Esta semana esa distancia se acortó de golpe. Más de cien empresas, entre ellas OpenAI, Google, Microsoft y Anthropic, firmaron una carta abierta titulada "Un llamamiento a la acción colectiva en materia de ciberdefensa". El documento advierte que "disponemos de un plazo limitado para reforzar las defensas cibernéticas" y que "en los próximos meses, los ciberataques impulsados por IA se generalizarán y se volverán mucho más sofisticados". La frase funciona casi como advertencia de guion, el tipo de línea que un personaje pronuncia justo antes de que la trama se precipite.

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No es una sola empresa lanzando una alerta interesada, como podría sugerirse desde una perspectiva conspiranoica. Es Google junto a Microsoft, es OpenAI junto a Anthropic, es la banca junto a la ciberseguridad global existente, todas firmando el mismo documento. Esto es algo que no había ocurrido antes, al menos, a esta escala.

La grieta que encontró el propio sistema

El motivo del miedo tiene nombre y fecha recientes. OpenAI reconoció que, durante una prueba controlada, sus propios modelos lograron escapar del entorno diseñado para contenerlos y tocar infraestructura de producción real. No fue un ataque externo. Fue el sistema probando sus propios límites y encontrando una grieta.

“Errores persistentes, permisos excesivos, configuraciones incorrectas, software inseguro y sin parchear, autenticación débil y deuda técnica en sistemas heredados han dejado los sistemas expuestos", afirma este pronunciamiento sin precedentes.

El problema es que, en la actualidad, hospitales, plantas de agua, la infraestructura que sostiene internet, llevan años funcionando con esas grietas acumuladas. Para muchos expertos en ciberseguridad mundial, “ la IA, junto con los estados como expectadores externos, son los generadores de esta vulnerabilidad.

La advertencia que ahora emiten a nivel mundial es que la IA actualmente representa una amenaza que encontrará más rápido de lo que cualquier humano puede corregir las brechas en la ciberseguridad de activos críticos de países y empresas.

El propio documento lo plantea como aviso y como promesa a la vez, al decir que "los avances actuales en IA ya están brindando a los defensores nuevas formas de corregir vulnerabilidades acumuladas durante años". Sin embargo, ese desfase de velocidad, entre lo que un modelo puede descubrir en minutos y lo que un equipo de seguridad tarda meses en remediar, es el corazón técnico de la alerta que, hasta el momento, está pasando desapercibida.

El dilema que la carta no nombra

Hay una lectura más preocupante detrás de esta misiva tecnológica. Y es que quienes crearon el riesgo son los mismos actores que pretenden ofrecer la solución. Las empresas que desarrollan los modelos capaces de comprometer infraestructura crítica son ahora las que también piden ser financiadas, integradas y escuchadas por los estados y las corporaciones para defenderla.

La carta pide a los Estados "elevar sus estándares de seguridad" con suma urgencia, y pide a las empresas de IA "proporcionar acceso responsable a modelos" a cambio de esa protección. El margen de maniobra de un gobierno, ante ese planteamiento, por supuesto, es de jaque.

El razonamiento tiene la forma de una profecía que se cumple sola. Si los Estados no adoptan defensas basadas en IA, el propio documento advierte que la infraestructura quedaría expuesta a ataques que se volverán, en sus palabras, "mucho más sofisticados". No obstante, sugieren que si los Estados optan por adoptarlas y todo lo que económica, social, política y militarmente eso representa, los riesgos serán menores. Es decir que si entregan una porción de la seguridad nacional a sistemas que no rinden cuentas a los ciudadanos como puede ser mediante el voto, podrán sortear su autodefensa.

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La realidad es que ninguna de las dos rutas devuelve al Estado el control pleno que tenía antes de que este riesgo existiera.

Ese es el punto donde la ciencia ficción deja de ser la referencia posible y empieza a incomodar. La política pública, tradicionalmente terreno de instituciones democráticas y deliberación de individuos, transita ahora hacia actores superpoderosos que informan al planeta cuáles son las nuevas reglas de seguridad digital del mundo, pero sin someterse al sufragio ni rendición de cuentas. La misma carta lo admite cuando afirma que "ninguna empresa debería controlar el futuro por sí sola", una frase defensiva que reconoce, sin decirlo del todo, el poder que ya concentran.

Todas las voces que firmaron la advertencia

La lista de firmantes es en sí misma una fotografía del poder tecnológico actual. Laboratorios de IA como OpenAI, Anthropic, Google y Microsoft aparecen junto a gigantes de la nube como AWS, Oracle e IBM, junto a firmas de ciberseguridad como CrowdStrike, Palo Alto Networks, Cloudflare, Fortinet, Sophos, Darktrace y Tenable. También suman consultoras como Accenture, KPMG, PwC y Capgemini, y bancos como BBVA, Citi, Capital One, Mastercard y Visa.

Completan el documento nombres como Adobe, AMD, Arm, Broadcom, Cisco, Dell, Equinix, Figma, GoDaddy, Hugging Face, Okta, Perplexity, Red Hat, ServiceNow, Shopify, Snowflake, Snyk, TransUnion, Uber, Vercel, Zscaler, General Motors, Fifth Third Bank, U.S. Bank, Robinhood, DTCC, The Clearing House y Zurich Insurance Company, entre muchas otras firmas de seguridad especializada como SpecterOps, Corelight, Cyera, Obsidian Security, SentinelOne y HackerOne.

La variedad importa tanto como la cantidad. La propia carta lo resume así, "ninguna empresa debería controlar el futuro por sí sola", una línea que explica por qué firmaron juntas compañías que compiten entre sí a diario. No firmaron solo quienes construyen inteligencia artificial ni solo quienes la defienden. Firmaron quienes procesan pagos, quienes aseguran hospitales, quienes fabrican los chips y quienes venden software a gobiernos.

Gibson escribió aquel ciberespacio como una metáfora de lo que vendría. Cuarenta años después, la metáfora dejó de serlo. El documento cierra con una frase que podría ser el epílogo de cualquier novela sobre tecnología fuera de control, "juntos, podemos convertir los avances actuales en IA en mejoras duraderas en la seguridad que beneficien a todos". La pregunta que queda abierta es si esta vez los defensores llegarán antes de que se cierre la ventana que ellos mismos dicen ver cerrarse.

Para leer la carta, puede dar clic al siguiente enlace: https://openai.com/collective-cyberdefense/

La disposición está contenida en la Resolución Jefatural N. 000023-2026-RENIEC/JNAC y busca facilitar el ejercicio del derecho al sufragio durante los comicios en los que los peruanos elegirán a sus próximas autoridades regionales y municipales. La prórroga tiene carácter excepcional y está vinculada de forma específica al proceso electoral.

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¿Hasta cuándo tendrá vigencia el DNI vencido?

La prórroga permitirá utilizar el DNI vencido durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programada para el domingo 4 de octubre. La autorización tiene como finalidad exclusiva facilitar la participación electoral de los ciudadanos incluidos en el padrón.

Por ello, la extensión de la vigencia no significa que el documento recuperará su validez para todos los trámites civiles, administrativos o financieros. Una vez concluido el proceso electoral, los ciudadanos deberán verificar la situación de su DNI y, si corresponde, realizar el trámite de renovación.

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Adultos podrán votar con DNI de menor de edad en las elecciones 2026

La resolución de Reniec también permite que los electores presenten su DNI azul, amarillo o electrónico para ejercer su derecho al voto, incluso si el documento se encuentra vencido. La medida comprende las distintas versiones del DNI electrónico: 1.0, 2.0 y 3.0.

Además, los ciudadanos que ya alcanzaron la mayoría de edad, pero que aún cuentan con un DNI correspondiente a menor de edad, también podrán utilizarlo para sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según el padrón electoral de estos comicios, 26.314.724 ciudadanos están habilitados para votar. De este total, 1.735.329 electores tienen el DNI vencido, por lo que quedarán comprendidos dentro de la medida excepcional de Reniec.

La resolución también aprobó el manual de marca de Perú Responde. Ese documento fija el logotipo, el área de seguridad de la imagen y los usos correctos e incorrectos que deberán respetar los ministerios y demás dependencias. Incluye además la familia tipográfica oficial, la paleta de colores y las reglas de convivencia visual con otros elementos gráficos.

La resolución señala que se busca articular bajo un solo nombre las acciones, los servicios y las intervenciones que realizan las distintas entidades públicas. Esa articulación, dice el documento, debe reflejar un Ejecutivo activo y orientado a resolver las necesidades de la población.

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Secretaría de Comunicación Social conducirá la implementación

La Secretaría de Comunicación Social de la PCM quedó a cargo de dirigir y supervisar la puesta en marcha de Perú Responde. Esa oficina también tendrá la facultad de emitir las disposiciones adicionales que se necesiten para que la identidad se aplique de forma correcta en cada entidad.

El manual de marca contempla, además, distintas aplicaciones para soportes comunicacionales y operativos. Esto abarca desde piezas gráficas y campañas informativas hasta materiales usados en labores de atención directa a la ciudadanía, según el texto de la resolución.

La norma no detalla plazos específicos para que las entidades adopten la nueva identidad, ni precisa el presupuesto destinado a su implementación. Tampoco menciona si Perú Responde reemplaza alguna identidad comunicacional utilizada por gestiones anteriores del Ejecutivo.

De acuerdo con el orden establecido por la Contraloría, los rubros en los que se declaran los ingresos son tres: ingresos mensuales, bienes y otros. Es en este último donde Fujimori registra el mayor salto patrimonial, con la suma de S/1.016.123,31. En el rubro otros suelen consignarse ahorros, objetos de valor y otros conceptos que no califican como bienes muebles o inmuebles.

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La declaración jurada de la presidenta presentada ante la Contraloría difiere considerablemente de la que entregó inicialmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando era candidata. En ese entonces, entre bienes e ingresos, registraba un total de S/387.851,45.

Además, Fujimori señala contar con bienes valorizados en S/115.998,00. Precisamente, en la misma declaración presentada al Jurado electoral, la mandataria señaló que contaba con un vehículo Subaru Forester valorizado en esa cantidad, adquirido en 2017 y que actualmente se encuentra embargado.

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Un salto patrimonial con un solo trabajo conocido

De acuerdo con la hoja de vida que Keiko Fujimori presentó ante el JNE, su única experiencia laboral registrada es como presidenta del partido Fuerza Popular, cargo que ocupa desde 2013. En la declaración que presenta ante la Contraloría, Fujimori acredita percibir mensualmente poco más de S/35.568,00 provenientes del sector público, correspondientes a su sueldo como presidenta.

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Fujimori no ha realizado, hasta el momento, una declaración pública sobre el incremento de su patrimonio ni ha explicado a qué se debe la diferencia entre lo declarado ante la Contraloría y lo presentado ante el JNE.

"Ya tenemos fotografías del señor Cerimedo en relación con otro asesor directo de Keiko Fujimori. El señor Díaz-Rosillo es públicamente asesor de Keiko Fujimori y es amigo cercano del señor Fernando Cerimedo. Keiko Fujimori se ha relacionado con estos personajes. ¿A qué se dedican estos asesores? A hacer campañas de desinformación, a contratar 'granjas de trolls' y sembrar información falsa", señaló.

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Palacios indicó que, tras el arresto de Cerimedo, se hizo público que este personaje contaba con un sistema informático para compartir diversos bulos a favor de las campañas políticas de personajes de extrema derecha, entre ellas las campañas que promovieron denuncias de supuesto fraude en los últimos procesos electorales. La conductora de 'Sin Guion' relató que, además, la creación de usuarios falsos para atacar a voces incómodas para estas candidaturas es otra de las estrategias utilizadas y que, en más de una ocasión, ella misma ha sufrido ataques de este tipo.

“Las campañas de desinformación en plena campaña política son muy efectivas. (…) Muchos pensábamos que estos personajes iban a estar mucho más involucrados en la campaña de Rafael López Aliaga. Pero, aparentemente, se han vinculado mucho más con la campaña de Keiko Fujimori. (…) El señor Cerimedo no trabaja gratis, y estos tampoco. El señor Damián Valenzuela ha señalado que no conoce a Fernando Cerimedo. Fuentes de La República informaron que, más bien, Valenzuela es competencia de Cerimedo. (…) Así que, finalmente, llegó la relación. Parecía que no había relación con el Perú, pero sí hay relación con el Perú y con el Gobierno de Keiko Fujimori”, apuntó.

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Las coincidencias de viajes adquieren relevancia por la posterior designación de Ramírez como representante del Ministerio de Educación en el directorio de la Derrama Magisterial, una decisión adoptada por Chang luego de asumir como titular del sector.

La información difundida por el medio de comunicación se basa en registros de movimientos migratorios y muestra coincidencias en las fechas de salida y retorno de ambos.

¿Cuándo viajaron José Antonio Chang y Tania Ramírez?

De acuerdo con la información difundida en el programa ‘Beto a saber’ y recogida por La Encerrona, Chang y Ramírez habrían coincidido en tres desplazamientos internacionales.

El primero tuvo como destino Estados Unidos, entre el 21 y el 28 de agosto de 2025. Posteriormente, ambos habrían vuelto a coincidir en otro viaje al mismo país, entre el 26 de septiembre y el 22 de octubre de 2025.

El tercer desplazamiento señalado tuvo como destino Panamá, entre el 19 y el 23 de junio de 2026.

