Fujimori consideró que las declaraciones de su ministro debieron plantearse de otra manera. "Creo que es una frase desafortunada la del ministro, pero lo importante es que el debate se empiece", manifestó.

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La presidenta también sostuvo que la discusión tendrá que pasar por el Congreso de la República. Explicó que su Gobierno pretende solicitar facultades legislativas para modificar normas vinculadas con la lucha contra la criminalidad.

Entre las medidas mencionó la ampliación del periodo de flagrancia y una política para expulsar a migrantes indocumentados. "Todo este debate se va a generar y lo que tiene que hacer es el Congreso de la República en sus dos cámaras analizar tanto el pedido de facultades como la evaluación de estas normas", señaló.

Pese a marcar una diferencia con su ministro, Keiko Fujimori evitó cuestionar su capacidad profesional. "El ministro Álvarez es un gran abogado", afirmó. También recordó que fue presidente del Tribunal Constitucional y sostuvo que cuenta con "esa serenidad, esa preparación académica para poder consensuar y poder buscar las mejoras en las normas que se requieran". La mandataria añadió que cualquier revisión o modificación necesaria tendría el respaldo del Ejecutivo.

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Ernesto Álvarez cuestionó el Código Procesal Penal y desató críticas de reconocidos abogados

Las declaraciones de Ernesto Álvarez ocurrieron durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso. El ministro sostuvo que el Código Procesal Penal fue elaborado por “abogados litigantes” que pensaron en sus clientes.

Además, afirmó que algunos abogados podían formar parte de la “banda criminal” a la que representaban. Sus expresiones generaron cuestionamientos de reconocidos penalistas.

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Uno de los principales cruces ocurrió con el abogado Humberto Abanto. Después de que el penalista cuestionara las afirmaciones del titular de Justicia, Álvarez respondió que el Código Procesal Penal “ha fracasado en su propósito esencial”.

También sostuvo que defender la norma implicaba confirmar que esta “sirve a los abogados de los delincuentes, no a los ciudadanos que son víctimas de la criminalidad”.

Las críticas también llegaron de Julio Espinoza Goyena, César Nakazaki y Carlos Rivera Paz. Espinoza recordó que participó como secretario técnico en la comisión que elaboró el código de 2004 y explicó que participaron más de 12 integrantes, entre fiscales, policías y jueces. Nakazaki, por su parte, recordó que uno de los principales redactores fue el magistrado César San Martín. Los abogados cuestionaron así la versión de Álvarez sobre el origen de la norma y rechazaron que su elaboración pudiera atribuirse únicamente a litigantes.

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El documento precisa que la agenda presidencial se desarrollará principalmente entre el 21 y el 24 de septiembre. Fujimori tiene previsto intervenir en el Debate General de Naciones Unidas.

También participará en reuniones y eventos de alto nivel organizados por instituciones como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

El pedido también contempla reuniones bilaterales con jefes de Estado, jefes de Gobierno y otras autoridades internacionales. El canciller Carlos Espá había adelantado que la delegación peruana buscaría presentar la posición del país sobre la seguridad y promover la llegada de inversión extranjera. La salida de Keiko Fujimori todavía requiere la aprobación del Senado.

"Se le ha hecho la consulta, él aceptó esta invitación. Considero que será un gran embajador del Perú en Estados Unidos. Estamos a la espera de procedimientos y protocolos formales", declaró Fujimori en RPP.

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La presidenta evitó precisar qué trámites quedan pendientes para oficializar la designación, aunque destacó la experiencia del hijo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y sostuvo que su eventual llegada a Washington contribuiría a fortalecer el vínculo bilateral.

"Prefiero no entrar en esos detalles, pero se le hizo la consulta y me dio la grata sorpresa de que fue afirmativa. Lo considero con mucha experiencia y elevará más las relaciones entre ambos países", añadió.

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Cabe recordar que Perú mantiene una Embajada en Estados Unidos, con sede en Washington D. C., y la Cancillería registra actualmente esa misión diplomática en su plataforma oficial. La sede está ubicada en 1700 Massachusetts Avenue.

Vargas Llosa respaldó a Keiko Fujimori durante la campaña

La eventual designación también se produce después de que Álvaro Vargas Llosa expresara públicamente su respaldo a Keiko Fujimori durante la campaña presidencial de 2026. En junio pasado, el escritor defendió su apoyo a la entonces candidata de Fuerza Popular.

El vínculo político entre ambos no es reciente. Álvaro Vargas Llosa también respaldó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de 2021, cuando la candidata de Fuerza Popular se enfrentó a Pedro Castillo. Su padre, el Nobel Mario Vargas Llosa, también pidió votar por Fujimori y calificó su candidatura como el mal menor.

La propuesta de Vargas Llosa para Washington se conoce después de la visita a Lima del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunió con Fujimori y anunció junto a la presidenta el ingreso del Perú al denominado Escudo de las Américas.

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"Hay una indagación en curso y ya fueron dispuestos los actos investigativos para establecer el origen de los mensajes", aseguró el Ministro del Interior, César Astudillo.

Desde el Ministerio Público rechazaron los mensajes que atentan en contra de un representante de esa institución e hicieron un llamado a los distintos sectores de la sociedad para que se respete la independencia y autonomía judicial.

De igual manera, instaron a que se permita que los procesos a cargo de la entidad se resuelvan en derecho, lejos de cualquier controversia política o personal, indicó.

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"Hemos recibido esa información respecto a la amenaza que hay al fiscal. Un equipo de agentes especiales está a cargo de la investigación, en principio hay que ubicar esa extorsión, de dónde está viniendo esa amenaza", manifestó el ministro Astudillo.

Aseguró que el fiscal adjunto es resguardado y anunció operativos para capturar a los responsables de las intimidaciones. Aunque no precisó más detalles, sostuvo que hay un equipo de agentes que hace las pesquisas correspondientes.

"Obviamente no podemos decirles qué están haciendo y cómo lo están haciendo, por obvias razones, pero se ha tomado acción inmediatamente", indicó.

Hace unos días, el fiscal provincial Leonardo Guffanti denunció que viene siendo víctima de extorsiones.

En un mensaje de amedrentamiento, los criminales aseguraron conocer sus movimientos, así como los de su familia incluso de quien vive en España.

"Hemos recibido los mensajes intimidatorios, básicamente los mensajes dicen que saben que mi familia está en España, que no acuda a las audiencias", reveló Guffanti Parra sobre los textos que llegaron directamente a su equipo de comunicación oficial.

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Pese al hostigamiento, la respuesta del Ministerio Público ha sido frontal. Tras lograr recientemente una condena de 21 años de prisión contra Wilder Jara por usurpación de terrenos y organización criminal en Santa Rosa, el fiscal garantizó que las diligencias no se detendrán bajo ningún término.

"Nada nos va a amedrentar, no vamos a claudicar, seguimos. Es la mística que nos enseñó el doctor Chávez Cotrina y vamos a seguir en lo que nos confíe el fiscal provincial", afirmó el magistrado con firmeza.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), Jorge Chávez Cotrina, agradeció al Ministerio del Interior por tomar medidas frente a las amenazas de muerte que vienen recibiendo fiscales por parte del crimen organizado.

Señaló que ya iniciaron las investigaciones y, en las próximas horas, debería disponerse la seguridad policial para los fiscales.

Chávez Cotrina ha manifestado que son 25 fiscales de las FECOR los que vienen recibiendo amenazas a nivel nacional.

La conductora explicó que el ministro Ernesto Álvarez afirmó que el Código Procesal Penal había sido redactado por abogados litigantes y que esa frase detonó una respuesta amplia de penalistas y juristas, quienes defendieron la reforma procesal como un cambio profundo y necesario en el sistema de justicia penal.

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El choque entre el Ejecutivo y la comunidad jurídica

Palacios describió la disputa: el ministro de Justicia sostuvo, según lo relatado en la emisión, que "el Código Procesal Penal había sido redactado por delincuentes, por abogados de criminales, por abogados litigantes", una frase que generó rechazo de representantes del gremio y de letrados reconocidos que participaron en la reforma.

La periodista detalló que varios penalistas públicos y privados, entre ellos exparticipantes de las comisiones de reforma, respondieron señalando cómo fue el proceso técnico que condujo al actual Código y advirtieron sobre el riesgo de desmantelar la modernización del proceso penal sin aportar alternativas viables.

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Defensa de las garantías procesales y advertencia sobre regresiones

Palacios defendió las garantías del nuevo modelo procesal y subrayó que el cambio implicó una reeducación del sistema judicial a lo largo de más de una década, con etapas procesales diseñadas para evitar errores judiciales y proteger el debido proceso.

En ese contexto, citó la intervención de un crítico jurídico que escribió que era una vergüenza que alguien con trayectoria en el Tribunal Constitucional ignore principios básicos de derecho: "Es una vergüenza, Dios mío, que un expresidente del Tribunal Constitucional debería conocer a la perfección", y reseñó que esa fue una de las reacciones más duras contra las declaraciones ministeriales.

Riesgo de medidas populistas y la postura del Congreso

La conductora advirtió que, si el Ejecutivo solicita facultades legislativas para reformar el Código Procesal Penal sin especificar objetivos técnicos y sin diálogo con la comunidad jurídica, existe el riesgo de promover cambios impulsivos que regresen a modelos anteriores menos garantistas.

Palacios comentó que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos rechazó otorgar facultades en esa materia, en parte por la exposición del ministro, y citó la frase parlamentaria que resume la medida: "No les damos facultades", en alusión a la decisión de no delegar reformas que afectan garantías procesales sin mayor discusión.

La periodista concluyó que la discusión exige rigor técnico más que consignas punitivistas: las reformas al sistema penal deben sostenerse en diagnósticos claros, participación de expertos y salvaguardas constitucionales para evitar retrocesos que perjudiquen al debido proceso y a la confianza ciudadana en la justicia.

Palacios pidió, en suma, que el gobierno aclare sus intenciones y que cualquier propuesta de modificación pase por el debate público informado y por el escrutinio de especialistas.

De acuerdo con el informe presentado por el medio de comunicación, este gasto está reglamentado desde 2009. El desembolso de este dinero proviene del presupuesto del Congreso.

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Cabe resaltar que los parlamentarios ya cuentan con un seguro contratado que cubre los gastos por el fallecimiento de algún familiar cercano. Este seguro es otorgado a través de la compañía Rímac y cubre hasta S/14.000.

En declaraciones al programa informativo, Iván Lanegra, secretario de la Asociación Civil Transparencia, señaló que el beneficio carece de argumentos para mantenerse. "Si ya recibes gastos por sepelio por otra vía, no tiene sentido que recibas también este subsidio, que lo establece el Decreto Legislativo 276. Esto ha sido incluido para las familias que sufren la pérdida de un miembro. La pregunta es si los congresistas ameritan este pago", indicó.

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Los congresistas que fueron beneficiados

La investigación también detalla los nombres de los excongresistas que fueron beneficiados. Se trata de Edwin Martínez (Acción Popular), Edgard Reymundo (Juntos por el Perú), Guido Bellido (Podemos Perú), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Germán Tacuri (Perú Libre), Idelso García (Alianza para el Progreso), Carlos Zeballos (Cooperación Popular), David Jiménez (Fuerza Popular), Gladys Echaíz (Renovación Popular), Eduardo Acate (Alianza para el Progreso), Roselli Amuruz (Avanza País), Marcos Pichilingue (Fuerza Popular) y María Taipe (Perú Libre).

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En el caso de Acate y Pichilingue, se trata de dos congresistas que fueron parte del periodo 2020-2021, Parlamento que resultó de la disolución del Congreso realizada por el expresidente Martín Vizcarra en 2019. Además, tanto Amuruz como Echaíz solo cobraron S/31.200 del subsidio por fallecimiento y dejaron de lado el subsidio por sepelio.

De esta lista, dos forman parte del nuevo Congreso: David Jiménez y Patricia Juárez, ambos senadores de Fuerza Popular.

La jefa de Estado no se limitó a un saludo protocolar. Pidió que el Ejecutivo trate a la Defensoría como una "aliada para identificar deficiencias, corregir procedimientos y mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos".

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Además, se comprometió a un punto concreto: "Reafirmo nuestra disposición de atender con seriedad las recomendaciones de la Defensoría y mantener una relación respetuosa, transparente y constructiva", declaró.

El respaldo llegó en un momento delicado para Gutiérrez. El defensor del Pueblo carga con dos frentes de cuestionamiento distintos: uno por declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso, y otro por presuntas irregularidades en contrataciones dentro de la institución que dirige. Ninguno de los dos temas apareció mencionado en el discurso de la presidenta.

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Los cuestionamientos que enfrenta Josué Gutiérrez

La polémica más reciente sobre el cierre del Congreso estalló hace poco más de dos semanas. Gutiérrez dijo en una entrevista radial que, si Fujimori disolviera el Parlamento, su popularidad subiría "veinte o treinta puntos".

El defensor aclaró después que no buscaba alentar esa medida, sino advertir sobre la debilidad de las instituciones democráticas en el país. Aun así, la diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, presentó una denuncia constitucional en su contra. El documento pide su destitución y una inhabilitación de diez años. La propia Fujimori calificó los dichos de Gutiérrez como "un desliz" y rechazó de forma categórica cualquier posibilidad de cerrar el Congreso.

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A ese frente se suma otro, más reciente todavía. Una investigación del programa 'Cuarto Poder' reveló un patrón de contrataciones y ascensos dentro de la Defensoría vinculados a reuniones previas con Gutiérrez. Uno de los casos es el de Lucía Yalán Cano, quien se reunió con el defensor en junio de 2024 y, semanas después, obtuvo su Registro Nacional de Proveedores junto con cinco órdenes de servicio consecutivas, antes de ingresar como asistente administrativa bajo el régimen CAS.

Otro caso es el de Betbiary Mariel Díaz Coral, quien asumió la jefatura del Programa del Derecho a la Salud sin acreditar los cuatro años de experiencia que exigía el puesto. La Contraloría General de la República encontró, además, documentos que validaban solo días de trabajo para sustentar años de experiencia en algunos legajos.

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Los hallazgos de la Contraloría reabrieron el pedido de sanción contra Gutiérrez. En el Congreso ya circulan pedidos formales para su destitución, a los que se suma la denuncia constitucional por el tema del cierre del Parlamento.

El propio defensor salió a responder ambos frentes: calificó el informe de la Contraloría como "una ligereza desproporcionada" y, sobre la denuncia constitucional, dijo estar dispuesto a presentarse ante el Congreso y ofrecer disculpas si el trámite avanza. Ninguno de estos dos episodios fue mencionado por Fujimori durante la ceremonia por el aniversario de la institución.

La Aviación del Ejército informó a la Comandancia General del Ejército de la necesidad de requerir presupuesto adicional al Ministerio de Defensa para ampliar el recurso calendario de los helicópteros de fabricación rusa Mi.

Sin embargo, pese a las alertas sobre la dimensión del impacto del evento climático El Niño, que se ha iniciado este año y se prolongará hasta el próximo, los fondos no han sido transferidos para la contratación de los servicios necesarios. Cada día que pasa afecta la disponibilidad de los helicópteros, de crucial importancia en contextos de desastres.

De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso el equipo de auditores de la Contraloría, las autoridades de la Aviación del Ejército comunicaron a la Comandancia General del Ejército y a la Oficina de Presupuesto, la urgente disponibilidad presupuestal para la ampliación del recurso calendario para no interrumpir la operatividad de helicópteros.

La suma solicitada alcanza los S/ 61.050.000, pero no ha habido respuesta.

El cinco de mayo de este año, la Aviación del Ejército advirtió que son de especial atención los helicópteros (rusos) Mi-171-SHP, cuya vida útil vence entre el 15 de octubre de 2026 y el 9 de junio de 2027, pasarán al estado de inoperatividad vencido dicho plazo.

Esto es, de no recibir la ampliación de horas, no podrían intervenir en acciones de emergencia.

La Oficina de Presupuesto contestó que el Ejército del Perú no cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar dicha intervención con cargo a su Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2026, ni mediante modificaciones presupuestarias internas.

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Cada vez peor

La dependencia también informó a la Comandancia General del Ejército sobre las consecuencias de la carencia de fondos: "La no ejecución de la ampliación del recurso calendario de las referidas aeronaves ocasionaría una afectación directa en la capacidad de respuesta inmediata del Estado, limitando la ejecución de misiones críticas en zonas de difícil acceso, incrementando los tiempos de atención de emergencias y elevando el riesgo de afectación a la vida, salud e integridad a la población”.

