos aparecen y desaparecen rápido, están divididos y no logran representar ni escuchar las verdaderas necesidades de la gente. Tal como señala el informe de Latinobarómetro: “Las instituciones políticas no están funcionando, no hay un sistema de partidos que estabilice la oferta política”.

Ineficiencia del Estado y deterioro de los servicios públicos

Detrás de este rechazo se encuentra una percepción de ineficiencia y falta de transparencia en el uso del dinero público. En promedio, el 78% de los latinoamericanos desconfía de la buena gestión estatal de sus impuestos, una cifra que supera el 80% en ocho países y que alcanza sus valores más altos en el propio Perú, con un 89%, y en Panamá, con un 86%.

Esta insatisfacción se ve agravada por la baja valoración del desempeño estatal. Sobre este punto, el Perú y Venezuela se ubican como los países con la más baja percepción de eficiencia estatal en Latinoamérica, ambos con una calificación de apenas 3,6 sobre 10, de acuerdo con el estudio de Latinobarómetro.

Para el investigador y analista político de la PUCP, Iván Lanegra, este escenario refleja “un problema de fondo que afecta tanto a la democracia como a cualquier gobierno”.

Asimismo, el 73% de la población considera que el Estado hace poco o nada por ella y sus familias, diez puntos más que en 2011.

Esta insatisfacción coincide con una caída constante en la valoración de los servicios básicos entre 2009 y 2026: la aprobación de la educación pública pasó del 54% al 40%, la de los hospitales públicos del 46% al 28%, la del sistema judicial del 33% al 22% y la de la policía del 35% al 30%.

Outsiders y demanda de "mano dura"

El descontento con el gobierno actual hace que la gente cambie constantemente de líderes y elija a candidatos o figuras independientes u outsiders.

Asimismo, un 63% apoya aplicar medidas de "mano dura", una demanda motivada por el alto nivel atribuido al crimen organizado en la región, de un 79%, y por la percepción de inseguridad frente a la delincuencia.

El acuerdo fue tomado por unanimidad en la Junta de Portavoces, bajo la conducción del presidente de la Cámara, Oscar Reto Otero. Durante la sesión, se estableció que el debate en el Pleno tendrá una duración total de tres horas, tiempo que se distribuirá entre los seis grupos parlamentarios.

Cambios en el dictamen y postura de las bancadas

El proyecto que llegará al Pleno fue aprobado previamente en la Comisión de Constitución con 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.

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El texto fue impulsado por las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Obras, Ahora Nación y Renovación Popular. Por su parte, la bancada de Juntos por el Perú votó en contra al señalar el riesgo de que la propuesta sea modificada posteriormente en el Senado, mientras que Fuerza Popular mostró una postura dividida: hubo abstenciones de dos de sus miembros y votos a favor con reservas.

La propuesta aprobada difiere del pedido original presentado por el Ejecutivo. El nuevo dictamen reduce el plazo de las facultades de 120 a 90 días calendario y limita las materias a seguridad y el fenómeno El Niño.

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De esta manera, se descartaron los planteamientos del Ejecutivo en temas de economía, régimen laboral privado, reducción de feriados y la facultad de crear, fusionar o disolver ministerios. Tampoco se incluyó calificar a bandas criminales como organizaciones terroristas ni el uso directo de las Fuerzas Armadas en seguridad.

En cuanto a la atención del fenómeno El Niño, la iniciativa contempla agilizar la ayuda humanitaria de Indeci en los primeros 15 días, acelerar el otorgamiento de bonos y viviendas para los afectados, y facilitar financiamiento, seguros y maquinaria para el sector agrícola.

"Para mí, un alcalde debería tener una reelección inmediata para poder terminar. Cuatro años es muy poco. (…) De acuerdo a la jurisprudencia, estoy habilitado para volver a postular. Revisa la jurisprudencia, hay bastantes casos así. De acuerdo a la ley, en este minuto, yo podría ir para un tercer periodo. No es mi intención, pero podría. Estoy habilitado justamente porque no he postulado como alcalde, sino como teniente alcalde", indicó a RPP.

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López Aliaga también criticó a su rival en esta contienda, Carlos Bruce (Somos Perú). Como se sabe, Bruce se reunió esta semana con representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para cuestionar la actuación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al no definir si entregará las credenciales de alcalde al representante de Renovación Popular en caso de que resulte victorioso. Al respecto, López Aliaga consideró que esta polémica no corresponde a la organización internacional.

"Yo no estoy postulando a una reelección, yo estoy postulando como teniente alcalde. No estoy yendo a una reelección. Así lo dice el Jurado Nacional de Elecciones. La ley lo permite. Hay jurisprudencia de que, en caso fallezca alguien que fue elegido alcalde, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que hay una sucesión y que asume el siguiente en el cargo por ausencia. ¿Qué hace la OEA en un tema que corresponde netamente al Perú y a su jurisdicción nacional?", continuó.

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Crítica a sus adversarios

Durante la entrevista, López Aliaga también criticó a las organizaciones políticas de sus adversarios. El candidato de Renovación Popular hizo mención a Somos Perú y Podemos Perú, y las señaló como organizaciones que habrían "robado plata del Estado".

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Asimismo, calificó de "mezquindad política" las gestiones de los ministros de Transportes y Comunicaciones en torno a la futura implementación de los trenes de Caltrain, y señaló que ello incluye también al Gobierno de Keiko Fujimori.

Al ser consultado por su eslogan sobre convertir a Lima en "potencia mundial", López Aliaga indicó que sus adversarios han convertido la frase en un "meme" y que él "no pisaría el palito". El candidato insistió en reducir el tamaño del Estado como una de las soluciones para mejorar la gestión de los recursos públicos.

El Ejecutivo reasignó en el cargo a 10 generales de la Policía Nacional del Perú. La medida lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro del Interior, César Astudillo.

"El Ministerio del Interior (Mininter) impulsa el fortalecimiento de la capacidad institucional de la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante la reasignación de diez oficiales generales, en función de las necesidades del servicio", se lee en el comunicado emitido por ese portafolio.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.° 238-2026-IN, publicada en el diario oficial El Peruano, que aprueba los cambios de cargo de los oficiales generales en distintas unidades y dependencias de la institución policial, de acuerdo con los requerimientos del servicio.

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De acuerdo con la norma, las reasignaciones comprenden a nueve oficiales generales, cuya nueva ubicación en los cargos se establece en el artículo 1, así como a un oficial general adicional, cuya reasignación, sin costo para el Estado, tiene efectividad desde el nueve de setiembre de 2026, conforme al artículo 2.

Entre ellos, el teniente general PNP Manuel Elías Lozada Morales fue reasignado de la Comandancia General a la Inspectoría General de la PNP; el general PNP Adolfo Gregorio Valverde Arcos pasó de la Dirección de Recursos Humanos a la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor General.

En tanto, el general PNP Samuel Jesús Peralta Campos fue reasignado de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad al Comando de Operaciones Policiales; mientras que el general PNP Julio Óscar Mariño Ripa pasó de la Dirección de Inteligencia a la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional.

Por su parte, el general PNP Glenn Anthony García Chávez deja la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes para liderar la Dirección de Inteligencia de la PNP. En su reemplazo estará el general PNP Víctor Teófilo Camarena Valenzuela, quien estaba a cargo de la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional.

Asimismo, la resolución dispone que la Secretaría Ejecutiva de la PNP adopte las acciones correspondientes, en el ámbito de sus competencias, para ejecutar las reasignaciones de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

“Ha sido una campaña bien sucia, bien vulgar por parte de López Aliaga, que siempre me ha insultado”, afirmó Bruce. El exministro señaló que su rival lo ha llamado, entre otras cosas, “narcotraficante”, además de cuestionar aspectos de su vida privada.

Rosa María Palacios recordó con ironía que López Aliaga también la ha llamado “asesina”: “Hasta ahora no he visto el cuerpo”.

Bruce sostuvo que no pretende responder en los mismos términos y calificó el estilo de López Aliaga como autoritario. “Yo he decidido no responderlo directamente para no derrumbar el debate a nivel de callejón. Pero ese es el estilo del señor. Le gusta trabajar en ese sentido. Representa al matón, al bully, la alternativa autoritaria”, declaró.

Frente a ello, el candidato aseguró que su propuesta para Lima sería distinta. “El que pretende ser alcalde de Lima puede ser cualquier cosa menos autoritario. Tú tienes que acoger a todos, al margen de su ideología, su creencia religiosa, su origen, al margen de todo. Eres el alcalde de todos y todos tienen derecho a vivir en esta ciudad”, sostuvo.

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Bruce no descarta antivoto

Consultado sobre si su candidatura representa al sector que busca impedir que López Aliaga llegue nuevamente a la Municipalidad de Lima, Bruce respondió que podría existir parte de ese voto, pero rechazó reducir su candidatura a una posición de rechazo hacia su rival.

“Debe haber algo de eso, pero más que eso creo que represento el voto de los limeños que quieren que se hagan bien las cosas, que se gestionen bien los dineros públicos, que se hagan bien las obras”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó la gestión de López Aliaga y mencionó obras que, según afirmó, han dejado problemas pendientes. “No a la guerrazo, dejando una secuela de muertos y obras incompletas, que es lo que ha sido la gestión de Aliaga”, dijo.

Bruce también se refirió al debate electoral y sostuvo que, pese a sus cuestionamientos, considera que los ciudadanos tienen derecho a escuchar a los candidatos. “Creo que el ciudadano tiene derecho a escuchar quién va a ser su próximo alcalde y le gusta debatirlo”, señaló.

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Transporte y seguridad

Durante la entrevista, Bruce planteó priorizar la implementación de corredores segregados para el transporte público frente a esperar únicamente por nuevas líneas del Metro de Lima. Según explicó, este tipo de infraestructura podría ejecutarse en menor tiempo y con una inversión menor que un sistema subterráneo.

“Yo priorizaría hacer más metropolitanos”, afirmó el candidato, quien planteó reestructurar las funciones vinculadas al transporte público en Lima.

En seguridad, propuso implementar una central metropolitana de monitoreo que articule las cámaras de los distintos distritos y que permita atender no solo delitos, sino también emergencias, incendios y accidentes. Consideró que la Policía Nacional debería participar en este sistema para evitar la duplicidad de esfuerzos.

Bruce también criticó que el Cercado de Lima no cuente, según su versión, con una central de monitoreo de las dimensiones que requiere el área bajo administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Respecto a las áreas verdes, defendió su propuesta de mantener y ampliar parques en la capital, así como desarrollar corredores verdes en las riberas de los ríos Rímac y Chillón. También planteó intervenir zonas de la Costa Verde para recuperar espacios destinados al uso público.

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Cuestiona las deudas de Lima

Otro de los temas abordados fue la situación financiera de la MML. Bruce sostuvo que una eventual gestión suya tendría que coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas para reestructurar las obligaciones de la comuna y mantener los servicios básicos. “Nunca se ha debido autorizar un endeudamiento así”, afirmó.

El candidato también planteó evaluar la devolución al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de determinadas vías nacionales que actualmente se encuentran bajo concesión o administración vinculada a Lima, en caso de que la municipalidad no pueda garantizar su mantenimiento.

Sobre los peajes, señaló que restituirlos actualmente podría complicar los procesos judiciales existentes, aunque consideró que debe encontrarse una fórmula para garantizar el mantenimiento de las vías.

Al cierre de la entrevista, Bruce volvió a referirse al tono de la campaña y aseguró tener confianza en su candidatura. “Yo creo que la gente de Lima ya se cansó del autoritarismo, de los gritos, de los insultos. Queremos un alcalde que nos una, que nos inspire, no que nos divida y nos insulte”, sostuvo.

El plan de seguridad para estos comicios incluye el despliegue de fiscales, bomberos, policías y militares que permitirán al normal desarrollo de la jornada electoral, así como garantizar el orden público y brindar las condiciones necesarias para los ciudadanos, miembros de mesa y personal que participe en el proceso.

Más de 100.000 soldados y policías se encargarán de la seguridad antes, durante y después del domingo, día en que los peruanos elegirán a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 364 consejeros regionales y 10.842 regidores provinciales y distritales.

Desde las 7.00 a. m. a 5.00 p. m., más de 26 millones de peruanos, con su voto, definirán el futuro de sus autoridades civiles. Además, desde este sábado rige la ley seca, entre otras restricciones, como la prohibición de reuniones o manifestaciones políticas. Evite multas.

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El despliegue de las tropas policiales y militares comenzó este viernes y se ha venido realizando de forma coordinada y conjunta con el Ministerio Público.

Así, el material electoral estará a tiempo en los 2,115 locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao.

A través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se ha movilizado más de 41 mil militares, quienes actuarán bajo los principios de estricta neutralidad, disciplina, profesionalismo y respeto al orden constitucional y democrático.