Tania Ramírez fue designada en la Derrama Magisterial

El punto que genera cuestionamientos alrededor de las coincidencias de viajes es la posterior designación de Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial.

La excongresista fue nombrada para dicho cargo mediante una resolución del Ministerio de Educación, suscrita por José Antonio Chang. La designación se produjo después de que el funcionario asumiera la conducción de la cartera.

Sobre este nombramiento, Marco Sifuentes señaló en La Encerrona: "El problema es que a los pocos días de haber sido nombrado Ministro Chang decidió nombrar a Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación en el Directorio de la Derrama Magisterial, un cargo que, gracias a un cambio aprobado por ella misma y su bancada en el Congreso, paga hasta 22.000 soles".

La remuneración mencionada por el periodista está relacionada con las dietas que reciben los integrantes del directorio de la Derrama Magisterial, luego de modificaciones realizadas durante el periodo en que Ramírez ejerció como congresista.

Los viajes a Estados Unidos y Panamá

En su programa, Sifuentes detalló las fechas de los tres viajes internacionales que fueron identificados por Willax. El periodista también hizo referencia a una publicación de Ramírez en redes sociales correspondiente al viaje a Panamá.

"Esto no fuera un problema sino fuera porque Carlos Navea de 'Beto a saber' encontró tres viajes internacionales juntos, primero a EEUU desde el 21 a 28 de agosto del año pasado. Después casi un mes otra vez a EEUU del 26 de septiembre al 22 de octubre, un mes en el que la señora siguió votando a la distancia en el Congreso. El tercer viaje fue a Panamá, del 19 al 23 de junio de este año, un viaje relámpago y al parecer de shopping porque ella luego se lució en las redes con un bolso Louis Vuitton, un reloj Cartier y el brazo de un misterioso acompañante en la foto, que también lucía un reloj del mismo modelo y buscamos una foto del Ministro Chang en una actividad con Keiko Fujimori... lo encontramos luciendo un reloj Cartier, valorizado en 17.000 dólares...", expresó.

De acuerdo a la investigación preliminar, los agentes habrían utilizado sus cargos para administrar directamente los fondos de la ROUD destinados a la alimentación y favorecer de manera sistemática a la empresa proveedora, evadiendo los controles administrativos.

Aparte del coronel Santos, también se encuentran implicados los efectivos Godfredo Villavicencio, José Piscoya y Luis Larrea, además de José Miranda, trabajador de la empresa proveedora.

También se identificó que la proveedora Julia Miranda mantenía un vínculo directo con la jefa de Logística de la referida división policial, Cynthia Vásquez, lo que habría facilitado el supuesto favorecimiento.

El jueves la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Quinto Despacho), a cargo del fiscal provincial Raúl Martínez Huamán, ejecutó un allanamiento, registro e incautación en ocho inmuebles vinculados a cinco policías de la Dirseint PNP.

El operativo incluyó a dos civiles por el presunto delito de colusión agravada y estuvo dirigido por el fiscal adjunto provincial Leonardo Rosales Zavala.

Se realizó de manera simultánea en inmuebles ubicados en Los Olivos, Carabayllo, Rímac, Comas, San Martín de Porres y el Callao, con el apoyo de personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP y representantes de la Defensa Pública.

El teniente general Augusto Ríos Tiravanti, Inspector General de la Policía Nacional del Perú, viene liderando una política de transparencia radical bajo la premisa de que un efectivo que comete actos ilícitos deja de ser policía y se convierte en delincuente.

Por eso, se han ejecutado operativos de contrainteligencia con cámaras ocultas y drones para capturar a malos elementos, como los nueve policías intervenidos en Vitarte por pedir coimas.

La Inspectoría General ha formulado cientos de notas de contrainteligencia y sancionado a más de 500 efectivos por el uso indebido de plataformas digitales para proteger la imagen institucional.

"El uniforme representa honor, disciplina y servicio a la patria. Cada efectivo policial tiene el deber de actuar con integridad, respeto a la ley y compromiso con la ciudadanía", afirmó Ríos Tiravanti.

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Quien utilice su condición policial para cometer actos ilícitos traiciona los valores institucionales y deberá asumir las consecuencias de sus actos conforme a ley. En la PNP no hay espacio para la corrupción ni para conductas que afecten la confianza de la población, enfatizó.

Por ello, la Policía Nacional del Perú mantiene firme su compromiso de combatir la corrupción, fortalecer la integridad institucional y honra la labor de quienes sirven al país con rectitud, subrayó finalmente.

Algunos de estos montos anónimos superan los S/ 400.000 y fueron ingresados entre abril y junio de este año. La confidencialidad de los aportes está contemplada en la Ley N.° 32.254, aprobada por el Congreso pasado, que permite, entre otras cosas, que los reportes de la ONPE no revelen la identidad de quienes realizan estos depósitos.

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Otros aportes no confidenciales

En total, los aportes privados a Fuerza Popular superan los S/ 4.000.000. Sin embargo, no todas las cifras son anónimas. Personajes vinculados al partido, como José Chlimper, Rosangella Barbarán, Cecilia Chacón, entre otros, aparecen en la lista de aportantes.

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En el caso de Chlimper Ackerman, destacan aportes que superan las decenas de miles de soles. Solo el 6 de abril de 2026, el empresario y exministro aportó S/ 34.210 por concepto de alquiler y alimentos, además de otros S/ 35.400 por servicios de publicidad. El empresario registra, asimismo, otros dos aportes superiores a los S/ 20.000 por concepto de logística.

Otro aportante identificado que aparece en múltiples ocasiones es Fernando Donayre Raborg. Donayre Raborg, cuyas donaciones son por concepto de publicidad, entregó al partido naranja una cifra superior a los S/ 200.000, también entre abril y junio de este año.

Díaz-Rosillo ha cumplido un papel protagónico en la campaña de Keiko Fujimori. Primero la invitó como expositora en el Centro Adam Smith para la Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (FIU), de la que es fundador y director. Luego, la convirtió en profesora frecuente, junto a otros exjefes de Estado y políticos de la derecha latinoamericana, para después transformarse en amigo y consejero personal, como él mismo lo ha declarado.

La República reiteradas veces le ha solicitado a Díaz-Rosillo respuestas a un cuestionario, pero no ha respondido.

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Saliendo de la sombra

Cuando la revista 'Hildebrandt en sus Trece' reveló las reuniones secretas de Keiko Fujimori con el consultor y financiero argentino Damián Valenzuela Mayer, Carlos Díaz-Rosillo lo defendió. No solo dijo que lo conocía. También afirmó que era su amigo. En cambio, no mencionó su vinculación con Fernando Gabriel Cerimedo, protagonista hoy en día de un escándalo continental sobre asesorías a candidatos presidenciales de derecha como Javier Milei, Jair Bolsonaro y Rodrigo Paz. Cerimedo es conocido por montar campañas de desprestigio de los opositores a los candidatos que lo contratan expresamente para dicho trabajo sucio.

El 22 de marzo de 2023, Cerimedo publicó una fotografía con el amigo y asesor de Keiko Fujimori, Carlos Díaz-Rosillo, y escribió: "Gran desayuno de trabajo esta mañana con Carlos Díaz-Rosillo, principal asesor del Secretario de Defensa en asuntos de seguridad internacional del gobierno de @realDonaldTrump. Se vienen cosas muy buenas estos próximos años!".

Como veremos en otro capítulo de esta investigación, la mención al presidente Donald Trump no es gratuita.

No mucho tiempo después del mensaje del consultor argentino, el ocho de abril de 2025, Keiko Fujimori anunció en sus redes sociales que sería parte del equipo de profesores del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, que dirige Carlos Díaz-Rosillo, amigo del detenido en Bolivia, Fernando Cerimedo.

En la tercera semana de abril de este año, durante la campaña presidencial, se reveló que Keiko Fujimori había reportado ingresos por US$45 mil por dictado de clases, lo que algunos críticos pusieron en duda. Es entonces que Díaz-Rosillo, en su condición de director del centro de estudios, aclaró que eso es lo que ella había ganado dictando clases.

"Keiko lleva con nosotros exactamente un año en actividad académica, dando clases, mentorías e investigación. Toda su actividad académica, tanto clases como investigación, le han generado ese sueldo", explicó Díaz-Rosillo.

Al momento de su detención, las fuerzas del orden bolivianas descubrieron que Fernando Cerimedo manejaba una granja de bots: un equipo digital que elabora y difunde miles de mensajes con información falsa o fake news a las redes sociales desde cuentas ficticias, para torcer, manipular o embaucar a la opinión pública sobre determinados temas. También sirve para atacar a un candidato o político y desacreditarlo y favorecer a quien contrata la granja de bots.

En las recientes elecciones presidenciales se han registrado este tipo de campañas de desinformación, especialmente contra el candidato de izquierda, Roberto Sánchez.

De hecho, en declaraciones al diario bonaerense 'Clarín', la pareja de Fernando Cerimedo, Nadia Beller, señaló que este operaba en otros países de la región: "La mayor ‘granja de bots’ está en Buenos Aires. Pero están las que manejan para Latinoamérica...", precisó.

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Perú está en el radar de Cerimedo

Por ejemplo, el siete de junio de 2021, durante la campaña presidencial, destacó que las actas del extranjero eran favorables a Keiko Fujimori.

Al quedar en evidencia el caso del estratega digital Fernando Cerimedo, los medios de diversos países sacaron a la luz sus vinculaciones, como en Paraguay, donde se ha expuesto el caso de otro consultor argentino: Andrés 'Andy' Rivas.

Congresistas de la oposición han pedido investigar a Andy Rivas porque funge como asesor en la sombra del presidente paraguayo Santiago Peña, pese a que está asociado a Fernando Cerimedo. Rivas es representante en Paraguay del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, que conduce Carlos Díaz-Rosillo, precisamente, el consejero y asesor de la presidenta Fujimori. El hombre que la contrató para que dicte clases.

Pero ni Díaz-Rosillo, ni Keiko Fujimori, han dicho palabra sobre Cerimedo.

La República intenta desde hace varios días que Carlos Díaz-Rosillo explique su vieja vinculación con Fernando Cerimedo y si ha contado a su amiga Keiko Fujimori sobre el argentino. Hasta el momento, el asesor no responde.

Sin embargo, el otro asesor argentino, Damián Valenzuela Mayer, sí contestó. Afirmó que no tiene relación alguna con Fernando Cerimedo.

Fuentes de La República que conocen a los asesores extranjeros de la presidenta Fujimori aclararon que más bien Damián Valenzuela es competencia de Cerimedo, y que, efectivamente, Carlos Díaz-Rosillo, tiene relación con el estratega digital preso en La Paz, Bolivia: Fernando Cerimedo.

Por intermedio de su representante legal, David Torres Barreto, el empresario argentino Damián Valenzuela Mayer deslindó cualquier relación con su compatriota Fernando Cerimedo (ver nota aparte).

Díaz-Rosillo y Cerimedo, en realidad, conducen a algo más grande.

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El argentino Damián Valenzuela responde

• "Respecto de Fernando Cerimedo, Damián Valenzuela Mayer no mantiene ningún tipo de vínculo ni relación personal, profesional o comercial con él", respondió el abogado de Valenzuela, David Torres Barreto.
• "Damián Valenzuela Mayer no tiene ningún tipo de relación ni participación en empresas de Fernando Cerimedo", añadió.
• Damián Valenzuela confirmó que en 2011 participó del registro de la empresa Latin America Invest en Lima con el abogado Alonso Rey Bustamante, quien integró el comité técnico de campaña de Keiko Fujimori.
• "Sí existió una relación estrictamente profesional.
• En 2011, se seleccionó a dicho estudio jurídico para encargarse de la constitución de una sociedad en el Perú. Pocos años después, por razones operativas, la empresa cambió de abogados y contadores, concluyendo dicha relación profesional", respondió.
• Y respecto a Alonso Rey: "Fue profesional, propia de una relación abogado-cliente, en el contexto de los servicios jurídicos prestados en el año 2011", informó Valenzuela.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

La declaratoria ocurre en un contexto de violencia que continúa golpeando al país pese a las medidas de seguridad adoptadas. De acuerdo con información del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), durante el primer mes de la gestión de Fujimori se registraron 151 homicidios en el país. Del total, el 75,5% fue cometido con armas de fuego y Lima concentró 48 muertes, siendo la región con mayor número de casos.

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¿Qué derechos se restringirán durante el estado de emergencia?

Durante los 60 días de vigencia de la medida, podrá restringirse o suspenderse el ejercicio de determinados derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

La PNP será la encargada de determinar las zonas de intervención, principalmente sobre la base de información de inteligencia, indicadores de criminalidad, estadísticas y mapas del delito. Las Fuerzas Armadas también podrán participar en las acciones de seguridad, de acuerdo con las normas que regulan el uso y empleo de la fuerza.

Para las actividades religiosas, culturales, deportivas y otros eventos masivos y públicos será necesario solicitar autorización a las autoridades competentes. Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin permiso previo.

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Gobierno también anuncia medidas en los penales

El decreto contempla acciones de control penitenciario y contra las telecomunicaciones ilícitas dentro de los establecimientos penitenciarios. Entre las medidas figura el apagón eléctrico de las celdas, manteniéndose únicamente la iluminación, así como el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación instaladas ilegalmente.

