Fuentes del Congreso señalaron a este diario que el conflicto inició debido a que personal de Fuerza Popular no quería dejar la oficina que estaba destinada —presuntamente— para el equipo de Ahora Nación.

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Uno de los videos publicados en redes sociales muestra al diputado Jair Manrique (Ahora Nación) solicitando la salida del oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno.

Desde el entorno de Ahora Nación, se señaló que se daría un comunicado detallando los pormenores ocurridos este 13 de agosto a las 9.00 a. m.

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El 6 de julio, hombres armados invadieron el territorio indígena Kampa do Rio Amônia, ubicado en la frontera de ambos países. Tres semanas después, una delegación de cuatro líderes asháninka se reunió en Brasil con la Presidencia de la República y ministerios de dicho país para alertar sobre el aumento de la violencia en la región.

Ellos exigen medidas urgentes de protección territorial y solicitan una estrategia de cooperación binacional entre ambos países para combatir a los grupos del crimen organizado que utilizan la frontera compartida como corredor para el traslado de productos derivados de actividades ilícitas.

Para los pueblos indígenas locales, el ataque no es un hecho aislado, sino la manifestación más reciente de la expansión del crimen organizado hacia una de las regiones mejor conservadas y de mayor riqueza ecológica y culturalde la Amazonía.

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Aunque necesaria, una respuesta policial por sí sola es insuficiente para enfrentar una dinámica que conecta el narcotráfico, la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de tierras y otros delitos ambientales, todos ellos impulsados por la apertura desordenada de carreteras en la zona.

“No estamos frente a un conflicto local. Estamos frente a la expansión de redes criminales transnacionales hacia territorios indígenas que actualmente representan una de las últimas barreras frente a la ocupación ilegal de esta región de la Amazonía”, señala Francisco Piyãko, coordinador general de la Organización de los Pueblos Indígenas del Río Juruá (OPIRJ), organización integrante de la Comisión Transfronteriza Juruá/Yurúa/Alto Tamaya.

Por parte de Brasil, los líderes buscan ampliar y consolidar las medidas de seguridad que ya están en marcha, en particular aquellas que dieron lugar a la Operación Ashaninka, que movilizó al Comando de Frontera Juruá/61.º Batallón de Infantería de Selva (61.º BIS) del Ejército brasileño y a la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública del estado de Acre (Sejusp), con la participación del Grupo Especial de Operaciones Fronterizas (Gefron).

Sin embargo, desde el Estado peruano no se ha evidenciado respuesta alguna para atender la situación crítica de criminalidad en la zona de frontera. 

Para las organizaciones indígenas, es preocupante ver las respuestas diferenciadas para un solo problema, que es el avance del crimen transnacional. Por ello, Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), organización integrante de la Comisión Transfronteriza Juruá/Yurúa/Alto Tamaya, manifiesta el crimen organizado está escalando  y ahora ha escalado a otros territorios, afectando el bienestar común de los pueblos y vulnerando nuestras vidas; la falta de intervención es una muestra que el Estado del Perú no llega a los territorios y tampoco vela por nuestros derechos.

Se tiene conocimiento que los criminales identificados lograron cruzar al lado peruano, donde hasta ahora se mantienen prófugos.

Frente a esta situación, López propone la necesidad de tomar como ejemplo la articulación de la Comisión Transfronteriza Yuría-Juruá-Alto Tamaya para la defensa de la vida, y hace un llamado al Estado peruano para establecer diálogos con el objetivo de enfrentar el crimen organizado de manera conjunta, para buscar intereses en común y garantizar la seguridad territorial y la vida de los pueblos indígenas, que también son ciudadanos peruanos.

Carreteras están transformando la geografía del crimen

La denuncia presentada por los asháninka no se centra únicamente en la violencia reciente, sino también en el proceso que hizo que esa violencia fuera previsible: una transformación más amplia de la frontera amazónica impulsada por la apertura desordenada de carreteras, ramales y trochas madereras.

Un ejemplo central es la carretera UC-105, en el departamento de Ucayali en Perú. Su construcción ha avanzado sin consulta a las comunidades afectadas, sin estudios de factibilidad y sin las autorizaciones exigidas por la legislación peruana, en contravención del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de otros instrumentos internacionales de protección de los pueblos indígenas.

La red vial UC-105, actualmente en construcción entre Nueva Italia y Puerto Breu, se ha convertido en un importante foco de conflicto a ambos lados de la frontera, pese a que no existe una conexión viable con la red vial brasileña. Además de ingresar en territorios indígenas y reservas extractivas del lado brasileño, la carretera atraviesa 241 cursos de agua que alimentan las cabeceras de los afluentes del río Juruá.

Estudios técnicos y mapas elaborados por el Proyecto ABSAT de la Universidad de Richmond, ORAU, AFRONTA, entre otros, han identificado a lo largo de la ruta, tala ilegal, pistas de aterrizaje clandestinas, cultivos de coca y una mayor actividad de grupos armados, lo que indica que la carretera se ha convertido en un corredor para diversas economías ilícitas.

Durante los últimos cinco años, el área destinada al cultivo de coca en el departamento peruano de Ucayali se ha triplicado, creciendo al doble de la tasa nacional. La región alberga actualmente la red más extensa de carreteras ilegales de la Amazonía peruana, fortaleciendo redes criminales que aprovechan esta infraestructura para conectar narcotráfico, tala ilegal, especulación de tierras, extracción de oro y lavado de activos.

Para las comunidades indígenas, el problema ya no es exclusivamente peruano: estas redes están afectando directamente territorios en Brasil, utilizando rutas terrestres, fluviales y aéreas que cruzan la frontera y aumentan la inseguridad en toda la región de Yurúa-Alto Juruá y Alto Tamaya.

Esta preocupación coincide también con investigaciones que demuestran la rápida expansión de las llamadas carreteras virus: rutas no autorizadas que penetran progresivamente en el bosque, fragmentan el paisaje, aceleran la deforestación y acercan las actividades ilegales a tierras indígenas y áreas de conservación.

En este contexto, las organizaciones indígenas sostienen que la lucha contra el crimen organizado no puede abordarse únicamente como un asunto de seguridad pública, sino que también debe incluir la protección territorial, la gobernanza ambiental y la cooperación internacional.

Entre narcotráfico y delitos ambientales

La expansión de estas carreteras ocurre en medio de una creciente convergencia entre el narcotráfico y los delitos ambientales. Diversos estudios indican que el crimen ambiental se ha convertido en el tercer mercado ilícito más lucrativo del planeta y que opera de manera cada vez más integrada con el narcotráfico.

En una carta entregada recientemente a las Naciones Unidas durante el Foro Internacional “Economías ilegales, crimen organizado y poder en América Latina”, realizado en Lima, la Comisión Transfronteriza Juruá/Yurúa/Alto Tamaya señaló que “el crimen organizado no es un concepto académico", sino una realidad que llega armada a los territorios indígenas, amenaza a sus líderes e intenta imponer el miedo como herramienta de control territorial.

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La participación de la Asociación Asháninka del Río Amônia (APIWTXA) en el encuentro tuvo que interrumpirse precisamente debido a una invasión de su comunidad, lo que obligó a los líderes a regresar para proteger a sus familias.

Para la Comisión Transfronteriza, el problema va mucho más allá de la seguridad de una sola comunidad. Lo que está en juego es el futuro de uno de los corredores socioambientales más importantes de la Amazonía occidental, que abarca aproximadamente 3,5 millones de hectáreas de bosque, 35 territorios indígenas reconocidos y es hogar de 14 pueblos indígenas; además se encuentran tres de las áreas protegidas más importantes de la Amazonía brasileña: la Reserva Extractiva Alto Juruá —la primera reserva extractiva creada en Brasil—, el Parque Nacional Serra do Divisor y la Reserva Extractiva Riozinho da Liberdade. Del lado peruano, la región incluye asimismo dos parques nacionales —Alto Purús y Sierra del Divisor— y la Reserva Indígena Murunahua para Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial.

En última instancia, la cuestión depende de la capacidad de los Estados brasileño y peruano para impedir que elnarcotráfico y los delitos ambientalesconsoliden redes criminales transnacionales capaces de amenazar la integridad socioambiental, la diversidad cultural y la estabilidad climática de la región.

Ante un problema que trasciende las fronteras dentro de la mayor selva tropical del planeta, los líderes indígenas reclaman una acción coordinada entre Brasil y Perú, con medidas integradas de protección territorial, fiscalización y seguridad, capaces de hacer frente a una red criminal organizada de carácter transfronterizo.

El Decreto Legislativo 018-2019 reestructuró el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y creó la Procuraduría General del Estado. Esa norma señala que los viceministros están impedidos de integrar el Consejo Directivo mientras ejerzan función pública. La prohibición se extiende, incluso, hasta doce meses después de haber dejado el cargo. Falconí ejerce el puesto de viceministro en este momento, así que la ley lo excluye sin ambigüedades.

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El Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado tiene una función clave: dirige el proceso de selección de los procuradores que defienden los intereses del Estado en todas las instituciones públicas. Se trata, por tanto, de un órgano que necesita independencia frente al poder político. La ley busca justamente evitar que un cargo de confianza del Gobierno, como el de viceministro, influya en esas decisiones.

Falconí fue nombrado viceministro de Justicia el 4 de agosto pasado. No es la primera vez que ocupa ese cargo: ya lo tuvo en 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En aquel periodo presidió la Comisión de Gracias Presidenciales, la misma que otorgó el indulto humanitario al padre de la mandataria, Alberto Fujimori, en diciembre de 2017.

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Un indulto que terminó anulado y una designación bajo cuestionamiento

Aquel indulto no tuvo un final tranquilo. El 3 de octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria lo declaró inaplicable y ordenó la ubicación y captura inmediata del expresidente. Falconí, el mismo funcionario que encabezó la comisión que le dio ese beneficio, vuelve ahora a ocupar un puesto sensible, esta vez en un organismo que por ley le está vedado.

El abogado Yván Montoya, consultado por Latina Noticias, señaló que la situación exige una respuesta inmediata. "Amerita una investigación desde la Cámara de Diputados, no se debió designar a alguien que, según el reglamento, está impedido de hacerlo", indicó. Montoya explicó, además, la razón detrás de la prohibición: el cargo de viceministro es político, y la Procuraduría General requiere mayor independencia frente al Gobierno de turno.

Por el momento no hay una explicación oficial. Latina Noticias consultó al Ministerio de Justicia sobre los motivos detrás de la designación, pero no obtuvo respuesta.

Para el Poder Judicial, el pedido de medida cautelar cumplía con los requisitos legales para ser concedido, debido a que existiría una posible afectación de derechos y el riesgo de que la demora genere un daño irreparable. Sin embargo, aclaró que esta decisión no determina quién tiene la razón en el proceso principal ni establece si hubo una vulneración de derechos. Por ello, dispuso comunicar lo resuelto al Colegio de Abogados de Lima para que tome conocimiento y atienda el requerimiento correspondiente.

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Julio Rodríguez, abogado de Ríos Patio, señaló que la renuncia de su patrocinado al CAL impediría que el gremio lo sancione. “Él (Gino Ríos) renunció a ser miembro de este colegio. Incluso se le rechazó la renuncia que presentó para ser abogado en ese momento. Es inaudito, porque atenta contra lo que dice la Constitución: libertad absoluta para que cada uno pueda asociarse libremente. Él ya estaba colegiado en otro colegio profesional de abogados”, sostuvo.