Se ha desplegado 8300 patrullas militares hacia 10.097 locales de votación, para lo cual se emplearán más de 3400 vehículos terrestres, 170 vehículos fluviales y 19 aeronaves, entre helicópteros y aviones Twin Otter. También se usarán drones de la Fuerza Aéreaen prevención en distintos distritos de Lima.

El despliegue se ejecutará hasta el seis de octubre y estará a cargo de los comandos operacionales de las Fuerzas Armadas. La operación comprende el empleo de capacidades terrestres, aéreas y fluviales para alcanzar los puntos asignados en todo el territorio nacional y garantizar la presencia del personal militar durante el proceso electoral.

Por su parte, la Policía Nacional presentó el último viernes el plan de operaciones que contempla el despliegue de 57 mil 738 efectivos en todo el país. De ellos, 46 mil efectuarán el resguardo en locales y 11 mil serán desplegados en el traslado del material electoral.

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“El despliegue electoral no le dará tregua a la delincuencia. El patrullaje preventivo, las operaciones policiales y los servicios de emergencia no se detienen en el país. Mientras resguardamos el orden público, nuestras unidades de inteligencia e investigación criminal seguirán combatiendo el delito con firmeza en cada rincón del país”, enfatizó el ministro César Astudillo.

Por su parte, el comandante general de la PNP, Freddy López Mendoza, hizo un llamado a la ciudadanía que acudirá a las urnas, exhortándola a cumplir con todas las recomendaciones de seguridad y no hacer caso a mensajes que puedan perturbar esta fiesta electoral.

El Ministerio Público mantendrá desplegados a más de 6800 fiscales en los 34 distritos fiscales del país para prevenir e investigar delitos electorales antes, durante y después de la jornada de sufragio. Esta labor conjunta abarca la participación de las fiscalías de prevención del delito, penales y anticorrupción.

Con ello se busca salvaguardar la legalidad y transparencia del proceso electoral para garantizar el ejercicio del voto en todo el país.

Ello sobre la base de información registrada por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público en las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2022, en las que se registraron 139 personas detenidas en 23 distritos fiscales y 152 incidencias de relevancia penal.

Respecto al manejo del debate en la sesión, el representante de Fuerza Popular justificó la decisión de su bancada de abstenerse en la votación para evitar que el proyecto quedara congelado en la comisión. Alegría criticó duramente la conducción del grupo de trabajo y sostuvo que la prioridad era trasladar la discusión al Pleno de la Cámara de Diputados para buscar consensos con otras bancadas:

"Creo que para salir del impase en la Comisión que creemos que ha manejado terriblemente todo el debate, hay que salir de este espacio y vayamos finalmente al debate en el pleno donde de algún modo vamos a escuchar las posiciones que también han sido positivas de las bancadas que hoy se han opuesto", manifestó el parlamentario fujimorista.

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En sus declaraciones, el vocero fujimorista descartó la existencia de pactos o acuerdos bajo la mesa con bancadas como Renovación Popular. Sin embargo, mencionó que no existe duda sobre la postura que mantendrán durante la votación final.

"Yo creo que no van a quedar dudas de que desde Fuerza Popular en el Pleno vamos a tratar de que los puntos que han sido retirados los puedan incorporar. Eso es evidente", apuntó.

Pese a la intención de ampliar las prerrogativas para el Ejecutivo, Alegría aclaró que su bancada no insistirá en la totalidad de las propuestas originales presentadas por el Gobierno. El diputado señaló que dejarán de lado los temas ambientales, pesqueros y los relacionados con las tasas de interés o materia laboral, ya que su discusión llevaría la sesión a un "punto muerto" sin consensos en el Pleno.

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Alegría precisó que la estrategia se centrará en recuperar propuestas sobre simplificación administrativa y apoyo al sector agrario frente a la emergencia por el Fenómeno El Niño. Entre los puntos a reincorporar, destacó los mecanismos de titulación rápida y subsidios para los agricultores que hayan perdido sus tierras productivas.

El vocero también criticó a la bancada de Juntos por el Perú, pues según el diputado mantienen una postura de bloqueo que "les va a costar políticamente" durante el debate ante la Cámara de Diputados.

En esa misma línea, la bancada de Fuerza Popular emitió un comunicado titulado "Facultades legislativas incompletas", en el que cuestionó la versión final aprobada en la comisión por considerar que deja fuera medidas que, según su postura, son necesarias contra la criminalidad.

En primer lugar, señalaron la ausencia de un marco legal para permitir el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas en los penales, así como la falta de una actualización en las reglas del uso de la fuerza cuando los militares intervengan en respaldo de la Policía Nacional.

En segundo lugar, criticaron que se haya retirado la propuesta para tipificar e imputar el delito de terrorismo a las organizaciones criminales. Por último, cuestionaron la exclusión de las reformas orientadas a reestructurar el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Ante estas omisiones, el grupo parlamentario anunció que utilizará la etapa del debate general en el Pleno de la Cámara de Diputados para negociar con las demás bancadas e intentar reincorporar estas materias.

Comisión de Constitución aprueba dictamen de facultades recortado a solo seguridad y El Niño

Ayer, 01 de octubre, la Comisión de Constitución aprobó el texto sustitutorio de delegación de facultades con 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, disponiendo su debate en el Pleno de la Cámara de Diputados. El respaldo provino del Partido del Buen Gobierno, Obras, Ahora Nación y Renovación Popular; mientras que Fuerza Popular votó dividido, registrando las abstenciones de Jaime Abensur y Arturo Alegría, junto a votos a favor con reservas de otros tres integrantes.

En tanto, Juntos por el Perú votó en contra argumentando, a través de su vocero Ernesto Zunini, que la propuesta podría ser modificada posteriormente por el fujimorismo en el Senado.

El texto aprobado difiere del proyecto original presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori, ya que limita las facultades únicamente a dos materias: lucha contra la inseguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño.

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De esta manera, quedaron fuera varios puntos de la solicitud inicial, como la eliminación de topes a las tasas de interés, la reestructuración del Estado, los cambios al régimen laboral privado y la reducción de feriados.

En seguridad se retiraron propuestas como declarar a las bandas criminales como organizaciones terroristas y el marco para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. En su lugar, el dictamen se centra en agilizar la entrega de ayuda humanitaria de INDECI, acelerar bonos y viviendas para damnificados, y facilitar financiamiento y maquinaria para el sector agropecuario, reduciendo además el plazo de las facultades de 120 a 90 días.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

En una ocasión, los funcionarios del Complejo Municipal Asistencial Infantil (Comain), a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, impidieron el ingreso de la fiscal con el pretexto de que los incidentes bajo investigación ocurrieron durante la administración de un director que había sido relevado del cargo, y se desconocía quién lo reemplazó.

Sin duda, se trataba de una maniobra para que la fiscal Carmen Espinoza no ahondara en un caso que involucra directamente a la gerente de Desarrollo Humano del municipio, Isabel Ayala Melgarejo, y a la subgerente de Bienestar y Promoción Social e Inclusión, Rosa Torrejón.

Ambas son candidatas de Renovación Popular: Isabel Ayala para la alcaldía de Rímac y Rosa Torrejón para Lurín.

Los voceros de ambas funcionarias y candidatas argumentan que son ajenas a los hechos investigados por la Fiscalía Provincial de Familia de Lima.

Las pesquisas también alcanzan al tutor de La Casa de los Petisos, Adolfo Fuentes Bernal, quien actúa como “maestro de ceremonias” de los mítines del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

La Fiscalía Provincial de Familia de Lima ha remitido varias citaciones al albergue Casa de los Petisos a cargo de Torrejón que a su vez depende de la gerencia de Ayala, para que expliquen por qué no reportaron los abusos sexuales y no llevaron a las víctimas a la Cámara Gesell como indican las normas, pero las peticiones fueron ignoradas.

Un patrón de conducta

La República tuvo acceso a documentos del incidente del 14 de julio de este año, que confirman que los representantes de la Fiscalía Provincial de Familia de Lima fueron impedidos de ingresar a La Casa de los Petisos.

Según las víctimas, el primer caso ocurrió entre abril y mayo de 2025, y el segundo, el 22 de mayo de 2026. Las fechas corresponden a la gestión de Renovación Popular.

Al no permitirle el acceso a La Casa de los Petisos, la Fiscalía Provincial de Familia de Lima dejó un oficio en el área de Administración para que el nuevo responsable del albergue tome conocimiento del requerimiento fiscal y proporcione la información solicitada.

Según la declaración de quien atendió a los fiscales el 14 de julio de este año, el administrador Anderson Alfaro Espichán ya no ocupaba el cargo y que este fue removido sin previo aviso.

La medida tomada por la subgerencia de Bienestar y Promoción Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima representó una limitación para las investigaciones, ya que Alfaro era el encargado de brindar toda información relacionada al caso. La subgerencia está a cargo de la candidata Rosa Torrejón.

De acuerdo con la carpeta fiscal, la primera citación para la víctima C.C.U.C. (12 años) fue programada para el dos de diciembre de 2025. Es decir, cuatro meses después de que el programa Warmi Ñan, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, recibiera una denuncia sobre la violación sexual del menor dentro del albergue por uno de sus compañeros. Pero la víctima no fue trasladada al establecimiento.

La cita fue reprogramada para tres meses después, el 25 de marzo de este año, en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, ubicado en Cercado de Lima. Sin embargo, el menor agraviado volvió a estar ausente, razón por la que la fiscal adjunta provincial, María Tovar Mayorga, tuvo que prorrogar otra vez la citación para mayo.

Todas las citaciones ignoradas para que la víctima pasara por Cámara Gesell fueron durante las gestiones de la candidata a la alcaldía del Rímac, la gerenta de Desarrollo Humano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Isabel Ayala Melgarejo; y la candidata a la alcaldía de Lurín, la subgerenta de Bienestar y Promoción Social e Inclusión de la MML, Rosa Torrejón Aragón.

En otra disposición fiscal emitida el lunes 20 de julio de este año, el Ministerio Público señaló una nueva citación para que el menor asista al examen de Cámara Gesell, el 25 de septiembre de este año, como consecuencia del incumplimiento de su asistencia a las citaciones anteriores.

Pero no les pasa nada.

Pretenden ocultar su responsabilidad

• La fiscal provincial de Familia de Lima, Rita Ajalcriña Cabezudo, ordenó verificar si el agresor sexual y su víctima, ambos internos en La Casa de los Petisos, han sido separados, exigiendo detalles de la medida: día, hora, lugar.
• La entidad a cargo de las candidatas de Renovación Popular, para lavarse las manos del caso, dijo que no hizo nada porque el menor de iniciales C.C.U.C. había regresado con su familia y que por lo tanto desconocía su ubicación actual.
• Pero las fuentes del Ministerio Público indicaron que los funcionarios de La Casa de los Petisos deben responder por su responsabilidad.

Además, el partido de Rafael López Aliaga será sancionado con la pérdida del 60% del financiamiento público directo en la asignación semestral que se hace de estos montos.

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Gastos elevados con financiamiento público

La resolución habla de gastos por más de S/51.000 por conceptos de alimentos, hospedajes, transporte aéreo y más. Estos gastos fueron hechos por Fernando Sandoval Ruiz, representante legal del partido celeste. Los montos a favor de Sandoval Ruiz son mayores si se toma en cuenta los reembolsos de gastos por conceptos similares también consignados que agregan a la cifra otros S/46.137.

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Otros gastos de los que se habla son por conceptos como el análisis de la cuenta de TikTok de Rafael López Aliaga, o la compra de indumentaria (gorros, bolsas y chalecos).

De acuerdo a la resolución, Renovación Popular puede solicitar el fraccionamiento de la multa impuesta. Además, se dispuso la comunicación correspondiente a la organización política.

ONPE ya había cuestionado uso de financiamiento público

Según un reportaje de Punto Final, la ONPE observó a Renovación Popular por destinar parte del financiamiento público directo a la producción y difusión de un libro que, de acuerdo con el organismo electoral, no se ajusta a los objetivos de capacitación o investigación política previstos por la normativa.

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El partido de López Aliaga destinó US$6.400, equivalentes a aproximadamente S/24.700, para producir un libro digital de 42 páginas titulado 'Mi gallo es el chancho', escrito por Francisco de Piérola. Según los documentos del expediente, la propuesta fue presentada el 25 de septiembre de 2025 con el compromiso de elaborar un documento sobre la historia de Renovación Popular.

A través de un pronunciamiento publicado este jueves 1 de octubre, el IPYS señaló que Navarro había reiterado insultos contra el director del semanario. La organización sostuvo que la denuncia mencionada por el diplomático correspondía a un asunto distinto de su cuestionamiento sobre el trato hacia la prensa.