Además, las fuerzas integradas tendrán a su cargo la vigilancia y sostenimiento del perímetro de los penales durante la emergencia.

La norma dispone también que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Lima Metropolitana, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) del Callao y otros organismos vinculados a la política criminal permanezcan en sesión permanente mientras dure la medida.

Asimismo, se conformará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la Policía Nacional del Perú.

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Medida cuestionada

La nueva declaratoria también llega después de que los gremios de transportistas cuestionaran la respuesta del Gobierno frente a la ola de extorsiones. La amenaza de un paro nacional en Lima y Callao, convocado para el 25 de agosto, evidenció el malestar del sector por los ataques que continúan afectando a conductores y empresas pese al despliegue policial y militar anunciado por el Ejecutivo.

Aunque la paralización fue desactivada tras acuerdos con el Gobierno, los dirigentes mantienen como principal reclamo la falta de resultados concretos frente al crimen organizado.

La declaratoria de emergencia plantea así una nueva respuesta del Ejecutivo frente a la inseguridad. No obstante, sus resultados serán puestos a prueba por una criminalidad que continúa dejando víctimas y que sigue activa.

De acuerdo con la agenda de la sesión del Consejo de Ministros, al mediodía se debatirá en Palacio de Gobierno el proyecto de ley que facultará al Gobierno de Keiko Fujimori a legislar por un periodo de 120 días en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributaria, simplificación administrativa y otras materias, propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A pesar de que en cinco oportunidades el Ejecutivo retrasó el pedido de facultades legislativas, la misma Fujimori aseguró que esta semana se enviaría el documento al Legislativo. "Será más rápido que en gobiernos anteriores", dijo durante su transmisión en TikTok.

Incluso, la presidenta tomó como referencia el menor plazo registrado hasta ahora por una administración anterior: 44 días. A partir de ese antecedente, aseguró que su gobierno reducirá ese tiempo y realizará el envío en un periodo inferior a un mes. "Nosotros lo vamos a hacer en menos de 30 días", afirmó, aunque no especificó qué gestión logró anteriormente ese plazo.

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Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, adelantó que la fusión de ministerios no formará parte del pedido. En vez de ello, informó en una entrevista a RPP, se contemplará incorporar herramientas tecnológicas para agilizar la atención a los ciudadanos en las diversas instituciones.

"En el pedido de facultades hay un tema que es grande: que es mejorar la eficiencia del Estado. (...) (La fusión de ministerios) no lo dice expresamente el documento. Lo que dice es mejorar los procesos, incorporar la tecnología para que la atención al ciudadano sea mucho más rápida", declaró.

Durante la sesión de hoy en la PCM, también se discutirá sobre el Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2027, propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Gobierno cambió hasta cinco veces la fecha del pedido de facultades

Durante su mensaje a la Nación del 28 de julio, Fujimori anunció que su gobierno solicitaría facultades legislativas para hacer frente a la crisis de inseguridad y al fenómeno El Niño. Sin embargo, a casi un mes de aquel anuncio, el panorama sigue sin definirse: se han registrado más de cien homicidios, continúan las lluvias intensas y todavía no se ha establecido una fecha concreta para presentar oficialmente la solicitud.

La mandataria es quien más ha insistido públicamente en este tema. Desde su anuncio del 28 de julio, lo ha mencionado hasta en cinco oportunidades, asegurando que el proceso estaba en marcha, aunque nunca llegó a establecer una fecha concreta. En sus declaraciones, recurrió a expresiones generales como “la próxima semana” o “los próximos días”.

El primer ministro, Luis Galarreta, mantuvo la misma línea y tampoco precisó una fecha para presentar la solicitud, pese a que fue el primero en anunciar que el Gobierno recurriría a esta medida. Posteriormente, aseguró que “estaban a tiempo” y que era evidente que se estaban “apurando” para concretarla.

Carbajal señala que todavía no se ha ingresado la data correspondiente al 25, 26 y 27 de agosto. Otro dato importante que recoge el analista es que, de esos 151 homicidios, 114 —el 75,5%— fueron cometidos con proyectil de arma de fuego.

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De acuerdo con este desagregado, la región que registra el mayor número de homicidios es la capital. Lima es la región con más muertes de este tipo durante los primeros días del gobierno de la nueva presidenta: 48 homicidios registrados por el Sinadef.

La data del analista señala que los distritos limeños con mayor número de homicidios fueron Rímac, con cinco; Cercado de Lima, con cuatro; y Los Olivos, Puente Piedra y Villa El Salvador, todos con tres homicidios cada uno.

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Fuera de la capital, La Libertad y Callao son las otras regiones con más homicidios registrados entre el 28 de julio y el 24 de agosto. En la región norteña ocurrieron 18 homicidios, mientras que en el Callao fueron 17. Otras regiones del norte del país también reflejan cifras elevadas: Tumbes tuvo ocho homicidios en el periodo señalado, y Piura, siete.

Las cifras podrían ser mucho mayores

Benjamín Durand, politólogo y analista de la agencia GPS, señaló a La República algo en lo que coinciden distintos analistas: existe un subregistro que el Sinadef no está reportando y que podría augurar un panorama bastante más negativo. Esta tesis se sostiene sobre la comparación con otras fuentes. El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) también ha recogido datos sobre los homicidios ocurridos entre 2017 y 2024: mientras que dicho comité contabilizó 21.511 homicidios en el Perú, el Sinadef registró solo 10.312.

De acuerdo con el análisis de Durand, existe evidencia para concluir que el Sinadef no registra más del 50% de los homicidios existentes.

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"El Sinadef y el CEIC cuentan los homicidios de manera diferente: el Sinadef registra las muertes a partir de los certificados de defunción, mientras que el CEIC busca determinar cuáles de esas defunciones fueron homicidios. Para hacerlo, reúne información de la Policía, el Ministerio Público y otras fuentes. Una muerte puede aparecer en el Sinadef sin ser clasificada como homicidio, pero con nueva información puede ser identificada como tal por el CEIC. Ambos sistemas miran el mismo problema, pero lo hacen de forma diferente", apuntó.

Por otro lado, Durand señaló que la tasa de homicidios registrada por ambos sistemas también ha mantenido —y mantiene— diferencias considerables: "La diferencia se mantiene cuando tomamos en cuenta el tamaño de la población. En 2024, el Sinadef registró una tasa de 6,1 homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que el CEIC, con ese mismo nivel de población, registró 10,1. Es decir, con la misma población, un sistema arroja una tasa de 6 y el otro de 10. Lo que cambia es el número de homicidios que cada sistema logra registrar".

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Estrategias por cambiar y por mejorar

Ante este panorama, expertos en seguridad conversaron con La República sobre las estrategias que pueden adoptarse para combatir el avance de la delincuencia y la ola de homicidios. Para Julio Corcuera, exviceministro de Seguridad Pública, debe atacarse la extorsión —una de las raíces de la violencia nacional— y comprenderse la dinámica criminal particular de cada región.

"El tema de los homicidios, sobre todo en Lima, está asociado al fenómeno de la extorsión. Desarticular las unidades extorsivas va a tener como efecto la reducción de la incidencia homicida. El actor criminal asesina a cobradores, choferes y otros como acto para presionar a las personas extorsionadas a que paguen. Naturalmente, la estrategia va a cambiar según cada zona. La dinámica delincuencial de Lima Norte es distinta a la de Trujillo o Piura. La respuesta debe tener estrategias diferenciadas según el territorio donde se esté operando", indicó.

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Carlos Basombrío, exministro del Interior, señaló que es poco realista afirmar que la alta tasa de homicidios bajará en pocos meses, tal como ha planteado desde la campaña la lideresa de Fuerza Popular.

"Reducir los homicidios en el país es una tarea extremadamente compleja. El fenómeno se ha ido deteriorando de manera muy significativa. Lo primero que le diría a la señora presidenta es que no le diga a la gente que va a solucionar este problema en pocos meses. Eso no es posible, ni para ella ni para nadie. Puede haber algunos avances si se hacen las cosas bien, y lamentablemente no se están haciendo bien".

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Para el exministro, existe una serie de acciones que debería priorizar la gestión de Fujimori y que, hasta el momento, no se han vislumbrado.

"Lo primero es desmilitarizar lo que ella ha militarizado; los militares no van a solucionar el problema. Es una fantasía y, además, no alcanzan en número para lo que ella cree que pueden hacer simultáneamente. También debe invertir dinero en organizaciones policiales especializadas en la lucha contra la delincuencia y la investigación criminal. Lo que ha anunciado el premier —14 millones de soles para eso— no es nada. Además, debe empezar a focalizar el acercamiento: no todos los lugares están afectados de la misma manera, y hay que concentrarse en aquellos donde se puedan lograr resultados focalizados para luego escalar a otros niveles. Hay mucho por hacer, pero hay que insistir en que nada de eso va a resolver un problema que, con un poco de suerte, habrá mejorado".

Rubén Vargas, también exministro del Interior, señaló que los planes presentados inicialmente no han logrado cubrir las expectativas. Además, señaló que las acciones anunciadas por Galarreta en su discurso ante la Cámara de Diputados no han mostrado severidad suficiente.

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“Pasaron los primeros 30 días del nuevo gobierno. En materia de seguridad, ha sido, principalmente, una continuidad errática de lo hecho durante la gestión de Dina Boluarte. Siguen sin entender la naturaleza del desborde criminal; de otra manera, no se explica el uso de las Fuerzas Armadas en el fracasado Plan Escudo. Durante su exposición ante la Cámara de Diputados, el presidente del Consejo de Ministros mencionó la seguridad como uno de los ejes prioritarios, pero se olvidó del cómo; es decir, no sabemos cuál será la estrategia que nos permitirá enfrentar al crimen organizado predatorio y a las economías ilegales. La lista de operativos y compras de logística policial no puede reemplazar una estrategia, como pretendieron hacerlo con el estado de emergencia”

Vargas indicó también que las reformas son urgentes ante la situación: “Sabemos que el sector Interior está penetrado por la corrupción, pero se olvidaron de la necesaria y urgente reforma. Nos ofrecieron soluciones radicales, pero no pudieron exigir la renuncia del comandante general de la Policía. Así llegaremos a los 100 días lamentando que el nuevo gobierno malgastó su capital político de inicio. Están a tiempo de rectificar”, apuntó.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, a su salida de Palacio de Gobierno tras una sesión con el consejo de ministros comunicó a la prensa que lo que sigue es presentarla ante el Parlamento.

“Ha sido aprobado eso es todo lo que puedo decir ahora, no es nada secreto, va a ir al Congreso (…) Esperamos que tengan la amabilidad de concedernos lo que ellos puedan concedernos”, señaló.

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La norma le permitirá al gobierno de Keiko Fujimori legislar por 120 días en seguridad ciudadana, fortalecimiento de mypes, promoción del empleo, desarrollo productivo, temas tributarios y simplificación administrativa.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, había adelantado días atrás que la fusión de ministerios no formaría parte del pedido. En su lugar, dijo, se contempla incorporar herramientas tecnológicas para agilizar la atención a los ciudadanos en las diversas instituciones del Estado.

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Pedido con retraso

Cabe señalar que el pedido llega tras varias postergaciones desde que Fujimori anunciara, durante su mensaje a la Nación del 28 de julio, que su gobierno solicitaría facultades legislativas para enfrentar la crisis de inseguridad y climática por el fenómeno El Niño. La mandataria mencionó el tema hasta en cinco oportunidades sin precisar una fecha concreta, recurriendo a expresiones como "la próxima semana" o "los próximos días".

Esto debido a que el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores (Somos Perú), y el diputado Javier Castro (Fuerza Popular) protagonizaron un enfrentamiento de palabras durante la inspección al puente del río La Leche.

"Hacemos un llamado a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y a la mesa directiva del Congreso para que, en el marco de las relaciones intergubernamentales, se garantice un escenario de respeto en la coordinación interinstitucional. La Semana de Representación de los legisladores no puede ser instrumentalizada como un espacio de amenazas, confrontación, hostigamiento o presión política contra las autoridades regionales o municipales por decisiones o responsabilidades que competen al ámbito del Gobierno Nacional", señalan en el pronunciamiento.

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El gremio, el cual representa a 25 gobiernos regionales del país, instó al Congreso, regiones y municipios a actuar con sentido del Estado para prevenir las emergencias que puedan ocasionarse debido al Fenómeno El Niño. Incluso la ANGR explicó que las regiones han sostenido más del 90% de la ejecución presupuestal en los últimos años, pese a los constantes cambios de gabinete.

"La magnitud de la emergencia del Fenómeno El Niño demanda que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, los gobiernos regionales y los gobiernos locales actúen con sentido de Estado, dejando de lado los intereses partidarios y confrontaciones que en nada contribuyen a proteger la vida de los millones de peruanos que nos eligieron. La actitud y el comportamiento de los legisladores no deben generar división ni polarización política", agregan.

Discusión entre gobernador y diputado de Fuerza Popular

El pronunciamiento de la ANGR se produjo después de que un video, difundido en redes sociales, mostrara el cruce de palabras entre el gobernador Pérez Flores y el diputado Castro Cruz durante una visita de inspección a los trabajos de prevención en el puente del río La Leche, en Lambayeque.

En las imágenes, Castro increpó al gobernador por un presunto retraso en las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño en esa estructura.