Sin embargo, en la misma resolución, el juzgado señala que la medida no tiene carácter retroactivo. Por ello, aunque Ríos haya renunciado a su colegiatura, el CAL podría llegar a sancionarlo. Cabe señalar que el 30 de octubre de 2025, el Consejo de Ética del CAL admitió a trámite la denuncia presentada contra los miembros de la JNJ. Justo este 12 de agosto se iba a evaluar una posible suspensión provisional.

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Junta Nacional de Justicia enfrentada al CAL

La Junta Nacional de Justicia desestimó la solicitud del Colegio de Abogados de Lima para suspender por seis meses la habilitación profesional de cinco de sus integrantes. A través de un comunicado, el organismo argumentó que el gremio no tiene atribuciones para sancionar a miembros de la JNJ por decisiones adoptadas en el marco de sus funciones constitucionales.

Asimismo, la JNJ indicó que los cinco integrantes cuestionados presentaron su renuncia al CAL tras cuestionar el rumbo “político” que habría asumido la institución. Aunque el gremio no aceptó sus solicitudes de desafiliación, la Junta sostuvo que el CAL no debería ejercer potestad disciplinaria sobre quienes manifestaron su decisión de dejar de pertenecer a dicha organización.

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La JNJ también puso en duda el sustento normativo del proceso disciplinario. Según señaló, el Código de Ética invocado por el CAL tendría una vigencia cuestionable, debido a que su entrada en vigor estaba condicionada a una publicación en el diario oficial El Peruano, hecho que no habría sido acreditado.

Este caso se origina en las decisiones de la Junta sobre la reincorporación de la fiscal suprema Patricia Benavides. Frente a estas, la JNJ argumenta que una discrepancia no puede convertirse en una sanción gremial ni en un mecanismo de presión contra un organismo autónomo. Delia Espinoza, decana del Colegio de Abogados de Lima, todavía no se pronuncia al respecto.

“Primero, y hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación. Ha sido una compra. Una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain”, señaló el ministro durante una entrevista vía RPP. Además, con relación al costo indicó que “se pagó a Caltrain una cantidad de millones de dólares”.

Rey explicó que la posibilidad de que estas unidades trasladen pasajeros entre Lima y Chosica implica una inversión técnica bastante alta. “La infraestructura que se necesita para que haya un transporte eficiente y seguro de un tren de pasajeros entre Chosica y Lima, es una cantidad de, según he escuchado las cifras (...) es alrededor de 500 millones de dólares”.

En esa línea, la autoridad manifestó que la evaluación para determinar la operatividad de los vagones no está en manos del ministerio. “(…) Entiendo que ProInversión ha iniciado lo que tendrían que hacer para ver si esto es viable o no. [...] Tampoco en este momento le corresponde a mi sector, sino a ProInversión”.

Respuesta de la Municipalidad de Lima

Frente a las declaraciones del ministro de Transportes, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado en el que rechazó la versión del titular del MTC y negó que se haya tratado de una compra.

“Consideramos necesario que el ministro debe contar con la información técnica correspondiente antes de emitir opiniones que puedan confundir a la ciudadanía”, argumentó la institución, que precisó además la participación de altos funcionarios norteamericanos y del Secretario de Estado en lo que definen como un “acto de donación”.

Asimismo, el municipio indicó que la empresa Caltrain entregó las unidades sin costo alguno y que el proyecto vial avanza bajo la conducción del Ejecutivo.

“Península Corridor Joint Powers Board – Caltrain es un organismo gubernamental de transporte de los Estados Unidos, y en tal condición donó a la ciudad de Lima el material rodante señalado, para implementar el proyecto de Tren Lima – Chosica, el cual está siendo gestionado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)”, se lee.

Del mismo modo, la entidad sostuvo la legalidad del proceso con el respaldo del Jurado Nacional de Elecciones, organismo que, según indica el comunicado, validó la actuación del municipio en la donación.

“Es importante señalar que la donación de dicho material rodante a favor de la Municipalidad de Lima fue analizado a nivel jurisdiccional por el Jurado Nacional de Elecciones, el cual ratificó que el Concejo Municipal Metropolitano actuó en ejercicio de sus atribuciones, autorizando al alcalde de la Municipalidad de Lima para realizar las gestiones vinculadas a dicha gestión”.

La comuna limeña solicitó además un encuentro con el ministro para revisar la documentación del caso y evitar contradicciones que puedan afectar las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Por ello, convocaron al MTC a “una reunión técnica para brindarle de primera mano toda la información necesaria con la finalidad de evitar perturbaciones, por un lado, en la confianza de la población, y por otro, en las relaciones diplomáticas y/o comerciales con los países con los que el Perú es socio estratégico”.

Los verdaderos costos de la “donación” según Contraloría

A pesar del discurso de “una donación” que aun sostiene la MML encabezada por Renzo Reggiardo, los documentos oficiales muestran cifras millonarias. Un informe de la Contraloría General de la República, difundido por Punto Final en septiembre del año pasado, reveló que la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera (OPMGF) de la Municipalidad de Lima estimó un costo total de inversión para el proyecto del Tren Lima-Chosica de 447’701,531 dólares. Con este sustento, el Concejo Municipal autorizó al alcalde el inicio de las gestiones.

El expediente divide el presupuesto en dos etapas. La primera contempla cerca de 24.5 millones de dólares para la aceptación y transacción de las máquinas. El monto principal de esta fase se destina al transporte: unos 15 millones de dólares solo para trasladar los trenes a Lima, más 2 millones para la remoción de piezas.

A esto se suman más de 5.4 millones por 93 vagones y repuestos, 1.06 millones por 20 locomotoras y 1 millón adicional por concepto de cancelación anticipada.

Por su parte, la segunda etapa propone una concesión a 30 años a través de una Asociación Público-Privada (APP) con una inversión adicional de 423 millones de dólares para la puesta en marcha.

Además, las dudas sobre la operatividad de los trenes no son exclusivas de la actual gestión del MTC. En su momento, el entonces ministro de Transportes, César Sandoval, rechazó la cesión de uso de la flota al sostener que el proyecto requería una evaluación técnica previa y el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos.

Si bien aclaró que nunca se opuso a la puesta en marcha del proyecto, Sandoval advirtió sobre los peligros de iniciar con el servicio sin la infraestructura adecuada. “De acuerdo a las condiciones y a los riesgos que esto puede acarrear no hay marcha blanca”, dijo en su momento. Asimismo, se recuerda que el exministro señaló la improvisación técnica para la circulación de las unidades y también cuestionó el manejo de la comuna.

“Quiero que el Perú sepa que se han traído los trenes, pero no existe la doble vía, no existen las cuatro estaciones, no existen los paraderos, la señalización, los cruces y por lo tanto no garantiza la seguridad de los ciudadanos. (…) El alcalde debe actuar con mucha más responsabilidad y con mucha más seriedad”, aclaró en una conferencia de prensa durante su gestión.

El discurso de la “donación” frente al desembolso millonario

A pesar de que la Municipalidad de Lima desembolsó millones de dólares por los trenes, la misma página de la institución presentó el hecho ante ciudadanía como un acto de caridad. El 12 de julio de 2025, la comuna celebró en el puerto del Callao la llegada de lo que calificó como una “histórica donación de trenes provenientes de EE. UU.” y una “donación nunca antes vista” traída por la empresa Caltrain.

Durante la recepción de las máquinas, el alcalde Rafael López Aliaga evitó referirse al pago realizado e insistió en la narrativa del regalo internacional. “Feliz de ver que algo que era una idea hace un año, hoy es una realidad. Estamos comprobando que la misma maquinaria que vimos en Stockton, California, ha llegado en perfectas condiciones, es una operación logística muy bien hecha”, se lee en el comunicado.

Trenes en mal estado

Tras el arribo del primer lote de coches y locomotoras, La República constató el verdadero estado de los trenes que llegaron al país para la ruta Lima-Chosica. Aunque la gestión municipal exhibió una parte de la flota ante la prensa el pasado 14 de julio, las unidades que no fueron mostradas al público y que permanecieron en un almacén del Callao reflejan sus más de 40 años de antigüedad.

De acuerdo con lo recogido por el medio, en el Callao y en la estación Monserrate del Ferrocarril Central Andino, los vagones registraron varias deficiencias. En los exteriores se observaron bogies —el armazón que agrupa las ruedas— con cadenas, tornillos y piezas en estado de oxidación. Asimismo, se hallaron telarañas en diversas partes de la estructura e incluso nidos de aves en algunas zonas de las máquinas dadas de baja por la empresa Caltrain.

El diseño interno también mostró limitaciones. En el primer nivel, la reducida altura del techo puede provocar golpes en la cabeza a personas de estatura promedio y no existen espacios para maletas. En esa misma línea, las escaleras hacia el segundo piso son estrechas, una condición que complicaría una evacuación en situaciones de emergencia.

El registro contradijo el discurso del alcalde Rafael López Aliaga, quien sostuvo en su momento que la flota estaba en óptimas condiciones para iniciar operaciones.

Trenes iban a ser destruidos por su alto nivel de contaminación

Una investigación de La Encerrona también reveló que las unidades traídas de California eran en realidad máquinas que iban a ser destruidas debido a su alto nivel de contaminación. En 2015, la empresa Caltrain accedió al programa ambiental Carl Moyer, recibiendo 20 millones de dólares de subsidio para reemplazar su flota antigua por trenes eléctricos.

Según lo señaló el medio, el acuerdo exigía a una condición obligatoria: desmantelar las viejas locomotoras por su impacto ambiental. Además, documentos oficiales confirmaron que los trenes ya habían alcanzado el final de su vida útil y debían ser eliminados a más tardar en septiembre de 2024.

Sin embargo, para evitar su destrucción y colocarlas en Lima, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio de EE. UU. y la Embajada de EE. UU. en Perú intervinieron ante las autoridades ambientales de California para negociar una salida.

Tras una reunión virtual en octubre de 2024, la entidad supervisora del aire de California aprobó una adenda al contrato el 6 de noviembre de ese año. Dicha modificación evitó que se destruyan las locomotoras y autorizó su envío a Lima, justificándolo bajo promesas diplomáticas de supuestos beneficios para la capital peruana.

"No podemos dar resultados en quince días. Les pido paciencia y que, por favor, confíen en este gobierno. Porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad", indicó.

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El evento contó con la participación de Miguel Ángel Torres, presidente de la Cámara de Senadores y vicepresidente de la República. También estuvieron presentes los ministros César Astudillo (Interior) y Juan Carlos Requejo (Producción), así como la diputada fujimorista Rosangella Barbarán.

Sobre sus mensajes de cercanía con las instituciones del orden, Fujimori aseguró que forman parte de una retribución de confianza a las instituciones armadas. "Algunos críticos dicen que es parte de la misma estrategia. Yo les digo que no. Hoy lo que van a ver es un gobierno totalmente firme. Lo que están viendo es cómo levantamos la moral de nuestra Policía y de las Fuerzas Armadas", sostuvo.

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El cuadro de distribución muestra que el reparto respondió a una fórmula proporcional según el tamaño de cada bancada. Fuerza Popular, con la bancada más numerosa, obtuvo seis presidencias. Juntos por el Perú consiguió cuatro. Buen Gobierno, Renovación Popular, Cívico Obras y Ahora Nación completaron el resto de espacios.

