-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

La pesquisa, desarrollada desde 2019 y que derivó en un megaoperativo en 2020, investigó cómo cargamentos de mineral extraído presuntamente de manera ilegal podían ingresar al circuito comercial mediante documentación de personas y empresas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Entre los documentos identificados durante las pesquisas figuraban los de Matwork, empresa vinculada a Lara Tantaquilla. De acuerdo con una investigación de Mongabay Latam, en marzo de 2019 se utilizaron documentos de esta compañía para sustentar el traslado de 17 toneladas de mineral aurífero.

El antecedente cobra relevancia tras el secuestro del empresario, quien fue interceptado por sujetos armados en la avenida Húsares de Junín. En el ataque fueron asesinadas cuatro personas que lo acompañaban. La Policía maneja, entre sus hipótesis, la posible participación de la organización criminal Los Pulpos, aunque las investigaciones continúan.

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El nombre de Lara apareció en el caso Los Topos del Frío

La investigación contra Los Topos del Frío permitió reconstruir una cadena que comenzaba con la extracción de mineral en zonas de Pataz y continuaba con su traslado hacia centros de almacenamiento y plantas de beneficio en distintas regiones.

El objetivo de las autoridades era determinar cómo el oro de procedencia cuestionada podía adquirir una apariencia de legalidad antes de ingresar al mercado formal y, eventualmente, ser exportado.

En ese contexto apareció Jenss Lara Tantaquilla, quien figuraba inscrito en el Reinfo con dos concesiones ubicadas en el distrito de Chillia, en Pataz. Su empresa Matwork también quedó mencionada en la documentación revisada por los investigadores.

Según la investigación de Mongabay Latam, una carga de 17 toneladas de mineral aurífero fue movilizada en marzo de 2019 utilizando documentos de Matwork. Sin embargo, las autoridades encontraron una diferencia entre las concesiones consignadas en los papeles y el lugar desde donde había partido el mineral.

Las verificaciones realizadas posteriormente en algunas de las concesiones declaradas no encontraron actividad minera que permitiera explicar la procedencia de los cargamentos investigados. La hipótesis fiscal era que inscripciones existentes en el Reinfo podían ser utilizadas para sustentar documentalmente el origen de mineral extraído de otros puntos.

Es importante precisar que la aparición de Lara Tantaquilla y de los documentos de Matwork en aquella investigación no demuestra por sí misma que el empresario haya integrado Los Topos del Frío ni que haya participado en la extracción ilegal del oro. Tampoco se señala que haya sido uno de los detenidos durante el megaoperativo de 2020.

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Una investigación que llegó hasta la devolución de barras de oro

El caso de Los Topos del Frío no terminó con las primeras intervenciones policiales. La investigación continuó alrededor del origen y la propiedad de varias barras de oro incautadas durante el operativo.

Las autoridades habían incautado nueve barras de oro con un peso conjunto de 121,2 kilogramos, mientras se investigaba si el metal formaba parte de una cadena de comercialización de oro extraído ilegalmente.

Posteriormente, parte del metal fue reclamada por empresas que sostuvieron que había sido adquirido a mineros en proceso de formalización y que contaba con documentación que respaldaba su comercialización.

El proceso de devolución del oro terminó convirtiéndose en otro capítulo de la investigación y alcanzó a personajes ajenos al sector minero.

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¿Qué tiene que ver Andrés Hurtado con el caso?

El expediente adquirió notoriedad nacional debido a las investigaciones que involucraron al conductor de televisión Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, en las gestiones relacionadas con la devolución de parte del oro incautado.

Hurtado fue señalado por investigaciones fiscales como presunto intermediario en gestiones destinadas a favorecer a empresarios vinculados al caso. Una de las líneas investigadas estuvo relacionada con un supuesto pago de US$1 millón para facilitar la devolución del metal a la familia Miu Lei.

El caso de la devolución del oro terminó formando parte de las investigaciones que involucraron a Hurtado por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

Sin embargo, no existe en la información conocida una vinculación directa entre Jenss Lara Tantaquilla y Andrés Hurtado por este episodio. La relación está en el expediente más amplio de Los Topos del Frío: Lara aparece mencionado por los documentos de Matwork utilizados en el traslado de mineral, mientras que Hurtado fue posteriormente relacionado con las gestiones alrededor de la devolución de parte del oro incautado.

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El secuestro vuelve a poner el foco en Pataz

Lara Tantaquilla, natural de Chillia, Pataz, fue secuestrado durante un ataque perpetrado por sujetos armados que interceptaron la camioneta en la que se movilizaba.

Los delincuentes asesinaron a Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. De acuerdo con la información preliminar, dos de las víctimas formaban parte del personal de seguridad del empresario.

La Policía investiga si el ataque estuvo relacionado con las actividades económicas de Lara Tantaquilla y si los responsables conocían previamente sus desplazamientos y su entorno.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que entre las hipótesis se encuentra la posible participación de Los Pulpos o La Jauría. Hasta el momento, ninguna de estas organizaciones ha sido confirmada como responsable del secuestro.

Otro antecedente que deberá ser considerado por los investigadores es que un familiar del empresario también habría sido secuestrado anteriormente y liberado tras el pago de una fuerte suma de dinero.

"Yo estoy dentro de aquellos que desde hace meses pido la salida de Arriola, no voy a retroceder en mi posición", afirmó Sheput en entrevista con El Comercio, en la que señaló que su planteamiento responde a las "situaciones controversiales" en las que estuvo involucrado el jefe policial. El ministro aclaró, sin embargo, que la decisión final sobre la continuidad de Arriola corresponde al titular del Ministerio del Interior, César Astudillo.

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Vinelli, por su parte, evitó respaldar o cuestionar directamente al comandante general al ser consultado sobre su situación. "Todos estamos en evaluación, desde el ministro hasta el funcionario del último rango", declaró para Canal N e insistió en que la decisión sobre la continuidad de los funcionarios corresponde al titular de cada sector.

Belaúnde, en tanto, defendió el plazo legal de dos años que blinda a los comandantes generales de la PNP en el cargo. "No tengo ninguna objeción con el mandato que tienen los comandantes generales para estar los dos años que la ley los blinda", sostuvo. Además, en Cuarto Poder admitió esta “satisfecho con los comandantes generales”.

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JP presenta proyecto de ley para que Fujimori cese a Óscar Arriola de la PNP

La diputada Catherin Palomino de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 e incorpora una causal de "pérdida de idoneidad" que permitiría a Keiko Fujimori cesar al comandante general de la PNP antes de cumplir sus dos años en el cargo, actualmente protegido por la Ley 31570.

La iniciativa plantea cuatro supuestos objetivos, afectación grave de la eficacia operativa, incumplimiento reiterado de los planes de seguridad ciudadana, negligencia grave en el cargo y actos u omisiones que dañen la institucionalidad policial.

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Ahora Nación se suma al pedido de renuncia

La bancada de Ahora Nación exigió también la salida de Arriola tras el crimen registrado en Trujillo, donde sicarios asesinaron a cuatro personas y secuestraron a un empresario minero. En un comunicado, la agrupación calificó de insostenible la continuidad del comandante general y afirmó que "las facultades legislativas no reemplazan el liderazgo, la estrategia ni las decisiones que el Ejecutivo puede y debe tomar hoy".

El partido instó al Poder Ejecutivo a asumir de manera directa la gestión del orden interno y sostuvo que el Gobierno no debe trasladar al Congreso la responsabilidad frente al incremento de la delincuencia común y organizada. "El Perú no puede seguir gobernado por el miedo. Desde el Congreso exigiremos los resultados que hoy nadie está dando", señaló la bancada, que además anunció que mantendrá una postura de fiscalización sobre las autoridades del sector seguridad.

Su renuncia se da tras un reportaje de Willax que reveló que coincidió en tres viajes al extranjero con el ministro de Educación, José Chang Escobedo, quien la había designado para el cargo poco después de asumir la cartera. La dimisión fue aceptada mediante Resolución Ministerial firmada por el propio Chang.

“Aceptar la renuncia formulada por la señora Tania Estefany Ramírez García, como miembro representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial”, se lee.

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Tres viajes con fechas y destinos idénticos

Según lo difundido, el primer viaje compartido se registró entre el 21 de agosto y el 28 de agosto de 2025 con destino a Estados Unidos. El segundo, nuevamente a ese país, ocurrió entre el 26 de septiembre y el 22 de octubre de 2025. El tercero fue a Panamá, entre el 19 y el 23 de junio de este año. En los tres casos, las fechas de salida y retorno consignadas en Migraciones coincidieron para ambos funcionarios.

El diputado Víctor Piñán había solicitado a Chang informar y remitir documentación sobre las razones y criterios que sustentaron la designación de Ramírez, y buscó precisar quién propuso su nombre para el cargo.

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Gina Duarte pide citar a Chang a la Comisión de Educación

La diputada Gina Duarte, del partido del Buen Gobierno, solicitó que el ministro de Educación, José Antonio Chang, sea citado a la próxima sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados. El pedido fue dirigido al presidente de dicho grupo de trabajo, Segundo Juan Castrejón Fernández, mediante un oficio y fue dado a conocer por la propia parlamentaria a través de su cuenta en la red social X.

En el documento, Duarte consideró necesario que el ministro explique ante los integrantes de la comisión los motivos y alcances de la designación de Tania Ramírez como representante del Minedu ante el directorio de la Derrama Magisterial, en medio de los cuestionamientos surgidos tras revelarse los viajes coincidentes entre ambos.

En su mensaje a la Nación, Keiko Fujimori señaló la intención de otorgar un rol central a las instituciones armadas sobre la seguridad. “En estados de emergencia, las FFAA asumirán temporalmente el liderazgo en operaciones de seguridad y del control interno (…)”.

Esta postura la sostuvo también el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, quien el domingo pasado respaldó la propuesta realizada durante la campaña electoral.

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"La presidenta lo ha anunciado, está en el plan de gobierno en el cual yo he participado activamente, en donde queremos que las Fuerzas Armadas lideren este proceso. (….) Nuestra oferta de campaña desde el día 1, y está escrito en el plan de gobierno, es que la Fuerza Armada participe de manera directa en el control de la alta criminalidad en el país”, dijo para Latina.

Sin embargo, en el documento legislativo presentado al Parlamento no existe ningún apartado que contemple el liderazgo o la toma de control del orden interno por los militares.

Por el contrario, el texto limita la actuación de las Fuerzas Armadas únicamente a tareas operativas secundarias junto a la Policía Nacional, tal como lo señaló Luis Galarreta durante la presentación de la política general de Gobierno el pasado 20 de agosto.

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“Será una participación excepcional, delimitada y sujeta a reglas precisas. Las Fuerzas Armadas no reemplazan a la Policía ni a la autoridad penitenciaria (…)”.

En el pedido de facultades legislativas se lee que el accionar militar queda restringido a labores de vigilancia y asistencia.

"Regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa y apoyo operativo al personal de los establecimientos penitenciarios, conforme al marco constitucional vigente", se lee en el documento.

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Del mismo modo, el numeral 10 plantea "modificar el Decreto Legislativo N.º 1095 [...] a fin de fortalecer y optimizar el marco normativo para la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú frente amenazas que afecten el estado de derecho, seguridad ciudadana y orden interno, de conformidad con el marco constitucional vigente".

Asimismo, el documento también incluye en su numeral 11 la propuesta explícita para "establecer el marco legal que declare a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas".

La intervención militar en penales y la figura de "grupos hostiles"

En paralelo, el Ejecutivo pretende ampliar el accionar militar con el ingreso directo del personal castrense dentro de los penales.

Vinelli sostuvo que las normas actuales resultan insuficientes para controlar los delitos organizados dentro de las cárceles.

“Estamos pidiendo también para que la Fuerza Armada pueda entrar, por ejemplo, a los penales. (…) Nosotros queremos que las Fuerzas Armadas ingresen dentro de los penales. Por eso necesitamos una norma respecto a eso”, dijo el ministro de Desarrollo Agrario.

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El titular del Midragri precisó que la fiscalización abarcará tanto a los visitantes como al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

"Va a poder controlar a todas las personas que ingresen a los penales. No solamente hablamos de la visita, sino hablamos del personal que está en el interior del penal. (…) Eso se puede hacer con decreto supremo, no necesito cambiar una ley”.

Para justificar la intervención castrense en zonas urbanas sin la necesidad de modificar formalmente el marco constitucional, el Ejecutivo recurrió a catalogar a las bandas de crimen organizado, como "grupos hostiles".

Al asignarle este estatus a una organización criminal, el Estado habilita la capacidad de emplear a las FF. AA. para operaciones de neutralización en las calles. “(…) si yo empiezo a decir que tales bandas criminales son grupos hostiles, yo puedo rápidamente incorporar a las Fuerzas Armadas para poder trabajar en estos grupos hostiles”.

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Rafael Belaunde sobre ampliar el accionar militar

Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, argumentó la necesidad de aprobar los cambios normativos solicitados en el proyecto de ley enviando al Congreso.

“(…) Lo que nosotros estamos buscando en una de las medidas es ampliar el criterio que se utiliza para denominar a los grupos hostiles. Los grupos hostiles es la categoría que el ministerio necesita para que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra ellos como si fuesen como objetivos militares”.

Frente al incremento del poder ofensivo de estas bandas delictivas, el ministro indicó la necesidad de equiparar la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden.

"Entonces [frente a] organizaciones criminales que utilizan armamento de guerra contra la población, necesitamos que el Estado esté en condiciones de responder con esa misma capacidad de fuego y para eso necesitamos catalogarlos como grupos hostiles”.

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En esa línea, explicó el tipo de tácticas y capacidades castrenses que se pretenden aplicar en las ciudades mediante esta tipificación.

"(…) Eso es lo que estamos buscando para que las Fuerzas Armadas en el área urbana, dentro del orden interno, poder desplegar inteligencia militar, conducir operaciones especiales, operaciones más quirúrgicas a partir de la inteligencia operativa, identificarlos y actuar con fuerza militar contra ellos”.

Ricardo Valdés: "Se está creando una expectativa que no corresponde con la formación de las Fuerzas Armadas"

En diálogo con La República, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, analizó las contradicciones del Ejecutivo y sostuvo que el discurso del “liderazgo de las Fuerzas Armadas” choca directamente con el marco legal e institucional del país.

Para el especialista, depositar la estrategia de seguridad en las instituciones militares demuestra una falta de planificación real.

“El Ejército no es garantía de nada, no es garantía de que tengas ahí un mejor control. El Ejército no controla penales, no tiene experiencia en eso. (…) No es precisamente un buen controlador”, señaló.

En cuanto a las funciones operativas reales que corresponden a las Fuerzas Armadas y su verdadero rol en el orden interno, el especialista precisó que las Fuerzas Armadas tienen un rol distinto.

