Esta cláusula ha sido cuestionada por parlamentarias como Sigrid Bazán y Ruth Luque por su posible impacto en casos concretos, como el de Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima. “Una norma ilegal, arbitraria, cuyo extremo nunca se dictaminó ni deliberó”, mencionó Luque”

La norma fue aprobada por el pleno con 83 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, y exonerada de segunda votación, por lo que quedó expedita para su eventual promulgación. Aunque el eje del dictamen es la creación de un nuevo colegio profesional para artistas, el alcance de una de sus disposiciones podría afectar directamente a autoridades actualmente en funciones.

“En el Congreso siguen buscando acallarme. Hoy represento al gremio de abogados de Lima que me eligieron con una votación que ya quisieran quienes promueven esta norma. La arbitrariedad del tiempo en que vivimos no pasará. Retomaremos los cauces democráticos con coraje y dignidad”, señaló Espinoza en redes sociales.

¿Qué propone el proyecto?

El dictamen recaído en los proyectos de ley N.° 4970/2022-CR, 5026/2022-CR, 5027/2022-CR, 11543/2024-CR y 12891/2025-CR plantea la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú como una entidad gremial autónoma de derecho público interno, sin fines de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio.

La iniciativa precisa que este gremio estará conformado por profesionales titulados de escuelas superiores de formación artística, institutos y universidades, en especialidades como artes plásticas y visuales, música, danza y artes escénicas, así como otras disciplinas afines, tanto las ya existentes como las que puedan surgir en el futuro.

“El Colegio Profesional de Artistas del Perú tiene carácter nacional, estructura descentralizada y se rige por un sistema democrático, unitario y representativo. Su sede principal está en la ciudad de Lima, pudiendo establecer sedes regionales, conforme lo disponga su estatuto”, se precisa.

“Asimismo, dicha comisión tiene a su cargo la organización del proceso de elección e instalación del primer Consejo Directivo Nacional, el cual, de manera transitoria, no contará con los delegados de los colegios regionales. El primer Consejo Directivo Nacional elabora y aprueba el Código de Ética del Colegio Profesional de Artistas del Perú dentro de los treinta días calendario siguientes al inicio de su gestión”, se detalla.

Sin embargo, el último jueves se incluyó en el texto sustitutorio una cláusula que señala que “no pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales los inhabilitados para el ejercicio de la función pública”. Cabe señalar que Espinoza está inhabilitada para ejercer función pública por este Parlamento, lo que ella ha denunciado como una persecución en su contra por haberlos investigado.

De acuerdo con el abogado César Azabache, el Congreso de la República no tiene atribuciones para intervenir en el Colegio de Abogados de Lima, al ser un gremio privado. “El único caso al que aplicaría es que Delia Espinoza deje de ejercer como Decana de CAL y por ende como presidenta de la Junta de Decanos (…) Los colegios de abogados son un gremio privado. Incluso si la aprobaran esa ley no sería aplicable a un periodo de gobierno que ya comenzó. El proyecto entonces, además de dejarlos en ridículo, es inútil para sus inconstitucionales fines”, sostuvo.

Delia Espinoza ha sido inhabilitada por este Congreso

Delia Espinoza fue inhabilitada por el propio Parlamento cuando la Mesa Directiva del Congreso estaba encabezada por Fernando Rospigliosi, actual presidente del Parlamento. Cabe especificar que Espinoza fue inhabilitada por el Congreso en 2025 por un periodo de 10 años; posteriormente, el Parlamento intentó aprobar una segunda sanción, que no prosperó.

A este contexto se suma que Rospigliosi fue sentenciado a nueve meses de prisión suspendida por difamar a Espinoza, luego de atribuirle vínculos con el terrorismo y economías ilegales en redes sociales. La exfiscal solicitó su rectificación mediante carta notarial; sin embargo, el entonces congresista ratificó sus declaraciones, lo que derivó en la acción judicial.

La CIDH es un órgano de naturaleza subsidiaria y complementaria respecto de la jurisdicción interna de los Estados. Esto significa que son los propios poderes públicos del Perú —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— los primeros llamados, en el ejercicio de su soberanía y en el marco del control de convencionalidad, a interpretar y dar aplicación a los compromisos asumidos en la Convención Americana y demás instrumentos del corpus iuris interamericano. El Capítulo I.V.A del Informe Anual 2025 sistematiza, de manera técnica, información recibida por la Comisión sobre diversos desarrollos institucionales en el Perú e identifica estándares interamericanos aplicables en materia de equilibrio de poderes, debido proceso en procedimientos parlamentarios y deber estatal de garantizar el acceso a la justicia. El Informe no constituye una sentencia ni un pronunciamiento condenatorio; es un instrumento de diálogo institucional que invita al Estado a la reflexión y al fortalecimiento de sus propias instituciones. Sobre las figuras y leyes específicas a las que se alude, debo ser cuidadoso: varias de ellas son objeto de debate en sede política, constitucional y judicial dentro del Perú, y algunas eventualmente podrían ser sometidas al Sistema Interamericano. No corresponde que esta Presidencia adelante criterio sobre cuestiones que aún no han sido conocidas y resueltas por el pleno de la Comisión. Lo que sí puedo afirmar, con claridad técnica, es que los estándares en materia de imprescriptibilidad de graves violaciones a los derechos humanos —reafirmados por la Corte Interamericana en casos peruanos como Barrios Altos y La Cantuta— forman parte del acervo convencional vinculante, y la Comisión confía en que las instituciones peruanas, dentro de su autonomía, sabrán armonizar sus desarrollos normativos con dichos estándares.

-La Junta Nacional de Justicia no ratificó al juez Oswaldo Ordóñez, por exponer ante la CIDH los riesgos de la independencia judicial en el país, y acaba de abrir investigación preliminar contra el juez Richard Concepción Carhuancho, por no haber aplicado la ley que prescribe el delito de lesa humanidad. ¿Ello pone en peligro la independencia que deben tener los magistrados?

Existe un principio largamente consolidado en el Sistema Interamericano y reconocido por las resoluciones de la Asamblea General de la OEA: las personas que comparecen ante la Comisión, brindan información o participan en sus audiencias deben gozar de plena protección frente a cualquier forma de represalia, directa o indirecta. Es un principio de orden público interamericano cuyo respeto es presupuesto del funcionamiento mismo del Sistema. Respecto del caso del juez Ordóñez Alcántara, la CIDH ya se ha pronunciado oportunamente expresando su preocupación y recordando al Estado el alcance de este principio. Continuaremos haciendo el seguimiento a través de los mecanismos institucionales correspondientes. En cuanto a investigaciones disciplinarias en curso contra magistrados, debo apegarme a una línea de prudencia que el cargo y el sistema imponen. La independencia judicial, en su dimensión institucional e individual, es un pilar del Estado de Derecho y forma parte del estándar interamericano consolidado en la jurisprudencia de la Corte. Pero la valoración concreta sobre si un determinado procedimiento disciplinario respeta o no las garantías del debido proceso corresponde, en primer término, a los órganos de control interno y, en última instancia, a la jurisdicción nacional. La Comisión, en su rol subsidiario, podrá conocer del asunto si y cuando los recursos internos resulten ineficaces o se hayan agotado en los términos del artículo 46 de la Convención. Adelantar criterio en este momento sería impropio y comprometería la imparcialidad con la que el pleno deberá analizar cualquier situación que eventualmente le sea sometida.

A ello se suma la persecución de la ley APCI a los organismos de derechos humanos por defender a las víctimas en procesos contra el Estado, las amenazas del presidente del Parlamento Fernando Rospigliosi de "barrer con el Poder Judicial" y los fallos del Tribunal Constitucional nombrado por el actual Congreso, a favor de las leyes de impunidad, entre otras cosas. ¿No es suficiente para incluir a Perú en el Capítulo IV.B junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, de países con graves situaciones de derechos humanos o de independencia judicial?

La pregunta me permite aclarar cómo opera el Capítulo IV.B. La inclusión de un Estado en ese Capítulo no es una sanción política ni un acto discrecional; es la consecuencia de un análisis técnico, riguroso y excepcional, sujeto a criterios objetivos previstos en el artículo 59.6 del Reglamento de la CIDH. Esos criterios exigen acreditar, entre otros elementos, una afectación grave, generalizada y sistemática del Estado de Derecho, así como suspensiones o restricciones masivas y estructurales de derechos. Es una valoración que el pleno de la Comisión adopta colegiadamente y nunca a partir de la sumatoria de hechos puntuales, por preocupantes que estos puedan resultar individualmente. Cada situación nacional debe analizarse en sus propios méritos. Las realidades del Perú, con una institucionalidad democrática vigente, separación formal de poderes, elecciones libres y un Poder Judicial que continúa ejerciendo sus funciones, no admiten una equiparación automática con otras situaciones del hemisferio. Plantearlo así sería, además, jurídicamente impreciso e injusto con el propio Estado peruano. La Comisión sí ha mantenido una atención permanente sobre el Perú: solo en 2025 emitió diversos comunicados y pronunciamientos sobre temas como las garantías a operadores de justicia, los efectos de la legislación sobre cooperación internacional respecto de las organizaciones de la sociedad civil, los derechos de los pueblos indígenas frente a actividades extractivas y la seguridad ciudadana. Asimismo, celebró audiencias públicas con participación del Estado y la sociedad civil. Ese es el cauce institucional adecuado: monitoreo técnico, diálogo respetuoso y uso de los mecanismos ordinarios de promoción y protección, antes que decisiones que comprometan la imparcialidad del análisis.

-Varios de los candidatos en las últimas elecciones ofrecían salir del sistema interamericano como un mecanismo para combatir la delincuencia con la pena de muerte, entre otros planteamientos, y uno de ellos pasó a segunda vuelta. De ganar, ¿qué panorama se puede esperar en el tema de derechos humanos en el país?

El principio de no intervención y el respeto a los procesos democráticos internos de los Estados son pilares del derecho internacional y de la Carta de la OEA. No corresponde a esta Presidencia, ni a la Comisión como órgano, pronunciarse sobre las propuestas programáticas de candidatos o partidos políticos en una contienda electoral en curso. Hacerlo sería incompatible con la imparcialidad institucional que el cargo exige y con el respeto debido a la voluntad soberana del pueblo peruano, que se expresará en las urnas. Lo que sí puedo señalar, en términos generales y técnicos, es que el Sistema Interamericano se asienta sobre tratados libremente suscritos y ratificados por los Estados, y que la pertenencia a este Sistema ha permitido durante décadas a las personas de la región contar con un mecanismo subsidiario de protección cuando las instancias internas resultan insuficientes. La Convención Americana, en su artículo 4, ha consagrado además una protección particularmente robusta del derecho a la vida, en general desde el momento de la concepción, y ha establecido restricciones precisas a la pena de muerte, prohibiendo su ampliación a delitos que no la contemplaran al momento de la ratificación del tratado por el Estado respectivo. Cualquier decisión soberana sobre la permanencia en los instrumentos interamericanos compete exclusivamente al Estado peruano a través de los procedimientos constitucionales y convencionales que correspondan. La Comisión, por su parte, mantendrá su disposición de diálogo y cooperación técnica con cualquier autoridad legítimamente electa, en el marco estricto de su mandato.

-¿Qué mensaje dan las acciones del Ejecutivo y Legislativo en Perú a favor de la impunidad en derechos humanos? ¿Pueden poner en riesgo a la ciudadanía, como en el reciente ataque militar a una camioneta en Huancavelica, en el que murieron cinco jóvenes?

Permítame separar las dos cuestiones, porque son de naturaleza distinta. Sobre el lamentable hecho ocurrido en Huancavelica, debo precisar que se trata de un suceso del 2026 que, por razones temporales, no forma parte del Informe Anual 2025. Tampoco corresponde a esta Comisión sustituir las investigaciones que el propio Estado peruano debe realizar a través de su Ministerio Público y su Poder Judicial, conforme a los principios de inmediación, debido proceso y presunción de inocencia. Será la justicia peruana la primera llamada a esclarecer lo sucedido, deslindar responsabilidades y reparar a las víctimas. Toda pérdida de vida humana, particularmente cuando se trata de jóvenes, merece el más profundo respeto y una investigación seria, diligente e imparcial. Sobre el contexto más amplio, el Informe Anual 2025 sí da cuenta de los serios desafíos de seguridad ciudadana que afronta el Perú, en lo que ha sido uno de los años con mayores índices de violencia recientes. La respuesta estatal frente al crimen organizado debe ser firme, pero al mismo tiempo respetuosa del marco constitucional y convencional. Esa ecuación —seguridad y derechos— no es opcional: es la única vía sostenible. La Comisión continuará acompañando al Estado peruano, dentro de su rol subsidiario, en la búsqueda de respuestas que protejan a la ciudadanía sin debilitar las garantías que la propia ciudadanía exige.

-En el Informe Anual de 2024, señalaron que Perú no cumplió con la mayoría de las recomendaciones de la CIDH sobre las muertes en las protestas del 2022 y el 2023. ¿Avanzó algo en el 2025? ¿Cómo se puede entender ello?

El Informe Anual 2024 efectivamente registró un nivel limitado de avance en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en su momento, al indicar que aproximadamente un tercio presentaba algún grado de implementación. Durante 2025, la Comisión no formalizó un nuevo ejercicio específico de seguimiento bajo el Capítulo V, en virtud de los criterios reglamentarios aplicables; ello no significa, en absoluto, que el seguimiento haya cesado. En el período observado, la CIDH continuó recibiendo información de fuentes diversas —Estado, víctimas y organizaciones de la sociedad civil— y mantuvo abiertos sus canales de monitoreo. Persisten preocupaciones sobre el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos, lo que debe entenderse en el contexto de la complejidad propia de procesos de esta naturaleza, que requieren tiempo, recursos institucionales y voluntad sostenida. Mi lectura, desde una perspectiva estrictamente técnica, es que el cumplimiento de las recomendaciones es un proceso progresivo que demanda articulación institucional dentro del Estado y un acompañamiento respetuoso por parte del Sistema. La Comisión confía en la capacidad de las instituciones peruanas para avanzar en la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, y reitera su disposición de cooperar técnicamente cuando así sea requerido.

