A través de sus redes sociales, el líder de Renovación Popular exigió transparencia, igualdad ante las normas y respeto al voto popular expresado en las urnas.

En su mensaje, sostuvo que "la voluntad de los limeños merece respeto". Asimismo, indicó que las decisiones del organismo electoral no pueden ser arbitrarias y “deben responder a criterios claros y uniformes”.

El respaldo de Edgar Mancha

A la postura del exburgomaestre se sumaron integrantes de su agrupación política. El senador de Renovación Popular, Edgar Mancha, se solidarizó públicamente con López Aliaga y puso en duda la legitimidad de la medida.

El legislador recordó que la ciudadanía votó por él en un proceso donde participó en debates y encuestas.

“Por qué le han permitido en todo caso que participe, estuvo en los debates y en las encuestas”, indicó.

Además, Mancha advirtió que la decisión del JNE representa "una especie de burla al electorado limeño", tras recalcar que la alcaldía es un cargo de elección popular y no un puesto de confianza.

La postura de Frank Krklec

Por su parte, el diputado de Renovación Popular, Frank Krklec, publicó en sus redes sociales que el JNE intenta vulnerar la Constitución y la ley para bloquear la voluntad de los votantes. En ese sentido, Krklec tildó de "atropello" la negativa de entregar credenciales a López Aliaga.

En su pronunciamiento, el parlamentario sostuvo que la Ley Orgánica de Municipalidades “es clara” y establece de forma obligatoria que la sucesión del cargo le corresponde al primer regidor.

Del mismo modo, calificó la disposición del organismo electoral como una "leguleyada de última hora" que busca frenar el mandato otorgado por los votos en Lima.

El pronunciamiento del JNE y la sucesión municipal

Estos pronunciamientos responden a las declaraciones de la secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, quien precisó que los primeros regidores que ejercieron como alcaldes en el periodo inmediato anterior no recibirán credenciales para volver a asumir la alcaldía.

Según el JNE, la postulación como primer regidor no permite eludir la prohibición constitucional de reelección inmediata.

A pesar de que López Aliaga integraba la lista ganadora de Renovación Popular tras la renuncia del candidato a alcalde Luis Rubio, el criterio del JNE bloquea su retorno a la gestión municipal.

En este escenario, la alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030 quedará en manos de la contadora pública y segunda regidora de la lista, Jeanette Alonzo Contreras.

Votaron a favor Roberto Burneo, Gunther Gonzales y Rubén Torres; en contra, Martha Maisch y Aarón Oyarce. En la parte resolutiva del documento, el Pleno establece que "la condición de primer regidor no habilita para asumir la alcaldía a quien se encuentre comprendido en la prohibición de reelección inmediata prevista en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú".

El Pleno declaró conformes las actas revisadas, "salvo los casos siguientes respecto de los cuales se DISPONE la corrección". Seis de ellos aplican esa regla y deben corregir sus actas de proclamación. En Marca (Áncash), San Jerónimo de Tunán (Junín), La Esperanza y Víctor Larco Herrera (La Libertad), las actas no proclamaban alcalde; ahora el cargo corresponde a quien figuraba como regidor 2 de la lista ganadora.

En Zapatero (San Martín), el acta proclamaba alcalde a Carlos Hidalgo, de Renovación Popular; el Pleno la corrige a favor de Diana Sánchez, de la misma organización. En la provincia de Condorcanqui (Amazonas), Luz Pumaricra reemplaza a Hermógenes Lozano. Ambos son de Somos Perú.

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Lo que dice la resolución

La resolución identifica que 153 alcaldes elegidos en 2022 postularon como primer regidor. En 76 de esos casos, "las respectivas listas participaron en la jornada electoral del 4 de octubre de 2026 sin candidato hábil" a alcalde. Es decir, la lista ganadora no tenía quién ocupara el sillón y todo quedaba en manos del primer regidor.

El primer punto que se menciona en el documento es que ser primer regidor no alcanza para ser alcalde. El Pleno separa dos cosas, poder postular como regidor y poder ser proclamado alcalde por el resultado de la elección. Sobre la segunda, dice que la condición de primer regidor no lo habilita automáticamente para asumir la alcaldía.

La Ley Orgánica de Municipalidades habla del "primer regidor hábil", y para el JNE eso obliga a revisar que esa persona no tenga una prohibición encima. Una de esas prohibiciones es la del artículo 194 de la Constitución, la que impide la reelección inmediata de alcaldes.

El segundo punto es quiénes quedan alcanzados. La resolución los ordena en tres escenarios: el exalcalde no puede volver a postular a la misma alcaldía en el periodo inmediato siguiente. Tampoco puede asumir el cargo si fue elegido primer regidor y el candidato a alcalde renuncia, es excluido o recibe una tacha. La prohibición también alcanza a quienes pretendan llegar a la alcaldía mediante sucesión o reemplazo durante ese periodo.

El tercer punto es qué pasa con el que queda impedido. La resolución dice "carecerá de habilitación para asumir la alcaldía" en el periodo siguiente, "aunque conserve su condición de regidor". El cargo pasa al siguiente de la lista que no tenga impedimentos. Lo mismo vale si durante el mandato hay una vacancia o una ausencia. Es decir, se deberá continuar, respetando el orden de la lista hasta encontrar al regidor que no tenga impedimento de tomar el cargo.

Voto dividido en el Pleno del JNE

Maisch y Oyarce sostuvieron que "no es facultad del juez electoral crear límites donde el texto constitucional no ha precisado una prohibición" y que "toda limitación debe ser expresa y su delimitación corresponde al legislador". Votaron porque los alcaldes en ejercicio que postularon como primeros regidores sean considerados para completar el cuadro de autoridades 2027-2030.

Gonzales votó con la mayoría en la parte resolutiva, pero presentó un fundamento de voto propio. Defendió que la prohibición opera desde la postulación y que, aunque "debió impedirse la postulación", al no hacerse "corresponde denegarle las credenciales de alcalde". En su texto sostiene que "lo que empieza mal, no puede terminar bien".

La decisión llegó tras meses sin una posición clara. Este diario advirtió el 26 de octubre del riesgo de un vacío de autoridad en Lima y en otros 20 municipios por las dudas sobre la entrega de credenciales. Dos días después, el 28 de octubre, el Pleno acordó revisar de oficio las actas.

Antes, Burneo había evitado adelantar una posición, el 5 de agosto dijo, a título personal, que la reelección debería permitirse en los gobiernos locales, y el 5 de septiembre afirmó que "en el Perú no hay ninguna modalidad de reelección encubierta". Hoy es parte de la mayoría que la prohíbe.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

A través de sus redes sociales, Carlos Bruce recordó que el JNE permitió la inscripción de alcaldes que buscaban continuar en sus cargos mediante candidaturas a regidurías. El exalcalde sostuvo que esta posibilidad recibió cuestionamientos desde antes de las elecciones, debido a que consideraban que contravenía la Constitución.

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"Hoy les prohíbe asumir el cargo a los que fueron elegidos", escribió. Además, cuestionó que el organismo electoral no hubiera comunicado su posición con anticipación, pues consideró que los ciudadanos habrían podido elegir con mayor información sobre quiénes estaban habilitados para ocupar las alcaldías.

Por su parte, Francis Allison respaldó que el JNE impida que los alcaldes que recurrieron a esta modalidad asuman los cargos. Sin embargo, también cuestionó el momento en que el organismo electoral hizo pública su posición. "¿El Jurado debió manifestar públicamente este criterio antes? Por supuesto", manifestó. Pese a ello, consideró que la decisión envió un mensaje sobre la aplicación de las normas: "la ley es para todos".

El político felicitó públicamente a Jeanette Alonso, a quien reconoció como la próxima alcaldesa de Lima. "Jeanette te deseo lo mejor. Tu éxito será el éxito de todos los limeños y limeñas", expresó.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

El 6 de setiembre, el Ministerio de Vivienda recibió una asignación de 25 millones 500 mil soles para realizar 55 intervenciones de limpieza y descolmatación en los cauces y quebradas de los ríos de Tumbes, Piura, Lima, Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Áncash.

Sin embargo, han transcurrido dos meses y, hasta el último martes, su ejecución presupuestal apenas alcanzaba el 0,3 %, según el portal Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Al respecto, la entidad, liderada por el ministro Mauricio Arnillas, señaló a La República que, tras realizar una verificación, determinó que las intervenciones se llevarían a cabo en 46 puntos y no en los 55 inicialmente previstos.

Sostuvo que el bajo porcentaje de ejecución presupuestal aún no refleja la totalidad de las intervenciones en curso ni los avances alcanzados, debido a que el portal del MEF registra los pagos realizados.

"De los S/ 25,5 millones asignados, ya se han certificado S/ 11,77 millones, lo que representa un avance del 46,16 % en la gestión de los recursos destinados a las intervenciones programadas", respondió.

No obstante, Edgar Zúñiga, especialista en contrataciones públicas, explicó que el presupuesto certificado no equivale al gasto ejecutado. "Mientras que la certificación garantiza la disponibilidad de recursos para asumir un compromiso de gasto, la ejecución financiera se refleja en el presupuesto devengado, es decir, en el reconocimiento de una obligación de pago", apuntó.

No hay gasto en MTC

Una situación similar se presenta en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que registra apenas un 0,2 % de ejecución presupuestal. El 16 de setiembre se le asignaron 205 millones 263 mil 400 soles para que Provias Nacional realice el mantenimiento de las vías y la reparación de carreteras ante la emergencia del Fenómeno El Niño.

Sobre este caso, la cartera liderada por José Tangherlini no respondió a este medio cuánto presupuesto se encuentra comprometido para dichas labores. En su respuesta, se limitó a señalar que actualmente se ejecutan trabajos de prevención y que los recursos asignados están comprometidos en contratos vigentes, cuyas valorizaciones se pagan después de la ejecución de las obras.