El Ministerio de Defensa fue informado de que el Ejército del Perú no cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar lo solicitado (...), (por lo que) tenga a bien disponer a quien corresponda gestionar la transferencia financiera de recursos presupuestarios para financiar la demanda adicional para la ampliación del recurso calendario de Helicópteros Mi-171-SHP de la Aviación del Ejército, a fin de garantizar la continuidad de la capacidad operativa aérea para la atención de emergencias, desastres naturales y otras intervenciones de apoyo al Estado.

El reclamo no surtió efecto.

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Cero fondos

El 19 de junio de este año, la Aviación del Ejército presentó una nueva solicitud, esta vez para el financiamiento de 966 horas de vuelo de helicópteros Mi y aviones por S/ 27.502.191 “para atender los requerimientos (necesarios para atender) los estragos de los desastres naturales y así evitar pérdidas humanas, materiales, logísticas y presupuestales”.

De esas 966 horas, 700 horas (72%) son para emergencias de El Niño, 150 para incendios forestales y 116 horas para el friaje.

El Ministerio de Defensa tampoco dio el visto bueno a ninguno de los dos pedidos.

“Ambas demandas (que hacen un total de S/88.852.191) fueron consolidadas por la Secretaría de la Comandancia General del Ejército y remitidas al Secretario General del Ministerio de Defensa el 7 de julio de 2026, para continuar con su trámite”, señalan en su informe los inspectores de la Contraloría.

Al 28 de agosto de 2026, según lo informado por el jefe de la Oficina de Presupuesto del Ejército a la Comisión de Control, las mencionadas demandas adicionales seguían en trámite, reportaron.

Más de un mes después de iniciado el gobierno de Keiko Fujimori, lo solicitado por la Aviación del Ejército con carácter de urgencia todavía no recibe la atención necesaria.

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Herencia onerosa

Si bien es de extrema importancia la habilitación del presupuesto adicional para mantener la operatividad de los helicópteros de fabricación rusa, también es cierto que el Ejército arrastra una mala experiencia.

En 2023, el instituto armado adjudicó los servicios de la empresa panameña Milerniun Veladi Corp., representante de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC), para la reparación mayor de tres helicópteros Mi, por US$20,3 millones. Pese a que el contrato venció hace más de dos años, el proveedor tampoco cumplió con el plazo adicional que le otorgó el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE).

“A dos días para vencer el plazo previsto (26 de agosto) para la culminación de la prestación de servicio de ‘overhaul’ (reparación mayor) de helicópteros MI, en cumplimiento conciliatorio entre el Ejército y Milenium Veladi Corp., no se evidencia la ejecución de las prestaciones accesorias relacionadas con capacitación sobre modernización de aviónica, proceso de ‘overhaul’ y sistemas digitales, situación que pondría en riesgo la adecuadra operartividad” de las aeronave, señala el informe de la Contraloría.

Debe recordarse que el Ejército contrató sin licitación a la empresa panameña Milenium Veladi Corp., a sabiendas de que los rusos enfrentaban dificultades para cumplir los acuerdos comerciales con otros países debido a la guerra con Ucrania.

Es más, sobre la base de un informe anterior de la Contraloría sobre este caso, la Fiscalía Anticorrupción denunció a los responsables. Entre los investigados se encuentra el actual comandante general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo.

Como ha informado La República, oficiales del CEMAE han reportado deficiencias en los trabajos de Milenium Veladi Corp., pero se está organizando una ceremonia oficial para la reposición al servicio de dichas aeronaves.

El gobierno rastreará con rapidez la ubicación de líneas vinculadas a la extorsión, secuestro y sicariato, anunció la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de su cuenta oficial X (antes Twitter).

Se detectará, cortará y bloqueará las señales móviles utilizadas desde penales y centros juveniles, añadieron.

Al respecto, el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, afirmó que el gobierno implementaría nuevas herramientas tecnológicas y legales para rastrear a extorsionadores que utilizan aplicaciones móviles para cometer sus delitos.

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De este modo se podrá fortalecer la capacidad de respuesta de la PNP frente al crimen organizado.

Explicó que se busca actualizar el marco normativo para que la PNP pueda utilizar herramientas de rastreo, localización, geolocalización y bloqueo de equipos de comunicación frente a las nuevas modalidades delictivas.

“Gran parte de las extorsiones en el Perú se realizan a través de aplicaciones de mensajería, las cuales son irrastreables. Por ello, necesitamos que la Policía cuente con herramientas acordes con esa realidad para poder ubicarlos y actuar contra ellos”, afirmó Astudillo.

En ese sentido, señaló que se plantea modificar el Decreto Legislativo 1182, que regula el uso de datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos, así como el Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales.

La propuesta también contempla fortalecer el control sobre la comercialización de chips, como parte de las medidas destinadas a cerrar espacios utilizados por las organizaciones criminales para operar mediante dispositivos móviles.

COLABORACIÓN DEL FBI Y LA DEA

Fue en un inmueble de La Paz, Bolivia, donde acabaron los días en libertad de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, capturado el 1 de septiembre. Su detención se produjo horas después del asesinato de cuatro personas tras el secuestro de un empresario en Trujillo.

Esa operación fue resultado de meses de trabajo conjunto de inteligencia con la policía boliviana, así como con la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) y la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) de Estados Unidos.

Días antes de la captura de 'Jhonsson Pulpo', en otra operación internacional conjunta entre el Equipo Especial Sensitivo contra el Crimen Organizado Transnacional (Eesccot-PNP), la Policía Nacional de Colombia y la DEA, se detuvo en Bogotá, Colombia, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias 'Luisito' o 'Nairobi', señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
La captura fue posible gracias al intercambio de información, coordinaciones internacionales y aplicación de técnicas especiales de investigación.

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Las investigaciones señalan que 'Nairobi' cumplía un rol de dirección y coordinación en actividades ilícitas como extorsión, tráfico de armas y homicidios, desarrolladas por esta estructura criminal en Perú y Estados Unidos.

PERSIGUEN A REDES CRIMINALES

El embajador de ese país en Lima, Bernie Navarro, confirmó que estas dos capturas se realizaron gracias a la cooperación entre la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) con las autoridades de Perú, Colombia y Bolivia.

En el marco de esta cooperación, el Gobierno estadounidense seguirá apoyando a unidades especializadas de la PNP, cuyos integrantes trabajan con expertos estadounidenses del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS).

Esta articulación permite fortalecer las capacidades de investigación y persecución de organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras, mediante el intercambio de información, asistencia especializada, capacitación, tecnología y herramientas para enfrentar modalidades delictivas cada vez más complejas.

“El FBI nos ayuda en capacitación, logística, tecnología; nos apoya de esa manera, sobre todo entrenamiento para nuestra Policía Nacional”, señaló el titular del Interior, al referirse a los beneficios de esta alianza para fortalecer la respuesta policial frente a las estructuras criminales.

"Ahora lo estamos pensando. Después de la intervención de Martha Chávez y de otro importante senador, diciendo que no van a reconocer el reglamento del Senado y no van a aplicar los candados que ahí señalan. (…) Así como está, no nos pueden invitar a romper el artículo 104 constitucional, que claramente establece como debe ser el pedido de facultad del Ejecutivo", señaló en RPP.

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Martha Chávez, senadora fujimorista, afirmó que el Senado podría aprobar el pedido de facultades completo sin respetar los posibles cambios que se hagan en la Cámara de Diputados. Las declaraciones de la representante no fueron de agrado de la interna del partido del sol.

En otra entrevista, el excandidato presidencial afirmó que las facultades legislativas no son el único medio por el cual el Gobierno puede actuar: "Cuando la señora Fujimori estaba en campaña dijo "desde el primer minuto". Ahora es "desde el primer minuto, siempre que nos den las facultades legislativas". A mí me tocó enfrentar el Fenómeno de El Niño sin facultades legislativas. El Gobierno tiene capacidades: hay decretos de urgencia. No es verdad que el Gobierno esté atado de manos y no pueda gobernar", dijo a Canal N.

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Martha Chávez responde a Nieto

Tras las declaraciones del líder del Partido del Buen Gobierno, la senadora fujimorista Martha Chávez respondió a través de sus redes sociales. Aseguró que Nieto está “buscando excusas”.

“Nieto no tiene el valor de admitir de qué lado está y busca excusas y miente. Jamás he dicho que FP ‘no va a reconocer el Reglamento del Senado’. ¿Y eso de ‘cámara creativa’? Si mañana el rojerío decide incautar la propiedad, ¿el Senado debe ‘acatar’?”, escribió la senadora.

Buen Gobierno y el pedido de facultades

Las votaciones de los diputados del Partido del Buen Gobierno no han seguido una posición uniforme frente al pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo. En la Comisión de Defensa y Orden Interno, Luis Quispe Candia y Edwin Espinoza respaldaron el informe que consideraba viable otorgar las facultades en dicha materia. En tanto, Hilda Fernández optó por abstenerse en la Comisión de Ciencia, cuyo dictamen también planteaba una opinión favorable.

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Sin embargo, en otros grupos de trabajo, los legisladores de la agrupación liderada por Jorge Nieto se alinearon con el rechazo al pedido del Ejecutivo. Rossana Alayza, Gloria Hirache y Milagros Santana respaldaron en la Comisión de Energía y Minas el informe que recomendaba no conceder las facultades. En Justicia y Derechos Humanos, Edgar Gonzáles, Alayza y Romina Uribe hicieron lo propio con un dictamen que cuestionaba la falta de precisión de las materias solicitadas y advertía sobre posibles abusos.

La misma posición se evidenció en otras comisiones. En Producción, Edwin Espinoza, Nery Fernández e Hilda Fernández votaron en contra del informe favorable, mientras que en Ciencia Nery Fernández y Segundo Castrejón rechazaron el pedido. Incluso la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, presidida por el propio Quispe Candia, acordó desestimar la solicitud, con el voto en contra de su presidente y de sus colegas Fernando García y Milagros Santana.

El canciller Carlos Espá confirmó la fecha durante una conferencia de prensa y explicó que el viaje ya figura en la agenda oficial. "El viaje de la presidenta está programado para la Asamblea General de Naciones Unidas", indicó el ministro.

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En la sesión del Consejo de Ministros se trató el pedido de autorización que el Congreso de la República debe aprobar para que la jefa de Estado salga del país. La Constitución exige ese permiso cada vez que un presidente viaja al extranjero. Espá confirmó que la solicitud corresponde, justamente, a las fechas señaladas: del 21 al 25 de setiembre.

El canciller recordó que la Asamblea General se realiza todos los años y que en ella participan mandatarios de distintas partes del mundo. Puso como ejemplo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también expondrá ante el pleno en esta edición. Fujimori seguirá ese mismo formato de intervención, junto a la mayoría de jefes de Estado presentes.

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Espá adelantó que la delegación peruana aprovechará los días en Nueva York para impulsar la llegada de inversión extranjera al país. Añadió que, en paralelo, se sostendrán coordinaciones sobre seguridad con otras delegaciones que también asistirán a la cita.

El viaje a Nueva York y la incorporación al Escudo de las Américas se anunciaron en la misma semana. Ambos temas se suman a la agenda del Gobierno con Estados Unidos, mientras la seguridad ciudadana sigue concentrando buena parte del debate público en el país.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

El trámite corresponde al primer viaje al exterior de Fujimori desde que asumió la Presidencia. Sin embargo, la autorización aún no es definitiva, ya que tras su aprobación en Consejo de Ministros, el proyecto deberá remitirse a la Cámara de Senadores del Congreso, que es la entidad facultada para aprobar la salida del país de la jefa de Estado.

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El trámite pendiente en el Congreso

Mientras la Cámara Alta no apruebe la resolución, el viaje no cuenta con autorización oficial. La agenda difundida por la Presidencia del Consejo de Ministros no precisa el destino ni el motivo del desplazamiento, información que deberá conocerse conforme avance el trámite.

De aprobarse, Fujimori dejaría el país por primera vez como mandataria en el tramo señalado, un episodio que marcará el primer viaje internacional de su gestión.

Según explicó Cariga, el juez rechazó un pedido de la defensa del policía investigado para trasladar el caso al fuero militar policial. La discusión se dio horas antes de que arrancara la etapa intermedia del proceso, el momento en que normalmente se revisa si la acusación fiscal está lista para ir a juicio.

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El pedido para cambiar de fuero lo presentó el abogado del investigado, identificado como Magallanes. Su defensa, Estefano Miranda, argumentó que su patrocinado cumplía una función policial en el momento de los hechos y que, por eso, correspondía que el caso pasara a manos de jueces militares. Se apoyó para ello en la Ley 32735, la norma que amplió los supuestos que califican como delito de función para policías y militares.

El juez no le dio la razón. Cariga contó que el magistrado consideró que la Ley 32735 va en contra de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos que Perú ha firmado. Citó, según el abogado, dos sentencias del Tribunal Constitucional que fijan cuándo una conducta puede considerarse delito de función y cuándo no. Para el juez, ese no era el caso de Magallanes.

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La defensa no se quedó de brazos cruzados. Miranda apeló la decisión en la misma audiencia, aunque todavía debe formalizar el recurso por escrito. Tiene tres días de plazo para hacerlo. Una vez que lo presente, el expediente subirá a la Sala Superior, que será la que finalmente decida si el caso se queda en la justicia ordinaria o si termina en el fuero militar. Mientras eso ocurre, el proceso sigue su curso en la vía ordinaria.

Cariga se mostró optimista sobre el resultado en segunda instancia. Su argumento central es que a Magallanes se le investiga por homicidio simple, no por una violación grave de derechos humanos, y que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara: ese tipo de delitos debe ser juzgado por jueces ordinarios. "Tenemos todos los argumentos", dijo el abogado, y añadió que espera que la Sala Superior confirme el fallo del juez de primera instancia.

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Los argumentos detrás del fallo y lo que aún falta

Cariga contó que el magistrado se apoyó en dos sentencias del Tribunal Constitucional para fijar los criterios que definen cuándo una conducta puede calificarse como delito de función.

Con esto, el juez concluyó que Magallanes no cumplía esa función en el momento de los hechos que se le investigan. Ese fue el argumento central para descartar el traslado del caso Trvko al fuero militar.

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Cariga no ocultó su confianza en el resultado. "El juez de primera instancia nos ha dado absolutamente toda la razón", afirmó, y agregó que espera el mismo desenlace cuando la Sala Superior revise la apelación.

Para él, la discusión de fondo no cambia entre una instancia y otra: se investiga un homicidio simple, no un delito que involucre una violación grave a los derechos humanos, y eso, insistió, es lo que debe primar a la hora de decidir qué juez ve el caso.

-Tu padre fue Octavio Infante, uno de los periodistas que murieron en la masacre. Este no es un libro fácil de escribir.

-Al principio fue un impedimento por la carga emocional. La proximidad con el caso a partir del vínculo con mi padre no me permitía ver bien las cosas. Pero con el tiempo esa cercanía terminó siendo un plus. Resulta una desventaja en algunos momentos, pero en otros es una ayuda enorme; el hecho mismo de sentir lo que siente un periodista, lo que puede significar peregrinar por esas alturas, con las dificultades que implica caminar para alguien que no tiene esa costumbre, en un contexto de mucha tensión como fue el año 83, pues es algo que solo un periodista de alguna forma puede entender.

-Blanca Rosales, quien escribe el prólogo, dice que es comprensible una parcialidad, pero que esta se anula por el rigor periodístico.

-Así es. Lo que busco con el libro es abrir el debate.

-Se formó una comisión de lujo. ¿Lo que te llevó a escribir sobre lo que pudo haber pasado obedecía también a lo inverosímil que resultaba el relato de la comisión?

-La comisión presidida por Mario Vargas Llosa básicamente obedeció a una decisión política. Siendo una decisión política, la mirada también iba a ser política, las intenciones. Por eso el resultado del informe tuvo un sesgo político. Mario Vargas Llosa, por la misma designación que tuvo, tenía posibilidad de conversar con cualquier persona. Es más, obtuvo mucha información privilegiada. Conversaba con el general Clemente Noel; podía conversar con cualquier persona. El relato de la comisión se viene abajo por una suerte de error de cálculo. Toda esa visión idealista se deshace con las fotos. Las fotos aparecen tres o cuatro meses después, en mayo del 83, y estas prácticamente desvirtúan todo el informe.

