"Se nos dijo que iban a dar seguridad a los peruanos desde el minuto uno. Ahora se dice: ‘Voy a gobernar desde el primer minuto, siempre que me entreguen facultades legislativas’. Solo están poniendo excusas. Aunque no sean las facultades que necesiten para enfrentar los problemas, aunque muchas de esas puedan darse por decretos de urgencia, le vamos a conceder todo lo que sea urgente. Para que no tengan más excusas y gobiernen", dijo Jorge Nieto durante una reunión del Partido del Buen Gobierno.

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Uno de los informes con opinión favorable al pedido de facultades provino de la Comisión de Defensa y Orden Interno. Al momento de votar el informe, los diputados Luis Quispe Candia y Edwin Espinoza —representantes del Partido del Buen Gobierno— votaron a favor de declarar viable el otorgamiento de facultades al Gobierno en ese ámbito.

Otra diputada que decidió desmarcarse de la votación fue Hilda Fernández. La legisladora de la organización política liderada por Nieto se abstuvo al votar el informe de la Comisión de Ciencia, que recomendaba otorgar facultades legislativas al Gobierno.

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Otros diputados del Partido del Buen Gobierno siguen la línea opositora

Pero en otras comisiones, los diputados del Partido del Buen Gobierno votaron siguiendo la línea opositora al Poder Ejecutivo. En la Comisión de Energía y Minas, de donde salió el primer informe que recomendaba no otorgar las facultades al Gobierno, las diputadas Rossana Alayza, Gloria Hirache y Milagros Santana votaron a favor del informe de la comisión liderada por Juntos por el Perú.

En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se aprobó el segundo informe con una opinión negativa sobre el pedido. El documento, al igual que el de la Comisión de Energía y Minas, sostuvo que los temas en los que el Gobierno solicitaba facultades estaban poco claros y podrían prestarse a abusos descontrolados en el sector. Edgar Gonzáles, Rossana Alayza y Romina Uribe fueron los diputados del Partido del Buen Gobierno que respaldaron este informe.

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Otros informes con opiniones favorables fueron rechazados. En la Comisión de Producción, los votos en contra de los diputados Edwin Espinoza, Nery Fernández e Hilda Fernández fueron necesarios para que se desestimara el documento. En la Comisión de Ciencia, pese a la abstención de Hilda Fernández, los diputados Nery Fernández y Segundo Castrejón votaron en contra del pedido.

Una comisión dirigida por el propio partido también fijó posición en contra del pedido del Gobierno. La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, presidida por Luis Quispe Candia, votó directamente en rechazo de la solicitud. El propio Quispe Candia votó en contra junto con sus compañeros de bancada Fernando García y Milagros Santana.

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El desplazamiento del centro de gravedad económico mundial desde el Atlántico hacia Asia-Pacífico abre nuevas oportunidades para el Perú. Y es aquí donde el puerto de Chancay puede jugar un papel fundamental.

Su inauguración ha permitido reducir en aproximadamente 15 días el tiempo de tránsito marítimo de carga entre el Perú y Asia. Además, en su primer año operativo se han superado las expectativas iniciales, llegando a movilizar más de 286.000 TEU y generando más de 939 millones de soles en ingresos fiscales por aduana. No obstante, las consideraciones económicas no son las únicas que han rodeado al nuevo puerto.

El hecho de que la empresa estatal china COSCO Shipping Ports tenga un 60% de la participación (la empresa peruana Volcan posee el otro 40%) también ha dado lugar a consideraciones de carácter geopolítico. Al fin y al cabo, como empresa estatal, COSCO no sólo obedece a una racionalidad económica, sino también política, y además tiene vínculos con el ejército chino. ¿Cómo puede esto afectar al Perú?

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Un argumento frecuente radica en su posible uso militar por parte de China, ya que reúne las condiciones para recibir a los buques más grandes de su Armada. En caso de que así sucediera en un eventual conflicto entre China y Estados Unidos, las consecuencias podrían ser graves para el Perú, pudiendo incluso convertirlo en estado contendiente. Sin embargo, hay factores que alejan esta posibilidad. Más allá de la necesaria autorización del Congreso de la República para recibir tropas extranjeras, a lo cual podría negarse, el puerto tendría utilidad estratégica limitada en caso de conflicto, dada su distancia con el teatro de operaciones (presumiblemente en torno al estrecho de Taiwán) y la facilidad con la que podría ser destruido.

A nivel comercial, el puerto tiene el potencial de convertir al Perú en un hub logístico regional. De hecho, casi la mitad de la carga movilizada durante su primer año es de transbordo con países vecinos. Por otro lado, Chancay puede estrechar todavía más la relación económica del Perú con China, país que concentra ya el 38.5% del valor de las exportaciones peruanas. Esta situación aporta nuevas oportunidades económicas al país, aunque también aumenta su exposición ante vaivenes en la economía de China y podría reducir su margen de maniobra en caso de desacuerdos.

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Por último, el puerto de Chancay, como primer puerto inteligente de Sudamérica, puede fortalecer en el Perú la narrativa china de cooperación, modernización y beneficio mutuo. El contraste con Estados Unidos, que durante el último año y medio ha venido imponiendo aranceles al país —al igual que a otras economías— a pesar de tener un Tratado de Libre Comercio firmado, resulta evidente. A su vez, no son descartables futuras represalias estadounidenses hacia el Perú por haber permitido que COSCO tenga el control mayoritario del puerto.

La situación que este escenario abriría para el Perú es altamente compleja. Ceder ante eventuales presiones estadounidenses podría dañar su relación con China, mientras que no hacerlo implicaría un riesgo de represalias desde Washington. Así, la forma que el Perú tiene para proteger mejor sus intereses radica en mantener una relación política y económica positiva con las dos grandes potencias. Esto implicaría rechazar la idea de elegir un bando o alinearse completamente con alguna de ellas y, en cambio, cooperar con ambas en función de los intereses del Perú y del asunto en cuestión. La idea es no renunciar a las oportunidades y beneficios que supone mantener relaciones económicas abiertas con todos.

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La nueva situación internacional requerirá buenas dosis de habilidad y astucia política. El desafío para el Perú será transformar su posición entre las dos grandes potencias en una fuente de oportunidades, evitando que esta se convierta, al mismo tiempo, en una vulnerabilidad.

La moción fue presentada por la bancada de Juntos por el Perú, con las firmas de Ernesto Zunini, Analí Márquez, Jenifer Paredes y César Tito Rojas. En el documento, los congresistas cuestionan al ministro por decisiones de personal dentro del Mininter que consideran irregulares, además de responsabilizarlo por la falta de resultados en la lucha contra la criminalidad.

Noticia en desarrollo…

El trámite corresponde al primer viaje al exterior de Fujimori desde que asumió la Presidencia. Sin embargo, la autorización aún no es definitiva, ya que tras su aprobación en Consejo de Ministros, el proyecto deberá remitirse a la Cámara de Senadores del Congreso, que es la entidad facultada para aprobar la salida del país de la jefa de Estado.

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El trámite pendiente en el Congreso

Mientras la Cámara Alta no apruebe la resolución, el viaje no cuenta con autorización oficial. La agenda difundida por la Presidencia del Consejo de Ministros no precisa el destino ni el motivo del desplazamiento, información que deberá conocerse conforme avance el trámite.

De aprobarse, Fujimori dejaría el país por primera vez como mandataria en el tramo señalado, un episodio que marcará el primer viaje internacional de su gestión.

La moción fue aprobada con 71 votos a favor y 50 en contra. Los votos a favor provinieron de las bancadas opositoras, mientras que Fuerza Popular y Renovación Popular desestimaron el pedido.

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Al defender la presentación de la moción, la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) aseguró que las acciones tomadas hasta el momento en este tema no han mostrado resultados palpables en favor de la ciudadanía.

"La señora presidente prometió mano dura y orden. Nada de eso ha sucedido. Hoy sus propios actos desmienten su discurso y muestran el verdadero rostro del fujimorismo. El Perú no necesita una presidenta con grandes anuncios, sino un gobierno coherente en lo que dice y hace. (...) ", indicó.

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Ambos ministros en el ojo de la tormenta

Los titulares de estas carteras han sido criticados. Tras el ataque en Trujillo —que dejó un saldo de cuatro asesinados—, Galarreta anunció el despliegue de efectivos policiales y señaló que Belaúnde viajaría a la región para coordinar acciones con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el manejo de la crisis fue criticado por distintos sectores, alegando falta de acciones coordinadas y eficacia en las diligencias.

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En el caso de Rafael Belaúnde, las polémicas se han acumulado en distintos frentes. El ministro de Defensa afronta cuestionamientos debido a sus presuntos vínculos con Paltarumi. Luego de que se revelara que un familiar suyo es parte del directorio de la empresa, se soslayó la posible existencia de un conflicto de intereses. Este dato no fue consignado por el ministro en su declaración jurada. La presencia de Belaúnde hizo que también se señale la ausencia de Astudillo en el lugar de los hechos. De acuerdo a declaraciones oficiales, el ministro no pudo asistir por cumplir con asuntos personales.

Más recientemente, quedó involucrado en una controversia por su participación durante las diligencias policiales contra detenidos por el ataque de Trujillo: fotografías difundidas públicamente mostraron al ministro junto al entonces comandante general de la PNP, Óscar Arriola, durante las intervenciones, mientras Keiko Fujimori negó posteriormente que Belaúnde hubiera interrogado a los detenidos.

La cifra reemplaza el plazo corto que había marcado su discurso en julio, cuando todavía era presidenta electa y hablaba de resultados concretos antes de cumplir sus primeros 100 días de gestión.

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El cambio no es menor. En julio, Fujimori pidió que se le midiera por lo que lograra en 100 días. Puso esa cifra como vara de su propia gestión, la repitió en entrevistas y la llevó al debate presidencial como compromiso de campaña.

Dos meses después, en Expomina, ya no habló de 100 días. Habló de cinco años. El plazo corto que ella misma fijó como prueba inmediata de resultados quedó reemplazado por uno que solo puede evaluarse al final de su mandato, en 2031.

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La jefa de Estado retomó, además, la idea del "cronómetro irreversible" que usó por primera vez el 28 de julio, el día de su juramentación ante el Congreso. En esa ocasión había dicho que el reloj de su gobierno ya había empezado a correr. En Expomina volvió a mencionar esa cifra, pero esta vez la vinculó también a la economía y no solo a la seguridad.

Fujimori habló ante empresarios del sector minero. Pidió confianza para su gestión y prometió cambios en la forma en que el Estado se relaciona con los inversionistas. No dio plazos cortos ni metas para las próximas semanas, como sí hizo en julio.

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Habló, en cambio, de un objetivo que abarca los cinco años completos de su gobierno. "Al asumir la conducción de nuestro país, establecimos un cronómetro irreversible de mil ochocientos veintiséis días para reestructurar el Estado, para recuperar la seguridad y dinamizar la economía nacional", afirmó.

Agregó que en su mensaje a la nación planteó un principio claro: el Estado debe dejar de ser una barrera burocrática para el inversionista y los ciudadanos, y convertirse en un facilitador del desarrollo.

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¿Qué prometió Fujimori para sus primeros 100 días?

Durante la campaña, Fujimori sí habló de plazos cortos. En el programa Tu Decisión 2026, la entonces candidata mencionó cuatro prioridades para sus primeros 100 días de gobierno: seguridad ciudadana, reactivación económica, mejora de la educación y la salud, y atención a la infraestructura del país.

Ya como presidenta electa, en una entrevista con el periodista Ismael Cala, redujo ese enfoque a dos ejes: la inseguridad y la preparación ante el Fenómeno El Niño. "Esos primeros días van a ser claves y van a marcar el inicio de un cambio", dijo entonces.

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En el terreno de la seguridad, sus promesas fueron más específicas. Durante el debate presidencial de segunda vuelta, ofreció pedir al Congreso facultades legislativas especiales para sus primeros 100 días.

Con ellas, dijo, buscaría reorganizar la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario desde la cúpula, comprar nuevos patrulleros, mejorar la infraestructura de las comisarías y reforzar el sistema de inteligencia civil.

Ese mismo plazo de 100 días volvió a aparecer en el mensaje a la nación del 28 de julio, aunque ahí ya compartía protagonismo con el anuncio de los 1826 días. Semanas después, el primer ministro Luis Galarreta pidió al Congreso más tiempo del prometido para evaluar resultados de la gestión, una postura que contrastó con el plazo corto que la propia mandataria había fijado en julio.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

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El hecho ocurrió mientras el congresista de Fuerza Popular realizaba su intervención y el trabajador coordinaba, en paralelo, con la presidenta de la comisión, Katherine Ampuero, de Renovación Popular.

Tras el golpe, Aguinaga se dirigió a Ampuero en tono molesto: "Disculpe, señora presidenta, es totalmente inoportuno". Y agregó una advertencia directa: "Tiene que aprender a respetar".

El episodio se registró dentro de la propia sala de sesiones, a la vista de los demás integrantes de la comisión. El asesor agredido forma parte del equipo técnico que da soporte a la mesa directiva. Su labor, en ese momento, era trasladarle información a Ampuero mientras Aguinaga hablaba, una dinámica habitual en las comisiones del Senado.

En ese contexto, Palacios se refirió especialmente a los embarazos en menores de 14 años y sostuvo que estas situaciones deben ser abordadas desde una perspectiva de violencia sexual y protección de la infancia.

"Una niña que está embarazada antes de cumplir 14 años ha sido violada. Punto", afirmó. La conductora consideró que las relaciones de convivencia entre una persona adulta y una menor no deberían ser abordadas únicamente desde el ámbito civil, debido a que pueden existir situaciones de coacción, abuso y vulneración de derechos.

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Palacios respalda penas de hasta 10 años

Durante su análisis, Palacios respaldó un proyecto de Ahora Nación que propone establecer penas de hasta 10 años de cárcel para quienes mantengan uniones de hecho cuando una de las personas sea mayor de edad y la otra sea menor.

Para la conductora, una legislación de este tipo permitiría reforzar la protección de niñas y adolescentes frente a situaciones en las que una menor termina conviviendo con un adulto.

Palacios sostuvo que obligar a una niña a permanecer junto a quien la agredió constituye una grave vulneración de sus derechos y cuestionó que estas situaciones puedan ser normalizadas bajo la figura de una convivencia. La discusión, según planteó, debe centrarse en el interés superior de las menores y en garantizar su seguridad, intimidad y derecho a una reparación.

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Cuestiona exposición pública de niñas víctimas

Otro de los puntos que generó críticas por parte de Palacios fue la exposición pública de niñas que han sido víctimas de violencia sexual.

La conductora cuestionó que organizaciones, albergues o personas vinculadas a labores de ayuda puedan presentar públicamente a menores víctimas en ceremonias o actividades, al considerar que estas prácticas pueden terminar revictimizándolas.

En su intervención, criticó que las niñas sean utilizadas como elementos para demostrar una determinada labor social, religiosa o institucional, en lugar de garantizar su privacidad y protección.

Palacios sostuvo que la condición de víctima de una menor no debe convertirse en un argumento para exponer su historia o imagen públicamente. La prioridad, señaló, debe ser preservar su dignidad y evitar nuevas situaciones de vulnerabilidad.

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Pide investigar fallas en protección de menores

La conductora también planteó que el Congreso debe utilizar sus mecanismos de investigación para determinar si existen responsabilidades institucionales en casos de violencia sexual contra menores.

En esa línea, destacó el papel que pueden cumplir las comisiones investigadoras para acceder a información y determinar cómo funcionan las instituciones encargadas de proteger a niñas y adolescentes.

Entre los aspectos que, a su juicio, deberían ser revisados se encuentran los procesos de selección del personal que trabaja en albergues, los modelos de internamiento, los mecanismos de prevención y las condiciones en las que se atiende a las menores víctimas.

La propuesta, según su planteamiento, no debería limitarse a identificar casos individuales, sino también determinar qué fallas estructurales permiten que situaciones de violencia se repitan.

Educación sexual integral y prevención

Palacios también consideró que una respuesta basada únicamente en el endurecimiento de las penas sería insuficiente. A su juicio, las medidas legislativas deben estar acompañadas de políticas de prevención, educación sexual integral y fortalecimiento del sistema de protección de niñas y adolescentes.

El objetivo, sostuvo, debe ser evitar que las menores lleguen a situaciones de violencia y garantizar una atención adecuada cuando ya han sido víctimas.

De esta manera, su propuesta combina una respuesta penal frente a las convivencias entre adultos y menores con medidas preventivas y de protección, además de una investigación sobre las posibles fallas de las instituciones encargadas de atender a las víctimas.

Para Palacios, el debate debe tener como eje la protección de la infancia y evitar que las niñas sean nuevamente vulneradas, ya sea por sus agresores o por instituciones que deberían protegerlas.

Pese a las evidencias, la fiscal especializada en Delitos de Trata de Personas del Callao, Edith Chillitupa Concha, resolvió no formalizar ni continuar con la investigación contra los imputados.

