La acompañan en su viaje los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; Interior, César Astudillo; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y Salud, Luis Dyer. También la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales.

Gastos del viaje

La comitiva, integrada por siete personas, incluida la mandataria, representa un gasto de US$19.616,15 para el Estado. De ese monto, US$12.686,15 corresponden a pasajes y US$6.930 a viáticos, de acuerdo con la resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Asimismo, hay una delegación de avanzada, integrada únicamente por Héctor Eduardo Flores León, de la Secretaría de Actividades Protocolares, quien viajó del 27 y retorna el 31 de octubre.

Por esos cuatro días recibirá $1.260 de viáticos, mientras que su pasaje costó US$1.470,01. En total, el gasto por su desplazamiento asciende a US$2.730,01.

Ante la ausencia de Fujimori, el primer vicepresidente, Luis Galarreta, quedará a cargo del Ejecutivo del 28 al 31 de octubre y del 2 al 6 de noviembre. En tanto, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, asumirá temporalmente la Presidencia del Consejo de Ministros.

Violaciones a los DD.HH en El Salvador en nombre de la seguridad

Tras la salida de territorio nacional de Keiko Fujimori, el presidente del Senado, Miguel Galarreta, calificó de “acierto” la visita a El Salvador porque, según dijo, permitirá “rescatar las lecciones aprendidas respecto de un país que ha dado el ejemplo de cómo controlar, cómo abatir la delincuencia, la inseguridad”.

Sin embargo, las medidas impuestas en El Salvador han provocado graves afectaciones contra sus propios ciudadanos.

El último informe de Amnistía Internacional sobre la situación en dicho país concluye que “después de la instauración del régimen de excepción, más de 90.000 personas han sido detenidas, al menos 470 han muerto bajo custodia estatal y miles de familias continúan buscando respuestas sobre el paradero, la salud o la situación jurídica de sus seres queridos”.

Tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas, el régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022. Aunque se presentó como una medida temporal para combatirlas, continúa vigente mediante prórrogas sucesivas. La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga número 56 en octubre de 2026.

Se trata, señala Amnistía Internacional, de “un sistema permanente que promueve y justifica detenciones arbitrarias masivas, suspensión de garantías y graves violaciones de derechos humanos que podría constituir crímenes de lesa humanidad”.

Bukele ha reconocido errores

El 2022, Bukele admitió que "se puede esperar" un margen de error de un uno por ciento en las más de 8.500 detenciones que la Policía salvadoreña ha realizado desde la aprobación del régimen de excepción en el país.

De igual forma, en el 2024, declaró. “En nuestro caso, todos los arrestos fueron para poner fin al derramamiento de sangre que sufrimos durante décadas y por fin lo detuvimos. Ahora bien, ¿nuestra policía ha cometido errores? Por supuesto. Es un proceso en el que nuestro sistema judicial ha liberado a personas inocentes y seguirán liberando a todas las personas arrestadas erróneamente. Ya hemos liberado a 7,000 personas”.

A eso se le suma el último anuncio realizado por Nayib Bukele, en el que informó que están evaluando un programa de libertad anticipada y condicional para cerca de la mitad de los presos del país que presuntamente colaboraron con pandillas.

Al respecto, Abraham Ábrego, director legal de la reconocida organización humanitaria Cristosal, indicó que el mandatario “no habla de inocentes, sino de ‘colaboradores de pandillas’, para evitar nombrar a los inocentes que él mismo antes llamó ‘margen de error’ y que dijo, sin respaldo, que rondaban los ocho mil”.

Crisis de inseguridad continúa

Mientras tanto, el mismo día que Keiko Fujimori salió del país, el chofer de un bus de la empresa de transportes Santo Cristo de Pachacamilla (Etrascpsa) resultó herido durante un ataque armado perpetrado en plena ruta, en el distrito de Lurín (Lima).

El atentado contra el conductor ocurre menos de un mes después de otro ataque armado contra un bus de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla (Etrascpsa), conocida como la 10 E o Los Moraditos. El 7 de octubre, dos sujetos interceptaron una unidad en la avenida Las Palmas, en Pachacámac, y dispararon contra el vehículo cuando trasladaba a unos diez pasajeros. Los ocupantes se lanzaron al piso para protegerse y la Policía encontró 11 casquillos de bala en la escena. Ninguno resultó herido.

El dictamen sobre la Ley Soto obtuvo 12 votos a favor y 6 en contra. La propuesta plantea modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal, además de derogar la Ley 32104, que ratificó las disposiciones cuestionadas sobre la prescripción de delitos.

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La reforma busca revertir una regla que limita a un año la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. Sus promotores sostienen que esta disposición puede favorecer que determinados procesos terminen sin una sentencia. La discusión también comprende los límites de tiempo para investigar y juzgar delitos, así como las demoras del sistema de justicia.

El segundo dictamen obtuvo 11 votos a favor, 8 en contra y una abstención. La iniciativa plantea modificar el Decreto Legislativo 1373 y revertir restricciones incorporadas por la Ley 32326, que condicionó la extinción de dominio, como regla general, a la existencia de una sentencia penal firme o un laudo. Con el cambio, se busca que la recuperación de bienes de origen ilícito no dependa necesariamente de la conclusión previa de otro proceso.

Las dos propuestas fueron aprobadas por la comisión que preside Catherin Palomino, de Juntos por el Perú. Sin embargo, los dictámenes aún deben debatirse en el Pleno de la Cámara de Diputados.

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¿Qué cambios plantean la derogación de la Ley Soto y la extinción de dominio?

La Ley Soto, identificada como Ley 31751, estableció un límite de un año para la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. La nueva propuesta plantea modificar esa regla y establecer un límite equivalente al plazo ordinario de prescripción del delito más la mitad de ese periodo.

También propone derogar la Ley 32104, que ratificó las disposiciones cuestionadas. Sus promotores sostienen que los cambios permitirían evitar que determinados procesos terminen por el vencimiento de los plazos legales.

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En el caso de la extinción de dominio, el dictamen busca revertir las restricciones introducidas por la Ley 32326. Esa norma condicionó, como regla general, la procedencia de este mecanismo a la existencia de una sentencia penal firme o un laudo.

La reforma propone restablecer la independencia del procedimiento para que la recuperación de bienes vinculados con actividades ilícitas no dependa necesariamente de la conclusión de otro juicio.

El dictamen también contempla garantías para las personas que adquirieron bienes de forma legal y sin conocer su posible procedencia ilícita. Además, plantea mecanismos de revisión judicial y medidas para evitar procedimientos duplicados.

Ante este fallo, las sobrevivientes exigen justicia para las más de 4.000 mujeres comprendidas en la investigación y anunciaron acciones legales para revertir una medida que busca dejar estos crímenes en la impunidad.

La voz de las sobrevivientes: "No es justicia, es una indignación"

Al inicio de la conferencia, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, advirtió que esta medida bloquea el acceso a la justicia de miles de mujeres de 22 regiones y, además, contradice los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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"Estamos hoy en esta conferencia de prensa en rechazo a la resolución de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial, que pese a reconocer que las esterilizaciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad (...) ha dispuesto su archivamiento gracias a esta ley de la impunidad, la Ley 32107".

Durante el pronunciamiento conjunto, las afectadas alzaron su voz para denunciar el abandono del Estado y las graves secuelas físicas y emocionales que arrastran desde hace tres décadas.

Maribel Meza Gómez, representante de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Flor de Jano (Cusco), expresó el sentir de sus compañeras y señaló que el archivo las deja sumidas en la discriminación.

"En este momento nos encontramos frente a ustedes, pero con un corazón bien dolorido. (...) Esa ley tiene que anularse, porque esa ley no nos da ningún favor, nos está negando nuestros derechos. (...) Nosotros estamos luchando por una causa, no estamos caminando con mentiras, porque en nuestros cuerpos tenemos esas heridas. No estamos caminando por gusto".

Por su parte, Dionicia Calderón, sobreviviente de Ayacucho, relató las condiciones a las que fueron sometidas miles de mujeres en las postas y centros de salud de las zonas más alejadas del país.

"Nos llevaron como animales en un camión al hospital. En el piso hemos estado como animales gritando con dolor, vomitando, pidiendo auxilio, pero en ese momento nadie aparecía. (...) Para mí esto no es justicia, para mí es un infarto, para mí es una indignación. ¿Cuándo los peruanos y peruanas vamos a dejar de sufrir este atropello?"

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Apelación e instancias internacionales

Desde el ámbito jurídico, las organizaciones que respaldan a las sobrevivientes anunciaron acciones inmediatas para revertir el fallo.

Sigfredo Florián, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), indicó que la propia resolución fiscal aporta elementos que pueden respaldar la apelación. Recordó que la Sala de Derechos Humanos de la Corte Suprema ya ha inaplicado la Ley 32107 en más de 50 casos previos.

"Nos corresponde hacer una acción inmediata: estamos trabajando la elevación de actuados para que esta decisión sea revisada por un fiscal superior de Derechos Humanos", indicó, agregando que el caso será elevado a la Comisión y a la Corte IDH.

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En tanto, Rocío Silva Santisteban, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (DEMUS), cuestionó el archivo pese a las pruebas recopiladas en el expediente.

"El fiscal individualiza a las víctimas, individualiza a los perpetradores y plantea las pruebas específicas. ¿Por qué si plantea todo eso, archiva y no toma la decisión valiente de seguir adelante? Nos deja elementos sólidos en este documento para pedir que se anule el archivo", sostuvo.

Una resolución contradictoria: reconoce el delito pero archiva el caso

Firmada el último 22 de octubre, la resolución fiscal reconoce que las intervenciones quirúrgicas masivas realizadas entre 1990 y 2000 se practicaron "sin el consentimiento libre, previo, pleno e informado de las agraviadas" y se clasifican jurídicamente como delitos de lesiones graves, incluyendo cinco casos de muerte, en referencia a las víctimas fallecidas Celia Ramos, Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, Reynalda Betalleluz y María Genoveva Espínola.

Asimismo, el documento admite que estas prácticas constituyeron un crimen de lesa humanidad, al haberse ejecutado como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil en el marco de una política de Estado.

La investigación detalla cómo el Ministerio de Salud, bajo la gestión de ministros como Marino Costa Bauer, exigió metas de esterilizaciones y promovió 'Festivales de la Salud', cuyos reportes e informes de avance, que superaban las 38.000 intervenciones hacia 1997, llegaban directamente al despacho presidencial de Alberto Fujimori.

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Pese a individualizar a 4.172 personas agraviadas en 22 regiones del país, con mayor incidencia en Cusco y San Martín, y dejar constancia de la responsabilidad de altos funcionarios y médicos, el fiscal aplicó la Ley 32107, la cual prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002, una norma promovida por el fujimorismo para cerrar la causa penal.

Amnistía Internacional rechaza el archivo: "Los delitos de lesa humanidad no prescriben"

A las reacciones de las organizaciones nacionales se sumó el pronunciamiento de Amnistía Internacional, organismo que rechazó la disposición del Ministerio Público al considerar que vulnera los tratados internacionales suscritos por el Perú.

"Recordamos que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Por ello, aplicar la Ley N.° 32107 a estos crímenes desconoce el derecho internacional y las obligaciones del Estado peruano de investigar y sancionar estas graves violaciones de derechos humanos, perpetuando la impunidad", advirtió la organización.

Asimismo, la entidad internacional indicó que las víctimas continúan exigiendo una respuesta del Gobierno. "Las víctimas de esterilizaciones forzadas llevan más de 20 años en su lucha por justicia. El Estado peruano no puede seguir postergando su derecho a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición".

"El Perú ha votado en abstención por su profunda preocupación por los derechos humanos y las libertades individuales del pueblo cubano. Esta preocupación ya fue expresada por el Perú ante esta Asamblea General. En ambas ocasiones, señalamos que el bloqueo económico unilateral no puede servir de pretexto para justificar violaciones de las libertades fundamentales en Cuba", señaló Carlos Pareja, representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas, durante su intervención en la Asamblea General.

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Otros países de la región votaron en contra de la resolución o prefirieron abstenerse. Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica —cuyos gobiernos mantienen una relación cercana con la Administración de Donald Trump— se alinearon con la posición de Estados Unidos y votaron en contra.

Al igual que el Perú, Honduras y Chile —países que también se sumaron al Escudo de las Américas este año— se abstuvieron. A nivel global, Israel, Bosnia y Herzegovina, Lituania, Emiratos Árabes Unidos y Eslovenia también votaron en contra, mientras que Alemania, Grecia y Polonia optaron por la abstención.

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Históricamente, el Perú ha mantenido una posición favorable a las resoluciones presentadas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que solicitan poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. En 2024, el país votó a favor de una resolución que pedía el fin de esta medida. En 2025, cuando se sometió nuevamente a votación la iniciativa, su voto también fue favorable.

Un nuevo cambio en Torre Tagle

El internacionalista Farid Kahhat señaló a La República que el nuevo voto de la delegación peruana en la ONU constituye otra muestra del viraje hacia las posiciones de Estados Unidos en el ámbito internacional, una tendencia que se ha acentuado desde que Carlos Espá asumió como ministro de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Keiko Fujimori.