“Las Fuerzas Armadas están en apoyo para hacer controles en las carreteras, para resguardar lugares importantes como aeropuertos, embajadas, estaciones hidroeléctricas. En fin, lugares importantes que hay que resguardar, para eso sirve la Fuerza Armada. Y eso es importantísimo porque libera a la policía de esa función. Pero no son la solución, es apoyo”.

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Bajo esa misma línea, Valdés advirtió sobre el peligro de generar falsas esperanzas en la ciudadanía mediante un discurso de militarización.

"Las Fuerzas Armadas son una unidad de apoyo, no una unidad que va a liderar la lucha contra el crimen. No han sido formadas para eso. Entonces yo creo que [...] se está creando una expectativa que no corresponde con su formación".

Respecto al diseño de la política contra la delincuencia, el exviceministro criticó que se sostenga la estrategia nacional sobre el rol de los militares en lugar de apostar por inteligencia y recursos especializados.

"Los planes que están diseñando están soportados en el rol de las Fuerzas Armadas. Es un error. Deberían estar soportados los planes en grupos integrados, en grupos de tarea, en inversión en tecnología (...)".

Al analizar la falta de metas claras y el impacto de esta desorganización frente al crimen organizado, el analista indicó que es notoria la improvisación del Gobierno.

"(…) No veo plan y no veo indicadores, eso nos da la sensación de que están improvisando [...]. La criminalidad se da cuenta que tiene un gobierno débil, improvisado".

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

“Emitir el informe correspondiente a la Fiscalía de la Nación, en el extremo de la imputación contra los magistrados Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa, en su condición de jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por el presunto delito de abuso de autoridad, formulado por los denunciantes Ollanta Moisés Humala Tasso y Mario Julio Torres Aliaga”, se lee en el documento.

La disposición fiscal archivó los otros tres delitos que también se les imputaba, omisión de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica, al considerar que no hay elementos que sustenten una responsabilidad penal en esos casos. Solo sigue el cuestionamiento por abuso de autoridad, que por ley requiere autorización expresa del fiscal de la Nación para formalizar una investigación preparatoria contra magistrados.

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El día de la detención de Ollanta Humala

El 15 de abril de 2025, en una audiencia presencial de adelanto de fallo, la jueza Nayko Coronado expuso las razones de la decisión y condenó a Humala a 15 años de pena privativa de la libertad por lavado de activos agravado. En la misma sesión, se ordenó la ejecución provisional de la sentencia y la detención inmediata del expresidente, quien fue trasladado al penal de Barbadillo.

Además, ese mismo accionar se aplicó contra el otro denunciante del caso, Mario Torres, procesado como cómplice y que ese 15 de abril fue condenado a ocho años de pena privativa de la libertad y trasladado al establecimiento penitenciario de Ancón II.

En ambos casos, la orden de prisión se sustentó únicamente en el fallo dicho de forma oral. Sin embargo, el documento formal que debía contener los fundamentos de la decisión no existía todavía. La lectura de la sentencia se programó para el 29 de abril de 2025, pero según consta en el expediente, a esa fecha el documento tampoco estaba redactado ni firmado. Y recién se firmó el 2 de mayo de 2025 y se notificó a las partes esa misma noche.

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Los jueces se defendieron alegando problemas técnicos y un feriado

Los tres magistrados atribuyeron la demora a dificultades informáticas para subir la sentencia al Sistema Integrado de Justicia (SIJ) del Poder Judicial. Según los descargos recogidos en la investigación, el documento sí fue cargado al sistema el 21 de abril de 2025, pero en los días siguientes se presentaron inconvenientes técnicos relacionados con la numeración de páginas, el desplazamiento de objetos y la aparición de espacios en blanco, que requirieron una edición y corrección formal antes de que este pueda firmarse.

Y a esto se sumó que la jueza Caballero no estaba en Lima, sino en un juzgado de Huaura, sin acceso a firma física ni digital hasta que se habilitaran los permisos correspondientes. También que el 1 de mayo fue feriado nacional y no hubo personal técnico disponible y que recién el 2 de mayo, día que era no laborable para el sector público, se autorizó que el personal fuera a la sede del Poder Judicial para concretar la firma.

Max Vengoa, el único de los tres jueces que no se acogió a su derecho a guardar silencio ante la Fiscalía, sostuvo que la ley permite diferir la redacción de una sentencia hasta ocho días después del adelanto de fallo en casos complejos, conforme al artículo 396.2 del Código Procesal Penal, y que ese plazo, aunque se extendió más del doble en este caso, no invalida la decisión adoptada oralmente el 15 de abril.

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Cabe señalar que el pedido de la Fiscalía Superior llega más de un mes después de que el Tribunal Constitucional declarara fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Humala y dispuso que anule todo el proceso penal seguido en su contra por los aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

“Agradeceré se sirva comunicar dicha observación al Poder Ejecutivo a fin de que proceda a regularizar la presentación, cumpliendo con regularizar el requisito formal señalado, a efectos de que, una vez subsanada dicha observación, se pueda iniciar el cómputo de los plazos previstos reglamentariamente”, se lee en el documento enviado.

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Cabe resaltar que el pedido de facultades ya fue derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento, pero el trámite recién iniciará cuando el Ejecutivo subsane la observación.

El pedido de delegación de facultades fue presentado el último 28 de agosto por el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, y contempla 66 solicitudes para legislar durante 120 días en materias como seguridad ciudadana, simplificación administrativa, promoción del empleo y desarrollo productivo. El premier Luis Galarreta había señalado que cada ministro sustentaría sus propuestas ante el Parlamento.

Pedido también busca eliminar el Colegio de Artistas, pese a que Fuerza Popular votó a favor

Uno de los puntos que menciona en las facultades legislativas es la derogación de la Ley N. 32645, que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). La norma había sido aprobada en el Congreso anterior con el respaldo de buena parte de la bancada de Fuerza Popular, agrupación que hoy conduce el propio gobierno de Keiko Fujimori.

La propuesta del Ejecutivo plantea la derogación como parte de una labor de simplificación burocrática y contempla, además, disposiciones para cerrar la Comisión Organizadora creada para poner en marcha ese colegio profesional. El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, ya había adelantado que la norma tenía "los días contados" y que existía consenso entre los legisladores para derogarla.

La ley enfrentó cuestionamientos desde su aprobación por exigir un título universitario o técnico para la colegiatura, requisito que dejaba fuera a artistas autodidactas o sin estudios concluidos. Entre los congresistas fujimoristas que en su momento votaron a favor de su creación figuran Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Patricia Juárez, entre otros.

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Gobierno remite al Congreso acta que acredita aprobación de pedido de facultades legislativas

El Poder Ejecutivo subsanó la omisión detectada en la documentación inicial y remitió al Congreso la copia certificada del Acta de la Sesión del Consejo de Ministros del 27 de agosto. En dicho documento consta la aprobación por unanimidad del proyecto de ley de delegación de facultades legislativas y su tramitación con carácter de urgencia.

Así actuó una organización criminal que secuestró al empresario Jenns Marty Lara Tantaquilla, tras acribillar a las cuatro personas que lo acompañaban en la camioneta en la que iban por la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.

Cámaras de seguridad grabaron la madrugada todo el plagio perpetrado por delincuentes que vestían unifoeme policial similar a la del grupo Grecco.  

El hecho se dio en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla. En las imágenes se observa cómo los sujetos detuvieron la camioneta blanca donde iba el empresario junto a Christopher Eduardo García Álvarez, Luis Alberto Rojas Ramos, Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Edith Urtecho Rodríguez.

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Tras identificar a quien debían secuestrar, los delincuentes sacaron a viva fuerza del vehículo a su víctima y luego disparan con armas con silenciador contra los demás ocupantes. pero esta no encendió.

Pero, ese no es el único caso se un secuestro perpetrado por falsos policías en Trujillo.

El lunes 23 de octubre del 2023, a plena luz del día, tres falsos policías ingresaron a un negocio en Trujillo, sacaron a rastras al empresario Iván Marcell Díaz Garrido y se lo llevaron secuestrado en un automóvil. Luego se comunicaron con la familia y les exigieron US$ 200.000 por su nrescate. La negociación se truncó y bajaron el monto a US$100.000.

Iván Díaz estuvo 11 días cautivo hasta que, finalmente, el hombre fue abandonado en la zona de Laredo, en medio de unos cañaverales. Estaba envuelto en bolsas de embalaje y presentaba signos de tortura: le habían amputado dos dedos de la mano derecha y una parte de un dedo de la mano izquierda.

Además, tenía quemaduras y excoriaciones en distintas partes del cuerpo. Cuando lo encontraron, estaba enmarrocado, tenía los pies atados y una toalla le cubría la cabeza. “Soy Iván Díaz”, dijo con el rostro demacrado y voz temblorosa a uno de los agentes de la Policía que le quitó las amarras.

Para los investigadores no hay dudas de que estos y otros secuestros fueron perpetrado por la banda criminal ‘Los Pulpos’.

Esta organización, según las autoridades, es liderada por el prófugo Jhonson Smith Cruz Torres, alias Pulpo Jhonson, por quien el Gobierno ofrece una recompense de medio millón de soles.

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Desde la clandestinidad (probablemente en Chile) dirige esta banda que adoptó tácticas más perversas, dedicándose a la extorsión, el sicariato y a los secuestros con tortura.

En enero de 2021, fue secuestrado del empresario Luis Huamanchumo Salvatierra y del estudiante universitario Marco Antonio Negreiros Castillo.

La noche del 15 de noviembre de 2022, la empresaria Nilda Arrascue Espinoza fue secuestrada por cuatro sujetos vestidos con falsos chalecos de la Policía. Antes, el 24 de junio, Manuel Rodríguez Cruzado, padre del exalcalde de Julcán Jhon Rodríguez, fue secuestrado y pese a que familia pagó por su rescate, fue asesinado.

El 22 de julio del 2023, ‘Los Pulpos’ también secuestraron al empresario minero Marcos Baltazar Ventura en la zona de El Porvenir. Los delincuentes exigieron 200.000 dólares, pero fue rescatado sano y salvo por las autoridades que detuvieron a tres hampones, entre ellos, a un policía.

A través de un comunicado oficial, el grupo político rechazó el suceso criminal y señaló que la continuidad de Arriola en el mando policial resulta insostenible. Para la organización, este caso evidencia fallas en la conducción actual de la institución de seguridad.

La agrupación instó al Poder Ejecutivo a asumir de manera directa la gestión del orden interno. En esa línea, el pronunciamiento afirma que "las facultades legislativas no reemplazan el liderazgo, la estrategia ni las decisiones que el Ejecutivo puede y debe tomar hoy".

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El partido político sostuvo además que el Gobierno no debe trasladar al Parlamento la responsabilidad frente al incremento de los delitos de la delincuencia común y organizada.

“El Perú no puede seguir gobernado por el miedo. Desde el Congreso exigiremos los resultados que hoy nadie está dando”, señaló la agrupación.

Además, el partido de Ahora Nación indicó que mantendrá una postura de fiscalización sobre el trabajo de las autoridades para exigir resultados contra el crimen.

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Mirtha Vásquez: "El Gobierno utiliza el pedido de facultades como excusa para esconder su incompetencia"

En diálogo con La República, la senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, señaló que la bancada tomará acciones de control político en el Congreso si el Poder Ejecutivo no adopta las medidas exigidas tras el atentado en Trujillo.

"En ese caso, las fuerzas de oposición debemos unirnos para impulsar mecanismos firmes de control político contra el ministro del Interior, incluyendo una moción de interpelación y, eventualmente, un pedido de censura", manifestó.

En esa misma línea, la senadora sostuvo que desde el Senado se está evaluando invitar a César Astudillo para que esclarezca la situación dentro de la Policía, así como las acciones que se van a tomar frente a la criminalidad.

“Desde el Senado, estamos evaluando presentar una moción para que el ministro rinda cuentas ante la comisión competente en materia de orden interno".

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Asimismo, sobre la falta de propuestas formales para modificar la Ley de la Policía Nacional dentro del paquete de delegación de facultades legislativas —pese a que el ministro del Interior lo había anunciado—, la legisladora cuestionó la falta de voluntad política del Gobierno para remover al alto mando policial.

"Es evidente que el Gobierno está protegiendo al señor Arriola, ya sea mediante respaldos explícitos, como el que brindó el ministro en una conferencia hace dos semanas, o manteniendo una prohibición legal que es muy fácil de sortear si realmente existe voluntad política, pues bastaría con solicitarle directamente su renuncia", sostuvo.

La parlamentaria también cuestionó el uso político del pedido de delegación de facultades para justificar la inacción del Ejecutivo. "El pedido de delegación de facultades incluye una amplia gama de medidas en materia de seguridad ciudadana, pero omite deliberadamente una reforma que el propio ministro anunció como necesaria: modificar las reglas para la salida del comandante general de la PNP. Eso demuestra que no existe una voluntad política real de hacer esa reforma".

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Además, la senadora indicó que "Por otro lado, nos queda claro que el Gobierno está utilizando este pedido de facultades como una excusa para esconder su propia incompetencia frente a la inseguridad ciudadana", sentenció.

"Nos queda claro que el Gobierno está utilizando este pedido de facultades como una excusa para esconder su propia incompetencia frente a la inseguridad ciudadana", sentenció.

La moción fue presentada este 31 de agosto y exige que las autoridades expliquen con sustento técnico los resultados de las medidas ejecutadas hasta ahora, las causas de su insuficiencia y las responsabilidades políticas dentro del Ejecutivo. La parlamentaria también solicitó una sesión plenaria extraordinaria de carácter inmediato para la concurrencia de los funcionarios.

“Esta escalada criminal se refleja en hechos recientes como el ocurrido el 30 de agosto en Trujillo, región La Libertad, donde sujetos armados que habrían utilizado prendas similares a las policiales asesinaron a cuatro personas y secuestraron a un empresario dedicado a la actividad minera cerca de la sede de la Dirección de Investigación Criminal; así como en el asesinato de Betsy Rosa Mallma Sarmiento, dirigente de la olla común “Virgen de Guadalupe”, quien fue atacada a balazos frente a sus hijas en San Juan de Miraflores y quien, según denunciaron otras dirigentes, habría sido víctima de extorsiones”, se lee en las razones que expone en el documento.

“La pasividad de Keiko Fujimori y el Ejecutivo para establecer y controlar el orden interno y la seguridad demuestra que no tienen ninguna estrategia ante el avance de la criminalidad”, señaló Palomino en X.