Precisó que, por ese motivo, el porcentaje de ejecución financiera no refleja estrictamente el avance físico de los proyectos.

Ante esa explicación, el especialista Edgar Zúñiga advirtió que el inicio de una intervención no garantiza que el contratista reciba el pago por los trabajos realizados, pues este depende de que la entidad otorgue la conformidad del servicio.

"Hay un riesgo porque se firma el contrato, pero no te garantiza el pago. No sabemos con exactitud si el ministerio pagará", señaló.

Críticas

Manuel Nagatome, especialista en Derecho Administrativo, cuestionó la falta de avances en la ejecución presupuestal de los ministerios. Precisó que, si una entidad pública llega al cierre del ejercicio fiscal 2026 sin ejecutar el presupuesto asignado para atender el Fenómeno El Niño, podría perder la posibilidad de utilizar esos recursos durante el siguiente año.

"La Contraloría debe examinar las razones de la baja ejecución, identificar deficiencias y determinar si existen responsabilidades funcionacionales y hasta diría penal por las consecuencias que podría tener el no haber atendido la situación de emergencia", cuestionó.

Guillermo Chang Chuyes, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Piura (UDEP), señaló que existe una responsabilidad compartida con los gobiernos locales en la atención de la emergencia.

Pero no son solo las carteras de Vivienda y Transportes las que presentan esta deficiencia. Al cierre, según el reporte del MEF, los ministerios de Defensa, Cultura y Desarrollo Agrario y Riego también tienen baja ejecución presupuestal y no superan el 10,5 %.

De los 1.690 nuevos alcaldes poco más del 20% (393) están en el rango de edad entre 40 y 44 años. Le siguen los del grupo de 45 a 49 años con el 16,3%; y los que tienen entre 35 y 39 años con el 14,8%.

Asimismo, a nivel de alcaldías provinciales, de las 195 futuras gestiones, cinco serán encabezadas por jóvenes entre los 29 y 33 años. Para este tipo de autoridad, la mayor cantidad de alcaldes están entre el rango de 49 a 53 años.

Los casos más llamativos

La edad no significa necesariamente una nula experiencia en gestión pública ni un patrón en concreto en lo que se refiere a estudios. Esto se refleja en el caso de los dos alcaldes distritales más jóvenes.

Michel Bonifacio de 25 años fue elegido burgomaestre del distrito ayacuchano de Andrés Avelino Cáceres. En 2025 se graduó como bachiller en Administración y estudia actualmente una maestría en Gestión por la Universidad del Pacífico.

Su experiencia laboral, según consignó en su hoja de vida ante el JNE, inició en 2024 como practicante de planteamiento, pero no registra cargo público alguno.

Daniel Monzón también de 25 años será el próximo alcalde de San Gregorio (Cajamarca). A diferencia de Bonifacio, lleva cuatro años ocupando un cargo de elección popular. Es regidor desde el 2022 en la jurisdicción que ahora le tocará liderar desde el más alto puesto.

Sin embargo, en lo que respecta a formación académica no registra estudios técnicos o universitarios. Solamente registró la educación básica regular.

La lista de los 10 alcaldes más jóvenes las completan: Luis Gómez (26 años en Chirinos - Cajamarca); Luis Rodríguez (26 años en Chipurana - San Martín); Willyam Ricaldi (27 años en Chacapalpa - Junín); Carlos Toledo (27 años en Santa Eulalia - Lima); Bequer Atencio (27 años en Simón Bolívar - Pasco); Kike Correa (27 años en Caynarachi - San Martín); Jesús Huamán (27 años en Shanao - San Martín); y Nataly Bellido (28 años en Huacaña - Ayacucho).

De la lista mencionada, solamente Bellido, quien postuló con Ahora Nación, desempeñó un cargo popular: el de regidora, aunque por un corto periodo al tratarse de una accesitaria.

En lo que respecta a las alcaldías provinciales, el burgomaestre de menor edad estará en la provincia de Pacasmayo (La Libertad). Se trata de Jonathan Ventura de 29 años, quien postuló con Podemos Perú. En su declaración jurada consignó estudios de Ingeniería Civil aún inconclusos en la Universidad de Trujillo. Además, se desempeña como regidor provincial en la gestión saliente.

Le siguen Jhosver Rodríguez (Julcán, La Libertad); Blademir Acero (Ilo, Moquegua); y Patricio Aliaga (Tumbes, Tumbes). Los tres tienen 30 años y ninguno ha ocupado antes un cargo de elección popular.

Los de mayor edad

De otro lado, el alcalde distrital más longevo será Saturnino Gabriel de 78 años. Para estas elecciones resultó vencedor en San Pedro de Laraos (Lima), un cargo que ya conoce bien. Se desempeñó como burgomaestre en dos periodos: 2011-2015 y 2015-2018.

Pero su formación académica difiere mucho de su experiencia en gestión pública. Su declaración jurada no consigna ningún tipo de estudio superior. Además, registra una sentencia por juicio de alimentos del año 1969 y recibe una pensión como jubilado de la Policía.

En la provincia de Arequipa, Manuel Vera asumirá la conducción de esa jurisdicción con 73 años. Es economista por la Universidad de San Agustín y estudió una maestría en gestión pública, que no concluyó.

Ha sido alcalde distrital en dos ocasiones: 2015-2018 y 2022-2026. Su trayectoria política la ha llevado en movimientos regionales, ganando esta última con Fuerza Arequipeña.

Registró una condena firme en el aspecto civil por juicio de alimentos de 2014.

Gobernaturas con edades entre los 45 y 55 años

Si bien solo 10 gobiernos regionales ya definieron a sus próximas autoridades, las edades de los gobernadores electos hasta la fecha dan cuenta de un promedio de edad entre los 45 y 55 años. Salvo la excepción de Elvyn Díaz, que fue electo en la región de Apurímac con 44 años, los otros se encuentran en el rango de edad mencionado anteriormente.

Verónika Mendoza asumirá el más alto cargo en Cusco con 45 años. Le siguen Pabel Bellido en Ayacucho con 47 años y Pedro Spadaro en el Callao con 49 años.

Pasando el umbral de los 50, están Rosali Tarazona (Huánuco) y Sandro Acosta (Ucayali), ambos con 51 años. Con dos años más se encuentran Juan Mendoza (Ica), Simón Horna (Madre de Dios) y Máximo Cabrera (San Martín). Por el momento el más longevo se ubica en la región de Huancavelica: Juan Común de 55 años, que postuló con Alianza para el Progreso.

Por región

Incidencia. Ayacucho y San Martín son las regiones con más cantidad de alcaldes distritales entre 25 y 30 años, con cinco cada uno. Le sigue Cajamarca con cuatro.

Rangos. En el lado opuesto, el mayor número de alcaldes distritales con edades entre 70 y 78 años se encuentran en Lima. En Áncash se presentan tres casos y en Huancavelica dos.

En 2024 hizo una maestría en finanzas corporativas en la Universidad Privada del Norte. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, trabajó como contadora en una promotora de desarrollo en educación y cultura.

Dentro del partido es también secretaria nacional de Economía. El 30 de mayo de 2026 presentó un escrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para corregir un error material en la fecha de inicio de ese cargo, figuraba el 16 de enero de 2025 y quedó rectificada al 16 de enero de 2026.

Fue elegida regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo 2023-2026. Su hoja de vida no registra sentencias.

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El JNE cierra la puerta a la reelección encubierta

Anoche, la secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, anunció que el primer regidor que haya ejercido como alcalde en el periodo anterior “no será proclamado ni recibirá las credenciales”. Precisó que tampoco podrá asumir el cargo por sucesión ante una vacancia ni postular en las siguientes elecciones.

López Aliaga figura entre los casos, pues postuló como primer regidor de Renovación Popular por Lima tras la renuncia de Luis Rubio, candidato original a la alcaldía, y la lista del partido ganó las elecciones municipales.

En esa misma línea, el JEE de Ica proclamó alcaldesa de San Juan Bautista a Rita del Carmen Guerrero Cajo, segunda regidora de la lista del mismo partido. Ese jurado sostuvo que la prohibición busca garantizar la alternancia democrática y que recuperar el cargo por la renuncia de un candidato la dejaría sin contenido.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

El precedente ya lo generó el pasado 4 de noviembre el JEE de Ica luego de proclamar como alcaldesa distrital de San Juan Bautista a la segunda regidora de la lista del mismo partido, Rita del Carmen Guerrero Cajo.

Como uno de sus argumentos, el ente electoral afirmó que la prohibición constitucional "tiene por finalidad garantizar la alternancia democrática, impedir la permanencia inmediata de una misma persona en el ejercicio de la máxima autoridad municipal y preservar la igualdad de condiciones en la competencia electoral".

Asimismo, resaltó que si un alcalde elegido para el periodo 2023-2026 postula como regidor y recupera el cargo de alcalde de Lima a través de una renuncia de un candidato, "podría vaciar de contenido la prohibición constitucional de reelección inmediata".

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¿Quién es Jeanette Alonzo?

Jeanette Alonzo Contreras es contadora de profesión de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En 2001 obtuvo el grado de bachiller y en 2002 el grado de contadora pública. En 2024, realizó una maestría en finanzas corporativas en la Universidad Privada del Norte (UPN).

De acuerdo con su hoja de vida presentada ante el JEE Lima Centro, trabajó como contadora en la promotora de desarrollo en educación y cultura. Fue elegida como regidora en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el periodo 2023-2026.

En la estructura interna de Renovación Popular, Alonzo se desempeña como gerente central de Finanzas desde 2025. Asimismo, en su hoja de vida figura su designación como secretaria nacional de Economía del partido. Sin embargo, mediante un escrito presentado ante el JNE el 30 de mayo de 2026, solicitó corregir un error material en la fecha de inicio de dicha función, que inicialmente aparecía registrada el 16 de enero de 2025 y que fue rectificada al 16 de enero de 2026.

No cuenta con sentencias en su pasado.