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"Es otro cambio en la conducta tradicional de la Cancillería peruana, que solía votar a favor del levantamiento del embargo contra Cuba, y que vuelve a poner al Perú en línea con la política de Estados Unidos. La prioridad de este Gobierno es la alianza con la Administración de Donald Trump, que probablemente cambie de rumbo cuando pierda —como es casi seguro— la mayoría, al menos en una de las dos cámaras del Congreso. No importa lo que uno piense del régimen cubano: las sanciones norteamericanas solo han afectado al pueblo de ese país, sin cambiar un ápice la naturaleza de su régimen político", señaló el analista internacional.

Francisco Belaúnde, internacionalista y docente de la Universidad de Lima, también indicó que esta votación se une a las decisiones mostradas por la Cancillería recientemente.

"Esta votación en abstención del Perú es un elemento más en el realineamiento del Perú acercándose a Estados Unidos. Aunque con cierta prudencia, pues tampoco han votado en contra. Pero se han abstenido y esto implica alejarse de posiciones tradicionales del Perú. Esto ha empezado con el tema de Palestina y ahora se manifiesta con el tema de Cuba", señaló.

En el terreno político, la senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) calificó de 'vergonzoso' el voto del Perú. A través de su cuenta de X, la representante legislativa aseguró que el bloqueo era una medida arbitraria contra el pueblo cubano y criticó la toma de decisiones de la administración fujimorista en política exterior: "El gobierno de Keiko Fujimori consolida su servilismo al poder imperialista y traiciona la solidaridad latinoamericana. Desde el Senado exijo que el Perú defienda una política exterior soberana y el cese del bloqueo contra Cuba".

En una comunicación dirigida al Gobierno peruano el 18 de agosto de 2026, Sattterthwaite señaló las nuevas presiones políticas ejercidas mediante declaraciones públicas y redes sociales contra miembros del sistema de justicia, la apertura de procedimientos disciplinarios contra jueces y la reducción de las medidas de protección para Salas Arenas, quien preside la Sala Penal de Transición de la Corte Suprema de Justicia.

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Reducción de medidas de seguridad de Salas Arenas

La representante de la ONU recordó que ya había expresado preocupación por la situación de Salas Arenas en diciembre de 2021, cuando remitió una comunicación al Estado peruano sobre actos de hostigamiento, persecución política, amenazas contra su integridad física y su posible destitución, sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no ha respondido aquella comunicación.

Según indicó, la Policía Nacional del Perú, el 9 de julio de 2026, decidió reducir las medidas de seguridad de Salas Arenas y su familia. El equipo de protección pasó de 14 a ocho agentes y se retiraron los vehículos de seguridad asignados, sin consultar previamente a los beneficiarios ni a sus representantes.

De acuerdo con la carta, la reducción se habría sustentado en evaluaciones internas de riesgo que consideraron que Salas Arenas ya no ocupaba la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que no se habían registrado amenazas directas desde diciembre de 2025.

Sin embargo, Satterthwaite advirtió que esas evaluaciones no fueron comunicadas al magistrado ni a sus representantes, lo que les impidió solicitar una revisión independiente o aportar información relevante para determinar el nivel de riesgo.

La relatora consideró que la medida parece incompatible con las disposiciones provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023 cuando el tribunal reconoció que Salas Arenas y su familia afrontaban una situación de riesgo extremadamente grave y urgente, por lo que exigió al Estado peruano mantener y reforzar su protección en consulta con ellos.

De acuerdo con la investigación de la relatora, los riesgos persisten debido a los ataques públicos, las campañas de desinformación y la estigmatización relacionadas con su anterior función electoral, además de los riesgos derivados de su labor como juez supremo.

Hostigamiento contra jueces que inaplicaron Ley 32107

Satterthwaite también expresó preocupación por los procedimientos disciplinarios iniciados por la JNJ contra jueces que decidieron inaplicar la Ley 32107, vinculada a la prescripción de delitos contra la humanidad, o rechazaron solicitudes de amnistía basándose en normas internacionales de derechos humanos.

Según sostuvo, las discrepancias sobre la interpretación de la ley deben resolverse mediante los recursos procesales correspondientes y no a través de sanciones disciplinarias.

En ese sentido, resaltó que el derecho internacional de los derechos humanos no permite amnistías ni medidas equivalentes que impidan investigar y sancionar crímenes contra la humanidad u otras violaciones graves de derechos humanos.

También subrayó que estos crímenes no están sujetos a prescripción. Por lo tanto, explicó, sancionar a jueces por aplicar las normas internacionales podría afectar su independencia y el derecho de las personas a ser juzgadas por tribunales imparciales.

Satterthwaite advirtió que, de confirmarse los hechos denunciados, estos serían incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos y podrían perjudicar el derecho a un juicio justo.

Solicitud al Gobierno peruano

Por ello, solicitó al Gobierno peruano información adicional sobre las denuncias expuestas, las medidas adoptadas para proteger a Salas Arenas y su familia, así como las acciones destinadas a garantizar la seguridad de los jueces frente a presiones externas y posibles procedimientos disciplinarios injustificados.

La relatora también instó al Estado a revertir medidas legislativas que, a su juicio, debilitan los avances en justicia transicional y a garantizar que los magistrados puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias.

Castillo, Huerta y Chávez mantienen una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad , mientras que Torres una de 6 años y 6 meses.

El Tribunal también concedió el recurso de apelación que presentó el Ministerio Público para anular la sentencia absolutoria dictada en favor del jefe policial, Manuel Lozada y reformándola se le imponga la condena de 11 años, 05 meses y 15 días de prisión y dos años de inhabilitación para ejercer cargo público como coautor del delito de conspiración para rebelión respecto a este caso.

Solicitud

A su vez, la Sala pidió a la Fiscalía sustentar documentalmente en qué momento y por qué motivo el delito de conspiración para la rebelión fue excluido de la investigación preparatoria. Asimismo, solicitó al juzgado competente informar si dictó alguna resolución al respecto durante la investigación o la etapa intermedia.

Las partes serán notificadas y dispondrán de cinco días para presentar sus medios probatorios. Cumplido ese plazo, el procedimiento continuará con la convocatoria a una audiencia virtual en la que se revisarán las apelaciones y se determinará la situación jurídica de los involucrados.

Se declaró inadmisible las solicitudes presentadas por el abogado Juan Walter Sifuentes Bustillos del 4, 14 y 28 de septiembre por no encontrarse acreditado como abogado defensor de Castillo Terrones ni estar, por consiguiente, legitimado para formular peticiones en su representación.

Roles

De acuerdo con la Fiscalía, Castillo fue quien anunció públicamente la disolución del Congreso, la instauración de un Gobierno de excepción y la reorganización de instituciones del sistema de justicia.

A la entonces jefa del Consejo de Ministros se le atribuyó haber convocado a los integrantes del gabinete mediante el chat de WhatsApp denominado “Gabinete Bicentenario”, durante la mañana del 7 de diciembre. Asimismo, la sentencia consideró probado que coordinó el ingreso de un equipo de TV Perú para transmitir el mensaje presidencial.

Por su parte, el exjefe del Gabinete de Asesores de la PCM fue señalado por su presunta participación en las coordinaciones previas al intento de golpe. De acuerdo con la sentencia, Torres redactó el mensaje a la Nación el 6 de diciembre de 2022 en una computadora ubicada en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Finalmente, el exministro del Interior fue acusado de intervenir en las coordinaciones para la ejecución de las medidas anunciadas por Castillo. Según la imputación fiscal, Huerta comunicó al entonces comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, las instrucciones relacionadas con el cierre del Congreso y la intervención de la fiscal de la Nación.

Matute recordó que el último encuentro cercano con Gavidia ocurrió durante las Fiestas Patrias, poco después de la instalación de la bancada. Desde entonces, según relató, no tuvieron mayores oportunidades de conversar. La senadora señaló que le habría gustado conocer las razones de su colega antes de que decidiera alejarse de la agrupación.

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La legisladora también reveló que Gavidia llevaba dos o tres semanas en conversaciones con Jorge Nieto. "Él ha estado conversando con Jorge Nieto hace dos o tres semanas", declaró a RPP. Asimismo, precisó que el senador llevaba cerca de tres semanas sin asistir a las reuniones de la bancada.

Matute indicó que Gavidia solía conversar con sus compañeros durante la campaña electoral y al inicio de la gestión parlamentaria, pero que esa comunicación se perdió con el tiempo. "Sabemos de él por sus redes y por las publicaciones que hace, pero no porque se aproxime a nosotros", manifestó. También sostuvo que cada persona debía asumir la responsabilidad por sus decisiones.

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La senadora consideró que Gavidia pudo exponer sus argumentos ante la bancada antes de renunciar. "Probablemente él hubiera tenido la oportunidad de ejercer su voto si exponía ante la bancada sus argumentos", afirmó.

Además, lamentó que no tomara en cuenta a los colectivos vinculados con su representación parlamentaria ni a los líderes de su agrupación. "Él es parte de una bancada y tiene líderes que lo representan. Todo eso debió pesar también en la toma de su decisión", sostuvo.

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Renuncia de Jorge Gavidia a Buen Gobierno: ¿qué opciones tiene tras dejar la bancada?

La renuncia de Jorge Gavidia a la militancia del Partido del Buen Gobierno y su salida de la bancada marcaron un nuevo escenario para el senador. Tras su decisión, el parlamentario solo podrá incorporarse al grupo mixto o sumarse a otra bancada, una opción que el reglamento del Senado permite por única vez durante el periodo 2026-2031.

El artículo 56 del reglamento establece que Gavidia deberá formalizar su incorporación a otro grupo parlamentario si elige esa alternativa. Sin embargo, si se suma a una nueva bancada durante un nuevo periodo anual de sesiones, no podrá integrar la Mesa Directiva durante ese lapso.

La otra posibilidad es que pase al grupo mixto, espacio que reúne a senadores que no pertenecen a una bancada. En ese caso, tendrá restricciones dentro del Senado: no podrá integrar la Mesa Directiva ni participar en la Junta de Portavoces. Además, este grupo no cuenta con personal ni oficinas propias, a diferencia de las demás agrupaciones parlamentarias.

Fuerza Popular y Renovación Popular votaron a favor. En el mismo sentido se pronunciaron las bancadas de Buen Gobierno y OBRAS, con excepción de Carlos Caballero, quien estuvo ausente, y Juana Ticona, quien se abstuvo. Toda la bancada de Juntos por el Perú votó en contra, menos el senador Percy Osorio.

Ahora Nación se abstuvo. En esta bancada, la senadora Ruth Luque no registró su voto, pues se encuentra en licencia por viaje.

Juntos por el Perú y Ahora Nación plantearon modificaciones

En la Comisión de Constitución, Juntos por el Perú ya se había opuesto al dictamen. Por ello, no sorprendió su posición en contra durante el debate en el Pleno.

Víctor Cutipa planteó que la entrevista personal tenga un puntaje de 15 y no 30 como se estableció en el dictamen. Esto, explicó, con el objetivo de garantizar la equidad y que la decisión esté “más cerca al mérito y lejos del sesgo político”.

La bancada presentó un texto sustitutorio y solicitaron a Mesía, presidente de Constitución, lo revise.

En el mismo sentido, la senadora Mirtha Vásquez de Ahora Nación expuso una serie de modificaciones planteadas por el partido.

Planteó modificar el artículo 9.1 para ampliar la participación de los colegios de abogados en la presentación de candidatos. Según explicó, la disposición actual hace referencia únicamente al Colegio de Abogados nacional, pese a que este representa al conjunto de colegios departamentales. Por ello, propuso que los colegios de abogados, independientemente de su ámbito territorial, puedan presentar postulantes.

Asimismo, Vásquez propuso reducir de 30 a 15 puntos el puntaje asignado a la entrevista personal, al considerar que su peso actual es demasiado elevado y puede alterar sustancialmente el orden de mérito de los candidatos.

Otra de sus propuestas apuntó a que la evaluación de la integridad pública de los postulantes se sustente en informes emitidos por las propias instituciones que registran procesos y sanciones.

Finalmente, planteó reforzar la transparencia y publicidad del procedimiento, particularmente durante etapas como la presentación de tachas contra los candidatos.

Postura del oficialismo

Al escuchar las propuestas de modificación, las bancadas del oficialismo, Fuerza Popular y Renovación Popular, cuestionaron el hecho de que esas propuestas no se hayan expuesto en el debate de la Comisión de Constitución.

La fujimorista Martha Moyano señaló que habían senadores que “todavía quieren expresar sus sueños de opio de modificar toda la Constitución o hacer la Asamblea Constituyente”. Resaltó que solo Juntos por el Perú votó en contra y, coherentemente, mantiene su postura en el Pleno. “(el resto de bancadas) votaron a favor. Pónganse de acuerdo, pues”, dijo.

De igual forma, María Lourdes Alcorta de Renovación Popular aseguró que “nadie ha puesto nada a dedo” en el dictamen y se sumó a la crítica de Moyano. “No empiecen a pedir acá lo que no se ha pedido en la comisión. Estamos con el mismo rollo todo el rato”, exclamó.

Sí se permite la postulación de Colegio de Abogados a nivel nacional

Las propuestas de modificar el puntaje no fueron tomadas en cuenta, sin embargo, sí la que cuestionaba el artículo 8 referente a la presentación de candidaturas. El cual dice que “los candidatos pueden presentarse individualmente o ser propuestos por los colegios profesionales nacionales”.

Daniel Barragán de OBRAS consultó si el Colegio de Abogados es un colegio profesional nacional, pues si no era el caso, no podría participar ningún abogado.

El presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, compartió la inquietud de Barragán y solicitó un cuarto intermedio, el cual fue concedido.

“En efecto, el Colegio de Abogados de Lima es de Lima y existe una federación de abogados que recoge a todos los colegios. Entiendo que resulte poco democrático impedir que los profesionales de (por ejemplo) Arequipa, Punto, etc, no puedan participar proponiendo candidaturas al TC. No está muy clara la interpretación”, indicó.

Tras el cuarto intermedio, Mesía mencionó que la ley orgánica del TC señala que “los candidatos pueden presentarse individualmente o ser propuestos por los colegios profesionales nacionales” y ello fue recogido textualmente por el reglamento del Senado.

Expuso que la interpretación que debe darse tanto a la ley del TC y al reglamento del Senado, es que se hace referencia a los colegios profesionales que “actúan o tienen vida” en el territorio nacional, con lo cual “queda a salvo la posibilidad de que colegios de abogados del Callao, de Lima, de Lima Este, de Lambayeque, puedan realizar sus propuestas”.

“La interpretación tiene que ser de naturaleza extensiva. Pro derechos humanos. La Constitución garantiza el derecho a la participación de modo individual o a través de las asociaciones, y los colegios profesionales lo son. Es lo más democrático y transparente”, resaltó.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

Con esta decisión, Gavidia formalizó su salida del partido liderado por Jorge Nieto. Tras ello, se espera que en las próximas horas el senador presente su renuncia a la bancada del Partido del Buen Gobierno en el Senado.

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El parlamentario anunció su salida días después de votar en discordancia con sus compañeros de bancada durante el debate del proyecto de delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Gavidia y Juver Flores fueron los únicos integrantes del Partido del Buen Gobierno que votaron a favor de la iniciativa, mientras que los demás optaron por abstenerse.

En declaraciones posteriores a la prensa, el senador afirmó que su decisión responde a su intención de mantener su libertad personal en el Congreso y evitar perjudicar al partido. Asimismo, señaló que considera que la organización tiene futuro político y expresó su confianza en los jóvenes que la integran.

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Gavidia se pronuncia tras su renuncia

Tras oficializar su renuncia, Gavidia expresó sus buenos deseos al Partido del Buen Gobierno y descartó incorporarse a otra bancada. En cambio, señaló que pasará a formar parte del grupo mixto.

“Es un excelente partido, con personas honestas. Me retiro por pensar diferente en estas últimas experiencias políticas. Las diferencias han sido explicadas y yo lo que tengo que asumir es mi rol como senador libre. Pasaré al grupo mixto y no existe posibilidad de que entre a otro partido”, indicó.

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Asimismo, Gavidia sostuvo que ya no podría ser sancionado por el partido tras su desafiliación. Por otro lado, señaló que Juver Flores, el senador que también votó a favor de las facultades legislativas, aún no ha decidido abandonar la agrupación.

“Es una incongruencia. ¿Qué sometimiento puede haber si estoy desafiliado? La condición de senador no tiene ninguna afectación con respecto a lo sucedido. (…) Él (Juver Flores) tiene otra posición, ha permitido una posibilidad de conversación”, manifestó.

¿Cuál es el futuro de Jorge Gavidia tras renunciar al Partido del Buen Gobierno?

El senador Jorge Gavidia deberá definir su futuro parlamentario entre dos posibilidades: incorporarse al grupo mixto, que reúne a legisladores sin bancada propia, o sumarse a uno de los grupos parlamentarios existentes. Sin embargo, si elige esta última opción, solo podrá cambiar de bancada una vez durante el periodo parlamentario 2026-2031, de acuerdo con las disposiciones del reglamento del Senado.

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El literal e) del artículo 56 establece que los senadores pueden cambiar de grupo parlamentario por única vez durante el periodo legislativo. Para concretar su salida, Gavidia deberá formalizar su renuncia a la bancada del Partido del Buen Gobierno y obtener su aceptación. Asimismo, si se incorpora a otra agrupación durante un nuevo periodo anual de sesiones, quedará impedido de integrar la Mesa Directiva durante ese lapso.

La alternativa de sumarse al grupo mixto también supondría restricciones para el legislador. Según el artículo 60 del reglamento del Senado, los integrantes de este espacio no pueden formar parte de la Mesa Directiva ni de la Junta de Portavoces. A estas limitaciones se suman las desventajas operativas del grupo mixto, que, a diferencia de las demás bancadas, no dispone de oficinas ni de personal propio.

La denuncia, dada a conocer por el portal Epicentro, se sustenta en tres hechos: la designación de Darwin Teófilo Eufracio León como viceministro de Recursos para la Defensa; el nombramiento de Beny Vásquez como vicepresidente del Consejo Directivo de la Caja Militar Policial; y la contratación de Maritza Manturano como jefa de asesores del Despacho Ministerial, quien es investigada por el caso de la red de servidores fantasmas en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S. A. (EMILIMA). Las tres bajo el aval de Belaúnde.

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Según la acusación, ni Eufracio León ni Beny Vásquez cumplirían con el perfil requerido para desempeñar las funciones asignadas. En el primer caso, la denuncia cita reportes periodísticos que apuntarían a un trasfondo político en la designación del funcionario. Cabe señalar que, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Eufracio León milita actualmente en Libertad Popular, partido por el que Rafael Belaúnde postuló a la presidencia de la República.

En cuanto a Beny Vásquez, la denuncia sostiene que el funcionario no cuenta con formación profesional en materia administrativa ni económico-financiera, por lo que cuestiona su idoneidad para ejercer el cargo.

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Por otro lado, Manturano es investigada por la Fiscalía por presuntamente liderar una asociación ilícita en la empresa municipal. Según un reportaje del programa dominical 'Cuarto Poder' que dio a conocer el caso, la actual asesora del despacho ministerial de Belaúnde habría participado en la aprobación y contratación fraudulenta de 22 proveedores fantasma durante su gestión al frente de EMILIMA.

El artículo 56 del reglamento del Senado, en su literal 'e', establece que este cambio de bancada solo puede realizarse una vez por periodo parlamentario. Para ello, Gavidia deberá presentar formalmente su renuncia a la bancada del Partido del Buen Gobierno y esta tendrá que ser aceptada. Además, si Gavidia se incorpora a un nuevo grupo parlamentario durante un nuevo periodo anual de sesiones, no podrá integrar la Mesa Directiva durante ese lapso.

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Si decide no incorporarse a otro grupo parlamentario y opta por formar parte del grupo mixto, Gavidia tendrá una serie de restricciones. En principio, el senador no podrá integrar la Mesa Directiva del Senado. El artículo 60 del reglamento establece que los parlamentarios pertenecientes a este espacio están impedidos de formar parte de dicho órgano.

Del mismo modo, tampoco podrá integrar la Junta de Portavoces. Además, el grupo mixto no cuenta con personal ni oficinas propias, a diferencia de los demás grupos parlamentarios.

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Renovación Popular y Obras abren las puertas a Jorge Gavidia

Tras conocerse su intención de renunciar al Partido del Buen Gobierno, representantes de dos grupos parlamentarios han abierto las puertas para que Gavidia pueda sumarse a sus filas: Renovación Popular y Obras.

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En el partido de Rafael López Aliaga, el diputado Aldo Bravo aseguró que Gavidia podría incorporarse siempre que respete los principios de la agrupación: "El señor Gavidia ha dicho que el Buen Gobierno ya no lo representa. Él busca renunciar para ser consecuente consigo mismo. Insisto, no lo hemos conversado en la bancada. Pero cualquier persona que respete los derechos de la vida, de la patria y de la libertad es bienvenido".

Por su parte, Daniel Barragán, senador de Obras, señaló que la posible incorporación de Gavidia a la bancada podría ser evaluada: "Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias. Hay que hacer una evaluación, al igual que lo puede hacer cualquier partido (...) Todas las posibilidades están abiertas. No descartamos ninguna".

Las estructuras estaban activas, con superficies acondicionadas y compactadas para facilitar el aterrizaje y despegue de aeronaves utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

La ubicación facilitaba el arribo y la salida de avionetas, con menores riesgos de detección, de acuerdo con la información de inteligencia divulgada por la Dirección Antidrogas (Dirandro).

Sin embargo, estas serían cuatro de las más de 100 que las autoridades tienen en la mira en seis regiones del país.

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Según información conocida por La República, la operación policial Vulcano III busca destruir las pistas clandestinas utilizadas por organizaciones narcotraficantes para el despegue de aviones livianos cargados con cocaína hacia Bolivia, Paraguay, Brasil y Colombia.

Las autoridades ya identificaron muchos de estos corredores ilegales que servirían para enviar el alcaloide desde la Amazonía peruana hacia países limítrofes y luego a los Estados Unidos y Europa.

La destrucción de las cuatro pistas se registró entre el 23 y el 26 de octubre y fue realizada por agentes de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas–Centro Pucallpa.

Estas vías de aterrizaje clandestinas fueron denominadas 'Santa Isabel III', 'Santa Isabel II', 'Nuevo Milenio' y 'Huito'. Según las autoridades, la afectación económica para las redes mafiosas fue de US$40.000.

OPERAN EN SEIS REGIONES

Los últimos informes policiales y de las fuerzas armadas indican que alrededor de 130 pistas de aterrizaje ilegales serían utilizadas por el narcotráfico en seis regiones del país, principalmente en la Amazonía.

 De ellos, 45 estarían operando en Ucayali, convirtiendo a la región en una de las zonas clave para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, debido a su cercanía con la frontera con Brasil.

Según información de la Dirandro, el Gobierno Regional de Ucayali, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y OpenStreetMap, estas pistas son habilitadas en bosques, cerca de ríos, trochas, vías e incluso territorios protegidos. De las casi 130 pistas rastreadas, 76 fueron confirmadas mediante entrevistas con líderes indígenas, comuneros y fiscales.

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“El problema es que muchas de estas pistas que son destruidas vuelven a ser habilitadas”, asegura un oficial de la PNP.

Además, las autoridades han detectado laboratorios móviles más pequeños y difíciles de rastrear, ubicados cerca de las pistas clandestinas en Ucayali, Madre de Dios, Vraem y Putumayo.

Asimismo, las avionetas ya no solo serían empleadas para transportar droga, sino también oro proveniente de la minería ilegal.

Así, la alarma se enciende en la frontera, pues más de 7.432 hectáreas de bosque han sido destruidas para abrir paso al crimen.

De este modo, las comunidades indígenas viven en permanente peligro, los activistas son perseguidos y la frontera con Brasil se ha convertido en un corredor de impunidad donde incluso operaría el Comando Vermelho.

El dictamen será debatido durante 30 minutos, tiempo que será distribuido de forma proporcional entre los grupos parlamentarios, sin interrupciones. Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, tendrá 10 minutos para sustentarlo.

El dictamen fue aprobado en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores con 9 votos a favor y 3 en contra. Además, en Junta de Portavoces, fue declarado como procedimiento de urgencia.

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Estos son los cambios en el reglamento de elección del TC

Lo aprobado en la sesión de Constitución incluye algunos cambios en el reglamento vigente.

Se modificó la distribución del puntaje de evaluación. Ahora se calificará hasta 70 puntos por méritos curriculares y hasta 40 por la entrevista personal. Los postulantes que no alcancen 50 puntos en la evaluación curricular serán descalificados. Se trató de una modificación, planteada por el senador Roger Astucuri Laura del Partido Cívico Obras, la cual reemplazó la fórmula inicial de 60 y 40 puntos, respectivamente.

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En base a ello, el proceso de evaluación contempla dos criterios: la evaluación curricular, que otorga un máximo de 70 puntos y exige un mínimo de 50, y la entrevista personal, que tiene un puntaje máximo de 30 y un mínimo de 10 puntos. En total, los postulantes pueden alcanzar hasta 100 puntos y deberán obtener al menos 60 puntos acumulados para superar la evaluación.

Respecto a la entrevista personal, estará orientada a evaluar la trayectoria personal, académica y profesional de cada candidato. Los miembros de la Comisión de Procedimientos Especiales calificarán individualmente a los postulantes y asignarán públicamente sus puntajes. Posteriormente, la presidencia de la comisión calculará el promedio de las calificaciones otorgadas por los integrantes que participaron en la entrevista para determinar el resultado final.

“Para el desarrollo de la entrevista, los miembros de la Comisión cuentan con la hoja de vida y la documentación presentada por el candidato, así como con la información obtenida de fuentes oficiales e incorporada al expediente del candidato”, se lee.

A su vez, si un candidato presenta información falsa será excluido independientemente de la etapa del proceso en que se encuentre.

En esa misma línea, se incorporó el requisito de presentar una declaración jurada de no afiliación vigente a organizaciones políticas.

También, se determinó que los grados académicos deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Otros cambios

Otro de los cambios vino por la propuesta de la fujimorista Chávez Cossío y se eliminó el artículo cuarto del texto inicial, referido a la naturaleza y fuerza normativa del reglamento especial.

Su colega de bancada, Patricia Juárez, planteó que se sustituya la palabra “supere” por “alcance” en la redacción sobre los puntaje. Se realizó ese cambio y, además, se eliminó la expresión “el umbral de”. También se corrigieron referencias entre artículos para evitar interpretaciones contradictorias.

Las candidaturas podrán presentarse de manera presencial o virtual.

La exposición del titular del Ambiente se desarrollará según las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), las cuales establecen las metas internacionales asumidas por el Perú para reducir emisiones y enfrentar el calentamiento global, en cumplimiento de la Ley Marco sobre Cambio Climático.