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Asesinato de cuatro personas y secuestro de un empresario minero en Trujillo

La iniciativa de Palomino se da tras que un grupo de sicarios disfrazados de policías del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) interceptara, la madrugada del domingo 30 de agosto, una camioneta Ford en la avenida Húsares de Junín, a pocas cuadras de la Plaza de Armas de Trujillo. Los atacantes abrieron fuego contra los cuatro ocupantes que se encontraban en la parte posterior del vehículo y secuestraron al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, natural de Chillia, en la provincia de Pataz.

Los cuatro asesinados fueron identificados como Farhad Monzón, Nadith Utecho, Luis Rojas y Christopher García, estos dos últimos eran la seguridad del empresario. Todos ellos fueron ejecutados con un arma con silenciador por uno de los agresores que subió al vehículo e intentó encenderlo pero no lo logró. Lara Tantaquilla, vinculado a la extracción de oro en Pataz a través de empresas como Consorcio Minero JyJ E.I.R.L., permanece desaparecido.

El jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, señaló que una de las hipótesis apunta a la organización criminal Los Pulpos, banda con presencia en Trujillo cuyo principal cabecilla, Johnson Cruz Torres, tiene una recompensa de S/500.000 por su captura. El jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza, indicó que labores de inteligencia venían alertando desde hace unos tres meses sobre la planificación de un secuestro, aunque la Policía no había identificado a los responsables.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó este lunes que ya existen conversaciones preliminares con los gobernadores regionales de ambas jurisdicciones para analizar la alternativa. La propuesta todavía no está aprobada y, de concretarse, tendría que modificarse el acuerdo original que estableció el uso del material ferroviario en Lima Metropolitana.

“Hay la posibilidad de que se le pueda llevar un servicio de primer nivel a la ciudad de Puno y a la ciudad de Tacna”, señaló Reggiardo, quien indicó que las coordinaciones con las autoridades regionales se encuentran en una etapa inicial.

El anuncio se produce luego de que el gobernador de Tacna, Luis Torres, solicitara formalmente a la MML evaluar la entrega de 10 coches de pasajeros y dos locomotoras EMD F40PH-2 para reforzar el servicio ferroviario entre Tacna y Arica, en Chile.

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Tacna plantea recibir 10 vagones y dos locomotoras

El Gobierno Regional de Tacna formalizó su pedido mediante el Oficio N.° 532-2026-GR/GOB.REG.TACNA, enviado el 18 de agosto al alcalde de Lima. La propuesta contempla que parte del material ferroviario actualmente bajo administración de la MML pueda ser utilizado en la conexión internacional Tacna-Arica.

La iniciativa se vincula con los trabajos que Tacna ya viene impulsando para recuperar su infraestructura ferroviaria. La región autorizó la elaboración del expediente técnico para la renovación y restauración integral de la vía férrea y del sistema de drenaje del ferrocarril Tacna-Arica.

Reggiardo señaló que la eventual transferencia no depende únicamente de la Municipalidad de Lima. El acuerdo suscrito con Caltrain establece condiciones sobre el destino del material, por lo que sería necesario coordinar con la empresa estadounidense cualquier modificación.

“Hay que hablar con la empresa Caltrain de los Estados Unidos”, explicó el alcalde, quien adelantó que también se buscaría coordinar el tema con representantes diplomáticos de Estados Unidos. Por ahora, no existe una transferencia aprobada de los coches ni de las locomotoras a Tacna.

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Puno también aparece como posible destino

La alternativa no se limita a Tacna. Reggiardo confirmó que la MML también conversa preliminarmente con el gobernador de Puno para evaluar si parte de la flota puede ser utilizada en esa región.

El planteamiento abre un nuevo escenario para los trenes que llegaron a Lima originalmente con el objetivo de implementar el servicio ferroviario hacia Chosica. Sin embargo, cualquier decisión deberá compatibilizarse con el proyecto Lima-Chosica y con las condiciones bajo las cuales el material ferroviario fue transferido desde Estados Unidos.

El alcalde sostuvo que los coches se encuentran en buenas condiciones y cuentan con equipamiento como butacas, aire acondicionado y servicios higiénicos.

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¿Qué pasó con los trenes de Lima-Chosica?

El material ferroviario llegó al Perú para implementar un servicio de pasajeros entre Lima y Lurigancho-Chosica, con una ruta proyectada de aproximadamente 40 kilómetros que atraviesa Cercado de Lima, El Agustino, Ate, Chaclacayo y Lurigancho-Chosica.

El lote inicialmente comprometido por Caltrain estaba compuesto por 93 coches y 20 locomotoras. Sin embargo, la MML finalmente aceptó 90 coches y 19 locomotoras, luego de excluir tres coches de dos niveles y una locomotora debido a problemas mecánicos cuyo costo de reparación era considerado elevado.

Caltrain informó en noviembre de 2024 que transferiría a Lima 90 coches de pasajeros y 19 locomotoras diésel, y precisó que recibiría un reembolso superior a US$6 millones por los vehículos retirados de su flota. La Municipalidad de Lima, por su parte, oficializó posteriormente la incorporación del material restante a su patrimonio.

¿Y el costo? Tras la exclusión de los vehículos que presentaban fallas, la MML estableció que los 90 coches y 19 locomotoras incorporados al patrimonio municipal tenían un valor aproximado de US$219,8 millones, equivalente entonces a unos S/804,5 millones. Este monto no representa lo que pagó la comuna por los trenes. Se trata de la valorización patrimonial del material recibido.

Caltrain señaló que Lima reembolsó más de US$6 millones por los vehículos, mientras que la MML calculó posteriormente alrededor de US$7,95 millones para el traslado y la logística del material desde Estados Unidos hasta el Perú. El acuerdo permitió que la antigua flota diésel de la empresa continuara su vida útil en el servicio ferroviario peruano.

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MML asegura que los trenes continuarán trasladándose a Chosica

Pese a la posibilidad de enviar parte de la flota a otras regiones, Reggiardo aseguró que el proyecto Lima-Chosica continuará. El alcalde informó que sostuvo reuniones con representantes de ProInversión y que el Gobierno central derivará a dicha entidad los asuntos relacionados con el contrato y los procedimientos pendientes para la movilización de los coches.

“Hay temas que hay que ajustar, que hay que mejorar, que hay que implementar para que se haga de la mejor manera y podamos tener el servicio lo más pronto posible”, afirmó.

La MML prevé continuar trasladando los coches hacia el patio de maniobras y mantenimiento de Chosica. La discusión sobre una eventual transferencia a Puno o Tacna deberá determinar, por tanto, cuántas unidades podrían salir del proyecto original sin afectar la flota necesaria para el servicio en Lima.

¿En qué estado se encuentran actualmente los trenes?

La flota todavía no brinda servicio comercial de pasajeros entre Lima y Chosica. Aunque las autoridades han realizado movimientos y pruebas del material rodante, esto no significa que el sistema ferroviario haya comenzado a operar para el público. En diciembre de 2025 se realizó una primera marcha en vacío de los trenes, mientras la MML avanzaba con trabajos de mantenimiento preventivo sobre los 90 coches y 19 locomotoras.

Más recientemente, la Municipalidad de Lima informó que cinco coches y una locomotora ya fueron trasladados al patio de maniobras y mantenimiento de Chosica. Según Reggiardo, esta operación permitió comprobar que las unidades pueden recorrer la ruta y pasar por los túneles y rieles existentes.

El alcalde anunció que el traslado del resto de los coches continuará progresivamente hacia Chosica, donde se realizarán las labores de mantenimiento y preparación necesarias. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha advertido que mover los trenes no equivale a poner en marcha el servicio.

¿Qué falta para que funcione el tren Lima-Chosica?

El principal problema pendiente no está únicamente en los trenes, sino en la infraestructura necesaria para operar un servicio de pasajeros de manera segura. Según el MTC, para implementar el servicio se requiere acondicionar estaciones y paraderos, instalar un sistema de recaudo, implementar señalización automática, colocar barreras o dispositivos de seguridad en los cruces a nivel y contar con una vía segregada que impida la invasión del derecho de vía ferroviario.

Además, la vía férrea Lima-Chosica se encuentra bajo la concesión de Ferrovías Central Andina, por lo que las modificaciones necesarias en la infraestructura requieren cambios en el contrato de concesión.

Por esa razón, el MTC y ProInversión vienen participando en el proceso para determinar las modificaciones contractuales y las condiciones necesarias para implementar el servicio. El MTC precisó en marzo de 2026 que la autorización para movilizar una locomotora y cinco coches entre Chosica y Monserrate correspondía a labores de mantenimiento.

Un proyecto que acumula cambios desde su llegada al Perú

La llegada de los trenes de Caltrain fue anunciada en 2024 como una oportunidad para implementar un sistema ferroviario destinado a atender a la población del este de Lima. La flota debía permitir un servicio de pasajeros entre Chosica y Lima y, posteriormente, una eventual ampliación hacia el Callao.

En 2025 comenzaron a llegar al país los primeros lotes de coches y locomotoras. La MML anunció inicialmente que las unidades se encontraban en condiciones óptimas y habían recibido mantenimiento especializado antes de su traslado. Sin embargo, los vagones se encontraban en mal estado y la puesta en operación del servicio no se concretó en los plazos inicialmente anunciados. El proyecto pasó a requerir la intervención coordinada del MTC, ProInversión, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Ositrán, la MML y el concesionario ferroviario.

Ahora, mientras Lima continúa preparando la flota para el proyecto ferroviario del este, Tacna y Puno aparecen como posibles nuevos destinos para una parte de los coches. La propuesta aún debe superar las evaluaciones técnicas, legales y administrativas correspondientes. En el caso de Tacna, además, se requiere definir cómo se financiaría y acondicionaría la infraestructura de la ruta Tacna-Arica antes de que el material pueda incorporarse efectivamente al servicio.

Por ahora, la reunión entre el alcalde de Lima y el gobernador de Tacna prevista para este 1 de septiembre será uno de los primeros pasos para determinar si la propuesta puede avanzar.

La denuncia contra Aranda tiene un origen concreto. El 24 de agosto, el diputado envió un oficio al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay para pedir información sobre la situación médica de una paciente. Días después, según el documento presentado por Soto Ferrari, Aranda difundió esa documentación en sus redes sociales de una forma que permitió reconocer a la paciente y vincularla con su embarazo.

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La publicación original fue borrada y reemplazada por una versión modificada. Sin embargo, la denunciante sostiene que ese cambio no borra el problema de fondo: mientras el contenido estuvo disponible, pudo ser visto, capturado y compartido por terceros. Para la parlamentaria, el daño ya estaba hecho desde el primer momento en que la información salió a la luz.

La misma sesión de la comisión abordará otro expediente pendiente, el de Julián Pérez. Albañil informó que hoy también se dictará el informe final sobre este diputado, un plazo que la comisión cumplió pese a la semana de representación: "Hemos cumplido con el plazo establecido a pesar de que hemos estado en semana de representación. Ya se tiene el informe listo y eso es lo que vamos a dictar", señaló.

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Denuncia con Christian Aranda señala que el diputado habría vulnerado el principio de discreción

La legisladora Luz Soto basó su denuncia en varios puntos de las propias declaraciones públicas de Aranda. Entre el 26 y el 27 de agosto, el diputado reconoció que en el oficio dirigido al hospital incluyó el nombre de la paciente porque, según dijo, lo consideraba necesario para identificarla dentro del establecimiento.

El diputado también afirmó que la difusión del nombre se debió a una filtración posterior del documento oficial, y no a una decisión suya. Para la denunciante, ese argumento no lo libra de responsabilidad: el oficio salió de su despacho, llevaba su firma y su sello, y era su deber cuidarlo antes de que llegara a manos ajenas.

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Un tercer punto resultó clave para la denuncia. Aranda dijo públicamente que su intervención logró el objetivo que buscaba. Para Soto Ferrari, esa frase muestra que el diputado no solo pidió información para fiscalizar al hospital, sino que buscó influir directamente sobre una decisión médica que le correspondía tomar al centro de salud, no al Congreso.

La denuncia pide a la comisión que determine si Aranda vulneró el principio de discreción que exige el Reglamento del Congreso, además de los deberes de respeto, responsabilidad e integridad que debe cumplir todo parlamentario. También solicita que se investigue si el diputado hizo gestiones que no le correspondían como legislador, y que se comunique el caso a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Soto Ferrari planteó, además, que se declare la reserva del expediente para evitar que el propio proceso vuelva a exponer a la paciente.

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Julián Pérez: comisión revisará el informe tras denuncias por presunta agresión física y psicológica a su expareja

El caso contra Julián Pérez, diputado de Juntos por el Perú por Cusco, lo abrió el propio Christian Aranda Vásquez el 4 de agosto, cuando presentó una denuncia formal por presunta agresión física y psicológica contra su expareja y exabogada defensora, Laura Bonilla Valerio. El escrito pedía la suspensión del cargo y el descuento de haberes por 120 días de legislatura, y fue derivado a la Comisión de Ética apenas esta quedó instalada, el 19 de agosto.

Según el oficio de Aranda, los hechos ocurrieron el 30 de julio, solo cuatro días después de que Pérez Mallqui asumiera funciones. El documento detalla que el diputado habría llamado de forma insistente a su expareja desde las 5:58 de la mañana y, al no recibir respuesta, habría ingresado sin autorización al domicilio de ella, en el distrito de San Miguel, aprovechando que el padre de la mujer no se encontraba.

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La denuncia sostiene que existen cámaras de videovigilancia y el testimonio de Bonilla Valerio que respaldan esa versión. El expediente también recuerda que la hoja de vida de Pérez Mallqui, presentada ante el JNE, registraba sentencias previas por lesiones culposas, falsa declaración y violencia familiar.

Tras conocerse el caso, la propia bancada de Juntos por el Perú pidió abrir el proceso disciplinario contra su colega. El diputado y vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, declaró en su momento que la bancada respaldaría la sanción más alta si se comprobaban los hechos: "Si hay un caso de violencia, por supuesto que vamos a sumarnos a la más alta sanción que amerite el reglamento". Ahora, más de tres semanas después, la comisión que preside Albañil tiene listo el informe final que definirá si Pérez Mallqui es sancionado.

En El Gatopardo, Lampedusa puso en boca de Tancredi la frase que terminó por nombrar un fenómeno político mucho más amplio que la novela: “para que todo siga igual, es necesario que todo cambie”. La aristocracia siciliana no resistía la revolución, la absorbía, cambiaba de forma para no cambiar de fondo. Algo parecido ocurre en la manera en que los sucesivos gobiernos vienen tramitando las delegaciones de facultades legislativas. Los gobiernos cambian y los decretos legislativos cambian, pero al mirar de cerca qué materias se delegan aparece algo preocupante: varias vuelven a delegarse sobre las mismas normas, con fórmulas casi idénticas, sin que el problema se resuelva.