Sin embargo, la procuradora de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Paula Navarro Barrios, detectó que no fueron evaluados los documentos que envió a la fiscal Chillitupa y que acreditan los hechos, por lo que ha requerido al Ministerio Público que continúen las indagaciones y se sancione a los responsables.

Los funcionarios de Migraciones involucrados, en lugar de disponer el retorno de Morais Couto en el mismo vuelo, y sancionar a la compañía por haberle permitido volar, le franquearon el acceso con la intervención de otras personas, e incluso cambiaron la fecha y hora de su ingreso en el sistema.

En ese momento, Jorge Morais Couto era presidente de la División para Iberoamérica de Securitas, y la empresa era responsable de la seguridad del aeropuerto.

El empresario portugués, en condición de presidente de Securitas Iberoamérica, estaba urgido en participar en una Junta General de Accionistas de la sucursal en Lima de dicho grupo empresarial, con la finalidad de remover a toda la gerencia de la compañía.

Mientras esperaba un “pasaporte de emergencia”, Morais Couto estuvo custodiado en el aeropuerto por el jefe de seguridad de Securitas Perú, Javier Riesco Gonzáles, lo que demuestra que recurrió a servidores de su empresa que prestaban servicio en el terminal aéreo.

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Sin voluntad para investigar

Desde el comienzo, La República informó de este caso del alto ejecutivo que recibió un trato privilegiado al margen de las normas. Recogió la versión de la compañía Securitas, la que rechazó los cargos y señaló que Morais Couto cumplió con las disposiciones.

Pero la defensa legal de Securitas, una compañía global de seguridad que debería cumplir con los altos estándares de transparencia, amenazó a este periódico con iniciar acciones legales si continuaba reportando sobre el caso, porque consideraba que el grave incidente era un asunto “privado” y no público.

La intervención de la procuradora de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Paula Navarro, confirma que se trata de un caso de interés público.

Los imputados son los servidores de Migraciones Reynaldo Torres Chirito y Kelly Camargo Arotoma, además del representante de Securitas en el Perú, Pedro Bellatín Galdós, entre otros.

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Pesquisas incompletas

Está documentado que, en un principio, al ejecutivo de Securitas se le impidió el ingreso al Perú y se dispuso que la aerolínea que lo transportó lo devolviera al punto de embarque, ya que su pasaporte estaba vencido.

Sin embargo, los implicados en el caso confabularon para que Jorge Morais Couto, junto con otras personas, se quedara en el aeropuerto a la espera de que el consulado de su país, Portugal, emitiera un “pasaporte de emergencia”.

Este mecanismo sólo se aplica para facilitar salidas del país y nunca ingresos, dijeron fuentes de Migraciones. Con ese documento Morais Couto realizó actividades empresariales en Lima. Al llegar al país solo contaba con visa de turista.

La procuradora también hizo notar que el “pasaporte de emergencia” presentado por Morais Couto era un documento llenado a mano, sin datos biométricos y sin firma de algún representante consular. Tampoco contaba con algún tipo de medida de seguridad reconocida como válida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), para la identificación y tránsito de ciudadanos para viajes internacionales, indicaron las fuentes de Migraciones.

De acuerdo con la procuradora, la fiscal Edith Chillitupa incumplió con el mandato de la Fiscalía Superior que le ordenó recabar la información necesaria para identificar a los responsables del ingreso del ejecutivo de Securitas.

La procuradora de Migraciones recordó a la Fiscalía Superior de Trata de Personas del Callao, que “el tema principal a dilucidar es determinar si la persona de Morais Couto ingresó irregularmente al país, luego de ser inadmitido su ingreso a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”. Una tarea que no hizo la fiscal Chillitupa.

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Las tareas incumplidas

“Se debió ordenar recabar los registros fílmicos del área de Migraciones a la fecha de los hechos, así como también oficiar a la Embajada de Portugal en Lima si, para la obtención del pasaporte de emergencia del citado ciudadano, este tenía que recurrir presencialmente a su sede ubicada en el distrito de San Isidro”, señala la procuradora.

La fiscalía, en lugar de cumplir con estas diligencias claves, se limitó a recoger la versión de los imputados.

“Dando mayor trascendencia a las declaraciones de los investigados y a la documentación presentada por estos, (la fiscalía) decide dejar de lado las diligencias mencionadas y ordenadas” por el fiscal superior que ordenó investigar el escandaloso caso.

El empresario Jorge Morais Couto llegó a exigir por escrito a Migraciones “regularizar” la hora que ingresó en el país, para de esta manera justificar la fecha y hora que señala su participación registrada en el acta de Junta General de Accionistas de Securitas Perú SAC.

Los funcionarios de Migraciones, en coordinación con Jorge Morais Couto, le concedieran la rectificación de la hora de ingreso sin mayor justificación.

Basándose en esta “regularización”, el empresario Morais Couto logró archivar las investigaciones en su contra, alegando que Migraciones había “validado” su ingreso al país. Empero, la procuradora indica todo lo contrario.

La fiscal Edith Chillitupa se limitó a escuchar la versión de los imputados, en lugar de pedir el testimonio, por ejemplo, del agente de tráfico Félix Barbarán Rodríguez, para que explique por qué no se devolvió a Jorge Morais Couto a su país de origen y se autorizó su permanencia en el aeropuerto hasta que le concedieron el “pasaporte de emergencia”.

Otra información que la fiscalía pasó por alto fue la versión documentada de Air Europa, la compañía que trajo a Lima a Jorge Morais Couto y no lo devolvió.

Además, la fiscalía no requirió a Air Europa “la identificación del personal que se encargó de la custodia (de Jorge Morais Couto) desde la orden de reembarque hasta su control migratorio con el pasaporte de emergencia obtenido”, precisa la procuradora de Migraciones.

La fiscalía no ha querido abrir la investigación sobre la cadena de responsables que accedieron a que Morais Couto ingresara al país vulnerando normas elementales. “El archivo (de la investigación fiscal) se sustenta (...) en inferencias o conjeturas, al no existir elementos objetivos que las respalden”, concluye la procuradora de Migraciones sobre este grave caso.

Cuando Jorge Morais Couto llegó a Lima, ejercía como presidente de la división de Servicios de Seguridad en Iberoamérica del Grupo Securitas. El primero de noviembre de 2024, cuando el caso de su ingreso irregular al país era materia de investigación fiscal, fue nombrado presidente de la división de Norteamérica. Un nombramiento sorprendentemente para una transnacional que “se enorgullece de nuestros valores corporativos fundamentales —vigilancia, integridad y espíritu de servicio— mientras protege a personas y bienes en todo el mundo”.

Lo más probable es que Couto no usaría el mismo mecanismo que practicó en el Perú para ingresar a los Estados Unidos, siendo un alto ejecutivo de una compañía como Securitas. Ese es el sentido del reclamo de la Procuraduría de Migraciones.

“Hemos hablado de la inseguridad ciudadana, como presidenta constitucional del Perú, me alegra informar a nuestro país que el Perú formará parte del Escudo de las Américas, coalición multilateral en la que participan más de 15 países liderados por los Estados Unidos. Agradecemos esta oportunidad, secretario Rubio porque para nosotros que hemos tenido que enfrentar el terrorismo sabemos lo difícil que es ahora enfrentar a esta criminalidad que no respeta fronteras y por eso la necesidad de unir los esfuerzos con los otros países”, señaló Fujimori.

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Durante la reunión, Fujimori también abordó la llegada del fenómeno climatológico y mencionó el apoyo ofrecido por Estados Unidos. En ese sentido, informó que el buque hospital estadounidense USNS Comfort llegará a la costa norte del Perú en febrero de 2027.

“Le comentábamos al secretario Rubio que se anunció en febrero la llegada de este fenómeno climatológico y lamentablemente el gobierno anterior no tomó acciones (…) desde ya agradecemos a EE.UU. el apoyo que nos están brindando, gracias a las coordinaciones del embajador Navarro y agradecemos que en el mes de febrero del año 2027 el busque hospital USNS Comfort llegará a la costa norte del Perú”, agregó.

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El acercamiento del país EE. UU. podría tensionar la relación con China

El internacionalista Óscar Vidarte sostuvo, en declaraciones a La República, que la incorporación del Perú al Escudo de las Américas evidencia un mayor acercamiento del país a Estados Unidos y podría ocasionar tensiones con China. A su juicio, aunque la iniciativa fue presentada inicialmente como un mecanismo de cooperación frente al crimen organizado transnacional, su alcance puede extenderse hacia otros intereses estratégicos de Washington.

Vidarte explicó que Donald Trump también ha vinculado el Escudo con la respuesta frente a amenazas a la seguridad, una categoría en la que Estados Unidos incluye a China. Como ejemplo, mencionó una columna publicada por Marco Rubio en El Comercio, en la que el secretario de Estado estadounidense cuestionó la influencia china en América Latina y la presentó como una amenaza para los intereses de su país y de la región.

“Y cuando uno lee el artículo de Marco Rubio que publicó ayer en el Comercio, pues se da cuenta que China aparece como una gran amenaza a los intereses de Estados Unidos y América Latina. Así que, siguiendo un poco lo que dijo el propio Donald Trump, yo creo que es muy fácil que los escudos de las Américas también en su momento puedan ser utilizados como un mecanismo de cooperación, además lo es, es un mecanismo de cooperación militar para hacer frente a la amenaza que puede representar China desde su perspectiva en las Américas”, explicó.

"Expresamos que no estamos de acuerdo con la moción presentada porque la comisión que presido es la encargada de atender con enfoque temático y de especialidad los asuntos de relevancia para el país como salud, educación, cultura, mujer, desarrollo social y digital. El día lunes aprobó su plan de trabajo y nos aseguramos de garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes y garantizar la prevención y la protección frente a la violencia sexual y física. La propuesta en debate pretende justificar la necesidad de crear una comisión con los mismos objetivos ya contemplados en el presente plan, contar con dos comisiones que sirven para lo mismo supone un mal uso de recursos públicos", sostuvo Matute.

La comisión que preside Matute, la de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital del Senado, aprobó su plan de trabajo para el periodo 2026-2027 el lunes 7 de septiembre, dos días antes del debate. Ese plan ya incluye, según la propia senadora, la protección de la niñez y adolescencia frente a la violencia sexual y física.

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Ya existe una comisión de infancia desde 2021

Es importante recordar que desde el dos mil veintiuno ya existe la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. Esa comisión fue instalada el 1 de octubre de 2021 y ha sido ampliada en al menos dos ocasiones: primero hasta el periodo anual de sesiones 2024-2025, y luego, con 104 votos a favor en junio de 2025, hasta el cierre del periodo 2025-2026 — es decir, sigue vigente en la actualidad.

Pese a esto, la moción de Renovación Popular y Fuerza Popular fue sustentada por el senador Alejandro Muñante, quien argumentó que la amplitud de materias que atienden las comisiones ordinarias dificulta un seguimiento especializado y permanente, y que la nueva comisión podrá fiscalizar la asignación y ejecución del gasto público, verificar el cumplimiento de normas destinadas a la infancia y realizar sesiones descentralizadas en regiones con mayores problemas de violencia, anemia y pobreza.

La nueva comisión del Senado estará integrada por 10 senadores bajo los principios de proporcionalidad y pluralidad, y tendrá un plazo de funcionamiento de 12 meses desde su instalación.

En el mismo discurso, Nieto cuestionó que el Gobierno condicione su respuesta frente a la inseguridad con la aprobación de facultades. Recordó que ya había advertido, durante el debate presidencial, que este gobierno no iba a tener la capacidad para enfrentar la criminalidad.

"Lo único que nos están diciendo es que quieren excusas porque no saben qué hacer, porque no saben gobernar, porque no saben enfrentar los problemas de la seguridad", acotó.

"Y se lo dijimos en el debate presidencial, lo que usted nos garantiza es más indicadores de chantajes y de extorsiones, son más asesinatos cada día, es una inseguridad creciente. Y es lo que estamos viendo. Lamento haber tenido razón, pero es lo que estamos viendo", agregó.

Sin embargo, los diputados Fernando García y Nora Llaque precisaron que la posición del grupo aún está en evaluación y plantearon que las facultades deberían revisarse, materia por materia. "Hay temas que no son urgentes", dijo García.

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El pedido de 66 facultades del Ejecutivo

El Ejecutivo formalizó el pedido de facultades el 29 de agosto ante el Congreso, con un plazo solicitado de 120 días. El proyecto contempla 66 pedidos específicos, distribuidos en ocho bloques temáticos que van desde seguridad ciudadana y reforma penitenciaria hasta control migratorio, modernización del Estado y reactivación económica.

La presión del gobierno de Keiko Fujimori sobre el Congreso se aceleró tras el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, en Trujillo, que llevó a la presidenta a convocar de emergencia a los titulares del Interior y Defensa.

Sin embargo, su solicitud también ha sido cuestionada debido a que no solo involucra medidas contra la inseguridad ciudadana, sino también tener pedidos como eliminar los topes a las tasas de interés y no tener medidas concretar para enfrentar el Fenómeno del Niño.

Catherin Palomino (Juntos por el Perú), presidenta del grupo de trabajo, expuso el informe y señaló que la principal deficiencia identificada fue la falta de delimitación en el pedido del Gobierno de Keiko Fujimori.

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"Los especialistas señalaron que el pedido de facultades no está suficientemente claro ni delimitado. Las observaciones van por cómo el Ejecutivo ha planteado la solicitud, con términos amplios que podrían dar paso a excesos en la aplicación de las medidas. Por ello, consideraron que la delegación no debía aprobarse en los términos propuestos por el Ejecutivo".

Los votos a favor del informe provinieron del bloque opositor. Diputados de Ahora Nación, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Obras dieron su respaldo, mientras que legisladores de Renovación Popular y Fuerza Popular se opusieron. Este es, en la práctica, el sexto rechazo de una comisión de la Cámara de Diputados al pedido de delegación de facultades presentado por el Gobierno.

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Fuerte debate en la Comisión de Justicia

Ante las posiciones de los diputados de oposición, quienes respaldaron las observaciones planteadas en el informe, algunos legisladores cercanos al oficialismo respondieron con críticas al documento. Roxana Rocha, de Renovación Popular, sostuvo que existen puntos en los que sí podrían otorgarse facultades al Poder Ejecutivo.

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"Considero que la conclusión merece una revisión más detenida. Se debe convocar a una mesa técnica de especialistas para contar con mayores elementos de análisis. El abogado Edwin Siccha Pérez planteaba no rechazar toda la delegación; por el contrario, señala que algunos temas deben debatirse mediante el procedimiento legislativo ordinario, mientras que otros asuntos podrían delegarse con límites claros establecidos por el Congreso", señaló.

Posteriormente, tanto Rocha como César Tito Rojas (Juntos por el Perú) propusieron un cuarto intermedio para continuar debatiendo el tema. La propuesta no llegó a votarse, debido a que el diputado de Juntos por el Perú terminó retirando su pedido.

El Ejecutivo considera que la designación como grupos hostiles u organizaciones terroristas le faculta a atacar los activos y propiedades de cualquier persona asociada con estos grupos y a compartir información de inteligencia que podría llevar a acciones potencialmente letales contra estas bandas.

Un grupo hostil es considerado como una organización armada o conjunto de personas con estructura y capacidad de enfrentarse de manera sostenida al Estado usando la fuerza letal.

CIFRAS SON ALARMANTES

De acuerdo al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre 2022 y julio del 2026 se denunciaron 96.111 delitos de extorsión, mientras que, en el mismo período, hubo 19.672 casos de secuestros.

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Otro dato importante del Ministerio Público es que entre agosto del 2024 y agosto del 2026 se registraron 252 atentados que dejaron 333 víctimas vinculados a presuntos actos de extorsión en el transporte público de Lima Metropolitana y el Callao. Estos ataques dejaron 165 fallecidos y 168 lesionados.

En tanto, de enero a agosto del presente año, se registraron 1.417 homicidios según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). De ellos, 1.014 fueron ocasionados por proyectil de armas de fuego.

MODIFICAR EL DL 1095

Frente a ello, el ministerio de Defensa plantea declarar grupos hostiles a organizaciones criminales para que FF.AA. puedan apoyar en su combate.

El titular del sector, Rafael Belaunde Llosa, planteó la modificación del Decreto Legislativo N.° 1095, que regula las reglas del empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el territorio nacional.

"Buscamos precisar los criterios que permitan determinar cuándo una organización criminal pueda ser considerada un grupo hostil, a efectos de fortalecer el marco jurídico para la intervención de las Fuerzas Armadas", señaló el titular del sector en la sustentación del pedido de facultades legislativas ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso.

Sin embargo, muchos especialistas desaconsejan la fórmula promovida por Estados Unidos.