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El pronunciamiento ocurrió después de una respuesta que el embajador de EE. UU. publicó en X. Navarro reaccionó a un mensaje del periodista Jesús Verde sobre una denuncia presentada por un extrabajador de Hildebrandt en sus trece. En esa respuesta, calificó a Hildebrandt de “desprestigiado traficante de chismes”.

El IPYS consideró que las autoridades públicas no deberían recurrir a ese tipo de calificativos contra periodistas. La institución también recordó que su cuestionamiento se centraba en las expresiones de Navarro y no en determinar la responsabilidad de la revista o de Hildebrandt sobre la denuncia mencionada en redes sociales.

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¿Qué dijo el embajador Bernie Navarro sobre César Hildebrandt?

El intercambio comenzó con una publicación del periodista Jesús Verde sobre una denuncia contra el semanario. Verde comentó que un extrabajador había acudido al Ministerio Público porque, según su versión, se habría utilizado su nombre para comprar 300.000 ejemplares de la revista por S/1 millón. También sostuvo que la familia del denunciante aseguró que no autorizó el uso de sus datos personales.

Navarro respondió directamente a esa publicación. “¡No me extraña nada de este desprestigiado traficante de chismes! #ForSale”, escribió el diplomático en sus redes sociales. El mensaje fue interpretado por el IPYS como un nuevo ataque verbal contra el director de Hildebrandt en sus trece.

El pronunciamiento del IPYS precisó que la denuncia del extrabajador era “un asunto ajeno a este pronunciamiento”. La organización centró su crítica en el uso de términos agraviantes por parte de una autoridad pública contra un periodista. Además, el IPYS había registrado días antes un caso de agresión contra periodistas del mismo semanario durante una cobertura en Nasca.

Los votos en contra vinieron de parte de Juntos por el Perú. En la sesión, Ernesto Zunini —vocero de la organización— señaló que el pedido podría ser luego alterado por Fuerza Popular a su conveniencia en el Senado. En línea con ello, Giannina Avendaño, Jessica Pérez, Oswar Cahuaza, Analí Márquez y Graciela Chipana votaron en contra de este proyecto.

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En Fuerza Popular la posición no fue homogénea. Las abstenciones fueron de dos parlamentarios del grupo oficialista: Jaime Abensur y Arturo Alegría. Otros miembros de la bancada, como Karina Beteta, Cecilia Chacón y Pier Figari votaron a favor; pero señalando que tenían reservas al respecto.

Diputados del Partido del Buen Gobierno, Obras, Ahora Nación y Renovación Popular votaron a favor del pedido. Los trece votos provinieron de Frank Krklec, Roxana Rocha, Romina Uribe, Fernando García, Nery Fernández, Georgina Duarte, Heber López, Victor Piñan, Freshman Buitron y César Muedas.

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Un texto distinto al presentado por el Gobierno

El texto sustitutorio que finalmente fue aprobado por la Comisión de Constitución y que será debatido en el Pleno de la Cámara de Diputados dista mucho del proyecto original presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori. Este nuevo proyecto solo otorga facultades al Ejecutivo en dos materias: lucha contra la inseguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño.

El pedido original contemplaba materias como economía, política laboral y reestructuración del Estado. De esta manera, algunos de los puntos más polémicos de la solicitud de facultades presentada por el Ejecutivo quedan descartados. No se considera la eliminación de los topes a las tasas de interés, la facultad para crear, fusionar o disolver ministerios y organismos públicos, la modificación del régimen laboral privado ni la reducción de feriados, entre otros puntos.

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Incluso dentro del ámbito de la seguridad se eliminaron algunas propuestas, como la posibilidad de declarar a las bandas criminales como organizaciones terroristas o solicitar el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.

Además de seguridad ciudadana, la ley delega en el Ejecutivo materias vinculadas con el Fenómeno El Niño. Algunas responden a la emergencia, como agilizar la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) durante los primeros 15 días, acelerar la entrega de bonos y viviendas a los damnificados, y facilitar herramientas de financiamiento, seguros y maquinaria para el sector agropecuario.

El plazo de las facultades legislativas también cambió en este nuevo pedido. El proyecto original de delegación de facultades señalaba que estas prerrogativas serían otorgadas al Gobierno por 120 días. En cambio, el nuevo texto establece un plazo de 90 días.

Un debate accidentado dentro y fuera de la Comisión de Constitución

Desde la Comisión de Constitución, el debate tuvo momentos accidentados. Desde la proposición del nuevo proyecto, diputados de Fuerza Popular pidieron que se de un momento para repasar el nuevo texto. La solicitud encontró eco en los diputados Georgina Duarte (Partido del Buen Gobierno) y Freshman Buitron (Ahora Nación), quienes también se mostraron a favor de dar un espacio para que los diputados de Fuerza Popular puedan analizar el pedido. Esto fue aceptado por la presidenta del grupo de Trabajo y llevó a un cuarto intermedio en la sesión.

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Ya en el debate, Cecilia Chacón y Graciela Chipana protagonizaron un fuerte intercambio de palabras. La diputada de Juntos por el Perú advirtió sobre un posible cambio en el texto aprobado en la Cámara Alta y aseguró que Fuerza Popular era una bancada autoritaria. Chacón respondió pidiendo el retiro de las palabras y alegando que la presidencia del grupo de trabajo estaba favoreciendo a la diputada opositora.

Fuera de la comisión, Ernesto Zunini cuestionó la aprobación asegurando que el resultado sería juzgado por la población. Zunini afirmó que su bancada fue colocada “con una espada de Damocles en la cabeza” durante la votación, al considerar que se pretendía imponer una postura. El diputado expresó, además, su expectativa de que el Senado no restituya las 66 materias contempladas inicialmente, como había planteado la senadora Martha Chávez. Previo a este debate, Zunini ha enviado un oficio pidiendo al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta aclarar el límite de sus capacidades para modificar textos aprobados en la Cámara Baja.

Zunini sostuvo que se quiso hacer votar a su bancada "con una espada de Damocles en la cabeza", al plantear que existía una actitud autoritaria. El diputado también dijo esperar que el Senado no reconstruya las 66 materias, como planteó la senadora Martha Chávez. Antes, esta había señalado que la Cámara Alta podría rectificar y aprobar las 66 medidas si Diputados aprobaba solo un paquete.

El texto sustitutorio fue aprobado con 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. El siguiente paso es su debate en el Pleno de la Cámara de Diputados.

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Un texto muy distinto al del Gobierno

El dictamen que la Comisión de Constitución aprobó y que irá al Pleno de Diputados delega facultades en dos materias, seguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño. El pedido original incluía además economía, política laboral y reestructuración del Estado.

Con ese recorte, se dejan de lado puntos como el fin de los topes a las tasas de interés, la potestad de crear, fusionar o disolver ministerios y organismos públicos, los cambios al régimen laboral privado y la reducción de feriados, entre otros.

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El capítulo de seguridad también quedó más corto. Ya no figuran la opción de calificar a las bandas criminales como organizaciones terroristas ni la de pedir la intervención de las Fuerzas Armadas.

En cuanto al Fenómeno El Niño, el texto incluye medidas para la emergencia; por ejemplo, que el INDECI entregue ayuda humanitaria de forma directa durante los primeros 15 días, que los bonos y las viviendas para los damnificados lleguen más rápido, y que el sector agropecuario cuente con financiamiento, seguros y maquinaria.

“Ellos como observadores pueden anotar estas irregularidades. Yo supongo que hay mecanismos de recomendación que podrían ir dándose en la interna”, dijo a Latina.

Resaltó que su objetivo con la reunión es evitar un “escándalo internacional” el 5 de octubre, un día posterior a las elecciones.

“Buscamos que esta elección no sea invalidad, que exprese el sentir de los limeños. Esperamos que el JNE tome las acciones necesarias para que así sea”, agregó.

A su vez, resaltó que él es uno de los candidatos que más ha hecho público su malestar por la situación de López Aliaga.

Horas antes de presentarse ante la OEA, Bruce mencionó en entrevista a Exitosa su preocupación por una “serie de irregularidades”.

"Recibo muchas muestras de cariño de la gente, pero sí estoy preocupado por una serie de irregularidades que hasta ahora no se resuelven y me obligan a estar con la delegación de observadores de la OEA para hacérselo saber", manifestó.

Resaltó que su reclamo no va contra López Aliaga, sino contra el JNE: "Yo no le echo tanta culpa al candidato, salvo que haya hecho alguna cosa ilícita y yo no tengo pruebas de eso. Es el jurado el que tiene en sus manos pronunciarse".

"¿Cómo puede ser que faltando tres días no se sepa quién es el candidato al alcalde?”, añadió.

JNE suma cuestionamientos de parte de candidatos

Al igual que Bruce, Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima por Ahora Nación, también reprochó el actuar del JNE.

Calificó de “cobardía” el que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no defina si, de ganar la lista de Renovación Popular, le entregará las credenciales a Rafael López Aliaga, pese a que faltan solo días para las elecciones.

“Me parece un escándalo mundial que hoy (jueves 1), el último día en que se pueden hacer manifestaciones públicas, si López Aliaga va a recibir las credenciales o no. Lo que me parece más desacreditable de este proceso es al demora. Esta demora es una cobardía”, expresó a Exitosa.

En ese contexto, se refirió a las expresiones del ex candidato presidencial contra Roberto Burneo, presidente del JNE. “Si te amenazan con el morrocoy, pídele a la Policía dos efectivos más (de seguridad), pero no por tu cobardía vas a poner en riesgo un proceso electoral tan importante como el de las elecciones regionales y municipales”, anotó.

El candidato de Avanza País, Francis Allison consideró que el Jurado Nacional de Elecciones si acreditará a Rafael López Aliaga si su partido gana las elecciones este domingo, por los antecedentes que ha tenido la institución dirigida por Burneo.

“Estoy absolutamente convencido (que el JNE le entregará a López Aliaga las credenciales de alcalde) porque lo han dejado renunciar a un cargo irrenunciable por la Constitución, el cargo de senador es irrenunciable”, subrayó.

Los votos a favor del archivamiento provinieron de congresistas de Juntos por el Perú. La presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, fue la primera en pronunciarse a favor de esta opción. Le siguieron sus compañeros de bancada Jessica Pérez, Oswar Cahuaza, Analí Márquez y Graciela Chipana.

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Los votos en contra del archivamiento provinieron de congresistas de Fuerza Popular y de otras agrupaciones como Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras.

Entre los 15 congresistas que se opusieron al archivamiento se encuentran Fernando García (PBG), Heber López (Obras), Arturo Alegría (FP), Karina Beteta (FP), Pier Figari (FP), Marco Pacheco (FP), Georgina Duarte (PBG), Frank Krklec (RP), Roxana Rocha (RP), Víctor Piñán (Obras), César Muedas (AN), Freshma Buitrón (AN), Flor Meza (FP), Ana Patiño (FP) y Romina Uribe (PBG).

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Comisión de Constitución continúa debatiendo texto sustitutorio

Luego de votar si el proyecto de delegación de facultades debía pasar al archivo, la Comisión de Constitución continuó con el debate de un texto sustitutorio presentado en respuesta al pedido original del Poder Ejecutivo. Esta nueva propuesta aborda dos puntos fundamentales: el fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana.

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El texto sustitutorio fue presentado por tres bancadas: Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras. La iniciativa funciona como un dictamen consensuado a partir de las propuestas planteadas por estas tres organizaciones.

En Fuerza Popular, la presentación del nuevo dictamen no fue bien recibida. Los integrantes de la bancada señalaron que no podían votar a favor de la propuesta si antes no se detallaban sus alcances. Ante ello, la diputada Georgina Duarte (Buen Gobierno) pidió un cuarto intermedio para que los integrantes de Fuerza Popular pudieran familiarizarse con el contenido de la iniciativa. El pedido fue aceptado por la presidencia del grupo de trabajo.

El caso estuvo relacionado con aportes atribuidos a las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa. Según la imputación fiscal, Flores Nano habría recibido entre US$10.000 y US$15.000 de Odebrecht, además de US$100.000 de Camargo Correa. Este último aporte habría sido canalizado a través del empresario Carlos Neuhaus Tudela.

La decisión del TC llegó después de que el Poder Judicial ya había ordenado el archivo del caso en primera instancia. En mayo de 2026, el entonces juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundada la excepción presentada por Flores Nano. La decisión fue apelada y quedó pendiente de resolución en la Sala de Apelaciones.

El máximo intérprete de la Constitución consideró que la imputación fiscal utilizó una modalidad del delito de lavado de activos que recién fue incorporada a la legislación peruana en noviembre de 2016. Los hechos atribuidos a Flores Nano correspondían a la campaña de 2006, por lo que el tribunal concluyó que no podía aplicarse una norma posterior para sustentar esa acusación.