-Una misión de la CIDH vendrá al país en el segundo semestre, cuando ya haya asumido el nuevo jefe de Estado. ¿Qué perspectivas tienen de la visita in loco?

Valoramos muy positivamente la apertura del Estado peruano a recibir una visita in loco de la Comisión. Este tipo de visitas constituyen el mecanismo de mayor riqueza informativa con que cuenta la CIDH, pues permiten un contacto directo con autoridades de los tres poderes del Estado, organismos autónomos, sociedad civil organizada, pueblos indígenas, víctimas, comunidades académicas y demás actores relevantes. El espíritu con el que la Comisión emprende estas visitas es siempre el del diálogo institucional respetuoso, no el de la confrontación. Acudimos a observar, escuchar y dialogar; no a juzgar anticipadamente. La visita se desarrollará con pleno respeto a la soberanía del Estado, a su orden constitucional y a las autoridades legítimamente constituidas, sea cual fuere el resultado del proceso electoral. Esperamos que la visita constituya una oportunidad para identificar buenas prácticas, comprender en su justa dimensión los desafíos que el Perú enfrenta y formular, eventualmente, recomendaciones técnicas que apoyen al Estado y a la sociedad peruana en el fortalecimiento de su institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos. La CIDH llegará al Perú con la mejor disposición de cooperación, fiel a su naturaleza subsidiaria y complementaria, y con la convicción de que el Estado peruano, en el ejercicio de su soberanía, es el primer y principal garante de los derechos de su población.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

“El derecho a la manifestación es legítimo; sin embargo, no ampara actos de intimidación ni de amenazas. Cualquier acción que pretenda ejercer presión o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan”, señalaron en su comunicado.

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La protesta no solo se realizó frente a la vivienda de Burneo, sino también en las instalaciones del propio JNE. Agentes policiales se desplegaron en los distritos de Jesús María y San Isidro para resguardar la seguridad de ambos puntos. Los manifestantes solicitaron la realización de elecciones complementarias, pese a que la institución ya había informado que, tras un proceso de deliberación, decidió no llevar a cabo dicho proceso.

El JNE recalcó que sus actuaciones se realizan 'con plena autonomía e independencia' y conforme a lo establecido en la Constitución y la ley. Asimismo, precisó que las decisiones adoptadas y por adoptar se enmarcan en sus facultades y responden a criterios de respeto irrestricto al ordenamiento jurídico.

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JNE asegura que elecciones complementarias no tienen sustento legal y generarían incertidumbre

El Pleno del JNE dio a conocer un acta oficial en la que descarta la posibilidad de convocar elecciones parlamentarias, como había propuesto el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. La institución sostuvo que la solicitud carece de respaldo legal y advirtió que su aplicación podría generar incertidumbre en el marco jurídico.

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Los magistrados concluyeron que las elecciones complementarias no están contempladas para procesos de carácter general. El organismo electoral enfatizó que este mecanismo solo se encuentra regulado para comicios municipales, por lo que no resulta aplicable en el caso planteado. Asimismo, recordó que la legislación vigente permite anular elecciones municipales únicamente bajo condiciones específicas, como la existencia de irregularidades graves o cuando los votos nulos o blancos superan ciertos umbrales establecidos.

En esa línea, el JNE reiteró que su actuación está sujeta a lo dispuesto por la Constitución y las leyes, subrayando la importancia de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La entidad también señaló que extender de forma analógica figuras jurídicas diseñadas para procesos municipales a elecciones generales implicaría contravenir principios fundamentales como el de legalidad y reserva de ley, además de poner en riesgo la seguridad jurídica y la previsibilidad del sistema electoral.

Las diligencias son realizadas por peritos de criminalística de la Policía Nacional de Huancayo, en la localidad de Campo Armiño, en el distrito de Colcabamba.

Los representantes del Ministerio Público indicaron que también se “ha efectuado las pericias balísticas forenses y el examen de adherencias en la camioneta siniestrada, que ha permanecido lacrada y en custodia policial desde el día de los sucesos”.

Durante dos días, asimismo, se recabaron los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia en garitas de control próximas a la zona de los hechos para establecer la cronología del caso.

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Precisaron, asimismo, que la demora en la llegada de los peritos a Colcabamba en las últimas horas se debió al plan de desplazamiento que realizó la PNP por tratarse de “una zona de altas incidencias en el Vraem”.

Previamente, uno de los sobrevivientes del operativo militar relató una versión que cuestiona las primeras diligencias del caso. Ricardo Jampier Acuña Quispe sostiene ahora que su declaración inicial, en la que admitió participar en el transporte de droga, no fue voluntaria y habría sido obtenida bajo presión.

Aseguró que su versión inicial fue resultado de amenazas directas durante la intervención. “En ese momento fui amenazado, obligado para hablar esas cosas porque no encontraron nada en el carro, porque nosotros no hemos transportado ni droga ni nada, por eso mismo los militares me amenazaron diciendo que me iban a matar a bala. Ellos quieren salirse con la suya. A mí me han querido utilizar como sustento de que yo llevaba droga”, afirmó.

Asimismo, reiteró que su declaración no fue voluntaria y que actuó por temor a perder la vida. “Fui forzado porque me estaban amenazando los militares con armas en ese momento. Yo pensaba que me iban a matar. No hemos trasladado nada, ninguna droga ni armamento, es completamente falso lo que dicen”, subrayó.

El abogado de las familias de las víctimas, Anthony Crespo, solicitó medidas de protección para los sobrevivientes tras revelar testimonios que advierten un supuesto intento por liquidarlos.

Según indicó, uno de los heridos escuchó a supuestos militares expresar dicha intención, situación que no se concretó por la intervención de otra patrulla.

El letrado reiteró que en la camioneta atacada no se hallaron armas ni sustancias ilícitas entre las pertenencias de las víctimas y alertó sobre posibles riesgos contra testigos clave en el proceso.

VÍCTIMAS E INVESTIGADOS

Una de las víctimas mortales fue William Núñez Soto, de 19 años, natural de Castillapata en el distrito huancavelicano de Yauli.

“Pedimos justicia para mi hermano, a él lo mataron, él era inocente. Acabó su colegio el 2023 y hace poco se fue a trabajar, por eso fue a la selva, a Ica y a otras regiones”, señaló Urbano Núñez.

El joven regresaba de la selva ayacuchana a visitar a su padres que no veía desde noviembre del año pasado, pero en la ruta la camioneta que lo transportaba fue intervenida a tiros.

Otro de los fallecidos es Jaime Bendezú Paraguay, de 28 años. Durante el ataque militar ocurrido la madrugada del sábado en el sector Puente Mellizo del anexo de Pongor, en el distrito de Colcabamba, también dejaron de existir Wilder Romero Sivipaucar (37), Cristian Vilcatoma Águila (18) y el ciudadano colombiano Nilson Montenegro Valencia.

Los militares implicados en el caso son el capitán EP Jorge Montenegro Pardo, el teniente EP Brayan Fernández Dett y los suboficiales EP Douglas Villacorta Saboya, Edilberto Marcos Guerra, Américo Vásquez Rojas, Jorge Aguilar García, Andy Sánchez Ríos y Fernando Córdova Mariana.

Ellos inicialmente fueron intervenidos y luego puestos en libertad pero investigados por homicidio calificado.

La investigación, como se sabe, fue derivada a la Primera Fiscalía Supranacional Transitoria Especializada en Derechos Humanos y contra el terrorismo debido que existen indicios de un posible uso excesivo de la fuerza por parte de los militares lo que podría configurar en un caso de presuntas violaciones de derechos humanos, según la Fiscalía Provincial Penal de Tayacaja que un primer momento llevó el caso.

En ese sentido, la fiscalía en DDHH aplica el Protocolo de Minnesota que se ejecuta para investigar ejecuciones extrajudiciales, torturas o muertes sospechosas bajo custodia.

Su objetivo es proteger el derecho a la vida, garantizar investigaciones independientes, imparciales y efectivas, y asegurar la rendición de cuentas.

La iniciativa se sustenta en diversos proyectos de ley y tiene como objetivo actualizar el monto de esta subvención en función de las responsabilidades que asumen los conscriptos. De acuerdo con la resolución, el objetivo es mejorar sus condiciones de vida, contribuir a su desarrollo personal y fortalecer el servicio militar como mecanismo de apoyo al país.

La propuesta se sustenta en los "riesgos y contingencias inherentes a la naturaleza de sus actividades, que pueden comprometer su integridad física, su salud e incluso su vida", se lee.

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Durante el debate, se destacó que esta asignación no había sido reajustada desde 2012, lo que generó una pérdida de su valor real debido a la inflación. En ese sentido, se advirtió que la falta de actualización afectaba directamente la subsistencia de los jóvenes y sus posibilidades de financiar estudios superiores.

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La última actualización de la asignación se dio en 2012

El titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes, señaló que "es imperativo señalar que dicha asignación no ha sido actualizada desde el año 2012, sufriendo una depreciación real frente a la inflación acumulada".

"Esta inacción normativa afecta directamente la subsistencia y las expectativas de progreso del personal, especialmente en lo referido al acceso y financiamiento de estudios superiores, los cuales suelen costearse con esta subvención", expresó.

-'El curso de la justicia' no es un libro únicamente para especialistas.

-Mi libro pretende dar una visión global sobre lo que todos debemos saber del sistema de justicia y la administración de justicia. Y tiene un punto de vista, que es el mío, el del autor. Ese punto de vista no es subjetivo. Yo, durante 30 años o más, he trabajado desde la sociedad civil temas de justicia. Y, además, he enseñado en ámbitos muy diferentes, como en la universidad, pero también a periodistas y policías, por ejemplo. Entonces, me baso también en esa experiencia y siempre sobre la base de ejemplos de la vida real. Yo trato sobre el Poder Judicial, la Corte Suprema, y pongo ejemplos y evalúo por lo que ha pasado históricamente en el Perú, o lo que está pasando hasta el momento que escribí el libro.

-De lo último que dices, se colige que hay muchos temas candentes que hablar.

-Siempre que enseño un curso, sea en la universidad o porque me convocan de un sector determinado, lo hago en base a la actualidad. Por ejemplo, si enseñara ahora el Ministerio Público, voy a explicar cómo se está tomando o se ha tomado la Fiscalía por el pacto del Congreso. En segundo lugar, cómo ahora la Junta de Fiscales Supremos es integrada por todos los fiscales que habían sido destituidos. Entonces, es una manera de ver la justicia en funcionamiento, porque si no, imagínense, uno enseña solamente lo que dice la Constitución. Siempre me baso en los ejemplos, y no solo de Perú, sino también de otras partes. Por ejemplo, yo menciono todo el tiempo lo que está pasando con Trump y cómo los jueces están poniéndole un pare a Trump.

-En el libro hay claridad de discurso. Pero cuando se nos habla de justicia, como que hay un oscurantismo discursivo. Como si a propósito se hablara en código para que la gente no entienda.

-Totalmente de acuerdo. Justamente, también yo trato que, con esta publicación virtual, 'El curso de la justicia', más gente pueda entender el mundo de la justicia. Es decir, los que ya saben puedan profundizar y los que no saben, que son la mayoría, puedan entender lo esencial. Siempre se trata de presentar la justicia como algo muy técnico, muy aburrido, muy difícil. Lo que pasa es que hay un objetivo de que la gente no pueda opinar sobre la justicia porque de esa manera no puedes fiscalizar, no puedes defender lo positivo y criticar lo negativo. Y ahora, además, estamos en una época terrible porque es la época de absoluta desinformación en los temas de justicia.

-En este escenario, el Tribunal Constitucional se ha vuelto intocable. ¿Eso es verdad o es una patraña?

-Se quiere hacer creer que lo que dice el Tribunal Constitucional es la última palabra. Eso es mentira. ¿Quién resuelve los amparos y los habeas corpus en las dos primeras instancias? El Poder Judicial. ¿Quién puede no aplicar una ley porque es inconstitucional? El Poder Judicial. Entonces, es muy importante que la gente sepa eso, que un Tribunal Constitucional que da una sentencia completamente contraria a la Constitución o a los convenios internacionales está excediendo totalmente de manera inequívoca sus funciones.

-Pero muchos medios de comunicación justifican las sentencias horrorosas del TC.

-Esos medios invitan a supuestos juristas que se presentan como académicos, pero en realidad son los abogados de los casos. Dicen que está bien la sentencia cuando no es cierto. Y por eso es que no quieren, por ejemplo, que jueces, fiscales como Domingo Pérez salgan en los medios de comunicación, porque rompen ese monopolio que normalmente tiene la gente que va a opinar solamente en un sentido, salvo evidentemente excepciones de medios de comunicación como La República.

-En este escenario, el Congreso es un elemento clave. Da las normas. ¿Qué opinas de este Congreso?

-El Congreso, siendo un poder del Estado, es parte del sistema de justicia en el sentido de que tiene una serie de funciones que se relacionan directamente con el sistema y la administración de justicia. Tú lo acabas de decir: da las normas que tienen que aplicar jueces, fiscales, abogados, procuradores a la hora de resolver los casos. Pero no solamente da las leyes, sino que, por ejemplo, nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, nombra al defensor del pueblo, al contralor. Este tema lo abordo en mi libro. Este Congreso lo que ha hecho es contribuir a capturar la mayoría de organismos que son parte del sistema de justicia.

-Capturar suena delincuencial.