El artículo 104 de la Constitución no le pide mucho al Ejecutivo para obtener del Congreso lo que es su función más relevante, la potestad de legislar. Solo exige que la materia cuya delegación se solicita sea “específica” y que se otorgue por “plazo determinado”. Son condiciones que parecen exigentes en el papel, pero que en la práctica quedan abiertas a la interpretación y dependen más de la buena fe del Ejecutivo que las redacta y del Congreso que las aprueba que de alguna ciencia jurídica capaz de acotarlas con rigor. Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha precisado los contornos de esa apertura, pero la cuestión medular de toda delegación es qué es lo que pretende hacer el Ejecutivo con dicha delegación y si lo logrará.

“Materia específica”, generalidad e incertidumbre

Empecemos por los párrafos que no logran superar el test de la “materia específica”. El ejemplo más nítido está en el bloque tributario, donde se solicita delegar la facultad de “modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios y las obligaciones formales de las empresas… a fin de adecuarlas a las modificaciones planteadas”, una fórmula tautológica que no fija ningún fin claro y que deja en el aire la pregunta de qué puede hacer y qué no el Ejecutivo.

Vale la pena contrastar esto con el pasado, porque no es cierto que la imprecisión sea inevitable. El proyecto que dio origen a la Ley 30506, de 2016, bajo el gobierno de PPK, llegó a un dictamen en el Congreso que dominaba el fujimorismo, con acotaciones y precisiones adicionales a la propuesta del Ejecutivo, lo que permitió un debate más informado sobre el alcance real de cada materia. Es prueba de que la Comisión de Constitución puede operar como filtro de precisión antes de que el pedido llegue al Pleno, en vez de convalidar la fórmula amplia que trae el Ejecutivo.

La “especificidad” está también ausente en la reforma que, al parecer, afectaría de manera estructural a la legislación penal en su conjunto. Genéricamente se señala que el objetivo sería “fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción”. En otro extremo del proyecto se mencionan decisiones políticas ya tomadas en el Ejecutivo que no requieren delegación alguna. Es el caso de la derogación de la Ley del Colegio Profesional de Artistas, la eliminación de los topes a la usura o la fijación de la edad mínima para cuentas de ahorro. Otros casos lindan con prohibiciones explícitas, pues se trata de limitaciones a derechos fundamentales laborales o de la reforma de estructuras orgánicas de los poderes del Estado, que requieren un amplio debate en el recién estrenado Congreso bicameral.

“Plazo determinado”, la renovación indefinida

La Constitución no fija un tope temporal a la delegación, pero la práctica peruana ha construido, de facto, un límite de sentido común. No hemos tenido delegación que exceda, ni de lejos, el plazo de una legislatura, porque la delegación existe precisamente para resolver problemas urgentes que el Congreso no puede tramitar a tiempo dentro de su propio calendario ordinario.

Aquí aparece el dato que anima el título de esta columna. Si uno rastrea algunos de sus puntos específicos, el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles (DL 1338), la Ley de Delitos Informáticos, el Decreto Legislativo de Migraciones, el Fondo de Garantía para el Campo, encuentra que la misma materia, sobre las mismas normas, ha sido solicitada en delegación durante los gobiernos de Boluarte, en 2023, y de Jerí, en 2025, y ahora se vuelve a pedir en términos similares. No es un caso aislado: son al menos cuatro ítems del proyecto que, sumados los plazos de las tres delegaciones sucesivas, superan más de tres legislaturas y cada uno se presenta, formalmente, como si fuera la primera vez que el Estado aborda el problema.

Aquí se esconde la versión legislativa del “gatopardismo”: cambia el gobierno, cambia el número de la ley, cambia incluso el decreto legislativo resultante, pero la materia de fondo, el comercio ilegal de celulares, el fraude informático, el control migratorio, sigue exactamente igual. Si un decreto emitido en 2023 debía resolver el problema y en 2025 se vuelve a delegar la misma facultad, y en 2026 se pide por tercera vez, solo caben dos lecturas, y ninguna es alentadora. O las delegaciones anteriores no cumplieron su finalidad y el Congreso está a punto de repetir un instrumento que ya demostró su fracaso. O el problema nunca estuvo bien enfocado desde el diagnóstico y la solución no es delegar de nuevo, sino preguntarse por qué la fórmula sigue siendo insuficiente.

Al Congreso corresponde no solo acotar las generalidades para poder luego controlar lo que está delegando, sino, sobre todo, bloquear la política del gatopardismo y exigir que el Ejecutivo realice un diagnóstico serio de las políticas que desea implementar. De otro modo, se está ampliando más allá de lo razonable un pedido de facultades que tiene límites en la Constitución.

La solicitud se tramitó a través de la Representación Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra. De acuerdo con el procedimiento oficial, las elecciones se llevarán a cabo mediante votación secreta y la nueva gestión asumirá el cargo a partir del 1 de octubre de 2027.

Golzáles-Olaechea cuenta con trayectoria en el sector público y en organismos internacionales. El excanciller se desempeñó anteriormente como alto funcionario en la OIT y como asesor de Javier Pérez de Cuéllar, diplomático peruano y exsecretario general de las Naciones Unidas.

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En el ámbito nacional, ocupó cargos en la Cancillería, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas.

Para este proceso electoral, el candidato presentó un plan de trabajo enfocado en los problemas actuales del mercado laboral. Su propuesta lleva por título "Una vida digna en la Era Disruptiva". De acuerdo con la información transmitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), este plan busca modernizar la OIT.

"[La propuesta] ofrece una visión holística del presente y de los retos futuros, conocimiento de la OIT, experiencia de Estado, comprensión del mundo del trabajo y capacidad de negociación para conducir a dicho organismo internacional compartiendo sus valores y principios para una vida digna. Su compromiso es: renovar sin dividir, reformar sin debilitar y anticipar para proteger".

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Antes de la fecha de votación, el proceso establece una etapa de presentación pública de los planes de gobierno de los aspirantes. El próximo 23 de septiembre, los candidatos sustentarán sus propuestas en Ginebra ante el pleno del Consejo de Administración de la OIT y los representantes de los 187 países miembros que integran dicha entidad.

Las reuniones oficiales de exposición de propuestas estarán a cargo del actual presidente del referido consejo, Matthew Wilson. Para garantizar el acceso público a estas exposiciones, las sesiones se transmitirá en vivo mediante las plataformas y canales oficiales de la organización internacional.

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Los datos forman parte de un análisis elaborado por el ingeniero Juan Carbajal, quien evaluó el desempeño de las transmisiones realizadas los domingos durante agosto y comparó tanto su duración como la cantidad de ‘me gusta’ obtenidos en cada jornada.

La primera transmisión considerada en el análisis fue la del 2 de agosto, con una duración de 44 minutos y 10,7 millones de ‘me gusta’, cifra tomada como línea de base. Una semana después, el 9 de agosto, el live duró 43 minutos, pero alcanzó 7,1 millones de interacciones, una caída de 33,6%.

La tendencia descendente continuó el 16 de agosto. Aunque aquella transmisión fue la más extensa del periodo, con 52 minutos de duración, obtuvo solo 5,9 millones de ‘me gusta’. De acuerdo con la comparación realizada por Carbajal, esto significó una reducción acumulada de 44,9% frente al registro inicial.

El descenso fue todavía mayor el 23 de agosto, cuando la transmisión duró 36 minutos y consiguió 3,2 millones de ‘me gusta’. En este caso, la disminución acumulada llegó al 70,1% respecto del 2 de agosto.

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Más tiempo en vivo no significó más interacción

Uno de los aspectos destacados por Juan Carbajal es que el tiempo de duración de las transmisiones no parece haber logrado revertir la caída de las interacciones.

El caso más evidente ocurrió el 16 de agosto. Ese día, el live se extendió durante 52 minutos, ocho minutos más que la primera transmisión analizada. Sin embargo, la cantidad de ‘me gusta’ fue prácticamente la mitad de la registrada el 2 de agosto.

El análisis también calcula el ritmo promedio de interacción. En el primer live se registraron aproximadamente 243.000 ‘me gusta’ por minuto, mientras que el 23 de agosto la cifra descendió a cerca de 88.000 por minuto.

Es decir, no solo disminuyó la cantidad total de ‘me gusta’, sino también la velocidad con la que estos se acumularon durante cada transmisión.

¿Se observa un desgaste del formato?

Para Carbajal, los resultados muestran señales de un posible desgaste del formato empleado en estas transmisiones. Su análisis sostiene que la pérdida de interacción se produjo de manera progresiva y que no estuvo directamente relacionada con la duración de los lives.

La lectura adquiere especial relevancia debido al contexto en el que se desarrollan las transmisiones. La utilización de TikTok como una vía de comunicación más cercana e informal puede generar interacción en redes sociales, pero también enfrenta el desafío de responder a una ciudadanía que demanda pronunciamientos sobre asuntos de carácter político y nacional.

No obstante, los datos analizados corresponden específicamente a los ‘me gusta’ acumulados en TikTok y no permiten, por sí solos, determinar cuántas personas observaron cada transmisión, cuánto tiempo permanecieron conectadas o cuáles fueron las razones detrás de la disminución de la interacción.

El 30 de agosto no hubo transmisión

El análisis también registra una ruptura en la continuidad de los lives el 30 de agosto. Ese día no se realizó una transmisión y el informe atribuye la ausencia a la agenda oficial de Keiko Fujimori en Macusani, Puno.

Por ello, Carbajal consigna esa fecha con 0 minutos y 0 millones de ‘me gusta’, pero no la incorpora como una medición de rendimiento comparable con las cuatro transmisiones anteriores.

Con los datos disponibles, el comportamiento de agosto deja una tendencia clara: 10,7 millones de ‘me gusta’ en el primer live, 7,1 millones en el segundo, 5,9 millones en el tercero y 3,2 millones en el cuarto. La caída acumulada entre el inicio y el último registro alcanza así el 70,1%.

El desafío para las siguientes transmisiones será determinar si esta disminución corresponde a un descenso temporal de la interacción o si representa una tendencia más prolongada en el desempeño de los lives dominicales.

Fuente del análisis: Juan Carbajal (@juank23_7).

El registro judicial de Castro Cruz no se limita a los delitos contra el honor. El legislador también acumula procesos relacionados con obligaciones alimentarias, según el informe periodístico. La suma de casos configura un patrón de litigios que se extendió por años, incluso mientras el diputado construía su carrera política.

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El caso volvió a la agenda pública tras un round de declaraciones entre Castro Cruz y el gobernador de Lambayeque. El enfrentamiento ocurrió durante una actividad de representación en la región, un espacio pensado para que los congresistas fiscalicen la gestión pública en sus zonas de origen.

Castro Cruz cuestionó la gestión del gobernador regional. La autoridad, lejos de quedarse callada, le recordó sus antecedentes judiciales. Lo acusó, además, de haberlo difamado durante varios años. El cruce dejó en evidencia la tensión que existe entre el legislador y las autoridades de su región.

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El incidente en Lambayeque destapó el prontuario judicial del legislador

El choque entre Castro Cruz y el gobernador no fue un hecho aislado. Ocurrió en el contexto de la semana de representación, periodo en el que los congresistas viajan a sus regiones para atender demandas ciudadanas y fiscalizar a las autoridades locales. En ese escenario, el historial judicial del diputado volvió a quedar expuesto ante la opinión pública.

El gobernador utilizó los antecedentes de Castro Cruz como argumento de respuesta. Le recordó, en público, que enfrenta procesos judiciales por difamación. La acusación no quedó solo en lo político: el gobernador sostuvo que el propio diputado lo difamó durante un periodo prolongado de tiempo.

Castro Cruz, quien además es propietario de una radio, respondió a la polémica con un anuncio concreto. Afirmó que contratará un estudio jurídico particular para hacerse cargo de sus procesos judiciales. Aseguró, también, que buscará que esas diligencias no interfieran con su labor como congresista.

Una de las diferencias está en el incremento de la remuneración mínima vital. La mandataria prometió elevar el salario de S/1.130 a S/1.300 durante su mensaje a la Nación. “Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1,300 soles”.

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Sin embargo, el ministro de Economía, Elmer Cuba, alertó realizar la medida provocaría “efectos colaterales en las microempresas y en los precios”. Por ello, el 10 de agosto indicó que no se cumplirá de inmediato este año. También mencionó que no se tenía una fecha fija para que se aplique el incremento anunciado por la presidenta.

“No está definido, puede ser entre octubre y noviembre los primeros 100 soles”. Además, agregó que el próximo incremento en el salario se daría en abril del 2027.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, contradijo lo señalado por Cuba. El 26 de agosto, sostuvo que la propuesta comenzará a discutirse recién el 3 de setiembre en el Consejo Nacional del Trabajo, por lo que “no se puede determinar todavía el mes”.

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Contradicciones en la gestión del orden interno y las FF. AA.

Otra contradicción evidente surge en materia de seguridad ciudadana. La presidenta informó en su mensaje a la Nación que las Fuerzas Armadas tendrán un rol central en el orden interno durante los estados de emergencia.

“En estados de emergencia, las FFAA asumirán temporalmente el liderazgo en operaciones de seguridad y del control interno (…)”, señaló durante su intervención.

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Ello contrasta con lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien precisó el 20 de agosto ante el Parlamento que la intervención militar tendrá un carácter distinto al señalado por la mandataria.

“Será una participación excepcional, delimitada y sujeta a reglas precisas. Las Fuerzas Armadas no reemplazan a la Policía ni a la autoridad penitenciaria (…)”.

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Resultados en 100 días

El panorama de plazos también muestra diferencias respecto a la agenda inicial de gestión. Keiko Fujimori declaró el 6 de julio que la prioridad para la primera etapa consistía en recuperar el orden y enfrentar emergencias.

“En estos momentos creo que lo más importante en una agenda de los próximos 100 días es recuperar el orden, enfrentar al Fenómeno El Niño y hacer que el Estado vuelva a funcionar”.

Pese a ello, el 20 de agosto, Luis Galarreta consideró necesario que pasen más de 100 días de gobierno para recién observar el producto de la gestión. “No todo resultado se obtiene en seis meses”.

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Cambio de discurso sobre la Pensión 65

Otra de las promesas que ha sufrido un retraso en los plazos es la relacionada con los programas sociales. La presidenta indicó, el 26 de agosto, Día del Adulto Mayor, que duplicar la Pensión 65 se estaría dando recién en el 2027.

“Auguramos que a partir del próximo año, porque hoy hemos recibido al país con cifras estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías", señaló.

Este anuncio contradice lo prometido en su mensaje a la Nación de julio, donde había asegurado que “iniciaría” su gestión duplicando el monto de Pensión 65. "Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/350 bimestral a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema", dijo el 28 de julio.