La secretaria general del organismo electoral, Jessica Clavijo, anunció que estos postulantes no serán proclamados como alcaldes ni recibirán las credenciales correspondientes para la nueva gestión municipal.

“Establecer que la condición de primer regidor no habilita la alcaldía o asumir la alcaldía. Esto qué quiere decir, que en aquellos casos que el primer regidor haya ejercido el cargo de alcalde o alcaldesa en el periodo inmediato anterior no será proclamado ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión”, señaló Clavijo.

Con esta precisión, el JNE establece que la inscripción como primer regidor no permite eludir la prohibición constitucional de reelección inmediata de autoridades municipales.

El pronunciamiento recae directamente en Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima y Luis Rubio, de su misma lista, renunciara a su candidatura a la alcaldía.

La agrupación obtuvo la victoria en los comicios municipales, por lo que López Aliaga quedó como el primer regidor de la lista ganadora. Sin embargo, su condición de exalcalde le impide recibir las credenciales para volver a dirigir la Municipalidad de Lima.

En ese escenario, Jeanette Alonzo, segunda regidora de la agrupación, aparece como una posible sucesora en la Alcaldía de Lima.

Jeanette Alonzo asumirá la Alcaldía de Lima en lugar de Rafael López Aliaga

Jeanette Alonzo, segunda regidora de la lista de Renovación Popular, será la próxima alcaldesa de Lima para el periodo 2027-2030, en reemplazo de Rafael López Aliaga.

Alonzo Contreras es contadora pública por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo el grado de bachiller en 2001 y su título profesional en 2002. En 2024, cursó una maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad Privada del Norte (UPN).

Según la hoja de vida que presentó ante el JEE Lima Centro, trabajó como contadora en la Promotora de Desarrollo en Educación y Cultura. Además, fue elegida regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el periodo 2023-2026.

En Renovación Popular, Alonzo ocupa desde 2025 el cargo de gerente central de Finanzas. También aparece registrada como secretaria nacional de Economía de la agrupación. No obstante, el 30 de mayo de 2026 presentó un escrito ante el JNE para solicitar la rectificación de un error material en la fecha de inicio de esa función, el documento consignaba inicialmente el 16 de enero de 2025, pero la fecha fue corregida al 16 de enero de 2026.

“Establecer que la condición de primer regidor no habilita asumir la alcaldía. El Jurado velando por lo que establece la Constitución, en aquellos casos en los cuales el primer o la primera regidora haya ejercido el cargo de alcalde o alcaldesa en el periodo inmediato anterior, no será proclamado ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión”, señaló la funcionaria.

Esta decisión alcanza al excandidato presidencial Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero quedó como cabeza de lista tras la renuncia de Luis Rubio. La fórmula de Renovación Popular obtuvo la victoria en las elecciones municipales, por lo que la eventual entrega de credenciales a López Aliaga había quedado en debate.

Clavijo, además, aclaró que si ocurriera una figura de sucesión o vacancia contra el segundo regidor que asumiría la alcaldía, tampoco podrán ocupar estos cargos los actuales alcaldes que intentaron sacarle la vuelta a ley con la reelección encubierta.

Finalmente, la representante del JNE sostuvo que la resolución adoptada por el Pleno será remitida en los próximos días se subsanarán seis casos donde ya proclamaron los resultados los JEE. Estos son: Recuay (Ancash), San Jerónimo de Tunán (Junín), La Esperanza (La Libertad), Víctor Larco Herrera (La Libertad), Zapatero (San Martín) y en Condorcanqui (Amazonas). En todos ellos se proclamará como alcaldes al regidor hábil que seguía en la lista.

La decisión de los JEE

Hasta ayer, nueve alcaldes en funciones habían sido proclamados como primeros regidores por los JEE de distintas partes del país. Los casos se encuentran en Ferreñafe, Pimentel, La Esperanza, Víctor Larco Herrera, Marca, San Jerónimo de Tunán, Independencia, El Agustino y San Juan Bautista.

Si bien la decisión ahora cambia con el acuerdo establecido por el Pleno del JNE, los JEE no habían tenido un criterio en común. El de Ica, por ejemplo, sostuvo, de forma expresa, que no se puede dar la alcaldía a quien ya la ejerce. Los de Chiclayo, en cambio, no hablaron de reelección, pero aclararon que no se pueden cambiar los cargos para los que se inscribió cada candidato.

El último caso se conoció el viernes. El JEE de Chiclayo proclamó a Polanski Carmona, actual alcalde provincial de Ferreñafe, como primer regidor de Somos Perú para el periodo 2027-2030. Su caso se suma a los de otros ocho alcaldes que ya pasaron por el mismo trámite, y deja claro que cada jurado está resolviendo a su manera pese a que la Constitución señala que no hay reelección inmediata para los alcaldes.

Existen 20 casos de intento reelección encubierta, y de esos son once los que ya tenían pronunciamiento: los nueve mencionados y dos en los que el primer regidor sí fue proclamado alcalde. Los otros nueve seguían en espera, entre ellos el del exalcalde Rafael López Aliaga en Lima.

Posiciones y argumentos

El JEE de Chiclayo resolvió los casos de Ferreñafe y Pimentel con razonamientos similares. En Ferreñafe, la candidatura a alcalde de Luis Alberto Junior Gutiérrez, de Somos Perú, fue declarada improcedente, y Polanski Carmona quedó como regidor uno. En Pimentel, el candidato de APP, Pedro Yrigoyen, renunció a fines de julio, y Enrique Navarro fue proclamado primer regidor.

En las dos resoluciones el jurado explica que la proclamación no sirve para sustituir candidaturas ni para cambiar los cargos de los inscritos. Lo que no hace es mencionar la reelección ni el artículo 194 de la Constitución, que es justamente el punto de fondo.

El JEE de Trujillo proclamó el 30 de octubre a otros dos. En La Esperanza, donde ganó APP, el candidato a alcalde había renunciado y Wilmer Sánchez fue proclamado regidor uno. En Víctor Larco Herrera, donde ganó Avanza País, pasó lo mismo con la renuncia del candidato y con Salvador León. En las dos actas, donde debería ir el nombre del alcalde, solo dice “renuncia”.

En Marca, un distrito pequeño de Áncash donde ganó Acción Popular, el candidato a alcalde renunció y José Antonio Corpus fue proclamado regidor uno. En este caso el acta deja vacía la fila del alcalde.

En San Jerónimo de Tunán, en Huancayo, ganó Batalla Perú y el proclamado fue Benito Stany Aguilar, alcalde del periodo 2023-2026. Ahí el jurado fue más allá, porque dejó constancia de que su postulación puede ser un fraude a la ley y de que choca con el artículo 194. Aun así dijo que solo podía proclamarlo regidor, porque el reglamento limita las apelaciones contra las actas de proclamación. Según el documento, serán el nuevo concejo y el JNE quienes decidan si le dan o no el estatus de alcalde.

En Independencia, el JEE de Lima Norte 2 proclamó regidor uno a Alfredo Reynaga, de Somos Perú, después de que renunciara la candidata a alcaldesa. El jurado precisó que el alcalde deberá ser proclamado por el órgano que señale la Ley Orgánica de Municipalidades. En El Agustino, el JEE de Lima Este 2 proclamó primer regidor de Podemos Perú a Richard Soria. El candidato a alcalde también había renunciado y el acta tampo

Ninguno de los nueve fue proclamado alcalde, pero eso no significa que los jurados hayan pensado igual. El de Ica sostuvo, de forma expresa, que no se puede dar la alcaldía a quien ya la ejerce. Los de Chiclayo, en cambio, no hablaron de reelección, ellos dijeron que no se pueden cambiar los cargos para los que se inscribió cada candidato. Y en Amazonas y San Martín, otros dos jurados hicieron justo lo contrario y proclamaron como alcaldes a regidores en la misma situación.

El último caso se conoció este viernes. El JEE de Chiclayo proclamó a Polanski Carmona, actual alcalde provincial de Ferreñafe, como primer regidor de Somos Perú para el periodo 2027-2030. Su caso se suma a los de otros ocho alcaldes que ya pasaron por el mismo trámite, y deja claro que cada jurado está resolviendo a su manera pese a que la Constitución señala que no hay reelección inmediata para los alcaldes.

Hay 20 casos de presunta reelección encubierta, y de esos son once los que ya tienen pronunciamiento, los nueve de arriba y dos en los que el primer regidor sí fue proclamado alcalde. Los otros nueve siguen en espera, entre ellos el del exalcalde Rafael López Aliaga en Lima.

Así resolvió cada jurado

El JEE de Chiclayo resolvió los casos de Ferreñafe y Pimentel con razonamientos casi iguales. En Ferreñafe, la candidatura a alcalde de Luis Alberto Junior Gutiérrez, de Somos Perú, fue declarada improcedente, y Polanski Carmona quedó como regidor uno. En Pimentel, el candidato de Alianza para el Progreso, Pedro Yrigoyen Fernandini, renunció a fines de julio, y Enrique Navarro Cacho Sousa fue proclamado primer regidor.

En las dos resoluciones el jurado explica que la proclamación no sirve para sustituir candidaturas ni para cambiar los cargos de los inscritos. Lo que no hace es mencionar la reelección ni el artículo 194 de la Constitución, que es justamente el punto de fondo.

El JEE de Trujillo proclamó el 30 de octubre a otros dos. En La Esperanza, donde ganó Alianza para el Progreso, el candidato a alcalde había renunciado y Wilmer Sánchez Ruiz fue proclamado regidor uno. En Víctor Larco Herrera, donde ganó Avanza País, pasó lo mismo con la renuncia del candidato y con Salvador León Clement. En las dos actas, donde debería ir el nombre del alcalde, solo dice “renuncia”.

En Marca, un distrito pequeño de Áncash donde ganó Acción Popular, el candidato a alcalde renunció y José Antonio Corpus fue proclamado regidor uno. En este caso el acta deja vacía la fila del alcalde.