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La discusión no se limitó a los números. Fuerza Popular cuestionó públicamente que Juntos por el Perú se quedara con comisiones que consideran estratégicas, entre ellas Constitución. Zunini respondió con cifras: la votación interna arrojó una diferencia amplia y contó, según explicó, con el respaldo de bancadas que no comparten la línea política de JP. "Cinco votos contra uno no es una imposición, es democracia", señaló, en respuesta a las críticas del oficialismo.

El debate sobre comisiones llega en un momento donde el Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, evalúa solicitar facultades legislativas al Congreso. De concretarse, el documento deberá pasar primero por la Comisión de Constitución, ahora en manos de JP. Zunini fue claro al advertir que su bancada no dará un cheque en blanco al gobierno y que cualquier pedido será revisado con cuidado antes de someterlo al pleno.

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Así quedó el reparto de comisiones en la Cámara de Diputados

De acuerdo con el documento al que accedió La República, Fuerza Popular presidirá las comisiones de: Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Trabajo y Seguridad Social; y Ciencia, Innovación Tecnología y Sociedad Digital. Además, liderará la comisión ordinaria no legislativa de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo.

Juntos por el Perú consiguió tres presidencias, ya mencionadas en el titular. A esto se suma la presidencia de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, una de las tres comisiones ordinarias no legislativas del reparto. Buen Gobierno obtuvo tres presidencias: Educación, Cultura y Deporte; Salud; e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

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Renovación Popular presidirá Defensa Nacional y Orden Interno; y Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría. Cívico Obras se quedó con Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; y, entre las no legislativas, con Ética Parlamentaria. Ahora Nación, pese a ser la bancada más pequeña, logró la presidencia de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Fuentes de este diario en el Congreso señalaron que sería el diputado José Marcelo (Ahora Nación) quien la lideraría.

El reparto en la Cámara de Diputados contrasta con lo ocurrido en el Senado, según remarcó el propio Zunini. El vocero de Juntos por el Perú afirmó que, en la cámara alta, no se respetó el número de comisiones ordinarias que le corresponden a su bancada según el reglamento. En Diputados, dijo, esa proporción sí se cumplió.

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Ernesto Zunini sobre pedido de facultades legislativas: "No podemos otorgar una hoja en blanco"

Ernesto Zunini fue el vocero que más detalles ofreció a este diario sobre la postura de Juntos por el Perú frente a los próximos pasos del Congreso. Sobre el pedido de facultades legislativas que evalúa el Ejecutivo, planteó una propuesta concreta: reducir a la mitad el plazo solicitado. "Nosotros la podemos priorizar para ponerla en el pleno y debatirla no en 120 días, sino en 60 días, la mitad del plazo de lo que ellos están solicitando", explicó. Aclaró, sin embargo, que hasta la fecha no existe ningún documento formal con esa solicitud. Solo hay declaraciones del ministro de Economía que, según Zunini, apuntan a un recorte de derechos laborales.

El vocero fue enfático al marcar un límite. Dijo que su bancada no otorgará "una hoja en blanco" al Ejecutivo, porque los antecedentes del Congreso de mayoría fujimorista incluyen leyes que hoy varios sectores buscan derogar por las críticas que generaron. Añadió que un pedido de facultades no puede evitar el debate público que corresponde a temas tributarios, laborales y de reforma del Estado. "No se puede pretender hacer en 120 días lo que no hicieron en cinco años", afirmó, en alusión directa a la gestión previa.

Sobre la molestia de Fuerza Popular por el reparto de comisiones, Zunini respondió con cifras y con un llamado a la coherencia. Insistió en que la votación interna, con una diferencia de cinco a uno, refleja una decisión democrática respaldada incluso por bancadas de oposición a JP. Recordó además que Fuerza Popular participó en la reducción del número total de comisiones ordinarias en gestiones anteriores, por lo que le sorprende que ahora reclamen jerarquías entre comisiones "importantes" y otras que consideran menores.

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Lo que falta definir en la Cámara de Diputados

Varios puntos quedan pendientes tras el reparto de comisiones. Juntos por el Perú todavía no elige a la persona que presidirá la Comisión de Constitución. Zunini explicó que hubiera sido incorrecto repartir presidencias antes de conocer qué comisiones le correspondían a Juntos por el Perú en la Junta de Portavoces.

El procedimiento para tramitar un eventual pedido de facultades legislativas tampoco está resuelto del todo. Zunini indicó que, de llegar la solicitud, la Comisión de Constitución pediría opinión consultiva a otras comisiones ordinarias antes de emitir un dictamen. Por ahora, remarcó, se trata de un escenario hipotético, porque el Gobierno no ha remitido ningún documento oficial pese a que ya pasaron más de diez días desde los primeros anuncios.

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Otro tema que JP planea impulsar desde sus nuevas comisiones es la investigación de las muertes registradas durante las protestas sociales. Zunini confirmó que su bancada llevará una propuesta al pleno para investigar de manera integral ese episodio, que vinculan a lo que consideran una vacancia irregular.

Ante las críticas de que esto politizaría la Comisión de Justicia, el vocero respondió, en declaraciones recogidas por La República, que el Congreso es, por naturaleza, la institución más política del Estado y que la agenda de trabajo será pública y estará sujeta al escrutinio de la ciudadanía y de la oposición.

La elección de la directiva generó cuestionamientos por parte de sectores de la oposición. La parlamentaria Cecilia Chacón y el legislador Fernando Rospigliosi, ambos de Fuerza Popular, criticaron que la conducción del grupo recaiga en una coalición de bancadas de izquierda. Chacón explicó que su grupo y Renovación Popular se opusieron a esta lista y presentaron candidaturas alternativas, pero fueron superados en la votación.

Cuestionan creación de comisión investigadora

Durante sus declaraciones, la diputada se pronunció sobre la intención de Juntos por el Perú de impulsar una Comisión Investigadora por las protestas ocurridas desde el 7 de diciembre de 2022. Chacón indicó que la iniciativa forma parte de las facultades de dicha bancada, pero rechazó que el Parlamento se utilice para atender agendas políticas particulares.

En el mismo sentido, el diputado Fernando Rospigliosi cuestionó que el bloque de izquierda quiera crear una Comisión Investigadora sobre dichos casos: "(…) los que provocaron los disturbios pretenden crear una comisión investigadora para atraer la atención del público", señaló.

Harvey Colchado pone a disposición su puesto en la comisión

El diputado Harvey Colchado (Ahora Nación) puso su cargo a disposición de los demás integrantes, luego de que la Fiscalía solicitara 9 años y 4 meses de prisión en su contra por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica.

El exjefe de la DIVIAC explicó que el Reglamento del Congreso no le impide integrar este grupo de trabajo. Sin embargo, optó por dejar su continuidad en manos del pleno de la comisión.

“Ante una acusación fiscal que considero injustificada y carente de sustento legal, he decidido, en aras de la transparencia y por el bien de la Comisión de Ética, poner mi permanencia a consideración de sus integrantes”, señaló mediante sus redes oficiales.

“Rafael, hoy te toca dar la cara. Durante meses le dijiste a Lima que los trenes eran donados. Hoy sabemos que fueron comprados. No te escondas detrás de tecnicismos. Dile a Lima cuánto pagamos y por qué dijiste que eran donados. Los limeños no somos tontos. Explica la verdad”, indicó a través de su cuenta de X (antes Twitter).

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Hasta el momento, el exalcalde de Lima no ha respondido a los señalamientos hechos por Allison en su cuenta de X. Por la misma red social, López Aliaga se limitó a compartir publicaciones que contestaban a los dichos de Allison y Rey.

Además, la Municipalidad Metropolitana de Lima respondió a Rey diciendo que los trenes responden a una adquisición y no a una donación, y señaló que el proceso fue autorizado por el Jurado Nacional de Elecciones. La comuna cuestionó las recientes declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones. La MML convocó al MTC a una reunión técnica para brindar detalles y evitar perjuicios en la confianza ciudadana y en las relaciones diplomáticas y comerciales del Perú.

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Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, precisó que las locomotoras y vagones adquiridos en Estados Unidos para Lima no fueron entregados gratuitamente, como se había señalado inicialmente. Según explicó, la Municipalidad Metropolitana de Lima concretó una compra de estas unidades a la empresa Caltrain y desembolsó varios millones de dólares por la operación.

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Respecto a la posibilidad de utilizar los trenes para el traslado de pasajeros entre Lima y Chosica, el ministro advirtió que se requiere una importante inversión en infraestructura. De acuerdo con las cifras que mencionó, adecuar las condiciones necesarias para garantizar un servicio ferroviario seguro y eficiente demandaría alrededor de 500 millones de dólares.

Rey también aclaró que su sector no es el encargado de determinar si los vagones pueden ser puestos en funcionamiento. En ese sentido, señaló que ProInversión ya habría iniciado las evaluaciones correspondientes para establecer la viabilidad del proyecto y definir si estas unidades pueden incorporarse a un eventual servicio ferroviario.

"Es cierto. Yo tengo un tema judicial con el señor Jaime Vásquez Castillo. Pero la gente no se pregunta a qué se debe. (...) Yo he sido víctima de este miserable. Él me ha denigrado e insultado como mujer. Él no puede ponerse detrás de una pantalla a hablar alegremente. Esto no es de ahora, sino desde que se ha iniciado la campaña. Será un juez quien determine las responsabilidades", señaló.

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Las acusaciones contra Palomino por, presuntamente, mantener una relación sentimental con el exmandatario surgieron luego de la filtración de unos supuestos chats difundidos en un reportaje de Cuarto Poder y atribuidos a la diputada. En ellos, Palomino aseguraría ser la única pareja de Pedro Castillo ante un familiar del expresidente.

"Yo no tengo ninguna relación sentimental con el presidente Pedro Castillo Terrones. Mi única relación con él es porque yo he sido abogada de él. Lo otro es el proyecto político que nos une. Es un proyecto político que se gesta de acá a futuro, buscando formar nuevos líderes políticos. No tengo ninguna relación con Castillo, solo una relación teniendo en cuenta que él es líder de nuestra organización", apuntó.

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Castillo niega acusaciones

Pedro Castillo negó las acusaciones que surgieron a partir del reportaje de Cuarto Poder, donde se le señala de mantener una relación en secreto con la diputada Catherin Palomino. El exmandatario señaló que esto forma parte de una estrategia para manchar su imagen.

"La prensa amarilla, que contribuyó con el complot para el derrocamiento de mi gobierno y mi secuestro, no cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear. Rechazo todo tipo de mentiras que pretendan manchar mi honor y quebrantar la unidad de mi familia nuclear", señaló en su cuenta de X (antes Twitter).

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Otro de los puntos que tocó el reportaje fueron los constantes encuentros entre Palomino y Castillo en el penal de Barbadillo, donde el exmandatario permanece recluido. Otro informe periodístico señaló que otras figuras relacionadas con Juntos por el Perú también habrían acudido al centro penitenciario. Al respecto, Castillo criticó que se le cuestione por estas visitas.

“Las personas que me visitan en Barbadillo lo hacen eminentemente por temas políticos, sociales y/o jurídicos. Sin embargo, esta misma prensa guardó silencio años atrás, cuando en el penal de Barbadillo se realizaban ‘Consejos de Ministros’, ‘Juntas de Portavoces’, ‘reuniones de empresarios’ y ‘firmas de convenios’. ¿Quieren saber cuándo y quiénes fueron? Lo sabrán muy pronto”, apuntó.