COLCHADO: “NO TENE SENTIDO”

El diputado Harvey Colchado, exoficial de PNP, considerado un experto en investigación criminal y casos de corrupción, señala que "tipificar como terroristas las acciones delincuenciales no tiene sentido, porque se trata de organizaciones que tienen fines diferentes; los primeros buscan objetivos políticos y los segundos solo el lucro".

El investigador y politólogo de la Universidad Católica del Perú Noam López advirtió que clasificar como terroristas a las organizaciones criminales no garantiza, de por sí, una mejora en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Consideró que lo que dificulta la lucha contra la criminalidad son las limitaciones del Estado para investigar, descubrir a las redes criminales, seguir la llamada ruta del dinero, controlar los presidios y lograr que los culpables sean condenados a prisión.

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“Terrorismo y crimen organizado pueden compartir métodos violentos, pero responden a lógicas totalmente distintas: el primero busca generar terror con una finalidad política; el segundo persigue principalmente beneficios económicos y control de mercados ilícitos”, afirmó el académico

Sin embargo, el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, respaldó la propuesta de que las bandas criminales sean declaradas grupos hostiles, a fin de que las Fuerzas Armadas participen de manera más efectiva en la lucha por la seguridad ciudadana.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD?

La finalidad, detalló el gobierno, es que las organizaciones criminales transnacionales que operan en Perú sean clasificadas como grupos hostiles y, por lo tanto, pasen a ser objetivos militares.

La propuesta de la nueva definición de grupo hostil, contenida en el numeral 4.1 del artículo 4 del DL mencionado, permitirá que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo de la Policía Nacional — dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario— en la neutralización de objetivos militares y degradar la capacidad de combate del adversario, con protección de la población civil.

De acuerdo con el titular del Ministerio de Defensa, los criterios establecidos actualmente en el DL N° 1095 son muy restrictivos para incorporar como grupo hostil a organizaciones dedicadas a la criminalidad, que tienen estructuras de alcance nacional y/o trasnacional, que utilizan su capacidad letal contra población civil y que tienen influencia sobre la economía a través de actividades ilícitas, como el narcotráfico, minería ilegal y/o trata de personas.

Con esta modificación, el Gobierno busca reducir los niveles de criminalidad vinculados principalmente con extorsión y sicariato, mejorar la percepción de seguridad ciudadana, fortalecer el respaldo jurídico para la actuación de las Fuerzas Armadas, permitir una respuesta frente a organizaciones criminales que, por sus características y capacidad operativa, superen las capacidades ordinarias de respuesta de las fuerzas policiales. ¿Lo logrará?

Con 11 votos a favor y ocho en contra, la Comisión de Energía y Minas —presidida por la diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú)— aprobó un informe en el que se señala que no era viable otorgar facultades legislativas al Ejecutivo en materias relacionadas con el sector que rige el grupo de trabajo.

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De acuerdo con el informe, los temas propuestos en materia de minería e hidrocarburos merecían un debate más amplio, que involucrara a diversos actores de la sociedad civil y a congresistas de las Cámaras de Diputados y Senadores.

En el Ejecutivo, el pedido en este rubro solicitaba facilidades para que la actividad privada pueda continuar con las exploraciones y explotaciones de minerales e hidrocarburos. Además, se buscaba realizar acciones que brindaran una mayor seguridad jurídica a las empresas mineras que trabajen dentro del territorio nacional, sin especificar a qué acciones se referían.

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Mas recientemente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó un informe similar donde también recomendaban no dar las facultades al Ejecutivo en temas relacionados a gestión penitenciaria y reforma de justicia. El grupo de trabajo, presidido por Catherin Palomino (Juntos por el Perú), aprobó este informe con 11 votos a favor y cuatro en contra.

Rechazados cuatro informes con opiniones favorables

En la Comisión de Ciencia, Tecnología y Ambiente se concluyó que era técnicamente viable otorgar las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo respecto de aspectos relacionados con la simplificación administrativa, la eliminación de barreras burocráticas, la calidad regulatoria y la transformación digital.

El informe que contenía la opinión favorable fue sometido a votación y no obtuvo el respaldo necesario. Los miembros del grupo de trabajo rechazaron la propuesta con nueve votos en contra, frente a siete a favor y una abstención. Los votos en contra provinieron del bloque opositor, mientras que los votos a favor fueron de Fuerza Popular y uno de Renovación Popular.

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En la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, la situación fue similar, con la diferencia de que en este grupo de trabajo no se redactó un informe. La comisión liderada por Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) decidió votar directamente sobre el pedido. Solo seis parlamentarios —todos de Fuerza Popular— votaron a favor de otorgar las facultades en áreas relacionadas con el sector. El bloque opositor respondió con 11 votos en contra. También se registraron dos abstenciones: una de Obras y otra de Renovación Popular, que decidió no dar su apoyo explícito al fujimorismo en esta votación.

La otra comisión donde Fuerza Popular no pudo imponer una opinión favorable al proyecto del Gobierno fue la de Producción. Diez votos en contra del informe favorable a la solicitud del Ejecutivo se impusieron a los ocho votos reunidos por el partido fujimorista y Renovación Popular.

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La última comisión que se sumó al rechazo de un informe con una opinión favorable al pedido fue la Comisión de Trabajo. El grupo de trabajo, liderado por Eduardo Castillo (Fuerza Popular), decidió, con 10 votos en contra —provenientes en su totalidad del bloque opositor—, rechazar este parecer.

Otra comisión donde se debatirá un próximo informe de opinión es la Comisión de Economía. En su última sesión, el ministro Elmer Cuba, titular en la cartera del sector, se ausentó para exponer los detalles alegando que ya lo había hecho en la Comisión de Constitución. Este grupo de trabajo es presidido por José Marcelo Salazar, diputado de Ahora Nación. Al ser esta bancada parte del bloque opositor, es probable que el informe —que se presentaría este próximo lunes 14— determine que no es viable dar las facultades al Ejecutivo en esta área.

Obras y el Partido del Buen Gobierno reúnen abstenciones

Dentro de las votaciones para definir las opiniones de las comisiones especializadas, algunos congresistas optaron por desmarcarse de su rol de oposición y, sin respaldar al Ejecutivo, se abstuvieron. Los casos reúnen a representantes de dos grupos que forman parte del autodenominado “Bloque Democrático”: Obras y el Partido del Buen Gobierno.

En el caso del Partido del Buen Gobierno, Hilda Judit Fernández no votó ni a favor ni en contra del informe presentado por la Comisión de Ciencia. Al respecto, La República trató de comunicarse con la representante para conocer la razón de su voto. Sin embargo, desde el despacho de la congresista se indicó que no sería posible establecer comunicación hasta después del cierre de esta nota.

Obras se desmarcó más que el Partido del Buen Gobierno. Dos diputadas de la agrupación votaron en abstención. Andrea Medina lo hizo en la Comisión de Producción, mientras que Jeeny Samanez lo hizo en la de Infraestructura.

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Dos batallas ganadas por el fujimorismo gracias a Obras

Justamente, ambas diputadas le dieron su primera “victoria” al fujimorismo. En la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad se aprobó la opinión favorable al pedido de facultades del Gobierno luego de que Samanez votara a favor y Medina decidiera abstenerse. Esto derivó en un empate que tuvo como voto dirimente el de Arturo Alegría, presidente del grupo de trabajo y vocero fujimorista.

Víctor Piñán, diputado de Obras y vocero de la bancada, declaró a La República que este voto se produjo como resultado de una falta de coordinación.

“Ha habido una descoordinación con las dos diputadas: una aprobó a favor del informe en la Comisión del Ambiente y la otra colega se abstuvo. Ya se coordinó con ellas y hemos tomado a bien corregir estas descoordinaciones para lo sucesivo. Se trató de una falta de coordinación previa, pero ya se ha corregido en las últimas comisiones donde se han visto los informes acerca de la delegación de facultades, donde Obras ha votado rechazando el informe emitido”, indicó.

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Piñán aseguró que desde Obras solo apoyarán el pedido de facultades en materias relacionadas con el Fenómeno de El Niño y la lucha contra la inseguridad, en línea con la posición de gran parte de la oposición legislativa.

“Hemos sostenido una reunión como bancada donde hemos reafirmado nuestra posición inicial. Vamos a otorgar dentro de la delegación de facultades solamente los temas más importantes y urgentes para el país, que son dos principalmente: seguridad ciudadana y el Fenómeno de El Niño. Todo lo relacionado a seguridad ciudadana y al Fenómeno de El Niño son las dos únicas materias sobre las cuales nosotros vamos a otorgar estas facultades al Ejecutivo; sobre el resto hemos quedado en que no las vamos a otorgar”, apuntó.

La otra opinión favorable provino de la Comisión de Defensa. El grupo de trabajo es liderado por el diputado de Renovación Popular, Alex Segura. En ella, dos diputados de Obras se abstuvieron: Máximo Peralta y Andrea Medina, quien sumó su tercera abstención. El Partido del Buen Gobierno también sumó apoyos al Gobierno: Luis Quispe Candia y Edwin Espinoza votaron a favor del informe. Ambos diputados hicieron hincapié en que lo hacían dejando en claro las observaciones hechas al informe desde la bancada del partido de Jorge Nieto.

La declaración del titular de la cartera de Salud se produce luego de que Nadia Beller, expareja de Cerimedo, publicara en redes sociales capturas de pantalla de conversaciones del asesor político, en las que figuraría su participación en un grupo de WhatsApp denominado 'Defensores del Perú'.

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"Cuando estuvimos en el tema de personeros, te puedo asegurar que había cerca de 100.000 chats llamados ‘Defensores del Perú’. Al señor no lo conozco, jamás he tenido una conversación con él. Hay chats parecidos donde ni siquiera he participado", indicó Dyer en entrevista con RPP.

Cerimedo se encuentra recluido en Bolivia por una investigación por tentativa de feminicidio, luego de ser acusado de participar en el intento de asesinato de Nadia Beller.

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Vínculos entre Cerimedo y Keiko Fujimori

El vínculo de Fernando Cerimedo con el Perú trasciende una relación circunstancial. La Unidad de Investigación de La República dio a conocer que el consultor argentino coincidió con Keiko Fujimori el martes 10 de febrero de este año, durante la Gala de la Prosperidad Hispana, realizada en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. En esa ceremonia, Cerimedo recibió un reconocimiento por parte de la organización.

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Asimismo, otros personajes cercanos a la actual mandataria, como Carlos Díaz-Rosillo y Damián Valenzuela, ambos asesores de su Gobierno, han sido relacionados con el consultor argentino.

Además, Cerimedo estuvo en Perú durante la toma de mando de Keiko Fujimori. Nadia Beller afirmó a La República que, el pasado 28 de julio, el consultor argentino le envió desde el hotel Marriott de Miraflores una fotografía en la que aparecía junto a una mujer que, según señaló, actuaba como enlace con Fujimori. Como respaldo de su versión, Beller remitió desde su celular la imagen a este diario.

"Se ha dicho que va a ser en dos tramos. Hay preocupación de los empresarios; ellos preferirían que sea después del Fenómeno El Niño. Nosotros hemos dicho que ya hay un compromiso presidencial para que se haga en este semestre. Es algo que se tiene que coordinar con el ministro Elmer Cuba. Él dispone de la capacidad presupuestal", señaló en entrevista con Canal N.

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Asimismo, Sheput se excusó por no asistir a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para exponer los pedidos formulados por su sector dentro de la solicitud de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con el ministro, priorizó su asistencia a la Comisión de Constitución.

"No tengo el don de la ubicuidad. A la misma hora tenía que estar en la Comisión de Constitución. Yo no puedo estar en dos lugares a la vez. La Comisión de Constitución es la comisión titular para aprobar o desaprobar la delegación de facultades. Eso no significa que yo no vaya a asistir a la comisión para que pueda exponer los puntos del pedido".

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Keiko Fujimori cambió su discurso respecto al aumento del sueldo mínimo

El anuncio del Gobierno sobre el aumento de la remuneración mínima vital también marca distancia con la posición que Keiko Fujimori defendió durante la campaña electoral. En ese periodo, la entonces candidata descartó llevar el sueldo mínimo hasta los S/1.500, propuesta planteada por Juntos por el Perú, al sostener que una medida de esa magnitud debía sustentarse en criterios económicos y no en compromisos electorales.

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Fujimori cuestionó entonces los incrementos utilizados como una forma de generar respaldo político y afirmó que cualquier modificación de la remuneración mínima debía implementarse de forma gradual y responsable. Asimismo, señaló que el reajuste debía estar vinculado al desempeño de la economía y a los niveles de productividad. Con el anuncio actual, el Ejecutivo vuelve a abrir una discusión sobre los criterios que deberían determinar cuándo corresponde elevar el salario mínimo.

Para el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros, el incremento anunciado cuenta con sustento técnico. Según explicó a La República, si desde 2007 se hubieran aplicado de manera sostenida los criterios establecidos en el Consejo Nacional del Trabajo, tomando en cuenta la inflación y la productividad, la remuneración mínima actualmente debería superar el monto propuesto. En esa línea, estimó que el salario mínimo debería acercarse a los S/1.400 y consideró que los S/1.300 se encuentran dentro del margen técnicamente justificable.

El general Óscar Arriola, si bien contaba con el respaldo de la presidenta Keiko Fujimori, inició funciones durante el gobierno de Dina Boluarte, y continuó con José Jerí y José María Balcázar, en enero de este año. Durante su mandato no pudo apaciguar la ola criminal.

Es más, en el primer mes del régimen fujimorista, los asesinatos se intensificaron, creando una sensación de indefensión, por lo que Arriola tuvo que presentar su carta de renuncia. El 30 de septiembre recién iba a cumplir un año de los dos que le correspondía por ley.

La designación del teniente general Fredy López tiene correlato histórico. Es el primer oficial que proviene de la unificación de la Policía Nacional, que se produjo hace 36 años en el primer gobierno de Alan García. El teniente general Óscar Arriola pertenecía a la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), o Código 2. López no responde a ningún código.

Limeño de nacimiento, Fredy López Mendoza, de 60 años, pertenece a la generación Los Pioneros 1990: la primera promoción de oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

López es el número dos de su promoción y, de acuerdo con su hoja de vida y experiencia profesional, estuvo a cargo de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), la Aviación Policial, la Región Policial de La Libertad y formó parte de los grupos operativos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, la Dirección Antidrogas y la Policía Fiscal.

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Revisando las fojas

En un inicio el nombre de Augusto Ríos Tiravanti sonaba fuerte en los pasillos del Ministerio del Interior como el sustituto de Arriola. Ambos pertenecen a la promoción Integración 1989. El primero proviene de la ex Guardia Civil y el segundo de la ex Policía de Investigaciones.

Pero el ministro del Interior, César Astudillo, le bajó el dedo a Tiravanti al revisar sus antecedentes.

En octubre de 2023, el general Augusto Ríos Tiravanti fue relevado como director de la Región Policial de La Libertad por su baja productividad en la lucha contra la delincuencia.

Peor aún, su promoción de escuela y jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Trujillo, el coronel Arturo Balta Paredes, quien trabajaba bajo sus órdenes, fue detenido por sus vínculos con la organización criminal la Gran F.A.

Augusto Ríos Tiravanti es el mismo teniente general que gritó burlonamente “¡Feliz 28!”, cuando un reportero del dominical 'Panorama' lo abordó al salir del restaurante Villa Consentino, en el distrito de Chorrillos. Ríos y otros 40 generales festejaban una noche de gala no oficial, en la que estuvo también presente el entonces comandante general de la PNP Víctor Zanabria Angulo.

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Números en contra

El escándalo policial se registró el 26 de julio de 2025, en medio de una ola de violencia y el incremento de homicidios por sicariato que azota el país.

En ese momento, el general Augusto Ríos Tiravanti se desempeñaba como jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), ni más ni menos.

Al asumir como comandante general de la PNP Fredy López Mendoza, el jefe del Estado Mayor será el teniente general Augusto Ríos Tiravanti, quien, por cierto, es de la misma promoción del general Arriola. La Inspectoría General dependerá del teniente general Luis Flores Solís. Pero no por mucho tiempo.

En las próximas semanas, el teniente general Luis Flores Solís, el tercero en la línea de mando, pasará al retiro por la causal de límite de edad en el grado. Es decir, 40 años en la Policía.

El teniente general Luis Flores fue integrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que participó en la desarticulación de la cúpula terrorista de Sendero Luminoso. Pertenece a la promoción Justicieros 1987 y a partir del primero de octubre de este año, pasará a un periodo de tres meses de adaptación a la vida civil.

La posición del teniente general Luis Flores lo ocupará el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, teniente general Manuel Lozada Morales: el cuarto en el escalafón de la PNP. Lozada proviene de la Promoción Integración 1989 de la ex Guardia Republicana, la misma de Arriola.

El relevo del teniente general Óscar Arriola no implicará un cambio profundo en el alto mando de la Policía Nacional. Más bien Fredy López representa la continuidad de un colectivo que enfrenta dificultades para superar la criminalidad. Pero también es responsabilidad del gobierno que no manifiesta acciones significativas.