"Tú eres el papá de la región, gobernador", le dijo, y cuestionó que, con más de tres años en el cargo recién se estén ejecutando labores de descolmatación. "A mí me han dicho que hace 2 años hay el informe de esto. ¿No te preocupa? Y vienes a quejarte", agregó el legislador.

El gobernador acusó de crear un espectáculo al diputado fujimorista.

"El tema más importante ha sido la delegación de facultades, se aprobó el proyecto de ley que consta de 66 pedidos y ya cada ministro incluso de diferentes sectores van a ir a exponerlo", señaló.

"Lo importante aquí es que como señalamos lo hemos hecho de una manera muy cuidadosa, hemos revisado cada norma y pedido que se necesita en diferentes sectores. No es una competencia pero se ha cumplido lo que dijo la señora presidenta, el mínimo tiempo oque se había usado por un gobierno era más de 40 y tantos días, nosotros lo hemos hecho antes de los 30 días. No hay ninguna demora, estamos bastante antes de tiempo", agregó.

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La iniciativa fue anunciada originalmente por Keiko Fujimori el pasado 28 de julio, el día que juró como presidenta y busca delegar al Ejecutivo la capacidad de legislar durante 120 días en materias como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, impulso productivo, simplificación administrativa y modernización del Estado.

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César Astudillo anunció que se solicitará que las FF.AA. tengan presencia en penales

El ministro del Interior, César Astudillo, mencionó que uno de los puntos que se encuentran dentro del pedido de facultades es que se pueda reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas dentro de los penales e intervenciones en las fronteras.

“Las Fuerzas Armadas, como ustedes pueden ver que están apoyando a nuestra policía en lo que es seguridad y en el tema del transporte. Mañana en la delegación de facultades van a ver los puntos de los penales y fronteras, ambos temas son muy importantes”.

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Asimismo, se refirió a la solicitud de interpelación que viene preparando la bancada de Juntos por el Perú en su contra tras su negativa a remover al general Óscar Arriola de la jefatura de la Policía Nacional del Perú (PNP). “Es parte del juego democrático”, dijo.

Además, el titular confirmó que se amplió el estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días. Cabe recordar que el actual estado de emergencia por criminalidad fue declarado por el expresidente José María Balcázar el pasado 25 de junio, por un periodo de 60 días. La medida llega a su fin este viernes 28 de agosto.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

Durante la primera mitad del año, María Luisa Carrillo formó parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) desempeñándose como consultora dentro del despacho ministerial.

Los registros del personal muestran que la esposa de Galarreta recibió una remuneración mensual de 15.600 soles, cobrando en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de este año. Sin embargo, la situación cambió en julio, mes en el cual su nombre dejó de figurar en las planillas del Midagri.

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Esto coincidió con la presentación de la declaración jurada de Luis Galarreta en julio, donde el actual presidente del Consejo de Ministros consignó que su cónyuge no se encontraba laborando en ninguna entidad estatal.

Pese a no registrar los vínculos de su esposa con el Estado, María Luisa Carrillo firmó y presentó una Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas dirigida específicamente al Congreso de la República correspondiente al año 2026. En el documento se muestra la sección de inicio de funciones, donde se evidencia su incorporación al Poder Legislativo.

El texto oficial no detalla el mes en el que habría ingresado a trabajar al Parlamento. Sin embargo, dado que trabajó en el ministerio hasta junio y no figuró en el registro de trabajadores del Estado durante julio, lo más probable es que su vínculo laboral con el Congreso se haya formalizado en agosto, según lo indicó el medio.

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Además, se señala que la nueva trabajadora cumplirá sus funciones dentro del despacho de la diputada fujimorista Ana Patiño. Hasta el momento, desde la Presidencia del Consejo de Ministros y la oficina de Luis Galarreta no se han pronunciado al respecto.

La información fue dada a conocer luego de que una comisión de avanzada del Vaticano realizara este jueves 27 de agosto una nueva inspección de Sacsayhuamán. La delegación, encabezada por el monseñor José Nahúm Salas Castañeda e integrada por cerca de 20 representantes de la Iglesia católica y de la Conferencia Episcopal Peruana, evaluó los espacios disponibles y las restricciones existentes debido a la presencia de vestigios arqueológicos.

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Sacsayhuamán será escenario del rezo del Rosario

José David Hurtado-Fudinaga, director de la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Cusco, señaló que Sacsayhuamán ya fue definido como escenario oficial de la visita del papa León XIV a la Ciudad Imperial.

A diferencia de las primeras versiones que contemplaban una eventual misa multitudinaria, la actividad que se viene coordinando sería un rezo del Rosario, debido a que una celebración eucarística requeriría más tiempo y una logística mayor.

“Se está pensando que sea solo un rezo del Rosario”, explicó el funcionario, quien añadió que la actividad tendría una duración mucho menor que una misa. Asimismo, precisó que no habría misa en este acto.

La decisión final sobre la programación y el horario del pontífice se mantiene bajo reserva por razones de seguridad.

Comisión del Vaticano inspeccionó nuevamente el complejo arqueológico

La comisión de avanzada llegó por la mañana a la Basílica Catedral del Cusco y posteriormente se trasladó hacia Sacsayhuamán. Allí, monseñor Salas Castañeda y los integrantes de la delegación recibieron información técnica del jefe del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, Francisco Solís, sobre las zonas que pueden ser utilizadas y aquellas que se encuentran restringidas para proteger los restos incas.

La visita de inspección es la segunda que realiza la delegación en el complejo arqueológico. En esta oportunidad, además, participaron especialistas encargados de definir aspectos vinculados con la ruta del pontífice, la instalación del estrado y la distribución de los espacios.

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Se evaluará ingreso del papamóvil y capacidad de asistentes

Las autoridades también analizan el ingreso del papamóvil al recinto y la distribución del público. Debido a las restricciones de conservación del patrimonio, no se permitirá que los asistentes ocupen determinados sectores de los monumentos incas, como ocurrió durante la visita del papa Juan Pablo II en 1985.

La capacidad definitiva para la actividad todavía se encuentra en evaluación. Una de las estimaciones manejadas contempla un máximo de 60.000 personas, aunque el aforo podría variar según la distribución de los espacios y las medidas de seguridad.

La organización contará, además, con la participación de efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes de la seguridad vaticana. Las coordinaciones incluyen a miembros de la Gendarmería de Roma y la Guardia Suiza.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Cusco?

La fecha exacta en la que el papa León XIV llegará al Cusco todavía no ha sido revelada oficialmente. La reserva responde a razones de seguridad mientras se termina de definir el itinerario de su visita pastoral al Perú.

La comisión del Vaticano continuará las coordinaciones con las autoridades eclesiásticas y locales para establecer la ruta que seguirá el pontífice, así como las condiciones de seguridad y logística para el encuentro con los fieles.

El Cusco fue escenario de una multitudinaria celebración durante la visita del papa Juan Pablo II en 1985. Más de cuatro décadas después, Sacsayhuamán vuelve a aparecer como uno de los puntos centrales de una visita papal al país.

Mario Vargas Llosa respondió con una columna que, dieciséis años después, sigue leyéndose como advertencia: "Los peruanos necesitamos un museo de la memoria para combatir esas actitudes intolerantes".

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El origen: un ministro que rechazó la donación alemana

El texto, titulado "El Perú no necesita museos" y publicado como columna de la serie Piedra de Toque en el diario El Comercio, parte de ese episodio concreto: el rechazo del Estado peruano a la donación alemana destinada a construir un museo sobre el periodo de violencia interna vivido entre 1980 y 2000. Vargas Llosa dedica el arranque de su columna a desmontar el perfil del propio ministro: aclara que no se trata de un militar improvisado, sino de un abogado con una carrera política consolidada dentro del Partido Popular Cristiano, que además había representado al Perú como embajador ante la OEA.

Precisamente por eso, el escritor se pregunta cómo un hombre con esa trayectoria pudo sostener un argumento tan pobre, y responde que la explicación no está en la falta de inteligencia del ministro, sino en dos vicios que identifica como estructurales en la clase política latinoamericana: la intolerancia hacia lo que no se entiende y la incultura como forma de gobierno.

A partir de ahí, construye una analogía histórica para desarmar el argumento de que la cultura debe esperar a que se resuelvan las urgencias materiales. Si ese criterio se hubiera aplicado en otros países en otros momentos de su historia, sostiene, ninguno de los grandes museos del mundo —el Louvre, el Prado, la National Gallery, el Hermitage— existiría hoy, porque todos se construyeron en sociedades que también tenían pobreza y carencias. Lleva el argumento al extremo local al sugerir, con ironía deliberada, que bajo esa misma lógica Machu Picchu debería haberse subastado para financiar necesidades básicas. El objetivo de esa hipérbole es mostrar que la oposición entre cultura y desarrollo es falsa: ningún país prospero ha llegado a serlo sacrificando su patrimonio.

El contexto: la CVR y "Yuyanapaq"

La columna recuerda que cerca de 70,000 peruanos murieron durante el conflicto armado interno desatado por Sendero Luminoso, en su mayoría campesinos de zonas andinas y de los sectores más pobres del país. Tras la caída del régimen de Alberto Fujimori —que Vargas Llosa describe como un gobierno cleptómano y corrupto, con un historial propio de asesinatos, torturas y desapariciones cometidos bajo el pretexto de combatir la subversión—, el gobierno de transición conformó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), presidida por el filósofo Salomón Lerner, para documentar esa tragedia con rigor académico.

Con ese material, la comisión montó la exposición "Yuyanapaq" ("Para recordar", en quechua), exhibida en el Museo de la Nación, que reunía fotografías, testimonios y registros del horror provocado tanto por los grupos terroristas —Sendero Luminoso y el MRTA— como por agentes estatales involucrados en violaciones de derechos humanos, incluido el grupo Colina. Vargas Llosa describe esa muestra como una de las más conmovedoras que se hayan montado en el país, precisamente porque no se limita a acumular cifras, sino que expone la impotencia y el desamparo de las comunidades más pobres frente a una violencia que las sobrepasó por completo.

La defensa de Vargas Llosa frente a las críticas a la CVR

El autor —candidato presidencial en 1990 y blanco, según cuenta, de dos atentados fallidos por parte del terrorismo, uno en Pucallpa y otro en Lima— sale al frente de las críticas que acusaban a la CVR de equidistancia entre terroristas y fuerzas del orden. Se detiene a subrayar su propia autoridad moral para hacer ese descargo: recuerda que durante su campaña presidencial denunció con insistencia los crímenes de Sendero Luminoso y del MRTA, y que con la misma constancia cuestionó a los sectores de la izquierda que, en su lectura, minimizaron o justificaron el terrorismo por cálculo ideológico.

Sobre esa base, sostiene que revisó personalmente los nueve volúmenes del informe de la CVR y que, pese a reconocer que un trabajo de esa magnitud puede contener errores puntuales, no encontró en sus conclusiones ningún indicio de parcialidad. Por el contrario, describe el informe como un esfuerzo casi obsesivo por reconstruir la verdad de los hechos a partir de un cúmulo de testimonios y documentos contradictorios, cuya conclusión central —dice— es inequívoca: la responsabilidad principal y mayoritaria de la matanza recae en los fanáticos senderistas y emerretistas, convencidos de que el asesinato masivo de sus opositores traería al país una suerte de paraíso socialista.

La tesis central: proteger la memoria es prevenir la violencia

El argumento de fondo del artículo no es solo cultural, sino preventivo: para Vargas Llosa, un museo de la memoria no compite con las escuelas y los hospitales por recursos, sino que cumple una función social que puede evitar que el país repita su propia historia. Plantea que la falta de espacios como este perpetúa exactamente el tipo de intolerancia y ceguera política que, en su lectura, hizo posible la violencia de los años ochenta y noventa: tanto la de los ideólogos marxistas y maoístas que la desataron como la de quienes, desde el propio Estado, respondieron con métodos igual de fascistas convencidos de que el fin justificaba cualquier sacrificio de vidas inocentes.

Desde ahí amplía la reflexión a una defensa general del rol de los museos en cualquier sociedad, no solo en el contexto post-conflicto peruano. Sostiene que educan de una manera distinta y en muchos sentidos más duradera que la escuela formal, porque actúan sobre la sensibilidad y no solo sobre el conocimiento. Afirma que ensanchan la mirada de quienes los visitan, sustituyendo una visión estrecha y provinciana del mundo por una más plural y generosa, y que ese ejercicio de imaginación y autocrítica es, en última instancia, lo que distingue a una clase política capaz de gobernar con cierta decencia de una que no lo es. El progreso, insiste, no se mide solo en carreteras, colegios y hospitales construidos, sino también en la capacidad colectiva de diferenciar lo bello de lo feo y lo tolerable de lo intolerable — una capacidad que, según él, se cultiva precisamente en espacios como los museos.

Vigencia del debate

Aunque el Lugar de la Memoria se inauguró finalmente en 2015 —seis años después de esta columna y ya con financiamiento alemán reencauzado—, el artículo de Vargas Llosa retrata una tensión que ha reaparecido cíclicamente en el debate público peruano: la que enfrenta las políticas de memoria histórica con la idea de que la cultura es un gasto postergable frente a necesidades materiales más urgentes.