La mayoría de magistrados también tomó en cuenta el tiempo que llevaba la investigación. Según la resolución, el caso acumulaba siete años y dos meses solo entre las etapas preliminar y preparatoria. El TC sostuvo que correspondía resolver la controversia para evitar que Flores Nano continuara sometida a un proceso penal cuya base legal consideró inválida.

La moción ingresó con 24 firmas y un pliego de 44 preguntas. Tras los retiros, quedarían 21, apenas uno más que el mínimo de 20, lo que equivale al 15% del número legal de diputados que exige el reglamento para presentar una interpelación.

Sonco fue el primero. En su oficio pide que se actualice la lista de firmantes y que se deje constancia de que ya no es proponente de la moción. También solicita que se verifique que se mantenga el mínimo de firmas que fija el artículo 154 del Reglamento. La Oficialía Mayor dispuso ese mismo día que se considere retirada su firma.

Medina sí explicó sus motivos. En su oficio sostiene que retira su firma por la manifiesta incapacidad del ministro en la conducción del sector. Es decir, se baja de la moción, pero mantiene su crítica a Chang. Eusebio presentó un oficio de una sola línea.

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Chang dice que es pronto para interpelarlo, pero pide rapidez en las facultades

Cuatro días después de presentada la moción, Chang calificó el pedido de interpelación como bastante apresurado. "Son procedimientos dentro de las facultades que tiene la Cámara de Diputados. Dentro de ello está el juego democrático. Espero que las bancadas sean reflexivas. Han pasado recién noventa días de mi gestión y comenzar con una interpelación o censura me parece bastante apresurado", indicó.

La moción cuestiona que designara como secretaria general del Minedu a Doris Gavilano y como director del Pronied a Pedro Morales, un día después de asumir. También cuestiona la designación de Tania Ramírez en la Derrama Magisterial el 3 de agosto, quien renunció 28 días después, y la de Diana Gonzáles en el Pronabec.

En esas mismas declaraciones, Chang volvió sobre su anuncio de retirar la ideología de la currícula. Sostuvo que el conflicto armado interno debe tratarse como un hecho histórico, pero en lo publicado no precisó qué contenidos se modificarían ni cómo participarían los padres, que es lo que le pregunta el pliego. Al mismo tiempo, mientras consideró apresurada la interpelación, pidió a la Cámara que apresure el debate del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

Caso Paolo Benza

Respecto al caso Paolo Benza, director del medio digital La Contra, el CPP alertó que “continúa la instrumentalización de la justicia para perseguir periodistas”. Además, resaltó que por segundo mes consecutivo han reportado la utilización de material creado con IA para perjudicar la imagen y reputación de un periodista.

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Benza fue incluido como investigado en una investigación preparatoria por presunta falsedad genérica y banda criminal contra la empresa de aeronaves Puma Air. Como prueba se tomó en cuenta unas supuestas conversaciones entre el periodista y una empresa competidora para perjudicar a Puma Air.

“Las conversaciones son ridículamente falsas. Nadie habla de esa forma con sus fuentes y, además, son diálogos con personas que jamás en mi vida he sabido que existen”, relató Benza a La República.

Caso ‘La China Polo’

También, mencionan el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, quien fue asesinada de un balazo el 19 de septiembre en la ciudad de Caraz, en la región de Áncash. Aponte postulaba al cargo de gobernadora regional de Áncash al mismo tiempo que conducía un espacio audiovisual de denuncias en redes sociales.

La asociación condenó el asesinato y demandó a la Policía y al Ministerio Público “investigaciones céleres y transparentes que determinen si el crimen estuvo relacionado a su trabajo informativo”. Además, consideran que “el homicidio reproduce ciertos patrones de los casos de los cuatro periodistas asesinados el año pasado”.

También, mencionaron el ataque al medio de comunicación La Noticia Clave, ubicado en Lambayeque.

La redacción fue atacada a balazos por personas desconocidas justo minutos después de que Johnny Namuche, director del medio, terminara una transmisión periodística.

En ese sentido, el CPP recordó que en el norte del país en el 2025 se produjo el asesinato del reportero Fernando Núñez.

Asimismo, el informe menciona que cinco periodistas de Iquitos, en la región Loreto, fueron querellados por una fiscal anticorrupción, lo cual “representa la persecución a la que está sujeta la prensa en diversas regiones del país”.

Debido a que la querella se debe a que los periodistas difundieron una alerta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la asociación resaltó que “replicar este tipo de contenidos está protegido bajo la figura legal de reporte fiel, siempre que se limiten a reproducir de manera exacta y neutral información emitida previamente por terceros o fuentes oficiales de interés público”.

Las amenazas contra el periodista y fundador del medio digital La Lupa, Kenny Yucra, también fueron consideradas.

Yucra recibió vía WhatsApp videos que muestran armas con el objetivo de intimidarlo y en los que se difunde la dirección de su casa y se menciona el nombre de su hijo.

“Es precisamente por el caso de Aponte –y los cuatro periodistas asesinados en 2025– que el caso del reportero Kenny Yucra, en Ica, preocupa. En esa región un sicario mató el año pasado al periodista Gastón Medina, también por investigar nexos de la criminalidad con la política local. Esta organización pide garantías para el periodista y su familia”, se lee en el informe.

Por medio de un comunicado conjunto bajo el nombre de “Partidos políticos unidos para defender el voto de Lima”, las agrupaciones expresaron su preocupación por los cuestionamientos relacionados con el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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El documento fue firmado por representantes del Partido Tierra Verde, Partido Pueblo Consciente, Partido Salvemos al Perú, Partido Aprista Peruano y Partido Morado.

“No podemos permitir que decisiones ambiguas, fallas operativas o la falta de transparencia pongan en entredicho la voluntad de los peruanos. Cada elección debe reflejar de forma fidedigna el mandato ciudadano. Sin espacios para dudas ni sospechas”, se lee.

Asimismo, solicitaron a las autoridades electorales actuar con imparcialidad y garantizar que sus resoluciones respondan a criterios claros y predecibles. “La democracia exige reglas claras y garantía plena para todos los actores de la contienda”, agregaron.

Como parte de esta iniciativa, los partidos anunciaron que coordinarán el despliegue de personeros en Lima para vigilar las mesas de sufragio y resguardar las ánforas.

También convocaron a ciudadanos, jóvenes, profesionales y organizaciones sociales a incorporarse a esta labor de vigilancia.

Finalmente, se acredita con las firmas de Yehude Simon Munaro, Luis Huette Tolentino, César Gamboa Cerna, Mónica Yadira Yaya Luyo y Lilia Salcedo Matos.

Yehude Simon pide al JNE que respete la Constitución

A mediados de septiembre, antes de los debates municipales, Yehude Simon rechazó el actuar de López Aliaga.

“Todos los que somos demócratas respetemos la Constitución. La Constitución dice que no hay reelección. El JNE fue criticado severamente por el señor López Aliaga. Incluso, dijo algunas groserías y el de repente el JNE es el primero que hace firmar el pacto ético y el primero en faltar a la Constitución”, dijo en entrevista a Canal N.

Simon resaltó que él no tiene “cólera” al ex candidato presidencial, pero exige que se debe respetar las normas.

Además, consideró que el actuar del JNE sería fraudulento si permite a López Aliaga que postule como teniente alcalde y que pase a ser alcalde. “Ya se sabía. Hay que tener un dedo de frente para no entenderlo. Además, él renunció a ser senador y chantajea al Gobierno con sus seis senadores”, anotó.

En vista de ello, consideró que el candidato de Renovación Popular no debería participar en el debate municipal. “Si participa ya hay un problema serio. Nadie va a confiar en que este proceso sea limpio. Desde que se falla a la Constitución el JNE ya es cómplice. No es que no confíe (en el JNE).Tengo argumentos para pensar que el Jurado está actuando mal”, resaltó.

En el programa Sin Guion con Rosa María Palacios, Zunini afirmó: “En realidad la esencia no es técnica, pues es política y yo lo tomo como un emplazamiento a la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para desacreditarla, para debilitarla, para que se gobierne desde el Senado”.

El Ejecutivo solicitó facultades para legislar durante 120 días sobre 66 ítems distribuidos en ocho materias, que abarcan desde seguridad ciudadana, legislación penal y orden interno hasta asuntos laborales, ambientales, productivos, tributarios y de modernización del Estado. Para Zunini, el problema está precisamente en la amplitud del paquete. “Es un paquete. Nos han armado un paquete y quieren que lo aprueben carne, hueso y grasa, todo junto”, cuestionó.

El diputado sostuvo que una delegación de facultades debería responder a asuntos concretos y urgentes, antes que habilitar al Ejecutivo para legislar sobre un conjunto amplio de materias. “Lo que se pretende con un pedido tan amplio es gobernar a punta de decreto y hay temas que son debatibles”, sostuvo.

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Senado podría incluir el resto de materias

Uno de los principales cuestionamientos de Zunini está relacionado con la nueva estructura bicameral. Según explicó, incluso si la Cámara de Diputados delimita las facultades, estas podrían posteriormente ser modificadas por el Senado.

“El riesgo mayor es que demos una carta en blanco que va a terminar afectando a los pequeños empresarios, a los trabajadores jóvenes, etcétera”, afirmó.

En ese escenario, consideró que no basta con reducir el número de facultades solicitadas si no existe un compromiso público respecto de lo que finalmente hará el Senado.

“Si esto termina en un no, todo va a terminar en un no, porque el diputado jamás le va a mandar nada al Senado”, sostuvo, aunque planteó que podría existir una salida mediante consensos entre las bancadas para aprobar iniciativas urgentes.

Zunini cuestionó además las declaraciones de algunos senadores que, según dijo, han dejado abierta la posibilidad de modificar sustancialmente lo que apruebe la Cámara de Diputados.

“Ellos pueden aumentar el paso”, dijo al referirse al riesgo de que el Senado altere las iniciativas aprobadas por la Cámara baja. Frente a ello, consideró que los votos públicos permitirían identificar posteriormente la responsabilidad de cada parlamentario.

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Propone aprobar proyectos específicos

Frente al pedido del Ejecutivo, Zunini planteó otra ruta: que el Parlamento priorice los proyectos que considere urgentes y los lleve directamente al pleno, en lugar de entregar un paquete amplio de facultades.

Según explicó, su bancada ya inició conversaciones con Renovación Popular para buscar que determinados proyectos vinculados con seguridad ciudadana sean exonerados de comisiones y discutidos con mayor rapidez. “No nos rehusamos a concertar y sabemos que hay urgencias”, afirmó.

El diputado sostuvo que su bancada cuenta con alrededor de 40 iniciativas, de las cuales entre 15 y 17 están vinculadas con seguridad ciudadana. Entre ellas mencionó propuestas sobre rotación de efectivos policiales, procesos de admisión a la Policía y trazabilidad del uso de armas y municiones.

“Nos ponemos de acuerdo y ya hemos iniciado algunos diálogos con los voceros de Renovación Popular para que en la Junta de Portavoces se exonere de comisiones y de predictamen a varios proyectos que están relacionados a seguridad ciudadana”, señaló.

Su propuesta, dijo, es que el Congreso responda a las urgencias identificadas mediante proyectos puntuales y no mediante una delegación general. “Podemos hacer plenos extraordinarios, omitir de comisiones y antes de 120 días darle al país alternativas legales que estén en manos del Ejecutivo”, sostuvo.

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“No vamos a dar una hoja en blanco”

Zunini también cuestionó que el Gobierno invoque la urgencia de asuntos como el fenómeno El Niño para sustentar un pedido de facultades que, en su opinión, incluye materias que no tienen carácter inmediato. “El fenómeno del Niño no es para 120 días, el fenómeno del Niño ya llegó”, afirmó, al mencionar problemas como el dengue y las acciones de prevención ante emergencias.

Por ello, insistió en que el Ejecutivo puede presentar iniciativas concretas y que el Parlamento está dispuesto a acelerar su debate cuando exista consenso. “Cualquier iniciativa, exoneración, una cosa urgente, lo hacemos, se lo decimos así, lo hacemos porque pensamos en el pueblo peruano, pero no vamos a dar una hoja en blanco”, remarcó.

El pedido de facultades se encuentra actualmente en debate en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El predictamen discutido plantea rechazar y archivar la solicitud del Ejecutivo, mientras algunas bancadas han presentado alternativas para reducir su alcance.

Para Zunini, el punto de fondo es preservar la capacidad de la Cámara baja para legislar y evitar que una delegación amplia termine trasladando esa función al Ejecutivo y, posteriormente, al Senado.

La delegación peruana estuvo encabezada por el canciller Carlos Espá y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia.

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Con este nombramiento, el Perú tendrá la responsabilidad de conducir las actividades del organismo regional y coordinar el trabajo de sus países integrantes durante el próximo año. La ceremonia se desarrolló en el Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana.