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Larga espera para el relevo de generales

La ceremonia del relevo y reconocimiento del nuevo comando policial está programada para el miércoles 16 de septiembre en el patio de honor de la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional en Puente Piedra.

La razón que explicaría por qué la tardanza del relevo sería porque en estos días se realizan los exámenes de ascenso al grado inmediato superior de la plana de oficiales de la PNP.

No se descarta que el general Arriola haya prolongado su dimisión para asegurarse que personal con el que trabajó durante su gestión consiga el ascenso de grado.

Otro motivo sería que la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) cumple 78 años de creación institucional.

En sus fundamentos, la moción señala los registros migratorios de Cerimedo, que muestran cuatro ingresos al Perú, el último de ellos coincidente con la transmisión de mando presidencial de Keiko Fujimori. Además, se citan los contactos entre Cerimedo y otros asesores vinculados a la actual mandataria, como Carlos Díaz-Rosillo y Damián Valenzuela.

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La moción también señala la incidencia de Cerimedo debido a su presunta vinculación con la compra del dominio web 'Ojo de Cóndor', presentado como un conteo paralelo al difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De acuerdo con el documento, se "exige esclarecimiento por su aptitud para incidir sobre la confianza pública en los resultados oficiales del cómputo oficial".

La solicitud cuenta también con la firma de Víctor Piñán, diputado y vocero de la bancada Obras. Para ser admitida a debate, la moción requiere el voto aprobatorio del 35% de los miembros de la Cámara de Diputados. Una moción de estas características se aprueba con el 45% de los votos.

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De aprobarse, la comisión tendría un plazo de 180 días hábiles, prorrogable, y facultades para citar a comparecencia obligatoria, levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, así como solicitar información a entidades como Migraciones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

¿Quién es Fernando Cerimedo? El consultor político ligado a candidaturas de derecha en Latinoamérica

Fernando Cerimedo es un consultor político y estratega digital argentino, identificado con sectores de la derecha y la extrema derecha latinoamericana. Fundó el medio digital La Derecha Diario y ha trabajado en campañas y estrategias de comunicación política para dirigentes de la región, entre ellos el presidente argentino Javier Milei y el mandatario boliviano Rodrigo Paz.

En agosto de 2026, Cerimedo fue aprehendido en Bolivia y quedó bajo investigación de la Fiscalía por un caso relacionado con un ataque contra su expareja, Nadia Beller. Investigaciones fiscales posteriores descubrieron que el consultor argentino tenía 'granjas de bots' dedicadas a influir en la opinión pública a través de las redes sociales.

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La relación entre Fernando Cerimedo y el Perú no es nula. La Unidad de Investigación de La República reveló que Cerimedo coincidió con Keiko Fujimori el martes 10 de febrero de este año, cuando la presidenta asistió a la Gala de la Prosperidad Hispana, celebrada en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. En dicho evento, Fernando Cerimedo fue galardonado por la organización.

Figuras como Carlos Díaz-Rosillo y Damián Valenzuela, asesores de la nueva mandataria, también han sido vinculadas al consultor argentino.

Para sancionar esto, la iniciativa propone adicionar los artículos 151-B y 151-C al Código Penal. El primer artículo señala que quien ejerza violencia contra un menor para obligarlo a ser parte de una unión de hecho será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. La pena puede pasar a ser de diez años si se prueba una posición de poder desfavorable entre el menor y la persona que lo obligó a mantener la unión.

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El artículo 151-C señala también que quien promueva, organice, acuerde o contribuya a estas uniones tendrá una pena no menor de cinco ni mayor de ocho años

La exposición de motivos del proyecto se sostiene en datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025. De acuerdo con la información citada, se estima que cerca de 52 mil menores de edad se encuentran actualmente en situación de convivencia en el país. La mayoría concentrados en zonas rurales y en los hogares más pobres.

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Exministra a favor de la propuesta

Diana Miloslavich, exministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, consideró importante saludar una iniciativa legislativa de este corte. Para Miloslavich, se trata de un llamado a cubrir los vacíos legales que dejaban las leyes previas en la protección de los derechos de los menores.

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“La protección de nuestras infancias tiene que ser una prioridad en el Estado y en la sociedad peruana. Hay que tomar en cuenta que hay una delegación de la OEA que hace seguimiento a la Convención de Belém do Pará, que tiene que ver con la protección contra la violencia hacia las niñas. Están terminando una visita de asistencia técnica para evaluar la respuesta del Estado ante la violencia contra las niñas awajún y wampis. Sería importante que diputados y senadores, a la hora de pensar en su voto, tomen en cuenta estas recomendaciones que ya se vienen haciendo en varios países al amparo de esta convención tan importante”, señaló a La República.

La exministra concluyó que lo mejor será que esta iniciativa logre respaldo en el Congreso. “Hay que tomar en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el acuerdo universal de Naciones Unidas que prevé un cuidado para las infancias y se está tomando en cuenta como marco para esta iniciativa. Hay que saludar esta iniciativa y esperemos que tenga un recibimiento positivo en el Congreso”, indicó.

Durante la sesión, se hizo hincapié en que Juan Sheput, ministro de Trabajo, no asistió a la sesión. El pedido de facultades legislativas enviado por el Ejecutivo hacía hincapié, entre otros puntos, en la promoción del empleo juvenil, sin detallar las medidas que se tomarían, así como en la modificación de la regulación de los feriados no laborables para optimizar su impacto en la productividad.

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Polémica por presunta falta de acreditación a diputados suplentes

Originalmente, fueron 11 los votos en contra del informe. Sin embargo, se desestimó el voto del diputado Heber López (Obras), suplente en la comisión, debido a que no se acreditó correctamente su condición de suplente por parte del diputado Arturo Eusebio, de la misma bancada. López criticó que no se le señalara que su presencia era “improductiva” desde el inicio de la sesión.

Desde la presidencia de la comisión se señaló que la participación de Nora Llaque (Partido del Buen Gobierno) tampoco había sido acreditada por su compañero de bancada, Fernando García Huby. Al respecto, Llaque presentó el documento mediante el cual sí estaba acreditada y su voto fue contabilizado al final de la votación.

Jessica Guevara, diputada de Juntos por el Perú, calificó como una “falta de respeto” que no se notificara desde el inicio de la sesión a los diputados presuntamente no acreditados sobre la falta de documentación.

La iniciativa no perdió su validez, porque todavía cuenta con las firmas suficientes para continuar su trámite según el reglamento.

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El pliego, de 12 páginas, cuestiona a Astudillo por presuntas designaciones irregulares dentro del Ministerio del Interior y por su manejo de la política de seguridad ciudadana. Entre los señalamientos figura el nombramiento de Magali Meza, exfuncionaria de Servir, como directora general de Recursos Humanos de esa cartera.

La iniciativa fue suscrita por varios diputados de Juntos por el Perú, entre ellos la vocera Analí Márquez, el vocero Ernesto Zunini, Julián Pérez Mallqui, Oliver Peña y Catherin Palomino.

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Aguirre había firmado el documento junto a sus compañeros de bancada, pero decidió apartar su respaldo en las horas previas a la sesión donde se debatirá su admisión.

El retiro se suma a un momento de tensión dentro de la propia bancada. Aguirre mantiene un enfrentamiento abierto con Zunini desde hace semanas, luego de denunciar públicamente "actitudes negativas, matonescas" por parte del vocero.

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La crisis interna de Juntos por el Perú

El conflicto entre Aguirre y Zunini no es nuevo. El diputado por Junín cuestionó que las decisiones de la bancada no se sometan a votación conjunta antes de anunciarse. "Es un tema de democracia", resumió en su momento.

Acusó también a Zunini de haberse autodesignado en la vicepresidencia de la Comisión de Presupuesto sin que ningún colega lo propusiera, versión que el vocero calificó de "totalmente falsa".

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El desgaste llegó a un punto crítico cuando el Comité Regional de Junín de Juntos por el Perú pidió a la bancada abrir un proceso disciplinario contra Aguirre por sus críticas públicas.

El legislador respondió restando legitimidad a los firmantes del pronunciamiento y acusó a la dirigenta Anélia Bendaña de haber "indispuesto" a los candidatos de la región durante la segunda vuelta electoral.

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Fuentes de La República señalaron a inicios de mes que el caso de Aguirre no sería aislado. Hasta cuatro diputados de la bancada evaluarían su pase a Fuerza Popular y otros dos negociarían su incorporación a Renovación Popular.

Tras esto, Aguirre indicó que "todavía no" pensaba dejar su bancada y que de momento se mantendría dentro del grupo legislativo de oposición.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

“Sabemos todo sobre ti, tus movimientos, los de tu familia que está en España. Tu no eres intocable”, le indican en uno de los mensajes que recibió el magistrado de la Fiscalía Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3).

La intimidación la recibió desde un número de Colombia y ha sido atribuida a José Nole, presunto lugarteniente de Los Injertos del Callao.

El fiscal ha solicitado protección mediante un oficio cursado a la policía. Ha pedido resguardar su domicilio y centro de labores, pero no se ha hecho efectiva.

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Nole, como se sabe, es investigado por el robo de lingotes de oro en el circuito de playas de la Costa Verde y es señalado como presunto lugarteniente de Los Injertos del Callao y Ventanilla.

Hace una semana, el fiscal Guffanti Parra logró que el Poder Judicial le imponga 26 meses de prisión preventiva. Desde entonces empezaron las amenazas.

La Fiscalía solicitó seguridad para el fiscal en su domicilio y en el lugar donde desempeña funciones. Según se informó, mediante un oficio dirigido a la policía pidió resguardo personal. Sin embargo, esa protección no se había concretado hasta este sábado.

Como se informó, durante el operativo por el robo del oro, dispararon contra el coronel Roger Cano, jefe de la División de Robos de la Policía. La bala solo le rozó el hombro.

Esta tarde, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, y el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), Jorge Chávez Cotrina, brindaron su respaldo institucional al desempeño fiscal adjunto provincial Leonardo Guffanti Parra, tras recibir amenazas contra su vida en Ventanilla.

“Tengo 25 fiscales de crimen organizado que están amenazados de muerte; ahora acaban de amenazar uno más”, expresó Chávez Cotrina al exponer la situación de riesgo en la que se encuentran los representantes del Ministerio Público que investigan delitos de alta peligrosidad.

Chávez Cotrina explicó que, ante esta situación, los fiscales adoptan medidas personales de autoprotección, como variar sus rutas diarias o modificar sus desplazamientos, debido a la falta de recursos logísticos y humanos para garantizar su seguridad.

“Lo que estamos haciendo es que cambien de ruta. Lamentablemente la policía no nos da seguridad para todos los fiscales, no tienen personal, es difícil, nosotros entendemos ese tema. Es muy complicado”, enfatizó.

FISCALES NO SE VAN A AMEDRENTAR

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, expresó el respaldo institucional del Ministerio Público al fiscal adjunto provincial Leonardo Guffanti Parra, y señaló que “los fiscales, desde que nos incorporamos a la función pública, sabemos que debemos hacer frente a este tipo de cosas”, en referencia a los mensajes intimidatorios que el representante del Ministerio Público recibió a través de WhatsApp.

Aseguró que la labor fiscal continuará firme en la lucha contra la criminalidad, mediante investigaciones rigurosas y desarrolladas con estricto apego a la ley. “El fiscal Leonardo Guffanti no se va a amedrentar. Si amenazan a un fiscal, amenazan a una institución. El Ministerio Público no dará un paso atrás en la lucha contra la criminalidad”, subrayó.

También informó que los despachos fiscales del subsistema especializado contra la criminalidad organizada no cuentan con resguardo policial.

Ante esta situación, exhortó a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú a disponer las medidas de seguridad correspondientes, a fin de garantizar la integridad de los fiscales y evitar que las amenazas interfieran en el desarrollo de las investigaciones a cargo del Ministerio Público.

El fiscal adjunto Leonardo Guffanti agradeció el respaldo de las autoridades de la institución y reafirmó que las amenazas no lo harán retroceder en las investigaciones que tiene a su cargo contra organizaciones criminales.

A las 18.20 horas del martes 8 de septiembre, el interno identificado como Mayki Cagen Herrera Paredes aprovechó el traslado al hospital Arzobispo Loayza para huir por la puerta principal del nosocomio.

Herrera cumplía una condena de 18 años. Según la investigación, el interno se encontraba hospitalizado desde el lunes 7 por una hernia abdominal. Estaba bajo custodia de dos agentes de seguridad penitenciaria.

Apenas se confirmó la fuga, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario comunicaron el hecho a la Policía para activar las acciones de búsqueda y recaptura. Hasta anoche continuaba como no habido.

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En cambio, los agentes penitenciarios fueron intervenidos por las autoridades policiales y conducidos a la comisaría del sector donde se realizan las investigaciones de ley.

El Inpe, por su parte, inició las acciones correspondientes, conforme al proceso célere vigente, según el Decreto Legislativo 1617, con el propósito de esclarecer de manera exhaustiva las circunstancias en las que se produjo la fuga y determinar las responsabilidades administrativas funcionales y/o penales que hubiera lugar.

Asimismo, se adoptarán las medidas disciplinarias y correctivas que correspondan contra quienes resulten responsables, sin excepción.

CAMBIAN AL DIRECTOR DEL INPE

Este escándalo se dio justo durante la exposición del pedido de facultades ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en la que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, explicó la importancia de su aprobación para realmente rediseñar el sistema penitenciario.

Como parte del Gabinete liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el titular del sector Justicia y Derechos Humanos detalló que se necesita modificar la normativa vigente para que permita que, por ejemplo, los directores de los establecimientos penitenciarios puedan ser oficiales en retiro expertos en seguridad.

En ese sentido, el ministro Álvarez expresó que, dada la legislación actual, se ha cambiado al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y se ha designado al coronel (r) FAP Abraham Lescano. “Más de 25 años de su vida ha tenido cursos, preparación y formación en inteligencia”, resaltó.

También, la autoridad remarcó la necesidad de contar con los mecanismos legales para separar a internos y adecuar penales específicamente dedicados para aquellos que cometieron delitos violentos.

El ministro subrayó que, como parte del pedido de facultades, se requiere modificar el Código Penal para que permita el ingreso de la inteligencia de las Fuerzas Armadas a las labores operativas de la Policía y el Código Procesal Penal que calificó de excesivamente garantista y cuyo fin debería ser la seguridad del ciudadano común e inocente.

Antes de llegar al Perú, Rubio estuvo en Ecuador. Allí, el presidente Daniel Noboa le entregó la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. Esta distinción se otorga a personas que hicieron méritos extraordinarios a favor de la nación ecuatoriana, tanto en el terreno civil como en el militar. El paso por Quito fue la segunda parada de su recorrido, después de Colombia.

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Rubio se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori este jueves a las 10:15 de la mañana en Palacio de Gobierno. Al encuentro asistirán también integrantes del Gabinete Ministerial. La cita busca fortalecer los lazos de cooperación en asuntos prioritarios para ambos países.

La llegada de Rubio se da en un momento en que Perú ya forma parte de la iniciativa del Escudo de las Américas, anunciada previamente por el propio secretario de Estado. Días antes de esta visita, el embajador de Estados Unidos en Perú había adelantado que la gira traería "excelentes noticias" para el país.

El secretario de Estado señaló que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino "pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos".

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Comparó esa crítica con lo que llamó inversión privada estadounidense, abierta y guiada por el mercado. La embajada china en Lima no dejó pasar el mensaje. Respondió el mismo día, con dos publicaciones en su cuenta de X.

En respuesta a las afirmaciones de Rubio, la embajada china, a través de sus redes sociales, recordó que el país asiático aplica, de forma unilateral, una exención de visa para todos los ciudadanos peruanos.

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La embajada preguntó, sin nombrar a Estados Unidos, por qué los peruanos que solicitan visa para "cierto país" enfrentan controles rigurosos. Añadió que algunos incluso reciben amenazas de cancelación para toda su familia.

Un segundo mensaje, publicado horas más tarde, tuvo un tono más político. La embajada sostuvo que el Partido Comunista de China "nunca ha actuado con cálculos geopolíticos". Dijo que tampoco ha interferido en asuntos internos de otros países ni ha exigido a nadie elegir bando.

Remarcó que el hemisferio occidental "no es el patio trasero de nadie". Cerró el mensaje con una invitación a fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre China y Perú.

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Bernie Navarro evitó el choque directo con China

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, no quiso entrar en la disputa abierta con China. En declaraciones a Canal N, durante Expomina Perú 2026, señaló que no entraría en polémica con China. El diplomático prefirió centrar su mensaje en inversión, seguridad y el futuro de la relación bilateral, sin mencionar directamente al país asiático.

Navarro sostuvo también que Estados Unidos "siempre tiene transparencia y claridad", y añadió que su país nunca pediría a otro Estado modificar sus leyes para favorecer las condiciones de un contrato.