Respecto a su trayectoria política, el Registro de Organizaciones Políticas indica que el funcionario es afiliado de Renovación Popular desde el 11 de julio de 2024. Con esa misma agrupación postuló al Senado de la República en las elecciones generales de 2026, donde integró la lista por distrito único nacional con el número 23, aunque no consiguió una curul.

Su historial registra además una militancia previa en Alianza para el Progreso entre septiembre de 2020 y junio de 2021, fecha en la que renunció. En ninguno de los dos partidos ocupó cargos directivos ni representó a comités distritales o provinciales.

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En la administración pública, Jordán se desempeñó como asesor en materia de seguridad ciudadana dentro de la Municipalidad Metropolitana de Lima, labor que ejerció durante las gestión de Rafael López Aliaga. Asimismo, de acuerdo con su declaración jurada, registra que fue gerente de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Comas.

En el plano académico, el funcionario cuenta con licenciatura y bachillerato en Relaciones Industriales por la Universidad de San Martín de Porres, títulos obtenidos en el año 2004. Asimismo, cuenta con la licenciatura (2011) y el bachillerato (2012) en Administración y Ciencias Policiales por la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. En el año 2022, concluyó la maestría en Administración y Gestión Pública con mención en Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Tras hacerse pública su designación, el viceministro agradeció su nombramiento en sus redes sociales y señaló que trabajará de la mano con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para combatir delitos como el crimen organizado, la extorsión y el narcotráfico.

Esta bala lleva tu nombre. Genealogía de la extorsión en Trujillo y el Perú (1993-2014) ha sido publicado por dos editoriales independientes (Reino de Almagro y Punto Cardinal). Su autor, Jorge Nureña, escribió una primera versión para su tesis de historia en la Universidad Nacional de Trujillo. Su estudio encaja en lo que conocemos como 'historia reciente', pero más aún, responde a una preocupación al ver cómo su ciudad se ha convertido en un espacio de criminalidad en las últimas tres décadas. Una de las ventajas del análisis histórico, que Nureña aplica muy bien, es el de brindar una visión panorámica de un proceso, estableciendo cronologías, actores y quiebres.

Así, el texto aprovecha los numerosos estudios y reportajes sobre el tema, que no obstante brindaban visiones muy específicas y que impedían ver la transformación de Trujillo. A pesar de su importancia, el libro llevaba varios años agotado y circulando de manera limitada solo en el norte del país, de apenas doscientos ejemplares. Cien de estos se vendieron y los otros cien (por esas ironías de la vida) fueron robados. Esta reedición hace del libro una lectura urgente, en un momento en el cual en estos últimos seis meses se han registrado más de doce mil denuncias; es decir, tres denuncias por hora.

Para el autor, la extorsión no surgió de un día a otro. Hay dos etapas muy marcadas en su aparición. La primera (1993-2014), donde el declive de la violencia política deja en evidencia la existencia de crímenes y robos que, si bien pueden considerarse menores, permitieron la formación de pandillas. Estas fueron el germen de las futuras bandas criminales como Los Pulpos, que rápidamente (desde 2005) desarrollaron formas más sofisticadas de crímenes a partir del establecimiento de territorios y la influencia de bandas como Los Maras Salvatruchas y, posteriormente, de El Tren de Aragua.

De igual modo, Nureña establece tres factores que favorecieron esta evolución. En primer lugar, la migración desde el interior hacia el área urbana de Trujillo, que creó dos espacios muy marcados: las viviendas construidas y ya existentes, si bien saturadas; y los nuevos distritos que surgieron de estos desplazamientos, como La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora. La ausencia de planes gubernamentales permitió que el incremento poblacional agravara las desigualdades en las nuevas generaciones de trujillanos. Deserción escolar, desempleo y crisis hicieron el resto, permitiendo que los delitos comunes dieran paso a otros más violentos.

En segundo lugar, el sistema penitenciario y otras instituciones relacionadas con la justicia favorecieron la reproducción y ampliación del crimen en Trujillo y luego a nivel nacional. La ausencia de centros penitenciarios adecuados, el endurecimiento de las leyes que hacían que los presos pasaran más tiempo encerrados y las condiciones lamentables en las que el personal desarrollaba su tarea se tradujeron en hacinamiento, descontrol y corrupción. En 2011, el penal El Milagro contaba con un guardia de seguridad por cada 200 internos. Las fugas, el fracaso de las requisas y la venganza contra las autoridades de los penales (como el asesinato de uno de sus directores) formaban parte del trajín diario.

Si la calle era la escuela del crimen, la cárcel era el equivalente de la universidad. Las pandillas que se fueron formando desde los años noventa se hicieron más organizadas. Algunas tenían orígenes familiares y, a medida que se hacían más complejas, también lo eran sus fuentes de financiamiento. Los cupos a transportistas y luego a compañías de transporte a cambio de seguridad se hicieron más frecuentes. Pasar de delincuentes comunes a pandillas significa además más poder de fuego, como quedó demostrado con la matanza de ocho civiles en La Esperanza en 2005, y que trajo una reconfiguración del poder delincuencial en la región.

Al entregar esta visión panorámica de la delincuencia en Trujillo y su transformación en un sistema criminal de cobro de cupos, el libro responde varias interrogantes sobre la naturaleza de este fenómeno y brinda las herramientas a las autoridades y especialistas para desarrollar aproximaciones más específicas de políticas públicas. El autor utiliza diversas fuentes, desde documentación judicial hasta la prensa y entrevistas, lo cual contribuye a un análisis sólido y original.

Hay preguntas que considero pueden ser mejor desarrolladas en una próxima edición. Por ejemplo: ¿por qué Trujillo dio lugar a un fenómeno delincuencial así considerando que muchas otras ciudades atravesaron por problemas similares de migración, corrupción e ineficiencia de la justicia? ¿En qué consiste (de manera más amplia) el “método” que Trujillo exportó al resto del país? ¿Cómo se articuló este “método” con las bandas extranjeras que llegaron al país? Considero también que reformular algunas secciones respecto de su formato original de tesis podría ayudar a explicar puntos importantes de manera más solvente.

Esta bala lleva tu nombre es un libro que debe motivar nuevas investigaciones sobre cómo la extorsión constituye uno de los problemas más urgentes para la población civil y cómo las instituciones encargadas de prevenirlo y contenerlo fracasaron en diversos espacios y momentos. Para los escépticos que repiten que las Humanidades y las Ciencias Sociales no tienen impacto, les invito a leer este estudio y a preguntarse cómo podemos presionar a las autoridades para que detengan esta hemorragia, antes de que las balas enviadas por los extorsionadores lleven nuestros nombres.

Según el informe técnico del organismo electoral, difundido por Latina, el partido utilizó recursos estatales en capacitaciones académicas no aprobadas, contrató a una proveedora logística sin la experiencia exigida y financió la defensa legal de sus dirigentes en investigaciones judiciales que van desde lavado de activos y organización criminal hasta falsificación de documentos.

En relación con las actividades de formación académica, el partido destinó fondos al Diplomado de Especialización en Gestión Pública impartido por la Universidad San Martín de Porres (USMP) por un costo total de S/70,000, del cual se rindió un primer pago de S/35,000.

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Sin embargo, la revisión del informe académico final señaló que cinco de los participantes inscritos desaprobaron el curso y uno no asistió. En esa línea, la ONPE recordó que la normativa prohíbe financiar la formación de alumnos sin nota aprobatoria, por lo que observó el gasto indebido de S/12,000.

"En caso el ciudadano o los ciudadanos beneficiarios de estas capacitaciones no obtengan nota aprobatoria, estos gastos no deben ser solventados con los fondos del FPD".

A esta observación se suma la contratación de la empresa Servic Team S.A.C. por S/110,000 para la producción logística de talleres de liderazgo político en San Martín. Pese a que los Términos de Referencia exigían experiencia acreditada en el rubro, la auditoría confirmó que la firma solo contaba con ocho meses de funcionamiento tras su inscripción y figuraba registrada en la SUNAT para actividades totalmente ajenas a la producción de eventos.

"La empresa proveedora figuraba registrada con actividades económicas principales y secundarias referidas al alquiler de enseres domésticos, enseñanza secundaria de formación general y labores de carpintería, sin acreditar la experiencia mínima requerida para el servicio contratado".

Además, el documento técnico también reveló un gasto total de S/143,000 destinado a la defensa legal del partido y de sus dirigentes —entre ellos Luis Galarreta Velarde y Milagros Takayama Jiménez— en diversos procesos penales.

"Servicios de patrocinio legal correspondientes al periodo 2025 el partido político utilizó un importe total de S/ 143,000.00, con el propósito de contratar a los abogados Édison Huamán Chacón (S/ 87,000.00) y Juan Carlos Portugal Sánchez (S/ 56,000.00), a fin de brindar asistencia legal y defensa técnica (...) en los procesos judiciales en materia penal".

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De manera específica, según el cuadro de expedientes, los fondos cubrieron la defensa de Fuerza Popular por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y conducta antidemocrática; la de Luis Galarreta Velarde y Milagros Takayama por lavado de activos y otros; y la de Liliana Takayama Jiménez, imputada por fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos y falsificación y uso de documento público falso.

-El inmediato antecedente de Los golpistas fue tu novela Los genios. Mario Vargas Llosa no está con nosotros y sabemos que fue clave para tu trayectoria con No se lo digas a nadie, tu primera novela. ¿Cuál es el recuerdo más entrañable que guardas de él?

-Guardo recuerdos entrañables. En 1993, yo vivía en Georgetown, Washington DC, y escribía como un demente No se lo digas a nadie. Mario y Patricia también vivían en Georgetown porque él estaba dando clases en la universidad. Salíamos a cenar y luego al cine. Nos veíamos los fines de semana, siempre por la noche, después de escribir. Yo me había casado y mi esposa Sandra estaba embarazada. A Mario y Patricia les encantaba cenar en un restaurante francés, Au Pied de Cochon, y luego íbamos a los cines de la avenida Wisconsin en un Mercedes negro que me prestaba mi cuñada Liza, que también vivía en el barrio. Ciertas tardes, cuando estaba escribiendo en mi mesa de trabajo con vistas a la calle 35, Mario y Patricia pasaban caminando en ropa deportiva. Vargas Llosa andaba con paso resuelto, como si fuera a la guerra, o como si viniera de ella. Cuando por fin terminé la novela, que era un mamotreto, se dio el trabajo de leerla. Luego nos encontramos en el hotel Palace de Madrid, donde le gustaba alojarse antes de comprar su piso en la calle Flora, y se tomó el tiempo de hacerme observaciones y sugerencias que, por supuesto, enriquecieron la novela. Fue inmensamente generoso conmigo. Poco después de que naciera nuestra hija Camila en el hospital de la universidad de Georgetown, Sandra y yo se la presentamos a Mario y Patricia y nos hicimos fotos, Vargas Llosa cargando a Camila. Esas fotos son ahora un tesoro. 

-¿Qué novela de Mario Vargas Llosa fue la que te marcó?

-Conversación en la Catedral. Por la mala relación entre Santiago Zavala y su padre Fermín, y por la homosexualidad clandestina de don Fermín, enamorado de su chofer.

-Los genios se impuso como el libro del 2023. Y la crítica lo saludó igualmente. ¿De qué alimentas tu perseverancia sabiendo que te enfrentas a muchos prejuicios cada vez que sacas una novela?