-Han capturado el TC al punto que ahora todo el tiempo dan sentencias que les conviene, sentencias que son aberrantes, que son contra las leyes, leyes que ha dado el Congreso incluso. Hay hasta un caso que yo pongo que es el colmo. Los mismos miembros del Congreso que votaron a favor de una norma ponen una acción de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para que el TC se pronuncie a favor de la ley y de esa manera la constitucionalice. Entonces, por supuesto, veamos lo del defensor del pueblo. El Poder Judicial, en un amparo interpuesto por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo, dice que hay que parar este nombramiento del defensor del pueblo, no hay buenos candidatos, no se está cumpliendo con la meritocracia. Sin embargo, el TC le enmendó la plana y tenemos ahora este defensor del pueblo que más bien juega a favor de los Urresti, juega a favor de todas estas normas denominadas leyes procrimen. Todo el sistema interamericano está totalmente en contra de la sentencia del TC a favor de Urresti. Se han saltado todas las normas.

-¿Se está dando algún tipo de batalla ante esta situación?

-Hay muchos jueces y fiscales que están dando la batalla a favor de la institucionalidad democrática a través de pronunciamientos, a través de amparos ante incumplimiento de leyes y a través de su buen trabajo. Es la primera vez que tenemos un grupo de fiscales y de jueces que han decidido hacer cumplir la ley; no me importa que sean presidentes de la República. Acuérdate del Club de la Construcción. Todas las empresas del Club de la Construcción dijeron somos inocentes, totalmente inocentes. Y después se acogieron a la colaboración eficaz, cuyo primer requisito es reconocer que han cometido un delito. Por eso es que hay tanto abogado que se enriquece con estos casos y que sale a los medios de comunicación a atacar a los fiscales que investigan. No se tiene la transparencia de decir yo estoy llevando estos casos. No tiene nada de malo hacerlo, pero no son transparentes.

-La figura presidencial, específicamente con este Congreso, ha estado muy manoseada.

-El Congreso y el TC juegan en pared. El Congreso ha dado leyes por las cuales es muy fácil una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Prácticamente ha dado una ley que dice que basta con que tenga el número de votos suficiente. Y el TC ha dicho que está bien; pudiendo haberla declarado inconstitucional, no la ha declarado inconstitucional. Este juego de poder de vacar a cualquiera en cualquier momento obedece a medidas que se han dado con este Congreso, con este TC y con estos gobiernos, es decir, desde Boluarte. Tenemos presidentes nombrados por el Congreso. Yo tengo la esperanza de que esto sea modificado; estoy pensando en las leyes procrimen. También tengo la esperanza de que este domingo la población reaccione y diga la famosa frase “por estos no”, que son casi todos los candidatos del Congreso. Hay gente con trayectoria de sinvergüenzas, de violadores de derechos humanos, con fama de incapaces y que tienen investigaciones. El panorama no deja de ser difícil porque han dado muchas normas y muchas condiciones para poder manipular las elecciones y para poder, si pierden, nuevamente pretender gritar fraude.

-Hemos hablado de varias atrocidades. ¿Cuál le fastidia más?

-Son muchas, pero me parece increíble que, habiendo 50 muertes de las protestas del 2022 y 2023, la justicia y el Congreso hayan archivado ese caso. No pueden quedarse 50 muertos en el aire, como si no hubiera pasado nada.

-Una de las críticas recurrentes a los fiscales Vela y Pérez era que ellos no eran objetivos en sus acusaciones.

Decían que estos fiscales lo que quieren es que Vizcarra se quede en el poder y por eso quieren anular a todos los candidatos. Sin embargo, después también han acusado a Vizcarra. Ellos han acusado a gente de todos los sectores, como Susana Villarán, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, PPK. Lamentablemente, estamos viviendo épocas donde ya podemos adelantar que los siguientes presidentes también van a ser investigados por la Fiscalía, por las cosas que ya sabemos. Los fiscales y los jueces han decidido que ahora todos somos iguales ante la justicia. De Vela y Pérez se dicen muchas cosas, y claro, tengo críticas a lo que han hecho, pero los hechos están ahí. Han investigado a todos.

-¿Por qué se les critica tanto?

Han investigado a gente de muchísimo poder del ámbito político y empresarial. No es casualidad que los ataques vengan de los medios de comunicación con los que están vinculados muchos de los investigados. No ha habido una mirada fría con la labor que han hecho.

-¿Qué pasó en el caso de Keiko Fujimori?

-El gran problema fue abordar muchos casos. No se tenían los recursos para investigar a muchísimas personas. Lo que no se dice es que sus acusaciones también tenían respaldo. No es extraño que este equipo de fiscales haya sido desactivado. ¿Quién se beneficia con esa desactivación? Eso ya es muy revelador. En este país, enfrentarse a la corrupción es un choque directo contra los grandes intereses económicos. Mi balance sobre ellos es absolutamente positivo. He hecho un seguimiento de los casos que han abordado y mi impresión, como te dije, es muy positiva. En las prisiones preventivas contra Keiko Fujimori, estas fueron avaladas por más de una instancia del sistema judicial. Keiko y su defensa legal reconocieron todos los hechos, que habían recibido 4 millones de Dionisio Romero, por ejemplo.

-¿Y sobre Pedro Castillo?

-Soy muy crítico de su gobierno, pero él fue elegido presidente. Los que vinieron después los puso el Congreso.

-Ahora Pérez es abogado de Castillo.

-Gravísimo error de parte de él, porque Castillo dio un golpe de Estado, y está siendo investigado por contundentes casos de corrupción. Él mismo ha tirado por los suelos sus logros y prestigio, y le ha dado municiones a los enemigos de la lucha contra la corrupción.

…

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Teniendo en cuenta esos antecedentes, Balcázar tomó parte de su discurso en una ceremonia de condecoración por el Día del Trabajo para pronunciarse sobre el tema.

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"Yo hablo y de repente (...) como no me siguen (...) tengo que estar aclarando. Eso me da la impresión a mí de que nos falta comprensión lectora, que es muy importante en la vida de los hombres", indicó el mandatario.

Días antes, durante su presentación en la Cámara de Comercio de Lima, el mandatario vinculó parcialmente a la comunidad judía con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. "Cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos", dijo.

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Embajada de Israel y Alemania exigieron rectificación a Balcázar

Estas afirmaciones generaron un rechazo inmediato por parte de las delegaciones diplomáticas de Israel y Alemania, que consideraron los dichos como carentes de fundamento y contrarios a la evidencia histórica.

Ambas representaciones diplomáticas subrayaron que el régimen nazi encabezado por Adolf Hitler fue el único responsable tanto del conflicto como del exterminio de seis millones de judíos, por lo que demandaron una pronta rectificación del mandatario.

A este pedido se sumó la Asociación Judía del Perú, que calificó las declaraciones de Balcázar como planteamientos antisemitas propios de épocas pasadas e incompatibles con la investidura de un funcionario público.

“Ya ese contrato estaba terminado, ya no se podía parar, y se tenía que dar el adelanto correspondiente, y en eso me parece que el contrato ya se selló entre el comprador y el vendedor”, señaló Balcázar en declaraciones a radio Exitosa en la mañana del jueves 30 de abril.

No es cierto lo que afirma el jefe de Estado, y contradice sus propias declaraciones.

En la mañana del viernes 17 de abril, cuando se suponía que estaba programada la firma del contrato en la base aérea Las Palmas, entre la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la compañía estadounidense Lockheed Martin, Balcázar manifestó en una entrevista con radio Exitosa que había resuelto postergar la adquisición y que era mejor que el próximo gobierno asumiera la decisión porque el suyo solo era un régimen transitorio.

Incluso, el miércoles 22 de abril, en un mensaje a la Nación, reiteró su decisión de no suscribir el acuerdo comercial con Lockheed Martin: “Nosotros lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre es que la compra de los aviones F-16 se postergue para ser pagados en el próximo gobierno, la próxima administración que salga de las elecciones normales que están en curso”, señaló.

En un evidente acto de burla a la figura del presidente de la República, y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el titular del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, anunció el pago del primer tramo por 12 unidades de F-16 Block 70. Se sumó al sainete el ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas, quien confirmó que la suma destinada a la compañía Lockheed Martin alcanzaba los US$462 millones.

Así que, el viernes 17 de abril, no se llegó a firmar el contrato, como originalmente los gestores del mismo lo habían organizado.

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Fallas de la memoria

Lo prueba un comunicado que publicó el embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, el mismo día del mensaje presidencial, el miércoles 22 de abril, en el que Balcázar volvió a decir que el próximo gobierno haría la adquisición, y no el suyo.

Celebrando que, finalmente, la FAP, representada por el coronel Carlos Rey Benavente, estampó la rúbrica correspondiente, Navarro escribió: “Se acordó para el 17 de abril una firma técnica a las 7:00 a.m. y una firma ceremonial a las 5:00 p.m. El equipo estadounidense, tanto funcionarios gubernamentales como ejecutivos de alto nivel de Lockheed Martin, estaban listos para presentarse en la Base Aérea Las Palmas y en el Palacio de Gobierno según lo solicitado. Estados Unidos se enteró de que la firma fue pospuesta a través de la radio nacional”.

Navarro, en el mismo comunicado, señala que la suscripción ocurrió recién el lunes 20 de abril, es decir, 48 horas después de que Balcázar salió por primera vez para informar la suspensión de la compra de los F-16 Block 70.

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Todo está consumado

El embajador Navarro confirmó que el lunes 20 de abril recién se suscribieron los acuerdos con Lockheed Martin. Balcázar no puede decir que cuando dio su mensaje anunciando la postergación, el viernes 17 de abril, ya estaba rubricado.

Navarro precisó en el mencionado comunicado: “Hay una manera correcta de hacer negocios serios y creíbles con una de las empresas líderes del mundo. Una firma técnica entre las partes autorizadas tuvo lugar el 20 de abril de 2026, con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano”.

Balcázar también explicó a radio Exitosa, ayer jueves 30 de abril: “En esa época, anterior a la mía (gobierno de José Jerí), se había normativizado, se había sacado normas en el sentido de que se declare secreta la compra con Estados Unidos y ya no se haga licitación abierta. Además, esa norma, como era un asunto de Estado, (el acuerdo se hiciera) solamente entre el comprador y el vendedor”.

Y añadió: “Y ahí, en esa norma, se excluía, por razones de seguridad, que no intervenga ni el presidente de la República ni el Ministerio de Economía y Finanzas, y solamente se pusiera a evidencia cuándo se tenía que ejecutar el primer pago”.

El 5 de marzo de este año, fue el propio presidente Balcázar, y no José Jerí, quien firmó el Decreto Supremo N°001-2026-DE, declarando como “secreto militar” la compra de los aviones cazas para la FAP.

Según la misma norma, se trata de una modalidad de contratación para facilitar que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) negocie directamente con la empresa seleccionada, luego de la evaluación de las propuestas presentadas. Pero eso nunca ocurrió. No hubo concurso ni nada parecido. Fue obra de un grupo de funcionarios públicos, de militares en retiro y en actividad, los que resolvieron excluir a las empresas francesa Dassault Aviation y sueca Saab. Está 100% confirmado.

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Plazos traicioneros

En efecto, por decisión política, durante el gobierno de Jerí, la FAP no hizo estudios de las ofertas de Rafale F4 (Francia), ni del Gripen E/F (Suecia). El mismo Balcázar lo ha reconfirmado.

No se produjo una licitación, o concurso internacional, como obligan las normas vigentes.

Además, no se ha publicado ninguna disposición que indique que el presidente de la República está prohibido de conocer el proceso de contratación de los aviones caza.

Una norma cualquiera no puede restringir al jefe supremo de las Fuerzas Armadas el conocimiento de la adquisición de material de guerra. Balcázar podría haber requerido información al primer ministro y a los ministros involucrados, pero no lo hizo. Es más, el primer ministro Luis Arroyo publicó un comunicado para decir que estaba en desacuerdo y que la compra era un hecho.

Al no contar con argumentos sólidos y verificables para justificar por qué no ha tomado acciones después que un grupo de funcionarios públicos de alto rango, desconociendo su decisión de postergar hasta el próximo gobierno la contratación de los aviones de combate F-16 Block 70, el jefe de Estado ha lanzado la versión de que ya no pudo hacer nada porque el contrato había sido firmado sin su conocimiento.

Fuentes relacionadas con el proceso de contratación, informaron a La República que el presidente José María Balcázar tuvo la oportunidad de declarar la nulidad del contrato con Lockheed Martin firmado el lunes 20 de abril.

“Son tres opciones, pero solo una podría haber sido aplicada. En primer término, la FAP podría haber reportado que ya no necesitaba los aviones, lo que resultaba muy complicado porque la necesidad persiste”, indicaron las fuentes.

“Una segunda alternativa, la cancelación del contrato porque el presidente decidió transferir los fondos públicos para los aviones a otras necesidades de índole social. Y la tercera, la emisión de un Decreto de Urgencia declarando la anulación del contrato. La segunda calza más con los argumentos que el presidente emitió para justificar su decisión de postergar la compra para que la hiciera el próximo gobierno”, dijeron las fuentes.

Balcázar simplemente se rindió ante los hechos consumados.

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No solo una sino varias veces Balcázar dijo no

• 17 de abril dice a Exitosa que no habrá compra.
• 17 de abril, dice a Radioprogramas que no habrá compra.
• 21 de abril dice a Exitosa que no habrá compra.
• 21 de abril dice a El Comercio, en dos entrevistas diferentes, que no habrá compra.
• 21 de abril dice a Contracorriente (Willax) que no habrá compra.
• 26 de abril dice a Hildebrandt en sus Trece que no habrá compra.

Entre optimistas y pesimistas, el panorama es equilibrado: para el 29% de los encuestados, este Congreso entrante será mejor, mientras que otro 29% opina que será peor. Un 9% de los encuestados no expresó opinión al respecto.