-Cuando se lee el libro, la primera impresión es la de estar armando una historia con elementos sueltos. Está el informe de la Comisión Vargas Llosa, el mismo relato de la CVR, por ejemplo.

-Ha sido como armar un rompecabezas. Se pusieron en debate todas las versiones que existen, las pusimos en discusión para crear una nueva hipótesis de lo que pudo haber pasado. Obviamente, hay una intencionalidad, no la niego, que está asociada a mi interés por sostener una versión que hoy es más robusta: la hipótesis que sostiene la presencia paramilitar en la zona. Algunos me decían que ese era un concepto muy desfasado, pero encontramos muchos elementos dentro de toda esa información que está dispersa que nos conducen a aceptar con consistencia la presencia de un organismo paramilitar embrionario, o sea, un ensayo que empezó a darse en el año 82, es decir, un año antes.

-¿Qué eran en realidad los comités de autodefensa?

-A mi modesto entender, representan un eufemismo. Su nombre técnico es de organismos paramilitares. En algunos casos los movilizaban Los Sinchis, que era una unidad de élite de la policía. En ese momento, se implementó un manual, al que he identificado como el M41-1, que se aprobó en el año 66 tras la experiencia del 65 con los movimientos guerrilleros. Se pone nuevamente en la mesa de Fuerzas Armadas para interpretarlo como estrategia hacia la mitad del año 82. O sea, si hay un conflicto armado, el manual nos dice cómo debemos intervenir frente a ese sujeto senderista o terrorista.

-¿Qué se buscaba con esa estrategia?

-Querían reducir los costos del conflicto armado, de la guerra interna y hacerlo reposar en la población civil. Ellos, en lo posible, no querían tener pérdidas. Ese manual se preguntaba ¿qué hacemos para evitar que haya soldados muertos, oficiales muertos, que perdamos infraestructura, armamento? La única forma era poner a la misma población civil a que enfrente a los subversivos. Esa fue la lógica.

-Imagino que has hecho la ruta que hicieron.

-Varias veces. Se trata de una ruta muy complicada. Estás a miles de metros de altura y no sabes qué puede pasar con el clima, por ejemplo. Cuando llegas caminando a Uchuraccay, llegas muy cansado. Imagino cómo pudo ser la situación de los periodistas. En el caso de mi padre Octavio Infante, Félix Gavilán y Amador García, estaban habituados a la zona. Los otros periodistas no.

-En Dame tu cámara carajo, sostienes que al menos la dirigencia de la comunidad de Uchuraccay sí sabía que los periodistas eran, precisamente, periodistas.

-Eso es algo que está descontado.

-Ahora, es un milagro que hayan aparecido las cámaras.

-Es un milagro. De las 11 cámaras aparecieron tres. Solo una tenía la película cargada y se registraron nueve imágenes. La Marina encuentra esas cámaras cinco meses después de los sucesos, en mayo. Las Fuerzas Armadas en todo momento buscaron evitar que la información fuera corroborada. Esas cámaras llegaron al servicio de inteligencia y de ahí pasaron a los medios de comunicación. Esas cámaras se salvaron porque pensaron que ninguna iba a tener imágenes. La cámara con las fotos era de Willy Reto.

-Los potenciales implicados, de acuerdo con el libro, terminaron siendo reconocidos.

-Así es. El caso del general Noel es claro; lo designaron agregado militar en Estados Unidos. La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas.

-¿Es el gran luto del periodismo peruano?

-Sí. Sin duda. Es el primer acontecimiento, no solo en el Perú, sino en el mundo, sobre la muerte colectiva en grupo de periodistas en esas circunstancias, con golpes de hacha, cortes en el rostro; fue una cosa espeluznante. Lamentablemente, representa el caso más emblemático en Perú y en el mundo.

-Este libro es necesario. Aparte de su verdad histórica, deja una lección. Estos periodistas asumieron riesgos. ¿El periodismo asume riesgos hoy?

-Comparto lo que dices. Estos tiempos son de un facilismo en el periodismo. No salen a los lugares en donde ocurren los hechos y solo se enfocan en lo que pasa en la ciudad. La mística por hacer periodismo está un poco ausente. No hay compromiso. El pragmatismo con el que se maneja hoy la sociedad ha llegado al periodismo. Se quiere todo rápido y fácil. Este libro rescata y pone en valor la mística que no debe perder el periodismo.

El desplazamiento del centro de gravedad económico mundial desde el Atlántico hacia Asia-Pacífico abre nuevas oportunidades para el Perú. Y es aquí donde el puerto de Chancay puede jugar un papel fundamental.

Su inauguración ha permitido reducir en aproximadamente 15 días el tiempo de tránsito marítimo de carga entre el Perú y Asia. Además, en su primer año operativo se han superado las expectativas iniciales, llegando a movilizar más de 286.000 TEU y generando más de 939 millones de soles en ingresos fiscales por aduana. No obstante, las consideraciones económicas no son las únicas que han rodeado al nuevo puerto.

El hecho de que la empresa estatal china COSCO Shipping Ports tenga un 60% de la participación (la empresa peruana Volcan posee el otro 40%) también ha dado lugar a consideraciones de carácter geopolítico. Al fin y al cabo, como empresa estatal, COSCO no sólo obedece a una racionalidad económica, sino también política, y además tiene vínculos con el ejército chino. ¿Cómo puede esto afectar al Perú?

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Un argumento frecuente radica en su posible uso militar por parte de China, ya que reúne las condiciones para recibir a los buques más grandes de su Armada. En caso de que así sucediera en un eventual conflicto entre China y Estados Unidos, las consecuencias podrían ser graves para el Perú, pudiendo incluso convertirlo en estado contendiente. Sin embargo, hay factores que alejan esta posibilidad. Más allá de la necesaria autorización del Congreso de la República para recibir tropas extranjeras, a lo cual podría negarse, el puerto tendría utilidad estratégica limitada en caso de conflicto, dada su distancia con el teatro de operaciones (presumiblemente en torno al estrecho de Taiwán) y la facilidad con la que podría ser destruido.

A nivel comercial, el puerto tiene el potencial de convertir al Perú en un hub logístico regional. De hecho, casi la mitad de la carga movilizada durante su primer año es de transbordo con países vecinos. Por otro lado, Chancay puede estrechar todavía más la relación económica del Perú con China, país que concentra ya el 38.5% del valor de las exportaciones peruanas. Esta situación aporta nuevas oportunidades económicas al país, aunque también aumenta su exposición ante vaivenes en la economía de China y podría reducir su margen de maniobra en caso de desacuerdos.

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Por último, el puerto de Chancay, como primer puerto inteligente de Sudamérica, puede fortalecer en el Perú la narrativa china de cooperación, modernización y beneficio mutuo. El contraste con Estados Unidos, que durante el último año y medio ha venido imponiendo aranceles al país —al igual que a otras economías— a pesar de tener un Tratado de Libre Comercio firmado, resulta evidente. A su vez, no son descartables futuras represalias estadounidenses hacia el Perú por haber permitido que COSCO tenga el control mayoritario del puerto.

La situación que este escenario abriría para el Perú es altamente compleja. Ceder ante eventuales presiones estadounidenses podría dañar su relación con China, mientras que no hacerlo implicaría un riesgo de represalias desde Washington. Así, la forma que el Perú tiene para proteger mejor sus intereses radica en mantener una relación política y económica positiva con las dos grandes potencias. Esto implicaría rechazar la idea de elegir un bando o alinearse completamente con alguna de ellas y, en cambio, cooperar con ambas en función de los intereses del Perú y del asunto en cuestión. La idea es no renunciar a las oportunidades y beneficios que supone mantener relaciones económicas abiertas con todos.

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La nueva situación internacional requerirá buenas dosis de habilidad y astucia política. El desafío para el Perú será transformar su posición entre las dos grandes potencias en una fuente de oportunidades, evitando que esta se convierta, al mismo tiempo, en una vulnerabilidad.

El funcionario fue más allá y sostuvo que existen letrados que forman parte de la "banda criminal" a la que representan. Sus palabras provocaron el rechazo inmediato de varios abogados penalistas, quienes calificaron sus afirmaciones de erróneas y hasta peligrosas para el sistema de justicia.

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La molestia no tardó en manifestarse en redes sociales. Humberto Abanto, César Nakazaki, Julio Espinoza Goyena y Carlos Rivera Paz respondieron al ministro con publicaciones que desmintieron, una por una, sus afirmaciones.

Todos coincidieron en un punto central: el código no fue redactado solo por litigantes. Participaron también jueces, fiscales y otros funcionarios públicos.

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Abanto fue uno de los más duros. El abogado escribió que resultaba "asombroso" que el ministro desconociera principios básicos del debido proceso. Le recordó que, en los Estados democráticos, condenar a una persona siempre resulta difícil, porque se busca reducir al mínimo el riesgo de un error judicial. Cerró su publicación con una frase directa: "El ministro desperdició una excepcional oportunidad de quedarse callado".

La respuesta de Álvarez no se hizo esperar. El ministro le contestó a Abanto que su publicación mostraba "lo difícil que es exponer en dos o tres minutos toda la crisis del sistema de justicia".

Agregó que el Código Procesal Penal "ha fracasado en su propósito esencial" y que defenderlo, como hizo Abanto, solo confirmaba que la norma "sirve a los abogados de los delincuentes, no a los ciudadanos que son víctimas de la criminalidad". La frase trasladó la discusión, que era técnica, hacia un cruce personal entre ambos.

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Penalistas que desarmaron los argumentos de Álvarez

Julio Espinoza Goyena aportó el dato con más peso institucional. Explicó que fue Secretario Técnico de la Comisión de Alto Nivel que redactó el Código Procesal Penal del 2004. Según contó, esa comisión tuvo más de 12 integrantes, entre fiscales, policías y jueces. Los representantes del Colegio de Abogados fueron solo dos.

El abogado también detalló varios artículos del código que, a su juicio, contradicen la versión del ministro. Mencionó el control de identidad, la videovigilancia, las pesquisas y la intervención corporal, entre otras herramientas que, según explicó, fortalecen la persecución penal. Para él, resulta un error grave afirmar que el modelo se pensó para favorecer a la delincuencia organizada.

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César Nakazaki, por su parte, centró su respuesta en la autoría del código. Recordó que su principal redactor fue César San Martín Castro, un magistrado de formación, no un litigante. El penalista advirtió que confundir las garantías procesales con la causa del problema de la justicia penal es un error. Según explicó, las verdaderas causas son otras: fallas en la investigación, falta de tecnología, corrupción o desconocimiento jurídico.

Humberto Abanto aportó una precisión procesal que buscó desmontar el ejemplo que usó el ministro sobre la demora de los juicios. Explicó que el ofrecimiento de prueba nueva ocurre al inicio del juicio oral, y el de prueba excepcional, al final.

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Ambos pedidos se debaten en la misma audiencia, no en una adicional como sugirió Álvarez. El abogado remarcó que es muy raro que aparezca prueba después de cerrada la investigación, porque el acusado debe conocerla para poder defenderse.

Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL), fue el más frontal en el tono de su crítica. En dos publicaciones distintas, sostuvo que el ministro "no tiene idea de lo que está hablando" y calificó su discurso de "repugnante". Para el abogado, el objetivo de Álvarez es claro: debilitar las garantías del debido proceso a partir de un relato que presenta al código como un instrumento a favor de los delincuentes.

Las críticas de los penalistas coinciden en un mismo reclamo: pedir que el debate sobre la reforma procesal penal se sostenga con datos precisos y no con generalizaciones. El cruce entre Álvarez y Abanto, sumado a las respuestas de Nakazaki, Espinoza Goyena y Rivera Paz, dejó en evidencia una distancia amplia entre el ministro y buena parte del gremio de abogados penalistas del país.

La moción fue presentada por la bancada de Juntos por el Perú, con las firmas de Ernesto Zunini, Analí Márquez, Jenifer Paredes y César Tito Rojas. En el documento, los congresistas cuestionan al ministro por decisiones de personal dentro del Mininter que consideran irregulares, además de responsabilizarlo por la falta de resultados en la lucha contra la criminalidad.

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El pliego interpelatorio se divide en cuatro ejes temáticos. Entre ellos figura el plan del Ejecutivo contra el sicariato, la extorsión y los homicidios, así como el estado logístico de la flota vehicular de la Policía Nacional del Perú. La moción exige además que Astudillo esclarezca las razones detrás de la permanencia de Óscar Arriola al mando de la PNP.

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Arriola pasará a la situación de retiro el 15 de septiembre, un día antes de la interpelación a Astudillo. Así lo confirmó el propio ministro del Interior, quien detalló que el teniente general Fredy López Mendoza asumirá la Comandancia General de la PNP el 16 de septiembre, en una ceremonia programada en la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Puente Piedra.

En la misma sesión, la Cámara de Diputados no admitió la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, presentada por sus vínculos con la minera Poderosa y su actuación frente a la violencia en Pataz.

"Se nos dijo que iban a dar seguridad a los peruanos desde el minuto uno. Ahora se dice: ‘Voy a gobernar desde el primer minuto, siempre que me entreguen facultades legislativas’. Solo están poniendo excusas. Aunque no sean las facultades que necesiten para enfrentar los problemas, aunque muchas de esas puedan darse por decretos de urgencia, le vamos a conceder todo lo que sea urgente. Para que no tengan más excusas y gobiernen", dijo Jorge Nieto durante una reunión del Partido del Buen Gobierno.

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Uno de los informes con opinión favorable al pedido de facultades provino de la Comisión de Defensa y Orden Interno. Al momento de votar el informe, los diputados Luis Quispe Candia y Edwin Espinoza —representantes del Partido del Buen Gobierno— votaron a favor de declarar viable el otorgamiento de facultades al Gobierno en ese ámbito.

Otra diputada que decidió desmarcarse de la votación fue Hilda Fernández. La legisladora de la organización política liderada por Nieto se abstuvo al votar el informe de la Comisión de Ciencia, que recomendaba otorgar facultades legislativas al Gobierno.

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Otros diputados del Partido del Buen Gobierno siguen la línea opositora

Pero en otras comisiones, los diputados del Partido del Buen Gobierno votaron siguiendo la línea opositora al Poder Ejecutivo. En la Comisión de Energía y Minas, de donde salió el primer informe que recomendaba no otorgar las facultades al Gobierno, las diputadas Rossana Alayza, Gloria Hirache y Milagros Santana votaron a favor del informe de la comisión liderada por Juntos por el Perú.

En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se aprobó el segundo informe con una opinión negativa sobre el pedido. El documento, al igual que el de la Comisión de Energía y Minas, sostuvo que los temas en los que el Gobierno solicitaba facultades estaban poco claros y podrían prestarse a abusos descontrolados en el sector. Edgar Gonzáles, Rossana Alayza y Romina Uribe fueron los diputados del Partido del Buen Gobierno que respaldaron este informe.

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Otros informes con opiniones favorables fueron rechazados. En la Comisión de Producción, los votos en contra de los diputados Edwin Espinoza, Nery Fernández e Hilda Fernández fueron necesarios para que se desestimara el documento. En la Comisión de Ciencia, pese a la abstención de Hilda Fernández, los diputados Nery Fernández y Segundo Castrejón votaron en contra del pedido.

Una comisión dirigida por el propio partido también fijó posición en contra del pedido del Gobierno. La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, presidida por Luis Quispe Candia, votó directamente en rechazo de la solicitud. El propio Quispe Candia votó en contra junto con sus compañeros de bancada Fernando García y Milagros Santana.

La moción fue aprobada con 71 votos a favor y 50 en contra. Los votos a favor provinieron de las bancadas opositoras, mientras que Fuerza Popular y Renovación Popular desestimaron el pedido.

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Al defender la presentación de la moción, la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) aseguró que las acciones tomadas hasta el momento en este tema no han mostrado resultados palpables en favor de la ciudadanía.

"La señora presidente prometió mano dura y orden. Nada de eso ha sucedido. Hoy sus propios actos desmienten su discurso y muestran el verdadero rostro del fujimorismo. El Perú no necesita una presidenta con grandes anuncios, sino un gobierno coherente en lo que dice y hace. (...) ", indicó.