En San Jerónimo de Tunán, en Huancayo, ganó Batalla Perú y el proclamado fue Benito Stany Aguilar, alcalde del periodo 2023-2026. Ahí el jurado fue más allá, porque dejó constancia de que su postulación puede ser un fraude a la ley y de que choca con el artículo 194. Aun así dijo que solo podía proclamarlo regidor, porque el reglamento limita las apelaciones contra las actas de proclamación. Según el documento, serán el nuevo concejo y el JNE quienes decidan si le dan o no el estatus de alcalde.

En Independencia, el JEE de Lima Norte 2 proclamó regidor uno a Alfredo Reynaga, de Somos Perú, después de que renunciara la candidata a alcaldesa. El jurado precisó que el alcalde deberá ser proclamado por el órgano que señale la Ley Orgánica de Municipalidades. En El Agustino, el JEE de Lima Este 2 proclamó primer regidor de Podemos Perú a Richard Soria. El candidato a alcalde también había renunciado y el acta tampoco trae alcalde.

Ica: el único que frenó la alcaldía

El caso de San Juan Bautista es el más llamativo. La candidata a alcaldesa de Renovación Popular, que según la resolución es hija del alcalde Jorge Luis Quispe, renunció en julio. Él quedó como regidor uno y la lista terminó ganando.

El JEE de Ica, por mayoría, declaró inejecutable proclamarlo alcalde. Argumentó que la prohibición no puede reducirse a un asunto de etiquetas, si solo importara lo formal, un alcalde podría inscribirse como primer regidor, esperar que el candidato a alcalde renuncie y volver al mismo cargo. Con ese razonamiento proclamó alcaldesa a la segunda regidora, Rita Guerrero, y dejó a Quispe Saavedra como regidor uno. La magistrada Hilda Montes votó en contra, porque para ella, como postuló a regidor, no habría reelección.

No todos pensaron igual. En Condorcanqui, en Amazonas, el JEE de Bagua proclamó alcalde provincial a Hermógenes Lozano, que era regidor uno de Somos Perú, tras la renuncia del candidato a alcalde. En Zapatero, en San Martín, el JEE de Moyobamba hizo lo mismo con Carlos Francois Hidalgo Reátegui, de Renovación Popular. En ambos casos, las actas dicen que no hubo observaciones.

Según la programación oficial del Área de Relatoría de la cámara baja, se trata de los dictámenes sobre la eliminación de límites de la prescripción penal, el retorno de la investigación preliminar al Ministerio Público y la restitución de la autonomía en los procesos de extinción de dominio.

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Respecto al dictamen que ajusta los límites procesales del fuero militar, fuentes de La República señalaron que el documento deberá esperar un turno posterior en la programación de la Junta. La Mesa Directiva fijó un tope inicial de tres proyectos por grupo de trabajo para la sesión del martes, razón por la cual la Junta de Portavoces habría priorizado los otros tres textos.

El diputado César Holguín, autor de tres de los proyectos de ley que buscan revertir estas medidas, sostuvo que en la cámara de diputados existe la voluntad política requerida para la aprobación de las derogatorias. El legislador de Ahora Nación señaló que su bancada mantiene un compromiso tácito para respaldar los dictámenes. Sin embargo, advirtió que el trámite enfrentará una mayor resistencia cuando las propuestas pasen a revisión en la Cámara de Senadores.

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Los cambios clave en el sistema penal que aguardan la decisión del Pleno

El dictamen que deroga la Ley 31751, conocida como "Ley Soto", busca corregir un mecanismo utilizado por procesados por corrupción para eludir el juzgamiento mediante el paso del tiempo. La propuesta plantea que la suspensión de la prescripción se calcule de forma proporcional a la gravedad del delito cometido, fijando un tope legal equivalente al plazo ordinario más la mitad de este. Con este cambio, los tribunales dispondrán del margen operativo necesario para tramitar expedientes complejos sin riesgo de impunidad por vencimiento de plazos.

En materia patrimonial, la modificación al Decreto Legislativo 1373 elimina las trabas procesales introducidas por la Ley 32326 a la extinción de dominio. La norma devuelve al proceso su carácter independiente frente a la vía penal, lo que permitirá al Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) y a las fiscalías especializadas recuperar activos de origen ilícito con mayor rapidez. A su vez, el dictamen incorpora un procedimiento especial para proteger a los terceros de buena fe que acrediten la titularidad legítima de sus propiedades.

Respecto a la conducción de las investigaciones penales, la derogación de la Ley 32130 restablece el mandato del artículo 159 de la Constitución Política. La Policía Nacional mantendrá su rol técnico y operativo bajo la dirección jurídica y funcional de los fiscales desde la etapa preliminar. Informes de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo revelaron que más del 67% de comisarías carece de personal especializado y que el 85% no tiene kits básicos de criminalística, factores que volvían inviable dejar las pesquisas únicamente en manos policiales.

Una residente tomó la palabra y aseguró que el exmandatario no debería estar preso. "Lo han secuestrado las mafias y organizaciones criminales. La ONU está ordenando que lo liberen porque no hay base jurídica", dijo para La República.

El senador Jaime Quito respondió al pedido y señaló que el Congreso ya tiene una iniciativa que va en esa dirección. "Se ha presentado un proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo. Ese es el pedido de la población", afirmó.

En la audiencia también estuvo Roberto Sánchez, excandidato presidencial y actual jefe de gabinete de asesores de Juntos por el Perú en el Senado. Participaron además Iber Maraví y José Chipana, parlamentarios de la misma bancada.

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Castillo fue condenado a 11 años de prisión

El proyecto al que hizo mención Quito es el 00719-2026-2031-CD, que plantea dar amnistía para Castillo y para los procesados por las protestas que iniciaron desde el 28 de julio de 2021 cuando Dina Boluarte asumió el poder. Ingresó a la Cámara de Diputados el 30 de octubre con las firmas de los diputados de Juntos por el Perú y de 14 de Cívico Obras, uno de los cuales, el de Jeenny Samanez, fue retirado después.

Pedro Castillo recibió una condena en primera instancia el 27 de noviembre del año pasado. El Poder Judicial le impuso 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz del mensaje que anunció la disolución del Congreso.

El exmandatario permanece recluido desde el 7 de diciembre de 2022 en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate, en el pabellón de régimen especial destinado a expresidentes y administrado por el INPE.

Por otro lado, la eventual aplicación de la amnistía tampoco supondría la liberación inmediata de Castillo. El anexo del proyecto señala que el expresidente cumple una prisión preventiva de 36 meses por los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, vinculados a presuntos delitos de organización criminal y otros. Esta medida fue ampliada por 12 meses el 27 de febrero de 2026.

Así que, al tratarse de procesos que no están incluidos en la ley, el mandato de prisión preventiva continuaría vigente.

La maniobra electoral buscaba que Carmona pudiera volver a ocupar la alcaldía pese a la prohibición constitucional de reelección inmediata de autoridades municipales. Al postular como primer regidor, el actual burgomaestre quedaba en posición de asumir el cargo tras la salida del candidato que encabezaba la lista.

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La resolución electoral reconoció a Somos Perú como ganador de los comicios municipales de Ferreñafe, tras obtener 19.010 votos, equivalentes al 33,575% de los votos válidos. En segundo lugar quedó Alianza para el Progreso (APP), con 13.535 sufragios (23,905%), mientras que Acción Popular ocupó el tercer puesto con 11.729 votos (20,716%).

En el acta de proclamación, el JEE de Chiclayo sostuvo que correspondía reconocer a Somos Perú como ganador de las elecciones municipales, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Elecciones Municipales. El documento precisó que la agrupación obtuvo la victoria “al haber obtenido la más alta votación”. Sin embargo, no se ha proclamado quien ocuparía el sillón de la alcaldía provincial.

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JEE de Chiclayo dejó sin proclamar la alcaldía provincial de Ferreñafe

La proclamación también estableció la distribución de las nueve regidurías del Concejo Municipal Provincial de Ferreñafe. Somos Perú obtuvo siete puestos, mientras que Alianza para el Progreso consiguió los dos restantes. Entre los representantes de la agrupación ganadora figuran Martha De la Oliva Bonilla, Cecilia Gutiérrez Barba y Vicente Murga Vásquez. Por APP fueron proclamados José Manuel García y Glender Núñez García.

El caso de Ferreñafe se suma a otras controversias por reelección encubierta que involucran a alcaldes que postularon como primeros regidores después de la renuncia de los candidatos a burgomaestres. Las decisiones de los JEE han sido distintas: algunos proclamaron a estas autoridades como alcaldes, mientras que otros, como el de Chiclayo, solo las reconocieron como regidores.

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Once casos de presunta reelección encubierta esperan definición electoral

Entre los casos que todavía esperan una decisión electoral figuran los de Diana Aspilcueta Cáceres, de Ahora Nación, en Mejía (Arequipa); Alejandro Bustamante Arteaga, de Somos Perú, en Catilluc (Cajamarca); Julio Rojas Ñañez, también de Somos Perú, en Huáncano (Ica); Enrique Navarro, de Alianza para el Progreso, en Pimentel (Lambayeque); Regis Pomalaya Godoy, de APP-La Cholita, en Quilmaná (Lima); y Jesús Maldonado Amao, de Somos Perú, en San Juan de Lurigancho (Lima).

La relación también comprende a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, en Lima Metropolitana; César Caballero Nashnate, de Somos Perú, en Requena (Loreto); y Richard Hitler Ale Cruz, de Yo Arequipa, en la provincia de Islay. A ellos se suman Jubinal Nicodemos Flores, de Avanza País, y May Díaz Pérez, de Fuerza Popular, cuyos casos tienen fecha de evaluación para el 10 de noviembre en Rioja y Lamas, respectivamente, en San Martín.