Al analizar los datos en detalle, surgen algunos aspectos relevantes. Uno de los más llamativos es que la percepción de que no habrá cambios es considerablemente mayor entre los jóvenes. El 42% de los encuestados de entre 18 y 29 años considera que el Congreso entrante no presentará diferencias significativas respecto del actual Parlamento.

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A nivel socioeconómico, también se observan tendencias. Los sectores A y B, que agrupan a los mayores ingresos, muestran una alta percepción de continuidad: el 42% de los encuestados de estos estratos considera que nada cambiaría.

En cuanto a la ideología política, el 37% de los encuestados que se identifican con la derecha considera que el nuevo Parlamento será mejor. En contraste, entre quienes se identifican con la izquierda, el 35% opina que no habrá cambios.

Por nivel educativo, el 33% de quienes cuentan con educación básica considera que el Congreso entrante será mejor. En cambio, el 38% de quienes tienen educación superior cree que todo se mantendrá igual. Ambos son los porcentajes más altos dentro de sus respectivos grupos.

Las personas con mayor interés en la política tienden a ser más optimistas. El 34% de quienes afirman estar muy informados sobre la coyuntura nacional considera que el nuevo Congreso será mejor. En tanto, el 40% de quienes declaran tener un interés moderado en la política cree que todo seguirá igual.

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Entre Lima Metropolitana y el Perú urbano, la percepción sobre el nuevo Congreso es similar: en ambos casos predomina la idea de que no habrá cambios (33% y 32%, respectivamente). En las zonas rurales, en cambio, la opinión es ligeramente más positiva: el 31% considera que será mejor, frente a un 29% que cree que será igual y un 28% que estima que será peor.

Por macrozonas, los más optimistas se ubican en el norte del país: el 33% considera que el Congreso bicameral será mejor. En contraste, en el sur predomina una visión más crítica: el 36% opina que el nuevo Parlamento será peor.

En cuanto a las diferencias por sexo, no se observan brechas significativas. Tanto hombres como mujeres consideran mayoritariamente que el Congreso será similar al actual: el 33% de los hombres y el 31% de las mujeres comparten esta percepción.

Congresistas reelectos hablan del tema

La congresista Ruth Luque, integrante de la Bancada Democrática Popular y virtual senadora por Ahora Nación, sostuvo que esta percepción ciudadana responde, en gran medida, a la experiencia reciente con un Congreso que no ha estado a la altura de las demandas del país.

'Hemos visto una agenda muchas veces alejada de las principales preocupaciones de la población, así como prácticas que han debilitado la confianza en la institución, como el uso inadecuado del poder, la falta de transparencia y decisiones que han priorizado intereses particulares por encima del bien común. Un ejemplo de ello son las leyes procrimen. Además, la inestabilidad política constante y el rompimiento del equilibrio entre poderes del Estado han contribuido a generar una sensación de continuidad negativa, incluso de un parlamentarismo autoritario', señaló Luque a La República.

Luque agregó que la bicameralidad aún no responde a las demandas ciudadanas: 'Para muchas personas, no existen señales claras de que el nuevo Congreso vaya a marcar un cambio sustantivo en la forma de hacer política. La ciudadanía percibe que la bicameralidad, junto con las reformas electorales, ha sido diseñada por partidos como el fujimorismo para asegurar su continuidad. Sin embargo, este contexto también representa una oportunidad para reconstruir la confianza, apostar por una agenda centrada en derechos, en la lucha contra la corrupción y en responder de manera efectiva a las necesidades urgentes de la ciudadanía', apuntó.

Mirtha Vásquez, también excongresista y virtual senadora de Ahora Nación, tuvo una opinión similar: "Al menos la mitad del Parlamento estará compuesto por partidos que han sido parte de la coalición que ha gobernado el Congreso y que son responsables de la situación que pasamos ahora en el Congreso. Varias figuras del Senado son reelectos y han sido cuestionados por sus posturas y no haber generado cambios sustanciales en su momento", señaló.

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Indira Huilca, quien fue congresista durante el periodo 2016-2019 y ahora es virtual diputada por Ahora Nación, sostuvo que la percepción de que nada cambiará en el Parlamento se explica, en parte, por la eventual mayoría que alcanzarían bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular en conjunto dentro de la Cámara Alta.

'Mucha gente en el país es consciente de que el Congreso ha sido rediseñado a gusto de los partidos que hoy están en el poder. La bicameralidad se ha impuesto como parte de ese proceso. Se trata de una transformación institucional que profundiza el desequilibrio de poder existente. Además, la ciudadanía percibe que la presencia del fujimorismo y de la bancada vinculada a López Aliaga en el Senado seguirá generando inestabilidad. La gente intuye cuál será su rol y sabe que no estará orientado al respeto de las leyes', indicó Huilca a este medio.

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'Creo que el pesimismo y el optimismo estén igualados es una buena señal'

Para el politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Alonso Cárdenas, existen razones para una lectura más optimista de los resultados. Si bien las estadísticas muestran que una mayoría de peruanos considera que no habrá cambios entre el actual y el próximo Congreso, en un análisis más amplio estos datos pueden interpretarse de forma positiva.

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'Creo que el pesimismo y el optimismo estén igualados es una buena señal. Históricamente, en el Perú, la percepción sobre el Congreso ha sido mayoritariamente negativa. Que hoy exista un equilibrio entre expectativas positivas y negativas representa un avance. El hastío sigue siendo alto y las cifras pueden parecer desalentadoras, pero no lo son tanto como se esperaba. Desde mi perspectiva, se vislumbra una leve mejora'.

Cárdenas interpreta las cifras con cautela, pero también con optimismo: 'Muchos de los partidos más repudiados por la opinión pública, como APP, Perú Libre o Podemos Perú, no han superado la valla electoral. Esto ha generado alivio y satisfacción en la población. En el papel, se presume que varios de los nuevos diputados y senadores presentan un mejor perfil ético, especialmente los de Ahora Nación y Buen Gobierno', señaló.

'Al crimen se le combate con un sistema de justicia limpio y transparente. Proponemos que los jueces supremos no sean elegidos por la componenda del sistema parlamentario, sino mediante elecciones abiertas. Que sea el voto soberano del pueblo el que reafirme la voluntad de los jueces, a fin de tener una justicia más empática con los ciudadanos', declaró, según informó el portal Infobae.

La elección de jueces mediante voto popular es una medida adoptada en otros países, como México o Estados Unidos —en algunos estados, como California o Pensilvania—.

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Sánchez promueve reforma del sistema de justicia: Domingo Pérez es voceado como eventual ministro de Justicia

Sánchez también se refirió a la posibilidad de impulsar cambios en el sistema de justicia. En las últimas semanas, ha mencionado en diversas entrevistas la posibilidad de designar a José Domingo Pérez como ministro de Justicia en un eventual gobierno suyo. El exfiscal del ahora extinto Equipo Especial Lava Jato ha asumido recientemente la defensa del expresidente Pedro Castillo, aliado de Sánchez. Para el candidato de Juntos por el Perú, cuenta con credenciales para liderar el sector a nivel nacional.

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'José Domingo Pérez tiene el reconocimiento del país por su lucha frontal contra la corrupción y por su participación en el emblemático caso Odebrecht. Esto le ha valido persecución y la pérdida de su cargo. (La derecha) se ha apropiado de los órganos jurisdiccionales gracias a su mayoría parlamentaria. Gobiernan quienes no ganaron las elecciones', señaló.

Experto en derecho penal opina sobre propuesta de Sánchez

En conversación con este medio, el abogado penalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Vladimir Padilla, señaló que el país no se encuentra en un momento adecuado para aplicar esta política.

“Al día de hoy no tenemos claros los parámetros del perfil de juez que realmente queremos. Imagínate llevar eso a una elección, peor aún cuando quienes la organizan están polarizados. Es el peor momento para pensar en ello. La elección de jueces requiere un proceso de maduración que esté libre de revanchismo y favoritismo. Espero que, en algún momento, el país asuma ese desafío con total neutralidad”, declaró a La República.

“Por una mayoría política y social. Para impulsar un amplio proceso democrático de reforma integral del sistema de justicia y una lucha implacable contra la corrupción, bienvenido, Dr. José Domingo Pérez”, señaló el candidato de JP en X (antes Twitter).

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Por su parte, José Domingo Pérez confirmó su apoyo a Juntos por el Perú: “Hoy reafirmamos nuestra posición con claridad: nuestra labor jurídica está comprometida con la libertad del presidente Pedro Castillo Terrones. Desde el Estudio Jurídico José Domingo Pérez Abogados, sostenemos una defensa firme, técnica y responsable, basada en el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a las garantías constitucionales. En un momento decisivo para el país, creemos que la justicia debe actuar con independencia, sin presiones y con pleno respeto al Estado de derecho”, publicó en su cuenta de Facebook el exfiscal.

En declaraciones previas, durante una conferencia de prensa dirigida a medios internacionales, Sánchez había afirmado que el exfiscal era considerado para la reforma del sistema de justicia.

“José Domingo Pérez tiene el reconocimiento del país por su lucha frontal contra la corrupción y por su participación en el emblemático caso Odebrecht. Esto le ha valido persecución y la pérdida de su cargo. (Las fuerzas de derecha) se han apropiado de los órganos jurisdiccionales gracias a su mayoría parlamentaria. Gobiernan quienes no ganaron las elecciones”, sostuvo entonces.

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Sánchez confirmó conversaciones para proponer a José Domingo Pérez como eventual ministro de Justicia de su Gobierno

Asimismo, el candidato y actual congresista ha señalado que mantiene conversaciones con el exfiscal para proponerlo como ministro de Justicia en un eventual gobierno.

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“Hay conversaciones preliminares, claro que sí, pero aún no existe una definición sobre vocerías o cargos específicos. Este es un momento de diálogo y él es una de las personas invitadas en esta etapa previa para ir configurando equipos”, indicó Sánchez en el programa 'Brutalidad Política'.

José Domingo Pérez asumió recientemente la defensa del expresidente Pedro Castillo, principal aliado de la plataforma electoral de JP. El exmandatario fue sentenciado por conspiración tras su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

La medida fue ordenada por el juez de investigación preparatoria, Manuel Chuyo. El equipo de fiscales especializados en delitos de corrupción conformado por Reynaldo Abia, Roosvelt Morales y Moíses Quispe sustentó su pedido en una posible fuga de Corvetto, hecho que perjudicaría el curso de la investigación.

La decisión judicial también alcanza a Phang Sánchez, Otoya Alvarado, Flores Pancho, Samamé Blas y Alvarado Pfuyo. La Fiscalía investiga a estas personas por el presunto delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado. El juez Chuyo agregó que es necesario que se mantenga la ubicación de los investigados dentro del país para que se minimice el peligro de fuga.

Durante la audiencia ante el Poder Judicial, los fiscales argumentaron el pedido de impedimento de salida del país contra los funcionarios, así como los hechos que concluyen que hubo un presunto favorecimiento para otorgar la buena pro del transporte de material electoral a la empresa Galaga SAC.

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Alegatos de la Fiscalía

El fiscal Reynaldo Abia inició la sustentación y cuestionó las designaciones realizadas por Piero Corvetto, específicamente la del gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, por su falta de experiencia con la logística a gran escala. En su intervención, el fiscal señaló que su nombramiento “debilitó la toma de decisiones” en el organismo electoral.

Abia sostuvo que, si bien los lineamientos para la contratación de bienes y servicios se fijaron el año pasado, estos sufrieron modificaciones. De acuerdo con el fiscal, el cambio normativo “impide que los postores impugnen los resultados, lo que le permitió la discrecionalidad absoluta de los evaluadores y la inmutabilidad de la decisión”. Además, señaló que no se podían revisar los acuerdos administrativos, hecho que produjo la concentración de la decisión final en pocas personas.

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Respecto al peligro de fuga, el fiscal añadió que es necesario que se apruebe el impedimento del país de Piero Covetto, ya que las diligencias requieren de su presencia para esclarecer cualquier información que encuentren en sus objetos personales incautados. “Hay mucha documentación, se han incautado celulares y se requieren peritajes especiales. La presencia del señor Corvetto es necesaria para que se aclaren estos hechos graves”.

Modificaciones en los TDR

Por su parte, el fiscal Roosvelt Morales detalló cómo se habrían flexibilizado los términos de referencia (TDR) para beneficiar a Galaga SAC. De acuerdo con el fiscal, se llevó a cabo un “plan criminal” que habría involucrado a otros funcionarios de la ONPE.

“Se habría concertado con el proveedor Juan Charles Alvarado Pfuyo para que esta empresa se vea beneficiada de la buena pro. (…) también se habrían flexibilizado los términos de referencia en desmedro de los intereses del Estado”.

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Según el fiscal Morales, el TDR señalaba que el proveedor podía subcontratar el 40% del monto contratado. Esto implica que no era necesario contar con todos los vehículos como propios, sino que podía apoyarse en terceros para cumplir parte del contrato. “El TDR se realizó con proyección de favorecer a la empresa Galaga”, indicó.

Morales también advirtió sobre el investigado José Samamé Blas e indicó que tiene 3 domicilios distintos, lo cual es un indicio de posibilidad de salir del país. “Desde el 13 de abril ya no trabaja en la institución, eso puede hacer que él salga fácilmente al no tener un arraigo. Cuenta con pasaporte y un movimiento migratorio que determina que podría viajar a otros países".

Del mismo modo, el fiscal Moisés Quispe sustentó la responsabilidad del subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, en las fallas logísticas de las elecciones. El fiscal lo acusó de concertar con el proveedor y dar conformidad a servicios deficientes.