Tras la presentación del ministro, se iniciará un debate de una hora, cuyo tiempo será distribuido de forma proporcional entre los grupos parlamentarios.

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Agenda legislativa y mociones al Pleno

Por otro lado, durante la sesión de la Junta de Portavoces se acordó enviar al Pleno el proyecto de la Agenda Legislativa 2026-2027, elaborado de manera conjunta con la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta propuesta reúne cuatro objetivos principales, 29 políticas de Estado y 89 proyectos de ley prioritarios.

Asimismo, se aprobó incluir en la agenda del Pleno cinco mociones para formar comisiones investigadoras y especiales. Entre ellas se encuentra la moción 645, presentada por el Partido Cívico Obras, que plantea investigar la compra de 12 aviones F-16 para la Fuerza Aérea por un valor de 1.500 millones de dólares.

También pasó al Pleno la moción 677, promovida por Fuerza Popular y Renovación Popular, la cual propone crear una comisión especial para supervisar la ejecución de los fideicomisos y los proyectos de inversión en la Amazonía peruana.

"Quieto, no se muevan o disparamos", les dijeron. Eran militares y policías, recordaría después. Los cañones de sus armas eran inconfundibles. Empujaron a Javier Valles junto al resto y los esposaron. "Somos de la 2.ª Brigada de Selva de Protección de la Amazonía y esta es una operación conjunta con la Policía Nacional del Perú", les dijeron.

Todo ocurrió en la comunidad San Bernardo, en el sector Aguas Negras, a la altura del kilómetro 29 de la Interoceánica, en Madre de Dios.

Los acusaron de estar vinculados a 'Los Guardianes de la Pampa' o 'Los Guardianes de la Trocha', de la facción de 'Chili', uno de los hombres más buscados en esa región.

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Ese mismo día, el Poder Judicial dio trámite a una demanda constitucional de hábeas corpus presentada a favor de Javier Valles Pacaya, José Manuel Chique Huaychay, José Luis Becerra Balladares y Víctor Chique Mamani, tras denunciar presuntas restricciones a sus derechos durante una intervención policial.

Según la Resolución N.° 01, emitida por el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, los abogados denunciaron presuntas limitaciones al derecho de defensa técnica, impedimentos para entrevistarse en privado con sus patrocinados y la negativa a exhibir las actas de intervención, registro personal e incautación.

LIBERADOS 48 HORAS DESPUÉS

Sin embargo, contrario a la solicitud habitual de prisión preventiva en casos de crimen organizado, la Fiscalía determinó liberar a los 13 detenidos el domingo 18 de octubre de 2026, apenas 48 horas después del operativo.

Los elementos de descargo fueron: vínculo laboral sustentado, licencias de armas y documentación, así como inexistencia de flagrancia o resistencia.

Un día después, el lunes 19 de octubre del 2026 Javier Valles convocó a una conferencia de prensa y manifestó: "Hemos sido víctimas de un gran y grave daño moral, así como de abuso de autoridad. Nada tenemos que ver y no conocemos al tal ‘Chili’, no somos parte de ninguna banda criminal. Yo soy de Madre de Dios, nacido en esta tierra, soy nacido en la comunidad nativa San Jacinto y toda mi vida me he dedicado a trabajar honradamente", manifestó el ingeniero forestal.

Casos de personas inocentes que son detenidas y vinculadas erróneamente a bandas criminales han ganado una notable visibilidad en el contexto del estado de emergencia y del alto índice de criminalidad.

Debido a la intensificación de las operaciones militares y policiales contra redes mafiosas, se han reportado varios casos en los que ciudadanos comunes terminan atrapados en el sistema judicial por errores de identificación u operativos apresurados.

Tal como ocurrió con Valles y sus socios cuya concesión contrató a un grupo de seguridad particular que contaba con licencias y documentos que acreditaban ser propietarios de las armas de uso personal civil y no militar. Ellos fueron contratados para proteger a los dueños y brindarles seguridad ante los mineros ilegales que amenazaban tomar posesión de los terrenos.

Durante la intervención helitransportada militar-policial, se incautaron 2 fusiles R15, 5 pistolas, 319 municiones, 5 camionetas, 8 celulares, equipos de comunicación y S/7.553 en efectivo, entre otros bienes.

Los detenidos fueron: Víctor Chique Mamani, Jhonatan Condori Aime, Nelson Collanqui Vellota, Edwin Enancio Huaraya Grey, Escolástico Manrique Trucios, Edwin Niltons Chero Llontop, Luis Enrique Tarazona Mitma, Gabriel Dennis Cameli Vichman, José Luis Becerra Balladares, Rafael Tenazoa Pérez, Anthony Jesús Comitivos Vásquez, José Manuel Chique Huaychay y Javier Francisco Valles Pacaya.

"TODOS SON INOCENTES"

Mauro Betancourt, abogado de algunos de ellos, afirmó que fueron contratados por la familia Quispe Mamani, titular de una concesión de conservación, para brindar seguridad ante el ingreso de mineros ilegales y delimitar los terrenos. "Todos son inocentes", afirmó.

Según confirmó, contaban con licencias para portar armas y llevaban GPS, planos y contratos al momento de la intervención. Betancourt negó que sus defendidos hayan huido o disparado contra las fuerzas del orden y denunció daños en dos camionetas.

El abogado cuestionó que los intervenidos fueran presentados públicamente como integrantes de una organización criminal y sostuvo que no existen pruebas suficientes para sustentar esa acusación.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Madre de Dios, general PNP Michael Raúl Flores Álamo, se pronunció sobre lo ocurrido en Aguas Verdes y sostuvo que "la policía cumplió con su trabajo al detener a las 13 personas".

Respecto a su liberación, indicó que "sostendrá una reunión con el Ministerio Público para evitar que este tipo de situaciones se repitan más adelante en la lucha contra la minería ilegal".

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La Fiscalía ha planteado que los investigados afronten el proceso bajo comparecencia con restricciones, medida que permite continuar las investigaciones en libertad, sujeta al cumplimiento de las reglas de conducta que determine el órgano judicial.

La liberación no equivale a una declaración de inocencia ni al archivo definitivo del caso. Las responsabilidades deberán establecerse conforme avance la investigación y se evalúen los elementos probatorios, señaló un oficial de la región policial de Madre de Dios.

FALLAS ESTRUCTURALES

En tanto, las organizaciones de derechos humanos en el país señalan que la presión por mostrar resultados en la lucha contra la criminalidad ha derivado en fallas estructurales como:

Presunción de culpabilidad en flagrancia: personas que coinciden en el espacio y tiempo donde se comete un delito o se realiza un allanamiento son detenidas masivamente bajo cargos de asociación ilícita u organización criminal antes de verificar sus antecedentes o actividades individuales.

Falta de investigación técnica previa: En ocasiones, la urgencia de los operativos limita el rastreo digital o la validación de identidades, deteniendo a personas que simplemente comparten nombres similares con criminales listados como objetivos de alto valor.

Para las familias de los afectados, demostrar la inocencia bajo el marco legal vigente suele requerir pruebas científicas y técnicas contundentes como historiales de geolocalización de los teléfonos celulares que demuestran de forma irrefutable que el ciudadano no estuvo en los perímetros donde operaba la banda criminal o presentar certificados de plataformas digitales, facturas de servicios y testimonios vecinales que justifiquen la presencia de la persona en el lugar de los hechos.

Esta investigación responde a una denuncia presentada por el ex tesorero del Partido Nacionalista Peruano, Mario Julio Torres Aliaga y su abogado Edinson Huamán Chacón. Los denunciantes refieren que la sentencia por presunto lavado de activos -anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional- se notificó por escrito el 2 de mayo de 2025, sin que exista certeza de la fecha en que fue emitida.

Como se recordará, el adelanto del fallo por lavado de activos contra Humala y el Partido Nacionalista se conoció públicamente el 15 de abril de 2025, fecha en la que se dispuso el ingreso inmediato de Humala y Mario Julio Torres a prisión. Sin embargo, la lectura íntegra de la sentencia recién se realizó el 29 de abril y se notificó por escrito el 2 de mayo en que habría sido firmada.

La resolución que da inicio a la investigación disciplinaria señala presuntas irregularidades en la emisión y notificación de la sentencia, pues la resolución escrita con fecha dos de mayo genera dudas razonables sobre la transparencia del acto jurisdiccional, presumiendo razonablemente que dicha sentencia se habría elaborado con posterioridad a la fecha declarada oficialmente, pese a haberse comunicado previamente su contenido, afectando gravemente la seguridad jurídica y la confianza en la administración de justicia.

Los jueces Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa se opusieron alegando que sobre los mismos hechos ya existe otra investigación en la que incluso se les ha impuesto suspensión en el ejercicio del cargo por seis meses, pero la ANC-PJ analiza que los hechos y las personas no son los mismos.

En la primera investigación disciplinaria se investiga a los jueces por los hechos del 15 de abril, esto es, disponer el cumplimiento inmediato de un fallo que en esa fecha aún no se había concluido de redactar, lo que contradice el mandato constitucional de que nadie puede ser privado de su libertad, salvo por mandato escrito y motivado de un juez.

En tanto que en la nueva investigación busca aclarar cuándo estuvo lista la sentencia, el 15 de abril, el 29 de abril o el 2 de mayo de 2025. Julio Torres permaneció en prisión del 15 de abril a septiembre del 2025, cuando la Sala de Apelaciones le dio libertad al considerar que el Juzgado Penal Colegiado no había justificado el peligro de fuga para disponer el adelanto del cumplimiento de la condena.

“No rectifico nada, más bien ratifico lo que dije. (…) Rafael, ratifico lo que dije y una vez más te hago la misma pregunta. ¿Eso se hizo con tu conocimiento y participación o se hizo a tus espaldas? ¿Eres corrupto o eres tonto? Nos vemos en los tribunales”, dijo Allison en un video difundido en sus redes sociales.

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Antes de ello, había anunciado que el líder de Renovación Popular le había solicitado rectificar unas declaraciones.

“López Aliaga me ha mandado una carta notarial amenazando con querellarme si no rectifico unas declaraciones que hice durante la campaña política, en las cuales manifesté que habría habido corrupción en la Municipalidad de Lima durante su gestión, haciendo contrataciones a dedo, vulnerando las normas de contratación del Estado sin ninguna transparencia”, contó.

JNE sin fecha exacta para pronunciarse sobre el caso Rafael López Aliaga

Al ser consultado por una fecha exacta de un pronunciamiento sobre el caso López Aliaga, Rosales indicó que es comprensible la preocupación de la ciudadanía, pero que “la justicia electoral no puede ponerse en supuestos”.

“Tenemos que tener el caso concreto específicamente resuelto al 100% del procesamiento de votos para tener un ganador. Luego, que se identifique a todos los ganadores a nivel nacional (provincial y distrital), se evaluarán aquellos casos en los que no hubiese un candidato a la alcaldía y tuviese que asumir algunos de los regidores que han postulado con dicha lista. La evaluación depende del razonamiento que aplique el JEE y el Pleno del JNE. No podría señalar una fecha”, manifestó.

Añadió que no podía hablar de un caso particular porque estaría incumpliendo la labor que realizan los JEE y el Pleno.

Sin embargo, señaló que no existe impedimento para que una ex autoridad postule en la lista de regidores. En el caso de que esa postulación podría llevar al primer regidor a asumir una alcaldía, pese a haberla ocupada en el ultimo periodo, indicó que no puede adelantar opinión.

Una vez que los Jurados Electorales Especiales realicen las proclamaciones, el JNE emitirá los resultados finales, indicó.

Mencionó que, en algunos casos, se presentarán apelaciones. “La justicia electoral es de doble instancia. En ese sentido, siempre queda la posibilidad de apelar en algunos supuestos específicos que establece la normativa electoral para que el Pleno, en una segunda instancia, pueda revisar las decisiones del JEE. Tal es el caso de las actas observados en las que no hubiese conformidad de parte de los personeros”, explicó.

Casos de reelección encubierta recién se evaluarán al tener el conteo al 100%

Respecto a los casos de reelección encubierta, Ernesto Rosales mencionó que el JNE espera los resultados al 100% para poder tomar una decisión, incluido el de Rafael López Aliaga.

“Respecto a todos los casos en los cuales se tuviera a una ex autoridad como candidato de primer regidor, se analizará una vez que estén los resultados al 100%. El JEE sobre el caso concreto y, en su oportunidad, el Pleno del JNE tomarán la decisión correspondiente”, declaró.

Enfatizó en que los resultados estarían listos para la segunda semana de diciembre independientemente de los casos de reelección encubierta. “Esos casos identificados a nivel nacional van a tener su propio pronunciamiento en su oportunidad”, dijo.

“Estamos por emitir pronto la sentencia. Ciertamente, eso podrá advertir las posturas y las corrientes de pensamiento que siguen los magistrados del Tribunal”, declaró a Canal N.

Añadió que faltarían dos votos para ser comunicados y será “evacuado prontamente”.

El 14 de agosto de 2025 la norma fue publicada en el diario oficial El Peruano y, tiempo después, el 12 de septiembre, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, la cual fue admitida.

Luego, el 11 de marzo de 2026 se realizó la audiencia pública virtual y luego de escuchar los informes orales de los abogados de ambas partes, dejó al voto 14 procesos constitucionales, provenientes de diversas jurisdicciones del país.