-Soy terco, porfiado, pero eso no tiene mérito. Escribo porque no sé vivir de otra manera. Si no escribo, me enfermo, y si me enfermo, muero. Escribo entonces para sobrevivir. Desde los quince años me he ganado la vida con las palabras, escribiéndolas y hablándolas. Nunca he escrito una novela, un cuento, una columna, pensando en el dinero. Escribo por pasión, por amor al arte, por amor a la vida misma. Mi vida es más rica, completa y peligrosa cuando me atrevo a escribir las novelas que no debería escribir.

-¿Cuál fue el reto mayor que tuviste con este proyecto?

-Yo conocí a Vargas Llosa y a García Márquez, no conocí a Chávez ni a Fidel. A Chávez lo entrevisté, pero vía satélite, no cara a cara, y nunca más lo vi. A Caracas he ido una sola vez, a La Habana nunca. A Caracas fui el año 2000 a presentar una novela y Chávez se molestó porque no le pedí una entrevista. Lo más difícil fue hacerlos hablar en la novela. Yo sabía cómo hablaban Mario y Gabo en la distancia corta, pero no de Fidel y Chávez. También fue difícil dibujar el personaje de Chávez sin poner énfasis en demonizarlo. Preferí humanizarlo, no satanizarlo. El título original de esta novela era Cabrones de mala entraña. Lo cambié porque no quería comenzar la historia insultando a sus personajes capitales. Que los insulte, si acaso, el lector. O que insulte al autor, si queda insatisfecho.

-Un factor clave en toda tu obra es el humor. En Los golpistas hay ironía y humor.  Es un golpe de Estado que parece un sitcom.

-Lo que ocurre es que el golpe que he narrado en la novela, el que le dan a Chávez en 2002, es un golpe risible, humorístico. Triunfa el primer día, Chávez capturado, y fracasa al tercer día, los golpistas se arrepienten y Chávez vuelve al poder. Fue un golpe que duró apenas tres días porque los conspiradores no sabían qué hacer con el poder, ni con Chávez mismo: si fusilarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio sumario. Fue entonces un golpe esperpéntico, salpicado de humor. Los militares conjurados eran amateurs, aficionados. Y Chávez siempre me ha parecido un personaje que, por su inmensa vanidad, su verbo florido y sus dotes de seductor, rozaba a menudo el ridículo, el esperpento.

-¿De haber tenido una infancia normal, Chávez pudo ser otra persona?

-Sin duda. Chávez creció lisiado del alma porque su madre le pegaba. Nunca se recuperó de ese trauma.

-Antes tu narrativa era autorreferencial, pero ahora ya no lo es.

-Tal vez escribo novelas para entender por qué pasaron las cosas. Mis primeras novelas fueron muy personales, muy íntimas, porque quería entender por qué mi vida se torció de esa extraña manera. Antes de escribir Los genios, pasé muchos años preguntando por qué Vargas Llosa le dio un puñetazo a García Márquez, y solo un puñado de escritores, amigos de ambos, se atrevieron a contarme, en voz baja, como si estuvieran conspirando, la verdadera historia que dio origen a la trompada, la fiebre de los celos que atacó a Vargas Llosa. Y he pasado los últimos veinte años preguntando por qué fracasó el golpe que le dieron a Chávez en 2002. He entrevistado a muchos personajes venezolanos en mi programa: políticos, escritores, periodistas, cantantes, músicos, humoristas. Y a muchos de ellos, fuera de cámaras, haciéndome el distraído, les preguntaba por qué en 2002 unos militares apresaron a Chávez, lo obligaron a renunciar, quisieron fusilarlo y, contra todo pronóstico, se pelearon entre ellos, se llenaron de culpas y temores y devolvieron a Chávez al poder. Y mis interlocutores nunca me daban una respuesta segura, bien informada. No sabían bien qué diantres había pasado, por qué Chávez salvó la vida en aquellos días y acabó derrotando a los conjurados. Poco a poco, leyendo, preguntando, siguiendo mi curiosidad, he armado el rompecabezas, hasta que me atreví a escribir la novela.

-¿A qué factor se debe el cambio en el punto de vista de tus dos últimos libros?

-La idea de escribir la novela sobre el puñetazo de Mario a Gabo agitaba mi imaginación hacía décadas, pero no me atrevía a fabular esa novela altamente riesgosa y en cierto modo parricida. Y la persistente inquietud de escribir sobre Chávez y sus golpes, y sobre cómo Fidel guio a Chávez al poder y le salvó la vida, también me perseguía hacía años. Pero, en otros tiempos, yo era bastante infeliz y tal vez por eso escribía libros tratando de entender por qué era tan infeliz. Quiero decir: escribía sobre mi vida porque me parecía que era un absoluto fracaso sentimental, intelectual y moral, que solo sabía ganarme enemigos, y entonces escribir era escapar de ese fracaso o atenuar la sensación de fracaso. Pero hace unos años, gracias a mi esposa y a ciertos médicos, encontré soluciones químicas a mi infelicidad. Me da miedo decirlo, pero ahora estoy en paz con mi vida, me he reconciliado con mi pasado, acepto melancólicamente mis fracasos, no me duelen tanto. Y como ya no soy tan infeliz, no me apetece seguir contando historias inspiradas en mi vida fracasada. Ahora que mis días son, en promedio, bastante felices, encuentro que de ellos no podría salir literatura. La felicidad riñe con el arte. Por eso ahora busco el arte en otras vidas.

-Los golpistas sale en un momento histórico en el que Cuba y, especialmente, Venezuela atraviesan profundos cambios. ¿A qué crees que se deba que fueran dictaduras muy largas que marcaron a generaciones de cubanos y venezolanos?

-La respuesta quizás está sugerida en la novela: Fidel Castro fue un dictador popular y carismático, y al mismo tiempo astuto y maléfico, que no dudaba en fusilar a sus amigos. La mayoría de los cubanos apoyaron a Fidel al menos dos décadas, en los sesenta y setenta. No era un dictador cualquiera, ordinario: era un gran conspirador, un genio del mal, un hombre que leía la traición en los ojos de sus amigos. Por eso sobrevivió tantas décadas en el poder, sin que pudieran derrocarlo. El caso de Chávez no es tan distinto: era un encantador de serpientes, un gran seductor y, a pesar de su formación militar, un hablantín, un comediante, un animador de televisión, un orador que amaba escucharse a sí mismo. Por eso encontraron la manera de preservar el equilibrio en la cuerda floja del poder: porque eran, al mismo tiempo, seductores y despiadados.

-La novela calza con lo que estamos viendo en el mundo con los gobernantes.

-Fidel le dice a Chávez, cuando este sale de la cárcel y viaja a La Habana: olvídate de dar más golpes, funda un partido político, inscribe tu candidatura y vas a barrer en las elecciones porque el pueblo te ama. Y luego, en el poder, harás la revolución. Y no olvides nunca que el pueblo es una hembra y tú eres el macho, tienes que seducir al pueblo y cogerte al pueblo, follarte al pueblo. Chávez entendió bien el guion y lo ejecutó con notable eficacia. Fidel era mucho más inteligente, desde luego, pero Chávez era más simpático, más risueño.

-¿Es la ideología la que hace que algunos vean las cosas del modo que quieren?

-No es la ideología. Es el poder. Es el amor a ese narcótico adictivo que es el poder. Cuando un hombre enamorado de sí mismo se enamora además del poder, estamos jodidos. Pasó con Fidel y con Chávez, que por narcisismo eran ya incapaces de abandonar el poder, pero también pasa con Trump, un señor con la cabeza despoblada de ideas o de ideales, cuya única ambición es el poder para seguir embriagándose de sí mismo y para aplastar a sus enemigos.

-En el capítulo sobre el encuentro en La Habana, en donde se celebra el cumpleaños de Fidel Castro, tenemos a Hugo Chávez y García Márquez. El poder que seducía a García Márquez no era el poder político, sino el poder de sentirse parte de la historia.

-De los tres, quien más poder tenía era García Márquez. Entendía sabiamente que, si entraba en política profesional y postulaba a la presidencia de su país, perdería poder, caería varios peldaños en la escalera del poder. Fidel y Chávez pedían consejo a Gabo, no al revés.

-¿Qué sensación te genera la política peruana actual?

-Yo elegí irme del Perú después del golpe de Fujimori y desde entonces solo he regresado brevemente, por temporadas, o los fines de semana, cuando hacía El Francotirador. Pero sigo con genuina curiosidad lo que pasa en el Perú y me gusta mucho ir a Lima para abrazar a mi madre y a mis lectores. Mi impresión es que los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte, siempre consiguen que te avergüences de haber votado por ellos. He resuelto que no votaré más y no apoyaré a ningún candidato porque sé que después me voy a arrepentir.

-¿Esta es la peor etapa de historia política peruana?

-No es la peor etapa porque, a pesar de los políticos, que son un desastre, la economía todavía va bien. Mucho peor fue la dictadura militar de Velasco y Morales. Mucho peor fue el primer gobierno de Alan.

-Hoy el periodismo está atravesando muchos cambios radicales. ¿Qué les dirías a los periodistas jóvenes?

-El buen periodista debe ser valiente. No debe tener miedo a que lo despidan. Debe jugarse el empleo en cada pregunta, cada entrevista, cada investigación, cada reportaje. Un periodista que tiene miedo a quedar desempleado está cojo, lisiado. Y el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición al poder de turno. El periodista que quiere ser presidente, o diputado, o senador, o ministro, o embajador, está jodido, se ha suicidado. El periodista debe expresarse desde la orilla contraria al poder. Y para ser un buen periodista ayuda mucho ser curioso y leer todo lo que se pueda. Si el periodista no lee, corre el riesgo de ser un chismoso, y de esos hay muchos.

-¿Qué te gusta más de Perú?

-Que ahora encuentro muchos lectores que me aprecian como escritor y me animan a no desmayar y seguir escribiendo hasta el final de los tiempos. Ya no me preguntan: ¿cuándo vuelves a la televisión? Ahora me preguntan: ¿cuándo sale tu próximo libro?

…

Sobre las elecciones presidenciales antes del 13 de abril.

-En los últimos meses la imagen de presidente José Jerí está siendo muy cuestionada.

-Me cuesta trabajo entender las cosas que hace. No está preparado para ser presidente. Comete errores muy torpes, de principiante. No le puedes pedir a un ratón que se convierta en un gato.

-¿Llega Jerí al final de su gobierno?

-No tengo la menor idea. Pero quedará manchado.

-¿Rafael López Aliaga te recuerda a Trump?

-No me recuerda a Trump. Me recuerda al Opus Dei. Es un conservador religioso. Defiende ideas antiliberales.

-¿A qué candidato ves con opciones?

-El Perú es un país tan impredecible que cualquiera puede ganar, incluso los que ahora tienen uno por ciento de intención de voto.

En su informe, el organismo electoral precisa que el partido político registró gastos por concepto de investigación los días 16 de mayo, 18 de junio, 7 de julio y 15 de agosto de 2025 por un total de S/113.325,34. Sin embargo, tras evaluar el requerimiento de servicio, propuestas y demás, advirtieron que los servicios estuvieron orientados principalmente al análisis de coyuntura electoral, percepción política y estrategia comunicacional en un contexto preelectoral.

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En ese sentido, consideran que no están alineados con el concepto del servicio que iba dirigido sobre investigaciones de problemas nacionales de carácter socioeconómico. Asimismo, no se acreditó que los servicios formen parte de un proceso integral de investigación.