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Ambos ministros en el ojo de la tormenta

Los titulares de estas carteras han sido criticados. Tras el ataque en Trujillo —que dejó un saldo de cuatro asesinados—, Galarreta anunció el despliegue de efectivos policiales y señaló que Belaúnde viajaría a la región para coordinar acciones con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el manejo de la crisis fue criticado por distintos sectores, alegando falta de acciones coordinadas y eficacia en las diligencias.

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En el caso de Rafael Belaúnde, las polémicas se han acumulado en distintos frentes. El ministro de Defensa afronta cuestionamientos debido a sus presuntos vínculos con Paltarumi. Luego de que se revelara que un familiar suyo es parte del directorio de la empresa, se soslayó la posible existencia de un conflicto de intereses. Este dato no fue consignado por el ministro en su declaración jurada. La presencia de Belaúnde hizo que también se señale la ausencia de Astudillo en el lugar de los hechos. De acuerdo a declaraciones oficiales, el ministro no pudo asistir por cumplir con asuntos personales.

Más recientemente, quedó involucrado en una controversia por su participación durante las diligencias policiales contra detenidos por el ataque de Trujillo: fotografías difundidas públicamente mostraron al ministro junto al entonces comandante general de la PNP, Óscar Arriola, durante las intervenciones, mientras Keiko Fujimori negó posteriormente que Belaúnde hubiera interrogado a los detenidos.

La cifra reemplaza el plazo corto que había marcado su discurso en julio, cuando todavía era presidenta electa y hablaba de resultados concretos antes de cumplir sus primeros 100 días de gestión.

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El cambio no es menor. En julio, Fujimori pidió que se le midiera por lo que lograra en 100 días. Puso esa cifra como vara de su propia gestión, la repitió en entrevistas y la llevó al debate presidencial como compromiso de campaña.

Dos meses después, en Expomina, ya no habló de 100 días. Habló de cinco años. El plazo corto que ella misma fijó como prueba inmediata de resultados quedó reemplazado por uno que solo puede evaluarse al final de su mandato, en 2031.

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La jefa de Estado retomó, además, la idea del "cronómetro irreversible" que usó por primera vez el 28 de julio, el día de su juramentación ante el Congreso. En esa ocasión había dicho que el reloj de su gobierno ya había empezado a correr. En Expomina volvió a mencionar esa cifra, pero esta vez la vinculó también a la economía y no solo a la seguridad.

Fujimori habló ante empresarios del sector minero. Pidió confianza para su gestión y prometió cambios en la forma en que el Estado se relaciona con los inversionistas. No dio plazos cortos ni metas para las próximas semanas, como sí hizo en julio.

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Habló, en cambio, de un objetivo que abarca los cinco años completos de su gobierno. "Al asumir la conducción de nuestro país, establecimos un cronómetro irreversible de mil ochocientos veintiséis días para reestructurar el Estado, para recuperar la seguridad y dinamizar la economía nacional", afirmó.

Agregó que en su mensaje a la nación planteó un principio claro: el Estado debe dejar de ser una barrera burocrática para el inversionista y los ciudadanos, y convertirse en un facilitador del desarrollo.

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¿Qué prometió Fujimori para sus primeros 100 días?

Durante la campaña, Fujimori sí habló de plazos cortos. En el programa Tu Decisión 2026, la entonces candidata mencionó cuatro prioridades para sus primeros 100 días de gobierno: seguridad ciudadana, reactivación económica, mejora de la educación y la salud, y atención a la infraestructura del país.

Ya como presidenta electa, en una entrevista con el periodista Ismael Cala, redujo ese enfoque a dos ejes: la inseguridad y la preparación ante el Fenómeno El Niño. "Esos primeros días van a ser claves y van a marcar el inicio de un cambio", dijo entonces.

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En el terreno de la seguridad, sus promesas fueron más específicas. Durante el debate presidencial de segunda vuelta, ofreció pedir al Congreso facultades legislativas especiales para sus primeros 100 días.

Con ellas, dijo, buscaría reorganizar la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario desde la cúpula, comprar nuevos patrulleros, mejorar la infraestructura de las comisarías y reforzar el sistema de inteligencia civil.

Ese mismo plazo de 100 días volvió a aparecer en el mensaje a la nación del 28 de julio, aunque ahí ya compartía protagonismo con el anuncio de los 1826 días. Semanas después, el primer ministro Luis Galarreta pidió al Congreso más tiempo del prometido para evaluar resultados de la gestión, una postura que contrastó con el plazo corto que la propia mandataria había fijado en julio.

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El hecho ocurrió mientras el congresista de Fuerza Popular realizaba su intervención y el trabajador coordinaba, en paralelo, con la presidenta de la comisión, Katherine Ampuero, de Renovación Popular.

Tras el golpe, Aguinaga se dirigió a Ampuero en tono molesto: "Disculpe, señora presidenta, es totalmente inoportuno". Y agregó una advertencia directa: "Tiene que aprender a respetar".

El episodio se registró dentro de la propia sala de sesiones, a la vista de los demás integrantes de la comisión. El asesor agredido forma parte del equipo técnico que da soporte a la mesa directiva. Su labor, en ese momento, era trasladarle información a Ampuero mientras Aguinaga hablaba, una dinámica habitual en las comisiones del Senado.

En ese contexto, Palacios se refirió especialmente a los embarazos en menores de 14 años y sostuvo que estas situaciones deben ser abordadas desde una perspectiva de violencia sexual y protección de la infancia.

"Una niña que está embarazada antes de cumplir 14 años ha sido violada. Punto", afirmó. La conductora consideró que las relaciones de convivencia entre una persona adulta y una menor no deberían ser abordadas únicamente desde el ámbito civil, debido a que pueden existir situaciones de coacción, abuso y vulneración de derechos.

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Palacios respalda penas de hasta 10 años

Durante su análisis, Palacios respaldó un proyecto de Ahora Nación que propone establecer penas de hasta 10 años de cárcel para quienes mantengan uniones de hecho cuando una de las personas sea mayor de edad y la otra sea menor.

Para la conductora, una legislación de este tipo permitiría reforzar la protección de niñas y adolescentes frente a situaciones en las que una menor termina conviviendo con un adulto.

Palacios sostuvo que obligar a una niña a permanecer junto a quien la agredió constituye una grave vulneración de sus derechos y cuestionó que estas situaciones puedan ser normalizadas bajo la figura de una convivencia. La discusión, según planteó, debe centrarse en el interés superior de las menores y en garantizar su seguridad, intimidad y derecho a una reparación.

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Cuestiona exposición pública de niñas víctimas

Otro de los puntos que generó críticas por parte de Palacios fue la exposición pública de niñas que han sido víctimas de violencia sexual.

La conductora cuestionó que organizaciones, albergues o personas vinculadas a labores de ayuda puedan presentar públicamente a menores víctimas en ceremonias o actividades, al considerar que estas prácticas pueden terminar revictimizándolas.

En su intervención, criticó que las niñas sean utilizadas como elementos para demostrar una determinada labor social, religiosa o institucional, en lugar de garantizar su privacidad y protección.

Palacios sostuvo que la condición de víctima de una menor no debe convertirse en un argumento para exponer su historia o imagen públicamente. La prioridad, señaló, debe ser preservar su dignidad y evitar nuevas situaciones de vulnerabilidad.

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Pide investigar fallas en protección de menores

La conductora también planteó que el Congreso debe utilizar sus mecanismos de investigación para determinar si existen responsabilidades institucionales en casos de violencia sexual contra menores.

En esa línea, destacó el papel que pueden cumplir las comisiones investigadoras para acceder a información y determinar cómo funcionan las instituciones encargadas de proteger a niñas y adolescentes.

Entre los aspectos que, a su juicio, deberían ser revisados se encuentran los procesos de selección del personal que trabaja en albergues, los modelos de internamiento, los mecanismos de prevención y las condiciones en las que se atiende a las menores víctimas.

La propuesta, según su planteamiento, no debería limitarse a identificar casos individuales, sino también determinar qué fallas estructurales permiten que situaciones de violencia se repitan.

Educación sexual integral y prevención

Palacios también consideró que una respuesta basada únicamente en el endurecimiento de las penas sería insuficiente. A su juicio, las medidas legislativas deben estar acompañadas de políticas de prevención, educación sexual integral y fortalecimiento del sistema de protección de niñas y adolescentes.

El objetivo, sostuvo, debe ser evitar que las menores lleguen a situaciones de violencia y garantizar una atención adecuada cuando ya han sido víctimas.

De esta manera, su propuesta combina una respuesta penal frente a las convivencias entre adultos y menores con medidas preventivas y de protección, además de una investigación sobre las posibles fallas de las instituciones encargadas de atender a las víctimas.

Para Palacios, el debate debe tener como eje la protección de la infancia y evitar que las niñas sean nuevamente vulneradas, ya sea por sus agresores o por instituciones que deberían protegerlas.

Pese a las evidencias, la fiscal especializada en Delitos de Trata de Personas del Callao, Edith Chillitupa Concha, resolvió no formalizar ni continuar con la investigación contra los imputados.

Sin embargo, la procuradora de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Paula Navarro Barrios, detectó que no fueron evaluados los documentos que envió a la fiscal Chillitupa y que acreditan los hechos, por lo que ha requerido al Ministerio Público que continúen las indagaciones y se sancione a los responsables.

Los funcionarios de Migraciones involucrados, en lugar de disponer el retorno de Morais Couto en el mismo vuelo, y sancionar a la compañía por haberle permitido volar, le franquearon el acceso con la intervención de otras personas, e incluso cambiaron la fecha y hora de su ingreso en el sistema.

En ese momento, Jorge Morais Couto era presidente de la División para Iberoamérica de Securitas, y la empresa era responsable de la seguridad del aeropuerto.

El empresario portugués, en condición de presidente de Securitas Iberoamérica, estaba urgido en participar en una Junta General de Accionistas de la sucursal en Lima de dicho grupo empresarial, con la finalidad de remover a toda la gerencia de la compañía.

Mientras esperaba un “pasaporte de emergencia”, Morais Couto estuvo custodiado en el aeropuerto por el jefe de seguridad de Securitas Perú, Javier Riesco Gonzáles, lo que demuestra que recurrió a servidores de su empresa que prestaban servicio en el terminal aéreo.

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Sin voluntad para investigar

Desde el comienzo, La República informó de este caso del alto ejecutivo que recibió un trato privilegiado al margen de las normas. Recogió la versión de la compañía Securitas, la que rechazó los cargos y señaló que Morais Couto cumplió con las disposiciones.

Pero la defensa legal de Securitas, una compañía global de seguridad que debería cumplir con los altos estándares de transparencia, amenazó a este periódico con iniciar acciones legales si continuaba reportando sobre el caso, porque consideraba que el grave incidente era un asunto “privado” y no público.

La intervención de la procuradora de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Paula Navarro, confirma que se trata de un caso de interés público.

Los imputados son los servidores de Migraciones Reynaldo Torres Chirito y Kelly Camargo Arotoma, además del representante de Securitas en el Perú, Pedro Bellatín Galdós, entre otros.

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Pesquisas incompletas

Está documentado que, en un principio, al ejecutivo de Securitas se le impidió el ingreso al Perú y se dispuso que la aerolínea que lo transportó lo devolviera al punto de embarque, ya que su pasaporte estaba vencido.

Sin embargo, los implicados en el caso confabularon para que Jorge Morais Couto, junto con otras personas, se quedara en el aeropuerto a la espera de que el consulado de su país, Portugal, emitiera un “pasaporte de emergencia”.

Este mecanismo sólo se aplica para facilitar salidas del país y nunca ingresos, dijeron fuentes de Migraciones. Con ese documento Morais Couto realizó actividades empresariales en Lima. Al llegar al país solo contaba con visa de turista.

La procuradora también hizo notar que el “pasaporte de emergencia” presentado por Morais Couto era un documento llenado a mano, sin datos biométricos y sin firma de algún representante consular. Tampoco contaba con algún tipo de medida de seguridad reconocida como válida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), para la identificación y tránsito de ciudadanos para viajes internacionales, indicaron las fuentes de Migraciones.

De acuerdo con la procuradora, la fiscal Edith Chillitupa incumplió con el mandato de la Fiscalía Superior que le ordenó recabar la información necesaria para identificar a los responsables del ingreso del ejecutivo de Securitas.

La procuradora de Migraciones recordó a la Fiscalía Superior de Trata de Personas del Callao, que “el tema principal a dilucidar es determinar si la persona de Morais Couto ingresó irregularmente al país, luego de ser inadmitido su ingreso a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”. Una tarea que no hizo la fiscal Chillitupa.

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Las tareas incumplidas

“Se debió ordenar recabar los registros fílmicos del área de Migraciones a la fecha de los hechos, así como también oficiar a la Embajada de Portugal en Lima si, para la obtención del pasaporte de emergencia del citado ciudadano, este tenía que recurrir presencialmente a su sede ubicada en el distrito de San Isidro”, señala la procuradora.

La fiscalía, en lugar de cumplir con estas diligencias claves, se limitó a recoger la versión de los imputados.

“Dando mayor trascendencia a las declaraciones de los investigados y a la documentación presentada por estos, (la fiscalía) decide dejar de lado las diligencias mencionadas y ordenadas” por el fiscal superior que ordenó investigar el escandaloso caso.

El empresario Jorge Morais Couto llegó a exigir por escrito a Migraciones “regularizar” la hora que ingresó en el país, para de esta manera justificar la fecha y hora que señala su participación registrada en el acta de Junta General de Accionistas de Securitas Perú SAC.

Los funcionarios de Migraciones, en coordinación con Jorge Morais Couto, le concedieran la rectificación de la hora de ingreso sin mayor justificación.

Basándose en esta “regularización”, el empresario Morais Couto logró archivar las investigaciones en su contra, alegando que Migraciones había “validado” su ingreso al país. Empero, la procuradora indica todo lo contrario.

La fiscal Edith Chillitupa se limitó a escuchar la versión de los imputados, en lugar de pedir el testimonio, por ejemplo, del agente de tráfico Félix Barbarán Rodríguez, para que explique por qué no se devolvió a Jorge Morais Couto a su país de origen y se autorizó su permanencia en el aeropuerto hasta que le concedieron el “pasaporte de emergencia”.

Otra información que la fiscalía pasó por alto fue la versión documentada de Air Europa, la compañía que trajo a Lima a Jorge Morais Couto y no lo devolvió.

Además, la fiscalía no requirió a Air Europa “la identificación del personal que se encargó de la custodia (de Jorge Morais Couto) desde la orden de reembarque hasta su control migratorio con el pasaporte de emergencia obtenido”, precisa la procuradora de Migraciones.

La fiscalía no ha querido abrir la investigación sobre la cadena de responsables que accedieron a que Morais Couto ingresara al país vulnerando normas elementales. “El archivo (de la investigación fiscal) se sustenta (...) en inferencias o conjeturas, al no existir elementos objetivos que las respalden”, concluye la procuradora de Migraciones sobre este grave caso.

Cuando Jorge Morais Couto llegó a Lima, ejercía como presidente de la división de Servicios de Seguridad en Iberoamérica del Grupo Securitas. El primero de noviembre de 2024, cuando el caso de su ingreso irregular al país era materia de investigación fiscal, fue nombrado presidente de la división de Norteamérica. Un nombramiento sorprendentemente para una transnacional que “se enorgullece de nuestros valores corporativos fundamentales —vigilancia, integridad y espíritu de servicio— mientras protege a personas y bienes en todo el mundo”.

Lo más probable es que Couto no usaría el mismo mecanismo que practicó en el Perú para ingresar a los Estados Unidos, siendo un alto ejecutivo de una compañía como Securitas. Ese es el sentido del reclamo de la Procuraduría de Migraciones.

“Hemos hablado de la inseguridad ciudadana, como presidenta constitucional del Perú, me alegra informar a nuestro país que el Perú formará parte del Escudo de las Américas, coalición multilateral en la que participan más de 15 países liderados por los Estados Unidos. Agradecemos esta oportunidad, secretario Rubio porque para nosotros que hemos tenido que enfrentar el terrorismo sabemos lo difícil que es ahora enfrentar a esta criminalidad que no respeta fronteras y por eso la necesidad de unir los esfuerzos con los otros países”, señaló Fujimori.

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Durante la reunión, Fujimori también abordó la llegada del fenómeno climatológico y mencionó el apoyo ofrecido por Estados Unidos. En ese sentido, informó que el buque hospital estadounidense USNS Comfort llegará a la costa norte del Perú en febrero de 2027.