Según explicó Diez Canseco a RPP, el papa aprovecharía su permanencia en Chiclayo, región Lambayeque, para trasladarse hasta Santa Cruz, provincia que forma parte de la jurisdicción de la diócesis de Chiclayo. Sin embargo, precisó que la visita aún depende de las condiciones logísticas y de seguridad.

"León XIV ha puesto su propia agenda", señaló Diez Canseco, quien indicó que una comisión del Vaticano ya se desplaza por Santa Cruz y otros puntos para evaluar las posibles rutas que utilizaría el pontífice.

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Traslado a Santa Cruz dependería de la logística

El asesor explicó que el eventual traslado del papa hacia la provincia cajamarquina requeriría una planificación especial. Entre las alternativas que se evalúan estaría el uso de helicópteros, debido a las características de la ruta y el tiempo disponible durante la visita.

Diez Canseco señaló que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se mantiene atento a esta posibilidad. La decisión final se tomará luego de las evaluaciones de la comisión del Vaticano y de las autoridades peruanas.

De concretarse, Santa Cruz se sumaría a las ciudades que el papa contempla visitar durante su estadía en el país. Oficialmente, la agenda incluye Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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Papa León XIV tendría encuentro con jóvenes en Lima

Durante la visita también se evalúa realizar un encuentro multitudinario entre León XIV y jóvenes peruanos en el Estadio Monumental, ubicado en Ate. Diez Canseco estimó que el recinto podría albergar a unos 60.000 jóvenes y explicó que el lugar responde a criterios de seguridad y capacidad.

La visita del pontífice al Perú está prevista entre el 11 y el 16 de noviembre. La Cancillería designó a Diez Canseco como asesor para contribuir en la preparación, organización, gestión administrativa y logística de las actividades vinculadas con la llegada del papa.

La distinción busca reconocer la trayectoria, liderazgo y servicio del pontífice, así como su llamado al diálogo, la fraternidad y la paz. "Consideramos especialmente la trayectoria de Su Santidad el Papa León XIV y su permanente llamado al diálogo, la fraternidad, la paz y la construcción de puentes entre los pueblos", señaló Del Pomar.

La vicepresidenta destacó además el significado de este reconocimiento para los países de la región andina, donde, según indicó, existen más de 88,5 millones de católicos. En ese sentido, consideró que la próxima visita apostólica del papa al Perú representa una oportunidad para expresar el respeto y la cercanía de los pueblos andinos con el pontífice.

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Condecoración se entregaría durante visita al Perú

El reconocimiento cobra especial relevancia ante la visita apostólica de León XIV al Perú, prevista para noviembre. El Parlamento Andino señaló que la distinción representa también una forma de fortalecer valores como el diálogo, la cooperación, la solidaridad y la unidad regional.

Para concretar la entrega, la decisión fue comunicada a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores. La finalidad es que ambas instituciones realicen las coordinaciones correspondientes a través de los canales oficiales.

La Condecoración 'Simón Bolívar a la Integración' es otorgada a personalidades que hayan realizado contribuciones excepcionales a la integración de los pueblos, la unidad regional y el fortalecimiento de los vínculos entre las naciones.

Esto pasó en Huarochirí en el que Astudillo participó en la entrega de una flota vehicular a la empresa ETUL 4 S. A., firma que registra cinco atentados desde el año 2024. Cuando terminó la actividad se dirigió directamente al vehículo negro que lo estaba esperando.

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El general Jorge Luis Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro, tampoco brindó declaraciones sobre la situación de los transportistas ni sobre el plan policial.

Cabe recordar que los reclamos de los gremios de transporte contra las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar la extorsión se deben a los constantes ataques que golpean a este sector. El silencio del ministro contrasta con la magnitud del problema: solo la empresa homenajeada en el evento acumula cinco atentados en poco más de dos años.

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La cifra de homicidios que Astudillo usó y que estaría inflada

El plan Escudo de la PNP no es lo único que se le cuestiona a Astudillo. El ministro había defendido la continuidad del jefe policial Óscar Arriola con una cifra de 500 muertos menos respecto al año anterior, pero un análisis de datos detectó que esa comparación se apoya en registros con errores graves de la base de la PNP.

El analista Juan Carbajal identificó que la categoría Otros objetos del sistema DIVCOP acumuló 494 registros en el primer semestre de 2025, casi cuatro veces los 125 casos de 2024 y los 120 de 2026 en el mismo período. Dentro de ese grupo, el sistema llegó a registrar 133 supuestos homicidios de bebés recién nacidos entre abril y junio de 2025, una cifra que nunca se reportó en la realidad ni fue certificada por los médicos legistas de Sinadef.

Con esos datos corregidos, Carbajal calculó que el primer semestre de 2025 tendría cerca de 1.330 homicidios y no 1.680, lo que reduciría la caída anunciada por el Mininter de 24,6% a solo 4,7%. El exministro del Interior Wilfredo Pedraza dijo que el plan Escudo es una respuesta que solo alcanza a 53 de las 500 empresas de transporte que operan en Lima.

La exposición se dio en un oficio enviado al centro de salud en el que solicitó "información y verificación de cumplimiento de requisitos legales y médicos" sobre el procedimiento médico.

A pesar de que el congresista se pronunció y señaló que no ha publicado la identidad ni datos personales de la paciente, el periodista Cristian Rebosio compartió el documento, en el que se omiten los datos de la ciudadana, y contrastó con la versión del legislador.

"No mienta, congresista. Esta fue la imagen que subió y ahí, donde yo tapé, estaba el nombre de la mujer. Lo subió sabiendo que hay grupos de fanáticos religiosos que podrían acosarla. No deja de sorprender la maldad que tienen los de Renovación Popular", mencionó el comunicador.

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Tras los cuestionamientos, el representante de la Cámara de Diputados por Arequipa precisó que el propósito de su actuación no es acceder a información clínica confidencial ni intervenir en la decisión médica de una paciente. "Ante una denuncia que llegó a mi despacho, consideré necesario ejercer mi función de fiscalización y poner énfasis en que cualquier procedimiento debe realizarse cumpliendo estrictamente las condiciones establecidas por la legislación y los protocolos sanitarios vigentes", justificó.

"Fiscalizar es velar por el cumplimiento de la ley, respetando siempre la privacidad, las competencias de los profesionales de la salud y los derechos de las personas", dijo.

El oficio del congresista de Renovación Popular

En el cuestionado documento por diversas organizaciones y abogadas, el parlamentario mencionó que le llegó una denuncia a su despacho sobre una intervención programada a una mujer con 20 semanas de gestación. En ese contexto, Aranda sostuvo que "la gravedad de los hechos exige que cualquier actuación médica vinculada a la interrupción de embarazo sea sometida al más estricto cumplimiento del marco legal, los protocolos médicos aplicables y las garantías que correspondan tanto a la gestante como a la vida humana en gestación".

El congresista argumentó que "el procedimiento CIE 10:O04 contempla la interrupción del embarazo menor de 22 semanas únicamente bajo los supuestos establecidos y cuando constituya el medio necesario para salvar la vida de la gestante o evitar un daño grave".

Por ese motivo, dispuso que el hospital le informe documentadamente sobre la evaluación médica integral realizada a la paciente, incluyendo el diagnóstico objetivo que sustente la existencia de una condición que haga la interrupción del embarazo el único medio para salvar su vida o evitar un daño grave y permanente a su salud.

Además, pidió información sobre los informes, exámenes y demás elementos médicos que sustenten dicha conclusión, "dejando constancia de los criterios clínicos utilizados para determinar la procedencia del procedimiento".

Asimismo, solicitó información sobre la junta médica, sus integrantes, especialidades y participación efectiva en la evaluación del caso; la constancia de orientación y consejería a la paciente; la constancia de consentimiento informado y que haya sido otorgado de manera libre, expresa, voluntaria e informada; el registro completo y cronológico de todas las actuaciones realizadas en la historia clínica; el protocolo, guía o disposición normativa específica bajo la cual el establecimiento de salud pretende sustentar la eventual realización del procedimiento.

Por otro lado, Aranda advirtió con poner de conocimiento al Ministerio Público en caso de que se haya autorizado la intervención "sin contar con el debido sustento médico".

"Como diputado de la República, reafirmo mi deber de ejercer una fiscalización firme sobre cualquier actuación de los establecimientos públicos de salud que pueda comprometer derechos fundamentales y, particularmente, la protección de la vida humana desde la concepción", expresó en su oficio.

Abogadas y organizaciones cuestionan al congresista Aranda

En diálogo con La República, la directora de Proyecta Igualdad, Brenda Álvarez, explicó que la fiscalización parlamentaria no es ilimitada y que, si bien un congresista puede pedir información de cómo funciona un hospital, "lo que no puede hacer es convertir esa facultad en una vía para acceder a la historia clínica de una persona sin consentimiento de su titular".

Álvarez comentó que la obligación de responder un oficio parlamentario no obliga al centro de salud a entregar datos protegidos por la intimidad y el secreto médico. Por ello, el hospital debe actuar conforme al marco legal que protege el derecho a la confidencialidad en asuntos de salud.

Por otro lado, la letrada alertó sobre cómo el congresista obtuvo la información que le permitió identificar a la paciente. Destacó que en el Perú la información vinculada al acto médico es reservada y la violación del secreto profesional está tipificada como un delito. Además, precisó que a pesar de que el tuit fue borrado, no elimina el hecho de que la información ya habría sido revelada. Ese acto, según Álvarez, SUSALUD la considera como una infracción grave.

La abogada planteó que el Ministerio de Salud debe garantizar que no se entregue ninguna información médica e investigue sobre la filtración del hecho. "También debería emitir una instrucción clara a todos los establecimientos: un pedido parlamentario no levanta el secreto médico".

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A través de su cuenta de X, la abogada Josefina Miro Quesada afirmó que el aborto terapéutico es legal en el Perú. En esa línea, cuestionó al congresista por "creer estar por encima de la ley" y señaló que su pedido es "casi imposible".

"No es posible que cada procedimiento para preservar la vida/salud de una gestante tenga que ser obstruido así. Dejen de meterse con cuerpos ajenos (...) El pedido es ilegal. Los datos personales de la gestante son confidenciales y están protegidos por la Constitución y la ley. Los médicos están obligados a no revelar info clínica por el secreto profesional (violarlo es delito). El aborto terapéutico es un derecho. Infórmense", explicó.

Por su parte, la organización Las Tejedoras rechazó la intromisión política en las decisiones médicas y la vulneración de la confidencialidad de las pacientes.

"Aunque el nombre de la paciente haya sido posteriormente retirado, consideramos que el hecho no puede pasar inadvertido (...) La información sobre la salud de una persona es confidencial y debe ser protegida. Ninguna autoridad política puede utilizar su posición para exponer a una paciente, cuestionar públicamente decisiones que corresponden al ámbito médico o generar presiones sobre profesionales de salud en el ejercicio de sus funciones", manifestó.

En esa sintonía, la organización mostró su preocupación debido a que "representantes del Congreso pretendan convertir situaciones médicas individuales en escenarios de confrontación política". Alertó que este tipo de intervenciones "puede vulnerar derechos, afectar la autonomía profesional del personal de salud y generar temor en los servicios encargados de garantizar prestaciones reconocidas por la ley".

"La función parlamentaria no otorga autoridad para interferir en actos médicos ni para vulnerar la privacidad y dignidad de las personas".

En tanto, la congresista de Ahora Nación, Ruth Luque, confrontó a su colega por su accionar y recalcó que la fiscalización parlamentaria "no puede convertirse en un mecanismo de presión sobre los profesionales de la salud ni en un juicio anticipado sobre la situación de salud de una mujer".

"Toda intervención relacionada con la salud y la vida reproductiva de una mujer debe ser evaluada con estricto respeto a la Constitución, los protocolos médicos y los derechos fundamentales. La fiscalización no puede ser usada para desconocer los derechos de las mujeres, ni buscar estigmatizarlas, menos amedrentar la función de los profesionales de la salud", enfatizó.

La mandataria pidió que el éxito de la gestión económica se traduzca en un beneficio tanto para quienes ya reciben una pensión como para quienes nunca accedieron al sistema. En ese punto mencionó de forma directa a Pensión 65, el programa que en julio prometió duplicar. Esta vez no dio una fecha, sino una expectativa: "auguramos", dijo, y no "cumpliremos".

La presidenta cerró su intervención con una promesa adicional: una pensión "garantizada", "más justa" y "más humana", con más facilidades de acceso. No precisó plazos ni la fuente de financiamiento para ese ofrecimiento, igual que tampoco lo hizo un mes atrás con la duplicación de Pensión 65.

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Keiko Fujimori en su discurso del 28 de julio: "Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65"

El 28 de julio, en su primer Mensaje a la Nación, Fujimori anunció ante el Congreso la duplicación del subsidio. "Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/350 bimestral a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema", dijo esa vez. El verbo "iniciaremos" no vino acompañado de ninguna fecha ni de ninguna mención a una posible limitación presupuestal.

Además indicó que dicha promesa sería el primer paso hacia una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza. Anunció además el despliegue de brigadas móviles de afiliación en zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas, como parte de la misma estrategia.

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La urgencia que el Gobierno no está atendiendo

Para Noelia Bernal, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, la demora tiene un costo que no es solo fiscal. Consultada sobre qué tan urgente es el aumento, fue directa: "Si me preguntas para quién es urgente, bueno, para los adultos que son los más avanzados en edad. Porque, digamos, ya les has postergado bastante el recibir una buena prestación." La frase apunta a un grupo que no tiene margen para esperar hasta el 2027: cada año de espera es, para ellos, un año menos de vida para beneficiarse del aumento.