Durante el encuentro también se revisaron los avances del Proyecto INTERCOM, una plataforma digital que busca facilitar el intercambio de documentos e información vinculados al comercio exterior entre los países miembros. Asimismo, se presentó el balance de la gestión ecuatoriana y se evaluó el cumplimiento de las actividades de cooperación impulsadas por la CAN.

La Comunidad Andina está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. A través de este organismo, los cuatro países buscan fortalecer sus relaciones comerciales, económicas y sociales, además de promover iniciativas de integración regional. La presidencia peruana para el periodo 2026-2027 estará orientada a profundizar estos mecanismos de cooperación y dar continuidad a los acuerdos alcanzados.

El último 29 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores se trasladó al Consulado General del Perú en Quito, donde conoció de cerca los servicios que se brindan a los ciudadanos peruanos residentes en Ecuador y el trabajo de coordinación que se mantiene con las autoridades de ese país.

Espá también visitó la muestra cultural “Nuestros rostros: máscaras rituales del Ecuador y el Perú”, instalada en la sala Qhapaq Ñan de la Embajada peruana en Quito. La exposición forma parte de las actividades conmemorativas por los 28 años de paz y relaciones de amistad sostenidas entre ambas naciones.

Finalmente, el titular de Torre Tagle participó en una reunión preparatoria con la delegación peruana, con miras a las sesiones de la Comunidad Andina programadas para el día siguiente.

“Me parece un escándalo mundial que hoy (jueves 1), el último día en que se pueden hacer manifestaciones públicas, si López Aliaga va a recibir las credenciales o no. Lo que me parece más desacreditable de este proceso es al demora. Esta demora es una cobardía”, expresó a Exitosa.

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En ese contexto, se refirió a las expresiones del ex candidato presidencial contra Roberto Burneo, presidente del JNE. “Si te amenazan con el morrocoy, pídele a la Policía dos efectivos más (de seguridad), pero no por tu cobardía vas a poner en riesgo un proceso electoral tan importante como el de las elecciones regionales y municipales”, anotó.

A su vez, Paredes alertó que López Aliaga no ha presentado rendición de recepción de donaciones y gastos porque no es candidato a la alcaldía sino a regidor.

“Ahora resulta que yo he gastado más que él. ¿Eso es creíble? Si yo en cada cuadra encuentro su cara”, indicó.

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Indicó que, en su caso, todas las donaciones que realizó las personas que confían en ella están registradas. “Cómo vamos a enfrentar un proceso electoral con un candidato que no quiere rendir cuentas. Eso es anormal. Estas elecciones están teñidas de muchos problemas y esos problemas los ha producido el JNE”, expresó.

Y agregó que López Aliaga ha dejado la ciudad “en un estado lamentable” con un “caos de tráfico” y que “estamos peor”.

Candidatos a la alcaldía cuestionan al JNE

Paredes no es la única que ha expresado su incomodidad por el actuar del JNE.

El candidato de Avanza País, Francis Allison consideró que el Jurado Nacional de Elecciones si acreditará a Rafael López Aliaga si su partido gana las elecciones este domingo, por los antecedentes que ha tenido la institución dirigida por Burneo.

“Estoy absolutamente convencido (que el JNE le entregará a López Aliaga las credenciales de alcalde) porque lo han dejado renunciar a un cargo irrenunciable por la Constitución, el cargo de senador es irrenunciable”, subrayó.

El candidato de Juntos por el Perú, Oswaldo Vargas, sostuvo que el JNE está cometiendo un error al no pronunciarse sobre la situación de Rafael López Aliaga y que la institución carga con el precedente de que legalizó su postulación al permitirlo participar del debate municipal.

“Era importante que las reglas del juego se puedan transparentar a tiempo. Para mí, el Jurado ha cometido un error de no transparentar los aspectos importantes como es la reelección encubierta. También pasó el debate y lo dejaron participar. Corresponde que el Jurado Nacional de Elecciones transparente y responda cuando antes sobre la situación”, expuso.

Se trata de Tomás Máximo Yllaconza Palacio, abogado, con 29 años de experiencia que tendrá como principal responsabilidad restablecer el principio de autoridad, fortalecer los controles internos y garantizar una conducción orientada al orden, la seguridad y la disciplina penitenciaria.

De igual manera, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el cese del subdirector del establecimiento y la designación de un nuevo responsable, quien tendrá a su cargo reforzar las acciones de vigilancia, control interno, disciplina y seguridad dentro del penal.

A estas medidas se suma un proceso de rotación, reorganización y evaluación del personal de seguridad, destinado a fortalecer los mecanismos de control, reducir vulnerabilidades y prevenir cualquier posible vínculo indebido que pueda comprometer la seguridad del establecimiento penitenciario.

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Como parte del fortalecimiento de la estructura de conducción penitenciaria, también se designó a Jhon Elías Ramírez Vega como nuevo director de la Oficina Regional Lima. Ramírez Vega es oficial de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro, especialista en seguridad y cuenta con más de 28 años de experiencia profesional en el ámbito nacional e internacional.

ANALIZAN 32 CELULARES INCRIMINADOS

Entre tanto, el análisis de los celulares incautados se enmarca en investigaciones de alto impacto sobre 'La Confederación' y otras redes transnacionales que operaban un auténtico ‘call centers’ de extorsión, sicariato y secuestro.

Con asistencia tecnológica de Estados Unidos, las autoridades peruanas esperan rastrear estas redes criminales complejas.

Gracias al testimonio clave de un informante del Ministerio Público conocido como 'Tuerto' o 'Maldito Tuerto', las autoridades encontraron en el pabellón uno nada menos que 32 celulares, un ‘router’, armas blancas, drogas y S/ 10,000 en efectivo.

Su confesión habría permitido identificar a un servidor penitenciario de apellido Tipiani como uno de los facilitadores del ingreso de equipos móviles a cambio de dinero.

El cruce de datos del HSI y la Dividt podría revelar que las extorsiones y otros delitos no solo afectaban a ciudadanos peruanos, sino que se dirigían a víctimas en diversos países. En efecto, se ha determinado que, desde el presidio, miembros de la red criminal 'La Confederación' extorsionaban a comerciantes, mototaxistas y empresas de transporte en Lima y Chile.

Las investigaciones realizadas hasta el momento por la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Feccor) y la policía, exponen un cambio de estrategia donde los reclusos usan perfiles falsos e ingeniería social (extrayendo datos de internet y redes sociales) para ejecutar actos criminales con sus cómplices fuera de prisión.

Las pruebas recolectadas en estos dispositivos están bajo la custodia de la FECCOR para judicializar tanto a los internos como a los enlaces externos y funcionarios corruptos que facilitan el ingreso de los equipos.

LAS PISTAS DE 72 CABECILLAS

La última requisa en esa cárcel reveló que Jimmy Bazán, el hermano de Jolín Bazán, por quien el gobierno ofrece una recompensa de S/ 300.000 por su captura, como presunto líder de La Jauría, ejercía como lugarteniente de 'La Confederación'.

La investigación, de acuerdo al testimonio del 'Tuerto', estableció que 72 cabecillas continuaban realizando actividades criminales desde el reclusorio. Para ello utilizaban los celulares y la conexión a Internet. Esto les permitió comunicarse con el exterior y coordinar pagos mediante aplicaciones como Yape o Plin.

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En el pabellón I, Wilfredo Montalvo Malqui, alias 'Lápiz', cabecilla de 'Los Malditos de Huáscar' habría ejercido como delegado y asumido el liderazgo de 'La Confederación', manteniendo una alianza con Jimmy Bazán, alias Chato Bazán, sentenciado por liderar la banda criminal trujillana 'Los Compadres'.

Los internos Neymar, Maturana, Navarro y Mocuche tenían el control de la venta de droga desde la celda 220.

En tanto que, a Luis Galarza, alias Canco, le encontraron más de 6 mil soles en efectivo. Él dijo que el dinero era producto de la venta de pan y depósitos enviados por sus familiares.

PABELLÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD

El pabellón de extrema seguridad en Ancón I fue habilitado durante la gestión del expresidente José Jerí Oré para albergar a internos de alta peligrosidad.

Se trata de un pabellón con capacidad para 150 privados de libertad por delitos de sicariato, extorsión, homicidio calificado y robo agravado, entre otros. La custodia fue asignada estrictamente a efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario.

Este pabellón cuenta con 54 celdas, distribuidas en dos pisos, para internos peligrosos, bajo un régimen cerrado de control estricto, con medidas de seguridad permanentes como requisas recurrentes de ambientes y revisión corporal de la población penal.

¿CÓMO INGRESARON CELULARES?

Sin embargo, si los delincuentes estaban recluidos en esas condiciones ¿cómo ingresaron 32 celulares, armas blancas y drogas? El problema no es solo del hampa, el asunto es cómo el sistema penitenciario permitió que tuvieran herramientas para hacerlo.

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En el mes de julio la Contraloría ya había advertido en Ancón I sobre equipos de control inoperativos y fallas de videovigilancia.

La seguridad penitenciaria no significa llegar después a contar celulares decomisados. Significa, evitar que entren, controlar accesos, cortar las comunicaciones, impedir que un delincuente encarcelado conserve capacidad operativa desde una celda, dice el coronel retirado PNP Jorge Mejía, exjefe antisecuestros.

aún no se ha explicado ¿cómo ingresaron los 32 celulares?, ¿desde cuándo estaban allí?, ¿qué controles fallaron?, ¿qué hicieron después de la advertencia de Contraloría?, ¿hay personal investigado?, ¿quién asumirá responsabilidad administrativa por las fallas que se determinen?

Mientras tanto, el país se desangra por las extorsiones y el sicariato. ¿Desde qué otras cárceles los delincuentes conservan herramientas para comunicarse con el exterior?

La tendencia creciente de denuncias por corrupción en la PNP y el sector interior no se detiene: se totalizan 139 denuncias del 1 de enero al 31 de agosto de 2026, con un promedio de 17 casos mensuales.

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Tras un incremento sostenido, mes a mes, agosto se consolidó con la mayor cantidad de denuncias en lo que va del 2026, registrando un pico de 25 denuncias, sostiene el analista de datos, Juan Carbajal.

El 96,4% (134 denuncias) corresponden de forma específica a corrupción en la PNP, mientras que en el sector Interior registra el 3,6% (5 denuncias). Carbajal explica que Lima Metropolitana lidera ampliamente con 53 denuncias, lo que representa el 38.1% del total nacional.

A las casi 140 denuncias se suman los 260 expedientes en apelación que la Inspectoría General de la PNP ha elevado ante el Tribunal de Disciplina Policial.

Esta cifra fue dada a conocer por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, como balance de las acciones tomadas desde que asumió el cargo el 28 de julio de 2026.

Con la remisión de estos casos, el titular del Mininter busca sancionar las infracciones disciplinarias y combatir los presuntos actos de corrupción o infiltración de redes criminales dentro de la institución policial, asegurando que su gestión no mantendrá ningún espíritu de cuerpo frente a malos elementos.

Pero en provincias la situación es también muy preocupante, como lo ocurrido en Junín.

EL HONOR NO ES SU DIVISA

Al comandante PNP, David Walter Ramírez Panta, comisario sectorial de la comisaría provincial de Tarma, lo llamaban 'Comanche'. Así lo confesó Jurhgen Anthony de Jesús Laos Pérez, quien fue detenido por el delito de extorsión y se acogió a la confesión sincera.

El oficial, de acuerdo con el expediente 00386-2026-4-1509-JR-PE, y otros tres subalternos son sindicados de recibir cuantiosas sumas de dinero. Ante las pruebas fehacientes que presentaron los policías y fiscales a cargo del caso, el juez Alex Carhuamaca Claudio, les dictó siete días de detención preliminar

Aparte del comandante, la medida recae también para los suboficiales Luis Fernando Huaroc Elizarbe, Héctor Palmiro Lirio Chinchay y Jean Dennis Pawelczyk Aguirre.

Según la investigación, los presuntos integrantes de la organización criminal habrían captado víctimas mediante supuestos contratos de alquiler de vehículos e inversiones para luego exigir pagos bajo amenazas.

En este mes de setiembre que acaba de terminar también fue detenido el suboficial de la PNP Luis Felipe Sandoval Díaz tras el asesinato de su esposa, Mariela Peralta Muñoz, en un cuarto alquilado en Ate; la familia exigió que el caso sea investigado como feminicidio debido a antecedentes de agresión.

Y en julio, la Fiscalía Anticorrupción y la PNP detuvieron a cinco efectivos policiales (incluyendo a un capitán jefe del Policía de Carreteras-Nasca) por presuntos delitos de cohecho pasivo propio y actos de corrupción.

Este año también se dictó nueve meses de prisión preventiva para el alférez PNP Francesco Pilloca, jefe de la Tripulación de Patrullaje Motorizado TMP-3163 de la Comisaría PNP Yerbateros, y otros dos suboficiales, investigados por los presuntos delitos de concusión y banda criminal.