Las decisiones adoptadas hasta ahora por los Jurados Electorales Especiales han sido distintas. Mientras algunos proclamaron como alcaldes a autoridades que postularon como primeros regidores, otros solo las reconocieron como integrantes de los concejos municipales o dejaron sin definir quién ocupará la alcaldía. El Jurado Nacional de Elecciones deberá revisar estos casos y determinar cómo corresponde aplicar la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes.

El principal argumento esgrimido por Renovación Popular sostiene que Burneo no contaría —a criterio de la agrupación— con la suficiente objetividad para intervenir en la proclamación de resultados. Para sustentar su pedido, el partido cita la reciente denuncia presentada por la Procuraduría del JNE contra López Aliaga y Carlos Álvarez, luego de que este último realizara comentarios de índole sexual contra el titular del organismo electoral.

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Además de Burneo, la agrupación celeste también ha solicitado que uno de los magistrados del JNE se aparte de este proceso. Se trata de Gunther Gonzales. Según el partido, el magistrado habría protagonizado situaciones que pondrían en cuestión su imparcialidad. Entre ellas, mencionan sus reiterados votos en minoría y algunas declaraciones públicas.

"Requerimos que el presente pedido sea resuelto mediante pronunciamiento debidamente motivado, garantizando los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, sin afectar indebidamente la continuidad ni los plazos de los procedimientos electorales pendientes", concluye la solicitud de Renovación Popular.

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Ataques de López Aliaga a Roberto Burneo

Los cuestionamientos de López Aliaga contra Burneo no son recientes. En abril del 2026, tras la primera vuelta de las Elecciones Generales, el entonces candidato presidencial acudió a los exteriores del JNE para denunciar un supuesto fraude electoral en su perjuicio. Sin presentar pruebas que respaldaran sus acusaciones, señaló a Roberto Burneo y a las autoridades electorales de conspirar en su contra.

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"Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. Si no, prepárese. Bien grandazo lo va a tener, para que te comportes como hombre (…) el morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter", declaró el excandidato presidencial ante sus seguidores.

La denuncia presentada por la Procuraduría del JNE se produjo luego de que Carlos Álvarez, cercano al exalcalde limeño, retomara esas expresiones durante un evento al que asistieron niños y adolescentes.

La propuesta es de la bancada de Juntos por el Perú, con su vocero Ernesto Zunini entre los firmantes, y suma el respaldo de 13 diputados del Partido Cívico Obras. Los autores sostienen que el Estado mantiene una persecución penal de naturaleza política contra dos grupos: quienes participaron en el mensaje de Castillo y los ciudadanos procesados por las protestas, en su mayoría campesinos, indígenas, estudiantes, transportistas y dirigentes sociales del sur andino.

Castillo fue condenado en primera instancia el 27 de noviembre de 2025 a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión, por el mensaje con el que intentó disolver el Congreso.

Está privado de libertad desde el 7 de diciembre de 2022 en el penal de Barbadillo, en Ate, en el pabellón de régimen especial para expresidentes que administra el INPE. La misma sentencia condenó a Betssy Chávez y a Willy Huerta a igual pena, y a Aníbal Torres a 6 años y 8 meses.

Chávez está asilada en México. A Huerta y Torres se les suspendió la ejecución de la pena hasta la revisión en segunda instancia.

La sentencia fue apelada y las apelaciones se admitieron a trámite el 29 de diciembre de 2025. La Sala Penal Permanente programó la calificación para el 23 de setiembre de 2026, pero la sesión quedó sin efecto por el pedido de inhibición de la jueza suprema Araceli Baca Cabrera, cuya resolución se fijó para el 1 de octubre. La condena no es firme.

Además, aunque el proyecto lo alcanza, Castillo no saldría de inmediato: el anexo reconoce que cumple una prisión preventiva de 36 meses en los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, por organización criminal y otros delitos, ampliada por 12 meses el 27 de febrero de 2026. Esos hechos no están comprendidos en la ley y la amnistía no determina su excarcelación mientras ese mandato subsista.

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Protestas y exclusiones

El segundo grupo de beneficiarios son los denunciados, investigados, procesados o condenados por las protestas. La amnistía cubre disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, violencia y resistencia a la autoridad sin lesiones graves, daños, usurpación de vías o locales, extorsión sin fin de lucro por tomas o bloqueos, apología y organización criminal cuando se sustente en convocar o financiar la protesta con recursos lícitos.

El anexo menciona a cuatro comuneros de Cuyo Grande (Cusco), presos desde el 31 de enero de 2023 con penas de entre seis y siete años por lanzar piedras a un ómnibus. La autoridad competente debe resolver en diez días hábiles y el INPE debe excarcelar en 24 horas.

Quedan excluidos los hechos que causaron muertes o lesiones graves dolosas, los de violencia sexual, secuestro, tortura y trata, el uso de armas de fuego o explosivos, el narcotráfico, la minería ilegal y los delitos de funcionarios. También quedan fuera los cometidos por policías, militares y funcionarios en el uso de la fuerza o en operativos de orden público. El artículo 14 señala que la ley no limita las investigaciones por las muertes en las protestas.

La norma extingue además las pretensiones de reparación civil cuyo único titular sea el Estado, entre ellas los S/ 12 millones fijados en la sentencia contra Castillo, Chávez, Torres y Huerta. La reparación a terceros agraviados se mantiene. Los autores sustentan el proyecto en la Opinión 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que consideró arbitraria la privación de libertad de Castillo. La exposición de motivos aclara que ese grupo no se pronunció sobre la licitud del mensaje y que su opinión no es una sentencia.

El banco se encuentra en el centro de una crisis financiera y política en Paraguay. El Banco Central de ese país inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank el 3 de noviembre, luego de constatar que su índice de solvencia se había desplomado. La intervención restringió temporalmente el acceso a las cuentas y depósitos de sus aproximadamente 2,9 millones de clientes. Santiago Peña había sido accionista de Ueno Holding, sociedad vinculada a la entidad financiera, hasta marzo de 2025. La crisis desatada por el banco intensificó los cuestionamientos sobre sus antiguos vínculos empresariales y precipitó su renuncia a la Presidencia de Paraguay el 5 de noviembre. La dimisión no ha sido aceptada por el Senado y Peña pasará por un juicio político.

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La República ya había revelado la participación de Keiko Fujimori en este evento. Fuentes allegadas a este diario compartieron una fotografía en la que se observa a la mandataria junto a Damián Valenzuela, empresario argentino que también ha sido señalado por sus vínculos con la presidenta, y otras personas.

Además de Fujimori, la gala reunió a otras figuras de la derecha regional. Entre ellas estuvo Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Por su parte, el presidente argentino Javier Milei recibió una distinción, aunque no asistió presencialmente y envió un mensaje en video.

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Presunta cercanía entre Keiko Fujimori y asesor de Santiago Peña

En la fotografía también aparece Andrés 'Andy' Rivas, consultor político argentino y socio de Fernando Cerimedo. Ambos asesoraron al entonces candidato presidencial Santiago Peña, quien posteriormente ganó las elecciones en Paraguay.

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Rivas es representante en Uruguay del Centro de Estudios Adam Smith para la Libertad Económica, perteneciente a la Universidad Internacional de Florida (FIU). Esta institución también está vinculada a Keiko Fujimori: su presidente, Carlos Díaz-Rosillo, quien también es cercano a Fujimori, contrató a la mandataria para dictar clases en el centro por US$45.000 anuales.

Rivas también ha sido identificado como una figura cercana a Cerimedo, quien actualmente permanece detenido en Bolivia y enfrenta una investigación por la presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller. La abogada sobrevivió a un ataque armado en agosto de este año. Cerimedo participó también de este evento.

"Los datos no evidencian una mejora, hay muchas muertes ignoradas que no forman parte de las estadísticas oficiales del Gobierno. El mismo ministro del Interior ha puesto de fuente el Sinadef. Si uno pone sobre la mesa los datos del Sinadef, no responden todavía a mejoras. (…) Aún falta actualizar. Hablar de una reducción como tal es algo que se contradice", señaló Carbajal a La República.

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Octubre ha sido el mes más violento del Gobierno de Keiko Fujimori

Solo durante octubre, el Gobierno de Fujimori registró un promedio de seis homicidios diarios, según esta base de datos. La categoría de crímenes violentos utilizada por la presidenta no solo comprendería homicidios, sino también otros delitos que no fueron especificados.

"Muchas veces, cuando el Gobierno de turno da estas cifras, trata de mover los números a su favor, pero sin dar todo el contexto. Ni el Sinadef da una connotación de reducción como tal. Esta supuesta baja se contradice: las cifras en octubre han superado las de agosto y septiembre. El mes de octubre es el mes con la mayor cantidad de homicidios en su gobierno”, señaló Carbajal a este medio.

Las zonas sur, norte, este y oeste de Lima Metropolitana y Callao son los focos donde se repiten los enfrentamientos de bandas o los actos sicariales

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¿En qué cifras se basó Keiko Fujimori?

Al utilizar una categoría ambigua y no transparentar la fuente de la que obtuvo las cifras presentadas en su mensaje a la Nación, existen dudas sobre la procedencia de estos datos. De acuerdo con Juan Carbajal, una de las bases de datos que pudo haber utilizado la mandataria es el registro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Es muy posible que la presidenta haya tomado la referencia de la PNP, pero lamentablemente no hay formas de poder auditar de manera abierta esa información", indicó.

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El analista también cuestionó la fiabilidad de esta fuente: "La base de datos de la PNP ha estado cuestionada. En agosto, cuando el actual ministro del Interior, junto a quien en su momento era el director de la Policía, aseguraron que el primer semestre habría tenido una reducción de casi el 25% en comparación al mismo periodo del 2025. Pero cuando se revisa la data, vemos que hay cifras que fueron manipuladas. En esa base de datos, inflaron la cifra del 2025 para que parezca que en 2026 hubo una reducción. Luego lo corrigieron, pero aún hay datos por corregir".

Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública, también consideró que la situación no ha mejorado. En línea con Carbajal, cuestionó la metodología empleada por el Gobierno para medir el presunto descenso de los homicidios.

"No se conoce qué tipo de criterios ha tomado la presidenta para afirmar que han disminuido a 6,5 los crímenes diarios. Esta cifra es mayor a la reportada por el Sinadef. Habría que ver qué criterios y qué rigurosidad metodológica ha seguido. Sea como fuere, lo que sí se puede argumentar es que los primeros cien días del Gobierno de Keiko han registrado un promedio diario de muertes por homicidio superior al de los siete meses anteriores. En cualquier caso, no estamos mejor que antes. Las cifras siguen siendo sumamente elevadas y toca comparar el primer semestre con el segundo semestre cuando finalice el año".

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Valdes señaló también una serie de promesas hechas por la mandataria que no han sido implementadas hasta el momento: “No existen realmente indicios firmes de que haya bajado la criminalidad en el país. No se ha invertido contra las organizaciones criminales lo que estaba establecido en el plan de gobierno para los primeros cien días. Se habló de un shock para incluir más patrulleros en las comisarías y la implementación de Centros de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia en comisarías. No hay nada de eso”.

Acciones urgentes

Valdés señaló que la presidenta debe priorizar algunos de los objetivos planteados durante la campaña electoral. Asimismo, consideró que es necesario trabajar en coordinación permanente con otras instituciones.

“Lo que debe hacer es iniciar aquello que está contemplado en los primeros 100 días del plan de gobierno. Decretos de urgencia para financiar la modernización de comisarías y proyectos de inversión pública para implementar Centros de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia. También se requiere que las bases de datos puedan interoperar y sean modernizadas. Para eso, se debe pactar con universidades. Algunas son del Estado y podrían tranquilamente procesar denuncias por extorsión y detectar patrones. Con ello, también sentar en la mesa a operadoras telefónicas y a empresas financieras para poder definir cursos de acción y vías rápidas para tener información. Es algo que tampoco se ha hecho”, apuntó.

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Para el especialista en seguridad, el Gobierno ha priorizado la imagen de su lucha contra la delincuencia mediante una puesta en escena en la que el uso de la fuerza militar se presenta como una solución. Valdés consideró que, en cambio, debe impulsarse un plan integral que aborde los distintos niveles en los que se manifiesta la criminalidad.

“Lo que se ha hecho es presentar una narrativa donde el orden se asocia con la militarización. Manejar el sector del Interior requiere conocimientos de seguridad. Ella (Fujimori) debe presentar planes para abarcar niveles de criminalidad: criminalidad común, criminalidad organizada y economía criminal. Con un plan así, sí se puede evaluar cómo se está luchando contra el crimen y qué resultados se logran o no, para que se pueda ir ajustando el plan”, señaló.

El titular del sector aseguró que el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) recibirá las bonificaciones pendientes por concepto de Alto Riesgo a la Vida.

Explicó que los recursos que se lograron recuperar y reasignar fueron destinados a cubrir las remuneraciones y compromisos institucionales correspondientes a los últimos meses del año, incluidos los viáticos y otros gastos necesarios para el funcionamiento de la institución.

En ese sentido, precisó que si bien actualmente no se cuenta con los recursos para efectuar estos pagos, el compromiso es cumplir con las bonificaciones una vez que se disponga del financiamiento correspondiente.

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“Tenemos el compromiso de cumplir con el pago de todas las bonificaciones pendientes al personal policial. Estamos realizando las gestiones necesarias para asegurar los recursos y concretar este beneficio”, remarcó Astudillo Salcedo.

La bonificación por Alto Riesgo a la Vida contempla un pago mensual de hasta S/ 2.150 para el personal policial de las categorías de oficiales y suboficiales que presta servicios en las zonas comprendidas en esta disposición.

Como se sabe, un sector de la familia policial, representado por el Instituto de Defensa Legal Policial, venía evacuando un paro nacional debido a deudas pendientes, falta de viáticos y pago de bonos no ejecutados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, en el Perú, al igual que en la normativa de otros cuerpos de seguridad, el derecho a la huelga de los efectivos de la PNP se encuentra restringido por ley, lo que genera tensiones legales y administrativas ante este tipo de anuncios de paralización.

Balance de 100 días de gestión
De otro lado, al presentar los resultados de sus primeros 100 días de gestión, el ministro Astudillo informó que, desde la creación del Comando Unificado, la PNP ha ejecutado más de 100.000 operaciones, desarticulado más de 900 bandas criminales y recuperado cerca de 1.000 vehículos a nivel nacional.

“Todos los días desarticulamos bandas dedicadas a la extorsión, la minería ilegal y otros delitos, debilitando progresivamente sus estructuras y capacidades operativas”, manifestó. No obstante, los homicidios, sicariato, extorsiones y otros delitos agravados continúan imparables.

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Entre los golpes recientes al crimen organizado destacó la desarticulación de la organización criminal Alcaeda, dedicada a extorsionar a transportistas, sector que ya tiene 96 víctimas asesinadas.

Astudillo señaló que como resultado de las labores de inteligencia y seguimiento, se logró la captura de 12 presuntos integrantes de esa red criminal, incluida Liz Vílchez Guillén, alias 'Liz', identificada como una de las presuntas cabecillas de esta red criminal.

También resaltó las operaciones policiales que permitieron rescatar sano y salvo a un empresario secuestrado en la provincia de Ascope, región La Libertad.

La intervención, detalló, combinó labores de inteligencia y seguimiento aéreo con drones, lo que permitió ubicar a la víctima y capturar a presuntos implicados en el secuestro, sin concretar el pago del rescate exigido por los delincuentes.

Finalmente, Astudillo reafirmó que la reforma policial es uno de los ejes centrales de su gestión y precisó que comprende tanto la separación de los malos efectivos como la modificación de los procedimientos y normas que regulan la carrera policial.

"Manipulan reportajes y persisten en embrutecer a la población. Los peruanos no nos dejaremos de manipular. (...) ¿Qué pasaría si hay un loco contra el sistema que no necesita de la prensa ni de su dinero? Se acaba el juego", respondió el alcalde del distrito limeño.

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Según el reportaje de Cuarto Poder, la Contraloría informó que los pagos por más de S/34 millones destinados a eventos, como conciertos, torneos de boxeo y otras actividades, se realizaron mediante adjudicaciones inferiores a las 8 UIT. Estas contrataciones sumaron S/25 millones durante 2025 y otros S/10 millones en lo que va de 2026.

Asimismo, un informe de control de la Contraloría identificó adjudicaciones recurrentes a favor de Miguel Ruelas Quillatupa, quien anteriormente había postulado a una plaza de chofer de serenazgo en la municipalidad. Desde mayo de 2024, el proveedor recibió órdenes de servicio por un total de S/918.725 para suministrar baños portátiles, arreglos florales y servicios de catering, así como para alquilar estrados.

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Padre de Franco Vidal fue elegido alcalde

Franco Vidal dejará la Municipalidad de Ate en 2027. Tras los resultados electorales, su sucesor será su padre, Manuel Vidal Camargo. De acuerdo con la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Vidal Camargo fue sentenciado en 2007 a tres años de pena por el delito de proxenetismo.

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El padre del actual alcalde de Ate postuló por Avanza País, la misma agrupación política con la que su hijo participó en anteriores elecciones. Vidal Camargo obtuvo el primer lugar en los comicios del distrito limeño, con el 42,11% de los votos.

Durante la sesión de proclamación de resultados de este 5 de noviembre, el ente electoral evitó pronunciarse sobre la reelección encubierta de la lista de Somos Perú, luego de que el candidato a burgomaestre, Liborio Soria, renunciara a su postulación.

De esta manera, según el acta, la plaza de alcalde para el próximo periodo quedó libre. En el rubro de "observaciones", el JEE no consignó ninguna información sobre el proceso electoral.

Como segunda regidora distrital fue proclamada Inés Pomajuscal Astete. Los demás regidores proclamados son Jesús Baldeón Llacsa, Luz Suasnabar Pacahuala, Gregorio Cotrina Becerra, Graciela Toledo Gomero y Edgar Oroncoy Asto, todos de Podemos Perú.

Los otros regidores proclamados fueron Aldo Ayala Martel (Alianza para el Progreso), Rene Aguilar (Avanza País), Horacio Espinoza Rivera (Renovación Popular) y Juan Juscamayta (Perú Primero).

La lista de Podemos Perú obtuvo el 31,505% de votos válidos (37.839), seguida por APP y Avanza País con 14,465% y 11,200%, respectivamente.

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Jeanette Alonzo, segunda regidora de Renovación Popular, podría convertirse en alcaldesa de Lima en lugar de López Aliaga

Jeanette Alonzo, segunda regidora de la lista de Renovación Popular, podría asumir la alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030 en reemplazo de Rafael López Aliaga. Esta posibilidad estaría en manos del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que tendría que evaluar esta alternativa para impedir que, en la práctica, se concrete una reelección encubierta de López Aliaga, prohibida por la Constitución.

Un antecedente de esta medida se registró el pasado 4 de noviembre, cuando el JEE de Ica proclamó como alcaldesa distrital de San Juan Bautista a Rita del Carmen Guerrero Cajo, quien ocupó el segundo lugar en la lista de regidores de Renovación Popular.

Entre los argumentos que sustentaron su decisión, el organismo electoral señaló que la prohibición constitucional "tiene por finalidad garantizar la alternancia democrática, impedir la permanencia inmediata de una misma persona en el ejercicio de la máxima autoridad municipal y preservar la igualdad de condiciones en la competencia electoral".

De acuerdo con la resolución del TC, la entidad levantó la observación que se detectó en su recurso el pasado 16 de octubre: no se había adjuntado el acuerdo del Consejo Directivo que autoriza la demanda y que delega la representación a su decano.