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Canciller Carlos Espá defendió el ingreso de Perú al Escudo de las Américas ante el Senado

El canciller Carlos Espá se presentó el martes ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado. Ahí defendió la incorporación del Perú al Escudo de las Américas.

"Vamos a poder luchar contra el lavado de activos, las organizaciones criminales", comentó. Añadió que el país tendrá "un efecto mucho más importante" frente a esas amenazas.

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El canciller explicó de qué se trata el mecanismo. Son trece países que se juntaron en marzo para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales y al lavado de activos. Todo, bajo el liderazgo de Estados Unidos. Espá lo presentó como una decisión colectiva, no impuesta.

El respaldo estadounidense no se limita a lo declarativo. Según Espá, la administración de Donald Trump tiene capacidad para ofrecer colaboración en información, ciberseguridad y apoyo operativo y logístico. Esa cooperación tiene como objetivo rastrear el dinero ilícito que circula por el sistema financiero y frenar el avance de bandas armadas en zonas de fronteras.

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Óscar Vidarte advierte que el Perú apuesta por Estados Unidos y pone en riesgo su relación con China

El internacionalista Óscar Vidarte consideró que sí es real la lectura de que el Escudo de las Américas funciona, en la práctica, como una herramienta contra la influencia china. Explicó que la iniciativa nació enfocada en el crimen organizado transnacional, pero recordó que el propio Donald Trump ha dicho que también sirve para enfrentar amenazas a la seguridad.

China, dijo, entra en esa categoría desde la mirada de Washington. Puso como ejemplo la columna de Rubio en El Comercio, donde el país asiático aparece descrito como una amenaza a los intereses de Estados Unidos y de América Latina.

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El especialista fue más allá del análisis regional. Mencionó que en la Cumbre de las Américas realizada en agosto, en Panamá, el secretario de Guerra de Estados Unidos pidió a los países de la región salir de la Corte Penal Internacional.

Ese pedido, explicó, demuestra que este tipo de alianzas no se quedan en el objetivo original y terminan empujando otras agendas. Para Vidarte, ese patrón no le conviene al Perú.

Sobre el vínculo con Beijing, Vidarte fue directo: el Gobierno peruano no busca romper la relación con China, un socio comercial y de inversiones que las propias autoridades reconocen como clave.

Sin embargo, advirtió que el país ya asumió un alineamiento claro con Estados Unidos, visible en la compra de armamento, el ingreso al Escudo de las Américas y el protagonismo del embajador estadounidense en la coyuntura actual. Ese giro, dijo, rompe el equilibrio que el Perú mantuvo tradicionalmente entre ambas potencias.

El internacionalista proyectó consecuencias concretas de ese alineamiento. Dijo que China probablemente observa con preocupación hacia dónde avanza esta relación, después de una década en la que el país asiático se consolidó como uno de sus socios más importantes en la región.

Puso en duda qué pasará con la segunda etapa de inversión del megapuerto chino en el Perú, valorizada en 2,500 millones de dólares, y advirtió que ese capital —que ya desplazó a la inversión occidental en varios sectores— podría verse afectado si el giro hacia Washington se profundiza.

En aquel suceso, fallecieron el ciudadano colombiano Nilson Montenegro Valencia y los peruanos Wilder Romero Sevipaucar, Jaime Bendezú Paraguay, William Núñez Soto y Cristian Vilcatoma Águila.

Aunque las fuerzas del orden justificaron el ataque bajo la sospecha de un transporte de droga, los peritajes realizados al vehículo descartaron la presencia de sustancias ilícitas.

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La moción sostiene que la ley suprema del país obliga a proteger a los ciudadanos ante cualquier abuso de poder. "El artículo 1 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado [...] derechos que vinculan a todos los órganos del poder público y que deben ser objeto de especial protección cuando se encuentra comprometida la actuación de agentes del Estado", se lee.

Los parlamentarios que impulsaron la moción sostienen que existen interrogantes sobre la forma en que el personal del Estado ejecutó la operación. En relación con el desenlace del operativo en Huancavelica, la iniciativa indica que "el 25 de abril de 2026, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, se produjeron hechos de extrema gravedad en el contexto de una intervención en la que participaron efectivos pertenecientes a instituciones del Estado, cuyo resultado fue la muerte de cinco ciudadanos".

En ese sentido, la propuesta precisa que el Pleno busca establecer responsabilidades de carácter político y funcional, sin interferir con las diligencias del Ministerio Público o del Poder Judicial.

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"La Comisión no estará destinada a declarar culpables o inocentes, revisar resoluciones judiciales, ordenar medidas coercitivas ni interferir en diligencias fiscales, sino a determinar cómo actuaron las instituciones del Estado, cuáles fueron las decisiones adoptadas [...] y qué eventuales responsabilidades políticas, administrativas o funcionales pudieran derivarse".

Adolfo Fuentes sigue trabajando como “cuidador” de los menores de La Casa de los Petisos, y al mismo tiempo, es animador de los mítines de la campaña del ex alcalde y candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

El servidor municipal admitió que estaba al tanto de los hechos que investiga la fiscal Morales.

“¿Tiene usted conocimiento de los hechos denunciados, de connotación sexual, en agravio del menor de iniciales C.C.U.C. (12) por parte del menor J.M.B.R. (14)?”, preguntó la fiscal Morales a Fuentes.

“Sí, lo sé por la información que nos dio la administración, que había una denuncia anónima y que el Departamento de Psicología hizo un informe”, admitió Adolfo Fuentes.

Sin embargo, añadió para zafarse del problema: “Los hechos suscitados no ocurrieron durante mi turno”.

Cuando la fiscal recibió la información del primer caso de abuso sexual, La Casa de los Petisos se encontraba bajo la administración de la gerente de Desarrollo Humano, Isabel Ayala Melgarejo, y de la subgerenta de Bienestar y Promoción Social, Rosa Torrejón Aragón. De acuerdo con el expediente fiscal, no dieron cuenta del grave incidente a la fiscalía.

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Todos lo sabían

El primero de agosto de 2025, durante el mandato de López Aliaga como alcalde de Lima, personal del programa Warmi Ñan, conformado por la psicóloga Mavel Tirso Pozo y la abogada Karla Solis, se presentó en el albergue municipal para verificar los hechos y los confirmaron entrevistando a los involucrados.

El jefe del Área de Centros de Atención Integral, Andersson Alfaro Espichán, también corroboró el caso de violación sexual.

Como respuesta al grave hecho registrado en el interior de un albergue donde se supone que los menores abandonados reciben protección, la única medida que tomó la gerencia de Desarrollo Humano luego de la denuncia por violencia sexual en el albergue municipal, fue removerlo de su cargo como jefe del Área de Centros de Atención Integral (que incluye el albergue municipal La Casa de los Petisos), a Andersson Alfaro Espichán.

Los mismos tutores, entre ellos Adolfo Fuentes Bernal, se quedaron en sus puestos. Las funcionarias Isabel Ayala y Rosa Torrejón no solo se mantienen en sus cargos sino que ahora son candidatas de Renovación Popular: la primera postula a la alcaldía del Rímac y la segunda a la de Lurín. En tanto que el cuidador Adolfo Fuentes se luce como “maestro de ceremonias” de López Aliaga.

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Otro grave episodio

Poco después, y cuando la fiscal Lourdes Morales seguía interrogando a testigos del primer caso de abuso sexual entre los menores del albergue La Casa de los Petisos, se registró un nuevo incidente. El entonces administrador del albergue, Bernardo Vásquez Chicoma, se presentó en la comisaría de Monserrate en compañía de un menor para registrar una nueva denuncia.

Trece meses después del anterior incidente, el 10 de junio de 2026, el menor J.A.Q.D. acusó a J.A.A.M. por violación ante la comisaría de Monserrate. Era el mismo perpetrador. La víctima indicó que el hecho se produjo el 22 de mayo, es decir, 19 días antes de que fuera puesto en conocimiento de las autoridades.

En esa ocasión, ejercían funciones como gerente de Desarrollo Humano, Isabel Ayala, y como subgerente de Bienestar y Promoción Social, Rosa Torrejón. Además, Adolfo Fuentes continuaba como tutor en el albergue municipal, y paralelamente, actuaba como animador de la campaña presidencial de López Aliaga, como acreditan las fotografías de los mítines.

Ha transcurrido más de un año desde el primer caso de violación sexual y el exadministrador de La Casa de los Petisos, Bernardo Vásquez Chicoma, es el único que aparece como demandado en materia de contravención a los derechos del niño y adolescente. Es decir, por la omisión que atenta contra el ejercicio de los derechos de los menores reconocidos por la ley.

Isabel Ayala afirmó a La República que no tiene ninguna responsabilidad por lo sucedido en La Casa de los Petisos sino otros servidores municipales. “Yo no soy la encargada de los albergues. Hay funcionarios a cargo de ello. No hay una denuncia ni soy parte de una investigación. Por ningún lado me mencionan”, explicó.

Según el portal web de la Municipalidad Metropolitana de Lima, La Casa de los Petisos está bajo la administración de la Subgerencia de Bienestar y Promoción Social (Rosa Torrejón), que a su vez depende de la Gerencia de Desarrollo Humano (Isabel Ayala).

Este diario también buscó la versión de la funcionaria y candidata Rosa Torrejón, y el tutor Adolfo Fuentes; pero no obtuvo respuesta.

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“López Aliaga no está obligado a saber”

• El jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Raúl Fernández Olivares descartó que se encubra a ningún funcionario o servidor relacionado con el caso del albergue y añadió que el municipio ofrece a la fiscalía todas las facilidades para su trabajo.
• Y respecto al tutor Adolfo Fuentes, arguyó: “(López Aliaga) tiene muchas labores y no se va a fijar en un maestro de ceremonias”. El abogado responsabilizó más por el hecho al mismo Fuentes.

La iniciativa referente a la cartera de Defensa fue presentada por la bancada de Juntos por el Perú, encabezada por el diputado Marino Lavado Valdivia, mientras que el pedido para el sector Interior lo encabeza la diputada Analí Márquez Huanca junto a los miembros de la misma bancada.

Cuestionamientos al ministro de Defensa

La primera iniciativa legislativa busca respuestas del titular de Defensa sobre sus nexos empresariales y la efectividad de sus decisiones frente a la minería ilegal y la delincuencia en Pataz.

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El documento solicita que el ministro Rafael Belaúnde Llosa "informe sobre la problemática respecto de sus vínculos con Minera Poderosa, las medidas y propuestas anunciadas por el Poder Ejecutivo orientadas a fortalecer y ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en el control de zonas declaradas en estado de emergencia, así como sobre el resultado de las acciones adoptadas en la provincia de Pataz para combatir la criminalidad".

La moción fue registrada a mediados de agosto con un pliego de preguntas. El texto oficial precisa que la moción, presentada el 14 de agosto, consta de 43 preguntas.

El pliego para el ministro de Defensa incluye interrogantes sobre si "recibió aportes económicos de la señora Evangelina Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, durante su campaña presidencial", así como si ha sostenido reuniones con representantes de dicha empresa o si existen "efectivos de las Fuerzas Armadas destacados para brindar seguridad en las instalaciones, campamentos, plantas, accesos o concesiones" de la minera.

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Asimismo, demanda aclarar qué porcentaje del personal militar desplegado en Pataz realiza operaciones de seguridad ciudadana frente al resguardo de infraestructura privada.

Interpelación al titular del Interior

Por su parte, el segundo pedido está dirigido al responsable del sector Interior y se enfoca en los cuestionamientos a su gestión frente a la delincuencia. La moción plantea que el ministro César Astudillo Salcedo acuda al Pleno para que “dé cuenta respecto de los cuestionamientos a su desempeño en dicho cargo y de su falta de liderazgo contra la inseguridad ciudadana".

Sobre el avance formal de esta segunda solicitud, el pedido fue presentado a inicios de este mes con un cuestionario específico. El documento señala que la moción fue presentada el 3 de setiembre y el pliego interpelatorio consta de 27 preguntas.

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El documento exige detallar "qué medidas concretas ha implementado desde el inicio de su gestión para reducir los índices de criminalidad, especialmente, extorsión, sicariato y homicidios agravados".

También cuestiona el presupuesto asignado a programas de seguridad, las acciones para la protección de líderes indígenas y sindicales ante mafias ilegales, y "cuáles han sido los resultados tangibles hasta la fecha en términos de reducción de la criminalidad".

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Polémica continuaría

Sin embargo, el titular del JNE aclaró que una eventual entrega de credenciales a López Aliaga si resulta ganador todavía no ha sido resuelta. "No nos hemos pronunciado", afirmó, al referirse específicamente a esta situación.

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La consulta fue presentada oficialmente por 14 organizaciones políticas que solicitaron al pleno del JNE definir su posición sobre el tema. Burneo indicó que el pedido ya fue puesto en conocimiento del organismo y que será incorporado a la agenda para su debate, aunque todavía no existe una fecha definida.

Burneo remarcó que la decisión será institucional y estará en manos de los cinco magistrados del pleno. "La decisión de los cinco magistrados, en mayoría o por unanimidad, es la decisión del jurado", afirmó, y aseguró que defenderá el acuerdo que finalmente adopte el pleno.

Se trata de Jeenny Samanez y Andrea Medina, quienes participaron en dicha comisión y jugaron un rol determinante para aprobar la iniciativa que se encuentra sustentada en el pedido de facultades.

Durante la votación, Jeenny Samanez respaldó el dictamen que planteaba una opinión a favor; mientras que su colega Andrea Medina optó por la abstención. De esta manera, el oficialismo y la oposición lograron un empate de nueve votos a favor y nueve en contra.

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Con ello, el fujimorista Arturo Alegría, en su calidad de presidente de la comisión de Medio Ambiente, emitió su voto dirimente logrando y concretó su aprobación.

Tras la votación, Victor Piñán, vocero de Obras, dijo a La República que su bancada mantiene una postura selectiva frente a la delegación de facultades al Ejecutivo. Según dijo, su respaldo solo le limitará a seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño, por lo que el voto de las parlamentarias respondió a una "descoordinación" interna que ya fue conversada para alinear la conducta partidaria con el bloque de oposición.

“Hemos sostenido una reunión como bancada donde hemos reafirmado nuestra posición inicial. Vamos a otorgar dentro de la delegación de facultades solamente los temas más importantes y urgentes para el país, que son dos principalmente, seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. Son las dos únicas materias sobre los cuales nosotros vamos a otorgar estas facultades al Ejecutivo. Sobre el resto, no”, expuso.

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Sobre la actuación de las diputadas Jeenny Samanez y Andrea Medina, el vocero reconoció que la conducta de ambas no estuvo alineada con el partido.

"El día de ayer en la votación ha habido una descoordinación con las dos diputadas, una que aprobó por todo favor del informe (...) y otra colega que se abstuvo. Entonces, ya se coordinó con ellas y hemos para corregir estas descoordinaciones”, apuntó.

Resaltó que seguirán trabajando de la mano con las demás fuerzas opositoras. “Hemos aclarado ya como bancada y hemos señalado que vamos a seguir la línea política que se está trazando desde la coordinación que se tiene también a nivel de la alianza con las tres otras bancadas que forman el bloque de oposición”.

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Propuesta y debate en el Congreso

El Poder Ejecutivo propone aplicar el silencio administrativo para aprobar instrumentos de gestión ambiental fuera del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). También plantea la aprobación automática de proyectos cuando no afecten áreas naturales protegidas.

En el debate, el parlamentario Harvey Colchado (Ahora Nación) alertó acerca del peligro de implementar modificaciones en normativas ambientales. “La demora de una entidad no puede convertirse automáticamente en una autorización para desarrollar una actividad que podría afectar el agua, la salud y los bosques. No podemos presumir que un proyecto es ambientalmente viable; debemos certificarlo”.

La legisladora Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú) indicó que reformar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental exige una revisión profunda, pues dicha estructura resguarda derechos vinculados a la salud, el entorno natural y las áreas protegidas, más allá de incentivar inversiones.

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Además, requirió recopilar las opiniones técnicas del Indecopi, el COES y el Ministerio de Energía y Minas sobre los eventuales ajustes en el sector eléctrico.

Asimismo, apuntó que toda intervención en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre tiene que respetar los derechos indígenas y la consulta previa que le dio origen.

Si bien la opinión aprobada por la comisión señala que supervisará los decretos promoviendo la sostenibilidad y la protección ambiental, especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental adviertieron que los cambios propuestos debilitan los mecanismos de fiscalización.

En un informe técnico que accedió La República alertaron que varias de las medidas del Ejecutivo presentan riesgos e inviabilidades constitucionales.

El documento de la SPDA puntualiza que recurrir a la aprobación automática o al silencio administrativo positivo en los instrumentos de gestión ambiental resulta “incompatible con la naturaleza preventiva» del SEIA y es una “medida regresiva que va en contra de la protección de recursos naturales”, lo que además “pone en riesgo los recursos hídricos” y los derechos fundamentales ligados a un ambiente sano.