LIMA METROPOLITANA

De las 139 denuncias 13 (9,4%) fueron en enero, en febrero 8 (6,8%), marzo 15 (10,8%), abril 17 (12,2%), mayo 17 (12,2%), junio 20 (14,4%), julio 24 (17,3%), agosto 25 (18,0%). El 48.9% (68) de las denuncias fueron derivadas a la Inspectoría General y el 42.4% (59) a otros órganos de la PNP, mientras que el 8,6% (12) fueron canalizados al Ministerio del Interior.

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En Tumbes se denunciaron 3 casos, en Piura 9, Lambayeque 1, Cajamarca 2, La Libertad 7, San Martin 4, Loreto 2, Áncash 3, Huánuco 2, Ucayali 1, Región Lima 5, Pasco 1, Junín 3, Callao 4, Lima Metropolitana 53, Ica 5, Huancavelica 2, Ayacucho 3, Cusco 14, Madre de Dios 3, Arequipa 7, Puno 3, Tacna 2, Moquegua 0.

Uno de los casos ocurrió el 5 de agosto cuando fueron detenidos 9 policías quienes habrían 'sembrado' droga y armas de fuego a ciudadanos intervenidos durante operativos irregulares en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

Este accionar ilegal habría ocurrido entre los años 2021 y 2022, y según la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, el objetivo era extorsionar a los detenidos a cambio de su libertad.

Los nueve efectivos policiales fueron detenidos por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho.

De los detenidos, ocho son suboficiales de segunda y tercera en actividad, quienes anteriormente prestaron servicios en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de SJM, y luego fueron reubicados en otras unidades. El noveno detenido es un coronel de la PNP en situación de retiro.

SÍ, HAY INFILTRACIÓN EN LA PNP

Esta semana, el ministro del Interior, César Astudillo, vinculó directamente la corrupción policial con la infiltración de organizaciones criminales en las escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú.

Denunció públicamente que diversas mafias financian y logran introducir a jóvenes en los centros de formación policial con el objetivo de tener agentes que trabajen para el crimen organizado una vez egresados. Según el ministro, su gestión ya detectó estos mecanismos y se encuentra cerrando dichos canales de ingreso ilícitos.

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Sus declaraciones generaron controversia debido a que la propia PNP emitió antes un comunicado negando tajantemente que existiera financiamiento criminal para infiltrar postulantes, tildando tales versiones de "tendenciosas y sin sustento".

CORRUPCIÓN Y CONTROL INTERNO

El exministro del Interior, Remigio Hernani y el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha sostienen que el desafío importante del gobierno es la corrupción policial.

No sería correcto afirmar que la Policía es una institución corrupta en su conjunto. Miles de agentes cumplen sus funciones honestamente. Sin embargo, como ocurre en numerosos países, existen casos de corrupción individual y estructuras criminales que intentan penetrar las instituciones.

Una organización criminal puede intentar comprar información, conseguir protección, conocer anticipadamente procedimientos policiales o introducir colaboradores dentro de organismos públicos, dice Hernani.

Por eso, combatir el crimen organizado exige también controlar a quienes tienen la responsabilidad de combatirlo, sostiene Pérez Rocha.

Los sistemas de asuntos internos, los controles patrimoniales y la investigación de enriquecimiento injustificado son instrumentos fundamentales, coinciden.

El parlamentario precisó que el acuerdo se alcanzó durante una reunión en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, de la bancada de Buen Gobierno.

"Cada partido elabore las propuestas que quiera hacer de facultades, se van a coordinar y sumar y el plazo máximo es el viernes", declaró.

La propuesta alternativa se presentará mientras este jueves la Comisión de Constitución continúa con el debate sobre la delegación de facultades solicitada por el Gobierno de Fujimori. El Ejecutivo planteó medidas legislativas en distintas materias, pero, según critican las bancadas, no se enfocó en mejorar la seguridad ciudadana y poner atención ante el Fenómeno El Niño.

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Comisión de Constitución debatirá hoy tres textos sustitutorios sobre pedido de facultades

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados continuará este jueves el debate sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. La sesión quedó pendiente luego de que la presidenta del grupo de trabajo, Giannina Avendaño, dispusiera un cuarto intermedio para evaluar tres textos sustitutorios presentados por las bancadas de Renovación Popular, Obras y Partido del Buen Gobierno.

Las propuestas plantean delimitar las materias que el Gobierno podrá legislar. Renovación Popular presentó un texto con 10 materias, Obras propuso cinco y el Partido del Buen Gobierno planteó restringir la delegación a dos temas: seguridad ciudadana y atención al Fenómeno El Niño. La comisión deberá evaluar si alcanza un texto consensuado o mantiene la recomendación de archivar el pedido del Ejecutivo.

Durante la sesión anterior, Avendaño expuso los cuestionamientos técnicos al proyecto del Gobierno, que comprende 66 materias. Entre las observaciones figuran posibles vulneraciones constitucionales, invasión de competencias del Parlamento y duplicidad normativa. La comisión también advirtió riesgos en las propuestas laborales, ambientales, tributarias y de servicios públicos.

La jefa de Estado ha dicho que no ha tenido vinculación alguna con Fernando Cerimedo. Pero La República publicó una fotografía del evento en la que participó con su amigo y asesor, el argentino Damián Valenzuela Mayer, el 10 de febrero de este año en Florida, Estados Unidos, en la que aparece conversando con Cerimedo. En esa reunión del orgullo latino en la que se le dio un premio al 'rey de los troles', también aparece otro consultor argentino, Andrés 'Andy' Rivas, socio de Cerimedo, dialogando con Keiko Fujimori.

En las nuevas fotografías que difundió Nadia Beller en su cuenta de Facebook se observa un encuentro entre Fernando Cerimedo, Andrés 'Andy' Rivas y otros dos personajes relevantes: el exestratega digital de Donald Trump en 2016 y 2020, Brad Parscale, y el hijo del mandatario estadounidense, Donald Trump Jr. Según Beller, la reunión se registró en febrero de este año.

Para la investigación sobre la presunta intromisión de Fernando Cerimedo en las elecciones presidenciales peruanas de este año, las fotografías reveladas por la expareja del operador argentino confirman la relación de este con personajes del entorno de Keiko Fujimori.

Como ha revelado La República, Fernando Cerimedo se reunió en varias oportunidades con el director del Centro Adam Smith para Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (FIU), el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo, asesor y amigo de Keiko Fujimori. Consultado por este diario, Díaz-Rosillo alegó que tuvo encuentros casuales con Cerimedo. Sin embargo, el socio de este, Andrés 'Andy' Rivas, fue designado por Díaz-Rosillo como representante del Centro Adam Smith para la Libertad Económica en Montevideo, Uruguay.

Puntos de Encuentro

Fernando Cerimedo y Andrés 'Andy' Rivas son socios a su vez de Brad Parscale, lo que explica la fotografía de los tres juntos con Donald Trump Jr. en febrero de este año.

El exestratega digital de Donald Trump en 2016 y 2020, Brad Parscale y Fernando Cerimedo manejan la empresa consultora Numen, con sede en Buenos Aires, que trabajó para las campañas del argentino Javier Milei, del hondureño Nasry Asfura y del boliviano Rodrigo Paz. Los tres ganaron presidencias.

“Brad (Parscale) puso toda la infraestructura con la que yo trabajo”, confesó 'el rey de los troles' al diario 'The New York Times', el 4 de diciembre de 2025, refiriéndose a las tecnologías que ofrecen las empresas de Parscale, EyesOver y Campaign Nucleus. Precisamente, Cerimedo llegó al Perú el 28 de julio de este año, en representación de Brad Parscale. La República reveló que en la misma fecha estuvieron en la ceremonia de juramentación presidencial de Keiko Fujimori, los asesores Damián Valenzuela Mayer y Carlos Díaz-Rosillo, y otro socio de Cerimedo, el español Javier Negre, director del portal 'La Derecha Diario'.

En el banquillo boliviano

Nadia Beller le dijo a este periódico que Cerimedo le confió que asistiría a la ceremonia, pero al final no se concretó. Sin embargo, como se ha indicado, ya se habían visto el 10 de febrero de este año en la gala latina de Florida, donde también estuvieron Damián Valenzuela y Adrián 'Andy' Rivas.

Beller ha difundido además varios chats que cruzó con Cerimedo en los que comentan los resultados electorales de la primera y segunda vuelta en el Perú. Incluso comentó a Beller que los votos del extranjero eran más importantes que los de las provincias andinas en el caso de Keiko Fujimori.

La abogada boliviana también divulgó listas de contactos del operador argentino, en las que aparece el proyecto ciudadano de vigilancia electoral denominado Ojo de Cóndor, cuyo supuesto objetivo era hacer un conteo paralelo de votos para evitar un potencial fraude electoral.

La estrategia de intromisión en los procesos electorales latinoamericanos por parte de Fernando Cerimedo tiene dos características.

a) Dañar la reputación de los candidatos competidores mediante tendencias de opinión alimentadas con información falsa, difundida en redes sociales por miles de usuarios falsos, o medios periodísticos expresamente creados para dicho fin.

b) Cuando las cifras son adversas a los candidatos que reciben la asesoría de Cerimedo y Parscale, se construyen narrativas sobre falso fraude electoral, creando para tal finalidad iniciativas ciudadanas que difunden cifras contrarias al conteo oficial electoral.

La presencia de Cerimedo y Parscale, y otros personajes asociados como Carlos Díaz-Rosillo, Andrés 'Andy' Rivas y Javier Negre, indicaría que la misma modalidad pudo haber sido aplicada en la pasada elección presidencial.

Por esta razón, es trascendental la información que Nadia Beller ha aportado a las autoridades bolivianas que investigan a Fernando Cerimedo, no solo por presuntamente haber ordenado asesinar a su expareja, sino también por enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones y por la presunta protección a vuelos del narcotráfico.

Recientemente, el Senado boliviano aprobó la instalación de una comisión investigadora del caso Cerimedo, que incluirá sus eventuales vínculos con el presidente Rodrigo Paz y otros funcionarios del gobierno. Cerimedo tenía una 'granja de bots' en territorio boliviano. 'El rey de los troles' todavía dará que hablar.

La investigación tiene como origen una entrevista del 28 de septiembre, cuando Espá fue consultado por las candidaturas de Rafael López Aliaga y Carlos Bruce a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sus respuestas fueron revisadas por el área de Fiscalización del JEE de Lima y el informe llegó al pleno de esta instancia electoral.

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Durante la conversación, el canciller afirmó que era hincha de Alianza Lima y explicó que el azul del club “se acerca más al celeste”. Este último color es utilizado por Renovación Popular, agrupación que tiene a López Aliaga como candidato a la Alcaldía de Lima.

Espá también habló de la gestión de López Aliaga como alcalde. Dijo que hubiera preferido que terminara su periodo porque dejó varias obras inconclusas. Luego sostuvo que, si el candidato recibía el respaldo ciudadano y era elegido, tendría la posibilidad de terminar esos proyectos.

El JEE deberá revisar el informe de Fiscalización y determinar si las declaraciones de Espá vulneraron las reglas de neutralidad electoral que deben cumplir los funcionarios públicos durante las elecciones.

La primera llamada se registró a las 7.41 a. m., 17 horas antes del asesinato. La segunda, a las 3.23 p. m., aproximadamente 9 horas previas al homicidio. Y la tercera a las 11.56 p. m., mientras asesinaban a Santiago Guardamino, muy poco antes del crimen.

Al determinar que los números telefónicos corresponden al efectivo policial Elar Minchán Sánchez y al ciudadano Rony Mosquera Sánchez, el fiscal Ronny Chamorro Yalico los citó para que expliquen las razones y circunstancias de las comunicaciones con las víctimas

Santiago Guardamino Gonzáles ejercía como presidente de la comunidad campesina de Quipán cuando fue asesinado en el momento en que llegaba a su casa en Carabayllo, luego de haber sostenido una reunión en su pueblo.

Al asumir funciones, Guardamino descubrió que su antecesor en el cargo, Abel Mosquera Ortiz, en complicidad con Aniceto Argüelles Loayza, propietario de la compañía Industrias Argüelles y Servicios Generales, fraguaron la compra-venta de 10 mil hectáreas de la comunidad de Quipán.

Guardamino inició acciones penales y civiles y consiguió demostrar que Abel Mosquera y la gerente de la empresa de Argüelles, Karen Pasco Flores, falsificaron las actas de los comuneros para autorizar la transacción por S/600 mil.

EL TRASFONDO DEL ASESINATO

El presidente de la comunidad campesina fue asesinado cuando encaminaba los procesos judiciales para que el predio adquirido fraudulentamente por Argüelles retornara a sus verdaderos propietarios.