Por ese motivo y al no haber impedimentos, el máximo ente intérprete de la Constitución Política admitió, por unanimidad, a trámite la demanda y le otorgó 30 días al Congreso de la República para que brinde sus descargos sobre el recurso presentado.

"Admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Economistas de Lima contra la Ley 32581, “Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú”, y, por ende, correr traslado de esta al Congreso de la República para que se apersone al proceso y la conteste dentro de los 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución", se lee en el documento.

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Tras ordenar el traslado de la demanda al Congreso, el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma demoraría varios meses. Cuando el Legislativo presente sus descargos, el Pleno del TC deberá evaluar los argumentos de ambas partes antes de emitir una sentencia sobre la Ley 32581.

Colegio de Economistas cuestiona ley de pensiones de maestros

De acuerdo con la resolución, el Colegio de Economistas considera que la Ley 32581 afecta el principio de sostenibilidad financiera y la prohibición de nivelación pensionaria, así como el derecho a la igualdad ante la ley, la prohibición de iniciativa de gasto del Congreso, la separación de poderes y la competencia exclusiva del Ejecutivo en materia presupuestal.

Asimismo, resalta que la ley de pensiones de maestros afecta la igualdad entre la remuneración de un profesor cesante y uno en actividad. Es decir, en la práctica no habría una igualdad de remuneración entre un maestro en funciones y uno jubilado, dado que uno trabaja y otro no.

“La ley afecta el derecho a la igualdad, toda vez que ‘establece un trato manifiestamente diferenciado entre los pensionistas del mismo sistema sin ofrecer una justificación objetiva y proporcional, en tanto resalta que no contiene una relación razonable con el fin perseguido (mejorar las pensiones) en cuanto se coteja con el trato que, a pesar de encontrarse en situación idéntica, reciben los demás pensionistas de otras profesiones”, precisa la entidad.

Con esa misma crítica, recordó las cifras del impacto fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que advierte que la norma tiene consecuencias negativas en la estabilidad fiscal del Estado y en los regímenes previsionales. El motivo, dicen, es porque "crea un compromiso financiero de magnitudes alarmantes y carece de fuente de financiamiento identificada, [lo cual provocaría una] abierta tensión con los principios constitucionales de equilibrio presupuestario y sostenibilidad fiscal”.

"Es la tercera vez que me pasa (la inundación). No funciona nada; es una cosa que nos prometen y nunca cumplen, pero sí los políticos están que se pelean por llenarse los bolsillos, por estar en ese pleito", señaló.

Recordó que la segunda vez, cuando se inundó su domicilio, las autoridades acudieron a su localidad. "La primera nadie vino. La segunda vez vinieron todos los políticos, toditos; prometieron una cosa y otra cosa. Hasta Keiko vino. Dijo: 'Sí, no me voy a olvidar’, pero se olvidó", lamentó.

"Los perjudicados somos nosotros, el pueblo, que elegimos a nuestras autoridades y, al final, ni siquiera cumplen con nosotros. ¿Para qué vienen si no van a cumplir? ¿Para qué salen? Lo único que salen es para llenarse los bolsillos", acotó.

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Vecino de VES: "El drenaje nunca llegó"

Minutos después, otro de los vecinos afectados por los aniegos en su vivienda señaló que Fujimori se comprometió a instalar sistemas de drenaje en la zona; sin embargo, hasta la fecha, las obras no se han concretado.

"Desde la entrada de Villa El Salvador hasta Sedapal viene el huaico, con desagüe, lluvia, con todo, y esta es la esquina donde se empoza porque no tiene drenajes. Keiko, cuando vino, dijo: 'Vamos a hacer lo más rápido posible el drenaje'. El drenaje nunca llegó hasta el día de hoy", expresó.

El caso se originó tras los comicios del 4 de octubre de 2026, donde la organización política Renovación Popular Perú obtuvo el primer lugar en la votación distrital.

Inicialmente, la lista contaba con Juana del Socorro Quispe Quijaite como candidata a la alcaldía y a Jorge Luis Quispe Saavedra, actual alcalde del periodo 2023-2026, como primer regidor.

Sin embargo, tras la renuncia de la candidata a la alcaldía y su posterior aceptación formal, el actual alcalde quedó posicionado para asumir la titularidad del municipio.

Ante este escenario, el tribunal electoral evaluó si esta estrategia de postulaciones y renuncias vulneraba las normas constitucionales. Al respecto, el JEE advirtió que la prohibición establecida en la Constitución "tiene por finalidad garantizar la alternancia democrática, impedir la permanencia inmediata de una misma persona en el ejercicio de la máxima autoridad municipal y preservar la igualdad de condiciones en la competencia electoral".

El colegiado indicó que permitir que un burgomaestre en ejercicio postule como regidor y recupere la alcaldía por la vía de una dimisión previa "podría vaciar de contenido la prohibición constitucional de reelección inmediata".

Asimismo, agregó que "cuando se acredita que una determinada estructura de candidatura, acompañada de renuncias traen como consecuencia la continuidad inmediata de una autoridad municipal en el mismo cargo, corresponde examinar la operación electoral en su conjunto y no de manera fragmentada".

Reforzando este criterio, la decisión incorporó los argumentos del voto en minoría del magistrado del JNE Gunther Gonzales Barrón, quien señaló que las reglas constitucionales "cuyo cumplimiento no puede esquivarse mediante trampas, argucias o jugarretas", advirtiendo tajantemente que "una norma de tal relevancia no permite ni protege la trapacería".

Por estas razones, el JEE resolvió declarar inejecutable la proclamación de Jorge Luis Quispe Saavedra como alcalde, precisando que este mantendrá únicamente la condición y credencial correspondiente al cargo al que postuló en cédula, es decir, el de primer regidor.

Por ello, aplicando las reglas de sucesión de la lista ganadora, el tribunal resolvió: "Proclamar como alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a doña Rita del Carmen Guerrero Cajo, para el periodo de gobierno municipal 2027-2030, candidata que ocupó el segundo lugar en la lista de regidores presentada por la organización política Renovación Popular Perú".

El caso de Rafael López Aliaga

La decisión del JEE de Ica contrasta con la postura que fijó el Jurado Nacional de Elecciones. En septiembre, el Pleno del JNE ratificó la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima por Renovación Popular, dejándolo en posición de asumir la alcaldía tras la renuncia de Luis Rubio, quien encabe

En aquel momento, la mayoría del Pleno del JNE, encabezada por su presidente, Roberto Burneo, declinó evaluar si esta renuncia configuraba una reelección encubierta.

Además, tras alegar la falta de una prohibición explícita en la norma y señalar que los reclamos se presentaron fuera de plazo, el máximo organismo electoral evitó analizar el caso y emitir un pronunciamiento oficial sobre ello.

Frente a la postura mayoritaria del JNE, el magistrado Gunther Gonzales Barrón emitió en su momento un voto distinto. Su argumento indicó que la Carta Magna prohíbe la reelección en sí misma, sin importar la estrategia que se use para conseguirla.

En esa línea, advirtió que "la Constitución no protege la trapacería" ni valida esquemas donde autoridades postulan como regidores mientras los candidatos a alcaldes renuncien "por motivos personales" para permitir que los primeros se mantengan en el poder.

Precisamente, el JEE de Ica fundamentó su decisión en San Juan Bautista tras los argumentos de Gonzales Barrón. A diferencia de la sede central del JNE, el tribunal local indicó que “corresponde examinar la operación electoral en su conjunto y no de manera fragmentada”.

Fernando Tuesta cuestiona la falta de un criterio uniforme del JNE

El exjefe de la ONPE y especialista electoral Fernando Tuesta, en diálogo con La República, consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió establecer con anticipación un criterio sobre la prohibición de reelección inmediata de alcaldes, ante las distintas decisiones adoptadas por los Jurados Electorales Especiales.

“Las reglas tienen que estar claras para candidatos, partidos y electores”, señaló. En ese sentido, recordó que las resoluciones de los tribunales electorales pueden ser apeladas y que corresponde al máximo organismo electoral resolverlas en última instancia.

Tuesta advirtió que el JNE no puede mantener decisiones contradictorias sobre quién debe asumir una alcaldía. “No puede resolver algunas en un sentido y otras en otro sentido”.

Asimismo, consideró poco probable que el organismo electoral deje estas controversias sin resolver y permita que los concejos municipales decidan quién ocupará el cargo. Sobre la demora en fijar una posición, planteó como posibilidad que todavía no exista una mayoría entre sus integrantes, aunque aclaró que se trataba de una especulación.

Respecto al principio jurídico que debe prevalecer en estos casos, el especialista sostuvo que la Constitución está por encima de las normas electorales y los reglamentos.

“Lo que prima es la Constitución, la Constitución está por encima de todas las normas y si se quiere una reelección de alcalde pues hay que cambiar la Constitución”.

Además, señaló que la Carta Magna establece la prohibición de reelección inmediata y que esta no puede eludirse mediante mecanismos que permitan a una autoridad volver a ejercer consecutivamente el mismo cargo.

Tuesta también sostuvo que las controversias sobre la proclamación de alcaldes no determinan por sí solas la gobernabilidad de las próximas gestiones municipales, pues esta depende de otras variables.

Sin embargo, advirtió que permitir que burgomaestres que ya ejercieron el cargo vuelvan a asumirlo afectaría el orden constitucional y la legitimidad de las nuevas autoridades. “No es bueno en general para la legitimidad de las autoridades que inician su mandato el primero de enero del próximo año”, concluyó.

"Ninguna estadística borra el miedo de una familia amenazada, no hemos vencido al crimen aun, pero empezamos a enfrentarlo bajo una sola dirección y sin bajar la guardia. Sabemos que estamos en el camino correcto", aseguró la mandataria durante su presentación.

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Fujimori afirmó que se han desarticulado 37 organizaciones criminales y más de 2.000 bandas. Además, señaló que se han emitido 1.200 órdenes de expulsión por inmigración ilegal, entre otras cifras.