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“El cargo le queda grande”

Ante este escenario, el politólogo Edgardo Manyari, en diálogo con La República, señaló que la primera lectura de esta administración revela un desorden y una falta de conducción frente a los desafíos que afronta el país.

“No es posible que una presidenta haga un anuncio y después los ministros lo contradigan, parece que no hubiera conducción a nivel del Estado. No hay un rumbo fijo y es peligroso para un país que se enfrenta a una crisis”, sostuvo Manyari.

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Indicó que solo está cumpliendo un rol de fachada y comparó su falta de preparación con la gestión de la expresidenta Dina Boluarte. “Está haciendo el mismo papel de la señora Boluarte. Simplemente deja que las cosas pasen sin solucionar nada ”.

En esa línea, agregó que esto refleja una evidente improvisación en la gestión de la mandataria y sus ministros al no designar perfiles idóneos, lo cual se evidencia en la falta de capacidad de respuesta ante crisis como la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

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“Vemos el estilo del señor Marco Vinelli, que ha dicho que no tiene un plan. No tenía ni planes ni tampoco equipos. Se han puesto personas que no están preparadas evidentemente para los cargos que están desempeñando. Por ejemplo, tenemos los peores sistemas de salud de América Latina, que ya es decir bastante. Y han puesto un señor que tiene nula experiencia en manejo de temas de salud. Han puesto al señor Rafael Rey, que tampoco sabemos qué experiencia tiene en ese rubro. En Defensa, al señor Belaúnde, de quien tampoco se conoce ninguna experiencia en materia de temas de defensa”.

Ante ello, el politólogo explicó que las relaciones políticas en este gobierno responden a dinámicas de subordinación, en lugar de buscar verdaderas capacidades técnicas para administrar el destino del país.

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“Hay gente que le dice sí a todo, que no le haga absolutamente ninguna sombra y ahí tenemos lo que tenemos: una presidenta que ni siquiera es capaz de cumplir con sus promesas gubernamentales consagradas en su plan de gobierno. Está demostrando, lamentablemente, que el cargo le está quedando grande”.

En esa línea, también cuestionó que la presidenta no supiera responder por sí sola sobre las acciones que se están realizando por el bloqueo en la carretera en la región de Arequipa que, además, produjo la crisis de desabastecimiento de GLP.

“Los mensajes son, además de contradictorios, penosos. La presidenta se puso, en la entrevista al aire, a leer una respuesta. Eso es lo que hay, un desorden que se manifiesta en esta falta de coherencia en los mensajes políticos y en las decisiones, y que nos va a llevar inevitablemente a la prolongación de la crisis política y económica”.

Pese a las evidencias, la fiscal especializada en Delitos de Trata de Personas del Callao, Edith Chillitupa Concha, resolvió no formalizar ni continuar con la investigación contra los imputados.

Sin embargo, la procuradora de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Paula Navarro Barrios, detectó que no fueron evaluados los documentos que envió a la fiscal Chillitupa y que acreditan los hechos, por lo que ha requerido al Ministerio Público que continúen las indagaciones y se sancione a los responsables.

Los funcionarios de Migraciones involucrados, en lugar de disponer el retorno de Morais Couto en el mismo vuelo, y sancionar a la compañía por haberle permitido volar, le franquearon el acceso con la intervención de otras personas, e incluso cambiaron la fecha y hora de su ingreso en el sistema.

En ese momento, Jorge Morais Couto era presidente de la División para Iberoamérica de Securitas, y la empresa era responsable de la seguridad del aeropuerto.

El empresario portugués, en condición de presidente de Securitas Iberoamérica, estaba urgido en participar en una Junta General de Accionistas de la sucursal en Lima de dicho grupo empresarial, con la finalidad de remover a toda la gerencia de la compañía.

Mientras esperaba un “pasaporte de emergencia”, Morais Couto estuvo custodiado en el aeropuerto por el jefe de seguridad de Securitas Perú, Javier Riesco Gonzáles, lo que demuestra que recurrió a servidores de su empresa que prestaban servicio en el terminal aéreo.

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Sin voluntad para investigar

Desde el comienzo, La República informó de este caso del alto ejecutivo que recibió un trato privilegiado al margen de las normas. Recogió la versión de la compañía Securitas, la que rechazó los cargos y señaló que Morais Couto cumplió con las disposiciones.

Pero la defensa legal de Securitas, una compañía global de seguridad que debería cumplir con los altos estándares de transparencia, amenazó a este periódico con iniciar acciones legales si continuaba reportando sobre el caso, porque consideraba que el grave incidente era un asunto “privado” y no público.

La intervención de la procuradora de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Paula Navarro, confirma que se trata de un caso de interés público.

Los imputados son los servidores de Migraciones Reynaldo Torres Chirito y Kelly Camargo Arotoma, además del representante de Securitas en el Perú, Pedro Bellatín Galdós, entre otros.

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Pesquisas incompletas

Está documentado que, en un principio, al ejecutivo de Securitas se le impidió el ingreso al Perú y se dispuso que la aerolínea que lo transportó lo devolviera al punto de embarque, ya que su pasaporte estaba vencido.

Sin embargo, los implicados en el caso confabularon para que Jorge Morais Couto, junto con otras personas, se quedara en el aeropuerto a la espera de que el consulado de su país, Portugal, emitiera un “pasaporte de emergencia”.

Este mecanismo sólo se aplica para facilitar salidas del país y nunca ingresos, dijeron fuentes de Migraciones. Con ese documento Morais Couto realizó actividades empresariales en Lima. Al llegar al país solo contaba con visa de turista.

La procuradora también hizo notar que el “pasaporte de emergencia” presentado por Morais Couto era un documento llenado a mano, sin datos biométricos y sin firma de algún representante consular. Tampoco contaba con algún tipo de medida de seguridad reconocida como válida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), para la identificación y tránsito de ciudadanos para viajes internacionales, indicaron las fuentes de Migraciones.

De acuerdo con la procuradora, la fiscal Edith Chillitupa incumplió con el mandato de la Fiscalía Superior que le ordenó recabar la información necesaria para identificar a los responsables del ingreso del ejecutivo de Securitas.

La procuradora de Migraciones recordó a la Fiscalía Superior de Trata de Personas del Callao, que “el tema principal a dilucidar es determinar si la persona de Morais Couto ingresó irregularmente al país, luego de ser inadmitido su ingreso a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”. Una tarea que no hizo la fiscal Chillitupa.

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Las tareas incumplidas

“Se debió ordenar recabar los registros fílmicos del área de Migraciones a la fecha de los hechos, así como también oficiar a la Embajada de Portugal en Lima si, para la obtención del pasaporte de emergencia del citado ciudadano, este tenía que recurrir presencialmente a su sede ubicada en el distrito de San Isidro”, señala la procuradora.

La fiscalía, en lugar de cumplir con estas diligencias claves, se limitó a recoger la versión de los imputados.

“Dando mayor trascendencia a las declaraciones de los investigados y a la documentación presentada por estos, (la fiscalía) decide dejar de lado las diligencias mencionadas y ordenadas” por el fiscal superior que ordenó investigar el escandaloso caso.

El empresario Jorge Morais Couto llegó a exigir por escrito a Migraciones “regularizar” la hora que ingresó en el país, para de esta manera justificar la fecha y hora que señala su participación registrada en el acta de Junta General de Accionistas de Securitas Perú SAC.

Los funcionarios de Migraciones, en coordinación con Jorge Morais Couto, le concedieran la rectificación de la hora de ingreso sin mayor justificación.

Basándose en esta “regularización”, el empresario Morais Couto logró archivar las investigaciones en su contra, alegando que Migraciones había “validado” su ingreso al país. Empero, la procuradora indica todo lo contrario.

La fiscal Edith Chillitupa se limitó a escuchar la versión de los imputados, en lugar de pedir el testimonio, por ejemplo, del agente de tráfico Félix Barbarán Rodríguez, para que explique por qué no se devolvió a Jorge Morais Couto a su país de origen y se autorizó su permanencia en el aeropuerto hasta que le concedieron el “pasaporte de emergencia”.

Otra información que la fiscalía pasó por alto fue la versión documentada de Air Europa, la compañía que trajo a Lima a Jorge Morais Couto y no lo devolvió.

Además, la fiscalía no requirió a Air Europa “la identificación del personal que se encargó de la custodia (de Jorge Morais Couto) desde la orden de reembarque hasta su control migratorio con el pasaporte de emergencia obtenido”, precisa la procuradora de Migraciones.

La fiscalía no ha querido abrir la investigación sobre la cadena de responsables que accedieron a que Morais Couto ingresara al país vulnerando normas elementales. “El archivo (de la investigación fiscal) se sustenta (...) en inferencias o conjeturas, al no existir elementos objetivos que las respalden”, concluye la procuradora de Migraciones sobre este grave caso.

La iniciativa modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 e incorpora una causal de pérdida de idoneidad que permitiría a la presidenta cesar al comandante general de la PNP antes de cumplir sus dos años en el cargo, actualmente protegido por la Ley 31570. El proyecto plantea cuatro supuestos objetivos: afectación grave de la eficacia operativa, incumplimiento reiterado de los planes de seguridad ciudadana, negligencia grave en el cargo y actos u omisiones que dañen la institucionalidad policial.

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El PL se basa en las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que en el 2025 cerró con 2.218 asesinatos en el país, por encima de los 2.083 de 2024 y los 1.511 de 2023, con un promedio de 6,07 homicidios diarios. Lima concentró la mayor cantidad de víctimas, seguida de La Libertad, Callao, Piura e Ica. Incluso el propio proyecto añade que, en los primeros 26 días del gobierno de Keiko Fujimori, se registraron 134 homicidios, la mayoría en Lima y Callao.

La propuesta no es la primera que busca modificar el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267. Según el texto, antes de esta, el excongresista Roberto Chiabra presentó en 2022 el PL 2763/2022-CR, aún pendiente de dictamen en la Comisión de Defensa, y la excongresista Susel Paredes registró en enero de 2026 el PL 13864/2025-CR con un enfoque similar. Además, el propio Ejecutivo, a través del ministro del Interior César Astudillo, había anunciado el 21 de agosto ante el Pleno del Congreso que prepararía una iniciativa propia para modificar la misma norma.

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Cuatro razones que podrían cesar a Arriola

El artículo 8 vigente, modificado por la Ley 31570 en 2022, solo permite cesar al comandante general de la PNP antes de sus dos años de mandato por seis causales taxativas: muerte, retiro voluntario, incapacidad física permanente, falta muy grave, sentencia firme por delito doloso o comisión de delito flagrante. El proyecto de Palomino añade una séptima causal, la pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad necesaria para el ejercicio del cargo, con cuatro supuestos específicos:

• Grave afectación de la eficacia operativa, la capacidad de respuesta o la conducción estratégica de la PNP, acreditada con información objetiva y verificable.
• Incumplimiento grave y reiterado de las políticas y planes nacionales de seguridad ciudadana, sustentado en un informe técnico del Ministerio del Interior.
• Negligencia grave que afecte de forma sustancial la seguridad ciudadana, el orden interno o la capacidad operativa de la PNP.
• Actos u omisiones en el ejercicio del cargo que dañen gravemente la institucionalidad, la disciplina o la legitimidad de la institución policial.

El proyecto exige que el motivo del cese se comunique personalmente al comandante general y se sustente por escrito.

Cabe recordar que Óscar Arriola ocupa la comandancia general de la PNP bajo una norma aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo que lo mantiene en el cargo hasta setiembre de 2027. El propio ministro Astudillo admitió el 22 de agosto ante la Cámara de Diputados que el Ejecutivo carece de margen legal para relevarlo antes de que cumpla sus dos años en funciones, pese a las críticas por el manejo de la seguridad interna.

La senadora de Fuerza Popular, Martha Chávez, dijo que si ella estuviera en el lugar de Arriola consideraría dejar el cargo voluntariamente por los cuestionamientos en materia de seguridad ciudadana. “Es una posibilidad, yo también pensaría que si estuviese en esa situación, dar un paso al costado”, señaló Chávez durante una entrevista con RPP.

Por su parte, el diputado Víctor Piñan del partido OBRAS, se sumó a la situación en la que el comandante deba salir de su puesto. “Hemos pedido al ministro del interior que no repita las mismas recetas que no han funcionado. En ese sentido, creemos que el Grl. Oscar Arriola debe salir del cargo”, declaró para este medio.

A través de la Resolución Jefatural 000139-2026-JN/ONPE, publicada en la edición extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el pasado 28 de agosto, la entidad electoral cambió los artículos 10 y 11 del reglamento.

Estos nuevos lineamientos establecen que la convocatoria de la destrucción de las cédulas de sufragio se realizará luego de la proclamación de resultados del proceso electoral. Asimismo, la ONPE notificará al Ministerio Público, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a los personeros de los partidos políticos sobre el lugar, fecha y hora donde se realizará esta actividad.

"La inasistencia de uno o más personeros no impide ni posterga la destrucción de las cédulas", añade la resolución.

Asimismo, la entidad electoral establecerá la forma de destrucción del material y que, posteriormente, será notificada a las otras instituciones.

El oficio también ordena poner en conocimiento estos nuevos lineamientos al JNE y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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ONPE inició la destrucción pública de cédulas de las Elecciones Generales 2026

La ONPE realizó este sábado, por primera vez, la destrucción total y pública de las cédulas de sufragio empleadas durante las Elecciones Generales 2026 y la segunda elección presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

La jornada se llevó a cabo en un establecimiento ubicado en Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao, y fue supervisada por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.

En el procedimiento también participaron representantes del Ministerio Público y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes estuvieron presentes durante el desarrollo de la actividad.

Como parte del proceso, la empresa contratada para ejecutar el servicio trasladó desde el almacén de la ONPE, situado en Lurín, aproximadamente 431.000 kilos de material electoral.

Las cédulas fueron destruidas mediante un proceso de trituración que las convierte en pequeños fragmentos, de modo que no puedan ser reconstruidas ni reutilizadas.

Asimismo, la ONPE informó que se registra cada etapa del procedimiento, desde el traslado y la recepción del material hasta su destrucción definitiva.

De acuerdo con la resolución, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó que se entregue la información correspondiente a cuatro líneas telefónicas de Chávez, comprendida entre el 1 de octubre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022.

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La medida dispone que las operadoras Movistar, Claro, Bitel y Entel informen, en un plazo de 48 horas, a la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos sobre diversos datos vinculados a dichas líneas. Entre la información solicitada se encuentra la titularidad, fecha de activación, estado de las líneas, motivos de baja, identificación de los IMEI y tarjetas SIM, así como el detalle del tráfico de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto, horarios y duración de las comunicaciones, entre otros registros.

La data, señala el documento, deberá ser entregada en formato físico y digital con la reserva del caso en un breve plazo.