Mientras Guardamino conducía los procesos judiciales, Argüelles construyó en el terreno un relleno sanitario, lo que le permitió obtener millonarios contratos con municipios distritales de Lima para el servicio de recojo y disposición de desperdicios.

Las dos personas que se contactaron telefónicamente entre ellos, horas y minutos antes del asesinato de Santiago Guardamino, están relacionadas con la disputa judicial de la comunidad de Quipán con la empresa Argüelles.

El efectivo policial ST1 Elar Minchán Sánchez es hermano de Jaime Minchán Sánchez, quien fue abogado de la comunidad de Quipán.

Su declaración cobra relevancia por un antecedente que involucra a su hermano Jaime Minchán. Su nombre ya había aparecido en una de las primeras hipótesis policiales respecto a los autores del asesinato de Santiago Guardamino.

EN BUSCA DEL MÓVIL

En 2025, un año después del crimen, La República informó que la División de Homicidios investigaba la presunta disputa entre Santiago Guardamino y el abogado Jaime Minchán, al detectar presuntos tratos clandestinos con la empresa de Aniceto Argüelles, vinculada al conflicto por las tierras de Quipán.

La hipótesis policial señala que el dirigente Guardamino sospechaba que el abogado Minchán estaba filtrando información. Jaime Minchán en una entrevista con este medio, negó la versión y sostuvo que se había alejado del proceso por razones de seguridad.

De acuerdo con un informe periodístico publicado por La República en 2023, el hermano de Jaime y Elar Minchán, Elthon Minchán Sánchez, conocido como 'Viejo Elthon', fue detenido en ese año por contratar a un sicario y participar en un homicidio, en medio de una disputa por el control de centros clandestinos para prácticas abortivas, en Los Olivos.

Otro de los hermanos, Daigoro Minchán Sánchez, fue detenido en 2023 por actuar falsamente como funcionario público y solicitar dinero bajo la amenaza de clausurar negocios.

FALTAN MÁS NOMBRES

El otro personaje citado por la fiscalía es Rony Mosquera Sánchez, hijo de Abel Mosquera Ortiz, quien presidió la comunidad de Quipán en 2016 y fue condenado por la venta fraudulenta del terreno a Aniceto Argüelles.

Apenas cinco semanas después del asesinato de Santiago Guardamino, la Corte Suprema confirmó la condena a Abel Mosquera, padre de Rony Mosquera, dueño de una de las líneas telefónicas que llamó constantemente al líder comunal.

De acuerdo con fuentes fiscales, el efectivo policial ST1 Elar Minchán Sánchez no asistió al interrogatorio, mientras que Rony Mosquera Sánchez respondió a las preguntas del fiscal.

Las comunicaciones entre Santiago Guardamino y las líneas telefónicas atribuidas a Minchán y Mosquera no son el único elemento que la fiscalía busca esclarecer.

El Ministerio Público también ha ordenado identificar otros nueve y 11 números telefónicos que mantuvieron contacto con los teléfonos de Elar Minchán y Rony Mosquera durante el lunes primero de abril de 2024. También busca identificar a los propietarios de dichos números de celular.

No falta mucho para la identificación de los autores intelectuales del asesinato de Santiago Guardamino.

La investigación buscaba determinar si la entonces presidenta había registrado un incremento patrimonial que no pudiera ser explicado con sus ingresos. Según el comunicado difundido por la defensa, la Fiscalía concluyó que no encontró elementos que acreditaran un desbalance patrimonial sin justificación durante el periodo revisado.

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El análisis fiscal también comprendió sus ingresos, egresos y depósitos. La defensa de Boluarte sostuvo que el Ministerio Público encontró una relación entre esos movimientos económicos y la información declarada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Además, afirmó que no se identificaron depósitos cuyo origen fuera desconocido.

La investigación incluyó el Informe Pericial Contable Financiero 04-2026, elaborado por peritos oficiales del Ministerio Público. El análisis concluyó que los ingresos registrados correspondieron a rentas de trabajo obtenidas durante su actividad como funcionaria pública y que estos guardaban relación con sus declaraciones del impuesto a la renta.

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Fiscalía descartó desbalance patrimonial y abuso del cargo

La Fiscalía de la Nación también determinó, según la defensa, que no existieron elementos que relacionaran el patrimonio analizado con un supuesto abuso del cargo presidencial. El Ministerio Público no encontró una relación entre las funciones que desempeñó Boluarte y el resultado económico revisado en la investigación.

Otro punto considerado fue la procedencia de los depósitos registrados durante el periodo investigado. El comunicado de los abogados sostuvo que no se hallaron abonos de origen desconocido. La revisión también tomó en cuenta la información tributaria presentada por la exmandataria ante la SUNAT.

El archivo corresponde a esta investigación específica por enriquecimiento ilícito agravado. La decisión no implica el cierre de las otras investigaciones que afrontó Boluarte por hechos distintos durante su gestión y por otros presuntos delitos.

La suspensión de la sesión responde a la presentación de tres textos sustitutorios planteados por las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular, las cuales buscan un consenso para que se otorgue facultades al Gobierno únicamente en materias prioritarias y acotadas.

“Hemos recibido tres propuestas de texto sustitutorio. Una que presentó la agrupación Renovación Popular que contiene 10 materias acotadamente. Una propuesta de Obras con 5 materias. (…) Y una propuesta del Buen Gobierno con 2 materias sobre inseguridad y FEN. Entonces, tenemos propuestas bastante diversas y tenemos que llegar a un acuerdo, así que vamos a pasar a un cuarto intermedio para ver qué fórmula adoptamos”, sostuvo Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión.

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La propuesta del Partido del Buen Gobierno plantea limitar la delegación a dos materias centradas en la seguridad ciudadana y la atención al Fenómeno del Niño.

Por su parte, el texto de Obras propone cinco materias relacionadas con la materia penal, simplificación administrativa, desarrollo productivo y facilitación del comercio.

En tanto, Renovación Popular presentó una alternativa que abarca diez materias, las cuales delimitan las facultades a materias de seguridad ciudadana, atención del Fenómeno El Niño, gestión del riesgo de desastres, reactivación económica, generación de empleo y modernización de la gestión pública.

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Sustentos técnicos de la Comisión de Constitución para rechazar el pedido

Antes del pase a cuarto intermedio, la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, expuso las razones técnicas que sustentan el rechazo a las 66 materias que solicitó el Ejecutivo.

En su análisis, sostuvo que diversos puntos vulneran la Constitución, invaden competencias del Parlamento e incurren en duplicidad normativa.

Respecto al ámbito laboral, la presidencia advirtió que la medida debilita la protección ante despidos en la dirección pública y que la propuesta de un régimen progresivo no atiende la informalidad de las MYPE, la cual alcanzó un 88,5% en 2025.

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"No creemos que vaya a ayudar a mejorar la informalidad que tenemos actualmente en las medianas y pequeñas empresas, la cual se ha mantenido invariable en el tiempo, pasando de un 91,7 por ciento en el 2025 a un 88,5 por ciento del 2005 al 2025", sostuvo

Asimismo, la comisión observó también que la exploración en Áreas Naturales Protegidas contraviene el Convenio 169 de la OIT y las disposiciones de la Corte IDH.

"Sobre las actividades de exploración hidrocarburífera en áreas naturales protegidas [...] pretende modificar la ley de áreas naturales protegidas y la ley PIACI, que protege a los pueblos indígenas, que trae, vamos a decirlo así, un riesgo a la violación de estándares internacionales que los protege y que están señalados en el convenio 169 de la OIT y también lo ha señalado así la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

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En cuanto al sector eléctrico, identificó riesgos de integración vertical que afectarán las tarifas finales. A estos cuestionamientos sumó la ausencia de un análisis económico en el eje tributario, los potenciales incrementos en las tarifas de SEDAPAL por el Decreto Legislativo 1620 y el peligro en los edificios al permitir que los certificados de Defensa Civil (ITSE) no tengan fecha de vencimiento, lo que eliminaría las revisiones periódicas.

"Sobre los certificados de defensa civil, los certificados ITSE, tampoco hay una justificación de reducción de cargas ni compatibilidad con la seguridad de las personas [...] se plantea que estos certificados duren mucho más tiempo, inclusive sea indefinido. Aquí ciertamente existe un riesgo de vulnerabilidad de los inmuebles y más aún es un riesgo que nosotros deberíamos evaluar y ponderar adecuadamente".

Con este y otros cuestionamientos técnicos, la parlamentaria argumentó que el pedido del Ejecutivo sobrepasaba los márgenes permitidos para la delegación de facultades.

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"Se puede otorgar facultades al Poder Ejecutivo, pero estas no tienen que ser extensas, ni un número grande ni indeterminado: tiene que ser muy preciso y en este caso hemos visto que el pedido excede estas consideraciones. (…) Por las consideraciones que se han expuesto, la Comisión de Constitución recomienda no aprobar y llevar al archivo la proposición legislativa", indicó Avendaño.

Debate político

El debate en la sesión escaló entre las bancadas. En su intervención, la diputada Indira Huilca de Ahora Nación cuestionó las propuestas laborales y ambientales del Gobierno.

Huilca sostuvo que la iniciativa equivale a restituir esquemas como la "Ley Pulpín" que precarizan el trabajo y rechazó la falta de fiscalización y regulación del Estado en materia ambiental.

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"Plantean que les demos facultades a este gobierno para aplicar el llamado “silencio administrativo” a los instrumentos de estudio e impacto ambiental, los únicos instrumentos que tenemos en nuestro país para que por lo menos se haga una regulación en los proyectos de inversión y no tengamos que padecer los ciudadanos de contaminación ambiental".

La jornada registró además intercambios entre la diputada Rossana Alayza, del Partido del Buen Gobierno, y Flor Meza de Fuerza Popular, quien la acusó de asistir a la comisión solo para grabar videos para TikTok.

En su defensa, la diputada Alayza cuestionó el ausentismo y la falta de producción legislativa del oficialismo, además de rechazar los señalamientos sobre las advertencias del Ejecutivo respecto a la “paciencia republicana”.

“Paciencia es lo que los peruanos vienen teniendo desde que estos últimos diez años han visto a Keiko Fujimori actuar. [...] La presidenta Fujimori tuvo el atrevimiento de decir, en el tono más prepotente de todos, que el Congreso está poniendo a prueba su paciencia por la demora de cuatro semanas en aprobar el pedido de facultades".

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A su turno, el diputado del Buen Gobierno, Fernando García, también rechazó la postura del Gabinete ante las expresiones del primer ministro y de la presidenta sobre el "agotamiento de la paciencia", y sostuvo que la política exige diálogo y confianza en lugar de discursos autoritarios o amenazas.

“¿Existe algun gen autoritario en la familia de la señora presidenta? ¿Qué nos está tratando de decir? ¿Que estamos en una situación similar en la que se presentó los años 90. (…) La historia nos ha demostrado cómo terminó eso”.

Desde el oficialismo, los representantes de Fuerza Popular como el diputado Arturo Alegría reclamaron celeridad para aprobar la delegación en materia de ayuda humanitaria e INDECI, a la vez que criticaron la demora en la emisión del dictamen.

“Hay una molestia evidentemente de la bancada de Fuerza Popular y del país en general de lo que está sucediendo hoy en la Comisión de Constitución”.

Por su parte, el diputado Diethell Columbus indicó que existen los votos para autorizar de manera estricta los puntos sobre seguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño, por lo que dejó en manos del grupo de trabajo la elaboración de un texto consensuado o la ratificación del archivo.

“El país está reclamando atención a dos problemas importantes: El Fenómeno El Niño. (…) Reconozco [presidenta] que usted misma reconoce el sentido de urgencia”.

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Acuerdos de bancada y ruta de consenso

Tras el pase a cuarto intermedio, los representantes del Buen Gobierno, Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación, sostuvieron una reunión en la oficina de Oscar Reto, congresista que preside la Cámara de Diputados.

López Chau indicó para Epicentro que las agrupaciones buscarán unificar criterios a través de propuestas individuales antes del cierre de la semana.

"Hemos tenido una reunión en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados y hemos estado las cuatro fuerzas: Buen Gobierno, Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación. (…) Hemos querido que cada partido elabore las propuestas que quiera hacer de facultades. Se van a coordinar y sumar, y hay un plazo máximo que es el viernes", precisó el parlamentario.

Entre los diputados que retiraron su firma se encuentran Víctor Piñán, vocero de la bancada, Luis Masco y Heber López. Horas antes, el senador Daniel Barragán había anunciado que Obras no apoyaría la iniciativa contra Astudillo tras reunirse con el líder del partido y candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont.

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Con esta decisión, la propuesta impulsada por Juntos por el Perú perdió el respaldo necesario para continuar su trámite. La moción había sido presentada el 24 de septiembre con apoyo de diputados de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno.