“Le comentábamos al secretario Rubio que se anunció en febrero la llegada de este fenómeno climatológico y lamentablemente el gobierno anterior no tomó acciones (…) desde ya agradecemos a EE.UU. el apoyo que nos están brindando, gracias a las coordinaciones del embajador Navarro y agradecemos que en el mes de febrero del año 2027 el busque hospital USNS Comfort llegará a la costa norte del Perú”, agregó.

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El acercamiento del país EE. UU. podría tensionar la relación con China

El internacionalista Óscar Vidarte sostuvo, en declaraciones a La República, que la incorporación del Perú al Escudo de las Américas evidencia un mayor acercamiento del país a Estados Unidos y podría ocasionar tensiones con China. A su juicio, aunque la iniciativa fue presentada inicialmente como un mecanismo de cooperación frente al crimen organizado transnacional, su alcance puede extenderse hacia otros intereses estratégicos de Washington.

Vidarte explicó que Donald Trump también ha vinculado el Escudo con la respuesta frente a amenazas a la seguridad, una categoría en la que Estados Unidos incluye a China. Como ejemplo, mencionó una columna publicada por Marco Rubio en El Comercio, en la que el secretario de Estado estadounidense cuestionó la influencia china en América Latina y la presentó como una amenaza para los intereses de su país y de la región.

“Y cuando uno lee el artículo de Marco Rubio que publicó ayer en el Comercio, pues se da cuenta que China aparece como una gran amenaza a los intereses de Estados Unidos y América Latina. Así que, siguiendo un poco lo que dijo el propio Donald Trump, yo creo que es muy fácil que los escudos de las Américas también en su momento puedan ser utilizados como un mecanismo de cooperación, además lo es, es un mecanismo de cooperación militar para hacer frente a la amenaza que puede representar China desde su perspectiva en las Américas”, explicó.

"Expresamos que no estamos de acuerdo con la moción presentada porque la comisión que presido es la encargada de atender con enfoque temático y de especialidad los asuntos de relevancia para el país como salud, educación, cultura, mujer, desarrollo social y digital. El día lunes aprobó su plan de trabajo y nos aseguramos de garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes y garantizar la prevención y la protección frente a la violencia sexual y física. La propuesta en debate pretende justificar la necesidad de crear una comisión con los mismos objetivos ya contemplados en el presente plan, contar con dos comisiones que sirven para lo mismo supone un mal uso de recursos públicos", sostuvo Matute.

La comisión que preside Matute, la de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital del Senado, aprobó su plan de trabajo para el periodo 2026-2027 el lunes 7 de septiembre, dos días antes del debate. Ese plan ya incluye, según la propia senadora, la protección de la niñez y adolescencia frente a la violencia sexual y física.

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Ya existe una comisión de infancia desde 2021

Es importante recordar que desde el dos mil veintiuno ya existe la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. Esa comisión fue instalada el 1 de octubre de 2021 y ha sido ampliada en al menos dos ocasiones: primero hasta el periodo anual de sesiones 2024-2025, y luego, con 104 votos a favor en junio de 2025, hasta el cierre del periodo 2025-2026 — es decir, sigue vigente en la actualidad.

Pese a esto, la moción de Renovación Popular y Fuerza Popular fue sustentada por el senador Alejandro Muñante, quien argumentó que la amplitud de materias que atienden las comisiones ordinarias dificulta un seguimiento especializado y permanente, y que la nueva comisión podrá fiscalizar la asignación y ejecución del gasto público, verificar el cumplimiento de normas destinadas a la infancia y realizar sesiones descentralizadas en regiones con mayores problemas de violencia, anemia y pobreza.

La nueva comisión del Senado estará integrada por 10 senadores bajo los principios de proporcionalidad y pluralidad, y tendrá un plazo de funcionamiento de 12 meses desde su instalación.

En el mismo discurso, Nieto cuestionó que el Gobierno condicione su respuesta frente a la inseguridad con la aprobación de facultades. Recordó que ya había advertido, durante el debate presidencial, que este gobierno no iba a tener la capacidad para enfrentar la criminalidad.

"Lo único que nos están diciendo es que quieren excusas porque no saben qué hacer, porque no saben gobernar, porque no saben enfrentar los problemas de la seguridad", acotó.

"Y se lo dijimos en el debate presidencial, lo que usted nos garantiza es más indicadores de chantajes y de extorsiones, son más asesinatos cada día, es una inseguridad creciente. Y es lo que estamos viendo. Lamento haber tenido razón, pero es lo que estamos viendo", agregó.

Sin embargo, los diputados Fernando García y Nora Llaque precisaron que la posición del grupo aún está en evaluación y plantearon que las facultades deberían revisarse, materia por materia. "Hay temas que no son urgentes", dijo García.

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El pedido de 66 facultades del Ejecutivo

El Ejecutivo formalizó el pedido de facultades el 29 de agosto ante el Congreso, con un plazo solicitado de 120 días. El proyecto contempla 66 pedidos específicos, distribuidos en ocho bloques temáticos que van desde seguridad ciudadana y reforma penitenciaria hasta control migratorio, modernización del Estado y reactivación económica.

La presión del gobierno de Keiko Fujimori sobre el Congreso se aceleró tras el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, en Trujillo, que llevó a la presidenta a convocar de emergencia a los titulares del Interior y Defensa.

Sin embargo, su solicitud también ha sido cuestionada debido a que no solo involucra medidas contra la inseguridad ciudadana, sino también tener pedidos como eliminar los topes a las tasas de interés y no tener medidas concretar para enfrentar el Fenómeno del Niño.

Catherin Palomino (Juntos por el Perú), presidenta del grupo de trabajo, expuso el informe y señaló que la principal deficiencia identificada fue la falta de delimitación en el pedido del Gobierno de Keiko Fujimori.

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"Los especialistas señalaron que el pedido de facultades no está suficientemente claro ni delimitado. Las observaciones van por cómo el Ejecutivo ha planteado la solicitud, con términos amplios que podrían dar paso a excesos en la aplicación de las medidas. Por ello, consideraron que la delegación no debía aprobarse en los términos propuestos por el Ejecutivo".

Los votos a favor del informe provinieron del bloque opositor. Diputados de Ahora Nación, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Obras dieron su respaldo, mientras que legisladores de Renovación Popular y Fuerza Popular se opusieron. Este es, en la práctica, el sexto rechazo de una comisión de la Cámara de Diputados al pedido de delegación de facultades presentado por el Gobierno.

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Fuerte debate en la Comisión de Justicia

Ante las posiciones de los diputados de oposición, quienes respaldaron las observaciones planteadas en el informe, algunos legisladores cercanos al oficialismo respondieron con críticas al documento. Roxana Rocha, de Renovación Popular, sostuvo que existen puntos en los que sí podrían otorgarse facultades al Poder Ejecutivo.

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"Considero que la conclusión merece una revisión más detenida. Se debe convocar a una mesa técnica de especialistas para contar con mayores elementos de análisis. El abogado Edwin Siccha Pérez planteaba no rechazar toda la delegación; por el contrario, señala que algunos temas deben debatirse mediante el procedimiento legislativo ordinario, mientras que otros asuntos podrían delegarse con límites claros establecidos por el Congreso", señaló.

Posteriormente, tanto Rocha como César Tito Rojas (Juntos por el Perú) propusieron un cuarto intermedio para continuar debatiendo el tema. La propuesta no llegó a votarse, debido a que el diputado de Juntos por el Perú terminó retirando su pedido.

El Ejecutivo considera que la designación como grupos hostiles u organizaciones terroristas le faculta a atacar los activos y propiedades de cualquier persona asociada con estos grupos y a compartir información de inteligencia que podría llevar a acciones potencialmente letales contra estas bandas.

Un grupo hostil es considerado como una organización armada o conjunto de personas con estructura y capacidad de enfrentarse de manera sostenida al Estado usando la fuerza letal.

CIFRAS SON ALARMANTES

De acuerdo al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre 2022 y julio del 2026 se denunciaron 96.111 delitos de extorsión, mientras que, en el mismo período, hubo 19.672 casos de secuestros.

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Otro dato importante del Ministerio Público es que entre agosto del 2024 y agosto del 2026 se registraron 252 atentados que dejaron 333 víctimas vinculados a presuntos actos de extorsión en el transporte público de Lima Metropolitana y el Callao. Estos ataques dejaron 165 fallecidos y 168 lesionados.

En tanto, de enero a agosto del presente año, se registraron 1.417 homicidios según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). De ellos, 1.014 fueron ocasionados por proyectil de armas de fuego.

MODIFICAR EL DL 1095

Frente a ello, el ministerio de Defensa plantea declarar grupos hostiles a organizaciones criminales para que FF.AA. puedan apoyar en su combate.

El titular del sector, Rafael Belaunde Llosa, planteó la modificación del Decreto Legislativo N.° 1095, que regula las reglas del empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el territorio nacional.

"Buscamos precisar los criterios que permitan determinar cuándo una organización criminal pueda ser considerada un grupo hostil, a efectos de fortalecer el marco jurídico para la intervención de las Fuerzas Armadas", señaló el titular del sector en la sustentación del pedido de facultades legislativas ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso.

Sin embargo, muchos especialistas desaconsejan la fórmula promovida por Estados Unidos.

COLCHADO: “NO TENE SENTIDO”

El diputado Harvey Colchado, exoficial de PNP, considerado un experto en investigación criminal y casos de corrupción, señala que "tipificar como terroristas las acciones delincuenciales no tiene sentido, porque se trata de organizaciones que tienen fines diferentes; los primeros buscan objetivos políticos y los segundos solo el lucro".

El investigador y politólogo de la Universidad Católica del Perú Noam López advirtió que clasificar como terroristas a las organizaciones criminales no garantiza, de por sí, una mejora en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Consideró que lo que dificulta la lucha contra la criminalidad son las limitaciones del Estado para investigar, descubrir a las redes criminales, seguir la llamada ruta del dinero, controlar los presidios y lograr que los culpables sean condenados a prisión.

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“Terrorismo y crimen organizado pueden compartir métodos violentos, pero responden a lógicas totalmente distintas: el primero busca generar terror con una finalidad política; el segundo persigue principalmente beneficios económicos y control de mercados ilícitos”, afirmó el académico

Sin embargo, el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, respaldó la propuesta de que las bandas criminales sean declaradas grupos hostiles, a fin de que las Fuerzas Armadas participen de manera más efectiva en la lucha por la seguridad ciudadana.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD?

La finalidad, detalló el gobierno, es que las organizaciones criminales transnacionales que operan en Perú sean clasificadas como grupos hostiles y, por lo tanto, pasen a ser objetivos militares.

La propuesta de la nueva definición de grupo hostil, contenida en el numeral 4.1 del artículo 4 del DL mencionado, permitirá que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo de la Policía Nacional — dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario— en la neutralización de objetivos militares y degradar la capacidad de combate del adversario, con protección de la población civil.

De acuerdo con el titular del Ministerio de Defensa, los criterios establecidos actualmente en el DL N° 1095 son muy restrictivos para incorporar como grupo hostil a organizaciones dedicadas a la criminalidad, que tienen estructuras de alcance nacional y/o trasnacional, que utilizan su capacidad letal contra población civil y que tienen influencia sobre la economía a través de actividades ilícitas, como el narcotráfico, minería ilegal y/o trata de personas.

Con esta modificación, el Gobierno busca reducir los niveles de criminalidad vinculados principalmente con extorsión y sicariato, mejorar la percepción de seguridad ciudadana, fortalecer el respaldo jurídico para la actuación de las Fuerzas Armadas, permitir una respuesta frente a organizaciones criminales que, por sus características y capacidad operativa, superen las capacidades ordinarias de respuesta de las fuerzas policiales. ¿Lo logrará?

Con 11 votos a favor y ocho en contra, la Comisión de Energía y Minas —presidida por la diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú)— aprobó un informe en el que se señala que no era viable otorgar facultades legislativas al Ejecutivo en materias relacionadas con el sector que rige el grupo de trabajo.

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De acuerdo con el informe, los temas propuestos en materia de minería e hidrocarburos merecían un debate más amplio, que involucrara a diversos actores de la sociedad civil y a congresistas de las Cámaras de Diputados y Senadores.

En el Ejecutivo, el pedido en este rubro solicitaba facilidades para que la actividad privada pueda continuar con las exploraciones y explotaciones de minerales e hidrocarburos. Además, se buscaba realizar acciones que brindaran una mayor seguridad jurídica a las empresas mineras que trabajen dentro del territorio nacional, sin especificar a qué acciones se referían.

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Mas recientemente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó un informe similar donde también recomendaban no dar las facultades al Ejecutivo en temas relacionados a gestión penitenciaria y reforma de justicia. El grupo de trabajo, presidido por Catherin Palomino (Juntos por el Perú), aprobó este informe con 11 votos a favor y cuatro en contra.

Rechazados cuatro informes con opiniones favorables

En la Comisión de Ciencia, Tecnología y Ambiente se concluyó que era técnicamente viable otorgar las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo respecto de aspectos relacionados con la simplificación administrativa, la eliminación de barreras burocráticas, la calidad regulatoria y la transformación digital.

El informe que contenía la opinión favorable fue sometido a votación y no obtuvo el respaldo necesario. Los miembros del grupo de trabajo rechazaron la propuesta con nueve votos en contra, frente a siete a favor y una abstención. Los votos en contra provinieron del bloque opositor, mientras que los votos a favor fueron de Fuerza Popular y uno de Renovación Popular.

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En la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, la situación fue similar, con la diferencia de que en este grupo de trabajo no se redactó un informe. La comisión liderada por Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) decidió votar directamente sobre el pedido. Solo seis parlamentarios —todos de Fuerza Popular— votaron a favor de otorgar las facultades en áreas relacionadas con el sector. El bloque opositor respondió con 11 votos en contra. También se registraron dos abstenciones: una de Obras y otra de Renovación Popular, que decidió no dar su apoyo explícito al fujimorismo en esta votación.

La otra comisión donde Fuerza Popular no pudo imponer una opinión favorable al proyecto del Gobierno fue la de Producción. Diez votos en contra del informe favorable a la solicitud del Ejecutivo se impusieron a los ocho votos reunidos por el partido fujimorista y Renovación Popular.

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La última comisión que se sumó al rechazo de un informe con una opinión favorable al pedido fue la Comisión de Trabajo. El grupo de trabajo, liderado por Eduardo Castillo (Fuerza Popular), decidió, con 10 votos en contra —provenientes en su totalidad del bloque opositor—, rechazar este parecer.

Otra comisión donde se debatirá un próximo informe de opinión es la Comisión de Economía. En su última sesión, el ministro Elmer Cuba, titular en la cartera del sector, se ausentó para exponer los detalles alegando que ya lo había hecho en la Comisión de Constitución. Este grupo de trabajo es presidido por José Marcelo Salazar, diputado de Ahora Nación. Al ser esta bancada parte del bloque opositor, es probable que el informe —que se presentaría este próximo lunes 14— determine que no es viable dar las facultades al Ejecutivo en esta área.

Obras y el Partido del Buen Gobierno reúnen abstenciones

Dentro de las votaciones para definir las opiniones de las comisiones especializadas, algunos congresistas optaron por desmarcarse de su rol de oposición y, sin respaldar al Ejecutivo, se abstuvieron. Los casos reúnen a representantes de dos grupos que forman parte del autodenominado “Bloque Democrático”: Obras y el Partido del Buen Gobierno.

En el caso del Partido del Buen Gobierno, Hilda Judit Fernández no votó ni a favor ni en contra del informe presentado por la Comisión de Ciencia. Al respecto, La República trató de comunicarse con la representante para conocer la razón de su voto. Sin embargo, desde el despacho de la congresista se indicó que no sería posible establecer comunicación hasta después del cierre de esta nota.

Obras se desmarcó más que el Partido del Buen Gobierno. Dos diputadas de la agrupación votaron en abstención. Andrea Medina lo hizo en la Comisión de Producción, mientras que Jeeny Samanez lo hizo en la de Infraestructura.