La ONPE también cuestiona el gasto de S/82.600 con un instituto legal para asesoría en procesos electorales, pero detectó que parte de ese servicio estaba orientado en la defensa legal en procedimientos administrativos sancionados derivados de infracciones relacionadas a pintas de propaganda electoral en lugares no permitidos y asesoría legal en el marco de las elecciones primarias.

Todo ello, indica el organismo electoral, no está relacionado al funcionamiento ordinario de la organización política, sino que tiene carácter electoral y de propaganda electoral.

Propaganda electoral

En tercer lugar figura un gasto registrado el 11 de diciembre de 2025 por concepto de “Asesoría Integral de Estrategia Política de Comunicaciones” por la suma de S/33.700; sin embargo, la ONPE advierte que se trató de acciones de estrategia política de posicionamiento electoral y propaganda.

“Las actividades no se encuentran orientadas al fortalecimiento institucional ni a las necesidades operativas y administrativas ordinarias de la organización política”, se lee en el informe.

Sumado a ello, está el gasto de S/20.000 por la “Producción de material audiovisual para las Elecciones Primarias”, pero identificaron que lejos de ser actividades de capacitación, se trató de proselitismo político.

Figuran servicios orientados a la difusión de contenidos institucionales y audiovisuales vinculados al proceso de elecciones primarias, promoción partidaria y posicionamiento político, lo que habría fortalecido la presencia digital y promovido mensajes políticos a favor del partido.

Finalmente, se identificó el gasto de S/750 para el servicio “Traducción e interpretación de spots para la franja electoral”, algo que para la ONPE es evidentemente la adecuación de material de propaganda política en el marco del proceso electoral.

ONPE también observó libro sobre Rafael López Aliaga

Antes de esto, la ONPE ya había observado que el partido de López Aliaga destinó 6.400 dólares (alrededor de 24.700 soles) del financiamiento público directo para la elaboración del libro digital de 42 páginas titulado 'Mi Gallo es el Chancho', redactado por el periodista Francisco de Piérola.

Los documentos del expediente muestran que la propuesta fue presentada el 25 de septiembre de 2025 bajo el compromiso formal de escribir la "Historia del Partido Político Renovación Popular".

Pese a ello, el contenido final se enfocó en pasajes de la vida de Rafael López Aliaga y en la relación de amistad del autor con el ex candidato presidencial.

La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE observó que el servicio no está relacionado con trabajos de investigación orientados al análisis ni a la propuesta de soluciones a problemas nacionales, tal como lo exige el artículo 27° del Reglamento de Financiamiento.

Otro caso

Renovación Popular no es el único partido. A inicios de mayo de este 2026, la ONPE sancionó a Fuerza Popular con una multa de 36 UIT (S/198.000) y con la reducción al 50% de los fondos asignados al partido por destinar dinero del Financiamiento Público Directo (FDP) para actividades no contempladas en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

De acuerdo con la institución, la organización destinó el financiamiento estatal a cuatro acciones que constituyen la conducta infractora. Entre ellas se encuentran gastos por capacitaciones y en intereses moratorios.

La organización notificó al despacho del juez Leodan Cristóbal Ayala, a cargo de la investigación preparatoria por este caso.

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Tras ello, el magistrado dispuso, por medio de una resolución, que las partes procesales que intervienen en este proceso penal sean notificadas.

De igual forma, concedió el recurso de apelación presentado por la defensa de Cerrón contra la resolución en la que varía el mandato de prisión preventiva de 24 meses por el de comparecencia con restricciones por un plazo de un año, 11 meses y siete días.

Ahora, el recurso de apelación irá a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Si es admitido a trámite, se convocará a una audiencia virtual para su evaluación.

En las reglas de conducta establecidas por Cristóbal Ayala contra Cerrón se dispuso la obligación de no ausentarse del lugar donde reside en Lima sin previa autorización judicial, la prohibición de viajar fuera del país por el plazo de un año, 11 meses y siete días y comparecer cada treinta días.

Cerrón celebra decisiones del TC

Tras conocer lo de Interpol, el fundador de Perú Libre escribió en sus redes sociales: “Mi libertad, tras anularse la arbitraria prisión preventiva, no es un triunfo individual, sino de todos los perulibristas y camaradas del continente”.

De igual forma, cuando se conoció la decisión del TC, se pronunció indicando que terminaban “tres años de resistencia disciplinada en la clandestinidad”. “Una derrota a la injusticia y reafirmación de nuestras convicciones. ¡Hasta Más Allá de la Victoria!”, escribió en sus redes.

TC ratificó la nulidad de la prisión preventiva contra Cerrón

Antes de ello, el magistrado había pedido al TC aclarar su decisión de anular la prisión preventiva contra Cerrón, pues explicó que existían dos resoluciones judiciales vigentes.

Mencionó la resolución del 4 de diciembre del 2025 en la que declaró infundada una solicitud de variación del mandato de prisión preventiva impuesta y la emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional el 7 de enero del 2026 que confirmó la decisión.

Sin embargo, la máxima instancia judicial ratificó su postura indicando que en su sentencia es claro que se declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada y determinó la nulidad de las resoluciones que desestimaron su solicitud de variación de prisión preventiva por el de comparecencia.

Claramente, no son las únicas comisiones que el bloque de derecha dirigirá en el Senado. Fuerza Popular también tendrá el control de las comisiones de Inteligencia, Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción, así como de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República. Renovación Popular, además de la Comisión de Justicia, tendrá el control de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno.

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Fuerza Popular lleva conduciendo la Comisión de Constitución desde 2021. Durante todo el periodo congresal pasado, el fujimorismo controló este espacio. De acuerdo con la senadora Patricia Juárez, todavía no se ha escogido al representante de Fuerza Popular en la Comisión de Constitución. Sin embargo, algunos nombres que serían barajados por Fuerza Popular para este papel son los de Martha Chávez, Carlos Mesía y la propia Juárez.

"Hemos llegado a consensos con las diferentes bancadas. Hemos tenido la posibilidad de todos expresar nuestro interés en alguna comisión. Todos tienen comisiones importantes con las que trabajar", declaró Juárez a la prensa.

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En cuanto a la Comisión de Justicia, Milagros Aguayo —senadora de la bancada celeste— afirmó que Katherin Ampuero será la carta propuesta para presidir este grupo de trabajo. Asimismo, adelantó las comisiones en las que ella y los senadores Edgar Mancha y Alejandro Muñante ocuparán un puesto como titulares.

“Todos estuvimos de acuerdo y la votación fue unánime. No solo revisamos qué comisión irá a cada partido, sino también quiénes serán sus miembros. Además, el señor Edgar Mancha y yo estaremos en Educación, mientras que el señor Alejandro Muñante estará en la Comisión de Constitución”, señaló.

Oposición se queda con Economía, Ética y Salud

Las comisiones clave también quedarán en manos de la oposición. Juntos por el Perú, la bancada opositora con mayor número de senadores, tendrá el control de las comisiones de Gestión del Estado y Contraloría, Ética Parlamentaria y Procedimientos Especiales.

Ahora Nación, liderada por Alfonso López-Chau, tendrá la presidencia de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. De acuerdo con declaraciones del senador Jaime Delgado, sería el propio excandidato presidencial quien lidere esta comisión.

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Inicialmente, Ahora Nación pretendía presidir la Comisión de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital. Sin embargo, Delgado aclaró que, durante las negociaciones, se acordó que esta comisión sea presidida por el Partido del Buen Gobierno.

El partido del Casco también tuvo un movimiento más en la Cámara Alta relacionado a las comisiones congresales. La senadora Mirtha Vásquez propuso la creación de de una Comisión de Pueblos Indígenas en el Senado: “En la actualidad, no existe en el Senado de la República una comisión legislativa especializada en temas relacionados con los pueblos indígenas u originarios y con el pueblo afroperuano, a pesar de la obligación que tiene el Estado peruano de garantizar sus derechos, lo que configura un vacío institucional”, señaló.

"Uno puede aspirar a todas las comisiones que quiera, pero nosotros somos solo cuatro senadores. Yo voy a ser titular de la Comisión de Salud y también estaré en la Comisión de Economía para el tema de defensa del consumidor, obviamente", señaló.

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La senadora del Partido del Buen Gobierno elegida para liderar esta comisión sería Susana Matute.

En Obras, la Comisión de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo ha sido elegida para ejercer la presidencia. Daniel Barragán, senador del partido de Ricardo Belmont, señaló que es probable que él ocupe este puesto.

La diputada Roxana Rocha (Renovación Popular) aseguró que la medida se tomó tras una votación entre los portavoces. "Yo, en mi calidad de vocera de Renovación Popular, propuse que Javier Cipriani presida la Comisión. Hubo otras propuestas, como que sea el representante de Obras. Se sometió a votación y ganó el representante de Obras por mayoría", indicó a este medio.

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Asimismo, la diputada anunció que la Junta de Portavoces todavía no ha acordado las presidencias de las otras comisiones. Precisó que esta decisión sería tomada en las próximas horas.

"Se hizo un pedido desde la bancada de Ahora Nación. El presidente de la Mesa concedió el pedido y ya veremos este miércoles toda la nómina de las comisiones, así como de las presidencias y las vicepresidencias", apuntó.

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Justicia y Educación, entre las comisiones más solicitadas

Rocha también explicó cuáles son las comisiones que Renovación Popular aspira a presidir. "Aspiramos a muchas: Justicia, Educación, Defensa y Orden Interno, Modernización del Estado, entre otras. Este miércoles será decisivo para saber cuáles abordar. Hay cuatro partidos políticos en coalición, así que veremos cómo se desarrolla la negociación", apuntó.

La vocera de Renovación Popular no descartó la posibilidad de que el bloque opositor termine liderando en la Cámara de Diputados algunas de las comisiones que el bloque oficialista preside en la Cámara de Senadores, como parte de un ejercicio de contrapeso.

"Esa es una opción. Seguro se verá para hacer un contrapeso. Pero todavía no está todo dicho hasta que este miércoles lo discutamos y lo pongamos en blanco y negro. La discusión seguramente va a ser larga", señaló.

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César Holguín, vocero de Ahora Nación, reafirmó que este miércoles se tendrían nuevas noticias sobre la organización de las comisiones parlamentarias en la Cámara Baja. Las comisiones de Justicia y Constitución —presididas en la Cámara Alta por Renovación Popular y Fuerza Popular, respectivamente— son de interés para su partido.

"Desde Ahora Nación estamos dialogando. Estamos a puertas de concluir esta etapa, poniendo por delante nuestra agenda legislativa. Este miércoles concluiremos y se publicará el cuadro completo de comisiones. Nosotros vamos a hacer, dentro del diálogo, todos los esfuerzos para dirigir comisiones que nos interesan como Ahora Nación. Pero esto implica escuchar a las demás bancadas. Nos interesan Justicia, Educación y Constitución. Esto se completará ya en las próximas horas", sostuvo.

Sobre el diálogo entre las bancadas opositoras, Indira Huilca, también vocera y diputada de Ahora Nación, manifestó que las conversaciones vienen siendo fructíferas.

"No está siendo difícil comunicarse. Estamos tratando de definir con mucha minuciosidad los roles que se van a asumir. Queremos que las presidencias no sean solo un tema de poder, sino una forma de avanzar en la agenda legislativa. Queremos que se aprueben proyectos en favor de la ciudadanía", indicó.