En tanto, la defensa legal de Chávez estuvo de acuerdo con la petición de la Fiscalía y señaló que "esta diligencia contribuirá al archivo de la causa y al esclarecimiento de la verdad". Sin embargo, "cuestionó el sentido de la investigación debido a la falta de formalización contra otros implicados".

Es importante resaltar que la exministra de Pedro Castillo es investigada por las contrataciones del entorno de su entonces pareja Abel Sotelo en distintas instituciones del Estado, incluyendo el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), Senati y EsSalud.

El caso

Uno de los principales hechos que forman parte de la investigación es la contratación de Marco Sotelo Villa, hermano de Abel Sotelo, como asistente de nivel 2 en el despacho congresal de Chávez. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, la entonces parlamentaria habría tenido interés en su incorporación. La Fiscalía señala que, al entregar su documentación al Congreso en octubre de 2021, Marco Sotelo no consignó el parentesco que mantenía con Abel Sotelo, presuntamente con el objetivo de evitar que su contratación fuera vinculada con la legisladora. Permaneció en el puesto hasta marzo de 2022, periodo durante el cual percibió un total de S/42.464,48.

La Fiscalía señaló que, según el propio Marco Stelo Villa, declaró que la excongresista lo llamó por teléfono para consultarle sobre su disponibilidad laboral con la finalidad de que labore en el Congreso.

Asimismo, el Ministerio Público indaga la contratación de Flor Sotelo Villa, hermana de Abel Sotelo, quien en septiembre de 2022 fue incorporada como auxiliar de nivel 2 en el despacho congresal de Chávez. Su vínculo laboral se extendió hasta noviembre de 2023, cuando dejó el cargo tras la difusión de un reportaje periodístico que reveló la contratación de familiares de la expareja de la entonces ministra.

De igual manera, la Fiscalía sostiene que Chávez habría mostrado interés en la designación de Antonio Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo, en distintos puestos dentro del Estado. Entre estos se encuentran su nombramiento como intendente regional de la Sunafil en Puno, en diciembre de 2021; como representante del Ministerio de Trabajo ante el Senati, en enero de 2022; y como jefe de la Oficina Zonal de Tacna de Cofopri, en marzo de 2022.

La decisión tomada por la jueza Lorena Sandoval establece que la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tendrá hasta el 15 de julio del 2027 para terminar con la investigación preparatoria.

El Ministerio Público había solicitado la ampliación por 36 meses; sin embargo, la magistrada señaló que 12 meses es un plazo prudencial para la culminación de las diligencias fiscales como la ejecución de pericias especializadas.

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La Fiscalía sustentó su pedido al mencionar que existe una especial complejidad de la investigación, demoras en las pericias financieras, un volumen extraordinario de información documental, nueva incorporación relevante e investigados, demoras, inasistencias y reprogramaciones de diligencias, etc.

Por su parte, la defensa de Goray advirtió que, si bien estaban de acuerdo con el requerimiento de prórroga, 36 meses es un plazo excesivo y desproporcionado. Aseguró que existen "tiempos muertos" por la inactividad fiscal desde la formalización de la investigación en julio del 2023. Desde la defensa de Fernandini se opusieron a la solicitud fiscal y argumentaron que el periodo es excesivo.

Sin embargo, el Poder Judicial señaló que, si bien hubo reprogramaciones, es deber de la Fiscalía hacer los apercibimientos correspondientes "a efectos de no frustrar las mencionadas diligencias". Afirmó que la única diligencia que justifica una prórroga es la realización de las pericias.

"Precisar al Ministerio Público que el plazo concedido tiene carácter excepcional y suficiente, debiendo administrarse con la máxima diligencia y priorizando el derecho que tiene el investigado a que se resuelva su situación jurídica dentro de un plazo razonable", indica el documento judicial.

El caso

Según la tesis fiscal, en 2021, Sada Goray Chong, en su calidad de gerente general de Markagroup, habría gestionado la suscripción de un convenio institucional con el Fondo Mi Vivienda (FMV), presuntamente con el propósito de obtener supuestas ventajas indebidas mediante la concertación con altos funcionarios públicos.

El Ministerio Público sostiene que se habrían coordinado acciones para establecer contacto con personas allegadas al entonces presidente Pedro Castillo Terrones, con el objeto de presuntamente obtener acceso a beneficios ilícitos. Para eso, habría encomendado dicha gestión a sus coimputados Julieta Tijero Martino y Jorge Fernandini, quienes habrían contactado a Geiner Alvarado López, Ministro de Vivienda en aquel momento, facilitando una reunión con Salatiel Marrufo Alcántara.

El entonces Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder inició esta investigación preparatoria luego de que Sada Goray reconociera ante el Ministerio Público haber entregado en efectivo más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo, quien en ese momento se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda.

Según su declaración, estos pagos habrían tenido como finalidad que su entonces empresa Markagroup SAC obtuviera contratos y beneficios en dicho sector durante el gobierno de Castillo.

El grupo de trabajo tiene programado para el lunes 31 de agosto sesionar a las 2 p.m. y como orden del día tiene pendiente la elaboración del Reglamento de las Ligas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Es decir, al menos, hasta el martes no se vería el pedido del Ejecutivo para legislar por 120 días en materias de inseguridad ciudadana, economía, etc.

El grupo de trabajo también dará un reporte de los documentos ingresados y emitidos en el despacho entre el 19 y el 28 de agosto. Asimismo, informará sobre el reporte de ingreso de las proposiciones legislativas. En ese último punto, se debería dar cuenta del pedido de facultades.

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El retraso en la aprobación del proyecto también compromete al Gobierno. Luego de postergar en cinco ocasiones su presentación y sin establecer una fecha definitiva para su entrega, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) remitió al Congreso el documento de 20 páginas, pese a que los diputados se encuentran desde el lunes 24 de agosto en semana de representación en distintos departamentos del país.

En tanto, La República se comunicó con el diputado de Cívico Obras e integrante de la Comisión, Víctor Piñán, para conocer si su bancada ya había revisado el pedido de facultades legislativas y si respaldaría su aprobación o plantearía modificaciones. Al respecto, Piñán señaló que el documento aún se encuentra en evaluación dentro de su agrupación.

"En estos días estamos reuniéndonos como bancada para evaluar el pedido de facultades; sin embargo, hemos señalado en reiteradas oportunidades que nuestras prioridades son los temas de inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Sobre estos temas hay consenso en la bancada", expresó.

Comisión de Ética evaluará denuncia contra el diputado Pérez Mallqui por presunta agresión

A las 4 p.m. la Comisión de Ética evaluará el informe de calificación sobre la denuncia contra el diputado de Juntos por el Perú (JP), Julián Pérez Mallqui, por una presunta agresión a su pareja.

La sesión toma lugar luego de que el pasado 19 de agosto el grupo de trabajo aprobó iniciar una indagación preliminar en contra del legislador. La denuncia fue presentada por el congresista Christian Aranda (Renovación Popular), en la que solicitan 120 días de suspensión sin goce de haber.

En esa ocasión, el presidente de la comisión, Henry Albañil (Cívico Obras), señaló que Pérez Mallqui fue notificado de la decisión. El documento presentado por Aranda tiene como objetivo castigar las presuntas faltas éticas y garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

Según el oficio, el parlamentario habría efectuado un "hostigamiento telefónico” desde las 5:58 a. m. y, al no obtener respuesta, presuntamente habría ingresado al domicilio sin autorización, aprovechando que el padre de la denunciante no se encontraba en el lugar. La denuncia señala que estos hechos estarían sustentados en registros de las cámaras de videovigilancia y en el testimonio de Laura Bonilla Valerio.

Concluida la reunión entre los integrantes del Poder Ejecutivo, la presidenta no dio declaraciones. Quien sí lo hizo fue Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. El premier señaló que, entre las primeras acciones adoptadas, se encuentra la movilización de efectivos policiales desde Lima hacia la región La Libertad.

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Adicionalmente, Galarreta indicó que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, estaría siendo trasladado a la región norteña para articular acciones con las Fuerzas Armadas. Asimismo, señaló que, durante las próximas horas, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Perú (PNP) brindarían reportes detallados sobre la situación.

Según Galarreta, la identificación de los cabecillas de la banda criminal que perpetró el crimen se completaría mañana, 31 de agosto.

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Tras sus declaraciones, Galarreta volvió a insistir en que se encuentra “a la espera de la aprobación de la delegación de facultades” para que el Gobierno pueda ejecutar sus planes frente a la escalada de inseguridad ciudadana.

Ministro Belaúnde se pronuncia

Tras la reunión de ministros, Rafael Belaúnde, titular de la cartera de Defensa, señaló en entrevista con Cuarto Poder algunos detalles conocidos tras el atentado ocurrido en Trujillo. Sin brindar mayores detalles sobre las acciones que se adoptarían, indicó que se coordinarían medidas y, en línea con lo expresado por otros miembros del gabinete, insistió en declarar como “grupos terroristas” a las bandas criminales.

“Esto se ha coordinado desde adentro del penal. Se tiene identificada a una persona, alias ‘John Pulpo’. Aparentemente, ese sería el caso. Por eso es fundamental tener control perimétrico en los penales. Por otro lado, hay que requisar, que es lo que se está haciendo. Vamos a coordinar las acciones. Se están estableciendo cercos donde están los cómplices de estas personas. (…) Estamos tomando el control del perímetro de los penales”, indicó.

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Sobre la permanencia de Óscar Arriola, comandante general de la PNP, en el cargo, Belaúnde indicó que el Gobierno ha contemplado modificar la norma que actualmente dificulta su salida.

“El marco legal blinda al comandante general de la PNP por un periodo de dos años. (…) Es un tema del sector Interior del que no me voy a pronunciar. Hay que entender que se ha heredado una situación de podredumbre de años de indolencia y de inacción. Se ha contemplado reducir el plazo mandatorio de dos años (del jefe de la Policía) a un año”, apuntó.

Trujillo se encontraba bajo estado de emergencia cuando sucedió masacre

La Libertad fue una de las regiones que contó con una ampliación del estado de emergencia en varios de sus territorios. Mediante el Decreto Supremo N.° 109-2026-PCM, promulgado el pasado 25 de julio de 2026, el estado de emergencia se extendió por 60 días más en las provincias de Trujillo, Chepén y Virú.

De acuerdo con el decreto, el objetivo es que las Fuerzas Armadas mantengan una coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar intervenciones específicas, bajo criterios de análisis militar y policial.

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Pese a que esta medida viene siendo destacada por el Gobierno y otras administraciones como parte de la estrategia para contener el avance de la criminalidad, la disminución del peligro no ha sido definitiva. El ataque contra los ciudadanos trujillanos ocurrió precisamente durante la vigencia del estado de emergencia.

El general Ricardo Espinoza, jefe de la PNP en La Libertad, afirmó que las autoridades policiales ya habían sido informadas de que un hecho de esta naturaleza podría ocurrir. “Esto no es un hecho cualquiera, es un hecho que venía alertándose hace varios meses. Tanto es así que, en su momento, la División de Secuestros había notificado a las posibles víctimas para que tomaran sus medidas de precaución”, indicó.

“Yo espero que esta situación lamentable que estamos enfrentando y vamos a seguir enfrentando. Nosotros, como Estado, no vamos a parar de enfrentarlo, simplemente estamos esperando la delegacion de facultades y en el camino, ya hemos ido estudiando varias acciones que seguro vamos a poner en marcha pronto”, dijo tras una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y los ministros de Defensa e Interior.

Según sus propias palabras, Galarreta aseguró que el Gobierno tiene uan estrategia que todavía no ejecutan, mientras la cifra de asesinatos, en lo que va de la gestión de Fujimori, roza los 120 casos. El primer ministro no se refirió en ninguno momento a la situación del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, cuya continuidad ha sido nuevamente cuestionada desde algunas bancadas del Congreso que ya piden su salida.

Asimismo, recurrió al asesinato y secuestro en Trujillo para pedir a la Cámara de Diputados que aprueben el proyecto de delegación de facultades. Alegó que el apartado referido a materia de seguridad les permitirá ejecutar acciones para detectar a las organizaciones criminales.

“Quiero dejar algo en claro y es, justamente, la necesidad y urgencia de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana. Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones que no tiene hoy día, es sumamente importante para detectar a tiempo estas bandas criminales, más allá si son arreglos de cuenta o no, porque finalmente hay violencia en la ciudad, que es lo que queremos frenar”, sostuvo.

“Ante la falta de resultados, la Policía Nacional necesita un cambio en su conducción. Por ello, exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos”, se lee en el comunicado.

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La bancada también expresó sus condolencias a los deudos de las víctimas del ataque.

Otras bancadas de la Cámara de Diputados, como Juntos por el Perú y Ahora Nación, también han pedido la remoción de Arriola del cargo de comandante general de la PNP.

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Desde el Gobierno, fuentes indicaron a La República que existe disconformidad con el trabajo de Arriola. Sin embargo, la Ley 31570 —aprobada durante el Congreso pasado con respaldo fujimorista— establece condiciones que dificultan la salida del comandante general antes de cumplir dos años en el cargo. Bajo esta norma, Arriola recién dejaría la jefatura de la Policía a fines de 2027.

La descentralización es una política de Estado reconocida por la Constitución Política del Perú y constituye una forma democrática de gobernar el país. Su fortalecimiento permite acercar el Estado a los ciudadanos y contribuir al cierre de brechas territoriales.

Por ello, cualquier intento de recentralizar funciones contradice el carácter permanente e irreversible del proceso de descentralización. Es necesario precisar, además, que importantes decisiones en materia de infraestructura de salud y educativa, así como los requisitos para la contratación de personal especializado, continúan dependiendo del Gobierno Nacional.

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Programas como PRONIS y PRONIED concentran la formulación y ejecución de grandes inversiones y ello sigue siendo competencia del Ministerio de Salud (Minsa) y Ministerio de Educación (Minedu).

Desde la ANGR queremos reafirmar que la descentralización es la forma más democrática de gobernar el país, de manera equitativa y transparente, lo que viene permitiendo cerrar las brechas territoriales de diversos servicios del Estado.                                                                                                   

Por ello, invocamos al ministro de Salud a ejercer plenamente la rectoría de su sector, estableciendo políticas y estrategias que garanticen a todos los peruanos el acceso a servicios de salud pública de calidad.

El camino no es debilitar la descentralización, sino fortalecerla mediante una efectiva articulación entre los tres niveles de gobierno. 

El Perú no es solo Lima. La descentralización no es el problema y volver al centralismo no puede ser una solución.                                                                                                    

El Perú se construye desde sus pueblos, sus provincias y sus regiones.