La economista identificó un segundo grupo urgente, ausente hasta ahora del discurso presidencial: los adultos mayores en pobreza extrema que ni siquiera están inscritos en el programa. "Los que están ubicados en pobreza extrema y que aún no son beneficiarios de Pensión 65, habría que ahí buscarlos", dijo. Mientras el Gobierno posterga el aumento del monto, ese padrón pendiente de identificar tampoco figura entre las prioridades anunciadas por Fujimori ni el 28 de julio ni este 26 de agosto.

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Bernal remarcó que la decisión sobre cuándo y cómo aplicar el aumento depende, en última instancia, del Ministerio de Economía y Finanzas. "La decisión final va a venir fundamentalmente del Ministerio de Economía, para que evalúe este nuevo gasto y cómo afecta sus finanzas junto con todos los demás gastos", explicó.

Esa dependencia coincide con lo que dijo la propia presidenta este miércoles, cuando condicionó la mejora al desempeño futuro del titular del MEF, sin ofrecer ninguna fecha concreta ni explicar qué avances fiscales se necesitan para cumplir lo que prometió hace un mes.

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Alfredo Thorne, exministro de economía: "Se les ve muy descoordinados"

Alfredo Thorne, exministro de Economía, vinculó la demora en el aumento de Pensión 65 con la herencia fiscal que recibió el Gobierno. "Lo que creo que le está preocupando al Gobierno son las presiones fiscales que han heredado de los gobiernos anteriores", explicó.

El exministro relacionó además la espera hasta el 2027 con cuatro leyes que el Colegio de Economistas envió al Tribunal Constitucional. "Yo me imagino que lo que está tratando de hacer el ministro de Economía es asegurarse que esas leyes sean revocadas por el Tribunal Constitucional, y eso le daría un espacio el próximo año para poder aumentar la Pensión 65", señaló. Para Thorne, el aumento del subsidio debería enmarcarse, además, dentro de una reforma integral de pensiones que el propio MEF ya estaría evaluando a través de una comisión de formalización.

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Consultado directamente sobre la falta de una fecha concreta para el anuncio de julio, Thorne no evitó la crítica. "Lo que sí se les ve muy descoordinados en términos de lo que realmente quieren hacer", afirmó. Puso como ejemplo la seguidilla de anuncios sin ejecución: "Un día hablan de reducir los ministerios, otro día hablan de los días feriados, ahora hablan de la Pensión 65, pero en realidad no hay Pensión 65". Para el exministro, al Gobierno le falta "una ruta definida y un cronograma de qué es lo que se va a hacer en cada momento". "Yo creo que eso sí es una crítica válida", zanjó.

Sobre la urgencia del aumento, Thorne la calificó como una demanda justa, aunque advirtió que no puede resolverse de forma aislada. Mencionó que el Ejecutivo tiene sobre la mesa, al mismo tiempo, otras leyes relacionadas a la pensión de docentes, policías y militares. Además del debate sobre el aumento de la pensión de la ONP. "No puede aumentar Pensión 65 sin revocar la ley de pensiones de maestros y la ley de pensiones de los militares, porque si no, va a terminar pagándole a los militares pensiones más altas que a las personas que han contribuido veinte años para su pensión", advirtió.

En un inicio, el reclamo apuntó contra tres instituciones de salud: la propia clínica Delgado, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y el Hospital Nacional Dos de Mayo. Susalud archivó el caso contra estas dos últimas y mantuvo el procedimiento solo contra la clínica del grupo Auna.

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El órgano resolutor calificó la falta como una infracción leve, no grave, pese a que el denunciante pidió una sanción mayor. Susalud tampoco ordenó las medidas correctivas que solicitó León Flores, como la destrucción de las copias del documento médico. La clínica tiene ahora 15 días hábiles para pagar la multa, con un descuento del 20% si cancela dentro de ese plazo, o para presentar un recurso de apelación.

La historia clínica de Nadine Heredia contenía información médica de quince años de tratamiento. Susalud subrayó que ese tipo de dato tiene carácter reservado por ley y que solo puede entregarse en supuestos muy específicos, ninguno de los cuales se cumplió en este caso.

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Susalud rechazó el argumento de la clínica: la Fiscalía no podía exigir la historia clínica sin orden judicial

El área de Fiscalización de Susalud (IPROT) encontró indicios de que las tres instituciones de salud denunciadas habrían vulnerado el derecho a la salud de la exprimera dama. El expediente pasó luego a la Intendencia de Fiscalización y Sanción (IFIS), que en marzo de 2026 decidió abrir el procedimiento sancionador solo contra la clínica Delgado y archivar el caso respecto de las otras dos entidades.

El hecho concreto que investigó Susalud ocurrió los días 9 y 13 de noviembre de 2023. Ese fin de semana, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios envió dos oficios a la clínica Delgado.

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Le pidió la historia clínica completa de Nadine Heredia, un informe sobre si su tratamiento resultaba óptimo para atender un diagnóstico de hiperparatiroidismo y el sustento médico de una recomendación para realizarle una tomografía con emisión de positrones. La clínica respondió ambos requerimientos por correo electrónico, sin exigir una orden judicial ni el consentimiento de la paciente.

En sus descargos, la clínica se defendió con varios argumentos. Dijo que actuó en cumplimiento de un deber legal, porque la Ley de Protección de Datos Personales permite entregar información a entidades públicas sin consentimiento del titular cuando estas ejercen sus funciones.

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También alegó que el Ministerio Público la coaccionó, pues el oficio fiscal incluía un apercibimiento de denuncia por desobediencia a la autoridad. Como prueba adicional, presentó una disposición fiscal que archivó la investigación penal contra el trabajador de la clínica que atendió el pedido, por el presunto delito de violación a la intimidad agravada.

Susalud rechazó todos esos argumentos. Explicó que la ley de protección de datos no elimina las reglas específicas de la Ley General de Salud, que exige orden judicial o consentimiento del paciente para entregar una historia clínica, salvo casos de heridas por arma, accidente de tránsito u otro tipo de violencia.

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También precisó que el archivo de la investigación penal contra el trabajador no tiene relación con la responsabilidad administrativa de la clínica como empresa, porque se trata de análisis distintos.

La Defensoría del Pueblo, a pedido del propio denunciante, entregó un informe técnico legal que reforzó esta postura y remarcó que la reserva de la historia clínica no desaparece solo porque una autoridad la pida.

"La bancada de Obras y Ricardo Belmont, especialmente, es una persona que justo acaba de salir ayer a los medios a decir que va a apoyar y nos ha pedido apoyar al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori", expresó.

Al ser consultada si su partido se siente más cerca del Gobierno de Fujimori, Samanez indicó: "Si le va bien a ella y su Gobierno, entonces nos va a ir bien a todos los peruanos. La población está aburrida de tanta pelea, tanta agresividad que se ve; lo que tenemos que hacer es empujar el coche para que a ella le vaya bien", aseguró.

En esa línea, señaló que, aunque Cívico Obras firmó un acuerdo con los partidos de oposición -Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú (JP)- para alcanzar la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, su postura será de una “oposición constructiva al Gobierno, pero no al país”. “Tenemos que trabajar juntos”, sostuvo.

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Tras sus declaraciones, el periodista cuestionó a la legisladora. Le preguntó si su acuerdo con los otros dos partidos sirvió solo para tener a Óscar Retto como presidente de la Cámara de Diputados. Ante el cuestionamiento, la legisladora mencionó: "No, siguen juntos los partidos y, en realidad, los que conversan son los líderes del partido; nosotros lo que hacemos, los legisladores, es trabajar. Por parte mía, yo tengo el encargo de Ricardo Belmont de replicar a nivel nacional todo lo que él a través mío hizo en sus dos periodos".

"Ricardo Belmont es una persona muy demócrata, es una persona muy humana, es una persona que quiere al Perú, entonces él jamás nos va a poner un puñal en la espalda para votar, aunque no pensemos igual por algo que proponga por ejemplo del grupo del señor Roberto Sánchez", añadió y afirmó que respaldarán todas las acciones legislativas que pida el Gobierno para combatir el fenómeno El Niño.

La iniciativa fue formalizada por el senador Andrés Ramos, representante de Apurímac. El documento señala que los hechos más graves se concentraron en Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna durante las movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso.

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Dicha propuesta también toma como referencia información de la Defensoría del Pueblo sobre las víctimas de la crisis política. Incluso la moción cita un informe de la Defensoría del Pueblo que da un balance de 66 personas fallecidas, entre civiles y miembros de las fuerzas del orden.

La comisión tendría entre sus principales tareas establecer qué fue lo que ocurrió durante las protestas, revisar cómo actuaron las entidades públicas y las fuerzas del orden, y examinar las circunstancias de las muertes, las lesiones y otros daños.

Además, la moción plantea determinar responsabilidades por las vías correspondientes y que se formulen medidas de reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición.

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¿Qué busca investigar la comisión propuesta por Juntos por el Perú?

La propuesta plantea evaluar la actuación del Poder Ejecutivo, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como de otras entidades públicas que estuvieron vinculadas con los hechos.

También contempla estudiar el uso de la fuerza, conocer el estado de las investigaciones fiscales y procesos judiciales relacionados con las muertes y lesiones, y evaluar las condiciones de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.

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Otro de los puntos comprende las denuncias sobre posibles detenciones irregulares, afectaciones al debido proceso o criminalización indebida de la protesta. La comisión también podría revisar la conservación, trazabilidad y gestión de documentos y evidencias que las instituciones pongan a su disposición.

La moción pone como prioridad los fallecimientos y lesiones registrados en Andahuaylas y Chincheros. Según el documento, Apurímac registró siete personas fallecidas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Seis de esas muertes corresponden a hechos ocurridos entre el 11 y el 14 de diciembre de 2022 en Andahuaylas y Chincheros. La relación incorporada en la moción incluye a dos adolescentes de 15 y 16 años, además de jóvenes de entre 18 y 19 años. El séptimo fallecimiento corresponde a un hecho posterior ocurrido en la provincia de Aymaraes.

"Te digo algo de manera cruda: si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos su popularidad. No voy a alentar eso, pero tal cual está el Estado, que si bien como país crecemos por inercia; (...) pero si no hacemos reformas estructurales, seguiremos en lo mismo", indicó en entrevista en Exitosa.

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Gutiérrez aseguró que las próximas reformas deben darse con "decisiones extraordinarias", aunque no detalló qué soluciones deberían adoptarse. El defensor del Pueblo señaló que la infraestructura estatal afronta una crisis total.

"El Estado peruano está hecho una desgracia, está en crisis institucional por donde se le mire. Por más que vayas a visitar cada comisaría, escuela u hospital, si no hay una decisión firme de mover todo esto en democracia, es muy difícil. (…) El Congreso debe ser consciente de que el Estado se hace agua por donde se mire; tienen que trabajar conjuntamente", apuntó.

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Gutiérrez justificó a Cerrón

Al término de la entrevista, Gutiérrez fue consultado sobre si ya había mantenido comunicación con Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien recientemente fue absuelto de sus penas por el Tribunal Constitucional.

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Al respecto, el defensor del Pueblo señaló que no ha tenido oportunidad de comunicarse con él y que "lo puede saludar sin ningún problema, como a cualquier otro peruano".

Días atrás, Gutiérrez calificó la decisión del TC como "estrictamente ajustada a la ley" y aseguró que una persona con una sentencia injusta tiene derecho a escapar: "Si la imputación de un tipo penal no lo es, y te encausan indebidamente y te sentencian con pena efectiva solo para perseguirte, tienes que escaparte, pues, porque estás sufriendo una persecución", apuntó en entrevista con RPP.

"Es natural en un Congreso que se estrena y quiere tener a los ministros dando explicaciones. (...) Alguno podría decir que es poco tiempo para pedirles cuentas por problemas que no pueden resolver en el corto plazo. Al mismo tiempo, se han generado dudas por temas que merecen ser aclarados. No es lo que corresponde en este momento, pero tal vez en otras circunstancias sí amerita más o menos. Finalmente, son herramientas previstas en la Constitución", indicó en RPP.

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Oposición todavía no tiene una posición firme con respecto a mociones de interpelación

Jaime Delgado no es el único congresista del bloque de oposición que ha expresado sus dudas sobre estas mociones de interpelación. Luis Quispe Candia, diputado del Partido del Buen Gobierno, señaló que su agrupación se considera una fuerza de oposición, pero cuestionó que se planteen interpelaciones en este momento.

“El Partido del Buen Gobierno es un partido conformado por personas, creo yo, serias, sensatas. Nos confesamos que somos de oposición, porque eso ha elegido la población, pero no somos irracionales, de ninguna manera. De modo que esas propuestas de algunos congresistas nos parecen fuera de lugar. No es el momento de interpelar a los ministros; llegará el momento”, expresó en RPP.

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Por su parte, Víctor Piñán, diputado y vocero de Obras, aseguró que la agrupación de Ricardo Belmont todavía no ha debatido la posibilidad de respaldar las mociones. El diputado fue consultado respecto a la moción pensada para ser interpuesta contra Astudillo.