Si TC declara constitucional la Ley de Amnistía, los jueces no podrán aplicar control difuso

El 2025, al ser consultado sobre el impacto de la decisión del TC sobre la ley de amnistía, Gutiérrez Ticse dejó claro que si se declara constitucional ya no se podrá aplicar el control difuso.

“El sistema señala lo siguiente: que una norma se presume constitucional. Por lo tanto, los jueces, por regla, deben aplicar una ley. Si la ley la consideran inconstitucional en un caso concreto, los jueces tienen la potestad del control difuso de inaplicarla. Pero cuando esto llega al Tribunal Constitucional y el tribunal dice que esa ley es constitucional, ya no pueden hacer control difuso porque tienen que aplicar la ley constitucionalizada”, dijo a RPP.

Sustentó lo dicho citando el segundo párrafo del artículo VII del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, en el que se lee: “los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular”.

Gonzalo Ugarte, abogado e integrante del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP, señala que “el gran problema de esta norma es que, al no contemplar mayores excepciones, podría extinguir investigaciones y procesos vinculados con graves violaciones de derechos humanos o crímenes internacionales ocurridos durante dicho periodo”, en un artículo de la casa superior de estudios.

Añadió que teniendo una “mirada integral del derecho internacional contemporáneo, es jurídicamente insostenible el argumentar que el Perú puede permitir la amnistía o la prescripción de crímenes internacionales o graves violaciones de derechos humanos, hayan sido cometidas antes o después del año 2002”.

“Lejos de proteger algún bien jurídico relevante, una sentencia en esa línea consolidaría la impunidad de quienes hayan cometido algunos de los crímenes más graves que pueden afectar a una persona y a una sociedad. La sentencia a ser emitida sobre el proceso contra la Ley No. 32419 se convertirá casi por seguro en un hito, y es el pleno del Tribunal Constitucional el que debe decidir el derrotero este: el de la profundización en la injusticia o en el punto de inflexión hacia el respeto por los derechos de las víctimas, sus familiares y la integridad del derecho internacional”, se lee.

Por medio de sus redes oficiales, la parlamentaria denunció una "ilegalidad" por parte de la Mesa Directiva al señalar que la decisión se atribuyó a un supuesto acuerdo de la Junta de Portavoces que no se habría adoptado.

"¡Otra ilegalidad de la Mesa Directiva del Senado! El señor Miguel Torres comunicó el archivo de nuestra moción para crear una Comisión Especial de Pueblos Indígenas u Originarios, Comunidades Campesinas y Nativas, Pueblo Afroperuano y Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad, atribuyéndolo a un acuerdo de la Junta de Portavoces que no se habría adoptado".

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Además, manifestó que la Junta de Portavoces no tiene la atribución de archivar mociones, puesto que los artículos 35 y 84 del Reglamento del Senado establecen que esa facultad le corresponde únicamente al Pleno. En esa línea, advirtió que la medida profundiza la exclusión de comunidades que defienden sus territorios y el medio ambiente.

El argumento para el archivo

La postura de la legisladora se da tras la emisión de un oficio remitido el 27 de octubre de 2026 por el Oficial Mayor del Senado, Giovanni Forno Flórez.

En dicho documento se informa que la Junta de Portavoces, en su sesión del 26 de octubre, acordó pasar al archivo la Moción de Orden del Día 00012, mediante la cual se proponía la creación de la comisión especial, iniciativa impulsada por Vásquez junto a los senadores José Mercedes Castillo Terrones y Pablo Alfonso López Chau Nava.

De acuerdo con el oficio, la decisión se basó en una comunicación de la Comisión en Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital, que reportó la creación interna de un Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, Originarios y Afroperuanos.

“Simplemente siempre ingresé considerando que era diferente a mi posición y no puedo hacerle daño a la imagen del partido”, dijo Gavidia en una entrevista para Panamericana TV, el último domingo. “Si tengo que irme, lo haré, aunque yo dije que nunca lo iba a hacer”, añadió el senador.

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En la mira

Jorge Gavidia es voceado para integrar las bancadas de Fuerza Popular, Obras y Renovación Popular.

Sobre el fujimorismo, el senador adelantó que una de las diferencias que tenía con la bancada de Jorge Nieto eran las dudas que mantiene con las políticas que ejerce el Ejecutivo en la actualidad.

Según mencionó el partido naranja no es lo mismo de hace 20 años atrás, por lo que se debería “aprender a dar oportunidades”.

“Parece ingenuo, pero en algún momento tenemos que confiar en nuestro gobierno, porque somos parte de un país que requiere que se avance o se equivoque (…) no tratar de manejarlo desde la postura política porque eso nos atrasa, nos entrampa e incluso nos va separando cada vez más”, expresó para La República.

Gavidia aseguró, además, que no es antifujimorista y que percibe a Keiko Fujimori como una persona perseverante, por las veces que postuló a la presidencia.

“Si una presidenta se presenta tres o cuatro veces, al margen de eso, creo que de todas maneras necesitaba de que le demos la oportunidad (…) lo que pasa es que no soy antifujimorista, nunca soy anti nada”, sostuvo.

Tras la renuncia de Gavidia, el senador Daniel Barragán dijo que las puertas de la bancada de obras siempre están abiertas. “Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias. Hay que hacer una evaluación al igual que lo puede hacer cualquier partido (…) todas las posibilidades están abiertas. No descartamos ninguna”, declaró.

Desde Renovación Popular, el diputado Aldo Bravo también señaló que las puertas de sus bancadas están abiertas. “El señor Gavidia ha dicho públicamente que Buen Gobierno ya no lo representa. Si él pide participar de Renovación Popular, no lo hemos conversado, pero si respeta al vida, la familia, es bienvenido”, apuntó.

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Piden explicaciones

Desde la interna de Buen Gobierno cuestionan la decisión de Gavidia, su colega de bancada, Nora Bonifaz, lo instó a decir cuáles son las diferencias ideológicas que mantiene con el partido. Precisó que fue el propio Gavidia quien ingresó a la agrupación elogiando su plan de gobierno y su doctrina ideológica.

“Yo no lo entiendo, él entró al partido hablando maravillas del plan de gobierno y de la posición doctrinaria. Evidentemente, no hay transparencia en esa oscuridad mental, pese a que se dice científico, quiero que diga científicamente una por una las diferencias”, cuestionó.

En esa crítica, el senador Carlos Caballero (Buen Gobierno) indicó que le sorprende la decisión de Gavidia, debido a que durante la campaña electoral siempre participaba de las reuniones de la agrupación para estar alineados a las políticas del partido. “Una vez que es elegido senador sale por la puerta falsa de la traición”, sentenció.

“Para el caso de las elecciones municipales, tanto provincial como distrital, no se tiene una fecha establecida, pero se viene realizando de manera exhaustiva. Recordemos que el Jurado Especial Electoral y el Pleno del JNE se encuentran en sesión permanente. Eso quiere decir que los días no hábiles también están sesionando para resolver el recuento de votos y las actas impugnadas”, expresó a Canal N.

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Demora en proclamación de resultados se debería al diseño institucional

Carlos Enrique Chuquiruna, especialista en temas electorales, explicó a este medio que habitualmente se justifica la demora en la proclamación de los resultados a una cuestión de geografía, a la logística del traslado de actas desde zonas remotas o al voto de peruanos en el exterior (en el caso de las presidenciales). Sin embargo, si bien tales factores existen, “no explican por sí solos la prolongada incertidumbre que caracteriza a nuestras jornadas electorales, sobre todo cuando se nos compara con países de la región que informan tendencias la misma noche”.

Chuquiruna considera que “el problema de fondo es de diseño institucional”.

“En el Perú, el cómputo oficial es, a la vez, la única fuente de información pública inmediata. Es decir, utilizamos el procedimiento con valor jurídico definitivo —sujeto a observaciones, nulidades e impugnaciones— para cumplir una función que en otros sistemas no le corresponde: informar con rapidez a la ciudadanía”, indicó.

A diferencia del modelo peruano, “países como México, Colombia, Argentina, Chile o Panamá que tienen realidades geográficas y logísticas igualmente complejas han desarrollado un sistema nacional de resultados preliminares”. Es decir, “un sistema preliminar de carácter público e institucional cuyo único propósito es capturar y difundir de forma ágil la información consignada en las actas desde los propios locales de votación”.

En base a ello, el especialista manifiesta que la discusión no debe centrarse en sustituir o acelerar artificialmente el cómputo oficial, sino en ofrecer a la ciudadanía un sistema nacional de resultados preliminares.

“El desafío consiste en establecer con claridad dos momentos diferenciados: informar con celeridad y proclamar con certeza jurídica. Mientras esa separación no exista en el diseño de nuestro sistema electoral, cada elección reñida seguirá traduciéndose en días de espera, desconfianza y polarización innecesaria”, resaltó.

Casos de reelección encubierta recién se evaluarán al tener el conteo al 100%

Por otro lado, respecto a los casos de reelección encubierta, Ernesto Rosales mencionó que el JNE espera los resultados al 100% para poder tomar una decisión, incluido el de Rafael López Aliaga.

“Respecto a todos los casos en los cuales se tuviera a una ex autoridad como candidato de primer regidor, se analizará una vez que estén los resultados al 100%. El JEE sobre el caso concreto y, en su oportunidad, el Pleno del JNE tomarán la decisión correspondiente”, declaró.

Enfatizó en que los resultados estarían listos para la segunda semana de diciembre independientemente de los casos de reelección encubierta. “Esos casos identificados a nivel nacional van a tener su propio pronunciamiento en su oportunidad”, dijo.

JNE sin fecha exacta para pronunciarse sobre el caso Rafael López Aliaga

Al ser consultado por una fecha exacta de un pronunciamiento sobre el caso López Aliaga, Rosales indicó que es comprensible la preocupación de la ciudadanía, pero que “la justicia electoral no puede ponerse en supuestos”.

“Tenemos que tener el caso concreto específicamente resuelto al 100% del procesamiento de votos para tener un ganador. Luego, que se identifique a todos los ganadores a nivel nacional (provincial y distrital), se evaluarán aquellos casos en los que no hubiese un candidato a la alcaldía y tuviese que asumir algunos de los regidores que han postulado con dicha lista. La evaluación depende del razonamiento que aplique el JEE y el Pleno del JNE. No podría señalar una fecha”, manifestó.

Añadió que no podía hablar de un caso particular porque estaría incumpliendo la labor que realizan los JEE y el Pleno.

Sin embargo, señaló que no existe impedimento para que una ex autoridad postule en la lista de regidores. En el caso de que esa postulación podría llevar al primer regidor a asumir una alcaldía, pese a haberla ocupada en el ultimo periodo, indicó que no puede adelantar opinión.

Actas observadas

Sobre los resultados regionales, Rosales indicó que la fecha para la segunda vuelta se estableció para el 6 de diciembre, por lo tanto, el 28 de octubre es el plazo máximo para concluir el recuento de votos.

“Según el dashboard del JNE tenemos, a la fecha de hoy, el 99.8% de actas observadas resueltas. Al 84% de recuento de votos realizados a nivel nacional”, explicó.

Especificó que en el caso de Lima se cuenta con 10 JEE que cuentan con “su propia carga” y desarrollan el recuento de votos de forma progresiva.

Desde la Santa Sede señalaron que estos encuentros “responden al deseo del papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo esta violencia”.

Según el comunicado oficial, la meta es construir “caminos de sanación accesibles a todo aquel que los necesite” y asegurar que la institución sea percibida como “un lugar seguro y espiritualmente sano”.

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Además, esta iniciativa da continuidad a los encuentros que el pontífice sostuvo recientemente en Madrid y Lourdes. En ambas citas, León XIV escuchó los testimonios de las víctimas e insistió en la necesidad de actuar con “máxima vigilancia y determinación” para alcanzar la verdad y la justicia, además del perdón y la debida reparación a las víctimas.

De este modo, León XIV retoma la práctica de sus antecesores en los viajes internacionales y la iniciativa da continuidad a los encuentros que el Santo Padre sostuvo en Lourdes y en Madrid.

En la capital española, durante su viaje del pasado 8 de junio, el Papa conversó en la Nunciatura Apostólica cerca de una hora con seis víctimas de abusos, quienes le presentaron propuestas para mejorar las medidas de la iglesia.

En esa cita, León XIV escuchó sus testimonios e indicó que sus aportes servirán de base para lograr que la institución sea un espacio seguro.

Secretario de la Conferencia Episcopal deja el cargo tras denuncia por abuso

El anuncio del papa también coincide con una denuncia dentro de la Iglesia peruana. El secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y obispo de Huacho, monseñor Antonio Santarsiero Rosa, solicitó ser apartado del cargo tras hacerse pública una denuncia por presuntos abusos sexuales y maltrato psicológico contra un menor de edad y un sacerdote.

La denuncia ingresó a la Nunciatura Apostólica de Lima el 31 de marzo a través de un documento notarial, aunque las autoridades vaticanas recibieron la información sobre los hechos hace dos años, según reportó el portal InfoVaticana. Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2013 en el seminario de Huacho.

El caso recoge dos testimonios principales. El primero pertenece a un joven laico de una zona rural, quien relató que los abusos iniciaron cuando era menor de edad tras ingresar al seminario menor y continuaron por varios años.

El segundo testimonio corresponde a un sacerdote que convivió con el obispo y detalló episodios de manipulación psicológica, caricias no consentidas, conductas sexuales explícitas y difamación.