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Por último, Víctor Piñán, diputado de Obras y vocero de la agrupación, también dejó claras las preferencias de su bancada de cara a la organización de estos grupos de trabajo.

"Todavía no se ha determinado quiénes van a presidir las comisiones. Nos toca presidir dos comisiones. El interés de Obras está en la Comisión Agraria. Otras comisiones que nos gustaría presidir son la de Trabajo o la de Economía. La priorización está en esas comisiones. Sin embargo, la conversación que tendremos con otros portavoces determinará cómo se conforman estos grupos de trabajo", sostuvo.

Se trata de la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002; y la Ley 32419, que otorga amnistía a militares, policías y miembros de Comités de Autodefensa investigados o procesados por delitos cometidos durante la lucha antisubversiva entre 1980 y 2000.

Rospigliosi, principal promotor de las referidas normas en el anterior Congreso, solicitó el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente contra los magistrados Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama y pidió que, de comprobarse las supuestas faltas graves y muy graves, se determine su destitución.

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De acuerdo con la denuncia, el último 10 de julio, los referidos jueces declararon la inaplicación de la Ley 32107 declarando a Federico Gonzalo Hurtado Esquerre, Jorge Luis Lamela Rodríguez, Estuardo Napoleón Mestanza Bautista y José Raúl Málaga Johnson, como autores del delito de homicidio calificado y el delito de lesiones graves.

Se les impuso una condena de 15 años de pena privativa de la libertad y el pago de reparación civil a favor de los fallecidos y lesionados.

Rospigliosi considera que la referida sentencia supone una transgresión a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

“(La sentencia) se estaría tornando de carácter ilegal por cuanto se observa la comisión de un hecho muy grave en el ejercicio de la función jurisdiccional, por parte de los jueces Miluska Giovanna Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Iván Llerena Lezama, ya que se constituye en una infracción constitucional”, se lee en la denuncia disciplinaria.

Para esto cita la sentencia del TC que declaró la constitucionalidad y vigencia de la Ley 32107 y la Ley 32419.

Sobre el caso

El Operativo Mudanza 1, que resultó en el caso conocido como Masacre de Castro Castro, fue una operación realizada en mayo de 1992 por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), las Fuerzas Armadas y la Policía para retomar el control del penal Canto Grande y trasladar a las senderistas a centros penitenciarios femeninos.

Sin embargo, las pruebas recogidas por la Corte Interamericana, indican que el objetivo real del “operativo” no fue el referido traslado de las internas, sino que se trató de un “ataque premeditado, un operativo diseñado para atentar contra la vida y la integridad de los prisioneros que se encontraban en los pabellones 1-A y 4-B del Penal Miguel Castro Castro”.

De acuerdo con la Corte, “los actos de violencia fueron dirigidos contra dichos pabellones, ocupados en el momento de los hechos por internos acusados o sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la patria”, por lo que concluyó que no existió un motín u otra situación que ameritara el uso legítimo de la fuerza por parte de los agentes del Estado.

No es la primera vez que Rospigliosi denuncia a jueces

Por otro lado, no es la primera vez que Rospigliosi denuncia a jueces por inaplicar las leyes pro crimen. El 22 de julio último, Rospigliosi solicitó un procedimiento disciplinario de destitución contra la fiscal superior Rosario Isabel Quico Palomino, titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos contra el Terrorismo, por no acatar la Ley 32107.

La denuncia disciplinaria fue por la actuación fiscal seguida contra el general Juan Rivero Lazo por hechos ocurridos en 1992.

Antes de ello, en marzo de este año, Rospigliosi y Jorge Montoya denunciaron a Jorge Chávez Tamariz, juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional por inaplicar la Ley de prescripción en un proceso contra expolicías por un caso de 1983.

En agosto del 2025, denunció a Richard Concepción Carhuancho, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Al igual que los otros casos, Rospigliosi pidió su destitución en agosto de 2025. ¿La razón? Inaplicar la norma en el caso de un coronel en retiro procesado por el homicidio de siete personas en Ayacucho, en 1984. La JNJ abrió proceso disciplinario y lo suspendió por seis meses en junio de 2026.

Anteriormente, existía la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología; sin embargo, el 23 de octubre del 2025, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría los nuevos reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado, en los cuales se eliminó este grupo de trabajo.

Debido a eso, la senadora plantea modificar el artículo 48 del reglamento del Senado para hacer posible la creación de la referida comisión.

Con ese objetivo, la senadora ingresó el documento al área de trámite del Senado. Lleva las firmas adicionales del vocero de Ahora Nación, Alfonso López Chau, así como de Jaime Delgado, portavoz alterno.

De acuerdo con Vásquez, “el diseño institucional del Congreso debe contar con órganos idóneos, con capacidad técnica y pertinencia cultural, para producir, revisar y fiscalizar de manera continua la legislación que afecta a las poblaciones indígenas, afroperuanas y en situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, resaltó que la ausencia de un grupo de trabajo enfocado en los pueblos indígenas u originarios no guarda coherencia con “la obligación que tiene el Estado peruano de garantizar sus derechos, lo que configura un vacío institucional”.

AIDESEP denunció eliminación de Comisión de Pueblos Indígenas

En su momento, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) denunció que la eliminación de la Comisión de Pueblos configuraba un “retroceso institucional, político, democrático e histórico para los pueblos indígenas”.

Además, indicaron, “constituye una manifiesta violación del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que obliga al Estado a realizar la consulta previa legislativa, y atenta contra el principio de progresividad de los derechos humano”.

“Alertamos que la Comisión de Constitución intenta presentar esta decisión como una “simple reorganización administrativa”, pero en la práctica significa la desaparición del único espacio parlamentario especializado que permite abordar de manera técnica, diferenciada e intercultural las problemáticas de los pueblos indígenas”, señala el comunicado de AIDESEP.

La JNJ también señaló que los cinco integrantes cuestionados renunciaron al Colegio de Abogados de Lima debido al rumbo político que, según afirmaron, ha tomado la institución. Sin embargo, el CAL no aceptó sus renuncias. Por ello, la JNJ considera que el gremio no puede ejercer potestad disciplinaria sobre personas que expresaron su voluntad de desafiliarse.

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Además, la JNJ cuestionó la base legal del procedimiento iniciado por el CAL. Según el organismo, el Código de Ética utilizado para sustentar la sanción tendría una vigencia discutible, debido a que su propia norma establece que debía entrar en vigor tras ser publicada en el diario oficial El Peruano, algo que no habría sido acreditado.

El conflicto está relacionado con las decisiones de los integrantes de la JNJ sobre la reincorporación de la fiscal suprema Patricia Benavides. La JNJ sostiene que una discrepancia con sus decisiones no puede convertirse en una sanción gremial ni utilizarse como instrumento de presión contra un organismo constitucional autónomo.

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CAL evaluará suspensión de miembros de la JNJ

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima analizará este miércoles 12 de agosto, desde las 5.00 p. m., la solicitud para suspender a cinco integrantes de la Junta Nacional de Justicia, quienes son señalados por presuntas infracciones éticas cometidas durante el ejercicio de su profesión.

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La medida cautelar fue promovida por el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contra Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic Gonzáles y Cayo Galindo Sandoval. La denuncia sostiene que los abogados incurrieron en tres hechos ocurridos en julio del año pasado. Entre ellos, se encuentra el pedido para restituir a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, pese a que Delia Espinoza ejercía entonces dicho cargo, así como la solicitud al comandante general de la Policía Nacional para emplear la fuerza pública, conducta que los denunciantes consideran propia de un gobierno de facto.

Los denunciados también son cuestionados por un presunto incumplimiento de su deber de transparencia. Según la acusación, estas acciones habrían vulnerado disposiciones del Código de Ética relacionadas con el respeto a la ley, la probidad y la integridad profesional. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó el caso como paradigmático por la gravedad de los hechos, que incluso motivaron un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y advirtió que este tipo de actuaciones afectan la confianza ciudadana en la profesión legal y la defensa del sistema democrático.

La decisión fiscal se formalizó el 7 de agosto, y se especifica una serie de faltas que el Ministerio Público evaluará sobre el caso. “(…) por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular y contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en agravio del Estado (…)”.

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, la investigación surge a raíz de acusaciones por expresiones directas y calificadas como “intimidatorias” hacia la máxima autoridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

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“El 01 de abril de 2026, luego de participar en un debate presidencial, el denunciado habría emitido expresiones contra el Jefe de la ONPE, Piero Alessandro Corvetto Salinas, con presunto contenido intimidatorio”.

Asimismo, la Fiscalía incluyó la postura adoptada por el investigado tras las votaciones del 12 de abril de 2026, cuando difundió una narrativa de fraude al atribuir presuntas irregularidades al proceso y pedir que se anule.

Según señala la disposición, López Aliaga desconoció los resultados de las elecciones y también promovió manifestaciones públicas cerca de la sede institucional de la entidad electoral.

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“Asimismo, señala que, tras los resultados electorales difundidos luego de la jornada electoral del 12 de abril de 2026, el denunciado habría cuestionado la legitimidad del proceso, atribuyendo presuntas irregularidades y convocando movilizaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones, donde habría realizado expresiones dirigidas contra autoridades electorales y exigido determinadas actuaciones a funcionarios públicos”.

El pasado 6 de agosto, la Junta General de Accionistas de la petrolera estatal sustituyó a todo el directorio, con excepción del vicepresidente, Carlos Linares Peñaloza.

De inmediato circularon versiones según las cuales el Ejecutivo dispuso el relevo tras detectar que el directorio saliente aprobó la reestructuración de la empresa, creó nuevas gerencias y autorizó el pago de bonos, a sabiendas de que sería relevado.

"Se dice que se autorizó una reestructuración de la organización de la empresa de un momento a otro, de manera sorpresiva. Esa es una información falsa. El tema de la reestructuración se discutió durante siete semanas con la participación de todos los directores, incluido Carlos Linares Peñaloza. Si fue una decisión incorrecta, Linares no continuaría en la empresa", explicaron fuentes relacionadas con la anterior gestión de Petroperú.

En relación con la reestructuración organizacional de la compañía estatal de hidrocarburos y con los incrementos salariales, las fuentes indicaron que fueron medidas correctivas de decisiones de periodos anteriores y que se cumplieron en función de disposiciones de la Contraloría General de la República.

LA CUESTIÓN DE FONDO

"Lo que se hizo fue deshacer la fusión de la Gerencia de Auditoría y la Gerencia de Riesgos, y la separación de la Gerencia de Cumplimiento y la Jefatura de Lavado de Activos, una acción correctiva de necesidad técnica y legal que contó con el voto unánime del directorio pasado", indicaron las fuentes consultadas.

Fue un Informe de Orientación de Oficio de la Contraloría el que dispuso la división de la Gerencia de Auditoría de la Gerencia de Gestión de Riesgos, porque la fusión afectaba el Sistema Nacional de Control y el Código de Buen Gobierno Corporativo; por lo tanto, no fue una iniciativa del directorio anterior.

"De no haber aprobado dicha disposición, podríamos haber cometido una grave omisión de funciones, según la misma Contraloría", indicaron las fuentes.