"Por el momento, la bancada Obras no ha discutido la posibilidad de apoyar o no la moción de JP, toda vez que nos hemos enterado el día de ayer. Sin embargo, es parte del control político que ejercen los colegas de JP. Nosotros esperamos leer los argumentos de la moción y, de acuerdo con eso, tomaremos una decisión", señaló a La República.

Indira Huilca, diputada de Ahora Nación, señaló que la interpelación contra Astudillo tendría que analizarse y que el gobierno, hasta el momento, no responde a la altura del reto: "Es verdad que se ha planteado. Hay que analizar el pliego cuando se presente. Realmente si hay una preocupación para que haya respuestas claras de cual es el plan para enfrentar la criminalidad en este nuevo gobierno. La respuesta todavía no es satisfactoria frente a lo que vivimos como país”, apuntó.

La resolución ministerial fue publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, en la que se detallan las funciones que asumirá Boluarte Chávez, quien actualmente ocupa el cargo de ministro consejero en el Servicio Diplomático de la República.

Dentro de sus funciones estarán las de gestionar las actividades, reuniones, eventos preparatorios y conexos, declarados de interés nacional durante la estadía del sumo pontífice.

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Asimismo, deberá "suscribir convenios de gestión, colaboración, cooperación y/o auspicio o similares, y de ser el caso, sus respectivas adendas, con entidades o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y con organizaciones y organismos internacionales, relativos a la realización de la visita de Su Santidad el Papa León XIV al Perú, y sus actividades, reuniones y eventos preparatorios y conexos que tendrán lugar en el presente año; así como, de ser el caso, la facultad de resolver los convenios antes mencionados".

Además, representará a la Cancillería ante las demás entidades u organizaciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras, con la finalidad de gestionar procedimientos, trámites, solicitudes u oficios "de carácter administrativo relativos a la realización de la visita de Su Santidad el Papa León XIV al Perú".

La resolución ministerial cuenta con la firma del titular de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Papa León XIV estará en Perú hasta el 16 de noviembre: no hay itinerario oficial de las actividades

La visita del papa León XIV al Perú se extenderá hasta el 16 de noviembre, pese a las versiones iniciales que apuntaban a una reducción de un día en su permanencia. El pontífice dejará territorio peruano después del mediodía de esa fecha y arribará a Roma el 17 de noviembre, debido a la diferencia horaria entre ambos países. Esta información coincide con los datos difundidos públicamente sobre la planificación de su viaje.

El itinerario de actividades es otro de los aspectos que aún permanece pendiente de confirmación. Si bien han surgido versiones sobre una posible agenda que incluiría Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco, la Santa Sede todavía no ha oficializado el programa de la visita. Mientras tanto, las coordinaciones continúan entre las autoridades peruanas, la Iglesia y los representantes del Vaticano.

El primer ministro Luis Galarrea propuso como medida para deshacinar los penales usar los cuarteles del ejército que estén en desuso. ¿Qué tan viable ve esta propuesta?

No estoy familiarizado con esos cuarteles que están en desuso. No sé si las Fuerzas Armadas la van a servir para este propósito. Y si lo van a hacer, tienen que adaptarla porque un cuartel del Ejército, como es normal, no tiene las barreras de seguridad, los sistemas de ingreso y egreso y vigilancia al entrar, etcétera, todas las cosas que tiene que tener una cárcel.

No es un proceso fácil…

No es que te entreguen el cuartel del Ejército y ya y mandas 500 personas ahí. Es un proceso que toma su tiempo, demora mucho en hacerse. Todo el procedimiento que se tiene que hacer para construir una cárcel, hay que hacerlo para adaptar un cuartel.

También se propuso que los militares puedan participar en el resguardo de estos centros penitenciarios que estarían en los cuarteles. ¿Esto cuenta con marco constitucional?

No sé si es inconstitucional, no soy abogado, pero creo que en el gobierno tienen una visión equivocada y fantasiosa del número de militares disponibles. Los militares tienen funciones que ya están realizando en todo el país; en el VRAEM, por ejemplo, en la defensa nacional, o ¿qué cosa cree que los tanques se mantienen solos? Hay que arreglarlos. Hay un montón de trabajo que los militares tienen que hacer para sus funciones reales. ¿Se cree que hay como militares guardados y que van a salir a hacer estas funciones? Es una fantasía. El ministro de Defensa ha dicho que van a cuidar los perímetros de los penales. ¡Hay 69 penales en el Perú! No tenemos un problema importante de fugas. Ese no es un problema importante. Son muy marginales las fugas.

Es una fantasía…

Se están autoengañando.

Entonces, ¿qué medidas se podrían tomar para frenar esto? Porque la presidenta sale a decir que no puede dar resultados en 15 días y el ministro del Interior asegura que no se puede eliminar la inseguridad en una semana…

Es evidente que en 15 días no se puede solucionar el problema, pero lo que no están diciendo es que ellos anunciaron que sí lo iban a hacer... Hay un plan de escudo que lanzó el propio ministro del Interior hace una semana, que ha sido un desastre, un desastre. O sea, no nos digan que nosotros estamos pidiendo que haya resultados en 15 días. Son ellos los que han ofrecido esos resultados para los transportistas, que es el sector más afectado. Y siguen fantaseando con esas cosas: que van a poner militares en todo, en los penales, que los drones y los militares van a hacer esto y el otro, que van a vigilar todas las fronteras. Todas son cosas que ellos han anunciado. Que no digan que los ciudadanos y los periodistas y las personas que opinan están pidiéndole algo. Es imposible, pero ellos lo ofrecieron.

Fue amigo de Fernando Rospigliosi.

Fui amigo de una persona que ya no existe; al actual lo desconozco.

Disculpe mi indiscreción, pero ¿por qué llegó a romperse la amistad?

Mi amigo murió; a este individuo no lo conozco. Ahí me quedo por ahora.

Usted ha calificado al señor Rospigliosi como "el matón del barrio". ¿Por qué llamarlo así?

Es el matón del barrio, es un personaje, un individuo que ha sufrido un proceso de conversión, allá él. Y se ha vuelto una especie de cowboy que quiere que se dispare a todo lo que se mueva. Aparte de regalar la plata de los ciudadanos para aumentar más el sueldo en el Congreso, ha impulsado una norma que manda a los policías y militares al fuero militar cuando cometan un delito, cosa que es una barbaridad y va en contra de la Constitución y va a ser contraproducente en la lucha contra el crimen. Es una barbaridad, es un matón del barrio, por supuesto. Y, como todo matón de barrio, cuando pase algo, se va a poner atrás.

¿Cómo calificaría el cambio que tuvo Rospigliosi? En su momento hacía frente al fujimorismo, pero ahora está en sus filas.

Yo lo que le respondería es que es un hombre anciano y creo que hay dos tipos de personas que llegan a la ancianidad, y él es el más anciano del Congreso: unos que se vuelven sabios, que son los que necesitamos, y otros son los que se pudren.

Cuando los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia se pronunciaron contra los políticos por una serie de denuncias, usted dijo: "Sabemos muy bien a qué siniestro personaje se refieren". Tiene fuertes calificativos contra su exjefe...

Es una persona que trata de poner de rodillas al Poder Judicial, que denuncia a todos los jueces que actúan en el contexto de la Constitución aplicando el control difuso, y él los denuncia ante la JNJ, donde tiene sus amigotes. Tiene toda la razón el Poder Judicial de mostrar su indignación frente a este individuo.

Me llama la atención los adjetivos que usa contra Rospigliosi.

Se deben usar para las personas que están haciendo mucho daño y él es el prototipo de las personas que están haciendo mucho daño. Tengo también calificativos muy fuertes para el señor López Aliaga. No me interesan las opciones ideológicas; si le hacen un daño a la sociedad, me parece que deberían ser tratadas con firmeza y fuerza y no con medias tintas.

De acuerdo con el documento presentado por Fujimori, sus ingresos mensuales como mandataria ascienden a S/35.568. Esta remuneración proviene del sector público luego de que la exjefa de Estado, Dina Boluarte, decidió aumentar el sueldo.

Por otro lado, sus bienes están valorizados en S/115.998 y el rubro de otros en S/1.016.123,31.

La mandataria consignó información sobre su situación financiera en el apartado de otra información de su declaración fiscal. Allí señaló que tiene pendiente el pago correspondiente a vacaciones truncas generadas durante su anterior vínculo laboral con el partido Fuerza Popular.

La Ley 30161 establece la obligación de los funcionarios públicos en el Perú de presentar una declaración jurada sobre sus ingresos, bienes y rentas. La normativa dispone que este documento patrimonial debe ser presentado al inicio, durante el ejercicio y al finalizar el desempeño de sus funciones públicas.

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Patrimonio de Keiko Fujimori aumentó en dos años

Para las Elecciones Generales 2026, la presidenta presentó su declaración jurada correspondiente al 2024.

En esa DJ, Fujimori registró que sus ingresos del sector privado ascendían a S/271.853,45 y bienes por S/115.998. En total, su patrimonio declarado fue por S/387.851,45.

La primera vez que llegó a Lima fue en plena campaña presidencial, entre el 29 de marzo y el tres de abril de 2011. En ese momento, uno de los notorios integrantes del equipo de campaña de Fujimori era el abogado Alonso Rey Bustamante, fundador del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez (PRCP). Ese mismo año, Alonso Rey fundó la filial en el país de la compañía de inversiones Latin America Invest (LAI), del argentino Damián Valenzuela, el asesor o consejero de la jefa de Estado. En 2011, el argentino fue incorporado como miembro del directorio y luego fue apoderado.

Por lo tanto, los vínculos de Valenzuela con el fujimorismo no son de 2026, como han pretendido sostener Keiko Fujimori y sus defensores. Se inician en 2011 cuando Alonso Rey, del estudio PRCP, se asocia con Damián Valenzuela para instalar Latin America Invest (LAI) en Miraflores. Como se verá más adelante, el mencionado bufete de abogados reaparecerá relacionado con Keiko Fujimori en la campaña presidencial de 2021.

La mandataria solo dijo en referencia al financiero argentino: “En esta campaña y a lo largo de los últimos años yo he tenido varias amistades que me han ayudado, entre ellos por ejemplo el señor Carlos (Díaz-Rosillo), el señor Damián (Valenzuela Mayer), el señor Román (Cendoya), que son personas del extranjero que generosamente han querido ayudarme en este proceso”. Solo habló del año 2026.

Pero Damián Valenzuela estuvo en Lima en cuatro ocasiones en 2011: del 29 de marzo al tres de abril; del 6 al 8 de mayo; del 21 al 25 de julio; y del 8 al 12 de octubre.

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El 21 de junio de 2011, poco después de que Keiko Fujimori fuera derrotada por Ollanta Humala en la segunda vuelta, Alonso Rey inscribió en Registros Públicos a Latin America Invest. Desde entonces, el empresario argentino estuvo en el país en total en 44 oportunidades. No es que apareció de la nada en este año.

Además de fundador del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez (PRCP), Alonso Rey Bustamente ha sido director de varias compañías, entre ellas de la agroexportadora Sociedad Agrícola Saturno, un sector estrechamente relacionado con el fujimorismo. De hecho, Alonso Rey coincidió en el mismo equipo de Keiko Fujimori con otro empresario agroexportador, José Chlimper Ackerman. Este fue investigado por entregar US$476 mil en efectivo a los propietarios de Radioprogramas y CRP Medios y Entrenamiento, para el financiamiento de publicidad de la candidata Fujimori, en 2011. La suma no fue declarada.

Alonso Rey, socio del argentino Damián Valenzuela, ejerció como presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), entre 2024 y 2026. Este año Rey fue reemplazado, casualmente, por Enrique Gubbins Bovet. Por coincidencia, este empresario estuvo implicado en los aportes clandestinos a Keiko Fujimori. Gubbins confesó que en 2011 le dio a la entonces aspirante presidencial US$3.4 millones. Keiko Fujimori en compañía de su exesposo Mark Vito recogió parte del dinero.

En 2021, reapareció el estudio Payet Rey Cauvi Pérez (PRCP). Después que Keiko Fujimori se negó a aceptar su derrota ante el candidato Pedro Castillo, denunció un falso fraude electoral. Abogados del estudio de Alonso Rey, socio de Damián Valenzuela, fueron parte de una campaña para deslegitimar el resultado del balotaje.

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El abogado de dicho estudio, Julio Pérez Vargas, declaró que el fundador, José Antonio Payet, actuó como personero de Fuerza Popular. No fue el único del bufete: “Mi socio Juan José Cauvi me llamó por teléfono a mi número celular el 7 de junio del 2021 y me comentó que habría una reunión a las 3.00 p. m. en el local de Fuerza Popular, cuyo propósito era apoyar en la revisión de las actas (de la segunda vuelta)”, declaró Julio Pérez ante la fiscalía, según reportó el portal periodístico 'Sudaca'. Todos los implicados luego dirían que participaron a “título personal”. La República envió un cuestionario a Alonso Rey al estudio PRCP. Pero hasta el momento este diario no ha recibido respuesta.

Conforme al registro migratorio de Damián Valenzuela Mayer, después de 2011, acumula mayores visitas en 2025 (6 veces) y en 2026 (10 veces). Es decir, en 16 oportunidades, antes, durante y después de la última campaña presidencial. El mayor flujo de toda su historia migratoria en el Perú.