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Dos batallas ganadas por el fujimorismo gracias a Obras

Justamente, ambas diputadas le dieron su primera “victoria” al fujimorismo. En la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad se aprobó la opinión favorable al pedido de facultades del Gobierno luego de que Samanez votara a favor y Medina decidiera abstenerse. Esto derivó en un empate que tuvo como voto dirimente el de Arturo Alegría, presidente del grupo de trabajo y vocero fujimorista.

Víctor Piñán, diputado de Obras y vocero de la bancada, declaró a La República que este voto se produjo como resultado de una falta de coordinación.

“Ha habido una descoordinación con las dos diputadas: una aprobó a favor del informe en la Comisión del Ambiente y la otra colega se abstuvo. Ya se coordinó con ellas y hemos tomado a bien corregir estas descoordinaciones para lo sucesivo. Se trató de una falta de coordinación previa, pero ya se ha corregido en las últimas comisiones donde se han visto los informes acerca de la delegación de facultades, donde Obras ha votado rechazando el informe emitido”, indicó.

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Piñán aseguró que desde Obras solo apoyarán el pedido de facultades en materias relacionadas con el Fenómeno de El Niño y la lucha contra la inseguridad, en línea con la posición de gran parte de la oposición legislativa.

“Hemos sostenido una reunión como bancada donde hemos reafirmado nuestra posición inicial. Vamos a otorgar dentro de la delegación de facultades solamente los temas más importantes y urgentes para el país, que son dos principalmente: seguridad ciudadana y el Fenómeno de El Niño. Todo lo relacionado a seguridad ciudadana y al Fenómeno de El Niño son las dos únicas materias sobre las cuales nosotros vamos a otorgar estas facultades al Ejecutivo; sobre el resto hemos quedado en que no las vamos a otorgar”, apuntó.

La otra opinión favorable provino de la Comisión de Defensa. El grupo de trabajo es liderado por el diputado de Renovación Popular, Alex Segura. En ella, dos diputados de Obras se abstuvieron: Máximo Peralta y Andrea Medina, quien sumó su tercera abstención. El Partido del Buen Gobierno también sumó apoyos al Gobierno: Luis Quispe Candia y Edwin Espinoza votaron a favor del informe. Ambos diputados hicieron hincapié en que lo hacían dejando en claro las observaciones hechas al informe desde la bancada del partido de Jorge Nieto.

La declaración del titular de la cartera de Salud se produce luego de que Nadia Beller, expareja de Cerimedo, publicara en redes sociales capturas de pantalla de conversaciones del asesor político, en las que figuraría su participación en un grupo de WhatsApp denominado 'Defensores del Perú'.

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"Cuando estuvimos en el tema de personeros, te puedo asegurar que había cerca de 100.000 chats llamados ‘Defensores del Perú’. Al señor no lo conozco, jamás he tenido una conversación con él. Hay chats parecidos donde ni siquiera he participado", indicó Dyer en entrevista con RPP.

Cerimedo se encuentra recluido en Bolivia por una investigación por tentativa de feminicidio, luego de ser acusado de participar en el intento de asesinato de Nadia Beller.

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Vínculos entre Cerimedo y Keiko Fujimori

El vínculo de Fernando Cerimedo con el Perú trasciende una relación circunstancial. La Unidad de Investigación de La República dio a conocer que el consultor argentino coincidió con Keiko Fujimori el martes 10 de febrero de este año, durante la Gala de la Prosperidad Hispana, realizada en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. En esa ceremonia, Cerimedo recibió un reconocimiento por parte de la organización.

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Asimismo, otros personajes cercanos a la actual mandataria, como Carlos Díaz-Rosillo y Damián Valenzuela, ambos asesores de su Gobierno, han sido relacionados con el consultor argentino.

Además, Cerimedo estuvo en Perú durante la toma de mando de Keiko Fujimori. Nadia Beller afirmó a La República que, el pasado 28 de julio, el consultor argentino le envió desde el hotel Marriott de Miraflores una fotografía en la que aparecía junto a una mujer que, según señaló, actuaba como enlace con Fujimori. Como respaldo de su versión, Beller remitió desde su celular la imagen a este diario.

"Se ha dicho que va a ser en dos tramos. Hay preocupación de los empresarios; ellos preferirían que sea después del Fenómeno El Niño. Nosotros hemos dicho que ya hay un compromiso presidencial para que se haga en este semestre. Es algo que se tiene que coordinar con el ministro Elmer Cuba. Él dispone de la capacidad presupuestal", señaló en entrevista con Canal N.

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Asimismo, Sheput se excusó por no asistir a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para exponer los pedidos formulados por su sector dentro de la solicitud de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con el ministro, priorizó su asistencia a la Comisión de Constitución.

"No tengo el don de la ubicuidad. A la misma hora tenía que estar en la Comisión de Constitución. Yo no puedo estar en dos lugares a la vez. La Comisión de Constitución es la comisión titular para aprobar o desaprobar la delegación de facultades. Eso no significa que yo no vaya a asistir a la comisión para que pueda exponer los puntos del pedido".

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Keiko Fujimori cambió su discurso respecto al aumento del sueldo mínimo

El anuncio del Gobierno sobre el aumento de la remuneración mínima vital también marca distancia con la posición que Keiko Fujimori defendió durante la campaña electoral. En ese periodo, la entonces candidata descartó llevar el sueldo mínimo hasta los S/1.500, propuesta planteada por Juntos por el Perú, al sostener que una medida de esa magnitud debía sustentarse en criterios económicos y no en compromisos electorales.

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Fujimori cuestionó entonces los incrementos utilizados como una forma de generar respaldo político y afirmó que cualquier modificación de la remuneración mínima debía implementarse de forma gradual y responsable. Asimismo, señaló que el reajuste debía estar vinculado al desempeño de la economía y a los niveles de productividad. Con el anuncio actual, el Ejecutivo vuelve a abrir una discusión sobre los criterios que deberían determinar cuándo corresponde elevar el salario mínimo.

Para el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros, el incremento anunciado cuenta con sustento técnico. Según explicó a La República, si desde 2007 se hubieran aplicado de manera sostenida los criterios establecidos en el Consejo Nacional del Trabajo, tomando en cuenta la inflación y la productividad, la remuneración mínima actualmente debería superar el monto propuesto. En esa línea, estimó que el salario mínimo debería acercarse a los S/1.400 y consideró que los S/1.300 se encuentran dentro del margen técnicamente justificable.

El general Óscar Arriola, si bien contaba con el respaldo de la presidenta Keiko Fujimori, inició funciones durante el gobierno de Dina Boluarte, y continuó con José Jerí y José María Balcázar, en enero de este año. Durante su mandato no pudo apaciguar la ola criminal.

Es más, en el primer mes del régimen fujimorista, los asesinatos se intensificaron, creando una sensación de indefensión, por lo que Arriola tuvo que presentar su carta de renuncia. El 30 de septiembre recién iba a cumplir un año de los dos que le correspondía por ley.

La designación del teniente general Fredy López tiene correlato histórico. Es el primer oficial que proviene de la unificación de la Policía Nacional, que se produjo hace 36 años en el primer gobierno de Alan García. El teniente general Óscar Arriola pertenecía a la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), o Código 2. López no responde a ningún código.

Limeño de nacimiento, Fredy López Mendoza, de 60 años, pertenece a la generación Los Pioneros 1990: la primera promoción de oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

López es el número dos de su promoción y, de acuerdo con su hoja de vida y experiencia profesional, estuvo a cargo de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), la Aviación Policial, la Región Policial de La Libertad y formó parte de los grupos operativos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, la Dirección Antidrogas y la Policía Fiscal.

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Revisando las fojas

En un inicio el nombre de Augusto Ríos Tiravanti sonaba fuerte en los pasillos del Ministerio del Interior como el sustituto de Arriola. Ambos pertenecen a la promoción Integración 1989. El primero proviene de la ex Guardia Civil y el segundo de la ex Policía de Investigaciones.

Pero el ministro del Interior, César Astudillo, le bajó el dedo a Tiravanti al revisar sus antecedentes.

En octubre de 2023, el general Augusto Ríos Tiravanti fue relevado como director de la Región Policial de La Libertad por su baja productividad en la lucha contra la delincuencia.

Peor aún, su promoción de escuela y jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Trujillo, el coronel Arturo Balta Paredes, quien trabajaba bajo sus órdenes, fue detenido por sus vínculos con la organización criminal la Gran F.A.

Augusto Ríos Tiravanti es el mismo teniente general que gritó burlonamente “¡Feliz 28!”, cuando un reportero del dominical 'Panorama' lo abordó al salir del restaurante Villa Consentino, en el distrito de Chorrillos. Ríos y otros 40 generales festejaban una noche de gala no oficial, en la que estuvo también presente el entonces comandante general de la PNP Víctor Zanabria Angulo.

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Números en contra

El escándalo policial se registró el 26 de julio de 2025, en medio de una ola de violencia y el incremento de homicidios por sicariato que azota el país.

En ese momento, el general Augusto Ríos Tiravanti se desempeñaba como jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), ni más ni menos.

Al asumir como comandante general de la PNP Fredy López Mendoza, el jefe del Estado Mayor será el teniente general Augusto Ríos Tiravanti, quien, por cierto, es de la misma promoción del general Arriola. La Inspectoría General dependerá del teniente general Luis Flores Solís. Pero no por mucho tiempo.

En las próximas semanas, el teniente general Luis Flores Solís, el tercero en la línea de mando, pasará al retiro por la causal de límite de edad en el grado. Es decir, 40 años en la Policía.

El teniente general Luis Flores fue integrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que participó en la desarticulación de la cúpula terrorista de Sendero Luminoso. Pertenece a la promoción Justicieros 1987 y a partir del primero de octubre de este año, pasará a un periodo de tres meses de adaptación a la vida civil.

La posición del teniente general Luis Flores lo ocupará el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, teniente general Manuel Lozada Morales: el cuarto en el escalafón de la PNP. Lozada proviene de la Promoción Integración 1989 de la ex Guardia Republicana, la misma de Arriola.

El relevo del teniente general Óscar Arriola no implicará un cambio profundo en el alto mando de la Policía Nacional. Más bien Fredy López representa la continuidad de un colectivo que enfrenta dificultades para superar la criminalidad. Pero también es responsabilidad del gobierno que no manifiesta acciones significativas.

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Larga espera para el relevo de generales

La ceremonia del relevo y reconocimiento del nuevo comando policial está programada para el miércoles 16 de septiembre en el patio de honor de la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional en Puente Piedra.

La razón que explicaría por qué la tardanza del relevo sería porque en estos días se realizan los exámenes de ascenso al grado inmediato superior de la plana de oficiales de la PNP.

No se descarta que el general Arriola haya prolongado su dimisión para asegurarse que personal con el que trabajó durante su gestión consiga el ascenso de grado.

Otro motivo sería que la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) cumple 78 años de creación institucional.

En sus fundamentos, la moción señala los registros migratorios de Cerimedo, que muestran cuatro ingresos al Perú, el último de ellos coincidente con la transmisión de mando presidencial de Keiko Fujimori. Además, se citan los contactos entre Cerimedo y otros asesores vinculados a la actual mandataria, como Carlos Díaz-Rosillo y Damián Valenzuela.

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La moción también señala la incidencia de Cerimedo debido a su presunta vinculación con la compra del dominio web 'Ojo de Cóndor', presentado como un conteo paralelo al difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De acuerdo con el documento, se "exige esclarecimiento por su aptitud para incidir sobre la confianza pública en los resultados oficiales del cómputo oficial".

La solicitud cuenta también con la firma de Víctor Piñán, diputado y vocero de la bancada Obras. Para ser admitida a debate, la moción requiere el voto aprobatorio del 35% de los miembros de la Cámara de Diputados. Una moción de estas características se aprueba con el 45% de los votos.

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De aprobarse, la comisión tendría un plazo de 180 días hábiles, prorrogable, y facultades para citar a comparecencia obligatoria, levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, así como solicitar información a entidades como Migraciones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

¿Quién es Fernando Cerimedo? El consultor político ligado a candidaturas de derecha en Latinoamérica

Fernando Cerimedo es un consultor político y estratega digital argentino, identificado con sectores de la derecha y la extrema derecha latinoamericana. Fundó el medio digital La Derecha Diario y ha trabajado en campañas y estrategias de comunicación política para dirigentes de la región, entre ellos el presidente argentino Javier Milei y el mandatario boliviano Rodrigo Paz.

En agosto de 2026, Cerimedo fue aprehendido en Bolivia y quedó bajo investigación de la Fiscalía por un caso relacionado con un ataque contra su expareja, Nadia Beller. Investigaciones fiscales posteriores descubrieron que el consultor argentino tenía 'granjas de bots' dedicadas a influir en la opinión pública a través de las redes sociales.

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La relación entre Fernando Cerimedo y el Perú no es nula. La Unidad de Investigación de La República reveló que Cerimedo coincidió con Keiko Fujimori el martes 10 de febrero de este año, cuando la presidenta asistió a la Gala de la Prosperidad Hispana, celebrada en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. En dicho evento, Fernando Cerimedo fue galardonado por la organización.

Figuras como Carlos Díaz-Rosillo y Damián Valenzuela, asesores de la nueva mandataria, también han sido vinculadas al consultor argentino.

Para sancionar esto, la iniciativa propone adicionar los artículos 151-B y 151-C al Código Penal. El primer artículo señala que quien ejerza violencia contra un menor para obligarlo a ser parte de una unión de hecho será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. La pena puede pasar a ser de diez años si se prueba una posición de poder desfavorable entre el menor y la persona que lo obligó a mantener la unión.

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El artículo 151-C señala también que quien promueva, organice, acuerde o contribuya a estas uniones tendrá una pena no menor de cinco ni mayor de ocho años

La exposición de motivos del proyecto se sostiene en datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025. De acuerdo con la información citada, se estima que cerca de 52 mil menores de edad se encuentran actualmente en situación de convivencia en el país. La mayoría concentrados en zonas rurales y en los hogares más pobres.

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Exministra a favor de la propuesta

Diana Miloslavich, exministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, consideró importante saludar una iniciativa legislativa de este corte. Para Miloslavich, se trata de un llamado a cubrir los vacíos legales que dejaban las leyes previas en la protección de los derechos de los menores.

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“La protección de nuestras infancias tiene que ser una prioridad en el Estado y en la sociedad peruana. Hay que tomar en cuenta que hay una delegación de la OEA que hace seguimiento a la Convención de Belém do Pará, que tiene que ver con la protección contra la violencia hacia las niñas. Están terminando una visita de asistencia técnica para evaluar la respuesta del Estado ante la violencia contra las niñas awajún y wampis. Sería importante que diputados y senadores, a la hora de pensar en su voto, tomen en cuenta estas recomendaciones que ya se vienen haciendo en varios países al amparo de esta convención tan importante”, señaló a La República.

La exministra concluyó que lo mejor será que esta iniciativa logre respaldo en el Congreso. “Hay que tomar en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el acuerdo universal de Naciones Unidas que prevé un cuidado para las infancias y se está tomando en cuenta como marco para esta iniciativa. Hay que saludar esta iniciativa y esperemos que tenga un recibimiento positivo en el Congreso”, indicó.

Durante la sesión, se hizo hincapié en que Juan Sheput, ministro de Trabajo, no asistió a la sesión. El pedido de facultades legislativas enviado por el Ejecutivo hacía hincapié, entre otros puntos, en la promoción del empleo juvenil, sin detallar las medidas que se tomarían, así como en la modificación de la regulación de los feriados no laborables para optimizar su impacto en la productividad.

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Polémica por presunta falta de acreditación a diputados suplentes

Originalmente, fueron 11 los votos en contra del informe. Sin embargo, se desestimó el voto del diputado Heber López (Obras), suplente en la comisión, debido a que no se acreditó correctamente su condición de suplente por parte del diputado Arturo Eusebio, de la misma bancada. López criticó que no se le señalara que su presencia era “improductiva” desde el inicio de la sesión.

Desde la presidencia de la comisión se señaló que la participación de Nora Llaque (Partido del Buen Gobierno) tampoco había sido acreditada por su compañero de bancada, Fernando García Huby. Al respecto, Llaque presentó el documento mediante el cual sí estaba acreditada y su voto fue contabilizado al final de la votación.

Jessica Guevara, diputada de Juntos por el Perú, calificó como una “falta de respeto” que no se notificara desde el inicio de la sesión a los diputados presuntamente no acreditados sobre la falta de documentación.