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“Advertimos que la formulación de los TDR habría sido determinada de manera posterior y no previa al desarrollo del procedimiento. Los lineamientos se habrían realizado en coordinación con los proveedores en una diligencia previa", indicó Quispe.

Se tiene un peligro de fuga al presentarse una pena de 15 años por delito de colusión agravada. Necesitamos su presencia física en el Perú para que participe en diligencias para la visualización de la información de su celular y computadora".

Irregularidades en el concurso público

El fiscal Abia también explicó las irregularidades en el puntaje y la situación de las funcionarias Hilda Otoya, asistente de Distribución II de la Gerencia de Producción Electoral. Otoya se encargó de la elaboración, tramitación y gestión del servicio por lo que determinó la relación de conductores, placas y el personal para trasladar el material electoral. Sin embargo, se presume que habría concertado con Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente general de Galaga SAC, para que se vea beneficiada su empresa.

Sobre el cumplimiento del contrato por la empresa Galaga SAC, el fiscal mencionó que se habría aplicado un doble estándar. "Yo te exijo que sea de esta manera, pero en la ejecución del contrato te doy la posibilidad de que sea flexible. Ese doble estándar es lo que ha llevado a favorecer a la empresa Galaga”. El fiscal expresó que los evaluadores permitieron una evaluación arbitraria de las dimensiones de los vehículos requeridos, donde incluía la cabina, a pesar de que en los TDR solo se admitían las tarjetas de propiedad, disminuyendo así los puntajes de las demás empresas.

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El fiscal también cuestionó el accionar de Lilia Flores, gerenta de Supervisión y Fondos Partidarios, quien fue designada para participar en el proceso de selección de vehículos de transporte de material electoral para que compare las propuestas de los postores, de acuerdo con Abia.

“Lilia Flores y William García Velásquez [representante de la ONPE en el proceso de contratación] aplicaron un criterio no previsto en TDR, restando 2 metros a la longitud de vehículos de Hermes/AFE para reducir su metraje cúbico, favoreciendo el puntaje de Galaga, otorgando la buena pro pese a tener un costo económico mayor, causando un perjuicio patrimonial estimado en S/469,404.75”, se lee en la presentación del fiscal.

Defensa de Piero Corvetto, Julio Arbizu, se allana al pedido de impedimento de salida

El abogado Julio Arbizu, actual defensa legal de Piero Corvetto, se allanó al pedido de impedimento de salida. Sin embargo, el abogado señaló que la decisión se tomó para colaborar con la investigación, no porque reconocen los hechos que se atribuyen al exjefe de la ONPE.

Se recuerda que el abogado dio a conocer su posición un día previo a la audiencia tras coordinar con su defendido aceptar el pedido de la Fiscalía.

“Nosotros hemos tomado la decisión, por supuesto invocada por Piero Corvetto, de allanarnos al impedimento de salida del país. En la diligencia de mañana lo vamos a expresar de manera explícita. No vamos a discutir el requerimiento de impedimento de salida del país propuesto por la Fiscalía”, declaró.

Tras la ponencia de Cayo Galindo sobre el caso, votaron a favor de la no ratificación, además de él, los magistrados Germán Serkovic, Víctor Chanduví (vicepresidente). Por su parte, Gino Ríos y María Teresa Cabrera (presidenta) aprobaron la ponencia, pero elaboraron un voto singular.

Solo Francisco Távara y Jaime de la Puente votaron en contra resaltando el “debido respeto” que tienen hacia su colega (Galindo).

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La ponencia del magistrado Galindo se basó en la participación de Ordoñez en la audiencia de la Comisión IDH desarrollada el 13 de noviembre de 2024 en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados. En esa fecha, el juez señaló que “la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con (…) el Poder Ejecutivo, sistemáticamente, viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público”.

Explicó que para ello se presentaron y aprobaron una serie de proyectos de ley “que atentan contra la independencia de los jueces y fiscales” maniatándolos en su “lucha contra el crimen organizado, y dictando leyes en favor de congresistas y líderes políticos”.

Esto provocó que la JNJ iniciara un proceso de evaluación y ratificación contra Ordoñez, pese a que la CIDH alertó que ello podría configurar una represalia institucional incompatible con los estándares de protección a quienes participan en audiencias públicas del sistema interamericano.

Cayo Galindo cuestionó la independencia del juez Ordóñez

En su ponencia, Galindo sustentó que las declaraciones de Ordóñez Alcántara tuvieron un tinte político. "El principio de independencia que rige la función jurisdiccional impone pues marcar absoluta distancia con cualquier organización, partido, proyecto político, pues si este asume alguna posición política públicamente pone en el cuestionamiento su independencia", anotó.

Indicó que, como parte de sus labores, el juez resuelve procesos de amparo en los que el Poder Ejecutivo y el Congreso figuran como partes demandadas; por lo tanto, dicha opinión afectaría la independencia en los procesos.

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De acuerdo con Galindo, ello "constituye una razón fundada para dudar de imparcialidad en los procesos en los que tiene el encargo de controlar la constitucionalidad de los actos administrativos emanados del Poder Ejecutivo, así como de la actividad legislativa del Congreso".

Además, agregó: "Un magistrado no se puede permitir referir y criticar públicamente a sectores del Parlamento sin que eso ponga en cuestionamiento el deber judicial que le asiste de mostrarse ante la ciudadanía como un magistrado independiente".

En el criterio de idoneidad, que evalúa la calidad de las resoluciones, la rapidez y la gestión del proceso, Ordóñez obtuvo 81.356 puntos. Sin embargo, en el apartado de conducta recibió una calificación de insuficiente.

En ese sentido, el análisis técnico concluyó que un resultado aprobatorio en idoneidad, por sí solo, no es decisivo, ya que debe considerarse de manera conjunta e integral con la evaluación negativa en conducta.

"No ha superado la evaluación referida a su conducta, donde ha obtenido una calificación de insuficiente para motivar su ratificación en el cargo", refirió Galindo para proponer la no ratificación.

Oswaldo Ordóñez asegura que no descalificó el sistema de justicia

Días antes, Ordóñez Alcántara acudió a la citación de la JNJ para declarar sobre el caso. "En ningún momento me he irrogado la representación del Poder Judicial (PJ). El comunicado del PJ no cuestiona mi ponencia, solo precisa que yo no represento una declaración institucional que, repito, no la he ejercido", dijo.

Añadió que él no considera que haya descalificado al sistema de justicia del Perú, sino que, por el contrario, de acuerdo con su obligación moral, explicó de forma genérica el sistema de justicia. "No nos hemos limitado a tocar el tema puntual del Poder Judicial. Lo que he señalado es que recogiendo el sentir de los jueces del país nuestra preocupación es que algunos grupos parlamentarios formulaban leyes que afectaban al sistema judicial", anotó.

Insistió en que todo se enmarca en el ejercicio de su derecho a la expresión y asociación.

CIDH alertó posible represalia contra el juez Oswaldo Ordóñez

La Comisión refirió que el artículo 63 de su Reglamento obliga a los Estados a proteger a toda persona que aporte información o participe en audiencias públicas y prohíbe cualquier forma de juicio, sanción o represalia derivada de sus declaraciones. En ese sentido, advirtió que abrir un proceso disciplinario por esta intervención podría vulnerar principios como la independencia judicial y la libertad de expresión de los magistrados.

"Preocupa a la CIDH que su participación en la audiencia haya sido incorporada, además, en el procedimiento de evaluación integral y ratificación de su desempeño, del que depende la ratificación de su cargo", mencionan.

A través de un comunicado, este jueves 30 de abril, la JNJ negó las "versiones que señalan una supuesta celeridad indebida en la convocatoria del concurso público para nombrar al reemplazo de Corvetto por los próximos cuatro años”. En el documento, la entidad sostiene que se ha respetado lo dispuesto en el Reglamento de Concursos Públicos, aprobado por el anterior Pleno mediante la Resolución N.º 036-2020-JNJ.

No obstante, en el proceso de selección de este año no se estaría cumpliendo lo establecido en la citada resolución. Por ejemplo, el artículo 10 señala que “el plazo para la interposición de tachas es de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Magistratura (BOM)”.

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En 2020, la relación de postulantes aptos tras la evaluación curricular se publicó el 20 de julio. Al día siguiente, el 21 de julio, se inició el plazo para la interposición de tachas, que se extendió hasta el 30 de ese mes.

Sin embargo, para este proceso, la publicación de la relación de postulantes aptos está prevista para el 8 de junio de 2026, mientras que el plazo de interposición de tachas se ha fijado del 1 al 10 de junio. Es decir, las tachas podrán presentarse incluso antes de que concluya esa etapa de evaluación.

Las etapas del proceso que se acortaron en comparación con 2020

A diferencia de lo ocurrido en 2020, la elección del nuevo jefe de la ONPE este año se desarrollaría en casi la mitad del tiempo. Esta reducción responde al recorte de plazos en diversas etapas del concurso.

En el proceso anterior, la inscripción y presentación de documentos de aptitud se realizó en siete días, mientras que ahora se redujo a seis. Además, la evaluación de conocimientos, que antes se realizaba durante tres jornadas consecutivas, ahora se concentrará en un solo día.

En la fase de evaluación curricular, el plazo para presentar recursos de reconsideración pasó de cuatro días en 2020 a solo dos en el proceso vigente. Del mismo modo, la publicación de resultados, que antes se efectuaba tras 7 días, ahora se realizará en cinco.

En cuanto a la evaluación del plan de trabajo, la sustentación —organizada alfabéticamente— tomó cinco días en 2020, pero este año se llevará a cabo en una sola fecha. De igual forma, las pruebas de confianza (psicológicas y psicométricas), que anteriormente duraban cuatro días, se aplicarán en una única jornada.

Finalmente, la JNJ ha dispuesto que las entrevistas personales, que en 2020 se desarrollaron en tres días, se realicen este año en un solo día. Incluso la juramentación, que antes tenía lugar seis días después de concluidas las entrevistas, ahora se efectuará al día siguiente.

JNJ no ratifica al juez Oswaldo Ordoñez por denunciar las ‘leyes procrimen’

La JNJ decidió no ratificar al juez superior Oswaldo Ordóñez Alcántara, luego de que este advirtiera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre disposiciones que, según indicó, ponen en peligro la independencia del sistema judicial en el Perú, como las denominadas “leyes pro crimen”.

Después de la exposición realizada por Cayo Galindo, respaldaron la decisión de no ratificarlo, además del propio ponente, los magistrados Germán Serkovic y Víctor Chanduví, quien ocupa la vicepresidencia. En cambio, Gino Ríos y María Teresa Cabrera, presidenta del organismo, dieron su voto a favor de la ponencia, aunque presentaron fundamentos individuales.

Por otro lado, Francisco Távara y Jaime de la Puente se pronunciaron en contra de la medida, subrayando el “debido respeto” hacia su colega Galindo.

"Antauro Humala no es parte de ninguna campaña. Juntos por el Perú es una coalición, conjunto de movimientos y personas que se han sumado detrás de un programa. Antauro Humala tiene un partido (…) tienen una serie de puntos programáticos que defienden. En esos puntos programáticos hay uno o dos aspectos en los que sí coincidimos, como en el cambio de Constitución. Necesitamos convocar a una Asamblea Constituyente para que el pueblo defina los cambios que necesitamos", sostuvo.

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Cevallos también se refirió a las distintas alianzas o conversaciones que puede tener la organización con otros actores políticos para aglutinar votos en la contienda presidencial. El exministro de Salud dejó en claro que tener coincidencias con algunos no hará que sus banderas sean desplazadas, pues manejan un programa y lo seguirán. Sin embargo, también manifestó que uno de sus más importantes principios es el anti fujimorismo.

"Los niveles de acuerdo a los que se pueda llegar o de coincidencias más que de acuerdos con distintos sectores son diferentes. Por ejemplo, con alguno coincidiremos en que el fujimorismo no debe gobernar este país porque nos trajo miseria, atraso, copamiento de las instituciones, en eso coincidimos con Alfonso López Chau (…) Nadie bajará banderas pero se trata de llegar a niveles de consensos”, agregó.

Hernando Cevallos: “No hay evidencia de fraude”

Con relación a la narrativa de fraude que viene siendo impulsada por sectores de derecha como el candidato que va en el tercer lugar, Rafael López Aliaga, Cevallos fue enfático en señalar que las irregularidades no son ajenas a los procesos electorales en el país. Pero, que esto no es de ninguna forma algún indicio de querer desviar la elección o razón para pedir nuevas elecciones.

“No es la primera vez que los procesos electorales tienen un montón de irregularidades, son deficiencias de los órganos electorales de nuestro país. Todo los observadores han señalado que no hay fraude. No tengo ninguna evidencia de fraude”, mencionó.

Cabe recordar que López Aliaga dijo que iría a reclamar este supuesto fraude a instancias internacionales. Ante esto esto, Cevallos recordó cuando en el 2021, Pedro Castillo ganó la elección y fue el mismo accionar de sectores opositores que no dudaron en gritar ‘fraude’ sin pruebas y no dudaron en desperdiciar presupuesto público en intentar probar una narrativa que fue finalmente desestimada.

“Él tiene todo el derecho Me hace recordar la actitud de él cuando en el 2021 ganó Castillo, que hizo retrasar el proceso de transferencia todas estas observaciones y fueron a instancias internacionales y el resultado fue el mismo. No olvidemos que se gastaron varios miles de dólares en comisiones en el propio Congreso para investigar algo que al final todo el mundo sabía”, explicó.

Cevallos tampoco dudó en pronunciarse sobre las recientes acciones que ha tomado el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reconsiderar la decisión de no convocar a elecciones complementarias en Lima y dijo que él “debe mantener cierta independencia en sus acciones”, pero que “todos sabemos para quien jala, está de lado de López Aliaga”.