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De igual modo, la institución advierte que restringir las opiniones técnicas vinculantes de entidades como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) o la Autoridad Nacional del Agua (ANA) vulneraría el control ambiental en zonas protegidas y fuentes de agua.

El análisis señala que dar prioridad a las concesiones forestales desconoce la posesión de los pueblos indígenas sobre sus territorios.

Especifica que buscar "flexibilizar las reglas aplicables al aprovechamiento de recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas (ANP)" y permitir la extracción petrolera con el pretexto de "compatibilizar la protección” de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) son medidas que amenazan la conservación.

"Durante demasiado tiempo, actores ajenos al hemisferio respaldados por Estados extranjeros, específicamente de China, han ingresado a nuestra región con promesas que esconden sus prácticas predatorias", señaló Rubio en su columna publicada el pasado 8 de septiembre.

Tras estas declaraciones, la representación diplomática de Pekín en Perú indicó, por medio de sus redes oficiales, que las naciones de América Latina poseen el derecho de elegir sus alianzas comerciales sin la interferencia ni la presión de potencias extranjeras.

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"El hemisferio occidental no es el “patio trasero” de nadie. Los países de América Latina tienen el derecho soberano de elegir libremente a sus socios y de desarrollar una cooperación exterior partiendo de sus propios intereses nacionales".

El pronunciamiento surge como respuesta al artículo de opinión del funcionario estaounidense. En dicho escrito, Rubio señaló que las empresas chinas operan con contratos poco transparentes, generan endeudamiento e interfieren en la seguridad de los datos locales.

"Mientras que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos, el sector privado de Estados Unidos está trayendo inversiones abiertas impulsadas por el mercado", se lee en el artículo de Rubio.

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Ante tales acusaciones, la delegación china respondió que sus inversiones se desarrollan bajo el marco jurídico peruano, no originan deuda pública y dinamizan la economía a través de empleo formal, impuestos y reservas internacionales.

"El stock de la inversión china en el Perú, que es transparente y conforme a la ley, supera los 30 mil millones de dólares, trayendo oportunidades de desarrollo, empleo, ingresos fiscales, superávit comercial y reservas internacionales, sin generar ni un centavo de deuda".

En el aspecto comercial, la embajada china presentó datos para respaldar la relación económica bilateral. Su comunicado precisó que China se mantiene por 12 años consecutivos como el primer socio comercial del Perú.

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Según datos atribuidos a Mincetur en el pronunciamiento, las operaciones acumuladas bajo el Tratado de Libre Comercio con China desde 2010 muestran un balance favorable para la economía nacional. Además, la delegación asiática indicó que "se espera que el Protocolo de Actualización del TLC China-Perú entre en vigor en breve".

Asimismo, la embajada china utilizó estas estadísticas para marcar una diferencia: mientras que el intercambio comercial con China le genera al Perú un beneficio acumulado de 52 mil millones de dólares, la relación con su “segundo socio comercial” (Estados Unidos) registra pérdidas de 17.3 mil millones.

Impacto comercial e inversiones de China en el Perú

En el ámbito de las inversiones directas, la delegación de Pekín indicó que el total de dinero invertido por China en el Perú supera los 30 mil millones de dólares. La embajada apuntó que estas operaciones son transparentes, se someten estrictamente a las leyes del Estado peruano y no comprometen la independencia del país.

“Las inversiones y operaciones de todos los países en el Perú deben estar bajo la jurisdicción del Estado peruano. Especialmente, si las recientes ventas han generado importantes niveles de endeudamiento para el Perú, deberían someterse al mismo estándar de transparencia".

Además, la diplomacia china señaló que si las compras o ventas de empresas en el Perú causan deudas al país, la ciudadanía debería pedir que todas las partes muestren la misma transparencia.

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Política de visado y soberanía regional

El pronunciamiento también cuestionó el trato migratorio que reciben los peruanos en el exterior. La embajada destacó que China aplica de forma unilateral una política de exención de visa que permite a ciudadanos peruanos con pasaporte ordinario ingresar a su territorio y permanecer hasta por 30 días para turismo, negocios, visitas familiares o tránsito.

Por ello, la potencia asiática criticó los controles estrictos, las trabas burocráticas y las amenazas de cancelación de visas familiares que sufren los ciudadanos peruanos al solicitar el ingreso a otros destinos.

"China aplica unilateralmente política de exención de visa para todos los peruanos. (…) China abre sus puertas y recibe al pueblo peruano con los brazos abiertos. Entonces, ¿por qué los peruanos, al solicitar una visa para cierto país, tienen que someterse a rigurosos controles e incluso enfrentarse a amenazas de cancelación de las visas de toda su familia?".

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Adicionalmente, China sostuvo que su política exterior busca el progreso común sin recurrir a cálculos geopolíticos ni pedir a los países que elijan un bando.

"China nunca ha actuado con cálculos geopolíticos, nunca ha interferido en los asuntos internos de otros países y nunca ha exigido a otros países que tomen partido o elijan un bando".

La embajada también señaló que "la cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros y tampoco debe estar sujeta a interferencias de terceros".

-Creo que hoy estoy más preparada que nunca. No he postulado a otros cargos, vengo preparándome para asumir con responsabilidad este cargo de alcalde. He sido ya dos veces regidora en San Borja y regidora en Lima. La experiencia que tengo, de más de 20 años en política y en lo profesional, me formó como especialista en gestión municipal. Soy abogada de San Marcos, con una maestría en Gestión Pública por la misma casa de estudios.

Estoy convencida de que el joven o el profesional que quiere hacer política debería prepararse mucho para tomar las mejores decisiones por su comunidad, y eso es lo que he venido haciendo. Ahora, yo creo que el alcalde no solo debe administrar de manera eficiente el recurso municipal: tiene que estar preparado para gestionar, para salir de la oficina, gestionar proyectos en beneficio de su comunidad, inclusive traer presupuesto de fuera para que no se le recargue al vecino con más impuestos.

-Hay que tener cuidado con esto de traer presupuestos de afuera, porque tenemos la experiencia de una alcaldía de Lima totalmente agotada en recursos.

-Le cuento un caso: en 2024 una municipalidad distrital elaboró un expediente de inversión con técnicos de la propia municipalidad, no con esas asesorías de 200 mil soles o consultorías de 300 mil soles que te hacen los expedientes. Ese expediente se llevó al Ministerio del Interior: un proyecto por 200 cámaras, inteligencia artificial, módulos de serenazgo, camionetas y bodycams para los serenos. Costaba 17 millones de soles y la municipalidad no tenía ese gasto programado para ese año. Su alcalde conversó con el director, con el viceministro, con el ministro y hasta con la presidenta de turno, y logró viabilizar el proyecto. Se aprobó, el ministerio transfirió el dinero a la municipalidad distrital y lo sacó adelante sin que le costara un sol al vecino.

Son experiencias que ya sabemos cómo replicar, y lo tenemos que hacer en San Borja. Cuando quien postula no tiene esa capacidad de gestión, mantiene el distrito en piloto automático, como ocurre hoy: parques y jardines, limpieza pública y serenazgo, que son los servicios por los que el vecino paga sus arbitrios. Pero el alcalde puede hacer mucho más. Está facultado para firmar convenios, por ejemplo con universidades, y tener una academia preuniversitaria municipal. También para firmar convenios con empresas del distrito y que la bolsa de trabajo para los jóvenes y los adultos mayores sea una bolsa de trabajo real, no de 400 o 500 puestos. El alcalde, como gestor, puede traer mucho más beneficio para la calidad de vida de sus vecinos.

-¿Su propuesta es generar empleo? ¿Cuál es su propuesta de valor en ese sentido?

-Nosotros hoy tenemos dos objetivos con el equipo. El primero es ganar las elecciones este 4 de octubre: mis vecinos saben que por Gina Casanova tienen que marcar los dos corazones de Somos Perú. Pero el segundo objetivo, y el más importante, es hacer la mejor gestión en San Borja los próximos cuatro años.

Hoy San Borja administra un presupuesto de 170 millones de soles anuales. Hay que administrarlo de manera eficiente para que no solo se brinden los tres servicios básicos —parques y jardines, limpieza pública y serenazgo— de manera idónea, sino que también podamos invertir en infraestructura. Por ejemplo, tenemos más de 30.000 adultos mayores que por años han pedido un espacio para agruparse, como lo tienen otros distritos con sus casas del adulto mayor: Miraflores tiene cinco, San Isidro tiene cuatro, San Borja tiene una, y nuestra población es similar. Necesitamos mejorar la infraestructura y la transitabilidad: pistas, veredas, rampas.

De los 170 millones de soles anuales, 34 millones se invierten en seguridad ciudadana, y me parece que está bien, no es un número corto para los 10 kilómetros cuadrados que tenemos. Pero de manera eficiente podría dar mejores resultados, porque hoy no vemos resultados objetivos en la mejora de la seguridad.

-¿Cómo logrará esa eficiencia?

-Tenemos primero que trabajar con un equipo eficiente y disminuir el número de personas que hoy están laborando [en la municipalidad]. De esos 170 millones, 90 millones se van en pagar sueldos: eso es más de la mitad. Tenemos que ajustarnos y quedarnos con los mejores trabajadores, con los que realmente tengan el corazón puesto en San Borja, los que quieran darle solución a los problemas del distrito. Después de una evaluación exhaustiva, vamos a trazar el proceso de trabajo y medirlo por resultados, de manera moderna.

Los vecinos me cuentan, por ejemplo: "presenté un reclamo en la municipalidad y se demoran en responderme, o no me responden". ¿Cómo le doy seguimiento? Debería ser tan fácil como cuando pides un delivery y la aplicación te va contando cómo va tu pedido. Debería presentarse el reclamo por plataforma virtual, sin necesidad de ir a la municipalidad, y que el sistema te vaya contando en qué área está tu expediente, qué informe se emitió, cuándo pasó a la siguiente área, para que en un día o dos tengas respuesta, y todo eso lo puedas ver con tu código de expediente. Esa transparencia también ayuda a disminuir el índice de corrupción. Toda la plataforma tecnológica tiene que estar al servicio del vecino.

-La distancia entre los alcaldes y los vecinos es una crítica recurrente en San Borja. ¿Cómo va a garantizar una participación vecinal real?

-Alejandro, yo amo lo que hago, y creo que de eso depende mucho la actitud que tiene el gobernante. Desde los 18 años trabajo para mis vecinos en San Borja, y también en otras comunidades, dándole solución a sus problemas. Por eso decidimos postular a San Borja.

Tenemos que estar en contacto con los vecinos. Lo que suele pasar es que cuando el alcalde asume el cargo, deja de atender al vecino, deja de recorrer sus calles, deja de caminar por su distrito, y se guía por lo que le van contando algunos funcionarios, que muchas veces no es lo correcto. San Borja no es un distrito grande: hoy, en campaña, recorro sus calles mañana, tarde y noche, y escucho a los vecinos. Ellos no solo te cuentan el problema, te cuentan también la solución. En el parque San Francisco de Asís me decían: "aquí riegan por inundación, no me quejo de eso, pero dejan los buzones abiertos y mi hijo puede tener un accidente". Conversando con el vecino detectamos esos problemas y se solucionan rápido. En el parque San Martín, la mamá de Tiago me decía, sobre los juegos: "algún día fueron nuevos, pero como son de metal se han oxidado". Tenemos que trabajar en eso también.

-Una de sus propuestas más conocidas es recuperar la administración de la Clínica Municipal de Especialidades Médicas, que hoy está en manos privadas. ¿Cómo se hará sin que termine costándole al Estado, como suele ocurrir cuando se rescinden contratos?

-Hace 30 años se le cedió ese espacio, que es un terreno municipal de todos los sanborjinos, a una empresa privada. La empresa construyó, y lo que dice el contrato es que después de 30 años debe devolver la infraestructura a la municipalidad. Ese plazo se cumplió el 28 de agosto. Pero la administración de la clínica ha entrado en un arbitraje con la municipalidad, y no conformes con eso, colocaron una medida cautelar. Según información que me llegó ayer, a confirmar, el Poder Judicial ya habría dejado sin efecto esa medida cautelar. De ser así, la municipalidad podría tomar posesión en cualquier momento, porque mientras dure el arbitraje, la municipalidad puede entrar a la clínica.

El tema no es si el servicio se brinda de manera eficiente o no, porque creo que sí dan un servicio de calidad. El problema es que, durante 30 años, el vecino no tuvo ningún beneficio. Me refiero a que las clínicas municipales le dan tarifa preferencial al vecino de su propio distrito, porque el terreno es suyo, a diferencia de los vecinos de otros distritos. En Surco Salud, la consulta para los surcanos cuesta 25 soles y para los vecinos de otro distrito, 60. En el policlínico de San Isidro, 12 soles para los isidrinos y otro costo para los demás. En nuestro caso, en la Clínica Municipal de Especialidades Médicas, la consulta para los sanborjinos debería costar 15 soles.

-Con un presupuesto ya ajustado, ¿cómo van a gestionar una clínica privada?

-En el caso de Surco o San Isidro, la municipalidad no administra directamente ni le inyecta recursos: tienen convenios y alianzas con la empresa privada, que es la que da el servicio. Se puede gestionar así, con alianzas, incluso con entidades del Estado como EsSalud. La queja de los vecinos es que no se brindan todas las especialidades, así que habría que ampliar el espacio y conversar con la clínica para que traigan más especialidades. Pero en San Borja ya tenemos ese servicio como base.

-Muchas quejas de los vecinos de San Borja tienen que ver con la falta de iluminación en algunas zonas, sobre todo cerca del río Surco y el Paseo del Bosque. ¿Cómo va a afrontar esa demanda de seguridad?

-Efectivamente, tenemos que mejorar la iluminación de nuestras calles, jirones, avenidas y parques. Unas vecinas me contaban que cerca del Pentagonito, de noche, falta iluminación, y ahí hay arrebatos. Pero también el equipo de serenazgo tiene que estar bien equipado y bien capacitado. Como en otros distritos, nuestros serenos deberían tener, además del chaleco antibalas, una bodycam, que graba ocho horas de video y audio y lo transmite en tiempo real a la central de monitoreo. Eso no solo reduce el índice de corrupción, porque también deberían usarla los fiscalizadores e inspectores municipales, sino que protege a nuestros agentes, porque todas las intervenciones quedan registradas, y muchas veces, después de una intervención, el delincuente termina denunciando al sereno o al alcalde. Además, la bodycam tiene GPS y permite hacer seguimiento a la ruta del efectivo.

Tenemos que medir los resultados con tecnología, no solo mandar a todos "a la cancha". La flota vehicular de serenazgo de San Borja tiene unos 35 vehículos, un número corto, y no se renueva hace más de 10 años: estamos un paso atrás frente a distritos vecinos. Además, tenemos que apoyarnos en la Policía, porque quien interviene en el acto delictivo es el policía, no el sereno. Nosotros tenemos que prevenir el delito con cámaras, drones e inteligencia artificial, pero esa intervención, de tres minutos como máximo, tiene que estar acompañada de la Policía. La competencia total en seguridad no es del alcalde, así que tengo que salir a gestionar, a tocar la puerta del Ministerio del Interior desde el día uno. En San Borja, además, le vamos a brindar toda esa logística a la comisaría para el trabajo en conjunto: el comisario va a tener a su disposición nuestros vehículos y nuestros serenos.

-¿Van a cuidar las áreas verdes de San Borja o planean privatizar su mantenimiento?

-Las áreas verdes en San Borja son un orgullo, porque siempre hemos dicho que San Borja es el pulmón de Lima, y tenemos que mantenerlas, pero mejorar los espacios de manera eficiente. Por ejemplo, las plantas de temporada, que se cambian cada 15 o 20 días, no van más: vamos a colocar plantas perennes. Con ese ahorro podríamos comprar una cisterna o tener riego tecnificado en algunos parques.

Para mí es vital el uso del espacio público: cuando el vecino usa el espacio público, el índice de delincuencia disminuye. Los más de 50 parques que tiene San Borja tienen que estar disponibles para el uso y disfrute de sus vecinos. Tenemos muchos niños, muchas mascotas y familias jóvenes que se han mudado al distrito, así que también tenemos que tener juegos para nuestros niños en buen estado.

-Existe un problema de contaminación del aire en San Borja: el Senamhi lo advirtió en junio de este año. ¿Cómo piensan reducirlo?

-Es un distrito de paso de miles de vehículos que vienen de otros distritos, con congestión vehicular y cuellos de botella en avenidas como San Borja Sur, San Borja Norte, Velasco Astete, Javier Prado, Angamos, Canadá, Panamericana Sur y Guardia Civil [verificar contra el audio los nombres exactos de las avenidas mencionadas]. Tenemos que trabajar de la mano con otras instituciones, con los distritos vecinos y con el Ministerio del Ambiente.