Santarsiero, sacerdote de origen italiano con más de 50 años de presencia en el Perú y 22 años como obispo de Huacho, negó las acusaciones. El monseñor declaró que los cargos contradicen sus principios y sostuvo que no tiene una notificación formal del caso.

Por su parte, el Presbiterio de Huacho defendió la conducta moral de su autoridad, mientras la Conferencia Episcopal Peruana explicó que la salida del obispo busca dar facilidades a la investigación tanto en la justicia civil como en la Iglesia.

La agenda del papa en Perú

La Santa Sede publicó el programa oficial para la visita del papa del 11 al 16 de noviembre, una gira de 6 días que abarcará cuatro sedes: Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

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El pontífice arribará al Callao el miércoles 11 a las 5.30 p. m. tras su paso por Buenos Aires, y en esa misma jornada sostendrá reuniones en Palacio de Gobierno, además de un encuentro con autoridades y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

La estadía en el país concluirá el lunes 16 de noviembre a las 10.30 a. m. con la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas.

El despliegue de esta gira implicó una transferencia de S/63,2 millones por parte del Gobierno, a la que se suma el objetivo de la Conferencia Episcopal de recaudar 4 millones de soles para la logística del viaje. Asimismo, los organizadores proyectan una convocatoria de 1,5 millones de fieles en la misa de Pimentel.

El tramo final del itinerario incluirá una visita a las Hermanitas de los adultos mayores Desamparados a las 8.30 a. m., previo al acto protocolar en el Callao a las 1.15 p. m. y la partida de la comitiva papal hacia Roma a las 1.45 p. m.

Giacaman es periodista y politóloga, con una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Acumula más de 20 años de trayectoria en libertad de expresión, derechos humanos y gobernabilidad democrática. También dirigió una oficina nacional de la ONU.

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Desde la sociedad civil, trabajó de forma sistemática con la CIDH y con la propia Relatoría que ahora encabezará. El organismo destacó además su experiencia en movilización de recursos y construcción de coaliciones.

La CIDH recibió 258 cartas y observaciones de organizaciones de la sociedad civil y de Estados durante la consulta pública del proceso. La convocatoria se publicó el 15 de abril, y la selección se rigió por sus criterios y por las normas reglamentarias de la Secretaría General de la OEA.

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Los criterios de la CIDH para elegirla

La Comisión señaló que evaluó las cualidades profesionales, la experiencia, la capacidad técnica y el liderazgo de la candidata. Valoró también su capacidad para trabajar con Estados, organizaciones de la sociedad civil y otros actores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Relatoría depende de la CIDH, articula su trabajo con la Secretaría Ejecutiva de la institución y tiene su sede en Washington, D.C., según el artículo 15 del Reglamento de la Comisión.

Son un total de 52 personas las que se encontraban comprendidas en la investigación, entre las cuales se encuentra el exministro de Salud y actual senador fujimorista Alejandro Aguinaga.

Fiscalía reconoce que hubo esterilizaciones forzadas

La resolución, firmada por el fiscal Jesús Víctor Dávila Rojas y fechada el 22 de octubre último, admite que las esterilizaciones se realizaron sin el consentimiento libre e informado de las personas.

El documento menciona que existen evidencias para afirmar que los hechos vinculados al denominado caso esterilizaciones forzadas, ocurridos entre el 28 de julio de 1990 y el 22 de noviembre de 2000 se clasifican en “los delitos de lesiones graves y de lesiones graves seguidas de muerte”.

Precisa que las intervenciones quirúrgicas se practicaron “sin el consentimiento libre, previo, pleno e informado de las agraviadas”, por lo que se trató de “esterilizaciones forzadas”.

Fiscalía reconoce que se trata de un crimen de lesa humanidad

Por estas características, y siguiendo el derecho penal internacional, se trata de un "crimen de lesa humanidad”, indicó el fiscal Dávila.

“Al haberse cometido como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra un sector de la población civil, en ejecución de una política de Estado y con conocimiento de dicho ataque por parte de los autores”, se lee en la resolución.

El documento también detalla cómo ejecutó el plan de esterilizaciones forzadas el régimen fujimorista. Para esto, se menciona el rol del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

Según la reconstrucción, en 1996 el Ministerio de Salud fijó cuotas de operaciones quirúrgicas para distintas regiones y promovió jornadas denominadas “Festivales de la Salud”. En ese sentido, de acuerdo a testimonios reunidos en la investigación, presuntamente hubo estímulos y reconocimientos al personal médico y sanitario para incrementar la cantidad de ligaduras de trompas y vasectomías realizadas.

La Fiscalía presenta documentos en los cuales se evidencia que el seguimiento de estas intervenciones llegaba hasta la Presidencia de la República. En 1997, el entonces ministro de Salud, Marino Costa Bauer, enviaba informes a Fujimori sobre el avance del programa. Uno de ellos reportaba 38.624 intervenciones hasta mayo de ese año.

En total, en la investigación se identifica a 4.172 personas agraviadas por lesiones graves y cinco mujeres por lesiones graves seguidas de muerte (Celia Edith Ramos Durand, María Mamérita Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Auccapiña, Reynalda Betalleluz Aguilar y María Genoveva Espínola Otiniano).

"[Sobre la reubicación] El Estado no puede cubrir todo eso. Cada familia tiene que tomar conciencia de la situación", señaló vía Canal N.

Arnillas sostuvo que el Ejecutivo se mantiene realizando labores en las zonas de riesgo, pero responsabilizó a la gente por volver a construir en el mismo cauce.

"[Estamos] limpiando las torrenteras, poniendo las geomallas, trabajando con todo eso [...]. Estamos descolmatando quebradas, estamos trabajando descolmatar cauces, la maquinaria está a tope trabajando incluso dos turnos por día, pero con eso no basta", apuntó.

Asimismo, señaló que “las familias cuando entra el agua se ven perjudicadas, salen de la situación, luego vuelven a entrar a la torrentera, están construyendo casas en medio del cauce”, por lo que reiteró que la gente debe “tomar conciencia” para evitar “víctimas mortales que lamentar”.

Congreso asegura que devolvió S/270 millones al Ejecutivo y destinó S/33,6 millones ante el FEN

Las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, representadas por sus presidentes Miguel Ángel Torres y Óscar Reto, informaron un ahorro superior a los S/303 millones mediante la eliminación de alquileres y la racionalización de gastos.

Como parte de esta medida, el Poder Legislativo transfirió S/270 millones al Poder Ejecutivo con la recomendación de destinar dichos recursos a la compra de 1.350 camionetas doble cabina para el patrullaje contra la inseguridad ciudadana.

Asimismo, la institución comunicó la asignación de S/33,6 millones para prevenir y atender los impactos del fenómeno El Niño.

Según los autores, la Ley N.° 32301, publicada el 15 de abril de 2025, generó una serie de problemas. Entre ellos, cuestionan la ampliación del registro obligatorio a entidades financiadas exclusivamente con fondos privados del exterior. Asimismo, critican la exigencia de obtener la conformidad previa de la APCI para las iniciativas de las ONG antes de su ejecución. Según los legisladores, este requisito encarece y retrasa las actividades de las organizaciones, incluida la asistencia humanitaria.

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Sostienen también que la Ley APCI calificó como indebido el uso de recursos para financiar acciones contra el Estado. Esta disposición, advierten, restringe el financiamiento de acciones legales contra el Estado cuando se denuncian vulneraciones de los derechos humanos, entre otras actividades. Otro de los puntos cuestionados son las sanciones previstas en la norma, que contemplaban multas de hasta 500 UIT y la cancelación del registro en casos de reincidencia.

La exposición de motivos también recoge los cuestionamientos de organismos internacionales. Entre ellos, menciona el pronunciamiento del 17 de abril de 2025 de Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, así como el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 12 de mayo de ese año, en el que se exhortó al Perú a derogar los artículos incompatibles con los estándares interamericanos.

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Por el momento, el proyecto de ley ha sido presentado y deberá ser derivado a una comisión de la Cámara de Diputados para su debate y eventual aprobación. Si obtiene el respaldo de la Cámara Baja, seguirá el mismo procedimiento en el Senado. De ser aprobado por ambas cámaras y no recibir observaciones de la presidenta Keiko Fujimori, quedará expedito para su promulgación.

La Ley Anti-ONG aprobada por el Congreso pasado

La Ley N.° 32301 fue aprobada por el Congreso en la legislatura pasada. La propuesta, presentada por el ahora senador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, obtuvo 81 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones.

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Las bancadas que respaldaron la iniciativa fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia. Las únicas agrupaciones que rechazaron la propuesta fueron Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular.

"No podemos permitir que millones de soles no tengan fiscalización. Acá estamos yendo para que todas, mediante la transparencia, se inscriban y se sepa qué finalidad tienen", señaló durante el debate el entonces congresista de Honor y Democracia José Cueto.

En el evento se destacó que las aeronaves se sumarán a las operaciones para atender las emergencias causadas por el Fenómeno El Niño.

El viernes 18 de septiembre, los técnicos del CEMAE suscribieron un Acta de Conformidad por el overhaul de los tres helicópteros. Pero, según el documento, dos oficiales dejan constancia de deficiencias o incumplimientos en cuatro aspectos esenciales en la ejecución del contrato.

Poco tiempo después, el lunes 21 de septiembre, a los nueve días de la ceremonia de entrega de las aeronaves en Arequipa, el helicóptero Mi-171-Sh-P, con matrícula EP 666, reportó un incendio en su interior, conforme informó La República. Y el martes 29 de septiembre, la unidad Mi-171-Sh, con matrícula EP-669, también tuvo un incidente técnico en la base de Mazamari, Satipo.

PÁGUESE NOMÁS

Pese a la gravedad de los hechos descritos, el viernes 13 de octubre, el jefe del CEMAE, coronel EP Elvis Velásquez Grández, demandó al jefe de la Oficina de Economía del Ejército, general EP Carlos Vásquez Salas, cancelar los servicios por el overhaul a los tres helicópteros a Milenium Veladi Corp.

El contrato original es por más de S/70 millones (US$20,3 millones), de los que queda un saldo de S/18.301 millones (US$5.627 millones).

Ocho oficiales del CEMAE fueron los que firmaron el Acta de Conformidad por la entrega de los tres helicópteros que recibieron reparación mayor (overhaul) por parte de la empresa panameña Milenium Veladi Corp, representante en el Perú de la firma rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC). Pero dos de los efectivos anotaron su disconformidad. Por lo tanto, el Acta de Conformidad es parcial, cuando debió ser unánime.

Una investigación de La República reveló que autoridades del Ejército cambiaron de colocación a oficiales del CEMAE en represalia por no acceder a dar la conformidad a la entrega de los helicópteros reparados. Los hechos posteriores les dieron la razón: los servicios fueron deficientes.

REPORTE DE ANOMALÍAS

El presidente de la Comisión de Recepción y Conformidad, y uno de los integrantes de la misma, observaron incumplimiento o deficiencias en cuatro rubros:

Reemplazo obligatorio de componentes y accesorios en condiciones aeronavegables.

Instalación de sistemas de aviónica por obsolescencia técnica.

Recepción de componentes mayores en condición de overhaul del extranjero.

Ensamblaje de los componentes, equipos y accesorios de los helicópteros.

Estas observaciones de los oficiales coinciden con el informe que el viernes 2 de octubre que el ingeniero aeronáutico de la Oficina de Control Institucional del Ejército Peruano (OCI-EP), Eduardo Mendoza Calle, remitió a la subgerente de Control de Seguridad Interna y Externa, Juana Llacsahuanga Chávez, de la Contraloría General de la República.

SITUACIÓN DE PELIGRO

En el reporte del ingeniero Eduardo Mendoza concluye lo siguiente: “La condición de aeronavegabilidad de las tres aeronaves -EP 654, EP-666 y EP 669- (reparadas por Milenium Veladi Corp.), no puede acreditarse a la fecha de la visita técnica (del 7 al 10 de septiembre de 2026), por concurrencia de deficiencias de alcance contractual, trazabilidad documental y hallazgos físicos sobre sistemas críticos”.

Lo sucedido con el helicóptero EP-666, llamado “La bestia”, que registró un incendio el 21 de septiembre, en Arequipa, como informó La República; y el incidente de la aeronave EP-669 en Mazamari; confirman las advertencias del ingeniero Mendoza en el informe que despachó a la Contraloría.

De la misma manera, los técnicos del CEMAE que no dieron su conformidad en algunos aspectos del overhaul, ratifican que Milenium Veladi Corp. no cumplió con el contrato.

Por si fuera poco, dos de los tres helicópteros que supuestamente han recibido overhaul (reparación mayor por parte de los fabricantes y de los talleres autorizados por los rusos), los que tienen las matrículas EP-666 y EP-669, han presentado gravísimos incidentes.

A sabiendas de todos estos hechos notoriamente irregulares, las autoridades del Ejército reclaman que se le cancele el saldo del contrato a Milenium Veladi Corp.

La presidenta y, en especial, sus principales asesores, están disconformes con la actuación de Galarreta en estos primeros meses del gobierno.

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Lo culpan, dicen las fuentes, de la falta de respuesta frente al Fenómeno del Niño, la inseguridad nacional y la demora en la aprobación de la Delegación de Facultades en el Congreso.

El presidente del Senado, y como tal del Congreso, Miguel Torres tampoco está conforme con Galarreta. Necesita, habría dicho, otros premier que permita atraer congresistas al bando oficialista.