Para sus primeros 100 días de Gobierno, Fujimori había incluido en su plan de Gobierno una serie de propuestas en materia de orden ciudadano. Entre ellas, figuraban reducir en un 20% la tasa nacional de homicidios, implementar un Centro Nacional de Comando y Videovigilancia (C5i) en las 24 regiones del país y disminuir la impunidad del 90% al 50%. Sin embargo, la mandataria no hizo referencia al estado de cumplimiento de estos compromisos.

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También habló del Fenómeno El Niño

“100 días no alcanzan para resolver los problemas de otros gobiernos”, dijo la presidenta. La mandataria recurrió a una de sus estrategias narrativas habituales: señalar a las administraciones anteriores como las principales responsables de la situación institucional que recibió al asumir el cargo. Además de la inseguridad —problemática que identificó como la más nociva para el país—, Fujimori se refirió a las medidas adoptadas para prevenir los efectos del fenómeno El Niño.

La mandataria aseguró que se han invertido más de 1.500 millones de soles en prevención. Asimismo, afirmó que se ha ejecutado la descolmatación de más de 179 kilómetros de ríos a lo largo de la costa. También señaló que se han llevado a cabo obras por impuestos para hacer frente a la emergencia, entre otras acciones de prevención implementadas en el norte del país.

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En su plan de Gobierno, Fuerza Popular incluyó una propuesta relacionada con el fenómeno El Niño: el diseño de un Seguro Pesquero Nacional para cubrir pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos, financiado parcialmente por el Estado y con reaseguro internacional. Sin embargo, el plan no desarrolla los detalles de esta iniciativa ni establece un plazo para su ejecución.

Al margen del fenómeno El Niño, la mandataria también hizo hincapié en los incendios forestales que azotaron al país en los últimos meses. Al respecto, señaló que se adoptaron medidas como el alquiler de más helibaldes para atender la emergencia y la aceptación de ayuda por parte de Chile.

Ante este resultado, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo aplicó la ley para ordenar quiénes ocuparían los cargos de regidores en el municipio. La alcaldía ya estaba asegurada para Alianza para el Progreso, que ganó las elecciones de forma directa con 511 votos.

El presidente del JEE de Huancayo, Luis Samaniego Cornelio, explicó que el proceso requería la presencia de un notario para ser válido.

"En caso de Quichuay es un tema de Acción Popular y Batalla Perú. ¿Cuál es la metodología? Cuando se empata en votaciones hay un sorteo, pero ese sorteo tiene que tener ciertas formalidades como es la fe que da un notario. Entonces vamos a tener a una notaria pública para que dé fe de esta metodología", vía Exitosa.

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Asimismo, la autoridad electoral explicó la mecánica con la que se determinó el turno de elección de cara o sello entre los representantes de ambos partidos.

"¿En qué consiste? En que se tira una moneda de un sol y cada uno de los que han empatado decide si va por cara o sello, pero para eso hay un ánfora que prácticamente se escoge para que tenga la primera opción de cara o sello".

Samaniego detalló que el procedimiento tuvo como fin resolver la posición del segundo puesto para la integración del municipio.

"En presencia de la notaria, como ella constata hechos y da fe en ese acto público, ese es el que va a resultar ganador como segundo, digamos, quien va a ingresar al tema del distrito. Es un empate en la votación que hay que resolverlo con la metodología".

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En esa línea, el titular del organismo electoral destacó que era la primera vez que ocurría un empate en Huancayo.

"Este empate es el primero dentro de la provincia de Huancayo y la jurisdicción electoral. Con ello se busca garantizar la transparencia y legalidad del procedimiento para la proclamación de las listas ganadoras".

Tras la realización del sorteo en la sede electoral, Acción Popular obtuvo el segundo lugar para asumir el cuarto cargo de regidor en el distrito, mientras que Batalla Perú completó la conformación del concejo municipal con el quinto y último cupo.

"Solicitamos respetuosamente que se considere recibir a una representación de nuestra asociación durante su visita al Perú, en el marco de los encuentros que se celebren con víctimas de abusos eclesiales. Creemos que este gesto fortalecerá los procesos de verdad, justicia, reparación y acompañamiento que aún permanecen abiertos, y constituirá un importante mensaje de cercanía hacia quienes continúan afrontando las consecuencias de los daños sufridos", se lee en el documento.

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El comunicado también expresa su agradecimiento al sumo pontífice por las acciones emprendidas contra el Sodalicio y las organizaciones vinculadas a este, en continuidad con el legado de su antecesor, el papa Francisco. A inicios de 2025, el entonces sumo pontífice tomó la decisión de disolver el Sodalicio.

"Valoramos especialmente su disposición para escuchar a quienes hemos sufrido abusos de diversa naturaleza. Para muchas víctimas, ser escuchadas constituye una forma esencial de reconocimiento y un paso indispensable en los procesos de sanación, justicia y reparación. Nuestra asociación viene acompañando desde hace más de dos años a más de cincuenta víctimas directas vinculadas al Sodalicio y a la familia sodálite. En este espacio confluyen experiencias, inquietudes y expectativas diversas que reflejan una parte importante de la realidad vivida por quienes hemos sido afectados por los abusos que son de público conocimiento", continúa el comunicado.

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Víctimas del Sodalicio piden acciones concretas

Víctimas y sobrevivientes del Sodalicio de Vida Cristiana y de organizaciones relacionadas con Luis Fernando Figari remitieron una carta pública al papa León XIV para solicitarle una reunión durante su próxima visita al Perú. El pronunciamiento, suscrito por 33 personas y fechado el 26 de octubre en Lima, advierte que la disolución del Sodalicio no ha significado que se alcance justicia ni que se establezcan responsabilidades.

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"Según la información disponible sobre su visita al Perú, no se ha previsto un espacio de encuentro entre víctimas y sobrevivientes de abusos eclesiales, en particular del caso Sodalicio. Un gesto de escucha tendría un profundo significado humano y pastoral. Respetuosamente, quisiéramos conocer las razones del silencio ante nuestros reiterados pedidos de ser incluidos en su agenda", expresó la carta.

Los sobrevivientes al Sodalicio pidieron acciones más concretas: "Muchas víctimas no percibimos avances suficientes en justicia ni en rendición de cuentas. Los efectos prácticos de la supresión no son visibles: los remanentes siguen operando en los mismos locales (incluidas parroquias), con los mismos líderes y las mismas fuentes de financiamiento", afirmaron.

En octubre de 2024, cuando Santiváñez ya encabezaba dicha cartera, Caso Giraldo fue designado jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial.

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Pocos meses después, en marzo de 2025, el funcionario también fue designado secretario general del Ministerio del Interior. De acuerdo con fuentes de este diario, su nombramiento en dicho cargo respondió a la confianza que había generado con el propio ministro.

Actualmente, Erick Fernando Caso Giraldo se desempeña como miembro del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial, institución vinculada tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio del Interior.

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Contratación de Caso Giraldo es mencionada en denuncia constitucional contra César Astudillo

El ministro del Interior, César Astudillo, enfrenta una denuncia constitucional por presuntas irregularidades en las contrataciones y designaciones realizadas en el Mininter. La acusación plantea posibles delitos de negociación incompatible, contratación ilegal y omisión de funciones, sustentados en tres casos relacionados con trabajadores y exfuncionarios de dicha cartera.

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Uno de los casos mencionados en la denuncia es precisamente la designación de Caso Giraldo como representante ante el Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial. Según el documento, su perfil no sería idóneo para ocupar dicho cargo.

El ciudadano que presentó la denuncia constitucional contra Astudillo también ha denunciado al ministro de Defensa, Rafael Belaunde, por presuntas contrataciones indebidas. Además, ha solicitado a la Contraloría General de la República que emprenda acciones de investigación en ambos ministerios.

La carta ratifica dos cargos. El primero es por haberse apartado del acuerdo plenario de abstenerse en la votación del Pleno del Senado del 21 de octubre. El segundo es por haber hecho declaraciones que le quitaban importancia al reglamento del partido y que dejaban en duda que sea una organización democrática. Según Figallo, ambas conductas constituirían una infracción grave, por incumplir acuerdos del Plenario, y otra muy grave, por abandonar los principios y compromisos asumidos al incorporarse a la bancada.

Para sustentar la suspensión de su renuncia, Figallo citó el reglamento del Senado. La norma establece que la renuncia a un grupo parlamentario surte efectos a los cinco días hábiles de presentada, pero que esos efectos se suspenden si la bancada inicia un procedimiento de expulsión dentro de ese plazo y hasta que este termine.

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Gavidia sostiene que ya no puede ser sancionado

Gavidia oficializó el 28 de octubre ante el Jurado Nacional de Elecciones su renuncia irrevocable a la afiliación al partido. Ese día afirmó que la sanción ya no procedía. "¿Qué sometimiento puede haber si estoy desafiliado?", preguntó en declaraciones a la prensa. La carta de Figallo le responde señalando que una cosa es renunciar al partido y otra, a la bancada, y solo esta última es la que queda, por ahora, en suspenso.

El proceso disciplinario por el que ahora atraviesa Gavidia es debido al voto del 21 de octubre. Gavidia y Juver Flores fueron los únicos del Buen Gobierno que respaldaron las facultades, ya que el resto de la bancada se abstuvo. El diputado Fernando García anunció el 23 de octubre, en RPP, que ambos enfrentarían un proceso disciplinario, y Gavidia confirmó el 26 que dejaría el partido y la bancada.

Gavidia había dicho que pasaría al grupo mixto y que no entrará a otro partido. Si eso sucede, según el reglamento del Senado, Gavidia estaría impedido de integrar la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces, además de quedarse sin oficinas ni personal propio. Si optara por otra bancada, solo podría cambiar una vez en el periodo 2026-2031. Con la renuncia suspendida, ambos pasos quedan en espera hasta que el Buen Gobierno cierre su proceso.