“Consideramos lamentables las declaraciones del Sr. Defensor del Pueblo. Disolver el Congreso’ que es lo que se planteó en la entrevista (con dos cámaras congresales), no existe como opción constitucional. Medir esa decisión por lo que rinde en encuestas y no por si es lícita es el mismo razonamiento que en 1992 le costó al país su democracia. La palabra del Defensor no es una opinión más, no es un analista político. Cuando sugiere que cerrar el Congreso sería un buen negocio político, la institución deja de contener el ánimo antidemocrático y empieza a alimentarlo”, se lee en el comunicado.

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El pronunciamiento, difundido a propósito de los 30 años de creación de la Defensoría del Pueblo, denuncia además el desmantelamiento de la línea técnica de la institución, el incumplimiento del pase del personal CAS a plazas del régimen 728 y la hostilización a dirigentes sindicales, entre otros reclamos. También rechaza la celebración institucional prevista en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en momentos de carencias materiales y obligaciones laborales impagas.

El texto concluye aclarando que el pronunciamiento no se dirige contra la Defensoría del Pueblo, sino que busca defenderla: “No confundimos a la institución con quien circunstancialmente la conduce: la institución es de la ciudadanía”, se lee.

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Las declaraciones del defensor del Pueblo

Las polémicas declaraciones del defensor del Pueblo se produjeron el pasado jueves 27 de agosto. Gutiérrez señaló que una eventual disolución del Congreso de la República podría generar un respaldo popular al Gobierno de Keiko Fujimori.

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“Te digo algo de manera cruda: si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos su popularidad. No voy a alentar eso, pero tal cual está el Estado, que si bien como país crecemos por inercia; (...) pero si no hacemos reformas estructurales, seguiremos en lo mismo”, indicó durante una entrevista en Exitosa.

Tras las declaraciones, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras suscribieron una declaración conjunta en la que manifestaron su firme oposición a lo que calificaron como llamados golpistas por parte del defensor del Pueblo. En el documento, señalaron que las declaraciones del funcionario constituyen una amenaza al orden constitucional y a la separación de poderes.

El pronunciamiento del ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil anula los archivos extraídos de los servidores Drousys y My Web Day B, usados como evidencia contra Toledo en el caso Interoceánica, debido a presuntas irregularidades en la cadena de custodia durante su obtención en los tribunales de Curitiba.

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My Web Day B era el software con el que el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht gestionaba el pago de sobornos, mientras que Drousys era el sistema de correo cifrado usado por sus ejecutivos para coordinar esas operaciones con testaferros y operadores financieros.

Carrión explicó que la nulidad debe atravesar un proceso judicial denominado Exequátur, mediante el cual la justicia peruana valida formalmente la decisión extranjera antes de derivarla al juez penal a cargo del caso. "Hay un trámite que se llama Exequátur, que es un trámite en el cual la justicia peruana, primero, tiene que validar formalmente quién emite esa decisión, para luego de ese trámite, que es judicial también, pueda derivarlo al juez penal a cargo del caso, que recién en ese momento evalúa si es que hay alguna prueba de las mencionadas por esa decisión, que no conocemos íntegramente, que deba ser excluida", señaló para RPP.

La exfuncionaria dijo que Perú no está subordinada a la brasileña y que ambos países mantienen soberanía jurisdiccional. "Hay una soberanía jurisdiccional también y un respeto, digamos, del ordenamiento legal procesal; así, como lo que indique el juez peruano tampoco va a obedecerlo inmediatamente un juez brasilero. No funciona así", explicó.

Asimismo, agregó que, hasta el momento, no se conoce el alcance total de la decisión de Dias Toffoli ni qué documentos específicos habrían sido considerados contaminados. Cabe recordar que, en septiembre de 2023, Toffoli ya había determinado que las pruebas obtenidas mediante esos sistemas estaban jurídicamente comprometidas, al declarar su "inutilidad" "bajo el ordenamiento jurídico" brasileño. Ahora, el magistrado extendió los alcances de esa resolución al proceso que involucra a Toledo, y ordenó anular las pruebas.

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¿Por qué Perú podría no acatar el fallo brasileño?

Según la ex procuradora, el Poder Judicial sí podría desconocer la nulidad dictada en Brasil y mantener como válida la prueba que fue incorporada al proceso y que siga el procedimiento legal peruano con normalidad. "Es perfectamente posible, porque el Poder Judicial peruano tiene soberanía jurisdiccional y se va a regir por las leyes de nuestro país, y va a considerar válida una prueba que ha sido ingresada de manera legítima, siguiendo el procedimiento legal", remarcó para RPP.

"Si eso es así, por más que llegue cualquier decisión de cualquier país extranjero respecto a que esa prueba es nula, el juez penal peruano puede decir 'es válida', y no toma en cuenta esa decisión", agregó. En declaraciones para La República, la exprocuradora precisó que ese criterio aplicaría también a la instancia que hoy conoce el caso. "El juez, o en este caso la sala superior, podría decidir no aplicar la sentencia o la decisión de la autoridad brasilera".

Como antecedente, Carrión citó el caso de otro expresidente, Ollanta Humala, pues fue el mismo juez Dias Toffoli quien emitió un pronunciamiento similar sobre nulidad de pruebas, pero que finalmente no fue considerado por el Poder Judicial al no haber sido notificado de manera correcta.

"Esa decisión, obviamente, fue alegada en las audiencias por los abogados de defensa en ese caso, pero el Poder Judicial no tomó en consideración la decisión de la justicia brasilera, porque además no llegó notificada de manera correcta (…) Entonces, eso quedó en una alegación de las defensas, pero no fue valorado ni considerado por el Poder Judicial", detalló.

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Asimismo, Carrión precisó que la mayoría de las pruebas que se tienen contra Toledo en el caso Interoceánica no dependen de la cooperación internacional, sino que fue entregado directamente en el Perú por Odebrecht a través del acuerdo de colaboración eficaz.

"Entonces, hace entrega de un paquete de información respecto a Interoceánica, Odebrecht como empresa, y además los ejecutivos han declarado. Ese paquete no está en discusión, porque lo que dice Dias Toffoli es sobre lo que ha llegado por la cooperación internacional, y lo que ha llegado por la cooperación internacional en el caso Toledo es bastante menor", puntualizó.

Sin embargo, la sentencia contra el expresidente aún no es firme. En la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacionales se continúan evaluando recursos que presenta la defensa de Toledo contra el fallo y en lo que va del año han continuado las audiencias de segunda instancia. En diálogo con La República, Carrión precisó que dicha apelación fue formulada tanto por la defensa como por la fiscalía. "La sentencia del señor Toledo, que se dictó en primera instancia, fue apelada y en este momento se encuentra discutiéndose la apelación de esa sentencia (...) La apelación es formulada por parte de la defensa y de la fiscalía (...) para que la sala superior finalmente pueda confirmar, esperemos, la decisión de primera instancia", explicó.

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Carrión rechaza plan para desactivar la Procuraduría Ad Hoc

Consultada por este medio sobre la posibilidad de eliminar la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, Carrión calificó esa medida como inconveniente y destacó los resultados obtenidos. "No sería la decisión más conveniente (...) la procuraduría ad hoc ha sido una procuraduría que hasta la fecha viene exponiendo resultados favorables para la defensa del Estado (...) se ha impuesto una reparación civil de más de 1,500 millones de soles en sentencias ya firmes, y de esas sentencias firmes (...) se viene cobrando a la fecha casi 400 millones de soles", dijo.

La exfuncionaria remarcó que se trata de la recuperación más alta lograda por el Estado peruano en un caso de corrupción, y adelantó que la procuraduría proyecta recaudar S/650 millones para 2029, de los cuales S/70 millones corresponderían a este año.

Asimismo, cuestionó la gestión de la Procuraduría General del Estado (PGE), a cargo de María Caruajulca, y advirtió sobre el riesgo de trasladar los casos Lava Jato a la Procuraduría Anticorrupción. "La Procuraduría Anticorrupción (...) este año (...) han emitido dos comunicados (...) en el que piden por favor que lo declaren en emergencia, porque no se dan abasto con la cantidad de casos que tienen, tienen más de 50,000 casos, no tienen personal, no tienen recursos (...) a esta procuraduría quieren trasladar los casos lavajatos, que son casos complejos, son casos que tienen no menos de 50 investigados, con un montón de empresas".

Según la exprocuradora, detrás de esta propuesta de desactivación estaría el interés de frenar los embargos que mantiene la Procuraduría Ad Hoc, que ascienden a unos S/3000 millones. "¿Qué es lo que quieren hacer realmente? Quieren desactivarla para que ya no siga cobrando más dinero de reparación civil, para que ya no siga embargando (...) creo que hay que ser cuidadosos para tomar una decisión como esta de desactivarla, porque los casos van a correr riesgo y la recuperación de la reparación civil se pone en riesgo", finalizó.

El arribo de la hija del exdictador Alberto Fujjimori fue posible gracias a que se manejó doble discurso respecto a su llegada.

Dirigentes de gremios y familiares de víctimas de las protestas del 2023 tenían previsto viajar hasta la ciudad Macusani- Carabaya a cinco horas al norte de la ciudad de Puno, y sobre los 4.300 m.s.n.m.

El propósito era rechazar su presencia porque los deudos aún no encuentran justicia. Sin embargo, desistieron de trasladarse a la zona porque a última hora se informó que solo llegaría el ministro de Agricultura y Defensa. Se manejó doble discurso.

Fujimori arribó al promediar las 10:00 a.m al aeropuerto Inca Manco Capac de Juliaca en el avión presidencial y abordó de inmediato un helicóptero del ejército de matrícula EP-682. Cuando estaba a punto de aterrizar recién se confirmó su llegada ante una portátil convocada por el alcalde de Carabaya Edmundo Cáceres, en el marco del cierre Feria de Alpacas y Llamas (Fecasam) 2026. Fue una actividad cerrada donde solo estuvieron alpaqueros y ronderos a quienes no se les avisó al arribo de la presidenta sino se les comunicó la presencia de dos ministros. En todo momento se exhortó a los participantes respetar la presencia de la mandataria.

Fujimori llegó acompañada del ministro de Agricultura Marco Vinelli Ruiz hasta el campo ferial Julio Barreda Aragón, escenario de la clausura de la feria alpaquera. Entregó un tractor emulando a su padre Alberto Fujimori.

Raúl Samillán, presidente de la asociación de víctimas del 09 de enero de 2023, indicó que Fujimori solo llegó a provocar porque en una próxima fecha la ciudadanía no le permitirá su arribo porque su partido desde el Congreso le dio respaldo a Dina Boluarte.

Lamentó que el alcalde de Carabaya Edmundo Cáceres se preste a recibir a Fujimori peor porque durante las protestas contra Dina Boluarte los ronderos Salomón Valenzuela y Sonia Aguilar fueron asesinados por la Policía Nacional y hasta hoy no se sanciona a los responsables.

“La presidenta cree que ha sido un triunfo, pero ella sabe que no la quieren de lo contrario no iría tan lejos en helicóptero manejando doble discurso para evitar el rechazo público. El mismo alcalde fue el que se puso a disposición de Dina Boluarte. Es decir, no nos sorprende”, precisó.

La mandataria sólo habló cinco minutos cuando le cedieron el micro y anunció la construcción de una planta procesadora de fibra de camélidos. Aseguró que su gobierno apoyará la implementación de la Universidad de Carabaya, así como la construcción de la doble vía Macusani-Nuñoa (Melgar).

En diálogo con los medios de comunicación se pronunció con relación a la reciente encuesta de CPI que da cuenta que en el sur tiene un 51.9 de aprobación. No obstante, el 52.6% de los peruanos la aprueba, un 30% la desaprueba y un 17.4% no precisa.

“Estamos recién empezando. Tomamos estas cifras con gratitud, con humildad, pero por supuesto acá lo importante más que las cifras, son los resultados. Queremos estar cerca de la gente”, dijo.

Fujimori en vez de hablar de justicia por los 19 asesinados en enero del 2023 se pronunció en su lugar por el abandono del campo y culpó a los anteriores gobiernos.

“Comprendemos que hay una situación de dolor y de abandono porque en los últimos gobiernos no se le dio prioridad a toda la zona sur. En ese entendido tenemos que venir mucho más y yo creo que eso es lo que la población de Puno y la región van a ir viendo de parte nuestra”, precisó y prometió regresar a Puno.

La fórmula legislativa entregada por el Gobierno señala que, con la derogación del CPAP, se dictarán "las disposiciones complementarias y transitorias necesarias para regular los efectos derivados de su derogación". Esto hace referencia al cierre de la Comisión Organizadora que se creó para la implementación de este colegio profesional.

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El proyecto de ley que creó esta institución fue presentado a finales del periodo congresal pasado por miembros de la bancada de Perú Libre. Sin embargo, contó con el voto favorable de 13 congresistas de Fuerza Popular. Entre ellos destacan nombres que hoy son parte de las bancadas naranjas de ambas cámaras, como Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Eduardo Castillo, Nilza Chacón, Auristela Obando y Patricia Juárez, entre otros.

Aunque se presentó como una medida para "profesionalizar" el sector, la Ley N.° 32645 fue aprobada sin consultar a la comunidad cultural, y su principal falla radica en el requisito obligatorio de contar con título universitario o técnico para colegiarse, lo que deja fuera a numerosos artistas autodidactas o que no culminaron su titulación. Como respuesta, actores, dramaturgos, músicos y cineastas protestaron contra la fórmula aprobada por el Congreso.

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La norma también fue cuestionada por una de sus disposiciones complementarias, que impedía integrar o dirigir colegios profesionales a quienes se encuentren inhabilitados para ejercer funciones públicas. La ley fue promulgada por el ahora senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, quien, en su función de entonces como presidente del Congreso, la promulgó ante la inacción del entonces mandatario José María Balcázar.

Ministro de Cultura a favor de la derogación

Anteriormente, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, había anunciado que la creación de este colegio profesional tenía "los días contados". En una conferencia previa, el ministro afirmó que el Ejecutivo coincidía con las asociaciones de artistas que señalaban que la creación de esta institución era innecesaria.

"Me da la impresión, por lo que yo he conversado con diferentes legisladores, que en esto va a haber unanimidad. En esto el gremio de artistas debería sentirse tranquilo. Cualquiera sea la fórmula final, hay unanimidad al respecto. Así que esta ley tiene los días contados. Seguramente va a ser derogada muy pronto", señaló.

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No es la única ley con pasado fujimorista que critica el Gobierno

El sector cultural no es el único que ahora enfrenta problemas por leyes aprobadas en el pasado con aval fujimorista. El Gobierno de Keiko Fujimori también ha reportado inconvenientes similares en materia de seguridad interna. César Astudillo, ministro del Interior, señaló que no se podía remover al actual comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, debido a la Ley N.° 31570, la cual establece que el jefe de la policía debe permanecer en el cargo por dos años y no puede ser removido hasta cumplirlos.