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Roberto Sánchez intenta deslindarse de Humala: "Respeto sus ideas, pero no las comparto"

Asimismo, el propio Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, también optó por tomar distancia de Antauro Humala, pese a los vínculos políticos que ambos han mantenido durante la actual campaña presidencial.

Cabe recordar que Humala se ha presentado en diversos medios de comunicación, televisivos, radiales y virtuales, y se le ha visto dando su opinión y manifestando que Sánchez llegaría a ganar la presidencia de la República y daría libertad al expresidente Castillo cuando antes.

El también congresista señaló que no coincide con declaraciones previas de Humala, como aquella en la que calificó a la organización terrorista Sendero Luminoso como "lo mejor que ha dado la izquierda".

"Hay una voluntad de presentar esas expresiones como un 'cuco'. Yo no comparto ninguna de esas ideas. Soy cristiano católico y defiendo los derechos humanos. Si Antauro tiene esas posiciones, las respeto, pero no las comparto. El programa de Juntos por el Perú no recoge esos planteamientos", señaló en el programa 'Brutalidad política'.

"Creo que hay una exageración. Antauro Humala ha cumplido una condena de 18 o 20 años por rebelión. Quien ya pagó su deuda con la justicia tiene derecho a participar en política. Puede haber ideas radicales o maximalistas, pero la democracia implica tolerancia sin recurrir a la agresión", agregó.

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Roberto Sánchez evalúa como ministros de Justicia y Salud a Domingo Pérez y Cevallos

El candidato presidencial, Roberto Sánchez, aseveró que ya tiene como posibles alternativas para un eventual gabinete ministerial si es que pasa la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Alguno de estos nombres son el exintegrante del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez y Hernando Cevallos, en las carteras de Justicia y Derechos Humanos y Salud, respectivamente.

"Hay conversaciones preliminares, claro que sí, hay conversaciones preliminares, pero no hay todavía el punto de partida que diga ‘este señor, esta señora tendrá esta vocería, tendrá este ministerio, tendrá aquello’. Este es el momento en que se está dialogando y él es una de las personas que ha sido invitada en esta previa, diríamos, a ir configurando equipos", afirmó sobre Pérez, quien hace poco asumió la defensa del expresidente condenado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo.

"Yo de los nombres autorizados que te puedo decir, por ejemplo, está el doctor Hernando Cevallos para Salud, que además ya ha sido ministro, ha sido candidato también. En el tema de Energía está el sanmarquino Jorge Manco Zaconetti”, sostuvo en Brutalidad Política.

'Siempre he tenido un elevado compromiso con el servicio público y con los valores de honestidad y transparencia que caracterizan a la ONPE. (...) Estoy convencido de que, una vez concluido este periodo de 18 meses de impedimento de salida del país, tendré la oportunidad de probar mi inocencia y la inexistencia de responsabilidad penal de mi parte', señaló.

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Corvetto también se refirió al pasaporte hallado en su vivienda tras el allanamiento realizado como parte de las investigaciones en su contra. El exjefe de la ONPE sostuvo que este documento no constituye un indicio de intención de fuga, ya que estaba vencido desde hacía tiempo.

'Debo contarles que en los primeros meses de este año acudí a Migraciones para renovar mi pasaporte. (...) El pasaporte que estaba en mi casa, este tercer pasaporte, tenía una vigencia de cinco años y ya no se encontraba vigente', indicó.

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Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Piero Corvetto

El Poder Judicial dispuso que Piero Corvetto no pueda salir del país durante 18 meses. Esta medida se enmarca en las indagaciones por el escándalo relacionado con la tardanza en la distribución del material electoral durante los comicios del 12 de abril.

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La resolución fue emitida por el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo, quien acogió los planteamientos del Ministerio Público. Los fiscales especializados en delitos de corrupción —Reynaldo Abia, Roosvelt Morales y Moisés Quispe— advirtieron sobre un eventual riesgo de fuga por parte de Corvetto, lo que podría entorpecer el desarrollo de las investigaciones. En la audiencia, además, expusieron indicios de un presunto favorecimiento en la adjudicación del servicio de transporte del material electoral a la empresa Galaga SAC.

Durante su intervención, el fiscal Abia cuestionó decisiones adoptadas en la gestión de Corvetto, como la designación de José Samamé Blas en la Gerencia de Gestión Electoral, y señaló su falta de experiencia en logística de gran escala. Asimismo, indicó que, pese a existir lineamientos previos para las contrataciones, se introdujeron cambios que permitieron la participación directa de áreas solicitantes en la evaluación y adjudicación, lo que —según sostuvo— evidenciaría un posible direccionamiento. También subrayó que la permanencia de Corvetto en el país resulta clave para avanzar en las diligencias.

"No me retracto de eso en el sentido que este tipo de endeudamiento sea conocido por el nuevo gobierno porque nos falta poquísimo tiempo. Ese contrato ya estaba terminado, no se podía parar y se tenía que dar el adelanto correspondiente y en eso me parece que el contrato ya se selló entre el comprador y el vendedor", declaró en Exitosa.

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Además, aclaró el modelo de compra que se siguió. "Hay críticas en el sentido de por qué se compró bajo la forma secreta y se evitó que otros países puedan participar de una licitación abierta (Francia y Suecia). Aclaro que esos detalles no pertenecen a mi gobierno", dijo.

"Como era un asunto de Estado, la norma establece que el acuerdo se haga entre el comprador y el vendedor, es decir, las Fuerzas Armadas del Perú y Estados Unidos. Solo se ponía en evidencia ante el presidente y el Ministerio de Economía al realizar el pago", agregó.

Comisión de Defensa citará nuevamente a ministros para que respondan por aviones F-16

La Comisión de Defensa del Congreso volverá a citar al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, al titular del sector Defensa y al canciller para que respondan por la adquisición de aviones estadounidenses F-16, luego de que no asistieran a la sesión en la que estaban convocados. La presidenta de la comisión, Karol Paredes, mencionó que se citará a los integrantes del Gabinete el próximo 4 de mayo.

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La citación estaba prevista para este lunes 27 de abril a las 3.30 p. m. en el Congreso, donde los representantes de los ministerios debían informar sobre el estado de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate. Esto ocurrió tras las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien se negó a firmar la compra y trasladó la responsabilidad al siguiente gobierno.

A través de un oficio enviado a la presidenta de la comisión, Karol Paredes, el premier Luis Arroyo solicitó que se les excuse de participar en la convocatoria. En el documento se señala que la inasistencia responde a “razones de fuerza mayor” que se vienen registrando en distintas regiones del país, lo que hace indispensable la presencia de los titulares de los sectores en sus respectivas jurisdicciones.

En un comunicado, señaló que no existe ninguna 'celeridad indebida' en el proceso y que este se desarrolla en los plazos establecidos en el marco legal vigente.

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“La convocatoria n.º 001-2026-SN (JNJ) se ajusta estrictamente a lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Política del Perú, así como a la Ley n.º 30916 y a la Ley n.º 26487, normas que regulan la competencia de la Junta Nacional de Justicia para la selección y nombramiento del titular de la ONPE”, se lee.

De acuerdo con ello, aseguraron que se ha respetado el Reglamento de Concursos Públicos aprobado por el anterior Pleno de la JNJ, el cual 'regula las etapas, requisitos y condiciones del proceso, garantizando su legalidad y transparencia'.

Nuevo jefe de la ONPE jurará el 3 de julio, según el cronograma del JNJ

De acuerdo con el cronograma oficial publicado en la convocatoria de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) juramentará en el cargo el 3 de julio. De esta manera, Bernardo Pachas, jefe interino de la institución, continuaría al mando durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

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Según las bases del concurso, el procedimiento comprende varias etapas eliminatorias, entre ellas la evaluación de conocimientos, la revisión curricular, la presentación de un plan de trabajo y una entrevista personal.

El cronograma establece que las entrevistas personales se realizarán el 2 de julio, día en que también se publicarán las calificaciones finales, el cuadro de méritos y los resultados de la votación del Pleno de la JNJ. Solo el candidato que obtenga el respaldo requerido de los miembros de la Junta será finalmente nombrado jefe de la ONPE.

“A la fecha, los familiares de jóvenes fallecidos en dicho operativo militar vienen exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos, en tanto que resulta inadmisible la ejecución de intervenciones que no estén debidamente justificadas, ni que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de la actuación militar conforme a ley”, señala la exposición de motivos de la moción presentada.

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La moción de interpelación cuenta con más de 10 firmas de parte de legisladores de diversas bancadas. Destacan Jaime Quito (Bancada Socialista), Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Wilson Quispe, Flavio Cruz, (Perú Libre), Victor Cutipa (Juntos por el Perú) y otros más.

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El pliego de preguntas que respondería Amadeo Flores

De acuerdo con la moción presentada, estas serían las preguntas que el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, tendría que responder ante el Congreso en caso se apruebe la solicitud.

¿Cuál es la versión oficial consolidada del Ministerio de Defensa sobre los hechos ocurridos el 25 de abril de 2026 en el distrito de Colcabamba, y por qué existen contradicciones entre los reportes iniciales y la información posterior difundida por las propias Fuerzas Armadas?

¿Bajo qué marco normativo, reglas de enfrentamiento y protocolos de uso de la fuerza se ejecutó el operativo, y cómo se garantiza que dichas actuaciones se ajustaron a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad?

¿Qué inteligencia previa sustentó la intervención militar, quién la validó y qué mecanismos de verificación se aplicaron para identificar a los supuestos objetivos vinculados al narcoterrorismo?

¿Cómo explica su sector que, tratándose de un presunto enfrentamiento armado, no se haya registrado ningún efectivo de las Fuerzas Armadas herido o fallecido, mientras que el saldo fue exclusivamente de civiles muertos y heridos?

¿Qué evidencia material, pericial y balística existe para sustentar la hipótesis de legítima defensa invocada en el Comunicado Conjunto N.° 001-2026- CCFFAA-PNP?

¿Qué información tiene el Ministerio de Defensa respecto al testimonio del sobreviviente Ricardo Jampier Acuña Quispe, quien ha señalado que su declaración inicial habría sido obtenida bajo amenaza, y qué acciones se han dispuesto para garantizar la legalidad de las diligencias y el respeto al debido proceso?

¿Qué acciones concretas se adoptaron para preservar la escena de los hechos, garantizar la cadena de custodia de las evidencias y evitar cualquier alteración que comprometa la investigación fiscal?

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¿Se ha dispuesto la apertura de investigaciones administrativas, disciplinarias y/o penales contra los efectivos intervinientes y la cadena de mando? En caso afirmativo, precise responsables, plazos y estado actual de las mismas.

¿Qué responsabilidad política asume su sector frente a estos hechos y qué medidas correctivas inmediatas se han adoptado para evitar la repetición de situaciones similares?

En su calidad de máxima autoridad del Sector Defensa ¿Reconoce que hubo excesos en el uso de fuerza por parte del operativo militar en Colcabamba (Huancavelica)? ¿Se respetaron los derechos humanos?

Respecto a las declaraciones brindadas por un civil, difundidas el 28 de abril de 2026: ¿El personal militar estuvo debidamente uniformado durante el operativo? ¿Qué indumentaria vestían los militares involucrados durante el operativo?

¿Qué mecanismos de supervisión y control civil existen sobre las operaciones militares en el VRAEM y cómo se garantiza el respeto irrestricto de los derechos humanos en dichas intervenciones?

¿Qué acciones ha dispuesto el Ministerio de Defensa para garantizar la atención integral, reparación y acceso a la justicia de los familiares de las víctimas?

¿Qué medidas adoptará su sector para transparentar la información ante la ciudadanía y el Congreso, considerando la gravedad de los hechos y la desconfianza generada por las versiones contradictorias?

¿Qué medidas adoptaron para dar celeridad a las investigaciones que viene desarrollando el Ministerio Público?

Sánchez es secretario general de la sede de Cáritas —también conocida como la Asociación de las Bienaventuranzas—, organización no gubernamental perteneciente a la Iglesia católica, en el distrito de Lurín. Es en este espacio donde se habrían cometido los presuntos abusos. Además, el sacerdote es conocido por su presencia mediática en programas de streaming locales y por su posicionamiento político "en contra del comunismo".

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Sánchez habría abusado de joven en situación de vulnerabilidad

La denuncia afirma que el presunto agraviado padecía una adicción que habría sido fomentada por el propio sacerdote. Según la publicación del medio mencionado, el relato también ofrece numerosos detalles acerca de la participación de la familia de la víctima en los asuntos financieros del padre Sánchez.

"Desde que conocimos al Sacerdote P. Omar Alonso Sánchez Portillo nos hizo creer, que su mayor preocupación era recuperar a Rafael (nombre cambiado), sacarlo de su adicción, cuando en realidad estaba tejiendo una tela de araña alrededor de él, y de nosotros mismos, para satisfacer sus más bajos deseos libidinosos y para utilizarnos a todos en sus actos delictivos a nivel canónico. Todo era, y es, una farsa que le ha servido para abusar de una persona vulnerable y de sus familiares. Quiero evitar que cualquier otra persona vulnerable, ya sea menor o mayor de edad, pueda ser abusada y manipulada por él", señala un fragmento de la denuncia reproducido por Epicentro.

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Un familiar de la víctima sostuvo que uno de los motivos para presentar esta denuncia es evitar que el sacerdote pueda engañar a otras personas. El documento solicita que se imponga una pena canónica contra el padre Sánchez por transgredir el Sexto Mandamiento con personas vulnerables, así como por los delitos de abuso de poder y el incumplimiento de las obligaciones especiales establecidas en el canon 1392.

Hasta el momento, el padre Sánchez no se ha pronunciado sobre la acusación.

El hecho de sangre ocurrió pasada las 11 de la mañana del miércoles 29 de abril, en la prolongación Juan Pablo II, en el distrito de Víctor Larco.