Al respecto señalan que Torres habría criticado que Galarreta se haya negado a establecer un diálogo con Roberto Sánchez Juntos por el Perú. Torres habría recordado la buena relación del fujimorismo con Perú Libre en el legislativo anterior.

De otro lado, el desencanto con el actual premier ya habría generado algunos cambios en el gobierno, en las últimas semanas. Keiko Fujimori va a tener más apariciones públicas, más allá de sus videos en las redes sociales.

Las fuentes no precisan si Fujimori ya habló con Galarreta sobre la necesidad de cambios en el gabinete de ministros. Galarreta no será el único cambio. Otros ministros seguirán el mismo camino.

Según Hildebrand en sus 13, el gobierno habría encargado a José Chlimper buscar un nuevo premier y otros tó una supuesta diferencial ministros.

Serian convocados históricos colaboradores del fujimorismo o tecnócratas afines.

Las fuentes señalan que Chlimper no sería el reemplazo de Galarreta, pero no descartan que pueda dirigir la PCM más adelante.

Buscan una persona que pueda ser empática con la población frente a la violencia social y la catástrofe que pueda ocasionar el Fenómeno de El Niño. El fin de semana, Galarreta fue consultado por el tema durante una entrevista en Punto Final. Respondió que no percibe que puedan cambiarlo y descartó una supuesta diferencia con Miguel Torres.

"Todos los ministros saben que aquí y en cualquier parte del mundo, la presidenta puede cambiar a los ministros en el momento que sea", afirmó. "Todos los ministros están en evaluación. Si tú me dices ahorita, todos estamos bien", aseguró.

José Chlimper, empresario agroexportador y financista de la campaña de Fujimori, se ha convertido en un personaje clave del gobierno de Keiko Fujimori supuestamente en contra de su voluntad. Un papel que habría dicho, le correspondía asumir a Galarreta.

La medida, publicada mediante una resolución suprema establece también que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quedará a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros “en tanto dure el impedimento del titular”.

El primer desplazamiento de la mandataria se realizará del 28 al 31 de octubre para una visita oficial a la ciudad de San Salvador y al municipio de Tecoluca. En esa gira, la agenda de trabajo contempla un encuentro privado con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, además de reuniones con los titulares de Justicia, Salud y Educación.

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En esa misma línea, realizará visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a una escuela emblemática y al Hospital Rosales, según se indica en la resolución.

Posteriormente, Fujimori viajará a Madrid del 2 al 6 de noviembre a fin de participar en las actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. La agenda en territorio español incluye su asistencia a la sesión plenaria de la cumbre y reuniones bilaterales con homólogos de la región.

Costo y comitiva del viaje a El Salvador

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje de siete funcionarios del Despacho Presidencial para acompañar a Keiko Fujimori en su gira a El Salvador. Este grupo, integrado por asesores, personal de protocolo, comunicación, administración, edecanía y seguridad, representará un gasto total de US$19.616,15, de los cuales US$12.686,15 corresponden a pasajes aéreos y US$6.930 a viáticos.

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La delegación incluye a un funcionario de protocolo que viajará un día antes, el 27 de octubre, y a una comitiva oficial de seis personas que acompañará a la mandataria durante los días principales del itinerario.

A esta delegación se sumarán el canciller Carlos Espá y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez. La participación del titular de Justicia respondió a un pedido del Despacho Presidencial, mientras que el canciller acudirá por invitación de su par salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco.

Los pasajes y viáticos de ambos ministros serán asumidos por sus carteras; en tanto, Marco Vinelli quedará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Juan Carlos Requejo asumirá de forma temporal el sector Justicia.

“Que las tenga abiertas, no hay problema. El tema está en la decisión de entrar. Yo no voy a entrar”, declaró Gavidia a Canal N, en respuesta a la invitación de Daniel Barragán, vocero de la bancada Obras, quien había señalado que las puertas de su agrupación estaban abiertas para recibirlo.

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El senador también explicó sus discrepancias con el Partido del Buen Gobierno respecto al pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori. Gavidia cuestionó la postura de abstención que adoptó la agrupación ante esta solicitud.

“Me preocupó y lo digo abiertamente porque evalué cómo votaron los jóvenes partidarios y cambian de aceptar a votar en abstención, y hay una disciplina que no está bien”, sostuvo.

Asimismo, rechazó que su salida del partido lo convierta en un 'tránsfuga' o 'traidor'. El parlamentario defendió su decisión y señaló que sus discrepancias con la postura partidaria influyeron en su alejamiento.

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Nieto afirma que se enteró de la renuncia de Gavidia por un asesor

El presidente del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, señaló que tenía una reunión pactada con el senador Jorge Gavidia para el lunes 26; sin embargo, el parlamentario no acudió a la cita. Según relató, le envió un mensaje para confirmar el encuentro, pero no obtuvo respuesta.

“Teníamos una reunión pactada pero no llegó. Al rato me llamó uno de sus asesores para decirme que por encargo del señor Gavidia me estaba informando que estaba entregando su renuncia al Jurado Nacional de Elecciones y ahí me di por enterado”, contó la noche del lunes 26 en una entrevista en Willax.

"Desde las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, decidimos poner orden en casa. Hemos eliminado alquileres, racionalizado gastos y administrado cada sol como lo que es: un sol de los peruanos", señaló Torres durante una conferencia de prensa junto a Reto.

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Según los presidentes de ambas cámaras del Congreso, el ahorro total supera los S/303 millones. Además, los S/270 millones transferidos al Ejecutivo serían destinados a atender necesidades prioritarias.

El Congreso recomendó al Ejecutivo utilizar estos recursos para adquirir 1.350 camionetas de doble cabina con tolva, que serían empleadas como patrulleros en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

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Juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados se reunieron

Este martes, a las 10.30 a. m., las juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados se reunieron por convocatoria del senador Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular. El encuentro se realizó en la sala Miguel Grau Seminario.

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La convocatoria se sustentó en el artículo 85 del Reglamento del Congreso, cuyo literal a) establece que se pueden organizar espacios de coordinación entre los miembros de los órganos parlamentarios de ambas cámaras para tratar e informar sobre asuntos de interés del Estado, del Congreso de la República, de las cámaras y de sus respectivos órganos parlamentarios.

“Teníamos una reunión pactada pero no llegó. Al rato me llamó uno de sus asesores para decirme que por encargo del señor Gavidia me estaba informando que estaba entregando su renuncia al Jurado Nacional de Elecciones y ahí me di por enterado”, contó anoche en una entrevista en Willax.

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Nieto precisó que su único contacto con Gavidia antes de que el Senado votara el pedido del Ejecutivo fue “una muy larga telefónica”, en la que le explicó la posición del partido. Afirmó que la abstención se definió en una votación “unánime”, aunque solo participaron cinco de los siete senadores, faltaron Gavidia y Juver Flores, los dos que luego votaron a favor.

Nieto confirmó que el partido inició un proceso sancionador contra Gavidia. “Es lo que corresponde, no por mi capricho, no porque seamos autoritarios, sino porque es el reglamento de la bancada de senadores que todos los senadores acordaron”, dijo.

Según su relato, el senador no asistió a las últimas reuniones semanales, donde se discuten estrategias y hay “puntos de vista discordantes”, y no dejó constancia de sus razones. “A nadie se le coacta su libertad de pensar, tiene que haber unidad de acción, ¿sino para qué somos un partido?”, preguntó.

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No sabe si Flores renunciará

Sobre Flores, Nieto dijo que no sabe si también renunciará. “Él se encuentra en la sierra de Arequipa, creo, le he mandado mensajes para conversar”, contó. Flores dijo a Perú21 que tomará su decisión sobre la bancada “en función a la justicia y el fin supremo”. Nieto advirtió que “no se pueden tomar actitudes que van en contra de lo que solo hace unos meses dijeron”.

El dirigente reconoció el costo dentro de su base. “Lo que más me duele” es la reacción de los jóvenes que confiaron en el partido, entre quienes ve “una profunda decepción”. “Eso me duele y me siento corresponsable. No lo vimos venir”, concluyó.

Gavidia anunció su salida el domingo en Panamericana después de que Nieto adelantara que sería sometido a un proceso disciplinario. Con su renuncia, Buen Gobierno quedaría con seis senadores y Gavidia se convierte en el primer legislador independiente del nuevo Congreso bicameral. Su voto y el de Flores a favor de las facultades, pese al acuerdo de abstención, se dio el 21 de octubre, cuando el Pleno aprobó el pedido con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones.

"Recibo con gratitud sus felicitaciones, Keiko Fujimori. Espero celebrar los 200 años de asociación entre Brasil y Perú en 2027. Podemos fortalecer la integración regional a través de un nuevo modelo de desarrollo sostenible e inclusivo que unifique la conservación y el uso sostenible de la selva amazónica, reconociendo el rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales", señaló el mandatario brasileño en su cuenta de X.

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Fujimori coincidió con la necesidad de impulsar una respuesta conjunta. Perú y Brasil comparten una frontera en la Amazonía, una región estratégica para ambos países y de gran importancia ambiental a nivel mundial.

"Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos", indicó la presidenta en la misma red social.

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La Amazonía y los retos comunes de Perú y Brasil

La protección de la Amazonía representa uno de los principales desafíos compartidos por Perú y Brasil. En ambos países, la deforestación, la minería ilegal y la tala clandestina amenazan los ecosistemas y los territorios indígenas. La pérdida de bosques en ese territorio también está vinculada al narcotráfico, los incendios forestales y la expansión de la frontera agrícola.

Otro problema es el avance del crimen organizado en las zonas fronterizas. En agosto de este año, líderes asháninkas de Perú y Brasil alertaron sobre la expansión del narcotráfico, las invasiones territoriales y las amenazas contra comunidades indígenas, y reclamaron una respuesta coordinada entre ambos países.

“Están puestas como arte o cultura, pero están yendo contra los derechos del niño. Muchísimas organizaciones han señalado estar en contra de que los niños vean estas imágenes. Los huacos despiertan una sexualidad que no es sana. Causan miedo e incomodidad; estas exposiciones generan una distorsión de la sexualidad normal, algo que tiene que verse luego con psiquiatras infantiles o psicólogos. Tener estas imágenes en un lugar público es dañino para la infancia”, indicó.

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La senadora reconoció que las esculturas representan parte de la cultura nacional, pero insistió en que no deben ser vistas por niños. Sostuvo que los estudiantes de secundaria en adelante podrían apreciarlas con el acompañamiento de un tutor. Las palabras de Jáuregui llegaron en una sesión donde participó como invitado el ministro de Cultura, Alberto Beingolea.

Los huacos eróticos de Moche fueron instalados durante la gestión de César Arturo Fernández Bazán, entonces alcalde del distrito trujillano. La Municipalidad Distrital de Moche colocó las esculturas como parte de una iniciativa para promover el turismo local. En enero de 2022, se instaló una réplica de aproximadamente tres metros de altura.

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"El señor Gavidia ha dicho que el Buen Gobierno ya no lo representa. Él busca renunciar para ser consecuente consigo mismo. Insisto, no lo hemos conversado en la bancada. Pero cualquier persona que respete los derechos de la vida, de la patria y de la libertad es bienvenido", indicó.

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Gavidia anunció recientemente su salida del Partido del Buen Gobierno tras votar en contra de la posición de sus compañeros de bancada sobre el proyecto de delegación de facultades legislativas. El senador votó a favor de la propuesta y fue, junto con Juver Flores, uno de los únicos dos integrantes del partido de Jorge Nieto que respaldaron la iniciativa en la Cámara Alta.

"Simplemente siempre ingresé considerando que era diferente a mi posición y no puedo hacerle daño a la imagen del partido", explicó Gavidia para justificar su salida de la agrupación. Agregó que el partido tiene buenas perspectivas de crecimiento y que su decisión también responde a su intención de no interrumpir ese proceso.

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Barragán, senador de Obras, también abre las puertas para Gavidia

Daniel Barragán, senador de Obras, también señaló que Jorge Gavidia podría incorporarse a las filas de su bancada. Consultado sobre la posibilidad de que Gavidia se sume a la bancada de senadores del partido de Ricardo Belmont, Barragán mostró apertura ante tal escenario.

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"Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias. Hay que hacer una evaluación, al igual que lo puede hacer cualquier partido (...) Todas las posibilidades están abiertas. No descartamos ninguna. Nosotros no decidimos eso, sino primero el senador (Gavidia). Todo se puede dar".

Barragán también señaló que, desde su perspectiva, Gavidia no habría mantenido una buena comunicación con su entorno partidario. "Ha habido una incomodidad de su parte, me parece. Espero que converse con Jorge Nieto. (Dice él que tiene una convergencia partidaria) Bueno, entonces no debieron ponerlo en su lista porque si está en la lista es porque comparte", sostuvo.

Ahí se anunció la primera promoción de embajadores de los pueblos indígenas para los bosques primarios, una iniciativa impulsada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Entre los seis líderes indígenas seleccionados destacó el apu Julio Cusurichi, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), quien fue propuesto por la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la defensa de los territorios indígenas y la conservación de los bosques.

En esta importante ceremonia también estuvieron presentes Edy Dariquebe, dirigente de Fenamad, y Eddy Menkorie, presidente de la Organización de Jóvenes y Estudiantes Indígenas de Madre de Dios (Ojeimad).