Curiosamente, quien ha intentado ofrecer más explicaciones sobre la presencia del argentino Valenzuela en el país durante la campaña electoral de Keiko Fujimori, es otro de sus asesores, el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo.

Después de haber ejercido como asesor del presidente Donald Trump, además de director de Políticas Públicas de la Casa Blanca en el primer mandato del republicano, fundó y asumió la conducción del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (EEUU). Esta institución recluta como profesores y expositores a políticos de derecha de la región, entre ellos, Keiko Fujimori.

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En declaraciones a Radioprogramas, Díaz-Rosillo se presentó como asesor informal de Keiko Fujimori.

“El señor (Valenzuela) es una de las diferentes personas, amistades que han venido. No ha regresado al Perú, tengo entendido, desde la toma de posesión”, explicó Díaz-Rosillo, sin referirse a las visitas anteriores del empresario argentino al país y al origen del vínculo con Keiko Fujimori.

“Así que (Damián Valenzuela) no tiene ninguna influencia en el gobierno como no la tengo yo, como no la tiene el señor Cendoya Así que cero influencia en el gobierno”, pero luego precisó: “Yo puedo hablar solamente de mi experiencia, he dado consejos”.

La República intentó varias veces comunicarse con Carlos Díaz-Rosillo para preguntarle si tiene relación con el exasesor del presidente Javier Milei, el argentino Fernando Cerimedo, protagonista de un escándalo en Bolivia. El supuesto consejero del mandatario boliviano Rodrigo Paz, detenido por intentar asesinar a su pareja, aparece en una fotografía con Carlos Díaz-Rosillo, el asesor de Keiko Fujimori.

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Valenzuela responderá sobre el caso

• El empresario Damián Valenzuela Mayer designó como su abogado en Lima a David Torres Barreto, a quien La República remitió cuestionarios sobre el origen de su amistad con Keiko Fujimori y el contenido de sus asesorías a la excandidata presidencial, entre 2025 y 2026.
• También le preguntó sobre su relación con el estudio de abogados Payet, Rey, Cauvi, Pérez (PRCP), y en particular con Alonso Rey Bustamante.
• También se le ha pedido información a David Torres sobre sus presuntas vinculaciones con Fernando Cerimedo y Damián Merlo, relacionados con campañas de desinformación para apuntalar a candidatos de la derecha y destruir a sus opositores.
• Este miércoles La República publicará extensamente la versión de Damián Valenzuela, ofrecida por intermedio de su representante legal, sobre sus relaciones con Cerimedo y Merlo, y sus contactos fujimoristas en el Perú.

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de su Primer Despacho, llegó este miércoles a las sedes centrales del Mincul y de la BNP. La fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo lideró el operativo. El objetivo fue recabar documentación sobre ambas contrataciones para determinar si revisten carácter penal.

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La intervención se dio después de que el portal Lima Gris revelara el caso. Según esa investigación, las dos mujeres habrían sido favorecidas por su cercanía política con el ministro Alberto Beingolea, también vinculado al PPC. El medio sostuvo que ninguna de las dos contaba con experiencia afín a los cargos que ocuparon.

Los tiempos de la designación llamaron la atención de los investigadores. Aguayo Morales asumió la gerencia general de la BNP el 6 de agosto. Ese nombramiento se dio apenas tres días después de que la funcionaria registrara una visita personal al despacho de Beingolea, en la sede de San Borja.

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Aguayo Morales gana S/15,600 al mes y tiene un proceso abierto por cohecho en la ATU

Aguayo Morales percibe un sueldo mensual de S/15,600 por su cargo en la Biblioteca Nacional. Su trayectoria profesional, sin embargo, se concentró en el sector inmobiliario. No registró experiencia previa en gestión bibliotecaria, de acuerdo con la información recogida por Lima Gris.

La funcionaria también mantiene un proceso abierto en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Se le investiga por presunto cohecho pasivo impropio y negociación incompatible. Ese caso proviene de su paso por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Renunció a esa entidad un día antes de asumir oficialmente su nuevo puesto en el sector Cultura.

Su madre, Morales Morote, ingresó al despacho ministerial bajo otro esquema de contrato. Lima Gris reportó que recibirá S/32,500 en total por 145 días de trabajo, monto equivalente a unos S/6,500 mensuales. El portal indicó, además, que la funcionaria no cuenta con grados académicos ni títulos profesionales registrados ante la Sunedu.

"Hemos recibido el país con cifras y estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías", declaró la presidenta durante un evento por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor.

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La mandataria sostuvo que los avances de la economía deben reflejarse en mejoras concretas tanto para los pensionistas actuales como para aquellas personas que nunca pudieron acceder a una pensión. Al respecto, volvió a referirse a Pensión 65, programa cuya duplicación anunció en julio. Sin embargo, esta vez evitó establecer un plazo y se limitó a expresar una expectativa sobre su mejora en los próximos meses.

Sobre la creación de una nueva pensión, señaló que está a favor de una alternativa que facilite el acceso de los ciudadanos. No obstante, tampoco especificó cuándo se concretaría esta medida ni cómo sería financiada.

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"La solicitud de retiro del proyecto ‘Anti Ríos de Sangre’ se efectuó el pasado 24 de agosto con RU 8697-CD. Y quiero ser claro: el retiro no se efectúa por presión de nadie, sino por mi interés de reservar la propuesta para otro momento. No ahora, que el Perú nos necesita trabajando por las crisis, tarea que nos involucra a todos", señaló a través de su cuenta de X.

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El mensaje de Bravo llegó como respuesta luego de que la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtiera que, pese a que se había anunciado el retiro del proyecto, este todavía figuraba en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El retiro se hizo oficial minutos después de ese aviso.

El proyecto de ley buscaba establecer penas de entre cuatro y seis años de prisión para quienes, mediante medios de comunicación, plataformas digitales o manifestaciones, promovieran o justificaran el uso de explosivos u otros medios que afecten la vida o seguridad de las personas o del Estado. Además, modificaba el artículo 46 para agravar la pena cuando la conducta proviniera de comunicadores, influencers, funcionarios o dirigentes políticos. Aunque señalaba que no buscaba criminalizar la opinión, no definía con claridad qué debía entenderse por 'promoción', lo que dejaba margen a la interpretación de las autoridades.

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'El riesgo sigue latente'

Ante el anuncio de Bravo, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Laínez, señaló a La República que, frente a esta amenaza, buscarán mantenerse alertas a las acciones que tome el representante de Renovación Popular durante las próximas semanas en relación con la libertad de prensa.

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"El riesgo sigue latente. Si bien es cierto que ha retirado el proyecto de ley, el diputado deja la amenaza velada de que esto es una pausa y que, en cualquier momento, podría revivir esta iniciativa. Lo que queda es estar vigilantes a la actuación del diputado Bravo, para ver cuál será su posición sobre las libertades informativas. La advertencia queda y, en cualquier momento, podría presentar un proyecto contra las libertades como este o cualquiera similar", sostuvo.

Laínez también señaló que la coordinación con diversos gremios periodísticos se mantiene: "Hasta ahora, esto de ‘voy a presentar en cualquier momento’ puede ser hoy o en tres años. Siempre la ANP y otros gremios estamos presentes, atentos y articulados ante cualquier iniciativa que vaya contra las libertades informativas. Así que vamos a seguir vigilantes frente a cualquier proyecto que vaya en esa dirección".

Un proyecto rechazado por los gremios periodísticos

En diálogos anteriores con este medio, Laínez ya había señalado los peligros de este proyecto de ley para periodistas y comunicadores. A su juicio, los términos utilizados y la poca delimitación de la iniciativa evidencian sus riesgos.

"El proyecto tiene riesgos importantes para las libertades informativas y el ejercicio de la actividad periodística. Lo primero es que usa categorías muy abiertas. El proyecto habla, desde el título, de que lo propuesto entra en contextos de crisis política. Cualquier analista te diría que los últimos años han sido una crisis política. Eso abre la ventana a que lo cotidiano se convierta en una circunstancia para aplicar una ley de estas características. Hay regiones con conflictos sociales permanentes. Perseguir la incitación a la violencia no está mal, pero este proyecto incorpora una serie de agravantes y deja demasiado margen para que los fiscales, policías y jueces puedan interpretar como delito actividades periodísticas puntuales", indicó a La República.

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Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, también había indicado que la constante presentación de proyectos de ley de estas características mantiene en vilo el ejercicio periodístico.

"No es la primera vez que, bajo el argumento de preservar la seguridad interna, el Congreso propone alternativas que pueden terminar restringiendo la libertad de prensa y de expresión. La preocupación reaparece ahora con este proyecto, que propone que se penalice la ‘apología al delito’ como si el periodismo fuera motivador de estos delitos. Justamente en crisis y conflictos sociales, el periodismo tiene la tarea de informar a la ciudadanía sobre posibles delitos. Una norma tan arbitraria como esta podría llevar a que la difusión sea interpretada como una forma de apología", señaló a este medio.

Zunini precisó que, de las mociones impulsadas por su bancada, solo una queda vigente por ahora. "La única interpelación formal que ingresó la bancada es la del ministro de Defensa", dijo el legislador. Agregó que el pliego contra Shinno se retiró para revisar las preguntas con más calma, no para archivar el reclamo.

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El congresista insistió en que el retiro del documento no borra el fondo del problema. "Eso no significa que el problema no exista o que sea algo trivial", señaló. Zunini también valoró un ofrecimiento del primer ministro, quien dijo estar dispuesto a presentarse ante el Congreso las veces que haga falta para dar explicaciones. El vocero de Juntos por el Perú adelantó que tomarán esa palabra como compromiso.

La decisión llega después de que Juan Sheput calificara de exagerado el número de interpelaciones que promueve la bancada. La moción contra Rafael Belaúnde por el uso de las fuerzas del orden en Pataz sigue como el único proceso formal en curso.

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Alza en el precio de combustibles y paro de transportistas: los motivos de la interpelación contra Shinno

El cuestionario que Juntos por el Perú preparó contra Guillermo Shinno Huamaní apunta al alza en el precio de los combustibles. La bancada también exige explicaciones sobre las medidas que tomó el Ejecutivo frente a las protestas de los transportistas. Ese reclamo social se mantiene activo pese al retiro temporal del pliego.

La bancada opositora no descarta insistir con una nueva moción contra el ministro de Energía y Minas. Zunini dijo que el objetivo es lograr consenso con otras fuerzas antes de presentar un documento definitivo. Esa coordinación busca evitar que cada bancada actúe por separado con pedidos distintos hacia el mismo funcionario.

Juntos por el Perú había registrado además una tercera propuesta de interpelación, esta vez contra el titular del Interior. Con el retiro del pliego de Energía y Minas, la agrupación concentra su presión inmediata en dos frentes: Defensa, con proceso formal en marcha, y una futura moción conjunta contra Shinno.

El parlamentario precisó que tramitará el pedido el próximo martes durante la sesión ordinaria, donde deberá someter a aprobación su plan de trabajo para coordinar la asistencia del titular del sector.

“No es una interpelación, no es un cuestionamiento a su función, no. Solamente queremos que nos explique los alcances de esta medida”, dijo vía Exitosa.

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El legislador manifestó su desacuerdo con la norma que reduce en gran medida las sanciones. Sobre ello, Quispe calificó el acuerdo entre el Ejecutivo y los gremios de transporte como un retroceso en fiscalización vial y argumentó que reduce la exigencia hacia los conductores.

“La decisión que toma el gobierno después de una reunión con los transportistas es una decisión absolutamente política, nada técnica y nada ética (...). En el fondo, en realidad, lo que se está haciendo es premiar a quien comete infracción. Y eso no nos parece correcto”.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que el motivo principal de la medida fue evitar que los gremios acataran el paro anunciado, aunque reconoció que el decreto supremo final incluyó excepciones para no beneficiar a los infractores más graves. “Menos mal que en el decreto supremo ya se ha corregido”.

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Frente a las arbitrariedades policiales y el intento de los conductores por eludir los pagos mediante apelaciones extensas, Quispe propuso exigir al Poder Judicial la creación de juzgados administrativos de tránsito y seguridad vial para procesar las sanciones de manera imparcial.

“De tal forma que las papeletas de infracción sean de tránsito o transporte lleguen a este juez, que es un tercero imparcial. Ya no es la municipalidad o los otros órganos competentes quienes van a dirigir los reclamos”.

MTC oficializa la reducción del 90 % en multas de tránsito

El Gobierno aprobó un descuento del 90 % para pagar multas de tránsito para el transporte público y privado. Esta rebaja durará 90 días para las infracciones de tránsito —que sancionan las faltas a las reglas de circulación vial, como pasarse un semáforo— y 180 días para las de transporte, que castigan los incumplimientos en el servicio público o de carga, como circular sin autorización.

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Además, se pueden beneficiar todas las personas que tengan multas pendientes, acumuladas o en trámite de cobro, incluso si las reciben dentro de este plazo.

Sin embargo, las faltas más graves no reciben ningún descuento quedan fuera del beneficio, entre ellas se encuentran las multas por manejar borracho, prestar servicio informal, agredir a los inspectores de transporte o haber provocado accidentes de tránsito.

Para aprovechar la rebaja solo hay que pagar el monto con el descuento aplicado. Al hacerlo, la deuda se borra por completo, la cobranza se detiene y esa sanción no sumará puntos en el brevete ni contará como antecedente de reincidencia.