La iniciativa no perdió su validez, porque todavía cuenta con las firmas suficientes para continuar su trámite según el reglamento.

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El pliego, de 12 páginas, cuestiona a Astudillo por presuntas designaciones irregulares dentro del Ministerio del Interior y por su manejo de la política de seguridad ciudadana. Entre los señalamientos figura el nombramiento de Magali Meza, exfuncionaria de Servir, como directora general de Recursos Humanos de esa cartera.

La iniciativa fue suscrita por varios diputados de Juntos por el Perú, entre ellos la vocera Analí Márquez, el vocero Ernesto Zunini, Julián Pérez Mallqui, Oliver Peña y Catherin Palomino.

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Aguirre había firmado el documento junto a sus compañeros de bancada, pero decidió apartar su respaldo en las horas previas a la sesión donde se debatirá su admisión.

El retiro se suma a un momento de tensión dentro de la propia bancada. Aguirre mantiene un enfrentamiento abierto con Zunini desde hace semanas, luego de denunciar públicamente "actitudes negativas, matonescas" por parte del vocero.

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La crisis interna de Juntos por el Perú

El conflicto entre Aguirre y Zunini no es nuevo. El diputado por Junín cuestionó que las decisiones de la bancada no se sometan a votación conjunta antes de anunciarse. "Es un tema de democracia", resumió en su momento.

Acusó también a Zunini de haberse autodesignado en la vicepresidencia de la Comisión de Presupuesto sin que ningún colega lo propusiera, versión que el vocero calificó de "totalmente falsa".

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El desgaste llegó a un punto crítico cuando el Comité Regional de Junín de Juntos por el Perú pidió a la bancada abrir un proceso disciplinario contra Aguirre por sus críticas públicas.

El legislador respondió restando legitimidad a los firmantes del pronunciamiento y acusó a la dirigenta Anélia Bendaña de haber "indispuesto" a los candidatos de la región durante la segunda vuelta electoral.

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Fuentes de La República señalaron a inicios de mes que el caso de Aguirre no sería aislado. Hasta cuatro diputados de la bancada evaluarían su pase a Fuerza Popular y otros dos negociarían su incorporación a Renovación Popular.

Tras esto, Aguirre indicó que "todavía no" pensaba dejar su bancada y que de momento se mantendría dentro del grupo legislativo de oposición.

-Siendo una época tan novelesca, ¿por qué crees que no se ha escrito de ella?

-Es una época muy atractiva para cualquier escritor. No sé por qué no se ha escrito de ella. Te puedo decir que, en mi caso, fue una necesidad escribir sobre esa época. Es mi novela más personal, más autobiográfica. Para escribirla tuve que volver al 2000, que es el año que define lo que ahora es el Perú. Ese es el año que define la caída del gobierno de Fujimori. Fue un tiempo turbulento en medio de las denuncias por corrupción por los vladivideos. El peso del aire podría ser una primera novela de una serie de novelas que hablen de esa época, que hablen del año 2000, porque es verdad que hay novelas ambientadas en ese periodo, como Grandes miradas de Alonso Cueto, pero creo que le falta a mi generación una mirada política de esa época. Es importante revisitar el pasado para comprender el presente, pero también es importante reflexionar, por supuesto, a nivel personal, sobre lo que fue cada uno en esa época, y creo que esas reflexiones nos enriquecen como sociedad, nos permiten comprender mejor fenómenos tan complejos, tan vertiginosos como lo fue ese año 2000 y en general toda la década del fujimorismo.

-Fue una generación particular.

-Para mi generación esa era la normalidad. Lo normal era que los medios de comunicación estuvieran controlados. Lo normal era que la democracia fuese una democracia precaria. Lo normal era que se supiese que había una fuerza silenciosa que tejía los hilos. No se imaginaba nadie hasta qué punto era realidad eso. Entonces, claro, ahí hay una perspectiva muy particular, generacional.

-Esta es una novela que no se escribe en meses. Es toda una coincidencia que haya sido publicada en pleno contexto del regreso del fujimorismo al poder.

-Así es. Cuando me fui a España, me distancié un poco del Perú. Dejé, de alguna manera, el periodismo de la primera línea. He estado alejado de la televisión. Y me ha pasado mucho en estos 15 años que esa poderosa fuerza de la nostalgia me ha empezado a recordar esos tiempos. Es una época maravillosa para mí. Era una coyuntura absolutamente extraordinaria, probablemente en el mejor lugar para hacer televisión en un canal que nació para hacer periodismo cumpliendo de manera estricta códigos muy claros de ontología periodística para separar la información de la opinión, para informar todo aquello que te gustaba, pero también aquello que no te gustaba, es decir, para hacer algo muy distinto a lo que se ha puesto de moda en la actualidad, donde en realidad la militancia y el periodismo se confunden con mucha frecuencia.

-Canal N, a nivel de la televisión, marcó una diferencia.

-Canal N nace con una gran independencia en una época en la que no había esa independencia, en la que los canales de señal abierta estaban digitados por Montesinos; buena parte de la prensa escrita estaba digitada por Montesinos. Y a mí me toca, por lo mismo, el privilegio de estar en ese lugar a mis 23, 24 años y observar desde ese lugar un proceso histórico irrepetible.

-Conversación en La Catedral es el faro de El peso del aire.

-Conversación en La Catedral es la novela total sobre el odriismo. Y yo he tratado de hacer, por supuesto, con una serie de diferencias, una novela total sobre el fujimorismo con varias particularidades. Quien cuenta el libro no es un periodista de prensa escrita, sino un periodista de televisión por cable, de un canal de noticias. Los personajes son otros, la lógica es otra, la realidad social es otra. Es decir, hay una coyuntura distinta a la del gobierno de Odría, pero yo creo que dialoga mucho con ese libro por la parte técnica también, por supuesto, y también porque mi impresión cuando escribí Flores Amarillas, que es una novela sobre mi familia, una novela de mafia, que parte de la historia de mi familia, ambientada justamente en el gobierno de Odría, descubrí que mucha de la lógica de la dictadura de Odría se reproducía en el gobierno de Fujimori. Es una referencia clara.

-Dentro de lo que fue ese periodo extraño y gris, como que había espacio para el humor.

-En el Perú no hay tragedias, sino tragicomedias. Los momentos incluso más oscuros y más siniestros en la historia del Perú tienen este anverso folclórico, ridículo y divertido. Los peruanos hemos desarrollado, quizá por necesidad de supervivencia, la capacidad de reírnos de nuestras peores tragedias y de nosotros mismos. Eso es algo bueno porque nos permite seguir adelante; es algo malo porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas que tenemos delante, porque nos burlamos. Pero bueno, es como somos.

-Esteban Gamio es tu alter ego. Él pudo ser un periodista cínico en un contexto signado por periodistas que estaban jugando en pared con el fujimorismo.

-A eso se le llama ahora la construcción de una narrativa. Lo que la novela trata de demostrar es cómo el individuo se vincula con su tiempo. Esteban Gamio trata de mantenerse éticamente en el lugar correcto, pero lo favorece el azar, porque termina en el lugar que se lo permite. ¿Qué hubiese pasado si Esteban Gamio terminaba haciendo periodismo en un diario chicha? Yo siempre dije que para mantener la independencia uno tenía que saber en qué medio trabajaba, es decir, que tenía que trabajar en un medio que le permitiera mantener su independencia. Ahora no soy tan drástico porque comprendo que la realidad es mucho más compleja, que hay muchos más grises y que la gente necesita trabajar. Hay que mantener una familia, asumir una serie de responsabilidades. Esta novela es también representativa de un momento concreto del periodismo en Perú. Canal N era un canal de cable que estaba haciendo cosas que no se habían hecho, hasta ese momento, en televisión en el mundo. Bernardo Roca Rey y Gilberto Hume fueron adelantos. Canal N fue el primer canal digital del mundo.

-Por ejemplo, estaban los videorreporteros.

-Eso no existía, que eran los reporteros que iban con su cámara y grababan y al mismo tiempo luego reportaban y escribían los reportajes. Hubo varios cambios que permitieron una mayor agilidad en la cobertura de las noticias. Eso era la avanzada en el año 2000. Ahora el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora es algo que va quedando con el avance de las redes sociales, del periodismo de las redes sociales. Lo que está en primera línea son los periodistas que tienen sus propios contenidos o los influencers que tienen sus propios contenidos.

-¿Y eso es bueno?

-Lo que me parece que es positivo es que eso democratiza la información. Es decir, cualquiera con un teléfono puede transmitir su opinión y ganar si es que lo hace bien. Pero yo soy un gran defensor del periodismo clásico porque siento que el periodismo clásico tiene unos mecanismos de control de calidad que se van perdiendo en buena parte de lo que se hace ahora en las redes sociales, en los medios que ahora se han puesto de moda.

-Algo que recuerdo del 2000 es la unión de todos los partidos políticos, en especial los que tenían tradición, en contra de Fujimori. Esa unión motivada por el bien común no la he vuelto a ver.

-Quizá por eso han sido tan terribles los últimos cinco años, porque han sido cinco años en los que no ha habido una oposición política. Ha habido una confluencia de intereses que ha controlado el Congreso en un cien por ciento.

-Tú has sido muy crítico con Keiko Fujimori.

-Ejerciendo el periodismo he criticado a Keiko durante muchos años. Esas críticas las reafirmo. Creo que también es innegable la realidad: es decir, ella ganó las elecciones, es la presidenta. Pero con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país con la calidad democrática y con el avance de la lucha contra la corrupción. A pesar de todas las sospechas, espero estar equivocado. Desearle el fracaso al gobierno de Keiko Fujimori es desearle el fracaso a todo el país, es decir, que todo el mundo se perjudique. Van a ser cinco años complicados, de muchas tensiones, y creo que, siguiendo las enseñanzas que yo recibí en ese año 2000, sería muy importante que cada uno haga su trabajo. El periodismo tiene que ser un contrapoder, ser crítico e informar.

-Hace poco escuché que la ética ya no importa en el periodismo. Basta y sobra con que el periodista traiga la noticia. ¿Cómo ves al periodismo peruano?

-Acabo de leer el libro de Javier Cercas sobre El País y, entre las cosas que dice Cercas, señala que la independencia editorial de un medio de comunicación está vinculada estrechamente con la independencia económica de un medio de comunicación. Los medios que tienen espaldas financieras, que tienen auspiciadores, que se pueden dar el lujo, por ejemplo, de denunciar a uno de sus auspiciadores y prescindir de la publicidad y los ingresos por esa publicidad, por supuesto, son medios mucho más independientes. Detrás de la situación del periodismo peruano está la precariedad económica. Pero esto es una crisis global y que probablemente es más profunda en el país que en otros países. Quizá porque el mercado peruano es más pequeño, aunque no tanto como antes; pero también porque por pensamientos como el que acabas de describir alimentan esta especie de rueda de molino o de círculo vicioso que ha hecho que el periodismo entre en una crisis tan profunda. El principal activo que tiene un medio de comunicación es su credibilidad, que hay que defender, que hay que cultivar.

-La credibilidad viene de la mano con la ética.

-Por supuesto. La credibilidad es un activo que se va construyendo día a día, a lo largo de décadas; los medios con gran credibilidad la han cultivado a lo largo de toda su historia. Pero basta un error para que esa credibilidad desaparezca.

“Sabemos todo sobre ti, tus movimientos, los de tu familia que está en España. Tu no eres intocable”, le indican en uno de los mensajes que recibió el magistrado de la Fiscalía Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3).

La intimidación la recibió desde un número de Colombia y ha sido atribuida a José Nole, presunto lugarteniente de Los Injertos del Callao.

El fiscal ha solicitado protección mediante un oficio cursado a la policía. Ha pedido resguardar su domicilio y centro de labores, pero no se ha hecho efectiva.

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Nole, como se sabe, es investigado por el robo de lingotes de oro en el circuito de playas de la Costa Verde y es señalado como presunto lugarteniente de Los Injertos del Callao y Ventanilla.

Hace una semana, el fiscal Guffanti Parra logró que el Poder Judicial le imponga 26 meses de prisión preventiva. Desde entonces empezaron las amenazas.

La Fiscalía solicitó seguridad para el fiscal en su domicilio y en el lugar donde desempeña funciones. Según se informó, mediante un oficio dirigido a la policía pidió resguardo personal. Sin embargo, esa protección no se había concretado hasta este sábado.

Como se informó, durante el operativo por el robo del oro, dispararon contra el coronel Roger Cano, jefe de la División de Robos de la Policía. La bala solo le rozó el hombro.

Esta tarde, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, y el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), Jorge Chávez Cotrina, brindaron su respaldo institucional al desempeño fiscal adjunto provincial Leonardo Guffanti Parra, tras recibir amenazas contra su vida en Ventanilla.

“Tengo 25 fiscales de crimen organizado que están amenazados de muerte; ahora acaban de amenazar uno más”, expresó Chávez Cotrina al exponer la situación de riesgo en la que se encuentran los representantes del Ministerio Público que investigan delitos de alta peligrosidad.

Chávez Cotrina explicó que, ante esta situación, los fiscales adoptan medidas personales de autoprotección, como variar sus rutas diarias o modificar sus desplazamientos, debido a la falta de recursos logísticos y humanos para garantizar su seguridad.

“Lo que estamos haciendo es que cambien de ruta. Lamentablemente la policía no nos da seguridad para todos los fiscales, no tienen personal, es difícil, nosotros entendemos ese tema. Es muy complicado”, enfatizó.

FISCALES NO SE VAN A AMEDRENTAR

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, expresó el respaldo institucional del Ministerio Público al fiscal adjunto provincial Leonardo Guffanti Parra, y señaló que “los fiscales, desde que nos incorporamos a la función pública, sabemos que debemos hacer frente a este tipo de cosas”, en referencia a los mensajes intimidatorios que el representante del Ministerio Público recibió a través de WhatsApp.

Aseguró que la labor fiscal continuará firme en la lucha contra la criminalidad, mediante investigaciones rigurosas y desarrolladas con estricto apego a la ley. “El fiscal Leonardo Guffanti no se va a amedrentar. Si amenazan a un fiscal, amenazan a una institución. El Ministerio Público no dará un paso atrás en la lucha contra la criminalidad”, subrayó.

También informó que los despachos fiscales del subsistema especializado contra la criminalidad organizada no cuentan con resguardo policial.

Ante esta situación, exhortó a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú a disponer las medidas de seguridad correspondientes, a fin de garantizar la integridad de los fiscales y evitar que las amenazas interfieran en el desarrollo de las investigaciones a cargo del Ministerio Público.

El fiscal adjunto Leonardo Guffanti agradeció el respaldo de las autoridades de la institución y reafirmó que las amenazas no lo harán retroceder en las investigaciones que tiene a su cargo contra organizaciones criminales.

A las 18.20 horas del martes 8 de septiembre, el interno identificado como Mayki Cagen Herrera Paredes aprovechó el traslado al hospital Arzobispo Loayza para huir por la puerta principal del nosocomio.

Herrera cumplía una condena de 18 años. Según la investigación, el interno se encontraba hospitalizado desde el lunes 7 por una hernia abdominal. Estaba bajo custodia de dos agentes de seguridad penitenciaria.

Apenas se confirmó la fuga, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario comunicaron el hecho a la Policía para activar las acciones de búsqueda y recaptura. Hasta anoche continuaba como no habido.

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En cambio, los agentes penitenciarios fueron intervenidos por las autoridades policiales y conducidos a la comisaría del sector donde se realizan las investigaciones de ley.

El Inpe, por su parte, inició las acciones correspondientes, conforme al proceso célere vigente, según el Decreto Legislativo 1617, con el propósito de esclarecer de manera exhaustiva las circunstancias en las que se produjo la fuga y determinar las responsabilidades administrativas funcionales y/o penales que hubiera lugar.

Asimismo, se adoptarán las medidas disciplinarias y correctivas que correspondan contra quienes resulten responsables, sin excepción.

CAMBIAN AL DIRECTOR DEL INPE

Este escándalo se dio justo durante la exposición del pedido de facultades ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en la que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, explicó la importancia de su aprobación para realmente rediseñar el sistema penitenciario.

Como parte del Gabinete liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el titular del sector Justicia y Derechos Humanos detalló que se necesita modificar la normativa vigente para que permita que, por ejemplo, los directores de los establecimientos penitenciarios puedan ser oficiales en retiro expertos en seguridad.