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Esta distinción busca visibilizar y fortalecer el liderazgo indígena, los conocimientos ecológicos tradicionales y la gobernanza de los pueblos originarios en la protección de los bosques primarios e intactos más valiosos del planeta.

El liderazgo indígena es fundamental para defender los territorios, conservar los bosques y garantizar un futuro para las próximas generaciones.

LOS MASHCO PIRO EN PELIGRO

Entre tanto, la Fenamad denunció el retroceso del Estado en la protección de los pueblos en aislamiento y exige respetar el acuerdo de 2016 que aprobó la categorización y ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios como Reserva Indígena, sin concesiones forestales.

En efecto, dicha organización expresó su rechazo a lo ocurrido durante la última sesión de la Comisión Multisectorial de la Ley N.° 28736, donde se sometió a votación la actualización del estudio sobre la existencia de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), un asunto que, según la organización, no estaba incluido en la agenda original.

Sin embargo, después de más de diez años, el Ministerio de Cultura aún no ha formalizado esta decisión. Por el contrario, ha planteado una propuesta que permitiría mantener las concesiones forestales madereras hasta el vencimiento de sus respectivos contratos, expresó la Fenamad a través de un pronunciamiento.

La Fenamad advierte que esta decisión podría debilitar la protección de los pueblos indígenas en aislamiento, especialmente del pueblo Mashco Piro, cuya supervivencia depende de la defensa efectiva de sus territorios ancestrales.

La organización recordó que, en 2016, durante la undécima sesión de la Comisión Multisectorial, se aprobó por mayoría, con nueve votos a favor según sus antecedentes, la categorización de la Reserva Territorial Madre de Dios como Reserva Indígena, incluida su ampliación y sin concesiones forestales.

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Para Fenamad, esta alternativa subordina la protección de los pueblos indígenas a intereses económicos y prolonga actividades extractivas en territorios esenciales para su supervivencia.

Asimismo, cuestionó que la actualización del estudio sobre los PIACI se incorporara a la última sesión fuera de la agenda convocada, por lo que exige transparencia y respeto a los procedimientos y acuerdos previamente adoptados.

EXIGEN RESPETO A LOS ACUERDOS

Durante la sesión, Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de Fenamad, recordó la dolorosa historia del pueblo Harakbut, que sufrió graves consecuencias por la incursión de terceros en sus territorios ancestrales, con pérdidas humanas y una drástica reducción de su población durante las décadas de 1940 y 1950.

Advirtió que desconocer la existencia de los pueblos en aislamiento o permitir actividades de terceros en sus territorios podría repetir episodios de violencia y despojo. "Las decisiones de esta comisión quedarán grabadas en la historia", enfatizó, al exhortar a las instituciones a asumir su responsabilidad en la protección de estos pueblos.

Por su parte, Julio Cusurichi Palacios, dirigente de Aidesep, exigió respetar el acuerdo histórico de 2016 y cuestionó que, después de más de una década, el Estado continúe postergando la categorización de la reserva. Asimismo, rechazó cualquier propuesta que permita prolongar las actividades madereras en territorios fundamentales para la supervivencia del pueblo Mashco Piro.

La invitación fue lanzada por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, quien durante la ceremonia por el Centenario de Juliaca dijo: “(…) Quiero expresar mi intención de conversar con los familiares de las víctimas de los sucesos del 09 de enero. Una conversación abierta, no para la foto, sino una conversación sincera”.

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Raúl Samillán, presidente de los deudos a nivel nacional, no tardó en responder. Alegó que irán al encuentro con dignidad y sin bajarle la cabeza a nadie, con memoria y dignidad.

Aseguró que están llanos a reunirse en Puno, pero sin olvidar el papel estigmatizador del ahora ministro durante su campaña al Senado por la región Arequipa.

Arnillas aseguró en marzo de 2026 que, el día de los cruentos sucesos: “La gente que fue a protestar ese día, cuando murieron 18 personas en Juliaca, no eran juliaqueños; eran traídos de Venezuela, de Bolivia y de otros lados. La gente los conoce. Todos lo han visto. (…) Miles de amigos me han pasado fotos. Han encontrado en caravanas de combis y camionetas desde Desaguadero (frontera con Bolivia) a esas protestas, y lo que han hecho es exponer a la población civil”, dijo.

Samillán planteó que la reunión sea pública en la ciudad de Puno, pero que no sea para la foto, porque no caerán en el juego del gobierno. Tampoco serán objetos políticos de nadie.

“Quieren reunirse, con el mayor gusto; pero me imagino que el ministro primero pedirá disculpas por terruquear a Puno y, previamente, debe mostrar pruebas de su acusación. Segundo, imagino que vendrá con el compromiso político firmado por los senadores del fujimorismo para comprometerse a derogar todas las leyes pro crimen. Supongo que si quiere diálogo es porque se exhortará a que los militares que mataron paguen su culpa, por lo tanto, tendría que derogarse la Ley 32735, sobre el fuero policial-militar. Si es así, entonces la reunión será fructífera. Pedirá disculpas por toda la campaña de insultos. Es lo mínimo que pedimos por nuestros seres queridos”, precisó.

Samillán precisó que no hay reconciliación sin justicia ni sin verdad, porque el Estado, sin ningún derecho, les quitó la vida a peruanos inocentes e impuso una política de terrorismo de Estado para aplacar las protestas en todo el altiplano durante el 2023.

“Estamos llanos al diálogo, pero tampoco vamos a ser tontos útiles. Si no hay cosas claras y concretas, no bajaremos la guardia. Si no hay justicia, no habrá paz. Acá lo que se necesita es un plan de reparaciones integral. Si ya lo tienen, en buena hora; hay que debatirlo de una vez. Pero de ningún modo vamos a vender ni concesionar la memoria de nuestros seres queridos. El fujimorismo ha tenido mucho que ver en todo lo que sucedió.

El fujimorismo le dio respaldo a Dina Boluarte y apoyó a las Fuerzas Armadas. Si es así, entonces que de una vez se venga la reunión”, dijo.

El Frente de Organizaciones Populares (FOP) respaldó a la asociación de víctimas y señaló que si el gobierno pretende lanzar un “cebo político” para calmar el rechazo a Keiko Fujimori, no lo va a lograr.

“Acá en Puno tenemos memoria. Tenemos dignidad. Dialogar no es pactar, pero tampoco vamos a ser tontos útiles de nadie. Todo el respaldo a los deudos. Si no hay justicia, no hay diálogo ni entendimiento. En Puno las FFAA vinieron a declararnos la guerra y eso no se olvida”, precisó.

López-Chau también manifestó su expectativa de que Gavidia reconsidere su decisión y regrese a Buen Gobierno. El senador lamentó que la agrupación atraviese dificultades internas y consideró que la salida de uno de sus integrantes no es motivo para celebrar, pues espera que el partido pueda superar sus problemas y mantener su presencia en la política nacional.

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El líder de Ahora Nación destacó la importancia de que Buen Gobierno consiga consolidarse como una organización política. “El Perú necesita un partido de centro como Buen Gobierno”, afirmó.

El senador reiteró sus buenos deseos para la organización y sostuvo que espera que resuelva sus dificultades internas. “Le deseo a Buen Gobierno que supere pronto sus problemas y se afirme como partido”, expresó.

López-Chau indicó que conversaría con los dirigentes de Buen Gobierno antes de emitir una opinión más amplia sobre la renuncia de Gavidia. El senador consideró necesario conocer la versión de quienes integran el partido para comprender mejor lo ocurrido.

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Crisis en Buen Gobierno

Desde la interna de Buen Gobierno cuestionan la decisión de Gavidia, su colega de bancada Nora Bonifaz lo instó a decir cuáles son las diferencias ideológicas que mantiene con el partido.

Precisó que fue el propio Gavidia quien ingresó a la agrupación elogiando su plan de gobierno y su doctrina ideológica. “Yo no lo entiendo, él entró al partido hablando maravillas del plan de gobierno y de la posición doctrinaria. Evidentemente, no hay transparencia en esa oscuridad mental, pese a que se dice científico, quiero que diga científicamente una por una las diferencias”, cuestionó.

En esa crítica, el senador Carlos Caballero (Buen Gobierno) indicó que le sorprende la decisión de Gavidia, debido a que durante la campaña electoral siempre participaba de las reuniones de la agrupación para estar alineados a las políticas del partido. “Una vez que es elegido senador sale por la puerta falsa de la traición”, sentenció.

La confirmación llegó dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice. Según el comunicado oficial, la operación se realizó con éxito y sin complicaciones. Los exámenes posteriores determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no era necesario ningún tratamiento oncológico adicional.

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El doctor Luigi Carbone confirmó que los últimos análisis y pruebas médicas mostraron una evolución favorable. Además, precisó que no existían contraindicaciones para que León XIV emprendiera el viaje a Perú, Uruguay y Argentina. Desde su regreso al Vaticano, el papa retomó de manera gradual sus actividades, con una agenda adaptada a las recomendaciones de sus médicos.

La visita apostólica permitirá al pontífice encontrarse con las Iglesias locales y alentar a los fieles de los tres países. De acuerdo con la Santa Sede, el objetivo también será compartir un mensaje de fe, esperanza y paz. León XIV expresó su entusiasmo por regresar a América Latina, continente en el que vivió momentos importantes de su vida.

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Papa León XIV expresa su alegría por regresar a América Latina

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el papa León XIV manifestó su alegría por el próximo viaje y destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre las comunidades católicas de la región. "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", escribió.

En el mismo mensaje, el pontífice planteó que la visita debe ser una oportunidad para acercar a las personas y reforzar la unión entre las Iglesias locales. "Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas", señaló.

León XIV también llamó a renovar el compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. La Santa Sede, por su parte, informó que el pontífice agradeció las oraciones y las muestras de afecto recibidas durante su recuperación, así como la atención de los profesionales sanitarios que lo acompañaron tras la operación.

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Conferencia Episcopal confirma que agenda del papa León XIV en Perú se mantiene sin cambios

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, confirmó que la agenda del papa León XIV en el Perú se mantiene sin cambios. En declaraciones a RPP, precisó que el pontífice llegará el 11 de noviembre por la tarde. Ese día visitará a la presidenta de la República y tendrá encuentros con empresarios y diplomáticos antes de instalarse en la Nunciatura Apostólica.

García Camader recordó el vínculo del papa con el Perú, donde ejerció su ministerio episcopal. Como ejemplo, citó una carta que León XIV envió semanas atrás a los obispos de América Latina, en la que expresó su gratitud por su experiencia pastoral en el país. “Allí conocí de cerca la fe de un pueblo del que recibí mucho y comprendí mejor lo que significa ser pastor”, escribió el pontífice.

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Al referirse a la situación del país, el titular de la Conferencia Episcopal sostuvo que la visita llega en un momento en que los peruanos necesitan un mensaje de reconciliación. “En medio de tanta turbulencia, alguien que nos hable de paz, de concordia, tender puentes de amor y de misericordia necesitamos en nuestro Perú fundamentalmente”, afirmó en la entrevista.

El recorrido del papa incluirá Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. García Camader explicó que el itinerario busca acercar al pontífice a distintas realidades del país y facilitar su encuentro con los fieles. La Iglesia mantiene coordinaciones en las ciudades contempladas en la visita.

Sobre la misa prevista en la base aérea Las Palmas, el monseñor recalcó que las entradas serán gratuitas y que el registro será nominal, por lo que cada asistente deberá identificarse con sus datos personales. Durante la entrevista se indicó que las inscripciones virtuales estarán disponibles del 5 al 8 de noviembre. Estas condiciones buscan evitar que personas inescrupulosas cobren por el acceso al evento.

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Víctimas del Sodalicio piden reunirse con el papa León XIV durante su visita al Perú

Treinta y tres víctimas y sobrevivientes del Sodalicio de Vida Cristiana y de organizaciones vinculadas a Luis Fernando Figari firmaron una carta abierta dirigida al papa León XIV para solicitar una reunión durante su próxima visita al Perú. Los firmantes cuestionaron que, desde el inicio de su pontificado, no hayan recibido respuesta a sus reiterados pedidos de encuentro por parte del pontífice ni de las autoridades del Vaticano.

En el documento, advirtieron que la agenda anunciada para la visita apostólica no contempla un espacio de diálogo con los afectados por los abusos eclesiales. Por ello, pidieron conocer las razones por las que sus solicitudes no fueron atendidas y señalaron que una reunión tendría un importante significado humano y pastoral para quienes denunciaron estos hechos.

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Los sobrevivientes también cuestionaron los resultados de la supresión del Sodalicio, al considerar que no se han traducido en avances suficientes en justicia ni en rendición de cuentas. Según la carta, los remanentes de la organización continúan operando en los mismos locales, incluidas parroquias, con los mismos líderes y fuentes de financiamiento. Por ello, reclamaron medidas concretas que permitan esclarecer las denuncias y garantizar la responsabilidad de los involucrados.

La carta también recordó que, en enero de 2025, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió al Estado peruano crear una comisión para investigar las denuncias de violencia sexual contra menores en la Iglesia católica y grupos eclesiales, sin importar cuánto tiempo hubiera transcurrido. Los firmantes señalaron que aún faltan avances en el acceso a la justicia, la prevención y la reparación integral. Además, cuestionaron que continúen los procesos judiciales contra periodistas que investigaron el caso Sodalicio y afirmaron que su objetivo es contribuir a la reparación de las víctimas.