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Cámaras captaron el ataque

Según las imágenes de las cámaras de la zona, la víctima recibió al menos cinco disparos tras salir del local partidario y subir a una camioneta blanca. Las balas le impactaron en la cabeza y lo dejaron gravemente herido. Los atacantes llegaron en un auto y, tras cometer el crimen, huyeron con rumbo desconocido.

Tras lo ocurrido, personal de Serenazgo y miembros de la Policía llegaron al lugar del crimen para trasladar al herido al Hospital Regional, donde lamentablemente llegó sin signos de vida.

Finalmente, los efectivos de Investigación Criminal iniciaron las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables del crimen.

“Cuando tengamos resultados oficiales definitivos, tomaremos un punto de vista. Nosotros vamos a esperar a que el JNE dé su veredicto (…) Mientras no se pronuncie, no tenemos resultados oficiales”, indicó.

La respuesta de Nieto se da en el contexto de las posibles alianzas que se formarían de cara a la segunda vuelta. Algunos candidatos ya muestran su respaldo al candidato presidencial Roberto Sánchez. Tal es el caso del excandidato Ronald Atencio, quien señaló que “sean los compañeros de Juntos por el Perú (JP) con Sánchez a la cabeza los que le disputen el voto a la señora Keiko”.

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Además, López-Chau, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara rechazaron alianzas con el fujimorismo, por lo que su respaldo quedaría dirigido al candidato que enfrente a la lideresa de Fuerza Popular. Hasta el momento, Roberto Sánchez sobrepasa a López Aliaga con más de 25.500 votos, al 96.822%, de acuerdo con la página oficial de la ONPE.

Nieto solicita auditoría del conteo de votos

Tras las fallas logísticas registradas durante los comicios, el líder del Partido del Buen Gobierno hizo el pedido de una auditoría técnica para conocer cómo se realiza el conteo de los votos. “Es una auditoría no a los votos, sino a la forma en la que se cuentan los votos”, sostuvo.

Nieto indicó que su pedido no cuestiona las elecciones. Por el contrario, el excandidato busca que los ciudadanos confíen en el proceso por medio de esta auditoría. “Necesitamos darle legitimidad al proceso. Necesitamos que la ciudadanía confíe en lo que está ocurriendo en los organismos electorales y la única forma de hacerlo es una auditoría técnica”.

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El exministro de Cultura dijo, además, que la medida no perjudica el cronograma del proceso, ya que la auditoría no tarda más de una semana.

El líder del Partido del Buen Gobierno sostiene que la renuncia de Piero Corvetto es ilegal

La renuncia de Piero Corvetto, el pasado 21 de abril, a raíz de la demora en la apertura de las mesas de sufragio, ha sido cuestionada porque va en contra de lo que se indica en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE.

“El cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es irrenunciable durante un proceso electoral, a menos que exista un impedimento debidamente fundamentado”. Sobre esta norma, el excandidato presidencial indicó que tanto la renuncia como su aprobación por la Junta Nacional de Justicia son ilegales.

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“La renuncia de Corvetto es ilegal y la aceptación de la renuncia por parte de la Junta Nacional de Justicia es ilegal. Por tanto, han actuado los dos con ilegalidad. (…) tanto la renuncia como la aceptación son ilegales”, sostuvo.

En esa línea, Jorge Jáuregui, experto en Derecho Constitucional y Electoral, señaló que Corvetto no debió haber renunciado porque hay una garantía en el Estado de derecho destinada a proteger la voluntad popular y asegurar la independencia de las autoridades encargadas de los comicios, según indicó el especialista vía RPP.

No descarta postular al gobierno regional de Arequipa

Sobre una posible postulación al gobierno regional de su ciudad natal, el candidato dijo que aún no lo tenía claro, pero que no descartaba evaluar esa opción. “En su momento, se decidirá. Ni encarto, ni descarto”. Además, el sociólogo también confirmó que su partido participaría en las elecciones nacionales en Arequipa. “Ya tenemos listas propuestas. Ya existen candidatos”, expresó.

De acuerdo con las bases, las inscripciones se realizarán del 2 al 8 de mayo. Coincidentemente, en medio de ese periodo —el 7 de mayo— culminará el recuento de votos a cargo de los Jurados Electorales Especiales (JEE). El 18 de mayo se publicará la lista de postulantes aptos para la siguiente etapa, correspondiente a la evaluación de conocimientos.

Los resultados de esa prueba se conocerán el 21 de mayo, tras lo cual se iniciará de inmediato la evaluación curricular. En esta fase, las personas candidatas deberán presentar su hoja de vida y las investigaciones que hayan realizado. No obstante, recién el 8 de junio se publicará la relación de quienes avancen a la evaluación del plan de trabajo.

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Esta última fecha es clave: es un día después de los comicios de la segunda vuelta y la ONPE estará en su segundo día de conteo de votos para definir al siguiente presidente del Perú. Posteriormente, el 16 de junio se conocerá qué postulantes accederán a la etapa final de entrevista personal. En esta parte, con el antecedente del 2021, la ONPE aún no habría llegado al 100% de actas contabilizadas y todavía habría impugnaciones de actas de escrutinio de las mesas de sufragio.

El 2 de julio se difundirán las calificaciones finales, el cuadro de méritos y los resultados de la votación del Pleno de la JNJ. Al día siguiente, el 3 de julio, se llevará a cabo la juramentación del nuevo jefe de la ONPE, quien reemplazará a Piero Corvetto y asumirá el cargo por un periodo de cuatro años.

En ese contexto, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, será el encargado de conducir la organización de la segunda vuelta electoral, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. La responsabilidad recaerá en el reemplazante temporal de Corvetto hasta que asuma el titular de la institución.

El proceso de selección estará a cargo de los miembros del Pleno de la JNJ: María Teresa Cabrera Vega (presidenta), Víctor Chanduví Cornejo (vicepresidente), Gino Ríos Patio, Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, Germán Serkovic González y Cayo Galindo Sandoval.

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Elección acelerada del nuevo jefe de la ONPE

A diferencia del 2020, la elección del nuevo jefe de la ONPE de este año se realizaría en casi la mitad de tiempo.

Si se comparan las fechas, en el 2020 el proceso se inició con la publicación de la convocatoria el 22 de mayo, mientras que la juramentación se llevó a cabo el 31 de agosto. En total, la designación de Piero Corvetto tomó 101 días.

En cambio, para el proceso actual, el plazo se ha reducido de manera significativa, en aproximadamente 35,64%. La convocatoria fue difundida este miércoles 29 de abril a través del diario oficial El Peruano, y la juramentación está prevista para el viernes 3 de julio. Es decir, la selección del reemplazo de Corvetto se concretaría en 65 días.

Es decir, la nueva selección tomará más de un mes menos (36 días).

Los plazos de selección se acortaron a diferencia del 2020

El acortamiento del proceso se debe a la reducción de los plazos en varias etapas del concurso.

En el 2020, el periodo de inscripción y presentación de documentos de aptitud duró 7 días, mientras que en el proceso actual se redujo a 6. La evaluación de conocimientos, que anteriormente se extendía durante tres días consecutivos, ahora se realizará en una sola jornada.

En la etapa de evaluación curricular, el plazo para la interposición de recursos de reconsideración pasó de 4 días en el 2020 a solo 2 días en la presente convocatoria. Asimismo, la publicación de resultados, que antes se realizaba 7 días después, ahora se efectuará en 5 días.

Respecto de la evaluación del plan de trabajo, la sustentación ordenada alfabéticamente tomó 5 días en el 2020, mientras que este año se concentrará en una sola fecha. De igual forma, las pruebas de confianza (psicológicas y psicométricas), que antes se desarrollaban en 4 días, ahora se aplicarán en un solo día.

Además, la JNJ fijó que las entrevistas personales, que en el 2020 se realizaron en tres días, este año se lleven a cabo en una sola jornada. Es más, la juramentación, que anteriormente se efectuaba seis días después de culminadas las entrevistas, ahora se realizará al día siguiente.

El Ministerio Público señaló que la Fiscalía Anticorrupción sustentaría su solicitud para prohibir a Piero Corvetto viajar fuera del Perú. En su mensaje, se indica que la medida también alcanza a José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores, investigados por un presunto direccionamiento en el contrato de la empresa encargada del despliegue de los materiales de sufragio.

En su pedido, la institución señaló que existe riesgo de fuga tras encontrar un tercer pasaporte durante el allanamiento del 24 de abril.

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“Si bien el investigado ha hecho entrega de dos pasaportes, debe precisarse que, en el marco de la diligencia de allanamiento, se incautó su pasaporte peruano con fecha de caducidad 10 de agosto de 2026, lo que evidencia que, al momento de la intervención, contaba con un documento de viaje formalmente vigente o potencialmente utilizable. En ese sentido, más allá de que la determinación sobre su validez para el tránsito internacional corresponda a la autoridad migratoria, lo cierto es que dicho documento constituye un medio idóneo para facilitar su salida del país”, se lee.

El nuevo abogado de Corvetto, Julio Arbizu, explica el origen del tercer pasaporte encontrado

El nuevo abogado de Corvetto, Julio Arbizu, cuestionó el pedido de impedimento de salida del país, el cual será fundamentado por el fiscal Reynaldo Abia. “Me parece muy extraño que el fiscal Abia no sepa que el pasaporte que tenemos es el único documento válido para efectos migratorios. Eventualmente puede haber más pasaportes por nacionalidad, pero el pasaporte peruano es uno solo”, declaró Arbizu vía Epicentro.

Además, aclaró lo sucedido con el pasaporte que se encontró en la casa del exjefe de la ONPE. De acuerdo con Arbizu, Piero Corvetto fue a renovar su pasaporte peruano al ver que estaba a punto de vencer. En Migraciones le entregaron uno nuevo y le indicaron que el antiguo ya no tenía validez.

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“El pasaporte que va a pasar por la maquina de migraciones una vez que él sale del país es el nuevo. [El pasado] Es papel mojado en tinta. No tiene ninguna validez”, señaló.

Con relación a la audiencia, el abogado indicó que aceptarían el pedido fiscal de impedimento de salida del país, ya que así se coordinó con el exjefe de la ONPE.

“Nosotros hemos tomado la decisión, por supuesto invocada por Piero Corvetto, de allanarnos al impedimento de salida del país. En la diligencia de mañana lo vamos a expresar de manera explícita. No vamos a discutir el requerimiento de impedimento de salida del país propuesto por la Fiscalía”, declaró.

El Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah) fue creado mediante Decreto Supremo N.° 043-82-AG, de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Cooperación suscrito entre los Gobiernos de los Estados Unidos y del Perú, el 26 de setiembre de 1981.

Se resolvió que dependa administrativa y funcionalmente de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (Ofecod), ahora Dirección General contra el Crimen Organizado, dependiente del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior.

En diciembre de 1994, el ámbito de acción del proyecto especial se amplió a todo el territorio nacional, con enfoque en la reducción del espacio cocalero hasta los límites de consumo útil.

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El proyecto especial cuenta con el apoyo financiero otorgado por el Gobierno estadounidense, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

En 2025, uno de los temas que más generó debate fue la forma en la que las autoridades peruanas trabajan para evitar que sigan aumentando los cultivos ilegales de hoja de coca en distintas regiones del país.

En ese sentido, informaron que las operaciones de erradicación de cultivos ilegales de coca registran “importantes avances” en el primer trimestre del 2026 y mencionaron las acciones del Estado para reducir los sembríos al margen de la ley.

Así, aseguran que la Policía ha venido implementando una estrategia integral reflejada en operaciones sostenidas.

Desde la institución se mencionó que la Policía Nacional ha implementado estrategias de control, erradicación, sustitución y afectación de economías ilícitas que han dejado los siguientes resultados:

Como punto principal, se afirmó que las acciones ejecutadas en lo que va del año han permitido eliminar 1.261,92 hectáreas de cultivos ilícitos, evitando potencialmente la producción de 11,56 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína.

Los trabajos se concentran en el eje operacional de Aguaytía, en la región Ucayali, donde brigadas del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah) del Ministerio del Interior, con apoyo de la Policía Nacional, intensifican la reducción del espacio cocalero ilegal.

Solo el 8 de marzo se erradicaron 40,3 hectáreas distribuidas en 22 parcelas, además de 49 metros cuadrados de almácigos destinados a nuevas plantaciones.

Estas acciones forman parte del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal 2026, que establece una meta nacional de 19.000 hectáreas erradicadas durante el presente año. Hasta la fecha, el avance representa 6,64% de la meta anual, tras el inicio de las operaciones el 28 de enero.

Las operaciones continuarán este año en nuevos ejes operativos, como Putumayo, Caballococha, Constitución, Tingo María, Atalaya y Callería, en el marco de una estrategia integral que combina erradicación, control territorial y protección ambiental para frenar el avance del narcotráfico en el país.

Gobierno crea el PRECIP

Este miércoles, el Gobierno oficializó la creación del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP) mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-IN, publicado en el diario oficial El Peruano. Esta estrategia busca intensificar la respuesta del Estado frente a los cultivos ilícitos vinculados al narcotráfico.

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El PRECIP dependerá del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter) y tendrá como objetivo principal reducir y erradicar el espacio cocalero ilegal en las Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI), en el marco de la Política Nacional contra las Drogas al 2030.

Su implementación responde a la necesidad de enfrentar de manera más eficaz el tráfico ilícito de drogas, cuya cadena se inicia con el cultivo ilegal de hoja de coca destinada a la producción de drogas cocaínicas.

Corah será disuelto

El nuevo programa promoverá la reducción de cultivos ilegales con un enfoque integral que incorpora dimensiones ambientales, sociales, culturales y económicas en las zonas de intervención.