En ese sentido, el ministro Álvarez expresó que, dada la legislación actual, se ha cambiado al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y se ha designado al coronel (r) FAP Abraham Lescano. “Más de 25 años de su vida ha tenido cursos, preparación y formación en inteligencia”, resaltó.

También, la autoridad remarcó la necesidad de contar con los mecanismos legales para separar a internos y adecuar penales específicamente dedicados para aquellos que cometieron delitos violentos.

El ministro subrayó que, como parte del pedido de facultades, se requiere modificar el Código Penal para que permita el ingreso de la inteligencia de las Fuerzas Armadas a las labores operativas de la Policía y el Código Procesal Penal que calificó de excesivamente garantista y cuyo fin debería ser la seguridad del ciudadano común e inocente.

Antes de llegar al Perú, Rubio estuvo en Ecuador. Allí, el presidente Daniel Noboa le entregó la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. Esta distinción se otorga a personas que hicieron méritos extraordinarios a favor de la nación ecuatoriana, tanto en el terreno civil como en el militar. El paso por Quito fue la segunda parada de su recorrido, después de Colombia.

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Rubio se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori este jueves a las 10:15 de la mañana en Palacio de Gobierno. Al encuentro asistirán también integrantes del Gabinete Ministerial. La cita busca fortalecer los lazos de cooperación en asuntos prioritarios para ambos países.

La llegada de Rubio se da en un momento en que Perú ya forma parte de la iniciativa del Escudo de las Américas, anunciada previamente por el propio secretario de Estado. Días antes de esta visita, el embajador de Estados Unidos en Perú había adelantado que la gira traería "excelentes noticias" para el país.

El secretario de Estado señaló que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino "pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos".

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Comparó esa crítica con lo que llamó inversión privada estadounidense, abierta y guiada por el mercado. La embajada china en Lima no dejó pasar el mensaje. Respondió el mismo día, con dos publicaciones en su cuenta de X.

En respuesta a las afirmaciones de Rubio, la embajada china, a través de sus redes sociales, recordó que el país asiático aplica, de forma unilateral, una exención de visa para todos los ciudadanos peruanos.

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La embajada preguntó, sin nombrar a Estados Unidos, por qué los peruanos que solicitan visa para "cierto país" enfrentan controles rigurosos. Añadió que algunos incluso reciben amenazas de cancelación para toda su familia.

Un segundo mensaje, publicado horas más tarde, tuvo un tono más político. La embajada sostuvo que el Partido Comunista de China "nunca ha actuado con cálculos geopolíticos". Dijo que tampoco ha interferido en asuntos internos de otros países ni ha exigido a nadie elegir bando.

Remarcó que el hemisferio occidental "no es el patio trasero de nadie". Cerró el mensaje con una invitación a fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre China y Perú.

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Bernie Navarro evitó el choque directo con China

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, no quiso entrar en la disputa abierta con China. En declaraciones a Canal N, durante Expomina Perú 2026, señaló que no entraría en polémica con China. El diplomático prefirió centrar su mensaje en inversión, seguridad y el futuro de la relación bilateral, sin mencionar directamente al país asiático.

Navarro sostuvo también que Estados Unidos "siempre tiene transparencia y claridad", y añadió que su país nunca pediría a otro Estado modificar sus leyes para favorecer las condiciones de un contrato.

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Canciller Carlos Espá defendió el ingreso de Perú al Escudo de las Américas ante el Senado

El canciller Carlos Espá se presentó el martes ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado. Ahí defendió la incorporación del Perú al Escudo de las Américas.

"Vamos a poder luchar contra el lavado de activos, las organizaciones criminales", comentó. Añadió que el país tendrá "un efecto mucho más importante" frente a esas amenazas.

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El canciller explicó de qué se trata el mecanismo. Son trece países que se juntaron en marzo para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales y al lavado de activos. Todo, bajo el liderazgo de Estados Unidos. Espá lo presentó como una decisión colectiva, no impuesta.

El respaldo estadounidense no se limita a lo declarativo. Según Espá, la administración de Donald Trump tiene capacidad para ofrecer colaboración en información, ciberseguridad y apoyo operativo y logístico. Esa cooperación tiene como objetivo rastrear el dinero ilícito que circula por el sistema financiero y frenar el avance de bandas armadas en zonas de fronteras.

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Óscar Vidarte advierte que el Perú apuesta por Estados Unidos y pone en riesgo su relación con China

El internacionalista Óscar Vidarte consideró que sí es real la lectura de que el Escudo de las Américas funciona, en la práctica, como una herramienta contra la influencia china. Explicó que la iniciativa nació enfocada en el crimen organizado transnacional, pero recordó que el propio Donald Trump ha dicho que también sirve para enfrentar amenazas a la seguridad.

China, dijo, entra en esa categoría desde la mirada de Washington. Puso como ejemplo la columna de Rubio en El Comercio, donde el país asiático aparece descrito como una amenaza a los intereses de Estados Unidos y de América Latina.

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El especialista fue más allá del análisis regional. Mencionó que en la Cumbre de las Américas realizada en agosto, en Panamá, el secretario de Guerra de Estados Unidos pidió a los países de la región salir de la Corte Penal Internacional.

Ese pedido, explicó, demuestra que este tipo de alianzas no se quedan en el objetivo original y terminan empujando otras agendas. Para Vidarte, ese patrón no le conviene al Perú.

Sobre el vínculo con Beijing, Vidarte fue directo: el Gobierno peruano no busca romper la relación con China, un socio comercial y de inversiones que las propias autoridades reconocen como clave.

Sin embargo, advirtió que el país ya asumió un alineamiento claro con Estados Unidos, visible en la compra de armamento, el ingreso al Escudo de las Américas y el protagonismo del embajador estadounidense en la coyuntura actual. Ese giro, dijo, rompe el equilibrio que el Perú mantuvo tradicionalmente entre ambas potencias.

El internacionalista proyectó consecuencias concretas de ese alineamiento. Dijo que China probablemente observa con preocupación hacia dónde avanza esta relación, después de una década en la que el país asiático se consolidó como uno de sus socios más importantes en la región.

Puso en duda qué pasará con la segunda etapa de inversión del megapuerto chino en el Perú, valorizada en 2,500 millones de dólares, y advirtió que ese capital —que ya desplazó a la inversión occidental en varios sectores— podría verse afectado si el giro hacia Washington se profundiza.

En aquel suceso, fallecieron el ciudadano colombiano Nilson Montenegro Valencia y los peruanos Wilder Romero Sevipaucar, Jaime Bendezú Paraguay, William Núñez Soto y Cristian Vilcatoma Águila.

Aunque las fuerzas del orden justificaron el ataque bajo la sospecha de un transporte de droga, los peritajes realizados al vehículo descartaron la presencia de sustancias ilícitas.

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La moción sostiene que la ley suprema del país obliga a proteger a los ciudadanos ante cualquier abuso de poder. "El artículo 1 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado [...] derechos que vinculan a todos los órganos del poder público y que deben ser objeto de especial protección cuando se encuentra comprometida la actuación de agentes del Estado", se lee.

Los parlamentarios que impulsaron la moción sostienen que existen interrogantes sobre la forma en que el personal del Estado ejecutó la operación. En relación con el desenlace del operativo en Huancavelica, la iniciativa indica que "el 25 de abril de 2026, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, se produjeron hechos de extrema gravedad en el contexto de una intervención en la que participaron efectivos pertenecientes a instituciones del Estado, cuyo resultado fue la muerte de cinco ciudadanos".

En ese sentido, la propuesta precisa que el Pleno busca establecer responsabilidades de carácter político y funcional, sin interferir con las diligencias del Ministerio Público o del Poder Judicial.

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"La Comisión no estará destinada a declarar culpables o inocentes, revisar resoluciones judiciales, ordenar medidas coercitivas ni interferir en diligencias fiscales, sino a determinar cómo actuaron las instituciones del Estado, cuáles fueron las decisiones adoptadas [...] y qué eventuales responsabilidades políticas, administrativas o funcionales pudieran derivarse".

Adolfo Fuentes sigue trabajando como “cuidador” de los menores de La Casa de los Petisos, y al mismo tiempo, es animador de los mítines de la campaña del ex alcalde y candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

El servidor municipal admitió que estaba al tanto de los hechos que investiga la fiscal Morales.

“¿Tiene usted conocimiento de los hechos denunciados, de connotación sexual, en agravio del menor de iniciales C.C.U.C. (12) por parte del menor J.M.B.R. (14)?”, preguntó la fiscal Morales a Fuentes.

“Sí, lo sé por la información que nos dio la administración, que había una denuncia anónima y que el Departamento de Psicología hizo un informe”, admitió Adolfo Fuentes.

Sin embargo, añadió para zafarse del problema: “Los hechos suscitados no ocurrieron durante mi turno”.

Cuando la fiscal recibió la información del primer caso de abuso sexual, La Casa de los Petisos se encontraba bajo la administración de la gerente de Desarrollo Humano, Isabel Ayala Melgarejo, y de la subgerenta de Bienestar y Promoción Social, Rosa Torrejón Aragón. De acuerdo con el expediente fiscal, no dieron cuenta del grave incidente a la fiscalía.

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Todos lo sabían

El primero de agosto de 2025, durante el mandato de López Aliaga como alcalde de Lima, personal del programa Warmi Ñan, conformado por la psicóloga Mavel Tirso Pozo y la abogada Karla Solis, se presentó en el albergue municipal para verificar los hechos y los confirmaron entrevistando a los involucrados.

El jefe del Área de Centros de Atención Integral, Andersson Alfaro Espichán, también corroboró el caso de violación sexual.

Como respuesta al grave hecho registrado en el interior de un albergue donde se supone que los menores abandonados reciben protección, la única medida que tomó la gerencia de Desarrollo Humano luego de la denuncia por violencia sexual en el albergue municipal, fue removerlo de su cargo como jefe del Área de Centros de Atención Integral (que incluye el albergue municipal La Casa de los Petisos), a Andersson Alfaro Espichán.

Los mismos tutores, entre ellos Adolfo Fuentes Bernal, se quedaron en sus puestos. Las funcionarias Isabel Ayala y Rosa Torrejón no solo se mantienen en sus cargos sino que ahora son candidatas de Renovación Popular: la primera postula a la alcaldía del Rímac y la segunda a la de Lurín. En tanto que el cuidador Adolfo Fuentes se luce como “maestro de ceremonias” de López Aliaga.

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Otro grave episodio

Poco después, y cuando la fiscal Lourdes Morales seguía interrogando a testigos del primer caso de abuso sexual entre los menores del albergue La Casa de los Petisos, se registró un nuevo incidente. El entonces administrador del albergue, Bernardo Vásquez Chicoma, se presentó en la comisaría de Monserrate en compañía de un menor para registrar una nueva denuncia.

Trece meses después del anterior incidente, el 10 de junio de 2026, el menor J.A.Q.D. acusó a J.A.A.M. por violación ante la comisaría de Monserrate. Era el mismo perpetrador. La víctima indicó que el hecho se produjo el 22 de mayo, es decir, 19 días antes de que fuera puesto en conocimiento de las autoridades.

En esa ocasión, ejercían funciones como gerente de Desarrollo Humano, Isabel Ayala, y como subgerente de Bienestar y Promoción Social, Rosa Torrejón. Además, Adolfo Fuentes continuaba como tutor en el albergue municipal, y paralelamente, actuaba como animador de la campaña presidencial de López Aliaga, como acreditan las fotografías de los mítines.

Ha transcurrido más de un año desde el primer caso de violación sexual y el exadministrador de La Casa de los Petisos, Bernardo Vásquez Chicoma, es el único que aparece como demandado en materia de contravención a los derechos del niño y adolescente. Es decir, por la omisión que atenta contra el ejercicio de los derechos de los menores reconocidos por la ley.

Isabel Ayala afirmó a La República que no tiene ninguna responsabilidad por lo sucedido en La Casa de los Petisos sino otros servidores municipales. “Yo no soy la encargada de los albergues. Hay funcionarios a cargo de ello. No hay una denuncia ni soy parte de una investigación. Por ningún lado me mencionan”, explicó.

Según el portal web de la Municipalidad Metropolitana de Lima, La Casa de los Petisos está bajo la administración de la Subgerencia de Bienestar y Promoción Social (Rosa Torrejón), que a su vez depende de la Gerencia de Desarrollo Humano (Isabel Ayala).

Este diario también buscó la versión de la funcionaria y candidata Rosa Torrejón, y el tutor Adolfo Fuentes; pero no obtuvo respuesta.

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“López Aliaga no está obligado a saber”

• El jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Raúl Fernández Olivares descartó que se encubra a ningún funcionario o servidor relacionado con el caso del albergue y añadió que el municipio ofrece a la fiscalía todas las facilidades para su trabajo.
• Y respecto al tutor Adolfo Fuentes, arguyó: “(López Aliaga) tiene muchas labores y no se va a fijar en un maestro de ceremonias”. El abogado responsabilizó más por el hecho al mismo Fuentes.

La iniciativa referente a la cartera de Defensa fue presentada por la bancada de Juntos por el Perú, encabezada por el diputado Marino Lavado Valdivia, mientras que el pedido para el sector Interior lo encabeza la diputada Analí Márquez Huanca junto a los miembros de la misma bancada.

Cuestionamientos al ministro de Defensa

La primera iniciativa legislativa busca respuestas del titular de Defensa sobre sus nexos empresariales y la efectividad de sus decisiones frente a la minería ilegal y la delincuencia en Pataz.

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El documento solicita que el ministro Rafael Belaúnde Llosa "informe sobre la problemática respecto de sus vínculos con Minera Poderosa, las medidas y propuestas anunciadas por el Poder Ejecutivo orientadas a fortalecer y ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en el control de zonas declaradas en estado de emergencia, así como sobre el resultado de las acciones adoptadas en la provincia de Pataz para combatir la criminalidad".

La moción fue registrada a mediados de agosto con un pliego de preguntas. El texto oficial precisa que la moción, presentada el 14 de agosto, consta de 43 preguntas.

El pliego para el ministro de Defensa incluye interrogantes sobre si "recibió aportes económicos de la señora Evangelina Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, durante su campaña presidencial", así como si ha sostenido reuniones con representantes de dicha empresa o si existen "efectivos de las Fuerzas Armadas destacados para brindar seguridad en las instalaciones, campamentos, plantas, accesos o concesiones" de la minera.

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Asimismo, demanda aclarar qué porcentaje del personal militar desplegado en Pataz realiza operaciones de seguridad ciudadana frente al resguardo de infraestructura privada.

Interpelación al titular del Interior

Por su parte, el segundo pedido está dirigido al responsable del sector Interior y se enfoca en los cuestionamientos a su gestión frente a la delincuencia. La moción plantea que el ministro César Astudillo Salcedo acuda al Pleno para que “dé cuenta respecto de los cuestionamientos a su desempeño en dicho cargo y de su falta de liderazgo contra la inseguridad ciudadana".

Sobre el avance formal de esta segunda solicitud, el pedido fue presentado a inicios de este mes con un cuestionario específico. El documento señala que la moción fue presentada el 3 de setiembre y el pliego interpelatorio consta de 27 preguntas.

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El documento exige detallar "qué medidas concretas ha implementado desde el inicio de su gestión para reducir los índices de criminalidad, especialmente, extorsión, sicariato y homicidios agravados".

También cuestiona el presupuesto asignado a programas de seguridad, las acciones para la protección de líderes indígenas y sindicales ante mafias ilegales, y "cuáles han sido los resultados tangibles hasta la fecha en términos de reducción de la criminalidad".

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Polémica continuaría

Sin embargo, el titular del JNE aclaró que una eventual entrega de credenciales a López Aliaga si resulta ganador todavía no ha sido resuelta. "No nos hemos pronunciado", afirmó, al referirse específicamente a esta situación.

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La consulta fue presentada oficialmente por 14 organizaciones políticas que solicitaron al pleno del JNE definir su posición sobre el tema. Burneo indicó que el pedido ya fue puesto en conocimiento del organismo y que será incorporado a la agenda para su debate, aunque todavía no existe una fecha definida.

Burneo remarcó que la decisión será institucional y estará en manos de los cinco magistrados del pleno. "La decisión de los cinco magistrados, en mayoría o por unanimidad, es la decisión del jurado", afirmó, y aseguró que defenderá el acuerdo que finalmente adopte el pleno.