Y respecto a la separación de la Gerencia de Cumplimiento de la Jefatura de Lavado de Activos, el pasado directorio de Petroperú lo que hizo fue ejecutar un mandato de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

MANDATOS DE CUMPLIMIENTO

"Constan en los oficios emitidos por la UIF remitidos a Petroperú los llamados para desagregar la gerencia y la jefatura porque la unificación vulneraba la ley y no hacerlo implicaba exponer a la empresa a eventuales sanciones por no cumplir con las funciones determinadas por el Sistema de Prevención del Lavado de Activos (SPLAFT)", precisaron las fuentes.

Los exdirectores de Petroperú precisaron que cumplir con las disposiciones de la Contraloría y de la UIF significó el incremento salarial de la plana mayor y de los gerentes de la empresa estatal.

"Es totalmente falsa la versión. Es fácilmente comprobable que no es verdad", resaltaron.

El proyecto sostiene que el CPAP, tal como fue diseñado, excluye a miles de artistas que ejercen su labor de forma autodidacta o a partir de saberes ancestrales y populares, al exigir un título profesional o una licenciatura en arte o educación artística como condición para incorporarse al colegio. Según cifras del Registro Nacional de Trabajadores del Arte y la Cultura citadas en la exposición de motivos, solo un 9.29% de las artistas mujeres cuenta con estudios universitarios completos, frente a un 20% de los hombres, lo que —advierte la propuesta— reduciría la representación del colegio a poco más de una quinta parte de la población artística del país.

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La iniciativa se apoya también en jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre libertad de trabajo y colegiatura obligatoria, para argumentar que la restricción impuesta por la Ley 32645 no responde a un fin constitucionalmente legítimo ni supera un estándar de razonabilidad. El texto recuerda además que la propia norma faculta al Consejo Directivo Nacional del CPAP a "ordenar y supervisar" el ejercicio de las disciplinas artísticas, lo que —según la autora del proyecto— constituye una forma de fiscalización ajena a la naturaleza libre y subjetiva de la creación artística.

Desde la publicación de la ley que creaba el CPAP, gremios, artistas individuales y hasta la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura cuestionaron públicamente la norma, señalando que fue aprobada sin consulta previa al sector cultural.

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“Si es que no se aprueba, se volvera a presentar”

La diputada Rossana Alayza declaró a La República que esta es la primera iniciativa legislativa presentada desde su despacho y que responde a una de sus promesas de campaña. La autora del proyecto aseguró que, bajo su análisis, el CPAP genera más perjuicios que beneficios para el trabajo creativo en nuestro pais.

"Es un proyecto que no tiene un nombre ni un apellido. Desde antes de la campaña me ha preocupado el poco orgullo que tenemos por nuestra cultura. Para mí es muy importante que el arte no se censure ni se toque y que los artistas no se autocensuren por lo que diga un colegio", indicó.

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Además, Alayza señaló que cuenta con algunas medidas alternativas en caso de que su proyecto no logre ser aprobado por ambas cámaras del Congreso.

"Es algo para lo que estoy completamente preparada. Si es que no se aprueba, se volverá a presentar, se ajustará. Será algo 'de maratón'. Me encantaría y sería un lindo mensaje que se apruebe a la primera", sostuvo.

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Colegio de Artistas buscaba dejar fuera a Delia Espinoza

A raíz de la promulgación de la ley que crea el CPAP, se solicitó formalmente la salida de la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, debido a una disposición incluida en la norma. El pedido sostiene que su permanencia en el cargo sería incompatible con la normativa vigente y, por ello, plantea su separación del decanato.

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En efecto, la norma mantiene una disposición complementaria en la que se establece que "no pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales, los inhabilitados para el ejercicio de la función pública".

Esta disposición ha sido cuestionada por quienes sostienen que fue incorporada con el objetivo específico de propiciar la salida de Espinoza. Como se recuerda, la exfiscal de la Nación investigó y denunció constitucionalmente a varios legisladores del periodo parlamentario anterior. En su momento, la entonces congresista Susel Paredes también presentó un proyecto de ley para derogar esta norma.

“Tiene que haber sanción política para quienes estaba en ese momento, la señora Boluarte, su ministro Otárola, los altos mandos”, indicó Mancha vía RPP.

Tras la propuesta de una Comisión Investigadora para investigar los abusos y excesos registrados en las movilizaciones sociales, el legislador indicó que resulta necesario establecer responsabilidades por los fallecidos durante las manifestaciones en el sur.

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El senador explicó que regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac y Cusco exigen justicia, debido a los abusos cometidos por las fuerzas del orden durante las movilizaciones. Asimismo, Mancha señaló que el malestar social no solo responde al abandono histórico del Estado en infraestructura y servicios básicos, sino a la falta de respuesta judicial para los deudos.

“La indignación todavía está muy latente en el sur andino desde Huancavelica, Ayacucho, Apurimac, Puno, las zonas altas de Arequipa, Moquegua, Cusco, las zonas donde prácticamente hubo estos abusos por parte de la policía y el Ejército (…) el otro tema son la atención a las demandas históricas. Entonces, eso se complementa con que el sur andino tiene esa sensación de que este Estado siempre los ha tenido abandonados”, indicó.

Al ser consultado sobre el trabajo del Ministerio Público y el rol de las altas autoridades durante ese periodo, el parlamentario afirmó que la gestión anterior interfirió en las investigaciones.

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"Se sobreentendía que en el anterior gobierno de la señora Boluarte estaba poniendo, digamos así, como cortapisas o se estaba ahí interfiriendo en lo que respecta a lo que tiene que hacer el Ministerio Público”.

En ese sentido, el senador enfatizó que el proceso judicial debe señalar a los autores directos, pero también debe castigar a las cabezas del Ejecutivo que lideraron el gobierno en ese momento.

Respecto al archivo previo de las denuncias constitucionales contra Boluarte en el Congreso —mismo que contó con votos de su bancada—, Mancha calificó esa decisión como un hecho desafortunado. Ante la posibilidad de reevaluar esa postura a través de las nuevas iniciativas legislativas, el parlamentario manifestó su respaldo a una nueva revisión.

"Sí, pues, muy lamentable (...). Obviamente tiene que hacerse; si así lo establece esta Cámara de Diputados y Senadores, yo creo que también se puede hacer con el mejor propósito, sobre todo de buscar la reconciliación con el sur andino”.

La reunión se desarrollará a las 11.00 a.m. en la sala Basadre del Palacio Legislativo.

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El objetivo será aprobar el cuadro de los diputados que integrarán las comisiones ordinarias legislativas, así como de las comisiones ordinarias no legislativas para el Período Anual de Sesiones 2026 - 2027. 

A su vez, se aprobará la distribución de las presidencias, vicepresidencias y secretarías.

De la misma forma, la Junta de Portavoces del Senado, dirigida por Miguel Torres, también sesionará el martes 11 a las 10. 00 a.m. en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo.

Bancadas de oposición

El vocero de diputados de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, la bancada aspiraría a presidir cuatro comisiones en la Cámara de Diputados.

"Nos gustaría presidir las comisiones de Justicia, Educación, Energía y Minas y Salud. Tenemos varios perfiles que podrían dirigir esas comisiones. Nuestra bancada cuenta con varios maestros, miembros del magisterio y también personas con experiencia en salud psicológica, como la diputada Svieta (Fernández). Pero es algo que todavía no se ha definido y es parte de un consenso al que tenemos que llegar", señaló a este medio.

Jeeny Samanéz, diputada del Partido Cívico Obras, también confirmó su interés por integrar y eventualmente liderar comisiones vinculadas a su experiencia en materia deportiva.

En lo que a mí respecta, he solicitado al presidente del movimiento Obras y al secretario general, Ricardo Belmont y Daniel Barragán, respectivamente, formar parte de las comisiones de Educación, Cultura y Deporte y de Infraestructura, Vivienda y Transportes. Son los temas que manejo y en los que tengo experiencia", indicó la parlamentaria.

Ante esa situación, en la primera sesión de la comisión, el diputado de Ahora Nación adelantó que sería respetuoso de las decisiones y seguiría trabajando con honestidad y sin blindajes. Sobre su labor, el exoficial no dudó en resaltar su experiencia como exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) para combatir la corrupción.

“Como es de público conocimiento he combatido la corrupción en el poder durante toda mi carrera y he sido denunciado por ello injustamente”, dijo.

Luego de que Colchado colocara su cargo a disposición del pleno, la sesión de la comisión quedó suspendida. Se retomará este martes para elegir a su Mesa Directiva, integrada por un presidente, vicepresidente y secretario.

Respaldo

César Holguín, vocero del partido Ahora Nación en Diputados, señaló que su bancada respaldará a Colchado para que siga en la Comisión de Ética.

Según dijo, no se puede utilizar a las instituciones para realizar persecuciones políticas. “Ahora Nación decidió darle absoluto respaldo a Colchado como integrante de Ética. Hago un llamado a todas las bancadas y a todos los partidos del país a discutir los problemas fundamentales del Perú y a no utilizar las instituciones para realizar persecuciones políticas en un periodo parlamentario que prometió hacer política de otra manera”, expresó.

En ese respaldo, su colega Indira Huilca indicó que la acusación contra el exoficial carece de fundamentos .

“Nosotros como bancada hemos ratificado nuestro respaldo porque entendemos que esta acusación carece de una legitimidad suficiente para que él tenga que dejar ese rol. Él ha sido muy claro en decirle al resto de colegas de su comisión que si alguien tiene una objeción, la pueda plantear”, expuso.

Mencionó, además, que los miembros ya fueron elegidos y no pueden ser cambiados.

“Los miembros no pueden ser modificados, salvo que eso pase nuevamente por el Pleno. Me parece sano que él ponga el tema en manos de sus propios colegas de comisión, por si alguien tiene una objeción. Eso es lo que él ha hecho, ha tenido la valentía”, declaró.

Pide reemplazo

Mientras Ahora Nación respalda a Colchado, Javier Cipriani de Renovación Popular tomó la decisión de Colchado como una renuncia a la comisión

“Lo que ha hecho él, nos ha impedido a nosotros tener una lista. Entonces, hay que tener paciencia. Es un día, no pasa nada. Lo primero que debe hacer Harvey es aclarar ante la Oficialía y el presidente de la Cámara de Diputados esta renuncia de su partido. Hay Junta de Portavoces, ahí el partido verá si lo reemplaza o no”, apuntó.

Ante la consulta de si consideraba que Colchado había renunciado a la Comisión de Ética al poner su cargo a disposición, respondió que sí.

“Tomaría una semana en ratificar a Colchado en su cargo (..) A él le gustan las cámaras, a mí no tanto, a él le encantan. Mi criterio es que el partido de ellos es que reemplace a Colchado, sino estamos perdiendo el tiempo todos”, declaró.

Al cierre de esta edición, Ahora Nación rechazó un reemplazo para Colchado, por lo que su futuro se definirá con la sesión en la que participen los diputados de Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras.

Previo a ello, el pleno de la Cámara de Diputados ya había aprobado la conformaciónde este grupo y estaba integrado por Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Pérez Quispe ( Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Obras) y Harvey Colchado (AN).

Fiscalía acusa a Harvey Colchado

Harvey Colchado es acusado de ocultar su ocupación en un documento oficial para alquilar un inmueble a la PNP. La Fiscalía pide 9 años y cuatros meses de prisión, por los delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica.

La acusación también alcanza a los servidores de la PNP, Clara Ramírez, (asistente en Contrataciones del Estado) y al suboficial Víctor Ocmin (miembro de la Sección de Programación y Adquisiciones), a quienes se les atribuye haber facilitado la firma del contrato.