Entre sus principales funciones destacan la erradicación de cultivos ilegales, el desarrollo de campañas de sensibilización, la ejecución del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal y la articulación con entidades públicas, privadas y de cooperación internacional.

La creación del PRECIP permitirá integrar y fortalecer las acciones que anteriormente desarrollaba el Proyecto Especial Corah, el cual será disuelto progresivamente tras 43 años de funcionamiento.

El PRECIP contará con un director ejecutivo como máxima autoridad administrativa y tendrá una vigencia inicial de 5 años, periodo en el que se evaluará su impacto en la reducción del espacio cocalero ilegal.

Su financiamiento se realizará con recursos transferidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), el presupuesto del Mininter y aportes de la cooperación internacional, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público.

El documento fue presentado formalmente a Manuel Chuyo Zavaleta, juez de investigación preparatoria. “Por medio del presente escrito, renuncio a defensa técnica, debiéndose dejar sin efecto alguno el domicilio procesal y Casilla SINOE, así como medios alternativos de comunicación”.

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El 28 de abril, el Juzgado de Investigación Preparatoria resolvió comunicar al exjefe de la ONPE la renuncia de su abogado para que designe a otra defensa particular o se le asigne una de oficio. “Notificar al domicilio real del investigado Piero Alessandro Corvetto Salinas la renuncia de su abogado, a fin que en el plazo de 24 horas de notificado, cumpla con designar una defensa particular nueva, bajo apercibimiento, caso de no hacerlo le será designado la defensa pública”, se lee.

Esta renuncia se conoce tras la reciente solicitud de la Fiscalía para que se prohíba la salida del país de Corvetto, así como la apelación para que se detenga al extitular de la ONPE y a otros funcionarios vinculados con la investigación.

Sobre el pedido que prohíbe su salida del Perú, este fue realizado por el fiscal Raúl Martínez, quien forma parte de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. El magistrado pidió al Poder Judicial impedir que Corvetto salga del país durante 18 meses. El Ministerio Público informó que los detalles y la justificación de la solicitud se sustentarán este jueves, a las 11.00 a. m., por el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción.

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La Fiscalía también presentó un recurso de apelación para que se detenga a Piero Corvetto junto con otros tres funcionarios de la ONPE que estuvieron involucrados en las fallas logísticas del 12 de abril. Estos son José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE; y el gerente de la empresa proveedora, Juan Charles Alvarado Pfuyo. Además, pidió que se levante el secreto de las comunicaciones, con el fin de continuar las investigaciones.

El estudio de abogados Arbizu y Gamarra asumirá la defensa de Piero Corvetto

Tras la renuncia del abogado Ricardo Sánchez Carranza a la protección legal de Piero Corvetto, el estudio jurídico Arbizu y Gamarra anunció que asumirían la defensa del extitular de la ONPE.

Mediante un comunicado, difundido a través de la red social X, el estudio de abogados manifestó que su decisión se da en aras de que se respete el proceso de la investigación de manera objetiva y con todas las garantías constitucionales.

“Ejerceremos una defensa técnica, rigurosa y garantista frente a cualquier intento de convertir una investigación en condena anticipada o de promover medidas desproporcionadas al margen de la objetividad que exige el Estado constitucional de Derecho”, se lee.

Los resultados también muestran otros hallazgos relevantes. Según la diferenciación ideológica de los encuestados, el 88% de quienes se identifican con valores asociados a la derecha está a favor de una hoja de ruta. Asimismo, el 86% de los encuestados de Lima Metropolitana respalda esta medida. A nivel de macrozonas, Lima y el norte del Perú concentran el mayor respaldo a la firma de este compromiso.

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La hoja de ruta también es bien valorada por los jóvenes. El 90% de los encuestados de entre 18 y 29 años se muestra a favor de que los candidatos en segunda vuelta asuman este compromiso. En cuanto a la diferenciación por género, las mujeres registran mayor aprobación: el 88% está a favor de la medida.

El interés en la política también influye. El mayor nivel de rechazo a la firma de una hoja de ruta se encuentra entre quienes declaran estar muy interesados en la política: el 14% de este grupo está en contra. En cambio, el 89% de quienes se consideran 'algo interesados' en temas políticos se muestra a favor del compromiso.

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Los sectores socioeconómicos A y B son los que presentan mayor respaldo a la firma de una hoja de ruta: el 89% de los encuestados de estos estratos se muestra a favor. Muy cerca, el sector C también respalda la medida con un 86%.

¿Qué es una hoja de ruta?

La 'hoja de ruta' es el nombre que reciben los documentos de planificación firmados por un candidato presidencial ante la eventual posibilidad de asumir la presidencia del Perú. Este compromiso busca asegurar que su accionar político se oriente hacia una línea no radical, con reformas que no alteren de forma significativa el funcionamiento de las instituciones.

La hoja de ruta suele plantearse cuando los candidatos presentan propuestas que rompen con los modelos vigentes, especialmente en materia económica. En su plan de gobierno, el candidato Roberto Sánchez ha planteado la reestructuración del modelo económico peruano, lo que ha generado preocupación en sectores cercanos al centro y la derecha.

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El término 'hoja de ruta' se popularizó tras la experiencia de 2011 con la candidatura de Ollanta Humala. Luego de que el candidato nacionalista pasara a segunda vuelta con Keiko Fujimori, diversos sectores criticaron su plan de gobierno —denominado 'La Gran Transformación'— por proponer el abandono del modelo económico vigente y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

En ese contexto, se elaboró el documento 'Lineamientos de política económica y social para un gobierno de concertación nacional', que reemplazó el planteamiento económico original. Este texto fue conocido mediáticamente como la 'hoja de ruta' y formó parte de la estrategia para presentar a Humala como una opción más moderada frente a otros sectores del electorado.

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El término volvió al debate público cuando Pedro Castillo pasó a segunda vuelta también frente a Keiko Fujimori en las Elecciones Generales de 2021. En ese contexto, la propuesta económica de Perú Libre también generó preocupación en sectores del centro y la derecha. El partido liderado por Vladimir Cerrón planteaba la reformulación del modelo económico y la redacción de una nueva Constitución.

A diferencia de Ollanta Humala, Castillo no firmó públicamente una hoja de ruta e, incluso, durante sus primeros meses de gobierno, llegó a afirmar que no lo haría. Sin embargo, en la práctica, el expresidente no logró concretar estas propuestas durante el año y medio que duró su mandato.

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La hoja de ruta no es una exigencia dirigida únicamente a candidatos de izquierda. En 2021, desde la vereda opuesta a la de Pedro Castillo, Keiko Fujimori firmó un compromiso en el que aseguró que respetaría la independencia institucional y la separación de poderes del Estado.

La candidata de Fuerza Popular también fue cuestionada entonces por algunos de sus técnicos en economía y salud, como Jorge Baca Campodónico y Ernesto Bustamante, respectivamente. Sin embargo, no realizó cambios al respecto.

“En general, la ciudadanía es proclive a contemplar un gobierno más moderado”

Para José Alejandro Godoy, politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), una hoja de ruta es percibida como una alternativa favorable ante candidatos con posturas más radicales.

“La hoja de ruta es atractiva porque, en general, la ciudadanía es proclive a contemplar un gobierno más moderado y que resuelva sus problemas, así como a limar aspectos polémicos de los programas de los candidatos”, señaló.

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Godoy precisó que este tipo de documento podría incluir aspectos más allá de la separación de poderes y el respeto a la autonomía institucional: “Podría incluir aspectos vinculados a la estabilidad macroeconómica, el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de tratados internacionales, la derogatoria de leyes procrimen y el compromiso con un periodo de gobierno estable”, indicó.

El especialista consideró además que es posible que los candidatos que pasen a segunda vuelta firmen una hoja de ruta, aunque advirtió que el principal problema no es la firma, sino el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Según confirmaron autoridades del Ministerio Público, el caso excede el ámbito de la fiscalía provincial y es abordado de manera articulada por una fiscalía supraprovincial, en un esquema que busca reconstruir no solo el hecho en sí, sino también el entramado previo.

Uno de los ejes centrales de la investigación está puesto en los cuadernos de control de registros de ingreso y salida de vehículos y de personas en las inmediaciones de la localidad de Campo Armiño. También, en el análisis de los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia en garitas de control.

Pero también dispusieron la aplicación del Protocolo de Minnesota a los cuerpos de las víctimas. Esto será fundamental para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden.

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Este protocolo sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas es un conjunto de directrices internacionales de la ONU para investigar ejecuciones extrajudiciales, torturas o muertes sospechosas bajo custodia.

Su objetivo es proteger el derecho a la vida, garantizar investigaciones independientes, imparciales y efectivas, y asegurar la rendición de cuentas.

Se aplica a cualquier muerte sospechosa en la que el Estado pueda ser responsable, incluidas desapariciones forzadas, muertes bajo custodia o por uso excesivo de la fuerza.

La versión del 2016 actualiza el protocolo original de 1991, lo adapta a los estándares internacionales modernos de derechos humanos y debe iniciarse de inmediato para evitar la pérdida de pruebas.

La diligencia es exhaustiva en la recolección de pruebas, entrevistas y análisis forense. Establece pautas para la preservación de la escena del crimen, la exhumación de cadáveres, la realización de autopsias (siguiendo modelos estándar) y la cadena de custodia de evidencias.

En cuanto a la protección de testigos, incluye medidas para proteger tanto a los familiares de la víctima como a los propios investigadores.

Este instrumento es considerado una norma de buenas prácticas jurídicas y forenses, utilizada con frecuencia por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la actuación estatal.

Fiscalía no presenta pedido de detención preliminar

Tras vencer la detención por flagrancia, el capitán Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova salieron en libertad, luego de que la Fiscalía Provincial Penal de Tayacaja no presentara el pedido de detención.

La fiscal Zina Romero Chávez inició una investigación preliminar contra ocho militares por el presunto delito de homicidio calificado; sin embargo, todos los involucrados afrontarán el proceso en comparecencia.

El testigo Ricardo Acuña Quispe, quien se retractó sobre el transporte de droga, también permanecerá en libertad junto con Eber Soto Quispe y Jhonatan Águila Gutiérrez, los otros jóvenes que estuvieron en la camioneta y resultaron heridos.

Las investigaciones siguen avanzando para esclarecer la ferocidad del ataque que ejecutaron las Fuerzas Armadas. El peritaje de absorción atómica practicado a las víctimas dio como resultado que ellas no realizaron ningún disparo con arma de fuego.

Por el contrario, la misma prueba a la que fueron sometidos los militares confirma el uso excesivo de sus armas, debido a que la camioneta en la que viajaban los jóvenes presenta 60 impactos de bala en diferentes ángulos, cuyos proyectiles provienen de fusiles de largo alcance.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) sostiene que la patrulla del Ejército intervino la camioneta Toyota 4x4 porque sus ocupantes estaban vinculados a redes del narcotráfico y que hicieron uso de sus armas "en legítima defensa".

El oficio se presentó el 28 de abril y está dirigido a la presidenta de la Comisión Karol Paredes Fonseca. El ministro también sostuvo que iría acompañado de su equipo del sector Defensa.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente, a fin de solicitar a su Presidencia concederme la oportunidad de asistir con el equipo del sector Defensa a la siguiente Sesión Ordinaria dela Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Droga”.

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En el documento también se detalla que Flores Carcagno informará sobre el accionar del Ejército y su relación con las muertes en Colcabamba. Además, precisó que reportará los avances y el desarrollo de las investigaciones del caso.

“Con el objeto de dar a conocer lo actuado por las Fuerzas Armadas respecto de los hechos acontecidos en el distrito de Colcabamba de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; así como, los avances preliminares en las investigaciones del caso”.

Cabe precisar que el ministro ya ha sido citado ante la Comisión de Defensa Nacional, pero para que responda por la compra de los aviones F-16 Block 70 junto con el canciller y el premier, Luis Arroyo. Sin embargo, el día de la sesión no se presentó ninguno. Esta ausencia fue cuestionada por la presidenta de la comisión, quien consideró que se debería tomar como prioridad la soberanía del país.

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“[Los 3 funcionarios] deberían haber asistido porque la población necesita respuestas concretas, respuestas claras. (…) El tema de nuestra soberanía es sumamente urgente”, señaló la parlamentaria.

La congresista también indicó que habría una reprogramación el lunes. “Nosotros estamos quedando que el lunes vamos a tener la sesión. Vamos a solicitar”, afirmó.

Controversias sobre lo sucedido en Colcabamba

El sábado 25 de abril, se registró la presencia de ocho militares en el sector Puente Mellizo, en el distrito de Colcabamba. Los agentes se trasladaron al lugar por un operativo que advertía sobre una camioneta vinculada con redes del narcotráfico. La versión de las Fuerzas Armadas indica que, al momento de interceptar el vehículo, tuvieron que abrir fuego al advertir que las personas dentro de la unidad usaron armas de fuego para evitar su detención. Este enfrentamiento acabó con la vida de cinco civiles.

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La versión del Ejército es distinta a la de Ricardo Acuña Quispe, persona que también estaba dentro del vehículo, pero que logró escapar y esconderse hasta que llegaran representantes de la Fiscalía. La víctima indicó que no se trasladaba droga ni armamento. Además, dijo que la patrulla militar disparó a matar contra la camioneta en la que viajaban ocho personas, luego de que el conductor no hiciera caso a la orden de alto. De los ocho pasajeros, tres se salvaron del fatídico destino, incluido él, según informó la Unidad de Investigación de La República.

En esa línea, la versión del Ejército aún está en investigación, al no hallarse droga ni armamento en el vehículo que interceptaron. Anthony Crespo, abogado de los familiares de las víctimas, también discrepó con la versión de los militares. Crespo sostuvo que se ha matado a cinco jóvenes inocentes y que los exámenes para identificar si las víctimas tuvieron contacto con clorhidrato de cocaína salieron negativos.