Y volviendo al tema de seguridad: San Borja no es una isla, está conectada con Surco, San Isidro, Surquillo, San Luis y La Victoria, y tenemos que trabajar de la mano con esos distritos. No quiero espantar a los delincuentes y que se vayan a los distritos aledaños: lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta de San Borja a todos los delincuentes y coordinar con los alcaldes vecinos un plan conjunto en nuestras fronteras. Me imagino una central de monitoreo, pilotada por la Policía, donde estén las cámaras de los seis distritos, porque el problema constante es que se compran cámaras, existen las centrales, pero muchas veces no funcionan.

-¿Cómo va a garantizar que sí funcionen, y que los vecinos usen realmente las herramientas de seguridad ya existentes, como el botón de pánico?

Vamos a continuar todos los programas que estén funcionando bien. Tenemos un mapa del delito, sabemos cuáles son los puntos rojos del distrito, y por ahí hay que empezar, ubicando los botones de pánico y sensibilizando al vecino sobre su uso. Pero además, esos botones que están en la calle requieren que tú estés pasando justo por ese lugar en el momento del delito. Debería poder hacerse desde el celular de cada vecino, con una aplicación conectada a la central, para que en menos de tres minutos haya una reacción del serenazgo con la Policía. Ahí está la solución, y ahí el vecino también se va a sentir protegido. Hoy, si llamas a la central y no te contestan, o insistes varias veces y te piden volver a llamar, se genera una desconexión: el vecino siente que no es parte de este servicio. Eso es lo que tenemos que corregir.

¿Cómo será el rol de la fiscalización con los emprendedores de San Borja?

Va a ser preventiva. Los primeros seis meses, el fiscalizador va a salir a sensibilizar al vecino emprendedor. No tiene sentido clausurar un restaurante pequeño un viernes y que no vuelva a funcionar hasta el martes: eso mata a su familia y su sustento, y además dinamiza la economía. Los comercios pagan tres veces más impuesto que la casa habitación, así que hay que trabajar de la mano con ellos: eso también ayuda a que respeten los horarios de recojo de basura y las normas, porque el trato entre la municipalidad y el comercio va a ser un trato cordial y responsable.

-¿Cuál es su plan para los primeros 90 días de gestión?

-Las cifras que manejo son las que viene publicando el Ministerio de Economía y Finanzas. El primer mes vamos a hacer un diagnóstico de la situación real de la municipalidad, y a partir del día 31 o 32 vamos a salir a resolver problemas. En esos primeros 90 días vamos a trabajar en los sectores de la periferia del distrito —el 1, el 2, el 10, el 11 y el 12—, que son sectores fronterizos que por muchos años han estado abandonados por el servicio municipal: Torres de San Borja, Torres de Limatambo, Juan XXIII. Ese es un compromiso que ratifico con mis vecinos: vamos a trabajar ahí a partir de febrero de 2027, revalorizando esas áreas, sin descuidar los servicios que se brindan en los demás sectores.

Para eso necesitamos traer un equipo idóneo, especialista en cada unidad de gestión: seguridad, desarrollo urbano, desarrollo humano. Nuestros programas sociales tienen que volver a brindar un buen servicio a nuestros vecinos con discapacidad, a los adultos mayores, a los niños y a los jóvenes, y desarrollo económico para nuestros emprendedores, muchos de los cuales conocí a partir de la pandemia, cuando se organizaban ferias en los parques. Esas ferias las tiene que organizar la municipalidad, no un privado que le cobre al feriante 90 mil soles por un stand: la municipalidad coloca los stands, convoca a los vecinos emprendedores, y son ellos quienes venden sus productos a otros vecinos sanborjinos.

-Una última pregunta sobre los adultos mayores: uno de sus principales temores es que suban los impuestos. ¿Cómo va a trabajar ese cuidado de la población adulta mayor?

-Mis abuelos llegaron a San Borja, construyeron su casa y vivieron con mis padres. Vi cómo mi abuela forjó su cuadra, colocó el arbolito en la fachada, le pagaba al jardinero una vez al mes para que lo riegue. Respeto mucho a nuestros adultos mayores y valoro el trabajo que han hecho por el distrito: cuando hay poda en San Borja Sur o San Borja Norte, salen los vecinos y dicen "no cortes mi arbolito, yo lo coloqué hace más de cuarenta años".

Con ese sentimiento vamos a trabajar por ellos. No solo vamos a darles sus dos casas del adulto mayor: esos espacios tienen que brindar fisioterapia, talleres de memoria, baile, o simplemente un televisor, un sapito y una parrilla para que se reúnan y celebren sus cumpleaños. Es un espacio de alegría que llevan años reclamando, y tiene que ir de la mano con el servicio de salud: por eso, en la Clínica Municipal de Especialidades Médicas, la consulta para todos los sanborjinos va a costar 15 soles, a partir del primero de enero.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República del Perú, el encuentro tiene como objetivo coordinar la alianza entre ambas naciones y “fortalecer los vínculos de cooperación en asuntos prioritarios” para el Perú.

Durante la reunión, las autoridades abordarán temas enfocados en la prevención frente al fenómeno El Niño, el refuerzo de la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

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Asimismo, se discutirán asuntos en materia de defensa, comercio bilateral y la promoción de inversiones en el país.

El documento oficial precisa además que en la reunión participarán los integrantes del Gabinete Ministerial.

Ingreso al Escudo de las Américas y alianzas de seguridad e inversión

Marco Rubio confirmó la incorporación del Perú al Escudo de las Américas durante su gira regional. A través de un artículo publicado ayer, 8 de septiembre, el secretario de Estado explicó que la iniciativa busca contrarrestar las amenazas transnacionales, reforzar la seguridad pública y proteger la soberanía de los países aliados.

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Rubio expresó su expectativa de trabajar con el gobierno peruano, al que definió como un importante aliado extra-OTAN. “Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú –que ahora es un importante aliado extra-OTAN– en el Escudo de las Américas", se lee.

En el ámbito económico, Rubio destacó el acuerdo de febrero de este año sobre minerales críticos, donde se destinó US$ 5 millones al sector minero local por parte de la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional de EE. UU.

A su vez, el diplomático detalló su posición frente a las diferencias entre el modelo de inversión privada estadounidense y las prácticas comerciales de China.

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"Mientras que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos, el sector privado de Estados Unidos está trayendo inversiones abiertas impulsadas por el mercado, que preservan la propiedad peruana y protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio”.

Espá tras ingreso del Perú al Escudo de las Américas: “Vamos a tener un efecto mucho más importante”

Por su parte, el canciller Carlos Espá, espaldó el ingreso del país a esta coalición de trece naciones. El ministro de Relaciones Exteriores destacó el impacto de la medida para las fuerzas del orden.

“Trece países decidieron juntarse para luchar contra organizaciones criminales transnacionales y el lavado de activos, con el liderazgo de los Estados Unidos. Con la colaboración en ciberseguridad, información y el apoyo operativo que están en capacidad de ofrecernos. Vamos a poder luchar, vamos a poder luchar contra el lavado de activos, las organizaciones criminales. Vamos a tener un efecto mucho más importante”, dijo para los medios.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 014-2026-SA, publicado este miércoles 9 de septiembre en el diario oficial El Peruano y refrendado por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Salud, Luis Dyer.

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¿Por qué reorganizarán el Minsa?

Según el decreto, durante el proceso de transferencia de gestión y las primeras acciones de la nueva administración se identificaron limitaciones, brechas y deficiencias organizacionales y funcionales dentro del ministerio.

El Ejecutivo sostiene que estos problemas afectan la articulación entre las distintas unidades del Minsa, así como entre sus programas y organismos públicos adscritos. Por ello, durante los 90 días de reorganización se realizará una revisión integral para identificar posibles duplicidades, superposiciones, vacíos o fragmentación de funciones y determinar si la estructura actual responde a las necesidades del sector Salud.

Presentarán diagnóstico en 60 días

La Oficina de Organización y Modernización será la encargada de conducir parte de este proceso. La dependencia tendrá un plazo máximo de 60 días calendario para presentar al Despacho Ministerial un diagnóstico sobre la situación administrativa, organizacional y de gestión del Minsa.

Antes de que termine el periodo de reorganización, la misma oficina deberá presentar las medidas de reforma que deberán implementarse, además de una propuesta de nueva estructura orgánica para el ministerio. Las conclusiones y recomendaciones tendrán que ser previamente consensuadas con los órganos de Alta Dirección del Minsa.

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Reformas no implicarán presupuesto adicional

El decreto establece que las distintas unidades de organización del Minsa, sus programas y organismos públicos adscritos deberán brindar asistencia técnica y responder a los requerimientos que se formulen durante la reorganización.

Asimismo, precisa que la implementación de las medidas se financiará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud, por lo que no implicará recursos adicionales del Tesoro Público.

Dyer asume la reorganización tras cuestionar el estado del Minsa

La reorganización ocurre luego de que el ministro de Salud, Luis Dyer, cuestionara las condiciones en las que encontró la institución tras el cambio de Gobierno. El titular del sector ha señalado problemas de gestión, atraso tecnológico y dificultades para articular las distintas áreas del ministerio.

Dyer, además, no proviene de una trayectoria tradicional en el sector Salud. Antes de asumir el cargo se desempeñó como empresario y tuvo participación política vinculada a Fuerza Popular, partido de la presidenta Keiko Fujimori. Su designación convierte esta reorganización en una de las primeras decisiones de fondo de la nueva administración en el sector.

El anuncio también llega un día después de que Dyer acudiera al Congreso para explicar la situación del sistema sanitario. Durante su presentación, informó sobre 75 obras paralizadas y expuso las necesidades del sector ante el riesgo del Fenómeno El Niño, mientras parlamentarios alertaron sobre la crisis que atraviesa Salud.

Además, Dyer respondió por su vínculo previo con la Fundación Dyer e Hijos, relacionada con proyectos para construir hospitales. El ministro negó cualquier conflicto de interés y aseguró que se desvinculó de las empresas y organizaciones que representaba antes de asumir el cargo. El tema cobra relevancia porque la infraestructura hospitalaria es una de las áreas que ahora deberá reformar desde el Minsa.

Ahora, la gestión de Dyer tendrá 90 días para pasar del diagnóstico a las medidas concretas. En ese periodo deberá presentarse una evaluación de la situación del Minsa y una propuesta de nueva estructura orgánica. El proceso permitirá determinar si los problemas atribuidos a la administración anterior derivarán realmente en cambios o quedarán en un nuevo diagnóstico institucional.

Desiderio Flores Ayambo, alcalde encargado de la comunidad, señaló que alrededor de 5.000 pobladores podrían verse perjudicados por esta situación. Todos ellos pertenecen a nueve comunidades anexas vinculadas al pueblo Ticuna.

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El representante de la comunidad indígena denuncia décadas de abandono, así como la falta de electricidad y servicios básicos insuficientes. Su principal pedido es que se ejecuten alternativas productivas que les permitan abandonar definitivamente los cultivos ilegales.

Además, la comunidad de Bellavista Callarú ha puesto terrenos a disposición del Ejército y la Policía para facilitar una presencia permanente del Estado. Flores Ayambo sostiene que entregaron nueve hectáreas para que el Ejército pueda operar cerca de la zona.

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Buscan convertirse oficialmente en distrito

Otro pedido realizado por la comunidad Bellavista Callarú es la formalización de su comunidad como distrito loretano. El fiscal Ronald Ramón Flores Ñáñez, fiscal adjunto supremo y coordinador de la Oficina Especializada en Justicia Intercultural del Ministerio Público, atribuyó la demora en procesar este pedido por la sensibilidad de las relaciones fronterizas con Colombia, particularmente después de la controversia en torno a Santa Rosa.

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Los ticuna argumentan que la distritalización permitiría acceder a mayor seguridad, servicios públicos, proyectos productivos y una presencia efectiva del Estado en una zona donde las organizaciones criminales encontraron espacio precisamente debido a su ausencia. De momento, la delegación permanece en Lima en busca de que el Gobierno escuche sus peticiones.

Cabe resaltar que, respecto de este último pedido, ya existe un antecedente por parte de este Gobierno en la creación de nuevas circunscripciones territoriales. En los primeros días de su mandato, la administración de Keiko Fujimori propuso la creación del distrito de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas.

La decisión fue anunciada por la congresista Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), presidenta de la comisión, y contó con el respaldo de 18 congresistas.

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Otro de los puntos que deberá explicar Shinno durante su próxima presentación ante el grupo de trabajo es el avance en la presentación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Del mismo modo, los congresistas solicitaron que el titular de la cartera de Energía y Minas informe sobre la situación de las comunidades afectadas por la actividad minera, así como sobre el estado de los recursos naturales que podrían verse afectados por la explotación minera.

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Comisión de Energía y Minas señala que pedido de facultades no es viable

Además de la invitación, la Comisión de Energía y Minas emitió una opinión sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. Respecto de las materias relacionadas con el sector, el grupo de trabajo acordó, por 11 votos a favor y 8 en contra, que no es viable otorgar las facultades en los términos solicitados.

Durante el debate, distintos congresistas manifestaron posiciones contrarias. El congresista Jaime Abensur (Fuerza Popular) indicó que no existe una respuesta adecuada a los argumentos que el Ejecutivo ha presentado para sustentar la aprobación del pedido de facultades.

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“El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo cumple en la parte formal. (…) El informe que ha realizado su presidencia no señala ninguno de los argumentos que están en la exposición de motivos (del Poder Ejecutivo). Este informe es un ‘no porque no’. Estamos evaluando presentar un informe en minoría”, apuntó.

Por otro lado, Marino Lavado (Juntos por el Perú) sostuvo que los pedidos planteados no pueden ser aprobados de manera unilateral y que requieren diálogo entre las partes involucradas.

“Esto se puede hacer con los actores, construir con los actores y resolver los grandes problemas de este país. Hay aspectos que necesitan un amplio debate y que necesitan de la participación ciudadana. No podemos hacer esto corriendo, y eso es lo que parece que pretende el Ejecutivo”, señaló.

De acuerdo con el informe, el principal argumento de la Comisión para negar la viabilidad de otorgar las facultades es que los temas relacionados con el sector minero deben ser debatidos ampliamente y con los actores —políticos y ciudadanos— involucrados. Esto se debe a las consecuencias que pueden tener en materia ambiental, económica y social.

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Dentro de su pedido de delegación de facultades, el Gobierno ha solicitado modificar la normativa relacionada con la minería para que las empresas dedicadas a la explotación de minerales puedan contar con una mayor seguridad jurídica. El pedido no especifica en detalle en qué consistirían estos cambios.

Del mismo modo, el proyecto presentado por el Ejecutivo también solicita facultades para facilitar que empresas privadas inviertan en la exploración, extracción y almacenamiento de petróleo y gas. Para ello, propone simplificar los contratos y permisos relacionados con este sector.

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Debate en la Comisión de Energía y Minas

Previo a la decisión adoptada por la mayoría de la Comisión de Energía y Minas, los diputados del bloque oficialista y de la oposición debatieron sobre la opinión que se haría llegar a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Jaime Abensur, diputado de Fuerza Popular, calificó la negativa al pedido de facultades como un no porque no e indicó que los argumentos expuestos en el informe presentado por la Comisión carecen de fundamento.

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“El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo cumple en la parte formal. (…) El informe que ha realizado su presidencia no señala ninguno de los argumentos que están en la exposición de motivos (del Poder Ejecutivo)”, sostuvo.

Por su parte, Marino Lavado (Juntos por el Perú) coincidió con el informe presentado en que el tema merece un debate más amplio.

“Esto se puede hacer con los actores, construir con los actores y resolver los grandes problemas de este país. Hay aspectos que necesitan un amplio debate y que necesitan de la participación ciudadana. No podemos hacer esto corriendo, y eso es lo que parece que pretende el Ejecutivo”, señaló.

Ministro Guillermo Shinno es citado a informar sobre su labor

La Comisión de Energía y Minas acordó citar al ministro del sector, Guillermo Shinno, para que explique ante sus integrantes los planes de su cartera y los lineamientos de la Política General del Sector Energía y Minas. La presentación del funcionario está programada para el 15 de septiembre, durante una sesión del grupo de trabajo.

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La invitación recibió el respaldo de 18 congresistas. Durante su participación, Shinno también deberá informar sobre los avances en la elaboración y presentación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Asimismo, los integrantes de la comisión pidieron al ministro que detalle la situación de las comunidades afectadas por las actividades mineras. También deberá brindar información sobre el estado de los recursos naturales que podrían resultar perjudicados como consecuencia de la explotación minera.

“Esta medida fue más bien un gesto vacío porque, para empezar, no existía ninguna relación que se pudiera romper. Esta acción es, en cierto modo, una presentación de un asunto inexistente ante el secretario de Estado de EEUU.”, indicó durante la conferencia de prensa realizada el pasado lunes.