La Oficialía Mayor también comunicó que la sesión del Pleno programada para este jueves 1 de octubre quedó suspendida. En esa jornada estaba previsto debatir y votar la censura contra Astudillo, luego de que la Junta de Portavoces acordara tres horas para la discusión.

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Ahora Nación y Buen Gobierno tomaron distancia de la censura contra Astudillo

La bancada de Ahora Nación acordó por mayoría no respaldar la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. El diputado José Marcelo informó que la decisión se tomó luego de una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y otros integrantes del Ejecutivo.

Marcelo explicó que, para la mayoría de la agrupación, Astudillo llevaba cerca de dos meses en el cargo y no había cometido una falta ética o moral que justificara apoyar su salida. Sin embargo, reconoció que podían existir posiciones distintas dentro de la bancada y que no todos sus integrantes necesariamente votarían de la misma forma.

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Una de esas posturas fue la de Indira Huilca, quien confirmó que votaría a favor de la censura. La diputada cuestionó las decisiones del Ministerio del Interior frente a la violencia armada y el avance de las bandas criminales. También sostuvo que había expresado su posición dentro de la bancada.

El diputado Jair Manrique también anunció que votaría a favor de la censura, aunque aclaró que no había firmado la moción. Explicó que consideraba prudente otorgar un plazo al ministro antes de evaluar su gestión, pero señaló que, si correspondía revisar su desempeño en ese momento, su balance era negativo.

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A su vez, César Holguín confirmó que formaba parte del sector minoritario de Ahora Nación que sí apoyaba la censura. Por ello, el acuerdo anunciado por Marcelo correspondía a la mayoría de la bancada y no a una posición compartida por todos sus integrantes.

En el caso de Buen Gobierno, la bancada también evaluó su posición frente a la moción contra Astudillo. Rossana Alayza (diputada) y Flavio Figallo (senador) anunciaron que se reunirían como bancada en el transcurso de la tarde para definir su voto a favor o en contra de la medida, por lo que su decisión podía resultar relevante para determinar si la iniciativa mantenía el respaldo necesario para continuar su trámite.

A estas posiciones se sumó el retiro de firma de Marlon Aguirre, diputado de Juntos por el Perú. El parlamentario dejó de respaldar formalmente la moción, con lo que la propuesta perdió otra de las firmas que había conseguido para su presentación.

"Cuando vemos a un juez ponerse del lado de la corrupción y de los narcotraficantes para socavar las instituciones del país, tenemos que actuar para devolver la confianza en el sistema. Pero veo a ‘opinólogos’ e ‘internacionalistas’ que, por llevarle la contra a EE. UU., están dispuestos a ver pisoteadas las leyes del Perú. Qué pena que no griten con la misma fuerza contra la corrupción, un cáncer que ha hecho metástasis en todos los niveles del Gobierno", indicó.

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Como se sabe, el juez Núñez Matos también es conocido por un fallo a favor de Cosco Shipping, la empresa china que opera el puerto de Chancay. El 29 de enero de 2026, al resolver una demanda de amparo interpuesta por Cosco Shipping Ports Chancay Perú contra Ositrán y la Presidencia del Consejo de Ministros, declaró fundado el pedido y dispuso que el organismo regulador se abstuviera de ejercer sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario.

"Los empresarios saben que los buenos negocios necesitan leyes claras, instituciones firmes y una democracia que TODOS respeten. Eso es lo que me piden para invertir", señaló el diplomático estadounidense.

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También quitaron visas a funcionarios de Bolivia, Ecuador y Colombia

La Administración de Donald Trump extendió las restricciones de visas a ciudadanía y funcionarios de Bolivia, Colombia y Ecuador, en una medida anunciada por el Departamento de Estado junto con el caso peruano. Washington señaló que estas acciones responden a situaciones que, según su evaluación, comprometen la gobernabilidad democrática debido a hechos vinculados con corrupción o narcotráfico.

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En Bolivia, Estados Unidos retiró las visas de 12 ciudadanos y sus familiares. Entre los afectados figuran jueces, fiscales, un exministro de Justicia, un magistrado constitucional, un exfuncionario de la Aduana Nacional, un policía y un empresario. Además, nueve bolivianos que no contaban con una visa vigente quedaron impedidos de obtenerla. El Departamento de Estado también mencionó al fiscal general Roger Mariaca, a quien atribuyó participación en hechos graves de corrupción.

Las medidas también alcanzaron a Colombia y Ecuador. En el primer caso, fueron incluidos el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). En Ecuador, Washington informó sobre la revocación de visas de dos ciudadanos y sus familiares, aunque no identificó a los afectados. Todas estas restricciones fueron comunicadas bajo la misma política aplicada contra el juez peruano.

Ronald Toro también ratificó que 'Gocha' es peruana, radicada en Lima y que su nombre de pila es Geraldine, de acuerdo con su manifestación policial a la que tuvo acceso La República.

“Gocha es una mujer que se llama Geraldine”, a quien le hice dos carreras de (la avenida) Pacasmayo, en el Callao, hacia el cine Star, del Mall del Sur (San Juan de Miraflores). Me pareció que se dedicaba a trabajar como dama de compañía”, recordó Ronald Toro ante los agentes de la División de Investigación Criminal de Caraz, Áncash.

Acompañado de su abogado, Ronald Toro afirmó que desde hacía tres meses no veía a 'Gocha' y alegó que por su amistad con ella tuvo problemas con su conviviente.

Luis Obispo asesinó a 'China Polo' al mediodía del sábado 19 de septiembre y casi de inmediato fue detenido. Durante la intervención policial, los agentes descubrieron que el criminal pagó el hotel de Caraz donde se encontraba alojado, con una billetera digital de Yape a nombre de Ronald Toro Ardila. En la madrugada del domingo 20 de septiembre, la policía capturó a Toro cuando se encontraba haciendo taxi por aplicativo en el distrito de Santiago de Surco.

Nacido en el estado de Mérida, Venezuela, el 3 de octubre de 1996, Ronald Toro Ardila, de 29 años, declaró que desde que ingresó al país hace siete años se desempeñó como taxista y padre de un niño.

“Trabajo como taxista en la aplicación Yango, actividad que realizo en diferentes distritos de Lima a bordo de un automóvil Toyota modelo Etios color plata de placa CD0-157. (Dicho vehículo) vengo adquiriendo en la modalidad de alquiler-venta, habiendo realizado el contrato de manera informal de palabra con mi persona y mi compatriota Samuel Azuaje, no habiendo firmado ningún documento, cuyo segundo apellido no recuerdo”, relató.

Sin embargo, de acuerdo con Registros Públicos, el vehículo pertenece al venezolano Victerth Sequera Puentes y su pareja Mabel Félix Dávila.

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Relaciones familiares

“Por el alquiler, venta, pago la suma de 500 soles semanales, teniendo una ganancia de 150 soles diarios, aproximadamente. Vivo en una casa alquilada en compañía de mi conviviente (venezolana) Solenny García Rivas, de 25 años, y su menor hijo”, señaló Ronald Toro.

El financista del homicidio de 'China Polo' pretendió desvincularse del sicario Luis Obispo Díaz. Cuando le preguntaron si conocía a su compatriota Obispo, el detenido Ronald Toro mintió. Dijo que no lo conocía.

Sin embargo, los agentes de la División de Investigación Criminal de Caraz le mostraron los yapes con su nombre con los que Luis Obispo Díaz pagó la adquisición de dos celulares en la ciudad de Huaraz, días previos al crimen de la periodista 'China Polo', así como el hospedaje en Caraz. La respuesta de Toro sorprendió a los agentes.

“Tengo una media hermana de nombre Alexandra Toro Moctezuma, de 18 años, de nacionalidad venezolana, que radica en el Perú desde hace dos años. Su permanencia en el territorio nacional es de carácter irregular debido a que no cuenta con documentación migratoria vigente y eso no le permite obtener determinados servicios financieros. Por tal motivo mi persona, que sí cuenta con la legalidad, mantiene cuentas en los bancos Scotiabank, BCP, Interbank y Mibanco”, explicó Ronald Toro.

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El rompecabezas criminal

“Como titular de la cuenta en el Scotiabank, le di a mi media hermana Alexandra mi cuenta para que pueda realizar operaciones mediante el aplicativo plin principalmente para efectuar pagos y recibir transferencias de dinero”, se lavó las manos.

El sujeto también trató de no relacionarse con el homicidio de 'China Polo', afirmando falsamente que no sabía nada del crimen.

Sin embargo, cuando la policía le mostró las imágenes de las cámaras del hotel de Caraz, en el que se hospedó el sicario Luis Obispo junto con otros tres venezolanos (dos hombres y una mujer), dijo que uno de ellos es Adrián Azuaje, pareja de su media hermana Alexandra Toro.

“Es un chamo (venezolano) de nombre Adrián Azuaje, cuyo segundo apellido no recuerdo. Pero él trabaja como delivery. Rara vez me comunicaba con Adrián al igual que con mi media hermana”, declaró Ronald Toro.

Por su parte, el sicario Luis Obispo Díaz identificó que los dos sujetos que aparecen en el interior del hospedaje Caraz, junto con Alexandra Toro, son Adrián Azuaje y 'Morocho'. Ambos son de nacionalidad venezolana.

En efecto, la División de Investigación Criminal ha conseguido nuevas imágenes de los tres venezolanos que se hospedaron junto con el asesino Luis Obispo Díaz en Caraz. Los cuatro llegaron el miércoles 16 de septiembre al mismo hospedaje para ejecutar el plan de asesinato de 'China Polo'. Pese a los intentos de Ronald Toro Ardila de desvincularse del homicidio, está probado que él financió y monitoreó a sus compatriotas desde Lima para segar la vida de Susy Aponte Polo.

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Dieron de alta al homicida Luis Obispo Díaz

• Ronald Toro Ardila admitió que se comunicaba con su hermana Alexandra Toro y su pareja Adrián Azuaje, quienes estuvieron con el asesino Luis Obispo en Caraz para ejecutar el plan criminal contra 'China Polo'.
• “¿Con qué frecuencia usted se comunica vía celular con su media hermana Alexandra Toro y Adrián Azuaje?”, le preguntó la policía. “Rara vez nos comunicábamos por el aplicativo de WhatsApp”, respondió.
• El fiscal Raúl Godo Sedán ha solicitado por vía judicial el levantamiento de las comunicaciones de los dos teléfonos celulares de Ronald Toro, lo que permitirá saber quiénes son sus contactos frecuentes y contribuirá a identificar a la mujer conocida como Geraldine o 'Gocha' que lo contrató para asesinar a 'China Polo'.
• Al cierre de edición, fuentes policiales informaron que el sicario Luis Obispo Díaz fue dado de alta por los médicos del hospital Víctor Romero Guardia de Huaraz, y que fue trasladado a la División de Investigación Criminal de Huaraz. Obispo recibió tres impactos de bala.

El trasfondo es el debate sobre la delegación de facultades. El proyecto del Poder Ejecutivo se viene discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y, si es aprobado por el Pleno, pasará al Senado. Allí será revisado por la Comisión de Constitución, a la que Zunini ha pedido despejar ciertas dudas. Este grupo de trabajo es presidido por Carlos Mesía, senador de Fuerza Popular.

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Las consultas van a partir de dos artículos del Reglamento del Senado: el 25, que exige que los cambios sean complementarios y no incorporen materias distintas, y el 142, que prohíbe desnaturalizar la propuesta sin definir qué significa ese término.

Según el artículo 105 de la Constitución, el texto que modifica el Senado se envía a promulgación y no regresa a Diputados, por lo que no existe una instancia posterior que corrija un eventual exceso.

En el oficio, Zunini plantea cinco preguntas: qué significa "desnaturalizar", si los límites alcanzan a los textos sustitutorios y a los cambios hechos en el Pleno, qué elementos componen la propuesta que sirve de parámetro, qué criterios deben aplicar la comisión, la Mesa Directiva y el Pleno, y qué consecuencia procede si se desnaturaliza una iniciativa (declararla improcedente, reconducir la materia nueva a otro proyecto o convocar una conferencia con Diputados).

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Desnaturalizaciones desde el Senado

Zunini recuerda que Reto advirtió, en su discurso por el 204.° aniversario del Parlamento, que el Senado debe cuidarse de no desnaturalizar ni reemplazar la actividad de creación legislativa.

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Además, el diputado de Juntos por el Perú cita a senadores de Fuerza Popular para señalar posibles “lecturas distintas” a lo dicho por Reto. Entre ellos, Martha Chávez, quien dijo que su bancada buscaría restituir el texto original si Diputados aprueba solo una parte.

Zunini pide que la comisión responda antes de que el Senado revise la delegación de facultades. El pedido se apoya en el artículo 145 del Reglamento del Senado, que obliga a las comisiones ordinarias a absolver las consultas de cualquier senador u órgano parlamentario, entre ellos la Presidencia del Senado.