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La ley —proveniente también del Congreso pasado— tuvo un amplio respaldo del bloque fujimorista de entonces. David Jiménez, Alejandro Aguinaga, Mery Infantes, Rosangella Barbarán, Martha Moyano, Auristela Obando, Patricia Juárez y César Revilla son algunos de los nombres que apoyaron la creación de esa norma.

Pese a que Astudillo señaló que esa norma impedía la remoción de Arriola del cargo y que presentarían un proyecto para modificarla, el pedido de facultades delegadas que ha realizado el Ejecutivo al Legislativo no menciona en ninguna parte la posibilidad de modificar esta norma.

Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), durante el primer mes de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, entre el 28 de julio y el 28 de agosto, se cometieron 166 homicidios. De ellos, 122 fueron causados por proyectil de armas de fuego (PAF).

El analista de datos, Juan Carbajal, sostiene que la cantidad sería aún mucho mayor ya que en tal período existen 17 muertes violentas provocadas por  PAF, pero aparecen clasificadas como ignoradas (entre ellas siete en Lima y cinco en el Callao).

En estas cifras no se han contabilizado aún los últimos asesinatos. El viernes la asesinaron a balazos Betsy Rosa Mallma Sarmiento, dirigente de la olla común Virgen de Guadalupe, en los exteriores del local en San Juan de Miraflores.

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La madrugada del domingo 30 de agosto, cuatro personas fueron asesinadas durante un ataque armado, cometido por hombres vestidos como policías, en Trujillo.

Las víctimas se desplazaban en una camioneta tras salir de una discoteca cuando fueron interceptadas por delincuentes. Las autoridades investigan en paralelo el aparente secuestro de un empresario dedicado a la compra y venta de mineral.

El crecimiento del armamento ilegal acompaña el avance de la violencia criminal. En el primer semestre del año se registraron 1.267 homicidios y 997 fueron cometidos con armas de fuego.

El tráfico interno y el contrabando son una fuente constante de armas en manos de bandas criminales. Las zonas fronterizas siguen siendo puntos críticos, según admiten informes del Ministerio del Interior. A esto se suma el robo de armas a miembros de fuerzas de seguridad y la venta irregular entre particulares, que escapan al radar estatal.

Por otro lado, el desarme voluntario perdió fuerza y, según expertos, no hay un plan activo para reducir la circulación de armas entre civiles, algo que muchos consideran fundamental para bajar los índices de violencia letal.

En paralelo, el Estado avanza con el Plan Escudo y el estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y el Callao.

El uso de armas de fuego es especialmente alto en zonas urbanas densas como Lima Metropolitana y en ciudades como Trujillo, Pataz, Piura, Tumbes, Ica y Arequipa. El índice de homicidios con armas de fuego ha llegado a representar más de tres cuartas partes de los casos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos de la propia PNP catalogan la disponibilidad de armas como un factor de riesgo crítico.

El ministro justificó ante la presencia de efectivos del Ejército en el área de influencia de la minera Poderosa: “El estado de emergencia en Pataz es para combatir a las organizaciones criminales que se han instalado ahí, como ‘Los Choneros’, el ‘Comando Vermelho’, el ‘Tren de Aragua’ y ‘Los Gallegos’”. Y añadió: “Los problemas que tenga minera Poderosa en Pataz con los mineros informales es un asunto entre ellos”, indicó en una entrevista con Radioprogramas.

Lo cierto es que más de 500 efectivos del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por elementos del Ejército y la Policía Nacional, usan las instalaciones de la empresa minera Poderosa, como constató La República.

El ministro Belaunde asegura que el Ejército no resguarda los campamentos de la minera, sin embargo, una investigación de este periódico confirmó que desde el primer día que se formó el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), el alto mando y todas las patrullas se instalaron en los campamentos de las localidades de Vijus, Santa María y Hualanga, de propiedad de la minera Poderosa.

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Fuentes con conocimiento en el tema, indicaron a este diario que el Comando Unificado Pataz no contaba con un cuartel y tampoco disponía de ambientes para albergar a todo el personal asignado por el gobierno de Dina Boluarte en la provincia de Pataz, el 9 de mayo de 2025. Desde el principio las fuerzas del orden apelaron a las instalaciones de la minera Poderosa. Es más, el 10 de mayo de 2025, Boluarte, acompañada de sus exministros, visitó el campamento minero de Hualanga, de propiedad de Poderosa, con la finalidad de supervisar los trabajos del Comando Unificado Pataz.

Los sucesivos gobiernos de José Jerí y José María Balcázar no cambiaron dicho estatus. Y lo mantiene hasta hoy la presidenta Keiko Fujimori, quien designó como ministro de Defensa, a Rafael Belaunde Llosa, un político cuya candidatura presidencial fue financiada por la dueña de Poderosa.

Precisamente, La República tuvo acceso a imágenes recientes del campamento de Hualanga, que pertenece a la compañía minera Poderosa. Se aprecia que cientos de efectivos del Ejército y de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, que son parte del CUPAZ, forman con sus respectivas armas de reglamento en una explanada, donde reciben instrucciones de sus superiores. Esta rutina se repite todos los días y se intensifica cada vez que los militares salen a realizar sus operativos.

Los efectivos del CUPAZ desayunan, almuerzan, cenan, duermen y utilizan las camionetas 4x4 de la empresa Poderosa. Es decir, las fuerzas del orden utilizan toda la logística de una compañía privada de la minería aurífera que, a cambio, recibe seguridad. Incluso los helicópteros del Ejército operan en la pista de la compañía minera para desplegar a las tropas.

En una de las imágenes obtenidas se observa a miembros del Ejército y de la Diroes haciendo fila para ingresar a los comedores de Poderosa, junto con los trabajadores de la minera. Y en otra se les ve sentados en el interior compartiendo el mismo menú. Todo lo contrario a lo que arguye el ministro de Defensa.

“Los altos mandos, como el resto del personal del CUPAZ, duermen, comen y se transportan en las camionetas de la minera. Hasta el agua que beben y la luz lo paga Poderosa”, confirmaron las fuentes.

“Aquí en Pataz sabemos que Poderosa financia las operaciones del CUPAZ contra los mineros artesanales que trabajamos formalmente en los socavones”, indicaron otras fuentes.

Si la minera Poderosa financia y provee la logística y el rancho a los miembros del Comando Unificado Pataz, ¿a dónde va el presupuesto asignado por el Estado para las operaciones contra la minería ilegal y la criminalidad en la zona donde opera la empresa de la señora Evangelina Arias Vargas?

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Durante varios días La República solicitó al despacho del ministro Rafael Belaunde una explicación sobre lo que sucede en Pataz -y que es materia de una interpelación-, pero no hubo respuesta.

Por su parte, la empresa Poderosa confirmó que, efectivamente, el Comando Unificado Pataz utiliza sus instalaciones, al igual que todo su personal.

“La colaboración con las Fuerzas Armadas y la Policía no tiene ingerencia, dirección y control alguna de la compañía en las decisiones u operaciones de las fuerzas del orden, ni en el ejercicio de sus funciones”, dijo a este periódico un vocero de la oficina de comunicaciones de la empresa Poderosa.

“Las facilidades otorgadas al Comando Unificado Pataz no generan pago, contraprestación, beneficio económico ni transferencia de recursos a favor de Poderosa, por lo que no constituye ningún servicio remunerado”, añadió la compañía aurífera.

En 2025, Poderosa nombró como jefe de seguridad al general de Brigada del Ejército en situación de retiro Carlos Romero Von Bancels. Desde entonces la influencia del instituto castrense ha crecido en Pataz, lo que se ha repotenciado con la instalación del CUPAZ. La presencia militar ha generado enfrentamientos con la Policía Nacional.

El 21 de abril del 2026, la Policía detuvo a Jeiyer Otiniano Vásquez, involucrado en el asesinato del pequeño empresario Jolvi Rodríguez Calderón. Otiniano era chofer de una camioneta en la que se movilizaba el comandante EP Rómulo Silva Olivos, el tercero en la línea de mando del CUPAZ. Silva presionó para que liberaran a Otiniano. La relación es más que evidente.

Otro hecho escandaloso es la captura del jefe de Inteligencia del CUPAZ, capitán EP Gary Chiroque Barreno, acusado de extorsionar con cinco mil soles al empresario Eduardo Varas Briceño a cambio de darle seguridad a uno de sus negocios en Pataz.

El capitán Chiroque fue atrapado infraganti con un fajo de billetes, el 18 de junio por la Policía de Chagual. El oficial, había estado reunido minutos antes con el coronel EP José Avellaneda, jefe de operaciones del CUPAZ al interior de un restaurante cerca al lugar de la intervención policial.

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La influencia militar en la zona conflictiva

El 11 de abril de 2026, cuatro agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo fueron intervenidos por una patrulla del CUPAZ, que los acusó falsamente de extorsionar con S/40 mil a una pareja que transportaba un cargamento de explosivos.

Los policías fueron presentados en conferencia de prensa como extorsionadores relacionados con los mineros ilegales, una situación que era completamente falsa. Las dos personas implicadas fueron liberadas por los militares.

Dato

Incidente. El jefe de Inteligencia del CUPAZ, el capitán EP Gary Chiroque Barreno, fue detenido por extorsionar a un empresario en Pataz, el 18 de junio de 2026.

Argumento. Chiroque alegó que se trataba de una operación encubierta para identificar extorsionadores. Pero el empresario entregó evidencia que demostraba que lo dicho por el militar era falso. Sin embargo, se le dio libertad mientras duren las investigaciones.

La República consultó a un experto en finanzas, un politólogo, un abogado ambientalista y al exviceministro del Interior Julio Corcuera, quienes coinciden en que, más allá del respaldo político que busca el gobierno, persisten dudas sobre la real efectividad de estas medidas frente a la criminalidad, el clima y la protección de derechos ya adquiridos.

Mag. Mario Vergara Silva (Docente de Posgrado ESAN)

"Hay que recordar, que la ley 31143, que es la  Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros del 2021, fue aprobada con el fin de mitigar el impacto económico de la pandemia en las familias peruanas y frenar los abusos bancarios. Actualmente, nuestro crecimiento económico se ha prácticamente recuperado. Por lo tanto, no es necesario ir en contra de la economía de libre mercado, y es la razón más importante por la que las inversiones extranjeras millonarias se multiplican año a año en nuestro país. La Tasa de interés de las entidades financieras es el precio del dinero que colocan en calidad de préstamo al público", sostuvo.

"Eliminar el tope a las tasas límites de interés fijado por el gobierno, permitiría el acceso a miles de peruanos al crédito, ya que las entidades financieras, cobran tasas a medida del cliente. Por ejemplo, a un cliente con un buen historial crediticio se lo podría aprobar préstamos inmediatos y a una baja tasa; sin embargo, un cliente que no cuenta con dicho historial o no demuestra ingresos suficientes permanentes o solvencia real, difícilmente se le aprobaría un préstamo, con la salvedad que se le cobre una alta tasa de interés. Es la manera en como los bancos se cubren de los riesgos de incobrabilidad futura", agregó.

En cuanto a los protocolos reforzados para datos de menores de edad, dado que los niños y menores de 12 años son considerados titulares especialmente vulnerables, el acceso a sus registros biométricos y filiatorios requiere necesariamente el consentimiento previo, informado y explícito de los padres. Sin embargo, tal como se encuentra la criminalidad e inseguridad en nuestro país, no es recomendable exponer a los menores de edad al peligro inherente", puntualizó el experto.

Alejandro Mejía, politólogo y docente de la UNMSM

"Luego del traspié con la filtración del primer borrador del pedido de facultades legislativas al Congreso en julio pasado y las reacciones políticas que se generaron por ello, el gobierno se ha tomado el tiempo de refinar sus propuestas. Sin embargo, esta será la primera prueba de fuego para el gobierno de Keiko Fujimori y su capacidad de negociación con los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. Es habitual que un gobierno entrante solicite las facultades legislativas correspondientes, pero siempre se terminan excluyendo ciertos temas y se aprueban parcialmente los de mayor prioridad como es el tema de inseguridad ciudadana, la reactivación económica, las reformas tributarias, entre otros. El gobierno de Fujimori ha sido claro: necesita desburocratizar el Estado por lo que el pedido de facultades es primordial ya que existe una alta expectativa por parte de toda la ciudadanía, pero que también le exige al gobierno acciones frente a temas como el avance de la criminalidad organizada y las consecuencias por el Fenómeno del Niño", declaró.

César Ipenza, abogado experto en derecho ambiental

"En principio es una respuesta urgente el pedido de facultades legislativas para actuar contra el Fenómeno del Niño. Sin embargo, este va a tener muchos retos o dificultades para poder implementarse o que se cumpla lo propuesto y los afectados puedan recibir esta ayuda directamente. En todo caso creo que aquí se deberían identificar algunos mecanismos de control, de eficiencia también y obviamente que se aborde con ciertas condiciones para evitar las prácticas corruptas que ya hemos visto en el pasado", señaló.

"Las medidas para legislar se van a dar de manera tardía y nuevamente para que se discuta en el Parlamento va a pasar bastante tiempo también. Entonces yo creo que vamos a llegar nuevamente tarde ante la situación que va a ser todo un reto para el Congreso, pasar por la cámara baja de los diputados y luego por la cámara de senadores va a demandar mucho esfuerzo y sobre todo porque hay temas muy sensibles, ya que no solo está este asunto. Sino, también está todo el marco de la flexibilización de toda la normativa ambiental y de desprotección de las áreas naturales protegidas", detalló.

Julio Corcuera, exviceministro del Interior

"El sistema penitenciario está grave. Cuando uno dice que está en crisis asume que hubo un tiempo que ha estado mejor, pero dudo mucho, ya que es una crisis permanente. Es urgente mejorar esa situación. Es urgente que se deje de extorsionar desde las cárceles, que deje de ser la cárcel una especie de universidad del crimen o centro de operaciones informales. Es urgente un cambio", refirió.

"Hay muchas posibilidades, según lo que informó también el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, él manifestaba que el apoyo de las Fuerzas Armadas se dará a través de los perímetros externos, no internos y que ayudarán a controlar los productos que ingresen. Hay algunas variables que tener en cuenta que si es así, rodear el perímetro no es precisamente para que los presos se escapen o para que alguien entre y él le ponía énfasis en poner campanas y escáner para poder ayudar a los controles de los productos que entren por las puertas de los penales. ¿Cuánto esto pueda contribuir a reducir el crimen? La verdad no lo sé. Porque los asesinatos que se dan en las empresas de transporte están en cono norte, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, y son alejados de este escenario, entonces no necesariamente hay una relación (…) Si es así, realmente no pareciera que fuera un gran cambio", finalizó.