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La decisión de romper relaciones con Irán fue anunciada por la Cancillería peruana. Bajo la dirigencia de Carlos Espá y Keiko Fujimori, Perú se desmarca del Gobierno iraní en medio del enfrentamiento bélico entre el país persa, Estados Unidos e Israel.

“El Perú ha venido observando con creciente consternación el deterioro de dicho valor en Irán, denunciado por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas, particularmente en lo relativo a la represión de manifestaciones pacíficas, la conculcación de la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas, y la persecución de opositores políticos”, señala el comunicado de la Cancillería.

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Perú se alinea con el bloque estadounidense

Desde el ingreso del nuevo Gobierno fujimorista, Perú ha virado su política exterior en favor de Estados Unidos. El último gran gesto que ha evidenciado este giro en Torre Tagle es la adhesión de nuestro país al denominado 'Escudo de las Américas'. Esta iniciativa, cuyo principal garante es el Gobierno de Donald Trump, busca generar un espacio de seguridad entre países de la región y cuenta con el respaldo de distintos gobiernos latinoamericanos cercanos ideológicamente a la administración estadounidense.

La aceptación de Perú en el grupo internacional fue anunciada por Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense. Rubio aseguró que esta medida forma parte de un esfuerzo coordinado para hacer frente a las amenazas transnacionales.

“En el Perú, tenemos gran expectativa de trabajar con el nuevo Gobierno de Fujimori para proyectar nuestros 200 años de historia compartida hacia el futuro. Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú —que ahora es un importante aliado extra-OTAN— en el Escudo de las Américas”, se lee en el comunicado.

Internacionalistas critican decisión de Perú de romper relaciones con Irán

Tras la decisión de la Cancillería de romper relaciones diplomáticas con Irán, internacionalistas cuestionaron la medida. Farid Kahhat, experto en relaciones internacionales, señaló que el argumento prodemocrático esbozado por la institución que preside Espá no es del todo coherente.

“Si de derechos humanos se trata, los líderes iraníes, a diferencia de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, no están acusados por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y de lesa humanidad —acusación que cabría hacer, pero que no se ha presentado—”, apuntó.

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Además, Óscar Vidarte, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), indicó que el comunicado mediante el cual se anunció la decisión muestra serias falencias en el análisis de la situación en Medio Oriente.

“En términos generales, veo que la declaración expresa un gran desconocimiento sobre lo que viene ocurriendo en Medio Oriente. Creer que lo que pasa es solo responsabilidad de Irán o, incluso, que es principalmente responsabilidad de Irán, es tener un conocimiento limitado de lo que ocurre en la región. Mi repregunta inmediata sería: así como cuestionan a Irán, me imagino que también cuestionarán a Estados Unidos e Israel por atacar a Irán, violentando múltiples normas del derecho internacional”, señaló a La República.

La pesquisa, desarrollada desde 2019 y que derivó en un megaoperativo en 2020, investigó cómo cargamentos de mineral extraído presuntamente de manera ilegal podían ingresar al circuito comercial mediante documentación de personas y empresas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Entre los documentos identificados durante las pesquisas figuraban los de Matwork, empresa vinculada a Lara Tantaquilla. De acuerdo con una investigación de Mongabay Latam, en marzo de 2019 se utilizaron documentos de esta compañía para sustentar el traslado de 17 toneladas de mineral aurífero.

El antecedente cobra relevancia tras el secuestro del empresario, quien fue interceptado por sujetos armados en la avenida Húsares de Junín. En el ataque fueron asesinadas cuatro personas que lo acompañaban. La Policía maneja, entre sus hipótesis, la posible participación de la organización criminal Los Pulpos, aunque las investigaciones continúan.

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El nombre de Lara apareció en el caso Los Topos del Frío

La investigación contra Los Topos del Frío permitió reconstruir una cadena que comenzaba con la extracción de mineral en zonas de Pataz y continuaba con su traslado hacia centros de almacenamiento y plantas de beneficio en distintas regiones.

El objetivo de las autoridades era determinar cómo el oro de procedencia cuestionada podía adquirir una apariencia de legalidad antes de ingresar al mercado formal y, eventualmente, ser exportado.

En ese contexto apareció Jenss Lara Tantaquilla, quien figuraba inscrito en el Reinfo con dos concesiones ubicadas en el distrito de Chillia, en Pataz. Su empresa Matwork también quedó mencionada en la documentación revisada por los investigadores.

Según la investigación de Mongabay Latam, una carga de 17 toneladas de mineral aurífero fue movilizada en marzo de 2019 utilizando documentos de Matwork. Sin embargo, las autoridades encontraron una diferencia entre las concesiones consignadas en los papeles y el lugar desde donde había partido el mineral.

Las verificaciones realizadas posteriormente en algunas de las concesiones declaradas no encontraron actividad minera que permitiera explicar la procedencia de los cargamentos investigados. La hipótesis fiscal era que inscripciones existentes en el Reinfo podían ser utilizadas para sustentar documentalmente el origen de mineral extraído de otros puntos.

Es importante precisar que la aparición de Lara Tantaquilla y de los documentos de Matwork en aquella investigación no demuestra por sí misma que el empresario haya integrado Los Topos del Frío ni que haya participado en la extracción ilegal del oro. Tampoco se señala que haya sido uno de los detenidos durante el megaoperativo de 2020.

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Una investigación que llegó hasta la devolución de barras de oro

El caso de Los Topos del Frío no terminó con las primeras intervenciones policiales. La investigación continuó alrededor del origen y la propiedad de varias barras de oro incautadas durante el operativo.

Las autoridades habían incautado nueve barras de oro con un peso conjunto de 121,2 kilogramos, mientras se investigaba si el metal formaba parte de una cadena de comercialización de oro extraído ilegalmente.

Posteriormente, parte del metal fue reclamada por empresas que sostuvieron que había sido adquirido a mineros en proceso de formalización y que contaba con documentación que respaldaba su comercialización.

El proceso de devolución del oro terminó convirtiéndose en otro capítulo de la investigación y alcanzó a personajes ajenos al sector minero.

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¿Qué tiene que ver Andrés Hurtado con el caso?

El expediente adquirió notoriedad nacional debido a las investigaciones que involucraron al conductor de televisión Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, en las gestiones relacionadas con la devolución de parte del oro incautado.

Hurtado fue señalado por investigaciones fiscales como presunto intermediario en gestiones destinadas a favorecer a empresarios vinculados al caso. Una de las líneas investigadas estuvo relacionada con un supuesto pago de US$1 millón para facilitar la devolución del metal a la familia Miu Lei.

El caso de la devolución del oro terminó formando parte de las investigaciones que involucraron a Hurtado por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

Sin embargo, no existe en la información conocida una vinculación directa entre Jenss Lara Tantaquilla y Andrés Hurtado por este episodio. La relación está en el expediente más amplio de Los Topos del Frío: Lara aparece mencionado por los documentos de Matwork utilizados en el traslado de mineral, mientras que Hurtado fue posteriormente relacionado con las gestiones alrededor de la devolución de parte del oro incautado.

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El secuestro vuelve a poner el foco en Pataz

Lara Tantaquilla, natural de Chillia, Pataz, fue secuestrado durante un ataque perpetrado por sujetos armados que interceptaron la camioneta en la que se movilizaba.

Los delincuentes asesinaron a Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. De acuerdo con la información preliminar, dos de las víctimas formaban parte del personal de seguridad del empresario.

La Policía investiga si el ataque estuvo relacionado con las actividades económicas de Lara Tantaquilla y si los responsables conocían previamente sus desplazamientos y su entorno.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que entre las hipótesis se encuentra la posible participación de Los Pulpos o La Jauría. Hasta el momento, ninguna de estas organizaciones ha sido confirmada como responsable del secuestro.

Otro antecedente que deberá ser considerado por los investigadores es que un familiar del empresario también habría sido secuestrado anteriormente y liberado tras el pago de una fuerte suma de dinero.

La comisión, presidida por la diputada Flor Meza Rivera de Fuerza Popular, aprobó en la misma sesión otros tres grupos de trabajo, uno sobre el impacto de los programas sociales en la Amazonía, otro sobre las brechas que afectan a personas con discapacidad y, por último, sobre primera infancia y lucha contra la anemia.

El grupo impulsado por Sulca tendrá 30 días hábiles para desarrollar sus labores, plazo que podría ampliarse. Sus conclusiones deberán constar en un informe dirigido a la presidencia de la comisión.

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La aprobación se dio en la misma sesión en la que la comisión recibió a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario Marón, quien informó que el próximo 15 de setiembre su sector realizará una reunión para presentar cuatro acuerdos adoptados por la Comisión de Alto Nivel del Poder Ejecutivo sobre el caso de las niñas víctimas de violencia sexual en Condorcanqui.

La OEA también puso la mira en Condorcanqui esta semana

Una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la OEA, se encuentra en Condorcanqui desde el 7 de setiembre y permanecerá hasta el 11 para evaluar la respuesta del Estado peruano ante los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes awajún y wampis. La misión recorrerá Santa María de Nieva, El Cenepa y Río Santiago, donde sostendrá reuniones con autoridades, operadores de justicia y familiares de las víctimas.

En paralelo, la senadora Ruth Luque impulsa una moción multipartidaria para crear una comisión especial de seguimiento sobre la situación de niñez, adolescencia y mujeres víctimas de abuso sexual y afectadas por VIH en Amazonas, con énfasis en Condorcanqui.

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La propuesta aún debe seguir el trámite parlamentario y todavía no ha sido instalada. "Lo que ocurre en Condorcanqui exige una respuesta integral del Estado", sostuvo la parlamentaria.

Es importante señalar que varias organizaciones indígenas llevan años denunciando estos casos, y las propias cifras oficiales muestran su magnitud. El MIMP reportó 556 casos de violencia atendidos en la provincia durante 2026, de los cuales el 62,6% corresponde a niñas, niños y adolescentes, mientras el Poder Judicial contabilizó 630 medidas de protección y 62 condenas entre octubre de 2025 y julio de 2026.

Según indicó Rubio en un artículo publicado el 8 de septiembre, esta medida forma parte de un esfuerzo coordinado para hacer frente a las amenazas transnacionales, reforzar la seguridad pública y proteger la soberanía de cada país socio.

"En el Perú, tenemos gran expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori para proyectar nuestros 200 años de historia compartida hacia el futuro. Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú –que ahora es un importante aliado extra-OTAN– en el Escudo de las Américas", se lee.

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Sobre las operaciones contra las redes delictivas, el representante del gobierno estadounidense sostuvo que el trabajo conjunto busca restar financiamiento al crimen organizado.

"Cumplimos en materia de seguridad porque las organizaciones narcoterroristas no solo trafican drogas, sino que también propician la inmigración ilegal masiva y la trata de personas, corrompen a las instituciones públicas, (…). En conjunto, nuestros gobiernos trabajan hombro a hombro con las fuerzas de orden público para derrotar a los cárteles delictivos que han asolado nuestro hemisferio".

En el ámbito comercial, Rubio detalló acuerdos orientados a impulsar la economía nacional. El diplomático explicó que estos compromisos bilaterales buscan, además, dinamizar la minería.

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“Tras la firma de nuestro Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos en febrero del 2026, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (DFC) de EE.UU. destinó US$5 millones de forma directa al sector minero del Perú, que generan ingresos fiscales y empleos locales en ese país”.

Asimismo, el Rubio advirtió sobre las consecuencias de permitir el ingreso de capitales provenientes de otros continentes “poco transparentes”, señalando directamente a China.

"Durante demasiado tiempo, actores ajenos al hemisferio respaldados por Estados extranjeros, específicamente de China, han ingresado a nuestra región con promesas que esconden sus prácticas predatorias. Muy a menudo, su participación adopta la forma de contratos poco transparentes, endeudamiento insostenible, explotación de trabajadores y destrucción ambiental".

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En esa línea, Rubio señaló las diferencias entre las propuestas chinas con el modelo estadounidense. A criterio del diplomático, las inversiones de su país garantizan mayor transparencia para el mercado local.

"Mientras que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos, el sector privado de Estados Unidos está trayendo inversiones abiertas impulsadas por el mercado, que preservan la propiedad peruana y protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio".

Tras el anuncio de Rubio, el canciller peruano, Carlos Espá, respaldó la adhesión del país al bloque e indicó que dicha cooperación fortalecerá la capacidad operativa de las fuerzas de orden.

“Trece países decidieron juntarse para luchar contra organizaciones criminales transnacionales y el lavado de activos, con el liderazgo de los Estados Unidos. Con la colaboración en ciberseguridad, información y el apoyo operativo que están en capacidad de ofrecernos. Vamos a poder luchar, vamos a poder luchar contra el lavado de activos, las organizaciones criminales. Vamos a tener un efecto mucho más importante”, declaró Espá para los medios.

Pérdida del balance estratégico ante dos potencias

Pese al optimismo del Ejecutivo, expertos en política exterior señalan observaciones sobre la viabilidad estratégica del acuerdo. El internacionalista Óscar Vidarte sostuvo que, si bien la lucha contra el crimen organizado exige cooperación internacional, el Escudo de las Américas no constituye la plataforma más adecuada para dicho fin.

En diálogo con La República, Oscar Vidarte fundamentó que dicha coalición responde de manera prioritaria a la agenda de seguridad de Washington y no a las urgencias reales del país.

“No puedes pensar en cooperación regional para hacer frente amenazas regionales que excluya países como Brasil o México y que también excluyó el Perú hasta hace poco tiempo. Crear mecanismos de cooperación excluyentes y que se construyan sobre la base de los intereses de la potencia mundial y no necesariamente de nuestros intereses es preocupante”, argumentó el especialista.

En ese sentido, el analista manifestó que la adhesión del país implica asumir un compromiso con el derecho internacional y la propia soberanía del territorio nacional, al validar discursos y acciones militares promovidos de forma unilateral por la Casa Blanca.

“Termina legitimando ciertas acciones que Estados Unidos ha realizado en los últimos tiempos que son contrarias al derecho internacional”, sostuvo el experto.

Asimismo, expresó su preocupación ante las posturas expuestas por las autoridades de defensa norteamericanas en foros continentales.

“A mí me preocupa que en ese contexto el secretario de guerra de Estados Unidos en la última reunión haya hablado acerca de que hayan tropas, fuerzas armadas extranjeras en nuestros países. Eso a mí me genera mucha preocupación porque puede violentar nuestra soberanía”.

Sobre la posibilidad de mantener los lazos comerciales con Pekín mientras se asume esta alianza militar con Washington, Vidarte descartó que ambas agendas puedan ser tratadas por cuerdas separadas en el escenario geopolítico actual, pues la confrontación entre ambas potencias es integral.

“No se pueden separar. La competencia hegemónica entre China y Estados Unidos es una competencia comercial, tecnológica, también militar. Si tú lees el artículo de Marco Rubio, te das cuenta de que hay un cuestionamiento a la presencia de China en el Perú. (…) Pero hemos visto a lo largo de la historia que también hemos tenido una serie de problemas con empresas norteamericanas”, explicó.

A modo de balance sobre el impacto diplomático de esta medida, el internacionalista indicó que el Perú abandona una postura que costó años consolidar para mantener una neutralidad con ambos polos globales, lo que compromete su autonomía frente a ambas potencias.

“El Perú no puede darse el lujo de alejarse de Estados Unidos o de China. Lo que hizo el Perú durante mucho tiempo, durante la última década, es construir un difícil equilibrio estratégico con ambos países. Acá nos estamos alineando innecesariamente a Estados Unidos”, concluyó.

En esa misma línea, el internacionalista Farid Kahhat coincidió en cuestionar el enfoque exclusivamente militar del acuerdo y advirtió sobre la presión ejercida desde Washington.

“Había pocas opciones. Digamos que el gobierno americano poco menos que exige a gobiernos aliados en la región sumarse a esa iniciativa, y si no, amenazó en su momento con actuar unilateralmente en nuestros países”, sostuvo el especialista.

Kahhat también indicó que la cooperación internacional contra el narcotráfico requiere inteligencia y capacitación, antes que un despliegue de fuerza. “Acá lo que se busca es usar la fuerza militar como medio privilegiado para responder al problema del narcotráfico. Eso ya se probó en el Plan Colombia: 15 años de aplicación, más de 10 mil millones de dólares invertidos por parte de Estados Unidos, y Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína”.

El analista advirtió que alinearse con este programa intervencionista acarrea graves consecuencias en términos de soberanía y justicia interna.

“Yo creo que tenemos que llevarnos bien con China y con Estados Unidos, en principio eso no me parece mal. El problema es que nos estamos alineando a un programa intervencionista —lo vimos en enero en Venezuela— y a un programa que enfatiza el uso de la fuerza militar con presencia creciente de tropas americanas; tropas que no van a ser sometidas, en caso de cometer crímenes, a las cortes nacionales. A ver cómo la opinión pública reacciona si se llega a dar el caso de tropas norteamericanas cometiendo crímenes en territorio peruano, pero saliendo del Perú sin ser juzgados por ellos”.